CELEX: 32020H0826(12)
Language: es
Date: 2020-07-20 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Italia 2020/C 282/12

26.8.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 282/74
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Italia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad para 2020 de Italia
      (2020/C 282/12)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro.
               
            
                  (2)
               
               
                  El informe específico de 2020 sobre Italia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Italia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, la elevada deuda pública y la prolongadamente débil dinámica de la productividad implican riesgos con relevancia transfronteriza, en un contexto de elevado desempleo y un nivel aún elevado de préstamos dudosos.
               
            
                  (3)
               
               
                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.
               
            
                  (4)
               
               
                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.
               
            
                  (5)
               
               
                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.
               
            
                  (6)
               
               
                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.
               
            
                  (7)
               
               
                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.
               
            
                  (8)
               
               
                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Italia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.
               
            
                  (9)
               
               
                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual entre las regiones y territorios italianos debido a las persistentes disparidades económicas y sociales, las divergencias en el potencial de competitividad y el distinto grado de dependencia del turismo. Ello entraña el riesgo de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales dentro del país y se agraven así las tendencias divergentes entre las regiones más y menos desarrolladas, entre los barrios deprimidos y el resto de las zonas urbanas, así como entre ciertas zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere respuestas políticas específicas.
               
            
                  (10)
               
               
                  El 30 de abril de 2020, Italia presentó su Programa de Estabilidad de 2020.
               
            
                  (11)
               
               
                  Italia se encuentra sometida actualmente al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda.
               
            
                  (12)
               
               
                  En su Programa de Estabilidad de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un déficit del 1,6 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 10,4 % del PIB en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 5,7 % del PIB en 2021. Tras haberse estabilizado en el 134,8 % en 2019, se espera que la ratio deuda pública/PIB aumente al 155,7 % en 2020, según el Programa de Estabilidad de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre debido a la pandemia de COVID-19. Existen riesgos en los que se basan las previsiones presupuestarias, a saber, el considerable tamaño de las garantías públicas y la volatilidad de los rendimientos de la deuda soberana.
               
            
                  (13)
               
               
                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Italia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Estabilidad de 2020, el importe de estas medidas presupuestarias es equivalente al 4,5 % del PIB en 2020. Las medidas incluyen el refuerzo de la asistencia sanitaria y la protección civil, la ampliación de los regímenes de complemento salarial y el apoyo financiero a los trabajadores autónomos y las empresas. Por otra parte, Italia ha introducido medidas que, sin tener un impacto directo sobre el presupuesto, contribuirán a proporcionar liquidez a las empresas, como, por ejemplo, aplazamientos de pagos tributarios y garantías de préstamos. Globalmente, las medidas tomadas por Italia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
               
            
                  (14)
               
               
                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo presupuestario de las administraciones públicas italianas sería del -11,1 % del PIB en 2020 y el -5,6 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las administraciones públicas alcance el 158,9 % del PIB en 2020 y el 153,6 % del PIB en 2021.
               
            
                  (15)
               
               
                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento por parte de Italia de la norma en materia de deuda en 2019 y del incumplimiento previsto del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que no hay pruebas suficientes para concluir que el criterio de deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido, mientras que el criterio de déficit no se ha cumplido.
               
            
                  (16)
               
               
                  La pandemia de COVID-19 ha sometido al sistema sanitario nacional a una tensión sin precedentes, dejando patentes las debilidades estructurales y la necesidad de aumentar la preparación ante situaciones de crisis. A pesar de que el gasto en sanidad es inferior a la media de la Unión, el sistema sanitario de Italia se caracteriza por unos servicios universales altamente especializados y de buena calidad y ha logrado, en general, prestar asistencia de forma accesible. No obstante, al inicio de la pandemia de COVID-19 en particular, la fragmentación de la gobernanza del sistema sanitario y la coordinación entre las autoridades centrales y regionales ralentizaron la aplicación de algunas medidas de contención. La respuesta de los sistemas sanitarios regionales a la crisis se basó principalmente en una movilización extraordinaria, especialmente del personal sanitario y de los servicios sociales locales. Esta compensó las limitaciones de las infraestructuras físicas, el limitado número de trabajadores sanitarios y el importe reducido de las inversiones destinadas en años anteriores a mejorar las estructuras y los servicios. El Gobierno ha realizado enormes esfuerzos por mitigar la propagación del virus responsable de la COVID-19, aliviar la presión sobre los hospitales y generar capacidad asistencial adicional. En la actualidad, se está desarrollando una estrategia de contención a más largo plazo a fin de garantizar un retorno seguro a la actividad productiva. Además de la mejora de los procesos de gobernanza y los planes de preparación frente a las crisis, las políticas posteriores a la COVID-19 deben tener como objetivo la reducción del déficit de inversión pública en asistencia sanitaria. A medio y largo plazo, será crucial desarrollar un plan estratégico de inversión a fin de mejorar la resiliencia del sistema sanitario y garantizar que prosiga la prestación de asistencia accesible. Ante las proyecciones actuales relativas al personal sanitario, debe darse prioridad al desarrollo de políticas que acaben con los cuellos de botella existentes en su formación, contratación y retención.
               
