CELEX: 62012CA0136
Language: es
Date: 2013-07-18 00:00:00
Title: Asunto C-136/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi (Artículo 267 TFUE, párrafo tercero — Alcance de la obligación de plantear una cuestión prejudicial de los órganos jurisdiccionales de última instancia — Artículo 101 TFUE — Código deontológico de un Colegio profesional que prohíbe aplicar tarifas que no correspondan a la dignidad de la profesión)

7.9.2013   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 260/13
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de julio de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi
   (Asunto C-136/12) (1)
   
   (Artículo 267 TFUE, párrafo tercero - Alcance de la obligación de plantear una cuestión prejudicial de los órganos jurisdiccionales de última instancia - Artículo 101 TFUE - Código deontológico de un Colegio profesional que prohíbe aplicar tarifas que no correspondan a la dignidad de la profesión)
   2013/C 260/22
   Lengua de procedimiento: italiano
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Consiglio di Stato
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandantes: Consiglio Nazionale dei Geologi, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
   
      Demandadas: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Consiglio Nazionale dei Geologi
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato — Interpretación del artículo 267 TFUE, párrafo tercero — Alcance de la obligación de plantear una cuestión prejudicial de los órganos jurisdiccionales de última instancia — Concepto de «violación grave y manifiesta del Derecho de la Unión» — Normas y principios procesales de un Estado miembro que prohíben a un órgano jurisdiccional nacional, de un lado, plantear al Tribunal de Justicia cuestiones manifiestamente inadmisibles formuladas por una de las partes y, de otro, reformular de oficio dichas cuestiones — Interpretación del artículo 101 TFUE, del Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO L 199, p. 1; EE 17/02, p. 3), de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO L 255, p. 22), así como la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, p. 36) — Código deontológico de una profesión que prohíbe aplicar tarifas que no correspondan a la dignidad profesional («decoro e dignità professionale»), ni a la cantidad y a la calidad de las prestaciones ofrecidas — Aplicabilidad de normas nacionales en materia de competencia más estrictas que las de la Unión.
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente determinar y formular las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del Derecho de la Unión que éste estime pertinentes para resolver el litigio principal. No deben aplicarse las normas nacionales que vulneren esta competencia.
            
         
               2)
            
            
               Normas como las previstas por el Código deontológico para el ejercicio de la profesión de geólogo en Italia, aprobado por el Consiglio nazionale dei geologi el 19 de diciembre de 2006, cuya última modificación tuvo lugar el 24 de marzo de 2010, que establecen como criterios para la fijación de los honorarios de los geólogos, además de la calidad y la magnitud de la prestación del servicio, la dignidad de la profesión, constituyen una decisión de una asociación de empresas en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, que puede limitar el juego de la competencia en el mercado interior. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz del contexto global en el que este Código despliega sus efectos, teniendo en cuenta a su vez el ordenamiento jurídico nacional en su conjunto así como la práctica relativa a la aplicación de dicho código por el Colegio Nacional de Geólogos, si se han producido tales consecuencias en el caso de autos. Dicho órgano jurisdiccional debe verificar igualmente si, habida cuenta de todos los elementos pertinentes de que dispone, puede considerarse que las normas del referido Código, en particular aquellas que se refieren al criterio relativo a la dignidad de la profesión, son necesarias para lograr el objetivo legítimo relativo a las garantías que se ofrecen a los destinatarios de los servicios de los geólogos.
            
         
      (1)  DO C 151, de 26.5.2012.