CELEX: 51996PC0419
Language: es
Date: 1996-11-04
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones en um entorno competitivo - (por la que se sustituye la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)

Avis juridique important

|

51996PC0419

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de telecomunicaciones en um entorno competitivo - (por la que se sustituye la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)  /* COM/96/0419 FINAL - COD 96/0226 */  

Diario Oficial n° C 371 de 09/12/1996 p. 0022

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la  aplicación de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y al servicio universal de  telecomunicaciones en un entorno competitivo, por la que se sustituye la Directiva 95/62/CE del  Parlamento Europeo y del Consejo (96/C 371/02) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(96) 419  final - 96/0226(COD)(Presentada por la Comisión el 5 de noviembre de 1996) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado, (1) Considerando que, a partir del 1 de enero de 1998, con períodos de transición adicionales para  determinados Estados miembros, quedará liberalizado el suministro de servicios e infraestructuras  de telecomunicaciones en la Comunidad; que el Consejo (1), el Parlamento Europeo (2), el Comité  Económico y Social (3) y el Comité de las Regiones (4) han reconocido que la liberalización va de  la mano con una actuación paralela destinada a crear un marco reglamentario armonizado que  garantice la prestación del servicio universal; que el concepto de servicio universal debe  evolucionar en función del progreso tecnológico, el desarrollo del mercado y los cambios en la  demanda de los usuarios; que en la Comunidad se ha progresado en la definición del alcance del  servicio universal y en el establecimiento de unas normas para el cálculo de los costes y la  financiación de dicho servicio universal (5); que la Comisión se ha comprometido a publicar un  informe sobre el seguimiento del alcance, el nivel, la calidad y la asequibilidad del servicio de  telefonía universal en la Comunidad antes del 1 de enero de 1998 y, posteriormente, a intervalos  regulares (6); (2) Considerando que la Directiva 90/387/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al  establecimiento del mercado interior de los servicios de telecomunicaciones mediante la realización  de la oferta de una red abierta de telecomunicaciones (7) establece un marco general para la  aplicación de los principios de la ONP en áreas concretas; (3) Considerando que el apartado 1 del artículo 32 de la Directiva 95/62/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo, de 13 de diciembre de 1995, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta  (ONP) a la telefonía vocal (8) solicita que el Parlamento Europeo y el Consejo se pronuncien, antes  del 1 de enero de 1998, sobre la base de una propuesta presentada por la Comisión, sobre la  revisión de la Directiva para adaptarla a las necesidades de la liberalización del mercado; que la  Directiva 95/62/CE no es aplicable a los servicios de telefonía móvil; que, al avanzar hacia un  mercado competitivo, existen obligaciones que conviene aplicar a todas las organizaciones  prestadoras de servicios telefónicos a través de redes fijas y otras que sólo deben mantenerse  mientras existan organizaciones que sigan teniendo un peso significativo en el mercado y, por ende,  capacidad para influir sobre las condiciones del mercado con independencia de sus competidores; que  se han tenido plenamente en cuenta las exigencias de los usuarios y los consumidores en cuanto a  asequibilidad, control de los costes y facilidades para los usuarios según se expresaron en la  consulta pública sobre el servicio universal en el sector de las telecomunicaciones (1); que, dado  que las modificaciones que es preciso introducir en la Directiva 95/62/CE son sustanciales,  conviene, en aras de la claridad, reformular la citada Directiva; que la presente Directiva no  afecta a los calendarios establecidos para que los Estados miembros apliquen la Directiva 95/62/CE,  según se establece en el Anexo IV; (4) Considerando que la exigencia básica del servicio universal es proporcionar a los usuarios que  lo soliciten una conexión a la red telefónica pública fija en una ubicación fija y a un precio  asequible; que no deben ponerse restricciones a los medios técnicos mediante los que se proporciona  la conexión, por lo que podrán utilizarse tecnologías con o sin hilos; que la cuestión de la  asequibilidad debe determinarse a nivel nacional teniendo en cuenta las situaciones nacionales  concretas, incluidos los aspectos relacionados con la ordenación del territorio rural y urbano; que  la asequibilidad del servicio telefónico está relacionada con la información que reciben los  usuarios sobre los gastos de uso del teléfono así como el coste de éste en relación con otros  servicios; Considerando que el reequilibrado de las tarifas está propiciando un alejamiento de las tarifas  uniformemente bajas y no orientadas por los costes; que, hasta que la competencia quede  efectivamente instalada, puede resultar necesario garantizar que no se recurra a aumentos de  precios en zonas rurales o apartadas para compensar las pérdidas de ingresos resultantes de la  disminución de precios en otros lugares; que es posible utilizar sistemas de limitación de precios  u otros similares para garantizar que el necesario reequilibrado no afecte negativamente a los  usuarios y que las diferencias de precios entre las zonas de coste elevado y las zonas de bajo  coste no pongan en peligro la asequibilidad de los servicios telefónicos; (5) Considerando que, dada su importancia, el servicio y la red de teléfonos deben ponerse a  disposición de cualquiera que lo solicite razonablemente; que, de conformidad con el principio de  subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir qué organizaciones serán responsables de  ofrecer los distintos elementos del servicio universal de telecomunicaciones según se define en la  presente Directiva; que podrían incluirse obligaciones en este sentido como condiciones en las  autorizaciones para prestar servicios de telefonía vocal; que sólo debe financiarse mediante un  régimen de financiación del sistema universal el coste neto de las obligaciones contempladas en la  presente Directiva; (6) Considerando que la prestación de servicios de guía telefónica es una actividad competitiva;  que la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a  la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la  libre circulación de estos datos (2) regula el tratamiento de los datos personales; que en la  Comunidad se ha progresado en relación con una propuesta de Directiva relativa a la protección de  los datos personales y de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones que concederá a los  abonados el derecho a solicitar ser omitidos, o a que se omitan ciertos datos a ellos referidos, de  las guías telefónicas impresas o electrónicas (3); que los usuarios y los consumidores desean que  las guías y el servicio de consulta de guías incluyan a todos los abonados al teléfono inscritos en  las listas y a sus números (incluidos los números de teléfonos fijos, móviles y personales); que la  presente Directiva no pretende alterar la situación en virtud de la cual determinadas guías  telefónicas y servicios de consulta de guías se suministran, según percepción del usuario, de  manera gratuita; (7) Considerando que la Decisión 91/396/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, relativa a la  creación de un número de llamada de urgencia único europeo (4) solicitaba que los Estados miembros  velasen por que, el 31 de diciembre de 1996 a más tardar, se introdujera el número «112» en las  redes telefónicas públicas como número único europeo de llamada de urgencia; que es importante que  los usuarios puedan utilizar los números de urgencia, y en particular el número único europeo de  urgencia «112», gratuitamente desde cualquier teléfono, incluidos los teléfonos públicos de pago,  sin necesidad de utilizar monedas o tarjetas; (8) Considerando que la calidad y el precio son factores clave en un mercado competitivo y que es  necesario que las autoridades nacionales de reglamentación puedan controlar el nivel de calidad del  servicio alcanzado y adoptar las medidas correctoras adecuadas cuando resulte necesario; que esta  facultad se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre competencia por parte de  las autoridades nacionales y comunitarias; (9) Considerando que un Estado miembro puede imponer excepcionalmente condiciones para el acceso y  el uso de las redes telefónicas públicas fijas o de los servicios telefónicos accesibles al público  basándose en los