CELEX: 62006CJ0265
Language: es
Date: 2008-04-10
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de abril de 2008. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Portuguesa. # Incumplimiento de Estado - Libre circulación de mercancías - Artículos 28 CE y 30 CE - Artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE - Restricciones cuantitativas a la importación - Medidas de efecto equivalente - Vehículos automóviles - Colocación de láminas tintadas en los cristales de los automóviles. # Asunto C-265/06.

Asunto C‑265/06
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      República Portuguesa
      «Incumplimiento de Estado — Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE — Artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE — Restricciones cuantitativas a la importación — Medidas de efecto equivalente — Vehículos automóviles — Colocación de láminas tintadas en los cristales de los automóviles»
      Sumario de la sentencia
      Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente
      (Arts. 28 CE y 30 CE; Acuerdo EEE, arts. 11 y 13)
      Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE, 30 CE, así como 11 y 13 del Acuerdo sobre el Espacio
         Económico Europeo un Estado miembro cuya legislación prohíbe colocar láminas tintadas en los parabrisas y en los cristales
         situados junto a los asientos de los pasajeros en los vehículos automóviles. En efecto, esta prohibición afecta a la comercialización
         de la práctica totalidad de las láminas tintadas, legalmente fabricadas y comercializadas en otros Estados miembros o en Estados
         firmantes del Acuerdo EEE, destinadas a ser colocadas en los cristales de los vehículos automóviles y es excesiva y desproporcionada
         en relación con los objetivos de lucha contra la criminalidad y de seguridad vial que pretende garantizar. De este modo, si
         bien resulta adecuada para facilitar el control del interior de los vehículos automóviles mediante la simple observación desde
         el exterior, no se desprende de ello que sea necesaria para alcanzar dichos objetivos. A este respecto, por una parte, el
         control visual no es más que un medio entre otros, para luchar contra la criminalidad y sancionar los incumplimientos de la
         obligación de utilizar el cinturón de seguridad y, por otra parte, al menos algunas láminas, a saber las que tienen un grado
         de transparencia suficiente, permiten el examen visual del habitáculo de los vehículos automóviles que se pretende llevar
         a cabo.
      
      (véanse los apartados 35, 38, 40 a 42, 46 y 47)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 10 de abril de 2008 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Libre circulación de mercancías – Artículos 28 CE y 30 CE – Artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE – Restricciones cuantitativas a la importación – Medidas de efecto equivalente – Vehículos automóviles – Colocación de láminas tintadas en los cristales de los automóviles»
      En el asunto C‑265/06,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 16 de junio de 2006,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Caeiros y P. Guerra e Andrade y la Sra. M. Patakia, en calidad de agentes, que designa domicilio
         en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      República Portuguesa, representada por el Sr. L. Fernándes, en calidad de agente, asistido por el Sr. A. Duarte de Almeida, advogado,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. U. Lõhmus y J. Klučka, la Sra. P. Lindh (Ponente) y el Sr.
         A. Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de noviembre de 2007;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de diciembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
         Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE, 30 CE, así como 11 y 13 del Acuerdo
         sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al haber prohibido,
         en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003, de 11 de marzo de 2003 (Diário da República I, serie A, nº 59, de 11 de marzo de 2003), la colocación de láminas tintadas en los cristales de los vehículos automóviles.
      
       Marco jurídico 
       Normativa comunitaria
      2        El legislador comunitario no ha aprobado normativa alguna en materia de láminas tintadas destinadas a ser colocadas en los
         cristales de los vehículos automóviles.
      
      3        En cambio, existe una normativa comunitaria sobre la homologación de los cristales de seguridad de los vehículos automóviles
         colocados desde un principio, es decir, antes de la puesta en circulación de dichos vehículos, que regula en particular los
         colores de los cristales. Dicha normativa incluye la Directiva 92/22/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a los
         cristales de seguridad y a los materiales para acristalamiento de los vehículos de motor y sus remolques (DO L 129, p. 11),
         en su versión modificada por la Directiva 2001/92/CE de la Comisión, de 30 de octubre de 2001 (DO L 291, p. 24) (en lo sucesivo,
         «Directiva 92/22»).
      
      4        El tercer considerando de su exposición de motivos y el anexo II B de la Directiva 2001/92 se remiten al Reglamento nº 43
         de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, que lleva el título «Condiciones uniformes para la homologación
         de materiales de acristalamientos de seguridad y su montaje en los vehículos» (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 1/Add 42/Rev. 2;
         en lo sucesivo, «Reglamento nº 43»).
      
