CELEX: 62014CC0258
Language: es
Date: 2016-12-21 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 21 de diciembre de 2016.#Eugenia Florescu y otros contra Casa Judeţeană de Pensii Sibiu y otros.#Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia.#Procedimiento prejudicial — Artículo 143 TFUE — Dificultades en la balanza de pagos de un Estado miembro — Ayuda financiera de la Unión Europea — Memorando de Acuerdo celebrado entre la Unión Europea y el Estado miembro beneficiario — Política social — Principio de igualdad de trato — Normativa nacional que prohíbe la acumulación de una pensión de jubilación pública con ingresos salariales obtenidos por el ejercicio de actividades en el seno de una institución pública — Diferencia de trato entre las personas con un mandato cuya duración esté prevista en la Constitución y los magistrados de carrera.#Asunto C-258/14.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. YVES BOT
      presentadas el 21 de diciembre de 2016 (
            1
         )
      
         Asunto C‑258/14
      
      
         Eugenia Florescu y otros
      
      
         contra
      
      
         Casa Judeţeană de Pensii Sibiu,
      
      
         Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale,
      
      
         Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,
      
      
         Statul român,
      
      
         Ministerul Finanțelor Publice
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía)]
      
      «Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Política social e igualdad de trato — Principios de seguridad jurídica y de primacía del Derecho de la Unión — Normativa nacional que permite la revisión de resoluciones judiciales firmes en caso de vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, pero únicamente en el ámbito administrativo (no en los demás órdenes jurisdiccionales) — Normativa nacional que prohíbe la acumulación de una pensión de jubilación con ingresos salariales — Interpretación de dicha normativa por el Tribunal Constitucional rumano que puede dar lugar a una discriminación entre las personas cuyo mandato tiene su duración prevista en la Constitución y los magistrados de carrera»
      En el presente asunto, la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía) ha planteado al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas a la conformidad con el Derecho de la Unión de una disposición nacional que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      Este órgano jurisdiccional se pregunta, en particular, si las disposiciones de la Directiva 2000/78/CE, (
            2
         ) así como el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (
            3
         ) se oponen a semejante medida.
      Estas cuestiones llevarán al Tribunal de Justicia a apreciar la naturaleza del Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, (
            4
         ) con el fin de determinar si este último puede considerarse un acto adoptado por las instituciones en el sentido del artículo 267 TFUE. Asimismo, dichas cuestiones brindarán al Tribunal de Justicia la oportunidad de examinar si puede considerarse que la medida nacional controvertida en el litigio principal aplica el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.
      En las presentes conclusiones, expondré los motivos por los cuales considero que el Memorando de Acuerdo debe ser considerado un acto adoptado por las instituciones de la Unión Europea en el sentido del artículo 267 TFUE y puede, por tanto, estar sujeto a la interpretación del Tribunal de Justicia. Expondré por qué opino que este Memorando debe interpretarse en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      También indicaré por qué el artículo 17 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a tal normativa nacional.
      Después, expondré los motivos por los cuales considero que el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a dicha normativa nacional.
      Por último, propondré al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 47 de la Carta, así como los principios de equivalencia y de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en circunstancias como las del procedimiento principal, a que un juez nacional no tenga la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en un procedimiento civil, cuando dicha resolución resulte incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la fecha en la que dicha resolución adquirió firmeza, aunque tal posibilidad exista en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos administrativos.
      I. Marco jurídico
      
         A. Derecho de la Unión
      1. Derecho primario
      a) Carta
      El artículo 17, apartado 1, de la Carta, titulado «Derecho a la propiedad», establece lo siguiente:
      «Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.»
      El artículo 51 de la Carta define su ámbito de aplicación en los siguientes términos:
      «1.   Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.
      2.   La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.»
      b) Tratado UE
      El artículo 6 TUE, apartado 1, párrafos primero y segundo, dispone lo siguiente:
      «La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la [Carta] de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.
      Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados.»
      c) Tratado FUE
      A tenor del artículo 143 TFUE:
      «1.   En caso de dificultades o de amenaza grave de dificultades en la balanza de pagos de un Estado miembro acogido a una excepción, originadas por un desequilibrio global de dicha balanza o por el tipo de divisas de que disponga, que puedan, en particular, comprometer el funcionamiento del mercado interior o la realización de la política comercial común, la Comisión procederá sin demora a examinar la situación de dicho Estado, así como la acción que éste haya emprendido o pueda emprender con arreglo a lo dispuesto en los Tratados, recurriendo a todos los medios que estén a su alcance. La Comisión indicará las medidas cuya adopción recomienda al Estado interesado.
      Si la acción emprendida por un Estado miembro acogido a una excepción y las medidas sugeridas por la Comisión resultaren insuficientes para superar las dificultades surgidas o la amenaza de dificultades, la Comisión recomendará al Consejo, previa consulta al Comité Económico y Financiero, la concesión de una asistencia mutua y los métodos pertinentes.
      La Comisión deberá informar regularmente al Consejo sobre la situación y su evolución.
      2.   El Consejo concederá dicha asistencia mutua y adoptará directivas o tomará decisiones para determinar las condiciones y modalidades de la misma. La asistencia mutua podrá revestir, en particular, la forma de:
      
               a)
            
            
               una acción concertada ante otras organizaciones internacionales a las que puedan recurrir los Estados miembros acogidos a una excepción;
            
         
               b)
            
            
               medidas necesarias para evitar desviaciones del tráfico comercial, cuando el Estado miembro acogido a una excepción que esté en dificultades mantenga o restablezca restricciones cuantitativas respecto de terceros países;
            
         
               c)
            
            
               concesión de créditos limitados por parte de otros Estados miembros, cuando éstos den su consentimiento.
            
