CELEX: 62016CO0007
Language: es
Date: 2016-07-05 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 5 de julio de 2016.#Banco Popular Español, S.A., y PL Salvador, S.A.R.L., contra Maria Rita Giraldez Villar y Modesto Martínez Baz.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia de Vigo.#Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Cesión de crédito — Derecho de extinción de su deuda por el obligado — Condiciones para el ejercicio de ese derecho.#Asunto C-7/16.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
      de 5 de julio de 2016 (*)
      
      «Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia —Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas — Cesión de crédito — Derecho de extinción de su deuda por el obligado — Condiciones para el ejercicio de ese derecho»
      En el asunto C‑7/16,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera
         Instancia n.º 11 de Vigo (Pontevedra), mediante auto de 11 de noviembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 6
         de enero de 2016, en el procedimiento entre
      
      Banco Popular Español, S.A.,
      
      PL Salvador S.A.R.L.
      y
      María Rita Giráldez Villar,
      
      Modesto Martínez Baz,
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
      integrado por el Sr. J.L. da Cruz Vilaça, Presidente de Sala, el Sr. A. Tizzano (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de
         Justicia, y los Sres. F. Biltgen y E. Levits, y la Sra. M. Berger, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. N. Wahl;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 99 del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
      
      dicta el siguiente
      Auto
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
         de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), en relación
         con los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
      
      2        Esa petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Banco Popular Español, S.A., y PL Salvador S.A.R.L., por una
         parte, y la Sra. María Rita Giráldez Villar y el Sr. Modesto Martínez Baz, por otra, acerca de la ejecución de un contrato
         de préstamo concluido entre estos últimos y el Banco Popular Español.
      
       Marco jurídico
       Derecho de la Unión
      3        El decimotercer considerando de la Directiva 93/13 expone:
      
      «Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa
         o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por
         consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones
         legales o reglamentarias imperativas [...]; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas”
         que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes
         contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo».
      
      4        El artículo 1 de esta Directiva dispone:
      
      «1.      El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
         miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
      
      2.      Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas [...] no estarán sometid[a]s a
         las disposiciones de la presente Directiva.»
      
       Derecho español
      5        El artículo 1535 del Código Civil establece:
      
      «Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó,
         las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho.
      
      Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.
      El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago.»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      6        El 25 de marzo de 2011, la Sra. Giráldez Villar y el Sr. Martínez Baz celebraron en escritura notarial un contrato de préstamo
         con el Banco Popular Español, por un capital de 19 000 euros, con un plazo de amortización de 10 años.
      
      7        Dado que la Sra. Giráldez Villar y el Sr. Martínez Baz no pagaron las cuotas mensuales estipuladas en ese contrato al Banco
         Popular Español, éste presentó el 11 de diciembre de 2012 demanda de ejecución del crédito adeudado en virtud de ese contrato
         ante el Juzgado remitente.
      
      8        El 16 de marzo de 2015, el Banco Popular Español cedió ese crédito a título oneroso a PL Salvador mediante instrumento auténtico,
         conforme a la facultad prevista en la cláusula 11 del mismo contrato. A raíz de esa cesión, se admitió la personación de PL
         Salvador en el procedimiento de ejecución tramitado ante el Juzgado remitente.
      
      9        Aunque esa cesión sea lícita a la luz de los artículos 1526 y siguientes del Código Civil, el Juez se pregunta acerca de la
         posibilidad de que los deudores extingan su deuda adquiriendo por retracto el crédito cedido a PL Salvador.
      
      10      En ese sentido el Juzgado remitente precisa que, con ocasión de la venta de su crédito por un acreedor a un tercero, en aplicación
         del artículo 1535 del Código Civil el deudor tiene derecho a adquirir por retracto ese crédito y a extinguir así su deuda,
         reembolsando a ese tercero el precio que éste pagó por esa compra, más las costas e intereses aplicables, a condición, en
         especial, de que el crédito cedido sea «litigioso», según prevé esa disposición.
      
      11      Ahora bien, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se considera litigioso un crédito, y por tanto puede ser objeto
         de retracto por el deudor conforme al artículo 1535 del Código Civil, siempre que no haya sido aún pagado, por una parte,
         y que, por otra parte, se haya iniciado y esté pendiente un procedimiento judicial sobre la existencia, la naturaleza, la
         extensión, la cuantía, las modalidades, las condiciones o las vicisitudes del crédito. En cambio, en principio ya no se puede
         calificar un crédito como «litigioso», en el sentido previsto en el mencionado artículo 1535, y por tanto el deudor ya no
         puede ejercer su derecho de retracto conforme a ese artículo, después de dictarse en el procedimiento resolución judicial
         sobre el fondo, o una vez vencido el plazo legal previsto para oponerse a la reclamación de pago del crédito.
      
      12      Según el Juzgado remitente, la jurisprudencia ha precisado también que, en el supuesto de que el acreedor ceda su crédito
         a un tercero después de iniciar un procedimiento de ejecución de ese crédito contra el deudor que no hubiera pagado, éste
         puede ejercer su derecho de retracto conforme al artículo 1535 del Código Civil, a condición de que promueva contra ese tercero
         un procedimiento declarativo, distinto del procedimiento ejecutivo, en un plazo de 9 días a contar desde que el deudor tuvo
         conocimiento completo, cumplido o cabal de todos los extremos que le interesan en la cesión del crédito, en especial del precio
         de ésta y de la forma y tiempo del pago. En cambio, el deudor no puede invocar ese derecho de retracto en el procedimiento
         ejecutivo.
      
      13      El Juzgado remitente se pregunta sobre la compatibilidad de esa jurisprudencia con la Directiva 93/13, puesta en relación
         con los artículos 38 y 47 de la Carta, toda vez que esa jurisprudencia condiciona la aplicación del artículo 1535 del Código
         Civil a la iniciación de un procedimiento declarativo e impide que el deudor invoque su derecho de retracto del crédito en
         un procedimiento de ejecución instado contra él por el acreedor.
      
      14      Ese Juzgado alberga también dudas sobre la compatibilidad con la Directiva y las disposiciones de la Carta referidas del propio
         artículo 1535, ya que éste no impone al acreedor que cede su crédito a un tercero la obligación de notificar esa cesión al
         deudor o de informar a éste del precio exacto de la cesión, privando así de efectividad al derecho del deudor de extinguir
         su deuda, adquiriendo por retracto el crédito a ese tercero por el precio al que éste lo compró.
      
      15      En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Vigo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
         de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
         celebrados con consumidores, a la luz de los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
         en el sentido de que es contraria a las mismas una interpretación jurisprudencial de una disposición legislativa de un Estado
         miembro, como el artículo 1535 del Código Civil español, que limite su aplicación a fase declarativa hasta que se dicte sentencia,
         impidiendo su aplicación a fase ejecutiva una vez se haya dictado sentencia o habiendo transcurrido el plazo sin haber contestado
         a la demanda, y entretanto no se satisfaga totalmente el crédito del acreedor?
      
      2)      ¿Se oponen las normas de la Unión Europea citadas en la primera cuestión a una norma de Derecho interno, como el artículo
         1535 del Código Civil español, que permiten la cesión a un tercero de un crédito litigioso en el que sea parte un empresario,
         por un lado, y un consumidor, por otro, sin que se exija una notificación fehaciente al referido consumidor del hecho mismo
         de la cesión, su título o razón de ser, y sin que sea preciso que se indique, documentalmente acreditado (y en todo caso),
         el precio cierto por el que se adquirió el crédito, señalando la quita o descuento realizado?
      
      3)      ¿Debe entenderse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 1978, en el asunto [106/77], Simmenthal,
         en el sentido de que, en aras de la consecución del objetivo de la Directiva mencionada en la primera cuestión, a la luz de
         los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el juez nacional no debe aplicar las
         disposiciones de Derecho interno, como el artículo 1535 del Código Civil español, que impide ejercer el retracto de créditos
         litigiosos en el mismo procedimiento en el que se ejecuta el crédito cedido, exigiendo al consumidor la carga de iniciar un
         nuevo proceso declarativo en el plazo de caducidad de 9 días tras la notificación de la cesión, con los costes que de ello
         se derivan (abogado, procurador, tasas judiciales, determinación del juzgado competente cuando el cesionario no tiene domicilio
         en España, ...) contra el nuevo titular del crédito cedido para proceder al retracto?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      16      En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando una cuestión prejudicial sea idéntica
         a otra sobre la que el Tribunal ya haya resuelto, cuando la respuesta a tal cuestión pueda deducirse claramente de la jurisprudencia
         o cuando la respuesta a la cuestión prejudicial no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier
         momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
      
      17      Procede aplicar este artículo en el presente asunto.
      
      18      Con sus cuestiones, que es oportuno examinar conjuntamente, el Juzgado remitente pregunta en sustancia si la Directiva 93/13,
         en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional,
         según la interpreta la jurisprudencia nacional, conforme a la cual el deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero
         sólo puede ejercer su derecho, previsto por esa normativa, de extinguir su deuda reembolsando a ese tercero el precio que
         éste hubiera pagado por esa cesión si el crédito cedido es objeto de un procedimiento declarativo, sin que el deudor pueda
         invocar el referido derecho en un procedimiento de ejecución del crédito, por una parte, y, por otra parte, un acreedor puede
         ceder su crédito a un tercero sin estar obligado no obstante a notificar la cesión al deudor ni a informar a éste del precio
         exacto de ésta. En caso de respuesta afirmativa a esas cuestiones, el Juzgado remitente pregunta si está obligado a dejar
         inaplicada esa normativa.
      
      19      Es preciso destacar de entrada que la respuesta a las cuestiones planteadas puede deducirse con claridad de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia, en particular de la sentencia de 30 de abril de 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279).
      
      20      En efecto, según su artículo 1, apartado 1, el propósito de la Directiva 93/13 es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
         Conforme al apartado 2 del mismo artículo, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias
         imperativas no estarán sometidas a las disposiciones de dicha Directiva.
      
      21      Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, del decimotercer considerando de la Directiva 93/13 resulta que
         la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de ésta se extiende a las disposiciones del Derecho nacional que se apliquen
         entre las partes contratantes con independencia de su elección, o aquellas de tales disposiciones aplicables por defecto,
         es decir, cuando las partes no llegan a un acuerdo diferente al respecto (véanse las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE
         Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 26, de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, apartados 31
         y 42, y de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, apartado 79).
      
      22      Esta exclusión de la aplicación del régimen de la Directiva 93/13 se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que
         el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados
         contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha decidido expresamente preservar (véanse las sentencias de 21 de marzo
         de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 28, y de 30 de abril de 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279,
         apartado 41).
      
      23      Por otro lado, de los apartados 39 y 40 de la sentencia de 30 de abril de 2014, Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279), se
         deduce que esa exclusión abarca las disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas distintas de las referidas a la
         amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual.
      
      24      En lo concerniente al litigio principal, todas las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado remitente atañen a la
         compatibilidad con la Directiva 93/13 del artículo 1535 del Código Civil, referido al derecho del deudor de un crédito cedido
         por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado por esa cesión, según su interpretación
         por la jurisprudencia nacional.
      
      25      Pues bien, del auto de remisión resulta en sustancia que esa disposición es una disposición imperativa que se aplica entre
         las partes contratantes con independencia de su elección o en defecto de un pacto al respecto, por un lado.
      
      26      Por otra parte, consta que ni el artículo 1535 del Código Civil ni la jurisprudencia nacional que lo interpreta pretenden
         determinar la amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual.
      
      27      Por todas las consideraciones precedentes se ha de responder a las cuestiones planteadas que la Directiva 93/13 debe interpretarse
         en el sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, relativa al derecho
         del deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado
         por esa cesión.
      
       Costas
      28      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
      La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los
            consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es objeto del
            litigio principal, relativa al derecho del deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando
            a éste el precio que haya pagado por esa cesión.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.