CELEX: C2005/115/18
Language: es
Date: 2005-05-14 00:00:00
Title: Asunto C-64/05 P: Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2005 por el Reino de Suecia contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-168/02, entre IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, apoyada por el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y el Reino de Dinamarca, y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

14.5.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 115/9
            
         Recurso de casación interpuesto el 14 de febrero de 2005 por el Reino de Suecia contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-168/02, entre IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, apoyada por el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y el Reino de Dinamarca, y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
   (Asunto C-64/05 P)
   (2005/C 115/18)
   Lengua de procedimiento: inglés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 14 de febrero de 2005 un recurso de casación formulado por el Reino de Suecia, representado por K. Wistrand, en calidad de agente, contra la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2004 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-168/02, (1) entre IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds gGmbH, apoyada por el Reino de los Países Bajos, el Reino de Suecia y el Reino de Dinamarca, y la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               1)
            
            
               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de noviembre de 2004 dictada en el asunto T-168/02.
            
         
               2)
            
            
               Anule la Decisión de la Comisión de 26 de marzo de 2002.
            
         
               3)
            
            
               Condene en costas a la Comisión.
            
         Motivos y principales alegaciones
   El Reino de Suecia afirma que el Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho comunitario en la sentencia recurrida.
   El Tribunal de Primera Instancia declaró en primer lugar que el derecho de acceso a los documentos de las instituciones, previsto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo («Reglamento sobre acceso a los documentos»), abarca todos los documentos que obren en poder de dichas instituciones y, en consecuencia, éstas pueden verse obligadas a proporcionar documentos procedentes de terceros, incluidos, en particular, los Estados miembros. El Tribunal de Primera Instancia señaló que el Reglamento no recoge la denominada regla del autor, es decir el principio según el cual la persona que ha elaborado un documento tiene control sobre él y, por tanto, decide si éste puede divulgarse, con independencia de quién lo tenga en su poder.
   No obstante, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el artículo 4, apartado 5, del Reglamento sobre acceso a los documentos implica que los Estados miembros tengan derecho a un trato especial y que, en consecuencia, a los documentos redactados por los Estados miembros se les aplica la regla del autor. Para justificar esta postura, dicho Tribunal indicó, en primer lugar, que la obligación de solicitar el consentimiento prevista en el artículo 4, apartado 5, del citado Reglamento quedaría vacía de contenido en caso contrario y, en segundo lugar, que el Reglamento no tiene por objeto ni por efecto modificar la legislación nacional. A juicio del Tribunal de Primera Instancia, el Estado miembro no está obligado a motivar ninguna solicitud realizada en virtud del artículo 4, apartado 5, del Reglamento sobre acceso a los documentos.
   Sin embargo, el Gobierno sueco estima que la interpretación de dicho Tribunal no tiene una justificación expresa e inequívoca en la disposición de que se trata ni en el resto del Reglamento. En tales circunstancias, ninguno de los argumentos sobre los cuales el Tribunal de Primera Instancia sustentó su interpretación puede constituir, por sí solo o conjuntamente con los demás, un motivo para inaplicar la regla fundamental en la que se basa el Reglamento sobre acceso a los documentos. Según el Reglamento, corresponde a la institución en cuyo poder obra el documento apreciar si éste debe divulgarse. Si no es aplicable ninguna de las excepciones a la regla de divulgación previstas en el artículo 4, apartados 1 a 3, del citado Reglamento, debe divulgarse el documento. La obligación de obtener el consentimiento contenida en el artículo 4, apartado 5, de dicho Reglamento es una norma de procedimiento, que cumpliría su objetivo aunque los Estados miembros no tuviesen un derecho de veto absoluto. La falta de un derecho de veto tampoco provoca una modificación de la legislación nacional.
   Con arreglo al Reglamento sobre acceso a los documentos sólo puede denegarse el acceso a un documento sobre la base de una de las excepciones previstas en el artículo 4, apartados 1 a 3. Si el Estado miembro de que se trate no revela sus razones para denegar la divulgación de un documento, dicho Estado miembro da lugar a que la institución no esté en condiciones de apreciar que existe una necesidad específica de confidencialidad que pueda constituir un motivo para no divulgar el documento en virtud de las excepciones a la regla de divulgación contenidas en el Reglamento.
   Ninguno de los argumentos sobre los cuales el Tribunal de Primera Instancia basó su decisión es suficiente para que se aplique en relación con los documentos de los Estados miembros una excepción al principio fundamental según el cual corresponde a la institución en cuyo poder obra el documento apreciar si éste debe divulgarse. Por consiguiente, la decisión del citado Tribunal infringió el Derecho comunitario.
   
      (1)  DO C 202, de 24.8.2002, p. 30.