CELEX: 62020CC0277
Language: es
Date: 2021-07-01 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. J. Richard de la Tour, presentadas el 1 de julio de 2021.#UM contra HW en tant que administrateur de succession de ZL.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof.#Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Sucesiones — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Artículo 3, apartado 1, letra b) — Concepto de “pacto sucesorio” — Ámbito de aplicación — Contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa — Artículo 83, apartado 2 — Elección de la ley aplicable — Disposiciones transitorias.#Asunto C-277/20.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
   presentadas el 1 de julio de 2021 (
         1
      )
   
      Asunto C‑277/20
   
   UM
   con intervención de
   HW, como administrador de la herencia de ZL
   
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria)]
   
   «Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Ámbito de aplicación — Actos de disposición mortis causa — Concepto de “pacto sucesorio” — Donación inter vivos — Elección de la ley aplicable a la sucesión — Disposiciones transitorias — Artículo 83, apartados 2 a 4»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 1, letra b), y 83, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. (
                  2
               )
         
      
            2.
         
         
            Esta petición se ha presentado en el marco de la impugnación por UM, nacional alemán, de la desestimación por las autoridades austriacas de su solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad del derecho de propiedad sobre un bien inmueble situado en Austria, que pretende hacer valer, en el contexto de un procedimiento sucesorio iniciado en Alemania, sobre la base de un contrato de donación mortis causa.
         
      
            3.
         
         
            Por lo tanto, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, según la calificación que pueda darse a un acto inter vivos de ese tipo, sobre el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 650/2012 y sobre la interpretación de las disposiciones transitorias de este.
         
      
            4.
         
         
            A continuación expondré los motivos que me llevan a considerar que un contrato de donación mortis causa puede calificarse de «pacto sucesorio» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 650/2012, así como las consecuencias de ello respecto a la validez de la elección de la ley aplicable de la que depende la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Reglamento n.o 650/2012
      
   
   
            5.
         
         
            Los considerandos 9, 11, 14, 37 y 49 del Reglamento n.o 650/2012 indican lo siguiente:
            
                     «(9)
                  
                  
                     El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato.
                  
               […]
            
                     (11)
                  
                  
                     El presente Reglamento no debe aplicarse a ámbitos del Derecho civil distintos de la sucesión. Por motivos de claridad, algunas cuestiones que podría considerarse que tienen un vínculo con la materia sucesoria deben excluirse expresamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento.
                  
               […]
            
                     (14)
                  
                  
                     Los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por otros medios distintos de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, también deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con todo, debe ser la ley que el presente Reglamento considere como la ley aplicable a la sucesión la que determine si las liberalidades o cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por efecto la adquisición de un derecho real con anterioridad al fallecimiento deben ser reintegrados o tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las cuotas hereditarias de los beneficiarios según la ley aplicable a la sucesión.
                  
               […]
            
                     (37)
                  
                  
                     Para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el mercado interior, el presente Reglamento debe permitirles conocer cuál será la legislación aplicable a su sucesión. Además, deben introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para evitar resultados contradictorios. La norma principal debe garantizar que la sucesión se rija por una ley previsible, con la que guarde una estrecha vinculación. Por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, es necesario que esta ley rija la totalidad de la sucesión, es decir, todos los bienes y derechos, con independencia de su naturaleza y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado, que formen parte de la herencia.
                  
               […]
            
                     (49)
                  
                  
                     Los pactos sucesorios son un tipo de disposición mortis causa cuya admisibilidad y aceptación varían de un Estado miembro a otro. Con el fin de facilitar que los derechos sucesorios adquiridos como consecuencia de un pacto sucesorio sean aceptados en los Estados miembros, el presente Reglamento debe determinar qué ley ha de regir la admisibilidad de esos pactos, su validez material y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución.»
                  
               
      
            6.
         
         
            El artículo 1 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Ámbito de aplicación», establece en sus apartados 1 y 2, letra g):
            «1.   El presente Reglamento se aplicará a las sucesiones por causa de muerte. […]
            2.   Quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
            […]
            
                     g)
                  
                  
                     los bienes, derechos y acciones creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, planes de pensiones, contratos de seguros y transacciones de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, letra i);».
                  
               
      
            7.
         
         
            El artículo 3 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Definiciones», dispone en su apartado 1, letras a), b) y d):
            «A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
            
                     a)
                  
                  
                     “sucesión”: la sucesión por causa de muerte, abarcando cualquier forma de transmisión mortis causa de bienes, derechos y obligaciones, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una sucesión abintestato;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     “pacto sucesorio”: todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo;
                  
               […]
            
                     d)
                  
                  
                     “disposición mortis causa”: un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio;».
                  
               
      
            8.
         
         
            A tenor del artículo 21 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Regla general» y que forma parte del capítulo III relativo a la «ley aplicable»:
            «1.   Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento.
            2.   Si, de forma excepcional, resultase claramente de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el causante mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con un Estado distinto del Estado cuya ley fuese aplicable de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.»
         
      
            9.
         
         
            Los apartados 1 y 2 del artículo 22 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Elección de la ley aplicable», están redactados en los términos siguientes:
            «1.   Cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.
            […]
            2.   La elección deberá hacerse expresamente en forma de disposición mortis causa, o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo.»
         
      
            10.
         
