CELEX: 62005CC0385
Language: es
Date: 2006-09-12
Title: Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 12 de septiembre de 2006. # Confédération générale du travail (CGT) y otros contra Premier ministre y Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement. # Petición de decisión prejudicial: Conseil d'État - Francia. # Política social - Directivas 98/59/CE y 2002/14/CE - Despidos colectivos - Información y consulta de los trabajadores - Cálculo del número de trabajadores empleados - Facultad de los Estados miembros - Exclusión de los trabajadores pertenecientes a una determinada categoría de edad. # Asunto C-385/05.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. P. MENGOZZI
      presentadas el 12 de septiembre de 2006 1(1)
      
      Asunto C‑385/05
      Confédération générale du travail (CGT),
      Confédération française démocratique du travail (CFDT),
      Confédération française de l’encadrement (CGC),
      Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
      Confédération générale du travail − Force ouvrière (CGT‑FO)
      contra
      Premier ministre,
      Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia)]
      «Política social – Directivas 98/59/CE y 2002/14/CE – Despidos colectivos – Información y consulta de los trabajadores – Modo de calcular el número de trabajadores empleados – Exclusión de trabajadores pertenecientes a una determinada categoría de edad»I.      Introducción
      1.     ¿Puede una legislación nacional, en aplicación de determinadas disposiciones de Derecho del trabajo, excluir a determinadas
         categorías de trabajadores del cómputo del número de trabajadores de plantilla de las empresas, pese a las disposiciones de
         la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general
         relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (2) y las de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
         Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos? (3)
      
      2.     Éste es, básicamente, el objeto de las dos cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el Conseil d’État (Francia),
         a raíz de los recursos de anulación interpuestos por cinco sindicatos franceses contra el Decreto Legislativo nº 2005‑892,
         de 2 de agosto de 2005, por el que se modifican las normas sobre el cómputo del número de trabajadores de plantilla de las
         empresas (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo nº 2005‑892»). (4) De entrada, he de señalar que el presente asunto permite al Tribunal de Justicia interpretar, por primera vez, la Directiva
         2002/14, denominada también algunas veces Directiva «Vilvoorde». (5)
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Derecho comunitario
      1.      La Directiva 98/59
      3.     A efectos de la aplicación de la Directiva 98/59, el artículo 1, apartado 1, de ésta dispone:
      «a)      se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a
         la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:
      
      i)      para un período de 30 días:
      –      al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores,
      –      al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos
         de 300 trabajadores,
      
      –      al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;
      ii)      o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados
         en los centros de trabajo afectados;
      
      b)      se entenderá por “representantes de los trabajadores” los representantes de los trabajadores previstos por la legislación
         o la práctica de los Estados miembros.
      
      A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se asimilarán a los despidos las
         extinciones del contrato de trabajo producidos por iniciativa del empresario en base a uno o varios motivos no inherentes
         a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5.»
      
      4.     El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva prevé que «cuando el empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos,
         deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo».
      
      5.     Además, según el artículo 3 de la Directiva 98/59, el empresario estará obligado a notificar por escrito cualquier proyecto
         de despido colectivo a la autoridad pública competente. Se transmitirá una copia de dicha notificación a los representantes
         de los trabajadores, quienes podrán dirigir sus eventuales observaciones a la autoridad pública competente.
      
      2.      La Directiva 2002/14
      6.     El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/14 prevé que ésta «tiene por objeto establecer un marco general que fije unos
         requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores en las empresas o centros de
         trabajo situados en la Comunidad».
      
      7.     El artículo 2, letra d), de la Directiva 2002/14 establece que debe entenderse por «“trabajador”, cualquier persona que esté
         protegida como tal en la legislación laboral nacional y con arreglo a las prácticas nacionales del Estado miembro de que se trate».
      
      8.     El artículo 3 de la Directiva 2002/14 dispone:
      «1.      La presente Directiva será de aplicación, a elección de los Estados miembros:
      a)      a las empresas que empleen en un Estado miembro al menos a 50 trabajadores; o
      b)      a los centros de trabajo que empleen en un Estado miembro al menos a 20 trabajadores.
      Los Estados miembros determinarán el modo de calcular el número de trabajadores empleados.
      […]»
      9.     A este respecto, el decimonoveno considerando de la misma Directiva precisa que el marco general que ésta establece, tiene
         especialmente «como finalidad […] evitar dificultades administrativas, financieras o jurídicas que pudieran obstaculizar la
         creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas» y que, para ello, «se debe limitar el ámbito de aplicación de la
         presente Directiva, a elección de los Estados miembros, a las empresas que empleen al menos a 50 trabajadores o a los centros
         de trabajo que empleen al menos a 20 trabajadores».
      
      10.   El artículo 4 de la Directiva 2002/14 prevé que, de acuerdo con los principios enunciados en el artículo 1 de esta última
         y sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán
         las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y de consulta al nivel que proceda.
      
      11.   El artículo 9, apartado 1, de esta misma Directiva aclara que ésta no afectará a los procedimientos específicos de información
         y de consulta contemplados en el artículo 2 de la Directiva 98/59.
      
      12.   Por último, el artículo 11 de la Directiva 2002/14 indica:
      «1.      Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimento
         a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 23 de marzo de 2005, o garantizarán que los interlocutores sociales
         hayan adoptado para dicha fecha las disposiciones necesarias mediante acuerdo, debiendo adoptar los Estados miembros todas
         las medidas para poder garantizar en todo momento los resultados que impone la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente
         a la Comisión.
      
      […]»
      B.      La legislación nacional
      13.   En virtud del artículo L. 421‑1 del code du travail francés, la presencia de delegados de personal es obligatoria en los centros
         de trabajo en que se empleen al menos a once trabajadores.
      
      14.   Por otra parte, en virtud de los artículos L. 321‑1 a L. 321‑17 del code du travail francés, en los procedimientos de despido
         por causas económicas se prevé la consulta de los trabajadores cuando la empresa emplee a más de diez trabajadores.
      
      15.   Antes de la adopción del Decreto Legislativo nº 2005-892, el tenor del artículo L. 620‑10 del code du travail francés era
         el siguiente:
      
      «A efectos de la aplicación de las disposiciones del presente Código, el número de trabajadores de plantilla de una empresa
         se calculará con arreglo a las siguientes disposiciones:
      
      Los trabajadores con contrato por tiempo indefinido en jornada completa y los trabajadores a domicilio se computarán en su
         totalidad como trabajadores de plantilla de la empresa.
      
