CELEX: 51995PC0227
Language: es
Date: 1995-07-26
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio

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51995PC0227

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio  /* COM/95/227 FINAL - COD 95/0221 */  

Diario Oficial n° C 322 de 02/12/1995 p. 0022

Propuesta de Directiva del Parlamento  Europeo y del Consejo relativa a las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales  comunitarios y la mejora de la calidad del servicio (95/C 322/10) COM(95) 227 final -  95/0221(COD)(Presentada por la Comisión el 22 de noviembre de 1995) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo  57, su artículo 66 y su artículo 100 A, Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 22 de enero de 1993 relativa al Libro verde sobre el  desarrollo del mercado único de los servicios postales (1), Vista la Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1994, relativa al desarrollo de los servicios  postales comunitarios (2), Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, Visto el dictamen del Comité de las Regiones, 1) Considerando que es importante adoptar medidas que tengan por objeto el establecimiento del  mercado interior de conformidad con el artículo 7 A del Tratado; que este mercado abarca un espacio  sin fronteras interiores donde está garantizada la libre circulación de mercancías, personas,  servicios y capitales; 2) Considerando que el establecimiento del mercado interior en el sector postal es importante para  la economía y la cohesión económica y social de la Comunidad, ya que los servicios postales  constituyen un instrumento esencial para la comunicación y el comercio; 3) Considerando que la Comisión presentó el 11 de junio de 1992 un Libro verde sobre el desarrollo  del mercado único de los servicios postales, y el 2 de junio de 1993 una Comunicación sobre las  líneas directrices para el desarrollo de los servicios postales comunitarios; 4) Considerando que la Comisión procedió a una amplia consulta pública sobre los aspectos de los  servicios postales que revisten un interés comunitario; 5) Considerando que la dimensión actual del servicio universal postal y las condiciones de  prestación del mismo varían mucho de un Estado miembro a otro; que, en particular, la calidad del  servicio prestado es muy desigual entre Estados miembros; 6) Considerando que las conexiones postales transfronterizas no siempre responden a las  expectativas de los usuarios y de los ciudadanos europeos y que la calidad de los servicios  postales transfronterizos comunitarios resulta hoy en día especialmente insatisfactoria; 7) Considerando que las disparidades observadas en el sector postal tienen una repercusión  importante en los sectores de actividad con una especial dependencia de los servicios postales y  representan un freno a la cohesión interna de la Comunidad, puesto que las regiones que no se  benefician de servicios postales de calidad suficiente se encuentran desfavorecidas en lo que se  refiere tanto a sus envíos de comunicaciones como a la distribución de mercancías; 8) Considerando que son necesarias desde ahora unas medidas orientadas a asegurar una progresiva  apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de estas medidas, con el fin de,  respetando las obligaciones y los derechos de los proveedores del servicio universal, garantizar en  toda la Comunidad la libre prestación de servicios en el sector postal; 9) Considerando que es necesaria, por lo tanto, una acción a escala comunitaria para lograr una  mayor armonización de las condiciones que regulan el sector postal y que es, por consiguiente,  necesario proceder a la elaboración de reglas comunes; 10) Considerando que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, debe establecerse un marco  de principios generales a escala comunitaria, pero que la determinación de los procedimientos  específicos debe corresponder a los Estados miembros, que podrán elegir el régimen que mejor se  adapte a su situación particular; 11) Considerando que es indispensable garantizar en la Comunidad un servicio universal postal que  corresponda a un conjunto mínimo de servicios de buena calidad que deben prestarse en todos los  Estados miembros a un precio asequible al conjunto de los usuarios, cualquiera que sea su  localización geográfica dentro de la Comunidad; 12) Considerando que el objetivo del servicio universal es proporcionar a todos los usuarios un  fácil acceso a la red postal, ofreciendo en particular un número suficiente de puntos fijos de  contacto y condiciones satisfactorias de frecuencia de recogida y de distribución; que el servicio  universal debe prestarse respetando determinados requisitos fundamentales para garantizar un  funcionamiento continuo y adaptarse a las necesidades de los usuarios, así como garantizarles un  trato equitativo y no discriminatorio; 13) Considerando que el servicio universal debe cubrir tanto los servicios nacionales como los  servicios transfronterizos; 14) Considerando que se debe informar a los usuarios del servicio universal de manera adecuada  sobre la gama de los servicios propuestos, sus condiciones de suministro y de utilización, así como  sobre sus tarifas; 15) Considerando que parece justificado el mantenimiento de un conjunto de servicios que pueden  formar