CELEX: 62006CJ0420
Language: es
Date: 2008-03-11 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de marzo de 2008. # Rüdiger Jager contra Amt für Landwirtschaft Bützow. # Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Schwerin - Alemania. # Política agrícola común - Reglamentos (CE) nº 1254/1999 y (CE) nº 1782/2003 - Carne de vacuno - Sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias - Reglamentos (CEE) nº 3887/92, (CE) nº 2419/2001 y (CE) nº 796/2004 - Solicitud de ayudas «animales» - Prima por vaca nodriza - Irregularidad - Incumplimiento de las disposiciones en materia de identificación y registro de bovinos no objeto de solicitud de ayudas - Reglamento (CE) nº 1760/2000 - Exclusión del beneficio de la ayuda - Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 - Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve. # Asunto C-420/06.

Asunto C‑420/06
      Rüdiger Jager
      contra
      Amt für Landwirtschaft Bützow
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Schwerin)
      «Política agrícola común — Reglamentos (CE) nº 1254/1999 y (CE) nº 1782/2003 — Carne de vacuno — Sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias — Reglamentos (CEE) nº 3887/92, (CE) nº 2419/2001 y (CE) nº 796/2004 — Solicitud de ayudas “animales” — Prima por vaca nodriza — Irregularidad — Incumplimiento de las disposiciones en materia de identificación y registro de bovinos no objeto de solicitud de ayudas — Reglamento (CE) nº 1760/2000 — Exclusión del beneficio de la ayuda — Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 — Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve»
      Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 27 de noviembre de 2007 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de marzo de 2008 
      Sumario de la sentencia
      1.     Derecho comunitario — Principios — Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve 
      [Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, art. 2, aps. 1 y 2]
      2.     Agricultura — Política agrícola común — Sistema integrado de gestión y de control relativo a determinados regímenes de ayudas
            
      [Reglamentos del Consejo (CE, Euratom) nº 2988/95, art. 2, ap. 2, y (CE) nº 1782/2003; Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 3887/92,
            art. 10 quater, (CE) nº 2419/2001, art. 39, ap. 1, y (CE) nº 796/2004, arts. 66 y 67]
      1.     El principio de aplicación retroactiva de la pena más leve forma parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados
         miembros, por lo que debe considerarse un principio general del Derecho comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal de
         Justicia y que el juez nacional debe respetar.
      
      Este principio encuentra su expresión, más particularmente, en el artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95,
         relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, disposición en virtud de la cual corresponde
         a las autoridades competentes aplicar de manera retroactiva, a un comportamiento constitutivo de irregularidad en el sentido
         del apartado 1 de dicho artículo, las modificaciones ulteriores aportadas por las disposiciones contenidas en una normativa
         comunitaria sectorial que prevé sanciones administrativas menos severas.
      
      (véanse los apartados 59 y 60)
      2.     El artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros
         de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones establecidas por los artículos 66 y
         67 del Reglamento nº 796/2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación
         y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones
         comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados
         regímenes de ayuda a los agricultores, en su versión modificada y rectificada por el Reglamento nº 239/2005, no pueden aplicarse
         retroactivamente a una solicitud de ayudas «animales» incluida ratione temporis en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 3887/92, por el que se establecen las normas de aplicación del sistema integrado
         de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, en su versión modificada por el Reglamento
         nº 2801/1999, que ha dado lugar a una exclusión del beneficio de la ayuda con arreglo al artículo 10 quater de ese Reglamento.
      
      En efecto, el régimen de sanciones establecido en los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004 no tiene por objeto modificar
         la naturaleza o la intensidad de las sanciones aplicables en el marco del régimen de ayudas a los bovinos instaurado por el
         Reglamento nº 1254/1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, sino
         que trata de adaptar éstas, a partir de la entrada en vigor del Reglamento nº 1782/2003, al nuevo contexto normativo existente
         tras la reforma de la política agrícola común introducida por ese Reglamento, para mantener la coherencia del régimen de sanciones
         aplicable a los regímenes de ayudas de conformidad con los principios en los que se basa dicha reforma. Por lo tanto, el régimen
         establecido por los citados artículos 66 y 67 no refleja un cambio de apreciación del legislador comunitario en cuanto al
         carácter adecuado de las sanciones con respecto a la gravedad de la irregularidad de que se trata.
      
      De lo anterior se desprende que el régimen de sanciones, al estar directa y estrechamente vinculado a la reforma de la política
         agrícola común introducida por el Reglamento nº 1782/2003, no puede aplicarse a un caso de incumplimiento de esas normas de
         identificación y registro de los bovinos incluido ratione temporis en el Reglamento nº 3887/92, so pena de desnaturalizar el régimen de la condicionalidad tal como ha sido concebido por el
         legislador comunitario en el marco de dicha reforma. Por consiguiente, en tal contexto no puede invocarse dicho régimen, al
         no constituir una «modificación posterior», en el sentido del artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95,
         del régimen de sanciones previsto en el Reglamento nº 2419/2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
         sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducidos por el Reglamento nº 3508/92,
         en su versión modificada por el Reglamento nº 118/2004. En cambio, el artículo 39, apartado 1, del Reglamento nº 2419/2001,
         en su versión resultante del Reglamento nº 118/2004, puede ser invocado en tal contexto. En efecto, esta disposición, que
         constituye tal «modificación posterior» del artículo 10 quater del Reglamento nº 3887/92, supone, en la medida en que ha establecido un límite máximo a la reducción aplicable, un régimen
         de sanciones menos severas que las enunciadas en esta última disposición. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional
         remitente aplicar retroactivamente al productor agrícola afectado las disposiciones del citado artículo 39, apartado 1.
      
      (véanse los apartados 70 y 82 a 85)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 11 de marzo de 2008 (*)
      
      «Política agrícola común – Reglamentos (CE) nº 1254/1999 y (CE) nº 1782/2003 – Carne de vacuno – Sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias – Reglamentos (CEE) nº 3887/92, (CE) nº 2419/2001 y (CE) nº 796/2004 – Solicitud de ayudas «animales» – Prima por vaca nodriza – Irregularidad – Incumplimiento de las disposiciones en materia de identificación y registro de bovinos no objeto de solicitud de ayudas – Reglamento (CE) nº 1760/2000 – Exclusión del beneficio de la ayuda – Artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 – Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve»
      En el asunto C‑420/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgericht
         Schwerin (Alemania), mediante resolución de 24 de agosto de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de octubre de
         2006, en el procedimiento entre
      
      Rüdiger Jager
      y
      Amt für Landwirtschaft Bützow,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts y A. Tizzano, Presidentes
         de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Schiemann, A. Ó Caoimh (Ponente), J.-C. Bonichot y A. Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. Y. Bot;
      Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de septiembre de 2007;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre del Sr. Jager, por la Sra. K. Mueller, Rechtsanwältin;
      –       en nombre del Amt für Landwirtschaft Bützow, por el Sr. E. Schäfer, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. V. Kontolaimos y la Sra. E. Svolopoulou, en calidad de agentes;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. F. Erlbacher, en calidad de agente;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de noviembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 57 a 63 del Reglamento (CE) nº 796/2004
         de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la
         modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de
         septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco
         de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18), en su versión
         modificada y rectificada por el Reglamento (CE) nº 239/2005 de la Comisión, de 11 de febrero de 2005 (DO L 42, p. 3) (en lo
         sucesivo, «Reglamento nº 796/2004»), así como del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo,
         de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).
         
