CELEX: C2006/212/04
Language: es
Date: 2006-09-02 00:00:00
Title: Asunto C-212/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG) (Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 1, letra b), y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos en el sector público — Concepto de contratos sucesivos y concepto de razones objetivas que justifican la renovación de dichos contratos — Medidas destinadas a prevenir los abusos — Sanciones — Alcance de la obligación de interpretación conforme)

2.9.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 212/2
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de julio de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Grecia) — Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
   (Asunto C-212/04) (1)
   
   (Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 1, letra b), y 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada sucesivos en el sector público - Concepto de «contratos sucesivos» y concepto de «razones objetivas» que justifican la renovación de dichos contratos - Medidas destinadas a prevenir los abusos - Sanciones - Alcance de la obligación de interpretación conforme)
   (2006/C 212/04)
   Lengua de procedimiento: griego
   Órgano jurisdiccional remitente
   Monomeles Protodikeio Thessalonikis
   Partes en el procedimiento principal
   
      Demandantes: Konstantinos Adeneler, Pandora Kosa-Valdirka, Nikolaos Markou, Agapi Pantelidou, Christina Topalidou, Apostolos Alexopoulos, Konstantinos Vasiniotis, Vasiliki Karagianni, Apostolos Tsitsionis, Aristeidis Andreou, Evangelia Vasila, Kalliopi Peristeri, Spyridon Sklivanitis, Dimosthenis Tselefis, Theopisti Patsidou, Dimitrios Vogiatsis, Rousas Voskakis, Vasileios Giatakis
   
      Demandada: Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG)
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Thessalonikis — Interpretación de la cláusula 5, apartados 1 y 2, del anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Contratos de trabajo celebrados con la Administración pública — Concepto de razones objetivas que justifiquen la renovación, sin limitaciones, de los contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Concepto de contratos sucesivos
   Fallo
   
               1)
            
            
               La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada cuya única justificación radique en haber sido establecida por una disposición legal o reglamentaria general de un Estado miembro. Por el contrario, a efectos de dicha cláusula, el concepto de «razones objetivas» exige que la normativa nacional justifique la utilización de este tipo particular de relaciones laborales por la existencia de factores concretos, derivados principalmente de la actividad de que se trate y de las condiciones en que ésta se desarrolla.
            
         
               2)
            
            
               La cláusula 5 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que considera que únicamente deben calificarse de «sucesivos» a efectos de dicha cláusula los contratos o relaciones laborales de duración determinada que no estén separados entre sí por un intervalo superior a veinte días laborables.
            
         
               3)
            
            
               En circunstancias tales como las del asunto principal, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de que, si el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trata no contiene, en el sector considerado, ninguna medida efectiva para evitar y sancionar, en su caso, la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos, dicho Acuerdo impide aplicar una normativa nacional que, sólo en el sector público, prohíbe absolutamente transformar en contrato de trabajo por tiempo indefinido una sucesión de contratos de duración determinada que han tenido por objeto, de hecho, hacer frente a «necesidades permanentes y duraderas» del empleador y deben considerarse abusivos.
            
         
               4)
            
            
               En el supuesto de adaptación tardía del ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate a una directiva cuyas disposiciones pertinentes carecen de efecto directo, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, a partir de la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, a interpretar su Derecho interno en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate con objeto de alcanzar los resultados que ésta persigue, dando prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se ajuste a dicha finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de dicha directiva.
            
         
      (1)  DO C 179, de 10.07.2004.