CELEX: 62018CA0509
Language: es
Date: 2019-05-27 00:00:00
Title: Asunto C-509/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Ejecución de una orden de detención europea dictada contra PF (Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 6, apartado 1 — Concepto de «autoridad judicial emisora» — Orden de detención europea emitida por el fiscal general de un Estado miembro — Estatuto — Garantía de independencia)

5.8.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 263/22
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 27 de mayo de 2019 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court — Irlanda) — Ejecución de una orden de detención europea dictada contra PF
      (Asunto C-509/18) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Cooperación policial y judicial en materia penal - Orden de detención europea - Decisión Marco 2002/584/JAI - Artículo 6, apartado 1 - Concepto de «autoridad judicial emisora» - Orden de detención europea emitida por el fiscal general de un Estado miembro - Estatuto - Garantía de independencia)
      (2019/C 263/27)
      Lengua de procedimiento: inglés
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Supreme Court
      
         Parte en el procedimiento principal
      
      PF
      
         Fallo
      
      El concepto de «autoridad judicial emisora» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que comprende al fiscal general de un Estado miembro que, siendo estructuralmente independiente del poder judicial, es competente para ejercer la acción penal y tiene un estatuto en ese Estado miembro que le confiere una garantía de independencia frente al poder ejecutivo en el marco de la emisión de la orden de detención europea.
      
         (1)  DO C 364 de 8.10.2018.