CELEX: 62022TN0084
Language: es
Date: 2022-02-15 00:00:00
Title: Asunto T-84/22: Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2022 — Credit Suisse Group y otros/Comisión

4.4.2022   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 148/39
            
         
      Recurso interpuesto el 15 de febrero de 2022 — Credit Suisse Group y otros/Comisión
      (Asunto T-84/22)
      (2022/C 148/52)
      Lengua de procedimiento: inglés
      
         Partes
      
      
         Demandantes: Credit Suisse Group AG (Zúrich, Suiza), Credit Suisse AG (Zúrich), Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londres, Reino Unido) (representantes: R. Wesseling y F. Brouwer, abogados)
      
         Demandada: Comisión Europea
      
         Pretensiones
      
      Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:
      
                  —
               
               
                  Anule la Decisión C(2021) 8612 final de la Comisión, de 2 de diciembre de 2021, en el asunto AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) (en lo sucesivo, «Decisión»), sobre la base del artículo 263 TFUE.
               
            
                  —
               
               
                  Alternativamente, anule en parte el artículo 1 de la Decisión sobre la base del artículo 263 TFUE y reduzca la multa impuesta en el artículo 2 de la Decisión, sobre la base del artículo 261 TFUE.
               
            
                  —
               
               
                  En cualquier caso, reduzca el importe de la multa impuesta en el artículo 2 de la Decisión, sobre la base del artículo 261 TFUE.
               
            
                  —
               
               
                  Ordene a la Comisión, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento y de las diligencias de prueba, con arreglo al artículo 88, apartado 1, y a los artículos 89, apartado 3, letra d) o 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, respectivamente, que aporte la decisión transaccional.
               
            
                  —
               
               
                  Condene a la Comisión al pago de las costas ocasionadas a las demandantes o, alternativamente, a que cargue con una porción adecuada de dichas costas con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cinco motivos.
      
                  1.
               
               
                  Primer motivo. Se alega que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE e incumplió su obligación de motivación en relación con la conclusión de que los Information Exchange Chats constituyen acuerdos o prácticas concertadas. En particular, se alega que:
                  
                              —
                           
                           
                              la Comisión no aportó las pruebas que demostraran la existencia del Acuerdo subyacente ni, por extensión, que los Information Exchange Chats constituyeran un acuerdo o una práctica concertada en el sentido del artículo 101 TFUE.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Alternativamente, que las pruebas invocadas por la Comisión no demuestran el estándar que se requiere legalmente para que los Information Exchange Chats constituyan un acuerdo o una práctica concertada en el sentido del artículo 101 TFUE.
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Segundo motivo. Se alega que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE y motivó de manera insuficiente su conclusión según la cual los Information Exchange Chats, bien considerados aisladamente o bien como parte de una supuesta infracción única y continuada que comprende otro comportamiento del que no se considera a CS responsable, tenían por objeto restringir o falsear la competencia. En particular, se alega que:
                  
                              —
                           
                           
                              la Comisión no satisfizo la carga de la prueba que le incumbía en virtud del artículo 101 TFUE para demostrar que los Information Exchange Chats tienen por objeto restringir la competencia.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La Comisión incurrió en error de Derecho al concluir que una explicación legítima de los efectos del comportamiento favorables a la competencia carece de pertinencia conforme al artículo 101 TFUE, apartado 1.
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  Tercer motivo. Se alega que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE y motivo de manera insuficiente la aplicación del concepto de infracción única y continuada. En particular, se alega que:
                  
                              —
                           
                           
                              la Comisión no demostró ni motivó suficientemente que existiera un plan global dirigido a un objetivo común en el que hubiera intentado colaborar CS o que esta hubiera conocido o hubiera podido conocer.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La Comisión incurrió en error de Derecho al concluir que el Acuerdo subyacente integra una supuesta infracción única y continuada.
                           
                        
            
                  4.
               
               
                  Cuarto motivo. Se alega que la Comisión infringió el artículo 23 del Reglamento 1/2003 y las Directrices para el cálculo de las multas y conculcó los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato y la obligación de motivación. En particular, se alega que:
                  
                              —
                           
                           
                              la Comisión adoptó un valor de las ventas sustitutivo que incrementa de manera significativa y arbitraria el valor de las ventas de CS y, por tanto, la importancia económica de la supuesta infracción, a partir del «valor de las ventas» en el sentido de las Directrices para el cálculo de las multas.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La reducción concedida a CS por circunstancias atenuantes es desproporcionadamente pequeña y no tiene en cuenta otras circunstancias atenuantes.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La multa impuesta a CS es exageradamente alta, a la vista de la gravedad de la supuesta infracción.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La multa impuesta a CS vulnera el principio de igualdad de trato.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              La Comisión no aportó una motivación suficiente para que el Tribunal de Justicia pueda apreciar la proporcionalidad del cálculo de la multa impuesta a CS en relación con la impuesta a las partes que aceptaron la transacción.
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Quinto motivo. Se alega que la Comisión vulneró el principio de buena administración y el derecho de defensa de CS, al no efectuar una investigación diligente e imparcial.