CELEX: 52012PC0238
Language: es
Date: 2012-06-04
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior

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		52012PC0238
		
			Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior /* COM/2012/0238 final - 2012/0146 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
La presente exposición de motivos explica
una propuesta de marco jurídico destinado a reforzar la confianza en las
transacciones electrónicas en el mercado interior.
La creación de confianza en el entorno en
línea es esencial para el desarrollo económico. La falta de confianza hace que
los consumidores, las empresas y las administraciones duden a la hora de
realizar transacciones por vía electrónica y adoptar nuevos servicios.
La Agenda Digital para Europa[1]
indica qué obstáculos se oponen actualmente al desarrollo digital de Europa y
propone medidas legales en relación con la firma electrónica (acción clave nº
3) y el reconocimiento mutuo de la identificación y la autenticación
electrónicas (acción clave nº 16), estableciendo así un marco jurídico claro
con el fin de eliminar la fragmentación y la ausencia de interoperabilidad,
potenciar la ciudadanía digital y prevenir la ciberdelincuencia. Una
legislación que garantice el reconocimiento mutuo de la identificación y la
autenticación electrónicas en toda la UE, además de la revisión de la Directiva
sobre la firma electrónica, es también una medida clave del Acta del Mercado
Único[2]
para la realización del mercado único digital. La Hoja de Ruta para la
Estabilidad y el Crecimiento[3]
subraya el papel clave que para el desarrollo de la economía digital tiene el
futuro marco jurídico común para el reconocimiento y la aceptación mutuos de la
identificación y la autenticación electrónicas a través de las fronteras.
El marco jurídico propuesto, consistente
en un «Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior», tiene por objeto hacer posibles unas
interacciones electrónicas seguras y sin fisuras entre empresas, ciudadanos y
autoridades públicas con el fin de aumentar la eficacia de los servicios en
línea públicos y privados, los negocios electrónicos y el comercio electrónico
en la UE.
La legislación actual de la UE, a saber,
la Directiva 1999/93/CE sobre un «marco comunitario para la firma
electrónica»[4],
incluye esencialmente solo la firma electrónica. No existe ningún marco
transfronterizo e intersectorial global de la UE para garantizar la seguridad,
fiabilidad y sencillez de las transacciones electrónicas que incluya la
identificación, la autenticación y la firma electrónicas.
El objetivo es mejorar la legislación
existente y ampliarla incluyendo el reconocimiento y la aceptación mutuos a nivel
de la UE de los sistemas de identificación electrónica notificados y otros
servicios de confianza electrónicos conexos esenciales.
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS
PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
Esta iniciativa es el resultado de
amplias consultas sobre una revisión del actual marco jurídico sobre la firma
electrónica en el curso de las cuales la Comisión recogió las reacciones de los
Estados miembros, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas[5].
La consulta pública en línea se vio complementada por un «Panel de prueba de
PYME», a fin de recabar las opiniones y necesidades específicas de las PYME, y
otras consultas específicas con partes interesadas[6],[7].
La Comisión puso también en marcha una serie de estudios en relación con la
identificación, la autenticación y la firma electrónicas y los servicios de
confianza conexos (eIAS).
Durante las consultas se puso de
manifiesto que una amplia mayoría de interesados coincidía en la necesidad de
revisar el marco actual para colmar las lagunas que había dejado la Directiva
sobre la firma electrónica. Consideraban que esto respondería mejor a los
desafíos planteados por el rápido desarrollo de tecnologías nuevas (en
particular el acceso móvil y en línea) y la creciente globalización,
manteniendo al mismo tiempo la neutralidad del marco jurídico con respecto a la
tecnología.
En consonancia con la política sobre
«legislar mejor», la Comisión realizó una evaluación del impacto de las
distintas posibilidades de actuación. Se evaluaron tres grupos de opciones
políticas examinando, respectivamente, 1) el ámbito de aplicación del nuevo
marco, 2) el instrumento jurídico y 3) el nivel de supervisión necesario[8].
La opción política preferida resultó ser la de reforzar la seguridad jurídica,
estimular la coordinación de la supervisión nacional, garantizar el
reconocimiento y la aceptación mutuos de los regímenes de identificación
electrónica e incorporar los servicios de confianza conexos esenciales. La
evaluación de impacto concluyó que ello daría lugar a considerables progresos
en la seguridad jurídica, la seguridad y la confianza en las transacciones
electrónicas transfronterizas, lo que atenuaría la fragmentación del mercado.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
3.1 Base jurídica
La presente propuesta se basa en el
artículo 114 del TFUE, que se refiere a la adopción de normas a fin de eliminar
los obstáculos que dificultan el funcionamiento del mercado interior. Los
ciudadanos, las empresas y las administraciones podrán beneficiarse del reconocimiento
y la aceptación mutuos de la identificación, la autenticación y la firma
electrónicas y otros servicios de confianza a través de las fronteras cuando
resulte necesario para el acceso y la realización de procedimientos o
transacciones electrónicos. 
Se considera que un Reglamento es el
instrumento jurídico más apropiado. La aplicabilidad directa de un Reglamento
en virtud del artículo 288 del TFUE reducirá la fragmentación jurídica y
aportará mayor seguridad jurídica mediante la introducción de un conjunto
armonizado de normas básicas que contribuirán al buen funcionamiento del
mercado interior.
3.2 Subsidiariedad y
proporcionalidad
Para que la acción de la UE esté
justificada, debe respetarse el principio de subsidiariedad:
a) Naturaleza transnacional del
problema (prueba de necesidad)
La naturaleza transnacional de eIAS exige
una acción de la UE. La acción nacional
por sí sola no sería suficiente para alcanzar los objetivos y lograr las metas
fijadas en la estrategia Europa 2020[9]. Recíprocamente,
la experiencia ha demostrado que las medidas nacionales han creado barreras de
facto a la interoperabilidad de la firma electrónica en la UE, y están
teniendo actualmente el mismo efecto sobre la identificación electrónica, la
autenticación electrónica y los servicios de confianza conexos. Por lo tanto, es necesario que la UE cree un
marco que permita abordar la interoperabilidad transfronteriza y mejorar la
coordinación de los regímenes nacionales de supervisión. No obstante, la identificación electrónica no se
puede abordar en la propuesta de Reglamento del mismo modo genérico que los
demás servicios electrónicos de confianza, porque la expedición de medios de
identificación constituye una prerrogativa nacional. Por ello, la propuesta se
centra exclusivamente en los aspectos transfronterizos de la identificación
electrónica. 
El Reglamento propuesto crea una
situación de igualdad de condiciones para las empresas que prestan servicios de
confianza, mientras que las diferencias que existen actualmente entre las legislaciones
nacionales generan a menudo inseguridad jurídica y cargas adicionales. La
seguridad jurídica aumenta considerablemente al existir unas obligaciones
claras de aceptación por los Estados miembros de los servicios de confianza
cualificados, lo que constituirá un incentivo adicional para que las empresas
salgan al exterior. Por ejemplo, una empresa podrá participar por vía
electrónica en una licitación pública puesta en marcha por la administración de
otro Estado miembro sin que su firma electrónica quede bloqueada a causa de
requisitos nacionales específicos o problemas de interoperabilidad. Del mismo
modo, una empresa tendrá la oportunidad de firmar contratos por vía electrónica
con una contraparte situada en un Estado miembro diferente sin miedo a que
existan distintos requisitos jurídicos para servicios de confianza tales como
sellos electrónicos, documentos electrónicos o marcas de tiempo. Por último,
podrá entregarse un anuncio de impago de un Estado miembro a otro con la
certidumbre de su validez jurídica en ambos Estados miembros. Análogamente, el
comercio en línea será más fiable cuando los compradores dispongan de medios
para comprobar que realmente acceden al sitio web del comerciante de su
elección, y no a un sitio web que pudiera ser falso. 
Unos medios de identificación electrónica
mutuamente reconocidos y unas firmas electrónicas aceptadas de manera
generalizada facilitarán la prestación transfronteriza de numerosos servicios
en el mercado interior y permitirán a las empresas actuar fuera de sus
fronteras sin encontrar obstáculos en su interacción con las autoridades
públicas. En la práctica, ello supondrá mejoras de eficiencia significativas,
tanto para las empresas como para los ciudadanos, a la hora de cumplir con las
formalidades administrativas. Por ejemplo, dando a un estudiante la oportunidad
de matricularse electrónicamente en una universidad en el extranjero, a un
ciudadano la de presentar una declaración fiscal en línea ante otro Estado
miembro o a un paciente de acceder a sus datos sanitarios en línea. Si no
existen estos medios de identificación electrónica mutuamente reconocidos, un
médico no podrá acceder a los datos médicos de los pacientes que necesita para
tratarlos y habrán de repetirse pruebas médicas y de laboratorio a las que ya
se haya visto sometido el paciente. 
b) Valor añadido (prueba de eficacia) 
Los objetivos mencionados no se están
logrando actualmente en virtud de la coordinación voluntaria entre los Estados
miembros, ni es razonablemente probable que esto ocurra en el futuro. Esta situación lleva a la duplicación de
esfuerzos, al establecimiento de normas diferentes, a las características
transnacionales de los beneficios indirectos generados por las TIC y a la
complejidad administrativa que supone establecer tal coordinación a través de
acuerdos bilaterales y multilaterales. 
Además, la necesidad de superar problemas
como a) la ausencia de seguridad jurídica, debida a la heterogeneidad de las
disposiciones nacionales que derivan de interpretaciones divergentes de la
Directiva sobre la firma electrónica, y b) la falta de interoperabilidad de los
sistemas de firma electrónica establecidos a nivel nacional, debida a la
aplicación no uniforme de las normas técnicas, exige el tipo de coordinación
entre los Estados miembros que puede lograrse más eficazmente a nivel de la UE.
3.3 Exposición detallada de la
propuesta
3.3.1      CAPÍTULO I –
DISPOSICIONES GENERALES
El artículo 1 define el objeto del
Reglamento.
El artículo 2 define el ámbito de
aplicación material del Reglamento.
El artículo 3 contiene definiciones de
los términos utilizados en el Reglamento. Algunas de las definiciones están
tomadas de la Directiva 1999/93/CE, pero otras han sido aclaradas, completadas
con elementos adicionales o añadidas.
El artículo 4 determina los principios
del mercado interior en lo que se refiere a la aplicación territorial del
Reglamento. Se hace mención explícita de que no se impone ninguna restricción a
la libre prestación de servicios ni a la libre circulación de productos.
3.3.2      CAPÍTULO II –
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
El artículo 5 prevé el reconocimiento y
aceptación mutuos de los medios de identificación electrónica incluidos en un
régimen notificado a la Comisión en las condiciones establecidas en el
Reglamento. La mayoría de los Estados miembros de la UE han introducido algún
tipo de régimen de identificación electrónica. Sin embargo, estos sistemas
difieren en múltiples aspectos. La ausencia de una base jurídica común que
obligue a cada Estado miembro a reconocer y aceptar los medios de
identificación electrónica expedidos en otros Estados miembros para acceder a
los servicios en línea, junto con la inadecuada interoperabilidad
transfronteriza de las identificaciones electrónicas nacionales, crea barreras
que impiden a ciudadanos y empresas beneficiarse plenamente del mercado único
digital. El reconocimiento y la aceptación mutuos de los medios de
identificación electrónica incluidos en un régimen notificado en virtud del
Reglamento eliminan estas barreras jurídicas.
El Reglamento no obliga a los Estados
miembros a introducir o notificar sistemas de identificación electrónica, sino
a reconocer y aceptar las identificaciones electrónicas notificadas en los
servicios en línea para acceder a los cuales sea necesaria la identificación
electrónica a nivel nacional. El potencial aumento de las economías de escala
creadas mediante el uso transfronterizo de medios de identificación electrónica
notificados y sistemas de autenticación puede incentivar a los Estados miembros
para que notifiquen sus sistemas de identificación electrónica. El artículo 6
establece las cinco condiciones para la notificación de los sistemas de
identificación electrónica:
Los Estados miembros pueden notificar los
sistemas de identificación electrónica que aceptan en su jurisdicción en los
casos en que se requiera la identificación electrónica en un servicio público.
Otro requisito es que los correspondientes medios de identificación electrónica
sean expedidos por el Estado miembro que notifica un régimen, en su nombre o,
al menos, bajo su responsabilidad.
Los Estados miembros deben garantizar un
vínculo inequívoco entre los datos de identificación electrónica y la persona
de que se trate. Esta obligación no significa que una persona no pueda tener
múltiples medios de identificación electrónica, pero todos deberán vincularse
con la misma persona.
La fiabilidad de una identificación
electrónica depende de la disponibilidad de medios de autenticación (es decir,
la posibilidad de verificar la validez de los datos de identificación
electrónica). El Reglamento obliga a los Estados miembros notificadores a
facilitar la autenticación en línea gratuita ante terceros. La posibilidad de
autenticación debe estar disponible interrumpidamente. No se pueden imponer
requisitos técnicos específicos, por ejemplo en cuanto a equipos o programas
informáticos, a las partes usuarias de dicha autenticación. Esta disposición no
es aplicable a los requisitos relativos a los usuarios (titulares) de los
medios de identificación electrónica que sean técnicamente necesarios para la
utilización de los medios de identificación electrónica, tales como los
lectores de tarjetas.
Los Estados miembros deben aceptar la
responsabilidad de que el vínculo sea inequívoco (es decir, que los datos de
identificación atribuidos a una persona no estén vinculados a ninguna otra) y
de la posibilidad de autenticación (es decir, la posibilidad de comprobar la
validez de los datos de identificación electrónica). La responsabilidad de los
Estados miembros no incluye otros aspectos del proceso de identificación o
cualquier transacción que requiera identificación.
El artículo 7 contiene normas sobre la
notificación a la Comisión de los sistemas de identificación electrónica.
El artículo 8 tiene por objeto garantizar
la interoperabilidad técnica de los sistemas de identificación notificados a
través de un enfoque de coordinación, con inclusión de actos delegados.
3.3.3      CAPÍTULO III –
SERVICIOS DE CONFIANZA
3.3.3.1 Sección 1 – Disposiciones
generales
El artículo 9 establece los principios
relativos a la responsabilidad de los proveedores de servicios de confianza
tanto cualificados como no cualificados. Se basa en el artículo 6 de la
Directiva 1999/93/CE y extiende el derecho a compensación a los daños causados
por un proveedor de servicios de confianza negligente que incumple las buenas
prácticas de seguridad, lo que desemboca en una violación de la seguridad que
tiene un impacto importante sobre el servicio.
El artículo 10 describe el mecanismo para
el reconocimiento y aceptación de los servicios de confianza cualificados
prestados por un proveedor establecido en un tercer país. Se basa en el
artículo 7 de la Directiva 1999/93/CE, pero solo conserva la única opción
viable en la práctica, a saber, permitir dicho reconocimiento en virtud de un
acuerdo internacional entre la Unión Europea y terceros países u organizaciones
internacionales.
El artículo 11 establece los principios
de protección y limitación de los datos. Se apoya en el artículo 8 de la
Directiva 1999/93/CE.
El artículo 12 trata de la accesibilidad
de los servicios de confianza para las personas con discapacidad.
3.3.3.2 Sección 2 – Supervisión
El artículo 13 obliga a los Estados
miembros a crear organismos de supervisión, sobre la base del artículo 3,
apartado 3, de la Directiva 1999/93/CE, y aclara y amplía su mandato en lo que
respecta tanto a los proveedores de servicios de confianza como a los
proveedores de servicio de confianza cualificados.
El artículo 14 introduce un mecanismo
explícito de asistencia mutua entre los organismos de supervisión de los
Estados miembros a fin de facilitar la supervisión transfronteriza de los
proveedores de servicios de confianza. Introduce normas sobre las operaciones
conjuntas y el derecho de las autoridades de supervisión a participar en estas
operaciones.
El artículo 15 introduce la obligación de
que los proveedores de servicios de confianza tanto cualificados como no
cualificados apliquen las medidas técnicas y organizativas adecuadas para
garantizar la seguridad de sus actividades. Además, los organismos de
supervisión competentes y otras autoridades pertinentes deberán ser informados
de cualquier violación de la seguridad. Si procede, estos informarán a su vez a
otros organismos de supervisión de los Estados miembros y, directamente o por
mediación del proveedor de servicios de confianza en cuestión, informarán
asimismo al público.
El artículo 16 establece las condiciones
para la supervisión de los proveedores de servicios de confianza cualificados y
de los servicios de confianza cualificados prestados por ellos. Obliga a los
proveedores de servicios de confianza cualificados a ser auditados anualmente
por un organismo independiente reconocido para confirmar al organismo de
supervisión que cumplen las obligaciones establecidas en el Reglamento. Además,
el artículo 16, apartado 2, confiere al organismo de supervisión el derecho a
llevar a cabo en cualquier momento auditorías sobre el terreno de los
proveedores de servicios de confianza cualificados. También se faculta al
organismo de supervisión para impartir instrucciones vinculantes a los
proveedores de servicios de confianza cualificados a fin de corregir, de manera
proporcionada, cualquier incumplimiento de una obligación que una auditoría de
la seguridad haya puesto de manifiesto.
El artículo 17 se refiere a la actividad
realizada por el organismo de supervisión a petición de un proveedor de
servicios de confianza que desee iniciar un servicio de confianza cualificado.
El artículo 18 prevé el establecimiento
de listas de confianza[10]
que contengan información sobre los proveedores de servicios de confianza
cualificados objeto de supervisión y sobre los servicios cualificados que
prestan. Dicha información se pondrá a disposición del público mediante un
modelo común, a fin de facilitar su uso automatizado y garantizar un nivel de
detalle apropiado.
El artículo 19 establece los requisitos
que deben reunir los proveedores de servicios de confianza cualificados a fin
de ser reconocidos como tales. Se basa en el anexo II de la Directiva 1999/93/CE.
3.3.3.3 Sección 3 – Firma electrónica
El artículo 20 contiene las normas
relativas a los efectos jurídicos de la firma electrónica de una persona
física. Amplía y aclara el artículo 5 de la Directiva 1999/93/CE introduciendo
una obligación explícita de otorgar a las firmas electrónicas cualificadas los
mismos efectos jurídicos que a las firmas manuscritas. Además, los Estados
miembros deben garantizar la aceptación transfronteriza de las firmas
electrónicas cualificadas, en el contexto de la prestación de servicios
públicos, y no deben introducir requisitos adicionales que puedan crear
obstáculos a la utilización de tales firmas.
El artículo 21 establece los requisitos
de los certificados de firma cualificados. Aclara el anexo I de la Directiva
1999/93/CE y suprime disposiciones que no han funcionado en la práctica (por
ejemplo, limitaciones sobre el valor de las transacciones).
El artículo 22 establece los requisitos
relativos a los dispositivos de creación de firma electrónica cualificados.
Aclara los requisitos relativos a los dispositivos seguros de creación de
firmas establecidos en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 1999/93/CE,
que deberán considerarse en adelante dispositivos de creación de firmas
cualificados con arreglo al presente Reglamento. También deja claro que el
alcance de un dispositivo de creación de firmas no tiene por qué limitarse al
almacenamiento de datos de creación de firmas. La Comisión podrá crear también
una lista de números de referencia de normas relativas a los requisitos de
seguridad de los dispositivos.
Basándose en el artículo 3, apartado 4,
de la Directiva 1999/93/CE, el artículo 23 introduce el concepto de la
certificación de los dispositivos de firma electrónica cualificados para
determinar su conformidad con los requisitos de seguridad establecidos en el
anexo II. Todos los Estados miembros deben reconocer que estos dispositivos se
ajustan a los requisitos cuando un organismo de certificación designado por un
Estado miembro lleve a cabo un procedimiento de certificación. La Comisión
publicará una lista positiva de dichos dispositivos certificados de conformidad
con el artículo 24. La Comisión podrá crear también una lista de números de
referencia de normas relativas a la evaluación de la seguridad de los productos
de tecnología de la información a que se refiere el artículo 23, apartado 1. 
El artículo 24 se refiere a la
publicación de la lista de dispositivos de creación de firmas electrónicas
cualificados por la Comisión tras la notificación de su conformidad por los
Estados miembros. 
El artículo 25 se apoya en las
recomendaciones del anexo IV de la Directiva 1999/93/CE a fin de establecer
requisitos vinculantes para la validación de las firmas electrónicas
cualificadas con vistas a aumentar la seguridad jurídica de esta validación.
El artículo 26 establece las condiciones
de los servicios de validación cualificados. 
El artículo 27 establece la condición
para la conservación a largo plazo de las firmas electrónicas cualificadas.
Esto es posible merced a la utilización de procedimientos y tecnologías capaces
de ampliar la fiabilidad de los datos de validación de las firmas electrónicas
cualificadas más allá del plazo de su validez tecnológica, cuando a los
ciberdelincuentes puede resultarles más fácil falsificarlas.
3.3.3.4 Sección 4 – Sellos
electrónicos
El artículo 28 se refiere a los efectos
jurídicos de los sellos electrónicos de las personas jurídicas. Se concede una
presunción legal específica a los sellos electrónicos cualificados que
garantiza la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos a los que
están vinculados.
El artículo 29 establece los requisitos
de los certificados cualificados de sellos electrónicos.
El artículo 30 establece los requisitos
de los dispositivos de creación de sellos electrónicos cualificados, así como
para la certificación y publicación de la lista.
El artículo 31 establece la condición de
validación y conservación de los sellos electrónicos cualificados. 
3.3.3.5 Sección 5 – Marca de tiempo
electrónica
El artículo 32 se refiere al efecto
jurídico de las marcas de tiempo electrónicas. Se concede una presunción legal
específica a las marcas de tiempo electrónicas cualificadas con respecto a la
certidumbre de la fecha y la hora. 
El artículo 33 establece los requisitos de
las marcas de tiempo electrónicas cualificadas.
3.3.3.6 Sección 6 – Documentos
electrónicos
El artículo 34 establece los efectos
jurídicos y las condiciones de aceptación de los documentos electrónicos.
Existe una presunción legal específica de autenticidad e integridad de
cualquier documento electrónico firmado con una firma electrónica cualificada o
que lleve un sello electrónico cualificado. Con respecto a la aceptación de los
documentos electrónicos, cuando se exija un documento original o una copia certificada
del mismo para la prestación de un servicio público, deberán aceptarse en otros
Estados miembros, sin requisitos adicionales, por lo menos los documentos
electrónicos expedidos por las personas competentes para la expedición de los
documentos correspondientes y que se consideren originales o copias
certificadas de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro de
origen.
3.3.3.7 Sección 7 – Servicios de
entrega electrónica
El artículo 35 dota de efectos jurídicos
a los datos enviados o recibidos utilizando un servicio de entrega electrónica.
Se garantiza una presunción legal específica en lo que respecta a la integridad
de los datos enviados o recibidos y la exactitud de la fecha y hora en que se
envían o reciben los datos para los servicios de entrega electrónica
cualificados. Asimismo, se garantiza el reconocimiento mutuo de los servicios
de entrega electrónica cualificados a nivel de la UE.
El artículo 36 establece los requisitos
de los servicios de entrega electrónica cualificados.
3.3.3.8 Sección 8 – Autenticación de
sitios web
El objetivo de esta sección es garantizar
la autenticidad de un sitio web en lo que se refiere al propietario del sitio.
El artículo 37 establece los requisitos
de los certificados cualificados de autenticación de sitios web, que pueden
utilizarse para garantizar la autenticidad de un sitio web. El certificado
cualificado de autenticación de sitio web proporcionará un conjunto mínimo de
información fiable sobre el sitio web y sobre la existencia legal de su propietario.
3.3.4      CAPÍTULO IV – ACTOS
DELEGADOS
El artículo 38 contiene las disposiciones
estándar relativas al ejercicio de las competencias delegadas en consonancia
con el artículo 290 del TFUE (actos delegados). Este artículo autoriza al
legislador a delegar en la Comisión las competencias para adoptar actos no
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados
elementos no esenciales de un acto legislativo.
3.3.5      CAPÍTULO V – ACTOS DE
EJECUCIÓN
El artículo 39 contiene la disposición relativa
al procedimiento del comité necesaria para la atribución de competencias de
ejecución a la Comisión en los casos en que, de conformidad con el artículo 291
del TFUE, se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos
jurídicamente vinculantes de la Unión. Es de aplicación el procedimiento de
examen.
3.3.6      CAPÍTULO IV –
DISPOSICIONES FINALES
El artículo 40 obliga a la Comisión a
evaluar el Reglamento y comunicar sus conclusiones.
El artículo 41 deroga la Directiva
1999/93/CE y prevé una transición fluida de la infraestructura de firma
electrónica existente a los nuevos requisitos del Reglamento.
El artículo 42 establece la fecha de
entrada en vigor del Reglamento.
4.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
Las repercusiones presupuestarias
específicas de la propuesta guardan relación con las funciones atribuidas a la
Comisión Europea según lo especificado en la ficha financiera legislativa que
acompaña a la propuesta.
La propuesta carece de incidencia sobre
el gasto operativo.
La ficha financiera legislativa que
acompaña a la presente propuesta de Reglamento cubre las repercusiones
presupuestarias del propio Reglamento.
2012/0146 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
relativo a la identificación electrónica
y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión de la propuesta de
acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[11],
Previa consulta al Supervisor Europeo de
Protección de Datos[12]
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)       La creación de un clima
de confianza en el entorno en línea es esencial para el desarrollo económico.
La desconfianza hace que los consumidores, las empresas y las administraciones
duden a la hora de realizar transacciones por vía electrónica y adoptar nuevos
servicios.
(2)       El presente Reglamento
se propone reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el
mercado interior consiguiendo unas interacciones electrónicas seguras y sin
fisuras entre las empresas, los ciudadanos y las administraciones públicas e
incrementando, en consecuencia, la eficacia de los servicios en línea públicos
y privados, los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión.
(3)       La Directiva 1999/93/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se
establece un marco comunitario para la firma electrónica[13],
se refería básicamente a las firmas electrónicas, sin ofrecer un marco global
transfronterizo e intersectorial para garantizar unas transacciones
electrónicas seguras, fiables y de fácil uso. El presente Reglamento refuerza y
amplía el acervo que representa dicha Directiva. 
(4)       La Agenda Digital para
Europa de la Comisión[14]
señaló que la fragmentación del mercado digital, la falta de interoperabilidad
y el incremento de la ciberdelincuencia constituían obstáculos importantes para
el ciclo virtuoso de la economía digital. En su informe sobre la ciudadanía de
2010, la Comisión subrayó asimismo la necesidad de resolver los principales
problemas que impiden que los ciudadanos europeos disfrutar de los beneficios
de un mercado único digital y unos servicios digitales transfronterizos[15].
(5)       El Consejo Europeo
invitó a la Comisión a crear un mercado único digital para 2015[16]
a fin de progresar rápidamente en ámbitos clave de la economía digital y
promover un mercado único digital plenamente integrado[17],
facilitando el uso transfronterizo de los servicios en línea, con especial
atención a la identificación y autenticación electrónicas seguras.
(6)       El Consejo invitó a la
Comisión a contribuir al mercado único digital creando condiciones apropiadas
para el reconocimiento mutuo a través de las fronteras de instrumentos clave
tales como la identificación electrónica, los documentos electrónicos, las
firmas electrónicas y los servicios de entrega electrónica, así como para unos
servicios de administración electrónica interoperables en toda la Unión Europea[18].
(7)       El Parlamento Europeo
subrayó la importancia de la seguridad de los servicios electrónicos,
especialmente de la firma electrónica, y la necesidad de crear una
infraestructura de clave pública a nivel paneuropeo, y pidió a la Comisión que
estableciese una pasarela de autoridades europeas de validación a fin de garantizar
la interoperabilidad transfronteriza de las firmas electrónicas y aumentar la
seguridad de las transacciones realizadas a través de Internet[19]. 
(8)       La Directiva 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior[20],
exige a los Estados miembros establecer «ventanillas únicas» para garantizar
que todos los procedimientos y trámites relativos al acceso a una actividad de
servicios y a su ejercicio se puedan realizar fácilmente, a distancia y por vía
electrónica, a través de la ventanilla única adecuada y con las autoridades
competentes. Ahora bien, muchos servicios en línea accesibles a través de
ventanillas únicas exigen la identificación, autenticación y firma
electrónicas.
(9)       En la mayoría de los
casos, los proveedores de servicios de otro Estado miembro no pueden utilizar
su identificación electrónica para acceder a tales servicios porque los
regímenes nacionales de identificación electrónica en su país no son
reconocidos y aceptados en otros Estados miembros. Esta barrera electrónica
excluye a los proveedores de servicios del pleno disfrute de los beneficios del
mercado interior. Unos medios de identificación electrónica mutuamente
reconocidos y aceptados facilitarán la prestación transfronteriza de numerosos
servicios en el mercado interior y permitirán a las empresas actuar fuera de
sus fronteras sin encontrar obstáculos en su interacción con las autoridades
públicas.
(10)     La Directiva 2011/24/UE
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria
transfronteriza[21], establece una
red de autoridades nacionales encargadas de la sanidad electrónica. A fin de
mejorar la seguridad y la continuidad de la asistencia sanitaria
transfronteriza, se solicita a esta red que elabore directrices sobre el acceso
transfronterizo a los datos y servicios de sanidad electrónica, en particular
apoyando «medidas comunes de identificación y autenticación para facilitar
la transferibilidad de los datos en la asistencia sanitaria transfronteriza».