      
      2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Jager, ganadero, y el Amt für Landwirtschaft Bützow (Oficina
         para la organización agrícola de Bützow; en lo sucesivo, «Amt»), en relación con la concesión de primas por vaca nodriza para
         el año 2001.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
       La identificación y el registro de los bovinos
      3       El Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, que establece un sistema de
         identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos
         a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo (DO L 204, p. 1) prevé, en sus artículos
         1 a 10, las obligaciones que deben respetarse en materia de identificación y registro de bovinos. 
      
      4       A tenor del artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 1760/2000, las referencias al Reglamento nº 820/97 se entenderán hechas
         a ese primer Reglamento.
      
       El régimen de ayuda aplicable a los bovinos
      –       El Reglamento (CE) nº 1254/1999
      5       En virtud del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
         la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21), el productor que mantenga vacas nodrizas
         en su explotación podrá, previa solicitud, acogerse a una prima por el mantenimiento del censo de vacas nodrizas, denominada
         «prima por vaca nodriza», dentro de unos límites máximos individuales, por año y por productor. 
      
      6       Según el artículo 21 de este Reglamento, para poder optar a la citada prima, los animales deberán hallarse identificados y
         registrados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 820/97.
      
      –       El Reglamento (CE) nº 1782/2003
      7       A partir del 1 de enero de 2005, las dos citadas disposiciones del Reglamento nº 1254/1999 fueron derogadas por el Reglamento
         (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los
         regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los
         agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001,
         (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001 (DO L 270,
         p. 1, y corrección de errores, DO 2004, L 94, p. 70). 
      
      8       A tenor de los considerandos segundo y vigésimo cuarto del Reglamento nº 1782/2003: 
      «2)      El pago íntegro de las ayudas directas debe subordinarse al respeto de una serie de normas relativas a las tierras, la producción
         y la actividad agrarias. Dichas normas deben servir para integrar en las organizaciones comunes de mercados requisitos básicos
         en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y buenas condiciones agrarias y medioambientales.
         Si no se cumplen estos requisitos básicos, los Estados miembros han de retirar total o parcialmente las ayudas directas, con
         arreglo a criterios proporcionados, objetivos y que sigan una escala progresiva. Esta retirada deberá entenderse sin perjuicio
         de las sanciones que se establezcan ahora o en el futuro en virtud de otras disposiciones de la legislación comunitaria o
         nacional.
      
      […] 
      24)      El aumento de la competitividad de la agricultura comunitaria y la promoción de la calidad alimentaria y de las normas medioambientales
         implican necesariamente un descenso de los precios institucionales de los productos agrarios y un incremento de los costes
         de producción para las explotaciones agrarias de la Comunidad. Para alcanzar estos objetivos y fomentar una agricultura más
         orientada al mercado y sostenible, es preciso llevar plenamente a cabo el proceso de transición de las ayudas a la producción
         a las ayudas a los agricultores, introduciendo un sistema de ayuda disociada a la renta de cada explotación. Si bien la disociación
         no alterará los importes reales pagados a los agricultores, aumentará sensiblemente la eficacia de la ayuda a la renta. Resulta,
         pues, procedente condicionar el pago único por explotación al cumplimento de una serie de requisitos medioambientales, de
         seguridad alimentaria, de salud y bienestar de los animales, así como de mantenimiento de la explotación en buenas condiciones
         agrarias y medioambientales.»
      
      9       Según el artículo 1 del Reglamento nº 1782/2003: 
      «El presente Reglamento establece:
      –       disposiciones comunes en relación con los pagos directos efectuados al amparo de los regímenes de ayuda a la renta de la política
         agrícola común y financiados por la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) [enumerados
         en el anexo I], salvo los contemplados en el Reglamento (CE) nº 1257/1999 [del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda
         al desarrollo rural a cargo del FEOGA y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (DO L 160, p. 80)],
      
      –       una ayuda a la renta para los agricultores (en lo sucesivo denominada “el régimen de pago único”)
      –       regímenes de ayuda para los agricultores productores de […] carne de vacuno […].»
      10     El concepto de «pago directo» se define en el artículo 2, letra d), del Reglamento nº 1782/2003 como «todo pago abonado directamente
         a los agricultores en virtud de un régimen de ayuda a la renta enumerado en el anexo I» de ese mismo Reglamento. Este anexo
         menciona, en particular, en el sector de la carne de vacuno, la prima por vaca nodriza. 
      
      11     Las normas comunes en materia de pagos directos figuran en el título II del Reglamento nº 1782/2003, titulado «Disposiciones
         generales», cuyo capítulo I, titulado a su vez «Condicionalidad», contiene los artículos 3 a 9 de este Reglamento. 
      
      12     El artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento establece lo siguiente:
      «Todo agricultor que reciba pagos directos deberá observar los requisitos legales de gestión a que se refiere el anexo III,
         de conformidad con el calendario establecido en dicho anexo, y las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se establezcan
         en virtud del artículo 5.»
      
      13     Según el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, los requisitos legales de gestión contemplados en este anexo III
         se refieren a la salud pública así como a la zoosanidad y a la fitosanidad, el medio ambiente y el bienestar de los animales.
         Entre estos requisitos legales que figuran en 18 directivas y reglamentos, el punto A, número 8, del citado anexo menciona
         los artículos 4 y 7 del Reglamento nº 1760/2000. 
      
      14     El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003 prevé: 
      «Cuando no se respeten los requisitos legales de gestión o las buenas condiciones agrarias y medioambientales como consecuencia
         de una acción u omisión directamente atribuible al agricultor, y previa aplicación de los artículos 10 y 11, el importe total
         de los pagos directos a abonar en el año natural en que se produzca el incumplimiento se reducirá o se anulará […].»
      
      15     Según el artículo 7, apartado 1, de este Reglamento, las disposiciones de aplicación de las reducciones y exclusiones se establecerán
         teniendo en cuenta, en particular, la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición del incumplimiento observado.
         
      
      16     El artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento, que figura en el capítulo 2, titulado «Modulación y disciplina financiera»,
         del título II de ese Reglamento, dispone que todos los importes de los pagos directos que deban concederse en un año natural
         determinado a un agricultor en un Estado miembro determinado, se reducirán cada año, hasta el año 2012, en los porcentajes
         determinados en esa disposición. 
      
      17     En virtud del artículo 11 del Reglamento nº 1782/2003, que figura asimismo en el citado capítulo 2, esos importes, cada año,
         pueden ser objeto de un ajuste decidido por el Consejo de la Unión Europea por razones de disciplina financiera. 
      
      18     El título III de ese Reglamento, titulado «Régimen de pago único» contiene, en sus capítulos 1 a 4, las normas de base aplicables
         a ese sistema de ayuda a la renta de los agricultores «disociada» de la producción. De los artículos 33, apartado 1, letra a),
         37, apartado 1, 38 y 41 de ese mismo Reglamento resulta que los agricultores a quienes se haya concedido, en un período de
         referencia que comprende los años naturales 2000 a 2002, algún pago, al amparo de, al menos uno de los regímenes de ayuda
         mencionados en el anexo VI de dicho Reglamento, entre ellos la prima por vaca nodriza, tienen derecho a una ayuda calculada
         sobre la base de un importe de referencia obtenido, para cada agricultor, a partir de la media anual, durante ese período,
         del total de los pagos acordados con arreglo a esos regímenes. En cada Estado miembro, la suma de los importes de referencia
         no podrá ser superior al límite máximo nacional indicado en el anexo VIII de dicho Reglamento. 
      
      19     Las disposiciones del capítulo 5 de dicho título III, denominado «Aplicación regional y facultativa», permiten a los Estados
         miembros decidir, el 1 de agosto de 2004 a más tardar, que se aplique el régimen de pago único previsto en los capítulos 1
         a 4 de ese mismo título III, en particular a nivel regional o de manera parcial. 
      
      20     La sección 1 del citado capítulo 5, titulada «Aplicación regional», está formada por los artículos 58 a 63. En virtud de los
         artículos 58, apartados 1 y 3, y 59, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1782/2003, un Estado miembro puede proceder a la regionalización
         del régimen de pago único repartiendo el límite máximo nacional, no individualmente entre los agricultores de ese Estado sobre
         la base de sus importes de referencia respectivos, sino entre las distintas regiones que forman parte de su territorio, y
         distribuyendo el importe de cada límite máximo regional así obtenido a tanto alzado entre todos los agricultores de la región
         de que se trate, obteniendo cada uno de ellos derechos cuyo valor unitario se calculará dividiendo el límite máximo regional
         por el número de hectáreas admisibles, que pueden acceder a la ayuda, determinado a nivel regional. 
      
      21     La sección 2 de ese mismo capítulo 5, titulada «Aplicación parcial», incluye los artículos 64 a 69. En virtud de las disposiciones
         de esta sección, los Estados miembros pueden, a nivel nacional o regional, mantener, en el marco de un sistema denominado
         de «reagrupamiento», determinados pagos directos vinculados a la producción. El artículo 68 del Reglamento nº 1782/2003, titulado
         «Pagos por ganado vacuno», dispone a ese respecto, en su apartado 2, letra a), inciso i), párrafos primero y tercero, que
         los Estados miembros pueden continuar pagando la prima por vaca nodriza con arreglo a los requisitos establecidos en el título IV,
         capítulo 12, de ese Reglamento. 
      
      22     Este título IV, titulado «Otros regímenes de ayuda», contiene las disposiciones aplicables a tales regímenes de pagos directos
         «disociados». Dentro de ese mismo título, el artículo 138 del Reglamento nº 1782/2003, que figura en el capítulo 12 titulado
         «Pagos por ganado vacuno», prevé que, para poder optar a los pagos directos para la carne de vacuno, entre los que figura
         la prima por vaca nodriza de los artículos 125 a 128 del citado Reglamento, los animales deberán hallarse identificados y
         registrados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 1760/2000. 
      
       Las modalidades de aplicación de los regímenes de ayuda aplicables a los bovinos
      –       El Reglamento (CEE) nº 3887/92
      23     El artículo 10 quater del Reglamento (CEE) nº 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas de aplicación
         del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias (DO L 391, p. 36), en
         su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2801/1999 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1999 (DO L 340, p. 29) (en
         lo sucesivo, «Reglamento nº 3887/92»), fija las normas aplicables en materia de reducción de las ayudas en caso de incumplimiento
         de los requisitos de registro de los bovinos para los que no se presentó ninguna solicitud de ayuda. Este artículo tiene el
         siguiente tenor: 
      
      «1.      En lo que se refiere a animales de la especie bovina distintos de los contemplados en el artículo 10 ter cuando durante los controles sobre el terreno se descubra que el número de animales presentes en la explotación y que puedan
         acogerse a las ayudas comunitarias o tengan derecho a ellas no se corresponda con lo siguiente: 
      
      a)      los animales notificados a la base de datos informatizada, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento […] nº 820/97;
         
      
      b)      los animales inscritos en el registro del productor, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento […] nº 820/97; 
      c)      los pasaportes de los animales presentes en la explotación, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento […] nº 820/97;
         
      
      el importe total de la ayuda concedida al solicitante correspondiente al régimen de ayuda de que se trate para el período
         de doce meses anterior al control sobre el terreno que puso de manifiesto dichas constataciones se reducirá proporcionalmente,
         salvo en casos de fuerza mayor.
      
      La reducción se calculará a partir del número total de animales presentes para el régimen considerado o de las entradas en
         la base de datos informatizada con arreglo al artículo 5 del Reglamento […] nº 820/97, o bien de los pasaportes o de las entradas
         del registro del productor; se tomará la más baja de las cifras citadas. 
      
      […] 
      3.      Si la diferencia observada en un control sobre el terreno supera el 20 % del número comprobado de animales que puedan optar
         a la prima, no se concederá prima alguna correspondiente a los doce meses anteriores a dicho control sobre el terreno.» 
      
      –       El Reglamento (CE) nº 2419/2001
      24     El Reglamento nº 3887/92 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por
         el que se establecen disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas
         comunitarios introducidos por el Reglamento (CEE) nº 3508/92 del Consejo (DO L 327, p. 11, y corrección de errores, DO 2002,
         L 7, p. 48). Según el artículo 53, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 2419/2001, el Reglamento nº 3887/92 continuará
         aplicándose, no obstante, a las solicitudes de ayuda relativas a las campañas de comercialización o a los períodos de referencia
         de las primas que comiencen antes del 1 de enero de 2002. 
      
      25     Los artículo 36 a 43 del Reglamento nº 2419/2001, que forman parte de su título IV, titulado «Base para el cálculo de la ayuda,
         reducciones y exclusiones», contienen las normas aplicables a las comprobaciones relativas a las solicitudes de ayudas «animales».
         
      
      26     El artículo 39 de este Reglamento, titulado «Incumplimiento de las disposiciones en materia de identificación y registro de
         bovinos no objeto de solicitud», enuncia, en su apartado 1, párrafo primero, lo siguiente: 
      
      «Cuando se detecten casos de incumplimiento de las disposiciones del sistema de identificación y registro de animales de la
         especie bovina como consecuencia de un control sobre el terreno relativo a bovinos no objeto de solicitud, el importe total
         de ayuda a que tendrá derecho el productor en virtud del apartado 3 del artículo 36 con cargo a los regímenes de ayuda por
         bovinos durante el período de prima correspondiente, una vez aplicadas, cuando así proceda, las reducciones previstas en el
         artículo 38, se reducirá, excepto en caso de fuerza mayor o circunstancias excepcionales a efectos del artículo 48, en un
         importe que se calculará mediante la fórmula establecida en el apartado 2.»
      