         3.   Si el Consejo no aprobare la asistencia mutua recomendada por la Comisión o si la asistencia mutua aprobada y las medidas adoptadas fueren insuficientes, la Comisión autorizará al Estado miembro acogido a una excepción que atraviese dificultades para que adopte medidas de salvaguardia en las condiciones y modalidades que ella determine.
      El Consejo podrá revocar dicha autorización y modificar sus condiciones y modalidades.»
      2. Derecho derivado
      a) Reglamento n.o 332/2002, Decisión 2009/458/CE y Decisión 2009/459/CE
      El Reglamento n.o 332/2002 establece las disposiciones de desarrollo del mecanismo de asistencia mutua previsto en el artículo 143 TFUE.
      Así pues, el artículo 1 de este Reglamento prevé lo siguiente:
      «1.   Se establece un mecanismo comunitario de ayuda financiera a medio plazo que permitirá la concesión de préstamos a uno o varios Estados miembros que experimenten dificultades o graves amenazas de dificultades en su balanza de pagos por cuenta corriente o en su balanza de capital. Únicamente los Estados miembros que no han adoptado el euro pueden ser beneficiarios de este mecanismo comunitario.
      El importe máximo del principal de los préstamos que pueden concederse a los Estados miembros en virtud de este mecanismo es de 50000 millones de euros.
      2.   Con este fin, la Comisión está habilitada para concertar, en nombre de la Comunidad Europea, en aplicación de una decisión adoptada por el Consejo de conformidad con el artículo 3 y previa consulta al Comité Económico y Financiero, empréstitos en los mercados de capitales o con las instituciones financieras.»
      El artículo 3 de dicho Reglamento tiene la siguiente redacción:
      «1.   El mecanismo de ayuda financiera a medio plazo podrá ser utilizado por el Consejo por iniciativa:
      
               a)
            
            
               de la Comisión, que actuará en virtud del artículo 119 del Tratado de común acuerdo con el Estado miembro que desee recurrir a una financiación comunitaria;
            
         
               b)
            
            
               de un Estado miembro que experimente dificultades o graves amenazas de dificultades en su balanza de pagos por cuenta corriente o en su balanza de capital.
            
         2.   El Estado miembro que desee recurrir a la ayuda financiera a medio plazo evaluará sus necesidades de financiación con la Comisión y presentará un proyecto de programa de reactivación económica a la Comisión y al Comité Económico y Financiero. El Consejo, tras examinar la situación del Estado miembro afectado y el programa de reactivación económica que esté presente en apoyo de su petición, decidirá, en principio durante la misma sesión:
      
               a)
            
            
               la concesión de un préstamo o de un instrumento de financiación adecuado, su importe y su duración media;
            
         
               b)
            
            
               las condiciones de política económica a las que se asocia la concesión de la ayuda financiera a medio plazo con el fin de restablecer o garantizar una situación sostenible de la balanza de pagos;
            
         
               c)
            
            
               las modalidades del préstamo o del instrumento de financiación, cuyo desembolso o utilización se efectuarán, en principio, en tramos sucesivos, estando sujeto el desembolso de cada tramo a una verificación de los resultados obtenidos en el desarrollo del programa con respecto a los objetivos establecidos.»
            
         El artículo 3 bis del Reglamento n.o 332/2002 dispone lo siguiente:
      «La Comisión y el Estado miembro en cuestión celebrarán un memorando de acuerdo en el que se establecerán detalladamente las condiciones fijadas por el Consejo con arreglo al artículo 3. La Comisión comunicará el memorando de acuerdo [al] Parlamento Europeo y al Consejo.»
      En virtud del artículo 1 de la Decisión 2009/458/CE, (
            5
         ) la Comunidad concedió asistencia mutua a Rumanía con arreglo al artículo 143 TFUE. Asimismo, mediante la Decisión 2009/459/CE, (
            6
         ) la Comunidad puso a disposición de Rumanía un préstamo a medio plazo por un importe máximo de 5000 millones de euros. (
            7
         )
      A tenor del artículo 2, apartados 1 y 2:
      «1.   La ayuda será gestionada por la Comisión de manera coherente con las actuaciones de Rumanía y con las recomendaciones del Consejo, en particular las recomendaciones específicas para el país, en el contexto de la aplicación del Programa Nacional de Reforma, así como del programa de convergencia.
      2.   Tras consultar con el CEF, la Comisión acordará con las autoridades de Rumanía las condiciones concretas de política económica a las que se supedita la ayuda financiera, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 5[, de esta misma Decisión]. Esas condiciones se consignarán en un memorándum de acuerdo coherente con las actuaciones y recomendaciones mencionadas en el apartado 1 [...]»
      El Memorando de Acuerdo se concluyó a resultas de estas Decisiones.
      El apartado 5, letra d), de este Memorando de Acuerdo, titulado «Reforma estructural», contiene recomendaciones relativas a medidas destinadas a aumentar la eficiencia y eficacia de la Administración pública, a mejorar la calidad de la Administración pública en diversos ámbitos, en particular en lo referente a las estructuras de toma de decisiones, el reparto de responsabilidades entre las instituciones, la organización interna de los principales ministerios, el ámbito de aplicación y la responsabilización vinculados a la aplicación y a la adecuación de los niveles de personal y de gestión de los recursos humanos.
      b) Directiva 2000/78
      Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 2000/78, ésta tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.
      El artículo 2, apartados 1 y 2, de esta Directiva dispone lo siguiente:
      «1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
      2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
      
               a)
            
            
               existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
            
         
               b)
            
            
               existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
               
                        i)
                     
                     
                        dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios [...]
                     
                  [...]»
            
