CELEX: 32020H0826(01)
Language: es
Date: 2020-07-20 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Bélgica 2020/C 282/01

26.8.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 282/1
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de el 20 de junio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Bélgica
      (2020/C 282/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.
               
            
                  (2)
               
               
                  El informe específico de 2020 sobre Bélgica fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020.
               
            
                  (3)
               
               
                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.
               
            
                  (4)
               
               
                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.
               
            
                  (5)
               
               
                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.
               
            
                  (6)
               
               
                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.
               
            
                  (7)
               
               
                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.
               
            
                  (8)
               
               
                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Bélgica a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.
               
            
                  (9)
               
               
                  Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuirán probablemente de forma desigual en las distintas regiones debido a sus diferentes modelos de especialización. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades interregionales e intrarregionales en Bélgica. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.
               
            
                  (10)
               
               
                  El 30 de abril de 2020, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 y su Programa de Estabilidad de 2020. Ambos programas se han evaluado simultáneamente para tener en cuenta sus interrelaciones.
               
            
                  (11)
               
               
                  Bélgica se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.
               
            
                  (12)
               
               
                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica garantizar que la tasa de incremento nominal del gasto público primario neto (7) no rebasara el 1,8 % en 2019, lo que correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del producto interior bruto (PIB). Dado que, de acuerdo con las evaluaciones realizadas, Bélgica cumplía los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 se redujo al 0,1 % del PIB, lo que corresponde a una tasa de incremento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. La evaluación global de la Comisión confirma una desviación significativa respecto de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019 y en 2018 y 2019, considerados en su conjunto. Este es el factor pertinente recogido en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado, en el que se evalúa el cumplimiento del criterio de deuda por parte de Bélgica en 2019.
               
            
                  (13)
               
               
                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno federal prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,9 % del PIB en 2019 a un déficit del 7,5 % en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2020, la ratio deuda pública/PIB, tras disminuir al 98,6 % en 2019, aumentaría hasta situarse en torno al 115 % en 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19.
               
            
                  (14)
               
               
                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Bélgica ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 2,3 % del PIB. Las medidas incluyen un régimen federal de prestaciones por desempleo temporal, una renta sustitutiva para los trabajadores autónomos, una provisión federal para los gastos relacionados con la crisis, así como diversas asignaciones regionales en favor de empresas o personas y subvenciones sectoriales. La cuantificación de las medidas que suponen un aumento del déficit coincide en líneas generales con las estimaciones de la Comisión, tras tener en cuenta el diferente tratamiento del coste de los estabilizadores automáticos. Por otra parte, Bélgica ha anunciado medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas. Esas medidas consisten en garantías de préstamos federales y regionales en beneficio de las empresas y los trabajadores autónomos, que el Programa de Estabilidad de 2020 estima en el 11,8 % del PIB. También se han aplicado aplazamientos de pagos tributarios, especialmente en relación con los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades y las cotizaciones a la seguridad social, aunque el Programa de Estabilidad de 2020 no los cuantifica. Globalmente, las medidas tomadas por Bélgica están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
               
            
                  (15)
               
               
                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas de Bélgica sería del -8,9 % del PIB en 2020 y del -4,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 113,8 % del PIB en 2020.
               
            
                  (16)
               
               
                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Bélgica de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit y el criterio de deuda definidos en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se han cumplido.
               
            
                  (17)
               
               
                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, las autoridades belgas han adoptado un amplio paquete de medidas para mitigar las repercusiones sociales y económicas de la aguda recesión económica. Se ha establecido un régimen de garantías por valor de 50 000 millones EUR para los nuevos créditos a corto plazo concedidos a las empresas viables. Las regiones y comunidades también han introducido garantías para los préstamos puente y ordinarios para las empresas, aportes de liquidez destinados a las empresas en forma de préstamos directos y medidas de apoyo financiero para las más afectadas por la crisis de la COVID-19. El reembolso de créditos hipotecarios y préstamos a empresas en curso puede prorrogarse. Las empresas más afectadas pueden acogerse a una moratoria temporal de los procedimientos concursales. Se han introducido diferentes incentivos para animar a un mayor número de trabajadores a seguir trabajando o a reanudar su actividad a fin de garantizar la continuidad de las actividades. El pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos, como el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos de sociedades y de la renta de las personas físicas, puede ser objeto de aplazamiento o condonación en algunos casos. El Gobierno federal ha puesto a disposición de las empresas afectadas por la crisis de la COVID-19 el régimen de prestaciones por desempleo temporal por motivos de fuerza mayor, que lleva aparejadas mayores ventajas. Se ha previsto una renta sustitutiva mensual para aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto interrumpida durante al menos siete días consecutivos. Se ha congelado temporalmente la reducción progresiva de las prestaciones por desempleo. El Gobierno federal también está preparando un conjunto adicional de medidas para hacer frente a la insolvencia de las empresas, como una exención del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el ejercicio 2020.
               
            
                  (18)
               
               
                  El sistema de salud belga muestra un funcionamiento satisfactorio por lo que respecta a la prestación de cuidados intensivos en el medio hospitalario. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias en la resiliencia del sistema sanitario ante una crisis grave de salud pública que parecen indicar que Bélgica se enfrenta a una escasez estructural de personal sanitario que es preciso abordar. En un futuro inmediato, seguirá siendo fundamental garantizar el abastecimiento de productos médicos esenciales en cantidad suficiente, incluidos los equipos de protección, en particular para los trabajadores sanitarios y de otras profesiones de riesgo. Para garantizar la gestión eficaz de una crisis de salud pública como la provocada por la pandemia de COVID-19 seguirá siendo esencial a corto y medio plazo aplicar una estrategia de salud pública que esté totalmente coordinada con las políticas de prevención y de cuidados de larga duración. En este contexto, se considera un componente importante la aplicación sin trabas del acuerdo sobre asistencia sanitaria pública alcanzado por la Conferencia Interministerial a fin de que, durante la crisis de la COVID-19, el personal y las infraestructuras de los hospitales (una competencia federal) estén, de forma temporal, a disposición de los centros de cuidados de larga duración (una competencia de las comunidades).
               
            
                  (19)
               
               
                  Tras haberse alcanzado niveles de empleo récord en 2019 y principios de 2020, la crisis provocada por la COVID-19 ha paralizado bruscamente el crecimiento del empleo en Bélgica. Los regímenes estatales de apoyo a la renta en vigor en el país, como el régimen de prestaciones por desempleo temporal para los trabajadores por cuenta ajena y el derecho de transición para los trabajadores autónomos, ofrecen una compensación parcial por las pérdidas de ingresos debidas a la reducción del tiempo de trabajo. Estos regímenes de reducción del tiempo de trabajo desempeñan un papel importante a la hora de atenuar el impacto de la disminución de la producción sobre los niveles de empleo. No obstante, se espera que el desempleo aumente hasta el 7 % en 2020 y disminuya ligeramente hasta situarse en el 6,6 % en 2021. A fin de evitar que el incremento del desempleo adquiera carácter estructural, será preciso realizar esfuerzos adicionales a fin de reforzar la eficacia de las políticas activas de empleo existentes, que sigue siendo exigua, como demuestra la coexistencia de una elevada proporción de desempleados que participan en medidas activas del mercado de trabajo con una baja transición del desempleo al empleo. Debe prestarse especial atención al establecimiento de un enfoque global que integre a las personas más alejadas del mercado de trabajo, que serán probablemente las más afectadas por las consecuencias socioeconómicas negativas de la crisis de la COVID-19. Entre los grupos vulnerables cabe citar, en particular, a las personas poco cualificadas, de origen migrante y con discapacidad. Por otra parte, la cuña impositiva sobre el trabajo sigue siendo en promedio elevada en todos los niveles de salarios, excepto por lo que respecta a los trabajadores con sueldos muy bajos (50 % del salario medio). Se trata de un importante factor de la relativa elevación de los costes laborales, que podría afectar negativamente a la demanda de mano de obra, en particular en el caso de los empleos de baja productividad.
               
