CELEX: 52014JC0005
Language: es
Date: 2014-02-10
Title: Propuesta conjunta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana

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		52014JC0005
		
			Propuesta conjunta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana /* JOIN/2014/05 final - 2014/0040 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(1)              
El 23 de diciembre de 2013, el Consejo adoptó
la Decisión 2013/798/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra
la República Centroafricana por la se que prevé el embargo de armas contra la
República Centroafricana, de acuerdo con la Resolución 2127 (2013) del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, de 5 de diciembre de 2013.
(2)              
El 13 de enero de 2014, la Alta Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión
presentaron una propuesta de Reglamento relativo a la adopción de medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana. El
Consejo decidió suspender la acción en relación con esta propuesta a la espera
de la adopción de una nueva RCSNU por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
(3)              
El 28 de enero de 2014, el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2134 (2014) que amplía y
clarifica el embargo de armas impuesto por la RCSNU 2127 (2013) y prevé la
inmovilización de capitales y de recursos económicos de determinadas personas
que participen en actos que pongan en peligro la paz, la estabilidad o la
seguridad de la República Centroafricana o que presten apoyo para su
realización. 
(4)              
Se requieren nuevas medidas de la Unión para
aplicar la RCSNU 2134 (2014). 
(5)              
El Consejo está preparando una Decisión por la
que se modifica la Decisión 2013/798/PESC con el fin de dar cumplimiento a la
RCSNU 2134 (2014). 
(6)              
Por tanto, la Alta Representante de la Unión
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión deben presentar
una propuesta de Reglamento relativo a la adopción de medidas restrictivas
habida cuenta de la situación en la República Centroafricana. La propuesta de 13 de enero de 2014 debe ser retirada.
2014/0040 (NLE)
Propuesta conjunta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
relativo a la adopción de medidas
restrictivas habida cuenta de la situación en la República Centroafricana
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 215,
Vista la Decisión 2013/798/PESC del
Consejo[1],
de 23 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra la República Centroafricana,
Vista la propuesta conjunta de la Alta
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de
la Comisión Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)       La Resolución del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2127 (2013), de 5 de
diciembre de 2013, la RCSNU 2134 (2014), de 28 de enero de 2014 y la Decisión 2013/798/PESC
del Consejo, modificada por la Decisión 2014/.../PESC[2], establecen
la inmovilización de capitales y de recursos económicos de determinadas
personas que participen en actos que pongan en peligro la paz, la estabilidad o
la seguridad de la República Centroafricana o que presten apoyo para su
realización.
(2)       Las medidas contempladas
en la RCSNU 2127 (2013) y la RCSNU 2134 (2014) entran en el ámbito de
aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, por tanto,
especialmente con el fin de garantizar su aplicación uniforme por parte de los
agentes económicos en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto
reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.
(3)       El presente Reglamento
respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en
particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en
especial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el
derecho a la protección de los datos personales. El presente Reglamento debe
aplicarse de conformidad con esos derechos. 
(4)       A fin de garantizar
condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a
la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias de ejecución deben
ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011[3].
(5)       A efectos de la
aplicación del presente Reglamento y en aras de la maximización de la seguridad
jurídica dentro de la Unión, los nombres y otros datos pertinentes relativos a
personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos
económicos deban ser inmovilizados de conformidad con el presente Reglamento
han de hacerse públicos. Todo tratamiento de datos de carácter personal debe
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001[4] y en la
Directiva 95/46/CE[5].
(6)       Con el fin de garantizar
que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, el
presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
Artículo 1
A efectos del presente Reglamento se
aplicarán las siguientes definiciones:
a)           por «servicios de
intermediación» se entiende: 
i)       la negociación o la organización de
transacciones destinadas a la compra, la venta o el suministro de bienes y
tecnología, o de servicios financieros o técnicos, de un tercer país a
cualquier otro tercer país, o 
ii)      la venta o la compra de bienes y
tecnología, o de servicios financieros o técnicos que se encuentren en terceros
países para su traslado a otro tercer país,
b)           por «demanda» se entiende: toda
demanda, con independencia de que se haya reivindicado o no mediante
procedimiento jurídico, formulada en virtud de un contrato o transacción o en
relación con estos, antes o después de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento, y que incluirá en particular: 
i)       toda demanda de cumplimiento de una
obligación surgida en virtud de un contrato o transacción o en relación con
estos; 
ii)      toda demanda de prórroga o pago de
una garantía financiera o contragarantía, independientemente de la forma que
adopte; 
iii)     toda demanda de compensación en
relación con un contrato o transacción; 
iv)     toda demanda de reconvención; 
v)      toda demanda de reconocimiento o
ejecución, incluso mediante procedimiento de exequátur, de una sentencia, un
laudo arbitral o resolución equivalente, dondequiera que se adopte o se dicte;
c)           por «contrato o transacción» se
entiende: cualquier transacción independientemente de la forma que adopte y de
la ley aplicable, tanto si comprende uno o más contratos u obligaciones
similares entre partes idénticas o entre partes diferentes; a tal efecto, el
término «contrato» incluirá cualquier garantía o contragarantía, en particular,
financieras, y crédito, jurídicamente independientes o no, así como cualquier
disposición conexa derivada de la transacción o en relación con ella;
d)           por «autoridades competentes»
se entiende: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se
mencionan en los sitios web enumerados en el anexo II;
e)           por «recursos económicos» se
entiende: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o
inmuebles, que no sean capitales, pero que puedan utilizarse para obtener
capitales, bienes o servicios; 
f)            por «inmovilización de
recursos económicos» se entiende: el hecho de impedir todo uso de esos recursos
con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no
exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca; 
g)           por «inmovilización de
capitales» se entiende: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia,
alteración, utilización, negociación de capitales o acceso a estos cuyo
resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad,
naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que permita la
utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;
h)           por «fondos» se entiende: los
activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la
siguiente relación no exhaustiva: 
i)       efectivo, cheques, derechos
dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago; 
ii)      depósitos en instituciones
financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda; 
iii)     valores negociables e instrumentos
de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados
de valores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos relacionados
con productos financieros derivados; 
iv)     intereses, dividendos u otros
ingresos devengados o generados por activos; 
v)      créditos, derechos de compensación,
garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros; 
vi)     cartas de crédito, conocimientos de
embarque y comprobantes de venta; y 
vii)    documentos que acrediten una
participación en fondos o recursos financieros;         
i)            por «Comité de Sanciones» se
entiende: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en
virtud de lo dispuesto en el apartado 57 de la Resolución del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) 2127 (2013); 
j)            por «Asistencia técnica» se
entiende: todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación,
montaje, pruebas, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, que podrá
revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de
técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta;
esta asistencia incluye la prestada verbalmente; 
k)           por «territorio de la Unión» se
entiende: los territorios de los Estados miembros, incluido el espacio aéreo, a
los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.
Artículo 2
1.           Queda prohibido: 
a)      proporcionar, directa o
indirectamente, asistencia técnica o servicios de intermediación relacionados
con la tecnología y los bienes enumerados en la Lista Común Militar de la Unión
Europea[6]
(Lista Común Militar), o relativos al suministro, fabricación, mantenimiento y
uso de los bienes incluidos en dicha lista, a cualquier persona, entidad u
organismo ubicados en la República Centroafricana, o para su utilización en
dicho país; 
b)       proporcionar, directa o indirectamente,
financiación o asistencia financiera relacionada con la venta, el suministro,
la transferencia o la exportación de la tecnología y los bienes enumerados en
la Lista Común Militar, en particular subvenciones, préstamos y seguros de
crédito a la exportación, así como seguros y reaseguros, para la venta, el
suministro, la transferencia o la exportación de tales artículos, o para
cualquier prestación de asistencia técnica o de servicios de intermediación
relacionados, a cualquier persona, entidad u organismo ubicados en la República
Centroafricana, o para su utilización en dicho país; 
c)      proporcionar, directa o
indirectamente, asistencia técnica, financiación o asistencia financiera,
servicios de intermediación o servicios de transporte relacionados con el
suministro de personal mercenario armado en la República Centroafricana o para
su utilización en dicho país. 
Artículo 3
              No obstante lo dispuesto en el
artículo 2, las prohibiciones contempladas en el mismo no se aplicarán al
suministro de asistencia técnica, financiación o ayuda financiera o servicios
de intermediación destinados exclusivamente al apoyo o al uso de la Misión de
Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (MICOPAX), la Misión
Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano
(MISCA), la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de
la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) y su unidad de guardia, el
Equipo de Tareas Regional de la Unión Africana (UA-RTF), las fuerzas francesas
desplegadas en la República Centroafricana y la operación de la Unión Europea
en la República Centroafricana (EUFOR RCA).
Artículo 4
              No obstante lo dispuesto en el
artículo 2, a condición de que el suministro de dicha asistencia técnica o
servicios de intermediación, financiación o asistencia financiera haya sido
aprobado previamente por el Comité de Sanciones, las prohibiciones establecidas
en dicho artículo no se aplicarán a:
a)      el suministro de asistencia técnica
o de servicios de intermediación relacionados con equipo militar no letal
destinado exclusivamente a un uso humanitario o de protección;
b)      la prestación de asistencia técnica,
financiación o asistencia financiera para la venta, suministro, transferencia o
exportación de la tecnología y los bienes enumerados en la Lista Común Militar
o para la prestación de cualquier tipo de asistencia técnica o de servicios de
intermediación relacionados.
Artículo 5
1.           Se inmovilizarán todos
los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda
a las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos enumerados
en el anexo I. 
2.           No se pondrá a
disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las
entidades u organismos enumerados en el anexo I ni se utilizará en
beneficio de los mismos ningún tipo de fondos o recursos económicos.
3.           El anexo I incluirá
las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos señalados por el
Comité de Sanciones que:
a)      participen en actos que pongan en
peligro la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Centroafricana o
que presten apoyo para su realización, incluidos los actos que comprometan o
vulneren acuerdos de transición o que pongan en peligro o dificulten el proceso
de transición política, incluida la transición hacia unas elecciones
democráticas libres y equitativas, o que fomenten la violencia;
b)      actúen en contravención del embargo
de armas establecido en el apartado 54 de la RCSNU 2127 (2013), o que,
directa o indirectamente, hayan suministrado, vendido o transferido a grupos
armados o redes delictivas de la República Centroafricana o que hayan recibido
armas o material afín o asesoramiento técnico, formación o asistencia,
incluidas la financiación y la asistencia financiera, en relación con actividades
violentas de grupos armados o redes delictivas de la República Centroafricana;
c)      participen en la planificación,
dirección o comisión de actos que vulneren la legislación internacional sobre
derechos humanos o el Derecho internacional humanitario, según corresponda, o
que constituyan abusos o violaciones de los derechos humanos, en la República
Centroafricana, incluidos los actos de violencia sexual, los ataques dirigidos
contra civiles, los atentados basados en motivos étnicos o religiosos, los ataques
contra escuelas y hospitales, y los secuestros y desplazamientos forzosos; 
d)      recluten o utilicen a niños en
conflictos armados en la República Centroafricana, en contravención del Derecho
internacional aplicable;
e)      presten apoyo a grupos armados o a redes
delictivas mediante la explotación ilícita de recursos naturales, incluidos los
diamantes, la flora y fauna silvestres y sus productos derivados, en la
República Centroafricana;
f)       obstruyan la prestación de
asistencia humanitaria a la República Centroafricana, o el acceso a la ayuda
humanitaria o su distribución en la República Centroafricana;
g)      participen en la planificación,
dirección, patrocinio o comisión de atentados contra misiones de las Naciones
Unidas o contingentes internacionales de seguridad, incluidas la BINUCA, la
MISCA, la EUFOR RCA y las demás fuerzas que les prestan apoyo;
h)      lideren una entidad designada por el
Comité de Sanciones o le hayan prestado apoyo o hayan actuado para ella, en su
nombre o bajo su dirección;
i)       actúen en nombre o bajo la
dirección de las personas, entidades u organismos enumerados en las letras a) a
h).
4.           Sobre las personas
físicas o jurídicas, entidades u organismos que figuren en el anexo I solo se
incluirá la información siguiente:
a)      a fines de identificación: en el
caso de las personas físicas, apellidos y nombre (incluidos alias y
títulos, si los hubiera); fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; número de
pasaporte y número de documento de identidad; números de identificación fiscal
y seguridad social; sexo; dirección u otra información sobre el paradero; cargo
o profesión; en el caso de personas jurídicas, entidades u organismos, nombre,
lugar y fecha de registro, número de registro y sede;
b)      la fecha en la que la persona física
o jurídica, la entidad o el organismo fue incluido en el anexo I;
c)      los motivos de su inclusión en la
lista.
5.           El anexo I también podrá
incluir información relativa a los miembros de la familia de las personas que
figuren en la lista, siempre que esos datos sean necesarios en un caso
específico con el único fin de comprobar la identidad de la persona física de
que se trate.
Artículo 7
              No obstante lo dispuesto en el
artículo 5, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán
autorizar la liberación de determinados capitales o recursos económicos
inmovilizados o la puesta a disposición de determinados capitales o recursos
económicos, en las condiciones que consideren oportunas y siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:
a)      que la autoridad competente correspondiente
haya determinado que los fondos o los recursos económicos:
i)       son necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos
mencionados en el anexo I y de los familiares a cargo de dichas personas
físicas, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y
tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios
públicos;
ii)      se destinan exclusivamente al pago
de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos
correspondientes a la prestación de servicios jurídicos; o
iii)     se destinan exclusivamente al pago
de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o
mantenimiento de capitales o recursos económicos inmovilizados; y
b)      a condición de que el Estado miembro
correspondiente haya notificado al Comité de Sanciones la determinación a que
se refiere la letra a) y su intención de conceder una autorización, y que el
Comité de Sanciones no se haya opuesto en el plazo de cinco días hábiles a partir
de la notificación.
Artículo 8
              No obstante lo dispuesto en el
artículo 5, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán
autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos
inmovilizados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos
económicos, en las condiciones que consideren oportunas, siempre que la
autoridad competente afectada haya determinado que dichos fondos o recursos
económicos son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, y a condición de
que los Estados miembros hayan notificado dicha determinación al Comité de
Sanciones y que éste la haya aprobado.
Artículo 9
              No obstante lo dispuesto en el
artículo 5, las autoridades competentes de los Estados miembros podrán
autorizar la liberación de determinados capitales o recursos económicos
inmovilizados cuando concurran las siguientes condiciones:
a)      que los capitales o recursos
económicos estén sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral
establecido con anterioridad a la fecha en que la persona, entidad u organismo
citados en el artículo 5 fueran incluidos en el anexo I o quedaran sujetos a
una resolución judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa
fecha; 
b)      que los capitales o recursos
económicos en cuestión sean utilizados exclusivamente para satisfacer las
obligaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en
tales resoluciones, en los límites establecidos por las normas aplicables a los
derechos de los acreedores; 
c)      que el embargo o la resolución no
beneficie a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I; 
d)      que el reconocimiento del embargo o
de la resolución no sea contrario a la política pública aplicada en el Estado
miembro de que se trate; y 
e)      que el Estado miembro haya
notificado al Comité de Sanciones el embargo o la resolución.
Artículo 10
1.           No obstante lo dispuesto
en el artículo 5 y siempre y cuando un pago sea debido por una persona física o
jurídica, entidad u organismo incluidos en el anexo I en virtud de un contrato
o acuerdo celebrado por la persona, entidad u organismo en cuestión, o de una
obligación que le fuera aplicable, antes de la fecha en la que dicha persona,
entidad u organismo hubiera sido designado por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas o por el Comité de Sanciones, las autoridades competentes de
los Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones que consideren
apropiadas, la liberación de determinados capitales o recursos económicos
inmovilizados, siempre que la autoridad competente en cuestión haya determinado
que:
a)      los fondos o los recursos económicos
serán utilizados para efectuar un pago por una persona, una entidad o un
organismo contemplados en el anexo I, 
b)      el pago no infringe el artículo 5,
apartado 2; y
c)      que el Estado miembro interesado ha
notificado al Comité de Sanciones la intención de conceder una autorización con
una antelación mínima de diez días laborables.
Artículo 11
1.           El artículo 5, apartado
2, no impedirá el abono en las cuentas bloqueadas por instituciones financieras
o crediticias que reciban fondos transferidos por terceros a la cuenta de la
persona, entidad u órgano enumerado, siempre que los abonos a dichas cuentas
también se inmovilicen. La entidad financiera o de crédito informará sin demora
a la autoridad competente pertinente sobre cualquier transacción de este tipo.
2.           El artículo 5, apartado
2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:
a)      intereses u otros beneficios
correspondientes a esas cuentas;
b)      pagos en virtud de contratos o acuerdos
celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que la persona física
o jurídica, entidad u organismo citado en el artículo 5 hubiera sido incluido
en el anexo I; o
c)      los pagos debidos en virtud del
embargo o resolución judicial, administrativo o arbitral a los que se refiere
el artículo 9; y
siempre y cuando tales intereses, otros
beneficios y pagos estén inmovilizados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
5, apartado 1.
Artículo 12
1.           Sin perjuicio de las
normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y
secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos:
a)      proporcionarán inmediatamente toda
información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como
información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con
el artículo 5, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o
establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a
través de los Estados miembros; y
b)      cooperarán con las autoridades
competentes en toda verificación de esta información.
2.           Toda información
adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados
miembros.
3.           Toda información
facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará
exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.
Artículo 13
              Queda prohibida la
participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea
eludir las medidas citadas en los artículos 2 y 5.
Artículo 14
1.           La inmovilización de los
capitales y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevadas a
cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente
Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la
persona física o jurídica, entidad u organismo que la ejecute, ni de sus
directores o empleados, a menos que se pruebe que los capitales o recursos
económicos han sido inmovilizados o retenidos por negligencia.
2.           Las acciones emprendidas
por personas físicas o jurídicas, entidades u organismos no darán lugar a
responsabilidad de ninguna clase por su parte si no supieran, y no tuvieran
ningún motivo razonable para sospechar, que sus acciones infringirían las
prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.
Artículo 15
1.           No se satisfará
reclamación alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se
haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las
medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las reclamaciones de
indemnización o cualquier otra solicitud de este tipo, tales como una
reclamación de compensación o una reclamación a título de garantía, en
particular cualquier reclamación que tenga por objeto la prórroga o el pago de
una garantía o contragarantía, especialmente una garantía o contragarantía
financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:
a)      las personas físicas o jurídicas,
las entidades y organismos designados enumerados en el anexo I;
b)      cualquier persona física o jurídica,
entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas,
entidades u organismos a que se refiere la letra a).
2.           En cualquier
procedimiento destinado a dar curso a una reclamación, la carga de la prueba de
que el apartado 1 no prohíbe satisfacer la reclamación recaerá en la persona
física o jurídica, entidad u organismo que pretenda llevar adelante la misma.
3.           El presente artículo se
entenderá sin perjuicio del derecho de las personas naturales o jurídicas,
entidades y organismos mencionados en el apartado 1 a someter a control
judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de
conformidad con el presente Reglamento.
Artículo 16
1.           La Comisión y los
Estados miembros se informarán mutuamente de las medidas adoptadas en
aplicación del presente Reglamento y compartirán cualquier otra información
pertinente de que dispongan relacionada con el presente Reglamento, en
particular:
a)      con respecto a los fondos
inmovilizados con arreglo al artículo 5 y las autorizaciones concedidas con
arreglo a los artículos 7, 8 y 9;
b)      por lo que atañe a problemas de
incumplimiento y aplicación, y a las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales.
2.           Los Estados miembros
informarán a los demás y a la Comisión sin demora de cualquier otra información
pertinente de que tengan conocimiento y que pueda afectar a la aplicación
efectiva del presente Reglamento.
Artículo 17
1.           La Comisión estará
facultada para:
a)      modificar el anexo I, atendiendo a
las decisiones del Comité de Sanciones; y
b)      modificar el anexo II, atendiendo a
la información facilitada por los Estados miembros.
2.           La Comisión indicará, en
el anexo I, los motivos de su decisión de incluir una entrada en dicho
anexo, y comunicará sus decisiones, incluidos los motivos de inclusión en la
lista, a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos incluidos si
se conoce la dirección o, si no se conoce, advertirá de sus decisiones a las
personas, entidades u organismos incluidos en la lista mediante la publicación
de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, ofreciéndoles la
oportunidad de presentar observaciones.
3.           En caso de que se
formulen alegaciones o se presenten nuevas pruebas sustanciales, la Comisión
revisará su decisión a la luz de dichas alegaciones y de cualquier otra
información pertinente, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el
artículo 18, apartado 2, e informará a la persona física o jurídica,
entidad u organismo de los resultados de la revisión.
