CELEX: 62006CJ0319
Language: es
Date: 2008-06-19 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de junio de 2008. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Gran Ducado de Luxemburgo. # Incumplimiento de Estado - Desplazamiento de trabajadores - Libre prestación de servicios - Directiva 96/71/CE - Disposiciones de orden público - Descanso semanal - Obligación de presentar los documentos relativos a un desplazamiento mediando un simple requerimiento de las autoridades nacionales - Obligación de designar a un mandatario ad hoc residente en Luxemburgo y que conserve todos los documentos necesarios para la labor inspectora. # Asunto C-319/06.

Asunto C‑319/06
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      Gran Ducado de Luxemburgo
      «Incumplimiento de Estado — Desplazamiento de trabajadores — Libre prestación de servicios — Directiva 96/71/CE — Disposiciones de orden público — Descanso semanal — Obligación de presentar los documentos relativos a un desplazamiento mediando un simple requerimiento de las autoridades
         nacionales — Obligación de designar a un mandatorio ad hoc residente en Luxemburgo que conserve todos los documentos necesarios para la
         labor inspectora»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva
            96/71/CE — Condiciones de trabajo y empleo — Disposiciones de orden público — Concepto
      (Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap .10)
      2.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva
            96/71/CE — Condiciones de trabajo y empleo — Disposiciones de orden público
      (Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 10)
      3.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva
            96/71/CE — Condiciones de trabajo y empleo — Disposiciones de orden público
      (Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 10)
      4.        Libre prestación de servicios — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios — Directiva
            96/71/CE — Condiciones de trabajo y empleo — Disposiciones de orden público — Disposiciones que resultan de convenios colectivos
            declarados de obligación general
      (Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, ap. 10)
      5.        Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación
            al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado
      (Art. 226 CE)
      6.        Libre prestación de servicios — Restricciones — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de
            servicios — Control por el Estado miembro de acogida
      (Art. 49 CE)
      7.        Libre prestación de servicios — Restricciones — Desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de
            servicios — Control por el Estado miembro de acogida
      (Art. 49 CE)
      1.        El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el
         marco de una prestación de servicios, dispone que los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación
         aplicable a la relación laboral, las empresas establecidas en otro Estado miembro, que desplacen trabajadores a su propio
         territorio en el marco de una prestación de servicios transnacional, garanticen a los trabajadores desplazados las condiciones
         de trabajo y empleo, relativas a las materias contempladas en el mismo artículo, que estén establecidas en el Estado miembro
         donde se efectúe el trabajo. Para llevar a cabo esta misión, la referida disposición prevé con carácter exhaustivo las materias
         en las que los Estados miembros pueden hacer prevalecer las normas vigentes en el Estado miembro de acogida.
      
      No obstante, el artículo 3, apartado 10, primer guión, de la misma Directiva reconoce a los Estados miembros la posibilidad
         de imponer, respetando el Tratado CE, de manera no discriminatoria a las empresas que desplazan trabajadores a su territorio,
         condiciones de trabajo y empleo referidas a materias distintas de las enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 de dicho
         artículo, en la medida en que se trate de disposiciones de orden público.
      
      A este respecto, la calificación de disposiciones nacionales de leyes de policía y de seguridad por un Estado miembro se refiere
         a las disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de la organización política,
         social o económica del Estado miembro de que se trate, hasta el punto de hacerlas obligatorias para toda persona que se encuentre
         en el territorio nacional de ese Estado miembro o con respecto a toda relación jurídica localizada en él. Por consiguiente,
         la reserva de orden público constituye una excepción al principio fundamental de la libre prestación de servicios, que debe
         ser interpretada de forma restrictiva y cuyo alcance no puede ser determinado por los Estados miembros unilateralmente.
      
      En el contexto de la Directiva 96/71, el artículo 3, apartado 10, primer guión, de ésta constituye una excepción al principio
         según el cual las materias en las que el Estado miembro de acogida puede imponer sus normas a las mencionadas empresas se
         enumeran, con carácter exhaustivo, en el artículo 3, apartado 1, primer párrafo, de dicha Directiva, y, por consiguiente,
         debe interpretarse en sentido estricto. En particular, la referida disposición no exime a los Estados miembros de cumplir
         las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado y, concretamente, las relativas a la libre prestación de servicios.
      
      (véanse los apartados 25 a 31 y 33)
      2.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, sobre
         el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, un Estado miembro que declara que
         constituyen disposiciones de orden público nacional las disposiciones de una normativa nacional de incorporación de la Directiva
         96/71 que obligan a las empresas de que se trate, por un lado, a desplazar únicamente el personal vinculado a la empresa por
         un contrato de trabajo escrito o por algún otro documento que se repute análogo, a tenor de la Directiva 91/533, relativa
         a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la
         relación laboral, y, por otro lado, a observar la regulación del trabajo a tiempo parcial y por tiempo determinado.
      
      En consecuencia, el efecto de tales disposiciones es someter a las empresas que desplazan trabajadores al Estado miembro de
         acogida a una obligación a la que ya están sujetas en el Estado miembro en que se hallan establecidas. Además, el objetivo
         de la Directiva 96/71, consistente en garantizar la observancia de un núcleo duro de las disposiciones de protección de los
         trabajadores, hace que sea más superflua tal obligación adicional que, habida cuenta de los procedimientos que implica, puede
         disuadir a las empresas establecidas en otro Estado miembro de ejercer su libertad de prestación de servicios.
      
      Pues bien, aunque el Derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros extiendan su legislación, o los convenios
         colectivos de trabajo celebrados por los interlocutores sociales, a cualquier persona que efectúe un trabajo por cuenta ajena,
         aun cuando sea temporal, en su territorio, cualquiera que sea el Estado miembro de establecimiento del empresario, no es menos
         cierto que tal facultad está supeditada al requisito de que los trabajadores afectados, que realizan temporalmente trabajos
         en el Estado de acogida, no gocen ya de la misma protección, o de una protección esencialmente comparable, en virtud de obligaciones
         que se impongan a su empresario en el Estado miembro en el que se halla establecido.
      
      En particular, la libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tratado, sólo puede limitarse mediante normas
         justificadas por razones imperiosas de interés general y que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad
         en el territorio del Estado miembro de acogida, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a
         las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido.
      
      (véanse los apartados 41 a 44 y 60 y el fallo)
      3.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, sobre
         el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, un Estado miembro que impone a las
         empresas que realizan algún desplazamiento a su territorio la prescripción relativa a la adaptación automática de los salarios
         que no sean los salarios mínimos a la variación del coste de la vida, en la medida en que no haya demostrado de manera suficiente
         en Derecho que tal medida nacional forma parte de las disposiciones de orden público, en el sentido de la citada disposición
         de la Directiva.
      
      Dicha disposición de la Directiva 96/71 depara al Estado miembro de acogida la posibilidad de imponer a las empresas que realicen
         un desplazamiento a su territorio condiciones de trabajo y de empleo relativas a materias que no son las previstas en el artículo
         3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71, siempre que se trate de disposiciones de orden público. Por lo tanto,
         esta reserva, prevista en el artículo 10, primer guión, de la Directiva 96/71, constituye una excepción al sistema establecido
         por dicha Directiva, así como al principio fundamental de la libre prestación de servicios sobre el que se funda la misma
         Directiva y debe ser interpretado en sentido estricto.
      
      Así, si bien los Estados miembros siguen pudiendo determinar libremente, en lo esencial, de conformidad con sus necesidades
         nacionales, las exigencias de orden público, no obstante, en el contexto comunitario y, en particular, como justificación
         de una excepción al principio fundamental de la libre prestación de servicios, dicho concepto debe interpretarse en sentido
         estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda determinar unilateralmente su alcance sin control por parte de las instituciones
         de la Comunidad Europea. De ello se deriva que el orden público sólo puede invocarse en caso de que exista una amenaza real
         y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. En efecto, las razones que puede invocar un Estado
         miembro para justificar una excepción al principio de la libre prestación de servicios deben ir acompañadas de un examen de
         la oportunidad y de la proporcionalidad de la medida restrictiva adoptada por ese Estado, así como de datos precisos en los
         que pueda sustentarse su argumentación. Por consiguiente, para permitir que se aprecie si las medidas controvertidas son necesarias
         y proporcionadas en relación con el objetivo de salvaguardia del orden público, un Estado miembro debe aportar datos que permitan
         demostrar si la aplicación a los trabajadores desplazados a su territorio nacional de la prescripción relativa a la adaptación
         automática de los salarios a la variación del coste de la vida puede contribuir a la realización de tal objetivo, y en qué
         medida ello es así.
      
      (véanse los apartados 49 a 52, 54 y 55 y el fallo)
      4.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, sobre
         el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, un Estado miembro que declara que
         las disposiciones que resultan, en particular, de convenios colectivos declarados de obligación general constituyen disposiciones
         de orden público nacional. 
      
      Tal normativa nacional no puede constituir una excepción de orden público en el sentido del artículo 3, apartado 10, primer
         guión, de la Directiva 96/71. En primer lugar, nada justifica que las disposiciones referentes a los convenios colectivos
         de trabajo, es decir, las que regulan su elaboración y su aplicación, puedan subsumirse, per se y sin más precisión, en el concepto de orden público. En segundo lugar, se impone tal afirmación en relación con las propias
         disposiciones de tales convenios colectivos que tampoco pueden subsumirse en dicho concepto, en su totalidad y por el mero
         motivo de que emanan de ese tipo de actos. En tercer lugar, teniendo en cuenta que el artículo 3, apartado 10, segundo guión,
         de la Directiva 96/71 se refiere exclusivamente a las condiciones de trabajo y de empleo establecidas por los convenios colectivos
         declarados de aplicación general, una normativa nacional que se refiere de manera expresa simplemente a los convenios colectivos
         de trabajo no puede pretender que concreta in fine la autorización otorgada a los Estados miembros en virtud de dicho artículo.
      
      (véanse los apartados 64 a 67 y el fallo)
      5.        La existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presenta
         al final del plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta
         por el Tribunal de Justicia.
      
      (véase el apartado 72)
      6.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE un Estado miembro que establece, en una normativa de
         Derecho interno que regula un procedimiento de declaración previa en caso de desplazamiento de trabajadores, los requisitos
         de acceso a las indicaciones esenciales indispensables para la labor inspectora por las autoridades nacionales competentes
         de una manera carente de la claridad necesaria para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que deseen desplazar
         trabajadores al territorio de dicho Estado miembro.
      
      En efecto, la obligación de toda empresa de poner a disposición de las autoridades nacionales antes de que se inicie el trabajo,
         mediando un simple requerimiento y a la mayor brevedad posible, la información esencial indispensable para la labor inspectora
         no se halla desprovista de ambigüedades que pueden disuadir a las empresas que deseen desplazar trabajadores al territorio
         de dicho Estado miembro de ejercer su libertad de prestación de servicios. Por una parte, el alcance de los derechos y de
         las obligaciones de tales empresas no se deduce con precisión de la referida disposición, y, por otra parte, las empresas
         que no hayan cumplido las obligaciones establecidas por dicha disposición pueden ser objeto de sanciones de cierta importancia,
         puesto que tal disposición nacional, debido a su falta de claridad a causa de las ambigüedades que contiene, es incompatible
         con el artículo 49 CE. 
      
      (véanse los apartados 80 a 82 y el fallo)
      7.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 CE un Estado miembro que obliga a las empresas cuyo domicilio
         social se encuentre fuera del territorio nacional y que desplacen a trabajadores a dicho territorio, a depositar, antes del
         inicio del desplazamiento, en un mandatario ad hoc residente en el territorio nacional los documentos necesarios para controlar las obligaciones que les incumben con arreglo
         a la legislación nacional y de dejárselos en su poder durante un período indeterminado posterior al fin de la prestación.
      
      Tales exigencias suponen una restricción de la libre prestación de servicios y no pueden estar justificadas, puesto que resulta
         posible un control efectivo del cumplimiento de la normativa laboral utilizando medidas menos restrictivas.
      
      (véanse los apartados 90 a 95 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 19 de junio de 2008 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Desplazamiento de trabajadores – Libre prestación de servicios – Directiva 96/71/CE – Disposiciones de orden público – Descanso semanal – Obligación de presentar los documentos relativos a un desplazamiento mediando un simple requerimiento de las autoridades
         nacionales – Obligación de designar a un mandatario ad hoc residente en Luxemburgo que conserve todos los documentos necesarios para la
         labor inspectora»
      
      En el asunto C‑319/06,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 20 de julio de 2006,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. J. Enegren y G. Rozet, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. C. Schiltz, en calidad de agente,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič y E. Levits (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de septiembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Gran Ducado
         de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartados 1 y 10, de la Directiva 96/71/CE
         del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el
         marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1), así como de los artículos 49 CE y 50 CE:
      
      –        al haber declarado que los puntos 1, 2, 8 y 11 del artículo 1, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, por la que
         se adapta el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 96/71 y por la que se regula el control de la aplicación del Derecho
         del trabajo (Mémorial A 2002, p. 3722; en lo sucesivo, «Ley de 20 de diciembre de 2002»), constituyen disposiciones de orden público nacional;
      
      –        al haber adaptado de manera incompleta su ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra a),
         de la Directiva 96/71;
      
      –        al haber establecido, en el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, los requisitos relativos al acceso
         a las indicaciones esenciales indispensables para la labor inspectora por las autoridades nacionales competentes de una manera
         carente de la claridad necesaria para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que deseen desplazar trabajadores a
         Luxemburgo; y
      
      –        al obligar, en el artículo 8 de la referida Ley, a conservar en Luxemburgo, en poder de un mandatario ad hoc residente en dicho Estado, los documentos necesarios para la labor inspectora.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      2        Con la rúbrica «Condiciones de trabajo y empleo», el artículo 3 de la Directiva 96/71 dispone:
      
      «1.      Los Estados miembros velarán por que, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas mencionadas
         en el apartado 1 del artículo 1 garanticen a los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo
         relativas a las materias siguientes que, en el Estado miembro donde se efectúe el trabajo, estén establecidas:
      
      –        por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, y/o
      –        por convenios colectivos o laudos arbitrales declarados de aplicación general con arreglo al apartado 8 en la medida en que
         se refieran a las actividades contempladas en el Anexo:
      
      a)      los períodos máximos de trabajo así como los períodos mínimos de descanso;
      b)      la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas;
      c)      las cuantías de salario mínimo, incluidas las incrementadas por las horas extraordinarias; la presente letra no se aplicará
         a los regímenes complementarios de jubilación profesional;
      
      d)      las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por parte de agencias de trabajo interino;
      e)      la salud, la seguridad y la higiene en el trabajo;
      f)      las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de las mujeres embarazadas o que hayan dado
         a luz recientemente, así como de los niños y de los jóvenes;
      
      g)      la igualdad de trato entre hombres y mujeres y otras disposiciones en materia de no discriminación.
      A los fines de la presente Directiva, la noción de cuantías de salario mínimo mencionada en la letra c) del párrafo primero
         se definirá mediante la legislación y/o el uso nacional del Estado miembro en cuyo territorio el trabajador se encuentre desplazado.
      
      […]
      10.      La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones del Tratado, impongan a las
         empresas nacionales y a las empresas de otros Estados, por igual:
      
      –        condiciones de trabajo y empleo referidas a materias distintas de las enumeradas en el párrafo primero del apartado 1, en
         la medida en que se trate de disposiciones de orden público;
      
      –        condiciones de trabajo y empleo fijadas en convenios colectivos o laudos arbitrales de acuerdo con el apartado 8 que se refieran
         a actividades distintas de las contempladas en el anexo.»
      
      3        Al adoptarse la Directiva 96/71, se hizo constar la Declaración nº 10 relativa al artículo 3, apartado 10, primer guión, de
         dicha Directiva (en lo sucesivo, «Declaración nº 10») en el Acta del Consejo de la Unión Europea en los siguientes términos:
      
      «El Consejo y la Comisión han declarado:
      “Debe considerarse que los términos ‘disposiciones de orden público’ abarcan aquellas disposiciones obligatorias con respecto
         a las cuales no se pueden establecer excepciones y que, por su naturaleza y por su objetivo, se ajustan a las exigencias imperativas
         del interés público. Pueden estar incluidas en dichas disposiciones, en particular, la prohibición de los trabajos forzados
         o la implicación de autoridades públicas en el control del respeto de la normativa sobre condiciones de trabajo.”»
      
       Normativa luxemburguesa
      4        El artículo 1 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 dispone:
      
      «1)      Constituyen disposiciones de orden público nacional, en lo que atañe, en particular, a las disposiciones de carácter convencional
         o contractual, con arreglo a lo establecido en la Ley de 27 de marzo de 1986 sobre aprobación del Convenio de Roma de 19 de
         junio de 1980 sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, y, como tales, son aplicables a todos los trabajadores
         que desarrollen una actividad en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo, incluidos los que son objeto de un desplazamiento
         temporal, cualquiera que sea su duración o su naturaleza, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas,
         así como las que se deriven de convenios colectivos declarados de obligación general o de un laudo arbitral con un ámbito
         de aplicación similar al de los convenios colectivos de obligación general, relativas:
      
      1.      al contrato de trabajo escrito o al documento elaborado en virtud de la Directiva 91/533/CEE [del Consejo], de 14 de octubre
         de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato
         de trabajo o a la relación laboral [(DO L 288, p. 32)];
      
      2.      al salario social mínimo y a la adaptación automática de las retribuciones a la variación del coste de vida;
      3.      a la duración del trabajo y al descanso semanal;
      4.      a las vacaciones pagadas;
      5.      a las vacaciones colectivas;
      6.      a los días festivos fijados legalmente;
      7.      a la regulación del trabajo interino y de la cesión de trabajadores;
      8.      a la regulación del trabajo a tiempo parcial y por tiempo determinado;
      9.      a las medidas de protección aplicables a las condiciones de trabajo y de empleo de los niños y de los jóvenes, de las mujeres
         embarazadas y de las mujeres que han dado a luz recientemente;
      
      10.      a la no discriminación;
      11.      a los convenios colectivos de trabajo;
      12.      a la inactividad obligatoria derivada de los preceptos relativos al paro ocasionado por condiciones meteorológicas o técnicas;
      13.      al trabajo clandestino o ilegal, incluidas las disposiciones sobre el permiso de trabajo para trabajadores que no tengan la
         nacionalidad de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo;
      
      14.      a la seguridad y la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo en general y, en particular, a las normas sobre prevención
         de accidentes establecidas por la Association d’assurance contre les accidents en virtud del artículo 154 del Code des assurances
         sociales y a las ordenanzas mínimas relativas a la seguridad y a la protección de la salud, establecidas por Reglamento granducal
         tras el dictamen obligatorio del Conseil d’État y la aprobación de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés
         sobre la base del artículo 14 de la Ley de 17 de junio de 1994, en su versión modificada, sobre la seguridad y la protección
         de la salud de los trabajadores en el trabajo.
      
      2)      El apartado 1 del presente artículo se aplicará a todos los trabajadores, independientemente de su nacionalidad, que se encuentren
         al servicio de cualquier empresa, sin perjuicio de la nacionalidad y del lugar en que jurídicamente o de manera efectiva se
         encuentre el domicilio social de aquélla.»
      
      5        El artículo 2 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 establece:
      
      «1)      Lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Ley se aplicará igualmente a las empresas, a excepción del personal de navegación
         de la marina mercante, que, en el marco de una prestación de servicios transnacional, desplacen sus trabajadores al territorio
         del Gran Ducado de Luxemburgo.
      
      2)      Se entenderá, en particular, por desplazamiento, en el sentido del apartado 1 anterior, las operaciones siguientes efectuadas
         por las empresas afectadas, siempre que exista una relación laboral entre la empresa que desplaza y el trabajador durante
         el período que dure el desplazamiento:
      
      1.      el desplazamiento de un trabajador, incluso por un período de corta duración o predeterminado, por cuenta y bajo la dirección
         de las empresas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, al territorio del Gran Ducado de Luxemburgo, en el marco
         de un contrato celebrado entre la empresa que desplaza y el destinatario de los servicios establecido o que desarrolle su
         actividad en Luxemburgo;
      
      2.      el desplazamiento de un trabajador, incluso por un período de corta duración o predeterminado, al territorio del Gran Ducado
         de Luxemburgo, dentro de un establecimiento de la empresa que desplaza o de una empresa perteneciente al mismo grupo del que
         forma parte la empresa que desplaza;
      
      3.      el desplazamiento de un trabajador, incluso por un período de corta duración o predeterminado, por parte de una agencia de
         trabajo interino o en el marco de la cesión de trabajadores a una empresa cesionaria establecida o que desarrolle su actividad
         en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo, sin perjuicio de la aplicación de la Ley de 19 de mayo de 1994 sobre trabajo
         interino y cesión temporal de trabajadores.
      
      3)      Se entenderá por trabajador desplazado todo trabajador que trabaje habitualmente en el extranjero y que desarrolle su actividad
         laboral durante un período de tiempo limitado en el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo.
      
      4)      El concepto de relación laboral se determinará de conformidad con el Derecho luxemburgués.»
      6        El artículo 7 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 dispone:
      
      «1)       A efectos de la aplicación de la presente Ley, toda empresa, incluso si está domiciliada fuera del territorio del Gran Ducado
         de Luxemburgo o desarrolla su actividad habitualmente fuera del territorio luxemburgués, de la cual uno o varios trabajadores,
         incluidos aquellos que hayan sido desplazados temporalmente con arreglo a los artículos 1 y 2 de la presente Ley, desarrollen
         una actividad en Luxemburgo, deberá poner a disposición de la Inspection du travail et des mines, antes de que se inicie el
         trabajo, mediando un simple requerimiento y a la mayor brevedad posible, la información esencial indispensable para la labor
         inspectora y, en particular:
      
      –      los apellidos, nombres, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad y profesión de los trabajadores;
      –      la cualificación exacta de los trabajadores;
      –      la calidad en la que se les contrató en la empresa y la actividad que regularmente desempeñan en ésta;
      –      el domicilio y, en su caso, la residencia habitual de los trabajadores;
      –      si procede, la autorización de residencia o el permiso de trabajo;
      –      el lugar o los lugares de trabajo en Luxemburgo y la duración de los trabajos;
      –      la copia del impreso E 101 o, en su caso, los datos exactos de los organismos de seguridad social a los que están afiliados
         los trabajadores durante su estancia en territorio luxemburgués;
      
      –      una copia del contrato de trabajo escrito o del documento elaborado en virtud de la Directiva 91/533/CEE, de 14 de octubre
         de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato
         de trabajo o a la relación laboral.
      
      2)      Un Reglamento granducal podrá precisar la aplicación del presente artículo.»
      7        El artículo 8 de la misma Ley establece:
      
      «Toda empresa establecida en el extranjero y que tenga allí su domicilio social o que carezca de establecimiento permanente
         en Luxemburgo, en el sentido de la legislación fiscal, de la que uno o varios trabajadores desarrollen una actividad de cualquier
         tipo en Luxemburgo deberá conservar en poder de un mandatario ad hoc, residente en Luxemburgo, los documentos necesarios para el control de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente
         Ley y, en particular, del artículo 7 anterior.
      
      Dichos documentos deberán presentarse a la mayor brevedad posible, mediando un simple requerimiento, a la Inspection du travail
         et des mines. Antes de que se inicie el trabajo retribuido que se proyecte realizar, la empresa o su mandatario mencionado
         en el párrafo anterior informará previamente a la Inspection du travail et des mines, mediante carta certificada con acuse
         de recibo, sobre el lugar en que estén depositados los documentos.»
      
