CELEX: 
Language: es
Date: 2021-01-26 00:00:00
Title: REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados a las entidades de contrapartida central de terceros países o a los terceros vinculados

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DEL ACTO DELEGADO
            
            
               El Reglamento (UE) 2019/2099, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
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                (Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo, «EMIR»), fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de diciembre de 2019
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               . 
            
            
               En relación con las entidades de contrapartida central (ECC) de terceros países, el principal objetivo de las modificaciones del EMIR es garantizar una supervisión más sólida y eficaz de las entidades de contrapartida central (ECC) establecidas en terceros países que ofrecen servicios en la Unión, atribuyendo también un mayor cometido y funciones adicionales a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). En este contexto, se establece el «Comité de Supervisión de las ECC», encargado de preparar las decisiones que deberá adoptar la Junta de Supervisores de la AEVM, y un nuevo «colegio de ECC de terceros países», que velará por que todas las partes interesadas pertinentes de la Unión estén debidamente informadas e involucradas. Además, el Reglamento (UE) 2019/2099 introduce un sistema de dos niveles para las ECC de terceros países, con arreglo al cual las ECC que sean de importancia sistémica para la estabilidad financiera de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros («ECC de nivel 2») deben cumplir los requisitos del EMIR y estar sujetas a la supervisión de la AEVM. Si las ECC de nivel 2 de terceros países están sujetas a requisitos equiparables, puede considerarse que cumplen los requisitos del EMIR cuando cumplen las normas de su país de origen («equiparabilidad del cumplimiento»). Las ECC de terceros países que no sean de importancia sistémica («ECC de nivel 1») —como las que nos ocupan en el presente caso— estarán a partir de ahora autorizadas a ofrecer servicios de compensación en la Unión a condición de que cumplan las normas de su país de origen que se hayan declarado equivalentes en virtud del oportuno acto de ejecución de la Comisión, pero quedarán sujetas a una revisión periódica de su importancia sistémica. 
            
            
               Aunque se pueden imponer multas tanto a las ECC de nivel 1 como a las de nivel 2 por no facilitar información o por proporcionar información incorrecta o engañosa, solo las ECC de nivel 2 pueden ser objeto de investigaciones e inspecciones in situ o de medidas de supervisión, y ser multadas cuando no cumplen esas medidas.
            
            
               Asimismo, pueden imponerse multas coercitivas a las ECC de nivel 1 y a las de nivel 2, así como a terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades, para obligarlas a responder a las solicitudes de información, y a las ECC de nivel 2, para obligarlas a someterse a una investigación o a una inspección in situ, o a poner fin a una infracción. Tal como establecen los artículos 25 undecies y 25 duodecies del EMIR, la AEVM está facultada para imponer multas a ECC de terceros países y multas coercitivas a ECC de terceros países y a terceros vinculados. De conformidad con el artículo 25 octodecies del EMIR, la AEVM puede imponer medidas de supervisión a las ECC de nivel 2.
            
            
               Las normas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de multas se establecen en el artículo 25 decies. El artículo 25 decies, apartado 7, del EMIR faculta a la Comisión para adoptar actos delegados a fin de especificar con mayor precisión las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de imponer sanciones, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, así como los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de sanciones. 
            
            
               El acto delegado debe adoptarse de conformidad con el artículo 82 del EMIR y con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
            
            
               2.CONSULTAS PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACTO
            
            
               Aspectos de procedimiento
            
            
               El 24 de septiembre de 2019, la Comisión pidió a la AEVM su opinión («dictamen técnico») sobre la adopción de un acto delegado de la Comisión que especificara con mayor precisión las normas de procedimiento sobre las sanciones impuestas a las ECC de terceros países de conformidad con el artículo 25 decies, apartado 7, del EMIR. La solicitud de un dictamen técnico se hacía extensiva a la posibilidad de introducir cambios en el Reglamento Delegado (UE) n.º 667/2014 en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas a los registros de operaciones por la AEVM, incluidas las normas relativas al derecho de defensa y las disposiciones temporales, con el fin de tomar en consideración las modificaciones del EMIR introducidas por el EMIR REFIT
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               . 
            
            
               La AEVM llevó a cabo una consulta pública sobre su proyecto de dictamen técnico del 13 de diciembre de 2019 al 18 de enero de 2020. Cinco participantes en la consulta presentaron públicamente observaciones, en tanto que uno respondió con carácter confidencial. Las respuestas no confidenciales a la consulta están disponibles en el sitio web de la AEVM
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               . El 31 de marzo de 2020, la AEVM emitió su dictamen técnico final. 
            
            
               Entre el 28 de septiembre y el 12 de octubre de 2020, la Comisión consultó por procedimiento escrito al Grupo de Expertos del Comité Europeo de Valores («GECEV») sobre el dictamen técnico de la AEVM y sobre el contenido provisional del presente acto delegado. La Comisión no recibió observaciones de los miembros del GECEV sobre el enfoque que había propuesto.
            
            
               Posición de las partes interesadas
            
            
               En lo que respecta a las normas de procedimiento para la imposición de sanciones, por parte de la AEVM, a las ECC de terceros países y a los terceros vinculados, los encuestados se mostraron en general de acuerdo con la propuesta de la AEVM o no se opusieron a ella.
            
            
               Consulta de las autoridades de terceros países
            
            
               Los consultados consideraban que la AEVM debía consultar a las autoridades del tercer país de la ECC afectada antes de imponer sanciones para evitar instrucciones contradictorias y para respetar el principio de cortesía internacional y la deferencia mutua en la reglamentación. 
            
            
               Uno de los consultados sostuvo que no sería procedente alinear las normas de procedimiento aplicables a las ECC de terceros países, que están establecidas fuera de la Unión, con las normas vigentes para los registros de operaciones establecidos en la Unión.
            
            
               Derecho a ser oído
            
         
         
            
               Algunas observaciones se referían al derecho a ser oído. En concreto, los encuestados alegaban que no todos los hechos evocados en respuesta a un pliego de conclusiones deben tener que respaldarse con pruebas y que las personas afectadas deben poder formular observaciones sin la limitación a los pliegos de conclusiones nuevos (es decir, que las observaciones no deben circunscribirse a las conclusiones o los hechos nuevos). Uno de los consultados adujo que la AEVM no debe poder apartarse de las conclusiones del agente investigador por cuanto no tiene la facultad de llevar a cabo directamente la investigación o de dirigir la de dicho agente. Otro alegó que la audiencia ha de ser un derecho, en lugar de depender de una decisión discrecional del agente investigador o de la AEVM. Otro consultado pidió que se aclarara el término «persona cualificada» y, en concreto, preguntó si en las audiencias se admitirían observaciones y testimonios de expertos externos (incluidos los representantes de las autoridades del tercer país).
            
            
               Las partes interesadas mostraron su apoyo a la propuesta de que el expediente que envíe el agente investigador a la AEVM contenga no solo su pliego de conclusiones final, sino también el pliego inicial en que se hayan basado las observaciones presentadas. Sin embargo, uno de los encuestados pidió más claridad acerca de las implicaciones que supone limitar la obligación de incluir el pliego de conclusiones inicial exclusivamente a los casos en que se produzca un «cambio importante». 
            
            
               Multas coercitivas a terceros vinculados
            
            
               Un encuestado sostuvo que no sería adecuado imponer multas coercitivas a terceros. 
            
            
               Decisiones provisionales
            
            
               En lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las decisiones provisionales, con arreglo a las cuales la AEVM puede adoptar decisiones sin oír previamente a las personas afectadas cuando sea necesaria una actuación urgente para prevenir un daño significativo e inminente del sistema financiero, los encuestados se mostraron partidarios de que las personas afectadas tengan derecho a formular observaciones antes de que la AEVM adopte la decisión provisional. Uno de ellos alegó que la facultad de la AEVM de adoptar decisiones provisionales sin oír previamente a las personas afectadas no debe afectar al derecho a ser oído por el agente investigador. Otro propuso que debe facilitarse acceso al expediente lo antes posible, antes de que la AEVM adopte su decisión provisional, con el fin de dar a las personas afectadas el mayor tiempo posible para preparar la defensa. Los consultados también reclamaron mayor claridad acerca del significado del concepto de «daño significativo e inminente».
            
            
               Plazos de prescripción
            
            
               En lo que respecta a los plazos de prescripción, uno de los consultados sostuvo que una acción por parte de la AEVM debe reiniciar el plazo de prescripción solamente para la infracción correspondiente, y que una decisión unilateral de la AEVM para modificar el importe de las multas o multas coercitivas no debe suponer el reinicio del plazo de prescripción. Uno de ellos pidió ejemplos de cómo funcionarían en la práctica los plazos de prescripción.
            
            
               3.EVALUACIÓN DE IMPACTO
            
            
               De conformidad con el artículo 25 decies, apartado 7, del EMIR, la Comisión debe especificar con mayor precisión las normas de procedimiento para la imposición de sanciones a las ECC de terceros países por parte de la AEVM, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, y sobre los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las sanciones.
            
            
               La Comisión ha tenido plenamente en cuenta toda la información recibida, incluidos el dictamen técnico presentado por la AEVM, las respuestas a la consulta pública de esta y las observaciones formuladas por el GECEV. Sobre esta base, la Comisión propone la adopción, en virtud del artículo 25 decies, apartado 7, del EMIR, del acto delegado por el que se especifican con mayor precisión las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de imponer sanciones, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, y sobre los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de sanciones. No se ha preparado una evaluación de impacto específica por las razones siguientes: 
            
            
               En primer lugar, los principios clave relativos a las normas de procedimiento para la imposición de multas y multas coercitivas por la AEVM a las ECC de terceros países y los terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades, incluidos los derechos de defensa, están establecidos en los artículos 25 decies a 25 quindecies del EMIR. Por tanto, el presente acto delegado se limita a especificar con mayor precisión las normas establecidas por el EMIR respecto al contenido del expediente que debe transmitir el agente investigador a la AEVM, el derecho a ser oído por el agente investigador y por la AEVM, concretamente en el caso de las decisiones provisionales adoptadas por esta, el uso de documentos obtenidos mediante el acceso al expediente y los plazos de prescripción. Por consiguiente, el dictamen de la AEVM analizó aspectos de procedimiento, sin evaluar las diferentes opciones de actuación en sí mismas, puesto que este tipo de evaluación se había realizado en el marco de la adopción del Reglamento (UE) 2019/2099, que modifica el EMIR.
            
