CELEX: 62019CC0940
Language: es
Date: 2020-10-01 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. G. Hogan, presentadas el 1 de octubre de 2020.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. GERARD HOGAN
   presentadas el 1 de octubre de 2020 (
         1
      )
   
      Asunto C‑940/19
   
   Les Chirurgiens-Dentistes de France,
   Confédération des Syndicats médicaux français,
   Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France,
   Syndicat des Biologistes,
   Syndicat des Médecins libéraux,
   Union dentaire,
   Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes,
   Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes,
   Conseil national de l’Ordre des Infirmiers
   contra
   Ministre des Solidarités et de la Santé,
   Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
   Premier ministre
   
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia)]
   
   «Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 4 septies, apartado 6 — Normativa nacional que establece el acceso parcial a determinadas profesiones sanitarias»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            La presente petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, (
                  2
               ) en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (
                  3
               ) (en lo sucesivo, «Directiva 2005/36»). Dicha disposición permite por primera vez el acceso parcial a una actividad profesional en el marco de un sistema de reconocimiento mutuo de cualificaciones.
         
      
            2.
         
         
            Si bien el reconocimiento mutuo de cualificaciones profesionales está ampliamente reconocido como uno de los grandes logros del mercado interior, también es justo observar que no se ha conseguido sin ciertas dificultades. Uno de los problemas que se han planteado es que, como demuestra la experiencia, en cada Estado miembro pueden existir diversas subcategorías y especialidades en las distintas profesiones. En muchos casos, los profesionales afectados pueden no contar con la cualificación necesaria para obtener el pleno reconocimiento profesional en otro Estado miembro.
         
      
            3.
         
         
            Con miras a resolver este problema concreto, el legislador de la Unión, como vamos a ver en las presentes conclusiones, ha introducido el concepto de acceso parcial para tratar estas subcategorías y especialidades. Dado que el presente asunto se plantea en relación con la odontología, los higienistas dentales son uno de los casos afectados. Un higienista dental cualificado puede desear ejercer su profesión en otro Estado miembro y encontrarse con que no está habilitado para hacerlo si no dispone de una cualificación de cirujano dental. La figura del acceso parcial introducida por la última Directiva sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales pretende solucionar este problema.
         
      
            4.
         
         
            La presente petición se formuló en el marco de un procedimiento iniciado por la Confédération nationale de Syndicats dentaires, actualmente Les Chirurgiens-Dentistes de France, y otras organizaciones que representan a los profesionales del ámbito sanitario. Las partes recurridas en el presente procedimiento son la Ministre des Solidarités et de la Santé (Ministra de Solidaridad y Sanidad), la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Ministra de Enseñanza Superior, Investigación e Innovación) y el Premier ministre (Primer Ministro). En efecto, los recurrentes consideran que el Gobierno francés no ha actuado conforme a la legalidad al tratar de transponer en el Derecho nacional, mediante diversos actos legislativos, las exigencias de la Directiva 2013/55.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Derecho de la Unión
      
   
   
      1. Directiva 2013/55
   
   
            5.
         
         
            El considerando 7 de la Directiva 2013/55 establece:
            «La Directiva 2005/36/CE se aplica únicamente a aquellos profesionales que desean ejercer la misma profesión en otro Estado miembro. En algunos casos, en el Estado miembro de acogida, las actividades consideradas son parte de una profesión cuyo ámbito de actividad es mayor que en el Estado miembro de origen. Si las diferencias entre los ámbitos de actividad son tan importantes que en realidad es necesario exigir al profesional que realice un programa completo de enseñanza y de formación para paliar sus lagunas y si este profesional lo solicita, el Estado miembro de acogida debe, en estas circunstancias particulares, concederle un acceso parcial. Sin embargo, por razones imperiosas de interés general, tal como las define el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa a los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que puede seguir evolucionando, un Estado miembro debe poder denegar el acceso parcial. Este puede ser el caso, en particular, de las profesiones sanitarias con implicaciones en materia de salud pública y de seguridad de los pacientes. La concesión de un acceso parcial no debe afectar al derecho de los interlocutores sociales a organizarse.»
         
