CELEX: 62004TO0184
Language: es
Date: 2005-01-13 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 13 de enero de 2005. # Sulvida - Companhia de alienação de terrenos, Ldª contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Inadmisibilidad manifiesta - Recurso por omisión - Propuesta de directiva - Imposibilidad de la representación de la parte demandante por un abogado que no es un tercero. # Asunto T-184/04.

Asunto T‑184/04
      Sulvida — Companhia de alienação de terrenos, Lda,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Inadmisibilidad manifiesta — Recurso por omisión — Propuesta de directiva — Imposibilidad de que la parte demandante sea representada por un abogado que no es un tercero»
      Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 13 de enero de 2005 
      Sumario del auto
      Procedimiento — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Requisitos relativos al firmante — Calidad de
            tercero respecto a las partes — Sociedad representada por su gerente en su condición de abogado — Inadmisibilidad
      (Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 19, párr. 3, y 53, párr. 1)
      Para interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, una parte procesal en el sentido del artículo 19, párrafo
         tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, que es aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en
         virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, debe utilizar, so pena de inadmisibilidad, los servicios de un
         tercero habilitado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo sobre
         el Espacio Económico Europeo.
      
      No puede ser considerado un tercero y, por tanto, no está facultado para firmar el escrito de interposición del recurso en
         nombre de una sociedad un abogado que es asimismo su gerente y ejerce, por consiguiente, las funciones de un órgano de administración
         de ésta.
      
      (véanse los apartados 8 y 10 a 12)
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
      de 13 de enero de 2005 (*)
      
      «Inadmisibilidad manifiesta – Recurso por omisión – Propuesta de directiva – Imposibilidad de la representación de la parte demandante por un abogado que no es un tercero»
      En el asunto T-184/04, 
      Sulvida – Companhia de alienação de terrenos, Lda, con domicilio social en Lagoa (Portugal), representada por el Sr. N. Buchbinder, abogado, 
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas,
      parte demandada,
      que tiene por objeto una demanda con objeto de que se ordene a la Comisión formular una propuesta de directiva relativa al
         traslado transfronterizo del domicilio social estatutario de las sociedades de capital y de personas,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y el Sr. J. Azizi y la Sra. E. Cremona, Jueces;
      Secretario: Sr. H. Jung;
      dicta el siguiente
      Auto
       Procedimiento
      1       Mediante escrito presentado el 26 de mayo de 2004 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante, invocando
         el artículo 232 CE, interpuso el presente recurso por omisión contra la Comisión. Solicitó al Tribunal de Primera Instancia
         que declare que la Comisión está obligada a adoptar respecto a los Estados miembros una regulación que autorice y haga posible
         el traslado transfronterizo del domicilio estatutario de las sociedades de capital y de personas, sin que los ordenamientos
         jurídicos de los Estados miembros puedan hacer más difícil o imposible dicho traslado, y, en particular, que la Comisión está
         obligada a transformar en Directiva la «propuesta de decimocuarta Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
         traslado transfronterizo del domicilio estatutario de las sociedades, con modificación del Derecho que les es aplicable».
      
      2       La demandante es una sociedad portuguesa, representada por su gerente, el Sr. N. Buchbinder. La demandante designó como mandatario
         ad litem a la sociedad Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft, representada por su director, el Sr. N. Buchbinder, abogado y
         única persona facultada para representar a dicha sociedad, quien es a la vez el gerente de la demandante. La demanda está
         firmada por el Sr. Buchbinder en su condición de abogado y de director de Pro-Videntia Rechtsanwaltsaktiengesellschaft.
      
       Fundamentos de Derecho 
      3       En virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando el Tribunal de Primera
         Instancia sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisible o carezca
         manifiestamente de fundamento jurídico alguno, dicho Tribunal podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de
         auto motivado. 
      
      4       En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que dispone de suficiente información en virtud de los documentos
         obrantes en autos y decide, habida cuenta del carácter insubsanable del vicio de forma que afecta a la demanda, pronunciarse
         de oficio sin continuar el procedimiento. 
      
      5       Conforme al artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera
         Instancia con arreglo al artículo 53 de dicho Estatuto:
      
      «Las […] partes deberán estar representadas por un abogado.
      Únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado
         parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrá representar o asistir a una parte ante el Tribunal de Justicia.»
      
      6       El artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia establece, además:
      «El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se iniciará mediante una demanda dirigida al Secretario. La demanda habrá de
         contener el nombre y el domicilio del demandante y la calidad del firmante [...].»
      
      7       Por último, según el artículo 43, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento:
      «El original de todo escrito procesal deberá ser firmado por el Agente o el Abogado de la parte.»
      8       Se desprende de dichas disposiciones, en especial de la utilización del término «representadas» en el artículo 19, párrafo
         tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, que, para interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, la
         «parte», en el sentido de dicho artículo, debe utilizar los servicios de un tercero que debe estar habilitado para ejercer
         ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
         (auto del Tribunal de Justicia de 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, apartado
         11; auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1999, Shaw y otros/Comisión, T‑131/99, no publicado en la
         Recopilación, apartado 11).
      
