CELEX: 62005CJ0142
Language: es
Date: 2009-06-04 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2009.#Åklagaren contra Percy Mickelsson y Joakim Roos.#Petición de decisión prejudicial: Luleå tingsrätt - Suecia.#Directiva 94/25/CE - Aproximación de las legislaciones - Embarcaciones de recreo - Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas - Artículos 28 CE y 30 CE - Medidas de efecto equivalente - Acceso al mercado - Obstáculo - Protección del medio ambiente - Proporcionalidad.#Asunto C-142/05.

Asunto C‑142/05
      Åklagaren
      contra
      Percy Mickelsson
      y
      Joakim Roos
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Luleå tingsrätt)
      «Directiva 94/25/CE — Aproximación de las legislaciones — Embarcaciones de recreo — Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas — Artículos 28 CE y 30 CE — Medidas de efecto equivalente — Acceso al mercado — Obstáculo — Protección del medio ambiente — Proporcionalidad»
      Sumario de la sentencia
      1.        Aproximación de las legislaciones — Embarcaciones de recreo — Directiva 94/25/CE 
      (Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 94/25/CE, art. 2, ap. 2, y 2003/44/CE)
      2.        Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Concepto
      (Art. 28 CE)
      3.        Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente
      (Arts. 28 CE y 30 CE)
      1.        La Directiva 94/25, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
         miembros relativas a embarcaciones de recreo, en su versión modificada por la Directiva 2003/04, no se opone a una normativa
         nacional que por razones de protección del medio ambiente prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas.
         
      
      En efecto, la Directiva 2003/44, que ha ampliado el ámbito de aplicación de la Directiva 94/25 para incluir en ella las motos
         acuáticas, no era aplicable en la época en la que se produjeron los hechos objeto de litigio. 
      
      Por otro lado, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 94/25 precisa que sus disposiciones no excluyen la posibilidad de
         que los Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, adopten disposiciones sobre navegación en determinadas
         aguas con el fin de proteger el medio ambiente y la estructura de las vías navegables, y de garantizar la seguridad de estas
         últimas, siempre que ello no requiera modificar las embarcaciones que se ajustan a dicha Directiva.
      
      (véanse los apartados 17, 19, 20 y 44 y el fallo)
      2.        Han de considerarse «medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación», en el sentido del artículo
         28 CE, las medidas adoptadas por un Estado miembro que tienen por objeto o efecto tratar de manera menos favorable a los productos
         que provienen de otros Estados miembros, así como los obstáculos a la libre circulación de mercancías derivados, a falta de
         armonización de las legislaciones nacionales, de la aplicación a las mercancías procedentes de otros Estados miembros, donde
         se fabrican y comercializan legalmente, de normas relativas a los requisitos que deben cumplir dichas mercancías, aunque dichas
         normas se apliquen indistintamente a todos los productos. También se engloba en el mismo concepto cualquier otra medida que
         obstaculice el acceso al mercado de un Estado miembro de los productos originarios de otros Estados miembros. A este respecto,
         aun cuando una normativa nacional no tenga por objeto ni por efecto tratar de manera menos favorable a los productos procedentes
         de otros Estados miembros, la restricción del uso de un producto que aquella imponga en el territorio de un Estado miembro
         puede tener, dependiendo de su alcance, una influencia considerable sobre el comportamiento de los consumidores, que puede
         afectar, a su vez, al acceso de dicho producto al mercado de este Estado miembro.
      
      (véanse los apartados 24 y 26)
      3.        Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a una normativa nacional que, por razones de protección del medio ambiente, prohíbe
         el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas, siempre que:
      
      —      las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas
         situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas;
      
      —      dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado
         las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y 
      
      —      tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa. 
      Corresponde al tribunal remitente verificar si se cumplen estos requisitos.
      Ciertamente, cuando la normativa nacional que establece las aguas y vías navegables no permita a los usuarios de motos acuáticas
         hacer un uso adecuado e inherente a dichos productos o lo limite enormemente, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente,
         la citada normativa podría tener influencia considerable sobre el comportamiento de los consumidores, que, al saber que el
         uso autorizado por tal normativa es muy limitado, sólo tendrán un interés reducido en adquirir el producto de que se trate.
         La citada normativa tendría por efecto impedir el acceso de estos productos al mercado nacional de que se trate y sería por
         tanto una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación prohibida por el artículo 28 CE.
         
