CELEX: C2004/106/86
Language: es
Date: 2004-04-30 00:00:00
Title: Asunto C-161/04: Recursointerpuesto el 30 de marzo de 2004 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por la República de Austria (fax de 24 de marzo de 2004)

30.4.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 106/49
            
         Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2004 contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea por la República de Austria (fax de 24 de marzo de 2004)
   (Asunto C-161/04)
   (2004/C 106/86)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de marzo de 2004 (fax de 24 de marzo de 2004) un recurso contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea formulado por la República de Austria, representada por el Sr. Harald Dossi, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               —
            
            
               Anule el Reglamento (CE) no 2327/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por el que se instaura un sistema provisional de puntos aplicable a los camiones que transitan por Austria para 2004 en el marco de una política de transporte sostenible. (1)
               
            
         
               —
            
            
               Condene en costas a la parte demandada.
            
         Motivos y alegaciones principales
   En opinión de la República de Austria, el Reglamento (CE) no 2327/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, debe ser anulado por los motivos siguientes:
   
               —
            
            
               Vulneración del principio de proporcionalidad del Derecho primario
            
         En vista de las previsiones basadas en datos científicos, el Reglamento impugnado no puede calificarse (en absoluto) de adecuado para alcanzar el objetivo establecido en su exposición de motivos, relativo a la reducción de las cargas provocadas por el tráfico pesado para alcanzar una solución respetuosa del medio ambiente y sostenible.
   Además, las cargas impuestas con el Reglamento no son proporcionadas a los medios establecidos para alcanzar el objetivo.
   Sobre la base del presupuesto ofrecido por una empresa del sistema electrónico actual de ecopuntos hay que presumir que la necesaria transformación o eliminación del sistema de ecopuntos aplicado hasta el 31 de diciembre de 2003, inherentes a la ejecución del Reglamento impugnado, así como los trabajos de funcionamiento y mantenimiento en curso provocarán en total unos costes de 9 millones de euros aproximadamente.
   Dado que la ejecución del Reglamento impugnado provocaría costes por importe de unos 9 millones de euros, por un lado, y de este modo sólo se podría «alcanzar» en definitiva un aumento de las emisiones, por otro lado, el Reglamento impugnado vulnera en cualquier caso el principio de proporcionalidad del Derecho primario y, en consecuencia, sólo por dicho motivo ya debe ser anulado.
   
               —
            
            
               Vulneración de las exigencias que se desprenden de la «cláusula de estándar» medioambiental del artículo 6 CE
            
         El Reglamento impugnado no se ajusta a la garantía de la mayor y mejor protección posible consagrada en el artículo 6 CE, ya que no provoca una reducción de las emisiones sino un aumento de éstas. De este modo el Reglamento impugnado (también) vulnera el artículo 6 CE.
   
               —
            
            
               Vulneración de las exigencias del Derecho primario que se desprenden del artículo 11 del Protocolo no 9 sobre el transporte por carretera, por ferrocarril y combinado en Austria
            
         El Reglamento impugnado también es ilegal en la medida en que vulnera las exigencias de Derecho primario del Protocolo sobre tránsito. Al final del año 2003 expiró el sistema de ecopuntos; sin embargo, subsiste aún el objetivo implícito del Protocolo sobre tránsito, de alcanzar una solución respetuosa con el medio ambiente y sostenible frente a los problemas medioambientales provocados por el tráfico.
   La disposición transitoria del artículo 11 del Protocolo sobre tránsito no puede ser considerada en el sentido de que la norma de protección del medio ambiente y de la salud de la población, consagrada primero en el Convenio sobre tránsito entre la CEE y Austria, y recogida luego en el Protocolo sobre tránsito, «expira» simplemente (sin ser sustituida por otra) después de un determinado periodo transitorio y queda volcada de modo imperativo en un sistema normativo comunitario con un nivel de protección (muy) inferior.
   Una disposición de transición de ese tipo perdería en gran parte su efecto útil y, por ello, los Estados miembros en tanto que «amos de los Tratados» tendrían que haberlo querido de modo efectivo y haberlo formulado así de modo expreso y sin ambigüedad alguna.
   Si el objetivo del sistema de tránsito —la protección del medio ambiente y de la salud de la población en general y en especial la reducción en un 60 % de las emisiones de oxido nítrico— también se aplica al término del período de transición el 31 de diciembre de 2003, entonces dicho objetivo, en tanto que parte del Protocolo sobre tránsito y, por tanto, del Derecho comunitario primario, es imperativo para la Comunidad Europea.
   En este caso la Comunidad tiene la obligación de mantener el objetivo del sistema de tránsito. Las disposiciones del Derecho derivado que no permitan alcanzar dicho objetivo deberán ser calificadas de ilegales. El Reglamento impugnado no cumple en ningún caso el objetivo imperativo que se desprende del Protocolo sobre tránsito y por tanto vulnera el Derecho primario.
   Como resulta del dictamen de 1 de marzo de 2004, relativo al tráfico y las emisiones, «Tránsito de vehículos pesados por Austria: balance y perspectivas», hay que presumir un aumento de las emisiones a partir de la aplicación del Reglamento impugnado, independientemente de que el objetivo establecido en el Protocolo no 9 del Acta de Adhesión de 1994 (DO C 241, de 29 de agosto de 1994, p. 361), esto es, la reducción de las emisiones de óxido nítrico hasta un 40 % frente al valor básico, aún pueda alcanzarse de modo sostenible en algún momento de la vigencia del Tratado. Las emisiones podrían alcanzar el 133 % en el año 2006, o incluso el 260 % según presunciones reales (medidas con arreglo al valor básico mencionado).
   
               —
            
            
               Vulneración del principio de determinación del Derecho primario
            
         El Reglamento impugnado vulnera el principio de determinación del Derecho comunitario y, en consecuencia, viola el Derecho primario.
   
      (1)  DO L 345, p. 30.