CELEX: 62009TJ0146
Language: es
Date: 2013-05-17
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 17 de mayo de 2013.#Parker ITR Srl y Parker-Hannifin Corp. contra Comisión Europea.#Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo de las mangueras marinas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Fijación de los precios, reparto del mercado e intercambios de informaciones comercialmente sensibles — Imputabilidad del comportamiento infractor — Multas — Directrices de 2006 para el cálculo de las multas — Confianza legítima — Límite máximo del 10 % — Circunstancias atenuantes — Cooperación.#Asunto T‑146/09.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
      de 17 de mayo de 2013 (
            *1
         )
      «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo de las mangueras marinas — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Fijación de los precios, reparto del mercado e intercambios de informaciones comercialmente sensibles — Imputabilidad del comportamiento infractor — Multas — Directrices de 2006 para el cálculo de las multas — Confianza legítima — Límite máximo del 10 % — Circunstancias atenuantes — Cooperación»
      En el asunto T-146/09,
      
         Parker ITR Srl, con domicilio social en Veniano (Italia),
      
         Parker-Hannifin Corp., con domicilio social en Mayfield Heights, Ohio (Estados Unidos), representada por los Sres. B. Amory, F. Marchini Càmia, y F. Amato, abogados,
      partes demandantes,
      contra
      
         Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. N. Khan, V. Bottka y S. Noë, y posteriormente por los Sres. Bottka, S. Noë y R. Sauer, en calidad de agentes,
      parte demandada,
      que tiene por objeto con carácter principal una pretensión de anulación parcial de la Decisión C(2009) 428 final de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 – Mangueras marinas), en cuanto esa Decisión afecta a las demandantes, y con carácter subsidiario una pretensión de anulación o de reducción sustancial de la multa que les impuso esa Decisión,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),
      integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. M. Prek y S. Frimodt Nielsen (Ponente), Jueces;
      Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de abril de 2012;
      dicta la siguiente
      
         Sentencia
      
      
         Hechos que dan origen al litigio
      
      
         Sector de las mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas
      
      
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               Las mangueras marinas se utilizan para cargar petróleo crudo dulce o procesado y otros productos derivados del petróleo procedentes de instalaciones offshore (por ejemplo, las boyas, normalmente ancladas mar adentro, que sirven como punto de amarre para los buques petroleros, o las plataformas flotantes de extracción, almacenamiento y descarga, que son sistemas de cisternas flotantes utilizadas para extraer el petróleo o el gas de una plataforma cercana, tratarlo y almacenarlo hasta su trasbordo a un buque petrolero), en buques cisterna y descargar seguidamente esos productos de estos buques a instalaciones offshore (por ejemplo, boyas) o en tierra firme.
            
         
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               Las mangueras marinas se utilizan offshore, es decir, en el agua o cerca de ella, mientras que las mangueras industriales o terrestres se utilizan en tierra firme.
            
         
               3
            
            
               Cada instalación de mangueras marinas comprende, según las necesidades específicas de los clientes, cierto número de mangueras estándar, de mangueras específicas con juntas en los dos extremos y dispositivos complementarios, como válvulas, un engranaje terminal o también un equipamiento flotante. En este asunto la expresión «mangueras marinas» engloba esos dispositivos complementarios.
            
         
               4
            
            
               Las mangueras marinas se utilizan por las compañías petroleras, los fabricantes de boyas, las terminales portuarias, la industria petrolera y los gobiernos, y se compran para nuevos proyectos o bien con fines de sustitución.
            
         
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               En el caso de los nuevos proyectos las terminales petroleras u otros usuarios finales contratan usualmente a una sociedad de ingeniería (también llamada «constructor de material», «constructor OEM» o «proveedor de equipo») para construir o montar nuevas instalaciones de distribución petrolera, como los sistemas de amarre en un punto único o las plataformas flotantes de extracción, almacenamiento y descarga. Para esos proyectos el proveedor de equipo compra a un productor una instalación completa de mangueras marinas.
            
         
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               Una vez instaladas esas mangueras marinas las piezas individuales deben sustituirse en un período que va de uno a siete años. Con frecuencia los usuarios finales compran directamente las mangueras marinas para fines de sustitución (compras también conocidas como «sector de piezas separadas»). No obstante, en algunos casos esos usuarios subcontratan y centralizan sus compras en filiales o en empresas externas. Las ventas para fines de sustitución representan una parte del mercado mundial de las mangueras marinas mucho mayor que las ventas de nuevos productos.
            
         
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               La demanda de mangueras marinas depende en alto grado de la evolución del sector petrolero y en particular de la explotación del petróleo en las zonas alejadas del lugar de consumo. La demanda ha crecido con el tiempo. Es cíclica y en cierta medida está ligada a la evolución del precio del petróleo. Comenzó a ser importante a finales de los años sesenta y aumentó a inicios de los años setenta, en particular la procedente de regiones productoras de petróleo en el golfo Pérsico, el mar del Norte y África del Norte. Durante los años ochenta creció la demanda procedente de las empresas petroleras nacionales en desarrollo de América del Sur. A finales de los años noventa la demanda se desplazó hacia África Occidental.
            
         
               8
            
            
               Las mangueras marinas se fabrican por empresas conocidas en la fabricación de neumáticos y de cauchos o por una de sus «spin-off». Se producen por encargo, conforme a las necesidades del cliente. Dado que la demanda de mangueras marinas está ampliamente dispersada en el plano geográfico, la mayoría de los productores de mangueras marinas contratan a un número considerable de agentes en mercados específicos que prestan servicios generales de marketing y ofrecen sus productos en las licitaciones publicadas.
            
         
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               Las mangueras marinas se comercializan en todo el mundo y los principales productores operan a escala internacional. Las exigencias reglamentarias aplicables a las mangueras marinas no son diferentes en lo fundamental de un país a otro y aunque las exigencias técnicas difieren según el medio ambiente y las condiciones de utilización ello no se percibe como un obstáculo a la venta de mangueras marinas en todo el mundo.
            
         
               10
            
            
               Finalmente, en el período considerado por la Decisión impugnada los participantes en el cartel vendieron mangueras marinas producidas en Japón, en el Reino Unido, en Italia y en Francia a usuarios finales y a proveedores de equipo establecidos en diferentes países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (EEE). Si bien la mayoría de los sistemas de mangueras marinas tienen como destino final regiones no europeas, en cambio algunos de los principales proveedores de equipo del mundo están situados en los diferentes países de la Unión y del EEE.
            
         
         Presentación de las demandantes
      
      
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               Una de las dos demandantes, Parker-Hannifin Corp., desarrolla su actividad en la fabricación de sistemas y de tecnologías de movimiento y de dirección, ofreciendo soluciones en materia de mecánica de precisión para una amplia gama de mercados comerciales, móviles, industriales y aeronáuticos.
            
         
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               Parker-Hannifin se divide en ocho grupos: aeroespacial, sistemas hidráulicos, filtrado, control climático e industrial, conectores para fluidos, juntas de estanqueidad, instrumentación y automatización/neumáticos. El grupo de los conectores para fluidos se reparte en cuatro regiones geográficas (América del Norte, América del Sur, Unión Europea y Asia). En la Unión Europea el grupo de conectores para fluidos tiene cuatro divisiones y una unidad operativa. Los productos de esa unidad operativa se venden en el mercado mundial del petróleo y del gas marítimo.
            
         
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               Parker-Hannifin es la sociedad matriz de Parker-Hannifin International Corp. Esta última es a su vez la sociedad matriz de Parker Italy Holding LLC. Parker Italy Holding LLC es propietaria de Parker Italy Holding Srl, la sociedad matriz de la otra demandante, Parker ITR Srl.
            
         
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               El volumen de negocios consolidado a escala mundial realizado por Parker-Hannifin con todos los productos durante el ejercicio 2006 ascendió a 7.410.000.000 de euros.
            
         
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               Parker ITR fabrica y comercializa tubos industriales e hidráulicos, mangueras marinas para el petróleo y el gas y compuestos técnicos. Su volumen de negocios era de [confidencial] (
                     1
                  ) euros en 2006. Está establecida en Veniano (Italia).
            
         
               16
            
            
               El sector de mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas perteneciente a Parker ITR fue creado en 1966 por Pirelli Treg SpA, una sociedad que pertenecía al grupo Pirelli.
            
         
               17
            
            
               En diciembre de 1990 las actividades de Pirelli Treg en el sector de las mangueras marinas fueron asumidas por ITR SpA, una sociedad nacida de la fusión entre Pirelli Treg e Itala, otra filial del grupo Pirelli. En 1993 ITR fue adquirida por Saiag SpA.
            
         
               18
            
            
               Tras iniciar negociaciones con Parker-Hannifin sobre una posible venta de su actividad de mangueras marinas, ITR creó una filial, ITR Rubber Srl, el 27 de junio de 2001.
            
         
               19
            
            
               Acerca de ello hay que precisar en primer lugar que el 5 de diciembre de 2001 Parker-Hannifin Holding, una filial de reciente creación dentro del grupo Parker con objeto de comprar el sector de los tubos de caucho de ITR, y la misma ITR concluyeron un contrato conforme al que Parker-Hannifin Holding adquiriría el 100 % de las acciones de ITR Rubber.
            
         
               20
            
            
               En segundo lugar, las estipulaciones del preámbulo, letra e), del contrato indican que la transferencia del sector de los tubos de caucho de ITR a ITR Rubber se realizará a petición de Parker-Hannifin Holding.
            
         
               21
            
            
               En tercer lugar, el artículo 3.1.3 del contrato dispone que «la obligación de [Parker-Hannifin Holding] está condicionada […] a la realización de la transferencia por [ITR]». [Ésta] «mantendrá informada permanentemente a [Parker-Hannifin Holding] del avance del proceso de transferencia y […] se pondrá de acuerdo con [ésta] para todas las modificaciones importantes de la transferencia […] que [se revelen] necesarias o [se juzguen] oportunas.»
            
         
               22
            
            
               En cuarto lugar, el artículo 7.1.2 del contrato precisa que ITR Rubber, que fue constituida «a efectos de la transferencia y antes de la fecha» de ésta, «no ha ejercido actividad mercantil, no ha presentado cuentas ni ha emprendido actividad alguna distinta de las que eran necesarias para que consumara la transferencia, y desde la fecha de ésta ha proseguido el curso normal de los negocios y no ha ejercido ninguna otra actividad».
            
         
               23
            
            
               El 19 de diciembre de 2001 ITR transfirió su sector de los tubos de caucho, incluido el de las mangueras marinas, a ITR Rubber.
            
         
               24
            
            
               La transferencia produjo efectos el 1 de enero de 2002.
            
         
               25
            
            
               El 31 de enero de 2002 ITR Rubber fue adquirida por Parker-Hannifin Holding y unos meses después pasó a denominarse Parker ITR.
            
         
               26
            
            
               Parker-Hannifin Holding, y después Parker Italy Holding Srl, son titulares del 100 % de las participaciones de Parker ITR.
            
         
         Procedimiento administrativo
      
      
               27
            
            
               Estando en curso una investigación de hechos similares por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos y las autoridades de la competencia de Japón y del Reino Unido, [confidencial], invocando el programa de clemencia previsto por la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO 2006, C 298, p. 17) (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), presentó a la Comisión el 20 de diciembre de 2006 una solicitud de dispensa de multas, denunciando la existencia de un cartel en el mercado de las mangueras marinas.
            
         
               28
            
            
               La Comisión inició entonces una investigación por infracción del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y el 2 de mayo de 2007 practicó varias inspecciones en los locales de Parker ITR, de otros productores interesados y de [confidencial] y en el domicilio del Sr. W.
            
         
               29
            
            
               Manuli Rubber Industries, Parker ITR y Bridgestone presentaron a la Comisión una solicitud de dispensa de multas los días 4 de mayo, 17 de julio y 7 de diciembre de 2007 respectivamente.
            
         
               30
            
            
               El 28 de abril de 2008 la Comisión aprobó un pliego de cargos que notificó a las diferentes sociedades interesadas entre el 29 de abril y el 1 de mayo de 2008.
            
         
               31
            
            
               Todas las sociedades interesadas respondieron al pliego de cargos en los plazos fijados, y, excepto [confidencial]/DOM, ContiTech AG y Continental AG, solicitaron ser oídas en una audiencia, que tuvo lugar el 23 de julio de 2008.
            
         
         Decisión impugnada
      
      
               32
            
            
               El 28 de enero de 2009 la Comisión adoptó la Decisión C(2009) 428 final, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 – Mangueras marinas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). De ésta resulta en sustancia que:
               
                        —
                     
                     
                        fue dirigida a once sociedades, entre ellas la demandante;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        las sociedades a las que se refiere esa Decisión participaron, según modalidades diferentes, en una infracción única y compleja que tuvo como objeto la adjudicación de licitaciones, la fijación de los precios, la fijación de cuotas, el establecimiento de las condiciones de venta, el reparto de los mercados geográficos y el intercambio de informaciones sensibles sobre precios, volúmenes de ventas y licitaciones;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        el cartel comenzó cuando menos el 1 de abril de 1986 (aunque es verosímil que se remontara a inicios de los años setenta) y concluyó el 2 de mayo de 2007;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        del 13 de mayo de 1997 al 11 de junio de 1999 el cartel tuvo una actividad limitada y surgieron fricciones entre sus miembros; no obstante, según la Comisión ello no causó una interrupción real de la infracción; en efecto, la estructura organizada del cartel se restableció completamente a partir de junio de 1999 según las mismas modalidades y con los mismos participantes, excepto Manuli, que se reincorporó plenamente al cartel el año siguiente; se ha de considerar por tanto que los productores cometieron una infracción única y continua que se prolongó del 1 de abril de 1986 al 2 de mayo de 2007 o cuando menos, si a pesar de todo tuviera que considerarse que hubo una interrupción, una infracción única y continuada; sin embargo, no se tiene en cuenta para el cálculo de la multa el período que va del 13 de mayo de 1997 al 11 de junio de 1999, en razón del número limitado de pruebas de la infracción durante ese período;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        se apreció la participación de las demandantes en la infracción durante los períodos siguientes:
                        
                                 —
                              
                              
                                 Parker ITR : del 1 de abril de 1986 al 2 de mayo de 2007;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 Parker-Hannifin: del 1 de enero de 2002 al 2 de mayo de 2007;
                              
                           
                  
                        —
                     
                     
                        en aplicación de los criterios previstos en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2, en lo sucesivo, «Directrices»), el importe de base de la multa a imponer a cada una de las sociedades se determinó como sigue:
                        
                                 —
                              
                              
                                 la Comisión se basó en la media de las ventas anuales mundiales de cada una de las sociedades durante el período 2004-2006, excepto Yokohama Rubber, para la que consideró el período 2003-2005; en ese aspecto la Comisión atendió a las ventas facturadas a los compradores establecidos en el EEE;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 determinó las ventas pertinentes de cada una de ellas aplicando su cuota de mercado mundial a las ventas agregadas dentro del EEE, conforme al punto 18 de las Directrices;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 tomó en consideración el 25 % de ese último valor (en lugar del 30 % como máximo previsto por las Directrices) en razón de la gravedad de la infracción;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 multiplicó el valor así obtenido por el número de años de participación de cada sociedad en la infracción;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 conforme al punto 25 de las Directrices, determinó una suma adicional igual al 25 % de las ventas pertinentes con fines disuasorios;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 la Comisión apreció a continuación circunstancias agravantes contra Parker ITR y otra sociedad y excluyó toda circunstancia atenuante para los otros miembros del cartel;
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 finalmente, en virtud de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión redujo la multa de dos sociedades pero denegó las solicitudes de reducción formuladas por Parker ITR y otra sociedad.
                              
                           
                  
         
               33
            
            
               En lo que concierne a Parker ITR la Comisión estimó que el valor de las ventas ascendía a [confidencial] euros basándose en una cuota del mercado mundial de [confidencial] %, que Parker ITR había participado en el cartel durante 19 años y 5 días, de lo que derivaba un multiplicador de 19, y Parker-Hannifin durante 5 años, 3 meses y 3 días, de lo que derivaba un multiplicador de 5,5, y en aplicación de los diferentes factores precisados en el apartado anterior fijó el importe de base de la multa en 19.700.000 euros para Parker ITR y en 6.400.000 euros para Parker-Hannifin.
            
         
               34
            
            
               Atendiendo a las circunstancias agravantes apreciadas en contra de Parker ITR y Parker-Hannifin, la multa de la primera se fijó seguidamente en 25.610.000 euros, de los que la segunda responde solidariamente por la cantidad de 8.320.000 euros.
            
         
         Procedimiento y pretensiones de las partes
      
      
               35
            
            
               Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 9 de abril de 2009 las demandantes interpusieron el presente recurso.
            
         
               36
            
            
               A raíz del impedimento de un miembro de la Sala Primera, el Presidente del Tribunal designó a otro juez para completar la Sala, conforme al artículo 32, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
            
         
               37
            
            
               Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) decidió abrir la fase oral y en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento instó a las partes a que presentaran determinados documentos y les formuló por escrito ciertas preguntas. Las partes atendieron a dicha petición.
            
         
               38
            
            
               Por escrito de 12 de marzo de 2012 las demandantes solicitaron una diligencia de ordenación del procedimiento consistente en la presentación de nuevos documentos.
            
         
               39
            
            
               En la vista celebrada el 27 de abril de 2012 se oyeron los informes de las partes así como sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal.
            
         
               40
            
            
               Las demandantes desistieron en la vista de su solicitud de una diligencia de ordenación del procedimiento.
            
         
               41
            
            
               Las demandantes solicitan al Tribunal que:
               
                        —
                     
                     
                        Anule la Decisión impugnada. en cuanto declaró a Parker ITR responsable desde el 1 de abril de 1986 hasta el 9 de junio de 2006, y a Parker-Hannifin responsable desde el 31 de enero de 2002 hasta el 9 de junio de 2006.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Reduzca sustancialmente la multa impuesta a las demandantes.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas a la Comisión.
                     
                  
         
               42
            
            
               La Comisión solicita al Tribunal que:
               
                        —
                     
                     
                        Desestime el recurso.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas a las demandantes.
                     
                  
         
         Fundamentos de Derecho
      
      
         Sobre las pretensiones de anulación
      
      
               43
            
            
               Las demandantes aducen nueve motivos en apoyo de su recurso.
            
         
               44
            
            
               En su primer motivo las demandantes alegan que, al imputar indebidamente a Parker ITR la responsabilidad por la infracción durante el período anterior al 1 de enero de 2002, la Comisión vulneró el principio de responsabilidad personal, cometió un abuso de procedimiento, infringió el principio de no discriminación e incumplió la obligación de motivación.
            
         
               45
            
            
               El segundo motivo se funda en la indebida imputación a las demandantes de la responsabilidad de la infracción ligada al comportamiento ilícito del Sr. P., que dirigía el sector de mangueras marinas dentro de la empresa.
            
         
               46
            
            
               Con el tercer motivo las demandantes afirman que se consideró indebidamente a Parker-Hannifin responsable solidaria de la infracción junto con Parker ITR.
            
         
               47
            
            
               El cuarto motivo se sustenta en que la imposición de una multa a Parker ITR por el período anterior al 11 de junio de 1999 infringe el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), y el principio de no discriminación y carece de motivación.
            
         
               48
            
            
               En el quinto motivo las demandantes mantienen que se elevó la multa indebidamente, por haber jugado Parker ITR un papel de líder.
            
         
               49
            
            
               El sexto motivo se basa en la infracción del principio de responsabilidad individual y de la obligación de motivación, al aumentar la multa impuesta a Parker-Hannifin a causa del papel de líder apreciado en contra de Parker ITR.
            
         
               50
            
            
               Con el séptimo motivo las demandantes mantienen que se vulneró el principio de protección de la confianza legítima al aplicar un método erróneo en el cálculo del valor de las ventas para la fijación de la multa.
            
         
               51
            
            
               El octavo motivo se funda en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, del principio de responsabilidad personal y de la obligación de motivación al calcular el límite máximo del 10 % del volumen de negocios.
            
         
               52
            
            
               Por último el noveno motivo se sustenta en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y de la obligación de motivación, por la negativa de la Comisión a aplicar una reducción de la multa en virtud de la cooperación.
            
         
               53
            
            
               Es oportuno examinar sucesivamente los motivos primero, cuarto, quinto, sexto, segundo, tercero, séptimo, octavo y noveno.
            
         
         Sobre el primer motivo, basado en la indebida imputación a Parker ITR de la responsabilidad de la infracción por el período anterior al 1 de enero de 2002
      
      Decisión impugnada
      
               54
            
            
               De los considerandos 327 a 329 y 366 a 373 de la Decisión impugnada se deduce en sustancia que la Comisión consideró, que en aplicación del principio de la continuidad económica, se debía apreciar la responsabilidad de Parker ITR, anteriormente ITR Rubber, por la totalidad de la infracción cometida a partir de 1986, a raíz de la reestructuración interna realizada dentro del grupo Saiag y de la transferencia del sector de los tubos de caucho de ITR a ITR Rubber, y de la posterior transmisión de esa filial a Parker-Hannifin, y desestimar la argumentación acerca del principio de responsabilidad personal presentada por ésta en el procedimiento administrativo.
            
         
               55
            
            
               La Comisión también puntualizó que el hecho de que posiblemente no se haya basado de forma idéntica en la jurisprudencia en el contexto de otro asunto también relacionado con la reorganización interna de un grupo carece de incidencia y no le impedía llegar a una solución distinta en el presente caso, teniendo en cuenta una serie de aspectos diferentes.
            
         Alegaciones de las partes
      
               56
            
            
               El primer motivo aducido por las demandantes comprende tres partes.
            
         
               57
            
            
               En apoyo de la primera parte de su motivo las demandantes mantienen en sustancia que no puede considerarse a Parker ITR responsable por el período anterior al 1 de enero de 2002, ya que según ellas de la jurisprudencia resulta que incumbe a la persona jurídica que dirigía la empresa al tiempo de la comisión de la infracción responder por ésta, aun si en la fecha de adopción de la decisión que la constata la explotación de la empresa se halla bajo la responsabilidad de otra persona. Pues bien, Parker ITR sólo pasó a ser propietaria de los activos utilizados en la infracción a partir del 31 de enero de 2002.
            
         
               58
            
            
               Según las demandantes, la Comisión incurrió en un error al calificar la transferencia de los activos de ITR a ITR Rubber como una forma de reestructuración interna que justificaba la aplicación de la teoría de la sucesión económica, y por tanto una excepción al principio de responsabilidad personal.
            
         
               59
            
            
               Las demandantes precisan que la jurisprudencia reciente confirma que en caso de transferencia de activos dentro de un grupo la teoría de la sucesión económica sólo se puede aplicar si los lazos estructurales entre la entidad adquirente y la entidad transmitente aún existen en el momento de la adopción de la decisión de la Comisión declarativa de la infracción.
            
         
               60
            
            
               Ahora bien, según las demandantes, entre el momento de su creación, el 27 de junio de 2001, y el 1 de enero de 2002 ITR Rubber no desarrolló ninguna actividad económica. Se trataba de un vehículo creado únicamente para realizar la transferencia del sector del caucho a Parker-Hannifin. Según esas partes ese objeto se manifiesta claramente en el artículo 7.1.2. del convenio firmado entre ITR y Parker-Hannifin.
            
         
               61
            
            
               La segunda parte del primer motivo se basa en un abuso de procedimiento.
            
         
               62
            
            
               Las demandantes afirman en sustancia que la Comisión declaró a Parker ITR responsable por el período anterior al 1 de enero de 2002 únicamente para eludir el artículo 25 del Reglamento no 1/2003, que establece plazos de prescripción cuya aplicación habría impedido sancionar a ITR y Pirelli, lo que constituye un abuso de procedimiento.
            
         
               63
            
            
               La tercera parte del primer motivo se funda en la vulneración del principio de no discriminación y de la obligación de motivación.
            
         
               64
            
            
               En apoyo de su argumentación las demandantes afirman en sustancia que en el pliego de cargos la Comisión aplicó la teoría de la continuidad económica de forma idéntica en lo que les afecta tanto a ellas como a Dunlop Oil & Marine Ltd, que se encontraba en una situación muy similar. Sin embargo, en la Decisión impugnada abandonó la teoría de la continuidad económica sólo en lo que atañe a Dunlop Oil & Marine Ltd y no en lo que afecta a las demandantes, y ello sin dar la menor explicación a pesar de que en ambos casos el comprador había adquirido los activos del vendedor, es decir las actividades ligadas a las mangueras marinas.
            
         
               65
            
            
               Las demandantes manifiestan además que, al sancionarlas por el período anterior al 1 de enero de 2002, la Comisión se separó de su práctica anterior sin ofrecer una explicación lógica sobre ello, en primer término, omitió responder a los argumentos que esas partes habían expuesto en respuesta al pliego de cargos, en segundo lugar, y no explicó la diferencia de trato entre ellas y Dunlop Oil & Marine Ltd, en tercer lugar.
            
         
               66
            
            
               La Comisión rebate esa argumentación.
            
         
               67
            
            
               En primer lugar la Comisión afirma en sustancia que el principio de responsabilidad individual no se debía aplicar en el presente caso, porque se produjo una sucesión económica dentro de un mismo grupo (considerandos 370 a 373 de la Decisión impugnada). Según ella, la jurisprudencia diferencia las consecuencias de una transferencia de activos y las de una transmisión de entidades jurídicas, al establecer que, si sólo se transfieren los activos relacionados con la infracción, la responsabilidad acompaña a esos activos únicamente en el supuesto excepcional de que la persona jurídica que los poseía haya dejado de existir jurídicamente o haya cesado toda actividad económica. En cambio, cuando se vende una entidad jurídica responsable del comportamiento infractor esa misma entidad sigue siendo responsable de sus infracciones anteriores (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Cascades/Comisión, C-279/98 P, Rec. p. I-9693).
            
         
               68
            
            
               A juicio de la Comisión, de la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros, C-280/06, Rec. p. I-10893) se deduce que una sucesión económica depende de las circunstancias existentes en el momento de la transferencia de activos y que la venta ulterior de una filial a una nueva empresa no afecta a dicha sucesión económica. Las consecuencias de esa venta ulterior de la filial en el plano de la responsabilidad se rigen por su parte por la jurisprudencia sobre la disolución de la empresa. Según esa parte, la consecuencia del fraccionamiento de una empresa responsable de una infracción no es la extinción de la responsabilidad de las diferentes entidades jurídicas que constituían antes la unidad económica. Por el contrario, aún cabe considerar responsables solidarias a esas entidades jurídicas, incluso si algunas de ellas forman parte de un nuevo grupo al tiempo de la adopción de la decisión declarativa de la infracción.
            
         
               69
            
            
               En el presente asunto, según la Comisión, sólo la transferencia de los activos de ITR a ITR Rubber, sociedades entre las que existían vínculos estructurales y económicos cuando ambas formaban parte del grupo Saiag, como en cualquier caso está demostrado, es pertinente en relación con el criterio de la continuidad económica, ya que la plena y completa responsabilidad de ITR Spa se transfirió a su filial, ITR Rubber, incluso por el período anterior a la creación de ésta.
            
         
               70
            
            
               En segundo término, esa responsabilidad está ligada a la persona jurídica de ITR Rubber, y cuando ésta pasó a ser Parker ITR, tras su transmisión a Parker-Hannifin, siguió siendo responsable por la infracción en el pasado de la antigua sociedad matriz de ITR Rubber, en aplicación de la jurisprudencia según la que una entidad jurídica puede ser considerada responsable de la infracción cometida por la empresa a la que pertenecía.
            
         
               71
            
            
               La Comisión precisa en relación con la venta de ITR Rubber a Parker-Hannifin que no cabe considerarla una venta de activos a una empresa no vinculada ya que la venta no sólo tenía por objeto activos sino también una entidad jurídica existente a la que acompañaba su responsabilidad.
            
         
               72
            
            
               La venta de los activos referidos dentro de grupo Saiag, por ITR a ITR Rubber, y la venta posterior de esta última a un nuevo grupo, a saber el grupo Parker-Hannifin, deben calificarse así pues como dos hechos diferentes, sin que la venta de ITR Rubber pueda dejar sin efecto la sucesión económica anterior.
            
         
               73
            
            
               Además, según la Comisión el único momento oportuno para apreciar la situación de hecho y para determinar si una transferencia de activos ha tenido lugar dentro de un grupo o entre empresas independientes es el momento de la transferencia propiamente dicha. La fecha de adopción de la decisión declarativa de la infracción sólo se toma en consideración para determinar si una sociedad responsable de la infracción fue disuelta posteriormente.
            
         
               74
            
            
               La Comisión mantiene además que la duración del período en el que subsisten vínculos estructurales tras la sucesión económica carece de pertinencia para constatar ésta; así pues, la filial vendida aún puede ser considerada responsable de la infracción solidariamente con las restantes entidades de su anterior unidad económica por el período de infracción previo a la venta de la filial.
            
         
               75
            
            
               Por otro lado, la Comisión no comparte el análisis por las demandantes de la sentencia del Tribunal de 30 de septiembre de 2009, Hoechst/Comisión (T-161/05, Rec. p. II-3555), y estima que los hechos no son comparables en sustancia a los del presente asunto.
            
         
               76
            
            
               La Comisión alega además que ITR Rubber fue creada por su sociedad matriz, a saber ITR, y la sociedad de cabecera del grupo Saiag, a las que perteneció al 100 % hasta su venta a Parker-Hannifin. Según ella, el hecho de que durante seis meses (del 27 de junio de 2001 al 1 de enero de 2002), ITR Rubber sólo tuviera una escasa actividad económica corrobora la apreciación de que esa filial cumplió el papel económico que le asignaba su sociedad matriz y de que no podía obrar de forma autónoma, sin que esa apreciación se desvirtúe por lo que pudiera haber sucedido entre el 1 de enero de 2002, fecha en la que la transferencia de los activos de ITR a ITR Rubber se hizo efectiva, y el 31 de enero de 2002, fecha en la que la totalidad de las acciones de ITR Rubber fueron adquiridas por Parker-Hannifin.
            
         
               77
            
            
               La Comisión precisa sobre ello que la prohibición contractual impuesta a ITR de ejercer influencia en ITR Rubber se aplicaba a raíz de la transferencia de activos, a partir del 1 de enero de 2002 y que esto significa que el acuerdo que ratificaba la venta no podía desvirtuar la existencia de una unidad económica en el momento de la transferencia.
            
         
               78
            
            
               La Comisión alega por último que las transferencias dentro de un grupo de sociedades tienen lugar normalmente entre varias entidades jurídicas controladas por una sola sociedad matriz, y en este caso se considera en general responsable a esta última si ha ejercido una influencia decisiva en sus filiales. Según ella, una sucesión económica dentro de un grupo le permite de esa manera imputar a la filial que es el sucesor económico, aun si esa filial ya no está controlada por la antigua sociedad matriz. Esa posibilidad es útil para la aplicación del Derecho de la competencia cuando la antigua sociedad matriz ya no existe o si no puede ser imputada por otras razones, como el hecho en el presente asunto de que la infracción haya prescrito en lo que afecta a ITR y Saiag.
            
         
               79
            
            
               En segundo lugar la Comisión estima que la jurisprudencia le reconoce un margen de apreciación que le permite elegir a quién dirige su decisión declarativa de la infracción tanto en el supuesto de la sucesión económica como más en general en relación con las sociedades matrices y sus filiales; por tanto, podía optar por dirigir la Decisión impugnada únicamente al sucesor económico, a saber Parker ITR, y no al predecesor aún existente, a saber ITR y/o Saiag.
            
         
               80
            
            
               En respuesta a la segunda parte del primer motivo la Comisión refuta las alegaciones por las demandantes de que cometió un abuso de procedimiento. Puntualiza que, aunque una razón de dirigir también la Decisión impugnada a Parker ITR fue la de que cualquier sanción contra ITR o Saiag estaría cubierta por la prescripción, ese criterio se justifica ya que los mismos activos, o incluso la misma empresa, continuaron la infracción, según afirma.
            
         
               81
            
            
               Sobre la tercera parte del primer motivo la Comisión afirma en sustancia que el pliego de cargos se sustentaba en hechos inciertos en lo que se refiere a Dunlop Oil & Marine Ltd. En efecto, es Unipoly Ltd, el nuevo propietario de los activos relacionados con la infracción, quien creó Dunlop Oil & Marine Ltsd, y no el vendedor de esos activos [confidencial], lo que diferencia la situación esa empresa y la de las demandantes, en el caso de las cuales se produjo en realidad una venta de una entidad jurídica y no sólo una venta de activos.
            
         
               82
            
            
               En cuanto a la alegación de infracción de la obligación de motivación la Comisión estima en sustancia que es una simple reformulación de las otras alegaciones aducidas en apoyo de este motivo.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               83
            
            
               Es oportuno recordar que el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 59).
            
         
               84
            
            
               En el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica, esto es, una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11; del Tribunal General de 11 de diciembre de 2003, Minoan Lines/Comisión, T-66/99, Rec. p. II-5515, apartado 122, y de 15 de septiembre de 2005, DaimlerChrysler/Comisión, T-325/01, Rec. p. II-3319, apartado 85).
            
         
               85
            
            
               Por otro lado, en virtud del principio de responsabilidad personal un hecho punible sólo puede ser imputado a su propio autor. Además, y conforme al principio de la personalidad de las penas, sólo se puede imponer una pena al culpable. Esos principios, que constituyen garantías fundamentales del Derecho sancionador, se oponen a la exigencia de responsabilidad a una persona física o jurídica que no ha sido autor de una infracción (véanse en ese sentido las conclusiones del Abogado General Cosmas en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, I-4130, punto 74; del Abogado General Colomer en el asunto que dio lugar a la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, Rec. p. I-133, puntos 63 y 64, y del Abogado General Bot en el asunto que dio lugar a las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Comisión y Comisión/ArcelorMittal Luxembourg y otros, C-201/09 P y C-216/09 P, Rec. p. I-2239, punto 181, y ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, C-352/09 P, Rec. p. I-2359, punto 162).
            
         
               86
            
            
               Según constante jurisprudencia esos principios se aplican al Derecho de la competencia de la Unión. El Tribunal de Justicia ha considerado en efecto que, en atención a la naturaleza de la infracción de la que se trata, así como a la naturaleza y el grado de gravedad de las sanciones correspondientes, la responsabilidad por la comisión de una infracción de las reglas de la competencia tiene un carácter personal (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 85 supra, apartado 78, y de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, apartado 77).
            
         
               87
            
            
               Incumbe en consecuencia a la persona física o jurídica que dirigía la empresa de que se trata en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la Decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa ya no estuviera bajo su responsabilidad (véase la sentencia ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartado 143, y la jurisprudencia citada).
            
         
               88
            
            
               De tal forma, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la responsabilidad de la conducta infractora de la empresa, o de las entidades que la componen, sigue a la persona física o jurídica que dirigía la empresa de que se trata en el momento en que se cometió la infracción, aun cuando después del período de infracción se hayan transmitido a terceros los elementos materiales y humanos que contribuyeron a la comisión de ésta (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, apartados 25 y 27).
            
         
               89
            
            
               Una persona física o jurídica que no es la autora de la infracción puede, sin embargo, ser sancionada por ella, cuando la persona física o jurídica que ha cometido la infracción ha dejado de existir jurídica o económicamente (véanse en ese sentido las sentencias ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 40, y ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartado 144), para evitar que una empresa pueda eludir las sanciones por el solo hecho de que su identidad se haya modificado como consecuencia de reestructuraciones, cesiones u otros cambios de carácter jurídico u organizativo (véase en ese sentido la sentencia ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Se trata del criterio de la continuidad económica.
            
         
               90
            
            
               Así pues, de reiterada jurisprudencia resulta que el cambio de la forma jurídica y de la denominación de una empresa no tiene como efecto crear una nueva empresa desligada de la responsabilidad por los comportamientos anticompetitivos de la precedente, cuando desde el punto de vista económico existe identidad entre ambas empresas (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1984, CRAM y Rheinzink/Comisión, 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679 ; Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, apartados 356 a 359, y ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 42).
            
         
               91
            
            
               Además, el hecho de que una persona jurídica siga existiendo como entidad jurídica no excluye que, en relación con el Derecho de la competencia de la Unión, pueda haber transferido una parte de sus actividades a otra persona jurídica, que se convierta en responsable de los actos cometidos por la primera (sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, apartados 356 a 359, y ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 48; sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Jungbunzlauer/Comisión, T-43/02, Rec. p. II-3435, apartado 132).
            
         
               92
            
            
               Esta forma de imponer la sanción es admisible en efecto cuando esas personas jurídicas han estado bajo el control de la misma persona y, habida cuenta de los estrechos vínculos que las unen desde el punto de vista económico y organizativo, han aplicado, esencialmente, las mismas instrucciones comerciales (sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, apartados 356 a 359, y ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 49).
            
         
               93
            
            
               En cambio, el Tribunal de Justicia ha juzgado que sólo puede haber continuidad económica cuando la persona jurídica responsable de la explotación de la empresa haya dejado de existir jurídicamente tras haber cometido la infracción, en el caso de dos empresas existentes y en funcionamiento, de las cuales una había transferido a la otra una parte determinada de sus actividades, y que no tenían entre ellas ningún vínculo estructural (véanse en ese sentido las sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 85 supra, apartado 145, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, apartado 359).
            
         
               94
            
            
               Así pues, el criterio de la continuidad económica permite en circunstancias excepcionales estrictamente delimitadas por la jurisprudencia asegurar la efectividad del principio de la responsabilidad personal del autor de la infracción y sancionar a una persona jurídica, distinta ciertamente de la que cometió esa infracción, pero unida a ésta por vínculos estructurales.
            
         
               95
            
            
               En aplicación del criterio de la continuidad económica la Comisión está facultada por tanto para sancionar a una persona jurídica distinta de la que cometió la infracción, a pesar de cualquier estructura jurídica dentro de una misma empresa que tratara de obstaculizar artificialmente la sanción de las infracciones del Derecho de la competencia que hubieran cometido una o varias de las personas jurídicas que la integran.
            
         
               96
            
            
               Sin embargo, el concepto de continuidad económica no tiene por objeto permitir que se considere responsable de una infracción a una empresa distinta de la que la cometió, en su caso a través de las personas jurídicas que la integran (véase en ese sentido la sentencia ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, citada en el apartado 85 supra, apartado 145), a menos que esas dos empresas tengan entre sí vínculos estructurales que las unen desde el punto de vista económico y organizativo (véanse en ese sentido las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, apartado 359, y ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, apartado 49) o que la persona jurídica que cometió la infracción haya sido transmitida a un tercero en condiciones abusivas, es decir distintas de las del mercado, con la intención de eludir las sanciones previstas por el Derecho sobre los carteles (conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto que dio lugar a la sentencia ETI y otros, citada en el apartado 68 supra, Rec. p. I-10896, puntos 82 y 83).
            
         
               97
            
            
               En cambio, una empresa que haya transmitido en condiciones de mercado la persona jurídica que cometió la infracción a un tercero con el que no le une ningún vínculo estructural puede ser sancionada aun así en aplicación del principio de responsabilidad personal por el período de infracción anterior a la transmisión, sin perjuicio de las reglas sobre la prescripción y ello aunque sus actividades ya no se desarrollen en el mismo sector empresarial afectado por esa infracción.
            
         
               98
            
            
               Con otras palabras, cuando las reglas jurídicas, como las reguladoras de la prescripción, se oponen a que una empresa sea sancionada por haber cometido una infracción del Derecho de la competencia, o cuando haya desaparecido la empresa que había transmitido la persona jurídica que cometió la infracción a un tercero independiente, el criterio de la continuidad económica no tiene por objeto permitir que se investigue y se exija retroactivamente la responsabilidad de otra empresa por los hechos que hubiera cometido la primera, a menos que ambas empresas estén unidas por vínculos estructurales en los aspectos económico y organizativo (véanse en ese sentido las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto que dio lugar a la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 83 supra, punto 72), o que la transmisión de la persona jurídica que cometió la infracción se haya realizado en condiciones abusivas (véase el apartado 96 supra).
            
         
               99
            
            
               Es irrelevante en ese sentido que se trate de una transferencia de activos o de una transmisión de una persona jurídica a un tercero, y es preciso desestimar la tesis aducida por la Comisión sobre ese aspecto.
            
         
               100
            
            
               En efecto, se ha juzgado que el principio continuidad económica no desvirtuaba el principio de responsabilidad personal cuando una empresa había cedido a un tercero independiente una parte de sus actividades relacionadas con el cartel mediante la transmisión de una filial creada a efectos de esa cesión y no existían vínculos estructurales entre el anterior explotador y el nuevo, lo que justificaba que la empresa cedente fuera sancionada por el período de infracción anterior a la cesión y la empresa cesionaria por el período de infracción posterior a ésta (véase en ese sentido la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 75 supra, apartados 28 y 61).
            
         
               101
            
            
               De ello se deduce también, en aplicación del principio de responsabilidad personal, que a partir de la fecha de su creación la persona jurídica transmitida puede ser sancionada por el período de infracción durante el que ella misma tomó parte en la infracción (véase en ese sentido la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 75 supra, apartados 28, 61, 66 y 67), dado que a partir de ese momento puede ser considerada individualmente responsable de esa infracción (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P y C-137/07 P, Rec. p. I-8681, apartados 81 y 82).
            
         
               102
            
            
               Hay que añadir que la falta de constatación de la existencia de una infracción cometida por la empresa cedente y en su caso la omisión de sancionarla puede perjudicar la eficacia de la sanción en caso de reincidencia ulterior.
            
         
               103
            
            
               En el presente asunto es preciso recordar los siguientes hechos.
            
         
               104
            
            
               Por un lado, el sector de mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas que pertenece actualmente a Parker ITR fue creado en 1966 por Pirelli Treg, cuyas actividades fueron asumidas en diciembre de 1990 por ITR, que fue adquirida en 1993 por Saiag.
            
         
               105
            
            
               Por otro lado, Saiag creó una filial, ITR Rubber, el 27 de junio de 2001, tras haber emprendido negociaciones con Parker-Hannifin sobre la posible venta de su actividad de mangueras marinas, a la que transfirió el 19 de diciembre de 2001 su sector de tubos de caucho, incluido el sector de mangueras marinas.
            
         
               106
            
            
               La transferencia del sector de tubos de caucho a ITR Rubber produjo efectos el 1 de enero de 2002, y el 31 de enero de 2002 la filial ITR Rubber – que pasó a denominarse unos meses después Parker ITR – fue adquirida por Parker-Hannifin.
            
         
               107
            
            
               Por otra parte, del considerando 370 de la Decisión impugnada resulta que desde el mes de diciembre de 1990 al 27 de junio de 2001, fecha en la que ITR Rubber fue constituida por Saiag, fue ITR quien participó en el cartel y cometió de esa manera la infracción sancionada por esa Decisión.
            
         
               108
            
            
               No se discute por lo demás que ITR continuó desarrollando la actividad relativa a los tubos de caucho de Saiag, y en particular la actividad relativa a las mangueras marinas, hasta el momento de la transferencia de sus activos a ITR Rubber, el 19 de diciembre de 2001, transferencia que se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2002.
            
         
               109
            
            
               Consta además que la comisión de la infracción prosiguió del 27 de junio al 31 de diciembre de 2001.
            
         
               110
            
            
               De ello se sigue que ITR también cometió la infracción entre el 27 de junio y el 31 de diciembre de 2001.
            
         
               111
            
            
               En aplicación del principio de responsabilidad personal Saiag e ITR habrían debido ser sancionadas por la infracción cometida, cuando menos, entre diciembre de 1990 y el 31 de diciembre de 2001.
            
         
               112
            
            
               Ahora bien, también consta que la Comisión no sancionó a ITR y Saiag porque estimó que la infracción había prescrito respecto a ellas, según las precisiones que aportó en el curso del procedimiento.
            
         
               113
            
            
               La Comisión puntualizó además en la vista que por esa razón decidió imputar a Parker ITR, anteriormente ITR Rubber, la responsabilidad por la totalidad de la infracción a lo largo del tiempo, para sancionar la infracción cometida por ITR desde diciembre de 1990 hasta diciembre de 2001, y antes de ésta por Pirelli Treg desde abril de 1986 hasta diciembre de 1990. Considera en efecto que es posible recurrir al criterio de la continuidad económica en este supuesto para asegurar la efectividad de las sanciones en el Derecho de la competencia.
            
         
               114
            
            
               Por consiguiente, es preciso examinar si concurrían en el presente caso las condiciones para aplicar el criterio de la continuidad económica, según afirma la Comisión.
            
         
               115
            
            
               Hay que constatar que desde el 27 de junio de 2001 al 31 de enero de 2002 ITR Rubber era una filial perteneciente al 100 % a ITR, y por otra parte la transferencia de las actividades relativas a los tubos de caucho a ITR Rubber sólo se hizo efectiva a partir del 1 de enero de 2002, sin que nada obrante en el expediente de la Comisión demuestre que ITR Rubber hubiera ejercido actividad alguna, en particular ligada a las mangueras marinas, antes de esa fecha. Toda vez que ITR vendió todas las acciones de ITR Rubber a Parker-Hannifin por contrato concluido el 5 de diciembre de 2001 y ejecutó la transmisión de todas las acciones al adquirente el 31 de enero de 2002, consta que la constitución de una filial para la rama de actividad de los tubos de caucho realizada por ITR estaba innegablemente ligada al objetivo de venta de las acciones de esa filial a una tercera empresa (véase en ese sentido la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 75 supra, apartado 60).
            
         
               116
            
            
               Siendo así, incumbía a la persona jurídica que dirigía la empresa al tiempo de la comisión de la infracción, es decir ITR y su sociedad matriz Saiag, responder por ésta, aun si en la fecha de adopción de la decisión declarativa de la infracción la explotación de la actividad relativa a las mangueras marinas se encontraba bajo la responsabilidad de otra empresa, en este caso Parker-Hannifin. En efecto el principio de responsabilidad personal no puede quedar sin efecto en virtud del principio de la continuidad económica en los casos, como el presente, en los que una empresa implicada en el cartel, a saber Saiag, y su filial ITR, transfiere una parte de sus actividades a un tercero independiente y no existe ningún vínculo estructural entre el cedente y el cesionario, es decir, en el presente asunto entre Saiag o ITR y Parker-Hannifin.
            
         
               117
            
            
               Es oportuno observar además que la Comisión reconoce no disponer de indicio alguno que lleve a pensar que la venta se hubiera producido en condiciones abusivas con objeto de permitir que Saiag e ITR eludieran su responsabilidad, y debe señalarse que no ha expuesto esa tesis en la Decisión impugnada.
            
         
               118
            
            
               En consecuencia, incumbía a la Comisión constatar que Saiag y ITR eran responsables de la infracción hasta el 1 de enero de 2002, y seguidamente apreciar en su caso que ésta había prescrito, como le permite hacer una constante jurisprudencia (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal de 6 de octubre de 2005, Sumitomo Chemical y Sumika Fine Chemicals/Comisión, T-22/02 y T-23/02, Rec. p. II-4065, apartados 60 y 61, y de 12 de octubre de 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Comisión, T-474/04, Rec. p. II-4225, apartado 72).
            
         
               119
            
            
               En cambio, en esas circunstancias la Comisión no podía apreciar la responsabilidad de ITR Rubber por el período anterior al 1 de enero de 2002, fecha en la que le fueron transferidos los activos relacionados con el cartel.
            
         
               120
            
            
               Por lo demás, esa es la solución que la propia Comisión había elegido en el asunto que dio lugar a la sentencia Hoechst/Comisión, citada en el apartado 75 supra, en aplicación del principio de responsabilidad personal, solución que aprobó el Tribunal.
            
         
               121
            
            
               Por otro lado, dado que se debe refutar la premisa del razonamiento de la Comisión acerca de la aplicación del criterio de la continuidad económica únicamente a la transferencia de los activos de ITR a ITR Rubber (y no a la transmisión de la filial ITR Rubber a Parker-Hannifin), la responsabilidad de Saiag y de ITR no puede haberse transferido a ITR Rubber en aplicación de ese criterio. De ello se deduce que no puede prosperar la argumentación de la Comisión según la cual la responsabilidad que, en aplicación del criterio de la continuidad económica, se imputaba a la filial así constituida con vistas a su compra por Parker-Hannifin se había transmitido a esta última como consecuencia de dicha compra.
            
         
               122
            
            
               También se ha de desestimar la argumentación de la Comisión según la cual dispone en cualquier caso de un margen de apreciación para elegir al responsable de la infracción tanto en el supuesto de la continuidad económica como más en general en lo que se refiere a las sociedades matrices y sus filiales, lo que le permitía sancionar a ITR Rubber por la totalidad de la infracción cometida en el pasado por ITR y por Saiag.
            
         
               123
            
            
               En primer lugar, de la jurisprudencia resulta en efecto que en ciertas circunstancias es posible imputar a una sociedad matriz la conducta infractora de su filial a causa del control que ejerce la primera sobre ésta (sentencia del Tribunal General de 14 de mayo de 1998, KNP BT/Comisión, T-309/94, Rec. p. II-1007, apartados 41, 42, 45, 47 y 48, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión, C-248/98 P, Rec. p. I-9641, apartado 73).
            
         
               124
            
            
               Sin embargo, es preciso observar que no cabe aplicar esa jurisprudencia en este asunto ya que la Comisión pretende imputar a una filial, ITR Rubber, la responsabilidad de su sociedad matriz, Saiag, por la conducta infractora de otra filial de ésta, a saber, ITR.
            
         
               125
            
            
               En segundo término, también se ha juzgado que la Comisión puede optar entre sancionar a la filial que participó en la infracción o a la sociedad matriz que la controlaba durante ese período (sentencia Erste Group Bank y otros/Comisión, citada en el apartado 101 supra, apartados 81 a 84, y sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T-259/02 a T-264/02 y T-271/02, Rec. p. II-5169, apartado 331), o bien a ambas conjunta y solidariamente (sentencias del Tribunal de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T-71/03, T-74/03, T-87/03 y T-91/03, no publicada en la Recopilación, apartados 52 a 82, y de 24 de marzo de 2011, IBP e International Building Products France/Comisión, T-384/06, Rec. p. II-1177, apartado 13).
            
         
               126
            
            
               No obstante, de esa jurisprudencia resulta que, si bien es cierto que la filial puede ser sancionada en lugar de la sociedad matriz, ello es así cuando la propia filial ha participado en la infracción, y en consecuencia por el período de su participación en ésta, lo que excluye en particular que se la pueda considerar retroactivamente responsable de una infracción cometida por su sociedad matriz antes de la constitución de esa filial.
            
         
               127
            
            
               En efecto, la posibilidad de imputar retroactivamente la responsabilidad de una infracción a una persona jurídica distinta de la que cometió ésta sólo existe en el contexto de la aplicación del principio de la continuidad económica, que se ha excluido en el presente asunto (véanse los apartados 114 a 119 supra).
            
         
               128
            
            
               Así pues, toda vez que la transferencia de los activos relacionados con el cartel por ITR a ITR Rubber se hizo efectiva el 1 de enero de 2002 y que la Comisión no ha presentado prueba alguna de la implicación de ITR Rubber durante el período anterior al 1 de enero de 2002, hay que considerar en consecuencia que ITR Rubber cometió personalmente la infracción desde el 1 hasta el 31 de enero de 2002, fecha ésta en la que todas las acciones de ITR Rubber fueron adquiridas por Parker-Hannifin.
            
         
               129
            
            
               De ello se deduce también que, sin perjuicio del examen de los motivos segundo y tercero, no cabe apreciar la responsabilidad solidaria de Parker-Hannifin por el período anterior al 31 de enero de 2002, fecha en la que ésta adquirió todas las acciones de ITR Rubber (que pasó a ser Parker ITR). Con esa reserva, debe confirmarse la Decisión impugnada, en cuanto aprecia válidamente la responsabilidad solidaria de Parker-Hannifin a partir del 31 de enero de 2002.
            
         
               130
            
            
               Sin que sea necesario examinar las partes segunda y tercera del primer motivo, debe acogerse por tanto la primera parte de éste, puesto que no cabe apreciar la responsabilidad de Parker ITR por el período de infracción anterior al 1 de enero de 2002.
            
         
         Sobre el cuarto motivo, basado en la indebida imposición de una multa a Parker ITR por el período anterior al 11 de junio de 1999
      
      Decisión impugnada
      
               131
            
            
               En los considerandos 148 a 187 y 289 a 307 de la Decisión impugnada la Comisión recuerda una serie de hechos que a su juicio conducen a distinguir tres períodos en la existencia del cartel: uno primero de actividad «plena y completa» de 1986 a mayo de 1997, un período de actividad limitada que se extiende de mayo de 1997 a junio de 1999 o a junio de 2000, en función de los diferentes miembros del cartel, y finalmente un nuevo período de actividad «plena y completa» de junio de 1999 o junio de 2000, en función de los diferentes miembros del cartel, hasta mayo de 2007. La Comisión estima en sustancia que, al estar acreditada la existencia de contactos entre algunos de los participantes en el cartel, cuyo objetivo era en especial reactivar éste, hay que considerar que el cartel fue continuo, o al menos continuado, pero que no debían imponerse multas sin embargo por el período de actividad limitada del cartel.
            
         Alegaciones de las partes
      
               132
            
            
               En el cuarto motivo las demandantes alegan que la imposición de una multa a Parker ITR por el período anterior al 11 de junio de 1999 infringe por una parte el artículo 25, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, ya que la infracción no puede considerarse continua ni continuada, y por otra parte vulnera el principio de no discriminación. También mantienen que la Comisión incumplió la obligación de motivación.
            
         
               133
            
            
               La Comisión rebate esa argumentación.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               134
            
            
               El cuarto motivo, por el que se solicita que el Tribunal aprecie la consumación de la prescripción respecto a un período de infracción anterior al 11 de junio de 1999, tiene lógicamente carácter subsidiario en relación con el primer motivo, lo que implica que sólo debería examinarse si éste fuera desestimado.
            
         
               135
            
            
               Dado que se ha acogido el primer motivo, no es necesario por tanto examinar el cuarto.
            
         
         Sobre el quinto motivo, fundado en que se aumentó la multa indebidamente por haber jugado Parker ITR un papel de líder
      
      Decisión impugnada
      
               136
            
            
               De los considerandos 457 a 463 de la Decisión impugnada resulta que, atendiendo a la implicación en el cartel del Sr. P., quien jugó un papel de líder acreditado por varios medios de prueba, la Comisión decidió aumentar los importes de base de la multa en el 30 % en virtud de las circunstancias agravantes y desestimar la argumentación de Parker ITR y de Parker-Hannifin sobre la imputación de la responsabilidad de la infracción al Sr. P.
            
         Alegaciones de las partes
      
               137
            
            
               En apoyo de su quinto motivo las demandantes alegan que la multa fue indebidamente incrementada por haber jugado Parker ITR un papel de líder durante el período que va del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001.
            
         
               138
            
            
               La Comisión rebate esa argumentación.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               139
            
            
               Dado que se ha estimado el primer motivo, no cabe atribuir a Parker ITR el papel de líder del cartel durante el período que va del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001.
            
         
               140
            
            
               Por consiguiente, se ha de estimar el quinto motivo, en cuanto se basa en el indebido aumento de la multa por un comportamiento que no se puede imputar a las demandantes.
            
         
         Sobre el sexto motivo, fundado en la vulneración del principio de responsabilidad individual y de la obligación de motivación, en relación con el aumento de la multa impuesta a Parker-Hannifin a causa del papel de líder apreciado en contra de Parker ITR
      
      Alegaciones de las partes
      
               141
            
            
               El sexto motivo aducido por las demandantes se funda en la vulneración del principio de responsabilidad individual y de la obligación de motivación, en relación con el aumento de la multa impuesta a Parker-Hannifin a causa del papel de líder apreciado en contra de Parker ITR.
            
         
               142
            
            
               Las demandantes alegan sobre ello que la Comisión no apreció la responsabilidad de Parker-Hannifin por el período de infracción anterior al 31 de enero de 2002 pero tuvo en cuenta el papel de dirigente que ITR jugó desde junio de 1999 a septiembre de 2001 para aumentar tanto la multa de Parker ITR como la parte de la multa de la que se considera solidariamente responsable a Parker-Hannifin. Ahora bien, la Comisión califica a Parker-Hannifin como responsable de hechos que tuvieron lugar antes de que adquiriese Parker ITR el 31 de enero de 2002, infringiendo así el principio de responsabilidad personal.
            
         
               143
            
            
               Las demandantes también afirman que la motivación de la Decisión impugnada es contradictoria e insuficiente.
            
         
               144
            
            
               La Comisión refuta esa argumentación.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               145
            
            
               Toda vez que se ha acogido el primer motivo, no puede apreciarse la responsabilidad solidaria de Parker-Hannifin, en relación con el papel de líder de su filial, Parker ITR, por el período de infracción que va del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001, que no cabe imputar a Parker ITR.
            
         
               146
            
            
               Debe acogerse en consecuencia el sexto motivo.
            
         
         Sobre el segundo motivo, basado en la indebida imputación a las demandantes de la responsabilidad de la infracción ligada a la conducta ilícita del Sr. P., director de la unidad «Oil & Gas»
      
      Decisión impugnada
      
               147
            
            
               De los considerandos 374 a 381 de la Decisión impugnada resulta en sustancia que la Comisión desestimó la argumentación expuesta por las demandantes, según la cual se debía tener en cuenta la responsabilidad personal del Sr. P., director de la unidad «Oil & Gas» de ITR Rubber tanto antes como después de la adquisición de esta última por Parker-Hannifin, quien actuó sin conocerlo su empleador, estableciendo un amplio mecanismo destinado a participar en el cartel en su beneficio personal propio y en el de las sociedades a las que estaba ligado, así como el hecho de que esas actuaciones se cometieron en detrimento de la política interna de la empresa y en contradicción con ella, causándole un perjuicio importante y sin aportarle ninguna ventaja.
            
         Alegaciones de las partes
      
               148
            
            
               Las demandantes refutan en sustancia que la conducta del Sr. P., director de la unidad «Oil & Gas» de ITR Rubber (que pasó a ser Parker ITR), les sea imputable, porque en primer lugar les ocultó la verdad, estableciendo un plan fraudulento destinado a beneficiarse él mismo, y hacer beneficiar a diversas sociedades que controlaba o a las que estaba ligado, de las ganancias ilícitas derivadas del cartel, en segundo lugar se opuso con todos los medios a que Parker-Hannifin interviniera en la gestión comercial del sector de las mangueras marinas, que desarrollaba de forma totalmente autónoma, y por último las demandantes fueron las principales perjudicadas por las actuaciones del Sr. P., quien únicamente actuó en su propio interés personal y el de las sociedades referidas, y con infracción de las reglas deontológicas de Parker-Hannifin. Estiman que, al igual que hace la jurisprudencia americana, no se debe considerar a una empresa responsable de la conducta de su empleado cuando las actividades ilícitas de éste se han llevado a cabo con la intención de que se beneficien de ellas personas distintas de su empleador.
            
         
               149
            
            
               Además, las demandantes afirman que no concluyeron ningún acuerdo con los miembros del cartel durante el período en el que el Sr. P. era empleado de la empresa, y niegan haber ocultado el cartel a la Comisión cuando tuvieron sospechas al respecto, que no eran suficientes según ellas para justificar que se tomaran medidas, en especial para la presentación de una solicitud de clemencia.
            
         
               150
            
            
               La Comisión rebate estas alegaciones.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               151
            
            
               Es oportuno recordar que según reiterada jurisprudencia la imputación a una empresa de una infracción del artículo 85 CE no supone una actuación ni aun un conocimiento de esa infracción por los socios o los gerentes principales de la empresa afectada, sino la actuación de una persona autorizada para obrar por cuenta de la empresa (véase en relación con el Tratado CE la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 97, y sentencia del Tribunal General de 20 de marzo de 2002, Brugg Rohrsysteme/Comisión, T-15/99, Rec. p. II-1613, apartado 58).
            
         
               152
            
            
               Es preciso observar que el Sr. P. trabajó sin interrupción de 1981 a 2006 para Pirelli Treg, Saiag (ITR) y Parker ITR sucesivamente. Además, después de su supuesta dimisión el 9 de junio de 2006 Parker ITR concluyó con él un contrato de consultor para garantizar la continuidad del sector de las mangueras marinas.
            
         
               153
            
            
               La implicación del Sr. P. en el cartel y el papel destacado que jugó en él, que por lo demás no refutan formalmente las demandantes, se detallan con amplitud en los considerandos 94, 122 (cuadro 9), 144, 145, 151, 154, 155, 156, 158, 163, 172, 177, 185, 189 (cuadro 10), 190, 196, 241, 302, 349, 379, 383, 384, 386, 459 y 461 de la Decisión impugnada.
            
         
               154
            
            
               Por otro lado, las demandantes reconocieron en la vista que el Sr. P. estaba autorizado para actuar por cuenta de la empresa, como señaló la Comisión en el considerando 383 de la Decisión impugnada. De ese considerando resulta en efecto que las demandantes presentaron «una copia de un instrumento de habilitación […] que manifestaba que estaba autorizado para firmar en una amplia gama de operaciones comerciales», lo que demuestra que, si bien es verdad que el Sr. P. disponía de un extenso margen de maniobra en sus actividades, ello se debía a que las demandantes le habían conferido expresamente esa facultad.
            
         
               155
            
            
               Como consecuencia, la responsabilidad de las demandantes se revela contraída, sin que sea preciso determinar si el Sr. P. actuó sin su conocimiento.
            
         
               156
            
            
               También se manifiesta ineficaz la argumentación de las demandantes según la cual no concluyeron ellas mismas ningún acuerdo con los otros miembros del cartel, ya que estaban jurídicamente vinculadas por medio del Sr. P.
            
         
               157
            
            
               Así sucede igualmente con las alegaciones sobre la infracción de las reglas deontológicas internas del grupo Parker y las referidas al hecho de que el Sr. P. actuase con el fin de defraudar al grupo Parker. En efecto, es preciso constatar que nada permite sustentar esas alegaciones, desmentidas además por el hecho de que el grupo Parker nunca presentó una denuncia ni emprendió actuación alguna contra su antiguo empleado.
            
         
               158
            
            
               Finalmente, en cuanto a los supuestos daños causados a Parker-Hannifin, la Comisión pone de relieve fundadamente que al participar en el cartel la empresa obtuvo beneficios, en contra de lo que afirma, derivados en especial de la fijación de los precios y del reparto de los mercados entre los diferentes miembros del cartel, que no habría podido conseguir si no hubiera habido un acuerdo entre éstos.
            
         
               159
            
            
               Debe desestimarse por tanto el segundo motivo.
            
         
         Sobre el tercer motivo, fundado en que se consideró indebidamente a Parker-Hannifin solidariamente responsable de la infracción junto con Parker ITR
      
      Decisión impugnada
      
               160
            
            
               De los considerandos 382 a 389 de la Decisión impugnada resulta en sustancia que la Comisión estimó que la influencia decisiva de Parker-Hannifin en Parker ITR podía presumirse ya que la sociedad matriz era titular del 100 % del capital de su filial, y por otro lado existían indicios de hecho demostrativos de que Parker-Hannifin había ejercido un control sobre Parker ITR, en particular un instrumento de habilitación conferida al Sr. P. acreditando que estaba autorizado para firmar en una amplia gama de operaciones comerciales.
            
         
               161
            
            
               La Comisión desestimó también los argumentos expuestos por las demandantes en respuesta al pliego de cargos.
            
         
               162
            
            
               La Comisión refutó en primer término el argumento de que bastaba demostrar únicamente que Parker-Hannifin no había ejercido una influencia decisiva en la actividad relativa a las mangueras marinas de Parker ITR, sin que fuera preciso tener en cuenta la situación de los otros sectores de actividad de esa filial, pues consideraba que esa influencia guarda relación con la conducta de la filial en su conjunto, según la jurisprudencia.
            
         
               163
            
            
               En segundo término la Comisión estimó que los documentos a los que se referían las demandantes para acreditar la autonomía de Parker ITR no demostraban que la filial actuara de manera plenamente independiente de la sociedad matriz sino que sólo revelaban posibles divergencias de criterio y problemas de cooperación. No obstante, según la Comisión no era necesario intervenir en la gestión corriente de las actividades una filial para ejercer una influencia decisiva en la política comercial de esa filial.
            
         
               164
            
            
               En tercer lugar la Comisión desestimó la argumentación de las demandantes según la que el cartel fue ocultado a la sociedad matriz, considerando en particular que de la jurisprudencia se deduce que la Comisión no está obligada a demostrar que la dirección de una empresa era consciente de una infracción si el individuo que contribuyó a ésta había sido autorizado para actuar por cuenta de la empresa.
            
         
               165
            
            
               La Comisión concluyó estimando que, además de la responsabilidad de Parker ITR por la infracción cometida a partir de 1986, se debía declarar a Parker-Hannifin y Parker ITR solidariamente responsables del comportamiento de Parker ITR entre el 31 de enero de 2002 y el 2 de mayo de 2007.
            
         Alegaciones de las partes
      
               166
            
            
               En primer término las demandantes mantienen en sustancia que Parker-Hannifin no ejerció la menor influencia, ni a fortiori una influencia decisiva en la unidad «Oil & Gas» de Parker ITR durante el tiempo en el que el Sr. P. dirigía ésta. En apoyo de esa argumentación alegan que el Sr. P. rehusó sistemáticamente respetar las directrices y la política comercial de Parker-Hannifin, que llegó a rechazar los intentos de intervención de ésta en la gestión del sector de las mangueras marinas y que ignoró deliberadamente el código deontológico del grupo Parker. Según esas partes, la referida unidad «Oil & Gas» que dirigía el Sr. P. actuó así pues de manera autónoma en el mercado. Estiman haber desvirtuado así la presunción de influencia decisiva.
            
         
               167
            
            
               Por otro lado, según las demandantes, al margen de algunos supuestos indicios el expediente de la Comisión no contiene prueba alguna del ejercicio por Parker-Hannifin de una influencia decisiva en Parker ITR durante el período comprendido entre el 31 de enero de 2002 y el 9 de junio de 2006.
            
         
               168
            
            
               En segundo lugar las demandantes consideran en sustancia que sólo les incumbe desvirtuar la presunción de influencia decisiva en lo que concierne a los productos afectados por el cartel, a saber los relacionados con la unidad «Oil & Gas» de Parker ITR. Por tanto, es manifiestamente desproporcionada y contradictoria con el razonamiento que sustenta la presunción la tesis de que están obligadas a demostrar que Parker-Hannifin no ejerció ninguna influencia decisiva en el conjunto de las actividades desarrolladas por Parker ITR. En efecto, una sociedad matriz puede decidir ejercer una influencia decisiva en algunos sectores de actividad de sus filiales y concederles una independencia total en otros sectores. Por ello, es preciso considerar que en el presente caso las pruebas del expediente demuestran que Parker-Hannifin y Parker ITR no constituían una empresa única a efectos del artículo 81 CE en relación con la actividad de las mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas.
            
         
               169
            
            
               En tercer lugar las demandantes refutan las alegaciones de la Comisión de que no es necesario intervenir en la gestión corriente de una filial para ejercer una influencia decisiva.
            
         
               170
            
            
               En cuarto término las demandantes mantienen en sustancia que no están obligadas a rebatir el hecho de que Parker-Hannifin hubiera impuesto objetivos y estrategias que influyeron en los resultados y la coherencia del grupo y hubiera intentado corregir las conductas que pudieran apartarse de esos objetivos y estrategias, como afirma la Comisión en el considerando 386 de la Decisión impugnada.
            
         
               171
            
            
               En quinto lugar por último las demandantes impugnan en sustancia el alcance y la interpretación que la Comisión atribuye a algunos medios de prueba que apreció en los considerandos 383 a 386 de la Decisión impugnada, tendentes a demostrar que Parker-Hannifin se había propuesto ejercer un control sobre su filial.
            
         
               172
            
            
               La Comisión rebate esas alegaciones.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               173
            
            
               De reiterada jurisprudencia resulta que el comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 58, y la jurisprudencia citada).
            
         
               174
            
            
               Ello es así, en efecto, porque, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa en el sentido de la jurisprudencia. Por lo tanto, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa a efectos del artículo 81 CE permite que la Comisión dirija una decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario acreditar la implicación personal de ésta en la infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 59, y la jurisprudencia citada).
            
         
               175
            
            
               En el caso particular de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas de la Unión en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia determinante en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 60, y la jurisprudencia citada).
            
         
               176
            
            
               En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que aquélla ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde destruir dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 61, y la jurisprudencia citada).
            
         
               177
            
            
               Además, el comportamiento de la filial en el mercado no puede constituir el único elemento que permita exigir la responsabilidad de la sociedad matriz, sino que es únicamente uno de los signos de la existencia de una unidad económica (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 73).
            
         
               178
            
            
               Así pues, para determinar si una filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esa filial con la sociedad matriz, los cuales pueden variar según el caso y, por lo tanto, no pueden ser objeto de una enumeración exhaustiva (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartado 74).
            
         
               179
            
            
               En el presente asunto consta que Parker-Hannifin poseía a través de sus diversas filiales el 100 % del capital de ITR Rubber (que pasó a ser Parker ITR). Por tanto, se presume que en su calidad de sociedad matriz ejerció una influencia decisiva en la conducta de su filial.
            
         
               180
            
            
               A la luz de esas circunstancias es preciso analizar los medios de prueba presentados por las demandantes para desvirtuar esa presunción.
            
         
               181
            
            
               En ese análisis es oportuno recordar previamente que se deduce de la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, que debe acreditarse la autonomía de la filial en su totalidad, y no sólo de una unidad comercial activa en el mercado objeto del cartel, ya que la demostración de una conducta autónoma de la filial tiene por objeto in fine probar que la sociedad matriz y la filial no forman una unidad económica, lo que puede justificar que la sociedad matriz no responda de la infracción cometida por su filial (véase en ese sentido la sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartados 55, 56 y 59).
            
         
               182
            
            
               Por consiguiente, debe desestimarse la tesis de las demandantes sobre esa cuestión.
            
         
               183
            
            
               Por otro lado, las demandantes alegan que no es exigible que las partes interesadas aporten una prueba directa e irrefutable de la autonomía de la conducta de la filial en el mercado, sino únicamente que presenten medios de prueba aptos para demostrar esa autonomía.
            
         
               184
            
            
               Dado que según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes recordada (véase el apartado 176 anterior), se exige la aportación de «suficientes elementos probatorios para demostrar que [la] filial se conduce de manera autónoma en el mercado», no es exigible que las demandantes aporten una prueba directa e irrefutable de la autonomía de conducta de su filial en el mercado, pero en defecto de ello les incumbe presentar un conjunto de medios de prueba precisos y concordantes acreditativos de que la filial actuaba efectivamente de manera autónoma, a pesar del hecho de que el 100 % del capital de ésta pertenecía a su sociedad matriz.
            
         
               185
            
            
               Por otro lado, en apoyo de su tesis de que la sociedad matriz no ejerció influencia alguna, ni a fortiori influencia decisiva en su filial, las demandantes alegan que el Sr. P. rehusó sistemáticamente respetar las directrices y la política comercial de Parker-Hannifin, que llegó a rechazar los intentos de intervención de ésta en la gestión del sector de las mangueras marinas, lo que reconoce la Comisión en la Decisión impugnada (considerando 384 de ésta), y que además ignoró deliberadamente de esa forma el código deontológico de Parker, que prohibía a su empleados tomar parte en actividades colusorias.
            
         
               186
            
            
               Las demandantes consideran que han demostrado así que Parker-Hannifin no había intervenido en la gestión corriente de la unidad «Oil & Gas» de Parker ITR.
            
         
               187
            
            
               No obstante, hay que observar que las demandantes alegan al mismo tiempo que Parker-Hannifin no ejerció influencia decisiva en Parker ITR, pero que en todo momento intentó intervenir en la gestión de ésta, lo que no logró a causa únicamente de las maniobras del Sr. P.
            
         
               188
            
            
               Ahora bien, las demandantes no presentan ningún medio probatorio que pueda acreditar las razones que impidieran legítimamente a Parker-Hannifin ejercer una influencia decisiva en Parker ITR durante varios años, según alegan.
            
         
               189
            
            
               En efecto, hay que recordar que Parker-Hannifin es la sociedad de cabecera de un grupo mundial que a inicios de 2002 adquirió un sector de actividad nuevo para ese grupo, a saber el sector de los tubos de caucho de ITR Rubber (que pasó a ser Parker ITR).
            
         
               190
            
            
               Pues bien, las demandantes afirman que el Sr. P. mantuvo al grupo Parker al margen de las actividades de Parker ITR, de modo tal que la sociedad de cabecera de ese grupo ignoraba totalmente lo que ocurría en esas actividades durante más de cuatro años, hasta la marcha de esa persona en 2006.
            
         
               191
            
            
               Aparte de la naturaleza singularmente poco verosímil de esas alegaciones, es preciso constatar que nada impedía jurídica y económicamente que Parker-Hannifin ejerciera su control sobre Parker ITR.
            
         
               192
            
            
               Además, nada impedía que Parker-Hannifin apartara o despidiera al Sr. P., puesto que no era más que uno de sus empleados, si las demandantes juzgaban, como mantienen actualmente, que obstaculizaba el control de Parker ITR por Parker-Hannifin.
            
         
               193
            
            
               Por otro lado, las pruebas que debe aportar la sociedad matriz han de ser suficientes para demostrar que la filial era objetivamente autónoma teniendo en cuenta los lazos económicos, organizativos y jurídicos que las unían. Las intenciones de la filial en ese aspecto, aun acreditadas, carecen de pertinencia alguna. Una decisión en otro sentido equivaldría a aprobar la inercia y la negligencia de la sociedad matriz en la gestión de sus filiales participantes en conductas ilícitas.
            
         
               194
            
            
               Las demandantes no presentan por tanto ningún medio probatorio apto para desvirtuar la presunción de influencia decisiva de la sociedad matriz en la filial y los medios de prueba suplementarios apreciados por la Comisión.
            
         
               195
            
            
               En consecuencia, se debe desestimar el tercer motivo.
            
         
         Sobre el séptimo motivo, basado en la infracción del principio de protección de la confianza legítima, por la aplicación de un método erróneo para calcular el valor de las ventas a efectos de la fijación de la multa
      
      Decisión impugnada
      
               196
            
            
               Resulta de los considerandos 422 a 428 de la Decisión impugnada que a efectos de determinar las ventas afectadas la Comisión apreció la media de las ventas de los tres últimos años antes de la finalización de la infracción, para tener en cuenta la variabilidad de las ventas anuales, por un lado, y por otro consideró que el mercado del EEE correspondía a todas las ventas facturadas a un adquirente situado dentro del EEE, precisando que a su juicio, habida cuenta de las circunstancias específicas del mercado pertinente, ese era el criterio más fiable para determinar dónde se situaba la competencia afectada por la infracción, y no el lugar de utilización final, que podía estar efectivamente fuera del EEE.
            
         
               197
            
            
               La Comisión observa además que esa apreciación se confirma por el hecho de que, en su respuestas a las solicitudes de información de la Comisión, la mayoría de las sociedades realizaron un reparto geográfico de los clientes o del volumen de negocios basándose en el lugar de facturación y no en el lugar de entrega o de utilización final de los productos.
            
         
               198
            
            
               La Comisión señala por último que esa apreciación no contradice las Directrices ya que éstas no indican los criterios en base a los cuales las ventas se consideran realizadas dentro del EEE.
            
         Alegaciones de las partes
      
               199
            
            
               Las demandantes afirman que la Comisión infringió el principio de protección de la confianza legítima al tener en cuenta para el cálculo de las ventas agregadas dentro del EEE no sólo las ventas de mangueras marinas entregadas dentro del EEE sino también las ventas de productos facturados a sociedades establecidas dentro del EEE, y ello para aumentar artificialmente la cuantía de la multa, según esas partes.
            
         
               200
            
            
               A juicio de las demandantes sólo las ventas de productos entregados dentro del EEE reflejan el impacto competitivo de una conducta potencialmente ilícita en el EEE. En efecto, las ventas de productos entregados fuera del EEE no pueden «afectar al comercio entre Estados miembros» o «entre las Partes contratantes», en el sentido del artículo 81 CE y del artículo 53 del Acuerdo EEE; el comercio en el EEE sólo es afectado cuando los productos objeto del cartel se entregan en el territorio del EEE, con independencia del lugar en el que esté establecida la entidad jurídica a la que se facturan.
            
         
               201
            
            
               Las demandantes se refieren además en este aspecto al punto 197 de la Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2008, C 95, 2008, p. 1, en lo sucesivo, «Comunicación sobre las operaciones de concentración») según el cual «la entrega es en general la acción característica de la venta de bienes […]», lo que confirma el análisis que hacen del punto 18 de las Directrices.
            
         
               202
            
            
               Las demandantes afirman por otra parte que el considerando 55 de la Decisión impugnada –en el que la Comisión manifiesta que «las ventas para fines de sustitución [es decir, a los usuarios finales] representan una parte del mercado mundial de mangueras marinas mucho mayor que las ventas de productos nuevos [estos es, las ventas a proveedores de equipo]»– está en contradicción con el considerando 427 de la Decisión impugnada –según el cual «los proveedores de equipo compran una cantidad considerable de mangueras marinas»–.
            
         
               203
            
            
               Por otro lado, las demandantes mantienen que la Comisión no puede afirmar que el criterio de la facturación es un criterio usual, empleado por las propias empresas, por el solo hecho de que varias de las empresas interesadas hayan expuesto el reparto geográfico interno de su volumen de negocios basándose en el lugar de facturación y no en el de entrega, y ello a pesar de que Parker-Hannifin le había advertido que el cálculo de esos volúmenes podía no representar el volumen de negocios realizado en el EEE necesario para este asunto.
            
         
               204
            
            
               La Comisión rebate esas alegaciones.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               205
            
            
               A tenor del punto 13 de las Directrices:
               «Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). La Comisión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción […]»
            
         
               206
            
            
               Conforme al punto 18 de las Directrices:
               «Cuando la dimensión geográfica de una infracción sobrepasa el territorio del EEE (por ejemplo en el caso de carteles mundiales), las ventas de la empresa dentro del EEE pueden no reflejar debidamente el peso de cada empresa en la infracción. Es lo que puede ocurrir en el caso de acuerdos mundiales de reparto de mercados.
               En tales circunstancias, para reflejar al mismo tiempo el volumen agregado de las ventas correspondientes en el EEE y el peso relativo de cada empresa en la infracción, la Comisión podrá calcular el valor total de las ventas de bienes o servicios en relación con la infracción en el sector geográfico (más extenso que el EEE) en cuestión, determinar la parte de las ventas de cada empresa que participa en la infracción en este mercado y aplicar esta parte a las ventas agregadas de dichas empresas dentro del EEE. El resultado se utilizará como valor de las ventas a efectos de la determinación del importe de base de la multa.»
            
         
               207
            
            
               Las demandantes no discuten que el mercado de las mangueras marinas es un mercado mundial.
            
         
               208
            
            
               Es preciso por consiguiente examinar el texto del punto 18 de las Directrices, aplicable en el presente asunto.
            
         
               209
            
            
               Hay que observar que el punto 18 de las Directrices no hace mención de ventas «entregadas» ni de ventas «facturadas» dentro del EEE, ni tampoco el punto 13 de ésas, sino que se refiere únicamente a las «ventas» realizadas en el EEE.
            
         
               210
            
            
               De ello se sigue que las Directrices, al igual que no obligan a tener en cuenta las ventas entregadas en el EEE, tampoco se oponen a que la Comisión tome en consideración las ventas facturadas en el EEE para calcular el valor de las ventas de cada empresa dentro del EEE.
            
         
               211
            
            
               No obstante, para que se puedan tomar en consideración las ventas facturadas en el EEE es preciso que ese criterio sea el reflejo de la realidad del mercado, es decir que sea el más apropiado para delimitar los efectos del cartel en la competencia en el EEE.
            
         
               212
            
            
               Pues bien, las demandantes no discuten que, aunque la mayor parte de los sistemas de mangueras marinas tengan como destino final regiones no europeas, algunos de los principales proveedores de equipo del mundo están situados en cambio en los diferentes países de la Unión/EEE (véase el considerando 59 de la Decisión impugnada). Por tanto, la incidencia del cartel de las mangueras marinas en la competencia dentro del EEE está correctamente reflejada al tomar en consideración las ventas facturadas en el EEE, y se ha de desestimar la argumentación de las demandantes según la que únicamente las ventas entregadas en el EEE permiten apreciar los efectos del cartel en el EEE.
            
         
               213
            
            
               Es irrelevante en cambio que en la Comunicación sobre las operaciones de concentración la Comisión haya querido dar prioridad al lugar de entrega en la determinación del volumen de negocios que se ha tomar en consideración, ya que la apreciación de las consecuencias de un cartel en el mercado no es comparable a la determinación del importe de la multa que se debe imponer a una empresa por una infracción del artículo 81 CE, aun cuando la determinación del valor del mercado fuera idéntica en la Comunicación sobre las operaciones de concentración y en las Directrices.
            
         
               214
            
            
               Además, el hecho de que la Comisión se autolimite en un ámbito del Derecho de la competencia no la obliga a autolimitarse de igual manera en otro ámbito, ni se traduce ipso facto por una idéntica limitación en éste.
            
         
               215
            
            
               Por otro lado, el hecho de que en la Decisión impugnada se constatara que las ventas con fines de sustitución a los usuarios finales, quienes ciertamente están en su mayoría situados fuera del EEE, representan una parte del mercado mundial de las mangueras marinas mayor que las ventas de productos nuevos (considerando 55 de la Decisión impugnada), no contradice la apreciación por la Comisión de que en el presente caso el lugar en el que está situada la entidad a la que se facturan las ventas es el más apropiado para determinar si las ventas tuvieron lugar dentro del EEE (considerando 427 de la Decisión impugnada), lo que significa en efecto que la Comisión sólo tomó en consideración las ventas facturadas a clientes situados en el EEE, con independencia de la localización de los usuarios finales.
            
         
               216
            
            
               En consecuencia, a la luz de las anteriores consideraciones es preciso examinar si la Comisión se sirvió de los datos que las empresas le habían proporcionado acerca de las ventas, a saber los datos de las ventas facturadas, de forma inesperada para éstas, y que vulnerase así su legítima confianza.
            
         
               217
            
            
               Según reiterada jurisprudencia, el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas fundadas al darle garantías precisas (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2004, Di Lenardo y Dilexport, C-37/02 y C-38/02, Rec. p. I-6911, apartado 70, y sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Rec. p. II-4239, apartado 74). Constituyen garantías de esa índole, cualquiera que sea la forma en que hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de mayo de 2000, Kögler/Tribunal de Justicia, C-82/98 P, Rec. p. I-3855, apartado 33). En cambio, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la Administración no le dio garantías concretas (sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2005, Alemania/Comisión, C-506/03, no publicada en la Recopilación, apartado 58, y de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión, C-182/03 y C-217/03, Rec. p. I-5479, apartado 147). Además, sólo las garantías conformes con las normas aplicables pueden servir de base a una confianza legítima (sentencias del Tribunal General de 30 de junio de 2005, Branco/Comisión, T-347/03, Rec. p. II-2555, apartado 102; de 23 de febrero de 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Comisión, T-282/02, Rec. p. II-319, apartado 77, y de 19 de noviembre de 2009, Denka International/Comisión, T-334/07, Rec. p. II-4205, apartado 132).
            
         
               218
            
            
               Hay que observar que en el presente caso la Comisión no dio ninguna garantía a las demandantes, en el sentido de esa jurisprudencia, de que los datos sobre las ventas facturadas en el EEE que éstas habían proporcionado, en primer término por su libre voluntad, y más tarde a solicitud de la Comisión, no serían tomados en consideración para el cálculo de la multa que se les impondría.
            
         
               219
            
            
               Las demandantes no pueden invocar por tanto vulneración alguna del principio de protección de la confianza legítima en relación con la consideración para el cálculo de la multa que se les impuso de las informaciones que habían proporcionado de propia iniciativa a la Comisión sobre las ventas facturadas en el EEE.
            
         
               220
            
            
               Como conclusión, debe desestimarse el séptimo motivo.
            
         
         Sobre el octavo motivo, fundado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, del principio de responsabilidad personal y de la obligación de motivación al calcular el límite máximo del 10 % del volumen de negocios
      
      Alegaciones de las partes
      
               221
            
            
               Las demandantes afirman en primer lugar que la Comisión habría debido tener en cuenta el volumen de negocios de Parker ITR y no el volumen de negocios consolidado de Parker-Hannifin para calcular el límite máximo del 10 % de la multa impuesta a Parker ITR y que al no hacerlo así infringió el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003. En efecto, de la jurisprudencia resulta que cuando dos entidades jurídicas formaban parte de la misma empresa al tiempo de la infracción pero ya no pertenecen a esa empresa en el momento de la decisión de la Comisión el límite máximo del 10 % debe calcularse basándose en sus respectivos volúmenes de negocios separados. El mismo razonamiento habría debido aplicarse por analogía en el presente asunto, puesto que Saiag e ITR SpA, que durante la mayor parte del período de la infracción eran propietarias de los activos relacionados con ésta, constituían una empresa independiente de la empresa Parker-Hannifin.
            
         
               222
            
            
               Las demandantes alegan que cualquier otra interpretación contravendría el principio de seguridad jurídica y llevaría a resultados desproporcionados.
            
         
               223
            
            
               En segundo término las demandantes mantienen que la Decisión impugnada también vulnera el principio de responsabilidad personal porque desde el 1 de abril de 1986 al 31 de enero de 2002 los activos relacionados con las mangueras marinas de Parker ITR pertenecieron a empresas diferentes.
            
         
               224
            
            
               En tercer lugar las demandantes afirman que la Comisión no respondió a la argumentación que habían expuesto en el procedimiento administrativo sobre la interpretación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003. Según ellas, la Decisión impugnada se limita a señalar que los importes de base ajustados determinados para las multas no superan el límite máximo del 10 %, lo que no permite comprender la justificación que sustenta la decisión de la Comisión de calcular el límite máximo del 10 % basándose en el volumen de negocios de Parker-Hannifin para la parte de la multa de la que se consideró responsable única a Parker ITR.
            
         
               225
            
            
               La Comisión refuta esas alegaciones.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               226
            
            
               Es oportuno recordar que debe acogerse el primer motivo, y que por consiguiente el período de infracción que ha de apreciarse en contra de Parker ITR se extiende del 1 de enero de 2002 al 2 de mayo de 2007, por un lado, y por otro que debe desestimarse el tercer motivo, lo que conduce al Tribunal a considerar que durante todo el período de la infracción, excepto el período que va del 1 al 31 de enero de 2002, Parker ITR era una filial al 100 % de Parker-Hannifin en la que ésta ejercía una influencia decisiva.
            
         
               227
            
            
               Por otra parte, según reiterada jurisprudencia el objetivo pretendido con la introducción del límite máximo del 10 % sólo puede lograrse si ese límite se aplica en un primer momento a cada destinatario separado de la decisión que impone la multa. Sólo si se pone de manifiesto en un segundo momento que varios destinatarios constituyen la «empresa» en el sentido de la entidad económica responsable de la infracción sancionada, y ello todavía en la fecha de adopción de esa decisión, el límite máximo puede calcularse basándose en el volumen de negocios global de esa empresa, es decir, de todos sus componentes acumulados (sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 125 supra, apartado 390).
            
         
               228
            
            
               Toda vez que se ha acogido el primer motivo, es ineficaz el octavo motivo, en cuanto se refiere al período de infracción anterior al 1 de enero de 2002 durante el que la infracción fue cometida por ITR. Por otra parte, es infundado, en cuanto se refiere al período de infracción posterior al 1 de enero de 2002, ya que durante todo ese período, excepto un mes, Parker ITR y Parker-Hannifin constituían una unidad económica responsable de la infracción sancionada. Por tanto, el límite máximo de la multa se podía calcular basándose en el volumen de negocios global de esa empresa, es decir, de todos sus componentes acumulados.
            
         
               229
            
            
               Toda vez que se ha acogido el primer motivo, no es necesario examinar además las otras alegaciones, basadas en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de proporcionalidad y en la falta de motivación, en cuanto se refieren a la incidencia de la consideración en la Decisión impugnada del período anterior al 1 de enero de 2002.
            
         
               230
            
            
               En consecuencia, debe desestimarse el octavo motivo.
            
         
         Sobre el noveno motivo, fundado en la infracción del principio de protección de la confianza legítima y de la obligación de motivación, por la negativa de la Comisión a aplicar una reducción de la multa en virtud de la cooperación
      
      Decisión impugnada
      
               231
            
            
               De los considerandos 489 a 493 de la Decisión impugnada resulta que en el contexto del programa de clemencia Parker ITR presentó a la Comisión documentos acerca de los cuales ésta estimó que tenían escaso valor añadido en lo que se refiere al período que va de 1986 a 2007, por un lado, y por otro que aportaban ciertamente datos que permitían demostrar la existencia del cartel desde 1972 hasta inicios de los años ochenta. No obstante, la Comisión estimó que ese período debía considerarse prescrito. Por ello concluyó que no se debía conceder una reducción de la multa a las demandantes.
            
         Alegaciones de las partes
      
               232
            
            
               Las demandantes afirman que reunieron y presentaron con su solicitud de clemencia pruebas significativas de hechos [confidencial], de los que la Comisión no tenía conocimiento anteriormente y que tienen una relación directa con [confidencial] de la infracción. Según las demandantes, la Comisión estimó que esos medios de prueba, que guardaban relación con el período comprendido entre [confidencial], no aportaban ningún valor añadido, debido a [confidencial]. Ahora bien, ese análisis está en contradicción con [confidencial]. Además, la Comisión no ha expuesto ningún argumento explicando porqué [confidencial].
            
         
               233
            
            
               Las demandantes mantienen por otro lado que si la Comisión hubiera apreciado que las pruebas aportadas por las demandantes tenían un valor añadido significativo no se habría podido considerar responsable a Parker ITR por [confidencial] del cartel con apoyo en esas pruebas, y esa inmunidad parcial se habría sumado a la reducción concedida en el contexto de la clemencia por la cooperación, conforme al punto 26, último párrafo, de la Comunicación sobre la cooperación.
            
         
               234
            
            
               Por último, las demandantes niegan haber ocultado el cartel cuando tuvieron conocimiento de él.
            
         
               235
            
            
               La Comisión rebate esas alegaciones.
            
         Apreciación del Tribunal
      
               236
            
            
               El punto 26 de la Comunicación sobre la cooperación establece:
               «En toda decisión adoptada al término del procedimiento administrativo, la Comisión determinará el nivel de reducción de que se beneficiará una empresa con respecto al importe de la multa que de otro modo le habría sido impuesta, que quedará establecido como se indica a continuación:
               
                        —
                     
                     
                        la primera empresa que aporte valor añadido significativo: una reducción del 30 %-50 %,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        la segunda empresa que aporte valor añadido significativo: una reducción del 20 %-30 %,
                     
                  
                        —
                     
                     
                        las siguientes empresas que aporte valor añadido significativo: una reducción de hasta el 20 %.
                     
                  Para fijar el porcentaje de reducción dentro de esos márgenes, la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicados los elementos de prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el punto (24), así como el grado de valor añadido que hayan comportado.
               Si el solicitante de una reducción de la multa es el primero en facilitar pruebas concluyentes en el sentido del punto (25) que la Comisión utilice para establecer hechos adicionales que redunden en un incremento de la gravedad o de la duración de la infracción, la Comisión no tomará en cuenta estos hechos adicionales cuando fije el importe de la multa a la empresa que haya facilitado dichas pruebas.»
            
         
               237
            
            
               El punto 36 de la Comunicación sobre la cooperación precisa:
               «La Comisión no se pronunciará sobre si concede o no una dispensa condicional ni sobre si satisface o no una solicitud cuando resulte que la solicitud se refiere a infracciones cubiertas por el plazo de prescripción de cinco años establecido para la imposición de multas en el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento 1/2003, pues tales solicitudes carecerían de objeto.»
            
         
               238
            
            
               En el presente asunto las pruebas que según las demandantes deberían haber dado lugar a su favor a una reducción de la multa en virtud de la Comunicación sobre la cooperación están relacionadas con el período comprendido [confidencial].
            
         
               239
            
            
               Incluso suponiendo que fueran significativas, esas pruebas se refieren a un período [confidencial].
            
         
               240
            
            
               Como ha observado fundadamente la Comisión, ese período de infracción, aun suponiéndolo acreditado suficientemente gracias a esas pruebas, habría debido considerarse prescrito.
            
         
               241
            
            
               La Comisión señala además en el considerando 491 de la Decisión impugnada que las pruebas aportadas sobre el período [confidencial] son demasiado inconsistentes para poder demostrar una infracción.
            
         
               242
            
            
               Dado que la Comisión apreció que no disponía de ninguna prueba de la actividad colusoria suficiente para demostrar una infracción durante el período comprendido [confidencial], tenía que concluir que el período con el que se relacionaban las pruebas presentadas por las demandantes [confidencial], y denegó válidamente la reducción de la multa de las demandantes a causa de la falta de valor añadido alguno de esas pruebas.
            
         
               243
            
            
               Hay que constatar por otro lado que la Decisión impugnada contiene una motivación detallada sobre ello en los considerandos 489 a 493.
            
         
               244
            
            
               Debe desestimarse por tanto el noveno motivo en su totalidad.
            
