CELEX: 32006D0599
Language: es
Date: 2005-04-06 00:00:00
Title: 2006/599/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de abril de 2005 , relativa al régimen de ayudas estatales que Italia tiene previsto ejecutar en favor del crédito naval [notificada con el número C(2005) 844]   (Texto pertinente a efectos del EEE)

7.9.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 244/17
            
         
      DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   
   de 6 de abril de 2005
   relativa al régimen de ayudas estatales que Italia tiene previsto ejecutar en favor del crédito naval
   [notificada con el número C(2005) 844]
   (El texto en lengua italiana es el único auténtico)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2006/599/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
   después de haber emplazado a los interesados a presentar sus observaciones de conformidad con los citados artículos,
   Considerando lo siguiente:
   I.   PROCEDIMIENTO
   
               (1)
            
            
               El 26 de noviembre de 1998, la Comisión aprobó el Fondo especial de garantía para el crédito naval contemplado en el artículo 5 de la Ley no 261, de 31 de julio de 1997, y consideró que la intensidad de las ayudas previstas en el régimen ascendía al 1 %.
            
         
               (2)
            
            
               El artículo 5 de la Ley no 261, de 31 de julio de 1997, fue modificado por la Ley no 413 de 30 de noviembre de 1998. El 16 de mayo de 2001, las autoridades italianas notificaron a la Comisión la adopción del Decreto del Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Económica de 14 de diciembre de 2000, que incorpora el régimen de garantía, y consideran que, por dichas modificaciones e incorporaciones, el régimen en sí debía considerarse no constitutivo de ayuda. La presente Decisión se refiere precisamente a dicha notificación.
            
         
               (3)
            
            
               A la notificación siguió un intercambio de correspondencia con las autoridades italianas para obtener más información. La Comisión, además, ha mantenido numerosos contactos informales con las mismas y con su asesor externo, con el que se ha reunido dos veces en distintos momentos.
            
         
               (4)
            
            
               Por carta de 30 de abril de 2003, la Comisión comunicó a las autoridades italianas la decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado, respecto del régimen notificado.
            
         
               (5)
            
            
               La decisión de incoar el procedimiento fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea
                   (1). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones.
            
         
               (6)
            
            
               La Comisión no ha recibido observaciones de los interesados.
            
         
               (7)
            
            
               Por cartas de 4 de junio de 2003, 22 de julio de 2003 y 3 de junio de 2004, las autoridades italianas presentaron sus observaciones en respuesta a la Decisión de la Comisión de 30 de abril de 2003. El 27 de enero de 2004 se celebró un encuentro entre las autoridades italianas y la Comisión.
            
         
               (8)
            
            
               Por carta de 3 de noviembre de 2004, dichas autoridades pidieron a la Comisión que definiera su posición sobre el presente asunto. La Comisión respondió por carta de 22 de diciembre de 2004 y no ha recibido más correspondencia de las autoridades italianas.
            
         II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
   
               (9)
            
            
               El Fondo especial de garantía para el crédito naval («el Fondo») fue creado a tenor del artículo 5 de la Ley no 261, de 31 de julio de 1997. La gestión financiera, administrativa y técnica del Fondo se adjudicó mediante licitación a Mediocredito Centrale SpA («Mediocredito»). El Fondo pretende cubrir el riesgo de no recuperación de préstamos a la construcción y transformación de buques concedidos por bancos a armadores italianos y extranjeros para trabajos realizados en astilleros italianos. Para ello, el Fondo concede a dichos armadores garantías de financiación final de segundo grado. Las autoridades italianas han confirmado que el Fondo todavía no es operativo y que, por lo tanto, todavía no se han concedido garantías.
            
         
               (10)
            
            
               El préstamo de financiación debe tener una duración máxima de doce años y ascender a un máximo del 80 % del precio contractual del buque, a un tipo de interés que no sea inferior al mencionado en la resolución del Consejo de la OCDE de 3 de agosto de 1981 y sus sucesivas modificaciones o a tipo de mercado, en los casos en que el préstamo no esté cubierto por otras facilidades públicas destinadas a reducir los costes de los intereses. Además, estará garantizado por una primera hipoteca sobre el buque financiado.
            