      5        El artículo 4 del citado Reglamento establece que, por lo que atañe al parabrisas, el factor de transmisión regular de la
         luz no deberá ser inferior al 75 %. En lo que se refiere a los cristales de seguridad distintos de los parabrisas situados
         dentro del campo de visión del conductor hacia delante, dicho factor deberá ser por lo menos del 70 %. En cuanto a los cristales
         de seguridad, situados dentro del campo de visión del conductor hacia atrás, el factor de transmisión de la luz podrá ser
         inferior al 70 % si el vehículo está equipado con dos espejos retrovisores exteriores.
      
       Normativa nacional
      6        El artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003 dispone:
      
      «Queda prohibida la colocación de láminas tintadas en los cristales de vehículos automóviles destinados al transporte de personas
         o de mercancías, con excepción de los autoadhesivos reglamentarios y de las láminas opacas no reflectantes colocadas en los
         remolques de los automóviles destinados al transporte de mercancías.»
      
       Fase administrativa previa
      7        El 1 de abril de 2004, la Comisión dirigió a la República Portuguesa un escrito de requerimiento, en el que afirmaba que dicho
         Estado miembro había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE, 30 CE, 11 y 13 del Acuerdo
         EEE, así como del artículo 8 de la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la
         que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 204, p. 37), al
         haber prohibido, en el artículo 2, apartado 1 del Decreto-ley nº 40/2003 la colocación de láminas tintadas en los cristales
         de los vehículos automóviles destinados al transporte de pasajeros o de mercancías, con excepción de los autoadhesivos reglamentarios
         y de las láminas opacas no reflectantes colocadas en los remolques de los automóviles destinados al transporte de mercancías,
         y al no haber comunicado a la Comisión el texto del citado Decreto-ley en la fase de proyecto.
      
      8        Mediante escrito de 28 de junio de 2004, la República Portuguesa respondió a dicho escrito de requerimiento.
      
      9        Al no convencerle la citada respuesta, la Comisión envió un dictamen motivado a la República Portuguesa, el 22 de diciembre
         de 2004, en el que instaba a ésta a atenerse al mismo en un plazo de dos meses contados a partir de su recepción.
      
      10      La República Portuguesa hizo saber, mediante un escrito de 22 de julio de 2005, en respuesta al dictamen motivado, que tenía
         previsto derogar la disposición que prohíbe la colocación de láminas tintadas en los cristales de los vehículos automóviles,
         es decir el artículo 2, apartado 1 del Decreto-ley nº 40/2003.
      
      11      La República Portuguesa informó también a la Comisión de que, por lo que atañe a la colocación de láminas tintadas en los
         citados cristales, se estaba redactando un proyecto de reglamentación técnica que se incluiría en un texto legal. En el mes
         de diciembre de 2005, se notificó a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/34, un proyecto de Orden Ministerial
         que contenía tales normas.
      
      12      Habida cuenta de dicha notificación, la Comisión decidió desistir de la imputación relativa al hecho de no haber notificado
         el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003 en la fase de proyecto.
      
      13      En cambio, la Comisión mantuvo la imputación relativa a la incompatibilidad de dicha disposición con los artículos 28 CE,
         30 CE y 11 y 13 del Acuerdo EEE e interpuso el presente recurso el 16 de junio de 2006.
      
       Sobre el recurso
       Alegación de las partes
      14      La Comisión considera que el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003, que prohíbe la colocación de todo tipo de
         láminas tintadas que tengan la finalidad de filtrar la luz por el parabrisas y por los cristales colocados frente a los asientos
         de los pasajeros en los vehículos automóviles, impide, en la práctica, la comercialización en Portugal de las láminas tintadas
         fabricadas legalmente y/o comercializadas en otro Estado miembro o en otro Estado firmante del Acuerdo EEE, contraviniendo
         así los artículos 28 CE y 30 CE, así como los artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE.
      
      15      Efectivamente, según la Comisión, si los posibles interesados, sean comerciantes o particulares, saben que no podrán colocar
         tales láminas en los cristales de los vehículos automóviles, no los comprarán.
      