         
               245
            
            
               Por todas las consideraciones precedentes debe anularse el artículo 1 de la Decisión impugnada en cuanto se declaraba en él que Parker ITR había tomado parte en la infracción durante el período anterior al 1 de enero de 2002. Por tanto, también se debe anular el artículo 2 de la Decisión impugnada en cuanto afecta a las demandantes.
            
         
         Sobre las pretensiones de modificación, en el ejercicio por el Tribunal de su competencia jurisdiccional plena, y la determinación del importe final de la multa
      
      
               246
            
            
               Es oportuno recordar que, conforme al artículo 261 TFUE, los Reglamentos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en virtud de las disposiciones del Tratado FUE, pueden atribuir al Tribunal de Justicia una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones previstas en dichos Reglamentos. El artículo 31 del Reglamento no 1/2003 atribuye tal competencia al juez de la Unión. En consecuencia, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, dicho juez está facultado para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta. Resulta de lo anterior que el juez de la Unión está facultado para ejercer su competencia jurisdiccional plena cuando se somete a su apreciación la cuestión del importe de la multa, y que esta competencia puede ejercerse tanto para reducir este importe como para aumentarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, apartados 60 a 62, y la jurisprudencia citada).
            
         
               247
            
            
               Por otro lado, a tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, a fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.
            
         
               248
            
            
               El Tribunal de Justicia ha juzgado que, para la determinación de los importes de las multas, procede tener en cuenta la duración de las infracciones y todos los elementos que pueden influir en la apreciación de la gravedad de éstas, como el comportamiento de cada una de las empresas, el papel de cada una de ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de tales prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que representan las infracciones de ese tipo para la Comunidad Europea (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C-386/10 P, Rec. p. I-13085, apartado 56, y la jurisprudencia citada).
            
         
               249
            
            
               El Tribunal de Justicia también ha indicado que deben tenerse en cuenta elementos objetivos como el contenido y la duración de los comportamientos contrarios a la competencia, su número y su intensidad, la extensión del mercado afectado y el deterioro sufrido por el orden público económico. El examen ha de tomar en consideración igualmente la importancia relativa y la cuota de mercado de las empresas responsables, así como una eventual reincidencia (sentencia Chalkor/Comisión, citada en el apartado 248 supra, apartado 57).
            
         
               250
            
            
               Acerca de ello es oportuno recordar que, por su naturaleza, la fijación de una multa por el Tribunal en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena no es una operación aritmética precisa. Además, el Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso (sentencia del Tribunal de 14 de septiembre de 2004, Aristrain/Comisión, T-156/94, no publicada en la Recopilación, apartado 43).
            
         
               251
            
            
               En el presente asunto, en razón de la apreciación del Tribunal sobre la primera parte del primer motivo y los motivos quinto y sexto por un lado, y por otro de los errores observados en esa apreciación (véanse los apartados 130, 140 y 146 anteriores), el Tribunal considera apropiado ejercer la competencia jurisdiccional plena que le atribuye el artículo 31 del Reglamento no 1/2003 y sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia en relación con el importe de la multa que se debe imponer a las demandantes.
            
         
               252
            
            
               Se ha de señalar que el cartel tuvo una gravedad cierta, por el hecho de que los comportamientos ilícitos en los que las demandantes tomaron parte plenamente se caracterizaron por la adjudicación de licitaciones, la fijación de los precios y de cuotas, el establecimiento de condiciones de venta, el reparto de mercados geográficos y el intercambio de informaciones sensibles sobre los precios, los volúmenes de ventas y las licitaciones. Se trataba además de un cartel de dimensión mundial.
            
         
               253
            
            
               No obstante, dado que se ha acogido el primer motivo, la duración de la infracción debe rebajarse a cinco años y medio en lugar de 19 años en lo que concierne a Parker ITR, a la que no se puede considerar responsable de las infracciones cometidas entre 1986 y diciembre de 2001 por ITR y Saiag y sus predecesores.
            
         
               254
            
            
               De ello se deduce que las demandantes tampoco deben responder del papel de líder jugado por ITR entre 1999 y 2001.
            
         
               255
            
            
               Por las consideraciones precedentes, teniendo en cuenta en especial el efecto acumulativo de las ilegalidades antes apreciadas, el Tribunal estima que se valoran justamente todas las circunstancias del presente asunto al fijar el importe final de la multa impuesta a Parker ITR en 6.400.000 euros. En efecto, una multa de esa cuantía permite reprimir eficazmente el comportamiento ilegal de la demandante, de manera proporcionada a la gravedad de la infracción y suficientemente disuasoria.
            
         
               256
            
            
               Por otro lado, es preciso tener en cuenta el hecho de que Parker-Hannifin adquirió todas las acciones de ITR Rubber el 31 de enero de 2002 y que el importe de la multa a la que la sociedad matriz debe ser condenada solidariamente se debe fijar por el período que va desde esa fecha al 2 de mayo de 2007.
            
         
               257
            
            
               Por cuanto antecede, procede en primer lugar anular el artículo 1, letra i), de la Decisión impugnada, en cuanto se refiere a la infracción imputada a Parker ITR por el período anterior a enero de 2002, en segundo lugar fijar el importe de la multa impuesta a ésta en 6.400.000 euros, de la que Parker-Hannifin debe ser considerada solidariamente responsable por la cantidad de 6.300.000 euros, ya que no se puede apreciar la responsabilidad solidaria de Parker-Hannifin por el período que va del 1 al 31 de enero de 2002, y en tercer lugar por último desestimar el recurso en todo lo demás.
            
         
         Costas
      
      
               258
            
            
               A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En aplicación del apartado 3, párrafo primero, de la misma disposición, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas.
            
         
               259
            
            
               En el presente asunto, conviene recordar que las demandantes solicitaban una reducción sustancial de la multa, que se les ha concedido. La Comisión cargará por tanto con sus propias costas y con las de las demandantes.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto,
               EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
               decide:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Anular el artículo 1, letra i), de la Decisión C(2009) 428 final de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 – Mangueras marinas), en cuanto la Comisión Europea declaró en él que Parker ITR Srl había tomado parte en la infracción durante el período anterior al 1 de enero de 2002.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Anular el artículo 2, letra e), de la Decisión C(2009) 428 final.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           Fijar en 6.400.000 euros el importe de la multa impuesta a Parker ITR, de la que Parker-Hannifin Corp. es solidariamente responsable por la cantidad de 6.300.000 euros.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           4)
                        
                     
                     
                        
                           Desestimar el recurso en todo lo demás.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           5)
                        
                     
                     
                        
                           La Comisión cargará con sus propias costas, así como con las de Parker ITR y Parker-Hannifin.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Azizi
                        
                        
                           Prek
                        
                        
                           Frimodt Nielsen
                        
                     
                     Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de mayo de 2013.
                     Firmas
                  
               
            Índice
       
               
                  Hechos que dan origen al litigio
               
             
               
                  Sector de las mangueras marinas destinadas al petróleo y al gas
               
             
               
                  Presentación de las demandantes
               
             
               
                  Procedimiento administrativo
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Procedimiento y pretensiones de las partes
               
             
               
                  Fundamentos de Derecho
               
             
               
                  Sobre las pretensiones de anulación
               
             
               
                  Sobre el primer motivo, basado en la indebida imputación a Parker ITR de la responsabilidad de la infracción por el período anterior al 1 de enero de 2002
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el cuarto motivo, basado en la indebida imposición de una multa a Parker ITR por el período anterior al 11 de junio de 1999
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el quinto motivo, fundado en que se aumentó la multa indebidamente por haber jugado Parker ITR un papel de líder
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el sexto motivo, fundado en la vulneración del principio de responsabilidad individual y de la obligación de motivación, en relación con el aumento de la multa impuesta a Parker-Hannifin a causa del papel de líder apreciado en contra de Parker ITR
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el segundo motivo, basado en la indebida imputación a las demandantes de la responsabilidad de la infracción ligada a la conducta ilícita del Sr. P., director de la unidad «Oil & Gas»
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el tercer motivo, fundado en que se consideró indebidamente a Parker-Hannifin solidariamente responsable de la infracción junto con Parker ITR
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el séptimo motivo, basado en la infracción del principio de protección de la confianza legítima, por la aplicación de un método erróneo para calcular el valor de las ventas a efectos de la fijación de la multa
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el octavo motivo, fundado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003, del principio de responsabilidad personal y de la obligación de motivación al calcular el límite máximo del 10 % del volumen de negocios
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre el noveno motivo, fundado en la infracción del principio de protección de la confianza legítima y de la obligación de motivación, por la negativa de la Comisión a aplicar una reducción de la multa en virtud de la cooperación
               
             
               
                  Decisión impugnada
               
             
               
                  Alegaciones de las partes
               
             
               
                  Apreciación del Tribunal
               
             
               
                  Sobre las pretensiones de modificación, en el ejercicio por el Tribunal de su competencia jurisdiccional plena, y la determinación del importe final de la multa
               
             
               
                  Costas
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: inglés.
      (
            1
         )	Datos confidenciales ocultados.
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               Partes
               Motivación de la sentencia
               Parte dispositiva
               
            
            Partes
            En el asunto T‑146/09 RENV,
            Parker Hannifin Manufacturing Srl , anteriormente Parker ITR Srl, con domicilio social en Corsico (Italia),
            Parker-Hannifin Corp. , con domicilio social en Mayfield Heights, Ohio (Estados Unidos),
            representadas por los Sres. B. Amory, F. Marchini Camia y É. Barbier de La Serre, abogados,
            partes demandantes,
            contra
            Comisión Europea , representada por los Sres. V. Bottka, S. Noë y R. Sauer, en calidad de agentes,
            parte demandada,
            que tiene por objeto con carácter principal una pretensión, con arreglo al artículo 263 TFUE, de anulación parcial de la Decisión C(2009) 428 final de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 — Mangueras marinas), en cuanto dicha Decisión afecta a las demandantes, y con carácter subsidiario una pretensión, con arreglo al artículo 263 TFUE, de anulación o de reducción sustancial de la multa que les impuso esa misma Decisión,
            EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
            integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Presidente, y los Sres. J. Schwarcz y A. M. Collins, Jueces; 
            Secretario: Sra. M. Junius, administradora;
            habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de febrero de 2016;
            dicta la siguiente
            
