CELEX: 62008CJ0014
Language: es
Date: 2009-06-25 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 25 de junio de 2009.#Roda Golf & Beach Resort SL.#Petición de decisión prejudicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier - España.#Cooperación judicial en materia civil - Remisión prejudicial - Competencia del Tribunal de Justicia - Concepto de "litigio" -Reglamento (CE) nº 1348/2000 - Notificación y traslado de documentos extrajudiciales al margen de un procedimiento judicial - Documento notarial.#Asunto C-14/08.

Asunto C‑14/08
      Roda Golf & Beach Resort, S.L.
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier)
      «Cooperación judicial en materia civil — Remisión prejudicial — Competencia del Tribunal de Justicia — Concepto de “litigio” — Reglamento (CE) nº 1348/2000 — Notificación y traslado de documentos extrajudiciales al margen de un procedimiento judicial — Documento notarial»
      Sumario de la sentencia
      1.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Acto adoptado sobre la base del título IV de la tercera
            parte del Tratado — Reglamento (CE) nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos
            judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
      (Art. 68 CE)
      2.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Acto adoptado sobre la base del título IV de la tercera
            parte del Tratado — Reglamento (CE) nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos
            judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
      [Art. 68 CE; Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo]
      3.        Cooperación judicial en materia civil — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE)
            nº 1348/2000 — Documentos extrajudiciales 
      [Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, art. 16]
      4.        Cooperación judicial en materia civil — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Reglamento (CE)
            nº 1348/2000 — Ámbito de aplicación
      [Art. 65 CE; Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, arts. 2, aps. 1 y 2, y 14]
      1.        Cuando se plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en virtud del artículo 68 CE, no corresponde al Tribunal
         de Justicia resolver una controversia acerca de la posibilidad o no de interponer recursos contra la resolución que ha de
         dictar el juez remitente en el procedimiento principal, habida cuenta de que el juez remitente señala en su petición de decisión
         prejudicial que la resolución que dictará en el litigio principal tendrá el carácter de última instancia.
      
      (véanse los apartados 24, 28 y 29)
      2.        Aun cuando pueda considerarse que el secretario de un órgano judicial de un Estado miembro que tramita una solicitud de notificación
         o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales con arreglo al Reglamento nº 1348/2000 actúa en calidad de autoridad
         administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no sucede lo mismo en el caso del juez encargado de pronunciarse
         acerca del recurso interpuesto contra la negativa de dicho secretario judicial a proceder a la notificación o traslado solicitados.
         En efecto, el objeto de dicho recurso es la anulación de la denegación, la cual, según se alega, menoscaba un derecho del
         demandante, a saber, su derecho a que se notifiquen o trasladen determinados documentos por los canales previstos en el Reglamento
         nº 1348/2000. Por consiguiente, el juez remitente conoce de un litigio y, por lo tanto, ejerce una función jurisdiccional.
      
      El hecho de que el secretario judicial forme parte de la estructura organizativa del órgano judicial remitente no desvirtúa
         la anterior conclusión. Dicha circunstancia no influye en la naturaleza judicial de la función que ejerce el juez remitente
         en el procedimiento principal, habida cuenta de que dicho procedimiento tiene por objeto la anulación de un acto que supuestamente
         menoscaba un derecho del demandante.
      
      (véanse los apartados 37 a 40)
      3.        El concepto de «documento extrajudicial» en el sentido del artículo 16 del Reglamento nº 1348/2000, relativo a la notificación
         y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, es un concepto
         de Derecho comunitario. En efecto, el objetivo del Tratado de Ámsterdam de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia
         y la transferencia, del Tratado UE al Tratado CE, del régimen que permite la adopción de medidas dentro del ámbito de la cooperación
         judicial en las materias civiles que tienen una incidencia transfronteriza ponen de relieve la voluntad de los Estados miembros
         de enraizar tales medidas en el ordenamiento jurídico comunitario y de consagrar así el principio de su interpretación autónoma.
      
