CELEX: 51991PC0068
Language: es
Date: 1991-04-23
Title: PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE GRAN RIESGO DE LAS ENTIDADES DE CREDITO

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                  C0M(91) 68 final - SYN 333
                                  Bruselas, 23 de abril de 1991
                        Propuesta de
                   DIRECTIVA DEL CONSEJO
   sobre vigilancia y control de las operaciones de gran
             riesgo de las entidades de crédito
                (presentada por la Comisión)
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                              EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A.  Consideraciones generales
La  distribución     del   riesgo    es   una   regla   de   oro    de   la  actividad
financiera    en  general     y    las   autoridades    de    supervisión     son   las
principales responsables de velar por que las entidades de crédito la
respeten.    En   lo    que   respecta      a   los   riesgos     de    crédito,    una
concentración excesiva de riesgos frente a una misma contraparte podría
hacer peligrar   la independencia de la gestión de la entidad de crédito
y, en caso de incumplimiento por dicha contraparte, provocar                  pérdidas
de magnitud suficiente para poner en peligro su estabilidad.
Se  trata, por   tanto, de una         regla esencial     de    la supervisión,     que
debería   armonizarse      en   el   plano    comunitario      y   que,    además,   se
mencionaba   expresamente, a este respecto, en el               Libro Blanco     de  la
Comisión   sobre   la    realización     del  mercado    interior.     Pero   hay   una
segunda razón por la que se justifica la armonización, y es la voluntad
de evitar distorsiones evidentes de            la   competencia.     En efecto, dado
que  las normas sobre distribución del riesgo tienen                 fundamentalmente
por objeto limitar los recursos que una entidad de crédito puede poner
a disposición de un cliente determinado, otra entidad sujeta a normas
menos restrictivas estaría en condiciones ventajosas desde el punto de
vista de la competencia.
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En   consonancia       con    los   objetivos      fijados    en     el    Libro    Blanco,   la
Comisión     adoptó,       en    1986,     una    Recomendación         sobre      los   grandes
riesgos^ 1 )    con    vistas     a   permitir     una    preparación         gradual    de  las
entidades     de    crédito     ante     la  adopción     de    normas      restrictivas.     Un
Considerando      de dicha      Recomendación       anunciaba      ya    de   forma    explícita
una   futura    propuesta      de   Directiva.      La   proximidad        de   la entrada    en
funcionamiento del mercado              interior   y   los dictámenes coincidentes de
 las  autoridades       nacionales       de  supervisión      en     el    Comité    Consultivo
Bancario inducen a considerar que es éste un momento oportuno para la
adopción de una propuesta de Directiva.
La adjunta propuesta de Directiva, que se somete a la aprobación de la
Comisión, contiene normas más severas que las de la Recomendación. Por
no   citar   sino     las   normas      fundamentales,      cabe     decir     que    el  límite
absoluto    de    los riesgos       asumidos     frente    a una      única    contraparte    ha
sido fijado ahora en el             25% de     los fondos propios de             la entidad   de
crédito acreedora        (en    la Recomendación este porcentaje era del 40%),
en   tanto    que    el  umbral      a   partir    del   cual    un     riesgo     adquiere   la
consideración       de gran     riesgo     ha sido    reducido al         10% de     los  fondos
propios    de    la   entidad     acreedora      (frente    al    15% contemplado         en  la
Recomendación).
Este endurecimiento         de    las normas      responde     sobre     todo a      los deseos
manifestados repetidamente por el Comité Consultivo Bancario, y se ve
asimismo     refrendado       por    un    documento     sobre      "prácticas       adecuadas"
presentado por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria en la
reciente    Conferencia       Mundial     de   Supervisores      Bancarios        celebrada   en
Frankfurt. La adopción de normas más severas no puede sino redundar en
una mayor solidez y estabilidad del sistema bancario de la Comunidad.
La   limitación del      riesgo al 25% de          los fondos propios de             la entidad
acreedora no puede, además, considerarse en modo alguno excesivo, ya
que, en caso de
(1) Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 1986, sobre la
     vigilancia      y control       de   las operaciones        de    gran    riesgo    de  las
     entidades de crédito, D.O. no L 33 de 4.2.1987, pág. 10.
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  incumplimiento de la contraparte frente a la cual se haya asumido un
 riesgo de tal magnitud, la entidad de crédito podría perder una cuarta
 parte de sus fondos propios, lo que supone un importe considerable, que
 convendría    incluso reducir    aún más. Se    trata, por     lo demás, de un
 límite   máximo,    y  las  entidades   de   crédito   deberían     imponerse  la
 disciplina no sólo de no alcanzarlo, sino de no aproximarse a él tan
 siquiera, salvo cuando la calificación de los riesgos sea excelente.
 Conviene    hacerse   cargo,   no   obstante,   de   que   una   reducción    tan
 pronunciada del     límite con respecto al previsto en         la Recomendación
 puede plantear problemas de ajuste a determinadas entidades de crédito
o, en un plano más propiamente estructural, a determinados                sistemas
bancarios o partes       de algún   sistema   bancario. Por     otra   parte,  las
entidades de crédito no siempre         pueden reducir, a corto plazo,         los
 recursos concedidos cuyo importe supere el 25% de los fondos propios,
ya   que   están   obligados  a  respetar    las disposiciones      contractuales
acordadas con los beneficiarios de dichos recursos. Por esta razón, la
propuesta adjunta incluye una disposición que permite a las autoridades
competentes conceder      a  las entidades de crédito un plazo máximo de
cinco años para reducir       los riesgos existentes de manera que queden
dentro    de   los   límites  previstos;    además,   aquellos    créditos    cuyo
vencimiento sea posterior y con respecto a los cuales              la entidad de
crédito prestamista esté obligada a respetar los términos contractuales
podrán mantenerse hasta su vencimiento.
B.   Comentario de los artículos
Artículo 1: Definiciones
En este artículo se recogen, fundamentalmente, definiciones extraídas
de otras Directivas o propuestas de Directiva comunitarias en materia
bancaria, y su inclusión obedece a una voluntad de coherencia.
Hay dos definiciones, sin embargo, que figuran por primera vez en la
presente propuesta, por lo que merecen comentario aparte.
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La primera de ellas es la de "riesgos" (letra h) de las definiciones).
La Recomendación de        la Comisión anteriormente mencionada definía           los
riesgos como "cualquier ventaja concedida, ya sea hecha efectiva o no,
por    una   entidad    de   crédito    a  un   cliente    o   grupo    de  clientes
relacionados entre sí, quede o no registrada en el balance, que incluya
 los compromisos y otras eventualidades que las respectivas autoridades
competentes       consideren      importantes    para     valorar      los   riesgos
 ¡dent if¡cables    de   dicha   entidad".   En  el  Anexo    a   la   Recomendación
figuraba una lista indicativa de los riesgos.
Entre    tanto, ha sido aprobada        la Directiva    sobre el     coeficiente   de
             1
sol vencía^ ), que      incluye una nomenclatura detallada de           los riesgos.
Puede obtenerse una definición de los riesgos a la vez más precisa y
más restringida remitiéndose a la referida nomenclatura. Conviene, no
obstante, señalar que de la Directiva sobre el coeficiente de solvencia
sólo se ha tomado prestada           la nomenclatura de     los riesgos y no     las
ponderaciones que en ella se les asignan en función de la contraparte o
del nivel de riesgo de la operación. En la Directiva 89/647/CEE, estas
ponderaciones y niveles de riesgo se han concebido, de hecho, no tanto
para evaluar el riesgo frente a una contraparte individual, como para
establecer un requisito de solvencia general, al objeto de cubrir el
riesgo de crédito de         las entidades de crédito. En adelante,           habida
cuenta del objetivo fundamental de           las normas sobre distribución del
riesgo (esto es, limitar el riesgo máximo de pérdida de una entidad
frente a una contraparte determinada), en todo enfoque prudente                  los
riesgos se tomarán por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones ni
atender a los niveles de riesgo.
(1) Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre
     el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito, D.O. no L
     ooe H ^ *jr> 15 1QRQ   nÂn.   14.
