CELEX: 62007CJ0343
Language: es
Date: 2009-07-02 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 2 de julio de 2009.#Bavaria NV y Bavaria Italia Srl contra Bayerischer Brauerbund eV.#Petición de decisión prejudicial: Corte d'appello di Torino - Italia.#Petición de decisión prejudicial - Apreciación de validez - Admisibilidad - Reglamentos (CEE) nº 2081/92 y (CE) nº 1347/2001 - Validez - Denominación genérica - Coexistencia entre una marca y una indicación geográfica protegida.#Asunto C-343/07.

Asunto C‑343/07
      Bavaria NV y Bavaria Italia Srl
      contra
      Bayerischer Brauerbund eV
      (Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Torino)
      «Petición de decisión prejudicial — Apreciación de validez — Admisibilidad — Reglamentos (CEE) nº 2081/92 y (CE) nº 1347/2001 — Validez — Denominación genérica — Coexistencia entre una marca y una indicación geográfica protegida»
      Sumario de la sentencia
      1.        Excepción de ilegalidad — Carácter incidental — Impugnación ante el juez nacional de la legalidad de un reglamento relativo
            al registro de determinadas indicaciones geográficas
      [Arts. 230 CE y 241 CE; Reglamento (CE) nº 1347/2001 del Consejo]
      2.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Arts. 32 CE, 33 CE, 37 CE y anexo I CE; Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo]
      3.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, arts. 7 y 17]
      4.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo]
      5.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 17]
      6.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 3, ap. 1]
      7.        Agricultura — Legislaciones uniformes — Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
            productos agrícolas y alimenticios — Reglamento (CEE) nº 2081/92
      [Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, art. 14, aps. 2 y 3]
      1.        Constituye un principio general del Derecho comunitario el derecho del demandante, en el marco de un recurso interpuesto según
         el Derecho nacional contra la denegación de su solicitud, a invocar la ilegalidad de un acto comunitario que haya servido
         de base para la resolución nacional adoptada en contra del interesado, por lo que la cuestión de la validez de este acto comunitario
         puede someterse al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial.
      
      No obstante, este principio general, destinado a garantizar que toda persona disponga o haya dispuesto de una posibilidad
         de impugnar un acto comunitario que sirva de base a una decisión que la afecte, no se opone en absoluto a que un reglamento
         adquiera firmeza respecto de un particular al que afecte como si se tratase de una decisión individual cuya anulación habría
         podido solicitar, sin lugar a dudas, con arreglo al artículo 230 CE, lo que le impide invocar ante el órgano jurisdiccional
         nacional la ilegalidad de tal reglamento.
      
      No es este el caso de las sociedades mercantiles Bavaria y Bavaria Italia, titulares de varias marcas y elementos figurativos
         que contienen el término «Bavaria», a las que no puede considerarse sin lugar a dudas que «afecta directa e individualmente»,
         en el sentido del párrafo cuarto del artículo 230 CE, el Reglamento nº 1347/2001 que completa el anexo del Reglamento nº 1107/96,
         relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido
         en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92. En efecto, dicho Reglamento nº 1347/2001 pretende conferir al producto «Bayerisches
         Bier» la protección de las indicaciones geográficas protegidas (IGP) prevista por el Reglamento nº 2081/92, y autoriza a que
         prosiga el uso de la marca preexistente Bavaria, a pesar del registro de la IPG «Bayerisches Bier», siempre que cumpla los
         requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92. En consecuencia, aun cuando el Reglamento
         nº 1347/2001 pudiera afectar a la situación jurídica de Bavaria y de Bavaria Italia, tal afectación no podría considerarse
         derivada directamente de este Reglamento.
      
      Por tanto, las sociedades Bavaria y Bavaria Italia pueden invocar la invalidez del Reglamento nº 1347/2001, en el marco de
         un recurso interpuesto con arreglo al Derecho nacional, aun cuando no lo recurrieran en anulación ante los órganos jurisdiccionales
         comunitarios en el plazo fijado en el artículo 230 CE.
      
      (véanse los apartados 38, 39, 41 a 44 y 46)
      2.        Respecto de la alegación de que los artículos 32 CE y 37 CE no constituyen la base jurídica adecuada para la adopción del
         Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
         agrícolas y alimenticios, por no estar comprendida la cerveza en los productos agrícolas a que se refiere el anexo I del Tratado,
         procede responder que una normativa que contribuye a la realización de uno o de varios objetivos contemplados en el artículo
         33 CE debe ser adoptada basándose en el artículo 37 CE, por más que, pese a aplicarse esencialmente a productos incluidos
         en el anexo I, contemple accesoriamente determinados productos no incluidos allí. Dicho Reglamento, por una parte, tiene como
         finalidad principal, tal como señala su segundo considerando, la realización de los objetivos contemplados en el artículo
         33 CE y, por otra parte, se refiere esencialmente a los productos que figuran en el anexo I del Tratado. Además, si bien es
         cierto que la cerveza no se menciona expresamente en dicho anexo, no es menos cierto que sí aparecen en él la mayor parte
         de los ingredientes que la componen y que su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 2081/92 responde a la
         finalidad de este último, y en particular a la realización de los objetivos contemplados en el artículo 33 CE.
      
      (véanse los apartados 50 y 51)
      3.        Aunque el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y
         de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, dispone expresamente que su artículo 7 no es aplicable
         en el marco del procedimiento de registro simplificado y, por tanto, excluye en dicho marco el derecho de oposición de los
         terceros legítimamente afectados previsto en el apartado 3 de esta última disposición, un registro efectuado con arreglo al
         mencionado procedimiento presupone igualmente que las denominaciones se ajustan a las disposiciones de fondo de dicho Reglamento.
      
      En todo caso, la interpretación que debe darse al artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 no implica en absoluto que los terceros
         interesados que estimen que sus intereses legítimos resultan perjudicados por el registro de una denominación no puedan expresar
         su opinión y formular su oposición ante el Estado miembro que solicita dicho registro, en particular conforme a los principios
         relativos a la tutela judicial, tal como ésta se desprende del sistema de dicho Reglamento. Por tanto, estos terceros interesados
         también pueden formular su oposición contra la solicitud de registro de que se trata en el procedimiento simplificado del
         artículo 17 de dicho Reglamento. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de
         una solicitud de registro de una denominación, con arreglo a dicho artículo 17, en las mismas condiciones de control que las
         aplicables a todo acto definitivo que, adoptado por la misma autoridad nacional, pueda ser lesivo para los derechos de terceros
         reconocidos por el Derecho comunitario y, por consiguiente, declarar la admisibilidad del recurso interpuesto con tal objeto,
         aunque las normas de procedimiento internas no lo prevean en semejante caso.
      
      (véanse los apartados 54 a 57)
      4.        En el sistema establecido por el Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las
         denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, existe un reparto de competencias entre el Estado miembro
         interesado y la Comisión.
      
      En este sistema, incumbe a la Comisión, antes de registrar una denominación en la categoría solicitada, comprobar, en particular,
         por una parte, si el pliego de condiciones que acompaña la solicitud es conforme al artículo 4 del Reglamento nº 2081/92,
         es decir, si contiene los elementos exigidos y si éstos no adolecen de errores manifiestos y, por otra parte, sobre la base
         de los elementos contenidos en el pliego de condiciones, si la denominación satisface las exigencias del artículo 2, apartado
         2, letras a) o b), de dicho Reglamento. Lo mismo sucede cuando, con arreglo al artículo 15 de ese Reglamento, las medidas
         previstas por la Comisión no son conformes al dictamen del Comité establecido por dicho artículo o falta dicho dictamen y
         el Consejo adopta la decisión de registro a propuesta de la Comisión.
      
      (véanse los apartados 64, 67 y 68)
      5.        A diferencia del artículo 5 del Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones
         de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que prevé expresamente que, en el procedimiento normal, la solicitud
         de registro vaya acompañada del pliego de condiciones, el artículo 17 de este Reglamento se limita a exigir que los Estados
         miembros comuniquen a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que
         no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren. En estas circunstancias, dicho
         artículo 17 no puede interpretarse en el sentido de que exige a los Estados miembros que comuniquen, en el plazo de seis meses,
         la versión definitiva del pliego de condiciones y de los demás documentos pertinentes, de modo que cualquier modificación
         del pliego de condiciones inicialmente presentado implicaría la aplicación del procedimiento normal.
      
      (véase el apartado 76)
      6.        Al apreciar el carácter genérico de una denominación, procede, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92,
         relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,
         tener en cuenta los lugares de producción del producto de que se trate existentes dentro y fuera del Estado miembro que ha
         obtenido el registro de la denominación en cuestión, el consumo de dicho producto y la forma en que perciben esa denominación
         los consumidores dentro y fuera del referido Estado miembro, la existencia de legislación nacional relativa específicamente
         al citado producto así como la forma en que la mencionada denominación se usó con arreglo a la legislación comunitaria.
      
      El registro de una indicación geográfica protegida (IGP), de acuerdo con dicho Reglamento, persigue, entre otros objetivos,
         evitar la utilización abusiva de una denominación por terceros que quieren aprovecharse de la reputación que ésta ha adquirido
         y, en último término, evitar su desaparición como consecuencia de su divulgación por haber sido empleada generalmente fuera
         de su origen geográfico o de la cualidad determinada, de la reputación o de otra característica, atribuible a dicho origen
         y que justifica el registro.
      
