CELEX: E2013J0025
Language: es
Date: 2014-08-28 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal, de 28 de agosto de 2014 , en el asunto E-25/13 — Gunnar V. Engilbertsson contra Íslandsbanki hf. (Artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción — Recurso contra una petición de dictamen consultivo — Indexación de préstamos hipotecarios — Directiva 87/102/CEE — Directiva 93/13/CEE — Principios de eficacia y equivalencia)

19.3.2015   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 92/31
            
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 28 de agosto de 2014
   en el asunto E-25/13
   Gunnar V. Engilbertsson contra Íslandsbanki hf.
   (Artículo 34 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción — Recurso contra una petición de dictamen consultivo — Indexación de préstamos hipotecarios — Directiva 87/102/CEE — Directiva 93/13/CEE — Principios de eficacia y equivalencia)
   (2015/C 92/05)
   En el asunto E-25/13, Gunnar V. Engilbertsson contra Íslandsbanki hf. — PETICIÓN al Tribunal, de conformidad con el artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por el Tribunal de distrito de Reikiavik (Héraðsdómur Reykjavíkur) relativa a la interpretación de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente y juez ponente, y Per Christiansen y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 28 de agosto de 2014, cuya parte dispositiva es la siguiente:
   
               1.
            
            
               La Directiva 93/13/CEE no prohíbe de forma general cláusulas contractuales sobre la indexación de préstamos hipotecarios en los contratos celebrados entre un proveedor y un consumidor. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar el posible carácter abusivo de la cláusula de que se trate. La valoración debe tener en cuenta la interpretación del Tribunal acerca del concepto de «cláusula abusiva».
            
         
               2.
            
            
               La Directiva 93/13/CEE no limita el margen de libertad de un Estado de la AELC para determinar, mediante disposiciones legales o normas administrativas, los factores que pueden motivar cambios en un índice predeterminado, como el índice de precios de consumo de la República de Islandia, o los métodos de medición de estos cambios, siempre que hayan sido descritos de forma explícita en el contrato.
            
         
               3.
            
            
               Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente establecer si una cláusula contractual determinada ha sido negociada individualmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE.
            
         
               4.
            
            
               Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente establecer si se considera que una cláusula contractual relativa a la indexación de las cuotas de reembolso de un préstamo para financiar adquisiciones inmobiliarias se ha explicado de forma explícita y comprensible al consumidor. Esta valoración debe realizarse teniendo en cuenta la redacción precisa de las cláusulas contractuales y todas aquellas circunstancias pertinentes, incluyendo aquellas descritas en los apartados a) y b) de la tercera pregunta realizada por el órgano jurisdiccional nacional, así como las disposiciones legales a nivel nacional en materia de indexación de precios.
            
         
               5.
            
            
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional nacional considere que una cláusula concreta es abusiva de acuerdo con la Directiva, dicho órgano debe asegurarse de que esa cláusula no es vinculante para el consumidor en la medida en que el contrato pueda continuar existiendo sin dicha cláusula, y que, de acuerdo con las normas del Derecho interno, la continuidad del contrato sea posible legalmente.