requisitos esenciales; que las autoridades nacionales de reglamentación podrán  autorizar asimismo procedimientos que permitan a una organización actuar de inmediato para  restringir el acceso, en particular en caso de fraude; que, salvo en casos de retraso persistente  en los pagos o impago de facturas, debe protegerse a los consumidores de la desconexión inmediata  de la red por impago de una factura, y en particular en caso de litigios derivados de facturas  elevadas por servicios de tarifas superiores, y no debe privárseles del acceso a los servicios  telefónicos esenciales mientras se resuelve el litigio; (10) Considerando que en las centrales telefónicas modernas suelen existir las facilidades de  marcación por tonos y facturación detallada y que, por consiguiente, podrán ofrecerse sin excesivo  coste una vez que se hayan modernizado las centrales antiguas o instalado otras nuevas; que la  marcación por tonos se utiliza cada vez en mayor medida para interactuar con servicios y  facilidades especiales, incluidos los servicios de valor añadido, y que la inexistencia de esta  facilidad puede vedar a los usuarios el acceso a determinados servicios; que la facturación  detallada y la prohibición selectiva de llamadas constituyen valiosos medios para que los usuarios  puedan controlar y vigilar su uso de las redes telefónicas; que en la Comunidad se ha progresado en  una propuesta de Directiva relativa a la protección de los datos personales y la intimidad en el  sector de las telecomunicaciones que protegerá la intimidad de los usuarios en relación con la  facturación detallada; que los organismos europeos de normalización han elaborado normas  armonizadas relativas a la interfaz técnica para el acceso a la red digital de servicios integrados  (RDSI) en el denominado «punto de referencia S/T»; (11) Considerando que determinadas obligaciones precedentes relacionadas con las tarifas y los  sistemas de contabilidad de costes dejarán de resultar adecuadas una vez introducida la  competencia, y que otras pueden ser relajadas por la autoridad nacional de reglamentación en cuanto  la competencia alcance los objetivos deseados; que las exigencias de no discriminación contenidas  en las normas sobre competencia del Tratado serán de aplicación en todos los casos; (12) Considerando que las cuestiones relativas al nivel de asequibilidad, la calidad del servicio y  el futuro ámbito de aplicación del servicio universal deben ser objeto de consultas a nivel  nacional y europeo con representantes de las partes interesadas; que para efectuar tales consultas  es preciso contar con datos adecuados sobre el nivel, la calidad y la asequibilidad del servicio  universal; que los usuarios discapacitados deben recibir, siempre que sea posible, un nivel de  servicios fundamentalmente igual al recibido por los demás usuarios en lo que se refiere a su  acceso a los servicios telefónicos o su utilización de los mismos; (13) Considerando que la Comisión tiene que estar en condiciones de poder vigilar de manera  efectiva la aplicación de la presente Directiva y que los usuarios europeos tienen que saber dónde  encontrar la información publicada sobre los servicios telefónicos de otros Estados miembros; (14) Considerando que, en vista de la convergencia prevista entre los servicios de telefonía móvil  y fija, habrá de reexaminarse la aplicabilidad de la Directiva respecto a los servicios móviles en  el momento en que ésta se revise; que la fecha fijada para el reexamen de la Directiva, el 31 de  diciembre de 1999, hará posible reconsiderar de manera coordinada todas las directivas de la ONP a  la luz de la experiencia adquirida en la liberalización de las redes públicas de telecomunicación y  los servicios de telefonía vocal; (15) Considerando que los objetivos esenciales de garantizar un servicio universal de  telecomunicaciones para todos los ciudadanos europeos y de armonizar las condiciones de acceso y  utilización de las redes telefónicas públicas fijas y de los servicios telefónicos accesibles al  público no pueden alcanzarse satisfactoriamente a nivel de cada Estado miembro, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPÍTULO 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y DEFINICIONES Artículo 1 Ámbito de  aplicación y objetivos 1. La presente Directiva tiene por objeto la armonización de las condiciones para un acceso y una  utilización abiertos y eficaces de las redes telefónicas públicas fijas y de los servicios  telefónicos accesibles al público en el marco de unos mercados abiertos y competitivos, de  conformidad con los principios de la oferta de red abierta (ONP). Los objetivos de esta Directiva son garantizar la existencia en toda la Comunidad de servicios  telefónicos de buena calidad y el acceso de todos los usuarios, incluidos los consumidores, a un  conjunto definido de servicios telefónicos a precios asequibles. 2. La presente Directiva sustituye a la Directiva 95/62/CE. Artículo 2 Definiciones 1. Cuando proceda, serán aplicables a la presente Directiva las definiciones que figuran en la  Directiva 90/387/CEE. 2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: - «usuario»: el individuo, incluido el consumidor, u organización que utilice o solicite servicios  de telecomunicación accesibles al público; - «consumidor»: cualquier persona física que utilice una red telefónica pública fija o un servicio  telefónico accesible al público para fines ajenos a su oficio, comercio o profesión; - «red telefónica pública fija»: aquellos elementos de la red pública de telecomunicación conmutada  que se utilizan, total o parcialmente, para la prestación del servicio de telefonía vocal entre  puntos de terminación de la red situados en ubicaciones fijas; - «teléfono público de pago»: un teléfono accesible al público en general y para cuya utilización  se emplean como medidos de pago monedas, tarjetas de crédito/débito y/o tarjetas de prepago; - «servicio telefónico accesible al públio»: un servicio que se pone a disposición de los usuarios  del teléfono a través de una conexión a la red telefónica pública fija y que incluye la  disponibilidad de las facilidades que se especifican en la presente Directiva; - «servicio universal»: un conjunto mínimo definido de servicios de calidad especificada que es  accesible a todos los usuarios en cualquier lugar y, a la luz de las condiciones nacionales  específicas, a un precio asequible; - «autoridad nacional de reglamentación»: el organismo o los organismos de cada Estado miembro a  los que el correspondiente Estado miembro confía, entre otras, las funciones de reglamentación a  que se refiere la presente Directiva; - «comité ONP»: el comité creado por el apartado 1 del artículo 9 de la Directiva 90/387/CEE; - «organización que tiene un peso significativo en el mercado»: una organización suministradora de  redes telefónicas públicas fijas y/o servicios telefónicos accesibles al público de un Estado  miembro que haya sido designada como tal por la autoridad nacional de reglamentación de dicho  Estado miembro y notificada a la Comisión. Se presumirá que una organización tiene un peso significativo en el mercado si dispone de una cuota  del 25 % o más del mercado de telefonía vocal pertinente en un Estado miembro. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán determinar que una organización que dispone de  una cuota de mercado inferior al 25 % en el mercado de telefonía vocal pertinente tiene un peso  significativo en el mercado. Asimismo, podrán determinar que una organización que dispone de una  cuota de mercado superior al 25 % en el mercado de telefonía vocal pertinente no tiene un peso  significativo en el mercado. En cualquiera de los dos casos, la determinación tendrá en cuenta la  capacidad de la organización para influir en las condiciones del mercado, su volumen de negocios en  relación con las dimensiones del mercado, su control de los medios de acceso a los usuarios  finales, su acceso a los recursos financieros y su experiencia en la comercialización de productos  y servicios. CAPÍTULO II PRESTACIÓN DE UN CONJUNTO DEFINIDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Artículo 3 Disponibilidad de los servicios de telecomunicación Los Estados miembros velarán por que estén disponibles en todo su territorio los servicios  enumerados en el presente capítulo. Cuando estos servicios no se puedan prestar comercialmente sobre la base de las condiciones  establecidas por los Estados miembros, éstos podrán establecer regímenes de servicio universal para  la financiación compartida de estos servicios, de conformidad con el Derecho comunitario. Artículo 4 Asequibilidad 1. Los Estados miembros velarán por que, a la luz de las condiciones nacionales específicas, los  servicios especificados en el presente capítulo resulten asequibles. Teniendo en cuenta el ajuste progresivo de las tarifas en función de los costes, los Estados  miembros mantendrán, en particular, la asequibilidad de los servicios especificados para los  usuarios situados en zonas rurales o de costes elevados, tomando medidas, cuando sea necesario, que  impidan que los aumentos de precios en zonas rurales se utilicen para compensar pérdidas de  ingresos derivadas de disminuciones de tarifas en otras zonas, y, asimismo, mantendrán la  asequibilidad para los grupos de usuarios vulnerables tales como ancianos, discapacitados y  personas que utilizan poco el teléfono. A tal efecto, los Estados miembros suprimirán las obligaciones que impidan o restrinjan el uso de  regímenes tarifarios especiales o modulados para la prestación de los servicios especificados en la  presente Directiva y podrán, de conformidad con el Derecho comunitario, establecer límites de  precios u otros sistemas similares para algunos de los servicios especificados o para todos ellos,  durante un período de tiempo adecuado. Los Estados miembros publicarán las normas y los criterios destinados a garantizar la asequibilidad  a nivel nacional, teniendo en cuenta las consultas mencionadas en el artículo 24. 2. Los Estados miembros publicarán informes periódicos sobre la evolución de las tarifas. Artículo 5 Oferta de conexiones a la red y acceso a los servicios telefónicos 1. Los Estados miembros velarán por que sean satisfechas todas las solicitudes razonables de  conexión a la red telefónica pública fija y de acceso a los servicios telefónicos accesibles al  público en una ubicación fija. La conexión proporcionada permitirá a los usuarios efectuar y recibir llamadas nacionales e  internacionales para transmisión de conversación, facsímil y/o comunicaciones de datos. 2. Cuando, teniendo en cuenta los ingresos generados por dicha conexión, el proveedor de la red  declare que el usuario de que se trate sólo puede ser atendido con pérdidas o en condiciones de  costes que se apartan de las normas comerciales habituales, el coste neto de atender a ese usuario  podrá compartirse con otras organizaciones con arreglo a un régimen de financiación del servicio  universal. Artículo 6 Servicios de guía telefónica 1. Sin perjuicio de los requisitos de la correspondiente legislación sobre protección de los datos  pesonales y la intimidad, como la Directiva 95/46/CE, los Estados miembros velarán por que: a) los abonados tengan derecho a figurar en guías accesibles al público y a comprobar su mención y,  si resulta necesario, corregirla o solicitar su supresión; b) las guías en las que figuren todos los usuarios que consientan en ello, incluidos los números  fijos y personales, se pongan a disposición de los usuarios en forma impresa y, cuando proceda,  electrónica, y se actualicen periódicamente; c) se ponga a disposición de todos los usuarios, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de  pago, un servicio de consulta relativo a todos los números de los abonados que figuren en la guía. 2. Para garantizar la prestación de los servicios enumerados en el apartado 1, los Estados miembros  velarán por que todas las organizaciones que asignan números de teléfono a los abonados faciliten,  previa solicitud, la información pertinente en un formato aprobado y en unas condiciones  equitativas, razonables y no discriminatorias. 3. Los Estados miembros velarán por que las organizaciones que presten el servicio a que se refiere  el apartado 2 se ajusten al principio de no discriminación en el trato y la presentación de la  información que se les proporcione. 4. Cuando un Estado miembro compruebe que ninguna organización está dispuesta a poner las guías  telefónicas a disposición del público o a prestar servicios de consulta de guías a todos los  usuarios del teléfono, incluidos los usuarios de teléfonos públicos de pago, el coste neto de la  prestación de estos servicios podrá distribuirse entre todas las organizaciones prestadoras de  servicios de telefonía vocal accesibles al público con arreglo a un régimen de financiación del  servicio universal, de conformidad con el Derecho comunitario. Artículo 7 Teléfonos públicos de pago 1. Los Estados miembros velarán por que la oferta de teléfonos públicos de pago satisfaga las  necesidades razonables de los usuarios tanto en número como en cobertura geográfica. 2. Los Estados miembros velarán por que sea posible efectuar gratuitamente llamadas de urgencia  desde los teléfonos públicos de pago utilizando el número único europeo de urgencia «112» a que se  refiere la Decisión 91/396/CEE y otros números de urgencia nacionales. 3. Cuando un Estado miembro compruebe que determinados teléfonos públicos de pago sólo pueden  atenderse con pérdidas o en unas condiciones de costes que se apartan de las normas comerciales  normales, el coste neto del suministro de estos teléfonos públicos de pago podrá distribuirse entre  todas las organizaciones suministradoras de redes públicas de telecomunicación y/o servicios de  telefonía vocal accesibles al público con arreglo a un régimen de financiación del servicio  universal, de conformidad con el Derecho comunitario. Artículo 8 Medidas específicas para usuarios discapacitados y con necesidades especiales Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, medidas específicas para garantizar que los  servicios telefónicos resulten accesibles y asequibles para los usuarios discapacitados y con  necesidades especiales. CAPÍTULO III DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS FIJAS Y A LOS  SERVICIOS TELEFÓNICOS ACCESIBLES AL PÚBLICO Artículo 9 Conexión de equipos terminales y uso de la  red Los Estados miembros velarán por que todos los usuarios a los que se proporcione una conexión a la  red telefónica pública fija puedan: a) conectar y utilizar equipos terminales adecuados para la conexión proporcionada, de conformidad  con el Derecho comunitario y nacional; b) acceder a los servicios de asistencia de una operadora y a los servicios de consulta de guías de  conformidad con el artículo 6; c) acceder gratuitamente a los servicios de urgencia, utilizando el número «112» y cualquier otro  número cuyo uso a nivel nacional haya sido especificado por las autoridades nacionales de  reglamentación. Todas las conexiones a la red telefónica pública fija instaladas después del 1 de enero de 1998  deberán tener un nivel de calidad que les permita soportar, además de la conversación,  comunicaciones de datos a velocidades adecuadas para el acceso a servicios de información en línea,  es decir, 14 400 bit/s o más. Artículo 10 Contratos 1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que proporcionen  acceso a las redes telefónicas públicas fijas ofrezcan un contrato en el que se especifique el  servicio y los niveles de calidad del servicio que se va a prestar, así como los mecanismos de  compensación y/o reembolso a favor de los usuarios si no se alcanzan los niveles de calidad del  servicio contratados. En los contratos deberá figurar un resumen del método para iniciar los  procedimientos de resolución de litigios de conformidad con el artículo 26. 2. Sin perjuicio de otras vías de recurso que pueda ofrecer la legislación nacional, los Estados  miembros velarán por que los usuarios y, cuando la legislación nacional así lo prevea, las  organizaciones que representen los intereses de los consumidores y/o usuarios puedan someter a las  autoridades nacionales de reglamentación los casos en que los mecanismos de compensación y/o  reembolso se juzguen insatisfactorios para los usuarios. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación de las condiciones de  los contratos a que se refiere el apartado 1 y de las condiciones relativas a los mecanismos de  compensación y/o reembolso utilizados. Artículo 11 Publicación de la información y acceso a la misma 1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones suministradoras  de redes telefónicas públicas fijas o de servicios telefónicos accesibles al público publiquen una  información adecuada y actualizada sobre el acceso y la utilización de la red telefónica pública  fija y/o de los servicios telefónicos accesibles al público. En particular, los Estados miembros  velarán por que las tarifas se presenten de forma clara y exacta. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones suministradoras  de redes telefónicas públicas fijas les proporcionen los detalles de las especificaciones de la  interfaz técnica para el acceso a la red enumerados en la parte 1 del Anexo II, que deben ofrecerse  con arreglo al apartado 4. Las modificaciones de las especificaciones de la interfaz de red  existentes y la información sobre especificaciones de interfaz de red nuevas se comunicarán por  adelantado a la autoridad nacional de reglamentación. La autoridad nacional de reglamentación podrá  establecer un plazo de preaviso conveniente. 3. Cuando el suministro de redes telefónicas públicas o de servicios telefónicos accesibles al  público esté sometido a derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro, y mientras persista  esta situación, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique una  información adecuada y actualizada sobre el acceso y la utilización de las redes telefónicas  públicas fijas y de los servicios telefónicos accesibles al público con arreglo a la lista de  epígrafes que figura en la parte 2 del Anexo II, de la manera que establece el apartado 4. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se ofrezca la información de forma  adecuada para facilitar el acceso a la misma de las partes interesadas. Deberá hacerse referencia  en el diario oficial del Estado miembro de que se trate a la forma en que se publica dicha  información. 5. Las autoridades nacionales de reglamentación notificarán a la Comisión, a más tardar el 1 de  julio de 1997, la forma en que se ofrece la información a que se refieren los apartados 2 y 3. La  Comisión publicará periódicamente la referencia correspondiente a dichas notificaciones en el  Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Cualquier modificación será notificada inmediatamente. Artículo 12 Calidad del servicio 1. Los Estados miembros darán los pasos necesarios para garantizar la calidad de los servicios a  que se refiere la presente Directiva. En particular, podrán establecer objetivos de rendimiento en  las autorizaciones aplicables a las organizaciones suministradoras de redes telefónicas públicas  fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al público. En el caso de organizaciones que conserven derechos exclusivos o especiales para el suministro de  redes telefónicas públicas fijas y/o de servicios de telefonía vocal, los Estados miembros velarán  por que se establezcan y publiquen los objetivos correspondientes a los parámetros pertinentes  establecidos en el Anexo III, de conformidad con el apartado 4 del artículo 11. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que hayan  suministrado redes telefónicas públicas fijas y/o servicios telefónicos accesibles al público  durante más de dieciocho meses comiencen a conservar información actualizada relativa a su  rendimiento basada en los parámetros, definiciones y métodos de medida establecidos en el Anexo  III. Deberá facilitarse esta información a la autoridad nacional de reglamentación cuando ésta lo  solicite. 3. Cuando proceda, y en particular como resultado de las consultas con las partes interesadas  efectuadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, las autoridades nacionales de  reglamentación velarán por que se publiquen los datos a que se refiere el apartado 1 y podrán  establecer objetivos de rendimiento para las organizaciones suministradoras de redes telefónicas  públicas fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al público, cuando éstos no existan ya, de  conformidad con el apartado 4 del artículo 11. Si una organización fracasa de forma reiterada en la consecución de los objetivos de rendimiento,  podrán adoptarse medidas específicas de conformidad con las condiciones establecidas en la  autorización concedida a dicha organización. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para solicitar una auditoría  independiente de los datos sobre rendimiento con el fin de garantizar la exactitud y comparabilidad  de los datos facilitados por las organizaciones a que se refiere el apartado 1. Artículo 13 Condiciones de acceso y uso y requisitos esenciales 1. Las autoridades nacionales de reglamentación contarán con procedimientos que les permitan  decidir, caso por caso y en el plazo más breve posible, si permiten o no que una organización  suministradora de redes telefónicas públicas fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al  público adopte medidas tales como negarse a facilitar el acceso a la red telefónica pública fija o  interrumpir o reducir la disponibilidad del servicio por motivos de pretendido incumplimiento de  las condiciones de utilización por parte de un usuario. Estos procedimientos podrán prever también  la posibilidad de que la autoridad nacional de reglamentación autorice medidas especificadas de  antemano en caso de determinadas violaciones de las condiciones de utilización y, en particular, de  uso fraudulento. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que estos procedimientos ofrezcan un  proceso transparente de adopción de decisiones en el que respeten debidamente los derechos de las  partes. La decisión se adoptará después de que ambas partes hayan tenido oportunidad de presentar  sus argumentos. La decisión estará debidamente motivada y se notificará a las partes en el plazo de  una semana a partir de su adopción. Se publicará un resumen de estos procedimientos en la forma establecida en el apartado 4 del  artículo 11. La presente disposición se entenderá sin perjuicio de los derechos de las partes a acudir a los  tribunales. 2. Los Estados miembros velarán por que, cuando el acceso o la utilización de las redes telefónicas  públicas fijas y/o de los servicios telefónicos accesibles al público se restrinja sobre la base de  los requisitos esenciales, las correspondientes disposiciones nacionales indiquen cuáles de los  requisitos esenciales enumerados en las letras a) a e) siguientes constituyen el fundamento de  tales restricciones. Estas restricciones se impondrán por vía reglamentaria susceptible de recurso ante los tribunales y  se publicarán de la forma prevista en el apartado 4 del artículo 11. Sin perjuicio de las acciones que puedan emprenderse con arreglo al apartado 5 del artículo 3 y al  apartado 3 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE, los requisitos esenciales siguientes se  aplicarán a la red telefónica pública fija y a los servicios telefónicos accesibles al público de  la manera siguiente: a) Seguridad en la explotación de la red Los Estados miembros adoptarán todas la medidas necesarias para garantizar que se mantenga la  disponibilidad de las redes telefónicas públicas fijas y de los servicios telefónicos accesibles al  público en caso de avería de la red de carácter catastrófico o en casos de fuerza mayor, tales como  situaciones meteorológicas extremas, terremotos, inundaciones, rayos o incendios. Si se presentan las circunstancias a que se refiere el párrafo anterior, los organismos afectados  harán todo lo posible por mantener el nivel de servicio más elevado para satisfacer las prioridades  que hayan podido establecer las autoridades competentes. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que cualquier restricción que se imponga  al acceso de la red telefónica pública fija o a la utilización de la misma por razones de seguridad  de las redes en lo que se refiere a los riesgos de accidente sea proporcionada y no discriminatoria  y se base en criterios objetivos establecidos de antemano. b) Mantenimiento de la integridad de la red Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que se mantenga la  integridad de las redes telefónicas públicas fijas. Las autoridades nacionales de reglamentación  velarán por que las restricciones de acceso y utilización de la red telefónica pública fija  impuestas por motivos de mantenimiento de la integridad de la red, para la protección, entre otras  cosas, de los equipos de la red, de los programas o de los datos almacenados, se limiten al mínimo  necesario para garantizar el normal funcionamiento de la red. Dichas restricciones deberán ser no  discriminatorias y basarse en criterios objetivos establecidos de antemano. c) Interoperabilidad de los servicios Cuando un equipo terminal esté funcionando con arreglo a la Directiva 91/263/CEE, no podrá  imponerse ninguna otra restricción a su utilización por motivos de interoperabilidad de los  servicios. d) Protección de datos Sólo podrán imponerse condiciones para el acceso y la utilización de las redes telefónicas públicas  fijas y/o de los servicios telefónicos accesibles al público por motivos de protección de datos de  conformidad con la legislación pertinente sobre protección de los datos personales y la intimidad,  como la Directiva 95/46/CE. e) Uso eficaz del espectro de frecuencias Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar un uso eficaz del  espectro de frecuencias y evitar las interferencias perjudiciales entre sistemas basados en las  radiocomunicaciones que pudieran restringir o limitar el acceso y la utilización de las redes  telefónicas públicas fijas y/o de los servicios telefónicos accesibles al público. 3. Cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y de servicios de telefonía vocal  esté sometido a derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro, y mientras persista esta  situación, las condiciones impuestas a los usuarios en virtud de tales derechos exclusivos o  especiales deberán imponerse por vía reglamentaria y previo acuerdo de la autoridad nacional de  reglamentación. CAPÍTULO IV DISPOSICIONES ESPECÍFICAS RELATIVAS A LAS REDES TELEFÓNICAS PÚBLICAS FIJAS Y A LOS  SERVICIOS TELEFÓNICOS ACCESIBLES AL PÚBLICO Artículo 14 Facturación detallada, marcación por  tonos y prohibición selectiva de llamadas 1. Los Estados miembros velarán por que las organizaciones suministradoras de servicios telefónicos  accesibles al público a través de redes telefónicas públicas fijas ofrezcan lo antes posible las  facilidades de: - marcación por tonos, - facturación detallada y prohibición selectiva de llamadas como facilidades disponibles previa  solicitud. La marcación por tonos y la prohibición selectiva de llamadas se especifican en la parte 1 del  Anexo I. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que estas facilidades se ofrezcan a la  mayor parte de los usuarios del teléfono antes del 31 de diciembre de 1998 y sean de disponibilidad  general antes del 31 de diciembre de 2002. 2. Sin perjuicio de las exigencias de la legislación pertinente sobre protección de los datos  personales y la intimidad, como la Directiva 95/46/CE, las facturas descenderán a un nivel de  detalle que haga posible la comprobación y el control de las cuotas generadas por el uso de la red  telefónica pública fija y/o de los servicios telefónicos accesibles al público. Deberá ofrecerse al usuario un nivel básico de detalle en las facturas sin cargo adicional. Cuando  proceda, podrán ofrecerse otros niveles de detalle a los usuarios a tarifas razonables. Las  autoridades nacionales de reglamentación podrán establecer el nivel básico de facturación  detallada. Las llamadas a los números de asistencia que tengan carácter gratuito para quien las efectúa no  figurarán en las facturas detalladas de quienes las efectúen. Artículo 15 Suministro de facilidades adicionales 1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que tengan un  peso significativo en el mercado en la prestación de servicios telefónicos a través de las redes  telefónicas públicas fijas proporcionen, cuando sea técnicamente factible y económicamente viable,  las facilidades enumeradas en la parte 2 del Anexo I. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación facilitarán y fomentarán el suministro de los  servicios y facilidades enumerados en la parte 3 del Anexo I, de conformidad con las normas sobre  competencia del Tratado. 3. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las fechas previstas para la  introducción de las facilidades enumeradas en la parte 2 del Anexo I se fijen teniendo en cuenta el  grado de desarrollo de la red, la demanda del mercado y los progresos de la normalización, y se  publiquen de la forma prevista en el apartado 4 del artículo 11. Artículo 16 Acceso especial a la red 1. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que tienen un  peso significativo en el mercado en el suministro de redes telefónicas públicas fijas atiendan las  solicitudes razonables de acceso a la red telefónica pública fija en puntos de terminación de la  red distintos de los suministrados normalmente a que se refiere la parte 1 del Anexo II, formuladas  para organizaciones que presten servicios de telecomunicación. 2. La organización que formule tal solicitud tendrá oportunidad de defender su punto de vista ante  la autoridad nacional de reglamentación antes de que se adopte la decisión definitiva de restringir  o denegar el acceso en respuesta a una solicitud concreta. Cuando se deniegue una solicitud de acceso especial a la red, la organización que haya formulado la  solicitud deberá recibir una explicación inmediata y justificada de por qué se ha rechazado su  solicitud. 3. Los mecanismos técnicos y comerciales del acceso especial a la red serán objeto de acuerdos  entre las partes interesadas, sin perjuicio de la intervención de la autoridad nacional de  reglamentación de conformidad con los apartados 2, 4 y 5. El acuerdo podrá estipular el reembolso a  la organización de los costes que le haya supuesto, entre otras cosas, el suministro del acceso a  la red solicitado; estas cuotas respetarán plenamente los principios de orientación por los costes  enunciados en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE. 4. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán intervenir en cualquier momento por propia  iniciativa, y deberán intervenir si alguna de las partes lo solicita, para establecer condiciones  no discriminatorias, equitativas y razonables para ambas partes y que beneficien a todos los  usuarios en la mayor medida posible. 5. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán también intervenir, en interés de todos los  usuarios, para garantizar que los acuerdos incluyan condiciones que satisfagan los criterios  establecidos en el apartado 4, se celebren y apliquen de manera eficaz y en el momento oportuno e  incluyan condiciones relativas a la conformidad con las normas pertinentes, a la observancia de los  requisitos esenciales y/o al mantenimiento de la calidad de extremo a extremo. 6. Las condiciones fijadas por las autoridades nacionales de reglamentación en cumplimiento del  apartado 5 se publicarán en la forma estipulada en el apartado 4 del artículo 11. 7. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que tengan un  peso significativo en el mercado a que se refiere el apartado 1 observen el principio de no  discriminación cuando utilicen la red telefónica pública fija, y en particular cuando utilicen  cualquier forma de acceso especial a la red, para prestar servicios de telecomunicación accesibles  al público. 8. Cuando proceda, la Comisión, en consulta con el Comité ONP y de conformidad con el procedimiento  establecido en el artículo 29, solicitará al Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones  (ETSI) la elaboración de normas para los nuevos tipos de acceso a la red. La referencia a tales  normas se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de conformidad con el apartado  1 del artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE. 9. Los pormenores de los acuerdos relativos al acceso especial a la red deberán facilitarse a la  autoridad nacional de reglamentación cuando ésta lo solicite. Artículo 17 Principios relativos a las tarifas 1. Sin perjuicio de las disposiciones específicas del artículo 4 en relación con la asequibilidad,  las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las organizaciones que tengan un peso  significativo en el mercado para la prestación de servicios de telefonía vocal a través de las  redes telefónicas públicas fijas cumplan lo dispuesto en el presente artículo. 2. Las tarifas relativas al uso de la red telefónica pública fija y los servicios telefónicos  accesibles al público deberán ajustarse a los principios básicos de orientación por los costes  establecidos en el Anexo II de la Directiva 90/387/CEE. En particular, se suministrarán a precios  asequibles las facilidades a que se refiere el artículo 14 de la presente Directiva. 3. Las tarifas relativas al acceso y uso de la red telefónica pública fija deberán ser  independientes del tipo de aplicación que los usuarios realicen, salvo en la medida en que exijan  servicios o facilidades diferentes. 4. Las tarifas relativas a las facilidades adicionales al suministro de la conexión a la red  telefónica pública fija y a los servicios telefónicos accesibles al público estarán suficientemente  desglosadas, de conformidad con el Derecho comunitario, de manera que el usuario no tenga que pagar  por facilidades que no sean necesarias para el servicio solicitado. 5. Las modificaciones de las tarifas sólo entrarán en vigor transcurrido un plazo adecuado de  preaviso al público, fijado por la autoridad nacional de reglamentación. 6. Un Estado miembro podrá autorizar a su autoridad nacional de reglamentación a no aplicar las  exigencias de los apartados 2, 3, 4 o 5 en una zona geográfica concreta si considera que existe  competencia efectiva en el mercado de servicios telefónicos pertinente. Artículo 18 Principios de contabilidad de costes 1. Los Estados miembros velarán por que, cuando una organización tenga la obligación de que sus  tarifas se atengan al principio de orientación por los costes de conformidad con el artículo 17,  los sistemas de contabilidad de costes aplicados por tal organización faciliten la aplicación del  artículo 17 y por que el cumplimiento de esta condición sea comprobado por un órgano competente  independiente de dicha organización. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se publique anualmente una declaración  relativa a dicho cumplimiento. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que se les facilite, cuando así lo  soliciten, una descripción del sistema de contabilidad de costes a que se refiere el apartado 1, en  la que se aprecien las categorías principales en las que se agrupan los costes y las normas  utilizadas para la imputación de los mismos al servicio de telefonía vocal. Las autoridades  nacionales de reglamentación facilitarán a la Comisión, cuando ésta lo solicite, información sobre  los sistemas de contabilidad de costes aplicados por las organizaciones afectadas. 3. Cuando el suministro de redes públicas de telecomunicación y servicios de telefonía vocal esté  sometido a derechos especiales o exclusivos en un Estado miembro, y mientras persista esta  situación, el sistema a que se refiere el apartado 1 incluirá, sin perjuicio del último párrafo del  presente apartado, los elementos siguientes: a) los costes del servicio de telefonía vocal incluirán, en particular, los costes directos que  supongan para las organizaciones de telecomunicaciones el establecimiento, la explotación y el  mantenimiento del servicio de telefonía vocal, así como la comercialización y facturación del  mismo; b) los costes comunes, esto es, los que no pueden imputarse directamente al servicio de telefonía  vocal ni a otras actividades, se imputarán de la forma siguiente: i) cuando sea posible, las categorías de costes comunes se imputarán sobre la base de un análisis  directo del origen de los propios costes, ii) si el análisis directo no fuera posible, las categorías de costes comunes se imputarán en  función de su vinculación indirecta a otra categoría o grupo de categorías de costes cuya  imputación o asignación directa resulte posible; la vinculación indirecta deberá basarse en  estructuras de costes comparables, iii) si no pudieran tomarse medidas directas ni indirectas para la imputación de los costes, la  categoría de costes se desglosará mediante una clave general de imputación en función de la  proporción de todos los gastos directa o indirectamente imputados o asignados, por una parte, al  servicio de telefonía vocal y, por otra parte, a otros servicios. Sólo podrán aplicarse otros sistemas de contabilidad de costes si facilitan la aplicación del  artículo 17 y han sido aprobados como tales por la autoridad nacional de reglamentación para su  aplicación por las organizaciones de telecomunicaciones, siempre que la Comisión haya sido  informada con anterioridad a su aplicación. 4. Los Estados miembros velarán por que los estados financieros de todas las organizaciones  suministradoras de redes telefónicas públicas fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al  público sean elaborados, sometidos a auditoría y publicados de conformidad con lo dispuesto en la  legislación nacional y comunitaria aplicable a las empresas comerciales. Deberá ponerse a  disposición de las autoridades nacionales de reglamentación, cuando éstas lo soliciten y con  carácter confidencial, información contable detallada. Artículo 19 Reducciones y otras disposiciones especiales sobre tarifas Los Estados miembros velarán por que, cuando una organización esté obligada a que sus tarifas se  atengan al principio de orientación por los costes de conformidad con el artículo 17, los  mecanismos de reducción que ofrezcan a los usuarios finales (incluidos los consumidores) sean  plenamente transparentes y se publiquen y apliquen de conformidad con el principio de no  discriminación. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán exigir la modificación o supresión de dichas  reducciones. Artículo 20 Especificaciones para el acceso a la red, incluido el conector 1. Las normas adecuadas para el acceso a las redes telefónicas públicas fijas se publicarán en la  relación de normas para la ONP a que se refiere el artículo 5 de la Directiva 90/387/CEE. 2. Cuando los servicios telefónicos se presten a los usuarios a través de la RDSI en el punto de  referencia S/T, las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que los puntos de  terminación de la RDSI cumplan las especificaciones de interfaz física pertinentes, en particular  las referidas al conector, a las que se haga referencia en la relación de normas para la ONP. Artículo 21 Impago de facturas Los Estados miembros autorizarán la aplicación de medidas especificadas, que serán proporcionadas,  no discriminatorias y publicadas en la forma prevista en el apartado 4 del artículo 11, en caso de  impago de facturas relativas al uso de la red telefónica pública fija. Estas medidas garantizarán  que cualquier interrupción o desconexión del servicio se notifique debidamente al usuario por  anticipado. Salvo en caso de retraso persistente en los pagos o de impago, estas medidas garantizarán, en la  medida en que sea técnicamente viable, que sólo se interrumpa el servicio de que se trate y que la  desconexión completa sólo tenga lugar una vez transcurrido un período de tiempo especificado en el  que se permitirán las llamadas que no sean facturables al abonado. Artículo 22 Condiciones de supresión de ofertas 1. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando el suministro de redes públicas  de telecomunicación y servicios de telefonía vocal accesibles al público esté sometido a derechos  especiales o exclusivos en un Estado miembro y mientras persista esta situación. 2. Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que las ofertas de servicios de las  organizaciones que disfruten de derechos especiales o exclusivos se mantengan durante un período de  tiempo razonable y por que sólo sea posible suprimir una oferta o introducir modificaciones que  alteren de manera significativa el uso que pueda hacerse de ella previa consulta con los usuarios  afectados y una vez transcurrido un plazo adecuado de notificación pública fijado por la autoridad  nacional de reglamentación. 3. Sin perjuicio de los demás recursos contemplados en las legislaciones nacionales, los Estados  miembros velarán por que los usuarios y, cuando la legislación nacional así lo prevea, las  organizaciones que defiendan los intereses de usuarios y consumidores puedan someter a la autoridad  nacional de reglamentación los casos en que los usuarios afectados no estén de acuerdo con la fecha  de supresión propuesta por la organización de que se trate. Artículo 23 Modificación de las condiciones publicadas 1. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando el suministro de redes públicas  de telecomunicación y servicios de telefonía vocal accesibles al público esté sometido a derechos  especiales o exclusivos en un Estado miembro y mientras persista esta situación. 2. Cuando, en respuesta a una solicitud determinada, una organización que disfrute de derechos  especiales o exclusivos no considere razonable suministrar una conexión a la red telefónica pública  fija en las condiciones de suministro y con las tarifas hechas públicas, deberá obtener la  conformidad de la autoridad nacional de reglamentación para modificar dichas condiciones en ese  caso concreto. CAPÍTULO V DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS Artículo 24 Consultas Los Estados miembros velarán por que se consulte, con arreglo a los procedimientos nacionales, con  los representantes de las organizaciones suministradoras de redes públicas de telecomunicación, los  usuarios, los consumidores, los fabricantes y los proveedores de servicios sobre las cuestiones  relacionadas con el ámbito de aplicación, la asequibilidad y la calidad del servicio universal.  Cuando proceda, la Comisión llevará a cabo una consulta adicional a nivel europeo sobre estas  cuestiones. Artículo 25 Notificación y presentación de informes 1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier modificación que experimente la  información que debía publicarse con arreglo a la Directiva 95/62/CE. La Comisión publicará dicha  información en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 2. Los Estados miembros notificarán asimismo a la Comisión: - las organizaciones que tienen un peso significativo en el mercado a efectos de la presente  Directiva, - los detalles relativos a las situaciones en que las organizaciones suministradoras de redes  telefónicas públicas fijas y/o servicios telefónicos accesibles al público dejen de tener que  ajustarse al principio de orientación por los costes de las tarifas de conformidad con el apartado  6 del artículo 17. La Comisión podrá solicitar a las autoridades nacionales de reglamentación que expliquen los  motivos por los que han clasificado o no clasificado a las organizaciones en estas dos categorías. 3. Cuando un Estado miembro mantenga derechos especiales o exclusivos para el suministro de redes  públicas de telecomunicación y servicios telefónicos accesibles al público, las autoridades  nacionales de reglamentación conservarán, y remitirán a la Comisión, si ésta lo solicita, los datos  referentes a los casos que se les hayan sometido, distintos de los contemplados en el artículo 21,  por haberse restringido o denegado el acceso a la red telefónica pública fija o al servicio de  telefonía vocal, o el uso de los mismos, incluidas las medidas adoptadas y su justificación. Artículo 26 Conciliación y resolución de litigios a nivel nacional Sin perjuicio de: a) cualquier medida que la Comisión o cualquier Estado miembro pueda adoptar en virtud del  Tratado; b) los derechos de la persona que se acoja al procedimiento establecido en los puntos 3 y 4, de las  organizaciones afectadas o de cualquier otra persona en virtud de la legislación nacional  aplicable, salvo cuando las partes lleguen a un acuerdo para dirimir sus diferencias; c) las disposiciones del apartado 2 del artículo 10 que facultan a las autoridades nacionales de  reglamentación para alterar las condiciones de los contratos de abono, existirán los procedimientos siguientes: 1) Los Estados miembros velarán por que, en caso de litigio no resuelto relativo a una presunta  infracción de las disposiciones de la presente Directiva con una organización suministradora de  redes telefónicas públicas fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al público, cualquiera de  las partes (incluidos, por ejemplo, los usuarios, los proveedores de servicios, los consumidores u  otras organizaciones) tenga derecho a recurrir ante la autoridad nacional de reglamentación u otro  organismo independiente. Se crearán a nivel nacional procedimientos fácilmente accesibles y poco  gravosos en principio para resolver tales litigios de manera equitativa, transparente y rápida.  Dichos procedimientos se aplicarán, en particular, en caso de litigio entre un usuario y una  organización a propósito de sus facturas de teléfono, o a propósito de las condiciones de  prestación del servicio telefónico. 2) Cuando el litigio afecte a organizaciones de más de un Estado miembro, los usuarios u  organizaciones podrán acogerse al procedimiento de conciliación previsto en los puntos 3 y 4  mediante notificación escrita a la autoridad nacional de reglamentación y a la Comisión. Los  Estados miembros podrán también permitir que sus respectivas autoridades nacionales de  reglamentación se acojan a dicho procedimiento de conciliación. 3) Si la autoridad nacional de reglamentación o la Comisión estiman que un asunto notificado con  arreglo al punto 2 merece un examen más detallado, podrán someter el caso al presidente del Comité  ONP. 4) En las circunstancias a que se refiere el punto 3, el presidente del Comité ONP incoará el  procedimiento que se describe a continuación si está convencido de que se han tomado todas las  medidas razonables a nivel nacional: a) el presidente del Comité ONP reunirá, a la mayor brevedad posible, un grupo de trabajo compuesto  por al menos dos miembros del Comité ONP y un representante de las autoridades nacionales de  reglamentación de que se trate, y el presidente del Comité ONP u otro funcionario de la Comisión  nombrado por él. El grupo de trabajo estará presidido por el representante de la Comisión y se  reunirá normalmente en un plazo de diez días a partir de su convocatoria. El presidente del grupo  de trabajo podrá decidir, a propuesta de cualquiera de sus miembros, invitar como máximo a otras  dos personas en calidad de expertos, para su asesoramiento; b) el grupo de trabajo ofrecerá a la parte que se haya acogido a este procedimiento, a las  autoridades nacionales de reglamentación de los Estados miembros afectados y a las organizaciones  afectadas la oportunidad de exponer su opinión verbalmente o por escrito; c) el grupo de trabajo procurará que se llegue a un acuerdo entre las partes interesadas en un  plazo de tres meses a partir de la fecha de recibo de la notificación a que se refiere el punto 2.  El presidente del Comité ONP informará al Comité acerca del resultado del procedimiento, a fin de  que éste pueda manifestar su opinión al respecto. 5) La parte que se acoja al procedimiento deberá costear su participación en el mismo. Artículo 27 Suspensión de determinadas obligaciones Las fechas establecidas en cualquier suspensión concedida en relación con los artículos 12 y 13 de  la Directiva 95/62/CE no experimentarán modificación. Artículo 28 Adaptación técnica Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos I, II y III de la presente Directiva al  progreso de la tecnología o a los cambios en la demanda del mercado se determinarán de conformidad  con el procedimiento establecido en el artículo 29. Artículo 29 Procedimiento del Comité consultivo 1. La Comisión estará asistida por el Comité ONP. El Comité consultará, en especial, a los representantes de las organizaciones suministradoras de  redes telefónicas públicas fijas y/o de servicios telefónicos accesibles al público, usuarios,  consumidores y fabricantes. 2. El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá  dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia  del asunto, procediendo, en su caso, a votación. El dictamen constará en acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su  posición conste en la misma. La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité  de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. Artículo 30 Reexamen La Comisión estudiará el funcionamiento de la presente Directiva e informará sobre ello al  Parlamento Europeo y al Consejo por vez primera el 31 de diciembre de 1999 a más tardar, teniendo  en cuenta el informe sobre el servicio universal que debe publicar la Comisión antes del 1 de enero  de 1998. Este reexamen se basará, entre otras cosas, en la información proporcionada por los  Estados miembros a la Comisión, y examinará, en particular:- el ámbito de aplicación de la Directiva y, en particular, si algunas de sus disposiciones  deberían aplicarse a la telefonía móvil, - las disposiciones del capítulo II a la luz de la evolución de la situación del mercado, de la  demanda de los usuarios y del progreso tecnológico, - el mantenimiento de las obligaciones impuestas con arreglo a los artículos 17, 18 y 19 a la luz  del desarrollo de la competencia. Si fuera necesario, podrían proponerse en el informe posteriores reexámenes periódicos. Artículo 31 Transposición 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente  Directiva antes del 31 de diciembre de 1997. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de  Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 32 Derogación de la Directiva 95/62/CE Queda derogada la Directiva 95/62/CE con efecto a partir del 31 de diciembre de 1997, sin perjuicio  de las obligaciones de los Estados miembros de aplicar dicha Directiva con arreglo a los  calendarios establecidos en el Anexo IV. Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva. En el Anexo V figura un cuadro en el que se presentan las correspondencias entre los artículos de  la Directiva 95/62/CE y los artículos de la presente Directiva. Artículo 33 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 34 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. (1) Resolución del Consejo, de 7 de febrero de 1994, relativa a los principios  del servicio universal en el sector de las telecomunicaciones (DO n° C 48 de 16. 2. 1994, p. 1), y  Resolución del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, sobre el establecimiento del futuro marco  reglamentario de las telecomunicaciones (DO n° C 258 de 3. 10. 1995, p. 1). (2) Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 1995, sobre el «Libro verde sobre la  liberalización de la infraestructura de las telecomunicaciones y las redes de televisión por cable  - Parte II», A4-0111/95 (DO n° C 151 de 19. 6. 1995, p. 479). (3) Dictamen del Comité Económico y Social, de 13 de septiembre de 1995, sobre el «Libro verde  sobre la liberalización de la infraestructura de las telecomunicaciones y las redes de televisión  por cable - Parte II» (DO n° C 301 de 13. 11. 1995, p. 24). (4) Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión «Europa en marcha  hacia la sociedad de la información. Plan de actuación» (DO n° C 210 de 14. 8. 1995, p. 109). (5) Posición común (CE) n° 34/96, aprobada por el Consejo el 18 de junio de 1996, con vistas a la  adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interconexión en las  telecomunicaciones en lo que respecta a garantizar el servicio universal y la interoperabilidad  mediante la aplicación de los principios de la oferta de red abierta (ONP) (DO n° C 220 de 29. 7.  1996, p. 13). (6) Véase la Comunicación de la Comisión sobre el servicio universal de telecomunicaciones ante la  perspectiva de un entorno plenamente liberalizado [COM(96) 73 final, de 13 de marzo de 1996]. (7) DO n° L 192 de 28. 6. 1990, p. 1. (8) DO n° L 321 de 30. 12. 1995, p. 6. (1) Véase COM(96) 73 final, de 13 de marzo de 1996. (2) DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 31. (3) Posición común (CE) n° 57/96, adoptada por el Consejo el 12 de septiembre de 1996, con vistas a  la adaptación de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los  datos personales y la intimidad en relación con el sector de las telecomunicaciones y, en  particular, la red digital de servicios integrados (RDSI) y las redes móviles digitales públicas  (DO n° C 315 de 24. 10. 1996, p. 30). (4) DO n° L 217 de 6. 8. 1991, p. 31.  ANEXO I DESCRIPCIÓN DE LAS FACILIDADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 14 Y 15 PARTE 1  Facilidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 14 a) Marcación por tonos o DTMF  (multifrecuencia de doble tono) Consiste en que la red telefónica pública fija admita el uso de teléfonos DTMF para señalización a  la central, utilizando los tonos definidos en la Recomendación Q.23 de la UIT-T (Unión  Internacional de Telecomunicaciones) y admita los mismos tonos para la señalización de extremo a  extremo a través de la red, tanto en un Estado miembro como entre Estados miembros. b) Prohibición selectiva de llamadas salientes Es la facilidad en virtud de la cual el abonado puede, previa solicitud al proveedor del servicio  telefónico, suprimir llamadas salientes de tipos definidos o dirigidas a tipos de números  definidos. PARTE 2 Facilidades a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 a) Identificación de la línea  llamante Consiste en que, antes de que se establezea la comunicación, se presente al receptor el número de  la parte que efectúa la llamada. Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de  los datos personales y la intimidad, como la Directiva 95/46/CE. b) Marcación directa de extensiones (o facilidades que realicen una función equivalente) Consiste en que los usuarios de una centralita privada (PBX) o sistema privado similar puedan ser  llamados directamente desde la red telefónica pública fija sin intervención del operador de la  PBX. c) Reenvío de llamadas Consiste en el envío de las llamadas que se reciban a otro destino situado en el mismo Estado  miembro o en otro (por ejemplo, si el número marcado no descuelga, si está comunicando o en otros  casos). Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de  los datos personales y la intimidad, como la Directiva 95/46/CE. PARTE 3 Servicios y facilidades a que se refiere el apartado 2 del artículo 15 a) Acceso en toda  la Comunidad a los servicios de llamada gratuita Estos servicios, que reciben denominaciones diversas tales como «números verdes», «servicios de  llamada gratuita», «línea 900», etc., incluyen los servicios en los que quien efectúa la llamada no  paga nada por ella. b) Servicios de costes compartidos Estos servicios incluyen los servicios en los que quien efectúa la llamada abona solamente una  parte del coste total de la misma. c) Servicios de tarifa superior/servicios de ingresos compartidos a escala comunitaria El servicio de tarifa superior es una facilidad en virtud de la cual las cuotas por la utilización  de un servicio al que se accede a través de una red de telecomunicación se combinan con las cuotas  por llamada a través de la red. d) Identificación a escala comunitaria de la línea que efectúa la llamada Consiste en que, antes de que se establezca la comunicación, se presenta al receptor el número de  la parte que efectúa la llamada. Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de  los datos personales y la intimidad, como la Directiva 95/46/CE. e) Acceso a los servicios de operadora de otros Estados miembros Consiste en que los usuarios de un Estado miembro puedan llamar al servicio de operadora o de  asistencia de otro Estado miembro. f) Acceso a los servicios de consulta de guías de otros Estados miembros Consiste en que los usuarios de un Estado miembro puedan llamar a los servicios de consulta de  guías de otro Estado miembro. Esta facilidad deberá ofrecerse de conformidad con la legislación pertinente sobre protección de  los datos personales y la intimitad, como la Directiva 95/46/CE.  ANEXO II EPÍGRAFES DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PUBLICARSE CON ARREGLO AL ARTÍCULO 11  PARTE 1 Información que debe proporcionarse a la autoridad nacional de reglamentación de  conformidad con el apartado 2 del artículo 11 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INTERFACES DE RED  Se exigen las características técnicas de las interfaces en los puntos de terminación de la red  suministrados normalmente, incluida, cuando proceda, una referencia a las normas o recomendaciones  nacionales y/o internacionales pertinentes: - para las redes presentadas de forma analógica y/o digital: a) interfaz de línea única, b) interfaz multilínea, c) interfaz de marcación directa de extensiones (DDI), d) otras interfaces suministradas normalmente; - para la RDSI (cuando se ofrezca): a) especificación de las interfaces a velocidad básica y primaria en los puntos de referencia S/T,  incluido el protocolo de señalización, b) características de los servicios portadores capaces de transportar los servicios de telefonía  vocal, c) otras interfaces suministradas normalmente; - y cualesquiera otras interfaces suministradas normalmente. Además de esta información que deberá comunicarse periódicamente a la autoridad nacional de  reglamentación de la manera que establece el apartado 2 del artículo 11, todas las organizaciones  suministradoras de redes telefónicas públicas fijas deberán informar a su autoridad nacional de  reglamentación, sin retrasos injustificados, de cualquier característica particular de la red que  afecte al correcto funcionamiento de los equipos terminales. La autoridad nacional de  reglamentación pondrá esta información a disposición de los proveedores de equipos terminales que  lo soliciten. PARTE 2 Información que debe publicarse de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 Nota: La autoridad nacional de reglamentación tiene la responsabilidad de garantizar que se publique la  información que figura en el presente Anexo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11. A  ella corresponde determinar qué información deben publicar las organizaciones suministradoras de  redes de telecomunicación y/o servicios telefónicos accesibles al público y qué información debe  publicar la propia autoridad nacional de reglamentación. 1. Nombre(s) y domicilio(s) de la(s) organización(es) Es decir, el nombre y el domicilio de la sede de las organizaciones suministradoras de redes  telefónicas públicas fijas y/o servicios telefónicos accesibles al público. 2. Servicios telefónicos ofrecidos 2.1. Alcance del servicio básico Descripción de los servicios telefónicos básicos ofrecidos, indicando lo que se incluye en la cuota  de abono y la cuota de alquiler periódica (por ejemplo, servicios de operadora, guías telefónicas,  servicios de consulta de guías, prohibición selectiva de llamadas, facturación detallada,  mantenimiento, etc.). Descripción de las facilidades y características opcionales del servicio telefónico a las que se  aplica una tarifa independiente de la correspondiente a la oferta básica, incluida, en su caso, una  referencia a las normas o especificaciones técnicas pertinentes a las que se ajustan. 2.2. Tarifas Las de acceso, todo tipo de cuota por llamada y mantenimiento, con inclusión de detalles sobre  reducciones y tarifas especiales y moduladas. 2.3. Política de compensaciones/reembolsos Con detalles concretos de los mecanismos de compensación/reembolso ofrecidos. 2.4. Tipos de servicio de mantenimiento ofrecidos 2.5. Condiciones normales de contratación Incluido el plazo mínimo de contratación, si procede. 3. Condiciones para la conexión de equipos terminales Incluirá una relación completa de los requisitos aplicables a los equipos terminales en consonancia  con lo dispuesto en las Directivas 91/263/CEE o 93/97/CEE, con inclusión, si procede, de las  condiciones relativas al cableado y la ubicación en las dependencias del cliente del punto de  terminación de la red. 4. Restricciones de acceso y utilización Incluirá toda restricción del acceso o la utilización impuesta de conformidad con los requisitos  establecidos en el artículo 13.  ANEXO III INDICADORES DEL PLAZO DE SUMINISTRO Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO, DEFINICIONES  Y MÉTODOS DE MEDIDA, CON ARREGLO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 >SITIO PARA UN  CUADRO> ANEXO IV CALENDARIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 33 >SITIO PARA UN CUADRO> ANEXO V CUADRO COMPARATIVO >SITIO PARA UN CUADRO>