         
               (11)
            
            
               El régimen prevé la concesión de garantías a los armadores que Mediocredito considere económica y financieramente solventes según los criterios establecidos en el Decreto.
            
         
               (12)
            
            
               La garantía podrá concederse por un importe no superior al 40 % del préstamo total y, dentro de este límite, podrá cubrir hasta el 90 % de la pérdida final sufrida por los bancos en concepto de capital, intereses contractuales e intereses de demora, a un tipo no superior al tipo de referencia vigente en la fecha del procedimiento legal para la recuperación de la deuda, y los costes, incluidos los gastos judiciales y extrajudiciales en que hayan incurrido.
            
         
               (13)
            
            
               La prima única aplicada a los beneficiarios del Fondo es fija y se fijó inicialmente en el 1,6 % del importe garantizado, independientemente de la duración del préstamo garantizado. Posteriormente, las autoridades italianas informaron a la Comisión de su intención de volver a determinar la prima única, fijándola en el 2,3 % como máximo del importe garantizado para préstamos a 12 años (disminuyéndola proporcionalmente en caso de préstamos más cortos). La prima única del 2,3 % es equivalente a una prima del 0,5 % anual sobre el importe garantizado no reembolsado de un préstamo a 12 años.
            
         
               (14)
            
            
               Las autoridades italianas pensaron en introducir un mecanismo de diferenciación del riesgo conforme al cual se apliquen primas distintas a los diversos proyectos según su riesgo inherente. No obstante, el sistema sólo se ha descrito a grandes rasgos y la Comisión no ha recibido más detalles ni información sobre su funcionamiento.
            
         III.   RAZONES DE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
   
               (15)
            
            
               En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión dudaba de que el Fondo italiano de garantía para el crédito naval respetase las condiciones expuestas en el punto 4.3 de la Comunicación de 11 de marzo de 2000 relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía («Comunicación sobre las garantías») (2), condiciones que permitirían descartar la existencia de ayuda.
            
         
               (16)
            
            
               La Comisión se preguntaba también si un régimen estatal de garantías que cobra la misma prima a todos los destinatarios, con independencia de los riesgos propios del proyecto financiado, en un sector en el que existe un mercado dispuesto a ofrecer dichas garantías, puede considerarse verosímilmente capaz de autofinanciarse.
            
         
               (17)
            
            
               La Comisión dudaba de que las primas abonadas por los beneficiarios fueran acordes con el mercado y, en cualquier caso, suficientes para cubrir todos los costes del régimen.
            
         
               (18)
            
            
               Por último, la Comisión no podía descartar que un porcentaje de sólo el 10 % de la parte con más riesgo del préstamo resultara insuficiente para garantizar que el prestamista evaluara correctamente la solvencia del prestatario y redujera al mínimo los riesgos de la operación.
            
         IV.   OBSERVACIONES DE ITALIA
   
               (19)
            
            
               Según las autoridades italianas, el Fondo no comporta ayudas por los siguientes motivos:
               
                           i)
                        
                        
                           los criterios previstos por el Fondo para asignar la garantía permiten seleccionar únicamente a armadores que cumplan estrictos criterios económicos con un riesgo inferior a la media; el hecho de que los beneficiarios pertenezcan a grupos de riesgo similares parece hacer innecesaria una diversificación sustancial de las primas;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           la encuesta por sondeo realizada en distintas entidades de crédito que operan en Italia ha dado una estimación del coste medio de mercado para garantías similares sustancialmente equivalente al previsto por las autoridades italianas.
                        
