CELEX: 62008CJ0189
Language: es
Date: 2009-07-16
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2009.#Zuid-Chemie BV contra Philippo's Mineralenfabriek NV/SA.#Petición de decisión prejudicial: Hoge Raad der Nederlanden - Países Bajos.#Cooperación judicial en materia civil y mercantil - Competencia judicial y ejecución de resoluciones - Reglamento (CE) nº 44/2001 - Concepto de "lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso".#Asunto C-189/08.

Asunto C‑189/08
      Zuid-Chemie BV
      contra
      Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden)
      «Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Concepto de “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”»
      Sumario de la sentencia
      Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
            — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia delictual o cuasidelictual
      [Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, arts. 2 y 5, punto 3]
      El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
         de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio que versa
         sobre el perjuicio causado a una empresa por la entrega de un producto químico contaminado que ha convertido en inutilizables
         los fertilizantes que la empresa produce a partir de diversas materias primas y mediante la transformación de dicho producto,
         los términos «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» designan el lugar donde ha sobrevenido el perjuicio inicial
         a consecuencia de la utilización normal del producto para la finalidad a la que está destinado. 
      
      En efecto, esta disposición no sólo se refiere al lugar del hecho causante que ha originado el perjuicio, sino también al
         lugar donde se hubiere producido el daño, como la fábrica de una empresa en la que ésta ha transformado un producto defectuoso
         que causa al producto transformado un perjuicio material sufrido por la empresa y que rebasa el daño inherente al propio producto.
         A este respecto, la toma en consideración del lugar donde se produce el perjuicio, distinto del lugar del hecho causante,
         permite que conozca del asunto el órgano jurisdiccional más adecuado para resolver, sobre todo por motivos de proximidad del
         litigio y de facilidad para la práctica de la prueba. En cambio, elegir únicamente el lugar del hecho causante llevaría, en
         un número apreciable de casos, a una confusión entre los distintos criterios de competencia previstos por el artículo 2 y
         el número 3 del artículo 5 del Reglamento nº 44/2001, de modo que esta última disposición perdería, por dicha razón, su efecto útil.
      
      (véanse los apartados 23, 24 y 29 a 32 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 16 de julio de 2009 (*)
      
      «Cooperación judicial en materia civil y mercantil – Competencia judicial y ejecución de resoluciones – Reglamento (CE) nº 44/2001 – Concepto de “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”»
      En el asunto C‑189/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hoge Raad der
         Nederlanden (Países Bajos), mediante resolución de 4 de abril de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de mayo de
         2008, en el procedimiento entre
      
      Zuid-Chemie BV
      y
      Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits (Ponente) y J.-J. Kasel, Jueces;
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretario: Sr. R. Șereş, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de abril de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Zuid-Chemie BV, por la Sra. P. Knijp, advocaat;
      –        en nombre de Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA, por la Sra. M. Polak, advocaat;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels y M. Noort, en calidad de agentes;
      –        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. P. van Nuffel, en calidad
         de agentes;
      
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001
         del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
         judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1). 
      
      2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Zuid-Chemie BV (en lo sucesivo, «Zuid-Chemie»), empresa de
         fabricación de fertilizantes con domicilio en Sas van Gent (Países Bajos), y Philippo’s Mineralenfabriek NV/SA (en lo sucesivo,
         «Philippo’s»), establecida en Essen (Bélgica), en relación con la entrega por parte de ésta a Zuid-Chemie de un producto contaminado
         empleado para la producción de fertilizantes.
      
       Marco jurídico
      3        A tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, que forma parte del capítulo II, sección 1, titulada «Disposiciones
         generales»:
      
      «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual
         fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
      
      4        El artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento establece:
      
      «Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud
         de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
      
      5        El artículo 5 de dicho Reglamento, que forma parte de la sección 2 del mismo capítulo II, titulada «Competencias especiales»,
         dispone:
      
      «Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
      […]
      3)      En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho
         dañoso.
      
      […]»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      6        Zuid-Chemie es una empresa de producción de fertilizantes que, en el mes de julio del año 2000, compró dos partidas de un
         producto denominado «micromix» a HCI Chemicals Benelux BV (en lo sucesivo, «HCI»), una empresa establecida en Róterdam (Países
         Bajos).
      
      7        HCI, que no puede fabricar por sí misma el micromix, encargó este a Philippo’s y le entregó las materias primas necesarias
         para la fabricación de este producto, excepto una de ellas. Previa consulta con HCI, Philippo’s compró la materia prima que
         faltaba, sulfato de zinc, a G.J. de Poorter, que actúa en el tráfico con el nombre comercial de Poortershaven, con domicilio
         en Róterdam.
      
