CELEX: 52013PC0460
Language: es
Date: 2013-06-26
Title: Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros

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		52013PC0460
		
			Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros /* COM/2013/0460 final - 2013/0229 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
Antecedentes
Muchos de los
gitanos de Europa son objeto de prejuicios, intolerancia, discriminación y
exclusión social en su vida cotidiana. Son marginados y en su mayoría viven en
condiciones socioeconómicas muy precarias. Por término medio, solo uno de cada
dos niños gitanos asiste a guarderías o recibe educación preescolar; su
participación en la educación se reduce considerablemente tras la educación
obligatoria: solo el 15 % de los jóvenes adultos de etnia gitana completan
la enseñanza secundaria superior; por término medio, menos de uno de cada tres
gitanos dice tener empleo; el 20 % no cuenta con seguro de enfermedad y el
90 % vive por debajo del umbral de pobreza[1]. Esto
socava la cohesión social y el desarrollo humano sostenible, dificulta la
competitividad y genera costes para el conjunto de la sociedad. La
discriminación de los gitanos es también incompatible con los valores en que se
fundamenta la Unión Europea. El eje del problema radica en los estrechos
vínculos que existen entre la discriminación y la exclusión social que sufren
los gitanos.
Contexto político
El 5 de abril de 2011, la Comisión adoptó
un Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta
2020[2]. El Consejo Europeo lo aprobó en junio de 2011. El Marco expresa
la voluntad política de la UE para abordar la situación de los gitanos.
Con el Marco, la Comisión Europea
pretende asegurar que los Estados miembros adopten un enfoque eficaz de la
integración de la población gitana y respalden los objetivos basados en los
cuatro pilares de la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda.
Con arreglo al Marco, la Comisión debe
informar anualmente sobre los progresos realizados por los Estados miembros. En
2012, la Comisión evaluó por primera vez las estrategias nacionales presentadas
por los Estados miembros y adoptó una serie de conclusiones transversales [COM
(2012) 226 final] y de indicaciones específicas sobre los puntos fuertes y
débiles de la estrategia de cada Estado miembro [SWD (2012) 133 final].
Un año después, el informe de la Comisión
se centra en los avances logrados por los Estados miembros para garantizar
determinadas condiciones previas necesarias para el éxito de la aplicación de
las estrategias nacionales. Estas condiciones incluyen la participación de las
autoridades regionales y locales, la estrecha colaboración con la sociedad
civil, el control y la evaluación de la aplicación de las estrategias, incluido
el refuerzo de la función de los puntos de contacto nacionales de integración
de los gitanos, la asignación de la financiación necesaria, la intensificación
de la lucha contra la discriminación y la integración de la misma en otras
políticas. En su evaluación, la Comisión ha tenido en cuenta la contribución de
la sociedad civil y otras partes interesadas.
A partir de
las conclusiones del presente informe y del informe de situación de 2012[3], la propuesta de Recomendación del Consejo tiene por objeto
acelerar los progresos realizados para llamar la atención de los Estados
miembros sobre una serie de medidas concretas que son cruciales para la
aplicación de sus estrategias de forma más eficaz.
Objeto de la propuesta
La propuesta
de Recomendación del Consejo se basa en las Comunicaciones de la Comisión de 2011
y 2012[4] y en las Conclusiones del Consejo sobre la integración de la
población gitana[5]. Su objetivo es orientar a los Estados miembros en la mejora de
la eficacia de sus medidas para alcanzar la integración de los gitanos y
reforzar la aplicación de sus estrategias nacionales al respecto o de conjuntos
de medidas para mejorar su situación en concordancia con los problemas a que se
enfrentan los Estados miembros en función de las dimensiones y la situación de
sus respetivas poblaciones de etnia gitana. Asimismo, la propuesta refuerza el
marco de la UE con un instrumento jurídico no vinculante con objeto de ayudar a
los Estados miembros a hacer realidad sus compromisos. La Recomendación abarca
concretamente:
·                        
Acciones específicas, basadas en las
mejores prácticas, a fin de reforzar la integración de los gitanos respetando íntegramente el principio de subsidiariedad y sin
necesidad de duplicar la legislación actual de la UE. Los ámbitos cubiertos son
la educación, el empleo, la salud y la vivienda.
·                        
Cuestiones transversales esenciales para
aplicar las políticas de integración de los gitanos y garantizar su
sostenibilidad. Dichas cuestiones incluyen, en
particular, la lucha contra la discriminación y los estereotipos; la protección
de mujeres y niños; la adopción de un planteamiento de inversión social; la
recopilación de información sobre la situación de los gitanos para evaluar el
impacto de las políticas; la traducción de los compromisos nacionales en
acciones a nivel local; el apoyo a la labor de los organismos que fomentan la
igualdad de trato de los gitanos; el refuerzo de los recursos y las capacidades
de los puntos de contacto nacionales de integración de los gitanos y el
desarrollo de la cooperación transnacional.
·                        
Principios generales que garanticen la transparencia
y una adecuada asignación de fondos para la
integración de los gitanos (no solo de la UE sino también fondos nacionales
y locales). Las recomendaciones generales sobre la financiación de la UE se
basan en la experiencia del actual periodo de programación y en la propuesta de
Reglamento sobre disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
Aunque la
responsabilidad última de la integración de los gitanos corresponde a las
autoridades públicas nacionales, se mantiene como un problema complejo, ya que
la integración socioeconómica de los gitanos es un proceso de doble dirección
que requiere un cambio de mentalidad en la mayoría de los ciudadanos y en los
miembros de las comunidades de etnia gitana.
