CELEX: 62002CC0456
Language: es
Date: 2004-02-19
Title: Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas el 19 de febrero de 2004. # Michel Trojani contra Centre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS). # Petición de decisión prejudicial: Tribunal du travail de Bruxelles - Bélgica. # Libre circulación de personas - Ciudadanía de la Unión Europea - Derecho de residencia - Directiva 90/364/CEE - Limitaciones y condiciones - Persona que trabaja en un centro de acogida percibiendo a cambio una remuneración en especie - Derecho a obtener prestaciones asistenciales. # Asunto C-456/02.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. L.A. GEELHOEDpresentadas el 19 de febrero de 2004(1)
         Asunto C‑456/02Michel TrojanicontraCentre public d'aide sociale de Bruxelles (CPAS)(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal du travail de Bruxelles el 21 de noviembre de 2002 en el asunto
         entre Michel Trojani y Centre public d'aide sociale de Bruxelles)
            «Interpretación de los artículos 18 CE, 39 CE, 43 CE y 49 CE, del artículo 7, apartado 7, del Reglamento nº 1612/68 del Consejo,
               relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, y de la Directiva 90/364/CEE del Consejo, relativa
               al derecho de residencia  –  Derecho de residencia de una persona sin recursos suficientes que trabaja aproximadamente 30 horas por semana para un “centro
               de acogida” (en el presente asunto, del Ejército de Salvación) percibiendo a cambio una retribución en especie que cubre sus
               necesidades básicas en el propio centro de acogida  –  Derecho de tal persona a obtener prestaciones asistenciales»
            
            
      
         
      
            I.
            IntroducciónA.
            Resumen de los antecedentes de hecho 1.        En el presente asunto el Tribunal du travail de Bruxelles ha planteado dos cuestiones en el ámbito de la libre circulación
      de personas en el interior de la Unión Europea. Este asunto permite de nuevo analizar el derecho de los ciudadanos de la Unión
      Europea a residir en un Estado miembro distinto del Estado del que son nacionales.
      
      
       2.        La resolución de remisión describe la situación de Michel Trojani, demandante en el procedimiento principal. Posee la nacionalidad
      francesa. Está soltero y no tiene hijos. No dispone de recursos y, desde el 8 de enero de 2003, reside provisionalmente en
      dependencias del Ejército de Salvación en Bruselas.
      
      
       3.        El demandante está empadronado en el municipio de Bruselas y posee un certificado de registro (certificado de residencia provisional)
      que cubre su estancia desde el 8 de abril de 2002 hasta el 7 de septiembre de 2002. El órgano jurisdiccional remitente carece
      de información relativa a la situación del Sr. Trojani con posterioridad al 7 de septiembre de 2002 pero, según las informaciones
      proporcionadas al Tribunal de Justicia por el propio interesado, dispone de un permiso temporal de residencia con una vigencia
      de cinco años.
      
      
       4.        El Sr. Trojani desempeña para el centro de acogida del Ejército de Salvación diversos trabajos durante cerca de 30 horas semanales,
      en el marco de un proyecto individual de reinserción; como contraprestación, percibe prestaciones en especie, destinadas a
      subvenir sus necesidades básicas. Esta retribución consiste en alojamiento, comida y 25 euros semanales de dinero para gastos
      personales.
      
      
       5.        Al carecer de recursos, solicitó a la parte demandada en el procedimiento principal, el centre public d'aide sociale de Bruxelles,
      el pago de la prestación mínima de subsistencia, denominada «minimex». 
         			(2)
         		 En su solicitud indicó que, en principio, debe abonar 400 euros mensuales al centro de acogida. Añadió que deseaba tener
      la posibilidad de poder abandonar el citado centro y vivir de manera independiente.
      
      
       6.        El órgano jurisdiccional remitente desea averiguar si un ciudadano de la Unión Europea que se encuentre en tales circunstancias
      es titular de un derecho de residencia en virtud del Derecho comunitario. A este respecto formula dos cuestiones. La primera
      se refiere a los derechos que corresponden a los emigrantes económicos, en su condición de trabajadores con arreglo al artículo
      39 del Tratado CE [y con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1612/68], 
         			(3)
         		 en el ámbito de la libertad de establecimiento (artículo 43 CE) o de la libre prestación de servicios (artículo 49 CE). La
      segunda cuestión se refiere al artículo 18 CE. Este artículo confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a circular y
      residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el
      Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
      
      
       7.        En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia presentaron observaciones escritas el demandante y la demandada del procedimiento
      principal, los Gobiernos de Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido y la Comisión. En la vista,
      celebrada el 6 de enero de 2004, los citados Gobiernos (excepto el alemán) y la Comisión expusieron oralmente sus puntos de
      vista.
      
      
       8.        Por último, en el presente procedimiento la Comisión propone que se reformulen las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional
      remitente, habida cuenta de que el procedimiento principal se refiere a la cuestión de si el Sr. Trojani tiene derecho a percibir
      la prestación mínima de subsistencia en Bélgica («minimex»). En el procedimiento principal no se trata de la obtención de
      un permiso de residencia. Propongo al Tribunal de Justicia que no acceda a esta propuesta de la Comisión. Las cuestiones planteadas
      por el órgano jurisdiccional nacional tienen incidencia directa en la solución del litigio principal, habida cuenta de que
      la respuesta a la cuestión de si conforme al Derecho comunitario debe reconocerse al Sr. Trojani un título de residencia –y,
      de ser así, cuál– es determinante a la hora de responder a la cuestión de si tiene derecho al «minimex».
      
      
      B.
            Punto de partida de la apreciación 9.        En el presente asunto se trata de un nacional de un Estado miembro que se traslada a otro Estado miembro sin disponer de los
      recursos necesarios para subvenir a sus propias necesidades. Se instala en el Estado miembro de acogida en un centro de acogida
      en el que realiza determinados trabajos. En ese momento se suscita la cuestión de si el Derecho comunitario confiere a dicho
      ciudadano de la Unión Europea el derecho a residir en tal Estado miembro y, en su caso, a percibir una prestación.
      
      
       10.      Analizaré esta cuestión a la luz del desarrollo del derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión Europea. En el estado
      actual del Derecho comunitario tal derecho presenta las siguientes características principales:
      
      a)
         El derecho de residencia es un derecho fundamental de todo ciudadano Europeo. Las eventuales limitaciones de dicho derecho
            deben reducirse al mínimo posible.
         
      
      
      b)
         El Derecho comunitario admite las limitaciones justificadas por el interés de un Estado miembro en evitar una carga desproporcionada
            para el erario público.
         