                     
         
               (20)
            
            
               Posteriormente, por carta de 3 de junio de 2004, las autoridades italianas manifestaron su plena disposición a introducir un sistema de primas diversificado según el riesgo de los proyectos financiados. El sistema toma como punto de partida la prima inicial del 0,5 % anual. En esencia, las primas variarían en función de la duración del préstamo y del riesgo de los proyectos beneficiarios. Se contemplarían tres niveles de calificación. Para un crédito a 12 años, la única prima propuesta a los beneficiarios sería del 2,065 % para la categoría de riesgo más baja, del 2,603 % para la categoría de riesgo media y del 3,142 % para el nivel de riesgo más elevado, lo que correspondería a un índice anual del 0,4563 % del importe garantizado para los proyectos de menor riesgo y del 0,6562 % para los de más riesgo.
            
         
               (21)
            
            
               Las autoridades establecerían diversas bandas de valores en función de seis parámetros económicofinancieros que se evaluarían siempre que un posible beneficiario solicitara acogerse al régimen. Según su eficacia global en estos parámetros, se catalogaría al solicitante en una de las tres categorías de riesgo. En cualquier caso, el sistema nunca llegó a perfeccionarse ni las autoridades italianas han facilitado más detalles prácticos sobre su funcionamiento.
            
         V.   EVALUACIÓN
   1)   Existencia de ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado
   
               (22)
            
            
               Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
            
         
               (23)
            
            
               La medida que se evalúa consiste en un Fondo de garantía destinado a dar cobertura a la financiación de préstamos concedidos por bancos a los armadores para la construcción o transformación de buques en astilleros italianos. La Comisión expuso su planteamiento sobre dichas medidas en su Comunicación relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía («Comunicación sobre las garantías») (3).
            
         
               (24)
            
            
               La Comunicación sobre las garantías explica los motivos por los que una garantía estatal puede constituir ayuda estatal: «Las garantías estatales sobre préstamos permiten al prestatario obtener mejores condiciones financieras que las que hubiera conseguido en los mercados financieros. Gracias a la garantía estatal, el prestatario puede obtener normalmente tipos más bajos o dar menos garantías. En algunos casos el prestatario no hubiera encontrado, sin la garantía del Estado, ninguna entidad financiera dispuesta a concederle un préstamo del tipo que fuera. (…) La ventaja de las garantías estatales consiste en que es el Estado el que asume el riesgo vinculado a la garantía. La asunción de este riesgo por parte del Estado debería compensarse normalmente con una prima adecuada. El que el Estado renuncie a dicha prima implica para éste una pérdida de recursos y una ventaja para la empresa. De este modo, puede existir una ayuda estatal, a efectos del artículo 87, apartado 1, aunque el Estado no efectúe ningún pago amparado por una garantía (4)».
            
         a)   Ventaja económica
   
               (25)
            
            
               En el caso que nos ocupa, se trata fundamentalmente de determinar si las primas propuestas para la garantía corresponden a un precio de mercado adecuado. De los principios generales sobre el control de las ayudas estatales y de las citadas disposiciones se deriva el principio que subyace en la Comunicación sobre las garantías: el punto de referencia para evaluar si una garantía no constituye ayuda estatal es el mercado. Efectivamente, si el Estado obtiene una prima por la garantía equivalente a la que obtendría de beneficiarios similares un operador privado, el beneficiario no disfrutaría de ninguna ventaja y el Estado actuaría como un inversor o un acreedor privado que opera en el mercado financiero. Si, por el contrario, el precio pagado por los beneficiarios y las condiciones aplicadas a las garantías son más favorables que el precio y las condiciones de mercado, entonces existe una clara ventaja económica para los beneficiarios y, por consiguiente, si concurren las demás condiciones, una ayuda estatal en el sentido del Tratado.
            
         
               (26)
            
            
               La Comunicación sobre las garantías establece en el punto 4.3 seis condiciones en función de las cuales la Comisión puede determinar si un régimen de garantías estatales constituye ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión debe evaluar en primer lugar si el régimen notificado satisface estas condiciones, lo que permitiría descartar de inmediato la presencia de elementos de ayuda.
            
