CELEX: 62001TJ0209
Language: es
Date: 2005-12-14
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 14 de diciembre de 2005. # Honeywell International, Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de anulación - Competencia - Decisión de la Comisión por la que se declara una concentración incompatible con el mercado común - Reglamento (CEE) nº 4064/89 - Ineficacia de la crítica parcial de la Decisión - Mercados aeronáuticos - Recurso que no puede dar como resultado la anulación de la Decisión. # Asunto T-209/01.

Asunto T‑209/01
      Honeywell International, Inc.,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de anulación — Competencia — Decisión de la Comisión por la que se declara que una operación de concentración es incompatible con el mercado común — Reglamento (CEE) nº 4064/89 — Ineficacia de la crítica parcial de la Decisión — Mercados aeronáuticos — Recurso que no puede dar como resultado la anulación de la Decisión»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) de 14 de diciembre de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Recurso de anulación — Objeto — Decisión en materia de control de las concentraciones — Decisión basada en varios pilares
            de razonamiento, cada uno de los cuales es suficiente para fundamentar su parte dispositiva — Demandante que alega únicamente
            motivos relativos a un error u otra ilegalidad que sólo afecta a uno de los pilares de razonamiento — Recurso infundado
      [Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, art. 2, ap. 3]
      2.     Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Determinación del objeto del litigio — Exposición
            sumaria de los motivos invocados — Requisitos análogos para las alegaciones formuladas en apoyo de un motivo — Alegaciones
            no formuladas en la demanda — Remisión global a otros escritos adjuntos a la demanda — Inadmisibilidad — Admisibilidad de
            una remisión a los escritos presentados ante el mismo órgano jurisdiccional en otro asunto — Apreciación en cada caso — Requisito
            esencial — Identidad de partes y, en particular, de demandantes, en ambos asuntos
      (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 43, ap. 1,
            y 44, ap. 1)
      3.     Procedimiento — Acumulación de dos asuntos con demandantes distintos — Inexistencia de repercusión sobre el alcance de la
            demanda presentada separadamente por cada uno de ellos
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 50)
      4.     Competencia — Concentraciones — Apreciación de la compatibilidad con el mercado común — Inexistencia de creación o de reforzamiento
            de una posición dominante que obstaculice la competencia — Pluralidad de los mercados afectados — Requisito que no concurre
            en uno de los mercados — Prohibición 
      [Reglamento del Consejo (CEE) nº 4064/89, art. 2, ap. 3)
      5.     Competencia — Concentraciones — Procedimiento administrativo — Inexistencia de obligación para la Comisión de indicar el estado
            de su apreciación sobre la eventual resolución de los problemas anteriormente observados entre el momento del envío del pliego
            de cargos y la adopción de la decisión final
      6.     Recurso de anulación — Motivos — Concepto — Elementos de una demanda de anulación que figuran en la parte dedicada al resumen
            de la decisión — Inclusión — Requisito — Cuestionamiento claro y unívoco de la validez de las declaraciones efectuadas en
            la Decisión impugnada
      1.     En la medida en que algunos de los fundamentos mencionados en una decisión pueden, por sí solos, justificarla de modo suficiente
         con arreglo a Derecho, los errores que pudieran viciar otros fundamentos carecen, en cualquier caso, de influencia en su parte
         dispositiva. Además, cuando la parte dispositiva de una decisión de la Comisión descansa sobre varios pilares de razonamiento,
         cada uno de los cuales puede, por sí solo, servirle de fundamento, sólo procede anular dicho acto, en principio, si todos
         esos pilares adolecen de ilegalidad. En tal supuesto, un error u otra ilegalidad que únicamente afectase a uno de los pilares
         del razonamiento no podría bastar para justificar la anulación de la decisión controvertida, porque no habría podido tener
         una influencia decisiva en la parte dispositiva adoptada por la institución. A este respecto, si uno de los pilares en que
         se apoya el razonamiento, suficiente para fundamentar la parte dispositiva de un acto, no es impugnado por el demandante en
         un recurso de anulación, procede considerar que dicho pilar y, consiguientemente, el acto que se basa en él, son lícitos y
         han quedado acreditados frente a ese demandante.
      
      Esto se aplica, en particular, en el contexto de las decisiones en materia de control de las concentraciones. Así pues, no
         procede anular una decisión de prohibición porque la demandante haya demostrado la existencia de uno o varios errores que
         vicien el análisis realizado en relación con uno o varios mercados, cuando, no obstante, se desprenda de la decisión de prohibición
         que la concentración notificada reunía los criterios justificativos de una prohibición enunciados en el artículo 2, apartado
         3, del Reglamento nº 4064/89 en relación con otro u otros mercados. En particular, si los motivos relativos a esos otros mercados
         no se impugnan en la demanda, procede considerar, a los efectos del recurso en cuestión, que son fundados, de suerte que el
         recurso debe considerarse infundado en su totalidad.
      
      (véanse los apartados 48 a 50 y 96)
      2.     Se desprende del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia que los motivos que no estén debidamente enunciados en el escrito de interposición del recurso
         han de considerarse inadmisibles. Al tratarse de una causa de inadmisión de orden público, esta inadmisibilidad puede ser
         apreciada de oficio por el Tribunal de Primera Instancia si es preciso. 
      
      La exposición sumaria de los motivos de la parte demandante debe ser suficientemente clara y precisa para que la parte demandada
         pueda preparar su defensa y el Tribunal de Primera Instancia pueda pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse
         en ningún otro dato. Análogos requisitos son exigibles cuando se formula una alegación en apoyo de un motivo.
      
      Por otra parte, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la Justicia, para declarar la
         admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten,
         siquiera sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la demanda. A este respecto, si bien
         ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes de documentos
         adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos
         esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud de las disposiciones anteriormente mencionadas, deben figurar en la
         demanda. En efecto, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones
         que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función puramente probatoria
         e instrumental.
      
      Bien es cierto que, pese a estos requisitos, el juez comunitario ha admitido en ocasiones la posibilidad de formular motivos
         mediante una remisión a otro asunto, negando tal posibilidad en otros asuntos, sin indicar no obstante, al menos explícitamente,
         un criterio determinante para su elección, que tiene en cuenta, a ese respecto, las particularidades de cada asunto. Pero
         procede considerar, en cualquier caso, que la identidad de las partes, y en particular de la demandante, en ambos asuntos
         es un requisito esencial para la admisibilidad de motivos supuestamente formulados mediante una remisión a los escritos presentados
         en otro asunto.
      
      En efecto, declarar la admisibilidad de motivos que no se han expuesto de forma expresa en la demanda con el argumento de
         que han sido formulados por un tercero ante el mismo órgano jurisdiccional en otro asunto, al que la demanda se remite, equivaldría
         a permitir que se eludiesen las exigencias imperativas del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      (véanse los apartados 54 a 59, 61, 64 y 67)
      3.     Se desprende del artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia que un auto por el que se ordena
         la acumulación no afecta a la independencia ni a la naturaleza autónoma de los asuntos que constituyen su objeto, ya que siempre
         es posible acordar su separación. Así pues, el hecho de acumular dos asuntos en los que las demandantes son distintas no puede
         cambiar el alcance de la demanda presentada por cada una de ellas separadamente, so pena de violar la independencia y la autonomía
         de sus distintos recursos. Admitir lo contrario tendría como consecuencia que una decisión procesal del Presidente que pertenece
         al ámbito de su libre apreciación podría ampliar el alcance de una demanda y, por consiguiente, ser determinante para el resultado
         del procedimiento judicial, lo que introduciría un elemento de arbitrariedad en éste.
      
      (véanse los apartados 70 a 72 y 75)
      4.     Del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89 se desprende que, en materia de concentraciones, si una operación entre
         empresas que operan en distintos mercados, notificada a la Comisión, refuerza una posición dominante en un solo mercado con
         la consecuencia de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común, la Comisión debe, en principio,
         prohibirla, aun suponiendo que la operación no origine ningún otro obstáculo a la competencia. Cuando la Comisión examina
         sucesivamente varios mercados y llega a la conclusión de que en varios de ellos se creará o reforzará una posición dominante
         con la consecuencia de obstaculizar de forma sustancial la competencia efectiva, procede declarar que, salvo indicación expresa
         de lo contrario en su decisión, considera que la situación resultante de la concentración en cada uno de esos mercados habría
         justificado, por sí sola, la prohibición de la operación notificada.
      
      (véase el apartado 79)
      5.     En materia de control de las concentraciones, la Comisión no puede ser obligada, más allá de la obligación de exponer sus
         imputaciones en un pliego de cargos y completarlo en caso de que decidiese luego formular nuevas objeciones, a indicar el
         estado de su apreciación sobre la eventual resolución de los problemas anteriormente observados entre el momento del envío
         del pliego de cargos y la adopción de la decisión final.
      
      (véase el apartado 99)
      6.     Si bien, a primera vista, los elementos que figuren en una demanda de anulación bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión» no
         pueden constituir motivos autónomos que den como resultado la anulación de la Decisión impugnada, sino que más bien describen
         el acto impugnado, no puede excluirse a priori la posibilidad de que esa parte de la demanda pueda contener la exposición de uno o varios motivos de anulación. No obstante,
         sólo puede considerarse, en su caso, que un pasaje recogido bajo dicha rúbrica constituye un motivo, pese a la estructura
         de la demanda y su ubicación en el sistema general de ésta, si se desprende de forma clara y unívoca de ese pasaje que, además
         de su función descriptiva, cuestiona la validez de las declaraciones efectuadas en la Decisión impugnada.
      
