CELEX: C2006/060/46
Language: es
Date: 2006-03-11 00:00:00
Title: Asunto C-465/05: Recurso interpuesto el  23 de diciembre de 2005  contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

11.3.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 60/24
            
         Recurso interpuesto el 23 de diciembre de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-465/05)
   (2006/C 60/46)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de diciembre de 2005 un recurso contra la República Italiana, formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. E. Traversa y la Sra. E. Montaguti, en calidad de agentes.
   
               1)
            
            
               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 43 CE y 49 CE al haber dispuesto que:
               
                           —
                        
                        
                           la actividad de guardia privado sólo pueda ejercerse prestando previamente un juramento de lealtad a la República Italiana:
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la actividad de vigilancia privada sólo pueda ser ejercida cuando el prefecto haya concedido una autorización;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la referida autorización tenga limitada su validez a un territorio determinado y su expedición esté supeditada a la consideración del número y de la importancia de las empresas de seguridad que ya operen en el citado territorio;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           las empresas de seguridad privada deberán tener su domicilio social en cualquier provincia en la que desarrollen sus actividades específicas;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           el personal de las referidas empresas deberá estar individualmente autorizado para ejercer actividades de seguridad;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           las empresas de seguridad deberán tener un número mínimo y/o máximo de empleados para poder ser autorizadas;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           las empresas de seguridad privada deberán prestar una fianza en la Caja de Depósitos y Préstamos de la localidad donde ejerzan sus actividades;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           las tarifas de los servicios de seguridad privados deberán fijarse con autorización del prefecto dentro de ciertos márgenes de oscilación.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Condene a la República Italiana al pago de las costas del procedimiento.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La actividad de los guardias privados de seguridad no constituye una participación directa y específica en el ejercicio del poder público. En consecuencia, no cabe ampliar a la citada actividad la excepción, establecida en los artículos 45 y 55 del propio Tratado, aplicable al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
   
               1)
            
            
               La obligación de prestar juramento constituye un obstáculo injustificado y desproporcionado con respecto a la finalidad perseguida y al tipo de actividad profesional de los guardias privados de seguridad. El juramento formal hace más difícil el establecimiento y, en general, el acceso al mercado italiano de los servicios de seguridad privada para los operadores comunitarios, hasta el punto de disuadir completamente de prestarlos a los prestadores ocasionales de tales servicios.
            
         
               2)
            
            
               La exigencia de que quien pretenda prestar servicios de seguridad privados en Italia se halle en posesión de una licencia, sin tener en cuenta las obligaciones equivalentes a las que ya esté sujeto el prestador de tales servicios en el Estado miembro en el cual se halle establecido, constituye un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios.
            
         
               3)
            
            
               Una empresa comunitaria de este sector que pretenda establecerse en Italia y operar en un territorio de una determinada extensión deberá obtener tantas licencias como provincias en las que pretenda desarrollar sus actividades (en Italia, las provincias son 104). Además, pueda ser que la Administración competente (el prefecto) no conceda tales licencias en consideración al número y a la importancia de las empresas que ya operan en dicho territorio.
            
         
               4)
            
            
               Una empresa que pretenda establecerse en Italia deberá procurarse tantos locales como licencias haya obtenido y provincias donde opere, sin que ello resulte necesario para prestar el servicio. Además, la obligación de disponer de locales equivale a negar la libertad de prestación de servicios, dado que exige el establecimiento de la persona que opere en régimen de prestación transfronteriza de dichos servicios.
            
         
               5)
            
            
               En los supuestos de prestación ocasional de servicios de seguridad, la ley italiana exige en todo caso que se autorice individualmente a cada empleado a ejercer su actividad en Italia y no tiene en cuenta los controles a los que ya está sujeto en el Estado miembro de origen cualquier guardia jurado particular.
            
         
               6)
            
            
               Las licencias expedidas por los prefectos podrán contener la indicación de un número mínimo y/o máximo de empleados. La inobservancia de dichos límites acarreará la revocación de la licencia. Tales disposiciones constituyen un obstáculo a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, que puede en concreto impedir totalmente el acceso de las pequeñas empresas al mercado.
            
         
               7)
            
            
               La obligación que impone la ley italiana a las empresas de servicios de seguridad privada de depositar una fianza en la Caja de Depósitos y Préstamos no tiene en cuenta aquellas obligaciones similares, en cuanto a su finalidad, a las que el prestador esté sujeto en el Estado miembro donde se halle establecido.
            
         
               8)
            
            
               Las limitaciones a la libre fijación de las tarifas constituyen un obstáculo adicional tanto a la libertad de establecimiento como a la libre prestación de servicios. En efecto, un nuevo operador que pretenda acceder al citado mercado deberá imponerse sobre sus competidores y el precio de las prestaciones representa un elemento de vital importancia para atraerse clientes.