CELEX: 62003TO0422(01)
Language: es
Date: 2004-07-02 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2004. # Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Procedimiento sobre medidas provisionales - Directivas 67/548/CEE y 2004/73/CE - Requisitos de admisibilidad. # Asunto T-422/03 R II.

Asunto T‑422/03 R II
      Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech Internacional, Inc.
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Procedimiento sobre medidas provisionales – Directivas 67/548/CEE y 2004/73/CE – Requisitos de admisibilidad»
      Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2004 
      Sumario del auto
      1.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión
      (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      2.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Requisitos de admisibilidad – Demanda – Requisitos de forma – Indicación precisa
            del objeto de la demanda – Requisito de orden público
      [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra d), y 104, ap. 3]
      1.     El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de
         medidas provisionales deben especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los
         antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada.
      
      (véase el apartado 34)
      2.     Una demanda de medidas provisionales que, a falta de precisiones más extensas en cuanto a su objeto, tiene un carácter vago
         e impreciso, no cumple los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia, al cual se remite el artículo 104, apartado 3, de este mismo Reglamento y, por lo tanto, es inadmisible.
      
      El respeto de dicho artículo 44, así como de las demás disposiciones del Reglamento de Procedimiento y, en particular, de
         las que establecen los requisitos de admisibilidad de las demandas de medidas provisionales, es de orden público.
      
      (véanse los apartados 48 y 59)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAde 2 de julio de 2004(1)
            
            
         
            «Procedimiento sobre medidas provisionales  –  Directivas 67/548/CEE y 2004/73/CE  –  Requisitos de admisibilidad»
            
          En el asunto T‑422/03 R II,
         
         
         Enviro Tech Europe Ltd, con domicilio social en Surrey (Reino Unido),Enviro Tech International Inc., con domicilio social en Chicago (Estados Unidos),representadas por los Sres. C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados,
         
         
         partes demandantes,
         
         contra
         Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. X. Lewis y por la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
         
         parte demandada,
         
          que tiene por objeto una demanda encaminada, en primer lugar, a obtener la «suspensión de la inclusión del nPB» en la vigésima
         novena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación
         de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
         peligrosas (DO 1967, 196, p. 1; EE 13/01, p. 50), en segundo lugar, a que se suspenda la ejecución de la incorporación del
         nPB en la Directiva 2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez al progreso
         técnico la Directiva 67/584 (DO L 152, p. 1), y, en tercer lugar, a que se acuerden otras medidas provisionales,
         
         
         
         
         
         EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
         
         
         
         
         
         
         dicta el siguiente
         
         
         Auto
            
               Marco jurídico
            Marco jurídico general
         
         1
            
          La Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (DO 1967, 196, p. 1; EE 13/01,
         p. 50), en su versión modificada por la Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1992, por la que se modifica por
         séptima vez la Directiva 67/548 (DO L 154, p. 1), establece las normas relativas a la comercialización de determinadas «sustancias»,
         definidas como «los elementos químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento
         de producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del
         procedimiento utilizado, pero excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia ni
         modificar su composición».
         
         
         
         2
            
          Desde su adopción, la Directiva 67/548 ha sido modificada en varias ocasiones y, en último lugar, en virtud de la Directiva
         2004/73/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por la que se adapta, por vigésima novena vez, al progreso técnico la Directiva
         67/548 (DO L 152, p. 1).
         
         
         
         3
            
          El artículo 4 de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone que las sustancias deben clasificarse en función de
         sus propiedades intrínsecas, con arreglo a las categorías definidas en su artículo 2, apartado 2. La clasificación de una
         sustancia química como «peligrosa» obliga a poner en su embalaje etiquetas apropiadas que incluyan, en particular, símbolos
         de peligro, frases tipo relativas a los riesgos particulares vinculados con la utilización de la sustancia («frases R»), así
         como frases tipo relativas a los consejos de prudencia con su uso («frases S»).
         
