CELEX: 61979CJ0102
Language: es
Date: 1980-05-06
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 1980. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. # Falta de aplicación de Directivas de armonización relativas a los vehículos a motor y a los tractores. # Asunto 102/79.

COMISIÓN /BÉLGICA
              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           de 6 de mayo de 1980 '
En el asunto 102/79,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por sus Consejeros
Jurídicos los Sres. Rolf Wägenbaur y Auke Haagsma, en calidad de Agentes,
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Mario
Cervino, miembro de su Servicio Jurídico, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
                                                            parte demandante,
                                   contra
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Hoebaer, Director de
Comercio Exterior y de Cooperación en el Desarrollo, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, que designa como domicilio en
Luxemburgo la sede de la Embajada de Bélgica,
                                                            parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar las disposiciones
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su
ordenamiento interno a doce Directivas del Consejo relativas a la aproximación
de las legislaciones nacionales en el sector de los vehículos a motor y en el
  Lengua de procedimiento: neerlandés.
                                                                            509
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    sector de los tractores agrícolas y forestales, respectivamente, el Reino de
    Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
    Tratado CEE,
                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
    integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
    Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
    Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
    Abogado General: Sr. G. Reischl;
    Secretario: M.A. Van Houtte;
    dicta la siguiente
                                     Sentencia
    (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                            Fundamentos de Derecho
1    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de
    junio de 1979, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del
    Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al dejar de adoptar en los plazos
    prescritos las disposiciones necesarias para adaptar su ordenamiento interno a
     las Directivas del Consejo 70/221/CEE, 70/387/CEE, 74/60/CEE y
    74/483/CEE, relativas a la aproximación de las legislaciones nacionales en el
     sector de los vehículos a motor (DO 1970, L 76, p. 23; EE 13/01, p. 217; DO
     1970, L 176, p. 5; EE 13/01, p. 234; DO 1974, L 38, p. 2; EE 13/03, p. 142 y
    DO 1974, L 266, p. 4; EE 13/04, p. 31, respectivamente) y a las Directivas del
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  Consejo nos 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE,
  75/321/CEE, 75/322/CEE y 75/323/CEE, relativas a la aproximación de las
  legislaciones nacionales en el sector de los tractores agrícolas o forestales (DO
  1974, L 84, p. 10; EE 13/03, p. 183; DO 1974, L 84, p. 25; EE 13/03, p. 198;
  DO 1974, L 84, p. 33; EE 13/03, p. 206; DO 1974, L 191, p. 1; EE 13/04, p. 3;
  DO 1974, L 191, p. 5; EE 13/04, p. 7; DO 1975, L 147, p. 24; EE 13/04, p. 103;
  DO 1975 L 147, p. 28; EE 13/04, p. 107 y DO 1975, L 147, p. 38; EE 13/04,
  p. 117, respectivamente) el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones
  que le incumben en virtud del Tratado.
2 Todas las Directivas mencionadas se adoptaron con fundamento en el artículo
  100 del Tratado CEE, relativo a la aproximación de las disposiciones
  legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que
  incidan directamente en el establecimiento o en el funcionamiento del mercado
  común. Las Directivas pertenecientes a la primera serie mencionada se
  aprobaron en el marco de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero
  de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
  miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (DO
  L 42, p. 1; EE 13/01, p. 174); las de la segunda serie, en el marco de la
  Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la
  aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la
  homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (DO L 84, p. 10;
  EE 13/03, p. 183) asimismo incumplida.
3 Las Directivas de que se trata prevén plazos de ejecución, generalmente de 18
  meses, cuyo vencimiento se escalona desde el 24 de septiembre de 1971 hasta
  el 22 de noviembre de 1976. No se discute que Bélgica no tomó, en dichos
  plazos, medidas destinadas a garantizar la ejecución de las Directivas. No
  obstante, el Gobierno belga considera que, a pesar de ello, no ha incumplido
  las obligaciones del Tratado. Alega al respecto dos clases de argumentos.
