CELEX: 61979CJ0157
Language: es
Date: 1980-07-03
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de julio de 1980. # Regina contra Stanislaus Pieck. # Petición de decisión prejudicial: Pontypridd Magistrates' Court (Wales) - Reino Unido. # Derecho de residencia de los nacionales comunitarios. # Asunto 157/79.

PIECK
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
                          de3dejuliodel980*
En el asunto 157/79,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por la Pontypridd Magistrates' Court de Mid
Glamorgan, Wales, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho
órgano jurisdiccional entre
The Queen
                                       y
Stanislaus Pieck,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 7 y 48 del
Tratado CEE, así como de las Directivas del Consejo 68/360/CEE, de 15 de
octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la
estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro
de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), y 64/221/CEE, de 25 de
febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los
extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas pol-
lazones de orden público, seguridad y salud pública (DO 1964, 56, p. 850; EE
 05/01, p. 36),
   Lengua de procedimiento: inglés.
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                      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
     integrado por los Sres.: A. O'Keeffe, Presidente de Sala, G. Bosco y
    T. Koopmans, Jueces;
    Abogado General: Sr. J.P. Warner;
    Secretario: Sr. J.A. Pompe, Secretario adjunto;
    dicta la siguiente
                                        Sentencia
    (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                               Fundamentos de Derecho
 1     Mediante resolución de 5 de septiembre de 1979, recibida en el Tribunal de
       Justicia el 10 de octubre siguiente, la Pontypridd Magistrates' Court planteó,
       con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones relativas a la
       interpretación de los artículos 7 y 48 del Tratado, así como de las Directivas
       del Consejo 64/221/CEE, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las
      medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de
      residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública
      (DO 1964, 56, p. 850; EE 05/01, p. 36), y 68/360/CEE, de 15 de octubre de
       1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los
      trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad
      (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88).
2     El organo jurisdiccional nacional instruyó un proceso penal contra un nacional .
      neerlandés residente en Cardiff, País de Gales, donde ejercía una actividad por
      cuenta ajena, a quien se le imputaba el haber permanecido voluntariamente en
      el Reino Unido, una vez transcurrido el plazo permitido, sin ser un «patrial»
      (nacional británico con derecho a residir en el Reino Unido) y habiendo sido
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  autorizado únicamente a entrar o a permanecer en el Reino Unido durante un
  período limitado. El imputado no tenía tarjeta de residencia; la última vez que
  entró en territorio británico, el 29 de julio de 1978, se estampó en su pasaporte
  un sello con la mención: «autorización de entrada en el Reino Unido durante
  un período de 6 meses».
  Sobre la primera cuestión
3 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber
  cuál es el sentido de los términos «visado de entrada u obligación equivalente»,
  contenidos en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/360.
4 El Tribunal de Justicia ya ha declarado en diferentes ocasiones que el derecho
  de los ciudadanos de un Estado miembro a entrar en el territorio de otro Estado
  miembro y a residir en él constituye, con arreglo a los objetivos perseguidos
  por el Tratado, un derecho conferido directamente por éste, según el caso, pol-
  las disposiciones de aplicación.
5 La Directiva 68/360 tiene por objeto, tal y como indican sus considerandos,
  adoptar, en cuanto a la supresión de las restricciones aún existentes en materia
  de desplazamiento y residencia en la Comunidad, medidas acordes con los
  derechos y facultades reconocidos a los nacionales de los Estados miembros,
  por el Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968,
  relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO
  L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). Con este fin, la Directiva determina las
  circunstancias en las que los ciudadanos de los Estados miembros pueden
  ejercer el derecho a abandonar el territorio de su país de origen para acceder
  a una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro, así
  como su derecho a ser admitidos en el territorio de este último Estado y residir
  en él.
6  El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva dispone, a este respecto, que los
  Estados miembros admitirán en su territorio a las personas a las que se aplica
  el Reglamento n° 1612/68, mediante la simple presentación de una tarjeta de
   identidad o de un pasaporte válido. El apartado 2 añade que no se podrá
   imponer ningún visado de entrada ni otra obligación equivalente a los
  trabajadores de que se trata.
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  7   El Gobierno británico ha mantenido, durante la vista celebrada ante el Tribunal
      de Justicia, que la expresión «visado de entrada» se refiere exclusivamente a
      una autorización escrita, expedida con anterioridad a la llegada del viajero a la
      frontera, que figura en el pasaporte o en un documento separado. Por el
      contrario, un sello que se estampa en el pasaporte en el momento de la llegada
     y que autoriza la entrada en el territorio no puede considerarse un visado de
      entrada o un documento equivalente.
  8   Este argumento no puede admitirse. A efectos de la aplicación de la Directiva,
     que pretende suprimir las restricciones al desplazamiento de los trabajadores
     comunitarios dentro de la Comunidad, el momento en que se haya concedido
     la autorización para entrar en el territorio de un Estado miembro, y se haya
     indicado en un pasaporte o en otro documento, carece de importancia. Además,
     el derecho de los trabajadores comunitarios a entrar en el territorio de un
     Estado miembro, que el Derecho comunitario les confiere, no puede
     subordinarse a la expedición, por parte de la Administración de dicho Estado
     miembro, de la autorización correspondiente.
 9   Es cierto que el derecho de entrada de los trabajadores de que se trata no es
     ilimitado. Sin embargo, la única restricción que el artículo 48 del Tratado
     establece en lo relativo a la libertad de desplazamiento en el territorio de los
     Estados miembros, consiste en las limitaciones justificadas por razones de
     orden público, de seguridad y de salud públicas. Esta restricción debe
     entenderse, no como un requisito previo para adquirir el derecho de entrada y
     de residencia, sino como la posibilidad de restringir, en casos particulares y
    debidamente justificados, el ejercicio de un derecho que se deriva directamente
    del Tratado. Portanto, no justifica aquellas medidas administrativas que exijan,
    de modo general, otras formalidades en la frontera que no sean la simple
    presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido.
 10 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el apartado 2 del
    artículo 3 de la Directiva 68/360, que prohibe a los Estados miembros imponer
    un visado de entrada u otra obligación equivalente a los trabajadores
    comunitarios que se desplacen dentro de la Comunidad, debe interpretarse en
    el sentido de que los términos «visado de entrada u obligación equivalente» se
    refieren a toda formalidad destinada a autorizar la entrada en el territorio de un
    Estado miembro y que se sume al control en la frontera del pasaporte o de la
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   tarjeta de identidad, independientemente del lugar y del momento en que se
   expida dicha autorización y de su forma.
   Sobre la segunda cuestión
11 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber
   si, cuando un nacional comunitario entra en el territorio de un Estado miembro,
   la concesión, por parte de este último, de una autorización de residencia inicial
   para un período limitado a 6 meses, es compatible con los artículos 7 y 48 del
   Tratado, así como con las Directivas 64/221 y 68/360.
12 El artículo 4 de la Directiva 68/360 dispone que los Estados miembros
   reconocerán el derecho de residencia en su territorio a las personas a las que
   se refiere la Directiva, y añade que dicho derecho se «acreditará» mediante la
   expedición de una autorización de residencia especial. Esta disposición debe
   interpretarse a la luz de los considerandos de la Directiva, según los cuales, la
   normativa aplicable en materia de residencia debe aproximar, lo más posible,
   la situación de los trabajadores de los demás Estados miembros a la de los
   nacionales.
13 Este Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su sentencia de 14 de julio de
   1977, Sagulo y otros (8/77,** Rec. p. 1495) que la expedición del documento
   especial de residencia previsto en el artículo 4, antes citado, sólo tiene efecto
   declarativo y no puede asimilarse, para los extranjeros titulares de los derechos
   derivados del artículo 48 del Tratado o de disposiciones paralelas, a una
   autorización de residencia como la prevista para los extranjeros en general, que
   implique una facultad discrecional de las autoridades nacionales. El Tribunal
   de Justicia dedujo de ello que un Estado miembro no puede exigir a una
   persona amparada por las disposiciones del Derecho comunitario la posesión
   de una autorización de residencia general, en lugar del documento previsto en
   el artículo 4 de la Directiva 68/360.
14 Se desprende de ello que este Tribunal de Justicia ya respondió a la segunda
   cuestión en la sentencia antes citada.
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     Sobre la tercera cuestión
 15 En la tercera cuestión se plantea si un nacional comunitario, que permanece en
     el territorio de un Estado miembro una vez finalizado el período previsto en la
     autorización de residencia, puede ser condenado en dicho Estado a penas
     privativas de libertad o que conlleven una propuesta de expulsión.
 16 En la mencionada sentencia de 14 de julio de 1977, este Tribunal de Justicia
     ya manifestó que no procedía aplicar sanciones penales u otras medidas
     coercitivas, cuando una persona amparada por el Derecho comunitario no
     hubiera observado las disposiciones nacionales que exigen que dicha persona
     esté en posesión de una autorización de residencia general, en lugar del
     documento previsto por la Directiva 68/360, ya que las autoridades nacionales
    no pueden sancionar el incumplimiento de una norma incompatible con el
    Derecho comunitario.
 17 No obstante, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, puestas de
    relieve por el órgano jurisdiccional nacional, y a la luz de la respuesta que
    acaba de darse a la segunda cuestión, también puede interpretarse que la tercera
    cuestión plantea el problema de si un nacional de un Estado miembro, al que
    se aplica el régimen de libre circulación de trabajadores, que no se ha
    procurado la autorización de residencia especial prevista en el artículo 4 de la
    Directiva 68/360, puede ser sancionado con penas privativas de libertad o que
    conlleven una propuesta de expulsión.
 18 Entre las sanciones que lleven aparejada la inobservancia de las formalidades
    necesarias para acreditar el derecho de residencia de un trabajador amparado
    por el Derecho comunitario, la expulsión es, ciertamente, incompatible con las
    disposiciones del Tratado, dado que tal medida constituye la negación del
    propio derecho que el Tratado otorga y garantiza, tal y como el Tribunal de
    Justicia ha declarado ya en otros asuntos.
19 En cuanto a otras sanciones, como la multa y la privación de libertad, si bien
    las autoridades nacionales pueden suponer, en relación con el incumplimiento
    de las disposiciones relativas a los permisos de residencia, sanciones
    comparables a las que se aplican a infracciones nacionales de orden menor, no
    está justificado, sin embargo, imponer una pena tan desproporcionada a la
    gravedad de la infracción que se convierta en un obstáculo para la libre
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   circulación de personas. Este sería concretamente el caso, si dicha pena
   incluyera la privación de libertad.
20 De ello se desprende que un nacional comunitario, al cual se aplique el régimen
   de libre circulación de trabajadores, que no se haya procurado la autorización
   de residencia especial prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360, no puede
   ser sancionado con una propuesta de expulsión o con penas que incluyan la
   privación de libertad.
   Costas
21 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de
   las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este
   Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el
   procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
   incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste
   resolver sobre las costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
   pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Pontypridd Magistrates'
   Court de Mid Glamorgan, Wales mediante resolución de 5 de septiembre de
   1979, declara:
   1) El apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/360/CEE, de 15 de
       octubre de 1968, que prohibe a los Estados miembros imponer un
       visado de entrada u otra obligación equivalente a los trabajadores
       comunitarios que se desplacen dentro de la Comunidad, debe
       interpretarse en el sentido de que los términos «visado de entrada u
       obligación equivalente» se refieren a toda formalidad destinada a
       autorizar la entrada en el territorio de un Estado miembro y que se
                                                                                 669
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        sume al control en la frontera del pasaporte o de la tarjeta de
        identidad, independientemente del lugar y del momento en que se
        expida dicha autorización y de su forma.
    2) a) La expedición del documento especial de residencia previsto en el
            artículo 4 de la Directiva del Consejo 68/360, de 15 de octubre de
            1968, sólo tiene efecto declarativo y no puede asimilarse, para los
            extranjeros titulares de los derechos derivados del artículo 48 del
            Tratado CEE o de disposiciones paralelas, a una autorización de
            residencia como la prevista para los extranjeros en general, que
            implique una facultad discrecional de las autoridades nacionales.
        b) Un Estado miembro no puede exigir a una persona amparada
            por el Derecho comunitario la posesión de una autorización
            de residencia general, en lugar del documento previsto en el
            apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 68/360 interpretado
            en relación con su Anexo.
    3) Un nacional comunitario, al cual se aplique el régimen de libre
        circulación de trabajadores, que no se haya procurado la autorización
        de residencia especial prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360,
        no puede ser sancionado con una propuesta de expulsión o con penas
        que incluyan la privación de libertad.
    O'Keeffe                           Bosco                                Koopmans
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1980.
    Por el Secretario                                 El Presidente de la Sala Primera
    H.A. Rühl                                                             A. O'Keeffe
    Administrador principal
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