      Por tanto, tratándose de una IGP, una denominación sólo pasa a ser genérica cuando ha desaparecido la relación directa entre,
         por una parte, el origen geográfico del producto y, por otra parte, una cualidad determinada de dicho producto, su reputación
         u otra característica, atribuible a dicho origen, y la denominación se limita a describir un género o un tipo de productos.
      
      (véanse los apartados 101, 106 y 107)
      7.        El Reglamento nº 1347/2001, que completa el anexo del Reglamento nº 1107/96, relativo al registro de las indicaciones geográficas
         y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92, debe
         interpretarse en el sentido de que no afecta a la validez y a la posibilidad de un uso que corresponda a una de las situaciones
         contempladas en el artículo 13 del Reglamento nº 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las
         denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, de las marcas de terceros preexistentes en las que figura
         el término «Bavaria», registradas de buena fe antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación
         geográfica protegida (IGP) «Bayerisches Bier», siempre que dichas marcas no incurran en las causas de nulidad o caducidad
         establecidas respectivamente en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo
         12 de la Directiva 89/104, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas.
      
      En efecto, cada uno de los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 tienen objetivos y funciones distintos
         y están sujetos a requisitos diferentes. De este modo, el hecho de que el artículo 1 del Reglamento nº 1347/2001 registre
         la denominación «Bayerisches Bier» como IGP y su tercer considerando declare que la referida IGP y la marca Bavaria no se
         encuentran en la situación contemplada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92 no puede influir en el examen
         de los requisitos para permitir una coexistencia entre dicha marca y dicha IGP, tal como están establecidos en el artículo
         14, apartado 2, de dicho Reglamento. En particular, la inexistencia de riesgo de confusión en la mente del consumidor, en
         el sentido de dicho artículo 14, apartado 3, entre la denominación de que se trata y la marca preexistente, no excluye que
         el uso de esta última pueda estar comprendido en un supuesto contemplado en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento,
         o incluso que dicha marca pueda incurrir en una de las causas de nulidad o de caducidad establecidas respectivamente en las
         letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Primera Directiva 89/104.
         Además, dicha inexistencia de riesgo de confusión tampoco excusa de verificar que la marca de que se trata se registró de
         buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen protegida o de la IGP. El
         examen de dichos requisitos del artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 compete únicamente al juez nacional, sobre
         la base de los hechos y del Derecho nacional, comunitario o internacional pertinentes y, en su caso, mediante la cuestión
         prejudicial prevista en el artículo 234 CE.
      
      (véanse los apartados 121 a 125 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 2 de julio de 2009 (*)
      
      «Petición de decisión prejudicial – Apreciación de validez – Admisibilidad – Reglamentos (CEE) nº 2081/92 y (CE) nº 1347/2001 – Validez – Denominación genérica – Coexistencia entre una marca y una indicación geográfica protegida»
      En el asunto C‑343/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Corte d’appello
         di Torino (Italia), mediante resolución de 6 de julio de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 25 de julio de 2007,
         en el procedimiento entre
      
      Bavaria NV,
      Bavaria Italia Srl
      y
      Bayerischer Brauerbund eV,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. T. von Danwitz, la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los
         Sres. E. Juhász y J. Malenovský, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de septiembre de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Bavaria NV y Bavaria Italia Srl, por los Sres. G. van der Wal y F. van Schaik, advocaten, y por los Sres. M.
         Sterpi y L. Ghedina, avvocati;
      
      –        en nombre de Bayerischer Brauerbund eV, por la Sra. R. Knaak, Rechtsanwalt, y por los Sres. L. Ubertazzi y B. Ubertazzi, avvocati;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato
         dello Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. V. Kontolaimos y el Sr. I. Chalkias, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. C.M. Wissels y el Sr. M. de Grave, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Consejo de la Unión Europea por el Sr. F. Florindo Gijón, y las Sras. A. Lo Monaco y Z. Kupčová, en calidad
         de agentes;
      
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. C. Cattabriga y el Sr. B. Doherty, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de diciembre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la validez y la interpretación del Reglamento (CE) nº 1347/2001 del Consejo,
         de 28 de junio de 2001, que completa el anexo del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión, relativo al registro de las indicaciones
         geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE)
         nº 2081/92 del Consejo (DO L 182, p. 3), y del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a
         la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios
         (DO L 208, p. 1).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Bayerischer Brauerbund eV (en lo sucesivo, «Bayerischer Brauerbund»),
         de una parte, y Bavaria NV y Bavaria Italia Srl (en lo sucesivo, respectivamente, «Bavaria» y «Bavaria Italia»), de otra,
         a propósito del derecho de estas últimas a utilizar ciertas marcas que contienen el término «Bavaria», en relación con la
         indicación geográfica de origen «Bayerisches Bier».
      
       Marco jurídico
      3        A tenor del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92:
      
      «1.      El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas
         de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el Anexo II del Tratado, y de los productos
         alimenticios contemplados en el Anexo I del presente Reglamento, así como de los productos agrícolas del Anexo II del presente
         Reglamento.
      
      No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los productos dependientes del sector vitivinícola ni a las bebidas espirituosas.
      El Anexo I se podrá modificar con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 15.»
      4        El artículo 2, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 define la denominación de origen protegida (en lo sucesivo, «DOP») y
         la indicación geográfica protegida (en lo sucesivo, «IGP»), en los siguientes términos:
      
      «2.      A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
      a)      denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve
         para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: 
      
      –        originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
      y
      –        cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos,
         y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada;
      
      b)      indicación geográfica: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para
         designar un producto agrícola o un producto alimenticio: 
      
      –        originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
      y
      –        que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y
         cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.»
      
      5        A tenor del artículo 3 del Reglamento nº 2081/92:
      
      «1.      Las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse.
      A efectos del presente Reglamento se entenderá por “denominación que ha pasado a ser genérica”, el nombre de un producto agrícola
         o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya
         producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio.
      
      Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial:
      –        la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo;
      –        la situación en otros Estados miembros;
      –        las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes.
      Cuando, en virtud del procedimiento establecido en los artículos 6 y 7, se rechace una solicitud de registro porque la denominación
         haya pasado a ser genérica, la Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
      2.      No podrá registrarse un nombre como denominación de origen o como indicación geográfica cuando entre en conflicto con el nombre
         de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al
         verdadero origen del producto.
      
      3.      Antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, elaborará
         y publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una lista indicativa, no exhaustiva, de los nombres de productos agrícolas o alimenticios que entran en el ámbito de aplicación
         del presente Reglamento y que son considerados, en virtud del apartado 1, como genéricos y, por ello, no susceptibles de registrarse
         con arreglo al presente Reglamento.»
      
      6        El artículo 13, apartados 1 y 3, del Reglamento nº 2081/92 establece: 
      
      «1.      Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
      a)      toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro,
         en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la
         denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
      
      b)      toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida
         se traduce o va acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar;
      
      c)      cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características
         esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos
         de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de
         su origen;
      
      d)      cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.
      Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico,
         la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no debe considerarse
         como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero.
      
      […]
      3.      Las denominaciones protegidas no podrán convertirse en denominaciones genéricas.»
      7        El artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 establece: 
      
      «1.      Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento,
         se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13
         y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de
         la publicación prevista en el apartado 2 del artículo 6.
      
      Serán anuladas las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.
      El presente apartado se aplicará asimismo cuando la solicitud de registro de una marca haya sido depositada antes de la fecha
         de publicación de la solicitud de registro prevista en el apartado 2 del artículo 6, siempre que dicha publicación se lleve
         a cabo antes del registro de la marca.
      
      2.      De conformidad con el derecho comunitario, el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo
         13, registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la
         indicación geográfica, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica,
         siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c)
         y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo,
         de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas. 
      
      3.      No se registrará ninguna denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad
         de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad
         del producto.»
      
      8        El artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 establece:
      
      «1.      En un plazo de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento los Estados miembros comunicarán
         a la Comisión cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o, en los Estados miembros en que no exista un sistema
         de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren en virtud del presente Reglamento.
      
      2.      La Comisión registrará, según el procedimiento establecido en el artículo 15, las denominaciones contempladas en el apartado
         1 que sean conformes con los artículos 2 y 4. No se aplicará el artículo 7. No obstante, las denominaciones genéricas no serán
         registradas.
      
      3.      Los Estados miembros podrán mantener la protección nacional de las denominaciones comunicadas con arreglo al apartado 1 hasta
         la fecha en que se tome una decisión sobre su registro.»
      
      9        El anexo I del Reglamento nº 2081/92 establece:
      
      «Productos alimenticios a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1
      –        Cerveza
      –        […].»
      10      El artículo 1 del Reglamento nº 1347/2001 registró como IGP la denominación «Bayerisches Bier». 
      