4 En primer lugar, el Gobierno demandado expone que el objetivo de las
  Directivas, es decir, la supresión de determinados obstáculos a los intercambios
  en el seno de la Comunidad, se ha conseguido plenamente en Bélgica en virtud
  de una práctica administrativa, ya que, en realidad, al ser las disposiciones
  nacionales belgas en la materia menos severas que las normas comunitarias, no
  se opone obstáculo alguno a la importación de vehículos y de tractores que
  respondan a dichas normas. Alega también el Gobierno belga que esto es
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     plenamente conforme con los preceptos comunitarios, ya que el sistema
     «opcional» de las Directivas permite mantener vigentes en los Estados
     miembros normas menos severas para la producción nacional.
 5   Según el Gobierno belga, esta forma de entender la ejecución de las Directivas
     es plenamente conforme con las exigencias del artículo 189, cuyo párrafo
    tercero reserva a los Estados miembros, en relación con la ejecución de las
    Directivas, «la competencia en cuanto a la forma y a los medios». Las técnicas
     legislativas por medio de las cuales se ejecutan las Directivas son, por lo tanto,
     alega el Gobierno belga, variables según el caso y van «desde la Ley hasta la
     simple nota de servicio interna».
 6   Además, el Gobierno belga alega que las Directivas controvertidas responden
     indiscutiblemente al concepto de disposiciones «directamente aplicables», ya
    que las reglas establecidas por el Consejo son claras, precisas y no se deja
    margen alguno de discrecionalidad a los Estados miembros en lo que se refiere
    a las modalidades técnicas de ejecución. Siendo así, aclara, si posteriormente,
    a instancias de la Comisión, el Gobierno belga inició la tramitación, que aún
    no se ha ultimado, de disposiciones legislativas dirigidas a garantizar la
    ejecución de las Directivas de que se trata, lo hizo únicamente en pro de la
    claridad jurídica.
7   Esta alegación del Gobierno belga exige establecer criterio en lo referente, por
    una parte, al alcance de la obligación que impone a los Estados miembros el
    párrafo tercero del artículo 189 y, por otra, al uso de la libertad que se les
    reserva en relación con la elección de las formas y de los medios, teniendo en
    cuenta el objetivo perseguido por las Directivas controvertidas.
8   Las Directivas concretas cuya falta de ejecución se reprocha al Estado belga
    se adoptaron sobre la base de dos Directivas marco, a saber, las Directivas
    70/156 y 74/150 arriba citadas, relativas a la aproximación de las legislaciones
    de los Estados miembros en los sectores considerados, con la precisión de que
    la Directiva marco relativa a los tractores es, ella misma, objeto del recurso.
    En la exposición de motivos de las dos Directivas marco se recuerda que las
    disposiciones técnicas aplicadas en la materia por los Estados miembros
    obstaculizan por sus disparidades los intercambios dentro de la Comunidad
    (primer considerando). Precisamente con el objetivo de suprimir tales
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   obstáculos las Directivas prevén un procedimiento de «homologación
   comunitaria» para los diferentes tipos de vehículos, que se aplica a cada
   vehículo concreto por medio de la expedición de un «certificado de
   conformidad». Cuando un vehículo vaya acompañado de dicho certificado,
   debe ser considerado portodos los Estados miembros conforme con sus propias
   legislaciones (considerandos sexto y séptimo, respectivamente, de las
   exposiciones de motivos). Según el apartado 1 del artículo 7, de las dos
   Directivas, los Estados miembros no podrán, «por motivos que se refieran a su
   fabricación o su funcionamiento, denegar la matriculación o prohibir la venta,
   circulación o uso de ningún vehículo nuevo que vaya acompañado del
   certificado de conformidad». Según el artículo 14, siempre de ambas
   Directivas, toda decisión, en su caso, de denegación o revocación de
   homologación, denegación de matriculación o prohibición de venta o de uso
   que se tome con arreglo a la Directiva «deberá estar motivada de forma
   precisa»: se le notificará al interesado indicándole los recursos procedentes con
   arreglo a las legislaciones vigentes en los Estados miembros. Finalmente, a
   tenor del artículo 15 de ambas Directivas, los Estados miembros «adoptarán las
   medidas necesarias para cumplir» la Directiva y comunicarán a la Comisión «el
   texto de las disposiciones básicas de Derecho interno» que adopten en el
   ámbito regulado por éstas.