Coherencia
con otras políticas y objetivos de la Unión 
La igualdad es uno de
los valores en que se basa la Unión y uno de los objetivos básicos con arreglo
al artículo 2 del TUE.
Por otra parte, el
artículo 3 del TUE consagra la lucha contra la exclusión social y la
discriminación como uno de los objetivos de la Unión.
De conformidad con el
artículo 8 del TFUE, la UE se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad en todas sus acciones. El
artículo 10 del TFUE establece que «En la definición y ejecución de sus
políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual».
Por último, el
artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
prohíbe la discriminación, entre otros, por motivos de raza u origen étnico.
La propuesta es coherente con la actual
legislación secundaria en el ámbito de la lucha contra la discriminación en la
medida en que complementa el marco jurídico establecido. La Directiva
2000/43/CE del Consejo aplica el principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico y establece un marco vinculante
mediante la prohibición de la discriminación por motivos de origen racial o
étnico en toda la UE en los ámbitos del empleo y de la formación, la educación,
la protección social (incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria),
las ventajas sociales y el acceso a bienes y servicios (incluida la vivienda).
La Directiva prohíbe la discriminación directa e indirecta, el acoso y toda
orden de discriminar. Todos los Estados miembros de la UE han incorporado esta
Directiva a sus legislaciones nacionales. La Comisión Europea está comprobando
si la Directiva se aplica correctamente, y publicará un informe al respecto en
2013.
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS
PARTES INTERESADAS
La propuesta
se basa en el trabajo realizado en dos reuniones de un grupo de Estados
miembros establecido en 2012 en el contexto de la red de puntos de contacto
nacionales de integración de los gitanos[6]. Las
reuniones, celebradas los días 7 y 8 de noviembre y 6 y el 7 de diciembre de
2012 y en las que la asistencia era voluntaria, produjeron debates fructíferos
entre los Estados miembros sobre una serie de cuestiones consideradas cruciales
para impulsar la integración de los gitanos.
En
consonancia con el marco de la UE, se pidió a los Estados miembros que
presentaran estrategias nacionales de inclusión de los gitanos para finales de
2011. Todos los Estados miembros han cumplido sus compromisos al respecto y las
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos se publicaron en el sitio
web de la Comisión, donde están a disposición de todos los ciudadanos. La
Comisión recibió toda una serie de aportaciones de las diversas partes
interesadas, incluida la sociedad civil, sobre las propias estrategias y, más
recientemente, sobre su aplicación[7],
durante un diálogo entre los Comisarios y los representantes de la sociedad
civil celebrado el 15 de mayo de 2013.
Además, se
celebraron reuniones periódicas con los representantes de las organizaciones
gitanas europeas[8] en torno a los retos y las cuestiones más importantes que se
requieren a todos los niveles para fomentar activamente la integración de la
población gitana.
Dado el
número de respuestas recibidas en este marco, la Comisión consideró innecesario
realizar ninguna otra consulta pública específicamente sobre la Recomendación.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
Base jurídica
Las
propuestas de Recomendación del Consejo deben vincular su contenido con un
ámbito de actuación de los Tratados. Dicho vínculo también es necesario para
determinar las normas de adopción del acto (unanimidad o mayoría cualificada).
Según la
jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la elección de la base
jurídica debe basarse en criterios objetivos susceptibles de control judicial,
incluyendo especialmente la finalidad y el contenido del acto[9].
El
Artículo 292 del TFUE establece el mandato del Consejo para adoptar
recomendaciones. Su texto es el siguiente:
«El
Consejo adoptará recomendaciones. Se pronunciará a propuesta de la Comisión en
todos los casos en que los Tratados dispongan que el Consejo adopte actos a
propuesta de la Comisión. Se pronunciará por unanimidad en los ámbitos en los
que se requiere la unanimidad para la adopción de un acto de la Unión. La
Comisión, así como el Banco Central Europeo en los casos específicos previstos
por los Tratados, adoptarán recomendaciones.».
El derecho
de la UE a actuar en materia de lucha contra la discriminación, especialmente
por motivos de raza u origen étnico, viene impuesto por el artículo 19,
apartado 1, del TFUE. Esta disposición constituye la base jurídica de las
medidas obligatorias y no obligatorias para combatir los actos y las prácticas
discriminatorias. Su texto es el siguiente:
1. «Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados
y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por
los mismos, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento
legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá
adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual.».
Por tanto, el artículo 292 del TFUE
debe leerse en relación con la base jurídica adecuada para el espíritu de la
propuesta, es decir, el artículo 19, apartado 1, del TFUE.
Subsidiariedad y proporcionalidad
De acuerdo con el principio de
subsidiariedad, la UE actuará únicamente en la medida en que los objetivos
de la acción propuesta no puedan realizarlos de manera suficiente los Estados
miembros (prueba de necesidad) y, por tanto, en razón del alcance e impacto de
la acción, puedan realizarse mejor a nivel de la UE (prueba del valor añadido
de la UE).
Las medidas adoptadas por determinados
Estados miembros varían considerablemente en cuanto a su alcance y eficacia y
muchos de ellos no han adoptado medidas específicas en el ámbito de la
integración de los gitanos. Según las conclusiones del informe intermedio sobre
la aplicación de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos[10], la Comisión ha tomado nota de que, si bien los Estados miembros
han tenido la posibilidad de actuar para abordar la cuestión de la integración
de la población gitana, las medidas previstas hasta ahora son insuficientes.
Las diferencias entre los Estados miembros se acrecientan debido a la falta de
un enfoque coordinado de la cuestión.
Además, las normativas fragmentadas y
divergentes a escala nacional acabarán exacerbando la situación al crear más
problemas prácticos entre los Estados miembros. El tratamiento de la
integración de la población gitana de forma descoordinada se ha mostrado
ineficaz en el conjunto de la Unión Europea, donde la libre circulación de los
ciudadanos está garantizada. Esta situación podría dar lugar a un aumento
significativo de los migrantes gitanos en los Estados miembros en los que son
más favorables las condiciones de vida y las medidas de inclusión social de las
personas desfavorecidas.
A este respecto, la presente propuesta
tiene por objeto complementar la actual acción de la UE en los ámbitos en
cuestión (es decir, la Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación de los
ciudadanos, la Directiva 2000/43/CE sobre la discriminación racial, etc.), a
fin de lograr resultados más eficaces mejorando la coordinación de las medidas
que deben adoptar los Estados miembros.
Los objetivos de la acción propuesta no
pueden realizarlos de manera suficiente los Estados miembros por sí solos y,
por tanto, pueden realizarse mejor mediante una acción coordinada a escala de
la UE que a través de iniciativas nacionales de alcance, ambición y eficacia
diversos.
En virtud del principio de
proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la UE no
excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. Como
muestra la experiencia adquirida, pese a algunos progresos registrados en los
Estados miembros y a nivel de la UE en los últimos años, la situación cotidiana
de la mayoría de los gitanos ha cambiado poco. Según las conclusiones de la
Comisión, aún no se dispone de medidas sólidas y proporcionadas para abordar
los problemas sociales y económicos de gran parte de la población gitana de la
UE.
En consonancia con el principio de
proporcionalidad, la propuesta no vinculante se limita a fijar objetivos
comunes y a recomendar medidas específicas, incluidas las medidas de acción
positiva específicamente previstas en el artículo 5 de la Directiva
2000/43/CE para prevenir o compensar las desventajas vinculadas al origen
racial o étnico con arreglo a las condiciones descritas en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de la discriminación
sexual[11]. Esto deja a los Estados miembros suficiente margen de maniobra
para determinar la forma más conveniente de alcanzar esos objetivos comunes a
nivel nacional, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, regionales o
locales.
La propuesta no va en detrimento de la
competencia de los Estados miembros para tratar la cuestión de la inclusión
social de comunidades desfavorecidas como los gitanos, ya que no impone
obligaciones rígidas y simplemente recomienda varias opciones a los Estados
miembros, dejando a los mismos la elección de la forma adecuada para lograr los
objetivos fijados.
Instrumento
elegido
La elección de un instrumento no
vinculante tiene por objeto proporcionar orientaciones prácticas a los Estados
miembros en cuanto al problema de la integración social de la población gitana,
pero sin fijar normas vinculantes estrictas.
La elección de una Recomendación del
Consejo tiene por objeto reforzar los actuales compromisos políticos de los
Estados miembros, garantizando al mismo tiempo la coherencia de las normas
mínimas de la Unión Europea para aplicar eficazmente las estrategias nacionales
de inclusión de los gitanos. Asimismo, refuerza la cooperación transnacional,
al tiempo que deja suficiente margen de maniobra a los Estados miembros en
cuanto a la forma y los métodos.
4.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
La propuesta no tiene incidencia en
el presupuesto de la UE.
2013/0229 (NLE)
Propuesta de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa a la adopción de medidas
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros
EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, y en particular su artículo 19, apartado 1, y su
artículo 292,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Considerando lo siguiente:
(1)       El artículo 2 y el
artículo 3 del TUE consagran el derecho a la igualdad y la lucha contra la
exclusión social y la discriminación como valores esenciales y como objetivos
de la Unión Europea.
(2)       El artículo 10 del
TFUE establece que «En la definición y ejecución de sus políticas y acciones,
la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de […] raza u
origen étnico».
(3)       El artículo 19,
apartado 1, del TFUE permite la adopción de medidas para luchar contra la
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
(4)       El artículo 21,
apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
obliga a las instituciones, órganos y agencias de la UE y los Estados miembros,
al aplicar el Derecho de la UE, a respetar la prohibición de toda
discriminación por razón de raza, color, orígenes étnicos o sociales o
pertenencia a una minoría nacional, y a fomentar su aplicación con arreglo a
sus competencias.
(5)       La Directiva 2000/43/CE
del Consejo[12],
establece un marco vinculante que prohíbe la discriminación por motivos de
origen racial o étnico en toda la Unión en los ámbitos del trabajo y la
formación profesional, la educación, la protección social (incluida la
seguridad social y la asistencia sanitaria), las ventajas sociales y el acceso
a bienes y servicios (incluida la vivienda).