      
      
      c)
         El Tratado CE distingue entre emigrantes económicos y no económicos. Ambas categorías tienen un derecho de residencia, pero
            el alcance de éste es diferente. Los derechos de los emigrantes económicos son más amplios. Así, no tienen que demostrar que
            pueden subvenir por sí mismos a sus necesidades.
         
      
      
      d)
         El Tribunal de Justicia interpreta en sentido amplio el concepto de trabajador. Esta manera de interpretar el concepto contribuye
            a reforzar al máximo el derecho de residencia.
         
      
      
      
       11.      En cuanto el punto a): En la sentencia Baumbast y R 
         			(4)
         		 el Tribunal de Justicia reconoció el efecto directo del derecho a residir en el territorio de los Estados miembros reconocido
      en el artículo 18 CE, apartado 1. De esta forma tal derecho adquirió carácter autónomo e imperativo, independientemente de
      las razones en las que se base la residencia. En las conclusiones que presenté en dicho asunto 
         			(5)
         		 califiqué el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión como un derecho que debe ser reconocible y tener significado
      para el ciudadano.
      
      
       12.      Por tanto, este derecho de residencia constituye un derecho fundamental reconocido a todo ciudadano europeo. 
         			(6)
         		 Es necesario que este derecho fundamental también pueda ejercerse efectivamente. Por una parte ése es el motivo por el que
      se han adoptado determinadas normas comunitarias que contienen disposiciones destinadas a favorecer el ejercicio del derecho
      de residencia. Las normas más relevantes en el presente asunto son el Reglamento nº 1612/68, que se refiere a los trabajadores
      migrantes, y la Directiva 90/364/CEE, 
         			(7)
         		 que establece el derecho de residencia de los emigrantes que no ejerzan ninguna actividad económica. Por otra parte, el derecho
      de residencia únicamente puede restringirse o someterse a determinados requisitos cuando lo justifiquen razones graves de
      interés nacional.
      
      
       13.      En cuanto al punto b): El Derecho comunitario reconoce dos categorías de intereses legítimos de los Estados miembros que pueden
      justificar que se impongan limitaciones o condiciones al derecho de residencia:
      
       
      –
         restricciones por razones de orden público, de seguridad o de salud públicas, como las establecidas en la Directiva 64/221/CEE. 
               			(8)
               		
      
      
       
      –
         restricciones destinadas a impedir que –como se deduce del cuarto considerando de la Directiva 90/364– los beneficiarios del
            derecho de residencia constituyan una carga excesiva para el erario del Estado miembro de acogida. De esta manera puede evitarse
            que el derecho de residencia se utilice para practicar un turismo social, desplazándose a un Estado miembro que, en el ámbito
            de la seguridad social, ofrezca un «clima» más agradable.
         
      
      
       En este asunto tiene una importancia fundamental la segunda categoría de intereses legítimos. Se trata fundamentalmente de
      determinar en qué condiciones pueden los Estados miembros restringir el derecho de residencia con objeto de evitar que los
      beneficiarios constituyan una carga excesiva para su erario público.
      
      
       14.      En cuanto al punto c): Las limitaciones del derecho de residencia reconocidas por el Derecho comunitario –basadas en el carácter
      desproporcionado de las cargas que debe soportar el erario público– son distintas, dependiendo de que se trate de emigrantes
      económicos o no económicos:
      
       
      –
         Las personas que cabe calificar de emigrantes económicos son aquellas que pueden subvenir a sus necesidades con los ingresos
            que obtienen de su trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
         
      
      
       
      –
         Los demás deben poder disponer de recursos suficientes y, además, acreditar que están cubiertas por un seguro de enfermedad.
            El artículo 1 de la Directiva 90/364 establece al respecto que los Estados miembros deben conceder el derecho de residencia
            a los nacionales de otros Estados miembros «siempre que dispongan para sí mismos y para los miembros de su familia de un seguro
            de enfermedad que cubra la totalidad de los riesgos en el Estado miembro de acogida y de recursos suficientes a fin de que
            no se conviertan, durante su residencia, en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida».
         
      
      
      
      
       15.      Por consiguiente, los derechos que efectivamente corresponden a un ciudadano dependen del estatuto de residencia que tenga
      con arreglo al Tratado CE. Estos derechos serán más completos cuando el ciudadano pueda ser considerado emigrante económico,
      al que le son aplicables los artículos 39 CE, 43 CE o 49 CE. Carece de relevancia que las actividades desarrolladas por él
      en el país de acogida generen ingresos suficientes para poder vivir razonablemente de ellos. Además, conforme al artículo
      7 del Reglamento nº 1612/68, –hablo sólo de los trabajadores migrantes– les corresponden las mismas prestaciones que puedan
      obtener los trabajadores nacionales del Estado de acogida.
      
      
       16.      El Tratado CEE originario ya reconocía derechos a estos emigrantes económicos. El derecho de residencia de los emigrantes
      no económicos no fue reconocido en el Tratado CE hasta más tarde (a partir del Tratado de Maastricht) y no confiere (todavía)
      derechos completamente equivalentes.
      
      
       17.      A este respecto he de señalar que, desde el punto de vista histórico, el distinto tratamiento que reciben los emigrantes económicos
      y no económicos se debe, en mi opinión, al punto de partida, fundamentalmente distinto, en cada uno de los casos. Para la
      creación del mercado común era necesario eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos al comercio entre Estados miembros,
      incluidos los que afectaban al trabajo considerado como factor de producción. La libre circulación de personas, por el contrario,
      se extendió más tarde, convirtiéndose en un derecho fundamental de cada ciudadano de la Unión.
      
      
       18.      Actualmente el distinto tratamiento tiene, sobre todo, un trasfondo pragmático. Mientras los regímenes de seguridad social
      y la cuantía de las prestaciones no estén armonizadas existe el riesgo de que se practique un turismo social hacia los Estados
      miembros con mejor «clima» en materia de seguridad social y éste no es precisamente el objetivo que perseguía el Tratado CE,
      que deja en gran medida las competencias en materia de seguridad social en manos de los Estados miembros. El legislador comunitario
      partió del principio de que el emigrante económico no puede reclamar en el Estado miembro de acogida prestaciones destinadas
      a subvenir a sus necesidades esenciales. El artículo 7 del Reglamento nº 1612/68 confiere al trabajador emigrante sobre todo
      derechos en materia de condiciones de trabajo y otras ventajas sociales que facilitan su residencia, como la concesión de
      becas de estudios a sus hijos en las mismas condiciones que rigen para los hijos de los trabajadores nacionales. 
         			(9)
         		
      
       19.      Sin embargo, he de hacer una puntualización sobre este criterio del legislador comunitario de que el emigrante económico
      subviene completamente a sus propias necesidades. Me refiero, por ejemplo, a los sistemas vigentes en los Estados miembros
      para los niveles inferiores del mercado laboral, conforme a los cuales los poderes públicos completan el salario de aquellas
      personas cuya productividad laboral es tan baja que ni siquiera abonándoles el salario mínimo vigente pueden ser retribuidas
      de manera económicamente rentable (véanse también los puntos 29 y siguientes de estas conclusiones).
      