            
               En segundo lugar, el presente acto delegado contiene disposiciones que tienen un impacto limitado en los costes para las personas investigadas o encausadas por cuanto especifica con mayor precisión las normas de procedimiento, mientras que el EMIR establece el método para calcular las multas y las condiciones de su imposición. Por tanto, la AEVM no llevó a cabo un análisis de costes y beneficios. Los datos cuantitativos sobre los costes y beneficios que conllevan las normas de procedimiento son igualmente limitados. 
            
            
               La Comisión ha seguido el dictamen técnico de la AEVM. Con todo, esta sección presenta las opciones de actuación consideradas por la Comisión. 
            
            
               Consulta de las autoridades de terceros países
            
            
               No sería adecuado establecer, mediante el presente acto delegado, la obligación de la AEVM de consultar a las autoridades de terceros países antes de imponer sanciones. El EMIR exige que las condiciones de la cooperación entre la AEVM y las autoridades de terceros países se establezcan en memorandos de entendimiento. También obliga a la AEVM a cooperar con las autoridades de terceros países o informarlas en varias situaciones específicas (p. ej., respecto a las solicitudes de información, las investigaciones e inspecciones in situ o las medidas de supervisión). Así, el EMIR exige a la AEVM que informe a dichas autoridades de las multas que haya impuesto. Ahora bien, los colegisladores no obligaron a la AEVM a consultar a las autoridades de terceros países antes de imponer multas a ECC de terceros países. El presente acto delegado, por tanto, no debe introducir esa obligación de consulta. 
            
            
               Comparación con las normas de procedimiento sobre las sanciones impuestas a los registros de operaciones
            
            
               La AEVM no debe tratar a las personas investigadas o encausadas de forma diferente en función de si están establecidas en la Unión o fuera de ella. Teniendo en cuenta que la imposición de sanciones a las ECC de terceros países y a los registros de operaciones está sujeta a normas similares, conviene aprovechar la experiencia de la AEVM con las normas aplicables a los registros de operaciones a efectos de especificar con mayor precisión las normas de procedimiento para la imposición de sanciones a las ECC de terceros países. 
            
            
               Derecho a ser oído
            
            
               Las normas de procedimiento no impedirían a las personas investigadas o encausadas formular observaciones no respaldadas por pruebas o no circunscritas a los pliegos de conclusiones nuevos. La AEVM tendría que considerar todas las observaciones recibidas, aunque la falta de pruebas justificativas o el hecho de que las observaciones hayan sido valoradas y consideradas anteriormente en el mismo procedimiento podría afectar a sus efectos. Además, aunque la AEVM no debe llevar a cabo su propia investigación, tiene la facultad de extraer su propia conclusión de las conclusiones en que se base la investigación del agente investigador. En cuanto a las audiencias, el derecho a ser oído será respetado mediante el derecho a presentar observaciones por escrito. La Comisión considera que la AEVM está proponiendo un enfoque equilibrado según el cual el agente investigador y la AEVM pueden organizar una audiencia si resulta necesario para aclarar hechos u observaciones, sin imponerles la obligación de organizarla cuando tales aclaraciones no sean necesarias, pues, de no ser así, podría generarse una carga indebida para la AEVM y retrasos en asuntos más sencillos. La Comisión considera, por lo tanto, que las normas de procedimiento propuestas por la AEVM a este respecto respetarían el derecho de defensa de las personas afectadas y debe alinearse con las aplicables a los registros de operaciones. 
            
         
         
            
               Contenido del expediente que debe presentar el agente investigador a la AEVM
            
            
               En aras de la transparencia, debe exigirse en todos los casos al agente investigador que el expediente presentado a la AEVM no solo incluya el pliego de conclusiones final, sino también el pliego inicial sobre la base del cual las personas afectadas hayan formulado sus observaciones. La obligación debe ser de aplicación con independencia de la importancia de las diferencias entre ambos pliegos. 
            
            
               Multas coercitivas a terceros vinculados
            
            
               La facultad de imponer multas coercitivas a los terceros con los que las ECC de terceros países hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades se desprende del EMIR. El acto delegado no ha de limitar esa facultad. 
            
