CELEX: C1998/234/36
Language: es
Date: 1998-07-25 00:00:00
Title: Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 1998 por el Sr. Anthony Goldstein contra la sentencia dictada el 16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-199/98 P)

C 234/18                ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.7.98
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:            El Industrial Tribunal, Bristol, solicita al Tribunal de Justi-
                                                                     cia que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
Ð Declare que la RepuÂblica HeleÂnica ha incumplido las
     obligaciones que le incumben en virtud del artículo 171         «Cuando
     del Tratado CE al no haber dispuesto las medidas                i)   un trabajador por cuenta ajena trabaja en un Estado
     necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribu-              miembro para un empresario constituido como socie-
     nal de Justicia, de 23 de marzo de 1995, en el asunto                dad en otro Estado miembro;
     C-365/93 (1) y, en particular, al no haber adoptado y,
     con caraÂcter subsidiario, no haber comunicado a la             ii) el empresario tiene una sucursal en el Estado miembro
     Comisión las disposiciones legislativas, reglamentarias              en que ejerce su actividad el trabajdor por cuenta
     y administrativas necesarias para atenerse a la totali-              ajena, y dicha sucursal estaÂ registrada con arreglo a las
     dad de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de                  disposiciones nacionales de adaptación del Derecho
     diciembre de 1988, relativa a un sistema general de                  interno a la Directiva 89/666/CEE (1) del Consejo
     reconocimiento de los títulos de ensenÄanza superior                 (UndeÂcima Directiva sobre Derecho de sociedades),
     que sancionan formaciones profesionales de una dura-                 aunque no estaÂ constituida como sociedad ni tiene per-
     ción mínima de tres anÄos (2).                                       sonalidad jurídica independiente de la del empresario
                                                                          en dicho Estado miembro, y
Ð Condene en costas a la RepuÂblica HeleÂnica.
                                                                     iii) tanto el empresario como el trabajador estaÂn obligados
Motivos y principales alegaciones                                         a pagar cotizaciones a la Seguridad Social en el Estado
                                                                          miembro en que ejerce su actividad el trabajador;
Conforme al artículo 171 del Tratado CE, si el Estado
miembro no adoptare, dentro del plazo establecido por la             con arreglo al artículo 3 de la Directiva 80/987/CEE (2) del
Comisión, las medidas necesarias para la ejecución de la             Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación
sentencia mediante la cual el Tribunal de Justicia declaró           de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la
que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones              protección de los trabajadores asalariados en caso de
que le incumben en virtud del Tratado, la Comisión podraÂ            insolvencia del empresario, ¿queÂ institución de garantía
someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión               responde de las correspondientes cantidades adeudadas?
indicaraÂ el importe que considere adecuado a las circuns-           a) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva                 que se solicitó la apertura del procedimiento concur-
que deba ser pagada por el Estado miembro afectado. La                    sal? o bien
no adaptación del ordenamiento jurídico griego a la Direc-
                                                                     b) ¿la institución de garantía del Estado miembro en el
tiva 89/48/CEE constituye una violación de los principios
                                                                          que ejerce su actividad el trabajador y en el que el
fundamentales de la libre circulación de personas y de la
                                                                          empresario tiene una presencia comercial perma-
libre prestación de servicios, habiendo transcurrido ya tres
                                                                          nente?»
anÄos desde que recayó sentencia del Tribunal de Justicia
en el asunto C-365/93. Teniendo en cuenta la gravedad y
                                                                     (1) Directiva 89/666/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de
la duración de la infracción, así como la necesidad de
                                                                         1989, UndeÂcima Directiva relativa a la publicidad de las socie-
garantizar el efecto disuasorio de la sanción, la Comisión               dades constituidas en un Estado miembro por determinadas
solicita al Tribunal de Justicia que imponga una multa                   formas de sociedades sometidas al Derecho de otro Estado
coercitiva por importe de 41 000 ECU por cada día de                     (DO L 395 de 30.12.1989, p. 36).
demora, calculada a partir del día en que se notificó a la           (2) DO L 283 de 20.10.1980, p. 23; EE 05/02, p. 219.
RepuÂblica HeleÂnica la sentencia del Tribunal de Justicia en
el citado asunto y hasta el día en que cese la infracción.
(1) Rec. p. I-499.                                                   Recurso de casación interpuesto el 25 de mayo de 1998
(2) DO L 19 de 24.1.1989, p. 16.
                                                                     por el Sr. Anthony Goldstein contra la sentencia dictada el
                                                                     16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal de
                                                                     Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                               Comunidades Europeas
lución del Industrial Tribunal Bristol, de fecha 6 de mayo                                (Asunto C-199/98 P)
de 1998, en el asunto entre 1) G. Everson y 2) T. J.                                          (98/C 234/36)
Barrass y 1) Secretary of State for Trade and Industry y 2)
                 Bell Lines Ltd. (in liquidation)                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                       (Asunto C-198/98)                             ha presentado el 25 de mayo de 1998 un recurso de casa-
                                                                     ción formulado por el Sr. Anthony Goldstein, meÂdico,
                          (98/C 234/35)
                                                                     representado por el Sr. Raymond St John Murphy, Solici-
                                                                     tor, de Merriman White, Solicitors, 3 King's Bench Walk,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                     Inner Temple, London EC4Y 7DJ, contra el auto dictado
sido sometida una petición de decisión prejudicial
                                                                     el 16 de marzo de 1998 por la Sala Tercera del Tribunal
mediante resolución del Industrial Tribunal Bristol, dictada
                                                                     de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
el 6 de mayo de 1998 en el asunto entre 1) G. Everson y
                                                                     asunto T-235/95, promovido contra la Comisión de las
2) T. J. Barrass y 1) Secretary of State for Trade and
                                                                     Comunidades Europeas.
