CELEX: 62002CJ0302
Language: es
Date: 2005-01-20
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de enero de 2005.#Nils Laurin Effing.#Petición de decisión prejudicial: Oberster Gerichtshof - Austria.#Prestaciones familiares - Pensión alimenticia concedida por un Estado miembro en concepto de anticipo a hijos menores de edad - Hijo de un preso - Requisitos para la concesión de la pensión - Preso al que se le traslada a otro Estado miembro para cumplir su pena - Artículo 12 CE - Artículos 3 y 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71.#Asunto C-302/02.

Asunto C‑302/02
      Procedimiento incoado a instancias de Nils Laurin Effing
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)]
      «Prestaciones familiares — Pensión alimenticia concedida por un Estado miembro en concepto de anticipo a hijos menores de edad
         — Hijo de un preso — Requisitos para la concesión de la pensión — Preso al que se le traslada a otro Estado miembro para cumplir
         su pena — Artículo 12 CE — Artículos 3 y 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71»
      
      Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 25 de mayo de 2004 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 20 de enero de 2005. 
      Sumario de la sentencia
      1.     Seguridad social de los trabajadores migrantes — Normativa comunitaria — Ámbito de aplicación material — Prestación pagada
            en forma de anticipo sobre la pensión alimenticia a hijos menores de edad — Deudor de alimentos que cumple pena de prisión
            — Inclusión
      [Reglamento (CEE) nº 4087/71 del Consejo, arts. 1, letra u), inciso i), y 4, ap. 1, letra h)]
      2.     Seguridad social de los trabajadores migrantes — Normativa comunitaria — Ámbito de aplicación personal — Persona cubierta
            por un seguro de desempleo durante un período de prisión — Inclusión
      [Reglamento (CEE) nº 1408/71, art. 2, ap. 1]
      3.     Seguridad social de los trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Persona que ha dejado de ejercer toda actividad profesional
            en el territorio de un Estado miembro y que ha trasladado su residencia a otro Estado miembro — Preso que comenzó a cumplir
            su pena en un Estado miembro y ha sido trasladado a otro Estado miembro — Aplicación de la legislación de este último Estado
      [Reglamento (CEE) nº 1408/71, art. 13, ap. 2, letras a) y f)]
      4.     Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestaciones familiares — Persona que ha dejado de ejercer toda actividad
            profesional en el territorio de un Estado miembro y que ha trasladado su residencia a otro Estado miembro — Legislación nacional
            aplicable que supedita la concesión de dichas prestaciones al requisito de residencia — Procedencia
      [Reglamento (CEE) nº 1408/71, art. 3]
      1.     La expresión «compensar las cargas familiares» que figura en el artículo 1, letra u), inciso i), del Reglamento nº 1408/71
         debe interpretarse en el sentido de que se refiere, en particular, a una contribución pública al presupuesto familiar, destinada
         a aligerar las cargas derivadas de la manutención («Unterhalt») de los hijos. Por consiguiente, una prestación como el anticipo
         sobre la pensión alimenticia previsto en la österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt
         von Kindern (Unterhaltsvorschuβgesetz) (Ley federal austriaca relativa a la concesión de anticipos sobre pensiones de alimentos
         para los hijos) constituye una prestación familiar a efectos del artículo 4, apartado 1, letra h) del Reglamento nº 1408/71.
         
      
       (véase el apartado 27)
      2.     Una persona tiene la condición de trabajador en el sentido del Reglamento nº 1408/71 por estar asegurada, aunque sólo sea
         contra una contingencia, en virtud de un seguro obligatorio o facultativo en el marco de un régimen general o particular de
         seguridad social mencionado en el artículo 1, letra a), del citado Reglamento, con independencia de la existencia de una relación
         laboral. Por lo tanto, una persona que ha estado cubierta por un seguro de desempleo mientras cumplía una pena de prisión es un trabajador
         en el sentido del artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
      
       (véanse los apartados 32 y 33)
      3.     Cuando un trabajador, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, es trasladado, en calidad de preso,
         de un Estado miembro, donde ha dejado de ejercer toda actividad profesional y ha comenzado a cumplir su pena, a otro Estado
         miembro, del que es originario, para cumplir el resto de su pena, la legislación aplicable en el ámbito de las prestaciones
         familiares será la legislación de este Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento.
      
       (véanse los apartados 44 y 52 y el fallo)
      4.     Si bien los artículos 12 CE y 3 del Reglamento nº 1408/71 pretenden suprimir las discriminaciones por razón de la nacionalidad
         que puedan resultar de la legislación o de las prácticas administrativas de un mismo Estado miembro, dichos preceptos no pueden
         tener como consecuencia prohibir las diferencias de trato que puedan derivarse, llegado el caso, de las disparidades existentes
         entre las legislaciones nacionales por las que se regulan las prestaciones familiares y que sean aplicables en virtud de las
         normas de conflicto de leyes como las contenidas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 1408/71.
      
      Dichas disposiciones no se oponen a que, cuando un trabajador sea trasladado, en calidad de preso, de un Estado miembro, donde
         ha dejado de ejercer toda actividad profesional y ha comenzado a cumplir su pena, a otro Estado miembro, del que es originario,
         para cumplir el resto de su pena, la legislación del primero supedite la concesión de prestaciones familiares previstas en
         su normativa interna a los miembros de la familia de un nacional comunitario al requisito de que éste permanezca encarcelado
         en su territorio.
      
       (véanse los apartados 51 y 52 y el fallo)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)de 20 de enero de 2005(1)
         
         
               «Prestaciones familiares  –  Pensión alimenticia concedida por un Estado miembro en concepto de anticipo a hijos menores de edad  –  Hijo de un preso  –  Requisitos para la concesión de la pensión  –  Preso al que se le traslada a otro Estado miembro para cumplir su pena  –  Artículo 12 CE  –  Artículos 3 y 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71»
               
             En el asunto C-302/02,que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Gerichtshof
            (Austria), mediante resolución de 11 de julio de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de agosto de 2002, en el procedimiento incoado a instancias de:
            
            
             Nils Laurin Effing, 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),,
            
             integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas, K. Lenaerts, S. von Bahr y K. Schiemann (Ponente),
            Jueces;
            
             Abogado General: Sra. J. Kokott;Secretario: Sr. R. Grass;
             habiendo considerado los escritos obrantes en autos;vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin fase oral;consideradas las observaciones presentadas:
            
            –
             en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
            
            –
             en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. W.-D. Plessing y la Sra. A. Tiemann, en calidad de agentes;
            
            –
             en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. H. Michard y el Sr. H. Kreppel, en calidad de agentes;
            
            
            
            oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de mayo de 2004;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12 CE, en relación con el artículo 3 del
         Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social
         a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan
         dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 19) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»).
         
         
         
         2
            
          Dicha petición se formuló en el marco del procedimiento incoado en nombre de Nils Laurin Effing, menor de edad, relativo al
         derecho de éste a seguir percibiendo anticipos sobre su pensión alimenticia.
         
         
            
                Marco normativo 
               
             Normativa comunitaria  Reglamento nº 1408/71
         
         
         3
            
          La finalidad del Reglamento nº 1408/71 es coordinar las legislaciones nacionales de seguridad social, conforme a los objetivos
         señalados en el artículo 42 CE, en el marco de la libre circulación de personas.
         
         
         
         4
            
          El artículo 2, apartado 1, del citado Reglamento establece:
         «El presente Reglamento se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los estudiantes, que estén
         o hayan estado sujetos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de uno de los Estados miembros,
         o apátridas o refugiados que residan en el territorio de uno de los Estados miembros, así como a los miembros de su familia
         y a sus supervivientes.»
         
         
         
         5
            
          El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, relativo a la igualdad de trato, dispone:
         «Las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones
         del presente Reglamento, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado
         miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en
         el presente Reglamento.»
         
         
         
         6
            
          El artículo 4, apartado 1, letra h), de este mismo Reglamento, el cual define el campo de aplicación material de éste, aclara:
         «El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con:
         [...]
          h)       las prestaciones familiares.»
         
         
         
         7
            
          Por lo que atañe a la determinación de la legislación aplicable, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 1408/71, establece:
         «Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 a 17:
         
         a)
            la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación
               de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que la ocupa
               tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro; 
            
         
         
         b)
            la persona que ejerza una actividad por cuenta propia en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación
               de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro;
            
         
         […] 
         
         f)
            la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación
               de otro Estado miembro de conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones
               o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17, quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio
               resida, de conformidad con las disposiciones de esta legislación únicamente.»
            
         
         
         
         
         8
            
          El artículo 73 del Reglamento nº 1408/71, que lleva el encabezamiento «Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia cuyas
         familias residan en un Estado miembro distinto del Estado competente», está redactado en los siguientes términos:
         «El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia sometido a la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los
         miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la
         legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.»
         