      11      Los considerandos primero a quinto de este Reglamento establecen: 
      
      «1)      Se han solicitado datos suplementarios sobre una denominación notificada por Alemania con arreglo al artículo 17 del Reglamento
         (CEE) nº 2081/92 del Consejo, para garantizar su conformidad con los artículos 2 y 4 de dicho Reglamento; tras estudiar dicha
         información complementaria, se llegó a la conclusión de que la citada denominación cumple las disposiciones de dichos artículos.
         Por consiguiente, es necesario registrarla y añadirla al anexo del Reglamento (CE) nº 1107/96 de la Comisión […]
      
      2)      Después de que las autoridades alemanas notificaran la solicitud de registro de la denominación Bayerisches Bier como [IGP],
         las autoridades neerlandesas y danesas comunicaron a la Comisión la existencia de marcas utilizadas para la cerveza que incluyen
         la citada denominación. 
      
      3)      La información enviada permite comprobar la existencia de la marca Bavaria y la validez de la misma; además, se consideró
         que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación Bayerisches Bier no puede inducir
         a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto. Por ello, la indicación geográfica Bayerisches Bier
         y la marca Bavaria no se encuentran en la situación contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) nº 2081/92.
      
      4)      El uso de determinadas marcas, por ejemplo la marca neerlandesa Bavaria, puede continuar a pesar de haberse registrado la
         indicación geográfica Bayerisches Bier en la medida en que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo
         14 del Reglamento (CEE) nº 2081/92.
      
      5)      De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 2081/92, el carácter genérico de una denominación que pueda obstaculizar
         el registro de la misma, debe determinarse teniendo en cuenta el conjunto de la situación comunitaria. En el caso que nos
         ocupa, a pesar de la presencia de indicios que sugieren que los términos bajersk y bajer, que son la traducción en danés de
         la denominación Bayerisches, se están convirtiendo en sinónimos del término cerveza y, por lo tanto, en un nombre común, el
         carácter genérico de la denominación Bayerisches o de su traducción en las demás lenguas y Estados miembros no está demostrado.»
      
      12      El considerando decimotercero del Reglamento (CE) nº 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, por el que se modifica el
         Reglamento nº 2081/92 (DO L 99, p. 1), establece:
      
      «El procedimiento simplificado establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92, que tiene por objeto el registro
         de las denominaciones existentes, protegidas o consagradas por el uso en los Estados miembros, no contempla el derecho de
         oposición. Por seguridad jurídica y transparencia, conviene suprimir esta disposición. Asimismo, por coherencia, conviene
         suprimir el período transitorio de cinco años previsto en el apartado 2 del artículo 13 destinado a las denominaciones registradas
         en virtud de esta disposición, sin perjuicio no obstante del agotamiento de dicho período transitorio respecto de las denominaciones
         registradas en el marco de dicho artículo 17.»
      
      13      El artículo 1, apartado 15, del Reglamento nº 692/2003 establece:
      
      «Se suprimen el apartado 2 del artículo 13 y el artículo 17. No obstante, las disposiciones de dichos artículos seguirán aplicándose
         a las denominaciones registradas o a aquellas cuyo registro se haya solicitado en virtud de la procedimiento previsto en el
         artículo 17 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.»
      
      14      A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
         relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1):
      
      «Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
      […]
      c)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
         la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
         del servicio u otras características de los mismos;
      
      […]
      g)      las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico
         del producto o servicio;
      
      […]»
      15      A tenor del artículo 12, apartado 2, de la Directiva nº 89/104:
      
      «Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
      […]
      b)      a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error,
         especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada.»
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      16      Bayerischer Brauerbund es una asociación alemana cuyo objeto es promover los intereses comunes de los productores bávaros
         de cerveza. Sus estatutos datan de 1917, según una certificación del Amtsgericht München. En 1968 Bayerischer Brauerbund era
         titular de las marcas colectivas registradas Bayrisch Bier y Bayerisches Bier.
      
      17      Bavaria es una sociedad comercial neerlandesa de producción de cerveza que opera en el mercado internacional. Denominada anteriormente
         «Firma Gebroeders Swinkels», esta sociedad comenzó a utilizar el término «Bavaria» a partir de 1925 y en 1930 lo integró en
         su denominación. Bavaria fue y es titular de varias marcas y elementos figurativos registrados que contienen el término «Bavaria».
         Las fechas de registro comprenden los años 1947, 1971, 1982, 1991, 1992 y 1995. Algunos registros se renovaron. Bavaria Italia
         pertenece al grupo de sociedades de Bavaria.
      
      18      La denominación «Bayerisches Bier» fue objeto de acuerdos bilaterales sobre la protección de las indicaciones de procedencia,
         las denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas entre la República Federal de Alemania, por una parte, y la
         República Francesa (1961), la República Italiana (1963), la República Helénica (1964), la Confederación Suiza (1967) y el
         Reino de España (1970), por otra parte.
      
      19      El 28 de septiembre de 1993, Bayerischer Brauerbund, de común acuerdo con las asociaciones Münchener Brauereien eV y Verband
         Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, presentó ante el Gobierno alemán una solicitud de registro como IGP en virtud del artículo
         17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92, que establece el procedimiento denominado «simplificado».
      
      20      El 20 de enero de 1994 el Gobierno alemán comunicó a la Comisión la solicitud de registro de la IGP «Bayerisches Bier», con
         arreglo al artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento. 
      
      21      La Comisión y las autoridades alemanas intercambiaron numerosas informaciones para completar el expediente, que se consideró
         completo el 20 de mayo de 1997.
      
      22      El pliego de condiciones definitivo se transmitió a la Comisión mediante escrito de 28 de marzo de 2000, que excluía cinco
         variedades de cerveza inicialmente incluidas en la IGP cuyo registro se solicitaba, por no corresponder a la descripción de
         dicho pliego.
      
      23      La Comisión, al considerar fundada dicha solicitud, presentó el 5 de mayo de 2000 al Comité de reglamentación de las indicaciones
         geográficas y de las denominaciones de origen (en lo sucesivo, «Comité») un proyecto de Reglamento con objeto de registrar
         «Bayerisches Bier» como IGP.
      
      24      Varios Estados miembros se opusieron a dicho registro. Los debates en el seno del Comité versaban sobre dos cuestiones, a
         saber, por una parte, la existencia de marcas que también incluían la expresión «Bayerisches Bier» o sus traducciones y, por
         otra parte, la consideración de que el término «Bayerisches» o sus traducciones había pasado a ser genérico.
      
      25      Tras un análisis de las cuestiones planteadas (precedido incluso de una investigación formal en todos los Estados miembros
         a los que afecta la segunda cuestión), la Comisión concluyó que los argumentos formulados contra el registro de la IGP «Bayerisches
         Bier» carecían de fundamento. En consecuencia, el 30 de marzo de 2001 se presentó un segundo proyecto de Reglamento al Comité.
         Sin embargo, éste no emitió dictamen alguno, por no haberse alcanzado la mayoría prevista en el artículo 15, párrafo segundo,
         del Reglamento nº 2081/92.
      
      26      Al no haber emitido el Comité su dictamen en el plazo establecido, la Comisión convirtió su proyecto en propuesta de Reglamento
         del Consejo. De este modo, este último adoptó el Reglamento nº 1347/2001 que registra como IGP «Bayerisches Bier».
      
      27      Bavaria y Bavaria Italia no impugnaron el Reglamento nº 1347/2001.
      
      28      Mediante demanda de 27 de septiembre de 2004, presentada ante el Tribunale di Torino, Bayerischer Brauerbund, siguiendo iniciativas
         análogas a las emprendidas en otros Estados miembros, solicitó que se prohibiera a Bavaria y a Bavaria Italia usar la versión
         italiana de las marcas citadas en el apartado 17 de esta sentencia, previa declaración incidental de su nulidad o caducidad
         por interferir con la IGP «Bayerisches Bier», en el sentido de los artículos 13 y 14 del Reglamento nº 2081/92 o, en todo
         caso, porque al tratarse de una cerveza neerlandesa dichas marcas contienen una indicación geográfica genérica y engañosa.
      
      29      Bavaria y Bavaria Italia recurrieron en apelación la sentencia del Tribunale di Torino de 30 de noviembre de 2006 que estimó
         parcialmente la demanda de Bayerischer Brauerbund.
      
