CELEX: 62003CO0396
Language: es
Date: 2005-06-03 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de junio de 2005. # Magnus Killinger contra República Federal de Alemania, Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Titulados alemanes de las escuelas superiores de Derecho - Discriminación. # Asunto C-396/03 P.

Asunto C‑396/03 P
      Magnus Killinger
      contra
      República Federal de Alemania y otros
      «Recursos de casación — Titulados alemanes de las escuelas superiores de Derecho — Discriminación»
      Auto del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de junio de 2005 
      Sumario del auto
      1.     Recurso de casación — Motivos — Fundamentos de una sentencia viciados por una infracción del Derecho comunitario — Fallo justificado
            en virtud de otros fundamentos de Derecho — Desestimación
      2.     Recurso por omisión — Requerimiento a la institución — Requerimiento para que actúe — Constitución por el propio recurso —
            Exclusión
      (Art. 232 CE, párr. 2)
      3.     Derecho comunitario — Principios — Derecho a un recurso efectivo — Violación del Derecho comunitario por las autoridades nacionales
            de un Estado miembro — Recurso a los órganos jurisdiccionales comunitarios por la Comisión o por un Estado miembro y recurso
            a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes por cualquier persona física o jurídica — Inexistencia de menoscabo
            del carácter efectivo de la tutela judicial
      1.     Una infracción del Derecho comunitario por el Tribunal de Primera Instancia no da lugar a la anulación del auto recurrido
         cuando su parte dispositiva resulta fundada por otros motivos de Derecho.
      
      (véase el apartado 12)
      2.     El artículo 232 CE, segundo párrafo, subordina la admisibilidad de un recurso por omisión a la condición de que la institución
         demandada haya sido requerida previamente para actuar. Al tratarse de un requisito para la admisibilidad del recurso, no cabe
         considerar que la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia pueda calificarse de requerimiento en el sentido
         de dicha disposición.
      
      (véase el apartado 16)
      3.     En el sistema de vías de recurso previsto por el Tratado, las violaciones del Derecho comunitario cometidas por las autoridades
         nacionales, lo que incluye las infracciones del artículo 234 CE, párrafo tercero, pueden ser sometidas por la Comisión u otro
         Estado miembro a los órganos jurisdiccionales comunitarios o por cualquier persona física o jurídica a los órganos jurisdiccionales
         nacionales competentes. En el segundo supuesto, corresponde a estos últimos garantizar la protección de las disposiciones
         del Derecho comunitario, por lo que la efectividad de la tutela judicial no queda menoscabada.
      
      (véase el apartado 28)
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 3 de junio de 2005 (*)
      
      «Recursos de casación – Titulados alemanes de las escuelas superiores de Derecho – Discriminación»
      En el asunto C‑396/03 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         presentado el 22 de septiembre de 2003,
      
      Magnus Killinger, con domicilio en Meiningen (Alemania), representado por el Sr. T. Scheuernstuhl, Rechtsanwalt,
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      República Federal de Alemania,
      Consejo de la Unión Europea,
      Comisión de las Comunidades Europeas,
      partes demandadas en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann (Ponente) y E. Juhász, Jueces;
      Abogado General: Sr. A. Tizzano;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      oído el Abogado General;
      dicta el siguiente
      Auto
      1       Mediante su recurso de casación, el Sr. Killinger solicita que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
         Europeas de 8 de julio de 2003, Killinger/Alemania y otros (T‑186/03, no publicado en la Recopilación; en lo sucesivo, «auto
         recurrido»), por el que se declara la inadmisibilidad de un recurso por él presentado y que tenía por objeto:
      
      –       que se anulase una decisión del Ministerio de Justicia y de Asuntos Europeos del Land de Turingia, así como una serie de decisiones
         de órganos jurisdiccionales alemanes relativas a un recurso inicialmente presentado por el Sr. Killinger ante el Verwaltungsgericht
         Weimar;
      
