CELEX: 62009CJ0345
Language: es
Date: 2010-10-14
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010.#J. A. van Delft y otros contra College voor zorgverzekeringen.#Petición de decisión prejudicial: Centrale Raad van Beroep - Países Bajos.#Seguridad social - Reglamento (CEE) nº 1408/71 - Título III, capítulo 1 - Artículos 28, 28 bis y 33 - Reglamento (CEE) nº 574/72 - Artículo 29 - Libre circulación de personas - Artículos 21 TFUE y 45 TFUE - Prestaciones del seguro de enfermedad - Titulares de pensiones de jubilación o de rentas por incapacidad laboral - Residencia en un Estado miembro distinto del Estado deudor de la pensión o de la renta - Suministro de prestaciones en especie en el Estado de residencia a cargo del Estado deudor - Falta de inscripción en el Estado de residencia - Obligación de pago de las cotizaciones en el Estado deudor - Modificación de la legislación nacional del Estado deudor - Continuidad del seguro de enfermedad - Diferencia de trato entre residentes y no residentes.#Asunto C-345/09.

Asunto C‑345/09
      J.A. van Delft y otros 
      contra
      College voor zorgverzekeringen
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep)
      «Seguridad social — Reglamento (CEE) nº 1408/71 — Título III, capítulo 1 — Artículos 28, 28 bis y 33 — Reglamento (CEE) nº 574/72 — Artículo 29 — Libre circulación de personas — Artículos 21 TFUE y 45 TFUE — Prestaciones del seguro de enfermedad — Titulares de pensiones de jubilación o de rentas por incapacidad laboral — Residencia en un Estado miembro distinto del Estado deudor de la pensión o de la renta — Suministro de prestaciones en especie en el Estado de residencia a cargo del Estado deudor — Falta de inscripción en el Estado de residencia — Obligación de pago de las cotizaciones en el Estado deudor — Modificación de la legislación nacional del Estado deudor — Continuidad del seguro de enfermedad — Diferencia de trato entre residentes y no residentes»
      Sumario de la sentencia
      1.        Seguridad social de los trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Carácter imperativo de las normas de conflicto —
            Seguro de enfermedad — Titulares de pensiones o de rentas debidas en virtud de la legislación de un Estado miembro distinto
            del país de residencia
      [Reglamentos del Consejo (CEE) nº 1408/71, arts. 28 y 28 bis, y (CEE) nº 574/72, art. 29]
      2.        Seguridad social de los trabajadores migrantes — Seguro de enfermedad — Titulares de pensiones o de rentas debidas en virtud
            de la legislación de un Estado miembro distinto del país de residencia
      [Reglamento del Consejo (CEE) nº 1408/71, arts. 28, 28 bis y 33, y (CEE) nº 574/72, art. 29]
      3.        Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros
            — Seguridad social de los ciudadanos migrantes — Titulares de pensiones o de rentas debidas en virtud de la legislación de
            un Estado miembro distinto del país de residencia
      [Art. 21 TFUE; Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo]
      1.        Habida cuenta de que las normas de conflicto establecidas en el Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento
         nº 1992/2006, se imponen de manera imperativa a los Estados miembros, no cabe admitir que los asegurados sociales comprendidos
         en el ámbito de aplicación de esas normas puedan contrarrestar sus efectos al contar con la posibilidad de sustraerse a ellas.
         En efecto, la aplicación del sistema de conflicto de leyes establecido por el Reglamento nº 1408/71 depende únicamente de
         la situación objetiva en la que se encuentra el trabajador interesado. Los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no ofrecen, según su tenor literal, ningún derecho de opción a los titulares de pensiones y de
         rentas a quienes se aplican estas disposiciones. Desde el momento en que el titular de una pensión o de una renta debida en
         virtud de la legislación de un Estado miembro se halla en la situación objetiva descrita en los citados artículos, le es aplicable
         la norma de conflicto formulada en esas disposiciones, sin que pueda renunciar a ella absteniéndose de inscribirse, como exige
         el artículo 29 del Reglamento nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71,
         en la institución competente del Estado miembro en que reside. Por lo tanto, los artículos 28 y 28 bis del Reglamento tienen carácter imperativo para los asegurados sociales comprendidos en su ámbito de aplicación.
      
      La inscripción en la institución competente del Estado miembro de residencia exigida en el artículo 29 del Reglamento nº 574/72,
         por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71, constituye únicamente una formalidad administrativa
         cuyo cumplimiento es necesario para garantizar la dispensación efectiva de las prestaciones en especie en dicho Estado miembro
         en virtud de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71. A este respecto, al expedir el formulario E 121, la institución competente de un Estado miembro
         se limita a declarar que el asegurado social de que se trata tendría derecho a las prestaciones en especie en virtud de la
         legislación de ese Estado si residiera en él Al tratarse de un formulario meramente declarativo, su presentación a la institución
         competente de un Estado miembro para la inscripción del asegurado social de que se trata en dicho Estado no puede constituir,
         por lo tanto, un requisito para el nacimiento de los derechos a las prestaciones en ese Estado miembro.
      
      En tales circunstancias, dado que, los titulares de una pensión o de una renta comprendidos en el ámbito de aplicación de
         los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no pueden optar por renunciar al derecho a las prestaciones en especie en el Estado miembro en que
         residen no inscribiéndose en la institución competente de ese Estado miembro, habida cuenta del carácter imperativo del régimen
         establecido por esas disposiciones, esta falta de inscripción no puede tener por efecto eximirles del pago de las cotizaciones
         en el Estado miembro deudor de su pensión o renta, ya que, en cualquier caso, ellos siguen estando a cargo de este último
         Estado, sin poder evitar que se les aplique el régimen previsto por el citado Reglamento.
      
      Es cierto que, a falta de inscripción en la institución competente del Estado miembro de residencia, un asegurado social que
         se encuentre en tal situación no puede disfrutar efectivamente de dichas prestaciones en ese Estado y, por lo tanto, no ocasiona
         ningún gasto que el Estado miembro deudor de su pensión o de su renta deba rembolsar al Estado miembro de su residencia con
         arreglo al artículo 36 del Reglamento nº 1408/71, puesto en relación con el artículo 95 del Reglamento nº 574/72. Sin embargo,
         esa circunstancia no afecta en nada a la existencia del derecho a tales prestaciones ni, por lo tanto, a la obligación correlativa
         de abonar a las instituciones competentes del Estado miembro cuya legislación fundamenta la existencia de tal derecho las
         cotizaciones que se adeuden como contrapartida del riesgo soportado por éste en virtud de las disposiciones del Reglamento
         nº 1408/71. Dicha obligación de pago de las cotizaciones a causa de la existencia de un derecho a las prestaciones, aunque
         no exista un disfrute efectivo de tales prestaciones, es inherente al principio de solidaridad aplicado por los regímenes
         nacionales de seguridad social, dado que, de no existir tal obligación, los interesados podrían verse incitados a esperar
         a la realización del riesgo antes de contribuir a la financiación de dicho régimen.
      
      (véanse los apartados 52, 57, 61 a 65 y 72 a 75)
      2.        Los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento nº 1992/2006, puestos en relación con el artículo
         29 del Reglamento nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71, en su versión
         modificada por el Reglamento nº 311/2007, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado
         miembro que dispone que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan
         en otro Estado miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de este último
         Estado miembro, deberán abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión o renta,
         incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen.
      
      (véanse el apartado 80 y el punto 1 del fallo)
      3.        El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro que dispone que
         los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado miembro
         en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, en su versión modificada por el Reglamento nº 1992/2006, a las prestaciones de enfermedad en especie
         dispensadas por la institución competente de este último Estado miembro deberán abonar una cotización por tales prestaciones,
         en forma de retención sobre la citada pensión o renta, incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente
         del Estado miembro en que residen.
      
      En cambio, el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a tal normativa nacional en la medida en que
         induzca o suponga una diferencia de trato injustificada entre los residentes y los no residentes en lo que respecta a la continuidad
         de la protección global contra el riesgo de enfermedad de que disfrutaban con arreglo a los contratos de seguros suscritos
         antes de la entrada en vigor de esa normativa, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
      
      (véanse los apartados 130 y 131 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 14 de octubre de 2010 (*)
      
      «Seguridad social – Reglamento (CEE) nº 1408/71 – Título III, capítulo 1 – Artículos 28, 28 bis y 33 – Reglamento (CEE) nº 574/72 – Artículo 29 – Libre circulación de personas – Artículos 21 TFUE y 45 TFUE – Prestaciones del seguro de enfermedad – Titulares de pensiones de jubilación o de rentas por incapacidad laboral – Residencia en un Estado miembro distinto del Estado deudor de la pensión o de la renta – Suministro de prestaciones en especie en el Estado de residencia a cargo del Estado deudor – Falta de inscripción en el Estado de residencia – Obligación de pago de las cotizaciones en el Estado deudor – Modificación de la legislación nacional del Estado deudor – Continuidad del seguro de enfermedad – Diferencia de trato entre residentes y no residentes»
      En el asunto C‑345/09,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Centrale Raad
         van Beroep (Países Bajos), mediante resolución de 26 de agosto de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de agosto
         de 2009, en el procedimiento entre
      
      J. A. van Delft,
      J. C. Ramaer,
      J. M. van Willigen,
      J. F. van der Nat,
      C. M. Janssen,
      O. Fokkens
      y
      College voor zorgverzekeringen,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh
         (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de mayo de 2010;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de los Sres. van Delft y van Willigen, por el Sr. E. Pijnacker Hordijk, advocaat;
      –        en nombre del Sr. Janssen, por los Sres. H. Frantzen y H. Ebbink, advocaten;
      –        en nombre del Sr. Fokkens, por él mismo;
      –        en nombre del College voor zorgverzekeringen, por los Sres. M. van Dijen y R.G. van der Wissel, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. C. Wissels y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y D. Hadroušek, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Czubinski, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Guimaraes-Purokoski, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. V. Kreuschitz y M. van Beek, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de julio de 2010;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 28, 28 bis y 33, así como de las disposiciones del anexo VI, sección R, punto 1, letras a) y b), del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del
         Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta
         ajena y a sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1992/2006
         del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO L 392, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»),
         del artículo 29 del Reglamento (CEE) nº 574/72, del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades
         de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores
         por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad (DO L 74, p. 1; EE 05/01, p. 156), en su versión
         modificada por el Reglamento (CE) nº 311/2007 de la Comisión, de 19 de marzo de 2007 (DO L 82, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento
         nº 574/72»), así como de los artículos 21 TFUE y 45 TFUE.
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre los Sres. van Delft, Ramaer, van Willigen, van der Nat, Janssen
         y Fokkens (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandantes en el litigio principal») y el College voor zorgverzekeringen (Junta
         del seguro de enfermedad; en lo sucesivo, «CVZ») en relación con el pago de las cotizaciones debidas en virtud del régimen
         legal obligatorio de seguro de enfermedad aplicable en los Países Bajos.
      
       Marco jurídico
       Normativa de la Unión
      3        El artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, incluido en el título II de éste, titulado «Determinación de la legislación aplicable»,
         dispone:
      
      «Normas generales
      1.      Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 14 quater y 14 septies, las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado
         miembro. Esta legislación será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título. 
      
      2.      Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 al 17: 
      […]
      f)      la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación
         de otro Estado miembro de conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones
         o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17, quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio
         resida, de conformidad con las disposiciones de esta legislación únicamente.»
      
      4        El artículo 17 bis del Reglamento nº 1408/71, recogido en el mismo título II, titulado «Normas particulares relativas a los titulares de pensiones
         o de rentas debidas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros» tiene el siguiente tenor:
      
      «El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro o de pensiones o de rentas
         debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros, que resida en el territorio de otro Estado miembro, podrá
         quedar exento, si así lo solicita, de la aplicación de la legislación de este último Estado, siempre que no esté sujeto a
         esta legislación en razón del ejercicio de una actividad profesional.»
      
      5        El título III del Reglamento nº 1408/71 contiene las disposiciones particulares para las diferentes categorías de prestaciones
         a las que éste es aplicable en virtud de su artículo 4, apartado 1. El capítulo 1, del título III del citado Reglamento se
         refiere a las prestaciones de enfermedad y de maternidad. 
      
      6        Recogido en la sección 5 de dicho capítulo 1, que lleva por título «Titulares de pensiones o de rentas y miembros de sus familias»,
         el artículo 28 del Reglamento nº 1408/71, titulado «Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un solo Estado,
         o de varios, cuando no existe derecho a las prestaciones en el país de residencia», establece lo siguiente:
      
      «1.      El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas
         debidas en virtud de las legislaciones de dos o varios Estados miembros, que no tenga derecho a las prestaciones en virtud
         de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside, disfrutará, no obstante, de estas prestaciones, para él y
         para los miembros de su familia, siempre que pudiera tener derecho a las mismas en virtud de la legislación del Estado miembro,
         o al menos de uno de los Estados miembros competentes en materia de pensiones, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto
         en el artículo 18 y en el Anexo VI, si residiese en el territorio del Estado de que se trate. El servicio de las prestaciones
         estará garantizado en las condiciones siguientes:
      
      a)      las prestaciones en especie serán servidas, con cargo a la institución a que se refiere el apartado 2, por la institución
         del lugar de residencia, como si el interesado fuese titular de una pensión o de una renta en virtud de la legislación del
         Estado en cuyo territorio reside y tuviese derecho a las prestaciones en especie;
      
      […]
      2.      En los casos previstos en el apartado 1, la institución a cuyo cargo habrán de correr las prestaciones en especie será la
         determinada según las normas siguientes:
      
      a)      si el titular tiene derecho a las mencionadas prestaciones en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, la obligación
         de sufragarlas recaerá en la institución competente del mismo Estado;
      
      […]»
      7        Incluido en la misma sección, el artículo 28 bis del Reglamento nº 1408/71, que lleva por título «Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de uno o de varios
         Estados miembros distintos del país de residencia, cuando existe un derecho a prestaciones en especie en este último país»,
         prevé:
      
      «En el supuesto de que el titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un solo Estado miembro,
         o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, resida en el territorio
         de un Estado miembro donde según su legislación el derecho a las prestaciones en especie no esté subordinado al cumplimiento
         de requisitos de seguro o de empleo y donde no se le deba ninguna pensión o renta, las prestaciones en especie servidas al
         titular en cuestión y a los miembros de su familia serán sufragadas por la institución de alguno de los Estados miembros competentes
         en materia de pensiones, a la que corresponda tal obligación como consecuencia de lo previsto en el apartado 2 del artículo
         28, siempre que el titular y los miembros de su familia tuvieran derecho a dichas prestaciones en virtud de la legislación
         aplicada por esa institución si residieran en el territorio del Estado miembro donde radica la misma.»
      
      8        Según lo estipulado en el artículo 33 del Reglamento nº 1408/71, que figura también en la sección 5 del título III, capítulo
         1, de dicho Reglamento y que lleva por título «Cotizaciones a cargo de titulares de pensiones o de rentas»:
      
      «1.      La institución de un Estado miembro que sea deudora de una pensión o de una renta y que aplique una legislación que prevea,
         para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad, la retención de cuotas al titular de una pensión o de
         una renta, quedará facultada para practicar estas retenciones, calculadas de conformidad con dicha legislación, sobre la pensión
         o la renta que deba, siempre que las prestaciones servidas en cumplimiento de los artículos 27, 28, 28 bis, 29, 31 y 32 sean a cargo de alguna institución de dicho Estado miembro. 
      
      2.      Cuando, en los supuestos contemplados en el artículo 28 bis, el titular de una pensión o de una renta esté sujeto a cotizaciones o retenciones equivalentes para la cobertura de las
         prestaciones de enfermedad y de maternidad en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, por el
         hecho de ser residente, estas cotizaciones no serán exigibles.»
      
      9        De conformidad con lo establecido en el artículo 36, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, las prestaciones en especie servidas
         por la institución de un Estado miembro por cuenta de la institución de otro Estado miembro, en virtud de lo dispuesto en
         los artículos 28, 28 bis y 33 de tal Reglamento, darán lugar al reembolso de su coste íntegro. 
      
      10      El punto 1, letras a) a c), de la sección R del anexo VI del Reglamento nº 1408/71 tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Seguro de asistencia sanitaria
      a)      Por lo que se refiere al derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación neerlandesa, deberá entenderse
         por beneficiario de las prestaciones en especie, a efectos de la aplicación de los capítulos 1 y 4 del título III del presente
         Reglamento:
      
      i)      las personas que, con arreglo al artículo 2 de la Ley sobre el seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet), deben asegurarse
         en un organismo de seguro de enfermedad 
      
      y, 
      ii)      siempre que no estén incluidas en el inciso i), las personas residentes en otro Estado miembro y que, conforme al Reglamento,
         tengan derecho a asistencia sanitaria en su país de residencia, a cargo de los Países Bajos.
      
      b)      Las personas contempladas en la letra a), inciso i), deberán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre el seguro de
         enfermedad (Zorgverzekeringswet), asegurarse en un organismo de seguro de enfermedad y las personas contempladas en la letra a),
         inciso ii), deberán inscribirse en la Junta del seguro de enfermedad (College voor zorgverzekeringen).
      
      c)      Las disposiciones de la Ley sobre el seguro de enfermedad (Zorgverzekeringswet) y la Ley general sobre los gastos extraordinarios
         de enfermedad (Algemene wet bijzondere ziektekosten) relativas a la obligación de pagar cotizaciones se aplicarán a las personas
         contempladas en la letra a) y a los miembros de su familia. Con respecto a los miembros de la familia, las cotizaciones se
         cobrarán a la persona de la que nace el derecho a la asistencia sanitaria.»
      
      11      En el Reglamento nº 574/72, que establece las modalidades de aplicación del Reglamento nº 1408/71, el artículo 29, con el
         título de «Prestaciones en especie a los titulares de pensiones o de rentas y a los miembros de sus familias que no residan
         en un Estado miembro con arreglo a cuya legislación perciban una pensión o una renta y tengan derecho a las prestaciones»,
         dispone lo siguiente:
      
      «1.      Para beneficiarse de las prestaciones en especie dentro del territorio del Estado miembro donde resida, en virtud del apartado
         1 del artículo 28 del Reglamento y [d]el artículo 28 bis del Reglamento, el titular de una pensión o de una renta habrá de inscribirse e inscribir a los miembros de su familia que
         residan en el mismo Estado miembro en la institución de su lugar de residencia, presentando a tal efecto un certificado que
         acredite que tiene derecho a las mencionadas prestaciones, para sí mismo y para los miembros de su familia, en virtud de la
         legislación o de una de las legislaciones con arreglo a la cual o a las cuales le corresponda una pensión o una renta.
      
      2.      Dicho certificado será expedido, a petición del titular, por la institución o por una de las instituciones deudoras de pensión
         o de renta o, en su caso, por la institución facultada para resolver sobre el derecho a las prestaciones en especie, en el
         supuesto de que el titular reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las mismas. Si el titular no presenta este
         certificado, la institución del lugar de residencia se dirigirá, para obtenerlo, bien a la institución o a las instituciones
         deudoras de las pensiones o las rentas, o bien, en su caso, a aquella institución que esté facultada a tal efecto. Mientras
         tanto y hasta que reciba el certificado, la institución del lugar de residencia podrá proceder a una inscripción provisional
         del titular y de los miembros de su familia que residan en el mismo Estado miembro, a la vista de aquellos documentos justificativos
         que estime suficientes. Tal inscripción sólo acarreará obligaciones a la institución que haya de sufragar las prestaciones
         en especie cuando esta institución haya expedido el certificado previsto en el apartado 1.»
      
      12      El artículo 95 del citado Reglamento establece que la cuantía de las prestaciones en especie dispensadas en virtud de los
         artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 será reembolsada por las instituciones competentes a las instituciones que hayan dispensado dichas
         prestaciones, sobre la base de un tanto alzado lo más cercano posible de los gastos reales, cuyas modalidades de cálculo son
         definidas por esta disposición.
      
      13      Como se desprende de la Decisión nº 153 de la Comisión administrativa de las Comunidades Europeas para la seguridad social
         de los trabajadores migrantes, de 7 de octubre de 1993, relativa a los modelos de formularios necesarios para la aplicación
         de los Reglamentos (CEE) nº 1408/71 y (CEE) nº 574/72 del Consejo (E 001, E 103 – E 127) (DO 1994, L 244, p. 22), en su versión
         modificada por la Decisión nº 202 de la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes, de
         17 de marzo de 2005 (DO 2006, L 77, p. 1), el formulario E 121 constituye el certificado exigido a efectos de la inscripción
         del titular de una pensión o renta y de los miembros de su familia en la institución de su lugar de residencia, con arreglo
         a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento nº 1408/71 y el artículo 29 del Reglamento nº 574/72. 
      
       Normativa nacional
      14      Antes del 1 de enero de 2006, la Ziekenfondswet (Ley de las cajas de seguro de enfermedad; en lo sucesivo, «ZFW») únicamente
         establecía un régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad para los trabajadores por cuenta ajena de ingresos inferiores
         a un determinado límite.
      
      15      Este régimen legal obligatorio era también aplicable, bajo ciertas condiciones, a los no residentes titulares de una pensión
         con arreglo a la Algemene Ouderdomswet (Ley sobre el régimen general del seguro de vejez; en lo sucesivo, «AOW») o de una
         renta en virtud de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Ley relativa al seguro contra la incapacidad laboral; en
         lo sucesivo, «WAO»).
      
      16      Las personas que no estaban incluidas en ese régimen debían, en cambio, suscribir un contrato de seguro privado con una compañía
         de seguros para quedar cubiertas en lo que se refiere al riesgo de enfermedad.
      
      17      A partir del 1 de enero de 2006, la Zorgverzekeringswet (Ley del seguro de asistencia sanitaria; en lo sucesivo, «ZVW») ha
         establecido un régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad para todas las personas que residen o trabajan en los Países
         Bajos.
      
      18      El artículo 69 de la citada Ley, en su versión aplicable el 1 de agosto de 2008, tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Las personas residentes en el extranjero que, por aplicación de un reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas o por
         aplicación de un reglamento adoptado en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de un tratado en materia de
         seguridad social, tengan, en caso de necesitar asistencia sanitaria, derecho a recibir dicha asistencia o al reembolso de
         los gastos de la misma en los términos establecidos por la legislación sobre el seguro de asistencia sanitaria en su país
         de residencia, se inscribirán en el [CVZ], a no ser que en virtud de la presente ley estén sujetos al seguro obligatorio.
      
      2.      Las personas a las que se refiere el apartado primero pagarán una cotización que se determinará por reglamento. En la parte
         que fije dicho reglamento, esta cotización se considerará una prima para un seguro de asistencia sanitaria, a efectos de la
         aplicación de la Ley relativa a las primas de asistencia sanitaria [Wet op de zorgtoeslag].
      
      3.      En caso de que la persona obligada a inscribirse no lo hubiera hecho en un plazo de cuatro meses a partir del nacimiento del
         derecho al que se refiere el apartado 1, el [CVZ] le impondrá una multa equivalente al 130 % de la parte que se fije mediante
         reglamento de la cotización mencionada en el apartado 2 que corresponda al período transcurrido entre el día en que nació
         el derecho y el día en que se produzca la inscripción, si bien dicho período no será superior a cinco años.
      
      4.      El [CVZ] se encargará de la gestión que se derive de las disposiciones del apartado 1 y de la normativa internacional que
         allí se menciona, así como de la adopción de decisiones referentes a la exacción y recaudación de las cotizaciones mencionadas
         en el apartado 2 […]»
      
      19      Los artículos 6.3.1, párrafo primero, y 6.3.2, párrafo primero, del Regeling zorgverzekering (Reglamento relativo al seguro
         de asistencia sanitaria) disponen respectivamente: 
      
      «La cotización debida por una persona contemplada en el artículo 69, párrafo primero, de la [ZVW] se calculará multiplicando
         la base de la cotización por una cifra que represente la proporción entre el promedio de gastos de asistencia sanitaria por
         persona a cargo del seguro social de asistencia sanitaria en el país de residencia de dicha persona y el promedio de gastos
         de asistencia sanitaria por persona a cargo de los seguros sociales de asistencia sanitaria en los Países Bajos.
      
      […]
      La cotización mencionada en el artículo 6.3.1 para una persona mencionada en el artículo 69, apartado 1, de la [ZVW] que tenga
         derecho a percibir una jubilación o renta y para los miembros de su familia será retenida por la institución encargada de
         abonar la jubilación o la renta de dicha jubilación o renta y transferida a la caja del seguro de asistencia sanitaria.»
      
      20      El artículo 2.5.2, apartado 2, de la Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet (Ley de aplicación y adaptación de
         la Ley del seguro de asistencia sanitaria; en lo sucesivo, «IZVW») establece lo siguiente:
      
      «Todo acuerdo relativo al seguro de asistencia sanitaria o a los costes de ésta, celebrado para o con una persona residente
         en el extranjero que, en virtud de un reglamento del Consejo de las Comunidades Europeas o con arreglo a un reglamento adoptado
         en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de un Tratado en materia de seguridad social, tenga derecho a recibir
         tal asistencia o al reembolso de los costes de ésta en los términos establecidos por la legislación sobre el seguro de asistencia
         sanitaria en su país de residencia, quedará resuelto con efectos a partir del 1 de enero de 2006 en la medida en que de dicho
         acuerdo se deriven derechos equivalentes a los que el interesado pueda invocar a partir de dicho momento en virtud de tal
         reglamento o Tratado, siempre que el asegurado haya cumplido antes del 1 de mayo de 2006 la obligación de inscribirse en el
         [CVZ] de conformidad con el artículo 69 de la [ZVW]».
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      21      Los demandantes en el litigio principal, todos ciudadanos neerlandeses residentes en un Estado miembro distinto del Reino
         de los Países Bajos, concretamente en Bélgica, en España, en Francia y en Malta, según los casos, son titulares de una pensión
         con arreglo a la AOW o de una renta con arreglo a la WAO.
      
      22      Antes del 1 de enero de 2006, esos demandantes, ninguno de los cuales estaba asegurado con arreglo al régimen legal obligatorio
         de seguro de enfermedad establecido por la ZFW, habían suscrito contratos de seguro privado con compañías de seguros establecidas,
         según los casos, en los Países Bajos o en otros Estados miembros para cubrirse del riesgo de enfermedad. 
      
      23      A raíz de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2006, de la ZVW, el CVZ consideró que, como los demandantes en el litigio
         principal, de haber residido en los Países Bajos, habrían estado incluidos en el régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad
         previsto por la ZVW, tenían en lo sucesivo derecho, de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones en especie en su Estado de residencia a cargo de las instituciones del Estado
         deudor de la pensión o de la renta, a saber, los Países Bajos. Por lo tanto, el CVZ remitió a cada uno de los demandantes
         un formulario E 121 para que pudieran inscribirse en una caja de seguro de enfermedad en su Estado de residencia. Los Sres. Ramaer,
         van der Nat y Fokkens aceptaron realizar esta inscripción, si bien «con reservas» en el caso del último de ellos. En cambio,
         los Sres. van Delft, van Willigen y Janssen se negaron a inscribirse.
      
      24      En la misma fecha de 1 de enero de 2006, los contratos de seguro privado suscritos por los demandantes en el litigio principal
         con una compañía establecida en los Países Bajos se resolvieron de pleno derecho con arreglo a lo dispuesto en la IZVW. En
         cambio, aquellos que habían celebrado un contrato de esas características con una compañía establecida en otro Estado miembro
         pudieron mantenerlo. 
      
      25      Mediante decisiones adoptadas, según los casos, a lo largo de 2006 o en 2007, el CVZ practicó en las pensiones o rentas abonadas
         a los demandantes en el litigio principal una retención equivalente a la cotización prevista en el artículo 69 de la ZVW para
         poder acogerse al régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad regulado en esa Ley.
      
      26      Mediante sentencias de 31 de enero y de 7 de diciembre de 2008, el Rechtbank te Amsterdam desestimó los recursos presentados
         por los demandantes en el litigio principal para impugnar tales decisiones.
      
      27      Dichos demandantes interpusieron un recurso de apelación contra esas sentencias ante el Centrale Raad van Beroep.
      
      28      Según la resolución de remisión, todos los demandantes en el litigio principal sostienen, en el marco de ese recurso de apelación,
         que los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no contienen normas vinculantes para la determinación de la legislación aplicable en virtud de
         las cuales estén imperativamente sujetos al régimen de prestaciones en especie del Estado miembro de residencia. Por el contrario,
         esos demandantes consideran que pueden optar entre inscribirse, mediante el formulario E 121, en la institución competente
         del Estado miembro en el que residen, de conformidad con el artículo 29 del Reglamento nº 574/72, para beneficiarse de las
         prestaciones en especie en ese Estado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, o bien, a falta de inscripción en dicha institución, celebrar un contrato de seguro privado. En
         este último caso, a juicio de estos demandantes, el Estado miembro deudor de las pensiones y rentas no puede retener una cotización
         en virtud del artículo 33 del citado Reglamento, dado que, en tal caso, las prestaciones en especie no correrían a cargo de
         una institución de dicho Estado. 
      
      29      Además, siempre según la resolución de remisión, todos los demandantes en el litigio principal alegan que se han vulnerado
         los derechos que les confieren los artículos 21 TFUE y 45 TFUE, pues se ven obligados a pagar una cotización por unas prestaciones
         dispensadas en el Estado en el que residen de las que no desean disfrutar, ya que las consideran menos favorables. En cambio,
         desean mantener la situación anterior al 1 de enero de 2006, para poder celebrar por su cuenta un contrato de seguro privado
         que cubra todos sus gastos de enfermedad.
      
      30      De la resolución de remisión se desprende que, por su parte, el CVZ sostiene que el derecho a las prestaciones en especie
         con arreglo a los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no depende de la inscripción en la institución competente del Estado de residencia, de modo que,
         aunque los interesados no se hayan inscrito en dicha institución y no invoquen, por tanto, el derecho a las prestaciones en
         especie resultante de esas disposiciones, el Estado miembro deudor de la pensión o de la renta está facultado para practicar
         una retención en ella. De lo contrario, a su juicio, se vería menoscabada la solidaridad del régimen de la seguridad social,
         dado que cualquier interesado podría esperar hasta el momento en que tuviera necesidad de atención sanitaria para inscribirse
         y quedar así obligado al pago de las cotizaciones.
      
      31      El órgano jurisdiccional remitente señala que varios datos parecen indicar que el Reglamento nº 1408/71 excluye el derecho
         de opción que invocan los demandantes en el litigio principal. En efecto, a su juicio, dicho Reglamento determina de modo
         vinculante el Estado que debe dispensar las prestaciones al interesado y el Estado con cargo al cual deben dispensarse. Además,
         cuando el Reglamento nº 1408/71 establece un derecho de opción, lo hace de manera expresa. En cambio, cabe deducir tanto del
         artículo 29 del Reglamento nº 574/72 como de la sentencia de 3 julio de 2003, van der Duin y ANOZ Zorgverzekeringen (C‑156/01,
         Rec. p. I‑7045, apartado 40), que la inscripción en la institución del Estado de residencia es la circunstancia que entraña
         la aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71. Por consiguiente, si no existe inscripción, los demandantes en el litigio principal no están a
         cargo de las instituciones competentes de los Países Bajos en el sentido del artículo 33 del Reglamento nº 1408/71, ya que,
         en tal caso, no puede concedérsele ninguna prestación. Por lo tanto, en su opinión, no se cumplen todos los requisitos de
         aplicación previstos en esa disposición para el cobro de una cotización.
      
      32      Por otra parte, según el órgano jurisdiccional remitente, si el Reglamento nº 1408/71 excluyera el derecho de opción que invocan
         los demandantes, se plantearía la cuestión de dilucidar si la cotización retenida con arreglo a lo dispuesto en el artículo
         69 de la ZVW y en el artículo 33 de dicho Reglamento es contraria a los artículos 21 TFUE y 45 TFUE. 
      
      33      A este respecto, el citado órgano jurisdiccional señala que, aunque la aplicación de un coeficiente de residencia ha permitido
         reducir el importe adeudado por los no residentes con respecto al adeudado por los residentes y aunque el Derecho de la Unión
         no garantiza a un trabajador que el traslado de sus actividades o de su residencia a otro Estado miembro sea neutro en lo
         que respecta a la seguridad social, sigue siendo cierto que, para los demandantes en el litigio principal, ya cubiertos por
         un contrato de seguro privado en la fecha de entrada en vigor de la ZVW, ésta podría tener como consecuencia que resultara
         menos interesante para ellos continuar ejerciendo su derecho a circular y residir libremente fuera de los Países Bajos. En
         efecto, por una parte, tendrían más gastos en concepto de seguro de enfermedad y, por otra, recibirían unas prestaciones sanitarias
         menos ventajosas. Ahora bien, si el deseo del legislador neerlandés de establecer un seguro de enfermedad obligatorio en favor
         de todos los residentes en los Países Bajos puede considerarse una razón basada en consideraciones objetivas de interés general,
         no está claro, en su opinión, que la obligación de abonar una cotización al efecto aunque exista inscripción en el Estado
         de residencia respete el principio de proporcionalidad. 
      
      34      Dadas estas circunstancias, el Centrale Raad van Beroep decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Deben interpretarse los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71, lo dispuesto en el anexo VI, sección R, punto 1, letras a) y b), del Reglamento nº 1408/71
         y el artículo 29 del Reglamento nº 574/72 en el sentido de que se oponen a una disposición nacional como el artículo 69 de
         la [ZVW], en la medida en que obliga a inscribirse en el [CVZ] al titular de una jubilación o de una renta que, en principio,
         puede beneficiarse de los derechos derivados de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 y en la medida en que obliga a descontar una cotización de la jubilación o la renta de dicho titular,
         aunque éste no haya realizado la inscripción prevista en el artículo 29 del Reglamento nº 574/72?
      
      2)      ¿Debe interpretarse el artículo [21 TFUE] o el artículo [45 TFUE] en el sentido de que se oponen a una disposición nacional
         como el artículo 69 de la [ZVW], en la medida en que obliga a inscribirse en el [CVZ] a un ciudadano de la [Unión] que, en
         principio, puede beneficiarse de los derechos derivados de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 y en la medida en que obliga a descontar una cotización de la jubilación o renta de dicho ciudadano,
         aunque éste no haya realizado la inscripción prevista en el artículo 29 del Reglamento nº 574/72?»
      
      35      A instancia del órgano jurisdiccional remitente, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió que se diera prioridad a este
         asunto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Justicia.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      36      En su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71, puestos en relación con el artículo 29 del Reglamento nº 574/72, deben interpretarse en el
         sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que dispone
         que los titulares de una pensión o renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado miembro,
         como lo son los demandantes en el litigio principal, estarán obligados, para poder acogerse al régimen de prestaciones de
         asistencia sanitaria en especie a las que tienen derecho a cargo del primer Estado miembro, a inscribirse, por una parte,
         en la institución competente de este último Estado y a abonar, por otra, una cotización por tales prestaciones, en forma de
         retención sobre la citada pensión o renta, incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del
         Estado miembro en que residen.
      
      37      De la resolución de remisión se desprende que esta cuestión se plantea en el marco de un litigio sobre la legalidad de las
         cotizaciones que las autoridades neerlandesas exigen a los demandantes en el litigio principal por las prestaciones de enfermedad
         en especie dispensadas, de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, en el Estado miembro donde residen a cargo del Reino de los Países Bajos, a raíz de la entrada
         en vigor en este último Estado miembro, el 1 de enero de 2006, del nuevo régimen legal obligatorio del seguro de enfermedad
         establecido por la ZVW, que, sustituyendo al establecido antes de esa fecha por la ZFW únicamente para los trabajadores por
         cuenta ajena cuyos ingresos fueran inferiores a un determinado límite, se aplica ahora a todas las personas que residan o
         trabajen en ese Estado miembro.
      
      38      A este respecto, es preciso recordar previamente que los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 establecen «normas de conflicto» que permiten determinar, para los titulares de una pensión o de
         una renta que residan en un Estado miembro distinto del Estado miembro deudor de dicha pensión o renta, la institución encargada
         de dispensar las prestaciones que en ellas se contemplan, así como la legislación aplicable (véanse las sentencias de 10 de
         enero de 1980, Jordens-Vosters, 69/79, Rec. p. 75, apartado 12; de 10 de mayo de 2001, Rundgren, C‑389/99, Rec. p. I‑3731,
         apartados 43 y 44, y van der Duin y ANOZ Zorgverzekeringen, antes citadas, apartado 39).
      
      39      Según el artículo 28 del Reglamento nº 1408/71, los titulares de una pensión o de una renta debida con arreglo a la legislación
         de un Estado miembro que residan en otro Estado miembro, en el que no tengan derecho a las prestaciones de enfermedad en especie,
         tendrán acceso, por cuenta y a cargo del Estado deudor de dicha pensión o renta, a las prestaciones de esta índole dispensadas
         por la institución competente del Estado miembro en que residan, siempre que pudieran tener derecho a ellas en virtud de la
         legislación del Estado deudor de la pensión o renta si residieran en el territorio de éste (véase la sentencia van der Duin
         y ANOZ Zorgverzekeringen, antes citada, apartados 40, 47 y 53). 
      
      40      El artículo 28 bis del Reglamento nº 1408/71 contiene una norma similar para el caso de que en el Estado miembro de residencia exista un derecho
         a las prestaciones de enfermedad en especie, ya que en dicho Estado no se supedita el derecho a tales prestaciones a requisitos
         de seguro o de empleo, y ello a fin de no penalizar a los Estados miembros cuya legislación otorga un derecho a las prestaciones
         en especie por el mero hecho de residir en su territorio (véase la sentencia Rundgren, antes citada, apartados 43 y 45).
      
      41      De ello se deduce que, en el presente caso, a raíz de la entrada en vigor de la ZVW, a los titulares de una pensión o renta
         debida con arreglo a la legislación neerlandesa que, como los demandantes en el litigio principal, residen en un Estado miembro
         distinto de los Países Bajos y que antes de esa fecha no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones
         de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 –por estar excluidos, dado su nivel de ingresos, de las prestaciones de enfermedad previstas por
         el régimen legal obligatorio del seguro de enfermedad fuera cual fuera su lugar de residencia– les son aplicables las disposiciones
         de los citados artículos a partir del 1 de enero de 2006. 
      
      42      En virtud del anexo VI, sección R, punto 1, letras a) y b), del Reglamento nº 1408/71, tales titulares de una pensión o renta,
         que según los artículos 28 y 28 bis de ese Reglamento tienen derecho a las prestaciones de enfermedad en especie en el Estado miembro en que residen, a cargo
         del Reino de los Países Bajos, deben inscribirse a tal efecto en el CVZ. Además, según el artículo 29 del Reglamento nº 574/72,
         para tener acceso a esas prestaciones deben inscribirse también en la institución competente del Estado miembro en que residan,
         presentando un certificado que acredite su derecho a tales prestaciones en virtud de la legislación del Estado deudor de la
         pensión o renta. Dicha certificación la constituye el formulario E 121.
      
      43      De los datos contenidos en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en el presente caso, aunque
         en la formulación de la primera cuestión prejudicial se hace referencia a la obligación de inscribirse en el CVZ que recae
         sobre los titulares de una pensión o de una renta debida con arreglo a la legislación neerlandesa que residan en otro Estado
         miembro distinto de los Países Bajos, a fin de tener acceso en su Estado de residencia a las prestaciones de asistencia sanitaria
         en especie con arreglo a los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, dicha obligación sólo es impugnada en el litigio principal en la medida en que da lugar a la retención
         sobre su pensión o renta del importe de las cotizaciones cuya legalidad se discute, practicada por los Países Bajos. 
      
      44      En tales circunstancias, procede considerar que, mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende
         esencialmente que se dilucide si los titulares de una pensión o renta que, como los demandantes en el litigio principal, residen
         en un Estado miembro distinto del Estado deudor de su pensión o renta pueden optar, no inscribiéndose en la institución competente
         del Estado miembro en que residen, por que no se les aplique el Reglamento nº 1408/71 y, en consecuencia, por renunciar a
         tener acceso a las prestaciones dispensadas en ese último Estado miembro con arreglo a los artículos 28 y 28 bis de ese Reglamento, para de este modo no quedar obligados al pago de las cotizaciones debidas por ese concepto, con arreglo
         al artículo 33 de dicho Reglamento, en el Estado miembro deudor de su pensión o renta.
      
      45      Con carácter preliminar, los Sres. Janssen y Fokkens sostienen, sin embargo, que, contrariamente a lo que supone el órgano
         jurisdiccional remitente, su situación no está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, sino en el del artículo 13, apartado 2, letra f), de ese Reglamento, en virtud del cual, como la
         legislación neerlandesa no les es aplicable debido al cese de sus actividades profesionales en los Países Bajos, únicamente
         están sujetos a la legislación del Estado miembro en que residen, sin que cuenten con la más mínima posibilidad de elección.
         Por lo tanto, el Reino de los Países Bajos no es competente para exigirles una cotización por esas prestaciones.
      
      46      A este respecto procede recordar que, según el artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71, la persona a
         la que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación de
         otro Estado miembro en virtud de las disposiciones de los artículos 13, apartado 2, letras a) a d), o 14 a 17 de ese mismo
         Reglamento, quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida. Según reiterada jurisprudencia,
         el citado artículo 13, apartado 2, letra f), es aplicable, en particular, a aquellos que hayan cesado definitivamente de ejercer
         actividad alguna (sentencias de 11 de junio de 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, Rec. p. I‑3419, apartados 39 y 40, y de 11 de noviembre
         de 2004, Adanez-Vega, C‑372/02, Rec. p. I‑10761, apartado 24).
      
      47      Sin embargo, esta disposición de carácter general que figura en el título II del Reglamento nº 1408/71, titulado «Determinación
         de la legislación aplicable», sólo es aplicable en la medida en que las disposiciones específicas de las distintas categorías
         de prestaciones que forman el título III del mismo Reglamento no contengan excepciones (véase la sentencia de 27 de mayo de
         1982, Aubin, 227/81, Rec. p. 1991, apartado 11).
      
      48      Ahora bien, precisamente, los artículos 28 y 28 bis de ese Reglamento, que figuran en el título III, capítulo 1, de éste, titulado «Enfermedad y maternidad» introducen excepciones
         a esas normas generales por lo que se refiere a la dispensación de prestaciones de enfermedad en especie a los titulares de
         una pensión o de una renta que residan en un Estado miembro distinto del Estado deudor de la citada pensión o renta. 
      
      49      Por consiguiente, en un asunto como el que se examina en el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente actuó acertadamente
         al descartar la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71, y considerar aplicables los artículos
         28 y 28 bis de ese Reglamento.
      
      50      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta fundamentalmente, por una parte, sobre el carácter imperativo
         del régimen establecido por los citados artículos 28 y 28 bis para los titulares de pensión o de renta comprendidos en el ámbito de aplicación de esas disposiciones y, por otra, sobre
         la obligación de éstos de abonar cotizaciones por las prestaciones previstas en esas disposiciones.
      
      51      Por lo que se refiere, en primer lugar, a la posibilidad de que los titulares de una pensión o de una renta que residen en
         un Estado miembro distinto del Estado deudor de ésta renuncien a la aplicación del régimen previsto en los artículos 28 y
         28 bis del Reglamento nº 1408/71, procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Reglamento nº 1408/71
         que determinan la legislación aplicable forman un sistema de normas de conflicto que, por ser completo, sustrae a los legisladores
         nacionales la competencia para determinar el ámbito y los requisitos de aplicación de su legislación nacional en esta materia
         en lo que respecta a las personas sujetas a ella y al territorio en que las disposiciones nacionales surten efectos (véase,
         en particular, la sentencia Adanez-Vega, antes citada, apartado 18, y jurisprudencia citada). 
      
      52      Pues bien, como las normas de conflicto que establece el Reglamento nº 1408/71 se imponen así de manera imperativa a los Estados
         miembros, no cabe admitir, con mayor motivo, que los asegurados sociales comprendidos en el ámbito de aplicación de esas normas
         puedan contrarrestar sus efectos al contar con la posibilidad de sustraerse a ellas. En efecto, la aplicación del sistema
         de conflicto de leyes establecido por el Reglamento nº 1408/71 depende únicamente de la situación objetiva en la que se encuentra
         el trabajador interesado (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1967, Couture, 11/67, Rec. pp. 487
         y 500; de 13 de diciembre de 1967, Guissart, 12/67, Rec. pp. 551 y 562, y de 29 de junio de 1994, Aldewereld, C‑60/93, Rec.
         p. I‑2991, apartados 16 a 20).
      
      53      En ese contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya, en relación con los trabajadores migrantes, que ni el Tratado FUE,
         en particular su artículo 45, ni el Reglamento nº 1408/71 ofrecen a esos trabajadores la opción de renunciar de antemano al
         disfrute del mecanismo establecido por el artículo 28, apartado 1, de dicho Reglamento (sentencia de 5 de marzo de 1998, Molenaar,
         C‑160/96, Rec. p. I‑843, apartado 42).
      
      54      Por otra parte, cuando el Reglamento nº 1408/71 confiere a los asegurados sociales comprendidos en su ámbito de aplicación
         un derecho de opción en cuanto a la legislación aplicable, lo indica expresamente (sentencia Aubin, antes citada, apartado 19).
      
      55      Así sucede ciertamente, como han señalado los Sres. van Delft y van Willigen, en el caso del artículo 17 bis del Reglamento nº 1408/71, que permite que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación
         de uno o de varios Estados miembros que residan en otro Estado miembro soliciten quedar exentos de la aplicación de la legislación
         de este último Estado miembro, siempre que no estén sujetos a esta legislación en razón del ejercicio de una actividad profesional.
         
      
      56      Sin embargo, consta que esta disposición, que figura en el título II del Reglamento nº 1408/71, no es aplicable a un asunto
         como el del litigio principal, ya que, como han reconocido los Sres. van Delft y van Willigen, en lo que respecta a las prestaciones
         de enfermedad debidas a los titulares de pensión o renta, los artículos 28 y 28 bis de ese Reglamento contienen unas normas específicas que establecen excepciones.
      
      57      En cambio, como el Abogado General señaló en el punto 47 de sus conclusiones, los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no ofrecen, según su tenor literal, ningún derecho de opción a los titulares de pensiones y de
         rentas a quienes se aplican estas disposiciones. En efecto, el artículo 28 de ese Reglamento dispone de modo imperativo que,
         cuando el titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro resida en otro Estado
         miembro en el que no tiene derecho a las prestaciones, «disfrutará» sin embargo de las prestaciones en especie dispensadas
         por la institución competente de dicho Estado miembro, siempre que tuviera derecho a ellas si residiese en el Estado miembro
         deudor de su pensión o renta. Asimismo, cuando el Estado miembro de residencia haya establecido un derecho a las prestaciones
         en especie, el artículo 28 bis de ese Reglamento exige al Estado miembro deudor de la pensión o de la renta, sin ofrecer ninguna alternativa, que sufrague
         esas prestaciones, siempre, una vez más, que el titular de dicha pensión o renta tuviera derecho a ellas si residiera en el
         Estado miembro deudor de la pensión o de la renta.
      
      58      Los demandantes en el litigio principal alegan sin embargo que, según los términos del artículo 29 del Reglamento nº 574/72,
         «para beneficiarse» de las prestaciones en especie con arreglo a los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 en el Estado miembro donde resida, el titular de una pensión o de una renta debe inscribirse en
         la institución competente de ese Estado presentando un certificado, que reviste la forma del formulario E 121, que acredite
         que tiene derecho a esas prestaciones con arreglo a la legislación en virtud de la cual se adeuda tal pensión o renta.
      
      59      Esos mismos demandantes sostienen al respecto que, en los apartados 40, 47 y 53 de la sentencia van der Duin y ANOZ Zorgverzekeringen,
         antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que el titular de una pensión o de una renta solamente tendrá derecho a las
         prestaciones en especie en su Estado miembro de residencia «una vez que» se haya acogido al régimen que establece el artículo
         28 del Reglamento nº 1408/71 inscribiéndose en la institución de dicho Estado. De ello deducen que la falta de inscripción
         en la institución competente del Estado miembro de residencia permite que el titular de una pensión o de una renta debida
         en virtud de la legislación de otro Estado miembro renuncie al derecho a las prestaciones en especie en el Estado miembro
         de residencia.
      
      60      Sin embargo, esta alegación no puede acogerse.
      
      61      En efecto, al expedir el formulario E 121, la institución competente de un Estado miembro se limita a declarar que el asegurado
         social de que se trata tendría derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación de ese Estado si residiera
         en él (véanse, por analogía, las sentencias de 10 de febrero de 2000, FTS, C‑202/97, Rec. p. I‑883, apartado 50, y de 30 de
         marzo de 2000, Banks y otros, C‑178/97, Rec. p. I‑2005, apartado 53).
      
      62      Al tratarse de un formulario meramente declarativo, su presentación a la institución competente de un Estado miembro para
         la inscripción del asegurado social de que se trata en dicho Estado no puede constituir, por lo tanto, un requisito para el
         nacimiento de los derechos a las prestaciones en ese Estado miembro. 
      
      63      De las consideraciones anteriores se desprende que la inscripción en la institución competente del Estado miembro de residencia
         exigida en el artículo 29 del Reglamento nº 574/72 constituye únicamente una formalidad administrativa cuyo cumplimiento es
         necesario para garantizar la dispensación efectiva de las prestaciones en especie en dicho Estado miembro en virtud de los
         artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71. En este sentido deben entenderse los apartados 40, 47 y 53 de la sentencia van der Duin y ANOZ
         Zorgverzekeringen, antes citada, en los que el Tribunal de Justicia declaró que, con arreglo a los artículos 28 del Reglamento
         nº 1408/71 y 29 del Reglamento nº 574/72, los titulares de una pensión o de una renta solamente tienen derecho a las prestaciones
         en especie de dicha institución una vez que se hayan inscrito en ella.
      
      64      Por consiguiente, desde el momento en que el titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un
         Estado miembro se halla en la situación objetiva descrita en los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, le es aplicable la norma de conflicto formulada en esas disposiciones, sin que pueda renunciar
         a ella absteniéndose de inscribirse, como exige el artículo 29 del Reglamento nº 574/72, en la institución competente del
         Estado miembro en que reside. 
      
      65      Por lo tanto, los artículos 28 y 28 bis del Reglamento tienen carácter imperativo para los asegurados sociales comprendidos en su ámbito de aplicación. 
      
      66      En segundo lugar, por lo que se refiere a la obligación de abono de cotizaciones en el Estado miembro deudor de la pensión
         o de la renta, los Sres. Janssen y Fokkens alegan que la aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no puede justificar en ningún caso su obligación de contribuir al régimen legal obligatorio de
         seguro de enfermedad establecido por la ZVW, ya que, al no residir ni trabajar en los Países Bajos, no tienen derecho, con
         arreglo a esa nueva legislación, a las prestaciones de enfermedad en especie en ese Estado miembro. En efecto, contrariamente
         a la ZFW, la ZVW excluye explícitamente a los no residentes de su ámbito de aplicación. 
      
      67      Sin embargo, esta argumentación ignora que, como se desprende de los apartados 37 a 41 de la presente sentencia, los artículos
         28 a 28 bis del Reglamento nº 1408/71 establecen una «norma de conflicto» en virtud de la cual los titulares de una pensión o de una
         renta que residen en un Estado miembro distinto del Estado deudor de ésta tienen derecho a las prestaciones de enfermedad
         en especie en el Estado miembro en que residen, a cargo del Estado deudor de la pensión o renta, siempre que tuvieran derecho
         a ellas en virtud de la legislación del Estado deudor de la pensión o renta si residiesen en el territorio de éste último.
      
      68      Por consiguiente, si bien es cierto que la ZVW no se aplica a los titulares de una pensión o de una renta debida con arreglo
         a la legislación neerlandesa que, como los demandantes en el litigio principal, residan en un Estado miembro distinto de los
         Países Bajos, extremo que no se discute, no es menos cierto que, como tales demandantes tendrían derecho a las prestaciones
         de enfermedad en especie en los Países Bajos con arreglo a la ZVW si residieran en ese Estado miembro, tienen derecho, en
         virtud del régimen establecido en los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a recibir, a cargo de ese mismo Estado, dichas prestaciones en el Estado miembro de su residencia.
      
      69      A este respecto, procede recordar que, según el artículo 33, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, la institución de un Estado
         miembro que sea deudora de una pensión o de una renta y que aplique una legislación que prevea, para la cobertura de las prestaciones
         de enfermedad, la retención de cotizaciones al titular de esa pensión o renta, quedará facultada para practicar esas retenciones
         sobre la pensión o la renta que deba, siempre que las prestaciones servidas en cumplimiento de los artículos 28 y 28 bis de ese Reglamento sean a cargo de alguna institución de dicho Estado miembro.
      
      70      En el presente caso, consta que la legislación neerlandesa en virtud de la cual se adeuda la pensión o renta de los demandantes
         en el litigio principal prevé tales retenciones de cotizaciones.
      
      71      Pues bien, en el régimen establecido en los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, las prestaciones en especie son dispensadas al titular de una pensión o de una renta por la institución
         competente del Estado miembro de residencia a cargo del Estado miembro deudor de la pensión o de la renta.
      
      72      En tales circunstancias, dado que, como se desprende de lo antedicho, los titulares de una pensión o de una renta comprendidos
         en el ámbito de aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 no pueden optar por renunciar al derecho a las prestaciones en especie en el Estado miembro en que
         residen no inscribiéndose en la institución competente de ese Estado miembro, habida cuenta del carácter imperativo del régimen
         establecido por esas disposiciones, esta falta de inscripción no puede tener por efecto eximirles del pago de las cotizaciones
         en el Estado miembro deudor de su pensión o renta, ya que, en cualquier caso, ellos siguen estando a cargo de este último
         Estado, sin poder evitar que se les aplique el régimen previsto por el citado Reglamento.
      
      73      Es cierto que, a falta de inscripción en la institución competente del Estado miembro de residencia, un asegurado social que
         se encuentre en tal situación no puede disfrutar efectivamente de dichas prestaciones en ese Estado y, por lo tanto, no ocasiona
         ningún gasto que el Estado miembro deudor de su pensión o de su renta deba reembolsar al Estado miembro de su residencia con
         arreglo al artículo 36 del Reglamento nº 1408/71, puesto en relación con el artículo 95 del Reglamento nº 574/72. 
      
      74      Sin embargo, esa circunstancia no afecta en nada a la existencia del derecho a tales prestaciones ni, por lo tanto, a la obligación
         correlativa de abonar a las instituciones competentes del Estado miembro cuya legislación fundamenta la existencia de tal
         derecho las cotizaciones que se adeuden como contrapartida del riesgo soportado por éste en virtud de las disposiciones del
         Reglamento nº 1408/71. En efecto, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, ninguna norma del Derecho de la Unión impone
         a la institución competente de un Estado miembro la obligación de comprobar que un asegurado social puede disfrutar efectivamente
         de la totalidad de las prestaciones previstas en un régimen de seguro de enfermedad antes de proceder a su afiliación y al
         cobro de las cotizaciones correspondientes (sentencia Molenaar, antes citada, apartado 41).
      
      75      Como el Gobierno neerlandés y la Comisión Europea alegaron, dicha obligación de pago de las cotizaciones a causa de la existencia
         de un derecho a las prestaciones, aunque no exista un disfrute efectivo de tales prestaciones, es inherente al principio de
         solidaridad aplicado por los regímenes nacionales de seguridad social, dado que, de no existir tal obligación, los interesados
         podrían verse incitados a esperar a la realización del riesgo antes de contribuir a la financiación de dicho régimen.
      
      76      La circunstancia alegada por los Sres. van Delft y van Willigen, según la cual, teniendo en cuenta su edad, ellos, que estaban
         y siguen estando asegurados contra el riesgo de enfermedad mediante contratos de seguro privado, no tienen ningún interés
         en adoptar ese tipo de comportamientos especulativos es irrelevante a este respecto, ya que consta que no cabe excluir el
         riesgo de comportamientos de esa índole en lo que respecta a una parte, al menos, de los asegurados sociales cubiertos por
         el régimen de seguridad social de que se trata. En efecto, la solidaridad de este régimen debe quedar garantizada de modo
         vinculante para todos los asegurados sociales cubiertos por él, con independencia del comportamiento individual que cada uno
         de ellos pueda adoptar en función de sus parámetros personales, so pena de vaciarlo de lo esencial de su contenido.
      
      77      Por otra parte, es errónea la alegación de los Sres. van Delft y van Willigen de que el Estado miembro deudor de la pensión
         o de la renta no puede invocar el argumento de la solidaridad del régimen en cuestión, ya que no soporta el riesgo correspondiente
         a la dispensación de prestaciones de enfermedad en especie en el Estado miembro de residencia. 
      
      78      En efecto, si bien es cierto que, con arreglo al artículo 95 del Reglamento nº 574/72, el importe de las prestaciones dispensadas
         con arreglo a los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71 es reembolsado en principio a la institución del Estado miembro de residencia por la institución
         competente del Estado miembro deudor de la pensión o de la renta mediante una cantidad a tanto alzado, no es menos cierto
         que dicha cantidad se destina a cubrir la totalidad de las prestaciones en especie dispensadas a los interesados y que su
         importe se calcula en función del coste medio anual de los cuidados de salud ocasionados por el titular de una pensión o de
         una renta en el régimen del Estado miembro de residencia, cantidad a tanto alzado que, según la citada disposición, trata
         de ser «lo más cercana posible» a los gastos reales (véase, en este sentido, la sentencia van der Duin y ANOZ Zorgverzekeringen,
         antes citada, apartado 44).
      
      79      De lo antedicho resulta que el Estado miembro deudor de la pensión o renta abonada a un titular que reside en otro Estado
         miembro soporta lo esencial del riesgo correspondiente a la dispensación de las prestaciones de enfermedad en especie en el
         Estado miembro en que éste reside.
      
      80      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera cuestión que los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71, puestos en relación con el artículo 29 del Reglamento nº 574/72, deben interpretarse en el
         sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que dispone
         que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado
         miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los citados artículos 28 y 28 bis, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de este último Estado miembro, deberán
         abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión o renta, incluso en el caso de
         que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen.
      
       Sobre la segunda cuestión
      81      En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los artículos 21 TFUE y 45 TFUE deben interpretarse
         en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que dispone
         que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado
         miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de ese último
         Estado miembro deberán, por una parte, inscribirse en la institución competente del Estado miembro deudor de esa pensión o
         renta y, por otra, abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión o renta, incluso
         en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen.
      
      82      Como se desprende del apartado 43 de la presente sentencia, en el procedimiento principal no se ha impugnado, como tal, la
         obligación de inscribirse en el CVZ que recae sobre los mencionados titulares de una pensión o renta, a fin de tener acceso
         a las prestaciones de enfermedad en especie contempladas en los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71
      
      83      En tales circunstancias, procede entender que la segunda cuestión tiene esencialmente por objeto que se determine si los artículos
         21 TFUE y 45 TFUE se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el asunto principal que, con arreglo a los artículos
         28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71, dispone que los titulares de una pensión o de una renta que residan en un Estado miembro
         distinto del Estado deudor de dicha pensión o renta estarán obligados a abonar cotizaciones en este último Estado por la dispensación
         de prestaciones de enfermedad en especie en el Estado miembro en que residen, incluso en el caso de que no se hayan inscrito
         en la institución competente de dicho Estado.
      
      84      Es preciso recordar que tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como del artículo 168 TFUE, apartado 7, se deduce
         que el Derecho de la Unión no supone merma alguna de la competencia de los Estados miembros para ordenar sus sistemas de seguridad
         social ni, en particular, para dictar disposiciones encaminadas a organizar y prestar servicios sanitarios y cuidados médicos.
         A falta de armonización a escala de la Unión Europea, corresponde, pues, a la legislación de cada Estado miembro determinar
         los requisitos para la concesión de prestaciones de seguridad social. No obstante, al ejercitar dicha competencia los Estados
         miembros deben respetar el Derecho de la Unión y, en particular, las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación
         de trabajadores o a la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y permanecer en el territorio de los
         Estados miembros (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 16 de julio de 2009, von Chamier-Glisczinski,
         C‑208/07, Rec. p. I‑6095, apartado 63 y jurisprudencia citada, y de 15 de junio de 2010, Comisión/España, C‑211/08, Rec. p. I‑0000,
         apartado 53).
      
      85      Una vez dicho esto, la interpretación que el Tribunal de Justicia da del Reglamento nº 1408/71 en respuesta a la primera cuestión
         debe entenderse sin perjuicio de la solución que se desprendería de la eventual aplicabilidad de disposiciones de Derecho
         primario. En efecto, el hecho de que una medida nacional pueda ser conforme con una disposición de Derecho derivado, en el
         presente caso el Reglamento nº 1408/71, no hace que dicha medida escape a las disposiciones del Tratado (véanse, en particular,
         las sentencias de 16 de mayo de 2006, Watts, C‑372/04, Rec. p. I‑4325, apartado 47; von Chamier-Glisczinski, antes citada, apartado
         66, y Comisión/España, antes citada, apartado 45).
      
      86      De ello se desprende que la aplicabilidad de los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento nº 1408/71 a una situación como la controvertida en el procedimiento principal no excluye, por sí sola,
         que los demandantes en el litigio principal puedan oponerse, invocando el Derecho primario, a las retenciones de cotizaciones
         practicadas por la institución competente del Estado miembro deudor de su pensión o de su renta por la dispensación de prestaciones
         de enfermedad en especie por parte de la institución competente del Estado miembro en que residen (véase, por analogía, la
         sentencia von Chamier-Glisczinski, antes citada, apartado 66).
      
      87      En el presente caso, es preciso examinar con carácter previo si una situación como la controvertida en el procedimiento principal
         está comprendida en el ámbito de aplicación de las disposiciones citadas en la segunda cuestión planteada, a saber, los artículos
         21 TFUE y 45 TFUE.
      
      88      En primer lugar, por lo que se refiere a la aplicabilidad del artículo 45 TFUE, procede comenzar recordando que el concepto
         de «trabajador» no es unívoco en el Derecho de la Unión, sino que varía según el ámbito de aplicación de que se trate. Así,
         el concepto de «trabajador» empleado en el ámbito del artículo 45 TFUE no coincide necesariamente con el que se emplea en
         el ámbito del artículo 48 TFUE y del Reglamento nº 1408/71 (véase la sentencia von Chamier-Glisczinski, antes citada, apartado
         68 y jurisprudencia citada).
      
      89      Por lo que respecta al artículo 45 TFUE, es jurisprudencia reiterada que el concepto de «trabajador», en el sentido de esta
         disposición, tiene un alcance autónomo propio del Derecho de la Unión y no debe interpretarse de forma restrictiva. Debe considerarse
         trabajador cualquier persona que ejerza unas actividades reales y efectivas, con exclusión de aquellas actividades realizadas
         a tan pequeña escala que tengan un carácter meramente marginal y accesorio. Según esta jurisprudencia, la característica de
         la relación laboral radica en la circunstancia de que una persona realice, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo
         la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales perciba una retribución (véase la sentencia von Chamier-Glisczinski,
         antes citada, apartado 69 y jurisprudencia citada).
      
      90      Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 45 TFUE, apartado 3, letra d), y el artículo 17, apartado 1, de la Directiva
         2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión
         y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se
         modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
         75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) establecen el derecho de las personas a permanecer, tras el
         cese de su actividad profesional, en el Estado miembro al que se habían desplazado con el fin de ejercer en él un empleo,
         de la jurisprudencia resulta que una persona que ha ejercido la totalidad de su actividad profesional en el Estado miembro
         del que es nacional y sólo ha hecho uso de su derecho a residir en otro Estado miembro después de haberse jubilado, sin intención
         de ejercer allí una actividad laboral por cuenta ajena, no puede invocar la libre circulación de los trabajadores (sentencias
         de 9 noviembre de 2006, Turpeinen, C‑520/04, Rec. p. I‑10685, apartado 16, y de 23 de abril 2009, Rüffler, C‑544/07, Rec.
         p. I‑3389, apartado 52).
      
      91      En el presente caso, los datos que figuran en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia tienden a indicar que
         los demandantes en el litigio principal, que han alcanzado todos la edad de la jubilación, son nacionales neerlandeses titulares
         de una pensión o de una renta en virtud de la AOW o de la WAO, respectivamente, que, tras haber ejercido toda sus carrera
         profesional en los Países Bajos, han establecido a continuación su residencia en otro Estado miembro, en el que no ejercen
         ninguna actividad profesional ni han buscado nunca trabajo.
      
      92      Los Sres. van Delft y van Willigen alegan, ciertamente, que su situación podría estar comprendida en el ámbito de aplicación
         del artículo 45 TFUE. Sin embargo, no aducen ningún dato concreto en apoyo de esta alegación que permita cuestionar las consideraciones
         anteriores. Antes al contrario, los citados demandantes indican explícitamente que emigraron a otro Estado miembro después
         de haberse jubilado.
      
      93      En tales circunstancias, procede considerar, al igual que la Comisión y los Gobiernos francés y finlandés, que el artículo
         45 TFUE no parece resultar aplicable a un litigio como el que se examina en el procedimiento principal.
      
      94      En cambio, procede señalar que los demandantes en el litigio principal, como nacionales neerlandeses, disfrutan en cualquier
         caso del estatuto de ciudadano de la Unión en virtud del artículo 20 TFUE, apartado 1.
      
      95      Al trasladarse a otro Estado miembro y establecer en él su residencia, dichos demandantes han ejercido los derechos que les
         confiere el artículo 21 TFUE, apartado 1. Por lo tanto, una situación como la suya está comprendida en el ámbito del derecho
         a la libre circulación y a la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión en el territorio de un Estado miembro distinto
         de aquel del que son nacionales.
      
      96      A tenor del artículo 21 TFUE, apartado 1, todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el
         territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones
         adoptadas para su aplicación. 
      
      97      A este respecto, de una jurisprudencia reiterada se desprende que las facilidades concedidas por el Tratado en materia de
         circulación de los ciudadanos de la Unión no podrían producir plenos efectos si se pudiera disuadir a un nacional de un Estado
         miembro de hacer uso de aquéllas por los obstáculos a su residencia en otro Estado miembro derivados de una normativa de su
         Estado de origen que le penaliza por el mero hecho de haberlas ejercido (véase la sentencia von Chamier-Glisczinski, antes
         citada, apartado 82 y jurisprudencia citada).
      
      98      En el presente caso, los demandantes en el litigio principal sostienen que, como consecuencia del traslado de su residencia
         a un país distinto de los Países Bajos, se encuentran, por lo que atañe a la dispensación de prestaciones de enfermedad en
         especie, en una situación menos favorable que la situación en la que se habrían encontrado de haber residido en los Países
         Bajos. Alegan en efecto que, a raíz de la entrada en vigor de la ZVW el 1 de enero de 2006, han sufrido, a diferencia de los
         residentes neerlandeses, una regresión significativa en su nivel de protección frente al riesgo de enfermedad, ya que, tanto
         en términos de costes como de calidad, las prestaciones dispensadas con arreglo a la legislación del Estado miembro en que
         residen son menos ventajosas que las que ofrecen los contratos de seguro privado. En cambio, las prestaciones dispensadas
         a los residentes neerlandeses en el marco de la ZVW son, por su parte, comparables a estas últimas. 
      
      99      A este respecto, es preciso recordar que, como el artículo 48 TFUE obliga a coordinar las legislaciones de los Estados miembros,
         y no a armonizarlas, las diferencias de fondo y de procedimiento entre los regímenes de seguridad social de cada Estado miembro
         y, por consiguiente, entre los derechos de las personas afiliadas a ellos, no se ven afectadas por dicha disposición, y cada
         Estado miembro sigue siendo competente para determinar en su legislación, respetando el Derecho de la Unión, los requisitos
         para la concesión de las prestaciones de un régimen de seguridad social (véase, en este sentido, la sentencia von Chamier-Glisczinski,
         antes citada, apartado 84).
      
      100    En estas circunstancias, el artículo 21 TFUE, apartado 1, no puede garantizar a un asegurado que el desplazamiento a otro
         Estado miembro sea neutro en lo que respecta a la seguridad social, especialmente por lo que se refiere a las prestaciones
         de enfermedad. Habida cuenta de las disparidades existentes entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros
         en la materia, tal desplazamiento puede ser más o menos ventajoso, según los casos, para la persona de que se trate en el
         plano de la protección social (véase la sentencia von Chamier-Glisczinski, antes citada, artículo 85).
      
      101    De lo antedicho resulta que una legislación nacional en materia de seguridad social sigue respetando las disposiciones del
         artículo 21 TFUE aunque su aplicación resulte, así, menos favorable, a condición de que no se traduzca pura y simplemente
         en un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido (véanse, por analogía, las sentencias de 19 de marzo de 2002, Hervein
         y otros, C‑393/99 y C‑394/99, Rec. p. I‑2829, apartado 51; de 9 de marzo de 2006, Piatkowski, C‑493/04, Rec. p. I‑2369, apartado
         34, y de 18 de julio de 2006, Nikula, C‑50/05, Rec. p. I‑7029, apartado 30).
      
      102    Pues bien, en el presente caso, como se ha indicado en el apartado 41 de esta sentencia, si bien a los titulares de una pensión
         o de una renta debida en virtud de la legislación neerlandesa que residen en un Estado miembro distinto de los Países Bajos
         les es aplicable, desde el 1 de enero de 2006, el régimen de prestaciones de enfermedad en especie establecido por la legislación
         del Estado miembro en que residen, mientras que antes no estaban comprendidos en el ámbito de aplicación de ningún régimen
         legal obligatorio de seguro de enfermedad y, por lo tanto, sólo podían protegerse del riesgo de enfermedad mediante contratos
         de seguro privados, ello se debe a la decisión del legislador neerlandés, en ejercicio de sus competencias de adaptación de
         los regímenes de seguridad social, de extender el régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad para incluir en él a todos
         los residentes en los Países Bajos, lo que tuvo como consecuencia, con arreglo a las normas de conflicto establecidas en los
         artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, que los mencionados titulares de pensiones y de rentas quedasen incluidos entre los beneficiarios
         de las prestaciones de enfermedad dispensadas en el Estado miembro en que residen.
      
      103    Es preciso señalar que, como ha alegado el Gobierno neerlandés, la normativa nacional controvertida en el litigio principal,
         en la medida en que establece, con arreglo a las disposiciones del Reglamento nº 1408/71, que los titulares de pensiones o
         de rentas no residentes tienen derecho a las prestaciones de enfermedad en especie previstas por la legislación del Estado
         miembro en que residan, tiende más a facilitar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión que a restringirla, ya que
         dicha normativa permite que estos últimos tengan acceso a la asistencia sanitaria que requiera su estado de salud en el Estado
         miembro en que residan en igualdad de condiciones con las personas afiliadas al régimen de seguridad social de ese Estado
         miembro.
      
      104    Ello resulta especialmente cierto en el asunto principal, habida cuenta de que, a raíz de los procedimientos judiciales de
         medidas cautelares iniciados por los demandantes en el litigio principal antes los órganos jurisdiccionales nacionales, el
         importe de las cotizaciones que deben abonar los titulares de pensión o de renta debida con arreglo a la legislación neerlandesa
         que residan en un Estado miembro distinto de los Países Bajos es ahora inferior al que abonan los titulares de las mismas
         pensiones o rentas que residen en los Países Bajos, ya que se le aplica un coeficiente que refleja el coste de la vida en
         el Estado miembro en que residen.
      
      105    Ciertamente, no cabe excluir que, como alegan los demandantes en el litigio principal, las prestaciones de enfermedad en especie
         dispensadas, con arreglo al Reglamento nº 1408/71, en el Estado miembro de residencia sean, en términos de costes y de calidad,
         menos ventajosas que las ofrecidas a los residentes neerlandeses en virtud de la ZVW.
      
      106    Sin embargo, conforme a la jurisprudencia citada y a los apartados 99 y 100 de la presente sentencia, esa diferencia en el
         nivel de protección contra el riesgo de enfermedad entre los sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros
         no puede considerarse una restricción derivada del artículo 21 TFUE, apartado 1, puesto que se debe a la falta de armonización
         del Derecho de la Unión en esta materia. En contra de lo que sostienen los Sr. van Delft y van Willigen, a este respecto resulta
         irrelevante que éstos hayan trasladado su residencia a otro Estado miembro antes de la entrada en vigor de la ZVW, y no después.
      
      107    Por otra parte, la normativa nacional controvertida en el litigio principal no impone a los titulares de pensiones o de rentas
         que residan en un Estado miembro distinto de los Países Bajos la obligación de cotizar a un régimen de seguridad social sin
         ofrecerles la protección social correspondiente.
      
      108    En efecto, si bien es cierto que no puede dispensarse ninguna prestación de enfermedad en especie a los titulares de una pensión
         o de una renta debida con arreglo a la legislación neerlandesa en el caso de que no se hayan inscrito en el Estado miembro
         de su residencia, no es menos cierto que el abono de las cotizaciones en los Países Bajos otorga a esos asegurados sociales
         el derecho a recibir las prestaciones correspondientes en el Estado miembro en que residan, a cargo de los Países Bajos.
      
      109    Dicho esto, procede señalar que, en el presente caso, la normativa controvertida en el litigio principal no se ha limitado
         a extender el régimen legal obligatorio de seguro de enfermedad incluyendo en él a todos los residentes en los Países Bajos
         y a establecer, de conformidad con el Reglamento nº 1408/71, que los titulares de una pensión o de una renta debida con arreglo
         a la legislación neerlandesa que residan en un Estado miembro distinto de los Países Bajos tienen acceso, mediante el abono
         de una cotización en ese Estado miembro, a las prestaciones de enfermedad en especie en el Estado miembro en que residan.
         En efecto, esa misma normativa ha ordenado además, paralelamente, la resolución de pleno derecho, a partir del 1 de enero
         de 2006, de los contratos de seguros celebrados antes de esa fecha por esos no residentes con una compañía establecida en
         los Países Bajos, en la medida en que esos contratos creasen derechos equivalentes a los que resultan de la aplicación del
         Reglamento nº 1408/71. 
      
      110    Los Sres. van Delft, van Willigen y Fokkens sostienen que esa resolución de pleno derecho, establecida en el artículo 2.5.2
         de la IZVW, afectó sustancialmente a los derechos adquiridos por los no residentes titulares de una pensión o de una renta
         en virtud de la legislación neerlandesa en el marco de los contratos de seguros celebrados durante la vigencia del régimen
         legal anterior con compañías de seguros establecidas en los Países Bajos. En efecto, como consecuencia de esa resolución legal,
         esos no residentes se vieron obligados, para garantizar la continuidad del nivel de protección global que resultaba de esos
         contratos, a suscribir nuevos contratos de seguros después del 1 de enero de 2006, a fin de completar las prestaciones de
         base dispensadas en el Estado miembro de residencia. Según alegan, habida cuenta de su edad, esos nuevos contratos sólo pudieron
         celebrarse con unas condiciones tarifarias particularmente desfavorables.
      
      111    Los Sres. van Delft y van Willigen alegan que no se ha dado el mismo trato a los residentes y a los no residentes a este respecto.
         En efecto, en la práctica, las condiciones tarifarias estipuladas en los nuevos contratos de seguros celebrados por residentes
         después de la entrada en vigor de la ZVW coinciden sustancialmente con las que éstos habían aceptado en los contratos celebrados
         durante la vigencia de la ZFW, mientras que, en cambio, en el caso de los no residentes, las condiciones propuestas por las
         compañías de seguros después de esa entrada en vigor son sustancialmente menos favorables que las que se aplicaban anteriormente
         en sus antiguos contratos.
      
      112    El Gobierno neerlandés, interrogado en la vista sobre ese particular, señaló que la IZVW sólo había ordenado la resolución
         de pleno derecho, a 1 de enero de 2006, de los contratos de seguros celebrados con compañías establecidas en los Países Bajos
         antes de la entrada en vigor de la ZVW «en la medida en que» tales contratos generasen, en relación con las prestaciones de
         enfermedad en especie, derechos equivalentes a los que los interesados podían invocar, después de esa entrada en vigor, en
         virtud de las disposiciones del Reglamento nº 1408/71. Por lo tanto, en su opinión, esta resolución de pleno derecho afectaba,
         no a la totalidad del contenido de los contratos de seguros, sino únicamente a la parte de éstos que correspondiera al régimen
         legal de base establecido por el Estado miembro de residencia, con el fin de evitar un doble aseguramiento y, por tanto, un
         doble pago de cotizaciones.
      
      113    El Gobierno neerlandés reconoce que, efectivamente, en la práctica, en la mayoría de los casos los contratos de seguros de
         que se trata se resolvieron en su totalidad, con lo que se obligó a celebrar nuevos contratos de seguros a los interesados
         que desearan mantener, después del 1 de enero de 2006, una protección complementaria contra el riesgo de enfermedad respecto
         al régimen legal de base. Sin embargo, a su juicio, los residentes y los no residentes recibieron idéntico trato a este respecto.
      
      114    Procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de una remisión prejudicial, pronunciarse sobre la
         interpretación de las disposiciones nacionales o sobre la apreciación del contexto fáctico que rodea al litigio principal,
         tarea que incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de
         23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C‑378/07 a C‑380/07, Rec. p. I‑3071, apartado 48).
      
      115    Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la normativa nacional controvertida en el litigio
         principal establece una diferencia de trato entre residentes y no residentes, y de ser así en qué medida.
      
      116    A este respecto, si llegara a demostrarse que esa normativa contiene medidas encaminadas a garantizar la continuidad de la
         protección global resultante de los contratos de seguros celebrados antes de la entrada en vigor de la ZVW, y que esas medidas
         únicamente se aplican a los contratos suscritos por residentes, esa diferencia de trato respecto a los no residentes constituiría,
         como el Abogado General indicó en el punto 79 de sus conclusiones, une restricción a la libre circulación de los ciudadanos
         de la Unión a efectos del artículo 21 TFUE, apartado 1, ya que podría, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado
         97 de la presente sentencia, disuadir a los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación neerlandesa,
         como los demandantes en el litigio principal, de mantener su residencia en un Estado miembro distinto de los Países Bajos.
         Ahora bien, en el contexto de la presente petición de decisión prejudicial, ni el Gobierno neerlandés ni el CVZ han aportado
         dato alguno que pudiera justificar esa diferencia de trato.
      
      117    Para proceder al examen de la existencia de una restricción a efectos del artículo 21 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente
         deberá prestar particular atención a los datos pertinentes siguientes, que resultan de los autos remitidos al Tribunal de
         Justicia.
      
      118    En primer lugar, del propio tenor del artículo 2.5.2, apartado 2, de la IZVW se desprende que éste sólo dispone la resolución
         de pleno derecho de los contratos de seguros celebrados por no residentes. En cambio, no contempla la de los contratos de
         seguros suscritos por residentes. 
      
      119    Para determinar si esa disposición establece, como su tenor parece así indicar, una diferencia de trato entre residentes y
         no residentes, incumbirá al órgano jurisdiccional remitente determinar si la normativa nacional controvertida en el litigio
         principal comprende, como el Gobierno holandés dio a entender, otra disposición legal que dispone igualmente y del mismo modo
         la resolución de pleno derecho de los contratos de seguros celebrados por residentes antes de la entrada en vigor de la ZVW.
      
      120    En caso de respuesta afirmativa, corresponderá asimismo a este órgano jurisdiccional comprobar si esta resolución de pleno
         derecho tiene efectos idénticos para los residentes y los no residentes, y en particular si, como ese mismo Gobierno sostiene,
         en ambos casos dicha resolución afecta sólo a la parte del contrato que generaba derechos equivalentes a los que se derivan
         del régimen legal obligatorio aplicable. 
      
      121    En segundo lugar, tanto de las observaciones escritas de los Sres. van Delft y van Willigen como de las del Gobierno neerlandés
         resulta que, por lo que se refiere a los residentes que estaban vinculados por un contrato de seguro a 1 de enero de 2006,
         la normativa nacional controvertida en el litigo principal impuso a las compañías que participaban en el régimen legal obligatorio
         de seguro de enfermedad establecido por la ZVW la obligación de aceptar a todos ellos como asegurados para la totalidad de
         las prestaciones de enfermedad en especie que les eran ofrecidas en virtud de esos contratos, a saber, tanto para las prestaciones
         de base correspondientes a los derechos previstos en la ZVW como para las prestaciones complementarias que excedían de esa
         protección legal mínima.
      
      122    En cambio, según los Sres. MM. van Delft y van Willigen, esa normativa no impuso a esas mismas compañías de seguros, cuando
         estaban establecidas en los Países Bajos, tal obligación de aceptación por lo que se refiere a los no residentes que estaban
         asegurados, antes de la entrada en vigor de la ZVW, en virtud de un contrato de seguro con ellas y que, después de esa entrada
         en vigor, tienen derecho, de conformidad con los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones en especie dispensadas en el Estado miembro de residencia a cargo de los Países
         Bajos.
      
      123    Si se demostrara la exactitud de esas explicaciones, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente,
         de ello se deduciría igualmente una diferencia de trato entre residentes y no residentes que colocaría a estos últimos en
         una situación menos favorable a raíz de la entrada en vigor de la ZVW. 
      
      124    En efecto, de no existir una obligación legal de asegurar a los no residentes, en particular por lo que se refiere a las prestaciones
         de enfermedad complementarias con respecto a las prestaciones de base a las que tales no residentes tienen derecho en el Estado
         miembro en que residen, tal normativa nacional habría podido perfectamente incitar a las compañías de seguros afectadas a
         aprovechar la entrada en vigor de la ZVW para rescindir en su totalidad los contratos de seguros celebrados anteriormente
         con esos no residentes, que se consideran incluidos en la categoría de «riesgos malos» habida cuenta de su edad y de su estado
         de salud, para proceder a nueva valoración y a una adaptación de las condiciones tarifarias propuestas a éstos teniendo en
         cuenta la evolución de esos parámetros desde la fecha de celebración del contrato inicial.
      
      125    Por último, en tercer lugar, los Sres. van Delft y van Willigen subrayaron en la vista que la entrada en vigor de la ZVW había
         estado precedida de una estrecha negociación entre el Gobierno neerlandés y las compañías de seguros en cuestión. Según afirman,
         al término de esa negociación se decidió, en cualquier caso desde un punto de vista político, que debían ofrecerse a los residentes
         condiciones tarifarias razonables y sustancialmente análogas a las que prevalecían en los contratos celebrados antes del 1
         de enero de 2006.
      
      126    Al ser interrogado sobre este punto en la vista, el Gobierno neerlandés alegó que la resolución total de los contratos de
         seguros celebrados antes de la entrada en vigor de la ZVW no sólo afecta tanto a los residentes como a los no residentes,
         sino que además no le es en absoluto imputable, ya que la IZVW se limita a imponer la resolución parcial de los contratos
         en cuestión. Por lo tanto, las condiciones tarifarias supuestamente desfavorables impuestas a los demandantes en el litigio
         principal cuando suscribieron esos nuevos contratos de seguros para obtener una protección complementaria obedecen únicamente
         a las decisiones comerciales adoptadas de manera autónoma por las compañías de seguros afectadas.
      
      127    Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, como los Sres. van Delft y van Willigen sostuvieron, las compañías
         de seguros afectadas adoptaron efectivamente, a instancias del Gobierno holandés, el compromiso de garantizar la continuidad
         de la protección global que resultaba de los contratos de seguros celebrados antes de la entrada en vigor de la ZVW y, en
         caso afirmativo, si esa garantía afecta sólo a los residentes o se aplica también a los no residentes. 
      
      128    Sin embargo, es preciso poner de relieve que, en contra de lo que sostiene el Gobierno neerlandés, no es cierto que toda diferencia
         de trato entre residentes y no residentes inducida por el Gobierno neerlandés y ejecutada con el concurso de éste por las
         compañías de seguros establecidas en los Países Bajos, si quedara demostrada, escaparía a la prohibición establecida en el
         artículo 21 TFUE por el mero hecho de no estar basada en decisiones que tengan un efecto legal obligatorio para esas empresas.
      
      129    En efecto, incluso los actos de las autoridades de los Estados miembros desprovistos de fuerza vinculante pueden ser capaces
         de influir en el comportamiento de las empresas y producir así el resultado de poner en peligro la finalidad perseguida por
         el artículo 21 TFUE. Pues bien, éste sería el caso si una práctica tarifaria adoptada por las compañías de seguros constituyera
         la plasmación de un acuerdo «político» definido por el Gobierno neerlandés y orientado a garantizar la continuidad de la protección
         global únicamente para los residentes, y no para los no residentes (véase, por analogía, la sentencia de 24 de noviembre de
         1982, Comisión/Irlanda, 249/81, Rec. p. 4005, apartados 27 a 29).
      
      130    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 21 TFUE debe interpretarse
         en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que
         dispone que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro
         Estado miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de ese último
         Estado miembro, deberán abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión o renta,
         incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen.
      
      131    En cambio, el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a tal normativa nacional en la medida en que
         induzca o suponga una diferencia de trato injustificada entre los residentes y los no residentes en lo que respecta a la continuidad
         de la protección global contra el riesgo de enfermedad de que disfrutaban con arreglo a los contratos de seguros suscritos
         antes de la entrada en vigor de esa normativa, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
      
       Costas
      132    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      1)      Los artículos 28, 28 bis y 33 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad
            social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad, en su versión modificada
            por el Reglamento (CE) nº 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, puestos en relación
            con el artículo 29 del Reglamento (CEE) nº 574/72, del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades
            de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores
            por cuenta ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE)
            nº 311/2007 de la Comisión, de 19 de marzo de 2007, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa
            de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que dispone que los titulares de una pensión o de una
            renta debida en virtud de la legislación de ese Estado que residan en otro Estado miembro en el que tengan derecho, en aplicación
            de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de este
            último Estado miembro, deberán abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión
            o renta, incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen. 
      2)      El artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida
            en el litigio principal, que dispone que los titulares de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de
            ese Estado que residan en otro Estado miembro en el que tengan derecho, en aplicación de los artículos 28 y 28 bis del Reglamento nº 1408/71, a las prestaciones de enfermedad en especie dispensadas por la institución competente de este
            último Estado miembro, deberán abonar una cotización por tales prestaciones, en forma de retención sobre la citada pensión
            o renta, incluso en el caso de que no se hayan inscrito en la institución competente del Estado miembro en que residen. 
      En cambio, el artículo 21 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a tal normativa nacional en la medida en que
            induzca o suponga una diferencia de trato injustificada entre los residentes y los no residentes en lo que respecta a la continuidad
            de la protección global contra el riesgo de enfermedad de que disfrutaban con arreglo a los contratos de seguros suscritos
            antes de la entrada en vigor de esa normativa, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: neerlandés.