CELEX: C2001/079/24
Language: es
Date: 2001-03-10 00:00:00
Title: Asunto C-501/00: Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

10.3.2001              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/13
(a)  Sobre la inadmisibilidad: El Parlamento critica, ante todo,       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     la calificación por el Tribunal de Primera Instancia de la
     carta de 19 de noviembre de 1998 de los dos Vicepresi-
     dentes italianos del Parlamento Europeo como «solicitud
     de adhesión de los recurrentes». Dicha solicitud de              —    declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 31 de
     adhesión fue realizada, según el Tribunal, por cuenta de             octubre de 2000, que declara que las normas españolas
     los recurrentes. El Parlamento estima que se trata de una              sobre deducción de la cuota del impuesto de sociedades
     afirmación apodı́ctica, que carece de motivación y que no            por la realización de inversiones en el exterior constituyen
     está fundada ni en normas jurı́dicas aplicables, ni en la             una ayuda incompatible con el mercado común y prohi-
     práctica.                                                             bida por el artı́culo 4.c) del Tratado CECA,
(b) Igualmente sobre la admisibilidad: El Parlamento contesta
     también que el Tribunal de Primera Instancia calificara           —    condene en costas a la Institución demandada.
     como decisión el escrito de 4 de febrero de 1999 de la
     Junta de Cuestores. Se trata, en efecto, de una mera
     comunicación realizada por los Cuestores del Parlamento
     Europeo simplemente a tı́tulo de información y por
     cortesı́a y que, en cualquier caso, se limita a insistir en la
     situación existente, que los diputados interesados cono-         Motivos y principales alegaciones
     cı́an ya perfectamente. Por lo demás, los demandantes, a
     la vista de la naturaleza informal y atı́pica de la solicitud
     remitida a los Cuestores, se situaron al margen de
     cualquier regla aplicable o de cualquier procedimiento            —    Infracción del procedimiento legalmente establecido y de
     (como el previsto en el artı́culo 27, apartado 2, de la                los principios de seguridad juridica, audiencia y confianza
     Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los              legı́tima: Al no haber adoptado la decisión en el plazo
     diputados del Parlamento Europeo).                                     fijado por el artı́culo 6.5 de la Decisión 2496/96/CECA,
                                                                            la Comisión ha vulnerado el procedimiento fijado por la
                                                                            citada Decisión, que le sirve de fundamento. La decisión
(c)  Por último, sobre el fondo: El Parlamento Europeo                     recurrida, además, vulnera la confianza legitima suscitada
     considera equivocada la apreciación del Tribunal de                   tanto en el Estado miembro destinatario como en las
     Primera Instancia cuando en relación con sus alegaciones              empresas afectadas por ella. Una vez finalizados los actos
     señala, invirtiendo la carga de la prueba e incurriendo,              preparatorios, la Comisión no dictó resolución en el
     por ello, en un vicio de procedimiento, que el Parlamento              plazo legal de tres meses: transcurridos varios años desde
     «no ha demostrado que [los demandantes] tuvieran un                    que terminó el plazo para adoptar una resolución, puede
     conocimiento exacto del acto de modificación más de                  considerarse legı́tima la confianza suscitada en que las
     seis meses antes de la presentación de la solicitud» y llega          medidas cuestionadas no se consideraban contrarias al
     a la conclusión de que «[éstos] presentaron su solicitud              Tratado a resultas de la investigación iniciada en 1997.
     de adhesión al sistema provisional de pensión en el plazo
     previsto por la modificación del Anexo II».
                                                                       —    Vulneración del artı́culo 15 del Tratado CECA por falta
                                                                            de motivación del cambio de criterio y de la incidencia
                                                                            que la norma tiene en la competitividad de los productos
                                                                            nacionales exportados.
                                                                       —    Aplicación indebida del artı́culo 4 c) del Tratado CECA:
Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2000 contra la                    Inexistencia de ayuda o subvención en el sentido de dicho
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                       precepto: Identificar sin más el concepto de ayuda de
                              España                                       dicho precepto con el que contiene el artı́culo 87 CE
                                                                            puede dar lugar a situaciones incoherentes dado que los
                                                                            efectos que aquél impone son absolutos e incondicionales.
                       (Asunto C-501/00)                                    El Tratado CECA prohı́be las ayudas de forma automática,
                                                                            por el hecho de ingresar en la CECA; no exige valorar sus
                         (2001/C 79/24)                                     efectos sobre la competencia; no regula ni concibe las
                                                                            ayudas existentes pues todas, anteriores y posteriores,
                                                                            están prohibidas de la misma manera. Por ello, la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                jurisprudencia del Tribunal y el código de áyudas citado,
presentado el 29 de diciembre de 2000 un recurso contra la                  permiten afirmar que las ayudas prohibidas por el
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                      artı́culo 4 c) son ayudas directas, sean o no especı́ficas
Reino de España, representado por el Sr. Santiago Ortiz                    para empresas CECA. Las medidas de los Estados miem-
Vaamonde, Abogado del Estado, que designa como domicilio                    bros que produzcan efectos indirectos o reflejos sobre la
en Luxemburgo el de la Embajada de España, 4-6, boulevard                  competencia quedan sujetas a preceptos distintos, en
E. Servais.                                                                 particular el artı́culo 67 del Tratado CECA.
 ---pagebreak--- C 79/14                ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    10.3.2001
—     (En el caso en que el Tribunal considere que el artı́culo 4     —    Condene en costas a la demandante, incluidas las costas
      c) del Tratado CECA contiene un concepto de ayuda                    en que haya incurrido el Bundesverband der Arzneimittel-
      idéntico al del artı́culo 87 CE)                                     Importeure e.V. ocasionadas por su intervención. De ellas
                                                                           habrı́a que excluir aquellas costas ocasionadas por la
      Inexistencia de ayuda a la luz del concepto del artı́culo 87         intervención de la European Federation of Pharmaceutical
      CE: Es propio de las normas fiscales favorecer objetivos             Industries’ Associations que ésta tendrá que soportar ella
      de polı́tica económica general. La norma fiscal española           misma.
      cuestionada favorece la internacionalización de las empre-
      sas. Pero la deducción en la cuota no depende del
      volumen de exportaciones, ni tiene una clara incidencia
      en la formación de los precios. Su efecto, como el de las
      demás deducciones de la cuota previstas, no es otro que
      el de incidir en el tipo impositivo efectivo. Y no cabe
                                                                      Motivos y principales alegaciones
      afirmar sin más que las acerı́as gravables en España
      obtienen una ventaja sobre las gravables en otros paı́ses,
      pues ello requiere tomar en consideración todos los
      elementos que influyen en la tributación efectiva por el       —    Consideración incompleta de los hechos declarados pro-
      impuesto. Aun suponiendo que algunos Estados miem-                   bados por la Comisión: El Tribunal de Primera Instancia
      bros no contengan medidas análogas a las aquı́ analizadas,          ha negado la existencia de un acuerdo precisamente
      en modo alguno cabe afirmar que la presión fiscal efectiva          porque Bayer no realizaba un control del destino final de
      sobre las acerı́as gravables en España es inferior a la de          las mercancı́as suministradas a los mayoristas franceses y
      otros Estados miembros.                                              españoles. Sin embargo, lo cierto es que, como se deduce
                                                                           de los documentos presentados por la Comisión, sı́ se
                                                                           llevaron a cabo dichos controles, aunque sólo fuera a
                                                                           través de sondeos.
Recurso de casación interpuesto el 5 de enero de 2001
por el Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e.V.                 —    Apreciación errónea de las pruebas debido al desconoci-
contra la sentencia dictada el 26 de octubre de 2000 por                   miento de las normas sobre la carga de la prueba. El
la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia                  Tribunal de Primera Instancia considera indebidamente
de las Comunidades Europeas, en el asunto T-41/96                          que incumbe a la Comisión probar que entre Bayer y los
promovido por Bayer AG, apoyada por la European                            mayoristas franceses y españoles implicados se habı́a
Federation of Pharmaceutical Industries’ Associations                      llegado a un acuerdo. Los mayoristas conocı́an la inten-
contra la Comisión de las Comunidades Europeas, apo-                      ción de Bayer de establecer contingentes para los pedidos
yada por el Bundesverband der Arzneimittel-Importeure                      con el fin de evitar las exportaciones. Los mayoristas se
                                 e.V.                                      vieron directamente confrontados con esta polı́tica de
                                                                           establecimiento de contingentes de pedidos y terminaron
                        (Asunto C-2/01 P)                                  por aceptarla. No puede exigirse a la Comisión más
                                                                           prueba de que la finalidad de esta actuación era evitar las
                           (2001/C 79/25)                                  exportaciones. En efecto, analizando debidamente estos
                                                                           hechos, que nadie discute, sólo cabe concluir que los
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha               elementos de prueba recogidos por la Comisión ya bastan
presentado el 5 de enero de 2001 un recurso de casación                   prima facie para acreditar la existencia de un acuerdo en
formulado por el Bundesverband der Arzneimittel-Importeure                 este sentido.
e.V., asistido y representado por la Sra. Ute Zinsmeister y el
Sr. Wolfgang A. Rehmann, abogados, que designa como
domicilio en Luxemburgo el bufete Bonn & Schmitt & Steichen,
7, Val Ste Croix — B.P. 522, L-2015 Luxemburgo, contra la             —    Aplicación errónea del concepto de acuerdo: Para analizar
sentencia dictada el 26 de octubre de 2000 por la Sala Quinta              los hechos desde el punto de vista del artı́culo 81 CE
ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              basta que los mayoristas aceptaran a las exigencias de
Europeas en el asunto T-41/96 (1) promovido por Bayer                      Bayer de limitar las exportaciones.
AG, apoyada por la European Federation of Pharmaceutical
Industries’ Associations contra la Comisión de las Comunida-
des Europeas, apoyada por el Bundesverband der Arzneimittel-
Importeure e.V.                                                            Conforme al a jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
                                                                           las Comunidades Europeas, de la mera negativa inicial de
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las                los mayoristas a someterse a la polı́tica de Bayer y de los
Comunidades Europeas que:                                                  correspondientes intentos de eludirla no puede deducirse
                                                                           la inexistencia de una concordancia de voluntades. Por
—     Anule la resolución del Tribunal de Primera Instancia de            el contrario, esta concordancia puede deducirse del
      26 de octubre de 2000 dictada en el asunto T-41/96 y                 comportamiento que finalmente adoptaron los mayoris-
      desestime la pretensión de la demandante en primera                 tas y que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado
      instancia o, subsidiariamente, devuelva los autos al Tribu-          probado. En efecto, los mayoristas aceptaron las medidas
      nal de Primera Instancia.                                            de establecimiento de contingentes.