CELEX: 52012PC0428
Language: es
Date: 2012-07-31
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA

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		52012PC0428
		
			Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA /* COM/2012/0428 final - 2012/0205 (CNS) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
En el Estudio Prospectivo Anual para 2012[1], y, en particular,
en su anexo IV (políticas fiscales favorables al crecimiento en los Estados
miembros y mejor coordinación fiscal en la UE), la Comisión hizo hincapié en la
necesidad de incrementar la eficiencia del IVA en el contexto del saneamiento
presupuestario. Se indicaba que era posible contribuir al incremento de los
ingresos de las administraciones públicas mejorando el sistema de recaudación
del impuesto y haciendo frente al fraude fiscal.
Los mecanismos de fraude del IVA
evolucionan con rapidez y, en ocasiones, los Estados miembros se ven
enfrentados a situaciones en las que la normativa de la UE en materia de IVA no
les aporta una base jurídica en la que sustentar las medidas de respuesta que
desean adoptar.
Hasta el momento, tales situaciones se
han resuelto introduciendo modificaciones a la Directiva 2006/112/CE del
Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido[2]
(en lo sucesivo denominada «la Directiva del IVA»), o autorizando a los Estados
miembros a aplicar medidas de excepción individuales, de conformidad con el
artículo 395 de la Directiva del IVA. Dicho artículo ofrece en la actualidad a
los Estados miembros la posibilidad de acogerse a una medida de excepción a fin
de combatir el fraude (aunque también prevé como posible objetivo alternativo
la simplificación). Para ello es preciso que la Comisión presente una propuesta
(favorable), proceso que puede durar hasta 8 meses, tal como prevé el artículo
395, apartado 4, de la Directiva del IVA, y que el Consejo adopte dicha
propuesta por unanimidad, lo que puede provocar más demoras.
En ambos casos, el proceso es lento y
complicado por naturaleza y contrasta con la rapidez con que surgen los
fenómenos de fraude a escala internacional, como por ejemplo, el fraude
carrusel, que se produce en el contexto de servicios prestados con gran
celeridad al operador sucesivo (frente al tipo de fraude más tradicional que
afecta a los bienes). Por tanto, el proceso de concesión de excepciones o de
modificación de la Directiva del IVA puede generar pérdidas económicas
significativas e irreparables. Así lo demuestra una reciente estimación, según
la cual, entre junio de 2008 y diciembre de 2009 se registraron pérdidas por
valor de 5 000 millones de euros en relación con el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero[3].
En este contexto, los Estados miembros
pueden verse inducidos a adoptar medidas inmediatas sin disponer de un
fundamento jurídico en la normativa de la UE. Esta situación, no obstante,
dista de ser la ideal, dado que, incluso en el caso de que las medidas
adoptadas sean apropiadas y proporcionadas a la situación de fraude, pueden ser
recurridas ante los órganos jurisdiccionales por su carencia de fundamento
jurídico.
La consecución de un sistema del IVA más
robusto a escala de la UE fue también uno de los objetivos fundamentales que se
planteó en la Comunicación sobre el futuro del IVA[4] , presentada el 6
de diciembre de 2011, y en la que la propuesta que ahora se presenta figuraba
como acción prioritaria para el logro del mismo.
La presente propuesta pretende, por
tanto, introducir en la Directiva del IVA un procedimiento que, en situaciones
muy específicas, aporte una base jurídica que permita a los Estados miembros
adoptar medidas inmediatas, y que se denominará «mecanismo de reacción rápida»
(en lo sucesivo, MRR).
El MRR no tiene por objeto sustituir al
sistema de excepciones vigente en la actualidad, sino que su ámbito de
aplicación queda circunscrito a situaciones de fraude repentino y masivo en uno
o varios sectores económicos específicos de un determinado Estado miembro que
no puedan atajarse mediante instrumentos de control y coerción tradicionales y
que puedan causar pérdidas irreparables.
Dado que este nuevo mecanismo solo
aportará valor añadido si las decisiones pueden adoptarse con mayor rapidez que
en el marco de los procedimientos en vigor, se propone que la Comisión ejerza
las competencias de ejecución que le confiere el artículo 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a fin de garantizar la correcta aplicación
de la Directiva del IVA y de evitar que se produzcan pérdidas presupuestarias y
se infrinja el principio de equidad tributaria.
Con vistas a la adopción de decisiones de
ejecución que autoricen al Estado miembro requirente a aplicar una medida de
excepción destinada a la lucha contra el fraude, se recurrirá al procedimiento
de examen, tal como lo prevé expresamente en el ámbito de la fiscalidad el
artículo 2, apartado 2, letra b) inciso v), del Reglamento (UE) nº 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de
control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión[5]
(denominado en lo sucesivo «el Reglamento de comitología»), y cuyos aspectos
jurídicos y prácticos se establecen en el artículo 5 de dicho Reglamento.
En combinación con este artículo, la
Comisión podría adoptar actos inmediatamente aplicables basándose en razones
imperiosas de urgencia debidamente justificadas, en el sentido del artículo 8
del Reglamento de comitología. Esta sería la forma más rápida de proporcionar
un fundamento jurídico a las medidas de excepción que deban aplicarse en un
Estado miembro con muy poco plazo. Como ya se ha mencionado, todo ello pone de
relieve el carácter excepcional que reviste el MRR y explica lo limitado de su
ámbito de aplicación.
Como excepción al plazo ordinario de seis
meses fijado en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de comitología, se
propone que el plazo de vigencia de toda autorización concedida en el marco del
MRR se amplíe a un año, como máximo. Ello permitiría entre tanto a los Estados
miembros seguir el procedimiento ordinario previsto en el artículo 395 de la
Directiva del IVA o aplicar otras medidas de lucha contra el fraude que no
exigieran una excepción. 
De conformidad con el artículo 8,
apartado 3, del Reglamento de comitología, el acto habría de presentarse ante
el comité competente, en este caso, el Comité Permanente de Cooperación
Administrativa (SCAC), en los 14 días siguientes a su adopción por la Comisión.
El artículo 3, apartado 5, del Reglamento de comitología prevé, en casos
debidamente justificados, la posibilidad de obtener el dictamen del comité por
procedimiento escrito, y la Comisión tiene previsto acogerse a ella a fin de
acelerar en lo posible el procedimiento. Pese a la posibilidad que brinda el
artículo 3, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de comitología, un
Estado miembro no podrá poner fin al procedimiento escrito previa solicitud a
fin de convocar una reunión, puesto que ello demoraría considerablemente el
procedimiento en su conjunto. Se entiende que en caso de que el Comité emita un
dictamen no favorable, la Comisión deberá revocar inmediatamente la medida de
excepción de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento de
comitología.
Por lo que respecta a la naturaleza de
las excepciones que puedan autorizarse en el marco del MRR, se propone
confeccionar y acordar una lista de medidas de lucha contra el fraude, teniendo
en cuenta que, una vez se haya presentado una solicitud en el marco del MRR,
los Estados miembros no dispondrán de tiempo, o tan solo de un plazo muy breve,
para entablar un debate en profundidad sobre el tipo de medidas de lucha contra
el fraude necesarias. Además, esta forma de proceder permitirá a la Comisión
trabajar en buena medida con una lista de textos preestablecidos, lo que
permitirá, a su vez, reducir los plazos de tramitación y traducción. 
La única medida de lucha contra el fraude
que se especifica en la presente propuesta es el denominado «mecanismo de
inversión del sujeto pasivo», en virtud del cual, el pago del IVA adeudado
recae en el sujeto pasivo destinatario en vez de en el proveedor de los bienes
o servicios, tal como dispone la norma general. En la medida en que el
destinatario disfrute de pleno derecho a deducción, deberá declarar y deducir
el IVA en la misma declaración fiscal y por tanto no se producirá ningún pago
ni devolución efectivos, lo que reducirá las posibilidades de fraude. Pese a
los efectos colaterales negativos que puede provocar a medio plazo, esta medida
se ha revelado un instrumento eficaz para la eliminación del fraude (en
particular del «fraude carrusel») si se aplica discriminadamente en sectores
específicos. 
Las demás medidas deben ser fijadas por
el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, de tal modo que queden
fijadas antes de pasar a incluirse en cualquier solicitud en el marco del MRR.
En cuanto a los aspectos de
procedimiento, los Estados miembros deben presentar una solicitud a la Comisión
exponiendo su intención de introducir una medida de excepción en el marco del
MRR. En la misma deben explicar de forma detallada las circunstancias
excepcionales que rodean a la situación de fraude y que llevan a justificar la
aplicación del MRR; cuando lo estime oportuno, la Comisión solicitará
información adicional. Una vez que disponga de toda la información necesaria,
la Comisión, en el plazo de un mes, autorizará la medida o informará al Estado
miembro en cuestión de la denegación de su solicitud 
A fin de simplificar al máximo el
proceso, la solicitud de un Estado miembro debe presentarse mediante un
formulario normalizado, elaborado por la Comisión y que contenga una lista de
preguntas establecidas de antemano, de forma que se pueda efectuar un análisis
y una evaluación más rápidos y globales de la situación de fraude que haya
motivado la solicitud de excepción. Por lo que a la organización interna se
refiere, la Comisión garantizará el establecimiento de un procedimiento de toma
de decisiones acelerado. La excepción debe ser otorgada por la propia Comisión,
sin necesidad de esperar a que el Consejo se pronuncie e incluso antes de que
el comité competente emita su dictamen. Por otro lado, al verse afectado
únicamente un Estado miembro, la adopción de la decisión podría llevarse a cabo
basándose en una sola versión lingüística. La combinación de todos estos
factores podría facilitar la adopción de la decisión en el plazo de un mes, una
vez que la Comisión disponga de toda la información necesaria.
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS
PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
En el contexto de la Comunicación sobre
el futuro del IVA mencionada anteriormente, se llevó a cabo una consulta
pública sobre la posible utilización de un mecanismo de reacción rápida. Antes
de dicha consulta, la cuestión se había debatido con los Estados miembros en el
seno del grupo de expertos en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal,
donde quedó patente que la implantación de un mecanismo de este tipo despertaba
un auténtico interés.
La presente propuesta reviste
fundamentalmente carácter procedimental. Su objetivo es acelerar, en casos de
urgencia, la posibilidad – a la que los Estados miembros se acogen ya en la
actualidad – de obtener una autorización de excepción a lo dispuesto en la
Directiva del IVA. Así pues, en este contexto, no procedía efectuar una
evaluación de impacto. Tan solo las medidas nacionales ulteriores que se
autoricen en el marco del MRR (al igual que las autorizadas hoy en día con
arreglo al artículo 395) podrían tener cierto impacto, y este sería, en
cualquier caso, poco significativo, habida cuenta de lo limitado del ámbito de
aplicación y de la duración de dichas medidas. 
Por otro lado, dado que no se conocen de
antemano los casos concretos que van a dar lugar a la solicitud de un Estado
miembro de acogerse al mecanismo de reacción rápida, no es posible hacer una
estimación cuantitativa del posible impacto del mismo frente al del actual
procedimiento de excepción, ya que, como es obvio, ello dependerá siempre de
cada caso específico.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
Con objeto de brindar a los Estados
miembros una ayuda mas eficaz en su lucha contra las formas agresivas de fraude
en materia de IVA, la medida propuesta complementa el procedimiento de adopción
de determinadas medidas de excepción a fin de garantizar una respuesta más
rápida y, por ende, más adecuada y efectiva, ante tales fenómenos. La presente
propuesta supone, por tanto, una modificación de la Directiva del IVA.
La acción de la UE se justifica por
razones de subsidiariedad, en virtud de la base jurídica que permite a la Unión
actuar en el ámbito de la fiscalidad indirecta, prevista en el artículo 113 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se recurre a las competencias de
ejecución de la Comisión de conformidad con el artículo 291 del TFUE y con el
Reglamento de comitología, según el cual, para abordar las cuestiones fiscales
debe utilizarse el procedimiento de examen. La utilización de actos
inmediatamente aplicables se justifica por el riesgo de que se produzcan
pérdidas económicas irreparables. Por consiguiente, se acelerará el
procedimiento de adopción de este tipo de medida de excepción.
Los fenómenos de fraude repentino y
masivo mencionados anteriormente (por ejemplo, fraude carrusel o fraude del
operador desaparecido) tienen muy a menudo una dimensión internacional. Los
Estados miembros se ven enfrentados a nuevas modalidades de comercio (por
ejemplo servicios comercializables a escala internacional) y no están
preparados para hacer frente a título individual a unos circuitos
(inmateriales) de fraude que afectan simultáneamente a varios países. Por
tanto, el objetivo de combatir el fraude puede alcanzarse mejor a escala de la
UE a través de una directiva que ofrezca a los Estados miembros la posibilidad
de disponer, en casos excepcionales, de una base jurídica para adoptar una
medida de excepción con mucha mayor rapidez que en la actualidad. Ello no
excede, por tanto, de lo necesario para alcanzar el objetivo.
El instrumento propuesto es una
directiva, dado que la legislación objeto de modificación es asimismo una
directiva y, por tanto, no resultaría apropiado ningún otro acto legislativo. 
4.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
La propuesta no tiene ninguna incidencia
negativa en el presupuesto de la UE.
2012/0205 (CNS)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL CONSEJO
por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, por
lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida contra el
fraude en el ámbito del IVA
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo[6],
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[7],
De conformidad con un procedimiento
legislativo especial,
Considerando lo siguiente:
(1)       El fraude fiscal en el
ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) provoca pérdidas
presupuestarias considerables y afecta a las condiciones de competencia y, por
ende, al funcionamiento del mercado interior. Recientemente, han surgido
modalidades específicas de fraude fiscal repentino y masivo, especialmente a
través de la utilización de medios electrónicos, que facilitan el comercio
ilícito rápido a gran escala.
(2)       La Directiva 2006/112/CE
del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido[8],
autoriza a los Estados miembros a aplicar una excepción a fin de evitar
determinadas formas de fraude y evasión fiscales. La autorización de dicha
excepción exige una propuesta de la Comisión y la adopción de la misma por el
Consejo. La experiencia reciente ha demostrado que el proceso de concesión de
excepciones no siempre es lo suficientemente flexible para responder pronta y
apropiadamente a las solicitudes de los Estados miembros. 
(3)       A fin de garantizar el
respeto del principio de justicia fiscal y la aplicación de la Directiva
2006/112/CE en casos en que el actual procedimiento de excepción no es
adecuado, resulta necesario establecer un nuevo procedimiento para la concesión
de excepciones, denominado «mecanismo de reacción rápida». 
(4)       Con objeto de acelerar
la adopción de las medidas de excepción necesarias y garantizar unas
condiciones uniformes de aplicación de la Directiva 2006/112/CE, resulta
oportuno conferir a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a
la concesión al Estado miembro requirente de autorización para introducir
medidas de excepción en el marco específico del mecanismo de reacción rápida.
Procede que dichas competencias se ejerzan de conformidad con el Reglamento
(UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero
de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales
relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[9].
(5)       Resulta oportuno que la
Comisión adopte actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos
debidamente justificados relacionados con la autorización concedida al Estado
miembro requirente para la adopción de medidas de excepción, así lo exijan
razones imperiosas de urgencia. Es preciso adoptar actos de ejecución
inmediatamente aplicables para atajar modalidades de fraude repentino y masivo
que pueden generar pérdidas significativas e irreparables.
(6)       Procede ampliar el plazo
máximo de vigencia de los actos de ejecución inmediatamente aplicables a fin de
permitir al Estado miembro afectado establecer entre tanto medidas de carácter
más permanente. De esta forma se dispondría asimismo, en su caso, de tiempo
suficiente para aplicar el procedimiento de excepción previsto en el artículo
395 de la Directiva 2006/112/CE. 
(7)       La designación del
destinatario como deudor del IVA (inversión del sujeto pasivo) es una medida
efectiva para atajar de manera inmediata los tipos más usuales de fraude fiscal
en determinados sectores. No obstante, dado que la situación puede ir
evolucionando, cabe la posibilidad de que sea necesario autorizar también otro
tipo de medidas. A tal fin conviene que, en su caso, el Consejo, a propuesta de
la Comisión, determine cualquier otra medida que se inscriba en el ámbito de
aplicación del mecanismo de reacción rápida. Resulta oportuno establecer el
tipo de medidas que podrán autorizarse a fin de reducir al máximo el plazo
requerido por la Comisión para la autorización de excepciones.
(8)       Resulta asimismo
necesario elaborar un formulario normalizado para las solicitudes presentadas
por los Estados miembros a fin de facilitar la comprensión y ulterior
tramitación de estas. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de
aplicación de la Directiva 2006/112/CE, procede conferir a la Comisión
competencias de ejecución por lo que respecta al formulario normalizado.
(9)       Con objeto de acelerar
la adopción de los actos de ejecución relacionados con la autorización
concedida al Estado miembro requirente para que introduzca medidas de excepción
en el marco específico del mecanismo de reacción rápida, procede que el
presidente del comité aplique el procedimiento escrito contemplado en el
artículo 3, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 182/2011. Asimismo, es preciso
excluir la posibilidad de que un miembro del comité solicite poner fin al
procedimiento escrito sin resultado.
(10)     Habida cuenta de que el
objetivo de la acción prevista, a saber, combatir los fenómenos de fraude
repentino y masivo en el ámbito del IVA –fenómenos que muy a menudo tienen
dimensión internacional–, no puede ser alcanzado de forma suficiente por los
Estados miembros, ya que estos últimos no están en condiciones de hacer frente
a título individual a los circuitos de fraude vinculados con nuevas formas de
comercio que afectan simultáneamente a varios países, y de que dicho objetivo
puede por tanto lograrse de forma más eficaz a escala de la Unión, puesto que
esta garantiza una respuesta más rápida y por consiguiente más efectiva y apropiada
ante los fenómenos mencionados, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al
principio de subsidiariedad, tal como establece el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en
dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar
estos objetivos.
(11)     Procede, por tanto,
modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
En el capítulo 2 del Título XIII de la
Directiva 2006/112/CE, se inserta la sección 1 bis siguiente:
«Sección 1 bis
Mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA
Artículo 395 bis
1.      La Comisión podrá adoptar actos de
ejecución mediante los que se autorice a un Estado miembro a introducir, no
obstante lo dispuesto en la presente Directiva, las medidas especiales
previstas a continuación, a fin de combatir modalidades de fraude repentino y
masivo en el ámbito del IVA que puedan generar pérdidas económicas
significativas e irreparables:
a)       la designación del destinatario
como deudor del IVA que grave entregas de bienes y prestaciones de servicios
específicas, no obstante lo dispuesto en el artículo 193, previa presentación
al efecto de la solicitud mencionada en el apartado 2 del presente artículo;
b)      cualquier otra medida que establezca
el Consejo por unanimidad y a propuesta de la Comisión.
A efectos de lo dispuesto en la letra a), los
Estados miembros someterán la medida especial a los oportunos controles por lo
que respecta a los sujetos pasivos que entreguen los bienes o presten los
servicios a los que esta se aplique.
Los actos de ejecución a los que se hace
referencia en el párrafo primero del presente apartado se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 395 ter,
apartado 2.
Cuando existan razones imperiosas de urgencia
debidamente justificadas para conceder al Estado miembro requirente
autorización a fin de que introduzca las medidas de excepción previstas en el
párrafo primero del presente apartado, la Comisión adoptará inmediatamente
actos de ejecución de conformidad con el procedimiento mencionado en el
artículo 395 ter, apartado 3. Dichos actos se mantendrán en vigor
durante un periodo que no excederá de un año.
2.      Cuando un Estado miembro desee
adoptar una de las medidas contempladas en el apartado 1, enviará una solicitud
a la Comisión. Dicho Estado miembro deberá facilitar a esta última información
relativa al sector afectado, el tipo y las características del fraude
observado, el carácter repentino y masivo del mismo, así como sus consecuencias
en cuanto a la generación de pérdidas económicas significativas e irreparables.
En caso de que la Comisión considere que no dispone de toda la información
necesaria, se pondrá en contacto con el Estado miembro en cuestión en el plazo
de un mes a partir de la recepción de la solicitud especificando la información
adicional que requiere.
Una vez que reúna toda la información que
estime necesaria para la evaluación de la solicitud, la Comisión deberá, en el
plazo de un mes, autorizar la medida especial o bien, en caso de que se oponga
a la medida solicitada, informar al respecto al Estado miembro afectado.
3.      La Comisión adoptará un acto de
ejecución mediante el que establecerá un formulario normalizado para el envío
de la información mencionada en el apartado 2, párrafo primero. Dicho acto de
ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se
refiere el artículo 395 ter, apartado 2.
Artículo 395 ter
1.      La Comisión estará asistida por el
comité creado en virtud del artículo 58 del Reglamento (UE) n° 904/2010 del
Consejo(*). Este comité será un comité en el sentido de lo previsto en el
Reglamento (UE) n° 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(**).
2.      En los casos en que se haga
referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del
Reglamento (UE) nº 182/2011.
3.      En los casos en que se haga
referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 8 del
Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en relación con su artículo 5.
Cuando el dictamen del Comité vaya a
obtenerse por procedimiento escrito, únicamente se pondrá fin a dicho
procedimiento sin resultado en caso de que, en el plazo previsto para la
emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decida.
__________________________
(*) DO L 268 de 12.10.2010, p. 1.
(**) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.».
Artículo 2
1.           Los Estados miembros
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a
más tardar el 1 de enero de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el
texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas
disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas
de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.           Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Artículo 4
Los
destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               COM(2011) 815 final de 23.11.2011.
[2]               DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
[3]               Comunicado de prensa de Europol de 9 de diciembre de
2009, «Carbon Credit fraud causes more than EUR 5 billion damage for European
Taxpayer» [El fraude relacionado con el sistema de créditos de carbono supone
para el contribuyente europeo un perjuicio económico que asciende a más de 5
000 millones de euros].
[4]               COM (2011) 851 final.
[5]               DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
[6]               DO L C …, p. ….
[7]               DO L C …, p. ….
[8]               DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
[9]               DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.