CELEX: 62006FJ0024
Language: es
Date: 2007-07-05 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 5 de julio de 2007. # Sabrina Abarca Montiel y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Función pública - Igualdad de trato. # Asunto F-24/06.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
      de 5 de julio de 2007
      Asunto F‑24/06
      Sabrina Abarca Montiel y otras
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas 
      «Función pública — Agentes contractuales — Clasificación y retribución — Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) — Puericultoras — Antiguos trabajadores por cuenta ajena sometidos al Derecho belga — Cambio en el régimen aplicable — Igualdad de trato»
      Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA, en el que la Sra. Abarca Montiel y otras diecinueve agentes
         contractuales de la Comisión solicitan la anulación de las decisiones de la autoridad facultada para proceder a la contratación
         de agentes por las que se determinaron su clasificación y sus retribuciones, en virtud de los contratos de agentes contractuales
         firmados en abril de 2005 y que entraron en vigor el 1 de mayo siguiente, así como la anulación de las decisiones de dicha
         autoridad de 21 de noviembre de 2005 por las que se desestimaron las reclamaciones interpuestas por las demandantes contra
         las primeras decisiones mencionadas.
      
      Resultado: Se anulan las decisiones por las que la Comisión fijó la retribución de las demandantes, en virtud de los contratos de agentes
         contractuales firmados en abril de 2005. Se desestima el recurso en todo lo demás. La Comisión de las Comunidades Europeas
         cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas de las demandantes. Las demandantes cargarán con la mitad de sus
         propias costas.
      
      Sumario
      1.      Funcionarios — Agentes contractuales — Clasificación 
      (Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 80, ap. 2, y 82, ap. 2)
      2.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución 
      (Régimen aplicable a los otros agentes, anexo, art. 2, ap. 2)
      3.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución 
      (Régimen aplicable a los otros agentes, anexo, art. 2, ap. 2)
      1.      Según el artículo 82, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes, los requisitos mínimos de formación y de experiencia
         profesional que se exigen para ser contratado como agente contractual de los grupos de funciones II y III son idénticos: el
         interesado debe tener un título que acredite un nivel de estudios superiores, o bien un nivel de educación secundaria que
         dé acceso a los estudios superiores, en este último caso acompañado de una experiencia profesional adecuada de tres años como
         mínimo, o incluso una formación profesional o una experiencia profesional de nivel equivalente, cuando esté justificado en
         interés del servicio.
      
      No pueden poner en entredicho esta constatación las precisiones formuladas al respecto en el artículo 2, apartado 1, letras b)
         y c), de las Disposiciones generales de aplicación de los procedimientos que regulan la contratación y el empleo de agentes
         contractuales en la Comisión, en particular en lo que respecta al requisito de acreditar una formación secundaria sancionada
         por un título que dé acceso a los estudios superiores. En efecto, este último título permite acceder tanto a un puesto de
         trabajo del grupo de funciones II como a un puesto de trabajo del grupo de funciones III, siempre que el titulado pueda invocar
         una experiencia profesional adecuada de tres años.
      
      Dadas estas circunstancias, el hecho de que los agentes de que se trata puedan invocar un título que dé acceso a los estudios
         superiores, en sí mismo, no puede justificar que sean contratados en el grupo de funciones III, en vez de en el grupo de funciones II.
      
      Además, la Comisión ha establecido unas Disposiciones generales de aplicación de las medidas transitorias aplicables a los
         agentes contratados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas en las guarderías y los jardines de infancia de Bruselas,
         destinadas a encuadrar el margen de apreciación de que dispone dicha institución a la hora de aplicar el artículo 80, apartado
         2, del Régimen aplicable a los otros agentes, que determina las tareas correspondientes a los diferentes grupos de funciones.
         El artículo 1, apartado 2, letras b) y c), de estas últimas Disposiciones generales de aplicación muestra claramente que las
         personas contratadas como puericultores se clasificarán en el grupo de funciones II, a menos que tengan la condición de «coordinador
         administrativo de personal con arreglo al Derecho belga», en cuyo caso se clasificarán en el grupo de funciones III.
      
      En efecto, si bien es cierto que el artículo 5, apartado 1, de estas últimas Disposiciones generales de aplicación permite
         que la Comisión contrate a un agente contractual en el grupo de funciones III si posee un título de puericultor, se trata
         sólo de una mera facultad de la institución, como lo indica el hecho de que en esta disposición se utilice el verbo «poder».
         La divergencia existente entre la versión inglesa del artículo 5, apartado 1, que se remite a los requisitos establecidos
         en el artículo 1 de dichas Disposiciones generales de aplicación, y la versión francesa, en la que falta tal remisión, no
         desvirtúa la conclusión de que la clasificación de los agentes contractuales poseedores de un título de puericultor en el
         grupo de funciones III tiene carácter facultativo para la institución.
      
