CELEX: C2006/224/51
Language: es
Date: 2006-09-16 00:00:00
Title: Asunto C-323/06 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de julio de 2006 por Theodoros Kallianos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 17 de mayo de 2006 en el asunto T-93/04 (Kallianos/Comisión)

16.9.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 224/27
            
         Recurso de casación interpuesto el 21 de julio de 2006 por Theodoros Kallianos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictada el 17 de mayo de 2006 en el asunto T-93/04 (Kallianos/Comisión)
   (Asunto C-323/06 P)
   (2006/C 224/51)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes
   
      Recurrente: Theodoros Kallianos (representante: G. Archambeau, abogado)
   
      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente
   
               —
            
            
               Que se declare el recurso admisible y fundado.
            
         
               —
            
            
               Que se anule en todos sus pronunciamientos la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de mayo de 2006 en el asunto T-93/04, Kallianos/Comisión y que se sustituya al Tribunal de Primera Instancia y:
               
                           a)
                        
                        
                           Se anule la decisión de la AFPN (autoridad facultada para proceder a los nombramientos), de 28 de noviembre de 2003, por la que se resuelve la reclamación del Sr. Kallianos no R/335/03, de 2 de julio de 2003.
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Se inste a la Comisión a devolver al recurrente todos los pagos y retenciones realizadas, sin título ni derecho, sobre su retribución desde la fecha de la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Atenas el 8 de marzo de 1999, incluida la indexación de la provisión alimenticia indebida decidida unilateralmente por los servicios de la Comisión el 18 de septiembre de 2002, incrementada con los intereses legales del 7 % a partir de la fecha de las retenciones practicadas sobre el salario mensual del recurrente.
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Se condene a la Comisión a pagar las costas de la diligencia de notificación por un agente judicial, incluidos los gastos de traducción al francés de las sentencias griegas, documentos que ya se habían puesto a su disposición con antelación suficiente, que ascienden a 1 500 euros, así como los gastos ocasionados por la repetición, en el marco de la defensa del recurrente, fijados en el 20 % de la cuantía de la condena o en la cuantía que establezca el Tribunal de Justicia ex aequo et bono.
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Se condene a la Comisión a pagar todas las cosas ocasionadas por el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal de Primera Instancia.
                        
                     
         Motivos y principales alegaciones
   Mediante su recurso, el recurrente alega, en primer lugar, que las instituciones comunitarias no son competentes para sustituir a los Estados miembros o para interpretar su legislación nacional en el marco de los procedimientos de divorcio.
   En segundo lugar, el recurrente impugna la tesis de que una sentencia de divorcio no deja automáticamente sin efecto las medidas provisionales adoptadas por el juez de medidas provisionales sino que debe ser notificada por agente judicial a la Comisión para que ésta pueda considerarse desvinculada de su obligación de efectuar las retenciones sobre las retribuciones de un cónyuge (funcionario) en beneficio del otro cónyuge. A este respecto, el recurrente manifiesta en esencia, por una parte, que la Comisión no es un tercero embargado, ni un empleador ordinario, puesto que todos los funcionarios están vinculados, en virtud del Estatuto de los Funcionarios, por obligaciones de información y transparencia en cuanto a su situación personal. Por otra parte, alega que la decisión de provisión alimenticia a favor de un cónyuge en el marco de un procedimiento de divorcio se termina, de pleno derecho, con el pronunciamiento de la sentencia de divorcio y que el mero conocimiento de esta sentencia por la Comisión es suficiente para poner fin a las obligaciones de alimentos, sin que sea necesario notificar dicha sentencia mediante agente judicial.