CELEX: 62004TJ0462
Language: es
Date: 2008-12-17 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 17 de diciembre de 2008. # HEG Ltd y Graphite India Ltd contra Consejo de la Unión Europea. # Política comercial común - Derechos antidumping - Derechos compensatorios - Importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India - Derecho de defensa - Igualdad de trato - Determinación del perjuicio - Relación de causalidad. # Asunto T-462/04.

Asunto T‑462/04
      HEG Ltd y Graphite India Ltd
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Política comercial común — Derechos antidumping — Derechos compensatorios — Importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India — Derecho de defensa — Igualdad de trato — Determinación del perjuicio — Relación de causalidad»
      Sumario de la sentencia
      1.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Investigación — Apertura de una investigación sobre determinadas
            importaciones
      [Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, «Código antidumping
            de 1994»; art. 9, ap. 2; Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 5, ap. 6, y 9, ap. 5]
      2.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento antidumping — Derecho de defensa — Alcance
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 5, ap. 10]
      3.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o las subvenciones de Estados terceros — Determinación
            de derechos antidumping y compensatorios — Ampliación de la Comunidad posterior al período de investigación
      [Reglamentos del Consejo (CE) nº 384/96, arts. 6, ap. 1, y 11, y (CE) nº 2026/97, arts. 11, ap. 1, y 18]
      4.      Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Subvención — Concepto
      [Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, arts. 2, ap. 1, letra a), inciso ii), y 5, y anexos I a III]
      5.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o las subvenciones de Estados terceros — Perjuicio — Facultad
            de apreciación de las instituciones
      [Reglamentos del Consejo (CE) nº 384/96, art. 3, y (CE) nº 2026/97, art. 8]
      6.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o las subvenciones de Estados terceros — Perjuicio — Determinación
            de la relación de causalidad
      [Reglamentos del Consejo (CE) nº 384/96, arts. 3, ap. 2, 3 y 7, y (CE) nº 2026/97, arts. 8, ap. 2, 3 y 7]
      7.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o las subvenciones de Estados terceros — Perjuicio — Relación
            de causalidad
      [Reglamentos del Consejo (CE) nº 384/96, arts. 3, ap. 2, 3 y 7, y (CE) nº 2026/97, arts. 8, ap. 2, 3 y 7]
      1.      Aun suponiendo que la Comisión abra un procedimiento antidumping únicamente contra determinadas importaciones de un producto
         específico, aun cuando existen indicios que pueden justificar que otras importaciones del mismo producto sean también objeto
         de investigación, tal diferencia de trato no puede constituir una infracción del artículo 9, apartado 5, del Reglamento antidumping
         de base nº 384/96 o del artículo 9, apartado 2, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio («Código antidumping
         de 1994»), ni una vulneración del principio general de igualdad de trato.
      
      En efecto, por una parte, tal supuesta diferencia de trato entre importaciones que han sido objeto de derechos antidumping
         e importaciones que no han sido objeto de investigación no está comprenda dentro del ámbito de aplicación del artículo 9,
         apartado 5, del Reglamento nº 384/96, que exige que no se produzca un trato discriminatorio entre importaciones que tengan
         todas ellas por objeto derechos antidumping para la importación del mismo producto, ni en el ámbito de aplicación del artículo
         9, apartado 2, del Código antidumping de 1994, que prohíbe un trato discriminatorio en el cobro de los derechos antidumping
         impuestos sobre un producto en función de la fuente de las importaciones de que se trate. Por otra parte, tampoco es aplicable
         el principio general de igualdad de trato, que debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, lo que implica
         que nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro.
      
      (véanse los apartados 36, 38 a 40 y 42)
      2.      En virtud del principio del respeto del derecho de defensa, las empresas afectadas por un procedimiento de investigación previo
         a la adopción de un Reglamento antidumping deben tener la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comunicar
         válidamente su parecer sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de
         prueba admitidos por la Comisión en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio que
         de ello se derivaría.
      
      Una empresa afectada por tal procedimiento no puede invocar la vulneración de su derecho de defensa por el hecho de que determinados
         elementos de prueba contenidos en la versión confidencial de la denuncia, por la que se incoó dicho procedimiento, no hayan
         sido resumidos en la versión no confidencial que le fue comunicada cuando, al no haber alertado suficientemente a la Comisión
         y posteriormente al Consejo, no ofreció a dichas instituciones la posibilidad de apreciar los problemas que dicha ausencia
         podría plantearle.
      
      (véanse los apartados 45 a 47 y 49)
      3.      Es la composición de la Comunidad en el momento de la adopción de los Reglamentos respectivos la que debe tenerse en cuenta
         para la determinación de los derechos antidumping y compensatorios provisionales o definitivos. En efecto, estos derechos
         no constituyen la sanción de un comportamiento anterior, sino una medida de defensa y protección contra la competencia desleal
         que resulta de las prácticas de dumping y de subvención. Además, con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento antidumping
         de base nº 384/96 y al artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
         originarias de países no miembros de la Comunidad, la determinación de la existencia de perjuicio se basará en elementos de
         prueba positivos y en un examen objetivo, por un lado, del volumen de las importaciones objeto de dumping o de subvención
         y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado interno y, por otro lado, en los efectos de
         esas importaciones sobre la industria de la Comunidad. En consecuencia, cuando una ampliación de la Comunidad se produce después
         del período de investigación y cuando la Comisión no ha obtenido la información durante dicho período ante la perspectiva
         de la ampliación, por lo que ésta sólo se refiere a la Comunidad constituida por el número inicial de Estados miembros, corresponde
         a la Comisión, a la hora de adoptar los Reglamentos provisionales y, en su caso, al Consejo, al adoptar los Reglamentos definitivos,
         comprobar si dicha información es pertinente también con respecto a una Comunidad ampliada.
      
      Ni la prohibición de tomar en consideración normalmente datos posteriores al período de investigación, establecida en el artículo
         6, apartado 1, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 y en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 2026/97, ni
         la posibilidad de reconsiderar las medidas pueden, en modo alguno, eximir a las instituciones de tal obligación. En efecto,
         por una parte, dicho período y dicha prohibición, sujeta a excepciones, tienen por objeto garantizar que los resultados de
         la investigación sean representativos y fiables, asegurando que los datos en que se basa la determinación del dumping o de
         la subvención y del perjuicio no sean influidos por el comportamiento de los productores interesados después de la apertura
         del procedimiento y, por tanto, que el derecho definitivo impuesto al final del procedimiento sea apto para remediar efectivamente
         el referido perjuicio. Por otra parte, la mera posibilidad de una reconsideración, que se deja a la discreción de la Comisión,
         y que se produzca con posterioridad a la adopción de los Reglamentos, no puede constituir en modo alguno una toma en consideración
         suficiente de los efectos de la ampliación.
      
      (véanse los apartados 63 a 67 y 71)
      4.      Con respecto al tenor particularmente claro del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97, sobre
         la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad, que excluye del concepto
         de subvención la exoneración, en favor de un producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el producto similar
         cuando se destine al consumo interno, o la remisión de estos derechos o impuestos en un importe que no exceda del acumulado,
         siempre que la exoneración se conceda con arreglo a lo dispuesto en los anexos I a III del Reglamento, estos anexos no son
         meras líneas directrices encaminadas a determinar la existencia de garantías contra la posibilidad de una devolución en exceso,
         sino que contienen reglas cuyo cumplimiento es necesario para que una condonación o una exención de derecho no sea calificada
         como subvención. Además, de la sistemática de este artículo se desprende que la excepción concedida a las exenciones o a las
         condonaciones de derecho constituye una excepción al principio según el cual la condonación o la no recaudación de ingresos
         públicos adeudados constituye una subvención. Dicha excepción es, por tanto, de interpretación estricta.
      
      Por consiguiente, a falta de cumplimiento de las disposiciones de los anexos I al III del Reglamento nº 2026/97, el beneficio
         sujeto a medidas compensatorias está constituido por el importe total de los derechos o impuestos adeudados. En efecto, la
         limitación de la calificación de subvención únicamente a lo percibido en exceso supone previamente que el sistema de condonación
         o de exención de derecho sea compatible con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97 y,
         por tanto, con sus anexos I a III, ya que los exportadores sólo tienen derecho a beneficiarse de una devolución sobre los
         derechos o impuestos relativos a los insumos utilizados en los productos exportados si se cumplen las referidas disposiciones.
      
      En cuanto a los criterios enunciados en los anexos II y III de dicho Reglamento, éstos tienen por objeto verificar que el
         sistema de devolución existente en el país exportador permite asegurarse de la realidad del consumo de los insumos o de los
         insumos de sustitución. El primer criterio parte de la existencia de un sistema o de un procedimiento que permite realizar
         tal verificación. El segundo criterio, que se aplica con carácter subsidiario, en el supuesto de que tal procedimiento o sistema
         no exista o sea inadecuado, consiste en que el país exportador recurra a un examen basado en la realidad de los insumos utilizados
         o de las transacciones realizadas. A este respecto, la Comisión únicamente deberá determinar si los poderes públicos del país
         exportador ejecutaron y aplicaron un sistema o un procedimiento de control. No está obligada en modo alguno a investigar para
         verificar el funcionamiento de dicho sistema o procedimiento en la práctica. Bien al contrario, a falta de sistema o de procedimiento
         de control adecuado, es al país exportador y no a la Comunidad a quien corresponde realizar un nuevo examen basado en los
         insumos efectivos y las transacciones reales de que se trate.
      
      El hecho de que dichos anexos utilizan el adverbio «normalmente» para referirse a las acciones que la Comisión debe emprender
         al examinar un sistema de devolución, implica que, en circunstancias especiales, las instituciones pueden eventualmente utilizar
         otros criterios, pero no se les puede privar de la posibilidad de basarse en la inexistencia de los criterios previstos, a
         efectos de declarar el carácter no autorizado de un régimen de devolución sobre insumos o sobre insumos de sustitución.
      
      (véanse los apartados 89 a 92, 98, 103 y 106)
      5.      La cuestión de si la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio y si éste es imputable a las importaciones objeto de
         dumping o de subvenciones así como la de si las importaciones procedentes de otros países, o más genéricamente, la cuestión
         de si otros factores conocidos han contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria, exigen la evaluación de
         situaciones económicas complejas, para la cual las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación. De ello se
         desprende que el control del órgano jurisdiccional comunitario sobre las apreciaciones de las instituciones debe limitarse
         a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para
         adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación
         de poder.
      
      (véase el apartado 120)
      6.      Con arreglo al artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 y al artículo 8, apartados 2 y 3,
         del Reglamento nº 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la
         Comunidad, para la determinación del perjuicio se tendrán en cuenta, en particular, el aumento de las importaciones, la evolución
         de los precios en el mercado comunitario y la evolución de la rentabilidad de la industria de la Comunidad. Es preciso, pues,
         que los indicios en que se basen las instituciones correspondan a condiciones normales de mercado.
      
      Así, al determinar el perjuicio, el Consejo y la Comisión tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden precisar
         se debe efectivamente a importaciones que hayan sido objeto de dumping o de subvenciones y de excluir cualquier perjuicio
         que se deba a otros factores, y en particular al causado por el propio comportamiento de los productores comunitarios o por
         las importaciones del producto de que se trate procedentes de países terceros. Las instituciones están obligadas a apreciar
         los efectos de los demás factores conocidos, no solamente al analizar la relación de causalidad existente entre estos factores
         y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, sino también al determinar el perjuicio sufrido por esta última.
      
      (véanse los apartados 121, 135 y 146)
      7.      En el marco de los procedimientos antidumping o antisubvenciones, la elección del método de cálculo del nivel de eliminación
         del perjuicio está comprendida dentro de la libertad de apreciación reconocida a las instituciones por lo que a la determinación
         del perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad se refiere, y está justificada por las apreciaciones económicas complejas
         inherentes a dicho cálculo. Pues bien, la utilización de un método de cálculo basado en el margen de beneficios que habría
         podido obtener la industria de la Comunidad de no existir prácticas desleales y no de un método de cálculo basado únicamente
         en la subcotización de los precios no adolece de error manifiesto de apreciación.
      
      Es preciso que el margen de beneficio utilizado por el Consejo para calcular el precio indicativo, a fin de eliminar el perjuicio
         de que se trata, se limite al margen de beneficio que la industria comunitaria podría obtener de forma razonable en condiciones
         normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping o de subvenciones.
      
      (véanse los apartados 161 y 162)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      de 17 de diciembre de 2008 (*)
      
      «Política comercial común – Derechos antidumping – Derechos compensatorios – Importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India – Derecho de defensa – Igualdad de trato – Determinación del perjuicio – Relación de causalidad»
      En el asunto T‑462/04,
      HEG Ltd, con domicilio social en Nueva Delhi (India), 
      
      Graphite India Ltd, con domicilio social en Kolkata (India),
      
      representadas inicialmente por el Sr. K. Adamantopoulos, abogado, y por el Sr. J. Branton, Solicitor, y posteriormente por
         el Sr. Branton,
      
      partes demandantes,
      contra
      Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J.-P. Hix, en calidad de agente, asistido por Me G. Berrisch, abogado,
      
      parte demandada,
      apoyado por
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. Scharf y la Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes, 
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto una pretensión de anulación del Reglamento (CE) nº 1628/2004 del Consejo, de 13 de septiembre de 2004,
         por el que se impone un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre
         las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 295, p. 4), y del Reglamento
         (CE) nº 1629/2004 del Consejo, de 13 de septiembre de 2004, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe
         definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios
         de la India (DO L 295, p. 10),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),
      integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. M. Prek (Ponente) y V. Ciucă, Jueces;
      Secretaria: Sra. C. Kantza, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de junio de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Hechos que originaron el litigio
      1        Las demandantes, HEG Ltd y Graphite India Ltd, son sociedades indias, productoras y exportadoras del producto de que se trata.
         Éste está constituido por electrodos de grafito y sus conectores con una densidad aparente de 1,65 g/cm3 y una resistencia eléctrica igual o inferior a 6,0 μ O.m, lo que les confiere un elevadísimo nivel de alimentación eléctrica
         (en lo sucesivo, «producto de que se trata»).
      
      2        A raíz de denuncias presentadas en julio de 2003 por European Carbon and Graphite Association (Asociación Europea de Carbono
         y Grafito), que actúa en nombre de SGL Carbon Group GmbH (en lo sucesivo, «SGL») y de UCAR SA, que representa a una parte
         importante del sector comunitario que produce el producto de que se trata, la Comisión anunció el 21 de agosto de 2003, mediante
         dos anuncios distintos, el inicio de un procedimiento antidumping y de un procedimiento antisubvención relativos a las importaciones
         del producto de que se trata originario de la India (DO C 197, pp. 2 y 5, respectivamente). La investigación cubrió el período
         que va desde el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «período de investigación). El examen de las tendencias
         útiles a efectos de la evaluación del perjuicio se refirió al período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el fin del
         período de investigación (en lo sucesivo, «período examinado»).
      
      3        La Comisión envió cuestionarios a todas las partes notoriamente afectadas y a todas las demás sociedades que se dieron a conocer
         dentro de los plazos fijados en los anuncios de inicio de procedimiento así como a los poderes públicos indios. Recibió respuestas
         de las dos demandantes, de los dos productores comunitarios denunciantes, de ocho sociedades usuarias y de los dos importadores
         independientes. Además, una sociedad presentó observaciones por escrito que contenían determinados datos cifrados y dos asociaciones
         de usuarios formularon comentarios por escrito.
      
      4        Se promovieron verificaciones in situ a cinco productores comunitarios, dos importadores independientes en la Comunidad, cuatro usuarios y las dos demandantes.
      
      5        El 13 de noviembre de 2003 se celebró una primera reunión entre las demandantes y la Comisión.
      
      6        Los días 3 y 4 de diciembre de 2003 y 26 de febrero de 2004, las demandantes remitieron a la Comisión comentarios adicionales.
      
      7        El 15 de abril de 2004, la Comisión publicó un anuncio relativo a la aplicación de las medidas antidumping y antisubvenciones
         vigentes en la Comunidad tras la ampliación que incluirá a la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre,
         la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia,
         la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia, y a la posibilidad de reconsideración (DO C 91, p. 2; en lo sucesivo,
         «anuncio sobre la posibilidad de reconsideración de las medidas como consecuencia de la ampliación»).
      
      8        El 27 de abril de 2004, la Comisión dirigió a las demandantes tres documentos de información específica.
      
      9        El 19 de mayo de 2004, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 1008/2004 por el que se establece un derecho antisubvenciones
         provisional sobre las importaciones de ciertos sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 183, p. 35)
         así como el Reglamento (CE) nº 1009/2004 por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones
         de determinados sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 183, p. 61) (en lo sucesivo, respectivamente,
         «Reglamento antisubvenciones provisional» y «Reglamento antidumping provisional» y, considerados conjuntamente, «Reglamentos
         provisionales»). El mismo día, la Comisión dirigió un escrito a las demandantes en el que detallaba sus observaciones sobre
         los comentarios realizados por las demandantes durante el procedimiento.
      
      10      El 27 de mayo de 2004, las demandantes dirigieron a la Comisión sus observaciones sobre los documentos de información específica
         y los Reglamentos provisionales.
      
      11      El 14 de junio de 2004, se celebró una segunda reunión entre las demandantes y la Comisión.
      
      12      El 22 de junio de 2004, las demandantes comunicaron a la Comisión sus observaciones a resultas de la reunión de 14 de junio
         de 2004.
      
      13      Mediante escrito de 9 de julio de 2004, la Comisión remitió a las demandantes dos documentos de información general relativos
         a los hechos y consideraciones esenciales en que se basan las propuestas de imponer derechos antidumping y compensatorios
         definitivos así como un documento de información general sobre los aspectos de los dos procedimientos relativos al perjuicio,
         a la relación de causalidad y al interés de la Comunidad.
      
      14      Mediante escrito de 19 de julio de 2004, las demandantes formularon observaciones sobre los diferentes documentos de la Comisión.
         Solicitaron asimismo la celebración de una nueva reunión y evocaron la posibilidad de que se concluyeran compromisos.
      
      15      El 13 de septiembre de 2004, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 1628/2004, por el que se impone un derecho compensatorio
         definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ciertos sistemas de
         electrodos de grafito originarios de la India (DO L 295, p. 4) y el Reglamento (CE) nº 1629/2004, por el que se impone un
         derecho antidumping definitivo yse percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ciertos
         sistemas de electrodos de grafito originarios de la India (DO L 295, p. 10) (en lo sucesivo, respectivamente, «Reglamento
         antisubvenciones impugnado» y «Reglamento antidumping impugnado» y, considerados conjuntamente, «Reglamentos impugnados»).
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      16      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de noviembre de 2004, las demandantes
         interpusieron el presente recurso.
      
      17      Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de abril de 2005, la Comisión solicitó
         intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo. Mediante auto de 7 de junio de 2005, el Presidente de la Sala Primera
         del Tribunal de Primera Instancia admitió dicha intervención. Mediante escrito de 17 de junio de 2005, la Comisión informó
         al Tribunal de Primera Instancia de que renunciaba a presentar un escrito de formalización de la intervención, pero que participaría
         eventualmente en la vista.
      
      18      Al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia, el Juez Ponente ha sido adscrito a la
         Sala Quinta, a la que se ha atribuido, en consecuencia, el presente asunto.
      
      19      Oído el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral.
      
      20      En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia solicitó al Consejo que aportase
         determinados documentos. El Consejo atendió esta solicitud.
      
      21      En la audiencia pública de 4 de junio de 2008, se oyeron los informes orales de las partes principales del litigio y de la
         parte coadyuvante así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      22      Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule los Reglamentos impugnados.
      –        Condene en costas al Consejo.
      23      El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a las demandantes.
      24      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.
      
       Fundamentos de Derecho
      25      Las demandantes invocan cinco motivos, el primero basado en la apertura de una investigación únicamente sobre las importaciones
         indias del producto de que se trata, el segundo basado en que las investigaciones adolecen de un vicio, ya que se realizaron
         sobre la base de una Comunidad compuesta solamente por quince Estados miembros, el tercero basado en errores en la calificación
         de subvención dada al mecanismo indio de crédito de derechos a la importación y en la determinación del importe de los derechos
         compensatorios, y los motivos cuarto y quinto basados, en particular, en que no se tuvieron en cuenta tanto los efectos de
         prácticas contrarias a la competencia pasadas como los efectos de las importaciones del producto de que se trata procedentes
         de otros países a la hora de analizar el perjuicio causado a la industria comunitaria.
      
       Sobre el primer motivo, basado en la apertura de una investigación únicamente sobre las importaciones indias del producto
            de que se trata
       Alegaciones de las partes
      26      Las demandantes consideran que las instituciones han infringido el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 384/96 del
         Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de
         países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), el artículo 9, apartado 2, del Acuerdo relativo a la aplicación
         del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DO L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Código
         antidumping de 1994»), han vulnerado el principio de no discriminación e incurrido en errores manifiestos de apreciación al
         realizar una investigación antidumping únicamente sobre las importaciones indias del producto de que se trata.
      
      27      Básicamente, las demandantes sostienen que las instituciones han vulnerado el principio de no discriminación al no abrir de
         oficio una investigación sobre las importaciones de otros Estados que pudieran ocasionar dumping o al no promover una denuncia
         que permita abrir un procedimiento paralelo. Las demandantes alegan que la Comisión no podía aceptar examinar únicamente la
         denuncia que les afectaba y que hubiera debido o bien abrir una investigación paralela contra las importaciones de otros Estados
         con arreglo al artículo 5, apartado 6, del Reglamento nº 384/96, o bien informar a los denunciantes del cierre del procedimiento,
         a menos que éstos presenten también una denuncia contra los demás países afectados. Las demandantes alegan que los denunciantes
         están unidos a los fabricantes de los países terceros afectados por estrechos vínculos económicos, que van hasta la participación
         conjunta en una práctica colusoria sancionada por la Comisión, lo que explica que la denuncia se haya centrado en las importaciones
         indias. Sostienen igualmente que diversos elementos de la denuncia o de las informaciones que proporcionaron a la Comisión
         demuestran la existencia de dumping por lo que a los productos afectados procedentes de Estados distintos de la India se refiere
         (Estados Unidos, Polonia, Japón, Rusia, China y Méjico).
      
      28      Las demandantes consideran que es preciso también atenerse al principio de no discriminación a la hora de adoptar la decisión
         de abrir una investigación. Si bien el texto del artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96 se refiere únicamente a
         los Estados respecto a los cuales se haya comprobado que en ellos se originó un dumping perjudicial, las demandantes estiman
         que de la aplicación de dicho artículo en relación con el principio de no discriminación se desprende que también está comprendida
         la diferencia de trato resultante de la investigación promovida contra las importaciones procedentes de un Estado solamente,
         aun cuando elementos de prueba aportados después de la apertura del procedimiento induzcan a pensar, prima facie, que deberían incluirse también determinadas importaciones originarias de otros Estados.
      
      29      A este respecto, las demandantes recuerdan que el artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96 es particularmente importante,
         en la medida en que se deriva del artículo 9, apartado 2, del Código antidumping de 1994, que constituye a su vez una expresión
         del principio de nación más favorecida. Las demandantes señalan que, en el ámbito del dumping, este principio expresa la necesidad
         de que los derechos antidumping no limiten de manera no equitativa el acceso al mercado de las mercancías procedentes de un
         Estado miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras que importaciones procedentes de otros Estados, causantes,
         sin embargo, de dumping y perjuicio, no estarían sujetas a tales derechos. Ahora bien, añaden las demandantes, la Comisión
         no está en condiciones de determinar la existencia de un dumping y el alcance exacto de un perjuicio aparente, sin promover
         una investigación.
      
      30      Además, las demandantes estiman que las instituciones incurrieron en errores manifiestos de apreciación al considerar que
         las pruebas aportadas no justificaban la apertura de investigaciones por lo que a las importaciones procedentes de Estados
         distintos de la India se refiere. En su opinión, esta ausencia de investigación constituye también una vulneración del principio
         de buena administración.
      
      31      Las demandantes reprochan igualmente a la Comisión que haya adoptado una actitud discriminatoria por lo que respecta a la
         determinación del producto de que se trata. Señalan que las importaciones procedentes de China fueron excluidas de la investigación
         debido a que los productos de que se trata no estaban fabricados con coque acicular de calidad superior, mientras que por
         lo que respecta a las importaciones indias, la Comisión no aceptó excluir de la investigación los electrodos de grafito y
         sus conectores fabricados sin coque acicular de calidad superior, porque son las características físicas y técnicas esenciales
         del producto final y sus usos finales, con independencia de las materias primas utilizadas, los que determinan la definición
         del producto de que se trata. Las demandantes sostienen que los productos chinos van destinados al mismo uso final que la
         gama inferior del producto de que se trata.
      
      32      Por último, en el marco de este motivo, las demandantes alegan que se vulneró su derecho de defensa como consecuencia de la
         exclusión en la versión no confidencial de la denuncia de determinados elementos de prueba porque éstos perjudicaban los intereses
         comerciales esenciales de un competidor. Sostienen que se trata, además, de un elemento adicional que demuestra la colusión
         entre los denunciantes y determinados importadores del producto de que se trata implantados en Estados terceros, que justifica
         que dichos elementos de prueba no sean tenidos en cuenta.
      
      33      El Consejo rebate las alegaciones de las demandantes.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Sobre la supuesta actitud discriminatoria de las instituciones en lo que atañe a la determinación del producto de que se trata
      34      Debe desestimarse de entrada esta imputación por carecer de fundamento fáctico. Por un lado, se desprende de los considerandos
         undécimo a decimocuarto del Reglamento antidumping provisional, a los que se remite el sexto considerando del Reglamento antidumping
         impugnado, que las instituciones no hicieron de la utilización de coque acicular de calidad superior un elemento de la definición
         del producto de que se trata. Por otro lado, las demandantes no aportan la prueba de que las instituciones se basaran en la
         circunstancia de que las importaciones procedentes de China no se produjeron con coque acicular de calidad superior para excluirlas
         de la investigación.
      
      –       Sobre la ausencia de investigación de otras fuentes potenciales de dumping
      35      Conforme a reiterada jurisprudencia, el principio general de igualdad de trato o de no discriminación exige, por un lado,
         que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y, por otro, que situaciones diferentes no sean tratadas
         de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15
         de abril de 2005, Bélgica/Comisión, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, apartado 71, y la jurisprudencia citada).
      
      36      Es cierto que la Comisión está facultada, en determinadas circunstancias especiales, para abrir una investigación por su propia
         iniciativa, con arreglo al artículo 5, apartado 6, del Reglamento nº 384/96. De igual modo, consta que la Comisión sigue la
         práctica de solicitar al denunciante, en determinadas circunstancias, que amplíe el ámbito de aplicación de su denuncia. No
         cabe interrogarse, sin embargo, sobre si la referida institución debió proceder de tal modo en el caso de autos. En efecto,
         una diferencia de trato consistente en la apertura de un procedimiento antidumping únicamente contra las importaciones indias,
         aun cuando existían indicios que podían justificar que otras importaciones fueran también objeto de investigación, suponiendo
         incluso que haya sido comprobada, no puede constituir una infracción del artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96
         o del artículo 9, apartado 2, del Código antidumping de 1994, ni una vulneración del principio general de igualdad de trato.
      
      37      En primer lugar, por lo que se refiere al artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96, éste precisa que se establecerá
         un derecho antidumping «en la cuantía apropiada en cada caso y en forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto,
         cualquiera que sea su procedencia, respecto del cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio, a excepción
         de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo
         establecido en el presente Reglamento».
      
      38      Del propio tenor literal de dicha disposición se desprende que exige que no se produzca un trato discriminatorio entre importaciones
         que tengan todas ellas por objeto derechos antidumping para la importación del mismo producto [véase, en este sentido, la
         sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consejo, T‑89/00,
         Rec. p. II‑3651, apartado 58]. Ahora bien, lo que se impugna en el caso de autos es una supuesta diferencia de trato entre
         importaciones que han sido objeto de derechos antidumping e importaciones que no han sido objeto de investigación. Los hechos
         del presente asunto no están comprendidos, por tanto, dentro del ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 5, del Reglamento
         nº 384/96.
      
      39      En segundo lugar, por lo que atañe al artículo 9, apartado 2, del Código antidumping de 1994, basta señalar que éste tiene
         un ámbito de aplicación equivalente al del artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96, en la medida en que prohíbe un
         trato discriminatorio en el cobro de los derechos antidumping impuestos sobre un producto en función de la fuente de las importaciones
         de que se trate. Por consiguiente, no es aplicable al caso de autos.
      
      40      En tercer lugar, no puede prosperar tampoco la alegación basada en la vulneración del principio general de igualdad de trato.
      
      41      En efecto, la circunstancia de que el artículo 9, apartado 5, del Reglamento nº 384/96 constituya una ilustración del principio
         de igualdad de trato [sentencia Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartado 51] no excluye que las instituciones estén sujetas a la observancia de este principio con ocasión de la aplicación
         de las demás disposiciones del Reglamento nº 384/96 [véase, por lo que respecta al artículo 2, apartado 7, letra b), de este
         mismo Reglamento, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2003, Changzhou Hailong Electronics &
         Light Fixtures y Zhejiang Yankon/Consejo, T‑255/01, Rec. p. II‑4741, apartados 60 y 61].
      
      42      No obstante, según reiterada jurisprudencia, el respeto del principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto
         del principio de legalidad, lo que implica que nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro
         (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de noviembre de 2006, Peróxidos Orgánicos/Comisión, T‑120/04,
         Rec. p. II‑4441, apartado 77, y la jurisprudencia citada). Pues bien, tal es el sentido de la argumentación de las demandantes
         que se basa íntegramente en la circunstancia de que debería haberse promovido también una investigación contra otras importaciones.
         Por consiguiente, no es aplicable el principio de igualdad de trato al caso de autos y el hecho de que no se haya abierto
         una investigación sobre otras fuentes eventuales de dumping no influye en la legalidad del Reglamento antidumping impugnado.
      
      43      En consecuencia, procede desestimar también las alegaciones de las demandantes basadas en la vulneración del principio de
         buena administración y en errores manifiestos de apreciación en la evaluación de los elementos de prueba aportados por las
         demandantes, en la medida en que van dirigidas a demostrar que la Comisión debería haber abierto una investigación sobre las
         importaciones procedentes de países terceros. Por el mismo motivo, las críticas de las demandantes basadas en la circunstancia
         de que las denunciantes centraron su denuncia únicamente en las importaciones indias no influyen en la legalidad del Reglamento
         antidumping impugnado.
      
      –       Sobre la vulneración del principio del respeto del derecho de defensa
      44      Es jurisprudencia reiterada que el principio del respeto del derecho de defensa es un principio fundamental del Derecho comunitario
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consejo, C‑49/88, Rec. p. I‑3187, apartado
         15, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1997, Ajinomoto y NutraSweet/Consejo, T‑159/94 y T‑160/94,
         Rec. p. II‑2641, apartado 81).
      
      45      En virtud de dicho principio, las empresas afectadas por un procedimiento de investigación previo a la adopción de un Reglamento
         antidumping deben tener la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comunicar válidamente su parecer sobre
         la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegados y sobre los elementos de prueba admitidos por la Comisión
         en apoyo de su alegación de la existencia de una práctica de dumping y del perjuicio que de ello se derivaría (sentencia Al-Jubail
         Fertilizer/Consejo, citada en el apartado 44 supra, apartado 17; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 1997, EFMA/Consejo, T‑121/95, Rec. p. II‑2391,
         apartado 84, y Ajinomoto y NutraSweet/Consejo, citada en el apartado 44 supra, apartado 83).
      
      46      En el caso de autos, procede señalar que determinados elementos de prueba contenidos en la versión confidencial de la denuncia
         no han sido resumidos en su versión no confidencial. Es el caso, en particular, de los anexos 1, 5 a 7, 9 a 11, 15 a 18, 20
         y 21, 23, 26, 28 a 31, y 33 a 44 de la denuncia, que consta de 45 anexos.
      
      47      No obstante, correspondía a las demandantes ofrecer a las instituciones la posibilidad de apreciar los problemas que podía
         plantearles la ausencia en la versión no confidencial de la denuncia de un resumen de los elementos de prueba de que se trata
         (véase, en este sentido, la sentencia Ajinomoto y NutraSweet/Consejo, citada en el apartado 44 supra, apartados 109 y 110).
      
      48      En el caso de autos, de los documentos aportados por las demandantes como anexo a su demanda se desprende que, si bien aludieron
         brevemente a dicha ausencia de resumen al comienzo del procedimiento, en sus observaciones sobre la denuncia, el 3 de octubre
         de 2003, no hicieron alusión a la misma en sus escritos posteriores.
      
      49      De ello se deduce que al no haber alertado suficientemente a la Comisión y posteriormente al Consejo, las demandantes no pueden
         invocar la vulneración de su derecho de defensa.
      
      50      De todo lo antedicho se desprende que debe desestimarse el primer motivo.
      
       Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración de los requisitos esenciales del procedimiento, ya que las investigaciones
            se realizaron sobre la base de una Comunidad compuesta solamente por quince Estados miembros
       Alegaciones de las partes
      51      Las demandantes critican el hecho de que los derechos establecidos por los Reglamentos impugnados abarcan el territorio de
         los diez nuevos Estados miembros, aunque no se haya promovido en ellos ninguna investigación, por lo que consideran que no
         existe base jurídica para adoptar tales derechos. En este sentido, la presente situación se distingue de la de los derechos
         adoptados antes de la ampliación, respecto a los cuales la investigación se realizó sobre una base territorial correcta.
      
      52      Las demandantes consideran que tal ampliación automática de los derechos antidumping y antisubvención a los diez nuevos Estados
         miembros es contraria al artículo 1, apartados 1 y 2, a los artículos 2 a 7 y al artículo 9, apartados 4 y 5, del Reglamento
         nº 384/96, así como al artículo 1, apartado 1, y a los artículos 8 a 12, 15 y 31 del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo,
         de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la
         Comunidad Europea (DO L 288, p. 1). En esencia, las demandantes alegan que esas diferentes disposiciones, al referirse bien
         a la Comunidad, bien a la industria comunitaria, implican que la investigación se realice sobre la base de un territorio bien
         definido, el de la Comunidad y no de una parte de esta última. Así se deduce también de las disposiciones pertinentes del
         Código antidumping de 1994 y del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias celebrado en el seno de la OMC (DO 1994,
         L 336, p. 156; en lo sucesivo, «Acuerdo SMC»). Además, las demandantes aducen que hubiera sido necesaria una investigación
         que incluyese a los diez nuevos Estados miembros para determinar exactamente el margen de dumping y el perjuicio causado por
         éste o por las supuestas subvenciones. Por último, las demandantes recuerdan que la apertura de un procedimiento antidumping
         debe basarse en datos relativos a la evolución del volumen de importaciones, su efecto sobre los precios del producto similar
         y su repercusión en la industria comunitaria, de suerte que las medidas adoptadas sobre la base de quince Estados miembros
         no pueden imponerse automáticamente en una Comunidad de veinticinco Estados miembros, sin verificar si hubieran podido abrirse
         los procedimientos basándose en datos similares en el supuesto de una Comunidad ampliada.
      
      53      Las demandantes estiman, básicamente, que la Comisión estaba facultada para realizar una investigación, habida cuenta de la
         inminencia de la ampliación, ya que ninguna disposición de los Reglamentos nos 384/96 y 2026/97 le prohibía dirigir solicitudes de información.
      
      54      Las demandantes rebaten la argumentación del Consejo basada en el método preconizado por el anuncio sobre la posibilidad de
         reconsideración de las medidas como consecuencia de la ampliación. Este anuncio no puede justificar que las instituciones
         se desvíen de la normativa pertinente. Si bien las demandantes reconocen que en dicho anuncio se afirma que los procedimientos
         en curso podrán conducir a la aplicación de derechos en el conjunto de los nuevos Estados miembros, consideran básicamente
         que las soluciones preconizadas y, en particular, la posibilidad de obtener de la Comisión una reconsideración intermedia,
         carecen de interés por lo que respecta a los procedimientos no concluidos en el momento de la ampliación. A este respecto,
         las demandantes recuerdan que no puede solicitarse una reconsideración intermedia antes de que expire un período de un año
         como mínimo a partir del establecimiento de las medidas pertinentes.
      
      55      A juicio de las demandantes, la circunstancia de que se ha observado, en determinados casos particulares, que la ampliación
         del análisis a los nuevos Estados miembros no modifica radicalmente las conclusiones de la investigación es irrelevante fuera
         de las situaciones examinadas.
      
      56      El Consejo considera que las medidas antidumping y antisubvención se extendieron correctamente a la Comunidad ampliada. A
         su juicio, de la importancia económica global limitada de la ampliación se desprende que las conclusiones de las investigaciones
         que versaron sobre la Comunidad de quince Estados miembros son, en principio, válidas también para la Comunidad ampliada,
         lo que confirma el número reducido de solicitudes de reconsideración intermedia. El Consejo alega que una reconsideración
         sistemática de todas las medidas antidumping y antisubvención existentes habría representado una carga considerable y gastos
         adicionales para todos los operadores afectados y no sería factible en la práctica.
      
      57      El Consejo afirma que el anuncio sobre la posibilidad de reconsideración de las medidas como consecuencia de la ampliación
         establece una solución transitoria compleja, que entra dentro del margen de apreciación reconocido a la Comunidad y se basa
         en un mecanismo de reconsideración en dos etapas que permite velar por que puedan realizarse ajustes cuando ello esté justificado.
      
      58      Por un lado, de ello se desprende que a partir del 1 de mayo de 2004 todas las medidas antidumping y antisubvención en vigor
         son de aplicación automáticamente a las importaciones en la Comunidad ampliada a veinticinco Estados miembros y que si investigaciones
         en curso abiertas antes del 1 de mayo de 2004 desembocaran en el establecimiento de medidas, éstas serían aplicables también
         a las importaciones en los veinticinco Estados miembros de la Comunidad.
      
      59      Por otro lado, se ha previsto un mecanismo de reconsideración para velar por que puedan introducirse correcciones. El Consejo
         recuerda, a este respecto, que la Comisión estaba dispuesta a reconsiderar total o parcialmente, a petición de cualquier parte
         interesada, las medidas antidumping y antisubvención conforme al artículo 11, apartado 3, del Reglamento nº 384/96 y al artículo
         19 del Reglamento nº 2026/97, sin esperar a que haya transcurrido el plazo de un año, dado que había manifestado públicamente
         que ejercería su derecho a abrir una reconsideración por su propia iniciativa. El Consejo señala que las demandantes no han
         hecho uso de esta posibilidad y estima que ello se debe a que no estaban convencidas de que una reconsideración intermedia
         hubiera arrojado resultados que fuesen favorables para ellas.
      
      60      Además, el Consejo considera que las imputaciones de las demandantes son puramente formales, en la medida en que no alegan
         que una investigación que abarcase los veinticinco Estados miembros hubiera tenido resultados diferentes y no han presentado
         el más mínimo elemento de prueba a tal efecto.
      
      61      Por último, el Consejo subraya que la Comisión analizó, en aras de la exhaustividad, los efectos de la ampliación en todos
         los asuntos en curso, incluidos los dos procedimientos de que se trata, y que los resultados no eran sensiblemente diferentes.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      62      Consta que si bien el período de investigación duró desde el 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003, cuando la Comunidad
         estaba constituida por quince Estados miembros solamente, los Reglamentos provisionales fueron adoptados el 19 de mayo de
         2004 y los Reglamentos impugnados el 13 de septiembre de 2004, fechas en las que la Comunidad estaba compuesta por veinticinco
         Estados miembros.
      
      63      Procede recordar que los derechos antidumping y compensatorios no constituyen la sanción de un comportamiento anterior, sino
         una medida de defensa y protección contra la competencia desleal que resulta de las prácticas de dumping y de subvención (véase,
         por lo que se refiere a los derechos antidumping, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de noviembre de 2006,
         Nanjing Metalink/Consejo, T‑138/02, Rec. p. II‑4347, apartado 60). Además, con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento
         nº 384/96 y al artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 2026/97, la determinación de la existencia de perjuicio se basará
         en elementos de prueba positivos y en un examen objetivo, por un lado, del volumen de las importaciones objeto de dumping
         o de subvención y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado interno y, por otro lado, en
         los efectos de esas importaciones sobre la industria de la Comunidad.
      
      64      De ello se deduce que es la composición de la Comunidad en el momento de la adopción de los derechos antidumping y compensatorios
         la que debe tenerse en cuenta para la determinación de dichos derechos. En la medida en que la Comisión no obtuvo la información
         durante el período de investigación ante la perspectiva de la ampliación, por lo que ésta no se refería a la Comunidad constituida
         por quince Estados miembros, correspondía a la Comisión, a la hora de adoptar los Reglamentos provisionales y, en su caso,
         al Consejo, al adoptar los Reglamentos impugnados, comprobar si dicha información era pertinente también con respecto a una
         Comunidad constituida por veinticinco Estados miembros.
      
      65      Es cierto que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 384/96 y el artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 2026/97
         implican la prohibición de tener en cuenta datos posteriores al período de investigación. Sin embargo, en el caso de autos,
         la circunstancia de que la ampliación de la Comunidad constituye un acontecimiento posterior al período de investigación no
         puede en ningún caso eximir a las instituciones de la obligación mencionada en el apartado anterior.
      
      66      Como tuvo ocasión de señalar el Tribunal de Primera Instancia con respecto al artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 384/96,
         la fijación de un período de investigación y la prohibición de tener en cuenta elementos posteriores a dicho período tiene
         por objeto garantizar que los resultados de la investigación sean representativos y fiables, asegurando que los datos en que
         se basa la determinación del dumping y del perjuicio no sean influidos por el comportamiento de los productores interesados
         después de la apertura del procedimiento antidumping y, por tanto, que el derecho definitivo impuesto al final del procedimiento
         sea apto para remediar efectivamente el perjuicio resultante del dumping (sentencia Nanjing Metalink/Consejo, citada en el
         apartado 63 supra, apartado 59).
      
      67      Por otra parte, al utilizar el término «normalmente», el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 384/96 permite excepciones
         a la prohibición de tomar en consideración datos relativos a un período posterior al período de investigación. En cuanto a
         las circunstancias favorables a las empresas afectadas por la investigación, se ha declarado que no puede incumbir a las instituciones
         comunitarias tener en cuenta datos que corresponden a un período posterior al de investigación, a no ser que dichos datos
         revelen nuevos elementos que hagan manifiestamente inadecuada la imposición prevista del derecho antidumping (sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, Sinochem Heilongjiang/Consejo, T‑161/94, Rec. p. II‑695, apartado 88,
         y de 20 de junio de 2001, Euroalliages y otros/Comisión, T‑188/99, Rec. p. II‑1757, apartado 75). Si, en cambio, los datos
         acerca de un período posterior al de investigación justifican, por el hecho de reflejar el comportamiento actual de las empresas
         afectadas, el establecimiento o el aumento de un derecho antidumping, procede declarar, sobre la base de lo anterior, que
         las instituciones están facultadas, incluso obligadas, a tenerlos en cuenta (sentencia Nanjing Metalink/Consejo, citada en
         el apartado 63 supra, apartado 61). Puede seguirse el mismo razonamiento en lo que atañe a la aplicación del artículo 11, apartado 1, del Reglamento
         nº 2026/97, cuya redacción es idéntica, respecto a este particular, a la del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 384/96.
      
      68      Además, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el ámbito de las medidas de defensa comercial, las instituciones
         comunitarias disponen de una amplia facultad discrecional debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas
         y jurídicas que deben examinar (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka
         Electronic/Consejo, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, apartado 48, y la jurisprudencia citada). Ahora bien, es igualmente jurisprudencia
         reiterada que, cuando las instituciones disponen de tal facultad, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico
         comunitario reviste una importancia aún más fundamental y que entre estas garantías figura, en particular, la obligación de
         la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trata
         (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469,
         apartado 14, y del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, Nölle/Consejo y Comisión, T‑167/94, Rec. p. II‑2589,
         apartado 73).
      
      69      Es preciso señalar que la adhesión de diez nuevos Estados miembros entre el final del período de investigación y la adopción
         de los Reglamentos impugnados constituye un elemento relevante que las instituciones estaban obligadas a examinar en el sentido
         de la jurisprudencia citada en el apartado 68 supra, al objeto de evaluar sus efectos sobre los dos procedimientos en curso.
      
      70      Contrariamente a lo que afirma el Consejo, la mera referencia a la importancia económica global supuestamente limitada de
         la ampliación no puede eximir a las instituciones de la obligación mencionada más arriba, ya que tal consideración de carácter
         general no se refiere al sector económico concreto al que pertenecen las importaciones de que se trata.
      
      71      Por lo que atañe al anuncio sobre la posibilidad de reconsideración de las medidas como consecuencia de la ampliación adoptado
         por la Comisión, éste no puede constituir en modo alguno una toma en consideración suficiente de los efectos de la ampliación
         sobre los procedimientos en curso. Bien al contrario, dicho método consiste en no examinar de oficio los efectos de la ampliación,
         reservándose la posibilidad de una reconsideración posterior de las medidas en cuestión. Ahora bien, la mera posibilidad de
         tal reconsideración, que se deja a la discreción de la Comisión, y que se produzca con posterioridad a la adopción de los
         Reglamentos, no puede eximir a las instituciones de su obligación de asegurarse de que la ampliación de la Comunidad no podía
         surtir efectos sobre el importe de los derechos antidumping y antisubvención.
      
      72      Sin embargo, del documento de información general sobre los aspectos de los dos procedimientos relativos al perjuicio, a la
         relación de causalidad y al interés de la Comunidad se desprende que, en el caso de autos, la Comisión evaluó las consecuencias
         de la ampliación sobre la pertinencia de los datos obtenidos durante el período de investigación. En dicho documento, la Comisión
         señala –sin que sus afirmaciones sean discutidas por las demandantes– que, por un lado, las importaciones indias hacia los
         nuevos Estados miembros eran de un precio ligeramente inferior a los precios comprobados durante el período de investigación
         y que, por otro lado, tanto por lo que se refiere a la venta y la producción como a la importación del producto de que se
         trata, la parte de los diez nuevos Estados miembros era mínima. Además, en ese mismo documento se afirma que los dos únicos
         sitios de producción conocidos del producto de que se trata en los nuevos Estados miembros se encuentran en Polonia y que
         la Comisión obtuvo información procedente de una investigación antidumping realizada por las autoridades polacas en 2003,
         de la que se desprende que los precios de las importaciones indias en Polonia son un 4 % inferiores a los de las importaciones
         destinadas a la Comunidad.
      
      73      Al proceder a tal verificación con posterioridad al período de investigación, la Comisión se aseguró de que los datos obtenidos
         con ocasión de la investigación seguían siendo representativos de la Comunidad tal como estaba compuesta en el momento de
         la adopción de los derechos antidumping compensatorios. Al actuar de este modo, la Comisión no incumplió su obligación de
         examinar todos los datos relevantes del caso de autos.
      
      74      En cuanto a la alegación basada en que las instituciones deberían haber verificado si la información que obraba en su poder
         hubiera permitido abrir una investigación en una Comunidad ampliada, de las consideraciones anteriores se desprende que procede
         desestimarla. En efecto, se deduce forzosamente de aquéllas que la información en función de la cual la Comisión decidió abrir
         los procedimientos de que se trata podía justificar también la apertura de una investigación en una Comunidad constituida
         por veinticinco Estados miembros.
      
      75      Por lo que respecta a las referencias a las disposiciones del Código antidumping de 1994 y del Acuerdo SMC, basta señalar
         que las demandantes no demuestran por qué tienen un contenido diferente del de las disposiciones de los Reglamentos nos 384/96 y 2026/97 que plasman las obligaciones específicas contenidas en aquéllas.
      
      76      De lo antedicho se desprende que debe desestimarse el segundo motivo.
      
       Sobre el tercer motivo, relativo a la calificación de subvención dada al mecanismo de crédito de derechos a la importación
            y a la determinación del importe de los derechos compensatorios
       Alegaciones de las partes
      77      Las demandantes aducen que el Reglamento antisubvenciones impugnado es contrario al principio de proporcionalidad, al artículo
         1, apartado 1, al artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), y al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 2026/97 así
         como a su anexo III y al artículo 1, apartado 1, letra a), número l, inciso ii), y al artículo 19, apartado 3, del Acuerdo
         SMC e incurre en un error manifiesto de apreciación y en vicios de procedimiento, al establecer derechos compensatorios por
         importes inadecuados.
      
      78      Con carácter preliminar, las demandantes recuerdan que el mecanismo indio de crédito de derechos a la importación (en lo sucesivo,
         «DEPB») permite a un exportador recibir un crédito a la importación correspondiente al importe de los derechos pagados por
         la importación de materias primas necesarias para la fabricación del producto exportado sobre una base unitaria, conforme
         a las normas denominadas «standard technical input-output» (en lo sucesivo, «norma SION»). Subrayan la importancia del reembolso
         de los derechos recaudados con ocasión de la importación de los elementos necesarios para la fabricación del producto de que
         se trate y, en particular, del más costoso de ellos, el coque acicular de calidad superior, no disponible en la India.
      
      79      Las demandantes rebaten la calificación de subvención dada por el Reglamento antisubvenciones impugnado. En cualquier caso,
         aun suponiendo que pudiera debatirse sobre la presencia de elementos de subvención en el DEPB, sería erróneo decidir que la
         ventaja sujeta a medidas compensatorias estaba constituida por la totalidad de los derechos a la importación normalmente exigibles
         sobre todas las importaciones. A juicio de las demandantes, únicamente lo percibido en exceso puede constituir una subvención.
      
      80      En primer lugar, añaden las demandantes, tal conclusión se desprende de una lectura conjunta del artículo 2, apartado 1, letra a),
         inciso ii), del Reglamento nº 2026/97 así como de su anexo I, letra i). El anexo II, punto I 2, corrobora también este análisis.
         De ello se deduce que únicamente puede existir subvención si un sistema de devolución da lugar a una devolución excesiva y
         hasta el límite del importe percibido en exceso. Corresponde, pues, a la Comisión probar la existencia de una devolución excesiva,
         antes de calificarla, en su caso, como subvención. La definición que figura en el anexo III, punto I, sigue este mismo criterio.
         En efecto, según las demandantes, dado que el DEPB debe calificarse como sistema de devolución sobre insumos de sustitución,
         es el anexo III del Reglamento nº 2026/97 el aplicable, anexo que no ha sido analizado por el Consejo.
      
      81      La alegación del Consejo, según la cual puede haber subvención incluso cuando no existe pago en exceso, si el régimen en cuestión
         no fuera estrictamente conforme a las disposiciones de los anexos I a III del Reglamento nº 2026/97, se basa en la premisa
         errónea de que dichos anexos establecen los diferentes requisitos que un régimen de devolución debe cumplir para ser perfecto,
         cuando de lo que se trata es más bien de líneas directrices encaminadas a determinar la existencia de garantías contra la
         posibilidad de una devolución en exceso.
      
      82      En segundo lugar, las demandantes estiman que se ha considerado erróneamente que el DEPB no es un mecanismo de condonación
         de derechos correctamente constituido, ya que en la India no existe un procedimiento dirigido a verificar que aquel se aplica
         correctamente. En opinión de las demandantes, tal mecanismo existe y está constituido por los siguientes elementos: por un
         lado, la ejecución y aplicación estricta de la norma SION y, por otro, las circunstancias de que los créditos se conceden
         con ocasión de exportaciones y únicamente pueden utilizarse para importaciones de materias primas insumos, con arreglo a las
         normas denominadas «input-output». Aducen asimismo que la mayor parte de los importadores indios utilizan el DEPB del mismo
         modo que un sistema de devolución que impone la obligación estricta de utilizar cualquier devolución para pagar los derechos
         adeudados a la importación de insumos concretos consumidos en la producción de los productos exportados, dado que resulta
         acertado desde el punto de vista económico actuar de tal modo. Este sistema, que se basa en incentivar a los agentes económicos,
         responde así a consideraciones prácticas y a las necesidades de simplificación administrativa en todo el territorio indio.
      
      83      En tercer lugar, las demandantes reprochan a las instituciones que no hayan investigado para asegurarse de que se habían considerado
         en exceso los insumos, vulnerando de este modo el principio de buena administración así como los principios fundamentales
         del Reglamento nº 2026/97. Básicamente, alegan que la Comisión está sujeta a una obligación específica de examinar si los
         poderes públicos del país exportador han establecido un sistema o un procedimiento que permita confirmar cuáles son los insumos
         que se consumen en el proceso de fabricación del producto exportado, y en qué cuantía. Dado que se ha considerado que no existía
         tal sistema en la India, corresponde a la Comisión proceder a una investigación con el fin de verificar, por un lado, si el
         DEPB funcionaba en la práctica y, por otro, en qué medida éste podía conceder una condonación en exceso a los exportadores,
         con la única finalidad de aplicar sobre ésta una cantidad compensatoria. Estiman que no sería lógico considerar que corresponde
         a las autoridades indias realizar un nuevo examen, ya que éste supone la existencia de sistemas de verificación suficientes
         que, de haber existido, habrían impedido la concesión de una devolución en exceso. En cualquier caso, las demandantes recuerdan
         que la función de determinar la existencia de una subvención y, en caso afirmativo, su importe, corresponde a las instituciones
         comunitarias.
      
      84      En cuarto lugar, las demandantes hacen referencia a la existencia de un principio de Derecho internacional, consagrado por
         el Acuerdo SMC y el sistema aduanero comunitario, según el cual un fabricante no está obligado a soportar los derechos sobre
         las mercancías importadas únicamente con la finalidad de tratarlas y exportarlas de nuevo a continuación. Sin embargo, añaden,
         no existe una definición vinculante a nivel internacional de los requisitos que debe cumplir tal régimen. El planteamiento
         seguido por las instituciones comunitarias consiste en imponer a la India, país en vías de desarrollo que no dispone de un
         sistema aduanero avanzado, un régimen que se corresponde exactamente con el establecido por el Código aduanero comunitario.
      
      85      En quinto lugar, y con carácter subsidiario, en el supuesto de que se decida que la subvención está constituida por el importe
         total de la devolución, se trate o no de una devolución en exceso, las demandantes recuerdan que la Comisión deberá calcular
         además el importe de la subvención sujeto a medidas compensatorias. Alegan que, con arreglo al artículo 5 del Reglamento nº 2026/97,
         dicho importe está constituido únicamente por el beneficio obtenido por el beneficiario. Las demandantes añaden que dado que
         está universalmente reconocido que los insumos consumidos en la producción de un producto exportado están exentos de derechos
         a la importación, sólo puede otorgarse el referido beneficio si el exportador obtiene una devolución superior al importe de
         los derechos a la importación pagados sobre los insumos consumidos en la producción del producto exportado.
      
      86      El Consejo rebate la fundamentación de este motivo.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      87      En el marco de este motivo, las demandantes reprochan, en esencia, a las instituciones que han incurrido en un error de Derecho
         en la interpretación del concepto de subvención, en un error en la calificación jurídica del DEPB y, por último, que han incumplido
         una obligación de carácter procedimental, al no investigar sobre la realidad del funcionamiento del DEPB.
      
      88      El título del presente motivo hace referencia también al principio de proporcionalidad. Sin embargo, en ningún momento las
         demandantes explican por qué la calificación de subvención del DEPB es contraria al principio de proporcionalidad. Tal imputación
         no se atiene a los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
         Primera Instancia, en la medida en que no es suficientemente clara y precisa como para permitir a la parte demandada preparar
         su defensa y al Tribunal de Primera Instancia pronunciarse sobre el recurso, sin disponer, en su caso, de más información,
         por lo que debe declararse inadmisible (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo
         de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T-352/94, Rec. p. II‑1989, apartados 333 y 334).
      
      –       Sobre el supuesto error de Derecho en la interpretación del concepto de subvención
      89      Con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97: «Se considerará que existe subvención
         cuando: [...] haya una contribución financiera de los poderes públicos en el territorio del país de origen o de exportación,
         es decir [...] cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos adeudados (por ejemplo: incentivos tales como los créditos
         por impuesto); a este respecto, no se considerará como subvención la exoneración, en favor de un producto exportado, de los
         derechos o impuestos que graven el producto similar cuando se destine al consumo interno, ni la remisión de estos derechos
         o impuestos en un importe que no exceda del acumulado, siempre que la exoneración se conceda con arreglo a lo dispuesto en
         los anexos I a III.»
      
      90      De esta disposición se desprende que, contrariamente a lo que alegan las demandantes, los anexos I a III del Reglamento nº 2026/97
         no son meras líneas directrices encaminadas a determinar la existencia de garantías contra la posibilidad de una devolución
         en exceso, sino que contienen reglas cuyo cumplimiento es necesario para que una condonación o una exención de derecho no
         sea calificada como subvención. Esta conclusión se impone a la luz del tenor particularmente inequívoco del artículo 2, apartado
         1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97. Además, de la sistemática de este artículo se desprende que la excepción
         concedida a las exenciones o a las condonaciones de derecho constituye una excepción al principio según el cual la condonación
         o la no recaudación de ingresos públicos adeudados constituye una subvención. Dicha excepción es, por tanto, de interpretación
         estricta.
      
      91      Por consiguiente, al decidir en los considerandos octavo y noveno del Reglamento antisubvención impugnado que, a falta de
         cumplimiento de las disposiciones de los anexos I al III del Reglamento nº 2026/97, el beneficio sujeto a medidas compensatorias
         estaba constituido por el importe total de los derechos a la importación adeudados sobre todas las importaciones, el Consejo
         no incurrió en error de Derecho en la interpretación del Reglamento nº 2026/97. En efecto, la limitación de la calificación
         de subvención únicamente a lo percibido en exceso, como sostienen las demandantes, supone previamente que el sistema de condonación
         o de exención de derecho sea compatible con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97 y,
         por tanto, con sus anexos I a III.
      
      92      Por las mismas razones debe desestimarse la alegación basada en la supuesta infracción del artículo 5 del Reglamento nº 2026/97,
         según el cual, «el importe de las subvenciones sujetas a medidas compensatorias se calculará en función del beneficio obtenido
         por el beneficiario durante el período de subvención investigado». En efecto, esta alegación se basa en la misma premisa errónea
         de que los exportadores tienen derecho a beneficiarse de una devolución sobre los derechos relativos a los insumos utilizados
         en los productos exportados, cuando de lo antedicho se desprende que el referido derecho está supeditado al cumplimiento del
         artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97.
      
      93      Esta conclusión no queda desvirtuada por la referencia al anexo I, letra i), al anexo II, punto I 2, y al anexo III, punto I,
         en los que se precisa, básicamente, que un sistema de devolución puede constituir una subvención si conduce al pago de importes
         superiores a los percibidos. Basta señalar que todas estas disposiciones recuerdan el principio enunciado en el artículo 2,
         apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97, pero no tienen por objeto precisar los criterios a los que debe
         responder un sistema de devolución para ser compatible con el citado artículo, pues éstos se detallan en otras disposiciones
         de los anexos II y III del Reglamento nº 2026/97.
      
      94      Por último, en lo que atañe al artículo 1, apartado 1, y al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 2026/97, así como al
         artículo 1, apartado 1, letra a), número l, inciso iii), y al artículo 19, apartado 3, del Acuerdo SMC, a los que se remite
         el enunciado del presente motivo, las demandantes no explican por qué pueden influir en el análisis de los requisitos que
         debe cumplir un régimen de exención o de condonación de derecho a la importación para que no sea calificado como subvención.
      
      –       Sobre el supuesto error en la calificación de subvención del DEPB
      95      Con arreglo al anexo II, punto II 4, del Reglamento nº 2026/97: «Cuando se alegue que un [...] sistema de devolución entraña
         una subvención a causa de la reducción o devolución excesiva de impuestos indirectos o cargas a la importación aplicados a
         los insumos consumidos en la producción del producto exportado, la Comisión deberá normalmente determinar en primer lugar
         si los poderes públicos del país exportador han establecido y aplican un sistema o procedimiento para verificar qué insumos
         se consumen en la producción del producto exportado y en qué cuantía. Cuando se determine que se aplica ese sistema o procedimiento,
         la Comisión deberá examinarlo para comprobar si es razonable, si resulta eficaz para los fines perseguidos y si está basado
         en prácticas comerciales generalmente aceptadas en el país de exportación.» Por lo que se refiere al sistema de devolución
         sobre insumos de sustitución, el anexo III, punto II 2, del Reglamento nº 2026/97 está redactado en términos similares.
      
      96      El anexo III, punto II 5, del Reglamento nº 2026/97 es del siguiente tenor: «Cuando no exista ese sistema o procedimiento
         o el que exista no sea razonable, o cuando exista y se considere razonable pero no se aplique realmente o no se aplique con
         eficacia, sería preciso que el país exportador llevase a cabo un nuevo examen basado en los insumos reales en cuestión para
         determinar si se ha hecho un pago excesivo. Si la Comisión lo estimase necesario, se realizaría un nuevo examen de conformidad
         con el punto [II] 4.» Por lo que respecta al sistema de devolución sobre insumos de sustitución, el anexo III, punto II 3,
         del Reglamento nº 2026/97 está redactado en términos similares.
      
      97      Para considerar que el DEPB no podía calificarse como régimen autorizado de devolución sobre insumos o sobre insumos de sustitución,
         el Consejo se basó, en particular, en la circunstancia descrita en el noveno considerando del Reglamento antisubvenciones
         impugnado, según la cual:
      
      «[...] El Gobierno de la India no aplicó un sistema o procedimiento de verificación eficaz que confirmara si en la producción
         del producto exportado se habían utilizado insumos y en qué cantidad (punto 4 de la sección II del anexo II del Reglamento
         [nº 2026/97] y, en el caso de sistemas de devolución en caso de sustitución, el punto II de la sección II del anexo III del
         Reglamento [nº 2026/97]). Además, el Gobierno de la India no realizó un examen posterior a la exportación, basado en los insumos
         reales, para determinar si se había producido un exceso de pago, pese a que ello es normalmente necesario si no se aplica
         un sistema de verificación eficaz (punto 5 de la sección II del anexo II, y punto 3 de la sección II del anexo III del Reglamento [nº 2026/97]).»
      
      98      Procede señalar que el Consejo hizo una interpretación correcta de los criterios enunciados en los anexos II y III del Reglamento
         nº 2026/97, criterios que tienen por objeto verificar que el sistema de devolución existente en el país exportador permite
         asegurarse de la realidad del consumo de los insumos o de los insumos de sustitución. El primer criterio parte de la existencia
         de un sistema o de un procedimiento que permite realizar tal verificación. El segundo criterio, que se aplica con carácter
         subsidiario, en el supuesto de que tal procedimiento o sistema no exista o sea inadecuado, consiste en que el país exportador
         recurra a un examen basado en la realidad de los insumos utilizados o de las transacciones realizadas.
      
      99      El Consejo consideró acertadamente que el DEPB no se ajustaba a los criterios previstos en los anexos II y III del Reglamento
         nº 2026/97.
      
      100    Por un lado, no se desprende de la descripción del DEPB tal como figura en los considerandos 23 a 30 del Reglamento antisubvenciones
         provisional –descripción confirmada por el Consejo en el sexto considerando del Reglamento antisubvenciones impugnado y no
         discutida por las demandantes– que los poderes públicos indios hayan establecido un procedimiento o un mecanismo de verificación.
         Contrariamente a lo que afirman las demandantes, la conjunción de varios factores, entre los que se encuentra la aplicación
         de la norma SION, la utilización de los créditos para las importaciones de insumos y la circunstancia que invocan las demandantes
         en sus escritos según la cual la mayor parte de los exportadores indios utilizan el DEPB del mismo modo que un sistema de
         devolución que impone la obligación estricta de utilizar cualquier devolución para pagar los derechos adeudados a la importación
         de los insumos concretos consumidos en la producción de los productos exportados, no puede asimilarse a un procedimiento o
         a un sistema de verificación en el sentido del anexo II, punto II 4, y del anexo III, punto II 2, del Reglamento nº 2026/97.
      
      101    Por otro lado, consta que las autoridades indias no procedieron a un examen posterior a las exportaciones, como estaban obligadas
         a hacerlo a falta de procedimiento o de sistema de verificación con arreglo al anexo II, punto II 5, del Reglamento nº 2026/97
         y del anexo III, punto II 3, de este mismo Reglamento. Este extremo resulta confirmado, además, por la argumentación de las
         demandantes según la cual es a la Comunidad a la que corresponde proceder a tal examen.
      
      102    Así pues, con razón pudo considerar el Consejo que el DEPB no respondía a los criterios enunciados en los anexos II y III
         del Reglamento nº 2026/97 y que, por tanto, no puede ser calificado como régimen autorizado de devolución sobre insumos o
         sobre insumos de sustitución en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), de este mismo Reglamento.
      
      103    Esta conclusión no queda desvirtuada por la utilización del adverbio «normalmente» en los anexos II y III del Reglamento nº 2026/97.
         Si bien esto implica que, en circunstancias especiales, las instituciones pueden eventualmente utilizar otros criterios, no
         puede privarles de la posibilidad de basarse en la inexistencia de los criterios previstos, a efectos de declarar el carácter
         no autorizado de un régimen de devolución sobre insumos o sobre insumos de sustitución.
      
      104    En cuanto a las alegaciones de las demandantes basadas en la ausencia de definición vinculante de un régimen de devolución
         de derecho a nivel internacional y en la circunstancia de que la India es un país en vías de desarrollo, se trata de alegaciones
         que no pueden invalidar esta conclusión. A este respecto, basta señalar que los anexos II y III del Reglamento nº 2026/97
         se atienen a los anexos II y III del Acuerdo SMC y que estos últimos no hacen distinción alguna a favor de los países en vías
         de desarrollo.
      
      105    A mayor abundamiento, cabe señalar que el DEPB no se basa en la realidad de los insumos o de los insumos de sustitución utilizados
         en el producto exportado, sino en una mera estimación de su cuantía. En este sentido, dicho sistema no contiene un requisito
         de utilización efectiva de los insumos en el producto exportado. Ahora bien, la existencia de tal requisito se deduce implícitamente
         pero forzosamente del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2026/97 así como de sus anexos II y III.
      
      –       Sobre la inexistencia de investigación relativa a la realidad del funcionamiento del DEPB
      106    Como se desprende de los apartados 95 y 96 supra, la Comisión únicamente deberá determinar si los poderes públicos del país exportador ejecutaron y aplicaron un sistema o un
         procedimiento de control. No está obligada en modo alguno, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, a investigar
         para verificar el funcionamiento del DEPB en la práctica. Bien al contrario, a falta de sistema o de procedimiento de control
         adecuado, es al país exportador y no a la Comunidad a quien corresponde realizar un nuevo examen basado en los insumos efectivos
         y las transacciones reales de que se trate. Por tanto, debe desestimarse la presente imputación.
      
      107    Habida cuenta de lo antedicho, procede desestimar el tercer motivo.
      
       Sobre el cuarto motivo, basado en que no se tuvieron en cuenta los efectos de las prácticas contrarias a la competencia sancionadas
            en el mercado comunitario a la hora de determinar el perjuicio
       Alegaciones de las partes
      108    Las demandantes alegan que los Reglamentos impugnados infringen, por un lado, el artículo 1, apartado 1, el artículo 3, apartados
         1, 6 y 7, el artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 384/96, así como los artículos 3 y 9 del Código antidumping de 1994
         y, por otro lado, el artículo 1, apartado 1, el artículo 8, apartados 1, 6 y 7, y el artículo 15, apartado 1, del Reglamento
         nº 2026/97, así como los artículos 15 y 19 del Acuerdo SMC, e incurren en error manifiesto de apreciación, en la medida en
         que imponen derechos definitivos respecto de las importaciones del producto de que se trata a falta de una determinación correcta
         y adecuada del perjuicio, en particular al basarse en datos que resultan poco fiables por la existencia de un acuerdo contrario
         a la competencia.
      
      109    Las demandantes recuerdan que únicamente pueden imponerse derechos antidumping y compensatorios a resultas de una investigación
         que haya demostrado la existencia de un perjuicio considerable para la industria comunitaria. Añaden que, con arreglo a las
         normas de la OMC, es necesario asegurarse de que la utilización de medidas de defensa comercial no bloquea el acceso de las
         importaciones de que se trate al mercado comunitario, toda vez que el perjuicio a la industria comunitaria han podido causarlo
         otros factores. Por ello, las demandantes consideran que es necesario un cálculo preciso del importe exacto del perjuicio
         para evitar que se impute a las importaciones examinadas un perjuicio causado por otros factores y para permitir una aplicación
         efectiva de la regla del derecho menor.
      
      110    Las demandantes subrayan asimismo la importancia concedida por el órgano jurisdiccional comunitario a la determinación del
         papel desempeñado por otros factores en el perjuicio causado a la industria comunitaria y, en particular, por posibles prácticas
         contrarias a la competencia. Así, en su sentencia de 11 de junio de 1992, Extramet Industrie/Consejo (C‑358/89, Rec. p. I‑3813),
         el Tribunal de Justicia anuló un derecho basándose en que la Comisión no había determinado correctamente el perjuicio causado
         por las importaciones ni examinado si la industria comunitaria de referencia había sido la causante de su propio perjuicio
         debido a su comportamiento contrario a las normas de la competencia.
      
      111    Según las demandantes, con arreglo a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de septiembre de 2001, Mukand y
         otros/Consejo (T‑58/99, Rec. p. II‑2521), corresponde a la Comisión verificar si el mercado objeto de la investigación resultaba
         afectado por las actividades contrarias a la competencia en cuestión y, en su caso, si podían sacarse conclusiones fiables
         en lo que atañe al perjuicio. De igual modo, recuerdan que, de conformidad con el artículo 8, apartados 6 y 7, del Reglamento
         nº 2026/97 y con el artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento nº 384/96, las instituciones están obligadas a no imputar
         a las importaciones examinadas los efectos negativos sobre la industria comunitaria de su propio comportamiento contrario
         a la competencia. Las demandantes deducen de ello que, en caso de práctica contraria a la competencia que conduzca a una fijación
         de precios en el mercado comunitario de los productos objeto de una investigación antidumping o antisubvención, la Comisión
         está obligada a poner fin al procedimiento, dado que dicha actividad contraria a la competencia invalida las determinaciones
         del perjuicio y de la relación de causalidad, o incluso las imposibilita.
      
      112    En el caso de autos, las demandantes alegan que deberían haberse tenido en cuenta los comportamientos contrarios a la competencia
         sancionados por la Comisión en su Decisión 2002/271/CE, de 18 de julio de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad
         con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (DO 2002, L 100, p. 1). Las demandantes
         señalan que, por un lado, los principales efectos consistieron en que los precios fueron artificialmente elevados hasta marzo
         de 1998. Ello impide tanto una determinación exacta del supuesto precio anormalmente bajo de las importaciones indias como
         de los niveles de rentabilidad adecuados de la industria comunitaria. Por otro lado, las prácticas contrarias a la competencia
         tuvieron también como consecuencia elevar artificialmente las cuotas de mercado de los productores comunitarios. Por ello,
         no debe sacarse ninguna consecuencia de la circunstancia de que hayan caído los niveles de precios. Las demandantes deducen
         de ello que la Comisión no podía realizar una evaluación fiable de los indicadores de perjuicio. Según las demandantes, la
         Comisión debería haber llegado hasta interrogarse sobre si las dificultades de la industria comunitaria no eran debidas a
         su propio comportamiento. Las demandantes sostienen que las circunstancias del caso de autos hacen que el análisis sea más
         fácil que en el asunto que dio lugar a la sentencia Mukand y otros/Consejo, citada en el apartado 111 supra, ya que las prácticas contrarias a la competencia despliegan sus efectos en el mismo mercado que las importaciones de que se
         trata. De ello deducen las demandantes que es imposible una comparación de los niveles de precios de los electrodos de grafito
         comunitarios y los indios.
      
      113    Las demandantes rebaten el análisis según el cual el cártel dejó de producir sus efectos en la fecha en que comenzó el período
         examinado, el 1 de enero de 1999. Consideran que sería ilusorio afirmar que los efectos de una práctica colusoria que versa
         sobre la fijación de precios y el reparto de mercados pueden desaparecer inmediatamente, sobre todo en un mercado oligopolístico.
         Las demandantes aducen que el 1 de enero de 1999 la investigación de la Comisión sobre el cártel acababa de comenzar y que
         estaban en su apogeo los efectos de éste, dado que, en particular, los precios aplicados habían sido acordados durante los
         años precedentes y estaban, por tanto, a un nivel muy alto. En consecuencia, la bajada de precios comprobada a continuación
         debería imputarse en mayor medida al cese gradual de los efectos de la práctica colusoria que a las importaciones indias.
         A este respecto, las demandantes sostienen que comunicaron a la Comisión elementos que demostraban que el mercado no estaba
         liberado de los efectos de la práctica colusoria, constituidos por pruebas de aumentos de precios simultáneos e idénticos.
      
      114    De lo antedicho deducen las demandantes que se incurrió en errores manifiestos de apreciación tanto en la determinación del
         perjuicio como de la relación de causalidad. Por un lado, no obraban en poder de la Comisión indicadores adecuados y fiables
         para medir el perjuicio. Las demandantes alegan básicamente que dado que las medidas compensatorias y antidumping tienen en
         principio por objeto restablecer el carácter competitivo de un mercado, es necesario que la Comisión tenga una idea precisa
         del nivel de competencia que debe existir en dicho mercado. En el caso de autos, el único dato cuantificable lo constituyen
         los descensos de rendimiento de la industria comunitaria, dato que no es asimilable a un perjuicio importante que pueda justificar
         el establecimiento de derechos. Por otro lado, en lo que atañe al examen de la relación de causalidad, el descenso de los
         rendimientos de los productores comunitarios debe considerarse que es imputable a sus propias actuaciones constituidas por
         sus prácticas contrarias a la competencia y no a las importaciones indias.
      
      115    El Consejo afirma que las instituciones examinaron si la existencia en el pasado de un cártel había influido en los datos
         que deben tomarse en consideración en relación al perjuicio y llegaron acertadamente a la conclusión de que no había sucedido
         así.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      116    El artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 384/96 dispone que podrá aplicarse un derecho antidumping a todo producto objeto
         de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad cause un perjuicio.
      
      117    El artículo 3 del mismo Reglamento establece:
      
      «1.      A efectos del presente Reglamento y salvo disposición en contrario, se entenderá por “perjuicio” el perjuicio importante sufrido
         por la industria comunitaria, la amenaza de perjuicio importante para esa industria o el retraso significativo en la creación
         de dicha industria, y deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.
      
      [...]
      6.      Será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan [...] las importaciones objeto de dumping causan un
         perjuicio a efectos del presente Reglamento [...]
      
      7.      También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo
         perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones
         objeto de dumping contempladas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el
         volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, [...] las prácticas comerciales restrictivas
         de los productores de terceros países y de la Comunidad [...]»
      
      118    A tenor del artículo 9, apartado 4, del Reglamento nº 384/96, «cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda
         que existe dumping y perjuicio y que [...] los intereses de la Comunidad exigen una acción [...], el Consejo [...] podrá establecer
         un derecho antidumping definitivo».
      
      119    Por lo que respecta a los derechos compensatorios, los artículos 1, 8 y 15 del Reglamento nº 2026/97 están redactados de manera
         similar.
      
      120    Según reiterada jurisprudencia, la cuestión de si la industria de la Comunidad ha sufrido un perjuicio y si éste es imputable
         a las importaciones objeto de dumping o de subvenciones así como la de si las importaciones procedentes de otros países, o
         más genéricamente, la cuestión de si otros factores conocidos han contribuido al perjuicio sufrido por la industria comunitaria,
         exigen la evaluación de situaciones económicas complejas, para la cual las instituciones disponen de una amplia facultad de
         apreciación. De ello se desprende que el control del órgano jurisdiccional comunitario sobre las apreciaciones de las instituciones
         debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos
         en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la
         falta de desviación de poder (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre
         de 1995, Ferchimex/Consejo, T‑164/94, Rec. p. II‑2681, apartado 131, y Mukand y otros/Consejo, citada en el apartado 111 supra, apartado 38).
      
      121    Primero, por lo que se refiere a la alegación basada en la supuesta falta de fiabilidad de los indicadores de perjuicio, procede
         recordar que, con arreglo al artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 384/96 y al artículo 8, apartados 2 y 3, del Reglamento
         nº 2026/97, para la determinación del perjuicio se tendrán en cuenta, en particular, el aumento de las importaciones, la evolución
         de los precios en el mercado comunitario y la evolución de la rentabilidad de la industria de la Comunidad. Es preciso, pues,
         que los indicios en que se basen las instituciones correspondan a condiciones normales de mercado (véase, en este sentido,
         la sentencia Mukand y otros/Consejo, citada en el apartado 111 supra, apartado 46).
      
      122    El análisis de los pasajes pertinentes de los Reglamentos provisionales, confirmados por los Reglamentos impugnados, no demuestra
         que las instituciones hayan incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que, en la fecha en que comenzó el
         período examinado, el 1 de enero de 1999, los efectos de los comportamientos contrarios a la competencia sancionados en la
         Decisión 2002/271 se habían difuminado (considerando 46 del Reglamento antidumping provisional y considerando 90 del Reglamento
         antisubvención provisional, confirmados, respectivamente, por el considerando 18 del Reglamento antidumping impugnado y el
         considerando 27 del Reglamento antisubvenciones impugnado).
      
      123    En efecto, se desprende de los considerandos 77 a 81 del Reglamento antidumping provisional y de los considerandos 121 a 125
         del Reglamento antisubvenciones provisional, confirmados por el Consejo en el considerando 21 del Reglamento antidumping impugnado
         y en el considerando 29 del Reglamento antisubvenciones impugnado, que esta conclusión se sustenta en un análisis suficientemente
         convincente al tratarse de un ámbito en el que se reconoce a las instituciones una amplia facultad de apreciación.
      
      124    Así, para considerar que el cártel había cesado de producir efectos el 1 de enero de 1999, fecha elegida como punto de partida
         del período examinado, se observó que prácticamente todas las transacciones efectivamente facturadas y pagadas en 1999 y los
         precios correspondientes resultaban de acuerdos posteriores a la fecha en que cesó el cártel (marzo de 1998). Esta constatación
         se basaba a su vez en la circunstancia siguiente, evocada en el considerando 78 del Reglamento antidumping provisional y en
         el considerando 122 del Reglamento antisubvenciones provisional:
      
      «La investigación ha puesto de manifiesto que durante el período 1998-1999, alrededor del 40 % de las transacciones correspondía
         a contratos anuales, alrededor del 35 % a contratos de seis meses, y alrededor del 25 % a contratos de tres meses o a pedidos
         aislados. Los contratos de largo plazo (por ejemplo, de tres años) han empezado a ganar terreno de manera relativamente reciente,
         pero en los años 1997-1998 tenían una importancia marginal, por no decir nula, como era lógico en un mercado caracterizado
         por sus precios elevados.»
      
      125    Además, el Consejo se basa en la constatación, expuesta en el considerando 80 del Reglamento antidumping provisional y en
         el considerando 124 del Reglamento antisubvenciones provisional, de que un análisis de los precios a largo plazo del producto
         de que se trata en el mercado comunitario había demostrado que éstos aumentaron de manera gradual durante los años noventa,
         alcanzaron su punto máximo en 1998 y experimentaron una caída del 14 % entre 1998 y 1999.
      
      126    Además, la Comisión explicó por qué la evolución de los precios en otro mercado, el de los electrodos de diámetro superior
         (más de 700 mm), no era pertinente (considerando 79 del Reglamento antidumping provisional y considerando 123 del Reglamento
         antisubvenciones provisional).
      
      127    Corresponde aún verificar si las consideraciones anteriores resultan desvirtuadas por las alegaciones de las demandantes.
      
      128    En primer lugar, para demostrar que la práctica colusoria producía aún efectos en el mercado de que se trata a 1 de enero
         de 1999, las demandantes sostienen que, en esta fecha, la investigación de la Comisión sobre el cártel acababa de comenzar
         y que los efectos contrarios a la competencia estaban en su apogeo. Baste señalar que las instituciones se basaron acertadamente
         en la Decisión 2002/271 de la que se desprende que la investigación comenzó el 5 de junio de 1997 (considerando 32) y que
         la infracción existió hasta febrero/marzo de 1998 (considerando 155).
      
      129    En segundo lugar, las demandantes se refieren a la estructura oligopolística del mercado de que se trata así como a la circunstancia
         de que en éste la competencia había sido inexistente o muy reducida, para subrayar que la reintroducción de la competencia
         no podía hacerse de manera repentina sino únicamente de forma gradual. Como se desprende de los apartados 122 a 126 anteriores,
         la lectura de los Reglamentos provisionales y definitivos no permite, por sí sola, detectar la existencia de un error manifiesto
         de apreciación. Por tanto, corresponde a las demandantes aportar las pruebas que permitan al Tribunal de Primera Instancia
         llegar a una conclusión diferente (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre
         de 1997, EFMA/Consejo, citada en el apartado 45 supra, apartado 106; de 28 de octubre de 1999, EFMA/Consejo, T‑210/95, Rec. p. II‑3291, apartado 58, y Mukand y otros/Consejo, citada
         en el apartado 111 supra, apartado 41).
      
      130    A este respecto, las demandantes presentan diferentes elementos que demuestran, en su opinión, la existencia de aumentos de
         precios simultáneos por parte de SGL y UCAR posteriores al 1 de enero de 1999 y, por consiguiente, la inexistencia de vuelta
         a condiciones normales de mercado. Estos elementos fueron recordados y otros aportados por las demandantes en su escrito de
         22 de junio de 2004.
      
      131    Sin que sea necesario interrogarse sobre el valor probatorio de algunos de estos documentos sacados de páginas de Internet
         (extraídos del sitio Yahoo Finance, de los sitios de Internet de UCAR y de SGL), basta señalar que no se refieren al elemento
         esencial tenido en cuenta por la Comisión y confirmado por el Consejo para considerar que se habían restablecido a 1 de enero
         de 1999 condiciones normales de competencia, a saber, el importante descenso de los precios en un 14 % observado entre 1998
         y 1999. En efecto, mediante dichos documentos, las demandantes pretenden únicamente demostrar aumentos de precios producidos
         simultáneamente con posterioridad a 1 de enero de 1999 y, en particular, entre 2002 y 2004. Así pues, estos documentos no
         cuestionan el razonamiento según el cual a 1 de enero de 1999 los efectos de los comportamientos contrarios a la competencia
         pasados se habían difuminado y, por tanto, los indicadores de perjuicio eran suficientemente fiables. Al no haberse cuestionado
         directamente este análisis, no puede considerarse que ese supuesto aumento paralelo de los precios tenga su origen en las
         prácticas sancionadas mediante la Decisión 2002/271 o que constituya la prueba de la inexistencia de condiciones normales
         de mercado.
      
      132    En este sentido, los hechos del presente asunto se distinguen de los del asunto que dio lugar a la sentencia Mukand y otros/Consejo,
         citada en el apartado 111 supra, invocada por las demandantes, en la que el Consejo no discutía la existencia misma del elemento que el Tribunal de Primera
         Instancia ha considerado que hacía poco fiable el análisis de los precios del producto de que se trata.
      
      133    Segundo, y en consecuencia, deben desestimarse también las demás alegaciones de las demandantes.
      
      134    En primer lugar, las instituciones no incurrieron en error manifiesto de apreciación al considerar que, una vez difuminados
         los efectos de las prácticas sancionadas en la Decisión 2002/271, el mercado comunitario se encontraba en una situación normal
         de competencia.
      
      135    En segundo lugar, es cierto en efecto que, según jurisprudencia reiterada, al determinar el perjuicio, el Consejo y la Comisión
         tienen la obligación de examinar si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que hayan sido
         objeto de dumping y de excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores, y en particular al causado por el propio
         comportamiento de los productores comunitarios (sentencia Extramet Industrie/Consejo, citada en el apartado 110 supra, apartado 16, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo,
         T‑107/04, Rec. p. II‑669, apartado 72). No obstante, por las razones mencionadas más arriba, procede considerar que el perjuicio
         que eventualmente hubiera podido causarse a sí misma la industria comunitaria había cesado en la fecha en que comenzó el período
         de examen.
      
      136    Por último, en cuanto a las referencias realizadas por las demandantes a supuestas infracciones de los artículos 3 y 9 del
         Código antidumping de 1994 y los artículos 15 y 19 del Acuerdo SMC, resulta patente que éstas no afirman que dichas disposiciones
         tienen diferente contenido que las disposiciones de los Reglamentos nos 384/96 y 2026/97 que plasman las obligaciones específicas en ellas recogidas.
      
      137    Habida cuenta de lo antedicho, procede desestimar el cuarto motivo.
      
       Sobre el quinto motivo, relativo a que no se tomaron en consideración los efectos de otros factores a la hora de determinar
            el perjuicio y de elegir el método de cálculo de dicho perjuicio
       Alegaciones de las partes 
      138    Las demandantes reprochan básicamente a las instituciones que hayan imputado la totalidad del perjuicio a las importaciones
         indias, cuando una investigación adecuada relativa a otros factores y más concretamente a otras importaciones que presentan
         precios anormalmente bajos seguramente habría llevado a reconocer la existencia de dumping procedente de países distintos
         de la India y, en particular, de Japón. Por consiguiente, tanto los Reglamentos provisionales como los Reglamentos impugnados
         son contrarios bien al artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 384/96, o bien al artículo 8, apartado 7, del Reglamento
         nº 2026/97.
      
      139    Por otra parte, las demandantes consideran que en el presente asunto, en el que otros factores pueden haber desempeñado un
         papel en la bajada de los precios de los productos, la Comisión no debería haber calculado el margen de beneficio basándose
         en un precio objetivo correspondiente supuestamente al que hubiera debido existir a falta de dumping y de subvención (underselling
         price) sino seguir más bien la práctica consolidada de la subcotización de precios (undercutting price). En opinión de las
         demandantes, el método seguido por la Comisión en el presente asunto, que se basa en una comparación entre los precios a la
         exportación indios y los precios objetivo de la industria comunitaria y que incluye un margen de beneficio considerado razonable,
         lleva a hacer soportar a los importadores indios la carga de todo el supuesto perjuicio causado a la industria comunitaria,
         pese a que la Comisión consideraba que no eran los únicos que lo causaron. Las demandantes señalan que es precisamente esta
         consecuencia la que el artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 384/96 y el artículo 8, apartado 7, del Reglamento nº 2026/97
         tienen por objeto evitar.
      
      140    Las demandantes alegan que el Consejo parece confundir conceptos distintos como son la causalidad y la exclusión de otros
         factores de la determinación del perjuicio. Las demandantes no señalan que, en un determinado caso de dumping o de subvención,
         la existencia de otros factores causantes del perjuicio a la industria comunitaria deba privar a ésta de toda protección,
         sino que afirman únicamente que, con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 384/96, el perjuicio causado por
         esos otros factores no debe imputarse a las importaciones objeto de dumping.
      
      141    El Consejo considera que debe desestimarse el presente motivo.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      142    Conforme al artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 384/96 y al artículo 8, apartado 7, del Reglamento nº 2026/97, los factores
         conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping o de subvención, que al mismo tiempo perjudiquen a la industria
         de la Comunidad, serán también examinados de forma que el perjuicio causado por esos otros factores no sea atribuido a las
         importaciones objeto de dumping o de subvención.
      
      143    Como el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de señalar, la responsabilidad de un perjuicio puede atribuirse a las importaciones
         consideradas, incluso cuando sus efectos son sólo parte de un perjuicio mayor imputable a otros factores y, en particular,
         a importaciones procedentes de países terceros (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre
         de 1988, Canon y otros/Consejo, 277/85 y 300/85, Rec. p. 5731, apartado 62).
      
      144    No obstante, corresponde a las instituciones verificar si los efectos de esos otros factores han podido romper la relación
         de causalidad entre, por un lado, las importaciones de que se trata y, por otro, el perjuicio sufrido por la industria de
         la Comunidad (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1995, Koyo Seiko/Consejo,
         T‑166/94, Rec. p. II‑2129, apartados 79, 81 y 82, y de 29 de enero de 1998, Sinochem/Consejo, T‑97/95, Rec. p. II‑85, apartado 98).
      
      145    De igual modo, corresponde a las instituciones asegurarse de que el perjuicio imputable a esos otros factores no se tiene
         en cuenta en la determinación del perjuicio con arreglo al artículo 3, apartado 7, del Reglamento nº 384/96 y al artículo
         8, apartado 7, del Reglamento nº 2026/97 y que, por consiguiente, el derecho antidumping o compensatorio impuesto no sobrepasa
         lo necesario para eliminar el perjuicio causado por las importaciones que son objeto de dumping o de subvención [véase, en
         este sentido, por lo que respecta a la aplicación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 2423/88 del Consejo,
         de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte
         de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 209, p. 1), cuya formulación es similar a las del artículo 3,
         apartado 7, del Reglamento nº 384/96 y el artículo 8, apartado 7, del Reglamento nº 2026/97, la sentencia de 28 de octubre
         de 1999, EFMA/Consejo, citada en el apartado 129 supra, apartados 59 y 60].
      
      146    Por tanto, las instituciones están obligadas a apreciar los efectos de los demás factores conocidos y, en particular, de las
         importaciones del producto de que se trate procedentes de países terceros, no solamente al analizar la relación de causalidad
         existente entre las importaciones examinadas y el perjuicio sufrido por la industria comunitaria, sino también al determinar
         el perjuicio sufrido por esta última.
      
      147    Precisamente a la luz de estas consideraciones deben analizarse las imputaciones de las demandantes relativas, por un lado,
         a la no consideración de otros factores y, por otro lado, a la elección del método de cálculo del nivel de eliminación del
         perjuicio.
      
      –       Sobre la imputación basada en la no consideración de los efectos de otros factores
      148    La única crítica explícita de las demandantes se refiere a la no consideración de los efectos de las importaciones japonesas.
      
      149    La Comisión, en sus Reglamentos provisionales cuyos considerandos pertinentes (83 a 88 del Reglamento antidumping provisional
         y 127 a 132 del Reglamento antisubvenciones provisional) fueron confirmados por el Consejo (considerando 21 del Reglamento
         antidumping impugnado y considerando 29 del Reglamento antisubvenciones impugnado), se dedicó a demostrar que nada indicaba
         que las importaciones procedentes de determinados países terceros distintos de la India hayan contribuido a la situación perjudicial
         de la industria comunitaria.
      
      150    La Comisión llegó a la conclusión siguiente, expuesta en el considerando 87 del Reglamento antidumping provisional y en el
         considerando 131 del Reglamento antisubvenciones provisional:
      
      «Dados los precios medios, el pequeño volumen de [las] importaciones [procedentes de países terceros distintos de la India],
         su cuota de mercado limitada y las consideraciones anteriormente mencionadas de gama de productos, no pudo hallarse ninguna
         indicación de que estas importaciones, ya procedieran o no de instalaciones propiedad de los dos productores comunitarios
         denunciantes en terceros países, contribuyeran a la situación perjudicial sufrida por la industria comunitaria especialmente
         en términos de cuotas de mercado, volúmenes de ventas, empleo, inversión, rentabilidad, rendimiento del capital invertido
         y flujo de tesorería.»
      
      151    Esta conclusión se basa en varios elementos, que no han sido criticados expresamente por las demandantes.
      
      152    Así, las partes están de acuerdo en que sólo las importaciones originarias de tres países distintos de la India, en este caso
         Japón, Polonia y Estados Unidos, representaron una cuota de mercado dentro de la Comunidad superior al 1 % durante el período
         de investigación y que su precio franco frontera comunitaria (en lo sucesivo, «precio cif») era superior al de las importaciones
         indias. En lo que atañe a las importaciones procedentes de Polonia, se ha observado que su precio cif ha sido superior a los
         de la industria de la Comunidad. Por lo que a Estados Unidos se refiere, los Reglamentos provisionales constatan que su cuota
         de mercado disminuyó del 5,3 % al 4,7 %.
      
      153    Es cierto que en los Reglamentos provisionales figuran pocas explicaciones relativas a las importaciones japonesas. En ellos
         se hace simplemente referencia a que «la cuota de mercado de Japón aumentó del 2,1 % en 1999 al 2,6 %» y a que el precio cif
         de sus importaciones era inferior al de la industria comunitaria pero superior al de la India (considerando 128 del Reglamento
         antisubvenciones provisional y considerando 84 del Reglamento antidumping provisional).
      
      154    Si bien tales importaciones no pueden, en efecto, romper la relación de causalidad entre las importaciones examinadas y el
         perjuicio a la industria comunitaria, correspondía a las instituciones verificar que no causan un perjuicio autónomo a la
         industria de la Comunidad y, en su caso, no imputarlo a las importaciones examinadas.
      
      155    Aunque la motivación de los Reglamentos impugnados, por lo que a las importaciones japonesas se refiere, sea sucinta, se desprende
         sin embargo de modo suficiente con arreglo a Derecho de los Reglamentos impugnados y de los Reglamentos provisionales a los
         que se remiten que tal efecto ha sido considerado inexistente o demasiado insignificante como para causar cualquier perjuicio
         apreciable.
      
      156    Por un lado, de ello resulta una interpretación adecuada de la obligación que incumbe a las instituciones de no imputar a
         las importaciones examinadas el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad causado por otros factores y, en particular,
         por las importaciones del producto de que se trata procedente de países terceros. En efecto, se señala en el considerando
         117 del Reglamento antisubvenciones provisional, al igual que de manera similar en el considerando 73 del Reglamento antidumping
         provisional, lo siguiente:
      
      «De conformidad con los apartados 6 y 7 del artículo 3 del Reglamento [nº 2026/97], la Comisión examinó si las importaciones
         subvencionadas han perjudicado a la industria comunitaria en un grado calificable de importante. También examinó otros factores
         conocidos, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo pudieran perjudicar a la industria comunitaria,
         para garantizar que el posible perjuicio causado por esos otros factores no se atribuyera a las importaciones subvencionadas.»
      
      157    Por otro lado, las instituciones estimaron acertadamente que, en el caso de autos, los efectos de las importaciones procedentes
         de países terceros eran muy reducidos, o incluso inexistentes, y que, por consiguiente, éstas no habían causado perjuicio
         alguno apreciable que ellas hubieran tenido que esforzarse por no imputar a las importaciones examinadas.
      
      158    A este respecto, se señala en el considerando 136 del Reglamento antisubvenciones provisional, al igual que de forma similar
         en el considerando 92 del Reglamento antidumping provisional, que «la disminución de la demanda ligada a la desaceleración
         del mercado siderúrgico, la vuelta a las condiciones de competencia normales tras el desmantelamiento del cártel, los resultados
         de los otros productores comunitarios, las importaciones procedentes de otros terceros países, los resultados de las exportaciones
         de la industria comunitaria no repercutieron, o sólo de forma limitada, y por lo tanto no alteran la constatación provisional
         de que hay un nexo causal real y sustancial entre las importaciones subvencionadas procedentes del país afectado y el perjuicio
         importante sufrido por la industria comunitaria».
      
      159    Pues bien, tal conclusión con respecto a importaciones cuyo volumen ha aumentado tan sólo un 0,5 % en el conjunto del período
         examinado y adoptada en un ámbito en el que, por las razones mencionadas en el apartado 120 supra, las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación, no parece que sea manifiestamente errónea.
      
      160    De ello se deduce que debe desestimarse la primera imputación de las demandantes.
      
      –       Sobre la imputación relativa a la elección del método de cálculo del nivel de eliminación del perjuicio
      161    La elección del método de cálculo está comprendida dentro de la libertad de apreciación reconocida a las instituciones por
         lo que a la determinación del perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad se refiere, y está justificada por las apreciaciones
         económicas complejas inherentes a dicho cálculo. Pues bien, la utilización de un método de cálculo basado en el margen de
         beneficios que habría podido obtener la industria de la Comunidad de no existir prácticas desleales y no de un método de cálculo
         basado únicamente en la subcotización de los precios no adolece de error manifiesto de apreciación.
      
      162    Es preciso que el margen de beneficio utilizado por el Consejo para calcular el precio indicativo, a fin de eliminar el perjuicio
         de que se trata, se limite al margen de beneficio que la industria comunitaria podría obtener de forma razonable en condiciones
         normales de competencia, en ausencia de importaciones objeto de dumping o de subvenciones (sentencia de 28 de octubre de 1999,
         EFMA/Consejo, citada en el apartado 129 supra, apartado 60). Pues bien, las demandantes no han podido demostrar que no sucedió así en el caso de autos.
      
      163    Por tanto, procede desestimar esta segunda imputación y, en consecuencia, el quinto motivo.
      
      164    De lo antedicho se deduce que debe desestimarse el recurso en su totalidad.
      
       Costas
      165    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Además, con arreglo al artículo 87, apartado 4, de dicho Reglamento, las instituciones
         que han intervenido como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
      
      166    Por haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes y haber solicitado el Consejo que se condene en costas
         a éstas, procede condenar a las demandantes a cargar con sus propias costas así como con las costas del Consejo. La Comisión
         cargará con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      HEG Ltd y Graphite India Ltd cargarán con sus propias costas así como con las del Consejo.
      3)      La Comisión cargará con sus propias costas.
      
               Vilaras 
            
            
                Prek 
            
            
                Ciucă
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de diciembre de 2008.
      Firmas
      Índice
      
      Hechos que originaron el litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      Sobre el primer motivo, basado en la apertura de una investigación únicamente sobre las importaciones indias del producto
         de que se trata
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre la supuesta actitud discriminatoria de las instituciones en lo que atañe a la determinación del producto de que se
         trata
      
      – Sobre la ausencia de investigación de otras fuentes potenciales de dumping
      – Sobre la vulneración del principio del respeto del derecho de defensa
      Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración de los requisitos esenciales del procedimiento, ya que las investigaciones
         se realizaron sobre la base de una Comunidad compuesta solamente por quince Estados miembros
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el tercer motivo, relativo a la calificación de subvención dada al mecanismo de crédito de derechos a la importación
         y a la determinación del importe de los derechos compensatorios
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre el supuesto error de Derecho en la interpretación del concepto de subvención
      – Sobre el supuesto error en la calificación de subvención del DEPB
      – Sobre la inexistencia de investigación relativa a la realidad del funcionamiento del DEPB
      Sobre el cuarto motivo, basado en que no se tuvieron en cuenta los efectos de las prácticas contrarias a la competencia sancionadas
         en el mercado comunitario a la hora de determinar el perjuicio
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el quinto motivo, relativo a que no se tomaron en consideración los efectos de otros factores a la hora de determinar
         el perjuicio y de elegir el método de cálculo de dicho perjuicio
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre la imputación basada en la no consideración de los efectos de otros factoras
      – Sobre la imputación relativa a la elección del método de cálculo del nivel de eliminación del perjuicio
      Costas
      * Lengua de procedimiento: inglés.