         
         
         9
            
          El artículo 74 del citado Reglamento, titulado «Desempleados cuyas familias residan en un Estado miembro distinto del Estado
         competente», dispone:
         «El trabajador, por cuenta ajena o por cuenta propia, en desempleo que disfruta de las prestaciones por desempleo al amparo
         de la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de otro
         Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio
         de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.»
         
          Normativa nacional 
         
         10
            
          La österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschuβgesetz)
         (Ley federal austriaca relativa a la concesión de anticipos sobre pensiones de alimentos para los hijos, BGBl. I, 1985, nº 451;
         en lo sucesivo, «UVG») prevé que el Estado concederá anticipos sobre la pensión alimenticia.
         
         
         
         11
            
          Conforme al artículo 3 de la UVG, la concesión de un anticipo de esta índole depende en principio de la existencia en el territorio
         nacional de un título que lleve aparejada ejecución. Sin embargo, el artículo 4 de la UVG dispone que, en determinadas circunstancias,
         se concederán los anticipos aun cuando parezca que no pueda cumplirse la obligación alimenticia o no se haya reconocido el
         derecho a la pensión alimenticia. De esta forma, el artículo 4, número 3, de la UVG establece que se concederán asimismo anticipos:
         «cuando el deudor de la obligación de prestar alimentos esté privado de libertad en el territorio nacional durante un período
         de tiempo superior a un mes por haberse dictado una resolución judicial en un proceso penal y no pueda cumplir sus obligaciones
         por este motivo».
         
          Convenio sobre traslado de los presos 
         
         12
            
          De conformidad con el Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 (en lo sucesivo,
         «Convenio») y al cual se adjuntaron las declaraciones de la República de Austria (BGBl. I, 1986, nº 524) y el artículo 76
         de la Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (Ley de extradición y asistencia judicial, ARGH, BGBl. I, 1979, nº 529), las personas
         condenadas en el territorio de un Estado firmante del citado Convenio (Estado de condena) podrán, conforme al artículo 2 de
         éste, solicitar su traslado al territorio de su país de origen (Estado de cumplimiento) para cumplir la condena que se les
         haya impuesto. En este caso, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Convenio, podrá sustituirse la sanción impuesta
         en el Estado de condena por una sanción prevista en la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción.
         
         
         
         13
            
          Según los considerandos del Convenio, la finalidad principal del citado traslado es favorecer la reinserción social de las
         personas condenadas, permitiendo a los extranjeros que estén privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal
         cumplir su condena en su medio social de origen.
         
         
         
         14
            
          Desde su entrada en vigor en Irlanda, el 1 de noviembre de 1995, el Convenio vincula a todos los Estados miembros. Dicho Convenio
         entró en vigor en Austria el 1 de enero de 1987 y en Alemania el 1 de febrero de 1992, y ha sido ratificado asimismo por los
         diez nuevos Estados miembros.
         
          El litigio principal y la cuestión prejudicial 
         
         15
            
          En el litigio principal, el demandante, Nils Laurin Effing, impugna la decisión de las autoridades austriacas de poner fin
         a los anticipos sobre la pensión alimenticia que percibía en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG.
         
         
         
         16
            
          Su padre, el Sr. Ingo Effing, es nacional alemán. Según la información facilitada en la resolución de remisión, este último
         acreditaba residir habitualmente en Austria, donde trabajaba por cuenta ajena. Sin embargo, sobre este extremo, el Gobierno
         austriaco ha aclarado que el interesado había estado cubierto por la seguridad social austriaca hasta el 30 de junio de 2001,
         en calidad de comerciante. Por su parte, Nils Lauring Effing es nacional austriaco. Quedó confiado a la custodia de su madre,
         en cuyo hogar reside, en Austria.
         
         
         
         17
            
          El 7 de junio de 2000 se decretó en Austria la prisión provisional del padre del demandante en el asunto principal, que fue
         condenado después a una pena de prisión. Con tal motivo, se concedió a Nils Laurin Erffing un anticipo mensual sobre la pensión
         alimenticia por un importe de 200,43 euros para el período comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2003,
         en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG.
         
         
         
         18
            
          El padre de Nils Laurin Effing comenzó a cumplir la pena privativa de libertad a la que había sido condenado en la prisión
         de Garsten, en Austria. El 19 de diciembre de 2001 fue trasladado a su país de origen, Alemania, para cumplir allí el resto
         de su pena. Según la resolución de remisión, dicho traslado tuvo lugar con arreglo al Convenio.
         
