CELEX: 61958CJ0024
Language: es
Date: 1960-07-15 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1960. # Chambre syndicale de la sidérurgie de l'est de la France y otros contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. # Asuntos acumulados 24/58 y 34/58.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      de 15 de julio de 1960 (
            *1
         )
      En los asuntos acumulados
      24/58, interpuesto por
      
               1)
            
            
               Chambre syndicale de la sidérurgie de l'Est de la France,
            
         
               2)
            
            
               Chambre syndicale de la sidérurgie de Moselle,
            
         
               3)
            
            
               Société anonyme Lorraine Escaut,
            
         
               4)
            
            
               Société anonyme Forges et Aciéries de Nord et Lorraine,
            
         
               5)
            
            
               Société anonyme union sidérurgique Lorraine (SIDELOR)
            
         
               6)
            
            
               Société anonyme société lorraine de laminage continu (SOLLAC),
            
         
               7)
            
            
               Société anonyme union de consommateurs de produits métallurgiques & industriels (UCPMI),
            
         
               8)
            
            
               Société de Wendel & Cie SA,
            
         representadas y asistidas por Me André Garnault, Abogado ante la cour d'appel de París, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de la Chambre syndicale de la sidérurgie française, 49, boulevard Joseph-II,
      partes demandantes,
      contra
      
         Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Raymond Bayens, en calidad de Agente, y asistido por Me Georges van Hecke, Catedrático de la Universidad de Lovaina, Abogado ante la cour d'appel de Bruxelles, que designa como domicilio en Luxemburgo su sede, 2, place de Metz,
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Alta Autoridad, de 9 de febrero de 1958, comunicada mediante escrito de 12 de febrero de 1958 dirigida al Gobierno federal alemán y relativo a las tarifas aplicables a los transportes ferroviarios de combustibles minerales destinados a la siderurgia y publicada en el Diario Oficial de la CECA el 3 de marzo de 1958,
      y 34/58, interpuesto por las mismas demandantes que en el asunto 24/58, representadas y asistidas de conformidad con lo expuesto anteriormente,
      partes demandantes,
      contra
      
         Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, representada y asistida de conformidad con lo expuesto anteriormente,
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso por omisión por el que solicita la anulación del escrito de la Alta Autoridad de 7 de junio de 1958 dirigido a las demandantes,
      parte coadyuvante:
      
         Gobierno de la República Francesa, representada por su Agente, Sr. Paul Reuter, Catedrático de la Universidad de París, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 19-21, rué Notre-Dame,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      integrado por los Sres.: A.M. Donner, Presidente; L. Delvaux, y R. Rossi (Ponente), Presidentes de Sala; O. Riese y Ch.L. Hammes, Jueces;
      Abogado General: Sr. K. Roemer;
      Secretario: Sr. A. Van Houtte;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      
         (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
      
      Fundamentos de Derecho
      Considerando que el auto de 30 de enero de 1959 por el que se acordó la acumulación de los asuntos 24/58 y 34/58 no impide que se examinen por separado en la presente sentencia.
      Por lo que respecta al asunto 24/58
      SOBRE LA ADMISIBILIDAD
      Considerando que la demandada sostiene que debe declararse la inadmisibilidad del recurso en sus tres primeros motivos por falta de interés;
      que todas las empresas de la Comunidad tienen interés en la supresión inmediata de las medidas internas especiales relativas a tarifas de carácter discriminatorio y que las demandantes no han acreditado que se encuentren en una situación personal distinta de la de la generalidad de las empresas siderúrgicas de la Comunidad.
      Considerando que las demandantes y las empresas alemanas que se benefician de la fijación de las tarifas controvertidas son competidoras entre sí, pues desarrollan en el mercado común la misma actividad de producción, venden los mismos productos y se abastecen de combustibles minerales en las mismas minas;
      que por consiguiente la Decisión impugnada, al permitir el mantenimiento de tarifas reducidas, que podrían influir en dicha competencia, afecta a las empresas demandantes de conformidad con el párrafo segundo del artículo 33 del Tratado;
      que, por todo ello, procede acordar la admisión de los motivos primero y tercero del recurso.
      EN CUANTO AL FONDO
      Respecto al motivo relativo a la ilegalidad de las tarifas AT 6 B 30 (II) y AT 6 B 33 (I)
      
               1.
            