      
      Sin embargo, una normativa de este tipo puede estar justificada por el objetivo de la protección del medio ambiente en tanto
         respete los requisitos señalados. En efecto, dado que la limitación o la prohibición de uso de motos acuáticas son medios
         adecuados para garantizar la protección del medio ambiente, las autoridades nacionales también deben demostrar que los efectos
         restrictivos de dicha normativa sobre la libre circulación de mercancías no van más allá de lo necesario para cumplir dicho
         objetivo. A este respecto, aunque no cabe excluir que medidas diferentes de la prohibición controvertida puedan garantizar
         cierto grado de protección del medio ambiente, tampoco se puede negar a los Estados miembros la posibilidad de lograr un objetivo
         como el de la protección del medio ambiente mediante la adopción de normas generales que sean, por un lado, necesarias en
         atención a las particularidades geográficas del Estado miembro afectado y, por otro, fáciles de aplicar y controlar por las
         autoridades nacionales. No obstante, dado que la redacción de la normativa nacional permite presumir que, en las zonas que
         deben designarse mediante disposiciones de aplicación, pueden utilizarse motos acuáticas sin provocar riesgos o molestias
         inadmisibles para el medio ambiente, de ello se puede concluir que una prohibición general de uso de dichos productos fuera
         de las vías de navegación públicas es una medida que va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de la protección
         del medio ambiente.
      
      Por lo demás, si el órgano jurisdiccional remitente constata que las medidas de aplicación se han adoptado dentro de un plazo
         razonable, aunque posterior a los hechos, y que dichas medidas designan como zonas navegables las aguas en las que los inculpados
         en el asunto principal condujeron las motos acuáticas, razón por la cual fueron objeto de acciones penales, para que la normativa
         nacional siga siendo proporcionada y, por tanto, siga estando justificada conforme al objetivo de la protección del medio
         ambiente será necesario que los inculpados puedan invocar la designación efectuada, lo cual también viene exigido por el principio
         general del Derecho comunitario de aplicación retroactiva, según el caso, de la ley penal más favorable y de la pena más leve.
         
      
      (véanse los apartados 26 a 28, 34, 36, 38, 40, 43 y 44 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 4 de junio de 2009 (*)
      
      «Directiva 94/25/CE – Aproximación de las legislaciones – Embarcaciones de recreo – Prohibición de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas – Artículos 28 CE y 30 CE – Medidas de efecto equivalente – Acceso al mercado – Obstáculo – Protección del medio ambiente – Proporcionalidad»
      En el asunto C‑142/05,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Luleå tingsrätt
         (Suecia), mediante resolución de 22 de febrero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de marzo de 2005, en el
         procedimiento entre
      
      Åklagaren
      y
      Percy Mickelsson,
      Joakim Roos,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (Ponente) y J.
         Klučka, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretario: Sr. J. Swedenborg, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de julio de 2006;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de los Sres. P. Mickelsson y J. Roos, por los Sres. P. Olofsson y H. Tiberg, advokater;
      –        en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y U. Forsthoff, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por los Sres. E. Riedl y G. Eberhard, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno noruego, por el Sr. A. Eide, la Sra. F. Platou Amble y el Sr. G. Hanssen, en calidad de agentes;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. L. Ström van Lier y el Sr. M. van Beek, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de diciembre de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 28 CE a 30 CE, así como de la Directiva
         94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
         reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo (DO L 164, p. 15), en su versión
         modificada por la Directiva 2003/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003 (DO L 214, p. 18) (en
         lo sucesivo, «Directiva 94/25»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un proceso penal entablado por el Åklagaren (Ministerio Fiscal) contra los señores
         Mickelsson y Roos por haber infringido la prohibición de uso de motos acuáticas, prevista en el förordning (1993:1053) om
         användning av vattenskoter [Reglamento (1993:1053) sobre uso de motos acuáticas], en su versión modificada por el förordning
         (2004:607) [Reglamento (2004:607)] (en lo sucesivo, «Reglamento nacional»).
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        Con arreglo al segundo considerando de la Directiva 94/25: 
      
      «[…] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor en los distintos Estados miembros relativas a las
         características de seguridad de las embarcaciones de recreo difieren en alcance y contenido; […] tales disparidades pueden
         crear obstáculos al comercio y condiciones de competencia desiguales en el mercado interior».
      