      (véanse los apartados 47 a 50, 53 y 54)
      2.      El tenor del artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes muestra claramente que, al contratar
         como agente a un trabajador antes vinculado a la institución por un contrato laboral de Derecho nacional, el abono de un importe
         suplementario a la retribución del agente, en el caso de que ésta se hubiera reducido con respecto a la que antes percibía
         como trabajador, es meramente facultativo para la institución. Además, dicho artículo 2, apartado 2, otorga a la institución
         un gran margen de apreciación para determinar dicho importe suplementario, ya que le corresponde tener en cuenta las diferencias
         existentes entre la legislación nacional antes aplicada en materia fiscal, de seguridad social y de pensiones y las disposiciones
         aplicables al agente contractual.
      
      A efectos de aplicar el artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes, la Comisión ha adoptado
         los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación de las medidas transitorias aplicables a los agentes contratados
         por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas en las guarderías y los jardines de infancia de Bruselas y los anexos I a III
         de tales Disposiciones generales de aplicación. Pues bien, según lo preceptuado en estas últimas disposiciones, la Comisión
         se ha comprometido efectivamente a abonar un importe suplementario a determinadas categorías de agentes contractuales con
         arreglo a los procedimientos establecidos en ellas. No obstante, estos últimos procedimientos de aplicación del artículo 2,
         apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes no pueden infringir las normas superiores del Derecho de la
         función pública.
      
      (véanse los apartados 92, 93 y 95)
      3.      Para saber si la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones netas, en cuanto agente contractual,
         por una parte, y en cuanto trabajador por cuenta ajena sometido al Derecho nacional, por otra, puede penalizar a los agentes
         contractuales que, en las fechas contempladas en los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación de las medidas
         transitorias aplicables a los agentes contratados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas en las guarderías y los jardines
         de infancia de Bruselas, tenían hijos a su cargo, en comparación con aquellos que, en esas mismas fechas, no los tenían, es
         preciso hacer constar, en primer lugar, que estas dos categorías de agentes contractuales se hallan en situaciones comparables
         desde el punto de vista de la finalidad del artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes, que
         pretende compensar la eventual reducción de la retribución producida al pasar los interesados al estatuto de agente contractual.
      
      En segundo lugar, la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones netas, en cuanto agente
         contractual, por una parte, y en cuanto trabajador por cuenta ajena sometido al Derecho nacional, por otra, repercute directamente
         en la determinación del importe suplementario que resulta de la comparación de tales retribuciones netas, efectuada según
         los procedimientos del anexo I de las mencionadas Disposiciones generales de aplicación. En el supuesto de que el importe
         de los complementos familiares comunitarios, incluidos en el primer término de la comparación, fuese superior al de los complementos
         percibidos en virtud de la normativa del Estado miembro de destino, incluidos en el segundo término de la comparación, el
         importe suplementario a la retribución abonado a las personas que ya tenían uno o varios hijos a su cargo en la fecha en que
         pasaron al estatuto de agente contractual se vería reducido en la misma medida.
      
      De ello se deduce que la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones puede provocar diferencias
         de trato en términos de salario, dependiendo de que el agente contractual de que se trata tuviera o no hijos a su cargo en
         las fechas contempladas en los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación, y ello en perjuicio del agente
         que tenía uno o varios hijos a su cargo en esas fechas. A este respecto, el hecho de que los complementos familiares constituyan
         un componente de la retribución que las Comunidades tienen la obligación de abonar a sus funcionarios o agentes no puede sin
         embargo llevar a justificar unas diferencias de trato entre agentes contractuales cuando se trata únicamente de otorgarles
         un suplemento salarial destinado a compensar la reducción de su retribución experimentada al pasar de un régimen de Derecho
         nacional a un régimen de Derecho comunitario.
      
      Por consiguiente, al no existir justificación objetiva alguna, el anexo I, puntos A y B, de las Disposiciones generales de
         aplicación de las medidas transitorias aplicables a los agentes contratados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas
         en las guarderías y los jardines de infancia de Bruselas, al que se remite el artículo 7 de estas mismas Disposiciones generales
         de aplicación, viola el principio general de igualdad de trato.
      
      (véanse los apartados 96 a 101)