CELEX: C1998/278/23
Language: es
Date: 1998-09-05 00:00:00
Title: Recurso interpuesto el 16 de junio de 1998 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-221/98)

5.9.98                  ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    C 278/13
Ð La opinión del Tribunal de Primera Instancia de que la                 de la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de
     Comisión dispuso de un plazo de tres meses para ejer-               marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumulado-
     cer su control no es compatible ni con el Código de                 res que contengan determinadas materias peligrosas (1),
     ayudas ni con el imperativo de celeridad reconocido                 al no haber adoptado, o no haber comunicado a la
     por la jurisprudencia.                                              Comisión dentro del plazo senÄalado, los programas
                                                                         previstos por el artículo 6 de dicha Directiva;
Ð Infracción del apartado 6 del artículo 6 del Código de
     ayudas y de los principios generales de la normativa           Ð condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
     sobre ayudas estatales: al basarse en la premisa jurídi-
     camente errónea de una competencia ratione temporis            Motivos y principales alegaciones
     limitada de la Comisión, el Tribunal de Primera Ins-
     tancia pasó por alto la jurisprudencia del Tribunal de         Con arreglo al paÂrrafo tercero del artículo 189 del Tratado
     Justicia, seguÂn la cual una orden de devolución defini-       constitutivo de la Comunidad Europea, la Directiva obli-
     tiva requiere una decisión definitiva de la Comisión           garaÂ al Estado miembro destinatario en cuanto al resul-
     sobre la ilegalidad de la ayuda. El Tribunal de Primera        tado que deba conseguirse. En virtud del paÂrrafo primero
     Instancia confunde de modo improcedente los aspectos           del artículo 5 del Tratado, los Estados miembros adopta-
     formales con los aspectos de fondo del procedimiento           raÂn todas las medidas generales o particulares apropiadas
     en materia de ayudas de Estado, al estimar que el              para asegurar el cumplimiento de las obligaciones deriva-
     incumplimiento de un plazo, que ni siquiera la Comi-           das de dicho Tratado o resultantes de los actos de las insti-
     sión considera plazo de caducidad sino que en innume-          tuciones de la Comunidad.
     rables casos similares se ha utilizado como plazo admi-
     nistrativo de notificación, supone la ilegalidad de la         EstaÂ fuera de duda que, hasta la interposición del presente
     ayuda.                                                         recurso, la RepuÂblica HeleÂnica ni había establecido auÂn
                                                                    programas para el período comprendido entre el 18 de
Ð Violación de la prohibición de discriminación: el Tri-            marzo de 1993 y el 18 de marzo de 1997, seguÂn establece
     bunal de Primera Instancia, en su extremadamente               el artículo 6 de la Directiva, ni comunicado a la Comisión
     escueto anaÂlisis de este motivo, hizo caso omiso de la        programas que garanticen los objetivos previstos en el
     comparación realizada por la recurrente entre su pro-          referido artículo.
     pia situación y el caso de la ayuda a EKO Stahl.
                                                                    En vista de lo expuesto, la Comisión se ve obligada a con-
Ð Violación del principio de confianza legítima.                    siderar que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las obli-
                                                                    gaciones que le incumben en virtud del Tratado y de la
                                                                    Directiva 91/157/CEE.
Ð Incumplimiento del deber de motivación.
                                                                    (1) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38.
(1) DO C 166 de 30.5.1998, p. 14.
(2) Decisión no 3855/91/CECA de la Comisión (DO L 362 de
    31.12.1991, p. 57).