      4        El tercer considerando de la Directiva 94/25 establece:
      
      «[…] la armonización de las legislaciones nacionales es la única manera de suprimir estos obstáculos al libre intercambio;
         […] dicho objetivo no puede ser alcanzado de manera satisfactoria por los Estados miembros individualmente; […] la presente
         Directiva sólo establece los requisitos indispensables para la libre circulación de las embarcaciones de recreo». 
      
      5        El artículo 1 de la Directiva 94/25 define su ámbito de aplicación. El artículo 1 de la Directiva 2003/44 dio una nueva redacción
         a esta disposición extendiendo el ámbito de aplicación a las motos acuáticas. 
      
      6        El artículo 2 de la Directiva 94/25, titulado «Comercialización y puesta en servicio», dispone:
      
      «1.      Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los productos a los que se refiere el apartado
         1 del artículo 1 sólo se comercialicen y pongan en servicio para un uso que responda al fin a que se destinaron cuando no
         entrañen peligro alguno para la seguridad y la salud de las personas y los bienes ni para el medio ambiente si se han construido
         y se mantienen de forma correcta.
      
      2.      Las disposiciones de la presente Directiva no excluyen la posibilidad de que los Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto
         en el Tratado [CE], adopten disposiciones sobre navegación en determinadas aguas con el fin de proteger el medio ambiente
         y la estructura de las vías navegables, y de garantizar la seguridad de estas últimas, siempre que ello no requiera modificar
         las embarcaciones que se ajusten a la presente Directiva.»
      
      7        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 94/25, en su versión modificada por la Directiva 2003/44, establece: 
      
      «Los Estados miembros no prohibirán, restringirán ni impedirán la comercialización y/o puesta en servicio en su territorio
         de los productos de los que trata el apartado 1 del artículo 1 que lleven el marcado CE a que se refiere el anexo IV, que
         indica su conformidad con todas las disposiciones de la presente Directiva, incluidos los procedimientos de evaluación de
         la conformidad enunciados en el capítulo II.»
      
      8        Conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/44: 
      
      «Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
         cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2004. Informarán de ello inmediatamente
         a la Comisión.
      
      Los Estados miembros aplicarán estas disposiciones a partir del 1 de enero de 2005.»
       Normativa nacional 
      9        El Reglamento nacional entró en vigor el 15 de julio de 2004.
      
      10      El artículo 1 del citado Reglamento dispone:
      
      «En el presente Reglamento se entenderá por moto acuática la embarcación de menos de 4 m de eslora:
      1.      Que utilice un motor de combustión interna con una bomba de chorro de agua como fuente principal de propulsión y
      2.      Que haya sido proyectada para ser manejada por una o más personas sentadas, de pie o de rodillas sobre los límites de un casco
         (y no dentro de ellos).»
      
      11      El artículo 2 de dicho Reglamento establece: 
      
      «Las motos acuáticas sólo podrán utilizarse en las vías de navegación públicas y en las zonas acuáticas previstas en el artículo
         3, párrafo primero.»
      
      12      Con arreglo al artículo 3 del Reglamento nacional: 
      
      «El länsstyrelsen [(autoridad provincial)] podrá adoptar disposiciones por las que se establezcan las zonas de la provincia,
         distintas de las vías de navegación públicas, en las que esté permitido el uso de motos acuáticas. No obstante, deberán adoptarse
         en todo caso tales disposiciones respecto a las: 
      
      1)      zonas que estén tan afectadas por otra actividad humana que los futuros ruidos y otras molestias derivados del uso de las
         motos acuáticas no puedan considerarse un perjuicio significativo para la colectividad o el medio ambiente; 
      
      2)      zonas que estén alejadas de los barrios residenciales o de las zonas con casas de vacaciones y que tengan poco valor desde
         el punto de vista de la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, la diversidad biológica, las actividades
         al aire libre, la pesca deportiva o la comercial, y 
      
      3)      otras zonas en las que el uso de motos acuáticas no cause perjuicios a la colectividad mediante ruidos u otras molestias,
         ni tampoco suponga un riesgo de daños o alteraciones significativos a la fauna o la flora, o de propagación de enfermedades
         contagiosas.
      
      El länsstyrelsen también podrá adoptar disposiciones para limitar el uso de motos acuáticas en las vías de navegación públicas,
         si resulta necesario para prevenir los perjuicios o riesgos de daños a que se refiere el punto 3 del párrafo primero, así
         como el acceso y la salida de tales vías.»
      
      13      El artículo 5 del Reglamento nacional establece que quien conduzca una moto acuática infringiendo los artículos 2 o 3b de
         dicho Reglamento, o las disposiciones adoptadas con arreglo al artículo 3, será castigado con multa.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      14      El Åklagaren entabló ante el Luleå tingsrätt acciones penales contra los señores Mickelsson y Roos por haber infringido el
         Reglamento nacional al haber conducido motos acuáticas en aguas situadas fuera de las vías de navegación públicas el día 8
         de agosto de 2004. Los inculpados reconocieron los hechos, pero alegaron que la aplicación de dicho Reglamento es contraria
         al artículo 28 CE y a la Directiva 94/25.
      
      15      Ante esta situación, el Luleå tingsrätt suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
         prejudiciales: 
      
      «1)      a)     ¿Se oponen los artículos 28 CE a 30 CE a una normativa nacional, como el Reglamento [nacional], que prohíbe el uso de motos
         acuáticas en lugares distintos de las vías de navegación públicas o de las zonas para las que las autoridades locales hayan
         adoptado disposiciones de autorización?
      
      b)      ¿Se oponen de alguna otra forma los artículos 28 CE a 30 CE a que un Estado miembro aplique una normativa de este tipo de
         tal modo que también se prohíba el uso de motos acuáticas en zonas respecto a las cuales las autoridades locales aún no hayan
         examinado si deben adoptar o no disposiciones de autorización?
      
      2)      ¿Se opone la Directiva [94/25] a una normativa nacional, como la indicada anteriormente, que prohíbe el uso de motos acuáticas?»
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      16      Mediante estas cuestiones, que deben ser examinadas conjuntamente, el tribunal remitente pretende esencialmente que se dilucide
         si la Directiva 94/25 o, en su caso, los artículos 28 CE y 30 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una
         normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías
         de navegación designadas.
      
       Sobre la interpretación de la Directiva 94/25
      17      Al modificar la versión inicial del artículo 1 de la Directiva 94/25, la Directiva 2003/44 ha ampliado el ámbito de aplicación
         de la Directiva 94/25 para incluir en ella las motos acuáticas.
      
      18      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/44, los Estados miembros debían adoptar las disposiciones legales,
         reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva a más tardar el 30 de
         junio de 2004. Los Estados miembros debían aplicar dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2005.
      
      19      De lo anterior se deduce que la Directiva 2003/44 no era aplicable en el momento en el que se produjeron los hechos del asunto
         principal relativos al uso de motos acuáticas.
      
      20      Por otro lado, el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 94/25 precisa que sus disposiciones no excluyen la posibilidad de
         que los Estados miembros, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado, adopten disposiciones sobre navegación en determinadas
         aguas con el fin de proteger el medio ambiente y la estructura de las vías navegables, y de garantizar la seguridad de estas
         últimas, siempre que ello no requiera modificar las embarcaciones que se ajustan a dicha Directiva.
      
      21      Por tanto, conforme a su artículo 2, apartado 2, la citada Directiva no se opone a una normativa nacional que prohíba el uso
         de motos acuáticas en determinadas aguas por motivos de protección del medio ambiente, siempre que ésta no infrinja lo dispuesto
         en el Tratado.
      
      22      El Reglamento nacional controvertido en el asunto principal forma parte de la categoría de medidas nacionales a las que hace
         referencia el citado artículo de la Directiva 94/25. En efecto, dicho Reglamento establece una prohibición general de uso
         de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas. Con arreglo al artículo 3, párrafo primero, de dicho Reglamento,
         el länsstyrelsen podrá adoptar disposiciones por las que se establezcan las zonas de la provincia, distintas de las vías de
         navegación públicas, en las que esté permitido el uso de motos acuáticas. En todo caso, el länsstyrelsen deberá adoptar tales
         disposiciones respecto a las zonas previstas en los números 1 a 3 del artículo 3 de dicho Reglamento.
      
      23      Debe comprobarse, por tanto, si los artículos 28 CE y 30 CE se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el
         asunto principal.
      
       Sobre la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE
      24      Procede recordar que han de considerarse «medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación», en
         el sentido del artículo 28 CE, las medidas adoptadas por un Estado miembro que tienen por objeto o efecto tratar de manera
         menos favorable a los productos que provienen de otros Estados miembros, así como los obstáculos a la libre circulación de
         mercancías derivados, a falta de armonización de las legislaciones nacionales, de la aplicación a las mercancías procedentes
         de otros Estados miembros, donde se fabrican y comercializan legalmente, de normas relativas a los requisitos que deben cumplir
         dichas mercancías, aunque dichas normas se apliquen indistintamente a todos los productos (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral, denominada «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, apartados 6, 14 y 15; de 26 de
         junio de 1997, Familiapress, C‑368/95, Rec. p. I‑3689, apartado 8, y de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband,
         C‑322/01, Rec. p. I‑14887, apartado 67). También se engloba en el mismo concepto cualquier otra medida que obstaculice el
         acceso al mercado de un Estado miembro de los productos originarios de otros Estados miembros (véase la sentencia de 10 de
         febrero de 2009, Comisión/Italia, C‑110/05, Rec. p. I‑0000, apartado 37).
      
      25      En los autos aportados al Tribunal de Justicia consta que, en el momento de los hechos del asunto principal, no se había establecido
         ninguna zona para la navegación con motos acuáticas, por lo que el uso de éstas sólo estaba permitido en las vías de navegación
         públicas. No obstante, tanto los inculpados en el asunto principal como la Comisión alegan que dichas vías están destinadas
         al tráfico de gran tonelaje de carácter comercial, que hace peligroso el uso de motos acuáticas, y que, en todo caso, la mayor
         parte de las aguas navegables suecas se encuentra fuera de dichas vías. Indican que las posibilidades reales de usar motos
         acuáticas en Suecia son, por ende, marginales. 
      
      26      Aun en el caso de que la normativa nacional objeto de litigio no tenga por objeto ni por efecto tratar de manera menos favorable
         a los productos procedentes de otros Estados miembros, lo que corresponde apreciar al tribunal remitente, la restricción del
         uso de un producto que aquella imponga en el territorio de un Estado miembro puede tener, dependiendo de su alcance, una influencia
         considerable sobre el comportamiento de los consumidores, que puede afectar, a su vez, al acceso de dicho producto al mercado
         de este Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Italia, antes citada, apartado 56). 
      
      27      En efecto, los consumidores, al saber que el uso autorizado por tal normativa es muy limitado, sólo tendrán un interés reducido
         en adquirir el producto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Italia, antes citada, apartado 57).
         
      
      28      A este respecto, cuando la normativa nacional que establece las aguas y vías navegables no permita a los usuarios de motos
         acuáticas hacer un uso adecuado e inherente a dichos productos o lo limite enormemente, lo que corresponde apreciar al tribunal
         remitente, la citada normativa tendría por efecto impedir el acceso de estos productos al mercado nacional de que se trate
         y sería por tanto, salvo que exista una justificación con arreglo al artículo 30 CE o por motivos imperiosos de interés general,
         una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación prohibida por el artículo 28 CE. 
      
      29      Por otro lado, en ambos casos, la disposición nacional debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue
         y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo (véase la sentencia Comisión/Italia, antes citada, apartado
         59 y jurisprudencia citada). 
      
      30      El Gobierno sueco invoca el objetivo de la protección del medio ambiente y los objetivos contemplados en el artículo 30 CE
         para justificar el Reglamento nacional. Alega que mediante la limitación del uso de motos acuáticas a determinadas zonas se
         evitan perturbaciones intolerables para el medio ambiente. Indica que el uso de motos acuáticas tiene consecuencias negativas
         para la fauna, en concreto cuando dichas embarcaciones se conducen durante un período prolongado de tiempo en un área reducida
         o a gran velocidad. Los ruidos molestan a las personas y a los animales, especialmente a determinadas especies de aves protegidas.
         Además, el fácil traslado de las motos acuáticas facilita la transmisión de enfermedades animales.
      
      31      A este respecto debe precisarse que, conforme al artículo 30 CE, el artículo 28 CE no se opone a las prohibiciones o restricciones
         a la importación justificadas por razones de protección de la salud y vida de las personas y animales y preservación de los
         vegetales. 
      
      32      Además, según reiterada jurisprudencia, el objetivo de la protección del medio ambiente puede justificar medidas nacionales
         que puedan obstaculizar el comercio intracomunitario, siempre que dichas medidas sean proporcionadas respecto al objetivo
         que se persigue (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Austria, C‑524/07, apartado 57 y jurisprudencia citada).
         
      
      33      Dado que la protección del medio ambiente, por una parte, y la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales
         y la preservación de las plantas, por otra, son objetivos estrechamente relacionados en el presente caso, deben ser examinados
         conjuntamente para determinar si una normativa como la controvertida en el asunto principal está justificada. 
      
      34      Es indiscutible que la limitación o la prohibición de uso de motos acuáticas son medios adecuados para garantizar la protección
         del medio ambiente. No obstante, para que la normativa nacional pueda considerarse justificada, las autoridades nacionales
         deben demostrar que los efectos restrictivos de dicha normativa sobre la libre circulación de mercancías no van más allá de
         lo necesario para cumplir dicho objetivo. 
      
      35      El Gobierno sueco alega que existen no menos de 300 vías de navegación públicas a lo largo de la costa sueca y en los grandes
         lagos que no están sometidas a la prohibición de uso de motos acuáticas, lo que constituye una zona muy extensa. Añade que
         la situación geográfica de dichas aguas en Suecia excluye medidas de alcance distinto al previsto en las disposiciones del
         Reglamento nacional controvertido en el asunto principal. 
      
      36      A este respecto, aunque no cabe excluir en el caso de autos que medidas diferentes de la prohibición establecida en el artículo
         2 del Reglamento nacional puedan garantizar cierto grado de protección del medio ambiente, tampoco se puede negar a los Estados
         miembros la posibilidad de lograr un objetivo como el de la protección del medio ambiente mediante la adopción de normas generales
         que sean, por un lado, necesarias en atención a las particularidades geográficas del Estado miembro afectado y, por otro,
         fáciles de aplicar y controlar por las autoridades nacionales (véase, por analogía, la sentencia Comisión/Italia, antes citada,
         apartado 67). 
      
      37      El Reglamento nacional establece una prohibición general de uso de motos acuáticas fuera de las vías de navegación públicas,
         con la posibilidad de que el länsstyrelsen designe zonas fuera de dichas vías en las que puedan utilizarse motos acuáticas.
         A este respecto, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nacional, el länsstyrelsen deberá adoptar tales disposiciones con
         arreglo a los requisitos establecidos en dicho artículo. 
      
      38      En lo que respecta al carácter supuestamente necesario de la medida controvertida, procede señalar que la redacción del propio
         Reglamento nacional permite presumir que, en las zonas que deben designarse mediante disposiciones de aplicación, pueden utilizarse
         motos acuáticas sin provocar riesgos o molestias inadmisibles para el medio ambiente. De lo anterior se deduce que una prohibición
         general de uso de dichos productos fuera de las vías de navegación públicas es una medida que va más allá de lo necesario
         para lograr el objetivo de la protección del medio ambiente. 
      
