CELEX: 62021CO0322
Language: es
Date: 2022-02-01 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 1 de febrero de 2022.#Roberto Alejandro Macías Chávez y otros contra Parlamento Europeo y Reino de España.#Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Recurso por omisión y de indemnización — Derecho institucional — Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo — Petición en la que se alega el incumplimiento por órganos jurisdiccionales españoles del Derecho de la Unión en materia de derechos fundamentales — Decisión mediante la que se da por concluida la petición — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.#Asunto C-322/21 P.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 1 de febrero de 2022 (*)
«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Recurso por omisión y de indemnización — Derecho institucional — Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo — Petición en la que se alega el incumplimiento por órganos jurisdiccionales españoles del Derecho de la Unión en materia de derechos fundamentales — Decisión mediante la que se da por concluida la petición — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»
En el asunto C‑322/21 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 24 de mayo de 2021,

Roberto Alejandro Macías Chávez, con domicilio en Sevilla,

Fernando Presencia, con domicilio en Talavera de la Reina (Toledo),

José María Castillejo Oriol, con domicilio en Madrid, representados por el Sr. J. Jover Padró, abogado,
partes recurrentes en casación,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Parlamento Europeo,

Reino de España,
partes demandadas en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič y D. Gratsias (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo  181 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente

Auto

1        Mediante el recurso de casación, los recurrentes solicitan la anulación del auto del Tribunal General de 27 de abril de 2021, Macías Chávez y otros/España y Parlamento (T‑719/20, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2021:216), por el que se desestimó su recurso interpuesto con el objeto de que se declarase que el Parlamento Europeo se abstuvo ilegalmente de dar curso a la petición que habían presentado en relación con el supuesto incumplimiento por parte de órganos jurisdiccionales españoles del Derecho de la Unión en materia de derechos fundamentales, así como de que se reparase el perjuicio que alegan haber sufrido como consecuencia de esa omisión del Parlamento o, con carácter subsidiario, del comportamiento del Reino de España.
 Marco jurídico

2        Como señala el artículo  1 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO 2019, L 305, p. 17), esta Directiva tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en ámbitos específicos mediante el establecimiento de normas mínimas comunes que proporcionen un elevado nivel de protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

3        El artículo  11, apartado  1, de esta Directiva dispone:
«1.      Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para recibir las denuncias, darles respuesta y seguirlas, y las dotarán de recursos adecuados.
[…]»

4        El artículo  19, apartado  1, de dicha Directiva establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todas las formas de represalias, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalia, contra los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral.

5        El artículo  20, apartado  1, de la referida Directiva indica que los Estados miembros velarán por que los denunciantes tengan acceso, según corresponda, a medidas de apoyo, entre ellas las medidas concretas que se relacionan en esa disposición.

6        El artículo  22, apartado  1, de la Directiva 2019/1937 dispone que los Estados miembros velarán, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), por que las personas afectadas gocen plenamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, así como a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos y el derecho a acceder a su expediente.
 Antecedentes del litigio

7        Los antecedentes del litigio figuran en los apartados  1 a 6 del auto recurrido y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la siguiente manera.

8        El 8 de junio de 2020, los recurrentes presentaron una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que se registró el 12 de junio de 2020, con el número 0654/2020.

9        El resumen de la petición, tal como se publica en el portal de peticiones del Parlamento en Internet, tenía el siguiente tenor:
«El peticionario presenta una queja ante el Parlamento Europeo contra [el Reino de] España por incumplimiento de la legislación de la Unión […] por parte de algunos órganos jurisdiccionales españoles. Se queja, en particular, de la falta de imparcialidad de ciertos miembros del poder judicial español. Su petición resume los casos de cuatro ciudadanos españoles que han sido condenados o sancionados de otro modo por sentencias judiciales —asegura— como represalias contra ellos. Añade que, con tales sentencias, los órganos jurisdiccionales españoles han infligido tortura psicológica a estas cuatro víctimas.»