      
       20.      En cuanto al punto d): El Tribunal de Justicia interpreta el concepto de trabajador, así como el de prestador de servicios,
      en sentido amplio. Esta interpretación amplia se explica tanto por el desarrollo histórico del derecho de residencia, que
      en un primer momento únicamente se reconocía a los emigrantes económicos, como por la función que desempeñaba la emigración
      económica en el proceso de integración europeo.
      
      
       21.      Pero también actualmente el derecho de residencia de los emigrantes económicos sigue teniendo un mayor alcance que el de los
      emigrantes no económicos, como he explicado antes. Por ese motivo, la interpretación amplia del concepto de trabajador sigue
      favoreciendo el ejercicio más completo posible del derecho fundamental, reconocido a todo ciudadano de la Unión Europea, a
      residir en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión.
      
      
       22.      Estas características fundamentales constituyen el punto de partida del análisis del presente asunto.
      
      
       23.      Hay que comprobar si actividades como las desempeñadas en el presente asunto para el Ejército de Salvación están incluidas
      en el ámbito del concepto de trabajador, interpretado en sentido amplio conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
      Para ello es preciso determinar si tal interpretación es tan amplia que cubre también actividades específicas y atípicas como
      las que el Sr. Trojani desempeña para el Ejército de Salvación (primera cuestión).
      
      
       24.      Si no fuera así, las autoridades belgas podrían, en principio, negar el derecho de residencia a una persona que temporalmente
      no puede subvenir por entero a sus propias necesidades pero a la que da acogida una entidad privada como el Ejército de Salvación.
      El hecho de que dicho Estado miembro pueda ejercer efectivamente dicha facultad en el caso del Sr. Trojani depende de la interpretación
      que se haga del artículo 18 CE (segunda cuestión).
      
      
      
            II.
            Primera cuestiónA.
            Una realidad heterogénea 25.      El Tratado CE distingue desde antiguo diversas formas de emigración, mientras que, posteriormente, con la adopción del Tratado
      de Maastricht, también se reconoce un derecho de residencia a los ciudadanos que emigran por razones no económicas. Los derechos
      de que disponen las distintas categorías de emigrantes en el Estado miembro de acogida no son iguales. Ya me he referido a
      este extremo. Por tanto, sigue siendo pertinente determinar a qué categoría pertenece el emigrante.
      
      
       26.      El concepto de trabajador en el sentido del artículo 39 CE y en la legislación comunitaria derivada de dicha disposición es,
      en sí mismo, un concepto claro, basado esencialmente en una realidad sencilla. Una persona se traslada a otro Estado miembro
      para desempeñar en él un trabajo. Los obstáculos con que tropiece para ello deben ser los menos posibles. Por ello dicha persona
      debe poder llevar consigo a los miembros de su familia, a quienes se reconocen determinados derechos en el Estado miembro
      de acogida.
      
      
       27.      Sin embargo, en la práctica el concepto de trabajador sigue suscitando dudas. Las actividades que desempeñan las personas,
      y por tanto también los emigrantes, que no tengan carácter profesional presentan todo tipo de variantes, no pudiéndose determinar
      fácilmente qué actividades tienen carácter principal y cuáles son accesorias. Hay quienes trabajan a tiempo parcial, y quienes
      quizás desempeñan, además, otras actividades económicas (por cuenta propia) y el trabajo también presenta todo tipo de modalidades.
      Así, hay quienes no sólo son o bien trabajadores por cuenta ajena (cuyos derechos reconocen el artículo 39 CE y la legislación
      secundaria basada en el artículo 40 CE) o bien trabajadores por cuenta propia (a los que se aplican los artículos 43 y siguientes),
      sino que es posible ser simultáneamente trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia. También cabe pensar en
      los estudiantes que, como complemento de sus becas, desempeñan pequeños trabajos con los que completan sus ingresos. En una
      situación similar se encuentran las personas que, como el Sr. Trojani, ejercen durante su estancia en otro Estado miembro
      una actividad que, en cualquier caso, no es un empleo a tiempo completo y con la que no pueden subvenir completamente a sus
      propias necesidades.
      
      
       28.      Por todo ello el estatuto laboral de una persona no siempre es obvio y, a menudo, presenta carácter híbrido. Lo mismo cabe
      decir respecto al trabajo. En la vida social existen todo tipo de actividades y no siempre está claro si son actividades económicas
      que reúnen las características principales de una actividad laboral. Así sucede ciertamente en los niveles inferiores del
      mercado laboral. Tratándose de actividades que se desarrollan en el sector privado sin ánimo de lucro, como el Ejército de
      Salvación, no siempre puede distinguirse claramente el trabajo retribuido del trabajo de voluntariado. Pero, incluso en el
      caso de determinados trabajos subvencionados con fondos públicos no siempre resulta claro a primera vista si la actividad
      desempeñada con dicha subvención tiene carácter principalmente económico. Ello dependerá del objetivo que se persiga con la
      subvención, así como de sus efectos sobre el mercado.
      
      
       29.      Constituye un buen ejemplo de ello la Nederlandse Wet sociale werkvoorziening (Ley neerlandesa sobre empleo social; en lo
      sucesivo, «WSW»), de la que se trataba en el asunto Bettray. 
         			(10)
         		 Esta ley está destinada a fomentar la actividad laboral de personas cuya productividad, debido por ejemplo a una minusvalía
      física o psicológica, no sea suficiente para participar en el proceso productivo y obtener un empleo en las mismas condiciones
      que los demás. Otro ejemplo –también de los Países Bajos– es el Besluit in- en doorstroombanen, 
         			(11)
         		 conforme al cual se subvenciona la concesión de puestos de trabajo a desempleados de larga duración para facilitar su integración
      o reintegración.
      
      
       30.      Los dos regímenes citados persiguen fundamentalmente objetivos de integración. En ambos casos se trata de fomentar la inserción
      de personas que, de otro modo, no podrían participar en el proceso productivo. Estos regímenes sirven, por tanto, de red de
      protección social. Pero también cumplen una función económica. Subvencionando este trabajo se consigue que la capacidad laboral
      de que dispongan esas personas, por escasa que sea, sea utilizada en el mercado laboral. A ello hay que añadir, que dichos
      regímenes producen un efecto comparable al trabajo realizado en circunstancias normales. En efecto, los resultados de dicho
      trabajo se comercializan como productos o servicios. A ello hay que añadir que dichos regímenes pueden tener el efecto económico
      –no buscado– de que el trabajo subvencionado compita indebidamente con el trabajo realizado en condiciones normales de mercado.
      