parte del sector reservado, dentro del respeto a las normas del Tratado y sin perjuicio de  la aplicación de sus normas sobre competencia, con el fin de permitir el funcionamiento del  servicio universal en condiciones de equilibrio financiero; 16) Considerando que los objetos de correspondencia que pesan 350 g o más representan menos del 2 %  en volumen y el 3 % en ingresos de los servicios de correos en cuanto a cartas; que el criterio de  precios (cinco veces la tarifa básica) permitirá distinguir mejor el servicio reservado del  servicio del correo urgente que ya está liberalizado; 17) Considerando que conviene excluir la publicidad directa de los servicios que se pueden  eventualmente reservar, ya que constituye un segmento diferenciado del mercado postal que  representa, como promedio en la Comunidad, un 17 % en volumen y un 12 % en ingresos de los  servicios de correos en cuanto a cartas; que puede, sin embargo, ser justificable el mantenimiento  de este servicio en el sector reservado hasta el 31 de diciembre de año 2000, si fuera necesario  para el equilibrio financiero del proveedor del servicio universal; que, por otra parte, la  Comisión decidirá, a más tardar el 30 de junio de 1998, sobre la posibilidad de posponer la fecha  de liberalización, teniendo en cuenta los acontecimientos, especialmente de tipo económico, social  y tecnológico, que se hayan producido en el sector y teniendo en cuenta igualmente el equilibrio  financiero del proveedor del servicio universal; 18) Considerando que conviene excluir de los servicios que se pueden eventualmente reservar la  distribución de correo transfronterizo de llegada, el cual representa, como promedio en la  Comunidad, un 4 % en volumen y un 3 % en ingresos de los servicios postales en cuanto a cartas; que  puede, sin embargo, ser justificable el matenimiento de este servicio en el sector reservado hasta  el 31 de diciembre del año 2000, si fuera necesario para el equilibrio financiero del proveedor del  servicio universal; que, por otra parte, la Comisión decidirá, a más tardar el 30 de junio de 1998,  sobre la posibilidad de posponer la fecha de liberalización, teniendo en cuenta los  acontecimientos, especialmente de tipo económico, social y tecnológico, que se hayan producido en  el sector y teniendo en cuenta igualmente el equilibrio financiero del proveedor del servicio  universal; 19) Considerando que está previsto reconsiderar el alcance del sector reservado, a más tardar en el  primer semestre del año 2000; 20) Considerando que los Estados miembros pueden tener un interés legítimo, por razones de orden  público y de seguridad pública, en confiar a una o más entidades designadas por el Estado el  emplazamiento de buzones para recoger objetos postales en la vía pública y que, por las mismas  razones, corresponde a los Estados miembros la designación de la o las entidades que tienen derecho  a emitir los sellos postales con el nombre del país; 21) Considerando que los servicios especiales, por ejemplo, el servicio del correo urgente  (servicio que se caracteriza, además de por una mayor rapidez y fiabilidad en cuanto a la recogida,  el transporte y la distribución de los envíos, por todas o una parte de las prestaciones  adicionales siguientes: garantía de entrega en una fecha determinada; recogida a domicilio; entrega  al destinatario en mano; posibilidad de cambio de destino y de destinatario durante el trayecto;  confirmación al remitente de la recepción de su envío; seguimiento de los envíos; trato  personalizado de los clientes y prestaciones de un servicio personalizado, en función de las  necesidades específicas), los servicios nuevos (servicios distintos de los servicios tradicionales)  y el intercambio de documentos no forman parte del servicio universal y que, por lo tanto, no se  justifica que estén dentro del sector reservado a los proveedores del servicio universal; que lo  que precede se aplica también a la autoprestación (prestación de los servicios postales por parte  de una persona física o jurídica que encuentra en el origen de los objetos de correspondencia, o  prestación de los servicios de recogida y encaminamiento de estos objetos por un tercero que actúa  solamente en nombre de esa persona), la cual no entra en la categoría de los servicios; 22) Considerando que los Estados miembros deben tener la facultad de regular, dentro de su  territorio y mediante procedimientos de declaraciones y allí donde sea necesario por procedimientos  de autorización, la prestación de los servicios postales no incluidos en el sector reservado a los  proveedores del servicio universal; que estos procedimiemtos deben ser transparentes y no  discriminatorios y fundados sobre criterios objetivos; 23) Considerando que los Estados miembros deben tener la facultad de, en caso necesario,  condicionar la concesión de licencias a las obligaciones de servicio universal o al pago de  contribuciones financieras a un fondo de compensación destinado a compensar al proveedor del  servicio universal por los costes financieros no equitativos a que esté sometido por la prestación  de este servicio; que los Estados miembros deben tener la facultad de incluir en las autorizaciones  una obligación en el sentido de que las actividades autorizadas no perjudiquen de manera abusiva  los derechos exclusivos