CELEX: 62003TJ0134
Language: es
Date: 2005-09-27
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 27 de septiembre de 2005. # Common Market Fertilizers SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Condonación de derechos de importación - Artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 3319/94 - Facturación directa al importador - Concepto de "grupo de expertos" en el sentido del artículo 907 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 - Derecho de defensa - "Negligencia manifiesta" en el sentido del artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 - Obligación de motivación. # Asuntos acumulados T-134/03 y T-135/03.

Asuntos acumulados T‑134/03 y T‑135/03
      Common Market Fertilizers SA
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Condonación de derechos de importación — Artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 3319/94 — Facturación directa al importador — Concepto de “grupo de expertos” en el sentido del artículo 907 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 — Derecho de defensa — “Negligencia manifiesta” en el sentido del artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 — Obligación de motivación»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera ampliada) de 27 de septiembre de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Excepción de ilegalidad — Excepción propuesta en la réplica — Inadmisibilidad 
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, y 48, ap. 2)
      2.     Recurso de anulación — Motivos — Falta de competencia de la institución autora del acto impugnado — Motivo de orden público
            — Falta de competencia de la institución autora del acto que constituye la base jurídica del acto impugnado — Falta de carácter
            de orden público del motivo 
      (Art. 230 CE)
      3.     Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Distinción
            entre «grupo de expertos» en el sentido del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento (CEE) nº 2454/93 y «Comité de reglamentación»
            en el sentido del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE
      [Arts. 7 CE y 249 CE; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 907, párr. 1; Decisión 1999/468/CE del Consejo]
      4.     Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Vulneración por una institución de su reglamento interno —
            Motivo invocado por una persona física o jurídica — Improcedencia 
      (Art. 230 CE)
      5.     Comunidad Europea — Régimen lingüístico — Envío de un documento por la Comisión a un Estado miembro en una lengua que no es
            la lengua oficial de éste — Improcedencia — Documento dirigido a los representantes de los Estados miembros que constituyen
            un grupo de expertos encargado de pronunciarse sobre la solicitud de un particular — Autor de la solicitud que no puede alegar
            una eventual violación del régimen lingüístico
      (Reglamento nº 1 del Consejo, art. 3)
      6.     Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Facultad
            de decisión de la Comisión — Respeto del derecho de defensa — Derecho del operador económico afectado a ser oído — Alcance
            — Derecho a una audiencia — Inexistencia
      [Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 239; Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 906  bis]
      
      7.     Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Circunstancias
            que no implican «ni maniobra ni manifiesta negligencia» por parte del interesado — Concepto de negligencia manifiesta — Interpretación
            estricta — Criterios
      [Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, arts. 220 y 239, ap. 1]
      8.     Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento de reconsideración — Objeto
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 11, ap. 8]
      9.     Recursos propios de las Comunidades Europeas — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Existencia
            de una situación especial — Circunstancias que no implican «ni maniobra ni manifiesta negligencia» por parte del interesado
            — Requisitos acumulativos 
      [Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, art. 905]
      10.   Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisiones de denegación de solicitudes de devolución o condonación
            de derechos de importación
      [Art. 253 CE; Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, art. 239]
      1.     A no ser que se base en un elemento de Derecho o de hecho que se hubiera revelado durante el procedimiento, en el sentido
         del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, una excepción de ilegalidad
         no es admisible en la réplica, dado que el marco de un litigio viene determinado por el escrito de interposición del recurso.
      
      (véase el apartado 51)
      2.     Aunque, por un lado, el Tribunal de Primera Instancia debe señalar de oficio la incompetencia del autor del acto impugnado,
         por otro, no debe examinar de oficio si la institución que ha adoptado la disposición que constituye la base jurídica de la
         decisión impugnada se ha extralimitado en sus competencias.
      
      (véase el apartado 52)
      3.     El grupo de expertos que, con arreglo al artículo 907, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas
         disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, se reúne «en
         el marco del Comité [del Código aduanero]» no constituye un Comité de reglamentación, en el sentido del artículo 5 de la Decisión
         1999/468, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
      
      En efecto, del séptimo considerando y del artículo 5 de esta Decisión resulta que se sigue el procedimiento de reglamentación
         para «medidas de alcance general cuyo objetivo sea aplicar elementos esenciales de actos de base».
      
      Considerar que el Comité de reglamentación, contemplado en el artículo 5 de la Decisión antes citada, es competente para emitir
         un dictamen sobre una propuesta de decisión individual de devolución o condonación de derechos de aduana equivale a asimilar,
         simple y llanamente, el concepto de decisión al de acto de alcance general, que son, sin embargo, fundamentalmente distintos
         en virtud del artículo 249 CE, y, por tanto, a infringir esta última disposición, el artículo 7 CE y la Decisión 1999/468.
      
      Lo anterior queda corroborado por el tenor del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento nº 2454/93. La expresión «en
         el marco del Comité» refleja que el grupo de expertos al que se refiere el artículo 907 es claramente una entidad distinta
         en el plano funcional del Comité del Código aduanero. Si el legislador hubiera deseado que el Comité del Código aduanero fuera
         consultado en el marco de los procedimientos individuales de condonación o devolución, habría empleado la expresión «previa
         consulta al Comité».
      
      (véanse los apartados 55 y 57 a 59)
      4.     El Reglamento interno del Comité del Código aduanero tiene por objetivo garantizar el funcionamiento interno de dicho Comité
         dentro del pleno respeto de las prerrogativas de sus miembros. En consecuencia, las personas físicas o jurídicas no pueden
         alegar una supuesta infracción de este Reglamento, cuya finalidad no es garantizar la protección de los particulares.
      
      (véase el apartado 79)
      5.     El artículo 3 del Reglamento nº 1 tiene por objetivo garantizar que los textos que una institución envíe a un Estado miembro
         o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redacten en la lengua de dicho Estado. Cuando la Comisión
         envía documentos a un grupo de expertos integrado por representantes de los Estados miembros y encargado de pronunciarse sobre
         la correcta fundamentación jurídica de una solicitud de un particular, éste, por no ser destinatario de dichos documentos,
         no puede alegar una supuesta infracción del artículo 3 antes citado.
      
      (véase el apartado 86)
      6.     El principio del respeto del derecho de defensa exige que toda persona contra la que se pueda adoptar una decisión que lesione
         sus intereses tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista, al menos, sobre los elementos que la Comisión
         haya tenido en cuenta contra ella para basar su decisión.
      
      En el caso de las decisiones en materia de devolución o condonación de los derechos de importación adoptadas por la Comisión
         con arreglo al artículo 239 del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, el procedimiento
         contemplado en el artículo 906 bis del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92, garantiza
         el respeto del derecho de defensa del solicitante de la condonación.
      
      En cuanto al derecho del solicitante de la condonación de ser oído en una audiencia, ni la disposición específica relativa
         a este procedimiento ni el principio general del respeto del derecho de defensa le otorgan el derecho a tal audiencia.
      
      Además, la naturaleza específica de la decisión tomada por la Comisión con arreglo al artículo 239 del Código aduanero no
         requiere, en absoluto, que se conceda al solicitante de la condonación la posibilidad de formular sus observaciones oralmente,
         además de la exposición escrita de su punto de vista.
      
      (véanse los apartados 105, 106, 108 y 109)
      7.     Para apreciar si existe negligencia manifiesta, en el sentido del artículo 239 del Reglamento nº 2913/92, por el que se aprueba
         el Código aduanero comunitario, debe tenerse en cuenta, en particular, la complejidad de las disposiciones cuyo incumplimiento
         ha originado la deuda aduanera, así como la experiencia profesional y la diligencia del operador.
      
      A este respecto, la Comisión disfruta de una facultad de apreciación cuando adopta una decisión con arreglo a este artículo.
         Además, la devolución y la condonación de los derechos de importación, que sólo pueden concederse conforme a determinados
         requisitos y en los casos específicamente previstos, constituyen excepciones al régimen normal de las importaciones y de las
         exportaciones y, en consecuencia, las disposiciones que prevén tal devolución deben interpretarse en sentido estricto. En
         particular, puesto que la falta de negligencia manifiesta es una condición sine qua non  para poder exigir una devolución o una condonación de los derechos de importación, dicho concepto debe interpretarse de forma
         que se limite el número de casos de devolución o de condonación.
      
      En cuanto al posible error que originó la deuda aduanera, el operador no puede exonerarse de su propia responsabilidad alegando
         el error cometido, realmente o no, por sus comisionistas de aduanas. En cualquier caso, tal error no puede correr a cargo
         del presupuesto comunitario.
      
      En lo que se refiere a la experiencia profesional del operador económico, procede determinar si se trata de un operador cuya
         actividad profesional consiste, fundamentalmente, en efectuar operaciones de importación y de exportación y si ya tiene una
         cierta experiencia en el ejercicio de dichas actividades.
      
      En lo que afecta a la diligencia del operador, incumbe a éste, cuando tenga dudas sobre la aplicación exacta de disposiciones
         cuyo incumplimiento puede originar una deuda aduanera, informarse y buscar todas las aclaraciones posibles para no infringir
         las disposiciones analizadas.
      
      (véanse los apartados 135 a 137 y 139 a 142)
      8.     El procedimiento de reconsideración previsto en el artículo 11, apartado 8, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 se
         aplica en caso de variación de los datos que hayan dado lugar a la fijación de los valores aplicados en el Reglamento que
         establezca los derechos antidumping. Por consiguiente, tiene como finalidad adaptar los derechos impuestos a la evolución
         de los datos que dieron lugar a los mismos y supone la modificación de los citados datos.
      
      (véase el apartado 145)
      9.     Del tenor del artículo 905 del Reglamento nº 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento
         nº 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, se desprende que el reembolso de los derechos de importación
         está supeditado al cumplimiento de dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, la existencia de una situación especial
         y, por otra, la inexistencia de negligencia manifiesta o intento de fraude del operador económico. Por consiguiente, basta
         con que no se cumpla uno de los dos requisitos para que se deba denegar la devolución de los derechos.
      
      (véase el apartado 148)
      10.   La motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de
         la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y defender sus derechos
         y que el juez pueda ejercer su control. No puede exigirse, sin embargo, que la motivación especifique todos los elementos
         de hecho y de Derecho pertinentes. En efecto, la cuestión de si la motivación de una decisión cumple dichas exigencias debe
         apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas
         que regulan la materia de que se trate.
      
      En cuanto a las decisiones de denegar las solicitudes de condonación con arreglo al artículo 239 del Reglamento nº 2913/92,
         por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, la obligación de motivación que incumbe a la Comisión consiste en explicar
         por qué no se habían cumplido los requisitos establecidos en dicha disposición.
      
      (véanse los apartados 156 y 157)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera ampliada)
      de 27 de septiembre de 2005 (*)
      
      «Condonación de derechos de importación – Artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 3319/94 – Facturación directa al importador – Concepto de “grupo de expertos” en el sentido del artículo 907 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 – Derecho de defensa – “Negligencia manifiesta” en el sentido del artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 – Obligación de motivación»
      En los asuntos acumulados T‑134/03 y T‑135/03,
      Common Market Fertilizers SA,  con domicilio social en Bruselas (Bélgica), representada por el Sr. A. Sutton, Barrister, y el Sr. N. Flandin, abogado,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. X. Lewis, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      que tienen por objeto un recurso de anulación de las Decisiones de la Comisión C(2002) 5217 final y C(2002) 5218 final, de
         20 de diciembre de 2002, por las que se declara que no está justificado condonar los derechos de importación en un caso particular,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera ampliada),
      integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y los Sres. J.D. Cooke y R. García-Valdecasas y las Sras. I. Labucka y V.
         Trstenjak, Jueces;
      
      Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de enero de 2005;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1       El artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 3319/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el
         que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de mezcla de urea con nitrato de amonio en disolución
         originaria de Bulgaria y Polonia, exportada por empresas no exentas del derecho, y por el que se percibe definitivamente el
         derecho provisional establecido (DO L 350, p. 20), establece el siguiente derecho antidumping específico:
      
      «[…] Para las importaciones despachadas a libre práctica que no sean directamente facturadas al importador no vinculado por
         uno de los exportadores o productores polacos anteriormente mencionados, se establece el siguiente derecho específico:
      
      [Para el] producto producido por Zaklady Azotowe Pulawy [...] el derecho específico será de 19 ecus por tonelada de producto
         (código adicional Taric 8795).»
      
      2       El artículo 239 del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero
         comunitario (DO L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 16 de noviembre de 2000 (DO L 311, p. 17) (en lo sucesivo, «Código aduanero»), tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Se podrá proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones
         especiales, distintas de las contempladas en los artículos 236, 237 y 238:
      
      –       que se determinarán según el procedimiento del Comité;
      –       que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado. Las situaciones
         en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin se definirán según
         el procedimiento del Comité. La devolución o la condonación podrán supeditarse a condiciones especiales.
      
      2.      La devolución o la condonación de los derechos por los motivos indicados en el apartado 1 se concederá previa petición presentada
         ante la aduana correspondiente […].»
      
      3       Se desprende del artículo 4, apartado 24, del Código aduanero que con arreglo a dicho Código se entenderá por procedimiento
         del Comité, entre otros, el procedimiento contemplado en los artículos 247 y 247 bis.
      
      4       El artículo 247 del Código aduanero prevé que «las medidas necesarias para la aplicación del presente Código […] se adoptarán
         de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado en el apartado 2 del artículo 247 bis […].»
      
      5       El artículo 247 bis del Código aduanero dispone:
      
      «1.      La Comisión estará asistida por el Comité del Código aduanero, denominado en lo sucesivo “el Comité”.
      2.      En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE
         […].
      
      3.      El Comité aprobará su reglamento interno.»
      6       El artículo 4 del Reglamento interno del Comité del Código aduanero establece:
      «1.      El Presidente transmitirá a las representaciones permanentes y a los miembros del Comité la convocatoria, el orden del día
         y las propuestas de medidas con respecto a las cuales se haya solicitado el dictamen del Comité, así como todos los demás
         documentos de trabajo, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 14, por lo general como mínimo
         14 días naturales antes de la fecha de la reunión.
      
      2.      En casos urgentes y cuando las medidas que deban adoptarse sean de aplicación inmediata, el Presidente, por propia iniciativa
         o a petición de un miembro del Comité, podrá reducir el plazo de transmisión contemplado en el apartado anterior hasta cinco
         días naturales antes de la fecha de la reunión.
      
      3.      En casos de extrema urgencia, el Presidente podrá establecer plazos diferentes de los establecidos en los apartados 1 y 2.
         Si se propone incluir una cuestión en el orden del día de una reunión durante la misma, será necesaria la aprobación de la
         mayoría simple de los miembros del Comité.»
      
      7       El artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos
         para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23; en lo sucesivo, «Decisión de
         comitología»), prevé:
      
      «Procedimiento de reglamentación
      1.      La Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido
         por el representante de la Comisión.
      
      2.      El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
         en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
         apartado 2 del artículo 205 [CE] para las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos de
         los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el mencionado artículo.
         El presidente no tomará parte en la votación.
      
      3.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará las medidas previstas siempre que sean conformes al dictamen
         del Comité.
      
      4.      Si las medidas previstas no son conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión presentará
         sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse e informará al Parlamento Europeo. […]»
      
      8       El artículo 905 del Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones
         de aplicación del Código aduanero (DO L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1677/98 de la Comisión,
         de 29 de julio de 1998 (DO L 212, p. 18) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), establece:
      
      «1.      Cuando la autoridad aduanera de decisión, a la que se hubiera presentado una solicitud de devolución o condonación, con arreglo
         al apartado 2 del artículo 239 del Código, no se halle en condiciones de decidir, sobre la base del artículo 899, y cuando
         la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias
         que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado, el Estado miembro de que se trate transmitirá
         el caso a la Comisión para su resolución conforme al procedimiento previsto en los artículos 906 a 909.
      
      No obstante, excepto en caso de duda por parte de dicha autoridad aduanera de decisión, ésta podrá decidir proceder a la devolución
         o a la condonación de los derechos si considera que se cumplen las condiciones contempladas en el apartado 1 del artículo
         239 del Código y siempre que el importe correspondiente a cada operador como consecuencia de una misma situación particular
         y que corresponda, cuando proceda, a varias operaciones de importación o de exportación, sea inferior a 50.000 ecus.
      
      El término “interesado” deberá entenderse en el mismo sentido que en el artículo 899.
      En los restantes casos, la autoridad aduanera de decisión rechazará la solicitud.
      2.      El expediente dirigido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para el examen completo del caso presentado.
         Deberá, por otro lado, incluir una declaración firmada por el solicitante de la devolución o de la condonación en la que certifique
         que ha tenido conocimiento del expediente e indicando, o bien que no tiene nada que añadir, o bien cualquier elemento adicional
         que considere importante que figure.
      
      La Comisión acusará inmediatamente recibo de este expediente al Estado miembro interesado.
      Cuando resulte que los elementos de información proporcionados por el Estado miembro sean insuficientes para permitirle resolver
         con total conocimiento de causa el caso que se le ha sometido, la Comisión podrá pedir que se le facilite información complementaria.»
      
      9       El artículo 906 del Reglamento de aplicación dispone:
      «Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente a que se refiere el apartado 2 del artículo 905,
         la Comisión enviará una copia a los Estados miembros.
      
      El examen de dicho expediente figurará lo antes posible en el orden del día de una reunión del Comité.»
      10     Con posterioridad a los hechos del presente asunto, el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación fue modificado
         de la siguiente manera en virtud del Reglamento (CE) nº 1335/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003, por el que se modifica
         el Reglamento de aplicación (DO L 187, p. 16):
      
      «El examen de este expediente figurará cuanto antes en el orden del día de una reunión del grupo de expertos, contemplado
         en el artículo 907.»
      
      11     El artículo 906 bis del Reglamento de aplicación establece:
      
      «En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 906 y 907, cuando la Comisión tenga intención de tomar una
         decisión desfavorable para el solicitante de la devolución o de la condonación, le comunicará por escrito sus objeciones,
         y todos los documentos en los cuales se fundan dichas objeciones. El solicitante de la devolución o de la condonación expresará
         su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si transcurrido dicho
         plazo no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de manifestar su posición.»
      
      12     El artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación prevé:
      «Previa consulta a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros, reunidos en el marco del
         Comité con objeto de examinar el caso de que se trate, la Comisión decidirá si la situación especial examinada justifica o
         no la concesión de la devolución o de la condonación.»
      
      13     El artículo 3 del Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad
         Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), dispone:
      
      «Los textos que las instituciones envíen a un Estado miembro o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro
         se redactarán en la lengua de dicho Estado.»
      
       Hechos que originaron el litigio
      14     La demandante, con domicilio social en Bélgica, es mayorista de productos químicos y, en particular, de soluciones nitrogenadas
         (urea y nitrato de amonio). Forman parte del grupo de la demandante, entre otras, Rellmann GmbH, con domicilio social en Hamburgo
         (Alemania), filial al 100 % de la demandante, y Agro Baltic GmbH, con domicilio social en Rostock (Alemania) y filial al 100 %
         de Rellmann. En 1989, la demandante adquirió la sociedad Champagne Fertilisants, su representante fiscal para todas sus transacciones
         en Francia.
      
      15     El exportador, la empresa polaca Zaklady Azotowe Pulawy (en lo sucesivo, «ZAP») vende los productos a Agro Baltic. Dentro
         del grupo de la demandante, el circuito comercial es el siguiente: Agro Baltic revende los productos a Rellmann, que, a su
         vez, los revende a la demandante. Se emiten las correspondientes facturas.
      
      16     En el asunto T‑134/03, Agro Baltic compró a ZAP, entre marzo y septiembre de 1997, tres cargamentos de mezcla de urea con
         nitrato de amonio. Estos cargamentos siguieron el circuito comercial descrito en el apartado 15 supra.
      
      17     Cogema, comisionista de aduanas, recibió instrucciones de despachar los productos a libre práctica en nombre de Agro Baltic
         y de despacharlos a consumo en nombre de la demandante.
      
      18     De este modo, en un primer momento, las mercancías fueron despachadas a libre práctica en nombre de Agro Baltic bajo la declaración
         EU0, a la que se habían adjuntado las facturas de ZAP a Agro Baltic y los certificados EUR.1 que acreditaban el origen polaco
         de las mismas. Al mismo tiempo, fueron puestas en régimen de depósito, del que salieron pocos minutos más tarde para ser despachadas
         a consumo en nombre de Champagne Fertilisants.
      
      19     En el asunto T‑135/03, Agro Baltic compró a ZAP, en enero de 1995, un cargamento que después siguió el circuito comercial
         descrito en el apartado 15.
      
      20     Agro Baltic encargó a la sociedad SCAC Rouen (en lo sucesivo, «SCAC»), comisionista de aduanas, que despachara las mercancías
         a libre práctica en nombre de Agro Baltic y que las despachara a consumo en nombre de la demandante. Por consiguiente, se
         trataba de presentar para una sola mercancía, en la misma aduana, dos declaraciones aduaneras de importación que mencionaban
         dos destinatarios distintos, para poder disociar el pago de los derechos de aduana del pago del IVA.
      
      21     SCAC siguió un procedimiento simplificado de despacho de aduanas, efectuando tanto el despacho a libre práctica como el despacho
         a consumo en nombre de la demandante. A tal efecto, presentó en nombre de ésta una declaración IM4, a la que había adjuntado
         la factura de Rellmann a la demandante y un certificado EUR.1 del origen polaco de las mercancías.
      