         
               (27)
            
            
               Según el punto 4.3, no constituyen ayudas estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, los regímenes de garantía que cumplan las siguientes condiciones:
               
                           a)
                        
                        
                           el régimen no permite conceder garantías a prestatarios que se encuentren en una situación financiera difícil;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           el prestatario estaría en condiciones de obtener, teóricamente, un préstamo en condiciones normales en el mercado financiero sin intervención del Estado;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           las garantías están relacionadas con una transacción financiera específica, se refieren a un importe máximo fijo, no cubren más del 80 % del préstamo u otra obligación financiera pendiente de pago (a excepción de bonos e instrumentos similares) y son de duración limitada;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           las modalidades del régimen se establecen basándose en una evaluación realista del riesgo, de forma que las primas pagadas por las empresas beneficiarias garanticen, con toda probabilidad, la autofinanciación del régimen;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           el régimen prevé una revisión al menos anual de las condiciones de concesión de futuras garantías y de la financiación general del sistema;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           las primas cubren tanto los riesgos normales relacionados con la concesión de la garantía como los costes administrativos del régimen, incluyendo, en los casos en los que el Estado aporta el capital inicial para la puesta en marcha del régimen, una remuneración normal de dicho capital.
                        
                     
         
               (28)
            
            
               La Comisión señala que, en el presente caso, concurren las condiciones contempladas en las letras a), b), c) y e), pero no las contempladas en las letras d) y f) puesto que el riesgo asumido por el Estado no está remunerado con una prima adecuada.
            
         
               (29)
            
            
               Con arreglo al punto 4.3, letras d) y f) de la Comunicación, las modalidades del régimen deben basarse en una evaluación realista del riesgo, de forma que el régimen sea, con toda probabilidad, capaz de autofinanciarse, y las primas recaudadas sean suficientes para cubrir los riesgos normales relacionados con la concesión de la garantía y los costes administrativos del régimen (incluyendo, en los casos en los que el Estado aporta el capital inicial para la puesta en marcha del régimen, una remuneración normal de dicho capital). Italia no ha podido demostrarle a la Comisión que las primas previstas por el régimen puedan garantizar la autofinanciación del mismo y cubrir todos los costes administrativos.
            
         i)   Las primas propuestas no son adecuadas
   
               (30)
            
            
               Las entidades de crédito presentes en el mercado financiero exigirían primas más elevadas por las garantías de este tipo, dado que una prima única del 2,3 % parece insuficiente para garantizar, con toda probabilidad, la cobertura de todos los costes inherentes a posibles incumplimientos, incluidos los costes administrativos. Lo mismo puede decirse de la banda de primas del 2,065 % al 2,603 % comunicada en la carta de 3 de junio de 2004.
            
         
               (31)
            
            
               Las autoridades italianas no han tenido anteriormente regímenes similares de garantía estatal y, por tanto, no disponen de datos históricos o empíricos fiables (porcentaje de incumplimiento del sector, ingresos del régimen, costes administrativos reales por su gestión) en los que basarse para poder demostrar la autofinanciación del régimen.
            
         
               (32)
            
            
               Según las autoridades italianas, la prima propuesta está calculada a partir de un valor de referencia del mercado similar y por tanto, debe considerarse adecuada. Esto, sin embargo, no se corresponde con la información de que dispone la Comisión.
            
         
               (33)
            
            
               En primer lugar, las autoridades italianas afirman, por carta de 7 de octubre de 1998, que la comisión media de mercado por una garantía bancaria es, en su opinión, del 0,915 % anual. Este valor supera con mucho el coste anual correspondiente a la prima única prevista por las autoridades italianas en un principio y los de las primas previstas en la carta de 3 de junio de 2004.
            