         
         
         19
            
          A tenor de los datos facilitados por el Gobierno alemán, la sanción impuesta en Austria al padre del demandante en el asunto
         principal se convirtió en una pena de prisión prevista en la legislación alemana con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b),
         del Convenio. Dicho Gobierno puso también de manifiesto que, durante su reclusión, entre los meses de febrero y julio de 2002,
         así como desde septiembre de 2002 hasta marzo de 2003, el interesado había trabajado a cambio de una retribución, conforme
         a la obligación de trabajar que el Derecho alemán impone a los detenidos. De las citadas retribuciones se dedujeron cotizaciones
         en concepto del seguro de enfermedad y también del seguro de desempleo. El 3 de abril de 2003, el padre del demandante en
         el asunto principal quedó en libertad.
         
         
         
         20
            
          Con motivo del traslado a Alemania del padre de Nils Laurin Effing, el Bezirksgericht Donaustadt (Austria), órgano jurisdiccional
         de primera instancia, mediante una resolución dictada el 24 de enero de 2002, puso fin a los anticipos sobre la pensión alimenticia
         percibidos por este último, desde finales del mes de diciembre de 2001. Según dicho órgano jurisdiccional, ya no concurrían
         los requisitos que permitían la concesión de los anticipos por cuanto el padre del demandante en el asunto principal estaba
         preso en el extranjero.
         
         
         
         21
            
          A raíz de un recurso interpuesto por Nils Laurin Effing, el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), resolviendo
         en apelación, confirmó la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia. La concesión de un anticipo sobre una
         pensión alimenticia en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG se halla supeditada al requisito de que la persona de que
         se trate cumpla su pena en el territorio austriaco.
         
         
         
         22
            
          Nils Laurin Effing presentó un recurso de casación contra la citada resolución ante el Oberster Gerichtshof, alegando que
         el traslado del deudor de los alimentos a un establecimiento penitenciario situado en otro Estado miembro no pone fin al pago
         de anticipos sobre su pensión alimenticia. En su opinión, del artículo 4, número 3, de la UVG se desprende que el establecimiento
         penitenciario situado en el territorio austriaco debe asimilarse a cualquier otro establecimiento penitenciario situado en
         el territorio de la Comunidad.
         
         
         
         23
            
          Por su parte, el Oberster Gerichtshof considera que el artículo 4, número 3, de la UVG debe interpretarse en el sentido de
         que excluye del disfrute de anticipos sobre la pensión alimenticia a aquellos descendientes que estén al cuidado de nacionales
         extranjeros que cumplan en su país de origen una pena de privación de libertad a la cual hayan sido condenados en Austria.
         Fundándose en los trabajos preparatorios referentes a una modificación de una versión anterior de la UVG aprobada en 1980,
         dicho órgano jurisdiccional señala, por un lado, que los menores de edad cuyo progenitor deudor de alimentos se halle en prisión
         son víctimas inocentes de los delitos cometidos por su ascendiente y merecen la asistencia y protección del Estado. Por otro
         lado, la obligación del Estado austriaco que se deriva de lo anterior, consistente en velar por que los presos reciban un
         salario adecuado o se les dé la oportunidad de cumplir de otra forma su obligación de prestar alimentos, debe quedar limitada
         a los presos que trabajen y que se encuentren en un establecimiento penitenciario situado en el territorio nacional.
         
         
         
         24
            
          Sin embargo, al considerar que una interpretación de esta índole del artículo 4, número 3, de la UVG puede suponer una discriminación
         por razón de la nacionalidad y, por consiguiente, una infracción de los artículos 12 CE y 3 del Reglamento nº 1408/71, el
         Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
         «¿Debe interpretarse el artículo 12 [CE], en relación con el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 […] en el sentido
         de que se opone a una normativa nacional que resulta menos favorable para los ciudadanos comunitarios en relación con la percepción
         de un anticipo sobre una pensión de alimentos cuando el padre deudor de alimentos cumple una pena privativa de libertad en
         su Estado de origen (y no en Austria), de modo que el hijo de un nacional alemán que vive en Austria resulta discriminado
         por el hecho de que no se le conceda un anticipo sobre una pensión de alimentos debido a que su padre cumple en su Estado
         de origen (y no en Austria) una pena privativa de libertad impuesta en Austria?»
         
          Sobre la cuestión prejudicial  Sobre la aplicabilidad del Reglamento nº 1408/71 
         
         25
            
          En primer lugar, por lo que atañe al campo de aplicación material del Reglamento nº 1408/71, debe observarse, a semejanza
         del órgano jurisdiccional remitente y de quienes han presentado observaciones al Tribunal de Justicia, que ya se ha solicitado
         al Tribunal de Justicia que se pronuncie, en el marco del Reglamento nº 1408/71, sobre la calificación de los anticipos sobre
         las pensiones alimenticias previstos en la UVG (sentencias de 15 de marzo de 2001, Offermanns, C‑85/99, Rec. p. I‑2261, y
         de 5 de febrero de 2002, Humer, C‑255/99, Rec. p. I‑1205).
         
         
         
         26
            
          Según las sentencias citadas Offermans, apartado 49, y Humer, apartado 33, los referidos anticipos constituyen prestaciones
         familiares a efectos del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 1408/71.
         
         
         
         27
            
          Por consiguiente, en el presente caso, basta aclarar que el hecho de que los anticipos sobre la pensión alimenticia se hayan
         concedido en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG, a saber por cuanto el padre del demandante, deudor de alimentos,
         cumplía una pena de prisión, y no con arreglo a la disposición general contenida en el artículo 3 de la UVG, en modo alguno
         puede afectar a la calificación de los citados anticipos como «prestaciones familiares» a efectos del artículo 4, apartado
         1, letra h), del Reglamento nº 1408/71. Según el artículo 1, letra u), inciso i), del mencionado Reglamento, el termino «prestaciones
         familiares» designa todas las prestaciones en especie o en metálico destinadas a compensar las cargas familiares. Sobre este
         particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «compensar las cargas familiares» que figura en el referido
         artículo 1, letra u), inciso i), debe interpretarse en el sentido de que se refiere, en particular, a una contribución pública
         al presupuesto familiar, destinada a aligerar las cargas derivadas de la manutención («Unterhalt») de los hijos (sentencia
         Offermans, antes citada, apartado 41).
         
         
         
         28
            
          Por consiguiente, la concesión de anticipos en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG se halla comprendida asimismo dentro
         del campo de aplicación material del Reglamento nº 1408/71.
         
         
         
         29
            
          En segundo lugar, por lo que atañe al campo de aplicación personal del Reglamento nº 1408/71, el Gobierno austriaco sostiene
         que no puede admitirse que un preso que haya sido trasladado a otro Estado miembro para cumplir en éste su pena sea un trabajador
         por cuenta ajena que ha hecho uso de la libre circulación de los trabajadores garantizada por el Tratado CE.
         
         
         
         30
            
          En este sentido, el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 establece que este Reglamento se aplicará a los trabajadores
         por cuenta ajena o por cuenta propia que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados miembros
         así como a los miembros de sus familias.
         
         
         
         31
            
          Los términos «trabajador por cuenta ajena» y «trabajador por cuenta propia», contenidos en la citada disposición, se definen
         en el artículo 1, letra a), del citado Reglamento. Designan a cualquier persona que esté asegurada en el marco de uno de los
         regímenes de seguridad social mencionados en el artículo 1, letra a), contra las contingencias y con los requisitos indicados
         en dicha disposición (sentencias de 3 de mayo de 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, Rec. p. I‑1755, apartado 9, y de 30 de
         enero de 1997, Stöber y Piosa Pereira, asuntos acumulados C‑4/95 y C‑5/95, Rec. p. I‑511, apartado 27).
         
         
         
         32
            
          De ello se desprende, según ha recordado en particular el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de mayo de 1998, Martínez
         Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691), apartado 36, que una persona tiene la condición de trabajador en el sentido del Reglamento
         nº 1408/71 por estar asegurada, aunque sólo sea contra una contingencia, en virtud de un seguro obligatorio o facultativo
         en el marco de un régimen general o particular de seguridad social mencionado en el artículo 1, letra a), del Reglamento nº 1408/71,
         con independencia de la existencia de una relación laboral.
         
         
         
         33
            
          En estas circunstancias, y contrariamente a las alegaciones del Gobierno austriaco, el Gobierno alemán y la Comisión consideran
         con razón que el padre del demandante en el asunto principal es un trabajador en el sentido del artículo 2, apartado 1, del
         Reglamento nº 1408/71, dado que estuvo cubierto por un seguro de desempleo durante la mayor parte del período controvertido,
         a saber, mientras estuvo en la cárcel en Alemania. Además, el dato transfronterizo reside en el hecho de que el padre del
         demandante en el asunto principal es un nacional alemán que ha trabajado en el territorio de la República de Austria, Estado
         miembro donde, mientras duró su reclusión, hizo uso de su derecho a ser trasladado al Estado miembro del cual era originario
         para cumplir su pena.
         