      
      2. Directiva 2005/36
   
   
            6.
         
         
            El artículo 1 de la Directiva 2005/36, titulado «Objeto», es del siguiente tenor:
            «La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado “Estado miembro de acogida”) reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado “Estado miembro de origen”) y que permitan al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión.
            La presente Directiva establece asimismo normas relativas al acceso parcial a una profesión regulada y al reconocimiento de un período de prácticas profesionales efectuadas en otro Estado miembro.»
         
      
            7.
         
         
            El artículo 4 de la Directiva 2005/36, titulado «Efectos del reconocimiento», dispone lo siguiente:
            «1.   El reconocimiento de las cualificaciones profesionales por el Estado miembro de acogida permitirá a los beneficiarios acceder en ese Estado miembro a la misma profesión que aquella para la que están cualificados en el Estado miembro de origen y ejercerla en el Estado miembro de acogida en las mismas condiciones que sus nacionales.
            2.   A efectos de la presente Directiva, la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares.
            3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se concederá acceso parcial a una profesión en el Estado miembro de acogida en las condiciones establecidas en el artículo 4 septies.»
         
      
            8.
         
         
            A tenor del artículo 4 septies de la Directiva 2005/36, introducido por la Directiva 2013/55 y titulado «Acceso parcial»:
            «1.   La autoridad competente del Estado miembro de acogida concederá el acceso parcial a una actividad profesional en su territorio caso por caso y únicamente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
            
                     a)
                  
                  
                     que el profesional esté plenamente cualificado para ejercer en el Estado miembro de origen la actividad profesional para la que se solicita el acceso parcial en el Estado miembro de acogida;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     que las diferencias entre la actividad profesional legalmente ejercida en el Estado miembro de origen y la profesión regulada en el Estado miembro de acogida sean tan importantes que la aplicación de medidas compensatorias equivaldría a exigir al solicitante que realizara el programa completo de formación exigido en el Estado miembro de acogida para poder tener acceso pleno a la profesión regulada en el Estado miembro de acogida;
                  
               
                     c)
                  
                  
                     que la actividad profesional pueda separarse objetivamente de otras actividades de la profesión regulada en el Estado miembro de acogida.
                  
               A los efectos de la letra c), la autoridad competente del Estado miembro de acogida tendrá en cuenta si la actividad profesional puede ejercerse de forma autónoma en el Estado miembro de origen.
            2.   El acceso parcial podrá denegarse si esta denegación está justificada por una razón imperiosa de interés general, adecuada para la consecución del objetivo perseguido y si no va más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo.
            3.   Las solicitudes a efectos del establecimiento en un Estado miembro de acogida serán examinadas con arreglo a lo dispuesto en el título III, capítulos I y IV.
            4.   Las solicitudes a efectos de prestación de servicios temporales y ocasionales en el Estado miembro de acogida en relación con actividades profesionales que tengan implicaciones en materia de salud o de seguridad públicas se examinarán con arreglo a lo dispuesto en el título II.
            5.   No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 4, párrafo sexto, y en el artículo 52, apartado 1, la actividad profesional se ejercerá con el nombre correspondiente al título profesional del Estado miembro de origen, una vez concedido el acceso parcial. El Estado miembro de acogida podrá exigir la utilización de ese título profesional en las lenguas del Estado miembro de acogida. Los profesionales que se beneficien del acceso parcial indicarán claramente a los destinatarios de los servicios el ámbito de sus actividades profesionales.
            6.   El presente artículo no se aplicará a los profesionales que gocen del reconocimiento automático de sus cualificaciones profesionales en virtud del título III, capítulos II, III y III bis.»
         
      
            9.
         
         
            De conformidad con el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2005/36, titulado «Principio de reconocimiento automático»:
            «Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que den acceso a las actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de farmacéutico y de arquitecto, mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, que se ajusten a las condiciones mínimas de formación contempladas en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 y 46, otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que ese Estado miembro expide.
            […]»
         
      
      
         B.
       