                                                                    Recurso interpuesto el 16 de junio de 1998 contra la
                                                                    RepuÂblica Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                                               Europeas
Recurso interpuesto el 10 de junio de 1998 contra la                                      (Asunto C-221/98)
RepuÂblica HeleÂnica por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas                                                         (98/C 278/23)
                       (Asunto C-215/98)
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                          (98/C 278/22)                             ha presentado el 16 de junio de 1998 un recurso contra la
                                                                    RepuÂblica Francesa formulado por la Comisión de las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se           Comunidades Europeas, representada por D.a Marie Wolf-
ha presentado el 10 de junio de 1998 un recurso contra la           carius, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de
RepuÂblica HeleÂnica formulado por la Comisión de las               Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Comunidades Europeas, representada por D.a Maria Kon-               despacho de D. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
tou-Durande, miembro del Servicio Jurídico de la Comi-              Kirchberg.
sión, que designa como domicilio en Luxemburgo el des-
pacho de D. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servi-             La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
cio Jurídico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.              bunal de Justicia que:
                                                                    1) Declare que:
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         Ð al no permitir a los estudiantes, nacionales de los
Ð declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las                      demaÂs Estados miembros, que soliciten que se
     obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y                    reconozca su derecho de residencia en Francia,
 ---pagebreak--- C 278/14              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     5.9.98
        garantizar a las autoridades que disponen de recur-           nes, la exigencia de que el estudiante declare que dis-
        sos uÂnicamente mediante la declaración prevista              pone al menos de una determinada cantidad fijada por
        por dicha Directiva, o a elección del estudiante,             el Decreto va maÂs allaÂ de lo permitido por la Direc-
        por cualquier otro medio que sea cuando menos                 tiva: la Directiva 93/96/CEE deja al estudiante la res-
        equivalente;                                                  ponsabilidad de juzgar queÂ importe necesitaraÂ para
                                                                      poder vivir y estudiar, sin convertirse en una carga
   Ð al limitar el tipo y las características de los recur-           para la asistencia social del país de acogiada.
        sos que pueden ser tenidos en cuenta para acre-
        ditar que los beneficiarios de la Directiva 90/364/        Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Direc-
        CEE del Consejo (1) cumplen el requisito de dispo-            tiva 90/364/CEE:
        ner de recursos suficientes;
                                                                      Si bien los Estados miembros pueden fijar, con arreglo
   Ð al limitar los tipos de seguro de enfermedad que
                                                                      a los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la Directiva, el
        son tenidos en cuenta para justificar que los benefi-
                                                                      nivel mínimo necesario para poder beneficiarse del
        ciarios de las Directivas 90/364/CEE, 90/365/
                                                                      derecho de residencia, no les estaÂ permitido fijar las
        CEE (2) y 93/96/CEE (3) del Consejo cumplen los
                                                                      características ni la naturaleza de los recursos. La exi-
        requisitos relativos al seguro de enfermedad; y
                                                                      gencia de recursos regulares parece excluir la toma en
                                                                      consideración de elementos como:
   Ð al disponer que las autoridades competentes com-
        prueben si los beneficiarios de las Directivas 90/            Ð la ocupación de una casa en concepto de propieta-
        364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE siguen estando                     rio o puesta gratuitamente a disposición por el
        en condiciones de facilitar un certificado de afilia-              propietario;
        ción a un reÂgimen de seguro de enfermedad,
        cuando la validez del primer certificado sea de una
                                                                      Ð el ejercicio de una actividad retribuida (pero que
        duración inferior a la de la autorización de resi-
                                                                           en sí misma es demasiado marginal o accesoria
        dencia,
                                                                           para poder constituir un trabajo por cuenta ajena
                                                                           en el sentido del artículo 48 del Tratado);
   la RepuÂblica Francesa ha incumplido las obligaciones
   que le incumben en virtud de las Directivas 90/364/                Ð el acceso a recursos irregulares (por ejemplo, dere-
   CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.                                            chos de autor) o a recursos procedentes de un
                                                                           padre, companÄero more uxorio o amigo que pueda
2) Condene en costas a la RepuÂblica Francesa.                             actuar como fiador;
                                                                      Ð el acceso a un pequenÄo capital (que no produzca
Motivos y principales alegaciones                                          rentas);
Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a la Direc-               Ð la ausencia durante una parte del anÄo para vivir en
   tiva 93/96/CEE:                                                         el extranjero.
   La Directiva 93/96/CEE prohíbe a los Estados miem-                 La Comisión es consciente de que tales situaciones
   bros exigir otras pruebas o documentos relativos a los             pueden ofrecer dificultades cuando se trata de calcular
   recursos mientras el estudiante extranjero decida efec-            el valor de los diferentes recursos con el fin de exami-
   tuar la declaración prevista en su artículo 1. Esta inter-         nar si su importe es superior al nivel mínimo fijado
   pretación Ðque no es otra cosa que el propio texto                 con arreglo a los apartados 2 y 3 de la Directiva 90/
   del pasaje que interesa de la disposición de que se                364/CEE. No obstante, se trata de una dificultad praÂc-
   trataÐ resulta confirmada por la estructura y la geÂne-            tica que no permite por sí sola descartar determinados
   sis de la Directiva y por la comparación con las Direc-            recursos por su tipo o sus características.
   tivas 90/364/CEE y 90/365/CEE.
                                                                   Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a las tres
                                                                      Directivas por lo que se refiere al requisito de disponer
   Si bien una «declaración por el honor» siguiendo el
                                                                      de un seguro de enfermedad que cubra todos los ries-
   modelo fijado por las autoridades, no es contraria en
                                                                      gos en el Estado miembro de acogida:
   sí misma a la Directiva 93/96/CEE, la exigencia de que
   el estudiante declare que dispone «de recursos suficien-
   tes, regulares y cuya percepción no puede quedar sus-              Sin duda, los tres tipos de documentos justificativos
   pendida ni reducida por el traslado de residencia», va             que preveÂ la normativa francesa cubren una gran parte
   claramente maÂs allaÂ de lo permitido por la Directiva.            de los casos posibles. AdemaÂs, los beneficiarios pueden
   AdemaÂs, es una declaración que algunos estudiantes                afiliarse, en determinadas situaciones, a regímenes
   no siempre podraÂn hacer, por ejemplo cuando tienen                franceses de seguro de enfermedad. La Comisión
   la intención de completar sus recursos con alguna acti-            estima, sin embargo, que dichas disposiciones, que
   vidad retribuida. A fortiori, es contrario a la Directiva          enumeran con caraÂcter taxativo los posibles seguros de
   que la normativa francesa limite auÂn maÂs los tipos de            enfermedad, no permiten cubrir la totalidad de las
   recurso que pueden ser tenidos en cuenta para la reno-             situaciones posibles y son, por tanto, demasiado res-
   vación de la tarjeta de residencia. Por las mismas razo-           trictivas.
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Ð Adaptación incorrecta del Derecho interno a las tres                        al igual que en los litigios sobre igualdad de retri-
     Directivas por lo que se refiere a la comprobación del                   bución.
     mantenimiento de un seguro de enfermedad:
                                                                              Para la respuesta a esta cuestión, puede considerarse
     Si bien es cierto que con arreglo al artículo 3 de las                   que el modelo de transformación/convenio a que se
     Directivas 90/364/CEE y 90/365/CEE y en virtud del                       refiere el presente asunto, examinado en su conjunto y
     artículo 4 de la Directiva 93/96/CEE, puede ponerse                      como un todo, es neutral con respeto al sexo tanto en
     fin al derecho de residencia cuando la persona de que                    su efecto como en su objetivo.
     se trate no responda ya a los requisitos, en particular
                                                                              Asimismo, cabe considerar que el modelo de transfor-
     cuando no responda ya al requisito relativo al seguro
                                                                              mación/convenio contiene disposiciones que, contem-
     de enfermedad, dicha disposición no puede entenderse
                                                                              pladas de forma aislada, producen el efecto de una
     en el sentido de que permite un control activo y per-
                                                                              desigualdad de trato entre los sexos, al tiempo que se
     manente, por parte de las autoridades competentes
                                                                              observa que, en algunas disposiciones, dicha desigual-
     para la expedición de las tarjetas de residencia, de la
                                                                              dad de trato la sufren principalmente los meÂdicos espe-
     situación de los beneficiarios de las Directivas 90/364/
                                                                              cialistas de sexo femenino, mientras que en otras,
     CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. Otra interpretación
                                                                              afecta principalmente a los meÂdicos especialistas de
     sería no solamente contraria a dichas Directivas, sino
                                                                              sexo masculino.
     ademaÂs a los principios del artículo 8 A del Tratado
     CE.                                                                 2) Si la respuesta a la primera cuestión fuera afirmativa,
                                                                              se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie
(1) Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,                 sobre en queÂ medida consideraciones relativas a la
    relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26).                      seguridad presupuestaria, al ahorro y a la planificación
(2) Directiva 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990,                 de la actividad profesional pueden ser consideradas
    relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta          razones objetivas y pertinentes por las cuales es acep-
    ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su acti-
                                                                              table que el nuÂmero de mujeres afectadas por la refe-
    vidad profesional (DO L 180, p. 28).
(3) Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993,                rida disposición parcial sea relativamente superior al
    relativa al derecho de residencia de los estudiantes (DO L 317,           de hombres.
    p. 59).
                                                                         3) La remuneración por el fondo de comercio que la
                                                                              demandante puede obtener con ocasión de la transmi-
                                                                              sión de su consulta a raíz de su jubilación por razón
                                                                              de la edad, si se tiene en cuenta la edad de la deman-
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                    dante (nacida en 1939), ¿puede equipararse al ahorro
lución del éstre Landsret de 4 de junio de 1998, en el                        realizado con vistas a una pensión en el caso de un tra-
asunto promovido por Speciallñge Birgitte Jùrgensen                           bajador por cuenta ajena?
contra Foreningen af Speciallñger y Sygesikringens
                                                                         4) Si la respuesta del Tribunal de Justicia de la CE a la
                       Forhandlingsudvalg
                                                                              tercera cuestión fuese afirmativa, se desea dilucidar
                        (Asunto C-226/98)                                     queÂ importancia tiene, a efectos de la respuesta a la
                           (98/C 278/24)                                      primera cuestión, el hecho de que una parte de la des-
                                                                              ventaja sufrida como consecuencia de la disposición de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le                        que se trata consista en que la remuneración obtenida
ha sido sometida una petición de decisión prejudicial                         por el fondo de comercio en el momento de la trans-
mediante resolución del éstre Landsret dictada el 4 de                        misión seraÂ menor, y, como consecuencia de ello, se
junio de 1998, en el asunto entre Speciallñge Birgitte Jùr-                   produciraÂ un deterioro de la pensión de jubilación, si
gensen contra Foreningen af Speciallñger y Sygesikringens                     se tiene en cuenta que en la sentencia del Tribunal de
Forhandlingsudvalg y recibida en la Secretaría del Tribunal                   Justicia de la CE de 13 de diciembre de 1994, Grau-
de Justicia el 24 de junio de 1998.                                           Hupka (C-297/93) (3), apartado 27, se declaró que los
                                                                              Estados miembros no estaÂn obligados a conceder ven-
El éstre Landsret solicita al Tribunal de Justicia que se                     tajas en materia de seguro de vejez a las personas que
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                    se hayan ocupado de sus hijos o a estableer derechos a
                                                                              prestaciones como consecuencia de períodos de inte-
1) Se solicita al Tribunal de Justicia de la CE que dilucide                  rrupción de la actividad debidos a la educación de los
     cóme debe apreciarse una discriminación indirecta por                    hijos.
     razón de sexo en un litigio sobre igualdad de trato con
     arreglo a la Directiva 76/207/CEE del Consejo (1) y la              (1) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
     Directiva 86/613/CEE del Consejo (2).                                   relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
                                                                             hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empeo, a la
     Dado que se parte de la base de que, de conformidad                     formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones
     con una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justi-                 de trabajo (DO L 39 de 14.2.1976, p. 40; EE 05/02, p. 70).
     cia de la CE, en los litigios sobre igualdad de retribu-            (2) Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de
     ción debe efectuarse una comparación punto por                          1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
     punto, se desea dilucidar si la comparación de la situa-                entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma,
                                                                             incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protec-
     ción económica que ha de efectuarse en un litigio                       ción de la maternidad (DO L 359 de 19.12.1986, p. 56).
     sobre igualdad de trato debe realizarse mediante una                (3) Rec. 1994, p. I-5535.
     apreciación global de todos los elementos en su con-
     junto o mediante una comparación punto por punto,