CELEX: 62013CO0488
Language: es
Date: 2014-09-09 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de septiembre de 2014.#«Parva Investitsionna Banka» AD y otros contra «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD y Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrazhen sad — Tagrovishte.#Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) nº 1896/2006 — Concepto de “créditos pecuniarios no impugnados” — Procedimiento de insolvencia — Título extrajudicial relativo a un crédito impugnado — Petición de ejecución con cargo a la masa de la quiebra, basada en un título de esta naturaleza — Situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1896/2006 — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia.#Asunto C‑488/13.

Partes
               Motivación de la sentencia
               Parte dispositiva
               
            
            Partes
            En el asunto C‑488/13,
            que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria), mediante resolución de 2 de septiembre de 2013, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2013, en el procedimiento entre
            «Parva Investitsionna Banka» AD, 
            «UniKredit Bulbank» AD, 
            «Siyk Faundeyshan» LLS, 
            y
            «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, 
            Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, 
            en el que participan:
            Natsionalna agentsia za prihodite, 
            «Aset Menidzhmant» EAD, 
            «Ol Siyz Balgaria» OOD, 
            «Si Dzhi Ef — aktsionerna obshtnost» AD, 
            «Silvar Biych» EAD, 
            «Rudersdal» EOOD, 
            «Kota Enerdzhi» EAD, 
            Chavdar Angelov Angelov, 
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
            integrado por el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby y C. Vajda, Jueces;
            Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
            Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
            habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
            consideradas las observaciones presentadas:
            — en nombre de «Parva Investitsionna Banka» AD, por el Sr. I. Dermendzhiev, advokat; 
            — en nombre de «UniKredit Bulbank» AD, por la Sra. M. Fezliyska y por los Sres. A. Kazini y L.K. Hampartsumyan;
            — en nombre de «Siyk Faundeyshan» LLS, por el Sr. Z. Tomov, advokat;
            — en nombre de «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, por la Sra. M.G. Nakova, advokat;
            — en nombre del Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, por la Sra. G.Y. Kolyovska; 
            — en nombre de «Aset Menidzhmant» EAD, por el Sr. D. Ianakiev, advokat; 
            — en nombre de «Ol Siyz Balgaria» OOD, por el Sr. V. Skochev, advokat;
            — en nombre de «Silvar Biych» EAD, por el Sr. D. Ianakiev, advokat;
            — en nombre de «Rudersdal »  EOOD, por el Sr. V. Goshev, advokat;
            — en nombre de «Kota Enerdzhi »  EAD, por la Sra. M. Nikolova, advokat;
            — en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Petrova y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes;
            vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
            dicta el siguiente
            
            Motivación de la sentencia
            Auto 
            1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399, p. 1). 
            2. Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre «Parva Investitsionna Banka» AD, «UniKredit Bulbank» AD y «Siyk Faundeyshan» LLS, por un lado, y «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD y el Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD, por otro, en relación con un procedimiento de insolvencia iniciado contra la sociedad «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD.
            Marco jurídico 
            Derecho de la Unión 
            3. De conformidad con su artículo 1, apartado 1, letra a), el Reglamento nº 1896/2006 tiene por objeto «simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo».
            4. El artículo 2 de este Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación», dispone: 
            «1. El presente Reglamento se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa, ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (“ acta iure imperii ”). 
            2. El presente Reglamento no se aplicará a:
            [...]
            b) la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;
            [...]»
            5. El artículo 3 del citado Reglamento define los asuntos transfronterizos del siguiente modo:
            «1. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición.
            2. El domicilio se determinará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [(DO 2001, L 12, p. 1)].
            3. El momento pertinente para determinar si existe un asunto transfronterizo será aquel en que se presente la petición de requerimiento europeo de pago de conformidad con el presente Reglamento.»
            6. El artículo 21 del mismo Reglamento, titulado «Ejecución», dispone en su apartado 1, párrafo primero:
            «Sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, los procedimientos de ejecución se regirán por el Derecho del Estado miembro de ejecución.»
            7. El artículo 26 del Reglamento nº 1896/2006, titulado «Relación con el Derecho procesal nacional», dispone: 
            «Todas las cuestiones procesales no tratadas expresamente en el presente Reglamento se regirán por el Derecho nacional.»
            Derecho búlgaro 
            Constitución 
            8. El artículo 5, apartado 4, de la Constitución dispone:
            «Los tratados internacionales ratificados con arreglo a la Constitución, que hayan sido publicados y que hayan entrado en vigor respecto a la República de Bulgaria formarán parte del ordenamiento jurídico interno. Gozarán de primacía sobre cualesquiera disposiciones de la legislación interna que se hallen en contradicción con los mismos.» 
            Código de Comercio 
            9. El artículo 717n del Código de Comercio (Targovski zakon, en lo sucesivo, «TZ») dispone:
            «Cuando se venda un bien que haya sido hipotecado por el deudor con el fin de garantizar la deuda de otro, el síndico enviará al acreedor hipotecario un aviso de venta. El síndico conservará el importe adeudado al acreedor hipotecario y lo entregará al acreedor previa presentación de un título ejecutivo de su crédito.»
            Ley de Enjuiciamiento Civil
            10. El artículo 417 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Grazhdanski protsesualen kodeks; en lo sucesivo, «GPK») establece:
            «El solicitante podrá pedir también que se expida un requerimiento cuando el crédito, con independencia de su importe, se base en:
            1) un acto de un órgano administrativo, cuya ejecución deba ser autorizada por los tribunales civiles; 
            2) un documento contable o un extracto contable que acredite el crédito de un establecimiento del Estado, de un municipio o de un banco;
            3) una escritura pública, un convenio u otro acuerdo, con legalización notarial de las firmas, respecto a obligaciones de pago de dinero o de otros elementos fungibles inscritos en estos, así como a obligaciones de transmisión de bienes determinados;
            [...]»
            11. El artículo 418 de esta Ley dispone: 
            «1. Cuando la petición se acompañe de uno de los documentos mencionados en el artículo 417 sobre el que se base el crédito, el acreedor podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución inmediata y que expida un título ejecutivo.
            2. El tribunal expedirá el título ejecutivo una vez comprobada la regularidad formal del documento y constatada la existencia de un crédito exigible frente al deudor. Para expedir el título ejecutivo, el tribunal insertará una nota a tal efecto en el documento presentado y en el requerimiento.
            3. Cuando, conforme al documento presentado, la exigibilidad de la deuda dependa de la ejecución de una contraprestación o de que se produzca otro hecho, la ejecución de esta contraprestación o el acaecimiento de esta circunstancia deben acreditarse mediante un documento oficial o mediante un documento procedente del deudor.
            4. El acto por el que se desestime total o parcialmente la petición de que se expida un título ejecutivo puede ser objeto de recurso por el solicitante en el plazo de una semana a partir de su notificación, mediante un recurso incidental, del que no se presenta copia para notificación.
            [...]»
            Ley sobre los Actos Normativos
            12. El artículo 46 de la Ley sobre los Actos Normativos (Zakon za normativnite aktove; en lo sucesivo, «ZNA»), relativa a la interpretación de los actos normativos, dispone:
            «1. Las disposiciones de los actos normativos se aplicarán según su sentido estricto. Si no son claras, se interpretarán en el sentido que se ajuste mejor a las otras disposiciones, a la finalidad del acto interpretado y a los principios generales del Derecho búlgaro.
            2. Cuando el acto normativo sea incompleto, se aplicarán a los supuestos no regulados las disposiciones que se refieran a casos análogos, siempre que ello sea conforme a la finalidad del acto. A falta de disposiciones de este tipo, las relaciones se regirán por los principios generales del Derecho búlgaro [...]»
            Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
            13. El Okrazhen sad — Targovishte (Tribunal regional de Targovishte), competente en materia de quiebras, inició, mediante resolución de 30 de mayo de 2011, un procedimiento de insolvencia contra «Ear Proparti Developmant— v nesastoyatelnost» AD y ordenó, mediante resolución de 15 de junio de 2012, el embargo de los bienes que formaban parte de la masa de la quiebra así como su liquidación.