            
                  (17)
               
               
                  Las medidas de contención adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19 tienen un fuerte impacto negativo en el mercado de trabajo y en las condiciones sociales. Antes de la crisis, la situación social registraba una lenta mejora, aunque el riesgo de pobreza o exclusión social, de pobreza entre las personas con empleo y de desigualdades de renta siguiera siendo elevado y mostrara grandes diferencias regionales. Dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, es preciso reforzar las redes de protección social para garantizar una sustitución adecuada de la renta de las personas, independientemente de su situación laboral, incluidas aquellas que tienen que hacer frente a deficiencias en el acceso a la protección social. El refuerzo de la renta sustitutiva y del apoyo a la renta es especialmente importante para los trabajadores atípicos y las personas en situación de vulnerabilidad. También es fundamental la prestación de servicios destinados a la inclusión social y laboral. El nuevo régimen de renta mínima, que durante el pasado año proporcionó ayudas a más de un millón de hogares (513 EUR por término medio), puede mitigar los efectos de la crisis de la COVID-19. Sin embargo, podría mejorarse la capacidad para hacerla llegar a los grupos vulnerables. El Gobierno ha introducido con carácter temporal una «renta de emergencia» adicional para ayudar a los hogares que no cumplen los requisitos para acogerse a la renta mínima. Las personas empleadas en la economía sumergida, en particular en sectores como la agricultura, la industria alimentaria y la vivienda, también corren el riesgo de sufrir carencias en el acceso a la protección social y el apoyo a la renta. Para hacer frente a este problema, el Gobierno ha simplificado recientemente las normas para la legalización de la situación laboral de los trabajadores no declarados y para la obtención o la prórroga de los permisos de residencia para los trabajadores migrantes. Las tendencias demográficas negativas y la fuga de cerebros podrían obstaculizar asimismo las perspectivas de crecimiento. Además de dificultar en mayor medida las condiciones del mercado de trabajo, la falta de servicios de calidad impulsa la despoblación en las regiones meridionales y en las zonas rurales. Es fundamental mejorar el acceso a los servicios electrónicos, especialmente en un contexto de movilidad limitada.
               
            
                  (18)
               
               
                  Desde el estallido de la crisis de la COVID-19, Italia está tomando medidas para mitigar su impacto en el empleo. Los regímenes de reducción del tiempo de trabajo (Cassa integrazione) han venido desempeñando un papel importante y se espera que lo sigan haciendo en el futuro. La posibilidad de acogerse a ellos se ha ampliado para incluir a las pequeñas empresas y microempresas, así como a todos los sectores económicos y trabajadores. Además, se ha creado un régimen (temporal) independiente para los trabajadores autónomos. Antes de la crisis de la COVID-19, las condiciones del mercado laboral habían seguido mejorando. En 2019, la tasa de empleo alcanzó un 64 %, el índice más alto jamás registrado. Sin embargo, todavía estaba bastante por debajo de la media de la Unión. La tasa de desempleo era persistentemente elevada, al igual que otros indicadores de la atonía del mercado de trabajo, y se espera que siga aumentando hasta el 11,8 % en 2020 y descienda al 10,7 % en 2021, según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión. La proporción de contratos temporales también era elevada, aunque desde mediados de 2018 la creación de empleo se había visto impulsada por la provisión de puestos de trabajo permanentes. De cara al futuro, a fin de promover una recuperación sostenible e integradora, es esencial integrar en el mercado laboral a los jóvenes inactivos y a las mujeres. Se han adoptado algunas medidas para reforzar los servicios públicos de empleo e integrarlos mejor con los servicios sociales, el aprendizaje de adultos y la formación profesional. Sin embargo, su capacidad de colocación sigue siendo débil y varía considerablemente dependiendo de las regiones. La participación de los empleadores también sigue siendo marginal. A medida que se vayan levantando las medidas de contención, las fórmulas de trabajo flexibles y el teletrabajo pueden ayudar a las empresas y a los trabajadores. En respuesta a la crisis de COVID-19, el Gobierno adoptó medidas temporales destinadas a conciliar la vida privada y la profesional, como el fomento del trabajo inteligente y de los permisos especiales y la oferta de bonos para servicios de cuidados de niños a domicilio. A pesar de los esfuerzos realizados recientemente, las medidas para promover la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida profesional y la privada, así como la oferta servicios de educación y cuidados de la primera infancia y de cuidados de larga duración asequibles, siguen siendo débiles y no se han integrado de forma satisfactoria.
               
