CELEX: 51997DC0168
Language: es
Date: 1997-04-23 00:00:00
Title: Recomendación de la Comisión sobre las Orientaciones Generales de Política Económica de los Estados miembros y la Comunidad elaboradas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Tratato constitutivo de la Comunidad Europea

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                                   Bruselas, 23.04.1997
                                                   COM(97) 168 final
Recomendación de la Comisión sobre las Orientaciones
   Generales de Política Económica de los Estados
                 miembros y la Comunidad
      elaboradas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del
              Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
 ---pagebreak---  ---pagebreak---                                              índice
1. Objetivos principales: crecimiento, empleo y convergence                                 I
2. Una combinación de políticas macroeconómicas centrada en el crecimiento y la estabilidad 2
3. Estabilidad de precios y de tipos de cambio                                              3
4. Unas finanzas públicas saneadas y eficientes                                             4
5. Reformas estructurales para fomentar el crecimiento y el empleo                          7
   5.1.   Mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios                        8
   5.2.   Impulsar la reforma del mercado laboral y la inversión en conocimiento            8
                                                                                              A6L
 ---pagebreak---     Orientaciones generales de política económica
         de los Estados miembros y la Comunidad
1. Objetivos principales: crecimiento, empleo y convergencia
Desde el verano de 1996, momento en que se adoptaron las anteriores Orientaciones, la
Comunidad ha registrado una recuperación económica moderada. Las variables fundamentales de
la oferta siguen mejorando mientras que las perspectivas de la demanda son alentadoras. Esta
evolución, combinada con una política macroeconómica cada vez más equilibrada, permitirá que el
crecimiento de la producción se fortalezca progresivamente hasta situarse en su nivel tendencial
este año y por encima del mismo el próximo año.
En las circunstancias actuales, debe darse prioridad a dos aspectos fundamentales de la política
económica, en los que los logros se refuerzan mutuamente. En primer lugar, aunque se prevé que el
empleo aumentará moderadamente a corto plazo, es preciso aumentar la baja tasa de empleo
comunitaria y reducir el desempleo de forma significativa. En segundo lugar, a pesar de que en los
últimos años se han dado pasos importantes hacia la estabilidad de precios y la sostenibilidad de
las finanzas públicas, es necesario avanzar en la consecución y mantenimiento de un elevado nivel
de convergencia nominal, de forma que un número importante de Estados miembros pueda
participar en la UEM a partir del 1 de enero de 1999. Resulta muy importante - también para el
crecimiento y el empleo - que en los próximos trimestres se evite cualquier duda acerca del
cumplimiento de los criterios de Maastrich y la fecha de inicio de la moneda única, a fin de que los
ciudadanos y los empresarios europeos tengan la seguridad de que van a aprovecharse las
oportunidades que ofrece la UEM. Dado que unas finanzas públicas más sanas repercutirán a
medio plazo positivamente sobre el crecimiento y el empleo, la continuación del esfuerzo de
consolidación presupuestaria responde a los intereses de todos los Estados miembros.
Con el mercado interior y la UEM, la Comunidad se está convirtiendo en una de las entidades
económicas más importantes del mundo. Posee un considerable potencial a medio y largo plazo en
lo que se refiere a progreso tecnológico y creación de trabajo y de riqueza. Para que este potencial
se traduzca íntegramente en un aumento del nivel de vida, la Comunidad debe lograr
progresivamente una elevada tasa de empleo, lo cual contribuirá a su vez a salvaguardar la
viabilidad de los sistemas de pensiones, de manera reformada, parte integral de los sistemas de
protección social de los Estados miembros.
El restablecimiento de un crecimiento sostenido, elevado y no inflacionista es la mejor forma, tanto
desde el punto de vista político como social, de llegar a una solución duradera al problema del
desempleo en la Comunidad, así como de seguir avanzando hacia unas finanzas públicas saneadas.
