CELEX: 62011CO0466
Language: es
Date: 2012-07-12 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012.#Gennaro Currà y otros contra Bundesrepublik Deutschland.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia.#Procedimiento prejudicial — Artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento — Acción ejercitada por las víctimas de masacres contra un Estado miembro en su condición de responsable de los actos cometidos por sus fuerzas armadas en tiempo de guerra — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia.#Asunto C‑466/11.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 12 de julio de 2012 (
            *1
         )
      «Procedimiento prejudicial — Artículo 92, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento — Acción ejercitada por las víctimas de masacres contra un Estado miembro en su condición de responsable de los actos cometidos por sus fuerzas armadas en tiempo de guerra — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia»
      En el asunto C-466/11,
      Que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale ordinario di Brescia (Italia), mediante resolución de 25 de julio de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2011, en el procedimiento entre
      
         Gennaro Currà y otros
      
      y
      
         Bundesrepublik Deutschland,
      
      en el que participa:
      
         Repubblica italiana,
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), E. Juhász, T. von Danwitz y D. Šváby, Jueces;
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      oída la Abogado General;
      dicta el siguiente
      
         Auto
      
      
               1
            
            
               La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los Tratados UE y FUE y de los artículos 17, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
            
         
               2
            
            
               Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre nacionales italianos y la Bundesrepublik Deutschland en relación con la pretensión de indemnización de los primeros por los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de su propia deportación o de la deportación de personas de las que son causahabientes.
            
         
         Marco jurídico
      
      
               3
            
            
               Según el artículo 28 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969:
               «las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.»
            
         
         Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      
      
               4
            
            
               En su sentencia Ferrini, de 6 de noviembre de 2003, publicada el 11 de marzo de 2004, la Corte suprema di cassazione declaró que un nacional italiano podía ejercitar ante los órganos jurisdiccionales italianos una acción indemnizatoria contra la Bundesrepublik Deutschland por los daños sufridos como consecuencia de su deportación, ya que, habida cuenta de la gravedad de los crímenes cometidos contra dicho nacional, dicho Estado no podía alegar la inmunidad de jurisdicción de la que goza en virtud del Derecho Internacional.
            
         
               5
            
            
               A raíz de esta sentencia, los demandantes en el litigio principal acudieron ante el Tribunale ordinario di Brescia con el fin de obtener de la Bundesrepublik Deutschland una indemnización equitativa por los trabajos forzados y la deportación de la que habían sido víctimas ellos mismos o las personas de las que eran causahabientes.
            
         
               6
            
            
               El 23 de diciembre de 2008 la Bundesrepublik Deutschland interpuso un recurso contra la Repubblica italiana ante el Tribunal Internacional de Justicia, alegando que dicho Estado no respeta el principio de Derecho internacional de inmunidad de jurisdicción de los Estados.
            
         
               7
            
            
               A la espera de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia, la Repubblica italiana promulgó la Ley no 98/2010, de 23 de junio de 2010, de disposiciones urgentes sobre la inmunidad de los Estados extranjeros ante los órganos jurisdiccionales italianos y la elección de los organismos de representación de los ciudadanos italianos en el extranjero (GURI no 147, de 26 de junio de 2010), que suspende las medidas de ejecución de las decisiones de condena contra la Bundesrepublik Deutschland, medida que debía perder su vigor a partir de la publicación de la sentencia de dicho Tribunal.
            
         
               8
            
            
               Habida cuenta del contexto internacional y de la promulgación de la citada ley, considerando que los órganos jurisdiccionales alemanes e italianos habían infringido las normas internacionales que garantizan a los ciudadanos italianos el disfrute de sus derechos, en particular, los artículos 17 y 47 de la Carta, los demandantes en el litigio principal pidieron al Tribunale ordinario di Brescia que se dirigiera al Tribunal de Justicia.
            
         
               9
            
            
               La Bundesrepublik Deutschland estima que goza de inmunidad de jurisdicción en virtud del Derecho internacional, inmunidad que ha sido confirmada en varios Estados miembros, en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de diciembre de 2004. Añade que la acción es inadmisible, puesto que, conforme al Tratado de paz de 1947, la Repubblica italiana renunció a cualquier pretensión de indemnización frente a la Bundesrepublik Deutschland.
            
         
               10
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente, considerando que procedía admitir el recurso de los demandantes en el litigio principal, afirma que la petición de decisión prejudicial se refiere a la cuestión de la excepción de inmunidad en relación con el Derecho de la Unión, a saber, el Tratado de Lisboa y la Carta. El citado órgano jurisdiccional añade que, al referirse a dos Estados miembros, la interpretación solicitada le permitirá dirimir la cuestión de la inmunidad de la Bundesrepublik Deutschland.
            
         
               11
            
            
               Por consiguiente, el Tribunale ordinario di Brescia decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
               
                        «1)
                     
                     
                        Sobre la base de las obligaciones internacionales de la Bundesrepublik Deutschland (artículos 2 y 5, apartado 2, del Tratado relativo a las deudas alemanas, firmado en Londres el 27 de febrero de 1953, […]), son contrarios al artículo 6 [TUE] y a los artículos 17, 47 y 52 de la Carta […] el supuesto privilegio de inmunidad de jurisdicción civil invocado [por dicho Estado] ante los órganos jurisdiccionales italianos en relación con los hechos del procedimiento […] —privilegio del que ya no puede disfrutar desde el 11 de marzo de 2004 [sentencia Ferrini (de la Corte suprema di cassazione), antes citada]— y el acuerdo [celebrado con el Gobierno italiano el 18 de noviembre de 2008 en Trieste] de iniciar ante el Tribunal Internacional de Justicia un procedimiento [(asunto) no 143/2008 General list], así como la normativa italiana sobre la materia, [derivada de] la Ley no 89/2010, que prohíbe la ejecución de sentencias italianas basadas en graves crímenes contra la humanidad?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ¿Vulneró hasta el 11 de marzo de 2004 [fecha en que se dictó la sentencia Ferrini (de la Corte suprema di cassazione, antes citada)] los derechos de los demandantes estipulados en los artículos 17 y 47 de la Carta […] la aplicación —contraria al artículo 2 del Tratado relativo a las deudas alemanas— del artículo 7 del Reichsbeamtenhaftungsgesetz (Ley de 22 de mayo de 1910 sobre la responsabilidad del Reich por sus funcionarios) (BGH, sentencia de 26 de junio de 2003, III ZR 245/98) y de la Bundensverfassungsgericht (sentencia de 15 de febrero de 2006, 2 Bvr 1476/03) relativa a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que excluye el derecho de los ciudadanos de la Unión a percibir una indemnización de la Bundesrepublik Deutschland? En consecuencia, ¿es contrario a las obligaciones comunitarias expresamente previstas en los artículos 3 [TFUE] y 4 [TFUE], apartado 3, último párrafo y al principio “Non conceditur contra venire factum proprio” invocar un plazo de prescripción?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        ¿Resulta contraria al artículo 4 [TUE], apartado 3, último párrafo, y al artículo 21 [TUE] la excepción de inmunidad de jurisdicción de la demandada, al excluir su responsabilidad civil derivada de los principios comunes del Derecho de la Unión (artículo 340 [TFUE]), por haber infringido el Derecho internacional (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso) frente a los ciudadanos de otro Estado miembro?»
                     
                  
         
         Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
      
      
               12
            
            
               En virtud de los artículos 92, apartado 1, y 103, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, cuando sea manifiestamente incompetente para conocer de una petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, puede, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.
            
         
               13
            
            
               Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si son contrarias a los artículos 3 TUE, 4 TUE, apartado 3, 6 TUE, 340 TFUE y a los artículos 17, 42 y 52 de la Carta la excepción de inmunidad de jurisdicción civil basada en el Derecho internacional que invoca la Bundesrepublik Deutschland ante los tribunales italianos —tal como dicho Estado la aplica a los hechos del litigio principal en su Derecho interno— y la Ley no98/2010.
            
         
               14
            
            
               Recuérdese, de entrada, que del artículo 5 TUE, apartado 2, se desprende que la Unión Europea actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinan y que toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
            
         
               15
            
            
               Asimismo, según reiterada jurisprudencia, en el marco de una remisión prejudicial planteada con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia sólo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias atribuidas a ésta (véanse la sentencia de 5 de octubre de 2010, McB., C-400/10 PPU, Rec. p. I-8965, apartado 51, y el auto de 14 de diciembre de 2011, Boncea y otros y Budan, C-483/11 y C-484/11, apartado 32). Más concretamente, el Tribunal de Justicia no es competente, en virtud del artículo 267 TFUE, para pronunciarse en materia de interpretación de normas de Derecho internacional que vinculan a los Estados miembros pero que están excluidas de la esfera del Derecho de la Unión (sentencia de 27 de noviembre de 1973, Vandeweghe y otros, 130/73, Rec. p. 1329, apartado 2).
            
         
               16
            
            
               En el caso de autos, el litigio principal se refiere a una acción indemnizatoria ejercitada por ciudadanos de un Estado miembro contra otro Estado miembro por hechos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes de la creación de las Comunidades Europeas.
            
         
               17
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente no indica ningún elemento que permita demostrar que el Tribunal de Justicia es competente ratione materiae. El mencionado órgano jurisdiccional pide al Tribunal de Justicia, en primer término, que se pronuncie sobre la interpretación del principio del Derecho internacional general relativo a la inmunidad de los Estados y sobre la del Tratado relativo a las deudas alemanas, en el que la Unión no es parte, y, en segundo término, que compruebe si, a la luz de dicha interpretación, el derecho y el comportamiento de ambos Estados miembros son conformes a las diferentes disposiciones de los Tratados UE y FUE y de la Carta.
            
         
               18
            
            
               Ciertamente, las competencias de la Unión deben ser ejercidas respetando el Derecho internacional (véanse, por analogía, las sentencias de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation, C-286/90, Rec. p. I-6019, apartado 9, y de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, C-366/10, Rec. p. I-13755, apartado 123). Así pues, el Tribunal de Justicia debe aplicar el Derecho internacional y puede tener que interpretar algunas normas pertenecientes a ese Derecho, pero sólo en el ámbito de la competencia que los Estados miembros han atribuido a la Unión.
            
         
               19
            
            
               No obstante, nada indica que la situación objeto del litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión ni, por tanto, de las normas de Derecho internacional que inciden en la interpretación del Derecho de la Unión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar y aplicar las normas de Derecho internacional que el órgano jurisdiccional remitente proyecta aplicar a dicha situación.
            
         
               20
            
            
               Por otra parte, el Tribunal de Justicia observa, a este respecto, en relación con la interpretación y la aplicación del principio de inmunidad de los Estados en el marco de una acción indemnizatoria ejercitada por ciudadanos de un Estado contra otro Estado por hechos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, que los dos Estados miembros de que se trata en el litigio principal acudieron ante el Tribunal Internacional de Justicia sin cuestionar su competencia. Dicho Tribunal se declaró competente y dictó una sentencia sobre el fondo del asunto el 3 de febrero de 2012.
            
         
               21
            
            
               De cuanto precede resulta que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente ratione materiae para responder a las cuestiones prejudiciales.
            
         
               22
            
            
               Aun suponiendo que la Unión pudiera interpretar normas del Derecho internacional como las contempladas por el órgano jurisdiccional remitente, del artículo 28 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que vincula a las instituciones de la Unión y forma parte del ordenamientos jurídico de la Unión como regla de Derecho consuetudinario internacional (véase, por analogía, la sentencia de 25 de febrero de 2010, Brita, C-386/08, Rec. p. I-1289, apartado 42), resulta que las disposiciones de un tratado no obligarán a los Estados contratantes respecto de ningún acto o hecho anterior a su entrada en vigor, salvo que en dicho tratado conste una intención diferente.
            
         
               23
            
            
               Ahora bien, de los tratados no se desprende en absoluto una intención diferente, en virtud de la cual la competencia de la Unión podría ampliarse a hechos como los del litigio principal, anteriores a su existencia.
            
         
               24
            
            
               En consecuencia, el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente ratione temporis para responder a las cuestiones prejudiciales.
            
         
               25
            
            
               Por lo que respecta, más concretamente, a las disposiciones de la Carta cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente, basta recordar que, según el artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones de esta última se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Además, en virtud del apartado 2 de ese mismo artículo, la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados. Por tanto, el Tribunal de Justicia debe interpretar, a la luz de la Carta, el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias atribuidas a ésta (sentencia de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros, C-256/11, Rec. p. I-11315, apartado 71 y jurisprudencia citada).
            
         
               26
            
            
               Dado que la situación del litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y que, por lo tanto, el Tribunal de Justicia carece de competencia, las disposiciones de la Carta que se invocan no pueden dar lugar, por sí mismas, a una nueva competencia.
            
         
               27
            
            
               En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer de la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia.
            
         
         Costas
      
      
               28
            
            
               Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) resuelve:
            
          
               
                  
                     El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para conocer de la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Brescia (Italia).
                  
               
             
               
                  
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: italiano.