         Derecho francés
      
   
   
            10.
         
         
            La ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (Decreto-ley n.o 2017‑50 de 19 de enero de 2017, relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el ámbito sanitario), fue adoptado a fin de transponer la Directiva 2013/55 en el Derecho francés. Introdujo los artículos L. 4002‑3 a L. 4002‑6 en el code de la santé publique (Código de Salud Pública).
         
      
            11.
         
         
            El artículo L. 4002‑3 del Código de Salud Pública permite el acceso parcial a todas las profesiones sanitarias que se rigen por lo dispuesto en la parte IV del mismo Código, incluidas, por lo tanto, las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales.
         
      
            12.
         
         
            El Décret du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (Decreto n.o 2017 1520, de 2 de noviembre de 2017, relativo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el ámbito sanitario) fue adoptado, en particular, para la aplicación del artículo L. 4002‑3 del Código de Salud Pública. Las Órdenes Ministeriales de la Ministra de Solidaridad y Sanidad de 4 y 8 de diciembre de 2017 se adoptaron en ejecución del Decreto n.o 2017‑1520, de 2 de noviembre de 2017.
         
      
      III. Hechos del litigio principal
   
   
            13.
         
         
            Les Chirurgiens-Dentistes de France y las demás organizaciones antes mencionadas, mediante diversos escritos, interpusieron un recurso contencioso-administrativo ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia) en que solicitaban, dependiendo de cada caso, la anulación total o parcial del Decreto n.o 2017‑1520 de 2 de noviembre de 2017 y/o la anulación de la Orden Ministerial de la Ministra de Solidaridad y Sanidad de 4 de diciembre de 2017 y/o la anulación de la Orden Ministerial de la Ministra de Solidaridad y Sanidad de 8 de diciembre de 2017.
         
      
            14.
         
         
            En apoyo de su recurso, los recurrentes alegan, en particular, que las disposiciones nacionales antes citadas incluyen indebidamente dentro del ámbito de aplicación del acceso parcial las profesiones contempladas en el capítulo III del título III de la Directiva 2005/36, concretamente las profesiones que se benefician del mecanismo de reconocimiento automático de cualificaciones profesionales.
         
      
            15.
         
         
            Dado que dichas diversas disposiciones se basan en el Decreto por el que se transpone la Directiva 2013/55 en el Derecho francés, el órgano jurisdiccional nacional consideró que para resolver el litigio era determinante la cuestión de si el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 (introducido por la Directiva 2013/55) se opone a que los Estados miembros prevean la posibilidad del acceso parcial a las referidas profesiones.
         
      
      IV. Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
   
   
            16.
         
         
            En estas circunstancias, mediante resolución de 19 de diciembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de diciembre de 2019, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
            «¿Se opone el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 a que un Estado miembro establezca la posibilidad del acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del capítulo III del título III de la misma Directiva?»
         
      
            17.
         
         
            Han presentado observaciones escritas Les Chirurgiens-Dentistes de France, el Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, el Conseil national de l’Ordre des Infirmiers, los Gobiernos francés, checo y austriaco y la Comisión Europea.
         
      
            18.
         
         
            Tras la conclusión de la fase escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia estimó que disponía de información suficiente para resolver sin necesidad de celebrar vista oral, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
         
      
      V. Apreciación
   
   
            19.
         
         
            Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente la sentencia de 19 de enero de 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), y, en el sector sanitario, la sentencia de 27 de junio de 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430), el legislador de la Unión introdujo en la Directiva 2005/36 el concepto de «acceso parcial» a una actividad profesional. Así, de conformidad con el artículo 4 septies, apartado 1, de la Directiva 2005/36, ahora la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe conceder acceso parcial a una actividad en su territorio, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto y si se cumplen las condiciones establecidas en dicha disposición.
         
      
            20.
         
         
            No obstante, el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 dispone que «no se aplicará a los profesionales que gocen del reconocimiento automático de sus cualificaciones profesionales en virtud del título III, capítulos II, III y III bis».
         
