CELEX: 31996Y0110(01)
Language: es
Date: 1995-12-22 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin

Avis juridique important

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31996Y0110(01)

Recomendación del Consejo de 22 de diciembre de 1995 sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin  

Diario Oficial n° C 005 de 10/01/1996 p. 0001 - 0003

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJOde 22 de diciembre de  1995sobre la armonización de los medios de lucha contra la inmigración y el empleo ilegales y  sobre la mejora de los medios de control previstos a tal fin(96/C  5/01)EL  CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo K.3, Vista la iniciativa de la República Francesa de 22 de diciembre de 1994, Vista la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 1 de junio de 1993, relativa a los controles y a la expulsión de  los nacionales de países terceros que residan o trabajen sin autorización, Vista la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados  miembros en materia de expulsión, Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del artículo K.1 del Tratado, la  política respecto a los nacionales de países terceros, y muy en particular la lucha contra la  inmigración, la residencia y el trabajo irregulares, constituye un asunto de interés común y se  inscribe en el ámbito de la cooperación entre Estados miembros a que se refiere el título VI de  Tratado; Considerando que los Estados miembros, enfrentados a una fuerte presión migratoria ilegal, ya han  adoptado medidas concretas para garantizar un mejor control de flujos de población y para evitar  que extranjeros que hayan entrado o residan de manera irregular en su territorio permanezcan en él  indebidamente; Considerando, no obstante, que, para que esas acciones sean eficaces, deberán aplicarse medidas  concertadas y coherentes; Considerando además que, si bien ya se han adoptado recomendaciones por las que se establecen los  principios rectores relativos a los procedimientos aplicables en materia de expulsión, es preciso  afianzar este esfuerzo de aproximación recomendando a los Estados miembros que se comprometan a  seguir ciertos principios destinados a garantizar un mejor control de la situación de los  extranjeros que se encuentren en su territorio; Considerando que la presente Recomendación es conforme a la legislación comunitaria, al Convenio  Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de  noviembre de 1950, y, en particular, de sus artículos 3 y 14, y a la Convención de Ginebra, de 28  de julio de 1951, relativa al Estatuto de los refugiados, modificada por el Protocolo de Nueva York  de 31 de enero de 1967, RECOMIENDA a los Estados miembros que lleven a cabo una mayor armonización de los medios de control  de los extranjeros, para comprobar que cumplen las condiciones fijadas por la normativa aplicable  en materia de entrada, permanencia y empleo, inspirándose en las orientaciones siguientes: 1. La presente Recomendación no se aplicará ni a los ciudadanos de la Unión  Europea ni a los nacionales de países de la Asociación Europea de Libre Comercio, partes del  Acuerdo sobre al Espacio Económico Europeo, ni a los miembros de sus familias beneficiarios del  Derecho comunitario. 2. Cuando un extranjero sea objeto de un control de identidad con arreglo a la legislación  nacional, y al menos en los casos en que de ello resulten indicios de estancia irregular, debería  controlarse su situación en lo referente a la estancia. Ese podría ser el caso, especialmente, en  los siguientes casos: - controles de identidad relacionados con la investigación de infracciones o a las actuaciones  contra éstas, - controles de identidad realizados para prevenir alteraciones del orden o la seguridad pública, - controles de identidad realizados para luchar contra las entradas o las estancias ilegales en  determinadas zonas (por ejemplo, en las zonas fronterizas y los puertos, aeropuertos y estaciones  abiertos al tráfico internacional), independientemente de los controles fronterizos. 3. Las personas de nacionalidad extranjera deberían poder presentar, con arreglo a la legislación  nacional, a las autoridades habilitadas para ello la confirmación de su autorización a permanecer  en el territorio del Estado miembro en el que se encuentran, por ejemplo los permisos o documentos  que les autorizan a permanecer en él. 4. En la medida en que la situación en lo que se refiere a la residencia o el empleo según la  legislación nacional es la condición previa para que un extranjero pueda disfrutar una prestación  facilitada por un servicio público de un Estado miembro, en particular en materia de sanidad,  jubilación, prestación familiar y trabajo, ésta sólo debería poder ser satisfecha tras la  verificación de que el interesado y su familia tienen derecho a la prestación teniendo en cuenta su  situación en materia de residencia y de empleo. No será necesaria la verificación de su situación  en materia de residencia o de empleo en los casos en que, por razones humanitarias imperiosas, se  impone la intervención de una autoridad pública. Efectuarían dichas verificaciones los servicios que den las prestaciones, si fuera necesario con la  asistencia de las autoridades competentes, en especial para expedir las autorizaciones de  residencia o de trabajo, con arreglo a la legislación nacional, en particular en materia de  protección de datos. Los Estados miembros deberían encargarse de informar a las autoridades centrales o locales  encargadas de las prestaciones en beneficio de nacionales extranjeros sobre la importancia de la  lucha contra la inmigración clandestina, a fin de incitarlos a señalar a las autoridades  competentes, con arreglo a la legislación nacional, los casos de infracción de las condiciones de  residencia que hayan podido constatar en el marco de sus atribuciones. También debería llamarse la atención de las autoridades competentes para celebrar matrimonios sobre  los riesgos de matrimonios fraudulentos. 5. Los empresarios que deseen contratar a extranjeros deberían verificar la regularidad de su  situación en materia de residencia y de trabajo mediante la presentación de la documentación en  virtud de la cual estén autorizados a permanecer y trabajar en el Estado miembro. Los Estados  miembros podrían establecer que, en caso necesario y en las condiciones previstas en la legislación  nacional, en particular en materia de protección de datos, los empresarios podrán proceder a una  verificación ante las autoridades competentes para expedir autorizaciones de residencia o de  trabajo, que les comunicarán la información correspondiente merced a procedimientos que garanticen  el respeto de la confidencialidad en la transmisión de datos personales. 6. Toda persona que, en virtud del derecho nacional del Estado miembro de que se trate, haya  recurrido al empleo de extranjeros desprovistos de la autorización necesaria debería ser objeto de  las sanciones apropiadas. 7. Las autoridades competentes para autorizar la residencia deberían poder tomar medidas que  permitan verificar que las personas cuya permanencia en el territorio del Estado miembro se haya  denegado lo han abandonado por sí mismas. 8. Cada Estado miembro debería considerar la posibilidad de crear un fichero central de  extranjeros, que la información relativa a la situación administrativa de los extranjeros respecto  a la residencia, incluidas las denegaciones de residencia y las medidas de expulsión. Todo fichero  así establecido funcionaría respetando las normas establecidas por el Convenio 108 del Consejo de  Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento  automatizado de los datos de carácter personal. 9. Los Estados miembros deberían asegurarse de que los documentos de residencia expedidos a los  extranjeros presentan garantías suficientes contra su falsificación o utilización fraudulenta,  particularmente la falsificación por fotocopia en color, y, en caso necesario, los modificarán a  tal fin. 10. Los Estados miembros deberían tomar todas las medidas necesarias para reforzar y mejorar los  medios de identificación de los extranjeros en situación irregular que no estén en posesión de  documentos de viaje ni de documentación que permita identificarlos. Cuando un extranjero en situación irregular sea retenido o pueda serlo en los casos previstos en el  punto II de la Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas  encargados de la inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados  miembros en materia de expulsión, el período de retención debería aprovecharse, en especial, para  obtener los documentos de viaje necesarios para la expulsión de los extranjeros desprovistos de  cualquier documento. Las autoridades consulares del país de origen o del país de la nacionalidad  del extranjero de que se trate deberían efectuar las gestiones de identificación complementarias  para la obtención de los documentos de viaje. Deberían aplicarse sanciones a los extranjeros que hayan organizado su clandestinidad negándose en  particular a presentar documentos de viaje. Estas medidas podrían, en los casos apropiados,  revestir carácter penal. Los Estados miembros harán balance de la aplicación del punto 2 de la sección III de la  Recomendación de los ministros de los Estados miembros de las Comunidades Europeas encargados de la  inmigración, de 30 de noviembre de 1992, relativa a las prácticas de los Estados miembros en  materia de expulsión. El Consejo examinará periódicamente, por ejemplo, anualmente, los avances de la armonización en los  ámbitos cubiertos por la presente Recomendación. Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1995. Por el ConsejoEl PresidenteL. ATIENZA SERNA