CELEX: 51995PC0379
Language: es
Date: 1995-07-19
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)

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51995PC0379

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP)  /* COM/95/379 FINAL - COD 95/0207 */  

Diario Oficial n° C 313 de 24/11/1995 p. 0007

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del  Consejo relativa a la interconexión en las telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el  servicio universal y la interoperabilidad mediante la aplicación de los principios de la oferta de  red abierta (ONP) (95/C 313/04) COM(95) 379 final - 95/0207(COD)(Presentada por la Comisión  el 31 de agosto de 1995) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, De conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 189 B del Tratado, (1) Considerando que, a partir del 1 de enero de 1998 (con períodos de transición para determinados  Estados miembros), quedará liberalizado el suministro de servicios y de infraestructura de  telecomunicaciones en la Comunidad; que la Resolución del Consejo de 7 de febrero de 1994, relativa  a los principios del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones (1) reconoce que  para fomentar unos servicios de telecomunicación de alcance comunitario es preciso garantizar la  interconexión de las redes públicas y, en el futuro entorno competitivo, la interconexión entre los  diferentes operadores nacionales y comunitarios; que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de  junio de 1990, relativa al establecimiento del mercado interior de los servicios de  telecomunicaciones mediante la realización de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones  (ONP) (2) establece unos principios armonizados en materia de apertura y eficacia en el acceso a  las redes, y, cuando proceda, servicios públicos de telecomunicación, así como en su uso; que la  Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993, relativa al informe sobre la situación del sector de  las telecomunicaciones y la necesidad de que prosiga el desarrollo en este mercado (3), reconoce  que las medidas de la oferta de red abierta proporcionan el marco adecuado para armonizar las  condiciones de interconexión; (2) Considerando que es necesario contar con un marco general para la interconexión a las redes  públicas de telecomunicación y a los servicios públicos de telecomunicación, con independencia de  las tecnologías empleadas, con vistas a garantizar a los usuarios comunitarios una  interoperabilidad de extremo a extremo de los servicios; que la existencia de unas condiciones de  interconexión e interoperabilidad equitativas, proporcionadas y no discriminatorias constituye un  factor clave para facilitar el desarrollo de unos mercados abiertos y competitivos; (3) Considerando que la abolición de los derechos exclusivos y especiales en las telecomunicaciones  exige la modificación de algunas de las definiciones actuales; que, a efectos de la presente  Directiva, los servicios de telecomunicación no incluyen los servicios de radiodifusión sonora ni  de televisión; que las condiciones técnicas, tarifas y condiciones de uso y suministro aplicables a  la interconexión son distintas de las aplicables a las interfaces entre la red y el usuario final; (4) Considerando que, tras la supresión de los derechos especiales y exclusivos en materia de  servicios e infraestructura de telecomunicaciones en la Comunidad, el suministro de redes o  servicios de telecomunicación puede exigir alguna forma de autorización por parte de los Estados  miembros; que todas las organizaciones autorizadas a suministrar redes públicas de telecomunicación  o servicios públicos de telecomunicación en la totalidad o en una parte de la Comunidad deben tener  libertad para negociar acuerdos de interconexión sobre una base comercial de conformidad con el  Derecho comunitario y sometidas a la supervisión e intervención de las autoridades nacionales de  reglamentación; que hay que garantizar una interconexión adecuada dentro de la Comunidad de  determinadas redes y servicios que resultan esenciales para el bienestar social y económico de los  usuarios comunitarios, en particular, las redes y servicios telefónicos públicos y las líneas  arrendadas; (5) Considerando que es necesario definir qué organizaciones tienen derechos y obligaciones en  materia de interconexión; que, para favorecer el desarrollo de nuevos tipos de servicios de  telecomunicación, es importante fomentar las nuevas formas de interconexión y acceso especial a la  red; (6) Considerando que la Resolución de 7 de febrero de 1994 establece las condiciones para la  financiación de un servicio universal de telefonía vocal; que las obligaciones de prestación de un  servicio universal contribuyen a la consecución de los objetivos de cohesión socioeconómica e  igualdad territorial de la Comunidad; que en un Estado miembro puede haber más de una organización  con obligaciones de servicio universal; que el cálculo del coste neto del servicio universal debe  tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como los efectos externos económicos y  los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero, para no  obstaculizar el proceso de reequilibrio de tarifas en curso, no debe incluir elementos que deriven  de desequilibrios históricos en las tarifas; que los costes de las obligaciones de servicio  universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes; que las aportaciones  económicas relacionadas con las obligaciones de servicio universal deben separarse de las cuotas de  interconexión; (7) Considerando que es importante establecer unos principios que garanticen la transparencia, el  acceso a la información, la no discriminación y la igualdad de acceso, en particular para las  organizaciones que tienen un peso significativo en el mercado; que el peso en el mercado de una  organización depende de varios factores, entre los que figuran su cuota en el mercado del producto  o servicio de que se trate en el mercado geográfico relevante, su volumen de negocios con relación  a las dimensiones del mercado, su capacidad para influir en la situación del mercado, su control de  los medios de acceso a los usuarios finales, su acceso a los recursos financieros y su experiencia  en el suministro de productos y servicios al mercado; que, a efectos de la presente Directiva, se  presumirá que una organización tiene un peso significativo en el mercado cuando su cuota en un  mercado de telecomunicaciones concreto de la zona geográfica de un Estado miembro en la que está  autorizada a operar supere el 25 %, salvo que su autoridad nacional de reglamentación determine que  no es éste el caso; que, si una organización está por debajo de esta cuota de mercado umbral, su  autoridad nacional de reglamentación podrá, no obstante, determinar si la organización tiene un  peso significativo en el mercado; (8) Considerando que la fijación de los precios de interconexión constituye un factor clave a la  hora de determinar la estructura y la intensidad de la competencia durante el proceso de  liberalización del mercado; que las organizaciones que tienen un peso significativo en el mercado  deben estar en disposición de demostrar que sus cuotas de interconexión se basan en criterios  objetivos, se ajustan a los principios de transparencia y orientación por los costes y están  suficientemente desglosadas en función de los elementos de red y de servicio que se ofrecen; que la  publicación de una lista de servicios y cuotas de interconexión favorece la transparencia y la no  discriminación necesarias; que debe ser posible la flexibilidad en los métodos de tarificación del  tráfico de interconexión, incluido el cobro basado en la capacidad; que el nivel de las cuotas debe  fomentar la productividad y facilitar una incorporación al mercado eficaz y sostenible, y no debe  situarse por debajo de un límite calculado mediante el uso de métodos de coste incremental a largo  plazo y de imputación y atribución de costes basados en la generación de los costes reales, ni por  encima de un límite establecido por el coste autónomo de proporcionar la interconexión de que se  trate; (9) Considerando que una adecuada separación contable entre las actividades de interconexión y el  resto de las actividades garantiza la transparencia de las transferencias internas de costes; que,  cuando una organización que disfruta de derechos especiales o exclusivos en un campo distinto del  de las telecomunicaciones presta también servicios de telecomunicación, la separación contable  constituye un medio apropiado para evitar las subvenciones cruzadas desleales; (10) Considerando que las autoridades nacionales de reglamentación deben desempeñar un papel  importante en lo que se refiere a fomentar el desarrollo de un mercado competitivo en interés de  los usuarios comunitarios y garantizar una interconexión adecuada de redes y servicios; que la  negociación de acuerdos de interconexión puede verse facilitada si las autoridades nacionales de  reglamentación establecen determinadas condiciones de antemano y delimitan los ámbitos que deben  figurar en los acuerdos de interconexión; que si surge un litigio en materia de interconexión entre  partes del mismo Estado miembro, la parte perjudicada debe poder