CELEX: 62016CA0129
Language: es
Date: 2017-07-13 00:00:00
Title: Asunto C-129/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Artículos 191 TFUE y 193 TFUE — Directiva 2004/35/CE — Aplicabilidad ratione materiae — Contaminación del aire por incineración ilegal de residuos — Principio de quien contamina paga — Normativa nacional que establece la responsabilidad solidaria del propietario del terreno en el que se haya generado la contaminación y de quien contamina)

4.9.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 293/6
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hungría) — Túrkevei Tejtermelő Kft./Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
   (Asunto C-129/16) (1)
   
   ((Procedimiento prejudicial - Medio ambiente - Artículos 191 TFUE y 193 TFUE - Directiva 2004/35/CE - Aplicabilidad ratione materiae - Contaminación del aire por incineración ilegal de residuos - Principio de quien contamina paga - Normativa nacional que establece la responsabilidad solidaria del propietario del terreno en el que se haya generado la contaminación y de quien contamina))
   (2017/C 293/08)
   Lengua de procedimiento: húngaro
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Túrkevei Tejtermelő Kft.
   
      Demandada: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               Las disposiciones de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, leídas a la luz de los artículos 191 TFUE y 193 TFUE, deben interpretarse en el sentido de que —en la medida en que la situación concurrente en el litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35, extremo que corresponde comprobar al tribunal remitente— no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que determina, además de los operadores de los terrenos en los que se haya generado una contaminación ilícita, otra categoría de personas solidariamente responsables del daño medioambiental, a saber, los propietarios de dichos terrenos, sin que se exija acreditar la existencia de una relación de causalidad entre la conducta de los propietarios y el daño constatado, siempre que tal normativa sea conforme con los principios generales del Derecho de la Unión y con cualquier disposición pertinente de los Tratados UE y FUE y de los actos de Derecho derivado de la Unión.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 16 de la Directiva 2004/35 y el artículo 193 TFUE deben interpretarse en el sentido de que, en la medida en que la situación concurrente en el litigio principal esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35, no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual no sólo se considera que los propietarios de terrenos en los que se haya generado una contaminación ilícita son responsables solidariamente, junto con los operadores de esos terrenos, del daño medioambiental, sino que la autoridad nacional competente puede imponerles también una multa, siempre que tal normativa sea idónea para contribuir a la realización del objetivo de mayor protección y que las modalidades de determinación de la cuantía de la multa no excedan de lo necesario para alcanzar este objetivo, lo cual incumbe verificar al tribunal nacional.
            
         
      (1)  DO C 211 de 13.6.2016.