CELEX: C2003/135/15
Language: es
Date: 2003-06-07 00:00:00
Title: Asunto C-121/03: Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 135/10               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                                 7.6.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                         los diferentes elementos. Pues bien, la finalización del
                                                                                  período transitorio del Acta de Adhesión de España y, en
—    anule el Reglamento (CE) no 2341/2002 ( 1) del Consejo,                      consecuencia, la plena integración de nuestro país en la
     de 20 de diciembre de 2002, por el que se establecen,                        política pesquera común, exige que esa clave de reparto
     para 2003, las posibilidades de pesca y las condiciones                      se modifique por lo que se refiere a las capturas en las
     correspondientes para determinadas poblaciones y gru-                        aguas comunitarias del Mar del Norte, y se conceda a los
     pos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comuni-                     buques españoles un porcentaje de las cuotas distribuidas
     tarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las                      antes de la adhesión española, teniendo en cuenta los
     demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones                      criterios de la clave de reparto de 1983, es decir, las
     de capturas, en la medida en que no asigna a España                          actividades pesqueras históricas, dado que la flota espa-
     cuotas en relación con las posibilidades de pesca que                        ñola desarrollaba una importante actividad pesquera en
     fueron objeto de reparto antes de la Adhesión en aguas                       dichas aguas que se vio cortada por la prohibición
     del Mar del Norte;                                                           transitoria de acceso contenida en el Acta de Adhesión,
                                                                                  la pérdida de las posibilidades de pesca en aguas de países
                                                                                  terceros y las actividades específicas de las zonas que
—    condene en costas a la institución demandada.                                dependen de una manera especial de la pesca y de las
                                                                                  actividades conexas.
                                                                                  En relación con este último criterio para fijar la clave de
                                                                                  reparto, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con los
Motivos y principales alegaciones
                                                                                  considerandos 16, 17 y 18 de la Exposición de Motivos
                                                                                  del Reglamento 2371/2002 (2), el concepto de estabilidad
—    Violación del principio de no discriminación: Una vez                        relativa debe entenderse teniendo en cuenta, entre otros
     finalizado el período transitorio el 31 de diciembre                         elementos, «la dependencia de determinados núcleos
     de 2002, la situación de los pescadores españoles es                         costeros respecto de la pesca» y «las especiales necesidades
     idéntica a la de los pescadores de los restantes Estados                     de las regiones cuyas poblaciones locales dependen en
     miembros y deben gozar de la igualdad de acceso a las                        gran medida de la pesca y de las actividades conexas, tal
     aguas y a los recursos. Si antes de 2003, España no pudo                     como decidió el Consejo en su Resolución de 3 de
     alegar las actividades pesqueras que desarrollaban los                       noviembre de 1976», esto significa que a la hora de
     barcos españoles en aguas del Mar del Norte durante el                       efectuar el reparto de las cuotas, de acuerdo con el
     período de referencia 1973-1978, puesto que se aplicaba                      principio de estabilidad relativa, sólo hay que tener en
     el régimen excepcional previsto en el Acta de adhesión,                      cuenta las regiones cuyas poblaciones locales dependen,
     ahora, sin embargo, deben tenerse en cuenta para modifi-                     en estos momentos, en gran medida de la pesca y sus
     car la clave de reparto, pues sólo de esta forma el sistema                  actividades conexas y no aquellas regiones que en su día
     no será contrario al principio de no discriminación. Así                     tenían estas características pero que, por la evolución de
     se impondría a los pescadores de cada Estado miembro                         la situación socio-económica de los Estados miembros,
     esfuerzos de limitación proporcionados a lo que pescaban                     en la actualidad dicha dependencia ha desaparecido.
     antes de la entrada en vigor del régimen comunitario de
     conservación de los recursos.
                                                                          (1 ) DO L 356 de 31.12.2002, p. 12.