      (véanse los apartados 48 y 50)
      4.        La notificación y el traslado de un acta notarial al margen de un procedimiento judicial están incluidos en el ámbito de aplicación
         del Reglamento nº 1348/2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
         en materia civil o mercantil. A este respecto, dado que la finalidad del sistema de notificación y traslado intracomunitarios
         es el buen funcionamiento del mercado interior, la cooperación judicial a la que se refieren el artículo 65 CE y el Reglamento
         nº 1348/2000 no puede limitarse a los procedimientos judiciales, sino que puede manifestarse igualmente al margen de tal procedimiento,
         en la medida en que dicha cooperación tenga incidencia transfronteriza y sea necesaria para el buen funcionamiento del mercado
         interior.
      
      Esta interpretación extensa del concepto de documento extrajudicial no supone imponer una carga excesiva para los medios de
         los órganos judiciales nacionales, dado que, por un lado, según el artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1348/2000,
         los Estados miembros también pueden designar como organismos transmisores u organismos receptores, a efectos de la notificación
         y traslado, a entidades distintas de los órganos judiciales nacionales y, por otro, el artículo 14 de dicho Reglamento autoriza
         asimismo a los Estados miembros a efectuar la notificación o traslado directamente por correo a las personas que residan en
         otro Estado miembro. En virtud del artículo 16 del mismo Reglamento, ambos preceptos son aplicables a la notificación o traslado
         de documentos extrajudiciales.
      
      (véanse los apartados 55, 56 y 59 a 61)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 25 de junio de 2009 (*)
      
      «Cooperación judicial en materia civil – Remisión prejudicial – Competencia del Tribunal de Justicia – Concepto de “litigio” – Reglamento (CE) nº 1348/2000 – Notificación y traslado de documentos extrajudiciales al margen de un procedimiento judicial – Documento notarial»
      En el asunto C‑14/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 68 CE, por el Juzgado de Primera
         Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier (Murcia), mediante resolución de 3 de enero de 2008, recibida en el Tribunal de
         Justicia el 14 de enero de 2008, en el procedimiento
      
       Roda Golf & Beach Resort, S.L.,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Klučka y U. Lõhmus, la Sra. P. Lindh y el Sr. A. Arabadjiev
         (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Roda Golf & Beach Resort, S.L., por la Sra. E. López Ayuso, abogada;
      –        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. López‑Medel Bascones, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno helénico, por la Sra. S. Chala, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. R. Adam, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello
         Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno letón, por las Sras. E. Balode‑Buraka y E. Eihmane, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. G. Iván, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Dowgielewicz, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno eslovaco, por el Sr. J. Čorba, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. V. Joris y F. Jimeno Fernández, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de marzo de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del
         Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales
         y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO L 160, p. 37).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un recurso interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de
         San Javier por Roda Golf & Beach Resort, S.L. (en lo sucesivo, «Roda Golf»), contra la negativa del secretario de dicho órgano
         judicial a dar traslado, al margen de un procedimiento judicial, a destinatarios establecidos en el Reino Unido y en Irlanda,
         de un acta notarial de notificación y requerimiento por la que se comunicaba la resolución unilateral por parte de Roda Golf
         de dieciséis contratos de compraventa de inmueble celebrados con sendos destinatarios.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria y Derecho internacional
      3        Mediante acto de 26 de mayo de 1997, el Consejo de la Unión Europea estableció, con fundamento en el artículo K.3 del Tratado
         de la Unión Europea (los artículos K a K.9 del Tratado de la Unión Europea han sido sustituidos por los artículos 29 UE a
         42 UE), el Convenio relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales
         y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO C 261, p. 1).
      
      4        Dicho Convenio no entró en vigor. En la medida en que su texto inspiró el del Reglamento nº 1348/2000, en el marco de la exposición
         de motivos de este último se hace referencia al Informe Explicativo sobre dicho Convenio (DO 1997, C 261, p. 26).
      