            
                  (20)
               
               
                  Debe fomentarse la movilidad laboral hacia los sectores que registran carencias importantes, como la salud, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las actividades técnicas y profesionales. Esta movilidad irá acompañada de importantes necesidades en términos de reciclaje profesional y formación complementaria, y requerirá un incremento del nivel de participación de los adultos en la educación y formación, por ejemplo, aprovechando el tiempo que deja la jornada laboral reducida. Preocupa que los planes existentes en materia de incentivación de la formación no lleguen a quienes más se beneficiarían de ellos, es decir las personas poco cualificadas, los trabajadores de más edad y las personas de origen migrante. La deficiencia de las competencias lingüísticas es un obstáculo importante, en particular en Bruselas, ciudad con un mercado laboral bilingüe. Las comunidades están tomando medidas para que se incremente la elección de estudios científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas, pero existe margen para implantar estrategias más globales a fin de satisfacer la futura demanda del mercado de trabajo. El nivel general de capacidades digitales es satisfactorio, pero permanece estancado. Entre los jóvenes, y en particular entre aquellos con un bajo nivel educativo, el nivel de capacidades digitales es inferior a la media de la Unión y ha empeorado en los últimos años. Para que quede garantizado el acceso al aprendizaje a distancia es esencial que todos los alumnos dispongan de equipos y conexiones a internet apropiados, que los profesores tengan acceso a la formación pertinente y que se establezcan los programas de tutorización necesarios. Dicha garantía es asimismo necesaria para que las desigualdades existentes en el sistema educativo no se agraven como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
               
            
                  (21)
               
               
                  Bélgica ha adoptado numerosos regímenes para apoyar la liquidez de las empresas, en particular un régimen de garantías estatales para préstamos y varios regímenes regionales notificados en el marco temporal de medidas de ayuda estatal a fin de respaldar la economía en la actual pandemia de COVID-19. Es esencial lograr una aplicación eficiente y efectiva de dichos regímenes, también por parte de los intermediarios, a fin de garantizar que las empresas, especialmente las de pequeño y mediano tamaño (pymes), y los trabajadores autónomos se benefician de ellos de forma que queden protegidos y puedan recuperarse con mayor rapidez. En el proceso de diseño y aplicación de estas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario, incluidos los intermediarios.
               
            
                  (22)
               
               
                  A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la carga administrativa sobre las empresas supone unos 7 000 millones EUR anuales (1,6 % del PIB), la mayoría de ellos en concepto de cumplimiento de la legislación tributaria y laboral. El sistema tributario es complejo debido a los diversos gastos fiscales. A las empresas les resulta difícil gestionar las nóminas, en particular en aquellos casos en que tienen que lidiar con los distintos sistemas regionales. Las autoridades públicas están demorando de forma creciente los pagos a las empresas, lo que contribuye a la quiebra de estas últimas y al deterioro del clima empresarial. Se están produciendo grandes retrasos en la concesión de permisos de construcción y en las conexiones para el suministro de agua y electricidad. El proceso de transmisión de la propiedad se encuentra entre los más lentos y caros de la Unión. Existen importantes discrepancias regionales en cuanto a los requisitos de acceso a las profesiones del sector artesanal y de la construcción. El efecto acumulado de la gran cantidad de normas, los elevados costes salariales y la rigidez del mercado laboral lastra el rendimiento del sector minorista. Las normas sobre el horario de apertura de los comercios, las promociones de ventas, los descuentos y los canales de distribución de medicamentos no sujetos a prescripción lastran el entorno operativo de los minoristas. Las estrictas normas sanitarias y medioambientales de protección contra la radiación (especialmente en Bruselas), que varían según las regiones, el gravamen de las antenas con impuestos elevados en Bruselas y los largos plazos de concesión de los permisos necesarios para la instalación de las antenas, entre otros factores, podrían frenar el despliegue de la tecnología 5G. En el ámbito de la insolvencia, no existe ningún procedimiento especial simplificado de conciliación extrajudicial para las pymes y solo los deudores pueden iniciar procedimientos de insolvencia. A pesar de las mejoras graduales, la informatización insuficiente y la falta de recursos siguen suponiendo un reto para el sistema judicial. La duración de los procedimientos en el ámbito de la justicia administrativa provoca importantes demoras en la tramitación de los casos relacionados con la contratación pública y la obtención de permisos de construcción. Las principales autoridades responsables de la vigilancia del mercado, la competencia y el transporte ferroviario carecen de personal suficiente para llevar a cabo sus tareas.
               
