CELEX: C2007/211/36
Language: es
Date: 2007-09-08 00:00:00
Title: Asunto C-295/07 P: Recurso de casación interpuesto el 20 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-369/00, Département du Loiret (Francia), apoyado por Scott SA/Comisión de las Comunidades Europeas

8.9.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 211/19
            
         Recurso de casación interpuesto el 20 de junio de 2007 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 29 de marzo de 2007 en el asunto T-369/00, Département du Loiret (Francia), apoyado por Scott SA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-295/07 P)
   (2007/C 211/36)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes
   
      Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representante: J. Flett, agente)
   
      Otras partes en el procedimiento: Département du Loiret y Scott SA
   Pretensiones
   
               —
            
            
               Que se estime el recurso de casación y, en consecuencia, se anule la sentencia impugnada en su totalidad.
            
         
               —
            
            
               Que se resuelva definitivamente el litigio, declarando que la Decisión 2002/14/CE (1) está suficientemente motivada en cuanto se refiere a la utilización de un tipo de interés compuesto, o, en su defecto, si el Tribunal de Justicia considerase que el estado del asunto no lo permite, que se remitan los autos al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie.
            
         
               —
            
            
               Que se condene a la demandante a soportar sus propias costas y las de la Comisión en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.
            
         
               —
            
            
               Que se condene a Scott SA a soportar sus propias costas en ambos procedimientos.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente invoca ocho motivos en apoyo de su recurso de casación, sosteniendo, con carácter preliminar, que la sentencia impugnada se basa en una visión errónea de las normas comunitarias en materia de ayudas estatales, que el Tribunal de Primera Instancia asimila, equivocadamente, a normas sobre competencia entre empresas, en el momento de la orden de recuperación de la ayuda ilegal, y no a normas sobre competencia entre Estados miembros en el momento de la concesión efectiva de dicha ayuda.
   Mediante su primer motivo, la recurrente alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia impugnada, una decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda ilegalmente concedida está suficientemente motivada si un simple cálculo matemático permite comprobar qué método de cálculo se ha empleado. Pues bien, según ella, esto es precisamente lo que ocurre en el caso de autos, puesto que todos los datos importantes relativos al importe de la ayuda concedida, al tipo de interés, a la duración y a la cantidad que había de recuperarse figuraban en su Decisión.
   Mediante su segundo motivo, la recurrente afirma que, en cualquier caso, la utilización de un tipo de interés compuesto se hallaba, cuando menos, implícita en la motivación de su Decisión, habida cuenta de los objetivos declarados de eliminar las ventajas resultantes de la ayuda y de restablecer la situación preexistente. Desde esta perspectiva, el tipo de interés aplicable a la cantidad por recuperar debería necesariamente ser un tipo de interés compuesto para tener en cuenta la inflación y la ventaja que acumula el beneficiario de la ayuda con el tiempo.
   Mediante su tercer motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al invertir, en perjuicio suyo, la carga de la prueba. En efecto, según ella, es a la demandante en primera instancia a quien corresponde probar la modificación que alega de la práctica de la Comisión relativa al tipo de interés aplicable a las órdenes de recuperación de ayudas ilegales, y no a ésta probar la inexistencia de tal modificación.
   Mediante su cuarto motivo, la recurrente estima que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que ella no precisó en qué aspecto la sociedad beneficiaria de la ayuda seguía manteniendo una ventaja en la fecha de la orden de recuperación de dicha ayuda. Según la recurrente, es en la fecha de concesión de la ayuda cuando ella debe probar la existencia de dicha ventaja, no en la fecha de su recuperación.
   Mediante sus motivos quinto y sexto, la Comisión reprocha al Tribunal de de Primera Instancia que se basase en especulaciones y no en pruebas en lo que respecta al precio de venta de la sociedad beneficiaria de la ayuda a otra sociedad, y que declarase que dicho precio de venta, 11 años después de la concesión de la ayuda, era un factor que la Comisión debería haber tenido en cuenta para fijar el importe a recuperar. Según ella, en efecto, en el ámbito de las ayudas estatales, el objetivo consiste en restablecer la situación anterior y el importe de la ayuda que ha de recuperarse corresponde, por lo tanto, necesariamente al importe inicialmente concedido más un interés anual compuesto hasta su recuperación efectiva, con independencia de lo que el beneficiario de la ayuda haya hecho de ésta durante ese intervalo de tiempo.
   Mediante su séptimo motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar que la circunstancia de que la recuperación de la ayuda deba llevarse a cabo con arreglo a las normas nacionales implica necesariamente que los intereses deban calcularse a un tipo simple. Si bien es cierto que el principal y los intereses deben recuperarse con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, la imposición de un tipo de interés, al igual que la cuestión de si dicho tipo debe ser simple o compuesto, pertenecen al ámbito del Derecho comunitario y no al del Derecho nacional.
   Mediante su octavo motivo, la Comisión alega, por último, que la sentencia impugnada es totalmente desproporcionada en la medida en que anula íntegramente su Decisión, mientras que, según ella, podría haberse distinguido entre el importe principal y el importe correspondiente a los intereses, al igual que podría haberse distinguido entre la utilización de un tipo de interés simple y la de un tipo de interés compuesto.
   
      (1)  Decisión 2002/14/CE de la Comisión, de 12 de julio de 2000, sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Scott Paper SA/Kimberly-Clark (DO 2002, L 12, p. 1).