          Sobre la legislación aplicable y a la inexistencia de discriminación por razón de la nacionalidad 
         
         34
            
          En lo que se refiere a la determinación de la legislación aplicable, el Gobierno austriaco sostiene que si el Tribunal de
         Justicia llegara a declarar que el Reglamento nº 1408/71 es aplicable en principio a los presos y que éstos han de considerarse
         trabajadores por cuenta ajena, debe utilizarse como criterio esencial de conexión el Estado miembro de empleo del referido
         trabajador por cuenta ajena, conforme al artículo 13, apartado 2, letra a), del mencionado Reglamento. Esto significa que,
         en el presente asunto, aun cuando el Reglamento nº 1408/71 fuera aplicable, en principio, a los presos, no procede conceder
         los anticipos sobre la pensión alimenticia previstos en el Derecho austriaco una vez que el preso que sea deudor de la obligación
         alimenticia haya sido trasladado a otro Estado miembro.
         
         
         
         35
            
          El citado Gobierno aclara además que, si el citado criterio de conexión no pudiera aplicarse, por ejemplo, porque el nuevo
         Estado donde se cumple la pena no prevé que se emplee a los presos, es preciso fundarse en las normas jurídicas reguladoras
         de la seguridad social del Estado miembro de residencia, conforme al artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71.
         En el presente asunto, ello significa que, aun cuando el Reglamento nº 1408/71 fuera, en principio, aplicable a los presos,
         ya no procede conceder los anticipos sobre la pensión alimenticia previstos en el Derecho austriaco después de que un preso
         obligado a prestar alimentos se haya trasladado a otro Estado miembro.
         
         
         
         36
            
          Además, de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 1408/71 se desprende que el derecho a las prestaciones familiares de los
         miembros de la familia de dicho trabajador no se funda en la legislación del lugar de residencia del miembro de la familia
         de que se trate, sino en la del Estado miembro competente, es decir, aquel en el que esté empleado el trabajador.
         
         
         
         37
            
          La Comisión alega que, en el asunto principal, deben ser aplicables tanto el Derecho austriaco como el Derecho alemán. La
         Comisión se refiere, en este sentido, al artículo 76 del Reglamento nº 1408/71, en el que se dictan normas de prioridad con
         el fin de evitar una acumulación de derechos a las prestaciones familiares. Esta disposición sería superflua si únicamente
         fuesen aplicables las disposiciones de un ordenamiento jurídico con arreglo a las normas destinadas a evitar los conflictos
         de leyes.
         
         
         
         38
            
          Por lo que atañe a estos distintos aspectos, procede destacar que las disposiciones del título II del Reglamento nº 1408/71,
         en que se integra el artículo 13, constituyen un sistema completo y uniforme de normas destinadas a evitar los conflictos
         de leyes. Estas disposiciones tienen como finalidad principal evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales
         y las complicaciones que pueden resultar de ello (sentencia de 11 de junio de 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, Rec. p. I‑3419,
         apartado 28).
         
         
         
         39
            
          Por consiguiente, el derecho aplicable a la situación de un trabajador que se halle en una de las situaciones cubiertas por
         lo dispuesto en el título II del Reglamento nº 1408/71 debe determinarse en función de las referidas disposiciones. Ciertamente,
         según señala la Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, no siempre se halla excluida, sin embargo, la aplicación
         de lo dispuesto en otro ordenamiento jurídico. Como ha recordado la Comisión, una situación de esta índole puede presentarse
         en particular cuando dos cónyuges trabajen en dos Estados miembros distintos cuyas legislaciones prevean, ambas, la atribución
         de unas prestaciones familiares análogas (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 1992, McMenamin, C‑119/91,
         Rec. p. I‑6393). Sin embargo, en el caso de autos, es preciso reconocer que ninguno de los documentos presentados al Tribunal
         de Justicia permite suponer que el demandante en el asunto principal pueda hallarse comprendido dentro del ámbito de aplicación
         del Reglamento nº 1408/71 en un concepto distinto del de «miembro de la familia» de su padre, en el sentido del mencionado
         Reglamento.
         
         
         
         40
            
          El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1408/71 tiene por objeto determinar la legislación aplicable en una
         situación en la cual el trabajador ejerza una actividad por cuenta ajena, en el sentido del Reglamento nº 1408/71. En un caso
         de esta índole, la legislación aplicable es la del Estado en el cual se ejerza tal actividad.
         