            
               Considerando que las demandantes alegan que la tarifa AT 6 B 30 (II) no está justificada por la existencia de otro medio de transporte competidor; que la tarifa AT 6 B 33 (I) no está, tanto en lo que se refiere al transporte de hulla como al de coque, bien adaptada a los precios de transporte por la vía navegable competidora.
               Considerando que el Tribunal de Justicia, al basarse en los resultados del dictamen pericial que acepta y hace suyos, observa que la competencia entre la vía navegable y la vía férrea por lo que respecta a los transportes destinados a la fábrica de Osnabrück es real, y que es potencial en lo que atañe a los transportes destinados a la fábrica de Georgsmarienhütte;
               que por tanto, al justificarse en principio las dos tarifas por razones de competencia, basta, en el presente caso, con examinar si la paridad de los precios de los dos medios de transporte competidores se estableció correctamente, es decir, si los precios que contienen las tarifas controvertidas están correctamente adaptados a los precios de transporte por la vía navegable competidora;
               que, como ha señalado el perito convincentemente, esta adaptación sólo puede considerarse correcta si el precio del transporte por vía férrea supera en una cantidad comprendida entre el 0,60 y el 0,70 DM/t el precio del transporte por vía navegable, y siempre que al precio del transporte de coque por vía navegable se aplique un suplemento de 0,80 a 1 DM/t, en relación con el precio del transporte de hulla por la misma vía.
               Considerando que en lo que respecta al tráfico con destino a la fábrica de Osnabrück procedente de las minas de Königsborn, la tarifa AT 6 B 30 (II) no está, en ningún caso, según el dictamen pericial, correctamente adaptada a los precios del transporte por vía navegable.
               Considerando, además, que la tarifa AT 6 B 30 (II) no está correctamente adaptada a los precios del transporte de hulla por vía navegable, en lo que respecta al tráfico destinado a la fábrica de Georgsmarienhütte procedente de las minas de Westfalen y de Königsborn;
               que, aun teniendo en cuenta determinadas correcciones, de acuerdo con las cuales los gastos de descarga deberían, por lo que respecta a la vía férrea, situarse a un nivel superior al calculado por el perito, el Tribunal de Justicia observa que la tarifa de que se trata es, en el tráfico procedente de las minas de Westfalen, inferior a los precios del transporte por vía navegable o que supera, en el caso del tráfico procedente de las minas de Königsborn, el precio del transporte por vía navegable en una medida insuficiente para que se le reconozca como tarifa de competencia correctamente adaptada.
               Considerando que, por el contrario, esta misma tarifa está correctamente adaptada a los precios de transporte por vía navegable, en lo que respecta al tráfico procedente de las minas de Viktor-Ickern;
               que la demandada sostiene que, en cuanto a la legalidad de las tarifas de que se trata, es preciso basarse en el precio de transporte aplicable al tráfico procedente de las minas de Viktor-Ickern, pues, habida cuenta de la calidad de la hulla y de los programas de las minas, la fábrica de Georgsmarienhütte no tendría dificultad alguna para abastecerse en sus propias minas de Viktor-Ickern, en lugar de hacerlo en las de Westfalen y Königsborn.
               Considerando, sin embargo, que la posibilidad de abastecimiento de esta fábrica en las minas de Viktor-Ickern no puede justificar el mantenimiento de la tarifa AT 6 B 30 (II) en relación con los transportes procedentes de las minas de Königsborn y de Westfalen, dado que dicha tarifa no está, en cuanto a dichos transportes, correctamente adaptada a los precios de la vía navegable competidora;
               que las observaciones expuestas con anterioridad son aún más válidas para el transporte de coque, debiendo el precio del transporte por vía férrea, en este caso, tener en cuenta los gastos adicionales que deben reflejarse en el precio del transporte de coque por vía navegable en relación con el transporte de hulla por la misma vía;
               que, por tanto, la tarifa AT 6 B 30 (II), como medida interna especial relativa a las tarifas aplicada a los transportes procedentes de las minas de Königsborn y de Westfalen, contiene un elemento de ayuda o subvención y, por este motivo, no es conforme con los principios del Tratado a tenor del párrafo cuarto del artículo 70 en la medida en que no está correctamente adaptada.
            
         
               2.
            
            
               Considerando, por el contrario, que la tarifa AT 6 B 33 (I), aplicada al transporte de hulla, según los datos del dictamen pericial que este Tribunal de Justicia hace suyos, está correctamente adaptada a los precios de transporte por la vía navegable competidora;
               que por ello esta tarifa reúne los requisitos propios de las tarifas de competencia, en el sentido de que permite al transportista mantener su tarifa frente a la competencia de otro medio de transporte;
               que, por lo tanto, dicha tarifa es una medida interna especial relativa a las tarifas conforme con los principios del Tratado y, por este motivo, no puede prohibirse.
               Considerando, sin embargo, que, habida cuenta del incremento de 80 pf/t a 1 DM/t, que debe aplicarse al precio del transporte de hulla por vía navegable, como se ha dicho anteriormente, para que dicho precio pueda servir de base para el cálculo del precio del transporte de coque por ferrocarril, este Tribunal de Justicia considera que la tarifa AT 6 B 33 (I) no está correctamente adaptada al precio del transporte de coque por vía navegable, pues es inferior a éste;
               que, por este motivo, la tarifa de que se trata, si bien está correctamente adaptada en lo tocante al transporte de hulla, contiene, sin embargo, un elemento de ayuda y de subvención respecto al transporte de coque;
               que, por tanto, al ser una medida interna especial relativa a las tarifas aplicable al transporte de coque, la tarifa AT 6 B 33 (I) no puede considerarse conforme con los principios del Tratado, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 70 en la medida en que no está correctamente adaptada.
            
         
               3.
            
            
               Considerando que, por todo lo anterior, el primer motivo de recurso está fundado por cuanto se dirige contra la parte de la Decisión impugnada que declara conforme con los principios del Tratado:
               
                        a)
                     
                     
                        La tarifa AT 6 B 30 (II), aplicada al transporte de hulla y de coque destinados a la fábrica de Osnabrück procedente de las minas de Könisgsborn y a la fábrica de Georgsmarienhütte procedente de las minas de Königsborn y de Westfalen.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        La tarifa AT 6 B 33 (I), aplicada al transporte de coque.
                     
