CELEX: C2003/112/81
Language: es
Date: 2003-05-10 00:00:00
Title: Asunto T-95/03: Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2003 por la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones de Servicio contra Comisión de las Comunidades Europeas

10.5.2003               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 112/43
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia              La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                       que:
—     Con carácter principal, anule, conforme al artículo 230
      CE, la Decisión C(2002)5087 def. de la Comisión, de                  —     declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 13 de
      17 de diciembre de 2002, por la que se condenó a la                        noviembre de 2002 por la que se decide no plantear
      demandante al pago de una multa igual a                                    objeciones a la Disposición Transitoria Primera del Real
      3 750 000 000 euros como resultado de un procedi-                          Decreto Ley 6/2000 de Medidas Urgentes de Intensifica-
      miento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA                      ción de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios;
      (Asunto COMP/37.956 — redondo de hormigón
      armado).
                                                                           —     condene en costas a la Comisión.
—     Con carácter subsidiario, anule parcialmente la Decisión
      C(2002)5087 def. con la consiguiente reducción del
      importe de la multa.
—     En cualquier caso, condene a la Comisión al pago de las              Motivos y principales alegaciones
      costas del procedimiento.
Motivos y principales alegaciones                                          Los demandantes en el presente procedimiento, que represen-
                                                                           tan a la práctica totalidad de las estaciones de servicio existentes
                                                                           en España, se oponen a la inacción de la Comisión frente a la
El presente recurso se dirige contra la Decisión ya impugnada              exoneración a determinados hipermercados de la necesidad de
en el asunto T-27/03, S.P./Comisión. Los motivos y principales             obtener una autorización de la adminisración para modificar
alegaciones son similares a los invocados en dicho asunto. En              los límites urbanísticos a la edificabilidad y ocupación, exonera-
particular, se alega, además de la vulneración del derecho de              ción introducida en el ordenamiento español mediante la
defensa en la medida en que la comunicación del pliego de                  Disposición Transitoria Primera del Real Decreto-Ley 6/2000,
cargos no examinó la incidencia de la práctica colusoria en los            de 23 de junio de Medidas Urgentes de Intensificación de la
intercambios intracomunitarios, la apreciación errónea por lo              Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. El objetivo
que se refiere a la duración de la participación de la demandante          declarado de esta exoneración, que las demandantes consideran
en la práctica colusoria, así como a los precios mínimos, a los            constitutiva de ayuda, era facilitar la instalación de estaciones
precios de los suplementos de dimensión y a la limitación de               de servicio en las instalaciones de dichos hipermercados,
la producción y/o de las ventas.                                           promoviendo con ello un incremento de la competencia en el
                                                                           mercado del suministro al por menor de productos petrolíferos
                                                                           en España.
                                                                           La decisión objeto del recurso afirma que la medida denunciada
                                                                           no constituye una ayuda de Estado, por no comportar una
Recurso interpuesto el 8 de marzo de 2003 por la                           transferencia de recursos públicos.
Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de
la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación
Catalana de Estaciones de Servicio contra Comisión de las
                     Comunidades Europeas
                                                                           En apoyo de sus pretensiones las demandante alegan:
                         (Asunto T-95/03)
                                                                           —     Que la medida de autos implica un enriquecimiento
                                                                                 patrimonial inmediato y gratuito para los beneficiarios, al
                          (2003/C 112/81)
                                                                                 suponer una recalificación excepcional del suelo en que
                                                                                 se asientan los hipermercados, elimina las cargas, costes
                  (Lengua de procedimiento: español)                             y actos administrativos que deben afrontarse en condicio-
                                                                                 nes normales para poder abrir una estación de servicio, e
                                                                                 implica igualmente la renuncia del Estado a percibir las
                                                                                 contraprestaciones financieras o valorables en dinero que
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                           serían normalmente de aplicación.
europeas se ha presentado el 8 de marzo de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
por la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de              —     Un error manifiesto de apreciación de la Comisión, al
la Comunidad Autónoma de Madrid y la Federación Catalana                         realizar un análisis parcial y erróneo de la normativa
de Estaciones de Servicio, con domicilio en Madrid, representa-                  nacional sobre urbanismo, que vició la Decisión sobre la
das por los letrados en ejercicio D. José María Jiménez Laiglesia                transferencia de recursos públicos y la consiguiente
y Dª Marta Delgado Echevarría,                                                   interpretación del artículo 87.1 del Tratado.
 ---pagebreak--- C 112/44             ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                          10.5.2003
—    Un error manifiesto de apreciación de la jurisprudencia y           —     Condene a la Comisión a pagarle como indemnización
     normativa comunitarias sobre el requisito previsto en el                  por su perjuicio moral la cantidad de 10 000 euros
     artículo 87.1 del Tratado de que la ayuda sea concedida                   provisionalmente estimada ex aequo et bono.
     por el Estado o mediante fondos estatales. Se afirma a
     este respecto que nada en la jurisprudencia comunitaria,
                                                                         —     Condene a la Comisión a pagarle como reparación del
     ni en la normativa de ayudas de Estado, permite llegar a
                                                                               perjuicio experimentado en su carrera la suma de un euro
     la conclusión de que es necesario que los recursos a los
                                                                               con carácter provisional.
     que renuncien las autoridades internas se encuentren
     formalmente reconocidos en el Presupuesto del Estado.
                                                                         —     Condene a la Comisión a reembolsarse los gastos efectua-
—    La violación del principio de buena administración, al no                 dos para su defensa en el marco de la investigación y de
     haber planteado la Comisión objeciones a la medida                        su reclamación administrativa contra la decisión de 17 de
     cuestionada, incoando el procedimiento de investigación                   mayo de 2002.
     formal previsto en el artículo 88.2 del Tratado.
                                                                         —     Condene en costas a la Comisión.
Las demandantes alegan igualmente la violación del deber de
motivación.
                                                                         Motivos y principales alegaciones
                                                                         El demandante es un funcionario al servicio de la demandada.
                                                                         Entre 1993 y 1997, asistió a su superior jerárquico, que
                                                                         formaba parte del Comité ejecutivo del Instituto para las
                                                                         Relaciones Europa-América Latina (IRELA). A raíz del inicio
Recurso interpuesto el 10 de marzo de 2003 contra la                     de una investigación interna de la Oficina Europea de Lucha
Comisión de las Comunidades Europeas por Manel Camós                     Contra el Fraude (OLAF) en relación con el IRELA, se informó
                              Grau                                       al demandante de que existía la posibilidad que él también
                                                                         estuviera implicado en irregularidades financieras. El deman-
                                                                         dante solicitó al Director de la OLAF que se informase respecto
                      (Asunto T-96/03)                                   a un posible conflicto de intereses de uno de los investigadores
                                                                         y que adoptase, en su caso, las medidas necesarias para
                                                                         garantizar la objetividad de la investigación. Mediante la
                       (2003/C 112/82)                                   decisión impugnada, el Director de la OLAF decidió excluir de
                                                                         la investigación a este investigador, pero mantuvo intactas las
                                                                         diligencias y las decisiones formuladas y adoptadas por él o
                (Lengua de procedimiento: francés)                       con su participación.
                                                                         En apoyo de sus pretensiones el demandante invoca cuatro
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   motivos:
Europeas se ha presentado el 10 de marzo de 2003 un recurso
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
                                                                         —     Infracción del artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto,
por Manel Camós Grau, con domicilio en Bruselas, represen-
                                                                               por cuanto la decisión impugnada no le fue notificada y
tado por M e Marc-Albert Lucas, abogado.
                                                                               está insuficientemente motivada.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             —     Incumplimiento de la obligación de acreditar la prueba
                                                                               de la regularidad de la investigación.
—    Anule la decisión de 17 de mayo de 2002 de la OLAF,
     por la que se excluye a uno de los investigadores de la             —     Error manifiesto de apreciación en la medida en que
     investigación de la Oficina en relación con el IRELA, por                 la decisión impugnada parece estar motivada por la
     cuanto mantiene intactas las diligencias y las decisiones                 circunstancia de que el investigador afectado no partici-
     relativas a dicha investigación formuladas y adoptadas                    para ni en el control ni en la gestión del asunto de que se
     por este investigador o con su participación, sin exami-                  trata.
     narlas de nuevo, anularlas o exigir nuevas investigaciones.
                                                                         —     Vulneración de los principios de equidad e imparcialidad
—    Anule la decisión de 29 de noviembre de 2002 de                           de las investigaciones.
     la OLAF, por la que se desestima implícitamente su
     reclamación administrativa de 29 de julio de 2002 contra
     la decisión de 17 de mayo de 2002.