Además, puesto que las deficiencias estructurales siguen frenando tanto el crecimiento como la
traducción de éste en empleo adicional, la mayoría de Estados miembros precisa efectuar reformas
estructurales. No obstante, las políticas para mejorar la competitividad y el funcionamiento de los
mercados de productos, servicios y trabajo darán fruto cuando la economía se expanda con rapidez
y esté en condiciones de generar un elevado número de puestos de trabajo.
                                                                                                     it
 ---pagebreak--- Un crecimiento generador de empleo debe venir apoyado por una inversión privada y pública
elevada. Dada la relativa debilidad de la inversión privada desde principios del decenio de los
noventa y la contracción de la inversión pública, la actual tasa de inversión comunitaria es
bastante baja. Si se mantiene la actual tasa de inversión a medio plazo, sólo se logrará una tasa de
crecimiento ligeramente por encima del 2% anual. En consecuencia, es muy importante que se
aprovechen plenamente las actuales condiciones favorables a la inversión, a saber, elevada
rentabilidad y bajos tipos de interés. Además, debe apoyarse activamente la creación de redes
paneuropeas de transporte, energía y comunicaciones, en la que los instrumentos financieros
comunitarios y el BEI han de desempeñar una función fundamental, junto con una mayor
participación del sector privado. También debe incrementarse la inversión en recursos humanos,
conocimientos y competencias.
En este contexto, de conformidad con el artículo 102 A del Tratado, se insta a los Estados
miembros y a las instituciones comunitarias a aplicar unas políticas económicas orientadas a la
obtención de un crecimiento sostenible y no inflacionista y a un elevado nivel de empleo, que
figuran entre los objetivos establecidos en el artículo 2 del Tratado. Con esta finalidad, también se
les insta a coordinar sus políticas (artículos 3 A, 102 A y 103), en el contexto de una mayor
integración de las economías de los Estados miembros.
2. Una combinación de políticas macroeconómicas centrada en el
       crecimiento y la estabilidad
Las actuales Orientaciones reafirman que para lograr un crecimiento de la producción sostenido y
basado en la inversión, así como la creación de empleo a medio plazo sin generar tensiones
inflacionistas, sigue siendo necesaria una política macroeconómica común que desarrolle los tres
elementos enunciados en las Orientaciones de 1996:
- "Una política monetaria orientada hacia la estabilidad cuyo funcionamiento no se vea
     comprometido por una evolución presupuestaria y salarial inadecuada,
- esfuerzos sostenidos para consolidar las finanzas públicas de la mayoría de los Estados
     miembros, de conformidad con los objetivos de sus programas de convergencia,
- una evolución de los salarios nominales compatible con el objetivo de la estabilidad de precios;
     al tiempo que la evolución de los salarios reales debería mantenerse inferior al aumento de la
     productividad para fortalecer la rentabilidad de las inversiones creadoras de empleo.
 Cuanto más secundada esté la función estabilizadora de la política monetaria por una política
 presupuestaria y una evolución de los salarios adaptados, más las condiciones monetarias,
 incluidos los tipos de cambio y los tipos de interés a largo plazo, favorecerán el crecimiento y
 empleo."
 En cuanto a las perspectivas a medio plazo, es importante que las administraciones, los
 interlocutores sociales y los agentes económicos tengan presente que la UEM supondrá un
 auténtico cambio de sistema, que transformará la manera en que se fijan los salarios y se decide la
 política macroeconómica.
 (i)       Una política monetaria común, regida por un Banco Central Europeo independiente, tendrá
           como objetivo fundamental la estabilidad de precios aunque, de forma simultánea y sin
           perjuicio de este objetivo, apoyará las políticas económicas en la Comunidad a fin de
           contribuir al logro de los objetivos fijados en el artículo 2 del Tratado.
 ---pagebreak--- (ii)      Las disposiciones del Tratado en el ámbito de la política presupuestaria (artículos 104 a
          104 C y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento impulsarán la adopción de unas políticas
          presupuestarias saneadas y disciplinadas. Siempre que se respeten estas disposiciones, la
          responsabilidad de las políticas presupuestarias residirá en los gobiernos nacionales
          soberanos, que deberán coordinar sus políticas presupuestarias en el marco de las
          Orientaciones Generales de Política Económica.