10      Mediante decisión de 9 de octubre de 2020, la Comisión de Peticiones del Parlamento declaró la petición admisible y resolvió darla por concluida tras haberla examinado (en lo sucesivo, «decisión de 9 de octubre de 2020»). Dicha Comisión consideró, en esencia, que no tenía competencia para intervenir en casos personales y que no podía anular decisiones tomadas por las autoridades competentes de los Estados miembros ni revocar sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, e  informó a los recurrentes de que tenían la posibilidad de presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo en España o, una vez agotadas las vías jurisdiccionales nacionales, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

11      En un correo electrónico de 14 de octubre de 2020 dirigido a la Secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento, el primer recurrente rebatió las afirmaciones recogidas en la decisión de 9 de octubre de 2020. El 18 de noviembre de 2020, el primer recurrente recibió un correo electrónico automático del Parlamento titulado «Actualización de una petición» que incluía un enlace al portal de peticiones de la institución en Internet. Según manifiestan los recurrentes, la petición aparecía cerrada en ese portal.
 Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido

12      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 7 de diciembre de 2020, los recurrentes interpusieron un recurso contra el Parlamento y el Reino de España.

13      Se desprende, en esencia, del apartado  8 del auto recurrido que, mediante su recurso, los recurrentes solicitaban al Tribunal General, en primer lugar, que atribuyese el asunto a la Gran Sala o a otra Sala ampliada; en segundo lugar, que adoptase medidas provisionales al objeto de suspender los procedimientos judiciales españoles que los afectaban y declarase su derecho a recibir una asistencia financiera; en tercer lugar, que declarase, sobre la base del artículo 265 TFUE, que el Parlamento había incurrido en omisión por lo que respecta «en particular» a la decisión de 9 de octubre de 2020, que suspendiese las medidas de represalia adoptadas en contra suya y que condenase al Parlamento a reparar el perjuicio que habían sufrido; y, en cuarto lugar, con carácter subsidiario, que condenase al Reino de España a reparar el perjuicio resultante del incumplimiento del Derecho de la Unión por órganos jurisdiccionales españoles, que declarase que dicho Estado miembro debe establecer sanciones contra las personas que hayan impedido o intentado impedir la tramitación de sus denuncias y que adoptase medidas de control del cumplimiento de esta obligación.

14      Mediante el auto recurrido, adoptado sobre la base del artículo  126 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General desestimó el recurso en parte por haber sido interpuesto ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente para conocer de él, en parte por ser manifiestamente inadmisible y en parte por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

15      Por lo que respecta, en primer lugar, a la solicitud de los recurrentes de que se atribuyese el asunto a una Sala ampliada, el Tribunal General declaró, en el apartado 15 del auto recurrido, que no se cumplía ninguno de los criterios mencionados en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General para justificar tal atribución.

16      En segundo lugar, el Tribunal General consideró, en los apartados  19 y 20 del auto recurrido, que la demanda de medidas provisionales era inadmisible por cuanto no se había presentado mediante escrito separado, como exige el artículo  156, apartado  5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

17      En tercer lugar, se desprende de los apartados  26 a 30 del auto recurrido que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión  formulada por los recurrentes mediante la que denunciaban, con arreglo al artículo  265 TFUE, que el Parlamento había incurrido en omisión, ya que, mediante la decisión de 9 de octubre de 2020, este no se  había abstenido en modo alguno de pronunciarse sobre la petición presentada por ellos, sino que, por el contrario, había definido su posición al decidir darla por concluida tras haberla examinado.

18      En el apartado  36 del auto recurrido, el Tribunal General consideró, por los motivos expuestos, «además», en los apartados  31 a 35 de dicho auto, que la decisión de 9 de octubre de 2020 no constituía un acto impugnable y no estaba sometida a control judicial. Según el Tribunal General, por los mismos motivos, el hecho de que, al adoptar esta decisión, la Comisión de Peticiones del Parlamento no diera a la petición el curso deseado por los recurrentes no podía impugnarse mediante un recurso por omisión.

19      Tras desestimar, en el apartado  37 del auto recurrido, una alegación de los recurrentes fundada en los artículos  1 a 4 de la Carta, el Tribunal General concluyó que la pretensión de los recurrentes basada en el artículo  265 TFUE debía declararse manifiestamente inadmisible,  también por los motivos resumidos en el apartado anterior.

20      En cuarto lugar, el Tribunal General declaró, en el apartado  39 del auto recurrido, que la pretensión de los recurrentes de que se ordenase la suspensión de las medidas de represalia adoptadas en contra suya era manifiestamente inadmisible,  puesto que, en el marco del control de legalidad de los actos de las instituciones de la Unión basado en el artículo 263 TFUE o del recurso por omisión basado en el artículo 265 TFUE, el Tribunal General carece de competencia para dictar órdenes conminatorias.

21      En quinto lugar, en el apartado  40 del auto recurrido, el Tribunal General desestimó por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno la pretensión de reparación del perjuicio dirigida contra el Parlamento debido a que, al no poder el Tribunal General declarar que pudiera imputarse al Parlamento una omisión, no podía generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión.

22      En sexto lugar, el Tribunal General declaró, por los motivos expuestos en los apartados  43 a 45 del auto recurrido, que procedía desestimar las pretensiones subsidiarias, dirigidas contra el Reino de España, por haber sido formuladas ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas contra Estados miembros.
 Pretensiones de los recurrentes ante el Tribunal de Justicia

23      Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Se sirva admitir el recurso de casación «hasta sentencia», resuelva la readmisión del recurso interpuesto ante el Tribunal General y anule el auto recurrido.
–        En virtud del principio iura novit curia se tengan por interpuestos, asimismo, cualquier otro recurso o medida tendente a solventar jurídicamente la grave situación planteada a los recurrentes.
 Sobre el recurso de casación

24      Con arreglo al artículo  181 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimarlo total o parcialmente mediante auto motivado, sin iniciar la fase oral.

25      Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.

26      En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan cinco motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo  47 de la Carta y en el incumplimiento de la obligación de motivación; el segundo, en la violación del artículo  41 de la Carta y del derecho a una buena administración; el tercero, en la vulneración del principio de que toda soberanía obliga a una responsabilidad; el cuarto, en la vulneración de la Directiva 2019/1937; y, el quinto, en la importancia de las cuestiones puestas de relieve en el recurso de casación de cara a la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
 Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo47 de la Carta y en el incumplimiento de la obligación de motivación

 Alegaciones de los recurrentes

27      Los recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General violó su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo  47 de la Carta, e incumplió la obligación de motivación, ya que desnaturalizó el objeto de su recurso al estimar que este se correspondía con sus «pretensiones suplementarias», reproducidas en el apartado  8 del auto recurrido.

28      Los recurrentes entienden que, de esta forma, el Tribunal General ignoró la «petición principal» de su recurso: «la no defensa de los ciudadanos y los intereses de la Unión por parte del Parlamento Europeo y la vulneración de los derechos de los ciudadanos».  En el recurso denunciaban, más concretamente, la vulneración del derecho a no ser torturado y del derecho a la dignidad humana. Pues bien, afirman que el Tribunal General solo tuvo presente una vez en el auto recurrido el incumplimiento por el Parlamento de la obligación de llevar a cabo una investigación oficial y efectiva ante la denuncia de una violación sistemática de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro, pero lo hizo sin considerar que este era el objeto del recurso.

29      Los recurrentes entienden además que el Tribunal General estimó que habían invocado sus derechos fundamentales con el fin de fundamentar su solicitud de que el recurso se atribuyese a una Sala ampliada y que aquel respondió que este mero hecho no confería al asunto una importancia significativa. Añaden que el Tribunal General tomó en consideración una omisión del Parlamento distinta de aquella a la que el recurso se refería. En cualquier caso, alegan que de la vulneración del Derecho de la Unión por parte del Parlamento se deducía la obligación del juez de la Unión de actuar.

30      En cuanto a la desestimación de la demanda de medidas provisionales por no haberse presentado mediante escrito separado, los recurrentes subrayan que era meramente accesoria y no constituía el objeto de su recurso. Inadmitir el recurso por este motivo y de esta forma evitar llevar a cabo la investigación oficial y efectiva que la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia avala y a la que también el Tribunal General está obligado es una nueva infracción del artículo 47 de la Carta.

31      Los recurrentes estiman que un error de tipo formal en una cuestión que se plantea como una pretensión adicional no debe ser considerado como elemento esencial para optar por la inadmisión del recurso. Indican que el apartado 20 del auto se refiere a la inadmisión de la demanda de medidas provisionales, pero, sin embargo, el auto recurrido declara inadmitido el recurso «en parte por ser manifiestamente inadmisible».

32      Los recurrentes subrayan que sus pretensiones no excedían de las competencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión. El Parlamento se negó, en violación del Derecho de la Unión, a llevar a cabo una investigación oficial y efectiva. Los recurrentes consideran que es función de los órganos jurisdiccionales de la Unión garantizar que las instituciones de esta interpreten y apliquen el Derecho de la Unión, por lo que la presunta inadmisibilidad de las pretensiones del recurso dirigidas contra el Parlamento carece de fundamento y constituye una infracción del artículo 47 de la Carta. Atribuir la negativa del Parlamento a llevar a cabo una investigación a un «amplio margen de apreciación de naturaleza política» y afirmar que la decisión del Parlamento no constituye un «acto impugnable y no está sometida a control judicial» aparece  como una nueva infracción del artículo 47 de la Carta al inadmitir el recurso.

33      Los recurrentes impugnan asimismo la afirmación que figura en el apartado  34 del auto recurrido según la cual «el juez de la Unión [no] está facultado para declarar una omisión del Parlamento, basándose en el hecho de que la Comisión de Peticiones [del Parlamento], tras haber declarado admisible una petición y haberla examinado, decide darla por concluida sin darle el curso deseado por el peticionario». Subrayan que no solicitaron al Parlamento que diera a su petición el curso deseado por los peticionarios.
 Apreciación del Tribunal de Justicia

34      Mediante el primer motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General, en esencia, haber vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo  47 de la Carta, al no pronunciarse sobre la «petición principal» de su recurso.

35      De entrada, procede señalar que, en su recurso de casación, los recurrentes describen de manera variada el objeto de la «petición principal» de su recurso ante el Tribunal General, afirmando que dicho recurso se refería, ora a «la no defensa de los ciudadanos y los intereses de la Unión por parte del Parlamento Europeo y la vulneración de los derechos de los ciudadanos», ora al incumplimiento de la obligación del Parlamento de «llevar a cabo una investigación oficial» sobre las supuestas violaciones de los derechos fundamentales por ellos denunciadas.

36      Además, los recurrentes no identifican de manera precisa lo que pretenden con su «petición principal», que reprochan al Tribunal General no haber examinado.

37      A este respecto, procede señalar que, como resulta de la lectura de la demanda presentada ante el Tribunal General, que figura en los autos de primera instancia remitidos al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo  167, apartado  2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General resumió correctamente, en el apartado  8 del auto recurrido, las distintas pretensiones que los recurrentes formularon ante él y examinó y desestimó todas ellas en el auto recurrido.

38      Pues bien, debe recordarse que, de conformidad con el artículo  21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo  53 del mismo, toda demanda presentada ante el Tribunal General ha de contener, en particular, las pretensiones de la parte demandante. De ello se sigue que corresponde a la parte demandante formular las pretensiones que considere pertinentes en relación con lo que estime que constituye el objeto de su recurso. Por su parte, so pena de resolver ultra petita, el Tribunal General solamente debe pronunciarse sobre las pretensiones que haya esgrimido ante él la parte demandante, cosa que hizo en el presente asunto.

39      La invocación por los recurrentes de sus derechos fundamentales no puede llevar a una conclusión diferente, por cuanto no los dispensa de la obligación de formular pretensiones precisas. Por consiguiente, aun suponiendo que, como afirman los recurrentes, el Tribunal General errara al considerar que la alegación basada en la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales se dirigía a fundamentar su solicitud de que el recurso fuera examinado por una Sala ampliada, tal error no podría justificar la anulación del auto recurrido.

40      Los recurrentes impugnan también los fundamentos expuestos en los apartados  21 a 41 del auto recurrido, mediante los que, en su opinión, el Tribunal General declaró que las pretensiones formuladas contra el Parlamento excedían de las competencias del juez de la Unión. No obstante, basta con señalar que tal alegación deriva de una lectura errónea del auto recurrido. En efecto, de los mencionados apartados de dicho auto resulta que, con excepción de su solicitud  al objeto de que se ordenase la suspensión de las medidas de represalia adoptadas en contra suya, el Tribunal General no desestimó las pretensiones que dirigían contra el Parlamento por falta de competencia.

41      Pues bien, el Tribunal General desestimó dicha solicitud en el apartado  39 del auto recurrido sin incurrir en error de Derecho y de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, ni el Tribunal General ni el Tribunal de Justicia son competentes para dictar órdenes conminatorias a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco de los procedimientos incoados con arreglo a los artículos  263 TFUE y 265 TFUE (auto de 1 de octubre de 2019, Clarke/Comisión, C‑284/19 P, no publicado, EU:C:2019:799, apartado  41 y jurisprudencia citada).

42      Por último, tampoco puede prosperar la alegación de los recurrentes basada en la declaración de inadmisibilidad de su demanda de medidas provisionales. En efecto, los recurrentes no niegan que esa demanda no se había presentado mediante escrito separado, cosa que contraviene lo exigido  en el artículo  156, apartado  5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Por tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al resolver, en el apartado  20 del auto recurrido, que dicha demanda debía declararse manifiestamente inadmisible.

43      Sin embargo, los recurrentes parecen considerar que, con la referencia al hecho de que no habían presentado su demanda de medidas provisionales mediante escrito separado, el Tribunal General también justificó la desestimación de las demás pretensiones de su recurso. Ello constituye una lectura manifiestamente errónea del auto recurrido, pues de sus apartados 21 a 45 se desprende que el Tribunal General, tras haber declarado inadmisible su demanda de medidas provisionales, analizó las demás pretensiones de su recurso y las desestimó por otras razones.

44      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe desestimarse el primer motivo de casación por ser manifiestamente infundado.
 Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo41 de la Carta y del derecho a una buena administración

 Alegaciones de los recurrentes

45      Mediante su segundo motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General vulneró su derecho fundamental a que sus asuntos sean tratados de manera imparcial y equitativa, consagrado en el artículo  41 de la Carta. Añaden que el hecho de que se les notificara la Sala del Tribunal General que dictó el auto recurrido por carta de fecha posterior a la de este auto y mediante la cual también este les fue notificado infringe el artículo 41 de la Carta, en particular en lo referente al derecho a ser oído, el derecho de defensa y el derecho a ser informado por una autoridad cuando los intereses de la persona puedan verse afectados por la decisión.

46      Los recurrentes reiteran que el Tribunal General ignoró la petición principal y el objeto de su recurso y alteró que se solicitaba una investigación oficial y efectiva respecto a la violación de los derechos fundamentales denunciada.
 Apreciación del Tribunal de Justicia

47      Procede señalar que, en apoyo de su segundo motivo de casación, los recurrentes formulan, aunque mucho más sucintamente, las mismas alegaciones que esgrimen en apoyo del primer motivo de casación. Mediante el segundo motivo de casación reprochan no obstante al Tribunal General haber infringido el artículo 41 de la Carta, que dispone, en su apartado 1, que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

48      Sin embargo, cuando se trata, como en el caso de autos, del examen de un asunto por un órgano jurisdiccional de la Unión, la disposición aplicable de la Carta es la del artículo  47, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva. Habida cuenta de que esta alegación se confunde con la desarrollada en el marco del primer motivo de casación, debe desestimarse por las razones expuestas en los apartados  34 a 39 del presente auto.

49      En cuanto a la alegación de los recurrentes de que se vulneró su derecho de defensa debido a que fueron informados de la Sala del Tribunal General a la que se había atribuido el asunto en la carta mediante la que se les notificó el auto recurrido, procede hacer constar que los recurrentes no explican de qué manera tal circunstancia puede menoscabar el ejercicio de su derecho de defensa. Los recurrentes tuvieron la posibilidad de exponer, en su demanda, todos los argumentos que estimaran pertinentes en apoyo de sus pretensiones y el Tribunal General dictó el auto recurrido atendiendo exclusivamente al examen de dicha demanda, sin notificarla a las partes demandadas y sin oír a estas. En consecuencia, esta alegación es manifiestamente infundada y debe por tanto desestimarse.

50      De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el segundo motivo de casación por ser manifiestamente infundado.
 Sobre el tercer motivo de casación, basado en la violación del «principio de que toda soberanía obliga a una responsabilidad»

 Alegaciones de los recurrentes

51      Los recurrentes recuerdan que, en la sentencia de 5 de febrero de 1963, van Gend & Loos (26/62, EU:C:1963:1), p. 340, el Tribunal de Justicia afirmó que la Unión constituye un nuevo ordenamiento jurídico de Derecho internacional, a favor del cual los Estados miembros han limitado su soberanía, si bien en un ámbito restringido, y cuyos sujetos son no solo los Estados miembros, sino también sus nacionales. Subrayan que, cuando una competencia es transferida a la Unión, lo que se está transfiriendo es soberanía, pero que la soberanía, en los Estados modernos, no solo  es un privilegio, sino también una responsabilidad, sobre todo frente a los ciudadanos.

52      Los recurrentes alegan que a toda cesión de soberanía —como ha ocurrido en beneficio de la Unión Europea y sus instituciones— le corresponde también una cesión de responsabilidad, es decir, que esa cesión genera obligaciones. Pues bien, según los recurrentes, «esta obligación» no ha sido respetada por el Tribunal General, en particular en lo referido a su negativa a investigar lo que son graves denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales, no solo de ellos, sino de todo un conjunto de población civil, tal y como se expuso ante la Comisión de Peticiones del Parlamento, que omitió su obligación de llevar a cabo la investigación. La negativa a investigar constituye una tortura en sí misma y, por tanto, una nueva violación de un derecho fundamental. En caso de no admitirse el recurso de casación de los recurrentes, las víctimas de las violaciones denunciadas se encontrarían desprovistas de la protección que se deriva de una «soberanía como responsabilidad». De igual forma, se estaría hurtando a los recurrentes su derecho a que se lleve a cabo una investigación oficial y efectiva sobre la violación de sus derechos fundamentales.
 Apreciación del Tribunal de Justicia

53      Del artículo 256 TFUE, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia resulta que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la resolución cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustentan de manera específica esta pretensión. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no cumple este requisito el recurso de casación que no contiene una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho del que supuestamente adolece dicha resolución (véanse, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2020, Consejo y otros/K. Chrysostomides & Co. y otros, C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P y C‑604/18 P, EU:C:2020:1028, apartado 127, y el auto de 19 de marzo de 2019, Shindler y otros/Consejo, C‑755/18 P, no publicado, EU:C:2019:221, apartado 22 y jurisprudencia citada).

54      En el presente caso, procede declarar que el tercer motivo de casación manifiestamente no cumple estos requisitos. En efecto, los recurrentes no identifican en modo alguno los elementos impugnados del auto recurrido ni exponen una argumentación destinada a identificar errores de Derecho concretos de los que supuestamente este adolece.

55      En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta  del tercer motivo de casación.
 Sobre el cuarto motivo de casación, basado en la violación de la Directiva 2019/1937

 Alegaciones de los recurrentes

56      En primer lugar, los recurrentes alegan un incumplimiento de la obligación, derivada del artículo  11 de la Directiva 2019/1937, de seguir las denuncias, algo que, en su opinión, ni el Reino de España, ni el Parlamento, ni el Tribunal General han querido hacer.

57      En segundo lugar, los recurrentes invocan la prohibición de represalias que se consagra en el artículo  19 de la Directiva 2019/1937 y aducen que, desde que comenzaron a denunciar el «fraude» que se estaba llevando a cabo con fondos europeos y las «constantes, sistemáticas y graves» vulneraciones del Derecho de la Unión por parte de determinados funcionarios públicos del Reino de España y de un sindicato obrero, han sido objeto de una «constante, salvaje e inmisericorde» represalia.

58      En tercer lugar, recuerdan que en el artículo  20 de la Directiva 2019/1937 se establecen medidas de apoyo que los Estados miembros deben tomar en favor de quienes informen de infracciones del Derecho de la Unión o las denuncien, y alegan que ni el Estado miembro en cuestión, ni el Parlamento, ni el Tribunal General les han ofrecido ninguna de tales medidas.

59      Consideran, en particular, que, al declararse manifiestamente incompetente para ordenar la suspensión temporal de las represalias de que son objeto y al estimar carente de fundamento jurídico alguno su pretensión de reparación del perjuicio sufrido, el Tribunal General infringió el artículo  279 TFUE, el artículo  158 de su Reglamento de Procedimiento y la Directiva 2019/1937.

60      En cuarto lugar, los recurrentes alegan que, en violación de lo dispuesto en el artículo  22 de la Directiva 2019/1937, que se remite a la Carta, no han gozado de tutela judicial efectiva, como tampoco han sido juzgadas sus denuncias por jueces imparciales.
 Apreciación del Tribunal de Justicia

61      Mediante el cuarto motivo de casación, los recurrentes alegan, en esencia, que el Reino de España, el Parlamento y el propio Tribunal General han violado la Directiva 2019/1937.

62      En cuanto a la alegación de que el Parlamento o el Tribunal General han violado dicha Directiva, procede señalar que esta se dirige a los Estados miembros y no a las mencionadas instituciones.

63      En la medida en que los recurrentes se refieren a la supuesta violación de la referida Directiva por parte del Reino de España, ha de recordarse que, en el apartado  43 del auto recurrido, el Tribunal General declaró, fundadamente y remitiéndose a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, que es incompetente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas contra Estados miembros. Así pues, el Tribunal General era incompetente para conocer de una eventual violación de las disposiciones de la Directiva 2019/1937, por parte del Reino de España, como la alegada por los recurrentes. También era incompetente para ordenar la suspensión de las medidas adoptadas por autoridades y órganos jurisdiccionales españoles con respecto a los recurrentes, que estos últimos califican de «represalias».

64      En lo que atañe a la alegación de los recurrentes de que no gozaron de la tutela judicial efectiva garantizada por el artículo  47 de la Carta, basta con señalar que no es sino una reiteración de la que exponen en el marco de su primer motivo de casación, que ha sido desestimada por las razones expuestas en los apartados  34 a 39 del presente auto.

65      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser manifiestamente infundado.
 Sobre el quinto motivo de casación, basado en la importancia de las cuestiones planteadas en el recurso de casación para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión

 Alegaciones de los recurrentes

66      Los recurrentes alegan que el «cambio jurisprudencial» del Tribunal General con respecto a la forma de actuar frente a denuncias de vulneración de los derechos fundamentales constituye una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 58 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

67      Añaden que el presente motivo consta de tres partes, basadas, respectivamente, en la violación sistemática del Estado de Derecho en un Estado miembro, en la vulneración del principio de que toda soberanía obliga a una responsabilidad y en la violación de derechos fundamentales por parte del Parlamento y del Tribunal General al negarse estas instituciones a llevar a cabo una investigación.

68      Los recurrentes reprochan asimismo al Tribunal General haber incurrido en infracción de su propio Reglamento de Procedimiento, en la medida en que el artículo 2 de este establece que sus disposiciones aplican y completan las disposiciones de los Tratados y del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues bien, según los recurrentes, «la prohibición de la práctica de la tortura y de la violación de la dignidad humana, así como la obligación de investigar por parte de las instituciones, de una forma oficial y eficaz cuando esta se denuncia, han quedado recogid[a]s en el corpus jurídico a que hace referencia el precitado artículo». Estiman que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de enero de 2021, González c. España (CE:ECHR:2021:0119JUD002069017), § 53, respalda sus alegaciones.
 Apreciación del Tribunal de Justicia

69      Por lo que se refiere a la alegación de los recurrentes de que el presente asunto plantea una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, procede recordar que el criterio relativo a la existencia de una cuestión de esa naturaleza, recogido en el artículo  58 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es pertinente para la previa admisión a trámite de un recurso de casación, a la que se supedita el examen de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a una resolución de una sala de recurso independiente de una de las oficinas y agencias de la Unión que se mencionan en los párrafos primero y segundo de ese artículo.

70      Pues bien, el recurso de casación interpuesto por los recurrentes no corresponde a tal supuesto y, por lo tanto, no requiere de previa admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.

71      Por lo demás, los recurrentes se limitan, en el marco del quinto motivo de casación, a reiterar las alegaciones en apoyo del primer motivo de casación basadas en la vulneración de sus derechos fundamentales, en particular del derecho a la tutela judicial efectiva que se consagra en el artículo  47 de la Carta. Pues bien, como resulta del examen del primer motivo de casación, esas alegaciones carecen manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

72      En consecuencia, debe desestimarse el quinto motivo de casación por ser en parte manifiestamente inoperante y en parte manifiestamente infundado.
 Sobre la segunda pretensión de los recurrentes

73      Mediante su segunda pretensión, solicitan al Tribunal de Justicia que «se tengan por interpuestos, asimismo, cualquier otro recurso o medida tendente a solventar jurídicamente la grave situación planteada» a los recurrentes.

74      Pues bien, así formulada, la segunda pretensión no permite comprender la naturaleza y el objeto de un eventual «otro recurso» que hayan pretendido interponer. Por lo tanto, esta pretensión es manifiestamente inadmisible.

75      De ello se sigue que procede desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
 Costas

76      A tenor del artículo  137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo  184, apartado  1, del mismo, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. En este caso, al haberse dictado el presente auto antes de notificarse el recurso de casación a las partes demandadas en primera instancia y, por consiguiente, antes de que estas hayan podido incurrir en costas, procede resolver que los recurrentes carguen con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) resuelve:
1)      Desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.

2)      D. Roberto Alejandro Macías Chávez, D. Fernando Presencia y D. José María Castillejo Oriol cargarán cada uno con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 1 de febrero de 2022.

El Secretario
 
El Presidente de la Sala Décima

A. Calot Escobar
 
I. Jarukaitis

*      Lengua de procedimiento: español.