                  
         Respecto al motivo relativo a la infracción del párrafo quinto del artículo 10 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias y de la letra b) del artículo 3, las letras b) y c) del artículo 4 y los párrafos primero y segundo del artículo 70 del Tratado
      Considerando que las demandantes sostienen en primer lugar que la Alta Autoridad admitió indebidamente que las tarifas especiales AT 6 B 30 a AT 6 B 33 eran medidas internas especiales relativas a las tarifas y, por ello, creyó que debía examinarlas a la luz del párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio;
      que la tarifa AT 6 B 1, con la que se compararon las tarifas controvertidas que fueron consideradas medidas internas especiales relativas a las tarifas, no se aplica nunca a los transportes masivos de combustibles minerales destinados a la siderurgia alemana que se halla en una situación comparable a la de las empresas demandantes;
      que, por lo tanto, las tarifas controvertidas, lejos de ser medidas sobre tarifas aplicables a ciertas relaciones de tráfico que afectan a la siderurgia alemana, constituyen en su conjunto, según las demandantes, un régimen de tarifas aplicables a todos los transportes masivos de combustibles minerales destinados a la siderurgia alemana que se halla en una situación comparable a la de las empresas demandantes.
      Considerando que las demandantes alegan, además, que se hallan sometidas a la aplicación de la tarifa directa internacional CECA la cual, al calcularse sobre la base de la tarifa AT 6 B 1, implica precios de transporte más elevados que las tarifas especiales AT 6 B 30 a AT 6 B 33;
      que, en consecuencia, las empresas siderúrgicas alemanas gozan, en relación con las empresas demandantes que se encuentran en una situación comparable, de un régimen de tarifas reducido; que de este modo, según las demandantes, se ofrecen condiciones de precio diferentes a usuarios que se encuentren en condiciones comparables, de manera que no se garantiza a los demandantes un acceso igual a las fuentes de producción;
      que, por ello, la Alta Autoridad, en lugar de examinar, de acuerdo con el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio, si las tarifas AT 6 B 30 a AT 6 B 33 son conformes con los principios del Tratado, hubiera debido reconocer que el conjunto de dichas tarifas establecía, en perjuicio de las demandantes, una discriminación basada en un criterio nacional;
      que, por consiguiente, la Decisión impugnada, al mantener en vigor determinados elementos de este régimen de tarifas vulnera el párrafo quinto del artículo 10 del Convenio así como la letra b) del artículo 3, las letras b) y c) del artículo 4 y los párrafos primero y segundo del artículo 70 del Tratado.
      Considerando que esta tesis se basa en una apreciación errónea de los hechos e ignora los límites de las competencias de la Alta Autoridad en materia de transportes.
      Considerando que el Tribunal de Justicia, al examinar en primer lugar si la tarifa AT 6 B 1 es realmente una tarifa interna de alcance general, utiliza, a la hora de delimitar este concepto, la definición adoptada en el artículo 1 del Acuerdo de 21 de marzo de 1955 celebrado entre los Estados miembros de la Comunidad, definición que considera como tarifas interiores de alcance general las tarifas interiores aplicables a todos los usuarios en idénticas condiciones en alguno de los territorios a que se refiere el párrafo primero del artículo 79 del Tratado.
      Considerando que la tarifa AT 6 B 1 es aplicable a los transportes de combustibles minerales destinados a la siderurgia que se dirigen a todas las estaciones y a todos los puntos fronterizos;
      que la tarifa se aplica, de hecho, a los transportes que estaban sujetos, antes de la entrada en vigor de la Decisión impugnada, a la tarifa especial AT 6 B 30 (I);
      que en el caso de los transportes sujetos a las tarifas especiales, que han sido reconocidas conformes con los principios del Tratado, la aplicación de la tarifa AT 6 B 1 queda excluida por la competencia que ejerce la vía navegable sobre la vía férrea o por la existencia de dificultades particulares de origen no económico a las que se ven expuestas las empresas beneficiarías; que, en el supuesto de que esta competencia o estas dificultades desaparecieran, los usuarios a quienes se aplican en la actualidad las tarifas especiales reducidas se verían sometidos a la aplicación de la tarifa AT 6 B 1;
      que por tanto no cabe duda de que la tarifa AT 6 B 1 es una tarifa interna de «alcance general» en el sentido del artículo 1 del Acuerdo de 21 de marzo antes citado.
      Considerando que esta misma tarifa fue tomada por el Gobierno de la República Federal de Alemania como base para el cálculo de la tarifa internacional CECA aplicable a los transportes masivos de combustibles minerales destinados a las empresas demandantes; que esta situación no fue nunca impugnada en la forma establecida por el artículo 16 del citado Acuerdo;
      que aunque, antes de 1958, el conjunto de las tarifas AT 6 B 30 a AT 6 B 33 cubría una parte considerable de los transportes interiores de carbón de largo recorrido, en la República Federal, esta situación cambió desde la entrada en vigor de la Decisión de la Alta Autoridad de 9 de febrero de 1958 por la que se suprimió un número considerable de estas tarifas especiales; que el recurso del Gobierno alemán contra dicha Decisión, así como los recursos de anulación interpuestos por un gran número de empresas alemanas, fueron desestimados por las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 1960 (19/58, Rec. 1960, p. 469, y asuntos acumulados 3/58 a 18/58, 25/58 y 26/58, Rec. 1960, p. 367); que, en consecuencia, por todas estas razones, la tarifa AT 6 B 1 constituye actualmente, tanto desde el punto de vista material como formal, una tarifa interna de alcance general;
      que esta apreciación se ve reforzada por el hecho de que la tarifa AT 6 B 1 se aplica también a los transportes con destino al Sarre desde que éste forma parte del territorio de la República Federal;
      que el párrafo cuarto del artículo 70 del Tratado y el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio requieren el acuerdo previo de la Alta Autoridad para el mantenimiento de las tarifas internas especiales que sean conformes con los principios del Tratado;
      que no cabe duda de que las tarifas AT 6 B 30 a AT 6 B 33 analizadas individualmente constituyen tarifas internas especiales;
      que por ello la Alta Autoridad examinó estas tarifas especiales separadamente y que como consecuencia del examen decidió la abolición total o parcial de algunas tarifas como ha quedado dicho.
      Considerando que, como se ha indicado anteriormente, algunas medidas sobre tarifas, entre aquellas cuya legalidad fue reconocida por la Alta Autoridad, son conformes con los principios del Tratado; que si estas medidas, consideradas individualmente, son legales, su aplicación es compatible con el Tratado, de suerte que las mismas no podrían constituir una discriminación prohibida en el sentido del artículo 4 del Tratado; que lo que vale para las tarifas consideradas individualmente debe también admitirse para el régimen de tarifas controvertido en su conjunto.
      Considerando, además, que la tarifa AT 6 B 1 es realmente de alcance general; que la calificación de «medidas internas especiales relativas a las tarifas», dada a las tarifas controvertidas en relación con la tarifa AT 6 B 1, es pues correcta; que la fijación de las tarifas litigiosas no supone reducción alguna de precios que serían discriminatorios en relación con los precios de la tarifa directa internacional CECA aplicable a las demandantes, dado que esta última tarifa está correctamente calculada sobre la base de una tarifa interna de alcance realmente general;
      que, por consiguiente, el sistema de tarifas criticado no es discriminatorio; que, por ello, la Alta Autoridad no habría podido decidir su supresión sin exceder con ello los límites impuestos a sus competencias por el Tratado.
      Considerando, que si bien las consecuencias de la intervención de la Alta Autoridad, según lo que se ha expuesto en relación con el primer motivo, no responden a los deseos, por otra parte comprensibles, de las demandantes, no obstante hay que destacar que tales consecuencias se deben, por una parte, al hecho de que el Tratado constitutivo de una comunidad limitada al carbón y al acero sólo incorporó los transportes de forma indirecta y parcial y, por otra parte, al hecho de que la red de vías navegables, competidoras de las vías férreas, se desarrolló en el pasado en mucha mayor medida en el interior de los diversos países que hacia el extranjero;
      que, por estas razones, el presente motivo es infundado.
      Respecto del motivo relativo a la ilegalidad de los plazos concedidos para la modificación de las tarifas AT 6 B 30 (I) y AT 6 B 31, así como de la letra b) del artículo 71 de la lista de derechos de navegación por el Mittellandkanal
      