      
       31.      El Tribunal de Justicia ha analizado esta problemática de la actividad laboral heterogénea de la siguiente forma. Ha dado
      un contenido amplio al ámbito de aplicación personal del concepto de trabajador en el sentido del artículo 39 CE. Una relación
      laboral de corta duración, de alcance limitado y con ingresos limitados cumple, en principio, los requisitos para quedar incluida
      en dicho concepto.
      
      
       32.      Pero incluso con tal criterio siguen suscitándose nuevas cuestiones, puesto que ante una realidad heterogénea toda delimitación
      es, en cierta medida, arbitraria. Y dicha realidad es, además, cada vez más heterogénea. La apreciación del presente asunto
      debe realizarse en este contexto. Para ello ha de tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente
      las sentencias Bettray y Steymann, 
         			(12)
         		 que analizaré en la parte B de estas conclusiones.
      
      
      B.
            Jurisprudencia sobre el concepto de trabajador 33.      Como he señalado, el Tribunal de Justicia ha interpretado ampliamente el ámbito de aplicación personal del concepto de trabajador
      en el sentido del artículo 39 CE. A este respecto me remito a algunas consideraciones recapitulativas de la reciente sentencia
      Ninni-Orasche. 
         			(13)
         		
      
       34.      Para empezar, el Tribunal de Justicia recuerda la reiterada jurisprudencia conforme a la cual el concepto de «trabajador»
      en el sentido del artículo 39 CE tiene un alcance comunitario y no debe interpretarse de forma restrictiva. Se remite a las
      sentencias Lawrie-Blum, Brown, Bernini y Meeusen. 
         			(14)
         		 Dicho concepto debe definirse conforme a criterios objetivos, que caracterizan a la relación laboral con arreglo a los derechos
      y deberes de las personas afectadas.
      
      
       35.      La característica esencial de la relación laboral consiste en que una persona realiza, durante un cierto tiempo, en favor
      de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución (véanse las
      sentencias Lawrie-Blum, Bettray y Meeusen). 
         			(15)
         		 Así, como señala acertadamente la Comisión en sus observaciones escritas, el Tribunal de Justicia distingue tres requisitos
      acumulativos: la continuidad de la actividad, la relación de subordinación y la retribución.
      
      
       36.      A la luz de esta jurisprudencia es preciso señalar que la circunstancia de que una relación laboral por cuenta ajena sea de
      corta duración no permite por sí sola excluir la aplicación del artículo 30 CE. Lo que sí se exige para afirmar la condición
      de trabajador es que el interesado desempeñe una actividad efectiva, que no sea de tan reducida entidad que sea meramente
      marginal o accesoria. A este respecto el Tribunal de Justicia se remite a las sentencias Levin y Meeusen. 
         			(16)
         		
      
       37.      Al examinar si, en un caso concreto, existe trabajo real y efectivo, el órgano jurisdiccional nacional debe basarse en criterios
      objetivos y valorar en conjunto todas las circunstancias del caso que tengan relación con la naturaleza tanto de las actividades
      de que se trate como de la relación laboral controvertida.
      
      
       38.      Esto me lleva a examinar más detenidamente el tercero de los requisitos acumulativos mencionados anteriormente: la retribución.
      Este requisito es el más interesante para la apreciación del presente asunto. De las sentencias Lawrie-Blum y Bernini, 
         			(17)
         		 que se referían a personas que realizaban un trabajo en prácticas en el marco de una formación profesional, puede deducirse
      que también quienes sólo perciben una retribución mínima pueden ser considerados trabajadores. El Tribunal de Justicia no
      exige expresamente que la retribución sea tan elevada que con ella el interesado pueda subvenir completamente a sus necesidades.
      Me remito a la sentencia Levin, 
         			(18)
         		 en la que el Tribunal de Justicia declaró que la retribución puede ser inferior «a la retribución mínima garantizada en el
      sector de que se trate. No puede establecerse a este respecto ninguna diferencia entre las personas que desean contentarse
      con ingresos obtenidos mediante una actividad de tal naturaleza y las que completan dichos ingresos mediante otros, tanto
      si son procedentes de su patrimonio como si provienen del trabajo de un miembro de su familia con el que conviven.» Me gustaría
      señalar que el Tribunal de Justicia no menciona la circunstancia, que concurre en el presente asunto, de que el interesado
      tenga la intención de completar sus ingresos con una prestación social.
      
      
       39.      En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal de Justicia respecto a la productividad del interesado. Alguien cuya actividad
      sea de escasa entidad, como un trabajador en prácticas, también puede ser considerado trabajador. Lo que sí se exige es que
      las actividades no tengan carácter meramente marginal y accesorio. El Tribunal de Justicia deja en manos de los órganos jurisdiccionales
      nacionales la tarea de comprobar este extremo.
      
      
       40.      Como se deduce de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, las circunstancias del presente asunto son semejantes
      a las que dieron lugar a la sentencia Bettray. 
         			(19)
         		 Los Estados miembros que han presentado observaciones deducen de dicha sentencia que, de manera análoga a lo que sucedía
      en el asunto Bettray, el Sr. Trojani no puede ser considerado trabajador, mientras que la Comisión sostiene lo contrario.
      
      
       41.      El asunto Bettray se refería a un empleo sometido a la Nederlandse Wet Sociale werkvoorziening (WSW). Como se deduce de la
      sentencia del Tribunal de Justicia, dicha Ley constituye una norma destinada a proporcionar trabajo con el fin de mantener,
      recuperar o favorecer la aptitud laboral de personas que, durante un período de tiempo indeterminado, y por razón de las circunstancias
      que concurren en su estado (ten gevolge van bij hen gelegen factoren), no están en condiciones de trabajar en condiciones
      normales. Los municipios neerlandeses, con el apoyo económico del Estado, crean, con tal finalidad, empresas o asociaciones
      laborales cuyo único objetivo es proporcionar a las personas interesadas la posibilidad de ejercer actividades remuneradas
      en condiciones que tengan en cuenta, en lo posible, las normas y usos legalmente aplicables al ejercicio de una actividad
      por cuenta ajena en condiciones normales. 
         			(20)
         		
