CELEX: C2005/132/10
Language: es
Date: 2005-05-28 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 12 de abril de 2005, en el asunto C-145/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social n° 20 de Madrid): Herederos de Annette Keller contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y otros («Seguridad social — Artículos 3 y 22 del Reglamento n° 1408/71 — Artículo 22 del Reglamento n° 574/72 — Hospitalización en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente — Necesidad de asistencia urgente de carácter vital — Traslado del asegurado a un establecimiento hospitalario de un Estado tercero — Alcance de los formularios E 111 y E 112»)

28.5.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 132/5
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Gran Sala)
   de 12 de abril de 2005
   en el asunto C-145/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social no 20 de Madrid): Herederos de Annette Keller contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y otros (1)
   
   («Seguridad social - Artículos 3 y 22 del Reglamento no 1408/71 - Artículo 22 del Reglamento no 574/72 - Hospitalización en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente - Necesidad de asistencia urgente de carácter vital - Traslado del asegurado a un establecimiento hospitalario de un Estado tercero - Alcance de los formularios E 111 y E 112»)
   (2005/C 132/10)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-145/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Juzgado de lo Social no 20 de Madrid, mediante auto de 6 de noviembre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2003, en el procedimiento entre Herederos de Annette Keller contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), anteriormente Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts (Ponente) y A. Borg Barthet, Presidentes de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis y M. Ilešič, Jueces; Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, ha dictado el 12 de abril de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               El artículo 22, apartado 1, letras a), inciso i), y c), inciso i), del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el artículo 22, apartados 1 y 3, del Reglamento (CEE) no 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento no 1408/71, en su versión modificada y actualizada mediante el Reglamento (CEE) no 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, han de interpretarse en el sentido de que la institución competente que consintió, mediante la expedición de un formulario E 111 o de un formulario E 112, que uno de sus beneficiarios de la seguridad social recibiera asistencia médica en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente está vinculada por los diagnósticos relativos a la necesidad de asistencia urgente de carácter vital, efectuados durante el período de validez del formulario por médicos autorizados por la institución del Estado miembro de estancia, así como por la decisión de tales médicos adoptada, durante ese mismo período, basándose en dichos diagnósticos y en los conocimientos médicos del momento, de trasladar al interesado a un establecimiento hospitalario situado en otro Estado, aun en el caso de que éste sea un Estado tercero. No obstante, en tal situación, conforme al artículo 22, apartado 1, letras a), inciso i), y c), inciso i), del Reglamento no 1408/71, el derecho del asegurado a las prestaciones en especie servidas por cuenta de la institución competente está sujeto a la condición de que, según la legislación aplicada por la institución del Estado miembro de estancia, ésta esté obligada a servir a una persona que está afiliada a ella las prestaciones en especie correspondientes a dicha asistencia.
               En tales circunstancias, la institución competente no tiene derecho ni a exigir el regreso del interesado al Estado miembro competente para someterle en él a un control médico, ni a hacer que se le examine en el Estado miembro de estancia, ni a supeditar los diagnósticos y las decisiones anteriormente mencionadas a una aprobación por su parte.
            
         
               2)
            
            
               En el caso de que los médicos autorizados por la institución del Estado miembro de estancia opten, por razones de urgencia vital y habida cuenta de los conocimientos médicos del momento, por el traslado del asegurado a un establecimiento hospitalario situado en el territorio de un Estado tercero, el artículo 22, apartado 1, letras a), inciso i), y c), inciso i), del Reglamento no 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que la institución del Estado miembro de estancia ha de asumir el coste de la asistencia prestada en aquel Estado de conformidad con la legislación que ella aplique, en condiciones idénticas a las que disfrutan los beneficiarios de la seguridad social a quienes se aplica dicha legislación. Por lo que respecta a la asistencia que figura entre las prestaciones previstas en la legislación del Estado miembro competente, corresponde posteriormente a la institución de este último Estado soportar la carga de las prestaciones así realizadas, reembolsando a la institución del Estado miembro de estancia en las condiciones establecidas en el artículo 36 del Reglamento no 1408/71.
               Toda vez que la institución del Estado miembro de estancia no asumió el coste de la asistencia prestada en un establecimiento situado en un Estado tercero, que ha quedado acreditado que la persona afectada tenía derecho a que así fuera y que dicha asistencia figura entre las prestaciones previstas en la legislación del Estado miembro competente, corresponde a la institución competente reembolsar directamente a la referida persona o a sus derechohabientes el coste de tal asistencia a fin de garantizarle un nivel de asunción del coste equivalente al que dicha persona habría disfrutado si se hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento no 1408/71.
            
         
      (1)  DO C 146, de 21.6.2003.