            14. El Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD (síndico designado en el marco del procedimiento incoado contra «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD) procedió a la venta de varios inmuebles que formaban parte de la citada masa y que estaban hipotecados en favor de «Parva Investitsionna Banka» AD (en lo sucesivo, «Parva Investitsionna Banka»). Estas hipotecas se habían constituido con el fin de garantizar contratos relativos a créditos, celebrados entre Parva Investitsionna Banka y terceros, a saber, «Port Investmant Developmant — Balgaria 2» EAD y «Aset Menidzhmant» EAD.
            15. Parva Investitsionna Banka es titular de varios títulos ejecutivos extrajudiciales relativos a los créditos vinculados a estos préstamos hipotecarios. Dicha sociedad presentó una demanda, basada en el artículo 717n, del TZ con el fin de que se procediese a la ejecución provisional e inmediata de esos títulos, con arreglo a los artículos 417 y 418 de la GPK. Solicitaba el pago del precio al que se habían vendido los inmuebles que formaban parte de la masa de la quiebra. Dado que estos créditos fuero n impugnados, en particular, por las sociedades deudoras, el Sindik na «Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost» AD solicitó al órgano jurisdiccional remitente que se pronunciase, entre otras cuestiones, sobre los requisitos de aplicación del artículo 717n del TZ, en el supuesto de que se solicite el pago de un crédito impugnado con cargo a la masa de la quiebra.
            16. Según el órgano jurisdiccional remitente, esta petición plantea, en esencia, la cuestión de si puede considerarse lícito el pago, con cargo a la masa de la quiebra y en la forma prevista en el artículo 717n del TZ, de un crédito impugnado, cuya ejecución provisional e inmediata ha sido autorizada sobre la base de títulos extrajudiciales.
            17. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional hace referencia a una sentencia del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) de 2 de octubre de 2012 (asunto nº 4/2012), que confirmó la constitucionalidad de los artículos 417 y 418 del GPK por los que se faculta a los bancos, sobre la base de un extracto de las cuentas de crédito, para obtener una ejecución inmediata. El examen del Konstitutsionen sad se realizó a la luz del Reglamento nº 1896/2006, dado que éste forma parte del Derecho nacional interno y que tiene primacía, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, de la Constitución, sobre las normas internas que sean contrarias a los principios jurídicos y a las soluciones que dicho Reglamento prevé.
            18. El órgano jurisdiccional remitente considera que el examen del Derecho nacional muestra la existencia de un vacío jurídico ya que el artículo 717n del TZ no contempla el supuesto de que una petición presentada con arreglo a dicha disposición se impugne. Según este órgano jurisdiccional, el artículo 46, apartado 2, de la ZNA le obliga, cuando se observa tal vacío, a tener en cuenta el sistema de la Ley y los principios generales del Derecho, a fin de resolver sobre la petición que se le presenta. Aun cuando el Reglamento nº 1896/2006 se refiere exclusivamente a un procedimiento monitorio europeo, es, según el citado órgano jurisdiccional, la única regulación cuyas soluciones normativas son, por su objeto, suficientemente afines a la naturaleza del litigio pendiente ante él. Dicho Reglamento establece normas y principios pertinentes para responder a las cuestiones relativas al conflicto existente entre el procedimiento de ejecución individual y el procedimiento de insolvencia.
            19. Según el órgano jurisdiccional remitente, de conformidad con el artículo 5, apartado 4, de la Constitución, el citado Reglamento forma parte del Derecho nacional. Por tanto, procede tenerlo en cuenta al interpretar los principios generales del Derecho y la determinación del sistema de la Ley.
            20. En estas circunstancias, el Okrazhen sad — Targovishte decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
            «1) ¿Cómo se ha de interpretar el criterio de la no impugnación del crédito pecuniario que se pretende ejecutar en el sentido del sexto considerando y del artículo 1 del Reglamento [nº 1896/2006]?
            2) En los casos en que las disposiciones nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea en cuyo territorio se ejecuta el crédito pecuniario no regulen si la orden de ejecución de un crédito pecuniario se puede aplicar en un procedimiento de insolvencia iniciado frente a la persona contra cuyo patrimonio se dirige la ejecución, ¿debe interpretarse restrictivamente la prohibición establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento [nº 1896/2006], y ha de aplicarse sólo a los créditos pecuniarios impugnados que se pretenda ejecutar, o dicha prohibición se refiere también a los créditos pecuniarios no impugnados?
            3) ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento [nº 1896/2006], con arreglo al cual éste no es aplicable a la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos, en el sentido de que la restricción se refiere sólo a la apertura de los mencionados procedimientos, o la restricción comprende todo el desarrollo de dichos procedimientos conforme a las situaciones y fases procesales previstas en la normativa nacional del Estado miembro de la Unión Europea de que se trate?
            4) Con arreglo a la doctrina de la primacía del Derecho comunitario y en caso de vacío en la normativa nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, el órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro ante el cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia frente a una persona contra cuyo patrimonio se dirige la ejecución ¿puede dictar, por vía interpretativa, una sentencia contraria a los principios fundamentales del Reglamento [nº 1896/2006] sobre la base del décimo considerando y del artículo 26 del Reglamento?»
            Sobre la competencia del Tribunal de Justicia 
            21. De conformidad con su artículo 1, el Reglamento nº 1896/2006 establece un proceso monitorio europeo en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados.
            22. De la resolución de remisión resulta que el asunto principal no tiene por objeto un proceso monitorio europeo, previsto por el Reglamento nº 1896/2006, ni la ejecución de un requerimiento europeo de pago, expedido sobre la base de éste, sino que se refiere a la ejecución de un título extrajudicial, cuya ejecución provisional e inmediata se solicita con arreglo al Derecho nacional en el marco de un procedimiento de insolvencia.
            23. Por ello, es evidente que la situación de que se trata en el litigio principal no está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1896/2006, cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente.
            24. Pues bien, de la resolución de remisión resulta que, mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se interprete el Reglamento nº 1896/2006, para colmar una laguna que dicho órgano jurisdiccional detectó en la legislación nacional aplicable a una situación, como la que es objeto del litigio principal, que no está incluida en el ámbito de aplicación de este Reglamento.
            25. Sobre el particular, se ha de recordar que conforme al artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la petición de decisión prejudicial debe contener la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. Esa indicación, así como la exposición concisa de los hechos pertinentes que exige el artículo 94, letra a), del mismo Reglamento, debe permitir al Tribunal de Justicia comprobar, además de la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, su competencia para responder a la cuestión planteada (sentencia Siragusa, C‑206/13, EU:C:2014:126, apartado 19).
            26. Asimismo, el Tribunal de Justicia no es competente, en principio, para responder a una cuestión planteada con carácter prejudicial cuando resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a su interpretación no puede aplicarse (véase, en este sentido, la sentencia Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, apartado 41 y jurisprudencia citada).
            27. No obstante, en una situación, como la que es objeto del litigio principal, en la que los hechos están fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial siempre que el Derecho nacional se remita al contenido de dichas disposiciones del Derecho de la Unión para determinar las normas aplicables a una situación puramente interna del Estado miembro de que se trate (véanse, en particular, las sentencias Poseidon Chartering, C‑3/04, EU:C:2006:176, apartado 15; ETI y otros, C‑280/06, EU:C:2007:775, apartados 22 y 26; Salahadin Abdulla y otros, C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08, EU:C:2010:105, apartado 48; Cicala, C‑482/10, EU:C:2011:868, apartado 17; Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, apartado 45, así como Romeo, C‑313/12, EU:C:2013:718, apartado 21).
            28. En efecto, existe un interés manifiesto de la Unión en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho de la Unión reciban una interpretación uniforme, cuando, para resolver una situación que no está comprendida en el ámbito de aplicación del acto de la Unión de que se trata, una normativa nacional se atiene a las soluciones aplicadas por dicho acto, con el fin de garantizar un tratamiento idéntico de las situaciones internas y de las que se rigen por el Derecho de la Unión, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan que aplicarse las disposiciones o los conceptos tomados del Derecho de la Unión (véanse, en particular, las sentencias Salahadin Abdulla y otros, EU:C:2010:105, apartado 48; SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartados 87 y 88; Nolan, EU:C:2012:638, apartado 46; Allianz Hungária Biztosító y otros, C‑32/11, EU:C:2013:160, apartados 20 y 21, así como Romeo, EU:C:2013:718, apartado 22).
            29. Así ocurre cuando el Derecho nacional ha declarado las disposiciones del Derecho de la Unión de que se trata directa e incondicionalmente aplicables a tales situaciones (sentencias Cicala, EU:C:2011:868, apartado 19; Nolan, EU:C:2012:638, apartado 47, y Romeo, EU:C:2013:718, apartado 23). En cambio, no es así cuando las disposiciones del Derecho nacional permitan al juez nacional apartarse de las normas del Derecho de la Unión, tal como las ha interpretado el Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, las sentencias Kleinwort Benson, C‑346/93, EU:C:1995:85, apartados 16 y 18, así como Romeo, EU:C:2013:718, apartado 33 y jurisprudencia citada).
            30. En el presente caso, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al artículo 46, apartado 2, de la ZNA, en relación con el artículo 5, apartado 4, de la Constitución y expone las razones por las que considera que una interpretación de las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006 en una situación, como la que es objeto del litigio principal, que no está incluida en el ámbito de aplicación de este Reglamento es necesaria para la resolución del litigio del que conoce. Ahora bien, la exposición de estas razones no permite al Tribunal de Justicia concluir que sea competente para responder a la petición de decisión prejudicial.
            31. El artículo 5, apartado 4, de la Constitución dispone que «los tratados internacionales ratificados con arreglo a la Constitución, que hayan sido publicados y que hayan entrado en vigor respecto a la República de Bulgaria formarán parte del ordenamiento jurídico interno[, y que] gozarán de primacía sobre cualesquiera disposiciones de la legislación interna que se hallen en contradicción con los mismos». Esta norma no se remite, por tanto, a las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006, a que se refieren las cuestiones prejudiciales, sino que establece únicamente, conforme a su tenor, una regla relativa a la jerarquía existente entre el Derecho internacional y el Derecho nacional.
            32. En cuanto al artículo 46, apartado 2, de la ZNA, ésta se remite de manera general a los «principios generales del Derecho búlgaro» y no específicamente a las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006, que se mencionan en las citadas cuestiones. Aun cuando el órgano jurisdiccional remitente aduce que esta disposición de la ZNA, en relación con el artículo 5, apartado 4, de la Constitución, se refiere también al Derecho de la Unión, no afirma en modo alguno que dichas disposiciones del Derecho búlgaro remitan efectivamente a las disposiciones de este Reglamento a fin de resolver situaciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de éste para garantizar un tratamiento idéntico de las situaciones internas y de las que se rigen por el Derecho de la Unión.
            33. Por lo que respecta a la sentencia del Konstitutsionen sad, mencionada en el apartado 17 del presente auto, y a la que se refiere, en este contexto, el órgano jurisdiccional remitente, de la resolución de remisión no resulta en modo alguno que la citada sentencia tenga relación con la cuestión de si las disposiciones de los artículos 5, apartado 4, de la Constitución y 46, apartado 2, de la ZNA contienen una remisión al Derecho de la Unión para garantizar tal tratamiento idéntico.
            34. Pues bien, aunque esta última disposición, en relación con el artículo 5, apartado 4, de la Constitución, remite de manera general a los principios generales del Derecho a fin de colmar un vacío legal, de la citada resolución no resulta que estas disposiciones del Derecho búlgaro hayan declarado aplicables las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006, como tales, de una manera directa e incondicional, en una situación que no entra en el ámbito de aplicación de las disposiciones de ese Reglamento cuya interpretación se solicita. Parece más bien que las citadas disposiciones del Derecho búlgaro se limitan a permitir al juez que conoce del asunto utilizar los principios generales y las normas del Derecho nacional así como del Derecho de la Unión a fin de colmar, por vía jurisprudencial, y según su propia apreciación de los criterios que se derivan de estas normas y principios, la laguna detectada.
            35. Por ello, no puede considerarse que las disposiciones del Reglamento nº 1896/2006 mencionadas en las cuestiones planteadas hayan sido, como tales, declaradas aplicables de manera directa e incondicional por el Derecho nacional a una situación como la que es objeto del litigio principal que no entra en el ámbito de aplicación de este Reglamento.
            36. En consecuencia, procede señalar, sobre la base del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Okrazhen sad —Targovishte.
            Costas 
            37. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
            
            Parte dispositiva
            En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) resuelve:
            El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas por el Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria).