CELEX: 62015CC0216
Language: es
Date: 2016-07-06
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. H. Saugmandsgaard Øe, presentadas el 6 de julio de 2016.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
      presentadas el 6 de julio de 2016 (
            1
         )
      
         Asunto C‑216/15
      
      
         Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH
      
      
         contra
      
      
         Ruhrlandklinik gGmbH
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania)]
      
      «Procedimiento prejudicial — Política social — Trabajo temporal — Directiva 2008/104/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartados 1 y 2 — Concepto de trabajador — Concepto de actividad económica — Miembro de una asociación sin ánimo de lucro retribuido por ésta y puesto a disposición de un tercero para realizar una prestación laboral con sujeción a las instrucciones de este último — Indemnización que engloba los gastos de personal y los gastos administrativos, abonada a la asociación por el tercero»
      I. Introducción
      
      
               1.
            
            
               La petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania) versa sobre la interpretación de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, (
                     2
                  ) y más concretamente de su artículo 1, que delimita el ámbito de aplicación de este acto.
            
         
               2.
            
            
               La resolución de remisión se inscribe en el marco de un litigio entre una empresa que explota una clínica y un órgano de representación del personal de dicha empresa, a causa de la negativa de este último a permitir que una enfermera que es miembro de una asociación sin ánimo de lucro se ponga a disposición de dicha clínica de forma permanente sobre la base de un contrato celebrado entre la empresa y la citada asociación.
            
         
               3.
            
            
               Aunque el órgano jurisdiccional remitente sólo ha planteado una cuestión al Tribunal de Justicia, de la motivación de su resolución se desprende que alberga dudas, en esencia, sobre el significado y el alcance de dos conceptos diferentes. En efecto, se pregunta, por una parte, si los miembros de una asociación que ejercen su actividad profesional bajo la autoridad de un tercero en este contexto deben considerarse «trabajadores» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/104, aunque el Derecho alemán no les reconozca esta condición, y, por otra, si el hecho de que la asociación ponga a sus miembros a disposición de un tercero a cambio de que éste abone una indemnización constituye una «actividad económica» en el sentido del apartado 2 de este mismo artículo.
            
         II. Marco jurídico
      
      A. Derecho de la Unión
      
      
               4.
            
            
               El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/104, que define el ámbito de aplicación de este texto, tiene el siguiente tenor:
               «1.   La presente Directiva se aplicará a los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, y que se pongan a disposición de empresas usuarias a fin de trabajar de manera temporal bajo su control y dirección.
               2.   La presente Directiva se aplicará a las empresas públicas y privadas que son empresas de trabajo temporal o empresas usuarias y ejercen una actividad económica, independientemente de si tienen o no fines lucrativos.»
            
         
               5.
            
            
               Con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2008/104, ésta «tiene por objeto garantizar la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y mejorar la calidad de las empresas de trabajo temporal garantizando el respeto del principio de igualdad de trato, según se establece en el artículo 5, en relación con los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y reconociendo a las empresas de trabajo temporal como empleadores, al tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de establecer un marco apropiado de utilización de la cesión de trabajadores por empresas de trabajo temporal para contribuir eficazmente a la creación de empleo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo».
            
         
               6.
            
            
               Su artículo 3, titulado «Definiciones», establece lo siguiente:
               «1.   A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:
               
                        a)
                     
                     
                        “trabajador”: toda persona que, en el Estado miembro en cuestión, esté protegida como trabajador en el marco de la legislación nacional sobre empleo;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        “empresa de trabajo temporal”: toda persona física o jurídica que celebre contratos de empleo o establezca relaciones de empleo con trabajadores, con arreglo al Derecho nacional, con vistas a destinarlos a empresas usuarias para que trabajen en ellas temporalmente bajo la dirección y control de estas;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        “trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal”: todo trabajador que celebre un contrato de trabajo o que establezca una relación laboral con una empresa de trabajo temporal que le encomiende la misión de trabajar temporalmente en una empresa usuaria bajo el control y dirección de ésta;
                     
                  […]
               2.   La presente Directiva no supone menoscabo del Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de la remuneración, del contrato de trabajo, de la relación laboral o del trabajador.
               […]»
            
         B. Derecho alemán
      
      
               7.
            
            
               La Betriebsverfassungsgesetz (Ley sobre la representación de los trabajadores en la empresa; en lo sucesivo «BetrVG»), en su versión en vigor en el momento de los hechos del litigio principal, (
                     3
                  ) establece lo siguiente en su artículo 99, titulado «Codecisión en caso de medidas individuales dirigidas al personal»:
               «1.   En empresas que habitualmente cuenten con más de veinte trabajadores con derecho de voto, antes de toda contratación […] el empresario deberá informar al comité de empresa, aportando la documentación necesaria, sobre las consecuencias de la medida prevista, y recabará su consentimiento para adoptarla. […]
               2.   El comité de empresa podrá denegar el consentimiento si […] la medida de personal es contraria a la ley […]». (
                     4
                  )
            
         
               8.
            
            
               La Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Ley sobre la cesión temporal de trabajadores; en lo sucesivo, «AÜG»), en su versión modificada por la Ley de 28 de abril de 2011, (
                     5
                  ) adapta el Derecho interno a la Directiva 2008/104. Su artículo 1, apartado 1, dispone que «el empresario que, actuando como cedente frente a terceros (cesionarios), desee ceder trabajadores (trabajadores cedidos) en el marco de su actividad económica con el fin de que éstos presten sus servicios a los cesionarios, necesitará de una autorización para ello» y que «la cesión de trabajadores tendrá carácter temporal».
            
         III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      
      
               9.
            
            
               La DRK‑Schwesternschaft Essen eV (Hermandad de enfermeras de la Cruz Roja alemana de Essen, Alemania; en lo sucesivo, «Hermandad de enfermeras») (
                     6
                  ) es una asociación registrada sin ánimo de lucro, adherida a la Verband der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz eV (Federación de hermandades de enfermeras de la Cruz Roja alemana). (
                     7
                  ) Esta asociación dispone de un permiso para la cesión de trabajadores.
            
         
               10.
            
            
               La Hermandad de enfermeras dejó de celebrar contratos de trabajo con personal del sector de la enfermería en 2003. A partir de ese momento, sólo admite a dicho personal como miembro de la asociación. Con arreglo a los estatutos de esta asociación, sus miembros, que deben estar autorizados para desempeñar una actividad profesional en el ámbito de los servicios sanitarios, desarrollarán íntegramente dicha actividad bien en la Hermandad de enfermeras o bien, en virtud de contratos de puesta a disposición celebrados con terceros, en instituciones sanitarias. (
                     8
                  ) Durante su puesta a disposición de terceros, los miembros de la Hermandad de enfermeras se someten a las instrucciones técnicas y organizativas de éstos.
            
         
               11.
            
            
               Con arreglo a su reglamento interno, la Hermandad de enfermeras abona a sus miembros una remuneración mensual que se calcula en función de los criterios habituales del sector de actividad en cuestión, además del reembolso de determinados gastos de desplazamiento y de mudanza. Sus miembros tienen también derecho a vacaciones retribuidas y a una pensión complementaria de jubilación, previstas por las disposiciones aplicables en este sector, así como a seguir percibiendo su retribución y una indemnización complementaria en caso de baja por enfermedad o accidente.
            
         
               12.
            
            
               Ruhrlandklinik explota una clínica en Essen. En 2010, celebró con la Hermandad de enfermeras un contrato de puesta a disposición, en virtud del cual la Hermandad se comprometió a poner a su disposición personal del sector de la enfermería, que estaba constituido por miembros de la asociación. Con arreglo a este contrato, la Hermandad de enfermeras percibe, por cada incorporación, una compensación que cubre los gastos brutos de personal y un importe a tanto alzado del 3 % en concepto de gastos administrativos. Los miembros de dicha Hermandad que se ponen a disposición de Ruhrlandklinik reciben la misma remuneración que los trabajadores contratados directamente por esta última y están sujetos a normas y condiciones de trabajo casi idénticas.
            
         
               13.
            
            
               La Sra. K. es miembro de la Hermandad de enfermeras. Desde el 1 de enero de 2012, debía incorporarse al servicio de enfermería de Ruhrlandklinik, en virtud del contrato de puesta a disposición celebrado entre esta última y la Hermandad.
            
         
               14.
            
            
               Mediante escrito de 2 de diciembre de 2011, el Betriebsrat der Ruhrlandklinik (comité de empresa de Ruhrlandklinik; en lo sucesivo, «comité de empresa») (
                     9
                  ) denegó su consentimiento para esta contratación, en virtud del artículo 99, apartados 1 y 2, de la BetrVG, debido a que la incorporación de la Sra. K. no tenía carácter temporal y, en consecuencia, era contraria al artículo 1, apartado 1, de la AÜG, que exige que la cesión de trabajadores temporales a una empresa usuaria tenga carácter temporal.
            
         
               15.
            
            
               Ruhrlandklinik consideró que esta negativa era infundada, puesto que el artículo 1, apartado 1, de la AÜG, ley que adapta el Derecho interno a la Directiva 2008/104, no es aplicable a la contratación de una persona que tenga el estatuto de miembro de una asociación y no de trabajador por cuenta ajena. Por tanto, decidió contratar a la interesada de forma provisional y entablar una acción al objeto de obtener una resolución que permitiese su contratación de forma permanente. A raíz de que las jurisdicciones inferiores accedieran a dicha solicitud, el comité de empresa interpuso un recurso de casación ante el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo).
            
         
               16.
            
            
               Este último órgano jurisdiccional indica que, aunque los elementos materiales exigidos por la Directiva 2008/104 concurren en una situación como la controvertida en el litigio principal, el artículo 1, apartado 1, de la AÜG habrá de interpretarse, atendiendo a los principios de interpretación conforme al Derecho de la Unión, en el sentido de que la incorporación de la Sra. K. constituye una puesta a disposición de trabajadores temporales con carácter no temporal, práctica prohibida por el Derecho nacional.
            
         
               17.
            
            
               Mediante resolución de 17 de marzo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 2015, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
               «¿Es de aplicación el artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva [2008/104], a la cesión de un miembro de una asociación a otra empresa para que trabaje en ella bajo su dirección técnica y organizativa, cuando el miembro de la asociación, al afiliarse a ésta, se comprometió a poner también a disposición de terceros toda su capacidad de trabajo, por lo cual percibe de la asociación una remuneración mensual cuyo cálculo se rige por los criterios habituales de cada actividad, y la asociación percibe por la cesión una compensación por los costes de personal de ese miembro y un importe a tanto alzado por gastos administrativos?»
            
         
               18.
            
            
               Han presentado observaciones escritas el comité de empresa, Ruhrlandklinik, el Gobierno checo y la Comisión Europea. Además, el comité de empresa, Ruhrlandklinik y el Gobierno alemán han respondido por escrito a las cuestiones que les ha formulado el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 61, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento. En la vista celebrada el 20 de abril de 2016 estuvieron representados el comité de empresa, Ruhrlandklinik y la Comisión.
            
         IV. Análisis
      
      A. Sobre el concepto de
         «trabajadores
         » en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/104
      
      1. Sobre el objeto y el contexto de la cuestión planteada
      
               19.
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia, en esencia, sobre la posible aplicabilidad de la Directiva 2008/104, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, en un caso como el controvertido en el litigio principal, en el que uno de los miembros de una asociación es puesto a disposición de una empresa usuaria a fin de desarrollar, de acuerdo con las instrucciones de esta última, una actividad laboral por la que percibe una remuneración pagada por la asociación. En otras palabras, desea saber si, en estas circunstancias, dicho miembro puede calificarse de «trabajador» en el sentido de esta Directiva.
            
         
               20.
            
            
               En apoyo de su petición de decisión prejudicial, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo) indica que la regla prevista en el artículo 1, apartado 1, de la AÜG, en virtud de la cual se prohíbe la cesión de trabajadores que no tenga carácter temporal, sólo es válida con relación a los «trabajadores por cuenta ajena» de una empresa que suministra mano de obra a terceros.
            
         
               21.
            
            
               Señala que la normativa nacional no define este concepto pero que, en virtud de su propia jurisprudencia, se entenderá por «trabajador» en Derecho alemán «quien, en virtud de un contrato privado, se compromete a realizar un trabajo al servicio de otro, por cuenta de éste, sometido a su dirección y en relación de dependencia personal». (
                     10
                  ) Atendiendo a su jurisprudencia, los miembros de una comunidad de enfermeras, como la controvertida en el litigio principal, no tienen la condición de trabajadores por cuenta ajena en virtud del Derecho alemán, dado que su vinculación a esta comunidad no se rige por un contrato de Derecho privado, sino que se produce mediante su adhesión a la misma aunque reúnan el resto de requisitos antes citados. (
                     11
                  )
            
         
               22.
            
            
               En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, pese a no poseer la condición de «trabajador» en virtud del Derecho nacional aplicable, puede considerarse que un miembro de dicha asociación posee esta condición en virtud del Derecho de la Unión y, más concretamente, a la luz del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/104.
            
         
               23.
            
            
               A este respecto, Ruhrlandklinik considera, por una parte, que la Directiva 2008/104 no se aplica a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal cuando éstos no poseen la condición de trabajadores en virtud del Derecho nacional y, por otra, que los miembros de la Cruz Roja alemana no están cubiertos por la protección perseguida por dicha Directiva. En cambio, según el comité de empresa, el Gobierno checo y la Comisión, los miembros de una asociación como la controvertida en el litigio principal no pueden excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/104 y deben considerarse «trabajadores» en el sentido de su artículo 1, apartado 1. (
                     12
                  ) A continuación expondré los motivos por los que estoy de acuerdo con esta última opinión.
            
         2. Sobre la interpretación propuesta
      
               24.
            
