CELEX: 62019CC0303
Language: es
Date: 2020-06-11 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. E. Tanchev, presentadas el 11 de junio de 2020.#Istituto nazionale della previdenza sociale contra VR.#Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione.#Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/109/CE — Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Artículo 11 — Derecho a la igualdad de trato — Seguridad social — Normativa de un Estado miembro que excluye, para la determinación del derecho a una prestación familiar, a los miembros de la familia del residente de larga duración que no residan en el territorio de dicho Estado miembro.#Asunto C-303/19.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. EVGENI TANCHEV
   presentadas el 11 de junio de 2020 (
         1
      )
   
      Asunto C‑303/19
   
   Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
   contra
   VR
   
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia)]
   
   «Petición de decisión prejudicial — Directiva 2003/109/CE — Derechos de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Artículo 11 — Derecho a la igualdad de trato en materia de prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social — Excepción — Normativa nacional en virtud de la cual, a efectos de la determinación del derecho a una prestación familiar, se excluye a los familiares no residentes de nacionales de terceros países»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            Mediante su petición de decisión prejudicial, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) solicita orientación al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. (
                  2
               )
         
      
            2.
         
         
            El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 establece el derecho de los nacionales de terceros países residentes de larga duración al mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional. La principal cuestión que se plantea en el presente asunto se refiere a si dicho artículo se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, a diferencia de lo establecido para los nacionales del Estado miembro de acogida, a efectos de la determinación del derecho a una prestación familiar, se excluye a los miembros de la familia de nacionales de terceros países que no residan en ese Estado. Asimismo, el Tribunal de Justicia debe decidir si, en las circunstancias del presente asunto, son aplicables las excepciones que los Estados miembros pueden establecer a la igualdad de trato en virtud del artículo 11, apartados 2 y 4, de la Directiva 2003/109.
         
      
            3.
         
         
            En consecuencia, el presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de desarrollar su jurisprudencia relativa al derecho a la igualdad de trato de los residentes de larga duración, reconocido en el artículo 11 de la Directiva 2003/109, a la luz de la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233).
         
      
            4.
         
         
            El Tribunal de Justicia conoce del presente asunto en paralelo con el asunto Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestaciones familiares para titulares de un permiso único) (C‑302/19), en el que hoy se presentan mis conclusiones. En el citado asunto, el órgano jurisdiccional remitente plantea una cuestión similar en lo que concierne a la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, (
                  3
               ) en concreto, si la misma exclusión aplicable a los nacionales de terceros países cuyos familiares no residan en el Estado miembro de acogida es conforme con el derecho a la igualdad de trato reconocido a los titulares de un permiso único en dicha Directiva.
         
      
            5.
         
         
            Básicamente, estos dos asuntos plantean cuestiones nuevas relativas a la aplicación de la igualdad de trato de los nacionales de terceros países que rige en el Derecho de la Unión, y a la interacción existente entre las Directivas 2003/109 y 2011/98 a ese respecto. La similitud de las cuestiones que se suscitan en estos dos asuntos me permitirá por tanto remitirme, en algunos puntos, a los argumentos expuestos en mis conclusiones presentadas en ese asunto paralelo a fin de evitar repeticiones.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Derecho de la Unión
      
   
   
            6.
         
         
            A tenor del artículo 2 de la Directiva 2003/109, titulado «Definiciones»:
            «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: […]
            
                     e)
                  
                  
                     miembro de la familia: el nacional de un tercer país que resida en el Estado miembro de que se trate de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar [ (
                           4
                        )]; […].»
                  
               
      
            7.
         
         
            El artículo 11 de la Directiva 2003/109, titulado «Igualdad de trato», dispone lo siguiente:
            «1.   Los residentes de larga duración gozarán del mismo trato que los nacionales en lo que respecta a lo siguiente: […]
            
                     d)
                  
                  
                     las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional; […]
                  
               2.   En relación con lo dispuesto en las letras b), d), e), f) y g) del apartado 1, el Estado miembro de que se trate podrá restringir la aplicación de la igualdad de trato a los casos en que el lugar de residencia habitual o de inscripción del residente de larga duración, o de los miembros de su familia para los que se solicitaren las prestaciones o beneficios, se halle en su territorio.
            […]
            4.   Los Estados miembros podrán limitar la igualdad de trato a las prestaciones básicas respecto de la asistencia social y la protección social.»
         
      
      
         B.
       
         Derecho italiano
      
   
   
            8.
         
         
            El artículo 2 del Decreto legge 13 de marzo de 1988, n. 69, «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», (Decreto-ley n.o 69, de 13 de marzo de 1988, «Normas en materia de seguridad social, para la mejora de la gestión de los organismos portuarios y otras disposiciones de carácter urgente»), convertido, con modificaciones, en la Ley n.o 153, de 13 de mayo de 1988, (en lo sucesivo, «Ley n.o 153/1988») (GURI n.o 143, de 20 de junio de 1988), introdujo la prestación denominada «assegno per il nucleo familiare» (en lo sucesivo, «subsidio para la unidad familiar»). Dicho artículo, dispone lo siguiente:
            «1.   Para los trabajadores por cuenta ajena, los titulares de las pensiones y de las prestaciones económicas de seguridad social derivadas del trabajo por cuenta ajena […], los subsidios familiares, los complementos familiares y todas las demás prestaciones familiares sea cual fuere su denominación […] serán sustituidos, cuando concurran las condiciones establecidas en las disposiciones del presente artículo, por el subsidio para la unidad familiar.
            2.   El importe del subsidio será diferente en función del número de miembros y de los ingresos del núcleo familiar, de conformidad con la tabla adjunta al presente Decreto. Los niveles de ingresos de la citada tabla se incrementarán en […] para los núcleos familiares que comprendan personas que, por razón de enfermedad grave o de incapacidad física o psíquica, se hallen en una situación de imposibilidad absoluta y permanente de dedicarse a un trabajo remunerado, o bien, en el caso de los menores de edad, que tengan dificultades persistentes para desarrollar las tareas y funciones propias de su edad. Dichos niveles de ingresos se incrementarán en […] si las personas mencionadas en el apartado 1 son viudos o viudas, divorciados o divorciadas, separados o separadas legalmente, solteros o solteras. Con efecto a partir del 1 de julio de 1994, si dos o más hijos forman parte del núcleo familiar en el sentido del apartado 6, el importe mensual del subsidio correspondiente se incrementará en […] por cada hijo, sin incluir al primero.
            […]
            6.   El núcleo familiar estará compuesto por los cónyuges, con exclusión del cónyuge legal y efectivamente separado, y por los hijos y asimilados […] de edad inferior a 18 años cumplidos, o bien sin límite de edad si se hallan, como consecuencia de una enfermedad grave o de una incapacidad física o psíquica, en una situación de imposibilidad absoluta y permanente de dedicarse a un trabajo remunerado. […]
            6 bis.   No formarán parte del núcleo familiar en el sentido del apartado 6 el cónyuge y los hijos y asimilados de un nacional extranjero que no tengan su residencia en el territorio de la República, a menos que el Estado del que sea nacional el extranjero dispense un tratamiento de reciprocidad a los ciudadanos italianos o bien se haya concluido un convenio internacional en materia de prestaciones familiares. La determinación de los Estados en los que rige el principio de reciprocidad será efectuada por el Ministro del lavoro e della previdenza sociale [Ministro de Trabajo y de Seguridad Social], una vez oído el Ministro degli affari esteri [Ministro de Asuntos Exteriores]. […]»
         
      
            9.
         
         
            La Directiva 2003/109 se transpuso al Derecho interno mediante el Decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo (Decreto Legislativo n.o 3, de 8 de enero de 2007, relativo a la transposición de la Directiva 2003/109/CE) (GURI n.o 24, de 30 de enero de 2007). Dicho Decreto incorpora las disposiciones de la Directiva al texto del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (Decreto Legislativo n.o 286, de 25 de julio de 1998, «Texto unificado de las disposiciones relativas a la regulación de la inmigración y de las normas sobre la condición de extranjero»; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 286/1998») (Suplemento ordinario al GURI n.o 191, de 18 de agosto de 1998).
         
      
            10.
         
         
            El artículo 9, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 establece:
            «El extranjero en posesión, durante cinco años al menos, de un permiso de residencia válido, que demuestre disponer de ingresos no inferiores al importe anual del subsidio social y, en el caso de solicitud relativa a los familiares, de ingresos suficientes […] y de un alojamiento idóneo que quede comprendido en los parámetros mínimos establecidos en las disposiciones pertinentes de Derecho nacional, podrá solicitar al questore [Jefe de Policía de la provincia] la expedición de un permiso de residencia [U]E para residentes de larga duración, para sí mismo y sus familiares […];»
         
      
            11.
         
         
            El artículo 9, apartado 12, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 dispone:
            «Junto a lo dispuesto para el extranjero que resida regularmente en el territorio del Estado, el titular del permiso de residencia [U]E para residentes de larga duración podrá: […]
            
                     c)
                  
                  
                     acogerse a las prestaciones de asistencia social, de seguridad social, las prestaciones de servicios de carácter sanitario, escolar y social, las relativas al acceso a bienes y servicios a disposición del público, incluido el acceso al procedimiento para la obtención de vivienda pública, salvo disposición en contrario y siempre que se demuestre la residencia efectiva del extranjero en el territorio nacional […].»
                  
               
      
      III. Hechos, procedimiento y cuestión prejudicial
   
   
            12.
         
         
            Como se desprende de la resolución de remisión, VR es un nacional de un tercer país empleado en Italia y titular de un permiso de residencia de larga duración en virtud del Decreto Legislativo n.o 286/1998, por el que se transpone la Directiva 2003/109. Entre septiembre de 2011 y abril de 2014, la esposa de VR y sus cinco hijos salieron de Italia para volver a su país de origen (Pakistán).
         
      
            13.
         
         
            El Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Instituto Nacional de Seguridad Social; en lo sucesivo, «INPS») denegó a VR el subsidio para la unidad familiar por dicho período alegando que, en el caso de los nacionales de terceros países, el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 excluye del cómputo relativo al cálculo de dicho subsidio a los miembros de la familia que no residan en Italia.
         
      
            14.
         
         
            VR presentó una demanda contra el INPS y el empresario ante el Tribunale Giudice del Lavoro di Brescia (Tribunal de lo Social de Brescia, Italia), en la que alegaba que la denegación del subsidio para la unidad familiar por parte del INPS era discriminatoria. El Tribunal se pronunció a favor de VR, basándose en que el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 era contrario al artículo 11 de la Directiva 2003/109, en la medida en que dicha normativa trata a los residentes de larga duración de forma menos favorable que a los nacionales del Estado miembro de acogida.
         
      
            15.
         
         
            El INPS interpuso recurso de apelación contra dicha resolución ante la Corte d’appello di Brescia (Tribunal de Apelación de Brescia, Italia), que la confirmó.
         
      
            16.
         
         
            El INPS ha interpuesto un recurso de casación en el que solicita la anulación de la sentencia recurrida en apelación.
         
      
            17.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente ha indicado que el subsidio para la unidad familiar es un complemento económico del que pueden beneficiarse, en particular, todas las personas que trabajan en Italia, siempre que formen parte de una unidad familiar cuyos ingresos no sobrepasen cierto límite. El importe de dicho subsidio se calcula en función del número de miembros de la unidad familiar, del número de hijos y de los ingresos familiares. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, el empresario efectúa el pago junto con el del salario, aplicando un porcentaje sobre la retribución bruta del trabajador y, a continuación, el INPS procede a una compensación final entre los subsidios abonados por el empresario y las cotizaciones a la seguridad social que este adeuda. El órgano jurisdiccional remitente ha considerado que, a pesar de que en su jurisprudencia se ha calificado el subsidio para la unidad familiar tanto de prestación de la seguridad social como de prestación de la asistencia social, dicho subsidio está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109.
         
      
            18.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente ha observado, en particular, que los miembros de la unidad familiar son un elemento fundamental en el régimen del subsidio y sus principales beneficiarios. Por lo tanto, se pregunta si el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 se opone a una normativa nacional, como el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988, en virtud de la cual los miembros de la familia de los nacionales de terceros países, a diferencia de los de los nacionales italianos, quedan excluidos de la unidad familiar cuando no tienen su residencia en Italia y no existe una situación de reciprocidad con el país del que son nacionales, teniendo en cuenta que, de conformidad con el considerando 4 de la Directiva 2003/109, el objetivo de la Directiva es la integración de los nacionales de terceros países que estén instalados permanentemente en los Estados miembros, y que su artículo 2, letra e), define a los miembros de la familia como «el nacional de un tercer país que resida en el Estado miembro de que se trate».
         
      
            19.
         
         
            En tales circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal de Casación) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
            «¿Deben interpretarse el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, y el principio de igualdad de trato entre los residentes de larga duración y los nacionales en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual, a diferencia de lo establecido para los nacionales del Estado miembro, en el cómputo de los miembros de la unidad familiar a efectos de cálculo del subsidio para la unidad familiar se excluye a los familiares de un trabajador residente de larga duración y nacional de un tercer Estado cuando esos familiares residan en el tercer país del que son nacionales?»
         
      
            20.
         
         
            El INPS, VR, el Gobierno italiano y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia. Asimismo, intervinieron en la vista celebrada el 27 de febrero de 2020.
         
      
      IV. Resumen de las observaciones de las partes
   
   
            21.
         
         
            El INPS sostiene que procede responder negativamente a la cuestión prejudicial. Entiende que, con respecto a los terceros países, es difícil comprobar la existencia de otras prestaciones familiares abonadas por países extranjeros a los mismos miembros de la familia y los cambios en la situación familiar que pueden afectar al derecho a recibir el subsidio para la unidad familiar. Por consiguiente, en su opinión, la exclusión de los miembros de la familia no residentes en Italia prevista en el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 —que es aplicable únicamente a los nacionales de terceros países que no hayan concluido un acuerdo internacional con Italia que comprenda las prestaciones familiares o por el cual se dispense un trato de reciprocidad a los nacionales italianos, y que no es aplicable a los nacionales italianos o de la Unión— es proporcionada y razonable, ya que tiene por objeto impedir que el subsidio se desvíe de su función de apoyo efectivo a la familia. Asimismo, dicha normativa distingue situaciones que son objetivamente diferentes entre sí, ya que un nacional de un Estado miembro disfruta de una relación permanente y original con ese Estado, mientras que en el caso de un nacional de un tercer país su relación es sobrevenida y, por lo general, temporal.
         
