CELEX: 62019TN0066
Language: es
Date: 2019-02-04 00:00:00
Title: Asunto T-66/19: Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2019 — Vlaamse Gemeenschap y Vlaams Gewest/Parlamento y Consejo

1.4.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 122/22
            
         
      Recurso interpuesto el 4 de febrero de 2019 — Vlaamse Gemeenschap y Vlaams Gewest/Parlamento y Consejo
      (Asunto T-66/19)
      (2019/C 122/25)
      Lengua de procedimiento: neerlandés
      
         Partes
      
      
         Demandantes: Vlaamse Gemeenschap y Vlaams Gewest (representantes: T. Eyskens N. Bonbled y P. Geysens, abogados)
      
         Demandadas: Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
      
         Pretensiones
      
      La parte demandante solicita al Tribunal General que:
      
                  —
               
               
                  Admita el recurso y lo declare fundado.
               
            
                  —
               
               
                  Anule el Reglamento (UE) 2018/1724.
               
            
                  —
               
               
                  Condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      En apoyo de su recurso, las partes demandantes formulan cinco motivos.
      
                  1.
               
               
                  Primer motivo, basado en la violación del artículo 4 TUE, apartado 2.
                  Las obligaciones lingüísticas impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 (1) son contrarias a la legislación lingüística interna en cuestiones administrativas, en los términos constitucionalmente establecidos en Bélgica. Esa normativa lingüística interna forma parte de la estructura básica —política y constitucional— del Estado belga y pertenece a la identidad nacional del Estado belga. Por consiguiente, el Reglamento (UE) 2018/1724 se opone al artículo 4 TUE, apartado 2, según el cual la Unión deberá respetar la identidad nacional de los Estados miembros.
               
            
                  2.
               
               
                  Segundo motivo, basado en la vulneración del artículo 5 TUE, apartados 1 y 4, y del Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
                  Las obligaciones lingüísticas impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 no se ajustan al principio de atribución de competencia (1) ni tampoco al principio de proporcionalidad (2).
                  
                              1)
                           
                           
                              Ninguna de las disposiciones del Tratado atribuye a la Unión competencia para regular el uso de las lenguas en los Estados miembros ni sirviéndose de los servicios públicos.
                           
                        
                              2)
                           
                           
                              La obligación de poner a disposición del público una traducción en «una lengua oficial de la Unión ampliamente comprendida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos» [artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1724] es contraria al principio de proporcionalidad y no contiene ninguna motivación con respecto a dicho principio. Los requisitos lingüísticos que impone el Reglamento (UE) 2018/1724 son desmesurados a la luz de la finalidad perseguida.
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Tercer motivo, basado en la vulneración del artículo 3 TUE, apartado 3, y del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en la violación del principio general de no discriminación por razón de la lengua y del principio de igualdad entre Estados miembros.
                  El Reglamento (UE) 2018/1724 vulnera el artículo 3 TUE, apartado 3, y el artículo 22 de la Carta, viola el principio general de no discriminación por razón de la lengua y el principio de igualdad entre Estados miembros porque desincentiva a los ciudadanos que desean establecerse en un Estado miembro que no sea el suyo a aprender la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de dicho Estado y además porque impone la generalización del uso de un única lengua vehicular, que de este modo se convierte de facto en la lengua europea de los servicios públicos y de las administraciones públicas.
               
            
                  4.
               
               
                  Cuarto motivo, basado en la violación de los principios generales de seguridad jurídica y de claridad normativa y en la vulneración del apartado I.2 del Acuerdo Interinstitucional, de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la «mejora de la legislación».
                  Las obligaciones lingüísticas impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 a los Estados miembros se oponen manifiestamente a los principios de claridad, precisión, previsibilidad y coherencia. Las obligaciones lingüísticas impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 no son claras, precisas, previsibles ni coherentes en lo relativo a la lengua a la que hay que traducir.
               
            
                  5.
               
               
                  Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 291 TFUE, apartado 2.
                  El cumplimiento de las obligaciones de traducción impuestas por el Reglamento (UE) 2018/1724 exige que se establezca con certeza y expresamente a qué lengua hay que traducir. Sin embargo, la normativa institucional del Reglamento (UE) 2018/1724 es muy confusa a este respecto. Por tanto, el Reglamento (UE) 2018/1724 no se ajusta al delicado equilibrio institucional previsto por el artículo 291 TFUE y el Reglamento (UE) n.o 182/2011 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento de comitología»), ya que la normativa autoriza efectivamente a la Comisión Europea a sortear el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.o 182/2011 y regular de modo informal.
               
            
         (1)  Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 (DO 2018, L 295, p. 1).
      
         (2)  Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 2011, L 55, p. 13).