CELEX: C2005/182/51
Language: es
Date: 2005-07-23 00:00:00
Title: Asunto C-203/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del the Special Commissioners, de 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs

23.7.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 182/29
            
         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del the Special Commissioners, de 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs
   (Asunto C-203/05)
   (2005/C 182/51)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Special Commissioners dictada el 3 de mayo de 2005, en el asunto entre Vodafone 2 y Her Majesy's Revenue and Customs, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2005.
   El Special Commissioners solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
   
               1)
            
            
               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, que establece, en determinadas circunstancias, la sujeción al impuesto de una sociedad residente en dicho Estado miembro (en lo sucesivo, «sociedad residente») por los beneficios de una sociedad por ella controlada (en lo sucesivo, «sociedad controlada») que reside en otro Estado miembro y está sujeta a un nivel de tributación inferior y, en particular:
               
                           1.1
                        
                        
                           Establece dicha sujeción a menos que la sociedad residente pueda demostrar que la sociedad controlada puede acogerse a una exención a dicha legislación;
                        
                     
                           1.2
                        
                        
                           establece exenciones a dicha sujeción, si bien en términos que dejan lugar a dudas acerca de la posibilidad de acogerse en la práctica a una exención en el momento de la constitución de la sociedad controlada o posteriormente;
                        
                     
                           1.3
                        
                        
                           impone determinados requisitos de cumplimiento cuando la sociedad residente no solicita o no puede reclamar tal exención, y paga el impuesto por los beneficios de dicha sociedad controlada;
                        
                     
                           1.4
                        
                        
                           impone otros requisitos de cumplimiento cuando la sociedad residente trata de obtener una exención de dicho impuesto, entre los que puede incluirse la obligación de revisar y examinar la aplicación de la legislación en relación con todas sus sociedades controladas, y supervisar posteriormente todos los años las actividades de todas sus sociedades controladas para garantizar que se siguen cumpliendo los requisitos para acogerse a la exención;
                        
                     
                           1.5
                        
                        
                           impone, en todos los casos, cargas administrativas y de costes (que pueden ser considerables) a la sociedad residente,
                        
                     y, en todos los casos, las consecuencias referidas no se aplican en el caso de una sociedad constituida en un Estado miembro en el que la sociedad residente está establecida?
            
         
               2)
            
            
               ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión prejudicial planteada en el punto 22.1 si:
               
                           2.1
                        
                        
                           la sociedad controlada llevara a cabo únicamente actividades mínimas en el Estado miembro en el que reside;
                        
                     
                           2.2
                        
                        
                           sólo una parte mínima de los beneficios de la sociedad controlada están sujetos al impuesto en el Estado miembro en el que reside, o
                        
                     
                           2.3
                        
                        
                           la sociedad controlada se constituyó como parte de un plan artificial para evitar la doble imposición y, en tal caso, cuáles son los indicios de dicho plan artificial?
                        
                     
         
               3)
            
            
               ¿Existen circunstancias en las que:
               
                           3.1
                        
                        
                           la sociedad residente no puede invocar derechos derivados de los artículos 43 CE ó 56 CE, o
                        
                     
                           3.2
                        
                        
                           no corresponde a la sociedad residente ningún derecho derivado del artículo 43 CE ó 56 CE,
                        
                     debido a que dicha invocación o la correspondencia de dichos derechos constituiría un abuso de tales derechos? Si existen tales circunstancias, ¿qué orientación considera adecuada el Tribunal de Justicia proporcionar acerca de cómo deben los Special Commissioners determinar, en el contexto fáctico del presente asunto, si existen tales circunstancias o si existe tal abuso?
            
         
               4)
            
            
               ¿Son contrarios los artículos 56 CE y 58 CE, apartado 1, letra a), y la Declaración no 7 del Tratado de Maastricht a una legislación fiscal nacional de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal cuando existiría la posibilidad de acogerse a una o varias exenciones a la aplicación de dicha legislación de no ser por una modificación a dicha legislación con efectos a partir del 1 de enero de 1994?
            
         
               5)
            
            
               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal cuando dicha legislación no se aplicaría si la sociedad residente financiara a la sociedad controlada con préstamos en lugar de con aportaciones de capital?
            
         
               6)
            
            
               ¿Son contrarios los artículos 43 CE, 49 CE ó 56 CE a una legislación fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal cuando existiría la posibilidad de acogerse a una o varias exenciones a la aplicación de dicha legislación si los rendimientos de la sociedad controlada en el otro Estado miembro:
               
                           6.1
                        
                        
                           incluyeran rendimientos procedentes de fuentes situadas dentro de dicho Estado miembro y no de otro Estado miembro u otras jurisdicciones, o
                        
                     
                           6.2
                        
                        
                           incluyeran dividendos percibidos en lugar de intereses percibidos procedentes de la misma sociedad?