CELEX: 61969CC0040
Language: es
Date: 1970-01-29
Title: Conclusiones del Abogado General Roemer presentadas el 29 de enero de 1970. # Hauptzollamt Hamburg-Oberelbe contra Firma Paul G. Bollmann. # Petición de decisión prejudicial: Bundesfinanzhof - Alemania. # Asunto 40-69.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER
      presentadas el 29 de enero de 1970 (
            1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      El asunto del que voy a tratar se refiere a la interpretación del Reglamento no 22 del Consejo, de 4 de abril de 1962, relativo al establecimiento gradual de una organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (DO 1962, 30, p. 959), así como a la interpretación de sus Reglamentos de aplicación no 77 y no 136, aprobados por la Comisión respectivamente el 23 de julio y el 31 de octubre de 1962 y publicados en el Diario Oficial de 1962, páginas 1881 y 2625.
      Importa ante todo saber en relación con estos textos que el artículo 4 del Reglamento no 22 sujetó a exacción la importación de aves de corral sacrificadas y de partes de las mismas procedentes de países terceros. El importe de las exacciones para las partes de aves de corral sacrificadas se estableció por primera vez en el Reglamento no 77 de la Comisión en forma de coeficientes de conversión ajustados a la cuantía de las exacciones para las gallinas, pollos y pavos sacrificados, establecidos por el Reglamento no 76. En principio se establecieron dos coeficientes: uno de 1,25 para las partes de aves de corral sacrificadas de la partida ex 02.02 del Arancel Aduanero Común y un coeficiente de 0.46 para los despojos comestibles clasificados en la misma partida arancelaria. Más tarde, el Reglamento no 136 de la Comisión, que entró en vigor el 12 de noviembre de 1962, dividió la partida «partes de aves de corral sacrificadas» en dos subpartidas tituladas una «columnas vertebrales y cuellos» (sujetas al coeficiente 0,75) y la otra, «otras partes de aves» (sujetas al coeficiente 1,25). Finalmente el Reglamento no 79/66 de la Comisión, de 29 de junio de 1966 que, por lo demás, no se refiere directamente a este asunto, introdujo una nueva subdivisión en la partida arancelaria «partes de aves» fijando en particular un coeficiente específico de 0,50 para los «troncos, cuellos, troncos con cuellos, rabadillas o alas sin deshuesar».
      Estos textos se relacionan con la importación desde los Estados Unidos de una mercancía, declarada en la aduana el 12 de noviembre de 1962, por la empresa Boll-mann, un importador de productos alimenticios establecido en Hamburgo, es decir, la mercancía que esta empresa presentó con la denominación «despojos comestibles de pavo» en la factura acompañada a la declaración de aduanas. La mercancía que, de acuerdo con las declaraciones de la empresa Bollmann, estaba destinada al consumo humano, fue clasificada primeramente por la oficina de aduanas competente en la partida 02.02-C del arancel de exacciones de la República Federal (es decir, en una partida de la nomenclatura de los productos sujetos a exacción en el marco de las diferentes organizaciones comunes de mercados, aprobada el 13 de agosto de 1962, conforme a la Ley alemana sobre la percepción de exacciones, «Abschöpfungserhe-bungsgesetz»). De este modo la oficina de aduanas fijó determinadas cantidades que debían ser percibidas como exacciones ordinarias, exacciones complementarias y exacciones compensatorias. Más tarde, la oficina de aduanas modificó su primera decisión en relación con una nota explicativa del arancel de exacciones de la que entretanto había tenido conocimiento y reclamó el pago de atrasos de la exacción, alegando que la mercancía declarada no había de considerarse como «despojos comestibles», sino que tenía que ser clasificada en la partida 02.02-B-II-b, titulada «partes de aves». La reclamación de la empresa Bollmann fue desestimada. La única modificación positiva de la decisión que el importador obtuvo de la oficina principal de aduanas fue una declaración de la misma confirmando que el interesado adeudaba tan sólo la exacción ordinaria. En relación con la importante cuestión de la clasificación arancelaria, la acción interpuesta por la empresa Bollmann ante el Finanzgericht conoció en su primer momento un desenlace favorable a la demandante. Este órgano jurisdiccional efectivamente aceptó la interpretación de esta empresa declarando que, de acuerdo con el arancel aplicable en la fecha de la importación, la mercancía de que se trataba debía ser clasificada en la partida «despojos comestibles» y que por lo tanto la exacción debía ser reducida a su importe primitivo ya que esta decisión se basaba sobre todo en directrices que aparecían en las notas explicativas del arancel aduanero alemán, que según la observación preliminar no 2 sobre el arancel de exacciones, había que tomar igualmente en consideración para la aplicación de este mismo, según el cual las colas son despojos comestibles.