      Los trabajadores con contrato de duración determinada, los trabajadores discontinuos, los trabajadores subcontratados, incluyendo
         los trabajadores temporales, se computarán como trabajadores de plantilla de la empresa a prorrata del tiempo trabajado durante
         los doce meses precedentes. Sin embargo, los trabajadores con contrato de duración determinada, con contrato temporal de trabajo
         o los subcontratados quedan excluidos del cómputo de la plantilla de la empresa cuando sustituyan a un trabajador ausente
         o cuyo contrato de trabajo se encuentre suspendido.
      
      Los trabajadores a tiempo parcial, cualquiera que sea la naturaleza del contrato de trabajo, serán tenidos en cuenta por el
         cociente que resulta de dividir la suma total de horas estipuladas en sus contratos de trabajo por la duración legal o convencional
         del trabajo.»
      
      16.   El artículo 1 del Decreto Legislativo nº 2005‑892 añadió un nuevo párrafo al artículo L. 620‑10 del code du travail francés.
         Este párrafo dispone:
      
      «El trabajador contratado a partir del 22 de junio de 2005, con menos de veintiséis años de edad, no será computado, hasta
         que cumpla dicha edad, a efectos del cálculo de la plantilla de personal de la empresa en la que trabaja, cualquiera que sea
         la naturaleza del contrato de trabajo que lo vincula a dicha empresa. Dicha disposición no puede tener por efecto la supresión
         de un órgano representativo del personal o del mandato de un representante del personal. Las disposiciones del presente párrafo
         serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2007.»
      
      III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      17.   Como remedio a la situación de desempleo existente en Francia, el Primer Ministro presentó al Parlamento, en su declaración
         de política general de 8 de junio de 2005, un plan urgente de empleo. Con el fin de que tales medidas pudieran entrar en vigor
         el 1 de septiembre de 2005, el Gobierno pidió la habilitación para poder legislar mediante Decreto Legislativo.
      
      18.   La ley nº 2005‑846, de 26 de julio de 2005, en su artículo 1, habilitó así al Gobierno a adoptar, mediante Decreto Legislativo,
         cualquier tipo de medida, dirigida, en particular, a «modificar las normas sobre el cómputo del número de trabajadores de
         plantilla de una empresa, a efectos de la aplicación de las normas de Derecho del trabajo o de obligaciones financieras impuestas
         por otras normas, con el fin de incentivar la contratación por las empresas de trabajadores de menos de veintiséis años, a
         partir del 22 de junio de 2005».
      
      19.   El 2 de agosto de 2005, el Gobierno adoptó el Decreto Legislativo nº 2005‑892 cuyo artículo 1, añadió un párrafo adicional
         al artículo L. 620‑10 del code du travail francés, párrafo reproducido precedentemente en el punto 16.
      
      20.   La Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la Confédération française
         de l’encadrement (CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) y la Confédération générale du travail
         – Force ouvrière (CGT‑FO) interpusieron diversos recursos solicitando la anulación del artículo 1 del Decreto Legislativo
         nº 2005‑892.
      
      21.   En apoyo de estos recursos interpuestos ante el Conseil d’État, las partes demandantes invocaron, en particular, un motivo
         basado en que la modificación de las normas sobre el cómputo del número de trabajadores de plantilla de una empresa, tal como
         figura en el Decreto Legislativo nº 2005‑892, incumple los objetivos de las Directivas 98/59 y 2002/14.
      
      22.   El órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 2005‑892 no excluye directamente
         la aplicación de las disposiciones nacionales que adaptan el Derecho francés a las Directivas 98/59 y 2002/14, no es menos
         cierto que, en lo que se refiere a los centros de trabajo en los que se emplee a más de veinte trabajadores, pero entre los
         que menos de once trabajadores tengan veintiséis años o más de edad, la aplicación de la disposición controvertida puede tener
         como consecuencia que el empresario quede eximido de determinadas obligaciones resultantes de estas dos Directivas.
      
      23.   Al estimar pues que subsistían ciertas dudas en cuanto a la interpretación de las dos Directivas antes mencionadas, el Conseil
         d’État decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
      
      «1)      Habida cuenta del objeto de la Directiva 2002/14/CE […] que consiste, a tenor de su artículo 1, apartado 1, en establecer
         un marco general que fije unos requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores
         en las empresas o centros de trabajo situados en la Comunidad, ¿debe considerarse que el hecho de que la Directiva encomiende
         a los Estados miembros la determinación del modo de calcular el número de trabajadores empleados, permite a estos Estados
         proceder a la toma en consideración diferida de determinadas categorías de trabajadores a efectos de la aplicación de dicho
         cálculo?
      
      2)      ¿En qué medida la Directiva 98/59/CE […] puede ser interpretada en el sentido de que autoriza un mecanismo jurídico que tiene
         por efecto que ciertos centros de trabajo que emplean habitualmente a más de veinte trabajadores queden eximidos, aunque sólo
         sea temporalmente, de la obligación de crear una estructura de representación de los trabajadores, debido a la existencia
         de normas sobre el cómputo del número de trabajadores de plantilla que excluyen la toma en consideración de determinadas categorías
         de trabajadores a efectos de la aplicación de las disposiciones que regulan dicha representación?»
      
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      24.   En su resolución, el juez nacional solicitó al Tribunal de Justicia que las cuestiones prejudiciales planteadas se tramitaran
         mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 104 bis, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
      
      25.   Mediante auto de 21 de noviembre de 2005, el Presidente del Tribunal de Justicia desestimó esta solicitud.
      26.   Las partes demandantes en el procedimiento principal, el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas han presentado
         observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 23 del Estatuto. Estas partes fueron igualmente
         oídas en la vista celebrada el 7 de junio de 2006.
      
      V.      Examen de las cuestiones prejudiciales
      A.      Sobre la primera cuestión prejudicial
      1.      Observaciones preliminares
      27.   En primer lugar, con el fin de delimitar correctamente la problemática planteada por el órgano jurisdiccional remitente, debe
         señalarse que, por una parte, como ha observado acertadamente la Comisión, el Decreto Legislativo nº 2005‑892 no introduce
         ninguna discriminación entre los trabajadores, independientemente de que tengan o no menos de veintiséis años de edad. En
         efecto, ha quedado acreditado que los trabajadores de menos de veintiséis años conservan los derechos individuales que se
         derivan de la condición de trabajador reconocida por el Derecho nacional.
      