      27     Con arreglo al citado apartado 2, el importe de la reducción se determina aplicando al importe total de ayuda a que tiene
         derecho el productor con arreglo a los regímenes de ayuda por bovinos durante el período de prima correspondiente, un coeficiente
         correspondiente a la relación entre el número de casos de incumplimiento y el número de animales de la especie bovina presentes
         en la explotación en el momento del control sobre el terreno, ponderando ese coeficiente de manera que se tenga en cuenta
         el número medio de animales de la especie bovina en la explotación durante el año en que se efectúe el control sobre el terreno.
         
      
      28     El Reglamento (CE) nº 118/2004 de la Comisión, de 23 de enero de 2004, que modifica el Reglamento (CE) nº 2419/2001 (DO L 17,
         p. 7), añadió, en virtud de su artículo 1, número 11, letra a), al artículo 39, apartado 1, párrafo primero, la siguiente
         frase: 
      
      «No obstante, el importe de la ayuda que habrá que reducir no superará el 20 % del total del importe [de las ayudas] a que
         tiene derecho el productor [con arreglo a los regímenes de ayuda por bovinos durante el período de prima correspondiente].»
         
      
      –       El Reglamento nº 796/2004
      29     El Reglamento nº 796/2004 derogó al Reglamento nº 2419/2001. En virtud de su artículo 81, párrafo segundo, el Reglamento nº 796/2004
         será aplicable a las solicitudes de ayuda relativas a las campañas de comercialización o a los períodos de prima que comiencen
         a partir del 1 de enero de 2005. 
      
      30     Los considerandos duodécimo, quincuagésimo quinto y quincuagésimo sexto del Reglamento nº 796/2004 tienen el siguiente tenor:
         
      
      «12) El Reglamento [...] nº 1782/2003 deja a los Estados miembros la posibilidad de elegir sobre la aplicación de determinados
         regímenes de ayuda en él establecidos. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer disposiciones para las necesidades
         de gestión y control que se presenten en función de cualquier elección que se haga. Por lo tanto, las disposiciones que se
         establezcan en el presente Reglamento podrán aplicarse solamente en la medida en que los Estados miembros hayan hecho dicha
         elección. 
      
      […] 
      55)      Para proteger eficazmente los intereses financieros de la Comunidad, deben adoptarse las medidas adecuadas para luchar contra
         las irregularidades y los fraudes. Deben establecerse disposiciones diferentes en los casos de irregularidades relacionadas
         con los criterios de admisibilidad aplicables a los diferentes regímenes de ayuda en cuestión. 
      
      56)      El sistema de reducciones y exclusiones contemplado en el Reglamento […] nº 1782/2003 con respecto a las obligaciones en materia
         de condicionalidad tiene, sin embargo, un objetivo diferente: constituir un incentivo para que los agricultores respeten la
         normativa existente en los diferentes ámbitos de la condicionalidad.» 
      
      31     El título III del Reglamento nº 796/2004, dedicado a los controles, contiene un capítulo III, titulado «Controles relacionados
         con la condicionalidad». Dentro de este capítulo figura el artículo 48, cuyo apartado 1, párrafos primero y segundo, letras b)
         y c), prevé que todo control sobre el terreno será objeto de un informe de control que deberá elaborar la autoridad de control
         competente, el cual contendrá varias partes. Una parte debe reflejar por separado los controles realizados con respecto a
         cada uno de los actos y normas de que se trate, mientras que en otra parte, denominada «evaluativa», se debe evaluar la importancia
         del incumplimiento de cada acto y/o norma según los criterios de gravedad, alcance, persistencia y repetición, y en la que
         se indiquen los factores que den lugar a un aumento o disminución de la reducción que deba aplicarse.
      
      32     El título IV del Reglamento nº 796/2004 define las normas en materia de base para el cálculo de la ayuda, las reducciones
         y las exclusiones. 
      
      33     Dentro de este título, el capítulo I, titulado «Comprobaciones relativas a los criterios de admisibilidad», contiene, en los
         artículos 57 a 63, las disposiciones aplicables a este respecto en relación con las primas «animales», entre ellas el artículo
         59 que determina las reducciones y las exclusiones aplicables a los bovinos objeto de solicitudes de ayuda. 
      
      34     El capítulo II de ese mismo título, titulado «Comprobaciones en relación con la condicionalidad», contiene, en particular,
         las siguientes disposiciones: 
      
      «Artículo 66      
      
      Aplicación de reducciones en caso de negligencia 
      1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, en caso de que el incumplimiento observado se deba a negligencia del productor,
         se aplicará una reducción del importe global de los pagos directos, definidos en la letra d) del artículo 2 del Reglamento
         […] nº 1782/2003, que se haya concedido o se vaya a conceder a ese productor como consecuencia de solicitudes de ayuda que
         haya presentado o vaya a presentar en el transcurso del año civil en que se haya descubierto el incumplimiento. En principio,
         dicha reducción será del 3 % del importe global.
      
      Sin embargo, el organismo pagador, basándose en la evaluación presentada por la autoridad de control competente en el informe
         de control de acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo 48, podrá decidir bien reducir el porcentaje al 1 % o aumentarlo
         al 5 % de dicho importe global, bien, en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la letra c) del apartado 1 del artículo
         48, no imponer ninguna reducción.
      
      2.      Cuando se haya observado más de un caso de incumplimiento en relación con varios actos o normas del mismo ámbito de aplicación
         de la condicionalidad, estos casos se considerarán, a efectos de fijación de la reducción de acuerdo con el apartado 1, como
         un único incumplimiento. 
      
      3.      Cuando se haya observado más de un caso de incumplimiento en relación con diversos ámbitos de aplicación de la condicionalidad,
         el procedimiento de fijación de la reducción previsto en el apartado 1 se aplicará por separado a cada uno de los incumplimientos.
         
      
      No obstante, el incumplimiento de una norma que constituya asimismo un requisito se considerará un incumplimiento. 
      Se procederá a sumar los porcentajes resultantes de reducción. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 5 % del importe
         global contemplado en el apartado 1.
      
      4.      Sin perjuicio de los casos de incumplimiento intencionado de acuerdo con el artículo 67, cuando se descubran incumplimientos
         repetidos, el porcentaje fijado de acuerdo con el apartado 1 en relación con el primer incumplimiento se multiplicará por
         tres si se trata de una primera repetición. Para ello, cuando ese porcentaje se haya fijado con arreglo al apartado 2, el
         organismo pagador determinará el porcentaje que se habría aplicado al primer incumplimiento del requisito o la norma de que
         se trate.
      
      En caso de más repeticiones, el factor de multiplicación de tres se aplicará cada vez al resultado de la reducción fijada
         en relación con el incumplimiento repetido anterior. Sin embargo, la reducción máxima no excederá del 15 % del importe global
         contemplado en el apartado 1.
      
