CELEX: 31995D0456
Language: es
Date: 1995-03-01 00:00:00
Title: 95/456/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 1995, Ayuda de Estado nº C 1A/92 - Programa griego de ayudas al sector farmacéutico, financiado mediante exacciones sobre los productos farmacéuticos y otros productos afines (El texto en lengua griega es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

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31995D0456

95/456/CE: Decisión de la Comisión, de 1 de marzo de 1995, Ayuda de Estado nº C 1A/92 - Programa griego de ayudas al sector farmacéutico, financiado mediante exacciones sobre los productos farmacéuticos y otros productos afines (El texto en lengua griega es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)  

Diario Oficial n° L 265 de 08/11/1995 p. 0030 - 0035

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 1 de marzo de 1995 Ayuda de  Estado n° C 1A/92 - Programa griego de ayudas al sector farmacéutico, financiado mediante  exacciones sobre los productos farmacéuticos y otros productos afines (El texto en lengua griega es  el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (95/456/CE)LA COMISIÓN  DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del  apartado 2 de su artículo 93, Después de haber emplazado a los interesados para que le presentaran sus observaciones, con arreglo  a lo dispuesto en el mencionado artículo, y teniendo en cuenta dichas observaciones, Considerando lo siguiente: I La Organización Nacional de Productos Farmacéuticos griega (ONPF) es una entidad de Derecho  público creado por la Ley n° 1316 de 11 de enero de 1983. El cometido que la ley asignaba a la ONPF era la protección y mejora de la salud pública, el  fomento del interés público por los sectores de la producción, importación y circulación de los  productos farmacéuticos y afines, la promoción de empresas comerciales e industriales y el  desarrollo de la tecnología y la investigación en el sector farmacéutico. Hasta el año 1991, la ONPF se venía financiando mediante ingresos percibidos directamente a través  de a) una exacción del 15  % sobre los precios al por mayor de todos los productos farmacéuticos  vendidos en el mercado griego, fueran éstos de fabricación nacional, comunitaria o procedieran de  un tercer país; b) una exacción del 1  % sobre el precio al por mayor de todos los cosméticos  vendidos en el mercado griego independientemente de su procedencia griega, comunitaria o exterior a  la Comunidad; c) otros tributos y cargas que gravaban la circulación de productos farmacéuticos y  afines en el mercado griego; d) indirectamente mediante transferencias presupuestarias, cuando  resultaba necesario. La Ley n° 1316/83 preveía asimismo la creación de dos entidades paralelas bajo la tutela y el  control de la ONPF, denominadas «  Industria Nacional de Productos Farmacéuticos  » (INPF), en el  sector de la producción, y «  Depósito Estatal de Productos Farmacéuticos  » (DEPF), en el ámbito  de la distribución de productos nacionales. Ambas eran personas jurídicas de Derecho privado. El cometido que la ley asignaba a la INPF era la producción, importación y venta de productos  farmacéuticos en el mercado nacional, la exportación de dichos productos, así como el suministro de  cualquier otra sustancia necesaria para los fines de la INPF y la cobertura de las necesidades del  mercado. El capital en acciones de la empresa pertenecía íntegramente a la ONPF. Esta última desembolsó el  capital en acciones en tramos sucesivos mediante transferencias directas de 1985 a 1989 y de nuevo  en 1991. La INPF disponía asimismo de ingresos directos procedentes de sus propias actividades  económicas. La misión del DEPF consistía en la importación, exportación y comercialización de productos  farmacéuticos. Al igual que en la INPF, el capital en acciones estaba íntegramente en manos de la  ONPF. Esta última cubría asimismo los costes de explotación del DEPF y los beneficios revertían  sobre ella. Después de 1991, por las Leyes n° 1759/88, n° 1821/88 y, especialmente, n° 1965/91, n° 2001/91 y n°  2065/92, se modificaron tanto la finalidad como el método de financiación de la ONPF. En la  actualidad, su cometido consiste en proteger y mejorar la salud pública y fomentar el interés  público por los productos farmacéuticos y afines, garantizar en el mercado griego el adecuado  suministro de productos