      30      En este contexto, la Corte d’appello di Torino decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales. 
      
      «1)      Si el Reglamento nº 1347/2001 […], es o no nulo, en su caso a raíz de la nulidad de otros actos, por las siguientes razones:
      Violación de principios generales
      –      por nulidad del artículo 1, apartado 1, en relación con el anexo I del Reglamento nº 2081/92, por cuanto permite el registro
         de indicaciones geográficas relativas a la “cerveza”, que es una bebida alcohólica (erróneamente) incluida en el citado anexo I
         entre los “productos alimenticios” mencionados en el citado artículo 1, apartado 1, y no incluida entre los “productos agrícolas”
         indicados en el anexo I del Tratado y los artículos 32 CE y 37 CE, en los que el Consejo basó su competencia para adoptar
         el Reglamento nº 2801/92;
      
      –      por nulidad del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92, en la medida en que prevé un procedimiento acelerado de registro que
         limita y perjudica de forma sustancial a los derechos de los interesados, al no prever ningún derecho de oposición, con una
         clara vulneración de los principios de transparencia y de seguridad jurídica, tanto a la luz de la complejidad del procedimiento
         de registro de la propia IGP «Bayerisches Bier», que duró más de siete años, desde 1994 a 2001, como del expreso reconocimiento
         en el considerando decimotercero del Reglamento nº 692/2003, cuyo artículo 15 derogó, por las razones mencionadas, el artículo
         17 del Reglamento nº 2081/92;
      
      Incumplimiento de requisitos formales
      –      por no cumplir la indicación “Bayerisches Bier” los requisitos exigidos en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 para obtener
         el registro conforme al procedimiento simplificado previsto en el mismo, dado que esa indicación, en el momento de la presentación
         de la solicitud de registro, no estaba “legalmente protegida” ni “consagrada por el uso” en Alemania;
      
      –      debido a que la concurrencia de los requisitos para el registro de la indicación “Bayerisches Bier” no fue debidamente considerada
         ni por el Gobierno alemán antes de presentar a la Comisión la solicitud de registro, ni por la propia Comisión después de
         recibir la solicitud, en contra de lo que establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [sentencia 6 de diciembre de
         2001, (Carl Kühne y otros, C -269/99, Rec. p. I‑9517)]; 
      
      –      porque la solicitud de registro de la indicación “Bayerisches Bier” no fue presentada dentro de plazo por el Gobierno alemán,
         conforme a lo previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92 (en los seis meses siguientes a la entrada
         en vigor del Reglamento, que tuvo lugar el 24 de julio de 2003), puesto que la solicitud inicialmente presentada por el solicitante
         preveía ocho indicaciones distintas, con la posibilidad de posteriores e indefinidas variaciones que sólo se unificaron en
         la actual y única indicación “Bayerisches Bier” mucho después de que hubiera expirado hacía ya tiempo el plazo, el 24 de enero
         de 1994.
      
      Incumplimiento de requisitos materiales
      –      porque la indicación “Bayerisches Bier” no cumple los requisitos materiales establecidos en el artículo 2, apartado 2, letra b),
         del Reglamento nº 2081/92 para su registro como [IGP], debido al carácter genérico de dicha indicación, que históricamente
         ha designado la cerveza producida siguiendo un método particular de fabricación que se originó en Baviera en el siglo XIX
         y que posteriormente se difundió por el resto de Europa y por todo el mundo (el denominado “método bávaro” de fermentación
         baja), que también hoy en algunas lenguas europeas (danés, sueco, finés) es un término genérico para la cerveza, y que, en
         cualquier caso, a lo sumo puede indicar, única y genéricamente, entre las numerosas variedades de cerveza existentes, cualquier
         clase de cerveza, la “cerveza fabricada en el Land alemán de Baviera”, sin que exista “relación directa” alguna [sentencia
         del Tribunal de Justicia 7 de noviembre de 2000, (Warsteiner Brauerei, C‑312/98, Rec. p. I‑9187)] entre, por una parte, una
         cualidad específica, la reputación u otras características del producto (cerveza) y, por otra, su origen geográfico específico
         (Baviera), y sin que concurran los “casos excepcionales” exigidos por la citada norma para permitir el registro de una indicación
         geográfica que incluya el nombre de un país; porque, a la vista de lo afirmado en el párrafo anterior, la indicación “Bayerisches
         Bier” es una indicación “genérica”, excluida en cuanto tal de la posibilidad de registro a efectos de los artículos 3, apartado
         1, y 17, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92;
      
      –      porque la indicación “Bayerisches Bier” no debió ser registrada a efectos del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92,
         puesto que, habida cuenta “del renombre o de la notoriedad y de la duración del uso” de las marcas Bavaria, el registro puede
         “inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto”.
      
      2)      Con carácter subsidiario, en el caso de que se declare la inadmisibilidad de la [primera] cuestión […] o de que esta carezca
         de fundamento, si el Reglamento (CE) nº 1347/2001 […] debe interpretarse en el sentido de que el reconocimiento de la IGP
         “Bayerisches Bier” contenido en dicho Reglamento no afecta a la validez y a la posibilidad de uso de las marcas anteriores
         de terceros que recogen el término “Bavaria”».
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
      31      Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de enero de 2009 Bavaria y Bavaria Italia formularon
         observaciones sobre las conclusiones del Abogado General y solicitaron al Tribunal de Justicia autorización para presentar
         escrito de réplica a dichas conclusiones. 
      
      32      Debe señalarse, ante todo, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia ni su Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad
         de que las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por tanto, según
         la jurisprudencia, debe rechazarse toda solicitud presentada con este fin (véase, en particular, el auto de 4 de febrero de
         2000, Emesa Sugar, C‑17/98, p. I‑665, apartados 2 y 19, así como la sentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros,
         C‑292/05, Rec. p. I‑1519, apartado 18).
      
      33      Procede añadir que la conclusión sería la misma en caso de que se considerara que las recurrentes en el litigio principal
         pretendían la reapertura de la fase oral del procedimiento.
      
      34      A este respecto procede recordar que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, o a propuesta del Abogado General, o
         también a instancia de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento,
         si considera que no está suficientemente instruido o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido
         debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, Rec.
         p. I‑1577, apartado 42, y de 16 de diciembre de 2008, Cartesio, C‑210/06, Rec. p. I‑0000, apartado 46).
      
      35      No obstante, en el caso de autos, el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, considera que ya dispone de todos los
         elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que dichos elementos
         ya han sido debatidos ante él.
      
       Cuestiones prejudiciales
       Primera cuestión
      36      Mediante su primera cuestión, dividida en partes, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en sustancia, si el Reglamento
         nº 1347/2001 es válido, habida cuenta de una posible violación, bien de principios generales de Derecho comunitario, bien
         de requisitos formales o materiales del Reglamento nº 2081/92. Las partes de la primera cuestión relativas a la conformidad
         con los principios generales del Derecho comunitario se remiten al Reglamento nº 2081/92, como fundamento jurídico del Reglamento
         nº 1347/2001.
      
       Sobre la admisibilidad
      37      En las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se plantea la cuestión de la posibilidad de invocar ante un órgano
         jurisdiccional nacional los motivos de invalidez a que se refiere la primera cuestión. En algunas de estas observaciones se
         alega la imposibilidad de invocar tales motivos por el hecho de que el Reglamento nº 1347/2001 afecta directa e individualmente
         a Bavaria y Bavaria Italia y éstas no lo recurrieron en anulación al amparo del artículo 230 CE.
      
      38      A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, constituye un principio general del Derecho comunitario
         el derecho del demandante, en el marco de un recurso interpuesto según el Derecho nacional contra la denegación de su solicitud,
         a invocar la ilegalidad de un acto comunitario que haya servido de base para la resolución nacional adoptada en contra del
         interesado, por lo que la cuestión de la validez de este acto comunitario puede someterse al Tribunal de Justicia en el marco
         de un procedimiento prejudicial (sentencias de 15 de febrero de 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Rec. p. I‑1197, apartado 35,
         así como de 8 de marzo de 2007, Roquette Frères, C‑441/05, Rec. p. I‑1993, apartado 39).
      
      39      No obstante, este principio general, destinado a garantizar que toda persona disponga o haya dispuesto de una posibilidad
         de impugnar un acto comunitario que sirva de base a una decisión que la afecte, no se opone en absoluto a que un reglamento
         adquiera firmeza respecto de un particular al que afecte como si se tratase de una decisión individual cuya anulación habría
         podido solicitar, sin lugar a dudas, con arreglo al artículo 230 CE, lo que le impide invocar ante el órgano jurisdiccional
         nacional la ilegalidad de este reglamento (sentencias antes citadas Nachi Europe, apartado 37, y Roquette Frères, apartado 40).
      
      40      En consecuencia, se plantea la cuestión de si un recurso de anulación de Bavaria o de Bavaria Italia basado en el artículo
         230 CE, párrafo cuarto, contra el Reglamento nº 1347/2001 habría sido admisible sin lugar a dudas, al afectarles dicho Reglamento
         directa e individualmente (véanse, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 1996, Accrington Beef y otros, C‑241/95,
         Rec. p. I‑6699, apartado 15, así como las sentencias antes citadas Nachi Europe, apartado 40, y Roquette Frères, apartado 41).
      
      41      A este respecto, procede señalar que no puede considerarse sin lugar a dudas que el Reglamento nº 1347/2001 «afecta directa
         e individualmente», en el sentido del párrafo cuarto del artículo 230 CE, a Bavaria y a Bavaria Italia.
      
      42      En efecto, procede señalar que dicho Reglamento pretende conferir al producto «Bayerisches Bier» la protección de las IGP
         prevista por el Reglamento nº 2081/92, reconociendo a cualquier operador cuyos productos cumplan las exigencias prescritas
         el derecho de comercializarlos bajo dicha IGP.
      