      
            22.
         
         
            El INPS considera que el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 es coherente con el artículo 11, apartado 1, letra d), y apartado 2, en relación con el artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109. Según el INPS, no es suficiente que un residente de larga duración resida en Italia, ya que los miembros de la familia son los beneficiarios del subsidio para la unidad familiar y, por lo tanto, deben residir en el territorio nacional. Tal como subrayó en la vista, los miembros de la familia que no residen en el Estado miembro de acogida no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, ya que se les excluye de la definición de miembro de la familia del artículo 2, letra e), y, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, es posible limitar las prestaciones o beneficios a los miembros de la familia que residan en el Estado miembro de acogida.
         
      
            23.
         
         
            El INPS afirma que la función de asistencia social del subsidio para la unidad familiar no afecta a la conformidad del artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 con el artículo 11 de la Directiva 2003/109. En su opinión, dicho subsidio no puede clasificarse como una prestación básica en el sentido del artículo 11, apartado 4, de la Directiva, en relación con su considerando 13, ya que se financia mediante cotizaciones adeudadas por empresarios y trabajadores y su objetivo no es mitigar las situaciones de necesidad que subsanan las prestaciones básicas. (
                  5
               ) Asimismo, sostiene que el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 no establece una excepción a la igualdad de trato, ya que no pone en entredicho el derecho al subsidio, sino solo el importe, y es coherente con el objetivo de la Directiva 2003/109 de promover la integración de los nacionales de terceros países en los Estados miembros.
         
      
            24.
         
         
            VR sostiene que el artículo 11, apartado 1, letra d), y apartado 2, de la Directiva 2003/109 se opone a una normativa nacional como la que nos ocupa. Según VR, en virtud del artículo 2 de la Ley n.o 153/1988, las personas que trabajan en Italia, a quienes se aplica el sistema de retribución y cotización previsto en el Derecho italiano, son objeto, por lo que se refiere al subsidio para la unidad familiar, de un trato diferente en función de la nacionalidad: a diferencia de los trabajadores italianos, los trabajadores de terceros países no pueden incluir en su unidad familiar a los miembros de la familia que residan en el extranjero a efectos de la adquisición del derecho a dicho subsidio y del cálculo de su importe. Dado que Italia tiene en cuenta a los miembros de la familia de sus nacionales que residen en el extranjero, debe hacer lo mismo con los nacionales de terceros países en virtud del artículo 11 de la Directiva 2003/109. Una solución diferente sería contraria a los objetivos de igualdad y cohesión social manifestados en el considerando 4 de esta Directiva.
         
      
            25.
         
         
            VR considera que la definición de miembro de la familia del artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109 no es pertinente en este asunto, y no puede servir para interpretar el artículo 11, apartado 2, ya que quedaría privado de contenido. VR sostiene que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
                  6
               ) una disposición como el artículo 9, apartado 12, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 que mantiene en términos generales («salvo disposición en contrario») la normativa anterior a la Directiva 2003/109 no puede calificarse de excepción con arreglo al artículo 11, apartado 2, de esta Directiva, al no indicarse expresamente las disposiciones que se exceptúan. Tal como VR subrayó en la vista, el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 no es aplicable al subsidio para la unidad familiar, puesto que el derecho a dicho subsidio no se confiere específicamente a un miembro de la familia para el que pueden solicitarse las prestaciones o beneficios en el sentido de esa disposición. VR añade que el control de los subsidios en relación con los miembros de la familia que residen en el extranjero es independiente de la igualdad de trato y, en cualquier caso, no variaría en función de si la situación atañe a familiares no residentes de nacionales italianos o de nacionales de terceros países que residen en Italia.
         
      
            26.
         
         
            El Gobierno italiano sostiene que el artículo 11, apartado 1, letra d), en relación con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 y el principio de igualdad de trato no se oponen a una normativa como la que nos ocupa. Considera que, a la luz de la sentencia Martínez Silva, (
                  7
               ) dentro de las categorías contempladas en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, el subsidio para la unidad familiar está comprendido en la de prestaciones de la seguridad social, y no en la de prestaciones de la asistencia social o de la protección social. Sostiene que, con arreglo a la definición de miembro de la familia del artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109, para la determinación del derecho a las prestaciones de la seguridad social solo han de tenerse en cuenta los familiares de los residentes de larga duración que residan con ellos en el Estado miembro de acogida. Afirma que la exclusión de los miembros de la familia no residentes prevista en el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 está justificada a fin de luchar contra las prácticas abusivas, como la búsqueda de un foro de conveniencia, en el ámbito de la seguridad social. Asimismo, en su opinión, dicha normativa es proporcionada, ya que afecta al importe del subsidio y no al derecho a disfrutar de este, y es conforme con el objetivo de la Directiva 2003/109 de integrar a los residentes de larga duración en los Estados miembros, tal como se manifiesta en su considerando 4.
         
      
            27.
         
         
            Como subrayó el Gobierno italiano en la vista, el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 no es aplicable al subsidio para la unidad familiar, ya que este subsidio corresponde al residente de larga duración que tiene derecho a él, a diferencia de las prestaciones que corresponden a los miembros de la familia por su relación con el residente, como las prestaciones de maternidad o de invalidez. Por lo tanto, es irrelevante si Italia ha manifestado claramente la voluntad de hacer uso de la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109. Además, en su opinión, la sentencia Kamberaj (
                  8
               ) no es pertinente en el caso de autos, ya que el Tribunal de Justicia apreció que se ha de manifestar expresamente la intención de acogerse a la excepción que recoge el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, mientras que no es necesaria tal manifestación con arreglo al artículo 11, apartado 2. Tampoco tiene sentido hablar de excepción en relación con el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988, por cuanto se trata de una normativa adoptada quince años antes que la Directiva 2003/109. Así pues, Italia no tiene obligación de manifestar expresamente la intención de acogerse a una excepción, y tampoco introdujo ninguna en el Decreto Legislativo n.o 286/1998, por el que se transpone la Directiva.
         
      
            28.
         
         
            La Comisión propone responder a la cuestión prejudicial en el sentido de que, a falta de que el Estado miembro manifieste claramente la voluntad de hacer uso de la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida. Considera que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
                  9
               ) Italia no ha manifestado claramente su voluntad de hacer uso de la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109. Señala que el artículo 9, apartado 12, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 no menciona la residencia de los miembros de la familia del residente de larga duración, y que la expresión «salvo disposición en contrario» incluida en dicha disposición no puede considerarse una manifestación expresa de la intención de acogerse a la excepción.
         
      
            29.
         
         
            La Comisión subrayó en la vista la importancia conferida a la manifestación expresa de un Estado miembro de la intención de acogerse a la excepción, especialmente por razones de transparencia en relación con los sujetos a los que se aplica tal excepción y para desempeñar su misión de guardiana de los Tratados. Además, en su opinión, el artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109 simplemente define qué se entiende por «miembro de la familia» del residente de larga duración cuando las disposiciones de la Directiva utilizan dicho término, y no excluye del ámbito de aplicación del artículo 11 a los miembros de la familia que no residen con el residente de larga duración en el Estado miembro de acogida, habida cuenta de que, de lo contrario, la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 resultaría superflua.
         
      
      V. Análisis
   
   
            30.
         