         
         
         41
            
          Por el contrario, el artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71, cubre aquellas situaciones en las cuales
         la legislación de un Estado miembro deje de serle aplicable al interesado en razón, principalmente, de que haya cesado sus
         actividades profesionales sin que pase a serle aplicable la legislación de otro Estado miembro en virtud de las normas contenidas
         en los artículos 13 a 17 del mencionado Reglamento. En tal caso, el interesado estará sometido a la legislación del Estado
         miembro donde resida.
         
         
         
         42
            
          Por lo que atañe a la interpretación del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1408/71, es cierto que, antes
         de la introducción del artículo 13, apartado 2, letra f), de este mismo Reglamento, la referida disposición ha sido interpretada
         en el sentido de que un trabajador que deje de ejercer sus actividades en el territorio de un Estado miembro y que se haya
         desplazado al territorio de otro Estado miembro sin trabajar en éste sigue sujeto a la legislación del Estado miembro en el
         cual haya ejercido su última actividad, cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido desde el cese de las actividades
         de que se trate hasta la terminación de la relación laboral (sentencia de 12 de junio de 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821,
         apartado 15), a menos que dicho cese sea definitivo (véanse las sentencias de 21 de febrero de 1991, Noi, C‑140/88, Rec. p. I‑387,
         apartados 9 y 10, y de 10 de marzo de 1992, Twomey, C‑215/90, Rec. p. I‑1823, apartado 10).
         
         
         
         43
            
          Sin embargo, el artículo 13, apartado 2, letra f), introducido en el Reglamento nº 1408/71 a raíz de la sentencia Ten Holder,
         antes citada, implica que un cese de toda actividad profesional, bien sea temporal o definitiva, coloca a la persona afectada
         al margen del ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 2, letra a). De esta forma, el referido artículo 13, apartado
         2, letra f), se aplica en particular a una persona que haya cesado de ejercer sus actividades profesionales en el territorio
         de un Estado miembro y que haya trasladado su residencia al territorio de otro Estado miembro (véase la sentencia Kuusijärvi,
         antes citada, apartados 39 a 42 y 50).
         
         
         
         44
            
          De las precisiones anteriores se deduce que en unas circunstancias como las del asunto principal, en las cuales un preso ha
         dejado de ejercer toda actividad profesional en el Estado miembro donde ha comenzado a cumplir su pena y que ha sido trasladado,
         a petición suya, desde una institución penitenciaria situada en dicho Estado miembro a una institución penitenciaria situada
         en su Estado miembro de origen para cumplir los quince meses de detención que le quedan por expiar, la legislación aplicable
         al interesado en virtud de las normas de conflicto contenidas en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 no puede ser la
         del Estado que ha abandonado a causa del traslado.
         
         
         
         45
            
          Efectivamente, en tales circunstancias, la legislación aplicable no puede ser otra que la del Estado miembro donde el interesado
         cumpla el final de su pena. Esta afirmación es suficiente por sí sola a efectos de la solución del litigio principal, sin
         que sea necesario determinar si, en el caso de autos, debe ser aplicable la legislación alemana como legislación del Estado
         de residencia del interesado en virtud del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71 o, llegado el caso,
         y habida cuenta de las aclaraciones contenidas en las observaciones del Gobierno alemán, con arreglo al artículo 13, apartado
         2, letra a), del mencionado Reglamento como legislación del Estado miembro donde el interesado ejerce una actividad profesional.
         
         
         
         46
            
          Por otra parte, debe destacarse que los artículos 73 y 74 de este mismo Reglamento establecen que los trabajadores sujetos
         a la legislación de un Estado miembro (o los trabajadores en situación de desempleo que disfruten de las prestaciones por
         desempleo al amparo de la legislación de un Estado miembro), tendrán derecho, para los miembros de su familia que residan
         en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado miembro
         (sobre este particular, véase, en especial, la sentencia Kuusijärvi, antes citada, apartado 68).
         
         
         
         47
            
          De ello se desprende que el Reglamento nº 1408/71 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que la legislación
         de un Estado miembro supedite, en circunstancias como las del litigio principal, la concesión de prestaciones familiares a
         los miembros de la familia de una persona que haya dejado de ejercer toda actividad profesional en su territorio al requisito
         de que dicha persona conserve en él su residencia (véase, en este sentido, la sentencia Kuusijärvi, antes citada, apartados
         50 y 51).
         