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Cabe asimismo señalar que en la definición de los riesgos se incluyen
también    los    compromisos      de   suscripción      de   una    emisión    de    valores
mobiliarios. El        importe que se contempla es el del compromiso neto de
 la entidad, una vez deducidas            las partes cedidas a otras entidades de
crédito, o a entidades financieras.
La segunda definición que se introduce por vez primera en la propuesta
objeto   de     comentario       atañe     al   concepto     de     "grupo    de    clientes
relacionados entre sí" (letra m) del artículo 1)). Esta definición se
asemeja mucho a la contenida en               la Recomendación de 1986. La primera
parte de la definición hace referencia a un poder de control, tal como
éste se define en el undécimo guión del artículo 1. La segunda parte se
refiere,    más    bien,    a   una    interdependencia       de   hecho    resultante     de
determinados vínculos, de los que la propuesta presenta una enumeración
 indicativa    a     modo    de   ejemplo.      Corresponderá        a   las   autoridades
competentes examinar          las agregaciones de riesgos, realizadas por                 las
entidades    de    crédito     en  aplicación      de   las  disposiciones       nacionales
adoptadas    en    virtud    de   la citada      definición,     y   comprobar     si   tales
agregaciones de riesgos son efectivamente conformes al espíritu y a la
letra   de     la     definición      comunitaria.       Para    que    las    autoridades
competentes    dispongan       de  la necesaria       flexibilidad     en un ámbito       que
depende más de valoraciones económicas que de criterios jurídicos, el
texto precisa que las presunciones de agregación de los riesgos que se
enuncian   en     la   definición     no   son   sino    presunciones     relativas,      que
admiten prueba en contrario.
Artículo 2: Ámbito de aplicación
La  Directiva      será    aplicable     a   las  entidades      de   crédito    que    hayan
obtenido   la autorización contemplada en el artículo 3 de la Directiva
77/780/CEE,      de     12   de   diciembre      de    1977    (Primera     Directiva      de
coordinación bancar¡a)^ 1 ), esto es, a              las entidades de crédito de la
Comunidad en su conjunto. No obstante,                los Estados miembros podrán no
apiicar la Direct iva:
(1) D.O. no L 322 de 17.12.1977, p. 30
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    a   las entidades   de   crédito    excluidas   de manera    permanente  del
    ámbito    de  aplicación   de   la   Primera   Directiva   de   coordinación
    bancaria (se trata, fundamentalmente, de los bancos centrales, las
    cajas postales de ahorros y determinadas entidades especiales en
    cada uno de los Estados miembros);
    a las entidades de crédito asociadas, de manera permanente, a un
    organismo central que las controle y cuya sede se encuentre en ese
    mismo Estado miembro, y que cumplan las condiciones previstas en la
     letra a) del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 77/780/CEE.
    En este caso, y sin perjuicio de la aplicación de la Directiva al
    organismo central, el conjunto constituido por el organismo central
    y   las entidades    a  él  asociadas     habrá   de estar    sujeto  a  una
    supervisión global en lo que respecta a los grandes riesgos.
Articulo 3: Notificación de grandes riesgos
Resulta evidente que un control eficaz de los grandes riesgos requiere
que éstos se notifiquen con regularidad a las autoridades competentes.
Es ésta la finalidad que persigue el artículo 3.
En  su   primer  apartado,   el   artículo    3  establece   la obligación    de
notificar    los grandes   riesgos    a   las   autoridades   competentes.   Los
Estados miembros establecerán      la obligación de que dicha notificación
se realice de acuerdo con una de las siguientes fórmulas, a su libre
elección:
    notificación de todos los grandes riesgos al menos una vez al año y
    comunicación   de  las modificaciones de dicha notificación que se
    produzcan en el curso del año, cuando éstas tengan lugar;
    notificación de todos los grandes riesgos ai menos cuatro veces al
    año.
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La primera de estas dos fórmulas, que no figuraba en la Recomendación,
 fue sugerida a la Comisión por el Comité Consultivo Bancario.
En    la segunda     fórmula   se   ha    aumentado     a  cuatro     veces   al   año   la
frecuencia con que debe efectuarse              la notificación, en         lugar de una
sola vez como contemplaba         la Recomendación. Un seguimiento eficaz de
 los grandes riesgos supone, de hecho, que se transmita                    información a
 las autoridades de supervisión con la suficiente frecuencia. Por otra
parte, en un Considerando          de    la Recomendación ya se sugería              a  las
autoridades competentes la conveniencia de aumentar dicha frecuencia.
Se concederá a los Estados miembros la posibilidad de incorporar a su
 legislación nacional, bien una de            las citadas fórmulas únicamente, o
bien    las dos-, en este último caso, tendrán              libertad para decidir si
dejar     la  elección    en  manos     de    las   autoridades      competentes      o  si
corresponde a la propia entidad de crédito optar por una u otra.
En su segundo apartado, el articulo 3 dispone que un riesgo frente a un
cliente o un grupo de clientes relacionados entre sí se considerará un
gran    riesgo cuando su valor        alcance o rebase un           10% de    los fondos
propios de     la entidad acreedora. En la Recomendación este porcentaje
era del 15%. La reducción de este umbral se justifica por la voluntad
de hacer más estricto el régimen de control de los grandes riesgos, con
objeto de reforzar la estabilidad del sistema bancario de la Comunidad.
Más concretamente, desde el momento en que se ha reducido el                        límite
 impuesto al riesgo       individual    (véase, a continuación,          el apartado 1
del    artículo   4 ) , es   lógico    que    se   reduzca    también     el   umbral    de
notificación. Algunos países ya aplican un umbral del 10% y, a Juicio
de la Comisión, su experiencia permite descartar que tal umbral                       lleve
aparejadas obligaciones        burocráticas. Dado que, por otra                parte, el
texto prevé una        limitación del       importe    agregado    de   los riesgos      de
manera    que éste no supere el 800% de              los fondos propios         (véase el
apartado 3 del artículo 4 a continuación), el número máximo de riesgos
a   que,   en  teoría,    puede   referirse      una   notificación      es   de   80. La
notificación     puede,     además,    realizarse       sin    problemas     por    medios
informât icos.
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La reducción del umbral al 10% permite, asimismo, prescindir de otro
tipo   de   obligaciones     administrativas.    La  Comisión,    de   hecho,   ha
prescindido de los apartados 3 y 4 del correspondiente articulo de la
Recomendación, que recogían el requisito de notificar los diez riesgos
de mayor cuantía de        la entidad de crédito, tanto si se trataba de
grandes riesgos como si no. El Comité Consultivo Bancario coincidió con
la Comisión      al   considerar   que  esta  notificación    dejaría,    en  gran
medida, de tener sentido al ampliarse           la noción de gran riesgo. El
control de los riesgos de aquellas entidades que no toman riesgos por
encima del 10% de sus fondos propios no se contempla, por definición,
en una reglamentación que se ocupa de la distribución de los grandes
riesgos.
Art ícu I o 4
Apartado 1
Esta disposición, fundamental en el proyecto de Directiva, establece
que una entidad de crédito no podrá asumir, frente a un mismo cliente o
grupo de clientes determinados, riesgos cuyo          importe total supere el
25% de sus fondos propios. Se trata de una reducción apreciable con
respecto a     la Recomendación, que contemplaba       un   límite del    40%. Al
margen    de que -más     de cuatro    años después   de   haberse   adoptado   la
Recomendación, que constituía tan sólo un primer paso- la adopción de
normas más severas deba considerarse          lógica, cabe recalcar      que este
endurecimiento      de  la normativa    fue expresamente    solicitado    por  una
mayoría    significativa    de   entre   los miembros   del  Comité    Consultivo
Bancario, sin perjuicio del período transitorio que se fije para los
riesgos ya aceptados (véase el artículo 6 más adelante). El límite del
25% está asimismo refrendado por un documento presentado por el Comité
de Bas i lea sobre Supervisión        Bancaria en   la Conferencia     Mundial   de
Supervisores Bancarios, celebrada en Frankfurt en octubre de 1990.
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Un  limite del 25% no debe considerarse demasiado bajo si se tiene en
cuenta que, aun respetándolo, una entidad de crédito podría, en el peor
de los casos, perder una cuarta parte de sus fondos propios. Se trata
de un   importe     considerable,   que   convendría  reducir     aún  más.     Ha  de
considerarse como un       límite máximo para riesgos cuya calificación sea
excelente y las entidades de crédito deberían           imponerse    la disciplina
de no alcanzarlo, ni aproximarse a él, salvo cuando               los riesgos que
asuman tengan tal calificación.
Apartado 2
Los  supervisores     bancarios   saben   por  experiencia    que,   a menudo, el
riesgo  asumido es mayor       cuando   los créditos   se conceden      a   empresas
vinculadas a     la entidad de crédito. En su día, el Comité Consultivo
Bancario solicitó expresamente a la Comisión que fijara un               límite más
bajo para   los riesgos asumidos frente a aquellas empresas con               las que
existen   vínculos    (empresa   matriz   de  la entidad    de   crédito    y otras
filiales   de   dicha    empresa  matriz).    Inicialmente,    además,     se    había
previsto   introducir una disposición en tal sentido en           la propuesta de
Directiva     sobre    supervisión     consolidada    de     las    entidades       de
         1
crédito^ ),     pero,    como   señala   el   cuarto   Considerando       de    dicha
propuesta,    se   juzgó   preferible   regular  este   extremo    de  manera      más
global en el marco de la futura Directiva sobre grandes riesgos.
La Comisión    situó este     limite reducido en el      20% (compárese       con el
límite "de derecho común" del 25% que se contempla en el apartado uno).
En los apartados 6 y 7 se establecen excepciones a estas normas (véase
a continuación).
(1) C0M(90) 451, D.O. no C 315 de 14.12.1990, p. 15
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Apartado 3
 La Comisión ha mantenido el           límite    impuesto al total agregado de los
grandes riesgos, ya previsto en              la Recomendación y que se fija en el
800%    de    los   fondos   propios.      Sin  embargo,     al   haberse     ampliado    el
concepto      de    gran   riesgo     (véase     el   apartado     2    del    artículo     3
precedente), este límite pasa a ser, indirectamente, más restrictivo.
La    idea   de    límite   agregado     puede    considerarse     un    complemento     muy
valioso     de   la   limitación    de   los   riesgos   individuales       a  la hora    de
regular     los grandes riesgos. Efectivamente, si bien                 la   limitación de
 los riesgos individuales permite garantizar que ningún riesgo rebase el
 límite    establecido,       no   determina      cómo    dichos     riesgos      hayan   de
distribuirse en el conjunto de la cartera. En cambio, la fijación de un
 límite agregado del 800% tendrá como consecuencia que una entidad podrá
únicamente aceptar, a lo sumo, 80 grandes riesgos, o bien un máximo de
32   riesgos que       alcancen,    individualmente, el        límite    del   25% de    los
fondos propios.
Apartado 4
Este apartado establece que los Estados miembros podrán imponer                      límites
más estrictos que los previstos en los apartados 1, 2 y 3.
Apartado 5
Este apartado       impone   la obligación de respetar, en todo momento,                 los
 límites   previstos     en   los   tres primeros      apartados. Caso        de   resultar
necesario     que    tales   límites    se   rebasen   -lo   cual    podría    ocurrir    de
manera     accidental-,      el    texto     dispone    que    ello    sólo     ocurra    en
circunstancias        excepcionales      y   transitorias     y,   en     tal   caso,    las
autoridades competentes habrán de fijar el plazo de que dispondrá                         la
entidad de crédito para regularizar su situación.
Apartado 6
Este    apartado      permite    a    los    Estados    miembros      eximir,      total   o
parcialmente,        de   la   observancia       del    límite    especial       del   20%,
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contemplado en el apartado 2, los riesgos asumidos por                  la entidad de
crédito frente a la sociedad financiera de cartera que sea su empresa
matriz y frente a las demás filiales de dicha sociedad                  financiera de
cartera     que    sean,    bien   entidades     de     crédito,     bien    entidades
financieras, o bien empresas de servicios bancarios auxiliares.
En efecto, la presunción de aumento del riesgo -en que se fundamenta el
 límite especial     del   20%, aplicable    a   los riesgos      asumidos    frente a
empresas relacionadas entre sí- no es necesariamente pertinente cuando
se   trata   de  riesgos   frente   a entidades     bancarias    y   financieras del
grupo. En este caso, sin embargo, el grupo deberá estar estructurado de
manera que las distintas entidades puedan estar sujetas a supervisión
consolidada     conforme   a  lo dispuesto    en    la correspondiente       Directiva
(véanse     las   anteriores    referencias    a     la   propuesta     de   Directiva
presentada por la Comisión).
Apartado 7
Este    apartado    permite    a   los   Estados     miembros     eximir,     total  o
parcialmente, del conjunto de límites previstos en los apartados 1, 2 y
3  (aunque no de      las obligaciones de notificación          contempladas     en el
artículo 3) los riesgos asumidos por la entidad de crédito frente a:
     su empresa matriz, siempre que ésta sea a su vez una entidad de
     crédito. No parece, de hecho, justificarse que se limite el flujo
     de   financiación    que  una   filial   puede     aportar    a  su   entidad  de
     crédito matriz. También en este caso, queda claro que esta entidad
     de crédito habrá de estar sujeta a supervisión consolidada ejercida
     conforme     a    lo   dispuesto    en    la     correspondiente        Directiva
     comunitaria, o a una supervisión equivalente si está situada en un
     tercer país;
     sus   filiales,    siempre   que   dichas     filiales     sean   entidades    de
     crédito, entidades financieras, o empresas de servicios bancarios
     auxiliares. Habida cuenta de que las actividades desarrolladas por
    estas filiales podría ejercerlas directamente             la propia entidad de
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      crédito, no parece haber razones para que se limite la financiación
      que ésta pueda conceder a sus filiales. Una vez más,                   la exención
      está subordinada a la condición de que              las citadas filiales estén
      incluidas en la supervisión consolidada de la empresa matriz.
Apartado 8
Este    apartado    permite     a   los   Estados       miembros     eximir,     total   o
parcialmente, de la aplicación de los limites fijados en los apartados
 1, 2 y 3, una serie de riesgos específicos.
Las    letras  a) a    f) se    refieren   a    los   riesgos    asumidos,     directa   o
 indirectamente,    frente a     las Administraciones         Centrales y     los bancos
centrales de     la zona A, así como frente a              las Comunidades      Europeas.
Ningún Estado miembro       impone, ni parece dispuesto a imponer               límites a
 los riesgos que      las entidades     de crédito       en él    establecidas      asumen
frente a él. En virtud del principio de no discriminación dentro de la
Comunidad, esta ausencia de          limitación debería        hacerse extensiva, en
todo caso, a los riesgos tomados frente a los demás Estados miembros.
Sin embargo, por razones análogas a             las esgrimidas en el caso de la
Directiva    89/647/CEE, anteriormente mencionada, o en                la propuesta     de
Directiva sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión
y   entidades    de   crédito^ 1 ),   parece    oportuno      remitirse    a    una   zona
geográfica más amplia, a saber,           la zona A tal como se define en               la
Directiva 89/647/CEE.
Las    letras  g)   y   h) se    refieren    a   casos     en   que   el  riesgo     puede
considerarse     reducido,    o   incluso   nulo,      al   estar    cubierto    por   una
garantía constituida en       la entidad acreedora, ya sea como depósito en
efectivo, ya sea en forma de títulos representativos de depósitos.
La letra i) contempla      los derechos, con vencimiento            igual o inferior a
un   año,  frente   a otras entidades       de crédito. Con          ello  se    pretende
abarcar    las operaciones      realizadas     en   el   mercado     interbancario.     Se
trata de un mercado en el que intervienen profesionales que se conocen
entre si y que requiere cierta flexibilidad                para funcionar      de manera
(1) C0MC90) 141. D.O. no C 152 de 21.06.1990. o. 6
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armoniosa, por lo que la Comisión no juzga oportuno,en esa fase, fijar
un limite único, armonizado a nivel comunitario, a los riesgos que en
él se asuman.
La letra j ) , que se refiere a efectos de comercio y pagarés que cumplan
determinados    requisitos,   responde    a   los  mismos   criterios   que  la
anterior, al    igual que ocurre con la letra k ) , que se refiere a las
obligaciones que se contemplan en el apartado 4 del artículo 22 de la
Directiva 85/611/CEE sobre OICVM< 1 )
La   letra  I) concierne a aquellas cooperativas de crédito o cajas de
ahorros que constituyan una red y la gestión de cuyos activos líquidos
esté organizada de manera centralizada.
Apartado 9
El    apartado   9    se  ocupa   de    los   riesgos    tomados,   directa   o
 indirectamente, frente a las Administraciones regionales y locales de
 los Estados miembros. Dado que, en estos casos, el nivel de riesgo es,
en principio, menor, la propuesta permite atribuirles una ponderación
del 20%, porcentaje que puede quedar reducido al 0% en las condiciones
previstas en el artículo 7 de la Directiva 89/647/CEE.           Habida cuenta
de   las grandes diferencias que pueden darse en          la situación de   las
Administraciones     regionales  y    locales   fuera  de   la  Comunidad,   la
Comisión no Juzga oportuno hacer extensivo este régimen a la zona A en
su conjunto.
Apartado 10
Este apartado enuncia, como principio general, que cuando un             riesgo
asumido frente a un cliente esté garantizado, con la conformidad de las
autoridades competentes, por un tercero, éstas podrán considerar que el
riesgo ha sido asumido frente al tercero y no frente al cliente.           Así,
por   ejemplo,  si  una entidad   de crédito asume      un  riesgo  de 50 con
(1) DO no L 375, de 31.12.1985, p.3.
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respecto a un cliente A y uno de 20 con respecto a un cliente B, pero
el cliente B garantiza 10 de la deuda que A ha contraído frente a la
entidad de crédito, el riesgo de ésta frente a A y B podrá computarse
de la siguiente manera:
    -A: 40
    -B: 30
Artículo 5: Supervisión consolidada y no consolidada
En este articulo, se recogen una serie de disposiciones ya adoptadas en
 la Directiva   89/647/CEE    sobre   el   coeficiente   de  solvencia   y,  más
concretamente, los apartados 2 a 6 del artículo 3 de dicha Directiva.
El apartado 1 se refiere a aquellas entidades de crédito que no sean ni
empresa matriz ni filial.
El apartado 2 establece el principio según el cual la aplicación de las
normas contempladas en los artículos 3 y 4 habrá de realizarse sobre
bases consolidadas.
El apartado 3 regula el régimen de supervisión no consolidada de la
entidad de crédito y de aquéllas de sus filiales que estén situadas en
el mismo Estado miembro.
El apartado 4 se refiere al régimen de supervisión no consolidada de
las filiales situadas en otros Estados miembros.
En el   apartado   5 se   contempla     la posibilidad    de  que  se  celebren
acuerdos   bilaterales    en    virtud    de    los  cuales    las  autoridades
competentes del   Estado miembro donde esté situada una filial            podrán
delegar su responsabilidad, en lo que atañe a la supervisión, en las
autoridades   competentes    del   Estado    miembro  donde   esté  situada   la
empresa matr iz.
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Articulo 6: Disposiciones transitorias sobre los riesgos superiores a
 los I imites
El articulo 6 se ocupa de aquellos casos en que los riesgos aceptados
por una entidad de crédito excedan, en el momento de publicación de la
Directiva en el       Diario Oficial       de   las Comunidades       Europeas, de     los
 limites fijados      por   la Directiva.       Cabe señalar       la conveniencia      de
 Incluir disposiciones transitorias en relación con tales riesgos, a fin
de que    las entidades de crédito dispongan del                tiempo necesario para
hallar una solución que permita que sus relaciones comerciales con los
clientes no se vean perturbadas. Puede ocurrir, de cualquier modo, que
 las entidades     de crédito estén obligadas           frente     a beneficiarios de
créditos    por    cláusulas     contractuales     que    no    siempre     permiten  una
reducción a corto plazo de dichos riesgos.
En   el  apartado     1 se     fija   la   fecha   hasta    la   cual     los  riegos   ya
existentes    podrán    beneficiarse      de   las disposiciones        transitorias, a
saber, la fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. Se ha optado por esta fecha por considerar que, a partir del
momento en que la Directiva se publique, las entidades de crédito no
deberán     poder     asumir     riesgos      superiores      a    los     límites   que,
posteriormente, serán de aplicación.
En   este   mismo    apartado     se    insta,    igualmente,      a   las    autoridades
competentes     a   que   exijan    a   la entidad     de    crédito     considerada    la
adopción de las medidas necesarias para que el riesgo o los riesgos que
excedan de los límites sean reducidos hasta el nivel                     fijado por   las
disposiciones de la Directiva.
El apartado 2 dispone que el procedimiento para                   la reducción de los
riesgos que superen ios límites se iniciará y llevará a término en el
plazo que las autoridades competentes juzguen conforme al principio de
una   gestión     saneada    y   de   una    competencia      leal.    Las    autoridades
competentes habrán de comunicar a la Comisión y al Comité Consultivo
Bancario el calendario del procedimiento general adoptado.
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No obstante, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 4, el plazo
considerado no podrá exceder de cinco años, a contar desde              la fecha
fijada en el apartado 1 del articulo 8, esto es, el 1 de enero de 1993,
en el bien entendido de que los créditos cuyo vencimiento sea posterior
y con respecto a      los cuales   la entidad de crédito prestamista        esté
obligada a respetar los términos contractuales podrán mantenerse hasta
dicho vencimiento.
El apartado 3 estipula que la entidad de crédito sólo podrá             acogerse
al plazo fijado en el apartado 2 cuando no haya tomado medida alguna
-el acento se pone, pues, en la intencionalidad- que tenga por efecto
aumentar los riesgos respecto al importe que representaban en la fecha
de pub I i cae ion de la Directiva en el Diario Oficial.
Por último, el apartado 5 contiene una disposición especial, que los
Estados   miembros    podrán   aplicar    a   las  categorías    especiales   de
entidades de crédito contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la
Directiva 89/646/CEE. Esta disposición se Justifica porque, dado que
los  fondos propios     de esas entidades      son   limitados,   la aplicación
inmediata   de   la norma   del   25% reduciría     demasiado   bruscamente   su
actividad   de crédito.    El   régimen   previsto   en  el  apartado   5  puede
resumirse del siguiente modo:
    a partir del 1 de enero de 1993 y hasta el 31 de diciembre de 1997,
    las entidades mencionadas podrán estar sujetas a un límite del 40%,
    en vez del 25% previsto en el apartado 1 del artículo 4; en este
    supuesto,    todo  nuevo  riesgo    que  estas   entidades   asuman   estará
    sujeto al límite del 40%;
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aquellos riesgos que ya existan en la fecha de publicación de la
Directiva en el Diario Oficial podrán mantenerse, sea cual sea el
nivel que alcancen, hasta el 31 de diciembre de 1997, a condición
de que no sufran aumento alguno respecto del nivel en que se sitúen
en dicha fecha de publicación;
a partir del 1 de enero de 1998, entrará en vigor el      limite del
25%, que se aplicará a todo nuevo riesgo;
ahora bien, los riesgos existentes al concluir el período máximo de
cinco años (es decir, en principio, el 31 de diciembre de 1997),
que se sitúen entre el 25% y el 40% de los fondos propios, podrán
mantenerse durante un periodo máximo de 3 años, que concluirá, por
consiguiente, el 31 de diciembre del año 2000,    sujetos, asimismo,
a la condición de no sufrir aumento alguno;
por tanto, a partir del 1 de enero de 1998, no podrá mantenerse
riesgo alguno superior al 40% de los fondos propios, y, a partir
del  1 de enero del 2001, ninguno superior al 25% de      los fondos
propios;
no obstante, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4, los
créditos cuyo vencimiento sea posterior a las fechas acabadas de
mencionar  y  con  respecto a   los cuales  la entidad   de  crédito
prestamista esté obligada a respetar    los términos contractuales,
podrán mantenerse, en cualquier caso, hasta su vencimiento.
 ---pagebreak---                                         - 19 -
 Art i cu I o 7: Posteriores modificaciones
 El apartado 1 precisa        los ámbitos de aplicación del procedimiento a
 seguir para la introducción de modificaciones técnicas en la Directiva.
 Los   tres    primeros    guiones   se   refieren   a   la    adaptación     de   las
 definiciones o de la terminología.         El cuarto guión hace referencia a
 la frecuencia con que deben notificarse los grandes riesgos (apartado 1
 del articulo 3 ) . En el quinto guión se contempla             la clarificación o
 ampliación    de   las exenciones    previstas en    los apartados        5 a 9 del
 articulo 4.     El sexto guión, por último, atañe al plazo máximo para la
 reducción de aquellos riesgos que rebasen           los límites fijados en el
momento de publicación de          la Directiva en el Diario Oficial           de  las
 Comunidades Europeas. Dicho plazo máximo, mencionado en el apartado 4
 del artículo 6, es de cinco años.
 El  procedimiento     previsto   en  el  apartado   2 es     la variante      a) del
procedimiento III de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio
de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
Artículo 8: Disposiciones finales
En el párrafo primero del apartado 1 se insta a los Estados miembros a
poner en vigor      las disposiciones necesarias para cumplir           la Directiva
el 1 de enero de 1993.
El   párrafo    segundo   se  refiere   a  la obligación     de   que    los  Estados
miembros     hagan   referencia   a  la presente   Directiva     en   las oportunas
disposiciones de derecho        interno que adopten, o      las acompañen de tal
referencia cuando procedan a su publicación oficial.
En el apartado 2 se señala la obligación de comunicar a la Comisión las
disposiciones fundamentales de derecho interno que adopten                los Estados
miembros.
Art i cu i o 9
Este artículo contiene       la fórmula habitual según       la cual     los Estados
miembros son los destinatarios de la presente Directiva.
 ---pagebreak---                                        - 20 -
                                   Propuesta de
                              DIRECTIVA DEL CONSEJO
          sobre vigilancia y control de las operaciones de gran
                     riesgo de las entidades de crédito
 EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
particular, la primera y tercera oración del apartado 2 de su artículo
57,
Vista la propuesta de la Comisión^),
En cooperación con el Parlamento Europeo^ 2 ),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3 ^,
Considerando   que   la   presente    Directiva   se   inscribe    dentro   de   los
objetivos   fijados    en   el   Libro   Blanco    de   la   Comisión    sobre     la
                                         4
"Realización del mercado inter¡or"( );
Considerando,    que    procede     armonizar     las   normas     esenciales     de
supervisión;   que,   por   consiguiente,    conviene    que   la   facultad    para
adoptar disposiciones más estrictas que          las previstas en      la presente
Directiva corresponda a los Estados miembros;
Considerando que   la presente Directiva ha sido objeto de consultas al
Comité  Consultivo   Bancario,     que,   en  virtud   de   lo dispuesto     en   el
apartado 4 del artículo 6 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12
de  diciembre   de  1977,    sobre   la  coordinación     de   las   disposiciones
legales, reglamentarías y administrativas           referentes   al   acceso   a la
(1)
(2)
(3)
(4) doc. C0M(85) 310
 ---pagebreak---                                         - 21 -
 actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio^ 1 ), cuya última
modificación     la constituye       la Directiva     89/646/CEE^ 2 ) es      competente
 para  hacer   sugerencias      a   la Comisión     para    la  coordinación      de  los
coeficientes aplicables en los Estados miembros;
Considerando    que    la vigilancia      y el    control    de   los   riesgos de    las
entidades de crédito son parte          integrante de la supervisión de éstas-,
que una concentración excesiva de riesgos en un único cliente o grupo
de   clientes   relacionados      entre   sí  puede    implicar     la posibilidad     de
pérdidas inaceptables; que puede estimarse que tal situación perjudica
a la solvencia de la entidad de crédito;
Considerando     que    las   orientaciones     comunes     sobre     la  vigilancia    y
control de los riesgos de las entidades de crédito fueron iniciaImente
 introducidas     por    medio     de    la   Recomendación        87/62/CEE     de    la
           3
Comisión^ ); que tal        instrumento se eligió porque permitía adaptar de
forma gradual     los sistemas existentes y establecer nuevos sistemas sin
causar,    por   ello,     perturbaciones      en   el   sistema      bancario    de   la
Comunidad;   que, habiendo concluido esta primera               fase, conviene ahora
adoptar un acto vinculante aplicable a todas las entidades de crédito
de la Comunidad;
Considerando     que,    en   un   mercado    bancario     unificado,      al   competir
directamente     entre    sí   las   entidades     de   crédito,     las   obligaciones
aplicables en toda        la Comunidad     en materia de supervisión          deben ser
equivalentes; que, a tal fin, los criterios aplicados para determinar
la concentración      de riesgos deben ser objeto de normas               jurídicamente
vinculantes    en el    plano comunitario       y no pueden      dejarse    a  la total
apreciación de los Estados miembros; que la adopción de normas comunes
constituye, por tanto, el mejor modo de favorecer                los intereses de la
Comunidad, al evitar        diferencias en     las condiciones de competencia y
reforzar, al mismo tiempo, el sistema bancario de la Comunidad;
(1) DO no L 322 de 17.12.1977, p. 30
(2) DO no L 386 de 30.12.1989, p. 1
(3) DO no L 33 de 4.2.1987, p. 10
 ---pagebreak---                                       - 22 -
Considerando que, en lo que se refiere al método contable preciso que
debe utilizarse para     la evaluación de      los riesgos, se remite a           las
disposiciones de la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre
de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de
 los bancos y otras entidades financieras^ 1 );
Considerando    que  la  Directiva     89/647/CEE    del   Consejo,     de   18    de
diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades
de crédito^ 2 ), contiene una nomenclatura de los riesgos de crédito a
que están sujetas    las entidades de crédito; que resulta, por              tanto,
oportuno   referirse   a dicha   nomenclatura     para   la definición      de   los
riesgos a los efectos de la presente Directiva; que, sin embargo, no
resulta oportuno referirse ni a las ponderaciones ni a los niveles de
riesgo    establecidos     por    la    Directiva    89/647/CEE;       que    tales
ponderaciones y grados de riesgo han sido concebidos para establecer un
requisito de solvencia general al objeto de cubrir el riesgo de crédito
de las entidades de crédito; que, en el marco de una normativa sobre
grandes riesgos, el objetivo perseguido consiste en limitar el riesgo
máximo de pérdidas en que puede incurrir una entidad de crédito frente
a un   cliente o grupo      de clientes    relacionados     entre   sí;   que, por
consiguiente, procede adoptar un enfoque prudente que permita tomar los
riesgos, en general, por su valor nominal, sin aplicar ponderaciones o
grados de r iesgo;
Considerando que cuando una entidad de crédito asume riesgos frente a
su propia   empresa   matriz, o     frente  a   las demás     filiales   de   dicha
empresa matriz, se impone una especial prudencia; que la gestión de los
riesgos asumidos    por   las entidades de      crédito    debe   realizarse     con
absoluta autonomía, dentro del respeto de los principios de una sana
gestión   bancaria,    fuera   de    toda   consideración      ajena    a    dichos
principios; que las disposiciones de la Segunda Directiva 89/646/CEE,
de 15 de diciembre de 1989, para la coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas          relativas    al   acceso    a   la
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se
(1) DO no L 372 de 31.12.1986, p. 1
(2) DO no L 386, de 30.12.1989, p.1
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modifica    la Directiva    77/780/CEE,    prevén   que  cuando   la   influencia
ejercida por     las personas que posean, directa o         indirectamente, una
participación     cualificada   en  una   entidad    de crédito    pueda   ir  en
detrimento    de   una   gestión   sana   y   prudente   de   la  entidad,    las
autoridades competentes podrán adoptar las medidas oportunas para poner
fin a dicha situación; que, en lo que se refiere a los grandes riesgos,
procede,   asimismo,    establecer   normas    especificas   para    los  riesgos
asumidos por una entidad de crédito frente a las empresas de su propio
grupo, y, en este caso, normas restrictivas más severas para estos
riesgos   que   para    los  demás   tipos   de   riesgos;   que  estas    normas
restrictivas más severas no deben aplicarse, no obstante, cuando la
empresa matriz sea una sociedad financiera o una entidad de crédito y
 las demás filiales sean entidades de crédito, entidades financieras o
empresas de servicios bancarios auxiliares, siempre que todas estas
empresas estén comprendidas en la supervisión consolidada de la entidad
de crédito; que, en este caso, la supervisión consolidada del conjunto
asi formado hace posible una supervisión suficientemente eficaz, por lo
que no resulta      indispensable establecer     normas más severas para       la
 limitación de los riesgos; que, de este modo, además, se alentará a los
grupos bancarios a organizar sus estructuras de manera que permitan una
supervisión consolidada,      lo que resulta conveniente, puesto que ello
posibilita una supervisión más completa-,
Considerando que conviene prever, para          las categorías especíales de
entidades de crédito contempladas en el apartado 2 del artículo 4 de la
Directiva 89/646/CEE, la aplicación en dos etapas del limite del 25% de
 los fondos propios; que, en efecto, al ser limitados los fondos propios
de dichas entidades, la aplicación de la norma del 25 % en una sola
etapa reducirla demasiado bruscamente su actividad de crédito;
Considerando que en la Directiva 89/646/CEE se atribuyen a la Comisión
competencias de ejecución de la misma naturaleza que las que el Consejo
se ha reservado en la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril
de I989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito ( 1 ) ;
m    DO no L 124. de 5.5.1989. P.16.