      La oficina principal de aduanas no aceptó su derrota e interpuso un recurso de casación («Revision») contra la sentencia del Finanzgericht y elevó el asunto al Bundesfinanzhof ante el cual está pendiente en este momento. En su escrito, la oficina principal de aduanas alega que la designación «despojos comestibles» de la partida 02.02 del arancel aduanero alemán y del arancel de exacciones tiene el sentido que le atribuye la partida 02.02 del Arancel Aduanero Común. En opinión de la oficina principal de aduanas, las notas explicativas del arancel aduanero alemán (párrafo tercero del apartado 1 del capítulo 2) a las que se refiere el Finanzgericht y según las cuales las colas constituyen despojos comestibles, no se referían más que a la parte de los animales que constituían desechos del sacrificio, es decir, principalmente las colas de buey, en tanto que las rabadillas de pavo son uno de los elementos de una mercancía conocida en el comercio con el nombre de «backs and necks», por lo tanto, como partes de aves. El Ministerio federal de Hacienda que intervino en el juicio afirmó igualmente que las rabadillas de pavo no constituyen despojos. En su opinión, cualquier otra calificación sería contraria en particular a la terminología del Reglamento no 79/66 de la Comisión, de 29 de junio de 1966, antes citado. A esto se opone la tesis de la demandada en casación según la cual las disposiciones puestas en vigor en una fecha posterior por la Comisión de la CEE, en este caso el Reglamento no 79/66, no son aplicables en el caso presente. Opina que, sin embargo, si se los tomara en consideración, se podría deducir indirectamente que las rabadillas de pavo deben ser consideradas como despojos por su escaso valor. Además, como constituyen colas en el sentido zoológico del término, les son aplicables las notas explicativas relativas a la partida arancelaria 02.02 ya citadas, por lo tanto una definición que debe aplicarse porque el arancel de exacciones, aplicable a la sazón, no contenía ninguna indicación relativa a los despojos comestibles.
      Para el Bundesfinanzhof se plantea, por consiguiente, la cuestión de cómo debe interpretarse el Derecho comunitario en el caso presente. Según la respuesta que se dé a esta cuestión, se determinará el importe de las exacciones y, por lo tanto, la solución del litigio. Como, según el párrafo tercero del artículo 177 del Tratado CEE, el Bundesfinanzhof no tiene facultades para interpretar el Derecho comunitario, éste suspendió sus actuaciones mediante resolución de 30 de julio de 1969 y solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciara con carácter prejudicial sobre las cuestiones siguientes:
      
               1)
            
            
               «El artículo 14 del Reglamento no 22, de 4 de abril de 1962, del Consejo de la Comunidad Económica Europea, a tenor del cual los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para adaptar sus disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de manera que las disposiciones del presente Reglamento, salvo disposición en contrario prevista en el mismo, puedan ser efectivamente aplicadas a partir del 1 de julio de 1962 ¿debe comprenderse en el sentido de que los Estados miembros están facultados y obligados a recurrir a disposiciones de Derecho interno para precisar qué productos están sujetos a la exacción (artículo 1 del Reglamento) y delimitarlos unos de otros?»