         
               (34)
            
            
               En segundo lugar, datos más recientes, facilitados también por las autoridades italianas, confirman que la prima prevista no es adecuada. En efecto, en 2003, dichas autoridades llevaron a cabo una encuesta por sondeo con el fin de estimar la comisión media de mercado que aplicarían las entidades de crédito para garantías similares. De las cartas de los bancos italianos enviadas a la Comisión se deduce que todas las entidades interrogadas aplicarían de hecho primas superiores al 0,5 % anual o bien una banda de primas superior a la propuesta por Italia en la carta de 3 de junio de 2004. Las primas propuestas por los bancos son las siguientes:
               
                           Banca CARIGE
                        
                        
                           del 0,50 % al 0,75 % anual
                        
                     
                           BNL
                        
                        
                           apx. 0,60 % anual
                        
                     
                           Unicredit
                        
                        
                           0,60 % anual
                        
                     
                           Citigroup
                        
                        
                           0,60 % anual
                        
                     
                           Deutsche Bank
                        
                        
                           del 0,70 % al 0,80 % anual
                        
                     
                           ABN Amro
                        
                        
                           del 0,70 % al 0,75 % anual
                        
                     
                           Banca Intesa
                        
                        
                           apx. 0,75 % anual
                        
                     
                           Banca di Roma
                        
                        
                           del 0,75 % al 1,25 % anual
                        
                     
         
               (35)
            
            
               En tercer lugar, la experiencia de la Comisión en el examen de los regímenes alemanes de garantía para el crédito naval que, a diferencia del Fondo italiano, llevan varios años funcionando, confirma, una vez más, que la prima propuesta no es adecuada. En diciembre de 2003, la Comisión aprobó los regímenes de garantía de los Estados federados alemanes [ayuda estatal no 512/03 (5)] puesto que las medidas notificadas no constituían ayuda estatal a tenor del Tratado.
            
         
               (36)
            
            
               En efecto, el caso alemán ha demostrado que son necesarias primas más elevadas para garantizar la cobertura, con toda probabilidad, del riesgo de incumplimiento (y de los costes administrativos): los regímenes alemanes aplicaban primas anuales entre el 0,8 % y el 1,5 %, en función de la solvencia del beneficiario.
            
         
               (37)
            
            
               Puesto que los regímenes alemanes y el régimen italiano son sustancialmente similares y plantean problemas análogos, la Comisión sugirió a las autoridades italianas que examinaran atentamente el contenido de la Decisión sobre los regímenes de los Estados federados alemanes, especialmente porque, como ya se ha mencionado, los Estados federados contaban ya anteriormente con diversos regímenes de garantía estatal para el crédito naval. Mientras que las autoridades italianas no han podido aportar pruebas que demuestren que el régimen podría con toda probabilidad autofinanciarse, las autoridades alemanas, por su parte, facilitaron gran cantidad de datos históricos fiables que respaldan sus estimaciones (6).
            
         
               (38)
            
            
               Por esta razón, la Comisión envió a Italia una versión no confidencial de la Decisión sobre los regímenes alemanes de los Estados federados. Además, a raíz de la petición de Italia de obtener información más completa y detallada, directamente, a ser posible de las autoridades alemanas, la Comisión transmitió a las autoridades italianas y a su experto externo los datos necesarios para ponerse en contacto con las autoridades alemanas competentes y con su experto.
            
         ii)   Falta de diversificación del riesgo
   
               (39)
            
            
               La Comisión considera, además, que el Fondo no se ha basado en una valoración realista del riesgo y que, por tanto, no es capaz de autofinanciarse con toda probabilidad.
            
         
               (40)
            
            
               La información de que dispone la Comisión muestra que el crédito naval es un sector en el cual es posible evaluar los riesgos individuales y calcular su coste, y que existe un mercado para la concesión de garantías de financiación final para el crédito naval que funciona correctamente. Por tanto, un régimen de garantías al crédito naval que establezca la misma prima para todos los beneficiarios, suponiendo que funcione con arreglo a las mismas condiciones y restricciones que los demás operadores del mercado, no parece verosímilmente capaz de autofinanciarse. De hecho, los beneficiarios con un riesgo inferior a la media siempre pueden encontrar un garante dispuesto a cubrir la exposición al riesgo a un coste menor a la prima media. Salvo que fuera obligatorio, el régimen de garantías ofrecido por las autoridades publicas está destinado a cubrir únicamente riesgos superiores a la media y, por tanto, no parece que pueda autofinanciarse adecuadamente.
            
