CELEX: 62015TJ0402
Language: es
Date: 2018-03-01 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) de 1 de marzo de 2018 (Extractos).#República de Polonia contra Comisión Europea.#FEDER — Negativa a confirmar una contribución financiera a un gran proyecto — Artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 — Evaluación de la contribución de un gran proyecto al logro de los objetivos del programa operativo — Artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 — Incumplimiento del plazo.#Asunto T-402/15.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
      de 1 de marzo de 2018 (
            *1
         )
      «FEDER — Negativa a confirmar una contribución financiera a un gran proyecto — Artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1083/2006 — Evaluación de la contribución de un gran proyecto al logro de los objetivos del programa operativo — Artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 — Incumplimiento del plazo»
      En el asunto T‑402/15,
      
         República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente,
      parte demandante,
      contra
      
         Comisión Europea, representada por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. M. Siekierzyńska, en calidad de agentes,
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE en el que se solicita la anulación de la decisión C(2015) 3228 final de la Comisión, de 11 de mayo de 2015, por la que se denegó a la República de Polonia la confirmación de una contribución financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) al gran proyecto «Centro Europeo de Servicios Compartidos — Sistema logístico inteligente» en el marco del eje prioritario n.o 4 del programa operativo «Economía Innovadora»,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),
      integrado por la Sra. V. Tomljenović, Presidenta, y la Sra. A. Marcoulli (Ponente) y el Sr. A. Kornezov, Jueces;
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      dicta la siguiente
      
         Sentencia (
               1
            )
      
      [omissis]
      
         Procedimiento y pretensiones de las partes
      
      
               16
            
            
               Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 22 de julio de 2015, la República de Polonia interpuso el presente recurso, en el que solicita al Tribunal que:
               
                        –
                     
                     
                        Anule la decisión impugnada.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Condene en costas a la Comisión.
                     
                  
         
               17
            
            
               El 4 de noviembre de 2015, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal un escrito de contestación a la demanda. La Comisión solicita al Tribunal que:
               
                        –
                     
                     
                        Desestime el recurso por infundado.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Condene en costas a la República de Polonia.
                     
                  
         
               18
            
            
               La República de Polonia presentó su escrito de réplica el 5 de enero de 2016 y la Comisión presentó su escrito de dúplica el 11 de marzo de 2016.
            
         
               19
            
            
               Ninguna de las partes solicitó la celebración de una vista.
            
         
               20
            
            
               El Tribunal (Sala Séptima) decidió, al amparo del artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral.
            
         
         Fundamentos de Derecho
      
      
               21
            
            
               La República de Polonia plantea cuatro motivos en apoyo de su recurso, basados, esencialmente, el primero, por una parte, en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, en relación con el artículo 56, apartado 3, y con el artículo 60, letra a), del Reglamento n.o 1083/2006 y en la violación del principio de cooperación leal y, por otra parte, en la infracción del artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006; el segundo, en un error de apreciación del grado de difusión de la innovación y del carácter innovador del proyecto; el tercero, en un error de apreciación del carácter de los empleos creados por el proyecto y, el cuarto, en un error de apreciación del proyecto en cuanto a su valor añadido y a su efecto incentivador.
            
         
               22
            
            
               Procede señalar que el primer motivo del recurso versa sobre las modalidades procedimentales y materiales de evaluación del proyecto, mientras que los tres últimos motivos versan, sucesivamente, sobre las tres razones por las que la Comisión consideró que, a efectos del artículo 41, apartado 1, del Reglamento n.o 1083/2006, el proyecto no contribuía al logro de los objetivos del programa operativo «Economía Innovadora», a saber, la inexistencia de difusión de la innovación, de empleos altamente cualificados y de valor añadido (véase el apartado 15 anterior).
               [omissis]
            
         
         
            Sobre el primer motivo, basado, esencialmente, por una parte, en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, en relación con el artículo 56, apartado 3, y con el artículo 60, letra a), del Reglamento n.o 1083/2006 y en la violación del principio de cooperación leal y, por otra parte, en la infracción del artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006
         
      
      
               43
            
            
               La República de Polonia alega que la Comisión cometió dos infracciones principales. A su juicio, por una parte, al evaluar el proyecto la Comisión fue más allá de los criterios de selección y, por otra, infringió el plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006.
               [omissis]
            
         
         Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en el incumplimiento del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006
      
      [omissis]
      
               65
            
            
               El artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 es del siguiente tenor:
               «La Comisión adoptará una decisión con la mayor brevedad posible y, a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a la presentación por el Estado miembro [...] de un gran proyecto, a condición de que la presentación sea conforme con el artículo 40 [del Reglamento n.o 1083/2006]. En esa decisión se hará constar el objeto material, el importe al que se aplicará el porcentaje de cofinanciación correspondiente al eje prioritario [...] y el plan o planes anuales de la contribución financiera del FEDER o del Fondo de Cohesión.»
            
         
               66
            
            
               El artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.o 1083/2006 es del siguiente tenor:
               «Si la Comisión decide que los Fondos no participen financieramente en algún gran proyecto, comunicará al Estado miembro sus motivaciones dentro del plazo previsto y en las condiciones establecidas en el apartado 2 [del artículo 41 de este Reglamento].»
            
         
               67
            
            
               En primer lugar, es preciso determinar si el plazo que figura en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 tiene carácter indicativo o imperativo, a la luz del tenor y de la estructura de esta disposición (véase, por analogía, la sentencia de 20 de enero de 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, apartado 20).
            
         
               68
            
            
               A este respecto, procede señalar que el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 no contiene indicios que permitan otorgar al plazo allí previsto un carácter puramente indicativo. Al contrario, el empleo del verbo «adoptar» en futuro («adoptará») muestra que la Comisión está obligada a respetar dicho plazo, lo que se ve corroborado, en particular, por la versión inglesa de esta disposición, que, al utilizar los términos «shall adopt», hace referencia expresa a una obligación. El uso de la expresión «con la mayor brevedad posible y, a más tardar» no hace sino confirmar que la observancia del mencionado plazo no es para la Comisión una facultad, sino una obligación, que el legislador ha querido subrayar.
            
         
               69
            
            
               De ello resulta que el plazo que figura en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006, como se desprende tanto del tenor como de la estructura de dicha disposición, es un plazo imperativo.
            
         
               70
            
            
               En segundo lugar, es obligado señalar que, en el presente asunto, como afirma acertadamente la República de Polonia (véase el apartado 61 anterior), a la vista del desarrollo de los acontecimientos recordado en los apartados 3 a 14anteriores, la Comisión sobrepasó el plazo de tres meses previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006, aplicable a las decisiones denegatorias con arreglo al artículo 41, apartado 3, del mencionado Reglamento.
            
         
               71
            
            
               En efecto, procede señalar que, tras la retirada de la primera solicitud de confirmación, que puso fin al procedimiento de examen de la mencionada solicitud, y en lo que respecta a la segunda solicitud de confirmación, la Comisión, ante todo, tardó unos once meses en remitir a la República de Polonia, el 24 de junio de 2014, el escrito que recogía su evaluación de la mencionada solicitud y, seguidamente, tras la respuesta de la República de Polonia de 28 de agosto de 2014, tardó unos ocho meses y medio en pronunciarse formalmente sobre dicha solicitud y adoptar, el 11 de mayo de 2015, la decisión impugnada con arreglo al artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.o 1083/2006.
            
         
               72
            
            
               En tercer lugar, dadas estas circunstancias, es preciso determinar las consecuencias del incumplimiento del plazo de tres meses previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 y, en particular, apreciar si debe acarrear automáticamente, por esta mera razón, la anulación de la decisión impugnada.
            
         
               73
            
            
               Dado que el artículo 41 del Reglamento n.o 1083/2006 no contiene ninguna indicación respecto a las consecuencias del incumplimiento por la Comisión del plazo de tres meses que allí se establece, procede, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, examinar la finalidad y la estructura del mencionado Reglamento para determinar las consecuencias de ese incumplimiento (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 20 de enero de 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, apartados 25 y 26).
            
         
               74
            
            
               Con carácter preliminar, es preciso recordar que el plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 es un plazo impuesto a la Comisión para que responda a una solicitud presentada por un tercero, en el presente asunto un Estado miembro. Una respuesta negativa adoptada fuera de plazo solo podría anularse automáticamente, por el mero incumplimiento del plazo, en el caso de que la falta de respuesta dentro de ese plazo entrañara la estimación de la solicitud o la pérdida de la facultad de la Comisión de pronunciarse sobre ella (véase, por analogía, la sentencia de 18 de marzo de 2009, Shanghai Excell M & E Enterprise y Shanghai Adeptech Precision/Consejo, T‑299/05, EU:T:2009:72, apartado 116). Por tanto, procede examinar si, habida cuenta de su finalidad y de su estructura, el Reglamento n.o 1083/2006 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento del mencionado plazo entraña la estimación de la solicitud o la pérdida de la facultad de la Comisión de pronunciarse sobre ella.
            
         
               75
            
            
               Respecto a la cuestión de si se desprende de la finalidad y de la estructura del Reglamento n.o 1083/2006 que el incumplimiento del plazo de tres meses entraña la estimación de la solicitud de confirmación presentada por el Estado miembro, es preciso señalar, en primer lugar, que el contenido de las decisiones estimatorias excluye tal posibilidad.
            
         
               76
            
            
               En efecto, del artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 resulta que una decisión de la Comisión por la que se estime una solicitud de confirmación debe indicar, en particular, el importe al que se aplicará el porcentaje de cofinanciación del programa operativo (véase el apartado 33 anterior). Únicamente la decisión de la Comisión estimatoria de dicha solicitud determina el importe de base al que se aplicará el porcentaje de cofinanciación resultante del programa operativo pertinente y, por tanto, el importe de la contribución financiera de la Unión. A falta de decisión de la Comisión, la contribución financiera de la Unión no puede determinarse concretamente ni, por tanto, considerarse confirmada.
            
         
               77
            
            
               Así lo corrobora, por lo demás, el considerando 49 del Reglamento n.o 1083/2006, que señala que los grandes proyectos deben poder ser examinados y, en su caso, aprobados por la Comisión (véase el apartado 29 anteior). De ello resulta que, en materia de grandes proyectos, la idea subyacente del Reglamento n.o 1083/2006 es que su financiación por un Estado miembro mediante fondos del FEDER o del Fondo de Cohesión está supeditada a la aprobación de la Comisión.
            
         
               78
            
            
               En segundo lugar, procede señalar que, cuando el Reglamento n.o 1083/2006 pretendía sancionar la inobservancia de un plazo con una aceptación de pleno Derecho, lo indicaba de manera expresa (véase, por analogía, la sentencia de 20 de enero de 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03, EU:C:2005:41, apartado 31). Así, por ejemplo, el artículo 62, apartado 4, del Reglamento n.o 1083/2006 dispone que la estrategia de auditoría presentada a la Comisión por el Comité de seguimiento «se considerará aceptada» si la Comisión no formula observaciones en los tres meses siguientes a su recepción. Igualmente, el artículo 67, apartado 4, del Reglamento n.o 1083/2006 dispone que el informe final de ejecución del programa operativo remitido por la autoridad de gestión a la Comisión «se considerará aceptado» si la Comisión no responde en el plazo fijado al efecto. Del mismo modo, el artículo 89, apartado 3, del Reglamento n.o 1083/2006 dispone que «si la Comisión no ha formulado observaciones en un plazo de cinco meses, la declaración de cierre [remitida por el Estado miembro a la Comisión] se considerará aceptada».
            
         
               79
            
            
               De ello se sigue que, en el marco del Reglamento n.o 1083/2006, tal como se desprende de su finalidad y de su estructura, la falta de respuesta a una solicitud de confirmación dentro del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del mencionado Reglamento no entraña la aprobación de esa solicitud de confirmación.
            
         
               80
            
            
               Esta conclusión no queda desvirtuada por los argumentos de la República de Polonia basados, por una parte, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al plazo para la adopción de correcciones financieras y, por otra parte, en el nuevo procedimiento de aprobación tácita contemplado en el artículo 102, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1303/2013.
            
         
               81
            
            
               Respecto al primer argumento, si bien es cierto, como alega la República de Polonia, que en la jurisprudencia relativa a la facultad de la Comisión de efectuar correcciones financieras, otorgada por el artículo 99 del Reglamento n.o 1083/2006, el Tribunal de Justicia ha considerado que el incumplimiento del plazo para decidir tales correcciones, fijado en el artículo 100, apartado 5, del mencionado Reglamento, constituía un vicio sustancial de forma que debía ser apreciado de oficio por el juez de la Unión y que entrañaba la anulación de la decisión adoptada fuera de plazo (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartados 103 y 104, y de 21 de septiembre de 2016, Comisión/España, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, apartados 114 y 118), dicha jurisprudencia no resulta aplicable al presente asunto.
            
         
               82
            
            
               En efecto, la jurisprudencia mencionada en el apartado 81 anterior tiene por objeto un plazo de naturaleza diferente a la del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006.
            
         
               83
            
            
               Ante todo, mientras que, en el marco de la evaluación de los grandes proyectos, el plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 es un plazo impuesto a la Comisión para que responda a una solicitud de cofinanciación presentada por un Estado miembro, en cambio, en el marco del procedimiento de corrección financiera, el plazo fijado en el artículo 100, apartado 5, del mencionado Reglamento es un plazo impuesto a la Comisión para que adopte, por su propia iniciativa, una decisión que anule total o parcialmente la participación financiera de la Unión en un programa operativo. Así, esencialmente, el primero es un plazo para otorgar una contribución financiera, mientras que el segundo es un plazo para anular una contribución financiera ya otorgada.
            
         
               84
            
            
               Seguidamente, en el marco de la evaluación de los grandes proyectos, a falta de decisión sobre la solicitud de confirmación adoptada dentro de plazo y de disposición alguna que establezca las consecuencias de dicha falta de decisión, la solicitud de confirmación queda sin respuesta y no puede considerarse aprobada (véanse los apartados 75 a 79 anteriores). En cambio, en materia de correcciones financieras, a falta de decisión dentro del plazo fijado al efecto, el Estado miembro sigue disfrutando de la contribución de los Fondos que ya le fue otorgada. Así pues, a falta de decisión de corrección financiera adoptada dentro de plazo, la Comisión no puede aplicar una corrección financiera y el Estado miembro no puede quedar sometido a dicha corrección, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 81 anterior.
            
         
               85
            
            
               Por último, contrariamente a lo alegado por la República de Polonia, de la jurisprudencia citada en el apartado 81 anterior no se desprende que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado en el sentido de que los plazos fijados en el artículo 100, apartado 5, y en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 tienen la misma naturaleza. Por el contrario, de la mencionada jurisprudencia se desprende que el Tribunal de Justicia únicamente examinó el plazo fijado para la adopción de una decisión de corrección financiera y que se refirió expresamente a la naturaleza de tal decisión (sentencias de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión,C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartados 82 y 102, y de 21 de septiembre de 2016, Comisión/España, C‑140/15 P, EU:C:2016:708, apartados 70, 72 y 113).
            
         
               86
            
            
               Respecto al segundo argumento, es preciso señalar que el Reglamento n.o 1303/2013 no resulta aplicable en el presente asunto, dado que su artículo 152, apartado 1, dispone que el Reglamento n.o 1083/2006 sigue siendo aplicable a las ayudas y a las operaciones, incluidos los programas operativos y los grandes proyectos, aprobados por la Comisión sobre la base del mencionado Reglamento, y que su artículo 152, apartado 2, añade que las solicitudes de ayuda presentadas o aprobadas con arreglo al Reglamento n.o 1083/2006 seguirán siendo válidas. Por lo demás, procede señalar que el artículo 102, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1303/2013 establece un procedimiento de aprobación tácita únicamente para el caso de que la solicitud presentada por el Estado miembro vaya acompañada de un examen de calidad realizado por expertos independientes con arreglo al artículo 101, párrafo tercero, de dicho Reglamento. Este procedimiento no tiene equivalente en el sistema regulado en los artículos 39 a 41 del Reglamento n.o 1083/2006, lo que corrobora la conclusión de que, en el marco de este último Reglamento, el silencio de la Comisión en el plazo de tres meses no puede interpretarse como una confirmación tácita de la contribución financiera a un gran proyecto. Por otra parte, es pacífico que, en el presente asunto, el proyecto no fue presentado con arreglo al artículo 102, apartado 1, del Reglamento n.o 1303/2013, de modo que el procedimiento de aprobación tácita establecido en esta disposición no puede resultar aplicable.
            
         
               87
            
            
               En lo tocante a la cuestión de si se desprende de la finalidad y de la estructura del Reglamento n.o 1083/2006 que el incumplimiento del plazo de tres meses entraña la pérdida de la facultad de la Comisión de pronunciarse sobre la solicitud de confirmación presentada por el Estado miembro, es preciso señalar, en primer lugar, que si la Comisión estuviese obligada a abstenerse de continuar su examen de la solicitud de confirmación en caso de incumplir el plazo de tres meses, ello perjudicaría en definitiva a la finalidad de la solicitud inicial del Estado miembro, que es obtener la confirmación de una contribución financiera del FEDER o del Fondo de Cohesión, y ello por razones que escaparían a su control. Del mismo modo, si la Comisión estuviese obligada a iniciar un nuevo procedimiento de evaluación de un gran proyecto, sujeto a un nuevo plazo de tres meses, ello no haría sino agravar en la práctica el incumplimiento del mencionado plazo, al retrasar a un momento posterior la decisión relativa a la solicitud de confirmación. Por otra parte, dado que dicho incumplimiento no equivale a una aprobación de la solicitud, como ya se ha expuesto, la eventual anulación de una decisión por haber sido adoptada fuera de plazo no haría sino agravar, igualmente, el incumplimiento del mencionado plazo.
            
         
               88
            
            
               En segundo lugar, del artículo 78, apartado 4, del Reglamento n.o 1083/2006, recordado en el apartado 34 anterior, se desprende que un Estado miembro puede iniciar la realización de un gran proyecto y someter a la Comisión los gastos relativos a dicho proyecto antes de que esta adopte su decisión, y ello independientemente del plazo fijado para la adopción de tal decisión. El Estado miembro que opte por esta posibilidad lo hace por su cuenta y riesgo, habida cuenta de que la Comisión puede adoptar una decisión en la que rechace confirmar la ayuda financiera de la Unión a un gran proyecto. Por tanto, dado que el Estado miembro no está obligado a esperar una decisión de la Comisión para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo regional y declarar a la Comisión los gastos relativos a dicho proyecto para el supuesto de que fuesen asumidos por la Unión, el incumplimiento del plazo fijado para adoptar esa decisión no priva a la Comisión de la facultad para pronunciarse sobre una solicitud de confirmación.
            
         
               89
            
            
               En tercer lugar, se desprende de la jurisprudencia que, cuando el legislador no ha atribuido al silencio de la administración la consecuencia de que esta pierde la facultad de adoptar una decisión, como ocurre en el presente asunto, ningún principio jurídico hace que la administración pierda su competencia para responder a las solicitudes, incluso fuera de los plazos establecidos al efecto (véase, por analogía, la sentencia de 19 de enero de 2010, Co-Frutta/Comisión, T‑355/04 y T‑446/04, EU:T:2010:15, apartados 57 y 59).
            
         
               90
            
            
               De ello resulta que, en el marco del Reglamento n.o 1083/2006, tal como se desprende de su finalidad y de su estructura, la falta de respuesta a la solicitud de confirmación dentro del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del mencionado Reglamento no entraña la pérdida de la facultad de la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud de confirmación.
            
         
               91
            
            
               De todo lo anterior se deduce que el Reglamento n.o 1083/2006 no puede interpretarse en el sentido de que todo incumplimiento del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del mencionado Reglamento entraña automáticamente, por esta mera razón, la anulación de una decisión denegatoria adoptada fuera de plazo.
            
         
               92
            
            
               En cuarto lugar, procede examinar si el incumplimiento del plazo de tres meses constatado en el presente asunto debe entrañar la anulación de la decisión impugnada.
            
         
               93
            
            
               En efecto, se desprende de reiterada jurisprudencia que la inobservancia de un plazo, como el establecido en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006, solo puede dar lugar a la anulación del acto adoptado al término del procedimiento si existe la posibilidad de que, a causa de dicha irregularidad, el resultado de ese procedimiento hubiera podido ser diferente. Si bien la persona que alega esa irregularidad no está obligada a demostrar que, a falta de esta, el acto de que se trata habría tenido un contenido más favorable para sus intereses, debe no obstante probar, en concreto, que no cabe excluir por completo tal posibilidad (véanse, por analogía, las sentencias de 4 de febrero de 2016, C & J Clark International y Puma, C‑659/13 y C‑34/14, EU:C:2016:74, apartado 140, y de 12 de junio de 2015, Health Food Manufacturers’ Association y otros/Comisión, T‑296/12, EU:T:2015:375, apartado 71).
            
         
               94
            
            
               En el presente asunto, la República de Polonia no ha demostrado en concreto, ni tan siquiera alegado, que no cabía excluir la posibilidad de que el resultado del procedimiento administrativo hubiera sido diferente si este hubiese concluido dentro del plazo de tres meses previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006. Dado que la República de Polonia no ha probado que, de no haberse incumplido el mencionado plazo, el resultado del procedimiento de evaluación del proyecto habría podido ser diferente, en las circunstancias del presente asunto el citado incumplimiento no puede dar lugar a la anulación de la decisión impugnada.
            
         
               95
            
            
               Dicho lo cual, dado que la Comisión infringió el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 al resolver fuera del plazo de tres meses, es preciso recordar que la reparación del eventual perjuicio ocasionado por el incumplimiento del plazo previsto en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006 para resolver sobre una solicitud de confirmación puede ser solicitada ante el Tribunal General, mediante un recurso de indemnización (véase, por analogía, la sentencia de 19 de enero de 2010, Co-Frutta/Comisión, T‑355/04 y T‑446/04, EU:T:2010:15, apartados 60 y 71), siempre que concurran todos los requisitos de los que depende el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión y el reconocimiento del derecho a la reparación del perjuicio sufrido, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476, apartado 106).
            
         
               96
            
            
               De todo lo anterior se desprende que la segunda parte del primer motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 41, apartado 2, del Reglamento n.o 1083/2006, carece de fundamento y debe por tanto desestimarse.
               [omissis]
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto,
               EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
               decide:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Desestimar el recurso.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Condenar en costas a la República de Polonia.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Tomljenović
                        
                        
                           Marcoulli
                        
                        
                           Kornezov
                        
                     
                     Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de marzo de 2018.
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: polaco.
      (
            1
         )	Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.