      (véase el apartado 106)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda ampliada)
      de 14 de diciembre de 2005 (*)
      
      «Recurso de anulación – Competencia – Decisión de la Comisión por la que se declara que una operación de concentración es incompatible con el mercado común – Reglamento (CEE) nº 4064/89 – Ineficacia de la crítica parcial de la Decisión – Mercados aeronáuticos – Recurso que no puede dar como resultado la anulación de la Decisión»
      En el asunto T‑209/01,
      Honeywell International Inc., con domicilio social en Morristown, New Jersey (Estados Unidos), representada por los Sres. K. Lasok, QC, y F. Depoortere,
         abogado, 
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas,  representada por los Sres. R. Lyal y P. Hellström y la Sra. F. Siredey-Garnier, en calidad de agentes, que designa domicilio
         en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Rolls-Royce plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por el Sr. A. Renshaw, Solicitor,
      
      y por
      Rockwell Collins, Inc., con domicilio social en Cedar Rapids, Iowa (Estados Unidos), representada por los Sres. T Soames, J. Davies y A. Ryan, Solicitors,
         y el Sr. P. Camesasca, abogado,
      
      partes coadyuvantes,
      que tiene por objeto la anulación de la Decisión 2004/134/CE de la Comisión, de 3 de julio de 2001, por la que se declara
         una concentración incompatible con el mercado común y el Acuerdo EEE (Asunto COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell) (DO
         2004, L 48, p. 1),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda ampliada),
      
      integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y la Sra. V. Tiili y los Sres. A.W.H. Meij, M. Vilaras y N.J. Forwood, Jueces;
      Secretario: Sr. H. Jung;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de de mayo de 2004;
      dicta la siguiente
      Sentencia
        Marco jurídico
      1       El Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración
         entre empresas (DO L 395, p. 1; corrección de errores en DO 1990, L 257, p. 13), modificado en último término por el Reglamento
         (CE) nº 1310/97 del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 180, p. 1) (en lo sucesivo, en su versión rectificada y modificada,
         «Reglamento nº 4064/89»), dispone, en su artículo 2, apartados 2 y 3:
      
      «2.      Se declararán compatibles con el mercado común las operaciones de concentración que no supongan un obstáculo significativo
         para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar posición dominante alguna en el mercado común o en una parte substancial
         del mismo.
      
      3.      Se declararán incompatibles con el mercado común las operaciones de concentración que supongan un obstáculo significativo
         para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en el mercado común o en una parte substancial del
         mismo.»
      
       Antecedentes del litigio
      2       Honeywell International, Inc. (en lo sucesivo, «demandante») es una empresa que opera, entre otros, en los mercados de los
         productos y servicios aeronáuticos, la automoción, los materiales electrónicos, los productos químicos especiales, los polímeros
         de alto rendimiento, los sistemas de transporte y de generación de energía y los sistemas de control para viviendas o industrias.
      
      3       General Electric Company (en lo sucesivo, «GE») es una empresa industrial diversificada, que opera, entre otros, en los sectores
         de los motores de aviación, los electrodomésticos, los servicios informáticos, los sistemas de generación de energía, la iluminación,
         los sistemas industriales, los sistemas médicos, los plásticos, la teledifusión, los servicios financieros y los servicios
         de transporte.
      
      4       El 22 de octubre de 2000, GE y la demandante celebraron un acuerdo por el que GE adquiría la totalidad del capital de la demandante
         (en lo sucesivo, «concentración»), convirtiéndose ésta en filial al 100 % de GE.
      
      5       El 5 de febrero de 2001, la concentración fue notificada formalmente a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
         4 del Reglamento nº 4064/89.
      
      6       El 1 de marzo de 2001, considerando que la concentración podía estar incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 4064/89,
         la Comisión decidió incoar el procedimiento de examen previsto en el artículo 6, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento
         y en el artículo 57 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (en lo sucesivo, «decisión de incoación»).
      
      7       El 15 de marzo de 2001, GE y la demandante sometieron conjuntamente a la Comisión sus observaciones sobre la decisión de incoación.
      8       El 8 de mayo de 2001, la Comisión remitió a GE un pliego de cargos al que ésta respondió el 24 de mayo de 2001.
      9       Los días 29 y 30 de mayo de 2001, GE y la demandante asistieron a una audiencia ante la Comisión.
      10     Los días 14 y 28 de junio de 2001, GE y la demandante propusieron, respectivamente, dos series sucesivas de compromisos destinados
         a que la Comisión considerase aceptable la concentración.
      
      11     El 3 de julio de 2001, la Comisión adoptó la Decisión 2004/134/CE (Asunto COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell) (DO 2004,
         L 48, p. 1), por la que se declaraba la concentración incompatible con el mercado común y con el Acuerdo EEE (en lo sucesivo,
         «Decisión impugnada»).
      
       Decisión impugnada
      12     La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene la siguiente redacción:
      «Artículo 1
      Se declara incompatible con el mercado común y con el Acuerdo sobre el EEE la concentración por la cual [GE] adquiere el control
         de [la demandante].
      
      Artículo 2
      El destinatario de la [Decisión impugnada] es [GE…].
      [...]»
      13     La motivación de la Decisión impugnada puede sintetizarse de la forma que se expone a continuación.
      14     Según la Comisión, GE ya ocupaba por sí sola, antes de la operación de concentración, una posición dominante en los mercados
         de los motores para grandes reactores comerciales y para grandes reactores regionales. La solidez de su posición en el mercado,
         unida a su capacidad económica y a la integración vertical en la explotación del leasing de aeronaves, es uno de los elementos
         que permitieron llegar a la conclusión de que GE ocupaba una posición dominante en dichos mercados. La investigación demostró
         asimismo que la demandante es el principal proveedor de productos de aviónica y no aviónica, de motores para reactores corporativos
         y de dispositivos de arranque para motores, siendo este último elemento clave en la fabricación de motores.
      
      15     La Comisión señala que la unión de las actividades de ambas sociedades habría implicado la creación de posiciones dominantes
         en los mercados del suministro de productos de aviónica, de no aviónica y de motores para reactores corporativos, y el fortalecimiento
         de las posiciones dominantes que ya ostentaba GE en materia de motores para grandes reactores comerciales y grandes reactores
         regionales. Esa creación o ese fortalecimiento de posiciones dominantes habrían venido dados, según ella, por la conjunción
         de varios factores: los solapamientos horizontales en determinados mercados, la extensión de la capacidad económica de GE
         y su integración vertical en las actividades de la demandante y, por último, la combinación de sus respectivos productos complementarios.
      
      16     Según la Comisión, tal integración permitiría, en efecto, a la entidad surgida de la operación de concentración desmultiplicar
         la capacidad de mercado de ambas sociedades por lo que se refiere a sus productos respectivos. Ello produciría el efecto de
         excluir a los competidores, eliminando así la competencia en esos mercados y repercutiendo, a fin de cuentas, negativamente
         en la calidad de los productos, en el servicio y en los precios aplicados a los consumidores.
      
       Procedimiento
      17     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2001, la demandante
         interpuso el presente recurso. Ese mismo día, GE interpuso también un recurso contra la Decisión impugnada (asunto T‑210/01).
      
      18     Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 11, 15 y 16 de enero, respectivamente,
         Rolls-Royce Plc, Rockwell Collins Inc. (en lo sucesivo, «Rockwell») y Thales SA solicitaron intervenir en el presente procedimiento
         en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
      
      19     La demandante solicitó que se protegiese la confidencialidad, frente a las partes coadyuvantes, de determinados datos contenidos
         en sus escritos y en los de la Comisión.
      
      20     Mediante auto de 26 de junio de 2002, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención
         de Rolls-Royce y de Rockwell. Mediante ese mismo auto, concedió el tratamiento confidencial solicitado por la demandante,
         a reserva de las observaciones de las coadyuvantes. Con arreglo al artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia, se admitió la intervención de Thales, sobre la base del informe para la vista, durante
         la fase oral.
      
      21     Al modificarse la composición de las Salas mediante Decisión del Tribunal de Primera Instancia de 13 de septiembre de 2004
         (DO C 251, p. 12), el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Segunda, a la que, consiguientemente, se atribuyó el presente asunto.
      
      22     A raíz de una objeción formulada por Rolls-Royce sobre la confidencialidad de un anexo de la demanda, a saber, el «informe
         Nalebuff», el 15 de octubre de 2002 tuvo lugar, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, una reunión
         informal ante el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia. Tras la reunión, la demandante aportó una
         nueva versión no confidencial de dicho documento. Interrogada sobre el mantenimiento de su objeción habida cuenta de esta
         nueva versión, Rolls Royce no respondió en los plazos señalados.
      
      23     Al serle denegada la solicitud de tratamiento confidencial de su escrito, por no estar previsto tal tratamiento en el Reglamento
         de Procedimiento, Rolls-Royce presentó una versión no confidencial de dicho escrito y Rockwell presentó el suyo. La demandante
         y la Comisión presentaron sus observaciones sobre estos escritos en los plazos señalados.
      
      24     Con arreglo al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento y a propuesta de la Sala Segunda, el Tribunal de Primera Instancia,
         tras oír a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de dicho Reglamento, decidió atribuir el asunto a una Sala
         ampliada.
      
      25     En su demanda, la demandante solicitó la acumulación del presente asunto al asunto T‑210/01. El Presidente de la Sala Segunda
         ampliada sometió la decisión sobre la eventual acumulación a dicha formación, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del
         Reglamento de Procedimiento.
      
      26     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral y formuló preguntas a las
         partes, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento.
         Asimismo, requirió a la Comisión para que presentase determinados documentos antes de la vista. Las partes se atuvieron a
         dichos requerimientos.
      
      27     Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de febrero de 2004, Thales renunció a
         su intervención. Mediante auto de 23 de marzo de 2004, el Presidente de la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia,
         oídas las otras partes, tuvo por presentada dicha renuncia.
      
      28     En la vista celebrada el 25 de mayo de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia. Al término de dicha vista, se dio por concluida la fase oral.
      