               1.
            
            
               Considerando que las demandantes sostienen en primer lugar que la Alta Autoridad, al conceder plazos que exceden del período transitorio para la modificación de las tarifas AT 6 B 30 (I) y AT 6 B 31, así como de la letra b) del artículo 71 de la lista de derechos de navegación por el Mittellandkanal, infringió el párrafo segundo del artículo 70 del Tratado así como el párrafo quinto del artículo 10 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias, según el cual la supresión de las discriminaciones contrarias al párrafo segundo del artículo 70 antes mencionado debe entrar en vigor a más tardar en el momento del establecimiento del mercado común del carbón;
               que, aun prescindiendo de si la comparación entre tarifas internas y tarifas aplicadas entre Estados miembros puede revelar una discriminación nacional en los términos del párrafo segundo del artículo 70, queda claro que las tarifas controvertidas no están «basadas en el país de destino de los productos», sino que se establecieron o mantuvieron por motivos relacionados, aunque equivocadamente, con la situación particular de las empresas beneficiarías;
               que, en consecuencia, las tarifas controvertidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del segundo párrafo del citado artículo, sino en el del cuarto, así como en el del párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio.
            
         
               2.
            
            
               Considerando que las demandantes alegan, además, que el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio no constituye una excepción a los principios enunciados en la segunda parte del apartado 5 del artículo 1 del Convenio, según el cual «salvo los casos en que el presente Convenio prevé expresamente otra cosa, estas excepciones y disposiciones complementarias dejarán de ser aplicables y las medidas adoptadas para su ejecución dejarán de surtir efecto al final del período transitorio»;
               que por ello los plazos concedidos por la Alta Autoridad para la modificación de las tarifas controvertidas no deberían haber excedido del período transitorio y habrían debido finalizar en el momento de la expiración de éste.
               Considerando que esta alegación debe ser desestimada.
               Considerando que hay que distinguir las dos prerrogativas de la Alta Autoridad, por una parte el deber que le incumbe de conceder, para permitir la modificación de las tarifas internas especiales, los plazos necesarios para evitar cualquier perturbación económica grave y por otra parte su facultad de fijar la duración de dichos plazos;
               que si el ejercicio de este deber está sujeto a un plazo de caducidad previsto por el Tratado, la duración de los plazos de que se trata no puede, por el contrario, verse limitada de forma general a un período determinado, como el período transitorio;
               que efectivamente, dado que el examen de las medidas internas especiales relativas a las tarifas puede, por motivos justificados, producirse incluso la víspera de la fecha de expiración del período transitorio, el deber de la Alta Autoridad de conceder los plazos previstos por el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio no podría cumplirse si la duración de los plazos concedidos no pudiera en ningún caso exceder de la fecha de expiración del período transitorio;
               que, por tanto, no cabe duda de que el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio no está sometido al principio enunciado en la segunda parte del apartado 5 del artículo 1 del Convenio, en lo que respecta a la duración de los plazos que la Alta Autoridad está obligada a conceder para la modificación de las tarifas internas especiales contrarias al Tratado; que, por consiguiente, la Alta Autoridad está no sólo autorizada sino también obligada a conceder plazos que excedan de la fecha de expiración del período transitorio, en el caso de que lo estime necesario para evitar cualquier perturbación económica grave.
               Considerando que las demandantes sólo habrían podido impugnar la legalidad de los plazos concedidos por la Alta Autoridad alegando que su duración no estaría, en el presente caso, justificada por la necesidad de evitar dichas perturbaciones económicas graves;
               que, sin embargo, no se ha planteado esta cuestión;
               que, por consiguiente, el tercer motivo de recurso es infundado.
            