farmacéuticos de la mejor calidad y, por último, impulsar y desarrollar la  innovación tecnológica y la investigación en el sector farmacéutico. Por lo que respecta a la financiación de la ONPF, su principal fuente de ingresos consiste en un  porcentaje del 10  % del producto de la exacción del 15  % sobre los precios al por mayor de todos  los productos farmacéuticos en circulación en el mercado griego y de una exacción del 1  % sobre  los precios al por mayor de todos los cosméticos. Dichas exacciones gravan indistintamente los  productos nacionales y los importados, procedan éstos de otros Estados miembros o de terceros  países. La INPF y el DEPF fueron liquidados por la Ley n° 1965/91. En el marco de la ONPF, y bajo su control, se creó el Instituto para la Investigación y el  Desarrollo Tecnológico en el sector Farmacéutico (IIDTF) por la Ley n° 1965/91. Aunque el IIDTF ha  sido legalmente constituido, aún no ha entrado en funcionamiento. El IIDTF es una persona jurídica  de Derecho privado y sus tareas incluyen el desarrollo y la investigación en el sector  farmacéutico, el control de calidad de los medicamentos, el desarrollo e importación de tecnología  en el sector farmacéutico y la importación y exportación de dichos productos, sólo en los casos en  que no sea posible cubrir las necesidades específicas del mercado griego de otra forma (mediante  importadores privados). El IIDTF será financiado en parte mediante transferencias directas de la ONPF, mediante sus propios  ingresos, procedentes de las actividades de investigación, mediante préstamos, así como por una  posible venta de una parte de sus activos. Así pues, un porcentaje de los fondos públicos asignados  directamente a la ONPF se canalizarán hacia la financiación de las actividades del IIDTF. II A raíz de una denuncia, la Comisión pidió a las autoridades griegas por carta de 22 de febrero  de 1991 que facilitaran información sobre la ayuda concedida a las empresas «  Industria Nacional  de Productos Farmacéuticos  » (INPF) y «  Depósito Estatal de Productos Farmacéuticos  » (DEPF),  ambas propiedad de la «  Organización Nacional de Productos Farmacéuticos  ». Asimismo, pedía  información detallada sobre las exacciones que gravan la venta de productos farmacéuticos y  cosméticos en Grecia y que, unidas a una contribución anual por parte del Estado, se utilizaban  para financiar la ONPF y, por lo tanto, de forma indirecta, a la INPF y al DEPF. En su respuesta de 2 de octubre de 1991, que contenía información general sobre los objetivos y  estructura financiera de la ONPF, las autoridades griegas se limitaban a proponer una modificación  de la ley que regulaba la ONPF. No obstante, no se recibió la información solicitada por la  Comisión mediante carta de 25 de abril de 1991 y durante la reunión con el ministro griego de  Energía, celebrada en 18 de noviembre de 1991. De acuerdo con la información de que disponía la Comisión en el momento en el que inició el  procedimiento, las dos empresas mencionadas, a pesar de una serie de enmiendas legislativas,  seguían recibiendo importantes transferencias de fondos de su único accionista, el Estado. La Comisión consideró que se reunían todos los requisitos fijados en el apartado 1 del artículo 92  del Tratado CE y que no parecía aplicable ninguna de las excepciones previstas en las letras a), b)  y c) del apartado 3 del artículo 92. A la luz de todo lo expuesto anteriormente, por carta de 6 de febrero de 1992, la Comisión informó  al Gobierno griego de la incoación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 con  respecto al programa de ayudas concedidas a través de exacciones, invitándole a presentar en el  plazo de un mes a partir de la notificación de la carta sus observaciones al respecto, así como  cualquier información relativa a dicho programa. Por medio de una comunicación publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (1), la  Comisión instó a los demás Estados miembros y terceros interesados a que presentaran sus  observaciones sobre las medidas en cuestión en el plazo de un mes a partir de la publicación de  dicha comunicación. III Tras la solicitud de la prolongación del plazo inicial fijado para la presentación de las  observaciones, que fue aceptada por la Comisión, el Gobierno griego presentó sus observaciones por  carta de 30 de abril de 1992. En su respuesta, las autoridades griegas contestaban sólo parcialmente a las preguntas formuladas  por la Comisión que, por carta de 28 de julio de 1992, solicitó a las mismas una respuesta  completa. Tras solicitar una nueva ampliación del plazo fijado para el envío de esta información adicional,  el Gobierno griego transmitió una respuesta completa por cartas de 2 y 23 de octubre de 1992. Los nuevos datos aportados por el Gobierno griego indicaban que el programa de ayudas considerado  gravaba las importaciones e implicaba la exención de las exportaciones de productos farmacéuticos y  afines (cosméticos) procedentes de Grecia de cualquier gravamen y exacción, incluidas las  exacciones del 15  % y del 1  %. Asimismo, la ONPF estaba transfiriendo fondos a un pequeño  organismo de investigación, el IIDTF. Estas transferencias también podían constituir una ayuda. Por carta de 11 de marzo de 1993, la Comisión formulaba a las autoridades griegas otra serie de  preguntas con objeto de aclarar la situación con respecto al programa general de ayudas. En su  respuesta de 21 de abril de 1993, el Gobierno griego notificó a la Comisión que estaba considerando  la posibilidad de revisar las disposiciones fiscales en favor de la ONPF. A petición de las autoridades griegas, el 28 de mayo de 1993 se celebró en Atenas una reunión en la  que los representantes del Gobierno griego indicaron que éste estaba dispuesto a modificar el marco  legal vigente relativo a la ONPF, para adecuarlo a la legislación comunitaria. Por carta de 7 de junio de 1993, la Comisión recordó a las autoridades griegas que, según lo  acordado en la reunión de 28 de mayo de 1993, debían notificar en el plazo de quince días hábiles  las medidas que preveían adoptar con objeto de ajustar al Derecho comunitario el programa de ayudas  de Estado al sector de los productos farmacéuticos y de los cosméticos. Por carta de 18 de octubre de 1993, las autoridades griegas informaron a la Comisión de que el  Gobierno griego estaba programando la supresión tanto del reembolso de la exacción parafiscal del  15  % y del 1  % como la transferencia a la ONPF del 10  % de los ingresos totales obtenidos  mediante dicha exacción. No obstante, por razones de orden interno, no había sido posible hasta ese  momento iniciar el proceso legislativo al respecto. Por carta de 10 de noviembre de 1993, la  Comisión informó al Gobierno griego de que se le concedía un período adicional de quince días  hábiles para permitirle elaborar y presentar los textos legislativos necesarios para cumplir la  legislación comunitaria. Por último, por carta de 28 de enero de 1994, las autoridades griegas volvieron a su argumento  inicial, aduciendo que las exacciones en cuestión no eran parafiscales, ya que se pagaban con cargo  al presupuesto del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Seguridad Social. Repetían que la cifra del  10  % era un porcentaje meramente indicativo para calcular el nivel de las ayudas, de forma que la  ONPF pudiera efectuar sus previsiones. Tras la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ningún otro Estado miembro ni  tercero interesado presentó nuevos comentarios en el marco del presente procedimiento. IV Al examinar si el sistema impositivo y la transferencia de fondos constituye una ayuda a los  efectos del artículo 92, conviene establecer una distinción entre el régimen inicial vigente hasta  1991 y el actualmente vigente. De enero de 1983 a 1991, las medidas examinadas consistían en la financiación de la ONPF a través  de una exacción del 15  % sobre todos los productos farmacéuticos, fueran éstos nacionales o  importados, así como de otra del 1  % sobre otros productos afines (cosméticos), y en la  transferencia de fondos a las dos empresas, la INPF y el DEPF, a través de la ONPF. La transferencia de fondos de la ONPF a la INPF ascendió a 6  000 millones de dracmas griegas  durante el período comprendido entre 1985 y 1989 y de nuevo en 1991. De esta cantidad, 5  000  millones de dracmas griegas constituían el capital de lanzamiento de INPF, a los que posteriormente  vinieron a sumarse otros 1  000 millones de dracmas griegas. El importe estaba destinado a la  adquisición y/o construcción de tres fábricas de productos farmacéuticos y a la impresión de  publicaciones relacionadas con la salud pública. Las fábricas de la INPF nunca llegaron a entrar en  funcionamiento. Al no poseer instalaciones