CELEX: 62000TO0149(01)
Language: es
Date: 2001-01-09 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de enero de 2001. # Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de anulación - Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Primera Instancia. # Asunto T-149/00.

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62000B0149(01)

Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de enero de 2001.  -  Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile contra Comisión de las Comunidades Europeas.  -  Recurso de anulación - Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual - Incompetencia manifiesta del Tribunal de Primera Instancia.  -  Asunto T-149/00.  

Recopilación de Jurisprudencia 2001 página II-00001

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

Recurso de anulación - Recurso cuyo objeto es en realidad un litigio de naturaleza contractual - Incompetencia del Juez comunitario - Inadmisibilidad manifiesta(Art. 30 CE, ap. 4, 238 CE y 240 CE) 

Índice

 $$En defecto de una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 238 CE, el Tribunal de Primera Instancia es manifiestamente incompetente para conocer de una demanda, que, aun basándose en el artículo 230 CE, apartado 4, debe calificarse como una demanda relativa a la ejecución de un contrato celebrado por la Comunidad. De no ser así, el Tribunal de Primera Instancia extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le ha atribuido el artículo 240 CE, puesto que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte.Por consiguiente, es manifiestamente inadmisible el recurso de anulación que el adjudicatario de un proyecto cofinanciado por la Comunidd ha interpuesto contra la decisión de la Comisión por la que resuelve el contrato celebrado con dicho adjudicatario para la ejecución del proyecto de que se trata, en la medida en que, aunque interpuesto conforme al artículo 230 CE, apartado 4, tal recurso constituye en realidad una demanda relativa a la ejecución del referido contrato.( véanse los apartados 25 y 30 ) 

Partes

En el asunto T-149/00,Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede en Calatafimi (Italia), representada por Me D. Fosselard, abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Arendt y Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,parte demandante,contraComisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M.-J. Jonczy, Consejero Jurídico, y el Sr. E. Paasivirta, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,parte demandada,que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 23 de marzo de 2000 por la que resuelve el contrato celebrado con la demandante para la ejecución del proyecto Dionysos,EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),integrado por el Sr. P. Mengozzi, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. R.M. Moura Ramos, Jueces;Secretario: Sr. H. Jung;dicta el siguienteAuto 