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Considerando que, dadas    las particularidades del sector  considerado,
procede encomendar al Comité previsto en el articulo 22 de la Directiva
89/646/CEE la misión de asistir a la Comisión en el ejercicio de las
competencias   a  ella atribuidas   con  arreglo a  la variante  a) del
procedimiento III de la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio
de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión* 1 )
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA
(1) DO np_ L 197, de 18.7.1987, p.33.
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                                 ARTICULO 1
                                Definiciones
A efectos de la presente Direct iva, se entenderá por:
a)  "entidad de crédito": una entidad de crédito tal como se define en
    el   primer   guión  del  artículo   1   de  la  Directiva   77/780/CEE,
     incluidas sus sucursales en terceros países, asi como todas las
    empresas,   privadas   o  públicas,    incluidas  sus   sucursales, que
    respondan   a   la definición   que figura en el      primer  guión del
    artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE y que hayan sido autorizadas
    en un tercer país;
b)  "autoridades competentes": las autoridades competentes tal como se
    definen en el     noveno guión del    articulo   1 de    la Directiva...
    [supervisión consolidada];
c)  empresa matriz": una empresa matriz tal como se define en los
    artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo*1)-,
d)  filial": una empresa filial tal como se define en los artículos 1 y
    2 de la Directiva 83/349/CEE; toda empresa filial de una empresa
    filial se considerará como filial de la empresa matriz que esté al
    frente de tales empresas;
e)  sociedad financiera de cartera": una empresa tal como se define en
    el tercer guión del artículo 1 de la Directiva ... [supervisión
    consol i dada];
(1) DO no. L 193 de 18.7.1983, p.1
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f) entidad financiera": una empresa tal como se define en el sexto
   guión del articulo 1 de la Directiva 89/646/CEE.
g) "empresa de servicios bancarios auxiliares": una empresa tal como
   se define en el quinto guión del articulo 1 de la Directiva             ...
   [supervisión consolidada];
h) "riesgos":   los  activos    y   partidas    de   las  cuentas   de   orden
   enumerados en el artículo 6 y en los Anexos I y 111 de la Directiva
   89/647/CEE, sin aplicación de las ponderaciones y grados de riesgo
   previstos en las citadas disposiciones; las partidas de las cuentas
   de orden contempladas en el Anexo I I I se calcularán con arreglo al
   método  descrito   en   el  Anexo    II   de   la  misma  Directiva,    sin
   aplicación  de   las   ponderaciones     previstas    en  función   de   la
   contraparte; se   incluirán    los compromisos de suscripción       de una
   emisión  de  valores   mobiliarios,     una   vez  deducidas   las   partes
   cedidas a otras entidades de crédito o a entidades financieras-,
i) "zona A": la zona definida en el segundo guión del articulo 2 de la
   Directiva 89/647/CEE-,
j) "zona B": la zona definida en el tercer guión del artículo 2 de ia
   Directiva 89/647/CEE-,
k) "fondos propios": los fondos propios de una entidad de crédito, tal
   como se definen en la Directiva 89/229/CEE.
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I) "poder de control": el vinculo que existe entre una empresa matriz
   y una filial, tal como se define en        los artículos 1 y 2 de la
   Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre
   cualquier persona física o jurídica y una empresa;
m) "grupo de clientes     relacionados entre si": dos o roas personas,
   físicas o jurídicas, que constituyan, mientras no se demuestre lo
   contrario, un conjunto, en lo que respecta al riesgo, por el hecho
   de que:
   i)  una de ellas posea, directa o indirectamente, sobre la otra o
        las otras, un poder de control; o
   i i) exista entre ellas una relación tal que es probable que, si una
       de ellas tuviera problemas financieros,       la otra o  las otras
       experimentaran dificultades de reembolso. Se considerarán, en
       particular,   como   vínculos  que  deben   tenerse  en cuenta  la
       existencia de:
            accionistas o socios comunes,
            administradores comunes,
            garantías cruzadas,
            y
            una   interdependencia   comercial   directa   que  no  pueda
            sustituirse a corto plazo.
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                               ARTICULO 2
                          Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito que hayan
obtenido la autorización a que se refiere el articulo 3 de la Directiva
77/780/CEE.
Sin  embargo,  los Estados miembros    podrán  no  aplicar  la presente
Direct iva a:
a)  las entidades de crédito enumeradas en el apartado 2 del articulo 2
    de la Directiva 77/780/CEE.
b)  las entidades definidas en letra a) del apartado 4 del articulo 2
    de la Directiva 77/780/CEE, que, en un mismo Estado miembro, estén
    afiliadas  a un organismo    central  establecido  en  dicho Estado
    miembro. En este caso y sin perjuicio de       la aplicación de ia
    presente Directiva ai organismo central, el conjunto constituido
    por el organismo central y las entidades a él afiliadas deberá ser
    objeto de una supervisión global en lo que respecta a los grandes
    r iesgos.
26
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                              ARTlçgLQ 3
                 Notificación de los grandes riesgos
1. La entidad de crédito cursará a las autoridades competentes una
   notificación de todos los grandes riesgos definidos en el apartado
   2.  Los  Estados miembros   dispondrán  que dicha  notificación  se
   realice con arreglo a una de las siguientes fórmulas, a su libre
   elección:
       notificación de todos los grandes riesgos al menos una vez al
       año, y comunicación de las modificaciones de dicha notificación
       que se produzcan en el curso del año.
       notificación de todos los grandes riesgos al menos cuatro veces
       al año.
2. Se considerará que un riesgo asumido por una entidad de crédito
   frente a un cliente o un grupo de clientes relacionados entre sí
   constituye un gran riesgo cuando su valor alcance o supere el 10%
   de los fondos propios.
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                                ARTICULO 4
                Limites aplicables a los grandes riesgos
1. Una entidad de crédito no podrá asumir, frente a un mismo cliente o
   grupo de clientes relacionados entre sí, riesgos cuyo Importe total
   supere el 25% de sus fondos propios.
2. Cuando dicho cliente o grupo de clientes relacionados entre si sea
    la empresa matriz de la entidad de crédito, y/o una o varias de las
   filiales   de esta   empresa   matriz, el    porcentaje   fijado  en el
   apartado 1 quedará reducido al 20%.
