CELEX: E2020J0003
Language: es
Date: 2021-03-25 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2021 En el asunto E-3/20 Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales (Helse- og omsorgsdepartementet), contra Anniken Jenny Lindberg (Libre circulación de personas – Directiva 2005/36/CE – Reconocimiento de cualificaciones profesionales – Acceso a la profesión de odontólogo– Reconocimiento automático) 2021/C 303/07

29.7.2021   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 303/10
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL
      de 25 de marzo de 2021
      En el asunto E-3/20
      Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales (Helse- og omsorgsdepartementet), contra Anniken Jenny Lindberg
      
         
            (Libre circulación de personas – Directiva 2005/36/CE – Reconocimiento de cualificaciones profesionales – Acceso a la profesión de odontólogo– Reconocimiento automático)
         
      
      (2021/C 303/07)
      Con respecto a la SOLICITUD DE DICTAMEN CONSULTIVO al Tribunal en el asunto E-3/20, Gobierno de Noruega, representado por el Ministerio de Sanidad y Servicios Asistenciales, contra Anniken Jenny Lindberg, en virtud del artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por parte del Tribunal Supremo de Noruega (Norges Høyesterett), en cuanto a la interpretación de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, en particular su artículo 21, adaptado al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, el Tribunal, compuesto por los magistrados Páll Hreinsson (presidente), Per Christiansen (magistrado ponente) y Bernd Hammermann, dictó sentencia el 25 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva reza:
      
                  1.
               
               
                  Para beneficiarse del reconocimiento automático previsto en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, el solicitante debe estar en posesión de todos los certificados que constituyan la prueba de las cualificaciones oficiales que aparecen en el anexo V de la Directiva y que se ajusten a los requisitos del Estado de origen para la profesión de la que se trate.
               
            
                  2.
               
               
                  Los artículos 28 y 31 del Acuerdo EEE deben interpretarse en el sentido de que requieren que el Estado de acogida evalúe de forma individualizada los conocimientos y la formación acreditados por las cualificaciones profesionales del solicitante cuando dicho solicitante desee ejercer una profesión comprendida en la categoría de profesiones con condiciones mínimas de formación coordinadas, pero no cumpla las condiciones establecidas en los artículos de 10 a 21 de la Directiva 2005/36/CE.
               
            
                  3.
               
               
                  La evaluación individual de los conocimientos y capacidades del solicitante por parte del Estado de acogida debe implicar una comparación de todos los diplomas, certificados y demás títulos y la experiencia del solicitante con los propios requisitos de dicho Estado para el ejercicio de la profesión de que se trate. Si los conocimientos y cualificaciones del solicitante certificados por el título y la experiencia profesional pertinente no son equivalentes, o se corresponden solo parcialmente, a los exigidos por el Estado de acogida, dicho Estado debe especificar de qué formación carece el solicitante para que pueda completarla o complementarla.
               
            
                  4.
               
               
                  El hecho de que el solicitante no tenga pleno acceso a la profesión en el Estado de origen no puede ser determinante para apreciar si el solicitante puede ejercer la misma profesión en el Estado de acogida.