Motivación de la sentencia

Hechos y procedimiento1 Innova, Centro euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, es una asociación italiana sin ánimo de lucro, cuyo objeto es contribuir al desarrollo sostenible en favor de los países del entorno mediterráneo.2 El 5 de agosto de 1998, la Comisión celebró un contrato con la demandante (en lo sucesivo, «contrato» o «contrato controvertido»), financiado en el marco de un programa basado en el Reglamento (CE) nº 1488/96 del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativo a las medidas de acompañamiento financieras y técnicas (MEDA) de las reformas de las estructuras económicas y sociales en el marco de la colaboración euromediterránea (DO L 189, p. 1), por el que la demandante se obligaba a realizar un proyecto descrito en el anexo A del contrato y titulado «Dionysos - Red de los antiguos lugares para espectáculos», a cambio del pago por la Comisión de una contribución económica por importe de 891.188 ECU.3 A tenor de la cláusula 15.3 del contrato:«En el supuesto de que el beneficiario no cumpla una obligación estipulada en el presente contrato y no adopte las medidas de rectificación necesarias en el momento oportuno, la Comisión se reserva el derecho de suspender o cesar la financiación del proyecto o los pagos previstos en este contrato, así como, en su caso, el de resolver el contrato. En este último caso, la Comisión se reserva el derecho a reclamar la devolución de los pagos ya efectuados.»4 Conforme a la cláusula 15.6 del mismo contrato:«A falta de devolución en el plazo prescrito, la cantidad adeudada por el beneficiario devengará interés al tipo aplicable por el Instituto Monetario Europeo (IME) a sus operaciones en [ecus] publicado en el Diario Oficial, serie C, vigente en la fecha de expiración del plazo previsto para efectuar la devolución.El beneficiario acepta que el mandamiento de pago debidamente emitido por la Comisión para dicha devolución constituya título ejecutivo en el sentido del artículo 192 del Tratado [CE] en todos los países en los que el beneficiario tenga un establecimiento.» (El artículo 192 del Tratado CE ha pasado a ser el artículo 256 CE.)5 La cláusula 17 de dicho contrato estipula que «todo litigio entre la Comisión y el beneficiario que pudiera sobrevenir en la ejecución del [...] contrato y que no hubiera sido resuelto de forma amistosa entre las partes será sometido a los Tribunales de Bruselas». Según la cláusula 18, «el [...] contrato se rige por la ley belga».6 En ejecución del contrato, la demandante recibió 404.273 euros de la Comisión.7 Mediante carta de 23 de marzo de 2000, el Sr. Laurent, jefe de unidad en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión, informó a la demandante de su decisión de resolver el contrato, conforme a su cláusula 15.3. En esa carta, precisaba que «la presente decisión de resolución del contrato va unida, evidentemente, a la reclamación de devolución de la totalidad o parte de los pagos ya efectuados», y que la Comisión «se reserva el derecho de ejecutar la garantía bancaria constituida con ese fin por Innova».8 Para justificar esta decisión, el autor de la carta indicaba que «observa, desde la entrada en vigor [del] contrato, un incumplimiento persistente de las obligaciones contractuales que incumben a Innova en la ejecución y la gestión del proyecto Dionysos, así como la incapacidad de [su] organización para practicar en tiempo oportuno las actuaciones de rectificación requeridas».9 Mediante carta de fecha 6 de junio de 2000, recibida por la demandante el siguiente 22 de junio, a la que se adjuntaba una nota de adeudo fechada el 29 de mayo de 2000, la Comisión instó a aquélla a devolver la suma de 404.273 euros, a más tardar dentro de los quince días siguientes a la recepción de dicha carta, en defecto de lo cual se procedería a la ejecución forzosa de la cantidad de que se trata, más los intereses.10 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de junio de 2000, la demandante interpuso, con base en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión de resolver el contrato.11 Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de julio de 2000, la demandante, con base en el artículo 242 CE, formuló también una demanda de suspensión de la ejecución, por una parte, de la decisión de la Comisión de resolver el contrato, en la medida en que en ella se exigía la devolución de la totalidad de las cantidades percibidas de esa Institución en el marco del citado contrato, y por otra parte, de la nota de adeudo notificada en aplicación de esa decisión, en la medida en que ello fuere preciso. La demandante solicitaba además que se aplicara el artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en razón de que todo acto de ejecución forzosa de la decisión impugnada le causaría un perjuicio grave e irreparable.12 Mediante auto de 20 de julio de 2000, Innova/Comisión (T-149/00 R, Rec. p. II-2941), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales, por falta de competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer de la demanda principal, y reservó la decisión sobre las costas.13 Con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la Comisión propuso el 25 de julio de 2000 una excepción de inadmisibilidad mediante escrito separado. La demandante presentó sus alegaciones sobre esta excepción el 27 de septiembre de 2000.Pretensiones de las partes14 En su excepción de inadmisibilidad, la parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:- Declare la inadmisibilidad del recurso.- Condene en costas a la demandante, incluidas las del procedimiento sobre medidas provisionales.15 En sus alegaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:- Resuelva conforme a Derecho sobre la admisión del recurso.- En el supuesto de que se declare la inadmisibilidad del recurso, condene a la demandada al pago de la totalidad o parte de las costas, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.Sobre la admisibilidad16 En virtud del artículo 114, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia, el resto del procedimiento sobre la excepción de inadmisibilidad se desarrollará oralmente. Este Tribunal estima que en el presente asunto dispone de suficiente información por los documentos obrantes en autos y que no ha lugar a abrir la fase oral.Alegaciones de las partes17 En su excepción de inadmisibilidad, la demandada señala que el presente litigio es de naturaleza contractual, toda vez que tiene por objeto la resolución del contrato celebrado con la demandante, y que según reiterada jurisprudencia, en defecto de una cláusula compromisoria, no es de la competencia del Tribunal de Primera Instancia (auto del Tribunal de Primera Instancia de 23 de marzo de 2000, Monod-Gayraud/Comisión, T-234/99, no publicado en la Recopilación, apartado 44). Pues bien, no sólo no existe una cláusula de ese tipo en el contrato controvertido, sino que, además, dicho contrato prevé expresamente en su cláusula 17 la competencia de los Tribunales de Bruselas para conocer de los litigios que pudieran surgir en su ejecución.18 