CELEX: 62008CJ0480
Language: es
Date: 2010-02-23 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de febrero de 2010.#Maria Teixeira contra London Borough of Lambeth y Secretary of State for the Home Department.#Petición de decisión prejudicial: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido.#Libre circulación de personas - Derecho de residencia - Nacional de un Estado miembro que ha trabajado en otro Estado miembro y ha permanecido en él tras cesar en su actividad profesional - Hijo que cursa formación profesional en el Estado miembro de acogida - Falta de medios de subsistencia propios - Reglamento (CEE) nº 1612/68 - Artículo 12 -Directiva 2004/38/CE.#Asunto C-480/08.

Asunto C‑480/08
      Maria Teixeira
      contra
      London Borough of Lambeth
      y
      Secretary of State for the Home Department
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]
      «Libre circulación de personas — Derecho de residencia — Nacional de un Estado miembro que ha trabajado en otro Estado miembro y ha permanecido en él tras cesar en su actividad profesional
         — Hijo que cursa formación profesional en el Estado miembro de acogida — Falta de medios de subsistencia propios —Reglamento (CEE) nº 1612/68 — Artículo 12 — Directiva 2004/38/CE»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Derecho de los hijos de un trabajador a acceder a la enseñanza impartida por
            el Estado miembro de acogida — Derecho de residencia para seguir cursos de enseñanza general
      [Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 12]
      2.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Derecho de residencia de los miembros de la familia — Nacional de un Estado
            miembro que ha trabajado en el Estado miembro de acogida — Progenitor que tiene efectivamente la custodia de su hijo, que
            cursa estudios en dicho Estado miembro
      [Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, arts. 10 y 12; Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7]
      3.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Derecho de residencia de los miembros de la familia — Progenitor que tiene
            efectivamente la custodia de un hijo que ejerce el derecho a cursar estudios
      [Reglamento (CEE) nº 1612/68, art. 12]
      4.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Derecho de residencia de los miembros de la familia — Progenitor que tiene
            efectivamente la custodia de un hijo que cursa estudios en el Estado miembro de acogida
      [Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 12]
      5.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Derecho de residencia de los miembros de la familia — Progenitor que tiene
            efectivamente la custodia de un hijo que cursa estudios en el Estado miembro de acogida
      [Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, art. 12]
      1.        Los hijos de un ciudadano de la Unión Europea que se han instalado en un Estado miembro, mientras su progenitor ejercía su
         derecho a residir como trabajador migrante en dicho Estado miembro, tienen derecho a residir en su territorio para seguir
         en él cursos de enseñanza general, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación
         de los trabajadores dentro de la Comunidad. No tiene relevancia alguna a este respecto que los padres de los hijos interesados
         se hayan divorciado entre tanto, y que el progenitor que ejercía el derecho de residencia como trabajador migrante ya no ejerza
         una actividad económica en el Estado miembro de acogida.
      
      (véase el apartado 37)
      2.        El nacional de un Estado miembro que ha estado empleado en el territorio de otro Estado miembro, en el que su hijo está cursando
         estudios puede invocar, en su condición de progenitor que ejerce efectivamente la custodia de este hijo, el derecho de residencia
         en el Estado miembro de acogida, basándose exclusivamente en el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre
         circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento nº 2434/92, sin necesidad
         de reunir los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los
         miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica
         el Reglamento nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 y 93/96.
      
      En efecto, el derecho que el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 reconoce al hijo de un trabajador migrante a continuar
         su escolaridad en las mejores condiciones en el Estado miembro de acogida implica necesariamente que ese hijo tenga derecho
         a estar acompañado por la persona a la que corresponda efectivamente su custodia y, por lo tanto, que esta persona deba poder
         residir con él en dicho Estado miembro durante sus estudios. Dicho artículo debe aplicarse de forma autónoma con respecto
         a las disposiciones del Derecho de la Unión que regulan expresamente los requisitos de ejercicio del derecho de residencia
         en otro Estado miembro. Tal autonomía del citado artículo 12 con respecto al artículo 10 del mismo Reglamento, hoy derogado,
         no ha sido cuestionada por la entrada en vigor de la Directiva 2004/38. A este respecto, de acuerdo con su tercer considerando,
         esta Directiva tiene por objeto, en particular, simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos
         los ciudadanos de la Unión. Sin embargo, supeditar la aplicación del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 a la observancia
         de los requisitos señalados en el artículo 7 de dicha Directiva daría como resultado que el derecho de residencia de los hijos
         de trabajadores migrantes en el Estado miembro de acogida con vistas a comenzar o proseguir allí sus estudios y el derecho
         de residencia del progenitor que tiene efectivamente su custodia quedarían sometidos a requisitos más estrictos que los que
         se les aplicaban antes de la entrada en vigor de la Directiva.
      
      (véanse los apartados 39, 53, 54, 60 y 61 y el punto 1 del fallo)
      3.        El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia de
         un hijo que ejerce el derecho a cursar estudios, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la
         libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento nº 2434/92, no está
         supeditado al requisito de que ese progenitor disponga de recursos suficientes con objeto de no convertirse en una carga para
         la asistencia social de dicho Estado miembro durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra
         todos los riesgos en ese Estado.
      
      En efecto, habida cuenta del contexto y de las finalidades que persigue el Reglamento nº 1612/68 y, en particular, su artículo
         12, éste no puede interpretarse de manera restrictiva y no debe verse privado de su efecto útil.
      
      (véanse los apartados 67 y 70 y el punto 2 del fallo)
      4.        El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia del
         hijo de un trabajador migrante, cuando este hijo cursa estudios en ese Estado, no está supeditado al requisito de que uno
         de los progenitores del hijo haya ejercido, en la fecha en que este último comenzó sus estudios, una actividad profesional
         como trabajador migrante en dicho Estado miembro.
      
      En efecto, el derecho de acceso del hijo a la enseñanza en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la
         libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento nº 2434/92, no depende
         de que el progenitor interesado mantenga la condición de trabajador migrante. Los hijos de antiguos trabajadores migrantes
         pueden, por lo tanto, invocar los derechos que se desprenden del citado artículo 12 al igual que los hijos de ciudadanos de
         la Unión que tienen la condición de trabajadores migrantes. A este respecto, basta que el hijo que cursa estudios en el Estado
         miembro de acogida se haya establecido en este último cuando uno de sus progenitores ejercía allí el derecho de residencia
         como trabajador migrante. Por lo tanto, el derecho del hijo a residir en dicho Estado para cursar estudios, de conformidad
         con el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 y, en consecuencia, el derecho de residencia del progenitor que ejerce efectivamente
         su custodia, no pueden estar supeditados al requisito de que uno de los progenitores del hijo haya ejercido, en la fecha en
         que este último comenzó sus estudios, una actividad profesional como trabajador migrante en el Estado miembro de acogida.
      
      (véanse los apartados 73 a 75 y el punto 3 del fallo)
      5.        El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que ejerce efectivamente la custodia del
         hijo de un trabajador migrante cuando este hijo cursa estudios en dicho Estado caduca al alcanzar el hijo la mayoría de edad,
         a menos que el hijo siga necesitando la presencia y las atenciones de ese progenitor con objeto de continuar y terminar sus
         estudios.
      
      En efecto, en primer lugar, la llegada a la mayoría de edad no tiene repercusión directa en los derechos otorgados al hijo
         por el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad,
         en su versión modificada por el Reglamento nº 2434/92. Considerando su objeto y su finalidad, tanto el derecho de acceso a
         la enseñanza previsto en dicho artículo 12 como el correlativo derecho de residencia del hijo perduran hasta que este último
         haya concluido sus estudios.
      
      En segundo lugar, aun cuando se presume, en principio, que un hijo que alcanza la mayoría de edad es capaz de atender sus
         propias necesidades, el derecho de residencia del progenitor que tiene la custodia de un hijo que ejerce su derecho a continuar
         sus estudios en el Estado miembro de acogida puede, no obstante, prolongarse hasta más allá de esa edad cuando el hijo sigue
         necesitando la presencia y las atenciones de ese progenitor con objeto de continuar y terminar sus estudios. Incumbe al órgano
         jurisdiccional nacional apreciar si sucede así en el caso de autos.
      
      (véanse los apartados 78, 79, 86 y 87 y el punto 4 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 23 de febrero de 2010 (*)
      
      «Libre circulación de personas – Derecho de residencia – Nacional de un Estado miembro que ha trabajado en otro Estado miembro y ha permanecido en él tras cesar en su actividad profesional
         – Hijo que cursa formación profesional en el Estado miembro de acogida – Falta de medios de subsistencia propios – Reglamento (CEE) nº 1612/68 – Artículo 12 –Directiva 2004/38/CE»
      
      En el asunto C‑480/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal
         (England & Wales) (Civil Division) (Reino Unido), mediante resolución de 10 de octubre de 2008, recibida en el Tribunal de
         Justicia el 7 de noviembre de 2008, en el procedimiento entre
      
      Maria Teixeira
      y
      London Borough of Lambeth,
      Secretary of State for the Home Department,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, y J.-C. Bonichot y la Sra. P. Lindh,
         Presidentes de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (Ponente), K. Schiemann, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen,
         T. von Danwitz y A. Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de septiembre de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de la Sra. Teixeira, por los Sres. R. Gordon, QC, y A. Berry, Barrister, designados por la Sra. N. Clarkson, Solicitor;
      –        en nombre del London Borough of Lambeth, por el Sr. T. Vanhegan, Barrister;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. V. Jackson, en calidad de agente, asistida por el Sr. C. Lewis, QC;
      –        en nombre del Gobierno danés, por los Sres. J. Liisberg y R. Holdgaard, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Fernandes y la Sra. M. F. Pinheiro, en calidad de agentes;
      –        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. D. Maidani y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por el Sr. N. Fenger y por las Sras. L. Armati e I. Hauger, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de octubre de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del
         Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p
         2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992 (DO L 245,
         p. 1), y de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los
         ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
         por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
         75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, con corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35,
         DO 2005, L 197, p. 34, y DO 2007, L 204, p. 28).
      
      2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Teixeira, por una parte, y el London Borough of Lambeth
         (Distrito municipal de Lambeth, en Londres) y el Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior), por otra,
         en relación con la denegación por dicho Distrito de la solicitud de ayuda a la vivienda formulada por la Sra. Teixeira.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El quinto considerando del Reglamento nº 1612/68 está redactado en los siguientes términos:
      
      «considerando que, para poder ejercitarlo en condiciones objetivas de libertad y dignidad, el derecho de libre circulación
         exige que la igualdad de trato en todo cuanto se relaciona con el ejercicio del mismo de una actividad por cuenta ajena y
         con el acceso a la vivienda, quede garantizada de hecho y de derecho, y asimismo que se eliminen los obstáculos que se oponen
         a la movilidad de los trabajadores, sobre todo en lo referente al derecho del trabajador a hacer venir a su familia, y a las
         condiciones de integración de dicha familia en el país de acogida.»
      
      4        El artículo 10 del Reglamento nº 1612/68 establecía:
      
      «1.      Con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a instalarse con el trabajador nacional de un Estado miembro empleado
         en el territorio de otro Estado miembro:
      
      a)      su cónyuge y sus descendientes menores de 21 años o a su cargo;
      b)      los ascendientes del trabajador y de su cónyuge que estén a su cargo.
      2.      Los Estados miembros favorecerán la admisión de cualquier miembro de la familia que no se beneficie de lo dispuesto en el
         apartado 1, si se encontrase a cargo, o viviese, en el país de origen, con el trabajador antes mencionado.
      
      3. A los efectos de los apartados 1 y 2, el trabajador deberá disponer de una vivienda para su familia, considerada como normal
         para los trabajadores nacionales en la región donde esté empleado, sin que esta disposición pueda ocasionar discriminación
         entre los trabajadores nacionales y los trabajadores provenientes de otros Estados miembros.»
      
      5        El artículo 11 del Reglamento nº 1612/68 disponía:
      
      «Cuando un nacional de un Estado miembro ejerza en el territorio de otro Estado miembro una actividad por cuenta ajena o por
         cuenta propia, su cónyuge y los hijos menores de 21 años a su cargo, tendrán derecho a acceder a cualquier actividad por cuenta
         ajena en todo el territorio de ese mismo Estado, incluso aunque no tengan la nacionalidad de un Estado miembro».
      
      6        Los artículos 10 y 11 del Reglamento nº 1612/68 fueron derogados, con efectos desde el 30 de abril de 2006, en virtud del
         artículo 38, apartado 1, de la Directiva 2004/38.
      
      7        El artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, que no está entre los preceptos derogados por la Directiva 2004/38, establece:
      
      «Los hijos de un nacional de un Estado miembro que esté o haya estado empleado en el territorio de otro Estado miembro serán
         admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los
         nacionales de dicho Estado, si esos hijos residen en su territorio.
      
      Los Estados miembros fomentarán las iniciativas que les permitan seguir los mencionados cursos en las mejores condiciones.»
      8        Los considerandos tercero y decimosexto de la Directiva 2004/38 están redactados en los siguientes términos:
      
      «(3)      La ciudadanía de la Unión debe ser la condición fundamental de los nacionales de los Estados miembros que ejercen su derecho
         de libre circulación y residencia. Por ello es necesario codificar y revisar los instrumentos comunitarios, existentes tratando
         separadamente a los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, así como los estudiantes y las otras personas inactivas,
         de manera que se simplifique y refuerce el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión.
      
      […]
      (16)      Los beneficiarios del derecho de residencia no podrán ser expulsados mientras no se conviertan en una carga excesiva para
         la asistencia social del Estado miembro de acogida. Por ello, el recurso a la asistencia social no podrá tener por consecuencia
         automática una medida de expulsión. Conviene que el Estado miembro de acogida examine si tal recurso obedece a dificultades
         temporales y que tenga en cuenta la duración de la residencia, las circunstancias personales y la cuantía de la ayuda concedida
         antes de poder decidir si el beneficiario se ha convertido en una carga excesiva para su asistencia social y si procede su
         expulsión. En ningún caso se podrá adoptar una medida de expulsión contra trabajadores por cuenta ajena o propia, o personas
         que buscan empleo, tal como las define el Tribunal de Justicia, salvo por razones de orden público o seguridad pública.»
      
      9        El artículo 7 de la Directiva 2004/38 regula el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del
         que no sean nacionales, por un período superior a tres meses. A tenor del apartado 1 de dicho artículo:
      
      «Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a
         tres meses si:
      
      a)      es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o
      b)      dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia
         social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos
         los riesgos en el Estado miembro de acogida, o
      
      c)      –       está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por el Estado miembro de acogida con arreglo a su
         legislación o a su práctica administrativa, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional, y
      
      –      cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en el Estado miembro de acogida y garantiza a la autoridad
         nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes
         para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida
         durante su período de residencia, o
      
      d)      es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones
         contempladas en las letras a), b) o c).»
      
      10      El artículo 12 de la Directiva 2004/38, titulado «Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en
         caso de fallecimiento o partida del ciudadano de la Unión», señala en su apartado 3:
      
      «La partida del ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni
         del progenitor que tenga la custodia efectiva de los hijos, con independencia de su nacionalidad, siempre que los hijos residan
         en el Estado miembro de acogida y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, y ello hasta el final
         de dichos estudios.»
      
      11      El artículo 16 de dicha Directiva dispone que los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período
         continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste.
      
      12      El artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38 dispone, en particular, que todos los ciudadanos de la Unión que residan
         en el Estado miembro de acogida en base a esta Directiva gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho
         Estado en el ámbito de aplicación del Tratado CE.
      
      13      Como se desprende del artículo 40, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2004/38, los Estados miembros debían poner
         en vigor las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
         en ella antes del 30 de abril de 2006.
      
       Normativa nacional
      14      Mediante las Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (Reglamento sobre la inmigración procedente del Espacio
         Económico Europeo) se adaptó el ordenamiento jurídico del Reino Unido a lo dispuesto en la Directiva 2004/38.
      
      15      En lo que respecta a las ayudas de vivienda, la Housing Act 1996 (Ley sobre la vivienda) establece, en su sección VII, una
         ayuda de vivienda para las personas que carezcan de alojamiento y cumplan determinados requisitos.
      
      16      Los detalles de esta ayuda se contienen en las Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (England) Regulations
         2006 (Reglamento de 2006 sobre la legitimación para la atribución de vivienda y relativo a las personas sin alojamiento en
         Inglaterra).
      
      17      Según refiere la resolución de remisión, para tener derecho a la ayuda de vivienda al amparo del artículo 6 de dicho Reglamento,
         relativo a las personas procedentes del extranjero que no están sometidas a los controles de inmigración, el solicitante debe,
         a la vez, tener derecho de residencia y residir de forma habitual en el Reino Unido.
      
      18      En este contexto, deben ser considerados titulares del derecho de residencia en el Reino Unido, además de los nacionales británicos,
         en particular, los nacionales de los Estados miembros que ejerzan, en virtud del Derecho de la Unión, el derecho a entrar
         en el territorio del Reino Unido y a residir en él de forma continuada.
      
      19      Se desprende de las disposiciones nacionales aplicables que el derecho de la Sra. Teixeira a obtener la ayuda de vivienda
         depende de que goce del derecho de residencia en el Reino Unido concedido por el Derecho de la Unión.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      20      En 1989, la Sra. Teixeira, de nacionalidad portuguesa, llegó al Reino Unido con su marido, también de nacionalidad portuguesa,
         y trabajó en dicho Estado miembro entre 1989 y 1991. La hija de ambos, Patricia, nació allí el 2 de junio de 1991. La Sra.
         Teixeira y su marido se divorciaron posteriormente, pero ambos permanecieron en el Reino Unido.
      
      21      Después de 1991, la Sra. Teixeira trabajó esporádicamente en el Reino Unido. La Sra. Teixeira no ejercía actividad profesional
         alguna en la fecha en que Patricia fue escolarizada en el Reino Unido, pero trabajó en diversos períodos en los que Patricia
         proseguía sus estudios. El último empleo que ocupó en el Reino Unido data de principios del año 2005.
      
      22      El 13 de junio de 2006, los tribunales resolvieron que Patricia debía residir con su padre, pero que podía relacionarse con
         su madre cuanto deseara. En el mes de noviembre de 2006, Patricia se matriculó en un curso de puericultura en el Vauxhall
         Centre de Lambeth. En el mes de marzo de 2007, Patricia se fue a vivir con su madre.
      
      23      El 11 de abril de 2007, la Sra. Teixeira solicitó una ayuda de vivienda para personas sin alojamiento al amparo de la sección VII
         de la Housing Act 1996. Para invocar su derecho de residencia en el Reino Unido se basaba, concretamente, en el artículo 12
         del Reglamento nº 1612/68, de acuerdo con la interpretación que le dio el Tribunal de Justicia en la sentencia de 17 de septiembre
         de 2002, Baumbast y R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091).
      
      24      El funcionario competente del London Borough of Lambeth consideró que la Sra. Teixeira no podía obtener la ayuda de vivienda
         y, por consiguiente, denegó la solicitud.
      
      25      La Sra. Teixeira impugnó esta resolución denegatoria ante el funcionario encargado de conocer de los recursos de revisión,
         el cual ratificó la resolución inicial, pues consideró que el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 había sido modificado
         por la Directiva 2004/38 y que, teniendo en cuenta su falta de independencia económica, la Sra. Teixeira no podía aspirar
         a obtener el derecho de residencia basándose en dicho artículo.
      
      26      Contra esta resolución, la Sra. Teixeira interpuso un recurso ante el County Court (Tribunal de condado).
      
      27      Ante este órgano jurisdiccional, la Sra. Teixeira reconoció que no tenía derecho de residencia con arreglo al artículo 7,
         apartado 1, de la Directiva 2004/38, que no reunía los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 3, de esta Directiva,
         para que pudiera considerarse que mantenía su condición de trabajadora por cuenta ajena, y que carecía de derecho de residencia
         permanente con arreglo al artículo 16 de dicha Directiva.
      
      28      Asimismo, sostenía que el único fundamento jurídico que, en su opinión, la legitimaba para reivindicar el derecho a residir
         en el Reino Unido consistía en el hecho de que su hija cursaba estudios allí y tenía un derecho de residencia independiente
         derivado del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, de acuerdo con la interpretación que le dio del Tribunal de Justicia en
         la sentencia Baumbast y R, antes citada, y que, desde el mes de marzo de 2007, poseía efectivamente la custodia de su hija.
      
      29      Dado que el County Court desestimó su recurso mediante una sentencia de 16 de noviembre de 2007, la Sra. Teixeira interpuso
         recurso de apelación contra ésta ante el órgano jurisdiccional remitente.
      
      30      Ante este órgano jurisdiccional, la Sra. Teixeira alega, en particular, que su hija tiene un derecho independiente a residir
         en el Reino Unido en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, que también ella tiene derecho a residir en dicho Estado
         miembro, puesto que ejerce efectivamente la custodia de su hija, y que no se exige que un hijo o la persona que tiene su custodia
         puedan cubrir sus propias necesidades para disfrutar del derecho de residencia con arreglo a dicho artículo 12.
      
      31      Los demandados en el litigio principal sostienen que la Directiva 2004/38 define, en lo sucesivo, los requisitos del derecho
         de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias en los Estados miembros, de modo que el ejercicio
         de cualquier derecho de residencia, aun cuando se derive del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, presupone que las personas
         interesadas cumplan los requisitos de residencia señalados en esta Directiva. Dado que la propia Sra. Teixeira ha reconocido
         que no reúne los requisitos que los artículos 7 y 16 de dicha Directiva imponen para la concesión del derecho de residencia,
         estiman que el London Borough of Lambeth concluyó conforme a Derecho que dicha señora no lo había adquirido y que, por lo
         tanto, no podía ser beneficiaria de una ayuda de vivienda.
      
      32      Con carácter subsidiario, los demandados en el litigio principal alegan que, si bien existe una posibilidad de que la Sra.
         Teixeira vea reconocido el derecho de residencia en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, aun cuando no reúna
         los requisitos establecidos por la Directiva 2004/38, tal derecho presupone, en tal caso, que la recurrente en el litigio
         principal pueda cubrir sus propias necesidades, circunstancia que no se cumple. Por otra parte, consideran que el derecho
         de residencia reconocido al progenitor que tiene la custodia del hijo caduca en la fecha en que éste cumple 18 años. Finalmente
         alegan que, puesto que la Sra. Teixeira no tenía la condición de trabajador cuando su hija comenzó a estudiar y posteriormente
         sólo trabajo durante breves períodos, no está legitimada para reivindicar el derecho de residencia invocando exclusivamente
         el hecho de que su hija está cursando estudios.
      
      33      La Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Sala de lo Civil)], que
         ya había sometido al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en el asunto que ha dado lugar a la sentencia del día de
         hoy, Ibrahim y Secretary of State for the Home Department (C‑310/08, Rec. p. I‑0000), sobre el derecho de residencia de un
         progenitor que no es ciudadano de la Unión, pero cuyos hijos son de nacionalidad danesa y cursan estudios en el Reino Unido,
         ha resuelto asimismo suspender el procedimiento relativo al litigio principal y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales:
      
      «Cuando
      –        una ciudadana de la Unión se ha desplazado al Reino Unido,
      –        ha trabajado por cuenta ajena durante ciertos períodos de tiempo en el Reino Unido,
      –        ha dejado de trabajar pero no ha abandonado el Reino Unido,
      –        no ha mantenido la condición de trabajadora por cuenta ajena, no tiene derecho de residencia con arreglo al artículo 7 de
         la Directiva 2004/38 […] ni derecho de residencia permanente conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Directiva,
      
      –        la hija de la ciudadana de la Unión ha comenzado sus estudios cuando la ciudadana de la Unión no trabajaba y ha continuado
         los estudios en el Reino Unido a lo largo de períodos en los que la ciudadana de la Unión trabajó en el Reino Unido,
      
      –        la ciudadana de la Unión es la persona que ejerce efectivamente la custodia de su hija, y
      –        la ciudadana de la Unión y su hija carecen de recursos suficientes,
      1)      ¿disfruta la ciudadana de la Unión del derecho de residencia en el Reino Unido únicamente si reúne los requisitos establecidos
         en la Directiva 2004/38 […]?;
      
      o
      2)      a)     ¿disfruta la ciudadana de la Unión del derecho de residencia derivado del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 […], conforme
         a su interpretación por el Tribunal de Justicia, sin necesidad de reunir los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38?,
      
               y
               b)     en caso afirmativo, ¿debe tener recursos suficientes para no constituir una carga para el sistema de asistencia social del
         Estado miembro de acogida durante su proyectado período de residencia, así como disfrutar de la cobertura de un seguro de
         enfermedad completo en el Estado miembro de acogida?,
      
               c)     en caso afirmativo, ¿es necesario que la hija hubiese comenzado sus estudios cuando la ciudadana de la Unión tenía la condición
         de trabajadora por cuenta ajena para disfrutar del derecho de residencia derivado del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68
         […], conforme a su interpretación por el Tribunal de Justicia, o basta con que la ciudadana de la Unión hubiese tenido tal
         condición en algún momento posterior a aquél en que la hija comenzó sus estudios?,
      
               d)     ¿se pierde el eventual derecho de residencia reconocido a la ciudadana de la Unión, como persona que ejerce efectivamente
         la custodia de una hija que está cursando estudios, en el momento en que ésta cumple 18 años?;
      
      3)      en caso de respuesta afirmativa a la primera pregunta, ¿es diferente la posición jurídica en circunstancias como las del presente
         caso, en el que la hija comenzó a cursar estudios antes de terminar el plazo para que los Estados miembros adaptaran su normativa
         a la Directiva 2004/38 […], si bien la madre no empezó a ejercer efectivamente su custodia y no solicitó el derecho de residencia
         por ejercer efectivamente tal custodia hasta marzo de 2007; es decir, una vez expirado el plazo en que debía adaptarse la
         normativa interna a la Directiva?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre las cuestiones primera y segunda, letra a)
      34      Mediante sus cuestiones primera y segunda, letra a), que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente
         pregunta, en esencia, si en circunstancias como las del litigio principal, el nacional de un Estado miembro que ha estado
         empleado en el territorio de otro Estado miembro, en el cual su hijo está cursando estudios, puede, por su condición de progenitor
         que ejerce efectivamente la custodia de este hijo, invocar, basándose exclusivamente en el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68,
         el derecho de residencia en este último Estado miembro, sin necesidad de cumplir los requisitos señalados en la Directiva
         2004/38, o si únicamente se le puede reconocer el derecho de residencia en caso de que cumpla dichos requisitos.
      
      35      El artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 reconoce a los hijos de un nacional de un Estado miembro que esté o haya estado empleado
         en el territorio de otro Estado miembro el derecho a ser admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de
         formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, si esos hijos residen en su territorio.
      
      36      En la sentencia Baumbast y R, antes citada, el Tribunal de Justicia reconoció, en relación con el derecho de acceso a la enseñanza
         establecido en el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 y con determinados requisitos, un derecho de residencia al hijo de
         un trabajador migrante o de un antiguo trabajador migrante, cuando este hijo desea continuar sus estudios en el Estado miembro
         de acogida, y un derecho de residencia correlativo en favor del progenitor que ejerce efectivamente la custodia de este hijo.
      
      37      De este modo, en primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que los hijos de un ciudadano de la Unión que se han instalado
         en un Estado miembro, mientras su progenitor ejercía su derecho a residir como trabajador migrante en dicho Estado miembro,
         tienen derecho a residir en su territorio para seguir en él cursos de enseñanza general, de conformidad con el artículo 12
         del Reglamento nº 1612/68. No tiene relevancia alguna a este respecto que los padres de los hijos interesados se hayan divorciado
         entre tanto, y que el progenitor que ejercía el derecho de residencia como trabajador migrante ya no ejerza una actividad
         económica en el Estado miembro de acogida (véase, en este sentido, la sentencia Baumbast y R, antes citada, apartado 63).
      
      38      En segundo, lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado, asimismo, que, cuando los hijos gozan, en virtud del artículo 12
         del Reglamento nº 1612/68, del derecho a continuar su escolaridad en el Estado miembro de acogida mientras los progenitores
         responsables de su custodia pueden perder sus derechos de estancia, la denegación a dichos progenitores de la posibilidad
         de permanecer en el Estado miembro de acogida durante la escolaridad de sus hijos podría llevar a privar a éstos de un derecho
         que el legislador de la Unión les ha reconocido (véase, en este sentido, la sentencia Baumbast y R, antes citada, apartado 71).
      
      39      Tras haber recordado, en el apartado 72 de dicha sentencia Baumbast y R, que es preciso interpretar el Reglamento nº 1612/68
         a la luz de la exigencia de respeto de la vida familiar previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección
         de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, el Tribunal de Justicia
         concluyó, en el apartado 73 de la misma sentencia, que el derecho que el artículo 12 de este Reglamento reconoce al hijo de
         un trabajador migrante a continuar su escolaridad en las mejores condiciones en el Estado miembro de acogida implica necesariamente
         que ese hijo tenga derecho a estar acompañado por la persona a la que corresponda efectivamente su custodia y, por lo tanto,
         que esta persona deba poder residir con él en dicho Estado miembro durante sus estudios.
      
      40      Se deduce de la resolución de remisión que el órgano jurisdiccional nacional trata de saber si los derechos que de este modo
         se han reconocido al hijo y al progenitor que tiene efectivamente su custodia se basan exclusivamente en el artículo 12 del
         Reglamento nº 1612/68 o en la aplicación conjunta de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del mismo Reglamento.
      
      41      En el segundo supuesto, dado que dicho artículo 10 fue derogado y sustituido por las normas de la Directiva 2004/38, el órgano
         jurisdiccional remitente se pregunta si la interpretación consagrada por la sentencia Baumbast y R, antes citada, se sigue
         aplicando después de la entrada en vigor de la Directiva 2004/38 y si el derecho de residencia en favor de la persona que
         posee efectivamente la custodia del hijo está supeditado, en lo sucesivo, a los requisitos de ejercicio del derecho de residencia
         establecidos por esta Directiva.
      
      42      En lo que respecta a una persona como la recurrente en el litigio principal, que cesó en el trabajo y no mantuvo la condición
         de trabajador por cuenta ajena, estos requisitos resultan del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, de
         acuerdo con el cual un nacional de un Estado miembro tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por
         un período superior a tres meses sin ejercer una actividad económica si dispone, para sí y los miembros de su familia, de
         recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.
      
      43      En estas circunstancias, procede examinar si, como sostienen la Sra. Teixeira, el Gobierno portugués, la Comisión de las Comunidades
         Europeas y el Órgano de Supervisión de la AELC, el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, aun después de la entrada en vigor
         de la Directiva 2004/38, permite reconocer el derecho de residencia a la persona que, en el Estado miembro de acogida, ejerce
         efectivamente la custodia del hijo de un trabajador migrante que cursa estudios en el territorio de dicho Estado.
      
      44      En primer lugar, el derecho de los hijos de los trabajadores migrantes a la igualdad de trato en el acceso a la enseñanza,
         en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, sólo corresponde a los hijos que residen en el territorio del Estado
         miembro en el que uno de sus progenitores está o ha estado empleado.
      
      45      El acceso a la enseñanza depende, por lo tanto, del previo establecimiento del hijo en el Estado miembro de acogida. Como
         ha señalado la Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, los hijos que se han establecido en el Estado miembro de
         acogida en su condición de miembros de la familia de un trabajador migrante, al igual que el hijo de un trabajador migrante
         que, como la hija de la señora Teixeira en el litigio principal, reside desde su nacimiento en el Estado miembro en el que
         su padre o su madre están o han estado empleados, pueden invocar el derecho de acceso a la enseñanza en dicho Estado.
      
      46      Contrariamente a lo que sostienen el London Borough of Lambeth y los Gobiernos del Reino Unido y danés, el artículo 12 del
         Reglamento nº 1612/68, tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia Baumbast y R, antes citada, permite
         reconocer al hijo un derecho de residencia independiente, vinculado a su derecho de acceso a la enseñanza. En particular,
         el ejercicio del derecho de acceso a la enseñanza no estaba supeditado al requisito de que el hijo conservase, durante todo
         el tiempo de sus estudios, un derecho de residencia específico en virtud del artículo 10, apartado 1, letra a), de dicho reglamento,
         cuando este precepto aún estaba vigente.
      
      47      En los apartados 21 a 24 de su sentencia de 4 de mayo de 1995, Gaal (C‑7/94, Rec. p. I‑1031), el Tribunal de Justicia rechazó
         la alegación de que existía una estrecha relación entre los artículos 10 y 11 del Reglamento nº 1612/68, por una parte, y
         el artículo 12 del mismo Reglamento, por otra, de modo que esta última disposición sólo concedía el derecho a la igualdad
         de trato para el acceso a la enseñanza en el Estado miembro de acogida a los hijos que reunieran los requisitos establecidos
         en dichos artículos 10 y 11. En el apartado 23 de la mencionada sentencia Gaal, el Tribunal señaló explícitamente que el artículo
         12 no contiene ninguna referencia a los citados artículos 10 y 11.
      
      48      En efecto, resulta contrario al contexto y a los objetivos que persigue el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 supeditar
         el ejercicio del derecho de acceso a la educación a la existencia de un derecho específico de residencia para el hijo en virtud
         de otras disposiciones del mismo Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia Gaal, antes citada, apartado 25).
      
      49      De ello resulta que, desde que se adquiere el derecho de acceso a la enseñanza, reconocido al hijo por el artículo 12 de dicho
         Reglamento con motivo de su establecimiento en el territorio del Estado miembro en que uno de sus progenitores está o ha estado
         empleado, el hijo conserva el derecho de residencia, que ya no puede cuestionarse por no haberse respetado los requisitos
         que se establecían en el artículo 10 del mismo Reglamento.
      
      50      En segundo lugar, el derecho de los hijos a la igualdad de trato en lo que se refiere al acceso a la enseñanza no depende
         de que su padre o su madre mantengan la condición de trabajador migrante en el Estado miembro de acogida. Como se deduce del
         propio tenor de dicho artículo 12, este derecho no se limita a los hijos de los trabajadores migrantes y se aplica asimismo
         a los hijos de los antiguos trabajadores migrantes.
      
      51      Por lo demás, en el apartado 69 de la sentencia Baumbast y R, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló expresamente que
         el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 tiene por objeto, en particular, garantizar que los hijos de un trabajador nacional
         de un Estado miembro, aunque éste ya no ejerza una actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida, puedan comenzar
         y, en su caso, finalizar su escolaridad en dicho Estado miembro.
      
      52      Según reiterada jurisprudencia, el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 sólo exige que el hijo haya vivido con sus padres,
         o con uno de ellos, en un Estado miembro durante el tiempo en que al menos uno de sus progenitores residía en él como trabajador
         (véanse las sentencias de 21 de junio de 1988, Brown, 197/86, Rec. p. 3205, apartado 30, y Gaal, antes citada, apartado 27).
      
      53      Por lo tanto, el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 debe aplicarse de forma autónoma con respecto a las disposiciones del
         Derecho de la Unión que regulan expresamente los requisitos de ejercicio del derecho de residencia en otro Estado miembro.
      
      54      Tal autonomía del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 con respecto al artículo 10 del mismo Reglamento, hoy derogado, ha
         constituido el fundamento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 37 a 39 de la presente
         sentencia y no ha sido cuestionada por la entrada en vigor de la Directiva 2004/38.
      
      55      El London Borough of Lambeth y los Gobiernos del Reino Unido y danés sostienen que la Directiva 2004/38 constituye, desde
         su entrada en vigor, el único fundamento de los requisitos que regulan el ejercicio del derecho de residencia en los Estados
         miembros por parte de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias y que, por consiguiente, ningún derecho
         de residencia puede derivarse, en lo sucesivo, del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68.
      
      56      A este respecto, no hay dato alguno que permita pensar que, al adoptar la Directiva 2004/38, el legislador de la Unión pretendiera
         modificar el alcance de dicho artículo 12, conforme a su interpretación por el Tribunal de Justicia, para limitar en adelante
         su contenido normativo a un mero derecho de acceso a la enseñanza.
      
      57      En este contexto, hay que poner de relieve que, a diferencia de los artículos 10 y 11 del Reglamento nº 1612/68, el artículo
         12 de éste no fue derogado, ni siquiera modificado, por la Directiva 2004/38. El legislador de la Unión, por lo tanto, no
         pretendió mediante esta norma restringir el ámbito de aplicación de dicho artículo 12, conforme a su interpretación por el
         Tribunal de Justicia.
      
      58      Tal interpretación queda confirmada por el hecho de que, como resulta de los trabajos preparatorios de la Directiva 2004/38,
         ésta se concibió de manera que fuera coherente con la sentencia Baumbast y R, antes citada [COM(2003) 199 final, p. 7].
      
      59      Además, si se interpretara que el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 se limita, desde la entrada en vigor de la Directiva
         2004/38, a otorgar el derecho a la igualdad de trato en lo que se refiere al acceso a la enseñanza sin prever el derecho de
         residencia en favor de los hijos de los trabajadores migrantes, su mantenimiento sería claramente superfluo a partir de la
         entrada en vigor de dicha Directiva. En efecto, su artículo 24, apartado 1, establece que todos los ciudadanos de la Unión
         que residan en el Estado miembro de acogida gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en el
         ámbito de aplicación del Tratado y, al respecto, este Tribunal ha declarado que el acceso a la enseñanza está comprendido
         en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (véase, en particular, la sentencia de 13 de febrero de 1985, Gravier,
         293/83, Rec. p. 593, apartados 19 y 25).
      
      60      Finalmente, cabe señalar que, de acuerdo con su tercer considerando, la Directiva 2004/38 tiene por objeto, en particular,
         simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión (véase, en este sentido,
         la sentencia de 25 de julio de 2008, Metock y otros, C‑127/08, Rec. p. I‑6241, apartado 59). Sin embargo, en circunstancias
         como las del litigio principal, supeditar la aplicación del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 a la observancia de los
         requisitos señalados en el artículo 7 de esa Directiva daría como resultado que el derecho de residencia de los hijos de trabajadores
         migrantes en el Estado miembro de acogida con vistas a comenzar o proseguir allí sus estudios y el derecho de residencia del
         progenitor que tiene efectivamente su custodia quedarían sometidos a requisitos más estrictos que los que se les aplicaban
         antes de la entrada en vigor de dicha Directiva.
      
      61      Por lo tanto, procede responder a las cuestiones primera y segunda, letra a), que el nacional de un Estado miembro que ha
         estado empleado en el territorio de otro Estado miembro, en el que su hijo está cursando estudios, en circunstancias como
         las del litigio principal, puede invocar, en su condición de progenitor que ejerce efectivamente la custodia de este hijo,
         el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, basándose exclusivamente en el artículo 12 del Reglamento 1612/68,
         y sin necesidad de reunir los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38.
      
       Sobre la segunda cuestión, letra b)
      62      Mediante su segunda cuestión, letra b), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el derecho de residencia
         en el Estado miembro de acogida, del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia de un hijo que ejerce el derecho
         de cursar estudios de conformidad con el artículo 12 del Reglamento 1612/68, está supeditado al requisito de que ese progenitor
         disponga de recursos suficientes con objeto de no constituir una carga para el sistema de asistencia social del citado Estado
         miembro durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado.
      
      63      El London Borough of Lambeth y los Gobiernos del Reino Unido y danés sostienen que la sentencia Baumbast y R, antes citada,
         sólo reconoció la posibilidad de que los progenitores gocen del derecho de residencia al amparo del artículo 12 del Reglamento
         nº 1612/68 debido a las circunstancias particulares de los dos asuntos que dieron lugar a esa sentencia, en los que se cumplía
         el requisito de que los ciudadanos de la Unión dispongan de recursos suficientes para sí y los miembros de su familia. Por
         consiguiente, tal jurisprudencia no puede aplicarse a situaciones en las que no se cumple dicho requisito.
      
      64      No obstante, estas alegaciones no pueden acogerse.
      
      65      En uno de los asuntos que dieron lugar a la sentencia Baumbast y R, antes citada, el Sr. Baumbast, padre de los hijos cuyo
         derecho de residencia en el Estado miembro de acogida –en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68– se cuestionaba,
         disponía en efecto de recursos que permitían que ni él ni su familia fueran una carga para la asistencia social de dicho Estado.
         No obstante, el extremo de si el Sr. Baumbast podía cubrir sus necesidades únicamente se abordó en el ámbito de la tercera
         cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el asunto que interesaba al citado Sr. Baumbast, y en relación
         con su derecho de residencia teniendo en cuenta el artículo 18 CE y la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de
         1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26).
      
      66      Por el contrario, las respuestas del Tribunal de Justicia a las dos primeras cuestiones prejudiciales, referidas al derecho
         de residencia de los hijos y de su madre, que tenía la custodia, no se basaron en su autonomía económica, sino en que el objetivo
         del Reglamento nº 1612/68, a saber, la libre circulación de los trabajadores, exige condiciones óptimas de integración de
         la familia del trabajador en el Estado miembro de acogida, y en que denegar a los progenitores que ejercen la custodia la
         posibilidad de permanecer en el Estado miembro de acogida durante la escolaridad de sus hijos podría llevar a privar a éstos
         de un derecho que el legislador de la Unión les ha reconocido (véase la sentencia Baumbast y R, antes citada, apartados 50 y 71).
      
      67      En cualquier caso, dado que el Tribunal de Justicia recordó, en el apartado 74 de la sentencia Baumbast y R, antes citada,
         que, habida cuenta del contexto y de las finalidades que persigue el Reglamento nº 1612/68 y, en particular, su artículo 12,
         éste no puede interpretarse de manera restrictiva y no debe verse privado de su efecto útil, no cabe sostener, basándose en
         esa sentencia, que el otorgamiento del derecho de residencia en cuestión esté supeditado a un requisito de independencia financiera,
         ya que el Tribunal de Justicia en modo alguno –ni siquiera de forma implícita– ha fundado sus razonamientos en tal requisito.
      
      68      La interpretación de que el derecho de residencia, en el Estado miembro de acogida, de los hijos que cursan estudios en él
         y del progenitor que tiene efectivamente su custodia no está supeditado al requisito de disponer de recursos suficientes y
         de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos queda confirmada por el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/38,
         que dispone que la partida del ciudadano de la Unión o su fallecimiento no supondrá la pérdida del derecho de residencia de
         sus hijos, ni del progenitor que tenga la custodia efectiva de los hijos, con independencia de su nacionalidad, siempre que
         los hijos residan en el Estado miembro de acogida y estén matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, y ello
         hasta el final de dichos estudios.
      
      69      Este precepto, aunque no sea aplicable al litigio principal, pone de relieve la especial importancia que la Directiva 2004/38
         atribuye a la situación de los hijos que cursan estudios en el Estado miembro de acogida y de los progenitores que tienen
         su custodia.
      
      70      Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión, letra b), que el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida
         del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia de un hijo que ejerce el derecho a cursar estudios, de conformidad
         con el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, no está supeditado al requisito de que ese progenitor disponga de recursos suficientes
         con objeto de no convertirse en una carga para la asistencia social de dicho Estado miembro durante su período de residencia,
         así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en ese Estado.
      
       Sobre la segunda cuestión, letra c)
      71      Mediante su segunda cuestión, letra c), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el derecho de residencia
         en el Estado miembro de acogida, del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia de un hijo de un trabajador
         migrante, cuando este hijo cursa estudios en ese Estado, está supeditado al requisito de que uno de los progenitores del hijo
         haya ejercido, en la fecha en que éste último comenzó sus estudios, una actividad profesional como trabajador migrante en
         dicho Estado miembro.
      
      72      Según su propio tenor, el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 es aplicable tanto a los hijos cuyo progenitor «esté empleado»
         en el territorio del Estado miembro de acogida como a aquellos cuyo progenitor «haya estado empleado» allí. Nada indica, en
         el texto de este artículo, que su ámbito de aplicación se limite a las situaciones en que uno de los progenitores del hijo
         tenga la condición de trabajador migrante en el preciso momento en que este hijo haya comenzado sus estudios, ni que los hijos
         de antiguos trabajadores migrantes sólo tengan un derecho limitado de acceso a la enseñanza en el Estado miembro de acogida.
      
      73      Como se ha indicado en el apartado 50 de la presente sentencia, el derecho de acceso a la enseñanza en virtud de dicho artículo
         12 no depende de que el progenitor interesado mantenga la condición de trabajador migrante. Los hijos de antiguos trabajadores
         migrantes pueden, por lo tanto, invocar los derechos que se desprenden del citado artículo 12 al igual que los hijos de ciudadanos
         de la Unión que tienen la condición de trabajadores migrantes.
      
      74      Considerando la jurisprudencia referida en el apartado 37 de la presente sentencia, basta que el hijo que cursa estudios en
         el Estado miembro de acogida se haya establecido en éste último cuando uno de sus progenitores ejercía allí el derecho de
         residencia como trabajador migrante. El derecho del hijo a residir en dicho Estado para cursar estudios, de conformidad con
         el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 y, en consecuencia, el derecho de residencia del progenitor que ejerce efectivamente
         su custodia, no pueden estar supeditados al requisito de que uno de los progenitores del hijo haya ejercido, en la fecha en
         que éste último comenzó sus estudios, una actividad profesional como trabajador migrante en el Estado miembro de acogida.
      
      75      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra c), que el derecho de residencia en el Estado miembro de
         acogida del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia del hijo de un trabajador migrante, cuando este hijo
         cursa estudios en ese Estado, no está supeditado al requisito de que uno de los progenitores del hijo haya ejercido, en la
         fecha en que este último comenzó sus estudios, una actividad profesional como trabajador migrante en dicho Estado miembro.
      
       Sobre la segunda cuestión, letra d)
      76      Mediante su segunda cuestión, letra d), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el derecho a residir en
         el Estado miembro de acogida, del que disfruta el progenitor que ejerce efectivamente la custodia del hijo de un trabajador
         migrante cuando aquél cursa estudios en ese Estado, caduca al llegar dicho hijo a la mayoría de edad.
      
      77      Se deduce de los autos remitidos al Tribunal de Justicia que la cuestión de las consecuencias de la mayoría de edad del hijo
         en el derecho de residencia de su progenitor, como persona que tiene efectivamente la custodia, se plantea por el hecho de
         que la hija de la Sra. Teixeira tenía 15 años cuando se presentó la solicitud de ayuda de vivienda y ha alcanzado entre tanto
         la edad de 18, lo que la convierte en mayor de edad según la legislación vigente en el Reino Unido. Esta cuestión debe examinarse
         a la luz del artículo 12 del Reglamento 1612/68, ya que, como se deduce de la respuesta a las cuestiones primera y segunda,
         letra a), esta disposición es la que permite fundamentar el derecho de residencia de una persona en la situación de la Sra.
         Teixeira.
      
      78      En primer lugar, procede señalar que la llegada a la mayoría de edad no tiene repercusión directa en los derechos otorgados
         al hijo por el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, conforme a su interpretación por el Tribunal de Justicia.
      
      79      En efecto, considerando su objeto y su finalidad, tanto el derecho de acceso a la enseñanza previsto en el artículo 12 del
         Reglamento nº 1612/68 como el correlativo derecho de residencia del hijo perduran hasta que éste último haya concluido sus
         estudios.
      
      80      En la medida en que, según reiterada jurisprudencia, el ámbito de aplicación del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 se
         extiende también a los estudios superiores (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Echternach y Moritz, apartados
         29 y 30, y Gaal, apartado 24), la fecha en que el hijo concluye sus estudios puede situarse después de su mayoría de edad.
      
      81      En la sentencia Gaal, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció acerca de si el concepto de «hijo», en el sentido
         del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, se limita a los hijos menores de 21 años o a cargo del trabajador migrante, con
         objeto de juzgar si el hijo de este trabajador, mayor de 21 años y que ya no estaba a su cargo, podía invocar el derecho a
         la igualdad de trato establecido en ese artículo, en relación con la concesión de una ayuda de formación.
      
      82      Tras haber recordado, en el apartado 24 de la sentencia Gaal, que el principio de igualdad de trato recogido en el artículo
         12 del Reglamento nº 1612/68 exige que el hijo de un trabajador migrante pueda continuar sus estudios hasta finalizarlos con
         éxito, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 25 de la misma sentencia, que dicho artículo 12 comprende las ayudas
         económicas de las que pueden disfrutar los estudiantes que ya se encuentran en una fase avanzada de sus estudios, aunque ya
         tengan 21 años o más y no estén ya a cargo de sus padres.
      
      83      De acuerdo con esta jurisprudencia, supeditar la aplicación de dicho artículo 12 a un límite de edad o a que se tenga la condición
         de hijo a cargo no sólo iría, por tanto, contra la letra de dicha disposición sino también contra su espíritu (sentencia Gaal,
         antes citada, apartado 25).
      
      84      En segundo lugar, hay que examinar si el hecho de que los derechos del artículo 12 del Reglamento nº 1612/68 hayan sido reconocidos
         de este modo, sin requisitos de edad, a los hijos mayores o que ya no están a cargo del trabajador migrante, permite al progenitor
         que se ocupa de un hijo mayor residir con él en el Estado miembro de acogida hasta el fin de sus estudios.
      
      85      En el apartado 73 de la sentencia Baumbast y R, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que se vulneraría el derecho
         del hijo de un trabajador migrante a continuar su escolaridad, en las mejores condiciones, en el Estado miembro de acogida,
         si la persona a la que corresponde efectivamente su custodia no pudiera residir con él en dicho Estado miembro durante sus
         estudios.
      
      86      Aun cuando se presume, en principio, que un hijo que alcanza la mayoría de edad es capaz de atender sus propias necesidades,
         el derecho de residencia del progenitor que tiene la custodia de un hijo que ejerce su derecho a continuar sus estudios en
         el Estado miembro de acogida puede, no obstante, prolongarse hasta más allá de esa edad cuando el hijo sigue necesitando la
         presencia y las atenciones de ese progenitor con objeto de continuar y terminar sus estudios. Incumbe al órgano jurisdiccional
         remitente apreciar si sucede así en el caso de autos.
      
      87      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra d), que el derecho a residir en el Estado miembro de acogida
         del que goza el progenitor que ejerce efectivamente la custodia del hijo de un trabajador migrante cuando este hijo cursa
         estudios en dicho Estado caduca al alcanzar el hijo la mayoría de edad, a menos que el hijo siga necesitando la presencia
         y las atenciones de ese progenitor con objeto de continuar y terminar sus estudios.
      
       Sobre la tercera cuestión prejudicial
      88      Esta cuestión se plantea por el órgano jurisdiccional remitente exclusivamente en caso de que la primera reciba una respuesta
         afirmativa, es decir, en el supuesto de que una persona en la situación de la Sra. Teixeira sólo pudiera invocar el derecho
         de residencia al amparo de la Directiva 2004/38.
      
      89      Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones primera y segunda, letra a), no procede responder a la tercera.
      
       Costas
      90      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      1)      El nacional de un Estado miembro que ha estado empleado en el territorio de otro Estado miembro, en el que su hijo está cursando
            estudios, en circunstancias como las del litigio principal, puede invocar, en su condición de progenitor que ejerce efectivamente
            la custodia de este hijo, el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, basándose exclusivamente en el artículo
            12 del Reglamento (CEE) 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores
            dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992, sin
            necesidad de reunir los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
            abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente
            en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas
            64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.
      2)      El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia de
            un hijo que ejerce el derecho a cursar estudios, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento nº 1612/68, no está supeditado
            al requisito de que ese progenitor disponga de recursos suficientes con objeto de no convertirse en una carga para la asistencia
            social de dicho Estado miembro durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos
            en ese Estado.
      3)      El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que tiene efectivamente la custodia del
            hijo de un trabajador migrante, cuando este hijo cursa estudios en ese Estado, no está supeditado al requisito de que uno
            de los progenitores del hijo haya ejercido, en la fecha en que este último comenzó sus estudios, una actividad profesional
            como trabajador migrante en dicho Estado miembro.
      4)      El derecho de residencia en el Estado miembro de acogida del que goza el progenitor que ejerce efectivamente la custodia del
            hijo de un trabajador migrante cuando este hijo cursa estudios en dicho Estado caduca al alcanzar el hijo la mayoría de edad,
            a menos que el hijo siga necesitando la presencia y las atenciones de ese progenitor con objeto de continuar y terminar sus
            estudios.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.