            
         
               2)
            
            
               En caso en que la primera cuestión reciba respuesta negativa:
               «El artículo 1 del Reglamento no 22 del Consejo, que enumera ciertas mercancías incluidas en el Arancel Aduanero Común, ¿debe interpretarse en el sentido de que el legislador nacional puede interpretar los términos que designan dichas mercancías en un arancel aduanero si dichos términos requieren necesariamente una interpretación?»
            
         
               3)
            
            
               En caso en que la segunda cuestión reciba respuesta negativa:
               «¿Las rabadillas de pavo constituyen columnas vertebrales (trozos de columnas vertebrales) u otras partes de ave, en el sentido del artículo 2 del Reglamento no 77, de 23 de julio de 1962, de la Comisión de la Comunidad Económica Europea (tal como fue modificado por el artículo 1 del Reglamento no 136, de 31 de octubre de 1962 de la Comisión) o son despojos comestibles en el sentido del artículo 3 de este Reglamento?»
            
         De acuerdo con el artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, la empresa Bollmann, el Gobierno de la República Federal de Alemania y la Comisión de las Comunidades Europeas presentaron observaciones escritas en relación con estas cuestiones. Además, expusieron sus argumentos en la vista oral.
      Veamos ahora la respuesta que parece adecuada a la luz de las diferentes tesis que se han expuesto.
      RESPUESTA A LAS CUESTIONES PLANTEADAS
      
               1.
            
            
               Como lo hicieron el Gobierno alemán, la Comisión y también, en lo esencial, la empresa Bollmann, examinaré conjuntamente las dos primeras cuestiones.
               El Tribunal de Justicia recuerda las tesis divergentes que fueron defendidas a este respecto. El Gobierno federal opina esencialmente que los Estados miembros están facultados para interpretar y precisar las disposiciones del arancel de exacciones aplicado en el caso presente, porque los Reglamentos comunitarios que se refieren a las mismas no contienen precisiones suficientes y la Comunidad, por lo tanto, no ha hecho evidentemente uso exhaustivo de su
               poder legislativo para la clasificación arancelaria de dichas mercancías. Aparte de esto, es claro para el Gobierno federal que las designaciones de las mercancías del Reglamento no 22 nos remiten al Arancel Aduanero Común y a sus principios de aplicación y, por lo tanto, también a las normas nacionales de interpretación necesarias para este fin. Por el contrario, la empresa Bollmann afirma que, a partir del período transitorio, la Comunidad tiene facultades exclusivas en materia arancelaria en relación con las mercancías reguladas por las organizaciones de mercados. En su opinión no cabe la menor duda de que le están reservadas a la misma las facultades de interpretación en materia de clasificación arancelaria. Por lo demás, siempre según la empresa Bollmann, las disposiciones del Derecho comunitario sobre esta materia son ampliamente suficientes y, más en particular, el artículo 1 del Reglamento no 22 no necesita ninguna interpretación. Se deduce de lo mismo que los Estados miembros no pueden arrogarse el derecho de promulgar nuevas normas de clasificación arancelaria que podrían poner en peligro la un iformidad del Derecho. A lo sumo, las notas explicativas nacionales que existían antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados siguen siendo aplicables en la medida en que sean compatibles con el Derecho de la CEE. Finalmente, la tesis de la Comisión está más cerca de la interpretación de la empresa Bollmann, sin coincidir, no obstante, completamente con ella. La Comisión admite, en efecto, la validez de las medidas aprobadas por el legislador nacional para facilitar la aplicación del Derecho comunitario y, por lo tanto, de las normas de interpretación nacionales que precisan y delimitan las designaciones generales del Derecho comunitario, sin que por ello los Estados miembros tengan la facultad o el poder discrecional para clasificar ciertos productos en determinadas partidas arancelarias.
