CELEX: C2005/115/07
Language: es
Date: 2005-05-14 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), de 10 de marzo de 2005, en el asunto C-235/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n° 35 de Barcelona): QDQ Media, S.A. contra Alejandro Omedas Lecha («Directiva 2000/35/CE — Concepto de costes de cobro — Gastos de abogado y procurador en un procedimiento judicial en el que no es preciso valerse de estos profesionales — Imposibilidad de inclusión en las costas sobre la base del Derecho nacional — Imposibilidad de invocar la Directiva frente a un particular»)

14.5.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 115/4
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Sexta)
   de 10 de marzo de 2005
   en el asunto C-235/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 35 de Barcelona): QDQ Media, S.A. contra Alejandro Omedas Lecha (1)
   
   («Directiva 2000/35/CE - Concepto de costes de cobro - Gastos de abogado y procurador en un procedimiento judicial en el que no es preciso valerse de estos profesionales - Imposibilidad de inclusión en las costas sobre la base del Derecho nacional - Imposibilidad de invocar la Directiva frente a un particular»)
   (2005/C 115/07)
   Lengua de procedimiento: español
   En el asunto C-235/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial, con arreglo al artículo 234 CE, planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 35 de Barcelona, mediante resolución de 5 de mayo de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2003, en el procedimiento entre QDQ Media, S.A., contra Alejandro Omedas Lecha, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por el Sr. A. Borg Barthet, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet (Ponente) y S. von Bahr, Jueces; Abogado General: Sra. J. Kokott; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   Dado que, sobre la base del Derecho nacional, no es posible incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular obligado al pago de una deuda profesional los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no puede servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad.
   
      (1)  DO C 171, de 19.7.2003.