            
                  (19)
               
               
                  La actual emergencia también pone de manifiesto la necesidad de mejorar el aprendizaje y las competencias digitales, en particular de los adultos en edad de trabajar, y el aprendizaje a distancia. La inversión en educación y capacitación es fundamental para promover una recuperación inteligente e inclusiva y seguir avanzando hacia la transición ecológica y digital. A este respecto, los resultados en educación y formación siguen constituyendo un reto importante para Italia. Existen grandes diferencias regionales en cuanto al dominio de las capacidades básicas, y la tasa de abandono escolar prematuro es notablemente superior a la media de la UE (13,5 % frente al 10,3 % en 2019), en particular en el caso de los alumnos nacidos fuera de la Unión (33 %). En un contexto de limitación de la movilidad, existe el riesgo de que se agudicen las disparidades regionales y territoriales. Ante tales circunstancias, es especialmente importante invertir en el aprendizaje a distancia, así como en la infraestructura y las competencias digitales tanto de los educadores como de los alumnos. Asimismo, en Italia, la proporción de titulados en ciencias e ingeniería es inferior a la media de la Unión y la de titulados superiores sigue siendo muy baja (27,6 % en 2019). Por otra parte, en comparación con la de países similares, la inversión de las empresas italianas en formar a sus empleados en tecnologías de la información y la comunicación es menor. El bajo índice de participación de los adultos poco cualificados en la formación es también motivo de preocupación, dado el descenso del número de puestos de trabajo que requieren poca cualificación. La mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son más esenciales que nunca a fin de dotar a los trabajadores de competencias que se adecúen al mercado de trabajo y promover una transición justa hacia una economía más digital y sostenible.
               
            
                  (20)
               
               
                  La crisis de la COVID-19 ha reforzado la necesidad de apoyar el acceso a financiación por parte de las empresas. Italia ha adoptado varios regímenes para apoyar el flujo de liquidez a las empresas, en particular en virtud del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (7). La aplicación efectiva de dichos regímenes, por ejemplo, mediante garantías canalizadas a través del sistema bancario, es fundamental para garantizar que se beneficien de ellos todas las empresas, y, en particular, las pequeñas y medianas empresas (pymes), las pertenecientes a los sectores y zonas geográficas más afectados, y las empresas innovadoras. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. Las subvenciones directas y los incentivos a la financiación a través del mercado también pueden contribuir a la liquidez de las pymes y de las empresas innovadoras. A estas últimas (que a menudo no cuentan con el respaldo de una garantía) les resulta más difícil acceder al crédito, y la crisis actual podría empeorar la situación. El aplazamiento del pago al Estado de los impuestos y las cotizaciones sociales ha contribuido a mejorar los flujos de tesorería de las empresas. Sin embargo, deben evitarse los retrasos en los pagos autorizados, ya sea de las administraciones a las empresas o de las empresas entre sí, ya que son una rémora para la liquidez de todas las empresas, especialmente de las más pequeñas.
               
            
                  (21)
               
