CELEX: 61971CC0007
Language: es
Date: 1971-11-18 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Roemer presentadas el 18 de noviembre de 1971. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. # Agencia de Abastecimiento. # Asunto 7-71.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. KARL KOEMER
      presentadas el 18 de noviembre de 1971 (
            *1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      En el asunto del que hoy me ocupo se enfrentan por primera vez una Institución de las Comunidades y un Estado miembro sobre cuestiones relativas al Derecho del Euratom. Antes de proceder a su examen, recordemos, en primer lugar, los antecedentes de hecho.
      Al mismo tiempo que se constituía la Comunidad Económica Europea, los Estados signatarios acordaban unir sus esfuerzos en el ámbito del desarrollo de la energía atómica. En el ordenamiento jurídico que crearon para tal fin, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, debemos destacar, ante todo, la letra d) de su artículo 2, a cuyo tenor, para el cumplimiento de su misión, la Comunidad deberá, en las condiciones previstas en el Tratado «velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad». El Capítulo VI del Título segundo del Tratado contiene normas detalladas para el logro de este objetivo, sobre cuyos detalles no me detendré en este momento. Diré tan sólo que dichas normas se caracterizan por una centralización obligatoria de la oferta y la demanda de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales. Dicha centralización tiene lugar a través de un órgano de carácter mercantil: la Agencia de Abastecimiento, una entidad de Derecho público, dotada de personalidad jurídica y que goza de autonomía financiera, cuyas actividades se hallan sometidas al control de la Comisión. La Agencia tiene un derecho de opción de compra de los productos mencionados en el artículo 197 del Tratado: en unas condiciones bien definidas, todos los productores de la Comunidad están obligados a ofrecerle los materiales que elaboren. Del mismo modo la Agencia tiene el derecho exclusivo a celebrar con los usuarios de la Comunidad contratos de suministros de dichos materiales, ya sean producidos dentro de la Comunidad o fuera de la misma. El objetivo de dichas normas consiste en garantizar la igualdad de acceso de los usuarios de la Comunidad a dichos materiales.
      La Agencia de Abastecimiento dio inicio al ejercicio de sus funciones el 1 de junio de 1960, de acuerdo con una Decisión de la Comisión de 5 de mayo de 1960. Además de por los preceptos del Capítulo VI del Título segundo del Tratado, la Agencia se rige por unos estatutos, aprobados por el Consejo el 6 de noviembre de 1958. De acuerdo con estos últimos, la Agencia funciona según unas normas de carácter mercantil, sin perseguir, no obstante, fines lucrativos. Por otra parte, dichos estatutos regulan el método para la constitución por el Consejo de un Comité consultivo compuesto por representantes de los productores y de los usuarios así como por expertos. «Las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas de minerales, materiales básicos y materiales fisionables especiales» se rigen por un Reglamento de aplicación adoptado por la Comisión el 5 de mayo de 1960. Posteriormente, volveré a referirme a la expresada normativa para examinar sus detalles. Por el momento, entre los numerosos preceptos del Tratado que pueden ser de interés para el caso de autos, me limitaré a citar, además, el artículo 70, a cuyo tenor los Estados miembros deben facilitar la actividad de la Comunidad en el ámbito de la prospección y de las reservas de minerales, mediante informes anuales sobre sus respectivos territorios que están obligados a presentar a la Comisión.
      Es evidente que, al redactar el texto del Tratado, no podía preverse con precisión la evolución de este nuevo ámbito. Ello explica por qué el Capítulo VI del Título segundo, en el párrafo segundo del artículo 76 contiene una disposición final, a tenor de la cual «transcurridos siete años desde la entrada en vigor del Tratado, el Consejo podrá confirmar el conjunto de estas disposiciones. A falta de confirmación, se adoptarán nuevas disposiciones relativas al objeto del presente Capítulo, con arreglo al procedimiento establecido en el párrafo precedente». La interpretación de este precepto constituye el objeto del debate.
      Tal como se ha dado a conocer en el curso del procedimiento, en noviembre de 1964 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de modificación del Capítulo VI del Tratado. A principios de 1965 se discutió dicha propuesta en el seno del Consejo, y además se consultó al Parlamento sobre el particular. No obstante, dicho procedimiento no culminó ni en una confirmación de lo dispuesto en las normas del Tratado en su versión original, ni en la adopción de nuevas disposiciones. Esta situación perdura aún actualmente; el Consejo todavía no ha terminado sus deliberaciones y, a pesar de una actividad aparentemente intensa, no se vislumbra el final de las negociaciones. Ello constituye la causa de las dificultades objeto del asunto que nos ocupa.
      Efectivamente, el Gobierno francés considera que la validez de los preceptos del Capítulo VI del Título segundo del Tratado Euratom estaba limitada a un período de siete años. Como dichas disposiciones no fueron confirmadas antes del término de dicho período, o poco tiempo después de transcurrido, sostiene que la única solución a posteriori consistiría en la adopción de nuevas disposiciones. En el interregno, los preceptos del Tratado no son aplicables; por el contrario, debe considerarse que existe una laguna en el Tratado en el ámbito de referencia. Desde el año 1964, el Gobierno francés ha llamado la atención de los demás Estados miembros sobre esta posible interpretación y, en todo caso, sobre la situación jurídica de incertidumbre que se da al respecto (durante la reunión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1964, entre otras ocasiones). En línea con esta opinión de carácter jurídico, en noviembre de 1965 dicho Gobierno comunicó a las empresas francesas, tanto públicas como privadas, que ya no eran aplicables los preceptos contenidos en el Capítulo VI (ello se desprende de una carta que el 10 de septiembre de 1970 una empresa francesa remitió a la Agencia de Abastecimiento). La actuación del Commissariat à l'énergie francés se atuvo a dicho criterio. Como afirmó la Comisión, dicho organismo «reúne un conjunto de competencias que constituyen […] el instrumento privilegiado para el desarrollo de las aplicaciones de la energía atómica bajo sus más diversos aspectos» y se halla «a la vez muy próximo al Gobierno y, por así decirlo, asociado al mismo y, a pesar de todo, disfruta de una gran libertad de acción» (véase la ordonnance no 45-2563, de 18 de octubre de 1945, por la que se constituye el Commissariat à l'énergie atomique). En realidad, el Commissariat, sin poner al corriente a la Agencia de Abastecimiento, celebró directamente contratos de importación de uranio enriquecido y de plutonio, así como contratos de suministros de uranio enriquecido. Del mismo modo, el Commissariat no notificó a la Agencia la existencia de un compromiso en relación con el procesamiento de materias importadas de Sudáfrica, sin que le haya cursado comunicación alguna sobre las cantidades que fueron objeto de la aludida transmisión. Por otra parte, con posterioridad a 1964, la República Francesa dejó de presentar a la Comisión los informes anuales sobre el desarrollo de las prospecciones y de la producción, de las reservas probables y de las inversiones mineras efectuadas o previstas en el territorio francés.
      Una vez que la Comisión obtuvo información sobre dichas transacciones a través de los informes de control, el 24 de abril de 1969, su Dirección General «Energía» remitió un escrito al Commissariat à l'énergie atomique francés. En dicho escrito, la Dirección General mantenía el criterio de que la celebración directa de contratos de importación y de suministro constituía un incumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo VI del Título segundo del Tratado Euratom, que todavía se encontraban en vigor. En escrito dirigido el 30 de mayo de 1969 a la Dirección General «Energía», el Commissariat à l'énergie atomique contestó que, en su opinión, el Capítulo de referencia había perdido toda eficacia a partir del 1 de enero de 1965; por lo demás, dicha opinión fue confirmada mediante escrito que el Comité technique interministériel pour les questions d'Euratom remitió al Director General de la Agencia de Abastecimiento el 5 de enero de 1970.
      Dicho criterio hizo que la Comisión, que estaba convencida aún de que el Capítulo VI continuaba en vigor con posterioridad al 1 de enero de 1965, aunque fuera con carácter provisional, entablara el procedimiento previsto en el artículo 141 del Tratado Euratom al objeto de que se declarara el incumplimiento de una obligación prevista en el Tratado. Mediante escrito de 12 de marzo de 1970 dirigido al Ministro francés de Asuntos Exteriores, el Presidente de la Comisión puso de relieve los diversos incumplimientos de lo dispuesto en el Tratado Euratom que, en opinión de la Comisión, podían imputarse a la República Francesa y requirió a dicho Estado para que presentara sus observaciones sobre el particular. Mediante escrito de 20 de mayo de 1970, que la Representación Permanente de Francia remitió al Presidente de la Comisión, el Gobierno francés expuso sus observaciones. En dicho documento, el Gobierno francés manifestó que se mantenía en la postura que ya había tomado con anterioridad. Por otra parte, se pronunció sobre las diversas imputaciones que la Comisión había articulado en su contra. Por último, sostuvo que desde el principio los preceptos controvertidos del Tratado Euratom no se habían adecuado a la situación de hecho y que, por lo tanto, su aplicación había sido meramente formal.
      Convencida aún de lo equivocado de la postura del Gobierno francés, el 14 de octubre de 1970, la Comisión emitió un dictamen motivado conforme al artículo 141 del Tratado Euratom. En el mismo, dicha Institución examinó nuevamente los incumplimientos que imputaba al Gobierno francés e intentó refutar punto por punto la argumentación de este último. La Comisión terminaba requiriendo a dicho Gobierno para que en el plazo de 45 días tomara las medidas necesarias para adecuarse al dictamen.
      Al no atender el Gobierno francés al requerimiento formulado, el 11 de marzo de 1971 la Comisión interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia. La Comisión sigue sosteniendo que habida cuenta de las citadas instrucciones que el Gobierno francés dirigió a las empresas públicas y privadas del sector nuclear y también por el hecho de que la República Francesa es responsable de la actividad del Commissariat à l'énergie atomique francés, la República Francesa ha incurrido en una serie de incumplimientos de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado Euratom. En este sentido ha presentado el recurso para la declaración del incumplimiento.
      Por su parte el Gobierno francés considera que no procede admitir el recurso. Además considera que debe desestimarse por infundado.
      ¿Qué debe pensarse de dicho litigio? Es lo que examinaré inmediatamente siguiendo en sus aspectos esenciales, el plan que han adoptado las partes al exponer sus respectivas alegaciones, y ello aun a riesgo de que este método no permita establecer una clara separación entre la admisibilidad y la fundamentación.
      