3. Una entidad de crédito no podrá asumir grandes riesgos cuyo importe
   acumulado supere el 800% de sus fondos propios.
4. Los Estados miembros podrán establecer      limites más estrictos que
    los previstos en los apartados 1, 2 y 3.
5. Los   límites  fijados  en   los apartados    1,  2 y   3   deberán  ser
   respetados en todo momento por la entidad de crédito. Sólo podrán
   rebasarse en circunstancias excepcionales y con carácter temporal
   y, en tal caso, las autoridades competentes fijarán el plazo de que
   dispondrá la entidad de crédito para regularizar su situación.
6. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la
   aplicación del apartado 2 los riesgos asumidos por la entidad de
   crédito frente a    la sociedad    financiera de cartera que sea su
   empresa matriz y frente a las demás filiales de dicha sociedad
   financiera de cartera, siempre que:
   a)   la  sociedad  financiera    de  cartera   quede   incluida   en  la
        supervisión consolidada de la entidad de crédito, ejercida de
        conformidad con la Direct iva...[supervisión consolidada].
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   b)  Las   demás    filiales    sean     entidades     de  crédito,    entidades
       financieras o      empresas    de servicios       bancarios   auxiliares y
       estén incluidas en la supervisión consolidada de la entidad de
       crédito,    ejercida     de    conformidad       con   la   Directiva
       [supervisión consolidada].
7. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la
   aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos asumidos por la
   entidad de crédito frente a:
   a)  su empresa matriz, siempre que dicha empresa matriz sea una
       entidad   de    crédito    sujeta     a   una    supervisión    consolidada
       ejercida   de    conformidad      con   la   Directiva    ....[supervisión
       consolidada], o a normas equivalentes vigentes en un tercer
       pais;
   b)  sus filiales, siempre que dichas filiales sean entidades de
       crédito,    entidades     financieras       o    empresas    de   servicios
       bancarios    auxiliares     y   estén    incluidas    en   la   supervisión
       consolidada de la entidad de crédito, ejercida de conformidad
       con la Directiva ....[supervisión consolidada].
8. Los Estados miembros podrán eximir, total o parcialmente, de la
   aplicación de los apartados 1, 2 y 3 los riesgos siguientes:
   a)  activos que constituyan derechos frente a las administraciones
       centrales y a los bancos centrales de la zona A;
   b)  activos   que   constituyan      derechos     frente  a   las   Comunidades
       Europeas;
   c)  activos que constituyan derechos garantizados expresamente por
       las administraciones centrales y           los bancos centrales de la
       zona A, así como por las Comunidades Europeas;
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    d)  otros riesgos asumidos frente a las administraciones centrales
        y los bancos centrales de la zona A, o garantizados por ellos,
        asi como frente a las Comunidades Europeas, o garantizados por
        éstas;
    e)  activos que constituyan derechos frente a las administraciones
        centrales y a los bancos centrales de la zona B, denominados y
        financiados en la divisa del prestatario;
    f)  activos    garantizados,    a   satisfacción    de   las    autoridades
        competentes, mediante     una   garantía   prendaria   consistente      en
        títulos   emitidos    por  las   administraciones   centrales     o    los
        bancos centrales de la zona A, o por las Comunidades Europeas;
    g)  activos    garantizados,    a   satisfacción    de   las    autoridades
        competentes, mediante una garantía prendaría consistente en un
        depósito en efectivo constituido en la entidad acreedora o en
        una entidad de crédito que sea la empresa matriz de la entidad
        acreedora;
    h)  activos    garantizados,    a   satisfacción    de   las    autoridades
        competentes,    mediante  una   garantía   prendaria   consistente      en
        títulos representativos de depósitos emitidos por            la entidad
        acreedora y depositados en ella;
    i)  activos   que   constituyan   derechos   y otros   riesgos     frente    a
        entidades de crédito, con vencimiento         igual o   inferior     a un
        año, y que no constituyan fondos propios de dichas entidades
        tal como éstos se definen en la Directiva 89/299/CEE;
    j)  efectos de comercio y pagarés, con vencimiento igual o inferior
        a un año, que      lleven la firma de otra entidad de crédito y
        hayan   sido   admitidos   para    su  refinanciación    en   un    banco
        central ;
    k)  las obligaciones definidas en el apartado 4 del artículo 22 de
        la Directiva 85/611/CEE del Consejo* 1 ).
(1) DO no L 375. de 31.12.1985. P.3.
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    I)  activos que constituyan derechos frente a entidades de crédito
        regionales o centrales a las que, en virtud de disposiciones
         legales o estatutarias, la entidad de crédito acreedora esté
        asociada dentro de una red y a las que, en aplicación de dichas
        disposiciones,   corresponda  efectuar   la compensación  de  los
        activos líquidos dentro de dicha red.
9.  A efectos de aplicación de     los apartados 1, 2 y 3,    los Estados
    miembros podrán aplicar una ponderación del 20% a aquellos activos
    que constituyan derechos frente a las administraciones regionales y
    locales de   los Estados miembros, así    como a cualesquiera   otros
    riesgos asumidos frente a dichas administraciones, o garantizados
    por ellas;   los Estados miembros podrán, no obstante, reducir     la
    ponderación al 0% en las condiciones contempladas en el articulo 7
    de la Directiva 89/647/CEE.
10. Cuando un riesgo asumido frente a un cliente sea garantizado, a
    satisfacción de las autoridades competentes, por un tercero, los
    Estados miembros podrán considerar que el riesgo ha sido asumido
    frente al citado tercero y no frente al cliente.
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                                ARTICULO 5
                Supervisión consolidada y no consolidada
1. Cuando la entidad de crédito no sea ni una empresa matriz ni una
   filial,   la observancia de     las obligaciones establecidas en       los
   artículos   3   y   4  habrá   de   supervisarse    sobre   una  base   no
   consol i dada.
2. Cuando la entidad de crédito sea una empresa matriz, la observancia
   de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4 habrá de
   supervisarse sobre una base consolidada, de conformidad            con lo
   dispuesto en la Directiva... [supervisión consolidada].
3. Las  autoridades competentes      responsables   de    la autorización y
   supervisión de la entidad de crédito que sea una empresa matriz
   podrán, asimismo, exigir a esta entidad el cumplimiento de las
   obligaciones establecidas en los artículos 3 y 4, sobre una base
   subconsoli dada o no consolidada, asi como a cualquier filial de
   aquélla que esté igualmente sujeta a su autorización y supervisión.
   Cuando no se lleve a cabo el control de la distribución adecuada de
   los riesgos dentro del grupo bancario, será necesaria la adopción
   de otras medidas encaminadas a lograr tal objetivo.
4. Cuando una filial de una empresa matriz que sea una entidad de
   crédito   haya    sido  autorizada    en   otro   Estado    miembro,  las
   autoridades   competentes   que   hayan concedido     dicha  autorización
   deberán exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
   los artículos 3 y 4, sobre una base consolidada o, en su caso,
   subconsol¡dada.
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5. No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  4,   las autoridades
   competentes responsables de   la autorización de  la filial de una
   empresa matriz establecida en otro Estado miembro podrán, en virtud
   de un acuerdo bilateral, delegar    la función de supervisión del
   cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 3 y
   4, en las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen
   a la empresa matriz.   Tanto la Comisión como el Comité Consultivo
   Bancario deberán ser informados del contenido de tales acuerdos.
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                                  ARTICULO 6
                   Disposiciones transitorias sobra los
               riesgos superiores a los limites aplicables
1. Si, en    la fecha de publicación de       la presente Directiva en el
   Diario Oficial de las Comunidades Europeas, una entidad de crédito
   hubiere aceptado ya un riesgo o unos riesgos que superen                los
    limites aplicables a los grandes riesgos o el límite aplicable a la
   acumulación de grandes riesgos, previstos en el articulo 4, las
   autoridades competentes exigirán a la entidad de crédito que adopte
    las medidas    necesarias   para   reducir  el   riesgo  o   los riesgos
   considerados al nivel previsto por las disposiciones de la presente
   Direct iva.