         
         
         48
            
          Por lo que atañe, en particular, al artículo 3 del mencionado Reglamento, debe recordarse que esta disposición prohíbe toda
         discriminación por razón de la nacionalidad en lo que se refiere a las condiciones para que las personas que se rijan por
         lo dispuesto en el citado Reglamento puedan acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro «sin perjuicio
         de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento». Ahora bien, según se ha recordado anteriormente,
         de los artículos 13 y 73 del Reglamento nº 1408/71 se desprende que, en circunstancias como las del litigio principal, en
         las que el padre del demandante en el asunto principal ha dejado de ejercer toda actividad profesional en Austria y ya no
         reside en dicho país, la concesión de prestaciones familiares a este último se rige por la legislación alemana.
         
         
         
         49
            
          Por razones similares, debe considerarse que, en unas circunstancias como las del litigio principal, el artículo 12 CE, al
         que también alude la cuestión prejudicial habida cuenta de la nacionalidad alemana del padre del demandante en el asunto principal,
         tampoco se opone a la aplicación de una legislación que, como la UVG, supedite la concesión de prestaciones familiares a los
         miembros de la familia de un preso al requisito de que esté encarcelado en su territorio.
         
         
         
         50
            
          Efectivamente, debe recordarse, a este respecto, que, a tenor del artículo 12 CE, apartado 1, en el ámbito de aplicación del
         Tratado y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en éste, se prohibirá toda discriminación por razón de
         la nacionalidad. Esta norma ha sido desarrollada, respecto a los trabajadores por cuenta ajena, por los artículos 39 CE a
         42 CE, así como por los actos de las instituciones comunitarias adoptados en virtud de estos artículos y, en particular, por
         el Reglamento nº 1408/71. En particular, el artículo 3 del citado Reglamento tiene por objeto garantizar, con arreglo al artículo
         39 CE, en beneficio de los trabajadores a quienes se aplica el Reglamento, la igualdad en materia de seguridad social, sin
         distinción de nacionalidad (sentencia de 28 de junio de 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, apartados 9 y 11).
         
         
         
         51
            
          Además, si bien los artículos 12 CE y 3 del Reglamento nº 1408/71 pretenden suprimir de esta forma las discriminaciones por
         razón de la nacionalidad que puedan resultar de la legislación o de las prácticas administrativas de un mismo Estado miembro,
         dichos preceptos no pueden tener como consecuencia prohibir las diferencias de trato que puedan derivarse, llegado el caso,
         de las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales por las que se regulan las prestaciones familiares y que
         sean aplicables en virtud de las normas de conflicto de leyes como las contenidas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento
         nº 1408/71.
         
         
         
         52
            
          De todo lo anterior se desprende que procede responder a la cuestión planteada que, en circunstancias como las del asunto
         principal, en las cuales un trabajador, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, haya sido trasladado,
         en calidad de preso, al Estado miembro del cual sea originario para cumplir el resto de su pena, la legislación aplicable
         en el ámbito de las prestaciones familiares será la legislación de este Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo
         13, apartado 2, del mencionado Reglamento. Ni lo dispuesto en el referido Reglamento, y en particular en el artículo 3 de
         éste, ni tampoco el artículo 12 CE se oponen a que, en una situación de esta índole, la legislación de un Estado miembro supedite
         la concesión de prestaciones familiares como las previstas en la UVG a los miembros de la familia de un nacional comunitario
         en la situación descrita al requisito de que éste permanezca encarcelado en su territorio.
         
         
         Costas
         53
            
          Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
         
         
         
         
         
         
            
            
         
         
          En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
          En circunstancias como las del asunto principal, en las cuales un trabajador, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del
               Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social
               a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen
               dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
               de 5 de junio de 2001, haya sido trasladado, en calidad de preso, al Estado miembro del cual sea originario para cumplir el
               resto de su pena, la legislación aplicable en el ámbito de las prestaciones familiares será la legislación de este Estado
               miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del mencionado Reglamento. Ni lo dispuesto en el referido
               Reglamento, y en particular en el artículo 3 de éste, ni tampoco el artículo 12 CE se oponen a que, en una situación de esta
               índole, la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de unas prestaciones familiares como las previstas en la
               österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz)
               (Ley federal austriaca relativa a la concesión de anticipos para el mantenimiento de los hijos) a los miembros de la familia
               de un nacional comunitario en la situación descrita al requisito de que éste permanezca encarcelado en su territorio. 
             Firmas
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: alemán.