            
               Decisiones provisionales
            
            
               La facultad de la AEVM de adoptar decisiones provisionales sin oír a las personas afectadas se establece en el EMIR. En aras de prevenir un daño inminente y significativo a los sistemas financieros, el EMIR establece una excepción a la norma general de que las personas afectadas deben ser oídas antes de que se adopte una decisión. Para asegurar la eficiencia del procedimiento y la eficacia de la facultad de la AEVM de adoptar una decisión provisional, la Comisión coincide con la AEVM en que esa excepción también ha de aplicarse al derecho a ser oído por el agente investigador. 
            
            
               El EMIR exige a la AEVM que brinde a las personas afectadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible una vez adoptada la decisión provisional. A este respecto, la Comisión está de acuerdo con la propuesta de la AEVM de permitir el acceso al expediente en cuanto el agente investigador haya enviado sus conclusiones a la AEVM y, posiblemente, antes de que esta adopte su decisión provisional. El acceso al expediente en esa fase permitiría a las personas afectadas preparar y enviar observaciones a la AEVM antes que si el acceso al expediente no se concede hasta que la AEVM haya adoptado su decisión. Con objeto de no mermar la eficiencia del procedimiento y la eficacia de la facultad de la AEVM de adoptar decisiones provisionales, la Comisión también conviene en que dicho acceso al expediente no debe suspender la facultad de la AEVM de adoptar una decisión provisional.
            
            
               En cuanto al significado del concepto de «daño significativo e inminente» a los sistemas financieros, la Comisión subraya que el contexto en el que la AEVM puede adoptar decisiones provisionales lo definieron los colegisladores en el EMIR. No ha de ser definido con mayor precisión en el acto delegado. 
            
            
               Plazos de prescripción
            
            
               En relación con los plazos de prescripción, la Comisión entiende que una acción de la AEVM que reinicie los plazos de prescripción ha de ser una acción relacionada con la infracción de que se trate. En cuanto a las acciones por las que se modifica el importe de las multas o multas coercitivas, la Comisión sostiene que podrían considerarse decisiones nuevas e independientes que deben reiniciar los plazos de prescripción. Cabe señalar que las decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas, incluidas las decisiones que modifican su importe, están sujetas a revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hay razón para sospechar, en consecuencia, que la AEVM abusaría de su facultad de hacerlo, y se considera que los plazos de prescripción para la imposición de sanciones deben alinearse con otras normas de la Unión que establecen normas de procedimiento para la imposición de sanciones —en concreto, otras normas establecidas en el EMIR— y que los plazos de prescripción para la ejecución de sanciones han de tener en cuenta el hecho de que las ECC de terceros países están situadas fuera de la Unión y la necesidad de que la AEVM coordine las investigaciones con las autoridades de esas jurisdicciones de terceros países.
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS DEL ACTO DELEGADO
            
            
               Las multas y multas coercitivas percibidas por la AEVM de ECC de terceros países y de terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades no constituyen ingresos de la AEVM conforme a la definición del artículo 62 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010. Las multas y multas coercitivas recaudadas por la AEVM deben transferirse a la Comisión y consignarse entre los ingresos generales del presupuesto de la Unión. 
            
            
               5.ASPECTOS JURÍDICOS DEL ACTO DELEGADO
            
            
               El artículo 1 establece el objeto del Reglamento.
            
            
               Los artículos 2 y 3 regulan el contenido del expediente que debe presentar el agente investigador a la AEVM y especifican con mayor precisión las normas relativas al derecho de las personas investigadas a ser oídas por el agente investigador y la AEVM antes de la imposición de multas o medidas de supervisión.
            
            
               El artículo 4 detalla las normas relativas al derecho de las personas encausadas a ser oídas por la AEVM antes de la imposición de multas coercitivas.
            
            
               Los artículos 5 y 6 especifican con mayor precisión las normas relativas al derecho de las personas investigadas o encausadas a ser oídas lo antes posible una vez adoptada una decisión provisional por la que se imponga una multa.
            
            
               El artículo 7 se refiere al derecho de acceso al expediente de las personas a las que se haya notificado un pliego de conclusiones y regula el uso de los documentos obtenidos mediante el acceso al expediente.
            
            
               Los artículos 8 y 9 establecen el plazo de prescripción en lo que respecta a la imposición y ejecución de sanciones. 
            
            
               El artículo 10 fija las disposiciones sobre la percepción de las multas.
            
         
         
            
               El artículo 11 define las normas aplicables al cálculo de los plazos, fechas y términos.
            
            
               El artículo 12 fija la fecha de entrada en vigor del Reglamento Delegado.
            
            
               REGLAMENTO DELEGADO (UE) …/... DE LA COMISIÓN
            
            
               de 26.1.2021
            
            
               por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados a las entidades de contrapartida central de terceros países o a los terceros vinculados
            
            
               (Texto pertinente a efectos del EEE)
            
            
               LA COMISIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
            
            
               Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
                  5
               , y en particular su artículo 25 decies, apartado 7,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)El Reglamento (UE) n.º 648/2014 ha sido modificado por el Reglamento (UE) 2019/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               . Entre otras cosas, esas modificaciones introducen en el Reglamento (UE) n.º 648/2014 la facultad de la Comisión de especificar con mayor precisión las normas de procedimiento para el ejercicio de la facultad de la Agencia Europea de Valores y Mercados («AEVM») de imponer multas o multas coercitivas a las entidades de contrapartida central de terceros países («ECC de terceros países») y a los terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades («terceros vinculados»). En particular, esas normas de procedimiento deben incluir disposiciones relativas a los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las multas o multas coercitivas, y sobre los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de sanciones.
            
            
               (2)El artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente, y el derecho de toda persona a acceder al expediente que la concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial. 
            
            
               (3)Para garantizar el respeto de los derechos de defensa de las ECC de terceros países y los terceros vinculados objeto de actuaciones por parte de la AEVM, y velar por que la AEVM tome en consideración todos los hechos pertinentes a la hora de adoptar decisiones coercitivas, la AEVM debe oír a las ECC de terceros países o los terceros vinculados, o a cualesquiera otras personas afectadas. Así pues, a las ECC y los terceros vinculados se les debe conceder el derecho a presentar observaciones por escrito en respuesta a los pliegos de conclusiones emitidos por el agente investigador y la AEVM, incluso en caso de cambios importantes en el pliego de conclusiones inicial. El agente investigador y la AEVM también deben tener la posibilidad de invitar a ECC de terceros países y terceros vinculados a facilitar explicaciones adicionales en una audiencia cuando el agente investigador o la AEVM consideren que determinados extremos de las observaciones escritas presentadas al agente investigador o la AEVM no son suficientemente claros o detallados y que deben facilitarse explicaciones adicionales.
            
            
               (4)Es importante velar por la transparencia entre el agente investigador designado por la AEVM de conformidad con el artículo 25 decies del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y la propia AEVM. Esa transparencia exige que el expediente del agente investigador contenga, además del pliego de conclusiones, las observaciones presentadas por las ECC de terceros países o los terceros vinculados, el pliego de conclusiones sobre la base del cual esas ECC de terceros países o esos terceros vinculados presentaron sus observaciones y las actas de toda audiencia celebrada.
            
            
               (5)De conformidad con el artículo 25 terdecies, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, cuando sea necesaria una actuación urgente, la AEVM tiene la posibilidad de adoptar una decisión provisional por la que se impongan multas o multas coercitivas sin oír previamente a las personas investigadas o encausadas. Para asegurar la eficacia de la facultad de la AEVM de adoptar decisiones provisionales, las ECC de terceros países y los terceros vinculados que sean objeto de una investigación no deben tener derecho a acceder al expediente o a ser oídos antes de que el agente investigador haya presentado el expediente con sus conclusiones a la AEVM o antes de que esta haya adoptado su decisión provisional. Sin embargo, para respetar los derechos de defensa, las ECC de terceros países y los terceros vinculados deben tener derecho a acceder al expediente en cuanto el agente investigador haya presentado el expediente con su pliego de conclusiones a la AEVM, así como derecho a ser oídos lo antes posible una vez que la AEVM haya adoptado su decisión provisional. 
            
            
               (6)Por razones de coherencia, los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de multas o multas coercitivas han de tener en cuenta la legislación vigente de la Unión aplicable a la imposición y ejecución de sanciones a entidades supervisadas, la experiencia de la AEVM en la aplicación de esa legislación a los registros de operaciones con arreglo al Reglamento (UE) n.º 648/2012, el hecho de que las ECC de terceros países están situadas fuera de la Unión y la necesidad de coordinación de la AEVM con las autoridades de esas jurisdicciones de terceros países en relación con las acciones coercitivas. Los plazos de prescripción han de calcularse de conformidad con la legislación vigente de la Unión para los actos del Consejo y de la Comisión y, en particular, con el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo
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               .
            
            
               (7)De conformidad con el artículo 25 quaterdecies, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 648/2012, los importes correspondientes a las multas y multas coercitivas recaudados por la AEVM deben asignarse al presupuesto general de la Unión. Las multas y multas coercitivas recaudadas por la AEVM deben depositarse en cuentas remuneradas hasta el momento en que sean firmes. Respecto a cada decisión que imponga multas o multas coercitivas, los importes recaudados por la AEVM deben depositarse en una cuenta o subcuenta separada a fin de garantizar la trazabilidad hasta que la decisión sea firme.
            
            
               (8)En aras del ejercicio inmediato de unas competencias de supervisión y ejecución eficaces por parte de la AEVM, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.
            
            
               HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
            
            
               Artículo 1
            
         
         
            
               Objeto 
            
            
               El presente Reglamento especifica con mayor precisión las normas de procedimiento relativas a la imposición de multas y multas coercitivas por parte de la Agencia Europea de Valores y Mercados (AEVM) a las entidades de contrapartida central (ECC) de terceros países o a los terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades, que sean objeto de los procedimientos investigativos y coercitivos de la AEVM, incluidas las normas relativas al derecho de defensa y los plazos de prescripción.
            
            
               Artículo 2
            
            
               Derecho a ser oído por el agente investigador
            
            
               1.
                     Al término de la investigación y antes de presentar el expediente a la AEVM de conformidad con el artículo 3, apartado 1, el agente investigador informará por escrito a la persona investigada, exponiendo sus conclusiones, y le ofrecerá la oportunidad de presentar observaciones escritas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3. El pliego de conclusiones expondrá los hechos susceptibles de constituir una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012, incluida toda circunstancia agravante o atenuante de dichas infracciones. 
            
            
               2.
                     El pliego de conclusiones fijará un plazo razonable para que la persona investigada pueda presentar sus observaciones por escrito. El agente investigador no estará obligado a tener en cuenta las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo. 
            
            
               3.
                     En sus observaciones escritas, la persona investigada podrá exponer todos los hechos de los que tenga conocimiento que sean pertinentes para su defensa. Adjuntará los documentos que juzgue oportunos para demostrar los hechos alegados. Podrá proponer que el agente investigador oiga a otras personas que puedan corroborar los hechos alegados en sus observaciones. 
            
            
               4.
                     El agente investigador podrá, asimismo, convocar a una audiencia a una persona investigada a la que se haya notificado un pliego de conclusiones. Las personas investigadas podrán ser asistidas por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita el agente investigador. Las audiencias orales no serán públicas. 
            
            
               Artículo 3 
            
            
               Derecho a ser oído por la AEVM en relación con las multas y las medidas de supervisión 
            
            
               1.
                     El expediente completo que el agente investigador deberá presentar a la AEVM constará de los documentos siguientes: 
            
            
               –a)
                     el pliego de conclusiones y una copia del pliego de conclusiones notificado a la persona investigada,
            
            
               –b)
                     una copia de las observaciones escritas presentadas por la persona investigada,
            
            
               –c)
                     las actas de toda audiencia celebrada.
            
            
               2.
                     Cuando la AEVM considere que el expediente presentado por el agente investigador es incompleto, lo devolverá a este último junto con una solicitud motivada de documentación complementaria. 
            
            
               3.
                     Cuando, a la vista del expediente completo, la AEVM estime que los hechos descritos en el pliego de conclusiones no constituyen, en principio, ninguna de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012, tomará la decisión de archivar la investigación y notificará dicha decisión a las personas investigadas. 
            
            
               4. 
                     Cuando la AEVM no esté de acuerdo con las conclusiones del agente investigador, presentará un nuevo pliego de conclusiones a las personas investigadas. 
            
            
               El pliego de conclusiones fijará un plazo razonable para que las personas investigadas puedan presentar observaciones por escrito. La AEVM no estará obligada a tomar en consideración las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo. 
            
            
               La AEVM podrá, asimismo, convocar a una audiencia a las personas investigadas a las que se haya notificado un pliego de conclusiones. Las personas investigadas podrán ser asistidas por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita la AEVM. Las audiencias orales no serán públicas. 
            
            
               5.
                     Cuando la AEVM esté de acuerdo con todas o algunas de las conclusiones del agente investigador, informará de ello a las personas investigadas. En dicha comunicación se fijará un plazo razonable para que la persona investigada pueda presentar sus observaciones por escrito. La AEVM no estará obligada a tomar en consideración las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo. 
            
         
         
            
               La AEVM podrá, asimismo, convocar a una audiencia a las personas investigadas a las que se haya notificado un pliego de conclusiones. Las personas investigadas podrán ser asistidas por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita la AEVM. Las audiencias no serán públicas. 
            
            
               6.
                     Si la AEVM decide que una persona investigada ha cometido una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y adopta la decisión de imponer una multa de conformidad con el artículo 25 undecies de dicho Reglamento, notificará inmediatamente esa decisión a la referida persona. 
            
            
               Artículo 4 
            
            
               Derecho a ser oído por la AEVM en relación con las multas coercitivas 
            
            
               Antes de adoptar una decisión sobre la imposición de una multa coercitiva de conformidad con el artículo 25 duodecies del Reglamento (UE) n.º 648/2012, la AEVM presentará a la persona encausada un pliego de conclusiones en el que se expongan los motivos que justifican la imposición de una multa coercitiva y el importe de la misma por cada día de incumplimiento. En el pliego de conclusiones se fijará un plazo para que la persona encausada pueda presentar sus observaciones por escrito. La AEVM no estará obligada a tomar en consideración las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo a la hora de decidir sobre la imposición de la multa coercitiva. 
            
            
               No se podrá seguir imponiendo una multa coercitiva una vez que la persona encausada haya cumplido la decisión pertinente mencionada en el artículo 25 duodecies, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
            
               En la decisión por la que se imponga una multa coercitiva se indicarán la base jurídica y los motivos de la decisión, así como el importe y la fecha de inicio de dicha multa. 
            
            
               La AEVM podrá, asimismo, convocar a una audiencia a la persona encausada. Las personas encausadas podrán ser asistidas por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita la AEVM. Las audiencias no serán públicas. 
            