y especiales otorgados al o a los proveedores del servicio universal para  los servicios postales reservados; que es posible prever la introducción de un sistema de  identificación de la publicidad directa por razones de control cuando se produzca la liberalización  de la misma; 24) Considerando que podría ser necesario en el futuro armonizar a escala comunitaria los  procedimientos de autorización establecidos por los Estados miembros, cuando ello esté justificado,  para la oferta comercial al público de los servicios postales que no estén reservados a los  proveedores del servicio universal; 25) Considerando que podría ser necesario en el futuro armonizar a escala comunitaria las  condiciones de acceso a la red postal pública en los Estados miembros; 26) Considerando que, con el fin de garantizar una gestión sana de los servicios universales y de  evitar el falseamiento de la competencia, las tarifas aplicadas a los servicios universales deben  ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y basadas en los costes; 27) Considerando que, para el correo transfronterizo, el proveedor del servicio universal del país  de llegada debe recibir una remuneración que cubra sus costes; que esta remuneración debe también  incluir un incentivo a la mejora de la calidad del servicio transfronterizo comunitario; 28) Considerando que es necesaria una separación contable entre servicios reservados y servicios no  reservados con el fin de establecer la transparencia de los costes de los diferentes servicios y  con el fin de evitar que las subvenciones cruzadas del sector reservado al sector no reservado  puedan afectar a las condiciones de competencia de este último; 29) Considerando que es importante tener en cuenta el interés de los usuarios, que tienen derecho a  servicios de buena calidad; que deben, por consiguiente, realizarse esfuerzos para mejorar y  aproximar hacia un nivel superior la calidad de los servicios prestados a escala comunitaria; que  esta mejora de la calidad requiere el establecimiento de normas por los Estados miembros para los  servicios que componen el servicio universal, normas que los proveedores del servicio universal  deben alcanzar o sobrepasar; 30) Considerando que la calidad del servicio percibida por los usuarios constituye un aspecto  esencial del servicio prestado y que las normas de evaluación de esta calidad del servicio y los  niveles de calidad realmente alcanzados deberán publicarse en interés de los usuarios; que es  necesario disponer de normas armonizadas en cuanto a la calidad del servicio y de métodos de medida  comunes con el fin de poder evaluar la convergencia de la calidad del servicio a escala  comunitaria; 31) Considerando que corresponde a los Estados miembros el establecimiento de normas nacionales de  calidad coherentes con las normas comunitarias de calidad; que las normas de calidad para los  flujos transfronterizos intracomunitarios -que requieren el trabajo conjunto de al menos dos  proveedores del servicio universal de dos Estados miembros distintos-, deben establecerse a nivel  comunitario; 32) Considerando que el respeto de estas normas debe verificarse con regularidad y de forma  independiente, sobre una base armonizada, y que los usuarios deben tener derecho a ser informados  de los resultados de estos controles; 33) Considerando que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas  abusivas en los contratos celebrados con consumidores (3) es aplicable a los operadores postales; 34) Considerando que la mejora de la calidad de los servicios prestados requiere que la solución de  los posibles litigios sea tratada de manera rápida y eficaz; que, además de los recursos a que da  acceso el Derecho nacional o comunitario, debe preverse un procedimiento simple de conciliación;  que este procedimiento debe ser flexible, poco oneroso y transparente, y permitir la intervención  de todas las partes interesadas; 35) Considerando que los progresos en la interconexión de las redes postales y los intereses de los  usuarios exigen que se fomente la normalización técnica; que la armonización técnica es  indispensable para promover la interoperabilidad de las redes nacionales y, por consiguiente, un  servicio universal comunitario eficaz y de alto rendimiento; que los usuarios deben estar  activamente asociados a la armonización de las normas técnicas; 36) Considerando que la elaboración detallada de estas normas técnicas armonizadas debe constituir  un proceso progresivo; que las líneas directrices en materia de armonización europea permiten  confiar estos trabajos especializados de normalización técnica al Comité Europeo de Normalización; 37) Considerando que las futuras tareas de desarrollo de las medidas relativas a la calidad del  servicio transfronterizo comunitario y a la normalización técnica deben prepararse bajo la  responsabilidad de la Comisión, asistida por los Estados miembros y consultando a las partes  implicadas, incluidas las asociaciones de consumidores y usuarios, con la ayuda de un comité creado  a tal efecto; 38) Considerando que es importante, tanto para el buen funcionamiento del servicio universal como  para el funcionamiento de una competencia no falseada en el sector no reservado, que exista una  separación de las funciones de reglamentación por una parte y de explotación