            Motivación de la sentencia
            Sentencia 
            Antecedentes del litigio 
            1. El presente asunto se enmarca dentro del contencioso relativo al cártel de las mangueras marinas, que fue objeto de la sanción impuesta por la Comisión Europea mediante la Decisión C(2009) 428 final, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/39406 — Mangueras marinas) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
            2. Los destinatarios de la Decisión impugnada eran once sociedades, entre ellas, Bridgestone Corporation y Bridgestone Industrial Limited (en lo sucesivo, conjuntamente, «Bridgestone»), The Yokohama Rubber Company Limited (en lo sucesivo, «Yokohama»), Dunlop Oil & Marine Limited (en lo sucesivo, «DOM»), Parker ITR Srl (posteriormente Parker Hannifin Manufacturing Srl; en lo sucesivo, «Parker ITR») ―primera demandante―, Parker-Hannifin Corp (en lo sucesivo, «Parker-Hannifin») ―segunda demandante― y Manuli Rubber Industries SpA (en lo sucesivo, «Manuli»).
            3. En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que un grupo de empresas del sector de las mangueras marinas había participado, desde 1986 hasta 2007, en una práctica colusoria a escala mundial, y les impuso una serie de multas que, en total, sumaban 131 000 000 euros.
            4. La sociedad ITR Rubber (que pasó después a denominarse Parker ITR), creada el 27 de junio de 2001 por su sociedad matriz, ITR SpA, perteneciente al grupo Saiag, comenzó sus actividades en el sector de las mangueras marinas el 1 de enero de 2002, fecha en la que ITR le transfirió sus activos afectos al sector para que fueran, a su vez, vendidos a Parker-Hannifin, del grupo Parker. La venta de ITR Rubber a Parker-Hannifin produjo efectos el 31 de enero de 2002.
            5. En la Decisión impugnada, la Comisión consideró que, en el caso de autos, había que prescindir del principio de responsabilidad personal y aplicar, en su lugar, el principio de continuidad económica, habida cuenta de que Parker ITR había sucedido a ITR y a Saiag SpA en la actividad relacionada con las mangueras marinas y, por ello, debía ser considerada responsable de la infracción que cometieron ITR y Saiag antes de que le transfirieran los activos del referido sector de las mangueras marinas el 1 de enero de 2002. Se consideró a Parker-Hannifin responsable solidaria del comportamiento de Parker ITR a partir del 31 de enero de 2002, fecha de la adquisición de esta última. La Comisión consideró así a Parker ITR responsable de la infracción cometida durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1986 y el 2 de mayo de 2007 y le impuso una multa de 25 610 000 euros, declarando a Parker-Hannifin responsable solidaria del pago de la misma por un importe de 8 320 000 euros. 
            6. El 9 de abril de 2009, Parker ITR y Parker‑Hannifin interpusieron ante el Tribunal General un recurso por el que solicitaron, con carácter principal, la anulación de la Decisión impugnada en cuanto les afectaba y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa impuesta.
            7. En la sentencia de 17 de mayo de 2013, Parker ITR y Parker-Hannifin/Comisión (T‑146/09, en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal General», EU:T:2013:258), el Tribunal consideró que el principio de continuidad económica no era aplicable a situaciones como la del presente litigio, y que procedía aplicar el principio de responsabilidad personal. El Tribunal estimó así que, en el caso de autos, se trataba de una cesión realizada por la empresa implicada en el cártel, esto es, Saiag y su filial ITR, de una parte de las actividades de esta última a favor de un tercero independiente, la sociedad Parker-Hannifin, de manera que la constitución de ITR Rubber y la cesión a su favor de activos de ITR fue, en esencia, una operación de creación de filial para la rama de actividad de los tubos de caucho cuya razón de ser era su venta a Parker-Hannifin (apartado 115 de la sentencia del Tribunal General). Pues bien, entre la cedente, Saiag, o ITR, y la cesionaria, Parker-Hannifin, no existía ningún vínculo (apartado 116 de la sentencia del Tribunal General). Así, en aplicación del principio de responsabilidad personal, incumbía a la Comisión hacer constar que ITR y Saiag eran responsables de la infracción hasta el 1 de enero de 2002, por lo que, respecto al período anterior a esta fecha, no podía declarar responsable a ITR Rubber (posteriormente Parker ITR) (apartados 118 y 119 de la sentencia del Tribunal General). Así pues, el Tribunal General, por un lado, anuló la Decisión impugnada en cuanto declaraba que Parker ITR había tomado parte en la infracción durante el período anterior al 1 de enero de 2002, y, por otro, fijó el importe de la multa impuesta a Parker ITR en 6 400 000 euros, declarando a Parker-Hannifin responsable solidaria del pago de la misma por un importe de 6 300 000 euros. 
            8. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 2013, la Comisión interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General.
            9. El Tribunal de Justicia, en la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin (C‑434/13 P; en lo sucesivo, «sentencia dictada en casación», EU:C:2014:2456), consideró, en esencia, que el Tribunal General había incurrido en error al unir dos operaciones distintas, pues sólo había tenido en cuenta la cesión de ITR Rubber a Parker-Hannifin, pese a que previamente se había producido una transferencia de activos intragrupo, de ITR a ITR Rubber, la cual resultaba pertinente para la aplicación del principio de continuidad económica (apartados 46, 49 y 54 de la sentencia dictada en casación). Según el Tribunal de Justicia, dicho principio es aplicable por razón de los vínculos estructurales existentes entre ITR y su filial al 100 % ITR Rubber en el momento de la transferencia de los activos a esta última (apartado 55 de la sentencia dictada en casación). No obstante, el Tribunal de Justicia precisó que hubiera cabido la posibilidad de excluir una situación de continuidad económica por la falta de vínculos efectivos en forma de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber, pero que tal extremo no fue examinado en la primera instancia (apartados 56 y 65 de la sentencia dictada en casación). Por tanto, el Tribunal de Justicia anuló los puntos 1 a 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General y devolvió el asunto al citado Tribunal para que resolviera el recurso.
            10. En los apartados 1 a 34 de la sentencia del Tribunal General y en los apartados 6 a 17 de la sentencia dictada en casación se describen con detalle los hechos que dieron origen al litigio, en particular los concernientes al sector de las mangueras marinas, los antecedentes de las demandantes, el procedimiento administrativo y la Decisión impugnada. 
            Procedimiento y pretensiones de las partes 
            11. A raíz de la sentencia dictada en casación, y conforme al artículo 118, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, el asunto se atribuyó a la Sala Sexta de este Tribunal.
            12. Por impedimento de un miembro de la Sala Sexta para participar en las deliberaciones, el Presidente del Tribunal designó a otro juez para completar la Sala.
            13. A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a la Comisión a presentar diversos documentos. La Comisión respondió en el plazo señalado.
            14. En la vista del 24 de febrero de 2016 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal.
            15. Las demandantes solicitan al Tribunal General que:
            – Anule la Decisión impugnada en cuanto declara a Parker ITR responsable de la infracción desde el 1 de abril de 1986 hasta el 31 de enero de 2002.
            – Reduzca sustancialmente el importe de la multa que les fue impuesta.
            – Condene en costas a la Comisión.
            16. La Comisión solicita al Tribunal General que:
            – Desestime el recurso de anulación en su totalidad.
            – Condene a las demandantes a cargar con las respectivas costas de los procedimientos T‑146/09, C‑434/13 P y T‑146/09 RENV.
            Fundamentos de Derecho 
            Sobre el alcance del recurso tras la devolución de los autos 
            Alegaciones de las partes
            17. Las demandantes sostienen que, para resolver el asunto que ha sido devuelto, el Tribunal debe pronunciarse sobre todos los motivos de anulación que se formularon en tanto en cuanto determinaron en algún aspecto el contenido del fallo de la sentencia anulada por el Tribunal de Justicia, incluyendo los que fueron rechazados en primera instancia por inoperantes o los que fueron estimados solamente como consecuencia lógica de haber acogido otro motivo que, a raíz de la devolución del asunto, debe ser examinado de nuevo.
            18. Por otro lado, en sus observaciones, las demandantes manifiestan que desisten de sus motivos segundo, tercero, cuarto, séptimo y noveno. 
            19. La Comisión sostiene que, una vez devueltos los autos del recurso, el Tribunal General no puede apreciar ex novo  alegaciones que no fueron esgrimidas en el recurso de origen o que, habiendo sido rechazadas en cuanto al fondo por el Tribunal General, no fueron formuladas de nuevo en apoyo del recurso de casación, en particular las relativas al límite máximo del 10 % del volumen de negocios que sustentan el octavo motivo. Además, a su entender, tampoco pueden ser examinados de nuevo, tras la devolución del asunto, los extremos que el Tribunal de Justicia ha resuelto con carácter definitivo en la sentencia dictada en casación.
            Apreciación del Tribunal 
            20. Hay que señalar, antes que nada, que en el apartado 18 anterior se ha indicado que las demandantes desistieron de sus motivos segundo, tercero, cuarto, séptimo y noveno.
            21. Debe recordarse, también, que conforme al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, cuando se estime el recurso de casación y el asunto sea devuelto al Tribunal General para que este último resuelva, dicho Tribunal estará vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.
            22. De este modo, tras la anulación por el Tribunal de Justicia y la devolución del asunto al Tribunal General, éste será competente, con arreglo al artículo 215 del Reglamento de Procedimiento, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia y deberá pronunciarse de nuevo sobre todos los motivos de anulación planteados por el demandante, excepto los elementos del fallo no anulados por el Tribunal de Justicia y las consideraciones que constituyen la base necesaria de dichos elementos, los cuales han adquirido fuerza de cosa juzgada (sentencia de 14 de septiembre de 2011, Marcuccio/Comisión, T‑236/02, EU:T:2011:465, apartado 83).
            23. En el presente caso, el Tribunal de Justicia anuló, mediante la sentencia dictada en casación, los puntos 1 a 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General, devolvió el asunto a este Tribunal para que resolviera sobre la procedencia del recurso y reservó la decisión sobre las costas. Por tanto, devueltos los autos por el Tribunal de Justicia, corresponde al Tribunal General pronunciarse sobre todos los motivos invocados por las demandantes para sustentar su recurso en tanto en cuanto constituyan el fundamento de los puntos 1 a 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General, que fueron anulados por el Tribunal de Justicia, si bien deberá hacerlo respetando los límites impuestos por las cuestiones de Derecho que han sido dirimidas en la sentencia dictada en casación.
            24. A este respecto, de la sentencia del Tribunal General se desprende que los puntos 1 a 3 del fallo son la consecuencia de que dicho Tribunal acogiera la primera parte del primer motivo y los motivos quinto y sexto de los invocados por las demandantes, y de las ilegalidades apreciadas al examinar esos motivos.
            25. Finalmente, en lo que concierne al octavo motivo, procede señalar que, en la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia declaró inadmisibles las alegaciones que las demandantes formularon contra la apreciación que realizó el Tribunal General sobre el octavo motivo de su recurso, por no haber formalizado la adhesión a la casación en escrito separado dirigido contra la referida apreciación, distinto de su escrito de contestación.
            26. En efecto, en los apartados 94 a 97 de la sentencia dictada en casación se declaró lo siguiente:
            «94 [...], en el apartado 228 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró infundado el octavo motivo del recurso en cuanto se refería a l período de infracción posterior al 1 de enero de 2002, incluido el período entre el 1 y el 31 de enero de 2002, en el que ITR Rubber no pertenecía todavía al grupo Parker‑Hannifin.
            95 La apreciación realizada por el Tribunal General se refleja en el método de cálculo que utilizó para volver a calcular la cuantía de la multa impuesta a Parker ITR y en el punto 3 del fallo de la sentencia recurrida, en el que no distinguió entre el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2002 y el período posterior a esta fecha.
            96 Por consiguiente, ha de considerarse que el Tribunal General sí examinó y resolvió, en el marco del octavo motivo del recurso, la cuestión de Derecho planteada por Parker ITR y Parker‑Hannifin, al desestimar sus alegaciones.
            97 Así pues, dado que las recurridas en casación no formalizaron la adhesión a la casación en un escrito separado, como exige el artículo 176, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, distinto de su escrito de contestación, dirigido contra la apreciación realizada por el Tribunal General sobre el octavo motivo de su recurso, sus alegaciones relativas a la aplicación del artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003 deben desestimarse por inadmisibles.»
            27. A la luz de las apreciaciones del Tribunal de Justicia, en particular las formuladas en el apartado 97 de la sentencia dictada en casación, ha de considerarse que las conclusiones que llevaron al Tribunal General a rechazar el octavo motivo en cuanto se refería al período posterior al 1 de enero de 2002, contra las que no se formalizó la adhesión a la casación y que, en consecuencia, no fueron anuladas por el Tribunal de Justicia, adquirieron valor de cosa juzgada.
            28. No obstante, en el apartado 228 de la sentencia del Tribunal General, éste desestimó por inoperante el octavo motivo basándose en que había acogido el primer motivo, en cuanto se refería al período anterior al 1 de enero de 2002, y omitió examinar las alegaciones basadas en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de proporcionalidad y en un defecto de motivación, con relación al indicado período.
            29. Por otra parte, es obligado hacer constar que, en la sentencia del Tribunal General, la apreciación que éste hizo del octavo motivo se basó, en cuanto al período de infracción anterior al 1 de enero de 2002, en que había sido acogido el primer motivo, y que tal estimación del primer motivo constituye el fundamento necesario, como se desprende sobre todo de los apartados 253 y 255 de aquella sentencia, de los puntos 1 a 3 del fallo, que fueron anulados por el Tribunal de Justicia.
            30. Así pues, debe concluirse que el Tribunal General no se pronunció en cuanto al fondo del octavo motivo en lo que se refería al período anterior al 1 de enero de 2002. 
            31. Por consiguiente, procede examinar el octavo motivo invocado por las demandantes en cuanto se refiere al período anterior al 1 de enero de 2002.
            32. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y una vez devuelto el asunto, incumbe al Tribunal General resolver sobre la procedencia del recurso pronunciándose sobre los motivos primero, quinto, sexto y octavo, este último con el alcance indicado en el apartado 31 anterior. 
            Sobre el primer motivo, relativo a la indebida imputación a Parker ITR de la responsabilidad de la infracción cometida en el período anterior al 1 de enero de 2002 
            33. El primer motivo invocado por las demandantes se divide en tres partes, que se basan, la primera, en la vulneración del principio de responsabilidad personal, la segunda, en la existencia de desviación de poder y en la elusión del artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), y la tercera, en la vulneración del principio de igualdad de trato y de la obligación de motivación.
            34. La Comisión rebate la argumentación defendida por las demandantes en apoyo de su primer motivo.
            Sobre la admisibilidad de las alegaciones referidas a la motivación relativa a los vínculos entre ITR y ITR Rubber
            35. Al denunciar, en la primera parte del primer motivo, la vulneración del principio de responsabilidad personal, las demandantes aducen, en particular, que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación suficiente en lo que concierne a la aplicación del principio de continuidad económica derivada de los vínculos entre ITR e ITR Rubber, que fueron invocados por primera vez en la antedicha Decisión, especialmente porque la aplicación de tal principio se aparta de la práctica decisoria anterior de la Comisión, en la que, según las demandantes, prevaleció el principio de responsabilidad personal.
            36. La Comisión señala que tales razones, alegadas por las demandantes en las observaciones que formularon con relación al recurso una vez devueltos los autos, constituyen un motivo nuevo que, por alterar el contenido del motivo invocado inicialmente, al que viene a añadirse, debe declararse inadmisible. 
            37. Es cierto que los términos en que se formuló el primer motivo en la demanda no contenían ninguna referencia a la falta de motivación en lo que concierne, específicamente, a la decisión de la Comisión de aplicar el principio de continuidad económica basándose en los vínculos existentes ITR e ITR Rubber.
            38. Ahora bien, hay que recordar, por un lado, que el incumplimiento de la obligación de motivación constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio, y ello con independencia de cuál sea la fase del proceso en la que se vaya a efectuar ese examen (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartados 48 a 50).
            39. Por otro lado, ha de observarse que las demandantes invocaron, como tercera parte del primer motivo, el incumplimiento de la obligación de motivación en relación con la decisión de la Comisión de imputar a ITR Rubber, con arreglo al principio de continuidad económica, la responsabilidad de la infracción cometida en el período anterior al 1 de enero de 2002, contrariamente a su práctica anterior, que se amparaba en el principio de responsabilidad personal. De este modo, cabe concluir que, entre las aseveraciones que contienen las observaciones formuladas por las demandantes, a raíz de la sentencia dictada en casación, relativas a la falta de motivación de la aplicación del principio de continuidad económica basada en los vínculos entre ITR e ITR Rubber y las que, como tercera parte del primer motivo, denuncian el incumplimiento de la obligación de motivación hay una estrecha conexión, e incluso puede considerarse que aquéllas desarrollan el razonamiento de éstas (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2010, Gütermann y Zwicky/Comisión, T‑456/05 y T‑457/05, EU:T:2010:168, apartado 199).
            40. En estas circunstancias, procede declarar admisibles las referidas alegaciones en cuanto se relacionan con la tercera parte del primer motivo, en cuyo contexto deben ser examinadas.
            Sobre la imputación a Parker ITR de la responsabilidad de la infracción cometida por ITR durante el período anterior al 1 de enero de 2002
            41. Como primera parte del primer motivo, las demandantes alegan, en esencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho al imputar a Parker ITR, con arreglo al principio de continuidad económica y en contravención del principio de responsabilidad personal, la responsabilidad de la infracción cometida por ITR durante el período anterior al 1 de enero de 2002, fecha en la que Parker ITR inició sus actividades en el sector de las mangueras marinas.
            – Sobre la aplicación del principio de continuidad económica
            42. Procede recordar que, en el apartado 46 de la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:
            «46 [...] Debe considerarse que, al excluir, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, que pueda aplicarse el principio de la continuidad económica en un caso, como el presente, en el que no existe ningún vínculo estructural entre el cedente, a saber, Saiag […] o su filial ITR […], y el cesionario, identificado como Parker‑Hannifin, el Tribunal General unió en su apreciación dos operaciones distintas. No tuvo en cuenta que, en un primer momento, ITR […] había transferido sus actividades en el sector de las mangueras marinas a una de sus filiales antes de ceder esa filial a Parker‑Hannifin en una etapa posterior.» 
            43. En los apartados 50 a 53 de la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia declaró, con respecto a la aplicación del principio de continuidad económica, lo siguiente:
            «50 [...] [A] efectos de determinar si existe una situación de continuidad económica, la fecha pertinente para apreciar si se trata de una transferencia de actividades dentro de un grupo o de una transferencia entre empresas independientes debe ser la misma fecha de la transferencia.
            51 Si bien es necesario que en esa fecha existan vínculos estructurales entre el cedente y el cesionario que permitan considerar, con arreglo al principio de la responsabilidad personal, que las dos entidades forman una sola empresa, no es necesario, dada la finalidad perseguida por el principio de la continuidad económica, que esos vínculos subsistan durante todo el período de la infracción restante o hasta la adopción de la decisión que sancione la infracción [...]
            52 Del mismo modo y por las mismas razones, no es necesario que los vínculos estructurales que permitan determinar la existencia de una situación de continuidad económica subsistan durante un período mínimo que, en cualquier caso, sólo podría definirse en cada caso y de manera retroactiva.
            53 Por lo que se refiere [...] a la consideración del objetivo perseguido por la transferencia de actividades, a efectos de concluir que existe una continuidad económica, el principio de seguridad jurídica lleva también a excluir por falta de pertinencia la circunstancia, indicada en el apartado 115 de la sentencia recurrida, de que la entidad cesionaria haya sido creada y haya recibido los activos para ser cedida posteriormente a un tercero independiente. En efecto, la consideración de la motivación económica que haya dado lugar a la creación de una filial y del objetivo perseguido a un plazo más o menos próximo de una cesión de esa filial a una tercera empresa introduciría en la aplicación del principio de continuidad económica factores subjetivos incompatibles con una aplicación transparente y previsible de este principio.»
            44. En los apartados 54 a 56 de la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia estimó que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al excluir la aplicación del principio de continuidad económica, en los siguientes términos:
            «54 En lo que atañe [...] a la afirmación realizada en el apartado 116 de la sentencia recurrida de que, en el presente asunto, la Comisión debería haber imputado a los anteriores explotadores la responsabilidad de la infracción cometida antes de la transferencia de actividades, ha de señalarse que dicha afirmación se inscribe en el marco del razonamiento erróneo por el que el Tribunal General excluyó desde un principio la existencia de una continuidad económica. Lo cierto es que, según jurisprudencia reiterada, cuando se constata una situación de este tipo, el hecho de que la entidad que cometió la infracción exista aún no impide, por sí mismo, que la entidad a la que aquélla transfirió sus actividades económicas sea sancionada [...]
            55 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe estimarse que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 115 y 116 de la sentencia recurrida, sin tomar en consideración los vínculos existentes entre ITR […] y ITR Rubber en la fecha de la transferencia de actividades que se produjo entre estas dos entidades, que quedaba excluida una situación de continuidad económica en el presente asunto debido a la falta de vínculos estructurales entre la entidad cedente y la entidad cesionaria, que había identificado como Saiag [...] o ITR [...] y Parker‑Hannifin.
            56 No obstante, un error de este tipo podría ser inoperante en el supuesto de que, en cualquier caso, hubiera de excluirse una situación de continuidad económica por la falta de vínculos efectivos entre ITR […] e ITR Rubber. Debe analizarse desde esta perspectiva la alegación de las recurridas en casación según la cual el Tribunal General excluyó fundadamente la existencia de una situación de continuidad económica porque la Comisión no había comprobado en la Decisión controvertida si ITR Rubber estaba realmente bajo el control efectivo de ITR [...]»
            45. En primer lugar, de las consideraciones anteriores se desprende que, para el examen de la imputación de la responsabilidad de la infracción cometida por ITR durante el período anterior al 1 de enero de 2002, ha de tomarse en consideración la transferencia intragrupo de las actividades del sector de las mangueras marinas efectuada de ITR a ITR Rubber.
            46. En segundo lugar, de la sentencia dictada en casación se deduce que la fecha que debe considerarse para apreciar si procede aplicar el principio de continuidad económica es la de la transferencia de las actividades en cuestión.
            47. En tercer lugar, de los razonamientos esgrimidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en casación se infiere que no debe ser tomado en consideración el objetivo que haya podido perseguirse con la cesión de las actividades relativas a la mangueras marinas a Parker-Hannifin, una sociedad del grupo Parker, por parte de Saiag y su filial ITR, mediante la creación de una filial para dichas actividades, a saber, la sociedad ITR Rubber. En efecto, para el Tribunal de Justicia, el objetivo y la motivación económica de una operación de esas características son cuestiones que carecen de pertinencia.
            48. En cuarto lugar, de cuanto antecede resulta que, verificada la transferencia de actividades intragrupo entre ITR y su filial al 100 %, ITR Rubber, y en vista de los vínculos estructurales existentes entre ambas sociedades en la fecha de la transferencia en cuestión, es decir, el 1 de enero de 2002, no cabe excluir en el caso de autos la aplicación del principio de continuidad económica. 
            49. Finalmente, de las consideraciones del Tribunal de Justicia resulta que, pese a los vínculos estructurales entre ITR e ITR Rubber, podría excluirse en el caso de autos la aplicación del principio de continuidad económica si faltara un control efectivo, ejercido en forma de influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber; que deberá considerarse probado salvo que Parker ITR y Parker-Hannifin desvirtúen la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber en la fecha de la transferencia de que se trata, efectuada, dentro del grupo Saiag, el 1 de enero de 2002.
            – Sobre la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva
            50. En el considerando 370 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que, en la fecha en la que se transfirieron las actividades relacionadas con la infracción de ITR a ITR Rubber, ambas sociedades estaban unidas desde un punto de vista económico por un vínculo entre sociedad matriz y filial al 100 %, y formaban parte de la misma empresa. La existencia de tales vínculos estructurales no ha sido rebatida por las demandantes. 
            51. A este respecto, el Tribunal de Justicia observó, en el apartado 62 de la sentencia dictada en casación, que incumbía a las demandantes desvirtuar la presunción iuris tantum  del ejercicio efectivo de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber, mediante la presentación de pruebas que demostraran suficientemente que la filial actuaba en el mercado de manera autónoma.
            52. En los apartados 65 y 66 de la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia declaró, en efecto, que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al no examinar, para comprobar si la Comisión había aplicado correctamente en el caso de autos el principio de la continuidad económica, las pruebas presentadas por las demandantes sobre la existencia o inexistencia de vínculos efectivos en forma de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber.
            53. Así pues, una vez devueltos los autos al Tribunal General, el estudio del presente recurso exige examinar si los elementos probatorios presentados por las demandantes son suficientes para demostrar que la filial ITR Rubber actuaba en el mercado de manera autónoma.
            54. El Tribunal General debe efectuar ese examen a los efectos de la imputación a la filial ITR Rubber de la responsabilidad por la infracción cometida por su sociedad matriz, ITR, a la luz de la jurisprudencia recordada por el Tribunal de Justicia en el apartado 58 de la sentencia dictada en casación. Pues bien, según dicha jurisprudencia, en el caso particular de una sociedad matriz que posee la totalidad o la casi totalidad del capital de su filial que ha infringido las reglas de la competencia de la Unión Europea, existe una presunción iuris tantum  de que la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre su filial. En tales circunstancias, basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz es titular de la totalidad o la casi totalidad del capital de la filial para considerar que debe operar la citada presunción. No obstante, tal presunción admite prueba en contrario, y las entidades que deseen destruirla pueden aportar todo tipo de pruebas relativas a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos existentes entre la filial y la sociedad matriz y que consideren apropiadas para demostrar que no constituyen una única entidad económica, sino que la filial se comporta de manera autónoma en el mercado (véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, apartado 60 y jurisprudencia citada; de 8 de mayo de 2013, Eni/Comisión, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, apartado 47 y jurisprudencia citada, y de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, apartados 105 a 111).
            – Sobre la destrucción de la presunción de ejercicio efectivo de influencia decisiva
            55. Las demandantes alegan la falta de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber, basándose en las siguientes consideraciones.
            56. En primer lugar, las demandantes aducen que en el período comprendido entre la fecha de su constitución, el 27 de junio de 2001, y el 1 de enero de 2002, la sociedad ITR Rubber no desarrolló ninguna actividad económica, por lo que ITR no pudo haber ejercido, en ese tiempo, ninguna influencia decisiva sobre su filial, ni pudo haberle impuesto directrices, por mínimas que fueran.
            57. A este respecto, basta señalar que, como se deriva en particular de los apartados 56 y siguientes de la sentencia dictada en casación y las propias demandantes han admitido en la vista, la fecha que debe considerarse para apreciar la existencia de una situación de continuidad económica es la de la transferencia de actividades de ITR a ITR Rubber. Por lo tanto, la argumentación relativa al período anterior a la referida transferencia es inoperante.
            58. Las demandantes reconocen que, desde que se efectuó, el 1 de enero de 2002, la transferencia de actividades de ITR a ITR Rubber, esta última ha venido desempeñando las actividades ordinarias de su objeto social, es decir, que ha estado desarrollando las actividades que se le transfirieron.
            59. En segundo lugar, las demandantes sostienen que, conforme al artículo 7.21 del contrato de cesión a favor de Parker-Hannifin, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2002, ni Saiag, ni ITR ni ITR Rubber podían adoptar medida alguna dentro de las actividades del sector del caucho que pudiera afectar a los intereses de Parker-Hannifin, como futuro adquirente, sin su previo consentimiento. Según las demandantes, ello no solamente impidió a Saiag y a ITR ejercer cualquier influencia, y menos aún decisiva, sino que además confirió a Parker-Hannifin el derecho a someter a ITR Rubber a su control, de forma conjunta con ITR.
            60. A este respecto, procede advertir que, según el artículo 7.21 del contrato de cesión, el vendedor, ITR, se obligaba en particular a garantizar el desarrollo y la dirección de las actividades ordinarias del objeto social de ITR Rubber, y para cualquier decisión que fuera más allá de las referidas actividades ordinarias del objeto social se precisaría el consentimiento previo del comprador. Se especificó que se precisaría el consentimiento previo del comprador, en particular, para los cambios relativos al régimen retributivo de los empleados, el reparto de dividendos, los gastos de inmovilizado superiores a 100 000 euros o las operaciones de venta de activos que no formaran parte de las actividades ordinarias del objeto social.
            61. Para empezar, es cuestión pacífica que la fecha en la que se cedió la sociedad ITR Rubber a Parker-Hannifin fue el 31 de enero de 2002. De ahí que el hecho de haber estipulado en el contrato de cesión de 5 de diciembre de 2001 las condiciones en las que ITR Rubber sería gestionada entre esta fecha y la fecha en que se completaría de modo efectivo la operación de cesión no puede asimilarse a una transferencia, del vendedor al comprador, del control sobre dicha sociedad. Como las propias demandantes admiten, las citadas estipulaciones tenían por objeto salvaguardar el interés del comprador en que, en la fecha en que se completara la cesión, la sociedad o los activos en cuestión se hallaran en el mismo estado y, especialmente, tuvieran el mismo valor que el que fue tomado en consideración por el comprador cuando firmó el contrato de cesión.
            62. Además, aunque de las mencionadas obligaciones que el vendedor asumió frente al comprador en el denominado período transitorio, antes de que se completara la cesión, se derivaban derechos a favor de este último, en particular el relativo al consentimiento previo para los actos no comprendidos en las actividades ordinarias del objeto social, esas obligaciones tenían, lógicamente, una vigencia temporal limitada, y estuvieron siempre subordinadas a la plena realización de la operación.
            63. Es forzoso hacer constar, en fin, que, con arreglo al artículo 7.21 del contrato de cesión, ITR se obligó a garantizar el desarrollo y la dirección de las actividades ordinarias del objeto social de ITR Rubber en el denominado período transitorio, comprendido entre la fecha de la firma del contrato y la fecha en que se completaría la operación. Pues bien, tal obligación implicaba que ITR podía tomar decisiones respecto de la gestión de ITR Rubber. Ciertamente, ITR necesitaba el consentimiento previo de Parker-Hannifin para las decisiones que fueran más allá de las actividades ordinarias del objeto social, pero tenía la facultad y la obligación, en virtud del contrato de cesión, de llevar a cabo las actividades ordinarias del objeto social de ITR Rubber. Contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la antedicha obligación asumida por ITR en virtud del contrato de cesión representa, más que otra cosa, un indicio de que la sociedad filial ITR Rubber no actuaba de manera autónoma en el mercado.
            64. En efecto, si bien no puede considerarse que, en el denominado período «transitorio», ITR Rubber estuvo sometida al control de Parker-Hannifin, tampoco puede afirmarse que aquélla fuera una entidad autónoma facultada para tomar decisiones con absoluta independencia sobre las actividades que ejercía, habida cuenta de que ITR velaba porque ITR Rubber no se apartara, en particular en su política comercial, de las actividades ordinarias de su objeto social. Así, de las obligaciones asumidas por su sociedad matriz se deriva que ITR Rubber, por ejemplo, no habría podido decidir unilateralmente introducir cambios en su política comercial o interrumpir sus actividades, decisiones que sí habrían resultado posibles de haber sido ITR Rubber una entidad completamente autónoma.
            65. Por otro lado, los únicos activos que poseía ITR Rubber procedían también de ITR, que se los transfirió el 1 de enero de 2002. Antes de esta fecha, como sostienen las demandantes, ITR Rubber era una sociedad que ni poseía activos ni desarrollaba actividad alguna.
            66. Asimismo, es necesario señalar que, en tanto no se completara la operación, la cesión de ITR Rubber a Parker-Hannifin no era definitiva. En consecuencia, como observó acertadamente la Comisión, ITR conservaba la facultad, durante el denominado período transitorio, como propietario al 100 % de ITR Rubber, de desistir de la cesión, sin perjuicio de que ello pudiera determinar la obligación de resarcir al futuro comprador, en particular a través de los mecanismos indemnizatorios pactados al efecto en el propio contrato.
            67. En tercer lugar, las demandantes afirman que el período de un mes en el que, transferidas las actividades relativas a las mangueras marinas y pendiente de efectuarse la cesión a Parker-Hannifin, ITR poseyó el 100 % de ITR Rubber, es un tiempo demasiado breve para que ITR o Saiag hubieran podido ejercer una influencia decisiva sobre ITR Rubber, aun habiendo estado facultadas para ello.
            68. Ha de observarse que la duración del período en el que ITR poseyó el 100 % de ITR Rubber, una vez transferidas las actividades relativas a las mangueras marinas, no constituye por sí sola una circunstancia que permita acreditar que durante ese espacio de tiempo ITR Rubber actuaba de manera autónoma en el mercado.
            69. Es obligado hacer constar que, en la fecha en la que se transfirieron efectivamente a ITR Rubber las actividades en cuestión, el 1 de enero de 2002, ITR poseía el 100 % de su sociedad filial, y que, como se ha indicado en el apartado 63 anterior, ITR debía garantizar, en virtud del contrato de cesión a Parker-Hannifin firmado el 5 de diciembre de 2001, el desarrollo y la dirección de las actividades ordinarias del objeto social de ITR Rubber, aunque sólo durante un breve lapso de tiempo. 
            70. Además, como se ha declarado en el apartado 66 anterior, hasta el momento en que se hizo efectiva la cesión de ITR Rubber a Parker-Hannifin, ITR conservó su poder de decisión al respecto, que podría haber sido ejercido en cualquier momento antes de que se completara la operación. Por otro lado, en el contrato de cesión no se fijó expresamente la fecha en la que había de completarse la operación, pues previamente debían cumplirse una serie de condiciones. De este modo, la adquisición de ITR Rubber por Parker-Hannifin se hizo efectiva el 31 de enero de 2002, pero pudo haber tenido lugar en una fecha posterior. 
            71. Por consiguiente, el hecho de que, finalmente, no haya mediado más que un mes desde que se transfirieron las actividades relativas a las mangueras marinas a ITR Rubber hasta que se cedió ésta a Parker-Hannifin no puede considerarse una prueba de que ITR Rubber actuaba en el mercado de manera autónoma aun siendo una filial al 100 % de ITR.
            72. Por cuanto antecede, no puede considerarse que los elementos probatorios propuestos por las demandantes demuestren de modo suficiente que, en el espacio de tiempo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2002, ITR Rubber actuaba en el mercado de manera autónoma. Por lo tanto, la presunción del ejercicio efectivo de una influencia decisiva de ITR sobre su filial al 100 % ITR Rubber no ha sido destruida por las demandantes. 
            73. En tales circunstancias, procede declarar que la Comisión no incurrió en error de Derecho al estimar que, con arreglo al principio de continuidad económica, al haber sido transferidos a ITR Rubber los activos utilizados en la infracción, podía considerarse a Parker ITR responsable de la actuación de su predecesora ITR, dados los vínculos existentes entre ITR e ITR Rubber en el momento en que se efectuó aquella transferencia, especialmente los resultantes de la posesión del 100 % del capital de esta última, circunstancia que permite presumir el ejercicio efectivo de una influencia decisiva de la sociedad matriz sobre su filial.
            74. En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo. 
            Sobre la aplicabilidad del artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003
            75. Según el artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003, los poderes atribuidos a la Comisión en materia de imposición de multas sancionadoras o multas coercitivas están sometidos a un plazo de prescripción de cinco años que, en caso de infracciones continuas o continuadas, sólo comenzará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción. Este plazo se interrumpirá por cualquier acto de la Comisión o de una autoridad de competencia de un Estado miembro relacionado con la instrucción o la investigación de la infracción.
            76. Las demandantes sostienen que se dan en el presente caso indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que la imputación a Parker ITR de la responsabilidad por la infracción cometida por sus predecesores obedecía únicamente al propósito de evitar la prescripción regulada en el artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003.
            77. La Comisión hace valer la facultad discrecional que tiene atribuida, en virtud de una jurisprudencia consolidada para determinar quiénes serán los destinatarios de una decisión en caso de sucesión económica, facultad que, por otra parte, ejerció de modo correcto.
            78. En el caso de autos, ha quedado acreditado que, dados los vínculos existentes entre ITR e ITR Rubber en el momento de efectuarse la transferencia de las actividades relacionadas con las mangueras marinas, y al no haber sido destruida la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de ITR sobre ITR Rubber, era aplicable el principio de continuidad económica. Así pues, la imputación a ITR Rubber de la responsabilidad por la infracción única y continuada del 1 de abril de 1986 al 2 de mayo de 2007, en lo que respecta al período en el que su predecesora ITR participó en la infracción, anterior al 1 de enero de 2002, es una consecuencia de tal principio, que, como se ha declarado en el apartado 73 anterior, se aplicó con arreglo a Derecho. Por tanto, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la referida imputación de responsabilidad no es resultado de una desviación de poder ni de la elusión del artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003.
            79. Por consiguiente, el plazo de prescripción de esta infracción única y continuada que se imputa a Parker ITR sólo comenzó a contarse a partir del 2 de mayo de 2007, fecha en la que la Comisión, que había iniciado un procedimiento de investigación, practicó varias inspecciones en los locales de Parker ITR. Por consiguiente, en el caso de autos, el derecho de la Comisión a sancionar a Parker ITR por la citada infracción no había prescrito.
            80. En tales circunstancias, debe ser desestimada la segunda parte del primer motivo invocado por las demandantes, relativo a una desviación de poder y la elusión del artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003.
            Sobre la obligación de motivación y el principio de igualdad de trato
            81. En lo atinente a la denuncia que se hace del incumplimiento de la obligación de motivación, procede analizar si la Decisión impugnada contenía una motivación suficiente acerca de la aplicación del principio de continuidad económica con arreglo al cual se declaró a Parker ITR responsable de lo acaecido en el período anterior al 1 de enero de 2002, incluyendo la cuestión del vínculo existente entre ITR e ITR Rubber.
            82. Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 63; de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C‑301/96, EU:C:2003:509, apartado 87, y de 22 de junio de 2004, Portugal/Comisión, C‑42/01, EU:C:2004:379, apartado 66).
            83. En los considerandos 327 a 329 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso las razones que le llevaron a excluir, en el caso de autos, la aplicación del principio de responsabilidad personal y a aplicar, en su lugar, el de continuidad económica. Así, tras describir las situaciones en las que, a su juicio, era aplicable el principio de responsabilidad personal, indicó que, por el contrario, si la persona responsable de la infracción dejaba de existir por haber sido absorbida por otra entidad jurídica, debía declararse responsable a esta última. Asimismo, en el considerando 328, la Comisión invocó el principio en virtud del cual, cuando una empresa cede una parte de sus actividades a otra, existiendo entre ambas una vinculación económica, la responsabilidad por la actuación anterior de la empresa cedente puede transmitirse a la empresa cesionaria aunque dicha cedente no haya sido disuelta.
            84. De modo específico, en el considerando 370 de la Decisión impugnada, la Comisión aludió a las razones esgrimidas en el considerando 328 para explicar las circunstancias que, con arreglo al principio de continuidad económica, le habían llevado a imputar a ITR Rubber, posteriormente denominada Parker ITR, la responsabilidad de la infracción por el período anterior al 31 de enero de 2002, a saber, la existencia de vínculos económicos entre una sociedad matriz y su filial participada al 100 % del capital.
            85. Asimismo, ha de señalarse que, en el considerando 369 de la Decisión impugnada, la Comisión mencionó las alegaciones que, en respuesta al pliego de cargos, habían formulado las demandantes para oponerse a la aplicación del principio de continuidad económica, y en las que invocaban, en particular, la ausencia de vínculos entre Parker ITR, anteriormente ITR Rubber, por un lado, e ITR y el Grupo Saiag, por otro.
            86. Pues bien, en los considerandos 370 a 373 de la Decisión impugnada, la Comisión respondió a tal argumentación indicando, en particular, que aunque los activos de ITR se hubieran transferido a ITR Rubber con el fin de ser posteriormente vendidos a Parker-Hannifin, esa transferencia había tenido lugar en un momento en que ambas empresas pertenecían al mismo grupo, lo que, aplicando la doctrina derivada de la sentencia de 11 de diciembre de 2007, ETI y otros (C‑280/06, EU:C:2007:775), implicaba la transmisión de la responsabilidad de ITR a ITR Rubber conforme al principio de continuidad económica. La Comisión precisó también que la ulterior ruptura de los vínculos entre ITR e ITR Rubber no obstaba a tal conclusión.
            87. Así pues, procede declarar que la Decisión impugnada muestra de manera clara e inequívoca las razones en las que se basó la Comisión para decidir aplicar, en el caso de autos, el principio de continuidad económica, incluyendo las relativas a los vínculos existentes entre ITR e ITR Rubber, al mismo tiempo que respondía a las aseveraciones formuladas por las demandantes en el procedimiento administrativo.
            88. En lo que se refiere a la alegación de la vulneración del principio de igualdad de trato, sustentada en el hecho de que se hubiera aplicado el principio de continuidad económica respecto de ITR Rubber y no con respecto a DOM, pese a que, según las demandantes, la situación concerniente a esta última era muy similar, es necesario recordar que, según reiterada jurisprudencia, aquel principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, C‑550/07 P, EU:C:2010:512, apartado 55 y jurisprudencia citada).
            89. En el caso de autos, del considerando 19 de la Decisión impugnada se desprende que DOM, que fue constituida por el Grupo Unipoly, adquirió los activos afectos al sector de las mangueras marinas del Grupo BTR. Así pues, en el caso de DOM, la transferencia de los activos en cuestión se realizó entre sociedades, BTR, por un lado, y DOM por el otro, entre las que no existían vínculos estructurales.
            90. En cambio, en el caso de ITR Rubber, como se ha hecho constar en el apartado 45 anterior sobre la base de los pronunciamientos de la sentencia dictada en casación, lo que ha de tomarse en consideración es la transferencia de las actividades del sector de las mangueras marinas de ITR a ITR Rubber, sociedades matriz y filial, respectivamente, pertenecientes al Grupo Saiag, de manera que ni el objetivo ni los motivos económicos de tal transferencia son pertinentes, como resulta del apartado 53 de la sentencia dictada en casación.
            91. Pues bien, de las consideraciones de esta última sentencia, recordadas en los apartados 42 y 43 anteriores, se deduce que el principio de continuidad económica es aplicable en circunstancias en las que existen vínculos estructurales y efectivos entre la sociedad que participó en la infracción y la filial a la que se transfirieron los activos utilizados en esa infracción para su venta posterior a un tercer grupo. En cambio, en virtud de la antedicha doctrina, no puede aplicarse el principio de continuidad económica cuando tales activos son transferidos a una filial que, habiendo sido creada en el seno del grupo adquirente, carece de vínculos estructurales con el vendedor.
            92. De este modo, al tratarse de dos situaciones diferentes, no cabe reprochar a la Comisión haber vulnerado el principio de igualdad de trato por haber aplicado el principio de continuidad económica respecto de ITR Rubber y haber excluido el mismo principio con respecto a DOM.
            93. En tales circunstancias, procede desestimar la tercera parte del primer motivo y éste en su totalidad.
            Sobre el quinto motivo, basado en el aumento indebido del importe de la multa impuesta a Parker ITR por su supuesto papel de líder en la infracción 
            94. Las demandantes, en primer lugar, niegan que la Comisión haya demostrado de modo suficiente que ITR jugó un papel de líder en el cártel del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001; en segundo lugar, rebaten la imputación del referido papel de líder de ITR a ITR Rubber, y, en tercer lugar, impugnan el aumento del importe de la multa impuesta a Parker ITR por el papel de líder atribuido a ITR.
            95. La Comisión sostiene que, considerados globalmente, los elementos probatorios en los que se apoyó demuestran que ITR contribuyó a que el cártel volviera a ser plenamente operativo y que cumplió, en particular, una función esencial, cual fue persuadir a Yokohama para que participara en él. Todo ello justifica, según la Comisión, el aumento del 30 % del importe de la multa impuesta a Parker ITR. Además, la Comisión afirma que la alusión que hace a Parker ITR se justifica porque dicha entidad era la sucesora económica de ITR. 
            Sobre la imputación a ITR Rubber del papel de líder atribuido a ITR
            96. Con carácter preliminar, respecto del hecho de que la Decisión impugnada se refiera a Parker ITR y no a ITR para designar al líder del cártel en un período en el que Parker ITR, inicialmente denominada ITR Rubber, aún no existía, ha de recordarse que, como se ha declarado en el apartado 73 anterior, debía considerarse a Parker ITR responsable del comportamiento de ITR, incluso antes de la creación, el 27 de junio de 2001, de ITR Rubber, con arreglo al principio de continuidad económica. De este modo, y sin prejuzgar el fondo de la alegación relativa al papel de líder atribuido a ITR, no cabe reprochar a la Comisión que se refiera a Parker ITR, anteriormente ITR Rubber, por lo que respecta al papel de líder atribuido a ITR en el período transcurrido del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001. 
            Sobre el papel de líder atribuido a ITR
            97. En el considerando 243 de la Decisión impugnada, la Comisión hizo constar que, en el período transcurrido del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001, ITR y el Sr. W. se habían ocupado de coordinar el cártel.
            98. Según una jurisprudencia consolidada, cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, procede, al fijar el importe de las multas, determinar sus papeles respectivos en la infracción durante el tiempo de su participación en ella. De ello resulta, en particular, que el papel de «dirigente» (líder) desempeñado por una o varias empresas en el cártel debe tenerse en cuenta para calcular el importe de la multa, en la medida en que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben asumir, por ello, una responsabilidad particular comparada con la de las demás empresas (véase la sentencia de 11 de julio de 2014, Sasol y otros/Comisión, T‑541/08, EU:T:2014:628, apartado 355 y jurisprudencia citada).
            99. De acuerdo con tales principios, el apartado 28 de las Directrices para el cálculo del importe de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices»), establece, con el título «Circunstancias agravantes», una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden determinar un aumento del importe de base de la multa, entre las que figura el papel de líder de la infracción.
            100. Para que pueda ser calificada de líder de un cártel, una empresa debe haber supuesto una fuerza motriz significativa para el cártel o haber asumido una concreta y particular responsabilidad en el funcionamiento de éste. Dicha circunstancia puede deducirse en especial del hecho de que la empresa, con iniciativas específicas, haya dado espontáneamente un impulso fundamental al cártel, o de un conjunto de indicios que revelen la dedicación de la empresa a garantizar la estabilidad y el éxito del cártel (sentencias de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, EU:T:2006:74, apartados 299, 300, 351, 370 a 375 y 427, y de 27 de septiembre de 2012, Shell Petroleum y otros/Comisión, T‑343/06, EU:T:2012:478, apartado 198).
            101. Lo mismo ocurre cuando la empresa haya participado en las reuniones del cártel en nombre de otra empresa que no asiste a ellas y haya comunicado los resultados de dichas reuniones a ésta (sentencia de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, EU:T:2006:74, apartado 439). Y también cuando resulte que dicha empresa desempeñó un papel central en el funcionamiento concreto del cártel, por ejemplo, organizando numerosas reuniones, recabando y distribuyendo la información dentro del cártel, y formulando en la mayoría de los casos propuestas relativas al funcionamiento del cártel (sentencia de 27 de septiembre de 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Comisión, T‑357/06, EU:T:2012:488, apartado 284).
            102. Finalmente, cabe la posibilidad de atribuir la calidad de líder simultáneamente a dos o, incluso, más empresas (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, EU:T:2006:74, apartados 439 y 440, y de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, EU:T:2007:115, apartado 561).
            103. A la luz de las anteriores consideraciones, procede examinar si la Comisión pudo concluir con arreglo a Derecho, basándose en pruebas suficientes, que ITR había jugado en efecto un papel de líder del cártel entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001.
            104. En la Decisión impugnada, la Comisión se apoyó, para demostrar el papel de líder jugado por ITR, aparte de en las declaraciones que hizo Yokohama al respecto, en los siguientes elementos probatorios, los cuales corroboran tales declaraciones.
            105. En primer lugar, en el considerando 461 de la Decisión impugnada, la Comisión se basó, en particular, en los documentos que ITR envió por fax a otros miembros del cártel. Estos documentos, que obran en el expediente, no fueron impugnados por las demandantes, quienes, en cambio, sí que rebaten la interpretación que de los mismos efectuó la Comisión. De tales documentos, cuyas fechas se extienden de junio de 1999 a junio de 2001, se desprende, en particular, que existió una comunicación con una cierta regularidad entre ITR y otros miembros del cártel, también durante el período posterior a enero de 2000, extremo que las propias demandantes admitieron en la vista.
            106. Por un lado, de los referidos documentos se deriva que el propio Sr. P., empleado de ITR, se presentó como coordinador de un subgrupo de partícipes en el cártel, lo cual viene a confirmar lo declarado por Yokohama.
            107. Por otro lado, la correspondencia mantenida refleja que, en el período indicado, dicho empleado de ITR tomó la iniciativa de recabar información confidencial de otros partícipes, entre ellos Yokohama y Trelleborg, y de coordinar la participación de éstas en las licitaciones. De los documentos en los que se apoya la Comisión también se deduce que ITR procuró especialmente que se tuviera en cuenta en el cártel una cuota del mercado compartida con Yokohama, y que se facilitara la participación de esta empresa en las reuniones.
            108. En segundo lugar, con respecto a los faxes enviados por ITR de fecha 11 y 21 de junio de 1999, a los que se hace referencia en el considerando 179 de la Decisión impugnada, procede observar que, contrariamente a lo defendido por las demandantes, el hecho de que versen sobre licitaciones de fechas posteriores no obsta para que pueda considerarse que ITR era coordinadora del cártel en el tiempo en el que se enviaron los antedichos faxes. Lo que se reprocha a ITR es, precisamente, que se ocupara de coordinar las estrategias que debían adoptar los partícipes en el cártel en relación con las licitaciones futuras.
            109. En tercer lugar, los documentos fechados en octubre de 1999, a los que se hace referencia en los considerandos 189 y 196 de la Decisión impugnada, demuestran, en particular, que durante ese período el representante de ITR colaboró estrechamente con Yokohama y desempeñó otras funciones con fines de coordinación, para una parte de los miembros del cártel, que contribuyeron al funcionamiento de éste. Tal extremo no ha sido negado por las demandantes.
            110. En cuarto lugar, con respecto a los documentos enviados por ITR en diciembre de 1999, a raíz de la reunión que tuvo lugar en Londres (Reino Unido) el 10 de diciembre del mismo año, debe señalarse que, con independencia de que las propuestas del representante de ITR hubieran sido aceptadas o no finalmente, el hecho de que éste se hubiera ocupado de enviar tales documentos, extremo que no ha sido negado por las demandantes, indica que, tras aquella reunión, asumió una función preponderante en el seguimiento de las actividades del cártel y en la misión de velar por su continuidad.
            111. En quinto lugar, con relación a la presidencia de la referida reunión, está acreditado, ciertamente, que el acta no contiene ninguna indicación expresa de la persona que ejerció esa función. Ahora bien, aparte de las declaraciones de Yokohama al respecto, la Comisión se apoyó en documentos acreditativos de que ITR había invitado a esta empresa a asistir a la reunión y había remitido información después de celebrada esta última, sin que las demandantes hayan rebatido este punto, y en el hecho de que en la parte final del acta consta su intervención en la reunión. Es forzoso concluir que tales elementos probatorios constituyen, cuando menos, indicios de un papel preponderante en la preparación, el desarrollo y las consecuencias de dicha reunión.
            112. En sexto lugar, procede señalar que las demandantes no niegan que ITR haya colaborado estrechamente con Yokohama, colaboración que se deduce de diversos documentos a los que se hizo referencia especialmente en los considerandos 219 y 241 de la Decisión impugnada y que demuestran que, durante un período que se extiende, en particular, entre enero de 2000 y junio de 2001, ITR organizó reuniones con Yokohama e intercambió correspondencia relativa a la mencionada colaboración, no solamente con Yokohama, sino también con otros miembros del cártel.
            113. Pues bien, por un lado, el hecho de haber realizado las gestiones necesarias para conseguir la participación de Yokohama, uno de los dos intervinientes japoneses, y, con ello, la participación en el cártel de dos empresas que representan casi la cuarta parte del mercado mundial, puede considerarse que constituye por sí solo un factor clave para la reactivación y el fortalecimiento del cártel.
            114. Por otro lado, el hecho de mantener informados a los otros miembros del cártel sobre la mencionada colaboración contribuyó, a juicio de la Comisión, a que reinara entre ellos un clima de confianza respecto de esa vertiente del cártel y, con ello, al funcionamiento de éste en general.
            115. A este respecto, el acta de la reunión de los días 11 y 12 de junio de 2001 confirma que, en tales fechas, dentro del cártel se consideraba que entre Yokohama e ITR existía una muy estrecha colaboración, hasta el punto de que se les asignó una cuota de mercado conjunta.
            116. De este modo, cabe considerar fundadamente que tales elementos probatorios, relativos a la colaboración estrecha con Yokohama y a la participación de ésta en el cártel como resultado de las gestiones de ITR, respaldaban la apreciación de la Comisión acerca del papel de líder del cártel que atribuyó a ITR.
            117. En séptimo lugar, ha de señalarse que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, las pruebas en las que se apoya la Comisión, incluidas las relativas a la estrecha coordinación entre Yokohama e ITR, se refieren a un período que, como mínimo, se extiende del 11 de junio de 1999 a junio de 2001. Por otro lado, de los autos se desprende que, a partir de octubre de 2001, ITR dejó de ocuparse de coordinar la participación de Yokohama en el cártel, extremo que, por lo demás, no ha sido rebatido por las demandantes. Así, la Comisión consideró que el 30 de septiembre de 2001 es la fecha en la que ITR puso fin a sus actividades como líder del cártel.
            118. Con respecto al conjunto de elementos probatorios que acaban de examinarse, procede concluir que la Comisión pudo calificar a ITR, con arreglo a Derecho, de líder del cártel, como mínimo por el período que se extiende del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001.
            119. Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones que las demandantes han esgrimido basándose en pruebas que, a su juicio, refutan la tesis de que ITR jugó un papel de líder del cártel.
            120. En primer lugar, el hecho de que tanto Yokohama como ITR hayan estado interesadas en los objetivos del cártel, desde un punto de vista comercial, no impide que Yokohama haya visto facilitada su participación en el cártel por las gestiones que, como coordinador, llevó a cabo ITR durante el período considerado por la Comisión.
            121. En segundo lugar, ni el papel que jugaron otros miembros del cártel, como Bridgestone y DOM, y el Sr. W. o sus empresas, que, según las demandantes, estuvieron realizando durante largos períodos de su existencia labores de gestión y de coordinación global en beneficio del cártel, ni el hecho de que los demás partícipes consideraran a aquéllos los principales coordinadores del cártel, son incompatibles con el papel de dirigente que la Comisión atribuyó a ITR. En lo atinente, específicamente, al período comprendido entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001, los elementos probatorios aportados por las demandantes no demuestran que el Sr. W., a través de sus empresas especialmente, haya sido el único coordinador del cártel. En efecto, las funciones de coordinador ejercidas por ITR durante el indicado período no excluyen que existiera un coordinador principal al frente de la dirección global del cártel. Esta simultaneidad de funciones explicaría, en particular, por qué ITR no asistió a todas las reuniones del cártel.
            122. Por último, el hecho de que otros miembros hayan dudado del papel de ITR como coordinador del cártel, y que no se hubiera formalizado tal función no bastan para refutar la tesis de la Comisión según la cual ITR actuó como coordinador, en relación con Yokohama al menos y, hasta cierto punto, con otros miembros del cártel, especialmente a raíz de la reunión del 10 de diciembre de 1999. Las dudas expresadas, entre otros, por Manuli en junio de 1999 respecto de un coordinador europeo del cártel no invalidan los diferentes documentos, presentados por la Comisión, que prueban que ITR, en efecto, llevó a cabo gestiones de coordinación entre otros partícipes del cártel, y ello con independencia de si se crearon formalmente o no, y, en su caso, por cuanto tiempo, subgrupos permanentes dentro del cártel.
            Sobre el aumento de la multa por el papel de líder atribuido a ITR
            123. Las demandantes impugnan el aumento del 30 % aplicado al importe de la multa impuesta a Parker ITR a causa del papel de líder atribuido a ITR, por considerar injustificado, en particular, que sea el mismo aumento que el aplicado al importe de la multa impuesta a Bridgestone, siendo así que, según las demandantes, esta última empresa se estuvo ocupando durante once años de la coordinación del cártel.
            124. El punto 28 de las Directrices establece que el importe de base de la multa podrá incrementarse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias agravantes, como, por ejemplo, el papel de líder en la infracción.
            125. A este respecto, según la jurisprudencia, el hecho de que una empresa haya actuado como líder de un cártel implica que debe soportar una responsabilidad particular comparada con la de las demás empresas (sentencia de 3 de marzo de 2011, Siemens/Comisión, T‑110/07, EU:T:2011:68, apartado 367).
            126. Además, según reiterada jurisprudencia, al determinar la cuantía de cada multa, la Comisión dispone de una facultad de apreciación y no está obligada a aplicar, a tal fin, una fórmula matemática precisa (sentencias de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, EU:T:1995:70, apartado 59; de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión,T‑352/94, EU:T:1998:103, apartado 268, y de 13 de julio de 2011, Polimeri Europa/Comisión, T‑59/07, EU:T:2011:361, apartado 251).
            127. En el caso de autos, como se ha declarado en los apartados 118 y 119 anteriores, la Comisión concluyó, con arreglo a Derecho, que ITR había jugado un papel de líder del cártel entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001.
            128. En los considerandos 457 a 463 de la Decisión impugnada, que se refieren a las circunstancias agravantes, en lo que respecta específicamente a ITR, la Comisión aludió, en particular, a los hechos considerados probados relativos al papel jugado por el representante de ITR durante el período comprendido entre junio de 1999 y septiembre de 2001. En dichos considerandos, la Comisión precisó que ITR se había encargado de la coordinación de una parte del cártel paralelamente a las funciones de coordinación ejercidas por el Sr. W., y señaló que la reactivación del cártel se produjo, tras una fase de inestabilidad, precisamente en aquel período.
            129. En efecto, es pacífico entre las partes que el período transcurrido de mayo de 1997 a junio de 1999 fue de relativa inactividad para el cártel. Como se ha declarado en particular en los apartados 105 y 108 anteriores, a partir de junio de 1999 es precisamente cuando ITR llevó a cabo actuaciones de coordinación para una parte de los partícipes del cártel.
            130. Además, la Comisión también observó, en el apartado 458 de la Decisión impugnada, que la contribución de ITR había sido crucial para conseguir vencer las reticencias de algunos miembros del cártel y para reactivar éste.
            131. En efecto, como las propias demandantes han admitido, ITR entabló una colaboración más estrecha con Yokohama, coordinando la participación de las dos empresas en el cártel, pese a que esta última empresa se había mostrado reticente a unirse al cártel dadas las malas relaciones que mantenía con su competidor japonés Bridgestone. Las propias demandantes reconocieron que existía dicha rivalidad antes de que la intervención de ITR ayudara a lograr la reactivación del cártel en 1999. 
            132. De este modo, habida cuenta de las circunstancias del presente caso, el aumento del 30 % aplicado al importe de la multa impuesta a Parker ITR por su papel de líder resulta justificado.
            133. Puesto que debe entenderse que las alegaciones de las demandantes, en el sentido de que se aplicó el mismo aumento del 30 % al importe de la multa impuesta a Bridgestone pese a que, según ellas, dicha empresa se encargó de coordinar el cártel durante once años, denuncian la violación del principio de igualdad de trato, procede examinar, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 88 anterior, si las dos situaciones son comparables.
            134. Con respecto al aumento del 30 % de la multa impuesta a Bridgestone, la Comisión alude, en los considerandos 458 y 462 de la Decisión impugnada, a los hechos considerados probados que acreditan que durante los once años transcurridos de 1986 a 1997, Bridgestone se encargó de la coordinación del cártel especialmente para los partícipes japoneses, mientras que Dunlop/DOM hizo lo propio para los partícipes europeos.
            135. Así, de los elementos probatorios tenidos en cuenta por la Comisión para constatar la existencia de circunstancias agravantes se deriva que, así como Bridgestone desempeñó funciones de coordinación del cártel para diversos partícipes durante un período de once años, ITR, por su parte, fue el coordinador de algunos de los partícipes durante dos años.
            136. Es for zoso concluir que existen diferencias entre los hechos de ambas situaciones. Sin embargo, ha de advertirse que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el apartado 88 anterior, está objetivamente justificado que ambas situaciones reciban el mismo trato, pues las actuaciones de coordinación de ITR, aunque fueron realizadas solamente durante dos años, contribuyeron de forma muy importante a la efectiva reactivación del cártel. Habida cuenta de la gravedad de la infracción y de la responsabilidad que se deriva de ésta, resulta justificado que el aumento del importe de la multa impuesta a Parker ITR por las actuaciones de coordinación llevadas a cabo por ITR en un momento crítico del cártel sea idéntico al aplicado al importe de la multa que se impuso a Bridgestone por unas actuaciones de coordinación realizadas durante más tiempo.
            137. En ese contexto, no cabe reprochar a la Comisión haber aplicado, en el ejercicio de su facultad de apreciación, el mismo porcentaje de aumento a los importes de las multas impuestas a Parker ITR y a Bridgestone.
            138. En cualquier caso, aun suponiendo que la Comisión hubiera incurrido en error al aplicar un aumento de solamente el 30 % al importe de la multa impuesta a Bridgestone, pese al tiempo transcurrido en el que dicha empresa ejerció el papel de líder, tal ilegalidad cometida a favor de un tercero no justificaría que se estimara el motivo de anulación aducido por las demandantes. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el respeto del principio de igualdad de trato o de no discriminación debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar en su provecho una ilegalidad cometida en favor de otro, (véase la sentencia de 3 de marzo de 2011, Siemens/Comisión, T‑110/07, EU:T:2011:68, apartado 358 y jurisprudencia citada).
            139. Vistas las anteriores consideraciones, el quinto motivo invocado por las demandantes debe ser rechazado.
            Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración del principio de responsabilidad individual y en la falta de motivación, en relación con el aumento aplicado al importe de la multa impuesta a Parker-Hannifin a causa del supuesto papel de líder de Parker ITR 
            140. Las demandantes alegan, en esencia, que la Comisión vulneró el principio de responsabilidad personal al tomar en consideración el papel de líder atribuido a ITR del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001 para aumentar el importe de la multa respecto del que Parker-Hannifin fue declarado responsable solidario. Asimismo, invocan un incumplimiento de la obligación de motivación, alegando que en la Decisión impugnada no constan los motivos por los que se aplicó un aumento del 30 % al importe de la multa respecto del que Parker-Hannifin fue declarado responsable.
            141. En lo atinente a la violación del principio de responsabilidad personal, hay que recordar que, según jurisprudencia reiterada, si el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, puede considerarse que, durante el período de infracción, dichas sociedades forman parte de una misma unidad económica y que constituyen una única empresa en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión. En esas circunstancias, la Comisión puede considerar, en consecuencia, que la sociedad matriz es responsable solidaria del comportamiento infractor de su filial durante dicho período y, por tanto, del pago del importe de la multa impuesta a ésta (véase la sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión, C‑247/11 P y C‑253/11 P, EU:C:2014:257, apartado 49 y jurisprudencia citada).
            142. Además, ya se ha declarado que, al determinar la relación externa de solidaridad, es decir, la relación por la que la Comisión puede exigir a las diferentes personas que forman la empresa el pago del importe íntegro de la multa impuesta a dicha empresa, la Comisión está sujeta a ciertos imperativos, en particular, el respeto del principio de individualización de las penas y de las sanciones, que exige que, con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, el importe de la multa respecto del que se responde solidariamente se determine en función de la gravedad de la infracción individualmente reprochada a la empresa en cuestión y de su duración (sentencia de 10 de abril de 2014, Comisión y otros/Siemens Österreich y otros, C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256, apartado 52).
            143. Ahora bien, una configuración de la solidaridad que permite a la Comisión exigir que una de las sociedades matrices pague una multa que sanciona infracciones que se reprochan, respecto de otra parte del período de infracción, a una empresa de la que nunca ha formado parte es contraria al principio de individualización de las penas y de las sanciones (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión, C‑247/11 P y C‑253/11 P, EU:C:2014:257, apartados 126 a 133).
            144. Para ser más exactos, una sociedad no puede ser considerada responsable de las infracciones cometidas de manera independiente por sus filiales antes de su adquisición, ya que estas filiales han de responder ellas mismas de su conducta infractora anterior a su adquisición por la sociedad adquirente, sin que ésta pueda ser considerada responsable de dicha conducta (sentencias de 16 de noviembre de 2000, Cascades/Comisión, C‑279/98 P, EU:C:2000:626, apartados 77 a 79, y de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, apartado 65).
            145. A la luz de las anteriores consideraciones, debe examinarse si la Comisión incurrió en un error de Derecho al aplicar un aumento del 30 % al importe de la multa de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin.
            146. A este respecto, procede recordar que en el apartado 118 anterior se ha declarado que la Comisión concluyó legítimamente que ITR fue líder del cártel durante el período transcurrido del 11 de junio de 1999 al 30 de septiembre de 2001. No se consideró que las actividades realizadas por ITR, o su sucesora ITR Rubber, después de este período permitieran imputar a dichas sociedades un papel de líder, como, por otra parte, confirmó la Comisión en la vista.
            147. Además, consta probado en los autos que ITR Rubber, a la que su sociedad matriz transfirió, el 1 de enero de 2002, sus activos afectos al sector de las mangueras marinas, fue vendida a Parker-Hannifin, del grupo Parker, el 31 de enero de 2002. La Comisión, en el considerando 389 de la Decisión impugnada, consideró, por ello, que, a partir del 31 de enero de 2002, la sociedad Parker-Hannifin debía responder de forma solidaria del comportamiento de Parker ITR. 
            148. Por otro lado, procede recordar la metodología utilizada por la Comisión en la Decisión impugnada para calcular el importe de la multa.
            149. Así, la Comisión procedió primero a efectuar el cálculo del importe de base de la multa, como se indica a continuación:
            – En los considerandos 420 a 428 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó que las ventas pertinentes debían calcularse atendiendo al promedio anual de las ventas efectuadas por los principales fabricantes de mangueras marinas dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) durante los tres ejercicios completos anteriores a la finalización de la infracción, a saber, 32 710 069 euros.
            – Habida cuenta de la dimensión mundial de la infracción, la Comisión estimó, en los considerandos 429 a 433 de la Decisión impugnada, que procedía multiplicar la expresada cifra por la cuota de mercado mundial de cada partícipe, y que, en el caso de Parker ITR, dicha cuota era del 12,1 %.
            – En el considerando 436 de la Decisión impugnada, la Comisión obtuvo, como resultado de esa multiplicación, una cifra de ventas pertinentes de Parker ITR de 3 955 777 euros.
            – Con respecto a la gravedad de la infracción, la Comisión, en el considerando 445, concluyó que, habida cuenta de las circunstancias del caso examinado, de la naturaleza de la infracción, de su ámbito geográfico y de la cuota acumulada de mercado puesta de manifiesto, procedía tomar en consideración el 25 % del valor de las ventas pertinentes. 
            – En cuanto a la duración de la infracción, la Comisión atribuyó, en el considerando 448 de la Decisión impugnada, 19 años y 5 días a Parker ITR, y 5 años, 3 meses y 3 días a Parker-Hannifin, lo que dio lugar a los factores multiplicadores 19 y 5,5, respectivamente.
            – En el considerando 449, la Comisión indicó que procedía añadir un importe equivalente al 25 % del valor de las ventas, en concepto de cuantía adicional con fines disuasorios.
            – En el considerando 455 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que, como resultado de las anteriores operaciones, se obtenía, para Parker ITR, un importe de base de 19 700 000 euros, y para Parker-Hannifin, un importe de base de 6 400 000 euros.
            150. A continuación, una vez obtenidos dos importes de base, esto es, un importe de base para Parker ITR y otro para Parker-Hannifin, la Comisión señaló, en el considerando 463 de la Decisión impugnada, que procedía aumentar en un 30 % el importe de base de la multa impuesta a Parker ITR en virtud de las circunstancias agravantes.
            151. Ahora bien, en el considerando 471 de la Decisión impugnada, la Comisión aplicó un aumento del 30 % no sólo a Parker ITR, sino también a Parker-Hannifin, lo que dio como resultado unos importes de 25 610 000 euros para aquella sociedad y 8 320 000 euros para esta última.
            152. De las consideraciones anteriores resulta que, a pesar de que la Comisión declaró a Parker-Hannifin responsable solidario únicamente a partir del 31 de enero de 2002, el importe de base de la multa de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin por el expresado concepto fue aumentado en un 30 % en atención a la circunstancia agravante relativa al papel de líder que jugó ITR entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001, un período en el que Parker-Hannifin no tenía ninguna vinculación ni con ITR ni con la sucesora de ésta, ITR Rubber.
            153. Así pues, de lo expuesto se deduce que el importe de la multa de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin no se determinó en función de la gravedad de la infracción cometida individualmente por su filial ITR Rubber después del 31 de enero de 2002, fecha de su adquisición.
            154. Por consiguiente, la Comisión incurrió en un error de Derecho al aplicar un aumento del 30 % al importe de la multa de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin en virtud de la circunstancia agravante derivada del papel de líder jugado por ITR entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001.
            155. En tales circunstancias, debe acogerse el sexto motivo invocado por las demandantes, sin que sea necesario examinar las alegaciones relativas al incumplimiento de la obligación de motivación esgrimidas por aquéllas en dicho motivo.
            156. Por lo expuesto, procede anular el artículo 2, párrafo primero, letra e), de la Decisión impugnada en cuanto aplica un aumento del 30 % al importe de la multa de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin por la circunstancia agravante derivada del papel de líder jugado por ITR entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001.
            Sobre el octavo motivo, relativo al cálculo del límite máximo del 10 % del volumen de negocios 
            157. Como se declaró en el apartado 31 anterior, procede examinar el octavo motivo invocado por las demandantes en cuanto se refiere al período anterior al 1 de enero de 2002. 
            158. En su octavo motivo, las demandantes denuncian, en primer lugar, la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003; en segundo lugar, la vulneración del principio de responsabilidad personal, y en tercer lugar, el incumplimiento de la obligación de motivación. 
            159. En lo que respecta a la alegación relativa a la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, hay que recordar que, a tenor de dicha disposición: 
            «Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
            a) infrinjan las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE] [...]
            Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
            [...]»
            160. Asimismo, debe recordarse la doctrina sentada en la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153). En el apartado 60 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia indicó lo siguiente:
            «[...] [C]uando una empresa considerada responsable por la Comisión de una infracción del artículo 81 CE es objeto de adquisición por parte de otra empresa, dentro de la cual, en tanto que filial, mantiene la calidad de entidad económica distinta, la Comisión debe tomar en consideración el volumen de negocios propio de cada una de esas entidades económicas para aplicarles, en su caso, el límite del 10 %.»
            161. Por otro lado, en los apartados 63 y 64 de la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), se declaró lo siguiente:
            «63 A este respecto debe señalarse que el objetivo que persigue el establecimiento, en el artículo 23, apartado 2, de un límite del 10 % del volumen de negocios de cada empresa participante en la infracción es, en particular, evitar que la imposición de una multa por un importe superior a este límite sobrepase la capacidad de pago de la empresa en la fecha en la que la Comisión la declara responsable de la infracción y le impone una sanción pecuniaria.
            64 Corrobora la conclusión expuesta en el apartado anterior la disposición del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, que, en lo que se refiere al límite del 10 %, exige que éste se calcule basándose en el ejercicio social del año anterior a la decisión de la Comisión que sanciona una infracción. Pues bien, tal exigencia se cumple totalmente cuando, como ocurre en el presente asunto, este límite se ha determinado únicamente sobre la base del volumen de negocios de la filial, en lo que se refiere a la multa que se le impone a título exclusivo, dado que se trata del período anterior a su adquisición por la sociedad matriz [...] De ello se desprende que, en tales circunstancias, la evolución estructural de la empresa responsable, como entidad económica, se tomó efectivamente en consideración en el cálculo de la multa.»
            162. Del artículo 2, párrafo primero, letra e), de la Decisión impugnada resulta que, del importe de 25 610 000 euros de la multa impuesta a Parker ITR, se declaró a Parker-Hannifin responsable solidaria por un importe de 8 320 000 euros. De lo que se deduce que la cuantía de la multa que debe considerarse impuesta exclusivamente a Parker ITR asciende a 17 290 000 euros. Sin embargo, a la vista del error constatado en el apartado 154 anterior y de la conclusión proclamada en el apartado 156 anterior, no puede admitirse que se aplique el aumento del 30 % al importe de base de la multa de 6 400 000 euros de cuyo pago debe responder solidariamente Parker-Hannifin. Por todo cuanto antecede, la cuantía de la multa que realmente debe reputarse impuesta exclusivamente a Parker ITR asciende a 19 210 000 euros. 
            163. De acuerdo con el reparto de responsabilidades efectuado por la Comisión entre Parker ITR y Parker-Hannifin, que fue descrito, en particular, en el considerando 389 de la Decisión impugnada, procede considerar que la cuantía de la multa respecto de la que Parker ITR fue declarada única responsable es consecuencia de la participación en la infracción de su predecesora en la sucesión económica, ITR, en el período comprendido del 1 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 2001, así como de su propia participación en el período comprendido del 1 de enero al 31 de enero de 2002. Parker-Hannifin fue declarada responsable solidaria, junto con Parker ITR, hasta determinada cuantía de la multa, por su condición de sociedad matriz de ésta, solamente a partir del 31 de enero de 2002.
            164. En el considerando 474 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó, basándose en los respectivos volúmenes de negocios que figuran en el apartado de la decisión relativo a las empresas afectadas por el procedimiento, que ninguno de los importes de las multas impuestas a dichas empresas excedía el límite máximo del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003. Ahora bien, en lo que concierne a las demandantes, la Comisión precisó, en el considerando 36 de la Decisión impugnada, que el volumen de negocios consolidado a escala mundial de Parker-Hannifin en el ejercicio 2006, cerrado el 30 de junio, ascendía a 7 410 millones de euros.
            165. De este modo, de la Decisión impugnada se deduce que la Comisión solamente tuvo en cuenta el volumen de negocios de Parker-Hannifin a los efectos del cálculo del límite del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, incluyendo lo que se refiere a la cuantía de la multa respecto de la que Parker ITR fue declarada, especialmente en relación con el período anterior al 1 de enero de 2002, única responsable.
            166. Pues bien, como alegan acertadamente las demandantes, dado que ese límite no se ha determinado únicamente sobre la base del volumen de negocios de Parker ITR en lo que se refiere a la cuantía de la multa que se le impuso como única responsable, incluyendo, necesariamente, la relativa al período anterior al 1 de enero de 2002, la Comisión incurrió en error al aplicar el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, apartado 64).
            167. Por cuanto antecede, debe acogerse el octavo motivo, acotado en los términos del apartado 31 anterior, sin que sea necesario examinar las alegaciones segunda y tercera invocadas por las demandantes en el mismo motivo.
            168. Por lo expuesto, procede también anular el artículo 2, párrafo primero, letra e), de la Decisión impugnada, en cuanto que la Comisión no calculó, basándose únicamente en el volumen de negocios de Parker ITR, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, en lo que se refiere a la parte de la multa respecto de la que Parker ITR fue declarada, en relación con el período anterior al 1 de enero de 2002, única responsable.
            Sobre el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena 
            169. La competencia jurisdiccional plena que, con arreglo al artículo 229 CE, el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003 confiere al Tribunal, faculta a éste para, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar el importe de la multa o de la multa coercitiva impuesta. De lo anterior resulta que el juez de la Unión está facultado para ejercer su competencia jurisdiccional plena cuando se somete a su apreciación la cuestión del importe de la multa, y que esta competencia puede ejercerse tanto para reducir este importe como para aumentarlo (sentencia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, apartados 61 y 62).
            170. Es necesario señalar que, por su naturaleza, la fijación del importe de una multa por el Tribunal no es una operación aritmética precisa. Además, el Tribunal no está vinculado por los cálculos de la Comisión ni por sus Directrices cuando resuelve en virtud de su competencia jurisdiccional plena, sino que debe efectuar su propia apreciación, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso (véase la sentencia de 5 de octubre de 2011, Romana Tabacchi/Comisión, T‑11/06, EU:T:2011:560, apartado 266 y jurisprudencia citada).
            171. Por otro lado, a tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, a fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.
            172. Asimismo, como se recuerda en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la intensidad de las penas no debe ser desproporcionada a la infracción.
            173. De conformidad con el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, el importe de la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado por la empresa en el ejercicio social anterior.
            174. A este respecto, según la jurisprudencia, especialmente la derivada de la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión (C‑408/12 P, EU:C:2014:2153), para la aplicación del límite establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, procede tener en cuenta el volumen de negocios de la filial en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, apartado 97). En tales circunstancias, toda vez que el volumen de negocios que debe considerarse para ajustar el importe de la multa a la capacidad de pago de Parker ITR no es el consolidado del grupo Parker, sino únicamente el realizado por ésta filial, hay que basar el cálculo del límite del 10 % en el volumen de negocios total de Parker ITR, incluidas las ventas internas realizadas dentro del Grupo.
            175. El Tribunal de Justicia ha declarado también que, para la determinación del importe de las multas, procede tener en cuenta la duración de las infracciones y todos los elementos que pueden influir en la apreciación de la gravedad de éstas, como, entre otros, el comportamiento de cada una de las empresas y el papel de cada una de ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, apartado 56 y jurisprudencia citada).
            176. En la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia anuló, en particular, los puntos 2 y 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General, por los que se anulaba la multa impuesta por la Comisión a Parker ITR y a Parker-Hannifin y se fijaba, como corolario de las consideraciones formuladas por el Tribunal sobre el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, en 6 400 000 euros el importe de la multa impuesta a Parker ITR, declarando a Parker-Hannifin responsable solidario de su pago por un importe de 6 300 000 euros.
            177. Devueltos los autos al Tribunal General, las demandantes aducen que los motivos que han invocado justifican que se anule la Decisión impugnada y, consiguientemente, que el Tribunal ejerza su competencia jurisdiccional plena y reduzca el importe de la multa que se les impuso.
            178. En el presente asunto, en razón de la apreciación del Tribunal sobre los motivos sexto y octavo, por un lado, y de los errores observados en los apartados 154 y 166 anteriores, por otro, el Tribunal considera apropiado, además de anular parcialmente la Decisión impugnada, conforme a las conclusiones deducidas en los apartados 156 y 168 anteriores, ejercer la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003 y sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia en relación con el importe de la multa que procede imponer a las demandantes.
            179. El Tribunal considera así apropiado tomar en consideración las siguientes circunstancias.
            180. En primer lugar, ha resultado suficientemente probado en los autos que el cártel constituyó una infracción grave, habida cuenta de que tuvo por objeto la adjudicación de licitaciones, la fijación de los precios, la fijación de cuotas, el establecimiento de las condiciones de venta, el reparto de los mercados geográficos y el intercambio de información sensible sobre precios, volúmenes de ventas y licitaciones. Se trataba además de un cártel de dimensión mundial.
            181. En segundo lugar, con respecto a la cuestión específica de la duración de la infracción, debe recordarse, por un lado, que ITR Rubber (posteriormente denominada Parker ITR), ha sido considerada, con arreglo a Derecho, responsable de la participación en la infracción de su antecesora económica ITR en el período comprendido del 1 de abril de 1986 al 31 de diciembre de 2001, y de su propia participación en el período comprendido del 1 de enero de 2002 al 2 de mayo de 2007. Por otro lado, se ha declarado acertadamente a Parker-Hannifin responsable solidaria, por su condición de sociedad matriz de Parker ITR, en el período comprendido del 31 de enero de 2002 al 2 de mayo de 2007.
            182. En tercer lugar, ha resultado acreditado que, entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001, ITR jugó, en un período crítico para el cártel que siguió a otro de relativa inactividad, un papel de líder, y contribuyó de forma muy importante a la efectiva reactivación del referido cártel. En cambio, no se ha considerado que las actividades realizadas por ITR, o su sucesora ITR Rubber, después de ese período permitan imputar a dichas sociedades un papel de líder.
            183. Por tales razones, el Tribunal considera que la multa por importe de 19 210 000 euros que la Comisión impuso con carácter exclusivo a Parker ITR permite reprimir eficazmente el comportamiento ilegal constatado de forma apreciable y suficientemente disuasoria. Una multa superior a este importe no sería proporcionada a la infracción.
            184. No obstante, dado el límite legal del 10 % del volumen de negocios total establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, al aplicar dicho artículo debe tenerse en cuenta el volumen de negocios total de la empresa, es decir, de Parker ITR, realizado en el ejercicio social que precede a la Decisión por la que se impone la multa en cuestión, a saber, en el caso de Parker ITR, el ejercicio 2008, cerrado el 30 de junio. Así, en la página 18 del anexo incorporado a las observaciones que se presentaron a raíz de la sentencia dictada en casación, en el que figura el balance a 30 de junio de 2008 de Parker ITR, consta un volumen de negocios total del ejercicio 2008, incluidas las ventas internas, de 135 457 283 euros. 
            185. Por tanto, el Tribunal estima que el importe de la multa respecto del que Parker ITR debe ser considerado único responsable en el caso de autos no debe superar el 10 % del volumen de negocios indicado en el apartado 184 anterior, a saber, 13 545 728 euros.
            186. Finalmente, el Tribunal considera que, habida cuenta, en particular, de la gravedad de la infracción, y de que Parker-Hannifin inició su participación en la misma, como sociedad matriz de Parker ITR, solamente después de haber adquirido esta última, el 31 de enero de 2002, cuando dicha filial ya no jugaba un papel de líder del cártel, procede reducir el importe de la multa respecto del que Parker-Hannifin debe responder solidariamente y fijarlo en 6 400 000 euros.
            187. En consecuencia, el Tribunal considera que el importe total de la multa impuesta a Parker ITR debe fijarse en 19 945 728 euros, respecto del que Parker-Hannifin debe responder solidariamente por un importe de 6 400 000 euros.
            188. Procede desestimar el recurso en todo lo demás.
            Costas 
            189. A tenor del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.
            190. Dadas las circunstancias del caso de autos, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.
            
            Parte dispositiva
            En virtud de todo lo expuesto,
            EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
            decide:
            1) Anular el artículo 2, párrafo primero, letra e), de la Decisión C(2009) 428 final de la Comisión, de 28 de enero de 2009, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39406 — Mangueras marinas), en cuanto que, por un lado, se aplicó un aumento del 30 % al importe de la multa de cuyo pago debía responder solidariamente Parker-Hannifin Corp., por la circunstancia agravante relativa al papel de líder jugado por ITR SpA entre el 11 de junio de 1999 y el 30 de septiembre de 2001, y por otro, la Comisión Europea no calculó, basándose únicamente en el volumen de negocios de Parker ITR Srl, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE], en lo que se refiere a la cuantía de la multa respecto de la que Parker ITR fue declarada, para el período anterior al 1 de enero de 2002, única responsable. 
            2) Fijar en 19 945 728 euros el importe de la multa impuesta a Parker Hannifin Manufacturing Srl, anteriormente Parker ITR, importe del que Parker-Hannifin es solidariamente responsable por un importe de 6 400 000 euros. 
            3) Desestimar el recurso en todo lo demás. 
            4) Parker Hannifin Manufacturing, Parker-Hannifin y la Comisión cargarán con sus propias costas.