—    Infracción del Acta de Adhesión de España: A partir de la            (2 ) del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y
                                                                               la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la
     finalización del período transitorio, se produce la plena
                                                                               política pesquera común (DO L 358 de 31.12.2002, p. 59).
     integración de España en la política común pesquera, lo
     que exige una nueva clave de reparto para los recursos
     del Mar del Norte partiendo de los criterios que se
     utilizaron en 1983: capturas históricas, pérdidas de
     posibilidades pesqueras en caladeros de terceros países y
     la noción de zonas dependientes de la pesca. Al no
     atribuirse a España, en el Reglamento impugnado, una
     parte de las cuotas que fueron objeto de reparto antes de
     su adhesión en las aguas comunitarias del Mar del Norte,             Recurso interpuesto el 19 de marzo de 2003 contra el
     se está prorrogando el período transitorio más allá de               Reino de España por la Comisión de las Comunidades
     lo previsto en el Acta e infringiendo por tanto sus                                                 Europeas
     disposiciones.
—    Infracción del principio de estabilidad relativa: El princi-                                  (Asunto C-121/03)
     pio de la estabilidad relativa es algo distinto de la clave de
     reparto fijada en 1983 por el Consejo para aplicar dicho
                                                                                                     (2003/C 135/15)
     principio. El principio de estabilidad relativa tiene un
     alcance general y se aplica al reparto en cuotas nacionales
     de todas las posibilidades de capturas sometidas a TAC
     de las que dispone la Comunidad, mientras que el
     equilibrio de partida establecido en la clave de reparto de          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     1983, puede ser modificado en razón de la evolución de               presentado el 19 de marzo de 2003 un recurso contra el Reino
 ---pagebreak--- 7.6.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                         C 135/11
de España formulado por la Comisión de las Comunidades                       explotaciones porcinas (especialmente los cadáveres de
Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,                   los animales y los purines) está sometida a esta Directiva
miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en                    dado que no existe una legislación comunitaria específica
Luxemburgo.                                                                  que cubra todos los aspectos relativos a la gestión de
                                                                             dichos residuos.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia:
                                                                             La contaminación de las aguas de la zona del acuífero del
—    que declare que:                                                        Baix Ter, ocasionada por el creciente volumen de purines
                                                                             generados por las explotaciones porcinas en dicha área,
     a)    al no haber adoptado las medidas necesarias para                  constituye un resultado contrario al establecido por el
           asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le               artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE y, por tanto, una
           incumben en virtud de los artículos 4, 9 y 13 de la               infracción clara a esta disposición. Tal contaminación ha
           Directiva 75/442/CEE ( 1), modificada por la Direc-               sido reconocida por las propias autoridades españolas en
           tiva 91/156/CEE ( 2), al no haber tomado las medidas              sus escritos y se deduce igualmente de las analíticas
           necesarias para garantizar que los residuos proce-                proporcionadas por las autoridades españolas a la Comi-
           dentes de las instalaciones porcinas ubicadas en                  sión.
           la zona del Baix Ter, provincia de Gerona, sean
           eliminados o valorizados sin poner en peligro la
           salud humana ni perjudicar al medio ambiente y por                Al 26 de septiembre de 2001, fecha final del plazo
           no contar gran parte de dichas instalaciones con la               concedido por el dictamen motivado para que el Reino
           autorización exigida por la Directiva, ni efectuar los            de España se conformara, gran parte de las explotaciones
           controles periódicos necesarios a dichas instala-                 porcinas en funcionamiento situadas en el área del Baix
           ciones;                                                           Ter no contaban con la autorización requerida en virtud
                                                                             del artículo 9 de la Directiva 75/442/CEE.