         
            Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente al Tribunal de Justicia que declare si el principio de igualdad de trato de los residentes de larga duración reconocido en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, en materia de prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de protección social tal como se definen en la legislación nacional, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988, que, a diferencia de lo establecido para los nacionales del Estado miembro de acogida, excluye a los miembros de la familia de los nacionales de terceros países residentes de larga duración que no residan en este Estado, a efectos de determinar el derecho de los nacionales de terceros países a una prestación familiar.
         
      
            31.
         
         
            Como se desprende de la resolución de remisión, la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto atiende a la circunstancia de que, como se ha visto en el punto 8 de las presentes conclusiones, con arreglo al artículo 2 de la Ley n.o 153/1988, la unidad familiar que sirve de base para la determinación del subsidio para la unidad familiar está compuesta por todos aquellos que tienen un vínculo familiar específico con una persona que trabaja en Italia, independientemente de si los miembros de la familia residen en dicho país o en otro lugar del mundo. Sin embargo, con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley, por lo que se refiere a los nacionales de terceros países que trabajan en Italia, la unidad familiar está compuesta por aquellos miembros de la familia que residen en Italia, y no por los que residen en el extranjero (a menos que exista un trato de reciprocidad o un convenio específico). (
                  10
               )
         
      
            32.
         
         
            Cabe observar que la cuestión planteada en el presente asunto todavía no ha sido objeto de examen por el Tribunal de Justicia. Con el fin de responder a dicha cuestión, procede comenzar con algunas observaciones preliminares sobre la Directiva 2003/109 y el marco jurídico de la Unión en materia de migración legal, así como sobre la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (
                  11
               ) (sección A). A continuación, me centraré en la interpretación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 (sección B). Por último, me ocuparé de la posible aplicación de las excepciones a la igualdad de trato previstas en el artículo 11, apartados 2 y 4, de la Directiva 2003/109 (sección C).
         
      
            33.
         
         
            Basándome en ese análisis, he llegado a la conclusión de que el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal.
         
      
      
         A.
       
         Observaciones preliminares
      
   
   
      1. Directiva 2003/109 y marco jurídico de la Unión en materia de migración legal
   
   
            34.
         
         
            Conviene recordar que la Directiva 2003/109 es un instrumento clave dentro del denominado marco jurídico de la Unión en materia de migración legal, que forma parte de la política común de inmigración de la Unión en el espacio de libertad, seguridad y justicia. (
                  12
               ) El marco jurídico de la Unión en materia de migración legal comprende un conjunto de directivas que regulan en general las condiciones de entrada y residencia de diferentes categorías de nacionales de terceros países y sus derechos después de su admisión en los Estados miembros. (
                  13
               ) Las disposiciones relativas a la igualdad de trato son un elemento importante de estas directivas, y promueven uno de los principales objetivos de la política de inmigración de la Unión, cual es garantizar un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros. (
                  14
               )
         
      
            35.
         
         
            En ese contexto, la Directiva 2003/109 establece las condiciones de concesión y de retirada del estatuto de residente de larga duración, y derechos correspondientes, así como las condiciones de residencia en otros Estados miembros de los nacionales de terceros países que gocen de dicho estatuto. (
                  15
               ) En efecto, la Directiva crea en favor de los nacionales de terceros países que hayan residido legalmente en la Unión durante un período de al menos cinco años un estatuto jurídico particular que deriva exclusivamente del Derecho de la Unión: el estatuto de residente de larga duración, (
                  16
               ) que constituye el máximo nivel que pueden obtener los nacionales de terceros países, exceptuando la nacionalidad del Estado miembro de acogida. (
                  17
               )
         
      
            36.
         
         
            Como ha reconocido el Tribunal de Justicia, de los considerandos 4, 6 y 12 de la Directiva 2003/109 se desprende que el principal objetivo de esta es la integración de los nacionales de terceros países que estén instalados permanentemente en los Estados miembros. (
                  18
               ) De igual modo, según su considerando 2, la Directiva pretende, mediante la concesión del estatuto de residente de larga duración a los nacionales de terceros países, aproximar el estatuto jurídico de estos al de los nacionales de los Estados miembros. (
                  19
               ) A tal fin, la Directiva 2003/109 establece la igualdad de trato entre dichos nacionales de terceros países y los de los Estados miembros en un amplio abanico de sectores económicos y sociales. (
                  20
               )
         
      
            37.
         
         
            A este respecto, el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/109 dispone que los residentes de larga duración gozan del mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en ámbitos específicos, como las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional a las que se hace referencia en la letra d), sin perjuicio de las excepciones que los Estados miembros puedan establecer con arreglo al artículo 11, apartados 2, 3 y 4. Esto significa en esencia que, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2003/109, los Estados miembros deben garantizar que los nacionales de terceros países residentes de larga duración reciban, en principio, el mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en una situación comparable en lo que tiene que ver con la concesión de dichas prestaciones.
         
      
      2. Sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj
   
   
            38.
         
         
            Es preciso destacar también que la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (
                  21
               ) resulta pertinente en el presente asunto, aunque el Tribunal de Justicia abordara cuestiones diferentes en ella. Se dictó a raíz de una petición de decisión prejudicial planteada por un tribunal italiano, y ofreció al Tribunal de Justicia la posibilidad de interpretar por primera vez el artículo 11 de la Directiva 2003/109.
         
      
            39.
         
         
            En la citada sentencia, (
                  22
               ) el Tribunal de Justicia afirmó que el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 se opone a una normativa nacional que prevé, en relación con la concesión de una ayuda a la vivienda, un trato diferente para los residentes de larga duración, respecto del trato dispensado a los nacionales del Estado miembro de acogida, siempre que la citada ayuda esté comprendida en dicha disposición y que no resulte aplicable la excepción contemplada en el apartado 4 de ese mismo artículo. En particular, el Tribunal de Justicia consideró que, a pesar de que en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 se hace referencia a la legislación nacional, los Estados miembros no pueden menoscabar el efecto útil de la Directiva y, al determinar las medidas sujetas al principio de igualdad de trato que consagra ese artículo, han de tener en cuenta el objetivo de integración perseguido por dicha Directiva y las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular su artículo 34 relativo a la seguridad social y la ayuda social. (
                  23
               )
         
      
            40.
         
         
            Además, el Tribunal de Justicia estimó que, habida cuenta de que el derecho a la igualdad de trato de los residentes de larga duración reconocido en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/109 constituye la regla general, la excepción contemplada en el apartado 4 del mismo artículo con respecto a las prestaciones de la asistencia social y de la protección social deberá interpretarse en términos estrictos y solo aplicarse si los Estados miembros han manifestado claramente la voluntad de hacer uso de la misma. (
                  24
               ) A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó que el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109 no permite la inaplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a prestaciones de la seguridad social tal como esta se define en la legislación nacional. Asimismo, precisó que, las prestaciones básicas mencionadas en dicha disposición se refieren a las prestaciones de asistencia social o de protección social concedidas por las autoridades públicas, que contribuyan a que los particulares puedan hacer frente a necesidades elementales, y que si la ayuda controvertida cumple la finalidad mencionada en el artículo 34 de la Carta, no podrá considerarse, con arreglo al Derecho de la Unión, que no forma parte de las prestaciones básicas. (
                  25
               )
         
      
            41.
         
         
            Por consiguiente, de la sentencia Kamberaj se desprende que, en los casos en que la normativa nacional origine una diferencia de trato entre nacionales de terceros países residentes de larga duración y nacionales del Estado miembro de acogida con respecto a la concesión de las prestaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 y no sea posible aplicar excepciones, debe respetarse el derecho a la igualdad de trato conferido a dichos nacionales de terceros países en virtud de esa disposición. Por lo tanto, la citada sentencia corrobora que una normativa nacional como la controvertida es disconforme con el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109. Volveré a abordar esta sentencia posteriormente en mi análisis (véanse los puntos 45, 64, 67 y 68 de las presentes conclusiones).
         
      
      
         B.
       
         Interpretación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109
      
   
   
      1. Consideraciones generales
   
   
            42.
         
         
            Procede señalar de entrada que, tal como he observado en los puntos 39 y 40 de mis conclusiones presentadas en el asunto C‑302/19 con respecto a la Directiva 2011/98, la Directiva 2003/109 no armoniza la legislación de los Estados miembros en los ámbitos de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social, y corresponde en principio a cada Estado miembro establecer las condiciones para determinar, en particular, el derecho a recibir prestaciones en esos ámbitos.
         
      
            43.
         
         
            De ello se deriva que la Directiva 2003/109 no impide que, por ejemplo, un Estado miembro excluya de la concesión de prestaciones familiares a los trabajadores si los miembros de su familia residen en terceros países, o que excluya a esos miembros de la base del cálculo del importe de las prestaciones. Sin embargo, el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que los nacionales de terceros países residentes de larga duración gocen del mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional. Así pues, en la medida en que la normativa del Estado miembro de acogida (en este caso, Italia) conceda una prestación familiar a sus nacionales independientemente del lugar en que residan los miembros de su familia, con arreglo a esa disposición, se debe otorgar, en principio, el mismo trato a los nacionales de terceros países residentes de larga duración que se encuentren en una situación comparable. Por consiguiente, considero que la exclusión de los miembros de la familia no residentes de dichos nacionales de terceros países en virtud de la normativa nacional controvertida es incompatible con la citada disposición por los motivos que se exponen a continuación.
         
      
            44.
         
         
            En primer lugar, resulta incuestionable que un residente de larga duración como VR está comprendido en el ámbito de aplicación personal del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 y, por lo tanto, tiene derecho a la igualdad de trato en virtud de este precepto. Según la resolución de remisión, VR es un nacional de un tercer país empleado en Italia y titular de un permiso de residencia de larga duración con arreglo a la normativa italiana que transpuso la Directiva 2003/109.
         
      
            45.
         
         
            En segundo lugar, no cabe duda alguna de que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, el subsidio para la unidad familiar está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, que hace referencia a las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional. Según las observaciones presentadas por el INPS y el Gobierno italiano, dentro de las categorías contempladas en dicha disposición, ese subsidio está comprendido en la de prestaciones de la seguridad social, y no en la de prestaciones de la asistencia social o de la protección social. Sobre la base de la sentencia Kamberaj, (
                  26
               ) esta es una cuestión que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, cabe señalar que, como he señalado en el punto 42 de mis conclusiones presentadas en el asunto C‑302/19, a los efectos del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98, este subsidio constituye una prestación de la seguridad social incluida en las prestaciones familiares mencionadas en el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. (
                  27
               )
         
      
            46.
         
         
            En tercer lugar, es claro que, con arreglo a la normativa nacional controvertida, los nacionales de terceros países residentes de larga duración sufren, en contra de la prohibición establecida en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, un trato menos favorable que los nacionales del Estado miembro de acogida por lo que se refiere al derecho al subsidio para la unidad familiar. El artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 establece para los nacionales de terceros países un sistema que difiere (a menos que exista un trato de reciprocidad o un convenio específico) del sistema general aplicable a los nacionales italianos, a quienes se abona el subsidio independientemente de la residencia de los miembros de la familia. Con arreglo a esa normativa, los nacionales de terceros países, a diferencia de los nacionales italianos, no pueden incluir miembros de la familia que no residan en Italia en la composición de la unidad familiar a efectos de la determinación del derecho al subsidio. Esto produce el efecto de reducir el importe del subsidio que los nacionales de terceros países pueden recibir, o eliminar por completo todo pago, dependiendo del número de miembros de la familia residentes en Italia, en comparación con el subsidio conferido a los nacionales del Estado miembro de acogida, cuyos familiares se tienen en cuenta aunque no residan en Italia.
         
      
            47.
         
         
            Por lo tanto, contrariamente a lo que sostienen el INPS y el Gobierno italiano, y tal como señala VR, debe considerarse que dicha normativa nacional afecta al derecho de los nacionales de terceros países al subsidio para la unidad familiar y no solamente al importe de este, habida cuenta de que, de hecho, priva a los mencionados nacionales de su derecho al subsidio durante los períodos de tiempo pertinentes en que todos los miembros de su familia no residan en Italia, tal como demuestran las circunstancias del caso de autos.
         
      
            48.
         
         
            Es preciso añadir que el argumento del INPS para negar la existencia de discriminación basándose en que los nacionales de terceros países residentes de larga duración y los nacionales del Estado miembro de acogida no están en la misma situación, dada su respectiva relación con el Estado, no puede aceptarse, puesto que, en el artículo 11 de la Directiva 2003/109, el legislador de la Unión ha reconocido el derecho de dichos nacionales de terceros países a la igualdad de trato. Lo mismo se puede decir de los argumentos formulados por el INPS y el Gobierno italiano con respecto a las dificultades existentes a la hora de controlar los subsidios, de luchar contra las prácticas abusivas en el ámbito de la seguridad social y de preservar la función del subsidio para la unidad familiar, habida cuenta de que, como indica VR, esos problemas también pueden darse en el caso de los miembros de la familia de los nacionales italianos que residen en el extranjero, y de que la Directiva 2003/109 impone la igualdad de trato.
         
      
            49.
         
         
            En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones anteriores, existen razones de peso para responder en sentido afirmativo a la cuestión prejudicial (en la medida en que las excepciones contempladas en el artículo 11, apartados 2 y 4, de la Directiva 2003/109 no son aplicables, tal como se indica en los puntos 63 a 68 de las presentes conclusiones). Sin embargo, teniendo en cuenta algunos elementos resaltados por el órgano jurisdiccional remitente y determinados argumentos formulados por el INPS y el Gobierno italiano, el presente asunto plantea problemáticas complejas sobre cómo debe interpretarse el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 en relación con la normativa nacional en estas circunstancias. En particular, la complejidad del presente asunto surge por la naturaleza de la prestación controvertida y el hecho de que podría entenderse que determinadas disposiciones de la Directiva 2003/109 excluyen de su ámbito de aplicación a los miembros de la familia de los nacionales de terceros países que residan fuera del Estado miembro de acogida.
         
      
      2. Consideraciones adicionales a la luz de la situación del litigio principal
   
   
            50.
         
         
            Debo señalar, de entrada, que coincido con VR y la Comisión en que las disposiciones relativas a la igualdad de trato del artículo 11 de la Directiva 2003/109 son aplicables a una normativa nacional como la controvertida en el presente asunto.
         
      
            51.
         
         
            En primer lugar, no me convencen los argumentos formulados por el INPS en el sentido de que, a efectos de la Directiva 2003/109, no es suficiente que los residentes de larga duración residan en el Estado miembro de acogida, dado que los miembros de la familia son los beneficiarios del subsidio para la unidad familiar y, por lo tanto, deben residir en ese Estado.
         
      
            52.
         
         
            En relación con la postura que he defendido en los puntos 50 y 51 de mis conclusiones presentadas en el asunto C‑302/19, es preciso recordar que, tal como señalan el órgano jurisdiccional remitente, el INPS, VR y el Gobierno italiano, todas las personas que trabajan en Italia pueden beneficiarse del subsidio para la unidad familiar, siempre que formen parte de una unidad familiar cuyos ingresos no sobrepasen cierto límite. Además, el subsidio es abonado por el empresario y se financia mediante un sistema de cotizaciones. Por consiguiente, debe considerarse que el derecho al subsidio está relacionado con la situación del trabajador de un tercer país residente de larga duración y que está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109.
         
      
            53.
         
         
            Admito que, tal como señalan el órgano jurisdiccional remitente, el INPS y el Gobierno italiano, los miembros de la familia del residente de larga duración son beneficiarios del subsidio para la unidad familiar. De hecho, en términos generales, las prestaciones familiares se caracterizan por beneficiar a la familia. (
                  28
               ) Sin embargo, de la información puesta a disposición del Tribunal de Justicia se desprende que, aunque la existencia de familiares es una condición previa para la concesión del subsidio, del que disfrutarán estos últimos, en principio el derecho al subsidio se confiere al trabajador de un tercer país residente de larga duración y no a los miembros de su familia. Dicho esto, tal trabajador goza de igualdad de trato con respecto a las condiciones impuestas a los nacionales del Estado miembro de acogida a efectos de la adquisición del derecho a dicho subsidio en virtud del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109.
         
      
            54.
         
         
            En segundo lugar, en mi opinión, la definición de miembro de la familia del artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109 no excluye del ámbito de aplicación del artículo 11 de la Directiva a los miembros de la familia que no residen en el Estado miembro de acogida con el residente de larga duración. Como se ha podido ver en el punto 6 de las presentes conclusiones, a efectos de dicha Directiva, esta disposición define al miembro de la familia como «el nacional de un tercer país que resida en el Estado miembro de que se trate de conformidad con lo dispuesto en la [Directiva 2003/86] sobre el derecho a la reagrupación familiar». En la Directiva 2003/109, la definición de miembro de la familia del artículo 2, letra e), se utiliza de forma específica y se refiere principalmente a la residencia en un segundo Estado miembro conforme al artículo 16, (
                  29
               ) como se desprende del considerando 20. (
                  30
               ) Por consiguiente, tal como indica la Comisión, si bien el artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109 define qué se entiende por «miembro de la familia» cuando las disposiciones de la Directiva utilizan dicho término, no hay nada que indique que, en las circunstancias del caso de autos, limita el derecho a la igualdad de trato de los residentes de larga duración reconocido en el artículo 11.
         
      
            55.
         
         
            En particular, esta tesis es conforme con el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, con arreglo al cual un Estado miembro podrá restringir la aplicación de la igualdad de trato, en particular en relación con las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social, a los casos en que el lugar de residencia habitual o de inscripción de los miembros de la familia para los que se solicitaren las prestaciones o beneficios, se halle en su territorio. En mi opinión, no sería lógico, que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 establezca tal excepción si los miembros de la familia que no residen en el territorio del Estado miembro de que se trate no son, en cualquier caso, miembros de la familia en el sentido del artículo 2, letra e).
         
      
            56.
         
         
            La anterior tesis está también en consonancia con los antecedentes legislativos de la Directiva 2003/109. En particular, de determinados documentos institucionales se desprende que la definición de miembro de la familia de la Directiva estaba inicialmente relacionada con personas específicas residentes en el Estado miembro de acogida en concordancia con la Directiva 2003/86 sobre la reagrupación familiar. (
                  31
               ) Dicha definición se redujo finalmente al tenor que figura en el artículo 2, letra e), de la Directiva 2003/109. (
                  32
               ) Sin embargo, nada en esos documentos indica que su objetivo fuera afectar al derecho a la igualdad de trato de los residentes de larga duración reconocido en la Directiva. En efecto, a pesar de que durante el proceso de toma de decisiones se discutió la concesión de prestaciones a personas residentes en el extranjero, (
                  33
               ) y se presentó una propuesta de excepción a la igualdad de trato cuando un Estado miembro conceda derechos a sus propios nacionales mientras estén residiendo fuera de su territorio, (
                  34
               ) ninguna de esas disposiciones se incluyeron en la Directiva 2003/109 finalmente aprobada.
         
      
            57.
         
         
            Además, teniendo en cuenta el contexto de la Directiva 2003/109, cabe señalar que, en la definición de miembros de la familia de otras directivas comprendidas en el marco jurídico de la Unión en materia de migración legal, no se hace referencia específicamente a su residencia en el Estado miembro de que se trate, y ese término designa a los nacionales de terceros países definidos (
                  35
               ) (
                  36
               ) en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/86, en el que se enumeran las personas con respecto a las cuales los Estados miembros han de autorizar la reagrupación familiar, en particular el cónyuge y los hijos menores de los nacionales de terceros países.
         
      
            58.
         
         
            Por último, no me convencen los argumentos del INPS y el Gobierno italiano según los cuales una normativa nacional como la controvertida es coherente con el objetivo de la integración de los nacionales de terceros países residentes de larga duración en los Estados miembros previsto en la Directiva 2003/109. Tal como se menciona en el punto 36 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia ha atribuido importancia al hecho de que el objetivo de la integración previsto en la Directiva 2003/109 se logre reconociendo en el artículo 11 la igualdad de trato de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. En consecuencia, en las circunstancias del presente asunto, en el que el nacional de un tercer país se encuentra en una situación comparable a la de un nacional del Estado miembro de acogida, considero que es totalmente coherente con los objetivos de integración e igualdad de trato perseguidos por la Directiva 2003/109 que dicho nacional disfrute de igualdad de trato con respecto al derecho a un subsidio para la unidad familiar en virtud del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva.
         
      
      
         C.
       
         Posible aplicación del artículo 11, apartados 2 y 4, de la Directiva 2003/109
      
   
   
            59.
         
         
            Procede recordar que, como se ha visto en el punto 7 de las presentes conclusiones, el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 establece que, con respecto a determinados ámbitos especificados en el artículo 11, apartado 1, como las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional a las que se hace referencia en la letra d), un Estado miembro «podrá restringir la aplicación de la igualdad de trato a los casos en que el lugar de residencia habitual o de inscripción del residente de larga duración, o de los miembros de su familia para los que se solicitaren las prestaciones o beneficios, se halle en su territorio».
         
      
            60.
         
         
            A ese respecto, es preciso señalar que el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 establece una excepción a la igualdad de trato en varios ámbitos, de carácter transversal, que no figura en otras directivas comprendidas en el marco jurídico de la Unión en materia de migración legal. (
                  37
               ) Tal como indica la doctrina, el objetivo de la citada disposición es impedir la exportación de prestaciones en esferas comprendidas por el artículo 11 de la Directiva 2003/109, entre ellas, las prestaciones familiares, en el caso de los residentes de larga duración y los miembros de la familia que viven en el extranjero. (
                  38
               ) A efectos de la aplicación del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, en las circunstancias del presente asunto destacan dos aspectos principales.
         