         
         
         4
            
          Según el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, son «peligrosas», en el sentido de dicha
         Directiva, las sustancias y preparados que sean, en particular, «extremadamente inflamables», «fácilmente inflamables», «inflamables»
         o «tóxicos para la reproducción».
         
         
         
         5
            
          El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone que los principios generales de la clasificación
         y etiquetado de sustancias y preparados deben aplicarse de acuerdo con los criterios del anexo VI, salvo cuando existan directivas
         específicas que incluyan disposiciones contrarias respecto a los preparados peligrosos.
         
         
         
         6
            
          El anexo VI, punto 4.2.3, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, establece los criterios aplicables a los efectos
         tóxicos para la reproducción y divide las sustancias que producen tales efectos en tres categorías:
         
         
         
          
         –
            Primera categoría: «sustancias de las que se sabe que perjudican la fertilidad de los seres humanos» y «sustancias de las
               que se sabe producen toxicidad para el desarrollo de seres humanos»;
            
         
         
         
         
          
         –
            Segunda categoría: «sustancias que deben considerarse como perjudiciales para la fertilidad de los seres humanos» y «sustancias
               que deben considerarse como tóxicos para el desarrollo de los seres humanos»;
            
         
         
         
         
          
         –
            Tercera categoría: «sustancias preocupantes para la fertilidad humana» y «sustancias preocupantes para los seres humanos por
               sus posibles efectos tóxicos para el desarrollo».
            
         
         
         
         Adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico
         
         7
            
          El artículo 28 de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone:
         «Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos al progreso técnico se adoptarán conforme al procedimiento establecido
         en el artículo 29.»
         
         
         
         8
            
          En sus observaciones, la Comisión señala que, en la práctica, cuando elabora un primer proyecto de medidas de adaptación de
         la Directiva 67/548 al progreso técnico consulta al grupo de trabajo sobre la clasificación y el etiquetado (en lo sucesivo,
         «grupo de trabajo»). Este grupo está formado por expertos en toxicología y en clasificación delegados por los Estados miembros,
         por representantes de la industria química, así como por representantes del sector industrial más específicamente afectado
         por los productos de que se trate. Tras consultar al grupo de trabajo, la Comisión presenta el proyecto de medidas al comité
         creado por el artículo 29 de la Directiva 67/548 (en lo sucesivo, «comité de reglamentación»).
         
         
         
         9
            
          El artículo 29 de la Directiva 67/548, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo, de 14 de abril
         de 2003, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión
         en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento
         de consulta (unanimidad) (DO L 122, p. 36), dispone:
         
         «1.
            La Comisión estará asistida por un comité.
         
         
               2.
                  En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
               
         
         
         
               El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
                  
               
         
         
         
         
         
         10
            
          El artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos
         para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), dispone:
         
         
               «1.
                  La Comisión estará asistida por un comité de reglamentación compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido
                     por un representante de la Comisión.
                  
               
         
         
         
               2.
                  El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
                     en el plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
                     apartado 2 del artículo 205 del Tratado para las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos
                     de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el mencionado
                     artículo. El presidente no tomará parte en la votación.
                  
               
         
         
         
               3.
                  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará las medidas previstas siempre que sean conformes al dictamen
                     del Comité.
                  
               
         
         
         
               […]»
                  
               
         
         
         Hechos y procedimiento
         
         11
            
          El bromuro de n‑propilo (en lo sucesivo, «nPB») es un disolvente orgánico volátil utilizado, en particular, para la limpieza
         industrial.
         
         
         
         12
            
          La única actividad de Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International Inc. (en lo sucesivo, «demandantes») consiste en
         la producción y venta de un producto fabricado básicamente con nPB denominado «Ensolv». La primera de estas sociedades es
         la filial europea de la segunda y posee una licencia exclusiva para la venta de Ensolv en Europa.
         
         
         
         13
            
          A raíz de la adopción de la Directiva 91/325/CEE de la Comisión, de 1 de marzo de 1991, por la que se adapta, por duodécima
         vez, al progreso técnico la Directiva 67/548 (DO L 180, p. 1), el nPB fue clasificado en el anexo I de la Directiva 67/548
         como sustancia irritante e inflamable.
         
         
         
         14
            
          En la reunión del grupo de trabajo, celebrada del 16 al 18 de enero de 2002, el director de la Health & Safety Executive (Oficina
         para la salud y la seguridad del Reino Unido, en lo sucesivo «HSE») propuso que se clasificara el nPB como sustancia tóxica
         para la reproducción de segunda categoría.
         
         
         
         15
            
          Posteriormente, en abril de 2002, el HSE propuso que se clasificara el nPB como sustancia fácilmente inflamable, basándose
         en los resultados de un nuevo ensayo científico.
         
         
         
         16
            
          Desde entonces, las demandantes han protestado varias veces contra este proyecto de clasificación ante la HSE, la Oficina
         Europea de Sustancias Químicas, así como del grupo de trabajo, y a este fin les han facilitado algunos datos y han expuesto
         ante ellos argumentos científicos en apoyo de su posición.
         
         
         
         17
            
          En su reunión de enero de 2003, el grupo de trabajo decidió recomendar la clasificación del nPB como sustancia fácilmente
         inflamable y tóxica para la reproducción de segunda categoría. Tras la adopción de esta decisión, las demandantes intentaron
         en vano convencer al grupo de trabajo de que se reanudaran sus conversaciones sobre el nPB.
         
         
         
         18
            
          Los días 29 de agosto y 29 septiembre de 2003, respectivamente, las demandantes remitieron sendos escritos a la Comisión en
         los que pedían, en particular, que adoptara las medidas necesarias para corregir los errores que, a su juicio, subyacían a
         las recomendaciones del grupo de trabajo relativas al nPB.
         
         
         
         19
            
          Mediante dos escritos de 3 de noviembre de 2003, la Comisión indicó a las demandantes que las argumentaciones expuestas en
         sus escritos de 29 de agosto y de 29 de septiembre de 2003 no justificaban una modificación de la clasificación del nPB recomendada
         por el grupo de trabajo (en lo sucesivo, «actos impugnados»).
         
         
         
         20
            
          Mediante demanda registrada en la Secretaría el 23 de diciembre de 2003, las demandantes interpusieron un recurso de anulación
         contra los actos impugnados, así como un recurso de indemnización.
         
         
         
         21
            
          Poco después de la interposición del recurso principal se informó a las demandantes de la celebración de una reunión del comité
         de reglamentación, el 15 de enero de 2004, con el fin de aprobar la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548.
         
         
         
         22
            
          Mediante escrito separado, registrado el 30 de diciembre de 2003 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, con arreglo
         a los artículos 242 CE y 243 CE, las demandantes presentaron ante el juez de medidas provisionales una primera demanda de
         medidas provisionales cuyo objeto era que se suspendiera la ejecución de los actos impugnados y que se requiriera a la Comisión
         para que no propusiera la nueva clasificación del nPB en el marco de la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la
         Directiva 67/548 en la próxima reunión del comité de reglamentación, prevista para el 15 de enero de 2004, y ello hasta que
         se resolviera el asunto principal.
         
         
         
         23
            
          En sus observaciones la Comisión puntualizó que la reunión del comité de reglamentación nunca se había previsto para el 15
         de enero de 2004 y que se había aplazado sine die.
         