para la producción de medicamentos, la INPF encomendó  esta tarea al sector privado. Esta transferencia de fondos permitió a la INPF abaratar sus costes y, de esta forma, competir en  desigualdad de condiciones con otros competidores en la fabricación y comercialización de productos  farmacéuticos y otros afines. Los competidores, productores nacionales y comunitarios, no sólo  tenían que soportar íntegramente todos los costes de producción, sino que también se veían  obligados a financiar el desarrollo y la creciente competencia de las filiales de la ONPF. Entre 1985 y 1991, los fondos transferidos al DEPF ascendieron a 1  185  476  663 dracmas griegas  que, según el Gobierno griego, se destinaron sobre todo a financiar las importaciones de  medicamentos poco frecuentes y/o específicos, que el sector privado no solía importar (medicamentos  contra el Sida, enfermedades renales, etc.). Gracias a dichas transferencias, el DEPF pudo cubrir sus costes de explotación sin incurrir en  ningún gasto financiero, lo que le permitió competir con otros importadores potenciales privados de  medicamentos que, en cambio, tenían que soportar íntegramente sus costes de explotación. Los ingresos derivados de las exacciones deben considerarse fondos públicos cuando han sido  establecidos por la vía legal. La utilización en un Estado miembro de fondos públicos para  financiar una organización que, entre otras actividades, se dedica a fomentar el desarrollo de  empresas, consolidando así la posición de éstas frente a sus competidores dentro de dicho Estado y  en la Comunidad, debe considerarse una medida que perjudica a estos competidores. El hecho de que  las transferencias se financiaran mediante exacciones que se aplicaban asimismo a las importaciones  de otros Estados miembros suponía una serie de ventajas adicionales para los productores griegos de  productos farmacéuticos y de cosméticos, puesto que las empresas de otros Estados miembros se veían  obligadas a cofinanciar actividades que beneficiaban a sus competidores griegos. Tras las modificaciones introducidas en la legislación en 1991, principalmente por las Leyes n°  1965/91, n° 2000/91 y n° 2065/92, el programa de ayudas a examen comprendía las siguientes medidas:  la financiación de la ONPF mediante un porcentaje asignado sobre todos sus ingresos, incluidas las  exacciones del 15  % y del 1  % sobre los productos farmacéuticos y otros productos afines,  respectivamente; y la ayuda de Estado potencial a la investigación y el desarrollo en el sector  farmacéutico mediante la creación del IIDTF. Por lo que respecta al primer punto, cabe señalar que el sistema impositivo en favor de la ONPF  prevé que todos los ingresos de la ONPF, independientemente de su procedencia, incluidas las  exacciones del 15  % y del 1  % sobre los productos farmacéuticos y afines, están asimilados a los  ingresos del Estado. Son percibidos directamente por el Tesoro y se integran en los presupuestos  del Estado. No obstante, el 10  % de dichos ingresos se asigna por vía legal a la financiación de  la ONPF. Una parte de dichos ingresos debe utilizarse para financiar parcialmente las actividades  de investigación y desarrollo tecnológico en el sector farmacéutico llevadas a cabo por el IIDTF. Al examinar la compatibilidad de esta ayuda de Estado, habría que establecer una distinción entre  la parte que se destina a la financiación parcial de la salud pública y otras actividades  relacionadas con ella y la que se dedica a financiar las actividades de investigación aplicada y de  desarrollo. Parece poco probable que unas medidas destinadas a fomentar actividades relacionadas con la salud  pública con una incidencia relativamente escasa en el mercado puedan afectar al comercio  comunitario. Las actividades de la ONPF incluyen tareas de información al público que benefician a  toda la población griega, así como actividades de certificación para todos los productos que  circulan en el mercado farmacéutico del país. Las actividades de certificación benefician tanto a  los productores griegos como a los extranjeros, sin distinción, y los costes de certificación  recaen sobre todos los productores. Así pues, el sector farmacéutico griego no goza de un trato  específico preferente. Es poco probable que estas actividades afecten al comercio comunitario. Así  pues, no cabe aplicarles los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 92, por lo que no  pueden considerarse ayudas de Estado. Con respecto a las medidas de otro tipo incluidas en el programa general, en particular las ayudas  a la investigación aplicada y al desarrollo en el sector farmacéutico, cabe formular los siguientes  comentarios. Las tareas que la legislación impone al IIDTF ya se citaron anteriormente, y consisten  en la investigación y el desarrollo en el sector farmacéutico, el control de calidad de los  medicamentos y el desarrollo y la importación de tecnología cuando no exista otra posibilidad de  cubrir las necesidades del mercado (falta de importadores privados). Un porcentaje de los fondos  públicos destinados a la ONPF se utilizará para financiar las actividades del IIDTF. De acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de junio de  1970 en el asunto 47/69, Gobierno de la República Francesa/Comisión  (1), la financiación de una  ayuda de Estado mediante la imposición de gravámenes obligatorios constituye un elemento esencial  de ayuda y, al examinar dicha ayuda con objeto de evaluar su compatibilidad con la legislación  comunitaria, deben tenerse en cuenta tanto su finalidad como su método de financiación. En el presente caso, aunque los organismos de investigación pusieran los resultados de la misma a  disposición de los interesados en otros Estados miembros, esto no supondría necesariamente un  reparto auténtico y equitativo de los beneficios derivados de dicha investigación ya que, aunque  legalmente se garantizara la igualdad de trato, en la práctica los operadores griegos estarían en  una situación más ventajosa. Este tipo de investigación responde a la especialización nacional, las necesidades o las  deficiencias en el sector. Por otro lado, a menudo los operadores de otros Estados miembros  sufragan los gastos relativos a actividades de investigación idénticas, directamente o a través de  una contribución financiera a sus respectivos centros nacionales de investigación y, por lo tanto,  no tienen necesidad de recurrir a los resultados de las investigaciones de las entidades griegas. Incluso en los casos en que la ayuda a la investigación propuesta se considera compatible con el  mercado común, tanto por lo que respecta a su naturaleza como a sus objetivos, su financiación por  medio de exacciones parafiscales que gravan asimismo los productos importados de la Comunidad tiene  un efecto proteccionista que rebasa el ámbito de la propia ayuda, según la mencionada sentencia de  25 de junio de 1970. La utilización de fondos públicos (beneficios derivados de las exacciones) para financiar un  organismo de investigación que mediante sus actividades va a reforzar la posición de determinadas  empresas frente a competidores nacionales o comunitarios perjudica a dichos competidores. Además,  el hecho de que dichas transferencias se financien parcialmente mediante exacciones sobre las  importaciones procedentes de otros Estados miembros constituye una ventaja adicional para el sector  farmacéutico y cosmético griego, ya que las empresas de otros Estados miembros se verán obligadas a  cofinanciar actividades que beneficiarán a sus competidores griegos. Esta medida constituye  claramente una ayuda de Estado a los efectos del apartado 1 del artículo 92. El establecimiento de un sistema impositivo en favor de la ONPF que duró hasta 1991 y, en  particular, la concesión de ayudas a dicha empresa y, a través de ella, a sus filiales INPF y DNPF,  no fue notificado con antelación a la Comisión, como exigían las normas de procedimiento previstas  en el apartado 3 del artículo 93. Tampoco los cambios introducidos en 1991 en el sistema de concesión de ayudas a la ONPF y al IIDTF  fueron notificados con antelación a la Comisión, como exigían las normas de procedimiento previstas  en el apartado 3 del artículo 93. Por lo tanto, en ambos períodos, dichas ayudas se concedieron y  siguen concediéndose ilegalmente por parte del Gobierno griego. V El volumen de los intercambios de productos farmacéuticos y productos afines en el interior de  la Comunidad superó los 24  000 millones de ecus en 1991. El mismo año, el comercio comunitario en  dicho sector con los cuatro países del EEE (Austria, Finlandia, Suecia y Noruega) rebasó los 2  700  millones de ecus. El mercado griego de productos farmacéuticos, en el que las mencionadas empresas estaban  ampliamente representadas, alcanzó en 1991 un volumen de negocios de 320 millones de ecus  aproximadamente. En el mismo año, las exportaciones a Grecia de productos farmacéuticos y  cosméticos de los Estados miembros ascendieron a 282 millones de ecus. Las exportaciones griegas de  productos farmacéuticos y cosméticos a otros Estados miembros ascendieron a 38 millones de ecus el  mismo año. Así pues, es evidente que existen intercambios comerciales entre los fabricantes de  productos farmacéuticos y cosméticos en la Comunidad, así como una competencia en el sector entre  Estados miembros. Paralelamente, existen intercambios comerciales y competencia en este sector entre los productores  comunitarios y los miembros del EEE (Austria, Finlandia, Noruega y Suecia). Las exportaciones de  estos cuatro países a Grecia ascendieron en 1991 a 12 millones de ecus, mientras que las  exportaciones de Grecia a estos países alcanzaron 183  000 ecus en el mismo año. Por consiguiente, la ayuda concedida a la ONPF y, a través de ella, a la INPF y al DEPF hasta 1991  reforzó la posición de los productores griegos frente a los demás fabricantes comunitarios y del  EEE. Dicha ayuda, financiada en parte a través de una exacción pagada por sus competidores, podía  falsear la competencia y afectar a los intercambios comunitarios de conformidad con el apartado 1  del artículo 92. Del mismo modo, la transferencia de fondos a la ONPF y, a través de ella, al IIDTF desde 1991  refuerza la posición de los productores griegos frente a sus competidores. Esta ayuda puede falsear  la competencia y afectar a los intercambios comunitarios de conformidad con el apartado 1 del  artículo 92. VI Con arreglo a la mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 1970, el  hecho de que la ayuda se financie mediante una contribución obligatoria constituye un elemento  esencial de ayuda; al analizar la compatibilidad de la ayuda, deben examinarse a la luz del Derecho  comunitario tanto su naturaleza como su forma de financiación. El apartado 1 del artículo 92 establece que, en principio, cualquier ayuda que responda a los  criterios en él establecidos será incompatible con el mercado común. Las excepciones a este  principio, previstas en el apartado 2 del artículo 92, resultan inaplicables en el presente caso,  tanto por la naturaleza como por la finalidad de la ayuda. El apartado 3 del artículo 92 enumera las ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado  común. La compatibilidad con el Tratado debe evaluarse en el contexto de la Comunidad en su  conjunto, y no en un solo Estado miembro. Con objeto de garantizar el correcto funcionamiento del  mercado común, las excepciones al principio del apartado 1 del artículo 92 establecidas en el  apartado 3 del mismo artículo deben interpretarse en sentido estricto a la hora de examinar un  programa de ayudas o una ayuda individual. El Gobierno griego no ha podido aducir ningún motivo de tipo regional en la concesión de la ayuda a  las empresas de productos farmacéuticos. La Comisión, por su parte, tampoco ha podido vislumbrar  ningún indicio en este sentido. Por consiguiente, no pueden aplicarse las excepciones previstas en  las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 con relación a las ayudas que favorecen o  facilitan el desarrollo de determinadas regiones. Por lo que respecta a la exención prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 para las  ayudas que facilitan el desarrollo de determinadas actividades económicas, y con respecto al  período hasta 1991, aunque la ayuda concedida facilitó el desarrollo de las empresas en cuestión,  no parece que fomentara el desarrollo de las actividades del sector a escala comunitaria sin  afectar a los intercambios en forma contraria al interés común. Dicha ayuda permitió a las empresas  beneficiarias (INPF y DEPF) soportar únicamente parte de los costes y vender así a precios más  bajos, incrementando su cuota de mercado en detrimento de sus competidores, que tuvieron que  financiar su desarrollo con sus proprios recursos. Por lo que respecta a la excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 92, la ayuda  concedida a INPF y DEPF no estaba destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de  interés común europeo, ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía griega; el  Gobierno griego tampoco ha presentado ningún argumento en favor de una posible aplicación de dichas  excepciones. Por lo tanto, la Comisión considera que, hasta 1991, la ayuda concedida a ONPF y, a través de ella,  a INPF y DEPF, financiada mediante exacciones sobre las ventas de productos farmacéuticos y  cosméticos, no cumple los requisitos necesarios para acogerse a ninguna de las excepciones  previstas en el apartado 3 del artículo 92. Después de 1991, las autoriades griegas siguieron transfiriendo fondos públicos a la ONPF mediante  la asignación del 10  % del total de sus ingresos, entre los que se contaban los benecifios  derivados de las exacciones del 15  % y del 1  % para la financiación de la mencionada  organización. Es poco probable que estas transferencias afecten a los intercambios comerciales, ya  que estaban destinadas a financiar actividades relacionadas con la protección de la salud pública,  que tienen una incidencia relativamente escasa en el mercado. Las actividades de certificación  prestadas mediante una remuneración por la ONPF a todos los productores farmacéuticos sin  discriminación no proporcionaban una ventaja competitiva a los productores griegos. Así pues, estas  transferencias no pueden considerarse ayudas a los efectos del apartado 1 del artículo 92. Las transferencias destinadas a financiar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico del  IIDTF a través de la ONPF pueden afectar a los intercambios comunitarios y falsear la competencia  con arreglo al apartado 1 del artículo 92. Como el objeto de la ayuda es facilitar el desarollo del  sector farmacéutico en Grecia, es poco probable que afecte a los intercambios comerciales en forma  contraria al interés común si el propio sector farmacéutico griego asume los costes de la  investigación. En principio, podría acogerse a la excepción prevista en la letra c) del apartado 3  del artículo 92. No obstante, dicha posibilidad no puede tenerse en cuenta, puesto que el elemento de ayuda se  financia, en parte, mediante gravámenes sobre los productos procedentes de otros Estados miembros.  Así pues, el método empleado para financiar la ayuda la hace incompatible con el mercado común. Al no haber sido notificada a la Comisión, la ayuda es ilegal y, por lo tanto, debe eliminarse, a  menos que se modifique su método de financiación, de forma que dejen de gravarse los productos  procedentes de otros Estados miembros. La Comisión señala que la INPF y el DEPF, las dos empresas que se beneficiaron de la ayuda hasta  1991, fueron liquidadas por la Ley n° 1965/91 publicada el 24 de diciembre de 1991. El excedente de  la liquidación ha sido ya transferido a los presupuestos del Estado. Dichas empresas no fabricaban  medicamentos sino que subcontrataban su producción a terceros. Por tal motivo, el reembolso de la  ayuda resulta imposible. Por último, según la información facilitada por las autoridades griegas, el IIDTF aún no ha  iniciado sus actividades y, por lo tanto, aún no ha tenido lugar la transferencia al mismo de los  ingresos procedentes de la exacción, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 La ayuda concedida por Grecia a la Organización Nacional de  Productos Farmacéuticos hasta 1991 y, a través de ella, a sus filiales la Industria Nacional de  Productos Farmacéuticos y el Depósito Estatal de Productos Farmacéuticos, financiada a través de  exacciones que gravaban también las importaciones procedentes de otros Estados miembros, es  incompatible con el mercado común. Artículo 2 La ayuda que Grecia tiene intención de conceder en forma de transferencias del Estado  a la Organización Nacional de Productos Farmacéuticos y, a través de ella, al Instituto para la  Investigación y el Desarrollo Tecnológico en el sector Farmacéutico en la medida en que se financia  parcialmente mediante una exacción que grava las importaciones de productos farmacéuticos y  productos afines (cosméticos) es incompatible con el mercado común y, por lo tanto, no debe  concederse. Artículo 3 Grecia informará a la Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la notificación  de la presente Decisión, acerca de las medidas que hubiere adoptado en cumplimiento de la misma. Artículo 4 El destinatario de la presente Decisión será la República Helénica. Hecho en Bruselas, el 1 de marzo de 1995. Por la Comisión Karel VAN MIERT Miembro de la Comisión (1)  DO n° C 48 de 22. 2. 1992, p. 6.  (1)  Rec. 1970, p. 487.