acudir a la autoridad nacional de  reglamentación para solucionar el litigio; que las autoridades nacionales de reglamentación deben  poder exigir a las organizaciones la interconexión de sus instalaciones siempre que pueda  demostrarse que va en interés de los usuarios; que la misión de las autoridades nacionales de  reglamentación podría verse facilitada por la publicación de orientaciones no obligatorias en estas  áreas; (11) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales que  justifican la restricción del acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicación y el uso  de los mismos se limitan a la seguridad en la explotación de la red, el mantenimiento de su  integridad, la interoperabilidad de los servicios en casos justificados y la protección de los  datos, según proceda; (12) Considerando que compartir instalaciones puede resultar beneficioso por motivos relacionados  con el urbanismo, el medio ambiente, la economía u otros conceptos y, por consiguiente, las  autoridades nacionales de reglamentación deben fomentarlo sobre la base de acuerdos voluntarios;  que en algunas circunstancias puede resultar adecuado imponer la obligación de compartir  instalaciones, pero sólo después de una consulta pública completa; que la coubicación virtual puede  representar una alternativa satisfactoria a la coubicación física de los equipos de  telecomunicación; (13) Considerando que la numeración constituye un elemento clave de la igualdad de acceso; que las  autoridades nacionales de reglamentación deben tener la responsabilidad de administrar y controlar  los planes nacionales de numeración, así como los aspectos de los servicios de telecomunicación  relacionados con la denominación y el direccionamiento cuya coordinación a nivel nacional resulta  necesaria, con vistas a garantizar una competencia efectiva; que la transportabilidad de los  números, es decir, la posibilidad de que el usuario final cambie de organización prestadora del  servicio telefónico en un lugar sin necesidad de cambiar de número nacional, es una facilidad  importante para los usuarios y debe implantarse en cuanto sea viable; que los sistemas de  numeración deben elaborarse previa consulta con todas las partes interesadas y en armonía con el  marco europeo de numeración a largo plazo y los sistemas internacionales de numeración; que las  exigencias de la numeración en Europa, la necesidad de prestar servicios paneuropeos y nuevos y la  mundialización y la sinergia del mercado de las telecomunicaciones obligan a adoptar una posición  común de la Comunidad en las organizaciones y foros internacionales en las que se adoptan  decisiones en materia de numeración; (14) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, la armonización de las  interfaces técnicas y de las condiciones de acceso debe basarse en especificaciones técnicas  comunes que tengan en cuenta la normalización internacional; que puede resultar necesaria la  elaboración de nuevas normas europeas en materia de interconexión; que, de conformidad con la  Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento  de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (4) cuya última modificación la  constituye la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) no deben elaborarse  nuevas normas nacionales en sectores en los que se estén elaborando normas europeas armonizadas; (15) Considerando que, de conformidad con la Directiva 90/387/CEE, las condiciones de la oferta de  red abierta deben ser transparentes y publicarse de manera apropiada; que dicha Directiva  establecía el Comité ONP (en lo sucesivo, Comité ONP) para asistir a la Comisión y preveía un  procedimiento de consulta con las organizaciones de telecomunicaciones, usuarios, consumidores,  fabricantes y prestadores de servicios; (16) Considerando que, además de los recursos previstos en la legislación nacional o comunitaria,  es necesario que existan unos procedimientos sencillos de solución de litigios transfronterizos que  queden fuera de la competencia de una única autoridad nacional de reglamentación; que dichos  procedimientos deben ser rápidos, poco costosos y transparentes y permitir la participación de  todas las partes afectadas; (17) Considerando que, para que la Comisión pueda controlar eficazmente la aplicación de la  presente Directiva, es preciso que los Estados miembros le notifiquen el nombre las autoridades  nacionales de reglamentación que desempeñarán las funciones que les atribuye la presente Directiva,  así como las organizaciones afectadas por sus disposiciones; (18) Considerando que, a la vista del desarrollo dinámico que presente este sector, debe  establecerse un procedimiento rápido para la adaptación de los Anexos de la presente Directiva, que  tenga plenamente en cuenta los puntos de vista de los Estados miembros y en el que participe el  Comité ONP; (19) Considerando que la aplicación de determinadas obligaciones debe vincularse con la fecha de la  liberalización de los servicios y la infraestructura de telecomunicaciones; que debe concederse la  suspensión de la obligación de ofrecer la transportabilidad de los números cuando la Comisión  convenga en que dicha obligación supondría una carga excesiva para determinadas organizaciones; (20) Considerando que la presente Directiva debe asimismo aplicarse a las organizaciones que  suministran redes de telecomunicación y servicios de telecomunicación en la Comunidad y cuya  propiedad y control efectivos no pertenezcan a los Estados miembros del Espacio Económico Europeo o  a nacionales de dichos Estados miembros, denominadas «organizaciones de terceros países»; que los  operadores de la Comunidad deben beneficiarse de un acceso efectivo y comparable a los mercados de  terceros países y disfrutar en los terceros países de un trato similar al que la presente Directiva  otorga a las organizaciones de terceros países; que la Comunidad considera prioritaria la  consecución de este objetivo en el marco de acuerdos multilaterales; (21) Considerando que debe examinarse el funcionamiento de la presente Directiva una vez  transcurridos tres años; que, al mismo tiempo, debe examinarse también la situación de la  interconexión con terceros países, con vistas a adoptar las medidas apropiadas; (22) Considerando que el objetivo esencial de la interconexión de las redes y los servicios en todo  el territorio de la Comunidad y la oferta de redes y servicios transeuropeos no puede alcanzarse  satisfactoriamente a nivel de Estado miembro, y es preferible alcanzarlo a nivel de la Comunidad  mediante la presente Directiva; (23) Considerando que la presente Directiva no afecta a la aplicación de las normas sobre  competencia del Tratado en lo que se refiere a la interconexión a las redes y servicios de  telecomunicación, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Ámbito de aplicación y objetivo La presente Directiva establece un marco reglamentario para garantizar la interconexión y la  interoperabilidad de las redes y servicios de telecomunicación en la Comunidad, en el contexto de  unos mercados abiertos y competitivos. Se refiere a la armonización de las condiciones necesarias para una interconexión abierta y eficaz  a las redes públicas de telecomunicación y a los servicios públicos de telecomunicación. Artículo 2 Definiciones 1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por: a) «interconexión», el enlace físico y lógico de las instalaciones de las organizaciones que  suministran redes de telecomunicación y/o servicios de telecomunicación, de manera que los usuarios  de una organización puedan comunicarse con los usuarios de otra organización, o acceder a los  servicios prestados por otra organización; b) «red pública de telecomunicación», una red de telecomunicación que se utiliza, en particular,  para la prestación de servicios públicos de telecomunicación; c) «servicio público de telecomunicación», un servicio de telecomunicación que está a disposición  del público; d) «red de telecomunicación», los sistemas de transmisión y, cuando proceda, los equipos de  conmutación y demás recursos que permitan la transmissión de señales entre puntos de terminación  definidos mediante cable, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos; e) «servicios de telecomunicación», servicios cuya prestación consiste total o parcialmente en la  transmisión y encaminamiento de señales por las redes de telecomunicación, excepción hecha de la  radiodifusión sonora y de televisión; f) «usuarios», los usuarios finales, incluidos los consumidores (p. ej. usuarios finales  particulares) y los prestadores de servicios; g) «derechos especiales», los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de  empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona  geográfica dada, limite a dos o más el número de las empresas autorizadas a prestar un servicio o a  emprender una actividad, con criterios que no sean objetivos, proporcionales o no discriminatorios,  o autorice, con arreglo a criterios distintos de los enumerados, a varias empresas competidoras a  prestar un servicio o a emprender una actividad, o conceda a una o más empresas, con arreglo a  criterios distintos de los mencionados, ventajas legales o reglamentarias que afecten  sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa para prestar el mismo servicio o emprender  la misma actividad en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes. 2. Cuando proceda, serán aplicables las demás definiciones que figuran en la Directiva 90/387/CEE. Artículo 3 Interconexión e interoperabilidad a nivel nacional y  comunitario 1. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para suprimir cualquier restricción  que impida a las organizaciones autorizadas por los Estados miembros a suministrar redes de  telecomunicación y servicios de telecomunicación negociar entre sí acuerdos de interconexión de  conformidad con el Derecho comunitario. Estas organizaciones pueden encontrarse en un mismo Estado  miembro o en Estados miembros diferentes. Los mecanismos técnicos y comerciales relacionados con la  interconexión serán objeto de acuerdos entre las partes interesadas, con sujeción a lo dispuesto en  la presente Directiva y a las normas sobre competencia del Tratado. 2. Los Estados miembros velarán por una interconexión adecuada y eficaz de las redes públicas de  telecomunicación y de los servicios públicos de telecomunicación enumerados en las partes 1 y 2 del  Anexo I, en la medida necesaria para garantizar la prestación universal de dichos servicios para  todos los usuarios en la Comunidad. 3. Los Estados miembros velarán por que las organizaciones que interconecten sus instalaciones a  las redes públicas de telecomunicación y/o a los servicios públicos de telecomunicación respeten en  todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada. Artículo 4 Derechos y obligaciones en materia de interconexión 1. Las organizaciones autorizadas a suministrar las redes públicas de telecomunicación y/o los  servicios públicos de telecomunicación enumerados en el Anexo II tendrán el derecho y, cuando así  lo soliciten organizaciones de esta categoría, la obligación de negociar la interconexión mutua con  el fin de prestar los mencionados servicios y con vistas a garantizar el suministro de estas redes  y servicios en toda la Comunidad. La autoridad nacional de reglamentación podrá limitar esta  obligación, tras un examen caso por caso, cuando existan alternativas técnica y comercialmente  viables a la interconexión solicitada y cuando esta interconexión resulte inadecuada en relación  con los recursos disponibles para satisfacer la solicitud. Cuando una autoridad nacional de  reglamentación imponga una limitación de este tipo, deberá motivarla plenamente y publicarla de  conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 14. 2. Las organizaciones autorizadas a suministrar las redes públicas de telecomunicación y los  servicios públicos de telecomunicación enumerados en el Anexo I que tengan un peso significativo en  el mercado deberán satisfacer todas las solicitudes razonables de interconexión, incluidas las  solicitudes de conexión a la red en puntos distintos de los puntos de terminación de la red  ofrecidos a la mayor parte de los usuarios finales («acceso especial a la red»), formuladas por  prestadores de servicios. Artículo 5 La interconexión y las aportaciones al servicio universal 1. Cuando un Estado miembro determine, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, que  las obligaciones de servicio universal representan una carga no equitativa para una organización,  podrá establecer mecanismos que permitan compartir el coste neto de las obligaciones de servicio  universal con otras organizaciones que exploten redes publicas de telecomunicación. Los Estados  miembros tendrán debidamente en cuenta los principios de transparencia, no discriminación y  proporcionalidad a la hora de establecer las correspondientes aportaciones. Sólo podrán financiarse  de esta forma las redes públicas de telecomunicación y los servicios públicos de telecomunicación  enumerados en la parte 1 del Anexo I. 2. Las aportaciones que se efectúen para costear las obligaciones de servicio universal podrán  basarse en un mecanismo establecido específicamente a tal efecto y administrado por un órgano  independiente de los beneficiarios o adoptar la forme de una cuota suplementaria que se añadirá a  la cuota de interconexión. 3. Para determinar la carga que representa la prestación del servicio universal, las organizaciones  que tengan obligaciones de servicio universal calcularán, a petición de su autoridad nacional de  reglamentación, el coste neto de tales obligaciones de conformidad con el procedimiento establecido  en el Anexo III. El cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal será auditado  por un órgano competente, independiente de la organización de telecomunicaciones, y aprobado por la  autoridad nacional de reglamentación. El cálculo del coste y los resultados de la auditoría se  pondrán a disposición del público con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del  artículo 14. 4. Cuando esté justificado sobre la base del cálculo del coste neto contemplado en el apartado 3, y  teniendo en cuenta los beneficios que revierten en el mercado a una organización que ofrece un  servicio universal, las autoridades nacionales de reglamentación determinarán si está justificado  establecer un mecanismo que permita compartir el coste neto de las obligaciones del servicio  universal. 5. Cuando se establezca el mecanismo contemplado en el apartado 4, las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que los principios aplicados al reparto de los costes y los datos  referentes al mecanismo aplicado se pongan a disposición del público con arreglo al apartado 2 del  artículo 14. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique un informe anual en el que  conste el coste calculado de las obligaciones de servicio universal y se detallen las aportaciones  efectuadas por todas las partes afectadas. 6. Hasta el momento en que aplique el procedimiento descrito en los apartados 3, 4 y 5, deberán  notificarse a la autoridad nacional de reglamentación y a la Comisión, antes de introducirlas, las  cuotas pagaderas por una parte interconectada que incluyan o sirvan de aportación destinada a  costear las obligaciones de servicio universal. Si la autoridad nacional de reglamentación o la  Comisión consideran excesivas dichas cuotas, se solicitará a la organización de que se trate que  las reduzca. Esta reducción deberá aplicarse con efectos retroactivos, a partir de la fecha en que  se introdujeron las cuotas. 7. Cuando proceda, la Comisión podrá, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15,  establecer orientaciones sobre el cálculo del coste y la financiación del servicio universal. Artículo 6 Los requisitos de no discriminación y transparencia Con referencia a la interconexión a las redes públicas de telecomunicación y a los servicios  públicos de telecomunicación enumerados en el Anexo I y explotados por organizaciones que, según  notificación de las autoridades nacionales de reglamentación, tengan un peso significativo en el  mercado, los Estados miembros velarán por que: a) Las organizaciones afectadas se atengan al principio de no discriminación con respecto a la  interconexión que ofrezcan a los demás. Deberán aplicar condiciones similares en circunstancias  similares a las organizaciones interconectadas que presten servicios similares y proporcionar  medios e información relacionados con la interconexión a las demás en las mismas condiciones en que  los proporciona para sus propios servicios o los de sus filiales o asociados, y de la misma  calidad. b) Se ponga toda la información y las especificaciones necesarias a disposición de las  organizaciones que estén estudiando la posibilidad de interconectarse y así lo soliciten, con  vistas a facilitar la celebración de un acuerdo. c) Se notifique a las partes interconectadas cualquier modificación de los acuerdos de  interconexión existentes al menos seis meses antes de que se aplique dicha modificación, salvo que  las partes hayan acordado otra cosa. d) Los acuerdos de interconexión se pongan a disposición del público, con arreglo al procedimiento  establecido en el apartado 2 del artículo 14, excepción hecha de las secciones que tengan que ver  con la estrategia comercial de las partes. En cualquier caso, deberán publicarse los datos  referentes a las cuotas de interconexión y a cualquier aportación destinada a costear las  obligaciones de servicio universal. Artículo 7 Principios aplicables a las cuotas de interconexión y a los sistemas de contabilidad  de costes 1. Los Estados miembros velarán por que lo dispuesto en los apartados 2 a 6 se aplique a las  organizaciones que exploten las redes públicas de telecomunicación o los servicios públicos de  telecomunicación enumerados en las partes 1 y 2 del Anexo I y tengan, según notificación de las  autoridades nacionales de reglamentación, un peso significativo en el mercado. 2. Las cuotas de interconexión deberán atenerse a los principios de transparencia y orientación por  los costes y fomentar el rendimiento económico y la incorporación sostenible al mercado. La carga  de la prueba de que las cuotas se basan en los costes corresponderá a la organización que  proporciona la interconexión a sus instalaciones. Las autoridades nacionales de reglamentación  podrán solicitar a una organización que justifique plenamente las cuotas de interconexión que  aplica y, cuando proceda, exigirle que las modifique. 3. Las cuotas de interconexión se basarán en los costes de la prestación de los servicios de  interconexión solicitados y contendrán normalmente los componentes que a continuación se enumeran,  cada uno de los cuales deberá detallarse por separado: - una cuota destinada a cubrir el reembolso de los gastos que supone, por una sola vez, el  suministro de los elementos específicos de la interconexión solicitada (es decir, el coste inicial  de los trabajos necesarios para suministrar la interconexión solicitada), - cuotas por utilización relacionadas con el uso de los elementos de la red y de los recursos  solicitados; entre ellas pueden figurar cuotas basadas en la capacidad o cuotas relacionadas con el  tráfico. En el Anexo IV se indican, a título meramente informativo, los tipos de costes que podrían  incluirse en cada uno de estos componentes de la tarifa. Cuando se apliquen otros componentes,  deberán ser transparentes, basarse en criterios objetivos y estar aprobados por la autoridad  nacional de reglamentación. Las cuotas de interconexión podrán incluir mecanismos de descuento por volumen. En algunos casos,  sólo podrán acogerse a ellos las organizaciones enumeradas en el Anexo II. Estos mecanismos se  basarán en criterios objetivos y se aplicarán de forma no discriminatoria. 4. Las cuotas de interconexión deberán estar, de conformidad con el Derecho comunitario,  suficientemente desglosadas, de manera que el solicitante no tenga que pagar por componentes o  instalaciones de la red que no sean necesarios para el servicio solicitado. 5. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique, con arreglo al  apartado 1 del artículo 14, una lista de servicios de interconexión y de las correspondientes  tarifas, en función de las necesidades del mercado. 6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los sistemas de contabilidad de  costes utilizados por las organizaciones afectadas permitan la aplicación de las exigencias del  presente artículo y estén documentados con un nivel de detalle suficiente. Deberá ponerse a  disposición del público, con arreglo al apartado 2 del artículo 14, una parte o la totalidad de la  documentación aprobada por la autoridad nacional de reglamentación, en la que se detalle la  información descrita en el Anexo V. Un organismo independiente competente comprobará que se aplica  el sistema de contabilidad de costes. Anualmente se publicará una declaración relativa a esta  aplicación. 7. Cuando existan cuotas destinadas a compartir los costes de las obligaciones de servicio  universal, según se describe en el artículo 5, deberán desglosarse e identificarse por separado. 8. Los Estados miembros velarán por que las cuotas de interconexión publicadas y las cuotas  destinadas a compartir el coste de las obligaciones de servicio universal se pongan a disposición  del Comité ONP a petición de la Comisión. 9. Con vistas a establecer una base común para la obtención de las cuotas de interconexión, la  Comisión redactará si resulta necesario, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15,  unas recomendaciones sobre los sistemas de contabilidad de costes en el contexto de la  interconexión. Artículo 8 Separación contable y cuentas financieras 1. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones suministradoras de redes públicas de  telecomunicación o de servicios públicos de telecomunicación que posean derechos especiales o  exclusivos para la prestación de servicios en otros sectores, en el mismo o en otro Estado miembro,  que mantengan una contabilidad separada para sus diferentes actividades, en la misma medida en que  se exigiría si dichas actividades fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes. 2. Los Estados miembros exigirán a las organizaciones que tengan un peso significativo en el  mercado, según notificación de las autoridades nacionales de reglamentación, y suministren redes  públicas de telecomunicación o servicios públicos de telecomunicación a usuarios finales y ofrezcan  servicios de interconexión a otras organizaciones que lleven una contabilidad separada de, por una  parte, sus actividades relacionadas con la interconexión -incluidos tanto los servicios de  interconexión prestados internamente como los servicios de interconexión prestados a otros- y, por  otra parte, el resto de sus actividades, en la medida en que se exigiría si los dos tipos de  actividades fueran desempeñadas por empresas jurídicamente independientes. 3. Las organizaciones suministradoras de redes públicas de telecomunicación o servicios públicos de  telecomunicación proporcionarán información financiera a su autoridad nacional de reglamentación en  cuanto ésta lo solicite y con el detalle exigido. Las autoridades nacionales de reglamentación  podrán publicar tal información en la medida en que contribuya a la consecución de un mercado  abierto y competitivo, pero teniendo en cuenta el aspecto de la confidencialidad comercial. Cuando  sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de disposiciones legales  comunitarias específicas, deberá suministrarse a la Comisión, cuando ésta lo solicite, información  financiera detallada. 4. Las cuentas financieras de las organizaciones suministradoras de redes públicas de  telecomunicación o servicios públicos de telecomunicación deberán prepararse, publicarse y  someterse a una auditoría independiente. Dicha auditoría se efectuará con arreglo a las normas  aplicables de la legislación nacional. El párrafo primero se aplicará asimismo a las cuentas separadas que se exigen en los apartados 1 y  2. 5. No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1 y 2 a las organizaciones cuyo volumen anual de  negocios en las actividades de telecomunicaciones llevadas acabo en la Comunidad esté por debajo  del umbral establecido en el Anexo VI. 6. Cuando proceda, la Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15, redactará  unas orientaciones sobre la separación contable en el contexto de la interconexión. Artículo 9 Responsabilidades generales de las autoridades nacionales de reglamentación 1. Las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y garantizarán una interconexión  adecuada en interés de todos los usuarios, y desempeñarán sus responsabilidades con vistas a  obtener el máximo rendimiento económico y alcanzar el máximo beneficio para los usuarios finales. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación tendrán en cuenta: - la necesidad de garantizar unas comunicaciones satisfactorias de extremo a extremo para los  usuarios, - la necesidad de fomentar un mercado competitivo, - la necesidad de promover el establecimiento y el desarrollo de las redes y servicios  transeuropeos, la interconexión e interoperabilidad de las redes y servicios nacionales, y el  acceso a dichas redes y servicios, - los principios de no discriminación (incluida la igualdad de acceso) y proporcionalidad, - la necesidad de mantener el servicio universal. 2. Para la consecución de los objetivos contemplados en el apartado 1, las autoridades nacionales  de reglamentación tendrán derecho a intervenir, por propia iniciativa y en cualquier momento, para  especificar las cuestiones que deben incluirse en un acuerdo de interconexión o establecer las  condiciones específicas que deben observar una o más de las partes firmantes de tales acuerdos. Las  autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir que se introduzcan modificaciones en los  acuerdos de interconexión ya celebrados, siempre que esté justificado para garantizar una  competencia efectiva o la interoperabilidad de los servicios para los usuarios. Las condiciones estalecidas por la autoridad nacional de reglamentación podrán incluir, en  particular, condiciones tendentes a garantizar la competencia efectiva, condiciones técnicas,  tarifas, condiciones de suministro y uso, condiciones acerca del cumplimiento de las normas  pertinentes, de la conformidad con los requisitos esenciales, de la protección del medio ambiente o  del mantenimiento de la calidad del servicio de extremo a extremo. La autoridad nacional de reglamentación podrá asimismo establecer los plazos en que deben concluir  las negociaciones en materia de interconexión. Si no se llega a un acuerdo en el plazo establecido,  la autoridad nacional de reglamentación adoptará medidas encaminadas a conseguir un acuerdo con  arreglo a los procedimientos establecidos por dicha autoridad. Dichos procedimientos se pondrán a  disposición del público con arreglo al apartado 2 del artículo 14. 3. Las condiciones generales establecidas de antemano por la autoridad nacional de reglamentación  deberán publicarse con arreglo al apartado 1 del artículo 14. En relación con la interconexión entre las organizaciones enumeradas en el Anexo II, las  autoridades nacionales de reglamentación deberán: - establecer plazos para la negociación de los acuerdos de interconexión, con arreglo al apartado  2, - establecer las condiciones ex ante enumeradas en la parte 1 del Anexo VII, - garantizar la inclusión en los acuerdos de interconexión, cuando proceda, de las cuestiones que  figuran en la parte 2 del Anexo VII, - fomentar la inclusión en los acuerdos de interconexión de las cuestiones enumeradas en la parte 3  del Anexo VII. 4. Cuando una organización autorizada a suministrar redes públicas de telecomunicación o servicios  públicos de telecomunicación celebre acuerdos de interconexión con otras, la autoridad nacional de  reglamentación tendrá derecho a inspeccionar tales acuerdos de interconexión en su integridad. 