               1. 
            
            
               En todo caso, la cuestión de la admisibilidad debe abordarse en primer lugar, por cuanto dicho problema se distingue claramente del fondo del litigio. Se trata de la opinión, vertida por primera vez por el Gobierno francés en el escrito de dúplica, de que el recurso se presentó fuera de plazo. Para el Gobierno francés ello se infiere de lo que él mismo afirmó en el aflo 1965 en el sentido de que los preceptos cuyo incumplimiento se le achaca ahora carecían de toda validez. Además, con posterioridad, dejó entrever regularmente, tanto por sus manifestaciones como por sus actos, que dicha opinión no había variado (negativa a presentar los informes a que se refiere el artículo 70, no presentación de candidatos para el Comité Consultivo, reservas formuladas a propósito del presupuesto de 1967, reservas emitidas a propósito de un Reglamento que la Comisión adoptó en base al artículo 74). Por lo tanto, la Comisión habría podido someter ya mucho antes la postura del Gobierno francés a la apreciación de este Tribunal de Justicia. Habría podido obtener alguna aclaración sobre la situación jurídica a través del correspondiente recurso. Por el contrario, no puede admitirse que ahora se acuda al Tribunal de Justicia por una situación que dura ya cinco años.
               ¿Qué juicio merece dicha excepción? Ante todo debe subrayarse que esencialmente la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare la realidad de los incumplimientos cometidos en 1968 que consistieron en la celebración de contratos de importación y de suministro sin la participación de la Agencia de Abastecimiento del Euratom. Es evidente que son estos actos los que impulsaron a la Comisión a iniciar actuaciones a causa de sus repercusiones particularmente sensibles sobre el funcionamiento del sistema comunitario de abastecimiento. Ahora bien, si se decide que el transcurso de los plazos se inicia con el descubrimiento de tales incumplimientos, si se tiene en cuenta que la Comisión reaccionó por primera vez en abril de 1969 y, por último, si se considera el procedimiento en su conjunto, es decir, comprendido el lapso de tiempo necesario para la realización de las diligencias previas, debe admitirse que no se ha producido un retraso inadmisible en el inicio del procedimiento jurisdiccional.
               Por otra parte, tampoco debe olvidarse, y ello no tiene menos importancia, que el artículo 141 del Tratado Euratom no establece plazo alguno para instar un procedimiento con el fin de obtener una declaración de incumplimiento de lo establecido en el Tratado. Existen para ello razones completamente justificadas. En efecto, el carácter que reviste dicho procedimiento es especialmente radical, se trata de la ultima ratio, tal como este Tribunal afirmó a propósito del procedimiento análogo previsto en el artículo 88 del Tratado CECA (asunto 20/59,↔ Rec. 1960, pp. 663 y ss., especialmente p. 692). En consecuencia, no es razonable entablarlo inmediatamente en toda ocasión, ya que el hecho de recurrir a dicho procedimiento con excesiva reiteración implicaría el riesgo de disminuir su eficacia, la cual, en todo caso, ya es bastante limitada, debido a la inexistencia de sanción alguna. Por otra parte, es inevitable que este procedimiento, en cierto modo, ponga en juego el prestigio del Estado miembro interesado, y ello es así aunque se trate tan sólo de un procedimiento de carácter objetivo, destinado a proyectar un poco de luz sobre una situación jurídica determinada sin que implique ninguna apreciación de orden moral.
               Son estas las razones por las que parece adecuado excluir cualquier automatismo y cualquier medida de carácter coercitivo para instar un procedimiento de tal naturaleza y más bien reconocer a la Comisión la facultad discrecional de decidir sobre la oportunidad así como sobre el momento en que debe iniciarse el procedimiento. A este respecto múltiples factores pueden ser objeto de consideración: por ejemplo, el hecho que se haya intentado llegar a un acuerdo amistoso (intentos que pueden exigir mucho tiempo) o, como en el caso de autos, que las primeras manifestaciones de la actitud negativa del Gobierno francés en relación con la validez de los preceptos del Tratado Euratom en materia de abastecimiento hayan tenido repercusiones tan sólo relativamente reducidas que no podían justificar la interposición de un procedimiento judicial; además, el hecho de que en 1965 y posteriormente, la Comunidad atravesara una grave crisis cuya solución no debía verse obstaculizada por procedimientos de menor entidad, y, asimismo, el de que en un futuro próximo estuviera previsto promulgar nuevas disposiciones en el ámbito de que se trata. En la medida que dichos factores pudieron ser tomados en consideración, cabe al menos admitir que la Comisión ejerció sus atribuciones de forma correcta y descartar la tesis de que este procedimiento se haya iniciado con un retraso inadmisible.
               Por todo cuanto antecede este Tribunal de Justicia tampoco puede pretender que en el presente caso sea de aplicación la jurisprudencia sentada en el asunto 59/70: se trata de apreciaciones obtenidas del Tribunal de Justicia en un recurso por omisión presentado por un Estado miembro, apreciaciones con arreglo a las cuales debe acudirse a la Comisión en un plazo razonable después de que sean conocidos los hechos según los cuales se entabla el procedimiento contencioso a fin de evitar la pérdida del derecho a interponer el recurso. En su momento ya indiqué que, en principio, dichas consideraciones no eran pertinentes. Mi postura no ha variado entretanto y sigo creyendo que no parece adecuado introducir plazos por vía jurisprudencial en el sistema de protección jurisdiccional establecido por los Tratados, cuando éstos se abstuvieron de hacerlo. Con independencia de lo anterior, debe señalarse que las diferentes situaciones de uno y otro asunto impiden que al presente caso pueda serle de aplicación la sentencia recaída en el asunto 59/70. En efecto, lo característico de dicho asunto era que se trataba de un recurso por omisión dirigido contra una Institución, pero en razón del comportamiento de un tercero (como ya sabe el Tribunal de Justicia, se trataba de medidas gubernamentales en favor de la economía de un Estado miembro, cuyos intereses debían, naturalmente, ser tomados en consideración), y además, es significativo que para apreciar la legitimación activa del Estado miembro demandante, era posible tomar en consideración su obligación de cooperar con las Instituciones de la Comunidad, prevista en el artículo 86 del Tratado CECA. Apenas me parece necesario poner de relieve que, evidentemente, dichas consideraciones no son aplicables en el contexto del presente asunto.
               Habida cuenta de que el artículo 141 del Tratado Euratom no establece ningún plazo para iniciar el procedimiento que regula y, dado que, por otra parte, los hechos no permiten afirmar que la Comisión haya abusado de sus facultades al elegir el momento en que ha entablado el presente procedimiento, debe admitirse que la excepción propuesta por el Gobierno francés, según el cual el recurso se presentó fuera de plazo, no debe afectar a la admisibilidad del recurso.
            