2. El procedimiento destinado a reducir el riesgo o los riesgos al
   nivel autorizado será definido, adoptado, aplicado y llevado a cabo
   en el plazo que las autoridades competentes consideren conforme al
   principio de una gestión sana y de una competencia               leal. Las
   autoridades    competentes    informarán  a   la Comisión   y   al   Comité
   Consultivo Bancario sobre el calendario del procedimiento general
   adoptado.
3. La entidad de crédito sólo podrá beneficiarse del plazo contemplado
   en el apartado 2 cuando no haya adoptado medida alguna que tenga
   por   efecto   aumentar   los   riesgos  con   respecto  al   importe   que
   representaban en la fecha de publicación de la presente Directiva
   en el Diario    Oficial de las Comunidades Europeas.
4. El plazo para la aplicación del apartado 2 no podrá ser superior a
   un período de cinco años a partir del           1 de enero de 1993. No
   obstante, aquellos créditos con un plazo de vencimiento más largo y
   con respecto a los cuales la entidad de crédito prestamista esté
   obligada a respetar     los términos contractuales podrán mantenerse
   hasta dicho vencimiento.
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5. Durante un periodo no superior a cinco años, a partir del                 1 de
   enero   de  1993,     los  Estados   miembros   podrán    elevar    el  limite
   previsto en el apartado 1 del articulo 4 al 40%, cuando se trate de
   entidades    de   crédito     comprendidas   dentro     de    las   categorías
   especiales   contempladas     en el   apartado    2 del   articulo 4 de     la
   Directiva 89/646/CEE. En este supuesto, el plazo contemplado en el
   apartado 4 se reducirá a un período de tres años y comenzará a
   contar al concluir el periodo contemplado en el presente apartado.
   Los   Estados   miembros     comunicarán   a   la   Comisión    y   al  Comité
   Consultivo Bancario las razones por las cuales hayan hecho uso de
   tal  facultad,    asi   como   las medidas   adoptadas     para   reducir  los
   riesgos   que   excedan    de   los  limites   aplicables     a   los  límites
   previstos.
 ---pagebreak---                                     - 38 -
                                 ARTICULO 7
                       MpdIf ipaciones posteriores
1. Las modificaciones     técnicas     relativas  a  los siguientes   puntos
   se  adoptarán   con   arreglo     ai  procedimiento   establecido  en el
   apartado 2:
        la adaptación de las definiciones a fin de tener en cuenta la
       evolución de los mercados financieros;
       la   clarificación    de    las  definiciones   para  garantizar  una
       aplicación uniforme de la presente Directiva;
       la   adaptación    de    la   terminología   y   del  texto   de  las
       definiciones a los de los actos posteriores relativos a las
       entidades de crédito y materias conexas;
       la frecuencia contemplada en el apartado 1 del articulo 3;
       la clarificación o la ampliación de las exenciones contempladas
       en los apartados 5 a 9 del articulo 4;
       el plazo a que se refiere el apartado 4 del articulo 6.
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La  Comisión  estará  asistida    por  el   Comité  previsto   en  el  párrafo
primero del apartado 2 del articulo 22 de la Directiva 89/646/CEE.
El representante de la Comisión someterá al Comité un proyecto de las
medidas que deban adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho
proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la
urgencia del asunto. El dictamen se emiritá según la mayor i a prevista
en el apartado 2 del     artículo 148 del Tratado para         la adopción de
aquellas  decisiones   que  el   Consejo    deba  tomar  a   propuesta  de  la
Comisión. En el momento de la votación en el seno del Comité, los votos
de los representantes de los Estados miembros se ponderarán en la forma
prevista en el citado articulo. El presidente no tomará parte en la
votación.
La  Comisión  adoptará   las   medidas    previstas   cuando   se  ajusten  al
dictamen del Comité.
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del Comité o en
ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora .al Consejo una
propuesta relativa a las medidas que deban adoptarse. El Consejo se
pronunciará por mayor i a cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que se
haya recurrido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión
adoptará las medidas propuestas.
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                              ARTIÇULQ 8
                        Disposiciones finales
1. Los   Estados  miembros   adoptarán    las  disposiciones    legales,
   reglamentarias  y   administrativas   necesarias   para  cumplir   la
   presente Directiva el 1 de enero de 1993. Informarán inmediatamente
   de ello a la Comisión.
   Cuando  los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
   harán referencia a la presente Directiva o       irán acompañadas de
   dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
   establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las
   disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito
   regulado por la presente Directiva.
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                               ARTICULO 9
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros
Hecho en Bruselas, e
                                        Por el Consejo,
                                        El Presidente
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                         FICHA DE FINANCIACIÓN
La propuesta no supondrá gasto alguno con cargo al presupuesto de las
Comunidades Europeas
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           FICHA DE IMPACTO SOBRE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO
 I.      Principal Justificación de I a med i da
La medida obedece, sobre todo, a la voluntad de mejorar y reforzar la
supervisión    de   las entidades de crédito de      la Comunidad   en  i o que
respecta a la concentración de riesgos.
 II.     Carácteristicas de las empresas consideradas
Las   empresas   que   se  contemplan   son  las entidades   de  crédito,   que
constituyen una categoría determinada de empresas.
Habida cuenta de los importes de capital         inicial y de fondos propios
mínimos previstos por los artículos 9 y 10 de la Directiva 89/646/CEE,
es dudoso que, entre las entidades de crédito consideradas, se cuenten
numerosas PYME.
No cabe señalar, por otra parte, concentraciones a nivel regional.
 III.    Obligaciones impuestas directamente a las empresas
La   propuesta    impone   a   las empresas   consideradas,  esto  es,  a   las
entidades de crédito,        la obligación de notificar   sus operaciones de
gran riesgo a las autoridades competentes, así como la de limitarlas a
una determinada proporción de sus fondos propios (el 25% sí se trata de
riesgos individuales y el 800% para el total agregado de los grandes
r iesgos).
IV.      Obligaciones que pueden       imponerse a   las empresas, de manera
          indirecta, a través de las Administraciones locales
No   hay  obligación     alguna   que  las  Administraciones   locales  puedan
imponer a las empresas consideradas.
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V.       Medidas especiales, en su caso, para las PYME
La propuesta está orientada a mejorar          la supervisión de una categoría
determinada    de empresas      (las entidades    de crédito),    por  lo que  no
afecta en modo alguno a las PYME.         Por lo demás, cabe señalar que, dado
que la propuesta tiene por objeto limitar            los grandes riesgos de las
entidades de crédito, es poco probable que tenga como consecuencia una
limitación de los riesgos asumidos por las entidades de crédito frente
a las PYME.
VI.       Efecto previsible
     a)  sobre la competitividad de las empresas
     b)   sobre el empleo
a)   Dado que la propuesta está encaminada a implantar una supervisión
     más exhaustiva de las actividades de las entidades de crédito, ei
     riesgo de incumplimiento por parte de éstas debería verse reducido,
     lo que no puede sino redundar en beneficio de sus resultados, así
     como de la estabilidad de la actividad económica y financiera en
     general.
b)   No cabe esperar repercusión alguna sobre el empleo.
Vil.     Consultas      a     los    interlocutores     sociales    y   opiniones
         manifestadas por ellos.
Los   representantes     de   los   trabajadores   han   sido  informados   de la
intención de la Comisión de proceder a la elaboración de la presente
Directiva, que no tendrá ninguna incidencia en su situación.
En   lo   que   respecta    a   las   empresas,   se   han  celebrado   consultas
informales con la Federación Bancaria Europea, la Agrupación Europea de
Cajas   de Ahorros    y   la Agrupación     de Cooperativas    de Crédito    y la
Federación Hipotecaria Europea.
En   conjunto,    las   referidas     asociaciones    profesionales   aceptan  el
principio de que se regulen los grandes riesgos.
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                                                                   COM(91) 68 final
                                                    DOCUMENTOS
ES                                                                                        09
                                       N° de catálogo : CB-CO-91-158-ES-C
                                                              ISBN 92-77-71341-0
PRECIO DE VENTA          hasta 30 páginas: 3,50 ECU     por cada 10 paginas mis: 1,25 ECU
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