CELEX: C2003/171/22
Language: es
Date: 2003-07-19 00:00:00
Title: Asunto C-221/03: Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 171/16              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            19.7.2003
Respecto al segundo procedimiento                                             —     en lo referente a la Región Valona, al no haber
                                                                                    adoptado las disposiciones legales, reglamentarias
5.   ¿Se opone el estado actual del Derecho comunitario a                           y administrativas ni haber tomado las medidas
     que, mientras el propio nacional de un Estado miembro                          necesarias para adaptar enteramente el derecho
     no invoque el derecho de estancia en calidad de destinata-                     interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de la
     rio de servicios frente al Estado miembro en cuyo                              Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos plena-
     territorio se encuentra, este Estado miembro no considere                      mente.
     a esa persona como un ciudadano amparado por el
     derecho de estancia con arreglo al Derecho comunitario?            —     Condene en costas al Reino de Bélgica.
6.   ¿Debe entenderse el concepto de destinatario de servicios
     al que se refiere la libre circulación de servicios en el
     sentido de que, aunque alguien permanezca en otro                  Motivos y principales alegaciones
     Estado miembro durante un largo período, posiblemente
     más de seis meses, sea detenido en dicho Estado miembro
     por un hecho punible, no pueda acreditar residencia o              La Directiva 91/676/CEE establece un procedimiento progre-
     domicilio fijo y, además, no tenga dinero ni equipaje, la          sivo que los Estados miembros deben seguir para reducir y
     estancia en otro Estado miembro ya constituye motivo               prevenir la contaminación de las aguas provocada o inducida
     suficiente para tener que presumir que se reciben servicios        por los nitratos utilizados en la agricultura. A tal efecto, deben
     turísticos u otros servicios relacionados con una breve            determinar, en primer lugar, cuales son las aguas dulces
     estancia, como, por ejemplo, alojamiento y consumo de              subterráneas, costeras y superficiales de su territorio que están
     comidas?                                                           contaminadas o que podrían verse contaminadas por nitratos
                                                                        de origen agrario (artículo 3, apartado 1). Una vez determina-
                                                                        das dichas aguas, los Estados miembros deben designar, en
                                                                        segundo lugar, las «zonas vulnerables» (artículo 3, apartado 2).
                                                                        Además, tienen que elaborar uno o más códigos de prácticas
                                                                        agrarias correctas que podrán poner en efecto los agricultores
                                                                        de forma voluntaria (artículo 4). Por último, los Estados
                                                                        miembros han de establecer programas de acción respecto de
                                                                        todas las zonas vulnerables que consistan en determinadas
Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra el                     medidas exigidas por la Directiva (artículo 5). La Directiva
Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades                     prevé que los Estados miembros presenten a la Comisión un
                            Europeas                                    informe cada cuatro años (artículo 10).
                      (Asunto C-221/03)
                                                                        Según la Comisión, Bélgica considera que en Derecho belga
                                                                        forma parte de las competencias regionales adaptar el Derecho
                        (2003/C 171/22)                                 interno a la Directiva y desarrollar ésta. Las autoridades belgas
                                                                        alegan que la autoridad federal es competente únicamente para
                                                                        la designación de las aguas costeras y de las aguas marinas
                                                                        contempladas en el artículo 3, apartado 1, y en el punto 3,
                                                                        apartado A, del anexo I de la Directiva. Dicha tesis no es
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        pertinente en Derecho comunitario. En efecto, incumbe a las
presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra el Reino
                                                                        autoridades competentes de cada Estado miembro garantizar
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 la adaptación completa de su Derecho interno a la Directiva.
Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana, en calidad
                                                                        Además, en lo que se refiere a la autoridad federal, la Comisión
de agente, asistido por los Sres. M. van der Woode y                    no tiene constancia de que se haya adoptado ninguna medida
Th. Cellingsworth, abogados, que designa domicilio en Luxem-
                                                                        para designar las aguas marinas ni las aguas costeras. En lo
burgo.
                                                                        referente a la legislación de la Región Flamenca y de la Región
                                                                        Valona de adaptación del Derecho interno a la Directiva, la
                                                                        Comisión señala que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                        —     la Región Flamenca no ha adoptado ninguna disposición
—    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                        que designe las aguas contaminadas o que podrían verse
     obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva                   contaminadas, en contra de lo dispuesto en el artículo 3,
     91/676/CEE (1):                                                          apartado 1, de la Directiva. En cuanto a las zonas
                                                                              vulnerables, no tuvo en cuenta el procedimiento ni los
     —     en lo referente a la Región Flamenca, al no haber                  criterios establecidos en el artículo 3 cuando designó las
           adoptado las disposiciones legales, reglamentarias                 de su territorio. Además, el código flamenco de prácticas
           y administrativas ni haber tomado las medidas                      agrarias correctas no cumple las exigencias del artículo 4
           necesarias para adaptar enteramente el derecho                     ni las del anexo II de la Directiva y el programa de
           interno a los artículos 3, apartados 1 y 2, 4, 5, y 10             acción flamenco no satisface tampoco los requisitos del
           de la Directiva 91/676/CEE y para aplicar éstos                    artículo 5 ni los del anexo III de la Directiva, habida
           plenamente;                                                        cuenta de que no es aplicable a todas las zonas vulnerables
 ---pagebreak--- 19.7.2003                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 171/17
       designadas por la Región Flamenca y de que es incom-                   zione Produttori Olivicoli Laziali (APOL) y Associazione
       pleto. Por último, el informe relativo a la Región Flamenca            Italiana Produttori Olivicoli (AIPO), por una parte, y la
       no recoge todos los documentos y datos exigidos por las                Comisión de las Comunidades Europeas, por otra.
       disposiciones del artículo 10 en relación con las del
       anexo V de la Directiva;                                               La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
                                                                              Comunidades Europeas que:
—      la Región Valona ha infringido los artículos 10, apar-
       tado 2, y 12 de la Directiva ya que efectuó la labor de                —     Anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
       determinación de las aguas y de designación posterior de                     Instancia de las Comunidades Europeas — Sala Segunda
       las zonas vulnerables sólo en relación con parte de su                       — el 6 de marzo de 2003, en los asuntos acumulados
       territorio, que completó dicha tarea tardíamente y que la                    T-61/00 y T-62/00.
       identificación de las zonas vulnerables sigue siendo
       insuficiente. Además, las autoridades valonas competen-
       tes no tuvieron en cuenta la contaminación de las                      Motivos y principales alegaciones
       aguas costeras y marinas cuando identificaron las aguas
       afectadas por la contaminación ni cuando designaron las                La parte recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal de
       zonas vulnerables, en contra de lo dispuesto en el                     Primera Instancia adolece de un vicio de nulidad por los
       artículo 3 de la Directiva. También se ha infringido el                siguientes motivos:
       artículo 5 de la Directiva en la medida de que, tras
       designar dos zonas vulnerables en su territorio, la Región             —     Interpretación errónea y aplicación incorrecta del princi-
       Valona debería haber establecido programas de acción en                      pio de fuerza mayor.
       el plazo señalado, los cuales no han sido adoptados
       todavía.                                                               —     Interpretación y aplicación erróneas del principio de
                                                                                    proporcionalidad, así como de los artículos 9, apartado 1,
                                                                                    y 17, apartado 2, letra b), del Reglamento no 355/
( 1) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,                  77; motivación insuficiente debido a incoherencia y
     relativa a la protección de las aguas contra la contaminación                  contradictoriedad manifiestas.
     producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de
     21.12.91, p. 1).                                                         —     Conculcación del derecho de defensa por incumplimiento
                                                                                    del deber de instrucción — No pronunciamiento sobre la
                                                                                    pertinencia de un medio de prueba.
                                                                              —     No pronunciamiento sobre la pertinencia de un medio de
                                                                                    prueba.
Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2003                         Recurso interpuesto el 22 de mayo de 2003 contra la
por Associazione Produttori Olivicoli Laziali (A.P.O.L.) y                    República Francesa por la Comisión de las Comunidades
Associazione Italiana Produttori Olivicoli (A.I.P.O.) con-                                                 Europeas
tra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2003 por la
Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                                                     (Asunto C-225/03)
Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados T-61/
00 y T-62/00, entre Associazione Produttori Olivicoli
Laziali (APOL) y Associazione Italiana Produttori Olivi-                                               (2003/C 171/24)
coli (AIPO), por una parte, y la Comisión de las Comunida-
                      des Europeas, por otra
                                                                              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                              presentado el 22 de mayo de 2003 un recurso contra
                        (Asunto C-222/03 P)                                   la República Francesa formulado por la Comisión de las
                                                                              Comunidades Europeas, representada por las Sras. L. Ström y
                                                                              F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en
                          (2003/C 171/23)                                     Luxemburgo.
                                                                              La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                              de Justicia que:
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de mayo de 2003 un recurso de casación                       1.    Declare que la República Francesa ha incumplido las
formulado por Associazione Produttori Olivicoli Laziali                             obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
(APOL) y Associazione Italiana Produttori Olivicoli (AIPO),                         98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
asistidas y representadas por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo                      27 de octubre de 1998, sobre productos sanitarios para
De Caterini y Andrea Bandini, abogados de Roma, contra la                           diagnóstico in vitro (1), al no haber adoptado todas las
sentencia dictada el 6 de marzo de 2003 por la Sala Segunda                         disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas                       necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en
en los asuntos acumulados T-61/00 y T-62/00, entre Associa-                         todo caso, al no haberlas comunicado a la Comisión.