CELEX: 62017CN0054
Language: es
Date: 2017-02-01 00:00:00
Title: Asunto C-54/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de febrero de 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA

24.7.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 239/19
            
         Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Italia) el 1 de febrero de 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Wind Telecomunicazioni SpA
   (Asunto C-54/17)
   (2017/C 239/26)
   Lengua de procedimiento: italiano
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Consiglio di Stato
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Recurrente: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
   
      Recurrida: Wind Telecomunicazioni SpA
   
      Cuestiones prejudiciales
       (1)
   
   
               1)
            
            
               «¿Se oponen los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, (2) a una interpretación de las correspondientes normas de transposición nacionales (artículos 24 y 25 del Código de consumo italiano, respectivamente) en virtud de la cual debe calificarse como “influencia indebida” y, por consiguiente, como “práctica comercial agresiva” que puede mermar “de forma importante” la libertad de elección o de comportamiento del consumidor medio, la conducta de un operador de telefonía consistente en omitir la información de que la tarjeta SIM tiene preactivados determinados servicios telefónicos (por ejemplo, el servicio de contestador y de internet), en particular, en una situación en la que no cabe imputar al citado operador de telefonía ninguna otra conducta material ulterior?
            
         
               2)
            
            
               ¿Debe interpretarse el punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE […] en el sentido de que existe un “suministro no solicitado” cuando un operador de telefonía móvil solicita a su cliente el pago de los servicios de contestador y de internet en una situación caracterizada por los siguientes elementos:
               
                           —
                        
                        
                           en el momento de la celebración del contrato de telefonía móvil el operador de telefonía no informó correctamente al consumidor de que los servicios de contestador y de internet estaban preactivados en la SIM, de modo que el consumidor podía utilizarlos directamente sin necesidad de realizar una operación de configuración específica (setting);
                        
                     
                           —
                        
                        
                           no obstante, para disfrutar efectivamente de tales servicios el consumidor debe realizar determinadas operaciones (por ejemplo, marcar el número del contestador o pulsar sobre los iconos o las teclas que activan la navegación por internet);
                        
                     
                           —
                        
                        
                           no se censuran las modalidades técnicas y operativas a través de las cuales el consumidor accede efectivamente a tales servicios, ni es objeto de crítica la información relativa a dichas modalidades y al precio de los propios servicios, sino que únicamente se reprocha al operador que omitiera la información relativa a la preactivación de los servicios en la SIM?
                        
                     
         
               3)
            
            
               ¿Se oponen el propio fundamento de la Directiva “general” 2005/29, en cuanto “red de seguridad” para la protección de los consumidores, así como el considerando 10 y el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en la Directiva sectorial 2002/22/CE (3) para proteger a los usuarios, al ámbito de aplicación de la Directiva general 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad competente para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?
            
         
               4)
            
            
               ¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva n.o 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?
            
         
               5)
            
            
               ¿Ha de considerarse que sólo se produce un “conflicto” en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas derivadas del Derecho europeo que regulan aspectos sectoriales específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales en relación con las especificidades del sector, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas (Normenkollision)?
            
         
               6)
            
            
               ¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas europeos y a las normas de transposición directa o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho europeo?
            
         
               7)
            
            
               ¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE, los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE, y los artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/21/CE (4) a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de “práctica agresiva”, en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o “agresiva en cualquier circunstancia”, en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas irregulares, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas “prácticas agresivas” o “agresivas en cualquier circunstancia” o las citadas “prácticas irregulares”?».
            
         
      (1)  N. B. Se ha adoptado una numeración progresiva de las cuestiones prejudiciales, distinta de la utilizada en la resolución de remisión prejudicial, en la que figuraban dos grupos de preguntas que no estaban numeradas consecutivamente.
   
      (2)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (“Directiva sobre las prácticas comerciales desleales”) (DO 2005, L 149, p. 22).
   
      (3)  Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).
   
      (4)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).