CELEX: C2000/176/05
Language: es
Date: 2000-06-24 00:00:00
Title: Asunto C-50/00 P: Recurso de casación interpuesto por la Unión de Pequeños Agricultores el 16 de febrero de 2000 contra la resolución dictada el 23 de noviembre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-173/98 entre Unión de Pequeños Agricultores y Consejo de la Unión Europea

24.6.2000               ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 176/3
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                 Recurso de casación interpuesto por la Unión de Peque-
                                                                            ños Agricultores el 16 de febrero de 2000 contra la
                                                                            resolución dictada el 23 de noviembre de 1999 por la
                            (Sala Sexta)                                    Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las
                                                                            Comunidades Europeas en el asunto T-173/98 entre
                                                                            Unión de Pequeños Agricultores y Consejo de la Unión
                     de 13 de abril de 2000                                                               Europea
                                                                                                   (Asunto C-50/00 P)
en el asunto C-274/98: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra Reino de España (1)
                                                                                                     (2000/C 176/05)
   («Incumplimiento de Estado — Directiva 91/676/CEE»)                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                            presentado el 16 de febrero de 2000 un Recurso de casación
                                                                            interpuesto por la Unión de Pequeños Agricultores, represen-
                         (2000/C 176/04)                                    tada por los Sres. Javier Ledesma Bartret y José Ma Jiménez
                                                                            Laiglesia Oñate, que designa como domicilio en Luxemburgo
                                                                            el de la Sra. Concepción Llaser Moyano, 22, rue Wenkelhiel,
                                                                            L-5680 Dalheim, contra la resolución dictada el 23 de noviem-
                 (Lengua de procedimiento: español)                        bre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera
                                                                            Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-173/98
                                                                            entre Unión de Pequeños Agricultores y Consejo de la Unión
                                                                            Europea,
                                                                            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
En el asunto C-274/98, Comisión de las Comunidades Euro-
peas (Agentes: Sres. E. Gippini Fournier y F. de Sousa Fialho)              1. Anule el Auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de
contra Reino de España (Agente: Sra. M. López-Monı́s Gallego),                noviembre de 1999 en el asunto T-173/98
que tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha
incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del                   2. Conforme al artı́culo 55 del Estatuto del Tribunal de
Tratado CE al no haber establecido los programas de acción                     Justicia declare la admisibilidad del recurso principal
previstos en el articulo 5 de la Directiva 91/676/CEE del                       interpuesto el 20 de octubre de 1998 por la parte recu-
Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección                  rrente y devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia
de las aguas contra la contaminación producida por nitratos                    para la resolución del fondo del asunto.
procedentes de fuentes agrarias (DO L 375, p. 1; rectificación
de la versión española, DO 1993, L 92, p. 51), el Tribunal de
Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. J.C. Moitinho de
Almeida, Presidente de Sala; los Sres. R. Schintgen, G. Hirsch y            Motivos y principales alegaciones
V. Skouris y la Sra. F. Macken (Ponente), Jueces; Abogado
General: Sr. G. Cosmas; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el             Irregularidades en el procedimiento y violación del derecho
13 de abril de 2000 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:               comunitario:
1) Se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones        — el auto confunde e interpreta de forma errónea la argumen-
     que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del                   tación presentada por la parte recurrente relativa a la
     Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de          invocación del derecho fundamental a la tutela judicial
     las aguas contra la contaminación producida por nitratos                  efectiva. No se justificaba la violación del derecho funda-
     procedentes de fuentes agrarias, al no haber establecido los               mental de la recurrente a la tutela judicial que nacerı́a de la
     programas de acción previstos en su artı́culo 5.                          inadmisibilidad de su recurso en la «inexistencia» de vı́a
                                                                                interna de recurso, sino en que, en este caso en concreto,
                                                                                la declaración de inadmisibilidad no respetarı́a el requisito
2) Se condena en costas al Reino de España.                                    de «efectividad» exigido por el derecho fundamental que se
                                                                                alegaba.
                                                                            — el auto contiene una motivación insuficiente respecto a la
                                                                                alegación de la parte recurrente en lo que respecta a su
(1) DO C 278 de 5.9.1998.                                                       derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y con-
                                                                                funde de nuevo la argumentación presentada por la parte
                                                                                recurrente.
                                                                            — el auto contiene una motivación contradictoria respecto al
                                                                                examen del principio de acceso a la justicia.
 ---pagebreak--- C 176/4                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       24.6.2000
— el auto infringe el derecho fundamental a la tutela judicial         Motivos y principales alegaciones
    efectiva de la parte recurrente como principio general del
    derecho comunitario y el propio sistema de recursos
    establecido en el Tratado. La parte recurrente no objeta el        Infracción del Reglamento (CE) 3760/92 (2) del Consejo:
    sistema de recursos establecido en el Tratado en este
    asunto, sino la omisión por parte del auto objeto de              — El Reino de España considera que la disposición impugnada
    recurso de casación de todo análisis de la efectividad del            infringe el principio de estabilidad relativa y que esta
    derecho fundamental alegado en el contexto de su recurso.               cuestión no ha sido resuelta en la sentencia de 5 de octubre
    Esta ausencia de toma en consideración y la opción                    de 1999, dictada en el asunto C-179/95, España contra
    adoptada por el auto que traslada, en todos los casos, la               Consejo.
    responsabilidad sobre la salvaguarda de la efectividad del
    derecho de tutela judicial a los sistemas jurisdiccionales
    de los Estados miembros, supone también la propia                  — El Reino de España considera que el artı́culo 9 del Regla-
    vulneración del sistema de recursos establecido en el                  mento 3760/92 no ampara una medida como la recurrida
    antiguo artı́culo 173 del Tratado. En efecto, el auto,                  y ello por las siguientes razones:
    mediante una aplicación errónea del principio de coopera-
    ción leal de los Estados miembros, traslada a estos últimos           1. Porque los intercambios de cuotas, autorizados por el
    la aplicación de un derecho fundamental en el contexto                      artı́culo 9 del Reglamento 3760/92, deben respetar los
    del artı́culo 173 del Tratado, ignora que en su recurso                      principios de la polı́tica común de pesca y de la
    principal la parte recurrente invocó la infracción de                      legislación comunitaria entre los que se encuentra el
    derechos fundamentales por parte del acto impugnado,                         principio de estabilidad relativa.
    omite que los demás derechos alegados por esta parte
    solamente pueden ser objeto de protección ante los
    tribunales comunitarios y, en definitiva, obviando que es               2. Porque, de acuerdo con el mencionado artı́culo 9, el
    responsabilidad de los tribunales comunitarios el garanti-                   intercambio de disponibilidades pesqueras es compe-
    zar la legalidad de los actos comunitarios de conformidad                    tencia de los Estados miembros que sólo deberán
    con los derechos fundamentales.                                              comunicarlo a la Comisión, mientras que en el presente
                                                                                 caso es el Consejo el que decide que Portugal pueda
                                                                                 pescar 3 000 Tm. en aguas del Golfo de Vizcaya y,
                                                                                 posteriormente, se las ceda a Francia.
                                                                            3. Porque, aunque es cierto que el Reglamento 685/95
                                                                                 del Consejo, relativo a la gestión de los esfuerzos
                                                                                 pesqueros referentes a determinadas Zonas y recursos
Recurso interpuesto el 7 de marzo de 2000 contra el                              pesqueros comunitarios, tiene como base jurı́dica el
   Consejo de la Unión Europea por el Reino de España                          artı́culo 43 del Tratado CE (actual artı́culo 37 CE),
                                                                                 sin embargo ello no significa que a través de este
                        (Asunto C-81/00)                                         Reglamento el Consejo pueda desconocer lo estable-
                                                                                 cido en el Reglamento de base en materia pesquera, es
                         (2000/C 176/06)                                         decir, el 3760/92, y en concreto el principio de
                                                                                 estabilidad relativa.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de marzo 2000 un recurso contra el Consejo             — A través de la disposición impugnada y sin base cientı́fica
de la Unión Europea formulado por el Reino de España,                     alguna, se modifica de hecho el TAC fijado para el
representado por la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, en calidad              año 2000, por lo que a la anchoa se refiere, en 16 000 Tm.
de agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el de                   en la zona VIII CIEM pasando a ser de 19 000 Tm. en
la Embajada de España, 4-6 bvd. E. Servais.                                dicha Zona. Con ello se está incumpliendo el Regla-
                                                                            mento 3760/92, pues no se está logrando el objetivo de
                                                                            una explotación racional y responsable para los recursos,
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                   sino, muy por el contrario, sobreexplotando una especie
                                                                            como la anchoa en la zona VIII CIEM.
— anule el punto relativo a la anchoa por lo que se refiere a
    la nota (2) del stock «Anchoa, Zonas IX, X, COPACE
    34.1.1», contenido en el Anexo I D del Reglamento (CE)
    no 2742/1999 (1) del Consejo, de 17 de diciembre de 1999,
    por el que se establecen, para el año 2000, las posibilidades
    de pesca y las condiciones correspondientes para determi-          (1) DO L 341 de 31.12.1999, p. 1.
    nadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces,                (2) por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la
                                                                           acuicultura. DO L 92 de 16.04.1993, p. 51.
    aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques
    comunitarios, en las demás aguas donde sean necesarias
    limitaciones de capturas, y por el que se modifica el
    Reglamento (CE) no 66/98;
— condene en costas a la Institución demandada.