CELEX: 62006CO0363
Language: es
Date: 2008-02-20 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 20 de febrero de 2008.#Comunidad Autónoma de Valencia - Generalidad Valenciana contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Recurso de casación - Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento - Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia - Representación por abogado - Observancia de las formas sustanciales del procedimiento - Principio de no discriminación - Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.#Asunto C-363/06 P.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
      de 20 de febrero de 2008 (*)
      
      «Recurso de casación – Artículo 119 del Reglamento de Procedimiento – Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia – Representación por abogado – Observancia de las formas sustanciales del procedimiento – Principio de no discriminación – Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»
      En el asunto C‑363/06 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 6 de septiembre de 2006,
      
      Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana, representada por las Sras. C. Fernández Vicién, I. Moreno‑Tapia Rivas y M.J. Rodríguez Blasco, abogadas, y por el Sr. J.V. Sánchez‑Tarazaga
         Marcelino,
      
      parte recurrente,
      apoyada por:
      Reino de España, representado por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente,
      
      y en el que la otra parte en el procedimiento es:
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. F. Castillo de la Torre y L. Escobar Guerrero, en calidad de agentes,
      
      parte demandada en primera instancia,
      apoyada por:
      República Italiana, representada por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. P. Gentili, avvocato dello Stato,
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
      integrado por el Sr. G. Arestis (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. E. Juhász, Jueces;
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      oído el Abogado General;
      dicta el siguiente
      Auto
      1        Mediante su recurso de casación, la Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana solicita la anulación del auto
         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de julio de 2006, Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad
         Valenciana/Comisión (T‑357/05, Rec. p. II‑2015; en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que se declaró inadmisible su recurso
         dirigido a la anulación de la Decisión C(2005) 1867 final de la Comisión, de 27 de junio de 2005, relativa a la reducción
         de la ayuda otorgada con cargo al Fondo de Cohesión, respecto al grupo de Proyectos nº 97/11/61/028, relativos a la recogida
         y tratamiento de aguas residuales en el litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Valencia (en lo sucesivo, «Decisión
         de la Comisión»).
      
       Marco jurídico
      2        A tenor del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia
         en virtud del artículo 53 de dicho Estatuto:
      
      «Los Estados, así como las Instituciones de la Comunidad, estarán representados ante el Tribunal por un Agente designado para
         cada asunto: el Agente podrá estar asistido por un Asesor o un Abogado.
      
      […]
      Las otras partes deberán estar representadas por un abogado.
      Únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado
         Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo [de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, “Acuerdo
         EEE”)] podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia.
      
      Los agentes, asesores y abogados que comparezcan ante el Tribunal de Justicia gozarán de los derechos y garantías necesarios
         para el ejercicio independiente de sus funciones, en las condiciones que determine el reglamento de procedimiento.
      
      […]»
      3        El artículo 44, apartados 3 y 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone:
      
      «El Abogado que asista o represente a una parte deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está facultado
         para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.
      
      […]
      Si la demanda no reuniere los requisitos enumerados en los apartados 3 a 5 del presente artículo, el Secretario fijará al
         demandante un plazo razonable para subsanar el defecto de la demanda o para presentar los documentos antes mencionados. Caso
         de que no se efectuare la subsanación o no se presentaren los documentos en el plazo fijado, el Tribunal de Primera Instancia
         decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma.»
      
      4        De conformidad con el artículo 111 del mismo Reglamento de Procedimiento:
      
      «Cuando el Tribunal de Primera Instancia sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente
         inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia, oído el Abogado General,
         podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.»
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y auto recurrido
      5        Mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de septiembre de 2005, la recurrente
         interpuso un recurso contra la Decisión de la Comisión.
      
      6        En la demanda se indicaba que la recurrente estaba representada por el Sr. Sánchez‑Tarazaga Marcelino, «letrado», de su gabinete
         jurídico. Dicha demanda estaba acompañada de un certificado del Subdirector del gabinete jurídico de la recurrente que acreditaba
         que el Sr. Sánchez‑Tarazaga Marcelino estaba habilitado para representarla en el litigio ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      7        Mediante escrito de 25 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia, en aplicación del artículo 44, apartado 6, de su Reglamento
         de Procedimiento requirió a la recurrente para que indicara si su representante poseía la condición de abogado inscrito en
         un Colegio de Abogados en España y, en su caso, para que presentara los certificados correspondientes (en lo sucesivo, «escrito
         de 25 de noviembre de 2005»). Al mismo tiempo rogó a las partes que tomaran nota de que el plazo para la presentación del
         escrito de contestación a la demandada se suspendía hasta nueva orden. El 7 de diciembre de 2005 el Sr. Sánchez-Tarazaga Marcelino
         respondió que, aunque no estaba inscrito en el Colegio de Abogados, estaba facultado en virtud del Derecho español para representar
         a la recurrente ante los órganos jurisdiccionales nacionales y comunitarios.
      