      16      La Comisión recuerda que, según el Reglamento nº 43, aplicable en virtud de la Directiva 92/22, el parabrisas y los demás
         cristales situados dentro del campo visual del conductor hacia delante, ante un punto que la propia Comisión designa con la
         denominación «elemento B», deberán poseer un factor de transmisión regular de la luz de al menos el 75 y el 70 %, respectivamente.
         En consecuencia, tales cristales podrán estar tintados si cumplen tales exigencias.
      
      17      Por otra parte, la Comisión alega que, en lo que atañe a los cristales situados detrás del elemento B, no está previsto ningún
         factor mínimo de transmisión regular de la luz, cuando tales cristales no desempeñen un papel esencial en la visión del conductor.
         Ello significa en la práctica que un vehículo automóvil podrá estar equipado detrás con dicho elemento de cristales de colores
         que tengan un factor muy reducido de transmisión regular de la luz, siempre que el vehículo tenga dos espejos retrovisores
         exteriores.
      
      18      La Comisión reprocha de esta forma a la República Portuguesa haber prohibido la colocación de toda clase de láminas tintadas
         en los parabrisas y en los cristales próximos a los asientos de los pasajeros en los vehículos automóviles destinados al transporte
         de pasajeros y de mercancías, incluso cuando dichas láminas permitan que el factor de transmisión regular de la luz alcance
         los valores mínimos previstos por el Reglamento nº 43.
      
      19      La Comisión alega que, al no existir disposiciones armonizadas a nivel comunitario, los Estados miembros pueden, ciertamente,
         establecer el nivel de protección de la seguridad vial que consideren adecuado en su territorio y adoptar medidas encaminadas
         a proteger la seguridad pública. Sin embargo, la Comisión estima que la República Portuguesa no ha alegado dato alguno que
         permita estimar que la utilización de una lámina tintada, sean cuales fueren su color y sus características, en particular
         su factor de transmisión luminosa, suponga un riesgo para la seguridad pública y/o para la seguridad vial. Por lo tanto, la
         disposición controvertida no es necesaria ni proporcionada a los objetivos que se pretende alcanzar.
      
      20      La República Portuguesa no niega los hechos expuestos en el escrito de interposición del recurso. En cambio, manifiesta su
         disconformidad con la interpretación, el valor y la significación de algunos de tales hechos.
      
      21      En primer lugar, la República Portuguesa afirma que la Comisión no estaba facultada para interponer un recurso contra ella,
         dado que dicho Estado miembro había comunicado, en la fase administrativa previa, que iba a proceder a modificar su legislación
         en el sentido preconizado por la Comisión. El proyecto de modificación, que fue notificado a esta última, implica, según la
         República Portuguesa, que dicho Estado miembro había levantado la prohibición contenida en el artículo 2, apartado 1 del Decreto-ley
         nº 40/2003.
      
      22      A continuación, si bien la República Portuguesa reconoce que dicha disposición constituye una restricción a la libre circulación
         de mercancías, alega que está justificada, en todo caso, por objetivos de seguridad vial y de seguridad pública.
      
      23      De esta forma, la República Portuguesa pone de relieve que la prohibición pretende permitir a las autoridades competentes
         ver rápidamente desde el exterior el interior de los vehículos, sin que sea necesario inmovilizarlos, con el fin de comprobar,
         en primer lugar, el cumplimiento de la norma que obliga a utilizar el cinturón de seguridad y, en segundo lugar, identificar
         a los posibles delincuentes, en aras de la lucha contra la criminalidad.
      
      24      Para terminar, la República Portuguesa no considera que existan medios menos restrictivos que permitan garantizar la consecución
         de los objetivos de seguridad vial y de seguridad pública que se ha fijado. Sobre este particular, señala que la prohibición
         de colocar láminas tintadas en los cristales de los vehículos no es total, sino parcial, ya que no se aplica a los remolques
         de los automóviles destinados al transporte de mercancías ni a los vehículos no automóviles, como los buques.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      25      Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE,
         la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación, tal como ésta se presentaba al finalizar el
         plazo señalado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal
         de Justicia (véanse las sentencias de 17 de enero de 2002, Comisión/Bélgica, C‑423/00, Rec. p. I‑593, apartado 14, y de 7
         de junio de 2007, Comisión/Bélgica, C‑254/05, Rec. p. I‑4269, apartado 39).
      
      26      Pues bien, en el presente caso, consta que, al expirar el plazo de dos meses establecido en el dictamen motivado, la República
         Portuguesa aún no había derogado el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003, por el que se prohibía la colocación
         de láminas tintadas en los cristales de los vehículos automóviles. La circunstancia de que dicho Estado miembro notificara
         posteriormente un proyecto de normativa que no contenía la disposición controvertida no modifica en nada la existencia de
         tal disposición en el momento pertinente.
      
      27      Por consiguiente, debe examinarse la conformidad de dicha disposición, tal como se recoge en el apartado 6 de la presente
         sentencia, con las disposiciones del Derecho comunitario y del Derecho del Espacio Económico Europeo mencionadas por la Comisión.
      
      28      Debe señalarse que la Directiva 92/22 no regula las láminas tintadas destinadas a ser colocadas en los cristales de los vehículos
         automóviles, sino tan sólo los cristales con que están equipados tales vehículos desde un principio, a saber las láminas tintadas.
      
      29      Por consiguiente, al no existir una armonización a nivel comunitario, el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003
         debe examinarse a la luz de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías y de las disposiciones
         concordantes del Acuerdo EEE.
      
      30      Puesto que estas últimas están redactadas en términos casi idénticos a los del Tratado, debe entenderse que las consideraciones
         siguientes, relativas a los artículos 28 CE y 30 CE son aplicables a las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE, los
         artículos 11 y 13 de éste.
      
      –       Sobre la existencia de una restricción a la libre circulación de mercancías
      31      Según reiterada jurisprudencia, toda normativa de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real
         o potencialmente, el comercio intracomunitario, debe considerarse como una medida de efecto equivalente a las restricciones
         cuantitativas, prohibida por el artículo 28 CE (véanse, en particular, las sentencias de 11 de julio de 1974, Dassonville,
         8/74, Rec. p. 837, apartado 5; de 19 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑420/01, Rec. p. I‑6445, apartado 25, y de 8 de noviembre
         de 2007, Ludwigs-Apotheke, C‑143/06, Rec. p. I‑0000, apartado 25).
      
      32      En el presente caso, la República Portuguesa reconoce que la prohibición establecida en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley
         nº 40/2003, que impide colocar láminas tintadas en los parabrisas y en los cristales situados junto a los asientos de los
         pasajeros en los vehículos automóviles, restringe en Portugal la comercialización de tales productos.
      
      33      Debe observarse, en efecto, que si los posibles interesados, sean comerciantes o particulares, saben que les está prohibido
         colocar tales láminas en los parabrisas y en los cristales próximos a los asientos de los pasajeros de los vehículos automóviles,
         no tendrán prácticamente ningún interés en adquirir tales productos.
      
      34      La única excepción a la prohibición establecida en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003 se refiere a la colocación
         de láminas tintadas en los remolques de los vehículos automóviles destinados al transporte de mercancías y en los vehículos
         no automóviles.
      
      35      Por consiguiente, la disposición controvertida afecta a la comercialización en Portugal de la práctica totalidad de las láminas
         tintadas, legalmente fabricadas y comercializadas en otros Estados miembros o en Estados firmantes del Acuerdo EEE, destinadas
         a ser colocadas en los cristales de los vehículos automóviles.
      
      36      De ello se desprende que la prohibición establecida en el artículo 2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003 constituye una
         medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, en el sentido de lo dispuesto en los artículos 28 CE y 11
         del Acuerdo EEE. Dicha medida es incompatible con las obligaciones que se derivan de tales disposiciones, a menos que pueda
         estar objetivamente justificada.
      
      –       Sobre la existencia de una justificación
      37      Según reiterada jurisprudencia, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación sólo puede
         justificarse por alguna de las razones de interés general enumeradas en el artículo 30 CE o por alguna de las exigencias imperativas
         reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe-Zentral,
         «Cassis de Dijon», 120/78, Rec. p. 649, apartado 8), con la condición de que, en uno u otro caso, dicha medida sea adecuada
         para garantizar la consecución del objetivo que se persigue y no vaya más allá de lo que sea necesario para alcanzar dicho
         objetivo (sentencias de 8 de mayo de 2003, ATRAL, C‑14/02, Rec. p. I‑4431, apartado 64; de 10 de noviembre de 2005, Comisión/Portugal,
         C‑432/03, Rec. p. I‑9665, apartado 42, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 33).
      
      38      En el presente caso, las justificaciones expuestas por la República Portuguesa se refieren, por un lado, a la lucha contra
         la criminalidad en el marco de la protección de la seguridad pública y, por otro lado, al control del respeto de la norma
         que obliga a utilizar el cinturón de seguridad, que forma parte de la política de seguridad vial. La lucha contra la criminalidad
         y la protección de la seguridad vial pueden ser razones imperiosas de interés general que justifiquen un obstáculo a la libre
         circulación de mercancías (véase, por lo que atañe a la seguridad vial, la sentencia de 15 de marzo de 2007, Comisión/Finlandia,
         C‑54/05, Rec. p. I‑2473, apartado 40 y jurisprudencia citada).
      
      39      No obstante, incumbe a los Estados miembros demostrar que su normativa es apta para garantizar la consecución de tales objetivos
         y que se ajusta al principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 20 de septiembre
         de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑297/05, Rec. p. I‑0000, apartado 76 y jurisprudencia citada).
      
      40      Sobre este particular, la República Portuguesa ha aportado un solo dato en apoyo de la medida controvertida, a saber que ésta
         permite un control inmediato del interior de los vehículos automóviles mediante la simple observación desde el exterior.
      
      41      Si bien la prohibición a que se refiere el artículo 2, apartado 1 del Decreto-ley nº 40/2003 resulta, ciertamente, adecuada
         para facilitar tal observación y, por lo tanto, es adecuada para garantizar los objetivos de lucha contra la criminalidad
         y de seguridad vial, no se desprende de ello que sea necesaria para alcanzar dichos objetivos y que no existan otros medios
         menos restrictivos para conseguirlos.
      
      42      Efectivamente, el control visual de que se trata no es más que un medio entre otros, a disposición de las autoridades competentes
         para luchar contra la criminalidad y sancionar los incumplimientos de la obligación de utilizar el cinturón de seguridad.
      
      43      Por lo demás, el carácter supuestamente necesario de la medida controvertida resulta aún menos demostrado, dado que, en la
         vista, la República Portuguesa ha reconocido que había venido permitiendo la comercialización en su territorio de los vehículos
         automóviles equipados, desde un principio, con varias láminas tintadas dentro de los límites previstos por la Directiva 92/22.
         Pues bien, dichas láminas tintadas, al igual que las láminas tintadas controvertidas, pueden impedir el examen visual del
         interior de los vehículos desde el exterior.
      
      44      Por consiguiente, salvo que se admita que, en lo que se refiere a los vehículos automóviles equipados desde un principio con
         láminas tintadas, las autoridades competentes han renunciado a garantizar la lucha contra la criminalidad y la seguridad vial,
         es forzoso reconocer que dichas autoridades deben poder utilizar otros métodos para identificar a los delincuentes y a los
         posibles infractores de la obligación de utilizar el cinturón de seguridad.
      
      45      Por otra parte, la República Portuguesa no ha demostrado que la prohibición, en la medida en que afecta al conjunto de las
         láminas tintadas, sea necesaria para garantizar la seguridad vial y la lucha contra la criminalidad.
      
      46      Efectivamente, como ha subrayado la Comisión en la vista, las láminas tintadas comprenden una amplia gama que va desde las
         láminas transparentes hasta las láminas casi opacas. Este dato, que no ha sido cuestionado por la República Portuguesa, implica
         que al menos algunas láminas, a saber las que tienen un grado de transparencia suficiente, permiten el examen visual del habitáculo
         de los vehículos automóviles que se pretende llevar a cabo.
      
      47      De ello se desprende que debe considerarse que tal prohibición es excesiva y, por lo tanto, desproporcionada en relación con
         los objetivos que se pretende alcanzar.
      
      48      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones
         que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE, así como 11 y 13 del Acuerdo EEE, al haber prohibido, en el artículo
         2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003, la colocación de láminas tintadas en los vehículos automóviles.
      
       Costas
      49      A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso
         será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha pedido que se condene a la
         República Portuguesa y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
      1)      Declarar que la República Portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 28 CE y 30 CE,
            así como 11 y 13 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al haber prohibido, en el artículo
            2, apartado 1, del Decreto-ley nº 40/2003, de 11 de marzo de 2003, la colocación de láminas tintadas en los cristales de los
            vehículos automóviles.
      2)      Condenar en costas a la República Portuguesa.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: portugués.