      8        Philippo’s produjo el micromix en su fábrica de Bélgica, de donde lo retiró Zuid-Chemie. 
      
      9        Zuid-Chemie transformó el mencionado micromix para producir varios lotes de fertilizantes en su fábrica situada en los Países
         Bajos y vendió y remitió una parte de éstos a sus clientes. 
      
      10      Posteriormente se puso de manifiesto que el contenido en cadmio del sulfato de zinc adquirido de Poortershaven era demasiado
         elevado, de tal modo que el fertilizante ya no podía utilizarse o sólo podía emplearse en menor medida, lo cual, según Zuid-Chemie,
         le causó un perjuicio.
      
      11      El 17 de enero de 2003, Zuid-Chemie demandó a Philippo’s ante el Rechtbank Middelburg (Países Bajos), al que ha solicitado
         que declare a Philippo’s responsable del perjuicio del que ha sido víctima y que condene a esta empresa a pagarle diversos
         importes correspondientes al perjuicio que considera haber sufrido y a abonarle una indemnización de daños y perjuicios incrementados
         con intereses y costas. 
      
      12      Mediante auto de 10 de diciembre de 2003, el Rechtbank Middelburg se declaró incompetente para conocer del litigio, debido
         a que, a efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 44/2001, el concepto de «lugar donde se hubiere
         producido el hecho dañoso» incluye tanto el lugar del hecho causante («Handlungsort») como el lugar donde se ha producido
         el perjuicio inicial («Erfolgsort»). Sin embargo, en lo que respecta al lugar donde se produjo el perjuicio, el citado órgano
         jurisdiccional consideró que el perjuicio inicial sufrido por Zuid-Chemie se produjo en Essen, ya que esta empresa retiró
         de ese lugar el producto contaminado.
      
      13      Ante el Gerechtsfhof te ‘s-Gravenhage, ninguna de las partes ha discutido que Essen es el lugar del hecho causante, pues fue
         allí donde se elaboró el micromix contaminado. Dicho órgano jurisdiccional confirmó la resolución de primera instancia respecto
         al lugar donde se produjo el perjuicio. En este sentido, consideró que el elemento decisivo era la conducta supuestamente
         culpable de Philippo’s y no el hecho de que el micromix contaminado provocara la contaminación del fertilizante producido
         por Zuid-Chemie en los Países Bajos. De este modo, concluye que el perjuicio (inicial) sufrido por esta última sobrevino en
         Essen, ya que el producto contaminado se le entregó «en fábrica».
      
      14      Zuid-Chemie interpuso recurso de casación contra la sentencia del Gerechtshof te’s Gravenhage ante el órgano jurisdiccional
         remitente. Este último ha declarado que es objeto del debate el concepto del «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso»,
         en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001, y que es necesario hacer una interpretación de este concepto
         para resolver el litigio de que conoce. 
      
      15      En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      En una conducta ilícita como aquella en la que Zuid-Chemie basa su demanda, ¿qué perjuicio ha de tener la consideración de
         perjuicio inicial como consecuencia de tal conducta: el perjuicio que se produce mediante la entrega del producto defectuoso
         o el perjuicio que se produce con la utilización normal del producto para la finalidad a la que estaba destinado?
      
      2)      En el segundo caso, ¿el lugar en el que dicho perjuicio se ha producido sólo puede tener la consideración de “lugar donde
         se hubiere producido el hecho dañoso”, en el sentido del artículo 5, inicio y punto 3, del Reglamento nº 44/2001, si el perjuicio
         consiste en un daño físico a las personas o cosas, o bien esto es igualmente posible si (por el momento) únicamente se ha
         sufrido un daño patrimonial?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Primera cuestión
      16      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, punto 3, del Reglamento
         nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en un litigio como el del procedimiento principal, los términos «lugar
         donde se hubiere producido el hecho dañoso» designan el lugar de entrega del producto defectuoso al comprador o si se refieren
         al lugar donde sobrevino el perjuicio inicial debido a la utilización normal del producto para la finalidad a la que estaba
         destinado.
      
      17      Para responder a esta cuestión debe recordarse, por una parte, que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del
         Reglamento nº 44/2001 deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos (véanse, en particular,
         las sentencias de 2 de octubre de 2008, Hassett y Doherty, C‑372/07, Rec. p. I‑0000, apartado 17, y de 23 de abril de 2009,
         Draka NK Cables y otros, C‑167/08, Rec. p. I‑0000, apartado 19).
      