9  Las once Directivas concretas cuya falta de ejecución se reprocha a Bélgica se
   adoptaron en el marco de las dos Directivas generales que acaban de analizarse.
   Tienen por objeto permitir la aplicación, mediante medidas parciales y
   específicas, del «procedimiento de homologación CEE», objeto de las
   Directivas marco, y de esta manera se integran en la sistemática jurídica de
   éstas. Al igual que las Directivas marco, cada una de las Directivas concretas
   incluye, en sus disposiciones finales, un precepto relativo a la obligación de los
   Estados miembros de adoptar las medidas de aplicación pertinentes en el marco
   de su ordenamiento interno.
10 Del conjunto de las disposiciones y de la naturaleza de las medidas que
   imponen, resulta que las Directivas controvertidas están destinadas a traducirse
   en normas internas con el mismo rango jurídico que las que en los Estados
   miembros regulen la inspección y la homologación de los vehículos a motor o
   de los tractores. De ello resulta que un Estado miembro no habrá cumplido la
   obligación que le impone el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, si se
                                                                                  513
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      limitó a atender a las exigencias que dimanan de las Directivas controvertidas
      por medio de una práctica de hecho, o de una simple tolerancia administrativa.
 11 El argumento que el Gobierno belga deduce partiendo del carácter «opcional»
      de las Directivas controvertidas es inoperante, ya que el efecto obligatorio de
      la Directiva, del que no está permitido a los Estados sustraerse, consiste en
      suprimir los obstáculos a la libre circulación que puedan resultar, para los
      productos originarios de otros Estados miembros, de la aplicación de normas
     técnicas diferentes de las normas comunitarias. Ahora bien, desde esta
      perspectiva es importante que cada Estado miembro dé a las Directivas
      controvertidas una ejecución que se ajuste plenamente a las exigencias de
      claridad y certeza de las situaciones jurídicas queridas por las Directivas,en
      interés de los fabricantes establecidos en los otros Estados miembros. En
     consecuencia, no cabe considerar que constituyen un cumplimiento válido de
     la obligación que incumbe a los Estados miembros destinatarios de las
     Directivas en virtud del artículo 189, las simples prácticas administrativas,
     modificables por naturaleza a criterio de la Administración y carentes de una
     adecuada publicidad.
 12 Tampoco puede acogerse la justificación extraída de la «aplicabilidad directa»
     de las Directivas controvertidas. En efecto, del párrafo tercero del artículo 189
     resulta que la ejecución de las Directivas comunitarias debe efectuarse
     mediante la adopción por los Estados miembros de disposiciones de aplicación
     adecuadas. Sólo en circunstancias concretas, en particular en el caso de que un
     Estado miembro haya dejado de adoptar las disposiciones de ejecución
     requeridas o adoptado disposiciones no conformes con una Directiva, ha
     reconocido este Tribunal de Justicia a los justiciables el derecho de invocar en
     un proceso una Directiva frente al Estado miembro que la hubiere incumplido
     (véase especialmente, sobre este aspecto, la sentencia de 5 de abril de 1979,
    Ratti, 148/78,«- Rec. p. 1629). Al derivar esta garantía mínima del carácter
     imperativo de la obligación impuesta a los Estados miembros por efecto de las
    Directivas en virtud del párrafo tercero del artículo 189, no puede servir de
    justificación a un Estado miembro para eximirse de adoptar a su debido tiempo
    disposiciones de ejecución adecuadas al objetivo de cada Directiva. Como se
     indicó más arriba, en el caso presente las medidas debían consistir en
    disposiciones equivalentes a las que se aplican en el ordenamiento jurídico
    interno, a fin de imponer el respeto a preceptos calificados de «imperativos»
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   en la propia exposición de motivos de ambas Directivas marco (véase el primer
   considerando).
13 De ello resulta que deben desestimarse las alegaciones formuladas por el
   Gobierno belga.