      9       Dicha exigencia de recurrir a un tercero concuerda con la concepción de la función del abogado según la cual éste se considera
         un colaborador de la Justicia que debe proporcionar, con toda independencia y en el interés superior de ésta, la asistencia
         legal que el cliente necesita. Esta concepción responde a las tradiciones jurídicas comunes a los Estados miembros y se recoge
         igualmente en el ordenamiento jurídico comunitario, como resulta, precisamente, del artículo 19 del Estatuto del Tribunal
         de Justicia [sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 1982, AM & S/Comisión, 155/79, Rec. p. 1575, apartado 24,
         y auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 1999, Euro‑Lex/OAMI (EU-LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, apartado 28].
      
      10     De ello se deriva que el Sr. Buchbinder, abogado que representa a la parte demandante, no puede ser considerado, a efectos
         del presente procedimiento, como un «tercero» en el sentido del auto Lopes/Tribunal de Justicia, antes citado. En efecto,
         la demanda fue presentada en nombre de la parte demandante por el Sr. Buchbinder, en su condición de abogado. Pues bien, se
         desprende de la escritura social («Gesellschafterbeschluss») de la parte demandante, de 17 de febrero de 2003, que el Sr.
         Buchbinder es también el gerente de ésta, y que ejerce, por consiguiente, las funciones de un «órgano de administración» de
         ésta. En dichas circunstancias, el Sr. Buchbinder no está facultado para representar a la parte demandante en el marco del
         presente procedimiento.
      
      11     Al haber firmado el Sr. Buchbinder la demanda, el presente recurso no ha sido interpuesto con arreglo al artículo 19, párrafos
         tercero y cuarto, y al artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, ni conforme al artículo 43, apartado
         1, del Reglamento de Procedimiento. 
      
      12     Por consiguiente, procede en cualquier caso declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
      13     A mayor abundamiento, el recurso es también manifiestamente inadmisible en la medida en que la parte demandante solicita al
         Tribunal de Primera Instancia que ordene a la Comisión presentar a los Estados miembros una propuesta de regulación de contenido
         determinado, relativa al traslado transfronterizo del domicilio estatutario de las sociedades de capital y de personas. Según
         reiterada jurisprudencia, en el marco del control de la legalidad que ejerce el juez comunitario, no corresponde a éste dirigir
         órdenes conminatorias a las instituciones o hacer sus veces (véanse, en especial, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia
         de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94,
         Rec. p. II‑3141, apartado 53, y de 9 de septiembre de 1999, UPS Europe/Comisión, T‑127/98, Rec. p. II‑2633, apartado 50).
      
      14     Además, una mera propuesta de directiva, como exige la parte demandante a la Comisión, sobre el traslado transfronterizo del
         domicilio estatutario de las sociedades de capital y de personas, no sería un acto que produjera efectos jurídicos obligatorios
         respecto a terceros, sino una medida meramente intermedia y preparatoria. Pues bien, tal medida no puede ser objeto de un
         recurso de anulación, conforme al artículo 230 CE, y la falta de adopción de tal medida tampoco puede ser impugnada mediante
         un recurso por omisión, con arreglo al artículo 232 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 1979, Granaria/Consejo
         y Comisión, 90/78, Rec. p. 1081, apartados 12 y siguientes; autos del Tribunal de Primera Instancia de 26 de noviembre de
         1996, Kuchlenz-Winter/Consejo, T‑167/95, Rec. p. II‑1607, apartados 20 y siguientes; de 15 de mayo de 1997, Berthu/Comisión,
         T‑175/96, Rec. p. II‑811, apartados 18 y siguientes, y de 1 de diciembre de 1999, Buchbinder y Nöcker/Comisión, T‑198/99,
         no publicado en la Recopilación, apartado 11).
      
      15     Procede también recordar que un recurso de anulación interpuesto por un particular no es admisible cuando va dirigido contra
         la negativa a adoptar un reglamento de alcance general (auto del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre de 1998,
         Scottish Soft Fruit Growers/Comisión, T‑22/98, Rec. p. II‑4219, apartado 41). Pues bien, dicha regla se aplica por analogía
         al presente caso, dado que la esencia de la directiva que la parte demandante solicita que se ordene proponer a la Comisión
         sería también de naturaleza legislativa y de alcance general. En consecuencia, procede igualmente declarar la inadmisibilidad
         de un recurso por omisión interpuesto por una persona física o jurídica con objeto de que se declare que la Comisión se ha
         abstenido ilegalmente de proponer o de adoptar una directiva.
      
      16     Resulta del conjunto de las anteriores consideraciones que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del presente recurso,
         sin que sea necesaria su notificación a la parte demandada.
      
       Costas
      17     En virtud del artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte demandante cargará con sus propias costas.
      En virtud de todo lo expuesto, 
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
      resuelve:
      1)      Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
      2)      La parte demandante cargará con sus propias costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 13 de enero de 2005.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         * Lengua de procedimiento: alemán.