Apoyándose en el auto Innova/Comisión, antes citado, la demandada alega que, dado que la resolución no es sino la sanción por el incumplimiento del contrato por una de las partes, el presente litigio no puede disociarse del relativo a la ejecución de dicho contrato, que es competencia de los Tribunales de Bruselas.19 En sus alegaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante afirma que sólo puede estar a lo resuelto por el auto Innova/Comisión, antes citado, y atenerse a lo que en Derecho se decida sobre la inadmisibilidad de su recurso de anulación.20 Además, para el supuesto de que se declare la inadmisibilidad de dicho recurso, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que aplique el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento y condene en costas a la demandada. A su parecer, en efecto, el presente litigio ha sido provocado en gran medida por la conducta de la demandada.21 A este respecto, la demandante pone de relieve, en primer lugar, que los servicios de la Comisión redactaron el contrato controvertido, y, en particular, su cláusula 15.6, que atribuye fuerza de «título ejecutivo en el sentido del artículo 192 del Tratado» al mandamiento de pago emitido por la Comisión, en caso de resolución del contrato, para la devolución de las cantidades ya pagadas. Esta referencia al artículo 192 del Tratado hizo más difícil para la demandante la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del presente litigio. En efecto, el artículo 192 del Tratado prevé que las decisiones que constituyan título ejecutivo «sólo podrá[n] ser suspendida[s] en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia». Pues bien, según la demandante, dado que la decisión impugnada es una decisión de recuperación, que constituye título ejecutivo, según la cláusula 15 del contrato, es comprensible que ejercitara su acción de anulación de dicha decisión ante el órgano jurisdiccional comunitario.22 En segundo lugar, la demandante expone que, mediante la carta de su abogado de 3 de mayo de 2000, solicitó a la Comisión, en virtud de los principios de buena administración y de acceso a la tutela judicial, que le indicara a la mayor brevedad el órgano jurisdiccional ante el que podía ser impugnada la decisión de que se trata. Ahora bien, la demandante no conoció la respuesta de la Comisión hasta el 31 de mayo de 2000, hacia las 15.00, es decir, dos días antes de expirar el plazo para un eventual recurso ante el órgano jurisdiccional comunitario. Por supuesto, en esa fecha ya había preparado un borrador de recurso a interponer ante el Tribunal de Primera Instancia, en el supuesto de que la Comisión hubiera respondido que los órganos jurisdiccionales comunitarios eran competentes para conocer del litigio.23 Por otra parte, según la demandante, la respuesta de la Comisión distaba de ser clara y concluyente sobre el problema del órgano jurisdiccional competente. A este respecto, menciona el siguiente pasaje de la carta de 31 de mayo de 2000:«En lo que atañe a su petición de que se precise el órgano jurisdiccional ante el que la decisión que ha sido comunicada a su cliente puede ser impugnada, estimamos que este asunto está comprendido en la cláusula contractual que atribuye a los Tribunales de Bruselas la resolución de la controversia relativa a aquella decisión.»24 Por el empleo del verbo «estimar» se sobrentendía, según la demandante, que el problema del órgano jurisdiccional competente para conocer del presente litigio era debatible y, en ese sentido, la Comisión se limitaba a manifestar su opinión.Apreciación del Tribunal de Primera Instancia25 Según reiterada jurisprudencia, en virtud de las disposiciones relacionadas entre sí del artículo 238 CE y de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificada, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para conocer, en primera instancia, de los litigios en materia contractual planteados ante él por una persona física o jurídica en virtud de una cláusula compromisoria. De no ser así, extendería su competencia jurisdiccional más allá de los litigios cuya competencia le ha atribuido con carácter limitado el artículo 240 CE, puesto que esta disposición atribuye a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia para conocer de los litigios en los que la Comunidad es parte (auto del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre de 1997, Mutual Aid Administration Services/Comisión, T-186/96, Rec. p. II-1633, apartado 47).26 En el asunto presente, el contrato no contiene cláusula atributiva de competencia al Tribunal de Primera Instancia para conocer de las controversias que pudieran surgir en su ejecución. Al contrario, la cláusula relativa a la solución de conflictos, contenida en la cláusula 17 del contrato, atribuye expresamente a los Tribunales de Bruselas la competencia para conocer de toda diferencia, entre la Comisión y el beneficiario, que pudiera sobrevenir en la ejecución del contrato.27 El presente litigio está comprendido sin duda alguna en el ámbito de aplicación de esa cláusula. En efecto, como se afirma en el auto Innova/Comisión, antes citado (apartado 21), este litigio «está directamente relacionado con las obligaciones definidas en el contrato, dado que la resolución, prevista por la cláusula 15 de dicho contrato, no es sino la sanción de la falta de cumplimiento de sus obligaciones por una de las dos partes contratantes».28 Por otra parte, no puede mantenerse que la cláusula 17 del contrato se oponga a la competencia exclusiva atribuida al órgano jurisdiccional comunitario por el artículo 230 CE, párrafo cuarto. Esta competencia, en efecto, sólo abarca las decisiones contempladas por el artículo 249 CE que las Instituciones deban adoptar cumpliendo los requisitos previstos por el Tratado (auto Mutual Aid Administration Services/Comisión, antes citado, apartados 50 y 51). Ahora bien, en el presente asunto, la decisión impugnada es de naturaleza puramente contractual y no forma parte, pues, de los actos cuya anulación está reservada a la competencia exclusiva del órgano jurisdiccional comunitario por el artículo 230 CE, párrafo cuarto.29 Por otra parte, no puede deducirse de la cláusula 15.6 del contrato la competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer del presente litigio. Sin que sea necesario pronunciarse sobre el alcance exacto de esta cláusula, basta, en efecto, observar que la mera referencia en ella al artículo 192 del Tratado no puede ser interpretada como atribución de competencia al órgano jurisdiccional comunitario, a menos que no se tuviera en cuenta la redacción muy clara de la cláusula 17 del contrato.30 De cuanto precede resulta que, en defecto de una cláusula compromisoria, el Tribunal de Primera Instancia es manifiestamente incompetente para conocer de la presente demanda, que, aun basándose en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, debe en realidad calificarse como una demanda relativa a la ejecución de un contrato celebrado por la Comunidad. En consecuencia, procede desestimar esta demanda por ser manifiestamente inadmisible. 

Decisión sobre las costas

Costas31 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del artículo 87, apartado 3, del mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia puede condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que dicho Tribunal considere como abusivos o temerarios.32 En el presente asunto, no ha lugar a aplicar esta última disposición. En contra de lo que alega la demandante, en efecto, no puede afirmarse que el origen del presente litigio haya sido ocasionado o favorecido por la conducta de la Comisión.33 Ha de excluirse que la referencia al artículo 192 del Tratado, contenida en la cláusula 15.6 del contrato, haya podido hacer más difícil para la demandante la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del presente litigio. En efecto, como resulta del apartado 29 anterior, el texto de la cláusula 15.6 no puede suscitar dificultades de interpretación.34 En cualquier caso, debe excluirse que la Comisión, al omitir indicarle el órgano jurisdiccional competente para conocer del presente litigio con la necesaria rapidez, haya violado los principios de acceso a la tutela judicial y de buena administración. En este aspecto, basta observar, en primer lugar, que, siendo sus relaciones con Innova de naturaleza puramente contractual, la Comisión no estaba obligada, con arreglo a los principios de acceso a la tutela judicial y de buena administración, a comunicar a la demandante su criterio sobre la determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer del presente litigio. En segundo lugar, al ser la demandada sólo una de las partes contratantes, carecía de autoridad especial alguna en lo que atañe a la interpretación del contrato. No es sorprendente, pues, que en su respuesta a la petición de la demandante relativa al órgano jurisdiccional competente, la Comisión se limitara a manifestar una mera opinión.35 Visto cuanto antecede, dado que la parte demandante ha perdido el proceso, procede condenarla en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, según lo ha solicitado la Comisión. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)resuelve:1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.2) Condenar en costas a la demandante, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.