Industry y 2) Bell Lines Ltd. (in liquidation), y recibida en
la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de              La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
1998.                                                                Comunidades Europeas que:
 ---pagebreak--- 25.7.98              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 234/19
Ð Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 16           Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de las Comu-
    de marzo de 1998 en el asunto T-235/95, Goldstein/            nidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia,
    Comisión (no publicado en la Recopilación de Juris-           miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que
    prudencia del Tribunal de Justicia), mediante el cual el      designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
    Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad de un         Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
    recurso por el que se solicitaba la anulación de la
    Decisión de la Comisión de 16 de octubre de 1995,
                                                                  La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tri-
    por la que se deniega la adopción de medidas provisio-
                                                                  bunal de Justicia que:
    nales para proteger los legítimos intereses del deman-
    dante.
                                                                  1. Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
Ð Condene en costas a la Comisión, incluidas las del                  obligaciones que le incumben en virtud de los
    procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.              artículos 6, 52 y 59 del Tratado CE, al exigir a los
                                                                      operadores comunitarios un período de residencia o de
Motivos y principales alegaciones                                     establecimiento en BeÂlgica de un anÄo para matricular
                                                                      allí aeronaves, en virtud de las letras c) y d) del
La parte recurrente afirma que el Tribunal de Primera Ins-
                                                                      paÂrrafo segundo del apartado 3 del artículo 3 del Real
tancia no oyó a ninguÂn Abogado General, infringiendo de
                                                                      Decreto de 15 de marzo de 1954 por el que se regula
esta forma lo dispuesto en los artículos 111 y 114 de su
                                                                      la navegación aeÂrea y al denegar a los operadores
Reglamento de Procedimiento.
                                                                      comunitarios las autorizaciones de vuelo solicitadas
Mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de              por eÂstos, obstaculizando así de manera injustificada o
marzo de 1997, la decisión sobre la excepción de inadmisi-            excesiva determinadas prestaciones de servicios con
bilidad se reservó para la sentencia definitiva, basaÂndose           caraÂcter temporal o permanente, en el sector de la
en que en las circunstancias del presente caso debía conti-           navegación aeÂrea, distintas de las de transporte.
nuarse el procedimiento sobre el fondo antes de adoptar
una decisión sobre la excepción de inadmisibilidad pro-           2. Condene en costas al Reino de BeÂlgica.
puesta por la parte demandada.
La parte recurrente afirma que el Tribunal de Primera Ins-        Motivos y principales alegaciones
tancia no estaÂ facultado para invalidar una decisión del
Tribunal de Primera Instancia a menos que concurran cir-          Ð Infracción del artículo 59 del Tratado CE: Las solicitu-
cunstancias excepcionales y que, al pronunciarse sobre la             des de autorizaciones de vuelo presentadas por algunos
excepción de inadmisibilidad sin examinar el fondo del                operadores comunitarios que desean realizar la activi-
asunto, el Tribunal de Primera Instancia le privó de una              dad de fotografía aeÂrea en el territorio belga acabaron
vista y de un informe del Juez Ponente que recogiese los              siendo denegadas sistemaÂticamente por las autoridades
hechos y fundamentos de Derecho, lo que constituye una                competentes tras haber especificado eÂstas que, en cual-
denegación de justicia, en la medida en que tenía con-                quir caso, la autorización sólo podría concederse por
fianza legítima en obtener una sentencia acorde con las               un período limitado y para fines bien precisos. La jus-
oblicaciones del Tribunal de Primera Instancia derivadas              tificación basada en la inexistencia de reciprocidad
del Tratado.                                                          revela ante todo una actitud administrativa contraria
                                                                      al principio comunitario de no discriminación. Ade-
AdemaÂs, la parte recurrente alega que el auto impugnado
                                                                      maÂs, el principio de la libre prestación de servicios
distorsionó el claro sentido de las pruebas con el fin de
                                                                      exige que la valoración de la capacidad moral, finan-
ocultar la existencia de un fraude en materia de titulación
                                                                      ciera y teÂcnica, con arreglo al artículo 51 del Real
meÂdica. El recurrente alega asimismo que el auto impug-
                                                                      Decreto de 15 de marzo de 1954, de un particular o
nado demuestra que el Tribunal de Primera Instancia incu-
                                                                      de una empresa no nacional sea efectuada por el
rrió en desviación de poder.
                                                                      Estado miembro de origen y que, por consiguiente, la
La parte recurrente afirma que el razonamiento recogido               apreciación por parte de las autoridades del Estado
en el auto impugando es jurídicamente defectuoso y no se              miembro de destino no puede no tener en cuenta las
basa en una situación de hecho y de Derecho determinada               prescripciones que ese mismo operador respete ya en
objetivamente.                                                        su país de origen.
                                                                  Ð Infracción de los artículos 6 y 52 del Tratado CE: Las
                                                                      disposiciones del Real Decreto de 1954 citadas en las
                                                                      pretensiones no son conformes a los artículos 6 y 52
                                                                      del Tratado CE en la medida en que tratan de manera
Recurso interpuesto el 28 de mayo de 1998 contra el                   discriminatoria a las personas físicas y jurídicas
Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades                  extranjeras y constituyen obstaÂculos al establecimiento
                          Europeas                                    de eÂstas, excluyendo categóricamente toda matricula-
                     (Asunto C-203/98)                                ción de un avión que pertenezca a una persona o a
                       (98/C 234/37)                                  una sociedad extranjera durante su primer anÄo de resi-
                                                                      dencia en BeÂlgica.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 28 de mayo de 1998 un recurso contra el