      22     En un primer momento, la Administración francesa competente aceptó las declaraciones correspondientes a estos dos asuntos,
         concedió la exención de los derechos de aduana de importación basándose en los certificados EUR.1 y no reclamó el pago de
         los derechos antidumping.
      
      23     Sin embargo, a raíz de una inspección a posteriori, las autoridades francesas competentes consideraron que se debería haber aplicado el derecho específico de 19 ecus por tonelada,
         establecido en el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94, a todos los cargamentos de que se trata
         en estos dos asuntos. Estimaron que, de hecho, las mercancías habían sido importadas por la demandante, a la que ZAP no facturaba
         directamente a pesar de ser el fabricante de los productos controvertidos. Por lo que se refiere en concreto al expediente
         que dio lugar al asunto T‑134/03, opinaron que el almacenamiento intermedio de las mercancías era una ficción jurídica debido
         a su extrema brevedad y que en las tres transacciones de que se trata la demandante ya había recibido las mercancías incluso
         antes de que se hubieran presentado las declaraciones de despacho a libre práctica en nombre de Agro Baltic. En cuanto al
         expediente que dio lugar al asunto T‑135/03, consideraron que se había presentado una sola declaración de despacho a libre
         práctica y de despacho a consumo en nombre de la demandante.
      
      24     En estas circunstancias, en el expediente que dio lugar al asunto T‑134/03, los agentes del Centre du renseignement d'orientation
         et de contrôle de Poitiers levantaron acta, el 4 de diciembre de 1998, estableciendo que se había eludido un total de 3.911.497 FRF
         (564.855 euros) en concepto de derechos e impuestos. En el expediente que dio lugar al asunto T‑135/03, la Direction interrégionale
         des douanes de Rouen levantó acta, el 13 de noviembre de 1997, de la que resultaba que se debería haber aplicado un total
         de 840.271 FRF (128.098 euros) en concepto de derechos e impuestos.
      
      25     En noviembre y en diciembre de 1999, la demandante presentó a la Administración francesa de aduanas, con arreglo al artículo
         239 del Código aduanero, unas solicitudes de condonación de los derechos. El 14 de febrero de 2002, esta Administración remitió
         dichas solicitudes a la Comisión, que las registró con los números de referencia REM 02/02 (asunto T‑134/03) y REM 03/02 (asunto
         T‑135/03).
      
      26     Mediante escritos de 9 y 10 de septiembre de 2002, que fueron contestados el 11 de octubre de 2002, la Comisión comunicó a
         la demandante que tenía la intención de tomar una decisión negativa en los expedientes REM 02/02 y REM 03/02.
      
      27     El 12 de noviembre de 2002, el grupo de expertos REM/REC se reunió en el marco del Comité aduanero, sección devoluciones.
         A tenor del acta resumida de esta reunión, redactada el 29 de noviembre de 2002, la votación final del grupo de expertos arrojó
         el siguiente resultado en cuanto a los expedientes REM 02/02 y REM 03/02: «seis delegaciones votan a favor de la propuesta
         de la Comisión, cuatro se abstienen y cinco votan en contra».
      
      28     El 20 de diciembre de 2002, la Comisión, por considerar que la demandante había incurrido en negligencia manifiesta y que
         no concurría una situación especial y, por tanto, que no se habían cumplido los requisitos de aplicación del artículo 239
         del Código aduanero, adoptó las decisiones C(2002) 5217 final (expediente REM 02/02) y C(2002) 5218 final (expediente REM 03/02)
         en las que declaraba que no estaba justificado condonar los derechos de importación (en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas»).
         La Comisión notificó estas decisiones a la Administración francesa de aduanas, que a su vez las comunicó a la demandante el
         10 de febrero de 2003.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      29     Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de abril de 2003, la demandante interpuso
         los presentes recursos.
      
      30     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias
         de ordenación del procedimiento, instó a las partes a que en la vista respondieran a algunas preguntas. Oídas las partes,
         el Tribunal de Primera Instancia acumuló los asuntos T‑134/03 y T‑135/03 a efectos de la fase oral y de la sentencia.
      
      31     En la vista celebrada el 25 de enero de 2005, se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas
         formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      32     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule las Decisiones impugnadas.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      33     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
      34     En apoyo de sus recursos, la demandante invoca tres motivos, que se basan, respectivamente, en vicios sustanciales de forma
         y en la vulneración del derecho de defensa, en un error manifiesto de apreciación en la aplicación del artículo 239 del Código
         aduanero y en el incumplimiento de la obligación de motivación.
      
       Sobre el primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma y en la vulneración del derecho de defensa
      35     Este motivo se divide en cinco partes. Las cuatro primeras se basan en la infracción, respectivamente, del artículo 7 CE y
         del artículo 5 de la Decisión de comitología, del artículo 906, apartado 1, del Reglamento de aplicación, del artículo 4,
         apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, y del artículo 3 del Reglamento nº 1. Por último, la quinta
         parte se basa en la violación del derecho de defensa.
      
       Sobre la primera parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 7 CE y del artículo 5 de la Decisión de comitología
      –       Alegaciones de las partes
      36     La demandante alega esencialmente que, con arreglo al artículo 247 del Código aduanero, las medidas necesarias para la aplicación
         de dicho Código, y en especial de su artículo 239, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación contemplado
         en el artículo 247 bis, apartado 2. Recuerda que esta disposición señala que la Comisión estará asistida por el Comité del Código aduanero y que
         se refiere expresamente al artículo 5 de la Decisión de comitología, relativo al Comité de reglamentación.
      
      37     Según la demandante, el «Comité» que se reunió el 12 de noviembre de 2002 (véase el apartado 27 supra) era necesariamente un Comité de reglamentación, en el sentido del artículo 5 de la Decisión de comitología.
      
      38     A continuación, la demandante afirma que la ponderación, con arreglo al artículo 205 CE, de los votos emitidos por el «Comité»
         no permitía que la propuesta de la Comisión obtuviera la mayoría cualificada requerida de sesenta y dos votos.
      
      39     En consecuencia, la demandante entiende que hubo una ausencia de dictamen del «Comité», en el sentido del artículo 5, apartado
         4, de la Decisión de comitología, por lo que la Comisión debería haber presentado sin demora su propuesta al Consejo y haber
         informado al Parlamento Europeo, lo que no hizo. Considera que la Comisión, al haber adoptado a pesar de todo las Decisiones
         impugnadas, actuó fuera de los límites de sus competencias, en contra de lo dispuesto en el artículo 7 CE y en el artículo
         5 de la Decisión de comitología. En su opinión, por consiguiente, las Decisiones impugnadas adolecen de vicio sustancial.
      
      40     A la alegación de la Comisión (véase el apartado 45 infra) de que el «Comité» en cuestión es, de hecho, un grupo de expertos del que ella misma se ha rodeado mediante la adopción del
         artículo 907 del Reglamento de aplicación, la demandante responde que la Comisión, al adoptar el referido artículo 907, no
         tomó una medida de aplicación del Código aduanero, sino que se atribuyó indebidamente una competencia, en contra de lo dispuesto
         en el artículo 7 CE.
      
      41     La demandante añade que es preciso desestimar las alegaciones de la Comisión porque pueden llevar a la ilegalidad del artículo
         907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación por falta de base jurídica. Para el supuesto de que el Tribunal de Primera
         Instancia admitiera tales alegaciones, propone en su réplica, con arreglo al artículo 241 CE, una excepción de ilegalidad
         del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación. Además, se remite a la sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 28 de enero de 2003, Laboratoires Servier/Comisión (T‑147/00, Rec. p. II‑85), apartado 45, que establece que
         «según jurisprudencia reiterada, la incompetencia de la institución que haya adoptado el acto impugnado representa un motivo
         de anulación de orden público que debe ser aplicado de oficio por el juez comunitario».
      
      42     A mayor abundamiento, la demandante sostiene que el tenor del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación,
         que prevé la reunión del grupo de expertos en el marco «del Comité», y no «de un Comité», aboga a favor de la interpretación
         de que el Comité en cuestión es el único al que se refiere el Reglamento de aplicación, es decir, el Comité contemplado en
         el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación, o sea, el Comité de reglamentación previsto en el artículo
         247 del Código aduanero. Además, alega que, si la interpretación de la Comisión fuera correcta, no se habría respetado el
         procedimiento regulado en el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación, del que resulta que el Comité contemplado
         en el artículo 247 del Código aduanero se reúne antes de que la Comisión adopte cualquier decisión sobre la devolución o condonación
         de derechos. Por consiguiente, la demandante entiende que se infringió el artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento de
         aplicación.
      
      43     Según la demandante, esta alegación no queda desvirtuada por el nuevo tenor del artículo 906, párrafo segundo, del Reglamento
         de aplicación (véase el apartado 10 supra), en el que la expresión «del Comité» fue sustituida por la de «grupo de expertos, contemplado en el artículo 907», dado que
         esta modificación tuvo lugar con posterioridad a la reunión del «Comité» de que se trata en el caso de autos.
      
      44     Por último, la demandante observa que el hecho de que la Comisión procediera por iniciativa propia al cómputo de los votos
         tras la votación del Comité, el 12 de noviembre de 2002, según la ponderación regulada en el artículo 205 CE, demuestra que
         el «Comité» en cuestión es efectivamente un Comité de reglamentación, al que se refiere el artículo 5 de la Decisión de comitología.
         En respuesta a la Comisión, que sostiene que el grupo de expertos es diferente del Comité del Código aduanero a pesar de estar
         «vinculado» a él, ya que este grupo de expertos se reúne en el marco de dicho Comité con arreglo al artículo 907 del Reglamento
         de aplicación (véase el apartado 49 infra), la demandante alega que este grupo de expertos carece de línea presupuestaria propia, que su composición es idéntica a la
         del Comité del Código aduanero y que no se hace referencia alguna a dicho grupo en las disposiciones del Reglamento interno
         del Comité del Código aduanero relativas a su orden del día.
      
      45     La Comisión considera que la demandante califica erróneamente al grupo de expertos de Comité de reglamentación, en el sentido
         del artículo 5 de la Decisión de comitología. En su opinión, este grupo de expertos no es un Comité de reglamentación ni tampoco
         ningún tipo de comité regulado por la Decisión de comitología. En realidad, se trata de un grupo de expertos del que la propia
         Comisión se ha rodeado al adoptar el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, única disposición que regula
         su naturaleza jurídica, competencia y funcionamiento.
      
      46     Asimismo, la Comisión alega que el artículo 239 del Código aduanero no le obliga a pronunciarse sobre casos individuales de
         condonación o devolución con la ayuda del Comité previsto en el artículo 247 del Código aduanero, sino que contempla «situaciones»
         y «modalidades de procedimiento». Así, opina que aquel artículo 239 encarga a la Comisión que adopte «las modalidades de procedimiento»
         según el procedimiento del Comité contemplado en el artículo 247 del Código aduanero.
      