               Antes de intentar responder a las cuestiones planteadas por estas diferentes interpretaciones, hemos de señalar previamente un principio esencial. No hay duda, en efecto, de que las organizaciones comunes de mercados sólo pueden cumplir sus funciones si se asegura su aplicación uniforme en toda la Comunidad. No se podrían admitir excepciones al principio según el cual los mismos productos deben estar sujetos en todas partes a los mismos tipos de exacción, sin lo cual el mecanismo de las organizaciones de mercado produciría graves perturbaciones y se podría temer en particular que se produjeran desviaciones del tráfico comercial en las relaciones con países terceros y es ciertamente de éstas de las que se trata en el litigio principal. Por lo tanto, no se podría seguramente dudar de que son acertadas las ideas de la empresa Bollmann y de la Comisión, y por esto la tesis según la cual los Estados miembros transfirieron su soberanía en materia arancelaria a la Comunidad por lo que respecta a las mercancías integradas en las organizaciones de mercados. Si esta interpretación es correcta, también es cierto que los Estados miembros ya no tienen en principio facultades propias para dictar normas jurídicas imperativas en este campo. Los problemas de clasificación arancelaria deben ser solucionados por la Comunidad, como lo fueron efectivamente en diversos casos por disposiciones adoptadas a partir de 1962; la empresa Bollmann lo ha indicado en su escrito.
               Por otra parte, nos enfrentamos también con el hecho de que los aranceles, incluidos los aranceles de las exacciones, contienen ordinariamente designaciones generales de las mercancías que son una fuente permanente de dudas y de dificultades de aplicación. Este parece igualmente ser el caso de la nomenclatura de las mercancías de las que tratamos aquí, como lo muestran los hechos que han dado lugar al litigio principal. También se podría preguntar con razón si la propia naturaleza de las cosas no implica que los Estados miembros poseen facultades para explicar y delimitar la materia pese a la soberanía arancelaria de principio de la Comunidad, por lo menos en tanto que no exista una normativa comunitaria precisa y detallada, ésta es, como hemos visto, la tesis del Gobierno federal. Es, sin embargo, fácil probar que esta tesis puede imponerse. En efecto, del conjunto del sistema que es decisivo en el caso presente se deduce que, pese a las designaciones generales de mercancías del Reglamento no 77, es el propio Derecho comunitario el que determina en última instancia la clasificación exacta de dichas mercancías. Es decisivo a este respecto que la nomenclatura de las mercancías que aparecen en los Reglamentos n os 22 y 77 repita la nomenclatura del Arancel Aduanero Común y nos remita, por lo tanto, a dicho Arancel, el cual a su vez se refiere a la Nomenclatura de Bruselas. Como afirmó la Comisión, las notas explicativas de la Nomenclatura de Bruselas pueden ser, por lo tanto, una ayuda preciosa en el trabajo de interpretación de las citadas disposiciones. Por otra parte, en su Decisión de 13 de febrero de 1960, el Consejo aprobó normas de interpretación del Arancel Aduanero Común. Finalmente, el artículo 8 del Reglamento no 17 constituye por sí mismo una disposición particular de la clasificación arancelaria de cuyo tenor me ocuparé más tarde. Todo ello nos autoriza efectivamente para decir que, en el caso presente, el Derecho comunitario es efectivamente completo, sin lagunas y, como declaró la empresa Bollmann «self executing». Aunque el Derecho comunitario carezca de un conjunto de normas detalladas para la clasificación arancelaria de las mercancías, hay que negar claramente a los Estados miembros cualquier facultad discrecional en la materia, contrariamente a la tesis del Gobierno federal que presenta la imagen de una red rudimentaria de normas de Derecho comunitario, es decir, creando así un margen para la aprobación de disposiciones nacionales con fuerza obligatoria en el campo que nos ocupa.
