CELEX: 61979CJ0125
Language: es
Date: 1980-05-21
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de mayo de 1980. # Bernard Denilauler contra SNC Couchet Frères. # Petición de decisión prejudicial: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Alemania. # Convenio de Bruselas - Medidas provisionales adoptadas sin audiencia de una de las partes. # Asunto 125/79.

DENILAULER
               SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                           de 21 de mayo de 1980*
En el asunto 125/79,
que tiene por objeto la petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
por el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, destinada a obtener, en el
 litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Bernard Denilauler, Spessartstraße 26, 6204 Taunusstein 2,
                                     parte demandada y recurrente en apelación,
                                       y
 SNC Couchet Frères, Andrézieux-Bouthéon (Francia),
                                     parte demandante y recurrida en apelación,
 una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 24,27, 34, 36,
 46 y 47 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE
 01/01, p. 186),
    Lengua de procedimiento: alemán.
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                           EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe, A. Touffait,
     Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, AJ. Mackenzie
      Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Jueces;
     Abogado General: Sr. H. Mayras;
     Secretario: Sr. Van Houtte;
     dicta la siguiente
                                      Sentencia
     (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                             Fundamentos de Derecho
 1   Mediante resolución de 25 de julio de 1979, recibida en el Tribunal de Justicia
     el 6 de agosto siguiente, el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main planteó,
     con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE
     01/02, p. 28), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del
    Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la
    ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo
    sucesivo, «Convenio») (DO 1972 L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), cuatro
    cuestiones referentes a la interpretación del artículo 24, del número 2 del
    artículo 27, del segundo párrago del artículo 34, del primer párrafo del artículo
    36, del número 2 del artículo 46 y del número 1 del artículo 47 de dicho
    Convenio.
2   En 1978 se entabló ante el Tribunal de grande instance de Montbrison
    (Francia) un litigio entre un acreedor - Couchet Frères - y su deudor-
    Denilauler. El 7 de febrero de 1979, haciendo uso de las facultades que le
    reconoce el artículo 48 del Code de procédure civile francés, el Presidente de
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  dicho Tribunal, dictó una resolución a instancia del acreedor y sin previa
  citación de la otra parte, cuya ejecución provisional se decretó, y en virtud de
  la cual se autorizó al acreedor a practicar un embargo preventivo sobre la
  cuenta de su deudor en un banco de Frankfurt am Main para responder del pago
  de un crédito cifrado en 130.000 FF. Según el Derecho francés, el embargo
  preventivo, que de este modo se autorizó a practicar al acreedor, puede
  ejecutarse sin que la resolución haya sido notificada previamente al deudor
  cuyos bienes se embargan.
3 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio seguido ante los
  órganos jurisdiccionales alemanes para conseguir que se otorgara la ejecución
  de la resolución francesa y que al mismo tiempo se dictara un
  «Pfandungsbeschluß» para embargar los saldos bancários. Este procedimiento
  se desarrolló, en primer lugar, ante el Presidente del Landgericht de
  Wiesbaden, quien, el 23 de marzo de 1979, otorgó el exequátur, a raíz del cual
  el 28 de marzo se practicó el embargo; todo ello sin que el deudor fuera parte
  en dichos procedimientos. Según parece, la resolución del Presidente del
  Landgericht de Wiesbaden no se notificó al deudor hasta el 3 de mayo de 1979;
  éste presentó inmediatamente un recurso (Beschwerde) contra ella ante el
  Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, el cual planteó las cuestiones
  sometidas al Tribunal de Justicia.
4 Estas cuestiones tienen por objeto, en primer lugar, determinar si las
  resoluciones de las autoridades judiciales de un Estado contratante que
  acuerden la adopción de medidas provisionales y cautelares, sin que la parte
  contra quien se decretan tales medidas haya sido citada para comparecer y sin
  que llegue a conocerlas hasta después de su ejecución, pueden ser reconocidas
  y si puede otorgarse su ejecución en otro Estado miembro, sin haber sido
  previamente notificadas a la parte contra la que se dirigen (cuestiones primera
  y segunda). Las referidas cuestiones tienen por objeto, en segundo lugar,
  conseguir precisiones sobre los argumentos en su defensa que la parte contra
  la que se solicitó la ejecución puede alegar cuando interponga el recurso
  previsto en el artículo 36 del Convenio contra la resolución que otorgue la
  ejecución (cuestiones tercera y cuarta).
                                                                                529
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      Sobre las dos primeras cuestiones
 5    Las dos primeras cuestiones, a las que procede responder conj untamente, rezan
      como sigue:
      «1)   El número 2 del artículo 27 y el número 2 del artículo 46 ¿se refieren
            también a los procedimientos en cuyo marco se adoptan medidas
            provisionales y cautelares sin que la parte contraria haya sido oída?
