CELEX: 62008CJ0003
Language: es
Date: 2009-10-01
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 1 de octubre de 2009. # Ketty Leyman contra Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI). # Petición de decisión prejudicial: Tribunal du travail de Nivelles - Bélgica. # Petición de decisión prejudicial - Regímenes de seguridad social - Prestaciones de invalidez - Reglamento (CEE) nº 1408/71 - Artículo 40, apartado 3 - Regímenes de indemnización distintos según los Estados miembros - Perjuicio para los trabajadores migrantes - Cotizaciones a fondo perdido. # Asunto C-3/08.

Asunto C‑3/08
      Ketty Leyman
      contra
      Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal du travail de Nivelles)
      «Petición de decisión prejudicial — Regímenes de seguridad social — Prestaciones de invalidez — Reglamento (CEE) nº 1408/71 — Artículo 40, apartado 3 — Regímenes de indemnización distintos según los Estados miembros — Perjuicio para los trabajadores migrantes — Cotizaciones a fondo perdido»
      Sumario de la sentencia
      Libre circulación de personas — Trabajadores — Igualdad de trato — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones
            de invalidez
      [Art. 39 CE; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, art. 40, ap. 3, letra b)]
      El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro
         apliquen una legislación nacional que, de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71,
         relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta
         propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por
         el Reglamento nº 118/97, en su versión modificada por el Reglamento nº 647/2005, supedita el derecho a percibir las prestaciones
         de invalidez al transcurso de un período de un año de incapacidad primaria, cuando tal aplicación tiene como consecuencia
         que un trabajador migrante ha pagado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro cotizaciones a fondo perdido,
         resultando con ello perjudicado en comparación con un trabajador sedentario. 
      
      La aplicación de tal legislación nacional por las autoridades competentes es contraria al Derecho comunitario, ya que, por
         una parte, perjudica al trabajador en comparación con otros que se encuentran en la misma situación de incapacidad definitiva
         pero que no han ejercitado tal libertad y, por otra parte, da lugar al pago de cotizaciones sociales a fondo perdido.
      
      (véanse los apartados 46 y 50 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 1 de octubre de 2009 (*)
      
      «Petición de decisión prejudicial – Regímenes de seguridad social – Prestaciones de invalidez – Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Artículo 40, apartado 3 – Regímenes de indemnización distintos según los Estados miembros – Perjuicio para los trabajadores migrantes – Cotizaciones a fondo perdido»
      En el asunto C‑3/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el tribunal du travail
         de Nivelles (Bélgica), mediante resolución de 18 de diciembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de enero de
         2008, en el procedimiento entre
      
      Ketty Leyman
      e
      Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. T. von Danwitz, la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente) y los
         Sres. G. Arestis y J. Malenovský, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. M.‑A. Gaudissart, jefe de unidad;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de la Sra. Leyman, por Me E. Piret, avocat;
      
      –        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. L. Van den Broeck, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels y M. Noort, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. V. Jackson, en calidad de agente, asistida por el Sr. T. Ward, Barrister;
      –        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por la Sra. M. Veiga y el Sr. D. Canga Fano, en calidad de agentes;
      –        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. M. van Hoof y V. Kreuschitz, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de febrero de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial versa sobre el artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de
         14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los
         trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada
         y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), en su versión
         modificada por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117, p. 1;
         en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»), así como sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de determinados aspectos
         de la legislación belga en materia de prestaciones de invalidez. 
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la Sra. Leyman, de nacionalidad belga, y el Institut national d’assurance
         maladie-invalidité (INAMI) a propósito de la fecha a partir de la cual ésta tiene derecho a percibir una pensión de invalidez.
         
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 establece:
      
      «1.      Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 14 quater y 14 septies, las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado
         miembro. Esta legislación será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título.
      
      2.      Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 a 17:
      a)      la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación
         de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que la ocupa
         tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro;
      
      […]»
      4        El artículo 37 del Reglamento nº 1408/71 establece: 
      
      «1.      El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que haya estado sujeto sucesiva o alternativamente a las legislaciones
         de dos o más Estados miembros, y haya cumplido períodos de seguro únicamente en virtud de legislaciones según las cuales la
         cuantía de las prestaciones de invalidez sea independiente de la duración de los períodos de seguro, disfrutará de las prestaciones
         con arreglo a lo dispuesto en el artículo 39. Este artículo no afectará a los incrementos o suplementos de pensión por hijos,
         concedidos según lo preceptuado en el capítulo 8.
      