(iii)     Respecto a los salarios, que serán acordados por interlocutores sociales autónomos según
          la tradición de los distintos países, las políticas monetaria y presupuestaria, orientadas a la
          estabilidad así como la imposibilidad de las oscilaciones cambiarías dentro de la zona
          euro, reforzarán tanto las condiciones como los incentivos para una correcta evolución. En
          el mismo sentido incidirá un intenso diálogo social a escala nacional, siempre que sea
          posible y responda a la práctica anterior. A escala comunitaria, la Comisión, de
          conformidad con el artículo 118 B, seguirá desarrollando dicho diálogo, especialmente en
          materia de política macroeconómica, con objeto de encontrar un terreno común de
          entendimiento respecto a la política económica fijada en las Orientaciones. La contribución
          de los interlocutores sociales europeos sobre el marco macroeconómico, transmitida al
          Consejo Europeo de Dublin, constituye un paso importante en la dirección correcta y que
          merece recibir todo el apoyo.
 Si todos los implicados son capaces de responder a estas nuevas exigencias, la combinación de
 políticas macroeconómicas seguirá favoreciendo un crecimiento elevado, sostenido y generador de
 empleo en la Comunidad. Con ello, el logro de la UEM fijará, de forma irreversible, la política
 macroeconómica que, de forma progresiva, se ha ido estableciendo en la Comunidad.
 3. Estabilidad de precios y de tipos de cambio
 Estabilidad de precios - La Comunidad ha avanzado considerablemente en cuanto a la estabilidad
 de precios y a la convergencia en el ámbito de la inflación, requisito esencial tanto para lograr un
 crecimiento sostenido a medio plazo como para adoptar la moneda única. Se prevé que la inflación
 en la Comunidad se situará como media en el VA % en 1997, la tasa más baja desde el inicio de la
 Comunidad. En la perspectiva de la UEM, la Comunidad debe fijarse como objetivo disminuir su
 tasa media de inflación a un 2% y mantenerla en este nivel a medio plazo.
 En febrero de 1997, nueve Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia,
 Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia) tenían una tasa de inflación igual o
 inferior al 2 % ' . Habiendo conseguido ya una estabilidad de precios satisfactoria, estos países
 deben seguir manteniendo este resultado a medio plazo. En un contexto de recuperación sostenida,
 Irlanda y el Reino Unido^ deben mantener una política destinada a evitar cualquier resurgimiento
 de presiones inflacionistas subyacentes y, cuando sea preciso, avanzar hacia una menor inflación.
 En España, Italia y Portugal, la tasa media de inflación1 ya disminuyó a cifras entre el 3 y el 3,5%
 en febrero de 1997, pero en este mes la tasa de inflación interanual alcanzó en torno al 2,5%. En
      Medida mediante la media aritmética de los doce últimos índices mensuales armonizados (IAPC)
      respecto a la media aritmética de los doce índices mensuales armonizados del período precedente.
      Irlanda y el Reino Unido todavía no han publicado los datos IAPC de forma que permita efectuar el
      cálculo tal como se indica en la nota 1. No obstante, las estimaciones de la Comisión, basadas en la
      información disponible, indican que el resultado en cuanto a inflación (IAPC) en estos dos países se
      situará entre el 2% y el 3%.
 ---pagebreak--- estos tres países, es esencial perseverar en las políticas orientadas a la estabilidad, con vistas a
lograr una tasa media de inflación del 2,55 o menos para el año 1997 y asegurar que se mantenga e
incluso mejore el control de la inflación a medida que la recuperación vaya consolidándose.
En Grecia, donde en los últimos años se ha avanzado en la reducción de la inflación, es preciso
realizar un mayor esfuerzo para alcanzar los objetivos oficiales, que son del 4,5%, para finales de
 1997 y por debajo del 3 % para finales de 1998.
Estabilidad de tipos de cambio - De conformidad con el artículo 109 M, todos los Estados
miembros deben seguir tratando sus políticas de tipo de cambio como un asunto de interés común.