      5        El Reglamento nº 1348/2000 regula la notificación y el traslado entre los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
         en materia civil o mercantil.
      
      6        El segundo considerando de dicho Reglamento expone:
      
      «El buen funcionamiento del mercado interior exige mejorar y acelerar la transmisión entre los Estados miembros de documentos
         judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil a efectos de su notificación o traslado.»
      
      7        A tenor de su sexto considerando:
      
      «La eficacia y la rapidez de los procedimientos judiciales en el ámbito civil requieren que la transmisión de los documentos
         judiciales y extrajudiciales se efectúe directamente y por medios rápidos entre los organismos locales designados por los
         Estados miembros. [...]»
      
      8        El artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000 establece que «cada Estado miembro designará a los funcionarios públicos,
         autoridades u otras personas, en lo sucesivo denominados “organismos transmisores”, competentes para transmitir los documentos
         judiciales o extrajudiciales que deban ser notificados o trasladados en otro Estado miembro». Según el artículo 23, apartado 1,
         del mismo Reglamento, los Estados miembros comunicarán dicha información a la Comisión de las Comunidades Europeas, la cual
         la publicará en el Diario Oficial.
      
      9        De las comunicaciones efectuadas por el Reino de España con arreglo al citado artículo 23 (DO 2001, C 151, p. 4, y C 202,
         p. 10) se desprende que, en España, los organismos transmisores son los secretarios judiciales de los distintos juzgados y
         tribunales.
      
      10      El artículo 16 del Reglamento nº 1348/2000, que figura en el capítulo III de éste, rubricado «Documentos Extrajudiciales»,
         dispone:
      
      «Los documentos extrajudiciales podrán transmitirse a efectos de notificación o traslado en otro Estado miembro de acuerdo
         con las disposiciones del presente Reglamento.»
      
      11      El artículo 17, letra b), del mismo Reglamento prevé la elaboración de un léxico de los documentos que podrán trasladarse
         y notificarse en virtud de ese Reglamento.
      
      12      Dicho léxico constituye el anexo II de la Decisión 2001/781/CE de la Comisión, de 25 de septiembre de 2001, por la que se
         aprueba un manual de organismos receptores y un léxico de los documentos transmisibles o notificables, en cumplimiento del
         Reglamento nº 1348/2000 (DO L 298, p. 1, y –correcciones de errores– DO 2002, L 31, p. 88, y DO 2003, L 60, p. 3), en su versión
         modificada por la Decisión 2007/500/CE de la Comisión, de 16 de julio de 2007 (DO L 185, p. 24). El léxico recoge la información
         comunicada por los Estados miembros con arreglo al artículo 17, letra b), del Reglamento nº 1348/2000. En relación con España
         se señala, en particular, que, «en cuanto a los actos extrajudiciales susceptibles de ser notificados, serán los documentos
         no judiciales que emanen de autoridad pública con competencia según la ley española para realizar notificaciones».
      
      13      El Reglamento nº 1348/2000 ha sido sustituido por el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
         13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
         en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento nº 1348/2000 (DO
         L 324, p. 79), resultando aplicable en cuanto a todas sus disposiciones a partir del 13 de noviembre de 2008.
      
      14      El Convenio de la Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales
         y extrajudiciales en materia civil o comercial establece un mecanismo de cooperación administrativa que permite la notificación
         o el traslado de un acto por intermediación de una autoridad central. El artículo 17 de dicho Convenio trata de la notificación
         y del traslado de documentos extrajudiciales.
      
      15      En virtud del artículo 20, apartado 1, del Reglamento nº 1348/2000, éste prevalecerá sobre las disposiciones del Convenio
         de La Haya de 15 de noviembre de 1965.
      
       Derecho nacional
      16      La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE nº 7, de 8 de enero de 2000, p. 575; en lo sucesivo, «LEC»), regula
         en sus artículos 223 y 224 el régimen aplicable a las resoluciones emanadas de un secretario judicial en el orden civil en
         los siguientes términos:
      
      «Artículo 223. Diligencias de ordenación.
      1.      Corresponde a los Secretarios Judiciales dictar las diligencias de ordenación, a través de las cuales se dará a los autos
         el curso que la ley establezca.
      
      2.      Las diligencias de ordenación se limitarán a la expresión de lo que se disponga con el nombre del Secretario Judicial que
         las dicte, la fecha y la firma de aquel.
      
      Artículo 224. Revisión de las diligencias de ordenación.
      1.      Son nulas de pleno derecho las diligencias de ordenación que decidan cuestiones que, conforme a la ley, hayan de ser resueltas
         por medio de providencia, auto o sentencia.
      
      2.      Fuera de los casos a que se refiere el apartado anterior, las diligencias de ordenación también podrán ser anuladas, a instancia
         de la parte a la que causen perjuicio, cuando infrinjan algún precepto legal o resuelvan cuestiones que, conforme a lo dispuesto
         en esta Ley, deban ser decididas mediante providencia.
      
      3.      La impugnación a que se refiere el párrafo anterior se tramitará y resolverá de conformidad con lo previsto para el recurso
         de reposición.»
      
      17      En relación con el recurso de reposición al que hace referencia el artículo 224 de la LEC, el artículo 454 de la misma Ley
         dispone:
      
      «Irrecurribilidad del auto que resuelve la reposición.
      Salvo los casos en que proceda el recurso de queja, contra el auto que resuelva el recurso de reposición no cabrá recurso
         alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión objeto de la reposición al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.»
      
      18      Según el artículo 455 de la LEC, los autos de los Juzgados de Primera Instancia serán apelables siempre y cuando devengan
         «definitivos» o «la ley expresamente [lo] señale».
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      19      El 2 de noviembre de 2007, la sociedad española Roda Golf solicitó al secretario del órgano judicial remitente que trasladase,
         en virtud del Reglamento nº 1348/2000, a los organismos receptores competentes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
         Norte y de Irlanda dieciséis cartas dirigidas a sendos destinatarios establecidos en dichos Estados miembros. Las cartas tenían
         por objeto la resolución unilateral de contratos de compraventa de inmuebles celebrados entre la sociedad y los citados destinatarios.
         Su contenido no tenía conexión con ningún procedimiento judicial en curso.
      
      20      Tal y como se desprende del expediente facilitado al Tribunal de Justicia por el órgano judicial remitente y de las alegaciones
         formuladas por la demandante en el litigio principal en sus observaciones, ésta otorgó ante un notario de San Javier un acta
         de notificación y requerimiento, registrada bajo el nº 111 del protocolo notarial, en la que se requería a dicho notario para
         que notificase el acta a través del secretario judicial, autoridad competente según la comunicación efectuada por el Reino
         de España con arreglo al artículo 23 del Reglamento nº 1348/2000.
      
      21      El secretario del órgano judicial remitente denegó el traslado del acta controvertida en el litigio principal, señalando que
         su notificación no traía causa de un procedimiento judicial y que, por lo tanto, no estaba incluida en el ámbito de aplicación
         del Reglamento nº 1348/2000.
      
      22      Roda Golf recurrió dicha resolución ante el juez remitente. Alegó entre otros extremos que, con arreglo al Reglamento nº 1348/2000,
         los documentos extrajudiciales pueden notificarse al margen de un procedimiento judicial.
      
      23      En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier decidió suspender el procedimiento
         y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Está dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 1348/2000 […] el traslado de documentos extrajudiciales exclusivamente
         y entre personas privadas utilizando los medios materiales y personales de los Juzgados y Tribunales de la Unión Europea y
         su normativa europea sin iniciar ningún procedimiento judicial? O por el contrario
      
      2)      ¿El ámbito del Reglamento 1348/2000 se aplica exclusivamente dentro de la cooperación judicial entre Estados miembros y dentro
         de un procedimiento judicial en curso ([artículos 61 CE, letra c), 67 CE, apartado 1, y 65 CE y sexto considerando del Reglamento
         nº 1348/2000])?»
      
       Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
      24      La Comisión propone dos excepciones de incompetencia del Tribunal de Justicia en relación con las cuestiones planteadas. En
         primer lugar, alega que la resolución que dictará el juez remitente en el litigio principal será un auto definitivo, contra
         el cual cabe interponer recurso de apelación, conforme dispone el artículo 455 de la LEC. Debido a esta circunstancia, la
         Comisión considera que la remisión es inadmisible, dado que, según el artículo 68 CE, sólo los órganos jurisdiccionales nacionales
         cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso pueden plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia
         en relación con el título IV de la tercera parte del Tratado CE.
      
      25      A este respecto, ha de recordarse que, según el artículo 68 CE, cuando una cuestión sobre la interpretación de actos de las
         instituciones comunitarias basados en el citado título IV se plantee ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones
         no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano jurisdiccional pedirá al Tribunal de Justicia
         que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
      
      26      Las cuestiones planteadas en el presente procedimiento tienen por objeto la interpretación del Reglamento nº 1348/2000. Dado
         que el Consejo adoptó dicho Reglamento sobre la base de los artículos 61 CE, letra c), y 67 CE, apartado 1, que están incluidos
         en la tercera parte, título IV, del Tratado CE, el artículo 68 CE resulta aplicable en el caso de autos.
      
      27      Dadas las circunstancias, sólo un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso
         judicial de Derecho interno puede pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación de dicho
         Reglamento.
      
      28      A este respecto, el Abogado General hace referencia, en el punto 41 de sus conclusiones, a una cierta heterogeneidad en la
         jurisprudencia española en cuanto a la posibilidad de interponer recursos contra una resolución como la que ha de dictar el
         juez remitente en el litigio principal. Si bien la Comisión cita a este respecto diversos autos judiciales nacionales que
         admiten tal posibilidad, no es menos cierto que no sólo existe jurisprudencia contraria, sino también una controversia académica
         al respecto, en la que parte de la doctrina se decanta por negar toda posibilidad de recurso en este tipo de procedimientos.
      
      29      Pues bien, no corresponde al Tribunal de Justicia resolver dicha controversia. En el caso de autos, el juez remitente señala
         en su petición de decisión prejudicial que la resolución que dictará en el litigio principal tendrá el carácter de última
         instancia.
      
      30      Por consiguiente, procede desestimar la primera excepción de incompetencia propuesta por la Comisión.
      
      31      En segundo lugar, la Comisión considera que el órgano judicial remitente no está conociendo de un litigio, sino de un «expediente
         no judicial». Por lo tanto, afirma que el Tribunal de Justicia carece de competencia para pronunciarse acerca de las cuestiones
         planteadas, dado que la remisión se ha efectuado en un supuesto en que el juez nacional actúa como autoridad administrativa
         y no realiza funciones jurisdiccionales.
      
      32      Del expediente facilitado al Tribunal de Justicia se desprende que las cuestiones prejudiciales se han planteado con motivo
         de un recurso de reposición interpuesto contra la negativa de un secretario judicial de dar traslado al acta controvertida
         en el litigio principal. En el marco de dicho recurso, la única parte procesal es la demandante en el litigio principal.
      
      33      A este respecto, ha de recordarse que el artículo 234 CE, que resulta aplicable al título IV de la tercera parte del Tratado
         CE en virtud del artículo 68 CE, no subordina el sometimiento de un asunto al Tribunal de Justicia al carácter contradictorio
         del procedimiento durante el cual el juez nacional formula una cuestión prejudicial (véase la sentencia de 17 de mayo de 1994,
         Corsica Ferries, C‑18/93, Rec. p. I‑1783, apartado 12).
      
      34      No obstante, del citado artículo 234 CE resulta que los órganos jurisdiccionales nacionales sólo pueden pedir al Tribunal
         de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en un procedimiento
         que culmine con una resolución de carácter judicial (véanse los autos de 18 de junio de 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975,
         apartado 4, y de 5 de marzo de 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, apartado 4, así como las sentencias de 19 de octubre
         de 1995, Job Centre, C‑111/94, Rec. p. I‑3361, apartado 9, y de 14 de junio de 2001, Salzmann, C‑178/99, Rec. p. I‑4421, apartado 14).
      