               
                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. La inversión en apoyo de la transición ecológica será especialmente importante para respaldar la recuperación y aumentar la resiliencia futura. Italia es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos e hidrogeológicos extremos, incluidas las sequías y los incendios forestales. La transformación de la economía italiana en una economía climáticamente neutra requerirá una inversión pública y privada considerable durante un período prolongado de tiempo, en particular en los ámbitos de la producción de nuevas energías renovables, de las infraestructuras de electricidad y de la eficiencia energética. Las inversiones en el marco del Pacto Verde destinadas a combatir el cambio climático se recogen en el Plan Nacional de Energía y Clima de Italia. Dichas inversiones son esenciales para hacer frente a la amenaza que representa el cambio climático, y desempeñan al mismo tiempo un papel fundamental en la recuperación de Italia y en el refuerzo de su resiliencia. Las inversiones en el marco del Pacto Verde también son esenciales para reducir los efectos sobre la salud humana de la contaminación atmosférica de las ciudades italianas, especialmente en la Cuenca del Po. Por ejemplo, la puesta en marcha de iniciativas de movilidad sostenible, como la renovación del parque de autobuses públicos a escala local, supone un ejemplo de cómo hacer frente al mismo tiempo a la congestión del tráfico y la contaminación atmosférica. El déficit de infraestructuras para la gestión del agua y de los residuos, en particular en las regiones meridionales, tienen repercusiones medioambientales y sanitarias que suponen para la economía costes considerables y una pérdida de ingresos. En términos más generales, la resiliencia ante el cambio climático tiene incidencia en todas las infraestructuras, incluida la sanitaria. Para lograrla se requieren estrategias de adaptación. Afrontar los retos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático, como los riesgos hidrológicos, la movilidad urbana sostenible, la eficiencia energética, la economía circular y la transformación industrial, representa una oportunidad para mejorar la productividad, al tiempo que se evitan prácticas no sostenibles. Paralelamente, la inversión en tales proyectos puede contribuir a la creación de empleo y al mantenimiento de la recuperación tras la crisis. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Italia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Esto permitiría a Italia optimizar el uso de este Fondo.
               
            
                  (22)
               
               
                  La contención derivada de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de invertir en la digitalización de la economía y ha demostrado la relevancia de las infraestructuras digitales. El bajo nivel de intensidad digital y de conocimientos informáticos de las empresas italianas, especialmente de las pymes y las microempresas, les ha impedido ofrecer modalidades de comercio electrónico y regímenes de teletrabajo, y facilitar y utilizar herramientas digitales durante la contención. La inversión en la digitalización y capacitación a través de una aplicación sostenida y oportuna de políticas nacionales específicas es esencial para mejorar los modelos de comercio electrónico y ayudar a las empresas a adaptarse, así como para impulsar la productividad y la competitividad. El acceso a una infraestructura digital rápida y fiable ha demostrado ser fundamental para garantizar la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la Administración Pública, la educación, la salud y la medicina, y es clave para el seguimiento y el control de la epidemia. Italia sigue rezagada respecto al despliegue de las redes de fibra óptica en las zonas rurales. Deben adoptarse medidas específicas para colmar esa laguna, así como para fomentar en mayor medida la adopción de la banda ancha por parte de la población.
               
            
                  (23)
               
               
                  El logro de un sistema de investigación e innovación eficaz depende de un apoyo político sostenido, coherente y basado en pruebas, combinado con inversiones y un capital humano adecuado. La presente crisis de la COVID-19 ha dejado patente la necesidad reforzar aún más el intercambio rápido de datos entre los investigadores, incluido el acceso de los usuarios a los resultados y las pruebas de forma gratuita y a la ciencia abierta. Esta última, junto con la cooperación entre los sectores científico y empresarial, es claramente decisiva a fin de introducir en el mercado los resultados de la investigación, incluidos los obtenidos en materia de vacunas y terapias, basándose en la fortaleza de Italia en el sector de la industria médica y de la investigación.
               
            
                  (24)
               
               
                  Es fundamental contar con una administración pública eficaz a fin de garantizar que la aplicación de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia y en apoyo de la recuperación económica no se ralentice. El desembolso de prestaciones sociales, las medidas de liquidez, la anticipación de las inversiones, etc. podrían no ser eficaces si se ven obstaculizados por estrangulamientos del sector público. Entre las deficiencias en este sentido, cabe citar la longitud de los procedimientos, en particular los relacionados con la justicia civil, el bajo nivel de digitalización y las escasas capacidades de la administración. Es preciso gestionar con agilidad los procedimientos y controles, en un contexto en el que se está incrementando de forma significativa la dotación de recursos públicos para apoyar la actividad económica. Antes de la crisis de la COVID-19, la digitalización de las distintas administraciones públicas era desigual. La interacción en línea entre las autoridades y los ciudadanos era muy escasa. En la actualidad, la proporción de procedimientos administrativos gestionados por las regiones y municipios que pueden iniciarse y completarse íntegramente por medios informáticos sigue siendo reducida. La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la falta de interoperabilidad de los servicios digitales públicos. Para facilitar la capacidad de respuesta a las empresas por parte de la administración pública, es necesario mejorar y simplificar los reglamentos sectoriales, al tiempo que deben eliminarse los obstáculos a la competencia. Por último, la eficacia del sistema judicial es clave para lograr una economía que atraiga la inversión y esté orientada a las empresas, y será crucial en el proceso de recuperación, permitiendo asimismo marcos eficaces de rescate y recuperación.
               
            
                  (25)
               
               
                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.
               
            
                  (26)
               
               
                  Las medidas adoptadas por el Gobierno para apoyar a los hogares y las empresas también son beneficiosas para preservar la capitalización y la resiliencia del sector bancario en el difícil entorno operativo actual. A pesar de las medidas de mitigación adoptadas, incluida la flexibilidad prudencial concedida por los supervisores bancarios, la pandemia de COVID-19 también está sometiendo a una presión significativa la calidad de los activos de los bancos en toda la Unión, y se espera que continúe haciéndolo en las próximas semanas y meses, también en Italia. Como consecuencia de ello, se están viendo afectados los esfuerzos de reducción de préstamos dudosos, debido asimismo a la ralentización del funcionamiento de los tribunales y de las actividades de reestructuración de activos deteriorados. A este respecto, el fomento de soluciones sostenibles destinadas a los prestatarios viables afectados por la crisis de la COVID-19, en particular evitando automatismos jurídicos, es un requisito previo importante para salvaguardar la calidad de los activos. Mientras tanto, una notificación precisa del deterioro de la calidad de los activos y unas normas de crédito prudentes pueden ayudar al funcionamiento del mercado secundario de préstamos dudosos y contener los efectos adversos sobre las actuales iniciativas de eliminación de estos préstamos.
               
            
                  (27)
               
               
                  La prevención y penalización efectivas de la corrupción pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar la recuperación de Italia después de la crisis de la COVID-19. La transparencia del sector público y el refuerzo de los controles contra la corrupción, en particular, pueden evitar las tentativas de infiltración por parte de la delincuencia organizada en la vida económica y financiera, el falseamiento de los procedimientos de contratación pública y, de manera más general, la desviación de los recursos públicos necesarios para la inversión. Al mismo tiempo, los procedimientos de contratación pública deben seguir siendo eficaces, y para ello, deben lograr un equilibrio entre la necesidad de un seguimiento escrupuloso y la necesidad de tempestividad. Sigue suscitando preocupación el tiempo de tramitación ante los tribunales de apelación penal, y en el seno del Parlamento se están debatiendo amplias reformas para racionalizar los procesos penales. El marco de lucha contra la corrupción de Italia se ha reforzado recientemente, pero debe completarse, también mediante la sanción de funcionarios públicos electos en caso de conflicto de intereses.
               
            
                  (28)
               
               
                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Italia contribuirá a los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.
               
            
                  (29)
               
               
                  Para una recuperación rápida de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 es fundamental una estrecha coordinación entre las economías de la unión económica y monetaria. Como Estado miembro cuya moneda es el euro, Italia debe velar por que sus políticas sigan siendo coherentes con las recomendaciones para 2020 de la zona del euro y estén coordinadas con las de los demás Estados miembros cuya moneda es el euro, al tiempo que debe tener en cuenta las orientaciones políticas del Eurogrupo.
               
            
                  (30)
               
               
                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2020 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Italia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.
               
            
                  (31)
               
               
                  A la luz de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
               
            
                  (32)
               
               
                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Las recomendaciones específicas por país para 2020 que abordan directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 se reflejan en las recomendaciones 1, 2, 3 y 4.
               
            RECOMIENDA a Italia que adopte medidas en 2020 y 2021 con el fin de:
      
                  1.
               
               
                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales. Mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales y regionales.
               
            
                  2.
               
               
                  Proporcionar una renta sustitutiva adecuada y acceso a la protección social, especialmente para los trabajadores atípicos. Mitigar el impacto de la crisis de la COVID-19 en el empleo, en particular mediante fórmulas de trabajo flexibles y un apoyo activo al empleo. Reforzar el aprendizaje a distancia y las competencias conexas, incluidas las digitales.
               
            
                  3.
               
               
                  Asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a la economía real, incluidas las pymes, las empresas innovadoras y los trabajadores autónomos, y evitar retrasos en los pagos. Adelantar los proyectos de inversión pública maduros y promover la inversión privada para favorecer la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en una producción y utilización limpia y eficiente de la energía, en la investigación y la innovación, en un transporte público sostenible, en la gestión de los recursos hídricos y de los residuos, así como en una infraestructura digital reforzada para garantizar la prestación de los servicios esenciales.
               
            
                  4.
               
               
                  Mejorar la eficiencia del sistema judicial y la eficacia de la Administración Pública.
               
            
         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               La Presidenta
            
            J. KLOECKNER
         
      
      
         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
      
         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
      
         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 69.
      
         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
      
         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
      
         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
      
         (7)  DO C 91I de 20.3.2020, p. 1.
      
         (8)  En virtud del artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.