      –       que se ordenase a la República Federal de Alemania a permitirle el ejercicio de su actividad profesional y económica como
         jurista a escala comunitaria, en las mismas condiciones que las que se aplican a los titulados en Derecho en otros Estados
         miembros;
      
      con carácter subsidiario, que se remitiese el asunto que había dado lugar a las decisiones mencionadas a otra formación del
         Verwaltungsgericht Weimar y que se declarase que los órganos jurisdiccionales alemanes habían incumplido las obligaciones
         que les incumbían en virtud del artículo 234 CE, párrafos segundo y tercero;
      
      –       que se condenase a la República Federal de Alemania a indemnizarle por el perjuicio material y moral sufrido como consecuencia
         de las prácticas discriminatorias realizadas por este Estado miembro;
      
      –       que se declarase que la República Federal de Alemania, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas
         se habían abstenido de adoptar los actos legislativos y los actos dimanantes de su poder ejecutivo necesarios para permitir
         el ejercicio profesional no discriminatorio a escala comunitaria de los titulados en Derecho alemanes, y
      
      –       que se ordenase a la República Federal de Alemania, al Consejo y a la Comisión a reformar o completar sus actos legislativos
         y los actos dimanantes de su poder ejecutivo necesarios con objeto de garantizar que, a escala comunitaria, el libre ejercicio
         de la actividad profesional de los juristas titulados alemanes no estuviese sometido a condiciones diferentes en el plano
         cualitativo de las impuestas a los juristas titulados de otros Estados miembros.
      
      2       Además, el Sr. Killinger pide al Tribunal de Justicia que resuelva el litigio de modo definitivo y estime las pretensiones
         formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      3       En primera instancia, el Sr. Killinger mantuvo fundamentalmente que el requisito de un segundo examen de Estado para la formación
         de los juristas en Alemania discrimina a los nacionales alemanes en favor de los juristas formados en otros Estados miembros.
         Este requisito es, proporcionalmente, más severo. Por una parte, sitúa a los juristas alemanes en una posición de desventaja
         en lo que se refiere a su acceso a la abogacía en Alemania, habida cuenta de que los titulados de otros Estados miembros tienen
         la posibilidad de que se les reconozca la equivalencia de su formación, más fácilmente obtenida. Por otra parte, diversas
         instituciones internacionales, entre ellas el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, realizan prácticas discriminatorias
         al subordinar el acceso a determinadas carreras profesionales por parte de los juristas titulados en Alemania a un segundo
         examen de Estado, mientras que los juristas de otros Estados miembros sólo deben cumplir los requisitos exigidos para el acceso
         a la abogacía en sus Estados de origen, menos severos desde el punto de vista cualitativo.
      
       Auto recurrido
      4       Mediante el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en aplicación del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento,
         que el recurso del Sr. Killinger era manifiestamente inadmisible.
      
      5       En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia declaró, a este respecto, que no era competente para conocer de los recursos
         interpuestos por una persona física contra un Estado miembro. En segundo lugar, en el apartado 4 del auto recurrido, declaró
         lo siguiente:
      
      «Mediante este recurso, el demandante solicita que se anule una decisión de la administración nacional y diversas decisiones
         de órganos jurisdiccionales nacionales. El recurso no se dirige, por tanto, contra un acto de una institución o de un órgano
         de las Comunidades Europeas y es, por consiguiente, manifiestamente inadmisible. Puesto que el recurso se dirige además contra
         un Estado miembro, debe desestimarse por manifiestamente inadmisible sin que sea necesario notificarlo a la partes demandadas.»
      
       Recurso de casación
      6       A tenor del artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso de casación sea manifiestamente infundado, el
         Tribunal de Justicia puede, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.
      
      7       Del recurso de casación cabe deducir cuatro motivos. El Sr. Killinger reprocha al Tribunal de Primera Instancia:
      –       haber aplicado injustificadamente el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento;
      –       no haber tenido en cuenta que su recurso tenía como partes demandadas no sólo a las instituciones de la República Federal
         de Alemania, sino también al Consejo y a la Comisión, y que impugnaba tanto actos positivos como omisiones, aspectos del recurso
         que el Tribunal de Primera Instancia se abstuvo infundadamente de abordar;
      
      –       no haber considerado que las instituciones de la República Federal de Alemania deben ser consideradas instituciones de la
         Unión Europea desde un punto de vista funcional, y que el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de un recurso
         que se dirija contra ellas, y
      
      –       no haber considerado que para la salvaguarda del Derecho comunitario es esencial que los derechos de los ciudadanos puedan
         ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales comunitarios.
      
       Sobre el primer motivo
      8       En su primer motivo, el Sr. Killinger alega que la aplicación que el Tribunal de Primera Instancia hizo del artículo 111 de
         su Reglamento de Procedimiento no está justificada y viola su derecho a un proceso judicial equitativo y efectivo en el sentido
         de los artículo 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
         firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), así como del artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales
         de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1), en relación con el artículo 6 UE.
      
      9       A este respecto, basta constatar que la aplicación en sí misma del procedimiento previsto en el artículo 111 del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no vulnera el derecho a un proceso judicial equitativo y efectivo, puesto
         que esta disposición no es aplicable más que a los asuntos en los que el Tribunal de Primera Instancia sea manifiestamente
         incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento
         jurídico. Si el Tribunal de Primera Instancia hubiese estimado erróneamente que se reunían los requisitos para la aplicación
         de dicho artículo, debería impugnarse dicha apreciación, como hace el Sr. Killinger en sus motivos segundo, tercero y cuarto,
         más que la aplicación de dicho artículo. Debe, por tanto, desestimarse el primer motivo por ser manifiestamente infundado.
         
      
       Sobre el segundo motivo
      10     En su segundo motivo, el Sr. Killinger reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta que su recurso
         tenía como partes demandadas no sólo a las instituciones de la República Federal de Alemania, sino también al Consejo y a
         la Comisión, y que impugnaba no sólo actos positivos, sino también omisiones, aspectos del recurso que el Tribunal de Primera
         Instancia, infundadamente, ni siquiera abordó. 
      
      11     De la lectura del auto impugnado se desprende que, en efecto, el Tribunal de Justicia no abordó las pretensiones cuarta y
         quinta formuladas por el Sr. Killinger en primera instancia. Tal omisión es, manifiestamente, contraria al Derecho comunitario.
      
      12     No obstante, una infracción del Derecho comunitario por el Tribunal de Primera Instancia no da lugar a la anulación del auto
         recurrido cuando su parte dispositiva resulta fundada por otros motivos de Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 9 de junio de 1992, Lestelle/Comisión, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, apartado 28; de 30 de septiembre de 2003, Biret International/Consejo,
         C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, apartado 60, y de 2 de diciembre de 2004, José Martí Peix/Comisión, C‑226/03 P, Rec. p. I‑0000,
         apartado 29).
      
      13     Procede, por tanto, examinar si el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no haya abordado las pretensiones cuarta
         y quinta planteadas en primera instancia por el Sr. Killinger tiene entidad suficiente para desvirtuar la parte dispositiva
         del auto recurrido.
      
       Sobre la cuarta pretensión formulada en primera instancia 
      14     La cuarta pretensión formulada en primera instancia por el Sr. Killinger tenía por objeto que el Tribunal de Primera Instancia
         declarase la omisión de la República Federal de Alemania, el Consejo y la Comisión al no haber adoptado los actos legislativos
         y los actos dimanantes de su poder ejecutivo necesarios para permitir el ejercicio profesional no discriminatorio a escala
         comunitaria de los titulados en Derecho alemanes. 
      
      15     En lo que se refiere a la República Federal de Alemania, esta pretensión era manifiestamente inadmisible, puesto que los órganos
         jurisdiccionales comunitarios no son competentes para conocer de un litigio entre una persona física y un Estado miembro,
         tal como se precisará en el apartado 26 de este auto.
      
      16     En lo que se refiere al Consejo y a la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia es, en principio, competente para conocer
         de un recurso por omisión presentado por personas físicas, en virtud del artículo 232 CE, tercer párrafo. Sin embargo, el
         segundo párrafo de este artículo subordina la admisibilidad de dicho recurso a la condición de que la institución demandada
         haya sido requerida previamente para actuar. Pues bien, el Sr. Killinger ha admitido expresamente, en la página 11 de la demanda
         presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, no haber dirigido ningún requerimiento previo al Consejo ni a la Comisión.
         Conviene añadir que, al tratarse de un requisito para la admisibilidad del recurso, no cabe considerar, contrariamente a lo
         que afirma el Sr. Killinger, que su demanda pueda calificarse de requerimiento a efectos del artículo 232 CE, párrafo segundo.
         
      
      17     En estas circunstancias, la cuarta pretensión planteada por el Sr. Killinger en primera instancia era manifiestamente inadmisible
         y el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no la haya abordado no desvirtúa la parte dispositiva del auto recurrido.
         
      
       Sobre la quinta pretensión formulada en primera instancia 
      18     La quinta pretensión formulada en primera instancia por el Sr. Killinger tenía por objeto que se ordenase a la República Federal
         de Alemania, al Consejo y a la Comisión a reformar o completar sus actos legislativos y los actos dimanantes de su poder ejecutivo,
         con objeto de garantizar que, a escala comunitaria, el libre ejercicio de la actividad profesional de los juristas titulados
         alemanes no estuviese sometido a condiciones cuantitativas y cualitativas diferentes de las impuestas a los juristas de otros
         Estado miembros, en concreto, a la exigencia de un segundo examen de Estado. El Sr. Killinger reprocha particularmente a la
         Comisión que exija este segundo examen para la participación de los juristas licenciados alemanes en los procedimientos de
         selección de personal de esta institución, lo que es discriminatorio respecto de los juristas de otros Estados miembros a
         los que se exigen requisitos menos estrictos. En la página 62 del anexo a la demanda presentada ante el Tribunal de Primera
         Instancia, el Sr. Killinger había incluido una carta del departamento de personal del Tribunal de Justicia de 11 de marzo
         de 1991, en la que se rechazaba su candidatura a una plaza de jurista lingüista en la división alemana, en el marco de la
         convocatoria de oposición CJ 5/90, publicada el 17 de octubre de 1990 (DO C 262, p. 11), por el único motivo de que no había
         aprobado dicho segundo examen de Estado, lo que constituía un requisito de admisión a la oposición de acuerdo con el título III,
         punto 2, letra a), de la citada convocatoria.
      
      19     En lo que se refiere a la República Federal de Alemania, la quinta pretensión planteada en primera instancia por el Sr. Killinger
         era manifiestamente inadmisible, a semejanza de lo que se indica en el apartado 15 del presente auto, ya que los órganos jurisdiccionales
         comunitarios no son competentes para conocer de un litigio entre una persona física y un Estado miembro.
      
      20     En lo que se refiere al Consejo y a la Comisión, son de aplicación las consideraciones expuestas en el apartado 16 del presente
         auto y esta quinta pretensión es igualmente inadmisible, al no cumplirse el requisito previsto en el artículo 232 CE, segundo
         párrafo.
      
      21     Además, es necesario precisar que, a tenor de dicho artículo, puede recurrirse al Tribunal de Justicia para que declare una
         omisión de las instituciones, pero éste es manifiestamente incompetente para adoptar órdenes conminatorias contra ellas.
      
      22     En cuanto a los criterios de selección de personal de las instituciones comunitarias, supuestamente discriminatorios, invocados
         por el Sr. Killinger, basta señalar que éste no presentó recurso alguno, de conformidad con las disposiciones del artículo
         236 CE, en relación con los artículos 90 y 91 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, contra ninguna
         convocatoria de oposición ni contra la desestimación de ninguna candidatura. En lo que se refiere al rechazo de la candidatura
         del Sr. Killinger por parte de los servicios del Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 1991, debe señalarse, en todo caso,
         que debería haberse presentado un recurso contra esta institución, más que contra la Comisión, y que el plazo de tres meses
         establecido a tal fin en el artículo 91, apartado 3, del citado Estatuto hace mucho tiempo que ha expirado. En cuanto al anuncio
         de 30 de abril de 2003, de una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya copia figura en las páginas 310 y 311
         del anexo a la demanda presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, debe señalarse que dicho Tribunal no forma parte
         del sistema institucional de la Unión Europea y que los órganos jurisdiccionales comunitarios no son en ningún caso competentes
         para conocer de los recursos contra esa institución.
      
      23     En estas circunstancias, la quinta pretensión planteada en primera instancia por el Sr. Killinger era manifiestamente inadmisible,
         y el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no la haya abordado no desvirtúa la parte dispositiva del auto recurrido.
      
      24     Por lo tanto, el segundo motivo invocado por el Sr. Killinger es manifiestamente inoperante y, por consiguiente, procede desestimarlo
         por ser manifiestamente infundado. 
      
       Sobre el tercer motivo
      25     En su tercer motivo, el Sr. Killinger reprocha al Tribunal de Primera Instancia que haya declarado inadmisible su recurso
         por estar dirigido contra la República Federal de Alemania. En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia habría debido
         considerar a las instituciones de dicho Estado miembro como instituciones de la Unión Europea desde un punto de vista funcional
         y, por tanto, declararse competente.
      
      26     De acuerdo con el principio enunciado en el artículo 5 CE, primer párrafo, los órganos jurisdiccionales comunitarios sólo
         son competentes para actuar en los ámbitos en los que el Tratado CE o actos de Derecho derivado les hayan atribuido competencias.
         El Tratado establece una clara distinción entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias y no permite un análisis
         «funcional» como el propuesto por el Sr. Killinger. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente
         que no era competente para conocer de un litigio entre una persona física y un Estado miembro. Procede, por tanto, desestimar
         el tercer motivo por ser manifiestamente infundado.
      
       Sobre el cuarto motivo
      27     En su cuarto motivo, el Sr. Killinger mantiene, en esencia, que es fundamental para la salvaguarda del derecho a la tutela
         judicial efectiva, a efectos del artículo 13 del CEDH, que el Tribunal de Primera Instancia se declare competente para conocer
         de un litigio, incluso contra un Estado miembro y a pesar de que el Tratado no prevea a este respecto ninguna competencia
         específica, cuando se invoque una violación del artículo 234 CE, párrafos segundo y tercero. En caso contrario, las autoridades
         nacionales podrían violar el Derecho comunitario sin que fuera posible sancionarlas por sus incumplimientos.
      
      28     A este respecto, debe recordarse que los órganos jurisdiccionales comunitarios sólo son competentes para actuar en los ámbitos
         en los se les han atribuido competencias de forma expresa, tal como se señala en el apartado 26 de este auto. En el sistema
         de vías de recurso previsto por el Tratado, las violaciones del Derecho comunitario cometidas por las autoridades nacionales,
         lo que incluye las infracciones del artículo 234 CE, párrafo tercero, pueden ser sometidas por la Comisión u otro Estado miembro
         a los órganos jurisdiccionales comunitarios o por cualquier persona física o jurídica a los órganos jurisdiccionales nacionales
         competentes. En el segundo supuesto, corresponde a estos últimos garantizar la protección de las disposiciones del Derecho
         comunitario, por lo que la efectividad de la tutela judicial no queda menoscabada. Por tanto, procede desestimar el cuarto
         motivo por ser manifiestamente infundado. 
      
      29     En estas circunstancias, de acuerdo con el artículo 119 del Reglamento de Procedimiento, debe desestimarse el recurso por
         ser manifiestamente infundado.
      
       Costas
      30     A tenor del artículo 69, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento del recurso de casación en
         virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. Por haberse
         desestimado su recurso, el Sr. Killinger soportará sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) resuelve:
      1)      Desestimar el recurso de casación.
      2)      El Sr. Killinger soportará sus propias costas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.