      35      Así pues, cuando actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no se puede
         considerar que el órgano remitente ejerza una función jurisdiccional. Ése es el caso, por ejemplo, cuando se pronuncia sobre
         una solicitud de inscripción de una sociedad en un registro en un procedimiento que no tenga por objeto la anulación de un
         acto lesivo para un derecho del demandante (véanse las sentencias antes citadas Job Centre, apartado 11, y Salzmann, apartado
         15, así como de 15 de enero de 2002, Lutz y otros, C‑182/00, Rec. p. I‑547, apartado 14; véase igualmente, en este sentido,
         la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑0000, apartado 57).
      
      36      En cambio, un tribunal ante el que se sustancie un recurso de apelación contra una resolución de un tribunal inferior competente
         para la llevanza de un registro que deniega tal solicitud de inscripción, apelación por la que se pretende la anulación de
         esa resolución que, según se alega, menoscaba un derecho del demandante, conoce de un litigio y realiza una función judicial
         (véase la sentencia Cartesio, antes citada, apartado 58). Por consiguiente, en tal caso, debe, en principio, considerarse
         que el tribunal que resuelve en sede de apelación es un órgano jurisdiccional facultado para plantear una cuestión prejudicial
         al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 234 CE (véanse para tales supuestos, en particular, las sentencias de 15 de
         mayo de 2003, Salzmann, C‑300/01, Rec. p. I‑4899; de 13 de diciembre de 2005, SEVIC Systems, C‑411/03, Rec. p. I‑10805; de
         11 de octubre de 2007, Möllendorf y Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, Rec. p. I‑8361, y Cartesio, antes citada).
      
      37      Esta jurisprudencia resulta aplicable al caso de autos. Aun cuando pueda considerarse que el secretario judicial que tramita
         una solicitud de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales con arreglo al Reglamento nº 1348/2000
         actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no sucede lo mismo en el caso
         del juez encargado de pronunciarse acerca del recurso interpuesto contra la negativa de dicho secretario judicial a proceder
         a la notificación o traslado solicitados.
      
      38      En efecto, el objeto de dicho recurso es la anulación de la denegación, la cual, según se alega, menoscaba un derecho del
         demandante, a saber, su derecho a que se notifiquen o trasladen determinados documentos por los canales previstos en el Reglamento nº 1348/2000.
         
      
      39      Por consiguiente, el juez remitente conoce de un litigio y, por lo tanto, ejerce una función jurisdiccional.
      
      40      El hecho de que el secretario judicial forme parte de la estructura organizativa del órgano judicial remitente no desvirtúa
         la anterior conclusión. Dicha circunstancia no influye en la naturaleza judicial de la función que ejerce el juez remitente
         en el procedimiento principal, habida cuenta de que dicho procedimiento tiene por objeto la anulación de un acto que supuestamente
         menoscaba un derecho del demandante.
      
      41      De ello se desprende que procede desestimar igualmente la segunda excepción de incompetencia propuesta por la Comisión.
      
      42      En consecuencia, el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones planteadas.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      43      Mediante sus dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano judicial remitente interesa saber, en esencia,
         si la notificación y el traslado de documentos extrajudiciales al margen de un procedimiento judicial, realizados entre particulares,
         están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1348/2000.
      
       Observaciones preliminares
      44      Con carácter preliminar, ha de determinarse si el concepto de «documento extrajudicial» en el sentido del artículo 16 del
         Reglamento nº 1348/2000 es un concepto de Derecho comunitario o si, por el contrario, se trata de un concepto de Derecho nacional.
      
      45      Los Gobiernos español, checo, alemán, helénico, letón, húngaro y polaco consideran que el contenido del concepto de documento
         extrajudicial debe determinarse en función del Derecho de cada Estado miembro. Alegan que el Reglamento nº 1348/2000 atribuye
         a los Estados miembros la tarea de decidir si los documentos extrajudiciales pueden notificarse o trasladarse y, en caso afirmativo,
         cuáles de ellos pueden serlo. A este respecto, los citados Estados miembros se remiten al artículo 17, letra b), de dicho
         Reglamento, que prevé, como modalidad de aplicación de este último, la elaboración de un léxico de los documentos que podrán
         trasladarse y notificarse, y observan que dicho léxico establece listados de tales documentos cuyo contenido varía según cada
         Estado miembro.
      
      46      Debe recordarse que el Reglamento nº 1348/2000 tiene por objeto mejorar y acelerar la transmisión entre los Estados miembros
         de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil a efectos de su notificación o traslado. No obstante,
         dicho Reglamento no llega a definir de un modo preciso y uniforme el concepto de documento extrajudicial.
      
      47      En virtud de su artículo 17, letra b), dicho Reglamento encarga a la Comisión la elaboración, de acuerdo con los Estados miembros,
         de un léxico que recoja los documentos que podrán trasladarse o notificarse. Dicho léxico señala, en su parte introductoria,
         que las informaciones comunicadas por los Estados miembros sólo tienen un valor indicativo. No obstante, su contenido demuestra
         que éstos, bajo el control de la Comisión, definieron diversamente los documentos que, en su opinión, pueden trasladarse o
         notificarse con arreglo a dicho Reglamento. Sin embargo, a pesar de la existencia de dicho léxico, procede considerar que
         el concepto de «documento extrajudicial», en el sentido del artículo 16 del Reglamento nº 1348/2000, es un concepto de Derecho
         comunitario.
      
      48      En efecto, el objetivo del Tratado de Ámsterdam de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, dando así a la Comunidad
         una dimensión nueva, y la transferencia, del Tratado UE al Tratado CE, del régimen que permite la adopción de medidas dentro
         del ámbito de la cooperación judicial en las materias civiles que tienen una incidencia transfronteriza ponen de relieve la
         voluntad de los Estados miembros de enraizar tales medidas en el ordenamiento jurídico comunitario y de consagrar así el principio
         de su interpretación autónoma (sentencia de 8 de noviembre de 2005, Leffler, C‑443/03, Rec. p. I‑9611, apartado 45).
      
      49      Además, la elección de la forma de Reglamento, en vez de la Directiva inicialmente propuesta por la Comisión (véase el DO
         1999, C 247 E, p. 11), muestra la importancia que el legislador comunitario atribuye al carácter directamente aplicable de
         las disposiciones del Reglamento nº 1348/2000 y a su aplicación uniforme (sentencia Leffler, antes citada, apartado 46).
      
      50      De ello se deduce que el concepto de «documento extrajudicial» en el sentido del artículo 16 del Reglamento nº 1348/2000 es
         un concepto de Derecho comunitario.
      
       Sobre el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1348/2000
      51      En relación con la cuestión de si la notificación y el traslado de documentos extrajudiciales al margen de un procedimiento
         judicial están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1348/2000, los Gobiernos español y eslovaco alegan que,
         para que un documento pueda considerarse documento extrajudicial, debe tener una conexión concreta bien con un procedimiento
         judicial en curso, bien con la interposición de un procedimiento judicial.
      
      52      Roda Golf, los Gobiernos alemán, helénico, italiano, letón, húngaro y polaco y la Comisión defienden la postura contraria.
      
      53      A este respecto, ha de señalarse que el artículo 61 CE, letra c), es la base jurídica del Reglamento nº 1348/2000. Dicho precepto
         permite adoptar, a fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, las medidas señaladas
         en el artículo 65 CE. Según este último artículo, las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con
         repercusión transfronteriza incluirán la mejora y la simplificación del sistema de notificación o traslado transfronterizo
         de documentos judiciales y extrajudiciales, en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior.
      
      54      Asimismo, el segundo considerando del Reglamento nº 1348/2000 expone que el buen funcionamiento del mercado interior exige
         mejorar y acelerar la transmisión entre los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
         mercantil a efectos de su notificación o traslado.
      
      55      Así pues, el artículo 65 CE y el Reglamento nº 1348/2000 tienen por objeto establecer un sistema de notificación y traslado
         intracomunitarios cuya finalidad es el buen funcionamiento del mercado interior. 
      
      56      Habida cuenta de dicha finalidad, la cooperación judicial a que se refieren el artículo y el Reglamento citados no puede limitarse
         a los procedimientos judiciales. En efecto, dicha cooperación puede manifestarse tanto en el marco de un procedimiento judicial
         como al margen de tal procedimiento, en la medida en que tal cooperación tenga incidencia transfronteriza y sea necesaria
         para el buen funcionamiento del mercado interior.
      
      57      Contrariamente a lo alegado por los Gobiernos español, polaco y eslovaco, el hecho de que el sexto considerando del Reglamento
         nº 1348/2000 sólo mencione la eficacia y la rapidez de los procedimientos judiciales no basta para sustraer del ámbito de
         aplicación de dicho Reglamento todo documento que no tenga conexión con un procedimiento judicial. Dicho considerando sólo
         se refiere a uno de los corolarios del objetivo principal de ese Reglamento. Por consiguiente, cuando dicho considerando hace
         referencia a los documentos extrajudiciales en el contexto de los procedimientos judiciales, debe entenderse en el sentido
         de que la notificación o el traslado de tales documentos puede solicitarse en el marco de un procedimiento judicial.
      
      58      Además, el documento controvertido en el litigio principal, presentado ante el secretario del órgano judicial remitente para
         su traslado, se otorgó ante notario, tal y como se desprende del apartado 20 de la presente sentencia, y constituye, como
         tal, un documento extrajudicial en el sentido del artículo 16 del Reglamento nº 1348/2000. 
      
      59      En cuanto a la preocupación mostrada por los Gobiernos español y polaco de que una interpretación extensa del concepto de
         documento extrajudicial supondría imponer una carga excesiva para los medios de los órganos judiciales nacionales, debe señalarse
         que las obligaciones en materia de notificación y traslado derivadas del Reglamento nº 1348/2000 no han de recaer necesariamente
         en los órganos judiciales nacionales. La designación de los organismos transmisores y de los organismos receptores, los cuales,
         según el artículo 2, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, pueden ser «funcionarios públicos, autoridades u otras personas»,
         es competencia de los Estados miembros. Por lo tanto, éstos tienen libertad para designar como organismos transmisores u organismos
         receptores, a efectos de la notificación y traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, a entidades distintas de los
         órganos judiciales nacionales. 
      
      60      Por otro lado, la notificación o traslado por intermediación de los organismos transmisores y receptores no es el único canal
         de notificación o traslado previsto en el Reglamento nº 1348/2000. El artículo 14 de éste autoriza a los Estados miembros
         a efectuar la notificación o traslado directamente por correo a las personas que residan en otro Estado miembro. La mayor
         parte de los Estados miembros admiten esta modalidad de notificación o traslado. Asimismo, con arreglo a su artículo 15, el
         Reglamento nº 1348/2000 no afectará a la notificación o traslado directos por medio de los agentes judiciales, funcionarios
         u otras personas competentes del Estado miembro requerido. En virtud del artículo 16 del mismo Reglamento, ambos preceptos
         son aplicables a la notificación o traslado de documentos extrajudiciales.
      
      61      Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas que la notificación y el traslado, al margen de un procedimiento
         judicial, de un acta notarial como la controvertida en el litigio principal están incluidos en el ámbito de aplicación del
         Reglamento nº 1348/2000.
      
       Costas
      62      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      La notificación y el traslado, al margen de un procedimiento judicial, de un acta notarial como la controvertida en el litigio
            principal están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000,
            relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil
            o mercantil.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.