CELEX: C2003/135/32
Language: es
Date: 2003-06-07 00:00:00
Title: Asunto C-182/03: Recurso interpuesto el 28 de abril de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de Bélgica

7.6.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 135/21
Recurso interpuesto el 15 de abril de 2003 contra el                     la Decisión marco. Lo que los artículos 2 y 3 de la Decisión
Consejo de la Unión Europea por la Comisión de las                       marco obligan a los Estados miembros a considerar infraccio-
                    Comunidades Europeas                                 nes medioambientales se refiere, respecto a la mayoría de ellas,
                                                                         a acciones contempladas por el Derecho comunitario.
                       (Asunto C-176/03)
                                                                         El artículo 47 del Tratado de la Unión establece la primacía de
                                                                         las disposiciones comunitarias, por lo que no es posible
                         (2003/C 135/31)                                 jurídicamente adoptar actos sobre la base de dicho Tratado si
                                                                         existe una competencia comunitaria para tal fin.
                                                                         Además, la Comisión alega que las Comunidades son compe-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         tentes para obligar a los Estados miembros a establecer
presentado el 15 de abril de 2003 un recurso contra el Consejo
                                                                         sanciones penales cuando sea necesario para garantizar la
de la Unión Europea formulado por la Comisión de las
                                                                         efectividad y la eficacia del Derecho comunitario.
Comunidades Europeas, representada por los Sres. J.-F. Pas-
quier y W. Bogensberger, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                 A este respecto, la Comisión señala, en primer lugar, que según
                                                                         reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como la
                                                                         sentada, por ejemplo, en la sentencia de dicho Tribunal de
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal             21 de septiembre de 1989, en el asunto 68/88, Comisión/
de Justicia que:                                                         Grecia (Rec. p. 2966), los Estados miembros tienen la obliga-
                                                                         ción de procurar, en particular, que las infracciones del
—     Declare que la Decisión marco del Consejo de 27 de                 Derecho comunitario sean sancionadas en las condiciones
      enero de 2003, relativa a la protección del medio                  análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las
      ambiente a través del Derecho penal (1), es ilegal.                infracciones del Derecho nacional cuando tengan una índole y
                                                                         una importancia similares y que, en todo caso, confieran un
—     Anule dicha Decisión marco.                                        carácter efectivo, proporcionado y disuasorio a la sanción. Así,
                                                                         se puede obligar a los Estados miembros a establecer sanciones
                                                                         penales para las infracciones del Derecho comunitario. Incluso
—     Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.
                                                                         a veces el acto de Derecho comunitario determina los tipos de
                                                                         sanciones que los Estados miembros pueden establecer, como,
                                                                         por ejemplo, el artículo 31 del Reglamento (CEE) no 2847/93
                                                                         del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se
Motivos y principales alegaciones
                                                                         establece un régimen de control aplicable a la política pesquera
                                                                         común (2).
El recurso se funda en el artículo 36, apartado 6, del Tratado
de la Unión.                                                             La Comisión señala, además, que en el estado actual del
                                                                         Derecho comunitario, si considera que la observancia de
                                                                         las normas que dicta sólo puede garantizarse mediante el
La Comisión apoya abiertamente los objetivos de la Decisión              establecimiento de sanciones penales, el legislador comunitario
marco, pero se opone a la base jurídica utilizada para establecer        será competente para obligar a los Estados miembros a
las medidas de que se trata, a saber, el Tratado de la Unión y,          establecer tales sanciones.
en particular, los artículos 29, 31, letra e), y 34, apartado 2,
letra b) de dicho Tratado. Las medidas de que se trata, en efecto,       (1 ) Decisión marco 2003/80/JAI (DO L 29 de 5.2.2003 p. 55).
se inscriben claramente en las competencias comunitarias. La             (2 ) DO L 261 de 20.10.1993, p. 1.
elección de la base jurídica reviste importancia en el caso de
autos debido a las particularidades institucionales del Título VI
del Tratado de la Unión que, entre otras cosas, no regula un
procedimiento equivalente al procedimiento por infracción.
                                                                         Recurso interpuesto el 28 de abril de 2003 contra la
De conformidad con la jurisprudencia, la elección de la base             Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
jurídica de un acto debe basarse en criterios objetivos que                                            Bélgica
pueden ser objeto de control judicial, relativos, en particular, a
la finalidad y al contenido del acto.                                                           (Asunto C-182/03)
                                                                                                  (2003/C 135/32)
En el caso de autos, tanto la finalidad como el contenido de la
Decisión marco correponden manifiestamente a competencias
comunitarias. La finalidad de la Decisión marco es la protección         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
del medio ambiente, sancionando las infracciones que redun-              presentado el 28 de abril de 2003 un recurso contra la
den en su deterioro, lo que depende de competencias comuni-              Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
tarias, como las previstas, en particular, en el Título XIX del          Reino de Bélgica, representado por la Sra. A. Snoecx, en calidad
Tratado CE (artículos 174 a 176) y en el artículo 6 de dicho             de agente, asistida por los Sres. P. Kelley, B. van der Walle de
Tratado. Lo mismo puede afirmarse en cuanto al contenido de              Ghelcke y J. Wouters, abogados.
 ---pagebreak--- C 135/22               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            7.6.2003
El Reino de Bélgica solicita al Tribunal de Justicia que:                Segundo motivo: Infracción del artículo 88, apartado 2, del
                                                                         Tratado CE, y violación del principio de confianza legítima que
—     Anule la Decisión de la Comisión de las Comunidades                deriva de la Decisión del Consejo relativa al Código de
      Europeas C (2003) final, de 17 de febrero de 2003,                 conducta.
      relativa al régimen de ayuda aplicado por el Reino de
      Bélgica a favor de los centros de coordinación establecidos        El 1 de diciembre de 1997 se adoptó un Código de conducta
      en Bélgica, por cuanto no autoriza a Bélgica a otorgar, ni         en el ámbito de la fiscalidad de las empresas, mediante
      siquiera provisionalmente, la renovación del estatuto de           resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos
      centro de coordinación a los centros de coordinación a             de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo. En
      los que se aplicaba el régimen el 31 de diciembre de 2000.         lo tocante a las 66 medidas fiscales a que se refiere el Código
                                                                         de conducta, entre las que se encuentra el régimen de los
—     Condene en costas a la Comisión.                                   centros de coordinación, el Consejo ECOFIN de 26 y 27 de
                                                                         noviembre de 2000 decidió que respecto a las empresas que
                                                                         fueran objeto de regímenes perniciosos el 31 de diciembre
                                                                         de 2000, los efectos de dichos regímenes cesaran, a más tardar,
Motivos y principales alegaciones                                        el 31 de diciembre de 2005, tanto si se trataba de regímenes
                                                                         autorizados por un período determinado, como si no. Por
                                                                         último, el 21 de enero de 2003 se llegó a un acuerdo de
Primer motivo: Infracción del artículo 88, apartado 2, del               principio en el seno del Consejo relativo a la aplicación del
Tratado CE, violación de los principios de seguridad jurídica,           Código de conducta, que prevé, en particular, que los centros
de protección de la confianza legítima, así como de proporcio-           de coordinación a los que se aplicara el régimen el 31 de
nalidad, por cuanto la Comisión no ha otorgado un plazo                  diciembre de 2000, podrían seguir disfrutando íntegramente
razonable al Estado belga y a los centros de coordinación cuya           de su aprobación durante el período de diez años corriente, y
aprobación individual expira antes del 31 de diciembre                   ello hasta el 31 de diciembre de 2010, a más tardar.
de 2010; más concretamente, en los meses siguientes a la
notificación de la Decisión.                                             La Decisión impugnada prohíbe la prórroga de las aprobacio-
                                                                         nes que expiren tras la notificación de la Decisión y vulnera de
                                                                         esta forma la confianza legítima tanto del Estado belga como
El artículo 2 de la Decisión obliga al Estado belga a suprimir el
                                                                         de los centros de coordinación, en lo que atañe a la prórroga
régimen fiscal de los centros de coordinación o a modificarlo
                                                                         de las aprobaciones vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010.
para hacerlo compatible con el mercado común, y el artículo 3
de la Decisión establece un plazo de dos meses para adoptar
las medidas necesarias a fin de cumplir dicha obligación. Este           Tercer motivo: Violación del principio de igualdad.
plazo resulta manifiestamente insuficiente, ya que el régimen
de que se trata sólo puede modificarse en virtud de una ley
                                                                         El sistema adoptado por la Comisión introduce una discrimina-
formal votada en el Parlamento. La Comisión infringe de este
                                                                         ción injustificable entre, por una parte, la situación de centros
modo el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, el cual, según
                                                                         cuya aprobación haya sido prorrogada poco antes del 31 de
la jurisprudencia, se basa en la idea de una cooperación entre           diciembre de 2000, a los que se les aplica el régimen hasta
Estado miembro y Comisión. Es válida la exigencia de un plazo
                                                                         2010, y, por otra, los centros cuya aprobación expira en 2003,
razonable a fortiori en el caso de autos, en el que la Comisión
                                                                         a los que deja de aplicárseles el régimen tras un plazo de
no consideró que el referido régimen, notificado en los años
                                                                         expiración de algunos meses solamente.
1980, constituyera una ayuda.
El plazo concedido tampoco es razonable para los centros de              Cuanto motivo: Incumplimiento de la obligación de motiva-
coordinación. Las autorizaciones tienen una vigencia de diez             ción.
años, y son prorrogables con la única condición de que sigan
concurriendo en el centro los requisitos establecidos por la             La Comisión no motiva de manera suficiente en Derecho la
normativa. Los considerandos de la Decisión reconocen que                razón por la que no establece ningún período transitorio en lo
procede proteger la confianza legítima de los centros de                 que atañe a los centros cuya aprobación expira poco tiempo
coordinación existentes, pero la Decisión prohíbe toda renova-           después de la fecha de la Decisión. Por último, puede advertirse
ción de la aprobación, incluso con respecto a las que expiren            que la Decisión presenta una clara laguna debido a la no
en los meses siguientes a la notificación de la Decisión. Para           consideración del período comprendido entre el 1 de enero
muchos de los centros afectados la Decisión implica el cese              de 2001 y el 16 de febrero de 2003, para el establecimiento
inmediato de las actividades.                                            de medidas transitorias.