CELEX: C2004/106/73
Language: es
Date: 2004-04-30 00:00:00
Title: Asunto C-142/04: Peticiónde decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias,de fecha 30 de diciembre de 2003, en el asuntoentre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención

30.4.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 106/42
            
         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 30 de diciembre de 2003, en el asunto entre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención
   (Asunto C-142/04)
   (2004/C 106/73)
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado), dictada el 30 de diciembre de 2003, en el asunto entre Maria Aslanidou y el Ministro de Sanidad y Prevención, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2004.
   El Symvoulio tis Epikrateias solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
   
               1)
            
            
               ¿Son las disposiciones de los artículos 3, 4, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, y 10, apartados 1 a 4, de la Directiva 92/51/CEE del Consejo (1) relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25) incondicionales y suficientemente precisas como para poder ser invocadas, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva y la adaptación tardía del Derecho interno de un determinado Estado miembro (el Estado miembro de acogida), por parte de una persona física frente a un órgano administrativo de dicho Estado miembro, al que la legislación nacional vigente en la época en que se adaptó el Derecho interno atribuía la competencia de autorizar el ejercicio de determinada profesión regulada, cuando dicha persona física, alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro y que entra dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones de la Directiva anteriormente señaladas, solicita que, como consecuencia de la aplicación de las mismas, se le autorice a acceder a la profesión regulada en cuestión y a ejercerla en el Estado miembro de acogida?
            
         
               2)
            
            
               En el caso de que se considere que, durante el período transcurrido entre la expiración del plazo establecido para la adaptación de los Derechos internos a lo dispuesto en la Directiva 92/51/CEE y la adaptación tardía del Derecho interno de un determinado Estado miembro (Estado miembro de acogida), una persona física no podía invocar válidamente las disposiciones de la Directiva frente al órgano administrativo de dicho Estado miembro al que la legislación nacional vigente en la época en que se adaptó el Derecho interno atribuía la competencia de autorizar el ejercicio de determinada profesión regulada a los titulados del correspondiente Centro de enseñanza y formación tecnológicas, o a los poseedores de un título extranjero reconocido como equivalente al de los Centros de enseñanza y formación tecnológicas del Estado miembro de acogida, con arreglo a un procedimiento de aplicación general que se describe en la resolución de remisión, ¿estaba dicho órgano administrativo facultado, a la vista de lo dispuesto en los artículos 39 CE y 43 CE (anteriormente artículos 48 y 52 del Tratado CE), para condicionar la aceptación de la petición de una persona física que, alegando poseer un título obtenido en otro Estado miembro, solicitaba, durante el período de tiempo antes señalado, que se le permitiese acceder a la citada profesión y ejercerla en el Estado miembro de acogida, al previo reconocimiento, conforme al procedimiento general referido, de la equivalencia del título que poseía con los que otorgaban los Centros de enseñanza y formación tecnológicas de dicho Estado, o bien debería haber procedido a adoptar la decisión correspondiente tras realizar por sí mismo un análisis comparativo entre las competencias acreditadas por el título presentado y los conocimientos y cualificaciones exigidos por el Derecho interno?
            
         
      (1)  DO L 209 de 24.7.1992, p. 25.