       Procedimiento administrativo previo
      8        Mediante un escrito de requerimiento de 1 de abril de 2004, la Comisión comunicó a las autoridades luxemburguesas que la Ley
         de 20 de diciembre de 2002 podía violar el Derecho comunitario. Señalaba que, en particular, dicha Ley:
      
      –        obliga a las empresas establecidas en otro Estado miembro y que desplazan a sus trabajadores a Luxemburgo a cumplir condiciones
         de trabajo y de empleo que van más allá de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 10, de la Directiva 96/71;
      
      –        no garantiza a los trabajadores desplazados, al margen del descanso semanal, la observancia de ningún otro período de descanso
         (descanso diario);
      
      –        carece de la claridad necesaria para garantizar la seguridad jurídica al obligar a las empresas que desplazan trabajadores
         a Luxemburgo a facilitar a la Inspection du travail et des mines antes de que se inicie el trabajo, mediando un simple requerimiento
         y a la mayor brevedad posible, la información esencial indispensable para la labor inspectora;
      
      –        limita la libre prestación de servicios al exigir que las empresas que tengan su domicilio social fuera del territorio del
         Gran Ducado de Luxemburgo o que no tengan en dicho Estado ningún establecimiento permanente conserven en poder de un mandatario
         ad hoc residente en dicho Estado miembro los documentos necesarios para la labor inspectora.
      
      9        En su respuesta de 30 de agosto de 2004, el Gran Ducado de Luxemburgo alegó que las condiciones de trabajo y de empleo que
         eran objeto de la primera imputación formulada en dicho escrito de requerimiento constituían «disposiciones de orden público»,
         como las previstas en el artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71.
      
      10      Reconoció la procedencia de la segunda imputación formulada en dicho escrito de requerimiento.
      
      11      En relación con las imputaciones tercera y cuarta que constan en aquel mismo escrito, el referido Estado miembro indicó, por
         una parte, que el artículo 7 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 no obligaba a la declaración previa y, por otra, que la
         obligación de comunicar a la Inspection du travail et des mines el nombre de un depositario que custodie los documentos exigidos
         por la ley no era una exigencia discriminatoria, sino indispensable para la labor inspectora que realiza dicho servicio administrativo.
      
      12      Al no considerar satisfactorias dichas respuestas, la Comisión reiteró sus imputaciones en un dictamen motivado de 12 de octubre
         de 2005 en el que conminó al Gran Ducado de Luxemburgo para que cumpliera sus obligaciones dentro del plazo de dos meses a
         partir de la recepción de dicho dictamen.
      
      13      Tras solicitar un plazo adicional de seis semanas, el Gran Ducado de Luxemburgo no consideró necesario responder a dicho dictamen
         motivado.
      
      14      Por consiguiente, la Comisión interpuso el presente recurso por incumplimiento, con arreglo al artículo 226 CE.
      
       Sobre el recurso
       Sobre el primer motivo, relativo a la adaptación incorrecta del ordenamiento jurídico interno al artículo 3, apartados 1 y
            10, de la Directiva 96/71
       Alegaciones de las partes
      15      Mediante su primer motivo, la Comisión alega que el Gran Ducado de Luxemburgo adaptó de manera incorrecta su ordenamiento
         jurídico interno al artículo 3, apartados 1 y 10, de la Directiva 96/71.
      
      16      La Comisión considera, más concretamente, que, al calificar indebidamente las disposiciones nacionales relativas a los ámbitos
         a que se refieren las disposiciones controvertidas de disposiciones de orden público nacional y, por lo tanto, al establecer
         que deben cumplir tales disposiciones las empresas que desplazan trabajadores a su territorio, el Gran Ducado de Luxemburgo
         impone a esas empresas obligaciones que van más allá de lo previsto en la Directiva 96/71. Según dicha institución, cada uno
         de los Estados miembros no puede determinar unilateralmente el concepto de orden público que figura en el artículo 3, apartado
         10, de dicha Directiva, ya que aquellos no pueden imponer libre y unilateralmente todas las disposiciones obligatorias de
         su Derecho del trabajo a los prestadores de servicios establecidos en otro Estado miembro.
      
      17      Señala, en primer lugar, que es una obligación de esta naturaleza la prevista en el artículo 1, apartado 1, punto 1, de la
         Ley de 20 de diciembre de 2002 de desplazar únicamente el personal vinculado a la empresa por un contrato de trabajo escrito
         o por algún otro documento que se repute análogo, a tenor de la Directiva 91/533.
      
      18      A este respecto, la Comisión recuerda que, en todo caso, el control del cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 91/533
         incumbe a las autoridades del Estado miembro de establecimiento de la empresa afectada que haya adaptado su ordenamiento jurídico
         interno a dicha Directiva y no, en el caso de un desplazamiento, al Estado miembro de acogida.
      
      19      En segundo lugar, en relación con la adaptación automática de la retribución a la variación del coste de la vida, establecida
         en el artículo 1, apartado 1, punto 2, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, la Comisión sostiene que la normativa luxemburguesa
         va en contra de la Directiva 96/71, que sólo prevé una regulación por el Estado miembro de acogida de las cuantías de salario
         en lo que atañe a los salarios mínimos.
      
      20      En tercer lugar, en relación con la observancia de la regulación del trabajo a tiempo parcial y por tiempo determinado prevista
         en el artículo 1, apartado 1, punto 8, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, la Comisión alega que, en virtud de la Directiva
         96/71, no corresponde al Estado miembro de acogida imponer su regulación en materia de trabajo a tiempo parcial y por tiempo
         determinado a las empresas que desplazan trabajadores a su territorio.
      
      21      En cuarto lugar, en relación con la obligación de atenerse a los convenios colectivos de trabajo, establecida en el artículo
         1, apartado 1, punto 11, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, la Comisión alega que no pueden constituir disposiciones de
         orden público nacional los actos que forman parte de una categoría de actos como tal, independientemente de su contenido material.
      
      22      El Gran Ducado de Luxemburgo alega que las disposiciones a que se refiere el primer motivo de la Comisión son todas ellas
         de orden público nacional, en el sentido del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71. A este respecto,
         sostiene, por una parte, que la Declaración nº 10 no puede tener ningún carácter jurídicamente imperativo y, por otra, que
         el concepto de disposiciones de orden público abarca todas las disposiciones que, a juicio del Estado de acogida, respondan
         a exigencias imperativas de interés público. Además, el Gran Ducado de Luxemburgo se refiere al procedimiento legislativo
         que culminó con la adopción de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
         relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376, p. 36).
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      –       Observaciones preliminares
      23      Con carácter preliminar, para responder a la principal de las alegaciones formuladas para articular la defensa del Gran Ducado
         de Luxemburgo, procede señalar que, según su artículo 3, apartado 1, letra a), la Directiva 2006/123 no sustituye a la Directiva
         96/71, la cual, en caso de conflicto, prevalece sobre la mencionada en primer lugar. Por lo tanto, dicho Estado miembro no
         puede basarse en el procedimiento legislativo que culminó con la adopción de la Directiva 2006/123 para fundamentar la interpretación
         que propugna de una disposición de la Directiva 96/71.
      
      24      Del considerando decimotercero de la Directiva 96/71 se desprende que las legislaciones de los Estados miembros deben ser
         coordinadas a fin de establecer un núcleo de disposiciones imperativas de protección mínima que habrán de ser respetadas,
         en el Estado de acogida, por los empresarios que desplacen a trabajadores (véase la sentencia de 18 de diciembre de 2007,
         Laval un Partneri, C‑341/05, Rec. p. I‑0000, apartado 59).
      
      25      Así, el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva dispone que los Estados miembros velarán por que, cualquiera
         que sea la legislación aplicable a la relación laboral, las empresas establecidas en otro Estado miembro, que desplacen trabajadores
         a su propio territorio en el marco de una prestación de servicios transnacional, garanticen a los trabajadores desplazados
         las condiciones de trabajo y empleo, relativas a las materias contempladas en el mismo artículo, que estén establecidas en
         el Estado miembro donde se efectúe el trabajo (sentencia de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania, C‑490/04, Rec. p. I‑6095,
         apartado 18).
      
      26      Para llevar a cabo esta misión, la referida disposición prevé con carácter exhaustivo las materias en las que los Estados
         miembros pueden hacer prevalecer las normas vigentes en el Estado miembro de acogida.
      
      27      No obstante, el artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71 reconoce a los Estados miembros la posibilidad
         de imponer, respetando el Tratado CE, de manera no discriminatoria a las empresas que desplazan trabajadores a su territorio,
         condiciones de trabajo y empleo referidas a materias distintas de las enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 de dicho
         artículo, en la medida en que se trate de disposiciones de orden público.
      
      28      Como se deduce del artículo 1, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, que establece que constituyen disposiciones
         de orden público nacional las previstas en los puntos 1 a 14 de dicho apartado, el Gran Ducado de Luxemburgo pretendió ampararse
         en el artículo 3, apartado 10, primer guión, de dicha Directiva.
      
      29      A este respecto, debe recordarse que la calificación de disposiciones nacionales de leyes de policía y de seguridad por un
         Estado miembro se refiere a las disposiciones nacionales cuya observancia se ha considerado crucial para la salvaguardia de
         la organización política, social o económica del Estado miembro de que se trate, hasta el punto de hacerlas obligatorias para
         toda persona que se encuentre en el territorio nacional de ese Estado miembro o con respecto a toda relación jurídica localizada
         en él (sentencia de 23 de noviembre de 1999, Arblade y otros, C‑369/96 y C‑376/96, Rec. p. I‑8453, apartado 30).
      
      30      Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene el Gran Ducado de Luxemburgo, la reserva de orden público constituye una
         excepción al principio fundamental de la libre prestación de servicios, que debe ser interpretada de forma restrictiva y cuyo
         alcance no puede ser determinado por los Estados miembros unilateralmente (véase, en relación con la libre circulación de
         personas, la sentencia de 31 de enero de 2006, Comisión/España, C‑503/03, Rec. p. I‑1097, apartado 45).
      
      31      En el contexto de la Directiva 96/71, el artículo 3, apartado 10, primer guión, de ésta constituye una excepción al principio
         según el cual las materias en las que el Estado miembro de acogida puede imponer sus normas a las empresas que desplazan trabajadores
         a su territorio se enumeran, con carácter exhaustivo, en el artículo 3, apartado 1, primer párrafo, de dicha Directiva. Por
         consiguiente, dicha primera disposición debe interpretarse en sentido estricto.
      
      32      Además, la Declaración nº 10, en relación con la cual la Abogado General señaló acertadamente en el punto 45 de sus conclusiones
         que puede ser invocada en apoyo de una interpretación del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, señala
         que debe considerarse que los términos «disposiciones de orden público» abarcan las disposiciones obligatorias con respecto
         a las cuales no se pueden establecer excepciones y que, por su naturaleza y su objetivo, responden a las exigencias imperativas
         de interés público.
      
      33      En todo caso, la referida disposición de la Directiva 96/71 establece que la alegación de la posibilidad que prevé no exime
         a los Estados miembros de cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado y, concretamente, las relativas
         a la libre prestación de servicios, a cuyo fomento presta especial atención el quinto considerando de dicha Directiva.
      
      34      Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones debe examinarse lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, de la Ley de
         20 de diciembre de 2002, cuya calificación de disposiciones de orden público nacional refuta la Comisión.
      
      –       En lo que atañe a la prescripción relativa al contrato escrito o al documento elaborado en virtud de la Directiva 91/533,
         contenida en el artículo 1, apartado 1, punto 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002
      
      35      Con carácter preliminar, debe señalarse que dicha prescripción corresponde a una materia que no se menciona en la lista que
         figura en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71.
      
      36      El Gran Ducado de Luxemburgo alega, por una parte, que la prescripción discutida es un mero recordatorio del requisito establecido
         en los artículos 2 y 3 de la Directiva 91/533 y, por otra, que es de orden público ya que su objetivo consiste en la protección
         de los trabajadores.
      
      37      Como señala el segundo considerando de la Directiva 91/533, la necesidad de someter las relaciones laborales a requisitos
         formales es primordial para proteger en mayor grado a los trabajadores por cuenta ajena contra una posible falta de reconocimiento
         de sus derechos y garantizar una mayor transparencia del mercado de trabajo.
      
      38      No obstante, se desprende asimismo del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva que los Estados miembros deben adoptar las
         disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esa misma Directiva.
      
      39      Por consiguiente, como establece el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 91/533, en virtud de la legislación del Estado
         miembro en el que están establecidos, todos los empresarios, incluidos los que desplacen a trabajadores, están sujetos a las
         obligaciones establecidas en dicha Directiva.
      
      40      Por consiguiente, debe señalarse que el Estado miembro del que son originarios los trabajadores desplazados debe garantizar
         el cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 1, apartado 1, punto 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002.
      
      41      En consecuencia, el efecto de la disposición impugnada es someter a las empresas que desplazan trabajadores a Luxemburgo a
         una obligación a la que ya están sujetas en el Estado miembro en que se hallan establecidas. Además, el objetivo de la Directiva
         96/71, consistente en garantizar la observancia de un núcleo duro de las disposiciones de protección de los trabajadores,
         hace que sea más superflua tal obligación adicional que, habida cuenta de los procedimientos que implica, puede disuadir a
         las empresas establecidas en otro Estado miembro de ejercer su libertad de prestación de servicios.
      
      42      Pues bien, aunque, según reiterada jurisprudencia, el Derecho comunitario no se opone a que los Estados miembros extiendan
         su legislación, o los convenios colectivos de trabajo celebrados por los interlocutores sociales, a cualquier persona que
         efectúe un trabajo por cuenta ajena, aun cuando sea temporal, en su territorio, cualquiera que sea el Estado miembro de establecimiento
         del empresario, no es menos cierto que tal facultad está supeditada al requisito de que los trabajadores afectados, que realizan
         temporalmente trabajos en el Estado de acogida, no gocen ya de la misma protección, o de una protección esencialmente comparable,
         en virtud de obligaciones que se impongan a su empresario en el Estado miembro en el que se halla establecido (véase, en este
         sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2004, Comisión/Luxemburgo, C‑445/03, Rec. p. I‑10191, apartado 29, y jurisprudencia
         allí citada).
      
      43      En particular, ya se ha declarado que la libre prestación de servicios, como principio fundamental del Tratado, sólo puede
         limitarse mediante normas justificadas por razones imperiosas de interés general y que se apliquen a cualquier persona o empresa
         que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de acogida, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado
         por las normas a las que está sujeto el prestador en el Estado miembro en el que está establecido (véanse las sentencias Arblade
         y otros, antes citada, apartado 34, así como de 25 de octubre de 2001, Finalarte y otros, C‑49/98, C‑50/98, C‑52/98 a C‑54/98
         y C‑68/98 a C‑71/98, Rec. p. I‑7831, apartado 31).
      
      44      Siendo así en relación con la protección de los trabajadores garantizada por la Directiva 91/533 y alegada por el Gran Ducado
         de Luxemburgo, debe señalarse que la exigencia establecida en el artículo 1, apartado 1, punto 1, de la Ley de 20 de diciembre
         de 2002 no es conforme con el artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, toda vez que no se impone en la
         observancia del Tratado.
      
      –       Por lo que respecta a la prescripción relativa a la adaptación automática de las retribuciones a la variación del coste de
         la vida, establecida en el artículo 1, apartado 1, punto 2, de la Ley de 20 de diciembre de 2002
      
      45      Del recurso interpuesto por la Comisión se desprende que ésta se opone no al hecho de que los salarios mínimos varíen en función
         del coste de la vida, ya que, como señala el Gran Ducado de Luxemburgo, es apodíctico que tal prescripción está comprendida
         en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 96/71, sino a la circunstancia
         de que dicha variación afecte a todas las retribuciones, incluidos los salarios que no corresponden a la categoría de salarios
         mínimos.
      
      46      No obstante, el Gran Ducado de Luxemburgo alega que dicha disposición de la Directiva 96/71 permite implícitamente al Estado
         miembro de acogida imponer su sistema de variación porcentual del conjunto de los salarios a las empresas que realizan algún
         desplazamiento a su territorio.
      
      47      A este respecto, debe señalarse que, mediante el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 96/71,
         el legislador comunitario pretendió circunscribir la facultad de intervención de los Estados miembros, en lo que a los salarios
         se refiere, a las cuantías del salario mínimo. De ello resulta que la norma de la Ley de 20 de diciembre de 2002 relativa
         a la adaptación automática de los salarios, distintos de los salarios mínimos, a la variación del coste de la vida no forma
         parte de las materias a que se refiere el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71.
      
      48      El Gran Ducado de Luxemburgo sostiene, sin embargo, que el objetivo del artículo 1, apartado 1, punto 2, de la Ley de 20 de
         diciembre de 2002 es garantizar la paz social en Luxemburgo y que, por ello, constituye un imperativo de orden público, en
         el sentido del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71, al proteger a los trabajadores contra los efectos
         de la inflación.
      
      49      A este respecto, debe recordarse que dicha disposición de la Directiva 96/71 depara al Estado miembro de acogida la posibilidad
         de imponer a las empresas que realicen un desplazamiento a su territorio condiciones de trabajo y de empleo relativas a materias
         que no son las previstas en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71, siempre que se trate de disposiciones
         de orden público. Por lo tanto, esta reserva, prevista en el artículo 10, primer guión, de la Directiva 96/71, constituye
         una excepción al sistema establecido por dicha Directiva, así como al principio fundamental de la libre prestación de servicios
         sobre el que se funda la misma Directiva y debe ser interpretado en sentido estricto.
      
      50      Así, el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de puntualizar que, si bien los Estados miembros siguen pudiendo determinar libremente,
         en lo esencial, de conformidad con sus necesidades nacionales, las exigencias de orden público, no obstante, en el contexto
         comunitario y, en particular, como justificación de una excepción al principio fundamental de la libre prestación de servicios,
         dicho concepto debe interpretarse en sentido estricto, de manera que cada Estado miembro no pueda determinar unilateralmente
         su alcance sin control por parte de las instituciones de la Comunidad Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 14
         de octubre de 2004, Omega, C‑36/02, Rec. p. I‑9609, apartado 30). De ello se deriva que el orden público sólo puede invocarse
         en caso de que exista una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad (véase la
         sentencia de 14 de marzo de 2000, Église de scientologie, C‑54/99, Rec. p. I‑1335, apartado 17).
      
      51      Debe recordarse que las razones que puede invocar un Estado miembro para justificar una excepción al principio de la libre
         prestación de servicios deben ir acompañadas de un examen de la oportunidad y de la proporcionalidad de la medida restrictiva
         adoptada por ese Estado, así como de datos precisos en los que pueda sustentarse su argumentación (véase, en este sentido,
         la sentencia de 7 de junio de 2007, Comisión/Bélgica, C‑254/05, Rec. p. I‑4269, apartado 36 y jurisprudencia allí citada).
      
      52      Por consiguiente, para permitir que el Tribunal de Justicia aprecie si las medidas controvertidas son necesarias y proporcionadas
         en relación con el objetivo de salvaguardia del orden público, el Gran Ducado de Luxemburgo debería haber aportado datos que
         permitieran demostrar si la aplicación a los trabajadores desplazados a Luxemburgo de la prescripción relativa a la adaptación
         automática de los salarios a la variación del coste de la vida puede contribuir a la realización de tal objetivo, y en qué
         medida ello es así.
      
      53      En el caso de autos, no obstante, debe observarse que el Gran Ducado de Luxemburgo se limitó a alegar de una manera general
         los objetivos de protección del poder adquisitivo de los trabajadores y de paz social sin aportar ningún elemento que permitiera
         evaluar la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.
      
      54      Por consiguiente, el Gran Ducado de Luxemburgo no ha demostrado de manera suficiente en Derecho que el artículo 1, apartado
         1, punto 2, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 forma parte de las disposiciones de orden público, en el sentido del artículo
         3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71.
      
      55      En consecuencia, dicho Estado miembro no puede invocar la excepción de orden público prevista en el artículo 3, apartado 10,
         primer guión, de la Directiva 96/71 para imponer a las empresas que realizan algún desplazamiento a su territorio la prescripción
         relativa a la adaptación automática de los salarios que no sean los salarios mínimos a la variación del coste de la vida.
      
      –       En lo que atañe a la prescripción relativa a la regulación del trabajo a tiempo parcial y por tiempo determinado, prevista
         en el artículo 1, apartado 1, punto 8, de la Ley de 20 de diciembre de 2002
      
      56      El Gran Ducado de Luxemburgo sostiene que el objetivo de tal disposición es asegurar la protección de los trabajadores garantizando
         el principio de igualdad de trato y de retribución entre los trabajadores a tiempo pleno y aquellos que trabajan a tiempo
         parcial, según postulan las Directivas 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al acuerdo marco sobre el
         trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), y 1999/70/CE del Consejo, de 28 de
         junio de 1999, relativa al acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175,
         p. 43).
      
      57      Procede señalar que la referida prescripción afecta a una materia que no se menciona en la lista que figura en el artículo
         3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71.
      
      58      No se discute que, teniendo en cuenta los imperativos que llevan aparejadas, las obligaciones que implica el artículo 1, apartado
         1, punto 8, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 puedan obstaculizar el ejercicio de la libertad de prestación de servicios
         por parte de las empresas que deseen desplazar trabajadores a Luxemburgo.
      
      59      A este respecto, debe señalarse que, en virtud del artículo 2, apartado 1, de las Directivas 97/81 y 1999/70, corresponde
         a los Estados miembros adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a dichas
         Directivas.
      
      60      Por consiguiente, en la medida en que el cumplimiento de la exigencia establecida en la disposición nacional controvertida
         es objeto de control en el Estado miembro en el que la empresa que desee desplazar trabajadores a Luxemburgo está establecida,
         por los mismos motivos que los mencionados en los apartados 41 a 43 de la presente sentencia, el Gran Ducado de Luxemburgo
         no puede invocar la excepción de orden público derivada del artículo 3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71 para
         justificar la prescripción nacional controvertida.
      
      61      De ello se deduce que el artículo 1, apartado 1, punto 8, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 no es conforme al artículo
         3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71.
      
      –       En lo que atañe a la prescripción relativa a las disposiciones imperativas del Derecho nacional en materia de convenios colectivos
         de trabajo que figura en el artículo 1, apartado 1, punto 11, de la Ley de 20 de diciembre de 2002
      
      62      El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 96/71 define los instrumentos mediante los que se establecen las
         condiciones de trabajo y de empleo del Estado miembro de acogida relativos a las materias previstas en ese mismo apartado,
         letras a) a g), que son garantías para los trabajadores desplazados. El segundo guión de dicha disposición se refiere, en
         particular, a los convenios colectivos declarados de aplicación general.
      
      63      Al igual que dicha disposición, el artículo 1, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 establece que constituyen
         disposiciones de orden público nacional las que resultan, en particular, de convenios colectivos declarados de obligación
         general relativos a las materias a que se refieren sus puntos 1 a 14. En su punto 11 se alude a las disposiciones relativas
         a los convenios colectivos de trabajo.
      
      64      Sin embargo, tal disposición no puede constituir una excepción de orden público en el sentido del artículo 3, apartado 10,
         primer guión, de la Directiva 96/71.
      
      65      En primer lugar, nada justifica que las disposiciones referentes a los convenios colectivos de trabajo, es decir, las que
         regulan su elaboración y su aplicación, puedan subsumirse, per se y sin más precisión, en el concepto de orden público.
      
      66      En segundo lugar, se impone tal afirmación en relación con las propias disposiciones de tales convenios colectivos que tampoco
         pueden subsumirse en dicho concepto, en su totalidad y por el mero motivo de que emanan de ese tipo de actos.
      
      67      En tercer lugar, el Gran Ducado de Luxemburgo no puede sostener la tesis de que el artículo 1, apartado 1, punto 11, de la
         Ley de 20 de diciembre de 2002, concreta in fine la autorización otorgada a los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartado 10, segundo guión, de la Directiva 96/71.
         En efecto, esta disposición se refiere exclusivamente a las condiciones de trabajo y de empleo establecidas por los convenios
         colectivos declarados de aplicación general. Pues bien, no es así en cuanto a dicho artículo 1, apartado 1, punto 11, que
         se refiere de manera expresa, y por contraste con la frase introductoria de ese mismo artículo 1, simplemente a los convenios
         colectivos de trabajo.
      
      68      En consecuencia, el artículo 1, apartado 1, punto 11, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 es incompatible con el artículo
         3, apartado 10, primer guión, de la Directiva 96/71.
      
      69      Por consiguiente, de lo que precede resulta que el primer motivo invocado por la Comisión es fundado.
      
       Sobre el segundo motivo, relativo a la adaptación incompleta del ordenamiento jurídico nacional al artículo 3, apartado 1,
            letra a), de la Directiva 96/71 inherente al respeto de los períodos mínimos de descanso
       Alegaciones de las partes
      70      Mediante su segundo motivo, la Comisión recrimina al Gran Ducado de Luxemburgo que haya adaptado de forma incompleta su ordenamiento
         jurídico interno al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 96/71, relativo al respeto de los períodos
         máximos de trabajo y los períodos mínimos de descanso.
      
      71      El Gran Ducado de Luxemburgo reconoció que este motivo era procedente e indicó que había adoptado el artículo 4 de la Ley
         de 19 de mayo de 2006 por el que se modifica la Ley de 20 de diciembre de 2002 (Mémorial A 2006, p.1806) a fin de que la normativa nacional fuera acorde con las disposiciones comunitarias pertinentes.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      72      Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la
         situación del Estado miembro tal como ésta se presenta al final del plazo señalado en el dictamen motivado y que los cambios
         ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias
         de 14 de septiembre de 2004, Comisión/España, C‑168/03, Rec. p. I‑8227, apartado 24; de 14 de julio de 2005, Comisión/Alemania,
         C‑433/03, Rec. p. I‑6985, apartado 32, y de 27 de septiembre de 2007, Comisión/Luxemburgo, C‑354/06, no publicado en la Recopilación,
         apartado 7).
      
      73      Pues bien, en el caso de autos, es pacífico que, al término del plazo establecido en el dictamen motivado, el Gran Ducado
         de Luxemburgo no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la adaptación completa de su ordenamiento jurídico
         nacional al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 96/71.
      
      74      Por consiguiente, el segundo motivo invocado por la Comisión es fundado.
      
       Sobre el tercer motivo, relativo a la infracción del artículo 49 CE por falta de claridad de las disposiciones de control
            establecidas en el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002
       Alegaciones de las partes
      75      Mediante su tercer motivo, la Comisión alega que, debido a su falta de claridad, el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20
         de diciembre de 2002 puede generar una inseguridad jurídica para las empresas que deseen desplazar trabajadores a Luxemburgo.
         Así, la obligación de toda empresa de poner a disposición de la Inspection du travail et des mines antes de que se inicie
         el trabajo, mediando un simple requerimiento y a la mayor brevedad posible, la información esencial indispensable para la
         labor inspectora es similar, en el caso de un desplazamiento, a un procedimiento de declaración previo incompatible con el
         artículo 49 CE. No obstante, si no fuera así, debería modificarse el texto de la disposición controvertida para excluir toda
         ambigüedad jurídica.
      
      76      El Gran Ducado de Luxemburgo considera que el texto del artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 es suficientemente
         claro y que, en todo caso, no impone obligación alguna de declaración previa. A este respecto, considera que la puesta a disposición
         de la información indispensable para la labor inspectora «antes de que se inicie el trabajo» significa que dicha información
         puede comunicarse el día en que se inicie éste.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      77      En primer lugar, debe señalarse que, dado que la Ley de 20 de diciembre de 2002 no prevé ninguna otra comunicación de información
         entre la empresa que desplaza trabajadores y la Inspection du travail et des mines, es difícil imaginar por qué medio esta
         última podría exigir indicaciones de esa empresa antes del inicio del trabajo, en la medida en que no podría tener constancia
         de la presencia de dicha empresa en el territorio luxemburgués sin que de alguna manera ésta hubiera anunciado previamente
         su llegada. Por lo tanto, como ha señalado la Abogado General en el punto 76 de sus conclusiones, se plantea la cuestión del
         papel atribuido a la empresa que desee desplazar trabajadores, papel necesariamente previo a todo requerimiento de información
         procedente de la Inspection du travail et des mines y que, en todo caso, no define la Ley de 20 de diciembre de 2002.
      
      78      Por ello, no puede ser pertinente la interpretación de la expresión «antes de que se inicie el trabajo» que figura en el artículo
         7, apartado 1, de dicha Ley, defendida por el Gran Ducado de Luxemburgo. En efecto, es evidente que tal expresión significa
         no sólo que la información debe facilitarse el mismo día del inicio del trabajo, sino que igualmente debe permitir tomar en
         consideración un período más o menos largo, anterior a ese día.
      
      79      En segundo lugar, como ha señalado la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, de lo dispuesto en la Ley de 4 de
         abril de 1974 sobre reorganización de la Inspection du travail et des mines (Mémorial A 1974, p. 486), a la que remite el artículo 9, apartado 2, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 para la definición de la
         facultad de control de dicha autoridad administrativa, y, en particular, de los artículos 13 a 17 de dicha Ley de 4 de abril
         de 1974, se desprende que la Inspection du travail et des mines puede ordenar la paralización inmediata de la actividad de
         los trabajadores desplazados si el empresario de éstos no se atiene a la orden conminatoria de facilitar información que se
         le remita. Por otra parte, el artículo 28 de dicha Ley establece que el incumplimiento de la referida obligación puede entrañar
         la apertura de diligencias penales contra la empresa afectada.
      
      80      Teniendo en cuenta los anteriores elementos, ha de señalarse que el procedimiento de declaración previa que debe seguir una
         empresa que desee realizar un desplazamiento al territorio luxemburgués no se halla desprovisto de ambigüedades.
      
      81      Pues bien, dichas ambigüedades, que caracterizan el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, pueden disuadir
         a las empresas que deseen desplazar trabajadores a Luxemburgo de ejercer su libertad de prestación de servicios. En efecto,
         por una parte, el alcance de los derechos y de las obligaciones de tales empresas no se deduce con precisión de la referida
         disposición. Por otra parte, las empresas que no hayan cumplido las obligaciones establecidas por dicha disposición pueden
         ser objeto de sanciones de cierta importancia.
      
      82      Por consiguiente, dado que el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, debido a su falta de claridad
         a causa de las ambigüedades que contiene, es incompatible con el artículo 49 CE, el tercer motivo invocado por la Comisión
         es fundado.
      
       Sobre el cuarto motivo, relativo a la infracción del artículo 49 CE debido a la obligación de las empresas afectadas de designar
            a un mandatario ad hoc residente en Luxemburgo para la conservación de los documentos necesarios para la labor inspectora de las autoridades nacionales
            competentes
       Alegaciones de las partes
      83      Mediante su cuarto motivo, la Comisión considera que, al obligar a las empresas cuyo domicilio social se encuentre fuera del
         territorio luxemburgués y que desplazan a trabajadores a dicho territorio, a depositar, antes del inicio del desplazamiento,
         en un mandatario ad hoc residente en Luxemburgo los documentos necesarios para controlar las obligaciones que les incumben con arreglo a la Ley de
         20 de diciembre de 2002 y de dejárselos en su poder durante un período indeterminado posterior al fin de la prestación, el
         artículo 8 de la referida Ley restringe la libre prestación de servicios. En efecto, a su juicio, el sistema de cooperación
         y de intercambio de información previsto en el artículo 4 de la Directiva 96/71 convierte en superflua tal obligación.
      
      84      El Gran Ducado de Luxemburgo observa, en primer lugar, que el mecanismo de cooperación al que se refiere la Comisión no permite
         que las autoridades administrativas competentes realicen controles ordinarios con la eficacia requerida. Además, precisa que
         la disposición nacional cuestionada no exige ninguna forma jurídica específica en cuanto a la función del mandatario. Por
         último, al margen del depósito de los documentos necesarios para la actividad inspectora en un mandatario durante un período
         posterior al desplazamiento, sólo se exige el depósito de aquellos el mismo día en que se inicia la prestación de que se trate.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      85      Es pacífico que la obligación prevista en el artículo 8 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 supone algunas cargas administrativas
         y económicas adicionales para las empresas establecidas en otro Estado miembro, por lo que éstas no se encuentran en pie de
         igualdad, desde el punto de vista de la competencia, con los empresarios establecidos en el Estado miembro de acogida, lo
         cual puede disuadirlas de prestar servicios en este último Estado miembro.
      
      86      En efecto, por una parte, la disposición impugnada exige que el mandatario en el que se depositan los documentos requeridos
         resida en Luxemburgo.
      
      87      Por otra parte, dicha disposición establece una obligación de conservación de los documentos relativos, en particular, a las
         indicaciones previstas en el artículo 7 de la Ley de 20 de diciembre de 2002, sin precisar, no obstante, el período durante
         el cual deben conservarse tales documentos ni si dicha obligación se refiere únicamente al período posterior a la prestación
         del servicio o igualmente a un período anterior al inicio de la prestación.
      
      88      Para justificar tal restricción a la libre prestación de servicios, el Gran Ducado de Luxemburgo aduce la necesidad de permitir
         un control efectivo por la Inspection du travail et des mines del cumplimiento de la normativa laboral.
      
      89      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la protección eficaz de los trabajadores puede exigir que estén
         disponibles determinados documentos en el lugar de la prestación o, como mínimo, en un lugar accesible y claramente identificado
         del territorio del Estado miembro de acogida a disposición de las autoridades de ese Estado competentes para realizar la labor
         inspectora (véase, en este sentido, la sentencia Arblade y otros, antes citada, apartado 61).
      
      90      Sin embargo, el Tribunal de Justicia añadió, en el apartado 76 de la sentencia Arblade y otros, antes citada, en relación
         con la obligación de tener disponibles y conservar determinados documentos en el domicilio de una persona física domiciliada
         en el Estado miembro de acogida, que los posea como mandatario o encargado del empresario que lo haya designado, incluso una
         vez que el empresario haya dejado de ocupar a trabajadores en ese Estado, que no basta, para justificar tal restricción a
         la libre prestación de servicios, que la existencia de tales documentos en el territorio del Estado miembro de acogida pueda
         facilitar, en general, el cumplimiento del deber de inspección de las autoridades de ese Estado. Es preciso asimismo que tales
         autoridades no puedan cumplir de una manera eficaz su deber de inspección si la empresa no dispone, en dicho Estado miembro,
         de un mandatario o encargado que conserve los referidos documentos. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado
         que la obligación de conservar documentos impuesta a una persona física domiciliada en el territorio del Estado miembro de
         acogida carece de justificación (véase la sentencia Arblade y otros, antes citada, apartado 77).
      
      91      En el caso de autos, el Gran Ducado de Luxemburgo no ha aportado ningún elemento concreto en apoyo de la tesis de que únicamente
         la conservación de los documentos de que se trata por un mandatario residente en Luxemburgo permitiría que dichas autoridades
         realizasen la labor inspectora que les incumbe. En todo caso, la designación de un trabajador presente en el lugar de la prestación
         de servicios con el cometido de poner a disposición de las autoridades nacionales competentes los documentos necesarios para
         realizar la labor inspectora constituiría una medida menos restrictiva de la libre prestación de servicios y tan eficaz como
         la obligación controvertida.
      
      92      Además, debe recordarse que el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 79 de la sentencia Arblade y otros, antes citada,
         que el sistema organizado de cooperación o intercambio de información entre Estados miembros previsto en el artículo 4 de
         la Directiva 96/71 hace superflua la conservación de tales documentos en el Estado miembro de acogida una vez que el empresario
         ha cesado de ocupar en él a trabajadores.
      
      93      Por lo tanto, el Gran Ducado de Luxemburgo no puede exigir a las empresas que desplazan trabajadores que hagan lo necesario
         para conservar dichos documentos en el territorio luxemburgués al término de la prestación de los servicios.
      
      94      Por consiguiente, tampoco puede exigirse que un mandatario residente en Luxemburgo conserve esos mismos documentos, en la
         medida en que, dado que la empresa afectada está presente físicamente en el territorio luxemburgués durante la prestación
         de los servicios, los documentos en cuestión pueden quedar en poder de un trabajador desplazado que cuidará de su conservación.
      
      95      Por último, procede señalar que, si bien el artículo 8, párrafo segundo, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 no establece
         expresamente ninguna obligación de conservación de los documentos necesarios para la actividad inspectora, en Luxemburgo,
         antes de que se inicie el trabajo, dicha disposición precisa que la identidad del mandatario debe comunicarse a las autoridades
         competentes a más tardar antes de que se inicie el trabajo retribuido que pretende realizarse. Por lo tanto, la interpretación
         que propugna el Gran Ducado de Luxemburgo, según la cual tales documentos sólo deben estar disponibles el día del inicio del
         trabajo, no se sustenta en la disposición controvertida. En todo caso, tal obligación de conservación de dichos documentos
         con anterioridad al inicio del trabajo constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios que el Gran Ducado de Luxemburgo
         debe justificar mediante otra argumentación que no consista en meras dudas en cuanto a la eficacia del sistema organizado
         de cooperación o de intercambio de información entre Estados miembros establecido en el artículo 4 de la Directiva 96/71.
      
      96      De lo que antecede se desprende que, por cuanto el artículo 8 de la Ley de 20 de diciembre de 2002 es incompatible con el
         artículo 49 CE, debe acogerse el recurso en su integridad.
      
      97      Por consiguiente, procede declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
         del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/61, en relación con el apartado 10 de dicho artículo, así como de los artículos
         49 CE y 50 CE:
      
      –        al haber declarado que los puntos 1, 2, 8 y 11 del artículo 1, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002 constituyen
         disposiciones de orden público nacional;
      
      –        al haber adaptado de manera incompleta su ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo
         primero, letra a), de la Directiva 96/71;
      
      –        al establecer, en el artículo 7, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, los requisitos relativos al acceso a las
         indicaciones esenciales indispensables para la labor inspectora por las autoridades nacionales competentes de una manera carente
         de la claridad necesaria para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que deseen desplazar trabajadores a Luxemburgo, y
      
      –        al obligar, en el artículo 8 de la referida Ley, a conservar en Luxemburgo, en poder de un mandatario ad hoc residente en dicho Estado, los documentos necesarios para la labor inspectora.
      
       Costas
      98      A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo,
         y al haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
      1)      Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3, apartado
            1, de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores
            efectuado en el marco de una prestación de servicios, en relación con el apartado 10 de dicho artículo, así como de los artículos
            49 CE y 50 CE:
      –        al haber declarado que los puntos 1, 2, 8 y 11 del artículo 1, apartado 1, de la Ley de 20 de diciembre de 2002, por la que
            se adapta el ordenamiento jurídico interno a la Directiva 96/71 y por la que se regula el control de la aplicación del Derecho
            del trabajo, constituyen disposiciones de orden público nacional;
      –        al haber adaptado de manera incompleta su ordenamiento jurídico interno a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo
            primero, letra a), de la Directiva 96/71;
      –        al establecer, en el artículo 7, apartado 1, de dicha Ley de 20 de diciembre de 2002, los requisitos relativos al acceso a
            las indicaciones esenciales indispensables para la labor inspectora por las autoridades nacionales competentes de una manera
            carente de la claridad necesaria para garantizar la seguridad jurídica de las empresas que deseen desplazar trabajadores a
            Luxemburgo; y
      –        al obligar, en el artículo 8 de la referida Ley, a conservar en Luxemburgo, en poder de un mandatario ad hoc residente en dicho Estado, los documentos necesarios para la labor inspectora.
      2)      Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.