      
       42.      Según el Tribunal de Justicia carece de relevancia que la productividad de quien desarrolla la actividad sea escasa, y que
      su retribución se financie, en gran parte, con cargo a subsidios públicos. Lo determinante es que «las actividades ejercidas
      en el ámbito de la WSW no pueden considerarse actividades económicas reales y efectivas, puesto que constituyen tan sólo un
      medio de reeducación o reinserción de las personas que las ejercen y que el trabajo remunerado, concebido con arreglo a las
      posibilidades físicas y mentales de cada persona, tiene por objeto permitir que los interesados recuperen, en un plazo más
      o menos largo, la capacidad para ocupar un empleo normal o facilitarles el acceso a un medio de vida que se acerque lo más
      posible a la normalidad [...] En efecto [...] los empleos de que se trata están reservados a personas que, por circunstancias
      propias de su estado, no están en condiciones de ocupar un empleo en condiciones normales.» El Tribunal de Justicia además
      atribuye importancia al hecho de que la persona no haya sido seleccionada en función de su capacidad para desempeñar una actividad
      determinada. Dicha persona ejercía actividades según sus capacidades físicas y mentales en el marco de empresas o de asociaciones
      de trabajo creadas específicamente con vistas a la consecución de un objetivo de carácter social. 
         			(21)
         		
      
       43.      Me parece útil comparar los hechos del asunto Bettray con los antecedentes de hecho de la sentencia Steymann. 
         			(22)
         		 El Sr. Steymann era miembro de la comunidad Bhagwan y desempeñaba trabajos en dicha comunidad y por cuenta de la misma, en
      el marco de sus actividades comerciales. Los miembros de dicha comunidad han de desempeñar ciertas actividades para la comunidad
      y sus miembros raramente se sustraen a ellos. La comunidad Bhagwan, atiende a las necesidades materiales de sus miembros,
      incluido el dinero para sus gastos personales, con independencia de la naturaleza y la extensión de los trabajos que éstos
      efectúen.
      
      
       44.      El Tribunal de Justicia comenzaba señalando que la participación en una comunidad basada en la religión o en otra fuente de
      inspiración espiritual o filosófica sólo está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario en la medida
      en que pueda considerarse una actividad económica en el sentido del artículo 2 CE. El Tribunal de Justicia consideró que un
      miembro de la comunidad Bhagwan, como el Sr. Steymann, está incluido en el concepto de trabajador aunque la prestación que
      percibe dicha persona no sea más que una contraprestación indirecta del trabajo que realmente realiza. Considero aún más importante
      que el Tribunal de Justicia no examinara si existía realmente una relación laboral efectiva por cuenta ajena, es decir, si
      el Sr. Steymann estaba obligado a realizar tareas precisas, determinadas por la comunidad.
      
       45.     ¿Cuál es, por tanto, la diferencia decisiva entre los asuntos Bettray y Steymann? Además de los tres requisitos mencionados
      en el punto 35 de estas conclusiones, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta el carácter económico de la actividad. Así lo
      muestra claramente la sentencia Steymann. Pero cabe preguntarse si las actividades que realizan los beneficiarios de la prestación
      WSW no tienen verdadero carácter económico. Aparentemente el Tribunal de Justicia considera que la WSE es sólo un instrumento
      destinado a integrar a personas con una incapacidad personal, y no una forma de trabajo –ciertamente subvencionado, pero auténtico–
      que introduzca el producto en el mercado.
      
      
       46.      Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de la jurisprudencia expuesta anteriormente, en la que se interpreta en un sentido
      muy amplio el concepto de trabajador, la sentencia Bettray debe analizarse en su contexto específico, para lo cual es determinante
      la finalidad de integración que persigue la WSW. El Tribunal de Justicia insiste en el alcance limitado de su conclusión en
      el asunto Bettray cuando señala que «la conclusión [...], además de no estar situada en la corriente jurisprudencial relativa
      a la interpretación de dicho concepto (de trabajador) en Derecho comunitario, sólo se explica por las particularidades del
      caso». 
         			(23)
         		
      
      C.
            La respuesta propiamente dicha 47.      El presente asunto constituye un ejemplo de la realidad heterogénea, tal como la he descrito anteriormente. El Sr. Trojani
      desempeña determinadas tareas para el Ejército de Salvación que están directamente relacionadas con la acogida que se le da
      en uno de los centros del Ejército de Salvación; consta, además, que con dicha contraprestación no puede subvenir a la totalidad
      de sus necesidades básicas. Por ese motivo solicita una prestación complementaria, que le garantice unos ingresos mínimos
      de subsistencia.
      
      
       48.      Como se deduce de lo antes expuesto, el Tribunal de Justicia ha interpretado ampliamente el concepto de trabajador, de manera
      que también las actividades de escasa entidad, baja remuneración y escasa productividad permiten calificar de trabajador a
      quienes las realizan. Existe relación laboral si se cumplen tres requisitos: continuidad en la actividad, relación de subordinación
      y retribución.
      
      
       49.      Una vez comprobado que la actividad que realiza el Sr. Trojani para el Ejército de Salvación reúne estos tres requisitos,
      el Tribunal de Justicia debe responder fundamentalmente a esta cuestión: dentro del contexto social particular en la que se
      desarrolla su actividad, ¿debe considerarse que el Sr. Trojani es un trabajador migrante? Los Estados miembros que han presentado
      observaciones en el presente asunto responden negativamente a esta cuestión, 
         			(24)
         		 mientras que el demandante del procedimiento principal y la Comisión proponen que se responda afirmativamente.
      
      
       50.      Comparto el criterio de los Estados miembros. ¿En qué consisten realmente los hechos?
      
      
       51.      El Sr. Trojani, de nacionalidad francesa, se traslada a Bruselas y es acogido por el Ejército de Salvación. No dispone de
      alojamiento y cumple claramente los criterios para ser acogido por el Ejército de Salvación. Esta entidad es una comunidad
      eclesiástica que se dedica a ayudar a las personas necesitadas. El Ejército de Salvación exige de las personas que acoge que
      desarrollen determinadas actividades si están en condiciones de hacerlo. Dichas actividades pueden considerarse contraprestación
      de la acogida que ofrece (para permitir que el Ejército de Salvación y sus centros de acogida puedan cubrir costes), pero
      también son un paso hacia la integración social de los necesitados.
      
      
       52.      Conforme a la legislación nacional, los centros de acogida subvencionados por las autoridades públicas belgas competentes,
      entre los que se encuentran los del Ejército de Salvación, tienen por misión acoger a personas en dificultades emocionales,
      sociales o materiales, que no pueden vivir de manera autónoma. 
         			(25)
         		 La finalidad de la acogida es favorecer la autonomía, el bienestar y la reinserción social del interesado.
      
      
       53.      Como ha señalado con buen criterio el Gobierno francés, es la acogida, y no el trabajado desempeñado por el Sr. Trojani, lo
      que constituye el elemento fundamental de su relación con el Ejército de Salvación. Dicho trabajo incluye, entre otras actividades,
      la limpieza de la casa de acogida, que no es más que una obligación vinculada a la acogida, comparable, por ejemplo, con los
      trabajos en interés común que se suelen desempeñar en albergues juveniles. 
         			(26)
         		 El Sr. Trojani no acudió al Ejército de Salvación para realizar un trabajo y el Ejército de Salvación tampoco lo seleccionó
      por su capacitación personal para realizar un determinado trabajo. Estos elementos muestran semejanzas con los del asunto
      Bettray. 
         			(27)
         		 El Sr. Trojani no ha sido contratado por el Ejército de Salvación.
      