      39      En principio, una normativa como la controvertida en el asunto principal puede considerarse proporcionada siempre que: en
         primer lugar, las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar tales medidas de aplicación; en segundo lugar,
         dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado
         las zonas que cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento nacional, y, finalmente, dichas medidas hayan sido adoptadas
         en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicho Reglamento. 
      
      40      De lo anterior se deriva que una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal puede estar justificada por
         el objetivo de la protección del medio ambiente en tanto respete los requisitos señalados. Corresponde al tribunal remitente
         verificar si dichos requisitos se cumplen en el asunto principal. 
      
      41      A este respecto, procede recordar que, en el marco del procedimiento con arreglo al artículo 234 CE, basado en una clara separación
         de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, toda apreciación de los hechos del
         asunto es competencia del órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 14 de febrero de 2008, Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑581,
         apartado 23). Sin embargo, para proporcionarle una respuesta útil, el Tribunal de Justicia puede, en aras de la cooperación
         con los órganos jurisdiccionales nacionales, facilitarle todas las indicaciones que considere necesarias (véase, en particular,
         la sentencia de 1 de julio de 2008, MOTOE, C‑49/07, Rec. p. I‑0000, apartado 30). 
      
      42      En el asunto principal, en el momento de los hechos, la normativa nacional se encontraba en vigor desde hacía aproximadamente
         tres semanas. Pues bien, la no adopción de las mencionadas medidas de aplicación de dicho Reglamento, cuando éste solamente
         acababa de entrar en vigor, no debería incidir necesariamente en la proporcionalidad de esta normativa en la medida en que
         las autoridades competentes no hubieran podido disponer del tiempo necesario para preparar las medidas en cuestión, extremo
         que debe verificar el órgano jurisdiccional nacional. 
      
      43      Por lo demás, si el órgano jurisdiccional remitente constata que las medidas de aplicación se han adoptado dentro de un plazo
         razonable, aunque posterior a los hechos, y que dichas medidas designan como zonas navegables las aguas en las que los inculpados
         en el asunto principal condujeron las motos acuáticas, razón por la cual fueron objeto de acciones penales, para que la normativa
         nacional siga siendo proporcionada y, por tanto, siga estando justificada conforme al objetivo de la protección del medio
         ambiente será necesario que los inculpados puedan invocar la designación efectuada, lo cual también viene exigido por el principio
         general del Derecho comunitario de aplicación retroactiva, según el caso, de la ley penal más favorable y de la pena más leve
         (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros, C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, Rec. p. I‑3565,
         apartado 68). 
      
      44      A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que la Directiva 94/25, en su
         versión modificada por la Directiva 2003/44, no se opone a una normativa nacional que por razones de protección del medio
         ambiente prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas. Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a tal normativa
         nacional siempre que: 
      
      –        las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas
         situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas; 
      
      –        dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado
         las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y
      
      –        tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa. 
      Corresponde al tribunal remitente verificar si, en el asunto principal, se cumplen estos requisitos. 
       Costas
      45      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      La Directiva 94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las disposiciones
            legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo, en su versión modificada
            por la Directiva 2003/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2003, no se opone a una normativa nacional
            que por razones de protección del medio ambiente prohíbe el uso de motos acuáticas fuera de las vías designadas.
      Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a tal normativa siempre que:
      –        las autoridades nacionales competentes estén obligadas a adoptar las medidas de aplicación previstas para designar las zonas
            situadas fuera de las vías de navegación públicas en las que puedan utilizarse las motos acuáticas; 
      –        dichas autoridades hayan ejercido efectivamente la competencia que les ha sido conferida a este respecto y hayan designado
            las zonas que cumplen los requisitos establecidos en la normativa nacional, y
      –        tales medidas hayan sido adoptadas en un plazo razonable tras la entrada en vigor de dicha normativa. 
      Corresponde al tribunal remitente verificar si, en el asunto principal, se cumplen estos requisitos.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: sueco.