14 En segundo lugar, alega el Gobierno belga que, en aras de la claridad jurídica,
   entre tanto, inició la tramitación de normas para adaptación de su ordenamiento
   interno a las Directivas, pero que el buen fin de dicha tramitación se retrasó a
   causa de controversias jurídicas sobre el procedimiento legislativo o
   reglamentario aplicable y la concurrencia de dificultades políticas internas.
15 Basta destacar al respecto, como este Tribunal de Justicia ha declarado en
   reiteradas ocasiones, en particular en su sentencia de 11 de abril de 1978,
   Comisión/Italia (100/77, Rec. p. 879), que un Estado miembro no puede alegar
   dificultades internas o disposiciones de su ordenamiento jurídico nacional, ni
   siquiera constitucional, para justificar la inobservancia de las obligaciones y
   plazos que resultan de las Directivas comunitarias.
16 Este juicio está tanto más justificado cuanto que los artículos 15 de ambas
   Directivas generales, 70/156, de 6 de febrero de 1970 y 74/150, de 4 de marzo
   de 1974, disponen en términos idénticos que «los Estados miembros adoptarán,
   en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su notificación, las medidas
   necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán de ello
   inmediatamente a la Comisión». Al tratarse en ambos casos de Directivas
   marco, cabe entender que este precepto obligaba a los Estados miembros
   destinatarios a adoptar en sus respectivos sistemas legislativos, las
   disposiciones necesarias con vistas a la aplicación, en los plazos deseados, de
   las Directivas concretas cuyo objeto estaba plenamente identificado en los
   anexos incorporados a las dos citadas Directivas.
17 Por ello, deben desestimarse las alegaciones deducidas por el Gobierno belga
   de las dificultades que encontró para la aplicación de las Directivas
   controvertidas.
18 De cuanto antecede resulta que procede declarar que el Reino de Bélgica ha
   incumplido las obligaciones que le incumben.
                                                                                515
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     Costas
 19 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la
    parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido
    desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede
    condenarla en costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
    decide:
    1) Declarar que, al no adoptar en los plazos previstos las medidas
         necesarias para garantizar la aplicación de las Directivas que a
         continuación se indican, el Reino de Bélgica ha incumplido las
        obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la
         Comunidad Económica Europea:
        -   Directiva 70/221/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970,
            relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
            miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los
            dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y de sus
            remolques.
        -   Directiva 70/387/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1970, relativa
            a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
            sobre las puertas de los vehículos a motor y sus remolques.
        -   Directiva 74/60/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973,
            relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
516
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  miembros sobre el acondicionamiento del interior de los vehículos
  a motor (partes interiores de la cabina distintas del retrovisor o
  retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo o techo
  corredizo, respaldo y parte trasera de los asientos).
- Directiva 74/483/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1974,
  relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
  miembros sobre los salientes exteriores de los vehículos a motor.
- Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de
  ruedas.
- Directiva 74/151/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre determinados elementos y características de los tractores
  agrícolas o forestales de ruedas.
- Directiva 74/152/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre la velocidad máxima por construcción y las plataformas de
  carga de los tractores agrícolas o forestales de ruedas.
- Directiva 74/346/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre los retrovisores de los tractores agrícolas o forestales de
  ruedas.
- Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores
  agrícolas o forestales de ruedas.
- Directiva 75/321/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa
  a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
  sobre el dispositivo de dirección de los tractores agrícolas o
  forestales de ruedas.
                                                                 517
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        -   Directiva 75/322/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa
            a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
            sobre la supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los
            motores de encendido por chispa con los que están equipados los
            tractores agrícolas o forestales de ruedas.
        -   Directiva 75/323/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa
            a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
            sobre la toma de corriente instalada en los tractores agrícolas o
            forestales de ruedas, para la alimentación de los dispositivos de
            alumbrado y de señalización luminosa de los aperos, máquinas o
            remolques que se utilicen en la explotación agrícola o forestal.
    2) Condenar en costas al Reino de Bélgica.
    Kutscher       O'Keeffe      Touffait          Mertens de Wilmars   Pescatore
    Mackenzie Stuart               Bosco                   Koopmans           Due
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de mayo de 1980.
    El Secretario,                                                  El Presidente,
    A. Van Houtte                                                     H. Kutscher
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