CELEX: C2004/118/39
Language: es
Date: 2004-04-30 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 29 de abril de 2004, en el asunto C-171/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa («Artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE — Directiva 92/51/CEE — Sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales — Actividad de seguridad privada — Medidas de un Estado miembro que exige como requisito para poder ejercer una actividad de seguridad privada que la sociedad tenga su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués, que revista la forma de persona jurídica, que tenga un determinado capital social y que alegue justificaciones y garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen — Hecho de no prever el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el sector de los servicios de seguridad privada»)

30.4.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 118/22
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Quinta)
   de 29 de abril de 2004
   en el asunto C-171/02: Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa (1)
   
   («Artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE - Directiva 92/51/CEE - Sistema general de reconocimiento de las formaciones profesionales - Actividad de seguridad privada - Medidas de un Estado miembro que exige como requisito para poder ejercer una actividad de seguridad privada que la sociedad tenga su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués, que revista la forma de persona jurídica, que tenga un determinado capital social y que alegue justificaciones y garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen - Hecho de no prever el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en el sector de los servicios de seguridad privada»)
   (2004/C 118/39)
   Lengua de procedimiento: portugués
   En el asunto C-171/02, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. A. Caeiros), que designa domicilio en Luxemburgo, contra República Portuguesa (agente: Sr. L. Fernández, asistido por el Sr. J.M. Calheiros), que designa domicilio en Luxemburgo, que tiene por objeto que se declare que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE, así como de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25),
   
               1.
            
            
               habida cuenta de que, en el marco del régimen de homologación que debe expedir el Ministro del Interior, las empresas extranjeras que deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de personas y de bienes, en el sector de los servicios de seguridad privada,
               
                           a)
                        
                        
                           deben tener su domicilio o un establecimiento de explotación en el territorio portugués,
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           no pueden alegar las justificaciones y garantías ya presentadas en su Estado miembro de establecimiento,
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           deben revestir la forma de persona jurídica,
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           deben tener un capital social determinado,
                        
                     
         
               2.
            
            
               habida cuenta de que los miembros del personal de las empresas extranjeras que deseen ejercer en Portugal actividades de vigilancia de personas y de bienes, en el sector de los servicios de seguridad privada, deben estar en posesión de una tarjeta de identidad profesional expedida por las autoridades portuguesas, y
            
         
               3.
            
            
               habida cuenta de que las profesiones del sector de los servicios de seguridad privada no están sujetas al régimen comunitario de reconocimiento de las cualificaciones profesionales,
               el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. A. Rosas y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 29 de abril de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
            
         
               1)
            
            
               Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39 CE, 43 CE y 49 CE al exigir como requisitos para que los operadores extranjeros puedan ejercer en Portugal, en el sector de los servicios de seguridad privada, actividades de vigilancia de personas y de bienes, que dichos operadores
               
                           —
                        
                        
                           tengan su domicilio o un establecimiento de explotación permanente en el territorio portugués;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           revistan la forma de persona jurídica;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           posean un capital social mínimo;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           obtengan una autorización expedida por las autoridades portuguesas sin que se tengan en cuenta ni las justificaciones ni las garantías ya presentadas en el Estado miembro de origen, y que
                        
                     
                           —
                        
                        
                           los miembros de su personal estén en posesión de una tarjeta de identidad profesional expedida por las citadas autoridades, sin que se tengan en cuenta ni los controles ni las comprobaciones ya efectuados en el Estado miembro de origen.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Desestimar el recurso en todo lo demás.
            
         
               3)
            
            
               Condenar en costas a la República Portuguesa.
            
         
      (1)  DO C 169 de 13.7.2002.