CELEX: C2000/079/16
Language: es
Date: 2000-03-18 00:00:00
Title: Asunto C-499/99: Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 1999 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 79/8                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       18.3.2000
Recurso de casación interpuesto el 21 de diciembre de                 motivo: el Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión
1999 por la Comisión de las Comunidades Europeas                      no puede modificar las condiciones de pago pero, en este caso,
contra la sentencia dictada el 14 de octubre de 1999 por               afirma que la Comisión deberı́a haber emitido un nuevo
la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de                   anuncio de licitación. Ello habı́a dado lugar precisamente a
las Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados                    una modificación de las condiciones de pago respecto a
T-191/96 y T-106/97, promovidos en su contra por C.A.S.                los adjudicatarios que ya habı́an cumplido sus obligaciones
Succhi di Frutta SpA, con domicilio social en Borgonovo                contractuales).
(Castagnaro di Verona), en lo referente al asunto T-191/96
                                                                       El tercer motivo de casación se basa en la interpretación
                      (Asunto C-496/99 P)                              errónea del Derecho comunitario por parte del Tribunal de
                                                                       Primera Instancia respecto al concepto de intereses individua-
                                                                       les, de la que el Tribunal de Primera Instancia deduce que
                          (2000/C 79/15)                               C.A.S. Succhi di Frutta SpA está directamente afectada por la
                                                                       Decisión impugnada.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 21 de diciembre de 1999 un recurso de casación          El cuarto motivo se refiere a la interpretación errónea del
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                concepto de interés en interponer la acción y, en particular,
asistida y representada por el Sr. Francesco P. Ruggeri Laderchi,      del alcance del artı́culo 176 del Tratado (actualmente, artı́culo
miembro de su Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, asistido       233 CE), que induce al Tribunal de Primera Instancia a atribuir
por el Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa          a C.A.S. Succhi di Frutta SpA un interés en interponer la
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                acción.
Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, contra la
sentencia dictada el 14 de octubre de 1999 por la Sala Segunda         El quinto motivo se refiere, por el contrario, a una interpreta-
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas          ción errónea de las normas sobre la retirada de la fruta, prevista
en los asuntos acumulados T-191/96 y T-106/97, promovidos              por la organización común de mercado en el sector de frutas
en su contra por C.A.S. Succhi di Frutta SpA, en lo referente al       y verduras, que ha llevado al Tribunal de Primera Instancia a
asunto C-191/96.                                                       considerar disponible fruta retirada en fecha anteriores a
                                                                       aquella en la que era posible el pago.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que:                                              (1) Se refiere a los asuntos acumulados T-191/96 y T-106/97
                                                                           (sentencia de 14.10.1999).
— Anule la sentencia impugnada y declare la inadmisibilidad            (2) Se refiere a la parte contraria.
     del recurso interpuesto por C.A.S. Succhi di Frutta SpA en
     el asunto T-191/96; (1)
— con carácter subsidiario, anule la sentencia impugnada en
     cuanto al fondo y declare infundado el recurso presentado
     por C.A.S. Succhi di Frutta SpA en el asunto T-191/96;
                                                                       Recurso interpuesto el 22 de diciembre de 1999 contra el
                                                                       Reino de España por la Comisión de las Comunidades
— con carácter aun más subsidiario, devuelva el asunto al                                           Europeas
     Tribunal de Primera Instancia pare que éste se pronuncie
     sobre el fondo a la luz de las indicaciones que el Tribunal
                                                                                                 (Asunto C-499/99)
     de Justicia tenga a bien proporcionarle;
— condene a la demandante (2) al pago de las costas del                                            (2000/C 79/16)
     presente procedimiento y del procedimiento en primera
     instancia en el asunto T-191/96.                                  En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 22 de diciembre de 1999 un recurso contra el
                                                                       Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
                                                                       des Europeas, representada por los Sres. Gérard Rozet, y
Motivos y principales alegaciones
                                                                       Ramón Vidal Puig, en calidad de agentes, que designa como
                                                                       domicilio en Luxemburgo el del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,
Los motivos primero y segundo se refieren al error de Derecho          Centre Wagner.
en que, según la parte recurrente, ha incurrido el Tribunal de
Primera Instancia al aplicar el principio de igualdad de trato de      La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
los licitadores respecto a las diversas posiciones de los
licitadores no adjudicatarios y de los adjudicatarios tras la          — constate que, al no haber adoptado en el plazo establecido
adjudicación. La errónea aplicación de tal principio vicia la            las mediadas necesarias para dar cumplimiento a las
sentencia tanto desde el punto de vista de la admisibilidad                 Decisiones de la Comisión de 20 de diciembre de 1989
(primer motivo: la posición de C.A.S. Succhi di Frutta SpA no              (91/1/CEE (1)) y de 14 de octubre de 1998, por las que se
es caracterizada respecto a la de cualquier otro tercero que,               declara que ciertas ayudas a las empresas del grupo
como tal, carece de legitimación para impugnar la Decisión de             MAGEFESA fueron otorgadas de manera ilegal y, además,
equivalencia) como desde el punto de vista del fondo (Segundo               son incompatibles con el mercado común, el Reino de
 ---pagebreak--- 18.3.2000               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/9
     España ha incumplido con las obligaciones que le incum-            Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de
     ben en virtud del artı́culo 249 CE, párrafo cuarto, ası́ como      1999 por Conserve Italia Soc. Coop. arl, con domicilio
     de los artı́culos 2 y 3 de las referidas decisiones; y              social en S. Lazzaro di Savena, contra la sentencia dictada
                                                                         el 12 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del Tribunal
— condene en costas al Reino de España                                  de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                         asunto T-216/96 promovido contra la Comisión de las
Motivos y principales alegaciones                                                            Comunidades Europeas
De conformidad con el artı́culo 249 CE, las Decisiones de                                      (Asunto C-500/99 P)
1989 y de 1998 son obligatorias en todos sus elementos para
su destinatario, el Reino de España, en virtud de la notificación
                                                                                                   (2000/C 79/17)
de las mismas que le fue hecha el 5 de marzo de 1990 y el
29 de octubre de 1998, respectivamente.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Con fecha 28 de diciembre de 1998, el Reino de España                   presentado el 22 de diciembre de 1999 un recurso de casación
interpuso una demanda en anulación con arreglo al artı́-                formulado por Conserve Italia Soc. Coop. arl, representada por
culo 173 del Tratado (230 CE). El recurso C-480/98 interpue-             los Abogados Marina Averani y Andrea Pisaneschi, de Siena,
sto contra la Decisión de 1998 ante el Tribunal carece de               Paolo de Caterini, de Roma, y Stephano Zunarelli, de Bolonia,
efecto suspensivo (artı́culo 242 CE).                                    que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de
                                                                         Me Charles Turk, 13 Avenue Guillaume, contra la sentencia
La Comisión estima que el Reino de España ha incumplido                dictada el 12 de octubre de 1999 por la Sala Tercera del
con las obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 249         Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
CE, párrafo cuarto, ası́ como de los artı́culos 2 y 3 de las            en el asunto T-216/96, promovido por Conserve Italia Soc.
Decisiones de 1989 y 1998, al no haber adoptado todas las                Coop. arl, anteriormente Massalombarda Colombani SpA,
medidas necesarias para recuperar las ayudas. Es más, aún              contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
suponiendo que las medidas adoptadas hasta la fecha por el
Reino de España pudieran reputarse suficientes para dar                 La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
cumplimiento al artı́culo 2 de las Decisiones de 1989 y 1998,            Comunidades Europeas que:
dichas medidas no fueron tomadas dentro de los dos meses
siguientes a la notificación, por lo que subsistirı́a la violación     — Anule o reforme la sentencia recurrida.
de la obligación impuesta por el artı́culo 3 de ambas decisiones.
                                                                         — Anule, en consecuencia, la Decisión de la Comisión de
Los Gobiernos del Paı́s Vasco, de Cantabria y de Andalucı́a                  3 de octubre de 1996 C (96) 2760.
para dar cumplimiento a la decisión de 1989, hubieran
debido reclamar la devolución de las ayudas a las verdaderas            — Condene en costas a la parte recurrida.
beneficiarias de las mismas, esto es a INDOSA, CUNOSA,
GURSA Y MIGSA, ya sea directamente o mediante el ejercicio
de acciones a disposición de las sociedades interpuestas                Motivos y principales alegaciones
FICODESA, GEMACASA Y DAMMA a través de las cuales se
canalizaron las ayudas. Sin embargo, hasta la fecha del presente         1) Según el Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades
recurso, las referidas autoridades regionales se han limitado,               relativas al proyecto se deben al hecho de que deberı́a
en el mejor de los casos, a reclamar la devolución de las ayudas            considerarse que éste se inició en el acto de la celebración
a las sociedades interpuestas, las cuales carecen de patrimonio              de los contratos relativos a los bienes de equipos —aunque
propio, por lo que las reclamaciones planteadas no han dado                  estuvieran sujetos a condición suspensiva— y no, en
ningún fruto.                                                               cambio, al realizar el pago, en el momento de la facturación
                                                                             o, en cualquier caso, en el momento de su ejecución.
En lo que atañe a la decisión de 1998, la TSS y la Hacienda
Foral de Vizcaya representan, junto con los restantes acreedores             Según parece, tal conclusión no se basa en ninguna
públicos de INDOSA, el 82,65 % del montante de los créditos                 norma jurı́dica y, antes al contrario, resulta contraria a la
reconocidos y disponen, por consiguiente, de una amplia                      normativa vigente en la materia.
mayorı́a en la Junta de Acreedores de INDOSA. Sin embargo,
la TSS no adoptó ninguna de las medidas a su disposición,              2) Subsidiariamente, a juicio de la recurrente, el Tribunal de
tales como, por ejemplo, solicitar al Juez la convocatoria de                Primera Instancia cometió un error al no considerar que
una reunión de la Junta de Acreedores o la separación de los               el art. 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento
sı́ndicos. En todo caso, la imposibilidad, por falta de encon-               432/88 era aplicable al caso de autos, puesto que todos los
trarse comprador interesado en adquirir los activos, de llegar a             gastos incurridos se efectuaron en los seis meses anteriores
un convenio de acreedores no implicarı́a la «imposibilidad                   a la fecha de inicio de la acción.
absoluta» de dar cumplimiento a la Decisión de 1998, puesto
que dejarı́a abierta la posibilidad de proceder a la liquidación        3) Las infracciones denunciadas representaron tan sólo el
de INDOSA.                                                                   28 % de la ayuda concedida. En tal situación, la medida
                                                                             prevista por la normativa debió consistir, en su caso, en la
(1) DO L 5, de 8 de enero de 1991, p. 18.                                    reducción de la ayuda y no, en cambio, en su supresión. A
                                                                             juicio de la recurrente, la normativa vigente no permite la
                                                                             supresión total de la ayuda.