CELEX: 62009TN0454
Language: es
Date: 2009-11-09 00:00:00
Title: Asunto T-454/09 P: Recurso de casación interpuesto el 9 de noviembre de 2009 por Rinse van Arum contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-139/07, van Arum/Parlamento

13.2.2010   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 37/39
            
         Recurso de casación interpuesto el 9 de noviembre de 2009 por Rinse van Arum contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-139/07, van Arum/Parlamento
   (Asunto T-454/09 P)
   2010/C 37/55
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   
      Partes
   
   
      Recurrente: Rinse van Arum (Winksele, Bélgica) (representante: W. van den Muijsenbergh, abogado)
   
      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo
   
      Pretensiones de la parte recurrente
   
   
               —
            
            
               Que se acuerde la admisión del recurso y de los motivos y alegaciones formulados en él.
            
         
               —
            
            
               Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 10 de septiembre de 2009 en el asunto F-139/07.
            
         
               —
            
            
               Que, resolviendo él mismo el litigio, anule la decisión por la que se adopta el informe de calificación del recurrente.
            
         
               —
            
            
               Que se condene al Parlamento al pago de las costas en que haya incurrido el recurrente en las dos instancias.
            
         
      Motivos y principales alegaciones
   
   En apoyo de su recurso, el recurrente alega los siguientes motivos:
   
               —
            
            
               Infracción de los artículos 1 y 9 de las Disposiciones generales de ejecución relativas a la aplicación del artículo 43 del Estatuto de los Funcionarios y de los artículos 15, apartado 2, y 87, apartado 1, del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y las disposiciones de la Guía de calificación.
            
         
               —
            
            
               Infracción del artículo 19 de las Disposiciones generales de ejecución y de la obligación de motivación.
            
         
               —
            
            
               Vulneración del principio de contradicción, del principio de igualdad de las partes y del derecho de defensa.
            
         
               —
            
            
               Violación del Derecho por lo que respecta a la relación entre calificación y atribución de puntos, del derecho de defensa y del principio de buena administración.
            
         
               —
            
            
               Infracción del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») debido a la utilización de documentos que no forman parte del expediente y vulneración del principio de procedimiento contradictorio, así como inversión de la carga de la prueba a cargo del recurrente e incumplimiento de la obligación de motivación.
            
         
               —
            
            
               Incumplimiento del deber de asistencia en relación con la apreciación indebida de datos equivocados por el calificador final y vulneración de los principios jurídicos relativos a la carga de la prueba.
            
         
               —
            
            
               Aplicación errónea del Derecho, de la jurisprudencia y de los principios jurídicos en relación con el artículo 90 del Estatuto, el deber de asistencia, la diligencia, la buena administración y los principios jurídicos relativos a la prueba.
            
         
               —
            
            
               Violación del Derecho como consecuencia de declaraciones incomprensibles del Tribunal de la Función Pública y de una calificación errónea de los hechos, así como incumplimiento del deber de motivación y de las reglas de buena administración.
            
         
               —
            
            
               Determinación incorrecta de los hechos.