            
               En primer lugar, cabe destacar que el tenor de los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/104 parece justificar la adopción de una interpretación flexible, e incluso amplia, del concepto de «trabajador» a fin de definir el ámbito de aplicación de esta Directiva. En efecto, se prevé expresamente que la relación que se establece entre una empresa de trabajo temporal y el trabajador que ésta ha contratado para poner a disposición de un tercero (
                     13
                  ) pueda tener como base jurídica «un contrato de trabajo o una relación laboral», alternativa que figura también en otras disposiciones de la citada Directiva, (
                     14
                  ) así como en otras Directivas relativas a la protección social de los trabajadores. (
                     15
                  )
            
         
               25.
            
            
               Cabe recordar que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «trabajador» en Derecho de la Unión no es, en efecto, unívoco, (
                     16
                  ) pero en principio debe definirse según criterios objetivos que caracterizan a la relación laboral atendiendo a los derechos y los deberes de las personas interesadas, a fin de garantizar a los trabajadores una protección equivalente en los diferentes Estados miembros. Se ha declarado reiteradamente que «la característica esencial de la relación laboral estriba en que una persona realiza, durante cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales cobra una retribución». (
                     17
                  )
            
         
               26.
            
            
               Como pone de manifiesto la Comisión, se adquirirá esta condición con arreglo al Derecho de la Unión si concurren los requisitos antes citados, independientemente de que el interesado haya celebrado o no un contrato de trabajo y de las consecuencias que se derivan del mismo en virtud del Derecho nacional. (
                     18
                  ) Pues bien, parece que la situación controvertida en el litigio principal reúne la totalidad de estos requisitos, puesto que los miembros de la Hermandad de enfermeras desarrollan su actividad profesional para y bajo la dirección de instituciones sanitarias a las que son cedidos de forma periódica por dicha asociación, que les paga a cambio una remuneración.
            
         
               27.
            
            
               De este modo, en virtud del Derecho de la Unión y a diferencia de lo que establece el Derecho alemán, resulta irrelevante, a efectos de la aplicación de esta Directiva, que las partes interesadas hayan celebrado o no un contrato. (
                     19
                  ) Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente observa acertadamente que, a tenor de las disposiciones antes citadas de la Directiva 2008/104, parece que «la calificación de la relación jurídica existente entre el cedente y la persona cedida para trabajar carece de relevancia para el Derecho de la Unión».
            
         
               28.
            
            
               Sin embargo, en el presente asunto aún puede subsistir una duda dado que, para definir la condición de «trabajador» en el sentido de la Directiva 2008/104, su artículo 3 hace doblemente referencia al Derecho de los Estados miembros. En efecto, el apartado 1, letra a), de este artículo establece que se entenderá por «“trabajador” […] toda persona que, en el Estado miembro en cuestión, esté protegida como trabajador en el marco de la legislación nacional sobre empleo», (
                     20
                  ) mientras que su apartado 2, párrafo primero, indica que dicha Directiva «no supone menoscabo del Derecho nacional en lo que se refiere a la definición […] del trabajador». (
                     21
                  ) El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo) considera que «conforme a esta remisión a la legislación de los Estados miembros, al interpretar el Derecho nacional no debe atenderse al concepto de trabajador del Derecho de la Unión».
            
         
               29.
            
            
               Desde mi punto de vista, el hecho de que estas disposiciones de dicho artículo 3 mantengan la concepción de que los Estados miembros tienen «trabajadores» que deben estar cubiertos por una protección en el marco de su normativa interna, cuestión de Derecho que la Directiva 2008/104 no aspira a armonizar, como señala el apartado 2 de este artículo, no puede entenderse como una renuncia del legislador de la Unión a ejercer su propia facultad de definir el ámbito de aplicación ratione personae de esta Directiva.
            
         
               30.
            
            
               En efecto, aunque los límites de dicho ámbito de aplicación pudieran varias en función de los diversos planteamientos seguidos a escala nacional, esto generaría una fuente de inseguridad jurídica importante, teniendo en cuenta que el preámbulo de esta Directiva prevé que «dentro de la Unión Europea, la utilización de las empresas de trabajo temporal y la situación jurídica, el estatuto y las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal se caracterizan por una gran diversidad». (
                     22
                  )
            
         
               31.
            
            
               Considero que, lejos de delegar a las autoridades de los Estados miembros la facultad de definir el alcance de la Directiva 2008/104, su artículo 3, apartado 1, letra a), en relación con la letra c), lo delimita por sí mismo, al precisar que el concepto de «trabajador» en el sentido de este acto del Derecho de la Unión engloba a toda persona que efectúa una prestación laboral y que está protegida a este respecto en el Estado miembro en que ejerce su actividad, independientemente de la naturaleza y la forma de la relación que le vincula a la empresa de trabajo temporal.
            
         
               32.
            
            
               En la medida en que este artículo no es una remisión pura y simple al Derecho de los Estados miembros, desde mi punto de vista, si se declara que la interpretación más restrictiva de «trabajador» empleada a nivel nacional es incompatible con las disposiciones de dicha Directiva, deberán prevalecer estas últimas. En el presente asunto, el hecho de que el Derecho alemán sólo reconozca la condición de trabajador a aquel individuo que haya celebrado un contrato de Derecho privado no puede tener como consecuencia una reducción tan drástica del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/104, ya que el tenor de ésta sitúa bajo su régimen de protección tanto a las personas vinculadas por un contrato de trabajo como a las vinculadas por una relación laboral.
            
         
               33.
            
            
               Esta posición se ve respaldada por la consideración de que, como señala en particular el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, cuando se concede un margen de apreciación a los Estados miembros para delimitar el alcance de los conceptos previstos en una Directiva adoptada en el ámbito social, dicha facultad no podrá ser ilimitada. En mi opinión, esta jurisprudencia, relativa a otras directivas que han fijado disposiciones mínimas en Derecho del trabajo (
                     23
                  ) —y, en particular, establecido el principio de igualdad de trato entre los trabajadores— al igual que la Directiva 2008/104, (
                     24
                  ) aporta una aclaración relevante en el presente asunto. (
                     25
                  )
            
         
               34.
            
            
               De ello se deduce que, aunque algunos conceptos empleados en las disposiciones del Derecho de la Unión pueden definirse atendiendo a la normativa o a las prácticas en vigor en los Estados miembros, (
                     26
                  ) estos últimos seguirán estando obligados a velar, por una parte, por que se salvaguarden los objetivos del acto en cuestión (
                     27
                  ) y, por otra, por que se respeten los principios generales del Derecho de la Unión. (
                     28
                  ) En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que un Estado miembro no puede excluir a su arbitrio a determinadas categorías de personas del beneficio de la protección requerida por el acto de que se trate, so pena de menoscabar el efecto útil de este último y de violar el principio general de igualdad de trato consagrado en el mismo, ya que se trata de normas del Derecho de la Unión que revisten una especial importancia de las que deben beneficiarse todos los trabajadores. Tal exclusión sólo puede admitirse si el trato diferenciado de dichas categorías está justificado por razones objetivas y, en particular, por la naturaleza específica de la relación laboral subyacente. (
                     29
                  )
            
         
               35.
            
            
               En el presente asunto, considero, por analogía, que un Estado miembro no debe poder aplicar una normativa interna de tal manera que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos previstos por la Directiva 2008/104 (
                     30
                  ) y, en consecuencia, privar a la misma de su efecto útil. Más concretamente, la definición del concepto de «trabajador» empleada en el Derecho nacional no puede llevar a excluir, sin que exista una razón objetiva, a determinadas categorías de profesionales de esta calificación ni, por tanto, del beneficio de la protección ofrecida por la citada Directiva que se deriva de la misma.
            
         
               36.
            
            
               Para que la exclusión controvertida en el presente asunto pueda eventualmente no resultar arbitraria, con arreglo a la jurisprudencia antes citada, es preciso determinar si, y en caso afirmativo en qué medida, la relación que vincula a la Hermandad de enfermeras con sus miembros es, por su naturaleza, «sustancialmente diferente de la que vincula con sus empleadores a los empleados que pertenecen, según el Derecho nacional, a la categoría de trabajadores», extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. (
                     31
                  ) Sin embargo, el Tribunal de Justicia puede facilitar ciertas aclaraciones a este órgano jurisdiccional a fin de orientarle acerca de los elementos que debe tomar en consideración para efectuar su apreciación.
            
         
               37.
            
            
               Cabe subrayar que la propia resolución de remisión señala acertadamente que los miembros de la Hermandad de enfermeras tienen las mismas obligaciones que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, en razón de las relaciones jurídicas que les vinculan con la entidad que les pone a disposición de terceros, de realizar un trabajo dependiente a cambio de una remuneración, y que estas dos categorías de trabajadores están igualmente sujetas a las instrucciones de las empresas usuarias. Añade, en mi opinión también acertadamente, en lo que se refiere esta vez a las empresas, que no hay ninguna diferencia entre la actividad de los sujetos de Derecho que actúan, por una parte, como empresas de trabajo temporal y, por otra, como proveedores de mano de obra. Por consiguiente, considero, al igual que el comité de empresa, el Gobierno checo y la Comisión, que, dado que la relación laboral que vincula a la asociación en cuestión con sus miembros no es, por su naturaleza, fundamentalmente diferente de la relación laboral de los trabajadores a los que el Derecho nacional reconoce protección, la exclusión del beneficio de la protección que garantiza la Directiva 2008/104 no está justificada en el presente asunto.
            
         
               38.
            
            
               Como ya se ha expuesto en el marco de asuntos anteriores, considero que la forma de la relación jurídica en que se basa el empleo en cuestión no puede caracterizar por sí misma la diferencia objetiva de situaciones que se requiere para justificar una variación de trato a la luz de la jurisprudencia antes citada, (
                     32
                  ) diferencia que, desde mi punto de vista, debe basarse en consideraciones sustanciales y no formalistas. (
                     33
                  ) En el presente asunto, considero que la exclusión de una categoría de personas de la calificación de «trabajadores» y, por tanto, del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/104 no puede, so pena de privar a la misma de su efecto útil, basarse en el único motivo, empleado en el Derecho alemán, de que los interesados no han celebrado un contrato de Derecho privado. (
                     34
                  )
            
         
               39.
            
            
               Ruhrlandklinik alega, por el contrario, que, en caso de que se declare que la Directiva 2008/104 no es aplicable a los miembros de una asociación como la Hermandad de enfermeras, en razón de la definición de «trabajador» que emplea el Derecho alemán, de ello no se desprende que se hayan eludido los objetivos de esta Directiva, puesto que la protección de los profesionales en cuestión no se vería reducida. En este sentido, afirma que, en la práctica, tales miembros se benefician de unas condiciones laborales y de una remuneración que no resulta inferior sino, por el contrario, más favorable que las que se conceden a aquellos trabajadores a los que el Derecho alemán reconoce esta condición y, en particular, a los empleados de su clínica a los que ha contratado directamente.
            
         
               40.
            
            
               Sin embargo, considero que este argumento coyuntural no resulta convincente a efectos de la interpretación de la Directiva 2008/104, que debe tener un alcance general. Aun suponiendo que, en el presente caso, se demuestre la igualdad de trato, ésta no estaría garantizada sistemática y permanentemente en relación con cada trabajador, como sí lo permitiría la declaración de la aplicabilidad de la citada Directiva a situaciones de este tipo. Ahora bien, el mero hecho de poder beneficiarse, en cualquier circunstancia, de normas protectoras de esta naturaleza constituye por sí mismo una prerrogativa de notable importancia. (
                     35
                  ) Por otra parte, conviene no dejar de tener en cuenta asimismo la segunda vertiente, de orden económico, de los objetivos previstos en el artículo 2 de esta Directiva, (
                     36
                  ) de los que, en mi opinión, se deriva en particular que todas las entidades que desarrollan este tipo de actividad deberían beneficiarse de una situación competitiva equivalente. (
                     37
                  )
            
         
               41.
            
            
               A la vista de estos elementos, considero que, en un contexto como el controvertido en el litigio principal, debe reconocerse a los miembros de una asociación la condición de «trabajadores» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/104, siempre que se pongan a disposición de una empresa para realizar una prestación laboral, bajo el control y la dirección de dicha empresa, a cambio de una remuneración que les es abonada por esta asociación. Estos miembros no pueden ser excluidos del ámbito de aplicación ratione personae de esta Directiva por el simple hecho de que, al no haber celebrado ningún contrato de trabajo con la asociación, el Derecho nacional aplicable no les reconoce la condición de trabajador.
            
         B. Sobre el concepto de
         «empresas [que] ejercen una actividad económica
         » en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104
      
      
               42.
            
            
               Con arreglo a la segunda parte de su cuestión prejudicial y de la motivación relativa a la misma, el órgano jurisdiccional remitente invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse acerca de si el hecho de que la Hermandad de enfermeras ponga a sus miembros a disposición de empresas usuarias, a cambio de una indemnización que cubre los gastos brutos de personal y un importe a tanto alzado en concepto de gastos administrativos, puede constituir una «actividad económica» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104.
            
         
               43.
            
            
               A este respecto, este órgano indica que del texto de dicho apartado 2 se desprende que la falta de ánimo de lucro de las empresas que suministran mano de obra no excluye el ejercicio de una actividad económica, de lo que podría deducirse que la Directiva 2008/104 es aplicable aunque la cesión de trabajadores la realice un organismo de utilidad pública.
            
         
               44.
            
            
               Ruhrlandklinik considera que una actividad como la de la Hermandad de enfermeras no está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva, mientras que el comité de empresa y la Comisión defienden la posición contraria. (
                     38
                  ) Me alineo con esta última postura por las razones que expondré a continuación.
            
         
               45.
            
