CELEX: C2003/135/23
Language: es
Date: 2003-06-07 00:00:00
Title: Asunto C-157/03: Recurso interpuesto el 7 de abril de 2003 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 135/16                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           7.6.2003
Incumplimiento del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2241/               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que dicte
87 y del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2847: Mediante                sentencia por la que, estimando la demanda,
dichas normas se exige a los Estados miembros que controlen
la práctica de la pesca de los barcos pesqueros que enarbolan
su pabellón. A estos efectos, deben efectuar las inspecciones             1.    Declare que el Reino de España, al imponer, en contra de
necesarias. De las cifras relativas a los casos de exceso de pesca
                                                                                lo dispuesto en las Directivas 68/360 (1), 73/148 ( 2) y 90/
y del modo en el que se realizó dicha pesca se deduce                           365 ( 3), la obligación de obtener un visado de residencia,
inequívocamente que las autoridades belgas no adoptaron las                     para la expedición del permiso de residencia a los
normas de control necesarias para evitar los casos de exceso
                                                                                nacionales de un tercer país, miembros de la familia de
de pesca.                                                                       un nacional comunitario que ha ejercido la libertad de
                                                                                circulación, y al no conceder, en contra de lo dispuesto
                                                                                en la Directiva 64/221 ( 4), el permiso de residencia en el
Incumplimiento del artículo 11, apartado 2, del Reglamento                      más breve plazo, y, a más tardar, dentro de los seis meses
(CEE) no 2241/87 y del artículo 21, apartado 2, del Reglamento                  siguientes a la solicitud del permiso, ha incumplido las
(CEE) no 2847/93: Es evidente que las autoridades belgas han                    obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE.
actuado negligentemente en relación con la gestión de la cuota
al no establecer a tiempo una fecha de cese de la actividad
pesquera.
                                                                          2.    Condene en costas al Reino de España.
Incumplimiento del artículo 1, apartado 2, del Reglamento
(CEE) no 2241/87 y del artículo 31 del Reglamento (CEE)
no 2847/93: Cuando los barcos de pesca desembarcaron
pescado tras la fecha a partir de la cual no estaba permitida la
pesca de la especie de que se trate o sin que se hubiera
                                                                          Motivos y principales alegaciones
atribuido a Bélgica una cuota respecto a la especie de que se
trate, los capitanes de dichos barcos de pesca infringieron el
Derecho comunitario. Por tanto, las autoridades belgas debían
incoar un procedimiento penal o administrativo contra estas
personas y otros posibles responsables. El Gobierno belga no
                                                                          Las formalidades que el Estado miembro puede exigir al
ha presentado pruebas de que éste ha sido el caso.
                                                                          nacional comunitario que ejerce su derecho de libre circulación
                                                                          o al miembro de su familia (cualquiera que fuere la nacionali-
                                                                          dad) están claramente delimitadas por la correspondiente
( 1) DO L 24, p. 1; EE 04/02, p. 56.                                      normativa comunitaria, de modo que, en opinión de la
( 2) DO L 389, p. 1.                                                      Comisión, es claramente contrario a la letra y espíritu del
( 3) DO L 207, p. 1.
                                                                          Derecho comunitario, tal como se establece en las Directivas
( 4) DO L 261, p. 1.
                                                                          68/360, 73/148 y 90/360, que un Estado miembro imponga
                                                                          cualquier otra formalidad a efectos de entrada o de residencia.
                                                                          Como consecuencia de esta premisa, la Comisión opina que la
                                                                          legislación y práctica españolas, según lo establecido anterior-
                                                                          mente, contradicen estos principios de Derecho comunitario.
Recurso interpuesto el 7 de abril de 2003 contra el Reino                 Esencialmente, el visado de residencia, requerido conforme a
 de España por la Comisión de las Comunidades Europeas                    la legislación española, es un instrumento por el que las
                                                                          autoridades nacionales examinan — antes de la entrada en el
                                                                          territorio español — las razones por las que un nacional de un
                        (Asunto C-157/03)                                 tercer país desea residir durante más de tres meses en el
                                                                          territorio nacional.
                          (2003/C 135/23)
                                                                          El nacional de un tercer país que es miembro de la familia de
                                                                          un nacional comunitario que ejerce la libre circulación no
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha              puede ser asimilado al nacional de un tercer país sin ese
presentado el 7 de abril de 2003 un recurso contra el Reino de            vínculo familiar; al contrario, dicho nacional de un tercer país
España formulado por la Comisión de las Comunidades                       es el beneficiario de derechos comunitarios derivados y
Europeas, representada por la Sra. Carmel O’Reilly, Consejero             disfruta, por ello, de los derechos de entrada y residencia en el
Jurídico y por el Sr. Luis Escobar Guerrero, miembro de su                territorio de otro Estado miembro, paralelamente al nacional
Servicio Jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.                   comunitario.
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Tal nacional de un tercer país no debe acreditar ninguna razón                 La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
independiente para entrar y residir en el territorio. Su derecho
procede — como materia de Derecho comunitario — del                            1.    declare que, al incluir en los pliegos de condiciones de
derecho del nacional comunitario, de manera que, someterle a                         diversas licitaciones convocadas por el Instituto Nacional
formalidades previas a la entrada en el territorio nacional,                         de la Salud para la prestación de servicios de terapias
equivale no sólo a restringir su derecho (derivado) sino también                     respiratorias domiciliarias criterios de admisión, de valo-
a restringir el derecho principal del nacional comunitario.                          ración y de desempate que hacen referencia al hecho de
                                                                                     disponer, en el momento de la presentación de las ofertas,
                                                                                     de determinadas instalaciones propias en territorio espa-
La Comisión asimismo subraya que, de conformidad con el                              ñol, o en un radio de 1 000 Km, así como al hecho de
sistema general del régimen comunitario sobre expedición de                          disponer previamente de oficinas de atención al público
permisos de residencia, y, en particular, visto el artículo 5 de                     en determinadas localidades, o al hecho de estar gestio-
la Directiva 64/221, el Estado miembro debe adoptar la                               nando en ese momento el mismo servicio. el Reino de
decisión relativa al permiso de estancia en el más breve plazo,                      España ha incumplido las obligaciones que le incumben
y, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha                      con arreglo a los artículos 43 y 49 del Tratado CE.
de solicitud, en el bien entendido que, este plazo máximo de
seis meses, sólo se toma en cuenta en los supuestos en los que                 2.    condene en costas al Reino de España.
el examen de la solicitud se ve interferido por consideraciones
de orden público.
                                                                               Motivos y principales alegaciones
( 1) (CEE) del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión
     de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajado-
     res de los Estados miembros y de sus familias dentro de la
     Comunidad DO L 257 de 19.10.1968, p. 13, EEE: Cap. 05, Tomo               La Comisión considera que las condiciones de los concursos
     1, p. 88.                                                                 objeto del presente asunto son discriminatorias, y que no se
( 2) (CEE) del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión         encuentran justificadas por alguna razón imperiosa de interés
     de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la      general, o no respetan el principio de proporcionalidad.
     Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia
     de establecimiento y de prestación de servicios DO L 172 de
     28.06.1973, p. 14, EEE: Cap. 06, Tomo 1, p. 132.
( 3) (CEE) del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de
     residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta
     propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional DO
     L 180 de 13.07.1990, p. 28.
( 4) (CEE) del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación
     de las medidas especiales para los extranjeros en materia de
                                                                               Recurso de casación interpuesto el 7 de abril de 2003 por
     desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden
     público, seguridad y salud pública DO L 56 de 04.04.1964,                 el Sr. Jan Pflugradt contra el auto dictado el 11 de febrero
     p. 850, EEE: Cap. 05, Tomo 1, p. 36.                                      de 2003 por la Sala Quinta del Tribunal de Primera
                                                                               Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-83/
                                                                                   02, Jan Pflugradt contra el Banco Central Europeo
                                                                                                      (Asunto C-159/03 P)
                                                                                                        (2003/C 135/25)
Recurso interpuesto el 7 de abril de 2003 contra el Reino
 de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                               En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                               presentado el 7 de abril de 2003 un recurso de casación
                          (Asunto C-158/03)                                    formulado por el Sr. Jan Pflugradt, representado por el
                                                                               Dr. Norbert Pflüger, Rechtsanwalt, Kaiserstraße 44, D-60329
                                                                               Fráncfort del Meno, que designa domicilio en Luxemburgo,
                            (2003/C 135/24)                                    contra el auto dictado el 11 de febrero de 2003 por la Sala
                                                                               Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                               Europeas en el asunto T-83/02, Jan Pflugradt contra el Banco
                                                                               Central Europeo.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 7 de abril de 2003 un recurso contra el Reino de
España formulado por la Comisión de las Comunidades                            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que, además
Europeas, representada por los Sres. Gregorio Valero Jordana                   de revocar el auto recurrido:
y Klaus Wiedner, miembros de su Servicio Jurídico, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                       1)    Acuerde la admisión del recurso.