CELEX: 62002CC0415
Language: es
Date: 2004-01-15 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas el 15 de enero de 2004. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. # Incumplimiento de Estado - Impuestos indirectos - Directiva 69/335/CEE - Concentración de capitales - Impuesto sobre las operaciones bursátiles - Impuesto sobre las entregas de títulos al portador. # Asunto C-415/02.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. ANTONIO TIZZANOpresentadas el 15 de enero de 2004(1)
         Asunto C‑415/02Comisión de las Comunidades EuropeascontraReino de Bélgica
            «Directiva 69/335/CEE  –  Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales  –  Impuesto sobre las operaciones bursátiles  –  Impuesto sobre la entrega de títulos al portador»
            
      
         
       1.        En el presente asunto, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud
      del artículo 11 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan
      la concentración de capitales (en lo sucesivo, «Directiva 69/335» o «Directiva»), 
         			(2)
         		 al someter a imposición, en contra de lo dispuesto en la citada disposición, la emisión de títulos nuevos, así como, cuando
      se trata de títulos al portador, la entrega de tales títulos a los suscriptores, en el ámbito de operaciones de constitución
      de sociedades, de aumento de capital, de creación de fondos de inversión o de empréstitos con emisión de obligaciones.
      
      
      
            I.
            Marco jurídicoNormativa comunitaria
       2.        A tenor del artículo 10 de la Directiva 69/335:
      «Al margen del impuesto sobre las aportaciones los Estados miembros no percibirán, en lo que respecta a las sociedades, asociaciones
      o personas morales que persigan fines lucrativos, ningún impuesto, cualquiera que sea su forma:
      
      a)
         sobre las operaciones contempladas en el artículo 4; [
               			(3)
               		]
      
      
      b)
         sobre las aportaciones, préstamos o prestaciones efectuadas en el ámbito de operaciones contempladas en el artículo 4;
      
      
      c)
         sobre la matriculación o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad, a que las sociedades, asociaciones
            o personas morales que persigan fines lucrativos puedan estar sometidas por razón de su forma jurídica.»
         
      
      
      
       3.        Asimismo, el artículo 11 de la misma Directiva establece:
      «Los Estados miembros no someterán a ninguna imposición, cualquiera que sea su forma:
      
      a)
         la creación, la emisión, la admisión para cotización en bolsa, la puesta en circulación o la negociación de acciones, participaciones
            u otros títulos de la misma naturaleza, así como de los certificados representativos de estos títulos, sea quien fuere el
            emisor;
         
      
      
      b)
         los empréstitos, incluidos los públicos, contratados en forma de emisión de obligaciones u otros títulos negociables, sea
            quien fuere el emisor, y todas las formalidades a ellos relativas, así como la creación, emisión, admisión para cotización
            en bolsa, puesta en circulación o negociación de estas obligaciones u otros títulos negociables.»
         
      
      
      
       4.        Sin embargo, a tenor del artículo 12:
      «1.     No obstante lo dispuesto en las disposiciones de los artículos 10 y 11, los Estados miembros podrán percibir:
      
      a)
         impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios, liquidados estimativamente o no;
      
      […].»
      
      Normativa nacional
       5.        De conformidad con los artículos 120 y 121 del Código belga sobre los impuestos asimilados al impuesto de transmisiones (Code
      des Taxes Assimilées au Timbre; en lo sucesivo, «CTAT»), el impuesto sobre las operaciones bursátiles (taxe sur les opérations
      de bourse; en lo sucesivo, «TOB»), concluidas o realizadas en Bélgica, se aplicará, entre otras operaciones, a cualquier expedición
      (délivrance) al suscriptor de acciones u obligaciones relativas a sociedades de capital belgas o extranjeras, a resultas de
      la emisión, oferta o venta de tales títulos mediante suscripción pública.
      
      
       6.        Asimismo, en virtud del artículo 159 del CTAT, está sujeta al impuesto sobre la entrega de títulos al portador (taxe sur les
      livraisons de titres au porteur; en lo sucesivo, «TLT»), entre otras operaciones, cualquier entrega material (livraison) de
      títulos al portador relativos a sociedades de capital belgas o extranjeras a resultas de su suscripción.
      
