CELEX: C2007/117/02
Language: es
Date: 2007-05-26 00:00:00
Title: Asunto C-71/07 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2007 por Franco Campoli contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) el 29 de noviembre de 2006 en el asunto T-135/05, Campoli/Comisión

26.5.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 117/2
            
         Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2007 por Franco Campoli contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda ampliada) el 29 de noviembre de 2006 en el asunto T-135/05, Campoli/Comisión
   (Asunto C-71/07 P)
   (2007/C 117/02)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes
   
      Recurrente: Franco Campoli (representantes: G. Vandersanden, L. Levi y S. Rodrigues, abogados)
   
      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: V. Joris y D. Martin, agentes) y Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Arpio e I. Šulce, agentes)
   Pretensiones de la parte recurrente
   
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               Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, el 29 de noviembre de 2006, en el asunto T-135/05.
            
         
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               Que, por consiguiente, se estimen las pretensiones formuladas por el demandante en primera instancia, modificadas con respecto a la inadmisibilidad de las peticiones del demandante con respecto a la asignación familiar y la asignación por escolaridad, y, por ende,
               
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                           que se anule la decisión de la AFPN, de 13 de diciembre de 2004, por la que se desestima la reclamación presentada por el demandante, junto con la decisión de la AFPN impugnada en dicha reclamación y que modificó, con efectos a partir del 1 de mayo de 2004, el coeficiente corrector aplicable a la pensión del demandante, por una parte, y las hojas de haberes pasivos del demandante en la medida en que aplican esta última decisión a partir del mes de mayo de 2004, por otra parte;
                        
                     
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                           que se condene a la parte demandada al pago del conjunto de las costas.
                        
                     
         
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               Que se condene a la parte demandada al pago de las costas causadas en primera instancia y en casación.
            
         Motivos y principales alegaciones
   El demandante invoca varios argumentos en apoyo de su único motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato y en el incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe al órgano jurisdiccional comunitario.
   En primer lugar, el demandante alega que se ha violado este principio, porque el Tribunal de Primera Instancia declaró que el legislador puede modificar el Estatuto, definiendo unas condiciones más desfavorables que el régimen vigente, a condición de que establezca un período transitorio de una duración suficiente. La existencia de un período transitorio y la comprobación del carácter suficiente de su duración son, en efecto, elementos ajenos al examen de la legalidad de una nueva medida con respecto al principio de igualdad de trato, cuya observancia postula la comprobación, por el órgano jurisdiccional, de que no existe una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada con respecto al objetivo perseguido por el legislador comunitario. Ahora bien, en el caso de autos, en la sentencia recurrida no se definió el objetivo perseguido por la nueva normativa en materia de fijación de los coeficientes correctores, ni se examinó, a fortiori, si existe una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada con respecto a este objetivo. Además, el demandante añade que un coeficiente corrector establecido según el coste medio de la vida de un país vulnera, al mismo tiempo, el objetivo del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y la libertad de circulación y de residencia de los mismos, ya que los jubilados que residan en la capital de un país o en otras ciudades o regiones caras de dicho país tendrán menos poder adquisitivo que los jubilados que hayan fijado su residencia fuera de esta capital, ciudades o regiones.
   Mediante su segunda alegación, el demandante sostiene que, contrariamente a lo que se declara en la sentencia recurrida, el nuevo régimen de pensiones implica efectivamente una conexión con el coste de la vida en Bruselas, de modo que los ingresos de los jubilados residentes en Bélgica se determinan teniendo en cuenta únicamente el coste de la vida en la capital de este Estado miembro, mientras que los ingresos de los jubilados residentes en la capital de otros Estados miembros se fijan mediante un coeficiente corrector que tiene en cuenta el coste medio de la vida del país en su conjunto. Por otra parte, el demandante niega la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la legalidad de un acto reglamentario comunitario no puede depender de la manera en que este acto es aplicado en la práctica, ya que las medidas de ejecución de tal acto guardan una estrecha relación con el propio acto, e invoca una vulneración del derecho de defensa y del principio de igualdad de las partes ante el juez comunitario, en la medida en que el demandante sólo tuvo conocimiento de las medidas de ejecución del nuevo régimen de pensiones una vez terminado el procedimiento escrito.
   Mediante su última alegación, el demandante impugna la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que el demandante no tiene interés para ejercitar la acción, con arreglo al artículo 241 CE, al referirse a la ventaja concedida a los jubilados residentes en un Estado miembro «poco caro »En efecto, con su denuncia del trato diferenciado reservado a los jubilados residentes en un Estado miembro «poco caro »con respecto a los jubilados residentes en un Estado miembro «caro», el demandante critica la vulneración del principio de equivalencia del poder adquisitivo y pretende, así, cuestionar el régimen de pensiones que resulta del nuevo Estatuto y de sus medidas transitorias.