         
               2. 
            
            
               La principal alegación formulada por el Gobierno francés frente al recurso, a la que ahora voy a referirme, es la siguiente: los preceptos del Capítulo VI del Tratado Euratom carecían ya de validez en la época en que tuvo lugar el incumplimiento que la Comisión le imputa. Sobre el particular, el Gobierno francés hace referencia al párrafo segundo del artículo 76, es decir, al último precepto del Capítulo VI. Según su criterio, de dicho precepto se desprende que la decisión relativa a las normas aplicables en el ámbito del abastecimiento debía tomarse antes de la expiración del plazo de siete años que se inició con la entrada en vigor del Tratado, antes, por consiguiente, del 1 de enero de 1965, para que, en caso de no confirmarse las disposiciones aplicables inicialmente, pudieran entrar en vigor normas nuevas el 1 de enero de 1965. Siempre según el Gobierno francés, a lo sumo podría sostenerse que aún existía la posibilidad de confirmar las antiguas disposiciones durante un breve período de tiempo tras la expiración del plazo de siete años. Sin embargo, puesto que no se optó por dicha alternativa en un plazo razonable, debe admitirse que los preceptos inicialmente aplicables dejaron de tener vigencia y que el Consejo tenía la obligación de adoptar nuevas disposiciones (objetivo que, por lo demás, la misma Comisión pretendió alcanzar mediante sus propuestas de noviembre de 1964 y que era manifiestamente conforme con la intención de todos los Estados miembros). La única posible explicación es mantener que, hasta la adopción de estas nuevas disposiciones tan sólo cabe considerar que existe una laguna en el Derecho comunitario. La Comisión rechaza tajantemente esta tesis. Considera, por su parte, que en cualquier caso, debe admitirse que, con posterioridad al 1 de enero de 1965, los preceptos inicialmente contenidos en el Tratado tenían validez con un carácter transitorio y provisional, sin limitación en el tiempo, hasta que se adoptaran nuevas disposiciones o hasta que se confirmaran los preceptos iniciales.
               Si se intenta resolver este problema acogiéndose, en primer lugar al texto mismo del párrafo segundo del artículo 76, se observa que, según las versiones alemana y neerlandesa, la solución parece con bastante claridad. Efectivamente, el texto es el siguiente: «nach Ablauf von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Vertrages kann der Rat diese Bestimmungen in ihrer Gesamtheit bestatigen» («Na verloop van zeven jaar […] kan de Raad […] bevestigen»). Ello significa, por una parte, que los autores del Tratado previeron un período cuyo inicio iba a producirse el 1 de enero de 1965, y dieron importancia al transcurso del mencionado período de siete años. Por otra parte se prevé una confirmación transcurrido el período de referencia. Esto tan sólo puede significar la confirmación de los textos vigentes. Por lo demás confirma también esta conclusión el hecho de que baste la mayoría simple para la confirmación, mientras que para la adopción de nuevas disposiciones se precise la unanimidad del Consejo. En consecuencia, los textos alemán y neerlandés demuestran con una claridad meridiana que no puede haber dejado de aplicarse el Capítulo VI a partir del 1 de enero de 1965. Por el contrario, los textos francés e italiano, que contienen las expresiones «á l'issue d'une période de sept ans» o «allo scadere di un periodo di serte anni», son menos claros.
               Efectivamente, pueden interpretarse en el sentido de que debería haber tenido lugar una eventual confirmación al final del plazo de siete años, en el momento de la expiración de dicho plazo, y que, por lo tanto, las decisiones pertinentes deberían haberse tomado a más tardar el 31 de diciembre de 1964. Sin embargo, pueden apuntarse en contra de dicha hipótesis algunas importantes consideraciones basadas en el espíritu y la finalidad del Capítulo VI. Como resulta de los trabajos preparatorios, en el momento de redactar el Tratado Euratom, nadie tenía una idea exacta de cual sería la futura evolución en este nuevo ámbito, que llevaba consigo factores cuyas modificaciones iban a tener repercusiones en el mundo entero, especialmente en relación con los problemas de abastecimiento. Por este motivo los autores del Tratado decidieron que en un primer momento se debía establecer una normativa provisional y que el sistema definitivo se implantaría una vez que se tuviera la experiencia necesaria. En consecuencia, el sentido del artículo 76 es esencialmente establecer una fase de experimentación. Ahora bien, es evidente que la obligación de adoptar la Decisión sobre el régimen definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 1964 difícilmente puede concillarse con dicha fase de experimentación y con la indudable voluntad de su total utilización. Efectivamente, no debe olvidarse que para ello eran necesarios largos preparativos, que era preciso examinar las experiencias por las que se había pasado y decidir si las mismas justificaban el mantenimiento del régimen o si era más aconsejable adoptar una nueva normativa, lo cual requeriría, como bien sabe este Tribunal de Justicia, la cooperación de varias Instituciones (Comisión, Consejo y Asamblea). Por lo tanto, si hubiera debido adoptarse dicha decisión no más tarde del 31 de diciembre de 1964, la fase de experimentación prevista en el artículo 76, en determinadas circunstancias, se habría visto considerablemente reducida, lo cual, como he dicho, no sería conforme con el espíritu de la normativa. Por otra parte, tampoco es posible acogerse al artificio consistente en «parar el reloj», que habría permitido tomar la decisión necesaria a comienzos del año 1965 y por lo tanto, reducir la fase de experimentación en una medida insignificante. En mi opinión, es difícil imaginar que durante la redacción del artículo 76, los autores del Tratado tuvieran la voluntad de seguir este procedimiento poco habitual que no se conoce en todas partes y que, ciertamente puede ser objeto de múltiples objeciones. Independientemente del problema de la retroactividad, que se plantearía en el caso en que entrara en vigor una nueva normativa a partir del 1 de enero de 1965, no debe olvidarse que dicho método no ha sido todavía utilizado para la ejecución de los preceptos del Tratado en situaciones que requieren una tramitación larga y complicada, así como la participación de casi todas las Instituciones comunitarias. Por consiguiente, consideraciones basadas en el espíritu y la finalidad del precepto sometido a la apreciación del Tribunal de Justicia aconsejan no interpretar tampoco los textos italiano y francés en el sentido de que la decisión que debía tomarse con arreglo al párrafo segundo del artículo 76 debía adoptarse a más tardar al expirar el plazo indicado en el artículo examinado.
               Por tal motivo me parece, por lo demás, improcedente que en este asunto se haga referencia a lo dispuesto en el artículo 37 del Tratado CEE redactado en términos similares y argumentar que la expresión que se encuentra en el mismo precepto «am Ende der Übergangszeit» («al final del período transitorio»), según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto 20/64, Rec. 1965, p. 10), significa «a más tardar al final del período transitorio». Realmente, no debe perderse de vista que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia se aplicaba a una situación en la que se había fijado una fecha límite para que los Estados miembros cumplieran sus obligaciones (adecuación de los monopolios). En consecuencia, es imposible aplicar la misma interpretación a lo dispuesto en el artículo 76 del Tratado Euratom, según el cual se trata esencialmente de elaborar una normativa nueva una vez finalizado un período determinado. Por último, puesto que el propio Gobierno francés reconoce que la expresión «transcurridos» no es totalmente clara, lo único que puede deducirse de ello es que las decisiones previstas en el artículo 76 (confirmación o adopción de nuevos preceptos) aún podían adoptarse después del 1 de enero de 1965, y que, en consecuencia, la normativa inicialmente aplicable no había dejado de estar vigente después del 31 de diciembre de 1964, sino que seguía siendo aplicable, al menos con carácter provisional.
               No obstante, con esto no se termina el examen de las cuestiones que ahora me interesan. En efecto, con carácter subsidiario el Gobierno francés alega asimismo que, suponiendo que el Capítulo VI haya seguido aplicándose con carácter provisional, a lo sumo podría admitirse que a tal efecto se ha previsto un plazo razonable. Debido a que los preceptos vigentes inicialmente no fueron confirmadas antes de su expiración, han dejado de tener validez. En adelante únicamente puede tomarse en consideración la adopción de nuevas disposiciones.
               En apoyo de esta interpretación cabe en efecto hacer referencia a los textos francés e italiano del párrafo segundo del artículo 76: los términos «á l'issue de» y «allo scadere di» pueden indicar que existe una íntima relación entre la decisión de confirmación y el final del plazo de siete años (mientras que es evidente que los textos alemán y neerlandés no pueden interpretarse en el mismo sentido). No obstante, la corrección de esta tesis se encuentra nuevamente con importantes objeciones de fondo que impiden que pueda prosperar. Estoy convencido de que es difícil conciliar el principio de seguridad jurídica con la idea de que determinados preceptos del Tratado hayan dejado de estar en vigor después del transcurso de un plazo no precisado, y ello sin que ningún texto lo indique clara y expresamente, y en consecuencia suponer que el problema de la confirmación pueda regularse mediante una decisión negativa presunta.
               Sin que simultáneamente se produzca la entrada en vigor de nuevas disposiciones, ello significaría una solución de continuidad en un ámbito de importancia fundamental para la Comunidad, al que el Tratado consagra una normativa muy detallada que conduce a una integración muy avanzada. Lo único que se produciría sería una transitoria desintegración. Difícilmente puede admitirse que los autores del Tratado lo hayan querido así, habida cuenta de que la letra d) del artículo 2 del Tratado establece que la misión y la obligación constante de la Comunidad es velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad. Del mismo modo es imposible no tener en cuenta la relación existente entre el Capítulo que nos interesa ahora y otros Capítulos del Tratado cuya validez no se halla limitada en el tiempo, especialmente la relación existente con el control de seguridad que ciertamente facilita la existencia de una reglamentación común del abastecimiento, que comprende el control de la utilización de los productos suministrados (artículo 60). Por último, debe pensarse asimismo en la posibilidad de que la Agencia de Abastecimiento haya celebrado contratos de larga duración, que jurídicamente tendrían un futuro incierto si se admitiera que las disposiciones que les son de aplicación han perdido su vigencia tras un plazo determinado y que, de este modo, dicha Agencia se ha visto privada de su fundamento jurídico. Habida cuenta de estas importantes consideraciones, de hecho la única conclusión posible es aceptar que el Capítulo VI sigue siendo aplicable provisionalmente, y ello hasta que entre en vigor una nueva normativa o hasta que tenga lugar la confirmación de las disposiciones iniciales. En realidad tal confirmación aún parece posible, dado que se trata de una posibilidad que no fue excluida ni en 1965 ni posteriormente (como ha manifestado la Comisión, efectivamente en enero de 1965 el Consejo devolvió su propuesta al Parlamento sin someterla a discusión).
               Tampoco es posible oponer en contra de esta hipótesis, a pesar de que parece tentador a primera vista, que en realidad con ello se llega al reconocimiento de una decisión tácita de confirmación, dado que la confirmación implica el mantenimiento definitivo de las disposiciones vigentes. Por el contrario, el mantenimiento de su vigencia con carácter provisional no tiene los mismos efectos. Es evidente que ello exige que las condiciones que se fijen para su aplicación se formulen de forma que afecten lo menos posible a la futura normativa. Por el mismo motivo, no puede estar de acuerdo con el Gobierno francés cuando afirma que favorece más un desarrollo razonable de la integración admitir la existencia de un vacío jurídico que obliga a las Instituciones comunitarias responsables a actuar enérgicamente, que continuar aplicando normas que ya al poco tiempo se han revelado inadecuadas y que nunca se han aplicado correctamente. En otro contexto me referiré de nuevo pormenorizadamente a esta última observación.
               Por el momento baste observar tan solo que, en mi opinión, cuesta admitir que la vuelta a las normativas nacionales, con todos los inconvenientes inherentes a las mismas (por ejemplo, la supresión de la información permanente a las Instituciones comunitarias) no haga más difícil la integración. En efecto, estoy convencido de que difícilmente esta situación puede considerarse más adecuada que mantener la vigencia, con carácter provisional, de una normativa comunitaria pormenorizada y con evidente vocación de mantenerse en sus elementos esenciales.
               Por lo tanto, a la luz de tales consideraciones, debo considerar que, en una situación ciertamente insatisfactoria, la tesis del mantenimiento de la vigencia del Capítulo VI del Tratado Euratom, con carácter provisional, que sostiene la Comisión, es preferible a la afirmación de que a partir de una fecha determinada del año 1965 se produjo un vacío en el Derecho comunitario.
            
         
               3. 
            