         
         24
            
          El 3 de febrero de 2004 se dictó un auto por el que se desestimó la primera demanda de medidas provisionales (Envirotech y
         otros/Comisión, T‑422/03 R, Rec. p. II‑0000; en lo sucesivo, «auto de 3 de febrero de 2004»). En este auto el juez de medidas
         provisionales estimó, esencialmente, que, sin que procediera pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso principal, la
         suspensión de la ejecución de los actos impugnados no era de utilidad alguna para las demandantes, en la medida en que no
         podía tener como efecto impedir que la Comisión propusiera la nueva clasificación del nPB. En relación con las demás pretensiones
         de las demandantes, el juez de medidas provisionales estimó que no era necesario examinar los perjuicios supuestamente graves
         e irreparables alegados, ya que las premisas sobre las que se basaban eran, en todo caso, demasiado hipotéticas para justificar
         la concesión de medidas provisionales.
         
         
         
         25
            
          Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero de 2004, la parte
         demandada propuso, en el asunto principal, una excepción de inadmisibilidad, en virtud del artículo 114 del Reglamento de
         Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
         
         
         
         26
            
          Mediante escrito de 5 de abril de 2004, registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día, las demandantes
         presentaron una segunda demanda de medidas provisionales en virtud de los artículos 242 CE y 243 CE, cuyo objeto consiste,
         en particular, en que el juez de medidas provisionales acuerde la suspensión de «la inclusión del nPB por la Comisión en la
         vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548». En su demanda, las demandantes indicaron que la reunión
         del comité de reglamentación prevista para la adopción de la propuesta de vigesimonovena adaptación al progreso técnico de
         la Directiva 67/548 debía celebrarse el 14 de abril de 2004. Además, pidieron al juez de medidas provisionales que, sobre
         la base del artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, se pronunciara antes de que la Comisión hubiera presentado
         sus observaciones.
         
         
         
         27
            
          El 7 de abril de 2004, a requerimiento del juez de medidas provisionales, la Comisión confirmó que la reunión del comité de
         reglamentación prevista para la adopción del proyecto de vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548
         debía celebrarse el 14 de abril de 2004.
         
         
         
         28
            
          El 13 de abril de 2004 las demandantes presentaron, por propia iniciativa, en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
         determinados documentos de los que, según indicaron, sólo habían tenido conocimiento una vez presentada su demanda de medidas
         provisionales. El juez de medidas provisionales resolvió unir dichos documentos a los autos.
         
         
         
         29
            
          El 23 de abril de 2004 la Comisión presentó sus observaciones sobre dichos documentos. Igualmente la Comisión informó al juez
         de medidas provisionales de que el 14 de abril de 2004 el comité de reglamentación había aprobado el proyecto de reclasificación
         del nPB, por una parte, como sustancia fácilmente inflamable (R 11) y, por otra, como sustancia tóxica para la reproducción,
         de segunda categoría (R 60) y tercera categoría (R 63).
         
         
         
         30
            
          El 14 de mayo de 2004 las demandantes presentaron otros documentos al juez de medidas provisionales y le informaron de que
         el 29 de abril de 2004 la Comisión había adoptado formalmente la Directiva 2004/73, por la que se adapta, por vigesimonovena
         vez, al progreso técnico la Directiva 67/548 y mediante la que se clasifica el nPB en las categorías R 11 y R 60. Considerando
         estos elementos, las demandantes han formulado nuevas pretensiones, cuyo objeto es que se suspenda la ejecución de la incorporación
         del nPB en la Directiva 2004/73. El 17 de mayo de 2004 el juez de medidas provisionales acordó unir dichos nuevos documentos
         a los autos. El 26 de mayo de 2004 la Comisión presentó sus observaciones sobre estos nuevos documentos y sobre dichas pretensiones.
         
         Pretensiones
         
         31
            
          En su presente demanda, las demandantes solicitan al juez de medidas provisionales que:
         
         
         
          
         –
            «Acuerde la admisión de su demanda y la declare fundada» (en lo sucesivo, «primera pretensión»).
         
         
         
         
          
         –
            «Declare que es necesario acordar medidas provisionales para impedir que las demandantes sufran un daño irreparable» (en lo
               sucesivo, «segunda pretensión»).
            
