CELEX: C2003/083/15
Language: es
Date: 2003-04-05 00:00:00
Title: Asunto C-47/03 P: Recurso de casación interpuesto el 7 de febrero de 2003 por el Sr. M. Cwik contra la sentencia dictada el 26 de noviembre de 2002 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-103/01 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. M. Cwik

5.4.2003               ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                                    C 83/9
     ninguna otra autoridad, detener por la fuerza y expulsar           6)     Las diferentes normas comunitarias antes citadas —los
     a quien considere de manera unilateral que no tiene                       artículos 7, 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo,
     derecho a permanecer en el territorio de dicho Estado y                   de 25 de febrero de 1964, y los artículos 2, 5, 6, 13 y 14
     pueda hacerlo con unos plazos y procedimientos tales                      del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
     que sustraigan dicha actividad al control concreto y                      Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en
     efectivo de una autoridad distinta e imparcial tanto antes                Roma el 4 de noviembre de 1950—, así como los
     como durante y después de la ejecución del propio acto?                   principios generales y fundamentales del Derecho comu-
                                                                               nitario, ¿deben interpretarse o no en el sentido de
                                                                               que son contrarias a las disposiciones normativas del
3)   Las diferentes normas comunitarias antes citadas —los                     artículo 13, apartados 3, 4 y 5 bis, del Decreto Legislativo
     artículos 7, 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo,                del Estado italiano no 286, de 25 de julio de 1998, en la
     de 25 de febrero de 1964, y los artículos 2, 5, 6, 13 y 14                versión actualmente vigente?
     del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
     Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en              (1 ) Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964,
     Roma el 4 de noviembre de 1950—, así como los                           para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros
     principios generales y fundamentales del Derecho comu-                  en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por
     nitario, ¿deben interpretarse o no en el sentido de que es              razones de orden público, seguridad y salud pública (DO P 56 de
     ilógico e ilegal que un Estado miembro de la Comunidad                  4.4.1964 p. 850).
     Europea establezca un sistema de control jurisdiccional
     de las decisiones de expulsión de extranjeros y de la
     actividad de policía en ejecución de las mismas que no
     tenga ninguna incidencia efectiva sobre los efectos de
     dichas decisiones ni sobre los actos de ejecución de las           Recurso de casación interpuesto el 7 de febrero de 2003
     mismas y que no constituya, por consiguiente, nada más             por el Sr. M. Cwik contra la sentencia dictada el 26 de
     que una apariencia formal de protección jurisdiccional,            noviembre de 2002 por la Sala Segunda del Tribunal de
     carente por completo de importancia real y de utilidad             Primera Instancia en el asunto T-103/01 promovido
     práctica?                                                          contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el
                                                                                                      Sr. M. Cwik
4)   Las diferentes normas comunitarias antes citadas —los                                        (Asunto C-47/03 P)
     artículos 7, 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo,
     de 25 de febrero de 1964, y los artículos 2, 5, 6, 13 y 14                                     (2003/C 83/15)
     del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
     Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en
     Roma el 4 de noviembre de 1950—, así como los                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     principios generales y fundamentales del Derecho comu-             presentado el 7 de febrero de 2003 un recurso de casación
     nitario, ¿deben interpretarse o no en el sentido de que es         formulado por el Sr. M. Cwik, representado por Me N. Lhöest,
     ilegal que un Estado miembro de la Comunidad Europea               que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
     regule las decisiones de expulsión de extranjeros y la             dictada el 26 de noviembre de 2002 por la Sala Segunda del
     ejecución de las mismas de tal modo que impida el                  Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
     ejercicio concreto por parte de las personas expulsadas            en el asunto T-103/01, promovido contra la Comisión de las
     de su eventual derecho de asilo y de refugio?                      Comunidades Europeas por el Sr. M. Cwik.
                                                                        La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
5)   Las diferentes normas comunitarias antes citadas —los
     artículos 7, 8 y 9 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo,         1)     Acuerde la admisión del recurso de casación y lo declare
     de 25 de febrero de 1964, y los artículos 2, 5, 6, 13 y 14                fundado.
     del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
                                                                        2)     En consecuencia:
     Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en
     Roma el 4 de noviembre de 1950—, así como los                             a)     anule la sentencia recurrida,
     principios generales y fundamentales del Derecho comu-
     nitario, ¿deben interpretarse o no en el sentido de que es                b)     devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia
     ilegal, por lesionar y limitar de forma desproporcionada                         con el fin de que éste se pronuncie, de un lado, sobre
     e injusta los derechos y libertades personales reconocidos                       la solicitud de anulación de la decisión de la
     a todas las personas en la Comunidad Europea, que un                             Comisión de 13 de junio de 2000, por la que se
     Estado miembro de la Comunidad disponga que las                                  trasladó al recurrente de la unidad «Información,
     órdenes de expulsión de extranjeros provistos de un                              publicaciones y documentación económica», que
     pasaporte regular sean ejecutadas de forma coactiva, por                         pasó a ser, a raíz de la reestructuración, la unidad
     la fuerza, inmediatamente después (en el sentido de                              «Información: EURO y UEM» (CFIN-04 bajo la
     pocos minutos después) de su notificación al extranjero                          dirección del Sr. Blackie), a la unidad Coordinación
     destinatario de la orden, aun cuando no existan exigencias                       general, recursos humanos y administración (ECFIN-
     concretas y específicas de orden público y seguridad                             01 bajo la dirección del Sr. Verhaeven) y, de otro
     pública que justifiquen semejante recurso a la coacción                          lado, sobre la pretensión de indemnización por
     física?                                                                          daños y perjuicios.
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      c)    Condene a la demandada al pago de todas las costas                público, o de cualquier información sobre la situación
            de ambos procedimientos.                                          económica, patrimonial o financiera que la sociedad tenga
                                                                              la obligación de proporcionar sobre la propia sociedad o
                                                                              sobre el grupo al que ésta pertenezca?
Motivos y principales alegaciones
                                                                        2)    En relación con la obligación de los Estados miembros
                                                                              de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones
Infracción del Derecho comunitario y, más en concreto,
                                                                              previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
infracción del artículo 33 del Estatuto del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Económica Europea según el cual las                           68/151/CEE y 78/660/CEE) (2), las propias Directivas y,
                                                                              en particular, lo dispuesto en los artículos 44 CE,
sentencias serán motivadas, lo cual implica en particular que
                                                                              apartado 3, letra g), en los artículos 2, apartado 1, letra f),
el motivo indicado debe ser legalmente admisible, es decir,
                                                                              y 6 de la citada Primera Directiva (68/151/CEE) y en el
suficiente, coherente, pertinente, sin adolecer de errores de
                                                                              artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de la citada Cuarta Directiva
Derecho o de hecho y no contradictorio:
                                                                              (78/660/CEE, tal como fue completada por las Directivas
                                                                              83/349/CEE y 90/605/CEE), ¿deben interpretarse (o no)
—     El Tribunal de Primera Instancia no ha tenido en cuenta
                                                                              en el sentido de que tales normas se oponen a una
      todos los indicios invocados por el recurrente para
                                                                              legislación de un Estado miembro que excluye la punibili-
      acreditar el acoso moral de que era objeto, ni tampoco
                                                                              dad del incumplimiento de las obligaciones de publicidad
      los ha apreciado en su totalidad;
                                                                              y de información fiel de la sociedad, que prevé un sistema
                                                                              de sanciones que no responde de manera concreta a
—     el Tribunal de Primera Instancia no ha aludido para nada
                                                                              los criterios de efectividad, proporcionalidad y carácter
      a varios hechos nuevos consistentes en una nueva
                                                                              disuasorio de las sanciones establecidas para garantizar
      reestructuración de los servicios, en virtud de la cual el
                                                                              dicha protección?
      recurrente es la única persona que no ha sido reintegrada
      a su antigua unidad;
                                                                        3)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el
—     el Tribunal de Primera Instancia se ha negado, sin dar la               artículo 44 CE, apartado 3, letra g), en los artículos 2,
      menor explicación, a unir a los autos algunos documentos                apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
      recientes, aparecidos una vez concluida la fase escrita del             CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y
      procedimiento y que contradicen los planteamientos de                   4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue
      la Comisión.                                                            completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/
                                                                              CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el
                                                                              sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación
                                                                              de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-
                                                                              mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-
                                                                              ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para
                                                                              proteger los «intereses de socios y terceros», atribuye
                                                                              únicamente a los socios y acreedores la facultad de instar
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
                                                                              la imposición de la sanción, con la consiguiente exclusión
lución del Tribunale Ordinario di Torino, Sala GIP, de
                                                                              de una protección generalizada y efectiva de los terceros?
fecha 29 de enero de 2003, en el procedimiento penal
                  contra Giuseppe Momblano
                                                                        4)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el
                                                                              artículo 44 CE, apartado 3, letra g), en los artículos 2,
                        (Asunto C-52/03)                                      apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
                                                                              CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y
                          (2003/C 83/16)                                      4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue
                                                                              completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/
                                                                              CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el
                                                                              sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                     de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                   mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-
resolución del Tribunale Ordinario di Torino, Sala GIP, dictada               ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para
el 29 de enero de 2003, en el procedimiento penal contra                      proteger los «intereses de socios y terceros», establece
Giuseppe Momblano, y recibida en la Secretaría del Tribunal                   mecanismos de persecución de las infracciones y sistemas
de Justicia el 10 de febrero de 2003. El Tribunale Ordinario di               de sanciones especialmente diferenciados, reservando la
Torino, Sala GIP, solicita al Tribunal de Justicia que se                     punibilidad a instancia de parte y la imposición de
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                    sanciones más graves y efectivas exclusivamente para las
                                                                              infracciones que perjudiquen a los socios y acreedores?
1)    El artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE ( 1), ¿puede
      interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados
      miembros a establecer sanciones apropiadas no sólo en             (1 ) DO L 65 de 14.3.1968, p. 8.
      caso de falta de publicidad del balance y de la cuenta de         (2 ) DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
      pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, sino
      también en caso de publicación no fiel del mismo, de las
      otras comunicaciones sociales dirigidas a los socios o al