         
               (41)
            
            
               La información facilitada indica que el régimen de garantías al crédito naval creado por Italia prevé una prima fija y que la utilización del régimen no es obligatoria. Al mismo tiempo, la información facilitada por Italia confirma que es posible evaluar el riesgo individual (y que existe un mercado para la concesión de dichas garantías). Partiendo de estas premisas, no se puede alegar que el sistema de garantía de prima única en cuestión pueda autofinanciarse «con toda probabilidad».
            
         
               (42)
            
            
               Como ya se ha señalado, en la carta de 3 de junio de 2004 las autoridades italianas se mostraron dispuestas a introducir un sistema conforme al cual a proyectos distintos con riesgos diversos se aplicaran primas diferentes. No obstante, esto todavía no se ha traducido en ninguna propuesta concreta. En la carta se describe el nuevo régimen a grandes rasgos pero hasta el momento no se han recibido más detalles ni información sobre su funcionamiento, a pesar de que las autoridades italianas estaban al corriente de la importancia fundamental que reviste este aspecto a efectos de la decisión de la Comisión.
            
         
               (43)
            
            
               En cualquier caso, incluso si se debe considerar que este régimen es capaz de garantizar una evaluación realista del riesgo, bastarían las bajas primas propuestas (véase anteriormente) para demostrar que la medida podría otorgar una ventaja económica a los armadores beneficiarios.
            
         iii)   Cobertura de los costes administrativos
   
               (44)
            
            
               Las autoridades italianas no han facilitado a la Comisión estimaciones fiables y detalladas de todos los costes administrativos relacionados con la planificación, constitución y gestión del Fondo ni han procurado corregir este fallo, a pesar de que ya se planteó la cuestión en la decisión de incoar el procedimiento.
            
         
               (45)
            
            
               Por otra parte, la Comisión considera que las primas recaudadas, si pueden ya resultar insuficientes para cubrir todas las pérdidas en caso de incumplimiento, corren aún más el riesgo de serlo para cubrir todos los costes administrativos.
            
         
               (46)
            
            
               Por último, las autoridades italianas comunicaron a la Comisión que la ley ha establecido, y el Estado ha asignado en el presupuesto, 258 228 449,54 euros (500 mil millones de liras) para la operatividad del Fondo, sin prever, no obstante, remuneración alguna del capital.
            
         iv)   Conclusiones
   
               (47)
            
            
               En conclusión, de los argumentos expuestos se deduce que la prima o la banda de primas previstas por las autoridades italianas no pueden garantizar la autofinanciación del régimen ni la cobertura de los costes administrativos. Además, las modalidades del régimen no parecen basarse en una evaluación realista del riesgo. Menos aún se cumple el criterio del inversor privado.
            
         
               (48)
            
            
               Partiendo de estas premisas, la Comisión considera que la medida propuesta puede conceder una ventaja económica a los beneficiarios del Fondo.
            
         b)   Utilización de recursos estatales y selectividad de la medida
   
               (49)
            
            
               El régimen implica claramente la utilización de recursos estatales ya que prevé la concesión de garantías publicas y que los fondos correspondientes se aporten del presupuesto del Estado. Las garantías estatales pueden comportar una pérdida de recursos para el Estado, que asume un riesgo financiero y renuncia a una prima adecuada pagada por los beneficiarios.
            
         
               (50)
            
            
               Por otra parte, es evidente que la medida es selectiva, ya que sólo pueden beneficiarse de la garantía estatal los armadores que piensen efectuar trabajos de construcción y transformación de buques en astilleros italianos (y que respondan a los criterios establecidos por la legislación italiana).
            
         c)   Distorsión de la competencia y efectos sobre los intercambios
   
               (51)
            
            
               La ventaja económica otorgada por el Fondo a empresas específicas puede de por sí falsear la competencia ya que las garantías estatales pueden facilitar el acceso de dichas empresas a algunas actividades que, sin ellas, serían inaccesibles. La concesión de garantías estatales sin una remuneración adecuada a cargo de los beneficiarios puede conceder a estos últimos y al sector italiano de la construcción naval una ventaja en materia de competencia respecto de sus competidores europeos y no europeos que no se benefician de medidas similares.
            
