CELEX: C2003/264/54
Language: es
Date: 2003-11-01 00:00:00
Title: Asunto T-278/03: Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2003 contra el Consejo de la Unión Europea por Van Mannekus & Co. B.V.

1.11.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 264/31
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:             Recurso interpuesto el 8 de agosto de 2003 contra el
                                                                         Consejo de la Unión Europea por Van Mannekus & Co.
                                                                                                         B.V.
—     Anule o modifique la Decisión de la Comisión E
      (2003)738 final, de 25 de marzo de 2003, relativa a la                                    (Asunto T-278/03)
      devolución de las cantidades pagadas indebidamente en
      concepto de salario a la Sra. Dionysia Vlachaki, antigua                                    (2003/C 264/54)
      agente auxiliar, eliminando el artículo 1, letra b), de esta
      Decisión para que la demandante no esté obligada a pagar                            (Lengua de procedimiento: alemán)
      a la demandada los suplementos citados en este pasaje y,
      en particular, en concepto de intereses de demora y de
      suplementos devengados hasta el 23 de julio de 2003, la            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      cantidad de 2 847,32 euros, compuesta, en virtud del               presentado el 8 de agosto de 2003 un recurso contra el
      artículo 1 de la Decisión, por las siguientes cantidades:          Consejo de la Unión Europea formulado por Van Mannekus &
      1 344,04 euros devengados hasta el 10 de abril de 2001,            Co. B.V., con domicilio social en Schiedam (Países Bajos),
      1 023,88 euros devengados en el período del 11 de abril            representada por el Sr. H. Bleier, abogado.
      de 2001 al 31 de diciembre de 2002, y 479,40 euros
      devengados entre el 1 de enero al 23 de julio de 2003
      (204 días × 2,35 euros = 479,40 euros).                            La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                         —     Anule el Reglamento (CE) no 985/2003 del Consejo, de
                                                                               5 de junio de 2003, por el que se modifican las medidas
—     Con carácter subsidiario, anule o modifique la Decisión                  antidumping impuestas por el Reglamento (CE) no 1334/
      de la Comisión E (2003)738 final, de 25 de marzo de                      1999 del Consejo sobre las importaciones de óxido de
      2003, relativa a la devolución de las cantidades pagadas                 magnesio originarias de la República Popular China (1).
      indebidamente en concepto de salario a la Sra. Dionysia
      Vlachaki, antigua agente auxiliar, eliminando el artículo 1,       —     Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.
      letra b), primer guión de dicha Decisión para que la
      demandante no esté obligada a pagar a la demandada la
      cantidad de 1 344,03 euros.                                        Motivos y principales alegaciones
                                                                         Mediante el Reglamento impugnado el Consejo modificó, en
—     Condene en costas a la demandada.                                  virtud de una reconsideración provisional parcial, el tipo de
                                                                         los derechos antidumping sobre las importaciones de óxido de
                                                                         magnesio originarias de la República Popular China. En su
                                                                         condición de importadora, la sociedad demandante había
                                                                         participado en el procedimiento de reconsideración que prece-
                                                                         dió al Reglamento impugnado. La demandante alega que el
                                                                         Reglamento infringe el Derecho comunitario material, porque
Motivos y principales alegaciones
                                                                         el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo (2) se aplicó
                                                                         erróneamente en una considerable medida.
                                                                         La demandante alega que fue sobre todo erróneo iniciar una
La Decisión impugnada solicita a la demandante que reembolse             reconsideración parcial de oficio. Afirma que, en cualquier
a la demandada la cantidad de 13 182,18 euros, pagados por               caso, los motivos expuestos en la notificación de la Comisión
error después de que expirara su contrato con la Comisión; a             no justifican una reconsideración. La Comisión había alegado
dicha suma se le han sumado, por otra parte, los intereses de            que el hecho de no haberse establecido una distinción entre las
demora. El recurso se dirige contra la Decisión en la medida             ventas realizadas a partes vinculadas y las ventas realizadas a
en que exige el pago de intereses de demora. Según la parte              partes independientes o entre las ventas directas y las ventas
demandante, se le impone erróneamente el pago de intereses,              indirectas, «puede dar lugar a dificultades en la aplicación de
puesto que la imposibilidad en la que se halla de reembolsar la          las normas jurídicas». Según la demandante, lo anterior es
cantidad principal se debe a graves problemas económicos y               inexacto. En la aplicación de las normas jurídicas ya no puede
de salud en su familia, lo que constituye un caso de fuerza              surgir dificultad alguna.
mayor. Por otro lado, alega que no se le ha invitado a presentar
sus observaciones antes de que se adoptara la Decisión
                                                                         La demandante añade que la motivación del Reglamento
impugnada. Por último, observa que, en cualquier caso, no
                                                                         impugnado diverge de la que figura en la notificación del inicio
puede estar obligada a pagar los intereses correspondientes al
                                                                         de la reconsideración provisional parcial. Ello supone o bien
período anterior al 10 de abril de 2001, puesto que la
                                                                         un defecto formal de motivación o bien, desde el punto de
Comisión renunció implícitamente al devengo de intereses
                                                                         vista material, que no existen razones fundadas para modificar
correspondientes a este período.
                                                                         el tipo de los derechos. El Reglamento impugnado establece
                                                                         erróneamente diferencias entre las ventas realizadas a partes
                                                                         vinculadas y las ventas realizadas a partes independientes
                                                                         o entre las ventas directas y las ventas indirectas en la
                                                                         Comunidad.