5. En caso de litigio en materia de interconexión entre organizaciones que operen al amparo de  autorizaciones concedidas por el mismo Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación de  dicho Estado miembro, a petición de cualquiera de las partes, adoptará medidas encaminadas a  solucionar el litigio. A la hora de adoptarlas, la autoridad nacional de reglamentación tendrá en cuenta, en particular: - el interés del usuario, - las obligaciones o restricciones reglamentarias impuestas a una de las partes, - la conveniencia de fomentar ofertas innovadoras en el mercado y de dotar a los usuarios de una  amplia gama de servicios de telecomunicación a nivel nacional y comunitario, - la disponibilidad de alternativas técnica y comercialmente viables a la interconexión  solicitada, - la conveniencia de garantizar la igualdad de acceso, - la necesidad de mantener la integridad de la red pública de telecomunicación y la  interoperabilidad de los servicios, - la naturaleza de la solicitud en relación con los recursos disponibles para satisfacerla, - las posiciones relativas en el mercado de las partes, - el interés público (p. ej., la protección del medio ambiente). Las decisiones adoptadas por una autoridad nacional de reglamentación se publicarán con arreglo al  procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 14. Deberá motivarse debidamente a las  partes. Si el litigio no se resuelve de forma satisfactoria para todas las partes afectadas o si la  autoridad nacional de reglamentación no encuentra solución en un plazo de dos meses a partir del  momento en que se le someta el litigio: - cualquiera de las partes podrá someter el litigio a la intervención conciliadora de la Comisión,  remitiendo una notificación a la misma y una copia a todas las partes interesadas. Si la Comisión  considera que procede seguir examinando el asunto, podrá crear un grupo de trabajo que la asesore y  del que formarán parte, en particular, los miembros del Comité a que se refiere el artículo 15. El  recurso a este procedimiento no impedirá a las partes interesadas interponer una demanda al amparo  del Derecho nacional, o bien - la autoridad nacional de reglamentación podrá, con el acuerdo de todas las partes interesadas,  someter el litigio a la Comisión, remitiendo una notificación a la misma y una copia a todas las  partes interesadas, para que ésta resuelva con arreglo al procedimiento que se describe en los  apartados 4 y 5 del artículo 16. 6. Cuando organizaciones autorizadas a suministrar redes públicas de telecomunicación o servicios  públicos de telecomunicación no hayan interconectado sus instalaciones, las autoridades nacionales  de reglamentación podrán, en interés de los usuarios y tras un período de consulta pública durante  el cual todas las partes interesadas tendrán oportunidad de expresar su opinión, exigir que dichas  organizaciones interconecten sus instalaciones y, cuando proceda, establecer las condiciones de  interconexión. 7. La Comisión podrá, en consulta con el Comité ONP, publicar orientaciones sobre la base de la  experiencia adquirida en la aplicación de los apartados 1 a 6. Artículo 10 Requisitos esenciales Sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse con arreglo al apartado 5 del artículo 3 y al  apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, se aplicarán los requisitos esenciales  especificados en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 90/387/CEEa la interconexión a las  redes públicas de telecomunicación y/o a los servicios públicos de telecomunicación según se  establece en el presente artículo. Cuando la autoridad nacional de reglamentación imponga la  utilización de condiciones basadas en requisitos esenciales en los acuerdos de interconexión,  dichas condiciones se publicarán de la forma prevista en el apartado 1 del artículo 14. a) Seguridad en la explotación de la red Las autoridades nacionales de reglamentación adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar  la seguridad de las redes públicas de telecomunicación y de los servicios públicos de  telecomunicación en caso de emergencia. Por situación de emergencia se entenderá, en este contexto,  una avería de la red de carácter catastrófico o un caso excepcional de fuerza mayor, tales como  situaciones meteorológicas extremas, inundaciones, rayos o incendios, conflictos laborales o  cierres patronales, guerras, operaciones militares o disturbios civiles. Cuando se produzca una  situación de emergencia, la organización o las organizaciones afectadas harán todo lo posible para  garantizar el mantenimiento del servicio para todos los usuarios y para todas las partes  interconectadas. La necesidad de mantener la seguridad de las redes públicas de telecomunicación y  de los servicios públicos de telecomunicación en caso de emergencia no constituirá una razón válida  para negarse a negociar unas condiciones de interconexión. La autoridad nacional de reglamentación velará por que las condiciones de interconexión  relacionadas con la seguridad de las redes en caso de emergencia sean proporcionales y no  discriminatorias y se basen en criterios objetivos definidos de antemano. Los acuerdos de interconexión podrán incluir condiciones específicas encaminadas a compensar a una  de las partes en caso de que las instalaciones de la otra parte no estén disponibles durante una  situación de emergencia. b) Mantenimiento de la integridad de la red Las autoridades nacionales de reglamentación adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar  el mantenimiento de la integridad de las redes públicas de telecomunicación. La necesidad de  mantener la integridad de la red no constituirá una razón válida para negarse a negociar unas  condiciones de interconexión. La autoridad nacional de reglamentación velará por que las  condiciones de interconexión relacionadas con la protección de la integridad de la red, incluidas  las condiciones específicas encaminadas a compensar a una de las partes en caso de que la otra  parte cause daños a la red, sean proporcionales y no discriminatorias, y se basen en criterios  objetivos definidos de antemano. c) Interoperabilidad de los servicios Las autoridades nacionales de reglamentación podrán obligar a incluir en los acuerdos de  interconexión condiciones destinadas a garantizar la interoperabilidad de los servicios, y en  particular condiciones tendentes a garantizar una calidad satisfactoria de extremo a extremo. Entre  dichas condiciones podrá figurar la aplicación de normas técnicas específicas, o de  especificaciones, o de códigos de conducta aceptados por la industria. d) Protección de los datos Los Estados miembros podrán obligar a incluir en los acuerdos de interconexión condiciones  tendentes a garantizar la protección de los datos, en la medida necesaria para garantizar el  cumplimiento de las disposiciones reglamentarias sobre protección de datos pertinentes, incluida la  protección de los datos personales, la confidencialidad de la información procesada, transmitida y  almacenada y la protección de la intimidad, que sean compatibles con el Derecho comunitario. Artículo 11 Coubicación e instalaciones compartidas Cuando una organización disfrute, con arreglo a la legislación nacional, de un derecho general a  montar instalaciones para fines de telecomunicaciones en un terreno privado o público, o por encima  o por debajo del mismo, o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o utilización de  la propiedad para fines de telecomunicaciones, las autoridades nacionales de reglamentación  procurarán que tales instalaciones y propiedad sean compartidas con otras organizaciones que  presten servicios públicos de telecomunicación. Los acuerdos de coubicación o instalaciones compartidas serán objeto normalmente de acuerdo técnico  y comercial entre las partes afectadas. La autoridad nacional de reglamentación podrá intervenir  para solucionar litigios, según prevé el artículo 9. En particular, los Estados miembros sólo podrán obligar a celebrar acuerdos de uso compartido de  instalaciones (incluida la coubicación física) transcurrido un período adecuado de consulta pública  durante el cual todas las partes interesadas deben tener oportunidad de expresar sus opiniones.  Tales acuerdos podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de las  instalaciones. Artículo 12 Numeración 1. Los Estados miembros velarán por que se proporcionen números e intervalos de numeración  adecuados para todos los servicios públicos de telecomunicación. 2. Para garantizar la plena interoperabilidad de las redes y servicios de alcance europeo, los  Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la coordinación de sus  posiciones nacionales en las organizaciones y en los foros internacionalesen que se adoptan las  decisiones referentes a la numeración, teniendo en cuenta la posible evolución futura de la  numeración a nivel europeo. 3. Los Estados miembros velarán por que los planes nacionales de numeración de las  telecomunicaciones estén controlados por la autoridad nacional de reglamentación, con vistas a  garantizar la independencia con respecto a las organizaciones suministradoras de redes públicas de  telecomunicación o servicios públicos de telecomunicación. Para garantizar una competencia  efectiva, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los procedimientos de  atribución de números y/o de intervalos de numeración sean transparentes, equitativos y se realicen  en el momento oportuno, y que la atribución se efectúe de manera objetiva, transparente y no  discriminatoria. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer condiciones para el  uso de determinados prefijos o determinados códigos abreviados, en particular cuando se utilicen  para servicios de interés público general (p. ej., servicios de llamada gratuita, de quiosco, de  guía telefónica o de urgencia), o para garantizar la igualdad de acceso. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que sean publicados, con arreglo al  apartado 1 del artículo 14, los principales elementos de los planes nacionales de numeración y  todas las adiciones o modificaciones de que sean objeto posteriormente, con supeditación únicamente  a las restricciones impuestas por motivos de seguridad nacional. 5. Las autoridades nacionales de reglamentación procurarán que se introduzca lo antes posible la  facilidad en virtud de la cual los usuarios que lo soliciten podrán conservar un número nacional en  un lugar específico, con independencia de la organización que preste el servicio, y velarán por que  esta facilidad esté disponible por lo menos en todos los centros de población importantes antes del  1 de enero de 2003. 6. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los planes y procedimientos de  numeración se apliquen de forma que todos los prestadores de servicios públicos de telecomunicación  reciban un trato equitativo e igualitario. En particular, las organizaciones a las que se haya  atribuido un intervalo de números deberán evitar las discriminaciones en las secuencias de números  utilizados para otorgar el accesso a los servicios de otros operadores de telecomunicaciones. Artículo 13 Normas técnicas 1. Sin perjuicio del apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, en virtud del cual la  aplicación de ciertas normas europeas puede convertirse en obligatoria, las autoridades nacionales  de reglamentación velarán por que las organizaciones suministradoras de redes públicas de  telecomunicación o de servicios públicos de telecomunicación tengan plenamente en cuenta las normas  cuya referencia se publique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con indicación de que  resultan adecuadas para la interconexión. A falta de tales normas, las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán el suministro de  interfaces técnicas para la interconexión de conformidad con las normas o especificaciones que a  continuación se enumeran: - normas adoptadas por organismos europeos de normalización tales como el ETSI o el CEN/Cenelec, o, a falta de tales normas, - normas o recomendaciones internacionales adoptadas por la Unión Internacional de  Telecomunicaciones (UIT), la Organización Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión  Electrotécnica Internacional (CEI), o, a falta de tales normas, - las especificaciones que cuenten con una amplia aceptación en la industria y hayan sido  elaboradas por organismos internacionales de la industria, o, a falta de tales normas, - las normas y especificaciones nacionales. 2. La Comisión, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15, podrá solicitar la  redacción de normas de interconexión y acceso, cuando proceda, por los organismos europeos de  normalización. La referencia a las normas de interconexión y acceso podrá publicarse en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE. Artículo 14 Publicación de la información y acceso a la misma 1. En relación con la información a que se refieren el apartado 5 del artículo 7, los apartados 3 y  5 del artículo 9, el artículo 10 y el apartado 4 del artículo 12, las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que se publique de manera apropiada una información actualizada para que  las partes interesadas puedan acceder a ella fácilmente. En el Diario Oficial nacional del Estado  miembro afectado se hará referencia a la manera en que se publicará dicha información. 2. En relación con la información a que se refieren el apartado 1 del artículo 4, los apartados 3 y  5 del artículo 5, el artículo 6, el apartado 6 del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 9, las  autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ponga a disposición del público una  información actualizada para su consulta durante la jornada laboral normal y de forma gratuita. En  el Diario Oficial nacional del Estado miembro afectado se hará referencia a los momentos y lugares  en que podrá consultarse dicha información. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, antes del 1 de enero de  1998, y posteriormente de inmediato cada vez que se produzca alguna modificación, la manera en que  se ofrece la información a que se refieren los apartados 1 y 2. La Comisión publicará  periódicamente la referencia de tales notificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades  Europeas. Artículo 15 Procedimiento del Comité 1. La Comisión estará asistida por el comité previsto en el apartado 1 del artículo 9 de la  Directiva 90/387/CEE. 2. El representante de la Comisión someterá al comité un proyecto de las medidas que deban  adoptarse. El comité emitirá un dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá  fijar en función de la urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una votación. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su  posición conste en acta. La Comisión tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen emitido por el Comité.  Informará al comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. Artículo 16 Procedimiento de solución de litigios a nivel comunitario 1. Podrá recurrirse al procedimiento descrito en los apartados 2 a 5 en caso de litigio en materia  de interconexión entre organizaciones que operen al amparo de autorizaciones concedidas por Estados  miembros distintos. 2. Cualquiera de las partes podrá someter el litigio a todas las autoridades nacionales de  reglamentación afectadas. Las autoridades nacionales de reglamentación coordinarán sus esfuerzos  para solucionar el litigio, con arreglo a los principios establecidos en el apartado 1 del artículo  9. 3. Si, una vez sometido el litigio a las autoridades nacionales de reglamentación afectadas, no se  resuelve en el plazo de dos meses, cualquiera de las partes, con el acuerdo de todas las partes,  podrá acogerse al procedimiento previsto en los apartados 4 y 5 mediante notificación a la  Comisión, copia de la cual se remitirá a todas las partes interesadas. 4. Si tras una notificación a la Comisión sobre la base del apartado 3, la Comisión considera que  procede seguir examinando el asunto, podrá crear un grupo de trabajo para que la asesore, del que  formarán parte, en particular, los miembros del Comité a que se refiere el artículo 15. El grupo de  trabajo deberá definir su posición en el plazo de tres meses. 5. La posición a que se haya llegado mediante el procedimiento contemplado en el apartado 4  constituirá la base de una solución que se aplicará sin demora a nivel nacional. Si no se llega a  acordar una posición, o si la posición acordada no se aplica en un plazo razonable, plazo que,  salvo en casos justificados, no excederá de dos meses, la Comisión adoptará la solución apropiada  con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 15. Artículo 17 Notificación 1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de  los medios necesarios para desempeñar las funciones que les atribuye la presente Directiva y  notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de enero de 1997, cuáles son las autoridades  nacionales de reglamentación responsables de dichas funciones. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, a más tardar el 31 de  enero de 1997, y con posterioridad inmediatamente después de que se produzca cualquier  modificación, los nombres de las organizaciones que: - tienen obligaciones de servicio universal relativas al suministro de los servicios y de las redes  públicas de telecomunicación enumeradas en la parte 1 del Anexo I, - están sometidas a las disposiciones de la Directiva relativas a las organizaciones que tienen un  peso significativo en el mercado, - están incluidas en el Anexo II. La Comisión podrá solicitar a las autoridades nacionales de reglamentación que justifiquen las  razones por las que han clasificado a una organización entre las que tienen un peso significativo  en el mercado. 3. La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los nombres a que se  refiere el apartado 2. Artículo 18 Adaptación técnica Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos de la Directiva al progreso técnico o a la  evolución de la demanda de los consumidores y del mercado o para mejorar la coherencia del marco  reglamentario de los Estados miembros se determinarán por la Comisión con arreglo al procedimiento  establecido en el artículo 15. Artículo 19 Suspensión 1. Los Estados miembros que, con arreglo a la Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993, se  benefician de un período de transición adicional para la liberalización de los servicios de  telecomunicación podrán solicitar la suspensión de las obligaciones que les imponen el apartado 1  del artículo 3 y el apartado 3 del artículo 9. Las suspensiones que se concedan por este motivo no  podrán exceder los períodos de transición establecidos en la Resolución del Consejo de 22 de julio  de 1993. 2. Un Estado miembro podrá solicitar la suspensión de las obligaciones que le impone el apartado 5  del artículo 12 cuando pueda demostrar que supondrían una carga desmesurada para determinadas  organizaciones o clases de organizaciones. El Estado miembro informará a la Comisión de las razones por las que solicita la suspensión, de la  fecha en la que podrá cumplir los requisitos y de las medidas previstas para conseguirlo. El  Consejo examinará la solicitud teniendo en cuenta la situación particular en ese Estado miembro y  la necesidad de garantizar un marco reglamentario coherente a escala comunitaria, y comunicará al  Estado miembro si considera que su situación particular justifica una suspensión y, si es así,  hasta qué fecha está justificada dicha suspension. Artículo 20 Interconexión con organizaciones de terceros países 1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier dificultad general, de jure o de  facto, que haya encontrado una organización comunitaria al interconectarse con organizaciones de  terceros países y que se haya puesto en su conocimiento. 2. Cuando la Comisión determine que un tercer país no está concediendo a las organizaciones  comunitarias unos derechos de interconexión efectivos comparables a los que la Comunidad concede a  las organizaciones de ese tercer país, la Comisión podrá, si resulta necesario, presentar  propuestas al Consejo a fin de conseguir un mandato de negociación adecuado u otras medidas  adecuadas con vistas a obtener unos derechos comparables para las organizaciones comunitarias. El  Consejo decidirá por mayoría cualificada. 3. Las medidas que se adopten en virtud del apartado 2 se entenderán sin perjuicio de las  obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros con arreglo a los acuerdos internacionales  aplicables. Artículo 21 Examen de la aplicación de la Directiva 1. La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 de  diciembre de 1997, y con posterioridad de forma periódica, sobre la disponibilidad de derechos de  interconexión en terceros países en beneficio de las organizaciones comunitarias, y sobre la  situación de las negociaciones que se hayan emprendido en virtud del apartado 2 del artículo 20, o  en el marco de las organizaciones internacionales. 2. La Comisión examinará el funcionamento de la presente Directiva, por vez primera no más tarde  del 31 de diciembre de 2000, y presentará el correspondiente informe al Parlamento Europeo y al  Consejo. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar información a los Estados miembros. Si procede,  en estre informe podrán proponerse nuevas medidas encaminadas a la plena consecución de los  objetivos de la presente Directiva. Artículo 22 Transposición 1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas  necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1997. Informarán  inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente  Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros  establecerán los modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones esenciales de  Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 23 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 24 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.  (1) DO n° C 48 de 16. 2. 1994, p. 1.(2) DO n° L 192 de 24. 7. 1990, p. 1.  (3) DO n° C 213 de 6. 8. 1993, p. 1.  (4) DO n° L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.  (5) DO n° L 100 de 19. 4. 1994, p. 30.   ANEXO I REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIÓN  ESPECÍFICOS Los siguientes servicios públicos de telecomunicación y redes públicas de  telecomunicación se consideran particularmente importantes a nivel europeo. Las organizaciones suministradoras de las redes y/o servicios públicos de telecomunicación  enumerados a continuación y que tengan un peso significativo en el mercado estarán sometidas a  obligaciones específicas en materia de interconexión, según se especifica en el apartado 2 del  artículo 4 y en los artículos 6 y 7. PARTE 1 Red telefónica pública fija Por red telefónica pública fija se entenderá la red pública conmutada de telecomunicación que  soporta la transferencia, entre puntos de terminación de la red situados en ubicaciones fijas, de  la conversación y de información en audio con un ancho de banda de 3,1 kHz, al servicio, en  particular, de: - la telefonía vocal, - las comunicaciones de facsímil de los grupos I, II y III, de conformidad con las recomendaciones  de la serie T de la UIT-T, - la transmisión de datos en banda vocal mediante módem a una velocidad de por lo menos 2 400  bit/s, de conformidad con las recomendaciones de la serie V de la UIT-T. El acceso al punto de terminación de la red del usuario final se efectúa mediante uno o más números  del plan nacional de numeración. Servicio telefónico público fijo Por servicio telefónico público fijo se entenderá la prestación a los usuarios finales en  ubicaciones fijas de un servicio que permita emitir y recibir llamadas nacionales e internacionales  y puede incluir el acceso a los servicios de urgencia (112), la asistencia de operador, los  servicios de información sobre la «guía telefónica», la oferta de teléfonos públicos de pago, la  prestación de servicios en condiciones especiales y/o la oferta de facilidades especiales a los  clientes discapacitados. El acceso al usuario final se efectúa mediante uno o más números del plan nacional de numeración. PARTE 2 Suministro comercial de líneas arrendadas Por líneas arrendadas se entenderán los sistemas de telecomunicaciones que ofrecen una capacidad de  transmisión transparente entre los puntos de terminación de la red, y que no incluyen la  conmutación a la carta (funciones de conmutación controlables por el usuario que forman parte del  suministro de la línea arrendada). Pueden incluir sistemas que permitan un uso flexible del ancho  de banda de la línea arrendada, incluidas ciertas posibilidades de encaminamiento y gestión. PARTE 3 Redes telefónicas públicas móviles Una red telefónica pública móvil es una red telefónica pública en la que los puntos de terminación  de la red no están en ubicaciones fijas. Servicios telefónicos públicos móviles Un servicio telefónico público móvil es un servicio telefónico cuya prestación consiste, total o  parcialmente, en el establecimiento de radiocomunicaciones con un usuario móvil, y que utiliza,  total o parcialmente, una red telefónica móvil. ANEXO II ORGANIZACIONES QUE TIENEN DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INTERCONEXIÓN  MUTUA PARA GARANTIZAR UNOS SERVICIOS DE ALCANCE EUROPEO El presente Anexo se refiere a las  organizaciones que suministran a los usuarios capacidades portadoras con y sin conmutación de las  que dependen otros servicios de telecomunicación. Las organizaciones que pertenecen a las categorías que se enumeran a continuación tienen derechos y  obligaciones en materia de interconexión mutua de conformidad con el apartado 1 del artículo 4. La  interconexión entre estas organizaciones estará sometida a la supervisión adicional de las  autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el apartado 3 del artículo 9. Además,  podrán existir cuotas especiales de interconexión para estas categorías de organizaciones de  conformidad con el apartado 3 del artículo 7. 1. Organizaciones que suministran redes públicas conmutadas de telecomunicación y/o servicios  públicos de telecomunicación fijos y/o móviles, y al hacerlo controlan el medio de acceso a uno o  más puntos de terminación de la red identificados mediante uno o más números únicos en el plan de  numeración nacional (véanse las notas que figuran a continuación). 2. Las organizaciones que suministran líneas arrendadas a las dependencias de los usuarios. 3. Las organizaciones que suministran circuitos internacionales de telecomunicaciones a/y desde  terceros países. 4. Las organizaciones incluidas en esta categoría a petición propia, con arreglo a los planes  nacionales de concesión de autorizaciones o licencias pertinentes. Notas Por control de los medios de acceso a un punto de terminación de la red se entenderá la capacidad  de controlar los servicios de telecomunicación disponibles para el usuario final en ese punto de  terminación de la red y/o la capacidad de denegar a otros prestadores de servicios el acceso al  usuario final en dicho punto de terminación de la red. El control de los medios de acceso puede conllevar la propiedad o el control del enlace físico  hasta el usuario final (por cable o inalámbrico) y/o la capacidad de modificar o retirar el número  o los números nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red de un usuario  final. ANEXO III CÁLCULO DEL COSTE DE LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO UNIVERSAL PARA LA TELEFONÍA  VOCAL (APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 5) Las obligaciones de servicio universal son las obligaciones que  un Estado miembro impone a una organización y se refieren a la prestación del servicio en una zona  geográfica concreta, incluyendo, cuando resulte necesario, la prestación del servicio a unos  precios calculados como promedio geográfico. El coste de las obligaciones de servicio universal se determinará calculando la diferencia entre el  coste neto que para una organización tiene el operar con obligaciones de servicio universal y el  correspondiente a operar sin dichas obligaciones. Este criterio es aplicable tanto si la red de un Estado miembro concreto se encuentra plenamente  desarrollada como si se halla aún en fase de desarrollo y expansión. El cálculo deberá basarse en los costes imputables a: i) Los elementos de los servicios que sólo pueden prestarse con pérdidas o en condiciones de costes  que se salen de los hábitos comerciales. En esta categoría figuran elementos de servicio tales como el acceso a los servicios telefónicos de  urgencia, la oferta de determinados teléfonos públicos de pago, la oferta de determinados servicios  o equipos para personas discapacitadas, etc. ii) Los usuarios finales o grupos de usuarios finales específicos que, teniendo en cuenta el coste  de la prestación del servicio, los ingresos generados y la eventual fijación de precios mediante  promedio geográfico que imponga el Estado miembro, sólo pueden atenderse con pérdidas o en  condiciones de costes que se salen de los hábitos comerciales. Esta categoría incluye los usuarios finales o grupos de usuarios finales que no serían atendidos  por un operador comercial al que no se hubiera impuesto la obligación de prestar un servicio  universal. En las redes desarrolladas en los que tales usuarios finales son ya atendidos, el cálculo de los  costes se basará en el ahorro que se conseguiría desatendiendo a estos usuarios finales. En las regiones periféricas con redes en expansión, el cálculo de los costes se basará en el coste  adicional que supondría atender a los usuarios finales o grupos de usuarios finales que un operador  que aplicase los principios comerciales normales de un entorno competitivo decidiría no atender. En el cálculo de los costes netos se tendrán en cuenta los ingresos. Los costes y los ingresos  serán previsionales. ANEXO IV LISTA DE ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS DE LAS CUOTAS DE INTERCONEXIÓN GLOBALES  (APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 7) La siguiente lista tiene carácter indicativo, no exhaustivo, y puede  variar en función del Estado miembro y de las circunstancias específicas de cada acuerdo de  interconexión. CUOTAS DE INTERCONEXIÓN GLOBALES Cuotas de conexión Se basan en los costes de la prestación de los servicios de interconexión específicos solicitados  por la organización que se interconecta. Pueden incluir, en particular: - costes iniciales y de alquiler asociados a la realización de la interconexión física (p. ej.,  equipos específicos, recursos de señalización, pruebas de compatibilidad, mantenimiento de la  conexión, etc.); - costes variables de servicios auxiliares y suplementarios (p. ej., acceso a los servicios de guía  telefónica, asistencia de operador, recogida de datos, fijación de cuotas, facturación, servicios  avanzados y basados en la conmutación, etc.) Cuotas por utilización Se basan en los gastos ocasionados por la transmisión del tráfico a través de la red interconectada  (p. ej., los costes de conmutación y transmisión). Las cuotas por utilización pueden calcularse por  llamada y/o sobre la base de la capacidad de red adicional exigida. Además, las cuotas de interconexión pueden incluir una parte equitativa, con arreglo al principio  de proporcionalidad, de los costes necesarios para proporcionar la igualdad de acceso (p. ej.,  hacer posibles procedimientos idénticos de acceso al usuario final) y la transportabilidad de los  números, y de los costes necesarios para garantizar los requisitos esenciales (mantenimiento de la  integridad de la red, seguridad de la red en situaciones de emergencia, interoperabilidad de los  servicios y protección de los datos). ANEXO V SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTES PARA LA INTERCONEXIÓN El apartado 6 del  artículo 7 exige que los detalles referentes al sistema de contabilidad de costes se pongan a  disposición del público. El objetivo que se persigue al publicar esta información es la transparencia en el cálculo de las  cuotas de interconexión, de manera que los demás agentes del mercado puedan cerciorarse de que  dichas cuotas se han calculado equitativa y adecuadamente. La autoridad nacional de reglamentación y las organizaciones afectadas deberán tener en cuenta este  objetivo a la hora de determinar el grado de detalle de la información publicada. La siguiente lista indica los elementos que deben incluirse en la información publicada. 1. Modelo de costes utilizado P. ej., costes plenamente distribuidos, costes incrementales promedio a largo plazo, costes  marginales, costes autónomos, costes directos integrados, etc. incluyendo la base o las bases de  costes utilizadas, es decir: costes históricos (basados en los gastos reales efectuados en equipos y sistemas) o costes  previsionales (basados en los costes de sustitución de equipos o sistemas). 2. Partidas de costes incluidas en la tarifa de interconexión Explicitación de todos los componentes de costes cuyo conjunto compone la cuota de interconexión,  incluido el beneficio. 3. Niveles y métodos de imputación de costes, y, en particular, el tratamiento de los costes  conjuntos y comunes Detalles del nivel hasta el que se han analizado los costes directos y del nivel y método mediante  el que se incluyen en las cuotas de interconexión los costes conjuntos y comunes. 4. Prácticas contables Convenciones contables utilizadas en el tratamiento de los costes, en particular: - el calendario de amortización de las principales categorías de inmovilizado (p. ej., terrenos,  edificios, equipos, etc.), - el tratamiento, en términos de costes de capital frente a ingresos, de otras partidas de gastos  importantes (p. ej., programas y sistemas informáticos, investigación y desarrollo, desarrollo de  nuevos negocios, construcción directa e indirecta, reparación y mantenimiento, cargas financieras,  etc.). La información sobre los sistemas de contabilidad de costes que debe publicarse con arreglo al  presente Anexo podrá modificarse de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo  18. ANEXO VI VALOR UMBRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIOS EN ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES  (APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 8) El umbral del volumen de negocios anual correspondiente a actividades  de telecomunicaciones a que se refiere el apartado 5 del artículo 8 será de 50 millones de  ecus. ANEXO VII MARCO PARA LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS DE INTERCONEXIÓN (APARTADO 3 DEL  ARTÍCULO 9) PARTE 1 Condiciones ex ante que debe establecer la autoridad nacional de reglamentación a) Procedimiento de solución de litigios. b) Exigencias referentes a publicación de los acuerdos de interconexión y el acceso a los mismos,  así como otras obligaciones de publicación periódica. c) Exigencias referentes a la igualdad de acceso y a la transportabilidad de los números. d) Exigencias referentes a las instalaciones compartidas, incluida la coubicación. e) Exigencias referentes al mantenimiento de los requisitos esenciales. f) Exigencias referentes a la atribución y el uso de los recursos de numeración (incluido el acceso  a los servicios de guía, a los servicios de urgencia y a los números paneuropeos). g) Exigencias referentes al mantenimiento de la calidad del servicio de extremo a extremo. h) Cuando proceda, determinación de la parte desglosada de la cuota de interconexión que representa  una aportación destinada a cubrir el coste neto de las obligaciones de servicio universal. PARTE 2 Otros asuntos que deben figurar en los acuerdos de interconexión a) Descripción de los servicios de interconexión que se van a prestar. b) Condiciones de pago, incluidos los procedimientos de facturación. c) Situación de los puntos de inerconexión. d) Normas técnicas de interconexión. e) Medidas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos esenciales. f) Derechos de propiedad intelectual. g) Definición y limitación de la responsabilidad y las compensaciones. h) Definición de las cuotas de interconexión y su evolución a lo largo del tiempo. j) Procedimiento de solución de litigios entre las partes previo a la solicitud de la intervención  de la autoridad nacional de reglamentación. k) Duración y renegociación de los acuerdos. m) Procedimientos aplicables en caso de que se propongan modificaciones de las ofertas de redes o  servicios de una de las partes. PARTE 3 Otros asuntos que pueden figurar en los acuerdos de interconexión a) Consecución de la igualdad de acceso. b) Posibilidad de compartir instalaciones. c) Acceso a servicios auxiliares, suplementarios y avanzados. d) Gestión del tráfico y de la red. e) Mantenimiento y calidad de los serviciois de interconexión. f) Confidencialidad de las partes no públicas de los acuerdos. g) Formación del personal.