      
      
            II.
            Hechos y procedimiento 7.        Al estimar que el TOB y el TLT son contrarios al artículo 11 de la Directiva 69/335, el 10 de mayo de 1999, la Comisión envió
      un escrito de requerimiento al Reino de Bélgica en el que le instaba a presentar observaciones en un plazo de dos meses. Las
      autoridades belgas respondieron a dicho escrito el 2 de agosto de 1999. Al no quedar satisfecha con las respuestas recibidas,
      la Comisión instó al Reino de Bélgica, mediante dictamen motivado de 26 de enero de 2000, a adoptar las medidas necesarias
      para subsanar la infracción imputada. A la vista de la negativa de dicho Estado a dar cumplimiento al dictamen, el 19 de noviembre
      de 2002, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia el presente recurso.
      
      
       8.        Ante el Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas la Comisión y el Reino de Bélgica.
      
      
      
            III.
            Análisis jurídico 9.        Como ya se ha señalado, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica la violación, mediante los dos impuestos controvertidos,
      de la prohibición, establecida en el artículo 11 de la Directiva 69/335, de someter a imposición alguna la emisión de títulos.
      En efecto, a juicio de la Comisión, dicha prohibición se extiende necesariamente a los impuestos litigiosos, puesto que éstos,
      al recaer sobre operaciones tales como la emisión y la entrega de títulos nuevos, gravan en realidad la misma operación de
      emisión de dichos títulos, ya se trate de la emisión de acciones en el marco de operaciones de constitución de sociedades,
      de aumento de capital o de creación de fondos de inversión, o bien de empréstitos con emisión de obligaciones.
      
      
       10.      El Gobierno belga rebate esta tesis y opone diversos argumentos que expondré a continuación.
      
      
       11.      Por mi parte, en aras de un mejor encuadramiento de la cuestión, he de recordar en primer lugar que, según el Tribunal de
      Justicia, el objetivo de la Directiva 69/335 consiste en «promover la libertad de circulación de capitales, considerada esencial
      para crear una unión económica con características análogas a las de un mercado interior». 
         			(4)
         		
      
       12.      Para alcanzar dicho objetivo, la Directiva ha instaurado un sistema con arreglo al cual la concentración de capitales se somete
      a un único impuesto (el impuesto sobre las aportaciones de capital) «percibido una sola vez en el mercado común e igual en
      todos los Estados miembros», 
         			(5)
         		 con la exclusión de cualquier otro impuesto de naturaleza o entidad diversa, sin perjuicio de los mencionados expresamente
      en el artículo 12 de la Directiva. 
         			(6)
         		
      
       13.      Ello se desprende claramente tanto del informe que acompañaba a la propuesta de dicha Directiva, en el que se afirmaba que
      «el presente proyecto de Directiva prevé la supresión de todos los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales,
      con excepción del impuesto sobre las aportaciones», 
         			(7)
         		 como del último considerando de la propia Directiva, según el cual «el mantenimiento de otros impuestos indirectos que presenten
      las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de transmisiones sobre los títulos,
      corre el riesgo de poner en peligro los fines perseguidos por las medidas previstas en la presente Directiva y [...] en consecuencia,
      su supresión se impone».
      
      
       14.      Por consiguiente, la Comisión deduce acertadamente que la prohibición de someter a imposición, «cualquiera que sea su forma
      [...] la emisión […] de acciones, participaciones u otros títulos de la misma naturaleza», prevista en el artículo 11 de la
      Directiva, debe entenderse referida no sólo a la verdadera y propia actividad de emisión de nuevos títulos por parte de la
      sociedad emisora, sino también, y necesariamente, a la expedición y entrega de tales títulos al suscriptor. Y ello por la
      simple razón de que los capitales no circulan en el vacío y, por tanto, su concentración –ya sea con vistas a la constitución
      de la sociedad, a un aumento de capital, o a un empréstito con emisión de obligaciones– no puede tener lugar sin la expedición
      o la entrega al suscriptor de los títulos de nueva emisión. Someter, pues, tales operaciones a imposición equivaldría, desde
      un punto de vista económico, a gravar su propia emisión y, por tanto, en esencia, la concentración de los capitales que representan.
      
      
       15.      De ello infiere que la expresión «emisión» recogida en el artículo 11 ha de entenderse en el sentido de que incluye también
      la expedición (o, en el caso de títulos al portador, la entrega) de títulos a los suscriptores.
      
      
       16.      Esta tesis parece quedar confirmada indirectamente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el cual se ha manifestado
      claramente a favor de la necesidad de una interpretación amplia de la disposición examinada, de conformidad con los fines
      de la Directiva.
      
      
       17.      En la sentencia de 27 de octubre de 1998, recaída en los asuntos acumulados C‑31/97 y C‑32/97, el Tribunal de Justicia ha
      declarado, en efecto, que «lo previsto en la letra b) del artículo 11 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de
      que la prohibición de someter a imposición los empréstitos con emisión de obligaciones se aplica igualmente a los impuestos
      que graven la cancelación de dichos empréstitos», y ello es así por que «si bien es cierto […] que [dicho artículo] no se refiere expresamente a la cancelación de empréstitos con emisión de obligaciones, no es menos cierto que prohibir la percepción de un impuesto en el momento en que se emite un empréstito de obligaciones
      y autorizarla en el momento en que se cancele dicho empréstito tendría por consecuencia, en contra del objetivo que persigue
      la Directiva, someter a gravamen el empréstito en cuanto operación global de concentración de capitales». 
         			(8)
         		
      
       18.      Ahora bien, la prohibición absoluta de someter a imposición, «cualquiera que sea su forma», la emisión de títulos hace referencia
      justamente a la «operación global de concentración de capitales» y, por tanto, también a las operaciones indispensables para
      su concreta realización.
      
      
       19.      A juicio del Gobierno belga, en cambio, la «emisión» de títulos prevista en el artículo 11 es distinta de la adquisición de
      tales títulos por parte de los suscriptores, con la consecuencia de que sólo se aplica la prohibición de sujeción a gravamen
      a la primera operación, y no a la segunda.
      
      
       20.      El citado Gobierno sostiene que su tesis viene confirmada indirectamente, en primer lugar, por una propuesta de Directiva
      –que, no obstante, no tuvo continuación– relativa a los impuestos indirectos que gravan las transacciones con títulos (en
      lo sucesivo, «propuesta de Directiva de 1976»). 
         			(9)
         		 Dicha propuesta distinguía explícitamente entre «la emisión de títulos y la primera adquisición de dichos títulos en el marco
      de la emisión», 
         			(10)
         		 al definir la emisión como «la cesión de los títulos por parte del emisor», 
         			(11)
         		 y establecía expresamente la prohibición de someter a imposición ambas operaciones.
      
      
       21.      A juicio del Gobierno belga, habida cuenta de que la propuesta no tuvo continuación, los Estados miembros conservan la facultad
      de gravar la primera adquisición de los títulos en el marco de la emisión, si bien se les impide, en el sentido del artículo
      11 de la Directiva 69/335, únicamente la posibilidad de someter a imposición la «emisión» de dichos títulos.
      
      
       22.      Este argumento me parece, de por sí, bastante forzado. Ahora bien, aparte de eso, he de señalar, como, por otra parte, hace
      oportunamente la Comisión, que la distinción enunciada en aquella propuesta respondía en realidad a una motivación totalmente
      diferente. En efecto, el artículo 2, número 1, de la propuesta preveía que «toda cesión o adquisición de títulos [y, por tanto,
      subrayo, también la emisión y adquisición de los títulos en el marco de la emisión] constituye una operación imponible distinta».
      Se hacía necesario, pues, aclarar que si la propuesta se hubiera traducido en una Directiva, la prohibición establecida en
      el artículo 11 de la Directiva 69/335 se habría aplicado a las dos operaciones objeto de la distinción. En esencia, pues,
      la propuesta no hacía otra cosa más que corroborar lo ya dispuesto en el artículo 11 de la Directiva.
      
      
       23.      A continuación, por cuanto respecta en particular al TOB, el Gobierno belga, invocando igualmente la jurisprudencia del Tribunal
      de Justicia, 
         			(12)
         		 observa que la prohibición impuesta a los Estados miembros de someter a imposición las operaciones previstas en el artículo
      11 de la Directiva afecta a las «sociedades de capital» (es decir, a los emisores de los títulos) y no a los inversores (es
      decir, a los primeros suscriptores de tales títulos). Por lo demás, no se aplica a todas las operaciones sobre títulos, sino
      únicamente a aquellas en las que intervienen intermediarios profesionales, puesto que su objetivo consiste en gravar las transacciones
      de valores mobiliarios en ejecución de una orden bursátil. En consecuencia, deben pagar el TOB no las sociedades emisoras,
      sino únicamente los operadores bursátiles que realizan las operaciones de intermediación sobre títulos a favor de sus clientes
      (adquirentes, vendedores o suscriptores), aunque luego recaiga sobre estos últimos la carga tributaria de que se trata. De
      ello se deduce, según el citado Gobierno, que el mencionado impuesto no está comprendido en el ámbito de aplicación de la
      Directiva.
      
      
       24.      No obstante, he de observar, en primer lugar, que el apoyo que tal argumento encuentra en la jurisprudencia del Tribunal de
      Justicia consiste únicamente en el hecho de que éste se ha pronunciado hasta ahora, a propósito de la Directiva 69/335, solamente
      sobre litigios relativos a impuestos que recaen sobre las «sociedades de capital». Pero resulta evidente que ésta es una circunstancia
      puramente accidental y, por tanto, no puede constituir por sí misma un argumento válido.
      
      
       25.      Al margen de ello, en todo caso, no advierto cómo la alegación del Gobierno belga puede incidir en la cuestión que aquí se
      debate. De hecho, como subraya la Comisión, la Directiva se limita a prohibir tout court los impuestos que gravan la concentración de capitales distintos de los impuestos sobre las aportaciones y de los impuestos
      enumerados en el artículo 12, con independencia de la identidad de los sujetos que resulten deudores de los mismos, ya sean
      los intermediarios o sus clientes inversores (sobre los cuales recae en cualquier caso el impuesto). Sigue sin resolverse,
      pues, el problema de la legalidad del TOB.
      
      
       26.      Tampoco considero persuasivo el argumento que el Gobierno belga formula en relación con el TLT (véase el punto 6 supra) para excluir que tal impuesto esté comprendido en la prohibición establecida en el artículo 11 de la Directiva. Dicho Gobierno
      observa que es necesario mantener separada la operación, «desmaterializada», de la emisión del título con respecto a la operación,
      «materializada», de entrega (livraison) del mismo al suscriptor. Esta última operación es, en su opinión, distinta e independiente
      de la primera y, por tanto, puede ser gravada autónomamente. Ello encuentra su justificación, por lo demás, en la función
      que el TLT cumple en un país, como Bélgica, en el cual los títulos al portador existen todavía en forma física. En efecto,
      es justamente al objeto de modernizar los mercados financieros belgas y de animar a los inversores a efectuar transacciones
      sobre títulos «desmaterializados» por lo que la normativa controvertida ha establecido un impuesto asimilado al impuesto de
      transmisiones sobre la entrega de títulos al portador.
      
      
       27.      Ahora bien, podría observarse en sentido contrario, justamente a propósito de esta última afirmación, que del último considerando
      de la Directiva se desprende, entre otras cuestiones, que son precisamente los «impuestos indirectos que presenta[n] las mismas características que […] el impuesto de transmisiones sobre los títulos, [los que] corre[n] el riesgo de poner en peligro los fines perseguidos por las medidas previstas en la […] Directiva y que,
      en consecuencia, su supresión se impone». 
         			(13)
         		
      
       28.      De igual modo, podría objetar que carece de pertinencia a los presentes fines, y por tanto no puede constituir una justificación
      válida del TLT, el hecho de que éste tenga la función de disuadir de la entrega de títulos físicos al objeto de modernizar
      los mercados financieros belgas. En efecto, tal objetivo habría podido y podría alcanzarse todavía, del mismo modo que ocurre
      en otros Estados miembros, mediante instrumentos distintos y compatibles con las obligaciones derivadas de la Directiva, como,
      por ejemplo, el establecimiento de una prohibición a las sociedades de capital de emitir títulos al portador.
      
      
       29.      Ahora bien, para rebatir la pertinencia, al objeto de justificar el impuesto controvertido, de la distinción que el Gobierno
      belga establece entre la emisión de títulos al portador y su entrega al suscriptor, resulta a mi juicio decisiva, sobre todo,
      una argumentación ya desarrollada anteriormente (punto 14). Me refiero al hecho de que cada una de las dos operaciones constituye,
      a los efectos de la concentración de capitales, el reverso de la medalla de la otra y que, por tanto, sujetar a gravamen únicamente
      la segunda equivaldría a hacer recaer sobre la concentración de capitales un impuesto adicional al impuesto sobre las aportaciones.
      Ello sería manifiestamente contrario a los fines de la Directiva antes mencionados.
      
      
       30.      Así pues, creo poder afirmar, en definitiva, que los hechos imponibles de los dos impuestos controvertidos –a saber, la expedición
      de títulos de nueva emisión a favor de los suscriptores (en el caso del TOB) y la entrega material a los suscriptores de títulos
      al portador de nueva emisión (en el caso del TLT) deben ser reconducidos al concepto de «emisión» de títulos previsto en el
      artículo 11 de la Directiva 69/335 y, por tanto, ser considerados operaciones no imponibles a efectos de la citada disposición.
      
      
       31.      Por otra parte, queda por elucidar si tales operaciones no pueden ser sometidas a imposición en virtud del artículo 12, apartado
      1, letra a), de la Directiva, el cual, como ya se ha señalado, permite, estableciendo así una excepción al artículo 11 (y
      al artículo 10) de ésta, gravar «la transmisión de valores mobiliarios».
      
      
       32.      Según el Gobierno belga, en efecto, el citado artículo está formulado en términos que excluyen expresamente la aplicación
      de las disposiciones que lo preceden, de suerte que limita el alcance de las prohibiciones establecidas en ellas. Así pues,
      la disposición del citado artículo comprende igualmente la expedición (o la entrega) de los títulos a los suscriptores.
      
      
       33.      El Gobierno belga observa que esta conclusión tampoco podría rebatirse alegando, tal como hace la Comisión, que el concepto
      de «transmisión» de títulos, contenido en el artículo 12, presupone necesariamente la existencia de un anterior propietario
      de tales títulos y, por tanto, que se haya producido ya su expedición o, cuando se trata de títulos al portador, su entrega
      a los suscriptores. Tal interpretación no sólo carece de apoyo en el texto y en los trabajos preparatorios de la Directiva
      69/335, sino que también es contraria a la sentencia Codan, la cual, a juicio del mencionado Gobierno, acoge una interpretación
      amplia del artículo 12. 
         			(14)
         		
      
       34.      Esta tesis es rebatida por la Comisión con argumentos que, de entrada, me parecen más convincentes.
      
      
       35.      Con carácter general y preliminar, la Comisión sostiene que dicho artículo, en cuanto disposición que establece una excepción,
      debe ser objeto de una interpretación restrictiva dirigida a incidir lo menos posible en los fines y en el alcance de las
      normas generales de la Directiva. Añado que no se trata de que deba privarse al artículo 12 de contenido en virtud de una
      interpretación amplia del artículo 11, sino que ¡es justamente lo contrario!
      
      
       36.      Tal elección interpretativa, que se corresponde, como es sabido, con una orientación consolidada de la jurisprudencia comunitaria,
      no resulta, a mi juicio, desvirtuada en el presente asunto por la sentencia Codan, invocada por el Gobierno belga.
      
      
       37.      En el citado asunto –merece la pena recordar– una sociedad de capital con domicilio en Dinamarca se opuso a que la administración
      tributaria danesa le aplicase el impuesto sobre transmisión de acciones, alegando que el artículo 12, apartado 1, letra a),
      de la Directiva permite a los Estados miembros percibir un impuesto únicamente en relación con operaciones sobre títulos realizadas
      en la bolsa o relativas a sociedades que cotizan en bolsa. En apoyo de su tesis, dicha sociedad invocó las versiones lingüísticas
      danesa y alemana del artículo 12, que contienen la expresión «impuesto sobre las operaciones bursátiles» en lugar de la expresión
      «impuestos sobre la transmisión de valores mobiliarios», utilizada, en cambio, en todas las demás versiones lingüísticas de
      la Directiva. No obstante, el Tribunal de Justicia rechazó dicha tesis y, sobre todo, la pretensión de realizar una interpretación
      diferenciada de la disposición según las diversas versiones. El Tribunal de Justicia declaró, en cambio, que «descartar la
      formulación clara en la mayor parte de las versiones lingüísticas de la letra a) del apartado 1 del artículo 12 de la Directiva,
      y distinguir así entre las sociedades que cotizan en bolsa y las que no cotizan no sólo sería contrario a la exigencia de
      una interpretación uniforme de la Directiva sino que podría dar lugar a distorsiones de la competencia y disuadir a algunas
      sociedades de entrar en bolsa» (apartado 29).
      
      
       38.      La preocupación del Tribunal de Justicia en aquel asunto no estribaba, pues, en realizar o no una interpretación amplia del
      artículo 12, apartado 1, letra a), de la Directiva, sino en garantizar su interpretación uniforme para evitar distorsiones
      de la competencia. No creo, por tanto, que la sentencia pueda servir de base a la tesis formulada a tal respecto por el Gobierno
      belga en el presente asunto.
      
      
       39.      Dicho esto, la tesis de la Comisión, que creo poder compartir, consiste en que el artículo 12 debe interpretarse, en cuanto
      aquí interesa, en el sentido de que la disposición hace referencia a todas las «transmisiones» de títulos, con exclusión,
      no obstante, justamente de su expedición (o de su entrega, cuando se trate de títulos al portador) a los suscriptores.
      
      
       40.      En efecto, por su naturaleza, tales operaciones no constituyen, en sentido técnico, un supuesto de «transmisión», sino más
      bien un supuesto de adquisición prácticamente «a título originario» del título, adquisición que confirma precisamente la primera
      titularidad del mismo. Sólo a partir de ésta puede hablarse, pues, de una verdadera y propia «transmisión».
      
      
       41.      Desde esta perspectiva, es evidente que si se interpretase el artículo 12, apartado 1, letra a), en el sentido de que los
      Estados miembros están autorizados para someter también a imposición la expedición de títulos al suscriptor por parte de la
      sociedad emisora, la prohibición de gravar la emisión de títulos, establecida en el artículo 11, se vería privada de todo
      sentido, y ello en manifiesta oposición al criterio interpretativo antes expuesto (punto 35).
      
      
       42.      Es cierto que, como se desprende de la propuesta de Directiva de 1976 antes mencionada, la prohibición de someter a imposición
      todas las «transacciones sobre títulos sería la mejor solución, desde el punto de vista del buen funcionamiento del mercado
      de capitales». 
         			(15)
         		 Ahora bien, en la misma propuesta, la Comisión señaló igualmente que no sería posible aplicar rigurosamente tal prohibición
      como consecuencia de las «necesidades presupuestarias de los Estados miembros».
      
      
       43.      Así pues, para hacer frente a tales necesidades, la Directiva 69/335 ha autorizado únicamente, mediante los artículos 11 y
      12, apartado 1, letra a), el gravamen de las operaciones de transmisión que, al ser posteriores a la expedición (o a la entrega)
      de los títulos, resultan extrañas a la concentración de capitales y constituyen más propiamente «transacciones sobre títulos».
      
      
       44.      La interpretación contraria equivaldría, a mi juicio, a contradecir los mencionados objetivos de la Directiva y la jurisprudencia
      invocada al respecto. En efecto, no creo que pueda dudarse seriamente de que el mantenimiento en algunos Estados, y no en
      otros, de un impuesto indirecto sobre la adquisición de títulos de nueva emisión constituye justamente, con independencia
      de los sujetos sobre los que tal impuesto recaiga, uno de los obstáculos a la libre circulación de capitales que la Directiva
      se proponía eliminar.
      
      
       45.      En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que, al someter a imposición la expedición de títulos de nueva
      emisión, así como, cuando se trata de títulos al portador, la entrega de tales títulos a los suscriptores, en el marco de
      operaciones de constitución de sociedades, de aumento de capital, de creación de fondos de inversión o de empréstitos con
      emisión de obligaciones, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 11 de la
      Directiva 69/335.
      
      
      
            IV.
            Costas 46.      A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
      si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haberlo solicitado la Comisión y habida cuenta de cuanto se ha dicho sobre
      la resolución del recurso, considero que debe acogerse su pretensión.
      
      
      
            V.
            Conclusión 47.      A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:
      
      «1)
         Al someter a imposición la expedición de títulos de nueva emisión, así como, cuando se trata de títulos al portador, la entrega
            de tales títulos a los suscriptores, en el marco de operaciones de constitución de sociedades, de aumento de capital, de creación
            de fondos de inversión o de empréstitos con emisión de obligaciones, el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que
            le incumben en virtud del artículo 11 de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos
            indirectos que gravan la concentración de capitales.
         
      
      
      2)
         Se condena en costas al Reino de Bélgica.»
      
      
      
       1 –
         
         Lengua original: italiano.
      
      2 –
         
         DO L 249, p. 25; EE 09/01, p. 22.
            
         
      
      3 –
         
         El artículo 4 enumera las operaciones societarias que deben estar sujetas al impuesto sobre las aportaciones, tales como, por ejemplo, la constitución de una sociedad de capital o el
            aumento del capital social de una sociedad de capital por medio de aportación de bienes de cualquier naturaleza [apartado
            1, letras a) y c)], así como las operaciones que pueden estar sujetas a tal impuesto, tales como, por ejemplo, los empréstitos que contrate una sociedad de capital, si el acreedor
            tuviere derecho a una cuota-parte de los beneficios de la sociedad [apartado 2, letra c)].
            
         
      
      4 –
         
         Sentencia de 20 de abril de 1993, Ponente Carni (asuntos acumulados C‑71/91 y C‑178/91, Rec. p. I‑1915), apartado 19.
            
         
      
      5 –
         
         Sentencia Ponente Carni, antes citada, apartado 19.
            
         
      
      6 –
         
         Sentencia de 2 de febrero de 1988, Dansk Sparinvest (36/86, Rec. p. 409).
            
         
      
      7 –
         
         Documento IV/COM(64) 526 def., de 14 de diciembre 1964, pp. 7 y 8. El subrayado es mío.
            
         
      
      8 –
         
         Sentencia de 27 de octubre de 1998, FECSA y ACESA (asuntos acumulados C‑31/97 y C‑32/97, Rec. p. I‑6491), apartados 18 y 19.
            El subrayado es mío.
            
         
      
      9 –
         
         DO C 133, p. 1.
            
         
      
      10 –
         
         Véase el artículo 4, número 1, letra a), de tal propuesta, donde se define la emisión como «la cesión de los títulos por parte
            del emisor, incluida la resultante de la capitalización de las reservas».
            
         
      
      11 –
         
         Véase el punto V del anexo a tal propuesta.
            
         
      
      12 –
         
         El Gobierno belga invoca las mismas sentencias citadas por la Comisión y, en particular, las sentencias de 2 de febrero de
            1988, Dansk Sparinvest, antes citada, y de 25 de mayo de 1989, Maxi Di (15/88, Rec. p. 1391).
            
         
      
      13 –
         
         El subrayado es mío.
            
         
      
      14 –
         
         Sentencia de 17 de diciembre de 1998, Codan (C‑236/97, Rec. p.‑I 8679).
            
         
      
      15 –
         
         Véase el cuarto considerando de dicha propuesta de Directiva.