El reconocimiento y la aceptación mutuos de la identificación y la
autenticación electrónicas son esenciales para que la atención sanitaria
transfronteriza de los ciudadanos europeos se haga realidad. Cuando una
persona se desplaza para ser tratada, sus datos médicos deben ser accesibles en
el país que dispense el tratamiento. Para ello es necesario contar con
un marco de identificación electrónica sólido, seguro y confiable.
(11)     Uno de los objetivos del
presente Reglamento es eliminar las barreras existentes para el uso
transfronterizo de los medios de identificación electrónica utilizados en los
Estados miembros para acceder al menos a los servicios públicos. El presente
Reglamento no se propone intervenir en los sistemas de gestión de la identidad
electrónica e infraestructuras conexas establecidos en los Estados miembros. Lo
que pretende es garantizar que sean posibles la identificación y la
autenticación electrónicas seguras para el acceso a los servicios
transfronterizos en línea ofrecidos por los Estados miembros.
(12)     Los Estados miembros
deben seguir siendo libres de utilizar o introducir, a efectos de
identificación electrónica, medios de acceder a los servicios en línea. También
deben poder decidir si interviene o no el sector privado en la prestación de
estos medios. Los Estados miembros no deben estar obligados a notificar sus
sistemas de identificación electrónica. Corresponde a los Estados miembros
decidir si notifican todos, algunos o ninguno de los sistemas de identificación
electrónica utilizados a nivel nacional para el acceso al menos a los servicios
públicos en línea o a servicios específicos. 
(13)     Deben establecerse en el
Reglamento ciertas condiciones en relación con qué medios de identificación
electrónica tienen que aceptarse y cómo deben notificarse los regímenes. De
este modo cada Estado miembro podría adquirir la confianza necesaria en los
sistemas de identificación electrónica de los demás y reconocer y aceptar
mutuamente los medios de identificación electrónica de sus regímenes
notificados. Debe aplicarse el principio de reconocimiento y aceptación mutuos
si el Estado miembro notificador cumple las condiciones de notificación y la
notificación se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. No
obstante, el acceso a estos servicios en línea y su entrega final al
solicitante deben estar estrechamente vinculados al derecho a recibir dichos
servicios en las condiciones fijadas por la legislación nacional.
(14)     Los Estados miembros
deben poder decidir que participe el sector privado en la expedición de medios
de identificación electrónica y permitir que dicho sector utilice los medios de
identificación electrónica amparados en un régimen notificado a efectos de
identificación cuando sea necesario para servicios en línea o transacciones
electrónicas. La posibilidad de utilizar estos medios de identificación
electrónica permitiría al sector privado recurrir a una identificación y
autenticación electrónicas ampliamente utilizadas ya en muchos Estados
miembros, al menos para los servicios públicos, y facilitar el acceso de las
empresas y los ciudadanos a sus servicios en línea a través de las fronteras.
Para facilitar el uso de tales medios de identificación electrónica a través de
las fronteras por el sector privado, debe estar disponible la posibilidad de
autenticación ofrecida por los Estados miembros para las partes usuarias sin
discriminación entre el sector público y el privado.
(15)     El uso transfronterizo de
medios de identificación electrónica al amparo de un régimen notificado exige
que los Estados miembros cooperen para ofrecer la interoperabilidad técnica.
Esto excluye cualquier norma técnica nacional específica que exija que las
partes no nacionales, por ejemplo, obtengan equipos o programas específicos
para verificar y validar la identificación electrónica notificada. Por el
contrario, es inevitable imponer requisitos técnicos a los usuarios, derivados
de las especificaciones intrínsecas de cualquier dispositivo que se utilice
(por ejemplo, las tarjetas inteligentes).
(16)     La cooperación de los
Estados miembros debe contribuir a la interoperabilidad técnica de los sistemas
de identificación electrónica notificados con vistas a fomentar un nivel de
confianza y seguridad elevados, adaptados al grado de riesgo. El intercambio de
información y el intercambio de las mejores prácticas entre los Estados
miembros con miras a su reconocimiento mutuo debe facilitar dicha cooperación.
(17)     El presente Reglamento
también debe establecer un marco jurídico general para la utilización de los
servicios de confianza electrónicos. Sin embargo, no debe crear la obligación
general de utilizarlos. En particular, no debe cubrir la prestación de
servicios basados en acuerdos voluntarios de Derecho privado. Tampoco debe
regular los aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos
u otras obligaciones legales cuando existan requisitos de forma establecidos
por el Derecho nacional o de la Unión.
(18)     Para contribuir al uso
transfronterizo general de los servicios de confianza electrónicos, debe ser
posible utilizarlos como prueba en procedimientos judiciales en todos los
Estados miembros. 
(19)     Los Estados miembros
deben conservar la libertad para definir otros tipos de servicios de confianza,
además de los que forman parte de la lista cerrada de servicios de confianza
prevista en el presente Reglamento, a efectos de su reconocimiento a nivel
nacional como servicios de confianza cualificados.
(20)     En razón de la rápida
evolución de la tecnología, el presente Reglamento debe adoptar un
planteamiento abierto a innovaciones.
(21)     El presente Reglamento
debe ser neutral en lo que se refiere a la tecnología. Los efectos jurídicos
que otorga deben poder lograrse por cualquier medio técnico, siempre que se
cumplan los requisitos que en él se estipulan.
(22)     Para aumentar la
confianza de los ciudadanos en el mercado interior y fomentar el uso de
servicios y productos de confianza, deben introducirse los conceptos de
servicios de confianza cualificados y de proveedor de servicios de confianza
cualificados con miras a indicar los requisitos y obligaciones que garanticen
un alto nivel de seguridad de cualquier servicio o producto de confianza
cualificado que se preste o utilice. 
(23)     En consonancia con las
obligaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad, que ha entrado en vigor en la UE,
las personas con discapacidad deben poder utilizar los servicios de confianza y
los productos para el usuario final usados en la prestación de estos servicios
en pie de igualdad con los demás consumidores.
(24)     Un proveedor de servicios
de confianza es un responsable del tratamiento de los datos personales y, por
tanto, ha de cumplir las obligaciones previstas en la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos[22].
En particular, la recogida de datos debe reducirse al mínimo posible teniendo
en cuenta la finalidad del servicio prestado. 
(25)     Los organismos de
supervisión deben cooperar e intercambiar información con las autoridades de
protección de datos a fin de garantizar la correcta aplicación de la
legislación sobre protección de datos por parte de los proveedores de
servicios. El intercambio de información debe incluir, en particular, los
incidentes en materia de seguridad y las violaciones de los datos personales.
(26)     A todos los proveedores
de servicios de confianza debe incumbir la aplicación de las buenas prácticas
de seguridad adecuadas para los riesgos relacionados con sus actividades a fin
de promover la confianza de los usuarios en el mercado único.
(27)     Las disposiciones
relativas al uso de seudónimos en los certificados no deben impedir a los
Estados miembros exigir la identificación de las personas de conformidad con el
Derecho nacional o de la Unión.
(28)     Todos los Estados miembros
deben seguir unos requisitos de supervisión esenciales con el fin de garantizar
un nivel de seguridad comparable de los servicios de confianza cualificados.
Para facilitar la aplicación coherente de estos requisitos en toda la Unión,
los Estados miembros deben adoptar unos procedimientos comparables e
intercambiar información sobre sus actividades de supervisión y las mejores
prácticas en este campo. 
(29)     Es esencial la
notificación de las violaciones de la seguridad y de las evaluaciones del
riesgo para la seguridad con vistas a ofrecer una información adecuada a las
partes implicadas en caso de violación de la seguridad o pérdida de la
integridad.
(30)     Con el fin de permitir a
la Comisión y a los Estados miembros evaluar la eficacia de la mecanismo de
notificación de violaciones introducido por el presente Reglamento, los
organismos de supervisión deben proporcionar información resumida a la Comisión
y a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).
(31)     Para permitir a la Comisión
y a los Estados miembros evaluar el impacto del presente Reglamento, debe
solicitarse a los organismos de supervisión que faciliten estadísticas sobre la
utilización de los servicios de confianza cualificados.
(32)     Con el fin de permitir a
la Comisión y a los Estados miembros evaluar la eficacia del mecanismo de
supervisión reforzada introducido por el presente Reglamento, debe solicitarse
a los organismos de supervisión que informen sobre sus actividades. Este
elemento sería decisivo para facilitar el intercambio de buenas prácticas entre
los organismos de supervisión y garantizaría la verificación de que los
requisitos de supervisión esenciales se aplican de forma coherente y eficiente
en todos los Estados miembros.
(33)     A fin de garantizar la
sostenibilidad y durabilidad de los servicios de confianza cualificados y de
potenciar la confianza de los usuarios en la continuidad de dichos servicios,
los organismos de supervisión deben garantizar que los datos de un proveedor de
servicios de confianza cualificado se conservan y mantienen accesibles durante
un período de tiempo adecuado incluso en caso de que dicho proveedor deje de
existir.
(34)     Para facilitar la
supervisión de los proveedores de servicios de confianza cualificados, por
ejemplo cuando un proveedor preste sus servicios en el territorio de otro
Estado miembro y no esté sujeto a supervisión en este, o cuando los ordenadores
de un proveedor estén situados en el territorio de un Estado miembro distinto
de aquel en el que está establecido, debe crearse un sistema de asistencia
mutua entre los organismos de supervisión de los Estados miembros. 
(35)     Los proveedores de
servicios de confianza son responsables del cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente Reglamento para la prestación se servicios de
confianza, en particular de los servicios de confianza cualificados. Los
organismos de supervisión son responsables de supervisar la manera en que los
proveedores de servicios de confianza cumplen dichos requisitos. 
(36)     A in de permitir un
proceso de puesta en marcha eficiente, que lleve a la inclusión de los
proveedores de servicios de confianza cualificados y de los servicios de
confianza cualificados que prestan en listas de confianza, deben fomentarse las
interacciones preliminares entre los candidatos a proveedores de servicios de
confianza cualificados y el organismo de supervisión competente con vistas a
facilitar la diligencia debida que lleve a la prestación de servicios de
confianza cualificados.
(37)     Las listas de confianza
constituyen elementos esenciales para la creación de confianza entre los
operadores del mercado, ya que indican la cualificación del proveedor de
servicios en el momento de la supervisión, pero no son un requisito previo para
alcanzar la cualificación y prestar servicios de confianza cualificados que
deriva del respeto de los requisitos contenidos en el presente Reglamento.
(38)     Una vez que haya sido
objeto de notificación, el organismo del sector público de que se trate no
puede rechazar un servicio de confianza cualificado para el cumplimiento de un
procedimiento o trámite administrativo por el hecho de no estar incluido en las
listas de confianza establecidas por los Estados miembros. A los presentes
efectos, por organismo del sector público debe entenderse cualquier autoridad
pública u otra entidad a la que se haya confiado la prestación de servicios de
administración electrónica tales como la declaración de impuestos en línea, la
solicitud de partidas de nacimiento, la participación en procedimientos de contratación
pública electrónica, etc.
(39)     Aun cuando es necesario
un alto nivel de seguridad para garantizar el reconocimiento mutuo de las
firmas electrónicas, en determinados casos, como por ejemplo en el contexto de
la Decisión 2009/767/CE de la Comisión, de 16 de octubre de 2009, por la que se
adoptan medidas que facilitan el uso de procedimientos por vía electrónica a
través de las ventanillas únicas con arreglo a la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado
interior[23],
deben aceptarse también las firmas electrónicas que tienen una menor garantía
de la seguridad.
(40)     Debe ser posible para el
firmante confiar a un tercero los dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados, a condición de que se apliquen los procedimientos y
mecanismos adecuados para garantizar que el firmante tiene el control exclusivo
del uso de sus datos de creación de la firma electrónica y que la utilización
del dispositivo cumple los requisitos de la firma cualificada.
(41)     Para ofrecer seguridad
jurídica sobre la validez de la firma, es esencial detallar qué componentes de
una firma electrónica cualificada debe evaluar la parte usuaria que efectúa la
validación. Por otra parte, definir los requisitos exigibles a los proveedores
de servicios de confianza cualificados que pueden brindar un servicio de
validación cualificado a las partes usuarias que no desean o no pueden realizar
por sí mismas la validación de las firmas electrónicas cualificadas debe
estimular a los sectores privado o público para que inviertan en tales
servicios. Ambos elementos deben contribuir a que la validación de la firma
electrónica cualificada resulte fácil y cómoda para todas las partes a nivel de
la Unión. 
(42)     Cuando una transacción
exija un sello electrónico cualificado de una persona jurídica, debe ser
igualmente aceptable una firma electrónica cualificada del representante
autorizado de la persona jurídica.
(43)     Los sellos electrónicos
deben servir como prueba de que un documento electrónico ha sido expedido por
una persona jurídica, aportando certeza sobre el origen y la integridad del
documento.
(44)     El presente Reglamento
debe garantizar la conservación a largo plazo de la información, es decir, la
validez jurídica de la firma electrónica y los sellos electrónicos durante
períodos de tiempo prolongados, garantizando que se puedan validar
independientemente de la evolución futura de la tecnología.
(45)     Con el fin de potenciar
el uso transfronterizo de los documentos electrónicos, el presente Reglamento
debe prever los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, que deben
considerarse equivalentes a los documentos en papel dependiendo de la
evaluación del riesgo y siempre que se garanticen su autenticidad e integridad.
También es importante para que sigan desarrollándose las transacciones
electrónicas transfronterizas en el mercado interior que los documentos
electrónicos originales o las copias certificadas expedidas por los organismos
competentes correspondientes en un Estado miembro con arreglo a su Derecho
nacional sean aceptadas como tales también en otros Estados miembros. El
presente Reglamento no debe afectar al derecho de los Estados miembros a
determinar qué constituye un original o una copia a nivel nacional, pero
garantiza que estos puedan utilizarse como tales también a través de las
fronteras. 
(46)     Dado que las autoridades
competentes en los Estados miembros usan actualmente formatos de firma
electrónica avanzada diferentes para firmar electrónicamente sus documentos, es
preciso velar por que los Estados miembros puedan soportar técnicamente al
menos una serie de formatos de firma electrónica avanzada cuando reciban
documentos firmados electrónicamente. Del mismo modo, cuando las autoridades
competentes de los Estados miembros utilicen sellos electrónicos avanzados,
sería necesario garantizar que soporten al menos una serie de formatos de sello
electrónico avanzado.
(47)     Además de autenticar el
documento expedido por la persona jurídica, los sellos electrónicos pueden
utilizarse para autenticar cualquier activo digital de la persona jurídica, por
ejemplo, programas informáticos o servidores.