      29     Mediante escrito de 3 de junio de 2004, la demandante presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia un nuevo
         documento junto con sus observaciones sobre la pertinencia de éste, solicitando que tales documentos se incorporasen a los
         autos del presente asunto. Mediante auto de 8 de julio de 2004, el Tribunal de Primera Instancia decidió, conforme a lo dispuesto
         en el artículo 62 del Reglamento de Procedimiento, reabrir la fase oral, para que las partes pudiesen presentar observaciones
         sobre dicha solicitud.
      
      30     Oídas las partes, el Tribunal de Primera Instancia adoptó, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, una
         diligencia de ordenación del procedimiento consistente en incorporar a los autos el documento y las observaciones presentados
         por la demandante el 4 de junio de 2004. Las observaciones de la Comisión y de las partes coadyuvantes sobre la pertinencia
         de dichos elementos también se incorporaron a los autos.
      
      31     A continuación, el 23 de noviembre de 2004, se dio nuevamente por concluida la fase oral del procedimiento.
       Pretensiones de las partes
      32     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Acumule el presente asunto al asunto T‑210/01, General Electric/Comisión.
      –       Acuerde las diligencias de prueba necesarias.
      –       Anule la Decisión impugnada.
      –       Adopte cualquier otra medida alternativa o complementaria que la buena administración de justicia exija.
      –       Condene en costas a la Comisión y a las coadyuvantes.
      33     La Comisión, apoyada por Rolls-Royce y Rockwell, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
      1.      Sobre el alcance del recurso y el objeto del litigio
       Alegaciones de las partes
      34     La Comisión, apoyada a este respecto por Rolls-Royce, alega que la remisión que la demandante hizo en su demanda a los argumentos
         esgrimidos por GE en el asunto T‑210/01 es contraria al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento,
         según el cual la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Según la Comisión, dicha remisión
         es tanto más inaceptable cuanto que la demandante únicamente había tenido conocimiento de un mero proyecto de la demanda de
         GE y no de una versión definitiva. Afirma que, en consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del recurso en lo que atañe
         a las cuestiones no planteadas expresamente en la demanda.
      
      35     A la vista del contenido de los motivos invocados expresamente por la demandante en su escrito de interposición del recurso,
         referidos fundamentalmente a la parte de la Decisión impugnada relativa a la venta de paquetes de productos, la Comisión considera
         que la demandante ignora la parte sustancial y esencial de dicho acto, que está dedicada a las cuestiones de los solapamientos
         horizontales y la integración vertical. A su juicio, la Decisión impugnada se basa en elementos de hecho y de Derecho que,
         considerados conjuntamente, demuestran que la combinación de la capacidad económica y la integración vertical en materia de
         compra, financiación y leasing de aeronaves de GE y las posiciones de fuerza de la demandante en diversos mercados de productos
         aeronáuticos conducen a la creación y al fortalecimiento de posiciones dominantes.
      
      36     En su escrito de contestación a la demanda, la Comisión declaró que «la motivación de la Decisión se basa en una combinación
         de elementos de hecho y de Derecho que, considerados conjuntamente (y únicamente considerados conjuntamente), llevaron a la
         Comisión a prohibir la concentración proyectada». Sin embargo, en su escrito de dúplica y en la vista aclaró que uno cualquiera
         de los distintos razonamientos recogidos en la Decisión impugnada habría bastado para justificar la prohibición de la concentración,
         calificando de «desafortunada» su propia afirmación realizada en el escrito de contestación a la demanda, en la medida en
         que podría interpretarse que indica lo contrario. Así pues, señala que, aun suponiendo que todas las imputaciones que formula
         la demandante, en particular en lo que se refiere a las ventas de paquetes de productos, fuesen fundadas, no procedería anular
         la Decisión impugnada, ya que los restantes motivos bastan para demostrar su conformidad a Derecho en la medida en que la
         Comisión declara en ella la incompatibilidad de la concentración con el mercado común.
      
      37     Rolls-Royce subraya que la demandante no ha formulado ninguna alegación contra la mayoría de los motivos que justifican la
         prohibición de la concentración, como el fortalecimiento de las posiciones dominantes de GE en el mercado de los motores para
         grandes reactores comerciales o grandes reactores regionales y la creación de posiciones dominantes en relación con los motores
         para reactores corporativos y las pequeñas turbinas de gas marítimas, entre otros. En particular, señala que la demandante
         no ha discutido seriamente, entre los tres factores independientes que explican el fortalecimiento de la posición dominante
         de GE en el mercado de los motores para grandes reactores comerciales, los efectos de exclusión resultantes de la integración
         vertical por lo que se refiere a los arrancadores de motor de la demandante. En consecuencia, según Rolls-Royce, el recurso
         carece de pertinencia y de objeto.
      
      38     Rockwell pone de relieve que la demandante no abordó las cuestiones de los solapamientos horizontales o la integración vertical
         en su demanda, ya que los elementos relativos a las mismas, recogidos en la demanda bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión»,
         únicamente deben considerarse una descripción de dicha Decisión.
      
      39     La demandante contesta a tales objeciones en tres puntos.
      40     En primer lugar, señala que ha afirmado en su demanda que suscribe todos los argumentos adicionales a los suyos expuestos
         por GE en el asunto T‑210/01. Según la demandante, tal remisión a los escritos presentados en otro asunto conexo está permitida
         por la jurisprudencia y tiene como efecto incorporar el contenido de dichos escritos a su demanda. En su réplica, invocó a
         este respecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 1990, Marcato/Comisión (T‑82/89, Rec. p. II‑735),
         apartados 22 a 24. En la vista, hizo referencia a un «resumen» de la jurisprudencia pertinente recogido en las conclusiones
         del Abogado General Alber presentadas en el asunto Bélgica/Comisión (sentencia de 20 de septiembre de 2001, C‑263/98, Rec.
         p. I‑6063), que citan una sola sentencia, la del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, ICI/Comisión (T‑37/91,
         Rec. p. II‑1901), apartados 43 y siguientes. En ella, el Tribunal de Primera Instancia admitió una remisión a la demanda presentada
         en el asunto T‑36/91, en el que las partes eran las mismas y estaban representadas por los mismos abogados.
      
      41     Por otra parte, según la demandante, la Comisión y Rolls-Royce no alegan que dicha remisión haya afectado a su capacidad para
         defenderse y Rockwell ha podido perfectamente comprender la totalidad de los argumentos presentados y responder a ellos.
      
      42     Además, la demandante recuerda que solicita la acumulación de los asuntos T‑209/01 y T‑210/01 y alega que, aun suponiendo
         que su demanda presentase lagunas, como afirma la Comisión, la acumulación de ambos asuntos permitiría paliarlas. En la vista
         invocó, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1980, Forges de Thy-Marcinelle y Monceau/Comisión
         (asuntos acumulados 26/79 y 86/79, Rec. p. 1083), en apoyo de su tesis sobre los efectos jurídicos de la acumulación.
      
      43     En segundo lugar, la demandante sostiene que los motivos de la Decisión impugnada que rebate detalladamente en su demanda,
         a saber, los relativos a las ventas de paquetes de productos, constituyen el elemento clave de la Decisión impugnada, de forma
         que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia declarase fundadas sus imputaciones implicaría inevitablemente la anulación
         de aquélla. A este respecto, pone de relieve que la propia Comisión señaló en su escrito de contestación a la demanda que
         la Decisión impugnada se basa en una serie de elementos que, considerados conjuntamente, justifican su conclusión de que la
         operación notificada es incompatible con el mercado común. Por lo tanto, según la demandante, la Decisión impugnada debe anularse
         si se demuestra que el aspecto esencial de su motivación, relativo a los efectos de conglomerado, adolece de errores.
      
      44     En la vista, la demandante añadió que la actitud de la Comisión durante el procedimiento administrativo llevó a las partes
         notificantes a creer que su operación sería aprobada en el caso de que se encontrase una solución que permitiese vencer las
         reservas de la Comisión en cuanto a las futuras ventas de paquetes de productos. Según la demandante, por tal motivo se centró
         fundamentalmente, en su intervención ante el Tribunal de Primera Instancia, en ese aspecto del asunto.
      
      45     En tercer lugar, la demandante señala que, en cualquier caso, las cuestiones de los solapamientos horizontales y la integración
         vertical se abordaron en su demanda, en el marco de su descripción de la Decisión impugnada, bajo el título «Resumen de la
         Decisión». La demandante considera que bajo dicha rúbrica, ofrece una descripción comentada de la Decisión impugnada en la
         que expone que ésta se basa, en lo que atañe a los mercados de que se trata, en varios de los elementos siguientes o en todos
         ellos: primero, los solapamientos horizontales y los efectos contrarios a la competencia verticales; segundo, la capacidad
         económica de GE y la integración vertical de la demandante con las filiales de GE, GE Capital Aviation Services (en lo sucesivo,
         «GECAS») y GE Capital Corporate Aviation Group (en lo sucesivo, «GECCAG»), en la nueva entidad y, tercero, la venta por parte
         de ésta de paquetes de productos. La demandante pone de manifiesto que, en aquellos mercados en que los solapamientos horizontales
         tienen repercusión, el análisis que se hace de éstos en la Decisión impugnada, en relación con cada producto, o bien es poco
         creíble o no está suficientemente motivado. Por lo tanto, señala, la Decisión impugnada se basa fundamentalmente en los otros
         dos elementos. Según la demandante, el segundo elemento es tan poco verosímil que no es necesario extenderse sobre él. Así
         pues, el tercer elemento, a saber, la cuestión de las ventas de paquetes de productos, desempeña un papel determinante. Además,
         la parte fundamental de las desinversiones que la Comisión consideraba necesarias se refería a ese aspecto de la Decisión
         impugnada.
      
      46     La demandante insiste en que los vicios de la Decisión impugnada que denunció son suficientemente graves como para que ésta
         sea anulada en su totalidad. En efecto, como, según ella, reconoce la Comisión, únicamente la combinación de los elementos
         de hecho y de Derecho considerados en su conjunto justifica la prohibición de la concentración. En respuesta a Rolls-Royce,
         la demandante precisa que la cuestión de los arrancadores de motor, además de haber quedado resuelta mediante los compromisos,
         no basta para justificar la Decisión impugnada.
      
