CELEX: C2006/261/07
Language: es
Date: 2006-10-28 00:00:00
Title: Asunto C-81/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — España) — Anacleto Cordero Alonso/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Política social — Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario — Directiva 80/987/CEE — Directiva 2002/74/CE — Indemnización por despido acordada en acto de conciliación — Pago asegurado por la institución de garantía — Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial)

28.10.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 261/4
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — España) — Anacleto Cordero Alonso/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
   (Asunto C-81/05) (1)
   
   (Política social - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Directiva 2002/74/CE - Indemnización por despido acordada en acto de conciliación - Pago asegurado por la institución de garantía - Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial)
   (2006/C 261/07)
   Lengua de procedimiento: español
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
   Partes en el procedimiento principal
   
      Demandante: Anacleto Cordero Alonso
   
      Demandada: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Interpretación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219), modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10) — Artículos 1 y 3 — Aplicación del Derecho comunitario — Primacía — Protección de los trabajadores que ya reconoce el Derecho nacional — Directiva cuyo plazo para la adaptación del Derecho interno aún no ha expirado — Interpretación del Tribunal de Justicia que difiere de la efectuada por el Tribunal Constitucional español — Igualdad de trato
   Fallo
   
               1)
            
            
               Cuando un Estado miembro ya reconocía en su legislación interna, antes de la entrada en vigor de la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 80/987/CEE, el derecho del trabajador a obtener la protección de la institución de garantía para el caso de insolvencia empresarial en relación con una indemnización por extinción de contrato, la aplicación de dicha legislación en los casos en que la insolvencia del empresario se haya producido después de la entrada en vigor de esta Directiva está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74.
            
         
               2)
            
            
               En el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, el principio general de igualdad, tal y como se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, exige que cuando, según una normativa nacional como la que es objeto del litigio principal, en caso de insolvencia del empresario, la institución de garantía se haga cargo del pago de las indemnizaciones legales debidas por la finalización del contrato de trabajo establecidas por una sentencia judicial, las indemnizaciones de la misma naturaleza reconocidas en un acuerdo entre trabajador y empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial deben recibir el mismo trato.
            
         
               3)
            
            
               El juez nacional debe dejar sin aplicar una norma interna que, vulnerando el principio de igualdad, tal y como éste se reconoce en el ordenamiento jurídico comunitario, excluye que la institución de garantía competente se haga cargo del pago de las indemnizaciones por finalización del contrato reconocidas en un acuerdo entre trabajadores y empresarios celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial.
            
         
      (1)  DO C 93, de 16.4.2005.