      43      Ahora bien, aun cuando el Reglamento nº 1347/2001 pudiera afectar a la situación jurídica de Bavaria y de Bavaria Italia,
         tal afectación no podría considerarse derivada directamente de este Reglamento. En efecto, según reiterada jurisprudencia,
         el requisito de que la norma comunitaria objeto de recurso afecte directamente a una persona física o jurídica, implica que
         dicha norma surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y no deje ninguna facultad de apreciación a
         los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa
         comunitaria, sin intervención de otras normas intermedias (véanse las sentencias de 5 de mayo de 1998, Glencore Grain/Comisión,
         C‑404/96 P, Rec. p. I‑2435, apartado 41; de 29 de junio de 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, Rec. p. I‑6289, apartado 34,
         y de 22 de marzo de 2007, Regione Siciliana/Comisión, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, apartado 31).
      
      44      De una simple lectura de los considerandos tercero y cuarto del Reglamento nº 1347/2001 se desprende que éste considera válida
         la marca preexistente Bavaria y autoriza a que prosiga su uso, a pesar del registro de la IPG «Bayerisches Bier», siempre
         que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92. Por tanto, no puede considerarse
         que de este Reglamento derive de forma puramente automática una posible afectación de la situación jurídica de Bavaria y de
         Bavaria Italia.
      
      45      En consecuencia, no puede afirmarse que el Reglamento nº 1347/2001, sin lugar a dudas, afecta directamente a Bavaria y a Bavaria
         Italia.
      
      46      Por tanto, procede declarar que Bavaria o Bavaria Italia no estaban indiscutiblemente legitimadas para solicitar la anulación
         del Reglamento nº 1347/2001 sobre la base del artículo 230 CE. En consecuencia, pueden invocar la invalidez de este Reglamento
         en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al Derecho nacional, aun cuando no lo recurrieran en anulación ante los
         órganos jurisdiccionales comunitarios en el plazo fijado en el artículo 230 CE.
      
       Sobre la supuesta violación de principios generales de Derecho comunitario por el Reglamento nº 2081/92 en lo relativo a su
         ámbito de aplicación y a su base jurídica
      
      47      En esta parte de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la validez del Reglamento nº 2081/92
         por extender su ámbito de aplicación a la cerveza. Según él, al ser la cerveza una bebida alcohólica, no puede considerarse
         un «producto alimenticio», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento, ni, en consecuencia, figurar en
         el anexo I de este último. El órgano jurisdiccional remitente también duda de la validez del Reglamento nº 2081/92 porque,
         al no ser la cerveza uno de los «productos agrícolas» a los que se refiere el anexo I del Tratado, los artículos 32 CE y 37 CE
         no constituyen la base jurídica adecuada para adoptar dicho Reglamento.
      
      48      En primer lugar, en lo relativo a la asimilación de la cerveza a un producto alimenticio, procede señalar que la normativa
         comunitaria antes mencionada no define el concepto de «producto alimenticio». Sin embargo, ningún motivo justifica la exclusión
         de la cerveza de tal concepto.
      
      49      En efecto, por una parte, la naturaleza alimenticia de la cerveza es innegable, en el sentido común del concepto de «alimento».
         Por otra parte, tal como señalaron acertadamente el Gobierno alemán y el Consejo, la cerveza encaja en la definición del concepto
         de «producto alimenticio» contemplada en otra disposición comunitaria, concretamente en el artículo 2 del Reglamento (CE)
         nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos
         generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos
         a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1).
      
      50      En segundo lugar, respecto de la alegación de que los artículos 32 CE y 37 CE no constituyen la base jurídica adecuada para
         la adopción del Reglamento nº 2081/92 por no estar comprendida la cerveza en los «productos agrícolas» a que se refiere el
         anexo I del Tratado, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una normativa que contribuye a la realización
         de uno o de varios objetivos contemplados en el artículo 33 CE debe ser adoptada basándose en el artículo 37 CE, por más que,
         pese a aplicarse esencialmente a productos incluidos en el anexo I, contemple accesoriamente determinados productos no incluidos
         allí (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de noviembre de 1989, Comisión/Consejo, C‑11/88, Rec. p. 3799, apartado
         15, y de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑180/96, Rec. p. I‑2265, apartado 134).
      
      51      En el caso de autos, no se discute que el Reglamento nº 2081/92, por una parte, tiene como finalidad principal, tal como señala
         su segundo considerando, la realización de los objetivos contemplados en el artículo 33 CE y, por otra parte, se refiere esencialmente
         a los productos que figuran en el anexo I del Tratado. Además, si bien es cierto que la cerveza no se menciona expresamente
         en dicho anexo, no es menos cierto que sí aparecen en él la mayor parte de los ingredientes que la componen y que su inclusión
         en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 2081/92 responde a la finalidad de este último, y en particular a la realización
         de los objetivos contemplados en el artículo 33 CE.
      
      52      Por consiguiente, el examen de esta parte de la primera cuestión prejudicial no ha revelado ningún elemento que pueda afectar
         a la validez del Reglamento nº 2081/92.
      
       Sobre la supuesta violación de principios generales de Derecho comunitario por el Reglamento nº 2081/92 en lo relativo al
         procedimiento de registro de su artículo 17
      
      53      En esta parte de la cuestión el órgano jurisdiccional remitente pretende determinar si el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92
         es nulo por cuanto que el procedimiento que establece no prevé ningún derecho de oposición.
      
      54      Ante todo, procede señalar que aunque el apartado 2 del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 dispone expresamente que su
         artículo 7 no era aplicable en el marco del procedimiento de registro simplificado y, por tanto, excluía en dicho marco el
         derecho de oposición de los terceros legítimamente afectados previsto en el apartado 3 de esta última disposición, un registro
         efectuado con arreglo al mencionado procedimiento presupone igualmente que las denominaciones se ajustan a las disposiciones
         de fondo de dicho Reglamento (véase la sentencia de 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión «Feta I», C‑289/96, C‑293/96
         y C‑299/96, Rec. p. I‑1541, apartado 92).
      
      55      En todo caso, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la interpretación que debía darse al artículo
         17 del Reglamento nº 2081/92 no implicaba en absoluto que los terceros interesados que estimaran que sus intereses legítimos
         resultaban perjudicados por el registro de una denominación no pudieran expresar su opinión y formular su oposición ante el
         Estado miembro que solicitaba dicho registro, en particular conforme a los principios relativos a la tutela judicial, tal
         como ésta se desprende del sistema del Reglamento nº 2081/92 (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 41).
      
      56      Por tanto, estos terceros interesados también podían formular su oposición contra la solicitud de registro de que se trata
         en el procedimiento simplificado del artículo 17 de dicho Reglamento.
      
      57      Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la legalidad de una solicitud de registro de una
         denominación, con arreglo al artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 en las mismas condiciones de control que las aplicables
         a todo acto definitivo que, adoptado por la misma autoridad nacional, pueda ser lesivo para los derechos de terceros reconocidos
         por el Derecho comunitario y, por consiguiente, declarar la admisibilidad del recurso interpuesto con tal objeto, aunque las
         normas de procedimiento internas no lo prevean en semejante caso (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de diciembre
         de 1992, Oleificio Borelli/Comisión, C‑97/91, Rec. p. I‑6313, apartado 13, así como Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 58).
      
      58      En todo caso, procede señalar que, en el asunto principal, la mayor parte de las objeciones al registro formuladas por Bavaria
         y Bavaria Italia en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia se debatieron en el seno del Comité, a propuesta, básicamente,
         de las autoridades neerlandesas, en el procedimiento de registro de la IGP «Bayerisches Bier».
      
      59      Finalmente, no puede sostenerse válidamente la alegación de que la derogación del procedimiento simplificado por el Reglamento
         nº 692/2003 implica, a la vista del tenor literal de su considerando décimo tercero, un reconocimiento implícito de la invalidez
         del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92.
      
      60      En efecto, tal como recuerda dicho considerando, el procedimiento simplificado establecido en el mencionado artículo tenía
         por objeto, en la versión inicial del Reglamento nº 2081/92, el registro a escala comunitaria de las denominaciones existentes,
         protegidas o consagradas por el uso en los Estados miembros. En consecuencia, este procedimiento se estableció con carácter
         puramente transitorio.
      
      61      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el examen de esta parte de la primera cuestión no ha revelado ningún elemento
         que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 2081/92.
      
       Sobre el supuesto incumplimiento de los requisitos de forma en el procedimiento de registro de la IGP «Bayerisches Bier»
      62      En estas partes de la cuestión, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Reglamento
         nº 1347/2001 es nulo por el hecho de que, por una parte, ni el Gobierno alemán ni el Consejo o la Comisión examinaron debidamente
         los requisitos de registro de la IGP «Bayerisches Bier» y, por otra parte, la solicitud de registro de esta IGP no se presentó
         dentro de plazo, habida cuenta de las modificaciones que se produjeron posteriormente.
      
      63      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que en el procedimiento de registro de la IGP «Bayerisches Bier»,
         ni el Gobierno alemán ni el Consejo o la Comisión cumplieron su cometido de verificar los requisitos establecidos en el Reglamento
         nº 2081/92.
      
      64      En este contexto, es preciso recordar que en el sistema establecido por el Reglamento nº 2081/92 existe un reparto de competencias
         entre el Estado miembro interesado y la Comisión. En efecto, se trate de un registro conforme al procedimiento normal o con
         arreglo al procedimiento simplificado, sólo podrá efectuarse si el Estado miembro interesado ha presentado una solicitud al
         respecto y comunicado un pliego de condiciones y las informaciones necesarias para el registro, con arreglo al artículo 4
         del Reglamento nº 2081/92 (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartados 50 y 51).
      