               De acuerdo con la idea de la Comisión y contrariamente a la de la empresa Bollmann, la tesis expuesta hasta aquí podría como mucho sufrir una sola restricción. Las necesidades de la Administración hacen, en efecto, que sea imposible prescindir de regulaciones particulares precisas y detalladas, que garanticen la uniformidad de la administración y la faciliten. Parece, pues, justificado reconocer a los Estados miembros la facultad de dictar para uso interno notas explicativas sobre el arancel de exacciones, yendo más allá del contenido formal de los textos comunitarios. Pero no puede evidentemente tratarse de actos definitivamente obligatorios (y esto es fundamental), y poco importa la época en la que fueron o serán aprobados: deben ser compatibles con los principios de la clasificación arancelaria del Derecho comunitario, que tienen primacía. A salvo de esta reserva esencial, se les puede reconocer a los Estados miembros la facultad de interpretación porque no pone en peligro la uniformidad de las prácticas administrativas en la Comunidad y no da ninguna posibilidad de manipulación a nivel nacional, como se podría temer si el cuidado de regular los problemas referentes a la clasificación arancelaria de las mercancías quedara dentro de las facultades de apreciación discrecional de los Estados miembros. Podemos apoyar tanto más esta interpretación por cuanto que antes de aprobar estas notas explicativas parece que los Estados miembros celebran consultas entre ellos y con los expertos de la Comisión. Creo, sin embargo, dudoso que al formular sus cuestiones, el Bundesfinanzhof haya pensado que estas notas explicativas tuvieran efectos puramente indicativos.
               Si he podido deducir mi interpretación de las facultades de la Comunidad en materia de clasificación arancelaria del régimen instaurado por los Reglamentos n os 22 y 77 o, si se quiere, de la manera en la que el artículo 1 del Reglamento no 22 presenta la nomenclatura de las mercancías a las que se aplica, ahora debo demostrar que no se puede justificar otro resultado teniendo en cuenta el artículo 14 del Reglamento no 22 (mencionado igualmente por el Bundesfinanzhof).El Tribunal de Justicia sabe que el artículo 14 del Reglamento no 22 dispone que «los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para adaptar sus disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de manera que las disposiciones del presente Reglamento, salvo disposición en contrario prevista por el mismo, puedan ser efectivamente aplicadas a partir del 1 de julio de 1962». La interpretación que la Comisión da a este artículo parece, en efecto, la más acertada. Según la misma, el fin del artículo 14 y otras disposiciones análogas que ordinariamente están previstas en todas las organizaciones de mercados es ante todo reemplazar otros regímenes anteriores, y por lo tanto señalar a los Estados miembros la necesidad de derogar el Derecho interno contrario. Además, siempre según la Comisión, el interés del artículo 14 se sitúa en la perspectiva de la colaboración entre Estados miembros e Instituciones de la Comunidad, que es necesaria en el marco del régimen de las organizaciones comunes de mercados, o en la perspectiva de la división del trabajo que es indispensable para las organizaciones de mercados. Efectivamente, según el régimen creado por estas organizaciones de mercados, las decisiones centrales necesarias son tomadas a nivel de las autoridades comunitarias, en tanto que su ejecución en el ámbito administrativo de estas medidas corresponde a los Estados miembros. Visto así, el artículo 14 del Reglamento no 22 y las disposiciones análogas tienen por objeto fundamentalmente crear las condiciones administrativas necesarias para el establecimiento de las organizaciones de mercado. Entre estas medidas, citaremos las que tienen por objeto la designación de las autoridades competentes, la fijación y el cálculo de algunos precios, la concesión de licencias, la conversión de los tipos de exacción indicados en unidades de cuenta, su cálculo por aplicación de determinados coeficientes, etc. En ningún caso se puede considerar por el contrario que el artículo 14 entraña un mandato que autorice a los Estados miembros a aprobar medidas arancelarias, por lo tanto, medidas que contengan algo más que una enumeración de las partidas arancelarias o comentarios sobre las mismas, para facilitar su aplicación por las autoridades administrativas como se indicó anteriormente.