         
               (52)
            
            
               Existen intensos intercambios intracomunitarios en el mercado global de la construcción naval. Por consiguiente, la medida en cuestión puede incidir en los intercambios entre Estados miembros.
            
         
               (53)
            
            
               En conclusión, dado que existen todos los elementos contemplados en el artículo 87, apartado 1, el régimen propuesto constituye una ayuda estatal en el sentido del Tratado.
            
         2)   Compatibilidad de la ayuda con el mercado común
   
               (54)
            
            
               El artículo 87, apartados 2 y 3, establece las condiciones por las cuales una ayuda concreta es compatible o puede ser considerada compatible con el mercado común. El artículo 89 establece que el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, podrá determinar las categorías de ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado común.
            
         
               (55)
            
            
               En el momento de la notificación, las ayudas al sector de la construcción naval se regían por el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, sobre ayudas a la construcción naval (7). Según dicho Reglamento, las ayudas al sector sólo se autorizarán en las condiciones y para los objetivos indicados en el mismo. Además, las ayudas de funcionamiento en el sector naval ya no pueden aplicarse a los contratos celebrados después de 31 de diciembre de 2000.
            
         
               (56)
            
            
               Desde el 1 de enero de 2004, es de aplicación el nuevo Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (8) («Marco sobre ayudas a la construcción naval») que ha confirmado la prohibición de cualquier ayuda de funcionamiento en el sector. Por consiguiente, sólo podrán ser consideradas compatibles las ayudas que cumplan los requisitos señalados y para la finalidad prevista en el Marco.
            
         
               (57)
            
            
               Según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (9), y siempre que las normas transitorias no dispongan otra cosa, las ayudas estatales notificadas deben ser analizadas a la luz de lo dispuesto en la normativa vigente en el momento de la adopción de la decisión sobre su compatibilidad. En el presente caso, la ayuda, por tanto, debe ser examinada a la luz del Marco sobre ayudas a la construcción naval.
            
         
               (58)
            
            
               La decisión de incoar el procedimiento fue adoptada cuando ya estaba en vigor el Reglamento (CE) no 1540/98, que constituye, por consiguiente, su fundamento jurídico. Sin embargo, no es necesario incoar un nuevo procedimiento cuando las disposiciones derivadas de dos actos legislativos consecutivos no son sustancialmente diversas, condición que se da claramente en el presente asunto (10).
            
         
               (59)
            
            
               En virtud del Marco sobre ayudas a la construcción naval y del Reglamento (CE) no 1540/98, las ayudas en cuestión comprenden todos los tipos de ayudas directas e indirectas concedidas a los astilleros, armadores o terceros para la construcción o la transformación de buques y, en particular, facilidades crediticias, garantías y desgravaciones fiscales (11).
            
         
               (60)
            
            
               Por lo que se refiere a la compatibilidad con el mercado común, la decisión de incoar el procedimiento se fundamenta en el hecho de que la ayuda en cuestión es una ayuda de funcionamiento y, como tal, incompatible en virtud del Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo (12) desde el 1 de enero de 2001. Esta norma sigue vigente en virtud del Marco sobre ayudas estatales a la construcción naval, que no permite la concesión de ayudas de funcionamiento.
            
         
               (61)
            
            
               La decisión de incoar el procedimiento ha examinado además la posibilidad de evaluar la compatibilidad de la ayuda a la luz de las disposiciones de la OCDE sobre las facilidades crediticias concedidas para la construcción o transformación de buques (13). A este respecto, se afirmaba sin embargo que, a pesar de que el Acuerdo de la OCDE y el Acuerdo sectorial preveían normas en materia de garantías, las disposiciones del Acuerdo relativas a las primas mínimas de referencia no serían de aplicación mientras los participantes del Acuerdo sectorial no volvieran a examinarlas (14), como sigue siendo el caso.
            