      2.      En la parte A del Anexo IV se enumeran, para cada uno de los Estados miembros interesados, las legislaciones vigentes en sus
         territorios que pertenecen al tipo contemplado en el apartado 1.»
      
      5        El artículo 40 del Reglamento nº 1408/71 tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia que haya estado sucesiva o alternativamente sujeto a las legislaciones
         de dos o más Estados miembros, de las cuales al menos una no sea del tipo señalado en el apartado 1 del artículo 37, se beneficiará
         de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3, que serán aplicables por analogía, teniendo en cuenta lo
         dispuesto en el apartado 4.
      
      2.      No obstante, el interesado que padezca incapacidad laboral seguida de invalidez y que esté sometido a alguna de las legislaciones
         mencionadas en la parte A del Anexo IV, se beneficiará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
         artículo 37, con las siguientes condiciones:
      
      –        que reúna los requisitos exigidos por dicha legislación o por otras legislaciones del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando
         proceda, lo dispuesto en el artículo 38, sin que sea preciso recurrir a los períodos de seguro cumplidos con arreglo a legislaciones
         no mencionadas en la parte A del Anexo IV, y 
      
      –        que no reúna los requisitos exigidos para tener derecho a prestaciones de invalidez al amparo de una legislación no mencionada
         en la parte A del Anexo IV, y
      
      –        que no haga valer eventuales derechos a prestaciones de vejez, habida cuenta de la segunda frase del apartado 2 del artículo 44.
      3.      a)     Para determinar el derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro, mencionada en la parte A del
         Anexo IV, que subordine la concesión de las prestaciones de invalidez al requisito de que, durante un período determinado,
         el interesado haya percibido las prestaciones de enfermedad en metálico o haya estado incapacitado para el trabajo, cuando
         un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, que haya estado sujeto a esta legislación, padezca incapacidad laboral
         seguida de invalidez, y esté sometido a la legislación de otro Estado miembro, se tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto
         en el apartado 1 del artículo 37:
      
      i)      cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del segundo Estado miembro, haya percibido, por esta incapacidad
         laboral, prestaciones de enfermedad en metálico o, en lugar de éstas, su retribución;
      
      ii)      cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del segundo Estado miembro, haya percibido, por la invalidez
         que hubiere seguido a dicha incapacidad laboral, prestaciones con arreglo a los capítulos 2 y 3 del título III de presente
         capítulo 2 y del capítulo 3 siguiente,
      
      como si se tratase de un período durante el cual se le hubieran abonado unas prestaciones de enfermedad en metálico en virtud
         de la legislación del primer Estado miembro, o durante el cual hubiera estado incapacitado para el trabajo con arreglo a dicha
         legislación.
      
      b)      Se tendrá derecho a las prestaciones de invalidez respecto a la legislación del primer Estado miembro, ya sea una vez agotado
         el período previo de indemnización de la enfermedad contenido en dicha legislación o una vez agotado el período previo de
         incapacidad laboral que igualmente contempla dicha legislación y, en ningún caso con anterioridad:
      
      i)      a la fecha en que se tenga derecho a las prestaciones señaladas en el inciso ii) de la letra a) en virtud de la legislación
         del segundo Estado miembro, o
      
      ii)      al día siguiente al último día en que el interesado tenga derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico en virtud de
         la legislación del segundo Estado miembro.
      
      4.      La decisión que tome la institución de un Estado miembro sobre el estado de invalidez del solicitante será respetada por la
         institución de cualquier otro Estado miembro afectado, siempre que la concordancia de los requisitos referentes al estado
         de invalidez entre las legislaciones de ambos Estados esté reconocida en el Anexo V.»
      
      6        El anexo IV, parte A, del Reglamento nº 1408/71 menciona el régimen general de invalidez belga entre las legislaciones en
         vigor del tipo a que se refiere el artículo 37, apartado 1, de dicho Reglamento, pero no menciona el régimen luxemburgués.
         
      
      7        El anexo V de dicho Reglamento reconoce la concordancia entre el régimen general de invalidez belga y el régimen de invalidez
         de obreros y empleados del Gran Ducado de Luxemburgo, en lo relativo a los requisitos referentes a la situación de invalidez.
      
       Normativa belga y luxemburguesa 
      8        A tenor del artículo 87 de la Ley belga de 14 de julio de 1994, relativa al seguro obligatorio de atención sanitaria y compensaciones
         (en lo sucesivo, «Ley de 1994»):
      
      «El beneficiario […] que sufra una incapacidad laboral […] percibirá por cada día laborable durante el período de un año desde
         el primer día de su incapacidad laboral […] una pensión denominada “pensión de incapacidad primaria”.»
      
      9        A tenor del artículo 93 de la Ley de 1994:
      
      «Cuando la duración de la incapacidad laboral supere el período de incapacidad primaria, por cada día laborable de incapacidad
         laboral […] se le abonará una pensión denominada “pensión de invalidez”.»
      
      10      En el Derecho belga, la pensión de invalidez no depende de la duración del período de seguro.
      
      11      En el Derecho luxemburgués, cuando se reconoce que la incapacidad laboral es definitiva o permanente, se tiene derecho a una
         pensión de invalidez desde el primer día en que cesa la actividad profesional. El importe de la pensión depende de la duración
         del período de seguro. 
      
      12      El Convenio belgo-luxemburgués sobre la seguridad social de los trabajadores fronterizos y su protocolo final, firmados en
         Arlon el 24 de marzo de 1994 y aprobados mediante Ley de 28 de abril de 1995 (Moniteur belge de 7 de junio de 1995, p. 16139), establece, para los trabajadores fronterizos, el abono de la pensión de invalidez belga
         antes de que finalice el período de incapacidad primaria. 
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      13      La Sra. Leyman trabajó por cuenta ajena en Bélgica de 1971 a 2003. Reside en Luxemburgo desde 1999 y está sujeta al régimen
         luxemburgués de seguridad social desde agosto de 2003.
      
      14      El 8 de julio de 2005, las autoridades luxemburguesas competentes reconocieron a la Sra. Leyman una incapacidad laboral por
         el período entre el 8 de julio de 2005 y el 29 de febrero de 2012, fecha en que se jubilará. Como consecuencia de ello se
         le concedió una pensión de invalidez por los períodos de seguro cubiertos en Luxemburgo. El importe mensual de la pensión
         abonada por la institución luxemburguesa a la Sra. Leyman asciende a 322,83 euros.
      
      15      En respuesta a la solicitud de pensión de invalidez presentada por la Sra. Leyman por los períodos de seguro cubiertos en
         Bélgica, el INAMI, mediante resolución de 23 de junio de 2006, le concedió una pensión de un importe mensual de 737,10 euros
         a partir del 8 de julio de 2006, de conformidad, según dicho instituto, con los artículos 40, apartado 3, letra b), del Reglamento
         nº 1408/71 y 93 de la Ley de 1994.
      
      16      La Sra. Leyman recurrió esa resolución del INAMI ante el órgano jurisdiccional remitente, solicitando que la pensión de invalidez
         que se le había concedido se le abonase desde el 8 de julio de 2005. 
      
      17      En este contexto, el tribunal du travail de Nivelles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Son el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71 y el artículo 93 [de la Ley de 1994] contrarios al artículo
         18 CE en la medida en que, en el supuesto de un trabajador que reside y trabaja en un país de tipo A (en el caso de autos,
         el Reino de Bélgica) y se instala en un país de tipo B (en el caso de autos, el Gran Ducado de Luxemburgo), no permiten que,
         durante el primer año de incapacidad laboral, se le conceda una pensión que tome en consideración el período de actividad
         y cotización en el país de tipo A (Bélgica)? 
      
      2)      ¿Son el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71 y el artículo 93 [de la Ley de 1994] contrarios al artículo
         18 del Tratado CE en la medida en que, en el supuesto de un trabajador que reside y trabaja en un país de tipo A (en el caso
         de autos, el Reino de Bélgica) y se instala en un país de tipo B (en el caso de autos, el Gran Ducado de Luxemburgo), dan
         lugar a una discriminación en perjuicio del trabajador que ejercita su derecho de libre circulación al no permitir que, durante
         el primer año de incapacidad laboral, se le conceda una pensión que tome en consideración el período de actividad y cotización
         en el país de tipo A (Bélgica)?» 
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales 
      18      Con carácter preliminar, es preciso señalar que aunque las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente hacen
         referencia al artículo 18 CE, una situación como la del litigio principal está comprendida en el ámbito de los artículos 39 CE
         y 42 CE.
      
      19      En efecto, tanto de la resolución de remisión como de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende
         que la Sra. Leyman se instaló en Luxemburgo para ejercer una actividad por cuenta ajena. 
      
      20      Según una jurisprudencia reiterada, el artículo 18 CE, que enuncia de manera general el derecho de todo ciudadano de la Unión
         a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tiene una expresión específica en el artículo 39 CE
         por lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores (véanse las sentencias de 26 de abril de 2007, Alevizos, C‑392/05,
         Rec. p. I‑3505, apartado 66, y de 11 de septiembre de 2007, Hendrix, C‑287/05, Rec. p. I‑6909, apartado 61). 
      
      21      En esta situación, debe entenderse que las cuestiones planteadas pretenden dilucidar, en sustancia, si los artículos 39 CE
         y 42 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requisito como el que figura en el artículo 93 de la Ley de
         1994, establecido de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71, en la medida en que
         dicho requisito da lugar a que alguien como la Sra. Leyman, que, tras haber trabajado y residido en el territorio del Reino
         de Bélgica –Estado miembro cuya legislación es de tipo A– se ha instalado en otro Estado miembro, cuya legislación es de tipo B,
         se vea privado de toda pensión a cargo de la institución competente del primer Estado miembro durante el primer año de incapacidad
         laboral, y en la medida en que, consiguientemente, ello daría lugar a una discriminación en perjuicio del trabajador que ejercita
         su derecho de libre circulación. 
      
      22      A este respecto, es preciso recordar de entrada que para coordinar los regímenes de seguro de invalidez de los Estados miembros,
         el Reglamento nº 1408/71 lleva a cabo una distinción en función de si el trabajador ha estado sujeto exclusivamente a legislaciones
         en que el importe de las pensiones no depende de la duración de los períodos de seguro (legislación denominada de «tipo A»)
         –situación contemplada en los artículos 37 a 39 de dicho Reglamento– o si ha estado sujeto exclusivamente a legislaciones
         en que el importe de las pensiones depende de dicha duración (legislación denominada de «tipo B»), o bien a legislaciones
         de ambos tipos, situación contemplada en el artículo 40 de dicho Reglamento. 
      
      23      Los trabajadores que se encuentran en la situación contemplada en el artículo 40 del Reglamento nº 1408/71 perciben prestaciones
         de invalidez de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento relativas a la vejez y al fallecimiento, que son aplicables
         por analogía. 
      
      24      El sistema previsto para los trabajadores que se encuentran en la situación contemplada en los artículos 37 a 39 del Reglamento
         nº 1408/71 implica, en lo relevante para el caso de autos, que un único Estado miembro determina, conforme a su ordenamiento
         jurídico, el derecho a las prestaciones de invalidez y las abona, mientras que el sistema previsto para los trabajadores que
         se encuentran en la situación contemplada en el artículo 40 de dicho Reglamento implica, en principio, que deben realizarse
         operaciones de liquidación de prestaciones de invalidez conforme a todas las legislaciones a que el trabajador ha estado sujeto
         y que, en su caso, este último percibe de cada Estado miembro afectado una pensión de invalidez calculada, según las reglas
         que figuran en el artículo 46 de dicho Reglamento, en función de los períodos de seguro cubiertos bajo su legislación. 
      
      25      En el litigio principal, al haber estado la recurrente sujeta a una legislación de tipo A, a saber, el régimen del seguro
         de invalidez belga, y a una legislación de tipo B, a saber, el régimen del seguro de invalidez luxemburgués, las autoridades
         belgas y luxemburguesas competentes realizaron las operaciones de cálculo y de liquidación, según el artículo 46 del Reglamento
         nº 1408/71, y determinaron el importe mensual de la prestación de invalidez que respectivamente debían abonar, el cual, por
         lo demás, las recurrentes en el litigio principal no cuestionan. 
      
      26      Sin embargo, las partes en el litigio principal no están de acuerdo en la fecha a partir de la cual debe abonarse la prestación
         de invalidez debida en Bélgica. 
      
       Sobre el régimen belga del seguro de enfermedad-invalidez y la pensión de incapacidad primaria 
      27      Tanto de la resolución de remisión como de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia por el Gobierno belga se
         desprende que el sistema vigente en Bélgica organiza de modo unitario el seguro de enfermedad y el seguro de invalidez, de
         manera que el trabajador en incapacidad laboral entra en un primer momento en un régimen de incapacidad transitoria y sólo
         después de un determinado período pasa a un régimen destinado a cubrir las incapacidades totales o parciales de larga duración,
         o incluso definitivas. 
      
      28      En particular, en Bélgica, un trabajador en situación de incapacidad laboral en un primer momento entra en un régimen de seguro
         de enfermedad durante un año, en que percibe una prestación denominada de «incapacidad primaria». En un segundo momento, una
         vez agotado dicho período, si el trabajador continúa en situación de incapacidad laboral se le aplica un régimen de seguro
         de invalidez y percibe una pensión de invalidez. 
      
      29      Por tanto, dicho sistema no establece una distinción, desde el punto de vista de la situación de trabajador, entre la incapacidad
         temporal, como la enfermedad, por una parte, y la incapacidad definitiva, como la invalidez, por otra parte. La incapacidad
         temporal y la invalidez sólo se distinguen por el hecho de que esta última constituye una prolongación más allá de un año
         de la situación de incapacidad del trabajador.
      
      30      El sistema luxemburgués, en cambio, distingue entre el seguro de enfermedad y el seguro de invalidez, de manera que si se
         reconoce al trabajador una situación de incapacidad temporal se le aplica el régimen del seguro de enfermedad que le da derecho
         a percibir prestaciones de enfermedad, mientras que si se le reconoce una situación de incapacidad definitiva o permanente
         se le aplica un régimen de seguro de invalidez que da lugar a prestaciones de invalidez.
      
      31      De ello se deduce que los sistemas como el belga, que combinan el seguro de enfermedad y el seguro de invalidez, no contemplan
         el reconocimiento de una invalidez sin que intervenga un período previo de incapacidad y, por tanto, si tal reconocimiento
         se produce en otro Estado miembro, como el Gran Ducado de Luxemburgo, se plantean dificultades de coordinación de los sistemas
         de seguridad social en caso de que, como sucede el litigio principal, deban realizarse operaciones de liquidación según distintos
         sistemas, aplicando las reglas de los artículos 40 y 46 del Reglamento nº 1408/71.
      
      32      En efecto, si bien según la legislación luxemburguesa se tiene derecho a una pensión de invalidez desde el primer día de incapacidad
         laboral, tal pensión no comienza a abonarse, en aplicación de la normativa belga, hasta que ha transcurrido un año, durante
         el que el trabajador residente en Bélgica en situación de incapacidad percibe la pensión de incapacidad primaria. 
      
      33      En tal situación, las autoridades competentes belgas consideran que el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71
         debe interpretarse en el sentido de que el derecho a percibir la pensión de invalidez belga no surte efectos hasta que no
         se agota el período de incapacidad primaria de un año. Además, por esta última incapacidad dichas autoridades no conceden
         al trabajador pensión alguna. 
      
       Sobre el artículo 40, apartado 3, del Reglamento nº 1408/71
      34      Procede señalar que el artículo 40, apartado 3, del Reglamento nº 1408/71 contempla el supuesto de un trabajador que ha estado
         sujeto en un Estado miembro a una legislación de tipo A, que supedita la concesión de prestaciones de invalidez al requisito
         de que, durante un determinado período, el interesado haya percibido prestaciones de enfermedad en metálico o se haya encontrado
         en incapacidad laboral, cuando dicho trabajador padece una incapacidad laboral seguida de invalidez mientras está sujeto a
         la legislación de otro Estado miembro. 
      
      35      La coordinación prevista por dicha disposición prevé, en primer lugar, tener en cuenta todo período en que el trabajador percibió,
         en virtud de la legislación del segundo Estado miembro, bien prestaciones de enfermedad en metálico o su salario por incapacidad
         laboral, bien prestaciones por la invalidez que siguió a dicha incapacidad laboral, como si se tratase de un período durante
         el cual se le hubieran abonado prestaciones de enfermedad en metálico en virtud de la legislación del primer Estado miembro,
         o durante el cual hubiera estado incapacitado para el trabajo con arreglo a dicha legislación [artículo 40, apartado 3, letra a),
         del Reglamento nº 1408/71].
      
      36      En segundo lugar, está previsto que se tenga derecho a las prestaciones de invalidez respecto a la legislación del primer
         Estado miembro, ya sea una vez agotado el período previo de indemnización de la enfermedad o una vez agotado el período previo
         de incapacidad laboral contenido en dicha legislación y no antes de la fecha en que se tenga derecho a las prestaciones de
         la invalidez que ha seguido a la incapacidad laboral en virtud de la legislación del segundo Estado miembro o al día siguiente
         al último día en que el interesado tenga derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico en virtud de la legislación
         del segundo Estado miembro [artículo 40, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento].
      
      37      Se trata, por tanto, de dos tipos distintos de reglas de coordinación. 
      
      38      Por una parte, la regla establecida en el artículo 40, apartado 3, letra a), del Reglamento nº 1408/71 asimila y totaliza
         las contingencias que se produzcan durante los períodos cubiertos bajo la legislación del segundo Estado miembro, a efectos
         de verificar si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación del primer Estado miembro para tener derecho a las prestaciones
         de invalidez. 
      
      39      Por otra parte, la regla establecida en el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71 fija un límite temporal
         para que surta efectos el derecho a las prestaciones de invalidez en el primer Estado miembro, dejando a este último la posibilidad,
         en particular, de supeditar la concesión de dichas prestaciones al agotamiento de un período previo en que el interesado bien
         ha padecido una incapacidad laboral, bien ha percibido prestaciones de enfermedad en metálico, posibilidad de la que el legislador
         belga hace uso al prever, en el artículo 93 de la Ley de 1994, el transcurso de un año de incapacidad primaria antes de tener
         derecho a tales prestaciones. 
      
       Sobre la libre circulación de trabajadores
      40      Por lo que se refiere a la libre circulación de trabajadores, debe recordarse que el artículo 42 CE permite que subsistan
         las diferencias entre los regímenes de seguridad social de los diversos Estados miembros y, por consiguiente, en los derechos
         de las personas que trabajan en ellos. Así pues, el artículo 42 CE no afecta a las diferencias de fondo y de procedimiento
         entre los regímenes de seguridad social de los Estados miembros (véanse las sentencias de 7 de febrero de 1991, Rönfeldt,
         C‑227/89, Rec. p. I‑323, apartado 12, y de 5 de octubre de 1994, Van Munster, C‑165/91, Rec. p. I‑4661, apartado 18).
      
      41      Sin embargo, no se discute que el objetivo del artículo 39 CE no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho
         a la libre circulación, los trabajadores migrantes perdieran las ventajas de seguridad social que les otorga la legislación
         de un Estado miembro. Tal consecuencia podría disuadir al trabajador comunitario de ejercitar su derecho a la libre circulación
         y constituiría, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad (véanse las sentencias de 4 de octubre de 1991, Paraschi, C‑349/87,
         Rec. p. I‑4501, apartado 22, y Van Munster, antes citada, apartado 27).
      
      42      En el caso de autos procede señalar que aunque los artículos 87 y 93 de la Ley de 1994 no establecen una distinción entre
         los trabajadores que han ejercitado su libertad de circulación y los que no lo han hecho, la aplicación de estos artículos
         da lugar a que durante el primer año se perjudique a los trabajadores que se encuentran en la situación de la recurrente en
         el litigio principal, en comparación con los trabajadores que, estando también en situación de incapacidad definitiva o permanente,
         no han ejercitado su libertad de circulación. 
      
      43      En efecto, estos últimos trabajadores tienen derecho a una pensión de incapacidad primaria en Bélgica, mientras que la Sra.
         Leyman no tiene derecho a dicha pensión ni a ninguna otra análoga en Luxemburgo, puesto que ya percibe una pensión de invalidez
         en este último Estado miembro. 
      
      44      Además, en la medida en que la pensión de invalidez por los períodos de trabajo y de cotización cubiertos en Bélgica no comienza
         a percibirse hasta haberse agotado el período de incapacidad primaria de un año, la aplicación de los artículos 87 y 93 de
         la Ley de 1994 defendida por las autoridades competentes belgas da lugar a que los trabajadores en la situación de la Sra.
         Leyman hayan pagado cotizaciones sociales a fondo perdido respecto del primer año de incapacidad. 
      
      45      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el Tratado CE no garantiza a un trabajador que la extensión de
         sus actividades a más de un Estado miembro o su traslado a otro Estado miembro sean neutros en materia de seguridad social.
         Habida cuenta de las disparidades de las legislaciones de seguridad social de los Estados miembros, tal extensión o tal traslado
         pueden, según los casos, ser más o menos ventajosos o desventajosos para el trabajador en el ámbito de la protección social.
         De lo anterior se deriva que, aun en el caso en que su aplicación resulte menos favorable, dicha legislación no es contraria
         a las disposiciones de los artículos 39 CE y 43 CE si no perjudica a dicho trabajador con relación a quienes ejercen todas
         sus actividades en el Estado miembro en el que aquélla se aplica o con relación a quienes ya estaban sujetos a la misma anteriormente
         y si no conduce pura y simplemente a un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido (véanse las sentencias de 19 de marzo
         de 2002, Hervein y otros, C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829, apartado 51, y de 9 de marzo de 2006, Piatkowski, C‑493/04,
         Rec. p. I‑2369, apartado 34).
      
      46      Procede señalar que, en una situación como la del litigio principal, la aplicación de los artículos 87 y 93 de la Ley de 1994
         propugnada por las autoridades belgas competentes, que da lugar a que se prive de toda prestación durante el primer año de
         incapacidad al trabajador que ha ejercido su derecho de libre circulación, es contraria al Derecho comunitario, ya que, por
         una parte, perjudica a dicho trabajador en comparación con otros que se encuentran en la misma situación de incapacidad definitiva
         pero que no han ejercitado tal libertad y, por otra parte, da lugar al pago de cotizaciones sociales a fondo perdido. 
      
      47      También es preciso recordar que, en la medida en que, de conformidad con el artículo 40, apartado 4, del Reglamento nº 1408/71,
         el anexo V del Reglamento nº 1408/71 reconoce la concordancia de los requisitos relativos al Estado de invalidez entre el
         régimen general de invalidez belga y el régimen luxemburgués, las autoridades competentes belgas deben respetar la decisión
         tomada por las autoridades competentes luxemburguesas sobre dicha situación de invalidez.
      
      48      En el presente caso, la aplicación de la legislación nacional de que se trata en el litigio principal al trabajador migrante,
         realizada en los mismos términos que al trabajador sedentario, produce unas repercusiones imprevistas y poco compatibles con
         el objetivo del artículo 39 CE, ligadas precisamente al hecho de que los derechos a pensión del trabajador migrante se rigen
         por dos legislaciones diferentes, tal como se desprende de los artículos 28 a 33 de la presente sentencia (véase, por analogía,
         la sentencia Van Munster, antes citada, apartado 30).
      
      49      Frente a esa divergencia de legislaciones, el principio de leal cooperación enunciado en el artículo 10 CE obliga a las autoridades
         competentes de los Estados miembros a utilizar todos los medios de que dispongan para lograr el objetivo del artículo 39 CE
         (véase la sentencia Van Munster, antes citada, apartado 32).
      
      50      A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo
         39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro apliquen una
         legislación nacional que, de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento nº 1408/71, supedita el
         derecho a percibir las prestaciones de invalidez al agotamiento de un período de un año de incapacidad primaria, cuando tal
         aplicación tiene como consecuencia que un trabajador migrante ha pagado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro
         cotizaciones a fondo perdido, resultando con ello perjudicado en comparación con un trabajador sedentario. 
      
       Costas
      51      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro
            apliquen una legislación nacional que, de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento (CEE) nº 1408/71
            del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por
            cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad,
            en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión
            modificada por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, supedita el derecho
            a percibir las prestaciones de invalidez al transcurso de un período de un año de incapacidad primaria, cuando tal aplicación
            tiene como consecuencia que un trabajador migrante ha pagado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro cotizaciones
            a fondo perdido, resultando con ello perjudicado en comparación con un trabajador sedentario.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.