      
            61.
         
         
            En primer lugar, procede señalar que, habida cuenta del tenor del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, no queda claro si comprende prestaciones familiares como el subsidio para la unidad familiar, que se abona al trabajador en favor de toda la familia, o si únicamente se refiere a las prestaciones solicitadas en razón de una situación particular concerniente a uno o más miembros de la familia, como sostienen VR y el Gobierno italiano. Parece que los antecedentes legislativos de la Directiva 2003/109 tampoco ofrecen demasiadas indicaciones sobre este particular. (
                  39
               )
         
      
            62.
         
         
            Me inclino por considerar que la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 es aplicable tanto a las prestaciones sociales que benefician al residente de larga duración como a las que benefician a los miembros de su familia. En efecto, el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, se refiere sin reservas a «lo dispuesto en las letras […] d), […] del apartado 1», lo que significa que si una prestación está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva, también debe estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 2. Por lo tanto, debe considerarse que la excepción abarca una prestación familiar como el subsidio para la unidad familiar.
         
      
            63.
         
         
            En segundo lugar, se impone analizar si está justificado que Italia limite la igualdad de trato reconocida en el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109 mediante la aplicación de la excepción contemplada en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva.
         
      
            64.
         
         
            Cabe señalar que, contrariamente a los argumentos formulados por el Gobierno italiano, parece que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce sin lugar a dudas que un Estado miembro solo puede invocar la excepción prevista en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 si ha manifestado claramente su voluntad de hacer uso de ella. Como se ha indicado en los puntos 39 y 40 de las presentes conclusiones, si bien en la sentencia Kamberaj (
                  40
               ) se examinó la excepción contemplada en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, que era objeto de controversia en ese litigio, no hay nada que indique que las conclusiones del Tribunal de Justicia se limitaron a dicha disposición, y que no puedan aplicarse al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109, especialmente en vista de que también constituye una excepción a la norma general de la igualdad de trato consagrada en el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/109. Además, como se ha señalado en el punto 37 de mis conclusiones presentadas en el asunto C‑302/19, el Tribunal de Justicia se basó en las conclusiones que formuló en la sentencia Kamberaj para establecer en la sentencia Martínez Silva (
                  41
               ) que, al igual que la Directiva 2003/109, los Estados miembros solo pueden invocar las excepciones a la igualdad de trato enumeradas en la Directiva 2011/98 si han manifestado claramente la voluntad de hacer uso de ellas.
         
      
            65.
         
         
            En el presente asunto, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, tal como confirmó el Gobierno italiano en la vista (véase el punto 27 de las presentes conclusiones), Italia no ha manifestado su intención de hacer uso de la excepción contemplada en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109. Así pues, no puede considerarse que las disposiciones sobre el subsidio para la unidad familiar incluidas en el artículo 2, apartado 6 bis, de la Ley n.o 153/1988 (que fue adoptada varios años antes de la transposición de la Directiva 2003/109 al Derecho nacional mediante el Decreto Legislativo n.o 286/1998) introducen las restricciones a la igualdad de trato que los Estados miembros pueden establecer en virtud del artículo 11, apartado 2, de la Directiva.
         
      
            66.
         
         
            Además, como hemos visto en el punto 11 de las presentes conclusiones, el artículo 9, apartado 12, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 se limita a condicionar el acceso de los residentes de larga duración a las prestaciones de la asistencia social y de la seguridad social a su residencia efectiva en el territorio nacional, «salvo disposición en contrario». Dicho artículo no hace referencia al lugar de residencia de los miembros de la familia del residente, y no cabe considerar, en mi opinión, que la fórmula «salvo disposición en contrario» es una manifestación clara de la intención de un Estado miembro de hacer uso de excepciones, habida cuenta de que dicha fórmula no especifica las disposiciones que se exceptúan. Por lo tanto, ha de considerarse que Italia no puede invocar el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/109 en las circunstancias del presente asunto.
         
      
            67.
         
         
            En mi opinión, lo mismo cabe concluir con respecto a la posible aplicación de la excepción contemplada en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109 en el presente asunto. En particular, procede recordar que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Kamberaj (
                  42
               ) (véase el punto 40 de las presentes conclusiones), dicha excepción permite a los Estados miembros limitar el principio de la igualdad de trato respecto de la asistencia social y la protección social a las prestaciones básicas, que son concedidas por las autoridades públicas y que contribuyan a que los particulares puedan hacer frente a necesidades elementales. Sin embargo, la excepción no es aplicable a las prestaciones de la seguridad social tal como se definen en la legislación nacional.
         
      
            68.
         
         
            Por consiguiente, de la sentencia Kamberaj se deduce que, aunque el órgano jurisdiccional remitente considerara que el subsidio para la unidad familiar constituye una prestación de la asistencia social o de la protección social que no está comprendido en las prestaciones básicas en el sentido del artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva seguiría oponiéndose a la normativa nacional controvertida, por cuanto que la información de que dispone el Tribunal de Justicia revela que Italia no ha manifestado su voluntad de hacer uso de dicha excepción (véase el punto 27 de las presentes conclusiones).
         
      
            69.
         
         
            Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, afirmo que una normativa nacional como la controvertida en el caso de autos, en virtud de la cual, a diferencia de lo establecido para los nacionales del Estado miembro de acogida, a efectos de determinar el derecho a una prestación familiar, se excluye a los miembros de la familia de los nacionales de terceros países residentes de larga duración cuando no residan en ese Estado, no es conforme con el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109.
         
      
      VI. Conclusión
   
   
            70.
         
         
            En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia):
            «El artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual, a diferencia de lo establecido para los nacionales del Estado miembro, en el cómputo de los miembros de la unidad familiar a efectos de cálculo del subsidio para la unidad familiar se excluye a los familiares de un trabajador residente de larga duración y nacional de un tercer Estado cuando esos familiares no residan en el territorio de dicho Estado miembro.»
         
      (
         1
      )	Lengua original: inglés.
   (
         2
      )	DO 2004, L 16, p. 44.
   (
         3
      )	DO 2011, L 343, p. 1.
   (
         4
      )	DO 2003, L 251, p. 12.
   (
         5
      )	A este respecto, el INPS se refiere a la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233).
   (
         6
      )	VR hace mención, a este respecto, de las sentencias de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), y de 21 de junio de 2017, Martínez Silva (C‑449/16, EU:C:2017:485).
   (
         7
      )	Sentencia de 21 de junio de 2017 (C‑449/16, EU:C:2017:485).
   (
         8
      )	Sentencia de 24 de abril de 2012 (C‑571/10, EU:C:2012:233).
   (
         9
      )	A este respecto, la Comisión hace referencia a las sentencias de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), y de 21 de junio de 2017, Martínez Silva (C‑449/16, EU:C:2017:485).
   (
         10
      )	Procede recordar que, como señala VR, si bien en la cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente menciona el tercer país del que son nacionales, de la normativa nacional controvertida se desprende que la cuestión prejudicial se plantea igualmente si los miembros de la familia residen en cualquier otro país que no sea Italia.
   (
         11
      )	(C‑571/10, EU:C:2012:233).
   (
         12
      )	Véase el título V TFUE, capítulo 2, en particular el artículo 79.
   (
         13
      )	A modo de resumen, véase, por ejemplo, Commission Staff Working Document, Fitness Check on EU Legislation on legal migration, SWD(2019) 1055 final, 29 de marzo de 2019. Como se indica en dicho documento, el marco jurídico de la Unión en materia de migración legal comprende las siguientes directivas: 1) Directiva 2003/86 sobre la reagrupación familiar; 2) Directiva 2003/109 sobre los residentes de larga duración; 3) Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (DO 2009, L 155, p. 17); 4) Directiva 2011/98 sobre el permiso único; 5) Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros (DO 2014, L 94, p. 375); 6) Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales (DO 2014, L 157, p. 1); y 7) Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (versión refundida) (DO 2016, L 132, p. 21), que deroga y sustituye la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DO 2004, L 375, p. 12) y la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (DO 2005, L 289, p. 15).
   (
         14
      )	Véase el artículo 79 TFUE, apartado 1; véase, asimismo, el artículo 67 TFUE, apartado 2.
   (
         15
      )	Véase la Directiva 2003/109, en particular el artículo 1 y el considerando 24; véase, asimismo, el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2003/109, COM(2019) 161 final, 29 de marzo de 2019. Para un análisis pormenorizado, véase, por ejemplo, Thym, D., «Long Term Residents Directive 2003/109/EC», en Hailbronner, K. y Thym, D. (ed.), EU Immigration and Asylum Law — A Commentary, 2.a edición, C. H. Beck/Hart/Nomos, 2016, pp. 427 a 519.
   (
         16
      )	Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto P y S (C‑579/13, EU:C:2015:39), punto 29.
   (
         17
      )	Véase, a este respecto, Thym, citado en la nota 15 de las presentes conclusiones, pp. 437 y 438.
   (
         18
      )	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 4 de junio de 2015, P y S (C‑579/13, EU:C:2015:369), apartado 46, y de 3 de octubre de 2019, X (Residentes de larga duración — Recursos fijos y regulares suficientes) (C‑302/18, EU:C:2019:830), apartado 29.
   (
         19
      )	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 15 de mayo de 2019, Çoban (C‑677/17, EU:C:2019:408), apartado 58, y de 3 de octubre de 2019, X (Residentes de larga duración — Recursos fijos y regulares suficientes) (C‑302/18, EU:C:2019:830), apartado 29.
   (
         20
      )	Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Y. Z. y otros (Fraude en la reagrupación familiar) (C‑557/17, EU:C:2019:203), apartado 63.
   (
         21
      )	(C‑571/10, EU:C:2012:233).
   (
         22
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartado 93.
   (
         23
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartados 78 a 81.
   (
         24
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartados 86 y 87.
   (
         25
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), en particular los apartados 83, 91 y 92. El Tribunal de Justicia declaró que corresponde al órgano jurisdiccional nacional llevar a cabo las comprobaciones necesarias, tomando en consideración la finalidad de la ayuda controvertida, su importe, los requisitos para su concesión y el lugar que ocupa en el sistema nacional de asistencia social.
   (
         26
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012 (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartados 78 a 81.
   (
         27
      )	DO 2004, L 166, p. 1.
   (
         28
      )	Véase, en este sentido, Strban, G., «Family Benefits in the EU: Is It Still Possible to Coordinate Them?» (2016) Maastricht Journal of European and Comparative
      Law, volumen 23, p. 775, en particular pp. 782 y 783.
   (
         29
      )	Véase, a este respecto, la sentencia de 17 de julio de 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094), apartado 36. Véase, asimismo, Thym, citado en la nota 15 de las presentes conclusiones, p. 439.
   (
         30
      )	Véase también, a este respecto, el artículo 17, apartado 1, el artículo 18, apartado 1, y el artículo 22, apartados 1, 2 y 5, de la Directiva 2003/109. Además de la referencia a los miembros de la familia incluida en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva, estos también se mencionan en el artículo 5, apartado 1, sobre las condiciones para la obtención del estatuto de residente de larga duración, y en el artículo 12, apartado 3, sobre la protección contra la expulsión.
   (
         31
      )	Véase, por ejemplo, Doc 10312/01, de 12 de julio de 2001, p. 7 (en el que se define los miembros de la familia como «el cónyuge o la pareja de hecho, los hijos menores del residente de larga duración, así como los ascendientes e hijos mayores a su cargo, cuando estas personas hayan sido admitidas en el Estado miembro de que se trate y allí residan de conformidad con lo dispuesto en la Directiva.../.../CE del Consejo sobre el derecho a la reagrupación familiar»).
   (
         32
      )	Véase, por ejemplo, Doc 9754/03, de 26 de mayo de 2003, p. 3.
   (
         33
      )	Véase Doc 13420/01, de 18 de diciembre de 2001, p. 12, nota 2 (en la que se indica la respuesta de la Comisión a una cuestión formulada por un Estado miembro sobre la aplicación de la igualdad de trato en cuanto a las becas para realizar estudios fuera de la Unión).
   (
         34
      )	Véase Doc 13700/02, de 9 de diciembre de 2002, p. 16, nota 1 (en la que se recoge una sugerencia de la Presidencia del Consejo por lo que respecta al apartado 3 del artículo 11 sobre la igualdad de trato: «Aunque un Estado miembro conceda cualquiera de los derechos mencionados en los apartados 1 y 2 a sus propios nacionales mientras estén residiendo fuera de su territorio, ese Estado miembro no estará obligado a conceder esos derechos a los nacionales de terceros países que hayan adquirido el estatuto de residente de larga duración en otro Estado miembro y a los que se les haya expedido un permiso de residencia con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo III, en el caso de que dichas personas residan fuera de su territorio.»).
   (
         35
      )	Véanse, el artículo 2, letra f), de la Directiva 2009/50, y el artículo 3, punto 24, de la Directiva 2016/801.
   (
         36
      )	Véase el artículo 3, letra h), de la Directiva 2014/66.
   (
         37
      )	Disposiciones similares de otras directivas comprendidas en el marco jurídico de la Unión en materia de migración legal relativas a la educación y la formación profesional [véase el artículo 14, apartado 2, letra b), de la Directiva 2009/50] y a los beneficios fiscales [véanse el artículo 12, apartado 2, letra c), de la Directiva 2011/98; el artículo 23, apartado 2, inciso iii), de la Directiva 2014/36, y el artículo 22, apartado 2, letra c), de la Directiva 2016/801].
   (
         38
      )	Véanse, por ejemplo, Peers, S., «Implementing Equality? The Directive on Long‑Term Resident Third-Country Nationals» (2004) European Law Review volumen 29, p. 437, en particular p. 452, y Thym, citado en la nota 15 de las presentes conclusiones, pp. 480 y 486.
   (
         39
      )	Véase, en este sentido, Halleskov, L., «The Long-Term Residents Directive: A Fulfilment of the Tampere Objective of Near-Equality?» (2005) European Journal of Migration and Law, volumen 7, p. 181, en particular p. 193.
   (
         40
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012 (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartados 86 y 87.
   (
         41
      )	Véase la sentencia de 21 de junio de 2017 (C‑449/16, EU:C:2017:485), apartado 29 [que remite, por analogía, a la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartados 86 y 87].
   (
         42
      )	Véase la sentencia de 24 de abril de 2012 (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartado 83.