               En resumidas cuentas podemos decir en relación con las dos primeras cuestiones del Bundesfinanzhof que la facultad de clasificación arancelaria de las mercancías definidas por el Reglamento no 22 fue transferida a la Comunidad cuando dicho Reglamento entró en vigor. Tan sólo el Derecho comunitario determina la partida arancelaria en la que se deben clasificar las mercancías. No hay lugar para la aprobación de normas de aplicación nacionales que tengan carácter obligatorio. Con esta reserva, los Estados pueden, sin embargo, publicar comentarios para uso interno a fin de facilitar el trabajo de sus administraciones.
            
         
               2.
            
            
               Por lo tanto, una vez establecido que es a la Comunidad y no a los Estados miembros a quien corresponde determinar en última instancia la clasificación arancelaria de las mercancías controvertidas, tenemos que responder igualmente a la tercera cuestión. Al hacerlo, voy a comprobar (como si dijéramos, de paso), si la interpretación del arancel de exacciones, de la cual se trata en la resolución de remisión y que se hizo después de realizar la importación, es compatible con el Derecho comunitario o si es correcto clasificar las mercancías en cuestión de acuerdo con las notas explicativas del arancel aduanero alemán alegadas por la empresa Bollmann. En pocas palabras, el Bundesfinanzhof desea saber, lo repito nuevamente, si las rabadillas de pavo constituyen «huesos», u «otras partes de aves de corral», o todavía «despojos comestibles». Estas eran en efecto las tres partidas arancelarias en las que podían clasificarse las mercancías importadas el día de su declaración de aduana, según el artículo 2 del Reglamento no 77 en la versión del artículo 1 del Reglamento no 136 y según el artículo 3 del Reglamento no 77. Según los casos, los coeficientes de conversión aplicables eran de 0,75 («troncos y cuellos»), 1,25 («otras partes de aves de corral»). Basándose en estos coeficientes debía fijarse la exacción en función de las exacciones previstas para los pavos sacrificados. Las ideas de las tres partes en este asunto sobre la tercera cuestión pueden resumirse de manera muy sencilla: la empresa Bollmann considera que las rabadillas de pavo constituyen despojos comestibles, la Comisión y el Gobierno Federal opinan por el contrario que es la partida «troncos y cuellos» la que es aplicable en el caso presente.
               Examinare, pues, más de cerca los argumentos a este respecto.
               Como la empresa Bollmann señala justamente, conviene ante todo ver si en lugar de una interpretación del Derecho o paralelamente, no se pide a este Tribunal de Justicia que haga una aplicación inadmisible del Derecho en el marco del procedimiento del artículo 177. Esta cuestión podría ser interesante teniendo en cuenta la observación del Gobierno federal según la cual se pueden imaginar casos en los cuales la mayor parte de la columna vertebral es cortada al mismo tiempo que la rabadilla propiamente dicha, casos en los que, digamos, se califica ine xactamente a esta mercancía como «rabadilla». En realidad, no tenemos que ocuparnos del problema de identificación de la mercancía, sino que por el contrario, podemos considerar que en el presente caso el litigio principal se refería a verdaderas rabadillas de pavo en el sentido definido por el importador, así como según los expertos que han dictaminado al respecto. Además, y a esto apunta principalmente la observación de la empresa Bollmann, el Tribunal de Justicia debería abstenerse de aplicar el Derecho y por lo tanto de clasificar directamente las rabadillas de pavo. Esta observación también parece acertada, ya que, en realidad, la misión del Tribunal de Justicia se limita a interpretar los conceptos litigiosos del Derecho comunitario, permitiendo de esta manera que el Juez nacional realice la clasificación arancelaria adecuada. No obstante, me inclino a pensar que no se debe dar prueba de prudencia excesiva al respecto. Estoy convencido de que nada se opone a que este Tribunal resuelva directamente el problema de la clasificación (naturalmente indicando las razones determinantes para el mismo), por lo tanto que no se limite a definir de una manera detallada y abstracta las designaciones que debe interpretar, dejando al Juez nacional la misión de proceder él mismo a la clasificación a la luz de esta definición. En cualquier caso, es as í como procederé al continuar mi examen.
               En relación con el problema de la clasificación arancelaria propiamente dicha, sobre el que la empresa Bollmann declaró en el curso de la vista oral que está resuelto al menos en al medida en que no cabe duda alguna de que las rabadillas de pavo constituyen una mercancía comestible, quiero recordar que el Gobierno federal y la Comisión consideran que es el término «despojos» el que tiene un papel decisivo en la clasificación correcta de las mercancías. Al destacar el sentido literal de este término, creen deber plantear la cuestión de si lo que queda normalmente del animal tras una operación ordinaria de sacrificio, después de separar las partes que están normalmente destinadas a la venta: esto tan sólo es lo que puede ser clasificado como despojos. Confirman en el presente caso que ningún país de la Comunidad considera las rabadillas como desperdicios específicos del sacrificio y despiece de los pavos. Ahora bien, continúan, como es el uso en vigor en la Comunidad lo que es decisivo, no se pueden considerar las rabadillas de pavo como despojos. No importa que esto suceda de otra manera en el país de origen (los Estados Unidos) donde, según las declaraciones de la empresa Bollmann, basándose en las costumbres más refinadas de los consumidores, no hay duda de que las rabadillas de pavo son separadas normalmente del cuerpo del animal en el momento del sacrificio y no solamente por encargo expreso de los importadores extranjeros.
               Realmente, no hay duda de que esta explicación es realmente seductora. Pero a fin de cuentas, tengo la impresión de que el Gobierno federal y la Comisión han acentuado excesivamente el acto del sacrificio en detrimento de la concepción corriente (de la que habla igualmente la Comisión). Sucede lo mismo con la observación de la Comisión según la cual los Reglamentos n os 76 y 77 indican como despojos típicos de gallinas y pollos las cabezas y las patas y no las rabadillas. Realmente, no se puede sacar ninguna conclusión definitiva a partir de esa enumeración que doy con carácter de puro ejemplo para clasificar las rabadillas de pavo, porque hace falta basarse sobre todo, como creo de acuerdo con la empresa Bollmann, en el sentido usual del término «despojos».
               Ahora bien, si se busca cuál es el sentido habitual en este caso (considerando evidentemente el sector comunitario y no los países de origen de las mercancías importadas), es, en definitiva, la interpretación del consumidor medio la que importa, contrariamente a la sorprendente interpretación de la Comisión. Su apreciación se refleja fielmente en el precio de mercado de una mercancía. Las cifras proporcionadas por la empresa Bollmann y a las que nadie ha negado exactitud son concluyentes al respecto. También esta empresa ha presentado dictámenes periciales que son decisivos y según los cuales las rabadillas de pavo son al menos asimiladas a los despojos. Estos hechos me permiten, pues, establecer sin proceder a otras investigaciones que las rabadillas de pavo son comúnmente consideradas en la Comunidad como despojos.
               Por lo demás, las notas explicativas de la Nomenclatura de Bruselas (que concuerdan literalmente con las notas alemanas) defienden igualmente esta interpretación y, por lo tanto, los textos sobre los cuales he podido decir en mis respuestas a las dos primeras cuestiones que podían ayudar a interpretar el Derecho comunitario, ya que el Arancel Aduanero Común se basa en la Nomenclatura de Bruselas. Según estas notas explicativas, las colas constituyen efectivamente despojos. Como las colas de pavo constituyen igualmente colas en el sentido zoológico del término y como dichas notas explicativas no se vinculan manifiestamente al aspecto exterior de las cosas, nada se opone a que las rabadillas de pavo sean igualmente consideradas como despojos y no como colas de animales que están constituidas en su mayor parte por huesos y cartílagos.