Unas políticas económicas más saneadas y creíbles, y una evolución favorable frente al dólar
estadounidense, han contribuido a una alineación más adecuada de los tipos de cambio dentro de la
Comunidad. El optimismo de los mercados financieros ante la posibilidad de una participación
relativamente amplia en la UEM desde el primer momento también ha contribuido a ello. Finlandia
e Italia entraron en el MTC en otoño del pasado año y una amplia mayoría de las monedas del
MTC se encuentra actualmente dentro de las antiguas bandas estrechas del mecanismo, o muy
cerca de éstas. En estas circunstancias, así como con vistas a la participación en la UEM, es
imperativo que los Estados miembros mantengan - y, cuando sea posible, intensifiquen - su
compromiso respecto a la política macroeconómica orientada hacia la estabilidad. En cuanto a los
países que actualmente no participan en el MTC, esas políticas también contribuirán a crear las
condiciones para que tal participación sea posible. Una gestión saneada de la política
macroeconómica crea las condiciones necesarias tanto para la estabilidad de los tipos de cambio y
la reducción de los tipos de interés a largo plazo, como para la estabilidad del sistema monetario
internacional.
4. Unas finanzas públicas saneadas y eficientes
En la Comunidad en su conjunto, el déficit presupuestario descendió del 5% del PIB en 1995 al
4,3% del PIB en 1996. La debilidad del crecimiento económico en 1996 dificultó la consolidación
presupuestaria y ocultó la mejora subyacente conseguida. Con arreglo a las medidas
presupuestarias aprobadas hasta mediados de abril de 1997, el endeudamiento neto de las
administraciones públicas en la Comunidad en su totalidad probablemente se sitúe debajo del 3 %
del PIB en 1997 y descienda por debajo del 2,5% del PIB en 1998.
En sus presupuestos para 1997, una amplia mayoría de Estados miembros ha adoptado
importantes medidas para reducir su déficit presupuestario a una cifra igual o inferior al 3 % del
PIB. Es sumamente importante que los Estados miembros apliquen rigurosamente estos
presupuestos y adopten medidas correctivas inmediatas en caso de desviación de los objetivos. En
lo que se refiere a los presupuestos para 1998, la mayoría de Estados miembros debe adoptar
medidas adicionales de reducción de déficit. Con ello se proporcionará la confianza necesaria
acerca de la sostenibilidad del ajuste presupuestario, especialmente en aquellos países en los que en
 1997 no se prevén déficit presupuestarios claramente inferiores al 3 % del PIB o en aquellos en que
el presupuesto de dicho año contenía medidas transitorias. Esta determinación es fundamental no
sólo para cumplir los criterios presupuestarios de Maastrich, sino también para seguir avanzando
hacia el logro, a medio plazo, del equilibrio presupuestario o el superávit, en circunstancias
 normales, tal como establecían las anteriores Orientaciones y el Pacto de Estabilidad y
 Crecimiento, lo que permitirá garantizar una combinación de políticas macroeconómicas orientada
 al crecimiento y a la estabilidad.
 ---pagebreak--- Es preciso que los programas de ajuste presupuestario sean creíbles y socialmente equilibrados.
Que sean creíbles implica a su vez que sean transparentes y sostenibles. Para aumentar la
transparencia es necesario que se apliquen estrictamente las normas de contabilidad habitualmente
aceptadas y que, al presentar los presupuestos, los Estados miembros describan claramente la
naturaleza de las medidas de reducción de déficit anunciadas, indicando cuales de éstas son de
carácter excepcional. Además, los presupuestos anuales y las proyecciones presupuestarias a
medio plazo deberán indicar claramente los supuestos económicos en que se basan. La
sostenibilidad precisa medidas de reducción del déficit de carácter estructural. Aunque los efectos
de las medidas excepcionales de aplicación única desaparecen en años posteriores, a veces han
contribuido a acelerar el ritmo de la consolidación presupuestaria; sin embargo, no hacen menos
necesarios los ajustes presupuestarios fundamentales, por lo que deben complementarse con
mejoras presupuestarias duraderas.
 Ser consciente de los beneficios económicos que supone la consolidación presupuestaria influye en
gran medida en la calidad de las medidas adoptadas. A este respecto, las presentes Orientaciones
 reafirman los principios generales que se fijaron en las anteriores. En primer lugar, debe darse
 prioridad a la restricción del gasto frente a todo aumento adicional de la carga fiscal total. En este
 sentido, es preciso centrarse en medidas estructurales para controlar el gasto en consumo público,
 pensiones, sanidad y subsidios de desempleo. Si los aumentos de impuestos fueran inevitables,
 debe tratarse de minimizar sus efectos negativos sobre el crecimiento y el empleo y evitar un
 resurgimiento de presiones inflacionistas. En segundo lugar, las medidas destinadas a reducir de
 forma permanente el porcentaje del gasto público respecto al PIB deben venir acompañadas, en la
 medida de lo posible y sin poner en peligro la necesaria reducción del déficit presupuestario, por
 una reorientación del gasto público hacia actividades productivas, como la inversión en
 infraestructura, capital humano y medidas activas en el mercado laboral. En tercer lugar, en la
 mayoría de Estados miembros debe hacerse realidad la tan deseada reducción de la carga fiscal,
 especialmente la que grava el trabajo, teniendo en cuenta que con un control estricto del gasto es
 posible aplicar reducciones fiscales coherentes con el logro y mantenimiento de una hacienda
 pública saneada. La política comunitaria sobre fiscalidad debe ser coherente con estas
 orientaciones.
 Dadas la relación que existe entre la política fiscal por una parte, y el mercado único, la UEM y la
 lucha contra el desempleo por la otra, los Estados miembros tienen mucho que ganar con una
 mayor cooperación en el ámbito fiscal. De ahí que deba evitarse una competencia perjudicial entre
 los sistemas fiscales de los distintos Estados miembros y se les inste a examinar la posibilidad de
 elaborar un código de conducta.
 Cinco Estados miembros - Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia - habían ya
 alcanzado el 3 % de referencia en 1996. En Dinamarca, donde se prevé un saldo presupuestario
  ligeramente positivo este año, es importante consolidar este resultado a lo largo del ciclo
  económico, para mantener el porcentaje de deuda pública respecto al PIB en una trayectoria
  decididamente descendente y contener el gasto público, incluidas las transferencias sociales.
  Irlanda debería aprovechar la actual fase de fuerte crecimiento para intensificar los esfuerzos de
  contención del gasto público, lo que le permitiría avanzar de forma decisiva hacia el equilibrio
  presupuestario. También en los Países Bajos y en Finlandia es imperativo continuar la política de
  restricción del gasto, con especial insistencia en las transferencias de seguridad social, lo que
  permitiría disminuir nuevamente los costes laborales no salariales y otros impuestos que
  obstaculizan el empleo.
 ---pagebreak--- En Bélgica, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del 1MB en I9l)7. Con arreglo
a las medidas actuales, el déficit podría registrar una nueva disminución en I99X. Para
proporcionar a sus finanzas públicas una base sostenible, el Gobierno belga tlehc seguir
estrictamente su nuevo programa de convergencia y dedicar una especial atención a garantizar
unas cuentas de la seguridad social saneadas, para lo cual resulta de especial importancia
introducir mecanismos de control del gasto en sanidad y continuar la reforma del sistema de
pensiones.
En Alemania, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con
arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. El
Gobierno alemán se comprometió firmemente a adoptar todas las medidas precisas para respetar el
valor de referencia del 3 % en 1997 y debe emprender las actuaciones necesarias para frenar la
tendencia al alza del porcentaje de deuda pública respecto al PIB ya en el presente año. En 1998
debe mantenerse el ritmo de consolidación presupuestaria que marca el nuevo programa de
convergencia; su aplicación continuada debe centrarse en una reducción permanente del porcentaje
del gasto público en la economía, que a su vez facilitará la reforma estructural de los sistemas
fiscal y de seguridad social sin comprometer el cumplimiento estricto de todos los objetivos
presupuestarios del nuevo programa de convergencia.
En España, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo
a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. Las autoridades
españolas, firmemente decididas a alcanzar el objetivo del 3 % del PIB en 1997, deben insistir en su
presupuesto de 1998 en la consolidación, tal como prevé el nuevo programa de convergencia; es
importante que sigan aplicando medidas de reducción del déficit de carácter estructural, en especial
para reducir el nivel actual de gasto y mejorar la eficacia de la gestión presupuestaria.
En Francia, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo
a las medidas actuales, el déficit podría no registrar una nueva disminución en 1998, debido en
parte a que han dejado de surtir efecto las medidas de aplicación única. Es necesario continuar con
la consolidación presupuestaria a medio plazo mediante una estricta aplicación del programa de
convergencia recientemente aprobado; en particular, es preciso contener el gasto en sanidad,
equilibrar las cuentas de las seguridad social y garantizar que las reducciones fiscales previstas, en
sí mismas favorables al crecimiento y al empleo, no disminuyan el ritmo de la reducción del déficit.
En Italia, el déficit presupuestario puede alcanzar el 3 % del PIB en 1997 si las medidas ya
tomadas en el presupuesto del año 1997 y en Marzo de este año tienen plena efectividad y si se
toman medidas adicionales por parte del Gobierno Italiano, si ello fuese necesario. Con arreglo a
las medidas actuales, el déficit podría registrar un nuevo aumento en 1998, al agotarse los efectos
de las medidas puntuales. El presupuesto de 1998 debe contemplar una nueva reducción a fin de
consolidar el ajuste y situar las finanzas públicas sobre una base saneada a medio plazo. Las
medidas puntuales adoptadas en 1997, de carácter temporal, deben ser sustituidas por medidas
estructurales con una repercusión permanente sobre el presupuesto. Las condiciones para una
consolidación duradera del presupuesto Italiano deberían ser especificadas en un programa de
convergencia que las autoridades Italianas son invitadas a presentar lo antes posible.
 ---pagebreak--- En Austria, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3% del 1MB en 1997 Con arreglo
a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en I99X Se insta al
Gobierno de Austria a adoptar todas las medidas necesaria para alcanzar su objetivo de déficit
presupuestario del 3 % del PIB en 1997 y garantizar la sostenibilidad de sus esfuerzos de
consolidación presupuestaria en los años siguientes mediante un programa de ajuste estructural,
basado en las medidas actuales o, si fuera preciso, en el reforzamiento del ajuste estructural con
medidas adicionales.
En Portugal, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con
arreglo a las medidas actuales, el déficit podría registrar otra ligera disminución en 1998. El nuevo
acuerdo estratégico entre el Gobierno y los interlocutores sociales debe cumplirse estrictamente
para lograr un avance significativo en la reforma de la administración pública y de los sistemas
tributarios y de seguridad social.
En Suecia, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con arreglo a
las medidas actuales, el déficit podría disminuir considerablemente en 1998 El ajuste
presupuestario debe concentrarse en frenar el aumento del gasto, especialmente transferencias
sociales, y en reducir cuanto sea posible los impuestos sobre las familias y las empresas a fin de
incentivar mejor la actividad económica y el trabajo.
En el Reino Unido, se prevé un déficit presupuestario igual o inferior al 3 % del PIB en 1997. Con
arreglo a las medidas actuales, el déficit podría disminuir considerablemente en 1998. Se
recomienda al Gobierno que siga estrictamente la línea de reducción de déficit prevista en el
presupuesto de 1997/98.
 En Grecia se prevé que las medidas anunciadas conducirán a una nueva reducción del déficit
presupuestario en 1997; se precisarán esfuerzos sostenidos en distintos ámbitos a fin de cumplir
 los objetivos del programa de convergencia, entre ellos un mayor esfuerzo para ampliar la base
 fiscal, aumentar la eficacia de la administración tributaria y del sistema de recaudación, disminuir
el gasto público y continuar y ampliar los planes de privatización.