      2)    El número 1 del artículo 47 del Convenio ¿debe entenderse en el sentido
            de que la parte que solicita la ejecución debe aportar también los
            documentos suficientes para probar que la resolución que debe ejecutarse
            ha sido notificada, cuando la resolución tenga por objeto una medida
            provisional de carácter meramente cautelar?»
 6   En sus observaciones, la Comisión, el Gobierno italiano y la demandante en el
     procedimiento principal aducen que semejantes resoluciones deben ser
     reconocidas y que se les tiene que otorgar la ejecución en el Estado contratante
     requerido sin que hayan sido notificadas previamente a la parte contra la que
     van dirigidas. En su opinión, el objetivo específico de este tipo de medidas
    provisionales y cautelares es el de crear un efecto de sorpresa destinado a
     salvaguardar los derechos amenazados de la parte que las solicita, impidiendo
     a la parte contra la que se dirigen alzarse con los bienes de que dispone, tanto
    si son objeto del litigio como si constituyen la garantía del acreedor. Exigir que
    el reconocimiento y la ejecución de esta clase de resoluciones queden
    sometidas a su notificación previa a la otra parte en esta fase del procedimiento
    en el Estado contratante de origen equivaldría a despojarlas de cualquier
    significado. Por el contrario, el Gobierno del Reino Unido opina que el
    reconocimiento y la ejecución de tales resoluciones deben someterse a los
    requisitos establecidos en los artículos 27, 46 y 47 en lo que se refiere a la
    notificación a la otra parte. Reconoce que esta exigencia elimina el efecto de
    sorpresa propio de estas resoluciones y les priva de toda eficacia práctica, de
    tal forma que equivale a denegar el reconocimiento y la ejecución de las
    resoluciones de que se trata. No obstante, esta consecuencia le parece menos
    grave que los riesgos, a su juicio inadmisibles, que pueden derivarse para las
    empresas que tienen bienes en distintos Estados contratantes de un
    procedimiento que obligara a los órganos jurisdiccionales del Estado requerido
    a adoptar medidas que bloquearan los bienes que se encuentren en dicho
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  Estado, sin que su propietario haya tenido nunca ocasión de explicarse ni ante
  el órgano jurisdiccional del Estado de origen ni ante el del Estado requerido,
  aun cuando tales bienes podían haber estado destinados de modo lícito a hacer
  frente a otras obligaciones. Sólo el órgano jurisdiccional competente del Estado
  en el que estén situados tales bienes estará en condiciones de enjuiciar, con
  pleno conocimiento de causa, la necesidad de adoptar este tipo de medidas
  provisionales o cautelares. Además, el Gobierno del Reino Unido alega que su
  punto de vista no crea ninguna laguna en el sistema del Convenio, dado que su
  artículo 24 permite, en efecto, a cualquiera de las partes, para obtener las
  medidas provisionales y cautelares previstas por la ley de un Estado
  contratante, solicitarlas a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si
  un Tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el
  fondo.
7 El artículo 27 del Convenio enumera los requisitos a los que se somete en un
  Estado contratante el reconocimiento de las resoluciones dictadas en otro
  Estado contratante. Según el número 2 de dicho artículo, las resoluciones no
  se reconocerán «cuando se dicten en rebeldía del demandado, si no se hubiera
  entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de
  forma regular y con tiempo suficiente para defenderse». El número 2 del
  artículo 46 dispone que la parte que invocare el reconocimiento o instare la
  ejecución de una resolución dictada en rebeldía en otro Estado contratante
  deberá presentar, entre otros documentos, el que acredite la entrega o
  notificación de la demanda o documento equivalente a la parte declarada en
  rebeldía.
8  Es evidente que estas normas no se han concebido para aplicarse a resoluciones
  judiciales que, en virtud de la ley nacional de un Estado contratante, están
  destinadas a dictarse no estando presente la parte contra la que van dirigidas y
   a ejecutarse sin previa notificación a esta última. De la comparación entre las
   diferentes versiones lingüísticas de los textos de que se trata y, en particular,
   de las expresiones empleadas para designar a la parte que no comparece, se
   desprende que estas disposiciones contemplan la hipótesis de un procedimiento
   contradictorio en principio, pero en el que, no obstante, el órgano jurisdiccional
   está facultado a adoptar una resolución cuando el demandado no comparezca
   a pesar de haber sido citado en debida forma.
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 9   Lo mismo sucede con el número 1 del artículo 47 del Convenio, según el cual,
     la parte que instare la ejecución deberá presentar cualquier documento que
     acreditare que, según la ley del Estado de origen, la resolución es ejecutoria y
     ha sido notificada. Esta disposición, que se refiere tanto a las resoluciones
     recaídas en procedimientos contradictorios como a las dictadas en rebeldía en
     el Estado de origen, no puede aplicarse por definición a las resoluciones de la
     misma clase como las que son objeto de litigio, que son de naturaleza diferente.
 10 Sin embargo, de la circunstancia de que el número 2 del artículo 27, el
     número 2 del artículo 46 y el número 1 del artículo 47 no puedan aplicarse a
     las resoluciones de la misma clase como la que es objeto de litigio, a menos
     que se desnaturalice su esencia y su alcance, no puede deducirse que, no
    obstante, tales decisiones deben ser reconocidas y ejecutadas en el Estado
    requerido. Teniendo en cuenta el sistema del Convenio y los objetivos que
    pretende alcanzar, procede examinar si las resoluciones judiciales de este tipo
    pueden acogerse al régimen simplificado de reconocimiento y ejecución
    previsto por el Convenio.
 11 En favor de una respuesta positiva, la Comisión y el Gobierno italiano alegan
    que, según su artículo 25, el Convenio se extiende a cualquier decisión
    adoptada por los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes sin
    distinguir entre las que han sido objeto de un procedimiento contradictorio y
    las dictadas sin que la otra parte haya sido citado a comparecer. Añaden que en
    su ámbito de aplicación el Convenio engloba, según resulta de su artículo 24,
    las medidas provisionales y cautelares que, según el Derecho de los diversos
    Estados contratantes, a causa de su propia naturaleza y urgencia, se adoptan
    con frecuencia sin dar previamente audiencia a la parte contraria. Los Estados
    contratantes no pueden haber tenido la intención de restringir hasta este
    extremo el ámbito de aplicación del Convenio sin que ello haya sido
    mencionado de modo expreso en el texto. Por último, afirman que del
    artículo 34 del Convenio, según el cual el procedimiento para obtener que se
    otorgue ejecución se desarrolla «sin que la parte contra la que se haya
    solicitado la ejecución pueda, en esta fase del procedimiento, formular
    observaciones», se desprende que el propio Convenio admite que los
    procedimientos no contradictorios, cuando las circunstancias los justifican, son
    compatibles con el principio fundamental de los derechos de defensa.
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12 Estos razonamientos no pueden prevalecer contra los principios que
   constituyen la base del Convenio y contra el sistema de éste.
13 El conjunto de las disposiciones del Convenio, tanto las del Título II, relativas
   a la competencia judicial, como las del Título III, relativas al reconocimiento
   y ejecución, expresan la intención de velar por que, en el marco de los
   objetivos del Convenio, los procedimientos conducentes a la adopción de
   resoluciones judiciales se desarrollen respetando los derechos de defensa. En
   razón precisamente de las garantías que se conceden al demandado en el
   procedimiento de origen, el Convenio se muestra muy liberal en su Título III
   en cuanto al reconocimiento y a la ejecución. A la luz de estas consideraciones,
   queda claro que el Convenio se refiere esencialmente a las resoluciones
   judiciales que, antes del momento en que su reconocimiento y ejecución se
   solicitan en un Estado distinto del de su origen, han sido o podían haber sido
   objeto en dicho Estado de origen, de un procedimiento contradictorio, en
   cualquiera de sus formas. Por lo tanto del sistema general del Convenio no
    puede deducirse que se precise una expresión formal de voluntad para excluir
   del reconocimiento y de la ejecución las resoluciones de la misma clase que la
    controvertida.
14 El argumento de aplicación analógica basado en el artículo 34 del Convenio
    tampoco puede ser determinante para resolver la cuestión. El carácter no
    contradictorio que, por lo demás, de modo provisional, tiene el procedimiento
    de exequátur debe precisamente ponerse en relación con el carácter liberal del
    Convenio en materia de ejecución, justificado por la seguridad de que, en el
    Estado de origen, tuvo o pudo haber tenido lugar un debate contradictorio. Por
    más que el carácter no contradictorio del procedimiento de exequátur se
   justifique también según el artículo 34 por el efecto de sorpresa que debe
    asociarse a dicho procedimiento para evitar que el demandado tenga la
    posibilidad de sustraer sus bienes a cualquier medida de ejecución, se trata de
    un efecto de sorpresa atenuado, porque presupone un debate contradictorio en
    el Estado de origen.
15 Un análisis de la función reconocida en el conjunto del sistema del Convenio
    al artículo 24, especialmente consagrado a las medidas provisionales y
    cautelares, lleva además a la conclusión de que se ha previsto un régimen
    especial en lo que atañe a este tipo de medidas. Si bien es verdad que
     procedimientos como los aquí controvertidos, que prevén la adopción de
                                                                                  533
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     medidas provisionales y cautelares, se conocen en el sistema jurídico de todos
     los Estados contratantes, y puede, cuando concurren determinados requisitos,
     considerarse que no violan los derechos de defensa, procede, sin embargo,
     subrayar que la concesión de medidas de esta índole exige, por parte del órgano
    jurisdiccional, una circunspección especial y un conocimiento profundo de las
     circunstancias concretas en las que la medida tiene que desplegar sus efectos.
     Según el caso y, en particular, conforme a los usos comerciales, debe poder
     limitar su concesión en el tiempo o, en lo que se refiere a la naturaleza de los
     bienes o mercancías que sean objeto de las medidas consideradas; exigir
     garantías bancarias o decretar un embargo y, con carácter general, subordinar
     su adopción a todos los requisitos que garanticen el carácter provisional o
     cautelar de la medida que acuerde.
 16 Es ciertamente el Juez del lugar o, en cualquier caso, del Estado contratante
    donde estén situados los bienes que serán objeto de las medidas solicitadas, el
    que está en mejores condiciones para apreciar las circunstancias que pueden
    llevar a conceder o denegar las medidas solicitadas o a ordenar las modalidades
    y requisitos que deberá cumplir el demandante para garantizar el carácter
    provisional y cautelar de las medidas adoptadas. El Convenio tuvo en cuenta
    estas necesidades al prever en su artículo 24 que podrán solicitarse medidas
    provisionales y cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las
    autoridades de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un
    Tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el
    fondo.
 17 El artículo 24 no excluye la posibilidad de que las medidas provisionales o
    cautelares acordadas en el Estado de origen a raíz de un procedimiento
    contradictorio -aunque lo hayan sido en rebeldía- puedan ser objeto de
    reconocimiento y de que se otorgue la ejecución con los requisitos previstos
    por los artículos 25 a 49 del Convenio. Por el contrario, los requisitos a los que
    el Título III del Convenio subordina el reconocimiento y la ejecución de las
    resoluciones judiciales no concurren en las medidas provisionales y cautelares
    decretadas o adoptadas por un órgano jurisdiccional sin que la parte contra la
    que vayan dirigidas haya sido citada a comparecer y que estén destinadas a
    ejecutarse sin haber sido previamente notificadas a esta última parte. De ahí se
    desprende que esta clase de resoluciones judiciales no puede acogerse a la
    ejecución simplificada prevista en el Título III del Convenio. No obstante,
    como acertadamente subrayó el Gobierno del Reino Unido, el artículo 24 pone
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   a disposición de los justiciables un procedimiento que en gran medida elimina
   los inconvenientes de esta exclusión.
18 Por consiguiente, procede responder a las dos primeras cuestiones que no
   pueden acogerse al régimen de reconocimiento y de ejecución previsto por el
   Título III del Convenio las resoluciones judiciales por las que se adoptan
   medidas provisionales y cautelares, dictadas sin que la parte contra la que
   vayan dirigidas haya sido citada para comparecer y destinadas a ejecutarse sin
   haber sido previamente notificadas.
   Sobre las cuestiones tercera y cuarta
19 Teniendo en cuenta la respuesta dada a las dos primeras cuestiones, ya no
   procede examinar las cuestiones tercera y cuarta que han quedado desprovistas
   de objeto.
    Costas
20 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Italiana, por el Gobierno
    del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han
    presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto
    de reembolso. Dado que .el procedimiento tiene para las partes del litigio
    principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional
    nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
    En virtud de todo lo expuesto,
                                                                                535
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                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
     pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberlandesgericht de
     Frankfurt am Main mediante resolución de 25 de julio de 1979, registrada en
     el Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 1979, declara:
     Las resoluciones judiciales por las que se adoptan medidas provisionales
     y cautelares, dictadas sin que la parte contra la que vayan dirigidas haya
     sido citada para comparecer y destinadas a ejecutarse sin haber sido
     previamente notificadas a esta última parte, no pueden acogerse al
     régimen de reconocimiento y de ejecución previsto por el Título I I Idel
    Convenio de 27 de septiembre de 1969, relativo a la competencia judicial
    y a la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil.
    Kutscher      O'Keeffe       Touffait         Mertens de Wilmars     Pescatore
    Mackenzie Stuart                 Bosco              Koopmans              Due
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de mayo de 1980.
    El Secretario                                                    El Presidente
    A. Van Houtte                                                     H. Kutscher
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