      47     Pues bien, la Comisión sostiene que, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 247 del Código aduanero, determinó
         precisamente tales situaciones y modalidades de procedimiento en los artículos 905 y siguientes del Reglamento de aplicación,
         habiendo previsto que es ella misma la que resuelve sobre determinadas solicitudes individuales de condonación o devolución.
      
      48     Por consiguiente, la Comisión afirma que no resulta necesario, ni lógico, que el grupo de expertos mencionado en el artículo
         907 del Reglamento de aplicación sea un Comité de reglamentación, en los términos de la Decisión de comitología,  dado que tal grupo debe dar a la Comisión un dictamen sobre las propuestas de decisiones individuales de condonación o devolución,
         como en el caso de autos, y no sobre una modificación de la normativa aduanera.
      
      49     Según la Comisión, el grupo de expertos se reúne, de conformidad con el artículo 907 del Reglamento de aplicación, «en el
         seno» del Comité al que está «vinculado». Ello significa, efectivamente, que la composición del grupo de expertos es idéntica
         a la del Comité del Código aduanero, si bien el grupo de expertos cumple funciones distintas. La Comisión sostiene que el
         expediente individual de devolución o condonación se remite al Comité para que delibere al respecto en su calidad de grupo
         de expertos, con arreglo al artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación. Alega que este sistema de grupo de
         expertos, que operan con sus propias reglas en el seno de comités en el sentido de la Decisión de comitología, si bien necesariamente
         debe racionalizarse, funciona sin embargo desde hace varias décadas en múltiples ámbitos de la acción comunitaria. Afirma
         que las incoherencias señaladas por la demandante (apartado 44 supra) no pueden poner en entredicho el papel ni la naturaleza del grupo de expertos.
      
      50     En consecuencia, la Comisión entiende que las reglas de cómputo de votos del artículo 205 CE, propias del procedimiento de
         reglamentación, no son aplicables en el caso de autos. A este respecto, el hecho de que pondere los votos del grupo de expertos
         no debe inducir a error ni llevar a formarse una idea totalmente equivocada de la naturaleza jurídica y del estatuto del referido
         grupo de expertos en el seno del Comité. La Comisión recuerda que la mayoría de los representantes de los Estados miembros
         del grupo de expertos se pronunció a favor de su propuesta, por lo que dicho grupo sí emitió un dictamen. Añade que, en cualquier
         caso, tal dictamen es meramente consultivo y no vinculante.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      51     En primer lugar, en cuanto a la excepción de ilegalidad propuesta por la demandante, procede señalar que sólo fue invocada
         en la réplica. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha resuelto que el marco del litigio viene determinado por el escrito de
         interposición del recurso y que una excepción de ilegalidad no es admisible en la réplica (sentencia del Tribunal de Justicia
         de 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo, asuntos acumulados 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, Rec. p. 2523,
         apartados 36 y 37). Además, la excepción de ilegalidad no se basa en ningún elemento de Derecho o de hecho que se hubiera
         revelado durante el procedimiento, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      52     El Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse de oficio sobre la posible ilegalidad del artículo 907, apartado 1,
         del Reglamento de aplicación. Efectivamente, tal ilegalidad no releva del orden público (véase, en este sentido, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Alta Autoridad, 14/59, Rec. pp. 445
         y ss., especialmente p. 474). El Tribunal de Primera Instancia sí debe señalar de oficio, como recuerda la demandante en su
         réplica, la incompetencia del autor del acto impugnado. Sin embargo, en el caso de autos no hay duda de que la Comisión actuó
         dentro de su esfera de competencias cuando adoptó las Decisiones impugnadas. Éstas se adoptaron en virtud del artículo 907,
         párrafo primero, del Reglamento de aplicación, que a su vez se adoptó según el dictamen emitido por el Comité del Código aduanero
         de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 239, 247 y 247 bis de dicho Código. Además, no se desprende de la jurisprudencia que el Tribunal de Primera Instancia deba examinar de oficio
         si la Comisión se extralimitó en sus competencias al adoptar el contenido del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento
         de aplicación, que constituye la base jurídica de las Decisiones impugnadas. A este respecto, la sentencia Laboratoires Servier/Comisión
         (antes citada en el apartado 41 supra), invocada por la demandante, no puede serle de ayuda alguna puesto que se refiere a la incompetencia de la institución que
         había adoptado el acto impugnado, y no a la incompetencia de la institución que había aprobado el acto que sirvió de base
         al acto impugnado.
      
      53     A la luz de las consideraciones anteriores, procede declarar la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad propuesta por
         la demandante.
      
      54     A continuación, es preciso examinar si el grupo de expertos que, de conformidad con el artículo 907, párrafo primero, del
         Reglamento de aplicación, se reúne «en el marco del Comité [del Código aduanero]» constituye o no un Comité de reglamentación,
         a los efectos del artículo 5 de la Decisión de comitología.
      
      55     A este respecto, procede recordar que del séptimo considerando y del artículo 5 de la Decisión de comitología resulta que
         se sigue el procedimiento de reglamentación para «medidas de alcance general cuyo objetivo sea aplicar elementos esenciales
         de actos de base».
      
      56     Pues bien, consta que las Decisiones impugnadas son decisiones individuales y, por consiguiente, no tienen alcance general.
      57     Considerar, como hace la demandante, que el Comité de reglamentación, contemplado en el artículo 5 de la Decisión de comitología,
         es competente para emitir un dictamen sobre una propuesta de decisión individual de devolución o condonación de derechos de
         aduana equivale a asimilar, simple y llanamente, el concepto de decisión al de acto de alcance general, que son, sin embargo,
         fundamentalmente distintos en virtud del artículo 249 CE y de la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia del
         Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1962, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes y otros/Consejo,
         asuntos acumulados 16/62 y 17/62, Rec. p. 901), y, por tanto, a infringir esta última disposición, el artículo 7 CE y la Decisión
         de comitología.
      
      58     Este único motivo basta para concluir que el grupo de expertos contemplado en el artículo 907 del Reglamento de aplicación
         no es un Comité de reglamentación, a los efectos del artículo 5 de la Decisión de comitología.
      
      59     Lo anterior queda corroborado por el tenor del artículo 907, párrafo primero, del Reglamento de aplicación. La expresión «en
         el marco del Comité» refleja que el grupo de expertos al que se refiere el artículo 907 es claramente una entidad distinta
         en el plano funcional del Comité del Código aduanero. Si el legislador, en este caso la Comisión, hubiera deseado que el Comité
         del Código aduanero fuera consultado en el marco de los procedimientos individuales de condonación o devolución, habría empleado
         indudablemente la expresión «previa consulta al Comité».
      
      60     En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo.
       Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 906, párrafo primero, del Reglamento de aplicación
      –       Alegaciones de las partes
      61     La demandante sostiene que la Comisión cometió una infracción sustancial de las reglas de procedimiento establecidas en el
         artículo 906, párrafo primero, del Reglamento de aplicación, al no haber enviado a los Estados miembros, dentro de los quince
         días siguientes a la fecha de su recepción por los servicios de la Comisión, una copia de los expedientes que la Administración
         francesa de aduanas le había remitido. Alega que los expedientes en cuestión se enviaron a los Estados miembros sólo pocos
         días antes de la reunión del grupo de expertos mencionada en el apartado 27 supra, esto es, varios meses después de la expiración del plazo establecido en el artículo 906, párrafo primero, del Reglamento
         de aplicación.
      
      62     La Comisión entiende esencialmente que la demandante asimila erróneamente, a los efectos de la aplicación del artículo 906,
         párrafo primero, del Reglamento de aplicación, la solicitud de condonación transmitida a la Comisión por la Administración
         francesa de aduanas a la propuesta de decisión negativa de la Comisión. Sostiene, con la documentación debida, que el 28 de
         febrero de 2002 envió a los Estados miembros la referida solicitud que había recibido el 14 de febrero de 2002. Entiende que
         en tales circunstancias no queda demostrado el vicio de procedimiento alegado por la demandante.
      
      63     La Comisión añade que, aun suponiendo que se demostrara este vicio de procedimiento, en ningún caso tal vicio puede calificarse
         de «sustancial», esto es, que no puede considerarse que haya influido en las Decisiones impugnadas y que necesariamente deba
         conducir a la anulación de las mismas.
      
      64     Además, la Comisión duda mucho de que un operador pueda alegar eficazmente la infracción del artículo 906 del Reglamento de
         aplicación para la anulación de las Decisiones impugnadas. Señala que dicho artículo pretende garantizar que se informe rápidamente
         a los Estados miembros para que éstos puedan prepararse a contribuir al proceso de toma de decisiones. Así, el artículo 906
         confiere un derecho positivo a favor de los Estados miembros, pero no en beneficio de los particulares.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      65     Procede señalar que la demandante, que no respondió en su réplica a las alegaciones expuestas por la Comisión en su escrito
         de contestación, no ha demostrado que la Comisión, en su escrito de 28 de febrero de 2002 a los Estados miembros, no hubiera
         enviado íntegramente el expediente mencionado en el artículo 906, párrafo primero, y contemplado en el artículo 905, apartado
         2, del Reglamento de aplicación, ni, por tanto, que no se hubiera informado adecuadamente a los Estados miembros. A este respecto,
         se desprende del acta de la reunión del grupo de expertos, a la que se refiere el apartado 27 supra, que tuvo lugar una consulta sobre los puntos clave de la solicitud de devolución. Además, de dicha acta resulta que los abogados
         de la demandante enviaron directamente documentación a los representantes de todos los Estados miembros que formaban parte
         del grupo de expertos. En tales circunstancias, la demandante no ha demostrado la infracción del artículo 906 del Reglamento
         de aplicación. En cualquier caso, no ha probado que la omisión alegada hubiera tenido alguna influencia en las Decisiones
         impugnadas.
      
      66     En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del primer motivo.
       Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité
         del Código aduanero.
      
      –       Alegaciones de las partes
      67     La demandante sostiene que las Decisiones impugnadas adolecen de un vicio sustancial de forma, dado que se adoptaron en contra
         de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, que prevé que «todos
         los demás documentos de trabajo» deben enviarse, por regla general, al menos catorce días naturales antes de la fecha de la
         reunión del Comité.
      
      68     Pues bien, la demandante afirma que del contacto que los abogados de la demandante establecieron directamente con los representantes
         de los Estados miembros del grupo de expertos resulta que a éstos se les envió sólo siete días naturales antes de la reunión
         la respuesta de la demandante de 11 de octubre de 2002 a los escritos de la Comisión de 9 y 10 de septiembre de 2002, a los
         que se refiere el apartado 26 supra. El tiempo adicional concedido a los miembros del grupo de expertos antes de proceder a la votación amplió tal plazo a once
         días, esto es, un plazo inferior a los catorce días establecidos en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del
         Comité del Código aduanero. La demandante sostiene que este retraso de la Comisión en el envío de sus alegaciones, con las
         que respondía a los escritos de 9 y 10 de septiembre de 2002, constituye una vulneración de su derecho de defensa, por lo
         que está legitimada para alegar la infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero.
      