      28.   Sin embargo, y pese a que el Decreto Legislativo nº 2005‑892 precisa que no puede implicar la supresión de los órganos representativos de los trabajadores ni del mandato de un representante del personal preexistentes, los derechos
         que pueden verse afectados por la disposición controvertida son aquellos de cuya titularidad goza el colectivo de trabajadores
         de una empresa o centro de trabajo en virtud de la Directiva 2002/14 en lo que se refiere a la información y consulta a las
         que está obligado el empresario. En efecto, como expondré con más detalle a continuación, es el conjunto de trabajadores de
         un centro de trabajo o de una empresa –y no únicamente aquellos que tengan menos de veintiséis años– el que puede, en aplicación
         del Decreto Legislativo nº 2005‑892, verse privado, en su caso, de los derechos derivados de la Directiva 2002/14, cuando
         concurran determinadas circunstancias.
      
      29.   A continuación, es preciso hacer una precisión semántica en relación con la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente. Este último plantea al Tribunal de Justicia una pregunta sobre una legislación, como la que es objeto de examen
         en el litigio principal, que exige «la toma en consideración diferida de determinadas categorías de trabajadores» a efectos
         de la aplicación de los umbrales previstos por la Directiva 2002/14. Ahora bien, esta expresión no me parece totalmente correcta.
         El Decreto Legislativo nº 2005‑892 no puede analizarse, en mi opinión, como si estableciese una toma en consideración diferida
         de una misma categoría de personas, esto es, los trabajadores que tengan menos de veintiséis años de edad. En efecto, desde
         que los trabajadores con menos de veintiséis años contemplados por el Decreto Legislativo nº 2005‑892 cumplan la edad de veintiséis años
         y se cuenten dentro de los trabajadores de plantilla de las empresas a efectos de la comprobación de que se han alcanzado
         los umbrales previstos, ya no pertenecerán, por definición, a la categoría de personas con menos de veintiséis años de edad.
         No se trata, por tanto, de tomar en consideración de manera «diferida» la categoría de trabajadores de menos de veintiséis años,
         sino más bien de excluir, durante el período de aplicación del Decreto Legislativo nº 2005‑892, dicha categoría del cómputo
         de trabajadores que componen la plantilla de la empresa, a efectos de la comprobación de que se ha alcanzado el umbral establecido
         por la legislación nacional en aplicación de la Directiva 2002/14.
      
      30.   Por lo demás, cabe observar que, tanto en sus escritos como en la vista, el Gobierno francés mencionó en varias ocasiones
         el carácter exclusivo del Decreto Legislativo nº 2005‑892 y que la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente califica dicho acto como una legislación por la que se establecen «normas sobre el cómputo del número de trabajadores
         de plantilla que excluyen la toma en consideración» de la categoría de trabajadores de menos de veintiséis años de edad.
      
      31.   Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que reformule la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente, en el sentido de que éste le plantea la cuestión de si, habida cuenta del objeto de la Directiva 2002/14, el artículo
         3, apartado 1, párrafo segundo, de ésta debe interpretarse en el sentido de que la competencia que se reconoce a los Estados
         miembros de «determinar el modo de calcular el número de trabajadores empleados» incluye también la facultad de excluir, aunque
         sólo sea de forma temporal, una categoría entera de trabajadores (en el presente asunto, aquéllos de menos de veintiséis años).
      
      32.   A este respecto, ha de señalarse que las partes demandantes en el procedimiento principal –que presentaron observaciones comunes
         ante el Tribunal de Justicia– y la Comisión proponen que se responda negativamente a dicha cuestión.
      
      33.   Sin embargo, el Gobierno francés considera que el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 le autoriza
         a excluir temporalmente a una categoría entera de trabajadores, siempre que dicha exclusión esté justificada por objetivos
         de interés general y que sea necesaria y proporcionada para alcanzar dichos objetivos. El Gobierno francés estima que estos
         requisitos se cumplen manifiestamente en el presente asunto, puesto que:
      
      –       El objetivo que persigue el Decreto Legislativo nº 2005‑892, es decir, la lucha contra el paro de los jóvenes, es compatible
         con el objetivo enunciado en el decimonoveno considerando de la Directiva 2002/14, así como con la búsqueda de una elevada
         tasa de empleo en la Comunidad.
      
      –       La medida, al ser de aplicación temporal limitada, resulta proporcionada para alcanzar el objetivo perseguido.
      –       El impacto de la disposición controvertida se limita exclusivamente a las empresas que cuenten, como máximo, con veinte trabajadores
         y entre los que menos de once tengan más de veintiséis años de edad.
      
      –       La aplicación de la disposición controvertida no puede tener como consecuencia la supresión de un órgano representativo del
         personal o del mandato de un representante del personal preexistentes.
      
      34.   Habiendo realizado estas observaciones y precisiones preliminares, considero, por mi parte, que la respuesta que debe darse
         a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente puede hallarse a través de la determinación del alcance
         del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14, cuyo párrafo segundo encomienda a los Estados miembros que determinen
         «el modo de calcular el número de trabajadores empleados». Dicho análisis será desarrollado a continuación.
      
      2.      Sobre el alcance del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14
      35.   Ha de recordarse que, en virtud del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/14, las entidades con respecto a las cuales los Estados miembros deberán introducir modalidades de información
         y de consulta de los trabajadores contempladas en la Directiva, son, a elección de los Estados miembros, o bien las empresas
         que empleen en un Estado miembro al menos a 50 trabajadores o bien los centros de trabajo que empleen en un Estado miembro
         al menos a 20 trabajadores. Una vez efectuada la elección, dicha Directiva admite que los Estados miembros puedan mantener
         o adoptar disposiciones más favorables para los trabajadores en sus respectivos Derechos nacionales.
      
      36.   A este respecto, cabe recordar igualmente que, como resulta de las disposiciones del code du travail francés citadas anteriormente,
         la República Francesa eligió la segunda alternativa propuesta por el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva
         2002/14, al mismo tiempo que bajó el umbral a partir del cual se exige la obligación de información y de consulta de los trabajadores
         en los centros de trabajo que empleen al menos a once trabajadores.
      
      37.   El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/14, en la medida en que se refiere a los umbrales de «trabajadores»,
         debe, en mi opinión, interpretarse en relación con el artículo 2, letra d), de esta Directiva, que precisa lo que debe entenderse
         por «trabajador» en el sentido de dicha Directiva. Según esta disposición, lo es «cualquier persona que esté protegida como
         tal en la legislación laboral nacional y con arreglo a las prácticas nacionales del Estado miembro de que se trate».
      