 ---pagebreak--- C 264/32               ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                           1.11.2003
La demandante alega asimismo que el Reglamento impugnado                   Motivos y principales alegaciones
infringe el Reglamento no 384/96, ya que la reconsideración
provisional parcial no autoriza a modificar el nivel de los                Las demandantes ofrecen seguros de enfermedad privados en
derechos. Con arreglo a la notificación, la investigación debería          Irlanda. En la Decisión impugnada, la Comisión decidió no
haberse limitado «a la forma de las medidas vigentes», pero no             formular objeción alguna al sistema de igualación de los
fue así. Más aún, el nivel de los derechos ad valorem se fijó de           riesgos que pretendían aplicar las autoridades irlandesas en el
un modo arbitrario. El Reglamento (CE) no 384/96 no prevé                  mercado irlandés de los seguros de enfermedad privados.
que puedan utilizarse resultados de investigación que daten de             En opinión de las demandantes, dicho sistema tiene como
más de 12 años. No permite que se utilicen resultados de una               consecuencia conferir una subvención a la entidad que ostenta
investigación que tengan una antigüedad mayor de cinco años.               una posición dominante en el mercado de los seguros de
                                                                           enfermedad, a saber, el Voluntary Health Insurance Board;
                                                                           dicha subvención se financia mediante un gravamen pecuniario
Finalmente, en la última reconsideración no pudo determinarse              que recae sobre las demandantes.
ningún margen concreto de dumping, y es incomprensible
cómo se pudo calcular sobre esa base un derecho de aduana
del 27,1 %.                                                                En apoyo de su recurso, las demandantes invocan, en primer
                                                                           lugar, la aplicación incorrecta por parte de la Comisión del
                                                                           artículo 87 CE, apartado 1. Las demandantes señalan que la
(1) DO L 143, p. 1.                                                        Comisión consideró que el sistema de igualación de riesgos
(2) Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de           cumplía, en principio, los requisitos que el del artículo 87 CE,
    1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean          apartado 1 establece para las ayudas. No obstante, la Comisión
    objeto de dumping por parte de países no miembros de la                decidió que dicho sistema compensaba al Voluntary Health
    Comunidad Europea (DO L 56, p. 1), modificado por última vez           Insurance Board por las obligaciones de servicio público que
    por el Reglamento (CE) n o 1972/2002 (DO L 305, p. 1).                 éste había asumido.
                                                                           Las demandantes consideran que la Comisión aplicó incorrec-
                                                                           tamente el criterio de compensación del servicio público que
                                                                           establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (1). Las
                                                                           demandantes señalan que las obligaciones a que se refiere la
                                                                           Comisión eran las exigencias de que las entidades que ofrecen
                                                                           seguros de enfermedad privados en Irlanda se atengan a los
Recurso interpuesto el 19 de agosto de 2003 contra la                      principios de ausencia de restricciones de adhesión, tarificación
Comisión de las Comunidades Europeas por British Uni-
                                                                           sobre una base uniforme, prestaciones mínimas y cobertura
ted Provident Association Limited, BUPA Insurance Limi-
                                                                           vitalicia. A juicio de las demandantes, éstas no deben conside-
                  ted y BUPA Ireland Limited                               rarse obligaciones de servicio público ni obligaciones origina-
                                                                           das por la prestación de servicios de interés económico general.
                       (Asunto T-289/03)                                   Dichas obligaciones representan más bien la normativa general
                                                                           del mercado de seguros de enfermedad privados, aplicable a
                                                                           todas las entidades aseguradoras. Además, las demandantes
                        (2003/C 264/55)                                    afirman que la Comisión no tuvo en cuenta si las citadas
                                                                           obligaciones imponían una carga pecuniaria al Voluntary
                  (Lengua de procedimiento: inglés)                        Health Insurance Board.
                                                                           Las demandantes señalan que la base jurídica alternativa
                                                                           utilizada por la Comisión para fundamentar la Decisión
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     controvertida fue la circunstancia de que podía aprobarse el
Europeas se ha presentado el 19 de agosto de 2003 un recurso               sistema de igualación de riesgos al amparo del artículo 86 CE,
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                   apartado 2. Afirman que la Comisión no se aseguró de que
por British United Provident Association Limited, con domici-              concurrían los requisitos de aprobación que establece dicho
lio social en Londres (Reino Unido), BUPA Insurance Limited,               artículo. Las demandantes entienden que las obligaciones
con domicilio social en Londres (Reino Unido) y BUPA Ireland               principales de las entidades que ofrecen seguros de enfermedad
Limited, con domicilio social en Dublín (Irlanda), representadas           privados no constituían unos servicios de interés económico
por el Sr. N. Green QC, el Sr. K. Bacon, Barrister, el Sr. B Amory,        general. Precisan además que las alegaciones de la Comisión
abogado, y el Sr. J. Burke, Barrister.                                     sobre la necesidad y la proporcionalidad se fundaban tanto en
                                                                           un razonamiento equivocado como en manifiestos errores de
                                                                           hecho. Las demandantes añaden que la Comisión no consideró
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera                    si el sistema podía afectar al desarrollo de los intercambios de
Instancia que:                                                             forma contraria al interés de la Comunidad.
—     Anule la Decisión C(2003)1322 final de la Comisión, de               Las demandantes señalan asimismo que la Comisión incurrió
      13 de mayo de 2003.                                                  en un error al no haber tenido en cuenta si el sistema de
                                                                           igualación de riesgos infringía el artículo 82 CE, en relación
—     Condene a la Comisión al pago de las costas de las                   con el artículo 86 CE, apartado 1, los artículos 43 CE y 49 CE
      demandantes.                                                         y la Directiva 92/49/CEE (2).