CELEX: 62007CJ0485
Language: es
Date: 2011-05-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 26 de mayo de 2011. # Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen contra H. Akdas y otros. # Petición de decisión prejudicial: Centrale Raad van Beroep - Países Bajos. # Asociación CEE-Turquía - Seguridad social de los trabajadores migrantes - Supresión de las cláusulas de residencia - Alcance - Complemento a la pensión de invalidez abonado por el Estado miembro de acogida a fin de garantizar el mínimo vital a los beneficiarios - Modificación de la normativa nacional - Supresión de dicho complemento en el supuesto de que el beneficiario no resida en territorio del Estado miembro de que se trata. # Asunto C-485/07.

Asunto C‑485/07
      Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
      contra
      H. Akdas y otros 
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep)
      «Asociación CEE‑Turquía — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Supresión de las cláusulas de residencia — Alcance — Complemento a la pensión de invalidez abonado por el Estado miembro de acogida a fin de garantizar el mínimo vital a los
         beneficiarios — Modificación de la normativa nacional — Supresión de dicho complemento en el supuesto de que el beneficiario no resida en territorio del Estado miembro de que se
         trata»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Seguridad social de los trabajadores migrantes
      (Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, art. 6, ap. 1, párr. 1)
      2.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Seguridad social de los trabajadores migrantes
      (Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, art. 6, ap. 1, párr. 1)
      3.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Seguridad social de los trabajadores migrantes
      [Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, art. 59; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 10 bis, ap. 1; Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, art. 6, ap. 1, párr. 1]
      4.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía — Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad
            — Alcance en el ámbito de la seguridad social
      (Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía, art. 9; Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación CEE‑Turquía, arts. 3, ap. 1, y 6, ap. 1,
            párr. 1)
      1.        El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980,
         relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores
         turcos y a los miembros de sus familias, debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo, de modo que los nacionales
         turcos a los cuales dicha Decisión es de aplicación tienen derecho a invocarla directamente ante los órganos jurisdiccionales
         de los Estados miembros para impedir la aplicación de las normas de Derecho interno que se opongan a ésta.
      
      En efecto, dicha norma prescribe una obligación de resultado precisa, a saber, la prohibición de cualquier limitación impuesta
         en relación con la exportación de los derechos adquiridos por los nacionales turcos de que se trata en virtud de la normativa
         de un Estado miembro. Por tanto, tal obligación puede ser invocada por un justiciable ante un órgano jurisdiccional nacional
         para pedirle que soslaye las disposiciones contrarias de la normativa de un Estado miembro, sin que se exija a tal fin la
         adopción de medidas de aplicación complementarias.
      
      (véanse los apartados 69 y 74 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980,
         relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores
         turcos y a los miembros de sus familias, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro
         que suprime el derecho a una prestación como la prestación complementaria concedida con arreglo a la normativa nacional respecto
         de los antiguos trabajadores migrantes turcos, toda vez que han regresado a Turquía tras haber perdido su derecho de residencia
         en el Estado de acogida por haber sido declarados en situación de invalidez en él.
      
      (véase el apartado 96 y el punto 2 del fallo)
      3.        La afirmación de que los nacionales turcos pueden fundarse válidamente en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la
         Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad
         social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, para
         exigir que la prestación complementaria que perciben con arreglo a la normativa de un Estado miembro continúe abonándoseles
         en Turquía no se ve afectada por la circunstancia de que al tratarse de una prestación social como la prestación complementaria,
         el régimen establecido actualmente por el Reglamento nº 1408/1971 difiera del contenido en dicha Decisión, ni por el hecho
         de que, sobre esta base, el Estado miembro de que se trata procedió a la supresión, por lo que respecta a los nacionales de
         la Unión, del derecho a la prestación complementaria desde el momento en que los beneficiarios no residieran en territorio
         de este Estado miembro.
      
      Tal situación no puede considerarse incompatible con los requisitos del artículo 59 del Protocolo Adicional anexo al Acuerdo
         de Asociación CEE‑Turquía, según el cual los nacionales turcos no deben hallarse en una situación más ventajosa que la de
         los nacionales de la Unión. En efecto, la situación de los antiguos trabajadores migrantes turcos que regresaron a Turquía
         tras haber perdido su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida debido a que fueron declarados en situación de
         invalidez en él, no puede, a efectos de la aplicación de dicho artículo 59, compararse válidamente a la de los nacionales
         de la Unión, en la medida en que éstos, titulares del derecho de circular y residir libremente en territorio de los Estados
         miembros y que conservan de este modo su derecho de residencia en el Estado miembro que concede la prestación de que se trata,
         por un lado, pueden elegir abandonar el territorio de dicho Estado, perdiendo así el derecho a dicha prestación, y por otro,
         tienen el derecho a retornar en cualquier momento al Estado miembro de que se trate.
      
       (véanse los apartados 82, 83, 87, 88 y 95)
      4.        El artículo 3, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación
         de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los
         miembros de sus familias, constituye la aplicación y concreción, en el ámbito específico de la seguridad social, del principio
         general de no discriminación por razón de la nacionalidad enunciado en el artículo 9 de dicho Acuerdo de Asociación. Como
         se desprende de su propio tenor, el mencionado artículo 3, apartado 1, se aplica sin perjuicio de las disposiciones particulares
         contenidas en dicha Decisión.
      
      Pues bien, el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la misma Decisión constituye una disposición particular de este
         tipo. Por tanto, el artículo 9 del Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía no es de aplicación a una situación que está incluida
         en el ámbito de aplicación de dicho el artículo 6, apartado 1, párrafo primero.
      
      (véanse los apartados 98 a 101 y el punto 3 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 26 de mayo de 2011 (*)
      
      «Asociación CEE‑Turquía – Seguridad social de los trabajadores migrantes – Supresión de las cláusulas de residencia – Alcance – Complemento a la pensión de invalidez abonado por el Estado miembro de acogida a fin de garantizar el mínimo vital a los
         beneficiarios – Modificación de la normativa nacional – Supresión de dicho complemento en el supuesto de que el beneficiario no resida en territorio del Estado miembro de que se
         trata»
      
      En el asunto C‑485/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Centrale Raad
         van Beroep (Países Bajos), mediante resolución de 1 de noviembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre
         de 2007, en el procedimiento entre
      
      Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
      y
      H. Akdas,
      H. Agartan,
      Z. Akbulut,
      M. Bas,
      K. Yüzügüllüer,
      E. Keskin,
      C. Topaloglu,
      A. Cubuk,
      S. Sariisik,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. J.‑J. Kasel (Ponente), A. Borg Barthet y M. Ilešič y la Sra. M. Berger,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de octubre de 2010;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, por el Sr. F. Keunen y la Sra. I. Eijkhout,
         en calidad de agentes;
      
      –        en nombre del Sr. Akdas, por el Sr. C. de Roy van Zuydewijn, advocaat;
      –        en nombre del Sr. Agartan, por el Sr. D. Schaap, advocaat;
      –        en nombre del Sr. Bas, por el Sr. N. Türkkol, advocaat;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels, C. ten Dam y M. Noort, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. Z. Bryanston‑Cross, en calidad de agente, asistida por los Sres. J. Coppel
         y T. Ward, Barristers;
      
      –        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. van Beek y V. Kreuschitz, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación
         entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara, el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía,
         por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de
         ésta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18) (en
         lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), del artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas,
         y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de
         diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213) (en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), y de los artículos 3, apartado
         1, y 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa
         a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores
         turcos y a los miembros de sus familias (DO 1983, C 110, p. 60; en lo sucesivo, «Decisión nº 3/80»).
      
