CELEX: C2006/294/43
Language: es
Date: 2006-12-02 00:00:00
Title: Asunto C-380/06: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España

2.12.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 294/25
            
         Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-380/06)
   (2006/C 294/43)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes
   
      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: B. Schima y S. Pardo Quintillán, agentes)
   
      Demandada: Reino de España
   Pretensiones
   
               —
            
            
               Que se declare que, al autorizar mediante la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, un plazo de 90 días para el pago de determinados productos de alimentación y gran consumo y demorar la entrada en vigor de ciertas disposiciones hasta el 1 de julio de 2006, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 3, apartados 1, 2 y 4 de la Directiva 2000/35/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales;
            
         
               —
            
            
               Que se condene en costas al Reino de España.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 2000/35/CE en ningún caso dispone la aplicación parcial o progresiva de sus disposiciones. Por ello, el aplazamiento hasta el 1 de julio de 2006 es contrario a lo dispuesto en su artículo 3, apartados 1 y 2. También vulnera lo establecido en el apartado 4 del mismo artículo, según el cual los Estados miembros han de velar por que, en interés de los acreedores y los competidores, existan medios adecuados y efectivos para evitar que sigan aplicándose cláusulas que resulten manifiestamente abusivas.
   Así, el aplazamiento de la aplicación del plazo máximo de sesenta días no puede considerarse como una exigencia adicional a favor de los acreedores, ni es en todo caso aceptable, especialmente si se tiene en cuenta que la legislación nacional de transposición de la Directiva 2000/35/CE debía haberse adoptado a más tardar en agosto de 2002.
   
      (1)  DO L 200, p. 35