CELEX: C2000/302/11
Language: es
Date: 2000-10-21 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000 en el asunto C-424/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Düsseldorf): Salomone Haim contra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein ("Responsabilidad de un Estado miembro en caso de violación del Derecho comunitario — Infracciones imputables a un organismo de Derecho público de un Estado miembro — Requisitos para la responsabilidad del Estado miembro y de un organismo de Derecho público de ese mismo Estado — Compatibilidad de una exigencia lingüística con la libertad de establecimiento")

C 302/6                   ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          21.10.2000
las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 171                           SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
del Tratado CE (actualmente artı́culo 228 CE), al no haber
adoptado las medidas indispensables para la ejecución de la                                         de 4 de julio de 2000
sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 1992,
Comisión/Grecia (C-45/91, Rec. p. I-2509) y, en particular, al              en el asunto C-424/97 (petición de decisión prejudicial
no haber establecido ni aplicado aún los planes y programas                 planteada por el Landgericht Düsseldorf): Salomone Haim
necesarios para la eliminación de los residuos y de los residuos               contra Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein (1)
tóxicos y peligrosos de la región de que se trata sin poner en
peligro la salud humana y sin perjudicar al medio ambiente, y                («Responsabilidad de un Estado miembro en caso de violación
que se la condene a abonar a la Comisión, en la cuenta                      del Derecho comunitario — Infracciones imputables a un
«recursos propios de la CE», una multa coercitiva por importe                organismo de Derecho público de un Estado miembro —
de 24 600 ECU por cada dı́a de retraso en la ejecución de las               Requisitos para la responsabilidad del Estado miembro y de
medidas necesarias para cumplir la sentencia Comisión/Grecia,               un organismo de Derecho público de ese mismo Estado —
antes citada, a partir de la comunicación de la presente                    Compatibilidad de una exigencia lingüı́stica con la libertad
sentencia, el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.:                                           de establecimiento»)
G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J. C. Moitinho de Almeida,
D. A. O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;                                          (2000/C 302/11)
P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente), M. Wathelet y V. Skouris,                                      (Lengua de procedimiento: alemán)
Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secreta-
ria: Sra. L. Hewlett, administradora, ha dictado el 4 de julio de
2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:                               (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                   «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
1)    Se declara que la República Helénica no ha adoptado todas las         En el asunto C-424/97, que tiene por objeto una petición
      medidas que entraña la ejecución de la sentencia de 7 de abril       dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 177 del
      de 1992, Comisión/Grecia (C-45/91), y ha incumplido las               Tratado CE (actualmente artı́culo 234 CE), por el Landgericht
      obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 171 del           Düsseldorf (Alemania), destinada a obtener, en el litigio
      Tratado CE, al no haber adoptado las medidas necesarias para           pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Salomone
      garantizar que en la región de La Canea los residuos serán           Haim y Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, una deci-
      eliminados sin poner en peligro la salud humana y sin perjudicar       sión prejudicial sobre la responsabilidad de un Estado miembro
      al medio ambiente, de conformidad con el artı́culo 4 de la             y, en su caso, de un organismo de Derecho público de ese
      Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975,              Estado, por los daños causados por una violación del Derecho
      relativa a los residuos, y al no haber establecido para esta región   comunitario, ası́ como sobre la legalidad de supeditar la
      planes para la eliminación de los residuos, de conformidad con        autorización de un nacional de otro Estado miembro para
      el artı́culo 6 de la Directiva 75/442, y programas para la             ejercer como odontólogo de una Caja del Seguro de Enferme-
      eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos, de conformidad     dad al requisito de poseer un conocimiento suficiente de la
      con el artı́culo 12 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de         lengua del Estado de acogida, el Tribunal de Justicia, integrado
      20 de marzo de 1978, relativa a los residuos tóxicos y                por los Sres. G. C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente; D. A. O. Ed-
      peligrosos.                                                            ward (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala;
                                                                             P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
                                                                             P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces; Abogado Gene-
2)    Se condena a la República Helénica a pagar a la Comisión de          ral: Sr. J. Mischo; Secretario; Sr. H. von Holstein, Secretario
      las Comunidades Europeas, en la cuenta «recursos propios de la         adjunto, ha dictado el 4 de julio de 2000 una sentencia cuyo
      CE», una multa coercitiva de 20 000 EUR por dı́a de retraso            fallo es el siguiente:
      en la adopción de las medidas necesarias para cumplir la
                                                                             1)     El Derecho comunitario no se opone a que pueda generarse,
      sentencia Comisión/Grecia, antes citada, a partir del pronuncia-
                                                                                    además de la responsabilidad del propio Estado miembro, la
      miento de la presente sentencia y hasta la ejecución de la
                                                                                    responsabilidad que incumbe a un organismo de Derecho
      sentencia Comisión/Grecia, antes citada.
                                                                                    público de reparar los daños causados a los particulares por
                                                                                    las medidas que haya adoptado contraviniendo el Derecho
3)    Se condena en costas a la República Helénica.                                comunitario.
                                                                             2)     Para determinar si ha habido o no violación caracterizada del
4)    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará                  Derecho comunitario, en el sentido de la jurisprudencia del
      con sus propias costas.                                                       Tribunal de Justicia, ha de tenerse en cuenta el margen de
                                                                                    apreciación de que dispone el Estado miembro considerado. La
                                                                                    existencia y amplitud de dicho margen de apreciación deben
                                                                                    determinarse en relación con el Derecho comunitario, y no con
                                                                                    el Derecho nacional.
(1) DO C 113 de 11.4.1998.
                                                                             3)     Los organismos competentes de un Estado miembro pueden
                                                                                    supeditar la autorización para ejercer como odontólogo de una
                                                                                    Caja del Seguro de Enfermedad solicitada por un nacional de
                                                                                    otro Estado miembro establecido en el primer Estado miembro
                                                                                    y habilitado allı́ para ejercer en él su profesión, pero que no
 ---pagebreak--- 21.10.2000               ES                        Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                               C 302/7
      posee ningún tı́tulo de los enumerados en el artı́culo 3 de la       de conformidad con el citado Reglamento, el Tribunal de
      Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978,             Justicia, integrado por los Sres.: G. C. Rodrı́guez Iglesias,
      sobre reconocimiento recı́proco de los diplomas, certificados y       Presidente; J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward
      otros tı́tulos de odontólogo, que contiene además medidas           (Ponente), L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; C. Gul-
      destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de           mann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y
      establecimiento y de libre prestación de servicios, al requisito de  M. Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:
      que dicho odontólogo posea los conocimientos lingüı́sticos           Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 4 de julio
      necesarios para ejercer su profesión en el Estado miembro de         de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
      establecimiento.
                                                                            1)    Se declara que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                                  obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos 3 y 4,
(1) DO C 41 de 7.2.1998.                                                          apartado 1, del Reglamento (CEE) no 4055/86 del Consejo,
                                                                                  de 22 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación del
                                                                                  principio de libre prestación de servicios al transporte marı́timo
                                                                                  entre Estados miembros y entre Estados miembros y paı́ses
                                                                                  terceros, al no haber denunciado ni adaptado el Acuerdo sobre
                                                                                  marina mercante celebrado con la República de Angola, a fin
                                                                                  de permitir un acceso justo, libre y no discriminatorio de los
                                                                                  ciudadanos de la Comunidad a los repartos de cargamentos
                                                                                  destinados a la República Portuguesa, de conformidad con el
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                  citado Reglamento.
                       de 4 de julio de 2000                                2)    Se condena en costas a la República Portuguesa.
en el asunto C-62/98: Comisión de las Comunidades                          (1) DO C 151, de 16.5.1998.
           Europeas contra República Portuguesa (1)
[«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CEE)
no 4055/86 — Libre prestación de servicios — Transporte
marı́timo — Artı́culo 234 del Tratado CE (actualmente
            artı́culo 307 CE, tras su modificación)»]
                                                                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           (2000/C 302/12)
                                                                                                   de 4 de julio de 2000
                 (Lengua de procedimiento: portugués)
                                                                            en el asunto C-84/98: Comisión de las Comunidades
                                                                                       Europeas contra República Portuguesa (1)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)         [«Incumplimiento de Estado — Reglamento (CEE)
                                                                            no 4055/86 — Libre prestación de servicios — Transporte
                                                                            marı́timo — Artı́culo 234 del Tratado CE (actualmente
En el asunto C-62/98, Comisión de las Comunidades Europeas                              artı́culo 307 CE, tras su modificación)»]
(Agentes: Sres. A. Caeiro, B. Mongin y Sra. M. Afonso) contra
República Portuguesa (Agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. M. L.
                                                                                                       (2000/C 302/13)
Duarte), que tiene por objeto que se declare que la República
Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben
en virtud de los artı́culos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento
(CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,                                     (Lengua de procedimiento: portugués)
relativo a la aplicación del principio de libre prestación de
servicios al transporte marı́timo entre Estados miembros y
entre Estados miembros y paı́ses terceros (DO L 378, p. 1), al              (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
no haber denunciado ni adaptado los Acuerdos sobre marina                        «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
mercante celebrados con la República de Senegal, aprobado
mediante Decreto no 99/79, de 14 de septiembre de 1979; con                 En el asunto C-84/98, Comisión de las Comunidades Europeas
la República de Cabo Verde, aprobado mediante Decreto                      (Agentes: Sres. A. Caeiro, B. Mongin y Sra. M. Afonso) contra
no 119/79, de 7 de noviembre de 1979; con la República de                  República Portuguesa (Agentes: Sr. L. Fernandes y Sra. M. L.
Angola, aprobado mediante Decreto no 71/79, de 18 de julio                  Duarte), que tiene por objeto que se declare que la República
de 1979, y con la República Democrática de Santo Tomé y                   Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben
Prı́ncipe, aprobado mediante Decreto no 123/79, de 13 de                    en virtud de los artı́culos 3 y 4, apartado 1, del Reglamento
noviembre de 1979, a fin de permitir un acceso justo, libre y               (CEE) no 4055/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986,
no discriminatorio de los ciudadanos de la Comunidad a los                  relativo a la aplicación del principio de libre prestación de
repartos de cargamentos destinados a la República Portuguesa,              servicios al transporte marı́timo entre Estados miembros y