por otra parte; que  ningún operador postal debe ser al mismo tiempo juez y parte; que corresponde al Estado miembro la  definición del estatuto de una o más autoridades nacionales de reglamentación, que pueden ser una  autoridad pública o una entidad independiente designada a tal fin; 39) Considerando que los efectos de tal armonización sobre el funcionamiento del mercado interior  de los servicios postales deberán ser objeto de una evaluación; que es por ello importante que la  Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva  tres años después de su entrada en vigor y, a más tardar, durante el primer semestre del año 2000;  que es oportuno que la Comisión esté asistida en esta tarea por un observatorio que seguirá la  evolución del sector y que estará compuesto como máximo por cinco expertos independientes,  nombrados por la Comisión, cuya experiencia conjunta agrupará los conocimientos específicos  necesarios y que recopilarán la información pertinente sobre el desarrollo del sector, en especial  en cuanto a sus aspectos económicos, sociales y tecnológicos, así como sobre la calidad del  servicio; 40) Considerando que el Tribunal de Justicia ha confirmado la aplicabilidad de las normas sobre  competencia al sector postal; que la presente Directiva debe ajustarse a las normas del Tratado,  que la Comisión ha expuesto la aplicación de las normas sobre competencia, y en particular del  artículo 90 del Tratado, al sector postal en su Comunicación de . . .; que las normas sobre  competencia requieren la creación de una autoridad independiente que garantice la vigilancia  efectiva de los servicios reservados, así como la transparencia de la contabilidad de los  proveedores del servicio universal; que las normas sobre competencia requieren igualmente que se  garantice el acceso no discriminatorio a la red postal; 41) Considerando que la presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas del Tratado y,  en particular, de sus normas sobre competencia y libre prestación de servicios, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO 1 Objetivo y ámbito de aplicación Artículo 1 La presente Directiva  establece reglas comunes relativas a: - la prestación de un servicio postal universal en el interior de la Comunidad, - los criterios que delimitan los servicios que pueden forman parte del sector reservado a los  proveedores del servicio universal, - los principios de tarificación y de transparencia contable, - la determinación de normas de calidad y la instauracion de un sistema que garantice el respeto a  estas normas, - la armonización de las normas técnicas, - la creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes. Artículo 2 A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) servicios postales, los servicios que comprenden la recogida, incluida la recogida pública, el  transporte y la distribución de los objetos postales; 2) red postal pública, un conjunto de recursos humanos y de bienes necesario para asegurar: - la recogida pública de los objetos postales cubiertos por una obligación de servicio universal de  los buzones o de otros puntos de acceso en el conjunto del territorio, y - el encaminamiento y el tratamiento de estos objetos desde el punto de acceso a la red postal  hasta el centro de distribución, - la entrega de dichos objetos a sus destinatarios en el curso de rondas regulares de entrega; 3) recogida, operación que consiste en reunir, transportar y entregar los objetos postales desde el  lugar de acondicionamiento o desde los buzones postales en los que se hayan depositado con este  fin, hasta un punto de acceso a la red postal; 4) colecta, la operación que consiste en recoger los objetos de correspondencia de los buzones  colocados a tal fin en la vía pública o en cualquiera de los locales de los proveedores del  servicio universal apto para recibir tales depósitos; 5) distribución, las operaciones que van desde la clasificación realizada en los centros encargados  de organizar la distribución hasta la entrega a los destinatarios de los objetos postales; 6) objeto postal, un envío con dirección cuyas especificaciones físicas y técnicas permiten a la  red postal hacerse cargo del mismo. Incluye, entre otros, los objetos de correspondencia, las  cartas, los libros, los catálogos, los diarios y publicaciones periódicas, así como los paquetes  postales que contengan mercancías con o sin valor comercial; 7) objeto de correspondencia, la comunicación materializada en forma escrita sobre un soporte  físico de cualquier naturaleza, que se transportará y entregará al destinatario a la dirección  indicada por el remitente sobre el propio objeto o sobre su embalaje. Los libros, catálogos,  diarios y publicaciones periódicas no se considerarán objetos de correspondencia; 8) intercambio de documentos, la entrega del correo por los remitentes en centros de intercambio ad  hoc dentro de los cuales sus corresponsales tienen buzones asignados donde vienen a retirar su  correo. Los usuarios de un centro de intercambios deben constituir un grupo de miembros abonados a  este servicio; 9) envío certificado, un objeto postal con garantía fija contra los riesgos de pérdida o de  deterioro y que se entrega contra recibo; 10) envío con valor declarado, un objeto postal cuyo contenido está asegurado, en caso de pérdida o  deterioro, por el valor declarado por el remitente; 11) correo transfronterizo de llegada, el correo que llega a un Estado miembro a partir de otro  Estado miembro o desde un país tercero; 12) publicidad directa, objeto de correspondencia que contiene el mismo mensaje enviado a un número  significativo de direcciones con fines publicitarios o de comercialización; 13) proveedor del servicio universal, la entidad pública o privada encargada por un Estado miembro  de garantizar la totalidad o parte de las prestaciones del servicio postal universal; 14) gastos terminales, la remuneración de los proveedores del servicio universal encargados de  distribuir el correo transfronterizo de llegada; 15) remitente, la persona física o jurídica que está en el origen de los objetos postales; 16) usuarios, los usuarios profesionales, los consumidores domésticos y los operadores postales  distintos de los encargados del servicio universal (incluidos los intermediarios), cuando estos  operadores postales deseen acceder a los servicios para completar una prestación de extremo a  extremo; 17) intermediario, el operador económico que actúa entre el remitente y el proveedor del servicio  universal en cuanto a la recogida, el encaminamiento o la clasificación de los objetos postales  antes de introducirlos en la red postal pública del mismo o de otro país; 18) autoridad nacional de reglamentación, en cada Estado miembro, el organismo o los organismos a  los que el Estado miembro confía, entre otras, las funciones reglamentarias derivadas de la  presente Directiva. CAPÍTULO 2 El servicio universal Artículo 3 Los Estados miembros garantizarán a los usuarios el  derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de buena calidad  en todos los puntos del territorio a precios asequibles para todos los usuarios. Para ello, los Estados miembros velarán por que la densidad de los puntos de contacto y de los  lugares de colecta tengan en cuenta las necesidades de los usuarios. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios del servicio universal garanticen  todos los días laborables, y como mínimo cinco días por semana, excepto en circunstancias o  condiciones geográficas excepcionales, como mínimo: - una intervención en los puntos de colecta, - una distribución al domicilio de cada persona física o jurídica. Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el servicio universal incluya por lo  menos las siguientes prestaciones: - la colecta, el transporte y la distribución de los objetos de correspondencia con dirección, así  como los libros, catálogos, diarios y publicaciones periódicas de hasta 2 kg y de los paquetes  postales de hasta 20 kg enviados con dirección, - los servicios de envíos certificados y de envíos con valor declarado. Las dimensiones mínimas y máximas de los objetos postales contemplados serán las establecidas en el  Convenio y el Acuerdo sobre paquetes postales adoptados por la Unión Postal Universal en su  Congreso de Washington en diciembre de 1989. El servicio universal definido en el presente artículo incluirá tanto los servicios nacionales como  los transfronterizos. Artículo 4 Cada Estado miembro designará a uno o más operadores postales para la prestación del  servicio universal e informará de ello a la Comisión. Igualmente determinará, dentro del respeto  del Derecho comunitario, las obligaciones y derechos atribuidos al proveedor o a los proveedores  del servicio universal y lo publicará. Artículo 5 Cada Estado miembro velará por que el servicio universal responda a los siguientes  requisitos: - ofrecer un servicio que garantice la inviolabilidad y el secreto del correo, - ofrecer a los usuarios, situados en igualdad de condiciones, idénticas prestaciones, - ser prestado sin discriminación alguna, especialmente las derivadas de consideraciones políticas,  religiosas o filosóficas, - ser prestado sin interrupción o discontinuidad salvo en casos de fuerza mayor, - transformarse en función del entorno técnico, económico y social, así como de la demanda de los  usuarios. Artículo 6 Los Estados miembros velarán por que los proveedores del servicio universal  proporcionen a los usuarios periódicamente una información suficientemente precisa sobre las  características de los servicios universales ofrecidos, en particular, en lo que se refiere a  condiciones generales de acceso a los servicios, precios y nivel de calidad. Esta información será  publicada, en particular, por medio de avisos o folletos. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de  entrada en vigor de la presente Directiva, el modo en que se harán públicas estas informaciones, en  aplicación del párrafo primero. Deberán comunicar cuanto antes a la Comisión cualquier modificación  posterior. Artículo 7 Cada Estado miembro velará por que se garantice la continuación de la prestación del  servicio universal tal como se define en la presente Directiva. CAPÍTULO 3 Armonización de los  servicios que pueden formar parte del sector reservado Artículo 8 1. En la medida en que sea  necesario para el mantenimiento del servicio universal, los servicios que podrán eventualmente  reservarse al proveedor o a los proveedores del servicio universal en cada Estado miembro serán la  recogida, el transporte, la clasificación y la distribución de los objetos de correspondencia  interna cuyo precio sea inferior a cinco veces la tarifa pública de un objeto de correspondencia de  la primera escala de pesos, siempre que su peso esté por debajo de 350 g, sin perjuicio de lo  dispuesto en el apartado 2. 2. La distribución del correo transfronterizo de llegada y la publicidad directa podrán  eventualmente continuar formando parte del sector reservado hasta el 31 de diciembre de 2000,  siempre que esta reserva sea necesaria para el equilibrio financiero del proveedor o de los  proveedores del servicio universal. La Comisión decidirá, a más tardar el 30 de junio de 1998,  sobre la posibilidad de reservar estos servicios más allá del 31 de diciembre de 2000, teniendo en  cuenta los acontecimientos, especialmente de tipo económico, social y técnico, que se hayan  producido hasta esa fecha y teniendo en cuenta igualmente el equilibrio financiero de los  proveedores del servicio universal. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, se volverá a examinar lo dispuesto en el  apartado 1 cuando la Comisión presente un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la  aplicación de la presente Directiva de conformidad con su artículo 23 y, a más tardar, durante el  primer semestre de 2000. 4. Los Estados miembros facilitarán a petición de la Comisión toda la información necesaria para la  adopción de la decisión a que se refiere el apartado 2, así como para el informe a que se hace  referencia en el apartado 3. Artículo 9 Los Estados miembros designarán la entidad o las entidades que tendrán derecho a  colocar buzones destinados a recoger objetos postales en la vía pública y a emitir los sellos de  correos con el nombre del país. CAPÍTULO 4 Condiciones relativas a la prestación de los servicios no reservados y al acceso a la  red Artículo 10 1. Los Estados miembros podrán recurrir a procedimientos de inscripción y,  cuando las circunstancias lo justifiquen, a procedimientos de autorización para la oferta comercial  al público de los servicios postales no reservados a los proveedores del servicio universal. Estos  procedimientos deberán ser transparentes y no discriminatorios y estarán basados en criterios  objetivos. 2. La concesión de autorizaciones podrá eventualmente estar sujeta a obligaciones proporcionales de  servicio universal y a la obligación de no perjudicar de forma abusiva los derechos exclusivos y  especiales otorgados a los proveedores del servicio universal para los servi- cios postales  reservados en virtud del apartado 1 del artículo 8. 3. Cuando un Estado miembro determine que las obligaciones de servicio universal, según quedan  establecidas en la presente Directiva, representan una carga financiera no equitativa para el  proveedor del servicio universal, dicho Estado podrá condicionar la concesión de autorizaciones a  una obligación de contribuir financieramente a un fondo de compensación creado específicamente a  este efecto y administrado por una entidad independiente del o de los beneficiarios. En este caso,  el Estado miembro deberá garantizar que se respetan los principios de transparencia, no  discriminación y proporcionalidad al fijar el nivel de las contribuciones financieras. 4. Los Estados miembros garantizarán que las razones por las que se haya denegado una autorización  se comuniquen al solicitante y establecerán un procedimiento de recurso. 5. Los Estados miembros podrán prever un sistema de identificación de la publicidad directa que  permita el control de la misma cuando ésta se liberalice. Artículo 11 1. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y sobre la base del  apartado 2 del artículo 57, y de los artículos 66 y 100 A del Tratado, adoptarán las medidas de  armonización necesarias respecto a los procedimientos de autorización para la oferta comercial al  público de los servicios postales no reservados, a excepción de los servicios que no pueden  someterse a tales condicionantes, como el intercambio de documentos y el correo transfronterizo de  salida hacia otros Estados miembros. 2. Las medidas de armonización contempladas en el apartado 1 se referirán especialmente a los  criterios que deberá respetar y los procedimientos que deberá seguir el operador postal que  solicite la autorización, las modalidades de publicación de estos criterios y procedimientos, y los  procedimientos de recurso en caso de denegación de una autorización. Artículo 12 El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión y sobre la base del  apartado 2 del artículo 57, y de los artículos 66 y 100 A del Tratado, adoptarán las medidas de  armonización necesarias respecto a las condiciones que garanticen a los usuarios y a los  proveedores del servicio universal el acceso a la red postal pública en las fases previas a la  distribución final de los objetos postales, en condiciones transparentes y no discriminatorias.  CAPÍTULO 5 Principios de tarifación y transparencia contable Artículo 13 Los Estados miembros  velarán por que las tarifas del servicio universal se establezcan respetando los siguientes  principios: - los precios serán asequibles y permitirán la prestación de servicios accesibles al conjunto de  los usuarios, - se deberán fijar los precios en relación con los costes para cada servicio comprendido en el  servicio universal; los Estados miembros podrán decidir la aplicación de una tarifa única en todo  su territorio nacional para cada servicio comprendido en el servicio universal, - las tarifas deberán ser transparentes y no discriminatorias. Artículo 14 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los gastos  terminales se determinen en relación con los costes de los proveedores del servicio universal que  aseguren el tratamiento y la distribución no discriminatoria del correo en el país de llegada y la  calidad de los servicios prestados. Artículo 15 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar, dentro del  plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, que la  contabilidad de los proveedores del servicio universal se lleve de conformidad con las  disposiciones de los apartados 2 y 3. 2. Los proveedores del servicio universal mantendrán en su contabilidad interna cuentas separadas  para cada servicio comprendido en el sector reservado (diferenciando las fases de recogida,  transporte, clasificación y distribución), por una parte, y para los servicios no reservados, por  otra parte, del mismo modo que lo harían si los servicios en cuestión fuesen prestados por empresas  distintas. Igualmente establecerán en su informe de gestión anual un balance y una cuenta de  beneficios y de pérdidas para los servicios reservados por una parte, y para los servicios no  reservados por otra parte. 3. Independientemente del régimen de propiedad que les sea aplicable y de su forma jurídica, los  proveedores de servicios del servicio universal someterán sus cuentas anuales al control de una  entidad de auditoría independiente. Los proveedores del servicio universal que no tengan obligación  legal de publicar sus cuentas anuales, deberán tener un ejemplar de éstas a la disposición de la  autoridad nacional de reglamentación y de la Comisión. La Comisión adoptará las disposiciones necesarias para preservar la confidencialidad de las  informaciones que reciba a este respecto. CAPÍTULO 6 Calidad de los servicios Artículo 16 Los Estados miembros velarán por que se ofrezca  un servicio universal de calidad. Las normas de calidad se centrarán, en particular, en los plazos de envío, la regularidad y la  fiabilidad de los servicios. Estas normas serán fijadas por: - los Estados miembros para los servicios nacionales, - la Comisión para los servicios transfronterizos intracomunitarios, según el procedimiento  previsto en el artículo 21. El control de los resultados deberá llevarse a cabo, como mínimo una vez al año, de manera  independiente por organismos exteriores a los proveedores del servicio universal y en condiciones  normalizadas fijadas por la Comisión serán objetos de una publicación anual como mínimo. Artículo 17 Los Estados miembros velarán por que se determinen las normas para el correo nacional  y para que estas normas sean compatibles con las normas establecidas por la Comisión para los  servicios transfronterizos intracommunitarios. Sin embargo, sin perjuicio de la consideración de  las particularidadades nacionales, un primer objetivo será conseguir que se pueda garantizar que en  todos los Estados miembros los objetos de correspondencia de la categoría normalizada más rápida  tengan un plazo de encaminamiento, de un extremo a otro, de un día laborable entre el día de salida  y el día de distribución para, al menos, el 80 % de los envíos. Estas normas serán objeto de revisiones periódicas. El control de funcionamiento y la justificación de los resultados se realizarán de acuerdo con las  disposiciones establecidas en el artículo 16. Artículo 18 De acuerdo con los dispuesto en el artículo 16, la Comisión determinará, una año  después de la entrada en vigor de la presente Directiva, las normas de calidad de los servicios  transfronterizos intracomunitarios. Publicará estas normas en el Diario Oficial de las Comunidades  Europeas y velará por el control periódico y la publicación de los resultados sobre el cumplimiento  de estas normas y los avances realizados. Dichas normas serán objeto de revisiones periódicas. En espera de tales normas, los Estados miembros aplicarán la siguiente norma para los objetos de  correspondencia de la categoría normal más rápida: un plazo de envío de extremo a extremo de tres  días laborables entre el día de depósito en el país de origen y el día de distribución en el país  de distribución (D+3) para un 90 % de los envíos y de cinco días laborables (D+5) para un 99 % de  los envíos. Se trata de normas medias que los proveedores del servicio universal pueden mejorar. Artículo 19 Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos transparentes,  simples y poco costosos para el tratamiento de las reclamaciones de los usuarios, en particular, en  caso de pérdida, robo, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio. Velarán  por que se disponga de un sistema eficaz y rápido de reembolso o compensación y por que se  solucionen los litigios a su debido tiempo y de una manera equitativa. Sin perjuicio de las otras posibilidades de recurso previstas en la legislación nacional y  comunitaria, los Estados miembros velarán por que los usuarios, actuando, cuando así lo prevea el  Derecho nacional, en colaboración con las organizaciones que representen los intereses de los  usuarios o de los consumidores puedan someter a la autoridad nacional de reglamentación las  cuestiones o reclamaciones no resueltas de los usuarios contra el proveedor del servicio  universal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, los Estados miembros velarán por que los  proveedores del servicio universal publiquen, junto con el informe anual sobre el control de los  resultados, la información referente al número de reclamaciones y la forma en que éstas fueron  atendidas. CAPITULO 7 Armonización de las normas técnicas Artículo 20 La armonización de las normas  técnicas deberá desarrollarse, en particular, en función de los intereses de los usuarios. Se confiará el establecimiento de las normas técnicas aplicables al sector postal al Comité Europeo  de Normalización sobre la base de mandatos, de conformidad con los principios contenidos en la  Directiva 83/189/CEE del Consejo (4). Estos trabajos se llevarán a cabo teniendo en cuenta las  medidas de armonización adoptadas a nivel internacional y, en particular, las decididas por la  Unión Postal Universal. Dichas normas se publicarán anualmente en el Diario Oficial de las  Comunidades Europeas. Los Estados miembros velarán por que en todo aquello relacionado con la prestación del servicio  universal se haga referencia a las normas publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades  Europeas. El estado de avance de los trabajos efectuados por el Comité Europeo de Normalización, así como los  progresos realizados en este sector por este organismo, serán objeto de consulta al Comité  consultivo de conformidad con el artículo 21. CAPÍTULO 8 El Comité consultivo Artículo 21 La Comisión estará asistida por un Comité  consultivo compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por un  representante de la Comisión. El Comité establecerá su propio reglamento interno. Se concultará al Comité sobre las disposiciones relativas a la calidad del servicio previstas en el  artículo 16 y a la armonización de las normas técnicas previstas en el artículo 20. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban  adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el Presidente podrá  fijar en función de la urgencia del asunto en cuestión, y procediendo, en su caso, a una votación. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su  posición conste en acta. La Comisión tendrá en cuenta, en la mayor medida posible, el dictamen emitido por el Comité.  Informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. La Comisión consultará igualmente a los representantes de los operadores postales, de las  industrias afectadas, de los usuarios, incluso los particulares, y de los interlocutores sociales  sobre las cuestiones relativas a la calidad del servicio y a la armonización de las normas  técnicas. Informará regularmente al Comité sobre el resultado de estas consultas, así como de los  trabajos del observatorio a que se refiere el artículo 23. CAPÍTULO 9 La autoridad nacional de reglamentación Artículo 22 Cada Estado miembro designará  una autoridad nacional de reglamentación para el sector postal, jurídica y funcionalmente  independiente de los operadores postales. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las  autoridades reguladoras nacionales que hayan designado para cumplir las tareas que se derivan de la  presente Directiva. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán, en particular, como tarea garantizar el  respeto de las obligaciones que se derivan de la presente Directiva; podrán también tener como  tarea asegurar el respeto a las normas nacionales y comunitarias sobre la competencia en el sector  postal. Las autoridades reguladoras nacionales presentarán a la Comisión, cada año natural, un informe en  el que se expongan los progresos alcanzados a nivel nacional en la realización de los objetivos  contemplados en la presente Directiva. El informe anual se presentará a la Comisión dentro de los 5  meses siguientes al final del año al que se refiera dicho informe. CAPÍTULO 10 Disposiciones finales Artículo 23 1. Tres años después de la fecha de entrada en  vigor de la presente Directiva y, a más tardar, en el primer semestre del año 2000, la Comisión  informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la manera en que haya sido aplicada. La Comisión  estará asistida en esta tarea por un observatorio que seguirá la evolución del sector. 2. El observatorio estará compuesto, como máximo, por cinco expertos independientes, nombrados por  la Comisión, que conjuntamente agruparán los distintos conocimientos específicos necesarios. Dichos  expertos reunirán las informaciones pertinentes sobre el desarrollo del sector, especialmente en  cuanto a los aspectos económicos, sociales y tecnológicos, así como en cuanto a la calidad del  servicio. Artículo 24 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar seis meses después de la  fecha de su entrada en vigor. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente  Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los  Estados miembros adoptarán las modalidades de dicha referencia. Artículo 25 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 26 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  (1) DO n° C 42 de 15. 2. 1993, p. 240.  (2) DO n° C 48 de 16. 2. 1994, p. 3.  (3) DO n° L 95 de 21. 4. 1993, p. 29.  (4) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 3.