 Artículo 18
1.           La Comisión estará
asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del
Reglamento (UE) nº 182/2011.
2.           En los casos en que se
haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del
Reglamento (UE) nº 182/2011.
 Artículo 19
1.           La Comisión tratará los
datos personales para desempeñar su misión de conformidad con el presente
Reglamento. Estas tareas incluyen: 
a)      preparar y llevar a cabo las
modificaciones del anexo I; 
b)      incluir el contenido del anexo I en
la lista electrónica consolidada de personas, grupos y entidades sujetos a
sanciones financieras de la UE disponible en el sitio web[7]; 
c)      tratar la información sobre el
impacto de las medidas del presente Reglamento, tales como el valor de los
capitales inmovilizados y la información sobre las autorizaciones concedidas
por las autoridades competentes.
2.           La Comisión podrá tratar
los datos pertinentes relativos a los delitos cometidos por las personas
físicas enumeradas y a las condenas penales o medidas de seguridad referentes a
dichas personas, solamente cuando sea necesario para preparar el anexo I del
presente Reglamento. Dichos datos no se harán públicos ni se intercambiarán.
3.           A efectos del presente
Reglamento, queda designada la unidad de la Comisión citada en el anexo II como
«responsable del tratamiento» en la Comisión a efectos del artículo 2, letra
d), del Reglamento (CE) n° 45/2001, para asegurarse de que las personas físicas
afectadas puedan ejercer sus derechos conforme al Reglamento (CE) n° 45/2001.
Artículo 20
1.           Los Estados miembros
determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente
Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su
aplicación. Las sanciones así establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas
y disuasorias.
2.           Los Estados miembros
notificarán sin demora dicho régimen a la Comisión tras la entrada en vigor del
presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.
Artículo 21
1.           Los Estados miembros
designarán a las autoridades competentes contempladas en el presente Reglamento
e indicarán cuáles son tales autoridades competentes en las páginas web que
figuran en el anexo II. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo
cambio de las direcciones que figuren en sus páginas web enumeradas en el anexo
II.
2.           Los Estados miembros
notificarán a la Comisión inmediatamente después de la entrada en vigor del
presente Reglamento cuáles son sus respectivas autoridades competentes,
incluidos los datos de contacto de dichas autoridades, así como toda
modificación posterior.
3.           Cuando el presente
Reglamento requiera notificar, informar o comunicarse de cualquier otra manera
con la Comisión, la dirección y los datos de contacto para hacerlo serán los
que se indican en el anexo II.
Artículo 22
El presente Reglamento se aplicará:
a)           en el territorio de la Unión,
incluido su espacio aéreo;
b)           a bordo de toda aeronave o
buque que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado miembro;
c)           a toda persona, ya se encuentre
dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado
miembro;
d)           a cualquier persona jurídica,
entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión,
incorporado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
e)           a toda persona jurídica,
entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su
totalidad o en parte, en la Unión.
Artículo 23
El presente Reglamento entrará en vigor
el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 
El presente Reglamento será
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 352 de 24.12.2013, p. 51.
[2]               
[3]               Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las
normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución
por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
[4]               Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por
las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de
estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
[5]               Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
[6]               DO C 69 de 18.3.2010, p. 19.
[7]               http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm 
ANEXOS
de la
Propuesta conjunta de
REGLAMENTO DEL CONSEJO
relativo a la adopción de
medidas restrictivas habida cuenta de la situación en la República
Centroafricana

«ANEXO I
Lista de personas y entidades a las
que se refiere el artículo 5
A. Personas
B. Entidades
ANEXO II
Sitios web de información sobre las autoridades competentes y
dirección para las notificaciones a la Comisión Europea
BÉLGICA
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPÚBLICA CHECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DINAMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALEMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAÑA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROACIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHIPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
HUNGRÍA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAÍSES BAJOS
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
RUMANÍA
http://www.mae.ro/node/1548
ESLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

ESLOVAQUIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUECIA
http://www.ud.se/sanktioner
REINO UNIDO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Dirección a la que deben enviarse las
notificaciones a la Comisión Europea:
Comisión Europea 
Servicio de Instrumentos de Política
Exterior (FPI)
EEAS 02/309
B-1049 Bruselas 
Bélgica
Correo electrónico:
relex-sanctions@ec.europa.eu»