(6)       Los términos «gitano» y
«romaní» se utilizan (al igual que en otros documentos políticos del Parlamento
Europeo y el Consejo Europeo) como un término genérico que abarca grupos de
población con características culturales similares como los sinti, los travellers,
los dale, gens du voyage, etc.) independientemente de si son sedentarios
o no[13].

(7)       Muchos gitanos de la UE
se encuentran en peor situación socioeconómica que la población general y se
benefician menos que el resto de la población desfavorecida de las medidas de
integración social. por lo que requieren medidas de integración social
adicionales y más ambiciosas adaptadas a su situación y sus necesidades. Dado
que la población gitana suele sufrir discriminación, exclusión social y pobreza
extrema, se la considera vulnerable y con mayor riesgo de ser objeto de trata
de seres humanos.
(8)       Los gitanos que son
nacionales de terceros países y residen legalmente en los Estados miembros son
especialmente vulnerables, ya que comparten las pésimas condiciones de vida de
muchos gitanos ciudadanos de la UE al tiempo que sufren los problemas de los
migrantes de fuera de la UE. 
(9)       En el contexto de la
libre circulación y la movilidad en el seno de la UE, es necesario acompañar el
pleno ejercicio del derecho a la libre circulación con la mejora de las
condiciones de vida de la población gitana, y su integración social y económica
tanto en los Estados miembros de origen como en los de residencia.
(10)     Las Resoluciones del
Parlamento Europeo sobre la situación de la población gitana y sobre la libre
circulación en la Unión Europea (9 de septiembre de 2010) y sobre la Estrategia
de la UE para la integración de los gitanos (9 de marzo de 2011) piden a la
Comisión y a los Estados miembros que movilicen estrategias e instrumentos para
garantizar la integración socioeconómica de los gitanos. 
(11)     La Comunicación de la
Comisión de 2011 titulada Un marco europeo de estrategias nacionales de
inclusión de los gitanos hasta 2020[14]
pedía a los Estados miembros que adoptaran o continuaran desarrollando un
enfoque global de la integración de los gitanos y que aprobaran una serie de
objetivos comunes en los ámbitos de la educación, el empleo, la sanidad y la
vivienda a fin de acelerar su integración.
(12)     El 19 de mayo de 2011 el
Consejo adoptó las conclusiones[15]
sobre el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos,
donde expresa el compromiso de los Estados miembros para avanzar en la
integración social y económica de los gitanos.
(13)     Las conclusiones del
Consejo Europeo de 23 y 24 de junio de 2011 reclamaban la rápida aplicación de
las conclusiones del Consejo de 19 de mayo de 2011, sobre el Marco europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020, en particular en
lo relativo a la elaboración, la actualización o el desarrollo por parte de los
Estados miembros de estrategias nacionales de integración de los gitanos o
conjuntos de medidas para mejorar su situación.
(14)     La Comunicación de la
Comisión de 2012 titulada «Las Estrategias nacionales de inclusión de los
Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE»[16] y el documento de
trabajo que la acompaña[17]
arrojaron los resultados de la primera evaluación de las estrategias nacionales
de inclusión de los gitanos e invitaron a los Estados miembros a contemplar una
serie de adaptaciones para lograr avances. 
(15)     La Comisión ha reforzado
su diálogo con los Estados miembros sobre la integración de los gitanos, en
particular estableciendo en octubre de 2012, la red de puntos de contacto nacionales
de integración de los gitanos, a fin de estudiar soluciones a los problemas
identificados. En noviembre y diciembre de 2012, un grupo de puntos de contacto
nacionales estudió con detenimiento la manera de reforzar la eficacia de las
medidas para lograr la integración de los gitanos en los Estados miembros, tras
lo cual comunicó sus conclusiones a toda la red.
(16)     En su Comunicación de
2013 sobre los avances logrados en la aplicación de las estrategias nacionales
de inclusión de los gitanos, la Comisión hace hincapié en la necesidad de
proseguir los esfuerzos, con el fin de garantizar las condiciones necesarias
para el éxito de la aplicación de las medidas destinadas a intensificar la
integración de los gitanos lo antes posible.
(17)     La Estrategia Europa
2020 ha dado un nuevo impulso a la lucha contra la pobreza y la exclusión
social fijando un objetivo europeo común para reducir el número de personas en
riesgo de caer en la pobreza y la exclusión social, así como para reducir la
tasa de abandono escolar y aumentar los niveles de instrucción escolar y
empleo. La integración de los gitanos es un componente esencial de la
convergencia de los esfuerzos de la UE y de los Estados miembros al respecto.
En este contexto, la actual gobernanza del Semestre Europeo fomenta la
aplicación de las recomendaciones específicas por países, y el Paquete sobre
inversión social[18]
ofrece nuevas orientaciones en cuanto a los esfuerzos para garantizar un
crecimiento integrador.
(18)     A la luz de las
anteriores consideraciones y de las deficiencias detectadas, conviene mejorar
la eficacia de las medidas de integración de los gitanos, manteniendo el pleno
respeto del principio de subsidiariedad y la responsabilidad última de los
Estados miembros respecto a su integración.
(19)     La presente Recomendación
se basa en las recomendaciones de las Comunicaciones de la Comisión, las
Resoluciones del Parlamento Europeo y las Conclusiones del Consejo sobre la
integración de los gitanos, a fin de complementar la legislación actual de la
UE de lucha contra la discriminación y contribuir a mejorar la eficacia de su
aplicación y cumplimiento.
(20)     La presente Recomendación
no cubre las diferencias de trato basadas en la nacionalidad y se entiende sin
perjuicio de las disposiciones y condiciones relativas a la situación jurídica
de la población gitana de conformidad con el Derecho nacional o el Derecho de
la Unión o a los efectos jurídicos de dicha situación.
(21)     En 2011, la Comisión
presentó la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones
comunes[19],
en la que propone que los Estados miembros adopten un planteamiento integrado
para abordar las necesidades específicas de las zonas geográficas más afectadas
por la pobreza o de los grupos destinatarios que corren mayor riesgo de discriminación
o exclusión, prestando una atención especial a las comunidades marginadas.
Asimismo, en complementariedad con otros Fondos Estructurales Europeos y el
Fondo de Inversiones, la Comisión propuso en el proyecto de Reglamento del
Fondo Social Europeo[20]
para el periodo de programación 2014-2020 dar prioridad a la inversión en la
integración de comunidades marginadas como los gitanos.
RECOMIENDA:
1.           OBJETO
1.1.        El objeto de la presente
Recomendación es orientar a los Estados miembros en la mejora de la eficacia de
sus medidas para alcanzar la integración de los gitanos y reforzar la
aplicación de sus estrategias nacionales al respecto o de conjuntos de medidas
para mejorar su situación.
2.           aspectos políticos más sustanciales
Medidas políticas específicas
2.1.        A fin de garantizar la
plena igualdad en la práctica, los Estados miembros deben adoptar medidas
específicas que aseguren la igualdad de trato y el respeto de los derechos
fundamentales, incluida la igualdad de acceso de la población gitana a la
educación, el empleo, la asistencia sanitaria, la vivienda y los servicios
públicos. Ello debe incluir, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, medidas específicas para prevenir o compensar
las desventajas vinculadas al origen racial o étnico.
2.2.        Las medidas que se
adopten deben basarse en indicadores socioeconómicos o geográficos, como el
elevado desempleo de larga duración, bajo nivel de estudios o zonas
desfavorecidas o segregadas.
Acceso a la educación
2.3.        Los Estados miembros
deben adoptar medidas específicas para garantizar la igualdad de trato y
asegurar el pleno acceso de los gitanos a la enseñanza general y de buena
calidad, con el fin de cerrar la brecha entre los alumnos gitanos y no gitanos,
y garantizar que todos los alumnos gitanos completen al menos la enseñanza
obligatoria, y, en particular, la enseñanza primaria. Este objetivo debe
alcanzarse mediante:
(a)         
la eliminación de la segregación escolar,
entre otras cosas, poniendo fin a la escolarización inadecuada de los alumnos
gitanos en escuelas para alumnos con necesidades especiales;
(b)         
la reducción del abandono escolar[21] en todos los
ámbitos de la educación, incluida la educación secundaria y dedicando especial
atención a la formación profesional;
(c)         
el incremento del acceso y de la calidad de la
educación y los cuidados de primera infancia, incluyendo, en su caso, ayudas
específicas;
(d)         
el uso de métodos de enseñanza y aprendizaje
personalizados, incluida la ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaje
y la lucha contra el analfabetismo;
(e)         
el fomento de una mayor participación de los
padres y el apoyo a las familias a través de mediadores escolares dedicados a
la integración de la población gitana;
(f)           
la mejora de la formación de los profesores y
la mediación escolar dedicadas a los gitanos;
(g)         
la ampliación del acceso a la educación «de
segunda oportunidad», ayudando a la transición entre niveles educativos y
asegurando que los gitanos adquieran una combinación de competencias que les
ayude a incorporarse al mercado de trabajo.
2.4.        Los Estados miembros
deben adoptar medidas específicas para fomentar la participación de los gitanos
en la enseñanza secundaria y terciaria. 
Acceso al empleo
2.5.        Además de las medidas
específicas que puedan adoptar, los Estados miembros deben garantizar la
igualdad de trato y cerrar la brecha entre los trabajadores gitanos y los no
gitanos, a fin de mejorar la situación de la población gitana en materia de
empleo en el marco de sus políticas generales. Este objetivo debe alcanzarse
mediante:
(h)         
el apoyo a la primera experiencia laboral, la
formación en el puesto de trabajo, el aprendizaje permanente y el desarrollo de
capacidades; 
(i)           
el apoyo al trabajo por cuenta propia y al
emprendimiento;
(j)           
la igualdad de acceso a los servicios públicos
de empleo, además de servicios específicos e individuales para los solicitantes
de empleo de etnia gitana, y el fomento del empleo de funcionarios gitanos
cualificados;
(k)         
la formación de mediadores gitanos
cualificados para el suministro de información y asesoramiento sobre las
posibilidades de empleo.
(l)           
la eliminación de barreras como la
discriminación, que dificultan la (re)integración en el mercado laboral.
Acceso a la asistencia sanitaria
2.6.        Los Estados miembros
deben tomar medidas específicas para garantizar la igualdad de trato y cerrar
la brecha entre los pacientes de etnia gitana y no gitana a fin de mejorar el
acceso de la población gitana en igualdad con estos últimos a los servicios de
medicina preventiva, asistencia sanitaria primaria, urgencias y especialistas.
Este objetivo debe alcanzarse mediante:
(a)         
la garantía de cobertura básica por la
seguridad social y servicios de salud generales para la población gitana;
(b)         
la oferta de revisiones médicas regulares,
asistencia prenatal y postnatal, y planificación familiar;
(c)         
la aplicación de programas de vacunación
gratuita, en particular para quienes viven en zonas remotas o marginadas;
(d)         
la formación de mediadores sanitarios
cualificados de etnia gitana.
Acceso a la vivienda
2.7.        Los Estados miembros
deben adoptar medidas específicas para garantizar la igualdad de trato y cerrar
la brecha entre la población de etnia gitana y la población general, a fin de
ampliar a los gitanos sus políticas y medidas en materia de vivienda. Este
objetivo debe alcanzarse mediante:
(a)         
la eliminación de la segregación espacial y el
fomento de la «desegregación»;
(b)         
el fomento de un acceso no discriminatorio a
la vivienda social, incluyendo lo relacionado con la calidad de la vivienda
social disponible para la población gitana, así como la disponibilidad de
terrenos de acampada para los gitanos no sedentarios;
(c)         
la formación de mediadores cualificados de
etnia gitana para fomentar el uso de la vivienda social y de los servicios e
infraestructuras públicos por todos los gitanos.
2.8.        Los Estados miembros
deben garantizar que las solicitudes de las autoridades locales para proyectos
de regeneración urbanística incluyan, siempre que sea pertinente,
intervenciones integradas en materia de vivienda en favor de las comunidades
marginadas. Asimismo, los Estados miembros deben fomentar el desarrollo local
participativo e inversiones territoriales integradas respaldadas por los Fondos
Estructurales y el Fondo Europeo de Inversiones[22].
Financiación
2.9.        Los Estados miembros
deben asignar suficiente financiación a sus estrategias nacionales y locales y
sus planes de acción a partir de las fuentes de financiación disponibles
(locales, nacionales, de la UE e internacionales), a fin de alcanzar los
objetivos de la integración de la población gitana. Esto debe facilitarse
asignando una proporción adecuada de los recursos de la política de cohesión de
la UE a inversiones en las personas a través del FSE, y destinando al menos el
20 % de esa cantidad a integración social.
2.10.      Los Estados miembros deben
velar por la adopción de las medidas adecuadas para incluir como una prioridad
los proyectos de integración de los gitanos en los Acuerdos de Asociación sobre
el uso de los Fondos Estructurales y el Fondo de Inversiones[23] para el periodo
2014-2020, teniendo en cuenta el tamaño y la tasa de pobreza de las comunidades
gitanas, la brecha entre la población gitana y no gitana, y los problemas
señalados por el Semestre Europeo para la mayoría de los Estados miembros
interesados.
2.11.      Los Estados miembros deben
mejorar su capacidad de gestión, supervisión y evaluación con la asistencia
técnica de los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Inversiones. 
2.12.      Asimismo, los Estados
miembros deben ayudar a reforzar la capacidad de las autoridades locales y las
organizaciones de la sociedad civil, recurriendo a los fondos nacionales y de
la UE para que puedan llevar a cabo los proyectos.
2.13.      La asignación de fondos
públicos para aplicar las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos o
los conjuntos integrados de medidas debe seguir un enfoque ajustado a las
necesidades específicas de las zonas geográficas o los grupos destinatarios más
afectados por la pobreza o la exclusión social, como los gitanos.
3.           Medidas políticas transversales
Lucha contra la discriminación
3.1.        Los Estados miembros
deben asegurar la eficacia de la aplicación práctica de la Directiva 2000/43/CE
sobre el terreno, revisando sus normas y prácticas administrativas nacionales,
regionales y locales para identificar y suprimir toda medida discriminatoria o
segregadora. La jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos debe constituir una referencia adicional para la identificación de
disposiciones o prácticas ilegales.
3.2.        Los Estados miembros
deben aplicar medidas desegregadoras a favor de los gitanos a nivel regional y
local. Las políticas y las medidas de lucha contra la segregación deben ir
acompañadas de programas adecuados de formación e información destinados a los
funcionarios locales y a los representantes de la sociedad civil y de la
población gitana.
3.3.        Asimismo, los Estados
miembros deben garantizar que, en los casos de desalojos forzosos, se respeten
plenamente, además del acervo de la UE, las obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos, en particular, en el marco del Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
3.4.        Los Estados miembros
deben aplicar medidas para combatir la discriminación de la población gitana en
la sociedad, en particular mediante:
(a)         
la concienciación de las comunidades gitanas y
del público en general sobre las ventajas de la integración de la población
gitana;
(b)         
la concienciación del público en general sobre
el carácter multicultural de las sociedades y la inclusión de estos aspectos en
los currículos y materiales escolares cuando proceda.
Protección de los niños y las mujeres
de etnia gitana
3.5.        Los Estados miembros
deben luchar contra la discriminación que sufren los niños y las mujeres de
etnia gitana, incluida la discriminación múltiple, aplicando legislación
relativa a los matrimonios de menores, luchando contra los matrimonios
forzados, y prohibiendo la mendicidad con niños. Asimismo, los Estados miembros
deben implicar en ese ejercicio a todas las partes interesadas, como los
inspectores sanitarios y de trabajo, la policía, los expertos en educación, los
miembros de la judicatura y los representantes de la sociedad civil.
Reducción de la pobreza e inclusión
social
3.6.        Los Estados miembros
deben combatir la pobreza y la exclusión social que afectan a la población
gitana mediante inversiones en capital humano y políticas de cohesión social, y
en particular:
a)      posibilitando la aplicación de
políticas de inclusión de los gitanos mediante programas de ayuda específicos y
condicionales que incluyan beneficios y servicios de apoyo a la (re)integración
en el mercado laboral; fomentando mercados de trabajo inclusivos y prestando
ayudas suficientes a la renta;
b)      haciendo las prestaciones y los
servicios sociales ofrecidos a los gitanos más sostenibles y apropiados
mediante una mejor adecuación por casos, la simplificación de los
procedimientos, la lucha contra el fraude y los errores, una mayor
participación de los regímenes de asistencia social y la provisión de
incentivos para convertir el trabajo no declarado en empleo formal.
3.7.        Los Estados miembros,
teniendo en cuenta el tamaño de la población gitana, deben hacer de la
integración de los gitanos uno de los aspectos clave de sus programas
nacionales de reforma en el contexto de la Estrategia Europa 2020.
Empoderamiento
3.8.        Los Estados miembros
crearán las condiciones necesarias para permitir a la población gitana el pleno
ejercicio de sus derechos (empoderamiento) en todas las etapas de sus vidas, e
invertirán en programas específicos de «Garantía Juvenil», aprendizaje
permanente y envejecimiento activo.
3.9.        Los Estados miembros
deben llevar a cabo actividades de información para concienciar más a la
población gitana sobre sus derechos (especialmente en lo que se refiere a la
discriminación y las posibilidades de reparación) y sus obligaciones.
4.           Medidas estructurales
Acción local
4.1.        Conviene que los Estados
miembros, respetando la autonomía de las Administraciones locales y regionales,
incentiven planes de acción o estrategias locales como la fijación de líneas
básicas, indicadores de referencia y objetivos cuantificables para la
integración de los gitanos, así como una financiación adecuada.
4.2.        Los Estados miembros
deben implicar a las regiones, las autoridades locales y la sociedad civil a
nivel local en la revisión, la gestión, la aplicación y el seguimiento de sus
estrategias nacionales. Las partes interesadas pertinentes deben participar en
los acuerdos de asociación y los programas operativos cofinanciados por los
Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Inversiones. Las autoridades centrales
y locales deben cooperar constantemente en la aplicación de las estrategias. A
tal fin, los Estados miembros deben asignar suficiente financiación a las
autoridades públicas locales para facilitar la aplicación de conjuntos
específicos de políticas a nivel local.
Supervisión y evaluación de las
políticas
4.3.        Los Estados miembros
deben hacer un seguimiento de la eficacia de sus estrategias o conjuntos de
medidas nacionales, así como de los resultados de los planes de acción, los
programas o las estrategias a nivel local. A este efecto, deben reforzar la
recopilación de datos cualitativos y cuantitativos sobre la integración de la
población gitana y sobre los progresos realizados mediante dichas estrategias y
medidas. La aplicación de las estrategias debe evaluarse y compararse con las
líneas básicas con objeto de evaluar su pertinencia, efectividad,
sostenibilidad y coordinación.
4.4.        Los Estados miembros
deben fijar, con el apoyo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y en consonancia con el Derecho nacional y de la UE aplicable,
indicadores básicos y métodos de recopilación de datos para medir los progresos
de forma periódica, en particular a nivel local, permitiendo así elaborar
informes y comparar la situación de la población gitana y la no gitana en cada
Estado miembro y entre Estados miembros. Asimismo, deben establecer líneas
básicas y objetivos cuantificables para sus estrategias y planes de acción.
Organismos de promoción de la igualdad
de trato
4.5.        Los Estados miembros deben
respaldar la labor y la capacidad institucional de los organismos de promoción
de la igualdad de trato asignando recursos adecuados para que estos puedan
prestar de forma efectiva asistencia y ayuda de carácter jurídico y judicial a
los gitanos víctimas de la discriminación.
4.6.        También deben garantizar
un diálogo periódico entre sus puntos de contacto nacionales de integración de
los gitanos y los organismos nacionales de promoción de la igualdad de trato.
Puntos de contacto nacionales para la
integración de los gitanos
4.7.        Los Estados miembros
deben dotarse de puntos de contacto nacionales para la integración de los
gitanos con un mandato y unos recursos financieros y humanos adecuados para
coordinar eficazmente la aplicación y el seguimiento intersectoriales de las
políticas de integración de los gitanos a nivel nacional y local. Los Estados
miembros deben garantizar que los puntos de contacto son consultados en los
procesos de toma de decisiones respecto a la definición, la financiación y la
aplicación de las políticas pertinentes. Los puntos de contacto nacionales
deben facilitar la participación y la implicación de la sociedad civil gitana
en la aplicación de las estrategias nacionales y los planes de acción locales
para la integración de los gitanos. 
Cooperación transnacional
4.8.        Además de las medidas
adoptadas en el marco de la UE para las estrategias nacionales de inclusión de
los gitanos, los Estados miembros deben desarrollar y participar en formas de
cooperación transnacionales a nivel nacional, regional o local mediante
iniciativas políticas, especialmente en proyectos y acuerdos bilaterales o
multilaterales, a fin de:
a)      dar solución a problemas
relacionados con la movilidad transfronteriza de la población gitana dentro de
la Unión Europea;
b)      apoyar el
aprendizaje mutuo y la multiplicación de buenas prácticas, por ejemplo,
mediante la cooperación entre las autoridades que gestionan los Fondos
Estructurales, con objeto de diseñar formas de intervención eficaces para la
integración de los gitanos.
5.           Elaboración de informes
y seguimiento
5.1.        Los Estados miembros
deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de la
presente Recomendación a más tardar el [AÑADIR la fecha de 24 meses a partir de
la publicación] y deben notificar a la Comisión las medidas adoptadas de
conformidad con esta Recomendación en esa fecha.
5.2.        Los Estados miembros
deben comunicar posteriormente a la Comisión toda nueva medida adoptada
anualmente, al final de cada año.
5.3.        La información facilitada
por los Estados miembros contribuirá a la elaboración de los informes anuales
de la Comisión que se presentan al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de las estrategias nacionales de inclusión de los gitanos, así como
al Semestre Europeo de la Estrategia Europa 2020 y la formulación de las
recomendaciones específicas por países.
5.4.        Sobre esta base, la
Comisión seguirá de cerca la situación y evaluará, tres años después de su
adopción, la necesidad de revisar y actualizar la presente Recomendación.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               The Situation of Roma in 11 Member States;
Survey Results at a Glance, Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012.
[2]               COM(2011) 173 final.
[3]               COM(2012) 226 final.
[4]               Comunicación sobre un marco europeo de estrategias
nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020, COM (2011) 173; Comunicación
Las Estrategias nacionales de inclusión de los Gitanos: un primer paso para
la aplicación del marco de la UE, COM (2012) 226. 
[5]               Conclusiones del Consejo, de 19 de mayo de 2011,
sobre la integración de la población gitana.
[6]               Estos
países son Alemania, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, el Reino Unido, Rumanía y Suecia.
[7]               Se trata de informes de coaliciones de la sociedad
civil organizadas por la Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation
en seis Estados miembros (Bulgaria, República Checa, Hungría, Rumanía,
Eslovaquia y España) y dos países de la ampliación (Albania y la antigua
República Yugoslava de Macedonia), de informes de la red de expertos
independientes sobre inclusión social (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1025&langId=en),
el informe Discrimination against Roma in the EU in 2012 de la Oficina
Europea de Información sobre Asuntos Romaníes, las respuestas escritas de
Eurocities y Eurodiaconia y los documentos de investigación elaborados por la
Red Universitaria Europea de Estudios Romaníes (http://romanistudies.eu/news/contributions_from_members/).
[8]               Estas organizaciones están representados por la European
Roma Policy Coalition (ERPC). Algunos de los miembros de la ERPC que
participaron en las reuniones fueron la Oficina Europea de Información sobre
Asuntos Romaníes (ERIO), las Open Society Foundations (OSF), la Red
Europea contra el Racismo (ENAR), la European Roma Grassroots Organisation
(ERGO) y Amnistía Internacional (AI).
[9]               Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de
Justicia de 26 de marzo de 1996, C-271/94, Parlamento contra Consejo,
apartado 14.
[10]             El presente informe se basa en la información y las
constataciones transmitidas por los Estados miembros y un cierto número de partes
interesadas pertinentes.
[11]             Véase el asunto C-409/95, Marshall, Rec. 1997,
p. I-6363, apartado 35; Véase también el asunto C-450/93 Kalanke,
Rec. 1995, p. I-3051, apartados 22 a 24; el asunto C-158/97 Badeck,
Rec. 2000, p. I-1875; y el asunto C-407/98 Abrahamsson, Rec.
2000, p. I-5539.
[12]             DO L 180 de 19.07.2000, p. 22.
[13]             SEC (2010) 400.
[14]             COM(2011) 173 final.
[15]             Conclusiones del Consejo sobre un marco europeo de
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020, documento
106665/11 de 19 de mayo de 2011.
[16]             COM(2012) 226 final.
[17]             SWD(2012) 133 final.
[18]             Comunicación «Hacia la inversión social para el
crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo
2014-2020», COM (2013) 83 final.
[19]             Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, que entran dentro del marco estratégico común, y por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 1083/2006, COM(2011) 615.
[20]             Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1081/2006 del Consejo, COM(2011) 607.
[21]             Véase la Recomendación del Consejo de 2011, relativa
a las políticas para reducir el abandono escolar prematuro, DO C 191 de
1.7.2011. Uno de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020
aprobados por el Consejo Europeo es la reducción de la tasa de abandono escolar
a menos del 10 % y garantizar que al menos el 40 % de la generación
más joven complete la educación terciaria o equivalente. 
[22]             El Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), los Fondos de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).
[23]             El FEDER puede apoyar infraestructuras en los ámbitos
de la salud, la educación y la vivienda.