            
               Si se asume este punto de vista, no existen dificultades especiales para responder a la cuestión de si el comportamiento del Commissariat à l'énergie atomique francés, durante el año 1965 y siguientes, que debe imputarse indudablemente al Gobierno francés, y el comportamiento del propio Gobierno constituyeron una infracción del Capítulo VI así como de las disposiciones adoptadas para su ejecución.
               Ello es aplicable, en primer lugar, a las importaciones de uranio enriquecido y de plutonio efectuadas sin la intervención de la Agencia de Abastecimiento, importaciones que el propio Gobierno francés, por lo demás, no ha pretendido que fueran compatibles con los preceptos del Capítulo VI, en la forma en que debían interpretarse inicialmente. Ello es también aplicable al hexafluoruro de uranio importado de Sudáfrica para proceder a su utilización en análisis, que, como mínimo debería haberse notificado a la Agencia de Abastecimiento, con arreglo al artículo 75 del Tratado Euratom. En lo que al suministro de uranio enriquecido a una empresa pública italiana se refiere, la Comisión ha alegado, sin que ello haya sido negado, que también estaba comprendido en el régimen de abastecimiento, aunque se tratara de un suministro destinado a desarrollar el grupo propulsor de una unidad naval. Por lo tanto, también la Agencia de abastecimiento debería haber participado en esta operación. Por último, en relación con los informes sobre el desarrollo de la prospección y de la producción, las reservas probables y las inversiones mineras realizadas o previstas sobre sus territorios, que los Estados miembros están obligados a presentar anualmente a la Comisión en virtud del artículo 70, el Gobierno francés ha intentado justificar su omisión al respecto al indicar que los informes que cada año elaboraba el Commissariat à l'énergie francés se hacían llegar a la Comisión. Sin embargo, la comparación de estos informes con los anteriores presentados con arreglo al artículo 70 demuestra no sólo que estos últimos eran mucho más pormenorizados (al menos en lo tocante a la prospección y a la producción) sino también que los informes del Commissariat à l'énergie atomique no contenían indicación alguna acerca de las inversiones mencionadas en el artículo 70. Por consiguiente no pueden sustituir a los informes previstos en dicho artículo, y, por ende, es evidente que el Gobierno francés también ha incumplido lo establecido en dicho precepto.
            
         
               4. 
            