         
         B. Derecho rumano
      El artículo 83 de la legea n.o 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor (Ley n.o 303/2004 sobre el Estatuto de los Jueces y Fiscales), de 28 de junio de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 826, de 13 de septiembre de 2005), permitía acumular la función de magistrado únicamente con las funciones de docente en la enseñanza superior. Asimismo, esta Ley establecía que los jueces y fiscales que hubieran cesado en sus funciones por causa de jubilación podían acumular su pensión de jubilación con los ingresos obtenidos del ejercicio de una actividad profesional, con independencia del importe que estos alcanzaran.
      El 5 de noviembre de 2009 se adoptó la legea n.o 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional [Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 761, de 9 de noviembre de 2009 (Ley n.o 329/2009 relativa a la reorganización de determinadas autoridades e instituciones públicas, a la racionalización del gasto público, al apoyo al entorno empresarial y al respeto de los acuerdos marco celebrados con la Comisión Europea y con el Fondo Monetario Internacional)]. (
            8
         )
      El artículo 2 de dicha Ley prevé que las medidas establecidas por ésta tienen carácter excepcional, y que tienen por objeto mitigar los efectos de la crisis económica y dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Memorando de Acuerdo y del Acuerdo de derechos de giro celebrado entre Rumanía y la Comisión y el FMI.
      La citada Ley impuso, en particular, una reducción del importe de los salarios, medida que se ha aplicado en el marco de la enseñanza universitaria. En virtud del artículo 3 de esta misma Ley, las medidas adoptadas con arreglo al Memorando de Acuerdo tienen por objeto superar la crisis financiera. Consisten en la reducción del gasto de personal en la Administración Pública mediante la reducción de los salarios y mediante la reorganización o supresión de autoridades o instituciones públicas, a raíz de su reagrupación por absorción, fusión, división o reducción de efectivos.
      Los artículos 17 a 26 de la Ley n.o 329/2009 prohíben la acumulación de una pensión neta con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      Más concretamente, el artículo 17 de esta Ley señala que las personas que disfruten de un derecho a pensión con cargo al sistema público de pensiones o a los sistemas no integrados en el sistema público, que perciban legalmente ingresos salariales o, en su caso, asimilados a los salarios, obtenidos del ejercicio de una actividad en virtud de un contrato individual de trabajo, de una relación de servicio o de un nombramiento para una función, con arreglo a la ley, en el seno de una autoridad o de una institución pública central o local, independientemente del modo de financiación y del nivel de subordinación de ésta, en el seno de un organismo autónomo, de una entidad pública empresarial, de una empresa pública o de una sociedad mercantil cuyo capital social pertenezca en su totalidad o mayoritariamente al Estado o a una entidad administrativa o territorial, pueden acumular su pensión neta con los ingresos percibidos de esta manera a condición de que ésta no sea superior al salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal y que ha sido aprobado mediante la Ley sobre el Presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      El artículo 18 de dicha Ley establece que los pensionistas contemplados en el artículo 17 y que ejerzan actividades profesionales en virtud de un contrato individual de trabajo, de una relación de servicio o de un nombramiento para una función deberán, en el plazo de quince días desde la entrada en vigor del capítulo en el que aparece dicha disposición, expresar por escrito su opción entre la suspensión del pago de la pensión mientras dure el ejercicio de su actividad y la extinción de la relación laboral o de servicio o de los efectos del nombramiento para una función, si la pensión neta que se les abona supera el salario medio nacional bruto.
      Por último, el artículo 20 de la Ley n.o 329/2009 establece que el incumplimiento de esta obligación de expresar su opción en el plazo previsto constituye una causa legal de extinción de la relación laboral establecida en virtud de un contrato individual de trabajo o de un nombramiento para una función, así como de la relación de servicio.
      Ni el Memorando de Acuerdo ni esta Ley hacen referencia a los miembros de la carrera judicial o fiscal, ni tampoco a los jueces o fiscales jubilados.
      Según el artículo 21 de la legea n.o 554/2004 contenciosului administrativ (Ley n.o 554/2004 sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), (
            9
         ) de 2 de diciembre de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1154, de 7 de diciembre de 2004), constituye un motivo de revisión, que se añade a los establecidos en el Código de Enjuiciamiento Civil, la existencia de sentencias firmes e irrevocables que violen el principio de primacía del Derecho de la Unión enunciado en el artículo 148, apartado 2, en relación con el artículo 20, apartado 2, de la Constitución Rumana, en su versión republicada.
      II. Marco fáctico
      Los recurrentes son magistrados que, tras su acceso a la magistratura, ejercieron también como docentes en la facultad de Derecho, puestos a los que accedieron mediante oposición. Por lo tanto, ejercieron de manera simultánea los cargos de magistrado y de docente universitario.
      Los recurrentes se jubilaron durante el año 2009 de sus funciones de magistrados y continuaron enseñando en la universidad. Antes del año 2009, esta acumulación de una pensión de jubilación procedente de la Función pública con un empleo en esta misma función estaba autorizada, independientemente del importe de los ingresos obtenidos de dicha actividad profesional.
      Desde la entrada en vigor de la Ley n.o 329/2009, los recurrentes ya no pueden acumular su pensión de jubilación como magistrado con su salario procedente de la universidad cuando dicha pensión de jubilación supere el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal. El órgano jurisdiccional remitente precisa que, en la fecha en que comenzó a aplicarse esta prohibición, en el país no existían más de diez jueces y fiscales que acumularan la pensión contributiva de magistrado con un salario como docentes universitarios.
      Mediante sentencia de 4 de noviembre de 2009, la Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional, Rumanía) declaró que la Ley n.o 329/2009 era conforme a la Constitución.
      La Casa Judeţeană de Pensii Sibiu (Caja de pensiones de Sibiu, Rumanía) emitió una resolución el 28 de diciembre de 2009 suspendiendo el pago de las pensiones debidas a cada uno de los recurrentes.
      El 1 de marzo de 2010, los recurrentes presentaron una demanda ante el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu, Rumanía) solicitando, en particular, la anulación de la resolución de 28 de diciembre de 2009. Mediante sentencia de 3 de mayo de 2012, este tribunal desestimó la acción ejercitada por los recurrentes.
      Estos interpusieron recurso de apelación ante la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia) solicitando de nuevo que se planteara al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación. Mediante sentencia de 9 de noviembre de 2012, la Curtea de Apel Alba Iulia, Secția pentru conflicte de muncă și asigurări sociale (Tribunal Superior de Alba Iulia, Sala de Contenciosos Laborales y de Seguridad Social, Rumanía) desestimó el recurso.
      Los recurrentes solicitaron al órgano jurisdiccional remitente la revisión de esta sentencia, en particular debido a que consideran que el órgano jurisdiccional que la dictó no expuso en ella los motivos por los cuales se negó a conferir efecto directo y a conceder primacía a las disposiciones del Tratado FUE y por los cuales no aplicó la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
      III. Cuestiones prejudiciales
      La Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
               «1)
            
            
               [El Memorando de Acuerdo] ¿puede ser considerado un acto, una decisión o una comunicación, etc., con efectos jurídicos en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencias de 3 de febrero de 1976, Manghera y otros, (59/75, EU:C:1976:14) y de 20 de marzo de 1997, Francia/Comisión (C‑57/95, EU:C:1997:164)] y puede estar sujeto a la interpretación del Tribunal de Justicia?
            
         
               2)
            
            
               En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse [el Memorando de Acuerdo] en el sentido de que la Comisión puede exigir legítimamente, con vistas a reducir los efectos de la crisis económica disminuyendo los gastos de personal, la adopción de una ley nacional que prive a una persona del derecho a cobrar una pensión contributiva generada mediante más de treinta años de cotización, establecida legalmente y cobrada con anterioridad a esa ley, debido a que dicha persona percibe un salario por una actividad ejercida en virtud de un contrato de trabajo que es distinta de aquella de la que trae causa su derecho a pensión?
            
         
               3)
            
            
               ¿Se debe interpretar este [Memorando de Acuerdo] en el sentido de que la Comisión puede exigir legítimamente, con vistas a reducir la crisis económica, la adopción de una ley nacional que prive a una persona en su totalidad y sine die de su derecho a cobrar una pensión contributiva generada mediante más de treinta años de cotización, establecida legalmente y cobrada con anterioridad a esa ley, debido a que dicha persona percibe un salario por una actividad ejercida en virtud de un contrato de trabajo que es distinta de aquella de la que trae causa su derecho a pensión?
            
         
               4)
            
            
               ¿Debe interpretarse dicho [Memorando] in integrum, y sobre todo su apartado 5, letra d), relativo a la reorganización de la Administración Pública y al incremento de su eficacia, en el sentido de que la Comisión actuó legítimamente, con vistas a reducir la crisis económica, al exigir la adopción de una ley nacional que estableciese la prohibición de que los funcionarios jubilados de las instituciones públicas acumulasen la pensión con el salario?
            
         
               5)
            
            
               ¿Pueden interpretarse los artículos 17, 20, 21 y 47 de la Carta, el artículo 6 TUE, el artículo 110 TFUE y el principio de seguridad jurídica emanado del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el sentido de que se oponen a una normativa como el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004, que, ante una vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, sólo prevé la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales nacionales pronunciadas en el ámbito contencioso-administrativo, sin admitir la posibilidad de revisar las resoluciones judiciales nacionales pronunciadas en otros ámbitos (civil, penal, mercantil, etc.), cuando dichas resoluciones vulneren el principio de primacía del Derecho de la Unión?
            
         
               6)
            
            
               ¿Se opone el artículo 6 TUE, en su versión consolidada de 2010, a una normativa de un Estado miembro que supedita el pago de la pensión de los magistrados de carrera, establecida sobre la base de sus cotizaciones por un período superior a treinta años de antigüedad en la magistratura, a la extinción de su contrato de trabajo en la enseñanza superior jurídica?
            
         
               7)
            
            
               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, en su versión consolidada de 2010, el artículo 17, apartado 1, de la Carta y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a una normativa que priva del derecho de propiedad sobre la pensión, pese a que éste se haya devengado en virtud de más de treinta años de cotización, y pese a que, por su actividad universitaria, los magistrados hayan cotizado y coticen separadamente al fondo de pensiones?
            
         
               8)
            
            
               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, en su versión consolidada de 2010, así como el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, sobre la igualdad de trato entre las personas, sin distinción de raza o de procedencia étnica, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de un Estado miembro que, al controlar la constitucionalidad de una ley, declara que sólo las personas con mandato pueden acumular una pensión con un salario, quedando por ello privados de tal derecho los magistrados de carrera, a los que se prohíbe el cobro de la pensión determinada en base a su cotización personal durante más de treinta años, debido a que han mantenido su función docente en la enseñanza superior jurídica?
            
         
               9)
            
            
               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, en su versión consolidada de 2010, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a una normativa que supedita sine die el pago de la pensión de los magistrados, establecida en virtud de más de treinta años de cotización, a que cese su actividad universitaria?
            
         
               10)
            
            
               ¿Se oponen el artículo 6 TUE, en su versión consolidada de 2010, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a una normativa que rompe el justo equilibrio que debe existir entre la protección de la propiedad privada y las exigencias del interés general, al imponer sólo a una determinada categoría de personas la pérdida de la pensión de magistrado so pretexto de que ejercen una actividad universitaria?»
            
         IV. Análisis
      Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, sugiero al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones planteadas de la siguiente manera.
      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la pregunta de si el Memorando de Acuerdo puede ser considerado un acto adoptado por una institución de la Unión en el sentido del artículo 267 TFUE y estar sujeto, en tal caso, a la interpretación del Tribunal de Justicia.
      Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, el órgano jurisdiccional remitente pretende averiguar, en definitiva, si, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, este Memorando de Acuerdo puede tener el efecto de imponer la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establezca la prohibición de acumular una pensión neta en el sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      Mediante sus cuestiones prejudiciales sexta, séptima, novena y décima, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que dilucide, en esencia, si el artículo 6 TUE, así como los artículos 17, 20 y 21 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establezca la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral.
      Mediante su octava cuestión prejudicial, entiendo que el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia, en definitiva, que declare si el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que prohíbe a las personas empleadas en el sector público acumular una pensión neta con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal, aun cuando dicha legislación no se aplica a las personas empleadas en el sector público en situación de acumulación que obtengan ingresos salariales del ejercicio de un mandato previsto en la Constitución rumana.
      Por último, mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si el artículo 47 de la Carta, así como los principios de equivalencia y de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en caso de vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, únicamente las resoluciones judiciales firmes e irrevocables dictadas en procedimientos administrativos pueden ser objeto de revisión y no las resoluciones pronunciadas en otros ámbitos, como el civil, penal o mercantil.
      A. Sobre la primera cuestión prejudicial, relativa a la competencia del Tribunal de Justicia para interpretar el Memorando de Acuerdo
      La primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto, en realidad, definir si un memorando de acuerdo, como el examinado en el litigio principal, constituye un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el sentido del artículo 267 TFUE, letra b), lo que, en consecuencia, permitiría al Tribunal de Justicia interpretarlo.
      Me permito recordar que dicho artículo dispone que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez e interpretación de los adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión. El Tribunal de Justicia ha declarado que esta disposición le atribuye «competencia para pronunciarse, con carácter prejudicial, acerca de la validez y la interpretación de los actos adoptados por las instituciones de [la Unión] sin excepción alguna». (
            10
         )
      Por este motivo, no me cabe la menor duda de que el Memorando de Acuerdo es un acto adoptado por las instituciones. En efecto, éste ha sido adoptado sobre la base del artículo 143 TFUE, que otorga competencia a la Unión para establecer compromisos con los Estados miembros. De este modo, dicho artículo prevé que podrá concederse asistencia mutua a un Estado miembro que experimente dificultades o sobre el que pese una amenaza grave de dificultades en la balanza de pagos, y que la Comisión será la institución que deba recomendar dicha asistencia mutua y el Consejo quien la apruebe mediante una decisión.
      El Reglamento n.o 332/2002 establece de esta manera las disposiciones de desarrollo del mecanismo de asistencia mutua previsto en dicho artículo. En particular, el artículo 1, apartado 2, de este Reglamento indica que la Comisión está habilitada para concertar, en nombre de la Comunidad, en aplicación de una decisión adoptada por el Consejo de conformidad con el artículo 3 de este mismo Reglamento y previa consulta al Comité Económico y Financiero, empréstitos en los mercados de capitales o con las instituciones financieras.
      El artículo 3 bis, primera frase, de este Reglamento establece que la Comisión y el Estado miembro en cuestión celebrarán un memorando de acuerdo en el que se establecerán detalladamente las condiciones fijadas por el Consejo con arreglo al artículo 3 del mismo Reglamento. El Memorando de Acuerdo concluido entre la Comunidad Europea y Rumanía precisamente fue adoptado con arreglo a este procedimiento, y el Consejo adoptó con posterioridad dos Decisiones, una de ellas, concediendo asistencia mutua a Rumanía con arreglo al artículo 143 TFUE (
            11
         ) y, otra, poniendo a disposición de este Estado miembro un préstamo a medio plazo por un importe máximo de 5000 millones de euros. (
            12
         )
      Por lo tanto, el Memorando de Acuerdo es la materialización de un compromiso entre la Unión y un Estado miembro sobre un programa económico, negociado entre ambas partes, mediante el cual ese Estado miembro se compromete a respetar unos objetivos económicos previamente definidos para poder beneficiarse de la asistencia financiera de la Unión, a condición de que se respete dicho compromiso.
      Es cierto que, tal como señaló la Comisión durante la vista, el Memorando de Acuerdo no tiene efectos jurídicos vinculantes. Sin embargo, a diferencia de los requisitos de admisibilidad exigidos para un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, el procedimiento prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE no requiere que el acto a interpretar esté destinado a producir efectos jurídicos. Basta con que el acto en cuestión sea «[un acto] adoptado [...] por las instituciones, órganos u organismos de la Unión». A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el procedimiento prejudicial también puede referirse a actos de la Unión no vinculantes. (
            13
         )
      Por lo tanto, la naturaleza particular del Memorando de Acuerdo no se opone a que sea interpretado por el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial.
      Así pues, opino que el Memorando de Acuerdo debe ser considerado un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el sentido del artículo 267 TFUE y que el Tribunal de Justicia es competente para interpretarlo.
      B. Sobre las cuestiones segunda a cuarta, relativas a la interpretación del Memorando de Acuerdo
      Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pretende averiguar si el Memorando de Acuerdo puede tener el efecto de imponer la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establezca la prohibición de acumular una pensión neta con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      Tal como he mencionado en el punto 52 de las presentes conclusiones, el Memorando de Acuerdo supedita la concesión de asistencia financiera de la Comunidad al respeto de los compromisos económicos asumidos por Rumanía. El apartado 5, párrafo primero, del Memorando indica, a este respecto, que el desembolso de cada tramo estará condicionado a la ejecución del programa económico del Gobierno rumano. Para cada tramo se establecieron criterios específicos de políticas económicas que se detallan en el anexo I de este Memorando.
      A continuación, el Memorando de Acuerdo define los objetivos generales del programa económico establecido por Rumanía. Si bien es cierto que este Memorando prevé que debe reformarse el sistema de pensiones, especificando determinadas medidas concretas como el retraso de la edad de jubilación o la indización de las pensiones del sector público en función de los precios al consumo, (
            14
         ) es preciso reconocer que en ningún momento se menciona la prohibición de acumular una pensión del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas.
      Como señala la Comisión en sus observaciones escritas, (
            15
         ) corresponde a las autoridades rumanas aplicar las medidas que estimen adecuadas y necesarias para cumplir los objetivos generales definidos en el Memorando de Acuerdo.
      De ello se deduce que este Memorando debe interpretarse en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta en el sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      C. Sobre las cuestiones sexta, séptima, novena y décima, relativas a la interpretación del artículo 6 TFUE y de los artículos 17, 20 y 21 de la Carta
      Mediante sus cuestiones sexta, séptima, novena y décima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si, en definitiva, el artículo 6 TUE y los artículos 17, 20 y 21 de la Carta deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral.
      A este respecto, procede recordar en primer lugar que, en cuanto a las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales, éstas vinculan a los Estados miembros en todos los casos en los que estos deban aplicar el Derecho de la Unión. (
            16
         )
      En efecto, los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. El Tribunal de Justicia ya ha indicado que, por este motivo, no puede apreciar a la luz de la Carta una normativa nacional que no se inscriba en el marco del Derecho de la Unión. Por el contrario, cuando una normativa nacional está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe proporcionar, en el marco de una remisión prejudicial, todos los elementos de interpretación necesarios para que el órgano jurisdiccional nacional pueda apreciar la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuyo cumplimiento debe garantizar. (
            17
         )
      Por lo tanto, la cuestión radica en dilucidar si, en el presente caso, la Ley n.o 329/2009 constituye una aplicación del Memorando de Acuerdo en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta y de la jurisprudencia antes citada.
      1. Sobre la aplicación de la Carta
      La Ley n.o 329/2009 fue adoptada precisamente para cumplir los compromisos asumidos por Rumanía ante la Comunidad, que figuran en el Memorando de Acuerdo, lo que se desprende de forma expresa del propio tenor literal de esta Ley, dado que ésta tiene por título «Ley relativa a la reorganización de determinadas autoridades e instituciones públicas, a la racionalización del gasto público, al apoyo al entorno empresarial y al respeto de los acuerdos marco celebrados con la [Comisión] y el [FMI]».
      Asimismo, el artículo 2 de dicha Ley es inequívoco cuando indica que las medidas que ésta establece tienen un carácter excepcional, y que están destinadas a reducir los efectos de la crisis económica y a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Memorando de Acuerdo y del Acuerdo de derechos de giro celebrado entre Rumanía y la Comisión y el FMI.
      Tal como he señalado en los puntos 49 a 52 de las presentes conclusiones, este Memorando de Acuerdo concreta el procedimiento derivado del artículo 143 TFUE. Sobre esta base se adoptaron dos Decisiones del Consejo, una de ellas la Decisión 2009/459, que prevé el desembolso de cada tramo adicional de la ayuda financiera cuando la aplicación del nuevo programa económico del Gobierno rumano, cuyas condiciones se establecen en dicho Memorando de Acuerdo, sea satisfactoria. (
            18
         )
      Entre estas condiciones, debo señalar que el apartado 5, letra a), del Memorando de Acuerdo prevé una reducción de la masa salarial del sector público, mientras que en la letra b), párrafo cuarto, de este mismo apartado se indica que para mejorar las finanzas públicas a largo plazo deberán reformarse los parámetros clave del sistema de pensiones.
      De las consideraciones anteriores se desprende que la Ley n.o 329/2009 fue adoptada para aplicar estos compromisos asumidos por Rumanía en el Memorando de Acuerdo que, tal como he señalado en los puntos 49 a 52 de las presentes conclusiones, forma parte del Derecho de la Unión. Por tanto, la situación de los recurrentes en el litigio principal se rige efectivamente por el Derecho de la Unión.
      En este sentido, importa poco que el Memorando de Acuerdo deje un margen de maniobra a Rumanía a efectos de decidir las medidas más idóneas para lograr el respeto de dichos compromisos, como la medida de que se trata en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral. En mi opinión, los objetivos contemplados en el artículo 3, apartado 5, de la Decisión 2009/459 y en el Memorando de Acuerdo son lo suficientemente detallados y precisos para constituir una normativa del Derecho de la Unión específica en la materia, en lugar de simples recomendaciones adoptadas por el Consejo, sobre la base del artículo 126 TFUE, dirigidas a los Estados miembros cuyo déficit público se considere excesivo.
      Por consiguiente, considero que la Ley n.o 329/2009 aplica el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta y que, por tanto, ésta es aplicable al litigio principal.
      2. Sobre la infracción de los artículos 17, 20 y 21 de la Carta
      De entrada, debo precisar que mi análisis se referirá únicamente al artículo 17 de la Carta. En efecto, en lo tocante a los artículos 20 y 21 de ésta, es preciso reconocer que el órgano jurisdiccional remitente se limita a mencionarlos en la cuestión prejudicial sin explicar, no obstante, en qué sentido la medida nacional controvertida en el litigio principal infringe estos artículos.
      Según el artículo 17 de la Carta, «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general».
      Para determinar el alcance del derecho fundamental al respeto de la propiedad, es preciso tener en cuenta, en especial, el artículo 1 del Protocolo Adicional n.o 1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, que consagra este derecho. (
            19
         ) En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el derecho a pensión en numerosas ocasiones.
      De este modo, dicho Tribunal ha declarado que «[este artículo] no crea un derecho a adquirir bienes. No impone ninguna restricción a la libertad de los Estados contratantes para decidir instaurar o no un régimen de protección social o para escoger el tipo o el importe de las prestaciones que se pretende conceder en virtud de tal régimen. En cambio, desde el momento en que un Estado contratante establezca una normativa que prevea el pago automático de una prestación social —independientemente de si la concesión de esta prestación depende o no del pago previo de cotizaciones—, debe considerarse que dicha normativa da lugar a un interés patrimonial que entra en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Protocolo n.o 1 respecto de las personas que cumplan sus requisitos.» (
            20
         )
      Asimismo, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no garantiza el derecho a una pensión como tal (
            21
         ) y el artículo 1 del Protocolo n.o 1 no puede interpretarse en el sentido de que dé lugar a un derecho a una pensión de un importe determinado. (
            22
         )
      No encuentro ningún motivo para adoptar una posición diferente en el presente asunto planteado ante el Tribunal de Justicia. Está acreditado que el derecho a pensión del que disponen los recurrentes en el litigio principal se ha devengado por las cotizaciones de los asegurados, en este caso de los magistrados. Estos adquirieron un derecho de propiedad sobre la pensión establecida en virtud de su actividad y, por lo tanto, la pensión forma parte de sus derechos patrimoniales. Además, en el caso de tres de los recurrentes este derecho se ha transmitido al heredero del asegurado fallecido. Por consiguiente, el derecho a pensión entra efectivamente en el ámbito de aplicación del artículo 17 de la Carta.
      Esta disposición contempla dos posibles formas de vulneración del derecho del propietario, a saber, la privación pura y simple de dicho derecho («[n]adie puede ser privado de su propiedad») o la restricción de su uso («[e]l uso de los bienes podrá regularse por ley»). (
            23
         )
      En este caso, opino que la prohibición de acumular una pensión del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas no puede considerarse como un acto que suponga una privación pura y simple de la propiedad, puesto que el «propietario» sigue teniendo la posibilidad de disponer de su bien, en este caso, la pensión. En efecto, las personas en la situación de los recurrentes en el litigio principal deben optar entre cobrar esta pensión o continuar su relación laboral. No se les priva en absoluto de dicha pensión.
      En cambio, no cabe duda de que esta prohibición establecida por la Ley n.o 323/2009 restringe efectivamente el uso de la propiedad al limitar su disfrute de manera temporal. Tal restricción sólo puede admitirse, con arreglo al artículo 17 de la Carta, si está «[regulada] por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general». Esta frase se hace eco, en mi opinión, del artículo 52, apartado 1, de dicha Carta, que dispone que «[c]ualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por [ésta] deberá estar establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones [al ejercicio de estos derechos y libertades] cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás».
      Si bien la restricción del derecho de propiedad resultante de la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de una actividad ejercida en el seno de una institución pública está efectivamente regulada por las leyes rumanas, falta determinar si ésta respeta el contenido esencial del derecho de propiedad, si es necesaria y si responde a un objetivo de interés general.
      En lo referente a este último punto, me parece indiscutible que el objetivo de reducir los efectos de la crisis económica y cumplir las obligaciones derivadas del Memorando de Acuerdo y del Acuerdo de derechos de giro celebrados entre Rumanía y la Comisión y el FMI es un objetivo de interés general.
      Por otra parte, pienso que la Ley n.o 329/2009 no cuestiona la protección del derecho de propiedad en sí misma. En efecto, tal como se desprende del tenor literal del artículo 2 de dicha Ley, ésta tiene un carácter excepcional. No está destinada a perdurar en el tiempo. Además, no cuestiona el principio del derecho de pensión en sí mismo, sino que limita su uso en circunstancias bien definidas y delimitadas, a saber, cuando la pensión se acumula con una actividad ejercida en el seno de instituciones públicas y cuando ésta supera un determinado umbral.
      En cuanto a la necesidad de la normativa nacional en cuestión, me parece que, en el contexto muy particular de la crisis económica a la que se enfrentan los Estados miembros, éstos, así como las instituciones de la Unión, son ciertamente los que mejor pueden determinar qué medidas pueden tener mayor impacto para sanear el gasto público. Así pues, pienso que los Estados miembros disponen de una amplia facultad discrecional en la materia. Por lo demás, debo recordar que las personas afectadas por la medida únicamente deben optar entre conservar el pago de la pensión o continuar ejerciendo una actividad en el seno de una institución pública cuando su pensión supere el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal. Además, el pago de la pensión de los recurrentes sólo se suspende temporalmente, hasta que finalice la relación laboral.
      Tampoco carecen de cualquier otra fuente de ingresos, puesto que obtienen ingresos precisamente de la actividad profesional que ejercen en el seno de una institución pública.
      Por último, en mi opinión, la Ley n.o 329/2009 no impone a los recurrentes en el litigio principal una carga desproporcionada y excesiva, dado que en cualquier momento pueden optar por extinguir su relación laboral y cobrar de nuevo su pensión.
      Por consiguiente, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, opino que el artículo 17 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral.
      D. Sobre la octava cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78
      En el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de mayo de 2015, SCMD, (
            24
         ) el Tribunal de Justicia tenía que declarar, en esencia, si el artículo 17 de la Ley n.o 329/2009, que exige el cese de la relación laboral o de servicio de los empleados del sector público que disfrutan además de una pensión de jubilación superior al salario medio nacional bruto, cuando estos no hayan optado por la continuación de esta relación laboral o de servicio en un plazo determinado, da lugar a una discriminación en el sentido del artículo 2, apartado 2, y del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/78. El Tribunal de Justicia concluyó que estas disposiciones no eran aplicables a la normativa nacional en cuestión en ese asunto.
      Dado que la normativa nacional contemplada en el asunto que dio lugar a la sentencia SCMD (
            25
         ) es la misma que se discute en el litigio principal, no veo ningún motivo para apartarme del razonamiento y de la resolución adoptada por el Tribunal de Justicia en dicho asunto, máxime cuando el órgano jurisdiccional remitente en el asunto aquí planteado no explica —como tampoco lo han hecho, por lo demás, los recurrentes en el procedimiento principal— cuál sería el vínculo entre el estatuto de jubilado adquirido por los magistrados de que se trata en el presente asunto y uno de los motivos de discriminación contemplados en el artículo 1 de la Directiva 2000/78.
      En efecto, resulta obligado observar que el órgano jurisdiccional remitente se limita a citar una sentencia de la Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional) de 4 de noviembre de 2009, mediante la cual ésta apreció que la Ley n.o 329/2009 es conforme a la Constitución, en la medida en que las disposiciones de su capítulo IV, del que forman parte los artículos 17 a 26 de esa Ley, no afectan a las personas cuyo mandato tenga su duración expresamente establecida en la Constitución, confirmando, por lo tanto, la constitucionalidad de dicha Ley en lo referente a los magistrados de carrera.
      Es preciso recordar, a este respecto, que, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de esta Directiva, el «principio de igualdad de trato» debe entenderse como la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 de dicha Directiva, entre los cuales figura la edad. (
            26
         )
      Pues bien, tal como señaló el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia SCMD, según las disposiciones nacionales de que se trata, sólo se exige la extinción de la relación laboral o de servicio a las personas empleadas en el sector público que disfruten de una pensión de jubilación de un importe superior al salario medio nacional bruto y que no hayan optado, dentro de un plazo determinado, por la continuación de la relación laboral o de servicio. (
            27
         )
      Por lo tanto, la diferencia de trato no se basa en la edad sino en la condición de empleado del sector público y en el hecho de que el importe de la pensión de jubilación que perciba dicho empleado sea mayor que el salario medio nacional bruto. (
            28
         )
      Por consiguiente, como dictaminó el Tribunal de Justicia en el apartado 31 de la sentencia SCMD, una situación como la que se somete actualmente al conocimiento del Tribunal de Justicia no está comprendida en el marco general establecido por el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78 para luchar contra determinadas discriminaciones.
      Por lo tanto, pienso que este artículo debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una normativa nacional como la considerada en el litigio principal, que prohíbe a las personas empleadas en el sector público acumular una pensión neta con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
      E. Sobre la quinta cuestión prejudicial, relativa al derecho a la tutela judicial efectiva y al respeto de los principios de equivalencia y de efectividad
      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si el artículo 47 de la Carta, así como los principios de equivalencia y de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, en caso de vulneración del principio de primacía del Derecho de la Unión, únicamente las resoluciones judiciales firmes e irrevocables dictadas en procedimientos administrativos pueden ser objeto de revisión y no las resoluciones pronunciadas en otros ámbitos, como el civil, penal o mercantil.
      Me permito recordar que, en el asunto principal, se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso de revisión contra una sentencia civil dictada por la Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale (Tribunal Superior de Alba Iulia, Sala de Contenciosos Laborales y de Seguridad Social) que tenía por objeto la impugnación de una resolución de jubilación.
      De entrada, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya examinó esta cuestión en el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de octubre de 2015, Târșia. (
            29
         ) En efecto, en ese asunto, el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu) preguntaba al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debía interpretarse en el sentido de que se oponía a que un juez nacional no tuviera la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en el marco de procedimiento civil, cuando dicha resolución resultara incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la fecha en la que dicha resolución devino firme, mientras que tal posibilidad existía en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos administrativos.
      En el asunto Târșia, como en el presente asunto, la normativa nacional controvertida era el artículo 21 de la Ley n.o 554/2004 sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
      Pues bien, el Tribunal de Justicia dictaminó en el apartado 34 de esta sentencia que «[el principio de equivalencia] implica que se dé el mismo trato a los recursos basados en una infracción del Derecho nacional y a aquellos, similares, basados en una infracción del Derecho de la Unión, y no que sean equivalentes las normas procesales nacionales aplicables a los contenciosos civiles, por un lado, y a los administrativos, por otro. Además, [este principio] no es pertinente en una situación que, como la del litigio principal, afecta a dos clases de acciones, basadas ambas en una infracción del Derecho de la Unión». Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluyó que dicho principio no se oponía a una normativa nacional como el artículo 21 de la Ley n.o 554/2004.
      Asimismo, en lo tocante al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia indicó en el apartado 38 de dicha sentencia que «ha recordado en numerosas ocasiones la importancia del principio de fuerza de cosa juzgada [...]. De este modo, se ha declarado que el Derecho de la Unión no exige que, para tener en cuenta la interpretación de un precepto aplicable de ese Derecho adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la resolución de un órgano jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada, éste deba, por regla general, reconsiderar dicha resolución».
      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que el principio de efectividad tampoco se oponía a una normativa nacional como el artículo 21 de la Ley n.o 554/2004.
      Por último, el Tribunal de Justicia recuerda en el apartado 40 de la sentencia Târșia (
            30
         ) que «es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, debido, en particular, al hecho de que una vulneración de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión por tal [resolución judicial firme] no puede normalmente ser objeto de reconsideración, los particulares no pueden verse privados de la posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado a fin de obtener por este medio una protección jurídica de su derechos».
      Por consiguiente, por los mismos motivos que invocó el Tribunal de Justicia en la sentencia Târșia, considero que el artículo 47 de la Carta así como los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un juez nacional no tenga la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en el marco de un procedimiento civil, cuando dicha resolución resulte incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia, aunque tal posibilidad exista en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos contencioso-administrativos.
      Conclusión
      Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía) de la siguiente manera:
      
               «1)
            
            
               El Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y Rumanía, concluido en Bucarest y Bruselas el 23 de junio de 2009, debe ser considerado un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el sentido del artículo 267 TFUE y el Tribunal de Justicia es competente para interpretarlo.
            
         
               2)
            
            
               Este Memorando debe interpretarse en el sentido de que no impone la adopción de una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta en el sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
            
         
               3)
            
            
               El artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la considerada en el litigio principal, que establece la prohibición de acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera un determinado umbral.
            
         
               4)
            
            
               El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que no puede aplicarse a una normativa nacional como la considerada en el litigio principal, que prohíbe a las personas empleadas en el sector público acumular una pensión neta del sector público con los ingresos obtenidos de actividades ejercidas en el seno de instituciones públicas si ésta supera el salario medio nacional bruto que sirvió de base para la elaboración del presupuesto de la Seguridad Social estatal.
            
         
               5)
            
            
               El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea así como los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en circunstancias como las del procedimiento principal, a que un juez nacional no tenga la posibilidad de revisar una resolución judicial firme dictada en el marco de un procedimiento civil, cuando dicha resolución resulte incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión adoptada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque tal posibilidad exista en lo que atañe a las resoluciones judiciales firmes incompatibles con el Derecho de la Unión dictadas en procedimientos contencioso-administrativos.»
            
         (
            1
         )	Lengua original: francés.
      (
            2
         )	Directiva del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
      (
            3
         )	En lo sucesivo, «Carta».
      (
            4
         )	En lo sucesivo, «Memorando de Acuerdo». Este Memorando de Acuerdo puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15409_en.pdf. Cabe señalar que la versión en lengua inglesa del Reglamento (CE) n.o 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO 2002, L 53, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 431/2009, de 18 de mayo de 2009 (DO 2009, L 128, p. 1), utiliza la expresión «memorandum of understanding». No obstante, dado que la versión en lengua española de este mismo Reglamento utiliza la expresión «Memorando de Acuerdo», emplearé esta última, en aras de la coherencia.
      (
            5
         )	Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se concede asistencia mutua a Rumanía (DO 2009, L 150, p. 6).
      (
            6
         )	Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se concede ayuda financiera comunitaria a medio plazo a Rumanía (DO 2009, L 150, p. 8).
      (
            7
         )	Artículo 1, apartado 1, de esta Decisión.
      (
            8
         )	En lo sucesivo, «Ley n.o 329/2009».
      (
            9
         )	En lo sucesivo, «Ley n.o 554/2004».
      (
            10
         )	Véanse las sentencias de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi (C‑322/88, EU:C:1989:646), apartado 8, y de 11 de mayo de 2006, Friesland Coberco Dairy Foods (C‑11/05, EU:C:2006:312), apartado 36. La cursiva es mía.
      (
            11
         )	Véase la Decisión 2009/458.
      (
            12
         )	Véase la Decisión 2009/459.
      (
            13
         )	Véanse las sentencias de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi (C‑322/88, EU:C:1989:646), apartado 8, y de 8 de abril de 1992, Wagner (C‑94/91, EU:C:1992:181), apartados 16 y 17.
      (
            14
         )	Véase el apartado 5, letra b), párrafo cuarto, de dicho Memorando.
      (
            15
         )	Véase el punto 25 de las observaciones.
      (
            16
         )	Véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, Möllendorf y Möllendorf-Niehuus (C‑117/06, EU:C:2007:596), apartado 78, y el auto de 7 de marzo de 2013, Sindicato dos Bancários do Norte y otros (C‑128/12, no publicado, EU:C:2013:149), apartado 10.
      (
            17
         )	Véase la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), apartado 19. Véase asimismo, como jurisprudencia reciente, la sentencia de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin (C‑182/15, EU:C:2016:630).
      (
            18
         )	Véase el artículo 3, apartado 5, de esta Decisión.
      (
            19
         )	Véase la sentencia de 3 de septiembre de 2008 ,Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461), apartado 356.
      (
            20
         )	Véase TEDH, sentencia de 7 de julio de 2011, Stummer c. Austria [GC], CE:ECHR:2011:0707JUD003745202, § 82.
      (
            21
         )	Véase TEDH, sentencia de 2 de febrero de 2006, Buchheit y Meinberg c. Alemania, CE:ECHR:2006:0202DEC005146699, p. 10.
      (
            22
         )	Véase TEDH, sentencia de 12 de octubre de 2004, Kjartan Ásmundsson c. Islandia, CE:ECHR:2004:1012JUD006066900, § 39.
      (
            23
         )	Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 1979, Hauer (44/79, EU:C:1979:290), apartado 19.
      (
            24
         )	C‑262/14, no publicada, EU:C:2015:336.
      (
            25
         )	Sentencia de 21 de mayo de 2015 (C‑262/14, no publicada, EU:C:2015:336).
      (
            26
         )	Véase la sentencia de 21 de mayo de 2015, SCMD (C‑262/14, no publicada, EU:C:2015:336), apartado 22.
      (
            27
         )	Sentencia de 21 de mayo de 2015, SCMD (C‑262/14, no publicada, EU:C:2015:336), apartado 24.
      (
            28
         )	Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2015, SCMD (C‑262/14, no publicada, EU:C:2015:336), apartado 30.
      (
            29
         )	C‑69/14, EU:C:2015:662.
      (
            30
         )	Sentencia de 6 de octubre de 2015 (C‑69/14, EU:C:2015:662).