CELEX: C2002/169/36
Language: es
Date: 2002-07-13 00:00:00
Title: Asunto C-171/02: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

13.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 169/19
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal          Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2002 contra la
de Justicia que:                                                       República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
                                                                                                  des Europeas
—     Declare que la República Francesa ha incumplido las
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
      1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de                                      (Asunto C-171/02)
      13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre
      el consumo de combustible y sobre las emisiones de
      CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos                                    (2002/C 169/36)
      nuevos (1), al no haber comunicado las medidas de
      adaptación del Derecho interno a dicha Directiva o, por
      lo menos, no haber informado plenamente de ellas a la
      Comisión.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
—     Condene en costas a la República Francesa.                      presentado el 8 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                       República Portuguesa formulado por la Comisión de las
                                                                       Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria Patakia
                                                                       y por el Sr. António Caeiros, en calidad de agentes, que designa
Motivos y principales alegaciones                                      domicilio en Luxemburgo.
El plazo de adaptación del Derecho interno expiró el 18 de
enero de 2001.                                                         La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
(1) DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.                                       I)   Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
                                                                            obligaciones que le incumben en virtud de los artı́culos
                                                                            39, 43 y 49 del Tratado CE, y de la Directiva 92/51/
                                                                            CEE (1):
                                                                            1)    habida cuenta de que, conforme al régimen de
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                      autorización por el Ministro del Interior, las empre-
lución del Oberster Gerichtshof, de fecha 9 de abril de                          sas extranjeras que deseen ejercer en Portugal activi-
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           dades de vigilancia de personas y bienes, en el sector
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan                       de los servicios de seguridad privada:
                       (Asunto C-168/02)                                          a)    deben tener su domicilio social o un estableci-
                                                                                        miento en territorio portugués,
                         (2002/C 169/35)
                                                                                  b)    no pueden invocar las justificaciones y garan-
                                                                                        tı́as ya presentadas en su Estado miembro de
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                               establecimiento,
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Oberster Gerichtshof, dictada el 9 de abril de
2002, en el asunto entre Rudolf Kronhofer y 1. Marianne                           c)    deben poseer personalidad jurı́dica,
Maier, 2. Christian Möller, 3. Wirich Hofius, 4. Zeki Karan, y
recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 6 de mayo                  d)    deben tener un capital social determinado;
de 2002. El Oberster Gerichtshof solicita al Tribunal de Justicia
que se pronuncie sobre la siguiente cuestión:
                                                                            2)    habida cuenta de que el personal de las empresas
«La expresión “ante el tribunal del lugar donde se hubiere                       extranjeras que deseen ejercer en Portugal activida-
producido el hecho dañoso” que figura en el artı́culo 5,                         des de vigilancia de personas y bienes, en el sector
número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo                      de los servicios de seguridad privada, debe poseer
a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones                       una tarjeta profesional emitida por las autoridades
judiciales en materia civil y mercantil, ¿debe interpretarse en el                portuguesas;
sentido de que, en los casos de daños puramente patrimoniales
producidos como consecuencia de la inversión de partes del                 3)    habida cuenta de que las profesiones comprendidas
patrimonio de la persona perjudicada, comprende en todo                           en el sector de la seguridad privada no están sujetas
caso también el lugar en el que se encuentra el domicilio de                      al régimen comunitario de reconocimiento de las
dicha persona, siendo ası́ que la inversión se realizó en otro                  cualificaciones profesionales.
Estado miembro de la Comunidad?».
                                                                       II)  Condene en costas a la República Portuguesa.
 ---pagebreak--- C 169/20               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      13.7.2002
Motivos y principales alegaciones                                      —     Por lo que respecta a la obligación impuesta al personal
                                                                             de las empresas extranjeras de poseer una tarjeta
                                                                             profesional emitida por las autoridades portuguesas, en
                                                                             la medida en que la legislación portuguesa exige que
—    Por lo que respecta a la obligación impuesta a las                     los miembros del personal de una empresa de seguridad
     empresas extranjeras de poseer su domicilio social o un                 privada han de contar con una autorización del Ministro
     establecimiento en territorio portugués, la Comisión, pese             del Interior, en forma de «tarjeta profesional», para
     a la diferente interpretación de la ley efectuada por                  poder ejercer una actividad en territorio portugués y en
     las autoridades portuguesas, opina que el artı́culo 22,                 la medida en que esta legislación no prevé que las
     apartado 1, del Decreto-ley no 231/98 obliga a las                      autoridades portuguesas deban tomar en consideración
     entidades establecidas en otros Estados miembros a                      los requisitos legales equivalentes ya reunidos en el
     poseer su domicilio social o un establecimiento en                      Estado miembro de establecimiento, ası́ como los
     territorio portugués, en el caso de que deseen ejercer en               controles y verificaciones ya efectuados en tal Estado,
     Portugal actividades temporales (conforme al artı́-                     la Comisión considera que dicha obligación constituye
     culo 49 CE) de vigilancia de personas y bienes, en el                   al mismo tiempo un obstáculo a la libre circulación de
     sector de los servicios de seguridad privada. Un Estado                 los trabajadores, en lo que atañe a los miembros del
     miembro no puede basarse en consideraciones de carácter                personal (artı́culo 39 CE), y a la libre prestación de
     administrativo para justificar la inaplicación del Derecho             servicios del empresario, que ve restringido su derecho
     comunitario, tanto más cuanto que la inaplicación de que              a desplazar personal autorizado de su Estado miembro
     se trata implica la exclusión del ejercicio de una de las              de establecimiento (artı́culo 49 CE).
     libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.
                                                                       —     Por lo que respecta al hecho de que las profesiones
                                                                             comprendidas en el sector de la seguridad privada no
                                                                             están sujetas al régimen comunitario de reconocimiento
—    Por lo que respecta a la consideración, por parte de las
                                                                             de cualificaciones profesionales, las actividades de
     autoridades portuguesas, de los justificantes y garantı́as
                                                                             seguridad privada sólo pueden ejercerse en Portugal por
     ya presentados por las empresas extranjeras en su Estado
                                                                             personal de vigilancia y acompañamiento, defensa y
     miembro de establecimiento, el artı́culo 24 del Decreto-
                                                                             protección de personas que haya superado un curso
     ley no 231/98 no permite concluir en absoluto que las
                                                                             de formación obligatorio conforme a la legislación
     autoridades portuguesas, al examinar la solicitud de
                                                                             portuguesa. Además, sólo quienes cuenten con una
     autorización, tengan en cuenta los justificantes y garantı́as
                                                                             tarjeta profesional podrán ejercer las mencionadas
     ya presentados por el prestador de servicios para el
                                                                             actividades profesionales. En la medida en que dicha
     ejercicio de su actividad en el Estado miembro de
                                                                             tarjeta profesional garantiza, según la legislación portu-
     establecimiento.
                                                                             guesa, que su portador ha cumplido todos los requisitos
                                                                             legales —entre los que se incluye la superación de
                                                                             pruebas de conocimientos y de capacidad fı́sica, cuyo
                                                                             contenido y duración se regulan por ley— y habilita a
—    Por lo que respecta a la exigencia de que las empresas                  su portador a ejercer servicios de seguridad privada,
     extranjeras posean personalidad jurı́dica, la obligación de            dicha tarjeta profesional constituye, materialmente, un
     constituir una persona jurı́dica perjudica a los trabajado-             certificado de competencia en el sentido del artı́culo 1,
     res autónomos o a cualesquiera empresarios individuales                letra c), primer guión, de la Directiva 92/51/CEE. Por
     establecidos en otro Estado miembro que deseen ejercer                  consiguiente, las actividades de seguridad privada
     actividades relativas a la seguridad privada en Portugal.               constituyen en Portugal una profesión regulada con-
                                                                             forme al artı́culo 1, letra e), de la mencionada Directiva,
                                                                             en relación con el artı́culo 1, letras c), primer guión,
                                                                             y f), de la misma Directiva. Sin embargo, el ámbito de
—    Por lo que respecta a la obligación impuesta a las empresas            aplicación de la legislación portuguesa por la que se
     extranjeras de poseer un capital social determinado, la                 adapta el Derecho interno a la Directiva 92/51/CEE no
     legislación portuguesa supedita el establecimiento de una              abarca las profesiones comprendidas en el sector
     filial o de una sucursal en territorio portugués al requisito           relativo a la seguridad privada, por lo que tales
     de que la sociedad matriz extranjera tenga un capital                   profesiones no están sujetas en Portugal a las normas
     social de importe no inferior al previsto por la legislación           de reconocimiento de formaciones profesionales pre-
     portuguesa. Este requisito equivale, en consecuencia, a                 vistas en tal Directiva.
     aplicar indirectamente el trato previsto por el Derecho
     nacional para la apertura del establecimiento principal a
     un acto por el cual un interesado ejerce el derecho a abrir
     un establecimiento secundario. Tal requisito impide que           (1) Directiva del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un
     pueda ejercer sus actividades en todo el territorio comuni-           segundo sistema general de reconocimiento de formaciones
     tario un agente económico que cuente con un capital                  profesionales, que completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209,
     social conforme con las exigencias impuestas por el                   p. 25).
     ordenamiento jurı́dico del Estado miembro en que la
     sociedad se haya constituido, pero inferior al prescrito en
     el Estado miembro en que dicho agente pretenda abrir un
     establecimiento secundario.