      Una vez alcanzado el porcentaje máximo del 15 %, el organismo de pago informará al productor correspondiente de que, si se
         volviera a comprobar el mismo incumplimiento, se consideraría que ha actuado intencionadamente a efectos del artículo 67.
         Si posteriormente se comprobara un nuevo incumplimiento, el porcentaje de reducción aplicable se fijaría multiplicando por
         tres el resultado de la multiplicación anterior, en su caso, antes de que se haya aplicado el límite del 15 % según se prevé
         en la última frase del párrafo segundo.
      
      5.      De comprobarse un incumplimiento reiterado junto con otro incumplimiento u otro incumplimiento reiterado, se sumarán los porcentajes
         de reducción. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, párrafo tercero, la reducción máxima no excederá del 15 % del
         importe global contemplado en el apartado 1.
      
      Artículo 67 
      Aplicación de reducciones y exclusiones en casos de incumplimiento intencionado 
      1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, en caso de que el productor haya cometido intencionadamente el incumplimiento
         observado, la reducción del importe global, contemplada en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 66 será, en principio,
         del 20 % de dicho importe global.
      
      Sin embargo, el organismo pagador, basándose en la evaluación presentada por la autoridad de control competente en el informe
         de control de acuerdo con la letra c) del apartado 1 del artículo 48, podrá decidir bien reducir este porcentaje hasta un
         mínimo del 15 % o bien, cuando corresponda, aumentarlo hasta un máximo del 100 % de dicho importe global.
      
      2.      Cuando el incumplimiento intencional se refiera a un régimen de ayuda concreto, el productor quedará excluido de dicho régimen
         de ayuda durante el año civil correspondiente.
      
      En caso de alcance, gravedad o persistencia extremas, o de que se averigüen incumplimientos intencionados repetidos, el productor
         quedará excluido del régimen de ayuda correspondiente también en el siguiente año civil.»
      
       Aplicación en el tiempo de las sanciones administrativas previstas por los actos comunitarios
      35     El artículo 1 del Reglamento nº 2988/95 prevé: 
      «1.      Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa general
         relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho
         comunitario.
      
      2.      Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión
         de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos
         administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos
         directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.»
      
      36     El artículo 2, apartado 2, segunda frase, de ese mismo Reglamento tiene el siguiente tenor: 
      «En caso de modificación posterior de las disposiciones sobre las sanciones administrativas contenidas en una normativa comunitaria,
         se aplicarán con carácter retroactivo las disposiciones menos severas.» 
      
       Normativa nacional
      37     En Alemania, la Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (Ley de Aplicación de la Reforma de la Política
         Agrícola Común), de 21 de julio de 2004 (BGB1. 2004 I, p. 1763), prevé que la prima por vaca nodriza deberá pagarse, a partir
         del 1 de enero de 2005, como parte del régimen de pago único contemplado en el título III del Reglamento nº 1782/2003. Además,
         esta Ley lleva a cabo la aplicación regional del régimen de pago único. 
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial 
      38     En el mes de marzo de 2001, el Sr. Jager solicitó al Amt la concesión de primas por vaca nodriza para 71 bovinos, para el
         año 2001. 
      
      39     Mediante resolución de 24 de enero de 2002, el Amt desestimó en su totalidad esta solicitud por cuanto, durante un control
         sobre el terreno, se observaron algunas de las irregularidades previstas en el artículo 10 quater, apartado 1, del Reglamento nº 3887/92, puesto que la diferencia observada era superior al 20 % del número de animales que
         pueden optar a la prima. 
      
      40     Tras una reclamación que resultó infructuosa, el 25 de julio de 2002 el Sr. Jager formuló una demanda ante el Verwaltungsgericht
         Schwerin. 
      
      41     En su resolución de remisión, este órgano jurisdiccional, indica que, habida cuenta del artículo 2, apartado 2, segunda frase,
         del Reglamento nº 2988/95 y de la sentencia de 1 de julio de 2004, Gerken (C‑295/02, Rec. p. I‑6369), que sientan el principio
         de aplicación de la sanción menos severa, el Reglamento nº 118/2004 es, en cualquier caso, aplicable al presente litigio,
         puesto que ha insertado en el artículo 39, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2419/2001, un límite máximo, en
         virtud del cual la reducción de la ayuda no puede superar el 20 % del importe total de la ayuda a que tiene derecho el productor
         al amparo de los regímenes de ayuda a los bovinos para el correspondiente período de referencia de las primas.
      
      42     No obstante, dicho órgano jurisdiccional considera que el Reglamento nº 796/2004, que se aplica a las solicitudes de ayuda
         correspondientes a las campañas de comercialización o a los períodos de referencia que comiencen a partir del 1 de enero de
         2005, es aún más favorable para el Sr. Jager. En efecto, los artículos 57 a 63 de dicho Reglamento, que reproducen en gran
         parte las disposiciones de los artículos 36 a 43 del Reglamento nº 2419/2001, no contienen, sin embargo, ninguna disposición
         análoga al artículo 39 de este Reglamento. Por tanto, la falta de sanción es la sanción menos severa que quepa imaginar para
         el Sr. Jager.
      
      43     El Verwaltungsgericht Schwerin se pregunta, sin embargo, si esa disposición más favorable puede aplicarse en el presente asunto,
         puesto que en Alemania, desde el 1 de enero de 2005, la prima por vaca nodriza se concede como pago único, de manera que ya
         no se aplican, en dicho Estado miembro, las disposiciones relativas a las primas «animales» contenidas en los artículos 57
         a 63 del Reglamento nº 796/2004. 
      
      44     En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial: 
      
      «¿Procede aplicar retroactivamente una disposición que impone una sanción menos severa (relativa a las primas “animales”)
         aunque dicha disposición, en principio, sólo sea aplicable en un período en el que, en el Estado miembro de que se trata,
         ya no se conceden primas “animales”, sino pagos directos?» 
      
       Sobre la cuestión prejudicial
       Observaciones liminares sobre el alcance de la cuestión prejudicial
      45     Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 2, apartado 2, segunda frase,
         del Reglamento nº 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones establecidas por los artículos 57 a 63
         del Reglamento nº 796/2004 se aplican retroactivamente a una solicitud de ayudas «animales» incluidas en el ámbito de aplicación
         ratione temporis del Reglamento nº 3887/92, que ha dado lugar a la exclusión del beneficio de la ayuda en virtud del artículo 10 quater de este último Reglamento, a pesar de que tales disposiciones del Reglamento nº 796/2004 no son aplicables ratione materiae en el Estado miembro afectado. 
      
      46     En el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido
         por el artículo 234 CE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que
         le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde, en su caso, al Tribunal de Justicia
         reformular las cuestiones que se le han planteado (sentencias de 4 de mayo de 2006, Haug, C‑286/05, Rec. p. I‑4121, apartado
         17, y de 8 de marzo de 2007, Campina, C‑45/06, Rec. p. I‑2089, apartado 30). 
      
      47     Además, el Tribunal de Justicia tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones de Derecho comunitario sean necesarias
         para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales
         disposiciones no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales (véanse las sentencias
         de 19 de noviembre de 2002, Strawson y Gagg & Sons, C‑304/00, Rec. p. I‑10737, apartado 58, y Campina, antes citada, apartado 31).
         
      
      48     De la resolución de remisión se desprende que la cuestión prejudicial se basa en la premisa según la cual, por lo que se refiere
         a la irregularidad controvertida en el litigio principal, a saber, el incumplimiento, de las normas de identificación y registro
         previstas en el Reglamento nº 1760/2000, por lo que respecta a los bovinos no objeto de solicitud de ayudas, el Reglamento
         nº 796/2004, que entró en vigor durante el procedimiento principal, no preveía sanción alguna, contrariamente al Reglamento
         nº 3887/92 y al Reglamento nº 2419/2001, que ha derogado y sustituido a éste.
      
      49     Pues bien, como han sostenido acertadamente el Sr. Jager, el Gobierno helénico y la Comisión de las Comisión de las Comunidades
         Europeas, esta premisa es errónea. 
      
      50     Ciertamente, como el órgano jurisdiccional remitente ha señalado a diferencia de los artículos 36 a 42 del Reglamento nº 2419/2001,
         los cuales contienen las disposiciones aplicables a la base de cálculo, a las reducciones y a las exclusiones relativas a
         las solicitudes de ayudas «animales», los artículos 57 a 63 del Reglamento nº 796/2004, que tienen el mismo objeto, no contienen
         una disposición análoga al artículo 39 del Reglamento nº 2419/2001, el cual, al igual que el artículo 10 quater del Reglamento nº 3887/92 al cual ha sucedido, versaba específicamente sobre la reducción del importe de las ayudas a los
         bovinos en caso de incumplimiento de las normas de registro e identificación establecidas por el Reglamento nº 1760/2000 por
         lo que respecta a animales no objeto de solicitudes de ayuda. 
      
      51     Sin embargo, no puede deducirse de ello que el Reglamento nº 796/2004 ya no contiene ninguna disposición al respecto. 
      52     En efecto, en el marco de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) introducida por el Reglamento nº 1782/2003, del que
         el Reglamento nº 796/2004 precisa determinadas disposiciones de aplicación, las normas en materia de registro e identificación
         de bovinos establecidas por el Reglamento nº 1760/2000, actualmente, como resulta del artículo 3, apartado 1, del Reglamento
         nº 1782/2003 en relación con el anexo III, punto A, número 8, de este Reglamento, forman parte de los requisitos legales en
         materia de gestión que todo agricultor que obtenga un pago directo está obligado a cumplir en relación con la condicionalidad,
         y ello tanto en los Estados miembros que hayan adoptado el régimen de pago único contemplado en el título III del Reglamento
         nº 1782/2003 como en los que hayan optado, en virtud del artículo 68 de dicho Reglamento, por el «reagrupamiento» parcial
         de los pagos para la carne de vacuno a los que se refiere el título IV de ese mismo Reglamento y, por consiguiente, con respecto
         tanto a los bovinos no objeto de solicitudes de ayuda como a los que sí han sido objeto de tales solicitudes.
      
      53     Pues bien, con arreglo a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, y como se desprende del
         segundo considerando de este Reglamento, la infracción de las normas relativas a la condicionalidad da lugar a reducciones
         y exclusiones que figuran en los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004. 
      
      54     Por consiguiente, el incumplimiento de las normas de identificación y de registro establecidas por el Reglamento nº 1760/2000
         en relación con los bovinos que, como el asunto principal, no son objeto de solicitud de ayudas, está contemplado en dichos
         artículos 66 y 67, relativos a la condicionalidad. 
      
      55     En cambio, los artículos 57 a 63 del Reglamento nº 796/2004, a los que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, no son
         aplicables en una situación como la del asunto principal, puesto que prevén las reducciones y las exclusiones aplicables en
         caso de incumplimiento de los criterios de admisibilidad en relación con las solicitudes de ayudas «animales». 
      
      56     En efecto, por un parte, como se desprende del artículo 138 del Reglamento nº 1782/2003 y del artículo 59 del Reglamento nº 796/2004,
         estas disposiciones sólo son aplicables, como normas relativas al incumplimiento de los criterios de admisibilidad, cuando
         no se respetan los requisitos en materia de identificación y de registro contemplados en el Reglamento nº 1760/2000 en relación
         con los bovinos objeto de solicitudes de ayudas. 
      
      57     Por otra parte, y por el mismo motivo, tales disposiciones, como se desprende del duodécimo considerando del Reglamento nº 796/2004,
         únicamente pueden aplicarse en los Estados miembros que han optado por el «reagrupamiento» parcial de los pagos por la carne
         de vacuno, de modo que no son aplicables en aquellos que, como la República Federal de Alemania, han adoptado desde el principio
         el régimen de pago único. 
      
      58     A la luz de las consideraciones precedentes, para proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede
         reformular la cuestión planteada y estimar que, con ella, ese órgano jurisdiccional trata de saber si el artículo 2, apartado
         2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones establecidas por los
         artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004 se aplican retroactivamente a una solicitud de ayudas «animales» incluidas en
         el ámbito de aplicación ratione temporis del Reglamento nº 3887/92, que ha dado lugar a la exclusión del beneficio de la ayuda en virtud del artículo 10 quater de este Reglamento. 
      
       Sobre la interpretación del artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95
      59     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de aplicación retroactiva de la pena más leve forma parte de
         las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, por lo que debe considerarse un principio general del Derecho
         comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y que el juez nacional debe respetar (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros, C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, Rec. p. I‑3565, apartados 67 a 69,
         y Campina, antes citada, apartado 32).
      
      60     Este principio encuentra su expresión, más particularmente, en el artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95,
         disposición en virtud de la cual corresponde a las autoridades competentes aplicar de manera retroactiva, a un comportamiento
         constitutivo de irregularidad en el sentido del apartado 1 de dicho artículo, las modificaciones ulteriores aportadas por
         las disposiciones contenidas en una normativa comunitaria sectorial que prevé sanciones administrativas menos severas (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 17 de julio de 1997, National Farmer’s Union y otros, C‑354/95, Rec. p. I‑4559, apartado
         41; Gerken, antes citada, apartado 61; Campina, antes citada, apartado 33, y de 24 de mayo de 2007, Maatschap Schonewille-Prins,
         C‑45/05, Rec. p. I‑3997, apartado 55).
      
      61     Como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en el ámbito de los controles y de las sanciones de las irregularidades cometidas
         en relación con el Derecho comunitario, el legislador comunitario, al adoptar el Reglamento nº 2988/95, ha sentado una serie
         de principios generales y ha exigido que, como regla general, todas las normativas sectoriales respeten estos principios (véase,
         en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2006, Emsland-Stärke, C‑94/05, Rec. p. I‑2619, apartado 50 y la jurisprudencia
         citada).
      
      62     Por consiguiente, procede verificar si concurren los requisitos enunciados en el apartado 60 de la presente sentencia en unas
         circunstancias como las del asunto principal. 
      
      63     A este respecto, es preciso señalar en primer lugar, que, por lo que se refiere a los bovinos no objeto de solicitudes de
         ayuda, el incumplimiento de las normas de identificación y registro establecidas por el Reglamento nº 1760/2000, al cual resulta
         aplicable el artículo 10 quater del Reglamento nº 3887/92 ratione temporis en el asunto principal, constituye una «irregularidad» en el sentido del artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 2988/95,
         en la medida en que esa infracción del Derecho comunitario puede perjudicar al presupuesto general de las Comunidades (véase,
         por analogía, la sentencia Gerken, antes citada, apartado 49). 
      
      64     En segundo lugar, cabe señalar que una exclusión total del beneficio del régimen de ayudas «animales» de que se trata para
         el período de doce meses anterior al control, previsto en el artículo 10 quater, apartado 3, del Reglamento nº 3887/92, como la que se impuso en el litigio principal, constituye claramente una «sanción
         administrativa» en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 2988/95 (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 16 de mayo de 2002, Schilling y Nehring, C‑63/00, Rec. p. I‑4483, apartados 26 y 27, y Gerken, antes citada, apartado 50;
         véanse asimismo, por analogía, las sentencias, antes citadas, National Farmers’ Union y otros, apartado 40, y Haug, apartado 21).
      
      65     En tercer lugar, en cuanto a la cuestión de si ese régimen de sanciones ha sido objeto de una «modificación posterior» en
         el sentido del artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95, es preciso recordar que, después de la presentación
         de la solicitud de ayudas «animales» controvertida en el asunto principal, el Reglamento nº 3887/92 fue derogado y sustituido
         por el Reglamento nº 2419/2001. 
      
      66     Como ha declarado el propio órgano jurisdiccional remitente, y como han admitido también todos los interesados que presentaron
         observaciones ante el Tribunal de Justicia, el artículo 39, apartado 1, de ese último Reglamento, que, en su versión modificada
         por el artículo 1, apartado 11, letra a), del Reglamento nº 118/2004, introduce un límite máximo a la reducción aplicable
         en caso de incumplimiento de las normas en materia de identificación y registro establecidas en el Reglamento nº 1760/2000
         por lo que respecta a los bovinos no objeto de solicitudes de ayudas constituye tal «modificación posterior» del régimen de
         sanciones definido en el artículo 10 quater del Reglamento nº 3887/92. En efecto, el citado artículo 39, apartado 1, que ha sucedido al artículo 10 quater tiene por objeto, en el marco del régimen de ayudas a los bovinos establecido por el Reglamento nº 1254/1999, limitar la
         severidad de las sanciones aplicables a esa irregularidad (véase, por analogía, la sentencia, antes citada, Campina, apartados
         36 a 38).
      
      67     En cambio, esos interesados no están de acuerdo sobre la cuestión de si el régimen de sanciones enunciado en los artículos
         66 y 67 del Reglamento nº 796/2004, que entró en vigor después del Reglamento nº 118/2004, constituye también una «modificación
         posterior» en el sentido del artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95. 
      
      68     La Comisión alega que la aplicación de esta última disposición implica una apreciación modificada del legislador comunitario
         con respecto a la irregularidad en cuestión. Pues bien, la Comisión señala, al igual que el Amt y el Gobierno helénico, que
         el Reglamento nº 796/2004 ha reestructurado y adaptado en su totalidad las disposiciones en materia de sanciones a los requisitos
         modificados del régimen de pago único y de la condicionalidad establecidos por el Reglamento nº 1782/2003. Ni los considerandos
         del Reglamento nº 796/2004 ni el contexto general de éste autorizan la conclusión según las cual las sanciones previstas en
         los artículos 66 y 67 del Reglamento han sido adaptadas para sancionar en el futuro de manera menos severa algunas irregularidades
         cometidas durante la vigencia del régimen anterior. 
      
      69     En cambio, el Sr. Jager considera que no puede excluirse, de entrada, la aplicación del Reglamento nº 796/2004 por el único
         motivo de que éste se encuadre en el marco de reforma de la PAC. En su opinión, incumbe, en efecto, al órgano jurisdiccional
         remitente y a las autoridades nacionales competentes tomar en consideración, en la medida de lo posible, dicho Reglamento
         para determinar, mediante un cálculo comparativo efectuado sobre la base de los datos del litigio principal, si la aplicación
         de los artículos 66 y 67 de éste lleva a una sanción menos severa con respecto a la irregularidad observada. 
      
      70     Sin embargo, hay que señalar a este respecto que, como el Abogado General ha indicado en los puntos 71 a 73 de sus conclusiones,
         el régimen de sanciones establecido en los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004 no tiene por objeto modificar la naturaleza
         o la intensidad de las sanciones aplicables en el marco del régimen de ayudas a los bovinos instaurado por el Reglamento nº 1254/1999,
         sino que trata de adaptar éstas, a partir de la entrada en vigor del Reglamento nº 1782/2003, al nuevo contexto normativo
         existente tras la reforma de la PAC introducida por ese Reglamento, para mantener la coherencia del régimen de sanciones aplicable
         a los regímenes de ayudas de conformidad con los principios en los que se basa dicha reforma. Por lo tanto, el régimen establecido
         por los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004 no refleja un cambio de apreciación del legislador comunitario en cuanto
         al carácter adecuado de las sanciones con respecto a la gravedad de la irregularidad de que se trata. 
      
      71     En efecto, como se desprende, en particular, del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, de los considerandos
         segundo y vigésimo cuarto de este Reglamento y de los considerandos quincuagésimo quinto y quincuagésimo sexto del Reglamento
         nº 796/2004, el régimen de reducciones y de exclusiones aplicable en materia de condicionalidad persigue constituir un incentivo
         para que los agricultores respeten la normativa comunitaria existente en los diferentes ámbitos de la condicionalidad para
         integrar en la PAC las normas relativas, en particular, a la salud pública y a la zoosanidad, al medio ambiente y al bienestar
         de los animales.
      
      72     Ciertamente, como la propia Comisión señaló en la vista, se puede considerar que los artículos 10 quater del Reglamento nº 3887/92 y 39, apartado 1, del Reglamento nº 2419/2001, en su versión modificada por el Reglamento nº 118/2004,
         en la medida en que prevén la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las normas de identificación y registro
         establecidas por el Reglamento nº 1760/2000, por lo que respecta a los bovinos no objeto de solicitudes de ayuda persiguen
         un objetivo análogo a la condicionalidad. 
      
      73     Sin embargo, es preciso señalar que, como consecuencia de la reforma de la PAC, el respeto de esas mismas normas se circunscribe
         ahora en un contexto normativo esencialmente distinto, en el que no se prevé ya un sistema de apoyo a la producción, sino
         al productor, en forma de un pago único que se supedita al cumplimiento de una serie de normas en ámbitos tales como la salud
         pública y la zoosanidad, el medio ambiente y el bienestar de los animales. Así, estas reglas forman parte en la actualidad
         de un sistema global en el que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, por un lado, se imponen
         a todos los beneficiarios de pagos directos como normas comunes aplicables a todos los regímenes de ayudas contemplados por
         ese Reglamento, y, por lo tanto, más allá del marco de los regímenes de ayuda a los bovinos exclusivamente y, por otro lado,
         no son sino algunas de las normas que deben respetarse en relación con la condicionalidad.
      
      74     Habida cuenta de ese objetivo, el legislador comunitario se ha visto obligado a adaptar el régimen de las reducciones y exclusiones
         aplicables en caso de incumplimiento de las normas de identificación y registro de los bovinos establecidas por el Reglamento
         nº 1760/2000 por lo que se refiere tanto a la base de la sanción como a la cuantía de ésta, para evitar una discordancia de
         las normas de la condicionalidad introducidas entre tanto por el Reglamento nº 1782/2003. 
      
      75     Así, en cuanto a la base de la sanción, dado que esas normas de identificación y registro de los bovinos forman parte actualmente
         de las normas comunes que debe respetar cualquier beneficiario de pagos directos, las reducciones y las exclusiones aplicables
         en caso de incumplimiento de dichas normas, tal como están previstas en los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004,
         ya no se aplican sólo a los importes percibidos en virtud de los regímenes de ayudas a los bovinos, sino también, como dispone
         el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, al importe total de los pagos directos contemplados en este Reglamento.
         
      
      76     A este respecto, hay que señalar que el importe total de los pagos directos concedidos en el marco de la aplicación de la
         reforma de la PAC no corresponde al importe total de los pagos directos recibidos en el marco de la normativa aplicable anteriormente
         a ésta. 
      
      77     En efecto, como se desprende del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, el importe total de los pagos directos
         sobre cuya base se determinan las reducciones establecidas por el Reglamento nº 796/2004 está sujeto a la modulación prevista
         en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1782/2003, así como, en su caso, a la disciplina financiera instaurada en
         el artículo 11 de éste. 
      
      78     Además, ese importe puede verse afectado por la elección que se ofrece a los Estados miembros, con arreglo a los artículos
         58 a 63 del Reglamento nº 1782/2003, de proceder, al igual que la República Federal de Alemania, a la regionalización del
         régimen de pago único, regionalización que supone una determinación a tanto alzado del pago único en favor de los beneficiarios
         establecidos en las regiones afectadas. 
      
      79     En cuanto al importe de la sanción, habida cuenta de que las normas de identificación y registro de los bovinos establecidas
         por el Reglamento nº 1760/2000 tan sólo son actualmente algunas de las normas que deben respetarse en relación con la condicionalidad,
         dicho importe no consiste ya en una reducción automática de la ayuda, sujeta, en su caso, a un límite máximo, fijada en función
         del número de casos de incumplimiento con respecto al número de animales presentes en la explotación, sino que resulta de
         la aplicación de porcentajes de reducción predefinidos, cuya intensidad varía, con arreglo al artículo 7, apartado 1, del
         Reglamento nº 1782/2003, según la gravedad, el alcance, la persistencia y la repetición de cada caso de incumplimiento observado,
         y sobre cuya base las autoridades competentes, después de haber efectuado, en aplicación del artículo 48, apartado 1, letra c),
         del Reglamento nº 796/2004, un balance evaluativo de la importancia de los casos de incumplimiento en relación con cada una
         de las normas relativas a la condicionalidad, pueden decidir disminuir o aumentar el porcentaje de la reducción, e incluso
         no imponer reducción alguna.
      
      80     Por otra parte, en virtud del artículo 66, apartado 3, del Reglamento nº 796/2004, cuando se haya observado más de un caso
         de incumplimiento en relación con diversos ámbitos de aplicación de la condicionalidad, se procederá a sumar, hasta un límite
         máximo, los porcentajes de reducción que corresponden a cada caso.
      
      81     Pues bien, dado que, antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 1782/2003, las normas sobre condicionalidad que no se
         referían a la identificación y registro de los bovinos, establecidas por el Reglamento nº 1760/2000, no figuraban entre los
         requisitos que debían cumplirse para la concesión de las ayudas a los bovinos y que, por consiguiente, no estaban sometidas
         a los controles efectuados por las autoridades competentes, estas autoridades no podían declarar la violación de tales normas
         con el fin de aplicar sanciones en relación con esas ayudas. 
      
      82     En tales circunstancias, proceder recordar que el régimen de sanciones previsto en los artículos 66 y 67 del Reglamento nº 796/2004,
         al estar directa y estrechamente vinculado a la reforma de la PAC introducida por el Reglamento nº 1782/2003, no puede aplicarse
         a un caso de incumplimiento de esas normas de identificación y registro de los bovinos incluido ratione temporis en el Reglamento nº 3887/92, so pena de desnaturalizar el régimen de la condicionalidad tal como ha sido concebido por el
         legislador comunitario en el marco de dicha reforma. 
      
      83     Por consiguiente, y sin que sea necesario examinar si la aplicación, suponiendo que sea posible, de las disposiciones de ese
         régimen de sanciones o, en su caso, de algunas de ellas implica una sanción administrativa menos severa en una situación como
         la del Sr. Jager, es preciso concluir que, en un contexto como el del litigio principal, no puede invocarse dicho régimen,
         al no constituir una «modificación posterior», en el sentido del artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento nº 2988/95,
         del régimen de sanciones previsto en el Reglamento nº 2419/2001, en su versión modificada por el Reglamento nº 118/2004. 
      
      84     En cambio, como ha declarado el propio órgano jurisdiccional remitente, y como han admitido también todos los interesados
         que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia, el artículo 39, apartado 1, del Reglamento nº 2419/2001, en su
         versión resultante del Reglamento nº 118/2004, puede ser invocado en tal contexto. En efecto, esta disposición, que, como
         se ha señalado en el apartado 66 de la presente sentencia, constituye tal «modificación posterior» del artículo 10 quater del Reglamento nº 3887/92, supone, en la medida en que ha establecido un límite máximo a la reducción aplicable, un régimen
         de sanciones menos severas que las enunciadas en esta última disposición. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional
         remitente aplicar retroactivamente al Sr. Jager las disposiciones del citado artículo 39, apartado 1.
      
      85     De las consideraciones precedentes resulta que procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 2, apartado 2,
         segunda frase, del Reglamento nº 2988/95 debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones establecidas por los artículos
         66 y 67 del Reglamento nº 796/2004 no pueden aplicarse retroactivamente a una solicitud de ayudas «animales» incluida ratione temporis en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 3887/92, que ha dado lugar a una exclusión del beneficio de la ayuda con arreglo
         al artículo 10 quater de ese Reglamento. 
      
       Costas
      86     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      El artículo 2, apartado 2, segunda frase, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
            relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido de que
            las disposiciones establecidas por los artículos 66 y 67 del Reglamento CE) nº 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de
            2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado
            de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se
            establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se
            instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, en su versión modificada y rectificada por el Reglamento (CE)
            nº 239/2005 de la Comisión, de 11 de febrero de 2005, no pueden aplicarse retroactivamente a una solicitud de ayudas «animales»
            incluida ratione temporis en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 3887/92 (CEE) de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen
            las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias,
            en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2801/1999 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1999, que ha dado lugar
            a una exclusión del beneficio de la ayuda con arreglo al artículo 10 quater de ese Reglamento.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.