CELEX: 62005CJ0238
Language: es
Date: 2006-11-23
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de noviembre de 2006.#Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S. L., contra Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).#Petición de decisión prejudicial: Tribunal Supremo - España.#Competencia - Artículo 81 CE - Sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes - Petición de decisión prejudicial - Admisibilidad - Incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros - Restricciones de la competencia - Beneficio para los usuarios.#Asunto C-238/05.

Asunto C‑238/05
      Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L.,
      y
      Administración del Estado
      contra
      Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
      «Competencia — Artículo 81 CE — Sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes — Petición de decisión prejudicial — Admisibilidad — Incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros — Restricciones a la competencia — Beneficio para los usuarios»
      Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 29 de junio de 2006 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de noviembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia
      (Art. 234 CE)
      2.     Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      3.     Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      4.     Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      5.     Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención — Requisitos 
      (Art. 81 CE, aps. 1 y 3)
      1.     En el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE y habida cuenta del reparto de funciones entre el Tribunal de
         Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, no incumbe a aquél verificar si la resolución por la que se le sometió
         el asunto fue adoptada de acuerdo con las normas procesales y de organización judicial del Derecho nacional.
      
      Dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por
         el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad
         de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad
         de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de
         Justicia. Por consiguiente, desde el momento en que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación
         del Derecho comunitario, en principio el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse. 
      
      Sin embargo, en ciertos supuestos excepcionales incumbe al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que un
         juez nacional le plantea una cuestión a fin de verificar su propia competencia. En efecto, el espíritu de colaboración que
         debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone asimismo que, por su parte, el juez nacional tenga en cuenta
         la función confiada al Tribunal de Justicia, que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros
         y no la de formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. 
      
      A este respecto, una petición presentada por un órgano jurisdiccional nacional sólo puede ser rechazada cuando resulta evidente
         que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio
         principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de
         hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. 
      
      No sucede así cuando la solución del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente puede requerir la aplicación
         simultánea del Derecho comunitario y del Derecho nacional de la competencia y cuando, mediante la petición de decisión prejudicial,
         el juez nacional pretende en lo sustancial garantizar la observancia de la norma de la primacía del Derecho comunitario. 
      
      (véanse los apartados 14 a 17, 20 y 21)
      2.     La interpretación y aplicación del requisito que figura en el artículo 81 CE, apartado 1, relativo a la incidencia de los
         acuerdos sobre el comercio entre los Estados miembros, ha de tener como punto de partida la finalidad de este requisito, que
         es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los
         Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica
         que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos
         de un mercado único entre los Estados miembros, en particular aislando los mercados nacionales o alterando la estructura de
         la competencia en el mercado común.
      
      Para que una decisión, un acuerdo o una práctica puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, debe poderse presumir
         con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que ejercen
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros, y ello
         de tal modo que haga temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre los Estados miembros. Es necesario,
         además, que tal influencia no sea insignificante.
      
      De este modo, la incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general, el resultado de una combinación de diversos
         factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos. Para verificar si una práctica colusoria afecta
         sensiblemente al comercio entre los Estados miembros, es preciso examinarla dentro de su contexto económico y jurídico.
      
      A este respecto, por un lado, el mero hecho de que entre los participantes en una práctica colusoria nacional figuren también
         empresas de otros Estados miembros constituye un elemento importante para la valoración de la misma, pero en sí mismo no resulta
         decisivo para concluir que se ha cumplido el requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre los Estados miembros.
      
      Por otro lado, el hecho de que una práctica colusoria sólo afecte a la comercialización de los productos en un único Estado
         miembro no basta para excluir que pueda verse afectado el comercio entre los Estados miembros. En efecto, por su propia naturaleza,
         una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones
         de carácter nacional, y obstaculiza de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado.
      
      Por otra parte, la circunstancia de que un acuerdo o una práctica favorezcan el aumento del volumen del comercio entre los
         Estados miembros no excluye que tal acuerdo o tal práctica puedan afectar a dicho comercio.
      
      De este modo, cuando se trata de un sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de
         los clientes, incumbe al órgano jurisdiccional nacional verificar si, habida cuenta de las características del mercado de
         que se trata, existe un grado de probabilidad suficiente de que el funcionamiento de tal sistema ejerza una influencia directa
         o indirecta, real o potencial, sobre la oferta de crédito en el Estado miembro de que se trate por operadores de otros Estados
         miembros y de que tal influencia no resulte insignificante.
      
      En el marco de tal apreciación, el órgano jurisdiccional nacional ha de tener en cuenta la evolución previsible de las condiciones
         de competencia y del flujo de los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Sobre este punto, le incumbe tomar
         en consideración, por ejemplo, el eventual desarrollo de actividades transfronterizas y la previsible incidencia de eventuales
         iniciativas políticas o legislativas destinadas a reducir los obstáculos jurídicos o técnicos al comercio.
      
      (véanse los apartados 33 a 39, 43 y 44)
      3.     En efecto, es inherente a las disposiciones sobre competencia del Tratado que todo operador económico debe determinar de manera
         autónoma la política que pretende seguir en el mercado común. De este modo, tal exigencia de autonomía se opone a toda toma
         de contacto directo o indirecto entre operadores económicos susceptible ya sea de influir en el comportamiento en el mercado
         de un competidor real o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o se pretenda
         seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones de competencia que no se corresponderían
         con las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los
         servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de dicho mercado. 
      
      No obstante, la referida exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse con habilidad
         al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores.
      
      Por consiguiente, la compatibilidad de un sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia
         de los clientes con las normas comunitarias sobre la competencia no puede apreciarse de manera abstracta. Depende de las condiciones
         económicas en los mercados pertinentes y de las características propias del sistema de que se trate, tales como, entre otras,
         su finalidad, las condiciones de acceso y de participación en el intercambio de información, así como la naturaleza de los
         datos intercambiados —pues estos pueden ser, por ejemplo, públicos o confidenciales, globales o detallados, históricos o actuales—,
         la periodicidad de los mismos y su importancia para la fijación de los precios, los volúmenes o las condiciones de la prestación.
      
      (véanse los apartados 52 a 54)
      4.     Un sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes, al reducir el porcentaje
         de incumplimiento de los prestatarios, puede, en principio, mejorar el funcionamiento de la oferta de crédito. En efecto,
         si las entidades financieras, debido a la falta de información sobre el riesgo de incumplimiento de los prestatarios, no pueden
         distinguir, dentro del conjunto de éstos, aquellos cuya probabilidad de incumplimiento es mayor, el riesgo que por esta razón
         soportan las entidades financieras se verá necesariamente incrementado y tales entidades tenderán a integrarlo en el cálculo
         del coste del crédito para todos los prestatarios, incluidos aquellos que presentan el menor riesgo de incumplimiento, con
         la consecuencia de que estos últimos habrán de soportar entonces un coste más elevado que si las referidas entidades estuvieran
         en condiciones de evaluar con mayor precisión la probabilidad de devolución de los créditos, tendencia que precisamente puede
         verse atenuada por un sistema de intercambio de información como el citado. 
      
      Por otro lado, un sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes, al
         disminuir la importancia de la información que las entidades financieras poseen sobre sus propios clientes, puede incrementar,
         en principio, la movilidad de los consumidores de crédito y es idóneo para facilitar la entrada de nuevos competidores en
         el mercado. 
      
      De lo anterior resulta que el artículo 81 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de intercambio
         de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes no tiene por efecto, en principio, restringir
         la competencia en el sentido de dicha disposición, siempre que el mercado o los mercados pertinentes no se encuentren fuertemente
         concentrados, que dicho sistema no permita identificar a los acreedores y que las condiciones de acceso y de utilización para
         las entidades financieras no sean discriminatorias de hecho ni de Derecho.
      
      (véanse los apartados 55, 56, 61 y 72 y el punto 1 del fallo)
      5.     En el supuesto de que un sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes
         restrinja la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, la aplicabilidad de la exención prevista en el apartado
         3 de dicho artículo estará supeditada a los cuatro requisitos acumulativos que enuncia esta última disposición, e incumbe
         al juez nacional verificar si concurren tales requisitos. Para que se cumpla el requisito de que se reserve a los usuarios
         una participación equitativa en el beneficio resultante, no es necesario, en principio, que cada uno de los consumidores se
         beneficie individualmente del acuerdo, decisión o práctica concertada. Sí es necesario, en cambio, que la incidencia global
         sobre los consumidores en los mercados pertinentes sea favorable.
      
      (véanse el apartado 72 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 23 de noviembre de 2006 (*)
      
      «Competencia – Artículo 81 CE – Sistema de intercambio de información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes – Petición de decisión prejudicial – Admisibilidad – Incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros – Restricciones de la competencia – Beneficio para los usuarios»
      En el asunto C‑238/05,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Supremo,
         mediante auto de 13 de abril de 2005, recibido en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2005, en el procedimiento entre
      
      Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L.,
      Administración del Estado,
      contra
      Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de abril de 2006;
      consideradas las observaciones escritas presentadas:
      –       en nombre de Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L., por el Sr. A. Creus Carreras y la Sra.
         O. Amador Peñate, abogados; 
      
      –       en nombre de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), por el Sr. L. Pineda Salido y la Sra. M. Mateos Ferres,
         abogados, y la Sra. M. Rodríguez Teijeiro, procuradora; 
      
      –       en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. T. Nowakowski, en calidad de agente; 
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. F. Castillo de la Torre y E. Gippini Fournier, en calidad
         de agentes; 
      
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de junio de 2006; 
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 81 CE. 
      2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito,
         S.L. (en lo sucesivo, «Asnef-Equifax»), y Administración del Estado, por un lado, y la Asociación de Usuarios de Servicios
         Bancarios (en lo sucesivo, «Ausbanc»), por otro, en relación con un sistema de intercambio de información entre entidades
         financieras sobre la solvencia de los clientes (en lo sucesivo, «Registro»).
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria 
      3       Según su cuarto considerando, el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
         de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1), tiene por objeto, entre
         otros, que las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sean competentes no sólo
         para aplicar el apartado 1 del artículo 81 CE, sino también el apartado 3 de ese mismo artículo. 
      
      4       El artículo 3, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003 dispone lo siguiente: 
      «1.      Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho
         nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas concertadas en el sentido del
         apartado 1 del artículo 81 del Tratado que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros a tenor de esa disposición,
         aplicarán también a dichos acuerdos, decisiones o prácticas el artículo 81 del Tratado. [...]
      
      2.      La aplicación del Derecho nacional de la competencia no podrá resultar en la prohibición de acuerdos, decisiones [de] asociaciones
         de empresas o prácticas concertadas [...] que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros pero no restrinjan la
         competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, o que reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo
         81 del Tratado o que estén cubiertos por un reglamento de aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado. Lo dispuesto
         en el presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros adoptar y aplicar en sus respectivos territorios legislaciones
         nacionales más estrictas en virtud de las cuales se prohíban o penalicen con sanciones determinados comportamientos que las
         empresas adopten de forma unilateral.»
      
       Normativa nacional 
      5       El Derecho español de la competencia está regulado, principalmente, por la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia
         (en lo sucesivo, «LDC»). Tal como señala el Tribunal Supremo, el tenor de los artículos 1 y 3 de dicha Ley es, en esencia,
         prácticamente idéntico al del artículo 81 CE, apartados 1 y 3. Según el artículo 4, apartado 1, de la LDC, el Tribunal de
         Defensa de la Competencia podrá autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo
         1 de la misma en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 3. 
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      6       El 21 de mayo de 1998, Asnef-Equifax, de la que forma parte como socio la Asociación Nacional de Entidades Financieras, presentó,
         al amparo del artículo 4 de la LDC, una solicitud de autorización del Registro, cuya gestión debía garantizar la propia Asnef-Equifax.
      
      7       Según las normas sobre funcionamiento del Registro, éste «tiene por objeto la prestación de servicios de información sobre
         solvencia y crédito mediante el tratamiento automatizado de datos relativos a los riesgos contraídos por las entidades participantes
         en el desarrollo de las actividades de préstamo y crédito». Los datos recogidos en el Registro tienen un contenido análogo
         al previsto en la circular nº 3/1995, que regula la Central de Información de Riesgos (en lo sucesivo, «CIR»), gestionada
         por el Banco de España, que ya es accesible a las entidades financieras en España. Los datos de que se trata se refieren a
         la identificación y a la actividad económica de los deudores, así como a situaciones especiales como la quiebra o la insolvencia.
      
      8       Contrariamente al informe negativo del Servicio de Defensa de la Competencia, el Tribunal de Defensa de la Competencia, aplicando
         los criterios de exención previstos en el artículo 3 de la LDC, autorizó el Registro el 3 de noviembre de 1999, con una duración
         de cinco años y con sujeción a los siguientes requisitos: por un lado, el de ser accesible a todas las entidades financieras
         previo pago de la correspondiente cuota en condiciones no discriminatorias, y, por otro, el de no desvelar la información
         sobre los acreedores que almacena. La resolución de dicho Tribunal no aborda la cuestión de la aplicabilidad del artículo 81 CE.
      
      9       Ausbanc interpuso recurso contencioso-administrativo, instando la anulación de la resolución del Tribunal de Defensa de la
         Competencia, ante la Audiencia Nacional, la cual, mediante la sentencia recurrida en el litigio principal, estimó dicho recurso.
         La Audiencia Nacional consideró que el Registro, en cuanto restringe la libre competencia, incurre en la prohibición del artículo
         1 de la LDC y no puede autorizarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la LDC al no concurrir los presupuestos exigidos
         para su aplicación. En la exposición de su voto mayoritario, la Audiencia Nacional afirmó que se remitía no sólo al Derecho
         español, sino también a la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión (C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111),
         y, en particular, a los apartados 5, 10, 88 y 123 de la misma. 
      
      10     A la hora de resolver el recurso de casación interpuesto por Asnef-Equifax y la Administración del Estado, el Tribunal Supremo
         considera que existe una duda razonable sobre si, en el escenario de un mercado atomizado, los acuerdos celebrados con vistas
         a la constitución de registros de información sobre el crédito resultan potencialmente restrictivos para la competencia, en
         la medida en que puedan promover o facilitar la colusión, y, en su caso, sobre si pueden, no obstante, ser autorizados, por
         concurrir los presupuestos de exención establecidos en el artículo 81 CE, apartado 3. 
      
      11     En tales circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales: 
      
      «1)      La interpretación del artículo 81, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Unión Europea ¿permite considerar compatible
         con el mercado común los acuerdos de intercambio de información entre entidades financieras sobre la situación de solvencia
         y morosidad de sus clientes, por afectar a las políticas financieras de la Unión y al mercado común del crédito, y tener el
         efecto de restringir la competencia en el sector de las entidades financieras y crediticias?
      
      2)      La interpretación del artículo 81, apartado 3, del Tratado Constitutivo de la Unión Europea ¿permite al Estado miembro, a
         través de los órganos de la competencia, autorizar acuerdos de intercambio de información entre entidades financieras mediante
         la constitución de un registro de información de créditos sobre sus clientes, por producir su implantación efectos beneficiosos
         para los consumidores y usuarios de estos servicios financieros?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales 
       Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial 
      12     En primer lugar, la Comisión de las Comunidades Europeas, observando que la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia
         no se basa en el artículo 81 CE, sino en los artículos 1 y 3 de la LDC, suscita la cuestión de la admisibilidad de la petición
         de decisión prejudicial. La Comisión duda que el Tribunal Supremo, en cuanto órgano de casación, pueda aplicar disposiciones
         legales que no han sido aplicadas por las instancias inferiores. La Comisión indica que, si bien el órgano jurisdiccional
         remitente afirma que el artículo 81 CE es aplicable al litigio principal, no explica por qué. Por otra parte, la Comisión
         observa que la referida resolución, cuya legalidad se cuestiona en el litigio principal, fue adoptada en 2001, es decir, antes
         de la entrada en vigor del Reglamento nº 1/2003.
      
      13     En segundo lugar, la Comisión alega que el auto de remisión no facilita información alguna sobre la cuestión de si el Registro
         puede afectar sensiblemente al comercio entre los Estados miembros, a pesar de que, para que sean aplicables las obligaciones
         derivadas del artículo 3 del Reglamento nº 1/2003 o de la sentencia de 13 de febrero de 1969, Wilhelm y otros (14/68, Rec.
         p. 1), es preciso que el artículo 81 CE sea materialmente aplicable. 
      
      14     En primer lugar, es importante observar que, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE y habida cuenta
         del reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, no incumbe a aquél verificar
         si la resolución por la que se le sometió el asunto fue adoptada de acuerdo con las normas procesales y de organización judicial
         del Derecho nacional (véanse las sentencias de 20 de octubre de 1993, Balocchi, C‑10/92, Rec. p. I‑5105, apartados 16 y 17,
         y de 16 de septiembre de 1999, WWF y otros, C‑435/97, Rec. p. I‑5613, apartado 33).
      
      15     En segundo lugar, procede recordar que, con arreglo a una reiterada jurisprudencia, dentro del marco de la cooperación entre
         el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente
         al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que
         debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para
         poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, desde
         el momento en que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, en principio
         el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman,
         C‑415/93, Rec. p. I‑4921, apartado 59, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, Rec. p. I‑0000, apartado 26).
      
      16     Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha indicado asimismo que, en ciertos supuestos excepcionales, le incumbe examinar las
         circunstancias en las que un juez nacional le plantea una cuestión a fin de verificar su propia competencia (sentencia Manfredi
         y otros, antes citada, apartado 27). En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión
         prejudicial supone asimismo que, por su parte, el juez nacional tenga en cuenta la función confiada al Tribunal de Justicia,
         que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros y no la de formular opiniones consultivas
         sobre cuestiones generales o hipotéticas (sentencia de 22 de noviembre de 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p. I‑9981, apartado 36).
      
      17     Se desprende de reiterada jurisprudencia que una petición presentada por un órgano jurisdiccional nacional sólo puede ser
         rechazada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la
         realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia
         no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse,
         en particular, las sentencias Bosman, antes citada, apartado 61, y de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403,
         apartado 24).
      
      18     Pues bien, en el caso de autos no resulta evidente que la interpretación del artículo 81 CE no tenga relación alguna con la
         realidad o con el objeto del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, el cual no es manifiestamente de naturaleza
         hipotética. 
      
      19     En efecto, contrariamente a lo que la Comisión dio a entender en la vista, del auto de remisión se desprende que el Tribunal
         Supremo considera que «la sentencia [de la Audiencia Nacional] se funda en los principios jurídicos establecidos en los artículos
         1 y 3 de la [LDC] y en la aplicación de lo preceptuado en el antiguo artículo 85 del Tratado [constitutivo] de la Comunidad
         Económica Europea, en la interpretación que sostiene la doctrina del Tribunal de Justicia […]». 
      
      20     Pues bien, no está excluido que una misma situación de hecho pueda estar sometida al mismo tiempo al Derecho comunitario y
         al Derecho nacional de la competencia, si bien éstos consideran las prácticas de que se trata bajo aspectos distintos (en
         este sentido, véase la sentencia de 26 de noviembre de 1998, Bronner, C‑7/97, Rec. p. I‑7791, apartado 19, y la jurisprudencia
         allí citada). 
      
      21     Por otra parte, el Tribunal Supremo ha basado expresamente su petición de decisión prejudicial en la necesidad de evitar opiniones
         contradictorias o divergentes, declarando específicamente que dicha petición «constituye expresión de los deberes de colaboración
         institucional entre los Tribunales nacionales y los Tribunales comunitarios». De este modo, el órgano jurisdiccional remitente
         pretende en lo sustancial garantizar la observancia de la norma de la primacía del Derecho comunitario. 
      
      22     Por otro lado, las alegaciones de Ausbanc según las cuales el Registro no tiene incidencia sensible sobre el comercio entre
         los Estados miembros, de manera que el Tribunal de Justicia carece de competencia para resolver la petición de decisión prejudicial,
         afectan al fondo de las cuestiones planteadas. Teniendo en cuenta que corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar
         la existencia de tal incidencia, las mencionadas alegaciones carecen, en principio, de pertinencia para verificar la admisibilidad
         de dicha petición de decisión prejudicial. 
      
      23     Por último, en lo que atañe a la amplitud de los datos que figuran en el auto de remisión en lo relativo a la eventual incidencia
         sobre el comercio entre los Estados miembros, procede recordar que la exigencia de precisión en cuanto al contexto fáctico
         y al régimen normativo son especialmente pertinentes en el ámbito de la competencia, que se caracteriza por unas situaciones
         de hecho y de Derecho complejas (véase la sentencia de 13 de abril de 2000, Lehtonen y Castors Braine, C‑176/96, Rec. p. I‑2681,
         apartado 22, así como el auto de 8 de octubre de 2002, Viacom, C‑190/02, Rec. p. I‑8287, apartado 22). 
      
      24     Es cierto que, en el caso presente, el auto de remisión no contiene información precisa y detallada sobre la incidencia en
         cuestión, pero no lo es menos que dicho auto ha facilitado a este Tribunal de Justicia información suficiente para permitirle
         dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, interpretando las normas de Derecho comunitario en relación con
         la situación que es objeto del litigio principal. 
      
      25     En tales circunstancias, procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. 
       Sobre el fondo 
      26     Mediante las dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide en
         lo sustancial que se dilucide si el artículo 81 CE debe interpretarse en el sentido de que un sistema de intercambio de información
         sobre el crédito, como el Registro, incurre en la prohibición que establece el apartado 1 de dicho artículo y, en caso afirmativo,
         si tal sistema puede acogerse a la exención prevista en el apartado 3 de ese mismo artículo, debido, en particular, a la eventual
         obtención por los usuarios de un beneficio como resultado de la aplicación de ese sistema. 
      
      27     Ausbanc sostiene que el Registro restringe la competencia, en la medida en que supone un intercambio de información entre
         competidores de datos considerados normalmente como secreto de negocios, eliminando de este modo los factores de riesgo que
         implica toda decisión empresarial y facilitando una respuesta homogénea de las entidades financieras frente al solicitante
         de crédito. Asnef-Equifax, el Gobierno polaco y la Comisión sostienen, en lo fundamental, que un Registro como el controvertido
         en el litigio principal no restringe la competencia. 
      
      28     A tenor del artículo 81 CE, apartado 1, serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos
         entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre
         los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del
         mercado común. 
      
      29     Procede, pues, examinar si tales requisitos concurren en el asunto principal.
      30     Con carácter liminar, es preciso señalar, por un lado, que consta en autos que la Asociación Nacional de Entidades Financieras
         forma parte, como socio, de Asnef-Equifax, a quien se encomendó la gestión del Registro, y, por otro lado, que la necesaria
         participación de las entidades de crédito en dicho Registro implica inevitablemente cierta cooperación entre competidores
         en la forma de un intercambio indirecto de información sobre el crédito. 
      
      31     De lo anterior se desprende que el artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar aplicable a la concepción y al funcionamiento
         del Registro, sin que sea necesario calificar con precisión qué forma reviste la cooperación que de este modo se establezca
         entre las referidas entidades.
      
      32     En efecto, si la disposición de que se trata distingue el concepto de «práctica concertada» del de «acuerdos entre empresas»
         o del de «decisiones de asociaciones de empresas», lo hace con objeto de someter a las prohibiciones de esta disposición diferentes
         formas de coordinación y de colusión entre empresas (sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P,
         Rec. p. I‑4125, apartado 112). En el caso de autos, por lo tanto, una calificación precisa de la naturaleza de la cooperación
         controvertida en el litigio principal no puede modificar el análisis jurídico que se impone en virtud del artículo 81 CE.
      
       Sobre la incidencia sobre el comercio entre los Estados miembros 
      33     La interpretación y aplicación del requisito que figura en el artículo 81 CE, apartado 1, relativo a la incidencia de los
         acuerdos sobre el comercio entre los Estados miembros, ha de tener como punto de partida la finalidad de este requisito, que
         es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los
         Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica
         que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos
         de un mercado único entre los Estados miembros, en particular aislando los mercados nacionales o alterando la estructura de
         la competencia en el mercado (véase la sentencia Manfredi y otros, antes citada, apartado 41).
      
      34     Para que una decisión, un acuerdo o una práctica puedan afectar al comercio entre los Estados miembros, debe poderse presumir
         con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que ejercen
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros, y ello
         de tal modo que haga temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre los Estados miembros (véanse
         las sentencias de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, apartado 22, y de 25 de octubre de 2001,
         Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089, apartado 48). Es necesario, además, que tal influencia no sea insignificante
         (en este sentido, véanse las sentencias de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import, 22/71, Rec. p. 949, apartado 16; de 28
         de abril de 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, apartado 16, así como Manfredi y otros, antes citada, apartado 42). 
      
      35     De este modo, la incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general, el resultado de una combinación de diversos
         factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos (véanse las sentencias de 21 de enero de 1999,
         Bagnasco y otros, C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135, apartado 47, y de 29 de abril de 2004, British Sugar/Comisión, C‑359/01 P,
         Rec. p. I‑4933, apartado 27). Para verificar si una práctica colusoria afecta sensiblemente al comercio entre los Estados
         miembros, es preciso examinarla dentro de su contexto económico y jurídico (en este sentido, véase la sentencia de 27 de abril
         de 1994, Almelo, C‑393/92, Rec. p. I‑1477, apartado 37).
      
      36     A este respecto, por un lado, el mero hecho de que entre los participantes en una práctica colusoria nacional figuren también
         empresas de otros Estados miembros constituye un elemento importante para la valoración de la misma, pero en sí mismo no resulta
         decisivo para concluir que se ha cumplido el requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre los Estados miembros
         (véase la sentencia Manfredi y otros, antes citada, apartado 44).
      
      37     Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de que una práctica colusoria sólo afecte a la comercialización
         de los productos en un único Estado miembro no basta para excluir que pueda verse afectado el comercio entre los Estados miembros
         (véase la sentencia de 11 de julio de 1989, Belasco y otros/Comisión, 246/86, Rec. p. I‑2117, apartado 33). En efecto, por
         su propia naturaleza, una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar
         compartimentaciones de carácter nacional, y obstaculiza de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado CE
         (sentencias de 17 de octubre de 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Comisión, 8/72, Rec. p. 977, apartado 29, y Manfredi
         y otros, antes citada, apartado 45). 
      
      38     Por otra parte, la circunstancia de que un acuerdo o una práctica favorezcan el aumento del volumen del comercio entre los
         Estados miembros no excluye que tal acuerdo o tal práctica puedan afectar a dicho comercio en el sentido que ha sido precisado
         en el apartado 34 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión,
         56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 495).
      
      39     Incumbe al órgano jurisdiccional nacional verificar si, habida cuenta de las características del mercado de que se trata,
         existe un grado de probabilidad suficiente de que el funcionamiento del Registro ejerza una influencia directa o indirecta,
         real o potencial, sobre la oferta de crédito en España por operadores de otros Estados miembros y de que tal influencia no
         resulte insignificante. 
      
      40     No obstante, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en el marco de una remisión prejudicial, puede aportar, en su caso,
         precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional nacional en su interpretación (véanse, en particular, las sentencias
         de 17 de octubre de 2002, Payroll y otros, C‑79/01, Rec. p. I‑8923, apartado 29, y Manfredi y otros, antes citada, apartado 48).
      
      41     En el caso presente, consta en autos que el Registro está abierto, en principio, a toda entidad que opere en el sector de
         las actividades de préstamo y de crédito, a saber, un amplio abanico de empresas con los perfiles más diversos. A diferencia
         del CIR, gestionado por el Banco de España, el Registro no ha previsto umbrales mínimos, de manera que la información sobre
         el crédito que figura en el mismo versa sobre un número de operaciones de crédito mayor que el de las operaciones contenidas
         en el CIR. Además, la información que emana del Registro se transmite por vía informática, es decir, de una manera más eficaz
         que la información que facilita el CIR.
      
      42     Por consiguiente, la posibilidad de tener acceso al Registro y las condiciones exigidas al respecto pueden revestir una importancia
         nada desdeñable para la opción de las empresas establecidas en Estados miembros distintos de España de ejercer o no sus actividades
         en este último Estado. 
      
      43     Según reiterada jurisprudencia, y tal como se desprende del apartado 34 de la presente sentencia, el artículo 81 CE, apartado
         1, no exige que las prácticas colusorias contempladas en dicha disposición hayan afectado de manera sensible a los intercambios
         comerciales intracomunitarios, pero sí requiere que se demuestre que dichas prácticas pueden tener tal efecto (en este sentido,
         véanse las sentencias de 1 de febrero de 1978, Miller/Comisión, 19/77, Rec. p. 131, apartado 15; de 17 de julio de 1997, Ferriere
         Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartado 19, así como Bagnasco y otros, antes citada, apartado 48).
      
      44     Así, es preciso tener en cuenta la evolución previsible de las condiciones de competencia y del flujo de los intercambios
         comerciales entre los Estados miembros. Sobre este punto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente tomar en consideración,
         por ejemplo, el eventual desarrollo de actividades transfronterizas y la previsible incidencia de eventuales iniciativas políticas
         o legislativas destinadas a reducir los obstáculos jurídicos o técnicos al comercio.
      
      45     En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que el Registro puede afectar al comercio entre los Estados miembros
         en el sentido que se ha precisado en el apartado 34 de la presente sentencia, le incumbirá examinar si tiene por objeto o
         efecto restringir la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.
      
       Sobre la existencia de una restricción de la competencia
      46     Consta que la finalidad esencial de los sistemas de intercambio de información sobre el crédito, tales como el Registro, es
         poner a disposición de quienes conceden créditos información pertinente acerca de los prestatarios existentes o potenciales,
         especialmente en lo que atañe al modo en que estos últimos han satisfecho sus deudas con anterioridad. La naturaleza de la
         información disponible puede variar según el tipo de sistema que se implante. Tal como indica el Abogado General en los puntos
         46 y 47 de sus conclusiones, en el asunto principal el Registro contiene datos negativos, como la falta de pago, y datos positivos,
         como saldos acreedores, avales, fianzas y garantías, operaciones de leasing o disposición temporal de activos. 
      
      47     Los registros de ese tipo, que según el Gobierno polaco existen en numerosos Estados, incrementan la cantidad de información
         disponible para las entidades de crédito acerca de los prestatarios potenciales, atenuando la disparidad existente entre el
         acreedor y el deudor en lo que atañe a la posesión de información y facilitando de este modo una mayor previsibilidad de la
         probabilidad de devolución de los créditos. De esta manera, tales registros pueden reducir, en principio, el porcentaje de
         incumplimiento de los prestatarios y, por lo tanto, mejorar el funcionamiento de la oferta de crédito. 
      
      48     Así pues, dado que los registros como el controvertido en el litigio principal no tienen por objeto, por su propia naturaleza,
         impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común en el sentido del artículo 81 CE, apartado
         1, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si no producen tal efecto. 
      
      49     A este respecto, procede subrayar que la apreciación de los efectos de los acuerdos o prácticas en relación con el artículo
         81 CE implica la necesidad de tomar en consideración el marco concreto en el que se inscriben, especialmente el contexto económico
         y jurídico en el que operan las empresas afectadas y la naturaleza de los bienes o servicios contemplados, así como la estructura
         y las condiciones reales de funcionamiento del mercado o mercados pertinentes (en este sentido, véanse las sentencias de 15
         de diciembre de 1994, DLG, C‑250/92, Rec. p. I‑5641, apartado 31; de 12 de diciembre de 1995, Oude Luttikhuis y otros, C‑399/93,
         Rec. p. I‑4515, apartado 10, así como Javico, antes citada, apartado 22). 
      
      50     Pues bien, aunque el artículo 81 CE, apartado 1, no limita dicha apreciación únicamente a los efectos actuales, puesto que
         también deben tenerse en cuenta los efectos potenciales del acuerdo o práctica de que se trate sobre la competencia dentro
         del mercado común, lo cierto es que un acuerdo no está comprendido en la prohibición del artículo 81 CE cuando sólo afecta
         al mercado de forma insignificante (sentencias de 9 de julio de 1969, Völk, 5/69, Rec. p. 295, apartado 7; Deere/Comisión,
         antes citada, apartado 77, y Bagnasco y otros, antes citada, apartado 34). 
      
      51     Según la jurisprudencia en materia de acuerdos sobre intercambio de información, tales acuerdos son contrarios a las normas
         sobre la competencia en la medida en que debilitan o suprimen el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado
         de que se trate, con la consecuencia de que restringen la competencia entre las empresas (sentencias Deere/Comisión, antes
         citada, apartado 90, y de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, apartado 81). 
      
      52     En efecto, es inherente a las disposiciones sobre competencia del Tratado que todo operador económico debe determinar de manera
         autónoma la política que pretende seguir en el mercado común. De este modo, según esa misma jurisprudencia, tal exigencia
         de autonomía se opone a toda toma de contacto directo o indirecto entre operadores económicos susceptible ya sea de influir
         en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, ya sea de desvelar a dicho competidor el comportamiento
         que se haya decidido o se pretenda seguir en el mercado, cuando estos contactos tengan por efecto u objeto abocar a condiciones
         de competencia que no se corresponderían con las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza
         de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas, así como el volumen de
         dicho mercado (véase la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni, antes citada, apartados 116 y 117, y la jurisprudencia allí
         citada).
      
      53     No obstante, la referida exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse con habilidad
         al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores (sentencias Deere/Comisión, apartado 87; Comisión/Anic
         Partecipazioni, apartado 117, y Thyssen Stahl/Comisión, apartado 83, antes citadas).
      
      54     Por consiguiente, según resulta del apartado 49 de la presente sentencia, la compatibilidad de un sistema de intercambio de
         información, como el Registro, con las normas comunitarias sobre la competencia no puede apreciarse de manera abstracta. Depende
         de las condiciones económicas en los mercados pertinentes y de las características propias del sistema de que se trate, tales
         como, entre otras, su finalidad, las condiciones de acceso y de participación en el intercambio de información, así como la
         naturaleza de los datos intercambiados –pues estos pueden ser, por ejemplo, públicos o confidenciales, globales o detallados,
         históricos o actuales–, la periodicidad de los mismos y su importancia para la fijación de los precios, los volúmenes o las
         condiciones de la prestación. 
      
      55     Tal como se ha indicado en el apartado 47 de la presente sentencia, registros como el controvertido en el procedimiento principal,
         al reducir el porcentaje de incumplimiento de los prestatarios, pueden, en principio, mejorar el funcionamiento de la oferta
         de crédito. En efecto, tal como indicó sustancialmente el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, si las entidades
         financieras, debido a la falta de información sobre el riesgo de incumplimiento de los prestatarios, no pueden distinguir,
         dentro del conjunto de éstos, aquellos cuya probabilidad de incumplimiento es mayor, el riesgo que por esta razón soportan
         las entidades financieras se verá necesariamente incrementado y tales entidades tenderán a integrarlo en el cálculo del coste
         del crédito para todos los prestatarios, incluidos aquellos que presentan el menor riesgo de incumplimiento, con la consecuencia
         de que estos últimos habrán de soportar entonces un coste más elevado que si las referidas entidades estuvieran en condiciones
         de evaluar con mayor precisión la probabilidad de devolución de los créditos. En principio, registros como el mencionado anteriormente
         pueden atenuar tal tendencia.
      
      56     Por otro lado, tales registros, al disminuir la importancia de la información que las entidades financieras poseen sobre sus
         propios clientes, pueden incrementar, en principio, la movilidad de los consumidores de crédito. Por lo demás, tales registros
         son idóneos para facilitar la entrada de nuevos competidores en el mercado. 
      
      57     No obstante, el que en el caso de autos exista o no una restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado
         1, depende del contexto económico y jurídico en el que se inscribe el Registro y, en particular, de las condiciones económicas
         del mercado, así como de las características propias de dicho Registro. 
      
      58     A este respecto, en primer lugar, procede señalar que, cuando la oferta en un mercado se encuentra fuertemente concentrada,
         el intercambio de determinada información puede permitir, en función sobre todo del tipo de información intercambiada, que
         las empresas conozcan la posición y la estrategia comercial de sus competidores en el mercado, falseando así la rivalidad
         dentro de ese mercado e incrementando la probabilidad de una colusión, o incluso facilitándola. En cambio, cuando la oferta
         se encuentra atomizada, la difusión y el intercambio de información entre competidores pueden ser neutros, o incluso positivos,
         para el carácter competitivo del mercado (en este sentido, véase la sentencia Thyssen Stahl/Comisión, antes citada, apartados
         84 y 86). En el caso de autos, según resulta del apartado 10 de la presente sentencia, consta que el órgano jurisdiccional
         remitente ha planteado su petición de decisión prejudicial «en un escenario de mercado atomizado», extremo que a él corresponde
         verificar. 
      
      59     En segundo lugar, para que registros como el controvertido en el litigio principal no puedan desvelar la posición en el mercado
         ni la estrategia comercial de los competidores, es importante que no se revele la identidad de los acreedores, ni directa
         ni indirectamente. En el caso presente, del auto de remisión se desprende que el Tribunal de Defensa de la Competencia impuso
         a Asnef-Equifax, y ésta aceptó, la condición de que la información relativa a los acreedores contenida en el Registro no pudiera
         divulgarse. 
      
      60     En tercer lugar, también es importante que tales registros sean accesibles a todos los agentes económicos activos en el sector
         pertinente de un modo que, tanto de hecho como de Derecho, no resulte discriminatorio. En efecto, en caso de no garantizarse
         tal accesibilidad, algunos operadores se verían desfavorecidos, puesto que dispondrían de menos información para evaluar el
         riesgo asumido, lo que tampoco facilitaría la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado.
      
      61     De lo anterior se deduce que, siempre que el mercado o mercados pertinentes no se encuentren fuertemente concentrados, que
         el sistema no permita identificar a los acreedores y que las condiciones de acceso y de utilización para las entidades financieras
         no sean discriminatorias, un sistema de intercambio de información como el Registro no tendrá por efecto, en principio, una
         restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1. 
      
      62     En efecto, aunque en las mencionadas condiciones tales sistemas puedan reducir la incertidumbre en cuanto al riesgo de incumplimiento
         por parte de los solicitantes de créditos, no pueden disminuir la incertidumbre en cuanto a los riesgos en relación con la
         competencia. Así, cada agente económico normalmente actuará de manera independiente y autónoma a la hora de adoptar un determinado
         comportamiento, teniendo en cuenta los riesgos que presenten dichos solicitantes. Contrariamente a lo que alega Ausbanc, de
         la mera existencia de tal intercambio de información no puede inferirse automáticamente que éste conducirá a un eventual comportamiento
         colectivo contrario a la competencia, como, por ejemplo, el boicoteo de determinados prestatarios potenciales.
      
      63     Por lo demás, tal y como el Abogado General ha señalado sustancialmente en el punto 56 de sus conclusiones, dado que las eventuales
         cuestiones relativas al aspecto sensible de los datos de carácter personal no se rigen, en cuanto tales, por el Derecho sobre
         la competencia, pueden ser resueltas basándose en las disposiciones pertinentes en materia de protección de tales datos. En
         los autos del litigo principal consta que, en virtud de las normas aplicables al Registro, los consumidores interesados tienen
         derecho, según la legislación española, a verificar los datos que les afectan y, en su caso, a hacer que se corrijan o incluso
         que se eliminen. 
      
       Sobre la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 3
      64     Únicamente en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente constate, a la luz de las consideraciones expuestas en
         los apartados 58 a 62 de la presente sentencia, que en el caso de autos existe efectivamente una restricción de la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, resultará necesario, para resolver el litigio principal, que dicho órgano jurisdiccional
         efectúe un análisis con arreglo a las disposiciones del apartado 3 de dicho artículo. 
      
      65     La aplicabilidad de la exención prevista en el artículo 81 CE, apartado 3, está supeditada a los cuatro requisitos acumulativos
         que enuncia dicha disposición. Es preciso, en primer lugar, que la práctica colusoria contribuya a mejorar la producción o
         la distribución de los productos o servicios, o a fomentar el progreso técnico o económico; en segundo lugar, que se reserve
         a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante; en tercer lugar, que no imponga a las empresas interesadas
         restricciones que no sean indispensables, y, en cuarto lugar, que no ofrezca a dichas empresas la posibilidad de eliminar
         la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate (en este sentido, véanse las
         sentencias de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 61, y Remia y otros/Comisión,
         antes citada, apartado 38). 
      
      66     Consta en autos, y especialmente en la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, que mediante ésta
         se pretende obtener una respuesta del Tribunal de Justicia en lo relativo al segundo de los requisitos mencionados, el cual
         establece que deberá reservarse a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante del acuerdo, decisión
         o práctica de que se trate. En efecto, dicho órgano jurisdiccional se interroga, en lo esencial, sobre la cuestión de si,
         en el supuesto de que no todos los usuarios se beneficien del Registro, podría resultar aplicable al mismo, no obstante, la
         exención prevista en el artículo 81 CE, apartado 3. 
      
      67     Además de tener los efectos potenciales expuestos en los apartados 55 y 56 de la presente sentencia, los registros como el
         controvertido en el litigo principal pueden contribuir a evitar situaciones de endeudamiento excesivo de los consumidores
         de crédito, así como, en principio, generar globalmente una mayor disponibilidad de crédito. En el supuesto de que el Registro
         restringiera la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, estas ventajas económicas objetivas podrían compensar
         los inconvenientes de tal restricción eventual, extremo que incumbiría verificar, en su caso, al órgano jurisdiccional remitente.
         
      
      68     Es cierto que, tal como sugiere Ausbanc, no cabe excluir en principio que, debido a la existencia de tales registros, determinados
         solicitantes de crédito se vean obligados a soportar tipos de interés más elevados o se encuentren, incluso, con que se les
         deniegue el crédito. 
      
      69     No obstante, y sin que resulte necesario pronunciarse sobre la cuestión de si tales solicitantes se beneficiarían de todos
         modos de un eventual efecto de disciplina en materia de crédito o de una protección contra el endeudamiento excesivo, la mencionada
         circunstancia no impide por sí misma que se cumpla el requisito de que se reserve a los usuarios una participación equitativa
         en el beneficio resultante. 
      
      70     En efecto, con respecto al artículo 81 CE, apartado 3, lo que debe tenerse en cuenta es el carácter favorable de la incidencia
         sobre el conjunto de los consumidores en los mercados pertinentes, y no la incidencia sobre cada miembro de esa categoría
         de consumidores.
      
      71     Es preciso señalar asimismo que, según resulta de los apartados 55 y 67 de la presente sentencia, registros como el controvertido
         en el litigio principal pueden generar, si se dan las condiciones propicias, una mayor disponibilidad de crédito, incluso
         para aquellos solicitantes cuyos tipos de interés podrían resultar excesivos en caso de que los acreedores no tuvieran un
         conocimiento adecuado de su situación personal. 
      
      72     A la luz de todo lo anterior, procede responder de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas:
      –       El artículo 81 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de intercambio de información sobre el crédito
         entre entidades financieras, como el Registro, no tiene por efecto, en principio, restringir la competencia en el sentido
         de dicha disposición, siempre que el mercado o mercados pertinentes no se encuentren fuertemente concentrados, que dicho sistema
         no permita identificar a los acreedores y que las condiciones de acceso y de utilización para las entidades financieras no
         sean discriminatorias de hecho ni de Derecho. 
      
      –       En el supuesto de que un sistema de intercambio de información sobre el crédito, como el referido Registro, restrinja la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, la aplicabilidad de la exención prevista en el apartado 3 de dicho artículo
         estará supeditada a los cuatro requisitos acumulativos que enuncia esta última disposición. Incumbe al juez nacional verificar
         si concurren tales requisitos. Para que se cumpla el requisito de que se reserve a los usuarios una participación equitativa
         en el beneficio resultante, no es necesario, en principio, que cada uno de los consumidores se beneficie individualmente del
         acuerdo, decisión o práctica concertada. Sí es necesario, en cambio, que la incidencia global sobre los consumidores en los
         mercados pertinentes sea favorable. 
      
       Costas
      73     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      El artículo 81 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de intercambio de información sobre el crédito,
            como el Registro de Información entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes objeto del asunto principal,
            no tiene por efecto, en principio, restringir la competencia en el sentido de dicha disposición, siempre que el mercado o
            mercados pertinentes no se encuentren fuertemente concentrados, que dicho sistema no permita identificar a los acreedores
            y que las condiciones de acceso y de utilización para las entidades financieras no sean discriminatorias de hecho ni de Derecho.
            
      2)      En el supuesto de que un sistema de intercambio de información sobre el crédito, como el referido Registro, restrinja la competencia
            en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, la aplicabilidad de la exención prevista en el apartado 3 de dicho artículo
            estará supeditada a los cuatro requisitos acumulativos que enuncia esta última disposición. Incumbe al juez nacional verificar
            si concurren tales requisitos. Para que se cumpla el requisito de que se reserve a los usuarios una participación equitativa
            en el beneficio resultante, no es necesario, en principio, que cada uno de los consumidores se beneficie individualmente del
            acuerdo, decisión o práctica concertada. Sí es necesario, en cambio, que la incidencia global sobre los consumidores en los
            mercados pertinentes sea favorable.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.