      38.   Ahora bien, a efectos de la Directiva 2002/14, cuando una persona responde a la definición prevista en su artículo 2, letra d),
         es decir, está protegida como tal en la legislación nacional, dicha persona debe necesariamente tenerse en cuenta dentro del
         cálculo de trabajadores, a efectos de la aplicación de los umbrales previstos en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero,
         de la Directiva 2002/14. Por tanto, dicha persona deberá, en su condición misma de trabajador, en el sentido de dicha Directiva,
         ser incluida dentro del cálculo de trabajadores que componen la plantilla del centro de trabajo o de la empresa de que se
         trate, a efectos de la aplicación de los umbrales previstos por dicho acto.
      
      39.   En el litigio principal, ha quedado acreditado que los trabajadores contemplados en el artículo 1 del Decreto Legislativo
         nº 2005‑892 están protegidos, como tales, por la legislación laboral francesa. Sobre la base de la interpretación del artículo
         3, apartado 1, párrafo primero en relación con el artículo 2, letra d), de la Directiva 2002/14, los trabajadores contemplados
         en el artículo 1 de dicho Decreto Legislativo deberán, por tanto, contarse entre los trabajadores empleados en los centros
         de trabajo situados en Francia a efectos de la aplicación del umbral pertinente de trabajadores previsto por la Directiva 2002/14.
      
      40.   Quisiera señalar que la Directiva 2002/14 no admite que los Estados miembros puedan establecer excepciones a sus disposiciones,
         salvo la posibilidad prevista en su artículo 3, apartado 3, relativa a las tripulaciones de buques que naveguen en alta mar,
         que no resulta pertinente en el asunto principal.
      
      41.   Dicho esto, procede comprobar, sin embargo, si, como sostiene el Gobierno francés, el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 concede a los Estados miembros la facultad, tal como está prevista en la legislación controvertida
         en el litigio principal, de excluir toda una categoría de trabajadores del cómputo de trabajadores de plantilla de los centros
         de trabajo a efectos de la aplicación del umbral pertinente de trabajadores previsto por dicha Directiva.
      
      42.   El artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 encomienda a los Estados miembros la determinación del
         «modo de calcular el número de trabajadores empleados».
      
      43.   A este respecto, cabe subrayar que dicha disposición se remite a los Estados miembros únicamente en lo que se refiere a la
         determinación del «modo de calcular el número de trabajadores empleados», y no respecto a la propia definición de dicha expresión.
      
      44.   En efecto, estoy convencido de que la Directiva 2002/14 no ha querido dejar a los Estados miembros la facultad de definir
         dicha expresión. Debe recordarse que la parte de la frase citada en el punto precedente forma parte del artículo en que se
         define el «ámbito de aplicación» de dicha Directiva, que no puede dejarse a la libre discrecionalidad de los Estados miembros.
         Las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho comunitario conducen a que el tenor de dicha disposición de Derecho comunitario
         sea objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Comunidad, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto
         de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. (6)
      
      45.   En general, ha de considerarse que el alcance de la expresión a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo,
         de la Directiva 2002/14 no resulta demasiado claro. Es más, la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente
         emana del carácter poco explícito de la expresión a la que se refiere dicha disposición.
      
      46.   En efecto, mientras que, al referirse al «modo de calcular el número de trabajadores», esta disposición parece únicamente
         corresponder a lo que se podría calificar como «normas de umbrales», estos es, las modalidades para calcular el período de
         referencia que se tome en consideración para alcanzar dichos umbrales (por ejemplo, una fecha determinada, un período de actividad
         de varios meses o años o una media de varios meses o años de actividad), igualmente, se podría sugerir, como hacen las partes
         demandantes en el litigio principal y la Comisión, que dicha expresión se refiere también al modo de calcular el número de trabajadores de plantilla del centro de trabajo (es decir, las normas relativas a las modalidades para computar a los trabajadores vinculados a su
         centro de trabajo por contratos de trabajo de diferente índole, a saber en particular, los contratos a tiempo parcial o de
         duración determinada), ya que el umbral se expresa con relación a un número determinado de trabajadores. En los planteamientos
         que se desarrollan a continuación, estas últimas normas se calificarán, por comodidad del lenguaje, como «normas de modulación».
      
      47.   El examen del conjunto de versiones lingüísticas del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 no aclara
         tampoco el alcance exacto de la expresión contenida en esta disposición, puesto que la gran mayoría de dichas versiones se
         refieren a los «umbrales» de trabajadores empleados, (7) algunas se refieren, sin embargo, al «número» de trabajadores empleados. (8) Además, los trabajos preparatorios de dicha Directiva, al no dejar traslucir la intención de sus autores en cuanto al alcance
         de la expresión controvertida, (9) tampoco proporcionan elementos útiles respecto a la interpretación que debe darse a dicha expresión. (10)
      
      48.   Opino, sin embargo, que el alcance del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 puede deducirse del
         objetivo lógico que presidió su inserción.
      
      49.   A este respecto, debe tomarse como punto de partida la siguiente consideración: los umbrales alternativos a los que se refiere
         el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/14 sólo pueden aplicarse concretamente si se han previsto
         «normas de umbrales» y «normas de modulación». En efecto, sin la adopción de este tipo de normas, los centros de trabajo y
         empresas a las que se refiere dicha Directiva se encuentran en la imposibilidad de determinar si alcanzan los umbrales de
         trabajadores a los que se refiere esta misma Directiva.
      
      50.   Ante esta constatación, el legislador comunitario disponía de tres opciones.
      51.   La primera habría sido la de fijar las «normas de umbrales» y las «normas de modulación» en una disposición de la propia Directiva
         2002/14. El Derecho social comunitario ofrece una ilustración, al menos parcial, de una Directiva en este sentido. (11)
      
      52.   La segunda opción consistía en no prever ninguna disposición en el texto de la Directiva 2002/14, silencio que habría significado
         que los Estados miembros habían conservado implícitamente, en virtud de su competencia residual, el derecho a adoptar ambos
         tipos de normas, con el fin de poder garantizar la aplicación concreta de las disposiciones de la Directiva. Como indicaré
         en el marco de la respuesta que propondré a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, éste es
         el caso de la Directiva 98/59.
      
      53.   La solución finalmente elegida por la Directiva 2002/14 corresponde a la tercera opción de que disponía el legislador comunitario:
         al no considerar posible o práctico el establecimiento de «normas de umbrales» y de «normas de modulación» en la propia Directiva,
         encomendó explícitamente a los Estados miembros que adoptasen estas medidas. (12)
      
      54.   Independientemente de la opción adoptada por la Directiva 2002/14, es obvio que el objetivo lógico que preside la necesidad
         de adoptar «normas de umbrales» y «normas de modulación» es garantizar de manera simple pero esencial la aplicación concreta
         de los umbrales previstos por dicha Directiva, y, por tanto, garantizar la aplicación de esta última.
      