      47     Por todas estas razones, según la demandante, las objeciones formuladas por la Comisión y las coadyuvantes, relativas a la
         supuesta inadmisibilidad de la remisión a la demanda de GE y a la inoperancia de los motivos expuestos en la demanda presentada
         en el presente asunto, son contrarias al principio de buena administración de justicia y no se basan en ningún elemento que
         haya sido probado.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
       Introducción
      48     Procede señalar, en primer lugar, que, en la medida en que algunos de los fundamentos mencionados en una decisión pueden,
         por sí solos, justificarla de modo suficiente con arreglo a Derecho, los errores que pudieran viciar otros fundamentos carecen,
         en cualquier caso, de influencia en su parte dispositiva (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
         de 12 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1, asuntos acumulados C‑302/99 P y C‑308/99 P, Rec. p. I‑5603, apartados 26 a 29).
      
      49     Además, cuando la parte dispositiva de una decisión de la Comisión descansa sobre varios pilares de razonamiento, cada uno
         de los cuales puede, por sí solo, servirle de fundamento, sólo procede anular dicho acto, en principio, si todos esos pilares
         adolecen de ilegalidad. En tal supuesto, un error u otra ilegalidad que únicamente afectase a uno de los pilares del razonamiento
         no podría bastar para justificar la anulación de la decisión controvertida, porque no habría podido tener una influencia decisiva
         en la parte dispositiva adoptada por la institución (véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, apartados 49 a 51, y la jurisprudencia
         allí citada). Esta regla se aplica, en particular, en el contexto de las decisiones en materia de control de las concentraciones
         (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 2002, Schneider Electric/Comisión,
         T‑310/01, Rec. p. II‑4071, apartados 404 a 420, y los apartados 80 y 81 de la presente sentencia).
      
      50     Hay que recordar también a este respecto que si uno de los pilares en que se apoya el razonamiento, suficiente para fundamentar
         la parte dispositiva de un acto, no es impugnado por el demandante en un recurso de anulación, procede considerar que dicho
         pilar y, consiguientemente, el acto que se basa en él, es lícito y ha quedado acreditado frente a ese demandante (véase, en
         este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products
         y otros, C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, apartados 57 a 63).
      
      51     Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede examinar si, en el caso de autos, los motivos expuestos por la demandante
         son suficientes, suponiendo que sean fundados, para invalidar la parte dispositiva de la Decisión impugnada y si, por consiguiente,
         podrían servir de fundamento a un recurso que, llegado el caso, pudiera dar como resultado la anulación de dicha Decisión.
         En el supuesto de que los motivos debidamente formulados no pudiesen, ni siquiera considerados conjuntamente, justificar la
         anulación de la Decisión impugnada, serían inoperantes y, por ende, el recurso en su conjunto sería infundado (véase, en este
         sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1997, EFMA/Consejo, T‑121/95, Rec. p. II‑2391,
         apartados 115 a 122).
      
      52     Para ello, es preciso determinar primero cuál es el alcance efectivo del presente recurso, examinando la eventual inadmisibilidad
         de algunos de los motivos que la demandante afirma haber expuesto.
      
       Sobre la remisión a los motivos formulados en el asunto T‑210/01
      53     Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, la Comisión alegó la inadmisibilidad de algunos aspectos concretos
         del recurso. En cualquier caso, debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada los requisitos de admisibilidad de los
         recursos son causas de inadmisión por motivos de orden público que el juez comunitario puede y debe apreciar de oficio (autos
         del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, Michailidis y otros/Comisión, T‑100/94, Rec. p. II‑3115, apartado
         49, y de 25 de octubre de 2001, Métropole Télévision – M6/Comisión, T‑354/00, Rec. p. II‑3177, apartado 27; véase asimismo,
         en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2001, Conseil national des professions de l'automobile
         y otros/Comisión, C‑341/00 P, Rec. p. I‑5263, apartado 32).
      
      54     Según el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del
         Tribunal de Primera Instancia, la demanda debe contener, en particular, la «cuestión objeto del litigio» y la «exposición
         sumaria de los motivos invocados». Además, según el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, «en el curso del proceso
         no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el
         procedimiento». Se desprende de estas disposiciones que los motivos que no estén debidamente enunciados en el escrito de interposición
         del recurso han de considerarse inadmisibles. La jurisprudencia confirma explícitamente que, al tratarse de una causa de inadmisión
         de orden público, esta inadmisibilidad puede ser apreciada de oficio por el Tribunal de Primera Instancia si es preciso (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2002, Joynson/Comisión, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, apartado 154).
      
      55     Se desprende asimismo de la jurisprudencia que la exposición sumaria de los motivos de la parte demandante debe ser suficientemente
         clara y precisa para que la parte demandada pueda preparar su defensa y el Tribunal de Primera Instancia pueda pronunciarse
         sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en ningún otro dato (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero
         de 2000, ADT Projekt/Comisión, T‑145/98, Rec. p. II‑387, apartado 66, y de 16 de marzo de 2004, Danske Busvognmænd/Comisión,
         T‑157/01, Rec. p. II‑0000, apartado 45). Análogos requisitos son exigibles cuando se formula una alegación en apoyo de un
         motivo (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mo Och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989,
         apartado 333).
      
      56     Por otra parte, según jurisprudencia consolidada, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración
         de la Justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho
         sobre los que esté basado consten, siquiera sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio tenor de la
         demanda (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Italia/Comisión, C‑178/00, Rec. p. I‑303, apartado
         6; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de mayo de 1997, Guérin automobiles/Comisión, T‑195/95, Rec. p. II‑679,
         apartados 20 y 21, y ADT Projekt/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 66; el auto del Tribunal de Primera Instancia de 25 de julio de 2000, RJB Mining/Comisión, T‑110/98, Rec. p. II‑2971,
         apartado 23, y la jurisprudencia citada; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003, Travelex
         Global and Financial Services e Interpayment Services/Comisión, T‑195/00, Rec. p. II‑1677, apartado 26, y Danske Busvognmænd/Comisión,
         citada en el apartado 55 supra, apartado 45; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1961, Société
         Fives Lille Cail y otros/Alta Autoridad, asuntos acumulados 19/60, 21/60, 2/61 y 3/61, Rec. pp. 561 y ss., especialmente p. 588,
         y de 5 de marzo de 1991, Grifoni/CEEA, C‑330/88, Rec. p. I‑1045, apartados 17 y 18).
      
      57     A este respecto, si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse y completarse mediante remisiones
         a pasajes de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo a la demanda, no puede paliar
         la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica, que, en virtud de las disposiciones anteriormente mencionadas,
         deben figurar en la demanda (auto del Tribunal de Primera Instancia de 21 de mayo de 1999, Asia Motor France y otros/Comisión,
         T‑154/98, Rec. p. II‑1703, apartado 49). Además, no incumbe al Tribunal de Primera Instancia buscar e identificar, en los
         anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen
         una función puramente probatoria e instrumental (sentencia Joynson/Comisión, citada en el apartado 54 supra, apartado 154; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T‑84/96, Rec. p. II‑2081,
         apartado 34, y de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑305/94 a T‑307/94,
         T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 39, recurrida en casación,
         pero no anulada en este extremo por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij
         y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P,
         Rec. p. I‑8375).
      
      58     No obstante, la demandante invoca varias sentencias en las que el juez comunitario permitió la remisión a los escritos presentados
         en otros asuntos ante el mismo órgano jurisdiccional (véase el apartado 40). Según la demandante, una remisión a los escritos
         de que conoce el mismo juez en otro asunto no debe considerarse inadmisible.
      
      59     La jurisprudencia invocada por la demandante, en el apartado 40, para justificar tal remisión no puede, sin embargo, llevar
         al Tribunal de Primera Instancia a descartar, en el caso de autos, la aplicación de la regla antes enunciada según la cual
         los motivos formulados por un demandante deben exponerse de forma sumaria en la propia demanda. El Tribunal de Primera Instancia
         señaló en su sentencia ICI/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartado 45, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tiene en cuenta, a este respecto, las particularidades de cada
         caso concreto, citando para respaldar esta afirmación las sentencias de 29 de noviembre de 1956, Charbonnages de Beeringen
         y otros/Alta Autoridad (9/55, Rec. pp. 325 y ss., especialmente p. 352); de 8 de julio de 1965, Satya Prakash/Comisión de
         la CEEA (asuntos acumulados 19/63 y 65/63, Rec. pp. 677 y ss., especialmente p. 693); de 13 de julio de 1965, Lemmerz-Werke/Alta
         Autoridad (111/63, Rec. pp. 835 y ss., especialmente p. 858); de 28 de abril de 1971, Lüetticke/Comisión (4/69, Rec. p. 325),
         apartado 2, y Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Comisión, citada en el apartado 42 supra, apartado 4.
      
      60     A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que un enfoque consistente en admitir tal remisión a una demanda presentada
         en otro asunto sería en principio incompatible con la jurisprudencia citada en los apartados 55 a 57, según la cual la propia
         demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados que permita, en particular, al Tribunal pronunciarse
         sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en ningún otro dato.
      
      61     Si bien el juez comunitario ha admitido en algunas ocasiones la posibilidad de formular motivos mediante una remisión a otro
         asunto (sentencia Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Comisión, citada en el apartado 42, y sentencia Marcato/Comisión, citada
         en el apartado 40), en otros asuntos ha negado dicha posibilidad (véanse las sentencias Charbonnages de Beeringen y otros/Alta
         Autoridad y Prakash/Comisión, citadas en el apartado 59), sin indicar no obstante, al menos explícitamente, un criterio determinante
         que justifique su elección.
      
      62     Hay que señalar que, en todos los asuntos que dieron lugar a las sentencias invocadas por la demandante o mencionadas en el
         apartado 45 de la sentencia ICI/Comisión, citada en el apartado 40, en los que el juez comunitario aceptó que motivos que
         no se habían expuesto expresamente en la demanda pudiesen considerarse válidamente formulados como consecuencia de tal remisión,
         la parte demandante se había remitido a sus propios escritos en otro asunto.
      
      63     En el caso de autos, como se ha señalado anteriormente, la remisión que la demandante efectúa en su demanda hace referencia
         a la demanda presentada el mismo día por otra demandante, GE.
      
      64     Ahora bien, declarar la admisibilidad de motivos que no se han expuesto de forma expresa en la demanda con el argumento de
         que han sido formulados por un tercero en otro asunto, al que la demanda se remite, equivaldría a permitir que se eludiesen
         las exigencias imperativas del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que se han recordado en el apartado 54.
      
      65     Debe señalarse, por otra parte, que, en el asunto T‑210/01, GE está representada por letrados distintos de los que representan
         a la demandante en el caso de autos. Además, la demanda de GE no figura como anexo a la presentada por la demandante en el
         presente asunto. Tales circunstancias no pueden sino reforzar la conclusión enunciada en el apartado anterior, en la medida
         en que confirman el carácter distinto y autónomo del presente recurso con respecto al registrado con el número T‑210/01.
      
      66     Procede recordar asimismo que cada parte es la única responsable del contenido de los escritos procesales que presenta, principio
         consagrado, en particular, en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia
         ICI/Comisión, citada en el apartado 40 supra, apartado 46). Ahora bien, aunque la demandante afirma que tuvo conocimiento de la versión provisional de la demanda de GE,
         no sostiene que supiera, en el momento de presentar su propia demanda, cuál era el contenido exacto de la demanda definitiva
         de GE a la que se remitía. Por lo tanto, contrariamente a las exigencias de una buena administración de justicia, la remisión
         a la demanda de GE no permitía al Tribunal de Primera Instancia identificar con suficiente precisión los motivos que se sometían
         a su consideración al interponerse el recurso en el presente asunto.
      
      67     Habida cuenta de lo anterior y sin que sea necesario pronunciarse en el presente asunto sobre las condiciones en que una demandante
         podría eventualmente tener derecho a formular motivos mediante una remisión a sus propios escritos en otro asunto, procede
         considerar que la identidad de las partes, y en particular de la demandante, en ambos asuntos es un requisito esencial para
         la admisibilidad de motivos supuestamente formulados mediante una remisión a los escritos presentados en otro asunto.
      
      68     Se desprende de lo anterior que la remisión que hace la demandante a la demanda presentada por GE en el asunto T‑210/01 no
         tiene como efecto incorporar los motivos formulados por GE en dicho asunto a la demanda presentada por la demandante en el
         caso de autos.
      
       Sobre la solicitud de acumulación de asuntos
      69     En apoyo de su solicitud de acumulación del presente asunto al asunto T‑210/01, la demandante expone que, aun suponiendo que
         la remisión efectuada en su demanda a la de GE no permitiese considerar admisibles los motivos que habría deseado formular
         en relación con aquellos aspectos del asunto distintos de la venta de paquetes de productos, dicha acumulación permitiría
         colmar las eventuales lagunas que vician de inadmisibilidad su propia demanda. En la vista, la demandante invocó la sentencia
         Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Comisión, citada en el apartado 42 supra, apartado 4, y una jurisprudencia que, según su propia descripción, se remonta a los inicios de la historia jurisdiccional
         comunitaria.
      
      70     En lo que respecta a las consecuencias de una posible acumulación de los asuntos T‑209/01 y T‑210/01, hay que recordar, en
         primer lugar, que según el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento:
      
      «El Presidente, oídas las partes y el Abogado General, podrá ordenar en todo momento y por razón de conexión la acumulación
         de varios asuntos que se refieran al mismo objeto, a efectos de la fase escrita u oral del procedimiento o de la sentencia
         que ponga fin al proceso. El Presidente podrá revocar posteriormente dicha decisión. El Presidente podrá someter estas cuestiones
         al Tribunal de Primera Instancia.»
      
      71     Como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 21 de junio de 2001, Moccia Irme y otros/Comisión (asuntos acumulados
         C‑280/99 P a C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717), apartado 66, se desprende de dicha disposición que un auto por el que se ordena
         la acumulación no afecta a la independencia ni a la naturaleza autónoma de los asuntos que constituyen su objeto, ya que siempre
         es posible acordar su separación. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró así la inadmisibilidad de dos recursos
         de casación en los que las demandantes se apoyaban en motivos que no habían formulado en primera instancia, pese a la acumulación
         ante el Tribunal de Primera Instancia de sus asuntos con otros asuntos en los que dichos motivos habían sido efectivamente
         formulados por otras demandantes (apartados 61 a 68 de la sentencia).
      
      72     Resulta obligado declarar asimismo que la acumulación de asuntos es una medida que el Presidente o, en su caso, el Tribunal
         de Primera Instancia, pueden ordenar, a tenor del artículo 50 del Reglamento de Procedimiento, pero sin estar obligados a
         hacerlo, aunque las partes se lo soliciten, ya que dicha decisión pertenece al ámbito de su libre apreciación en cuanto a
         la forma más apropiada de organizar el procedimiento. De ello se desprende que la tesis de la demandante, si se admitiese,
         tendría como consecuencia que una decisión procesal del Presidente que pertenece al ámbito de su libre apreciación podría
         ampliar el alcance de una demanda y, por consiguiente, ser determinante para el resultado del procedimiento judicial, lo que
         introduciría un elemento de arbitrariedad en éste.
      
      73     Por lo que respecta a la sentencia Charbonnages de Beeringen y otros/Alta Autoridad, citada en el apartado 59, procede señalar
         que el Tribunal de Justicia, cuando afirmó que una referencia general a lo dicho en otro asunto no basta para que la demanda
         sea admisible, y menos aún si la referencia se ha hecho sin solicitar al mismo tiempo la acumulación de los asuntos, no declaró
         que de haberse formulado la solicitud de acumulación en el momento oportuno la demanda habría sido admisible. Por el contrario,
         se limitó a declarar que, en el asunto que le ocupaba, la falta de dicha solicitud al Tribunal de Justicia para que considerase
         los dos asuntos conjuntamente reforzaba el carácter insuficiente de la remisión global efectuada en la demanda al recurso
         interpuesto por un tercero.
      
      74     Por otra parte, en la medida en que el Tribunal de Justicia, en su sentencia Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Comisión,
         citada en el apartado 42, consideró que «la admisibilidad de la segunda demanda cubre la inadmisibilidad de la primera», debe
         señalarse que, en ese asunto, las demandas de que se trata habían sido presentadas por la misma persona, mientras que en el
         caso de autos la demandante solicita apoyarse en motivos formulados por un tercero.
      
      75     Así pues, sin que sea necesario pronunciarse en el presente asunto sobre los posibles efectos de la acumulación de dos recursos
         interpuestos por la misma demandante, basta señalar que el hecho de acumular dos asuntos en los que las demandantes son distintas
         no puede cambiar el alcance de la demanda presentada por cada una de ellas separadamente, so pena de violar la independencia
         y la autonomía de sus distintos recursos (véase, por analogía, la sentencia Moccia Irme y otros/Comisión, citada en el apartado
         71 supra, apartado 66).
      
      76     Por consiguiente, en el presente asunto, solamente pueden tomarse en consideración los motivos distintos de los supuestamente
         formulados únicamente a través de la remisión global a la demanda de GE.
      
      77     En las circunstancias del caso de autos, no procede acumular el presente asunto al asunto T‑210/01. Por lo tanto, se desestima
         la solicitud formulada en ese sentido por la demandante en su demanda.
      
       Sobre la eficacia de los motivos formulados en el presente asunto
      78     El segundo argumento de la demandante a este respecto consiste en alegar que los motivos relativos a las ventas de paquetes
         de productos constituyen el elemento clave de la Decisión impugnada, sin el cual dicho acto no podría mantenerse.
      
      79     Debe recordarse que del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89 se desprende que, en materia de concentraciones,
         si una operación notificada crea o refuerza una posición dominante en un solo mercado que tenga como consecuencia obstaculizar
         de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común, la Comisión debe, en principio, prohibirla, aun suponiendo
         que la operación no origine ningún otro obstáculo a la competencia. Cuando la Comisión examina sucesivamente varios mercados
         y llega a la conclusión de que en varios de ellos se creará o reforzará una posición dominante que tendrá como consecuencia
         obstaculizar de forma sustancial la competencia efectiva, procede declarar que, salvo indicación expresa de lo contrario en
         su decisión, considera que la situación resultante de la concentración en cada uno de esos mercados habría justificado, por
         sí sola, la prohibición de la operación notificada.
      
      80     A este respecto, debe recordarse que, en su sentencia Schneider Electric/Comisión, citada en el apartado 49 supra, apartados 404 a 420, el Tribunal de Primera Instancia declaró que los errores observados en dicho asunto en relación con
         el análisis de los distintos mercados nacionales no podían bastar por sí mismos para desvirtuar las imputaciones que la Comisión
         había formulado con respecto a los mercados sectoriales franceses diferentes. Así pues, el análisis subyacente en la decisión
         de la Comisión que dio como resultado la prohibición de la concentración controvertida no podía considerarse insuficiente
         respecto a estos últimos mercados por el mero hecho de los errores observados en otros mercados.
      
      81     Asimismo, cuando la Comisión constata que se creará o reforzará una posición dominante en un solo mercado por varias razones
         distintas y autónomas, procede considerar, en principio, y a falta de indicación en sentido contrario en los motivos pertinentes
         de la decisión adoptada por la Comisión, que cada una de las razones expuestas, por sí sola, habría llevado a la Comisión
         a esa conclusión. Ello resulta aún más cierto cuando de la descripción autónoma de ese razonamiento se desprende que es suficiente
         por sí solo para demostrar que cambiarían cualitativamente o de forma sustancial las condiciones de competencia en el mercado
         de que se trata.
      
      82     En el caso de autos, la Comisión especificó en el considerando 567 de la Decisión impugnada que debía concluirse que «la fusión
         propuesta crearía o consolidaría una posición dominante en los mercados de los motores para grandes aviones comerciales, grandes
         reactores regionales y reactores corporativos, en los mercados de los productos de aviónica y no aviónica y en el mercado
         de las pequeñas turbinas de gas marítimas, de resultas de la cual la competencia efectiva se vería obstaculizada de forma
         significativa en el mercado común».
      
      83     Como señala en su escrito de contestación a la demanda, en el marco de su conclusión expuesta en el apartado anterior, la
         Comisión no estableció en la Decisión impugnada una jerarquía entre los problemas de competencia observados en cada uno de
         los mercados que examinó y seguidamente enumeró. Por ello, hay que deducir de la Decisión impugnada que cada una de las distintas
         facetas de su razonamiento y, sobre todo, su análisis de cada uno de los mercados enumerados en el citado apartado constituyen
         efectivamente un pilar autónomo de la Decisión impugnada.
      
      84     El examen detallado de cada una de estas facetas del razonamiento de la Comisión corrobora esta afirmación.
      85     A este respecto, debe señalarse que las consideraciones relativas a los solapamientos horizontales derivados de la operación
         notificada en el mercado de los motores para grandes reactores regionales, el de los motores para reactores corporativos y
         el de las pequeñas turbinas de gas, respectivamente, no pueden reforzarse mutuamente, dada la inexistencia de vínculos económicos
         entre dichos mercados. En particular, la creación de una posición dominante en el mercado de las pequeñas turbinas de gas
         marítimas no puede afectar a la creación o el fortalecimiento de posiciones dominantes en los distintos mercados de los reactores
         y otros componentes aeronáuticos, ni verse afectada por ésta, puesto que se trata, en ambos casos, de productos que pertenecen
         a sectores comerciales distintos.
      
      86     Por otra parte, procede señalar a este respecto que, en los considerandos 428 a 431, bajo la rúbrica «a) Solapamiento horizontal
         en plataformas existentes», la Comisión describió los efectos inmediatos de la concentración en el mercado de los motores
         para grandes reactores regionales derivados de dicho solapamiento. Esta descripción contiene una referencia a la influencia
         de GE Capital y de GECAS, factor que refuerza la posición dominante preexistente de GE en el mercado de que se trata, realizada
         por la Comisión para rechazar el argumento de las partes en la concentración según el cual el monopolio creado mediante su
         fusión sería un fenómeno puramente estático. En cambio, la Comisión no invocó en ese contexto su tesis relativa a la venta
         de paquetes de productos. Esta última tesis únicamente fue evocada, en lo que respecta al mercado de los motores para grandes
         reactores regionales, bajo la rúbrica «b) Efectos sobre los concursos para nuevas plataformas», que contiene una exposición
         distinta, dedicada a los efectos a medio y largo plazo de la fusión en dicho mercado. De lo anterior se desprende que en la
         Decisión impugnada la Comisión constató que el solapamiento horizontal en el mercado de los motores para grandes reactores
         regionales resultante de la concentración habría reforzado inmediatamente la posición dominante preexistente de GE, independientemente
         de cualquier otro factor que pudiese reforzar aún más dicha posición en el futuro.
      
      87     En cuanto al mercado de las pequeñas turbinas de gas, la Comisión describió el solapamiento horizontal bajo una rúbrica aparte,
         en los considerandos 476 y 477 de la Decisión impugnada, antes de examinar, en secciones distintas, la «exclusión de los competidores»
         del mercado por la integración vertical de la demandante con GE y la «exclusión de los competidores» del mercado por la integración
         vertical de las pequeñas turbinas de gas marítimas, por una parte, y de los sistemas electrónicos y de control de la demandante,
         por otra. La Comisión expuso, en el considerando 476 de la Decisión, que la concentración crearía una entidad con una cuota
         de mercado de entre el 65 y el 80 % del mercado de que se trata, cuatro o cinco veces mayor que su competidor inmediato. En
         el considerando 477, extrae de ello la conclusión de que esa entidad sería con mucha diferencia el mayor operador del mercado
         de las pequeñas turbinas de gas marítimas y expone las razones por las que la competencia de los demás operadores actuales
         y potenciales en dicho mercado no sería efectiva. Así pues, de la estructura y la redacción de esa parte de la Decisión impugnada
         se deduce que, según la Comisión, los efectos de la concentración descritos en la primera sección, dedicada al solapamiento
         horizontal en el mercado de las turbinas, bastaban para crear la posición dominante en ese mercado, independientemente de
         los demás factores que sirven para excluir a los competidores del mercado y, por consiguiente, reforzar aún más esa posición.
      
      88     Debe señalarse, en cualquier caso, que en el presente asunto la demandante tampoco rebatió la tesis de la Comisión relativa
         a la exclusión de los competidores del mercado de las pequeñas turbinas de gas marítimas debido a la integración vertical
         de las actividades de fabricación de tales productos por parte de GE y de la actividad de fabricación de sistemas de control
         y otros componentes utilizados en esas turbinas por parte de la demandante, ni su tesis relativa a la exclusión de los competidores
         del mercado de las pequeñas turbinas de gas marítimas como consecuencia de la integración vertical de la demandante en GE
         debido al poderío financiero de ésta (véanse los considerandos 478 a 484 de la Decisión impugnada y los apartados 113 y 114
         de la presente sentencia).
      
      89     Por lo que se refiere a la exclusión de los competidores del mercado por la integración vertical de la actividad de fabricación
         de motores para grandes reactores comerciales y la de fabricación de los arrancadores de motor de la demandante, la Comisión
         expuso explícitamente, en el considerando 419 de la Decisión impugnada que, independientemente de las consecuencias de las
         ofertas de paquetes de productos, la operación de concentración proyectada fortalecería la posición dominante de GE en el
         mercado de los motores para grandes reactores comerciales debido a la exclusión vertical de los fabricantes de motores competidores.
      
      90     No obstante, la demandante señaló en su réplica que la Comisión había afirmado, en el apartado 51 de su escrito de contestación
         a la demanda, que «además y ante todo, la motivación de la Decisión se [basaba] en una combinación de elementos de hecho y
         de Derecho que, considerados conjuntamente (y únicamente considerados conjuntamente), [habían llevado] a la Comisión a prohibir
         la concentración proyectada». Según la demandante, de dicha afirmación se desprende que la Decisión impugnada únicamente puede
         sustraerse a la anulación si todos los elementos principales en que se basa son fundados, y en particular el análisis de las
         ventas de paquetes de productos que la demandante impugna de forma detallada en su demanda.
      
      91     La Comisión afirmó, sin embargo, en el punto 18 de su escrito de dúplica y reiteró en la vista que cada uno de los pilares
         expuestos en la Decisión impugnada habría bastado para justificar la prohibición de la operación notificada. En la vista,
         calificó su propia afirmación, citada en el apartado anterior, de «desafortunada» y señaló que esta afirmación se enmarca
         dentro de un análisis formulado para responder a los argumentos de la demandante según los cuales la Decisión se basa «en
         gran parte» en dos teorías, a saber, en primer lugar, el supuesto poderío económico de GE y su integración vertical en los
         servicios financieros, la compra de aeronaves, el leasing de aeronaves y los servicios de post-venta y, en segundo lugar,
         la venta futura de paquetes de productos.
      
      92     Pues bien, esta explicación de la Comisión debe aceptarse.
      93     En efecto, de la lectura conjunta de los puntos 48 a 51 del escrito de contestación a la demanda se desprende que la Comisión
         intentó rebatir la tesis de la demandante según la cual esas dos «teorías» constituían por sí solas el auténtico fundamento
         de la Decisión impugnada, con exclusión de los demás aspectos de la operación notificada contrarios a la competencia que se
         analizan en dicho acto.
      
      94     Además, como señaló acertadamente la Comisión en la vista, corresponde al Tribunal de Justicia controlar la legalidad de la
         Decisión teniendo en cuenta los motivos expuestos en el propio acto y no lo que acerca de él se haya dicho en el escrito de
         contestación a la demanda. Es cierto que la Comisión se expresó de forma ambigua en su escrito de contestación a la demanda,
         ya que tal expresión puede interpretarse en el sentido de que renuncia a alegar que cada elemento de su análisis podía bastar
         para fundamentar la Decisión impugnada. Pero, dado que en su escrito de dúplica y en la vista aclaró que ésa no era su postura,
         no procede interpretar la Decisión impugnada de tal manera, es decir, de forma contraria a lo que resulta de su redacción,
         de su estructura y de su sistema general (véanse los apartados 79 a 85 de la presente sentencia).
      
      95     En la vista, la demandante alegó también que el Tribunal de Justicia debía limitarse a examinar si la situación desde el punto
         de vista de la competencia que había definido la Comisión era distinta de la que realmente resultaría de la concentración.
         Según ella, en el caso de que hubiese diferencias significativas en ese aspecto, la Decisión impugnada debería ser anulada.
         Mediante dicha alegación, la demandante afirma, en esencia, que corresponde a la Comisión decidir si procede prohibir una
         concentración tras una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestima su análisis en relación con determinados
         mercados. Por lo tanto, según esta argumentación, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia mantener una decisión de
         prohibición sustituyendo la conclusión global de la Comisión por la suya propia.
      
      96     No obstante, como se ha señalado en el apartado 79, la Comisión debe prohibir una concentración si responde a los criterios
         del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 4064/89. Así pues, no procede anular una decisión de prohibición porque la demandante
         haya demostrado la existencia de uno o varios errores que vicien el análisis realizado en relación con uno o varios mercados,
         cuando, no obstante, se desprenda de la decisión de prohibición que la concentración notificada respondía a dichos criterios
         en relación con otro u otros mercados (véanse los apartados 48 a 50 y 79 a 81). En particular, si los motivos relativos a
         esos otros mercados no se impugnan en la demanda, procede considerar, a los efectos del recurso en cuestión, que son fundados.
         Al sacar así conclusiones en cuanto al alcance material de una demanda, el Tribunal de Primera Instancia no sustituye las
         apreciaciones de la Comisión por las suyas, porque son aquéllas de la propia institución que no han sido cuestionadas las
         que siguen constituyendo el fundamento de dicho acto.
      
      97     En el marco de su argumentación reproducida en el apartado 78 de la presente sentencia, la demandante señaló asimismo, en
         la vista, que la Comisión dio la impresión, en particular durante el procedimiento administrativo, de que el riesgo de ventas
         por paquetes de productos tras la concentración era el aspecto determinante del asunto. Esta impresión falseó, según ella,
         todo el procedimiento administrativo y privó a las partes participantes en la concentración de la posibilidad de proponer
         compromisos que pudiesen resolver los demás problemas. La demandante afirma que, también por esta razón, centró su demanda
         en los efectos de conglomerado que supuestamente se derivarían de la concentración.
      
      98     Esta argumentación, expuesta por primera vez por la demandante en la vista, constituye un motivo nuevo. Dado que dicho motivo
         está relacionado con la actitud supuestamente adoptada por la Comisión durante el procedimiento administrativo, es obvio que
         la demandante podía plantearlo ya en su escrito de interposición del recurso. Por consiguiente, es inadmisible con arreglo
         al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
      
      99     En cualquier caso, la Comisión enunció claramente, en su pliego de cargos de 8 de mayo de 2001, los cargos relativos a todas
         las consecuencias de la fusión contrarias a la competencia, en particular los referentes a los efectos horizontales y verticales
         derivados de ésta, recogidos posteriormente en la Decisión impugnada (véanse, en particular, los apartados 118 a 122, 124
         a 126, 459 a 471, 473, 474, 578 a 586, y 612 a 633 del pliego de cargos). Ahora bien, procede considerar que, en materia de
         control de las concentraciones, la Comisión no puede ser obligada, más allá de la obligación de exponer sus imputaciones en
         un pliego de cargos y completarlo en caso de que decidiese luego formular nuevas objeciones, a indicar el estado de su apreciación
         sobre la eventual resolución de los problemas anteriormente observados entre el momento del envío del pliego de cargos y la
         adopción de la decisión final (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, Sandoz/Commission,
         53/69, Rec. p. 845, apartado 14, y de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑204/00 P,
         C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartados 192 y 193, y la sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 4 de marzo de 1999, Assicurazioni Generali y Unicredito/Comisión, T‑87/96, Rec. p. II‑203).
      
      100   Además, puesto que la demandante ni siquiera afirmó haber recibido seguridades concretas, incondicionales y concordantes,
         que procediesen de fuentes autorizadas y fiables por parte de la Comisión, respecto a la renuncia de ésta a determinadas imputaciones,
         no puede aplicarse en el caso de autos el principio de la confianza legítima (véanse, en este sentido, las sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1999, Forvass/Comisión, T‑203/97, RecFP pp. I‑A‑129 y II‑705, apartado 70,
         y la jurisprudencia citada, y de 18 de enero de 2000, Mehibas Dordtselaan/Comisión, T‑290/97, Rec. p. II‑15, apartado 59).
      
      101   Por último, debe señalarse a los efectos oportunos, en lo que atañe al mercado de los motores para grandes reactores regionales,
         que la Comisión señaló en el considerando 20 de la Decisión impugnada la especial importancia de tales aviones en el ámbito
         comunitario, dado que constituían el 14 % del total de la flota europea en 1992 y el 33 % de ésta en 1998. En el considerando
         431 de la Decisión impugnada, puso de relieve que la importancia de ese mercado, en el que la entidad fusionada ostentaría
         un monopolio tras la fusión, tendría como consecuencia que las compañías aéreas serían cada vez más dependientes de dicha
         entidad.
      
      102   Teniendo en cuenta lo anterior, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual las imputaciones que formuló
         en cuanto al fondo en relación con los efectos de conglomerado, fundamentalmente las ventas por paquetes de productos, bastan
         para justificar la anulación de la Decisión impugnada.
      
      103   Es preciso observar que los efectos contrarios a la competencia horizontales y verticales de la operación de concentración,
         puestos de manifiesto en la Decisión impugnada, no son motivos subsidiarios en el sistema general de ésta, y bastan para avalar
         la prohibición de la operación notificada.
      
      104   Por consiguiente, la demanda únicamente podría dar como resultado la anulación de la Decisión impugnada si los motivos formulados
         expresamente en la propia demanda desvirtúan la conclusión de la Comisión sobre cada uno de los aspectos autónomos examinados
         en la Decisión impugnada y, en particular, los efectos contrarios a la competencia horizontales y verticales que en ella se
         declaran.
      
       Sobre el alcance de la demanda
      105   Por último, procede examinar a este respecto la alegación de la demandante según la cual en su demanda, bajo la rúbrica «Resumen
         de la Decisión», formuló imputaciones relativas a los efectos contrarios a la competencia horizontales y verticales de la
         concentración que se declararon en la Decisión impugnada. Procede examinar si tales observaciones de la demandante pueden
         calificarse como motivos.
      
      106   Sobre este extremo, hay que señalar en primer lugar que, a primera vista, los elementos que figuren en una demanda de anulación
         bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión» no pueden constituir motivos autónomos que den como resultado la anulación de la
         Decisión impugnada, sino que más bien describen el acto impugnado. Sin embargo, no puede excluirse a priori la posibilidad de que esa parte de la demanda pueda contener la exposición de uno o varios motivos de anulación. No obstante,
         sólo puede considerarse, en su caso, que un pasaje recogido bajo dicha rúbrica constituye un motivo, pese a la estructura
         de la demanda y su ubicación en el sistema general de ésta, si se desprende de forma clara y unívoca de ese pasaje que, además
         de su función descriptiva, cuestiona la validez de las declaraciones efectuadas en la Decisión impugnada.
      
      107   A continuación se examinan sucesivamente las afirmaciones formuladas en la demanda bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión»,
         relativas a cada uno de los principales pilares sobre los que se asienta la Decisión impugnada.
      
      –       Solapamiento horizontal en el mercado de los motores para grandes reactores regionales
      108   A este respecto, la demandante se limita a afirmar lo siguiente, en el punto 30 de su demanda:
      «[…] la Comisión admite que el incremento de la cuota de mercado resultante de la fusión es “más bien reducido” y se haría
         en el contexto del dominio supuestamente preexistente de GE. Por consiguiente, las afirmaciones según las cuales la integración
         de GE y Honeywell impediría a los clientes “beneficiarse de una competencia en cuanto a precios” (lo que parece estar en contradicción
         con la conclusión de que GE domina ya el mercado) y concedería a aquéllas una “ventaja de reconocimiento excepcional para
         […] futuras plataformas”, tienen poco o ningún peso.»
      
      109   Se desprende de estas afirmaciones que la demandante considera que los motivos de la Decisión impugnada relativos al mercado
         mencionado describen un cambio en el entorno competitivo de escasa importancia. No obstante, los elementos esenciales de hecho
         y de Derecho en los que se basa el recurso en ese aspecto no se deducen de forma coherente y comprensible, siquiera sumariamente,
         del pasaje citado en el apartado anterior. En efecto, la demandante se limita a poner de relieve la escasa importancia de
         los efectos contrarios a la competencia horizontales que la Comisión comprobó en relación con los efectos horizontales en
         el mercado de los motores para grandes reactores regionales, sin explicar cuáles son, según ella, las consecuencias jurídicas
         de dicha alegación.
      
      110   En particular, no puede deducirse del pasaje en cuestión si la postura de la demandante consiste en alegar que la «supuesta»
         posición dominante preexistente de GE en dicho mercado no se vería en absoluto reforzada por la operación de concentración,
         o que se vería reforzada en una medida no significativa, amparada por el concepto de «de minimis», o, por último, que el fortalecimiento de dicha posición dominante no tendría como consecuencia obstaculizar de forma significativa
         la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial de éste. En tales circunstancias, no corresponde al
         Tribunal de Primera Instancia completar esa parte de la demanda decidiendo él mismo la calificación jurídica que debe darse
         a las críticas excesivamente vagas formuladas por la demandante.
      
      111   Así pues, el pasaje del punto 30 de la demanda que figura bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión» no es suficientemente claro
         y preciso para constituir una exposición de un motivo en el sentido del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento
         y de la jurisprudencia que lo ha interpretado (véase, en particular, el apartado 55 de la presente sentencia).
      
      112   Por lo tanto, procede declarar que, cualquiera que sea la situación en lo que respecta a los demás mercados examinados en
         la Decisión impugnada, el análisis de la Comisión en cuanto al solapamiento horizontal en el mercado de los motores para grandes
         reactores regionales no fue impugnado en la demanda y, por consiguiente, debe considerarse fundado a efectos del presente
         procedimiento.
      
      –       Solapamiento horizontal en el mercado de las pequeñas turbinas de gas marítimas
      113   A este respecto, la demandante se limitó a exponer lo siguiente en el punto 39 de su demanda:
      «Por lo que se refiere a las pequeñas turbinas de gas marítimas, la Comisión estimó que la fusión conduciría a la creación
         de una posición dominante porque: (i) la entidad resultante de la fusión ostentaría entre el 65 % y el 80 % del mercado; (ii) la
         posición dominante de Honeywell en el mercado se vería reforzada por su asociación con el poderío económico de GE y la integración
         vertical; y (iii) GE podría ejercer una influencia significativa en sus competidores gracias a la actividad de Honeywell consistente
         en suministrar componentes esenciales a competidores.»
      
      114   Es preciso señalar que este pasaje es pura y simplemente descriptivo de lo declarado en la Decisión impugnada respecto a dicho
         mercado y no contiene el menor elemento que pueda ser interpretado como un motivo de anulación con arreglo a las exigencias
         del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Así pues, procede observar nuevamente que, cualquiera que sea
         la situación en lo que respecta a los demás mercados examinados en la Decisión impugnada, el análisis de la Comisión en cuanto
         al solapamiento horizontal en el de las pequeñas turbinas de gas marítimas no ha sido impugnado en la demanda y, por consiguiente,
         debe reputarse fundado a efectos del presente procedimiento.
      
      –       Integración vertical de las actividades de fabricación de arrancadores de motor
      115   En lo que respecta a la integración vertical de las actividades de fabricación de arrancadores de motor de la demandante en
         las de fabricación de motores para grandes reactores comerciales de GE, la demandante se limita, en el punto 29 de su demanda,
         a describir los motivos pertinentes de la Decisión impugnada:
      
      «En relación con el mercado de los motores para grandes reactores comerciales, la Comisión estimó que GE ostentaba ya una
         posición dominante en dicho mercado, en el que la presencia de Honeywell es nula. La Comisión llegó a la conclusión de que
         la fusión reforzaría la posición dominante de GE porque: […] (iii) la entidad resultante de la fusión tendría la motivación
         y la capacidad de impedir que otros fabricantes de motores le hiciesen competencia debido a que Honeywell es un proveedor
         destacado de arrancadores de motor.»
      
      116   Es preciso señalar, nuevamente, que dicha descripción no contiene el menor elemento que pueda ser interpretado como un motivo
         de anulación con arreglo a las exigencias del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Por lo tanto, la conclusión
         de la Comisión en cuanto al fortalecimiento de la posición dominante de GE en el mercado de los grandes reactores comerciales
         debido a la posición de la demandante en la fabricación de arrancadores de motor debe considerarse igualmente fundada a efectos
         del presente procedimiento.
      
      117   Así pues, procede declarar que, cualquiera que sea la situación en lo que respecta a los demás mercados examinados en la Decisión
         impugnada, el análisis de la Comisión en cuanto a la integración vertical de las actividades de fabricación de arrancadores
         de motor no fue cuestionado en la demanda y, por consiguiente, debe considerarse fundado a efectos del presente procedimiento.
      
      –       Efectos de conglomerado resultantes de la integración vertical
      118   Por último, en lo que atañe a los efectos de conglomerado derivados de la integración vertical de la demandante en las filiales
         de GE, a saber, GECAS, GECCAG y GE Capital, la demandante únicamente aborda en realidad el aspecto relativo a la posibilidad
         de interfinanciación debido al poderío económico de GE Capital. Respecto a la posibilidad de influir en las decisiones de
         los clientes para favorecer a los motores de GE y los productos de aviónica y no aviónica de la demandante, ésta, tras describir
         brevemente la tesis de la Comisión, alega en el punto 43 de su demanda: «Esta teoría es tan poco verosímil que no nos extenderemos
         más sobre ella en el presente recurso». Dado que la demandante no expone argumento alguno para negar el fundamento de los
         motivos de la Decisión impugnada relativos a la influencia que podrían ejercer GECAS y GECCAG como compradores de aviones,
         deben considerarse fundados a efectos del presente procedimiento.
      
      –       Solapamiento horizontal en el mercado de los motores para reactores corporativos
      119   La demandante realizó detallados comentarios en los puntos 31 a 37 de la demanda cuestionando, en particular, la definición
         del mercado de que se trata y el hecho de que la Comisión se apoyase en las cifras relativas a la cuota de mercado. Pese a
         que dicha argumentación figura bajo la rúbrica «Resumen de la Decisión», resulta obligado declarar que los elementos de hecho
         y de Derecho expuestos a este respecto en su demanda son suficientes para constituir un motivo capaz, suponiendo que fuese
         fundado, de desvirtuar el análisis de la Comisión en la Decisión impugnada sobre la creación de una posición dominante en
         dicho mercado, debido, en particular, a los efectos contrarios a la competencia horizontales resultantes de la concentración.
      
       Conclusión
      120   La demandante no ha rebatido varios de los pilares autónomos que constituyen el fundamento de la prohibición de la operación
         de concentración. En particular, no ha discutido la afirmación relativa al fortalecimiento de la posición dominante preexistente
         de GE en el mercado de los motores para grandes reactores regionales, ni la creación de una posición dominante en el mercado
         de las pequeñas turbinas de gas marítimas, debido a los solapamientos horizontales entre las actividades de las dos empresas.
         Tampoco ha cuestionado la afirmación relativa al fortalecimiento de la posición dominante preexistente de GE en el mercado
         de los motores para grandes reactores comerciales debido a la integración vertical de la actividad de la demandante de fabricación
         de arrancadores de motor y de la de fabricación de dichos motores.
      
      121   Por lo tanto, los motivos no rebatidos de la Decisión impugnada deben considerarse fundados a efectos del presente procedimiento.
         Habida cuenta del carácter vinculado, pero autónomo, de los elementos del razonamiento en cuestión, de forma que cada uno
         de ellos podría en principio justificar por sí solo la prohibición de la concentración, la Comisión habría prohibido necesariamente
         la operación de concentración de haber basado la Decisión impugnada únicamente en aquellas constataciones de efectos contrarios
         a la competencia que no se discuten en el caso de autos. En particular, no se desprende ni del pliego de cargos ni de la Decisión
         impugnada que la tesis de la Comisión sobre la incompatibilidad de la operación notificada con el mercado común estuviese
         basada exclusivamente, ni siquiera fundamentalmente, en su análisis de las ventas de paquetes de productos.
      
      122   Por consiguiente, los motivos formulados por la demandante que se consideren admisibles y que afecten, suponiendo que sean
         fundados, a la argumentación de la Decisión impugnada sobre la venta de paquetes de productos, la interfinanciación y los
         efectos horizontales en el mercado de los reactores corporativos, son ineficaces, puesto que no pueden conducir a la anulación
         de la Decisión impugnada en el marco del presente procedimiento.
      
      123   De ello se desprende que, incluso en el supuesto de que todos los motivos de Derecho y alegaciones formulados por la demandante
         en el caso de autos fuesen fundados, no serían suficientes para provocar la anulación de la Decisión impugnada en el marco
         del presente procedimiento.
      
      2.      Violación de los derechos procesales
       Alegaciones de las partes
      124   La demandante ha invocado un motivo basado en la supuesta violación del derecho de defensa. Afirma básicamente que al introducir
         por vez primera en la Decisión impugnada los conceptos de interfinanciación entre las distintas actividades de la nueva entidad
         y de precios depredadores, la Comisión vulneró su derecho de defensa.
      
      125   La Comisión replica, fundamentalmente, que ambos aspectos del asunto se plantearon, brevemente en el pliego de cargos de 8
         de mayo de 2001 y que, en cualquier caso, no pueden calificarse de imputaciones autónomas.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      126   Procede señalar que la supuesta violación del derecho de defensa alegada en el caso de autos afecta exclusivamente a aquellos
         elementos de la Decisión impugnada que la demandante impugnó también en el marco de sus restantes motivos, a saber, la venta
         de paquetes de productos y la interfinanciación. Así pues, aun suponiendo que el presente motivo fuese fundado, solo podría
         derribar los pilares del razonamiento de la Comisión contra los cuales van dirigidos también esos otros motivos. Por lo tanto,
         el presente motivo no puede tener repercusión alguna en los demás pilares que constituyen el fundamento de la Decisión impugnada.
      
      127   En consecuencia, el presente motivo es ineficaz de la misma forma y por las mismas razones que los demás motivos expuestos
         por la demandante.
      
      128   En cualquier caso, hay que señalar que, en el caso de autos, los dos conceptos de que se trata fueron mencionados brevemente
         en el pliego de cargos y están estrechamente vinculados a otros elementos que se exponen detalladamente en éste, por lo que
         no procede considerarlos cargos autónomos. Por lo tanto, la demandante pudo defenderse eficazmente en relación con tales consideraciones.
      
       Conclusión
      129   En estas circunstancias, dado que la demandante no ha impugnado todos los pilares que constituyen, por sí solos, un fundamento
         jurídico y fáctico suficiente de la Decisión impugnada, y aun suponiendo que todos los motivos válidamente expuestos por la
         demandante fuesen fundados, su recurso no puede dar como resultado la anulación de la Decisión impugnada en el marco del presente
         procedimiento.
      
      130   Por consiguiente, se desestima el recurso.
       Costas
      131   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante y haber solicitado
         la parte demandada y las partes coadyuvantes, Rolls-Royce y Rockwell, que sea condenada en costas, procede condenarla a cargar
         con sus propias costas, así como con las de la Comisión y las de las partes coadyuvantes.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda ampliada)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      La parte demandante cargará con sus propias costas, así como con las de la Comisión y las de las partes coadyuvantes.
      
               Pirrung 
            
            
                Tiili 
            
            
                Meij 
            
         
               Vilaras 
            
             
            
                      Forwood 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2005.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     J. Pirrung
            
         Índice
      Marco jurídico
      Antecedentes del litigio
      Decisión impugnada
      Procedimiento
      Pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      1.     Sobre el alcance del recurso y el objeto del litigio
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Introducción
      Sobre la remisión a los motivos formulados en el asunto T‑210/01
      Sobre la solicitud de acumulación de asuntos
      Sobre la eficacia de los motivos formulados en el presente asunto
      Sobre el alcance de la demanda
      – Solapamiento horizontal en el mercado de los motores para grandes reactores regionales
      – Solapamiento horizontal en el mercado de las pequeñas turbinas de gas marítimas
      – Integración vertical de las actividades de fabricación de arrancadores de motor
      – Efectos de conglomerado resultantes de la integración vertical
      – Solapamiento horizontal en el mercado de los motores para reactores corporativos
      Conclusión
      2.     Violación de los derechos procesales
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Conclusión
      Costas
      * Lengua de procedimiento: inglés.