            
               Artículo 5 
            
            
               Derecho a ser oído por la AEVM en relación con las decisiones provisionales que impongan multas
            
            
               1.
                     No obstante lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del presente Reglamento, el procedimiento expuesto en el presente artículo será de aplicación cuando la AEVM adopte decisiones provisionales que impongan multas con arreglo al artículo 25 terdecies, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 sin oír previamente a las personas investigadas.
            
            
               2.
                     El agente investigador presentará el expediente con sus conclusiones a la AEVM e informará inmediatamente a la persona investigada de sus conclusiones, pero no brindará a esa persona la oportunidad de presentar observaciones. El pliego de conclusiones del agente investigador expondrá los hechos susceptibles de constituir una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012, incluida toda circunstancia agravante o atenuante de dichas infracciones.
            
            
               Previa solicitud, el agente investigador dará acceso al expediente a la persona investigada.
            
            
               3.
                     Cuando la AEVM estime que los hechos descritos en el pliego de conclusiones del agente investigador no constituyen, en principio, ninguna de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012, decidirá archivar la investigación y notificará esa decisión a la persona investigada. 
            
            
               4.
                     Cuando la AEVM decida que una persona investigada ha cometido una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y adopte una decisión provisional de imponer multas de conformidad con el artículo 25 terdecies, párrafo segundo, de dicho Reglamento, notificará inmediatamente esa decisión provisional a la referida persona.
            
            
               La AEVM fijará un plazo razonable para que una persona investigada pueda presentar observaciones por escrito sobre la decisión provisional. La AEVM no estará obligada a tomar en consideración las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo.
            
            
               Previa solicitud, la AEVM dará acceso al expediente a las personas investigadas. 
            
            
               La AEVM podrá convocar a una audiencia a las personas investigadas. Las personas investigadas podrán ser asistidas por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita la AEVM. Las audiencias orales no serán públicas.
            
            
               5.
                     La AEVM oirá a la persona investigada y adoptará una decisión firme lo antes posible una vez adoptada su decisión provisional. 
            
            
               Cuando, a la vista del expediente completo y tras haber oído a las personas investigadas, la AEVM estime que la persona investigada ha cometido una o varias de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012, adoptará una decisión confirmatoria por la que se impongan multas de conformidad con el artículo 25 undecies de dicho Reglamento. La AEVM notificará inmediatamente esa decisión a las personas investigadas.
            
         
         
            
               Cuando la AEVM adopte una decisión firme que no confirme la decisión provisional, esta última se considerará derogada. 
            
            
               Artículo 6
            
            
               Derecho a ser oído por la AEVM en relación con las decisiones provisionales que impongan multas coercitivas
            
            
               1.
                     No obstante lo dispuesto en el artículo 4, el procedimiento expuesto en el presente artículo será de aplicación cuando la AEVM adopte decisiones provisionales que impongan multas coercitivas con arreglo al artículo 25 terdecies, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 sin oír previamente a la persona encausada. 
            
            
               2.
                     En la decisión provisional por la que se imponga una multa coercitiva se indicarán la base jurídica y los motivos de la decisión, así como el importe y la fecha de inicio de dicha multa.
            
            
               No se podrá ya adoptar una decisión provisional por la que se imponga una multa coercitiva una vez que la persona encausada haya cumplido la decisión pertinente mencionada en el artículo 25 duodecies, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
            
               La AEVM notificará inmediatamente la decisión provisional a la persona encausada y fijará un plazo para que dicha persona pueda presentar sus observaciones por escrito. La AEVM no estará obligada a tomar en consideración las observaciones escritas recibidas tras la expiración de dicho plazo. 
            
            
               Previa solicitud, la AEVM dará acceso al expediente a la persona encausada. 
            
            
               La AEVM podrá, asimismo, convocar a una audiencia a la persona encausada. La persona encausada podrá ser asistida por sus abogados o por otras personas cualificadas que admita la AEVM. Las audiencias no serán públicas. 
            
            
               3.
                     Cuando, a la vista del expediente completo y tras haber oído a la persona encausada, la AEVM estime que los motivos para la imposición de las multas coercitivas estaban vigentes en el momento de la adopción de la decisión provisional, la AEVM adoptará una decisión confirmatoria por la que se impongan multas coercitivas de conformidad con el artículo 25 duodecies del Reglamento (UE) n.º 648/2012. La AEVM notificará inmediatamente esa decisión a la persona encausada.
            
            
               Cuando la AEVM adopte una decisión que no confirme la decisión provisional, esta última se considerará derogada.
            
            
               Artículo 7 
            
            
               Acceso al expediente y utilización de los documentos 
            
            
               1.
                     Previa solicitud, la AEVM dará acceso al expediente a las partes a las que el agente investigador o la AEVM haya remitido un pliego de conclusiones. El acceso se concederá después de la notificación de todo pliego de conclusiones.
            
            
               2.
                     Los documentos del expediente a los que se haya obtenido acceso en virtud del apartado 1 del presente artículo solo se utilizarán a efectos de procedimientos judiciales o administrativos relativos a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
            
               Artículo 8 
            
            
               Plazos de prescripción para la imposición de sanciones 
            
            
               1.
                     Los poderes otorgados a la AEVM para imponer multas y multas coercitivas a ECC de terceros países y a terceros con los que dichas ECC hayan subcontratado funciones operativas, servicios o actividades estarán sujetos a un plazo de prescripción de cinco años. 
            
            
               2.
                     El plazo de prescripción mencionado en el apartado 1 comenzará el día siguiente a aquel en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto de las infracciones continuas o repetidas, dicho plazo de prescripción comenzará el día en que haya finalizado la infracción. 
            
            
               3.
                     Toda medida adoptada por la AEVM a efectos de la investigación o el procedimiento en relación con una de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012 interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas y multas coercitivas. Ese plazo de prescripción quedará interrumpido con efecto a partir de la fecha en que la medida se notifique a la persona investigada o encausada en relación con una de las infracciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
         
         
            
               4.
                     El plazo de prescripción comenzará de nuevo con cada interrupción. No obstante, la prescripción se reputará alcanzada a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de prescripción sin que la AEVM haya impuesto una multa o multa coercitiva. Este plazo se prorrogará por el período durante el cual se suspenda la prescripción con arreglo al apartado 5. 
            
            
               5.
                     El plazo de prescripción para la imposición de multas y multas coercitivas quedará suspendido durante el tiempo en que la decisión de la AEVM sea objeto de un procedimiento pendiente ante la Sala de Recurso, conforme al artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme al artículo 25 quindecies del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
            
               Artículo 9 
            
            
               Plazos de prescripción para la ejecución de sanciones 
            
            
               1.
                     La facultad conferida a la AEVM para ejecutar las decisiones adoptadas en aplicación de los artículos 25 undecies y 25 duodecies del Reglamento (UE) n.º 648/2012 estará sujeta a un plazo de prescripción de ocho años. 
            
            
               2.
                     El plazo de ocho años mencionado en el apartado 1 comenzará el día siguiente a aquel en que la decisión sea firme. 
            
            
               3.
                     El plazo de prescripción para la ejecución de sanciones quedará interrumpido por: 
            
            
               a)
                     la notificación, por la AEVM a la persona encausada, de una decisión que modifique el importe inicial de la multa o multa coercitiva; 
            
            
               b)
                     cualquier medida de la AEVM o de una autoridad de un tercer país que actúe a instancias de la AEVM, destinada al cobro por vía ejecutiva de la multa o la multa coercitiva o al cumplimiento de las correspondientes condiciones de pago. 
            
            
               4.
                     El plazo de prescripción comenzará de nuevo con cada interrupción. 
            
            
               5.
                     El plazo de prescripción para la ejecución de sanciones quedará suspendido mientras: 
            
            
               a)
                     dure el plazo concedido para efectuar el pago; 
            
            
               b)
                     dure la suspensión del cobro por vía ejecutiva en virtud de una decisión pendiente de la Sala de Recurso de la AEVM, conforme al artículo 60 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 25 quindecies del Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
            
            
               Artículo 10 
            
            
               Recaudación de multas y multas coercitivas 
            
            
               Los importes de las multas y multas coercitivas recaudados por la AEVM quedarán depositados en una cuenta remunerada abierta por el contable de la AEVM hasta el momento en que sean firmes. En caso de que la AEVM recaude paralelamente varias multas o multas coercitivas, el contable de la AEVM garantizará que se depositen en cuentas o subcuentas distintas. Los importes abonados no se consignarán en el presupuesto de la AEVM ni se registrarán como importes presupuestarios. 
            
            
               Una vez que el contable de la AEVM haya establecido que las multas o multas coercitivas son firmes, tras la resolución de todos los posibles recursos judiciales interpuestos, transferirá los correspondientes importes, así como cualquier interés devengado, a la Comisión Europea. Dichos importes se consignarán entre los ingresos generales del presupuesto de la Unión. 
            
            
               El contable de la AEVM informará periódicamente al ordenador de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la Comisión Europea acerca de los importes de las multas y multas coercitivas impuestas y su situación. 
            
            
               Artículo 11 
            
            
               Cálculo de los plazos, fechas y términos 
            
         
         
            
               Los plazos, fechas y términos establecidos en el presente Reglamento estarán sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71. 
            
            
               Artículo 12
            
            
               Entrada en vigor
            
            
               El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
            
            
               El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
            
            
               Hecho en Bruselas, el 26.1.2021
            
            
               
                     Por la Comisión
               
               
                     La Presidenta
                     Ursula VON DER LEYEN
               
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        
                  
                     DO L 201 de 27.7.2012, p. 1
                  
                  .
               
               
                  
                     (2)
                  
                        DO L 322 de 12.12.2019, p. 1.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/834 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (DO L 141 de 28.5.2019, p. 42).
               
               
                  
                     (4)
                  
                        
                  https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-ccp-penalties#TODO
               
               
                  
                     (5)
                  
                        DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/2099 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países (DO L 322 de 12.12.2019, p. 1).
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1).