CELEX: C2006/086/06
Language: es
Date: 2006-04-08 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de  26 de enero de 2006 , en el asunto C-514/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ( Incumplimiento de Estado — Artículos 43 CE y 49 CE — Restricciones al establecimiento y a la libre prestación de servicios — Empresas y servicios de seguridad privada — Requisitos — Personalidad jurídica — Capital social mínimo — Fianza — Plantilla mínima — Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales )

8.4.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 86/4
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Primera)
   de 26 de enero de 2006
   en el asunto C-514/03: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (1)
   
   («Incumplimiento de Estado - Artículos 43 CE y 49 CE - Restricciones al establecimiento y a la libre prestación de servicios - Empresas y servicios de seguridad privada - Requisitos - Personalidad jurídica - Capital social mínimo - Fianza - Plantilla mínima - Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE - Reconocimiento de cualificaciones profesionales»)
   (2006/C 86/06)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-514/03, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 8 de diciembre de 2003, Comisión de las Comunidades Europeas (agentes: Sra. M. Patakia y Sr. L. Escobar Guerrero) contra Reino de España (agente: Sr. E. Braquehais Conesa), el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. K. Schiemann, la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y E. Levits (Ponente), Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 26 de enero de 2006 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               El Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud, por una parte, de los artículos 43 CE y 49 CE y, por otra, de la Directiva 89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, y de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 89/48, al mantener en vigor las disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, que imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España, a saber, la obligación:
               
                           —
                        
                        
                           de revestir la forma de una persona jurídica;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           de disponer de un capital social mínimo específico;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           de depositar una fianza ante un organismo español;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           de contratar una plantilla mínima, cuando la empresa en cuestión ejerza sus actividades en ámbitos distintos del de transporte y distribución de explosivos;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           general de que su personal posea una autorización administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y
                           al no adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Se desestima el recurso en todo lo demás.
            
         
               3)
            
            
               Se condena al Reino de España a soportar sus propias costas y tres cuartas partes de las de la Comisión de las Comunidades Europeas.
            
         
               4)
            
            
               La Comisión de las Comunidades Europeas soportará una cuarta parte de sus propias costas.
            
         
      (1)  DO C 47, de 21.2.2004.