CELEX: 62004CC0423
Language: es
Date: 2005-12-15 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 15 de diciembre de 2005. # Sarah Margaret Richards contra Secretary of State for Work and Pensions. # Petición de decisión prejudicial: Social Security Commissioner - Reino Unido. # Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social - Directiva 79/7/CEE - Negativa a reconocer una pensión de jubilación a la edad de 60 años a un transexual que se ha sometido a una operación quirúrgica de cambio de sexo masculino a sexo femenino. # Asunto C-423/04.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. F.G. JACOBS
      presentadas el 15 de diciembre de 2005 1(1)
      
      Asunto C‑423/04
      Sarah Margaret Richards
      contra
      Secretary of State for Work and Pensions
      1.     Las personas transexuales, en palabras de la House of Lords, el tribunal supremo del Reino Unido, «nacen con la anatomía de
         una persona de un sexo pero con la creencia o sentimiento inquebrantable de que son del sexo opuesto». (2) La convicción de pertenecer al otro sexo es tan profunda que la persona transexual se ve impulsada a solicitar la realización
         de la correspondiente «corrección» corporal,  (3) mediante tratamiento hormonal y cirugía de cambio de género. (4) Esta condición se conoce también como disforia de género o trastorno de identidad de género.
      
      2.     Después de que Jan (anteriormente James) Morris, el periodista y escritor de viajes anglogalés, hubiera sufrido una operación
         quirúrgica de cambio de género en 1972 para concluir la adaptación de su apariencia a la de la mujer que siempre había sentido
         ser, (5) cuenta cómo «un cortés funcionario del Ministerio [...] explicó, excusándose, que la cuestión de mi pensión de jubilación
         tendría que resolverse cuando se acercara ese momento». (6) Más de treinta años después, el Reino Unido promulgó la Gender Recognition Act 2004 (Ley de reconocimiento de género) que
         regula la situación civil de las personas transexuales en materia de pensiones, entre otras cuestiones. (7) La Ley entró en vigor el 4 de abril de 2005 y no es retroactiva.
      
      3.     La presente petición de decisión prejudicial del Social Security Commissioner, Londres, planteada antes de que entrara en
         vigor la Gender Recognition Act 2004, suscita la cuestión de si es contrario a la Directiva 79/7/CEE(8) que un Estado miembro deniegue la concesión de una pensión de jubilación antes de la edad de 65 años a un transexual femenino
         que habría tenido derecho a dicha pensión a la edad de 60 años si hubiera sido considerado una mujer en virtud del Derecho
         nacional.
      
       Legislación comunitaria pertinente
      4.     El artículo 1 de la Directiva 79/7 dispone:
      «La presente Directiva contempla la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección
         social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social,
         denominado en lo sucesivo, “principio de igualdad de trato”.»
      
      5.     El artículo 2 establece que la Directiva se aplicará a la población activa.
      6.     El artículo 3, apartado 1, letra a), prevé que la Directiva se aplicará a los regímenes legales que aseguren una protección
         contra la vejez, entre otros riesgos.
      
      7.     El artículo 4, apartado 1, dispone:
      «El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente,
         [...] particularmente en lo relativo a:
      
      […]
      –       el cálculo de las prestaciones, [incluidas] las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.»
      8.     El artículo 7, apartado 1, prevé:
      «La presente Directiva no obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación:
      a)      la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación […]».
       Legislación nacional pertinente antes del asunto Goodwin
      9.     En Inglaterra y Gales, el artículo 1 de la Births and Deaths Registration Act 1953 (Ley de registro de nacimientos y fallecimientos)
         exige que se inscriba el nacimiento de todos los niños en el Registro de Nacimientos y Fallecimientos correspondiente al área
         en que han nacido. El sexo del niño debe hacerse constar en el certificado de nacimiento. La Ley de 1953 prevé la rectificación
         por el Registrador de los errores de hecho o materiales; la posición oficial es que la modificación sólo puede realizarse
         si el error se produjo al inscribir el nacimiento. El hecho de que, posteriormente en la vida de la persona, se ponga de manifiesto
         que su sexo «psicológico» se encuentra en conflicto con el sexo inscrito no se considera que supone que la inscripción inicial
         practicada en el momento del nacimiento sea un error de hecho. En particular, no se acepta que exista un error en la inscripción
         de nacimiento de una persona que es sometida a tratamiento médico y quirúrgico para permitirle que asuma el papel del sexo
         opuesto.
      
      10.   El Department for Work and Pensions [Departamento de Trabajo y Pensiones, anteriormente Department of Social Security (Departamento
         de Seguridad Social; en lo sucesivo, «DWP»)] inscribe a todos los nacionales del Reino Unido a efectos de seguridad social
         sobre la base de la información contenida en su certificado de nacimiento. El sexo de una persona a efectos de edad de jubilación
         se determina así conforme al sexo biológico en el momento del nacimiento.
      
      11.   Las cotizaciones a la seguridad social se realizan por medio de deducciones practicadas por el empresario sobre el salario
         del trabajador, que se abonan acto seguido al Inland Revenue (para su posterior transmisión al DWP). Actualmente los empresarios
         practicarán dichas deducciones para una trabajadora hasta que alcance la edad de jubilación de 60 años y para un trabajador
         hasta que alcance la edad de jubilación de 65 años. El DWP aplica un régimen para los transexuales femeninos por el que pueden
         llegar a un convenio con el DWP para abonar directamente a éste las cotizaciones a la seguridad social adeudadas después de
         que el transexual haya cumplido los 60 años, que no hayan sido deducidas por el empresario en la creencia de que el trabajador
         es de sexo masculino. En el caso de transexuales masculinos, las deducciones practicadas por el empresario después de la edad
         de 60 años podrán ser reclamadas directamente por el trabajador al DWP. (9)
      
      12.   El apartado 1 del anexo 4 de la Pensions Act 1995 (Ley de pensiones) establece que los hombres alcanzan la edad de jubilación
         cuando cumplen los 65 años; el apartado 2 de dicho anexo prevé que las mujeres nacidas antes del 6 de abril de 1950 alcanzan
         la edad de jubilación cuando cumplen los 60 años. (10)
      
       El asunto Goodwin y la Gender Recognition Act 2004
      13.   El 11 de julio de 2002, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó su sentencia Goodwin. (11) En ese asunto, la demandante, un transexual femenino a raíz de una operación quirúrgica, había alegado la vulneración del
         Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en relación con la situación
         jurídica de los transexuales en el Reino Unido y en particular por el trato que reciben en el ámbito del trabajo, de la seguridad
         social, de las pensiones y del matrimonio.
      
      14.   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que se había producido una violación de los artículos 8 (respeto a la vida
         privada) y 12 (derecho a contraer matrimonio). Con respecto al artículo 8, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refirió
         a la falta de reconocimiento jurídico del cambio de género de la demandante y señaló en particular que el hecho de que la
         demandante hubiera seguido siendo un hombre a efectos legales tenía repercusiones en su vida «en los supuestos en que el sexo
         presenta pertinencia legal y se establecen distinciones entre hombres y mujeres, como en materia de pensiones y edad de jubilación,
         entre otras cuestiones». En cuanto al artículo 12, el Tribunal no encontró ninguna justificación a la exclusión de los transexuales
         del derecho a contraer matrimonio conforme a su nuevo género en todas las circunstancias. (12)
      
      15.   La solución legislativa adoptada por el Reino Unido para dar efecto a la sentencia Goodwin es la Gender Recognition Act 2004,
         que entró en vigor el 4 de abril de 2005. Dicha Ley permite a las personas transexuales (antes y después de la operación quirúrgica)
         solicitar un «certificado de reconocimiento de género» que, en palabras del órgano jurisdiccional remitente, «ofrece acceso
         a un reconocimiento casi total de su nuevo género».
      
      16.   En particular, la Ley prevé la creación de un Comité de Reconocimiento de Género. El artículo 2 de la Ley dispone que el Comité
         deberá conceder un certificado de reconocimiento de género si se cerciora de que el solicitante:
      
      «a)      tiene o ha tenido disforia de género;
      b)      ha vivido con el nuevo género durante el plazo de dos años antes de la fecha en que se realiza la solicitud;
      c)      pretende seguir viviendo con el nuevo género hasta su muerte»
      y cumple determinados requisitos relativos a la aportación de pruebas suficientes, previstos en el artículo 3 de la Ley.
      17.   El artículo 13 y el anexo 5 de la Gender Recognition Act 2004 regulan el acceso a las prestaciones de la seguridad social
         y las pensiones. El apartado 7, número 3, del anexo 5 dispone:
      
      «si (inmediatamente antes de que se expida el certificado) una persona:
      a)      es un hombre que ha alcanzado la edad a la que una mujer llega a la edad de jubilación, pero
      b)      no ha cumplido los 65 años,
      ha de considerarse que esa persona [...] ha alcanzado la edad de jubilación con ocasión de la expedición de dicho certificado». (13)
      
       Hechos y procedimiento principal
      18.   La demandante nació en 1942; se le inscribió como perteneciente al sexo masculino en el momento de su nacimiento.
      19.   Al habérsele diagnosticado una disforia de género, la demandante se sometió a una operación quirúrgica de cambio de género
         el 3 de mayo de 2001. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente la describe como un transexual femenino a raíz de
         una operación quirúrgica.
      
      20.   En febrero de 2002, la demandante solicitó una pensión de jubilación que había de abonarse desde la fecha en que cumpliera
         los 60 años de edad.
      
      21.   Dicha solicitud fue denegada basándose en que se había presentado más de cuatro meses antes de que la demandante cumpliera
         los 65 años, que es la edad de jubilación de los hombres en el Reino Unido.
      
      22.   La demandante interpuso recurso ante el Social Security Appeal Tribunal (Tribunal de Recursos de la Seguridad Social). El
         recurso, que se sustanció exclusivamente con arreglo al Derecho nacional, fue desestimado.
      
      23.   En un nuevo recurso ante el Social Security Commissioner, la demandante alegó que la denegación de su pensión a la edad en
         la que cualquier otra mujer habría tenido derecho a pensión suponía una discriminación ilegal contraria a la Directiva 79/7.
      
      24.   No se discute que la demandante se encuentra en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 79/7 y que el plan de pensiones
         estatal controvertido está incluido en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva.
      
      25.   En consecuencia, el Social Security Commissioner suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Prohíbe la Directiva 79/7 la denegación de una pensión de jubilación hasta cumplir la edad de 65 años a un transexual femenino,
         que habría tenido derecho a dicha pensión a la edad de 60 años en el supuesto de que debiera ser considerado una mujer en
         virtud del Derecho nacional?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿a partir de qué fecha debe tener efectos la decisión del Tribunal de Justicia sobre la primera
         cuestión?»
      
      26.   Han presentado observaciones escritas la demandante, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, y todos ellos estuvieron representados
         en la vista.
      
       Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre transexuales y discriminación
      27.   El Tribunal de Justicia ha dictado sentencias en dos asuntos en los que un transexual alegaba haber sido discriminado por
         razón de sexo. Ambos asuntos eran peticiones de decisiones prejudiciales del Reino Unido.
      
      28.   En el asunto P./S. (14) se preguntó al Tribunal de Justicia, en sustancia, si el despido de un trabajador transexual motivado por un cambio de género
         constituía discriminación por razón de sexo en el sentido de la Directiva de igualdad de trato. (15)
      
      29.   El Tribunal de Justicia atendió a la petición del Abogado General Tesauro de adoptar una decisión «valiente». Declaró lo siguiente:
      «El principio de igualdad de trato “entre hombres y mujeres” que la Directiva enuncia en su título, en su exposición de motivos
         y en sus disposiciones, implica […] “la ausencia de toda discriminación por razón de sexo”.
      
      Por lo tanto, la Directiva no es sino la expresión, en el ámbito considerado, del principio de igualdad que es uno de los
         principios fundamentales del Derecho comunitario.
      
      Además, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el derecho a no ser discriminado por razón de sexo constituye
         uno de los derechos humanos fundamentales cuyo respeto debe garantizar el Tribunal de Justicia […].
      
      Por consiguiente, el ámbito de aplicación de la Directiva no puede reducirse únicamente a las discriminaciones que se derivan
         de la pertenencia a uno u otro sexo. En atención a su objeto y a los derechos que pretende proteger, la Directiva debe aplicarse
         igualmente a las discriminaciones que tienen lugar, como en el presente caso, a consecuencia del cambio de sexo del interesado.
      
      En efecto, tales discriminaciones se basan esencialmente, si no exclusivamente, en el sexo del interesado. Por lo tanto, cuando
         una persona es despedida por tener intención de someterse o haberse sometido a una operación de cambio de sexo, recibe un
         trato desfavorable frente a las personas del sexo al que se consideraba que pertenecía antes de la citada operación.
      
      Tolerar tal discriminación supondría atentar contra el respeto a la dignidad y la libertad a que esa persona tiene derecho
         y que el Tribunal de Justicia debe proteger». (16)
      
      30.   En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que la Directiva prohibía el despido de un transexual por motivos relativos
         al cambio de género.
      
      31.   En el asunto K.B., (17) era una mujer la que vivía con el transexual masculino R, pero no podía casarse con él. K.B. fue informada de que si moría
         antes que R, éste no tendría derecho a una pensión de viudedad en virtud del plan de pensiones de K.B., puesto que la pensión
         sólo se abonaba al cónyuge supérstite y el Derecho nacional no reconocía a una persona como «cónyuge» de no haber un matrimonio
         legal. K.B. incoó un procedimiento en el que alegó discriminación por razón de sexo; la cuestión planteada ante el Tribunal
         de Justicia era si, al excluir de ese modo a una persona en la situación de R, el plan de pensiones establecía una discriminación
         por razón de sexo contraria al Derecho comunitario. (18)
      
      32.   El Tribunal de Justicia, habiendo concluido que una pensión de supervivencia pagada en el marco de un régimen profesional
         de pensiones como el controvertido constituía una «retribución» en el sentido del artículo 141 CE y de la Directiva de igualdad
         de retribución, declaró lo siguiente:
      
      «El artículo 141 CE se opone, en principio, a una legislación contraria al CEDH que impide que una pareja como K.B. y R cumpla
         el requisito del matrimonio, necesario para que uno de ellos pueda disfrutar de un elemento de la retribución del otro. Incumbe
         al juez nacional comprobar si, en un caso como el del litigio principal, una persona en la situación de K.B. puede invocar
         el artículo 141 CE para que se le reconozca el derecho a que su compañero pueda disfrutar de una pensión de supervivencia.» (19)
      
       Primera cuestión
      33.   Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si es contrario a la Directiva 79/7 que un Estado
         miembro deniegue la concesión de una pensión de jubilación antes de la edad de 65 años a un transexual femenino que habría
         tenido derecho a dicha pensión a la edad de 60 años si hubiera sido considerado una mujer en virtud del Derecho nacional.
      
      34.   La demandante y la Comisión sostienen que la cuestión debe responderse en sentido afirmativo; el Gobierno del Reino Unido
         adopta la opinión contraria.
      
      35.   La demandante y la Comisión invocan las sentencias P./S. (20) y K.B. (21) en apoyo de sus alegaciones.
      
      36.   En el asunto P./S., el Tribunal de Justicia declaró básicamente que el despido «por un motivo relacionado con [el] cambio
         de sexo» constituía una discriminación por razón de sexo contraria al artículo 5, apartado 1, de la Directiva de igualdad
         de trato. (22)
      
      37.   Está claro que el «principio de igualdad de trato» que se expresa en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 en materia
         de seguridad social tiene el mismo alcance y efecto que el «principio de igualdad de trato» enunciado en el artículo 5, apartado
         1, de la Directiva de igualdad de trato en relación con las condiciones laborales. El artículo 4, apartado 1, de la Directiva
         79/7 establece que ese principio prohíbe en particular la discriminación directa o indirecta por razón de sexo en lo relativo,
         entre otras cosas, a las condiciones de duración de las prestaciones de los regímenes legales de pensiones de vejez.
      
      38.   En el presente asunto, se niega a la demandante su pensión en circunstancias en las que, si hubiera sido inscrita como mujer
         en el momento de su nacimiento, habría tenido derecho a ella. La supuesta discriminación, por tanto, consiste en que el Reino
         Unido no reconoce el nuevo género de una persona transexual en las mismas condiciones que las personas inscritas con ese género
         en el momento del nacimiento.
      
      39.   En el asunto P./S., el Tribunal de Justicia declaró que cuando una persona es despedida por tener intención de someterse o
         haberse sometido a una operación de cambio de sexo, recibe un trato desfavorable frente a las personas del sexo al que se
         consideraba que pertenecía antes de la citada operación. (23)
      
      40.   Si se aplicara ese enfoque en el presente asunto, el elemento de comparación correcto para la demandante serían «las personas
         del sexo al que se consideraba que pertenecía antes de la citada operación». En esa clase estarían comprendidos los solicitantes
         masculinos de pensiones, que no tienen derecho a pensión hasta que cumplan los 65 años, por lo que no existiría discriminación.
      
      41.   Estoy de acuerdo con la Comisión, no obstante, en que el razonamiento que ha de utilizarse al aplicar la normativa sobre discriminación
         sexual al supuesto de las personas transexuales debe ser distinto del modelo clásico que siempre se basa en una comparación
         directa entre hombres y mujeres.
      
      42.   El asunto P./S. era un caso especialmente claro de discriminación, ya que se aceptó que el despido se realizó «por un motivo
         relacionado con [el] cambio de sexo». El resultado habría sido el mismo tanto si el elemento de comparación hubiera sido un
         hombre que no pretendía someterse a una operación de cambio de género o una mujer que no había sufrido dicha operación: en
         comparación con tal persona, la demandante había sido desfavorecida.
      
      43.   Lo mismo cabe afirmar de la decisión de la House of Lords en el asunto A/Chief Constable of West Yorkshire Police, (24) en el que para determinar el elemento de comparación correcto se siguió el enfoque del Tribunal de Justicia en el asunto
         P./S. (25) Dicho asunto se refería también a una discriminación directa por el cambio de género.
      
      44.   En el asunto K.B. la situación era distinta. Al llegar a la conclusión de que la exclusión de la pareja, un transexual masculino,
         de una mujer afiliada al National Health Service Pension Scheme constituía una discriminación sexual contraria al artículo
         141 CE, el Tribunal de Justicia comparó la pareja a «las parejas heterosexuales en las que la identidad de alguno de sus miembros
         no es el resultado de una operación de cambio de sexo y que, por tanto, pueden contraer matrimonio». (26) El elemento de comparación correcto en el supuesto de un transexual masculino era, por tanto, un hombre cuya identidad no
         fuera el resultado de una operación de cambio de género.
      
      45.   En el presente asunto también estimo que ese es el criterio de comparación correcto. Se ha denegado la pensión a la demandante
         en circunstancias en las que, si hubiera sido inscrita como mujer en el momento de su nacimiento, habría tenido derecho a
         ella. Por tanto, la discriminación alegada estriba en que el Reino Unido no ha reconocido el nuevo género de una persona transexual
         en las mismas condiciones que para las personas inscritas con dicho género en el momento del nacimiento, que es precisamente
         la cuestión del asunto K.B. Por consiguiente, considero que el criterio de comparación correcto en el presente asunto, que
         se refiere a un transexual femenino, es una mujer cuya identidad no sea el resultado de una operación de cambio de género.
      
      46.   Sobre la base de esta consideración, estimo que es contrario al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 que un Estado
         miembro deniegue la concesión de una pensión de jubilación antes de los 65 años a un transexual femenino cuando esa persona
         habría tenido derecho a pensión a la edad de 60 años si hubiera sido considerada una mujer conforme al Derecho nacional.
      
      47.   El Gobierno del Reino Unido alega, no obstante, que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7 no es aplicable ya que
         el Reino Unido ha decidido hacer uso de la facultad conferida por el artículo 7, apartado 1, letra a), de excluir del ámbito
         de aplicación de la Directiva las disposiciones relativas a la fijación de la edad de jubilación.
      
      48.   La demandante y la Comisión objetan que la demandante no critica que existan edades de jubilación distintas para hombres y
         mujeres, sino que ella, como mujer, no puede percibir su pensión a la edad fijada, únicamente porque el Reino Unido no quiere
         reconocerle su nuevo género.
      
      49.   Estoy de acuerdo con que, en el presente asunto, el artículo 7, apartado 1, letra a), no es pertinente.
      50.   El Tribunal de Justicia ha declarado que una discriminación que sea en principio contraria al artículo 4, apartado 1, sólo
         puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a), si resulta
         necesaria para alcanzar los objetivos que persigue la Directiva al dar a los Estados miembros la facultad de mantener una
         edad mínima de jubilación diferente para los hombres y para las mujeres. (27)
      
      51.   No es ese el objeto del presente asunto, en el que la demandante impugna fundamentalmente los criterios por los que el Reino
         Unido clasifica a una persona como perteneciente a un determinado sexo a efectos de determinar, acto seguido, si dicha persona
         ha alcanzado la edad de jubilación. La excepción del artículo 7, apartado 1, letra a), se refiere a las disposiciones por
         las que se fijan las distintas edades de jubilación para hombres y mujeres. No se refiere a las disposiciones relativas a
         la distinta cuestión de determinar el sexo de la persona interesada.
      
      52.   El Gobierno del Reino Unido alega que la demandante no puede sostener por una parte que la discriminación sexual a efectos
         del artículo 4, apartado 1, comprende la discriminación por razón de cambio de género y, por otra parte, que la excepción
         del Reino Unido a la prohibición de «discriminación [...] por razón de sexo» del artículo 7 no se aplica al tipo de discriminación
         que alega.
      
      53.   No obstante, no considero que esa tesis esté, tal como la describe el Gobierno del Reino Unido, «intrínsecamente viciada».
         En contra de lo que sostiene dicho Gobierno, un asunto puede estar comprendido en una prohibición general de discriminación
         y quedar fuera de una excepción específica a dicha prohibición.
      
      54.   Se desprende claramente de sus términos que la prohibición de discriminación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7,
         que establece que «supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial
         con relación al estado matrimonial o familiar» persigue tener un carácter general. El Tribunal de Justicia ha declarado que
         esa disposición «excluye toda discriminación por razón de sexo de manera general y en términos inequívocos».   El artículo
         4, apartado 1, cita algunos ejemplos específicos de ámbitos en los que está prohibida la discriminación, a saber, el ámbito
         de los regímenes legales de seguridad social, las condiciones de acceso a los mismos, el cálculo de las contribuciones, el
         cálculo de las prestaciones y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.
      
      55.   Frente a ello, el Tribunal de Justicia ha declarado que, teniendo en cuenta la importancia fundamental del principio de igualdad
         de trato, la excepción a la prohibición de las discriminaciones por razón de sexo debe ser interpretada de manera restrictiva. (28) Como se ha explicado anteriormente, esa disposición permite el mantenimiento de un supuesto específico de diferencia de trato
         entre hombres y mujeres, a saber, en la fijación de la edad de jubilación a efectos de conceder pensiones de vejez y de jubilación
         y sus posibles consecuencias para otras prestaciones. Ese tipo de discriminación sexual no es objeto del presente asunto.
      
      56.   En el caso de autos, la práctica criticada está comprendida en la prohibición general del artículo 4, apartado 1, de la Directiva
         de igualdad de trato y queda fuera de la excepción a dicha prohibición prevista en el artículo 7, apartado 1, letra a).
      
      57.   Añadiría que la cuestión de la fase en que una persona transexual tiene derecho a una igualdad de trato en el sentido de la
         Directiva 79/7 respecto de las personas de su nuevo género se discutió en la vista. No obstante, no existe necesidad de resolver
         esa cuestión en el caso de autos, que se refiere a un transexual después de someterse a una operación quirúrgica y cuyo derecho
         está, por tanto, claro.
      
      58.   En consecuencia, concluyo, en respuesta a la primera cuestión, que es contrario al artículo 4, apartado 1, de la Directiva
         79/7 que un Estado miembro deniegue la concesión de una pensión de jubilación antes de la edad de 65 años a un transexual
         femenino sometido a una operación quirúrgica cuando esa persona habría tenido derecho a pensión a los 60 años si hubiera sido
         considerada una mujer conforme al Derecho nacional.
      
       Segunda cuestión
      59.   La segunda cuestión del órgano jurisdiccional remitente se suscita si la primera cuestión se responde tal como he indicado
         en el punto 58 supra.  En ese caso, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en efecto, si debe existir alguna limitación temporal de la decisión
         del Tribunal de Justicia sobre la primera cuestión.
      
      60.   El órgano jurisdiccional remitente parece haberse visto inducido a plantear la segunda cuestión por una alegación realizada
         en el procedimiento principal por el Secretary of State for Work and Pensions, que se resume en la resolución de remisión
         del siguiente modo:
      
      «Si [...] el Tribunal de Justicia concluye que el Derecho comunitario prohíbe la discriminación criticada por la demandante,
         el Secretary of State solicitará a dicho Tribunal que limite sus efectos temporales siguiendo su sentencia de 17 de mayo de
         1990, Barber (C‑262/88, Rec. p. I‑1889), apartados 40 a 44, y que declare que la sentencia dictada en el presente asunto no
         puede ser invocada para reclamar el derecho a pensión con efectos desde una fecha anterior a la de esta sentencia, salvo en
         el caso de quienes, con efectos desde una fecha anterior a la de la sentencia del Tribunal, hayan [...] iniciado procedimientos
         legales o hayan presentado una reclamación equivalente con arreglo al Derecho nacional aplicable.»
      
      61.   No obstante, en realidad el Gobierno del Reino Unido señaló en sus observaciones escritas y reiteró en la vista que no solicita
         una limitación temporal de los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia.
      
      62.   En cualquier caso, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende claramente que la limitación temporal se impondrá
         únicamente en circunstancias muy determinadas que incluyan la existencia de «un riesgo de repercusiones económicas graves
         debidas en particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada
         válidamente en vigor». (29)
      
      63.   En el presente asunto, hay varios factores cuyo efecto conjunto consiste en minimizar las repercusiones económicas de una
         sentencia que, en el caso de autos, responda en sentido afirmativo a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente. En primer lugar, el número de personas transexuales en el Reino Unido es reducido, según las cifras del propio
         Gobierno: en el año 2000, se estimaba en unas 2.000 a 5.000 aproximadamente (30) (lo que por supuesto incluye a transexuales de todas las edades) en una población de unos 60 millones. En segundo lugar,
         actualmente el Reino Unido está retirando de modo progresivo la diferencia en las edades de jubilación entre hombres y mujeres
         para todas las personas nacidas con posterioridad al 5 de abril de 1955. (31) En tercer lugar, se considera que una persona transexual femenina a la que se le ha expedido un certificado de reconocimiento
         de género conforme a la Gender Recognition Act 2004 y que ha cumplido la edad a la que una mujer tiene derecho a pensión alcanza
         la edad de jubilación cuando se expide el certificado. Por tanto, es evidente que el número de personas que se encuentran
         en la situación de la demandante no podrá crear un riesgo de repercusiones económicas graves en el Reino Unido. Dichas repercusiones
         serán aún menos significativas en la Unión Europea en conjunto, dado que muchos Estados miembros ya prevén la jubilación de
         hombres y mujeres a la misma edad y otorgan a las personas transexuales un reconocimiento legal pleno de su nuevo género. (32)
      
      64.   Por consiguiente, considero que si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera cuestión del órgano jurisdiccional
         remitente, no existe necesidad de que limite los efectos temporales de la sentencia.
      
       Conclusión
      65.   Por los motivos expuestos, considero que las cuestiones planteadas por el Social Security Commissioner, Londres, deben responderse
         del siguiente modo:
      
      «1)      Es contrario al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
         progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, que un Estado miembro
         deniegue la concesión de una pensión de jubilación antes de la edad de 65 años a un transexual femenino sometido a una operación
         quirúrgica cuando esa persona habría tenido derecho a pensión a los 60 años si hubiera sido considerada una mujer conforme
         al Derecho nacional.
      
      2)      No es necesario limitar los efectos temporales de una sentencia en ese sentido.»
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Bellinger/Bellinger [2003] 2 AC 467, por Lord Nicholls of Birkenhead.
      
      3 –	Recomendación 1117 del Consejo de Europa, de 29 de septiembre de 1989, relativa a la condición de los transexuales.
      
      4 –	La terminología utilizada pretende diferenciar entre el sexo, determinado por los aspectos físicos del cuerpo, y el género,
         en particular el otro sexo al que las personas transexuales están convencidas de pertenecer. Las expresiones «operación de
         cambio de género» y el concepto del «género» adquirido en virtud de dicha operación son pues quizás denominaciones poco apropiadas,
         pero dado que esas expresiones parecen utilizarse de modo general seguiré esta pauta.
      
      5 –	Después de ocho años de tratamiento hormonal, que supone una cantidad estimada de como mínimo 12.000 píldoras de estrógenos
         (Morris, J.: Conundrum,  Coronet, 1974, p. 102).
      
      6 –	Conundrum, p. 149.
      
      7 –	Véanse los puntos 15 y 16 infra.
      
      8 –	Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato
         entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).
      
      9 –	Este apartado y los precedentes se toman más o menos literalmente de los apartados 23, 25, 28, 37 y 40 de la sentencia
         del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Goodwin (2002) 35 EHRR 447, expuestos por el órgano jurisdiccional remitente
         en la resolución de remisión como resumen de la legislación pertinente.
      
      10 –	Una mujer nacida el 5 de abril de 1950, o anteriormente a esta fecha, alcanza la edad de jubilación al cumplir 60 años,
         mientras que una mujer nacida el 6 de abril de 1955 o posteriormente, a los 65 años. Hay una escala progresiva para las mujeres
         nacidas entre esas dos fechas.
      
      11 –	Citada en la nota 9.
      
      12 –	Apartados 71, 76 y 103.
      
      13 –      El artículo 7, apartado 2, contiene una disposición análoga relativa a la situación de los transexuales masculinos.
      
      14 –	Sentencia de 30 de abril de 1996 (C‑13/94, Rec. p. I‑2143).
      
      15 –	Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
         entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones
         de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70).
      
      16 –      Apartados 17 a 22.
      
      17 –	Sentencia de 7 de enero de 2004 (C‑117/01, Rec. p. I‑541).
      
      18 –	Directiva 75/177/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
         Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos
         (DO L 45, p. 19; EE 05/02, p. 52) (en lo sucesivo, «Directiva de igualdad de retribución»).
      
      19 –      Apartado 36 y fallo.
      
      20 –	Citada en la nota 14.
      21 –	Citada en la nota 17.
      22 –	Citada en la nota 15.
      
      23 –	Apartado 21.
      
      24 –	[2005] 1 AC 51.
      
      25 –	Véase la opinión de Baroness Hale, en particular los apartados 56 a 58.
      
      26 –	Apartado 31.
      
      27 –	Sentencia de 7 de julio de 1992, Equal Opportunities Commission (C‑9/91, Rec. p. I‑4297), apartado 13.
      
      28 –	Sentencia de 30 de marzo de 1993, Thomas y otros (C‑328/91, Rec. p. I‑1247), apartado 8.
      
      29 –	Véase, muy recientemente, la sentencia de 15 de marzo de 2005, Bidar (C‑209/03, Rec. p. I‑2119), apartado 69.
      
      30 –	Véase el Informe del Home Office del Interdepartmental Working Group on Transsexual People (abril de 2000) del Reino Unido,
         citado en el asunto Goodwin, apartado 87.
      
      31 –	Véase la nota 10.
      32 –	Según las tablas del MISSOC (Sistema de información mutua sobre protección social), «Protección social en los Estados miembros
         de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza» (2004), publicadas por la Comisión, en Chipre, Dinamarca, Finlandia,
         Francia, Alemania, Hungría, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia las edades de jubilación para hombres
         y mujeres son idénticas. El Abogado General Ruiz-Jarabo señala, en sus conclusiones sobre el asunto K.B., que antes de la
         ampliación de 2004, todos los Estados miembros, salvo el Reino Unido e Irlanda, permitían la rectificación de las inscripciones
         de nacimiento después de una operación de cambio de género (véase el punto 28 de las conclusiones). El Tribunal Europeo de
         Derechos Humanos señaló, en la sentencia Goodwin, citada en la nota 9, que de los 37 Estados miembros del Consejo de Europa
         sólo cuatro no permitían dicha rectificación (véase el apartado 55 de la sentencia). Esos cuatro Estados son Albania, Andorra,
         Irlanda y el Reino Unido.