(48)     La posibilidad de
autenticar sitios web y a sus propietarios haría más difícil la falsificación
de sitios web y, en consecuencia, reduciría el fraude.
(49)     Para complementar algunos
aspectos técnicos concretos del presente Reglamento de manera flexible y
rápida, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de
conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea en lo que se refiere a la interoperabilidad de la identificación
electrónica; las medidas de seguridad exigidas a los proveedores de servicios
de confianza; los organismos independientes reconocidos responsables de auditar
a los proveedores de servicios; las listas de confianza; los requisitos
relacionados con los niveles de seguridad de las firmas electrónicas; los
requisitos de los certificados cualificados de firma electrónica, su validación
y su conservación; los organismos responsables de la certificación de los
dispositivos de creación de firmas electrónicas cualificadas; y los requisitos
relacionados con los niveles de seguridad de los sellos electrónicos y los
certificados cualificados de sello electrónico; y la interoperabilidad entre
los servicios de entrega. Es especialmente importante que la Comisión celebre
las consultas que proceda, incluidas las consultas a expertos, durante sus
trabajos de preparación.
(50)     Al preparar y elaborar
actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se
transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y
adecuada.
(51)     Con el fin de garantizar
unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, se
conferirán competencias de ejecución a la Comisión, en particular, para que
especifique los números de referencia de las normas cuya utilización daría la
presunción del cumplimiento de determinados requisitos establecidos en el
presente Reglamento o definidos en los actos delegados. Estas competencias
deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de
control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión[24].
(52)     Por razones de seguridad
jurídica y claridad, debe derogarse la Directiva 1999/93/CE.
(53)     Para dar seguridad
jurídica a los operadores del mercado que ya utilicen certificados reconocidos
expedidos de conformidad con la Directiva 1999/93/CE, es necesario prever un
período de transición suficiente. También es necesario dotar a la Comisión de
los medios necesarios para adoptar los actos de ejecución y los actos delegados
con anterioridad a esa fecha.
(54)     Dado que los objetivos
del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los
Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la escala
de la acción, a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo
con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de
la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado
en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para
alcanzar dicho objetivo, especialmente en lo que se refiere al papel de la
Comisión como coordinadora de las actividades nacionales.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Objeto
1. El presente
Reglamento establece las reglas de los servicios de identificación electrónica
y de confianza electrónica para las transacciones electrónicas con vistas a
garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.
2. El presente Reglamento establece las condiciones
en que los Estados miembros deberán reconocer y aceptar los medios de
identificación electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a
un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro.
3. El presente Reglamento establece un
marco jurídico para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, las
marcas de tiempo electrónicas, los documentos electrónicos, los servicios de
entrega electrónica y la autenticación de sitios web.
4. El presente Reglamento vela por que los
servicios y productos de confianza que cumplan sus disposiciones estén
autorizados a circular libremente en el mercado interior.
Artículo 2
Ámbito de aplicación 
1. El presente Reglamento se aplica a la
identificación electrónica facilitada por los Estados miembros, en su nombre o
bajo su responsabilidad, y a los proveedores de servicios de confianza
establecidos en la Unión. 
2. El presente Reglamento no se aplica a
la prestación de servicios de confianza electrónicos basados en acuerdos voluntarios
de Derecho privado.
3. Tampoco se aplica a los aspectos
relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones
legales cuando existan requisitos de forma establecidos por la legislación
nacional o de la Unión.
Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se
aplicarán las siguientes definiciones:
(1) «identificación electrónica», el
proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en forma
electrónica que representan inequívocamente a una persona física o jurídica;
(2) «medios de identificación electrónica»,
una unidad material o inmaterial que contiene los datos a que se refiere el
punto 1 del presente artículo y que se utiliza para el acceso a servicios en
línea según se contempla en el artículo 5;
(3) «sistema de identificación
electrónica», un régimen para la identificación electrónica en virtud del cual
se expiden medios de identificación electrónica a las personas según se
contempla en el punto 1 del presente artículo;
(4) «autenticación», un proceso
electrónico que permite la validación de la identificación electrónica de una
persona física o jurídica, o del origen y la integridad de un dato electrónico;

(5) «firmante», una persona física que crea
una firma electrónica;
(6) «firma electrónica», los datos en forma
electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con
ellos que utiliza el firmante para firmar; 
(7) «firma electrónica avanzada», la firma
electrónica que cumple los requisitos siguientes:
(a)         
estar vinculada al firmante de manera única;
(b)         
permitir la identificación del firmante;
(c)         
haber sido creada utilizando datos de creación
de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de
confianza, bajo su control exclusivo; y
(d)         
estar vinculada con los datos a que se refiere
de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable;
(8) «firma electrónica cualificada», una
firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo de creación de
firmas electrónicas cualificado y que se basa en un certificado cualificado de
firma electrónica;
(9) «datos de creación de la firma
electrónica», los datos únicos que utiliza el firmante para crear una firma
electrónica;
(10) «certificado», una declaración
electrónica que vincula los datos de validación de una firma o un sello
electrónicos de una persona física o jurídica, respectivamente, con el
certificado y confirma esos datos de esa persona;
(11) «certificado cualificado de firma
electrónica», una declaración que se utiliza para respaldar las firmas
electrónicas, está expedida por un proveedor de servicios de confianza
cualificado y cumple los requisitos establecidos en el anexo I;
(12) «servicio de confianza», un servicio
electrónico que consiste en la creación, verificación, validación, gestión y
conservación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, marcas de tiempo
electrónicas, documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica,
autenticación de sitios web y certificados electrónicos, incluidos los
certificados de firma electrónica y de sello electrónico;
(13) «servicio de confianza cualificado»,
un servicio de confianza que cumple los requisitos aplicables previstos en el
presente Reglamento;
(14) «proveedor de servicios de confianza»,
una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza;
(15) «proveedor de servicios de confianza
cualificado», un proveedor de servicios de confianza que cumple los requisitos
establecidos en el presente Reglamento;
(16) «producto», un equipo o programa
informático, o los componentes pertinentes de los mismos, destinados a ser
utilizados para la prestación de servicios de confianza;
(17) «dispositivo de creación de firmas
electrónicas», un equipo o programa informático configurado que se utiliza para
crear una firma electrónica;
(18) «dispositivo de creación de firmas
electrónicas cualificado», un dispositivo de creación de firmas electrónicas
que cumple los requisitos enumerados en el anexo II;
(19) «creador de un sello», una persona
física que crea un sello electrónico;
(20) «sello electrónico», datos en forma
electrónica anejos a otros datos electrónicos, o asociados de manera lógica con
ellos, para garantizar el origen y la integridad de los datos asociados;
(21) «sello electrónico avanzado», un sello
electrónico que cumple los requisitos siguientes:
(a)         
estar vinculado al creador del sello de manera
única;
(b)         
permitir la identificación del creador del
sello;
(c)         
haber sido creado utilizando datos de creación
del sello electrónico que el creador del sello puede utilizar para la creación de
un sello electrónico, con un alto nivel de confianza, bajo su control
exclusivo; y
(d)         
estar vinculado con los datos a que se refiere
de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable;
(22) «sello electrónico cualificado», un
sello electrónico avanzado que se crea mediante un dispositivo de creación de
sellos electrónicos cualificado y que se basa en un certificado cualificado de
sello electrónico;
(23) «datos de creación del sello
electrónico», los datos únicos que utiliza el creador del sello electrónico
para crearlo;
(24)
«certificado cualificado de sello electrónico», una declaración que se utiliza
para respaldar un sello electrónico, está expedida por un proveedor de
servicios de confianza cualificado y cumple los requisitos establecidos en el
anexo III;
(25) «marca
de tiempo electrónica», datos en forma electrónica que vinculan otros datos
electrónicos con un instante concreto, aportando la prueba de que estos datos
existían en ese instante;
(26) «marca
de tiempo electrónica cualificada», una marca de tiempo electrónica que cumple
los requisitos establecidos en el artículo 33;
(27) «documento electrónico», un documento
en cualquier formato electrónico;
(28) «servicio de entrega electrónica», un
servicio que permite transmitir datos por medios electrónicos y aporta pruebas
relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del
envío o la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente
a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada;
(29) «servicio de entrega electrónica
cualificado», un servicio de entrega electrónica que cumple los requisitos
establecidos en el artículo 36;
(30) «certificado cualificado de
autenticación de sitio web», una declaración que permite autenticar un sitio
web y vincula el sitio web con la persona a quien ha expedido el certificado un
proveedor de servicios de confianza cualificado y que cumple los requisitos
establecidos en el anexo IV;
(31) «datos de validación», los datos
utilizados para validar una firma electrónica o un sello electrónico.
Artículo 4
Principio del mercado interior
1. No se impondrá restricción alguna a la
prestación de servicios de confianza en el territorio de un Estado miembro por
un proveedor de servicios de confianza establecido en otro Estado miembro por
razones que entren en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento.
2. Se permitirá la libre circulación en
el mercado interior de los productos que se ajusten al presente Reglamento.
CAPÍTULO
II
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Artículo 5
Reconocimiento
y aceptación mutuos 
Cuando sea necesaria una identificación
electrónica utilizando un medio de identificación electrónica y una
autenticación en virtud de la legislación o la práctica administrativa
nacionales para acceder a un servicio en línea, se reconocerá y aceptará a
efectos del acceso a dicho servicio todo medio de identificación electrónica
expedido en otro Estado miembro que esté incluido en un régimen que figure en
la lista publicada por la Comisión de conformidad con el procedimiento a que se
refiere el artículo 7.
Artículo 6
Condiciones
de notificación de los sistemas de identificación electrónica
1. Los sistemas de identificación
electrónica podrán ser objeto de notificación con arreglo al artículo 7 si se
cumple la totalidad de las condiciones siguientes:
(a)                   
los medios de identificación electrónica son
expedidos por el Estado miembro notificador, o en su nombre o bajo su
responsabilidad;
(b)                   
los medios de identificación electrónica
pueden usarse para acceder al menos a los servicios públicos que exigen la
identificación electrónica en el Estado miembro notificador;
(c)                   
el Estado miembro notificador garantiza que
los datos de identificación de la persona se atribuyen inequívocamente a la
persona física o jurídica a la que se refiere el artículo 3, punto 1;
(d)                   
el Estado miembro notificador garantiza que
existe una posibilidad de autenticación en línea, en cualquier momento y con
carácter gratuito, de manera que cualquier parte usuaria pueda validar los
datos de identificación de la persona recibidos en forma electrónica; los
Estados miembros no impondrán requisitos técnicos específicos a las partes
usuarias establecidas fuera de su territorio que tengan intención de llevar a
cabo tal autenticación; en caso de que el sistema de identificación notificado
o la posibilidad de autenticación hayan sido violados o parcialmente
comprometidos, los Estados miembros suspenderán o revocarán sin demora el
sistema de identificación notificado, la posibilidad de autenticación o las
partes que estén comprometidas, e informarán a los demás Estados miembros y a
la Comisión de conformidad con el artículo 7;
(e)                   
el Estado miembro notificador asume la
responsabilidad de:
–              
i) la atribución inequívoca de los datos de
identificación de la persona a que se refiere la letra c), y
–              
ii) la posibilidad de autenticación
especificada en la letra d).
2. La letra e) del apartado 1 se
entenderá sin perjuicio de la responsabilidad de las partes en relación con una
transacción en la que se utilicen medios de identificación electrónica
incluidos en el régimen notificado.
Artículo 7 
Notificación
1. Los Estados miembros que notifiquen un
sistema de identificación electrónica transmitirán a la Comisión la siguiente
información y, sin dilaciones indebidas, cualquier modificación posterior de la
misma:
(a)                   
una descripción del sistema de identificación
electrónica notificado;
(b)                   
las autoridades responsables del sistema de
identificación electrónica notificado;
(c)                   
información sobre quién gestiona el registro
de los identificadores de personas inequívocos;
(d)                   
una descripción de la posibilidad de
autenticación;
(e)                   
disposiciones relativas a la suspensión o
revocación del sistema de identificación notificado, de la posibilidad de
autenticación o de las partes que estén comprometidas.
2. Seis meses después de la entrada en
vigor del Reglamento, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea la lista de los sistemas de identificación electrónica notificados
de conformidad con el apartado 1 y la información básica al respecto.
3. Si la Comisión recibe una notificación
una vez concluido el período a que se refiere el apartado 2, modificará la
lista en el plazo de tres meses.
4. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos de la
notificación a que se refieren los apartados 1 y 3. Estos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39,
apartado 2.
Artículo 8
Coordinación

1. Los Estados miembros cooperarán a fin
de garantizar la interoperabilidad de los medios de identificación electrónica
incluidos en un régimen notificado y mejorar su seguridad. 
2. La Comisión fijará, mediante actos de
ejecución, las modalidades necesarias para facilitar la cooperación entre los
Estados miembros a que se refiere el apartado 1, con vistas a fomentar un alto
grado de confianza y seguridad que corresponda al nivel de riesgo. Dichos actos
de ejecución se referirán, en particular, al intercambio de información,
experiencias y buenas prácticas sobre los sistemas de identificación
electrónica, la revisión inter pares de los sistemas de identificación
electrónica notificados y el examen de la evolución del sector de la
identificación electrónica por las autoridades competentes de los Estados
miembros. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, referentes a la
facilitación de la interoperabilidad transfronteriza de los medios de
identificación electrónica mediante el establecimiento de los requisitos
técnicos mínimos. 
CAPÍTULO
III
SERVICIOS DE CONFIANZA
Sección 1
Disposiciones generales
Artículo 9
Responsabilidad
1. Los proveedores de servicios de
confianza serán responsables de los perjuicios directos causados a cualquier
persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 15, apartado 1, a menos que puedan probar que no ha
habido negligencia de su parte.
2. Los proveedores de servicios de
confianza cualificados serán responsables de los perjuicios directos causados a
cualquier persona física o jurídica en razón del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en particular en su
artículo 19, a menos que puedan probar que no ha habido negligencia de su
parte.
Artículo 10
Proveedores de servicios de confianza de terceros países
1. Los servicios de confianza
cualificados y los certificados cualificados suministrados por los proveedores
de servicios de confianza cualificados establecidos en un tercer país serán
aceptados como los servicios de confianza cualificados y los certificados
cualificados suministrados por los proveedores de servicios de confianza
cualificados establecidos en el territorio de la Unión si los servicios de
confianza cualificados o los certificados cualificados originarios del tercer
país son reconocidos en virtud de un acuerdo entre la Unión y terceros países u
organizaciones internacionales de conformidad con el artículo 218 del TFUE. 