     b)    al no haberse realizado una evaluación de impacto
           previa a la construcción o modificación de los
           proyectos de las citadas instalaciones porcinas con-              Las autoridades españolas no han podido probar la
           trariamente a lo exigido por los artículos 2 y 4,                 efectiva realización de inspecciones periódicas apropia-
           apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE ( 3), en su                das, sobre todas (más de 220, según se deduce del censo
           versión original o modificada por la Directiva 97/                de explotaciones porcinas transmitido mediante escrito
           11/CE (4);                                                        de 3 de diciembre de 2001) o una gran parte de las
                                                                             instalaciones existentes, tal como previsto en el artícu-
                                                                             lo 13 de la Directiva 75/442/CEE. En relación con
     c)    al no haber realizado los estudios hidrogeológicos
                                                                             las explotaciones porcinas objeto del presente recurso,
           necesarios en la zona afectada por la contaminación,
           en relación con las explotaciones porcinas objeto                 España no ha cumplido con las obligaciones que le
                                                                             imponen los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva
           del presente recurso, contrariamente a lo exigido
                                                                             85/337/CEE, en su versión original o modificada por la
           por los artículos 3, letra b), 5, apartado 1 y 7 de la
                                                                             Directiva 97/11/CE. De hecho, las propias autoridades
           Directiva 80/68/CEE ( 5);
                                                                             españolas reconocen, fundamentalmente en su respuesta
                                                                             al dictamen motivado, que las explotaciones porcinas
     d)    al haber sobrepasado, en varias redes públicas de                 objeto del presente procedimiento no han sido objeto de
           distribución de agua del área del Baix Ter, la                    una evaluación de impacto con carácter previo a su
           concentración máxima admisible del parámetro
                                                                             construcción o ampliación.
           nitratos establecido en el número 20, del apartado C
           del Anexo I, de la Directiva 80/778/CEE (6), contra-
           riamente a lo exigido por el artículo 7, apartado 6               El argumento de las autoridades españolas según el cual
           de dicha Directiva;                                               la Directiva 80/68/CEE no ha sido vulnerada «puesto que
                                                                             todas las instalaciones porcinas están sometidas a un
     el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le                procedimiento de intervención administrativa que tiene
     incumben en virtud de las mencionadas Directivas;                       como una de sus finalidades garantizar que aquellas
                                                                             instalaciones llevan a cabo una correcta gestión de los
—    que condene en costas al Reino de España.                               residuos que generan sin afectar a las aguas subterráneas»,
                                                                             no demuestra que se hayan realizado los estudios hidroge-
                                                                             ológicos necesarios. Además, en la fecha final del plazo
                                                                             concedido por el dictamen motivado para que España se
Motivos y principales alegaciones                                            conformara, gran parte de las explotaciones porcinas
                                                                             situadas en el área del Baix Ter no habían sido aún
—    Los incumplimientos a) — c) están vinculados con la                     sometidas al citado procedimiento de intervención admi-
     construcción, ampliación y funcionamiento de un gran                    nistrativa.
     número de explotaciones porcinas intensivas en el área
     del Baix Ter, provincia de Gerona. Aunque las autoridades
     españolas sostienen que los residuos agrícolas quedan
     excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 75/              —   De los datos suministrados por el denunciante como de
     442/CEE, la gestión de los residuos producidos en las                   las respuestas y de los informes transmitidos por las
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       autoridades españolas a la Comisión, se desprende que en             Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
       varios municipios situados en el área del Baix Ter se han            lución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
       infringido reiteradas veces los parámetros máximos de                Giudice per le Indagini Preliminari—, de fecha
       nitratos fijados por la Directiva 80/778/CEE, con concen-            25 de febrero de 2003, en el proceso penal contra
       traciones, en algunos casos, extremadamente elevadas.                              Alessandro Nizza y Giacomo Pizzi
( 1) del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos DO                               (Asunto C-133/03)
     L 194 de 25.7.1975, p. 39 EEE: Capítulo 15, Tomo 1, p. 129.
( 2) del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la                                  (2003/C 135/17)
     Directiva 75/442/CEE DO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
( 3) del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
     las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
     sobre el medio ambiente DO L 175 de 5.7.1985, p. 40 EEE:               Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     Capítulo 15, Tomo 6, p. 9.                                             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
( 4) del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la          resolución del Tribunale Ordinario di Torino —Sezione del
     Directiva 85/337/CEE DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.                       Giudice per le Indagini Preliminari—, dictada el 25 de febrero
( 5) del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección      de 2003, en el proceso penal contra Alessandro Nizza y
     de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por          Giacomo Pizzi, y recibida en la Secretaría del Tribunal de
     determinadas sustancias peligrosas DO L 20 de 26.1.1980, p. 43
                                                                            Justicia el 25 de marzo de 2003. El Tribunale Ordinario di
     EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 162.
