CELEX: C2000/047/15
Language: es
Date: 2000-02-19 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999 en los asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal correctionnel de Huy): Procedimientos penales seguidos contra Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils SARL, responsable civil (C-369/96), y Bernard Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL, responsable civil (C-376/96) ("Libre prestación de servicios — Desplazamiento temporal de trabajadores para la ejecución de un contrato — Restricciones")

19.2.2000                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                                C 47/9
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                     cada trabajador desplazado, cotizaciones patronales con arreglo
                                                                                a regı́menes como los regı́menes belgas de «timbres de mal
                                                                                tiempo» y de «timbres de fidelidad» y a entregar a cada uno de
                   de 23 de noviembre de 1999                                   ellos una ficha individual, cuando dicha empresa ya esté sujeta a
                                                                                obligaciones esencialmente similares, por su finalidad, destinadas
en los asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96 (peticio-                         a salvaguardar los intereses de los trabajadores, con respecto a
nes de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal                         los mismos trabajadores y durante los mismos perı́odos de
correctionnel de Huy): Procedimientos penales seguidos                          actividad, en el Estado en que esté establecida.
contra Jean-Claude Arblade, Arblade & Fils SARL, respon-
sable civil (C-369/96), y Bernard Leloup, Serge Leloup,
        Sofrage SARL, responsable civil (C-376/96) (1)                      3) Los artı́culos 59 y 60 del Tratado se oponen a que, incluso
                                                                                mediante leyes e policı́a y e seguridad, un Estado miembro
                                                                                obligue a una empresa establecida en oro Estado miembro y que
(«Libre prestación de servicios — Desplazamiento temporal                      realice temporalmente obras en el primer Estado a elaborar los
de trabajadores para la ejecución de un contrato — Restric-                    documentos previstos en la legislación social o laboral, como un
                                 ciones»)                                       reglamento interno de trabajo, un libro de matrı́cula especial
                                                                                del personal y, para cada trabajador desplazado, una cuenta
                                                                                individual, en la forma establecida por la normativa del primer
                            (2000/C 47/15)                                      Estado cuando la protección social de los trabajadores que puede
                                                                                justificar dichas exigencias ya esté salvaguardada a través de la
                                                                                presentación de los documentos previstos en las legislaciones
                   (Lengua de procedimiento: francés)                           social y laboral en poder de dicha empresa con arreglo a la
                                                                                normativa del Estado miembro en que esté establecida.
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la         Éste es el caso cuando, en relación con la llevanza de los
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)            documentos previstos en las legislaciones social y laboral, la
                                                                                empresa ya está sujeta, en el Estado en que se halla establecida, a
En los asuntos acumulados C-369/96 y C-376/96, que tienen                       obligaciones similares, por su finalidad de proteger los intereses
por objeto peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con                    de los trabajadores, con respecto a los mismos trabajadores y
arreglo al artı́culo 177 del Tratado CE (actualmente, artı́culo                 durante los mismos perı́odos de actividad, a las establecidas por
234 CE), por el Tribunal correctionnel de Huy (Bélgica),                        la normativa del Estado miembro de acogida.
destinada a obtener, en los procesos penales seguidos ante
dicho órgano jurisdiccional contra Jean-Claude Arblade,                    4) Los artı́culos 59 y 60 del Tratado no se oponen a que un Estado
Arblade & Fils SARL, responsable civil (C-369/96), y Bernard                    miembro obligue a una empresa establecida en otro Estado
Leloup, Serge Leloup, Sofrage SARL, responsable civil (C-                       miembro y que realice temporalmente obras en el primer Estado
376/96), una decisión prejudicial sobre la interpretación de los              a tener disponibles, durante el perı́odo de actividad en el territorio
artı́culos 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE, tras                 del primer Estado miembro, os documentos previstos en las
su modificación) y 60 del Tratado CE (actualmente, artı́culo                   legislaciones social y laboral a pie de obra o en otro lugar
50 CE), el Tribunal de Justicia, integrado por los Sres.: G.C.                  accesible y claramente identificado del territorio de ese Estado,
Rodrı́guez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida,                      siempre que tal medida sea necesaria para permitirle comprobar
D.A.O. Edward (Ponente) y R. Schintgen, Presidentes de Sala;                    el cumplimiento efectivo de su normativa justificada por la
J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y M.                         salvaguardia de la protección social de los trabajadores.
Wathelet, Jueces; Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colo-
mer; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora
principal, ha dictado el 23 de noviembre de 1999 una                        5) Los artı́culos 59 y 60 del Tratado se oponen a que, incluso
sentencia cuyo fallo es el siguiente:                                           mediante leyes de policı́a y de seguridad, un Estado miembro
                                                                                obligue a una empresa establecida en otro Estado miembro y que
1) Los artı́culos 59 del Tratado CE (actualmente artı́culo 49 CE,               realice temporalmente obras en el primer Estado a conservar,
     tras su modificación) y 60 del Tratado CE (actualmente, artı́culo         durante cinco años desde que haya dejado de ocupar a trabajado-
     50 CE) no se oponen a que un Estado miembro obligue a una                  res en el primer Estado miembro, determinados documentos
     empresa establecida en otro Estado miembro y que realice                   previstos en la legislación social como el libro de matrı́cula del
     temporalmente obras en el primer Estado a pagar a sus                      personal y la cuenta individual en el domicilio, situado en dicho
     trabajadores desplazados el salario mı́nimo fijado por el convenio         Estado miembro, de una persona fı́sica que tenga dichos
     colectivo de trabajo aplicable en el primer Estado miembro,                documentos en su como mandatario o encargado.
     siempre que las disposiciones de que se trate sean suficientemente
     precisas y accesibles para evitar que, en la práctica, resulte
     imposible o excesivamente difı́cil que tal empresario conozca las
     obligaciones que debe cumplir.
                                                                            (1) DO C 9 de 11.1.1997; DO C 40 de 8.2.1997.
2) Los artı́culos 59 y 60 del Tratado se oponen a que un Estado
     miembro, incluso mediante leyes de policı́a y de seguridad,
     obligue a una empresa establecida en otro Estado miembro y que
     realice temporalmente obras en el primer Estado a pagar, por