2. Con referencia al apartado 1, tales
acuerdos garantizarán que los proveedores de servicios de confianza de terceros
países u organizaciones internacionales cumplen los requisitos aplicables a los
servicios de confianza cualificados y a los certificados cualificados
suministrados por los proveedores de servicios de confianza cualificados
establecidos en el territorio de la Unión, especialmente en lo que se refiere a
la protección de los datos de carácter personal, la seguridad y la supervisión.

Artículo 11
Procesamiento y protección de los datos 
1. Cuando procesen datos personales, los
proveedores de servicios de confianza y los organismos de supervisión velarán
por un procesamiento justo y lícito de conformidad con la Directiva 95/46/CE.
2. Los proveedores de servicios de
confianza procesarán los datos personales de conformidad con la Directiva
95/46/CE. El procesamiento estará estrictamente limitado a los datos mínimos
necesarios para la expedición y el mantenimiento de un certificado o para la
prestación de un servicio de confianza. 
3. Los proveedores de servicios de
confianza garantizarán la confidencialidad e integridad de los datos
relacionados con la persona a la que se presta el servicio de confianza.
4. Sin perjuicio de los efectos jurídicos
concedidos a los seudónimos con arreglo al Derecho nacional, los Estados
miembros no impedirán que los proveedores de servicios de confianza consignen
en los certificados de firma electrónica un seudónimo en lugar del nombre del
firmante.
Artículo 12
Accesibilidad para las personas con discapacidad
Los servicios
de confianza prestados y los productos para el usuario final utilizados en la
prestación de estos servicios deberán ser accesibles para las personas con
discapacidad siempre que sea posible.
Sección 2
Supervisión
Artículo 13
Organismo de supervisión
1. Los Estados miembros designarán un
organismo adecuado establecido en su territorio o, previo acuerdo mutuo, en
otro Estado miembro bajo la responsabilidad del Estado miembro que efectúa la
designación. Los organismos de supervisión disfrutarán de todas las
competencias de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus
funciones.
2. El organismo de supervisión será
responsable del desempeño de las siguientes tareas:
(a)                   
efectuar un seguimiento los proveedores de
servicios de confianza establecidos en el territorio del Estado miembro que lo
designa a fin de garantizar que cumplen los requisitos establecidos en el
artículo 15;
(b)                   
encargarse de la supervisión de los
proveedores de servicios de confianza cualificados establecidos en el
territorio del Estado miembro que lo designa y de los servicios de confianza
cualificados que prestan con el fin de garantizar que tanto ellos como los
servicios de confianza cualificados que prestan cumplan los requisitos
aplicables establecidos en el presente Reglamento;
(c)                   
garantizar que la información y los datos
pertinentes a que se refiere el artículo 19, apartado 2, letra g), registrados
por los proveedores de servicios de confianza cualificados se conservan y
permanecen accesibles, una vez que hayan cesado las actividades de un proveedor
de servicios de confianza cualificado, durante un período adecuado con vistas a
garantizar la continuidad del servicio.
3. Cada organismo de supervisión
presentará cada año a la Comisión y a los Estados miembros un informe sobre las
actividades de supervisión correspondientes al año civil precedente antes de
que finalice el primer trimestre del año siguiente. Dicho informe incluirá,
como mínimo:
(a)                   
información sobre sus actividades de
supervisión;
(b)                   
un resumen de las notificaciones de
violaciones recibidas de los proveedores de servicios de confianza, de
conformidad con el artículo 15, apartado 2;
(c)                   
estadísticas sobre el mercado y el uso de los
servicios de confianza cualificados, incluida información sobre los propios
proveedores de servicio de confianza cualificados, los servicios de confianza
cualificados que prestan, los productos que utilizan y la descripción general
de sus clientes.
4. Los Estados miembros notificarán a la
Comisión y a los demás Estados miembros los nombres y direcciones de sus
respectivos organismos de supervisión designados. 
5. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, en lo que respecta
a la definición de los procedimientos aplicables a las tareas mencionadas en el
apartado 2. 
6. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos relativos al
informe a que se refiere el apartado 3. Estos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado
2.
Artículo 14 
Asistencia mutua 
1. Los organismos de supervisión
cooperarán con vistas a intercambiar buenas prácticas y facilitarse mutuamente,
en el plazo más breve posible, información pertinente y asistencia mutua con el
fin de que las actividades pueden realizarse en forma coherente. La asistencia
mutua incluirá, en particular, las solicitudes de información y las medidas de
supervisión, tales como las peticiones para que se lleven a cabo inspecciones
en relación con las auditorías de la seguridad a que se refieren los artículos
15, 16 y 17.
2. El organismo de supervisión al que se
haya dirigido una solicitud de asistencia no podrá negarse a atenderla, salvo
si:
(a)                   
no es competente para tramitar la solicitud; o
(b)                   
atender la solicitud sería incompatible con el
presente Reglamento.
3. Cuando proceda, los organismos de
supervisión podrán llevar a cabo investigaciones conjuntas con participación de
personal de los organismos de supervisión de otros Estados miembros.
El organismo de supervisión del Estado
miembro en el que vaya a tener lugar la investigación, de conformidad con su
propia legislación nacional, podrá transferir tareas de investigación al
personal del organismo de supervisión asistido. Estas competencias solo podrán
ejercerse bajo la autoridad y en presencia de personal del organismo de
supervisión anfitrión. El personal del organismo de supervisión asistido estará
sujeto a la legislación nacional del organismo de supervisión anfitrión. El
organismo de supervisión anfitrión asumirá la responsabilidad por las acciones
del personal del organismo de supervisión asistido.
4. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, especificar los formatos y procedimientos de la asistencia mutua
prevista en el presente artículo. Estos actos de ejecución se adoptarán con
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2.
Artículo 15
Requisitos de seguridad aplicables a los proveedores de servicios
de confianza
1. Los proveedores de servicios de
confianza establecidos en el territorio de la Unión adoptarán las medidas
técnicas y organizativas adecuadas para gestionar los riesgos para la seguridad
de los servicios de confianza que prestan. Habida cuenta del estado de la
técnica, dichas medidas garantizarán un nivel de seguridad adecuado al grado de
riesgo. En particular, se adoptarán medidas para evitar y reducir al mínimo el
impacto de los incidentes de seguridad e informar a los interesados de los
efectos negativos de cualquier incidente.
Sin perjuicio del artículo 16, apartado
1, cualquier proveedor de servicios de confianza podrá presentar al organismo
de supervisión el informe de una auditoría de seguridad realizada por un organismo
independiente reconocido a fin de confirmar que se han tomado las medidas de
seguridad apropiadas.
2. Los proveedores de servicios de
confianza, sin demoras indebidas y cuando sea posible en un plazo de 24 horas
tras tener conocimiento de ellas, notificarán al organismo de supervisión
competente, al organismo nacional competente en materia de seguridad de la
información y a otros terceros pertinentes, tales como las autoridades de
protección de datos, cualquier violación de la seguridad o merma de la
integridad que tenga un impacto significativo en el servicio de confianza
prestado y en los datos personales correspondientes.
Cuando proceda, en particular si una
violación de la seguridad o merma de la integridad afecta a dos o más Estados
miembros, el organismo de supervisión de que se trate informará al respecto a
los organismos de supervisión de los demás Estados miembros y a la Agencia
Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). 
El organismo de supervisión de que se
trate podrá informar al público o exigir al proveedor de servicios de confianza
que lo haga, en caso de considerar que la divulgación de la violación reviste
interés público.
3. El organismo de supervisión facilitará
a ENISA y a la Comisión una vez al año un resumen de las notificaciones de
violaciones recibidas de los proveedores de servicios de confianza.
4. Para la aplicación de los apartados 1
y 2, el organismo de supervisión competente estará facultado para impartir
instrucciones vinculantes a los proveedores de servicios de confianza.
5. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de
especificar más detalladamente las medidas mencionadas en el apartado 1.
6. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos, incluidos los
plazos, aplicables a efectos de los apartados 1 a 3. Estos actos de ejecución
se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo
39, apartado 2.
Artículo 16
Supervisión de los proveedores de servicios de confianza
cualificados
1. Los proveedores de servicios de
confianza cualificados serán auditados por un organismo independiente
reconocido una vez al año para confirmar que tanto ellos como los servicios de
confianza cualificados que prestan cumplen los requisitos establecidos en el
presente Reglamento y presentarán el correspondiente informe de auditoría de
seguridad al organismo de supervisión.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1, el organismo de supervisión podrá en cualquier momento, por propia
iniciativa o en respuesta a una petición de la Comisión, auditar a los
proveedores de servicios de confianza cualificados para confirmar que tanto
ellos como los servicios de confianza cualificados que prestan siguen
cumpliendo las condiciones establecidas en el presente Reglamento. El organismo
de supervisión informará a las autoridades de protección de datos de los
resultados de sus auditorías en caso de resultar infringidas las normas sobre
protección de datos personales.
3. El organismo de supervisión estará
facultado para impartir instrucciones vinculantes a los proveedores de
servicios de confianza cualificados a fin de corregir cualquier incumplimiento
de los requisitos que figure en el informe de la auditoría de seguridad.
4. Con referencia al apartado 3, en caso
de que el proveedor de servicios de confianza cualificado no corrija dicho
incumplimiento en el plazo fijado por el organismo de supervisión, perderá su
cualificación y será informado por el organismo de supervisión de que se
modificará consiguientemente su estado en las listas de confianza a la que se
refiere el artículo 18.
5. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, relativos a la
especificación de las condiciones en las que se reconocerá al organismo
independiente que lleve a cabo la auditoría a que se refieren el apartado 1 del
presente artículo, el artículo 15, apartado 1, y el artículo 17, apartado 1.
6. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos aplicables a
efectos de los apartados 1, 2 y 4. Estos actos de ejecución se adoptarán con
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2.
Artículo 17
Inicio de un servicio de confianza cualificado 
1. Los proveedores de servicios de
confianza cualificados notificarán al organismo de supervisión su intención de
iniciar la prestación de un servicio de confianza cualificado y le presentarán
un informe de auditoría de la seguridad realizado por un organismo
independiente reconocido, según lo previsto en el artículo 16, apartado 1. Los
proveedores de servicios de confianza cualificados podrán empezar a prestar el
servicio de confianza cualificado después de haber presentado al organismo de
supervisión la notificación y el informe de auditoría de la seguridad. 
2. Una vez remitidos los documentos
correspondientes al organismo de supervisión con arreglo al apartado 1, se
incluirá a los proveedores de servicios cualificados en las listas de confianza
a que se refiere el artículo 18, indicando que se ha presentado la
notificación. 
3. El organismo de supervisión verificará
la conformidad del proveedor de servicios de confianza cualificado y de los
servicios de confianza cualificados que presta con los requisitos del
Reglamento.
El organismo de supervisión indicará el
estado de cualificación de los proveedores de servicios cualificados y de los
servicios de confianza cualificados que presta en las listas de confianza
después de que la verificación haya concluido positivamente, a más tardar un
mes después de efectuada la notificación de conformidad con el apartado 1. 
Si la verificación no ha concluido en el
plazo de un mes, el organismo de supervisión informará al proveedor de
servicios de confianza cualificado especificando los motivos de la demora y el
plazo previsto para concluir la verificación. 
4. El organismo del sector público de que
se trate no podrá rechazar un servicio de confianza cualificado que haya sido
objeto de la notificación a que se refiere el apartado 1 para la realización de
un procedimiento o trámite administrativo por el hecho de no figurar en las
listas a que se refiere el apartado 3. 
5. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos a efectos de
los apartados 1, 2 y 3. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2.
Artículo 18
Listas de confianza
1. Cada Estado miembro establecerá,
mantendrá y publicará listas de confianza con información relativa a los
proveedores de servicios de confianza con respecto a los cuales sea competente,
junto con la información relacionada con los servicios de confianza
cualificados prestados por ellos.
2. Los Estados miembros establecerán,
mantendrán y publicarán, de manera segura, las listas de confianza firmadas o
selladas electrónicamente previstas en el apartado 1 en una forma apropiada
para el tratamiento automático.
3. Los Estados miembros notificarán a la
Comisión, sin retrasos indebidos, información sobre el organismo responsable
del establecimiento, mantenimiento y publicación de las listas de confianza
nacionales, y detalles relativos al lugar en que se publican dichas listas, los
certificados utilizados para firmar o sellar las listas de confianza y
cualquier modificación de los mismos.
4. La Comisión pondrá a disposición del
público, a través de un canal seguro, la información a que se refiere el
apartado 3 en una forma firmada o sellada electrónicamente apropiada para el
tratamiento automático.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de
conformidad con el artículo 38, en lo que respecta a la definición de la
información a que se refiere el apartado 1.
6. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las especificaciones técnicas y formatos de las listas de
confianza, aplicables a efectos de los apartados 1 a 4. Estos actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el
artículo 39, apartado 2.
Artículo 19
Requisitos para los proveedores de servicios de confianza
cualificados
1. Al expedir
un certificado cualificado, un proveedor de servicios de confianza cualificado
verificará, por los medios apropiados y de acuerdo con el Derecho nacional, la
identidad y, si procede, cualquier atributo específico de la persona física o
jurídica a la que se expide un certificado cualificado.
Esta
información será verificada por el proveedor de servicios cualificado o por un
tercero autorizado que actúe bajo la responsabilidad del proveedor de servicios
cualificado:
(a)                   
en virtud del aspecto exterior de la persona
física o de un representante autorizado de la persona jurídica, o
(b)                   
a distancia, utilizando medios de
identificación electrónica dentro de un régimen notificado expedidos de
conformidad con la letra a).
2. Los
proveedores de servicios de confianza cualificados que prestan servicios de
confianza cualificados:
(a)                   
contarán con personal que posea los
conocimientos especializados, la experiencia y las cualificaciones necesarios y
aplique procedimientos administrativos y de gestión que correspondan a normas
europeas o internacionales y hayan recibido una formación adecuada sobre normas
de seguridad y de protección de datos personales;
(b)                   
asumirán el riesgo de la responsabilidad por
daños y perjuicios contando con recursos financieros suficientes o con pólizas
de seguros de responsabilidad adecuadas;
(c)                   
antes de entrar en una relación contractual,
informarán a cualquier persona que desee utilizar un servicio de confianza
cualificado acerca de las condiciones precisas relativas a la utilización de
dicho servicio;
(d)                   
utilizarán sistemas y productos dignos de
confianza que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la
seguridad y la fiabilidad técnicas de los procesos que sustentan;
(e)                   
utilizarán sistemas dignos de confianza para
almacenar los datos que se les faciliten de forma verificable, de modo que:
–              
estén a disposición del público para su
consulta solo cuando se haya obtenido el consentimiento de la persona a la que
se han expedido los datos,
–              
solo personas autorizadas puedan hacer
anotaciones y modificaciones,
–              
pueda comprobarse la autenticidad de la
información;
(f)                     
tomarán medidas contra la falsificación y el
robo de datos;
(g)                   
registrarán durante un período de tiempo
apropiado toda la información pertinente referente a los datos expedidos y
recibidos por el proveedor de servicios de confianza cualificado, en particular
al objeto de que sirvan de prueba en los procedimientos legales; esta actividad
de registro podrá realizarse por medios electrónicos;
(h)                   
contarán con un plan de cesación actualizado
para garantizar la continuidad del servicio, de conformidad con las
disposiciones del organismo de supervisión con arreglo al artículo 13, apartado
2, letra c);
(i)                     
garantizarán un procesamiento lícito de los
datos personales de conformidad con el artículo 11.
3. Los proveedores de servicios de
confianza cualificados que expidan certificados cualificados registrarán en su
base de datos de certificados la revocación del certificado en un plazo de diez
minutos después de haber surtido efecto la revocación.
4. Con respecto a lo dispuesto en el
apartado 3, los proveedores de servicios de confianza cualificados que expidan
certificados cualificados proporcionará a cualquier parte usuaria información
sobre el estado de validez o revocación de los certificados cualificados
expedidos por ellos. Esta información deberá estar disponible en cualquier
momento al menos por cada certificado en una forma automatizada que sea fiable,
gratuita y eficiente.
5. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas para sistemas y productos
dignos de confianza. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 19 cuando los sistemas y productos dignos de
confianza cumplan dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2.
La Comisión publicará estos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Sección 3
Firma electrónica
Artículo 20
Efectos jurídicos y aceptación de las firmas electrónicas
1. No se denegarán los efectos jurídicos
y la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales de una firma
electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica.
2. Una firma electrónica cualificada
tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.
3. Las firmas electrónicas cualificadas
serán reconocidas y aceptadas en todos los Estados miembros. 
4. Cuando baste una firma electrónica con
un nivel de garantía de la seguridad inferior al de la firma electrónica
cualificada, en particular para un Estado miembro en relación con el acceso a
un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público sobre la base
de una evaluación adecuada de los riesgos inherentes a ese servicio, deberán
reconocerse y aceptarse todas las firmas electrónicas cuyo nivel de garantía de
la seguridad sea por lo menos el mismo.
5. Los Estados miembros no exigirán para
el acceso transfronterizo a un servicio en línea ofrecido por un organismo del
sector público una firma electrónica cuyo nivel de garantía de la seguridad sea
superior al de una firma electrónica cualificada.
6. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, en lo que respecta
a la definición de los distintos niveles de seguridad de las firmas
electrónicas a que se refiere el apartado 4.
7. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los niveles de
seguridad de la firma electrónica. Se presumirá el cumplimiento del nivel de
seguridad definido en un acto delegado adoptado con arreglo al apartado 6
cuando una firma electrónica se ajuste a dichas normas. Estos actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el
artículo 39, apartado 2. La Comisión publicará estos actos en el Diario
Oficial de la Unión Europea. 
Artículo 21
Certificados cualificados de firma electrónica
1. Los certificados cualificados de firma
electrónica cumplirán los requisitos establecidos en el anexo I.
2. Los certificados cualificados de firma
electrónica no estarán sometidos a ningún requisito obligatorio que exceda de
los requisitos establecidos en el anexo I.
3. Si un certificado cualificado de firma
electrónica ha sido revocado después de su activación inicial, perderá su
validez y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado renovando su
validez.
4. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de
especificar más detalladamente los requisitos establecidos en el anexo I.
5. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los
certificados cualificados de firma electrónica. Se presumirá el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el anexo I cuando un certificado cualificado de
firma electrónica se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39,
apartado 2. La Comisión publicará estos actos en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 22
Requisitos de los dispositivos de creación de firmas electrónicas
cualificados 
1. Los dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados cumplirán los requisitos establecidos en el anexo II.
2. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los
dispositivos de creación de firmas electrónicas cualificados. Se presumirá el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo II cuando un
dispositivo de creación de firmas electrónicas cualificado se ajuste a dichas
normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de
examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión publicará estos
actos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 23
Certificación de los dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados
1. Los dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados podrán ser certificados por los organismos públicos o
privados adecuados designados por los Estados miembros, siempre que hayan sido
sometidos a un proceso de evaluación de la seguridad llevado a cabo de
conformidad con las normas para la evaluación de la seguridad de los productos
de tecnología de la información incluidos en una lista que establecerá la
Comisión por medio de actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán
con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado
2. La Comisión publicará estos actos en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
2. Los Estados miembros notificarán a la
Comisión y a los demás Estados miembros los nombres y direcciones de los
organismos públicos o privados designados por ellos a que se refiere el apartado
1.
3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, en lo que respecta
al establecimiento de criterios específicos que deben satisfacer los organismos
designados a que se refiere el apartado 1. 
Artículo 24
Publicación de una lista de dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados certificados 
1. Los Estados miembros comunicarán a la
Comisión, sin retrasos indebidos, información sobre los dispositivos de
creación de firmas electrónicas cualificados que hayan sido certificados por
los organismos a que se refiere el artículo 23. También notificarán a la
Comisión, sin retrasos indebidos, información sobre los dispositivos de
creación de firmas electrónicas que hayan dejado de estar certificados. 
2. Sobre la base de la información
recibida, la Comisión establecerá, publicará y mantendrá una lista de
dispositivos de creación de firmas electrónicas cualificados certificados.
3. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir las circunstancias, formatos y procedimientos aplicables a
efectos del apartado 1. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2.
Artículo 25
Requisitos de la validación de las firmas electrónicas cualificadas
1. Una firma electrónica cualificada se
considerará válida siempre que pueda establecerse con un elevado nivel de
certidumbre que, en el momento de la firma:
(a)                   
el certificado que respalda la firma es un
certificado cualificado de firma electrónica que se ajusta a lo dispuesto en el
anexo I;
(b)                   
el certificado cualificado requerido es
auténtico y válido;
(c)                   
los datos de validación de la firma
corresponden a los datos proporcionados a la parte usuaria;
(d)                   
el conjunto de datos que representa
inequívocamente al firmante se facilita correctamente a la parte usuaria;
(e)                   
en caso de que se utilice un seudónimo, la
utilización del mismo se indica claramente a la parte usuaria;
(f)                     
la firma electrónica se creó mediante un
dispositivo de creación de firmas electrónicas cualificado;
(g)                   
la integridad de los datos firmados no se ha
visto comprometida;
(h)                   
se han cumplido los requisitos previstos en el
artículo 3, punto 7;
(i)                     
el sistema utilizado para validar la firma
ofrece a la parte usuaria el resultado correcto del proceso de validación y le
permite detectar cualquier problema que afecte a la seguridad.
2. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de
especificar más detalladamente los requisitos establecidos en el apartado 1. 
3. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a la validación
de las firmas electrónicas cualificadas. Se presumirá el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 1 cuando la validación de una firma
electrónica cualificada se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39,
apartado 2. La Comisión publicará estos actos en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 26
Servicio de validación cualificado para las firmas electrónicas
cualificadas
1. Prestará un servicio de validación
cualificado para las firmas electrónicas cualificadas el proveedor de servicios
de confianza cualificado que:
(a)                   
realice la validación de conformidad con el
artículo 25, apartado 1, y
(b)                   
permita que las partes usuarias reciban el
resultado del proceso de validación de una manera automatizada que sea fiable,
eficiente y lleve la firma electrónica avanzada o el sello electrónico avanzado
del proveedor del servicios de validación cualificado.
2. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas al servicio de
validación cualificado a que se refiere el apartado 1. Se presumirá el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1, letra b), cuando
el servicio de validación de firmas electrónicas cualificadas se ajuste a
dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión
publicará estos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 27
Conservación de las firmas electrónicas cualificadas
1. Prestará un servicio de conservación
de firmas electrónicas cualificado el proveedor de servicios de confianza
cualificado que utilice procedimientos y tecnologías capaces de ampliar la
fiabilidad de los datos de validación de la firma electrónica cualificada más
allá del período de validez tecnológico.
2. La Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de especificar más
detalladamente los requisitos establecidos en el apartado 1.
3. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a la conservación
de las firmas electrónicas cualificadas. Se presumirá el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 1 cuando los mecanismos de conservación
de las firmas electrónicas cualificadas se ajusten a dichas normas. Estos actos
de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en
el artículo 39, apartado 2. La Comisión publicará estos actos en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Sección 4
Sellos electrónicos 
Artículo 28
Efectos jurídicos del sello electrónico
1. No se denegarán los efectos jurídicos
y la admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales de un sello
electrónico por el mero hecho de ser un sello electrónico.
2. Un sello electrónico cualificado
disfrutará de la presunción legal de garantizar el origen y la integridad de
los datos a los que está vinculado.
3. Un sello electrónico cualificado será
reconocido y aceptado en todos los Estados miembros.
4. Cuando baste un sello electrónico con
un nivel de garantía de la seguridad inferior al del sello electrónico
cualificado, en particular para un Estado miembro en relación con el acceso a
un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público sobre la base
de una evaluación adecuada de los riesgos inherentes a ese servicio, deberán
aceptarse todos los sellos electrónicos cuyo nivel de garantía de la seguridad
sea al menos equivalente.
5. Los Estados miembros no exigirán para
el acceso a un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público
un sello electrónico cuyo nivel de garantía de la seguridad sea superior al de
un sello electrónico cualificado.
6. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, en lo que respecta
a la definición de los distintos niveles de garantía de la seguridad de los
sellos electrónicos a que se refiere el apartado 4. 
7. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los niveles
de garantía de la seguridad de los sellos electrónicos. Se presumirá el cumplimiento
del nivel de garantía de la seguridad definido en un acto delegado adoptado con
arreglo al apartado 6 cuando un sello electrónico se ajuste a dichas normas.
Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión publicará estos actos en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 29
Requisitos de los certificados cualificados de sello electrónico
1. Los certificados cualificados de sello
electrónico cumplirán los requisitos establecidos en el anexo III.
2. Los certificados cualificados de sello
electrónico no estarán sometidos a ningún requisito obligatorio que exceda de
los requisitos establecidos en el anexo III.
3. Si un certificado cualificado de sello
electrónico ha sido revocado después de su activación inicial, perderá su
validez y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado renovando su
validez.
4. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de especificar
más detalladamente los requisitos establecidos en el anexo III.
5. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los
certificados cualificados de sello electrónico. Se presumirá el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el anexo III cuando un certificado cualificado
de sello electrónico se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39,
apartado 2. La Comisión publicará estos actos en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Artículo 30
Dispositivos de creación de sellos electrónicos cualificados 
1. El artículo 22 se aplicará mutatis
mutandis a los requisitos de los dispositivos de creación de sellos electrónicos
cualificados.
2. El artículo 23 se aplicará mutatis
mutandis a la certificación de los dispositivos de creación de sellos
electrónicos cualificados.
3. El artículo 24 se aplicará mutatis
mutandis a la publicación de una lista de dispositivos de creación de
sellos electrónicos cualificados certificados. 
Artículo 31
Validación y conservación de los sellos electrónicos cualificados
Los artículos 25, 26 y 27 se aplicarán mutatis
mutandis a la validación y conservación de los sellos electrónicos cualificados.
Sección 5
Marca de tiempo electrónica
Artículo 32
Efecto jurídico de las marcas de tiempo electrónicas
1. No se
denegarán los efectos jurídicos y la admisibilidad como prueba en
procedimientos judiciales de una marca de tiempo electrónica por el mero hecho
de estar en forma electrónica.
2. Las marcas
de tiempo electrónicas cualificadas disfrutarán de una presunción legal de
garantizar la fecha y hora que indican y la integridad de los datos a los que
esa fecha y hora están vinculados. 
3. Una marca
de tiempo electrónica cualificada será reconocida y aceptada en todos los
Estados miembros.
Artículo 33
Requisitos de las marcas de tiempo electrónicas cualificadas
1. Una marca
de tiempo electrónica cualificada cumplirá los requisitos siguientes:
(a)                   
estar vinculada con exactitud al Tiempo
Universal Coordinado (UTC) de forma que se elimine cualquier posibilidad de
modificar los datos sin que se detecte;
(b)                   
estar basada en una fuente de información
temporal exacta;
(c)                   
haber sido expedida por un proveedor de servicios
de confianza cualificado;
(d)                   
haber sido firmada mediante el uso de una
firma electrónica avanzada o de un sello electrónico avanzado del proveedor de
servicios de confianza cualificado o por cualquier método equivalente.
2. La
Comisión podrá, mediante actos de ejecución, establecer números de referencia
de normas relativas a la vinculación exacta de la fecha y hora con los datos y
una fuente de información temporal exacta. Se presumirá el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 1 cuando una vinculación exacta de la
fecha y hora con los datos y una fuente de información temporal exacta se
ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión
publicará estos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Sección 6
Documentos electrónicos
Artículo 34
Efectos jurídicos y aceptación de los documentos electrónicos
1. Los documentos electrónicos se
considerarán equivalente a los documentos en papel y admisibles como prueba en
procedimientos judiciales, tomando en consideración su nivel de garantía de
autenticidad e integridad.
2. Cualquier documento que lleve una firma
electrónica cualificada o un sello electrónico cualificado de la persona competente
para expedir el documento en cuestión disfrutará de la presunción legal de su
autenticidad e integridad siempre que el documento no contenga ninguna
característica dinámica capaz de modificarlo automáticamente.
3. Cuando se exija un documento original o
una copia certificada del mismo para la prestación de un servicio en línea
ofrecido por un organismo del sector público, deberán aceptarse en otros
Estados miembros sin requisitos adicionales por lo menos los documentos
electrónicos expedidos por las personas competentes para la expedición de los
documentos correspondientes y que se consideren originales o copias
certificadas de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro que
los expide.
4. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, definir los formatos de las firmas o sellos electrónicos que serán
aceptados cuando un Estado miembro exija un documento firmado o sellado para la
prestación de un servicio en línea ofrecido por un organismo del sector público
a que se refiere el apartado 2. Estos actos de ejecución se adoptarán con
arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. 
Sección 7
Servicios de entrega electrónica cualificados
Artículo 35
Efecto
jurídico de un servicio de entrega electrónica
1. Los datos enviados o recibidos
mediante un servicio de entrega electrónica serán admisibles como prueba en
procedimientos judiciales por lo que respecta a la integridad de los datos y la
certeza de la fecha y hora en que los datos fueron enviados a un determinado
destinatario o recibidos por él.
2. Los datos enviados o recibidos
mediante un servicio de entrega electrónica cualificado disfrutarán de la
presunción legal de la integridad de los datos y la exactitud de la fecha y
hora de envío o recepción de los datos que indica el sistema de entrega
electrónica cualificado.
