CELEX: 32020H0408(01)
Language: es
Date: 2020-04-03 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo de 3 de abril de 2020 encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía 2020/C 116/01

8.4.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 116/1
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 3 de abril de 2020
      encaminada a poner fin a la situación de déficit público excesivo de Rumanía
      (2020/C 116/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 126, apartado 7,
      Vista la recomendación de la Comisión Europea,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  Conforme al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.
               
            
                  (2)
               
               
                  El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.
               
            
                  (3)
               
               
                  El 3 de abril de 2020, el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del TFUE, decidió declarar la existencia de un déficit excesivo en Rumanía.
               
            
                  (4)
               
               
                  El artículo 126, apartado 7, del TFUE y el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (1) exige que el Consejo dirija recomendaciones al Estado miembro de que se trate con vistas a poner fin a la situación de déficit excesivo en un plazo determinado. Dichas recomendaciones deben establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro afectado tome medidas eficaces con el fin de corregir el déficit excesivo. Por otra parte, en una recomendación relativa a la corrección del déficit excesivo, el Consejo debe exigir el logro de objetivos presupuestarios anuales que, teniendo en cuenta la previsión en que se basa la recomendación, sean compatibles con una mejora anual mínima equivalente como mínimo al 0,5 % del producto interior bruto (PIB) del saldo estructural (es decir, el saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal).
               
            
                  (5)
               
               
                  Según las previsiones de la Comisión del invierno de 2020, ampliadas con variables presupuestarias hasta 2022, el crecimiento del PIB real se habría situado en el 3,9 % en 2019. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, la Comisión prevé que el crecimiento del PIB real, aunque registraría una moderación, seguiría siendo robusto (3,8 % en 2020 y 3,5 % en 2021 y en 2022). Por una parte, el significativo estímulo presupuestario de las políticas actuales seguiría impulsando el consumo privado. Por otra parte, una continua ampliación del déficit presupuestario minaría la confianza de los consumidores y los inversores en la sostenibilidad de la trayectoria de crecimiento de la economía. Como consecuencia de ello, la inversión se debilitaría en la medida en que los inversores privados tienen en cuenta los crecientes desequilibrios macroeconómicos. Se espera que la contribución de las exportaciones netas se mantenga negativa durante el período de previsión, ya que las exportaciones seguirían viéndose afectadas por la debilidad de la demanda externa, mientras que las importaciones estarían respaldadas por el consumo privado. Ello, a su vez, empeoraría aún más el ya elevado déficit de la balanza por cuenta corriente.
               
            
                  (6)
               
               
                  El 10 de diciembre de 2019, el Gobierno adoptó y envió al Parlamento su estrategia presupuestaria y fiscal para 2020-2022 (en lo sucesivo, «Estrategia Fiscal»), con un objetivo de déficit de las administraciones públicas revisado del 3,8 % del PIB en 2019, superior, pues, al valor de referencia del 3 % del PIB. Esta revisión al alza para 2019, a partir de la cifra inicialmente prevista del 2,8 % del PIB, se basó en los datos de ejecución del presupuesto para los últimos 12 meses. La Estrategia Fiscal fue adoptada por Ley de 18 de diciembre de 2019.
               
            
                  (7)
               
               
                  Según las previsiones de la Comisión del invierno de 2020, ampliadas con variables presupuestarias hasta 2022, el déficit de las administraciones públicas se mantendría por encima del valor de referencia del 3 % del PIB durante todo el período de previsión. Con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, la Comisión prevé un déficit de las administraciones públicas del 4 % del PIB en 2019, el 4,9 % en 2020, el 6,9 % en 2021 y el 7,7 % en 2022. El déficit estructural se deterioraría un 1 % del PIB en 2020, un 1,9 % del PIB en 2021 y un 0,8 % del PIB en 2022. El aumento del déficit previsto por la Comisión estaría impulsado principalmente por las significativas subidas de las pensiones aprobadas en el verano de 2019. El mayor gasto en pensiones contribuiría en 0,9 puntos porcentuales del PIB al aumento del déficit en 2020, en 1,7 puntos porcentuales del PIB en 2021, y en 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2022. Se estima que la duplicación de la asignación por hijo a cargo, cuya entrada en vigor está prevista en agosto de 2020, tendrá un coste presupuestario anual equivalente al 0,6 % del PIB. En su Estrategia Fiscal, el Gobierno prevé un déficit de las administraciones públicas del 3,6 % del PIB en 2020, el 3,4 % en 2021 y el 2,8 % en 2022. Según las estimaciones del Gobierno, esto llevaría a un ajuste estructural del 0,3 % en 2020, el 0,2 % en 2021 y el 0,6 % en 2022. El ajuste contemplado en la Estrategia Fiscal se realizaría principalmente por el lado del gasto. En particular, se prevé que disminuyan las proporciones que representan en el PIB los gastos en salarios de los empleados públicos, los gastos en bienes y servicios y los gastos en inversiones no cofinanciadas por la UE. El hecho de que en la Estrategia Fiscal se prevea un déficit inferior al contemplado en las previsiones de la Comisión se deriva de unas hipótesis macroeconómicas subyacentes más optimistas en la Estrategia Fiscal y del hecho de que dicha Estrategia no tiene en cuenta los efectos presupuestarios de algunas medidas adoptadas, mientras que la moderación prevista de los gastos corrientes no está plenamente respaldada por unas medidas adoptadas o anunciadas de forma creíble, por lo que no se pudo tomar plenamente en cuenta en las previsiones de la Comisión.
               
            
                  (8)
               
               
                  La deuda de las administraciones públicas de Rumanía representaba el 34,7 % del PIB en 2018. Según las previsiones de la Comisión, la deuda de las administraciones públicas aumentaría al 46,6 % del PIB en 2022, con lo cual se mantendría por debajo del valor de referencia del Tratado.
               
            
                  (9)
               
               
                  En virtud del artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, la corrección del déficit excesivo debe completarse en el año siguiente a su detección (en 2021 en el caso que nos ocupa) salvo que concurran circunstancias especiales. La senda de ajuste debe determinarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1467/97, teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria del Estado miembro.
               
            
                  (10)
               
               
                  En la situación actual, en Rumanía se dan tales circunstancias especiales. La corrección del déficit excesivo en 2021 a más tardar requeriría un ajuste presupuestario demasiado brusco y provocaría una pérdida importante de producción. Una senda de ajuste más dilatada en el tiempo, aunque también requeriría unos sustanciales ajustes anuales, afectaría más gradualmente al crecimiento y tendría en cuenta el hecho de que el ejercicio presupuestario de 2020 ya ha comenzado. Unas reformas estructurales realizadas paralelamente al saneamiento presupuestario contribuirán a garantizar una corrección duradera del déficit excesivo. A la luz de estas consideraciones y teniendo en cuenta la situación económica y presupuestaria de Rumanía, está justificado fijar el plazo límite para la corrección del déficit excesivo en el año 2022.
               
            
                  (11)
               
               
                  Una senda de ajuste creíble y sostenible para cumplir este plazo requeriría que Rumanía alcance un déficit de las administraciones públicas del 3,6 % del PIB en 2020, el 3,4 % del PIB en 2021 y el 2,8 % del PIB en 2022, cifras que, sobre la base de las previsiones de la Comisión, son compatibles con una tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (2) del 8,2 % en 2020, el 5,5 % en 2021 y el 5,5 % en 2022. Esta tasa de incremento del gasto neto constituirá el principal indicador utilizado para evaluar el esfuerzo presupuestario en caso de que sea necesario un análisis a fondo de la situación. El ajuste anual correspondiente del saldo estructural sería del 0,5 % del PIB en 2020, el 0,8 % del PIB en 2021 y el 0,8 % del PIB en 2022. Partiendo de las previsiones actuales, estos objetivos seguirían permitiendo incrementos anuales del gasto neto real. El logro de los objetivos probablemente requerirá reconsiderar las amplias subidas de las pensiones que se han aprobado y otras medidas recientes que provocan un fuerte deterioro del déficit en el escenario de referencia.
               
            
                  (12)
               
               
                  Las medidas de saneamiento presupuestario deberán garantizar una corrección duradera y, al mismo tiempo, estar encaminadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas y a reforzar el potencial de crecimiento de la economía.
               
            
                  (13)
               
               
                  Desde 2016, Rumanía se ha apartado sistemática y reiteradamente de las normas presupuestarias integradas en el marco presupuestario nacional, haciéndolas así muy poco eficaces. Es fundamental que en el futuro Rumanía garantice la plena aplicación de su marco presupuestario nacional.
               
            
                  (14)
               
               
                  A medio y largo plazo, parecen elevados los riesgos para una hacienda pública saneada, derivados principalmente del elevado nivel de los déficits presupuestarios y los costes asociados al envejecimiento de la población. Las subidas de las pensiones, aprobadas en el verano de 2019 y cuya entrada en vigor está prevista en 2019-2021, contribuyen en gran medida a estos riesgos. Ello confirma la necesidad urgente de restablecer plenamente la sostenibilidad de la hacienda pública a largo plazo.
               
            RECOMIENDA:
      
                  1)
               
               
                  Rumanía debería poner fin a la actual situación de déficit excesivo a más tardar en 2022.
               
            
                  2)
               
               
                  Rumanía debería alcanzar un objetivo de déficit público nominal del 3,6 % del PIB en 2020, del 3,4 % del PIB en 2021 y el 2,8 % del PIB en 2022, lo cual es compatible con unas tasas de incremento nominal del gasto público primario neto del 8,2 % en 2020, el 5,5 % en 2021 y el 5,5 % en 2022, que corresponden a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB en 2020, el 0,8 % del PIB en 2021 y el 0,8 % del PIB en 2022.
               
            
                  3)
               
               
                  Rumanía debería especificar y aplicar rigurosamente las medidas necesarias para lograr la corrección de su déficit excesivo en 2022 a más tardar. Las medidas de saneamiento presupuestario deberían garantizar una corrección duradera que favorezca el crecimiento. Rumanía debería utilizar cualquier eventual ingreso excepcional para reducir el déficit.
               
            
                  4)
               
               
                  El Consejo fija la fecha límite del 15 de septiembre de 2020 para que Rumanía adopte medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, transmita un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos. Posteriormente, las autoridades rumanas deberían informar sobre los progresos realizados en la aplicación de las presentes recomendaciones, al menos cada seis meses, hasta que se haya corregido el déficit excesivo.
               
            Además, las autoridades rumanas deberían garantizar la plena aplicación de su marco presupuestario nacional. Con el fin de asegurar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, también será importante respaldar este saneamiento con reformas estructurales globales, en consonancia con las recomendaciones del Consejo dirigidas a Rumanía en el contexto del Semestre Europeo y particularmente con las relativas al procedimiento de desequilibrio macroeconómico.
      El destinatario de la presente Recomendación es Rumanía.
      
         Hecho en Bruselas, el 3 de abril de 2020.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               El Presidente
            
            G. GRLIĆ RADMAN
         
      
      
         (1)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
      
         (2)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se distribuye a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. No se tienen en cuenta las medidas puntuales de ingresos y de gastos.