CELEX: C2005/115/06
Language: es
Date: 2005-05-14 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 17 de febrero de 2005, en el asunto C-215/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage): Salah Oulane contra Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie («Libre circulación de personas — Derecho de entrada y de estancia de los nacionales de los Estados miembros — Obligación de presentar un documento de identidad o un pasaporte — Condición previa al reconocimiento del derecho de estancia — Sanción — Imposición de una medida de internamiento con fines de expulsión»)

14.5.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 115/3
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Primera)
   de 17 de febrero de 2005
   en el asunto C-215/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank te 's-Gravenhage): Salah Oulane contra Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (1)
   
   («Libre circulación de personas - Derecho de entrada y de estancia de los nacionales de los Estados miembros - Obligación de presentar un documento de identidad o un pasaporte - Condición previa al reconocimiento del derecho de estancia - Sanción - Imposición de una medida de internamiento con fines de expulsión»)
   (2005/C 115/06)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   En el asunto C-215/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Rechtbank te 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 12 de mayo de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de mayo de 2003, en el procedimiento entre Salah Oulane y Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), M. Ilešič y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 17 de febrero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1.
            
            
               El artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios, debe interpretarse en el sentido de que el reconocimiento por un Estado miembro del derecho de estancia de un destinatario de servicios nacional de otro Estado miembro no puede estar supeditado a la presentación por dicho nacional de un documento de identidad o un pasaporte válido, si su identidad y su nacionalidad pueden probarse inequívocamente por otros medios.
            
         
               2.
            
            
               El artículo 49 CE se opone a que los nacionales de los Estados miembros estén obligados en otro Estado miembro a presentar un documento de identidad o un pasaporte válido para acreditar su nacionalidad, si dicho Estado miembro no impone a sus propios nacionales una obligación general de identificación, permitiéndoles probar su identidad por cualquier medio admitido en el Derecho nacional.
            
         
               3.
            
            
               La adopción de una medida de internamiento con fines de expulsión de un nacional de otro Estado miembro, motivada por la no presentación de un documento de identidad o un pasaporte válido, aun cuando no exista una amenaza para el orden público, constituye un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios y, por lo tanto, vulnera el artículo 49 CE.
            
         
               4.
            
            
               Corresponde a los nacionales de un Estado miembro que residan en otro Estado miembro en calidad de destinatarios de servicios aportar las pruebas que acrediten la regularidad de su estancia. A falta de tales pruebas, el Estado miembro de acogida puede adoptar una medida de expulsión respetando los límites impuestos por el Derecho comunitario.
            
         
      (1)  DO C 171, de 19.7.2003.