            
               A decir verdad, tales hechos no son de entidad suficiente para que basándose en los mismos pueda afirmarse que el Gobierno francés haya violado el Tratado y que este Tribunal de Justicia deba acoger favorablemente el recurso. Por el contrario, deben examinarse además algunos motivos de oposición que el Gobierno francés considera importantes.
               Entre los mismos se encuentra uno que reviste una especial importancia: se trata de la observación de que los preceptos del Capítulo VI del Tratado Euratom nunca se han aplicado correctamente, sino que lo han sido, tan sólo, de un modo superficial y artificioso, han perdido su importancia práctica y, por lo tanto no puede admitirse que exista un interés en que se declare que Francia no los ha respetado.
               A este respecto, considero necesario formular, ante todo, la siguiente observación: el Gobierno francés no ha alegado que dichos preceptos hubieran perdido toda su importancia. A propósito de los preceptos cuyo incumplimiento se ha denunciado en este procedimiento en ningún caso se ha afirmado que no hayan sido aplicados, particularmente los artículos 70 y 75, o sea, los que establecen que los Estados miembros deben presentar a la Comisión un informe anual y la obligación de notificación en determinados supuestos. Este hecho es, por sí mismo, de una cierta importancia para el examen del presente asunto.
               Por lo demás, en lo que a la aplicación errónea del Capítulo «Abastecimiento» se refiere, procede distinguir varios aspectos. Un primer aspecto se refiere al sistema previsto en el artículo 60, que, esencialmente, regula la confrontación de la oferta y la demanda de minerales, materiales básicos, etc., por la Agencia de Abastecimiento. Según el Gobierno francés, dicho sistema no ha funcionado: en efecto, se han podido celebrar directamente entre los proveedores y compradores interesados contratos relativos al suministro de uranio natural, debiendo notificarse a la Agencia únicamente con posterioridad a su celebración. Por otra parte, en realidad, los contratos relativos a las materias fisionales especiales se negociaron por las partes directamente y dieron lugar a una confirmación puramente formal por la Agencia de Abastecimiento. Por último, normalmente los contratos de suministro se celebraban por un plazo superior a diez años, lo cual, según el Tratado, debe ser la excepción.
               A este respecto, debe admitirse en primer lugar que, según el artículo 5 del Reglamento de la Agencia de Abastecimiento de 5 de mayo de 1960, la Comisión puede pedir a ésta que siga un procedimiento simplificado cuando, a iniciativa de la Agencia, previo informe del Comité Consultivo, la Comisión comprueba que, respecto de un producto determinado, existe un «exceso manifiesto de la oferta sobre la demanda». Previo dictamen del Comité consultivo, la Agencia determina las condiciones generales que deben cumplir los contratos celebrados con arreglo al procedimiento simplificado. Los interesados negocian directamente los contratos que, posteriormente son notificados a la Agencia y «se considerará que ésta los ha celebrado cuando no transmita ninguna objeción a los interesados en el plazo de ocho días a partir de la recepción de los contratos». Esta normativa ha sido aplicada al uranio natural y al torio. Basándose en una comunicación de la Agencia de 23 de noviembre de 1960, cuyo plazo de validez ha sido prorrogado en diversas ocasiones, dichos contratos fueron negociados directamente desde el 1 de diciembre de 1960 y firmados por los interesados. En el Diario Oficial de 30 de noviembre de 1960 se publicaron las condiciones generales que les son aplicables y que se establecieron por la Agencia. Entre otras cosas, las mismas concretan cuáles son las indicaciones (en cuanto a los precios y la utilización) que deben insertarse en los contratos así como la duración con que pueden celebrarse.
               Para determinar si el artículo 60 del Tratado Euratom ampara dicho procedimiento simplificado, es necesario tener en cuenta que la normativa sobre abastecimiento constituye un compromiso entre las tendencias dirigistas y determinadas tendencias favorables a una economía de mercado. Es consustancial con un sistema de tal naturaleza pretender alcanzar el objetivo esencial que constituye el acceso a las fuentes de aprovisionamiento en igualdad de condiciones, con un aparato administrativo lo más limitado posible y prever la intervención de la Administración tan sólo en la medida que sea estrictamente necesaria. Es una situación caracterizada por la práctica inexistencia de demanda (como fue el caso durante los años sesenta en los que los contratos celebrados tuvieron por objeto solamente cantidades muy reducidas), es decir, en presencia de un mercado en el que los compradores dictan la ley, es posible, sin lugar a dudas, que se alcance el objetivo indicado sin confrontar la oferta y la demanda. Ello se debe sobre todo a que parece garantizada la aplicación de precios de mercado ajustados gracias a las prospecciones efectuadas por la Agencia y gracias a la información general de las empresas acerca de las ofertas de la venta, de las tendencias de los precios, etc. A ello puede contribuir además el control de los contratos que ejerce la Agencia que, como se sabe, ostenta un derecho de oposición. Examinado desde este punto de vista, el procedimiento simplificado está, en consecuencia, perfectamente de acuerdo con el espíritu y la finalidad del artículo 60 del Tratado Euratom. Además, difícilmente puede negarse la posibilidad de su interposición con arreglo a la redacción de carácter general del último párrafo del artículo 60; en efecto, éste simplemente dispone que el Reglamento de la Agencia «determinará las modalidades de confrontación de las ofertas y las demandas». En cualquier caso, no acierto a comprender cómo puede hablarse de un desmantelamiento inadmisible del sistema y de una violación del Tratado. Por otra parte, de acuerdo con las manifestaciones realizadas en el curso del procedimiento, tampoco es posible afirmar que este sistema dejara de funcionar a partir del año 1965. Efectivamente, según las observaciones de la Comisión, que no han sido refutadas, durante los años 1967 y 1969 se celebraron contratos sobre grandes cantidades de uranio natural, sobre las bases que acabamos de indicar, a los precios del mercado mundial.