         
            El artículo 23 del citado Reglamento, rubricado «Ámbito de la ley aplicable», dispone en sus apartados 1 y 2, letra i):
            «1.   La ley determinada en virtud de los artículos 21 o 22 regirá la totalidad de la sucesión.
            2.   Dicha ley regirá, en particular:
            […]
            
                     i)
                  
                  
                     la obligación de reintegrar o computar las donaciones o liberalidades, adelantos o legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios […]».
                  
               
      
            11.
         
         
            El artículo 25 de este Reglamento, titulado «Pactos sucesorios», establece en sus apartados 1 y 3:
            «1.   Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de una sola persona se regirá, por lo que atañe a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, fuese aplicable a su sucesión si aquella hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto.
            […]
            3.   No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que este establece.»
         
      
            12.
         
         
            El artículo 83 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Disposiciones transitorias», preceptúa en sus apartados 2 a 4:
            «2.   Cuando el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de validez en aplicación de las normas de Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía.
            3.   Una disposición mortis causa hecha antes del 17 de agosto de 2015 será admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de admisibilidad y validez en cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas de Derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la sucesión.
            4.   Si una disposición mortis causa se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión.»
         
      
      
         B.
       
         Derecho austriaco
      
   
   
            13.
         
         
            El artículo 956 del Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), en su versión aplicable al presente asunto, anterior a la entrada en vigor de la Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (Ley por la que se modifica el Derecho de sucesiones de 2015), (
                  3
               ) de 30 de julio de 2015, tenía el siguiente tenor:
            «Una donación que no produzca efectos hasta después del fallecimiento del donante tendrá la validez de un legado, siempre y cuando se cumplan las formalidades establecidas. Solo podrá ser considerada un contrato si el donatario la ha aceptado, el donante ha renunciado expresamente a la facultad de revocarla y se ha entregado al donatario un documento escrito.»
         
      
            14.
         
         
            En virtud del artículo 1, apartado 1, letra d), de la Notariatsaktsgesetz (Ley de documentos notariales), (
                  4
               ) de 25 de julio de 1871, en su versión aplicable al litigio principal, se supedita la validez de un contrato de donación sin transmisión efectiva al otorgamiento de una escritura pública.
         
      
            15.
         
         
            El artículo 26 de la Allgemeines Grundbuchsgesetz (Ley del Registro de la Propiedad), (
                  5
               ) de 2 de febrero de 1955, en su versión aplicable al litigio principal, está redactado en los siguientes términos:
            «1.   Las inscripciones y notas marginales se autorizarán únicamente en virtud de documentos expedidos en la forma establecida para su validez.
            2.   Dichos documentos, si se trata de la adquisición o modificación de un derecho real, deben contener una causa válida.»
         
      
            16.
         
         
            De conformidad con el artículo 2, punto 3, de la Rechtspflegergesetz (Ley de gestores procesales), (
                  6
               ) de 12 de diciembre de 1985, en su versión aplicable al litigio principal:
            «Un funcionario judicial podrá ser designado gestor procesal para uno o varios de los siguientes ámbitos funcionales:
            […]
            3.   asuntos del Registro de la Propiedad y del Registro de Buques».
         
      
            17.
         
         
            El artículo 16, apartado 2, punto 6, de esta Ley establece lo siguiente:
            «En cualquier caso, se reservan al juez:
            […]
            6.   las decisiones en las que deba aplicarse Derecho extranjero.»
         
      
      III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
   
   
            18.
         
         
            ZL, nacional alemán que tenía su residencia habitual en Alemania en el momento de su fallecimiento, el 13 de mayo de 2018, había celebrado, el 22 de julio de 1975, un contrato con su hijo, UM, nacional alemán, y con la esposa de este, XU, nacional austriaca, en el que se preveía la cesión en el momento de su fallecimiento a UM y XU, por mitades, de un bien inmueble situado en Austria. En el momento de celebrarse dicho contrato, todas las partes tenían su residencia habitual en Alemania.
         
      
            19.
         
         
            El contrato contemplaba la adquisición por ZL de un bien inmueble, con sujeción a las condiciones siguientes:
            «[…]
            b) ZL se compromete a construir sobre ese bien inmueble, una vez sea su propietario, un edificio de dos viviendas en un plazo de diez años a partir de la celebración del contrato. Esta obligación se transmitirá a sus herederos en caso de no cumplirla en vida. […]
            c) ZL cede mortis causa dicho bien inmueble por mitades a XU y UM, incluido todo aquello que en el momento de su fallecimiento esté unido al bien inmueble, en particular el edificio que se haya construido sobre el mismo […]. La cesión se producirá en el momento del fallecimiento de ZL, pero no antes de la finalización del edificio. La cesión está sujeta a la condición de que, en el momento del fallecimiento de ZL, [UM y XU] no se hayan divorciado y XU sobreviva a ZL. Si no se cumple esta condición, la cesión mortis causa se considerará efectuada solamente en favor de UM, que incluso antes de fallecer ZL podrá transmitir mortis causa el derecho resultante del contrato que se va a celebrar.
            d) En la medida en que no se hayan acordado contraprestaciones a cambio de la presente cesión, esta se producirá mortis causa a título de donación, como declara expresamente ZL, que renuncia a revocar el contrato.
            e) Como contraprestación parcial a cambio de la cesión, [UM y XU] están obligados a conceder a […], madre de XU, un derecho de habitación en el edificio que ha de construirse […].
            f) Las relaciones jurídicas derivadas de los contratos que se celebren se regirán por el Derecho austriaco […].
            g) ZL se obliga a no enajenar o gravar el bien inmueble, una vez sea su propietario, sin el consentimiento de UM y XU, a fin de garantizar los derechos de estos derivados del contrato de cesión mortis causa. […]
            h) ZL otorga su autorización para que, en el Registro de la Propiedad, en el folio registral que deberá abrirse en el término catastral […] para el terreno objeto del contrato:
            
                     aa)
                  
                  
                     […]
                  
               
                     bb)
                  
                  
                     se inscriba el derecho de propiedad, en virtud del presente contrato y del certificado de defunción oficial de ZL, por mitades a nombre de [UM y XU], a petición conjunta de estos, o bien únicamente a nombre de UM, a petición de este acreditando que se ha cumplido la condición para la cesión del bien inmueble a él solo.
                  
               […]»
         
      
            20.
         
         
            XU, divorciada de UM, ya había fallecido, el 5 de noviembre de 2005, cuando se produjo el fallecimiento de ZL, y hasta este momento no se había construido edificio alguno.
         
      
            21.
         
         
            El procedimiento sucesorio está sustanciándose ante el Amtsgericht Köln (Tribunal de lo Civil y Penal de Colonia, Alemania). A tal efecto, alegando que, en el momento del fallecimiento de su padre, era el único beneficiario del contrato de donación, UM había solicitado al órgano jurisdiccional competente, el Bezirksgericht Hermagor (Tribunal de Distrito de Hermagor, Austria), la inscripción en el Registro de la Propiedad de su derecho de propiedad sobre el bien inmueble en cuestión. El gestor procesal (Rechtspfleger) de este órgano jurisdiccional de primera instancia, habilitado para pronunciarse sobre la solicitud de inscripción registral presentada por UM, consideró que era aplicable la ley austriaca y denegó la solicitud por falta de pruebas documentales que acreditasen el cumplimiento de las condiciones exigidas por el contrato que invocaba UM. El Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt, Austria) confirmó la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia por considerar que el Reglamento n.o 650/2012 no era aplicable habida cuenta de la elección del Derecho austriaco en virtud de ese contrato y que la cesión del bien inmueble mediante donación mortis causa no podía producirse si no se acreditaba la construcción del edificio tal como se prevé en el citado contrato. El Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), órgano jurisdiccional remitente, conoce del recurso de casación interpuesto contra esta resolución confirmatoria.
         
      
            22.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente, que ha señalado que los documentos presentados ante el tribunal encargado del Registro de la Propiedad permiten concluir que, según los criterios de Derecho austriaco, se celebró un contrato de donación mortis causa en favor de UM, considera que tal contrato está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 650/2012 y puede calificarse de «pacto sucesorio» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letras b) o d), de dicho Reglamento.
         
      
            23.
         
         
            En cuanto a la aplicación de la ley austriaca designada por las partes del contrato, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) considera que las disposiciones transitorias del citado Reglamento son aplicables y alberga dudas sobre la interpretación del artículo 83, apartado 2, de este mismo Reglamento por lo que respecta a su aplicación a la elección de la ley aplicable en un pacto sucesorio.
         
      
            24.
         
         
            En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
            
                     «1)
                  
                  
                     ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento [n.o 650/2012] en el sentido de que constituye un pacto sucesorio, a efectos de dicha disposición, un contrato de donación mortis causa sobre un bien inmueble sito en Austria, celebrado entre dos nacionales alemanes que tienen su residencia habitual en Alemania y en virtud del cual, tras el fallecimiento del donante, el donatario dispondrá, frente al caudal relicto, de un derecho jurídico-obligacional a la inscripción registral de su derecho de propiedad en virtud de ese contrato y del certificado de defunción del donante, es decir, sin intervención de la autoridad competente en materia de sucesiones?
                  
               
                     2)
                  
                  
                     En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
                     ¿Debe interpretarse el artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que también regula la validez de una elección de ley aplicable efectuada antes del 17 de agosto de 2015 para un contrato de donación mortis causa que procede calificar de pacto sucesorio a efectos del artículo 3, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento?»
                  
               
      
            25.
         
         
            Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia UM, el Gobierno español y la Comisión Europea. Estas partes y el Gobierno alemán han respondido en el plazo establecido a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su contestación por escrito.
         
      
      IV. Análisis
   
   
            26.
         
         
            Con carácter previo, me parece oportuno subrayar, habida cuenta de la finalidad del Reglamento n.o 650/2012, que la petición de decisión prejudicial, relativa a la aplicabilidad de dicho Reglamento, se plantea en el marco de un procedimiento nacional que tiene por objeto el reconocimiento, a efectos de la inscripción en el Registro de la Propiedad, de la atribución de derechos sobre un bien inmueble, situado en Austria, que fue cedido en virtud de una donación mortis causa. (
                  7
               ) El procedimiento sucesorio se sustancia en otro Estado miembro. Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial se plantea, de forma inédita, en el contexto más general de la comprobación de un derecho de propiedad que va más allá de la sucesión, en tanto que la autoridad a la que se dirige UM no es responsable de adoptar una decisión o de expedir un documento relacionado directamente con dicha sucesión. Además, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que el objeto de su petición es comprobar la competencia de la autoridad que denegó la solicitud de UM, que depende de la aplicación del Derecho austriaco. (
                  8
               )
         
      
      
         A.
       
         Sobre la primera cuestión prejudicial
      
   
   
            27.
         
         
            Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «pacto sucesorio» comprende un contrato de donación inter vivos en virtud del cual la transmisión de la propiedad sobre un bien que pertenece al donante no se producirá hasta el fallecimiento de este.
         
      
            28.
         
         
            En primer lugar, ha de precisarse que la cuestión sobre la aplicabilidad del citado Reglamento está justificada:
            
                     –
                  
                  
                     
                        ratione temporis, de conformidad con su artículo 83, apartado 1, dado que el litigio principal tiene por objeto la sucesión de ZL, fallecido con posterioridad al 17 de agosto de 2015;
                  
               
                     –
                  
                  
                     a la vista de las repercusiones transfronterizas de la sucesión, puesto que el causante tenía su residencia habitual en Alemania y el asunto principal tiene por objeto un bien inmueble que le pertenecía, situado en Austria, (
                           9
                        ) y
                  
               
                     –
                  
                  
                     porque el litigio tiene por objeto las condiciones de adquisición de un derecho por título sucesorio, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, y no las modalidades de inscripción, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 650/2012. (
                           10
                        )
                  
               
      
            29.
         
         
            En segundo lugar, ha de observarse que, a falta de disposiciones relativas a las donaciones mortis causa en el Reglamento n.o 650/2012, (
                  11
               ) debe deducirse una serie de elementos para determinar si tales actos pueden calificarse de «pacto sucesorio» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del mencionado Reglamento, como sostienen el órgano jurisdiccional remitente, UM, el Gobierno alemán y la Comisión, o, por el contrario, si tales actos deben considerarse liberalidades en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra g), de este Reglamento, como aduce el Gobierno español.
         
      
            30.
         
         
            A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que ha de buscarse teniendo en cuenta el contexto de dicha disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar. (
                  12
               )
         
      
            31.
         
         
            En cuanto atañe a la interpretación literal de las disposiciones del Reglamento n.o 650/2012 aplicables al presente asunto, he de observar, por un lado, que, según el artículo 1, apartado 1, primera frase, de dicho Reglamento, este se aplicará a las «sucesiones por causa de muerte». En el artículo 3, apartado 1, letra a), del citado Reglamento se especifica que se entenderá por «sucesión» la sucesión por causa de muerte y que este término abarca «cualquier forma de transmisión
               mortis causa de bienes». (
                  13
               ) Esta definición incorpora el contenido del considerando 9 del mismo Reglamento, según el cual este debe aplicarse a «todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte». (
                  14
               )
         
      
            32.
         
         
            Dicho considerando contempla dos modalidades de transmisión de bienes por causa de muerte, a saber, las transmisiones voluntarias en virtud de una disposición mortis causa, y las transmisiones abintestato.
         
      
            33.
         
         
            El artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 650/2012 puntualiza que la expresión «disposición mortis causa» comprende «un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio». En la letra b) de este mismo artículo se define «pacto sucesorio», en esencia, como todo acuerdo por el que se confieran derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo.
         
      
            34.
         
         
            Por otro lado, estas definiciones, que constituyen conceptos autónomos, (
                  15
               ) en la medida en que tienen por objeto garantizar la aplicación uniforme del Reglamento n.o 650/2012 con independencia del Derecho de los Estados miembros, deben ponerse en relación con la exclusión del ámbito de aplicación de dicho Reglamento de los «bienes, derechos y acciones […] transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades», (
                  16
               ) prevista en su artículo 1, apartado 2, letra g). (
                  17
               )
         
      
            35.
         
         
            Habida cuenta del concepto de «sucesión» (
                  18
               ) y a falta de una definición de liberalidades y de testamento, cabe plantearse qué criterio permitiría distinguir las liberalidades (
                  19
               ) de las disposiciones mortis causa, a efectos de una interpretación uniforme de tales conceptos.
         
      
            36.
         
         
            Conviene señalar, en primer lugar, que, en el considerando 14 del Reglamento n.o 650/2012, a la luz del cual debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra g), de dicho Reglamento, se utiliza la expresión «liberalidades o cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por efecto la adquisición de un derecho real con anterioridad al fallecimiento». (
                  20
               )
         
      
            37.
         
         
            En mi opinión, de lo anterior se deduce, también por comparación con las otras modalidades de transmisión de bienes, derechos y acciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento n.o 650/2012, a saber, la propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, los planes de pensiones, los contratos de seguros y las transacciones de naturaleza análoga, que el legislador de la Unión quiso excluir del ámbito de aplicación del mencionado Reglamento los actos inter vivos por los que se constituyen derechos antes del fallecimiento de su titular o que, en principio, disponen la transmisión de bienes por medios distintos de la sucesión.
         
      
            38.
         
         
            En segundo lugar, he de precisar que el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento n.o 650/2012 se basa en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Convenio sobre la ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte, firmado en La Haya el 1 de agosto de 1989, (
                  21
               ) que no ha llegado a entrar en vigor. En el informe explicativo de este Convenio (
                  22
               ) se precisa que dicho artículo 1, apartado 2, letra d), abarca un ámbito muy amplio, extendiéndose a todas las disposiciones distintas de las realizadas mortis causa, y excluye las operaciones inter vivos, cuando el derecho de propiedad nace con el fallecimiento.
         
      
            39.
         
         
            En tercer lugar, cabe observar que, tratándose de una exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 650/2012, que tiene por objeto someter la totalidad de la sucesión a una única ley, el artículo 1, apartado 2, letra g), de este Reglamento debe interpretarse de manera estricta, aun cuando las liberalidades no escapen totalmente a la aplicación de la ley de la sucesión. (
                  23
               )
         
      
            40.
         
         
            Por consiguiente, no pueden calificarse de «liberalidades» en el sentido del referido artículo 1, apartado 2, letra g), las donaciones mortis causa en virtud de las cuales se confiere al donatario un derecho sobre bienes que forman parte del patrimonio del causante únicamente al fallecimiento de este, a condición de que el donatario le sobreviva, y disponen, por lo tanto, modalidades de transmisión de la sucesión. Dicho de otro modo, el criterio esencial es el de la determinación de los derechos del donatario sobre los bienes que constituyen la herencia respecto de otros herederos (
                  24
               ) en una sucesión que no ha sido abierta.
         
      
            41.
         
         
            Dado que el fallecimiento del donante es un requisito para tal transmisión de derechos y no para su ejecución concreta (
                  25
               ) y que la donación resulta de un acuerdo irrevocable (
                  26
               ) entre las partes relativo a derechos de propiedad, que nacerán con ocasión del fallecimiento, sobre los bienes que constituyan en ese momento el patrimonio del causante, (
                  27
               ) una donación mortis causa (o, dicho de otra forma, todo acuerdo relativo a la transmisión del derecho de propiedad por causa de muerte) puede calificarse, a mi juicio, de «pacto sucesorio» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 650/2012, como concepto autónomo, (
                  28
               ) aun cuando ese acto no tenga por objeto la totalidad de la sucesión (
                  29
               ) o bienes que el donante no poseyera ya en el momento del acuerdo.
         
      
            42.
         
         
            Por consiguiente, al objeto de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento n.o 650/2012, debe abordarse la cuestión de la diversidad de regímenes jurídicos de las donaciones mortis causa y los pactos sucesorios, a que se refiere, por lo que respecta a estos últimos, el considerando 49 de dicho Reglamento y que ponen de relieve tanto las partes en sus observaciones escritas como la doctrina. (
                  30
               )
         
      
            43.
         
         
            A este respecto, comparto las opiniones expresadas por varios autores en el sentido de que la calificación del acto debería resultar de la aplicación de la ley que rija los pactos sucesorios según se prevé en el artículo 25 del Reglamento n.o 650/2012. (
                  31
               )
         
      
            44.
         
         
            Tal interpretación es conforme con el objetivo perseguido por dicho Reglamento, que consiste, por un lado, en ayudar a los herederos y legatarios, a las personas próximas al causante y a los acreedores de la herencia a ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas, así como permitir a los ciudadanos de la Unión preparar su sucesión. (
                  32
               )
         
      
            45.
         
         
            Por otro lado, por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, (
                  33
               ) el Reglamento n.o 650/2012 prevé, para el conjunto del patrimonio que conforma la herencia, la unidad de la ley sucesoria, lo que incide en la competencia de los órganos jurisdiccionales para pronunciarse sobre la totalidad de la sucesión, (
                  34
               ) mediante la aplicabilidad de la ley del Estado miembro en el que el causante tenga su residencia habitual en el momento de su fallecimiento, de conformidad con el artículo 21 de dicho Reglamento, o de la ley del Estado cuya nacionalidad posea el causante y que este haya designado con arreglo al artículo 22 del citado Reglamento.
         
      
            46.
         
         
            Por otra parte, para garantizar que estas disposiciones se adecuen en la mayor medida posible a las finalidades del Reglamento n.o 650/2012, el legislador de la Unión ha contemplado ciertas adaptaciones, en particular en relación con el principio de unidad de la ley sucesoria. (
                  35
               ) Como señala el Gobierno alemán en sus respuestas a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal de Justicia, así sucede con el artículo 25 del referido Reglamento, que debe interpretarse a la luz del considerando 49 de este y que establece, en términos similares a los del artículo 24 del citado Reglamento, relativo a otras disposiciones mortis causa, que los pactos sucesorios se regirán por la ley aplicable a la sucesión en la fecha de conclusión del pacto, al objeto de garantizar la organización de la sucesión prevista en tales actos.
         
      
            47.
         
         
            En estas circunstancias, considero, a diferencia del Gobierno español, que calificar la donación mortis causa de «pacto sucesorio» no conlleva la fragmentación de la sucesión, sino que garantiza a las partes interesadas en la transmisión de uno o varios bienes que forman parte del patrimonio del causante la seguridad jurídica perseguida en las sucesiones con repercusiones transfronterizas.
         
      
            48.
         
         
            Una interpretación contraria produciría el efecto de excluir del ámbito de aplicación otros actos que se realizan normalmente para planificar la transmisión por vía sucesoria respecto a los cuales se plantean las mismas cuestiones, como sucede con las donaciones al último supérstite o las donaciones-partición. (
                  36
               )
         
      
            49.
         
         
            Por lo tanto, muchos actos importantes para la organización de la sucesión deben estar sujetos, según el caso, o al Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), (
                  37
               ) o a las normas nacionales o los convenios del Estado en cuestión, (
                  38
               ) lo que podría menoscabar enormemente el principio de unidad de la ley sucesoria.
         
      
            50.
         
         
            En el presente asunto, el litigio principal tiene por objeto un acuerdo que organiza la transmisión de la propiedad sobre un bien inmueble que debe producirse en el momento de fallecimiento del padre del demandante, siempre que se cumplan ciertas condiciones. (
                  39
               ) Si bien, en mi opinión, este acuerdo presenta las características de un pacto sucesorio en el sentido del Reglamento n.o 650/2012, tal calificación debe depender de la ley sucesoria aplicable, como se ha propuesto. (
                  40
               )
         
      
            51.
         
         
            Por todas las razones expuestas, considero que el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «pacto sucesorio» comprende un contrato de donación inter vivos en virtud del cual la transmisión, en favor del donatario, de la propiedad sobre uno o varios bienes integrados, aunque solo parcialmente, en la masa hereditaria del donante no se producirá hasta el fallecimiento de este.
         
      
      
         B.
       
         Sobre la segunda cuestión prejudicial
      
   
   
            52.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la validez de la designación de la ley austriaca en el acuerdo controvertido en el asunto principal (
                  41
               ) a la luz de las disposiciones transitorias del Reglamento n.o 650/2012, y se refiere a su artículo 83, apartado 2. Este artículo contiene una remisión a las condiciones previstas en el artículo 22 de dicho Reglamento, que tiene por título «Elección de la ley aplicable».
         
      
            53.
         
         
            Como ha señalado la Comisión, la versión en lengua alemana del artículo 22 del Reglamento n.o 650/2012 no precisa, a diferencia de otras versiones lingüísticas, (
                  42
               ) que la elección de la ley aplicable deba extenderse a la totalidad de la sucesión.
         
      
            54.
         
         
            A este respecto, ha de precisarse que el Tribunal de Justicia, en una sentencia dictada poco después de que se planteara la presente petición de decisión prejudicial, declaró que una persona puede elegir una ley «rectora de la totalidad de su sucesión» en virtud del citado artículo 22, y que el artículo 83, apartado 2, de dicho Reglamento se refiere a los supuestos en que el causante hubiera elegido, antes del 17 de agosto de 2015, la ley «aplicable a su sucesión». (
                  43
               )
         
      
            55.
         
         
            Por consiguiente, considero, al igual que la Comisión, que la respuesta del Tribunal de Justicia no puede versar sobre la interpretación de esta disposición, pues resulta de las constataciones realizadas por el órgano jurisdiccional remitente que las partes designaron el Derecho austriaco como ley aplicable a las relaciones jurídicas entre ellas y no como ley rectora de la totalidad de la sucesión.
         
      
            56.
         
         
            No obstante, habida cuenta de las circunstancias en las que se plantea esta segunda cuestión prejudicial, considero oportuno completar mi análisis relativo a las disposiciones transitorias señalando, por un lado, que, por tratarse de una disposición mortis causa realizada antes del 17 de agosto de 2015 por un donante que falleció después de esa fecha, tal disposición sería válida, de conformidad con el artículo 83, apartado 3, del Reglamento n.o 650/2012, si se cumplen las condiciones establecidas por la ley designada con arreglo al capítulo III y, en concreto, al artículo 25 de este, aplicable a los pactos sucesorios, o, en su defecto, en virtud de las normas de conflicto de leyes anteriores a la entrada en vigor del citado Reglamento.
         
      
            57.
         
         
            Por otro lado, como ha señalado la Comisión, en el caso de autos, la constatación de la inaplicabilidad del artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.o 650/2012 derivada de la falta de elección de la ley aplicable a la sucesión en su conjunto (
                  44
               ) y, por consiguiente, en mi opinión, de la inaplicabilidad del apartado 4 de dicho artículo debe tener repercusiones en la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto por lo que respecta a la calificación del contrato controvertido. (
                  45
               ) En efecto, dado que, en virtud de este Reglamento, el causante no podía designar la ley austriaca, no puede considerarse que esta ley fuera elegida como ley aplicable a la sucesión. (
                  46
               )
         
      
            58.
         
         
            En estas circunstancias, considero que no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
         
      
      V. Conclusión
   
   
            59.
         
         
            Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria):
            «El artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “pacto sucesorio” comprende los contratos de donación inter vivos en virtud de los cuales la transmisión, en favor del donatario, de la propiedad sobre uno o varios bienes integrados, aunque solo parcialmente, en la masa hereditaria del donante no se producirá hasta el fallecimiento de este.»
         
      (
         1
      )	Lengua original: francés.
   (
         2
      )	DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2012, L 344, p. 3, DO 2013, L 60, p. 140, y DO 2019, L 243, p. 9.
   (
         3
      )	BGBl. I, 87/2015.
   (
         4
      )	BGBl. 76/1871.
   (
         5
      )	BGBl. 39/1955.
   (
         6
      )	BGBl. 560/1985.
   (
         7
      )	Esta misma cuestión podría haberse suscitado igualmente si se hubiese presentado una solicitud de expedición de un certificado sucesorio europeo, que permite a cada heredero, legatario o derechohabiente mencionado en el certificado acreditar en otro Estado miembro su cualidad y sus derechos sucesorios sobre la herencia. Véanse, a este respecto, las sentencias de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartados 36 y 42 y jurisprudencia citada, y de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartado 45.
   (
         8
      )	Véanse, por lo que respecta a las condiciones de aplicación del procedimiento nacional, los puntos 16 y 17 de las presentes conclusiones.
   (
         9
      )	Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartados 34 a 36, 42 y 43.
   (
         10
      )	Véanse el considerando 18 y el artículo 1, apartado 2, letra l), del Reglamento n.o 650/2012, así como la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 54.
   (
         11
      )	Como sucede en la versión en lengua francesa. Sin embargo, en la versión en lengua española del artículo 23, apartado 2, letra i), de este Reglamento aparece el término «donaciones», a diferencia de otras versiones lingüísticas, concretamente las versiones en lengua alemana, inglesa, italiana o rumana. He de precisar que las divergencias no inciden en la interpretación de las disposiciones del Reglamento controvertidas en el presente asunto.
   (
         12
      )	Véase la sentencia de 23 de mayo de 2019, WB (C‑658/17, EU:C:2019:444), apartado 50 y jurisprudencia citada.
   (
         13
      )	El subrayado es mío.
   (
         14
      )	El subrayado es mío. El Tribunal de Justicia ha mencionado esta expresión en las sentencias de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartado 34, y de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartado 30.
   (
         15
      )	Véanse, a este respecto, Bonomi, A.: «Article 1. Champ d’application», en Bonomi, A., y Wautelet, P.: Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n.o 650/2012, du 4 juillet 2012, 2a ed., Bruylant, Bruselas, 2016, pp. 73 a 139, en particular apartado 2, p. 75, y Looschelders, D.: «Artikel 3 EuErbVO», en Hüßtege, R., y Mansel, H.‑P.: Rom-Verordnungen, 2a ed., Nomos, Baden-Baden, 2015, pp. 839 a 847, en particular apartado 8, pp. 841 y 842.
   (
         16
      )	El subrayado es mío.
   (
         17
      )	A modo de recuerdo del carácter limitativo de las exclusiones que figuran en el artículo 1, apartado 2, del citado Reglamento, en lo que concierne concretamente a las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, véase la sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartado 33.
   (
         18
      )	Véase el punto 31 de las presentes conclusiones.
   (
         19
      )	A este respecto, Marie Goré señala que «la anticipación sucesoria no ha sido concebida en toda su amplitud» (Goré, M.: «Les silences du règlement européen sur les successions internationales», Droit et Patrimoine, Lamy, París, 2013, n.o 224, pp. 34 a 37, en particular p. 6).
   (
         20
      )	El subrayado es mío.
   (
         21
      )	Disponible en la dirección de Internet siguiente: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=62. La expresión «por ejemplo mediante liberalidades» fue añadida al Reglamento n.o 650/2012. Por lo que respecta al tenor literal de la exclusión, véanse el considerando 9 y el artículo 1, apartado 3, letra f), de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo [COM(2009) 154 final], reformulados por el Parlamento en su informe de 6 de marzo de 2012 sobre esta propuesta (A7-0045/2012).
   (
         22
      )	Véase el informe explicativo del Sr. Donovan W. M. Waters, disponible en la dirección de Internet siguiente: https://assets.hcch.net/docs/ed641835-352a-4fe0-a378-5bf4222086c8.pdf [puntos 41 (p 542) y 92 (p. 574)].
   (
         23
      )	Véase el artículo 23, apartado 2, letra i), del Reglamento n.o 650/2012.
   (
         24
      )	Véase, por analogía, la sentencia de 1 de marzo de 2018, Mahnkopf (C‑558/16, EU:C:2018:138), apartado 40.
   (
         25
      )	Es preciso distinguir entre las donaciones mortis causa y las donaciones en virtud de las cuales se dispone una transmisión de derechos inmediata pese a diferirse la posesión del bien a una fecha que podría ser la del fallecimiento del donante. Véase, en este sentido, Boulanger, D.: «Le renouvellement du traitement de l’anticipation successorale au travers du règlement (UE) du 4 juillet 2012», La Semaine Juridique — Notariale et Immobilière, LexisNexis, París, n.o 27, pp. 39 a 44, en particular punto 15, p. 41. He de observar a este respecto que, en la versión en lengua francesa de los documentos obrantes en autos, la expresión «entrega del bien» no debería ser fuente de confusión. En efecto, me consta que es preciso remitirse al «Abstraktionsprinzip», en virtud del cual la transmisión de un bien inmueble comprende la transmisión del derecho de propiedad (contrato de venta, por ejemplo) y la entrega física del bien (mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad). Sobre la distinción entre la ejecución del supérstite del donante y la que se torna efectiva al fallecimiento de este, véanse Looschelders, D.: «Artikel 1 EuErbVO», en Hüßtege, R., y Mansel, H.‑P.: Rom-Verordnungen, op. cit., pp. 817 a 835, en particular puntos 45 y 46, pp. 829 y 830.
   (
         26
      )	Véanse Bonomi, A.: «Article 25. Pacte successoral», en Bonomi, A., y Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n.o 650/2012, du 4 juillet 2012, op. cit., pp. 429 a 449, en particular punto 13, p. 436; Pesendorfer, U.: «Art. 3 EuErbVO», en Burgstaller, A., Neumayr, M., Geroldinger, A., y Schmaranzer, G.: Die EU-Erbrechtsverordnung, LexisNexis, Viena, 2016, pp. 68 a 81, en particular puntos 12 y 17, pp. 74 a 76, y Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, C.H. Beck, Múnich, 2020, punto 8.
   (
         27
      )	Véase Boulanger, D., op. cit., punto 14, p. 41.
   (
         28
      )	Véanse, en este mismo sentido, Bonomi, A.: «Article 3. Définitions», en Bonomi, A., y Wautelet, P., Le droit européen des succession, Commentaire du règlement (UE) n.o 650/2012, du 4 juillet 2012, op. cit., pp. 143 a 179, en particular punto 21, p. 155; Dutta, A.: «Art. 1 EuErbVO Anwendungsbereich», Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, op. cit., punto 37, y «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto 10; Mankowski, P.: «Art 1 EuErbVO», en Deixler-Hübner, A., y Schauer, M., Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO), 2a ed., Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Viena, 2020, pp. 16 a 66, en particular punto 79, pp. 42 y 43; Deixler-Hübner, A., y Schauer, M., «Art 3 EuErbVO», en Deixler-Hübner, A., y Schauer, M.: Kommentar zur EU-Erbrechtsverordnung (EuErbVO), op. cit., pp. 70 a 94, en particular punto 14, pp. 77 y 78, y Fontanellas Morell, J. M.: «Las donaciones mortis causa ante la reglamentación comunitaria de las sucesiones», Anuario Español de Derecho Internacional Privado, Iprolex, Madrid, España, 2011, pp. 465 a 484, en particular pp. 481 a 483.
   (
         29
      )	A este respecto, mi opinión difiere de la del Gobierno español, si bien concuerda con los análisis de las otras partes, en el sentido de que el concepto de «pacto sucesorio» que figura en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 650/2012 se define en términos suficientemente generales como para abarcar un acuerdo sobre solo un bien o una parte de la sucesión. Basta con que se respete el criterio común dimanante de la letra d) del mismo artículo, en relación con la definición que se recoge en la letra a), atinente a las disposiciones mortis causa, a saber, que la transmisión de la propiedad sobre el bien o los bienes produzca efectos en el momento del fallecimiento del propietario, parte del acuerdo.
   (
         30
      )	Véanse Bonomi, A.: «Article 1. Champ d’application», op. cit., puntos 51 y 52, y los autores citados en las notas, pp. 102 a 104.
   (
         31
      )	Véanse Bonomi, A.: «Article 1. Champ d’application», op. cit., punto 53, y los autores citados en la nota 76, p. 104. Véase asimismo Dutta, A.: «Art. 25 EuErbVO Erbverträge», Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, op. cit., punto 9. Sobre la consideración más general según la cual debería hacerse referencia a la ley aplicable a las disposiciones mortis causa, véanse Bonomi, A.: «Article 1. Champ d’application», op. cit., punto 53, y los autores citados en la nota 75, p. 104. En este mismo sentido, véase Köhler, A.: «Teil 1 EuErbVO, § 4 Internationales Privatrecht», en Grierl, W., Köhler, A., Kroiß, L., y Wilsch, H., Internationales Erbrecht: EuErbVO, IntErbRVG, DurchfVO, Länderberichte, 3a ed., Nomos, Viena, 2020, pp. 57 a 127, en particular punto 52, p. 70, y punto 74, p. 78.
   (
         32
      )	Véanse las sentencias de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartado 56, y de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartado 49.
   (
         33
      )	Véanse el considerando 37 del Reglamento n.o 650/2012 y las sentencias de 12 de octubre de 2017, Kubicka (C‑218/16, EU:C:2017:755), apartados 44 y 57, y de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartado 56.
   (
         34
      )	Véanse las sentencias de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartado 55, y de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartado 41.
   (
         35
      )	Véase, en lo atinente a las disposiciones sobre competencia jurisdiccional en materia de sucesión, la sentencia de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartado 69. El Tribunal de Justicia declaró que «el principio de unidad de la sucesión no es absoluto».
   (
         36
      )	Véase, a este respecto, Boulanger, D., op. cit., puntos 16 y 17, p. 41. Véase asimismo, en Derecho alemán, Dutta, A., «Art. 3 EuErbVO Begriffsbestimmungen», op. cit., punto 11.
   (
         37
      )	DO 2008, L 177, p. 6; corrección de errores en DO 2009, L 309, p. 87. Cabe señalar dos diferencias principales entre el Reglamento n.o 593/2008 y el Reglamento n.o 650/2012 en cuanto a las normas de vinculación que este último pretende precisamente abandonar. Por un lado, con arreglo al artículo 3 del Reglamento n.o 593/2008, las partes de la donación son libres para designar el Derecho aplicable al contrato. Por otro lado, a falta de elección, las donaciones inmobiliarias están sujetas a la ley del país donde esté sito el bien inmueble, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento. Además, del artículo 4, apartado 2, de este mismo Reglamento puede deducirse que, a falta de elección, las donaciones mobiliarias se rigen por la ley del país donde tenga su residencia habitual el donante, como deudor de la prestación característica del contrato.
   (
         38
      )	En virtud del artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 593/2008, se excluye de su ámbito de aplicación el Derecho patrimonial de familia. Véase, a este respecto, la síntesis de Gaudemet-Tallon, H.: «Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement “Rome I” du 17 juin 2008. — Champ d’application. — Clauses générales», JurisClasseur Droit international, LexisNexis, París, 2020, fascículo 552-11, punto 52.
   (
         39
      )	Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
   (
         40
      )	Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.
   (
         41
      )	Véase la letra f) del contrato citado en el punto 19 de las presentes conclusiones.
   (
         42
      )	Al igual que la Comisión, he de observar que el alcance de la ley elegida se precisa en las versiones en lengua inglesa, francesa, italiana, neerlandesa y polaca, y que en la versión en lengua española, tan equívoca en el momento de su publicación como la versión en lengua alemana, se rectificó en estos términos: «cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado» (corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9).
   (
         43
      )	Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartados 88 y 92.
   (
         44
      )	Véase el artículo 15 del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Comprobación de la competencia». Véanse, en lo concerniente a las normas de competencia y su incidencia en la circulación de resoluciones, las sentencias de 21 de junio de 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), apartados 37 y 53 a 55, y de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartados 61 y 62.
   (
         45
      )	Véanse, en cuanto atañe a la articulación de las disposiciones transitorias y al vínculo entre estas y la competencia judicial internacional, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:230), puntos 101 a 104 y 108 a 112.
   (
         46
      )	Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartados 92 y 93.