      2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre el Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
         (en lo sucesivo, «Uwv») y el Sr. Akdas y otros ocho antiguos trabajadores migrantes turcos en relación con la supresión de
         un complemento a la pensión de invalidez (en lo sucesivo, «prestación complementaria») que se les abona con arreglo a la normativa
         neerlandesa.
      
       Marco jurídico
       Normativa de la Unión
       Asociación CEE‑Turquía
      –        El Acuerdo de Asociación 
      3        Con arreglo a su artículo 2, apartado 1, el Acuerdo de Asociación tiene por objeto promover el fortalecimiento continuo y
         equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes Contratantes, incluido el sector de la mano de obra,
         mediante la realización gradual de la libre circulación de trabajadores (artículo 12 del Acuerdo de Asociación) así como mediante
         la eliminación de las restricciones a la libertad de establecimiento (artículo 13 de dicho Acuerdo) y a la libre prestación
         de servicios (artículo 14 del mismo Acuerdo), para mejorar el nivel de vida del pueblo turco y facilitar ulteriormente la
         adhesión de la República de Turquía a la Comunidad (cuarto considerando del Preámbulo y artículo 28 del referido Acuerdo).
      
      4        A tal efecto, el Acuerdo de Asociación incluye una fase preparatoria, que permitirá a la República de Turquía reforzar su
         economía con ayuda de la Comunidad (artículo 3 de dicho Acuerdo), una fase transitoria, durante la que se garantiza el establecimiento
         progresivo de una unión aduanera y el acercamiento de las políticas económicas (artículo 4 del referido Acuerdo), y una fase
         definitiva que se basa en la unión aduanera e implica el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas de
         las Partes Contratantes (artículo 5 del mismo Acuerdo).
      
      5        El artículo 6 del Acuerdo de Asociación dispone lo siguiente:
      
      «Para asegurar la aplicación y el desarrollo progresivo del régimen de asociación, las Partes Contratantes se reunirán en
         el seno de un Consejo de Asociación que actuará dentro de los límites de las atribuciones que le son conferidas por el Acuerdo.»
      
      6        En virtud del artículo 8 del Acuerdo de Asociación, que figura en el título II del referido Acuerdo, denominado «Establecimiento
         de la fase transitoria»:
      
      «Para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 4, el Consejo de Asociación fijará, antes de comenzar la fase
         transitoria, y según el procedimiento previsto en el artículo 1 del Protocolo Provisional, las condiciones, modalidades y
         ritmos de aplicación de las disposiciones propias de los sectores mencionados en el Tratado constitutivo de la Comunidad que
         deberán tomarse en consideración, especialmente aquellos previstos en el presente Título, así como toda cláusula de salvaguardia
         que pudiera ser útil.»
      
      7        El artículo 9 del Acuerdo de Asociación, que también figura en el título II de éste, está redactado en los siguientes términos:
      
      «Las Partes Contratantes reconocen que en el ámbito de aplicación del Acuerdo, y sin perjuicio de las disposiciones particulares
         que pudieran establecerse en aplicación del artículo 8, toda discriminación por razón de nacionalidad quedará prohibida conforme
         al principio enunciado en el artículo [12 CE].»
      
      8        El artículo 12 del Acuerdo de Asociación, que figura en el capítulo 3 de dicho título II, titulado «Otras disposiciones de
         carácter económico», establece:
      
      «Las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos [39 CE], [40 CE] y [41 CE] para llevar a cabo gradualmente, entre
         ellas, la libre circulación de trabajadores.»
      
      9        A tenor del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo de Asociación:
      
      «Para la consecución de los objetivos fijados por el Acuerdo [de Asociación] y en los casos previstos por éste, el Consejo
         de Asociación dispondrá de un poder de decisión. Cada una de las dos Partes estará obligada a adoptar las medidas que implique
         la ejecución de las decisiones tomadas. [...]»
      
      –      El Protocolo Adicional
      10      El Protocolo Adicional que, de conformidad con su artículo 62, forma parte integrante del Acuerdo de Asociación, establece,
         a tenor de su artículo 1, las condiciones, modalidades y ritmos de realización de la fase transitoria contemplada en el artículo
         4 de dicho Acuerdo.
      
      11      El Protocolo Adicional incluye un título II, titulado «Libre circulación de personas y servicios», cuyo capítulo I está dedicado
         a los «trabajadores».
      
      12      El artículo 36 del Protocolo Adicional, que forma parte del referido capítulo I, establece que la libre circulación de los
         trabajadores entre los Estados miembros de la Comunidad y Turquía se realizará gradualmente, con arreglo a los principios
         enunciados en el artículo 12 del Acuerdo de Asociación, entre el final del duodécimo y del vigésimo segundo años siguientes
         a la entrada en vigor de éste y que el Consejo de Asociación decidirá las modalidades necesarias al respecto.
      
      13      El artículo 39 del Protocolo Adicional está redactado como sigue:
      
      «1.      Antes de finalizar el primer año posterior a la entrada en vigor del presente Protocolo, el Consejo de Asociación adoptará
         disposiciones en materia de seguridad social en favor de los trabajadores de nacionalidad turca que se desplacen en el interior
         de la Comunidad y de su familia residente en la Comunidad. 
      
      2.      Dichas disposiciones deberán permitir a los trabajadores de nacionalidad turca, de acuerdo con las modalidades que se establezcan,
         la acumulación de todos los períodos de seguro o de empleo cumplidos en los diferentes Estados miembros en [lo] que se refiere
         a las pensiones y rentas de vejez, de fallecimiento y de invalidez, así como a la asistencia sanitaria del trabajador y de
         su familia residente en la Comunidad. Dichas disposiciones no podrán suponer la obligación para los Estados miembros de la
         Comunidad de tomar en consideración los períodos cumplidos en Turquía. 
      
      3.      Las disposiciones contempladas anteriormente deberán permitir que se garantice el pago de los subsidios familiares cuando
         la familia del trabajador resida en la Comunidad. 
      
      4.      Las pensiones y rentas de vejez, de fallecimiento y de invalidez, adquiridas en virtud de las disposiciones adoptadas en aplicación
         del apañado 2, deberán poder exportarse a Turquía. 
      
      5.      Las disposiciones contempladas en el presente artículo no afectarán a los derechos y obligaciones derivados de los Acuerdos
         bilaterales existentes entre Turquía y los Estados miembros de la Comunidad, en la medida en que éstos prevean, en favor de
         los nacionales turcos, un régimen más favorable.»
      
      14      El artículo 59 de dicho Protocolo Adicional dispone:
      
      «En los ámbitos cubiertos por el presente Protocolo, Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los
         Estados miembros se conceden entre sí en virtud del Tratado [CE].»
      
      –        La Decisión nº 3/80
      15      La Decisión nº 3/80, adoptada sobre la base del artículo 39 del Protocolo Adicional, tiene por objetivo coordinar los regímenes
         de seguridad social de los Estados miembros con el fin de que los trabajadores turcos que trabajen o hayan trabajado en uno
         o varios Estados miembros de la Comunidad, así como los miembros de las familias de dichos trabajadores y sus supervivientes,
         disfruten de prestaciones en las ramas tradicionales de la seguridad social. A tal fin, las disposiciones de dicha Decisión
         recogen, en esencia, determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo
         a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan
         dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
      
      16      A tenor del artículo 2 de la Decisión nº 3/80, titulado «Ámbito de aplicación personal»:
      
      «La presente Decisión se aplicará:
      –        a los trabajadores que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros y que sean nacionales
         de Turquía,
      
      –        a los miembros de las familias de dichos trabajadores, que residan en el territorio de uno de los Estados miembros,
      –        a los supervivientes de dichos trabajadores.»
      17      El artículo 3, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, titulado «Igualdad de trato», que reproduce el tenor del artículo 3, apartado
         1, del Reglamento nº 1408/71dispone:
      
      «1.      Las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones
         de la presente Decisión, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado
         miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en
         la presente Decisión.
      
      18      El artículo 4 de la Decisión nº 3/80, con la rúbrica «Ámbito de aplicación material», establece, en sus apartados 1 y 2:
      
      «1.      La presente Decisión se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas con:
      a)      las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
      b)      las prestaciones de invalidez, comprendidas las que están destinadas a mantener o mejorar la capacidad de ganancia;
      c)      las prestaciones de vejez;
      d)      las prestaciones de supervivencia;
      e)      las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional;
      f)      los subsidios de defunción;
      g)      las prestaciones de desempleo;
      h)      las prestaciones familiares.»
      2.      La presente Decisión se aplicará a los regímenes de seguridad social generales y especiales, contributivos y no contributivos […]»
      19      El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80, titulado «Supresión de las cláusulas de residencia […]»,
         y que se corresponde con el artículo 10 del Reglamento nº 1408/71, establece:
      
      «A menos que la presente Decisión disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia,
         las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación
         de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación
         por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de Turquía o de un Estado miembro distinto de aquél en que se
         encuentra la institución deudora.»
      
      20      El título III de la Decisión nº 3/80, con la rúbrica «Disposiciones particulares para las diferentes categorías de prestaciones»,
         comprende las normas de coordinación, inspiradas en el Reglamento nº 1408/71, relativas, en particular, a las prestaciones
         por invalidez, de vejez y muerte (pensiones).
      
      21      A tenor del artículo 32 de la Decisión nº 3/80:
      
      «Turquía y la Comunidad adoptarán, cada una en la medida en que le corresponde, las medidas que lleva consigo la ejecución
         de las disposiciones de la presente Decisión.»
      
      22      El 8 de febrero de 1983, la Comisión de las Comunidades Europeas presentó una Propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo dirigida
         a la aplicación, en la Comunidad Económica Europea, de la Decisión nº 3/80 (DO C 110, p. 1), a tenor de la cual dicha Decisión
         «será aplicable en la Comunidad» (artículo 1) y que establece las «modalidades de aplicación complementarias» de la referida
         Decisión.
      
      23      Hasta la fecha, esta propuesta no ha dado como resultado la adopción de un reglamento del Consejo de la Unión Europea.
      
      Reglamento nº 1408/71
      24      El Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre
         de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado a su vez por el Reglamento (CE) nº 674/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»), incluye un artículo titulado «Igualdad
         de trato», el cual establece, en su apartado 1:
      
      «Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Reglamento estarán sujetas a las obligaciones y
         podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste,
         sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento.»
      
      25      El artículo 4, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento define el ámbito de aplicación material de éste en los siguientes términos:
      
      «1.      El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con:
      a)      las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
      b)      las prestaciones de invalidez, comprendidas las que están destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;
      c)      las prestaciones de vejez;
      d)      las prestaciones de supervivencia;
      e)      las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional;
      f)      los subsidios de defunción;
      g)      las prestaciones de desempleo;
      h)      las prestaciones familiares.
      2.      El presente Reglamento se aplicará a los regímenes de seguridad social generales y especiales, contributivos y no contributivos […]»
      26      El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1247/92 del Consejo, de 30 de abril de 1992, por el que se modifica el
         Reglamento nº 1408/1971 (DO L 136, p. 1), que entró en vigor el 1 de junio de 1992, añadió al artículo 4 de éste un apartado
         2 bis con el siguiente tenor:
      
      «El presente Reglamento se aplicará a las prestaciones especiales de carácter no contributivo sujetas a una legislación o
         a un régimen distinto de los mencionados en el apartado 1 o que están excluidos en virtud del apartado 4, cuando dichas prestaciones
         vayan destinadas:
      
      a)      bien a cubrir, con carácter supletorio, complementario o accesorio, las contingencias correspondientes a las ramas contempladas
         en las letras a) a h) del apartado 1;
      
      b)      bien a asegurar únicamente la protección específica de los minusválidos.»
      27      El artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 647/2005 modificó dicho artículo 4, apartado 2 bis, el cual desde entonces establece:
      
      «El presente artículo se aplicará a las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo previstas en la legislación
         que, por su alcance personal, objetivos y/o condiciones para su concesión presenten características tanto de legislación de
         seguridad social a que se refiere el apartado 1 como de asistencia social.
      
      Las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo son aquellas:
      a)      que tienen por objeto proporcionar:
      i)      cobertura complementaria, supletoria o accesoria de los riesgos cubiertos por las ramas de la seguridad social mencionadas
         en el apartado 1, que garantice a las personas interesadas unos ingresos mínimos de subsistencia habida cuenta de la situación
         económica y social en el Estado miembro de que se trate,
      
      o
      ii)      únicamente una protección específica a las personas discapacitadas, estrechamente vinculada al entorno social de cada persona
         concreta en el Estado miembro de que se trate, 
      
      y
      b)      cuya financiación procede exclusivamente de la tributación obligatoria destinada a cubrir el gasto público general, y cuyas
         condiciones de concesión y de cálculo de las prestaciones no dependen de ninguna contribución del beneficiario. No obstante,
         las prestaciones concedidas para complementar una prestación contributiva no se considerarán prestaciones contributivas por
         este único motivo
      
      y
      c)      que figuran en el anexo II bis.»
      28      A tenor del artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1408/71:
      
      «A menos que el presente Reglamento disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia,
         las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional y los subsidios de defunción adquiridos en virtud de la legislación
         de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación
         por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la
         institución deudora.».
      
      29      El artículo 1, apartado 4, del Reglamento nº 1247/92 insertó también en el Reglamento nº 1408/71 un nuevo artículo 10 bis, cuyo apartado 1 es del siguiente tenor:
      
      «No obstante lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III, las personas a las que se aplica el presente Reglamento gozarán
         de las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el apartado 2 bis del artículo 4 exclusivamente en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho
         Estado, siempre que estas prestaciones se mencionen en el Anexo II bis. Las prestaciones serán satisfechas por la institución del lugar de residencia y a su cargo.»
      
      30      El artículo 1, apartado 5, del Reglamento nº 647/2005 modificó el apartado 1 de dicho artículo 10 bis, que desde entonces dispone:
      
      «Lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III no es aplicable a las prestaciones especiales en metálico de carácter no
         contributivo mencionadas en el apartado 2 bis del artículo 4. Las personas a las que se aplica el presente Reglamento se beneficiarán de dichas prestaciones exclusivamente
         en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, siempre que esas prestaciones
         se mencionen en el anexo II bis. Las prestaciones serán abonadas por la institución del lugar de residencia y a su cargo.»
      
      31      Con arreglo al artículo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1247/92:
      
      «1.      La aplicación del artículo 1 no podrá tener como consecuencia la supresión de prestaciones que hubieran sido concedidas con
         anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento por las instituciones competentes de los Estados miembros en aplicación
         del título III del Reglamento […] nº 1408/71, y a las que se aplicaren las disposiciones del artículo 10 de este último Reglamento.
      
      2.      La aplicación del artículo 1 no podrá tener como consecuencia la denegación de una solicitud de prestación especial de carácter
         no contributivo, concedida a título de complemento de una pensión, presentada por un interesado que reuniere las condiciones
         requeridas para la concesión de dicha prestación antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, aun en caso de que
         resida en el territorio de un Estado miembro que no sea el del Estado competente, siempre que la solicitud de prestación se
         haga dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.»
      
      32      Las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71 se fijaron en el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de
         marzo de 1972 (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156).
      
       Normativa nacional
      33      En los Países Bajos, la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Ley sobre el seguro de incapacidad laboral; en lo sucesivo,
         «WAO»), en vigor desde 1966, regula el régimen de protección de los trabajadores asalariados frente a la incapacidad laboral.
      
      34      La Toeslagenwet (Ley sobre prestaciones suplementarias), de 6 de noviembre de 1986 (en lo sucesivo, «TW»), que entró en vigor
         el 1 de enero de 1987, tiene por objeto conceder a las personas que perciben en méritos de un seguro social como el instaurado
         por la WAO (al igual que, en particular, la protección contra el paro, contra las enfermedades y contra los accidentes de
         trabajo) una prestación para compensar la pérdida del salario inferior al salario mínimo, una prestación complementaria destinada
         a elevar sus ingresos sustitutivos a un nivel que, como máximo, iguale al del salario mínimo en los Países Bajos. En el momento
         de los hechos del litigio principal, esta prestación complementaria estaba limitada al 30 % de dicho salario mínimo, de modo
         que los beneficiarios que percibían una prestación de invalidez inferior al 70 % de dicho salario tenían unos ingresos inferiores
         a éste. La Uwv determina, a petición de la persona interesada, la existencia de un derecho al suplemento concedido con arreglo
         a la TW.
      
      35      La Wet beperking export uitkeringen (Ley por la que se limita la exportación de las prestaciones), de 27 de mayo de 1999 (en
         lo sucesivo, «BEU»), introdujo un nuevo artículo 4a en la TW, cuyo apartado 1 establece que una persona que cumpla los requisitos
         para tener derecho a las prestaciones con acuerdo a esta última ley no tendrá derecho a éstas respecto del período durante
         el cual no resida en los Países Bajos. Se precisa que la exportación de las prestaciones de que se trata sólo es posible en
         la medida en que un convenio bilateral celebrado con el Estado de residencia del interesado garantice la buena aplicación
         de la normativa neerlandesa. 
      
      36      Como se desprende de la exposición de motivos de la BEU, esta modificación de la TW tenía por objeto sustituir el principio
         de personalidad por el de territorialidad para mejorar las condiciones de control de las prestaciones abonadas a beneficiarios
         residentes en el extranjero. En este contexto, el legislador neerlandés también invocó en apoyo de dicha modificación la naturaleza
         de la prestación complementaria, destinada a garantizar el mínimo vital en los Países Bajos, y el hecho de que los presupuestos
         del Estado garantizan su financiación.
      
      37      La mencionada modificación de la TW entró en vigor el 1 de enero de 2000.
      
      38      Sin embargo, se estableció un régimen transitorio, en virtud del cual las personas que el día anterior a la entrada en vigor
         de la nueva normativa tuvieron derecho a las prestaciones establecidas por la TW y que no residían en tal fecha en los Países
         Bajos:
      
      «1°      durante el primer año posterior a la entrada en vigor de la presente Ley [es decir, durante el año 2000] percibirán [íntegramente]
         la cantidad a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos;
      
      2°      durante el segundo año posterior a la entrada en vigor de la presente Ley [es decir, durante el año 2001] percibirán dos tercios
         de la cantidad a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos;
      
      3°      durante el tercer año posterior a la entrada en vigor de la presente Ley [es decir, durante el año 2002] percibirán un tercio
         de la cantidad a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos».
      
      39      Para los años posteriores, se suprime íntegramente la prestación por lo que se refiere a las personas que no residen en los
         Países Bajos.
      
      40      El Reglamento nº 647/2005 añadió la TW, en su versión modificada en 2000 por la BEU, a la lista que figura en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento nº 1247/92, de las prestaciones especiales de carácter
         no contributivo a las que no se aplica la obligación de exportación prevista en el artículo 10 del Reglamento nº 1408/71,
         con arreglo al artículo 10 bis de este último Reglamento.
      
      41      Posteriormente, se añadió a la TW, con efectos desde el 7 de diciembre de 2006, una nueva disposición transitoria en beneficio
         de las personas que no residían en los Países Bajos, sino en otro Estado miembro de la Unión Europea, en un Estado del Espacio
         Económico Europeo o en Suiza, en virtud de la cual estas personas, siempre que tuvieran derecho a las prestaciones con arreglo
         al artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, el día anterior al de la entrada en vigor del Reglamento nº 647/2005,
      
      –      durante el año 2007, percibirán la cantidad íntegra a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos;
      –      durante el año 2008, percibirán dos tercios de la cantidad a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos;
      –      durante el año 2009, percibirán un tercio de la cantidad a la que habrían tenido derecho si residieran en los Países Bajos.
      42      Por lo que se refiere a estas personas, la prestación se suprimió íntegramente con efectos a 1 de enero de 2010.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      43      Se desprende de la resolución de remisión que los recurridos en el litigio principal son nacionales turcos que ejercieron
         actividades asalariadas en los Países Bajos durante un determinado período.
      
      44      Al haber sido declarados en situación de incapacidad permanente, solicitaron y obtuvieron antes de 2000 el derecho a una prestación
         con arreglo a la WAO abonada por el Estado neerlandés.
      
      45      Dado que el importe de dicha prestación era inferior al salario mínimo, los recurridos en el litigio principal obtuvieron
         también, en virtud de la TW en su redacción en vigor antes de 2000, el pago de la prestación complementaria, que estaba destinada
         a garantizarles unos ingresos cuyo nivel fuera el más próximo posible al del salario mínimo.
      
      46      Debido a su incapacidad física para continuar trabajando, los recurridos en el litigio principal retornaron posteriormente
         a Turquía para residir con sus familias, conservando el derecho a dichas prestaciones con arreglo al artículo 39, apartado
         4, del Protocolo Adicional. El pago se efectuaba siempre mediante un pago único, que no establecía distinción entre el importe
         de la pensión de invalidez y el de la prestación complementaria.
      
      47      Tras la modificación de la TW por la BEU, que entró en vigor el 1 de enero de 2000, las autoridades neerlandesas competentes
         decidieron, en virtud del régimen transitorio al que se refiere el apartado 38 de la presente sentencia, la supresión progresiva,
         a razón de un tercio por año desde el 1 de enero de 2001, de la prestación complementaria que les venía siendo abonada hasta
         aquel momento.
      
      48      Los recurridos en el litigio principal interpusieron recursos contra esta supresión progresiva.
      
      49      Mediante resolución de 14 de marzo de 2003, el Centrale Raad van Beroep consideró que la supresión incumplía la obligación
         según la cual debe permitirse la exportación de las prestaciones, recogida en el artículo 5, apartado 1, del Convenio número
         118, relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia de seguridad social, adoptado en Ginebra el 28
         de junio de 1964 por la Organización Internacional del Trabajo (en lo sucesivo, «Convenio número 118 de la OIT»).
      
      50      En consecuencia, el 18 de agosto de 2003 la Uwv decidió conceder a los recurridos en el litigio principal una prestación complementaria
         completa por el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2003. En cambio, desde el 1 de julio de
         2003 se suprimió definitivamente el pago de dicha prestación. 
      
      51      Los recursos administrativos presentados por los recurridos en el litigio principal contra las resoluciones de supresión fueron
         desestimados.
      
      52      Mediante sentencias de 19 de marzo de 2004 y de 23 de agosto de 2004, el Rechtbank te Amsterdam declaró fundados los recursos
         interpuestos por los recurridos en el litigio principal y anuló estas resoluciones, al considerar que la supresión de la prestación
         complementaria a la que tenían derecho no sólo era incompatible con el artículo 5, apartado 1, del Convenio número 118 de
         la OIT, sino también con el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 y con el principio de no discriminación
         por razón de la nacionalidad establecido en el artículo 14 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de
         las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), leído en combinación con
         el artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
         firmado en París el 20 de marzo de 1952 (en lo sucesivo, «Primer Protocolo Adicional»), y con el artículo 26 del Pacto internacional
         de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que entró
         en vigor el 23 de marzo de 1976.
      
      53      Posteriormente, la Uwv interpuso un recurso de apelación contra estas sentencias ante el Centrale Raad van Beroep.
      
      54      Tras señalar, como el Rechtbank te Amsterdam, y a falta de oposición de las partes en el litigio pendiente ante él, que la
         prestación complementaria abonada en virtud de la WAO, cuya concesión no depende de una apreciación individualizada de las
         necesidades personales del solicitante, debe asimilarse a una prestación de invalidez, en el sentido del artículo 4, apartado
         1, letra b), de la Decisión nº 3/80 y, de este modo, está incluida en el ámbito de aplicación material de ésta, sin embargo
         el Centrale Raad van Beroep se pregunta, por un lado, acerca del efecto directo y el alcance del artículo 6, apartado 1, párrafo
         primero, de esta Decisión, en la medida en que la prohibición de las cláusulas de residencia está enunciada en ella de manera
         incondicional, mientras que, con posterioridad a la fecha de adopción de dicha Decisión, el Reglamento nº 1408/71 ha sido
         modificado en el sentido de que esta prohibición, sujeta a determinados requisitos, ya no se aplica a las prestaciones especiales
         de carácter no contributivo.
      
      55      Por otro lado, el tribunal remitente alberga algunas dudas en cuanto a la interpretación del principio de no discriminación
         por razón de la nacionalidad en el marco de la asociación CEE‑Turquía.
      
      56      A este respecto, como ya declaró el Rechtbank te Amsterdam, la regla de igualdad de trato establecida en el artículo 3, apartado
         1, de la Decisión nº 3/80 no puede invocarse eficazmente en el caso de autos, en la medida en que esta disposición sólo se
         aplica a «las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros», mientras que los recurridos en el litigio
         principal residen ahora en Turquía. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el artículo 9 del Acuerdo de Asociación, que no incluye
         ninguna reserva similar.
      
      57      Afirma que es pacífico entre las partes en el litigio principal que este último artículo tiene efecto directo. Además, es
         jurisprudencia reiterada que prohíbe no sólo las discriminaciones ostensibles en razón de la nacionalidad, sino también cualquier
         forma encubierta de discriminación que, mediante la aplicación de otros criterios de distinción, conduzca de hecho al mismo
         resultado. 
      
      58      En el caso de autos, el Centrale Raad van Beroep señala la existencia de dos formas diferentes de distinción indirecta por
         razón de la nacionalidad que se desprenden del artículo 4 a de la TW, que deben apreciarse separadamente por lo que se refiere
         a su posible justificación. 
      