               En lo que se refiere al suministro de uranio enriquecido que, al igual que el de plutonio se efectúa necesariamente a través de la Agencia, al no serle de aplicación el procedimiento simplificado, debe ponerse de relieve que, en este ámbito -al menos en lo que respecta al uranio enriquecido- es decisivo el monopolio de la Comisión de la Energía Atómica de Estados Unidos y que, por otra parte, tan sólo algunas empresas pueden aspirar a ser compradores. Por lo tanto, en general no se da una confrontación regular entre diversas ofertas y demandas, y evidentemente los suministros se realizan sin distinción, según los precios que publica el Federal Register. No obstante, no parece que la intervención de la Agencia carezca de importancia. Ante todo, no debe olvidarse que, con respecto al plutonio, evidentemente deben tenerse en cuenta otros países proveedores (Inglaterra, Canadá). En lo que al uranio enriquecido se refiere, en el marco del acuerdo celebrado en 1958 entre el Euratom y los Estados Unidos de América (en virtud de la Decisión del Consejo adoptada por unanimidad) los suministros deben efectuarse necesariamente con la participación de la Agencia, es decir basándose en negociaciones triangulares. Sobre el particular, puede presumirse sin más que un sector en el que la voluntad del Estado desempeña un papel determinante, la intervención de un organismo comunitario que represente a todos los usuarios tiene una importancia considerable y ejerce una influencia decisiva. Efectivamente, la acción de la Agencia de Abastecimiento era y sigue siendo importante, al parecer, por lo que respecta a los esfuerzos realizados con el fin de incrementar el límite máximo de los suministros, y las negociaciones que se desarrollaron al respecto han estado y todavía están influidas de forma determinante por los estudios que realiza la Agencia acerca de sus necesidades. Además, según las manifestaciones de la Comisión, la Agencia ha cooperado igualmente en la preparación de contratos tipo, en la celebración de acuerdos marco y en la agrupación de pedidos así como en la celebración de contratos colectivos en relación con el uranio enriquecido. Por último, la actividad de la Agencia es de considerable importancia en lo tocante a la ejecución de los contratos de suministro y al cumplimiento de las formalidades que les son de aplicación. Desde este punto de vista, a mi juicio, es difícil sostener que las disposiciones del Tratado Euratom relativas al sistema de abastecimiento y la intervención de la Agencia hayan carecido de utilidad e importancia. Esto es aplicable, además, al período posterior a 1964, pues, como ha manifestado la Comisión sin ser contradicha, incluso durante dicho período, la Agencia ha seguido asegurando el abastecimiento de uranio enriquecido (incluido, evidentemente, el de las empresas francesas). En este punto puedo hacer referencia particularmente a los informes de la Comisión, a la documentación especial relativa a la Agencia, al volumen de negocios y a los estudios de los años 1967 y 1969 sobre la demanda de plutonio así como a las negociaciones que se desarrollaron al respecto.
               Por último, por lo que se refiere al hecho de que los acuerdos sobre el suministro de uranio enriquecido procedente de Estados Unidos, por regla general, se hayan celebrado por un plazo superior a diez años, debe indicarse que tales excepciones a la regla están previstas expresamente en el artículo 60 del Tratado Euratom, siempre que la Comisión las autorice. Por consiguiente, no puede hablarse aquí de incumplimiento de las disposiciones del Tratado, por cuanto es evidente que la Comisión se ha preocupado de que no se llegue prematuramente al límite máximo de los suministros y que no se ponga en peligro el abastecimiento de otros usuarios. Por lo demás, debe examinarse la práctica descrita sin olvidar la existencia de cláusulas que prevén la posibilidad de denuncia del acuerdo. En su caso, éstas permiten recurrir a otras fuentes de abastecimiento y, de ese modo, impiden que el aprovisionamiento de la Comunidad dependa íntegramente de los proveedores norteamericanos.
               En lo que atañe a los primeros aspectos de la alegación relativa a la aplicación defectuosa y meramente formal del Capítulo VI del Tratado a que acabo de referirme, puede considerarse, por consiguiente, que las observaciones del Gobierno francés, comparadas con las manifestaciones de la Comisión, no prueban que los preceptos que aquí interesan carezcan de importancia práctica.
               Por lo demás -anticipando la conclusión a que llego-lo anterior se aplica igualmente a la observación del Gobierno francés, según la cual la Agencia no ha procedido a constituir reservas comerciales y la Comisión no ha decidido crear las reservas de seguridad mencionadas en el artículo 72 del Tratado. No debe olvidarse a este respecto que el artículo 72 contiene tan sólo una disposición de carácter potestativo y, por consiguiente, establece una facultad de apreciación. Que no se haya hecho uso de ella ciertamente no significa que el Capítulo «Abastecimiento» haya quedado prácticamente sin importancia.
               Por último, tampoco pueden sacarse conclusiones favorables a la parte demandante del hecho de que durante años, la Comisión no ha ya emitido ningún dictamen ni ninguna recomendación con arreglo al artículo 70. Debe recordarse que a tenor de dicho artículo, los Estados miembros están obligados a presentar a la Comisión un informe anual sobre el desarrollo de la prospección y de la producción, etc., que los informes deben someterse al Consejo junto con el dictamen de la Comisión, y que ésta puede dirigir recomendaciones a los Estados miembros al objeto de desarrollar la prospección y la explotación minera. Es cierto que la Comisión se abstuvo expresamente de emitir dictámenes al dar curso a los dos primeros informes relativos a los años 1958 y 1959 (ello se desprende de las notas del Consejo de mayo de 1960 y de mayo de 1961) y que solo actuó con posterioridad. No obstante, difícilmente puede criticarse dicho comportamiento si se tienen en cuenta todas las circunstancias. En primer lugar, hay que hacer referencia a la manifestación efectuada al principio por la Comisión, según la cual no parecía oportuno formular observaciones, habida cuenta de las medidas adoptadas en relación con la prospección, la producción, la situación del mercado y las reservas previsibles. Además (como resultado de una nota del Consejo de 1962, relativa a los informes para el año 1960), parece que en dicha fecha, la Comisión había iniciado junto con la Agencia estudios sobre el abastecimiento a largo plazo, estudios que no habían concluido todavía en 1963. Por otra parte, debo señalar que hasta 1963 el Comité Consultivo de la Agencia no dio por terminada su investigación sobre una comparación a largo plazo entre la demanda y las cantidades disponibles y de esta forma, permitió que la Comisión desarrollara sus propias concepciones y preparara algunas medidas. Esto explica que las observaciones de la Comisión sólo figuren en una nota del Consejo de marzo de 1964. Dichas observaciones se refieren a la necesidad de realizar esfuerzos en materia de prospección, sobre una amplia base, de adoptar medidas en el marco de una política común de abastecimiento y de organizar estudios de expertos cuyos resultados, de hecho, fueron consignados posteriormente en un informe que data de 1966. En mi opinión, todo esto pone perfectamente de manifiesto que la Comisión era consciente de sus responsabilidades e impide afirmar que no se ejercieron las facultades previstas en el artículo 70 del Tratado.
               De este modo, si bien puede tenerse la impresión de que el sistema de abastecimiento del Capítulo VI no ha funcionado como estaba previsto inicialmente (cuando los autores del Tratado partieron de la base de una situación de penuria y de un más rápido desarrollo de la utilización del uranio), de ninguna manera debe deducirse de ello que los preceptos del Capítulo VI se hayan convertido en letra muerta aplicándose de forma contraria al espíritu y a la finalidad de la normativa. Por lo tanto, considero que no es posible desestimar el recurso en razón de la pretendida inexistencia de interés alguno en que se declare la violación de los preceptos del Tratado que la Comisión imputa al Gobierno francés.
            