         COSTAS
      Considerando que a tenor del apartado 2 del artículo 60 del Reglamento del Tribunal de Justicia de la CECA cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá imponerles el pago de sus propias costas en todo o en parte;
      que a tenor del artículo 4 del Reglamento sobre costas judiciales las cantidades que deban pagarse a los peritos constituyen costas recuperables.
      Considerando que en el caso que nos ocupa las alegaciones de la parte demandada han sido parcialmente desestimadas en lo que respecta al primer motivo de las pretensiones de la demanda; que la prueba pericial, acordada por la Sala Segunda del Tribunal de Justicia el 26 de junio de 1959, trataba sobre los hechos contemplados en ese motivo;
      que procede repartir por mitad entre las partes los gastos correspondientes a la prueba pericial, y repartir el resto de las costas, de manera que cada parte cargue con sus propias costas.
      Por lo que respecta al asunto 34/58
      SOBRE LA ADMISIBILIDAD
      Considerando que las demandantes sostienen que, para hacer desaparecer la discriminación basada en un criterio nacional que resulta del conjunto de tarifas impugnadas, la Alta Autoridad estaba obligada a recomendar a la República Federal de Alemania que estableciera una tarifa de alcance general aplicable a los transportes de combustibles minerales por trenes completos, o bien que estableciera a favor de las fábricas siderúrgicas no alemanas de la Comunidad un régimen de tarifas de transportes de combustibles minerales equivalente al aplicable a las fábricas siderúrgicas alemanas.
      Considerando que la pretendida obligación de la Alta Autoridad de proponer la primera alternativa de la mencionada recomendación al Gobierno de la República Federal de Alemania no se menciona en el escrito de 26 de marzo de 1958, mediante el cual las demandantes plantearon a la Alta Autoridad el hecho de su omisión;
      que, según el artículo 35 del Tratado, sólo procede un recurso por omisión contra la Alta Autoridad si previamente se ha planteado la cuestión ante ella, y aquél no puede tener otro objeto que la negativa de la Alta Autoridad a tomar la decisión para cuya adopción fue requerida;
      que, en consecuencia, al no haber sido requerida la Alta Autoridad a tal fin, de conformidad con el párrafo primero del artículo 35 del Tratado, no puede considerarse que haya tomado la decisión presunta de no actuar, de acuerdo con el párrafo tercero del citado artículo;
      que, por este motivo, debe declararse la inadmisibilidad del recurso en este punto, por falta de objeto.
      EN CUANTO AL FONDO
      
               1.
            
            
               Considerando que las demandantes sostienen que el examen de las tarifas especiales AT 6 B 30 a AT 6 B 33, aplicables a los transportes de combustibles minerales destinados a la siderurgia alemana que se encuentra en una situación comparable a la de las empresas demandantes, pone de manifiesto la existencia de un régimen de tarifas que establece una discriminación basada en un criterio nacional;
               que la negativa de la Alta Autoridad, expresada en su escrito de 7 de junio de 1958, a examinar la existencia de esta discriminación infringe los párrafos primero y segundo del artículo 70 del Tratado.
               Considerando que esta alegación es la misma que se basa el segundo motivo del recurso 24/58, y que el Tribunal de Justicia ya ha desestimado en el mencionado recurso;
               que, por lo tanto, no procede volver a analizar esta alegación.
            
         
               2.
            
            
               Considerando que las demandantes alegan, además, que la Alta Autoridad tiene la obligación de recomendar expresamente al Gobierno de la República Federal de Alemania el establecimiento, a favor de las fábricas siderúrgicas no alemanas de la Comunidad, un régimen de tarifas de transporte de combustibles minerales equivalente al aplicable a las fábricas siderúrgicas alemanas;
               que la negativa de la Alta Autoridad, que figura en su escrito de 7 de junio de 1958, a reconocer esta obligación es, según las demandantes, contraria a los párrafos primero y segundo del artículo 70 del Tratado.
               Considerando que esta alegación es infundada.
               Considerando que la Alta Autoridad sólo tiene competencia, en virtud de la letra b) del artículo 4 y de los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 70 del Tratado, para poner fin a aquellas medidas relativas a las tarifas que impliquen una discriminación basada en un criterio nacional o que no sean conformes con los principios del Tratado;
               que al margen de esta prohibición cualquier otra medida en materia de transporte con arreglo al párrafo quinto del artículo 70 del Tratado es competencia del Estado miembro interesado, por lo que en este campo la Alta Autoridad sólo podía hacer meras sugerencias;
               que la obligación de la Alta Autoridad de recomendar el establecimiento, a favor de las fábricas siderúrgicas no alemanas de la Comunidad, de un régimen de tarifas equivalente al que se aplica a las fábricas siderúrgicas alemanas sólo puede concebirse en el supuesto de que las fábricas alemanas y no alemanas se hallen en situaciones comparables.
               Considerando que las demandantes no han alegado ni demostrado que se encuentren en tales condiciones comparables por disponer de un medio de transporte competidor de la vía férrea o que estén expuestas a dificultades especiales análogas a las que sufren una parte de las empresas alemanas de que se trata.
               Considerando que, como se ha declarado en el recurso 24/58, el régimen de tarifas controvertido, aun considerado en su conjunto, no implica discriminación alguna basada en un criterio nacional y que, por lo tanto, es conforme con los principios del Tratado;
               que, por consiguiente, la aplicación a las demandantes del régimen de tarifas que disfrutan las fábricas siderúrgicas alemanas constituiría una infracción de la letra b) del artículo 4 y del artículo 70 del Tratado;
               que el recurso es infundado.
            
         COSTAS
      Considerando que a tenor del apartado 1 del artículo 60 del Reglamento del Tribunal de Justicia de la CECA la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
      que en el presente caso han sido desestimadas todas las alegaciones de las demandantes y de la parte coadyuvante;
      que las demandantes deben pues soportar las costas del litigio y la parte coadyuvante debe cargar con sus propias costas;
       
            
               vistos los autos;
               habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
               oídas las observaciones orales de las partes principales y de la parte coadyuvante;
               oídas las conclusiones del Abogado General;
               vistos los artículos 3, 4, 33, 35, 70 y 80 del Tratado, así como los artículos 1 y 10 del Convenio relativo a las disposiciones transitorias;
               visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CECA;
               visto el Reglamento del Tribunal de Justicia de la CECA, especialmente los artículos 35 a 45, apartado 1 del artículo 60 y el artículo 71;
               EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
               desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide:
            
          
            
               
                        I.
                     
                     
                        
                           En el asunto 24/58
                        
                        
                                 a)
                              
                              
                                 Anular la Decisión impugnada en la medida en que reconoce la conformidad de la tarifa AT 6 B 33 (I) con los principios del Tratado, y ello sólo por lo que respecta al transporte de coque, así como Da conformidad de la tarifa AT 6 B 30 (II), tan sólo en relación con Dos transportes de hulla y de coque procedentes de Das minas de Königsborn y de Westfalen.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Respecto al resto de las pretensiones de las demandantes, desestimar el recurso por infundado.
                                 Repartir por mitad entre las partes las costas correspondientes al dictamen pericial.
                                 Repartir las costas restantes, debiendo cada parte cargar con sus propias costas.
                              
                           
                  
          
            
               
                        II.
                     
                     
                        
                           En el asunto 34/58
                        
                        
                                 a)
                              
                              
                                 Declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra la negativa de la Alta Autoridad a recomendar al Gobierno federal alemán el establecimiento de una tarifa de alcance general aplicable a los transportes de combustibles minerales por trenes completos.
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Desestimar el recurso en la medida en que se dirige contra la negativa presunta de la Alta Autoridad a recomendar al Gobierno de la República Federal de Alemania el establecimiento, a favor de las fábricas siderúrgicas no alemanas de la Comunidad, de un régimen de tarifas de transporte de combustibles minerales equivalente al aplicable a las fábricas siderúrgicas alemanas.
                                 Condenar en costas a las demandantes.
                                 La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
                              
                           
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Donner
                        
                        
                           Delvaux
                        
                        
                           Rossi
                        
                     
                     
                        
                           Riese
                        
                        
                           Hammes
                        
                     
                     Pronunciada por el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, a 15 de julio de 1960.
                     Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 1960.
                     
                        
                           Donner
                        
                        
                           Delvaux
                        
                        
                           Rossi
                        
                     
                     
                        
                           Riese
                        
                        
                           Hammes
                        
                     
                     
                        
                           El Secretario
                           A. Van Houtte
                        
                        
                           El Presidente
                           A.M. Donner
                        
                     
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: francés.