         
         
         
         
          
         –
            «Suspenda la inclusión por la Comisión del nPB en la vigésimo novena adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico
               hasta que se resuelva el recurso principal» (en lo sucesivo, «tercera pretensión»).
            
         
         
         
         
          
         –
            «Adopte cualquier otra medida provisional que el [juez de medidas provisionales] considere apropiada para impedir la nueva
               clasificación del nPB en las categorías R 11 y R 60 » (en lo sucesivo, «cuarta pretensión»).
            
         
         
         
         
          
         –
            Condene en costas a la Comisión.
         
         
         
         
         
         32
            
          En su escrito de 14 de mayo de 2004, las demandantes solicitan además al juez de medidas provisionales que:
         
         
         
          
         –
            «Suspenda la incorporación del nPB en la vigesimonovena adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico» (en lo sucesivo,
               «quinta pretensión»).
            
         
         
         
         
          
         –
            «Ordene a la Comisión notificar inmediatamente a los Estados miembros que queda en suspenso dicha incorporación hasta que
               se resuelva el asunto principal» (en lo sucesivo, «sexta pretensión»).
            
         
         
         
         
          
         –
            «Acuerde cualquier otra medida necesaria para garantizar la tutela judicial provisional de las demandantes» (en lo sucesivo,
               «séptima pretensión»).
            
         
         
         
         
         
         33
            
          La Comisión, por su parte, solicita al juez de medidas provisionales que:
         
         
         
          
         –
            Desestime la demanda de medidas provisionales.
         
         
         
         
          
         –
            Condene en costas a las demandantes.
         
         
         
         Fundamentos de Derecho
         
         34
            
          El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar
         el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos
         de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus bonis iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales
         deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996,
         SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, apartado 30]. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo,
         en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2001,
         Austria/Consejo, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, apartado 73).
         
         
         
         35
            
          Además, en el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación
         y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia
         de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario
         le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [auto
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C‑149/95 P(R), Rec.
         p. I‑2165, apartado 23].
         
         Alegaciones de las partes Sobre la admisibilidad
         
         
         36
            
          En sus observaciones la Comisión, poniendo de relieve que las demandantes pretenden que se suspenda una medida distinta de
         aquella cuya anulación solicitaron en el recurso principal, indica que no es necesario examinar esta cuestión, ya que el recurso
         principal y, por consiguiente, la demanda de medidas provisionales son manifiestamente inadmisibles. Más concretamente, en
         relación con la admisibilidad del recurso principal, la Comisión sostiene que el recurso de anulación presentado por las demandantes
         es manifiestamente inadmisible, en la medida en que éstas pretenden impugnar actos que no afectan a su situación jurídica.
         
         
         
         37
            
          Las demandantes, en cambio, sostienen que están legitimadas para impugnar los actos objeto del recurso, con arreglo al artículo
         230 CE, párrafo cuarto, en la medida en que dichos actos son decisiones de la Comisión, firmadas por un director y de las
         que ellas son las destinatarias directas. Sostienen las demandantes que, por lo tanto, no tienen que demostrar que los actos
         impugnados les afectan directa e individualmente, ya que este criterio sólo se aplica a las decisiones dirigidas a terceros.
         Las demandantes alegan asimismo que tienen legitimación activa en virtud únicamente del razonamiento seguido por el Tribunal
         de Primera Instancia en su sentencia de 30 de enero de 2002, max. mobil/Comisión (T‑54/99, Rec. p. II‑313, apartado 71).
         
         Sobre el fumus boni iuris
         
         38
            
          Las demandantes consideran que el recurso contra los actos impugnados no es manifiestamente infundado. A efectos de una presentación
         más detallada de la argumentación de las demandantes relativa al fumus boni iuris, se hace una remisión, esencialmente, a los apartados 36 a 40 del auto de 3 de febrero de 2004.
         
          Sobre la urgencia
         
         
         39
            
          En su demanda de 5 de abril de 2004 las demandantes estiman que es necesario adoptar medidas provisionales a causa de la urgencia
         con la que se debe impedir la adopción, entonces prevista para el 14 de abril de 2004, de la vigesimonovena adaptación al
         progreso técnico de la Directiva 67/548. En particular, las demandantes sostienen que la adopción y la ejecución de la decisión
         de la Comisión de reclasificar el nPB, que determina con certeza su nueva clasificación con motivo de la vigesimonovena adaptación
         al progreso técnico de la Directiva 67/548, traen consigo tres consecuencias negativas que pueden causarles un perjuicio grave
         e irreparable, perjuicio que, por lo demás, puede demostrarse con un grado de certeza suficiente.
         
         
         
         40
            
          Las demandantes sostienen, en primer lugar, que la nueva clasificación del nPB como sustancia fácilmente inflamable y tóxica
         para la reproducción de segunda categoría invalida su patente sobre el Ensolv, en la medida en que ésta se basa en las propiedades
         ininflamables y no peligrosas del nPB.
         
         
         
         41
            
          Las demandantes alegan, en segundo lugar, que la nueva clasificación del nPB como sustancia fácilmente inflamable les obliga,
         en primer lugar, a identificar este producto como tal y a modificar su ficha de datos de seguridad, en segundo lugar, a modificar
         sus prácticas en cuanto a transporte, manipulación y almacenamiento y, en tercer lugar, a aconsejar a sus clientes que hagan
         lo propio, y ello en virtud de lo dispuesto en la Directiva 67/548, en relación con la Directiva 1999/45/CE del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
         de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado y el etiquetado de preparados peligrosos (DO L 200, p. 1).
         Señalan que, habida cuenta de estos diversos imperativos, los clientes de las demandantes ya no distinguirán el Ensolv de
         otros productos. Pues bien, a su juicio, en la medida en que las actividades de las demandantes se basan únicamente en este
         producto, su supervivencia se verá amenazada.
         
         
         
         42
            
          Las demandantes señalan, por último, que la nueva clasificación del nPB como sustancia tóxica para la reproducción de segunda
         categoría les obliga a proponer y ofrecer en el plazo más breve posible productos sustitutivos del nPB más «seguros» que esta
         sustancia, con arreglo a la Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones
         de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DO
         L 85, p. 1). Afirman que esta nueva clasificación implica asimismo un cambio del régimen de autorización del nPB en el marco
         del futuro Reglamento «REACH».
         
         
         
         43
            
          Las demandantes agregan que si se retirara el nPB progresivamente o ya no se comprara debido a determinados imperativos de
         carácter normativo y financiero, cesarían en sus actividades, por lo que las referidas pérdidas y perjuicios futuros no serían
         cuantificables ni reparables.
         
          Sobre la ponderación de intereses
         
         
         44
            
          En relación con la ponderación de los intereses las demandantes observan en su demanda que las medidas provisionales solicitadas
         únicamente mantendrían la situación actual hasta que se resolviera el asunto principal.
         
         
         
         45
            
          Aunque rechazan la premisa de que el nPB puede clasificarse como sustancia inflamable sin que ningún ensayo adecuado apoye
         esta posición, a juicio de las demandantes, la clasificación actual pone sobre aviso suficientemente a los usuarios del nPB
         sobre sus supuestas propiedades inflamables. Manifiestan que la clasificación como sustancia fácilmente inflamable no tiene
         otro objeto y, en cambio, obliga a las demandantes a poner fin a sus actividades antes de que se resuelva el asunto principal.
         Además, las demandantes observan que desde la introducción del nPB en Europa y en el resto del mundo, no se ha tenido noticia
         de incidente alguno provocado por las supuestas propiedades inflamables de dicha sustancia.
         
