CELEX: 62004CJ0446
Language: es
Date: 2006-12-12
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de diciembre de 2006.#Test Claimants in the FII Group Litigation contra Commissioners of Inland Revenue.#Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Reino Unido.#Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Directiva 90/435/CEE - Impuesto sobre sociedades - Reparto de dividendos - Medidas para evitar o atenuar la doble imposición en cadena - Exención - Dividendos percibidos de sociedades residentes en otro Estado miembro o en un país tercero - Crédito fiscal - Pago a cuenta del impuesto sobre sociedades - Igualdad de trato - Acción de restitución o acción de indemnización .#Asunto C-446/04.

Asunto C‑446/04
      Test Claimants in the FII Group Litigation
      contra
      Commissioners of Inland Revenue
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]
      «Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Directiva 90/435/CEE — Impuesto sobre sociedades — Reparto de dividendos — Medidas para evitar o atenuar la doble imposición en cadena — Exención — Dividendos percibidos de sociedades residentes en otro Estado miembro o en un país tercero — Crédito fiscal — Pago a cuenta del impuesto sobre sociedades — Igualdad de trato — Acción de restitución o acción de indemnización»
      Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 6 de abril de 2006 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de diciembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria
      (Arts. 43 CE y 56 CE)
      2.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria
      (Arts. 43 CE y 56 CE)
      3.     Libre circulación de capitales — Restricciones — Legislación tributaria
      (Art. 56 CE)
      4.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria
      (Arts. 43 CE y 56 CE)
      5.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria
      (Arts. 43 CE y 56 CE)
      6.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Legislación tributaria
      (Art. 43 CE)
      7.     Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Legislación tributaria
      (Art. 43 CE y 56 CE)
      8.     Libre circulación de capitales — Restricciones a los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes
            de ellos
      (Arts. 56 CE y 57 CE, ap. 1)
      9.     Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      10.   Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      1.     Los artículos 43 CE y 56 CE han de interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro dispone de un sistema para
         evitar o atenuar la doble imposición en cadena o la doble imposición económica en el supuesto de dividendos que los residentes
         perciben de sociedades residentes, debe conceder un trato equivalente a los dividendos que los residentes perciben de sociedades
         no residentes.
      
      (véanse el apartado 72 y el punto 1 del fallo)
      2.     Los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades
         los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos
         que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee al menos el 10 % de los derechos de voto,
         concediendo, en este último caso, un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios
         en su Estado miembro de residencia, siempre que el tipo impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior
         al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado
         en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado
         miembro de la sociedad beneficiaria.
      
      El mero hecho de que, comparado a un sistema de exención, un sistema de imputación supone unas cargas administrativas adicionales
         para los contribuyentes, ya que debe acreditarse la cuantía del impuesto efectivamente pagado en el Estado de residencia de
         la sociedad que distribuye beneficios, no puede considerarse una diferencia de trato contraria a la libertad de establecimiento
         o a la libre circulación de capitales, toda vez que las cargas administrativas específicas impuestas a las sociedades residentes
         que perciben dividendos de origen extranjero son inherentes al funcionamiento de un sistema de crédito fiscal.
      
      (véanse los apartados 53, 60 y 73 y el punto 1 del fallo)
      3.     El artículo 56 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos
         que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una
         sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee menos del 10 % de los derechos de voto, sin concederle
         un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado de residencia.
      
      En efecto, tal diferencia de trato constituye una restricción a la libre circulación de capitales en la medida en que tiene
         el efecto de disuadir a las sociedades que residen en el Estado miembro de que se trata de invertir sus capitales en sociedades
         establecidas en otro Estado miembro. Además, produce asimismo un efecto restrictivo para las sociedades establecidas en otros
         Estados miembros en cuanto que constituye para ellas un obstáculo a la captación de capitales en el Estado miembro de que
         se trata.
      
      Con independencia de que un Estado miembro disponga, en cualquier caso, de diferentes sistemas posibles para evitar o atenuar
         la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos, las posibles dificultades en cuanto a la determinación del impuesto
         efectivamente pagado en otro Estado miembro no pueden justificar un obstáculo a la libre circulación de capitales como el
         que deriva de la referida legislación.
      
      (véanse los apartados 64, 65, 70 y 74 y el punto 1 del fallo)
      4.     Los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado miembro que permite que una sociedad residente que percibe
         dividendos de otra sociedad residente deduzca el importe del impuesto sobre sociedades pagado a cuenta por ésta del importe
         que la primera sociedad ha de pagar a cuenta por dicho impuesto, mientras que, en el caso de una sociedad residente que percibe
         dividendos de una sociedad no residente, no está permitida tal deducción por lo que respecta al impuesto correspondiente a
         los beneficios distribuidos pagado por esta última sociedad en su Estado de residencia.
      
      Este método conduce, en la práctica, a tratar de manera menos ventajosa a una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero
         que a una sociedad que percibe dividendos de origen nacional. En caso de un posterior reparto de dividendos, la primera está
         obligada a pagar la totalidad del pago a cuenta del impuesto, mientras que la segunda sólo debe pagarlo si dicho reparto a
         sus propios accionistas excede del que ella misma recibió.
      
      Pues bien, el hecho de no tener que realizar el pago a cuenta del impuesto constituye una ventaja de tesorería en la medida
         en que la sociedad de que se trata puede conservar las cantidades que, de otro modo, debería haber pagado en concepto de dicho
         pago a cuenta del impuesto hasta el momento en que resulta exigible el impuesto sobre sociedades.
      
      Tal diferencia de trato no puede justificarse por la necesidad de preservar la coherencia del sistema tributario vigente en
         el Estado miembro de que se trate debido a la existencia de una relación directa entre la ventaja fiscal otorgada, a saber,
         el crédito fiscal concedido a una sociedad residente que percibe dividendos de otra sociedad residente, y la deuda tributaria
         compensatoria, a saber, el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que esta última abonó por dicho reparto. En efecto,
         la necesidad de tal relación directa debe conducir precisamente a conceder la misma ventaja fiscal a las sociedades que perciben
         dividendos de sociedades no residentes, toda vez que éstas también están obligadas, en su Estado de residencia, a pagar el
         impuesto sobre sociedades por los beneficios distribuidos.
      
      (véanse los apartados 84, 86, 93 y 112 y el punto 2 del fallo)
      5.     Los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un Estado miembro que establece que toda desgravación por el
         impuesto pagado en el extranjero de la que disfruta una sociedad residente que haya percibido dividendos de origen extranjero
         reduce el importe del impuesto sobre sociedades al que puede imputar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades en caso
         de un posterior reparto de dividendos a sus propios accionistas.
      
      En efecto, el hecho de que una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero y que disfruta de una desgravación por
         el impuesto extranjero vea reducido el importe del impuesto sobre sociedades al que puede imputarse el exceso de pago a cuenta
         de este impuesto sólo conduce a una discriminación entre tal sociedad y una sociedad que percibe dividendos de origen nacional
         si aquélla no disponía, en realidad, de los mismos medios que ésta para imputar el exceso de pago a cuenta del impuesto sobre
         sociedades al importe pagadero en concepto de dicho impuesto.
      
      (véanse los apartados 120, 125 y 138 y el punto 3 del fallo)
      6.     El artículo 43 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que permite que una sociedad residente transfiera a filiales
         residentes el importe del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades
         pagadero por aquélla por el ejercicio contable correspondiente o por ejercicios contables anteriores o posteriores, para que
         éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que han de pagar, pero no permite que una sociedad residente transfiera
         dicho importe a filiales no residentes en el supuesto en que éstas deban pagar en dicho Estado miembro por los beneficios
         allí obtenidos.
      
      (véanse el apartado 139 y el punto 3 del fallo)
      7.     Los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado miembro que, al tiempo que deja exentas del pago a cuenta
         del impuesto sobre sociedades a las sociedades residentes que reparten a sus accionistas dividendos procedentes de dividendos
         de origen nacional que ellas percibieron, concede a las sociedades residentes que reparten a sus accionistas dividendos procedentes
         de dividendos de origen extranjero que ellas percibieron la facultad de optar por un régimen que les permite recuperar el
         impuesto sobre sociedades pagado a cuenta, pero, por un lado, obliga a dichas sociedades a abonar el referido impuesto a cuenta
         y a reclamarlo posteriormente y, por otro lado, no prevé un crédito fiscal para sus accionistas, que sí lo habrían obtenido
         en el supuesto de que una sociedad residente hubiera repartido dividendos de origen nacional.
      
      En efecto, si bien es cierto que un Estado miembro debe disponer de un determinado plazo de tiempo para poder tener en cuenta,
         en la determinación del importe finalmente debido en concepto de impuesto sobre sociedades, todos los impuestos que ya han
         gravado los beneficios distribuidos, esto no puede justificar una legislación que no permite en modo alguno que una sociedad
         residente beneficiaria de un reparto de dividendos de origen extranjero impute a la cuantía debida en concepto de pago a cuenta
         del impuesto sobre sociedades el impuesto que grava los beneficios distribuidos en el extranjero, mientras que, para dividendos
         de origen nacional, este importe se deduce de oficio del impuesto pagado, aunque sea a cuenta, por la sociedad residente que
         distribuye beneficios.
      
      En cuanto a la circunstancia de que dicha legislación no prevé crédito fiscal para los accionistas de sociedades residentes
         que reparten dividendos procedentes de dividendos de origen extranjero, el riesgo de doble imposición económica existe no
         sólo en el supuesto de dividendos procedentes de una sociedad residente sujeta a la obligación de abonar el pago a cuenta
         del impuesto sobre sociedades por sus repartos de dividendos, sino también en el supuesto de dividendos repartidos por una
         sociedad no residente, cuyos beneficios están asimismo sujetos, en su Estado de residencia, al impuesto sobre sociedades,
         según el tipo y las normas allí aplicables.
      
      (véanse los apartados 156, 158, 159, 172 y 173 y el punto 4 del fallo)
      8.     El artículo 57 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro adoptó, antes del 31 de diciembre
         de 1993, una legislación que contiene restricciones a los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes
         de ellos prohibidas por el artículo 56 CE y, después de esa fecha, adopta medidas que, constituyendo también una restricción
         a dichos movimientos, son esencialmente idénticas a la legislación anterior o se limitan a reducir o suprimir un obstáculo
         al ejercicio de los derechos y las libertades comunitarias que figure en la legislación anterior, el artículo 56 CE no se
         opone a la aplicación a terceros países de estas últimas medidas cuando se aplican a movimientos de capitales que supongan
         inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión
         de valores en los mercados de capitales. A este respecto, no cabe considerar inversiones directas las participaciones en una
         sociedad que no se adquieren para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos entre el accionista y dicha sociedad
         y no permiten que el accionista participe de manera efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad.
      
      (véanse el apartado 196 y el punto 5 del fallo)
      9.     A falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos
         jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia
         de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, incluida la calificación de las demandas presentadas
         ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes hayan sido perjudicados. No obstante, dichos órganos están obligados
         a garantizar que los justiciables disponen de un cauce procesal efectivo que les permita obtener la devolución del impuesto
         indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas a dicho Estado miembro o retenidas por éste en relación directa con tal
         impuesto.
      
      Por lo que respecta a otros perjuicios sufridos por una persona por una infracción del Derecho comunitario imputable a un
         Estado miembro, éste está obligado a reparar los daños causados a los particulares en las condiciones recogidas en la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia, a saber, que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que
         la violación esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de
         la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por quienes hayan sido perjudicados, sin que esto excluya que, con arreglo
         al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.
      
      Sin perjuicio del derecho a indemnización que está basado directamente en el Derecho comunitario desde el momento en que se
         reúnen los referidos requisitos mencionados en la jurisprudencia, incumbe al Estado, en el marco del Derecho nacional en materia
         de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que las condiciones establecidas por las
         legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones
         semejantes de naturaleza interna y no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil
         obtener la indemnización.
      
      (véanse los apartados 209, 219 y 220 y el punto 6 del fallo)
      10.   Para determinar si existe una violación suficientemente caracterizada del Derecho comunitario, que pueda generar la responsabilidad
         de un Estado miembro por los daños causados a los particulares, es preciso tener en cuenta todos los elementos que caractericen
         la situación que se haya sometido al órgano jurisdiccional nacional. Entre estos elementos figuran, en particular, el grado
         de claridad y de precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida o del perjuicio
         causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho y la circunstancia de que las actitudes adoptadas
         por una institución comunitaria hayan podido contribuir a la adopción o al mantenimiento de medidas o de prácticas nacionales
         contrarias al Derecho comunitario.
      
      En cualquier caso, una violación del Derecho comunitario es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse
         dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de
         una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento
         controvertido.
      
      En un ámbito como el de la fiscalidad directa, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar los factores anteriormente
         citados, en particular, el grado de claridad y de precisión de las normas vulneradas y el carácter excusable o inexcusable
         de eventuales errores de Derecho, a la luz del hecho de que las consecuencias que se derivan de las libertades de circulación
         garantizadas por el Tratado sólo se revelan gradualmente, en particular, por los principios sentados por la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia.
      
      (véanse los apartados 204, 213 a 215 y 217)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 12 de diciembre de 2006 (*)
      
      «Libertad de establecimiento – Libre circulación de capitales – Directiva 90/435/CEE – Impuesto sobre sociedades – Reparto de dividendos – Medidas para evitar o atenuar la doble imposición en cadena – Exención – Dividendos percibidos de sociedades residentes en otro Estado miembro o en un país tercero – Crédito fiscal – Pago a cuenta del impuesto sobre sociedades – Igualdad de trato – Acción de restitución o acción de indemnización»
      En el asunto C‑446/04,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial presentada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of
         Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), mediante resolución de 13 de octubre de 2004, recibida en el Tribunal
         de Justicia el 22 de octubre de 2004, en el procedimiento entre
      
      Test Claimants in the FII Group Litigation
      y
      Commissioners of Inland Revenue,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts (Ponente), P. Kūris
         y E. Juhász, Presidentes de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, A. Borg Barthet y M. Ilešič, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
      Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de noviembre de 2005;
      consideradas las observaciones escritas presentadas:
      –       en nombre de Test Claimants in the FII Group Litigation, por el Sr. G. Aaronson, QC, y los Sres. P. Farmer y D. Cavender,
         Barristers, designados por los Sres. S. Whitehead y M. Anderson, Solicitors;
      
      –       en nombre del Gobierno del Reino Unido, inicialmente por la Sra. E. O’Neill, y posteriormente por la Sra. C. Gibbs, en calidad
         de agentes, asistidas por el Sr. G. Barling, QC, y el Sr. D. Ewart y la Sra. S. Stevens, Barristers;
      
      –       en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por la Sra. G. Clohessy, BL, y el Sr. A. Collins, SC;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. R. Lyal, en calidad de agente;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de abril de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 43 CE y 56 CE, así como de los artículos
         4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable
         a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (DO L 225, p. 6).
      
      2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre unas sociedades residentes en el Reino Unido y los Commissioners
         of Inland Revenue (administración tributaria del Reino Unido), en relación con el tratamiento fiscal de dividendos percibidos
         de sociedades que no residen en dicho Estado miembro.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3       El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435, en su versión inicial, establece:
      «Cuando una sociedad matriz reciba, en calidad de socio de su sociedad filial, beneficios distribuidos por motivos distintos
         de la liquidación de la misma, el Estado de la sociedad matriz:
      
      –       o bien se abstendrá de gravar dichos beneficios;
      –       o bien los gravará, autorizando al mismo tiempo a dicha sociedad a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto
         de la filial correspondiente a dichos beneficios y, en su caso, la cuantía de la retención en origen percibida por el Estado
         miembro de residencia de la filial en aplicación de las disposiciones de excepción previstas en el artículo 5, dentro de los
         límites del importe del impuesto nacional correspondiente.»
      
      4       A tenor del artículo 6 de dicha Directiva, el Estado miembro del que dependa la sociedad matriz no podrá percibir una retención
         en origen sobre los beneficios que dicha sociedad reciba de su filial.
      
      5       El artículo 7 de la Directiva 90/435 dispone:
      «1.      La expresión “retención en origen” utilizada en la presente Directiva no comprenderá el pago anticipado o previo (descuento
         previo) del impuesto de sociedades al Estado miembro en el que esté situada la filial, efectuado en relación con la distribución
         de beneficios a la sociedad matriz.
      
      2.      La presente Directiva no afectará a la aplicación de las disposiciones nacionales o a las incluidas en convenios, cuyo objetivo
         sea suprimir o atenuar la doble imposición económica de los dividendos, en particular las disposiciones relativas al pago
         de créditos fiscales a los beneficiarios de dividendos.»
      
       Normativa nacional
      6       Con arreglo a la legislación fiscal vigente en el Reino Unido, los beneficios obtenidos durante un ejercicio económico por
         las sociedades residentes en dicho Estado miembro, así como por las sociedades no residentes pero que desarrollan allí una
         actividad comercial por medio de sucursal o agencia, están sujetos al impuesto sobre sociedades en el referido Estado.
      
      7       Desde 1973, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte aplica un sistema impositivo denominado de «imputación parcial»,
         según el cual, para evitar la doble imposición económica, cuando una sociedad residente distribuye beneficios, se imputa a
         sus accionistas una parte del impuesto sobre sociedades pagado por dicha sociedad. Hasta el 6 de abril de 1999, este sistema
         se basaba, por un lado, en el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades por la sociedad que distribuye beneficios y, por
         otro lado, en un crédito fiscal concedido a los accionistas beneficiarios del reparto de dividendos, acompañado, por lo que
         respecta a las sociedades beneficiarias residentes en el Reino Unido, de la exención del impuesto sobre sociedades de los
         dividendos percibidos de una sociedad residente también en dicho Estado miembro.
      
       Pago a cuenta del impuesto sobre sociedades
      8       Conforme al artículo 14 de la Ley de 1988 relativa a los impuestos sobre la renta y sobre sociedades (Income and Corporation
         Taxes Act 1988; en lo sucesivo, «ICTA»), en su versión aplicable cuando ocurrieron los hechos del litigio principal, una sociedad
         residente en el Reino Unido que reparte dividendos a sus accionistas está obligada a efectuar un pago a cuenta del impuesto
         sobre sociedades («advance corporation tax»; en lo sucesivo, «ACT»), calculado sobre el importe o el valor de los dividendos
         repartidos.
      
      9       Una sociedad tiene derecho a imputar el ACT pagado a raíz de un reparto de dividendos realizado durante un ejercicio económico
         determinado, al importe que ha de pagar en concepto de impuesto sobre sociedades («mainstream corporation tax») de dicho ejercicio,
         dentro de un determinado límite. Si la deuda tributaria de una sociedad por el impuesto sobre sociedades no permite, por insuficiente,
         la imputación íntegra del ACT, el exceso de ACT puede trasladarse, bien a un ejercicio anterior o posterior, bien a las filiales
         de dicha sociedad que pueden imputarlo a la cantidad que ellas mismas adeuden en concepto de impuesto sobre sociedades. Las
         filiales a las que puede transferirse el exceso de ACT sólo pueden ser filiales residentes en el Reino Unido.
      
      10     Un grupo de sociedades del Reino Unido puede también optar por la tributación en régimen de grupo, que permite que las sociedades
         pertenecientes a dicho grupo aplacen el pago del ACT hasta que la sociedad matriz del citado grupo lleve a cabo un reparto
         de dividendos. Este régimen, que fue objeto de la sentencia de 8 de marzo de 2001, Metallgesellschaft y otros (C‑397/98 y
         C‑410/98, Rec. p. I‑1727), no se discute en el presente asunto.
      
       Situación de los accionistas residentes que perciben dividendos de sociedades residentes
      11     Con arreglo al artículo 208 de la ICTA, cuando una sociedad residente en el Reino Unido percibe dividendos de una sociedad
         que también reside en este Estado miembro no está sujeta al impuesto sobre sociedades por dichos dividendos.
      
      12     Además, en virtud del artículo 231, apartado 1, de la ICTA, todo reparto de dividendos sujeto al ACT que realice una sociedad
         residente a otra sociedad residente da lugar a un crédito fiscal a favor de ésta que corresponde a la fracción del importe
         del ACT pagado por la primera sociedad. A tenor del artículo 238, apartado 1, de la ICTA, para la sociedad beneficiaria, el
         dividendo percibido y el crédito fiscal constituyen, conjuntamente, el «rendimiento de capital exento» («franked investment
         income» o «FII»).
      
      13     Una sociedad residente en el Reino Unido que haya percibido de otra sociedad residente dividendos cuyo reparto dé derecho
         al crédito fiscal puede recoger el importe del ACT pagado por esta otra sociedad y deducirlo del importe del ACT que ella
         misma debe pagar cuando reparte dividendos a sus propios accionistas, de modo que sólo ingresará el ACT sobre la diferencia.
      
      14     Con arreglo al baremo F de la ICTA, una persona física residente en el Reino Unido está sujeta al impuesto sobre la renta
         por los dividendos percibidos de una sociedad residente en dicho Estado miembro. Sin embargo, tiene derecho a un crédito fiscal
         correspondiente a la fracción del importe del ACT pagado por dicha sociedad. Este crédito fiscal puede deducirse del importe
         debido por esa persona en concepto de impuesto sobre la renta por el dividendo o pagarse en efectivo si el crédito supera
         el importe de su tributación.
      
       Situación de los accionistas residentes que perciben dividendos de sociedades no residentes
      15     Cuando una sociedad residente en el Reino Unido percibe dividendos de una sociedad que reside fuera del Reino Unido, está
         sujeta al impuesto sobre sociedades por dichos dividendos.
      
      16     En tal caso, la sociedad beneficiaria de dichos dividendos no tiene derecho a un crédito fiscal y los dividendos percibidos
         no pueden calificarse de rendimientos de capital exentos. En cambio, de conformidad con los artículos 788 y 790 de la ICTA,
         disfruta de una desgravación por el impuesto pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado de residencia,
         desgravación concedida bien en virtud de la normativa vigente en el Reino Unido, bien en virtud de un convenio para evitar
         la doble imposición (en lo sucesivo, «CDI») celebrado por éste con ese otro Estado.
      
      17     Por tanto, la normativa nacional permite imputar al impuesto sobre sociedades pagadero por la sociedad residente beneficiaria
         de los dividendos las retenciones en origen practicadas sobre dichos dividendos distribuidos por una sociedad no residente.
         Si dicha sociedad residente beneficiaria controla, directa o indirectamente, o es una filial de una sociedad que controla,
         directa o indirectamente, un 10 % o más de los derechos de voto de la sociedad que distribuye beneficios, la desgravación
         se extiende al impuesto sobre sociedades extranjero subyacente, pagado sobre los beneficios a partir de los cuales se abonan
         los dividendos. Este impuesto extranjero sólo puede ser objeto de desgravación hasta el límite de la cuantía debida en el
         Reino Unido en concepto de impuesto sobre sociedades por la renta de que se trate.
      
      18     Se aplican disposiciones análogas en virtud de los CDI celebrados por el Reino Unido.
      19     La propia sociedad residente ha de pagar el ACT en la medida en que reparta dividendos a sus accionistas.
      20     Por lo que respecta a la posibilidad de imputar el ACT pagado por tal reparto al importe que la referida sociedad residente
         ha de pagar en concepto de impuesto sobre sociedades, el hecho de que dicha sociedad residente perciba dividendos de una sociedad
         no residente puede conducir a un exceso de ACT por dos razones.
      
      21     Por un lado, como se ha señalado en el apartado 16 de la presente sentencia, el reparto de dividendos por una sociedad no
         residente no lleva aparejado un crédito fiscal que pueda deducirse del importe del ACT que la sociedad residente debe abonar
         cuando reparte dividendos a sus propios accionistas.
      
      22     Por otro lado, cuando una sociedad residente disfruta de una desgravación por el impuesto pagado en el extranjero por dicha
         sociedad no residente, la imputación de este impuesto a la cuantía debida en concepto de impuesto sobre sociedades reduce,
         en sede de la sociedad residente, el importe que puede ser objeto de una deducción del ACT.
      
       El régimen FID
      23     A partir del 1 de julio de 1994, una sociedad residente que percibe dividendos de una sociedad no residente puede decidir,
         en caso de reparto de un dividendo a sus propios accionistas, que éste se califique de «dividendo de rendimientos extranjeros»
         («foreign income dividend», en lo sucesivo, «FID»), sobre el que se ha de pagar el ACT, pero que permite a dicha sociedad,
         siempre que el FID alcance el nivel de los dividendos de origen extranjero percibidos, solicitar el reembolso del ACT pagado
         en exceso.
      
      24     Mientras que el ACT debe pagarse dentro de los catorce días posteriores al trimestre en el que se repartió el dividendo, el
         exceso de ACT resulta reembolsable en el momento en que la sociedad residente debe pagar el impuesto sobre sociedades, es
         decir, nueve meses después de finalizado el ejercicio contable.
      
      25     Cuando un dividendo calificado de FID se reparte a un accionista persona física, éste ya no tiene derecho a un crédito fiscal,
         pero se considera, en el marco del impuesto sobre la renta, que ha recibido una renta gravada al tipo más bajo. Los accionistas
         exentos de impuesto, como los fondos de pensiones del Reino Unido, beneficiarios de un FID, tampoco tienen derecho a un crédito
         fiscal.
      
      26     El sistema del ACT, incluido el sistema del FID (en lo sucesivo, «régimen FID»), fue eliminado para los repartos de dividendos
         realizados a partir del 6 de abril de 1999.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      27     El litigio principal se inscribe en la categoría de «group litigation [demanda colectiva]» relativa al rendimiento de capital
         exento («Franked Investment Income Group Litigation»), constituida por varios recursos interpuestos ante la High Court of
         Justice (England & Wales), Chancery Division, por sociedades que residen en el Reino Unido y que tienen participaciones en
         sociedades residentes en otro Estado miembro o en un país tercero.
      
      28     Los asuntos elegidos por el órgano jurisdiccional remitente como asuntos «piloto» a efectos de la presente petición de decisión
         prejudicial, se refieren a unas reclamaciones interpuestas por unas sociedades que residen en el Reino Unido y que forman
         parte del grupo British American Tobacco (BAT; en lo sucesivo, «demandantes en el litigio principal»). A la cabeza del grupo
         se encontraba una sociedad matriz que poseía, directa o indirectamente, el 100 % del capital de otras sociedades, que a su
         vez poseían el 100 % del capital de sociedades establecidas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio
         Económico Europeo, así como en países terceros.
      
      29     Estos asuntos se refieren, en primer lugar, a unos dividendos repartidos por dichas sociedades no residentes en favor de las
         demandantes en el litigio principal desde el ejercicio económico que finalizó el 30 de septiembre de 1973 y, según la resolución
         de remisión, al menos hasta la fecha de ésta; en segundo lugar, a unos dividendos repartidos por la sociedad matriz del grupo
         BAT a sus accionistas a partir del mismo ejercicio económico hasta el 31 de marzo de 1999; en tercer lugar, a unos pagos de
         ACT realizados por las demandantes en el litigio principal desde el referido ejercicio hasta el 14 de abril de 1999 y, en
         cuarto lugar, a unos dividendos calificados de FID repartidos entre el 30 de septiembre de 1994 y el 30 de septiembre de 1997.
      
      30     Las demandantes en el litigio principal solicitan la restitución y/o la compensación de pérdidas resultantes de haberles aplicado
         la normativa vigente en el Reino Unido, por lo que se refiere, en particular:
      
      –       al impuesto sobre sociedades pagado por los dividendos de origen extranjero percibidos y las desgravaciones y créditos fiscales
         aplicados a dichos tributos que, a falta de tal impuesto, podían haberse utilizado o transferido para deducirse de otros tributos;
      
      –       al ACT pagado por las cantidades distribuidas a sus accionistas a partir de dividendos de origen extranjero, siempre que hubiera
         un exceso;
      
      –       en este último supuesto, a la imposibilidad de disfrutar de las cantidades de que se trata entre la fecha de pago del ACT
         y el momento en que el ACT se imputa al impuesto sobre sociedades, y
      
      –       por lo que respecta a repartos de dividendos calificados de FID, a la imposibilidad de disfrutar de las cantidades pagadas
         como ACT entre la fecha del pago del ACT y el momento de su reembolso, así como los importes adicionales que las demandantes
         en el litigio principal habían debido abonar a sus accionistas para compensar la falta de crédito fiscal para éstos.
      
      31     En estas circunstancias, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, decidió suspender el procedimiento
         y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
      
      «1)      ¿Es contrario a los artículos 43 CE o 56 CE que un Estado miembro mantenga vigentes y aplique medidas que declaran exentos
         del impuesto sobre sociedades los dividendos percibidos por una sociedad residente en dicho Estado miembro (en lo sucesivo,
         «sociedad residente») de otras sociedades residentes y que gravan con dicho impuesto los dividendos obtenidos de sociedades
         residentes en otros Estados miembros (en lo sucesivo, «sociedades no residentes»), tras conceder una desgravación por doble
         imposición por las retenciones en origen que deben practicarse por los dividendos y, en determinadas condiciones, por el impuesto
         subyacente pagado por las sociedades no residentes sobre sus beneficios en su país de residencia?
      
      2)      Si el régimen vigente en un Estado miembro impone en determinadas circunstancias pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades
         […] sobre el pago de dividendos por una sociedad residente a sus accionistas y concede un crédito fiscal en favor de los accionistas
         residentes en dicho Estado miembro en relación con dichos dividendos, ¿es contrario a los artículos 43 CE o 56 CE, o a los
         artículos 4, apartado 1, o 6 de la Directiva [90/435] que este Estado miembro mantenga vigentes y aplique medidas que establezcan
         que la sociedad residente abone dividendos a sus accionistas sin estar obligada a pagar el pago a cuenta del impuesto sobre
         sociedades cuando haya percibido dividendos de sociedades residentes en dicho Estado miembro (directa o indirectamente a través
         de otras sociedades residentes en dicho Estado miembro) y no establezcan que la sociedad residente debe abonar dividendos
         a sus accionistas sin estar obligada al pago a cuenta del impuesto sobre sociedades cuando haya percibido dividendos de sociedades
         no residentes?
      
      3)      ¿Es contrario a las disposiciones de Derecho comunitario mencionadas en la segunda cuestión prejudicial que el Estado miembro
         mantenga vigentes y aplique medidas que establecen que la obligación de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades debe imputarse
         a la obligación de la sociedad que distribuye los dividendos, y la de otras sociedades del grupo residente en dicho Estado
         miembro, de pago del impuesto sobre sociedades en dicho Estado miembro por sus beneficios:
      
      a)      pero que no establezcan ninguna forma de imputación de la cantidad que debe pagarse en concepto de pago a cuenta del impuesto
         sobre sociedades u otra solución equivalente (como la devolución del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades) en relación
         con los beneficios obtenidos, ya sea en dicho Estado o en otros Estados miembros, por las sociedades del grupo que no sean
         residentes en dicho Estado miembro, y/o
      
      b)      que establezcan que toda desgravación por doble imposición a la que pueda acogerse una sociedad residente en dicho Estado
         miembro reduce la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre sociedades a la que puede imputarse la cantidad que debe
         pagarse en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades?
      
      4)      Si el Estado miembro ha adoptado medidas que, en determinadas circunstancias, establecen que las sociedades residentes, cuando
         así lo decidan, podrán recuperar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades abonado por los dividendos repartidos a sus
         accionistas cuando dichos dividendos sean percibidos por sociedades residentes procedentes de sociedades no residentes (incluidas,
         a dichos efectos, las sociedades residentes en terceros países), ¿es contrario a los artículos 43 CE o 56 CE, o a los artículos
         4, apartado 1, o 6 de la Directiva [90/435], que dichas medidas:
      
      a)      obliguen a las sociedades residentes a abonar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades y a reclamarlo posteriormente, y
      b)      no prevean la concesión a los accionistas de las sociedades residentes de un crédito fiscal que obtendrían por un dividendo
         procedente de una sociedad residente, que no hubiera percibido, a su vez, dividendos de sociedades no residentes?
      
      5)      Si, con anterioridad al 31 de diciembre de 1993, un Estado miembro ha adoptado las medidas que se describen en las cuestiones
         prejudiciales primera y segunda, y después de dicha fecha ha adoptado el resto de las medidas que se describen en la cuarta
         cuestión prejudicial, y si dichas medidas constituyen una restricción prohibida por el artículo 56 CE, ¿debe considerarse
         que dicha restricción constituye una nueva restricción que no existía ya el 31 de diciembre de 1993?
      
      6)      Si cualquiera de las medidas que se exponen en las cuestiones prejudiciales primera a quinta vulnerase alguna de las disposiciones
         comunitarias en ellas mencionadas, en caso de que la sociedad residente u otras sociedades del mismo grupo formulen las siguientes
         reclamaciones relacionadas con los incumplimientos correspondientes:
      
      a)      una solicitud de devolución del impuesto sobre sociedades indebidamente recaudado en las circunstancias a que se hace referencia
         en la primera cuestión prejudicial;
      
      b)      una reclamación de recuperación (o indemnización de los daños y perjuicios por la pérdida) de las desgravaciones practicadas
         con cargo al impuesto sobre sociedades ilegalmente recaudado en las circunstancias a que se hace referencia en la primera
         cuestión prejudicial;
      
      c)      una solicitud de devolución del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades (o reclamación de indemnización por éste) que
         no haya podido imputarse a la deuda tributaria de la sociedad en concepto de impuesto sobre sociedades o desgravarse de otro
         modo, y que no habría sido pagado (o habría sido desgravado) de no ser por el incumplimiento;
      
      d)      cuando el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades haya sido imputado al impuesto sobre sociedades, una reclamación por
         pérdida de liquidez entre la fecha de pago del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades y dicha imputación;
      
      e)      una solicitud de devolución del impuesto sobre sociedades pagado por la sociedad o por otra sociedad del grupo cuando cualquiera
         de dichas sociedades haya contraído una obligación de pago del impuesto sobre sociedades renunciando a otras desgravaciones
         para permitir la imputación de la cantidad que debe pagarse en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades a la
         deuda tributaria contraída en concepto de impuesto sobre sociedades (los límites a la imputación del pago a cuenta del impuesto
         sobre sociedades dan lugar a la obligación de pago de una cuota residual del impuesto sobre sociedades);
      
      f)      una reclamación por la pérdida de liquidez ocasionada por el hecho de que el impuesto sobre sociedades haya sido pagado antes
         de la fecha en que hubiera debido pagarse o por la pérdida subsiguiente de las desgravaciones en las circunstancias [expuestas
         anteriormente en la letra e)];
      
      g)      una reclamación por la sociedad residente del abono del exceso de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades (o la indemnización
         por este concepto) al que la sociedad haya renunciado en favor de otra sociedad del grupo y que no dio lugar a desgravación
         en el momento en que esa otra sociedad fue vendida, se escindió o fue declarada en liquidación;
      
      h)      cuando el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades haya sido pagado y posteriormente reclamado con arreglo a las disposiciones
         que se indican en la cuarta cuestión prejudicial, una reclamación por la pérdida de liquidez entre la fecha de pago del pago
         a cuenta del impuesto sobre sociedades y la fecha en que fue reclamado;
      
      i)      una reclamación de indemnización cuando la sociedad residente haya optado por reclamar la devolución del pago a cuenta del
         impuesto sobre sociedades con arreglo a las disposiciones que se indican en la cuarta cuestión prejudicial y haya compensado
         a sus accionistas, por la imposibilidad de obtener un crédito fiscal, aumentando la cuantía del dividendo,
      
      ¿debe considerarse que cada una de dichas reclamaciones es:
      –       una solicitud de devolución de cantidades indebidamente recaudadas que es consecuencia, y complemento, del incumplimiento
         de las disposiciones comunitarias anteriormente indicadas, o bien
      
      –       una reclamación de compensación o indemnización de daños y perjuicios en la que deben concurrir los requisitos establecidos
         en la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (C‑46/93 y C‑48/93, Rec.
         p. I‑1029), o bien
      
      –       una reclamación del pago de una cantidad equivalente a la ventaja indebidamente denegada?
      7)      En el caso de que la respuesta a cualquier parte de la sexta cuestión prejudicial sea que la reclamación es una reclamación
         del pago de una cantidad equivalente a una ventaja indebidamente denegada:
      
      a)      ¿es dicha reclamación consecuencia, y complemento, del derecho conferido por las disposiciones comunitarias indicadas, o
      b)      es preciso que concurran los requisitos para el reembolso establecidos en la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame,
         antes citada, o
      
      c)      deben concurrir otros requisitos?
      8)      ¿Afecta de algún modo a las cuestiones prejudiciales sexta o séptima el hecho de que, como cuestión de Derecho interno, las
         reclamaciones a que se hace referencia en la sexta cuestión prejudicial se interpongan como solicitudes de devolución o se
         interpongan o deban interponerse como reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios?
      
      9)      ¿Qué orientación, en su caso, considera conveniente ofrecer el Tribunal de Justicia en el presente asunto sobre las circunstancias
         que el órgano jurisdiccional nacional debería tener en cuenta a la hora de determinar si se ha producido una violación suficientemente
         caracterizada en el sentido de la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada, en particular en lo que respecta
         a si, en el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de las disposiciones comunitarias
         pertinentes, el incumplimiento es de carácter excusable o si, en un asunto determinado, existe una relación de causalidad
         suficiente que constituya una “relación de causalidad directa” en el sentido de dicha sentencia?»
      
      32     El órgano jurisdiccional remitente manifiesta que del artículo 57 CE, apartado 1, se desprende que en las relaciones con países
         terceros, no cabe considerar contraria al artículo 56 CE una restricción a la libre circulación de capitales existente a fecha
         31 de diciembre de 1993. Considera que, toda vez que las tres primeras cuestiones se refieren a disposiciones anteriores a
         esta fecha, su alcance se limita a las situaciones internas a la Comunidad Europea. Las cuestiones cuarta y quinta, al referirse
         a disposiciones posteriores a dicha fecha, afectan, respecto de la aplicación del artículo 56 CE, tanto a las situaciones
         internas a la Comunidad como a las relacionadas con países terceros.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      33     Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 43 CE y 56 CE se oponen
         a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos que una sociedad residente
         percibe de una sociedad residente también en dicho Estado (en lo sucesivo, «dividendos de origen nacional»), mientras que
         sujeta a dicho impuesto los dividendos que una sociedad residente percibe de una sociedad que no reside en ese mismo Estado
         (en lo sucesivo, «dividendos de origen extranjero») concediendo, en este último caso, una desgravación impositiva por las
         retenciones en origen practicadas en el Estado de residencia de la sociedad que distribuye beneficios, así como, cuando la
         sociedad residente beneficiaria de los dividendos posee, directa o indirectamente, un 10 % o más de los derechos de voto de
         la sociedad que distribuye beneficios, una desgravación en relación con el impuesto sobre sociedades pagado por esta última
         sociedad por los beneficios subyacentes a los dividendos repartidos.
      
      34     Según las demandantes en el litigio principal, tal legislación nacional es contraria a los artículos 43 CE y 56 CE toda vez
         que, por un lado, puede disuadir a las sociedades residentes de establecer filiales o de invertir en el capital de sociedades
         en otros Estados miembros y, por otro lado, no puede justificarse ni por una diferencia entre la situación de dividendos de
         origen extranjero y la de dividendos de origen nacional, ni por el objetivo de garantizar la coherencia del sistema tributario
         nacional.
      
      35     Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, si bien la fiscalidad directa es competencia
         de los Estados miembros, éstos deben, sin embargo, ejercerla respetando el Derecho comunitario (véanse, en particular, las
         sentencias de 6 de junio de 2000, Verkooijen, C‑35/98, Rec. p. I‑4071, apartado 32; Metallgesellschaft y otros, antes citada,
         apartado 37, y de 23 de febrero de 2006, Keller Holding, C‑471/04, Rec. p. I‑2107, apartado 28).
      
      36     A este respecto, procede señalar que una legislación nacional que sujeta la percepción de dividendos por una sociedad residente
         a un impuesto, del que no sólo la base imponible sino también la posibilidad de deducir de este impuesto el pagado en el Estado
         de residencia de la sociedad que distribuye beneficios dependen del origen, nacional o no, de los dividendos así como del
         alcance de la participación que la sociedad beneficiaria posee en la sociedad que distribuye beneficios, puede estar comprendida
         tanto en el ámbito de aplicación del artículo 43 CE relativo a la libertad de establecimiento como del artículo 56 CE relativo
         a la libre circulación de capitales.
      
      37     De la resolución de remisión se desprende que los asuntos elegidos como asuntos «piloto» en el litigio que se sustancia ante
         el órgano jurisdiccional remitente se refieren a sociedades residentes en el Reino Unido que percibieron dividendos de sociedades
         no residentes que controlan al 100 %. Puesto que se trata de una participación que confiere al titular una influencia real
         en las decisiones de la sociedad y le permite determinar las actividades de ésta, son de aplicación las disposiciones del
         Tratado CE relativas a la libertad de establecimiento (sentencias de 13 de abril de 2000, Baars, C‑251/98, Rec. p. I‑2787,
         apartados 21 y 22; de 21 de noviembre de 2002, X e Y, C‑436/00, Rec. p. I‑10829, apartados 37 y 66 a 68, así como de 12 de
         septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, Rec. p. I‑0000, apartado 31).
      
      38     Como señaló el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, la naturaleza de las participaciones de otras sociedades
         partes en dicho litigio no fue evocada ante el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, no puede excluirse que dicho litigio verse
         asimismo sobre el impacto de la legislación nacional controvertida en el litigio principal sobre la situación de sociedades
         residentes que hayan percibido dividendos en función de una participación que no les confiere una influencia real en las decisiones
         de la sociedad que distribuye beneficios y no les permite determinar las actividades de ésta. Por consiguiente, dicha legislación
         debe examinarse también a la luz de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales.
      
       Sobre la libertad de establecimiento
      39     En primer lugar, por lo que respecta a la situación de las demandantes en el litigio principal, es preciso recordar que la
         libertad de establecimiento, que el artículo 43 CE reconoce a los nacionales comunitarios y que implica para ellos el acceso
         a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones
         fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales, comprende, conforme al artículo
         48 CE, para las sociedades constituidas con arreglo a la legislación de un Estado miembro y cuyo domicilio social, administración
         central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad, el derecho a ejercer su actividad en el Estado
         miembro de que se trate por medio de una filial, sucursal o agencia (véanse, en particular, las sentencias de 21 de septiembre
         de 1999, Saint-Gobain ZN, C‑307/97, Rec. p. I‑6161, apartado 35; de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Rec.
         p. I‑10837, apartado 30, así como Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, antes citada, apartado 41).
      
      40     Respecto a las sociedades, procede señalar que su domicilio, en el sentido del artículo 48 CE, sirve para determinar, a semejanza
         de la nacionalidad de las personas físicas, su sujeción al ordenamiento jurídico de un Estado. Admitir que el Estado miembro
         de establecimiento pueda aplicar libremente un trato distinto por el mero hecho de que el domicilio de una sociedad se halle
         en otro Estado miembro privaría de contenido al artículo 43 CE (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de enero de
         1986, Comisión/Francia, 270/83, Rec. p. 273, apartado 18; de 13 de julio de 1993, Commerzbank, C‑330/91, Rec. p. I‑4017, apartado
         13; Metallgesellschaft y otros, antes citada, apartado 42, y Marks & Spencer, antes citada, apartado 37). La libertad de establecimiento
         pretende, así, garantizar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, al prohibir cualquier discriminación
         basada en el lugar del domicilio de las sociedades (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Comisión/Francia,
         apartado 14, y Saint-Gobain ZN, apartado 35).
      
      41     En el asunto principal, es preciso señalar que, para una sociedad residente que percibe dividendos de otra sociedad de la
         que posee, directa o indirectamente, al menos el 10 % de los derechos de voto, la legislación nacional controvertida prevé
         un tratamiento fiscal distinto en función de que los dividendos percibidos provengan de una sociedad residente asimismo en
         el Reino Unido o de una sociedad residente en otro Estado miembro. En el primer caso, los dividendos percibidos están exentos
         del impuesto sobre sociedades, mientras que, en el segundo caso, están sujetos a dicho impuesto, pero dan derecho a una desgravación
         por las retenciones en origen practicadas en el momento del reparto de dividendos en el Estado de residencia de la sociedad
         que los distribuye y por el impuesto sobre sociedades pagado por ésta por los beneficios subyacentes.
      
      42     Según las demandantes en el litigio principal, el hecho de que la legislación vigente en el Reino Unido aplique a una sociedad
         residente beneficiaria de un reparto de dividendos un sistema de exención cuando se trata de dividendos de origen nacional
         y un sistema de imputación en caso de dividendos de origen extranjero conduce a someter a los segundos a un tratamiento fiscal
         menos ventajoso que a los primeros.
      
      43     En primer lugar, es preciso señalar que un Estado miembro que desee evitar o atenuar la doble imposición en cadena de los
         beneficios distribuidos dispone de varios sistemas. En relación con el accionista beneficiario de los dividendos, dichos sistemas
         no conducen necesariamente al mismo resultado. Así, en un sistema de exención, el accionista beneficiario no tributa, en principio,
         por los dividendos percibidos, y ello con independencia del tipo impositivo al que estén sujetos los beneficios subyacentes
         en sede de la sociedad distribuidora y del importe que ésta pagó realmente en concepto de dicho impuesto. En cambio, en un
         sistema de imputación como el controvertido en el litigio principal, el accionista sólo puede imputar al impuesto debido por
         los dividendos percibidos la cuantía del impuesto que la sociedad que distribuye beneficios tuvo que abonar efectivamente
         por los beneficios subyacentes, cuantía que sólo es imputable hasta el límite del importe que dicho accionista debe pagar
         por tal impuesto.
      
      44     Por lo que respecta a los dividendos repartidos a una sociedad matriz residente en un Estado miembro por una sociedad residente
         en otro Estado miembro en cuyo capital dicha sociedad matriz posee una participación mínima del 25 %, el artículo 4, apartado
         1, de la Directiva 90/435 deja expresamente a los Estados miembros la elección entre el sistema de exención y el sistema de
         imputación. Se establece que cuando tal sociedad matriz reciba de su filial beneficios distribuidos por motivos distintos
         de la liquidación de ésta, el Estado de la sociedad matriz o bien se abstendrá de gravar dichos beneficios, o bien los gravará,
         autorizando al mismo tiempo a dicha sociedad a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto de la filial
         correspondiente a dichos beneficios y, en su caso, la cuantía de la retención en origen percibida por el Estado miembro de
         residencia de la filial, dentro de los límites del importe del impuesto nacional correspondiente.
      
      45     No obstante, en la elaboración de su sistema tributario, y en particular cuando crean un mecanismo dirigido a evitar o atenuar
         la doble imposición en cadena o la doble imposición económica, los Estados miembros han de respetar las exigencias que se
         derivan del Derecho comunitario, en concreto, las impuestas por las disposiciones del Tratado relativas a las libertades de
         circulación.
      
      46     De la jurisprudencia se desprende que, cualquiera que sea el mecanismo adoptado para evitar o atenuar la doble imposición
         en cadena o la doble imposición económica, las libertades de circulación garantizadas por el Tratado se oponen a que un Estado
         miembro trate de manera menos ventajosa los dividendos de origen extranjero que los dividendos de origen nacional, a menos
         que esta diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones
         imperiosas de interés general (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2004, Lenz, C‑315/02, Rec. p. I‑7063,
         apartados 20 a 49, y de 7 de septiembre de 2004, Manninen, C‑319/02, Rec. p. I‑7477, apartados 20 a 55). Igualmente, por lo
         que respecta a las facultades concedidas a los Estados miembros por la Directiva 90/435, el Tribunal de Justicia ha recordado
         que tan sólo pueden ejercitarse con observancia de las disposiciones fundamentales del Tratado, en particular, las relativas
         a la libertad de establecimiento (sentencia Keller Holding, antes citada, apartado 45).
      
      47     En cuanto a la cuestión de si un Estado miembro puede someter los dividendos de origen nacional a un sistema de exención mientras
         aplica un sistema de imputación a los dividendos de origen extranjero, es necesario puntualizar que corresponde a los Estados
         miembros organizar, respetando el Derecho comunitario, su sistema de tributación de los beneficios distribuidos y, en particular,
         determinar la base imponible y el tipo impositivo que se aplicarán, siempre que estén sujetos a imposición en dichos Estados
         miembros, en sede de la sociedad que distribuye beneficios y/o del accionista beneficiario.
      
      48     Por lo tanto, el Derecho comunitario no prohíbe, en principio, que un Estado miembro evite la doble imposición en cadena de
         los dividendos percibidos por una sociedad residente mediante la aplicación de normas que los declaren exentos de tributación
         cuando los reparte una sociedad residente, mientras evita mediante un sistema de imputación la doble imposición en cadena
         de dichos dividendos cuando los reparte una sociedad no residente.
      
      49     Para que, en tal situación, la aplicación de un sistema de imputación sea compatible con el Derecho comunitario, es necesario,
         en primer lugar, que los dividendos de origen extranjero no estén sujetos, en dicho Estado miembro, a un tipo impositivo superior
         al tipo aplicado a los dividendos de origen nacional.
      
      50     En segundo lugar, dicho Estado miembro debe evitar la doble imposición en cadena de los dividendos de origen extranjero imputando
         la cuantía del impuesto pagada por la sociedad no residente que distribuye beneficios al importe por el que ha de tributar
         la sociedad beneficiaria residente hasta el límite de este último importe.
      
      51     De este modo, cuando los beneficios subyacentes a los dividendos de origen extranjero están sujetos en el Estado miembro de
         la sociedad que distribuye beneficios a un impuesto inferior al que aplica el Estado miembro de la sociedad beneficiaria,
         éste debe conceder un crédito fiscal completo correspondiente al impuesto pagado por la sociedad que distribuye beneficios
         en su Estado miembro de residencia.
      
      52     En cambio, cuando dichos beneficios están sujetos en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios a un impuesto
         superior al que aplica el Estado miembro de la sociedad beneficiaria, éste sólo está obligado a conceder un crédito fiscal
         hasta el límite de la cuantía del impuesto sobre sociedades debida por la sociedad beneficiaria. No tiene que reembolsar la
         diferencia, es decir, el importe pagado en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios que exceda de la cuantía
         impositiva debida en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria.
      
      53     En este contexto, el mero hecho de que, comparado a un sistema de exención, un sistema de imputación supone unas cargas administrativas
         adicionales para los contribuyentes, ya que debe acreditarse la cuantía del impuesto efectivamente pagado en el Estado de
         residencia de la sociedad que distribuye beneficios, no puede considerarse una diferencia de trato contraria a la libertad
         de establecimiento, toda vez que las cargas administrativas específicas impuestas a las sociedades residentes que perciben
         dividendos de origen extranjero son inherentes al funcionamiento de un sistema de crédito fiscal.
      
      54     No obstante, las demandantes en el litigio principal manifiestan que, en virtud de la legislación vigente en el Reino Unido,
         en el supuesto de reparto de dividendos de origen nacional, éstos están exentos del impuesto sobre sociedades en sede de la
         sociedad beneficiaria con independencia del impuesto pagado por la sociedad que distribuye beneficios, es decir, al igual
         que cuando, por disfrutar de desgravaciones, ésta no es deudora o paga un impuesto sobre sociedades inferior al tipo nominal
         aplicable en el Reino Unido.
      
      55     Esto no fue rebatido por el Gobierno del Reino Unido, que sostiene sin embargo que aplicar distintos niveles impositivos a
         la sociedad que distribuye beneficios y a la sociedad beneficiaria sólo ocurre en circunstancias más bien excepcionales, que
         no se presentan en el asunto principal.
      
      56     A este respecto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el tipo impositivo es idéntico y si los distintos
         niveles impositivos sólo existen en determinados supuestos debido a una modificación de la base imponible a raíz de determinadas
         desgravaciones excepcionales.
      
      57     De lo anterior se desprende que, en el contexto de la legislación nacional de que se trata en el litigio principal, el hecho
         de aplicar a los dividendos de origen nacional un sistema de exención y a los dividendos de origen extranjero un sistema de
         imputación no es contrario al principio de la libertad de establecimiento recogido en el artículo 43 CE siempre que el tipo
         impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen
         nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios
         hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria.
      
       Sobre la libre circulación de capitales
      58     En segundo lugar, por lo que respecta a las sociedades residentes que hayan percibido dividendos de una sociedad de la que
         poseen un 10 % o más de los derechos de voto, sin que esta participación les confiera una influencia real en las decisiones
         de la sociedad ni les permita determinar las actividades de ésta, es preciso señalar que dichas sociedades están también sujetas
         en el Reino Unido, por un lado, cuando perciben dividendos de origen nacional, a un sistema de exención y, por otro lado,
         en caso de dividendos de origen extranjero, a un sistema de imputación.
      
      59     Según las demandantes en el litigio principal, se trata de una diferencia de trato que disuade a las sociedades residentes
         en el Reino Unido de invertir en el capital de sociedades residentes en otros Estados miembros y constituye, a falta de una
         justificación objetiva, una infracción del artículo 56 CE, relativo a la libre circulación de capitales.
      
      60     A este respecto, baste subrayar que, como se ha señalado en los apartados 47 a 56 de la presente sentencia, una legislación
         como la controvertida en el litigio principal no implica una discriminación contra las sociedades que perciban dividendos
         de origen extranjero. Por consiguiente, la conclusión a la que se llega en el apartado 57 de la presente sentencia es válida
         también respecto de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales.
      
      61     Por último, por lo que respecta a sociedades residentes que hayan percibido dividendos de sociedades de las que poseen menos
         del 10 % de los derechos de voto, de la legislación nacional controvertida en el litigio principal se desprende que los dividendos
         de origen nacional están exentos del impuesto sobre sociedades, mientras que los dividendos de origen extranjero están sujetos
         a dicho impuesto y sólo dan derecho a una desgravación por la eventual retención en origen practicada sobre estos mismos dividendos
         en el Estado de residencia de la sociedad que distribuye beneficios.
      
      62     Sobre este particular, procede destacar, en primer lugar, que, respecto de una norma fiscal dirigida a evitar o atenuar la
         tributación de los beneficios distribuidos, la situación de una sociedad accionista que percibe dividendos de origen extranjero
         es comparable a la de una sociedad accionista que percibe dividendos de origen nacional en la medida en que, en ambos casos,
         los beneficios realizados pueden ser objeto, en principio, de una doble imposición en cadena.
      
      63     Ahora bien, mientras que, en relación con una sociedad residente que percibe dividendos de otra sociedad residente, el sistema
         de exención aplicado elimina el riesgo de doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos, esto no es válido para
         los beneficios distribuidos por sociedades no residentes. Si bien, en este último supuesto, el Estado de residencia de la
         sociedad beneficiaria concede una desgravación por la retención en origen practicada en el Estado de residencia de la sociedad
         que distribuye beneficios, tal desgravación tiene el único efecto de eliminar una doble imposición jurídica en sede de la
         sociedad beneficiaria. En cambio, dicha desgravación no suprime la doble imposición en cadena que existe cuando los beneficios
         distribuidos son gravados, en un primer momento, en concepto de impuesto sobre sociedades devengado por la sociedad que distribuye
         beneficios en su Estado de residencia y, en un segundo momento, en concepto de impuesto sobre sociedades devengado por la
         sociedad beneficiaria.
      
      64     Tal diferencia de trato tiene el efecto de disuadir a las sociedades que residen en el Reino Unido de invertir sus capitales
         en sociedades establecidas en otro Estado miembro. Además, produce asimismo un efecto restrictivo para las sociedades establecidas
         en otros Estados miembros en cuanto que constituye para ellas un obstáculo a la captación de capitales en el Reino Unido.
         En efecto, en la medida en que los rendimientos de capitales de origen extranjero reciben un trato fiscal menos favorable
         que los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en el Reino Unido, las acciones de las sociedades establecidas
         en otros Estados miembros resultan menos atractivas para los inversores residentes en el Reino Unido que las de las sociedades
         con domicilio social en este Estado miembro (véanse las sentencias, antes citadas, Verkooijen, apartados 34 y 35; Lenz, apartados
         20 y 21, y Manninen, apartados 22 y 23).
      
      65     De lo anterior se desprende que la diferencia de trato realizada, por una legislación como la controvertida en el litigio
         principal, en relación con los dividendos que sociedades residentes perciben de sociedades no residentes de las que poseen
         menos del 10 % de los derechos de voto, constituye una restricción a la libre circulación de capitales, prohibida, en principio,
         por el artículo 56 CE.
      
      66     Según el Gobierno del Reino Unido, es legítimo y proporcionado conceder a dichas sociedades residentes la desgravación del
         impuesto sobre sociedades únicamente hasta el límite de la eventual retención en origen practicada sobre el dividendo. En
         su opinión, obstáculos prácticos se oponen a la concesión a una sociedad que sólo posee una participación de menos del 10 %
         en la sociedad que distribuye beneficios de un crédito fiscal que corresponde al impuesto efectivamente pagado por ésta. Contrariamente
         a un crédito fiscal por una retención en origen, tal crédito fiscal sólo puede concederse tras comprobaciones largas y complejas.
         Por tanto, considera que es legítimo establecer un umbral en función de la importancia de la participación poseída. Por otra
         parte, el umbral del 10 % establecido por el Reino Unido es más generoso que el del 25 % adoptado por el modelo de convenio
         elaborado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) así como, en su versión inicial,
         en la Directiva 90/435.
      
      67     Hay que reconocer que corresponde en principio a los Estados miembros, cuando introducen mecanismos dirigidos a evitar o atenuar
         la doble imposición en cadena de beneficios distribuidos, determinar la categoría de contribuyentes que pueden acogerse a
         dichos mecanismos y establecer, a estos efectos, umbrales basados en la participación que estos contribuyentes poseen en las
         sociedades que distribuyen beneficios de que se trate. Queda limitada a las sociedades de los Estados miembros que posean
         en el capital de una sociedad de otro Estado miembro una participación mínima del 25 % la obligación que el artículo 4 de
         la Directiva 90/435, en relación con su artículo 3, en su versión aplicable en el momento de producirse los hechos del litigio
         principal, impone a los Estados miembros, si no declaran exentos los beneficios que una sociedad matriz residente percibe
         de una filial residente en otro Estado miembro, de autorizar a dicha sociedad matriz a deducir de la cuantía de su impuesto
         no sólo el importe de la retención en origen percibida por el Estado miembro de residencia de la filial, sino también la fracción
         del impuesto de la filial correspondiente a dichos beneficios.
      
      68     No obstante, si bien, en relación con las participaciones no comprendidas en la Directiva 90/435, el artículo 4 de ésta no
         se opone, por tanto, a que un Estado miembro someta a imposición los beneficios repartidos por una sociedad no residente a
         una sociedad residente, sin conceder a ésta alguna desgravación por el impuesto sobre sociedades pagado por aquélla en su
         Estado de residencia, un Estado miembro sólo puede ejercer dicha competencia en la medida en que, en virtud de su Derecho
         nacional, los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente estén también sujetos a imposición
         en sede de la sociedad beneficiaria, sin que ésta pueda disfrutar de una desgravación por el impuesto sobre sociedades pagado
         por la sociedad que distribuye beneficios.
      
      69     El mero hecho de que, en relación con tales participaciones, corresponda a un Estado miembro determinar si se debe evitar,
         y en qué medida, la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos no significa, sin embargo, que pueda aplicar
         un régimen en el que los dividendos de origen extranjero y los de origen nacional no reciban un tratamiento equivalente.
      
      70     Además, con independencia de que un Estado miembro disponga, en cualquier caso, de diferentes sistemas posibles para evitar
         o atenuar la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos, las posibles dificultades en cuanto a la determinación
         del impuesto efectivamente pagado en otro Estado miembro no pueden justificar un obstáculo a la libre circulación de capitales
         como el que deriva de la legislación controvertida en el litigio principal (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de
         marzo de 2004, Comisión/Francia, C‑334/02, Rec. p. I‑2229, apartado 29, y Manninen, antes citada, apartado 54).
      
      71     De lo anterior se desprende que una legislación fiscal como la controvertida en el litigio principal es contraria al principio
         de la libre circulación de capitales establecida en el artículo 56 CE.
      
      72     Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión que los artículos 43 CE y 56 CE han de interpretarse en el sentido de
         que, cuando un Estado miembro dispone de un sistema para evitar o atenuar la doble imposición en cadena o la doble imposición
         económica en el supuesto de dividendos que los residentes perciben de sociedades residentes, debe conceder un trato equivalente
         a los dividendos que los residentes perciben de sociedades no residentes.
      
      73     Los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades
         los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos
         que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee al menos el 10 % de los derechos de voto,
         concediendo, en este último caso, un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios
         en su Estado miembro de residencia, siempre que el tipo impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior
         al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado
         en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado
         miembro de la sociedad beneficiaria.
      
      74     El artículo 56 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos
         que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una
         sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee menos del 10 % de los derechos de voto, sin concederle
         un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado de residencia.
      
       Sobre la segunda cuestión
      75     Mediante su segundo cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 43 CE y 56 CE, y/o
         los artículos 4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación
         nacional como la controvertida en el litigio principal que, al conceder un crédito fiscal a una sociedad residente que percibe
         dividendos de otra sociedad residente en función del ACT que ésta pagó por dicho reparto, permite que la primera sociedad
         reparta dividendos a sus propios accionistas sin estar obligada a pagar el ACT, mientras que una sociedad residente que haya
         percibido dividendos de una sociedad no residente debe, en la misma situación, pagar íntegramente el ACT.
      
      76     Con carácter preliminar, es preciso observar que, por lo que respecta a distribuciones de beneficios percibidos por sociedades
         de un Estado miembro y que proceden de filiales residentes en otros Estados miembros, la Directiva 90/435 se aplica, de conformidad
         con su artículo 3, apartado 1, en su versión aplicable en el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal, a
         las sociedades matrices que poseen en el capital de sus filiales una participación mínima del 25 %. Como se ha recordado en
         el apartado 38 de la presente sentencia, dado que la resolución de remisión no precisa la naturaleza de las participaciones
         de otras sociedades partes en el litigio que se sustancia ante el órgano jurisdiccional remitente, no puede excluirse que
         éste se refiera asimismo a participaciones no comprendidas en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva.
      
      77     Además, en la medida en que los asuntos «piloto» del litigio principal tienen por objeto repartos de dividendos que remontan
         al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 1973, se refieren, al menos parcialmente, a situaciones no comprendidas
         en el ámbito de aplicación temporal de la Directiva 90/435.
      
      78     Por lo tanto, para responder a la cuestión planteada, es preciso examinar previamente en qué medida una legislación nacional
         como la controvertida en el litigio principal es compatible con las disposiciones del Tratado.
      
       Sobre las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales
      79     En virtud de la legislación nacional controvertida en el litigio principal, una sociedad residente que perciba dividendos
         repartidos por otra sociedad residente disfruta de un crédito fiscal correspondiente a la fracción del importe de ACT pagado
         por esta otra sociedad, que le permite repartir dividendos a sus propios accionistas al imputar al ACT pagadero por este concepto
         el ACT ya pagado por esa otra sociedad. En cambio, una sociedad residente que perciba dividendos de origen extranjero no recibe
         tal crédito fiscal y, por tanto, en caso de reparto a sus propios accionistas, debe pagar íntegramente el ACT.
      
      80     Toda vez que dicha legislación se aplica a repartos de dividendos a favor de sociedades accionistas con independencia del
         alcance de su participación, puede estar comprendida tanto en el ámbito de aplicación del artículo 43 CE relativo a la libertad
         de establecimiento, como en el del artículo 56 CE relativo a la libre circulación de capitales.
      
      81     Sin embargo, en tanto en cuanto se trate de participaciones que confieren a su titular una influencia real en las decisiones
         de las sociedades afectadas y le permiten determinar las actividades de éstas, son de aplicación las disposiciones del Tratado
         relativas a la libertad de establecimiento. Por lo tanto, habida cuenta de las circunstancias presentes en los asuntos «piloto»
         del litigio principal, procede iniciar el examen de la legislación nacional controvertida en dicho litigio desde el punto
         de vista del artículo 43 CE (véase el apartado 37 de la presente sentencia).
      
      82     Como sostienen las demandantes en el litigio principal, en virtud de una legislación como la controvertida en dicho litigio,
         una sociedad residente que ha percibido dividendos de origen extranjero y distribuye a sus propios accionistas la misma cantidad
         de dividendos, debe pagar el ACT en su totalidad, mientras que, para una sociedad residente que haya percibido dividendos
         de origen nacional y reparta dividendos a sus propios accionistas por el mismo importe que los dividendos percibidos, la deuda
         del ACT se compensa con el crédito fiscal concedido, de modo que tal sociedad ya no debe pagar el ACT.
      
      83     Para una sociedad residente que perciba dividendos de otra sociedad residente, este sistema garantiza que, cuando la sociedad
         beneficiaria distribuye a su vez beneficios a sus propios accionistas, el ACT sólo se paga una vez. Por tanto, la exención
         del ACT que se concede a dicha sociedad beneficiaria concuerda con la que disfruta, en concepto de impuesto sobre sociedades,
         por los dividendos percibidos de otra sociedad residente.
      
      84     Es preciso señalar que el hecho de no tener que pagar el ACT constituye una ventaja de tesorería en la medida en que la sociedad
         de que se trata puede conservar las cantidades que, de otro modo, debería haber pagado en concepto de ACT hasta el momento
         en que resulta exigible el impuesto sobre sociedades (sentencia Metallgesellschaft y otros, antes citada, apartado 44).
      
      85     Según el Gobierno del Reino Unido, esta diferencia de trato no constituye una discriminación prohibida por el Derecho comunitario
         puesto que no se apoya en una distinción entre los dividendos de origen nacional y los de origen extranjero, sino entre los
         dividendos por los que se pagó el ACT y aquellos por los que no se pagó ACT alguno. El crédito fiscal concedido a una sociedad
         residente que percibe dividendos de otra sociedad residente pretende evitar una doble imposición económica en materia de ACT.
         Ahora bien, en el supuesto de una sociedad que percibe dividendos de una sociedad no residente, como ésta no ha pagado ACT
         alguno, no hay riesgo de doble imposición económica por lo que respecta al ACT.
      
      86     Si bien es cierto que la legislación nacional controvertida en el litigio principal hace depender el alcance del ACT que debe
         pagar una sociedad residente cuando reparte dividendos a sus propios accionistas de la cuestión de si esta sociedad ha percibido,
         o no, dividendos de una sociedad que ya ha pagado el ACT, no lo es menos que este método conduce, en la práctica, a tratar
         de manera menos ventajosa a una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero que a una sociedad que percibe dividendos
         de origen nacional. En efecto, en caso de un posterior reparto de dividendos, la primera está obligada a pagar la totalidad
         del ACT, mientras que la segunda sólo debe pagarlo si dicho reparto a sus propios accionistas excede del que ella misma recibió.
      
      87     Pues bien, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno del Reino Unido, una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero
         se encuentra, respecto del objetivo de evitar la doble imposición en cadena contemplado por la normativa controvertida en
         el litigio principal, en una situación comparable a la de una sociedad que percibe dividendos de origen nacional, aun cuando
         sólo ésta percibe dividendos por los que se pagó el ACT.
      
      88     Como ha señalado el Abogado General en los puntos 65 a 68 de sus conclusiones, el ACT pagadero por una sociedad residente
         en el Reino Unido no es sino un pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, aun cuando se abona con motivo del reparto de
         dividendos y se calcula en función del importe de éstos. El ACT abonado por un reparto de dividendos puede imputarse, en principio,
         al impuesto sobre sociedades que una sociedad debe pagar por sus beneficios en relación con el ejercicio contable de que se
         trate. Igualmente, como ha señalado el Tribunal de Justicia al pronunciarse sobre el régimen de imposición de grupo previsto
         en la misma legislación fiscal vigente en el Reino Unido, la fracción del impuesto sobre sociedades que, en tal régimen, una
         sociedad residente no está obligada a pagar de manera anticipada cuando reparte dividendos a su sociedad matriz se abonará,
         en principio, cuando resulte exigible el impuesto sobre sociedades a cargo de la primera sociedad (véase la sentencia Metallgesellschaft
         y otros, antes citada, apartado 53).
      
      89     Por lo que respecta a sociedades que, debido a que su domicilio está situado fuera del Reino Unido, no están obligadas a pagar
         el ACT cuando reparten dividendos a una sociedad residente, es preciso señalar que están también sujetas, en su Estado de
         residencia, al impuesto sobre sociedades.
      
      90     En este contexto, no cabe invocar el hecho de que una sociedad no residente no estuvo sujeta al ACT cuando repartió dividendos
         a una sociedad residente para denegarle a ésta la posibilidad de reducir el importe de ACT que está obligada a pagar cuando
         reparta dividendos ulteriormente. En efecto, la no sujeción al ACT de tal sociedad no residente se debe a que está sujeta
         al impuesto sobre sociedades en su Estado de residencia y no en el Reino Unido. Pues bien, no cabe exigir que una sociedad
         efectúe pagos a cuenta de un impuesto del que nunca será sujeto pasivo (véase, en este sentido, la sentencia Metallgesellschaft
         y otros, antes citada, apartados 55 y 56).
      
      91     Puesto que tanto las sociedades residentes que reparten dividendos a otras sociedades residentes como las sociedades no residentes
         que efectúan tal reparto están, en su Estado de residencia, sujetas al impuesto sobre sociedades, una medida nacional que
         sólo se dirija a evitar la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos para el supuesto de las sociedades que
         perciben dividendos de otras sociedades residentes, exponiendo a las sociedades que perciben dividendos de sociedades no residentes
         a una desventaja de tesorería, no se explica por una situación distinta relevante.
      
      92     No cabe alegar, como ha hecho el Gobierno del Reino Unido, que, en realidad, no existe dicha desigualdad de trato puesto que
         una sociedad que reside fuera del Reino Unido y que repartió dividendos sin tener que pagar el ACT puede distribuir cantidades
         más elevadas a sus accionistas. Tal argumento hace abstracción de la circunstancia de que dicha sociedad está también sujeta,
         en su Estado de residencia, al impuesto sobre sociedades según las normas y los tipos allí aplicables.
      
      93     La diferencia de trato tampoco puede justificarse por la necesidad de preservar la coherencia del sistema tributario vigente
         en el Reino Unido debido a la existencia de una relación directa entre la ventaja fiscal otorgada, a saber, el crédito fiscal
         concedido a una sociedad residente que percibe dividendos de otra sociedad residente, y la deuda tributaria compensatoria,
         a saber, el ACT que esta última pagó por dicho reparto. En efecto, la necesidad de tal relación directa debe conducir precisamente
         a conceder la misma ventaja fiscal a las sociedades que perciben dividendos de sociedades no residentes, toda vez que éstas
         también están obligadas, en su Estado de residencia, a pagar el impuesto sobre sociedades por los beneficios distribuidos.
      
      94     De lo anterior se desprende que el artículo 43 CE se opone a una medida nacional que permite que una sociedad residente que
         ha percibido dividendos de otra sociedad residente deduzca la cuantía de ACT pagado por ésta del importe que la primera ha
         de pagar en concepto de ACT, mientras que, en el caso de una sociedad residente que ha percibido dividendos de una sociedad
         no residente, no se permite tal deducción por lo que respecta al impuesto sobre sociedades al que está sujeta esta última
         en su Estado de residencia.
      
      95     Toda vez que no cabe excluir que el litigio que se sustancia ante el órgano jurisdiccional remitente se refiera asimismo a
         sociedades residentes que hayan percibido dividendos en función de una participación que no les confiere una influencia real
         en las decisiones de la sociedad que distribuye beneficios y no les permite determinar las actividades de ésta, debe examinarse
         también dicha medida a la luz del artículo 56 CE relativo a la libre circulación de capitales.
      
      96     A este respecto, es preciso recordar que las sociedades residentes que perciben dividendos de origen extranjero reciben un
         trato diferente, a saber, una desventaja de tesorería, que no se explica por una situación distinta relevante.
      
      97     Tal diferencia de trato produce el efecto de disuadir a sociedades que residen en el Reino Unido de invertir sus capitales
         en una sociedad establecida en otro Estado miembro, así como un efecto restrictivo para las sociedades establecidas en otros
         Estados miembros en cuanto que constituye para ellas un obstáculo a la captación de capitales en el primer Estado miembro.
      
      98     Como los motivos invocados por el Gobierno del Reino Unido para justificar dicho obstáculo a la libre circulación de capitales
         son idénticos a los que ya se han desestimado en el marco del examen de la medida nacional controvertida en el litigio principal
         desde el punto de vista de la libertad de establecimiento, procede concluir que el artículo 56 CE ha de interpretarse en el
         sentido de que se opone también a tal medida.
      
       Sobre la Directiva 90/435
      99     Según las demandantes en el litigio principal, las normas tributarias nacionales mencionadas en la segunda cuestión prejudicial
         son también contrarias a los artículos 4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435.
      
      100   Por un lado, consideran que se infringe el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva en la medida en que, contrariamente
         a una sociedad matriz residente que percibe dividendos de origen nacional, una sociedad matriz residente que percibe dividendos
         de origen extranjero está obligada a pagar íntegramente el ACT en caso de reparto a sus propios accionistas, sin disfrutar
         al respecto de una desgravación por el impuesto sobre sociedades extranjero pagado por la filial sobre los beneficios distribuidos.
      
      101   Por otro lado, alegan que el ACT que se ha de pagar por los dividendos de origen extranjero constituye una retención en origen
         prohibida por el artículo 6 de la Directiva 90/435 y que tampoco autoriza el artículo 7 de dicha Directiva.
      
      102   Sobre este particular, es preciso recordar, por un lado, que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435,
         un Estado miembro que no declara exentos los beneficios que una sociedad matriz residente percibe de una filial residente
         en otro Estado miembro debe autorizar a dicha sociedad matriz a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto
         de la filial correspondiente a dichos beneficios y, en su caso, la cuantía de la retención en origen percibida por el Estado
         miembro de residencia de la filial, hasta el límite del importe del impuesto nacional correspondiente.
      
      103   Según se desprende, en particular, del tercer considerando de dicha Directiva, ésta tiene por objeto eliminar, mediante el
         establecimiento de un régimen fiscal común, toda penalización de la cooperación entre sociedades de Estados miembros diferentes
         con relación a la cooperación entre sociedades de un mismo Estado miembro y a facilitar así la agrupación de empresas a escala
         comunitaria (sentencias de 17 de octubre de 1996, Denkavit y otros, C‑283/94, C‑291/94 y C‑292/94, Rec. p. I‑5063, apartado
         22, y de 4 de octubre de 2001, Athinaïki Zythopoiia, C‑294/99, Rec. p. I‑6797, apartado 25).
      
      104   Por lo que respecta a la obligación impuesta a los Estados miembros en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva
         90/435, consistente en imputar, al impuesto pagadero por una sociedad matriz residente por los beneficios distribuidos, el
         impuesto pagado por la filial no residente en su Estado miembro de residencia, el objetivo de dicha disposición, que es evitar
         la doble imposición en cadena de los beneficios distribuidos, sólo puede alcanzarse si el sistema tributario del primer Estado
         miembro garantiza a la sociedad matriz de que se trate que el impuesto pagado por su filial en el extranjero por los beneficios
         distribuidos se imputará íntegramente al importe pagadero en concepto de impuesto sobre sociedades en dicho Estado miembro.
      
      105   No obstante, contrariamente a lo que alegan las demandantes en el litigio principal, dicha disposición no implica que un Estado
         miembro que dispone de un sistema de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que ha de pagar una sociedad matriz cuando,
         a su vez, reparte los dividendos percibidos de una filial no residente tenga la obligación de garantizar que el importe que
         debe pagarse a cuenta se determine, en todo caso, en función del impuesto sobre sociedades pagado por la filial en su Estado
         de residencia.
      
      106   Por otro lado, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes en el litigio principal, las medidas
         nacionales controvertidas no están comprendidas en la prohibición que impone a los Estados miembros el artículo 6 de la Directiva
         90/435 de practicar cualquier retención en origen por los beneficios que una sociedad matriz residente percibe de su filial
         no residente.
      
      107   A este respecto procede recordar que, en el contexto de dicha Directiva, la expresión «retención en origen» no se limita a
         determinados tipos concretos de tributos nacionales y que el Tribunal de Justicia, cuando califica un impuesto, tasa, derecho
         o exacción a la luz del Derecho comunitario, ha de atender a las características objetivas del tributo, con independencia
         de la calificación que le atribuya el Derecho nacional (véanse, en particular, las sentencias Athinaïki Zythopoiia, antes
         citada, apartados 26 y 27; y de 25 de septiembre de 2003, Océ van der Grinten, C‑58/01, Rec. p. I‑9809, apartado 46).
      
      108   Por lo que respecta a la prohibición impuesta a los Estados miembros, en el artículo 5 de la Directiva 90/435, de practicar
         una retención en origen sobre los beneficios distribuidos por una filial residente a su sociedad matriz que reside en otro
         Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que constituye una retención en origen todo tributo sobre las rentas
         percibidas en el Estado en que se reparten los dividendos y cuyo hecho imponible es el pago de dividendos o de cualquier otro
         rendimiento de los títulos, cuando la base imponible de dicho tributo es el rendimiento de éstos y el sujeto pasivo es el
         titular de los mismos títulos (sentencias de 8 de junio de 2000, Epson Europe, C‑375/98, Rec. p. I‑4243, apartado 23; Athinaïki
         Zythopoiia, antes citada, apartados 28 y 29, y Océ van der Grinten, antes citada, apartado 47).
      
      109   La expresión «retención en origen» debe recibir la misma interpretación en el contexto del artículo 6 de la Directiva 90/435.
         Por lo tanto, constituye una «retención en origen», a efectos de este artículo, todo tributo sobre las rentas que una sociedad
         matriz percibe de una filial establecida en otro Estado miembro y cuyo hecho imponible es el pago de dividendos o de cualquier
         otro rendimiento de los títulos, cuando la base imponible de dicho tributo es el rendimiento de éstos y el sujeto pasivo es
         su titular.
      
      110   Pues bien, como señala el Gobierno del Reino Unido, una sociedad residente está obligada a pagar el ACT cuando reparte dividendos
         a sus propios accionistas. Por tanto, el hecho imponible del ACT que debe pagar una sociedad que percibe dividendos de origen
         extranjero no es la percepción de dichos dividendos, sino el reparto de dividendos a sus propios accionistas.
      
      111   De lo anterior se desprende que el ACT que debe pagar una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero por un reparto
         ulterior de dividendos no está comprendido en la prohibición de retención en origen recogida en el artículo 6 de la Directiva 90/435.
      
      112   Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado
         miembro que permite que una sociedad residente que percibe dividendos de otra sociedad residente deduzca el importe del impuesto
         sobre sociedades pagado a cuenta por ésta del importe que la primera sociedad ha de pagar a cuenta por dicho impuesto, mientras
         que, en el caso de una sociedad residente que percibe dividendos de una sociedad no residente, no está permitida tal deducción
         por lo que respecta al impuesto correspondiente a los beneficios distribuidos pagado por esta última sociedad en su Estado
         de residencia.
      
       Sobre la tercera cuestión
      113   Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 43 CE y 56 CE y/o
         los artículos 4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435 han de interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación
         como la controvertida en el litigio principal:
      
      –       que establece que toda desgravación de la que disfruta una sociedad residente que haya percibido dividendos de origen extranjero
         por el impuesto pagado en el extranjero reduce el importe del impuesto sobre sociedades al que puede imputar el ACT debido, y
      
      –       que no permite que una sociedad residente transfiera el importe del ACT pagado que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades
         pagadero por el ejercicio contable correspondiente o por ejercicios contables anteriores o posteriores a filiales no residentes,
         para que éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que han de pagar.
      
      114   Esta cuestión alude a determinados problemas a los que está expuesta una sociedad residente que tenga filiales no residentes
         y/o que perciba dividendos de origen extranjero en cuanto a la imputación, a la cuantía debida por el impuesto sobre sociedades,
         del ACT que dicha sociedad residente debe pagar cuando reparte dividendos a sus propios accionistas.
      
      115   Con carácter preliminar, es preciso señalar, en relación con el segundo aspecto de la cuestión planteada, que el debate ante
         el Tribunal de Justicia se ha limitado a la imposibilidad de que una sociedad residente transfiera un exceso de ACT a filiales
         no residentes para que éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que han de pagar en el Reino Unido por las actividades
         realizadas en este Estado miembro.
      
      116   Por las razones expuestas en los apartados 76 a 78 de la presente sentencia, para responder a la cuestión planteada es necesario
         examinar previamente si la legislación controvertida en el litigio principal es contraria a las disposiciones del Tratado.
      
      117   Es preciso considerar que las medidas nacionales que son objeto de la tercera cuestión prejudicial pueden estar comprendidas
         tanto en el ámbito de aplicación del artículo 43 CE, relativo a la libertad de establecimiento, como del artículo 56 CE, relativo
         a la libre circulación de capitales. Por lo que respecta a las desgravaciones por el impuesto pagado en el extranjero de las
         que disfruta una sociedad residente que percibe dividendos de origen extranjero, el examen de la legislación nacional controvertida
         en el litigio principal en el marco de la respuesta a la primera cuestión prejudicial ha revelado que se trata de distintas
         desgravaciones en función de la importancia de las participaciones poseídas por dichas sociedades.
      
      118   En cuanto al segundo aspecto de la legislación nacional controvertida mencionada en la tercera cuestión prejudicial, en la
         medida en que sólo afecta a grupos de sociedades, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 43, más que en
         el del artículo 56 CE.
      
      119   Según las demandantes en el litigio principal, la legislación controvertida resulta contraria a los artículos 43 CE y 56 CE
         en la medida en que limita las posibilidades de que una sociedad que tiene rentas extranjeras y/o pertenece a un grupo que
         incluye a sociedades no residentes desgrave el exceso de ACT respecto del importe pagadero en el Reino Unido en concepto de
         impuesto sobre sociedades. Dicha legislación genera diferencias de trato manifiestas en términos de imputación y de cesión
         del ACT en perjuicio de las sociedades residentes que perciban dividendos de origen extranjero y/o tengan filiales no residentes.
         Tales diferencias no son ni apropiadas ni necesarias en relación con el objetivo de evitar la doble imposición económica de
         los dividendos repartidos.
      
      120   Es preciso admitir que toda desgravación del impuesto sobre sociedades pagadero por una sociedad residente que percibe dividendos
         de origen extranjero, por razón del impuesto extranjero –ya corresponda éste a una retención en origen sobre dichos dividendos
         o al impuesto sobre sociedades pagado por la sociedad no residente por sus beneficios subyacentes– reduce necesariamente el
         importe pagadero por la sociedad residente en concepto de impuesto sobre sociedades al que esta misma sociedad residente puede
         imputar el ACT pagado por un ulterior reparto de dividendos a sus propios accionistas.
      
      121   Sobre este particular, hay que recordar que, por lo que respecta al ACT que una sociedad que percibe dividendos de una sociedad
         no residente debe pagar por un reparto a sus propios accionistas, de todo lo anterior se desprende que, en cualquier caso,
         los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a cualquier discriminación, en la tributación del ACT, entre las sociedades que perciben
         dividendos de origen nacional y las que perciben dividendos de origen extranjero (véase el apartado 112 de la presente sentencia).
      
      122   Es cierto que no cabe excluir que, aun sin tal discriminación, una sociedad que percibe dividendos considerables de origen
         extranjero puede pagar un importe de ACT superior a su deuda tributaria en concepto de impuesto sobre sociedades y que puede
         generar de este modo un exceso de ACT. Sin embargo, tal situación resulta directamente de la aplicación de una norma nacional
         dirigida a evitar o atenuar la tributación de los beneficios distribuidos en forma de dividendos.
      
      123   En el marco de un mecanismo adoptado para evitar o atenuar la doble imposición en cadena de beneficios distribuidos, sólo
         cabe considerar que tal norma es contraria a las disposiciones del Tratado relativas a las libertades de circulación si trata
         los dividendos procedentes de sociedades extranjeras de manera menos ventajosa que los repartidos por sociedades residentes,
         siendo así que se está ante situaciones objetivamente comparables y una diferencia de trato no queda justificada por razones
         imperiosas de interés general.
      
      124   De los autos no se desprende que el mero hecho de que, para sociedades que perciben dividendos de origen extranjero, la desgravación
         concedida por el impuesto pagado en el extranjero reduzca la cuantía del impuesto sobre sociedades pagadero en el Reino Unido
         constituya un tratamiento menos ventajoso de dichos dividendos respecto de los dividendos de origen nacional. Como alegó el
         Gobierno del Reino Unido, puede producirse también tal exceso de ACT en el supuesto de una sociedad que percibe dividendos
         de origen nacional cada vez que el importe de ACT pagado sea superior a su deuda en concepto de impuesto sobre sociedades,
         en particular, cuando dicha sociedad disfruta de exenciones o desgravaciones que han reducido tal deuda.
      
      125   El hecho de que una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero y que disfruta de una desgravación por el impuesto
         extranjero vea reducido el importe del impuesto sobre sociedades al que puede imputarse el exceso de ACT sólo conduce a una
         discriminación entre tal sociedad y una sociedad que percibe dividendos de origen nacional si aquélla no disponía, en realidad,
         de los mismos medios que ésta para imputar el exceso de ACT al importe pagadero en concepto de impuesto sobre sociedades.
      
      126   Pues bien, de la descripción de la legislación nacional controvertida en el litigio principal que realiza el órgano jurisdiccional
         remitente no se desprende que, a este respecto, una sociedad residente que percibe dividendos de origen extranjero sea tratada
         de distinto modo que una sociedad residente que percibe dividendos de origen nacional.
      
      127   De lo anterior se desprende que las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento no se oponen a una
         medida nacional que establece que toda desgravación por el impuesto pagado en el extranjero de la que disfruta una sociedad
         residente que haya percibido dividendos de origen extranjero reduce el importe del impuesto sobre sociedades al que puede
         imputar el ACT.
      
      128   Puesto que tal medida no implica discriminación contra sociedades que perciban dividendos de origen extranjero, la conclusión
         a la que se llega en el apartado anterior es válida también respecto de las disposiciones del Tratado relativas a la libre
         circulación de capitales.
      
      129   Por lo que respecta al segundo aspecto de la legislación nacional aludido en la tercera cuestión prejudicial, es necesario
         señalar, como recuerda el órgano jurisdiccional remitente, que si bien una sociedad residente puede transferir el importe
         de ACT que no pudo ser imputado al importe pagadero en concepto de impuesto sobre sociedades relativo a un ejercicio determinado
         o a ejercicios anteriores o posteriores a sus filiales residentes, que pueden entonces imputarlo al importe que han de pagar
         en concepto de impuesto sobre sociedades, es imposible, en cambio, que tal sociedad transfiera dicho exceso de ACT a sociedades
         vinculadas no residentes para que éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que deben pagar en el Reino Unido.
      
      130   Según el Gobierno del Reino Unido, una sociedad residente no puede invocar que sus filiales no residentes no puedan imputar
         el exceso de ACT al impuesto sobre sociedades que han de pagar, toda vez que la propia sociedad residente no sufre una desventaja
         por ello.
      
      131   No obstante, es preciso destacar que las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento se oponen a que un Estado
         miembro obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida de conformidad
         con su legislación (véanse, en particular, la sentencias de 16 de julio de 1998, ICI, C‑264/96, Rec. p. I‑4695, apartado 21;
         Marks & Spencer, antes citada, apartado 31, y Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, antes citada, apartado 42).
      
      132   Pues bien, la posibilidad prevista en la legislación nacional controvertida de que un grupo de sociedades puede transferir
         una cuantía impositiva determinada que una sociedad del grupo no puede imputar al impuesto sobre sociedades que ha de pagar
         en el Reino Unido a otra sociedad de dicho grupo, para que ésta pueda imputarla al impuesto sobre sociedades que ha de pagar
         en ese mismo Estado miembro, constituye una ventaja fiscal para las sociedades interesadas. El hecho de excluir de tal ventaja
         a las sociedades no residentes de dicho grupo puede suponer para las sociedades residentes del grupo un obstáculo al ejercicio
         de su libertad de establecimiento, al disuadirlas de crear filiales en otros Estados miembros (véase, en este sentido, por
         lo que respecta a una consolidación fiscal de las pérdidas sufridas por filiales no residentes, la sentencia Marks & Spencer,
         antes citada, apartados 32 y 33).
      
      133   Como sostienen las demandantes en el litigio principal y la Comisión de las Comunidades Europeas, el hecho de que una sociedad
         residente no puede transferir un exceso de ACT a filiales no residentes que han de pagar el impuesto sobre sociedades en el
         Reino Unido constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento. Ahora bien, ni la resolución de remisión
         ni las observaciones del Gobierno del Reino Unido demuestran objetivo legítimo alguno compatible con el Tratado que pueda
         justificar semejante restricción.
      
      134   De todo lo anterior se desprende que el artículo 43 CE se opone a una medida nacional que no permite que una sociedad residente
         transfiera a sus filiales no residentes el exceso de ACT, aun cuando éstas han de pagar el impuesto sobre sociedades en el
         Estado miembro de que se trate.
      
      135   Por último, las demandantes en el litigio principal sostienen que dichos aspectos de la legislación nacional son también contrarios
         a los artículos 4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435 en la medida en que tienen como consecuencia que una sociedad matriz
         residente haya de pagar por un exceso de ACT.
      
      136   Como se ha indicado en los apartados 106 a 111 de la presente sentencia, los aspectos relevantes de la legislación nacional
         controvertida en el litigio principal no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 6 de dicha Directiva.
      
      137   Por lo que respecta al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435, basta señalar que, si bien esta disposición obliga
         a un Estado miembro a garantizar a una sociedad matriz que percibe dividendos de una filial establecida en otro Estado miembro
         que el impuesto pagado por su filial en el extranjero por los beneficios distribuidos se imputará íntegramente al importe
         pagadero por la sociedad matriz en concepto de impuesto sobre sociedades en el primer Estado miembro (véase el apartado 104
         de la presente sentencia), de ella no se deriva que dicho Estado tenga obligación alguna de velar, en tal caso, por que la
         desgravación concedida a dicha sociedad matriz por el impuesto extranjero no reduzca el importe al que puede imputar la fracción
         del impuesto sobre sociedades pagado a cuenta con ocasión de un reparto de dividendos a sus propios accionistas ni amplíe
         la posibilidad de que esta sociedad matriz transfiera el importe del impuesto pagado a cuenta que no puede imputar a su deuda
         tributaria a filiales no residentes sujetas al impuesto sobre sociedades en ese mismo Estado.
      
      138   Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión que los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un
         Estado miembro que establece que toda desgravación por el impuesto pagado en el extranjero de la que disfruta una sociedad
         residente que haya percibido dividendos de origen extranjero reduce el importe del impuesto sobre sociedades al que puede
         imputar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades.
      
      139   El artículo 43 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que permite que una sociedad residente transfiera a filiales
         residentes el importe del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades
         pagadero por aquélla por el ejercicio contable correspondiente o por ejercicios contables anteriores o posteriores, para que
         éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que han de pagar, pero no permite que una sociedad residente transfiera
         dicho importe a filiales no residentes en el supuesto en que éstas deban pagar en dicho Estado miembro por los beneficios
         allí obtenidos.
      
       Sobre la cuarta cuestión
      140   Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 43 CE y 56 CE, así
         como los artículos 4, apartado 1, y 6 de la Directiva 90/435 se oponen a una legislación nacional como la controvertida en
         el litigio principal que, al tiempo que concede a las sociedades residentes que perciben dividendos de origen extranjero la
         facultad de optar por un régimen que les permite recuperar el ACT abonado por un reparto ulterior a sus propios accionistas,
         por un lado, obliga a dichas sociedades a abonar el ACT y a reclamarlo posteriormente y, por otro lado, no prevé un crédito
         fiscal para sus accionistas, que sí lo habrían obtenido si las sociedades residentes hubieran repartido dividendos de origen
         nacional.
      
      141   Por lo que respecta a las disposiciones de la Directiva 90/435, su aplicación al problema planteado por el órgano jurisdiccional
         remitente puede descartarse de entrada. Por un lado, como se ha precisado en el apartado 137 de la presente sentencia, el
         artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva no regula las modalidades según las cuales puede imponerse la obligación de pago
         a cuenta del impuesto sobre sociedades. Al establecer las normas dirigidas a evitar la doble imposición en cadena de beneficios
         distribuidos por una filial no residente a una sociedad matriz residente, dicha disposición no se aplica al supuesto de accionistas
         personas físicas. Por otro lado, es preciso recordar que el ACT no constituye una retención en origen a efectos del artículo
         6 de la referida Directiva (véase el apartado 111 de la presente sentencia).
      
      142   En cuanto a las disposiciones del Tratado relativas a las libertades de circulación, es preciso señalar que, toda vez que
         la legislación controvertida se aplica a repartos de dividendos a favor de sociedades residentes con independencia del alcance
         de su participación, puede estar comprendida tanto en el ámbito de aplicación del artículo 43 CE relativo a la libertad de
         establecimiento, como en el del artículo 56 CE relativo a la libre circulación de capitales.
      
      143   Habida cuenta de las circunstancias presentes en los asuntos del litigio principal (véase el apartado 37 de la presente sentencia),
         procede iniciar el examen de la legislación nacional controvertida en dicho litigio desde el punto de vista del artículo 43 CE.
      
      144   Como ha señalado el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, mediante dicha cuestión, el órgano jurisdiccional
         remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la legalidad del régimen FID, introducido en el Reino Unido a partir del
         1 de julio de 1994. Este régimen permite que las sociedades residentes que perciben dividendos de origen extranjero obtengan
         la devolución del exceso de ACT, a saber, el importe de ACT que no puede ser imputado a la cuantía debida en concepto de impuesto
         sobre sociedades.
      
      145   Sin embargo, es necesario señalar que el tratamiento fiscal de las sociedades residentes que perciben dividendos de origen
         extranjero y optan por el régimen FID resulta, en dos aspectos, menos ventajoso que el aplicado a las sociedades residentes
         que perciben dividendos de origen nacional.
      
      146   En primer lugar, por lo que respecta a la posibilidad de recuperar el exceso de ACT, de la resolución de remisión se desprende
         que, mientras que el ACT debe pagarse dentro de los catorce días posteriores al trimestre en el que la sociedad de que se
         trate reparte dividendos a sus accionistas, sólo cabe la devolución del exceso de ACT desde el momento en que resulta exigible
         el impuesto sobre sociedades, o sea, nueve meses después de finalizar el ejercicio contable. Por lo tanto, en función del
         momento en que la sociedad reparta dividendos, ésta deberá esperar entre ocho meses y medio y diecisiete meses y medio para
         obtener la devolución del ACT pagado.
      
      147   Por consiguiente, como alegan las demandantes en el litigio principal, las sociedades residentes que optan por tal régimen
         por percibir dividendos de origen extranjero se exponen a una desventaja de tesorería que no existe en el caso de sociedades
         residentes que perciben dividendos de origen nacional. En este último supuesto, dado que la sociedad residente distribuidora
         ya ha pagado el ACT por los beneficios distribuidos, se concede un crédito fiscal a la sociedad residente beneficiaria de
         esta distribución, lo que le permite distribuir un importe igual de dividendos a sus propios accionistas sin estar obligada
         a pagar el ACT.
      
      148   En segundo lugar, el accionista beneficiario de un reparto de dividendos por una sociedad residente sobre la base de dividendos
         de origen extranjero calificados de FID no tiene derecho a un crédito fiscal, sino que se considera que ha percibido una renta
         que se gravó al tipo más bajo del ejercicio fiscal de que se trata. Sin crédito fiscal, tal accionista no tiene derecho a
         devolución alguna cuando no ha de pagar el impuesto sobre la renta o cuando el impuesto sobre la renta debido es inferior
         a la tributación del dividendo al tipo más bajo.
      
      149   Como sostienen las demandantes en el litigio principal, esto conduce a una sociedad que haya optado por el régimen FID a aumentar
         el importe de su reparto si quiere garantizar a los accionistas un rendimiento equivalente al procedente de un reparto de
         dividendos de origen nacional.
      
      150   Según el Gobierno del Reino Unido, dichas diferencias de trato no implican restricción alguna a la libertad de establecimiento.
      151   Por lo que respecta a la obligación de una sociedad que haya optado por el régimen FID de pagar el ACT en espera de una posterior
         devolución, dicho Gobierno reitera su alegación de que la situación de una sociedad que percibe dividendos de origen extranjero
         no es comparable a la de una sociedad que percibe dividendos de origen nacional, en el sentido de que la obligación de la
         primera sociedad de pagar el ACT en caso de reparto ulterior de dividendos se explica por el hecho de que, contrariamente
         a la segunda, percibe dividendos por los que no se ha pagado ACT alguno. Si, en este contexto diferente, a una sociedad que
         percibe dividendos de origen extranjero y opta por el régimen FID se le concede el derecho a la devolución del ACT pagado,
         este trato no puede constituir de ningún modo una discriminación.
      
      152   No obstante, como se ha señalado en los apartados 87 a 91 de la presente sentencia, puesto que los beneficios distribuidos
         por una sociedad están sujetos, en su Estado de residencia, al impuesto sobre sociedades, cuando un sistema de pago a cuenta
         del impuesto sobre sociedades al que está sujeta la sociedad beneficiaria de los dividendos determina el importe que se ha
         de pagar teniendo en cuenta el impuesto por los beneficios distribuidos pagado por una sociedad distribuidora residente pero
         no el pagado, en el extranjero, por una sociedad distribuidora no residente, tal sistema concede a una sociedad beneficiaria
         de dividendos de origen extranjero un trato menos favorable que a una sociedad que percibe dividendos de origen nacional,
         siendo así que ambas se encuentran en una situación comparable.
      
      153   Si bien es cierto que la situación de la primera sociedad se ve mejorada por el hecho de que cabe la devolución del impuesto
         pagado a cuenta que no puede ser imputado al importe pagadero en concepto de impuesto sobre sociedades, tal sociedad permanece
         en una situación menos favorable que una sociedad que percibe dividendos de origen nacional, en el sentido de que sufre una
         desventaja de tesorería.
      
      154   Tal diferencia de trato, que hace menos atractiva una toma de participación en una sociedad no residente que en una sociedad
         residente, constituye, sin una justificación objetiva, una vulneración de la libertad de establecimiento.
      
      155   Contrariamente a lo que alega el Gobierno del Reino Unido, la desventaja de tesorería a la que se exponen las sociedades que
         hayan optado por el régimen FID no puede justificarse por restricciones de carácter práctico ligadas al hecho de que, en el
         marco de la tributación de dicho dividendo, la consideración por un Estado miembro de todos los impuestos que hayan gravado
         los beneficios distribuidos, ya sea en ese mismo Estado o en el extranjero, requiere un determinado plazo de tiempo.
      
      156   En efecto, es cierto que un Estado miembro debe disponer de un determinado plazo de tiempo para poder tener en cuenta, en
         la determinación del importe finalmente debido en concepto de impuesto sobre sociedades, todos los impuestos que ya han gravado
         los beneficios distribuidos. Sin embargo, esto no puede justificar que, en el supuesto de dividendos de origen nacional, un
         Estado miembro, para determinar el importe pagadero en concepto de ACT en sede de una sociedad que reparte dividendos, esté
         dispuesto a tener en cuenta la fracción del ACT pagado por la sociedad residente de la que la propia sociedad distribuidora
         citada recibió dividendos –en un momento en que ni siquiera se ha podido determinar el importe que habrá de pagar finalmente
         esta otra sociedad residente en concepto de impuesto sobre sociedades–, mientras que, en el supuesto de dividendos de origen
         extranjero, dicho Estado fija el importe pagadero en concepto de ACT sin posibilidad alguna de que la sociedad residente que
         reparte dividendos a sus propios accionistas impute al referido importe el impuesto que grava los beneficios que le distribuyó
         una sociedad no residente.
      
      157   Si resulta que, por razones prácticas, la consideración del impuesto pagado por los beneficios distribuidos sólo puede garantizarse
         en el marco de un sistema de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades por lo que respecta a los dividendos de origen nacional,
         corresponde al Estado miembro de que se trate modificar uno u otro aspecto de su sistema impositivo de las sociedades residentes
         a fin de eliminar dicha desigualdad de trato.
      
      158   En cuanto a la circunstancia de que el régimen FID no prevé crédito fiscal para el accionista, el Gobierno del Reino Unido
         alega que tal crédito fiscal sólo se concede a un accionista beneficiario de una distribución cuando existe una doble imposición
         económica de los beneficios distribuidos que debe evitarse o atenuarse. No es éste el caso de un régimen FID en la medida
         en que, por un lado, no se ha pagado ACT alguno por los dividendos de origen extranjero y, por otro lado, el ACT que debe
         pagar la sociedad residente beneficiaria de dichos dividendos en caso de reparto a sus accionistas es devuelto posteriormente.
      
      159   No obstante, este argumento se apoya sobre la misma premisa errónea de que sólo hay riesgo de doble imposición económica en
         el supuesto de dividendos procedentes de una sociedad residente sujeta a la obligación de pagar el ACT por sus repartos de
         dividendos, mientras que, en realidad, dicho riesgo existe también en el supuesto de dividendos repartidos por una sociedad
         no residente, cuyos beneficios están asimismo sujetos, en su Estado de residencia, al impuesto sobre sociedades, según el
         tipo y las normas allí aplicables.
      
      160   Por la misma razón, el Gobierno del Reino Unido no puede poner en duda el carácter menos favorable del tratamiento fiscal
         de los dividendos percibidos de una sociedad no residente al afirmar que tal sociedad, por no estar sujeta a la obligación
         de pagar el ACT, puede pagar dividendos más elevados a sus accionistas.
      
      161   Asimismo, debe rechazarse la alegación de que las diferencias de trato a las que está expuesto el reparto de dividendos de
         origen extranjero en el marco del régimen FID no constituyen una restricción a la libertad de establecimiento en la medida
         en que este régimen sólo tiene carácter opcional.
      
      162   En efecto, como manifiestan las demandantes en el litigio principal, un régimen nacional restrictivo de las libertades de
         circulación sigue siendo también incompatible con el Derecho comunitario, aun cuando su aplicación sea facultativa.
      
      163   Por último, por lo que respecta a la alegación del Gobierno del Reino Unido de que las restricciones de que se trata están
         justificadas por la necesidad de preservar la coherencia del sistema tributario del Reino Unido, es necesario señalar que
         esta alegación no hace sino remitir al mismo argumento que ya fue desestimado cuando se examinó la segunda cuestión (véase
         el apartado 93 de la presente sentencia).
      
      164   De todo lo anterior se desprende que el artículo 43 CE se opone a las características del régimen FID aludidas por el órgano
         jurisdiccional remitente en su cuarta cuestión.
      
      165   En la medida en que, según el órgano jurisdiccional remitente, dicha cuestión se refiere asimismo al supuesto de sociedades
         establecidas en países terceros y que, en consecuencia, no están comprendidas en el ámbito del artículo 43 CE, relativo a
         la libertad de establecimiento, así como por el motivo expuesto en el apartado 38 de la presente sentencia, se plantea la
         cuestión de si unas medidas nacionales como las controvertidas en el litigio principal son también contrarias al artículo
         56 CE relativo a la libre circulación de capitales.
      
      166   A este respecto, es preciso señalar que la diferencia de trato a la que están sujetos los dividendos de origen extranjero
         cuando los percibe una sociedad residente que opta por el régimen FDI (véanse los apartados 145 a 149 de la presente sentencia)
         tiene el efecto de disuadir a tal sociedad de invertir su capital en una sociedad establecida en otro Estado y produce asimismo
         un efecto restrictivo para las sociedades establecidas en otros Estados en cuanto que constituye para ellas un obstáculo a
         la captación de capitales en el Reino Unido.
      
      167   Para que tal diferencia de trato sea compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales,
         es preciso que afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por una razón imperiosa de
         interés general.
      
      168   Por haber hecho referencia el Gobierno del Reino Unido, en este contexto, a las mismas observaciones invocadas en relación
         con el examen del artículo 43 CE, basta manifestar que, por los motivos expuestos en los apartados 150 a 163 de la presente
         sentencia, dicha diferencia de trato afecta a situaciones que son objetivamente comparables y constituye una restricción a
         los movimientos de capitales cuya justificación no ha quedado acreditada.
      
      169   La única alegación específicamente invocada por dicho Gobierno en relación con la libre circulación de capitales se basa en
         que, en una situación que incluye a sociedades que distribuyen beneficios establecidas en países terceros, la comprobación
         del impuesto pagado por estas sociedades en sus Estados de residencia puede resultar más difícil que en un contexto puramente
         comunitario.
      
      170   Es cierto que, debido al grado de integración jurídica que existe entre los Estados miembros de la Unión, en particular a
         la existencia de medidas legislativas comunitarias dirigidas a la cooperación entre autoridades fiscales nacionales, como
         la Directiva 77/799/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes
         de los Estados miembros en el ámbito de los impuestos directos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94), el gravamen por un Estado
         miembro de actividades económicas con aspectos transfronterizos que se sitúan en el seno de la Comunidad no siempre es comparable
         al de actividades económicas referidas a relaciones entre los Estados miembros y los países terceros.
      
      171   Además, como ha subrayado el Abogado General en el punto 121 de sus conclusiones, no cabe excluir que un Estado miembro pueda
         demostrar que una restricción de los movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, está
         justificada por una razón determinada, en circunstancias en las que dicha razón no supondría una justificación válida de una
         restricción de movimientos de capitales entre Estados miembros.
      
      172   Sin embargo, por lo que respecta a la legislación nacional controvertida, el Gobierno del Reino Unido sólo invocó las dificultades
         relacionadas con la comprobación del impuesto pagado en el extranjero para explicar el plazo transcurrido entre el momento
         en que se pagó el ACT y el de su devolución. Ahora bien, como se ha destacado en el apartado 156 de la presente sentencia,
         tal elemento no puede justificar una legislación que no permite en modo alguno que una sociedad residente beneficiaria de
         un reparto de dividendos de origen extranjero impute a la cuantía debida en concepto de pago a cuenta del impuesto sobre sociedades
         el impuesto que grava los beneficios distribuidos en el extranjero, mientras que, para dividendos de origen nacional, este
         importe se deduce de oficio del impuesto pagado, aunque sea a cuenta, por la sociedad residente que distribuye beneficios.
      
      173   Por lo tanto, procede responder a la cuarta cuestión que los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado
         miembro que, al tiempo que deja exentas del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades a las sociedades residentes que reparten
         a sus accionistas dividendos procedentes de dividendos de origen nacional que ellas percibieron, concede a las sociedades
         residentes que reparten a sus accionistas dividendos procedentes de dividendos de origen extranjero que ellas percibieron
         la facultad de optar por un régimen que les permite recuperar el impuesto sobre sociedades pagado a cuenta, pero, por un lado,
         obliga a dichas sociedades a abonar el referido impuesto a cuenta y a reclamarlo posteriormente y, por otro lado, no prevé
         un crédito fiscal para sus accionistas, que sí lo habrían obtenido en el supuesto de que una sociedad residente hubiera repartido
         dividendos de origen nacional.
      
       Sobre la quinta cuestión
      174   Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, habida cuenta de que las medidas
         nacionales de que se trata en las cuestiones primera y segunda se adoptaron antes del 31 de diciembre de 1993, las medidas
         mencionadas en la cuarta cuestión, que se adoptaron después de esa fecha pero que modifican las referidas medidas nacionales,
         siempre que constituyan también restricciones a los movimientos de capitales prohibidas en principio por el artículo 56 CE,
         están autorizadas como restricciones existentes el 31 de diciembre de 1993 a efectos del artículo 57 CE, apartado 1.
      
      175   Según esta última disposición, lo dispuesto en el artículo 56 CE se entenderá sin perjuicio de la aplicación a terceros países
         de las restricciones que existan el 31 de diciembre de 1993 de conformidad con el Derecho nacional o con el Derecho comunitario
         en materia de movimientos de capitales, con destino a terceros países o procedentes de ellos, que supongan inversiones directas,
         incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados
         de capitales.
      
      176   En consecuencia, es preciso determinar si las medidas nacionales mencionadas en la cuarta cuestión están comprendidas en el
         ámbito de aplicación del artículo 57 CE, apartado 1, como restricciones a los movimientos de capitales que supongan inversiones
         directas, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales.
      
      177   Por lo que respecta, más concretamente, al concepto de «inversiones directas», es preciso señalar que no está definido en
         el Tratado.
      
      178   Sin embargo, en Derecho comunitario, dicho concepto ha sido objeto de definición en la nomenclatura de los movimientos de
         capitales que se recoge en el anexo I de la Directiva 88/361/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1988, para la aplicación del
         artículo 67 del Tratado [artículo derogado por el Tratado de Ámsterdam] (DO L 178, p. 5), que comprende trece categorías de
         movimientos de capitales.
      
      179   De reiterada jurisprudencia se desprende que, en la medida en que el artículo 56 CE ha reproducido en lo fundamental el contenido
         del artículo 1 de la Directiva 88/361, y aunque ésta fue adoptada sobre la base de los artículos 69 y 70, apartado 1, del
         Tratado CEE (los artículos 67 a 73 del Tratado CEE fueron sustituidos por los artículos 73 B a 73 G del Tratado CE, actualmente
         artículos 56 CE a 60 CE), dicha nomenclatura mantiene el valor indicativo que le era propio antes de la entrada en vigor de
         dichos artículos para definir el concepto de movimientos de capitales, entendiéndose que, conforme a su introducción, la lista
         que incluye no tiene carácter exhaustivo (véanse, en particular, las sentencias de 16 de marzo de 1999, Trummer y Mayer, C‑222/97,
         Rec. p. I‑1661, apartado 21, y de 23 de febrero de 2006, Van Hilten-van der Heijden, C‑513/03, Rec. p. I‑1957, apartado 39).
      
      180   Debe reconocerse tal valor indicativo a dicha nomenclatura en el marco de la interpretación del concepto de inversiones directas.
         En la primera rúbrica de la referida nomenclatura figuran, bajo el título «Inversiones directas», la creación y ampliación
         de sucursales o de nuevas empresas pertenecientes exclusivamente al proveedor de fondos y la adquisición total de empresas
         existentes, la participación en empresas nuevas o existentes para crear o mantener vínculos económicos duraderos, los préstamos
         a largo plazo para crear o mantener vínculos económicos duraderos y las reinversiones de beneficios para mantener vínculos
         económicos duraderos.
      
      181   Como se desprende de esta enumeración y de las notas explicativas relacionadas con ella, el concepto de inversiones directas
         hace referencia a cualquier tipo de inversión efectuada por personas físicas o jurídicas y que sirva para crear o mantener
         relaciones duraderas y directas entre el proveedor de fondos y la empresa a la que se destinan dichos fondos para el ejercicio
         de una actividad económica.
      
      182   Por lo que respecta a las participaciones en empresas nuevas o existentes, como confirman dichas notas explicativas, el objetivo
         de crear o mantener vínculos económicos duraderos presupone que las acciones que posee el accionista le ofrecen, ya sea en
         virtud de las disposiciones de la legislación nacional sobre las sociedades por acciones, o de otra forma, la posibilidad
         de participar de manera efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad.
      
      183   Contrariamente a lo que alegan las demandantes en el litigio principal, las restricciones a los movimientos de capitales que
         suponen las inversiones directas o el establecimiento en el sentido del artículo 57 CE, apartado 1, comprenden no sólo las
         medidas nacionales que, en su aplicación a movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos,
         restringen las inversiones o el establecimiento, sino también las que restringen los pagos de dividendos que se derivan de ello.
      
      184   En efecto, de la jurisprudencia se desprende que cualquier trato menos favorable de los dividendos de origen extranjero respecto
         de los de origen nacional debe considerarse una restricción a la libre circulación de capitales en la medida en que puede
         hacer menos atractiva la toma de participaciones en sociedades establecidas en otros Estados miembros (sentencias, antes citadas,
         Verkooijen, apartado 35; Lenz, apartado 21, y Manninen, apartado 23).
      
      185   De lo anterior resulta que una restricción a los movimientos de capitales, como es un tratamiento fiscal menos favorable de
         los dividendos de origen extranjero, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 57 CE, apartado 1, en la medida
         en que se refiera a participaciones tomadas para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos entre el accionista
         y la sociedad de que se trata y que permita que el accionista participe de manera efectiva en la gestión o el control de dicha
         sociedad.
      
      186   Si no es ése el caso, no cabe aplicar una restricción a los movimientos de capitales prohibida por el artículo 56 CE, ni tampoco
         en las relaciones con terceros países.
      
      187   En cambio, del artículo 57 CE, apartado 1, se desprende que un Estado miembro puede aplicar en las relaciones con terceros
         países las restricciones a los movimientos de capitales comprendidas en el ámbito de aplicación material de dicha disposición,
         aun cuando sean contrarias al principio de la libre circulación de capitales recogido en el artículo 56 CE, a condición de
         que ya existieran el 31 de diciembre de 1993.
      
      188   Según el Gobierno del Reino Unido, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que el artículo 56 CE se opone
         a la legislación nacional controvertida en el litigio principal en materia de tributación de dividendos de origen extranjero,
         esto es lo que sucedería no sólo con las medidas a que se refieren las cuestiones prejudiciales primera a tercera, adoptadas
         antes del 31 de diciembre de 1993, sino también con el régimen FID, que entró en vigor el 1 de julio de 1994, en la medida
         en que, en relación con las medidas existentes, este último régimen no introdujo nuevas restricciones sino que, por el contrario,
         se limitó a reducir determinados efectos restrictivos de la legislación existente.
      
      189   En primer lugar, hay que aclarar el concepto de «restricciones que existan» el 31 de diciembre de 1993, a efectos del artículo
         57 CE, apartado 1.
      
      190   Como sugirieron las demandantes en el litigio principal, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, es preciso hacer referencia
         a la sentencia de 1 de junio de 1999, Konle (C‑302/97, Rec. p. I‑3099), en la que el Tribunal de Justicia tuvo que dar una
         interpretación del concepto de «legislación vigente» contenido en una disposición transitoria del Acta relativa a las condiciones
         de adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones a los Tratados
         en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1), que permite a la República de Austria
         mantener temporalmente su legislación vigente sobre residencias secundarias.
      
      191   Si bien corresponde, en principio, al órgano jurisdiccional nacional determinar el contenido de la legislación vigente en
         una fecha determinada en un acto comunitario, el Tribunal de Justicia puntualizó, en dicha sentencia, que le corresponde a
         él suministrar los elementos de interpretación del concepto comunitario que sirve de referencia para la aplicación de una
         cláusula de excepción comunitaria a una legislación nacional «vigente» en una fecha determinada (véase, en este sentido, la
         sentencia Konle, antes citada, apartado 27).
      
      192   Como manifestó el Tribunal de Justicia en esa misma sentencia, cualquier medida nacional aprobada con posterioridad a una
         fecha así determinada no queda automáticamente excluida, por ese único motivo, de la cláusula de excepción recogida en el
         acto comunitario de que se trate. En efecto, una disposición que es esencialmente idéntica a la legislación anterior o que
         se limita a reducir o suprimir un obstáculo al ejercicio de los derechos y las libertades comunitarias que figure en la legislación
         anterior, está cubierta por la excepción. En cambio, una legislación que se basa en una lógica diferente de la del Derecho
         anterior y establece procedimientos nuevos no puede asimilarse a la legislación existente en la fecha determinada en el acto
         comunitario de que se trate (véase la sentencia Konle, antes citada, apartados 52 y 53).
      
      193   En segundo lugar, por lo que respecta a la relación entre el régimen FID y la legislación nacional vigente sobre tributación
         de dividendos de origen extranjero, tal y como la evoca el órgano jurisdiccional remitente, resulta que dicho régimen tiene
         por objeto limitar los efectos restrictivos que se derivan de la legislación vigente en relación con sociedades residentes
         que perciben dividendos de origen extranjero, en particular, al ofrecer a dichas sociedades la posibilidad de obtener la devolución
         del exceso del ACT pagadero en caso de reparto de dividendos a sus propios accionistas.
      
      194   No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional nacional determinar si, como subrayan las demandantes en el litigio principal,
         el hecho de no conceder un crédito fiscal a los accionistas beneficiarios de un reparto de dividendos calificado de FID debe
         considerarse una nueva restricción. Si bien es cierto que, en el sistema tributario nacional en el que se inserta el régimen
         FID, la concesión de tal crédito fiscal al accionista beneficiario de una distribución se corresponde con el pago del ACT
         que por dicha distribución realiza la sociedad que distribuye beneficios, no puede deducirse de la descripción de la legislación
         fiscal nacional proporcionada en la resolución de remisión que el hecho de que una sociedad que haya optado por el régimen
         FID tenga derecho a la devolución del ACT pagado en exceso justifique, en la lógica de la legislación vigente el 31 de diciembre
         de 1993, que no se conceda un crédito fiscal a sus accionistas.
      
      195   En cualquier caso, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno del Reino Unido, el régimen FID no puede ser calificado de
         restricción existente por el mero hecho de que, debido a su carácter facultativo, las sociedades de que se trate tengan siempre
         la posibilidad de que se les aplique el sistema adoptado con anterioridad, con los efectos restrictivos que de ello se derivan.
         Como se ha señalado en el apartado 162 de la presente sentencia, un régimen restrictivo de las libertades de circulación sigue
         siendo también incompatible con el Derecho comunitario, aun cuando su aplicación sea facultativa.
      
      196   Por lo tanto, procede responder a la quinta cuestión que el artículo 57 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de
         que, cuando un Estado miembro adoptó, antes del 31 de diciembre de 1993, una legislación que contiene restricciones a los
         movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes de ellos prohibidas por el artículo 56 CE y, después
         de esa fecha, adopta medidas que, constituyendo también una restricción a dichos movimientos, son esencialmente idénticas
         a la legislación anterior o se limitan a reducir o suprimir un obstáculo al ejercicio de los derechos y las libertades comunitarias
         que figure en la legislación anterior, el artículo 56 CE no se opone a la aplicación a terceros países de estas últimas medidas
         cuando se aplican a movimientos de capitales que supongan inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento,
         la prestación de servicios financieros o la admisión de valores en los mercados de capitales. A este respecto, no cabe considerar
         inversiones directas las participaciones en una sociedad que no se adquieren para crear o mantener vínculos económicos duraderos
         y directos entre el accionista y dicha sociedad y no permiten que el accionista participe de manera efectiva en la gestión
         o el control de dicha sociedad.
      
       Sobre las cuestiones sexta a novena
      197   Mediante sus cuestiones sexta a novena, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en
         esencia, si, en el supuesto de que las medidas nacionales mencionadas en las cuestiones precedentes sean incompatibles con
         el Derecho comunitario, reclamaciones como las interpuestas por las demandantes en el litigio principal para subsanar tal
         incompatibilidad deben ser calificadas de acciones de restitución de cantidades indebidamente recaudadas o de ventajas indebidamente
         denegadas o, en cambio, de acciones de indemnización por el daño causado. En este último caso, se pregunta si es preciso que
         concurran los requisitos establecidos en la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada, y si es necesario,
         a este respecto, tener en cuenta la forma en que deben interponerse tales reclamaciones con arreglo al Derecho nacional.
      
      198   Por lo que respecta a la aplicación de los requisitos por cuya virtud un Estado miembro está obligado a reparar los daños
         causados a los particulares por una violación del Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el Tribunal
         de Justicia puede ofrecer una orientación sobre la exigencia de una violación suficientemente caracterizada de dicho Derecho
         y sobre la referida a la relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado miembro y el
         daño sufrido por quienes hayan sido perjudicados.
      
      199   Las demandantes en el litigio principal alegan que todas las reclamaciones expuestas en la sexta cuestión están comprendidas
         en la categoría de los recursos para obtener la restitución, tanto en la medida en que persiguen el reembolso del exceso de
         impuesto indebidamente recaudado o de la pérdida resultante de la imposibilidad de disfrutar de las cantidades que fueron
         objeto de un pago impositivo anticipado, como en la medida en que pretenden la recuperación de desgravaciones fiscales o la
         devolución del importe por el que las sociedades residentes afectadas habían debido aumentar los dividendos calificados de
         FID a fin de compensar la pérdida del crédito fiscal de sus accionistas. A su juicio, si el Derecho comunitario permitiera
         que el Derecho nacional sólo previera una reclamación de indemnización de daños y perjuicios, ésta sería, en cualquier caso,
         de un tipo distinto de la reclamación contemplada en la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada.
      
      200   En cambio, el Gobierno del Reino Unido sostiene que cada una de las soluciones perseguidas por las demandantes en el litigio
         principal constituye una solicitud de indemnización de daños y perjuicios sujeta a los requisitos de la sentencia Brasserie
         du Pêcheur y Factortame, antes citada. En su opinión, la manera en que se interpusieron las reclamaciones desde el punto de
         vista del Derecho nacional es irrelevante para su calificación según el Derecho comunitario.
      
      201   Sobre este particular, es preciso destacar que no corresponde al Tribunal de Justicia calificar jurídicamente los recursos
         interpuestos por las demandantes en el litigio principal ante el órgano jurisdiccional remitente. En el caso de autos, incumbe
         a éstas precisar la naturaleza y el fundamento de su acción (acción de restitución o acción de indemnización), bajo la supervisión
         del órgano jurisdiccional remitente (véase la sentencia Metallgesellschaft y otros, antes citada, apartado 81).
      
      202   En cualquier caso, según reiterada jurisprudencia, el derecho a obtener la devolución de los impuestos percibidos en un Estado
         miembro infringiendo las normas del Derecho comunitario es la consecuencia y el complemento de los derechos conferidos a los
         justiciables por las disposiciones comunitarias, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular,
         las sentencias de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio, 199/82, Rec. p. 3595, apartado 12, y Metallgesellschaft y otros, antes
         citada, apartado 84). Por lo tanto, en principio, el Estado miembro está obligado a devolver los tributos recaudados en contra
         de lo dispuesto en el Derecho comunitario (sentencias de 14 de enero de 1997, Comateb y otros, C‑192/95 a C‑218/95, Rec. p. I‑165,
         apartado 20, y Metallgesellschaft y otros, antes citada, apartado 84).
      
      203   Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en materia de restitución de tributos nacionales indebidamente percibidos,
         corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar
         la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
         confiere a los justiciables, siempre que, por una parte, dicha regulación no sea menos favorable que la referente a recursos
         semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni, por otra parte, haga imposible en la práctica o excesivamente
         difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véanse,
         en particular, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5, y Comet, 45/76, Rec. p. 2043,
         apartados 13 y 16, así como, más recientemente, las sentencias de 15 de septiembre de 1998, Edis, C‑231/96, Rec. p. I‑4951,
         apartados 19 y 34; de 9 de febrero de 1999, Dilexport, C‑343/96, Rec. p. I‑579, apartado 25, y Metallgesellschaft y otros,
         antes citada, apartado 85).
      
      204   Además, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el apartado 96 de su sentencia Metallgesellschaft y otros, antes citada,
         que cuando una sociedad residente o su sociedad matriz han sufrido una pérdida económica en beneficio de las autoridades de
         un Estado miembro a raíz del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, al que estaba sujeta la sociedad residente por los
         dividendos abonados a su sociedad matriz no residente pero del que estaba exenta una sociedad residente que abonó dividendos
         a una sociedad matriz residente también en dicho Estado miembro, las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación
         exigen que las sociedades residentes y sus sociedades matrices no residentes dispongan de un recurso judicial efectivo para
         obtener la restitución o la indemnización de dicha pérdida.
      
      205   De esta jurisprudencia se desprende que, cuando un Estado miembro ha percibido impuestos infringiendo las normas del Derecho
         comunitario, los justiciables tienen derecho a la restitución no sólo del impuesto indebidamente recaudado, sino también de
         las cantidades pagadas a dicho Estado o retenidas por éste en relación directa con dicho impuesto. Como declaró el Tribunal
         de Justicia en los apartados 87 y 88 de la sentencia Metallgesellschaft y otros, antes citada, esto incluye asimismo las pérdidas
         constituidas por la imposibilidad de disponer de cantidades de dinero a raíz de la exigencia del impuesto por anticipado.
      
      206   Siempre que las normas del Derecho nacional relativas a las desgravaciones hayan impedido que un impuesto, como el ACT, recaudado
         infringiendo el Derecho comunitario sea recuperado por el contribuyente que lo pagó, éste tiene derecho a la devolución de
         dicho impuesto.
      
      207   No obstante, contrariamente a lo que sostienen las demandantes en el litigio principal, ni las desgravaciones a las que el
         contribuyente haya renunciado para poder imputar íntegramente el impuesto indebidamente recaudado, como el ACT, al montante
         pagadero en concepto de otro impuesto, ni el perjuicio que hayan sufrido las sociedades residentes que optaron por el régimen
         FID debido a que se veían obligadas a aumentar el importe de sus dividendos para compensar la pérdida del crédito fiscal de
         sus accionistas pueden compensarse, sobre la base del Derecho comunitario, mediante una reclamación dirigida a obtener la
         devolución del impuesto indebidamente recaudado o de las cantidades pagadas al Estado miembro de que se trate o retenidas
         por éste en relación directa con dicho impuesto. Tales renuncias a desgravaciones o aumentos del importe de los dividendos
         se basan en decisiones adoptadas por dichas sociedades y no constituyen, para ellas, una consecuencia inevitable de la negativa
         del Reino Unido a conceder a los referidos accionistas un trato equivalente al disfrutado por los accionistas beneficiarios
         de un reparto basado en dividendos de origen nacional.
      
      208   En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las renuncias a desgravaciones o los
         aumentos del importe de los dividendos constituyen, para las sociedades afectadas, pérdidas económicas sufridas por una infracción
         del Derecho comunitario imputable al Estado miembro de que se trate.
      
      209   Sin excluir, no obstante, que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos
         menos restrictivos, el Tribunal de Justicia ha declarado que los requisitos para que un Estado miembro esté obligado a reparar
         los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que le sean imputables son tres, a saber,
         que la norma jurídica violada tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que la violación esté suficientemente
         caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al Estado
         y el daño sufrido por quienes hayan sido perjudicados (sentencias Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada, apartados
         51 y 66, y de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, apartados 51 y 57).
      
      210   La apreciación de los requisitos que permiten determinar la responsabilidad de los Estados miembros por daños causados a los
         particulares por violaciones del Derecho comunitario corresponde, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales
         (sentencias, antes citadas, Brasserie du Pêcheur y Factortame, apartado 58, y Köbler, apartado 100), conforme a las orientaciones
         suministradas por el Tribunal de Justicia para dicha aplicación (sentencias Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada,
         apartados 55 a 57; de 26 de marzo de 1996, British Telecommunications, C‑392/93, Rec. p. I‑1631, apartado 411; Denkavit y
         otros, antes citada, apartado 49, y Konle, antes citada, apartado 58).
      
      211   En el asunto principal, el primer requisito se cumple manifiestamente por lo que respecta a los artículos 43 CE y 56 CE. Estas
         disposiciones tienen el efecto de conferir derechos a los particulares (véanse, respectivamente, las sentencias Brasserie
         du Pêcheur y Factortame, antes citada, apartados 23 y 54, y de 14 de diciembre de 1995, Sanz de Lera y otros, C‑163/94, C‑165/94
         y C‑250/94, Rec. p. I‑4821, apartado 43).
      
      212   Por lo que respecta al segundo requisito, es preciso recordar, por un lado, que una violación del Derecho comunitario está
         suficientemente caracterizada cuando un Estado miembro, en el ejercicio de su facultad normativa, ha vulnerado, de manera
         manifiesta y grave, los límites impuestos al ejercicio de sus facultades (véanse las sentencias Brasserie du Pêcheur y Factortame,
         antes citada, apartado 55; British Telecommunications, antes citada, apartado 42, y de 4 de julio de 2000, Haim, C‑424/97,
         Rec. p I‑5123, apartado 38). Por otra parte, si el Estado miembro de que se trate, en el momento en que cometió la infracción,
         sólo disponía de un margen de apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del Derecho
         comunitario puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada (véanse las sentencias
         de 23 de mayo de 1996, Hedley Lomas, C‑5/94, Rec. p. I‑2553, apartado 28, y Haim, antes citada, apartado 38).
      
      213   Para determinar si existe una violación suficientemente caracterizada, es preciso tener en cuenta todos los elementos que
         caractericen la situación que se haya sometido al órgano jurisdiccional nacional. Entre estos elementos figuran, en particular,
         el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada, el carácter intencional o involuntario de la infracción cometida
         o del perjuicio causado, el carácter excusable o inexcusable de un eventual error de Derecho y la circunstancia de que las
         actitudes adoptadas por una institución comunitaria hayan podido contribuir a la adopción o al mantenimiento de medidas o
         de prácticas nacionales contrarias al Derecho comunitario (sentencias, antes citadas, Brasserie du Pêcheur y Factortame, apartado
         56, y Haim, apartados 42 y 43).
      
      214   En cualquier caso, una violación del Derecho comunitario es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse
         dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de
         una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento
         controvertido (sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, antes citada, apartado 57).
      
      215   En el presente caso, el órgano jurisdiccional nacional, para apreciar si la infracción del artículo 43 CE cometida por el
         Estado miembro de que se trata estaba suficientemente caracterizada, debe tomar en consideración el hecho de que, en un ámbito
         como el de la fiscalidad directa, las consecuencias que se derivan de las libertades de circulación garantizadas por el Tratado
         sólo se revelan gradualmente, en particular, por los principios sentados por el Tribunal de Justicia a partir de su sentencia
         de 28 de enero de 1986, Comisión/Francia, antes citada. Además, en materia de tributación de dividendos que sociedades residentes
         perciben de sociedades no residentes, es sólo en las sentencias Verkooijen, Lenz y Manninen, antes citadas, donde el Tribunal
         de Justicia tuvo ocasión de aclarar las exigencias que se derivan de dichas libertades de circulación, concretamente, por
         lo que respecta a la libre circulación de capitales.
      
      216   En efecto, fuera de los supuestos comprendidos en la Directiva 90/435, el Derecho comunitario no precisaba expresamente la
         obligación de un Estado miembro de garantizar que, en relación con los mecanismos para evitar o atenuar la doble imposición
         en cadena o la doble imposición económica, los dividendos repartidos a residentes por sociedades residentes y los repartidos
         por sociedades no residentes reciban un trato equivalente. De ello se desprende que, hasta las sentencias Verkooijen, Lenz
         y Manninen, antes citadas, el problema planteado por la presente petición de decisión prejudicial no había sido aún tratado
         como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
      
      217   El órgano jurisdiccional nacional debe apreciar, a la luz de estas consideraciones, los factores citados en el apartado 213
         de la presente sentencia, en particular, el grado de claridad y de precisión de las normas vulneradas y el carácter excusable
         o inexcusable de eventuales errores de Derecho.
      
      218   En cuanto al tercer requisito, a saber, la exigencia de una relación directa de causalidad entre el incumplimiento de la obligación
         que incumbe al Estado y el daño sufrido por quienes hayan sido perjudicados, corresponde al órgano jurisdiccional remitente
         comprobar si el perjuicio alegado se deriva de forma suficientemente directa de la infracción del Derecho comunitario como
         para obligar al Estado a repararlo (véase, en este sentido, en materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad,
         la sentencia de 4 de octubre de 1979, Dumortier frères y otros/Consejo, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79,
         Rec. p. 3091, apartado 21).
      
      219   Sin perjuicio del derecho a indemnización que está basado directamente en el Derecho comunitario desde el momento en que se
         reúnen los tres requisitos mencionados, incumbe al Estado, en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad,
         reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que las condiciones establecidas por las legislaciones nacionales
         en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que las referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza
         interna y no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización
         (sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357, apartados 41 a 43; Brasserie
         du Pêcheur y Factortame, antes citada, apartado 67, y Köbler, antes citada, apartado 58).
      
      220   Por lo tanto, procede responder a las cuestiones sexta a novena que, a falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento
         jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal
         de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los
         justiciables, incluida la calificación de las demandas presentadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes
         hayan sido perjudicados. No obstante, dichos órganos están obligados a garantizar que los justiciables disponen de un cauce
         procesal efectivo que les permita obtener la devolución del impuesto indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas a
         dicho Estado miembro o retenidas por éste en relación directa con tal impuesto. Por lo que respecta a otros perjuicios sufridos
         por una persona por una infracción del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro, éste está obligado a reparar los
         daños causados a los particulares en las condiciones recogidas en el apartado 51 de la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame,
         antes citada, sin que esto excluya que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud
         de requisitos menos restrictivos.
      
       Sobre la pretensión de limitación en el tiempo de los efectos de la presente sentencia
      221   En la vista, el Gobierno del Reino Unido solicitó al Tribunal de Justicia que, en el supuesto de que interprete el Derecho
         comunitario en el sentido de que éste se opone a una legislación nacional como la controvertida en el litigio principal, limite
         los efectos de su sentencia en el tiempo, incluso cuando se haya incoado un procedimiento judicial antes de la fecha de pronunciamiento
         de dicha sentencia.
      
      222   En apoyo de su solicitud, dicho Gobierno señala, por un lado, que desde la adopción de la legislación nacional en 1973 nunca
         se había impugnado su compatibilidad con el Derecho comunitario y, por otro lado, las implicaciones económicas graves, estimadas
         en 4.700 millones de GBP (7.000 millones de euros), que se derivarían para el Reino Unido de las demandas interpuestas ante
         el órgano jurisdiccional remitente.
      
      223   Este último importe es impugnado por las demandantes en el litigio principal, según las cuales dicha cifra se situaría más
         bien en una horquilla comprendida entre 100 millones y 2.000 millones de GBP. Además, señalan que si bien es cierto que la
         referida legislación nacional nunca había sido impugnada con anterioridad ante los órganos jurisdiccionales nacionales desde
         el punto de vista de su compatibilidad con los artículos 43 CE y 56 CE, su impacto sobre las actividades transfronterizas
         había sido objeto, sin embargo, de diversos recursos.
      
      224   A este respecto, baste señalar que el Gobierno del Reino Unido ofreció un importe que cubre los recursos interpuestos por
         las demandantes en el litigio principal, tal y como se recogen en todas las cuestiones prejudiciales, partiendo así de la
         hipótesis, que no se ha comprobado, de que las respuestas proporcionadas por el Tribunal de Justicia van, para cada una de
         las referidas cuestiones, en el sentido defendido por las demandantes en el litigio principal.
      
      225   En estas circunstancias, no procede limitar los efectos de la presente sentencia en el tiempo.
       Costas
      226   Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      1)      Los artículos 43 CE y 56 CE han de interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro dispone de un sistema para
            evitar o atenuar la doble imposición en cadena o la doble imposición económica en el supuesto de dividendos que los residentes
            perciben de sociedades residentes, debe conceder un trato equivalente a los dividendos que los residentes perciben de sociedades
            no residentes.
      Los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades
            los dividendos que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos
            que una sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee al menos el 10 % de los derechos de voto,
            concediendo, en este último caso, un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios
            en su Estado miembro de residencia, siempre que el tipo impositivo sobre los dividendos de origen extranjero no sea superior
            al tipo impositivo aplicado a los dividendos de origen nacional y que el crédito fiscal sea al menos igual al importe pagado
            en el Estado miembro de la sociedad que distribuye beneficios hasta el límite de la cuantía impositiva aplicada en el Estado
            miembro de la sociedad beneficiaria.
      El artículo 56 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que declara exentos del impuesto sobre sociedades los dividendos
            que una sociedad residente percibe de otra sociedad residente, mientras que sujeta a dicho impuesto los dividendos que una
            sociedad residente percibe de una sociedad no residente de la que posee menos del 10 % de los derechos de voto, sin concederle
            un crédito fiscal por el impuesto efectivamente pagado por la sociedad que distribuye beneficios en su Estado de residencia.
      2)      Los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado miembro que permite que una sociedad residente que percibe
            dividendos de otra sociedad residente deduzca el importe del impuesto sobre sociedades pagado a cuenta por ésta del importe
            que la primera sociedad ha de pagar a cuenta por dicho impuesto, mientras que, en el caso de una sociedad residente que percibe
            dividendos de una sociedad no residente, no está permitida tal deducción por lo que respecta al impuesto correspondiente a
            los beneficios distribuidos pagado por esta última sociedad en su Estado de residencia.
      3)      Los artículos 43 CE y 56 CE no se oponen a una legislación de un Estado miembro que establece que toda desgravación por el
            impuesto pagado en el extranjero de la que disfruta una sociedad residente que haya percibido dividendos de origen extranjero
            reduce el importe del impuesto sobre sociedades al que puede imputar el pago a cuenta del impuesto sobre sociedades.
      El artículo 43 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que permite que una sociedad residente transfiera a filiales
            residentes el importe del pago a cuenta del impuesto sobre sociedades que no puede imputarse al impuesto sobre sociedades
            pagadero por aquélla por el ejercicio contable correspondiente o por ejercicios contables anteriores o posteriores, para que
            éstas puedan imputarlo al impuesto sobre sociedades que han de pagar, pero no permite que una sociedad residente transfiera
            dicho importe a filiales no residentes en el supuesto en que éstas deban pagar en dicho Estado miembro por los beneficios
            allí obtenidos.
      4)      Los artículos 43 CE y 56 CE se oponen a una legislación de un Estado miembro que, al tiempo que deja exentas del pago a cuenta
            del impuesto sobre sociedades a las sociedades residentes que reparten a sus accionistas dividendos procedentes de dividendos
            de origen nacional que ellas percibieron, concede a las sociedades residentes que reparten a sus accionistas dividendos procedentes
            de dividendos de origen extranjero que ellas percibieron la facultad de optar por un régimen que les permite recuperar el
            impuesto sobre sociedades pagado a cuenta, pero, por un lado, obliga a dichas sociedades a abonar el referido impuesto a cuenta
            y a reclamarlo posteriormente y, por otro lado, no prevé un crédito fiscal para sus accionistas, que sí lo habrían obtenido
            en el supuesto de que una sociedad residente hubiera repartido dividendos de origen nacional.
      5)      El artículo 57 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un Estado miembro adoptó, antes del 31 de diciembre
            de 1993, una legislación que contiene restricciones a los movimientos de capitales con destino a terceros países o procedentes
            de ellos prohibidas por el artículo 56 CE y, después de esa fecha, adopta medidas que, constituyendo también una restricción
            a dichos movimientos, son esencialmente idénticas a la legislación anterior o se limitan a reducir o suprimir un obstáculo
            al ejercicio de los derechos y las libertades comunitarias que figure en la legislación anterior, el artículo 56 CE no se
            opone a la aplicación a terceros países de estas últimas medidas cuando se aplican a movimientos de capitales que supongan
            inversiones directas, incluidas las inmobiliarias, el establecimiento, la prestación de servicios financieros o la admisión
            de valores en los mercados de capitales. A este respecto, no cabe considerar inversiones directas las participaciones en una
            sociedad que no se adquieren para crear o mantener vínculos económicos duraderos y directos entre el accionista y dicha sociedad
            y no permiten que el accionista participe de manera efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad.
      6)      A falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos
            jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia
            de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, incluida la calificación de las demandas presentadas
            ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes hayan sido perjudicados. No obstante, dichos órganos están obligados
            a garantizar que los justiciables disponen de un cauce procesal efectivo que les permita obtener la devolución del impuesto
            indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas a dicho Estado miembro o retenidas por éste en relación directa con tal
            impuesto. Por lo que respecta a otros perjuicios sufridos por una persona por una infracción del Derecho comunitario imputable
            a un Estado miembro, éste está obligado a reparar los daños causados a los particulares en las condiciones recogidas en el
            apartado 51 de la sentencia Brasserie du Pêcheur y Factortame, (C‑46/93 y C‑48/93), sin que esto excluya que, con arreglo
            al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés