CELEX: 52021PC0663
Language: es
Date: 2021-10-27
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 27.10.2021
            COM(2021) 663 final
            2021/0341(COD)
            
            Propuesta de
            DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE
            (Texto pertinente a efectos del EEE)
            {SEC(2021) 380 final} - {SWD(2021) 320 final} - {SWD(2021) 321 final}
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               La propuesta de modificación de la Directiva 2013/36/UE (la Directiva de Requisitos de Capital o DRC) forma parte de un paquete legislativo que incluye también modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (el Reglamento de Requisitos de Capital o RRC)
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               .
            
            
               En respuesta a la gran crisis financiera de 2008-09, la Unión llevó a cabo reformas sustanciales del marco prudencial aplicable a los bancos con el fin de aumentar su resiliencia y contribuir así a prevenir la reaparición de una crisis similar. Estas reformas se basaron en gran medida en las normas internacionales adoptadas desde 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB)
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               . Las normas se conocen colectivamente como las normas de Basilea III, las reformas de Basilea III o el marco de Basilea III
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               .
            
            
               Las normas mundiales elaboradas por el CSBB cobran cada vez más importancia debido al carácter cada vez más global e interconectado del sector bancario. Si bien un sector bancario globalizado facilita el comercio y la inversión internacionales, también genera riesgos financieros más complejos. Sin unas normas mundiales uniformes, los bancos podrían optar por establecer sus actividades en la jurisdicción con los regímenes reguladores y de supervisión más favorables. Esto podría dar lugar a una carrera reguladora a la baja para atraer a las empresas bancarias, aumentando al mismo tiempo el riesgo de inestabilidad financiera mundial. La coordinación internacional de las normas mundiales limita en gran medida este tipo de competencia arriesgada y es fundamental para mantener la estabilidad financiera en un mundo globalizado. Las normas mundiales también simplifican la labor de los bancos con actividad internacional —entre los que se encuentran un buen número de bancos de la UE—, ya que garantizan la aplicación de normas muy similares en los principales centros financieros de todo el mundo.
            
            
               La UE ha sido uno de los principales defensores de la cooperación internacional en el ámbito de la regulación bancaria. El primer conjunto de reformas posteriores a la crisis que forma parte del marco de Basilea III se ha aplicado en dos etapas:
            
            
               ·en junio de 2013, con la adopción del RRC
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                y la DRC IV
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               ;
            
            
               ·en mayo de 2019, con la adopción del Reglamento (UE) 2019/876, también conocido como RRC II
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               , y de la Directiva (UE) 2019/878, también conocida como DRC V
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               .
            
            
               Las reformas aplicadas hasta ahora se han centrado en aumentar la calidad y cantidad del capital reglamentario que los bancos deben tener para cubrir posibles pérdidas. Además, su objetivo era reducir el apalancamiento excesivo de los bancos, aumentar la resiliencia de los bancos frente a perturbaciones de liquidez a corto plazo, reducir su dependencia de la financiación a corto plazo, reducir su riesgo de concentración y abordar los problemas de las entidades demasiado grandes para quebrar
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               .
            
            
               Como consecuencia de ello, las nuevas normas reforzaron los criterios aplicables al capital reglamentario admisible, incrementaron los requisitos mínimos de capital e introdujeron nuevos requisitos para el riesgo de ajuste de valoración del crédito
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                (AVC) y para las exposiciones al riesgo de crédito de contraparte
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               . Además, se introdujeron varias normas prudenciales nuevas: un requisito mínimo de ratio de apalancamiento, una ratio de liquidez a corto plazo (denominada ratio de cobertura de liquidez), una ratio de financiación estable a más largo plazo (denominada ratio de financiación estable neta), límites de grandes exposiciones
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                y colchones de capital macroprudenciales
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               .
            
            
               Gracias a este primer conjunto de reformas aplicadas en la Unión
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               , el sector bancario de la UE se ha vuelto considerablemente más resistente a las perturbaciones económicas y ha entrado en una situación considerablemente más estable en la crisis de la COVID-19 en comparación con su situación al inicio de la gran crisis financiera.
            
            
               Además, los supervisores y legisladores adoptaron medidas temporales de alivio al inicio de la crisis de la COVID-19. En su Comunicación interpretativa sobre la aplicación de los marcos contable y prudencial para facilitar los préstamos bancarios en la UE «Apoyar a las empresas y los hogares frente a la COVID-19», de 28 de abril de 2020
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               , la Comisión confirmó la flexibilidad inherente a las normas prudenciales y contables, como destacaron las Autoridades Europeas de Supervisión y los organismos internacionales. Sobre esta base, en junio de 2020, los colegisladores adoptaron modificaciones temporales específicas de aspectos concretos del marco prudencial, el denominado paquete «solución rápida» del RRC
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               . Junto con medidas decididas de política monetaria y fiscal
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               , esto ayudó a los bancos a seguir concediendo préstamos a hogares y empresas durante la pandemia. Esto, a su vez, ayudó a mitigar la perturbación económica
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                provocada por la pandemia.
            
            
               Aunque el nivel global de capital en el sistema bancario de la UE se considera actualmente satisfactorio por término medio, todavía no se han abordado algunos de los problemas detectados a raíz de la gran crisis financiera. Los análisis realizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el Banco Central Europeo (BCE) han puesto de manifiesto que los requisitos de capital calculados por los bancos de la UE utilizando modelos internos han demostrado un nivel significativo de variabilidad que no se justificaba por diferencias en los riesgos subyacentes y que, en última instancia, socava la fiabilidad y comparabilidad de sus ratios de capital. Además, la falta de sensibilidad al riesgo en los requisitos de capital calculados utilizando métodos normalizados da lugar a unos requisitos de capital insuficientes o excesivamente elevados para algunos productos o actividades financieros (y, por tanto, para modelos de negocio específicos basados principalmente en ellos). En diciembre de 2017, el CSBB acordó un conjunto definitivo de reformas
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                de las normas internacionales para abordar estos problemas. En marzo de 2018, los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales del G-20 acogieron con satisfacción estas reformas y confirmaron reiteradamente su compromiso con una aplicación plena, oportuna y coherente. En 2019, la Comisión anunció su intención de presentar una propuesta legislativa para aplicar estas reformas en el marco prudencial de la UE
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               .
            
            
               A la luz de la pandemia de COVID-19, se han retrasado los trabajos preparatorios de la presente propuesta. El retraso reflejó la decisión del CSBB, de 26 de marzo de 2020, de aplazar un año los plazos de aplicación acordados previamente para los elementos finales de la reforma de Basilea III. 
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               Teniendo en cuenta lo anterior, la presente iniciativa legislativa tiene dos objetivos generales: contribuir a la estabilidad financiera y contribuir a la financiación constante de la economía en el contexto de la recuperación de la crisis posterior a la COVID-19. Estos objetivos generales pueden desglosarse en cuatro objetivos más específicos:
            
            
               1)reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo sin aumentos significativos de los requisitos de capital en general;
            
            
               2)reforzar la atención prestada a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial;
            
            
               3)armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión; y
            
         
         
            
               4)reducir los costes administrativos de los bancos relacionados con la divulgación pública de información y mejorar el acceso a los datos prudenciales de los bancos.
            
            
               1)Reforzar el marco de los requisitos de capital basados en el riesgo
            
            
               Las tensiones temporales en las condiciones económicas no han modificado la necesidad de llevar a cabo esta reforma estructural. Es necesario completar la reforma para abordar las cuestiones pendientes, reforzar aún más la solidez financiera de los bancos de la UE, situándolos en una mejor posición para apoyar el crecimiento económico y resistir posibles crisis futuras, y facilitar la comparabilidad de los niveles de capital entre bancos. La aplicación de los elementos finales de Basilea III también es necesaria para proporcionar a las entidades la seguridad normativa necesaria y completar una reforma del marco prudencial que dura una década.
            
            
               Por último, la finalización de la reforma está en consonancia con el compromiso de la UE con la cooperación internacional en materia de reglamentación y las acciones concretas que algunos de sus socios han anunciado o ya han adoptado para aplicar la reforma oportuna y fielmente.
            
            
               2)Reforzar la atención prestada a los riesgos ASG en el marco prudencial
            
            
               
                  Otra necesidad igualmente importante de reforma se deriva de los trabajos en curso de la Comisión sobre la transición hacia una economía sostenible. La Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo
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                   y la Comunicación de la Comisión sobre la consecución del objetivo climático de la UE para 2030 («Objetivo 55»)
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                   establecen claramente el compromiso de la Comisión de transformar la economía de la UE en una economía sostenible, al tiempo que se abordan las inevitables consecuencias del cambio climático. También anunció una estrategia de financiación sostenible
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                   que se basa en iniciativas e informes anteriores, como el plan de acción para financiar el crecimiento sostenible
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                   y los informes del Grupo de Expertos Técnicos sobre Finanzas Sostenibles
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                  , pero intensifica los esfuerzos de la Comisión en este ámbito para adaptarlos a los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo.
               
               
                  La transición hacia los objetivos de sostenibilidad de la Comisión requiere esfuerzos de financiación sin precedentes para mitigar y adaptarse al cambio climático, reconstruir el capital natural y fortalecer la resiliencia y un mayor capital social. Pero los recursos públicos por sí solos no serán suficientes. La inversión privada de la transición a una economía sostenible, neutra en carbono, circular y justa debe expandirse para satisfacer la cantidad estimada de recursos que deben desplegarse para alcanzar estos objetivos. Situar la financiación ecológica y sostenible en el centro del sistema financiero es el objetivo de la estrategia de la Comisión para la financiación ecológica. Por lo tanto, la intermediación bancaria desempeñará un papel crucial en la financiación de la transición hacia una economía más sostenible. Al mismo tiempo, es probable que esta transición entrañe riesgos para los bancos que estos tendrán que gestionar adecuadamente para garantizar que se minimicen los riesgos para la estabilidad financiera. Es aquí donde es necesaria la regulación prudencial y donde puede desempeñar un papel crucial. La estrategia de la UE lo reconoció y puso de relieve la necesidad de incluir una mejor integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el marco prudencial de la UE. Los requisitos legales actuales son insuficientes por sí solos para incentivar una gestión sistemática y coherente de los riesgos ASG por parte de los bancos.
               
            
            
               3)Armonizar en mayor medida las competencias y los instrumentos de supervisión
            
            
               
                  Otro ámbito de interés es la correcta aplicación de las normas prudenciales. Los supervisores deben tener a su disposición los instrumentos y competencias necesarios a tal efecto (por ejemplo, competencias para autorizar a los bancos y sus actividades, evaluar la idoneidad de su dirección o sancionarlos en caso de que infrinjan las normas). Si bien la legislación de la UE garantiza un nivel mínimo de armonización, los instrumentos y procedimientos de supervisión varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Este panorama regulador fragmentado a la hora de definir determinados instrumentos y competencias que se encuentran a disposición de los supervisores y su aplicación en todos los Estados miembros socava la igualdad de condiciones en el mercado interior y plantea dudas sobre la gestión adecuada y prudente de los bancos de la UE y su supervisión. Este problema es especialmente grave en el contexto de la unión bancaria. Las diferencias entre veintiún sistemas jurídicos diferentes impiden que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) desempeñe sus funciones de supervisión de manera eficaz y eficiente. Además, los grupos bancarios transfronterizos tienen que abordar una serie de procedimientos diferentes para la misma cuestión prudencial, lo que aumenta indebidamente sus costes administrativos.
               
            
            
               4)Reducir los costes administrativos de los bancos relacionados con la divulgación pública de información y a mejorar el acceso a los datos prudenciales de los bancos.
            
            
               
                  Esta propuesta también es necesaria para seguir mejorando la disciplina del mercado. Se trata de otra herramienta importante para que los inversores puedan ejercer su función de supervisión del comportamiento de los bancos. Para ello, necesitan acceder a la información necesaria. Las dificultades actuales relacionadas con el acceso a la información prudencial privan a los participantes en el mercado de la información que necesitan sobre las situaciones prudenciales de los bancos. Esto, en última instancia, reduce la eficacia del marco prudencial para los bancos y puede suscitar dudas sobre la resiliencia del sector bancario, especialmente en períodos de tensión. Por este motivo, la propuesta tiene por objeto centralizar la divulgación de información prudencial con vistas a aumentar el acceso a los datos prudenciales y la comparabilidad entre sectores. La centralización de la divulgación de información en un único punto de acceso establecido por la ABE también tiene por objeto reducir la carga administrativa para las entidades, especialmente las pequeñas y no complejas.
               
               
                  Otro objetivo intersectorial, el de crear un marco sólido de la UE para los grupos de terceros países que prestan servicios bancarios en la UE, ha adquirido una nueva dimensión tras el Brexit. El establecimiento de sucursales de terceros países (STP) está esencialmente sujeto solo a la legislación nacional y está armonizado en una medida muy limitada por la DRC. El reciente informe de la ABE
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                   a las instituciones de la UE muestra que el actual panorama normativo desigual ofrece a las STP oportunidades significativas de arbitraje en materia de regulación y supervisión para llevar a cabo sus actividades bancarias al tiempo que, por otra parte, da lugar a una falta de supervisión y a un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera de la UE.
               
               
                  A menudo, los supervisores carecen de la información y las competencias necesarias que necesitan para hacer frente de manera adecuada a esos riesgos. La ausencia de requisitos comunes de información prudencial, de gobernanza y de supervisión detallada, así como el insuficiente intercambio de información entre las autoridades encargadas de supervisar diferentes entes o actividades de un grupo de un tercer país, deja puntos ciegos. La UE es la única jurisdicción principal en la que el supervisor consolidado no tiene una visión completa de las actividades de los grupos de terceros países que operan a través de filiales y sucursales. Estas deficiencias no solo crean riesgos para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la UE, sino que también afectan a la igualdad de condiciones entre los grupos de terceros países que operan en distintos Estados miembros, así como frente a los bancos con sede en la UE.
               
            
            
               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
            
               
                  Varios elementos de las propuestas del RRC y la DRC siguen el trabajo realizado a escala internacional, o por la ABE, mientras que otras adaptaciones del marco prudencial se han vuelto necesarias debido a la experiencia práctica adquirida desde la transposición y aplicación nacionales de la DRC, particularmente en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión.
               
               
                  La propuesta introduce modificaciones de la legislación vigente y la hace plenamente coherentes con las disposiciones vigentes en el ámbito de la regulación prudencial y la supervisión de los bancos. La revisión del RRC y de la DRC tiene por objeto finalizar la aplicación de la reforma de Basilea III en la UE introduciendo las medidas necesarias para reforzar aún más la resiliencia del sector bancario.
               
            
            
               •Coherencia con otras políticas de la Unión
            
            
               
                  Han transcurrido casi diez años desde que los jefes de Estado o de Gobierno europeos acordaron crear una unión bancaria actualmente, esta consta de dos pilares, la supervisión y la resolución únicas, sólidamente cimentadas en un código normativo único para todas las entidades de la UE.
               
               
                  Esta propuesta tiene como objetivo garantizar un código normativo único permanente para todas las entidades de la UE, ya formen parte o no de la unión bancaria. Los objetivos generales de la iniciativa, según se describen más arriba, son plenamente compatibles y coherentes con las metas fundamentales de la UE, consistentes en fomentar la estabilidad financiera, reducir la probabilidad de que los contribuyentes sufraguen la resolución de las entidades y el alcance de su aportación, y contribuir a la financiación armónica y sostenible de la actividad económica, lo que ha de redundar en un elevado grado de competitividad y de protección del consumidor.
               
               
                  Por último, con el reconocimiento de los riesgos relacionados con los aspectos ASG y la incorporación de dichos elementos en el marco prudencial, esta iniciativa complementa la estrategia más amplia de la UE para un sistema financiero más sostenible y resiliente.
               
            
         
         
            
               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
            
            
               •Base jurídica
            
            
               La propuesta contempla medidas para enmarcar el acceso a la actividad bancaria, su ejercicio y su supervisión dentro de la Unión, con el objetivo de garantizar la estabilidad del mercado interior. El sector bancario, uno de los componentes fundamentales del sistema financiero de la Unión, proporciona actualmente la mayor parte de la financiación dentro del mercado interior. La Unión tiene un mandato claro para actuar en el ámbito del mercado interior, y la base jurídica adecuada consiste en los artículos pertinentes del Tratado
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                en los que se basan las competencias de la Unión en este ámbito.
            
            
               
                  Las propuestas de modificación descansan sobre la misma base jurídica que los actos legislativos que modifican, esto es, el artículo 114 del TFUE, en el caso de la propuesta de Reglamento por el que se modifica el RRC, y el artículo 53, apartado 1, del TTFUE en el caso de la propuesta de Directiva por la que se modifica la DRC.
               
            
            
               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
            
            
               La base jurídica se inscribe en el ámbito del mercado interior, que se considera una competencia compartida, tal como se define en el artículo 4 del TFUE. La mayoría de las medidas consideradas representan actualizaciones y modificaciones del Derecho vigente de la Unión y, como tales, se refieren a ámbitos en los que la UE ya ha ejercido su competencia y no tiene intención de dejar de ejercerla. Algunas medidas (en particular las que modifican la DRC) tienen por objeto introducir un grado adicional de armonización con el fin de alcanzar de manera coherente los objetivos definidos en dicha Directiva.
            
            
               
                  Dado que las medidas propuestas tienen por objeto complementar la legislación ya vigente de la UE, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, antes que con diferentes iniciativas nacionales. Las medidas nacionales destinadas, por ejemplo, a aplicar normas que tengan una huella internacional inherente —por ejemplo, una norma mundial como Basilea III o la mejora del tratamiento de los riesgos relacionados con los factores ASG— en la legislación aplicable no serían tan eficaces para garantizar la estabilidad financiera como las normas de la UE. En cuanto a las medidas de supervisión, la divulgación de información y las sucursales de terceros países, si se deja que la iniciativa se aborde únicamente a escala nacional, esto puede dar lugar a una menor transparencia y a mayores costes de arbitraje, lo que puede dar lugar a una posible distorsión de la competencia y afectar a los flujos de capital. Además, la adopción de medidas nacionales sería jurídicamente difícil, dado que el RRC ya regula las cuestiones bancarias, incluidas las ponderaciones de riesgo, la presentación y la divulgación de información y otros requisitos relacionados con el RRC.
               
               
                  Así pues, la modificación del RRC y la DRC se considera la mejor opción. Con ello se logra un equilibrio adecuado entre la armonización de las normas y el mantenimiento de la flexibilidad nacional cuando resulte esencial, sin perjuicio del código normativo único. Las modificaciones seguirían promoviendo la aplicación uniforme de los requisitos prudenciales y la convergencia de las prácticas supervisoras, y garantizarían condiciones de competencia equitativas en todo el mercado interior de servicios bancarios. Esto es particularmente importante en el sector bancario, pues muchas entidades de crédito operan en todo el mercado interior de la UE. La plena cooperación y confianza dentro del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), así como en los colegios de supervisores y las autoridades competentes ajenos al MUS es esencial para que las entidades de crédito sean supervisadas eficazmente en base consolidada. Estos objetivos no podrían conseguirse con normas nacionales.
               
            
            
               •Proporcionalidad
            
            
               
                  La proporcionalidad ha sido parte integrante de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta. Las modificaciones propuestas en diferentes ámbitos reglamentarios se han evaluado individualmente en relación con el objetivo de proporcionalidad. Además, se ha evaluado la falta de proporcionalidad de las normas vigentes en varios ámbitos y se han analizado opciones específicas para reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento de las entidades más pequeñas.
               
               
                  Por ejemplo, las modificaciones que introducen requisitos de notificación ex ante para los bancos sobre acontecimientos de importancia prudencial están sujetas a umbrales de importancia relativa, por debajo de los cuales no es necesario notificar los hechos. Con arreglo al nuevo marco para las sucursales de terceros países, las sucursales que se consideran pequeñas y de menor riesgo (sucursales de terceros países de clase 2) están sujetas a requisitos prudenciales y de información comparativamente menos estrictos. Por último, los nuevos requisitos para una evaluación ex ante de la idoneidad se han calibrado para centrarse únicamente en las grandes entidades financieras.
               
            
            
               •Elección del instrumento
            
            
               
                  Se propone que las medidas se apliquen mediante una modificación del RRC y la DRC a través de un Reglamento y una Directiva, respectivamente. En efecto, las medidas propuestas se refieren a las disposiciones ya existentes integradas en dichos instrumentos jurídicos (es decir, el marco para calcular los requisitos de capital basados en el riesgo, las competencias y los instrumentos puestos a disposición de los supervisores de toda la Unión) o las desarrollan.
               
               
                  Algunas de las propuestas de modificaciones de la DRC relacionadas con las competencias para sancionar concederían a los Estados miembros una cierta flexibilidad para mantener diferentes normas en el momento de su transposición al ordenamiento jurídico nacional.
               
            
            
               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •Evaluaciones ex post/controles de la adecuación de la legislación existente
            
            
               
                  La Comisión ha adoptado varias medidas y ha llevado a cabo diversas iniciativas para evaluar si el actual marco prudencial bancario de la UE y la aplicación de los estándares internacionales pendientes son adecuados para contribuir a garantizar que el sistema bancario de la UE sea estable y resistente a las perturbaciones económicas y siga siendo una fuente sostenible de financiación constante para la economía de la UE.
               
               
                  La Comisión recabó las opiniones de las partes interesadas sobre temas específicos en los ámbitos del riesgo de crédito, el riesgo operativo, el riesgo de mercado, el riesgo de AVC, las operaciones de financiación de valores, así como en relación con el suelo de resultados. Además de estos elementos relacionados con la aplicación de Basilea III, la Comisión también ha realizado consultas sobre otros asuntos con vistas a garantizar la convergencia y coherencia de las prácticas de supervisión en toda la Unión y aliviar la carga administrativa de las entidades.
               
               
                  La consulta pública llevada a cabo entre octubre de 2019 y principios de enero de 2020
                     28
                   había estado precedida de una primera consulta exploratoria llevada a cabo en la primavera de 2018
                     29
                  , en la que se recabaron las primeras opiniones de un grupo específico de partes interesadas sobre el acuerdo internacional. Los resultados de las dos consultas han contribuido a la preparación de la iniciativa legislativa que acompaña a la evaluación de impacto.
               
               
                  Todas las iniciativas mencionadas han aportado pruebas claras de la necesidad de actualizar y completar las normas actuales a fin de i) reducir aún más los riesgos en el sector bancario, y ii) mejorar la capacidad de las entidades para canalizar una financiación adecuada hacia la economía.
               
            
         
         
            
               
                  En el anexo 2 de la evaluación de impacto figura un resumen de la consulta.
               
            
            
               •Obtención y uso de asesoramiento especializado
            
            
               
                  La Comisión recurrió a la experiencia de la ABE, que preparó un análisis de impacto sobre la aplicación de la finalización de la reforma de Basilea III
                     30
                  . Además, los servicios de la Comisión examinaron el análisis macroeconómico del BCE. Este se presenta en la evaluación de impacto y actualiza el análisis macroeconómico anterior, publicado en diciembre de 2019.
               
            
            
               •Evaluación de impacto
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                  La evaluación de impacto consideró una serie de opciones de actuación en cuatro dimensiones clave, además de la situación de partida en la que no se toma ninguna medida a escala de la Unión. Como se desprende del análisis de simulación y de la modelización macroeconómica desarrollados en la evaluación de impacto, se espera que la aplicación de las opciones preferidas y la consideración de todas las medidas de la propuesta conduzcan a un aumento medio ponderado de los requisitos mínimos de capital de los bancos de la UE de entre el 6,4 % y el 8,4 % a largo plazo (de aquí a 2030), tras el período transitorio previsto. A medio plazo (en 2025), se espera que el aumento se sitúe entre el 0,7 % y el 2,7 %.
               
               
                  Según las estimaciones facilitadas por la ABE, este impacto podría llevar a un reducido número de grandes bancos de la UE (10 de los 99 bancos incluidos en la muestra de ensayo) a obtener colectivamente importes adicionales de capital (menos de 27 000 millones EUR para los 10 bancos) con el fin de cumplir los nuevos requisitos mínimos de capital con arreglo a la opción preferida. Para poner esta cantidad en perspectiva, los 99 bancos de la muestra (que representan el 75 % de los activos bancarios de la UE) tenían un importe total de capital reglamentario por valor de 1 414 millones EUR a finales de 2019 y tuvieron unos beneficios combinados de 99 800 millones EUR en 2019.
               
               
                  Si bien los bancos incurrirían en costes administrativos y operativos puntuales para aplicar las normas modificadas, se espera que las simplificaciones que suponen varias de las opciones preferidas (por ejemplo, la eliminación de enfoques modelizados internamente) reduzcan los costes recurrentes en relación con los actuales.
               
            
            
               •Adecuación regulatoria y simplificación
            
            
               
                  Esta iniciativa tiene por objeto completar la aplicación por la UE de las normas prudenciales internacionales para los bancos acordadas por el CSBB entre 2017 y 2020. Completaría la aplicación por la UE de la reforma de Basilea III que puso en marcha el Comité de Basilea a raíz de la gran crisis financiera. Esta reforma era en sí misma una revisión exhaustiva del marco prudencial vigente antes y durante la gran crisis financiera, a saber, el marco de Basilea II (en la UE dicho marco se aplicó mediante la Directiva 2006/48/CE, es decir, la Directiva sobre requisitos de capital original). La Comisión utilizó los resultados de la revisión exhaustiva por parte del CSBB del marco prudencial, junto con las aportaciones de la ABE, el BCE y otras partes interesadas, para fundamentar su labor de aplicación. A la espera de la aplicación de las reformas finales de Basilea III en la UE, todavía no se ha llevado a cabo un control de adecuación ni un ejercicio de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT).
               
            
            
               •Derechos fundamentales
            
            
               
                  La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales y es signataria de toda una serie de convenios en materia de derechos humanos. En este contexto, se estima que la propuesta no tendrá efectos directos sobre esos derechos, según figuran en los principales convenios de Naciones Unidas sobre los derechos humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que forma parte integrante de los Tratados de la Unión Europea, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
               
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
            
               
                  La propuesta no repercute en modo alguno en el presupuesto de la UE.
               
            
            
               5.OTROS ELEMENTOS
            
            
               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               
                  Se prevé que las modificaciones propuestas no comenzarán a entrar en vigor antes de 2023. Las modificaciones están estrechamente relacionadas con otras disposiciones del RRC y la DRC que ya están en vigor y han sido objeto de seguimiento desde 2014 y, con respecto a las medidas introducidas por el paquete de medidas de reducción del riesgo, desde 2019.
               
               
                  El CSBB y la ABE seguirán recopilando los datos necesarios para el seguimiento de los parámetros clave (ratios de capital, ratio de apalancamiento, medidas de liquidez). Esto permitirá evaluar el futuro impacto de los nuevos instrumentos políticos. El proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES) y los ejercicios de aplicación de pruebas de resistencia, de carácter periódico, servirán también para verificar el efecto de las nuevas medidas propuestas sobre las entidades afectadas, así como para evaluar si la flexibilidad y proporcionalidad previstas son las adecuadas para atender a las especificidades de las entidades de menor tamaño. Además, la ABE, junto con el MUS y las autoridades nacionales competentes, están desarrollando un instrumento integrado de información (EUCLID) que se espera sea un instrumento útil para supervisar y evaluar el impacto de las reformas. Por último, la Comisión seguirá participando en los grupos de trabajo del CSBB y en el grupo operativo conjunto creado por el BCE y por la ABE, que examinan la dinámica de las situaciones de las entidades en cuanto a fondos propios y liquidez, a escala mundial y de la UE, respectivamente.
               
            
            
               •Documentos explicativos (para las directivas)
            
            
               
                  No se considera necesario ningún documento explicativo.
               
            
            
               
         
         
            
               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
            
            
               Independencia de las autoridades competentes
            
            
               La evolución reciente de la situación ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con disposiciones más claras y operativas sobre el principio de independencia de las autoridades competentes. Por consiguiente, se modifica el artículo 4 para aclarar cómo deben garantizar los Estados miembros la independencia de las autoridades competentes, incluidos su personal y sus órganos de gobierno. Se introducen requisitos mínimos para evitar conflictos de intereses en las tareas de supervisión de las autoridades competentes, su personal y sus órganos de gobierno, y la ABE tiene el mandato de elaborar directrices al respecto, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales.
            
            
               Facultades de supervisión
            
            
               Para que sea eficiente, la unión bancaria se basa en la convergencia de las prácticas de supervisión y, en última instancia, en un grado suficiente de armonización de las distintas normas nacionales que enmarcan la actividad supervisora. Una serie de discrepancias entre los Estados miembros se considera, a este respecto, muy perjudicial para el correcto funcionamiento de la unión bancaria. Este es, en particular, el caso de las facultades de supervisión. Si bien la DRC enumera un conjunto mínimo de facultades de supervisión que deben estar a disposición de las autoridades competentes en toda la Unión, algunas de ellas ya existen en muchos Estados miembros, mientras que en otros faltan. Esta situación lleva a una desigualdad de oportunidades y, posiblemente, a un arbitraje regulatorio. También impide que algunas autoridades competentes intervengan en determinadas operaciones realizadas por una entidad supervisada que pueden plantear graves problemas prudenciales o de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
            
            
               Para remediar esta situación, la propuesta de la Comisión amplía la lista de facultades de supervisión de que disponen las autoridades competentes en la DRC para cubrir operaciones tales como la adquisición por una entidad de crédito de una participación significativa en una entidad financiera o no financiera (nuevo capítulo 3 del actual título III), la transferencia significativa de activos o pasivos (nuevo capítulo 4) y las fusiones o escisiones (nuevo capítulo 5). Estas facultades de supervisión garantizarán que las autoridades competentes reciban una notificación previa (artículos 27 bis, 27 septies y 27 undecies), dispongan de toda la información necesaria para llevar a cabo una evaluación cautelar de estas operaciones y, en última instancia, puedan oponerse a la conclusión de aquellas (artículos 27 ter, 27 octies y 27 duodecies) que vayan en detrimento del perfil prudencial de los entes supervisados que las lleven a cabo.
            
            
               Estas nuevas facultades de supervisión se enmarcan con el fin de mantener su proporcionalidad y, más concretamente, de evitar una carga administrativa adicional indebida para los entes supervisados y las autoridades competentes. En primer lugar, las facultades relacionadas con la adquisición por parte de entidades de crédito de participaciones cualificadas y transferencias de activos y pasivos solo se aplican en el caso de operaciones consideradas importantes. Se prevé un mecanismo de aprobación tácita, similar al existente para la adquisición de participaciones importantes en entidades de crédito, con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los entes supervisados e impedir que las autoridades competentes estén obligadas a iniciar un procedimiento estándar de adopción de decisiones cuando no sea necesario. Solo en el caso de fusiones y escisiones, se impone en todos los casos la aprobación previa de las autoridades competentes (a menos que se trate de una operación interna de un grupo), siempre que ello no dé lugar a una situación en la que la nueva entidad resultante de la fusión de la escisión deba solicitar una autorización como entidad de crédito o una aprobación como sociedad financiera de cartera.
            
            
               Además, con el fin de garantizar una articulación adecuada entre las diversas evaluaciones (en las que posiblemente participen varias autoridades competentes) que podrían tener que llevarse a cabo para una única operación, se espera una estrecha cooperación entre las autoridades competentes implicadas, enmarcada en requisitos de notificación cruzada e intercambio de información (artículos 27 quater, 27 nonies y 27 duodecies). Para facilitar esta cooperación, pero también para garantizar una adecuada racionalización de los procesos de notificación y evaluación y evitar una carga administrativa indebida tanto para los entes supervisados como para las autoridades competentes, se propone una serie de mandatos de la ABE para complementar el marco jurídico previsto en la DRC para estas nuevas facultades de supervisión. Estos mandatos se refieren a cuestiones como la información que debe enviarse a las autoridades competentes, el proceso de evaluación, la adición de precisiones sobre los criterios de evaluación pertinentes o la cooperación entre las distintas autoridades competentes que puedan intervenir.
            
            
               Estas modificaciones fueron objeto de debates específicos en el seno del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros.
            
            
               Idoneidad
            
            
               El marco de idoneidad es uno de los ámbitos menos armonizados de la normativa de supervisión bancaria de la UE y, en consecuencia, se considera necesario modificar la DRC para garantizar una supervisión más coherente, eficiente y eficaz de los miembros del órgano de dirección y de los titulares de funciones clave. A pesar de los esfuerzos realizados por los reguladores y supervisores
                  32
                para garantizar una mayor convergencia en materia de supervisión, se requieren modificaciones legislativas para mejorar su supervisión. El marco actual para los miembros de los consejos de administración, basado en las normativas nacionales de implementación de la DRC, se basa en gran medida en principios y, por tanto, no especifica cómo y cuándo los supervisores deben llevar a cabo evaluaciones de idoneidad. Por lo que se refiere a los titulares de funciones clave, la ausencia de una definición y de un marco en la DRC ha llevado a algunos supervisores a no identificarlos adecuadamente y, por tanto, a no llevar a cabo una evaluación de su idoneidad para desempeñar sus funciones, mientras que otros lo hacen de diversas maneras. Este fragmentado panorama regulador constituye un grave problema, en particular en la unión bancaria. Por lo tanto, además de los criterios de idoneidad del artículo 91, se introducen los artículos 91 bis y 91 ter para aclarar el papel de los bancos y las autoridades competentes en el control del cumplimiento por parte de los miembros del consejo, incluido el calendario de dicha evaluación. Se añaden los artículos 91 quater y 91 quinquies para establecer requisitos mínimos para los titulares de funciones clave.
            
            
               A fin de garantizar la estabilidad financiera, en situaciones urgentes de destitución o sustitución de miembros del órgano de dirección o de alta dirección en el contexto de la aplicación de medidas de intervención temprana o de la ejecución de la acción de resolución por las autoridades competentes y las autoridades de resolución, la evaluación de la idoneidad debe llevarse a cabo una vez que dichas personas hayan asumido sus funciones.
            
            
               Aclaración de la interacción entre la declaración de entidad inviable o con probabilidad de serlo y la retirada de la autorización
            
            
               Se modifica el artículo 18 para aclarar que, cuando una entidad de crédito sea declarada inviable o con probabilidad de serlo por la autoridad competente o la autoridad de resolución, la autoridad competente estará facultada para revocar la autorización bancaria.
            
            
               Algunos casos recientes han puesto de manifiesto una alineación insuficiente entre los marcos prudenciales y de resolución. Por poner un ejemplo, en el marco de resolución bancaria de la Unión, no solo la insolvencia real o la falta de liquidez real, sino también la probable insolvencia y la probable falta de liquidez, constituyen motivos para determinar que una entidad de crédito es inviable o tiene probabilidad de serlo. Por el contrario, las normativas nacionales en materia de insolvencia suelen exigir que se produzca la insolvencia real o la falta de liquidez real antes de que pueda iniciarse un procedimiento de insolvencia. Algunos de los elementos que están integrados en el marco legislativo nacional en materia de insolvencia no pueden abordarse mediante cambios en la DRC. No obstante, se propone aclarar en el artículo 18, letra g), que, en caso de que una entidad de crédito sea inviable o tenga probabilidad de serlo y, al mismo tiempo, no cumpla las demás condiciones para ser objeto de resolución (existencia de interés público, ausencia de una alternativa impulsada por el mercado para resolver la crisis), debe interrumpir la actividad bancaria y ser liquidada con arreglo a la normativa nacional.
            
            
               Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)
            
            
               Se introducen nuevas disposiciones y se realizan ajustes en varios artículos de la DRC y del RRC para hacer frente a los riesgos significativos a los que se enfrentarán las entidades de crédito debido al cambio climático y a las profundas transformaciones económicas necesarias para gestionar este y otros riesgos ASG. Las disposiciones del artículo 133 sobre el marco del colchón contra riegos sistémicos ya pueden utilizarse para abordar diversos tipos de riesgos sistémicos, que pueden incluir riesgos relacionados con el cambio climático. Las autoridades competentes o designadas pertinentes, según proceda, podrán exigir a las entidades de crédito que mantengan un colchón contra riesgos sistémicos para hacer frente a riesgos que puedan tener consecuencias negativas graves para el sistema financiero y la economía real de los Estados miembros, cuando la imposición de un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos se considere eficaz y proporcionada para mitigar el riesgo. De conformidad con el artículo 133, apartado 5, las medidas adoptadas por las autoridades competentes o designadas pertinentes con arreglo al artículo 133 pueden aplicarse a determinados conjuntos o subconjuntos de exposiciones, por ejemplo, las sujetas a riesgos físicos y de transición relacionados con el cambio climático. La idoneidad del marco macroprudencial para hacer frente a tales riesgos se evaluará de manera global y estructurada en la revisión del marco macroprudencial de 2022.
            
            
               El artículo 73 y el artículo 74 de la DRC se modifican para exigir que los horizontes a corto, medio y largo plazo de los riesgos ASG se incluyan en las estrategias y procesos de las entidades de crédito para evaluar las necesidades de capital interno, así como un gobierno corporativo interno adecuado.
            
            
               También se introduce en el artículo 76 una referencia a los impactos actuales y prospectivos de los riesgos ASG y una solicitud al órgano de dirección para que elabore planes concretos para hacer frente a estos riesgos.
            
            
               El artículo 87 bis de la DRC introduce una dimensión de sostenibilidad en el marco prudencial para garantizar una mejor gestión de los riesgos ASG e incentivar una mejor asignación de la financiación bancaria entre los proyectos sostenibles, contribuyendo así a la transición hacia una economía más sostenible. El artículo 87 bis también permite a las autoridades competentes revisar la adaptación de los bancos a los objetivos pertinentes de la política de la Unión o a las tendencias de transición más generales en relación con los factores ASG y la gestión de los riesgos ASG por parte de los bancos a corto, medio y largo plazo, lo que conduce a una mejor comprensión de estos riesgos y permite a las autoridades competentes abordar los problemas de estabilidad financiera que podrían surgir de que las entidades de crédito sigan evaluando incorrectamente los riesgos ASG. A fin de garantizar la coherencia de las evaluaciones de riesgos ASG, el artículo 87 bis encomienda a la ABE que especifique con más detalle los criterios para la evaluación de los riesgos ASG, incluida la forma en que deben ser detectados, medidos, gestionados y supervisados, así como la forma en que las entidades de crédito deben elaborar planes concretos para abordar la resiliencia y las repercusiones negativas a largo plazo en los riesgos ASG y someterlas a pruebas de resistencia internas.
            
         
         
            
               Por lo que se refiere al proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES), el artículo 98 otorga a la ABE la facultad de emitir directrices sobre la inclusión uniforme de los riesgos ASG en el PRES.
            
            
               A la luz de la pertinencia de las pruebas de resistencia prospectivas para calibrar los riesgos medioambientales y otros riesgos ASG en el proceso de revisión y evaluación (PRES) previsto en el artículo 97, se modifica el artículo 100 para permitir que la ABE, junto con las demás AES, desarrolle normas coherentes relativas a las metodologías para realizar pruebas de resistencia en relación con estos riesgos, dando prioridad a los riesgos medioambientales mientras los datos y metodologías de riesgo ASG evolucionan para reflejar los demás factores.
            
            
               Para facilitar el PRES de las exposiciones, la gobernanza y la gestión de los riesgos ASG de las entidades de crédito, se modifica el artículo 98 para exigir a las autoridades competentes que evalúen la adecuación de las exposiciones de las entidades, así como de los sistemas, estrategias, procesos y mecanismos para gestionar estos riesgos en su revisión y evaluación.
            
            
               A fin de facilitar a las autoridades competentes la posibilidad de abordar los riesgos ASG que afectan a la situación prudencial del banco a corto, medio y largo plazo, y para reflejar las especificidades de esta categoría de riesgos, en el artículo 104 se añade una facultad de supervisión concreta para hacer frente a los riesgos ASG.
            
            
               Prestación directa de servicios bancarios en la UE por empresas de terceros países
            
            
               Las entidades de crédito están sujetas a regulación y supervisión prudenciales para minimizar el riesgo de quiebra y, cuando se produzca, gestionarla para evitar que se propague de manera desordenada a otras entidades de crédito y agentes del mercado y provoque el colapso del sistema financiero (riesgo de contagio). Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la regulación y supervisión prudenciales es proteger la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros.
            
            
               Teniendo en cuenta este objetivo, es esencial evitar que zonas o segmentos de los mercados queden fuera del ámbito o alcance del sistema de regulación y supervisión prudenciales, ya que en este escenario los riesgos podrían acumularse en esos segmentos de manera incontrolada y extenderse a otras partes del sistema financiero con efectos muy perjudiciales. Esto es especialmente importante para aquellas partes de los mercados financieros en las que las entidades de crédito están estrechamente implicadas.
            
            
               La crisis financiera de 2008-2009 es el último precedente histórico que evidencia que los pequeños segmentos de mercado pueden convertirse en una fuente de amenazas significativas para la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros si quedan fuera del ámbito de la regulación y supervisión prudenciales.
            
            
               Por esta razón, la prestación de servicios bancarios en la Unión requiere una presencia física en un Estado miembro a través de una sucursal o una persona jurídica, ya que solo a través de dicha presencia física las entidades de crédito pueden estar sujetas a una regulación y supervisión prudenciales efectivas en la Unión. En sentido contrario, la prestación de servicios bancarios en la Unión sin una sucursal o una persona jurídica establecida en un Estado miembro contribuye a crear este tipo de segmentos de mercado que quedan fuera del ámbito y alcance de la regulación y supervisión prudenciales de la Unión, en los que los riesgos pueden acumularse de forma incontrolada y, en última instancia, amenazar la estabilidad financiera de la Unión o de sus Estados miembros.
            
            
               Por lo tanto, las empresas de terceros países deben establecer una sucursal en un Estado miembro y solicitar autorización con arreglo al título VI de la DRC para dicha sucursal como condición para que se le permita iniciar actividades bancarias en ese Estado miembro. Se inserta un artículo 21 quater en la DRC para establecer explícitamente este requisito.
            
            
               Sin embargo, este requisito no será aplicable a los casos en que dichas empresas de terceros países presten servicios bancarios a clientes y contrapartes de un Estado miembro mediante la solicitud inversa de servicios, ya que en tales casos es el cliente o contraparte pertinente el que se pone en contacto con la empresa del tercer país para solicitar la prestación del servicio.
               
            
               Sucursales de terceros países
            
            
               Visión general de las sucursales de terceros países en la UE
                  33
               
            
            
               A 31 de diciembre de 2020, en la UE había 106 STP distribuidas en 17 Estados miembros. El importe total de los activos que poseían en esa fecha era ligeramente superior a 510 000 millones EUR, el 86 % de los cuales se concentró en solo cuatro Estados miembros (Alemania, Bélgica, Francia, y Luxemburgo).
            
            
               
                  
            
            
               Parece existir una tendencia hacia un uso cada vez mayor de STP para acceder a los mercados bancarios de los Estados miembros, en la medida en que el número total de STP aumentó en 14, y el volumen de activos que poseían en 120 500 millones EUR, en 2020 con respecto a 2019.
            
            
               Fuente: Informe de la ABE sobre las sucursales de terceros países.
            
            
               Mientras que la mayoría de las STP (70 de 106) poseían activos por valor inferior a 3 000 millones EUR, había 2 STP determinadas que poseían activos superiores a 30 000 millones EUR, y otras 14 cuyos activos suponían un importe comprendido entre 10 000 y 30 000 millones EUR (frente a 6 en la misma fecha del año anterior).
            
            
               A 31 de diciembre de 2020, las STP establecidas en la UE procedían de 23 terceros países, siendo las representaciones más numerosas de China (18), Reino Unido (15), Irán (10), EE. UU. (9) y Líbano (9). Varios grupos de terceros países (23) tienen STP en más de un Estado miembro. Además, algunos de esos grupos de terceros países también tienen una o más filiales en la UE. Por ejemplo, 14 grupos de terceros países tienen una STP y una filial en el mismo Estado miembro. De ellos, 9 grupos de terceros países tienen una filial y dos o más STP en la UE. Dos grupos de terceros países tienen una doble presencia compuesta por una STP y una filial en más de un Estado miembro. Los 15 mayores grupos de terceros países que operan en la UE poseen más de tres cuartas partes de sus activos de la UE a través de STP. Por lo que se refiere al efecto de la presencia de las STP en la UE, puede medirse utilizando los dos parámetros siguientes:
            
            
               a)la ratio entre el importe total agregado de los activos de las STP por Estado miembro a 31 de diciembre de 2019 y el tamaño del sistema bancario nacional
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               ; este porcentaje es inferior al 1 % en 7 Estados miembros, entre el 1 % y el 10 % en 6 Estados miembros y aumenta a más del 25 % en 1 Estado miembro;
            
         
         
            
               b)la ratio entre el importe total agregado de los activos de las STP por Estado miembro a 31 de diciembre de 2019 y el volumen del PIB nacional; este porcentaje es inferior al 1 % en 7 Estados miembros, entre el 1 % y el 10 % en 6 Estados miembros y aumenta a más del 25 % en 1 Estado miembro.
            
            
               En cuanto a los modelos de negocio y sobre la base de la información disponible, 50 STP operan como bancos universales, mientras que 48 operan únicamente como bancos mayoristas. Solo 4 STP operan como bancos minoristas.
            
            
               Problemática actual
            
            
               Como se muestra en la sección anterior, la huella de las STP en la UE ya es muy significativa. En varios casos, las STP poseen colectivamente una cantidad muy importante de activos en relación con el volumen del PIB de su Estado miembro de establecimiento y del sector bancario de ese Estado miembro. Para alguna STP, la magnitud de los activos individuales supera el umbral que los convertiría en entidades significativas bajo la supervisión directa del Banco Central Europeo (BCE) en el contexto del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Sin embargo, las STP siguen estando fuera del ámbito del MUS y no están sujetas a los requisitos de supervisión establecidos en la DRC, ya que no son entidades de crédito autorizadas en virtud del título III, capítulo 1, de dicha Directiva.
            
            
               Por el contrario, el establecimiento de STP para la prestación de servicios bancarios
                  35
                en la UE está esencialmente sujeto a la legislación nacional, ya que solo las obligaciones de información de alto nivel que les afectan se han armonizado recientemente como parte de la DRC V. Esto crea un panorama regulador desigual que da lugar a requisitos dispares para las STP en cada Estado miembro y a importantes retos para que las autoridades competentes controlen adecuadamente los riesgos derivados de las actividades que llevan a cabo en la UE. Por ejemplo:
            
            
               a)dada la ausencia total de un marco regulador prudencial o de gobernanza común sobre las STP, algunas de ellas solo están sujetas a requisitos limitados en determinados Estados miembros;
            
            
               b)los actuales mecanismos de cooperación en materia de supervisión a escala de la UE no incluyen a las STP, lo que crea puntos ciegos en la medida en que estas generan riesgos que pueden extenderse sin restricciones a otros entes del grupo o al mercado. Por ejemplo, dado que las autoridades competentes no están obligadas a intercambiar información exhaustiva sobre las STP, las autoridades que supervisan un grupo de un tercer país en un Estado miembro carecen de información suficiente sobre las STP del mismo grupo en otro Estado miembro y, por la misma razón, tampoco disponen de herramientas adecuadas para hacer frente a estos posibles riesgos de contagio;
            
            
               c)varios grupos de terceros países utilizan estructuras jurídicas complejas a través de una combinación de filiales y sucursales o, dependiendo de los servicios prestados, operaciones transfronterizas, para llevar a cabo sus actividades en la UE. Unas estructuras tan complejas pueden ser opacas y muy difíciles de supervisar para las autoridades competentes, habida cuenta de la diversidad y la división de los requisitos que se aplican a cada una de ellas. Por ejemplo, la doble función de los miembros del consejo de administración puede dar lugar a conflictos de intereses, mientras que el registro y la contabilidad flexibles pueden llevar a trasladar el riesgo de una entidad a otra;
            
            
               d)si bien las STP solo deben prestar servicios en los Estados miembros en los que están establecidas
                  36
               , el cumplimiento de este requisito no solo es difícil, sino casi imposible en el marco actual debido a la creciente tendencia de digitalización de los servicios financieros.
            
            
               Las STP también plantean problemas de arbitraje regulatorio. Cuando el Estado miembro de establecimiento imponga unas normas prudenciales menos estrictas, las STP podrán permitir efectivamente que los grupos de terceros países rebajen los requisitos bancarios de la UE cuando su sede social esté sujeta a normas prudenciales o de supervisión menos estrictas en el tercer país de que se trate. 
            
            
               Marco armonizado para sucursales de terceros países
            
            
               Dada la importante huella que tienen las STP en los mercados bancarios de la UE y los actualmente dispersos y dispares requisitos prudenciales y de supervisión a los que están sujetas, existen riesgos evidentes para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la UE, así como oportunidades de arbitraje regulatorio que deben abordarse a través de un nuevo marco armonizado para estas sucursales.
            
            
               Aunque mantener el statu quo no es una opción deseable, someter a las STP a la totalidad de los requisitos prudenciales y de supervisión que se aplican a las entidades de crédito en virtud del RRC y de la DRC podría resultar desproporcionado, ya que no se atendería adecuadamente a sus características específicas en relación con las entidades de crédito cuya administración central se encuentra en la UE, y ello tendría un efecto perjudicial importante en dichas STP.
            
            
               En su lugar, una manera más adecuada sería crear un conjunto ad hoc de requisitos de armonización mínima que se base en los marcos nacionales vigentes de los Estados miembros actualmente en vigor y garantice unas normas mínimas y unos requisitos coherentes en toda la Unión. Dicho marco proporcionaría la claridad, previsibilidad y transparencia necesarias para las empresas de terceros países que deseen prestar servicios bancarios a través de sucursales en uno o varios Estados miembros. También adaptaría los requisitos de la UE sobre STP a las prácticas internacionales vigentes, en la medida en que numerosos terceros países aplican requisitos similares o equivalentes a las sucursales de bancos extranjeros que operan en sus territorios.
            
            
               Por consiguiente, el título VI de la DRC se modifica para incluir disposiciones sobre lo siguiente:
            
            
               a)autorización: el establecimiento de STP está sujeto a un procedimiento de autorización explícito y a requisitos mínimos. Estos requisitos deben incluir mecanismos de cooperación e información mediante los cuales las autoridades competentes de las STP i) tengan acceso a información suficiente sobre la empresa del tercer país que sea la administración central de la STP (la «empresa principal» de la STP) y ii) puedan cooperar con las autoridades de supervisión de la empresa principal en la medida en que sea necesario o pertinente para supervisar eficazmente a la STP en el Estado miembro;
            
            
               b)requisitos reglamentarios mínimos: entre ellos figuran las obligaciones impuestas a las STP de:
            
            
               i)mantener una dotación mínima de capital, calculada como porcentaje de los pasivos de la sucursal para STP más grandes y de mayor riesgo (clase 1), o un importe fijo para las STP más pequeñas (clase 2);
            
            
               ii)cumplir un requisito de liquidez, que para las STP de clase 1 debe ser el mismo que el requisito de cobertura de liquidez que se aplica a las entidades de crédito de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión;
            
            
               iii)cumplir los requisitos de gobernanza interna y control de riesgos, y aplicar disposiciones sobre registro para hacer un seguimiento de los activos y pasivos vinculados a las actividades realizadas por la STP en el Estado miembro;
            
         
         
            
               c)requisitos de información: las STP están obligadas a comunicar periódicamente a sus autoridades competentes: i) información sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la DRC y en el ordenamiento jurídico nacional, así como ii) información financiera en relación con los activos y pasivos en sus libros;
            
            
               d)supervisión: las autoridades competentes están obligadas a llevar a cabo revisiones periódicas del cumplimiento por parte de las STP de sus requisitos reguladores, por ejemplo, a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales, y a adoptar medidas de supervisión para garantizar o restablecer el cumplimiento de dichos requisitos. Las autoridades competentes de las STP de clase 1 deben incluirlas en el colegio de supervisores del grupo pertinente, cuando ya exista, o de lo contrario crear un colegio ad hoc para STP de clase 1 del mismo grupo que operen en más de un Estado miembro.
            
            
               Por razones de proporcionalidad, y en particular para evitar cargas administrativas adicionales innecesarias para las STP pequeñas o más pequeñas, el alcance y el nivel de los requisitos prudenciales se modulan para diferenciar entre las STP de clase 1 y las de clase 2. La primera categoría comprende las STP más grandes (es decir, las que poseen activos iguales o superiores a 5 000 millones EUR), así como las autorizadas a recibir depósitos de clientes minoristas y las consideradas «no admisibles», las dos últimas independientemente de su tamaño. La clase 2 comprende todas las STP no clasificadas en la clase 1.
            
            
               Una STP se considera «admisible» cuando su administración central está establecida en un país i) que dispone de un marco de supervisión y regulación para los bancos y de requisitos de confidencialidad que han sido evaluados como equivalentes a los de la Unión, y ii) que no figura en la lista como tercer país de alto riesgo que presenta deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
            
            
               Los Estados miembros deben velar por que sus autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias para exigir a las STP establecidas en su territorio que soliciten autorización como entidades filiales en virtud de la DRC en casos específicos (facultad de exigir la autorización como filial). Por ejemplo, esta facultad debe poder utilizarse con respecto a una STP que realice operaciones o negocios con contrapartes de otros Estados miembros contraviniendo las normas del mercado interior. Por otra parte, también debe disponerse de la misma facultad para los casos en que una STP plantee riesgos para la estabilidad financiera del Estado miembro de que se trate o de la UE, teniendo en cuenta determinados indicadores de riesgo sistémico establecidos en la DRC y detallados en las normas técnicas de regulación.
            
            
               Cuando las STP tengan registrados activos por un importe igual o superior a 30 000 millones EUR, las autoridades competentes deben evaluar periódicamente si dichas STP presentan un nivel de riesgo para la estabilidad financiera del Estado miembro respectivo y de la UE análogo al de las entidades definidas como «sistémicas» con arreglo al RRC y a la DRC (evaluación de la importancia sistémica). El umbral de 30 000 millones EUR debe calcularse teniendo en cuenta los activos registrados por todas las STP pertenecientes al mismo grupo de un tercer país en la UE, ya sea en un solo Estado miembro o en varios Estados miembros, y se medirán como una media a lo largo de un período de tres años consecutivos o como un umbral absoluto mínimo alcanzado durante al menos tres años a lo largo de un período de cinco años consecutivos. A efectos de la evaluación de la importancia sistémica, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los indicadores de riesgo sistémico a que se refiere el párrafo anterior. Cuando, a la luz de estos indicadores, las autoridades competentes lleguen a la conclusión de que las STP pertinentes son sistémicas, pueden exigir a dichas STP que soliciten la autorización como entidades filiales en virtud de la DRC con el fin de seguir llevando a cabo actividades bancarias en el Estado miembro y en la UE (requisito de autorización como entidad filial). Como alternativa, las autoridades competentes pueden decidir: i) exigir a las STP que reestructuren sus actividades o activos de modo que dejen de cumplir los criterios de importancia sistémica o el umbral de 30 000 millones EUR (requisito de reestructuración); o ii) imponer requisitos adicionales del pilar 2 a las STP y las entidades filiales del grupo de un tercer país en la UE (por ejemplo, requisitos adicionales de capital, liquidez, información o divulgación de información), cuando dichos requisitos del pilar 2 sean adecuados y suficientes para mitigar los posibles riesgos para la estabilidad financiera (requisitos del pilar 2). Las autoridades competentes solo podrán decidir no imponer ninguno de los requisitos anteriores a las STP cuando puedan justificar que los riesgos que suponen para la estabilidad financiera y la integridad del mercado no aumentarían significativamente en ausencia de dichos requisitos (decisión de aplazamiento). Las autoridades competentes deben volver a evaluar su decisión de aplazamiento en el plazo de un año a partir de la fecha en que se tomó la decisión.
            
            
               La evaluación de la importancia sistémica de las STP pertenecientes a un grupo de un tercer país con sucursales y filiales en toda la UE debe estar dirigida por: i) el supervisor en base consolidada del grupo pertinente en la Unión, cuando sea de aplicación el artículo 111 de la DRC; ii) la autoridad competente que haría la función de supervisor en base consolidada del grupo en la UE de conformidad con dicho artículo si las STP fueran tratadas como entidades filiales; o iii) la ABE, cuando la autoridad competente principal no haya iniciado la evaluación o el supervisor en base consolidada hipotético no se haya determinado en un plazo de tres meses. La decisión de imponer alguno de los requisitos antes mencionados o de aplazar la imposición de tales requisitos a las STP consideradas sistémicas se debe adoptar como decisión conjunta de la autoridad competente principal y de las autoridades competentes responsables de la supervisión de las STP y las filiales del mismo grupo de un tercer país.
            
            
               Por otra parte, el nuevo marco para las STP no sustituye ni impide cualquier discrecionalidad que los Estados miembros tengan actualmente para obligar a las empresas establecidas en determinados terceros países a cursar una solicitud general para llevar a cabo actividades bancarias en su territorio a través de filiales autorizadas de conformidad con el título III, capítulo 1, de la DRC.
            
            
               Repercusiones del nuevo marco
            
            
               Con arreglo al nuevo marco propuesto, las STP que operan actualmente en la UE tendrán que ser objeto de una nueva autorización. Sin embargo, los costes de cumplimiento y de transición asociados a esta autorización y a la operación en curso se mitigarían significativamente por las siguientes circunstancias:
            
            
               a)una vez concluido el período de transposición de la Directiva de dieciocho meses, las STP dispondrán de un período transitorio de doce meses para obtener la autorización y, por lo tanto, podrán repartir los costes de transición a lo largo de dicho período;
            
            
               b)los requisitos prudenciales y de autorización se basan en gran medida en los requisitos nacionales vigentes en varios Estados miembros y, dado que el nuevo marco contiene requisitos muy similares a estos, las STP solo tendrían que efectuar costes limitados para adaptarse;
            
            
               c)sobre la base de los datos del 31 de diciembre de 2020, hasta 40 de las 106 STP autorizadas a operar en distintos Estados miembros habrían sido clasificados en la clase 2 y, por tanto, estarían sujetas a requisitos prudenciales y de información comparativamente menos estrictos con arreglo al nuevo marco;
            
            
               d)sobre la base de los mismos datos y a partir de esa fecha, solo tres STP tenían registrados activos por un importe superior a 30 000 millones EUR y, por tanto, estarían sujetas a la evaluación de la importancia sistémica.
            
            
               Aunque las STP pueden estar sujetas a costes adicionales para cumplir los nuevos requisitos de información, estos estarían justificados para cumplir el objetivo de mejorar la protección de la estabilidad financiera y la integridad del mercado.
            
            
               Revisión del régimen de sanciones administrativas
            
            
               Las multas coercitivas se introducen como un nuevo instrumento de ejecución destinado a garantizar que las entidades de crédito cumplan rápidamente las normas prudenciales. Además, se hace una clara distinción entre las multas coercitivas y las sanciones administrativas. La lista de infracciones sujetas a multas y sanciones administrativas se complementa con los requisitos prudenciales que actualmente faltan en la lista de infracciones punibles con arreglo al artículo 67 de la DRC. Se modifican los artículos 66 y 67 de la DRC para aclarar la definición de «volumen de negocios neto anual total» y definirlo por referencia al indicador de actividad del nuevo artículo 314 del RRC.
            
            
               A fin de garantizar la igualdad de condiciones en el ámbito de las facultades sancionadoras, los Estados miembros están obligados a establecer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas en relación con las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la DRC y del RRC. Además, se introducen garantías procesales para la aplicación efectiva de las sanciones, especialmente en caso de acumulación de sanciones administrativas y penales por el mismo incumplimiento. A tal fin, se modifica el artículo 70 de la DRC para obligar a los Estados miembros a establecer normas sobre la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales en caso de duplicación de procedimientos y sanciones penales y administrativos por la misma infracción. Estas normas tienen por objeto proporcionar un nivel suficiente de protección a la persona física o jurídica sujeta a esta duplicación de procedimientos de conformidad con el principio non bis in idem.
            
            
               Revisión de la composición de los requisitos del pilar 2
            
            
               Con el fin de mejorar la coherencia interna del marco regulador, la DRC V armonizó la naturaleza del capital reglamentario que los bancos deben poseer para cumplir el requisito de capital del pilar 2 con los mínimos de composición del capital previstos en el requisito de capital del pilar 1. No obstante la norma general establecida en el artículo 104 bis, apartado 4, de la DRC, los supervisores tienen la facultad discrecional de decidir, caso por caso, imponer requisitos de capital del pilar 2 con una proporción más elevada de capital de nivel 1 o capital de nivel 1 ordinario. Este nuevo tratamiento ha empezado a aplicarse recientemente, durante la crisis de la COVID-19. Aunque todavía es demasiado pronto para extraer conclusiones globales sobre la reciente adaptación, una primera revisión ha confirmado la utilidad de una composición estándar coherente de los requisitos de capital mínimos (pilar 1) y adicionales (pilar 2).
            
         
         
            
               Ajustes que acompañan a la introducción del suelo de resultados
            
            
               La introducción de suelo de resultados en el cálculo del importe total de exposición al riesgo (TREA) según lo establecido en el artículo 92 del RRC repercutirá en aquellos requisitos de fondos propios establecidos en la DRC cuyo cálculo dependa del TREA. Estos son el requisito de colchón de conservación de capital (CCC), el requisito de colchón de capital anticíclico (CCA), los requisitos de colchón de capital para las entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de importancia sistémica (EISM y OEIS), el requisito de colchón contra riesgos sistémicos (CRS) y, en la medida en que una autoridad competente utilice un enfoque que lo establezca como porcentaje del TREA desde el principio
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               , el requisito específico por entidad previsto en el pilar 2 (P2R).
            
            
               Dos de estos requisitos, a saber, el P2R y el CRS, pueden utilizarse para hacer frente a riesgos de naturaleza similar a los abordados por el suelo de resultados. Por consiguiente, existe la posibilidad de que determinados riesgos (por ejemplo, el riesgo de modelo
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               ) se contabilicen dos veces una vez que el suelo de resultados empiece a aplicarse. Esto debe evitarse. El dictamen de la ABE sobre la finalización de Basilea III incluye una recomendación específica sobre esta cuestión y pide, de manera más general, a las autoridades competentes y designadas que reconsideren el nivel adecuado de P2R y el CRS, respectivamente, una vez que empiece a aplicarse el suelo de resultados.
            
            
               En vista de lo anterior, la propuesta modifica los artículos 104 bis y 133 de la DRC —que establecen las normas sobre el P2R y el CRS, respectivamente— mediante la introducción de salvaguardias destinadas a evitar aumentos injustificados del P2R y del requisito del CRS a raíz de que una entidad se convierta en obligada por el suelo de resultados
                  39
               :
            
            
               ·el P2R y el requisito del CRS se «congelará» para evitar aumentos automáticos (también denominados «aritméticos») del importe del capital reglamentario exigido en virtud de estos dos requisitos. Esta salvaguardia se justifica por el hecho de que el aumento de los activos ponderados por riesgo (APR) debido a que la entidad pasa a estar sujeta al suelo de resultados es, en todos los demás casos, puramente aritmético y no refleja un aumento real de los riesgos que justifique la necesidad de capital adicional de la entidad;
            
            
               ·la autoridad competente de la entidad deberá revisar la calibración del P2R y la autoridad competente o designada, según proceda, deberá revisar la calibración del requisito del CRS, respectivamente, a fin de determinar si existe doble contabilización del riesgo y, en caso afirmativo, recalibrar dichos requisitos para evitarla;
            
            
               ·los dos requisitos permanecerán congelados hasta que concluyan las revisiones respectivas y se anuncien las decisiones pertinentes sobre su calibración adecuada
                  40
               .
            
            
               Los artículos 104 bis y 133 de la DRC también se modifican para aclarar que P2R y el requisito del CRS no pueden utilizarse para cubrir riesgos que ya están plenamente cubiertos por el suelo de resultados.
            
            
               Por último, se modifica el artículo 131 para exigir a las autoridades competentes o designadas, según proceda, que revisen la calibración de los requisitos del colchón para OEIS cuando una OEIS quede vinculada por el suelo de resultados, a fin de asegurarse de que la calibración sigue siendo adecuada.
            
            
               Divulgación de información
            
            
               Se modifica el artículo 106 para permitir a los Estados miembros otorgar a los supervisores la facultad de exigir a las entidades que presenten información a la ABE en un plazo determinado. Esto es consecuencia de las modificaciones introducidas en los artículos 433 y 434 del RRC, que obligan a la ABE a centralizar la publicación de la información divulgada por las entidades. Además, la propuesta faculta a los supervisores para que permitan a las entidades utilizar medios y lugares específicos, distintos del sitio web de la ABE, para realizar las publicaciones. Esto está en consonancia con la modificación propuesta del RRC, según la cual, además de la publicación centralizada de la ABE, las entidades siguen teniendo libertad para publicar su propia información por otros medios.
            
            
               Establecimiento de referencias de supervisión de los métodos para el cálculo de los requisitos de fondos propios
            
            
               Se modifica el artículo 78 para añadir dos tipos de métodos para calcular los requisitos de fondos propios a los métodos incluidos en el ámbito de aplicación del establecimiento de referencias de supervisión, a saber:
            
            
               a)los métodos de modelización utilizados para calcular las pérdidas por riesgo de crédito previstas, tanto con arreglo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 como a las normas nacionales de contabilidad; y
            
            
               b)el método estándar alternativo para el riesgo de mercado establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del RRC, dado que las entidades pueden modelizar determinados parámetros con arreglo a dicho método.
            
            
               Dado que los métodos utilizados para calcular las pérdidas por riesgo de crédito esperadas también pueden ser utilizados por las entidades que utilizan el método estándar para el riesgo de crédito establecido en la parte tercera, título II, capítulo 2, del RRC, dichas entidades también se incluyen en el ámbito de aplicación del ejercicio de establecimiento de referencias de supervisión. No obstante, la ABE está obligada a decidir cuál de esas entidades debe incluirse, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.
            
            
               También se modifica el artículo 78 para prever la posibilidad de reducir la frecuencia de los ejercicios de establecimiento de referencias de supervisión de anual a bienal en reconocimiento del hecho de que, tras la realización de un determinado número de ejercicios, es probable que una frecuencia menor sea suficiente para supervisar los resultados de los métodos de las entidades. Esto también reducirá la carga administrativa para las entidades que utilicen los métodos de establecimiento de referencias.
            
            
               2021/0341 (COD)
            
            
               Propuesta de
            
            
               DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            
         
         
            
               por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE, en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, y la Directiva 2014/59/UE
               
            
               (Texto pertinente a efectos del EEE)
            
            
               EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea,
            
            
               Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
            
            
               Visto el dictamen del Banco Central Europeo
                  41
               ,
            
            
               Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
                  42
               ,
            
            
               De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)Las autoridades competentes, su personal y los miembros de sus órganos de gobernanza han de mantener su independencia frente a toda injerencia política y económica. Los riesgos de conflictos de intereses menoscaban la integridad del sistema financiero de la Unión y lacran el objetivo de lograr una unión bancaria y de los mercados de capitales integrada. Es preciso que la Directiva 2013/36/UE establezca disposiciones más detalladas para que los Estados miembros puedan garantizar que las autoridades competentes, incluidos su personal y su dirección, actúen con independencia y objetividad. A este respecto, deben establecerse requisitos mínimos para evitar los conflictos de intereses. La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha de formular directrices destinadas a las autoridades competentes sobre la forma de evitar los conflictos de intereses, tomando como base las mejores prácticas internacionales.
            
            
               (2)Las autoridades competentes han de estar debidamente facultadas para revocar la autorización concedida a una entidad de crédito cuando se determine que esta es inviable o probablemente lo será y, al mismo tiempo, la entidad no cumpla las demás condiciones para la resolución establecidas en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  43
                o en el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  44
               . En tal situación, con arreglo a los procedimientos nacionales de insolvencia aplicables u otros procedimientos previstos para las entidades de crédito en virtud del Derecho nacional, debería procederse a la liquidación de la entidad, que, en consecuencia, tendría que cesar las actividades amparadas por la autorización que le hubiera sido concedida.
            
            
               (3)La prestación de servicios bancarios en la Unión está supeditada a la autorización previa de la entidad de crédito de que se trate y a su presencia física a través de una persona jurídica o una sucursal en el territorio de la Unión. Solo así es posible someter a las entidades de crédito a una regulación y una supervisión prudenciales efectivas, que son necesarias para minimizar el riesgo de inviabilidad y, llegado el caso, gestionar la situación de inviabilidad de tal manera que sus efectos no se propaguen de forma desordenada y no provoquen el colapso del sistema financiero (riesgo de contagio derivado de, por ejemplo, una situación de pánico bancario o de inviabilidad bancaria a raíz de la concesión imprudente de préstamos). La prestación de servicios bancarios en la Unión sin dicha presencia física conllevaría, en los mercados financieros en los que las entidades de crédito participan activamente, una mayor presencia y prevalencia de segmentos de riesgo no sometidos a la regulación y la supervisión prudenciales de la Unión, lo que, en última instancia, podría suponer una amenaza para la estabilidad financiera de la Unión o de sus Estados miembros. La crisis financiera de 2008-2009, el precedente histórico más reciente, muestra hasta qué punto los pequeños segmentos de mercado, si se dejan al margen de la regulación y la supervisión prudenciales, pueden convertirse en el origen de grandes amenazas para la estabilidad financiera de la Unión y de sus Estados miembros. Esto explica la necesidad de disponer explícitamente en el Derecho de la Unión que las empresas establecidas en un tercer país y que deseen prestar servicios bancarios en la Unión deban, como mínimo, establecer una sucursal en un Estado miembro autorizada con arreglo al Derecho de la Unión, salvo que la empresa se proponga prestar los servicios bancarios en la Unión a través de una filial. No obstante, el requisito de establecer una sucursal no debería aplicarse a la comercialización pasiva de servicios, dado que se trata de una situación en la que es el propio cliente quien se dirige a la empresa del tercer país para solicitar la prestación del servicio.
            
            
               (4)Los supervisores de las entidades de crédito han de poseer las facultades necesarias para ejercer sus cometidos respecto de las distintas operaciones que efectúen los entes supervisados. A esos efectos, y con miras a favorecer la igualdad de condiciones, es imperativo que los supervisores dispongan de las facultades que les permitan supervisar las operaciones significativas que puedan llevar a cabo los entes supervisados. Por consiguiente, ha de notificarse al Banco Central Europeo y a las autoridades nacionales competentes toda operación significativa de un ente supervisado que plantee dudas sobre su perfil prudencial o sobre posibles actividades de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en particular cuando se trate de operaciones como la adquisición de participaciones significativas en entes financieros o no financieros por parte de un ente supervisado, la transferencia significativa de activos y pasivos de un ente supervisado o a un ente supervisado, y las fusiones y escisiones en las que intervenga un ente supervisado. Además, el BCE y las autoridades nacionales competentes deben estar facultadas para intervenir en tales casos.
            
            
               (5)En lo tocante a las fusiones y escisiones, la Directiva (UE) 2017/1132 establece normas y procedimientos armonizados, en particular para las fusiones y escisiones transfronterizas de sociedades de capital. Así pues, el procedimiento de evaluación por parte de las autoridades competentes que se establece en la presente Directiva ha de ser complementario a la Directiva (UE) 2017/1132 y no contradecir ninguna de sus disposiciones. En el caso de las fusiones y escisiones transfronterizas que entren en el ámbito de aplicación de la Directiva (UE) 2017/1132, el dictamen motivado emitido por la autoridad de supervisión competente debe formar parte de la evaluación del cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y de la correcta realización de todos los procedimientos y trámites necesarios para el certificado previo a la fusión o escisión. El dictamen motivado ha de transmitirse, pues, a la autoridad nacional designada que sea responsable de expedir el certificado previo a la fusión o escisión con arreglo a la Directiva (UE) 2017/1132. 
            
            
               (6)A fin de que las autoridades competentes puedan intervenir antes de que se lleve a cabo una de las mencionadas operaciones significativas, es preciso que se les notifique de antemano. La notificación ha de ir acompañada de la información necesaria para que las autoridades competentes evalúen la operación prevista desde el punto de vista prudencial y de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Dicha evaluación por parte de las autoridades competentes debe iniciarse en el momento de la recepción de la notificación en la que se incluya la totalidad de la información solicitada y, en el caso de la adquisición de una participación significativa o la transferencia significativa de activos y pasivos, debe estar acotada en el tiempo.
            
            
               (7)En el supuesto de la adquisición de una participación cualificada, o la transferencia significativa de activos o pasivos, la conclusión que se extraiga de la evaluación podría llevar a la autoridad competente a oponerse a la operación. Si la autoridad competente no manifiesta su oposición en un plazo determinado, la operación ha de considerarse aprobada. 
            
            
               (8)En interés de la proporcionalidad, y con miras a evitar cargas administrativas indebidas, es conveniente que esas facultades adicionales de las autoridades competentes se limiten exclusivamente a las operaciones que se consideren significativas. Únicamente las operaciones consistentes en fusiones o escisiones deben tratarse de forma automática como operaciones significativas, dado que cabe esperar que el ente de nueva creación presente un perfil prudencial sensiblemente diferente al de los entes iniciales que intervengan en la fusión o escisión. Por otra parte, sin antes haber obtenido el dictamen favorable previo de las autoridades competentes, ningún ente ha de celebrar una fusión o escisión. Otras operaciones (como la adquisición de participaciones y las transferencias de activos y pasivos), cuando se consideren significativas, deben ser evaluadas por las autoridades competentes con arreglo a un procedimiento de aprobación tácita.
            
            
               (9)En algunas situaciones (por ejemplo, cuando intervienen entes establecidos en varios Estados miembros), las operaciones pueden requerir múltiples notificaciones y evaluaciones por parte de diferentes autoridades competentes, lo que exige una cooperación eficaz entre dichas autoridades. Por lo tanto, es necesario precisar las obligaciones de cooperación, en particular por lo que se refiere a las notificaciones recíprocas en una fase temprana, el intercambio fluido de información y la coordinación en la evaluación.
            
            
               (10)Es preciso armonizar las disposiciones relativas a la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito con las disposiciones sobre la adquisición de una participación cualificada por parte de una entidad, en caso de que deban realizarse ambas evaluaciones para la misma operación. En efecto, sin una coordinación adecuada, estas disposiciones podrían dar lugar a incoherencias en la evaluación de las autoridades competentes y, en última instancia, en las decisiones adoptadas. Por consiguiente, cuando una operación se considere compleja, es preciso prever un plazo adicional similar para que las autoridades competentes acusen recibo de la notificación.
            
         
         
            
               (11)Conviene encomendar a la ABE la elaboración de normas técnicas de regulación y de ejecución con el fin de garantizar que el ejercicio de esas facultades de supervisión adicionales esté debidamente delimitado. Dichas normas técnicas de regulación y de ejecución han de especificar, en particular, la información que deben recibir las autoridades competentes, los aspectos que deben evaluarse y las modalidades de cooperación cuando intervengan varias autoridades competentes. Los diversos elementos mencionados son cruciales para asegurar una metodología de supervisión suficientemente armonizada que permita aplicar las disposiciones relativas a las facultades adicionales de manera eficiente y con el menor incremento posible de la carga administrativa.
            
            
               (12)Es imprescindible que las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera cumplan los requisitos prudenciales para garantizar su seguridad y solidez y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad del sistema financiero, tanto a nivel de la Unión como a nivel de cada Estado miembro. Así pues, el BCE y las autoridades nacionales competentes han de estar facultados para adoptar medidas oportunas y decisivas cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, o bien sus directivos efectivos, no cumplan los requisitos prudenciales o las decisiones de supervisión.
            
            
               (13)A fin de asegurar la igualdad de condiciones en el ámbito de las facultades sancionadoras, es preciso exigir a los Estados miembros que prevean sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y las infracciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  45
               . En particular, los Estados miembros pueden imponer sanciones administrativas cuando se trate de una infracción que también esté tipificada en el Derecho penal nacional. Las citadas sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas deben ajustarse a unos requisitos mínimos, como las facultades mínimas que deben conferirse a las autoridades competentes para imponerlas, los criterios que estas autoridades han de tomar en consideración al aplicarlas, los requisitos de publicación o la cuantía de las sanciones administrativas y las multas coercitivas. Los Estados miembros han de establecer normas específicas y mecanismos eficaces para la aplicación de las multas coercitivas.
            
            
               (14)Las sanciones pecuniarias administrativas deben tener un efecto disuasorio, de modo que la persona física o jurídica que infrinja las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE o las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 no reincida en la infracción o actúe de manera similar en el futuro. Ha de exigirse a los Estados miembros que prevean sanciones administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias. Además, al determinar el tipo de sanciones administrativas u otras medidas administrativas y la cuantía de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes deben tener en cuenta si anteriormente ya se había impuesto a la persona física o jurídica responsable alguna sanción penal por la misma infracción. El objetivo es garantizar que la severidad de las sanciones y otras medidas administrativas impuestas con fines punitivos en caso de acumulación de procedimientos administrativos y penales no exceda de lo necesario atendiendo a la gravedad de la infracción. A ese respecto, es fundamental reforzar la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales, ante el caso de que se acumulen procedimientos administrativos y penales contra una misma persona por la misma infracción. Asimismo, los Estados miembros han de establecer normas y mecanismos específicos para facilitar la cooperación.
            
            
               (15)Las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones administrativas a la misma persona física o jurídica responsable de los mismos actos u omisiones. No obstante, la acumulación de procedimientos y sanciones por la misma infracción debe perseguir diferentes objetivos de interés general. Los Estados miembros han de establecer normas que prevean una coordinación adecuada entre los procedimientos administrativos y penales. En virtud de tales normas, la imposición de sanciones acumulativas por la misma infracción a la persona física o jurídica responsable debe limitarse a lo estrictamente necesario para alcanzar los diferentes objetivos perseguidos. Por otra parte, es preciso que los Estados miembros establezcan normas que garanticen que la severidad de todas las sanciones administrativas y penales y otras medidas que se impongan en los casos de acumulación de procedimientos no exceda de lo necesario atendiendo a la gravedad de la infracción. Asimismo, los Estados miembros han de velar por que tanto la duplicación de los procedimientos como las correspondientes sanciones se ajusten al principio de «non bis in idem» y por que se respeten debidamente los derechos de la persona física o jurídica responsable.
            
            
               (16)Las sanciones pecuniarias administrativas contra personas jurídicas deben aplicarse de manera coherente, en particular por lo que se refiere a la determinación de la cuantía máxima de las sanciones administrativas, a cuyos efectos ha de tenerse en cuenta el volumen de negocios neto anual total de la empresa de que se trate. Ahora bien, la definición en vigor del volumen de negocios neto anual total que figura en la Directiva 2013/36/UE no es exhaustiva ni lo suficientemente clara y completa para garantizar la igualdad de condiciones en la aplicación de las sanciones pecuniarias administrativas. Por consiguiente, es necesario aclarar varios elementos de dicha definición para evitar divergencias en la interpretación.
            
            
               (17)Además de las sanciones administrativas, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer multas coercitivas a las entidades de crédito, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera y sus directivos efectivos por el incumplimiento de las obligaciones que les incumban en virtud de la Directiva 2013/36/UE, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 o una decisión adoptada por una autoridad competente. Las citadas medidas de ejecución han de imponerse cuando persista el incumplimiento de un requisito o de una decisión de supervisión de la autoridad competente. Es preciso que las autoridades competentes puedan imponer tales medidas de ejecución sin necesidad de transmitir previamente una solicitud, una orden o una advertencia a la parte infractora. Dado que el objetivo de una multa coercitiva es obligar a una persona física o jurídica a poner fin a una infracción en curso, la imposición de dicha multa no debe excluir la posibilidad de que las autoridades competentes impongan sanciones administrativas ulteriores por la misma infracción.
            
            
               (18)Es preciso establecer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas con el fin de garantizar el más amplio campo de acción tras la comisión de una infracción y, además, ayudar a evitar futuras infracciones, con independencia de que en el Derecho nacional se prevean sanciones administrativas u otras medidas administrativas para esas infracciones. Los Estados miembros deben, pues, tener la potestad de establecer sanciones adicionales y fijar importes más elevados para las sanciones pecuniarias administrativas.
            
            
               (19)Las autoridades competentes han de imponer multas coercitivas proporcionadas y eficaces. En consecuencia, las autoridades competentes deben tomar en consideración los efectos que las multas coercitivas puedan tener en la situación financiera de las personas físicas o jurídicas infractoras y tratar de evitar que la sanción las lleve a una situación de insolvencia o de graves dificultades financieras, o que represente un porcentaje desproporcionado de su volumen de negocios anual total.
            
            
               (20)Cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no contemple las sanciones administrativas previstas en la presente Directiva, cabe la posibilidad de aplicar las normas sobre sanciones administrativas de tal manera que la incoación de la sanción corresponda a la autoridad competente y su imposición, a las autoridades judiciales. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros en los que se dé la situación descrita garanticen que la aplicación de las normas y las sanciones tenga un efecto equivalente al de las sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes. Al imponer tales sanciones, las autoridades judiciales deben tener en cuenta la recomendación de la autoridad competente que incoe la sanción. Las sanciones impuestas han de ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
            
            
               (21)A fin de establecer sanciones adecuadas en caso de infracción de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE o de las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013, es preciso completar la lista de las infracciones por las que se pueden imponer sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas. Procede, pues, modificar la lista de infracciones con arreglo al artículo 67 de la Directiva 2013/36/UE.
            
            
               (22)En lo referente a la regulación del establecimiento de sucursales por empresas de terceros países para la prestación de servicios bancarios en los Estados miembros, se trata de un ámbito regulado por el Derecho nacional y apenas armonizado en virtud de la Directiva 2013/36/UE. Actualmente, a pesar de la considerable presencia de sucursales de terceros países en los mercados bancarios de la Unión, estas sucursales han de cumplir unos requisitos de información muy estrictos, pero quedan fuera de toda norma prudencial o mecanismo de cooperación en materia de supervisión a nivel de la Unión. Debido a la ausencia total de un marco prudencial común, las sucursales de terceros países están sujetas a requisitos nacionales dispares de distinto alcance y rigor prudencial. Además, las autoridades competentes carecen de información exhaustiva y de los instrumentos de supervisión necesarios para hacer un seguimiento adecuado de los riesgos específicos que se derivan de los grupos de terceros países que operan en uno o más Estados miembros a través tanto de sucursales como de filiales. Por el momento, no hay ningún mecanismo integrado de supervisión para estas sucursales y filiales, y la autoridad competente responsable de supervisar a cada sucursal de un grupo de un tercer país no está obligada a intercambiar información con las autoridades competentes responsables de supervisar a las demás sucursales y filiales del mismo grupo. Semejante fragmentación del panorama regulador conlleva riesgos para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la Unión, situación que debe abordarse adecuadamente a través de un marco armonizado para las sucursales de terceros países. Dicho marco ha de incluir requisitos mínimos comunes en materia de autorización, normas prudenciales, gobernanza interna, supervisión y comunicación de información. Tales requisitos deben basarse en los requisitos que los Estados miembros ya apliquen a las sucursales de terceros países en sus territorios y tener en cuenta requisitos similares o equivalentes que los terceros países apliquen a las sucursales extranjeras, con el fin de garantizar la coherencia entre los Estados miembros y adaptar el marco de la Unión para las sucursales de terceros países a las prácticas internacionales predominantes en este ámbito.
            
            
               (23)Por razones de proporcionalidad, los requisitos aplicables a las sucursales de terceros países deben ajustarse al riesgo que estas supongan para la estabilidad financiera y la integridad de los mercados, tanto de la Unión como de los Estados miembros. Por lo tanto, es preciso que las sucursales de terceros países se cataloguen, bien en la clase 1, cuando se considere que plantean un riesgo elevado, bien en la clase 2, cuando se trate de sucursales pequeñas y no complejas que no supongan un riesgo significativo para la estabilidad financiera [de conformidad con la definición de «entidad pequeña y no compleja» del Reglamento (UE) n.º 575/2013]. En consecuencia, cuando el importe de los activos de una sucursal de un tercer país registrados en un Estado miembro sea igual o superior a 5 000 000 000 EUR, debe considerarse que esa sucursal entraña un riesgo más elevado por su gran tamaño y complejidad, pues en caso de inviabilidad podría provocar una perturbación significativa del mercado de servicios bancarios o del sistema bancario del Estado miembro de que se trate. También en el caso de las sucursales de terceros países autorizadas a aceptar depósitos minoristas debe considerarse que el riesgo es más elevado, independientemente del tamaño de la sucursal, en la medida en que su inviabilidad afectaría a los depositantes altamente vulnerables y podría dar lugar a la pérdida de confianza en la seguridad y la solidez del sistema bancario del Estado miembro para proteger el ahorro de sus ciudadanos. Por consiguiente, ambos tipos de sucursales de terceros países deben considerarse de clase 1.
            
            
               (24)Las sucursales de terceros países deben igualmente considerarse de clase 1 cuando la regulación y la supervisión a las que esté sujeta la empresa del tercer país que sea su administración central (la «empresa principal»), así como la forma en que se aplique dicha regulación, no se consideren al menos equivalentes a lo previsto en la Directiva 2013/36/UE y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, o cuando el tercer país en cuestión figure en la lista de terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               . Dichas sucursales de terceros países plantean un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Unión y del Estado miembro de establecimiento, puesto que el marco regulador bancario o de lucha contra el blanqueo de capitales que se aplica a la empresa principal no refleja debidamente los riesgos específicos que se derivan de las actividades de la sucursal en el Estado miembro o los riesgos para las contrapartes del Estado miembro que se derivan del grupo del tercer país, ni permite hacer un seguimiento adecuado de estos riesgos. A efectos de determinar la equivalencia entre las normas bancarias prudenciales y de supervisión del tercer país y las normas de la Unión, la Comisión debe estar facultada para encomendar a la ABE una evaluación de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. La ABE ha de llevar a cabo la evaluación de manera rigurosa y transparente y con arreglo a una metodología sólida. Además, la ABE debe consultar a las autoridades de supervisión y los departamentos gubernamentales encargados de la regulación bancaria en los terceros países y cooperar estrechamente con ellos, y, cuando proceda, también debe hacer lo propio con las partes del sector privado, tratándolas de manera equitativa y dándoles la oportunidad de presentar la documentación y las observaciones pertinentes dentro de unos plazos razonables. Por otra parte, la ABE ha de velar por que el informe emitido de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 esté debidamente motivado, contenga una descripción detallada de las cuestiones evaluadas y se presente en un plazo razonable.
            
            
               (25)Es preciso que se confiera a las autoridades competentes la facultad explícita de exigir, según el caso concreto, que las sucursales de terceros países soliciten una autorización de conformidad con el título III, capítulo 1, de la Directiva 2013/36/UE como mínimo cuando dichas sucursales lleven a cabo actividades con contrapartes de otros Estados miembros infringiendo las normas del mercado interior o cuando planteen un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Unión o del Estado miembro en el que estén establecidas. Además, debe exigirse a las autoridades competentes que evalúen periódicamente si las sucursales de terceros países que poseen activos en sus libros por un importe igual o superior a 30 000 000 000 EUR tienen importancia sistémica. Todas las sucursales de terceros países que pertenezcan a un mismo grupo de un tercer país y estén establecidas en uno o varios Estados miembros han de someterse conjuntamente a dicha evaluación periódica. En la evaluación es preciso examinar, con arreglo a una serie de criterios específicos, si las mencionadas sucursales plantean un nivel de riesgo análogo para la estabilidad financiera de la Unión o de sus Estados miembros en cuanto que entidades definidas como «de importancia sistémica» en virtud de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013. Cuando las autoridades competentes concluyan que las sucursales de terceros países son de importancia sistémica, deben imponerles unos requisitos que permitan reducir los riesgos para la estabilidad financiera. A tal fin, las autoridades competentes han de estar en posición de exigir a las sucursales de terceros países que soliciten una autorización como entidades filiales con arreglo a la Directiva 2013/36/UE para seguir llevando a cabo actividades bancarias en el Estado miembro o los Estados miembros de que se trate. Además, las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer otros requisitos, en particular la obligación de reestructurar los activos o las actividades de las sucursales de terceros países en la Unión, de modo que dichas sucursales dejen de ser de importancia sistémica, o la obligación de cumplir unos requisitos adicionales de capital, liquidez, comunicación de información o publicación de información, cuando ello sea suficiente para hacer frente a los riesgos relativos a la estabilidad financiera. Las autoridades competentes han de estar autorizadas a no imponer, durante un período no superior a un año, ninguno de los citados requisitos a las sucursales de terceros países consideradas de importancia sistémica, pero únicamente cuando puedan justificar que, en ausencia de tales requisitos, no se incrementarían de manera significativa los riesgos que dichas sucursales planteen para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la Unión y de los Estados miembros.
            
            
               (26)Con miras a garantizar la coherencia de las decisiones de supervisión relativas a un grupo de un tercer país con sucursales y filiales en varios Estados miembros, debe designarse una autoridad competente principal, que evaluará la importancia sistémica. Esta función ha de corresponder al supervisor en base consolidada del grupo de un tercer país en la Unión, cuando sea de aplicación el artículo 111 de la Directiva 2013/36/UE, o a la autoridad competente que, de conformidad con dicho artículo, pasaría a ser el supervisor en base consolidada si las sucursales del grupo fueran tratadas como sus filiales. Cuando no se haya determinado el supervisor en base consolidada pertinente o cuando la autoridad competente principal no haya iniciado la evaluación de la importancia sistémica en el plazo de tres meses, la ABE debe encargarse de la evaluación. La autoridad competente principal, o, en su caso, la ABE, ha de consultar a las autoridades competentes responsables de supervisar a las filiales y sucursales del grupo de un tercer país en la Unión, y cooperar estrechamente con ellas. La autoridad competente principal y dichas autoridades competentes deben adoptar una decisión conjunta sobre la imposición de requisitos a las sucursales de terceros países consideradas de importancia sistémica. Por razones de respeto de las garantías procesales, es necesario que la autoridad competente principal, o, en su caso, la ABE, vele por que se respete el derecho de las sucursales de terceros países a ser oídas y a presentar sus observaciones durante la evaluación de la importancia sistémica.
            
            
               (27)Las autoridades competentes deben revisar periódicamente que las sucursales de terceros países cumplan los requisitos pertinentes establecidos en la Directiva 2013/36/UE y adoptar medidas de supervisión en relación con dichas sucursales para garantizar o restablecer el cumplimiento de los requisitos. A fin de facilitar la supervisión efectiva de los requisitos aplicables a las sucursales de terceros países y obtener una visión global de las actividades de los grupos de terceros países en la Unión, es preciso que, utilizando unas plantillas normalizadas, se facilite información financiera y de supervisión común a las autoridades competentes. Debe encomendarse a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución en las que se establezcan dichas plantillas, y la Comisión debe estar facultada para adoptar los proyectos de normas técnicas de ejecución. Además, es necesario implantar los mecanismos adecuados de cooperación entre las autoridades competentes con miras a garantizar que todas las actividades de los grupos de terceros países que operen en la Unión a través de sucursales de terceros países estén sujetas a una supervisión exhaustiva, evitar la elusión de los requisitos aplicables a dichos grupos en virtud del Derecho de la Unión y reducir al mínimo los posibles riesgos para la estabilidad financiera de la Unión. En particular, el campo de actuación de los colegios de supervisores de grupos de terceros países en la Unión debe abarcar a las sucursales de terceros países de clase 1. Cuando no exista tal colegio, las autoridades competentes habrán de crear específicamente un colegio para todas las sucursales de terceros países de clase 1 de un mismo grupo que opere en más de un Estado miembro.
            
            
               (28)El marco de la Unión para las sucursales de terceros países debe aplicarse sin perjuicio de la facultad discrecional que actualmente se reconozca a los Estados miembros para exigir con carácter general que las empresas de determinados terceros países únicamente lleven a cabo actividades bancarias en su territorio a través de entidades filiales autorizadas de conformidad con el título III, capítulo 1, de la Directiva 2013/36/UE. Este requisito podrá referirse a terceros países que apliquen normas prudenciales y de supervisión bancarias que no sean equivalentes a las normas con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro o a terceros países que presenten deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
            
            
               (29)Tras la introducción de la NIIF 9 el 1 de enero de 2018, el resultado de los cálculos de las pérdidas crediticias esperadas, que se basa en métodos de modelización, afecta directamente al importe de los fondos propios y a las ratios de las entidades en materia de regulación. Los mismos métodos de modelización constituyen también la base para el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas cuando las entidades aplican marcos contables nacionales. En consecuencia, es importante que las autoridades competentes y la ABE tengan una visión clara de los efectos de los cálculos en la gama de valores aplicables a los activos ponderados por riesgo y los requisitos de fondos propios que se generan respecto de exposiciones similares. A tal fin, el ejercicio de evaluación comparativa debe abarcar también los citados enfoques de modelización. Habida cuenta del principio de proporcionalidad, y dado que las entidades que calculan los requisitos de capital de conformidad con el método estándar para el riesgo de crédito también pueden utilizar modelos para el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas en el marco de la NIIF 9, dichas entidades han de incluirse igualmente en el ejercicio de evaluación comparativa.
            
            
               (30)El Reglamento (UE) 2019/876
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                modificó el Reglamento (UE) n.º 575/2013 introduciendo un marco revisado para el riesgo de mercado elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. El método estándar alternativo que forma parte de ese nuevo marco permite a las entidades modelizar determinados parámetros utilizados en el cálculo de los activos ponderados por riesgo y los requisitos de fondos propios en relación con el riesgo de mercado. Por lo tanto, es importante que las autoridades competentes y la ABE tengan una visión clara de la gama de valores aplicables a los activos ponderados por riesgo y los requisitos de fondos propios que se generan respecto de exposiciones similares no solo con arreglo al método de modelos internos alternativos, sino también con arreglo al método estándar alternativo. Así pues, el ejercicio de evaluación comparativa del riesgo de mercado debe abarcar el método de modelo interno y el método estándar revisados.
            
         
         
            
               (31)La transición mundial hacia una economía sostenible, consagrada en el Acuerdo de París
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               , que ha sido celebrado por la Unión, y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, requerirá una profunda transformación socioeconómica y dependerá de la movilización de importantes recursos financieros de los sectores público y privado. Por su parte, el compromiso de la Unión de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 queda reflejado en el Pacto Verde Europeo
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               . En esta transición, el sistema financiero tiene una importante función de apoyo que desempeñar, no solo en cuanto a aprovechar y favorecer las oportunidades que surjan, sino también en lo referente a gestionar adecuadamente los posibles riesgos conexos.
            
            
               (32)La transición, de una magnitud sin precedentes, hacia una economía sostenible, climáticamente neutra y circular tendrá repercusiones considerables en el sistema financiero. En 2018, la Red de Bancos Centrales y Supervisores por un Sistema Financiero Ecológico
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                reconoció que los riesgos relacionados con el clima representan también una fuente de riesgos financieros. En la Estrategia Renovada de Finanzas Sostenibles de la Comisión
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                se hace hincapié en que los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), y en particular los riesgos derivados de los efectos físicos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación ambiental en general de los ecosistemas, plantean un desafío sin precedentes para nuestras economías y para la estabilidad del sistema financiero. Estos riesgos presentan especificidades tales como su carácter prospectivo y una serie de repercusiones particulares a corto, medio y largo plazo.
            
            
               (33)La transición hacia una economía sostenible, climáticamente neutra y circular es una transición a largo plazo y de gran calado que conllevará importantes cambios en los modelos de negocio de las entidades. Así pues, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en la economía de la Unión de aquí a 2050, y al mismo tiempo mantener bajo control los riesgos inherentes, se hace necesario un ajuste adecuado del sector financiero y de las entidades de crédito en particular. Por consiguiente, las autoridades competentes deben estar facultadas para evaluar este proceso e intervenir cuando una entidad gestione los riesgos climáticos y los riesgos derivados de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad de tal manera que ponga en peligro la estabilidad de otras entidades o la estabilidad financiera en general. Asimismo, las autoridades competentes han de realizar un seguimiento de la situación y estar facultadas para actuar cuando el desajuste entre, por una parte, las estrategias y los modelos de negocio de las entidades y, por otra, los objetivos estratégicos de la Unión y las tendencias generales en la transición hacia una economía sostenible suponga un riesgo para esas estrategias y esos modelos de negocio o para la estabilidad financiera. Los riesgos climáticos y, más en general, los riesgos ambientales deben considerarse a la par que los riesgos sociales y de gobernanza dentro de una misma categoría de riesgos, con miras a una integración plena y coordinada de estos factores a menudo interrelacionados. Los riesgos ASG están estrechamente relacionados con el concepto de sostenibilidad, ya que los factores ASG representan los tres pilares principales de la sostenibilidad.
            
            
               (34)Para mantener la debida resiliencia frente a los efectos negativos de los factores ASG, las entidades establecidas en la Unión han de estar en posición de identificar, medir y gestionar sistemáticamente los riesgos ASG, y sus supervisores han de evaluar los riesgos tanto a nivel de cada entidad como a nivel sistémico, dando prioridad a los factores ambientales e incorporando progresivamente los demás factores de sostenibilidad a medida que evolucionen las metodologías y los instrumentos de evaluación. Las entidades deben evaluar si sus carteras están en consonancia con la ambición de la Unión de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y evitar la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. Además, las entidades han de establecer planes específicos para abordar los riesgos que, a corto, medio y largo plazo, pueda conllevar el desajuste entre sus estrategias y modelos de negocio y los objetivos estratégicos pertinentes de la Unión, recogidos en el Acuerdo de París, el paquete «Objetivo 55»
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                [y el marco mundial de la diversidad biológica posterior a 2020]. Por otra parte, las entidades deben estar obligadas a disponer de sistemas de gobierno corporativo y procesos internos sólidos para gestionar los riesgos ASG, así como a tener implantadas estrategias aprobadas por sus órganos de dirección en las que se contemplen los efectos, presentes y futuros, de los factores ASG. A fin de propiciar el cambio en el seno de todas y cada una de las entidades, también será fundamental que, de manera colectiva, los órganos de dirección posean conocimientos y estén sensibilizados acerca de los factores ASG, y que se asigne capital interno para hacer frente a los riesgos ASG. Dadas las especificidades de los riesgos ASG, así como su novedad relativa, la forma de entender, medir y gestionar estos riesgos puede diferir significativamente de una entidad a otra. Por tanto, para garantizar la convergencia en el conjunto de la Unión y una comprensión uniforme de los riesgos ASG, la regulación prudencial debe incluir definiciones adecuadas y normas mínimas a efectos de la evaluación de dichos riesgos. En ese sentido, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ya establece una serie de definiciones, y la ABE está facultada para especificar una lista mínima de métodos de referencia para la evaluación de los efectos de los riesgos ASG en la estabilidad financiera de las entidades, dando prioridad a los efectos de los factores ambientales. El carácter prospectivo de los riesgos ASG convierte el análisis de escenarios y las pruebas de resistencia, combinados con los planes para afrontar estos riesgos, en instrumentos de evaluación con un importante valor informativo, y por ello la ABE también debe estar facultada para elaborar criterios uniformes en relación con el contenido de los planes, la determinación de escenarios y la aplicación de los métodos de las pruebas de resistencia. Los riesgos ambientales, incluidos los que se derivan de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad, y los riesgos climáticos en particular deben ocupar un lugar prioritario, dada su urgencia y la especial relevancia del análisis de escenarios y las pruebas de resistencia para su evaluación.
            
            
               (35)Los riesgos ASG pueden tener implicaciones de gran alcance para la estabilidad tanto de las distintas entidades como del sistema financiero en su conjunto. Por lo tanto, las autoridades competentes deben sistemáticamente considerar esos riesgos en sus actividades de supervisión pertinentes, en particular en el proceso de revisión y evaluación supervisoras y en las pruebas de resistencia de dichos riesgos. La Comisión Europea, a través de su Instrumento de Apoyo Técnico, ha venido prestando apoyo a las autoridades nacionales competentes a efectos del desarrollo y la aplicación de metodologías para las pruebas de resistencia, y está dispuesta a seguir haciéndolo. Sin embargo, hasta la fecha, las metodologías de las pruebas de resistencia para los riesgos ASG se han aplicado principalmente de forma experimental. Con objeto de que las pruebas de resistencia de los riesgos ASG se integren de manera firme y sistemática en la supervisión, la ABE, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) han de elaborar conjuntamente unas directrices que garanticen la coherencia de las consideraciones y la aplicación de metodologías comunes en relación con dichas pruebas. Las pruebas de resistencia de los riesgos ASG deben comenzar por los factores climáticos y ambientales, y, a medida que se disponga de más datos y metodologías en relación con los riesgos ASG que permitan desarrollar instrumentos adicionales para evaluar sus efectos cuantitativos en los riesgos financieros, las autoridades competentes han de ir incorporando la evaluación de esos efectos en sus evaluaciones de la adecuación de las entidades de crédito. A fin de garantizar la convergencia de las prácticas de supervisión, la ABE debe formular directrices relativas a la inclusión uniforme de los riesgos ASG en el proceso de revisión y evaluación supervisoras (PRES).
            
            
               (36)Las disposiciones del artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE relativas al marco aplicable a los colchones contra riesgos sistémicos ya podrían servir para abordar diversos tipos de riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con el cambio climático. Las autoridades competentes, o en su caso las autoridades designadas, en la medida en que consideren que los riesgos relacionados con el cambio climático pueden tener consecuencias negativas graves para el sistema financiero y la economía real de los Estados miembros, deben introducir un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos por esos riesgos relacionados con el cambio climático si estiman que sería una medida eficaz y proporcionada para reducirlos.
            
            
               (37)Es posible que los miembros del órgano de dirección no se sometan a una evaluación de idoneidad hasta que no haya transcurrido un tiempo considerable desde su nombramiento, o incluso que la evaluación no se realice cuando se trata de titulares de funciones clave. Así pues, un miembro del órgano de dirección que no cumpla los criterios de idoneidad podría haber estado ejerciendo sus cometidos durante largo tiempo, una situación especialmente problemática para las entidades grandes. Además, las entidades transfronterizas deben lidiar con una amplia variedad de normas y procedimientos nacionales, lo que no favorece la eficiencia del sistema actual. El hecho de que en la Unión existan requisitos diferentes en lo que respecta a la evaluación de la idoneidad plantea un problema particularmente grave en el contexto de la unión bancaria. En consecuencia, es importante establecer un conjunto de normas a escala de la Unión para implantar un marco de «aptitud y honorabilidad» coherente y previsible. De este modo, se favorecerá la convergencia en materia de supervisión, lo que redundará en una mayor confianza entre las autoridades competentes, y se aportará más seguridad jurídica a las entidades. Disponer de un marco sólido de «aptitud y honorabilidad» para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y de los titulares de funciones clave es un factor crucial a fin de garantizar la buena gestión de las entidades y de sus riesgos.
            
            
               (38)El objetivo de evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección es asegurar que estén cualificados para desempeñar sus funciones y gocen de la oportuna honorabilidad. Las entidades, como principales responsables de determinar la idoneidad de todos y cada uno de los miembros del órgano de dirección, deben llevar a cabo la evaluación de idoneidad, que ha de ser verificada posteriormente por las autoridades competentes, antes o después de que el miembro del órgano de dirección de que se trate asuma su cargo. No obstante, considerando los riesgos asociados a las entidades grandes, en particular por los posibles efectos de contagio, debe evitarse que los miembros del órgano de dirección que no satisfagan los criterios de idoneidad influyan en su funcionamiento, en vista de las graves consecuencias que ello podría acarrear. Por tanto, salvo en circunstancias excepcionales, las autoridades competentes han de evaluar la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de las entidades grandes antes de que empiecen a ejercer sus cometidos.
            
            
               (39)No solo los miembros del órgano de dirección, sino también los titulares de funciones clave ejercen una influencia significativa a la hora de asegurar que la gestión cotidiana de una entidad sea sólida y prudente. Dado que el texto en vigor de la Directiva 2013/36/UE no define a los titulares de funciones clave, las prácticas que se siguen en la Unión varían en función del Estado miembro, lo que impide llevar a cabo una supervisión eficaz y eficiente y garantizar la igualdad de condiciones. Por lo tanto, es necesario establecer una definición de los titulares de funciones clave. Además, la responsabilidad de evaluar la idoneidad de los titulares de funciones clave debe recaer principalmente en las entidades. Ahora bien, debido a los riesgos que plantean las actividades de las entidades grandes, es preciso que las autoridades competentes evalúen la idoneidad de los responsables de las funciones de control interno y del director financiero de dichas entidades antes de que asuman sus respectivos cargos.
            
            
               (40)A fin de garantizar la seguridad jurídica y la previsibilidad para las entidades, es necesario establecer un proceso eficiente y oportuno respecto de la verificación de la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y de los titulares de funciones clave por parte de las autoridades competentes. El proceso debe permitir a las autoridades competentes solicitar información adicional cuando así lo precisen y, además, debe garantizar que las autoridades competentes puedan tramitar las evaluaciones de idoneidad en el plazo prescrito. Por su parte, las entidades han de proporcionar a las autoridades competentes información correcta y completa dentro del plazo designado y responder con prontitud y de buena fe cuando se les solicite información adicional.
            
            
               (41)En vista del interés que reviste la evaluación de idoneidad a fin de asegurar la gestión sólida y prudente de las entidades, es necesario dotar a las autoridades competentes de nuevos instrumentos, como declaraciones de responsabilidades y un documento de asignación de cometidos, para evaluar la idoneidad de los miembros de los órganos de dirección y de los titulares de funciones clave. Estos nuevos instrumentos también servirán de apoyo a las autoridades competentes en su labor de revisión de los sistemas de gobierno corporativo de las entidades en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisoras. Sin perjuicio de la responsabilidad general del órgano de dirección en cuanto que órgano colegiado, debe exigirse que cada entidad prepare declaraciones individuales y un documento de asignación de cometidos en el que se expongan claramente los cometidos de los miembros del órgano de dirección, los miembros de la alta dirección y los titulares de funciones clave. Estos cometidos no siempre se definen de forma clara o coherente, y puede ocurrir que dos o más funciones se solapen o que determinados ámbitos de responsabilidad queden desatendidos por no figurar expresamente entre las competencias de una persona concreta. Los cometidos de cada persona han de estar perfectamente definidos, y no puede haber ningún ámbito de responsabilidad sin asignar. Gracias a los mencionados instrumentos, debería garantizarse una mayor responsabilización de los miembros del órgano de dirección, los miembros de la alta dirección y los titulares de funciones clave.
            
            
               (42)Con el fin de salvaguardar la estabilidad financiera, las autoridades competentes deben estar facultadas para adoptar decisiones y aplicarlas con celeridad. En el contexto de las medidas de actuación temprana o de las medidas de resolución, las autoridades competentes y las autoridades de resolución podrían considerar oportuno destituir o sustituir a los miembros del órgano de dirección o de la alta dirección. Para ello, las autoridades competentes deben llevar a cabo la evaluación de idoneidad de los miembros del órgano de dirección o de los titulares de funciones clave una vez que hayan asumido su cargo.
            
            
               (43)El hecho de que una entidad pase a estar sujeta al suelo de resultados dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 no debería conllevar el incremento inmediato del importe nominal del requisito de fondos propios adicionales de la entidad establecido por su autoridad competente, de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36/UE, para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo, siempre que las demás condiciones no varíen. Además, en tal caso, la autoridad competente ha de revisar el requisito de fondos propios adicionales de la entidad y evaluar, en particular, si y en qué medida dicho requisito refleja el riesgo de modelo derivado del uso de modelos internos por parte de la entidad. Cuando así sea, debe considerarse que el requisito de fondos propios adicionales de la entidad se solapa con los riesgos reflejados por el suelo de resultados en el requisito de fondos propios de la entidad, y, en consecuencia, la autoridad competente debe reducir dicho requisito en la medida necesaria para eliminar el solapamiento mientras la entidad esté sujeta al suelo de resultados.
            
            
               (44)Del mismo modo, cuando una entidad pase a estar sujeta al suelo de resultados, tampoco habría de producirse un incremento del importe nominal del capital de nivel 1 ordinario de la entidad exigido en virtud del colchón contra riesgos sistémicos si no han aumentado los riesgos macroprudenciales o sistémicos asociados a la entidad. En tales casos, la autoridad competente o la autoridad designada de la entidad, según proceda, debe revisar la calibración de los porcentajes del colchón contra riesgos sistémicos y asegurarse de que sigan siendo adecuados y no conlleven el doble cómputo de los riesgos ya cubiertos por la aplicación del suelo de resultados. De manera más general, ha de evitarse que las autoridades competentes o designadas, según proceda, impongan requisitos relativos al colchón contra riesgos sistémicos para riesgos que ya estén plenamente cubiertos por el suelo de resultados.
            
            
               (45)Además, cuando una entidad designada como «otra entidad de importancia sistémica» pase a estar sujeta al suelo de resultados, su autoridad competente o designada, según proceda, debe revisar la calibración del requisito de colchón para OEIS de la entidad y comprobar que siga siendo adecuada.
            
            
               (46)Con miras a poder activar el colchón contra riesgos sistémicos de manera oportuna y efectiva, es necesario aclarar la aplicación de las disposiciones pertinentes y simplificar y armonizar los procedimientos correspondientes. Las autoridades designadas de todos los Estados miembros deben estar facultadas para establecer un colchón contra riesgos sistémicos a fin de posibilitar el reconocimiento de los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos fijados por las autoridades de otros Estados miembros y garantizar que las autoridades puedan afrontar los riesgos sistémicos de manera oportuna y eficaz. A efectos del reconocimiento de un porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro, solo ha de requerirse la notificación de la autoridad que reconozca el porcentaje. Con objeto de evitar procedimientos de autorización innecesarios cuando la decisión de fijar un porcentaje de colchón dé lugar a la disminución de los porcentajes previamente establecidos, o no conlleve modificación alguna de estos, es preciso ajustar el procedimiento del artículo 131, apartado 15, de la Directiva 2013/36/UE al procedimiento del artículo 133, apartado 9, de la misma Directiva. Por otra parte, deben aclararse los procedimientos establecidos en el artículo 133, apartado 11, de la citada Directiva y armonizarse en mayor medida con los procedimientos aplicables a otros porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos, cuando proceda.
            
            
               HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
            
            
               Artículo 1 
               Modificaciones de la Directiva 2013/36/UE
            
            
               La Directiva 2013/36/UE se modifica como sigue:
            
            
               1)En el artículo 3, el apartado 1 se modifica como sigue:
            
         
         
            
               a)se inserta el punto 8 bis siguiente:
            
            
               «8 bis)“Órgano de dirección en su función de dirección”: el órgano de dirección cuando desempeñe sus funciones de dirección efectiva de la entidad, incluidas las personas que dirijan la actividad de la entidad.»;
            
            
               b)el punto 9 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «9)“Alta dirección”: las personas físicas que ejerzan funciones ejecutivas en la entidad, deban rendir cuentas directamente ante el órgano de dirección de la entidad, pero no sean miembros de este, y sean responsables de la gestión diaria de la entidad bajo la dirección del órgano de dirección de la entidad.»;
            
            
               c)se insertan los puntos 9 bis a 9 quinquies siguientes:
            
            
               «9 bis)“Titulares de funciones clave”: las personas que ejerzan una influencia significativa en la dirección de la entidad, pero no sean miembros del órgano de dirección, incluidos los responsables de las funciones de control interno y el director financiero cuando no sean miembros del órgano de dirección.
            
            
               9 ter)“Director financiero”: la persona responsable de la gestión de los recursos financieros, de la planificación financiera y de la información financiera de la entidad.
            
            
               9 quater) “Responsables de las funciones de control interno”: las personas que ocupen el máximo nivel jerárquico y sean responsables de la gestión efectiva de las actividades cotidianas de las funciones independientes de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna de la entidad.
            
            
               9 quinquies)“Funciones de control interno”: las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna.»;
            
            
               d)el punto 11 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «11)“Riesgo de modelo”: el riesgo de modelo tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 52 ter, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;
            
            
               e)se inserta el punto 29 bis siguiente:
            
            
               «29 bis)“Entidad autónoma en la UE”: una entidad autónoma en la UE tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 33 bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;
            
            
               f)se inserta el punto 47 bis siguiente:
            
            
               «47 bis)“Capital admisible”: el capital admisible tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 71, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;
            
            
               g)se añaden los puntos 66 a 69 siguientes:
            
            
               «66)“Entidad grande”: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 146, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               67)“Filial pertinente”: una filial significativa tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 135, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o una filial grande tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 147, de dicho Reglamento.
            
            
               68)“Multas coercitivas”: las sanciones diarias destinadas a poner fin a las infracciones en curso y obligar a una persona física o jurídica a volver a cumplir sus obligaciones en virtud de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               69)“Riesgo ambiental, social y de gobernanza”: el riesgo ambiental, social y de gobernanza tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 52 quinquies, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.».
            
         
         
            
               2)En el artículo 4, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «4. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la experiencia, los recursos, la capacidad operativa, las facultades y la independencia necesarios para ejercer las funciones relativas a la supervisión prudencial y la investigación, y estén facultadas para imponer multas coercitivas y sanciones según lo previsto en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               A fin de preservar la independencia de las autoridades competentes en el ejercicio de sus facultades, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que dichas autoridades, con inclusión de su personal y de los miembros de sus órganos de gobernanza, puedan actuar con independencia y objetividad, sin solicitar ni aceptar instrucciones ni estar sometidas a la influencia de ninguna entidad supervisada, ningún Gobierno de un Estado miembro, ningún organismo de la Unión ni ningún otro organismo público o privado. Dichas medidas se entenderán sin perjuicio de los derechos y las obligaciones que incumban a las autoridades competentes por su pertenencia al Sistema Europeo de Supervisión Financiera, como se desprende del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010*1, al Mecanismo Único de Supervisión, como se desprende del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013*2, y del Reglamento (UE) n.º 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014*3, y a la Junta Única de Resolución, como se desprende del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014 *4.
            
            
               Los Estados miembros velarán, en particular, por que las autoridades competentes apliquen las disposiciones necesarias para evitar los conflictos de intereses de su personal y de los miembros de sus órganos de gobernanza. A tal fin, los Estados miembros establecerán normas proporcionadas de acuerdo con las funciones y las responsabilidades del personal y los miembros de los órganos de gobernanza en las que se les prohibirá, como mínimo, lo siguiente:
            
            
               a)negociar instrumentos financieros emitidos por, o referenciados a, las entidades que estén bajo la supervisión de las autoridades competentes, o sus empresas matrices, filiales o asociadas directas o indirectas;
            
            
               b)tras el cese de su actividad en la autoridad competente, ser contratados por, o aceptar cualquier tipo de contrato de prestación de servicios profesionales en relación con, las entidades o empresas que se indican a continuación:
            
            
               i)entidades a las que hayan supervisado directamente, incluidas sus empresas matrices, sus filiales o sus asociadas directas o indirectas, en los dos años anteriores a la fecha de entrada en funciones en el nuevo cargo;
            
            
               ii)empresas que presten servicios a cualquiera de las que se mencionan en el inciso i) y a las que hayan supervisado directamente en los dos años anteriores a la fecha de entrada en funciones en el nuevo cargo, salvo que la participación en la prestación de tales servicios quede expresamente excluida mientras esté en vigor la prohibición.
            
            
               Los miembros del personal y de los órganos de gobernanza sujetos a las prohibiciones que se establecen en el párrafo tercero, letra b), tendrán derecho a una indemnización adecuada por la imposibilidad de asumir un cargo prohibido.
            
            
               Con vistas a la aplicación proporcionada del presente artículo, la ABE, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, formulará directrices destinadas a las autoridades competentes sobre la prevención de los conflictos de intereses en el seno de estas autoridades y su independencia.
            
            
               ______
            
            
               *1
                     Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
            
            
               *2
                     Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).
            
            
               *3
                     Reglamento (UE) n.º 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (BCE/2014/17) (DO L 141 de 14.5.2014, p. 1).
            
            
               *4
                     Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).».
            
            
               3)En el artículo 18, se añade la siguiente letra g):
            
            
               «g)reúna las siguientes condiciones:
            
            
               i)se determine que la entidad de crédito es inviable o existe la probabilidad de que lo sea de conformidad con el artículo 32, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/59/UE o con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 806/2014;
            
            
               ii)la autoridad de resolución considere que, respecto de dicha entidad de crédito, se cumple la condición del artículo 32, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59/UE o del artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 806/2014;
            
            
               iii)la autoridad de resolución considere que, respecto de dicha entidad de crédito, se cumple la condición del artículo 32, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/59/UE o del artículo 18, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 806/2014.».
            
         
         
            
               4)El artículo 21 bis se modifica como sigue:
            
            
               a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1. Las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras de cartera matrices de la UE y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la UE solicitarán su aprobación de conformidad con el presente artículo. Las demás sociedades financieras de cartera o sociedades financieras mixtas de cartera solicitarán su aprobación de conformidad con el presente artículo cuando estén obligadas a cumplir lo dispuesto en la presente Directiva o en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en base subconsolidada.
            
            
               Las autoridades competentes llevarán a cabo una revisión de las empresas matrices de una entidad, o las empresas matrices de un ente que solicite autorización con arreglo al artículo 8, a fin de determinar si existe una empresa que reúna los criterios para ser considerada una sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE.
            
            
               A efectos del párrafo segundo, cuando las sociedades matrices estén situadas en Estados miembros distintos del Estado miembro de establecimiento de la entidad o del ente que solicita autorización con arreglo al artículo 8, las autoridades competentes de ambos Estados miembros cooperarán estrechamente para llevar a cabo la revisión.
            
            
               Las autoridades competentes publicarán el resultado del examen a que se refiere el párrafo segundo.»;
            
            
               b)el apartado 2 se modifica como sigue:
            
            
               i)en el párrafo primero, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «b) información relativa al nombramiento de al menos dos personas que dirijan de manera efectiva la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera y al cumplimiento de los requisitos del artículo 91, apartado 1;»;
            
            
               ii)el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Cuando la aprobación de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera concurra con la evaluación a que se refieren los artículos 22 y 27 bis, la autoridad competente a efectos de dicho artículo se coordinará, según proceda, con el supervisor en base consolidada y, cuando sea distinta, con la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento de la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera. En ese caso, el plazo de evaluación a que se refieren el artículo 22, apartado 3, párrafo segundo, y el artículo 27 bis, apartado 6, se suspenderá por un período superior a veinte días hábiles hasta la conclusión del procedimiento establecido en el presente artículo.».
            
            
               5)En el artículo 21 ter, apartado 6, se añaden los párrafos segundo y tercero siguientes:
            
            
               «La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución en las que especificará los formatos uniformes, las definiciones y las soluciones informáticas que deberán aplicarse en la Unión para la comunicación de la información a que se refiere el párrafo primero.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo segundo de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
            
            
               6)Se introduce el nuevo artículo 21 quater siguiente:
            
            
               «Artículo 21 quater 
               Obligación de establecer una sucursal para la prestación de servicios bancarios por parte de empresas de terceros países y excepción relativa a la comercialización pasiva de servicios
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán a las empresas establecidas en un tercer país a que se refiere el artículo 47, apartados 1 y 2, que, a fin de iniciar o seguir ejerciendo las actividades mencionadas en el apartado 1 de dicho artículo en su territorio, establezcan en él una sucursal y soliciten autorización de conformidad con el título VI.
            
            
               2. Cuando un cliente minorista, una contraparte elegible o un cliente profesional, en el sentido del anexo II, secciones I y II, de la Directiva 2014/65/UE, establecidos o situados en la Unión se dirijan por iniciativa propia a una empresa establecida en un tercer país para solicitar cualquiera de los servicios o las actividades a que se refiere el artículo 47, apartado 1, no se aplicará el requisito del apartado 1 del presente artículo a la prestación del servicio o al ejercicio de la actividad en favor de dicha persona, así como tampoco a las relaciones específicamente vinculadas a la prestación de dicho servicio o al ejercicio de dicha actividad. Sin perjuicio de las relaciones intragrupo, cuando una empresa de un tercer país, incluso a través de un ente que actúe en su nombre o que mantenga vínculos estrechos con ella, o a través de cualquier otra persona que actúe en su nombre, capte clientes o posibles clientes en la Unión, no se considerará que el servicio se preste por iniciativa propia del cliente.
            
            
               3. Cuando un cliente o una contraparte se dirija a una empresa de un tercer país por iniciativa propia, como se contempla en el apartado 2, dicha empresa no estará autorizada a comercializar otras categorías de productos, actividades o servicios distintas de las que el cliente o la contraparte hayan solicitado, salvo a través de una sucursal del tercer país de la empresa establecida en un Estado miembro.».
            
         
         
            
               7)En el título III, se añaden los capítulos 3, 4 y 5 siguientes:
            
            
               «CAPÍTULO 3
            
            
               Adquisición o cesión de una participación cualificada
            
            
               Artículo 27 bis 
               Notificación y evaluación de la adquisición
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán a toda entidad, sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera de cartera matriz de la UE y sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, así como a toda sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera sujeta a aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 1, en base subconsolidada (“adquirente”) que notifiquen a su autoridad competente la intención de adquirir, directa o indirectamente, una participación cualificada superior al 15 % del capital admisible del adquirente ("adquisición prevista"), indicando la cuantía de la participación prevista y facilitando la información pertinente que se especifica en el artículo 27 ter, apartado 5.
            
            
               2. Las autoridades competentes acusarán recibo de la notificación contemplada en el apartado 1 o de la información adicional que se facilite en virtud del apartado 5 sin demora, y en todo caso en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
            
            
               No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 22, apartado 2, cuando la adquisición prevista a que se refieren el apartado 1 del presente artículo o el artículo 22, apartado 1, se considere compleja, las autoridades competentes acusarán recibo de la notificación de la información adicional sin demora, y en todo caso en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de recepción de dicha notificación.
            
            
               3. Las autoridades competentes dispondrán de sesenta días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y la recepción de la totalidad de los documentos, incluidos los que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación de conformidad con el artículo 27 ter, apartado 4 (“plazo de evaluación”), para llevar a cabo la evaluación prevista en el artículo 27 ter, apartado 1 (“evaluación”).
            
            
               Si la adquisición prevista consiste en una participación cualificada en una entidad de crédito, según se contempla en el artículo 22, apartado 1, el adquirente estará igualmente sujeto a la obligación de notificación y a la evaluación con arreglo a dicho artículo.
            
            
               4. Las autoridades competentes informarán al adquirente previsto de la fecha de expiración del plazo de evaluación cuando procedan al acuse de recibo a que se refiere el apartado 3.
            
            
               5. Cuando lo estimen necesario, las autoridades competentes podrán solicitar, durante el plazo de evaluación, aunque no después del quincuagésimo día hábil de dicho plazo, la información adicional que se precise para completar la evaluación. En la solicitud, que se hará por escrito, se especificará la información adicional necesaria.
            
            
               6. El plazo de evaluación quedará suspendido durante el período comprendido entre la fecha en la que las autoridades competentes soliciten la información adicional y la fecha en la que se reciba una respuesta del adquirente con la información solicitada. La suspensión tendrá una duración máxima de veinte días hábiles. Las autoridades competentes podrán, según su criterio, formular nuevas solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información facilitada, si bien estas solicitudes no darán lugar a la suspensión del plazo de evaluación.
            
            
               7. Las autoridades competentes podrán prolongar la suspensión mencionada en el apartado 6, párrafo segundo, hasta un máximo de treinta días hábiles cuando:
            
            
               a)el ente adquirido esté situado o regulado en un tercer país;
            
            
               b)a los efectos de la evaluación a que se refiere el artículo 27 ter, apartado 1, de la presente Directiva, se requiera intercambiar información con las autoridades responsables de la supervisión de los entes obligados que se enumeran en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo*5.
            
            
               8. Cuando la aprobación de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera con arreglo al artículo 21 bis concurra con la evaluación a que se refiere el presente artículo, la autoridad competente a efectos de dicho artículo se coordinará, según proceda, con el supervisor en base consolidada y, cuando sea distinta, con la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento de la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera. En ese caso, el plazo de evaluación se suspenderá, por un máximo de veinte días hábiles, hasta la conclusión del procedimiento establecido en el artículo 21 bis.
            
            
               9. Cuando las autoridades competentes decidan plantear objeciones a la adquisición prevista, informarán de ello al adquirente, por escrito y motivando su decisión, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización de la evaluación, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse el plazo de evaluación. Con arreglo al Derecho nacional y a petición del adquirente, podrá publicarse una exposición adecuada de los motivos que justifiquen la decisión de oposición a la adquisición prevista. La ausencia de disposiciones en el Derecho nacional relativas a la exposición adecuada de los motivos que justifiquen la decisión de oposición a una adquisición prevista no impedirá que los Estados miembros permitan a las autoridades competentes publicar dicha información sin que medie la petición del adquirente.
            
            
               10. Cuando las autoridades competentes no se opongan por escrito a la adquisición prevista dentro del plazo de evaluación, la adquisición se considerará aprobada.
            
            
               11. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo máximo para la conclusión de la adquisición prevista y prolongarlo según proceda.
            
            
               12. Los Estados miembros no podrán imponer condiciones más rigurosas que las establecidas en el artículo 89 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 respecto de la notificación a las autoridades competentes, o la aprobación por estas, de las adquisiciones directas o indirectas o capital.
            
         
         
            
               ________
            
            
               *5
                     Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
            
            
               Artículo 27 ter 
               Criterios de evaluación
            
            
               1. Al examinar la notificación de la adquisición prevista que se contempla en el artículo 27 bis, apartado 1, y la información a que se refiere el artículo 27 bis, apartado 5, las autoridades competentes evaluarán la gestión sólida y prudente del adquirente después de la adquisición, y en particular de los riesgos a los que el adquirente esté o pueda estar expuesto, con arreglo a los siguientes criterios:
            
            
               a)la oportuna honorabilidad y la idoneidad de los conocimientos, las competencias y la experiencia, con arreglo a lo indicado en el artículo 91, apartado 1, de todo nuevo miembro del órgano de dirección del adquirente que vaya a ser nombrado como consecuencia de la adquisición;
            
            
               b)la capacidad del adquirente para cumplir en todo momento los requisitos prudenciales establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en su caso, en otros instrumentos del Derecho de la Unión;
            
            
               c)la existencia de indicios razonables que permitan suponer que, en relación con la adquisición prevista, se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que la adquisición prevista podría aumentar el riesgo de que se efectúen o intenten efectuar tales operaciones.
            
            
               2. A efectos de evaluar el criterio del apartado 1, letra c), y el criterio del artículo 23, apartado 1, letra e), las autoridades competentes consultarán, en el contexto de sus verificaciones, a las autoridades competentes a cargo de la supervisión de las empresas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               3. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la adquisición prevista cuando haya motivos razonables para hacerlo sobre la base de los criterios establecidos en el apartado 1 o si la información aportada por el adquirente está incompleta, a pesar de haberse formulado una solicitud de conformidad con el artículo 27 bis.
            
            
               A efectos del presente apartado y del artículo 23, apartado 2, y en relación con el criterio establecido en el apartado 1, letra c), la objeción por escrito de las autoridades competentes a cargo de la supervisión de las empresas en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 constituirá un motivo razonable de oposición.
            
            
               4. Los Estados miembros no impondrán condiciones previas en cuanto al nivel de participación que deba adquirirse, ni permitirán a sus autoridades competentes examinar la adquisición prevista a la luz de las necesidades económicas del mercado.
            
            
               5. Los Estados miembros publicarán una lista en la que se especifique la información necesaria para llevar a cabo la evaluación. Esta información se facilitará a las autoridades competentes en el momento de la notificación a que se refiere el artículo 27 bis, apartado 1. La información será proporcionada y adecuada atendiendo a la naturaleza del ente objeto de la adquisición. Los Estados miembros no exigirán información que no sea pertinente para la evaluación prudencial en virtud del presente artículo.
            
            
               6. No obstante lo dispuesto en el artículo 27 bis, apartados 2 a 7, cuando se notifiquen varias propuestas de adquisición de participaciones cualificadas en un mismo ente, la autoridad competente tratará a todos los adquirentes de forma no discriminatoria.
            
            
               7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especificará lo siguiente:
            
            
               a)la lista mínima de la información que deba facilitarse a las autoridades competentes en el momento de la notificación a que se refieren el artículo 23, apartado 1, el artículo 27 bis, apartado 1, el artículo 27 septies, apartado 1, y el artículo 27 duodecies, apartado 1;
            
            
               b)una metodología común para la evaluación de los criterios establecidos en el presente artículo, en el artículo 27 octies y en el artículo 27 terdecies;
            
            
               c)el proceso aplicable a la notificación y la evaluación prudencial exigidas en virtud del artículo 27 bis, el artículo 27 septies y el artículo 27 duodecies.
            
            
               A los fines del párrafo primero, la ABE tomará en consideración la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo*6.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
         
         
            
               __________
            
            
               *6
                     Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada).
            
            
               Artículo 27 quater 
               Cooperación entre las autoridades competentes
            
            
               1. Las autoridades competentes se consultarán mutuamente al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 27 ter cuando el adquirente sea alguno de los entes siguientes:
            
            
               a)una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE (“sociedad de gestión de OICVM”), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que opera el adquirente previsto;
            
            
               b)una empresa matriz de una entidad de crédito, de una empresa de seguros, de una empresa de reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE (“sociedad de gestión de OICVM”), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que opera el adquirente previsto;
            
            
               c)una persona jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.
            
            
               Las autoridades competentes se facilitarán, sin retrasos injustificados, toda la información esencial o pertinente para la evaluación. A tal fin, las autoridades competentes se transmitirán, previa solicitud o por iniciativa propia, toda la información pertinente para la evaluación.
            
            
               2. Las autoridades competentes procurarán coordinar sus evaluaciones y garantizar la coherencia de sus decisiones. A tal fin, la autoridad competente del adquirente hará constar en su decisión toda observación o reserva formulada por la autoridad competente que haya autorizado a la entidad de crédito controlada por la empresa matriz en la que se prevea la adquisición.
            
            
               3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer los procedimientos, los formularios y las plantillas comunes a efectos del proceso de consultas entre las autoridades competentes a que se refiere el presente artículo.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 27 quinquies 
               Notificación en caso de cesión
            
            
               Los Estados miembros exigirán a toda entidad, sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera de cartera matriz de la UE y sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, así como a toda sociedad financiera de cartera y sociedad financiera mixta de cartera, que notifiquen a las autoridades competentes su intención de ceder, directa o indirectamente, una participación cualificada superior al 15 % del capital admisible del adquirente. La notificación se efectuará por escrito y con antelación a la cesión, indicando la cuantía de la participación.
            
            
               Artículo 27 sexies 
               Obligaciones de información y sanciones
            
            
               Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que adopten las medidas adecuadas cuando el adquirente no notifique previamente la adquisición prevista de conformidad con el artículo 27 bis, apartado 1, o haya adquirido una participación cualificada en el sentido de dicho artículo a pesar de la oposición de dichas autoridades competentes. Las medidas podrán consistir en requerimientos, multas coercitivas y sanciones, de conformidad con los artículos 65 a 72, contra los miembros del órgano de dirección y la alta dirección. Cuando se adquiera una participación cualificada a pesar de la oposición de las autoridades competentes, los Estados miembros dispondrán, sin perjuicio de las posibles sanciones, bien la suspensión del ejercicio de los derechos de voto correspondientes, bien la declaración de nulidad de los votos emitidos.
            
            
               CAPÍTULO 4
            
            
               Transferencias significativas de activos y pasivos
            
            
               Artículo 27 septies 
               Notificación y evaluación de las transferencias significativas de activos y pasivos
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán a toda entidad, sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera de cartera matriz de la UE y sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, así como a toda sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera sujeta a aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 1, en base subconsolidada que notifiquen a su autoridad competente toda transferencia significativa de activos o pasivos que tengan intención de efectuar, bien mediante venta, bien mediante otro tipo de transacción (“operación prevista”). En la notificación se indicará la cuantía de la operación prevista y se facilitará la información especificada en el artículo 27 octies, apartado 5.
            
         
         
            
               Cuando en la operación prevista solo intervengan entidades de un mismo grupo, estas entidades también estarán sujetas al párrafo primero.
            
            
               A efectos de los párrafos primero y segundo, cada una de las entidades que intervenga en la misma operación prevista deberá satisfacer individualmente la obligación de notificación establecida en dichos párrafos.
            
            
               2. A efectos del apartado 1:
            
            
               a)la operación prevista se considerará significativa cuando sea igual o superior al 10 % de los activos o pasivos totales de la entidad, o, en el caso de que se lleve a cabo entre entes de un mismo grupo, cuando sea igual o superior al 15 % del total de los activos o pasivos de la entidad;
            
            
               b)para el cálculo del porcentaje a que se refiere la letra a), no se tendrán en cuenta las transferencias de activos improductivos ni de activos para su inclusión en un conjunto de cobertura, en el sentido del artículo 3, punto 3, de la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo*7, o que vayan a ser titulizados;
            
            
               c)para el cálculo del porcentaje a que se refiere la letra a), no se tendrán en cuenta las transferencias de activos o pasivos en el marco de la utilización de los instrumentos, las competencias y los mecanismos de resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE.
            
            
               3. Las autoridades competentes acusarán recibo de la notificación contemplada en el apartado 1 o de la información adicional que se facilite en virtud del apartado 6 sin demora, y en todo caso en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación.
            
            
               4. A contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y de los documentos, incluidos los que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación de conformidad con el artículo 27 octies, apartado 5, las autoridades competentes dispondrán de un máximo de sesenta días hábiles para llevar a cabo la evaluación prevista en el artículo 27 octies, apartado 1 (“plazo de evaluación”).
            
            
               5. Las autoridades competentes informarán a la entidad de la fecha de expiración del plazo de evaluación cuando procedan al acuse de recibo.
            
            
               6. Las autoridades competentes podrán solicitar la información adicional necesaria para completar la evaluación en cualquier momento durante el plazo de evaluación, aunque no después del quincuagésimo día hábil de dicho plazo. En la solicitud, que se hará por escrito, se especificará la información adicional necesaria.
            
            
               7. El plazo de evaluación quedará suspendido durante el período comprendido entre la fecha en la que las autoridades competentes soliciten la información y la fecha en la que se reciba una respuesta de la entidad con la información solicitada. La suspensión tendrá una duración máxima de veinte días hábiles. Las autoridades competentes podrán, según su criterio, formular nuevas solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información facilitada, si bien estas solicitudes no darán lugar a la suspensión del plazo de evaluación.
            
            
               8. Cuando las autoridades competentes decidan plantear objeciones a la operación prevista, informarán de ello a la entidad, por escrito y motivando su decisión, en el plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización de la evaluación, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse la fecha de expiración del plazo de evaluación. Con arreglo al Derecho nacional y a petición de la entidad, podrá publicarse una exposición adecuada de los motivos que justifiquen la decisión. La ausencia de disposiciones en el Derecho nacional relativas a la exposición adecuada de los motivos que justifiquen la decisión de oposición a la adquisición prevista no impedirá que los Estados miembros permitan a las autoridades competentes publicar dicha información sin que medie la petición de la entidad.
            
            
               9. Cuando las autoridades competentes no se opongan por escrito a la operación prevista dentro del plazo de evaluación, la operación se considerará aprobada.
            
            
               10. Las autoridades competentes podrán establecer un plazo máximo para la conclusión de la operación prevista y prolongarlo según proceda.
            
            
               11. Los Estados miembros no podrán imponer condiciones más rigurosas que las establecidas en el artículo 27 septies respecto de la notificación a las autoridades competentes, o la aprobación por parte de estas.
            
            
               ________
            
            
               *7
                     Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE (DO L 328 de 18.12.2019, p. 29).
            
            
               Artículo 27 octies 
               Criterios de evaluación
            
            
               1. Al examinar la notificación contemplada en el artículo 27 septies, apartado 1, y la información a que se refiere el artículo 27 septies, apartado 6, las autoridades competentes evaluarán la operación prevista con arreglo a los siguientes criterios:
            
            
               a)la capacidad de la entidad de cumplir en todo momento los requisitos prudenciales establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en su caso, en otros instrumentos del Derecho de la Unión;
            
         
         
            
               b)la existencia de indicios razonables que permitan suponer que, en relación con la operación prevista, se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que la adquisición prevista podría aumentar el riesgo de que se efectúen o intenten efectuar tales operaciones.
            
            
               2. A efectos de evaluar el criterio del apartado 1, letra b), las autoridades competentes consultarán, en el contexto de sus verificaciones, a las autoridades competentes a cargo de la supervisión de las empresas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               3. Las autoridades competentes solo podrán oponerse a la operación prevista cuando no se cumplan los criterios establecidos en el apartado 1 o cuando la información aportada por la entidad esté incompleta, a pesar de haberse formulado una solicitud de conformidad con el artículo 27 septies.
            
            
               En relación con el criterio establecido en el apartado 1, letra b), la objeción por escrito de las autoridades competentes en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 constituirá un motivo razonable de oposición.
            
            
               4. Los Estados miembros no podrán someter la operación prevista al cumplimiento de un determinado nivel o importe, ni permitir que sus autoridades competentes examinen la operación prevista a la luz de las necesidades económicas del mercado.
            
            
               5. Los Estados miembros publicarán una lista de la información necesaria para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el apartado 1. Esta información se facilitará a las autoridades competentes en el momento de la notificación a que se refiere el artículo 27 septies, apartado 1. Los Estados miembros no exigirán información que no sea pertinente para la evaluación prudencial de la operación prevista.
            
            
               Artículo 27 nonies 
               Cooperación entre las autoridades competentes
            
            
               1. Las autoridades competentes se consultarán mutuamente al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 27 octies cuando las partes que intervengan en la operación prevista sean alguno de los entes siguientes:
            
            
               a)una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE (“sociedad de gestión de OICVM”), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se prevé la adquisición;
            
            
               b)una empresa matriz de una entidad de crédito, de una empresa de seguros, de una empresa de reaseguros, de una empresa de servicios de inversión o de una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE (“sociedad de gestión de OICVM”), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se prevé la adquisición;
            
            
               c)una persona jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.
            
            
               2. Las autoridades competentes se facilitarán, sin retrasos injustificados, toda la información esencial o pertinente para la evaluación. A tal fin, las autoridades competentes se transmitirán, previa solicitud o por iniciativa propia, toda la información pertinente para la evaluación.
            
            
               3. Las autoridades competentes procurarán coordinar sus evaluaciones y garantizar la coherencia de sus decisiones, y harán constar en ellas toda observación o reserva formulada por la autoridad competente que supervise a otros entes que intervengan en la operación prevista.
            
            
               4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer los procedimientos, los formularios y las plantillas comunes a efectos del proceso de consultas entre las autoridades competentes a que se refiere el presente artículo.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 27 decies 
               Obligaciones de información y sanciones
            
            
               Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que adopten las medidas adecuadas cuando las entidades no notifiquen previamente la operación prevista de conformidad con el artículo 27 septies, apartado 1, o lleven a cabo la operación a pesar de la oposición de dichas autoridades competentes. Las medidas podrán consistir en requerimientos, multas coercitivas y sanciones, de conformidad con los artículos 65 a 72, contra los miembros del órgano de dirección y la alta dirección.
            
            
               CAPÍTULO 5
            
            
               Fusiones y escisiones
            
         
         
            
               Artículo 27 undecies 
               Definiciones
            
            
               A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
            
            
               a)“Fusión”: cualquiera de las operaciones que se indican a continuación por las que:
            
            
               i)una o varias sociedades transfieren a otra sociedad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad o parte de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus socios de valores o de acciones o participaciones representativos del capital social de la otra sociedad y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal (salvo que en el Derecho nacional aplicable se especifique otra cosa) o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos valores o dichas acciones o participaciones;
            
            
               ii)una o varias sociedades, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, transmiten a otra sociedad ya existente, la sociedad absorbente, la totalidad o parte de su patrimonio activo y pasivo, sin que la sociedad absorbente emita nuevas acciones o participaciones, a condición de que una sola persona sea titular de manera directa o indirecta de todas las acciones o participaciones de las sociedades que se fusionen, o de que los socios sean titulares de sus valores y de sus acciones o participaciones en la misma proporción en todas las sociedades que se fusionen;
            
            
               iii)dos o más sociedades, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, transfieren a una sociedad constituida por ellas la totalidad o parte de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a sus socios de valores o de acciones o participaciones representativos del capital social de esta nueva sociedad y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal (salvo que en el Derecho nacional aplicable se especifique otra cosa) o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos valores o dichas acciones o participaciones;
            
            
               iv)una sociedad transfiere, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto o parte de su patrimonio activo y pasivo a la sociedad que posee la totalidad de los valores o de las acciones o participaciones representativos de su capital social.
            
            
               b)“Escisión”: cualquiera de las operaciones que se indican a continuación:
            
            
               i)una operación por la que, como consecuencia de su disolución sin liquidación, una sociedad transfiere a varias sociedades el conjunto de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a los accionistas de la sociedad escindida de acciones o participaciones de las sociedades beneficiarias de las aportaciones resultantes de la escisión y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal (salvo que en el Derecho nacional aplicable se especifique otra cosa) o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos valores o dichas acciones o participaciones;
            
            
               ii)una operación por la que, como consecuencia de su disolución sin liquidación, una sociedad transfiere a varias sociedades recientemente constituidas la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la atribución a los accionistas de la sociedad escindida de acciones o participaciones de las sociedades beneficiarias y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal (salvo que en el Derecho nacional aplicable se especifique otra cosa) o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos valores o dichas acciones o participaciones;
            
            
               iii)una operación consistente en una combinación de las operaciones descritas en los incisos i) y ii);
            
            
               iv)una operación por la que una sociedad escindida transmite una parte de su patrimonio activo y pasivo a una o varias sociedades beneficiarias mediante la atribución a los socios de la sociedad escindida de acciones o participaciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida, o en las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida, y, en su caso, de una compensación en efectivo que no supere el 10 % del valor nominal (salvo que en el Derecho nacional aplicable se especifique otra cosa) o, a falta de valor nominal, del valor contable de dichos valores o dichas acciones o participaciones;
            
            
               v)una operación por la que una sociedad escindida transmite parte de su patrimonio activo y pasivo a una o varias sociedades beneficiarias mediante la atribución a la sociedad escindida de valores o de acciones o participaciones en las sociedades beneficiarias.
            
            
               Artículo 27 duodecies 
               Notificación y evaluación de las fusiones o escisiones
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán a toda entidad, sociedad financiera de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera mixta de cartera matriz de un Estado miembro, sociedad financiera de cartera matriz de la UE y sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, así como a toda sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera sujeta a aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 1, en base subconsolidada (“partes interesadas del sector financiero”) que se proponga llevar a cabo una fusión o escisión (“operación propuesta”) que, con antelación a la conclusión de la operación propuesta, la notifiquen a las autoridades competentes responsables de supervisar a los entes resultantes de dicha operación propuesta, facilitando la información pertinente que se especifica en el artículo 27 terdecies, apartado 4.
            
            
               A efectos del párrafo primero, el BCE será la autoridad competente para la notificación y estará a cargo de la evaluación cuando los entes resultantes de la operación propuesta cumplan en base consolidada cualquiera de las condiciones que se indican a continuación:
            
            
               a)el valor total de sus activos supere los 30 000 millones EUR;
            
            
               b)la ratio entre sus activos totales y el PIB del Estado miembro participante de establecimiento supere el 20 %, a menos que el valor total de los activos sea inferior a 5 000 millones EUR.
            
            
               A efectos del párrafo primero, cuando la operación propuesta consista en una escisión, la autoridad competente responsable de la supervisión del ente que lleve a cabo la operación propuesta será la autoridad competente para la notificación y a cargo de la evaluación.
            
            
               2. Las autoridades competentes acusarán recibo de la notificación contemplada en el apartado 1 o de la información adicional que se facilite en virtud del apartado 3 sin demora, y en todo caso en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la notificación o la información adicional.
            
         
         
            
               Cuando en la operación propuesta intervengan únicamente partes interesadas del sector financiero pertenecientes a un mismo grupo, las autoridades competentes dispondrán de un plazo máximo de sesenta días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la notificación y la totalidad de los documentos que el Estado miembro exija que se adjunten a la notificación de conformidad con el artículo 27 terdecies, apartado 5 (“plazo de evaluación”) para llevar a cabo la evaluación prevista en el artículo 27 terdecies, apartado 1.
            
            
               La autoridad competente informará a la parte interesada del sector financiero de la fecha de expiración del plazo de evaluación cuando proceda al acuse de recibo.
            
            
               3. Las autoridades competentes podrán solicitar la información adicional necesaria para completar la evaluación. En la solicitud, que se hará por escrito, se especificará la información adicional necesaria.
            
            
               Cuando en la operación propuesta intervengan únicamente partes interesadas del sector financiero pertenecientes a un mismo grupo, las autoridades competentes podrán solicitar información adicional a más tardar el quincuagésimo día hábil del plazo de evaluación.
            
            
               El plazo de evaluación quedará suspendido durante el período comprendido entre la fecha en la que las autoridades competentes soliciten la información adicional y la fecha en la que se reciba una respuesta de las partes interesadas del sector financiero con la información solicitada. La suspensión tendrá una duración máxima de veinte días hábiles. Las autoridades competentes podrán, según su criterio, formular nuevas solicitudes con objeto de que se complete o aclare la información facilitada, si bien estas solicitudes no darán lugar a la suspensión del plazo de evaluación.
            
            
               4. No obstante lo dispuesto en el apartado 3, párrafo tercero, las autoridades competentes podrán prorrogar la suspensión hasta un máximo de treinta días hábiles cuando:
            
            
               a)el ente adquirido esté situado o regulado en un tercer país;
            
            
               b)a fin de llevar a cabo la evaluación prevista en el artículo 27 terdecies, apartado 1, de la presente Directiva, se requiera intercambiar información con las autoridades responsables de la supervisión de los entes obligados a que se refiere el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               5. No se concluirá ninguna operación prevista sin el dictamen favorable previo de las autoridades competentes.
            
            
               6. En el plazo de dos días hábiles desde la conclusión de su evaluación, las autoridades competentes emitirán por escrito un dictamen motivado, favorable o negativo, dirigido a las partes interesadas del sector financiero. Con arreglo al Derecho nacional y a petición de las partes interesadas del sector financiero, podrá publicarse una exposición adecuada de los motivos que justifiquen el dictamen. Lo anterior no impedirá a los Estados miembros permitir que las autoridades competentes publiquen esta información sin que medie la petición de las partes interesadas del sector financiero.
            
            
               Las partes interesadas del sector financiero transmitirán el dictamen motivado emitido por sus autoridades competentes con arreglo al párrafo primero a las autoridades que, en virtud del Derecho nacional, estén a cargo del control de la operación propuesta.
            
            
               7. Cuando en la operación propuesta intervengan únicamente partes interesadas del sector financiero pertenecientes a un mismo grupo y las autoridades competentes no se opongan por escrito a dicha operación dentro del plazo de evaluación, el dictamen se considerará favorable.
            
            
               8. El dictamen favorable emitido por la autoridad competente podrá tener una duración determinada.
            
            
               9. Los Estados miembros no impondrán requisitos de notificación y aprobación más estrictos que los establecidos en el presente capítulo.
            
            
               10. El presente capítulo se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo*8 y la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo.
            
            
               11. Cuando la operación propuesta requiera una autorización de conformidad con el artículo 8 o una aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, no se llevará a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 27 duodecies, apartado 1.
            
            
               ______
            
            
               *8
                     Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas ("Reglamento comunitario de concentraciones").
            
            
               Artículo 27 terdecies 
               Criterios de evaluación
            
            
               1. A fin de garantizar la solidez del perfil prudencial de las partes interesadas del sector financiero tras la conclusión de la operación propuesta, y en particular los riesgos a los que dichas partes estén o puedan estar expuestas durante la operación propuesta, así como los riesgos a los que pueda estar expuesta la parte interesada del sector financiero resultante de la operación propuesta, al evaluar la notificación prevista en el artículo 27 duodecies, apartado 1, y la información a que se refiere el artículo 27 duodecies, apartado 3, las autoridades competentes examinarán la operación propuesta a la luz de los criterios siguientes:
            
         
         
            
               a)la reputación de los entes que intervienen en la operación propuesta;
            
            
               b)la oportuna honorabilidad y la idoneidad de los conocimientos, las competencias y la experiencia, con arreglo a lo indicado en el artículo 91, apartado 1, de todo miembro del órgano de dirección que vaya a dirigir la actividad de la parte interesada del sector financiero resultante de la operación propuesta;
            
            
               c)la solidez financiera de los entes que intervienen en la operación propuesta, en particular en relación con el tipo de actividad que ejerza o se prevea que ejerza la parte interesada del sector financiero resultante de la operación propuesta;
            
            
               d)la capacidad del ente resultante de la operación propuesta de cumplir en todo momento los prudenciales establecidos en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, y, en su caso, en otros instrumentos del Derecho de la Unión, en particular las Directivas 2002/87/CE y 2009/110/CE;
            
            
               e)la practicidad, la solidez y la eficiencia del plan de ejecución de la operación propuesta desde un punto de vista prudencial;
            
            
               f)la existencia de indicios razonables que permitan suponer que, en relación con la operación propuesta, se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que la operación propuesta podría aumentar el riesgo de que se efectúen o intenten efectuar tales operaciones.
            
            
               La autoridad competente hará un seguimiento adecuado del plan de ejecución a que se refiere la letra d) hasta la conclusión de la operación propuesta.
            
            
               2. A efectos de evaluar el criterio del apartado 1, letra f), las autoridades competentes consultarán, en el contexto de sus verificaciones, a las autoridades competentes a cargo de la supervisión de las empresas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               3. Las autoridades competentes solo podrán emitir un dictamen negativo respecto de la operación propuesta cuando no se cumplan los criterios establecidos en el apartado 1 o cuando la información aportada por la parte interesada del sector financiero esté incompleta, a pesar de haberse formulado una solicitud de conformidad con el artículo 27 duodecies.
            
            
               En relación con el criterio establecido en el apartado 1, letra f), la objeción por escrito de las autoridades competentes a cargo de la supervisión de las empresas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 constituirá un motivo razonable para la emisión de un dictamen negativo.
            
            
               4. Los Estados miembros no permitirán a sus autoridades competentes examinar la operación propuesta en función de las necesidades económicas del mercado.
            
            
               5. Los Estados miembros publicarán una lista de la información necesaria para llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 27 duodecies, apartado 1, y que deberá facilitarse a las autoridades competentes en el momento de la notificación prevista en el mismo artículo. La información exigida será proporcionada y adecuada atendiendo a la operación propuesta. Los Estados miembros no exigirán información que no sea pertinente para la evaluación prudencial.
            
            
               Artículo 27 quaterdecies 
               Cooperación entre las autoridades competentes
            
            
               1. Las autoridades competentes se consultarán mutuamente al llevar a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 27 terdecies cuando en la operación propuesta intervenga, además de la parte interesada del sector financiero, cualquiera de los entes que se indican a continuación:
            
            
               a)una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE (“sociedad de gestión de OICVM”), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se prevé la adquisición;
            
            
               b)una sociedad matriz de una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición;
            
            
               c)una persona jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, una empresa de seguros, una empresa de reaseguros, una empresa de servicios de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.
            
            
               2. Las autoridades competentes se facilitarán, sin retrasos injustificados, toda la información pertinente para la evaluación. A este respecto, las autoridades competentes se transmitirán, previa solicitud, toda la información pertinente y, a iniciativa propia, toda la información esencial. La decisión de la autoridad competente de la parte interesada del sector financiero incluirá toda observación o reserva formulada por la autoridad competente que supervise a uno o varios de los entes enumerados anteriormente y que intervengan en la operación propuesta.
            
            
               3. Las autoridades competentes procurarán coordinar sus evaluaciones y garantizar la coherencia de sus dictámenes, y harán constar en ellos toda observación o reserva formulada por la autoridad competente que supervise a otras partes interesadas del sector financiero.
            
            
               4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer los procedimientos, los formularios y las plantillas comunes a efectos del proceso de consultas entre las autoridades competentes a que se refiere el presente artículo.
            
         
         
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 27 quindecies 
               Obligaciones de información y sanciones
            
            
               Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que adopten las medidas adecuadas cuando las partes interesadas del sector financiero no notifiquen previamente la operación propuesta de conformidad con el artículo 27 duodecies, apartado 1, o lleven a cabo la operación sin el dictamen favorable previo de dichas autoridades competentes. Las medidas podrán consistir en requerimientos, multas coercitivas y sanciones, de conformidad con los artículos 65 a 72, contra los miembros del órgano de dirección y la alta dirección de las partes interesadas del sector financiero o del ente resultante de la operación propuesta.».
            
            
               8)El título VI se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Título VI 
                  SUPERVISIÓN PRUDENCIAL DE LAS SUCURSALES DE TERCEROS PAÍSES Y RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES
            
            
               CAPÍTULO 1
            
            
               Supervisión prudencial de las sucursales de terceros países
            
            
               Sección I
            
            
               Disposiciones generales
            
            
               Artículo 47 
               Ámbito de aplicación y definiciones
            
            
               1. El presente capítulo establece las normas aplicables al ejercicio en un Estado miembro de:
            
            
               a)cualquiera de las actividades enumeradas en el anexo I de la presente Directiva por parte de una empresa establecida en un tercer país;
            
            
               b)las actividades a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 por parte de una empresa establecida en un tercer país que cumpla cualquiera de los criterios recogidos en los incisos i) a iii) de dicha letra.
            
            
               2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la empresa del tercer país no sea una entidad de crédito o una empresa que cumpla los criterios del apartado 1, letra b), y ejerza en un Estado miembro cualquiera de las actividades enumeradas en el anexo I, puntos 4, 5 y 7 a 15, de la presente Directiva, será de aplicación el título II, capítulo IV, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               3. A efectos del presente título, se entenderá por:
            
            
               a)“Sucursal de un tercer país”: las sucursales establecidas en un Estado miembro:
            
            
               i)bien por una empresa que tenga su administración central en un tercer país, con el fin de ejercer cualquiera de las actividades mencionadas en el apartado 1;
            
            
               ii)bien por una entidad de crédito que tenga su administración central en un tercer país.
            
            
               b)“Empresa principal”: la empresa que tenga su administración central en un tercer país y haya establecido la sucursal de un tercer país en un Estado miembro, y, en su caso, también sus empresas matrices intermedias y últimas.
            
         
         
            
               Artículo 48
               Prohibición de discriminación
            
            
               Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de terceros países disposiciones relativas al inicio de la actividad o a la continuación del ejercicio de la actividad que conduzcan a un trato más favorable que el que se dispense a las sucursales de las entidades que tengan su administración central en la Unión.
            
            
               Artículo 48 bis 
               Clasificación de las sucursales de terceros países
            
            
               1. Los Estados miembros catalogarán a las sucursales de terceros países en la clase 1 cuando cumplan cualquiera de las condiciones siguientes:
            
            
               a)el valor total de los activos registrados por la sucursal de un tercer país en el Estado miembro de que se trate sea igual o superior a 5 000 millones EUR, según conste en la información comunicada para el ejercicio anual inmediatamente anterior sobre el que se haya informado de conformidad con la sección II, subsección 4;
            
            
               b)las actividades que la sucursal de un tercer país esté autorizada a ejercer comprendan la recepción de depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de clientes minoristas;
            
            
               c)la sucursal de un tercer país no sea una sucursal de un tercer país cualificada de conformidad con el artículo 48 ter.
            
            
               2. Los Estados miembros catalogarán en la clase 2 a las sucursales de terceros países que no cumplan ninguna de las condiciones del apartado 1.
            
            
               3. Las autoridades competentes actualizarán la clasificación de las sucursales de terceros países como sigue:
            
            
               a)cuando una sucursal de un tercer país de clase 1 deje de cumplir las condiciones establecidas en el apartado 1, se la considerará inmediatamente de clase 2;
            
            
               b)cuando una sucursal de un tercer país de clase 2 pase a cumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 1, se la considerará de clase 1 transcurridos tres meses desde la fecha en que haya empezado a cumplir la condición pertinente.
            
            
               Artículo 48 ter
               Condiciones aplicables a las “sucursales de terceros países cualificadas”
            
            
               1. A efectos del presente título, la sucursal de un tercer país se considerará “sucursal de un tercer país cualificada” cuando se cumplan las condiciones siguientes:
            
            
               a)la empresa principal de la sucursal de un tercer país esté establecida en un país en el que, de conformidad con su marco regulador bancario, se apliquen normas prudenciales y se ejerza una actividad de supervisión que sean como mínimo equivalentes a lo dispuesto en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               b)las autoridades de supervisión de la empresa principal de la sucursal de un tercer país estén sujetas a unos requisitos de confidencialidad que sean como mínimo equivalentes a los dispuestos en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Directiva;
            
            
               c)el país en el que esté establecida la empresa principal de la sucursal de un tercer país no figure en la lista de terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               2. La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, decisiones en las que se determine si el marco regulador bancario de un tercer país cumple las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo. A tales efectos, la Comisión se atendrá al procedimiento de examen previsto en el artículo 464, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               3. Antes de adoptar la decisión a que se refiere el apartado 2, la Comisión podrá, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, recurrir a la ABE para que evalúe el marco regulador bancario y los requisitos de confidencialidad del tercer país y emita un informe sobre la conformidad de dicho marco con las condiciones del apartado 1, letras a) y b), del presente artículo. La ABE publicará los resultados de su evaluación en su sitio web.
            
            
               4. La ABE llevará un registro público de los terceros países y de las autoridades de terceros países que cumplan las condiciones del apartado 1.
            
            
               5. Cuando reciban una solicitud de autorización de conformidad con el artículo 48 quater, las autoridades competentes procederán a evaluar las condiciones dispuestas en el apartado 1 del presente artículo y en el artículo 48 bis a fin de catalogar a la sucursal de un tercer país en la clase 1 o en la clase 2. Cuando el tercer país de que se trate no figure en el registro a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, la autoridad competente solicitará a la Comisión que evalúe el marco regulador bancario y los requisitos de confidencialidad de dicho tercer país a los efectos del apartado 2 del presente artículo, siempre y cuando se cumpla la condición del apartado 1, letra c), del presente artículo. La autoridad competente catalogará a la sucursal de un tercer país en la clase 1 mientras la Comisión no adopte una decisión de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
            
         
         
            
               Sección II
            
            
               Requisitos de autorización y en materia de regulación
            
            
               Subsección 1 
                  Requisitos de autorización
            
            
               Artículo 48 quater
               Condiciones para la autorización de sucursales de terceros países
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán que las empresas de terceros países establezcan una sucursal en su territorio antes de iniciar las actividades a que se refiere el artículo 47, apartado 1. El establecimiento de una sucursal de un tercer país estará sujeto a autorización previa de conformidad con el presente capítulo.
            
            
               2. Los Estados miembros exigirán que toda solicitud de autorización de una sucursal de un tercer país vaya acompañada de un programa de operaciones en el que se expongan el ámbito de negocio previsto, las actividades del artículo 47, apartado 1, que se ejercerán, y la organización estructural y los controles de riesgos de la sucursal en el Estado miembro pertinente de conformidad con el artículo 48 nonies.
            
            
               3. Únicamente se podrá autorizar a una sucursal de un tercer país cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
            
            
               a)la sucursal de un tercer país satisfaga los requisitos mínimos en materia de regulación establecidos en la subsección 2;
            
            
               b)las actividades cuya autorización en un Estado miembro solicite la empresa principal estén amparadas por la autorización de la empresa en el tercer país de su establecimiento y sometidas a supervisión en ese tercer país;
            
            
               c)la autoridad responsable de la supervisión de la empresa principal en el tercer país haya recibido notificación tanto de la solicitud de establecimiento de una sucursal en un Estado miembro como de los documentos adjuntos a que se refiere el apartado 2;
            
            
               d)la autorización disponga que la sucursal de un tercer país únicamente podrá ejercer las actividades autorizadas en su Estado miembro de establecimiento y le prohíba expresamente ofertar o ejercer esas mismas actividades en otros Estados miembros a escala transfronteriza;
            
            
               e)a efectos del desempeño de sus funciones de supervisión, la autoridad competente pueda acceder a toda la información necesaria sobre la empresa principal de la sucursal de un tercer país procedente de sus autoridades de supervisión, y pueda coordinar de manera efectiva sus actividades de supervisión con las de dichas autoridades, en particular en períodos de crisis o de dificultades financieras que afecten a la empresa principal, a su grupo o al sistema financiero del tercer país;
            
            
               f)no existan indicios razonables que permitan suponer que la sucursal de un tercer país vaya a ser utilizada para efectuar o facilitar que se efectúen operaciones de blanqueo de capitales, en el sentido del artículo 1, punto 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ni para efectuar o facilitar que se efectúen operaciones de financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1, punto 5, de la citada Directiva.
            
            
               A efectos de la letra e) del presente apartado, las autoridades competentes procurarán utilizar los modelos de acuerdos administrativos elaborados por la ABE de conformidad con el artículo 33, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               4. A fin de determinar si se cumple la condición establecida en el apartado 3, letra f), y antes de proceder a la autorización de una sucursal de un tercer país, las autoridades competentes consultarán a la autoridad responsable de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en el Estado miembro pertinente de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 y obtendrán la confirmación por escrito del cumplimiento de dicha condición.
            
            
               5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
            
            
               a)la información que deba facilitarse a las autoridades competentes cuando se solicite la autorización de una sucursal de un tercer país, en particular por lo que respecta al programa de operaciones y a la organización estructural y los sistemas de gobierno corporativo a que se refiere el apartado 2;
            
            
               b)el procedimiento de autorización de una sucursal de un tercer país, así como los modelos de formularios y plantillas para la comunicación de la información a que se refiere la letra a) del presente apartado;
            
            
               c)las condiciones para la autorización a que se refiere el apartado 3.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de seis meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
         
         
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 48 quinquies 
               Condiciones para la denegación o la revocación de la autorización de una sucursal de un tercer país
            
            
               1. Los Estados miembros establecerán, como mínimo, las condiciones que se indican a continuación para la denegación o la revocación de la autorización de una sucursal de un tercer país:
            
            
               a)que la sucursal de un tercer país no satisfaga los requisitos de autorización establecidos en el artículo 48 quater o en el Derecho nacional;
            
            
               b)que la empresa principal de la sucursal de un tercer país o su grupo no satisfagan los requisitos prudenciales que les sean aplicables con arreglo al Derecho del tercer país, o existan indicios razonables que permitan suponer que no los satisfarán o los infringirán en los doce meses siguientes.
            
            
               A efectos de la letra b) del presente apartado, cuando se produzcan las circunstancias mencionadas, las sucursales de terceros países lo notificarán sin demora a sus autoridades competentes.
            
            
               2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán revocar la autorización concedida a una sucursal de un tercer país cuando se cumpla cualquiera de las condiciones siguientes: 
            
            
               a)la sucursal de un tercer país no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie expresamente a su autorización o cese el ejercicio de su actividad durante un período superior a seis meses, salvo que el Estado miembro de que se trate haya previsto la expiración de la autorización en tales supuestos;
            
            
               b)la sucursal de un tercer país haya obtenido la autorización por medio de falsas declaraciones o por cualquier otro medio irregular;
            
            
               c)la sucursal de un tercer país deje de cumplir cualesquiera condiciones o requisitos adicionales en virtud de los cuales se le haya concedido la autorización;
            
            
               d)la sucursal de un tercer país deje de ofrecer garantías de cumplir sus obligaciones frente a sus acreedores, y en particular deje de estar en condiciones de garantizar la seguridad de los fondos que le hayan sido confiados;
            
            
               e)la sucursal de un tercer país se encuentre en alguno de los restantes supuestos de revocación de la autorización previstos por el Derecho nacional;
            
            
               f)la sucursal de un tercer país cometa cualquiera de las infracciones a que se refiere el artículo 67, apartado 1;
            
            
               g)en relación con la sucursal de un tercer país, su empresa principal o su grupo, existan indicios razonables que permitan suponer que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o exista un riesgo elevado de que se efectúen o intenten efectuar tales operaciones.
            
            
               3. A fin de determinar si se cumple la condición establecida en el apartado 2, letra g), las autoridades competentes consultarán a la autoridad responsable de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales en el Estado miembro pertinente de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.
            
            
               4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
            
            
               a)las condiciones dispuestas en los apartados 1 y 2 para la denegación o la revocación de la autorización de una sucursal de un tercer país;
            
            
               b)el procedimiento para la revocación de la autorización de una sucursal de un tercer país;
            
            
               c)el contenido y el procedimiento de la notificación a las autoridades competentes a que se refiere el último párrafo del apartado 1 del presente artículo.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
         
         
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el presente apartado de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Subsección 2 
                  Requisitos mínimos en materia de regulación
            
            
               Artículo 48 sexies 
               Requisito de dotación de capital
            
            
               1. Sin perjuicio de cualquier otro requisito de capital aplicable en virtud del Derecho nacional, los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países mantengan en todo momento una dotación mínima de capital que:
            
            
               a)en el caso de las sucursales de terceros países de clase 1, será al menos igual al 1 % de la media de los pasivos de la sucursal con arreglo a la información comunicada para los tres ejercicios anuales inmediatamente anteriores sobre los que se haya informado de conformidad con la subsección 4, con un importe mínimo de 10 millones EUR;
            
            
               b)en el caso de las sucursales de terceros países de clase 2, será al menos igual a 5 millones EUR.
            
            
               2. Las sucursales de terceros países darán cumplimiento al requisito de dotación mínima de capital a que se refiere el apartado 1 con activos en cualquiera de las formas siguientes:
            
            
               a)efectivo o instrumentos asimilados al efectivo;
            
            
               b)valores representativos de deuda emitidos por administraciones centrales o bancos centrales de los Estados miembros de la Unión; o
            
            
               c)cualquier otro instrumento que esté a disposición de la sucursal de un tercer país para su uso inmediato y sin restricciones con el fin de cubrir riesgos o pérdidas tan pronto como se produzcan.
            
            
               3. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países depositen los instrumentos de dotación de capital a que se refiere el apartado 2 en una cuenta de garantía bloqueada de una entidad de crédito del Estado miembro en el que esté autorizada la sucursal o, cuando lo permita el Derecho nacional, del banco central del Estado miembro. Los instrumentos de dotación de capital depositados en la cuenta de garantía bloqueada serán pignorados o cedidos en garantía a favor de la autoridad de resolución para garantizar los créditos de los acreedores de la sucursal de un tercer país. Los Estados miembros establecerán normas para otorgar a la autoridad de resolución la facultad de actuar a título fiduciario en beneficio de dichos acreedores a efectos del presente artículo y del artículo 48 octies.
            
            
               4. La ABE formulará directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, para especificar el requisito establecido en el apartado 2, letra c), del presente artículo en relación con los instrumentos disponibles para su uso inmediato y sin restricciones con el fin de cubrir riesgos o pérdidas tan pronto como se produzcan. La ABE formulará dichas directrices a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Artículo 48 septies 
               Requisitos de liquidez
            
            
               1. Sin perjuicio de cualquier otro requisito de liquidez aplicable en virtud del Derecho nacional, los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que, como mínimo, mantengan en todo momento un volumen de activos líquidos y libres de cargas suficiente para cubrir las salidas de liquidez durante al menos treinta días.
            
            
               2. A efectos del apartado 1, los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países de clase 1 cumplan el requisito de cobertura de liquidez establecido en la parte sexta, título I, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión*9.
            
            
               3. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países depositen los activos líquidos mantenidos a efectos del cumplimiento del presente artículo en una cuenta de garantía bloqueada de una entidad de crédito del Estado miembro en el que esté autorizada la sucursal o, cuando lo permita el Derecho nacional, del banco central del Estado miembro. Los activos líquidos depositados en la cuenta de garantía bloqueada serán pignorados o cedidos en garantía a favor de la autoridad de resolución para garantizar los créditos de los acreedores de la sucursal de un tercer país. Los Estados miembros establecerán normas para otorgar a la autoridad de resolución la facultad de actuar a título fiduciario en beneficio de dichos acreedores a efectos del presente artículo y del artículo 48 octies.
            
            
               4. Las autoridades competentes podrán eximir a las sucursales de terceros países cualificadas del requisito de liquidez establecido en el presente artículo.
            
            
               ________
            
            
               *9
                     Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO L 11 de 17.1.2015, p. 1).
            
            
               Artículo 48 octies 
               Insolvencia y resolución de sucursales de terceros países
            
         
         
            
               1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de insolvencia o resolución de una sucursal de un tercer país de conformidad con el artículo 96 de la Directiva 2014/59/UE, las autoridades de resolución sean competentes y estén facultadas para ejecutar la garantía constituida sobre los activos líquidos y los instrumentos de dotación de capital mantenidos en la cuenta de garantía bloqueada con arreglo al artículo 48 sexies, apartado 3, y al artículo 48 septies, apartado 3, de la presente Directiva. Cuando ejecuten dicha garantía sobre los activos líquidos o los instrumentos de dotación de capital, las autoridades de resolución tendrán en consideración las normas nacionales vigentes, así como el poder de supervisión y las competencias judiciales, y se coordinarán debidamente con las autoridades administrativas o judiciales nacionales, de conformidad con el Derecho nacional en materia de insolvencia y los principios establecidos en el artículo 96 de la Directiva 2014/59/UE, según proceda.
            
            
               2. Todo superávit de los activos líquidos o los instrumentos de dotación de capital mantenidos en la cuenta de garantía bloqueada que no se utilice de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 se tratará con arreglo al Derecho nacional aplicable.
            
            
               Artículo 48 nonies
                  Gobernanza interna y controles de riesgos internos
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países dispongan de al menos dos personas que dirijan efectivamente sus actividades en el Estado miembro, previa aprobación de las autoridades competentes. Estas personas gozarán de la oportuna honorabilidad, poseerán los conocimientos, las competencias y la experiencia suficientes, y dedicarán el tiempo suficiente al desempeño de sus cometidos.
            
            
               2. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países de clase 1 cumplan lo dispuesto en los artículos 74 y 75 y en el artículo 76, apartado 5. Las autoridades competentes podrán exigir a las sucursales de terceros países que establezcan un comité de dirección local para garantizar la gobernanza adecuada de la sucursal.
            
            
               3. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países de clase 2 cumplan lo dispuesto en los artículos 74 y 75 y dispongan de las funciones de control interno previstas en el artículo 76, apartado 5, párrafos primero, segundo y tercero.
            
            
               En función del tamaño de las sucursales de terceros países de clase 2, de su organización interna y de la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades, las autoridades competentes podrán exigir que dichas sucursales designen a responsables de las funciones de control interno conforme a lo dispuesto en el artículo 76, apartado 5, párrafos cuarto y quinto.
            
            
               4. Los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que establezcan canales de información con el órgano de dirección de la empresa principal que abarquen todos los riesgos significativos y las políticas de gestión de riesgos, así como sus modificaciones, y que dispongan de sistemas de TIC y controles adecuados para garantizar el debido cumplimiento de dichas políticas.
            
            
               5. Los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que hagan un seguimiento y se ocupen de la gestión de sus acuerdos de externalización y velen por que sus autoridades competentes tengan pleno acceso a toda la información necesaria para desempeñar su función de supervisión.
            
            
               6. Los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que realicen operaciones vinculadas o espejo u operaciones intragrupo que dispongan de los recursos adecuados para identificar y gestionar adecuadamente su riesgo de crédito de contraparte cuando se transmitan a la contraparte riesgos significativos asociados a los activos registrados por la sucursal de un tercer país.
            
            
               7. Cuando se deleguen funciones esenciales o importantes en la empresa principal, las autoridades competentes encargadas de la supervisión de las sucursales de terceros países tendrán acceso a toda la información necesaria para desempeñar su función de supervisión.
            
            
               8. Las autoridades competentes exigirán que un tercero independiente evalúe periódicamente la aplicación y el cumplimiento continuado de los requisitos establecidos en el presente artículo y transmita a la autoridad competente un informe en el que presente sus constataciones y conclusiones.
            
            
               9. La ABE formulará directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, sobre la aplicación, a las sucursales de terceros países, de los sistemas, los procedimientos y los mecanismos a que se refiere el artículo 74, apartado 1, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 74, apartado 2, y sobre la aplicación, a las sucursales de terceros países, del artículo 75 y del artículo 76, apartado 5, a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de seis meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Artículo 48 decies 
               Requisitos en materia de registro
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países mantengan un libro de registro que les permita efectuar un seguimiento y llevar un registro completo y preciso de todos los activos y pasivos asociados a las actividades de la sucursal de un tercer país en el Estado miembro y gestionar dichos activos y pasivos de forma autónoma dentro de la sucursal. El libro de registro deberá proporcionar suficiente información sobre los riesgos generados por la sucursal de un tercer país y sobre la forma de gestionarlos.
            
            
               2. Los Estados miembros exigirán que las sucursales de terceros países desarrollen estrategias en relación con las disposiciones sobre registro para la gestión del libro de registro a que se refiere el apartado 1 a los efectos establecidos en el mismo. Dichas estrategias serán documentadas y validadas por el órgano rector pertinente de la empresa principal de la sucursal de un tercer país. El documento de estrategia a que se refiere el presente apartado proporcionará una justificación clara de las disposiciones sobre registro y establecerá la forma en que dichas disposiciones se ajustan a la estrategia empresarial de la sucursal de un tercer país.
            
            
               3. Las autoridades competentes exigirán la elaboración periódica de un dictamen independiente motivado y por escrito sobre la aplicación y el cumplimiento continuado de los requisitos establecidos en el presente artículo, que se remitirá a la autoridad competente con sus observaciones y conclusiones.
            
            
               4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar las disposiciones sobre registro que las sucursales de terceros países aplicarán a efectos del presente artículo, en particular en lo que se refiere:
            
            
               a)a la metodología que deberá aplicar la sucursal de un tercer país para identificar y llevar un historial completo y preciso de los activos y pasivos asociados a sus actividades en el Estado miembro; y
            
            
               b)al tratamiento específico para identificar y llevar un registro de los activos y pasivos originados por la sucursal de un tercer país y registrados o mantenidos a distancia en otras sucursales o filiales del mismo grupo en nombre o en beneficio de la sucursal de un tercer país que los haya originado.
            
         
         
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de seis meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Subsección 3 
                  Facultad para exigir autorización con arreglo al título III y requisitos relativos a las sucursales sistémicas
            
            
               Artículo 48 undecies 
               Facultad para exigir el establecimiento de una filial
            
            
               1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para exigir a las sucursales de terceros países que soliciten autorización con arreglo al título III, capítulo 1, como mínimo en los siguientes casos:
            
            
               a)cuando la sucursal de un tercer país haya participado en el pasado o esté participando en la actualidad en actividades interconectadas con otras sucursales de terceros países o entidades filiales del mismo grupo, o en una de las actividades contempladas en el artículo 47, apartado 1, con clientes o contrapartes de otros Estados miembros, infringiendo las normas del mercado interior; o
            
            
               b)cuando la sucursal de un tercer país cumpla los indicadores de importancia sistémica a que se refiere el artículo 131, apartado 3, y entrañe un riesgo significativo para la estabilidad financiera de la Unión o del Estado miembro en el que esté establecida.
            
            
               2. Antes de adoptar la decisión a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes consultarán a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que el grupo de un tercer país pertinente disponga de otras sucursales de terceros países y entidades filiales.
            
            
               En caso de discrepancia, las autoridades competentes del grupo de un tercer país en otros Estados miembros podrán remitir el asunto a la ABE para que esta proceda a una mediación de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. La ABE adoptará una decisión en el plazo de un mes a contar desde la remisión del asunto, plazo durante el cual la autoridad competente de la sucursal del tercer país de que se trate se abstendrá de adoptar su propia decisión.
            
            
               La autoridad competente de la sucursal del tercer país de que se trate adoptará la decisión a que se refiere el apartado 1 respetando la decisión de la ABE.
            
            
               3. Antes de imponer el requisito establecido en el presente artículo a una sucursal de un tercer país de conformidad con el apartado 1, letra a), la autoridad competente solicitará a la ABE que formule una recomendación de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 sobre la interpretación de dicha letra en relación con esa sucursal.
            
            
               4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los indicadores de importancia sistémica a que se refiere el artículo 131, apartado 3, en lo que respecta a las sucursales de terceros países a efectos del apartado 1, letra b), del presente artículo y del artículo 48 duodecies. La ABE tendrá en cuenta los siguientes elementos:
            
            
               a)los tipos de actividades que ejerce, los servicios que presta y las operaciones que lleva a cabo la sucursal de un tercer país y, en particular, si dicha sucursal ejerce esas actividades, presta esos servicios y lleva a cabo esas operaciones con un grupo muy limitado de clientes o contrapartes;
            
            
               b)la complejidad de la estructura, la organización y el modelo de negocio de la sucursal de un tercer país;
            
            
               c)el grado de interconexión de la sucursal de un tercer país con el sistema financiero de la Unión y del Estado miembro en el que esté establecida;
            
            
               d)la sustituibilidad de las actividades, los servicios o las operaciones realizados o de la infraestructura financiera proporcionada por la sucursal de un tercer país;
            
            
               e)la cuota de mercado de la sucursal de un tercer país en la Unión y en los Estados miembros en el que esté establecida por lo que se refiere al total de activos bancarios y en relación con las actividades que ejerce, los servicios que presta y las operaciones que lleva a cabo;
            
            
               f)el impacto probable de la suspensión o el cese de las operaciones o la actividad de la sucursal de un tercer país sobre la liquidez sistémica o sobre los sistemas de pago, compensación y liquidación en la Unión y en el Estado miembro en el que esté establecida;
            
            
               g)el impacto probable de la suspensión o el cese de las operaciones de la sucursal de un tercer país sobre los acuerdos de financiación dentro del grupo o sobre los servicios dentro del grupo que cubran funciones esenciales en la Unión y en los Estados miembros en el que esté establecida;
            
            
               h)la actividad transfronteriza de la sucursal de un tercer país con su empresa principal y con sus contrapartes en otros terceros países;
            
         
         
            
               i)el papel y la importancia de la sucursal de un tercer país respecto de las actividades, los servicios y las operaciones del grupo de ese tercer país en la Unión y en el Estado miembro en el que esté establecida;
            
            
               j)el volumen de actividades del grupo de un tercer país realizadas a través de sucursales de terceros países en relación con las actividades de ese mismo grupo efectuadas a través de entidades filiales autorizadas en la Unión y en el Estado miembro en el que estén establecidas las sucursales de terceros países;
            
            
               k)si la sucursal de un tercer país es una sucursal de un tercer país cualificada de conformidad con el artículo 48 ter.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 48 duodecies 
               Evaluación de la importancia sistémica y requisitos aplicables a las sucursales de terceros países sistémicas
            
            
               1. La sucursal de un tercer país o las sucursales de terceros países en la Unión que pertenezcan al mismo grupo de un tercer país estarán sujetas a la evaluación prevista en el apartado 2 del presente artículo cuando el importe agregado de los activos que mantengan en sus libros en la Unión, según la información comunicada de conformidad con la subsección 4, sea igual o superior a 30 000 millones EUR:
            
            
               a)o bien como promedio de los tres ejercicios anuales inmediatamente anteriores sobre los que se haya informado; 
            
            
               b)o bien en términos absolutos en al menos tres de los cinco ejercicios anuales inmediatamente anteriores sobre los que se haya informado.
            
            
               2. Las autoridades competentes evaluarán si las sucursales de terceros países a que se refiere el apartado 1 revisten importancia sistémica para la Unión y para los Estados miembros en los que estén establecidas. A tal fin, las autoridades competentes evaluarán si dichas sucursales de terceros países cumplen los indicadores de importancia sistémica a que se refieren el artículo 48 undecies, apartado 4, y el artículo 131, apartado 3.
            
            
               3. La evaluación de la importancia sistémica a que se refiere el apartado 2 del presente artículo corresponderá a una de las siguientes autoridades:
            
            
               a)cuando el artículo 111 se aplique al grupo del tercer país de que se trate, al supervisor en base consolidada de dicho grupo en la Unión de conformidad con ese artículo;
            
            
               b)cuando el artículo 111 no se aplique al grupo del tercer país de que se trate, a la autoridad competente que se convertiría en supervisor en base consolidada de dicho grupo en la Unión de conformidad con ese artículo, en caso de que las sucursales de terceros países recibieran el trato de entidades filiales;
            
            
               c)cuando el grupo de un tercer país disponga de sucursales de terceros países y entidades filiales en un solo Estado miembro, a la autoridad competente de dicho Estado miembro; o
            
            
               d)a la ABE, cuando, transcurridos tres meses desde la fecha de inicio del ejercicio anual sobre el que se informe inmediatamente posterior al último ejercicio anual sobre el que se haya informado y que haya dado lugar a la obligación de llevar a cabo la evaluación de conformidad con el apartado 1 del presente artículo:
            
            
               i)ninguna de las autoridades competentes a que se refieren las letras a), b) o c) haya iniciado la evaluación; o
            
            
               ii)no se haya determinado la autoridad competente que se convertiría en supervisor en base consolidada de conformidad con la letra b).
            
            
               Las autoridades competentes a que se refieren las letras a) y b), en su calidad de “autoridad competente principal”, o, en su caso, la ABE, llevarán a cabo la evaluación cooperando plenamente con todas las autoridades competentes afectadas. Las autoridades competentes afectadas prestarán asistencia y facilitarán toda la documentación necesaria a la autoridad competente principal o, en su caso, a la ABE. A tales efectos, por “autoridades competentes afectadas” se entenderán todas las autoridades responsables de la supervisión de las sucursales de terceros países y entidades filiales del grupo de ese tercer país en la Unión.
            
            
               Antes de que concluya la evaluación de la importancia sistémica, la autoridad competente principal, la autoridad competente a que se refiere la letra c), o, en su caso, la ABE dará audiencia al grupo de un tercer país y fijará plazos razonables para que dicho grupo presente documentación y transmita sus opiniones por escrito.
            
            
               4. La autoridad competente principal concluirá la evaluación a que se refiere el apartado 2 y presentará un informe en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de inicio del ejercicio anual sobre el que se informe inmediatamente posterior al último ejercicio sobre el que se haya informado y que haya dado lugar a la obligación de llevar a cabo la evaluación de conformidad con el apartado 1. Cuando, de conformidad con el apartado 3, sea la ABE quien lleve a cabo la evaluación, dicho plazo empezará a contar a partir de la fecha en que la ABE haya asumido ese cometido. El informe contendrá la siguiente información:
            
         
         
            
               a)la evaluación de la importancia sistémica, que incluirá un análisis claro y detallado de los indicadores de importancia sistémica a que se refiere el apartado 2 en relación con las sucursales del tercer país de que se trate y las conclusiones de la autoridad competente principal o, en su caso, de la ABE;
            
            
               b)cuando la autoridad competente principal o, en su caso, la ABE llegue a la conclusión de que las sucursales de terceros países son sistémicas, una propuesta de proyecto de decisión:
            
            
               i)o bien para exigir a las sucursales de terceros países que soliciten autorización con arreglo al título III, capítulo 1;
            
            
               ii)o bien para exigir a las sucursales de terceros países que reestructuren sus activos o actividades en la Unión de tal manera que dejen de considerarse sistémicas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo;
            
            
               iii)o bien para imponer requisitos adicionales a las sucursales de terceros países o a las entidades filiales del grupo del tercer país en la Unión, de conformidad con el artículo 48 septdecies o el título VII, capítulo 2, sección IV, respectivamente;
            
            
               iv)o bien para no imponer ninguno de los requisitos a que se refieren los incisos i) a iii) durante un período de aplazamiento no superior a doce meses, a condición de que se efectúe una nueva evaluación de las sucursales de terceros países antes de la fecha de expiración de dicho período;
            
            
               c)la motivación de la propuesta de proyecto de decisión a que se refiere la letra b), que incluirá una explicación detallada de la forma en que la evaluación a que se refiere la letra a) se ha tenido en cuenta en la decisión.
            
            
               La autoridad competente principal o, en su caso, la ABE solo propondrá la decisión a que se refiere la letra b), inciso iv), cuando pueda justificar que la no imposición de requisitos a las sucursales de terceros países en virtud del presente artículo no llevaría consigo un aumento significativo del riesgo que dichas sucursales entrañan para la estabilidad financiera y la integridad del mercado de la Unión o de los Estados miembros durante el período de aplazamiento a que se refiere dicha letra.
            
            
               Cuando proceda, se entenderá que las referencias a la “autoridad competente principal” en el presente artículo aluden a la autoridad competente a que se refiere el apartado 3, letra c). Cuando dicha autoridad competente sea la encargada de presentar el informe contemplado en el presente apartado, la decisión que figure en el mismo entrará en vigor en la fecha de su notificación a las sucursales de terceros países. La autoridad competente también notificará la decisión a la ABE.
            
            
               5. La autoridad competente principal o, en su caso, la ABE remitirá el informe a que se refiere el apartado 5 a las autoridades competentes afectadas. La autoridad competente principal y las autoridades competentes afectadas harán todo lo posible por alcanzar una decisión conjunta por consenso sobre el informe y, en su caso, sobre el proyecto de decisión en el plazo de tres meses a contar desde la fecha de transmisión del informe.
            
            
               En caso de que las autoridades competentes no logren un consenso una vez finalizado el plazo de tres meses a que se refiere el párrafo primero, la decisión conjunta se adoptará por mayoría de los votos emitidos en el transcurso del mes inmediatamente posterior al final de ese plazo. A tal efecto, se asignarán a las autoridades competentes porcentajes de derechos de voto de acuerdo con lo siguiente:
            
            
               a)sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), cada autoridad competente, incluida la autoridad competente principal, dispondrá de un porcentaje de derechos de voto equivalente al porcentaje que los activos del grupo de un tercer país bajo su supervisión representen sobre el total de los activos de dicho grupo en la Unión;
            
            
               b)el porcentaje de derechos de voto de la autoridad competente principal se incrementará hasta el 25 % cuando no se haya alcanzado ese porcentaje de conformidad con la letra a);
            
            
               c)cuando el porcentaje de derechos de voto de la autoridad competente principal se haya incrementado hasta el 25 % de conformidad con la letra b), el porcentaje de derechos de voto de las demás autoridades competentes que se derive de la aplicación de la letra a) se adaptará, según proceda, en función del porcentaje restante del 75 % de los derechos de voto.
            
            
               A efectos de la letra a), se incluirán en el cálculo los activos mantenidos tanto en las sucursales de terceros países como en las entidades filiales del grupo de un tercer país.
            
            
               Tras su adopción, la decisión conjunta entrará en vigor en la fecha en que se notifique a las sucursales de terceros países. La decisión conjunta también se notificará a la ABE.
            
            
               6. Las sucursales de terceros países dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde la fecha de entrada en vigor de la decisión de conformidad con los apartados 5 o 6 para cumplir los requisitos establecidos en ella.
            
            
               Cuando se exija a las sucursales de terceros países que soliciten autorización en calidad de entidades de conformidad con el título III, capítulo 1, su autorización en virtud de dicho título seguirá siendo válida provisionalmente hasta que expire el plazo mencionado en el párrafo primero del presente apartado o, en su caso, hasta que se complete el proceso de autorización en calidad de entidades. Las sucursales de terceros países podrán solicitar a la autoridad competente que prorrogue el plazo de tres meses a que se refiere el párrafo primero cuando puedan justificar la necesidad de dicha prórroga a fin de cumplir el requisito pertinente que se les haya impuesto.
            
            
               Cuando el umbral a que se refiere el apartado 1 se alcance mediante la agregación de los activos de diversas sucursales, las autoridades competentes podrán imponer el requisito a que se refiere el presente párrafo por orden decreciente de cuantía de los activos hasta que el total de los activos restantes en los libros de las sucursales de terceros países en la Unión sea inferior a 30 000 millones EUR.
            
            
               7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las normas de interpretación del artículo 111 de la presente Directiva a efectos de la determinación del eventual supervisor en base consolidada a que se refiere el apartado 3, letra b), del presente artículo.
            
         
         
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Subsección 4 
                  Requisitos de comunicación de información
            
            
               Artículo 48 terdecies 
               Información en materia de regulación, financiera y relativa a la empresa principal
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que comuniquen periódicamente a sus autoridades competentes información acerca de:
            
            
               a)los activos y pasivos mantenidos en sus libros de conformidad con el artículo 48 decies, desglosados de forma que se distingan:
            
            
               i)los mayores activos y pasivos registrados, clasificados por sector y tipo de contraparte (incluidas, en particular, las exposiciones dentro del sector financiero);
            
            
               ii)las exposiciones significativas y las concentraciones de fuentes de financiación correspondientes a tipos específicos de contrapartes;
            
            
               iii)las operaciones internas significativas con la empresa principal y con los miembros del grupo de la empresa principal;
            
            
               b)el cumplimiento por parte de las sucursales de terceros países de los requisitos que se les aplican en virtud de la presente Directiva;
            
            
               c)sobre una base ad hoc, los mecanismos de garantía de depósitos al alcance de los depositantes de la sucursal de un tercer país de conformidad con el artículo 15, apartados 2 y 3, de la Directiva 2014/49/UE;
            
            
               d)los requisitos reguladores adicionales impuestos por los Estados miembros a la sucursal de un tercer país en virtud del Derecho nacional.
            
            
               A efectos de la comunicación de la información relativa a los activos y pasivos mantenidos en sus libros de conformidad con la letra a), las sucursales de terceros países aplicarán las normas internacionales de contabilidad adoptadas con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1606/2002 *10 o los PCGA aplicables en el Estado miembro.
            
            
               2. Los Estados miembros exigirán a las sucursales de terceros países que comuniquen a sus autoridades competentes la siguiente información relativa a su empresa principal:
            
            
               a)periódicamente, información agregada sobre los activos y pasivos mantenidos o registrados, respectivamente, por las filiales y otras sucursales de terceros países del grupo de dicha empresa principal en la Unión;
            
            
               b)periódicamente, información sobre el cumplimiento por parte de la empresa principal de los requisitos prudenciales que le sean aplicables en base individual y consolidada;
            
            
               c)sobre una base ad hoc, las revisiones y evaluaciones de supervisión significativas, cuando se lleven a cabo en relación con la empresa principal, y las consiguientes decisiones de supervisión;
            
            
               d)los planes de recuperación de la empresa principal y las medidas específicas que podrían adoptarse respecto de la sucursal de un tercer país de conformidad con dichos planes, así como cualesquiera actualizaciones y modificaciones ulteriores de los mismos;
            
            
               e)la estrategia empresarial de la empresa principal en relación con la sucursal de un tercer país, y cualquier cambio ulterior de dicha estrategia;
            
            
               f)los servicios prestados por la empresa principal a contrapartes elegibles o clientes profesionales en el sentido del anexo II, sección 1, de la Directiva 2014/65/UE establecidos o situados en la Unión sobre la base de la comercialización pasiva de servicios de conformidad con el artículo 21 quater de la presente Directiva.
            
         
         
            
               3. Las obligaciones en materia de comunicación de información establecidas en el presente artículo no impedirán que las autoridades competentes impongan requisitos adicionales de información ad hoc a las sucursales de terceros países cuando la autoridad competente considere que esta información adicional es necesaria para adquirir una visión global del negocio, las actividades o la solidez financiera de la sucursal o de su empresa principal, comprobar que la sucursal y su empresa principal cumplen la legislación aplicable y garantizar que la sucursal cumple dicha legislación.
            
            
               ___
            
            
               *10
                     Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
            
            
               Artículo 48 quaterdecies 
               Modelos de formularios y plantillas y frecuencia de la comunicación de información
            
            
               1. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar los formatos uniformes, las definiciones, las soluciones informáticas y la frecuencia de la comunicación de información que deberán aplicarse a efectos del artículo 48 terdecies.
            
            
               Los requisitos en materia de comunicación de información a que se refiere el párrafo primero serán proporcionados a la clasificación de las sucursales de terceros países en la clase 1 o la clase 2.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de seis meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               2. La información financiera y en materia de regulación se comunicará como mínimo dos veces al año en el caso de las sucursales de terceros países de clase 1 y como mínimo una vez al año en el caso de las sucursales de terceros países de clase 2.
            
            
               3. Las autoridades competentes podrán conceder a las sucursales de terceros países que reúnan las condiciones necesarias una exención total o parcial de los requisitos de comunicación de información relativa a la empresa principal que se establece en el artículo 48 terdecies, apartado 3, siempre que la autoridad competente pueda obtener la información pertinente directamente de las autoridades de supervisión del tercer país de que se trate.
            
            
               Sección III
            
            
               Supervisión
            
            
               Artículo 48 quindecies 
               Supervisión de sucursales de terceros países y programa de examen supervisor
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán que las autoridades competentes cumplan lo dispuesto en la presente sección y, mutatis mutandis, en el título VII a efectos de la supervisión de las sucursales de terceros países.
            
            
               2. Las autoridades competentes incluirán a las sucursales de terceros países en el programa de examen supervisor a que se refiere el artículo 99.
            
            
               Artículo 48 sexdecies 
               Revisión y evaluación supervisoras
            
            
               1. Los Estados miembros exigirán que las autoridades competentes revisen los sistemas, las estrategias, los procedimientos y los mecanismos aplicados por las sucursales de terceros países para cumplir las disposiciones que les son aplicables en virtud de la presente Directiva y, en su caso, cualquier requisito regulador adicional en virtud del Derecho nacional.
            
            
               2. A partir de la revisión llevada a cabo de conformidad con el apartado 1, las autoridades competentes evaluarán si los sistemas, las estrategias, los procedimientos y los mecanismos aplicados por las sucursales de terceros países y la dotación de capital y la liquidez que mantengan garantizan una gestión y una cobertura sólidas de los riesgos significativos de la sucursal, así como su viabilidad.
            
            
               3. Las autoridades competentes llevarán a cabo la revisión y la evaluación a que se refieren los apartados 1 y 2 de conformidad con el principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo publicado en virtud del artículo 143, apartado 1, letra c). En particular, las autoridades competentes establecerán, respecto de la revisión a que se refiere el apartado 1, una frecuencia y una intensidad proporcionadas a la clasificación de las sucursales de terceros países en las clases 1 y 2, y que tengan en cuenta otros criterios pertinentes, como la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las sucursales de terceros países.
            
            
               4. Cuando, a raíz de una revisión, en particular la evaluación de los sistemas de gobierno corporativo, del modelo empresarial o de las actividades de una sucursal de un tercer país, las autoridades competentes tengan indicios razonables para suponer que, en relación con esa sucursal de un tercer país, se están efectuando o intentando efectuar o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, o que se ha incrementado el riesgo de que esto ocurra, deberán notificarlo inmediatamente a la ABE y a la autoridad que se encargue de la supervisión de la sucursal de un tercer país de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849. Cuando se produzca un aumento del riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, la autoridad competente y la autoridad que se encargue de la supervisión de la sucursal de un tercer país de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 se pondrán en contacto y notificarán inmediatamente su evaluación conjunta a la ABE. La autoridad competente adoptará, según proceda, medidas de conformidad con la presente Directiva, que podrán incluir la revocación de la autorización de la sucursal de un tercer país con arreglo al artículo 48 quinquies, apartado 2, letra g).
            
         
         
            
               5. Las autoridades competentes, las unidades de inteligencia financiera y las autoridades encargadas de la supervisión de sucursales de terceros países cooperarán estrechamente en el marco de sus respectivas competencias e intercambiarán información pertinente a efectos de la presente Directiva, siempre que la cooperación y el intercambio de información no afecten a una indagación, una investigación o un procedimiento en curso de conformidad con el Derecho penal o administrativo del Estado miembro en el que estén situadas la autoridad competente, la unidad de inteligencia financiera o la autoridad encargada de supervisar a sucursales de terceros países. La ABE podrá asistir por iniciativa propia a las autoridades competentes y a las autoridades encargadas de la supervisión de la sucursal de un tercer país de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849 en caso de discrepancia sobre la coordinación de las actividades de supervisión con arreglo al presente artículo. En ese caso, la ABE actuará de conformidad con el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               6. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
            
            
               a)los procedimientos y las metodologías comunes empleados en el proceso de revisión y evaluación supervisoras a que se refiere el presente artículo y en la evaluación del tratamiento de los riesgos significativos;
            
            
               b)los mecanismos de cooperación e intercambio de información entre las autoridades a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, en el contexto de la detección de infracciones graves de las normas contra el blanqueo de capitales.
            
            
               A efectos de la letra a), los procedimientos y las metodologías a que se refiere dicha letra se establecerán de manera proporcionada a la clasificación de las sucursales de terceros países dentro de la clase 1 o la clase 2, y a otros criterios adecuados, como la naturaleza, la escala y la complejidad de sus actividades.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 48 septdecies 
               Medidas y facultades de supervisión
            
            
               1. Las autoridades competentes exigirán a las sucursales de terceros países que adopten en una fase temprana las medidas necesarias para:
            
            
               a)garantizar que dichas sucursales cumplen los requisitos que les son aplicables en virtud de la presente Directiva y del Derecho nacional o restablecer el cumplimiento de dichos requisitos; y
            
            
               b)garantizar que los riesgos significativos a los que están expuestas dichas sucursales están cubiertos y se gestionan de manera sólida y suficiente, y que dichas sucursales siguen siendo viables.
            
            
               2. Las facultades de las autoridades competentes a efectos del apartado 1 incluirán, como mínimo, la facultad de exigir a las sucursales de terceros países:
            
            
               a)que mantengan una dotación de capital superior a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 48 sexies o cumplan otros requisitos de capital adicionales; todo importe adicional de dotación de capital que deba mantener la sucursal de un tercer país de conformidad con la presente letra deberá ajustarse al requisito establecido en el artículo 48 sexies;
            
            
               b)que cumplan otros requisitos específicos de liquidez, además del establecido en el artículo 48 septies. Todo activo líquido adicional que deba mantener la sucursal de un tercer país de conformidad con la presente letra deberá ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 48 septies;
            
            
               c)que refuercen sus sistemas de gobierno corporativo, sus mecanismos de control de riesgos o sus disposiciones sobre registro;
            
            
               d)que restrinjan o limiten el alcance de su negocio o de las actividades que lleven a cabo, así como las contrapartes de dichas actividades;
            
            
               e)que reduzcan el riesgo inherente a sus actividades, productos y sistemas, incluidas las actividades externalizadas, y dejen de realizar tales actividades u ofrecer tales productos;
            
            
               f)que cumplan los requisitos adicionales de comunicación de información de conformidad con el artículo 48 terdecies, apartado 3, o que aumenten la frecuencia de la comunicación periódica de información;
            
            
               g)que hagan pública determinada información.
            
            
               Artículo 48 octodecies 
               Cooperación entre las autoridades competentes y los colegios de supervisores
            
         
         
            
               1. Las autoridades competentes que supervisen a las sucursales de terceros países y las entidades filiales del mismo grupo de un tercer país cooperarán estrechamente y compartirán información entre sí. Las autoridades competentes dispondrán de acuerdos escritos de coordinación y cooperación de conformidad con el artículo 115.
            
            
               2. A efectos del apartado 1, las sucursales de terceros países de clase 1 estarán sometidas a una supervisión exhaustiva por parte de un colegio de supervisores de conformidad con el artículo 116, supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
            
            
               a)cuando se haya establecido un colegio de supervisores en relación con las entidades filiales de un grupo de un tercer país, las sucursales de terceros países de clase 1 del mismo grupo estarán incluidas en el ámbito de actuación de dicho colegio de supervisores;
            
            
               b)cuando el grupo de un tercer país disponga de sucursales de terceros países de clase 1 en más de un Estado miembro, pero no de entidades filiales en la Unión sujetas a lo dispuesto en el artículo 116, se establecerá un colegio de supervisores en relación con esas sucursales de terceros países de clase 1;
            
            
               c)cuando el grupo de un tercer país disponga de sucursales de terceros países de clase 1 en más de un Estado miembro o al menos de una sucursal de un tercer país de clase 1, y una o varias entidades filiales en la Unión que no estén sujetas al artículo 116, se establecerá un colegio de supervisores en relación con dichas sucursales de terceros países y entidades filiales.
            
            
               3. A efectos del apartado 2, letras b) y c), deberá haber una autoridad competente principal que desempeñe la misma función que el supervisor en base consolidada de conformidad con el artículo 116. La autoridad competente principal será la del Estado miembro en el que se sitúe la mayor sucursal de un tercer país en términos de valor total de los activos registrados.
            
            
               4. Además de las funciones previstas en el artículo 116, los colegios de supervisores:
            
            
               a)elaborarán un informe sobre la estructura y las actividades del grupo de un tercer país en la Unión y lo actualizarán con periodicidad anual;
            
            
               b)intercambiarán información sobre los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisoras a que se refiere el artículo 48 sexdecies;
            
            
               c)se esforzarán por armonizar la aplicación de las medidas y las facultades de supervisión a que se refiere el artículo 48 septdecies.
            
            
               5. El colegio de supervisores garantizará, cuando proceda, una coordinación y una cooperación adecuadas con las autoridades de supervisión del tercer país de que se trate.
            
            
               6. La ABE contribuirá a promover y hacer un seguimiento del funcionamiento eficiente, eficaz y coherente de los colegios de supervisores mencionados en el presente artículo de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
            
            
               a)los mecanismos de cooperación y los proyectos de modelos de acuerdos entre autoridades competentes a efectos del apartado 1 del presente artículo; y
            
            
               b)las condiciones de funcionamiento de los colegios de supervisores a efectos de los artículos 2 a 6 del presente artículo.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 48 novodecies 
               Comunicación de información a la ABE
            
            
               Las autoridades competentes notificarán a la ABE lo siguiente:
            
            
               a)todas las autorizaciones concedidas a sucursales de terceros países y cualquier modificación posterior de dichas autorizaciones;
            
         
         
            
               b)los activos y pasivos totales registrados por las sucursales de terceros países autorizadas, según conste en las notificaciones periódicas;
            
            
               c)el nombre del grupo de un tercer país al que pertenezca la sucursal del tercer país autorizada.
            
            
               La ABE publicará en su sitio web la lista de todas las sucursales de terceros países autorizadas a operar en la Unión de conformidad con el presente título, con indicación del Estado miembro en el que están autorizadas a operar.
            
            
               CAPÍTULO 2
            
            
               Relaciones con terceros países
            
            
               Artículo 48 vicies
               Cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países respecto de la supervisión en base consolidada
            
            
               1. La Unión podrá celebrar acuerdos con uno o varios terceros países por lo que respecta a los medios para ejercer la supervisión en base consolidada sobre:
            
            
               a)aquellas entidades cuya empresa matriz tenga su administración central en un tercer país;
            
            
               b)aquellas entidades situadas en un tercer país cuya empresa matriz, ya sea una entidad, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, tenga su administración central en la Unión.
            
            
               2. Los acuerdos mencionados en el apartado 1 tendrán especialmente por objeto garantizar:
            
            
               a)que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan obtener la información necesaria para la supervisión, basada en su situación financiera consolidada, de las entidades, de las sociedades financieras de cartera o de las sociedades financieras mixtas de cartera que estén situadas en la Unión y que o bien tengan como filiales entidades o entidades financieras situadas en un tercer país o bien tengan participación en ellas;
            
            
               b)que las autoridades de supervisión de terceros países puedan obtener la información necesaria para la supervisión de las empresas matrices cuya administración central esté situada en su territorio y que o bien tengan como filiales entidades o entidades financieras situadas en uno o varios Estados miembros o bien tengan participación en ellas; y
            
            
               c)que la ABE pueda obtener de las autoridades competentes de los Estados miembros la información recibida de las autoridades nacionales de terceros países de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 218 del TFUE, la Comisión, con la asistencia del Comité Bancario Europeo, examinará el resultado de las negociaciones contempladas en el apartado 1 y la situación que se derive de las mismas.
            
            
               4. La ABE asistirá a la Comisión a los efectos del presente artículo, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».
            
            
               9)Los artículos 65 y 66 se sustituyen por el texto siguiente:
            
            
               «Artículo 65 
               Sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas
            
            
               1. Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 64 y del derecho de los Estados miembros a prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones administrativas, las multas coercitivas y otras medidas administrativas aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
            
            
               2. Los Estados miembros velarán por que, cuando las obligaciones contempladas en el apartado 1 sean aplicables a las entidades, a las sociedades financieras de cartera y a las sociedades financieras mixtas de cartera en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva o del Reglamento (UE) n.º 575/2013, puedan imponerse sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas, a reserva de las condiciones establecidas en el Derecho nacional, a los miembros del órgano de dirección y a las demás personas físicas responsables de la infracción con arreglo al Derecho nacional.
            
            
               3. La aplicación de multas coercitivas no impedirá que las autoridades competentes impongan sanciones administrativas por la misma infracción.
            
         
         
            
               4. Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de recogida de información y de investigación que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. Dichas facultades incluirán:
            
            
               a)la facultad de exigir a las siguientes personas físicas o jurídicas que les proporcionen cuanta información sea necesaria para desempeñar sus funciones de autoridad competente, incluida la información que se deba transmitir a intervalos regulares y en determinados formatos con fines de supervisión y fines estadísticos conexos:
            
            
               i)entidades establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               ii)sociedades financieras de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               iii)sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               iv) sociedades mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               v)personas pertenecientes a los entes contemplados en los incisos i) a iv);
            
            
               vi)partes a las que los entes contemplados en los incisos i) a iv) hayan externalizado funciones o actividades operativas;
            
            
               b)la facultad de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en relación con cualquier persona contemplada en la letra a), incisos i) a vi), que esté establecida o situada en el Estado miembro de que se trate, cuando sea necesario para desempeñar sus funciones de autoridad competente, incluida la facultad de:
            
            
               i)exigir la presentación de documentos;
            
            
               ii)examinar los libros y los registros de las personas contempladas en la letra a), incisos i) a vi), y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
            
            
               iii)obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier persona contemplada en la letra a), incisos i) a vi), o de sus representantes o personal;
            
            
               iv)entrevistar a cualquier otra persona que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; y
            
            
               v)conforme a las demás condiciones establecidas en el Derecho de la Unión, la facultad de realizar cuantas inspecciones sean necesarias en los locales de uso profesional de las personas jurídicas contempladas en la letra a), incisos i) a vi), y en cualquier otra empresa incluida en la supervisión consolidada cuando la autoridad competente sea el supervisor en base consolidada, previa notificación a las autoridades competentes afectadas; se solicitará autorización judicial para la inspección cuando así lo requiera el Derecho nacional.
            
            
               5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando el ordenamiento jurídico de un Estado miembro no prevea sanciones administrativas, el presente artículo podrá aplicarse de tal modo que la incoación de la sanción corresponda a la autoridad competente y su imposición a las autoridades judiciales, garantizando en todo caso que estas vías de derecho sean efectivas y tengan un efecto equivalente al de las sanciones administrativas impuestas por las autoridades competentes. En cualquier caso, las sanciones impuestas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Dichos Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones legales que adopten de conformidad con el presente apartado a más tardar el [Se ruega a la OP que inserte la fecha de transposición de la presente Directiva de modificación] y, sin demora, cualquier ley de modificación o modificación ulterior que les afecte.
            
            
               Artículo 66 
               Sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas aplicables en caso de incumplimiento de la autorización y de los requisitos relativos a las adquisiciones o cesiones de participaciones cualificadas, las transmisiones significativas de activos y pasivos, las fusiones o las escisiones
            
            
               1. Los Estados miembros velarán por que sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas prevean sanciones administrativas, multas coercitivas y otras medidas administrativas como mínimo:
            
            
               a)cuando la actividad de recepción de depósitos u otros fondos reembolsables procedentes de particulares se ejerza sin disponer de una autorización como entidad de crédito, infringiendo así el artículo 9;
            
            
               b)cuando se inicien actividades como entidad de crédito sin haber obtenido una autorización previa, infringiendo así el artículo 9;
            
            
               c)cuando se adquiera, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad de crédito, o se incremente, directa o indirectamente, tal participación, de tal modo que la proporción de derechos de voto o de capital poseída sea igual o superior a los umbrales a que se refiere el artículo 22, apartado 1, o la entidad de crédito se convierta en filial del adquirente, sin que, durante el plazo de evaluación, el adquirente haya notificado por escrito a las autoridades competentes de la entidad de crédito la intención de adquirir o aumentar la participación cualificada en esa entidad, o a pesar de la oposición de las autoridades competentes, infringiendo así dicho artículo;
            
         
         
            
               d)cuando una participación cualificada en una entidad de crédito se ceda, directa o indirectamente, o se reduzca y, como consecuencia de ello, la proporción de derechos de voto o de capital poseída se sitúe por debajo de los umbrales a que se refiere el artículo 25, o la entidad de crédito deje de ser filial del adquirente, sin notificarlo por escrito a las autoridades competentes, infringiendo así dicho artículo;
            
            
               e)cuando una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, tal como se definen en el artículo 21 bis, apartado 1, no solicite aprobación, infringiendo así el artículo 21 bis, o incumpla cualquier otro requisito establecido en dicho artículo;
            
            
               f)cuando un adquirente, tal como se define en el artículo 27 bis, apartado 1, adquiera, directa o indirectamente, una participación cualificada en una entidad, o aumente una participación cualificada que ya posea, de tal manera que la proporción de derechos de voto o de capital poseída por el adquirente en la entidad supere el 15 % del capital admisible de la entidad sin que el adquirente lo notifique a las autoridades competentes, infringiendo así dicho artículo;
            
            
               g)cuando cualquiera de las partes mencionadas en el artículo 27 quinquies de la presente Directiva ceda, directa o indirectamente, una participación cualificada que supere el umbral a que se refiere el artículo 89 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 sin notificarlo a las autoridades competentes, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 27 quinquies de la presente Directiva;
            
            
               h)cuando cualquiera de las partes mencionadas en el artículo 27 septies, apartado 1, lleve a cabo una transferencia significativa de activos y pasivos sin notificarlo a las autoridades competentes, infringiendo así dicho artículo;
            
            
               i)cuando cualquiera de las partes mencionadas en el artículo 27 duodecies, apartado 1, emprenda un proceso de fusión o escisión infringiendo dicho artículo.
            
            
               2. Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, entre las medidas aplicables se cuenten las siguientes:
            
            
               a)sanciones administrativas:
            
            
               i)en el caso de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % del volumen de negocios neto anual total de la empresa;
            
            
               ii)en el caso de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda oficial no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a 17 de julio de 2013;
            
            
               iii)sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias a la infracción, en caso de que puedan determinarse;
            
            
               b)multas coercitivas:
            
            
               i)en el caso de una persona jurídica, multas coercitivas de hasta el 5 % del volumen de negocios medio diario que, en caso de vulneración continuada, la persona jurídica estará obligada a pagar por día de infracción hasta que se restablezca el cumplimiento de la obligación de que se trate, y que podrán imponerse por un período máximo de seis meses a contar desde la fecha establecida en la decisión por la que se ordene el cese de la infracción y se imponga la multa coercitiva;
            
            
               ii)en el caso de una persona física, multas coercitivas de hasta 500 000 EUR que, en caso de vulneración continuada, la persona física estará obligada a pagar por día de infracción hasta que se restablezca el cumplimiento de la obligación de que se trate, y que podrán imponerse por un período máximo de seis meses a contar desde la fecha establecida en la decisión por la que se ordene el cese de la infracción y se imponga la multa coercitiva;
            
            
               c)otras medidas administrativas:
            
            
               i)una declaración pública en la que conste la identidad de la persona física, la entidad, la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera, la empresa matriz intermedia responsable, y la naturaleza de la infracción;
            
            
               ii)un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
            
            
               iii)suspensión de los derechos de voto del accionista o los accionistas responsables de las infracciones mencionadas en el apartado 1;
            
            
               iv)a reserva de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 2, la imposición de una prohibición temporal o definitiva de ejercer funciones en la entidad a un miembro del órgano de dirección de la entidad o a cualquier otra persona física o jurídica a la que se considere responsable de la infracción.
            
            
               3. El volumen de negocios neto anual total a que se refiere el apartado 2, letra a), inciso i), y letra b), inciso i), del presente artículo será equivalente al indicador de actividad establecido en el artículo 314 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. A efectos del presente artículo, el indicador de actividad se calculará sobre la base de la información financiera anual con fines de supervisión más reciente de que se disponga, salvo que el resultado sea cero o negativo. Si el resultado es cero o negativo, la base para el cálculo será la información financiera de supervisión del año más reciente en el que el resultado del indicador sea superior a cero. Cuando la empresa de que se trate forme parte de un grupo, el volumen de negocios neto anual total pertinente será el volumen de negocios neto anual total resultante de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última.
            
         
         
            
               4. El volumen de negocios medio diario a que se refiere el apartado 2, letra b), inciso i), equivaldrá al volumen de negocios neto anual total a que se refiere el apartado 3 dividido por 365.».
            
            
               10)El artículo 67 se modifica como sigue:
            
            
               a)el apartado 1 se modifica como sigue:
            
            
               i)las letras d) y e) se sustituyen por el texto siguiente:
            
            
               «d) cuando una entidad no disponga de los sistemas de gobierno corporativo ni de las políticas de remuneración imparcial en cuanto al género que exigen las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 74;
            
            
               e) cuando una entidad no transmita información a las autoridades competentes, o les transmita información incompleta o inexacta, sobre el cumplimiento de la obligación de satisfacer los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, infringiendo así el artículo 430, apartado 1, de dicho Reglamento;»;
            
            
               ii)la letra j) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «j) cuando una entidad no mantenga una ratio de financiación estable neta, incumpliendo así el artículo 413 o el artículo 428 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013, o incumpla de forma reiterada y continuada la obligación de mantener activos líquidos, infringiendo así el artículo 412 de dicho Reglamento;»;
            
            
               iii)se añaden las siguientes letras r) a a ter):
            
            
               «r)cuando una entidad no reúna los requisitos de fondos propios establecidos en el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               s)cuando una entidad o una persona física incumpla una obligación derivada de una decisión adoptada por la autoridad competente o una obligación derivada de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE o del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               t)cuando una entidad incumpla los requisitos de remuneración de conformidad con los artículos 92, 94 y 95 de la presente Directiva;
            
            
               u)cuando una entidad actúe sin el permiso previo de la autoridad competente en caso de que la entidad, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 o a las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva 2013/36/UE, deba obtener dicho permiso previo, haya obtenido dicho permiso previo mediante declaración falsa o no cumpla las condiciones en virtud de las cuales se le concedió dicho permiso;
            
            
               v)cuando una entidad no reúna los requisitos en relación con la composición, las condiciones, los ajustes y las deducciones relativos a los fondos propios, establecidos en la parte segunda del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               w)cuando una entidad no reúna los requisitos en relación con sus grandes exposiciones frente a un cliente o un grupo de clientes vinculados entre sí, establecidos en la parte cuarta del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               x)cuando una entidad no reúna los requisitos en relación con el cálculo de la ratio de apalancamiento, incluida la aplicación de excepciones, establecidos en la parte séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               y)cuando una entidad no comunique información a las autoridades competentes, o les comunique información incompleta o inexacta, sobre los datos mencionados en el artículo 430, apartados 1, 2 y 3, el artículo 430 bis y el artículo 430 ter del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               z)cuando una entidad no cumpla los requisitos relativos a la recopilación de datos y a la gobernanza, establecidos en la parte tercera, título III, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               a bis)cuando una entidad no reúna los requisitos en relación con el cálculo de las cuantías de las exposiciones ponderadas por riesgo o los requisitos de fondos propios o no disponga de los sistemas de gobierno corporativo establecidos en la parte tercera, títulos II a VI, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               a ter)cuando una entidad no reúna los requisitos en relación con el cálculo de la ratio de cobertura de liquidez o la ratio de financiación estable neta, establecidos en la parte sexta, títulos I y IV, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en el acto delegado a que se refiere el artículo 460, apartado 1, de dicho Reglamento.»;
            
         
         
            
               b)el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «2. Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, entre las medidas aplicables se cuenten como mínimo las siguientes:
            
            
               a)sanciones administrativas:
            
            
               i)en el caso de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % del volumen de negocios neto anual total de la empresa;
            
            
               ii)en el caso de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda oficial no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a 17 de julio de 2013;
            
            
               iii)sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias a la infracción, en caso de que puedan determinarse;
            
            
               b)multas coercitivas:
            
            
               i)en el caso de una persona jurídica, multas coercitivas de hasta el 5 % del volumen de negocios medio diario que, en caso de vulneración continuada, la persona jurídica estará obligada a pagar por día de infracción hasta que se restablezca el cumplimiento de la obligación, y que podrán imponerse por un período máximo de seis meses a contar desde la fecha establecida en la decisión por la que se ordene el cese de la infracción y se imponga la multa coercitiva; el volumen de negocios diario medio a que se refiere el presente apartado equivaldrá al volumen de negocios neto anual total dividido por 365,
            
            
               ii)en el caso de una persona física, multas coercitivas de hasta 500 000 EUR que, en caso de vulneración continuada, la persona física estará obligada a pagar por día de infracción hasta que se restablezca el cumplimiento de la obligación, y que podrán imponerse por un período máximo de seis meses a contar desde la fecha establecida en la decisión por la que se ordene el cese de la infracción y se imponga la multa coercitiva;
            
            
               c)otras medidas administrativas:
            
            
               i)una declaración pública en la que conste la identidad de la persona física, la entidad, la sociedad financiera de cartera o la sociedad financiera mixta de cartera, la empresa matriz intermedia responsable, y la naturaleza de la infracción;
            
            
               ii)un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
            
            
               iii)en el caso de una entidad, la revocación de la autorización de la entidad, de conformidad con el artículo 18;
            
            
               iv)a reserva de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 2, la imposición de una prohibición temporal o definitiva de ejercer funciones en la entidad a un miembro del órgano de dirección de la entidad o a cualquier otra persona física o jurídica a la que se considere responsable de la infracción;
            
            
               v)suspensión de los derechos de voto del accionista o los accionistas responsables de las infracciones mencionadas en el apartado 1»;
            
            
               c)se añaden los apartados 3y 4 siguientes:
            
            
               «3. El volumen de negocios neto anual total a que se refiere el apartado 2, letra a), inciso i), y letra b), inciso i), del presente artículo será equivalente al indicador de actividad establecido en el artículo 314 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. A efectos del presente artículo, el indicador de actividad se calculará sobre la base de la información financiera anual con fines de supervisión más reciente de que se disponga, salvo que el resultado sea cero o negativo. Si el resultado es cero o negativo, la base para el cálculo será la información financiera de supervisión del año más reciente en el que el resultado del indicador sea superior a cero. Cuando la empresa de que se trate forme parte de un grupo, el volumen de negocios neto anual total pertinente será el volumen de negocios neto anual total resultante de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última.
            
            
               4. El volumen de negocios diario medio a que se refiere el apartado 2, letra b), inciso i), equivaldrá al volumen de negocios neto anual total a que se refiere el apartado 3 dividido por 365.».
            
            
               11)El artículo 70 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Artículo 70 
               Aplicación efectiva de sanciones administrativas y ejercicio de las facultades sancionadoras por parte de las autoridades competentes
            
         
         
            
               1. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo y la cuantía de las sanciones administrativas u otras medidas administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, según corresponda, las siguientes:
            
            
               a)la gravedad y la duración de la infracción;
            
            
               b)el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la infracción;
            
            
               c)la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable de la infracción, por referencia, por ejemplo, al volumen de negocios total de la persona jurídica o a los ingresos anuales de la persona física;
            
            
               d)la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable de la infracción, en la medida en que puedan determinarse;
            
            
               e)las pérdidas causadas a terceros por la infracción, en la medida en que puedan determinarse;
            
            
               f)el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable de la infracción con la autoridad competente;
            
            
               g)anteriores infracciones de la persona física o jurídica responsable de la infracción;
            
            
               h)las posibles consecuencias sistémicas de la infracción;
            
            
               i)la aplicación, en el pasado, de sanciones penales a la misma persona física o jurídica responsable por la misma infracción.
            
            
               2. En el ejercicio de sus facultades sancionadoras, las autoridades competentes cooperarán estrechamente para garantizar que las sanciones produzcan los resultados perseguidos por la presente Directiva. Asimismo, coordinarán sus acciones para evitar que las sanciones y las medidas administrativas que impongan en los casos de carácter transfronterizo se acumulen y solapen. Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades judiciales cuando se ocupen de los mismos casos que estas.
            
            
               3. Las autoridades competentes podrán aplicar sanciones a una misma persona física o jurídica por las mismas acciones u omisiones en caso de acumulación de sanciones y procedimientos administrativos y penales por la misma infracción. No obstante, dicha acumulación de sanciones y procedimientos deberá ser proporcionada y limitarse a lo estrictamente necesario para lograr objetivos de interés general diferentes y complementarios. El rigor de todas las sanciones y demás medidas administrativas impuestas en caso de acumulación de procedimientos administrativos y penales se limitará a lo estrictamente necesario habida cuenta de la gravedad de la infracción cometida. Los Estados miembros establecerán normas claras y precisas sobre las circunstancias en las que será posible la mencionada acumulación de sanciones y procedimientos administrativos y penales por una acción u omisión.
            
            
               4. Los Estados miembros establecerán normas que prevean la plena cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales a fin de garantizar una correspondencia lo suficientemente estrecha respecto del fondo y de los plazos entre los procedimientos administrativos y penales.
            
            
               5. A más tardar el 18 de julio de 2029, la ABE presentará a la Comisión un informe sobre la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales en el contexto de la aplicación de sanciones administrativas. Además, la ABE evaluará cualquier divergencia en la aplicación de sanciones entre las autoridades competentes a este respecto. En particular, la ABE evaluará:
            
            
               a)el nivel de cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades judiciales en el contexto de la aplicación de sanciones;
            
            
               b)el nivel de cooperación entre las autoridades competentes en el contexto de las sanciones aplicables en asuntos transfronterizos o en caso de acumulación de procedimientos administrativos y penales;
            
            
               c)la aplicación del principio de non bis in idem y el nivel de protección que procura en caso de imposición de sanciones administrativas y penales por parte de los Estados miembros;
            
            
               d)la aplicación del principio de proporcionalidad cuando se impongan ambos tipos de sanción en caso de acumulación de procedimientos administrativos y penales;
            
            
               e)el intercambio de información entre las autoridades competentes cuando se ocupen de casos transfronterizos.».
            
            
               12)En el artículo 73, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
            
         
         
            
               «Las entidades dispondrán de estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener en todo momento los importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren adecuados habida cuenta de la naturaleza y del nivel de los riesgos a los cuales estén o puedan estar expuestas a corto, medio o largo plazo, en particular los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.».
            
            
               13)En el artículo 74, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1. Las entidades se dotarán de sólidos sistemas de gobierno corporativo que incluirán:
            
            
               a)una estructura organizativa clara, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes;
            
            
               b)procedimientos eficaces para la identificación, la gestión, el seguimiento y la notificación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas a corto, medio y largo plazo, en particular los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza;
            
            
               c)mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos;
            
            
               d)políticas y prácticas en materia de remuneraciones que sean coherentes con una gestión de riesgos sólida y eficaz y la promuevan.
            
            
               Las políticas y prácticas en materia de remuneraciones a las que se hace referencia en el párrafo primero serán imparciales en cuanto al género.».
            
            
               14)El artículo 76 se modifica como sigue:
            
            
               a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1. Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección apruebe y revise cada dos años, como mínimo, las estrategias y políticas de asunción, gestión, seguimiento y reducción de los riesgos a los que la entidad esté o pueda estar expuesta, incluidos los derivados de la coyuntura macroeconómica en que opere en relación con la fase del ciclo económico, y los derivados de los efectos actuales y a corto, medio y largo plazo de los factores ambientales, sociales y de gobernanza.»;
            
            
               b)en el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:
            
            
               «Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección elabore planes específicos y determine metas cuantificables para realizar un seguimiento y hacer frente a los riesgos derivados a corto, medio y largo plazo del desajuste entre, por un lado, el modelo de negocio y la estrategia de negocio de las entidades y, por otro, los objetivos políticos pertinentes de la Unión o las tendencias más generales de la transición hacia una economía sostenible en relación con los factores ambientales, sociales y de gobernanza.»;
            
            
               c)el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «5. Los Estados miembros, de conformidad con el requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2006/73/CE de la Comisión*11, velarán por que las entidades dispongan de funciones de control interno independientes de las funciones operativas, que tengan autoridad, rango y recursos suficientes, así como el oportuno acceso al órgano de dirección.
            
            
               Los Estados miembros velarán por que las funciones de control interno garanticen que se determinen, cuantifiquen y notifiquen adecuadamente todos los riesgos significativos. Velarán por que las funciones de control interno participen activamente en la elaboración de la estrategia de riesgo de la entidad y en todas las decisiones importantes de gestión de riesgos y por que las funciones de control interno puedan presentar una imagen completa de toda la gama de riesgos de la entidad.
            
            
               Los Estados miembros velarán por que la función de control interno pueda rendir cuentas al órgano de dirección en su función de supervisión, con independencia de los miembros del órgano de dirección en su función de dirección y de la alta dirección, y exponer sus motivos de preocupación y advertir a ese órgano, cuando proceda, en caso de que se produzcan acontecimientos concretos en relación con los riesgos que afecten o puedan afectar a la entidad, sin perjuicio de las responsabilidades del órgano de dirección de conformidad con la presente Directiva y el Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               Los responsables de las funciones de control interno serán altos directivos independientes con responsabilidades diferenciadas por lo que respecta a las funciones de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. Cuando la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la entidad no justifiquen que se nombre específicamente a una persona para ejercer cada una de las funciones de control interno, podrá delegarse el conjunto de las responsabilidades inherentes a dichas funciones en otro alto directivo de la entidad, siempre que no haya conflicto de intereses.
            
            
               Los responsables de las funciones de control interno no serán destituidos de su cargo sin la aprobación previa del órgano de dirección en su función supervisora y podrán tener acceso directo a este último en su función supervisora, cuando sea necesario.
            
            
               ________
            
         
         
            
               *11
                     Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 26).».
            
            
               15)El artículo 78 se modifica como sigue:
            
            
               a)el título se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Establecimiento de referencias de supervisión de los métodos para el cálculo de los requisitos de fondos propios»;
            
            
               b)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1. Las autoridades competentes velarán:
            
            
               a)por que las entidades a las que se permita utilizar métodos internos para el cálculo de las cuantías de las exposiciones ponderadas por riesgo o de los requisitos de fondos propios comuniquen los resultados de los cálculos para sus exposiciones o posiciones que se incluyen en las carteras de referencia;
            
            
               b)por que las entidades que utilicen el método estándar alternativo establecido en la parte tercera, título IV, capítulo 1 bis, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 comuniquen los resultados de los cálculos para sus exposiciones o posiciones que se incluyen en las plantillas de referencia;
            
            
               c)por que las entidades a las que se permita utilizar métodos internos con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como las entidades significativas que apliquen el método estándar con arreglo a la parte tercera, título II, capítulo 2, de dicho Reglamento, comuniquen los resultados de los cálculos de los métodos utilizados a efectos de la determinación del importe de las pérdidas crediticias esperadas para sus exposiciones o posiciones que se incluyen en las plantillas de referencia, siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
            
            
               i)que las entidades elaboren sus cuentas de conformidad con las normas internacionales de contabilidad adoptadas con arreglo al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1606/2002;
            
            
               ii)que las entidades realicen la valoración de activos y partidas fuera de balance y la determinación de sus fondos propios de conformidad con las normas internacionales de contabilidad con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               iii)que las entidades realicen la valoración de activos y de partidas fuera de balance de conformidad con las normas contables en virtud de la Directiva 86/635/CEE *12 y que utilicen un modelo de pérdidas crediticias esperadas idéntico al empleado en las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1606/2002.
            
            
               Las entidades presentarán a las autoridades competentes los resultados de los cálculos a que se refiere el párrafo primero junto con una explicación de las metodologías aplicadas para elaborarlos, así como cualquier información cualitativa, solicitada por la ABE, que pueda explicar el impacto de dichos cálculos en los requisitos de fondos propios, como mínimo con periodicidad anual, si bien la ABE podrá llevar a cabo el ejercicio cada dos años una vez que este se haya realizado en cinco ocasiones.»;
            
            
               c)el apartado 3 se modifica como sigue:
            
            
               i)la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Las autoridades competentes, basándose en la información presentada por las entidades de conformidad con el apartado 1, harán un seguimiento de la gama de las cuantías de las exposiciones ponderadas por riesgo o de requisitos de fondos propios, según proceda, correspondiente a las exposiciones o transacciones de la cartera de referencia resultantes de la aplicación de los métodos de dichas entidades. Las autoridades competentes evaluarán la calidad de los citados métodos con la frecuencia a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, prestando especial atención a:»;
            
            
               ii)el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «La ABE presentará un informe para ayudar a las autoridades competentes en la evaluación de la calidad de los métodos sobre la base de la información a que se refiere el apartado 2.»;
            
            
               d)en el apartado 5, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Las autoridades competentes velarán por que sus decisiones sobre la adecuación de las medidas correctoras a que se refiere el apartado 4 se atengan al principio de que dichas medidas han de mantener los objetivos de los métodos dentro del ámbito de aplicación del presente artículo y, por consiguiente:»;
            
         
         
            
               e)el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «6.
                     La ABE podrá formular directrices y recomendaciones de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 cuando las considere necesarias sobre la base de la información y las evaluaciones mencionadas en los apartados 2 y 3 del presente artículo a fin de mejorar las prácticas de supervisión o las prácticas de las entidades en relación con los métodos dentro del ámbito del ejercicio de evaluación comparativa con fines de supervisión.»;
            
            
               f)el apartado 8 se modifica como sigue:
            
            
               i)en el párrafo primero se añade la letra c) siguiente:
            
            
               «c) la lista de entidades significativas a que se refiere el apartado 1, letra c).»;
            
            
               ii)se inserta el párrafo segundo siguiente:
            
            
               «A efectos de la letra c), al determinar la lista de entidades significativas, la ABE tendrá en cuenta la proporcionalidad.
            
            
               ___
            
            
               *12
                     Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras (DO L 372 de 31.12.1986, p. 1).»
            
            
               16)En el artículo 85, el apartado 1 se modifica como sigue:
            
            
               «1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades apliquen políticas y procedimientos de evaluación y gestión de las exposiciones al riesgo operativo, incluidos los riesgos derivados de la externalización, y de cobertura de los sucesos poco frecuentes pero muy graves. Las entidades definirán lo que constituye un riesgo operativo a efectos de dichas políticas y procedimientos.».
            
            
               17)Se inserta un nuevo artículo 87 bis:
            
            
               «Artículo 87 bis 
               Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza
            
            
               1. Las autoridades competentes velarán por que las entidades, como parte de sus sólidos sistemas de gobierno corporativo, incluido el marco de gestión de riesgos requerido en virtud del artículo 74, apartado 1, dispongan de estrategias, políticas, procedimientos y sistemas sólidos para la identificación, la medición, la gestión y el seguimiento de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza durante una serie adecuada de horizontes temporales.
            
            
               2. Las estrategias, las políticas, los procedimientos y los sistemas a que se refiere el apartado 1 serán proporcionados a la escala, la naturaleza y la complejidad de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza del modelo de negocio y al alcance de las actividades de la entidad, y tendrán en cuenta un horizonte a corto, a medio y a largo plazo, este último de diez años, como mínimo.
            
            
               3. Las autoridades competentes velarán por que las entidades pongan a prueba su resistencia a los efectos negativos a largo plazo de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tanto en escenarios de referencia como en escenarios adversos dentro de un plazo determinado, empezando por los factores relacionados con el clima. Las autoridades competentes velarán por que, en la realización de las pruebas, las entidades incluyan una serie de escenarios ambientales, sociales y de gobernanza que reflejen las posibles repercusiones de los cambios ambientales y sociales y las políticas públicas conexas en el entorno empresarial a largo plazo.
            
            
               4. Las autoridades competentes evaluarán y efectuaran un seguimiento de la evolución de las prácticas de las entidades en relación con sus estrategias ambientales, sociales y de gobernanza y su gestión de los riesgos, incluidos los planes que se elaboren de conformidad con el artículo 76, así como los progresos realizados y los riesgos existentes para adaptar sus modelos de negocio a los objetivos políticos pertinentes de la Unión o a las tendencias más generales de la transición hacia una economía sostenible, teniendo en cuenta la oferta de productos relacionados con la sostenibilidad, las políticas financieras de transición, las políticas de originación de préstamos correspondientes y las metas y límites ambientales, sociales y de gobernanza.
            
            
               5. La ABE formulará directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a fin de especificar:
            
            
               a)normas mínimas y metodologías de referencia para la identificación, la medición, la gestión y el seguimiento de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza;
            
            
               b)el contenido de los planes que se elaboren de conformidad con el artículo 76, que incluirán plazos específicos y metas e hitos cuantificables intermedios, a fin de hacer frente a los riesgos derivados del desajuste entre, por un lado, el modelo de negocio y la estrategia de negocio de las entidades y, por otro, los objetivos políticos pertinentes de la Unión o las tendencias más generales de la transición hacia una economía sostenible en relación con los factores ambientales, sociales y de gobernanza;
            
         
         
            
               c)los criterios cualitativos y cuantitativos para la evaluación de las repercusiones de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en la estabilidad financiera de las entidades a corto, medio y largo plazo;
            
            
               d)los criterios para establecer los escenarios y los métodos a que se refiere el apartado 3, incluidos los parámetros y las hipótesis que deban utilizarse en cada uno de los escenarios y en relación con cada uno de los riesgos específicos.
            
            
               La ABE publicará dichas directrices a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación]. La ABE actualizará periódicamente dichas directrices para reflejar los progresos realizados en la medición y la gestión de los factores ambientales, sociales y de gobernanza, así como la evolución de los objetivos políticos de la Unión en materia de sostenibilidad.».
            
            
               18)El artículo 88 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «e)el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión de una entidad no puede ejercer simultáneamente las funciones de consejero delegado de la misma entidad.»;
            
            
               b)se añade el apartado 3 siguiente:
            
            
               «3. Los Estados miembros velarán por que las entidades elaboren, mantengan y actualicen declaraciones individuales en las que se hagan constar las funciones y los cometidos de cada uno de los miembros del órgano de dirección, los miembros de la alta dirección y los titulares de funciones clave, así como un documento de asignación de cometidos, que incluirá información pormenorizada sobre las líneas jerárquicas y las líneas de responsabilidad, así como sobre las personas que formen parte de los sistemas de gobierno corporativo a que se refiere el artículo 74, apartado 1, y los cometidos que les correspondan, aprobados por el órgano de dirección.
            
            
               Los Estados miembros velarán por que las declaraciones de cometidos y el documento de asignación de cometidos se pongan a disposición de las autoridades competentes y se les comuniquen oportunamente, previa solicitud.
            
            
               La ABE formulará directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y garantizar la coherencia en la aplicación del presente apartado. La ABE publicará dichas directrices a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].».
            
            
               19)El artículo 91 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Artículo 91 
               Criterios de idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los entes
            
            
               1. Las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera, aprobadas con arreglo al artículo 21 bis, apartado 1, (en lo sucesivo, “los entes”), tendrán la responsabilidad principal de garantizar que los miembros del órgano de dirección gocen en todo momento de la oportuna honorabilidad y posean conocimientos, competencias y experiencia suficientes para desempeñar sus cometidos y cumplir los requisitos establecidos en los apartados 2 a 8 del presente artículo.
            
            
               Las autoridades competentes comprobarán, en particular, si se siguen cumpliendo los criterios y requisitos establecidos en el párrafo primero del presente artículo cuando tengan indicios razonables para suponer que se están efectuando o intentando efectuar, o se han efectuado o intentado efectuar, operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/849, o que hay un mayor riesgo de que se efectúen tales operaciones en relación con esa entidad.
            
            
               2. Cada uno de los miembros del órgano de dirección dedicará tiempo suficiente al desempeño de sus funciones en los entes.
            
            
               3. Cada uno de los miembros del órgano de dirección actuará con honestidad, integridad e independencia de ideas, evaluando y cuestionando, en su caso, de manera efectiva las decisiones de la alta dirección y vigilando y controlando de manera efectiva el proceso de decisión de la dirección. La participación en calidad de miembro en el órgano de dirección de una entidad de crédito afiliada de forma permanente a un organismo central no deberá ser, en sí misma, óbice para actuar con independencia de ideas.
            
            
               4. El órgano de dirección poseerá de forma colectiva conocimientos, capacidades y experiencia para poder comprender adecuadamente las actividades de la entidad, así como los riesgos conexos a los que esté expuesta, a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza. La composición general del órgano de dirección reflejará de forma adecuada una amplia gama de experiencias.
            
            
               5. El número de puestos directivos que un miembro del órgano de dirección pueda ocupar simultáneamente se determinará teniendo en cuenta las circunstancias particulares y la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la entidad. A menos que representen los intereses de un Estado miembro, los miembros del órgano de dirección de entidades que se consideren importantes por su tamaño, por su organización interna y por la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades no ocuparán simultáneamente, a partir del 1 de julio de 2014, más cargos simultáneos que los previstos en una de las siguientes combinaciones de puestos directivos:
            
            
               a)un puesto directivo de carácter ejecutivo junto con dos puestos directivos de carácter no ejecutivo;
            
            
               b)cuatro puestos directivos de carácter no ejecutivo.
            
         
         
            
               6. A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, se contabilizarán como un solo puesto directivo los siguientes cargos:
            
            
               a)los puestos directivos de carácter ejecutivo o no ejecutivo ocupados dentro del mismo grupo;
            
            
               b)los puestos directivos de carácter ejecutivo o no ejecutivo ocupados en uno de los siguientes entes:
            
            
               i)entidades que formen parte del mismo sistema institucional de protección, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               ii)empresas, incluidos los entes no financieros, en las que la entidad posea una participación cualificada.
            
            
               A efectos de la letra a) del presente apartado, por grupo se entenderá un grupo de empresas que estén vinculadas entre sí según lo establecido en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*13.
            
            
               7. A efectos de lo dispuesto en el apartado 5, no se tomarán en consideración los puestos directivos en organizaciones que no persigan predominantemente fines comerciales.
            
            
               8. Las autoridades competentes podrán autorizar a los miembros del órgano de dirección a ocupar un puesto directivo de carácter no ejecutivo además de los puestos directivos a que se refiere el apartado 5, letras a) y b).
            
            
               9. Los entes dedicarán recursos humanos y financieros adecuados a la iniciación y formación de los miembros del órgano de dirección.
            
            
               10. Los Estados miembros o las autoridades competentes requerirán a los entes y a sus respectivos comités de nombramientos, en caso de que hayan sido establecidos, que tengan en cuenta una amplia gama de cualidades y competencias al seleccionar a los miembros de sus órganos de dirección y que para ello establezcan una política que favorezca la diversidad en el órgano de dirección.
            
            
               11. Las autoridades competentes recabarán la información publicada de conformidad con el artículo 435, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la utilizarán para comparar las prácticas en favor de la diversidad. Las autoridades competentes facilitarán a la ABE dicha información. La ABE utilizará esa información para comparar las prácticas en favor de la diversidad a escala de la Unión.
            
            
               12. La ABE formulará directrices para especificar los siguientes conceptos:
            
            
               a)el concepto de dedicación de tiempo suficiente al desempeño de sus funciones por parte de un miembro del órgano de dirección, en relación con las circunstancias individuales y la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de la entidad;
            
            
               b)los conceptos de honestidad, integridad e independencia de ideas de los miembros del órgano de dirección, con arreglo a lo previsto en el apartado 3;
            
            
               c)el concepto de posesión colectiva de los conocimientos, competencias y experiencia oportunos por parte del órgano de dirección, con arreglo a lo previsto en el apartado 4;
            
            
               d)el concepto de dedicación de los oportunos recursos humanos y financieros a la iniciación y formación de los miembros del órgano de dirección, con arreglo a lo previsto en el apartado 9;
            
            
               e)el concepto de diversidad que habrá de tenerse en cuenta en la selección de los miembros del órgano de dirección, con arreglo a lo previsto en el apartado 10.
            
            
               La ABE publicará dichas directrices a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               13. El presente artículo y los artículos 91 bis a 91 quinquies se entenderán sin perjuicio de las disposiciones de los Estados miembros relativas a la representación de los trabajadores en el órgano de dirección.
            
            
               ___
            
         
         
            
               *13
                     Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).».
            
            
               20)Se insertan los artículos 91 bis a 91 quinquies siguientes:
            
            
               «Artículo 91 bis 
               Evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección por parte de los entes
            
            
               1. Los entes a que se refiere el artículo 91, apartado 1, velarán por que los miembros del órgano de dirección cumplan en todo momento los criterios y requisitos establecidos en el artículo 91, apartados 1 a 8.
            
            
               2. Los entes evaluarán la idoneidad de los miembros del órgano de dirección antes de que asuman sus cargos. Cuando, sobre la base de la evaluación de idoneidad, los entes lleguen a la conclusión de que el miembro en cuestión no cumple los criterios y requisitos establecidos en el apartado 1, dichos entes se asegurarán de que ese miembro no asuma el cargo considerado.
            
            
               No obstante, cuando resulte estrictamente necesario sustituir de inmediato a un miembro del órgano de dirección, los entes podrán evaluar la idoneidad de los miembros sustitutos después de que estos hayan asumido su cargo. Los entes deberán poder justificar debidamente esa sustitución inmediata.
            
            
               3. Los entes velarán por que la información sobre la idoneidad de los miembros del órgano de dirección se mantenga actualizada. Cuando así se solicite, los entes comunicarán dicha información a las autoridades competentes.
            
            
               4. Los entes que renueven el mandato de los miembros del órgano de dirección informarán al respecto por escrito a las autoridades competentes en el plazo de quince días hábiles a contar desde la fecha de renovación.
            
            
               Artículo 91 ter 
               Evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de los entes por parte de las autoridades competentes
            
            
               1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes evalúen si los miembros del órgano de dirección de los entes a que se refiere el artículo 91, apartado 1, cumplen en todo momento los criterios y requisitos establecidos en sus apartados 1 a 8.
            
            
               2. A los fines de la evaluación a que se refiere el apartado 1, los entes remitirán la solicitud inicial del miembro pertinente del órgano de dirección a las autoridades competentes sin demora injustificada una vez completada la evaluación interna de idoneidad. La solicitud irá acompañada de toda la información y la documentación necesarias para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo eficazmente la evaluación de idoneidad.
            
            
               3. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito de la solicitud y de la documentación requeridas de conformidad con el apartado 2 en el plazo de dos días hábiles.
            
            
               Las autoridades competentes completarán la evaluación a que se refiere el apartado 1 en el plazo de ochenta días hábiles («plazo de evaluación») a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.
            
            
               4. Las autoridades competentes que soliciten a los entes información o documentación adicional, incluidas entrevistas o audiencias, podrán prorrogar el plazo de evaluación por un máximo de cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo de evaluación no excederá de ciento veinte días hábiles. La solicitud de información o documentación adicional se cursará por escrito y será específica. Los entes acusarán recibo de la solicitud de información o documentación adicional en el plazo de dos días hábiles y facilitarán la información o documentación adicional solicitada en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la solicitud de las autoridades competentes.
            
            
               5. Los entes informarán a las autoridades competentes de toda novedad o cuestión que pueda afectar a la idoneidad de un miembro del órgano de dirección, sin demora injustificada y tan pronto dichos entes, o el propio miembro del órgano de dirección, tengan conocimiento de ello.
            
            
               6. Las autoridades competentes no volverán a evaluar la idoneidad de los miembros del órgano de dirección con motivo de la renovación de su mandato, a menos que la información pertinente conocida por las autoridades competentes haya cambiado y dicho cambio pueda afectar a la idoneidad del miembro en cuestión.
            
            
               7. En caso de que los miembros del órgano de dirección no cumplan en todo momento los requisitos establecidos en el artículo 91, apartados 1 a 8, o de que los entes no cumplan las obligaciones y los plazos establecidos en los apartados 2 o 4 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias para:
            
            
               a)impedir que dichos miembros formen parte del órgano de dirección;
            
            
               b)destituir a dichos miembros de su cargo en el órgano de dirección;
            
            
               c)exigir a los entes en cuestión que adopten las medidas necesarias para garantizar que dichos miembros sean aptos para el cargo de que se trate.
            
         
         
            
               8. De conformidad con los apartados 1 a 7, las autoridades competentes llevarán a cabo la evaluación de idoneidad antes de que los miembros del órgano de dirección asuman su cargo en los siguientes entes:
            
            
               a)una entidad matriz de la UE que pueda considerarse entidad grande;
            
            
               b)una entidad matriz de un Estado miembro que se considere entidad grande;
            
            
               c)un organismo central que se considere entidad grande o que supervise a entidades grandes afiliadas a él;
            
            
               d)una entidad autónoma de la UE que se considere entidad grande;
            
            
               e)una filial pertinente;
            
            
               f)las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras de cartera matrices de la UE y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la UE que cuenten con entidades grandes o filiales pertinentes dentro de su grupo.
            
            
               No obstante, cuando resulte estrictamente necesario sustituir de inmediato a un miembro del órgano de dirección, las autoridades competentes podrán llevar a cabo la evaluación de idoneidad de los miembros del órgano de dirección después de que estos hayan asumido su cargo. Los entes deberán poder justificar debidamente esa sustitución inmediata.
            
            
               9. A efectos del apartado 2, la ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la información o los documentos justificativos que deben presentarse a las autoridades competentes para llevar a cabo la evaluación de idoneidad.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               10. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la notificación de la información a la que se hace referencia en el apartado 2.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 91 quater
               Criterios de idoneidad y evaluación de los titulares de funciones clave por parte de los entes
            
            
               1. Los entes a que se refiere el artículo 91, apartado 1, tendrán la responsabilidad principal de garantizar que, en todo momento, los titulares de funciones clave gocen de la oportuna honorabilidad, honestidad e integridad y posean los conocimientos, competencias y experiencia necesarios para desempeñar sus cometidos.
            
            
               2. Cuando, sobre la base de la evaluación a que se refiere el apartado 1, los entes lleguen a la conclusión de que la persona en cuestión no cumple los requisitos establecidos en dicho apartado, no la designarán titular de funciones clave. Los entes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el correcto desempeño de ese cargo.
            
            
               3. Los entes velarán por que la información sobre la idoneidad de los titulares de funciones clave se mantenga actualizada. Cuando así se solicite, los entes comunicarán dicha información a las autoridades competentes.
            
            
               Artículo 91 quinquies
               Evaluación de la idoneidad de los responsables de las funciones de control interno y del director financiero por parte de las autoridades competentes
            
            
               1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes evalúen, antes de que los responsables de las funciones de control interno y el director financiero asuman sus cargos, si cumplen los criterios de idoneidad establecidos en el artículo 91 quater, apartado 1, cuando dichos responsables o dicho director vayan a ser designados para desempeñar funciones en los siguientes entes:
            
         
         
            
               a)una entidad matriz de la UE que pueda considerarse entidad grande;
            
            
               b)una entidad matriz de un Estado miembro que se considere entidad grande;
            
            
               c)un organismo central que se considere entidad grande o que supervise a entidades grandes afiliadas a él;
            
            
               d)una entidad autónoma de la UE que se considere entidad grande;
            
            
               e)una filial pertinente.
            
            
               2. A los fines de la evaluación de la idoneidad de los responsables de las funciones de control interno y del director financiero a que se refiere el apartado 1, los entes enumerados en dicho apartado remitirán la solicitud inicial de la persona en cuestión a las autoridades competentes sin demora injustificada una vez completada la evaluación interna de idoneidad. La solicitud irá acompañada de toda la información y la documentación necesarias para que las autoridades competentes puedan llevar a cabo eficazmente la evaluación de idoneidad.
            
            
               3. Las autoridades competentes acusarán recibo por escrito de la solicitud y de la documentación requeridas de conformidad con el apartado 2 en el plazo de dos días hábiles.
            
            
               Las autoridades competentes evaluarán la idoneidad de los responsables de las funciones de control interno y del director financiero en el plazo de ochenta días hábiles («plazo de evaluación») a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito a que se refiere el párrafo primero.
            
            
               4. Las autoridades competentes que soliciten a los entes a que se refiere el apartado 1 información o documentación adicional, incluidas entrevistas o audiencias, podrán prorrogar el plazo de evaluación por un máximo de cuarenta días hábiles. No obstante, el plazo de evaluación no excederá de ciento veinte días hábiles. La solicitud de información o documentación adicional se cursará por escrito y será específica. Los entes a que se refiere el apartado 1 acusarán recibo de la solicitud de información o documentación adicional en el plazo de dos días hábiles y facilitarán la información o documentación adicional solicitada en el plazo de diez días hábiles a contar desde la fecha del acuse de recibo por escrito de la solicitud de las autoridades competentes.
            
            
               5. Los entes a que se refiere el apartado 1 informarán a las autoridades competentes de toda novedad o cuestión que pueda afectar a la idoneidad de un miembro del órgano de dirección, sin demora injustificada y tan pronto dichos entes, o el propio miembro del órgano de dirección, tengan conocimiento de ello.
            
            
               6. En caso de que los responsables de las funciones de control interno y el director financiero no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 91 quater, apartado 1, o de que los entes a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no cumplan las obligaciones y los plazos establecidos en los apartados 2 y 4 del presente artículo, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias para:
            
            
               a)impedir que dichos responsables o director ejerzan sus funciones;
            
            
               b)destituir a dichos responsables o director;
            
            
               c)exigir a los entes a que se refiere el apartado 1 que adopten las medidas adecuadas para garantizar que los responsables o el director afectados sean aptos para el cargo considerado.
            
            
               7. A efectos del presente artículo, la ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la información o los documentos justificativos que deben presentarse a las autoridades competentes para llevar a cabo la evaluación de idoneidad.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               8. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen los modelos de formularios, plantillas y procedimientos para la notificación de la información a la que se hace referencia en el apartado 2.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
         
         
            
               9. La ABE formulará directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a fin de facilitar y garantizar la coherencia en la aplicación de los requisitos de procedimiento establecidos en los artículos 91 bis a 91 quinquies de la presente Directiva, así como el ejercicio de las facultades y la aplicación de las medidas por parte de las autoridades competentes a que se refieren el artículo 91 ter, apartado 7, y el artículo 91 quinquies, apartado 6, de la presente Directiva. La ABE publicará dichas directrices a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación].».
            
            
               22)El artículo 92 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 2, las letras e) y f) se sustituyen por el texto siguiente:
            
            
               «e)el personal que ejerza funciones de control interno será independiente de las unidades de negocio que supervise, contará con la autoridad necesaria y será remunerado en función de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de las áreas de negocio que controle;
            
            
               f)la remuneración de los altos directivos en las funciones de control interno será supervisada directamente por el comité de remuneraciones a que se refiere el artículo 95 o, de no haberse creado dicho comité, por el órgano de dirección en su función de supervisión;»;
            
            
               b)en el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «b)los miembros del personal con responsabilidades de dirección respecto de las funciones de control interno o las unidades de negocio importantes de la entidad;».
            
            
               23)El artículo 94 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 1, letra g), inciso ii), el quinto guion se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «-la entidad comunicará inmediatamente a la autoridad competente las decisiones adoptadas al respecto por sus accionistas, propietarios o miembros, incluido el nivel máximo más alto del coeficiente aprobado con arreglo al párrafo primero del presente inciso, y las autoridades competentes utilizarán la información recibida para comparar las prácticas de las entidades en dicha materia; las autoridades competentes facilitarán dicha comparación a la ABE, la cual la publicará sobre una base agregada por Estado miembro de origen en un formato común; la ABE podrá elaborar directrices para facilitar la aplicación del presente guion y asegurar la coherencia de la información recopilada,»;
            
            
               b)en el apartado 2, párrafo tercero, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «a)las responsabilidades de dirección y las funciones de control interno;»;
            
            
               c)en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «a)una entidad que no sea entidad grande y el valor de cuyos activos sea, en promedio y de forma individual, con arreglo a la presente Directiva y el Reglamento (UE) n.º 575/2013, igual o inferior a 5 000 millones EUR durante el período de cuatro años inmediatamente anterior al ejercicio en curso;».
            
            
               24)En el artículo 98, se añade el apartado 9 siguiente:
            
            
               «9. La revisión y evaluación llevadas a cabo por las autoridades competentes incluirán la evaluación de los procedimientos de gobernanza y gestión de riesgos de las entidades para hacer frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, así como de las exposiciones de las entidades a dichos riesgos. Al determinar la adecuación de los procedimientos y exposiciones de las entidades, las autoridades competentes tendrán en cuenta sus modelos de negocio.».
            
            
               25)En el artículo 100, se añaden los apartados 3 y 4 siguientes:
            
            
               «3. Las entidades y cualquier tercero que actúe en calidad de asesor de las mismas se abstendrán de realizar actividades que puedan obstaculizar una prueba de resistencia, como, por ejemplo, una evaluación comparativa, el intercambio recíproco de información, los acuerdos sobre comportamiento común o la optimización de sus aportaciones en las pruebas de resistencia. Sin perjuicio de otras disposiciones pertinentes establecidas en la presente Directiva y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de recopilación de información y de investigación necesarias para detectar dichas acciones.
            
            
               4. La ABE, la AESPJ y la AEVM, a través del Comité Mixto contemplado en el artículo 54 de los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010, elaborarán directrices para garantizar que las pruebas de resistencia frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza sean coherentes, integren consideraciones a largo plazo y se basen en normas comunes en materia de metodologías de evaluación. Las pruebas de resistencia frente a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las autoridades competentes deben comenzar por los factores relacionados con el clima. La ABE, la AESPJ y la AEVM estudiarán, a través del Comité Mixto contemplado en el artículo 54 de los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010, la posible forma de integrar en las pruebas de resistencia los riesgos sociales y de gobernanza.».
            
            
               26)El artículo 104 se modifica como sigue:
            
         
         
            
               a)el apartado 1 se modifica como sigue:
            
            
               i)la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «A efectos de lo dispuesto en el artículo 97, el artículo 98, apartados 4, 5 y 9, el artículo 101, apartado 4, y el artículo 102 de la presente Directiva y de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes dispondrán, como mínimo, de la facultad de:»;
            
            
               ii)se añade la letra m) siguiente:
            
            
               «m)exigir a las entidades que reduzcan los riesgos derivados de su desviación respecto de los objetivos políticos pertinentes de la Unión y de las tendencias de transición más generales en relación con los factores ambientales, sociales y de gobernanza a corto, medio y largo plazo, en particular mediante la introducción de ajustes en sus modelos de negocio, estrategias de gobernanza y gestión de riesgos.»;
            
            
               b)se añade el apartado 3 siguiente:
            
            
               «3. La ABE formulará directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a fin de especificar la forma en que las autoridades competentes pueden determinar que los riesgos que plantea el ajuste de valoración del crédito (AVC) de las entidades, a que se refiere el artículo 381 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, son excesivos para la solidez de dichas entidades.».
            
            
               27)El artículo 104 bis se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Cuando se requieran fondos propios adicionales para hacer frente al riesgo de apalancamiento excesivo no suficientemente cubierto por el artículo 92, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes determinarán que el nivel de fondos propios adicionales requeridos en virtud del apartado 1, letra a), del presente artículo sea la diferencia entre el capital considerado adecuado con arreglo al apartado 2 del presente artículo, excepto en lo que respecta a su párrafo quinto, y los requisitos de fondos propios pertinentes establecidos en las partes tercera y séptima del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;
            
            
               b)se añaden los apartados 6 y 7 siguientes:
            
            
               «6. Cuando una entidad quede sujeta al suelo de resultados, se aplicará lo siguiente:
            
            
               a)el importe nominal de los fondos propios adicionales exigidos por la autoridad competente de la entidad de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), para hacer frente a riesgos distintos del riesgo de apalancamiento excesivo no aumentará como consecuencia de que la entidad quede sujeta al suelo de resultados;
            
            
               b)la autoridad competente de la entidad revisará sin demora injustificada, y en todo caso a más tardar en la fecha límite del siguiente proceso de revisión y evaluación, los fondos propios adicionales que haya exigido a dicha entidad de conformidad con el artículo 104, apartado 1, letra a), y eliminará cualquier parte de estos que conlleve un doble cómputo de los riesgos que ya estén plenamente cubiertos por la sujeción de la entidad al suelo de resultados.
            
            
               A efectos del presente artículo y de los artículos 131 y 133 de la presente Directiva, se considerará que una entidad está sujeta al suelo de resultados cuando el importe total de exposición al riesgo de la entidad calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 supere el importe total de exposición al riesgo sin sujeción a suelo calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 4, de dicho Reglamento.
            
            
               7. A efectos del apartado 2, mientras una entidad esté sujeta al suelo de resultados, la autoridad competente de la entidad no impondrá un requisito de fondos propios adicionales que entrañe el doble cómputo de los riesgos que ya estén plenamente cubiertos por la sujeción de la entidad al suelo de resultados.».
            
            
               28)En el artículo 106, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1. Los Estados miembros facultarán a las autoridades competentes para exigir que las entidades:
            
            
               a)publiquen la información a que se refiere la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013 más de una vez al año y fijen plazos para la presentación a la ABE de información revelada por grandes entidades y otras entidades a efectos de su publicación en un sitio web centralizado de la ABE;
            
            
               b)empleen medios y ubicaciones específicos para las publicaciones distintos del sitio web de la ABE a efectos de la revelación centralizada de información o de los estados financieros de las entidades.».
            
         
         
            
               29)El artículo 121 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las sociedades financieras de cartera o a las sociedades financieras mixtas de cartera aprobadas de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 1, los Estados miembros exigirán que los miembros del órgano de dirección de una sociedad financiera de cartera o de una sociedad financiera mixta de cartera gocen de la oportuna honorabilidad y posean los conocimientos, las competencias y la experiencia suficientes, con arreglo al artículo 91, apartado 1, para desempeñar sus cometidos, teniendo en cuenta la función específica de las sociedades financieras de cartera y de las sociedades financieras mixtas de cartera».
            
            
               30)En el título VII, capítulo 3, se inserta la sección 0 siguiente:
            
            
               «Sección 0
            
            
               Aplicación del presente capítulo a los grupos de empresas de servicios de inversión
            
            
               Artículo 110 bis
            
            
               Alcance de la aplicación a los grupos de empresas de servicios de inversión
            
            
               El presente capítulo se aplicará a los grupos de empresas de servicios de inversión, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 25, del Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo*, cuando al menos una empresa de dicho grupo esté sujeta al Reglamento (UE) n.º 575/2013 en virtud del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/2033*14.
            
            
               El presente capítulo no se aplicará a los grupos de empresas de servicios de inversión en los que ninguna de esas empresas esté sujeta al Reglamento (UE) n.º 575/2013 en virtud del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/2033.
            
            
               ______
            
            
               *14
                     Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, relativo a los requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 806/2014 (DO L 314 de 5.12.2019, p. 1).».
            
            
               31)El artículo 131 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:
            
            
               «Cuando una OEIS quede sujeta al suelo de resultados, su autoridad competente o su autoridad designada, según proceda, revisará el requisito de colchón para OEIS de las entidades a fin de asegurarse de que su calibración sigue siendo adecuada.»;
            
            
               b)en el apartado 5 bis, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «En el plazo de seis semanas a contar desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 7 del presente artículo, la JERS remitirá a la Comisión un dictamen sobre la idoneidad del colchón para OEIS. La ABE también podrá remitir a la Comisión un dictamen sobre el colchón, de conformidad con el artículo 16 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.»;
            
            
               c)en el apartado 15, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Cuando la suma del porcentaje del colchón contra riesgos sistémicos calculado a los efectos del artículo 133, apartados 10, 11 o 12, y del porcentaje del colchón para OEIS o para EISM al que esté sujeta la misma entidad sea superior al 5 %, se aplicará el procedimiento establecido en el apartado 5 bis del presente artículo. A efectos del presente apartado, cuando la decisión de establecer un colchón contra riesgos sistémicos, un colchón para OEIS o un colchón para EISM dé lugar a una disminución o no entrañe modificación alguna de los porcentajes previamente establecidos, no se aplicará el procedimiento establecido en el apartado 5 bis del presente artículo.».
            
            
               32)El artículo 133 se modifica como sigue:
            
            
               a)el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
         
         
            
               «1. Los Estados miembros velarán por que sea posible establecer colchones contra riesgos sistémicos de capital de nivel 1 ordinario para el sector financiero o uno o varios de sus subsectores respecto de la totalidad o un subconjunto de las exposiciones a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, con el fin de prevenir y paliar los riesgos sistémicos o macroprudenciales que no estén cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ni por los artículos 130 y 131 de la presente Directiva, es decir, los riesgos de que se produzca una perturbación del sistema financiero que pueda tener consecuencias negativas graves en dicho sistema y en la economía real de un Estado miembro concreto.»;
            
            
               b)se inserta el apartado 2 bis siguiente:
            
            
               «2 bis. Cuando una entidad esté sujeta al suelo de resultados, se aplicarán las dos condiciones siguientes:
            
            
               a)el importe del capital de nivel 1 ordinario que se le exija mantener de conformidad con el párrafo primero quedará limitado por el siguiente importe:
            
            
            
               donde:
            
            
               ET = importe total de exposición al riesgo sin sujeción a suelo de la entidad calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               Ei = importe de exposición al riesgo sin sujeción a suelo de la entidad respecto de un subconjunto de exposiciones «i» calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
            
            
               rT, ri = rT y ri tal como se definen en el párrafo primero.
            
            
               b)la autoridad competente o la autoridad designada, según proceda, revisará sin demora injustificada la calibración del porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos, según corresponda, para garantizar que siguen siendo adecuados y no dan lugar a un doble cómputo de los riesgos que ya están cubiertos por la sujeción de la entidad al suelo de resultados.
            
            
               El cálculo a que se refiere la letra a) se aplicará hasta que la autoridad designada haya completado la revisión establecida en la letra b) y haya publicado una nueva decisión sobre la calibración del porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos de conformidad con el procedimiento establecido en el presente artículo. A partir de ese momento, dejará de aplicarse la limitación indicada en la letra a).»;
            
            
               c)en el apartado 8, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «c)el colchón contra riesgos sistémicos no deberá utilizarse para hacer frente a ninguno de los siguientes riesgos:
            
            
               i)los riesgos que estén cubiertos por los artículos 130 y 131;
            
            
               ii)los riesgos que estén plenamente cubiertos por el cálculo establecido en el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.»;
            
            
               d)en el apartado 9, se añade la letra g) siguiente:
            
            
               «g)la forma en que el cálculo establecido en el artículo 92, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 afecta a la calibración del porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos, según proceda, que la autoridad competente o la autoridad designada, según corresponda, tenga intención de imponer.»;
            
            
               e)los apartados 11 y 12 se sustituyen por el texto siguiente:
            
            
               «11. Cuando la definición o redefinición de un porcentaje o porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos respecto de cualquier conjunto o subconjunto de exposiciones a que se refiere el apartado 5 sometidos a uno o varios colchones contra riesgos sistémicos dé lugar a un porcentaje combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior al 3 % y de hasta el 5 % para cualquiera de dichas exposiciones, la autoridad competente o la autoridad designada del Estado miembro que fije el colchón solicitará, en la notificación presentada de conformidad con el apartado 9, los dictámenes de la Comisión y de la JERS.
            
            
               En el plazo de un mes a contar desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 9, la JERS remitirá a la Comisión un dictamen sobre la idoneidad del porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos. En el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la notificación, la Comisión, teniendo en cuenta la evaluación de la JERS, formulará un dictamen sobre si considera que el porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos no van a entrañar un perjuicio desproporcionado para la totalidad o partes del sistema financiero de otros Estados miembros o de la Unión en su conjunto, que constituyan o creen un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado interior.
            
         
         
            
               Si el dictamen de la Comisión es negativo, la autoridad competente o la autoridad designada, según proceda, del Estado miembro que fije el colchón contra riesgos sistémicos acatará el dictamen o expondrá las razones por las que no lo hace.
            
            
               Cuando una o varias entidades a las que sean aplicables uno o varios porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos sean filiales cuya matriz esté establecida en otro Estado miembro, la JERS y la Comisión también examinarán en sus dictámenes si la aplicación del porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos a dichas entidades se considera adecuada.
            
            
               Cuando las autoridades de la filial y la matriz discrepen sobre el porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos que han de aplicarse a la entidad de que se trate y el dictamen tanto de la Comisión como de la JERS sea negativo, la autoridad competente o la autoridad designada, según proceda, podrá remitir el asunto a la ABE y solicitar su asistencia, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. La decisión de fijar el porcentaje o los porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos respecto de las exposiciones en cuestión quedará en suspenso hasta que la ABE se haya pronunciado.
            
            
               A efectos del presente apartado, el reconocimiento del porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro con arreglo al artículo 134 no se contabilizará con miras a los umbrales a que se refiere el párrafo primero del presente apartado.
            
            
               12. Cuando la definición o redefinición de un porcentaje o porcentajes de colchón contra riesgos sistémicos para cualquier conjunto o subconjunto de exposiciones a que se refiere el apartado 5 sometidos a uno o varios colchones contra riesgos sistémicos dé lugar a un porcentaje combinado de colchón contra riesgos sistémicos superior al 5 % para cualquiera de dichas exposiciones, la autoridad competente o la autoridad designada, según proceda, solicitará la autorización de la Comisión antes de aplicar un colchón contra riesgos sistémicos.
            
            
               En el plazo de seis semanas a contar desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 9 del presente artículo, la JERS remitirá a la Comisión un dictamen sobre la idoneidad del colchón contra riesgos sistémicos. La ABE también podrá remitir a la Comisión un dictamen sobre el colchón contra riesgos sistémicos, de conformidad con el artículo 16 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en el plazo de seis semanas a contar desde la recepción de la notificación.
            
            
               En el plazo de tres meses a contar desde la recepción de la notificación a que se refiere el apartado 9, la Comisión, teniendo en cuenta la valoración de la JERS y de la ABE, cuando proceda, y si está convencida de que el porcentaje o los porcentajes del colchón contra riesgos sistémicos no van a entrañar un perjuicio desproporcionado para la totalidad o partes del sistema financiero de otros Estados miembros o de la Unión en su conjunto, que constituyan o creen un obstáculo al correcto funcionamiento del mercado interior, adoptará un acto por el que se autorice a la autoridad competente o a la autoridad designada, según proceda, a adoptar la medida propuesta.
            
            
               A efectos del presente apartado, el reconocimiento del porcentaje de colchón contra riesgos sistémicos fijado por otro Estado miembro con arreglo al artículo 134 no se contabilizará con miras al umbral contemplado en el párrafo primero del presente apartado.».
            
            
               33)El artículo 142 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «c)un plan y un calendario del aumento de los fondos propios con el objetivo de cumplir plenamente los requisitos combinados de colchón o, cuando proceda, el requisito de colchón de ratio de apalancamiento;»;
            
            
               b)el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «3. La autoridad competente evaluará el plan de conservación del capital y solo lo aprobará si considera que, de ejecutarse, el plan tendría probabilidades razonables de permitir la conservación u obtención de capital suficiente para que la entidad pueda cumplir los requisitos combinados de colchón o, cuando proceda, el requisito de colchón de ratio de apalancamiento a los que esté sujeta en un plazo que la autoridad competente juzgue adecuado.»;
            
            
               c)en el apartado 4, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «b)hará uso de las facultades que le confiere el artículo 102 para imponer restricciones sobre las distribuciones más estrictas que las previstas en los artículos 141 o 141 ter, según proceda.».
            
            
               34)En el artículo 161, se suprime el apartado 3.
            
            
               Artículo 2
            
            
               Modificaciones de la Directiva 2014/59/UE
            
            
               La Directiva 2014/59/UE*15 se modifica como sigue:
            
            
               1)En el artículo 27, se añaden los siguientes apartados 6, 7 y 8:
            
         
         
            
               «6. Cuando se designe a nuevos miembros del órgano de dirección o de la alta dirección con arreglo al presente artículo y al artículo 28 de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes lleven a cabo la evaluación de los miembros del órgano de dirección, tal como se exige en el artículo 91 ter, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE, y de los titulares de funciones clave, tal como exige el artículo 91 quinquies, apartado 1, de dicha Directiva, únicamente después de que hayan asumido su cargo.
            
            
               El artículo 91 bis, apartado 2, y el artículo 91 quater, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE no se aplicarán a la designación de nuevos miembros del órgano de dirección o de la alta dirección a que se refiere el párrafo primero.
            
            
               7. Las autoridades competentes llevarán a cabo sin demora injustificada las evaluaciones a que se refiere el apartado 6. Deberán completar las evaluaciones en un plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde la fecha en que reciban la notificación de la designación.
            
            
               8. Las autoridades competentes informarán sin demora injustificada a la autoridad de resolución del resultado de las evaluaciones a que se refiere el apartado 6.».
            
            
               2)En el artículo 34, se añaden los siguientes apartados 7, 8 y 9:
            
            
               «7. Cuando se designe a nuevos miembros del órgano de dirección o de la alta dirección con arreglo al presente artículo y al artículo 63 de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes lleven a cabo la evaluación de los miembros del órgano de dirección, tal como se exige en el artículo 91 ter, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE, y de los titulares de funciones clave, tal como exige el artículo 91 quinquies, apartado 1, de dicha Directiva, únicamente después de que hayan asumido su cargo.
            
            
               El artículo 91 bis, apartado 2, y el artículo 91 quater, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE no se aplicarán a la designación de nuevos miembros del órgano de dirección o de la alta dirección a que se refiere el párrafo primero.
            
            
               Los párrafos primero y segundo se aplicarán también a la evaluación de los miembros del órgano de dirección de la entidad puente designados con arreglo al artículo 41 inmediatamente después de la adopción de medidas de resolución.
            
            
               8. Las autoridades competentes llevarán a cabo sin demora injustificada las evaluaciones a que se refiere el apartado 7. Deberán completar las evaluaciones en un plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde la fecha en que reciban la notificación de la designación.
            
            
               9. Las autoridades competentes informarán sin demora injustificada a la autoridad de resolución del resultado de las evaluaciones a que se refiere el apartado 7.
            
            
               ___
            
            
               *15
                     Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).».
            
            
               Artículo 3
            
            
               Transposición
            
            
               1.Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de dieciocho meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
            
            
               Aplicarán dichas disposiciones a partir del [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la del día siguiente a la fecha de transposición de la presente Directiva de modificación].
            
            
               No obstante, las disposiciones necesarias para cumplir las modificaciones establecidas en el artículo 1, punto 8, sobre la supervisión prudencial de las sucursales de terceros países se aplicarán a partir del [se ruega a la OP que inserte la fecha oportuna, es decir, la de expiración del plazo de doce meses transcurrido desde la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación]. 
            
            
               No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Estados miembros aplicarán las disposiciones relativas a la comunicación de información sobre sucursales de terceros países que figuran en el título VI, capítulo 1, sección II, subsección 4, de la Directiva 2013/36/UE, introducidas por la presente Directiva, a partir de la fecha de aplicación establecida en el párrafo segundo del presente artículo. 
            
            
               Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
            
            
               2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
            
         
         
            
               Artículo 4
            
            
               Entrada en vigor
            
            
               La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
            
            
               Artículo 5
            
            
               Destinatarios
            
            
               Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
                  Por el Parlamento Europeo
                        Por el Consejo
               
               
                  El Presidente
                        El Presidente
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        COM(2021) 664.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Los miembros del CSBB son bancos centrales y supervisores bancarios de veintiocho jurisdicciones de todo el mundo. Entre los Estados miembros de la UE, Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, así como el Banco Central Europeo, son miembros del CSBB. La Comisión Europea y la ABE participan en las reuniones del CSBB como observadores.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        El marco consolidado de Basilea III está disponible en 
                  https://www.bis.org/bcbs/publ/d462.htm
                  . 
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 321 de 26.6.2013, p. 6).
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva (OIC), las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012. 
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas y las competencias de supervisión y las medidas de conservación del capital.
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Véase 
                  https://www.bis.org/publ/bcbs189.htm
                  .
               
               
                  
                     (9)
                  
                        El AVC es un ajuste contable del precio de un derivado para tener en cuenta el riesgo de crédito de contraparte.
               
               
                  
                     (10)
                  
                        Estos fueron los únicos cambios significativos en la parte de las normas que tratan de los requisitos de capital basados en el riesgo que se introdujeron como parte de la primera etapa de la reforma de Basilea III.
               
               
                  
                     (11)
                  
                        La legislación de la Unión ya incluía un requisito mínimo relativo a los límites de grandes exposiciones, pero era una novedad para las normas de Basilea.
               
               
                  
                     (12)
                  
                        En concreto, el colchón de conservación de capital (CCC), el colchón de capital anticíclico (CCA), el colchón contra riesgos sistémicos (CRS) y los colchones de capital para entidades de importancia sistémica mundial y otras entidades de importancia sistémica (respectivamente, EISM y OEIS).
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Ese primer conjunto de reformas también se ha aplicado en la mayoría de las jurisdicciones del mundo, como puede observarse en el decimoctavo informe de situación sobre la adopción del marco normativo de Basilea, publicado en julio de 2020 (véase 
                  https://www.bis.org/bcbs/publ/d506.htm
                  ).
               
               
                  
                     (14)
                  
                        Véase 
                  https://ec.europa.eu/info/publications/200428-banking-package-communication_es
                  .
               
               
                  
                     (15)
                  
                        Véase 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=ES
                  .
               
               
                  
                     (16)
                  
                        La JERS ha recopilado una lista completa de estas medidas, véase 
                  Policy measures in response to the COVID-19 pandemic
                   [«Medidas políticas en respuesta a la pandemia de COVID-19», documento en inglés]. 
               
               
                  
                     (17)
                  
                        En su análisis de vulnerabilidad derivada de la COVID-19, publicado en julio de 2020, el BCE demostró que los mayores bancos de la zona del euro estarían suficientemente capitalizados para soportar una recesión profunda de corta duración y que el número de esos bancos con recursos de capital insuficientes en caso de una recesión más grave sería limitado (véase 
                  https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200728_annex~d36d893ca2.en.pdf
                  ).
               
               
                  
                     (18)
                  
                        Véase 
                  https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.htm
                  .
               
               
                  
                     (19)
                  
                        Véase 
                  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_19_6269
                  . 
               
               
                  
                     (20)
                  
                        Más concretamente, hasta el 1 de enero de 2023 para la fecha de inicio de la aplicación y hasta el 1 de enero de 2028 para la plena aplicación de los elementos finales de la reforma.
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Véase 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
                  .
               
               
                  
                     (22)
                  
                        Véase 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=COM:2021:550:FIN
                  . 
               
               
                  
                     (23)
                  
                        Véase COM(2021) 390 final.
               
               
                  
                     (24)
                  
                        Véase 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097
                  .
               
               
                  
                     (25)
                  
                        Véase 
                  https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_es
                  .
               
               
                  
                     (26)
                  
                        EBA/REP/2021/20. La DRC exige a la ABE que informe sobre el arbitraje reglamentario resultante de los diferentes tratamientos actuales de las STP. Este informe hace un balance de los regímenes nacionales para las STP y confirma que persisten diferencias significativas en el tratamiento nacional de estas sucursales y en el grado de implicación del supervisor de acogida.
               
               
                  
                     (27)
                  
                        Los artículos pertinentes del Tratado que confieren a la Unión el derecho a adoptar medidas son los relativos a la libertad de establecimiento (en particular, el artículo 53 del TFUE), a la libre prestación de servicios (artículo 59 del TFUE) y a la aproximación de las normas que tienen por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior (artículo 114 del TFUE).
               
               
                  
                     (28)
                  
                        Véase 
                  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12015-Alignment-EU-rules-on-capital-requirements-to-international-standards-prudential-requirements-and-market-discipline-/public-consultation_es
                  .
               
               
                  
                     (29)
                  
                        Véase 
                  https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2018-basel-3-finalisation_es
                  .
               
               
                  
                     (30)
                  
                        En su informe publicado en diciembre de 2020, la ABE proporcionó los impactos en la misma muestra de 99 bancos, pero basándose en los datos del segundo trimestre de 2018 que se utilizaron en su anterior análisis de impacto. Desde el segundo trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019, el aumento total de los requisitos de capital mínimo disminuyó en más de 5 puntos porcentuales (es decir, de +24,1 % a +18,5 %), mientras que el déficit de capital en todos estos bancos se redujo en más de la mitad (de 109 500 millones EUR a 52 200 millones EUR). 
               
               
                  
                     (31)
                  
                        SWD(2021) 321 (RIA). La evaluación de impacto no incluyó una evaluación de la propuesta sobre las sucursales de terceros países, ya que el informe de la ABE en el que se basa el análisis se publicó el 23 de junio de 2021. En esta exposición de motivos se ha incluido una evaluación del impacto de la propuesta basada en el informe de la ABE como parte de la sección sobre las sucursales de terceros países.
               
               
                  
                     (32)
                  
                        Véase 
                  https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/joint-esma-and-eba-guidelines-on
                  the-assessment-of-the-suitability-of-members-of-the-management-body
                  .
                  Véase 
                  https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705_rev_201805.es.pdf
                  .
                   
               
               
                  
                     (33)
                  
                        Esta sección se basa en el Informe de la ABE sobre el tratamiento de las sucursales de terceros países (STP) entrantes con arreglo al Derecho nacional de los Estados miembros de 23 de junio de 2021 [
                  Report on third country branches.docx (europa.eu)
                  ]
                  .
               
               
                  
                     (34)
                  
                        Este parámetro se determina utilizando los datos del CBD2, que se refiere a los datos publicados por el BCE en relación con los «Grupos bancarios y entidades de crédito independientes nacionales, filiales bajo control extranjero (de la UE y de fuera de la UE- y sucursales bajo control extranjero (de la UE y de fuera de la UE)» para diciembre de 2019.
               
               
                  
                     (35)
                  
                        Entendidos como cualquier actividad de las enumeradas en el anexo I de la DRC cuando es realizada por entidades de crédito, la prestación de servicios de inversión a gran escala, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), y la prestación de actividades bancarias básicas (las enumeradas en los puntos 1 a 3 y 6) por cualquier empresa de un tercer país.
               
               
                  
                     (36)
                  
                        Según el considerando 19 de la DRC: «Las sucursales de entidades de crédito que tengan su domicilio social fuera de la Comunidad no deben beneficiarse de la libre prestación de servicios en virtud del párrafo segundo del artículo 49 del Tratado, ni de la libertad de establecimiento en Estados miembros distintos de aquél en que se hallen establecidas». Una STP solo puede prestar servicios de inversión transfronterizos a clientes profesionales y contrapartes elegibles si los servicios son prestados por sucursales autorizadas con arreglo a la MiFID y en caso de una decisión de equivalencia con arreglo al artículo 47, apartado 3, del MIFIR (véase el anexo 3). Sin embargo, no se ha tomado ninguna decisión de equivalencia ni se prevé hacerlo en un futuro próximo.
               
               
                  
                     (37)
                  
                        En lugar de fijar primero el P2R como una cantidad nominal, que posteriormente se expresa como un porcentaje de TREA para que encaje en la estructura general del capital.
               
               
                  
                     (38)
                  
                        En este contexto, el riesgo de modelo debe entenderse como el riesgo de que el requisito de fondos propios calculado mediante modelos internos no sea proporcional al riesgo inherente a la exposición para la que se calcula el requisito.
               
               
                  
                     (39)
                  
                        Una entidad queda obligada por el suelo de resultados cuando su TREA «con límite mínimo» (es decir, el TREA calculado teniendo en cuenta el suelo de resultados) es superior a su TREA «sin límite mínimo» (es decir, el TREA calculado sin tener en cuenta dicho suelo). Para más detalles sobre el funcionamiento del suelo de resultados, véase la exposición de motivos del Reglamento por el que se modifica el RRC. 
               
               
                  
                     (40)
                  
                        En el caso del P2R, el anuncio adoptará la forma de una carta de la autoridad competente a la entidad supervisada que contenga los resultados del PRES y el nuevo P2R de la entidad (por supuesto, en caso de que no se identifique una doble contabilización, el P2R permanecerá inalterado). En el caso del P2R, el anuncio adoptará la forma de una nueva decisión de la autoridad competente o designada, según el caso, sobre la calibración adecuada del porcentaje o porcentajes del CRS.
               
               
                  
                     (41)
                  
                        DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (42)
                  
                        DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (43)
                  
                        Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
               
               
                  
                     (44)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de Julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).
               
               
                  
                     (45)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
               
               
                  
                     (46)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
               
               
                  
                     (47)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 150 de 7.6.2019, p. 1).
               
               
                  
                     (48)
                  
                        Decisión (UE) 2016/1841 del Consejo, de 5 de octubre de 2016, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de París aprobado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (DO L 282 de 19.10.2016, p. 4).
               
               
                  
                     (49)
                  
                        COM(2019) 640 final.
               
               
                  
                     (50)
                  
                        La Red, creada en la cumbre de París «Un Planeta», de 12 de diciembre de 2017, agrupa a una serie de bancos centrales y supervisores que desean, de manera voluntaria, compartir las mejores prácticas, contribuir al desarrollo de la gestión de los riesgos ambientales y climáticos en el sector financiero, y movilizar financiación convencional en apoyo de la transición hacia una economía sostenible.
               
               
                  
                     (51)
                  
                        COM(2021) 390 final, de 6 de julio de 2021.
               
               
                  
                     (52)
                  
                        Comunicación de la Comisión COM(2021) 568 final, de 14 de julio de 2021, que comprende las siguientes propuestas de la Comisión: COM(2021) 562 final, COM(2021) 561 final, COM(2021) 564 final, COM(2021) 563 final, COM(2021) 556 final, COM(2021) 559 final, COM(2021) 558 final, COM(2021) 557 final, COM(2021) 554 final, COM(2021) 555 final, COM(2021) 552 final.