      59      En primer lugar, es verosímil que el número de beneficiarios que no son nacionales neerlandeses que ya no tienen derecho a
         la prestación complementaria con arreglo a la TW porque ya no residen en los Países Bajos, entre los cuales figura un grupo
         importante de nacionales turcos, será superior al de los beneficiarios de nacionalidad neerlandesa, que muy frecuentemente
         continuarán residiendo en territorio neerlandés.
      
      60      A este respecto, las justificaciones invocadas por el Reino de los Países Bajos para poner fin a la posibilidad de exportar
         la prestación complementaria abonada con arreglo a la TW son la supuesta existencia de problemas en los controles realizados
         a fin de comprobar la situación personal y patrimonial de los beneficiarios que no residen en los Países Bajos, la financiación
         de esta prestación por los presupuestos del Estado, el deseo del legislador nacional de regresar al objetivo principal de
         los sistemas de protección social, es decir, el abono de ayudas a los residentes, y la naturaleza particular de la TW, destinada
         a completar una prestación de seguridad social para alcanzar el umbral del salario mínimo en los Países Bajos.
      
      61      En relación con las condiciones de control, el tribunal remitente pone de manifiesto la existencia de un convenio bilateral
         con la República de Turquía, que prevé la posibilidad de inspecciones en dicho Estado. Por tanto, el Centrale Raad van Beroep
         se pregunta si las demás razones, vinculadas en esencia a motivos de orden económico, pueden constituir una justificación
         suficiente de la diferencia de trato controvertida en el litigio del que conoce. 
      
      62      En segundo lugar, considera que existe una distinción indirecta por razón de la nacionalidad, en la medida en que la prestación
         complementaria abonada a los recurridos en el litigio principal fue suprimida totalmente desde el 1 de julio de 2003 porque
         los interesados residen en Turquía, mientras que la aplicación del régimen transitorio para la supresión progresiva de esta
         prestación abonada a los beneficiarios nacionales de un Estado de la Unión o de determinados Estados terceros, pero que residen
         en territorio de la Unión, no comenzó hasta 2007.
      
      63      En este marco, afirma que la Uwv sostuvo que la distinción controvertida debe analizarse a la luz de los objetivos limitados
         del Acuerdo de Asociación, que consisten en realizar de manera gradual la libre circulación de los trabajadores turcos y en
         reforzar de manera continua y equilibrada las relaciones económicas entre los Estados miembros y Turquía. Por tanto, considera
         que no es posible conceder al artículo 9 del Acuerdo de Asociación el mismo alcance que el conferido al artículo 12 CE.
      
      64      No obstante, el tribunal remitente alberga dudas de que dicho motivo constituya una justificación suficiente de la diferencia
         de trato constatada. Añade que, en el marco de la interpretación del artículo 9 del Acuerdo de Asociación, desea también obtener
         aclaraciones sobre los elementos pertinentes destinados a permitirle apreciar la conformidad de la normativa nacional controvertida
         con los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, como los consagrados por el CEDH y el Primer
         Protocolo Adicional.
      
      65      Dadas estas circunstancias, el Centrale Raad van Beroep decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Contiene la disposición del artículo 6, apartado 1, [párrafo primero,] de la Decisión nº 3/80, a la vista de su tenor y del
         objetivo y la naturaleza de la Decisión nº 3/80 y del Acuerdo de Asociación, una obligación clara y precisa cuya aplicación
         y efecto no requieren un acto posterior, de suerte que tal disposición se preste a una aplicación directa?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
      a)      ¿Deben tenerse en cuenta de algún modo, a la hora de aplicar el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, las modificaciones
         del Reglamento nº 1408/71, como las introducidas después del 19 de septiembre de 1980 en relación con las prestaciones especiales,
         contributivas o no contributivas?
      
      b)      ¿Tiene este significado el artículo 59 del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación?
      3)      ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Acuerdo de Asociación en el sentido de que se opone a la aplicación de una normativa
         legal de un Estado miembro, como el artículo 4a de la TW neerlandesa, que da lugar a una distinción indirecta por razón de
         la nacionalidad,
      
      –        en primer lugar porque de este modo más personas con una nacionalidad distinta de la neerlandesa, entre las cuales se halla
         un gran grupo de nacionales turcos, que personas de nacionalidad neerlandesa (ya) no tienen derecho a una prestación suplementaria
         por no residir ya en los Países Bajos, y
      
      –        en segundo lugar porque desde el 1 de julio de 2003 se suprimieron las prestaciones suplementarias de los nacionales turcos
         que residen en Turquía, mientras que las prestaciones suplementarias de personas con la nacionalidad de un Estado miembro
         de la Unión Europea y de [Estados] terceros acaban por suprimirse (de forma gradual) el 1 de enero de 2007, siempre que permanezcan
         en el territorio de la Unión Europea?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      66      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 6, apartado 1, párrafo primero,
         de la Decisión nº 3/80 tiene efecto directo en los Estados miembros.
      
      67      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una disposición de un Acuerdo celebrado por la Comunidad con países
         terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, y de su objeto y naturaleza, contiene una
         obligación clara y precisa, que en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno. Los
         mismos criterios son aplicables cuando se trata de determinar si las disposiciones de una Decisión del Consejo de Asociación
         pueden tener un efecto directo (véase, en particular, la sentencia de 4 de mayo de 1999, Sürül, C‑262/96, Rec. p. I‑2685,
         apartado 60 y jurisprudencia citada).
      
      68      Habida cuenta de su tenor, el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 consagra en términos claros,
         precisos e incondicionales la prohibición impuesta a los Estados miembros de reducir, modificar, suspender, suprimir o confiscar
         las prestaciones que enumera dicha disposición por el hecho de que el beneficiario resida en Turquía o en el territorio de
         un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.
      
      69      Como ha señalado acertadamente la Comisión Europea, dicha norma prescribe una obligación de resultado precisa, a saber, la
         prohibición de cualquier limitación impuesta en relación con la exportación de los derechos adquiridos por los nacionales
         turcos de que se trata en virtud de la normativa de un Estado miembro. Por tanto, tal obligación puede ser invocada por un
         justiciable ante un órgano jurisdiccional nacional para pedirle que soslaye las disposiciones contrarias de la normativa de
         un Estado miembro, sin que se exija a tal fin la adopción de medidas de aplicación complementarias (véase, por analogía, la
         sentencia Sürül, antes citada, apartado 63).
      
      70      De este modo, el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 reviste una naturaleza que le distingue claramente
         de la que caracteriza a las disposiciones técnicas de coordinación de las distintas legislaciones nacionales en materia de
         seguridad social, como las reglas que figuran en los artículos 12 y 13 de la misma Decisión, que fueron puestas en entredicho
         en el asunto que dio lugar a la sentencia de 10 de septiembre de 1996, Taflan‑Met y otros (C‑277/94, Rec. p. I‑4085), y respecto
         de las cuales el Tribunal de Justicia declaró que carecían de efecto directo en territorio de los Estados miembros mientras
         el Consejo no adoptara las medidas complementarias indispensables de ejecución.
      
      71      No contradice la interpretación precedente el hecho de que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80
         precise que la prohibición de las cláusulas de residencia que establece producirá efectos «a menos que la presente Decisión
         disponga otra cosa». En efecto, basta con señalar a este respecto que esta Decisión no contiene ninguna excepción o restricción
         a la prohibición de las cláusulas de residencia recogida en dicha disposición.
      
      72      Además, por motivos idénticos a los enunciados en los apartados 70 a 72 de la sentencia Sürül, antes citada, la afirmación
         de que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 puede regular directamente la situación de los particulares
         no resulta contradicha por el examen del objeto y la naturaleza del Acuerdo de Asociación al que se vincula dicha disposición.
      
      73      De las consideraciones que preceden resulta que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 establece
         una regla precisa e incondicional suficientemente operativa para ser aplicada por un Juez nacional y, por lo tanto, apta para
         regular la situación jurídica de los particulares.
      
      74      En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80
         debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo, de modo que los nacionales turcos a los cuales dicha Decisión
         es de aplicación tienen derecho a invocarla directamente ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para impedir
         la aplicación de las normas de Derecho interno que se opongan a ésta.
      
       Sobre la segunda cuestión
      75      Mediante su segunda cuestión, el órgano judicial remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, párrafo primero,
         de la Decisión nº 3/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de un Estado miembro, como la que figura
         en el artículo 4 de la TW, en la medida en que suprime el derecho a la prestación complementaria concedida con arreglo a la
         normativa nacional cuando los beneficiarios de dicha prestación ya no residen en territorio de dicho Estado.
      
      76      A este respecto, debe recordarse que el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 consagra el principio
         de prohibición de las cláusulas de residencia por lo que respecta a las prestaciones de seguridad social a las que se refiere,
         entre las que figuran las prestaciones en metálico de invalidez.
      
      77      Pues bien, como se desprende de la resolución de remisión, es pacífico entre las partes en el litigio principal que una prestación
         de carácter social como la prestación complementaria, abonada con arreglo a un seguro social como el que instaura la WAO,
         debe asimilarse a una prestación de invalidez, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Decisión nº 3/80,
         y, por tanto, está incluida en el ámbito de aplicación material del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de esta misma
         Decisión.
      
      78      Además, consta que los recurridos en el litigio principal son nacionales turcos que han residido y trabajado legalmente en
         territorio de un Estado miembro. Como consecuencia del desempeño de una actividad asalariada durante un determinado período
         de tiempo, han adquirido el derecho a prestaciones sociales con arreglo a la normativa del Estado miembro de acogida. En el
         caso de autos, se trataba de una pensión de invalidez, ya que a los interesados se les había declarado en situación de incapacidad
         para continuar trabajando, y de la prestación complementaria establecida por la TW, porque el importe de la pensión a la que
         tenían derecho era inferior al salario mínimo. Ambas prestaciones fueron abonadas efectivamente durante un lapso de tiempo
         determinado, aun en Turquía después de que regresaron allí, con arreglo al artículo 39, apartado 4, del Protocolo Adicional,
         que prevé la posibilidad de exportar las pensiones y rentas de vejez, invalidez y fallecimiento adquiridas en los Estados
         miembros.
      
      79      En estas circunstancias, los recurridos en el litigio principal están incluidos en el ámbito personal de aplicación del artículo
         6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80, en su condición de trabajadores turcos beneficiarios de prestaciones
         en metálico de invalidez adquiridas con arreglo a la normativa de un Estado miembro y que actualmente residen en Turquía.
      
      80      Cabe añadir que, como ya se ha declarado en el apartado 71 de la presente sentencia, la Decisión nº 3/80 no contiene ninguna
         excepción o restricción a la prohibición de las cláusulas de residencia enunciada en su artículo 6, apartado 1, párrafo primero.
         
      
      81      A la luz de lo anterior, se cumplen todos los requisitos exigidos para aplicar el artículo 6, apartado 1, párrafo primero,
         de la Decisión nº 3/80 a una situación como la controvertida en el litigio principal.
      
      82      De ello se desprende que los nacionales turcos, como los recurridos en el litigio principal, pueden fundarse válidamente en
         el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 para exigir que la prestación complementaria que perciben
         con arreglo a la WAO continúe abonándoseles en Turquía.
      
      83      La circunstancia de que, al tratarse de una prestación social como la prestación complementaria, el régimen establecido actualmente
         por el Reglamento nº 1408/1971 difiera del contenido en la Decisión nº 3/80, no afecta a la afirmación anterior. 
      
      84      En efecto, el Reglamento nº 1408/71 fue modificado tras la adopción del Reglamento nº 1247/92. De este modo, después de la
         entrada en vigor de éste el 1 de enero de 1992, las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo del mismo
         tipo que la prestación complementaria fueron incluidas expresamente en el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71,
         en virtud del artículo 4, apartado 2 bis, letra a), de éste.
      
      85      Además, a partir de la misma fecha, el Reglamento nº 1247/92 insertó en el Reglamento nº 1408/71 un nuevo artículo 10 bis que introdujo una excepción a la obligación de exportar prestaciones prevista en el artículo 10, apartado 1, de este último.
      
      86      Por otro lado, el Reglamento nº 647/2005 añadió la TW, en su versión modificada en 2000 por la BEU, a la lista que figura
         en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento nº 1247/92, de las prestaciones especiales de carácter
         no contributivo, en el sentido del artículo 4 bis del Reglamento nº 1408/71, a las cuales no es de aplicación la obligación de exportación prevista en el artículo 10 de este
         último, con arreglo al artículo 10 bis de éste.
      
      87      Sobre esta base, el Reino de los Países Bajos procedió a la supresión, por lo que respecta a los nacionales de la Unión, del
         derecho a la prestación complementaria prevista anteriormente por la TW desde el momento en que no residieran en territorio
         neerlandés.
      
      88      No obstante, en circunstancias como las del litigio principal, una situación en la que antiguos trabajadores migrantes turcos
         que han regresado a Turquía continúan teniendo derecho, en virtud del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión
         nº 3/80, a una prestación social como la prestación complementaria, mientras que ésta se ha suprimido por lo que respecta
         a los nacionales de la Unión que no residen en territorio del Estado miembro que la ha concedido, no puede considerarse incompatible
         con los requisitos del artículo 59 del Protocolo Adicional, según el cual los nacionales turcos no deben hallarse en una situación
         más ventajosa que la de los nacionales de la Unión (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 19 de febrero de
         2009, Soysal y Savatli, C‑228/06, Rec. p. I‑1031, apartado 61).
      
      89      En efecto, por un lado, el artículo 39, apartado 4, del mismo Protocolo Adicional prevé expresamente la exportación a Turquía
         de determinadas prestaciones de seguridad social, incluidas las pensiones y rentas de invalidez adquiridas por trabajadores
         turcos con arreglo a la normativa de uno o varios Estados miembros.
      
      90      Por otro, el artículo 2, primer guión, de la Decisión nº 3/80 engloba en su ámbito de aplicación a los trabajadores turcos
         «que hayan estado sometidos» a la legislación de uno o varios Estados miembros, sin mayor precisión, mientras que, en relación
         con los miembros de la familia de estos trabajadores se exige, en el segundo guión del mismo artículo 2, que dichos miembros
         de la familia «residan en el territorio de uno de los Estados miembros».
      
      91      Además, aplicar en el marco de la Decisión nº 3/80 el régimen actualmente en vigor con arreglo al Reglamento nº 1408/71 por
         lo que se refiere a las prestaciones especiales no contributivas equivaldría a modificar dicha Decisión, siendo así que tal
         competencia está reservada únicamente al Consejo de Asociación, con arreglo a los artículos 8 y 22 del Acuerdo de Asociación.
      
      92      Por último, es obligado declarar que los recurridos en el litigio principal regresaron a Turquía después de haber sido declarados
         en situación de invalidez en el Estado miembro de acogida.
      
      93      Ahora bien, en virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un nacional turco que haya pertenecido al mercado
         legal de trabajo de un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa
         al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación creado por el Acuerdo de Asociación, no puede basarse
         en dicha Decisión para invocar el derecho a permanecer en el territorio de este Estado después de haber sido víctima de un
         accidente de trabajo que le ha producido una incapacidad laboral permanente (véase la sentencia de 6 de junio de 1995, Bozkurt,
         C‑434/93, Rec. p. I‑1475, apartado 42).
      
      94      En estas circunstancias, no se puede sostener eficazmente que los interesados abandonaron el territorio del Estado miembro
         de acogida por voluntad propia y sin motivos legítimos y que tal comportamiento entrañó la pérdida de los derechos adquiridos
         con arreglo a la asociación CEE‑Turquía (véase, en particular, la sentencia de 4 de febrero de 2010, Genc, C‑14/09, Rec. p. I‑0000,
         apartado 42).
      
      95      Por consiguiente, la situación de los antiguos trabajadores migrantes turcos, como los recurridos en el litigio principal,
         en la medida en que regresaron a Turquía tras haber perdido su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida debido
         a que fueron declarados en situación de invalidez en él, no puede, a efectos de la aplicación del artículo 59 del Protocolo
         Adicional, compararse válidamente a la de los nacionales de la Unión, en la medida en que éstos, titulares del derecho de
         circular y residir libremente en territorio de los Estados miembros y que conservan de este modo su derecho de residencia
         en el Estado miembro que concede la prestación de que se trata, por un lado, pueden elegir abandonar el territorio de dicho
         Estado, perdiendo así el derecho a dicha prestación, y por otro, tienen el derecho a retornar en cualquier momento al Estado
         miembro de que se trate (véanse, por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2007, Derin, C‑325/05, Rec. p. I‑6495, apartado
         68, y de 22 de diciembre de 2010, Bozkurt, C‑303/08, Rec. p. I‑0000, apartado 45).
      
      96      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 6, apartado
         1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 debe interpretarse en el sentido que, en circunstancias como las controvertidas
         en el litigio principal, se opone a una norma de un Estado miembro que, como el artículo 4a de la TW, suprime el derecho a
         una prestación como la prestación complementaria concedida con arreglo a la normativa nacional respecto de los antiguos trabajadores
         migrantes turcos, toda vez que han regresado a Turquía tras haber perdido su derecho de residencia en el Estado de acogida
         por haber sido declarados en situación de invalidez en él.
      
       Sobre la tercera cuestión
      97      La tercera cuestión planteada por el tribunal remitente versa, en esencia, en la incidencia, en un supuesto como el controvertido
         en el litigio principal, del principio de igualdad de trato, tal y como está consagrado en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación,
         que prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad «sin perjuicio de las disposiciones particulares que pudieran establecerse
         [por el Consejo de Asociación] en aplicación del artículo 8» del mismo Acuerdo.
      
      98      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 constituye la aplicación
         y concreción, en el ámbito específico de la seguridad social, del principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad
         enunciado en el artículo 9 del Acuerdo de Asociación (véanse las sentencias Sürül, antes citada, apartado 64; de 14 de marzo
         de 2000, Kocak y Örs, C‑102/98 y C‑211/98, Rec. p. I‑1287, apartado 36, y de 28 de abril de 2004, Öztürk, C‑373/02, Rec. p. I‑3605,
         apartado 49).
      
      99      Por su parte, como se desprende de su propio tenor, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 se aplica «sin perjuicio
         de las disposiciones particulares contenidas en [dicha] Decisión».
      
      100    Pues bien, el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la misma Decisión constituye una disposición particular, sobre cuyo
         alcance el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en el marco de las cuestiones prejudiciales primera y segunda.
      
      101    Habida cuenta de todo lo que antecede, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 9 del Acuerdo de Asociación
         no es de aplicación a una situación como la controvertida en el litigio principal.
      
       Costas
      102    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      1)      El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980,
            relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores
            turcos y a los miembros de sus familias, debe interpretarse en el sentido de que tiene efecto directo, de modo que los nacionales
            turcos a los cuales dicha Decisión es de aplicación tienen derecho a invocarla directamente ante los órganos jurisdiccionales
            de los Estados miembros para impedir la aplicación de las normas de Derecho interno que se opongan a ésta.
      2)      El artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión nº 3/80 debe interpretarse en el sentido que, en circunstancias
            como las controvertidas en el litigio principal, se opone a una norma de un Estado miembro que, como el artículo 4 a de la
            Toeslagenwet (Ley sobre prestaciones suplementarias), de 6 de noviembre de 1986, suprime el derecho a una prestación como
            la prestación complementaria a la pensión de invalidez concedida con arreglo a la normativa nacional respecto de los antiguos
            trabajadores migrantes turcos, toda vez que han regresado a Turquía tras haber perdido su derecho de residencia en el Estado
            de acogida por haber sido declarados en situación de invalidez en él.
      3)      El artículo 9 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara,
            el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad,
            por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de ésta mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre
            de 1963, no es de aplicación a una situación como la controvertida en el litigio principal.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: neerlandés.