CELEX: 62005CO0397
Language: es
Date: 2007-03-06 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de marzo de 2007.#Maria Grazia Di Maggio y Salvatore Buccola.#Petición de decisión prejudicial: Tribunale di Palermo - Italia.#Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Libertad de establecimiento - Libre prestación de servicios - Interpretación de los artículos 43 CE y 49 CE - Juegos de azar - Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos - Exigencia de una concesión - Exclusión de operadores constituidos bajo determinadas formas de sociedades de capital - Exigencia de una autorización de policía - Sanciones penales.#Asunto C-397/05.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 6 de marzo de 2007 — Proceso penal contra Di Maggio y Buccola
      (Asunto C‑397/05)
      «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Interpretación de los artículos 43 CE y 49 CE — Juegos de azar — Recogida de apuestas sobre acontecimientos deportivos — Exigencia de una concesión — Exclusión de operadores constituidos bajo determinadas formas de sociedades de capital — Exigencia de una autorización de policía — Sanciones penales»
      Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Restricciones (Arts. 43 CE y 49 CE) (véanse el apartado 7 y los puntos 1 a 4 del fallo)
      Objeto
      
         
               Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Palermo — Interpretación de los artículos 31 CE, 43 CE, 49 CE y 81 CE a 89 CE
                  — Ley nacional que supedita el ejercicio de la actividad de recogida de apuestas a la obtención de una autorización.
               
            Fallo
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  Una normativa nacional que prohíbe el ejercicio de actividades de recogida, aceptación, registro y transmisión de las propuestas
                     de apuestas, en concreto de las relativas a acontecimientos deportivos, cuando no se dispone de una concesión o una autorización
                     de policía expedidas por el Estado miembro de que se trate, constituye una restricción a la libertad de establecimiento y
                     a la libre prestación de servicios reconocidas en los artículos 43 CE y 49 CE respectivamente.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en la medida en que limita el número de operadores en el sector
                     de los juegos de azar, la normativa nacional responde verdaderamente al objetivo de evitar la explotación de las actividades
                     en dicho sector con fines delictivos o fraudulentos.
                  
               
            
         
                  3)
               
               
                  
               
               
                  Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida
                     en el asunto principal, que excluye y continúa excluyendo del sector de los juegos de azar a los operadores constituidos bajo
                     la forma de sociedades de capital cuyas acciones cotizan en los mercados regulados.
                  
               
            
         
                  4)
               
               
                  
               
               
                  Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida
                     en el asunto principal, que impone una sanción penal a personas como los imputados en los litigios principales por haber ejercido
                     una actividad organizada de recogida de apuestas sin disponer de la concesión o de la autorización de policía exigidas por
                     la normativa nacional, cuando tales personas no hayan podido obtener las citadas concesiones o autorizaciones debido a que
                     el Estado miembro de que se trate, infringiendo el Derecho comunitario, se haya negado a concedérselas.