      
       54.      En estas circunstancias no parece lógico considerar que el Sr. Trojani sea un trabajador ni, por consiguiente, que el Ejército
      de Salvación sea su empresario. Esta conclusión tampoco parece deseable, habida cuenta de los requisitos a los que el Derecho
      nacional exige a menudo a los contratos de trabajo. Cabe pensar por ejemplo en los requisitos en materia de salario mínimo
      y en los derechos de participación de trabajadores en la gestión de la empresa.
      
      
       55.      A ello hay que añadir que el Tribunal de Justicia ya estableció en la sentencia Bettray cierta limitación al alcance del concepto
      de trabajador en el caso de actividades que carecen de carácter económico. En esa sentencia se trataba de una actividad desarrollada
      con fines de reinserción de los interesados. Los productos de dicha actividad también se comercializaban. Como ya he señalado,
      el Tribunal de Justicia hizo hincapié en que dicha sentencia únicamente se explica por las particularidades del caso. Pero
      ello no significa que no quepa llegar a conclusiones similares a las de la sentencia Bettray en asuntos como el presente,
      en los que el carácter económico de las actividades aún es menor que en el asunto Bettray.
      
      
       56.      Esto me lleva a la respuesta que debe darse, a mi juicio, a la primera cuestión del órgano jurisdiccional remitente. En el
      caso de que las actividades que el Sr. Trojani realiza para el Ejército de Salvación reúnan los tres requisitos que exige
      el Tribunal de Justicia para afirmar la existencia de una relación laboral, considero que, en las circunstancias atípicas
      que concurren en el presente caso, no existe una relación laboral auténtica. Es el aspecto de acogida, y no el de trabajo,
      el que caracteriza esencialmente la relación entre el Sr. Trojani y el Ejército de Salvación. Además, me parece decisivo que
      las actividades no tengan, o no tengan fundamentalmente, carácter económico subordinado, siendo así que la aplicación del
      artículo 39 CE presupone el carácter económico de la actividad. Por tanto, llego también a la conclusión de que no puede considerarse
      al Sr. Trojani trabajador a efectos del artículo 39 CE.
      
      
       57.      A ello debe añadirse lo siguiente. No considero acreditado que se cumpla el tercer requisito para apreciar la existencia de
      una relación laboral, que consiste en que el trabajo se efectúe a cambio de una retribución. También a este respecto me remito
      a las observaciones del Gobierno francés. Este Gobierno mantiene el criterio de que la acogida que da el Ejército de Salvación
      no puede considerarse contraprestación en especie de las actividades realizadas, sino que, por el contrario, son las propias
      actividades las que podrían considerarse contraprestación de la acogida.
      
      
       58.      Este punto de vista me parece acertado. Al Sr. Trojani se le presta un servicio. Las actividades que realiza constituyen la
      contraprestación de dicho servicio. Por tanto, no cabe hablar de trabajo retribuido.
      
      
       59.      En contra de este criterio podría objetarse que el Sr. Trojani percibe una (pequeña) retribución económica por el trabajo
      que realiza, que asciende a 25 euros semanales para sus gastos personales. Sin embargo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal
      de Justicia, 
         			(28)
         		 la retribución no tiene por qué ser de un importe suficiente para que el trabajador pueda subvenir con ella a sus necesidades.
      Así, por ejemplo, el Tribunal de Justicia reconoce un derecho de residencia ilimitado, en su condición de trabajador, a una
      persona que realiza unas prácticas por las que percibe una retribución limitada.
      
      
       60.      No excluyo que una retribución de 25 euros semanales, además de una contraprestación en especie, pueda ser suficiente para
      afirmar la existencia de una relación laboral. Sin embargo, entiendo que este dinero para gastos personales no es una parte
      de la retribución de los trabajos realizados, sino una parte de los servicios prestados por el Ejército de Salvación. Facilitar
      una cantidad de dinero para gastos personales forma parte de las tareas sociales del Ejército de Salvación, y su finalidad
      es permitir que las personas acogidas puedan pasar parte del día fuera del centro de acogida.
      
      
       61.      Por tanto, a la luz de las circunstancias que acabo de examinar llego a la conclusión de que el Sr. Trojani no puede invocar
      un derecho a residencia en el Reino de Bélgica basándose en su condición de trabajador en el sentido del artículo 39 CE.
      
      
      
            III.
            Segunda cuestión 62.      Para responder a la segunda cuestión del órgano jurisdiccional nacional, ha de interpretarse el derecho fundamental de los
      ciudadanos europeos, establecido en el artículo 18 CE, a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,
      con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado CE y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
      Con arreglo a la sentencia Baumbast y R, 
         			(29)
         		 el establecimiento de limitaciones y condiciones por parte de los Estados miembros está sometido al control jurisdiccional,
      y, en particular, a la comprobación de que se atienen al principio de proporcionalidad.
      
      
       63.      Como ya se ha indicado, la Directiva 90/364 permite a los Estados miembros negar el derecho de residencia a los ciudadanos
      de la Unión Europea que no dispongan de recursos suficientes. Por tanto, lo dispuesto en la Directiva constituye una limitación
      del derecho de residencia prevista en el Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación, en el sentido del artículo
      18 CE. Todos los Estados miembros que han presentado observaciones en el presente asunto llegan a la conclusión de que el
      artículo 18 CE no concede al Sr. Trojani el derecho a residir en Bélgica. El Sr. Trojani mantiene, lógicamente a mi juicio,
      la opinión contraria y señala, en particular, que las limitaciones del derecho de residencia deben interpretarse restrictivamente.
      
      
       64.      La Comisión expone un razonamiento completamente distinto, señalando que, si bien lo dispuesto en la Directiva 90/364 constituye
      una limitación del derecho de residencia, no restringe el derecho, reconocido asimismo en el artículo 18 CE, a circular en
      el territorio de otros Estados miembros. Señala que la Directiva sólo se aplica a partir del momento en que una persona solicita
      un permiso de residencia. Los ciudadanos de la Unión disponen de un plazo de seis meses para solicitar el permiso de residencia.
      La Comisión deduce este plazo de seis meses de la sentencia Antonissen, 
         			(30)
         		 en la que el Tribunal de Justicia reconoce a los interesados un plazo razonable de seis meses para buscar empleo en otro
      Estado miembro. Durante ese período pueden invocar el artículo 39 CE, aunque no desempeñen ningún trabajo efectivo.
      
      
       65.      Antes de abordar la respuesta propiamente dicha, me gustaría examinar el razonamiento de la Comisión. En principio, la Comisión
      tiene razón cuando afirma que un ciudadano de la Unión que circula en el territorio de los Estados miembros no está sometido
      a las limitaciones basadas en la Directiva 90/364. Es obvio que en un espacio europeo en el que se han eliminado los controles
      en las fronteras interiores no puede exigirse a quienes viajan dentro de estas fronteras que dispongan de recursos suficientes.
      Sin embargo, esto no significa que deba concederse un plazo razonable por analogía con la sentencia Antonissen. En el marco
      de la libre circulación de trabajadores los ciudadanos necesitan un cierto período de tiempo para buscar trabajo. Dicho período
      contribuye al establecimiento de la libre circulación de trabajadores. Pero, ¿de qué sirve ese período en el caso de un migrante
      no económico? Éste no tiene que buscar ni trabajo ni otra cosa. Por último señalaré que de los elementos de que dispongo deduzco
      que el Sr. Trojani es titular de un permiso de residencia. Por ese motivo el razonamiento de la Comisión carece de pertinencia
      en el procedimiento principal.
      
      
       66.      Todo ello me lleva a la respuesta propiamente dicha, que consta de dos partes. En primer lugar debe determinarse si, en las
      circunstancias del presente asunto, es aplicable alguna de las limitaciones o condiciones a las que se refiere el artículo
      18 CE, apartado 1. En segundo lugar, la aplicación de esa limitación o condición debe cumplir el requisito de proporcionalidad.
      
      
       67.      Por lo que se refiere a la primera parte, no cabe duda alguna de que así es. El Sr. Trojani no dispone de recursos suficientes
      para subvenir a sus necesidades. Precisamente por ese motivo solicita ante las autoridades belgas el pago del «minimex». Y
      precisamente por ese motivo está incluido en la limitación contemplada en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 90/364.
      Me remito a la segunda frase del artículo 1, apartado 1, en la que se establece que los recursos sólo se consideran suficientes
      cuando son superiores al nivel de recursos por debajo del cual el Estado miembro de acogida puede conceder una asistencia
      social a sus nacionales, habida cuenta de la situación personal del solicitante.
      
      
       68.      La segunda parte se refiere a la proporcionalidad. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, el control del
      principio de proporcionalidad significa que las medidas nacionales adoptadas a este respecto deben ser apropiadas y necesarias
      para alcanzar la finalidad perseguida. 
         			(31)
         		 En pocas palabras, las medidas nacionales que limiten el derecho de residencia no pueden implicar un menoscabo desproporcionado
      del ejercicio de dicho derecho. En la sentencia Baumbast y R 
         			(32)
         		 el Tribunal de Justicia declaró que la limitación del derecho de residencia constituía un menoscabo desproporcionado de dicho
      derecho esencialmente porque –prescindiendo de las particularidades de aquel asunto– si bien el Sr. Baumbast no cumplía literalmente
      todos los requisitos del artículo 1 de la Directiva 90/364, no constituía una carga para el erario del Estado miembro de acogida.
      
      
       69.      En resumen, sería desproporcionado, habida cuenta del carácter fundamental del derecho de residencia reconocido a todo ciudadano
      de la Unión Europea, que un Estado miembro limitara dicho derecho por razones formales, sin poder invocar materialmente intereses
      nacionales imperativos.
      
      
       70.     ¿Qué incidencia tiene todo ello en el presente asunto? Ha quedado acreditado que el Sr. Trojani no puede subvenir a sus necesidades
      básicas, como demuestra la solicitud de prestaciones sociales que presentó en Bélgica. La denegación del derecho de residencia
      no resulta desproporcionada, habida cuenta de que las limitaciones y condiciones que permite la Directiva 90/364 se refieren
      precisamente a casos como el del Sr. Trojani, que –al menos en lo que respecta a una gran parte de sus ingresos– depende de
      las prestaciones sociales que percibe del Estado de acogida. El Derecho comunitario parte del principio de que las personas
      que dependen para su subsistencia de la asistencia social han de acogerse a las prestaciones de su propio Estado.
      
      
       71.      Una última cuestión relevante es si la forma en la que el Sr. Trojani fue tratado por las autoridades belgas implica una discriminación
      ilegal por razón de la nacionalidad. La Comisión trata este extremo en relación con la negativa a conceder al Sr. Trojani
      el «minimex», mientras que, con arreglo a la legislación nacional, un nacional belga en una situación comparable tendría derecho
      a tal prestación.
      
      
       72.      La cuestión de un eventual trato discriminatorio merece, en mi opinión, la siguiente respuesta. Para empezar debe señalarse
      que este extremo no guarda relación con la admisión del Sr. Trojani en el territorio belga, sino con la negativa a concederle
      una prestación. Sin embargo, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no se refieren
      a ese extremo. No obstante, considero conveniente dedicar algunas reflexiones a la citada cuestión, habida cuenta del interés
      que han suscitado durante el procedimiento.
      
      
       73.      La respuesta a la cuestión de si se ha producido una discriminación prohibida por razón de la nacionalidad depende del estatuto
      del ciudadano de la Unión Europea desde el punto de vista de su derecho de residencia. Si el ciudadano de la Unión Europea
      es titular de un derecho de residencia en virtud del Derecho comunitario, está incluido en el ámbito de aplicación del Derecho
      comunitario y la prohibición de discriminación implica que no puede recibir un trato discriminatorio al solicitar una prestación
      social. Esa era la situación de la sentencia Grzelczyk, 
         			(33)
         		 que también se refería al «minimex». Pero incluso cuando, como sucede en el caso del Sr. Trojani, es la normativa nacional
      la que confiere el derecho de residencia, puede producirse una discriminación ilegal por razón de la nacionalidad. Así sucedería
      por ejemplo si el Sr. Trojani tuviera un permiso de residencia ilimitado. En ese caso, su estatuto de residente sería comparable
      al de un nacional belga y la denegación de la prestación no sería la consecuencia del distinto estatuto de residencia, sino
      de la distinta nacionalidad. Sin embargo, en el presente asunto no se había concedido tal permiso de residencia.
      
      
       74.      Si por el contrario, como sucede en el presente asunto según los autos, se ha concedido un permiso de residencia temporal
      y, conforme al tenor literal de la sentencia Kaba II, 
         			(34)
         		 el ciudadano de la Unión interesado no tiene un derecho de residencia incondicional, tampoco puede reclamar una prestación
      social del Estado basándose en el principio de no discriminación. Su derecho de residencia no es totalmente comparable al
      que posee una persona «residente y establecida» en el Reino de Bélgica en virtud de la legislación de este Estado miembro. 
         			(35)
         		
      
       75.      Como consecuencia de lo anterior hay que afirmar que, en las circunstancias del procedimiento principal, no cabe hablar de
      discriminación por razón de la nacionalidad, prohibida por el Derecho comunitario.
      
      
       76.      Dicho esto, llego a la conclusión de que, en la fase actual del Derecho comunitario, un Estado miembro está facultado para
      denegar el derecho de residencia a un ciudadano de la Unión Europea que se encuentre en las circunstancias del Sr. Trojani.
      Tal ciudadano de la Unión Europea no puede invocar un derecho de residencia con arreglo al artículo 18 CE mientras no disponga
      de recursos suficientes.
      
      
      
            IV.
            Conclusión 77.      Por todo lo anterior propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a las cuestiones planteadas por el
      Tribunal du travail de Bruxelles:
       Por lo que se refiere a la primera cuestión: Un ciudadano de la Unión Europea que carece de recursos suficientes, alojado
      en un centro de acogida de un Estado miembro del que no es nacional y que, en este marco, realiza actividades para el centro
      de acogida durante aproximadamente 30 horas semanales y percibe como contraprestación ventajas en especie que cubren sus necesidades
      básicas en el propio centro de acogida, no puede reivindicar un derecho de residencia en condición de trabajador en el sentido
      del artículo 39 CE.
       Por lo que se refiere a la segunda cuestión: En las circunstancias de hecho descritas en la respuesta a la primera cuestión,
      un ciudadano de la Unión Europea tampoco puede reivindicar un derecho de residencia al amparo del artículo 18 CE mientras
      no disponga de recursos suficientes.
      
      
       1 –
         
         Lengua original: neerlandés.
      
      2 –
         
         Se trata de la misma prestación que fue objeto de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk
            (C‑184/99, Rec. p. I‑6193).
            
         
      
      3 –
         
         El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación
            de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01 p. 77) establece: «En el territorio de otros Estados
            miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente
            que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de
            retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo.»
            
         
      
      4 –
         
         Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091) apartado 84.
            
         
      
      5 –
         
         Punto 110 de las conclusiones.
            
         
      
      6 –
         
         Así se deduce también de la inclusión del derecho de residencia en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
            (y, por consiguiente, también en la Parte II del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa).
            
         
      
      7 –
         
         Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26).
            
         
      
      8 –
         
         Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros
            en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO L 56,
            p. 850). Este régimen, que, en principio, sólo se aplica a los trabajadores migrantes por razones económicas y a sus familias,
            ha sido declarado aplicable por el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 90/364, entre otros, a quienes emigran por razones
            no económicas.
            
         
      
      9 –
         
         Sentencias de 26 de febrero de 1992, Bernini (C‑3/90, Rec. p. I‑1071), y de 8 de junio de 1999, Meeusen, (C‑337/97, Rec. p. I‑3289).
            
         
      
      10 –
         
         Sentencia de 31 de mayo de 1989, Bettray (C‑344/87, Rec. p. 1621).
            
         
      
      11 –
         
         Stb. 1999, p. 591.
            
         
      
      12 –
         
         Sentencia Bettray, citada en la nota 10 supra, sentencia de 5 de octubre de 1988, Steymann (196/87, Rec. p. 6159).
            
         
      
      13 –
         
         Sentencia de 6 de noviembre de 2003, Ninni-Orasche (C‑413/01), apartados 23 y ss.
            
         
      
      14 –
         
         Sentencias de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121) apartado 16; de 21 de junio de 1988, Brown (197/86, Rec.
            p. 3205) apartado 21; Bernini, citada en la nota 9 supra, apartado 14, y Meeusen, también citada en la nota 9 supra, apartado 13.
            
         
      
      15 –
         
         Sentencias Lawrie-Blum, citada en la nota 14 supra, apartado 17; Bettray, citada en la nota 10 supra, apartado 12, y Meeusen, citada en la nota 9 supra, apartado 13.
            
         
      
      16 –
         
         Sentencias de 23 de marzo de 1982, Levin (C‑53/81, Rec. p. 1035), apartado 17, y Meeusen, citada en la nota 9 supra, apartado 13.
            
         
      
      17 –
         
         Sentencias Lawrie-Blum, citada en la nota 14 supra, apartados 19 a 21, y Bernini, citada en la nota 9 supra, apartado 15.
            
         
      
      18 –
         
         Sentencia citada en la nota 16 supra, apartado 16.
            
         
      
      19 –
         
         Sentencia citada en la nota 10 supra.
         
      
      20 –
         
         Véase el apartado 5 de la sentencia Bettray, citada en la nota 10 supra. Esta ley ha sido sustancialmente modificada en el ínterin.
            
         
      
      21 –
         
         A este respecto, véase la descripción más detallada del asunto Bettray en la sentencia de 26 de noviembre de 1998. Birden
            (C‑1/97, Rec. p. I‑7747), apartado 30.
            
         
      
      22 –
         
         Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1988 (C‑196/87, Rec. p. 6159), véase, en particular, el apartado 11.
            
         
      
      23 –
         
         Sentencia Birden, citada en la nota 21 supra, apartado 31.
            
         
      
      24 –
         
         El Gobierno británico considera, además, que corresponde al propio órgano jurisdiccional remitente responder la cuestión de
            hecho controvertida en el procedimiento principal.
            
         
      
      25 –
         
         Artículo 2 del Decreto de la Commission communautaire française, de 27 de mayo de 1999 (Moniteur belge, de 18 de junio de 1999).
            
         
      
      26 –
         
         Cito como ejemplo el albergue juvenil porque, como se deduce de los autos, el Sr. Trojani se alojó en el albergue juvenil
            Jacques Brel de Bruselas antes de ser acogido por el Ejército de Salvación.
            
         
      
      27 –
         
         Véase, en particular, el punto 42 supra.
         
      
      28 –
         
         Véase el punto 38 supra.
         
      
      29 –
         
         Sentencia citada en la nota 4 supra, apartados 86 y ss.
            
         
      
      30 –
         
         Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1991 (C‑292/89, Rec. p. I‑745), apartado 21.
            
         
      
      31 –
         
         Véase, en relación con el artículo 18 CE, la sentencia Baumbast y R, citada en la nota 4 supra, apartado 91.
            
         
      
      32 –
         
         Sentencia Baumbast y R, citada en la nota 4 supra, apartado 92.
            
         
      
      33 –
         
         Citada en la nota 2.
            
         
      
      34 –
         
         Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2003, Kaba (C‑466/00, Rec. p. I‑2219), apartado 46.
            
         
      
      35 –
         
         Sentencia Kaba II, citada en la nota 34 supra, apartado 49.