      65      En virtud del artículo 5, apartado 5, del Reglamento nº 2081/92, incumbe a los Estados miembros comprobar si la solicitud
         de registro con arreglo al procedimiento normal está justificada a la luz de los requisitos establecidos en dicho Reglamento.
         En efecto, el referido artículo dispone que un Estado miembro al que se le haya dirigido una solicitud de registro en el marco
         del procedimiento normal, debe comprobar que esta solicitud esté justificada y, cuando estime que se cumplen los requisitos
         del Reglamento nº 2081/92, la transmitirá a la Comisión. Por otra parte, del propio tenor literal del artículo 6, apartado
         1, del Reglamento nº 2081/92 resulta que, antes de continuar el procedimiento de registro previsto en el artículo 6, apartados
         2 a 4, y en el artículo 7 del mismo Reglamento, la Comisión sólo procederá a un mero examen formal para comprobar si se cumplen
         dichos requisitos. Pues bien, no procede aplicar otros principios en el marco del procedimiento simplificado (véase la sentencia
         Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 52).
      
      66      De ello se deduce que la decisión de registrar una denominación como DOP o como IGP sólo puede ser adoptada por la Comisión
         si el Estado miembro interesado le ha presentado una solicitud a tal efecto, y ésta sólo puede ser presentada si el Estado
         miembro ha comprobado que está justificada. Este sistema de reparto de competencias se explica, en particular, por el hecho
         de que el registro presupone la comprobación de que se cumplen determinados requisitos, lo que exige, en gran parte, unos
         sólidos conocimientos de elementos específicos del Estado miembro interesado, elementos que las autoridades competentes de
         dicho Estado pueden comprobar mejor (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 53).
      
      67      En este sistema de reparto de competencias, incumbe a la Comisión, antes de registrar una denominación en la categoría solicitada,
         comprobar, en particular, por una parte, si el pliego de condiciones que acompaña la solicitud es conforme al artículo 4 del
         Reglamento nº 2081/92, es decir, si contiene los elementos exigidos y si éstos no adolecen de errores manifiestos y, por otra
         parte, sobre la base de los elementos contenidos en el pliego de condiciones, si la denominación satisface las exigencias
         del artículo 2, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento nº 2081/92 (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada,
         apartado 54).
      
      68      Lo mismo sucede cuando, con arreglo al artículo 15 del Reglamento nº 2081/92, las medidas previstas por la Comisión no son
         conformes al dictamen del Comité establecido por dicho artículo o falta dicho dictamen y el Consejo adopta la decisión de
         registro a propuesta de la Comisión.
      
      69      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, es necesario examinar los elementos planteados por el órgano jurisdiccional
         remitente.
      
      70      Con carácter preliminar, cabe señalar que si bien el Tribunal de Justicia es competente para analizar si una denominación
         registrada conforme al Reglamento nº 2081/92 cumple los requisitos establecidos en él, el control de la verificación de dicho
         cumplimiento realizada por las autoridades nacionales competentes corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales
         nacionales, tal como se recuerda en los apartados 55 y 57 de la presente sentencia.
      
      71      En cambio, corresponde al Tribunal de Justicia controlar si el Consejo y la Comisión cumplieron correctamente su cometido
         de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento nº 2081/92.
      
      72      De los autos de este asunto se desprende que el Consejo y la Comisión cumplieron correctamente su misión de verificación,
         ya que la indicación «Bayerisches Bier» sólo se registró tras un largo procedimiento en el que se examinó en profundidad si
         ésta cumplía los requisitos del Reglamento nº 2081/92. En consecuencia, no puede acogerse la objeción formulada por el órgano
         jurisdiccional remitente. 
      
      73      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente duda de la validez del Reglamento nº 1347/2001, al no haberse presentado
         dentro de plazo la solicitud de registro de la IGP de que se trata, habida cuenta de las modificaciones que se produjeron
         posteriormente. 
      
      74      Procede señalar de entrada, tal como se recuerda en el apartado 20 de la presente sentencia, que la solicitud de registro
         del Gobierno alemán se comunicó a la Comisión el 20 de enero de 1994 y, por tanto, antes de que expirara el plazo de seis
         meses fijado en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92.
      
      75      En consecuencia, es preciso examinar si, como estima el órgano jurisdiccional remitente, la validez del Reglamento nº 1347/2001
         puede cuestionarse por el hecho de que la solicitud inicial se modificó de modo considerable a lo largo de varios años, una
         vez expirado el plazo de seis meses.
      
      76      A este respecto, cabe recordar que, a diferencia del artículo 5 del Reglamento nº 2081/92, que prevé expresamente que, en
         el procedimiento normal, la solicitud de registro vaya acompañada del pliego de condiciones, el artículo 17 de este Reglamento
         se limita a exigir que los Estados miembros comuniquen a la Comisión «cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas
         o, en los Estados miembros en que no exista un sistema de protección, entre las consagradas por el uso, desean que se registren».
         En estas circunstancias, el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 no puede interpretarse en el sentido de que exige a los
         Estados miembros que comuniquen, en el plazo de seis meses, la versión definitiva del pliego de condiciones y de los demás
         documentos pertinentes, de modo que cualquier modificación del pliego de condiciones inicialmente presentado implicaría la
         aplicación del procedimiento normal (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 32).
      
      77      Esta interpretación del artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 se ve corroborada además por el hecho de que, históricamente,
         los Estados miembros del norte de Europa carecían de registros de denominaciones protegidas, puesto que la protección quedaba
         garantizada en virtud de leyes que sancionaban las prácticas engañosas. Sólo cuando entró en vigor el Reglamento nº 2081/92
         fue necesario que dichos Estados miembros elaboraran una lista de las denominaciones existentes y determinaran si se trataba
         de DOP o de IGP. Habría sido poco realista exigir que estos Estados miembros remitieran a la Comisión, dentro de los seis
         meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento nº 2081/92, todas las informaciones y documentos imprescindibles para
         la decisión de registro, habida cuenta, en particular, del tiempo requerido para que las partes interesadas ejercieran a nivel
         nacional sus garantías de procedimiento (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 33).
      
      78      Por lo tanto, debe concluirse de que, en el caso de autos, la modificación de la solicitud inicial de registro una vez expirado
         el plazo de seis meses establecido en el artículo 17 del Reglamento nº 2081/92 no implica la ilegalidad de la aplicación del
         procedimiento simplificado.
      
      79      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el examen de esta parte de la primera cuestión no ha puesto de manifiesto
         ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 1347/2001.
      
       Sobre la supuesta falta de conformidad del registro de la IGP «Bayerisches Bier» con los requisitos de fondo del Reglamento
         nº 2081/92
      
      80      En estas partes de la primera cuestión, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pone en duda
         la validez del Reglamento nº 1347/2001 por el hecho de que el registro de la IGP «Bayerisches Bier» no cumple una serie de
         requisitos materiales establecidos por el Reglamento nº 2081/92. En primer lugar, la denominación de que se trata no estaba
         legalmente protegida ni consagrada por el uso, en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92. En segundo
         lugar, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento y es, en realidad,
         una «denominación genérica» en el sentido de los artículos 3, apartado 1, y 17, apartado 2, de dicho Reglamento. En tercer
         lugar, corresponde al supuesto del artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92.
      
      81      Con carácter preliminar, debe recordarse, en primer lugar, que el legislador comunitario dispone, en materia de política agrícola
         común, de una amplia facultad de apreciación, que corresponde a las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos
         34 CE y 37 CE, y que el Tribunal de Justicia ha declarado, en numerosas ocasiones, que tan sólo el carácter manifiestamente
         inapropiado de una medida adoptada en este sector, en relación con el objetivo que la institución competente persiga conseguir,
         puede afectar a la legalidad de tal medida (véanse las sentencias de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C‑280/93, Rec.
         p. I‑4973, apartados 89 y 90, así como de 13 de diciembre de 1994, SMW Winzersekt, C‑306/93, Rec. p. I‑5555, apartado 21).
      
      82      Por consiguiente, el control del Tribunal de Justicia debe limitarse a comprobar si la medida controvertida adolece de error
         manifiesto o de desviación de poder, o si la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad
         de apreciación (sentencias de 12 de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, Rec. p. I‑5689, apartado 80, y de 9 de septiembre
         de 2004, España/Comisión, C‑304/01, Rec. p. I‑7655, apartado 23, así como de 23 de marzo de 2006, Unitymark y North Sea Fishermen’s
         Organisation, C‑535/03, Rec. p. I‑2689, apartado 55).
      
      83      En segundo lugar, procede señalar que, cuando se pronuncian sobre una solicitud de registro sobre la base del Reglamento nº 2081/92,
         las instituciones comunitarias tienen que proceder a la evaluación de una situación económica y social compleja.
      
