CELEX: C2004/047/14
Language: es
Date: 2004-02-21 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de enero de 2004 en el asunto C-201/02, [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Quenn's Bench Division (Administrative Court)]: The Queen a instancia de Delena Wells contra Secretary of State for Transport, Local Government and the Regions (Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente — Medida nacional por la que se concede una licencia de explotación minera sin efectuar una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente — Efecto directo de las directivas — Situación triangular)

C 47/8                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              21.2.2004
L 341, p. 8), en la versión modificada por el Reglamento (CE)               de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la
no 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999 (DO L 27,                   aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
p. 1), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por el              materia de marcas (DO L 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de
Sr. P. Jann, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los            Justicia (Sala Quinta), integrado por el Sr. P. Jann, en funciones
Sres. D.A.O. Edward (Ponente) y A. La Pergola, Jueces; Abogado              de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. C.W.A. Timmermans
General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer; Secretario: Sr. R. Grass,              y D.A.O. Edward (Ponente), Jueces; Abogado General:
ha dictado el 7 de enero de 2004 una sentencia cuyo fallo es                Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. M. -F. Contet, administradora
el siguiente:                                                               principal, ha dictado el 7 de enero de 2004 una sentencia cuyo
                                                                            fallo es el siguiente:
1)    Los artículos 2 y 11 del Reglamento (CE) no 3295/94 del
      Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen         El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del
      determinadas medidas relativas a la introducción en la Comuni-        Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a
      dad y a la exportación y reexportación fuera de la Comunidad          la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
      de mercancías que vulneran determinados derechos de propiedad         materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, cuando
      intelectual, en la versión modificada por el Reglamento (CE)          existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca
      no 241/1999 del Consejo, de 25 de enero de 1999, son                  denominativa registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una
      aplicables a una situación en la que mercancías en tránsito           indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un
      entre dos Estados que no son miembros de la Comunidad                 producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca
      Europea son retenidas provisionalmente en un Estado miembro           sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en
      por sus autoridades aduaneras.                                        virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, si el citado uso no se
                                                                            realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o
2)    La obligación de interpretación conforme del Derecho nacional,        comercial. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional
      a la luz del tenor literal y de la finalidad del Derecho              nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias
      comunitario, con objeto de alcanzar el resultado que éste             del caso.
      prescribe, no puede, por sí sola y con independencia de una
      ley adoptada por un Estado miembro, crear o agravar la
      responsabilidad penal de quien incumple las disposiciones de          (1) DO C 144 de 15.6.2002.
      dicho Reglamento.
(1) DO C 131 de 1.6.2002.
                                                                                     SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                                       (Sala Quinta)
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                                  de 7 de enero de 2004
                            (Sala Quinta)
                                                                            en el asunto C-201/02, [petición de decisión prejudicial
                      de 7 de enero de 2004                                 planteada por la High Court of Justice (England & Wales),
                                                                            Quenn’s Bench Division (Administrative Court)]: The
en el asunto C-100/02, (petición de decisión prejudicial                    Queen a instancia de Delena Wells contra Secretary of
planteada por el: Bundesgerichtshof): Gerolsteiner Brun-                    State for Transport, Local Government and the Regions (1)
          nen GmbH & Co. contra Putsch GMBH (1)
                                                                            (Directiva 85/337/CEE — Evaluación de las repercusiones
(«Directiva 89/104/CEE — Limitación de los efectos de la                    de determinados proyectos sobre el medio ambiente —
marca en relación con las indicaciones de origen geográfico                 Medida nacional por la que se concede una licencia de
— Uso con carácter de marca de una indicación geográfica                    explotación minera sin efectuar una evaluación de las
como elemento de la conformidad con las “prácticas leales en                repercusiones sobre el medio ambiente — Efecto directo de
                 materia industrial o comercial”»)                                        las directivas — Situación triangular)
                           (2004/C 47/13)
                                                                                                      (2004/C 47/14)
                  (Lengua de procedimiento: alemán)
                                                                                               (Lengua de procedimiento: inglés)
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                                 «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-100/02, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,           En el asunto C-201/02, que tiene por objeto una petición
por el Bundesgerichtshof (Alemania), destinada a obtener, en                dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre                 por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. y Putsch GmbH, una                          Division (Administrative Court) (Reino Unido), destinada a
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6,                obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,               entre The Queen, a instancia de Delena Wells, y Secretary of
 ---pagebreak--- 21.2.2004               ES                              Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 47/9
State for Transport, Local Government and the Regions, una                             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 85/
337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la                                                 (Sala Quinta)
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40;                                    de 11 de diciembre de 2003
EE 15/06, p. 9), el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado
por el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la                en el asunto C-289/02, (petición de decisión prejudicial
Sala Quinta, y los Sres. D.A.O. Edward y A. La Pergola, Jueces;               planteada por el Oberlandesgericht München): AMOK
Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. L. Hewlett,                       Verlags GmbH contra A & R Gastronomie GMBH (1)
administradora principal, ha dictado el 7 de enero de 2004
una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                              («Libre prestación de servicios — Abogado establecido en
                                                                              otro Estado miembro que actúa de acuerdo con un abogado
1)   El artículo 2, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado       nacional — Honorarios de abogado que la parte vencida
     2, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio                en el proceso ha de reembolsar a la parte vencedora —
     de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de                                              Limitación»)
     determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
     ambiente, debe ser interpretado en el sentido de que, en el marco
     de la aplicación de disposiciones como el artículo 22 de la                                          (2004/C 47/15)
     Planning and Compensation Act 1991 (Ley de ordenación del
     territorio y de indemnización de 1991) y el anexo 2 de esta                                (Lengua de procedimiento: alemán)
     misma Ley, las decisiones adoptadas por las autoridades
     competentes, cuyo efecto sea el de permitir que se reanuden los          (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
     trabajos de una explotación minera, constituyen, conjunta-                    «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
     mente, una «autorización» a efectos del artículo 1, apartado 2,
     de dicha Directiva, de forma que las autoridades competentes
     tienen, en su caso, la obligación de realizar una evaluación de          En el asunto C-289/02, que tiene por objeto una petición
     las repercusiones sobre el medio ambiente de tal explotación.            dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
     En un procedimiento de autorización que conste de varias                 por el Oberlandesgericht München (Alemania), destinada a
     etapas, esta evaluación debe efectuarse, en principio, tan pronto        obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
     como sea posible identificar y evaluar todos los efectos que el          entre AMOK Verlags GmbH y A & R Gastronomie GmbH, na
     proyecto pueda producir en el medio ambiente.                            decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 12
                                                                              CE y 49 CE,el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por
2)   En circunstancias como las del litigio principal, un particular          el Sr. P. Jann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala
     puede invocar en su caso, el artículo 2, apartado 1, en relación         Quinta, y los Sres. A. La Pergola y S. von Bahr, Jueces;
     con los artículos 1, apartado 2, y 4, apartado 2, de la Directiva        Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. M.-F. Contet,
     85/337.                                                                  administradora principal, ha dictado el 11 de diciembre de
                                                                              2003 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
3)   En virtud del artículo 10 CE, las autoridades competentes están
     obligadas a adoptar, en el marco de sus competencias, todas las          1)    Los artículos 49 CE y 50 CE, así como la Directiva 77/249/
     medidas generales o particulares destinadas a subsanar la                      CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar
     omisión de la evaluación de las repercusiones de un proyecto                   el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los
     sobre el medio ambiente, a efectos del artículo 2, apartado 1,                 abogados, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen
     de la Directiva 85/337.                                                        a un principio jurisprudencial de un Estado miembro en virtud
     La determinación de la regulación procesal aplicable en este                   del cual se establece como límite máximo para el reembolso de
     contexto corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada                  las prestaciones de servicios realizadas por un abogado estable-
     Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal                   cido en otro Estado miembro, efectuado por la parte que ha
     de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que esta                 perdido un litigio a la parte que lo ha ganado, la cuantía de los
     regulación no sea menos favorable que la aplicable a situaciones               honorarios que habría ocasionado la intervención de un abogado
     similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que             establecido en el primer Estado miembro.
     no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el              2)    El artículo 49 CE y la Directiva 77/249 deben interpretarse en
     ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico              el sentido de que se oponen a un principio jurisprudencial de un
     comunitario (principio de efectividad)                                         Estado miembro que establece que la parte que gana un litigio
     A este respecto, incumbe al juez nacional determinar si el Derecho             en el que ha sido representada por un abogado establecido en
     interno prevé la posibilidad de revocar o suspender una licencia ya            otro Estado miembro no tiene derecho a que la parte vencida le
     concedida con el fin de someter este proyecto a una evaluación                 reembolse, además de los honorarios de este abogado, los
     de sus repercusiones sobre el medio ambiente, conforme a las                   honorarios de un abogado que ejerza ante el tribunal que conoce
     exigencias de la Directiva 85/337, o con carácter alternativo y                del asunto y cuya intervención es obligatoria en virtud de la
     siempre que el particular dé su consentimiento, la posibilidad de              legislación nacional, que le impone el deber de actuar de acuerdo
     que este último reclame la reparación del perjuicio sufrido.                   con el primer abogado.
(1) DO C 180 de 27.7.2002.                                                    (1) DO C 261 de 26.10.2002.