      18      Por otra parte, en la medida en que el Reglamento nº 44/2001 sustituyó desde su entrada en vigor, en las relaciones entre
         los Estados miembros, al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
         judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2), en su
         versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este convenio (en lo sucesivo,
         «Convenio de Bruselas»), la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las disposiciones de dicho convenio
         es igualmente válida para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos comunitarios puedan calificarse
         de equivalentes. 
      
      19      Sin embargo, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 pertinentes en el presente asunto reflejan la misma sistemática que
         las del Convenio de Bruselas y, por lo demás, están redactadas en términos casi idénticos. Teniendo en cuenta esta equivalencia,
         procede garantizar, conforme al decimonoveno considerando del Reglamento nº 44/2001, la continuidad en la interpretación de
         estos dos instrumentos (véanse las sentencias Draka NK Cables y otros, antes citada, apartado 20, y de 14 de mayo de 2009,
         Ilsinger, C‑180/06, Rec. p. I‑0000, apartado 58).
      
      20      De este modo, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, al interpretar el artículo 5, número 3, del Convenio
         de Bruselas, que el sistema de atribución de competencias comunes, previstas en el título II del Convenio, se basa en la regla
         general formulada en el artículo 2, primer párrafo, según la cual las personas domiciliadas en un Estado contratante están
         sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad de las partes (véase la sentencia
         de 10 de junio de 2004, Kronhofer, C‑168/02, Rec. p. I‑6009, apartado 12).
      
      21      El título II, sección 2, del Convenio prevé la atribución de una serie de competencias especiales, entre las que se encuentra
         la del artículo 5, número 3, del Convenio, únicamente con carácter de excepción al principio fundamental de la competencia
         de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado (véase la sentencia Kronhofer, antes citada, apartado 13).
      
      22      El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que dichas competencias especiales deben interpretarse de modo estricto, sin
         que quepa una interpretación de las mismas que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Convenio (véanse
         las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, apartado 19; de 15 de enero de 2004, Blijdenstein,
         C‑433/01, Rec. p. I‑981, apartado 25, y Kronhofer, antes citada, apartado 14).
      
      23      Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, en el supuesto de que el lugar donde se sitúe el hecho del que puede derivarse
         una responsabilidad delictual o cuasidelictual y el lugar en que este hecho haya ocasionado un daño no sean idénticos, la
         expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», que figura en el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas,
         debe entenderse referida, al mismo tiempo, al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante del mismo,
         de modo que el demandado puede ser emplazado, a elección del demandante, ante el órgano jurisdiccional de cualquiera de esos
         dos lugares (véanse, en particular, las sentencias de 30 de noviembre de 1976, Bier, denominada «Mines de potasse d’Alsace»,
         21/76, Rec. p. 1735, apartados 24 y 25; de 1 de octubre de 2002, Henkel, C‑167/00. Rec. p. I‑8111, apartado 44; de 5 de febrero
         de 2004, DFDS Torline, C‑18/02, Rec. p. I‑1417, apartado 40, y Kronhofer, antes citada, apartado 16).
      
      24      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que la regla de competencia especial establecida en el artículo 5, número
         3, del Convenio de Bruselas se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y el órgano
         jurisdiccional del lugar en que se ha producido el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dicho órgano
         jurisdiccional por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso (véanse, en
         este sentido, en particular, las sentencias Mines de potasse d’Alsace, antes citada, apartado 11; de 11 de enero de 1990,
         Dumez France y Tracoba, C‑220/88, Rec. p. I‑49, apartado 17; de 7 de marzo de 1995, Shevill y otros, C‑68/93, Rec. p. I‑415,
         apartado 19, y de 19 de septiembre de 1995, Marinari, C‑364/93, Rec. I‑2719, apartado 10). En efecto, el órgano jurisdiccional
         del lugar donde se ha producido el hecho dañoso es normalmente el más adecuado para conocer del asunto, sobre todo por motivos
         de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba (véase la sentencia Henkel, antes citada, apartado 46).
      
      25      Si bien las partes del litigio principal reconocen, como se ha señalado en el apartado 13 de la presente sentencia, que Essen
         es el lugar donde se produjo el hecho causante («Handlungsort»), no están de acuerdo en lo que respecta a la determinación
         del lugar donde sobrevino el daño («Erfolgsort»).
      
      26      Este último lugar es, según la jurisprudencia citada en el apartado 23 de la presente sentencia, aquel donde el hecho del
         que puede derivarse una responsabilidad delictual o cuasidelictual haya ocasionado un daño.
      
      27      Sin embargo, el lugar donde sobreviene el daño no puede confundirse con el lugar donde se realiza el hecho que ha perjudicado
         al propio producto, pues este lugar es, en efecto, aquel donde ocurrió el hecho causante. En cambio, el lugar de «materialización
         del daño» (véanse las sentencias, antes citadas, Mines de potasse d’Alsace, apartado 15, y Shevill y otros, apartado 21) es
         aquel en que el hecho generador despliega sus efectos perjudiciales, es decir, aquel donde el perjuicio ocasionado por el
         producto defectuoso se manifiesta de forma concreta. 
      
      28      En efecto, procede recordar que la jurisprudencia distingue claramente entre el daño y el hecho que lo origina, y que estima
         a este respecto que la responsabilidad delictual o cuasidelictual sólo surge cuando pueda establecerse un nexo causal entre
         el daño y el hecho que lo origina (véase la sentencia Mines de potasse d’Alsace, antes citada, apartado 16).
      
      29      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el lugar donde sobrevino el daño sólo puede ser la fábrica de Zuid-Chemie
         en los Países Bajos, donde el micromix, que es el producto defectuoso, se transformó en fertilizante, con lo que causó el
         perjuicio material sufrido por Zuid-Chemie, que rebasa el daño inherente al propio micromix.
      
      30      Además, cabe señalar que el foro de los órganos jurisdiccionales neerlandeses así abierto a Zuid-Chemie permite, en particular
         por las razones indicadas en el apartado 24 de la presente sentencia, que conozca del asunto el órgano jurisdiccional más
         adecuado y, por tanto, que la regla de competencia especial establecida en el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001
         produzca su efecto útil.
      
      31      A este respecto, es pertinente recordar que el Tribunal de Justicia ha considerado, mediante su interpretación del artículo
         5, número 3, del Convenio de Bruselas en el sentido de que esta disposición no sólo se refiere al lugar del hecho causante
         sino también a aquel donde se hubiere producido el daño, que elegir únicamente el lugar del hecho causante llevaría, en un
         número apreciable de casos, a una confusión entre los distintos criterios de competencia previstos por el artículo 2 y el
         número 3 del artículo 5 del Convenio, de modo que esta última disposición perdería, por dicha razón, su efecto útil (véanse
         las sentencias, antes citadas, Mines de potasse d’Alsace, apartados 15 y 20, y Shevill y otros, apartado 22). En efecto, tal
         consideración sobre la confusión entre los criterios de competencia puede aplicarse igualmente si no se tiene en cuenta, en
         su caso, un lugar de producción del daño distinto del lugar del hecho causante. 
      
      32      Se desprende de las anteriores consideraciones que el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en
         el sentido de que, en un litigio como el del procedimiento principal, los términos «lugar donde se hubiere producido el hecho
         dañoso» designan el lugar donde ha sobrevenido el perjuicio inicial a consecuencia de la utilización normal del producto para
         la finalidad a la que está destinado. 
      
       Sobre la segunda cuestión
      33      En el supuesto de que se responda a la primera cuestión que el artículo 5, punto 3, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse
         en el sentido de que los términos «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refieren al lugar donde ha sobrevenido
         el perjuicio inicial a consecuencia de la utilización normal del producto para la finalidad a la que está destinado, el órgano
         jurisdiccional remitente pregunta, además, si este perjuicio debe consistir en un daño físico a las personas o cosas o si
         puede tratarse (en este momento) de un daño meramente patrimonial. 
      
      34      Hay que recordar a este respecto, como se ha dicho en los apartados 9 y 10 de la presente sentencia, que debido a la transformación
         del micromix contaminado en fertilizante por parte de Zuid-Chemie, éste resultó utilizable en menor medida, e incluso quedó
         inutilizable, lo cual, según esta empresa, le ha ocasionado un perjuicio. 
      
      35      Puesto que el perjuicio inicial sufrido por Zuid-Chemie consiste por tanto en un daño físico a las cosas, es preciso observar
         que la cuestión de si un perjuicio meramente patrimonial habría bastado, en ese momento, para conducir a la interpretación
         expuesta en el apartado 32 de la presente sentencia, es de carácter hipotético. 
      
      36      Teniendo en cuenta esta observación y la función confiada al Tribunal de Justicia, que es contribuir a la administración de
         justicia en los Estados miembros y no formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas (véase la sentencia
         de 18 de diciembre de 2007, ZF Zefeser, C‑62/06, Rec. p. I‑11995, apartado 15), no procede responder a la segunda cuestión.
      
       Costas
      37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
            judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en
            el sentido de que, en un litigio como el del procedimiento principal, los términos «lugar donde se hubiere producido el hecho
            dañoso» designan el lugar donde ha sobrevenido el perjuicio inicial a consecuencia de la utilización normal del producto para
            la finalidad a la que está destinado. 
      Firmas 
      * Lengua de procedimiento: neerlandés.