      8        El 22 de diciembre de 2005 la Comunidad Autónoma de Andalucía – Junta de Andalucía presentó una demanda de intervención. La
         demandante y la Comisión de las Comunidades Europeas presentaron sus observaciones sobre la admisibilidad de la demanda de
         intervención los días 7 y 18 de marzo de 2006, respectivamente.
      
      9        Al considerar que el recurso de la recurrente era manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia decidió resolver
         mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento, con arreglo al artículo 111 de su Reglamento de Procedimiento.
      
      10      En primer lugar recordó los dos requisitos acumulativos que deben cumplirse para que una persona pueda representar válidamente
         ante los órganos jurisdiccionales comunitarios a las partes «no privilegiadas», es decir, las partes distintas de los Estados
         miembros, los demás Estados parte en el Acuerdo EEE y las instituciones de la Comunidad, llamadas partes «privilegiadas».
         De este modo, dicha persona tiene que ser abogado y estar habilitada para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado
         miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.
      
      11      A continuación indicó que dichos requisitos constituyen normas sustanciales de forma cuya inobservancia conlleva la inadmisibilidad
         del recurso.
      
      12      Por último, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció en los apartados 8 a 11 del auto recurrido en los siguientes términos:
      
      «8      La exigencia que impone el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia tiene su razón de ser en el hecho de que el abogado
         es considerado un colaborador de la justicia, que ha de proporcionar, con plena independencia y para el interés superior de
         la misma, la asistencia legal que el cliente necesita. Dicha protección tiene como contrapartida la disciplina profesional,
         impuesta y controlada en pro del interés general por las instituciones habilitadas a tal efecto. Dicha concepción responde
         a las tradiciones jurídicas comunes de los Estados miembros y se reconoce también en el ordenamiento jurídico comunitario
         [véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, AM & S/Comisión, 155/79, Rec. p. 1575, apartado 24, y
         el auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2005, ET/OAMI – Aparellaje eléctrico (UNEX), T‑445/04, Rec.
         p. II‑677, apartado 8].
      
      9      Esta independencia y este interés superior de la justicia podrían verse comprometidos si se aceptara que una parte distinta
         de las contempladas en el artículo 19, párrafos primero y segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia (denominadas “partes
         privilegiadas”), pudiera hacerse representar ante los órganos jurisdiccionales comunitarios por una persona que no tenga la
         condición de abogado colegiado, pero que esté vinculada a ella por una relación laboral. En la práctica dicha persona equivale
         a un agente en el sentido del artículo 19, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Ahora bien, el artículo
         19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia reserva únicamente a las partes privilegiadas la posibilidad de
         hacerse representar por agentes.
      
      10      Puesto que el Sr. Sánchez-Tarazaga Marcelino no está inscrito en el Colegio de Abogados, no es abogado a efectos del artículo
         19 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Por consiguiente, aunque, según la normativa española pueda representar a la demandante,
         que no se encuentra entre las partes privilegiadas, en el marco del recurso ante todo órgano jurisdiccional, no cumple el
         primero de los dos requisitos acumulativos del artículo 19, párrafo cuarto, del mismo Estatuto y, por tanto, no está facultado
         para representar a la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      11      Esta conclusión no queda menoscabada por el hecho de que, en otro asunto, una Comunidad Autónoma española haya estado representada
         por un miembro de su gabinete jurídico que no estaba inscrito en el Colegio de Abogados (auto del Tribunal de Primera Instancia
         de 13 de julio de 2004, Comunidad Autónoma de Andalucía/Comisión, T‑29/03, Rec. p. II‑2923). En efecto, en ese asunto, la
         Comisión había planteado la cuestión de la representación de la demandante en el marco de una excepción de inadmisibilidad
         que retiró posteriormente. Puesto que se acordó la inadmisibilidad del recurso por otros motivos, el Tribunal de Primera Instancia
         no se pronunció en dicho auto sobre la cuestión de la representación de la demandante.»
      
       Pretensiones de las partes
      13      La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare que el recurso es admisible y fundado.
      –        Anule el auto recurrido.
      –        Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva sobre el fondo.
      –        Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas que se deriven del presente procedimiento.
      14      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a la recurrente.
       Sobre el recurso
      15      En virtud del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente inadmisible
         o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, previo informe del Juez Ponente y oído el Abogado
         General, desestimar el recurso de casación mediante auto motivado.
      
      16      En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos de casación basados respectivamente en la infracción
         del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en el quebrantamiento de las formas sustanciales del procedimiento
         ante el Tribunal de Primera Instancia –en particular, en la vulneración de los artículos 44, apartado 6, y 111 de su Reglamento
         de Procedimiento, y del principio de contradicción– y en la violación del principio de no discriminación.
      
      17      El Gobierno español interviene en apoyo de la recurrente. Interviene también en el asunto el Gobierno italiano que únicamente
         ha adoptado posición en lo relativo al tercer motivo de casación considerando que carece de fundamento.
      
       Sobre el primer motivo de casación
      18      En su primer motivo de casación, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho
         al negar a su representante, miembro de su gabinete jurídico, la capacidad de representación ante el mismo infringiendo de
         este modo el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
      
      19      La recurrente sostiene en esencia que, en el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia impuso a su representante un
         requisito adicional que el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia no contiene, al exigir que estuviese inscrito
         en el Colegio de Abogados para justificar su condición de abogado en el sentido de dicho artículo. A este respecto, la recurrente
         alega que según la legislación española, a la que se remite el referido artículo 19, su representante, miembro de su gabinete
         jurídico, tiene la condición de abogado y no está obligado a inscribirse en el Colegio de Abogados para estar habilitado para
         el ejercicio ante cualesquiera órganos jurisdiccionales.
      
      20      Ha de recordarse que, a tenor del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, las partes «no privilegiadas»
         deberán estar representadas por un «abogado».
      
      21      En virtud de este mismo artículo 19, párrafo cuarto, una persona únicamente podrá representar válidamente a las citadas partes
         ante el Tribunal de Primera Instancia si reúne dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, que tenga la condición
         de abogado y, por otra, que esté facultada para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado
         Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Como destacó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 7 del
         auto recurrido, dichos requisitos constituyen normas sustanciales de forma cuya inobservancia conlleva la inadmisibilidad
         del recurso.
      
      22      El Tribunal de Primera Instancia, conforme al artículo 44, apartado 6, de su Reglamento de Procedimiento, requirió a la recurrente
         para que subsanara el defecto de su demanda indicando si su representante poseía la condición de abogado inscrito en un Colegio
         de Abogados en España y, en su caso, para que presentara los certificados correspondientes. La recurrente respondió alegando
         que si bien su representante no estaba inscrito en Colegio de Abogados alguno, estaba facultado, en virtud del Derecho español,
         para representarla ante los órganos jurisdiccionales nacionales y comunitarios.
      
      23      De ello resulta que con ocasión del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia el representante, que estaba obligado
         a justificar su condición de abogado, no presentó documento ni certificado que acreditase que poseía el título de abogado
         facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo EEE de
         conformidad con el artículo 44, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. De este modo,
         el referido representante de dicha parte «no privilegiada» no demostró que cumplía el primero de los dos requisitos acumulativos,
         el relativo a la condición de abogado, que exige el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia.
      
      24      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que se desprende de dicha disposición, y en particular del uso del término «representadas»,
         que una «parte» en el sentido de ésta debe utilizar los servicios de un tercero que tiene que ser obligatoriamente un abogado
         habilitado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre
         el Espacio Económico Europeo (véanse, en este sentido, los autos de 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia, C‑174/96 P,
         Rec. p. I‑6401, apartado 11, y de 16 de marzo de 2006, Correia de Matos/Comisión, C‑200/05 P, no publicada en la recopilación),
         apartado 10.
      
      25      Por lo que respecta a los dos requisitos acumulativos del artículo 19, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         citados en el apartado 21 del presente auto, procede destacar que, contrariamente a la habilitación para ejercer ante los
         órganos jurisdiccionales de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el
         concepto de abogado no contiene remisión expresa alguna al ordenamiento jurídico de dichos Estados para determinar su sentido
         y su alcance. Por tanto, y según jurisprudencia reiterada, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario
         como del principio de igualdad se desprende que el tenor de tal disposición de Derecho comunitario, en este caso, el término
         «abogado», normalmente debe ser objeto en toda la Comunidad de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo
         en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar (véanse, en particular,
         las sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, apartado 11; de 19 de septiembre de 2000, Linster, C‑287/98,
         Rec. p. I‑6917, apartado 43, y de 14 de diciembre 2006, Nokia, C‑316/05, Rec. p. I‑12083, apartado 21).
      
      26      Como recordó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 8 del auto recurrido, la exigencia que impone el artículo 19
         del Estatuto del Tribunal de Justicia tiene su razón de ser en el hecho de que el abogado es considerado un colaborador de
         la justicia, que ha de proporcionar, con plena independencia y para el interés superior de la misma, la asistencia legal que
         el cliente necesita. Dicha protección tiene como contrapartida la disciplina profesional, impuesta y controlada en pro del
         interés general por las instituciones habilitadas a tal efecto. Dicha concepción responde a las tradiciones jurídicas comunes
         de los Estados miembros y se reconoce también en el ordenamiento jurídico comunitario (sentencia AM & S/Comisión, antes citada,
         apartado 24).
      
      27      Ahora bien, procede constatar que al declarar, como resulta del artículo 9 del auto recurrido, que una parte «no privilegiada»
         no puede hacerse representar ante los órganos jurisdiccionales comunitarios por una persona que no tenga la condición de abogado
         colegiado, pero que esté vinculada a ella por una relación laboral, el Tribunal de Primera Instancia ha hecho una aplicación
         exacta de la jurisprudencia citada en el apartado 26 del presente auto. Permitir a la recurrente, parte «no privilegiada»,
         hacerse representar por un miembro de su gabinete jurídico, significaría infringir el artículo 19, párrafo primero, del Estatuto
         del Tribunal de Justicia que reserva únicamente a las partes «privilegiadas» la posibilidad de hacerse representar por un
         agente.
      
      28      De lo que precede se desprende que el Tribunal de Primera Instancia ha aplicado correctamente el artículo 19 del Estatuto
         del Tribunal de Justicia y no ha incurrido en error de Derecho al declarar que tal persona no está facultada para representar
         a la recurrente ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      29      Por lo tanto, el primer motivo de casación debe ser desestimado por ser manifiestamente infundado.
      
       Sobre el segundo motivo de casación
      30      Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia quebrantó las formas sustanciales
         del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, vulnerando, en particular, los artículos 44, apartado 6, y 111 de
         su Reglamento de Procedimiento y el principio de contradicción.
      
      31      La recurrente alega, esencialmente, que no se le concedió el plazo de subsanación solicitado por ella para la hipótesis de
         que el Tribunal de Primera Instancia no concordase con su explicación respecto al carácter innecesario de la colegiación.
         Además, destaca que no se le dio la posibilidad de manifestar, antes de dictarse el auto recurrido, su opinión sobre las observaciones
         que la Comisión había presentado en relación con su respuesta al escrito de 25 de noviembre de 2005, violándose de forma clara
         el principio de contradicción que debe regir todo proceso.
      
      32      Por una parte, procede recordar que, como se desprende del apartado 22 del presente auto, el Tribunal requirió a la recurrente,
         en aplicación del artículo 44, apartado 6, de su Reglamento de Procedimiento, para que subsanara el defecto de su demanda
         indicando si su representante poseía la condición de abogado inscrito en un Colegio de Abogados en España y, en su caso, para
         que presentara los certificados correspondientes y que la recurrente respondió mediante escrito de 7 de diciembre de 2005.
      
      33      Por lo tanto, la recurrente no puede invocar válidamente que el Tribunal de Primera Instancia no le concedió un plazo razonable
         para subsanar el defecto de la demanda.
      
      34      Además, si bien el Estatuto del Tribunal de Justicia y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia permiten
         la subsanación cuando el escrito de interposición de un recurso no respete determinados requisitos de forma, no es menos cierto
         que, en cualquier caso, el incumplimiento de la obligación de representación por un abogado facultado para ejercer ante los
         tribunales de un Estado miembro o de otro Estado Parte en el Acuerdo EEE no figura entre los requisitos que pueden ser objeto
         de subsanación una vez que haya expirado el plazo de recurso, con arreglo a los artículos 21, párrafo segundo, del Estatuto
         del Tribunal de Justicia y 44, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (auto de 27 de
         noviembre de 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret y Akar/Comisión, C‑163/07 P, Rec. p. I‑0000, apartado 26).
      
      35      Asimismo, también ha de recordarse que, a tenor del artículo 111 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera
         Instancia puede, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, decidir por medio de auto motivado sin continuar el procedimiento.
         En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia, que consideró que el recurso era manifiestamente inadmisible, hizo
         una aplicación adecuada de su Reglamento de Procedimiento al decidir sin continuar el procedimiento, como se indica expresamente
         en el apartado 6 del auto recurrido.
      
      36      Por otra parte, en lo relativo a la alegación de la recurrente de que no tuvo la oportunidad, antes de que se dictase el auto
         recurrido, de responder a las observaciones de la Comisión sobre la respuesta que la recurrente dio al escrito de 25 de noviembre
         de 2005, basta señalar que ésta, que tuvo conocimiento de las referidas observaciones, pudo presentar una solicitud en ese
         sentido, de conformidad con el artículo 64, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia,
         cosa que no hizo. En dichas circunstancias, la recurrente, en el marco del recurso de casación, no puede invocar una garantía
         procesal a la que renunció a acogerse.
      
      37      Además, tal argumento no puede prosperar en el caso de autos, habida cuenta de que una eventual violación del principio de
         contradicción no hubiera podido, en ningún caso, modificar la solución del litigio (véase, en este sentido, el auto de 29
         de octubre de 2004, Ripa di Meana/Parlamento, C‑360/02 P, Rec. p. I‑10339, apartado 36). En efecto, en el auto recurrido nada
         indica que el Tribunal de Primera Instancia hubiese fundado su apreciación en las respuestas dadas por las partes a su escrito
         de 25 de noviembre de 2005.
      
      38      De ello resulta que el segundo motivo de casación también debe ser desestimado por ser manifiestamente infundado.
      
       Sobre el tercer motivo de casación
      39      Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de no discriminación
         al admitir en anteriores asuntos la representación de las regiones y organismos públicos italianos, partes «no privilegiadas»,
         por «avvocati dello Stato», representantes que han comparecido ante los órganos jurisdiccionales comunitarios en la misma
         capacidad que su representante.
      
      40      La recurrente considera que los «avvocati dello Stato» tienen un régimen jurídico idéntico al de los miembros de los servicios
         jurídicos de las Comunidades Autónomas españolas en el sentido de que tienen encomendadas la representación, protección y
         asistencia jurídica de las administraciones ante los órganos jurisdiccionales, sin necesidad de disponer de un poder ni de
         estar colegiados.
      
      41      A este respecto, procede destacar que en caso de tener que examinar dicha alegación, el Tribunal de Justicia se vería abocado
         a efectuar una apreciación de naturaleza fáctica al proceder a una comparación entre la situación de los «avvocati dello Stato»
         y la de los miembros de los servicios jurídicos de las Comunidades Autónomas españolas.
      
      42      Ahora bien, de conformidad con los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. La apreciación de los hechos pertinentes y de las pruebas
         no constituye, salvo en el supuesto de su desnaturalización, que no se ha invocado en el presente asunto, una cuestión de
         Derecho sometida, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (auto de 11 de septiembre
         de 2007, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia /OAMI, C‑225/06 P, no publicado en la Recopilación, apartado 26 y la jurisprudencia
         que allí se cita).
      
      43      De lo que precede resulta que el tercer motivo de casación ha de desestimarse por ser manifiestamente inadmisible.
      
      44      Al no haber prosperado los motivos de casación de la recurrente, procede desestimar el recurso de casación por ser en parte
         manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
      
       Costas
      45      A tenor del artículo 69 apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
         artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la
         otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la recurrente y haberse desestimado los motivos de casación
         formulados por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) resuelve:
      1)      Desestimar el recurso de casación.
      2)      Condenar en costas a la Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana.
      Dictado en Luxemburgo, a 20 de febrero de 2008.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente de la Sala Octava
            
         
               R. Grass
            
             
            
                     G. Arestis
            
         * Lengua de procedimiento: español.