3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, relativos a la
especificación de mecanismos para el envío o la recepción de datos mediante el
uso de servicios de entrega electrónica, que se emplearán a fin de fomentar la
interoperabilidad entre los servicios de entrega electrónica.
Artículo 36
Requisitos de los servicios de entrega electrónica cualificados
1. Los servicios de entrega electrónica
cualificados cumplirán los requisitos siguientes:
(a)                   
ser prestados por uno o más proveedores de
servicios de confianza cualificados;
(b)                   
permitir la identificación inequívoca del
expedidor y, en su caso, del destinatario;
(c)                   
estar protegido el proceso de envío o recepción
de datos por una firma electrónica avanzada o un sello electrónico avanzado de
un proveedor de servicios de confianza cualificado de tal forma que se impida
la posibilidad de que se modifiquen los datos sin que se detecte;
(d)                   
indicar claramente al emisor y al destinatario
de los datos cualquier modificación de los datos necesarios a efectos del envío
o recepción de los datos;
(e)                   
indicar mediante una marca de tiempo
electrónica cualificada la fecha de envío, recepción y eventual modificación de
los datos;
(f)                     
en caso de que los datos se transfieren entre
dos o más proveedores de servicios de confianza cualificados, se aplicarán los
requisitos establecidos en las letras a) a e) a todos los proveedores de
servicio de confianza cualificados.
2. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los procesos
de envío y recepción de datos. Se presumirá el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el apartado 1 cuando el proceso de envío y recepción de datos
se ajuste a dichas normas. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento de examen contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión
publicará estos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Sección 8
Autenticación de sitios web 
Artículo 37
Requisitos para los certificados cualificados de autenticación de
sitios web
1. Los certificados cualificados de
autenticación de sitios web cumplirán los requisitos establecidos en el anexo
IV.
2. Los certificados cualificados de
autenticación de sitios web serán reconocidos y aceptados en todos los Estados
miembros.
3. La Comisión estará facultada para
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 38, a fin de
especificar más detalladamente los requisitos establecidos en el anexo IV.
4. La Comisión podrá, mediante actos de
ejecución, establecer números de referencia de normas relativas a los
certificados cualificados de autenticación de sitios web. Se presumirá el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo IV cuando un certificado
cualificado de autenticación de sitios web se ajuste a dichas normas. Estos
actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen
contemplado en el artículo 39, apartado 2. La Comisión publicará estos actos en
el Diario Oficial de la Unión Europea.
CAPÍTULO
IV
ACTOS DELEGADOS
Artículo 38
Ejercicio de la delegación
1. Se faculta a la Comisión para adoptar
actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2. Los poderes para adoptar los actos
delegados a que se refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 13, apartado
5, el artículo 15, apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el artículo 18,
apartado 5, el artículo 20, apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el artículo
23, apartado 3, el artículo 25, apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el
artículo 28, apartado 6, el artículo 29, apartado 4, el artículo 30, apartado
2, el artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, se
otorgan a la Comisión por tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en
vigor del presente Reglamento.
3. La delegación de poderes a que se
refieren el artículo 8, apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el artículo 15,
apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el artículo 18, apartado 5, el artículo
20, apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el artículo 23, apartado 3, el
artículo 25, apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el artículo 28, apartado
6, el artículo 29, apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el artículo 31, el
artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, podrá ser revocada en
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada
en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en
vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto
delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado de
conformidad con el artículo 8, apartado 3, el artículo 13, apartado 5, el
artículo 15, apartado 5, el artículo 16, apartado 5, el artículo 18, apartado
5, el artículo 20, apartado 6, el artículo 21, apartado 4, el artículo 23,
apartado 3, el artículo 25, apartado 2, el artículo 27, apartado 2, el artículo
28, apartado 6, el artículo 29, apartado 4, el artículo 30, apartado 2, el
artículo 31, el artículo 35, apartado 3, y el artículo 37, apartado 3, únicamente
entrará en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo no formulan objeciones
en un plazo de dos meses desde la notificación del acto al Parlamento Europeo y
al Consejo, o si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la
Comisión de que no tienen la intención de formular objeciones. El plazo se
prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
CAPÍTULO
V
ACTOS DE EJECUCIÓN
Artículo 39
Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un
Comité. El comité será conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia
al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº
182/2011.
CAPÍTULO
VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 40
Informes
La Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento. El primer
informe se presentará a más tardar cuatro años después de la entrada en vigor
del presente Reglamento. Los siguientes informes se presentarán cada cuatro
años.
Artículo 41
Derogación 
1. Queda derogada la Directiva
1999/93/CE.
2. Las referencias a la Directiva
derogada se entenderán hechas al presente Reglamento.
3. Los dispositivos seguros de creación
de firma cuya conformidad se haya determinado con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3, apartado 4, de la Directiva 1999/93/CE se considerarán dispositivos
de creación de firma cualificados con arreglo al presente Reglamento.
4. Los certificados reconocidos expedidos
con arreglo a la Directiva 1999/93/CE se considerarán certificados cualificados
de firma electrónica en virtud del presente Reglamento hasta su expiración,
pero solo durante un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor
del presente Reglamento.
Artículo 42
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor
el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio
en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
ANEXO I
Requisitos de los certificados cualificados de firma electrónica
Los certificados cualificados de firma
electrónica contendrán:
(a)                   
una indicación, al menos en un formato adecuado
para el procesamiento automático, de que el certificado ha sido expedido como
certificado cualificado de firma electrónica;
(b)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente al proveedor de servicios de confianza cualificado que expide
los certificados cualificados, incluyendo como mínimo el Estado miembro en el
que dicho proveedor está establecido y
–              
para personas jurídicas: el nombre y el número
de registro según consten en los registros oficiales,
–              
para personas físicas: el nombre de la
persona;
(c)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente al firmante al que se ha expedido el certificado, incluidos al
menos su nombre o un seudónimo, que se identificará como tal;
(d)                   
datos de validación de la firma electrónica
que correspondan a los datos de creación de la firma electrónica;
(e)                   
los datos relativos al inicio y final del
período de validez del certificado;
(f)                     
el código de identidad del certificado, que
debe ser único para el proveedor de servicios de confianza cualificado;
(g)                   
la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado del proveedor de servicios de confianza expedidor;
(h)                   
el lugar en que está disponible gratuitamente
el certificado que respalda la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado a que se hace referencia en la letra g);
(i)                     
la localización de los servicios de estado de
validez del certificado que pueden utilizarse para averiguar el estado de
validez del certificado cualificado;
(j)                     
cuando los datos de creación de la firma
electrónica relacionados con los datos de validación de la firma electrónica se
encuentren en un dispositivo de creación de firmas electrónicas cualificado,
una indicación adecuada de esto, al menos en una forma apta para el
procesamiento automático.
ANEXO II
Requisitos de los dispositivos de creación de firmas cualificados
1. Los dispositivos de creación de firma
cualificados garantizarán como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento
adecuados, que:
(a)                   
esté garantizado el secreto de los datos de
creación de la firma electrónica utilizados para la generación de firmas
electrónicas;
(b)                   
los datos de creación de la firma electrónica
utilizados para la generación de una firma electrónica solo aparezcan una vez;
(c)                   
exista la seguridad razonable de que los datos
de creación de la firma electrónica utilizados para la generación de una firma
electrónica no pueden ser hallados por deducción y de que la firma está
protegida contra la falsificación mediante la tecnología disponible en el
momento;
(d)                   
los datos de creación de la firma electrónica
utilizados para la generación de una firma electrónica puedan ser protegidos
por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros.
2. Los dispositivos de creación de firmas
electrónicas cualificados no alterarán los datos que deben firmarse ni
impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes de firmar.
3. La generación o la gestión de los
datos de creación de la firma electrónica en nombre del firmante correrán a
cargo de un proveedor de servicios de confianza cualificado.
4. Los proveedores de servicios de
confianza cualificados que gestionen los datos de creación de la firma
electrónica en nombre del firmante podrán efectuar una copia de seguridad de
los datos de creación de la firma electrónica siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
(a)                   
la seguridad de los conjuntos de datos
copiados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales;
(b)                   
el número de conjuntos de datos copiados no
supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.
ANEXO III
Requisitos de los certificados cualificados de sello electrónico
Los certificados cualificados de sello
electrónico contendrán:
(a)                   
una indicación, al menos en un formato
adecuado para el procesamiento automático, de que el certificado ha sido
expedido como certificado cualificado de sello electrónico;
(b)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente al proveedor de servicios de confianza cualificado que expide
los certificados cualificados, incluyendo como mínimo el Estado miembro en el
que dicho proveedor está establecido y
–              
para personas jurídicas: el nombre y el número
de registro según consten en los registros oficiales,
–              
para personas físicas: el nombre de la
persona;
(c)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente a la persona jurídica a la que se haya expedido el certificado,
incluyendo al menos el nombre y el número de registro, tal como se recojan en
los registros oficiales;
(d)                   
los datos de validación del sello electrónico
que correspondan a los datos de creación del sello electrónico;
(e)                   
los datos relativos al inicio y final del
período de validez del certificado;
(f)                     
el código de identidad del certificado, que
debe ser único para el proveedor de servicios de confianza cualificado;
(g)                   
la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado del proveedor de servicios de confianza expedidor;
(h)                   
el lugar en que está disponible gratuitamente
el certificado que respalda la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado a que se hace referencia en la letra g);
(i)                     
la localización de los servicios de estado de
validez del certificado que pueden utilizarse para averiguar el estado de
validez del certificado cualificado;
(j)                     
cuando los datos de creación del sello
electrónico relacionados con los datos de validación del sello electrónico se
encuentren en un dispositivo de creación de sellos electrónicos cualificado,
una indicación adecuada de esto, al menos en una forma apta para el
procesamiento automático.
ANEXO IV
Requisitos de los certificados cualificados de autenticación de
sitios web 
Los certificados cualificados de
autenticación de sitios web contendrán:
(a)                   
una indicación, al menos en un formato
adecuado para el procesamiento automático, de que el certificado ha sido
expedido como certificado cualificado de autenticación de sitios web;
(b)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente al proveedor de servicios de confianza cualificado que expide
los certificados cualificados, incluyendo como mínimo el Estado miembro en el
que dicho proveedor está establecido y
–              
para personas jurídicas: el nombre y el número
de registro según consten en los registros oficiales,
–              
para personas físicas: el nombre de la
persona;
(c)                   
un conjunto de datos que represente
inequívocamente a la persona jurídica a la que se haya expedido el certificado,
incluyendo al menos el nombre y el número de registro, tal como se recojan en los
registros oficiales;
(d)                   
elementos de la dirección, incluida al menos
la ciudad y el Estado miembro, de la persona jurídica a quien se expida el
certificado, según figure en los registros oficiales;
(e)                   
el nombre o los nombres de dominio explotados
por la persona a la que se expida el certificado;
(f)                     
los datos relativos al inicio y final del
período de validez del certificado;
(g)                   
el código de identidad del certificado, que
debe ser único para el proveedor de servicios de confianza cualificado;
(h)                   
la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado del proveedor de servicios de confianza expedidor;
(i)                     
el lugar en que está disponible gratuitamente
el certificado que respalda la firma electrónica avanzada o el sello
electrónico avanzado a que se hace referencia en la letra h);
(j)                     
la localización de los servicios de estado de
validez del certificado que pueden utilizarse para averiguar el estado de
validez del certificado cualificado.
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.           MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
En la presente ficha financiera se detallan
los requisitos en cuanto a gastos administrativos que comporta la aplicación de
la propuesta de Reglamento relativo a la identificación electrónica y los
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado
interior. 
Tras el procedimiento legislativo y el debate
para la adopción del Reglamento propuesto por el Parlamento Europeo y el
Consejo, la Comisión precisará de doce ETC para preparar los actos delegados y
de ejecución conexos, a fin de garantizar la disponibilidad de normas
organizativas y técnicas, gestionar la información notificada por los Estados
miembros, y en particular mantener la información relacionada con las listas de
confianza, sensibilizar a las partes interesadas –en particular los ciudadanos
y las PYME– acerca de las ventajas de la utilización de la identificación,
autentificación y firma electrónicas y los servicios de confianza conexos
(eIAS) e iniciar conversaciones con terceros países con vistas a conseguir la
interoperabilidad a nivel mundial en este ámbito.
1.1.        Denominación de la
propuesta/iniciativa 
Propuesta de la Comisión acerca de un Reglamento relativo a la
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior
1.2.        Ámbito(s) político(s)
afectado(s) en la estructura GPA/PPA[25] 
09 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
1.3.        Naturaleza de la
propuesta/iniciativa 
¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva 
¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto
piloto / una acción preparatoria[26] 
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a la prolongación de una acción existente 
þ La
propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva
acción 
1.4.        Objetivos
1.4.1.     Objetivo(s)
estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la
propuesta/iniciativa 
Los objetivos generales de la propuesta son los de las políticas
generales de la UE en las que se enmarca, tales como la Estrategia EU 2020.
Esta estrategia aspira a conseguir que Europa «se convierta en una economía
inteligente, sostenible e integradora que disfrute de altos niveles de empleo,
de productividad y de cohesión social».
1.4.2.     Objetivo(s) específico(s)
y actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 
Potenciar la confianza en las transacciones electrónicas
paneuropeas y garantizar el reconocimiento jurídico transfronterizo de la
identificación, la autentificación y la firma electrónicas y los servicios de
confianza conexos, así como un elevado nivel de protección de los datos y de capacitación
de los usuarios en el mercado único (véase la Agenda Digital para Europa,
acciones clave 3 y 16).
Actividad(es) GPA/PPA afectada(s)
09 02 - Marco regulador de la Agenda Digital para Europa
1.4.3.     Resultado(s) e incidencia
esperados
Especifíquense los
efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la
población destinataria.
Establecer un
entorno normativo claro para los servicios eIAS que impulse la comodidad y
confianza de los usuarios en el mundo digital.
1.4.4.     Indicadores de resultados
e incidencia 
Especifíquense
los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
1. Existencia de
proveedores eIAS con actividades en varios Estados miembros de la UE.
2. Grado en que los
dispositivos resultan interoperables (por ejemplo, los lectores de tarjetas
inteligentes) entre sectores y países.
3. Uso de eIAS por
todas las categorías de población.
4. Medida en que
utilizan eIAS los usuarios finales para las transacciones nacionales e internacionales
(transfronterizas).
5. Grado de
armonización en los Estados miembros de la legislación sobre eIAS.
6. Sistemas de
identificación electrónica notificados a la Comisión.
7. Servicios
accesibles con medios de identificación electrónica notificados en el sector
público (p. ej., administración, sanidad, justicia, contratación pública).