      
            21.
         
         
            Mediante su cuestión, el Conseil d’État (Consejo de Estado) trata de aclarar, precisamente, si el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 se opone al acceso parcial a las profesiones amparadas por el mecanismo de reconocimiento de cualificaciones profesionales que establecen las disposiciones del capítulo III del título III de la Directiva.
         
      
            22.
         
         
            A la luz del tenor de las disposiciones de la Directiva 2005/36, así como de su sistema, su estructura general y los objetivos que persigue, opino que el Tribunal de Justicia debe responder negativamente a dicha cuestión, y he llegado a esta conclusión por las razones siguientes.
         
      
            23.
         
         
            En primer lugar, respecto al tenor del artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36, procede señalar que, al contrario que otras disposiciones de la Directiva, el legislador utilizó allí el término «profesionales», y no «profesiones», (
                  4
               ) elección terminológica que no puede ser sino deliberada. Aunque la propuesta de la Comisión no contenía ninguna disposición como el actual apartado 6 del artículo 4 septies de la Directiva 2005/36, el Parlamento Europeo propuso una enmienda dirigida a excluir «determinadas profesiones» del acceso parcial de manera general, y no en función del caso concreto. (
                  5
               ) Sin embargo, se prefirió el término «profesionales» tras un acuerdo entre las instituciones que intervinieron en el proceso legislativo.
         
      
            24.
         
         
            Al no existir en la Directiva 2005/36 una definición del concepto de «profesionales», la determinación del significado y del alcance de este término debe efectuarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (
                  6
               )
         
      
            25.
         
         
            En tales circunstancias, la elección de los términos utilizados en el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 tiende a limitar el alcance de la excepción establecida en dicha disposición a los profesionales (es decir, las personas que ejercen alguna de las profesiones mencionadas en los capítulos II, III y III bis del título III de la Directiva 2005/36 y que, como tales, se benefician del reconocimiento automático de su cualificación profesional con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva), y no a la profesión en general.
         
      
            26.
         
         
            En segundo lugar, el análisis de la estructura del artículo 4 septies de la Directiva 2005/36 confirma esta interpretación, pues tal análisis contextual o concepción sistemática exige que los apartados que constituyen un artículo formen un conjunto cuyas disposiciones no pueden considerarse por separado. (
                  7
               )
         
      
            27.
         
         
            A este respecto, es indiscutible que el artículo 4 septies, apartado 1, de la Directiva 2005/36 establece el principio de acceso parcial a las actividades profesionales y determina las condiciones para la autorización de dicho acceso parcial, mientras que el apartado 2 del mismo artículo dispone la posibilidad de denegarlo por razones imperiosas de interés general. A continuación, los apartados 3 y 4 explican el procedimiento que se ha de seguir para examinar las solicitudes, y el apartado 5 concreta con qué título debe ejercerse la actividad profesional y qué información se ha de proporcionar al destinatario del servicio. Por último, el apartado 6 especifica que estas disposiciones del artículo 4 septies no son aplicables a los profesionales amparados por el reconocimiento automático de sus cualificaciones profesionales en virtud de los capítulos II, III y III bis del título III. Por lo tanto, de la mencionada estructura se desprende claramente que el último apartado es una excepción al principio establecido en el apartado 1 y concretado en los párrafos siguientes. En consecuencia, como excepción que es al principio de acceso parcial, el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36 debe interpretarse restrictivamente.
         
      
            28.
         
         
            En tercer lugar, el objetivo perseguido por el artículo 4 septies de la Directiva 2005/36 y, en general, por esta Directiva conduce a la misma interpretación.
         
      
            29.
         
         
            Por lo que respecta a la finalidad de la Directiva 2005/36, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, consiste en permitir que el titular de una cualificación profesional que le da acceso a una profesión regulada en su Estado miembro de origen acceda en el Estado miembro de acogida a la misma profesión para la que está cualificado en el Estado miembro de origen. (
                  8
               )
         
      
            30.
         
         
            En cuanto al objetivo del artículo 4 septies de la Directiva 2005/36, cabe añadir, en primer lugar, que la Directiva que introdujo esta disposición (la Directiva 2013/55) fue adoptada sobre la base del artículo 53 TFUE, apartado 1. Sin embargo, del tenor de esta última disposición se desprende que el objetivo de las directivas adoptadas sobre esta base es facilitar el reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, mediante el establecimiento de normas y de criterios comunes que, en la medida de lo posible, abocan al reconocimiento automático de dichos diplomas, certificados y otros títulos. (
                  9
               ) En segundo lugar, el considerando 7 de la Directiva 2013/55 confirma que la autorización del acceso parcial (para profesiones en que las diferencias entre los ámbitos de actividad del Estado miembro de origen y el de acogida son tan importantes que es necesario exigir al profesional que realice un programa completo de enseñanza y de formación para paliar sus lagunas) forma parte, claramente, de este objetivo de facilitar el reconocimiento mutuo.
         
      
            31.
         
         
            Así las cosas, considero que la armonización de las cualificaciones profesionales, necesaria para un reconocimiento automático de las profesiones cuyo ámbito de aplicación está claramente definido por la Directiva (y en el que entran los odontólogos (
                  10
               )), no significa que algunos Estados miembros no puedan aceptar el ejercicio paralelo y autónomo de algunas de las actividades comprendidas en el concepto de «profesión armonizada». (
                  11
               ) Sin embargo, sería contrario a los mencionados objetivos impedir a tales profesionales ejercer en otro Estado miembro por el único motivo de que su actividad sea una de las comprendidas en otra profesión más amplia.
         
      
            32.
         
         
            Por lo tanto, a mi modo de ver, la introducción de un acceso parcial en la Directiva 2005/36 hace inaplicable la jurisprudencia basada en las directivas anteriores, que no preveían la creación de una categoría de profesionales sanitarios que no se correspondiera con ninguna categoría contemplada en las directivas entonces vigentes. (
                  12
               )
         
      
            33.
         
         
            Contrariamente a lo que puedan haber alegado, de una u otra manera, los recurrentes en el procedimiento principal, no alcanzo a entender por qué la autorización del acceso parcial para actividades comprendidas en las profesiones que se benefician del reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales con arreglo a los capítulos II, III y III bis del título III de la Directiva 2005/36 habría de ser contraria a la armonización que persigue el legislador. Esta armonización no se opone a que dichas profesiones puedan constar de diversas actividades que, desde un punto de vista objetivo, puedan disociarse de las actividades comprendidas por la «profesión armonizada» y, como tales, sean ejercidas con carácter autónomo.
         
      
            34.
         
         
            Por el contrario, una persona (el «profesional» en el sentido del artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36) que cuente con todas las cualificaciones requeridas para ejercer una de las profesiones a las que se aplica el reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales debe ser necesariamente admitida en el ejercicio de todas las actividades de que conste la profesión en cuestión. Así es como se preserva la efectividad (effet utile) de la Directiva 2005/36 y es como entiendo yo la prohibición de acceso parcial a que se refiere el artículo 4 septies, apartado 6, de dicha Directiva.
         
      
            35.
         
         
            Aunque la Directiva 2005/36 trata como un conjunto cada una de las profesiones cuyas cualificaciones están armonizadas, reconoce la realidad de que en muchos Estados miembros existen actividades profesionales diferentes que se ejercen bajo el título de una misma profesión. Obviamente, estas actividades profesionales pueden implicar las correspondientes enseñanzas y prácticas. Por ejemplo, la Directiva 2005/36 no se opone a que se permita el acceso a una formación especializada cuya denominación no corresponda a las enumeradas en su anexo V tanto a quienes solo hayan concluido una formación básica de médico como a quienes únicamente hayan concluido y convalidado sus estudios en el marco de la formación básica de odontólogo, (
                  13
               ) aunque, en este caso, tal formación especializada no pueda dar lugar a la expedición de un título de médico con formación básica ni a un título de odontólogo con formación básica. (
                  14
               )
         
      
            36.
         
         
            En tales circunstancias, opino que, respecto a otras profesiones mencionadas por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 19 de enero de 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), y de 27 de junio de 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430), cuando la actividad en cuestión es objetivamente disociable del conjunto de las actividades de una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del capítulo III del título III de dicha Directiva, el efecto disuasorio que produce la exclusión de toda posibilidad de acceso parcial es demasiado intenso para poder ser contrarrestado por el temor a la eventual vulneración de los derechos de los destinatarios de los servicios o por lo exigido en cuanto a la protección de la salud. (
                  15
               )
         
      
            37.
         
         
            En tal caso, dichos legítimos objetivos pueden alcanzarse con medios menos coercitivos, tales como, por ejemplo, la obligación de ostentar el título profesional de origen o el título de formación tanto en la lengua en la que ha sido expedido y según su forma original como en la lengua oficial del Estado miembro de acogida. (
                  16
               ) Esta salvaguarda ahora está expresamente recogida en el artículo 4 septies, apartado 5, de la Directiva 2005/36, en el que se añade que los profesionales que se beneficien del acceso parcial deben indicar claramente a los destinatarios de los servicios el ámbito de sus actividades profesionales. Además, procede señalar que el acceso parcial solo se puede conceder atendiendo a las circunstancias de cada caso, y al Estado miembro siempre le queda la posibilidad de denegarlo por razones imperiosas de interés general, como las relativas a la salud pública, de conformidad con el artículo 4 septies, apartado 2, de la Directiva 2005/36.
         
      
            38.
         
         
            En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones anteriores, entiendo que el artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE no se opone a que un Estado miembro establezca el acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del capítulo III del título III de la misma Directiva.
         
      
      VI. Conclusión
   
   
            39.
         
         
            Por cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) del siguiente modo:
            «El artículo 4 septies, apartado 6, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, no se opone a que un Estado miembro establezca el acceso parcial a una de las profesiones a las que se aplica el mecanismo de reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales previsto en las disposiciones del capítulo III del título III de la misma Directiva.»
         
      (
         1
      )	Lengua original: inglés
   (
         2
      )	DO 2005, L 255, p. 22.
   (
         3
      )	DO 2013, L 354, p. 132.
   (
         4
      )	Véanse, por comparación, los artículos 6, letra a); 7, apartado 4, y 10 de la Directiva 2005/36.
   (
         5
      )	Compárese la Propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior [COM(2011) 883 final], y la enmienda 34 del Proyecto de Informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de 16 de julio de 2012 sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior [2011/0435 (COD)].
   (
         6
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2018, Louboutin y Christian Louboutin (C‑163/16, EU:C:2018:423), apartado 20.
   (
         7
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2015, Sodiaal International (C‑383/14, EU:C:2015:541), apartado 25.
   (
         8
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, Angerer (C‑477/13, EU:C:2015:239), apartados 36 y 44.
   (
         9
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), apartado 23.
   (
         10
      )	Con arreglo al artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2005/36 y a efectos de dicha Directiva, «las actividades profesionales de odontólogo serán las definidas en el apartado 3 y ejercidas con los títulos profesionales que figuran en el punto 5.3.2 del anexo V».
   (
         11
      )	Un buen ejemplo de ello es el caso de los higienistas dentales belgas, citado por la Comisión.
   (
         12
      )	Véase el auto de 17 de octubre de 2003, Vogel (C‑35/02, EU:C:2003:570), apartados 28, 30 y 31.
   (
         13
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2013, Conseil national de l’ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013:576), apartado 39.
   (
         14
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2013, Conseil national de l’ordre des médecins (C‑492/12, EU:C:2013:576), apartado 40.
   (
         15
      )	Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de enero de 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), apartado 38, y de 27 de junio de 2013, Nasiopoulos (C‑575/11, EU:C:2013:430), apartados 30 y 34.
   (
         16
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 2006, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (C‑330/03, EU:C:2006:45), apartado 38.