         
               5. 
            
            
               Como ya sabe este Tribunal de Justicia, otra alegación del Gobierno francés dirigida a que se desestime el recurso consiste en afirmar la incertidumbre de la situación jurídica relativa al Capítulo «Abastecimiento» a partir de 1965, a causa de la inactividad del Consejo. Por tal motivo, a juicio del Gobierno francés, no puede este Tribunal declarar la existencia de un incumplimiento de lo previsto en el Tratado ni, por lo tanto, condenar a la República Francesa, como ocurrió en el asunto 26/69 en el que igualmente se enfrentaban la Comisión y dicho Estado (Rec. 1970, pp. 565 y ss., especialmente pp. 579 y ss.).
               Sobre el particular, no ocultaré al Tribunal de Justicia que las deducciones que extrae la demandada, pueden considerarse dudosas. En cuanto se refieren a la claridad o a la confusión de la situación jurídica, se basan, al parecer, en la idea de que si la situación jurídica es confusa, el Estado miembro interesado puede haber cometido un error de Derecho. De este modo, el razonamiento de la parte demandada apunta a la introducción del concepto de culpabilidad en el procedimiento para la declaración de un incumplimiento del Tratado, puesto que los errores de Derecho pertenecen, precisamente, a la categoría de la culpa. Si la sentencia del Tribunal de Justicia apuntase en este sentido, no haría sino redundar inútilmente en una mayor complicación del procedimiento regulado en el artículo 169 del Tratado CEE o el del artículo 141 del Tratado Euratom, que no se refieren a problemas de culpabilidad ni de moral, sino tan sólo a la clarificación de una situación jurídica. Además, sería de temer que el procedimiento (en especial, por lo que respecta la aplicación del artículo 171 del Tratado CEE o del artículo 143 del Tratado Euratom) perdiera su eficacia en aquellos casos para los que precisamente se estableció, es decir, cuando existen dudas sobre el sentido y el alcance de los preceptos del Tratado.
               Independientemente de lo anterior, a mi juicio, los hechos del citado asunto 26/69 son notablemente distintos de los del caso de autos y tal diferencia impide que se apliquen aquí las tesis vertidas en la sentencia 26/69 de este Tribunal. En efecto, lo que caracterizaba al asunto 26/69 era que el régimen excepcional basado en un protocolo del Tratado CEE y de una declaración de intenciones aneja al Tratado imponía claramente ciertas consecuencias jurídicas que no se habían tomado en consideración cuando se elaboraron las normas reguladoras de una determinada organización de mercados. Dicha normativa no se había adaptado como era debido y, por lo tanto, podía hablarse de una laguna jurídica. El caso de autos es completamente diverso. No es preciso que se dé aquí ningún tipo de confirmación provisional por parte del Consejo para que el Capítulo VI del Tratado Euratom siga siendo aplicable; al contrario, basta con interpretar razonablemente el Tratado para llegar a esta conclusión. Además, parece fácil llegar a la interpretación que he expuesto, si se examina el texto del Tratado en las cuatro lenguas oficiales de las Comunidades y en mayor medida si se coloca en el lugar que le corresponde el precepto fundamental contenido en la letra d) del artículo 2. Por último, considero importante que tanto la Comisión como la Secretaría General del Consejo de Ministros, desde hace tiempo, mantienen el criterio de que el Capítulo VI no es inaplicable desde el 1 de enero de 1965 y que, por tanto, no es posible defender la opinión del Gobierno francés.
               De acuerdo con lo anterior, en realidad, es difícil sostener que deba desestimarse el recurso a causa de la incertidumbre de la situación jurídica, tal como se presentaba en enero de 1965.
            
         
               6. 
            
            
               Como se verá rápidamente, esta conclusión es aplicable, asimismo, a la alegación del Gobierno francés según la cual no se ha probado que su comportamiento haya perjudicado a los intereses de terceros ni afectado especialmente al abastecimiento de empresas de otros Estados miembros.
               Ante todo debo señalar que la condición esencial para que se sustancie el procedimiento regulado en el artículo 141 del Tratado Euratom es la inobservancia del Derecho comunitario y en ninguna parte el Tratado alude a elemento complementario alguno (perjuicio de intereses u otro requisito similar). Por lo demás, en el caso que nos ocupa no puede descartarse que hayan sufrido un perjuicio determinados intereses fundamentales de otros Estados miembros o de la Comunidad. No se conocen con detalle las estipulaciones de los contratos celebrados sin la participación de la Agencia de Abastecimiento (en particular, en materia de precios). Por lo tanto es inexistente la «transparencia» del mercado, indispensable en casos como el presente. Tampoco es posible saber con exactitud si se han producido discriminaciones contra otras empresas. Por último, también debe pensarse en los inconvenientes que, a la larga, pueden derivar de la insuficiencia de la información suministrada a las autoridades comunitarias, en los casos denunciados por la Comisión.
               Creo que las consideraciones que acaban de exponerse deberían ser determinantes para que, igualmente, el Tribunal de Justicia desestime por improcedente el motivo que ha sido objeto de examen.
            
         
               7. 
            
            
               Para terminar, bajo el vocablo «desviación procesal» puede agruparse un último razonamiento del Gobierno francés. En esencia, consiste en afirmar que la situación, tal como existía después del 1 de enero de 1965, debería razonablemente haber conducido a un recurso por omisión dirigido contra el Consejo, habida cuenta de que era de la única forma como podía acelerarse la adopción de una nueva normativa en el sector del abastecimiento. Por el contrario, el objetivo del procedimiento instado por la República Francesa es la confirmación del régimen establecido inicialmente y, por lo tanto, impedir la adopción de un régimen nuevo. A dicho razonamiento se suman algunas observaciones formuladas, en parte, en otro contexto: por ejemplo, que la Comisión no se preocupó suficientemente de que se adoptara una nueva normativa o que no sería de utilidad alguna para el objetivo esencial consistente en la adopción de disposiciones nuevas, una eventual condena de Francia en el marco del procedimiento previsto en el artículo 141. Examinemos, pues, dichas alegaciones.
               
                        a)
                     
                     
                        En relación, en primer lugar, con la crítica que el Gobierno francés dirige a la Comisión, a saber, que ésta no tomó suficientemente la iniciativa con el fin de conseguir que se estableciera un nuevo régimen en materia de abastecimiento, podría limitarme a recordar lo que ya declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia recaída en los asuntos acumulados 90/63 y 91/63 (Rec. 1964, pp. 1217 y ss., especialmente p. 1333): el hecho de que una Institución de la Comunidad no cumpla las obligaciones que le incumben no dispensa, sin embargo, a los Estados miembros de cumplir las suyas. Por otra parte, la imputación de omisión apenas tiene fundamento en el presente caso, por cuanto la Comisión no sólo presentó dentro de plazo (en noviembre de 1964) las propuestas para que se adoptaran nuevas disposiciones en materia de abastecimiento, sino que también, durante los años siguientes colaboró activamente en la elaboración de una nueva normativa. Su Agente parece haberlo probado detalladamente en la vista, haciendo especial mención de los múltiples contactos que la Comisión y sus Servicios mantuvieron a varios niveles y en el seno de diversos comités. Por lo demás, la Comisión no podía intentar por sí sola que se acelerase la adopción de una nuevo régimen de abastecimiento, lo que hubiera privado de sentido al recurso. En esta materia la responsabilidad es del Consejo. No obstante, dado el tiempo transcurrido sin que éste haya procedido a sustituir la normativa existente por una nueva, la Comisión está obligada a velar por el respeto del Derecho vigente, y, en su caso, a interponer, con tal fin, un recurso para obtener la declaración de incumplimiento, con arreglo al artículo 141 del Tratado.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Por otra parte, el Gobierno francés manifiesta que la sustanciación de un procedimiento para que se declare una violación del Tratado y la eventual condena de la República Francesa no tienen ninguna utilidad para la adopción de una nueva normativa, que en nada modifica las circunstancias que aconseja dicha adopción y por lo tanto, carecen de justificación. Sin duda puede replicársele que no es cierto que declarar la vigencia provisional del régimen inicial carezca de influencia sobre la prosecución de los debates en el seno del Consejo. Además, y ello parece revestir mayor importancia, es evidente que el objeto del recurso no es acelerar la adopción de nuevas disposiciones. Su única finalidad es que se declare que la República Francesa ha incumplido preceptos que aún se hallan vigentes y que, según parece, seguirán siendo aplicables por algún tiempo. No cabe duda de que dicha finalidad justifica la interposición del recurso.
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        Por último, en lo que se refiere a la imputación de desviación procesal en sentido propio, es decir, la tesis de que el recurso es contrario al Tratado, considero que el Gobierno francés se basa en una apreciación falsa de la situación jurídica material. Como he mostrado, es incorrecto sostener que actualmente tan sólo existe la obligación del Consejo de adoptar disposiciones nuevas; por el contrario, debe suponerse que los preceptos inicialmente establecidos siguen estando en vigor con carácter provisional y admitir que, en todo caso, el Consejo está facultado para elegir entre una confirmación de los preceptos existentes o la adopción de una normativa nueva. Por consiguiente, deben distinguirse dos situaciones: por una parte, el Consejo todavía no ha cumplido su obligación de pronunciarse sobre la normativa que habrá de aplicarse en el futuro y, por otra, el Gobierno francés ha incumplido la normativa que sigue siendo provisionalmente aplicable. En el primer caso, cabe contemplar la posibilidad de un recurso por omisión contra el Consejo (recurso que, por lo demás, también pueden interponer los Estados miembros); en el segundo caso, la alternativa que se impone es un recurso de la Comisión con arreglo al artículo 141 del Tratado Euratom. Es evidente que ambos recursos tienen objetivos, motivos y consecuencias diferentes. No creo que entre ambas acciones judiciales se dé una interdependencia, en el sentido de que el primer recurso excluya el segundo y viceversa. Por el contrario, debe reconocerse que la Comisión ostenta una facultad discrecional de apreciación en el ejercicio de los derechos de las facultades que le corresponden. En cuanto al hecho de que no haya actuado contra el Consejo, tampoco es posible ver en ello una desviación de poder. En efecto, en el presente caso, su actitud se explica por las dificultades de los últimos años, a las que ha hecho alusión, y por el hecho de que otros métodos se revelaron más eficaces para impulsar la acción del Consejo.
                        Por último, tampoco puede decirse que mediante la interposición de un recurso contra Francia, en realidad la Comisión se propone otro objetivo y que, por ende, su acción es constitutiva de un abuso. Ante todo, semejante imputación no puede apoyarse en la alegación de que, en realidad, lo que pretende la Comisión es la confirmación de la antigua normativa, y que, en consecuencia, requiere que el Tribunal de Justicia ejerza unas facultades que, en realidad, están reservadas al Consejo. Nada hay que justifique una suposición de este tipo; es evidente que la Comisión no interesa de este Tribunal que declare que debe mantenerse definitivamente la redacción originaria. Su recurso tiene como único objetivo, la declaración de la situación actual y es indudable que este Tribunal es competente para conocer de tal pretensión.
                        En segundo lugar, tampoco puede considerarse que el recurso y la sentencia por la que este Tribunal resolverá las pretensiones formuladas por la Comisión pueda influir sobre el Consejo y orientar los debates en su seno de manera que se mantenga el régimen actual o adopte un régimen similar, retrasando con ello la elaboración de una normativa nueva. En ningún lugar he descubierto el menor indicio revelador de una intención de tal naturaleza por parte de la Comisión, la cual, por lo demás, presentó una propuesta que pretendía flexibilizar el sistema actual. Por otra parte -y ello parece aún más importante-, el recurso que ahora se somete al Tribunal de Justicia no puede objetivamente, en ningún caso, servir de respaldo para tales propósitos, habida cuenta de que sólo ofrece la posibilidad de que este Tribunal se pronuncie acerca de la actual situación de provisionalidad, sin que, por lo tanto, con ello se prejuzguen consideraciones político-jurídicas sobre el futuro contenido de la normativa.
                     
                  Por consiguiente, sea cual fuere el punto de vista desde el que se examine la imputación relativa a la desviación procesal e independientemente de los argumentos invocados contra el recurso de la Comisión, no acierto a ver nada que permita declarar la inadmisibilidad o el carácter infundado del recurso.
            
         
               8. 
            
            
               Por todo cuanto antecede, concluyo:
               Procede admitir el recurso interpuesto por la Comisión y declararlo fundado.
               Habida cuenta de que después de 1964 la República Francesa se ha negado a presentar a la Comisión los informes anuales sobre el desarrollo de la prospección y de la producción, las reservas probables y las inversiones mineras realizadas o previstas en territorio francés.
               Que, el Commissariat à l'énergie atomique francés ha celebrado, a espaldas de la Agencia de Abastecimiento, contratos sobre la importación de 3.555 kg de uranio enriquecido en un 1,15 % procedente de la central de Kahl, de plutonio procedente del Canadá y de 116 kg de plutonio procedente del Ente nazionale per l'elettricità (ENEL) así como sobre el suministro al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) de alrededor de 2.000 kg de uranio enriquecido en un 4,7 %.
               Que, por último, el Commissariat à l'énergie atomique francés se ha negado a notificar a la Agencia de Abastecimiento la existencia de un acuerdo sobre el procesamiento de materias importadas de Sudáfrica así como las cantidades de materias objeto de la correspondiente transferencia.
               Procede declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que se establecen en el Capítulo VI del Título segundo del Tratado Euratom y, en especial, en los artículos 55, 56, 57, 60, 64, 70 y 75 bien al no ajustarse, por sí misma, a dichas disposiciones bien al no impedir su inobservancia por el Commissariat à l'énergie atomique.
               Por otra parte, debe condenarse en costas a la República Francesa.
            
         (
            *1
         )	Lengua original: alemán.