      84      Cuando la aplicación por el Consejo o la Comisión de la política agrícola de la Comunidad implica la necesidad de evaluar
         una situación económica o social compleja, la facultad discrecional de la que disfrutan no se aplica exclusivamente a la naturaleza
         y al alcance de las disposiciones que hay que adoptar, sino también, en cierta medida, a la comprobación de los datos de base.
         En este contexto, el Consejo o la Comisión pueden basarse, en su caso, en comprobaciones globales (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 29 de febrero de 1996, Comisión/Consejo, C‑122/94, Rec. p. I‑881, apartado 18; de 19 de febrero de 1998,
         NIFPO y Northern Ireland Fishermen’s Federation, C‑4/96, Rec. p. I‑681, apartados 41 y 42); de 5 de octubre de 1999, España/Consejo,
         C‑179/95, Rec. p. I‑6475, apartado 29, así como de 25 de octubre de 2001, Italia/Consejo, C‑120/99, Rec. p. I‑7997, apartado 44).
      
      85      Procede examinar el fundamento de las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente a la luz de las consideraciones
         anteriores.
      
      –       Sobre el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92
      86      El órgano jurisdiccional remitente considera que el procedimiento de registro previsto en el artículo 17, apartado 1, del
         Reglamento nº 2081/92 no era aplicable a la denominación «Bayerisches Bier» porque esta denominación no estaba ni «legalmente
         protegida» ni «consagrada por el uso» en el sentido de dicha disposición. 
      
      87      A este respecto, hay que señalar que dicha apreciación depende de las comprobaciones que han de realizar las autoridades competentes
         nacionales, bajo el control, en su caso, de los órganos jurisdiccionales nacionales, antes de que la solicitud de registro
         sea comunicada a la Comisión (véase la sentencia Carl Kühne y otros, antes citada, apartado 60).
      
      88      En efecto, tal como se ha recordado en el apartado 66 de la presente sentencia, la comprobación de que la denominación «Bayerisches
         Bier» estaba legalmente protegida o consagrada por el uso, exige, en gran medida, profundos conocimientos de elementos propios
         del Estado miembro de que se trata, elementos que las autoridades competentes de dicho Estado pueden verificar mejor.
      
      89      En el asunto principal, por una parte, las autoridades alemanas llevaron a cabo tal comprobación, sin que su fundamento se
         cuestionara ante un órgano jurisdiccional nacional.
      
      90      Por otra parte, la existencia de los cinco tratados bilaterales mencionados en el apartado 18 de la presente sentencia, que
         protegen la indicación «Bayerisches Bier», en relación con los demás elementos del expediente, en particular algunas etiquetas
         y publicaciones, permitía deducir legítimamente que dicha denominación estaba legalmente protegida o, al menos, consagrada
         por el uso. Dado que la apreciación realizada por las autoridades alemanas competentes no adolece de un error manifiesto,
         el Consejo o la Comisión podían considerar justificadamente que la IGP de que se trata cumplía los requisitos establecidos
         en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92 para ser registrada conforme al procedimiento simplificado. 
      
      91      En consecuencia, procede concluir que el examen de los requisitos del artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92 no
         ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 1347/2001.
      
      –       Sobre los artículos 2, apartado 2, letra b), 3, apartado 1, y 17, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92
      92      El órgano jurisdiccional remitente expresa dudas sobre el cumplimiento, por la denominación «Bayerisches Bier», de los requisitos
         del artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2081/92, por una parte, por la supuesta falta de relación directa
         entre la cerveza originaria de Baviera y una cualidad determinada, la reputación u otra característica de ésta, atribuible
         a dicho origen y, por otra parte, por la falta de correspondencia del caso de autos con un caso excepcional que justificara
         el registro del nombre de un país. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta además si esta denominación no es, en realidad,
         una «denominación genérica» en el sentido de los artículos 3, apartado 1, y 17, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92.
      
      93      A este respecto, procede recordar que, al exigir la apreciación de los requisitos antes mencionados, en gran medida, profundos
         conocimientos de elementos particulares del Estado miembro de que se trata que las autoridades competentes de dicho Estado
         pueden verificar mejor, esta apreciación también forma parte de las verificaciones que dichas autoridades deben llevar a cabo,
         bajo el control, en su caso, de los órganos jurisdiccionales nacionales, antes de que la solicitud de registro se comunique
         a la Comisión. También procede señalar que en el asunto principal las autoridades alemanas llevaron a cabo dicha verificación,
         sin que su fundamento se cuestionara ante un órgano jurisdiccional nacional.
      
      94      Por lo que respecta a los requisitos del artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2081/92, ante todo cabe señalar
         que tanto del tenor literal de esta disposición como de la sistemática de este Reglamento se desprende que el concepto de
         «país» se refiere bien a un Estado miembro bien a un tercer Estado. En consecuencia, al ser Baviera una entidad infraestatal,
         en el asunto principal ni siquiera se plantea la cuestión de si se trata de «un caso excepcional» en el sentido de esta disposición.
      
      95      En cuanto a la relación directa requerida por dicha disposición, procede señalar que el registro de la denominación «Bayerisches
         Bier» como IGP se basa concretamente, tal como el Consejo y la Comisión señalaron ante el Tribunal de Justicia, en una relación
         de este tipo entre la reputación y el origen bávaro de la cerveza.
      
      96      No puede rebatirse esta conclusión de las instituciones comunitarias, tal como el órgano jurisdiccional remitente y Bavaria
         y Bavaria Italia proponen por el hecho de que tanto la ley de 1516 relativa a la pureza de la cerveza («Reinheitsgebot») como
         el método de producción tradicional de fermentación baja, ambos de origen bávaro, se extendieran, respectivamente, la primera
         en Alemania, a partir de 1906, y el segundo por todo el mundo, durante el siglo XIX.
      
      97      En efecto, procede señalar que ni la pureza ni el método tradicional de fermentación baja fueron, en sí, las bases del registro
         de la IGP «Bayerisches Bier». Tal como se ha recordado en el apartado 95 de la presente sentencia, lo determinante fue más
         bien la reputación de la cerveza originaria de Baviera.
      
      98      No cabe duda, ciertamente, de la contribución a dicha reputación del «Reinheitsgebot» y del método tradicional de fermentación
         baja. Sin embargo, no puede sostenerse que esta reputación pueda desaparecer por el mero hecho de que el «Reinheitsgebot»
         comenzara a aplicarse en el resto del territorio alemán a partir de 1906, ni por el hecho de que dicho método tradicional
         se difundiera en otros países durante el siglo XIX. Además, tales elementos reflejan, por el contrario, la reputación de la
         cerveza bávara, que determinó la expansión tanto de su ley de pureza como de su método de producción y, por tanto, más bien
         constituyen indicios que permiten justificar que existe o, al menos, existía, una relación directa entre Baviera y la reputación
         de su cerveza.
      
      99      En consecuencia, los elementos invocados por el órgano jurisdiccional remitente así como por Bavaria y Bavaria Italia no permiten
         considerar manifiestamente inapropiado el establecimiento de dicha relación directa entre la cerveza bávara y su origen geográfico.
      
      100    En realidad, estos elementos están más bien en relación con la alegación de que la denominación «Bayerisches Bier» es una
         «denominación genérica» en el sentido de los artículos 3, apartado 1, y 17, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92, y, en consecuencia,
         no debería haberse registrado. Habida cuenta de que lo que se acaba exponer, procede determinar, en particular, si la denominación
         controvertida había pasado a ser genérica cuando que se presentó la solicitud de registro.
      
      101    A este respecto, debe recordarse que, al apreciar el carácter genérico de una denominación, procede, con arreglo al artículo
         3, apartado 1, del Reglamento nº 2081/92, tener en cuenta los lugares de producción del producto de que se trate existentes
         dentro y fuera del Estado miembro que ha obtenido el registro de la denominación en cuestión, el consumo de dicho producto
         y la forma en que perciben esa denominación los consumidores dentro y fuera del referido Estado miembro, la existencia de
         legislación nacional relativa específicamente al citado producto así como la forma en que la mencionada denominación se usó
         con arreglo a la legislación comunitaria (véase la sentencia de 26 de febrero de 2008, Comisión/Alemania, C‑132/05, Rec. p. I‑957,
         apartado 53).
      
      102    Tanto el órgano jurisdiccional remitente como Bavaria y Bavaria Italia consideran que la generalización de la denominación
         «Bayerisches Bier» está demostrada, en particular, por el uso de la palabra «Bayerisches» o de sus traducciones como sinónimos
         de «cerveza» en, al menos, tres Estados miembros (Dinamarca, Suecia y Finlandia), y como sinónimos del antiguo método bávaro
         de fermentación baja en los nombres, marcas y etiquetas de sociedades comerciales de todo mundo, también de Alemania.
      
      103    Esta objeción tampoco puede acogerse en el procedimiento principal.
      
      104    En efecto, por una parte, en lo relativo a la utilización de la denominación «Bayerisches» o de sus traducciones como sinónimos
         del término «cerveza», procede recordar que la Comisión solicitó a los Estados miembros información complementaria a este
         respecto, y que esta información demostraba, tal como señala el quinto considerando del Reglamento nº 1347/2001, que dicha
         denominación no había pasado a ser genérica en el territorio comunitario, a pesar de los indicios que sugerían que la traducción
         danesa de esta denominación se estaba convirtiendo en sinónimo del término «cerveza» y, en consecuencia, en un nombre común.
      
      105    Por otra parte, el hecho de que existan en el mercado marcas y etiquetas de sociedades mercantiles que llevan el término «Bayerisches»
         o sus traducciones, como sinónimos del antiguo método bávaro de fermentación baja, tampoco permite concluir que la denominación
         de que se trata había pasado a ser genérica en el momento en que se presentó la solicitud de registro.
      
      106    Por otra parte, el registro de una IGP, de acuerdo con el Reglamento nº 2081/92, persigue, entre otros objetivos, evitar la
         utilización abusiva de una denominación por terceros que quieren aprovecharse de la reputación que ésta ha adquirido y, en
         último término, evitar su desaparición como consecuencia de su divulgación por haber sido empleada generalmente fuera de su
         origen geográfico o de la cualidad determinada, de la reputación o de otra característica, atribuible a dicho origen y que
         justifica el registro.
      
      107    Por tanto, tratándose de una IGP, una denominación sólo pasa a ser genérica cuando ha desaparecido la relación directa entre,
         por una parte, el origen geográfico del producto y, por otra parte, una cualidad determinada de dicho producto, su reputación
         u otra característica, atribuible a dicho origen, y la denominación se limita a describir un género o un tipo de productos.
      
      108    En el caso de autos, las instituciones comunitarias comprobaron que la IGP «Bayerisches Bier» no había pasado a ser genérica
         y, en consecuencia, no había desaparecido la relación directa existente entre la reputación de la cerveza bávara y su origen
         geográfico, y tal comprobación no puede calificarse de manifiestamente inapropiada por el mero hecho de que existan en el
         mercado marcas y etiquetas de sociedades comerciales que llevan el término «Bayerisches» o sus traducciones como sinónimos
         del antiguo método bávaro de fermentación baja.
      
      109    Además, la existencia entre 1960 y 1970 de las marcas colectivas «Bayrisch Bier» y «Bayrisches Bier», así como de cinco acuerdos
         bilaterales distintos para proteger la denominación «Bayerisches Bier» como denominación geográfica más bien demuestra la
         falta de carácter genérico de esta denominación.
      
      110    Habida cuenta de lo que precede, procede concluir que el Consejo consideró acertadamente, en el Reglamento nº 1347/2001, que
         la denominación «Bayerisches Bier» cumplía los requisitos del artículo 2, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 2081/92
         y no constituía una «denominación genérica» en el sentido de los artículos 3, apartado 1, y 17, apartado 2, de este último
         Reglamento.
      
      –       Sobre el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92
      111    El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si no debería haberse denegado el registro de la denominación «Bayerisches
         Bier», conforme al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92, ya que dicha denominación podía inducir a error al
         consumidor sobre la auténtica identidad del producto, habida cuenta del renombre, de la notoriedad y de la duración del uso
         de las marcas que contienen el término «Bavaria».
      
      112    A este respecto, del tercer considerando del Reglamento nº 1347/2001 se desprende que el Consejo comprobó que, de acuerdo
         con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación «Bayerisches Bier» no podía inducir a error al
         consumidor sobre la auténtica identidad del producto, de manera que la indicación geográfica antes mencionada y la marca Bavaria
         no se encontraban en la situación contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92.
      
      113    Por una parte, la comprobación del Consejo no resulta manifiestamente inapropiada y, por otra parte, ni el órgano jurisdiccional
         remitente ni Bavaria y Bavaria Italia han formulado ninguna alegación que pueda cuestionar dicha comprobación.
      
      114    En esta situación, procede señalar que el Consejo consideró acertadamente, en el Reglamento nº 1347/2001, que la denominación
         «Bayerisches Bier» no estaba comprendida en la situación contemplada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92.
      
      115    En consecuencia, procede concluir que el examen de la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente no
         ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento nº 1347/2001.
      
       Sobre la segunda cuestión
      116    Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en sustancia, si el hecho de que el artículo 1 del Reglamento
         nº 1347/2001 registre la denominación «Bayerisches Bier» como IGP y que su tercer considerando declare que dicha IGP y la
         marca «Bavaria» no se encuentran en la situación contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 influye
         en la validez y en la posibilidad de utilizar las marcas de terceros preexistentes en las que figura el término «Bavaria».
      
      117    A este respecto, procede señalar que el artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 regula específicamente las relaciones entre
         las denominaciones registradas conforme a dicho Reglamento y las marcas estableciendo, según las distintas situaciones contempladas,
         reglas de conflicto cuyo alcance, efectos y destinatarios son distintos.
      
      118    En efecto, por una parte, el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92 contempla una situación de conflicto entre
         una DOP o una IGP y una marca preexistente cuando el registro de la denominación de que se trata pueda inducir a error al
         consumidor sobre la auténtica identidad del producto, habida cuenta del renombre, de la notoriedad y de la duración del uso
         de la marca. El efecto previsto para el supuesto de tal conflicto es la denegación del registro de las denominaciones. Por
         tanto, se trata de una norma que implica un análisis previo al registro de la DOP o de la IGP y destinada, en particular,
         a las instituciones comunitarias.
      
      119    Por otra parte, el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 contempla una situación de conflicto entre una DOP o
         una IGP registrada y una marca preexistente cuando el uso de esta última corresponde a una de las situaciones contempladas
         en el artículo 13 del Reglamento nº 2081/92, y la marca se registró de buena fe antes de la fecha de presentación de la solicitud
         de registro de la DOP o de la IGP. El efecto previsto en este supuesto es permitir que prosiga su uso a pesar del registro
         de la denominación, siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente
         en las letras c) y g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Primera Directiva
         89/104. Se trata, por tanto, de una norma que implica un análisis posterior al registro y destinada, en particular, a las
         administraciones y órganos jurisdiccionales que deben aplicar las disposiciones de que se trata. 
      
      120    El análisis que se desprende del artículo 14, apartado 3, de este Reglamento se circunscribe a la posibilidad de un error
         del consumidor en cuanto a la auténtica identidad del producto, por razón del registro de la denominación de que se trata,
         sobre la base de un examen de la denominación que debe registrarse y de la marca preexistente, teniendo en cuenta el renombre,
         la notoriedad y la duración del uso de ésta.
      
      121    En cambio, el análisis que se desprende del artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 2081/92 implica verificar, en primer
         lugar, si el uso de la marca corresponde a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 de este Reglamento, después,
         si la marca se registró de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación y finalmente,
         en su caso, si la marca no incurre en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g)
         del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Primera Directiva 89/104.
      
      122    Por tanto, este último análisis requiere un examen fáctico y del Derecho nacional, comunitario o internacional que compete
         efectuar únicamente al juez nacional, en su caso, mediante la cuestión prejudicial prevista en el artículo 234 CE (véase,
         en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301,
         apartados 28, 35, 36, 42 y 43).
      
      123    De ello se deduce que cada uno de los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 tienen objetivos y funciones
         distintos y están sujetos a requisitos diferentes. De este modo, el hecho de que el artículo 1 del Reglamento nº 1347/2001
         registre la denominación «Bayerisches Bier» como IGP y su tercer considerando declare que la referida IGP y la marca «Bavaria»
         no se encuentran en la situación contemplada en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 2081/92 no puede influir en
         el examen de los requisitos para permitir una coexistencia entre dicha marca y dicha IGP, tal como están establecidos en el
         artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento.
      
      124    En particular, la inexistencia de riesgo de confusión en la mente del consumidor, en el sentido del artículo 14, apartado
         3, del Reglamento nº 2081/92, entre la denominación de que se trata y la marca preexistente no excluye que el uso de esta
         última pueda estar comprendido en un supuesto contemplado en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, o incluso que
         dicha marca pueda incurrir en una de las causas de nulidad o de caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y
         g) del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Primera Directiva 89/104. Además, dicha
         inexistencia de riesgo de confusión tampoco excusa de verificar que la marca de que se trata se registró de buena fe antes
         de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la DOP o de la IGP.
      
      125    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el Reglamento nº 1347/2001 debe
         interpretarse en el sentido de que no afecta a la validez y a la posibilidad de un uso, que corresponda a una de las situaciones
         contempladas en el artículo 13 del Reglamento nº 2081/92, de las marcas de terceros preexistentes en las que figura el término
         «Bavaria», registradas de buena fe antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la IGP «Bayerisches Bier»,
         siempre que dichas marcas no incurran en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g)
         del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104.
      
       Costas
      126    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      1)      El examen de la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente no ha revelado ningún elemento que pueda
            afectar a la validez del Reglamento (CE) nº 1347/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, que completa el anexo del Reglamento
            (CE) nº 1107/96 de la Comisión relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con
            arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo.
      2)      El Reglamento nº 1347/2001 debe interpretarse en el sentido de que no afecta a la validez y a la posibilidad de un uso, que
            corresponda a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de
            julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos
            agrícolas y alimenticios, de las marcas de terceros preexistentes en las que figura el término «Bavaria», registradas de buena
            fe antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida «Bayerisches Bier»
            siempre que dichas marcas no incurran en las causas de nulidad o caducidad establecidas respectivamente en las letras c) y g)
            del apartado 1 del artículo 3 y en la letra b) del apartado 2 del artículo 12 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21
            de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
            de marcas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.