( 6) del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las
                                                                            Torino —Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari—
     aguas destinadas al consumo humano DO L 229 de 30.8.1980,              solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las
     p. 11 EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 174.                                siguientes cuestiones:
                                                                            1)    El artículo 6 de la Directiva 68/151/CEE (1), ¿puede
                                                                                  interpretarse en el sentido de que obliga a los Estados
                                                                                  miembros a establecer sanciones apropiadas no sólo en
                                                                                  caso de falta de publicidad del balance y de la cuenta de
                                                                                  pérdidas y ganancias de las sociedades mercantiles, sino
Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-                         también en caso de publicación no fiel del mismo, de las
lución del Consiglio di Stato, actuando con carácter                              otras comunicaciones sociales dirigidas a los socios o al
jurisdiccional (Sala Cuarta), de fecha 28 de enero de 2003,                       público, o de cualquier información sobre la situación
en el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons                           económica, patrimonial o financiera que la sociedad tenga
y Federconsumatori, con intenvención de Lega delle                                la obligación de proporcionar sobre la propia sociedad o
                            Cooperativa                                           sobre el grupo al que ésta pertenezca?
                         (Asunto C-132/03)                                  2)    En relación con la obligación de los Estados miembros
                                                                                  de adoptar «sanciones apropiadas» por las infracciones
                          (2003/C 135/16)                                         previstas en las Directivas Primera y Cuarta (Directivas
                                                                                  68/151/CEE y 78/660/CEE ( 2), las propias Directivas y,
                                                                                  en particular, lo dispuesto en los artículos 44 CE,
                                                                                  apartado 3, letra g), en los artículos 2, apartado 1, letra f),
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                       y 6 de la citada Primera Directiva (68/151/CEE) y en el
                                                                                  artículo 2, apartados 2, 3 y 4, de la citada Cuarta Directiva
resolución del Consiglio di Stato, actuando con carácter
                                                                                  (78/660/CEE, tal como fue completada por las Directivas
jurisdiccional (Sala Cuarta), dictada el 28 de enero de 2003, en
el asunto entre el Ministero della Salute y Codacons y                            83/349/CEE (3) y 90/605/CEE ( 4), ¿deben interpretarse (o
                                                                                  no) en el sentido de que tales normas se oponen a
Federconsumatori, con intervención de Lega delle Cooperativa,
y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de                     una legislación de un Estado miembro que excluye la
marzo de 2003. El Consiglio di Stato, actuando con carácter                       punibilidad del incumplimiento de las obligaciones de
                                                                                  publicidad y de información fiel de la sociedad, que prevé
jurisdiccional (Sala Cuarta), solicita al Tribunal de Justicia que
se pronuncie sobre la siguiente cuestión:                                         un sistema de sanciones que no responde de manera
                                                                                  concreta a los criterios de efectividad, proporcionalidad y
                                                                                  carácter disuasorio de las sanciones establecidas para
¿Debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2,                        garantizar dicha protección?
letra b), del Reglamento (CE) no 1139/98 (1), en su versión
modificada por el artículo 1 del Reglamento (CE) no 49/                     3)    Las citadas Directivas y, en particular, lo dispuesto en el
2000 (2), también a los alimentos para lactantes y para niños                     artículo 44 CE, apartado 2, letra g), en los artículos 2,
de hasta tres años, y debe indicarse, en el etiquetado de                         apartado 1, letra f), y 6 de la Primera Directiva (68/151/
tales productos, la contaminación accidental por materiales                       CEE, antes citada) y en el artículo 2, apartados 2, 3 y
procedentes de organismos modificados genéticamente en una                        4, de la Cuarta Directiva (78/660/CEE, tal como fue
proporción no superior al 1 %?                                                    completada por las Directivas 83/349/CEE y 90/605/
                                                                                  CEE), antes citada, ¿deben interpretarse (o no) en el
( 1) DO L 159 de 3.6.1998, p. 4.                                                  sentido de que (tales normas) se oponen a una legislación
( 2) DO L 6 de 11.1.2000, p. 13.                                                  de un Estado miembro que, en relación con los incumpli-
                                                                                  mientos de las obligaciones de publicidad y de informa-
                                                                                  ción fiel que recaen sobre las sociedades, establecidas para