         
               (62)
            
            
               Por el contrario, no se ha previsto examinar la ayuda en relación con otras disposiciones sobre la compatibilidad previstas por el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, dado que es evidente que la ayuda en cuestión no está destinada ni al cierre, ni al salvamento y reestructuración, ni a las inversiones en innovación, ni a la investigación y el desarrollo ni a la protección del medio ambiente. También es evidente que la ayuda tampoco va dirigida a facilitar la consecución de estos objetivos a la luz de las disposiciones, ligeramente distintas, del Marco sobre ayudas a la construcción naval. Asimismo, es evidente que la ayuda no pretende alcanzar otros objetivos horizontales (formación, empleo, promoción de las PYME) subvencionables actualmente en virtud de dicho Marco.
            
         
               (63)
            
            
               Además, hay que subrayar que las autoridades italianas nunca han afirmado que la ayuda deba considerarse compatible. Por consiguiente, nunca han facilitado a la Comisión información que permita evaluar si la ayuda podría entrar en el ámbito de alguna de las excepciones a la prohibición general contemplada en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.
            
         
               (64)
            
            
               A la vista de todo lo anterior, la Comisión considera que en el presente asunto no son de aplicación ninguna de las excepciones a la prohibición de conceder ayudas estatales en el sector de la construcción naval y que, por consiguiente, la medida, que presenta las características de ayuda estatal, es incompatible con el mercado común.
            
         VI.   CONCLUSIONES
   
               (65)
            
            
               Por todo lo expuesto, la Comisión concluye que el régimen relativo al Fondo especial de garantía para el crédito naval constituye un régimen de ayudas estatales incompatible con el mercado común.
            
         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   El régimen de ayudas estatales que Italia tiene intención de ejecutar en favor del crédito naval, en el sentido del artículo 5 de la Ley no 261, de 31 de julio de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley no 413, de 30 de noviembre de 1998, e incorporado en el Decreto del Ministerio de Hacienda, Presupuesto y Planificación Económica de 14 de diciembre de 2000, es incompatible con el mercado común.
   Por consiguiente, esta ayuda no podrá ejecutarse.
   Artículo 2
   Italia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.
   Artículo 3
   El destinatario de la presente Decisión será la República italiana.
   
      Hecho en Bruselas, el 6 de abril de 2005.
      
         
            Por la Comisión
         
         Neelie KROES
         
         
            Miembro de la Comisión
         
      
   
   
      (1)  DO C 145 de 21.6.2003, p. 48.
   
      (2)  DO C 71 de 11.3.2000, p. 14.
   
      (3)  Véase la nota 2.
   
      (4)  Puntos 2.1.1 y 2.1.2 de la Comunicación.
   
      (5)  DO C 62 de 11.3.2004, p. 2.
   
      (6)  Se observa que el mercado de la construcción naval parece ser global y que el mercado de la financiación del crédito naval parece ser al menos paneuropeo. Por consiguiente, del caso alemán se pueden extrapolar elementos importantes, aun cuando los regímenes evaluados en ese país no se refieran a Italia.
   
      (7)  DO L 202 de 18.7.1998, p. 1.
   
      (8)  Marco aplicable a las ayudas estatales a la Construcción naval (2003/C 317/06) (DO C 317 de 30.12.2003, p. 11).
   
      (9)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 2004, asunto T-176/01, Ferriere Nord SpA/Comisión, en particular los puntos 134 a 140.
   
      (10)  Véase asunto T-176/01, puntos del 74 al 82.
   
      (11)  Véase el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo y el punto 11 del Marco sobre ayudas a la construcción naval.
   
      (12)  Véase el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo.
   
      (13)  Véase el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo.
   
      (14)  Véase el punto 23 del Marco sobre ayudas a la construcción naval, que remite a las mismas disposiciones de la OCDE citadas en la decisión de incoar el procedimiento.