CELEX: 61969CC0015
Language: es
Date: 1969-07-10 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Gand presentadas el 10 de julio de 1969. # Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contra Salvatore Ugliola. # Petición de decisión prejudicial: Bundesarbeitsgericht - Alemania. # Asunto 15-69.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. JOSEPH GAND
      presentadas el 10 de julio de 1969 (
            *1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      El Bundesarbeitsgericht, órganojurisdiccional de casación para asuntos laborales, ha planteado al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión relativa al alcance del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento no 38/64/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1964, y del artículo 7 del Reglamento (CEE) no 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativos a la libre circulación de los trabajadores en el interior de la Comunidad. ¿Deben interpretarse estos artículos en el sentido de que el trabajador nacional de un Estado miembro, que trabaja en el territorio de otro Estado miembro tiene derecho a que se compute, conforme a la legislación del país de empleo, el tiempo de su servicio militar en su país de origen al calcular su antigüedad en la empresa, cuando haya interrumpido su actividad para cumplir sus obligaciones militares?
      I
      El litigio que dio ocasión al alto Tribunal alemán para plantear esta cuestión tuvo su origen en los siguientes hechos.
      El Sr. Ugliola, de nacionalidad italiana, trabajaba desde el mes de mayo de 1961 en calidad de empleado de empresa lechera en la Württembergische Milchverwertung-Südmilch, de la República Federal de Alemania. Interrumpió su trabajo desde el 6 de mayo de 1965 hasta el 14 de agosto de 1966 para cumplir en Italia su servicio militar obligatorio y, a continuación, se reincorporó inmediatamente a su puesto de trabajo en su antigua empresa.
      En ese momento se suscitó la cuestión de la aplicación a su favor de la ley alemana que garantiza el empleo en caso de llamamiento a filas. A tenor de esta ley, vigente desde el 31 de marzo de 1957, el contrato de trabajo se suspenderá durante el período en el que el trabajador sea llamado a efectuar su servicio militar normal u otro período de servicio en filas. El apartado 1 del artículo 6 dispone que el trabajador que se reincorpore inmediatamente a su puesto de trabajo en la empresa no debe sufrir ningún perjuicio a nivel profesional ni en su empresa por razón de una ausencia que obedezca al cumplimiento de sus obligaciones militares. Conforme al apartado 2 del artículo 6, la duración del servicio militar normal o de otro período de servicio en filas se tomará en cuenta al calcular la antigüedad en una profesión o en la empresa.
      Si se aplica esta norma al tiempo en que prestó su servicio militar en Italia, el Sr. Ugliola tendría derecho a una gratificación mayor, a partir de la Navidad de 1966, con arreglo a las disposiciones jurídicas aplicables en la empresa en la que trabaja. Él opina que, conforme a los Reglamentos del Consejo, tiene derecho a acogerse al apartado 2 del artículo 6 de la ley sobre la conservación del puesto de trabajo.
      Su empleador opina otra cosa: afirma que el cumplimiento de sus obligaciones militares y la indemnización a que éste pudiera dar lugar son cuestiones de Derecho público y no de Derecho laboral. Por consiguiente, no puede considerarse que la normativa nacional correspondiente forme parte de las condiciones de empleo y de trabajo respecto a las que el Derecho comunitario pretende excluir la discriminación de los nacionales de un Estado miembro por parte de otro Estado miembro.
      El órgano jurisdiccional de primera instancia estimó la pretensión del Sr. Ugliola, aunque fundándose únicamente en el Derecho alemán y en la interpretación del contrato que vinculaba al empresario con el empleado, sin referirse al Derecho comunitario; por el contrario, el órgano jurisdiccional de apelación se basó en este último para estimar, igualmente, la pretensión del trabajador. Por su parte, el Bundesarbeitsgericht, ante el que la empresa interpuso un recurso de casación, solicita a este Tribunal de Justicia la interpretación tanto del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento no 38/64 como la del artículo 7 del Reglamento no 1612/68.
      Este último texto, que sustituyó al anterior, entró en vigor 20 días después de su publicación el 19 de octubre de 1968 en el DO de las Comunidades, es decir más de dos años después de los hechos respecto a los cuales el Sr. Ugliola invoca las disposiciones del Derecho comunitario. Independientemente de cuales sean las disposiciones aplicables a la situación que dio lugar a la remisión, nada impide que la interpretación que efectúe este Tribunal de Justicia se refiera a los dos Reglamentos cuyo alcance es, como veremos, fundamentalmente idéntico.
      En la vista de ayer se presentaron al Tribunal observaciones orales muy completas, tanto en nombre de las partes del procedimiento principal como en el del Gobierno de la República Federal de Alemania y de la Comisión; por consiguiente, podré ser bastante breve en el examen de este asunto.
      II
      Los Reglamentos controvertidos se basan en el artículo 48 del Tratado, que dispone que la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad quedará asegurada, a más tardar, al final del período transitorio y precisa que la libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
      
      Cuando este Tribunal de Justicia ha tenido que interpretar el Reglamento no 3 relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, ha considerado que como los artículos 48 a 51 del Tratado están destinados a conseguir una libertad lo más completa posible de la circulación de trabajadores, dichos artículos junto con las medidas adoptadas para ejecutarlos deben interpretarse en el sentido de que pretenden evitar que la situación de los trabajadores migrantes resulte perjudicada (9 de junio de 1964, Nonnenmacher, 92/63,↔ Rec. pp. 557 y ss., especialmente p. 573). Las disposiciones controvertidas deben examinarse a la luz de esta jurisprudencia.
      Mientras que las disposiciones relativas al acceso al empleo de los nacionales de los Estados miembros han pasado a ser cada vez más liberales a medida que el Consejo adoptaba nuevos Reglamentos, el principio de igualdad de trato en el marco de un contrato de trabajo existente estaba vigente desde un primer momento.
      Ya en el Reglamento no 15/61 del Consejo se afirmaba dicho principio; fue proclamado de nuevo en el artículo 9 del Reglamento no 38/64 en los siguientes términos:
      «En el territorio de otros Estados miembros, el trabajador nacional de un Estado miembro no puede ser tratado, por razón de su nacionalidad, de manera diferente a los trabajadores nacionales respecto a todas las condiciones de empleo y de trabajo, y especialmente en materia de retribución y de despido.»
      Dicho principio fue recogido por último, si bien en forma algo diferente, en el artículo 7 del Reglamento no 1612/68, el cual, sin contener una formulación positiva que garantice a los trabajadores de los Estados miembros la misma protección y el mismo trato que a los nacionales, contiene una prohibición de discriminación, lo que desemboca de hecho en el mismo resultado.
      De esta manera, los textos establecen la asimilación «en cuanto se refiere a todas las condiciones de empleo y de trabajo» y esta fórmula debe interpretarse en sentido amplio. Efectivamente, por una parte, aunque sólo se mencionen expresamente determinados aspectos de estas condiciones, como la retribución y el despido, la enumeración está precedida del adverbio «especialmente». Por otra parte, el conjunto de los períodos de servicio militar para determinar la antigüedad en la empresa sólo se concede al trabajador para conferirle una ventaja material y, por tanto, puede relacionarse con la retribución. Por último, la Comisión recuerda acertadamente que diversos artículos del Reglamento no 38/64 y de la Directiva 68/360 en relación con el Reglamento no 1612/68 tienen por objeto impedir que los períodos de interrupción de residencia debidos al cumplimiento de las obligaciones militares puedan implicar la pérdida del acceso al empleo o menoscabar la validez del permiso de residencia del trabajador migrante. Por tanto, la idea general de esta normativa es dar a los períodos del servicio militar en el país de origen sus efectos plenos, negativos o positivos según los casos, en relación con el contrato de trabajo.
      III
      
               1.
            
            
               El Gobierno de la República Federal de Alemania y la empresa demandada en el procedimiento principal responden a las alegaciones que se pueden formular para dar una respuesta afirmativa a la cuestión planteada por el Bundesarbeitsgericht en primer lugar que la ley a la que pretende acogerse el demandante no forma parte de la normativa laboral, sino de la legislación militar; que por ese motivo no puede resultar afectada por los Reglamentos nos 38/64 y 1612/68 y que ni siquiera está comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado. A este respecto, la República Federal de Alemania cita la letra b) del apartado 1 del artículo 223 del Tratado, que da a los Estados miembros la posibilidad de adoptar en aras de su seguridad, normativas que establezcan excepciones al Tratado respecto a la producción o al comercio de armas, así como el artículo 224 que, en caso de crisis grave permite a los Estados miembros adoptar las disposiciones necesarias, sin estar obligados a observar las normas del Tratado. De ello deduce que puede regular libremente el conjunto de la legislación relativa a la defensa, a la que pertenece la ley a que pretende acogerse el demandante.
               Se observa inmediatamente que los dos artículos del Tratado a los que se ha hecho referencia no tienen ninguna relación con la norma de que se trata en el presente asunto. Esta se titula «Ley por la que se garantiza el empleo con ocasión de llamamiento a filas»; su finalidad es la de regular las consecuencias jurídicas que puedan recaer sobre el contrato de trabajo por razón de la ausencia del trabajador debida a sus obligaciones militares. Evidentemente, las disposiciones como la que invoca el Sr. Ugliola ante el órgano jurisdiccional alemán guardan relación con los problemas de defensa nacional, pero también forman parte de las «condiciones de empleo y de trabajo» en el sentido del artículo 9 del Reglamento no 38/64 y del artículo 7 del Reglamento no 1612/68.
               No obstante, esta puntualización sólo es aplicable dentro de los límites de la cuestión planteada. Aunque este Tribunal no tenga que interpretar ni que enjuiciar la ley alemana, es preciso señalar que ésta contiene medidas de naturaleza diversa, algunas de las cuales se refieren a problemas de defensa y otras, por el contrario, afectan a aspectos de empleo; por último, algunas se refieren al sector de los servicios públicos y, por tanto, se encuentran efectivamente fuera del ámbito de aplicación de los Reglamentos controvertidos. No se trata de situar bajo el imperio de éstos al conjunto de disposiciones de la Arbeitsplatzschutzgesetz e indudablemente, pueden suscitarse dudas respecto a alguna de las medidas que contiene, dudas tanto más serias por cuanto que el criterio propuesto ayer por la Comisión, según que dichas medidas sean responsabilidad del Estado o de las empresas, nos parece discutible. Pero, tratándose del cómputo del servicio militar en el cálculo de la antigüedad en la empresa, creo que indudablemente forma parte de las condiciones de trabajo.
               Como señaló acertadamente la Comisión, un Estado miembro está facultado para regular libremente y como mejor le parezca las consecuencias del llamamiento a filas sobre la actividad profesional; puede, incluso, no adoptar ninguna norma al respecto. Pero la que adopte a favor de sus nacionales debe aplicarse al servicio militar cumplido en el país de origen por los nacionales de otros Estados miembros que trabajen en su territorio.
               Por otra parte no se debe pensar que el problema es exclusivo de la República Federal de Alemania. En todos los demás Estados miembros existen disposiciones que garantizan en mayor o menor medida la conservación del empleo en caso de llamamiento a filas. A esta normativa pueden acogerse tanto los trabajadores extranjeros como los nacionales. La carga impuesta por la legislación alemana a la República Federal a favor de los trabajadores extranjeros encuentra de este modo su contrapartida en la ventaja que, con arreglo a la legislación de los demás Estados miembros, pueden obtener sus nacionales que trabajan en estos Estados.
            
         
               2.
            