 En algunos de los Estados miembros citados, es probable que en 1998 no se produzcan, o se
produzcan en escasa medida, nuevos avances en la reducción del porcentaje de déficit, debido en
parte al agotamiento de los efectos de las medidas de aplicación única. En consecuencia, estos
 Estados miembros deben tener en cuenta este factor en sus presupuestos para el próximo año.
 5. Reformas estructurales para fomentar el crecimiento y el empleo
A fin de salvaguardar y promover la competitividad y el empleo comunitarios, en un mundo de
 libre comercio y constante cambio tecnológico, es esencial que los Estados miembros y la
 Comunidad intensifiquen sus esfuerzos para modernizar sus mercados de bienes, servicios y
trabajo, tal como establecen las Orientaciones Generales de Política Económica. Para incrementar
 la capacidad de adaptación de la economía de los Estados miembros a las condiciones cambiantes
e incrementar su potencial de crecimiento, también es preciso fomentar la innovación, la
 ---pagebreak--- investigación y el desarrollo y mejorar los sistemas de educación y formación. Para incrementar su
eficacia, las políticas medioambientales deberían fundarse en más instrumentos basados en el
mercado, incluidos los instrumentos fiscales, tanto a nivel nacional como, si resulta necesaria una
actuación a escala de la Unión, a nivel comunitario.
5.1.     Mejor funcionamiento de los mercados de bienes y servicios
La estrategia tendente a fomentar el crecimiento y mantener al mismo tiempo un bajo nivel de
inflación exige mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, estimular la
competencia y asegurar la eficacia del sistema de formación de precios. Este era el razonamiento
en que se basaba el Programa sobre el Mercado Único (PMU), cuya importancia ya fue destacada
en una reciente evaluación de la Comisión-^. Esta evaluación concluía que en general los mercados
de bienes de los Estados miembros se caracterizan actualmente por una elevada integración,
mientras que los mercados de servicios están menos integrados aunque la situación ha mejorado
significativamente desde que se inició el PMU. Siguen existiendo algunos problemas específicos:
los servicios, especialmente la construcción, los seguros y los bancos deben ser objeto de mayor
atención, en particular respecto a la necesidad de aplicar la legislación sobre el mercado interior en
su totalidad.
Además, los mercados de aquellos bienes vinculados a la contratación pública siguen sin estar
totalmente abiertos a la competencia, y otros mercados de bienes, en especial los productos
farmacéuticos, siguen estando excesivamente regulados por los Estados miembros, lo que supone
precios más elevados para los consumidores. Las ayudas públicas siguen falseando los mercados y
erosionando la competencia, sin que se observe mejora alguna. Los impuestos siguen segmentando
los mercados y aumentando la diferenciación de precios. Otro ámbito en el que los avances han
sido demasiado lentos es el de la normalización de productos, especialmente la noción de
"reconocimiento mutuo". Debe mejorarse el entorno de las PYMES.
La competencia y la eficacia de los mercados de productos y servicios aumentará si mejora el
funcionamiento del mercado único. Para ello los Estados miembros deben reforzar su compromiso
respecto a: (i) aplicar totalmente y asegurar el cumplimiento de la actual legislación, en especial en
el sector de las telecomunicaciones; (ii) completar el marco legislativo en ámbitos como los
impuestos y el derecho de sociedades, y la liberalización de los mercados de la energía; (iii) reducir
la carga de normas excesivas y revisar o suprimir las medidas nacionales que fragmentan los
mercados; y (iv) abstenerse de utilizar las ayudas públicas para aplazar las reestructuraciones
esenciales. El Plan de Actuación sobre el Mercado Único de la Comisión propone diversas medidas
concretas para redinamizar el mercado único que han de entrar en vigor antes del 1 de enero de
 1999.
5.2.     Impulsar la reforma del mercado laboral y la inversión en conocimiento
 La positiva experiencia de varios Estados miembros permite sacar algunas conclusiones
importantes respecto al contenido y la aplicación de las reformas. En primer lugar, las reformas
estructurales deben ser de carácter global y no limitadas o esporádicas, a fin de abordar de forma
coherente el complejo asunto de los incentivos a la creación o la aceptación de un puesto de
trabajo. Este enfoque permite explotar la complementariedad de las medidas, lo que da a las
3
     Véase la comunicación de la Comisión sobre "Impacto y efectividad del Mercado Único" COM (96)
     520 de Octubre de 1996 y "Economic evaluation of the Internal Market" {European Economy,
     Reports and Studies n° 4 de 1996).
                                                   8
 ---pagebreak--- reformas una mayor efectividad general porque aumenta su aceptabilidad social y política y reduce
la probabilidad de modificaciones por razones políticas. En segundo lugar, los mecanismos para
supervisar el impacto de las reformas sobre el mercado laboral y el empleo ayudan a valorar su
efectividad y permiten descubrir posibles cambios en las prioridades o en la aplicación. Por esta
razón, los programas plurianuales de empleo deben centrarse preferentemente en la interrelación de
las Orientaciones y las medidas específicas de mercado de trabajo, mientras que los Informes
Conjuntos sobre Empleo, que supervisan su aplicación, deben prestar especial atención a detectar
las medidas acertadas que adoptan los Estados miembros.
En los últimos años se ha adoptado una amplia gama de medidas nacionales destinadas a reforzar
la eficacia del mercado laboral y en varios Estados miembros se están debatiendo actualmente
 importantes reformas. Se trata de un proceso que debe continuar c intensificarse cuando sea
necesario.
 En estas circunstancias, es conveniente dar prioridad a las medidas destinadas a aumentar la
 intensidad en empleo del crecimiento, mediante la aplicación de medidas pragmáticas que
 reconcilien el deseo de los ciudadanos europeos de mantener unos beneficios sociales elevados con
 la necesidad de ampliar, en un cierto grado, la estructura salarial relativamente comprimida en la
 mayoría de Estados miembros. Estas medidas incluyen:
 (i) mayor diferenciación salarial en los convenios, según cualificaciones y regiones, a fin de
       reflejar adecuadamente los distintos niveles de productividad, así como creación de salarios
       temporales de iniciación, para los trabajadores jóvenes, sin experiencia o desempleados de
       larga duración. Se trata de asuntos importantes que deben abordar los interlocutores sociales;
 (ii) reducción, mediante una financiada adecuada, de los costes laborales no salariales o de los
       impuestos sobre los rendimientos del trabajo en los segmentos inferiores de la escala salarial;
 (iii) nuevos modelos de organización del trabajo, incluido el acuerdo sobre la flexibilización de la
       jomada de trabajo, adaptados a la necesidades específicas de las empresas y los trabajadores,
       mayor utilización del trabajo a tiempo parcial de carácter voluntario, y fomento de las
       iniciativas de empleo local.
 Además, las medidas para aumentar la intensidad del empleo en el crecimiento deben estar
 vinculadas a la necesaria reorientación del gasto público en educación, formación profesional e
 investigación y desarrollo, entre otros sectores.
 El paso a unas políticas de mercado laboral activas debe estar estrechamente vinculado a la
 reforma de los sistemas fiscal y de la seguridad social, con el fin de proporcionar a las personas
 que buscan empleo incentivos y posibilidades para aceptar un puesto de trabajo o participar en
 otras actividades de fomento del empleo. Además, estas reformas deben venir apoyadas por una
 orientación, más favorable al empleo, de otras políticas. En particular, las medidas que se lleven a
 cabo con el apoyo de los fondos estructurales comunitarios deben ser coherentes con la estrategia
 global sobre el empleo y los programas plurianuales de empleo de los Estados miembros.
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                                                          C0M(97) 168 final
                                       DOCUMENTOS
ES                                                                        10   oí
                                        N° de catálogo : CB-CO-97-165-ES-C
                                                              ISBN 92-78-18921-9
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo