CELEX: 62019CA0084
Language: es
Date: 2020-09-03 00:00:00
Title: Asuntos acumulados C-84/19, C-222/19 y C-252/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de septiembre de 2020 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — Profi Credit Polska SA / QJ (C-84/19), BW / DR (C-222/19), QL / CG (C-252/19) (Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Ámbito de aplicación — Disposición nacional que prevé el importe máximo de los costes del crédito no correspondientes a intereses — Artículo 3, apartado 1 — Cláusula contractual que repercute en el consumidor costes de la actividad económica del prestamista — Desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes — Artículo 4, apartado 2 — Obligación de redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible — Cláusulas contractuales que no especifican los servicios que pretenden retribuir — Directiva 2008/48/CE — Artículo 3, letra g) — Normativa nacional que establece un modo de cálculo del importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que puede ponerse a cargo del consumidor)

9.11.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 378/7
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 3 de septiembre de 2020 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — Profi Credit Polska SA / QJ (C-84/19), BW / DR (C-222/19), QL / CG (C-252/19)
      (Asuntos acumulados C-84/19, C-222/19 y C-252/19) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Protección de los consumidores - Directiva 93/13/CEE - Artículo 1, apartado 2 - Ámbito de aplicación - Disposición nacional que prevé el importe máximo de los costes del crédito no correspondientes a intereses - Artículo 3, apartado 1 - Cláusula contractual que repercute en el consumidor costes de la actividad económica del prestamista - Desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes - Artículo 4, apartado 2 - Obligación de redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible - Cláusulas contractuales que no especifican los servicios que pretenden retribuir - Directiva 2008/48/CE - Artículo 3, letra g) - Normativa nacional que establece un modo de cálculo del importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que puede ponerse a cargo del consumidor)
      (2020/C 378/08)
      Lengua de procedimiento: polaco
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Opatowie
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Demandantes: Profi Credit Polska S.A. (C-84/19), BW (C-222/19), QL (C-252/19)
      
         Demandadas: QJ (C-84/19), DR (C-222/19), CG (C-252/19)
      
         Fallo
      
      
                  1.
               
               
                  Los artículos 3, letra g), y 22 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa al crédito al consumo que establece un modo de cálculo del importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que puede ponerse a cargo del consumidor, incluso si ese modo de cálculo permite al profesional cargar a ese consumidor una parte de los gastos generales relacionados con el ejercicio de su actividad económica, siempre que, por medio de sus disposiciones relativas a ese importe máximo, dicha normativa no contravenga las normas armonizadas por esa Directiva.
               
            
                  2.
               
               
                  El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, debe interpretarse en el sentido de que no queda excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva una cláusula contractual que establece el coste del crédito no correspondiente a intereses con arreglo al límite máximo contemplado por una normativa nacional relativa al crédito al consumo cuando esa normativa prevé que los costes del crédito no correspondientes a intereses no son adeudados por la parte que excede de ese límite máximo o del importe total del crédito.
               
            
                  3.
               
               
                  El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que las cláusulas de un contrato de crédito al consumo que ponen a cargo del consumidor gastos distintos del reembolso del principal y de los intereses del préstamo no están comprendidas en la excepción prevista en dicha disposición cuando esas cláusulas no especifican ni la naturaleza de esos gastos ni los servicios que pretenden retribuir y están formuladas de tal modo que crean confusión en el consumidor en cuanto a sus obligaciones y a las consecuencias económicas de esas cláusulas, extremo este que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
               
            
                  4.
               
               
                  El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión modificada por la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual relativa a costes del crédito no correspondientes a intereses, que establece esos costes por debajo de un límite máximo legal y que repercute, en el consumidor, costes de la actividad económica del prestamista, puede crear un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato en detrimento del consumidor cuando pone a cargo de este gastos desproporcionados respecto de las prestaciones y del importe de préstamo recibidos, extremo este que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
               
            
         (1)  DO C 164 de 13.5.2019.
      
         DO C 280 de 19.8.2019.