            
               El Gobierno de la República Federal de Alemania añade a continuación que, aunque hubiera que considerar que la normativa comunitaria afecta a la ley sobre la conservación del puesto de trabajo, o al menos a la disposición a la que pretende acogerse el Sr. Ugliola, no existiría una infracción de la prohibición de discriminar tal y como está enunciada por los Reglamentos. Esta prohibición, que concuerda con la enunciada en el artículo 48 del Tratado, significa que los nacionales de un Estado miembro deben ser tratados en otro Estado miembro como los nacionales de este último. Ahora bien, la ley alemana respeta esta concepción, puesto que beneficia también a los extranjeros en la medida en que éstos cumplan su servicio militar en la Bundeswehr, pero no a los ciudadanos alemanes que hicieran este servicio en el extranjero, en el ejército de otro Estado miembro. Por consiguiente, el criterio seguido no se basa en la nacionalidad, sino en la pertenencia a la Bundeswehr; es objetivo y está justificado, puesto que se trata de una ley relacionada con la legislación relativa a la defensa (pero, al afirmar esto, el Gobierno de la República Federal Alemana retira la concesión que había hecho anteriormente a efectos de la discusión).
               Por otra parte, alega, al no estar integrado el ámbito de la defensa a nivel comunitario, son posibles y legítimas normativas nacionales diferentes en esa materia. La desigualdad de trato es una consecuencia de las diferencias de hecho en un sector no integrado.
               A primera vista, esta argumentación puede parecer sugestiva, pero no me convence: el cumplimiento del servicio militar en el ejército de un Estado distinto del que se es nacional es una hipótesis que el propio Gobierno de la República Federal de Alemania considera bastante teórica. Quizás la discriminación no se base explícitamente en la nacionalidad, sino en el llamamiento a filas, que se basa en la nacionalidad. De hecho la disposición controvertida sólo beneficia a los nacionales alemanes y ello es completamente legítimo a nivel de la legislación de este país, pero la esencia de los Reglamentos sobre la libre circulación consiste precisamente en hacer desaparecer semejantes privilegios.
               Respecto a la desigualdad de trato resultante del hecho de que nos encontráramos ante un sector no integrado, es normal siempre que se trate exclusivamente de este ámbito, es decir, la defensa nacional; pero deja de serlo cuando, como sucede en el caso que ha dado lugar a la remisión, la disposición controvertida se integra en las condiciones de trabajo contempladas en los Reglamentos nos 38/64 y 1612/68.
            
         
               3.
            
            
               Queda una última objeción, basada en el propio artículo 48 del Tratado, que admitiría discriminaciones en materia de seguridad pública.
               A este respecto, es preciso referirse a su tenor literal. El apartado 3 de este artículo precisa que la libre circulación de los trabajadores, sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública, implicará el derecho de responder a ofertas efectivas de trabajo, de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros, de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales y de permanecer en determinadas condiciones en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.
               Es evidente que todas estas hipótesis se refieren a la búsqueda de un empleo y al derecho a ejercerlo: las razones de orden público o de seguridad pública pueden impedir que se admita a un extranjero en el país, o que ocupe en él un empleo. Pero no afectan las condiciones en que se ejerce el empleo, una vez que éste haya sido ocupado conforme a Derecho. A nivel de la retribución, por ejemplo, ningún motivo basado en el orden público o en la seguridad pública puede hacer que un trabajador extranjero reciba un trato diferente al de un nacional. Es un ámbito en el que la «discriminación» admitida en el apartado 3 del artículo 48 no puede ejercerse.
               Al final de sus observaciones orales, el Agente de la Comisión afirmaba que el asunto sometido al Tribunal era un caso límite e incluso algo dudoso.
               Podría admitir la primera afirmación, al menos en el sentido de que la solución que deba darse a la cuestión planteada no prejuzga lo que podría decirse respecto a otras disposiciones de la legislación relativas a la garantía del empleo. Creo, por el contrario, que, después de examinar detenidamente los preceptos controvertidos, éstos no pueden suscitar dudas serias.
            
         En mi opinión debe responderse al Bundesarbeitsgericht:
      
               —
            
            
               Los preceptos de la legislación nacional que prescriben que se computen los períodos de servicio militar para determinar la antigüedad de un trabajador en la empresa forman parte de las condiciones de empleo y de trabajo en el sentido del artículo 9 del Reglamento no 38/64 y del artículo 7 del Reglamento no 1612/68.
            
         
               —
            
            
               El principio de igualdad de trato enunciado por estos artículos implica que los períodos que un trabajador pasa en su país de origen para cumplir en él sus obligaciones militares sean computados para determinar su antigüedad en una empresa de otro Estado miembro, de la misma manera que los períodos de servicio militar cumplidos en el ejército de este último Estado.
            
         (
            *1
         )	Lengua original: francés.