            
                  (23)
               
               
                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes, lo que contribuiría además a la transición industrial. Como se indica en el Plan Nacional de Energía y Clima para el período 2021-2030 de Bélgica, el país tiene importantes necesidades de inversión en transporte sostenible, especialmente para hacer frente a la congestión del tráfico y la movilidad eléctrica. Antes de la crisis de la COVID-19, las regiones belgas habían anunciado importantes planes plurianuales para las infraestructuras de transporte. Se están llevando a cabo inversiones de calado en los servicios ferroviarios de cercanías en torno a Bruselas, así como en la señalización, los puertos y las conexiones ferroviarias transfronterizas. También se han puesto en marcha inversiones significativas en las infraestructuras de metro, tranvía y autobús de Bruselas. El Plan Nacional también ha detectado que es necesario realizar importantes inversiones en la generación de energía renovable y flexible, interconexiones, redes inteligentes, almacenamiento y eficiencia energética con vistas a cumplir los objetivos europeos en materia de energía y clima, respetar el compromiso jurídico de Bélgica de ir eliminando gradualmente la energía nuclear de aquí a 2025 y renovar el 80 % del parque inmobiliario, construido antes de la introducción de las normas en materia energética. En contraste con la intensidad relativamente elevada de la Investigación y Desarrollo (I+D) privada, la intensidad de la I+D pública sigue siendo ligeramente inferior a la de la mayoría de los Estados miembros con un nivel de desarrollo económico similar. Bélgica corre el riesgo de quedarse rezagada en el despliegue de la tecnología 5G, ya que no tiene previsto asignar bandas pioneras para la 5G en los plazos fijados en la legislación de la Unión. En marzo de 2020, las autoridades belgas iniciaron una consulta pública sobre la concesión de licencias nacionales temporales para los 200 MHz del espectro disponible en la banda de 3,6-3,8 GHz, como solución temporal. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Bélgica a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los territorios contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Bélgica optimizar el uso de este Fondo.
               
            
                  (24)
               
               
                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.
               
            
                  (25)
               
               
                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Bélgica contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.
               
            
                  (26)
               
               
                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Bélgica debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.
               
            
                  (27)
               
               
                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020, el Programa Nacional de Reformas de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.
               
            
                  (28)
               
               
                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
               
            RECOMIENDA a Bélgica que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:
      
                  1.
               
               
                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la resiliencia general del sistema sanitario y garantizar el suministro de productos médicos esenciales.
               
            
                  2.
               
               
                  Mitigar las consecuencias sociales y sobre el empleo de la crisis de la COVID-19, en particular promoviendo políticas activas de empleo eficaces y fomentando el desarrollo de las capacidades.
               
            
                  3.
               
               
                  Garantizar la aplicación efectiva de las medidas de aporte de liquidez a fin de ayudar a las pymes y a los trabajadores autónomos y mejorar el entorno empresarial. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en las infraestructuras para un transporte sostenible, la producción y utilización limpias y eficientes de la energía, la economía circular, las infraestructuras digitales, como las redes 5G y Gigabit, y la investigación e innovación.
               
            
         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               La Presidenta
            
            J. KLOECKNER
         
      
      
         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
      
         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).
      
         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 1.
      
         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
      
         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
      
         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
      
         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones por desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.
      
         (8)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo.