CELEX: C2007/042/25
Language: es
Date: 2007-02-24 00:00:00
Title: Asunto C-518/06: Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana

24.2.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 42/15
            
         Recurso interpuesto el 20 de diciembre de 2006 — Comisión de las Comunidades Europeas/República Italiana
   (Asunto C-518/06)
   (2007/C 42/25)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes
   
      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: E. Traversa y N. Yerrell, agentes)
   
      Demandada: República Italiana
   Pretensiones de la parte demandante
   
               1)
            
            
               Que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones sobre libre comercialización de los productos de seguros que le incumben en virtud de las disposiciones sobre libertad de tarifas contenidas en los artículos 6, 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (1) (en lo sucesivo, «Directiva 92/49»)
               
                           —
                        
                        
                           al adoptar y mantener en vigor una legislación sobre cuya base las primas por el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles por daños a terceros deben calcularse sobre la base de determinadas normas;
                        
                     
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                           al someter las primas por el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles por daños a terceros a un control de carácter retroactivo,
                        
                     ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 92/49
               
                           —
                        
                        
                           al ejercer un control sobre los métodos con los que las compañías de seguros cuya administración central se encuentra en otro Estado miembro pero que desarrollan su actividad en Italia en ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios calculan sus propias primas de seguro;
                        
                     
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                           al imponer sanciones en caso de infracción de las normas italianas relativas a los métodos de cálculo de las primas de seguro también con respecto a las compañías de seguros cuya administración central se encuentra en otro Estado miembro pero que desarrollan su actividad en Italia en ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios,
                        
                     ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE
               
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                           al mantener la obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles para todas las compañías de seguros, incluidas las que tienen su administración central en otro Estado miembro pero que desarrollan su actividad en Italia en ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Que se condene en costas República Italiana.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La obligación de las compañías de seguros de determinar las primas sólo con arreglo a sus «propias bases técnicas, suficientemente amplias y válidas, por lo menos, para cinco ejercicios», y de adecuar las mismas a una concreta media del mercado, así como la sujeción de las primas a un control de carácter retroactivo con la consiguiente posibilidad de aplicación de sanciones de considerable magnitud por la autoridad de vigilancia italiana en caso de incumplimiento de dichas obligaciones violan el principio de libertad de tarifas previsto en la Directiva 92/49. En realidad, el efecto de la normativa italiana es constituir un sistema de primas reguladas y, por lo tanto, impedir que las compañías de seguros comercialicen libremente sus propios servicios de la manera que consideren oportuna y determinen libremente sus propias tarifas, afectando a la realización del mercado único en materia de seguros.
   El Estado Italiano no puede aducir el interés general en que se basan las disposiciones nacionales para legitimar una excepción al principio de libertad de tarifas de las empresas establecido por la normativa comunitaria, en la medida en que no forma parte de las excepciones expresamente establecidas en los artículos 29, párrafo segundo, y 39, apartado 3, de la Directiva 92/49.
   El control efectivo efectuado por la autoridad de vigilancia italiana, es decir, la autoridad de vigilancia del Estado miembro de acogida, sobre los métodos con los que las compañías de seguros, que operan en Italia en ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios, calculan sus propias primas de seguro, así como la imposición de sanciones por parte de la misma autoridad de vigilancia italiana, en caso de infracción de la normativa italiana, infringe el reparto de competencias entre el Estado miembro de origen (es decir, del establecimiento principal de la compañía de seguros) y el Estado miembro de acogida, establecida en el artículo 9 de la Directiva 92/49.
   La obligación de suscribir establecida para todas las compañías de seguros activas en el ramo de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, independientemente del lugar en que se halle su domicilio, y en relación con todas las categorías de asegurados y todas las regiones de Italia, así como la posible aplicación de sanciones por parte de la autoridad de vigilancia italiana en caso de incumplimiento de dicha obligación, supone una restricción de la libertad fundamental de establecimiento, prohibida como tal por el artículo 43, y constituye, además, una restricción a la libre prestación de servicios, incompatible con el artículo 49 CE. En realidad, la obligación de proporcionar el seguro obligatorio de responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, prevista en la normativa italiana, obstaculiza gravemente el desarrollo de las actividades de las compañías de seguros en Italia, por cuanto dicha obligación disuade a tales compañías establecidas en otros Estados miembros de establecerse o de prestar servicios en Italia y, por lo tanto, afecta al acceso al mercado italiano.
   La obligación de suscribir constituye un obstáculo no justificado ni proporcionado con respecto al objetivo perseguido. De hecho, «el concepto de orden público sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad» y «la excepción de orden público, como toda excepción a un principio fundamental del Tratado, debe ser interpretada de forma restrictiva» (sentencia de 19 de enero de 1999, procedimiento penal contra Donatella Calfa, C-348/96, Rec. p. I-11, apartados 21 y 23).
   Además, dicha restricción es inadecuada para conseguir el objetivo para el que ha sido adoptada por cuanto tal obligación generalizada de suscribir impide la formación y la operatividad de sectores especializados de compañías de seguros que podrían satisfacer más adecuada y eficazmente las necesidades de los consumidores precisamente en méritos de la especialización adquirida.
   Por último, dicha restricción va más allá de lo necesario para conseguir el objetivo de mantener el orden público o de protección de los consumidores, ya sea desde el punto de vista geográfico, dado que los problemas inherentes al orden público, según las propias autoridades italianas, afectan únicamente a «zonas geográficas específicas» del territorio nacional, o bien desde el punto de vista del contenido, ya que las empresas de seguros que desarrollan su actividad en Italia están obligadas a asegurar a cualquier propietario o conductor de vehículos de motor, prescindiendo del riesgo que presenta tal propietario o conductor concretamente desde el punto de vista de la responsabilidad civil por daños causados a terceros.
   
      (1)  DO L 228, p. 1.