CELEX: 62021CN0501
Language: es
Date: 2021-08-13 00:00:00
Title: Asunto C-501/21 P: Recurso de casación interpuesto el 13 de agosto de 2021 por Harry Shindler y otros contra el auto del Tribunal General (Sala Décima ampliada) dictado el 8 de junio de 2021 en el asunto T-198/20, Shindler y otros / Consejo

8.11.2021   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 452/13
            
         
      Recurso de casación interpuesto el 13 de agosto de 2021 por Harry Shindler y otros contra el auto del Tribunal General (Sala Décima ampliada) dictado el 8 de junio de 2021 en el asunto T-198/20, Shindler y otros / Consejo
      (Asunto C-501/21 P)
      (2021/C 452/13)
      Lengua de procedimiento: francés
      
         Partes
      
      
         Recurrentes: Harry Shindler y otros (representante: J. Fouchet, avocat)
      
         Otra parte en el procedimiento: Consejo de la Unión Europea
      
         Pretensiones de las partes recurrentes
      
      Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que:
      
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                  Anule el auto de 8 de junio de 2021 (T-198/20).
               
            
                  —
               
               
                  Anule en su totalidad la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, junto con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus anexos.
               
            Con carácter subsidiario, que:
      
                  —
               
               
                  Anule el auto de 8 de junio de 2021 (T-198/20).
               
            
                  —
               
               
                  Anule parcialmente la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, junto con el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en la medida en que dichos actos distinguen de manera automática y general, sin el menor control de proporcionalidad, entre los ciudadanos de la Unión y los nacionales del Reino Unido a partir del 1 de febrero de 2020, y anule, así, en particular, el párrafo 6 del Preámbulo y los artículos 9, 10 y 127 del Acuerdo de retirada.
               
            
                  —
               
               
                  Condene a la Unión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento, incluidos los gastos de abogado hasta un importe de 5 000 euros.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      A.   Irregularidad procedimental del auto impugnado
      El Tribunal General infringió el artículo 130 de su Reglamento de Procedimiento al no conferir más que un plazo, el que confirió al Consejo para que presentase su escrito de contestación en cuando al fondo. No confirió ningún plazo a los recurrentes, que debían esperar a los «nuevos plazos para la prosecución de la instancia» antes de expresarse tanto sobre la excepción de inadmisibilidad como sobre el fondo.
      Además, el Tribunal General decidió no comunicar a los recurrentes el escrito de contestación en cuanto al fondo, impidiéndoles saber cuándo debían expresarse sobre la admisibilidad.
      Por último, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de la demanda sin celebrar una vista y sin pronunciarse sobre dos pretensiones, la de suspender el procedimiento y la de remitir el asunto al Tribunal de Justicia, que sin embargo afectaban a la continuación del procedimiento.
      B.   Violación del Derecho de la Unión en lo que concierne a la admisibilidad de la demanda
      i)   A la luz del criterio que requiere que las decisiones objeto del recurso directo sean actos reglamentarios que no conlleven medidas de ejecución
      En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error al estimar, sin aportar ninguna explicación al respecto, que el Acuerdo de retirada era un acto internacional siendo así que, por su objeto y sus efectos, dicho Acuerdo sigue estando comprendido en el ámbito del Derecho interno de la Unión puesto que rige las futuras relaciones entre la Unión Europea y uno de sus Estados miembros en función del Derecho interno elaborado por la Unión durante más de cincuenta años (en lo que respecta al Reino Unido) y sigue aplicando este último.
      Además, el artículo 4 del Acuerdo de retirada, en sus apartados 4 y 5, limita la soberanía jurisdiccional del Reino Unido con objeto de permitir una unidad de interpretación jurisprudencial del Acuerdo de retirada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tal disposición no es propia de un acuerdo internacional.
      En segundo lugar, suponiendo que el Tribunal de Justicia considere igualmente que el Acuerdo de retirada es un acto internacional, el Tribunal General hizo caso omiso del artículo 275 TFUE, que únicamente excluye la competencia del Tribunal de Justicia para determinados actos que afecten a «disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común». Así pues, el Tribunal General combinó erróneamente los artículos 263 TFUE y 275 TFUE, que implican que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre todos los actos reglamentarios que no conlleven medidas de ejecución salvo los actos adoptados sobre la base de las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común. Pues bien, a la vista de los artículos 23 y 26 del Tratado sobre la Unión Europea, el Acuerdo de retirada no está comprendido, ni en lo que atañe a su contenido ni en lo que concierne a su procedimiento, en la política exterior y de seguridad común.
      En tercer lugar, los argumentos expuestos por el Tribunal General suponen esencialmente que el Tribunal de Justicia debería renunciar a ejercer un control del Estado de Derecho sobre un acuerdo internacional. Pues bien, no es posible aceptar esta postura ni política ni jurídicamente, ya que ello significa que el Consejo puede, sin control alguno, poner en entredicho la aplicación misma de los Tratados y de los valores que estos consagran.
      En cuarto lugar, el Consejo y Francia estiman que el Acuerdo de retirada supone la retirada automática de la ciudadanía europea de los recurrentes, lo que significa que no tiene, desde este punto de vista, necesidad de ninguna medida de ejecución para producir sus efectos, habiendo de recordarse que el recurso de los recurrentes no debe ser reducido, contrariamente a lo que estimó el Tribunal General, a la mera cuestión de su derecho de voto.
      ii)   A la luz del criterio de la afectación individual
      En primer lugar, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tomar en consideración las particularidades de la situación de la Sra. G, una de los 800 diputados elegidos en Francia, un círculo reducido, a la que no le fue posible volver a presentarse a las elecciones municipales francesas de 2020.
      En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en un grave error de análisis al indicar que la decisión de firmar el Acuerdo de retirada atañe a los recurrentes «en razón de su cualidad objetiva de nacionales del Reino Unido», siendo así que estos impugnan el Acuerdo de retirada en su condición de ciudadanos británicos que residen en el territorio de la Unión habida cuenta de los efectos de dicho Acuerdo sobre su situación.
      En tercer lugar, el Tribunal General se basa únicamente en la imposibilidad para los recurrentes de votar en las elecciones municipales, siendo así que esta consecuencia no es más que una de las denunciadas por los recurrentes.