      55.   Ahora bien, reconocer a los Estados miembros la competencia para establecer las modalidades de aplicación de un umbral de
         trabajadores es muy diferente a autorizarlos a que determinen qué trabajadores pueden entrar en «la base» del cálculo del
         umbral de trabajadores, excluyendo de dicha base una categoría entera de entre ellos, como sugiere, en definitiva, el Gobierno
         francés.
      
      56.   De lo anterior se deduce, a mi juicio, que el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 no puede ser
         interpretado en el sentido de que permite a un Estado miembro excluir la aplicación de determinadas disposiciones de esta misma Directiva, mediante la sustracción de una categoría entera de trabajadores
         del cálculo de trabajadores empleados en los centros de trabajo comprendidos dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva,
         a efectos de la aplicación del umbral de veinte trabajadores previsto por esta última.
      
      57.   Esta apreciación se aplica, a fortiori, cuando, al igual que la legislación controvertida en el litigio principal, el criterio en virtud del cual se excluye a dichos
         trabajadores se basa en un elemento totalmente ajeno al tamaño real del centro de trabajo de que se trate.
      
      58.   Es cierto que no se trata de admitir que un Estado miembro tenga derecho a excluir a trabajadores, en el sentido de la Directiva
         2002/14 –y, por tanto, protegidos como tales en virtud del Derecho nacional–, del cálculo de la plantilla de un centro de
         trabajo sobre la base de un criterio relacionado con el tiempo de trabajo transcurrido en ese centro de trabajo. En efecto,
         incluso en este supuesto, sigue siendo aplicable el principio según el cual todo trabajador, en el sentido de la Directiva
         2002/14, debe ser tenido en cuenta en el cálculo de trabajadores empleados, a efectos de la aplicación de la Directiva.
      
      59.   Sin embargo, la referencia al tamaño real del centro de trabajo persigue explicar la razón por la cual puede considerarse
         que una «norma de modulación» de los trabajadores, en particular, en función del tiempo de trabajo transcurrido en el centro
         de trabajo de que se trate, entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva
         2002/14. En efecto, a falta de tal norma de modulación, todo trabajador, independientemente del tiempo transcurrido en el
         centro de trabajo, debería ser computado como una unidad más a efectos de la comprobación de si se alcanza el umbral de veinte
         trabajadores previsto en dicha Directiva. Ahora bien, dicha situación podría tener por consecuencia que ciertos centros de
         trabajo cuyo tamaño real es inferior al umbral previsto por esta misma Directiva, debieran introducir las modalidades de información
         y de consulta de los trabajadores previstos por ésta. Sin perjuicio de la opción que se ofrece a los Estados miembros de adoptar
         medidas más favorables para los trabajadores, el derecho de los Estados miembros a adoptar «normas de modulación» participa
         en el objetivo, mencionado en el decimonoveno considerando de la Directiva 2002/14, según el cual los umbrales previstos por
         dicho acto han sido fijados con el fin de evitar dificultades al desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Se trata pues
         de reconocer explícitamente, en el marco de la interpretación propuesta anteriormente sobre el artículo 3, apartado 1, párrafo
         segundo, de la Directiva 2002/14, que los Estados miembros siguen siendo competentes para adoptar las «normas de modulación
         » de los trabajadores, en función del tamaño real del centro de trabajo (o empresa). Igualmente, he de señalar que tal interpretación
         de la disposición objeto de examen permitiría apreciar el carácter desproporcionado, en su caso, de una «norma de modulación»
         de trabajadores adoptada por un Estado miembro. (13)
      
      60.   Tras esta breve digresión, no es menos cierto que una legislación como la controvertida en el litigio principal, que no pertenece
         ni a la categoría de «normas de umbrales», ni a la de «normas de modulación» y que no persigue que se pueda proceder a la
         aplicación concreta del umbral pertinente de trabajadores previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva
         2002/14, no está comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo segundo de este artículo de la Directiva y resulta contraria
         a ésta.
      
      61.   Esta conclusión no puede ponerse en tela de juicio mediante las dos alegaciones principales formuladas por el Gobierno francés,
         según las cuales, por una parte, el objetivo perseguido por el legislador francés, de incitar a las pequeñas y medianas empresas,
         mediante la reducción de las cargas que éstas soportan, a contratar a más trabajadores de menos de veintiséis años de edad,
         es compatible con el objetivo perseguido por la Directiva 2002/14, y, por otra parte, las situaciones concretas en las que
         la aplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo nº 2005‑892 podría conducir a que los trabajadores se vieran privados
         de los derechos que derivan de dicha Directiva, son raras.
      
      62.   En lo que se refiere a la primera alegación, y en la medida en que el objetivo invocado por el Gobierno francés está relacionado
         esencialmente con la lucha contra el paro de las personas de menos de veintiséis años, si bien es cierto que la Directiva
         2002/14 no se opone a este laudable objetivo, no lo es menos que el Estado miembro sigue estando obligado al cumplimiento
         integral de las disposiciones de este acto.
      
      63.   En la medida en que el objetivo invocado por el Gobierno francés está relacionado con la reducción de la cargas que soportan
         las pequeñas y medianas empresas, es preciso subrayar que, mediante la fijación de los umbrales previstos en el artículo 3,
         apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2002/14, ésta persigue ya el objetivo alegado por el Gobierno francés: el decimonoveno
         considerando de la Directiva 2002/14 lo recuerda claramente al precisar que el marco general establecido por la Directiva
         tiene especialmente «como finalidad […] evitar dificultades administrativas, financieras o jurídicas que pudieran obstaculizar
         la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas» y que, para ello, «se debe limitar el ámbito de aplicación de
         la presente Directiva, a elección de los Estados miembros, a las empresas que empleen al menos a 50 trabajadores o a los centros
         de trabajo que empleen al menos a 20 trabajadores». Por lo demás, ha de señalarse que el Decreto Legislativo nº 2005‑892 no
         se aplica únicamente a las pequeñas y medianas empresas sino a todos los centros de trabajo situados en territorio francés.
         Por otra parte, el hecho de que en Francia, como expuso el Gobierno francés en la vista, numerosas cargas impuestas a las
         empresas, como por ejemplo el pago de cotizaciones patronales más elevadas, o la ejecución de un reglamento interior, estén
         supeditadas a que se alcancen umbrales de trabajadores de plantilla, ello entra exclusivamente dentro de la aplicación de
         disposiciones de Derecho nacional, y, en cualquier caso, no podría eximir a este Estado miembro del pleno cumplimiento de
         las disposiciones de la Directiva 2002/14.
      
      64.   En cuanto a la segunda alegación, estimo, en primer lugar, que la interpretación objetiva de una norma jurídica se adapta
         mal a un razonamiento de tipo probabilista, tal como el propuesto por el Gobierno francés.
      
      65.   En segundo lugar, cabe recordar que, en virtud del artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2002/14, los Estados miembros
         deben adoptar «todas las medidas para poder garantizar en todo momento los resultados que impone la presente Directiva». Ahora
         bien, aun suponiendo que, como sostiene el Gobierno francés, la aplicación del Decreto Legislativo nº 2005‑892 sólo excluya
         los requisitos mínimos para el ejercicio del derecho de información y consulta de los trabajadores establecidos por dicha
         Directiva en situaciones perfectamente delimitadas, (14) no es menos cierto que el Estado francés, al excluir la categoría de trabajadores de menos de veintiséis años del cómputo
         de los trabajadores de plantilla de los centros de trabajo, ya no puede garantizar totalmente, aunque sólo sea de forma temporal,
         que todos los centros de trabajo situados en territorio francés y comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva
         2002/14, puedan permitir a los trabajadores contratados el ejercicio de sus derechos de información y de consulta.
      
      66.   Por último, si se adoptase la interpretación del Gobierno francés, los Estados miembros podrían, al día siguiente, pretender
         que se excluya del cómputo de trabajadores de plantilla de una empresa, diferentes categorías de trabajadores, como los trabajadores
         a tiempo parcial, aquéllos con más de cincuenta años o los trabajadores con algún tipo de discapacidad. Es obvio que una eventual
         exclusión acumulada de categorías enteras de trabajadores por los Estados miembros reduciría considerablemente las situaciones
         en las que las empresas y los centros de trabajo comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/14 deberán
         facilitar el ejercicio de los derechos de información y consulta a los trabajadores previstos por esta misma Directiva y menoscabaría
         la aplicación uniforme en la Comunidad de las disposiciones de este texto.
      
      67.   A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que dé una respuesta negativa a la primera cuestión
         planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es decir, que, teniendo en cuenta la finalidad de la Directiva 2002/14,
         el hecho de encomendar a los Estados miembros que determinen el modo de calcular el número de trabajadores empleados, en virtud
         del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14, no puede interpretarse en el sentido de que permite
         a los Estados miembros proceder a la exclusión temporal de determinadas categorías de trabajadores a efectos de la aplicación
         de dicho cálculo.
      
      B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
      68.   Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita básicamente al Tribunal de Justicia que dilucide
         si la Directiva 98/59 autoriza la adopción de una medida nacional que tenga por efecto que ciertos centros de trabajo que
         emplean habitualmente a más de veinte trabajadores queden eximidos, aunque sólo sea temporalmente, de la obligación de crear
         una estructura de representación de los trabajadores, debido a la existencia de normas sobre el cómputo del número de trabajadores
         de plantilla que excluyen la toma en consideración de determinadas categorías de trabajadores a efectos de la aplicación de
         las disposiciones que regulan dicha representación.
      
      69.   La Directiva 98/59 reproduce la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de
         las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, (15) en su versión modificada.
      
      70.   La Directiva 98/59 tiene como objetivo esencial garantizar a los trabajadores en el interior de la Comunidad, a través de
         normas comunes que establecen procedimientos regulados de consulta y de despido colectivo, que los representantes de los trabajadores (16) sean informados y consultados oportunamente por el empresario que pretende proceder a un despido colectivo. El ámbito de
         aplicación personal de esta obligación del empresario está, sin embargo, limitado a los centros de trabajo que alcancen los
         umbrales establecidos por la Directiva 98/59. (17) Estos umbrales se refieren, por una parte, a los trabajadores de plantilla de los centros de trabajo, esto es, los centros
         de trabajo que cuenten al menos con veinte trabajadores y, por otra parte, al número de trabajadores afectados por el despido
         colectivo en el seno de estos centros de trabajo, conforme al artículo 1 de la Directiva 98/59. Si, contrariamente a lo que
         sugiere el órgano jurisdiccional remitente, dicha Directiva no impone, al menos directa y formalmente, la introducción de
         una estructura de representación de los trabajadores, implica, sin embargo, como requisito previo a la información y a la
         consulta de los representantes de los trabajadores en el marco de los despidos colectivos, que los Estados miembros adopten
         la medidas necesarias para garantizar la designación de dichos representantes.
      
      71.   De las observaciones presentadas por las partes en el presente asunto se deduce que el Decreto Legislativo nº 2005‑892 no
         afecta al cómputo de trabajadores cuyo despido se pretende. Como ya señalé anteriormente, este Decreto Legislativo precisa
         igualmente que no puede implicar la supresión de los órganos representativos de los trabajadores ni del mandato de un representante
         del personal preexistentes.
      
      72.   Como ya he puesto de manifiesto en mis observaciones sobre la primera cuestión planteada por el Conseil d’État, el Decreto
         Legislativo nº 2005‑892 afecta, sin embargo, al cálculo de trabajadores de los centros de trabajo, ya que excluye de manera
         temporal de dicho cálculo a los trabajadores de menos de veintiséis años.
      
      73.   Aunque, en Francia, los artículos L. 321‑1 y siguientes del code du travail prevén la consulta de los trabajadores en los
         procedimientos de despido por causas económicas, cuando la empresa emplee a más de diez trabajadores, (18) no es menos cierto que el resultado al que puede conducir el Decreto Legislativo nº 2005‑892 consiste en privar a los trabajadores
         de los derechos que se derivan de la Directiva 98/59 cuando el centro de trabajo de que se trate emplee a más de veinte trabajadores
         –y alcance pues el umbral de veinte trabajadores, previsto por dicha Directiva, independientemente de la edad de estos trabajadores–
         pero cuente con menos de once trabajadores de más de veintiséis años, en aplicación de las normas previstas por el code du
         travail francés y por el artículo 1 del Decreto Legislativo nº 2005‑892.
      
      74.   En efecto, en esta situación, al estar el centro de trabajo eximido de la obligación de organizar la designación de representantes
         del personal, no existiría ningún representante de los trabajadores que informe o pueda ser consultado, con anterioridad a
         un eventual despido colectivo, lo cual es contrario a la protección que la Directiva 98/59 reconoce a los trabajadores.
      
      75.   Ha de observarse que, contrariamente a la Directiva 2002/14, la Directiva 98/59 no define el concepto de trabajador y no contiene
         ninguna disposición análoga a la del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14.
      
      76.   En sus observaciones escritas y en la vista las partes debatieron la cuestión de si las disposiciones de la Directiva 2002/14,
         que, recuérdese, establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores, podían servir para
         clarificar las disposiciones de la Directiva 98/59, e incluso para colmar sus eventuales lagunas, en particular en lo que
         se refiere a la definición del concepto de trabajador y a la eventual aplicación, por analogía, del artículo 3, apartado 1,
         párrafo segundo, de la Directiva 2002/14.
      
      77.   Las partes demandantes en el litigio principal y el Gobierno francés han sugerido que se dé una respuesta afirmativa a dicha
         problemática.
      
      78.   En la vista, la Comisión se opuso firmemente a la interpretación extensiva propuesta por las otras partes en el presente asunto.
         En particular, alegó que las dos Directivas en cuestión se apoyaban en bases jurídicas distintas. La Directiva 98/59 tiene
         como base el artículo 100 del Tratado CE (actualmente artículo 94 CE), que concede a los Estados miembros un margen de apreciación
         mucho más reducido que las disposiciones de la Directiva 2002/14, cuya base jurídica es el artículo 137 CE, apartado 2. La
         Comisión señaló igualmente que razones de orden cronológico y relacionadas con la autonomía del ámbito de aplicación de cada
         una de estas Directivas, tal como ilustra el artículo 9 de la Directiva 2002/14, se oponen igualmente a la visión que sugieren
         las otras partes en el presente asunto.
      
      79.   Si bien la alegación basada en el artículo 9 de la Directiva 2002/14 no resulta especialmente convincente en la medida en
         que esta disposición sólo contempla las relaciones existentes entre la Directiva 2002/14 y el artículo 2 de la Directiva 98/59
         y no con el resto de disposiciones de esta última, me resultan convincentes las otras objeciones formuladas por la Comisión,
         aunque sólo sea porque es arriesgado querer interpretar automáticamente las disposiciones de un acto a la luz de otro adoptado
         casi cuatro años después del primero.
      
      80.   Una ilustración de la dificultad y del carácter aventurado del razonamiento propuesto por las partes demandantes en el litigio
         principal y del Gobierno francés reside en la comparación de los conceptos de «centro de trabajo», utilizados por ambas Directivas,
         la 98/59 y la 2002/14. A falta de una definición de este concepto en el articulado de la Directiva 98/59, el Tribunal de Justicia
         declaró, en la sentencia Rockfon antes citada, que un «centro de trabajo», a efectos de esta misma Directiva, no puede definirse
         atendiendo a las legislaciones de los Estados miembros y debe interpretarse en el sentido de que designa, según las circunstancias,
         aquella unidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido, independientemente
         de que la unidad de que se trate disponga de una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos. (19) No obstante, debe señalarse que la Directiva 2002/14, al precisar, en su artículo 2, letra b), que un «centro de trabajo»
         designa «una unidad de actividad definida conforme a la legislación y la práctica nacionales, […] en la que se desarrolla
         una actividad económica de forma continuada con medios humanos y materiales», ha optado por una acepción diferente de este
         concepto, al remitirse expresamente a las legislaciones y prácticas de los Estados miembros.
      
      81.   Es cierto que este ejemplo no significa que sea imposible, en el marco de la Directiva 98/59, definir el concepto de «trabajador»
         de manera idéntica a la definida en la Directiva 2002/14. Además, respecto al umbral de veinte trabajadores, previsto por
         la Directiva 98/59, los Estados miembros, pese al silencio del texto, han debido prever, necesariamente, «normas de umbrales»
         y «normas de modulación», igual a las establecidas en el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14,
         con el fin de garantizar la aplicación concreta de la Directiva 98/59.
      
      82.   Sin embargo, los conceptos a los que se refiere la Directiva 2002/14 no pueden extenderse a la Directiva 98/59, debido, en
         particular, a la falta de elementos claros que indiquen que tal era la intención expresada por los autores de la Directiva 2002/14.
      
      83.   Por otra parte, de manera más pragmática, pienso que el Tribunal de Justicia puede perfectamente dar una respuesta adecuada
         al órgano jurisdiccional remitente, sin que sea necesario pronunciarse sobre el debate que ha opuesto a las partes sobre las
         relaciones existentes entre la Directiva 2002/14 y la Directiva 98/59.
      
      84.   En efecto, aun cuando pueda concebirse que es posible la extensión del concepto de «trabajador» y de la expresión del artículo
         3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 a la Directiva 98/59, conforme a la interpretación que he propuesto
         anteriormente, dicha extensión no cambiaría en absoluto la repuesta a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente.
      
      85.   Tanto en este supuesto como en el de la negativa a interpretar la Directiva 98/59 a la luz de la Directiva 2002/14, una legislación
         como la controvertida en el litigio principal, es, a mi juicio, contraria a la Directiva 98/59. En efecto, al sustraer una
         categoría entera de trabajadores al cálculo del umbral de veinte trabajadores, una legislación como la controvertida en el litigio principal estaría permitiendo
         que determinados centros de trabajo escapasen a la obligación de respetar los procedimientos que, en aras de la protección
         de los trabajadores, impone la Directiva 98/59. Tal legislación podría conducir a privar a grupos de trabajadores del derecho
         a ser informados y oídos, de que disponen en virtud de este acto, (20) además de que la Directiva 98/59 no admite ninguna excepción sobre la base de la cual los Estados miembros puedan incumplir
         la obligación de información y de consulta de los representantes de los trabajadores que ésta garantiza. (21)
      
      VI.    Conclusión
      86.   A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones
         prejudiciales planteadas por el Conseil d’État en el presente asunto:
      
      «1)      Teniendo en cuenta la finalidad de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por
         la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea,
         el hecho de encomendar a los Estados miembros la determinación del modo de calcular el número de trabajadores empleados, en
         virtud del artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14, no puede interpretarse en el sentido de que permite
         a los Estados miembros proceder a la exclusión temporal de determinadas categorías de trabajadores a efectos de la aplicación
         de dicho cálculo.
      
      2)      La Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
         miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una medida nacional
         que tiene por efecto que ciertos centros de trabajo que emplean habitualmente a más de veinte trabajadores queden eximidos,
         aunque sólo sea temporalmente, de la obligación de garantizar la representación de los trabajadores, debido a la existencia
         de normas sobre el cómputo del número de trabajadores de plantilla que excluyen la toma en consideración de determinadas categorías
         de trabajadores a efectos de la aplicación de las disposiciones que regulan dicha representación.»
      
      1 –	Lengua original: francés.
      
      2 –	DO L 80, p. 29.
      
      3 –	DO L 225, p. 16.
      
      4 –	JORF de 3 de agosto de 2005, p. 12687.
      
      5 –	Vilvoorde es una ciudad de las afueras de Bruselas, en cuyo territorio se encontraba una fábrica de montaje de automóviles
         Renault que fue cerrada en julio de 1997. Dicho cierre desató una oleada de reacciones, sin precedentes en Europa, y fue especialmente
         la causa de que en 1998 la Comisión adoptara la Propuesta de Directiva por la que se establece un marco general relativo a
         la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO 1999, C 2, p. 3).
      
      6 –	Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 27 de enero de 2005, Junk (C‑188/03, Rec. p. I‑885), apartado 29
         y la jurisprudencia allí citada.
      
      7 –	Es el caso de las versiones alemana («Schwelle»), inglesa («threshold»), danesa («taesklerne»), griega («ορίων»), italiana
         («soglie»), letona («sliekšņi»), maltesa («tal-limiti»), polaca («progu»), portuguesa («limiares»), eslovaca («limitu»), eslovena
         («praga») y sueca («tröskel»).
      
      8 –	Como, por ejemplo, las versiones española («número»), finesa («määrä») y neerlandesa («aantal»).
      
      9 –	Resulta que la expresión a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2002/14 apareció
         en la propuesta modificada de la Comisión de 23 de mayo de 2001 [COM(2001) 296 final], a raíz de las enmiendas propuestas
         por el Parlamento Europeo, sin que, sin embargo, se haya dado ninguna explicación respecto a la terminología empleada.
      
      10 –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1961, Simon/Tribunal de Justicia (15/60, Rec. p. 223) y de 31
         de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión, (C‑68/94 y C‑30/95, Rec. p. I‑1375), apartado 167.
      
      11 –	Se trata del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución
         de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos
         de empresas de dimensión comunitaria (DO L 254, p. 64), que establece que la plantilla mínima de los trabajadores a los que
         se refiere dicha Directiva se fijará con arreglo a la media de trabajadores, incluidos los trabajadores a tiempo parcial,
         contratados durante los dos años precedentes, calculada con arreglo a las legislaciones y/o las prácticas nacionales.
      
      12 –	El Derecho comunitario proporciona igualmente otro ejemplo en este sentido, el constituido por la Directiva 1999/70/CE
         del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
         determinada (DO L 175, p. 43), cuya disposición pertinente fue redactada, sin duda alguna, de forma más explícita. La cláusula
         7 de dicho Acuerdo marco prevé, en efecto, que los trabajadores con contrato de duración determinada serán tenidos en cuenta
         para calcular el umbral (en particular, el previsto por la legislación comunitaria) y encomienda a los Estados miembros que
         determinen las disposiciones deaplicación de dicho cálculo. Obsérvese que, ante el Conseil d’État, las demandantes en el litigio principal no han invocado dicha Directiva
         en apoyo de su recurso contra el Decreto‑ley nº 2005‑892, en la medida en que este último se aplica a los trabajadores con
         contrato de duración determinada de menos de veintiséis años.
      
      13 –	Para ilustrar esta observación, piénsese en una norma nacional que, en el marco del cálculo de los trabajadores de plantilla
         de un centro de trabajo, disponga, por ejemplo, que veinte trabajadores a media jornada equivalen a un sólo trabajador a tiempo
         completo, a efectos de la aplicación del umbral de veinte trabajadores previsto por la Directiva 2002/14. Una norma de este
         tipo sería, a mi juicio, manifiestamente desproporcionada.
      
      14 –	Esto es, en situaciones en que los centros de trabajo en cuestión contraten a un número de trabajadores, que, independientemente
         de la edad, sea igual o superior al umbral de veinte trabajadores previsto por la Directiva 2002/14, dando lugar así al goce
         de los derechos que se derivan de este texto, pero que, al mismo tiempo, contraten a menos de once asalariados de más de veintiséis
         años (no alcanzándose pues el umbral de acuerdo con la interpretación del code du travail francés en relación con el artículo
         1 del Decreto Legislativo nº 2005‑892).
      
      15 –	DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54. El primer considerando de la Directiva 98/59 precisa que «en aras a una mayor claridad
         y racionalidad, conviene proceder a la codificación de la Directiva 75/129».
      
      16 –	El artículo 1, letra b), de la Directiva 98/59, define a los «representantes de los trabajadores» como «los representantes
         de los trabajadores previstos por la legislación o la práctica de los Estados miembros».
      
      17 –	Debe observarse que dicha Directiva no define lo que debe entenderse por «centro de trabajo» a efectos de la aplicación
         de este acto, ni tampoco define el concepto de «empresario» ni indica el momento en que se considera producido el «despido».
         Estos conceptos, sin embargo, han sido clarificados por parte del Tribunal de Justicia, respectivamente, en sus sentencias
         de 7 de diciembre de 1995, Rockfon (C‑449/93, Rec. p. I‑4291); de 16 de octubre de 2003, Comisión/Italia (C‑32/02, Rec. p. I‑12063),
         y de 27 de enero de 2005, Junk, antes citada.
      
      18 –	En su sentencia de 8 de junio de 1982, Comisión/Italia (91/81, p. 2133), apartado 11, el Tribunal de Justicia declaró que
         las disposiciones de la Directiva 75/129 «deben servir para establecer un tronco común de regulación, aplicable en todos los
         Estados miembros, reservando al mismo tiempo a los Estados miembros la facultad de aplicar o de introducir disposiciones más
         favorables para los trabajadores». Actualmente, esta facultad se desprende del artículo 5 de la Directiva 98/59.
      
      19 –	Sentencia de 7 de diciembre de 1995, Rockfon, antes citada, apartados 25 y 32. La sentencia se refiere, más precisamente,
         a la Directiva 75/129, codificada por la Directiva 98/59.
      
      20 –	Véase, en este sentido, la sentencia Rokfon, antes citada, apartado 30.
      
      21 –	Véanse, en este sentido, a propósito de la Directiva 75/129, las conclusiones del Abogado General Van Gerven en el asunto
         Comisión/Reino Unido (sentencia de 8 de junio de 1994, C‑382/92, Rec. p. I‑2435), punto 10.