      69     En apoyo de sus alegaciones, la demandante invoca la sentencia de 10 de febrero de 1998, Alemania/Comisión (C‑263/95, Rec.
         p. I‑441, apartados 31 y 32), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el plazo de envío de un expediente en el marco
         de un procedimiento ante un Comité de reglamentación es incompresible y en la que resolvió que el incumplimiento de dicho
         plazo constituía un vicio sustancial de forma que acarrea la anulación de la decisión adoptada por la Comisión. A la Comisión,
         que responde (véase el apartado 72 infra) que la sentencia antes mencionada no resulta pertinente en el caso de autos porque se dictó a instancia de un Estado miembro
         cuyos derechos no se habían respetado, la demandante replica que dicha sentencia no excluye específicamente la posibilidad
         de que las personas jurídicas señalen las infracciones cometidas en el curso de las consultas al Comité en cuestión.
      
      70     A la objeción de la Comisión de que un operador no puede alegar eficazmente la infracción del artículo 4 del Reglamento interno
         del Comité del Código aduanero (véase el apartado 73 infra), la demandante invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, Rec.
         p. I‑2555).
      
      71     A la alegación de la Comisión de que en todo caso se respetaron los plazos establecidos en el artículo 4, apartados 2 y 3,
         del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, habida cuenta de la urgencia que caracterizaba los presentes asuntos
         (apartado 75 infra), la demandante replica que no hubo ninguna urgencia. Sostiene que tal alegación de la Comisión se contradice con el hecho
         de que ésta, a pesar de una supuesta urgencia, hubiera concedido a los miembros del grupo de expertos un plazo adicional para
         pronunciarse sobre el proyecto de su decisión negativa, proyecto que, sin embargo, sí se había transmitido dentro del plazo
         legal.
      
      72     La Comisión sostiene que la referencia de la demandante a la sentencia Alemania/Comisión, citada en el apartado 69, es irrelevante
         en el caso de autos. Señala que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la parte demandante era un Estado miembro que
         no había podido ejercer sus competencias en el seno del Comité debido al retraso en la transmisión de los documentos. En cambio,
         en los presentes asuntos, un retraso –si se demostrara– en la transmisión de los documentos al grupo de expertos no habría
         afectado a los derechos de la demandante.
      
      73     Además, la Comisión duda de que un operador pueda eficazmente alegar la infracción de una norma interna (como la establecida
         en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero) en apoyo de una demanda de anulación
         de decisiones como las impugnadas en el presente caso. A este respecto, invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de 7
         de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C‑69/89, Rec. p. I‑2069), apartados 49 a 51. En su escrito de dúplica, añade que la demandante
         no puede eficazmente invocar la sentencia Comisión/BASF y otros, citada en el apartado 70 supra, dado que, contrariamente a la disposición cuya infracción se alegaba en el asunto que dio lugar a tal sentencia, el artículo
         4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero no tiene por objetivo proteger los derechos de las empresas.
      
      74     Asimismo, la Comisión alega que el documento esencial a los efectos de la aplicación del artículo 4 del Reglamento interno
         del Comité del Código aduanero, esto es, el proyecto de su decisión negativa, se transmitió en plazo a los miembros del grupo
         de expertos. Según la Comisión, a partir del 23 de septiembre de 2002, éstos recibieron también los escritos, denominados
         del derecho de defensa, que se habían enviado a la demandante el 9 y el 10 de septiembre de 2002.
      
      75     Además, aun cuando se considerara que no se había respetado el plazo de catorce días naturales establecido en el artículo
         4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, la Comisión entiende que, por regla general, tal plazo
         debe observarse, si bien puede reducirse en caso de urgencia, de conformidad con el artículo 4, apartados 2 y 3, del mismo
         Reglamento interno. Pues bien, en el supuesto de autos, se dio una situación de urgencia a causa de que la Comisión tenía
         que adoptar necesariamente las Decisiones impugnadas dentro del plazo fijado en el artículo 907, párrafo segundo, del Reglamento
         de aplicación, pues la falta de respuesta en dicho plazo habría equivalido a la aceptación de la solicitud de la demandante.
      
      76     A mayor abundamiento, la Comisión entiende que la demandante no demostró cómo sus derechos quedaron afectados por el retraso
         en la comunicación de su carta de 11 de octubre de 2002. Sostiene que, en tales circunstancias, no se infringió el artículo
         4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      77     Sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si la respuesta de la demandante, de 11 de octubre de 2002, a los
         escritos de la Comisión de 9 y 10 de septiembre de 2002 constituye un documento de trabajo, a los efectos del artículo 4,
         apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero, ni sobre la cuestión de si hubo una situación de urgencia,
         en el sentido de los apartados 2 y 3 de dicho artículo, procede observar que resulta del expediente que los miembros del grupo
         de expertos tuvieron trece días naturales (del 6 al 18 de noviembre de 2002) para conocer la respuesta de la demandante.
      
      78     En cuanto a la sentencia Alemania/Comisión, citada en el apartado 69 supra, que la demandante invoca, basta señalar que la solución adoptada en dicha sentencia no resulta aplicable en los presentes
         asuntos, dado que el grupo de expertos no es un Comité de reglamentación.
      
      79     Por lo demás, procede señalar que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento interno del Comité del Código aduanero tiene por
         objetivo garantizar el funcionamiento interno de dicho Comité dentro del pleno respeto de las prerrogativas de sus miembros.
         En consecuencia, las personas físicas o jurídicas no pueden alegar una supuesta infracción de esta disposición, cuya finalidad
         no es garantizar la protección de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Nakajima/Consejo, citada en el apartado
         73 supra, apartados 49 a 51). Pues bien, como la demandante es un tercero, contrariamente a Alemania en la sentencia Alemania/Comisión,
         citada en el apartado 69 supra, la solución dada en dicha sentencia no puede, tampoco por esta razón, aplicarse en el caso de autos.
      
      80     En consecuencia, procede desestimar asimismo la tercera parte del primer motivo.
       Sobre la cuarta parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 3 del Reglamento nº 1
      –       Alegaciones de las partes
      81     La demandante alega que los representantes de algunos Estados miembros que forman parte del grupo de expertos no recibieron
         en su lengua una copia de determinados documentos del expediente de la Comisión. Sostiene que ello resulta particularmente
         lamentable si se tiene en cuenta la complejidad y tecnicidad de los expedientes de que se trata y la brevedad del plazo dado
         a los representantes de los Estados miembros para estudiarlos. A este respecto, señala que algunos representantes de los Estados
         miembros se quejaron de no haber recibido los documentos en cuestión en su propia lengua. A su juicio, en estas circunstancias,
         las Decisiones impugnadas se adoptaron en contra de lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento nº 1 y, por consiguiente,
         adolecen de un vicio sustancial de forma.
      
      82     En su réplica, la demandante alega que el enfoque de la Comisión, expuesto en el apartado 85 infra, implica que cualquier control jurisdiccional queda excluido cuando un Estado miembro no denuncia una infracción del reglamento
         de que se trate.
      
      83     En primer lugar, la Comisión señala que la práctica administrativa del grupo de expertos (que, como recuerda, no tiene atribuidas
         funciones legislativas) consiste en enviar el escrito «denominado del derecho de defensa» (contemplado en el apartado 26 supra) a los representantes de los Estados miembros en la lengua de éstos, mientras que los otros documentos se envían en francés
         y en inglés.
      
      84     A continuación, la Comisión alega que la demandante no demuestra en qué la práctica seguida afecta a su propia situación jurídica.
         Reconoce que dicha práctica puede afectar a los derechos de los Estados miembros destinatarios de los documentos en cuestión,
         pero considera que, en tal supuesto, corresponde a los Estados miembros hacer valer sus derechos.
      
      85     La Comisión entiende que, en estas circunstancias, un particular no puede alegar eficazmente que se ha infringido un derecho
         de un Estado miembro cuando éste no se queja. Pues bien, en el caso de autos, el procedimiento no dio lugar a que los representantes
         de los Estados miembros lo impugnaran ni solicitaran traducción alguna.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      86     El artículo 3 del Reglamento nº 1 tiene por objetivo garantizar que los textos que una institución envíe a un Estado miembro
         o a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redacten en la lengua de dicho Estado. Pues bien, en el
         caso de autos, el destinatario de los documentos en cuestión del expediente de la Comisión no era la demandante, sino los
         representantes de los Estados miembros que forman el grupo de expertos al que se refiere el artículo 907 del Reglamento de
         aplicación. Por consiguiente, habida cuenta de que, en el presente caso, esta disposición no pretende garantizar los derechos
         de la demandante ni la propia situación jurídica de ésta en el procedimiento administrativo de condonación de derechos de
         importación, la demandante no puede alegar una supuesta infracción de dicha norma.
      
      87     Además, y en cualquier caso, la demandante no aportó ninguna prueba de que algún miembro del grupo de expertos hubiera tenido
         problemas para contribuir a la formulación del dictamen de dicho grupo por faltarle una versión lingüística particular de
         algún documento enviado por la Comisión. Por una parte, la proposición de prueba de la demandante al respecto se limita a
         un certificado que ella misma redactó y firmó. Por otra, el conjunto de datos que contiene el expediente no permite llegar
         a tal conclusión.
      
      88     En consecuencia, también procede desestimar la cuarta parte del primer motivo.
       Sobre la quinta parte del primer motivo, basada en la vulneración del derecho de defensa
      –       Alegaciones de las partes
      89     La demandante sostiene que la Comisión no respetó su derecho de defensa porque no le dio audiencia, ni le concedió un acceso
         fácil ni lo más amplio posible a los documentos que había solicitado.
      
      90     En primer lugar, por lo que se refiere a la audiencia, la demandante indica que el 2 de octubre de 2002 solicitó a la Comisión
         ser oída oralmente sobre los presentes asuntos. Mediante escrito de 8 de octubre de 2002, se denegó esta solicitud porque
         el procedimiento aplicable del artículo 906 bis del Reglamento de aplicación establecía que el interesado tenía que expresar su punto de vista por escrito y porque los servicios
         de la Comisión habían recibido a la demandante tres veces antes de que presentara su solicitud inicial de condonación. Además,
         a su juicio, la Comisión subrayó en las Decisiones impugnadas que la demandante no había demostrado que su punto de vista
         sólo pudiera exponerse oralmente.
      
      91     La demandante entiende que la denegación de la Comisión constituye una vulneración del derecho a ser oído y un error manifiesto
         de apreciación.
      
      92     La demandante recuerda que, según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado
         contra una persona, el cual pueda terminar en un acto que le sea lesivo, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario
         y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate (sentencias del Tribunal
         de Justicia de 12 de febrero de 1992, Países Bajos y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑48/90 y C‑66/90, Rec. p. I‑565,
         apartado 44; de 29 de junio de 1994, Fiskano/Comisión, C‑135/92, Rec. p. I‑2885, apartado 39, y de 24 de octubre de 1996,
         Comisión/Lisrestal y otros, C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, apartado 21; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo
         de 2001, Kaufring y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97
         a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 y T‑147/99, Rec. p. II‑1337, apartado 151). A continuación, indica que el Tribunal
         de Justicia siempre ha reconocido el principio del derecho a una fase oral del procedimiento (audi alteram partem) como regla procesal esencial, especialmente en materia de procedimiento administrativo (sentencias del Tribunal de Justicia
         de 23 de octubre de 1974, Transocean Marine Paint/Comisión, 17/74, Rec. p. 1063; de 13 de febrero de 1979, Hoffman-La Roche/Comisión,
         85/76, Rec. p. 461, y de 26 de junio de 1980, National Panasonic/Comisión, 136/79, Rec. p. 2033). Añade que, habida cuenta
         de la facultad de apreciación de que dispone la Comisión cuando adopta una decisión con arreglo a la cláusula general de equidad
         prevista por el artículo 239 del Código aduanero, el respeto del derecho a ser oído debe garantizarse con mayor razón (sentencias
         del Tribunal de Primera Instancia de 9 de noviembre de 1995, France-aviation/Comisión, T‑346/94, Rec. p. II‑2841, apartado
         34; de 19 de febrero de 1998, Eyckeler & Malt/Comisión, T‑42/96, Rec. p. II‑401, apartado 77; de 17 de septiembre de 1998,
         Primex Produkte Import-Export y otros/Comisión, T‑50/96, Rec. p. II‑3773, apartado 60; de 18 de enero de 2000, Mehibas Dordtselaan/Comisión,
         T‑290/97, Rec. p. II‑15, apartado 46, y Kaufring y otros/Comisión, antes citada, apartado 152).
      
      93     Por consiguiente, la demandante entiende esencialmente que el derecho a ser oído debe interpretarse de modo amplio, esto es,
         que tiene derecho a ser oída tanto por medio de sus escritos como oralmente. Sobre este extremo alega que el hecho de que
         el Reglamento de aplicación prevea únicamente un procedimiento escrito en su artículo 906 bis no significa que se excluya expresamente una fase oral. A este respecto, la demandante se refiere al Derecho de la competencia
         y al Derecho antidumping, que prevén fases escritas y orales. Añade que en el ámbito de las ayudas de Estado, la jurisprudencia
         ha admitido el principio de una audiencia oral, a falta de normativa que la regule formalmente.
      
      94     La demandante sostiene que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el interesado debe tener la oportunidad de dar
         a conocer debidamente su punto de vista durante el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 11
         de noviembre de 1987, Francia/Comisión, 259/85, Rec. p. 4393, apartado 12). En la práctica, ello significa que el interesado
         tiene la posibilidad de ser oído oralmente. Del mismo modo, la demandante defiende que el artículo 6 del Convenio Europeo
         para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales debe interpretarse de manera extensiva, en concreto,
         en el sentido de que reconoce el derecho a ser oído no sólo por escrito, sino también oralmente.
      
      95     En estas circunstancias, la demandante considera que la Comisión, al denegar su solicitud de ser oída oralmente porque no
         había demostrado que su punto de vista hubiera podido ilustrarse mejor oralmente, no respetó, sin justificación alguna, la
         jurisprudencia antes mencionada. Asimismo, afirma que no le correspondía aportar tal prueba.
      
      96     Por último, la demandante alega que la única cuestión relevante es si durante el procedimiento tuvo la oportunidad de expresar
         eficazmente su punto de vista en respuesta a los cargos que la Comisión le había comunicado. Pues bien, afirma que éste no
         es el caso. Indica que los servicios de la Comisión la recibieron efectivamente tres veces, pero que tales entrevistas tuvieron
         lugar mucho antes de presentar la solicitud de condonación a la Comisión y con interlocutores distintos. Además, durante tales
         entrevistas, la demandante todavía no conocía ninguna de las alegaciones formuladas por la Comisión por el simple motivo de
         que el procedimiento ante la propia Comisión aún no se había incoado. La demandante entiende sobre todo que el mero intercambio
         de correspondencia entre ella y la Administración francesa y la Comisión no permitió aclarar algunos puntos esenciales. A
         su juicio, tales puntos podían haberse abordado en un procedimiento más directo y dinámico, como en una audiencia concedida
         por los servicios de la Comisión, gracias a la cual se habría respetado su derecho de defensa. A título de ejemplo, la demandante
         indica que sólo con documentos escritos no estuvo en condiciones, en el asunto T‑134/03, de disipar la duda que tenían las
         autoridades aduaneras francesas en cuanto a la realidad del error técnico cometido por Cogema, duda que según la demandante
         llevó a tales autoridades a concluir que no concurría ninguna situación especial. En el asunto T‑135/03, básicamente, la Comisión
         no abordó la cuestión de si la demandante había eludido la normativa antidumping, cuando ello es esencial para demostrar eventualmente
         la existencia de una situación especial, en el sentido del artículo 239 del Código aduanero.
      
      97     En segundo lugar, por lo que se refiere al acceso al expediente, la demandante, refiriéndose al artículo 1 del Reglamento
         (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos
         del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), alega que la Comisión estimó, con dificultad y sólo
         parcialmente el día de la presentación de las solicitudes, su legítima petición de que se le diera acceso a algunos documentos.
      
      98     Más concretamente, la demandante pone de relieve que el 23 de enero de 2003 solicitó a la Comisión que se le diera acceso
         al acta de la reunión del grupo de expertos de 12 de noviembre de 2002, que luego tuvo que reformular su solicitud, el 24
         de febrero y 20 de marzo de 2003, habida cuenta de la información extremadamente sucinta que la Comisión había comunicado
         mediante escrito de 3 de febrero de 2003.
      
      99     En primer lugar, en cuanto a la audiencia, la Comisión considera que la demandante tuvo medios de sobra para dar a conocer
         su punto de vista, como lo demuestran las respuestas amplias y detalladas del 11 de octubre de 2002 en el asunto REM 02/02.  Además, señala que dio pruebas de tener un espíritu muy abierto al recibir tres veces a la demandante. También sostiene que
         las alegaciones de la demandante podrían tener cierta relevancia si ésta demostrara que no le había sido posible expresar
         eficazmente su punto de vista. Pues bien, según la Comisión, la demandante no demostró en absoluto que el uso exclusivo de
         un procedimiento escrito habría reducido la eficacia de su defensa.
      
      100   A continuación, la Comisión alega que la jurisprudencia citada por la demandante hace referencia a una situación anterior
         a la entrada en vigor del Reglamento nº 1677/98, que introdujo en el Reglamento de aplicación, entre otros, un nuevo artículo
         906 bis, según el cual el solicitante de la devolución o de la condonación comunicará sus objeciones por escrito a la Comisión cuando
         ésta se proponga adoptar una decisión desfavorable.
      
      101   La Comisión señala que se aplicaron estas nuevas disposiciones en el asunto que dio lugar a la sentencia Kaufring y otros/Comisión,
         citada en el apartado 92 supra. Hace hincapié en que el Tribunal de Primera Instancia no anuló la decisión que la Comisión había adoptado en dicho asunto
         a pesar de que no hubo audiencia y en que este Tribunal consideró suficiente la posibilidad ofrecida por el artículo 906 bis del Reglamento de aplicación de presentar observaciones por escrito.
      
      102   En segundo lugar, en cuanto al acceso al expediente, la Comisión considera que las alegaciones de la demandante son irrelevantes.
         Afirma haber transmitido a la demandante todos los documentos solicitados. Asimismo, por lo que se refiere al único documento
         al que la demandante no tuvo acceso inmediatamente, en concreto, el acta de la reunión del grupo de expertos, señala que la
         solicitud de acceso correspondiente se formuló el 23 de enero de 2003, esto es, después de que se hubieran adoptado las Decisiones
         impugnadas. Dadas las circunstancias, aun suponiendo que se hubiera denegado el acceso al expediente, quod non, tal denegación no habría podido afectar a la validez de las Decisiones impugnadas.
      
      103   A mayor abundamiento, la Comisión alega que el retraso en el envío de la referida acta estaba justificado a la luz del Reglamento
         nº 1049/2001. A su juicio, el documento en cuestión contenía datos sensibles sobre intereses comerciales y el abogado de la
         demandante no había acreditado inmediatamente sus poderes cuando presentó la solicitud de acceso.
      
      104   Por último, la Comisión insiste en que la demandante no invoca la infracción del artículo 906 bis del Reglamento de aplicación.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      105   En primer lugar, procede recordar que el principio del respeto del derecho de defensa exige que toda persona contra la que
         se pueda adoptar una decisión que lesione sus intereses tenga ocasión de dar a conocer eficazmente su punto de vista, al menos,
         sobre los elementos que la Comisión haya tenido en cuenta contra ella para basar su decisión (véanse, en este sentido, las
         sentencias Fiskano/Comisión, antes citada en el apartado 92 supra, apartado 40; Comisión/Lisrestal y otros, citada en el apartado 92 supra, apartado 21, y Kaufring y otros/Comisión, citada en el apartado 92 supra, apartado 153).
      
      106   En el caso de las decisiones adoptadas por la Comisión con arreglo al artículo 239 del Código aduanero, el procedimiento contemplado
         en el artículo 906 bis del Reglamento de aplicación garantiza el respeto del derecho de defensa del solicitante de la condonación (véase el apartado
         11 supra).
      
      107   En el caso de autos, este procedimiento se siguió con la remisión, adjunta en anexo al escrito de 9 de septiembre de 2002
         (véase el apartado 26 supra), de un informe de diez páginas, en el que se exponían los elementos fácticos y normativos que justificaban la intención de
         la Comisión de tomar una decisión negativa en los asuntos REM 02/02 y REM 03/02. Además, la demandante ejercitó su derecho
         de dar a conocer su punto de vista sobre las objeciones de la Comisión mediante el envío de un escrito, de 11 de octubre de
         2002, de 24 páginas, completadas con 14 anexos, para el asunto REM 02/02, y de 21 páginas, completadas con 10 anexos, para
         el asunto REM 03/02, en el que había desarrollado sus comentarios y alegaciones.
      
      108   En primer lugar, en cuanto a la denegación de la solicitud de la demandante de ser oída en una audiencia, basta señalar que
         ni la disposición específica relativa al procedimiento administrativo en cuestión, en concreto, el artículo 906 bis del Reglamento de aplicación, ni el principio general del respeto del derecho de defensa otorgan al solicitante de la condonación
         el derecho a tal audiencia.
      