               Si quedaran aún dudas, las normas de clasificación arancelaria del artículo 8 del Reglamento no 77, del cual se ha tratado ya en el examen de las dos primeras cuestiones, podrían igualmente contribuir a hacer luz sobre esta cuestión. Esta disposición establece, en efecto, que los demás productos enumerados én el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 22 del Consejo… que se presentan bajo una forma que no corresponde a ninguno de los modos de presentación mencionados en los artículos 2 a 6, son, para la aplicación del presente Reglamento, asimilados a la categoría cuya presentación es más similar a la suya». También en este caso me parece necesario considerar el valor comercial como base de apreciación, tal como lo propone la empresa Bollmann, pero, al hacer esto, no queda la menor duda de que las rabadillas de pavo presentan mayor analogía con los despojos.
               Finalmente, el Reglamento no 79/66 de la Comisión, de 29 de junio de 1966 (DO 1966, p. 2176), confirma mi opinión sin constituir, no obstante, un elemento decisivo. Como ya he dicho, este Reglamento introdujo una distinción más matizada para los importes de las exacciones aplicables a las aves de corral y sobre todo para las que se refieren a las mercancías clasificadas con la designación «otras partes». La letra f) del apartado 2 del artículo 2 dispone a partir de ahora un coeficiente de conversión de 0,50 para la importación de «troncos, cuellos, troncos con cuellos, rabadillas o alas sin deshuesar»; se indican, pues, expresamente las rabadillas. Se podría replicar, ciertamente, que es decisivo que este Reglamento no considera las rabadillas como despojos, sino que las agrupa en una única partida arancelaria con las columnas vertebrales, cuellos, etc. Este argumento, no obstante, induciría a error en el caso presente. En efecto, en un momento en el que las rabadillas de pavo no tenían una clasificación arancelaria expresa, me parece más importante que, teniendo en cuenta los tipos aplicables según las disposiciones combinadas de los Reglamentos no
                  os 77 y 136, el coeficiente de 0,50 aplicable a partir de este momento se sitúe claramente más cerca del coeficiente aplicable a los despojos (sujetos a un coeficiente de conversión de 0,46) que del correspondiente a los «troncos y cuellos», a los que se les aplicaba un coeficiente de 0,75. Al menos se puede ver la confirmación de que es acertado aplicar la norma arancelaria del artículo 8 del Reglamento no 77, como se propuso anteriormente.
               Sin buscar una definición general de la designación «despojos» se puede responder así a la tercera cuestión diciendo que, de acuerdo con las normas arancelarias aplicables en 1962 y visto el uso corriente así como el valor comercial de la mercancía que es inferior al de los troncos y cuellos, las rabadillas de pavo han de considerarse como despojos comestibles.
            
         
               3.
            
            
               Así pues puedo formular la siguiente conclusión:
               Se debe responder a la dos primeras cuestiones del Bundesfinanzhof que, teniendo en cuenta la facultad exclusiva de la Comunidad en materia de clasificación arancelaria para las mercancías regulada por las organizaciones de mercado, los Estados miembros no poseen ninguna facultad discrecional para aprobar disposiciones arancelarias de carácter obligatorio y que, en particular, los artículos 1 y 14 del Reglamento no 22 no les atribuyen dicha facultad. En tanto no hubo una interpretación y una definición precisa en la Comunidad, los Estados miembros podían dictar normas explicativas para su uso interno a fin de facilitar el trabajo de sus administraciones. No obstante dichos textos debían ser compatibles con el Derecho comunitario que, en la clasificación arancelaria del caso presente, no presenta lagunas y en todo caso es prioritario.
               Sobre la tercera cuestión, parece que se debe responder que las rabadillas de pavo deben considerarse despojos en el sentido del artículo 3 del Reglamento no 77, en virtud de las normas jurídicas aplicables en el momento de la importación controvertida, teniendo en cuenta el uso corriente que se sigue en esta materia.
               No procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las costas del procedimiento, como en todos los asuntos prejudiciales sobre los que ha tenido que pronunciarse hasta el presente. Esta cuestión compete al órgano jurisdiccional que entiende del litigio principal.
            
         (
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         )	Lengua original: alemán.