CELEX: E2019J0010
Language: es
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: Sentencia del tribunal de 22 de diciembre de 2020 en el asunto E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel / Meleda Anstalt «Directiva (UE) 2015/849 — Lucha contra el blanqueo de capitales — Información sobre la titularidad real — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Información adecuada, exacta y actualizada — Minimización de datos» 2021/C 141/12

22.4.2021   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 141/12
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL
      de 22 de diciembre de 2020
      en el asunto E-10/19
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel / Meleda Anstalt
      
         
            «Directiva (UE) 2015/849 — Lucha contra el blanqueo de capitales — Información sobre la titularidad real — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo — Información adecuada, exacta y actualizada — Minimización de datos»
         
      
      (2021/C 141/12)
      En el asunto E-10/19, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel / Meleda Anstalt — SOLICITUD al Tribunal de Justicia, presentada, con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituye un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por el Fürstliches Obergericht (Tribunal de Apelación del Principado), sobre la interpretación de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para la financiación del terrorismo, por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; el Tribunal, compuesto por Páll Hreinsson, Presidente, Per Christiansen (Juez Ponente) y Bernd Hammermann, Jueces, dictó sentencia el 22 de diciembre de 2020, cuyo fallo es el siguiente:
      
                  1.
               
               
                  El artículo 30, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que exige a una entidad jurídica que adopte medidas razonables para procurar confirmar la identidad de su titular real, como solicitar la documentación correspondiente, cuando las circunstancias de una situación le planteen dudas sobre la exactitud de la información recibida.
               
            
                  2.
               
               
                  La obligación de una persona jurídica con arreglo al artículo 30, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849 no se ve alterada por el hecho de que la entidad propietaria sea una persona jurídica con domicilio social en un Estado del EEE, ni por la profesión de los miembros de su consejo de administración.
               
            
                  3.
               
               
                  Compete al órgano jurisdiccional remitente determinar en qué medida la información sobre la titularidad real tratada es conforme con el principio de minimización de datos establecido en el artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por ser adecuada, pertinente y ceñirse a lo necesario para identificar al titular real y, en su caso, confirmar la identidad del titular real.
               
            
                  4.
               
               
                  El artículo 3, apartado 6, letra b), inciso v), y el artículo 3, apartado 6, letra c), de la Directiva (UE) 2015/849 no pueden interpretarse en el sentido de que obliguen a nadie a demostrar la inexistencia de propiedad indirecta o de control final por parte de una persona física.
               
            
                  5.
               
               
                  La Directiva (UE) 2015/849 no exige que una persona jurídica interponga acciones legales contra la entidad propietaria para obtener información sobre un titular real.