      109   Además, la naturaleza específica de la decisión tomada por la Comisión con arreglo al artículo 239 del Código aduanero no
         requiere, en absoluto, que se conceda al solicitante de la condonación la posibilidad de formular sus observaciones oralmente,
         además de la exposición escrita de su punto de vista.
      
      110   Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que, mediante su escrito detallado de 11 de octubre de 2002,
         la demandante utilizó plenamente la posibilidad que se le ofrecía de expresar su punto de vista a la Comisión. Los ejemplos
         dados por la demandante (véase el apartado 96 supra) para sostener la postura contraria no permiten llegar a otra conclusión, dado que no revelan ningún elemento que la demandante
         no hubiera podido alegar por escrito.
      
      111   En segundo lugar, en cuanto al acceso al expediente, es preciso señalar, como observa acertadamente la Comisión, que la solicitud
         de acceso se presentó después de que se hubieran adoptado las Decisiones impugnadas, mientras se preparaban los presentes
         recursos. De este modo, la infracción del Reglamento nº 1049/2001 alegada por la demandante, suponiendo que sea cierta, no
         puede afectar a la validez de las Decisiones impugnadas, que debe apreciarse en función del momento en que se adoptaron. Además,
         el Tribunal de Primera Instancia señala que la demandante no demostró que no hubiera tenido acceso a los documentos solicitados.
         En efecto, la Comisión proporcionó la versión íntegra del acta de la reunión del grupo de expertos.
      
      112   De ello se deduce que procede desestimar ambos aspectos de la quinta parte del primer motivo.
      113   Dado que no se ha acogido ninguna de las cinco partes del motivo, procede desestimar este último.
       Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación del artículo 239 del Código aduanero
      114   El segundo motivo se basa en el error manifiesto de apreciación que la Comisión supuestamente cometió al considerar que no
         se habían cumplido los requisitos de aplicación del artículo 239 del Código aduanero. Consta de tres partes. La primera se
         basa en la denegación de la Comisión de reconocer la existencia de una situación especial, la segunda en la inexistencia de
         intento de fraude por parte de la demandante y la tercera en la denegación de la Comisión de concluir que no hubo negligencia
         manifiesta de la demandante.
      
      115   Consta que no hubo intento de fraude de la demandante, por lo que no procede analizar el segundo submotivo. Por lo demás,
         es preciso examinar, en primer lugar, el tercer submotivo, referente a la supuesta inexistencia de negligencia de la demandante.
      
       Alegaciones de las partes
      116   La demandante recuerda que uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 239 del Código aduanero es la
         inexistencia de negligencia manifiesta del operador. Añade que, según la jurisprudencia (sentencia Kaufring y otros/Comisión,
         citada en el apartado 92 supra, apartado 278), la negligencia manifiesta corresponde al carácter detectable del error al que se refiere el artículo 220,
         apartado 2, del Código aduanero.
      
      117   Para apreciar la posibilidad de detectar el error, contemplado en esta disposición, la demandante alega que debe tenerse en
         cuenta, en particular, la naturaleza exacta del error, la experiencia profesional y la diligencia del operador (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1990, Deutsche Fernsprecher, C‑64/89, Rec. p. I‑2535, apartado 24; de 8 de abril
         de 1992, Beirafio, C‑371/90, Rec. p. I‑2715, apartado 21; de 16 de julio de 1992, Belovo, C‑187/91, Rec. p. I‑4937, apartado 17,
         y de 1 de abril de 1993, Hewlett Packard France, C‑250/91, Rec. p. I‑1819, apartado 22). Según la demandante, tal apreciación
         debe hacerse teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso de autos (sentencia del Tribunal de Justicia de 14
         de mayo de 1996, Faroe Seafood y otros, asuntos acumulados C‑153/94 y C‑204/94, Rec. p. I‑2465, apartado 101).
      
      118   A la luz de estos principios, la demandante sostiene que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar
         que en el presente caso no se había cumplido el requisito relativo a la falta de negligencia manifiesta.
      
      119   En primer lugar, en cuanto a la naturaleza exacta del error, la demandante afirma que es preciso apreciarla, según la jurisprudencia,
         teniendo en cuenta el período de tiempo en que las autoridades competentes persistieron en el error.
      
      120   Pues bien, según la demandante, la Comisión actuó de modo improcedente cuando descartó de oficio el criterio del período de
         tiempo, al considerar que sólo las autoridades aduaneras habían cometido un error, para luego negarlo. Según la demandante,
         en los presentes asuntos se trata más bien de valorar los errores cometidos por los comisionistas de aduanas, concretamente,
         en el asunto T‑134/03, la entrada ficticia en almacén efectuada por Cogema y, en el asunto T‑135/03, el incumplimiento por
         parte de SCAC de las instrucciones que se le habían dado, al optar por un procedimiento simplificado de despacho de aduanas.
      
      121   La demandante sostiene que, a pesar de su experiencia profesional y su diligencia, no pudo prever ni detectar estos errores
         de los comisionistas de aduanas.
      
      122   En segundo lugar, en cuanto a la experiencia profesional del operador económico, la demandante indica que de conformidad con
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Sölke (C‑48/98, Rec. p. I‑7877), apartado 57, procede
         determinar si la actividad de dicho operador consiste fundamentalmente en efectuar operaciones de importación y de exportación
         y si el operador en cuestión ya tiene experiencia en el ejercicio de dichas actividades.
      
      123   La demandante alega que importa frecuentemente los productos contemplados en el Reglamento nº 3319/94. A su juicio, ello no
         significa que sea especialista en los procedimientos de despacho de aduanas de tales productos en Francia. Precisamente por
         este motivo recurrió a un comisionista de aduanas autorizado y no fue capaz de descubrir el error que éste cometió.
      
      124   En tercer lugar, por lo que se refiere a la diligencia de la demandante, ésta indica que según la sentencia Söhl & Söhlke,
         citada en el apartado 122 supra (apartado 58), cualquier operador que tenga dudas sobre la aplicación exacta de disposiciones cuyo incumplimiento puede originar
         una deuda aduanera debe informarse y buscar todas las aclaraciones posibles para no infringir las disposiciones analizadas.
      
      125   Pues bien, en los presentes asuntos, la demandante afirma que actuó con toda la diligencia debida. En primer lugar, indica
         que a raíz de la adopción del Reglamento modificó el procedimiento de despacho de aduanas hasta entonces seguido para no encontrarse
         en una situación de facturación indirecta. A continuación, sostiene que los errores aislados y menores de facturación señalados
         por la Comisión forman parte del riesgo comercial normal y que no cabe acusarle de negligencia, dado que se corrigieron tales
         errores.
      
      126   En su réplica, la demandante declara que, por una parte, la supuesta imposibilidad de que se ejecutaran las instrucciones
         que había dado a Cogema y a SCAC y, por otra, el no hacer uso de la posibilidad de devolución prevista en el Reglamento (CE)
         nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping
         por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada, no guardan relación
         alguna, según jurisprudencia consolidada (véase el apartado 124 supra), con la prueba de una supuesta falta de diligencia.
      
      127   En consecuencia, la demandante entiende que no cabe reprocharle ninguna falta de diligencia. En su opinión, de lo que precede
         resulta que no puede demostrarse que hubiera incurrido en negligencia manifiesta.
      
      128   En primer lugar, por lo que atañe a la naturaleza exacta del error, la Comisión señala que las alegaciones de la demandante
         dirigidas a atenuar su propia responsabilidad a causa del error supuestamente incurrido por el comisionista de aduanas no
         resultan pertinentes. Sostiene que, en un procedimiento de condonación, un operador no puede ser exonerado de su propia responsabilidad
         por el hecho de que su comisionista haya incurrido, de verdad o no, en un error. A su juicio, la posible responsabilidad contractual
         de dicho comisionista es ajena al procedimiento que dio lugar a la adopción de la decisión impugnada.
      
      129   Además, la Comisión sostiene que la demandante confunde el error del comisionista con el de la autoridad aduanera, cuando
         solamente ésta puede contribuir a crear una situación especial.
      
      130   En segundo lugar, por lo que afecta a la experiencia profesional de la demandante, la Comisión alega de entrada que dicha
         experiencia no debe apreciarse en el ámbito de un solo Estado miembro. A la luz de la jurisprudencia, para que se considere
         que la demandante tiene la experiencia profesional requerida, basta con que haya realizado en la Unión Europea algunas operaciones
         de importación para las mismas mercancías que las controvertidas y que, en general, esté acostumbrada a transacciones de importación
         y exportación. Pues bien, según la Comisión, éste es el caso en los presentes asuntos, más aún si se tiene en cuenta que la
         demandante adquirió a su representante fiscal en Francia, Champagne Fertilisants, por lo que, desde la primera entrega de
         las mercancías litigiosas, debe tener la consideración de operador económico experimentado.
      
      131   La Comisión añade que la demandante dio pruebas de imprudencia cuando, a pesar de la falta de experiencia que alega, dio instrucciones
         precisas a sus comisionistas de aduanas en vez de pedirles asesoramiento, máxime cuando el Reglamento nº 3319/94 plantea dificultades
         de aplicación.
      
      132   En tercer lugar, en cuanto a la diligencia de la demandante, la Comisión, a la vez que admite que puede haber errores en la
         facturación, responde que la demandante tampoco fue diligente en otros aspectos, como se desprende de los apartados 79 a 82
         de la Decisión REM 02/02 y de los apartados 75 a 79 de la Decisión REM 03/02.
      
      133   Según la Comisión, la demandante dio a sus comisionistas de aduanas instrucciones imposibles de cumplir y luego no hizo el
         seguimiento de su ejecución.
      
      134   La Comisión añade que, además, la demandante no intentó hacer uso de la posibilidad de devolución prevista en el artículo
         11, apartado 8, del Reglamento nº 384/96, sino que dejó transcurrir el plazo correspondiente hasta su expiración.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      135   A título preliminar, procede recordar que para apreciar si existe negligencia manifiesta, en el sentido del artículo 239 del
         Código aduanero, debe tenerse en cuenta, en particular, la complejidad de las disposiciones cuyo incumplimiento ha originado
         la deuda aduanera, así como la experiencia profesional y la diligencia del operador (sentencias del Tribunal de Justicia Söhl
         & Söhlke, citada en el apartado 122 supra, apartado 56, y de 13 de marzo de 2003, Países Bajos/Comisión, C‑156/00, Rec. p. I‑2527, apartado 92).
      
      136   Además, según reiterada jurisprudencia, la Comisión disfruta de una facultad de apreciación cuando adopta una decisión con
         arreglo al artículo 239 del Código aduanero (sentencia Mehibas Dordtselaan/Comisión, citada en el apartado 92 supra, apartados 46 y 78). Procede también señalar que la devolución y la condonación de los derechos de importación, que sólo pueden
         concederse conforme a determinados requisitos y en los casos específicamente previstos, constituyen excepciones al régimen
         normal de las importaciones y de las exportaciones y, en consecuencia, que las disposiciones que prevén tal devolución deben
         interpretarse en sentido estricto. En particular, puesto que la falta de negligencia manifiesta es una condición sine qua non para poder exigir una devolución o una condonación de los derechos de importación, dicho concepto debe interpretarse de forma
         que se limite el número de casos de devolución o de condonación (sentencia Söhl & Sölke, citada en el apartado 122 supra, apartado 52).
      
      137   En primer lugar, en cuanto a la complejidad de las disposiciones cuyo incumplimiento ha originado la deuda aduanera, basta
         señalar que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado (sentencia de 21 de septiembre de 2004, Gondrand Frères/Comisión,
         T‑104/02, Rec. p. II‑0000, apartados 59 a 62 y 66) que el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94
         no plantea ninguna dificultad notable de interpretación.
      
      138   Además, por lo que se refiere a la naturaleza exacta del error, el Tribunal de Primera Instancia considera que la jurisprudencia
         invocada por la demandante (apartado 117 supra) es irrelevante, dado que en el presente caso sólo se trata del supuesto error de los comisionistas de aduanas, y no del error
         de las autoridades aduaneras.
      
      139   Sin embargo, es necesario destacar que la Comisión actuó acertadamente al sostener que la demandante no puede exonerarse de
         su propia responsabilidad alegando el error cometido, realmente o no, por sus comisionistas de aduanas. A este respecto, procede
         recordar que el esquema de importación de los productos controvertidos fue diseñado únicamente por la demandante, que además
         eligió libremente a sus comisionistas de aduanas, de modo que, a los efectos de la aplicación del artículo 239 del Código
         aduanero, poco importa saber si fue el operador o su mandatario quien cometió un posible error que originó la deuda aduanera.
         En cualquier caso, tal error no puede correr a cargo del presupuesto comunitario (véase, en este sentido, sobre la existencia
         de una situación especial, la sentencia Mehibas Dordtselaan/Comisión, citada en el apartado 92 supra, apartados 76 a 78, 82 y 83).
      
      140   En segundo lugar, en cuanto a la experiencia profesional de la demandante, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que procede
         determinar si se trata de un operador económico cuya actividad profesional consiste, fundamentalmente, en efectuar operaciones
         de importación y de exportación y si ya tenía una cierta experiencia en el ejercicio de dichas actividades (sentencia Söhl
         & Söhlke, citada en el apartado 122 supra, apartado 57).
      
      141   A este respecto, es necesario señalar que la propia demandante reconoce tener cierta experiencia en operaciones de importación
         de nitrogenados contempladas en el Reglamento nº 3319/94. Además, como la Comisión alega acertadamente, ya con anterioridad
         a los hechos que dieron lugar a los presentes asuntos, la demandante había efectuado operaciones de importación de los mismos
         productos. En estas circunstancias, la Comisión considera correctamente que la demandante tenía la experiencia profesional
         requerida, y ello desde la primera entrega en el asunto REM 02/02.
      
      142   En tercer lugar, por lo que se refiere a la diligencia del operador, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que incumbe
         a éste, cuando tenga dudas sobre la aplicación exacta de disposiciones cuyo incumplimiento puede originar una deuda aduanera,
         informarse y buscar todas las aclaraciones posibles para no infringir las disposiciones analizadas (sentencia Söhl & Sölke,
         citada en el apartado 122 supra, apartado 58).
      
      143   Pues bien, como la Comisión subraya acertadamente, del expediente se desprende que la demandante, que no obstante alega una
         supuesta inexperiencia en operaciones de despacho de aduanas de los productos en cuestión y dificultades inherentes a la aplicación
         del Reglamento nº 3319/94, no sólo no pidió asesoramiento a sus comisionistas de aduanas, sino que les dio instrucciones muy
         precisas. Debe señalarse que la Comisión no dejó de explicar en las Decisiones impugnadas por qué razones la demandante debería
         haber albergado dudas sobre la aplicación exacta de disposiciones cuyo incumplimiento puede originar una deuda aduanera (véase,
         en este sentido, la sentencia Kaufring y otros/Comisión, citada en el apartado 92 supra, apartado 296).
      
      144   Además, también los errores cometidos por la demandante en la emisión de sus facturas abogan a favor de una falta de diligencia
         por su parte.
      
      145   En cambio, no cabe reprocharle a la demandante que no hiciera uso de la posibilidad que ofrece el artículo 11, apartado 8,
         el Reglamento nº 384/96. El procedimiento de reconsideración se aplica en caso de variación de los datos que hayan dado lugar
         a la fijación de los valores aplicados en el Reglamento que establezca los derechos antidumping. Por consiguiente, tiene como
         finalidad adaptar los derechos impuestos a la evolución de los datos que dieron lugar a los mismos y supone la modificación
         de los citados datos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 2000, Medici Grimm/Consejo, T‑7/99, Rec.
         p. II‑2671, apartado 82).
      
      146   En consecuencia, el comportamiento de la demandante durante las operaciones en cuestión, contemplado de forma global, no puede
         considerarse suficientemente diligente.
      
      147   De lo anterior resulta que la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al considerar en las Decisiones impugnadas
         que no se había cumplido el requisito de que la demandante no hubiera incurrido en negligencia manifiesta. Por consiguiente,
         procede desestimar por infundada la tercera parte del segundo motivo.
      
      148   Además, del tenor del artículo 905 del Reglamento de aplicación se desprende que el reembolso de los derechos de importación
         está supeditado al cumplimiento de dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, la existencia de una situación especial
         y, por otra, la inexistencia de negligencia manifiesta o intento de fraude del operador económico. Por consiguiente, basta
         con que no se cumpla uno de los dos requisitos para que se deba denegar la devolución de los derechos (sentencias del Tribunal
         de Primera Instancia Mehibas Dordtselaan/Comisión, citada en el apartado 92 supra, apartado 87; de 12 de febrero de 2004, Aslantrans/Comisión, T‑282/01, Rec. p. II‑693, apartado 53; Gondrand Frères/Comisión,
         citada en el apartado 137 supra, apartado 57).
      
      149   Dado que no se cumplió el requisito de la falta de negligencia manifiesta, no es preciso examinar la primera parte del segundo
         motivo sobre la existencia de una situación especial.
      
      150   En consecuencia, procede desestimar por infundado el segundo motivo.
       Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
       Alegaciones de las partes
      151   La demandante sostiene que la Comisión incumplió la obligación de motivación que le incumbe con arreglo a lo dispuesto en
         el artículo 253 CE.
      
      152   Más concretamente, la demandante imputa a la Comisión no haberle explicado por qué no tuvo en cuenta en las Decisiones impugnadas
         el hecho de que no se hubiera eludido la legislación antidumping. Entiende que la situación de facturación indirecta, que
         a su juicio se creó artificialmente por culpa de los comisionistas de aduanas, no puede por sí sola justificar la imposición
         del derecho específico previsto en el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento nº 3319/94.
      
      153   La demandante indica a continuación que el artículo 239 del Código aduanero contiene una cláusula de equidad destinada a ser
         aplicada cuando no sería justo causar a un determinado operador económico un perjuicio, como la imposición de un derecho específico,
         que este operador normalmente no habría sufrido. Añade que las Decisiones impugnadas no pueden considerarse equitativas ya
         que, como Cogema y SCAC no habían cometido errores, no estaba obligada a pagar el derecho específico. A su juicio, la Comisión
         incumplió su obligación de motivación al no precisar en qué medida sus decisiones eran equitativas.
      
      154   Por último, la demandante alega que la Comisión, si bien considera que el asunto REM 1/98 no puede compararse con los asuntos
         REM 02/02 y REM 03/02, omitió explicar la razón de por qué en el asunto REM 1/98, y contrariamente a la postura adoptada en
         los presentes asuntos, tomó en cuenta el hecho de que el precio de importación era superior al precio mínimo fijado en el
         Reglamento nº 3319/94.
      
      155   A este respecto, la Comisión se remite a los argumentos que desarrolló en el marco de la primera parte del segundo motivo,
         relativos, por un lado, a la supuesta culpa de los comisionistas de aduanas y, por otro, a la comparación de los presentes
         asuntos con el asunto REM 1/98.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      156   Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar de manera clara e inequívoca el
         razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida
         adoptada y defender sus derechos y que el juez pueda ejercer su control. No puede exigirse, sin embargo, que la motivación
         especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. En efecto, la cuestión de si la motivación de una decisión
         cumple dichas exigencias debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como
         con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia Mehibas Dordtselaan/Comisión,
         citada en el apartado 92 supra, apartado 92, y la jurisprudencia citada).
      
      157   En cuanto a las decisiones de denegar las solicitudes de condonación con arreglo al artículo 239 del Código aduanero, la obligación
         de motivación que incumbe a la Comisión consiste en explicar por qué no se habían cumplido los requisitos establecidos en
         dicha disposición.
      
      158   Pues bien, de la lectura de las Decisiones impugnadas se desprende que la Comisión explicó claramente por qué consideraba
         que no se habían cumplido los requisitos previstos en el artículo 239 del Código aduanero. Basta señalar, por lo que se refiere
         al asunto T‑134/03, que la Comisión expuso en qué medida no se habían cumplido los requisitos relativos a la existencia de
         una situación especial y a la falta de negligencia manifiesta, respectivamente, en los apartados 35 a 68 (páginas 10 a 21)
         y 69 a 86 (páginas 21 a 26) de la Decisión REM 02/02. Hizo lo mismo en la Decisión REM 03/02, que dio lugar al asunto T‑135/03,
         en los apartados 34 a 65 (páginas 10 a 21) y 66 a 80 (páginas 21 a 25).
      
      159   Además, el Tribunal de Primera Instancia observa que ha podido ejercer su control sobre la legalidad de las Decisiones impugnadas.
         Señala asimismo que del expediente del procedimiento administrativo, del escrito de la demanda, de la réplica y de la vista
         se desprende que la demandante comprendió perfectamente tanto los proyectos de decisión negativa como las Decisiones impugnadas
         y que fue capaz de desarrollar unos argumentos sólidos y detallados, en cuanto al fondo, en apoyo de sus solicitudes de condonación
         y, luego, de sus recursos de anulación contra las Decisiones impugnadas.
      
      160   Dadas las circunstancias, procede desestimar por infundado el tercer motivo.
      161   De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar los recursos.
       Costas
      162   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
         por la demandante, procede condenarla a cargar con las costas de la Comisión, además de las suyas propias, de conformidad
         con lo solicitado por ésta.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera ampliada)
      resuelve:
      1)      Desestimar los recursos.
      2)      La demandante cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.
      
               Vesterdorf
            
            
               Cooke 
            
            
                García-Valdecasas 
            
         
               Labucka 
            
             
            
               V. Trstenjak
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de septiembre de 2005. 
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      B. Vesterdorf
            
         * Lengua de procedimiento: francés.