         
         
         46
            
          Las demandantes sostienen que puede aplicarse el mismo razonamiento a la propuesta de nueva clasificación del nPB como sustancia
         tóxica para la reproducción de segunda categoría ya que, a falta de medidas provisionales, las demandantes deberán presentar
         y aplicar inmediatamente un programa de retirada progresiva del nPB con arreglo a la Directiva 1999/13. Con carácter subsidiario,
         las demandantes están dispuestas a aceptar una clasificación temporal como sustancia tóxica para la reproducción de tercera
         categoría, hasta que se resuelva el asunto principal.
         
         
         
         47
            
          Por último, las demandantes señalan que procede conceder las medidas provisionales solicitadas, máxime en el presente asunto
         por cuanto es necesario, por lo demás, aclarar, en primer lugar, que la Comisión no está autorizada a clasificar sustancias
         sin emplear los métodos de ensayo y recurrir a los criterios de clasificación previstos específicamente para ello en la Directiva
         67/548, en segundo lugar, que no puede aplicarse el principio de cautela en materia de clasificación sobre la base de la peligrosidad
         y, por último, la importancia de las competencias del grupo de trabajo en la adopción de decisiones de carácter político.
         
         Apreciación del juez de medidas provisionales
         
         48
            
          Con carácter preliminar, debe recordarse que el respeto de las disposiciones del Reglamento de Procedimiento y, en particular,
         los requisitos de admisibilidad de las demandas de medidas provisionales son de orden público (véase, en este sentido, el
         auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de mayo de 2002, Aden y otros/Consejo y Comisión, T‑306/01 R, Rec.
         p. II‑2387, apartados 43 a 46).
         
         
         
         49
            
          En el estado de los autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse
         sobre la presente demanda de medidas provisionales, y que carece de utilidad oír las explicaciones orales de las partes.
         
         
         
         50
            
          A este respecto, sin que sea necesario pronunciarse sobre si, a primera vista, el recurso principal es manifiestamente inadmisible,
         el juez de medidas provisionales considera que, en el caso de autos, deben analizarse de manera consecutiva las pretensiones
         formuladas por las demandantes, tal como a ellas se ha hecho referencia en los apartados 31 y 32 supra.
         
         
         51
            
          En lo que respecta, en primer lugar, a las pretensiones primera y segunda, sin que sea necesario apreciar si, como tales,
         podrían ser de alguna utilidad para las demandantes, resulta patente que su posible adopción dependerá de la admisibilidad
         y de la procedencia de las demás pretensiones.
         
         
         
         52
            
          En relación, en segundo lugar, con la tercera pretensión, cuyo objeto es que se suspenda «la inclusión por la Comisión del
         nPB en la vigesimoneva adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico», debe señalarse, ante todo, que está redactada
         en términos particularmente ambiguos. En efecto, en la medida en que la «inclusión… del nPB en la vigesimonovena adaptación
         de la Directiva 67/548 al progreso técnico», sólo puede resultar, literalmente, de la adopción definitiva de esta disposición,
         la tercera pretensión parece deber interpretarse en el sentido de que su objeto consiste en la suspensión de la ejecución
         del texto final, tal como lo ha adoptado la Comisión. No obstante, algunos pasajes de la demanda de medidas provisionales
         dan también a entender, que con esta pretensión, las demandantes piden, en realidad, al juez de medidas provisionales que
         impida a la Comisión y/o al comité de reglamentación ejercer sus competencias legislativas con miras a la vigesimonovena adaptación
         de la Directiva 67/548 al progreso técnico. Ello es así, en particular, por lo que respecta a los pasajes mediante los que
         las demandantes indican que pretenden que se evite la adopción del proyecto presentado por la Comisión al comité de reglamentación.
         
         
         
         53
            
          Sin que sea preciso pronunciarse sobre si esta falta de claridad determina, de por sí, la inadmisibilidad de la tercera pretensión,
         es evidente que, en todo caso, ésta debe ser desestimada.
         
         
         
         54
            
          En efecto, en primer lugar, dado que el objeto de la tercera pretensión, tal como debe ser interpretada, es impedir que la
         Comisión y/o el comité de reglamentación ejerzan sus competencias legislativas para la inclusión del nPB en la vigesimonovena
         adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico, debería examinarse conjuntamente con la cuarta pretensión, cuyo objeto
         consiste en que el juez de medidas provisionales adopte «cualquier otra medida… adecuada para impedir la nueva clasificación
         del nPB en las categorías R 11 y R 60».
         
         
         
         55
            
          A este respecto, sin que sea necesario examinar si estas dos pretensiones son admisibles y, en particular, si resulta contrario
         a los principios de reparto de competencias entre las distintas instituciones comunitarias acordar medidas provisionales cuyo
         efecto consista en impedir, aunque sea con carácter provisional, que la Comisión y el comité de reglamentación ejerzan sus
         competencias en materia legislativa (véanse, por analogía, los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12
         de julio de 1996, Sogecable/Comisión, T‑52/96 R, Rec. p. II‑797, apartados 39 a 41, y de 5 de diciembre de 2001, Reisebank/Comisión,
         T‑216/01 R, Rec. p. II‑3481, apartado 52), debe declararse que estas pretensiones ya han quedado sin objeto por cuanto, el
         29 de abril de 2004, la Comisión adoptó la Directiva 2004/73.
         
         
         
         56
            
          En segundo lugar, si bien la tercera pretensión debe interpretarse en el sentido de que su objeto consiste en que se suspenda
         la incorporación del nPB en la vigesimonovena adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico, debe ser apreciada conjuntamente
         con la quinta pretensión, cuyo objeto consiste en la suspensión de la ejecución de la incorporación del nPB en la Directiva
         2004/73. Pues bien, debe señalarse al respecto que el objeto de estas dos pretensiones consiste en que se suspenda la ejecución
         de acto que las demandantes no han impugnado en su recurso principal, contrariamente a lo prescrito en el artículo 104, apartado
         1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
         
         
         
         57
            
          Por consiguiente, procede desestimar las pretensiones tercera, cuarta y quinta.
         
         
         
         58
            
          En consecuencia, debe desestimarse asimismo la sexta pretensión, cuyo objeto consiste en que el juez de medidas provisionales
         ordene a la Comisión que notifique inmediatamente a los Estados miembros que se suspende la ejecución de dicha incorporación
         hasta que se resuelva el asunto principal.
         
         
         
         59
            
          En relación, por último, con la séptima pretensión, cuyo objeto consiste en que el juez de medidas provisionales «acuerde
         cualquier otra medida necesaria para garantizar la tutela judicial provisional de los demandantes», debe señalarse que las
         demandantes no dan ninguna explicación que pueda aclarar suficientemente esta parte de su pretensión, que tiene un carácter
         vago e impreciso. A falta de precisiones más extensas en cuanto a su objeto, tal pretensión no cumple los requisitos del artículo
         44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento, al cual se remite el artículo 104, apartado 3, de este mismo Reglamento
         y, por lo tanto, es inadmisible (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12 de
         febrero de 1996, Lehrfreund/Consejo y Comisión, T‑228/95 R, Rec. p. II‑111, apartado 58).
         
         
         
         60
            
          Por consiguiente, teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden, procede desestimar, en todo caso, las pretensiones
         formuladas por las demandantes. Por lo tanto, debe desestimarse la demanda de medidas provisionales en su integridad.
         
         
         En virtud de todo lo expuesto,
         
         
         
            
            EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
         
         
          resuelve:
         
            
            
            
               1)
                  Desestimar la demanda de medidas provisionales.
               
            
            
            
            
               2)
                  Reservar la decisión sobre las costas.
               
            
             Dictado en Luxemburgo, el 2 de julio de 2004.
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente
               
            
         
         
         
                  H. Jung
               
               
                  B. Vesterdorf
               
            
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: inglés.