            
               Con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104, esta última se refiere a las entidades «que son empresas de trabajo temporal». El artículo 3, apartado 1, letra b), da una definición, en mi opinión, autónoma, de lo que ha de considerarse como una «empresa de trabajo temporal» en el sentido de esta Directiva, (
                     39
                  ) a fin de llevar a cabo la armonización mínima prevista por la misma. (
                     40
                  ) De ello se deduce que la Directiva 2008/104 puede aplicarse asimismo a una empresa a la que el Derecho interno de los Estados miembros no reconoce esta condición, siempre que el interesado reúna el conjunto de requisitos previstos en los artículos 1 y 3. (
                     41
                  ) Por otra parte, el significado y el alcance de esta expresión no son, en mi opinión, necesariamente idénticos a la que figura también en la Directiva 96/71/CE, (
                     42
                  ) a pesar de que el preámbulo de la Directiva 2008/104 (
                     43
                  ) establece un vínculo entre estos dos instrumentos.
            
         
               46.
            
            
               Habida cuenta del propio tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104, resulta irrelevante que la entidad que actúa como suministradora de mano obra sea una organización sin ánimo de lucro y que las cantidades percibidas a cambio de la cesión de mano de obra no le produzcan eventualmente beneficio alguno, como sostiene Ruhrlandklinik. (
                     44
                  ) El único criterio verdaderamente decisivo se basa en si la entidad en cuestión, independientemente de que pertenezca al sector público o al sector privado, ejerce una actividad de naturaleza económica. (
                     45
                  )
            
         
               47.
            
            
               No obstante, la definición de este último concepto no se desprende claramente del texto de la Directiva 2008/104, ni de los trabajos preparatorios correspondientes a la misma. (
                     46
                  ) En mi opinión, ésta debe interpretarse a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que identificó los elementos constitutivos de una «actividad económica» en otros ámbitos del Derecho de la Unión, como sugieren el comité de empresa (
                     47
                  ) y la Comisión. (
                     48
                  )
            
         
               48.
            
            
               Cabe recordar que el concepto de «actividad económica» en el sentido del Derecho de la Unión ha sido formulado, en estricta correlación con el concepto de «empresa», en el marco de las disposiciones del TFUE relativas al mercado interior, (
                     49
                  ) en particular a la luz de lo dispuesto en los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, que se refieren, respectivamente, a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, así como en el contexto de las normas en materia de competencia. El Tribunal de Justicia ha interpretado estos conceptos de forma no restrictiva, puesto que tienen por objeto delimitar el ámbito de aplicación de libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. (
                     50
                  )
            
         
               49.
            
            
               Desde mi punto de vista, éste debe ser también el caso en lo relativo al concepto de «actividad económica» en el sentido de la Directiva 2008/104, no sólo porque su preámbulo indica que ésta «debe aplicarse respetando las disposiciones del Tratado, en materia de libre prestación de servicios y de libertad de establecimiento», (
                     51
                  ) sino también a fin de garantizar el logro de todos los objetivos previstos por esta Directiva (
                     52
                  ) y de evitar una competencia desleal. (
                     53
                  )
            
         
               50.
            
            
               Según reiterada jurisprudencia, el concepto de empresa engloba «cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación» y «constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado». (
                     54
                  ) Por otra parte, se ha declarado en numerosas ocasiones que «una prestación de trabajo por cuenta ajena o una prestación de servicios retribuidos deben considerarse actividades económicas en el sentido del artículo 2 del Tratado [CE]», es decir, una prestación que genera una contrapartida. (
                     55
                  )
            
         
               51.
            
            
               De ello se desprende, en primer lugar, que el estatuto jurídico de la entidad en cuestión, en el presente asunto una asociación, no afecta a la posibilidad de calificarla como «empresa» en el sentido del Derecho de la Unión y no prejuzga la posible naturaleza económica de la actividad que ejerce. El texto del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/104 obedece a este mismo espíritu, puesto que engloba en el concepto de «empresa de trabajo temporal», en el sentido de esta Directiva, (
                     56
                  ) a «toda persona física o jurídica», independientemente de su forma jurídica, (
                     57
                  ) que ejerce una actividad relacionada con el trabajo temporal en las condiciones previstas por esta disposición.
            
         
               52.
            
            
               En segundo lugar, la calificación de empresa que ejerce una actividad económica en el ámbito del trabajo temporal, en el sentido de la Directiva 2008/104, debe adoptarse, desde mi punto de vista, cuando la entidad en cuestión propone un servicio que consiste en la cesión de trabajadores con los que ha establecido relaciones laborales exclusivamente con el fin de ponerlos a disposición de terceras empresas. (
                     58
                  ) Pues bien, éste es el caso de la Hermandad de enfermeras. El fin social que se le presupone al operador en cuestión no basta por sí mismo para excluir que su actividad pueda calificarse de actividad económica. (
                     59
                  ) Además, la actividad en cuestión se desarrolla en un mercado determinado, en el presente asunto el mercado de los servicios sanitarios, en el que actúan otro tipo de operadores, a saber, empresas de trabajo temporal de tipo clásico, que proponen asimismo la puesta a disposición de trabajadores del sector de la enfermería.
            
         
               53.
            
            
               Al igual que la Comisión, considero que carece de pertinencia, a la luz de la Directiva 2008/104, que las actividades de la entidad en cuestión no se limiten a la cesión de trabajadores a terceros, (
                     60
                  ) habida cuenta de que, en el presente asunto, los miembros de la Hermandad de enfermeras pueden trabajar, de acuerdo con sus estatutos, directamente para la propia entidad. En efecto, ni el artículo 1, ni el artículo 3, apartado 1, letra b), incluyen ningún elemento tangible que, en mi opinión, restrinja el ámbito de aplicación de esta Directiva a las empresas cuya actividad consiste exclusivamente en la cesión de trabajadores a empresas usuarias. (
                     61
                  )
            
         
               54.
            
            
               En tercer lugar, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y al artículo 57 TFUE, toda prestación de servicio efectuada a cambio de una remuneración debe considerarse como actividad económica, (
                     62
                  ) debiendo precisarse que es necesario que se dé una contrapartida, pero que basta con la misma. (
                     63
                  ) El hecho de que la actividad en cuestión pueda no resultar tan rentable como los servicios equivalentes prestados por otros operadores no impide que ésta tenga carácter económico. (
                     64
                  ) En el presente asunto, la Hermandad de enfermeras pone personal a disposición de un tercero, en efecto, a cambio de que éste abone una contrapartida económica, a saber, una indemnización que cubra los gastos de personal y los gastos administrativos ocasionados por la operación, debiendo señalarse que es irrelevante que esta contrapartida no le genere beneficios.
            
         
               55.
            
            
               Por último, cabe señalar que, al contrario de las objeciones formuladas por Ruhrlandklinik, (
                     65
                  ) me parece apropiado, en particular a fin de garantizar el efecto útil pleno de la Directiva 2008/104, incluir en su ámbito de aplicación entidades como las controvertidas en el litigio principal al mismo nivel que las empresas de trabajo temporal con fines comerciales, puesto que, de no ser así, las primeras estarían sujetas a condicionantes jurídicos más leves que las segundas, a pesar de que proponen servicios semejantes en el mismo mercado, lo que podría dar lugar a un falseamiento de la competencia. Esta última inquietud, que figura tanto en la resolución de remisión como en las observaciones del Gobierno checo, es aún más relevante cuando, como sucede en el presente asunto, un elevado número de trabajadores se ve potencialmente afectado. (
                     66
                  )
            
         
               56.
            
            
               Por consiguiente, considero que una prestación de servicios como la controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104, siempre que la asociación en cuestión preste servicios equivalentes a los de las empresas de trabajo temporal, al suministrar mano de obra a un tercero en el mercado del personal sanitario, servicios por los que recibe una indemnización financiera.
            
         V. Conclusión
      
      
               57.
            
            
               Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania):
               «El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe interpretarse en el sentido de que estas disposiciones resultan aplicables cuando una asociación sin ánimo de lucro pone a disposición de una empresa, como contrapartida de una compensación económica, a uno de sus miembros para que éste efectúe, bajo el control y la dirección de esta empresa, una prestación laboral a cambio de una remuneración abonada por la asociación.»
            
         (
            1
         )	Lengua original: francés.
      (
            2
         )	DO 2008, L 327, p. 9.
      (
            3
         )	Versión de 25 de septiembre de 2001 (BGBl. 2001 I, p. 2518).
      (
            4
         )	El órgano jurisdiccional remitente señala que, según su propia jurisprudencia, la contratación a que se refiere dicho artículo 99, apartado 1, no implica la constitución de una relación laboral con la empresa en cuestión y que basta con que el interesado desempeñe su actividad laboral con arreglo al objetivo de dicha empresa y atendiendo a sus instrucciones.
      (
            5
         )	Ley de modificación que entró en vigor el 1 de diciembre de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 642).
      (
            6
         )	El término «enfermeras» debe interpretarse en el presente asunto de forma genérica, en el sentido de que no sólo se refiere a los miembros femeninos de dicha comunidad, sino también a sus miembros masculinos.
      (
            7
         )	De la resolución de remisión se desprende que existen 33 hermandades de enfermeras de la Cruz Roja alemana repartidas en todo el territorio nacional y cuyo número de miembros asciende aproximadamente a 22000. Ruhrlandklinik GmbH señala que la Hermandad de Essen cuenta con cerca de 1650 miembros.
      (
            8
         )	En sus observaciones, Ruhrlandklinik afirma que este último caso es «el más común con diferencia», y que «es frecuente que las enfermeras de la Cruz Roja alemana permanezcan durante muchos años a disposición de socios contractuales [de una comunidad de este tipo]».
      (
            9
         )	En Derecho alemán, el «Betriebsrat» es un órgano de representación del personal de un empresa al que se reconoce una serie de prerrogativas que van desde el simple derecho de información hasta una facultad de codecisión en los ámbitos previstos por la ley, facultad que requiere que el empleador obtenga el consentimiento de dicho órgano antes de adoptar determinadas decisiones, en particular, medidas individuales dirigidas a la contratación de personal con arreglo al artículo 99 de la BetrVG.
      (
            10
         )	El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo) cita una de sus resoluciones más recientes en este sentido, dictada el 17 de septiembre de 2014 (10 AZB 43/14, apartado 18).
      (
            11
         )	El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo) precisa que la realización de una prestación laboral en el marco de una relación de dependencia personal puede tener como base jurídica la posesión del estatuto de miembro de una asociación, siempre que no se eludan las disposiciones de protección laboral imperativas, lo que no sucede en el caso de las hermandades de enfermeras, con arreglo a una de sus resoluciones de 6 de julio de 1995 (5 AZB 9/93).
      (
            12
         )	En sus respuestas escritas a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán no se ha pronunciado directamente sobre el fondo de la petición de decisión prejudicial.
      (
            13
         )	En este sentido, es preciso recordar que las relaciones laborales temporales tienen la particularidad de ser triangulares, dado que existen vínculos de naturaleza diferente, por una parte, entre el trabajador y la empresa de trabajo temporal que es su empleador, por otra, entre esta empresa y la empresa usuaria y, por último, entre esta última y el trabajador que desarrolla su actividad laboral bajo su dirección. Véase, en particular, la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Manpower (35/70, EU:C:1970:120), apartados 5 y 6.
      (
            14
         )	Véanse los artículos 1, apartado 3, 3, apartados 1, letra b), y 2, párrafo segundo, y 6, apartados 2, párrafo primero y 3.
      (
            15
         )	Véanse, en particular, las cláusulas 2 y 3 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), y las cláusulas 1, 2, 3 y 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
      (
            16
         )	En particular, la sentencia de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), apartado 30.
      (
            17
         )	Véanse, en particular, las sentencias de 13 de febrero de 2014, Comisión/Italia (C‑596/12, EU:C:2014:77), apartados 16 y 17, y de 4 de diciembre de 2014, FNV Kunsten Informatie en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2411), apartado 34.
      (
            18
         )	Véase la sentencia de 11 de noviembre de 2010, Danosa (C‑232/09, EU:C:2010:674), apartados 40 y 42 y jurisprudencia citada.
      (
            19
         )	El informe del Grupo de Expertos sobre la transposición de la Directiva 2008/104, elaborado en agosto de 2011 bajo la supervisión de la Comisión (en lo sucesivo, «Informe de 2011»), señala que «la expresión “relación laboral” pretende englobar aquellas situaciones en las que concurren las características propias de una relación laboral pero en las que no se ha celebrado un contrato de trabajo oficial» (p. 14).
      (
            20
         )	El subrayado es mío. Es preciso señalar que el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16), contiene una fórmula idéntica, que recoge en particular la que figura en el apartado 28 de la sentencia de 11 de julio de 1985, Foreningen af Arbejdsledere i Danmark (105/84, EU:C:1985:331), que versaba sobre la interpretación del acto que fue sustituido por esta Directiva.
      (
            21
         )	El subrayado es mío. Cabe observar que, al igual que el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2001/23, que se adoptó en una fecha próxima, el artículo 3, apartado 2, de la propuesta original de la Comisión, de 20 de marzo de 2001, que llevó a la adopción de la Directiva 2008/104 [COM(2002) 149 final] se refería al Derecho nacional únicamente a efectos de la definición «del contrato o de la relación laboral». El Parlamento Europeo quiso incluir en esta última disposición el concepto de «remuneración» (posición adoptada en primera lectura el 21 de noviembre de 2002; DO 2004, C 25 E, p. 368). La propuesta modificada de la Comisión, de 28 de noviembre de 2002, añadió, además, el concepto de «trabajador», sin ninguna explicación al respecto [COM(2002) 701 final].
      (
            22
         )	Considerando 10 de la Directiva 2008/104. Véanse también las disparidades que pueden existir entre los «marcos normativos nacionales» descritos en la exposición de motivos de la propuesta original de la Comisión [COM(2002) 149 final, sección 2, apartado 2].
      (
            23
         )	Véanse, en particular, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509), apartado 29, relativa a la interpretación de la Directiva 1999/70, y de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), apartado 34, relativa a la interpretación de la Directiva 97/81.
      (
            24
         )	El artículo 5 de la Directiva 2008/104 establece un «principio de igualdad de trato», en virtud del cual, durante su misión en una empresa usuaria, las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal serán, por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto.
      (
            25
         )	La Comisión señala en sus observaciones que la postura adoptada por el Tribunal de Justicia en un contexto que presenta diversas semejanzas, concretamente estructurales, es aplicable al presente asunto. Sobre los aspectos comunes existentes entre las Directivas 1999/70, 97/81 y 2008/104, véanse también las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto AKT (C‑533/13, EU:C:2014:2392), punto 33.
      (
            26
         )	Éste es el caso cuando el acto del Derecho de la Unión de que se trata no tiene por objeto llevar a cabo una armonización íntegra de las normas nacionales aplicables en el ámbito que abarca, como sucede en el caso de la Directiva 2008/104 (véanse el considerando 23 y el artículo 9).
      (
            27
         )	De este modo, los considerandos 17 y 16, respectivamente, de las Directivas 1999/70 y 97/81 prevén claramente que «en lo referente a los términos empleados en el Acuerdo marco, no definidos en el mismo de manera específica, la presente Directiva permite que sean los Estados miembros quienes definan dichos términos en conformidad con el derecho y las prácticas nacionales, como ocurre con otras directivas adoptadas en el ámbito social que emplean términos similares, a condición de que dichas definiciones respeten el contenido del Acuerdo marco» (el subrayado es mío).
      (
            28
         )	Véanse, en particular, la sentencia de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), apartados 31 a 35 y jurisprudencia citada; las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:3), puntos 12 a 15, y las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746), puntos 34 a 37.
      (
            29
         )	Véanse las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509), apartados 26 a 29; de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), apartados 36 a 42, y de 3 de julio de 2014, Fiamingo y otros (C‑362/13, C‑363/13 y C‑407/13, EU:C:2014:2044), apartado 31.
      (
            30
         )	Véanse, en particular, los considerandos 1, 11 y 12 y el artículo 2 de la Directiva 2008/104, que prevé que ésta tiene como objetivos principales, por una parte, «garantizar la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y mejorar la calidad de las empresas de trabajo temporal garantizando el respeto del principio de igualdad de trato […] en relación con los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal […]» y, por otra, «[tener] en cuenta la necesidad de establecer un marco apropiado de utilización de la cesión de trabajadores por empresas de trabajo temporal para contribuir eficazmente a la creación de empleo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo».
      (
            31
         )	Véanse la sentencia de 1 de marzo de 2012, O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110), apartados 42 y ss., y las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746), puntos 43 y ss.
      (
            32
         )	Nota 29 de las presentes conclusiones.
      (
            33
         )	Véanse las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:3), punto 15, y las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto O’Brien (C‑393/10, EU:C:2011:746), puntos 44 y ss. El Tribunal de Justicia ha insistido también sobre la necesidad, para justificar un trato diferente, de que la naturaleza de la relación laboral en cuestión sea «sustancialmente diferente» (véase la sentencia de 1 de marzo de 2012, O’Brien,C‑393/10, EU:C:2012:110, apartados 42 a 44).
      (
            34
         )	En este sentido, véase Laulom, S., «La directive 2008/104: avancées et limites de la protection des travailleurs intérimaires», Revue de droit du travail, 2012, pp. 308 y ss., que afirma que «puede considerarse que no será suficiente con que la normativa nacional afirme la inexistencia de un contrato de trabajo para que la exclusión del ámbito de aplicación de la protección no esté controlada», y Moizard, N., «Les intérimaires dans l’Union européenne: les données du débat», Revue de droit du travail, 2012, pp. 240 y ss., que, tras citar la sentencia de 18 de enero de 2007, Confédération générale du travail y otros (C‑385/05, EU:C:2007:37), apartado 35, considera que «la Directiva 2008/104 no efectúa una mera remisión a las normativas nacionales» y que «el Tribunal de Justicia sigue disponiendo de medios para controlar las omisiones en que incurren los Estados».
      (
            35
         )	Véanse, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Del Cerro Alonso (C‑307/05, EU:C:2007:509), apartado 27.
      (
            36
         )	Véase la nota 30 de las presentes conclusiones. Sobre los dos objetivos principales previstos por la Directiva 2008/104 —a saber, las condiciones de trabajo de las personas a las que se reconoce la condición de trabajadores cedidos, por una parte, y las condiciones aplicables al recurso a la cesión temporal de trabajadores, por otra— así como su carácter complementario, véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar en el asunto AKT (C‑533/13, EU:C:2014:2392), puntos 30 y ss.
      (
            37
         )	Sobre estas consideraciones, véanse también los puntos 49 y 55 de las presentes conclusiones.
      (
            38
         )	El Gobierno checo no ha adoptado ninguna postura en lo que se refiere a la interpretación del concepto de «actividad económica» en el sentido de la Directiva 2008/104.
      (
            39
         )	Cabe señalar que dicha letra b) sólo hace referencia al Derecho de los Estados miembros de forma marginal, en los siguientes términos: «toda persona […] que celebre contratos de empleo o establezca relaciones de empleo con trabajadores [cedidos temporalmente], con arreglo al Derecho nacional […]». Por otra parte, el apartado 2 de dicho artículo 3 no reserva la aplicación del Derecho nacional en relación con el concepto de «empresas de trabajo temporal».
      (
            40
         )	Véase la nota 26 de las presentes conclusiones.
      (
            41
         )	Véase, en el mismo sentido, el Informe de 2011 (pp. 10 y 17).
      (
            42
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1). A este respecto, véase el Informe de 2011 (al menos en la versión francesa), que señala que la expresión «entreprise de travail intérimaire» figura a la vez en las versiones francesas de la Directiva 96/71 y de la Directiva 2008/104, pero que sus «versiones en lengua inglesa […] no utilizan los mismos términos (a saber temporary employment undertaking o placement agency en la primera, y temporary‑work agency en la segunda)» (p. 17).
      (
            43
         )	Véase el considerando 22 de la Directiva 2008/104.
      (
            44
         )	Ruhrlandklinik alega, en esencia, que el objeto estatutario de la Hermandad de enfermeras consiste exclusivamente en poner a disposición de instituciones sanitarias personal de enfermería cualificado, con arreglo a los principios de la Cruz Roja (principios de humanidad, de imparcialidad, de neutralidad, de independencia, de voluntariado, de unidad y de universalidad), sin buscar ningún tipo de beneficio por ello, y que, de no ser así, el Derecho alemán no le reconocería la condición de organismo de interés público.
      (
            45
         )	En efecto, dicho apartado 2 establece que la Directiva 2008/104 es aplicable a las «empresas públicas y privadas» que ejercen «una actividad económica» independientemente de la circunstancia «de si tienen o no fines lucrativos».
      (
            46
         )	En las páginas 7 y ss. del Informe de 2011 figura un recordatorio de la evolución legislativa seguida por el tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/104.
      (
            47
         )	El comité de empresa sostiene que «la Directiva [2008/104] se apoya […] en el concepto general de empresa de la Unión, característico del Derecho europeo de competencia (artículo 101 TFUE), que implica asimismo una actividad económica», citando a la doctrina alemana [Rieble, V., y Vielmeier, S., «Umsetzungsdefizite der Leiharbeitsrichtlinie», Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2011, volumen 4, pp. 474 y ss., y Mestwerdt, W., «Arbeit in persönlicher Abhängigkeit im Rahmen vereinsrechtlicher Strukturen», Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 2014, pp. 281 y ss.].
      (
            48
         )	La Comisión se refiere, en particular, a la sentencia de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros (C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428), apartado 75 y jurisprudencia citada, dictada en materia de competencia.
      (
            49
         )	Artículos 26 TFUE y ss.
      (
            50
         )	Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 7 de diciembre de 2010, titulado «Guía relativa a la aplicación a los servicios de interés económico general y, en particular, a los servicios sociales de interés general, de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, de contratos públicos y de Mercado Interior» [SEC(2010) 1545 final, en lo sucesivo, «Guía de 2010», punto 6.1], que cita la sentencia 11 de abril de 2000, Deliège (C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199), apartado 52.
      (
            51
         )	Tal como se recoge en el considerando 22 de la Directiva 2008/104.
      (
            52
         )	Véase la nota 30 de las presentes conclusiones.
      (
            53
         )	El Informe de 2011 (al menos en la versión francesa) expone precisamente estas dos consideraciones para justificar la adopción de una interpretación amplia del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/104 en relación con las empresas usuarias, e indica que los interlocutores sociales europeos se muestran a favor de este planteamiento (p. 10).
      (
            54
         )	El subrayado es mío. Véanse, en particular, las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376), apartados 21 y 22; de 22 de octubre de 2015, EasyPay y Finance Engineering (C‑185/14, EU:C:2015:716), apartado 37, y de 23 de febrero de 2016, Comisión/Hungría (C‑179/14, EU:C:2016:108), apartados 147 y ss.
      (
            55
         )	Véanse, en particular, las sentencias de 11 de abril de 2000, Deliège (C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199), apartado 53, y de 23 de febrero de 2016, Comisión/Hungría (C‑179/14, EU:C:2016:108), apartado 154.
      (
            56
         )	Es preciso señalar que existen importantes diferencias terminológicas entre las diferentes versiones lingüísticas de la Directiva 2008/104, en relación no sólo con las expresiones empleadas en su título general, sino también con el concepto de «empresa de trabajo temporal» (compárense las fórmulas respectivas que figuran, a título de ejemplo, en la versión alemana: «über Leiharbeit», «Leiharbeitsunternehmen»; la versión danesa: «om vikararbejde», «vikararbejde»; la versión inglesa: «on temporary agency work», «temporary‑work agency»; la versión italiana: «relativa al lavoro tramite agenzia interinale», «agenzia interinal»; la versión neerlandesa: «betreffende uitzendarbeid», «uitzendbureau», y la versión portuguesa: «relativa ao trabalho temporário», «empresa de trabalho temporário»).
      (
            57
         )	El Informe de 2011 señala que, en el marco de los trabajos preparatorios de la Directiva 2008/104, la Comisión señaló que «las asociaciones de beneficencia, las fuerzas armadas, los sindicatos y las administraciones públicas quedarán excluidas [de su ámbito de aplicación sólo] en caso de que no se dediquen a actividades económicas, aunque sea con carácter accesorio» (p. 9).
      (
            58
         )	Véanse la sentencia de 10 de febrero de 2011, Vicoplus y otros (C‑307/09 a C‑309/09, EU:C:2011:64), apartado 27. El Informe de 2011 indica, por el contrario, que no estará incluida en esta calificación, en particular, la puesta a disposición de trabajadores en un mismo grupo de empresas (p. 17).
      (
            59
         )	Véase, por analogía, la sentencia de 22 de mayo de 2003, Freskot (C‑355/00, EU:C:2003:298), apartado 77. La Guía de 2010 cita una serie de casos en los que el Tribunal de Justicia ha considerado actividades como no económicas debido a su «carácter puramente social» (punto 3.1.4).
      (
            60
         )	El Derecho alemán no exige este carácter exclusivo de la actividad de cesión de trabajadores (véase Rémy, P., «L’impact de la directive 2008/104 relative au travail intérimaire sur les droits nationaux, Deuxième partie», Revue de droit du travail, 2010, pp. 55 y ss., nota 6), al igual que el Derecho danés (véase Abrahamson, A. M., Vikarloven med kommentarer, Karnov Group, Copenhague, 2014, p. 55), al contrario que, por ejemplo, el Derecho francés [véase el artículo L 1251‑2 del code du travail (Código del trabajo)].
      (
            61
         )	En la exposición de motivos de su propuesta de Directiva del Consejo en el ámbito del trabajo temporal de 30 de abril de 1982 [COM(82) 155 final, p. 7], la Comisión indicó que ésta «no exige que la [empresa de trabajo temporal] desarrolle su actividad exclusivamente en el ámbito del trabajo temporal».
      (
            62
         )	Véase, también, la Guía de 2010 (punto 6.2), el Informe de 2011 (p. 9, nota 13) y el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la Directiva 2008/104, de 21 de marzo de 2014 [COM(2014) 176 final, p. 4, nota 4].
      (
            63
         )	En consecuencia, no constituyen actividades económicas las prestaciones realizadas sin contrapartida económica, por ejemplo, en nombre del Estado en el marco de sus obligaciones en el ámbito social (véanse los ejemplos recogidos en la Guía de 2010, puntos 3.1.4 y 6.3, en los que se cita, en particular, la sentencia de 7 de diciembre de 1993, Wirth, C‑109/92, EU:C:1993:916, apartados 13 a 19). Por el contrario, es irrelevante que la contrapartida no la abone el beneficiario del servicio (véase la sentencia de 12 de julio de 2001, Smits y Peerbooms, C‑157/99, EU:C:2001:404, apartados 48 y 55 a 58).
      (
            64
         )	Véase la sentencia de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner (C‑475/99, EU:C:2001:577), apartado 21.
      (
            65
         )	Ruhrlandklinik señala que si la Directiva 2008/104 se aplica a las hermandades de enfermeras de la Cruz Roja alemana, esto dará lugar, concretamente, a que ya no pueda poner a sus miembros a disposición de los establecimientos sanitarios, puesto que el Derecho alemán autoriza una cesión exclusivamente temporal, mientras que, en la gran mayoría de los casos, dichos miembros son puestos a disposición de los mismos de forma permanente (véase la nota 8 de las presentes conclusiones).
      (
            66
         )	Véase la nota 7 de las presentes conclusiones.