CELEX: 62015CA0682
Language: es
Date: 2017-05-16 00:00:00
Title: Asunto C-682/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative — Luxemburgo) — Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration des contributions directes (Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/16/UE — Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad — Artículo 1, apartado 1 — Artículo 5 — Solicitud de información dirigida a un tercero — Negativa a responder — Sanción — Concepto de «pertinencia previsible» de la información solicitada — Control de la autoridad requerida — Control del juez — Alcance — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 51 — Aplicación del Derecho de la Unión — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Acceso del juez y del tercero a la solicitud de información dirigida por la autoridad requirente)

24.7.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 239/8
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de mayo de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Cour administrative — Luxemburgo) — Berlioz Investment Fund SA/Directeur de l’administration des contributions directes
   (Asunto C-682/15) (1)
   
   ((Procedimiento prejudicial - Directiva 2011/16/UE - Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad - Artículo 1, apartado 1 - Artículo 5 - Solicitud de información dirigida a un tercero - Negativa a responder - Sanción - Concepto de «pertinencia previsible» de la información solicitada - Control de la autoridad requerida - Control del juez - Alcance - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 51 - Aplicación del Derecho de la Unión - Artículo 47 - Derecho a la tutela judicial efectiva - Acceso del juez y del tercero a la solicitud de información dirigida por la autoridad requirente))
   (2017/C 239/10)
   Lengua de procedimiento: francés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Cour administrative
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Berlioz Investment Fund SA
   
      Demandada: Directeur de l’administration des contributions directes
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               El artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, a efectos de dicha disposición, y por tanto la citada Carta es aplicable, cuando su legislación prevé la imposición de una sanción pecuniaria a un administrado que se niega a facilitar información en el marco de un intercambio de información entre autoridades tributarias, basado en particular en las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que un administrado, al que se ha impuesto una sanción pecuniaria por no atender una decisión administrativa mediante la que se le requiere que aporte información en el marco de un intercambio de información entre Administraciones tributarias nacionales en virtud de la Directiva 2011/16, puede impugnar la legalidad de esa decisión.
            
         
               3)
            
            
               El artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16 deben interpretarse en el sentido de que la «pertinencia previsible» de la información solicitada por un Estado miembro a otro Estado miembro constituye un requisito que debe cumplir la solicitud de información para que el Estado miembro requerido esté obligado a tramitarla y, en consecuencia, un requisito de legalidad de la decisión de requerimiento dirigida por este Estado miembro a un administrado y de la medida sancionadora impuesta a este último por no atender dicha decisión.
            
         
               4)
            
            
               El artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16 deben interpretarse en el sentido de que la comprobación de la autoridad requerida, ante la que la autoridad requirente ha presentado una solicitud de información en virtud de la citada Directiva, no se limita a la regularidad formal de esa solicitud, sino que debe permitir a la autoridad requerida asegurarse de que la información solicitada no carece de toda pertinencia previsible, habida cuenta de la identidad del contribuyente de que se trate y de la del tercero eventualmente informado así como de las necesidades de la inspección fiscal en cuestión. Estas mismas disposiciones de la Directiva 2011/16 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un recurso interpuesto por un administrado contra una medida sancionadora que le ha impuesto la autoridad requerida por no atender una decisión de requerimiento adoptada por ésta a raíz de una solicitud de información dirigida por la autoridad requirente en virtud de la Directiva 2011/16, el juez nacional dispone, además de competencia para modificar la sanción impuesta, de competencia para controlar la legalidad de dicha decisión de requerimiento. En cuanto al requisito de legalidad de esta decisión respecto a la pertinencia previsible de la información solicitada, el control jurisdiccional se limita a la verificación de la falta manifiesta de tal pertinencia.
            
         
               5)
            
            
               El artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que, en el marco del ejercicio del control jurisdiccional por un juez del Estado miembro requerido, tal juez debe tener acceso a la solicitud de información dirigida por el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido. El administrado concernido no dispone, en cambio, de un derecho de acceso a la totalidad de esta solicitud de información, que sigue siendo un documento secreto, conforme al artículo 16 de la Directiva 2011/16. A fin de defender plenamente su causa en relación con la falta de pertinencia previsible de la información solicitada, basta, en principio, con que disponga de la información a que se refiere el artículo 20, apartado 2, de la mencionada Directiva.
            
         
      (1)  DO C 78 de 29.2.2016.