8. Servicios accesibles con medios de identificación
electrónica notificados en el sector privado (p. ej., banca, comercio,
apuestas, acceso a sitios web, servicios de Internet segura).
1.5.        Justificación de la
propuesta/iniciativa 
1.5.1.     Necesidad(es) que deben
satisfacerse a corto o largo plazo 
Las divergencias en la aplicación en cada país de la Directiva
sobre la firma electrónica, debidas a diferente interpretación por parte de los
Estados miembros, han creado problemas de interoperabilidad transfronteriza y,
por ende, segmentado la situación en la UE y distorsionado el mercado interior.
Esta situación va acompañada de una falta de confianza en los sistemas electrónicos
que impide que los ciudadanos europeos puedan beneficiarse en el mundo digital
del mismo tipo de servicios que en el mundo físico. 
1.5.2.     Valor añadido de la
intervención de la Unión Europea
La acción a nivel de la UE produciría unos beneficios indudables
en comparación con la acción a nivel de los Estados miembros. La experiencia ha
demostrado ciertamente que las medidas nacionales no solo resultan
insuficientes para hacer posibles las transacciones electrónicas a través de
las fronteras, sino que, por el contrario, han creado obstáculos a la
interoperabilidad de las firmas electrónicas en la UE y están teniendo
actualmente el mismo efecto en relación con la identificación y la
autenticación electrónicas y los servicios de confianza conexos.
1.5.3.     Principales conclusiones
extraídas de experiencias similares anteriores
La propuesta se basa en la experiencia adquirida con la Directiva
sobre la firma electrónica y los problemas derivados de la transposición y
aplicación fragmentadas de dicha Directiva, que han impedido que alcance sus
objetivos.
1.5.4.     Compatibilidad y posibles
sinergias con otros instrumentos pertinentes
Se hace referencia a la Directiva sobre la firma electrónica en
varias otras iniciativas de la UE creadas para eliminar los problemas de
interoperabilidad y de aceptación y reconocimiento transfronterizos
relacionados con determinados tipos de interacciones electrónicas, por ejemplo
la Directiva sobre los servicios, las Directivas sobre contratación pública, la
Directiva sobre el IVA revisada (facturación electrónica) y el Reglamento sobre
la iniciativa ciudadana europea.
Además, la propuesta de Reglamento aportará un marco jurídico
favorable a la amplia adopción de los proyectos piloto a gran escala que se han
puesto en marcha a nivel de la UE para apoyar el desarrollo de medios de
comunicación electrónica interoperables y fiables (entre ellos SPOCS, que
respalda la aplicación de la Directiva sobre los servicios; STORK, que apoya el
desarrollo y la utilización de identificaciones electrónicas interoperables;
PEPPOL, que apoya el desarrollo y la utilización de soluciones de contratación
electrónica interoperables; epSOS, que apoya el desarrollo y la utilización de
soluciones de sanidad electrónica interoperables; y eCodex, que apoya el desarrollo
y la utilización de soluciones de justicia electrónica interoperables).
1.6.        Duración e incidencia
financiera 
¨ Propuesta/iniciativa de duración
limitada 
–     
¨  Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD/MM]AAAA hasta [el]
[DD/MM]AAAA 
–     
¨  Incidencia financiera desde YYYY hasta YYYY 
þ Propuesta/iniciativa de duración
ilimitada
1.7.        Modo(s) de gestión
previsto(s)[27] 
þ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión 
¨ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
–     
¨  agencias ejecutivas 
–     
¨  organismos creados por las Comunidades[28]

–     
¨  organismos nacionales del sector público / organismos con misión
de servicio público 
–     
¨  personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones
específicas de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea y
que estén identificadas en el acto de base pertinente a efectos de lo dispuesto
en el artículo 49 del Reglamento financiero 
¨ Gestión compartida con los Estados miembros 
¨ Gestión descentralizada con terceros países 
¨ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense)
Si se indica más
de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de
observaciones.
Observaciones 
[//]
2.           MEDIDAS DE GESTIÓN 
2.1.        Disposiciones en materia
de seguimiento e informes 
Especifíquense la
frecuencia y las condiciones.
La primera evaluación tendrá lugar cuatro años después de la
entrada en vigor del Reglamento. Este incluye una cláusula explícita que obliga
a la Comisión a presentar informes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre su
aplicación. Los informes subsiguientes se presentarán cada cuatro años. Se
aplicará la metodología de evaluación de la Comisión. Estas evaluaciones se
llevarán a cabo con la ayuda de estudios específicos sobre la aplicación de los
instrumentos jurídicos, cuestionarios dirigidos a las autoridades nacionales,
debates de expertos, seminarios, encuestas del Eurobarómetro, etc.
2.2.        Sistema de gestión y de
control 
2.2.1.     Riesgo(s) definido(s) 
Se ha llevado a cabo una evaluación de impacto que acompaña a la
propuesta de Reglamento. El nuevo instrumento jurídico facilitará el
reconocimiento y la aceptación mutuos de la identificación electrónica a través
de las fronteras, mejorará el marco actual de la firma electrónica, en particular
reforzando la supervisión nacional de los proveedores de servicios de confianza
y conferirá efectos jurídicos y reconocimiento a los servicios de confianza
conexos. Introduce también el uso de actos delegados y de ejecución como
mecanismo para garantizar la flexibilidad frente a la evolución de la
tecnología. 
2.2.2.     Método(s) de control
previsto(s) 
Los métodos de control existentes aplicados por la Comisión
incluirán los créditos suplementarios.
2.3.        Medidas de prevención
del fraude y de las irregularidades 
Especifíquense
las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
Los métodos de prevención del fraude existentes aplicados por la
Comisión cubrirán los créditos suplementarios.
3.           INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA 
3.1.        Rúbrica(s) del marco
financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 
·      Líneas presupuestarias de gasto existentes 
En el orden
de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución 
 Número [Rúbrica………………………...……….] || CD/CND ([29])   || de países de la AELC[30]   || de países candidatos[31]   || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento financiero 
 5 || 09. 01 01 01 Gastos relacionados con personal con empleo activo en la DG Sociedad de la Información y Medios de Comunicación || CND || NO || NO || NO || NO 
 5 || 09. 01 02 01 Personal externo || CND || NO || NO || NO || NO 
3.2.        Incidencia estimada en
los gastos 
3.2.1.     Resumen de la incidencia
estimada en los gastos 
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || Número || [Rúbrica 1. Crecimiento inteligente e integrador ……………...……………………………………………………………….] 
 DG: INFSO ||   ||   || Año 2014 || Año  2015 || Año 2016 || Año 2017 ||   Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL 
  Créditos de operaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria – N. A. || Compromisos || (1) || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Pagos || (2) || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Número de línea presupuestaria -N.A. || Compromisos || (1a) || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Pagos || (2a) || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Créditos de carácter administrativo financiados  mediante la dotación de programas específicos[32]   || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Número de línea presupuestaria ||   || (3) || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 TOTAL de los créditos para la DG INFSO || Compromisos || =1+1a +3 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Pagos || =2+2a +3 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 || 0.000 
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || 5 || «Gastos administrativos» 
En millones EUR (al tercer decimal)
   ||   ||   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL 
 DG: INFSO 
  Recursos humanos || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
  Otros gastos administrativos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL DG INFSO || Créditos || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total de los compromisos = Total de los pagos) || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
En millones EUR (al tercer decimal)
   ||   ||   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Year 2018 || Year 2019 || Year 2020 || TOTAL 
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
 Pagos || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
3.2.2.     Incidencia estimada en
los créditos de operaciones 
–     
þ  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de
operaciones 
–     
¨  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
operaciones, tal como se explica a continuación:
3.2.3.     Incidencia estimada en
los créditos de carácter administrativo
3.2.3.1.  Resumen 
–     
¨  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos
administrativos 
–     
þ  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos
administrativos, tal como se explica a continuación:
En millones EUR
(al tercer decimal)
   || Año N 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL 
 RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
 Otros gastos administrativos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
 Al margen de la RÚBRICA 5[33] del marco financiero plurianual   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Otros gastos de carácter administrativo ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 1,344 || 9,408 
3.2.3.2.  Necesidades estimadas de
recursos humanos 
–      ¨  La
propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos 
–      þ  La
propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se
explica a continuación:
Estimación que debe expresarse en valores
enteros (o, a lo sumo, con un decimal)
   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 
  Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) 
 09 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión) || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 || 9 
 XX 01 01 02 (Delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (Investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (Investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa, EJC)[34]   
 09 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la dotación global) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 
 XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en las delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy[35]   || - en la sede[36]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 - en las delegaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS - Investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, INT, ENCS - Investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Otras líneas presupuestarias (especifíquense) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 || 12 
Las necesidades en
materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la
gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará en
caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG
gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los
imperativos presupuestarios existentes.
Descripción de
las tareas que deben llevarse a cabo:
 Funcionarios y agentes temporales || Gestionar los procedimientos legislativos para la adopción por el Parlamento Europeo y el Consejo del Reglamento previsto y de los actos delegados o de ejecución conexos. Ámbitos prioritarios: 1.    Establecimiento de un nuevo marco legislativo para los servicios de confianza electrónicos 2.    Fomento de la adopción de los servicios de confianza electrónicos a través de la sensibilización de los ciudadanos y de las PYME sobre su potencial 3.    Seguimiento de la Directiva 1999/93/CE, incluidos los aspectos internacionales 4.    Basándose en los proyectos piloto a gran escala, aceleración del logro concreto del objetivo del nuevo marco legislativo. 
 Personal externo || Ídem según lo indicado anteriormente 
3.2.4.     Compatibilidad con el
marco financiero plurianual vigente 
–     
þ  La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero
plurianual vigente.
–     
¨  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la
rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.
Explíquese la reprogramación requerida,
precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.
–     
¨  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento
de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual[37].
Explíquese qué es lo que se requiere,
precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.
3.2.5.     Contribución de terceros 
–     
þ La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros 
–     
¨ La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a
continuación:
3.3.        Incidencia estimada en
los ingresos 
–     
þ  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los
ingresos.
–     
¨  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se
indica a continuación:
–              
¨            en los recursos propios 
–              
¨            en ingresos diversos 
[1]               COM(2010)
245 de 19.5.2010.
[2]               COM(2011) 206
final de 13.4.2011.
[3]               COM
(2011) 669 de 12.10.2011.
[4]               DO L
13 de 19.1.2000, p. 12.
[5]               Para
más información sobre las consultas, véase http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/revision

[6]               Se
organizó un seminario de partes interesadas el 10 de marzo de 2011 con
representantes de los sectores público y privado y del mundo académico para
discutir qué medidas legislativas resultaban necesarias para abordar los retos
futuros. Fue un foro interactivo para intercambiar puntos de vista y poner de
relieve las diversas posiciones sobre las cuestiones planteadas en la consulta
pública. Varias organizaciones enviaron espontáneamente documentos de toma de
posición.
[7]               En
particular, la Presidencia polaca de la UE organizó reuniones con los Estados
miembros sobre la firma electrónica en Varsovia el 9 de noviembre de 2011 y
sobre la identificación electrónica en Poznan el 17 de ese mismo mes. El 25 de
enero de 2012, la Comisión convocó un seminario con los Estados miembros para
debatir las cuestiones pendientes sobre identificación, autenticación y firma
electrónicas.
[8]               Dentro
del primer apartado, se examinaron cuatro opciones: derogar la Directiva sobre
la firma electrónica; no modificar la política; incrementar la seguridad
jurídica, impulsar la coordinación de la supervisión nacional y garantizar el
reconocimiento y la aceptación mutuos de la identificación electrónica en toda
la UE; y, por último, ampliar la Directiva incorporando determinados servicios
de confianza conexos. En el segundo, se evaluaron los méritos relativos de las
posibilidades de regular a través de uno o dos instrumentos, y a través de una
Directiva o de un Reglamento. En el tercero, se examinaron las posibilidades
ofrecidas por la aplicación de regímenes de supervisión nacionales basados en
unos requisitos esenciales comunes frente a un sistema de supervisión basado en
la UE. Con ayuda de un grupo que reunía a todas las Direcciones Generales de la
Comisión interesadas, se evaluó cada opción política en cuanto a su eficacia
para la consecución de los objetivos políticos, su repercusión económica sobre
las partes interesadas (y también sobre el presupuesto de las instituciones de
la UE), su impacto social y ambiental y su efecto sobre la carga
administrativa.
[9]               Comunicación
de la Comisión: Europa
2020. Una estrategia para
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020 de
3.3.2010.
[10]             La
lista de confianza establecida por la Decisión 2009/767/CE de la Comisión,
modificada por la Decisión 2010/425/UE de la Comisión, servirá de base para una
nueva Decisión de la Comisión sobre las listas de confianza con arreglo al
presente Reglamento.
[11]             DO C de , p. .
[12]             DO C de , p. .
[13]             DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
[14]             COM(2010) 245 final/2.
[15]             Informe
sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los
derechos de los ciudadanos de la UE, COM (2010) 603 final, punto 2.2.2, página
13.
[16]             4/2/2011:
EUCO 2/1/11.
[17]             23/10/2011:
EUCO 52/1/11.
[18]             Conclusiones
del Consejo sobre el plan de acción europeo sobre administración electrónica
2011-2015, reunión nº 3093 del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y
Energía, Bruselas, 27 de mayo de 2011.
[19]             Resolución
del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de 2010, sobre la plena realización
del mercado interior del comercio electrónico, 21.9.10, P7_TA (2010) 0320, y
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2010, sobre la gobernanza
de Internet: los próximos pasos, P7_TA (2010) 0208.
[20]             DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
[21]             DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.
[22]             DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
[23]             DO L 274 de 20.10.2009, p. 36.
[24]             DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
[25]             GPA:
gestión por actividades. PPA: presupuestación por actividades.
[26]             Tal
como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra a) o b), del Reglamento
financiero.
[27]             Las
explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento financiero
pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[28]             Tal
como se contemplan en el artículo 185 del Reglamento financiero.
[29]             CD =
créditos disociados / CND = créditos no disociados.
[30]             AELC:
Asociación Europea de Libre Comercio. 
[31]             Países
candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes
Occidentales.
[32]             Asistencia
técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o
acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta,
investigación directa.
[33]             Asistencia
técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o
acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta,
investigación directa.
[34]             AC =
agente contractual; INT = personal de empresas de trabajo temporal
(«intérimaires»); JED = joven experto en delegación; AL = agente local; ENCS =
experto nacional en comisión de servicios. 
[35]             Por
debajo del límite de personal externo cargo a créditos de operaciones (antiguas
líneas «BA»).
[36]             Básicamente
para los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP).
[37]             Véanse
los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.