CELEX: 62005CJ0103
Language: es
Date: 2006-07-13 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 13 de julio de 2006.#Reisch Montage AG contra Kiesel Baumaschinen Handels GmbH.#Petición de decisión prejudicial: Oberster Gerichtshof - Austria.#Reglamento (CE) nº 44/2001 - Artículo 6, número 1 - Pluralidad de demandados - Acción ejercitada en un Estado miembro contra una persona en quiebra, domiciliada en dicho Estado, y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro - Inadmisibilidad de la acción contra el quebrado - Competencia del Tribunal que conoce del asunto con respecto al codemandado.#Asunto C-103/05.

Asunto C‑103/05
      Reisch Montage AG
      contra
      Kiesel Baumaschinen Handels GmbH
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)]
      «Reglamento (CE) nº 44/2001 — Artículo 6, apartado 1 — Pluralidad de demandados — Acción ejercitada en un Estado miembro contra una persona en quiebra, domiciliada en dicho Estado, y un codemandado domiciliado
         en otro Estado miembro — Inadmisibilidad de la acción contra el quebrado — Competencia del Tribunal que conoce del asunto con respecto al codemandado»
      
      Sumario de la sentencia
      Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
            — Reglamento (CE) nº 44/2001
      [Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 6, número 1]
      El artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
         resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que tal disposición puede ser invocada
         en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado
         domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, esa acción sea considerada inadmisible frente
         al primer demandado en virtud de una normativa nacional, como una norma por la que se excluyan las acciones individuales de
         los acreedores frente a un deudor en quiebra. En efecto, por un lado, dicha disposición no contiene ninguna remisión expresa
         a la aplicación de las normas internas ni ningún requisito por el que se exija la admisibilidad, con arreglo a la normativa
         nacional, de una demanda contra varias personas, desde el momento de su interposición, frente a todas ellas. Por otro lado,
         puesto que no forma parte de las disposiciones que prevén expresamente la aplicación de las normas internas, y que, por tanto,
         sirven de fundamento jurídico a esa aplicación, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que su aplicación
         pueda depender de los efectos de las normas internas. No obstante, esa misma disposición no puede interpretarse de tal forma
         que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se
         sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado miembro donde se encuentra su domicilio.
      
      (véanse los apartados 27 y 30 a 33 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 13 de julio de 2006 (*)
      
      «Reglamento (CE) nº 44/2001 – Artículo 6, número 1 – Pluralidad de demandados – Acción ejercitada en un Estado miembro contra una persona en quiebra, domiciliada en dicho Estado, y un codemandado domiciliado
         en otro Estado miembro – Inadmisibilidad de la acción contra el quebrado – Competencia del Tribunal que conoce del asunto con respecto al codemandado»
      
      En el asunto C‑103/05,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo a los artículos 68 CE y 234 CE, por el Oberster
         Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 2 de febrero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de febrero de
         2005, en el procedimiento entre
      
      Reisch Montage AG
      y
      Kiesel Baumaschinen Handels GmbH,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis y J. Klučka (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. A.‑M. Rouchaud-Joët y S. Grünheid, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de marzo de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001
         del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
         judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
      
      2        Esta petición fue presentada en el marco de un litigio entre Reisch Montage AG (en lo sucesivo, «Reisch Montage») y Kiesel
         Baumaschinen Handels GmbH (en lo sucesivo, «Kiesel») relativo al reembolso de una deuda por importe de 8.689,22 euros.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        Los considerandos decimoprimero, decimosegundo y decimoquinto del Reglamento nº 44/2001 señalan:
      
      «11)      Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de
         que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto
         en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación.
         […]
      
      12)      El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre
         el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.
      
      […]
      15)      El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que
         se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. […]»
      
      4        El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento, incluido en su capítulo II, sección 1, bajo la rúbrica «Disposiciones generales»,
         establece:
      
      «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual
         fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
      
      5        A tenor del artículo 3 del mismo Reglamento, que forma también parte del capítulo II, sección 1:
      
      «1.      Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud
         de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.
      
      2.      No podrán invocarse frente a ellas, en particular, las reglas de competencia nacionales que figuran en el anexo I.»
      6        En virtud del artículo 5 del Reglamento nº 44/2001, que figura en la sección 2 de ese mismo capítulo II, titulada «Competencias
         especiales», las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro en determinadas circunstancias.
      
      7        El artículo 6 de ese mismo Reglamento, que también forma parte de la sección 2, dispone, además:
      
      «Las personas a las que se refiere el artículo anterior también podrán ser demandadas:
      1)      si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas
         entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones
         que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,
      
      […]»
       Normativa nacional
      8        El artículo 6 de la ordenanza concursal (Konkursordnung; en lo sucesivo, «KO») dispone:
      
      «Los litigios que tengan por objeto el ejercicio o el aseguramiento de derechos patrimoniales de la masa de la quiebra no
         pueden iniciarse ni continuar tras la declaración de quiebra.»
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      9        El 30 de enero de 2004, Reisch Montage, sociedad domiciliada en Liechtenstein, presentó una demanda en reclamación de cantidad
         ante el Bezirksgericht Bezau (Austria) contra el Sr. Gisinger, domiciliado en Austria, y contra Kiesel, cuya sede se encuentra
         en Alemania. Esta última sociedad había prestado fianza en favor del Sr. Gisinger por la cantidad de 8.689,22 euros, cuyo
         pago solicita Reisch Montage.
      
      10      El Bezirksgericht Bezau, en una resolución de 24 de febrero de 2004, rechazó la acción de Reisch Montage, basándose en el
         artículo 6, apartado 1, de la KO, en la medida en que iba dirigida contra el Sr. Gisinger, sobre cuyo patrimonio se había
         abierto el 23 de julio de 2003 un procedimiento de quiebra que a la fecha de presentación de la demanda seguía sustanciándose.
         Dicha resolución adquirió fuerza de cosa juzgada.
      
      11      Kiesel impugnó entonces la competencia del órgano jurisdiccional que estaba conociendo del asunto, afirmando que Reisch Montage
         no podía prevalerse del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 para justificar la competencia del Bezirksgericht
         Bezau, en la medida en que la acción ejercitada contra el Sr. Gisinger se declaró inadmisible en virtud del artículo 6, apartado
         1, de la KO.
      
      12      En fallo de 15 de abril de 2004, el Bezirksgericht Bezau estimó la excepción de incompetencia propuesta por Kiesel y rechazó
         la acción de Reisch Montage debido a su falta de competencia territorial e internacional.
      
      13      En la apelación, el Landesgericht Feldkirch (Austria) revocó dicho fallo y desestimó la excepción de incompetencia propuesta
         por Kiesel.
      
      14      Ésta recurrió en casación ante el Oberster Gerichtshof, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «¿Cabe invocar el artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 […] cuando, al interponerse una demanda contra una
         persona residente en el Estado del foro y contra una persona residente en otro Estado miembro, procede declarar la inadmisibilidad
         de la dirigida contra la primera persona como consecuencia de un procedimiento de quiebra abierto sobre su patrimonio, que,
         con arreglo al derecho nacional, impide la tramitación de un proceso?»
      
       La cuestión prejudicial
      15      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, sustancialmente, si el artículo 6, número 1,
         del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que puede invocarse en el marco de una acción ejercitada en
         un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, cuando
         dicha acción se considera, desde el momento de su ejercicio, inadmisible frente al primer demandado.
      
       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
      16      Según el Gobierno alemán, el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe ser objeto de interpretación estricta, para
         no desvirtuar el principio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, que se enuncia en
         el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
      
      17      Según este Gobierno, si el procedimiento contra uno de los dos demandados es inadmisible desde el momento de la presentación
         de la demanda, debido a su situación de quiebra, debe considerarse que las acciones ejercitadas contra ambos demandados no
         tienen entre sí «una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo», en el sentido del
         citado artículo 6, número 1. Por lo tanto, dicha disposición no sería aplicable en un supuesto como el del litigio principal.
      
      18      El Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas sostienen, en cambio, que la referida disposición puede ser
         invocada en un asunto como éste.
      
      19      Según dicho Gobierno, el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 dispone únicamente que, si hay varios demandados,
         éstos pueden serlo ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos siempre que las demandas sean conexas. Contrariamente
         al número 2 del mismo artículo, el número 1 no exige ningún requisito especial para evitar que se utilice con la única finalidad
         de sustraer un demandado a los órganos jurisdiccionales de su domicilio.
      
      20      Ese mismo Gobierno invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de mayo de 1990, Hagen, C‑365/88, Rec.
         p. I‑1845, apartados 20 y 21; de 27 de abril de 2004, Turner, C‑159/02, Rec. p. I‑3565, apartado 29; y de 26 de mayo de 2005,
         GIE Réunion européenne y otros, C‑77/04, Rec. p. I‑4509, apartado 34) para afirmar que un órgano jurisdiccional nacional no
         puede rechazar una acción relativa a una obligación de garantía basándose en que el garante está domiciliado en un Estado
         miembro distinto de aquél al que pertenece dicho órgano jurisdiccional y en el que se encuentra el domicilio del deudor frente
         al que es inadmisible la demanda.
      
      21      La Comisión afirma que Reisch Montage no puede, sin embargo, ejercitar una acción inadmisible contra un demandado domiciliado
         en un Estado miembro, con la única finalidad de sustraer otro demandado a la competencia que por principio ostentan los órganos
         jurisdiccionales del Estado miembro de su domicilio. Según dicha Institución, corresponde, por lo tanto, al órgano jurisdiccional
         competente examinar si el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 es utilizado de forma abusiva.
      
       Respuesta del Tribunal de Justicia
      22      Con carácter preliminar, procede recordar que la competencia prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 44/2001, a saber,
         la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado, constituye
         el principio general y sólo como excepción a este principio prevé dicho Reglamento reglas de competencia especial en determinados
         casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse, según proceda,
         ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro [véanse, en cuanto al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a
         la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; en
         lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), cuyas disposiciones son sustancialmente idénticas a las del Reglamento nº 44/2001, las
         sentencias de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros, C‑51/97, Rec. p. I‑6511, apartado 16, y de 5 de febrero de 2004,
         Frahuil, C‑265/02, Rec. p. I‑1543, apartado 23].
      
      23      A este respecto, es jurisprudencia reiterada que dichas reglas de competencia especial deben ser interpretadas de modo estricto,
         sin que quepa una interpretación de las mismas que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento
         nº 44/2001 (véanse, en lo que respecta al Convenio de Bruselas, la sentencia de 10 de junio de 2004, Kronhofer, C‑168/02,
         Rec. p. I‑6009, apartado 14, y la jurisprudencia citada).
      
      24      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional interpretar esas mismas reglas respetando el principio de seguridad jurídica,
         que constituye uno de los objetivos del Reglamento nº 44/2001 (véanse, en lo que respecta al Convenio de Bruselas, las sentencias
         de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde y otros, C‑440/97, Rec. p. I‑6307, apartado 23; de 19 de febrero de 2002,
         Besix, C‑256/00, Rec. p. I‑1699, apartado 24, y de 1 de marzo de 2005, Owusu, C‑281/02, Rec. p. I‑1383, apartado 38).
      
      25      Dicho principio exige, en particular, que las reglas de competencia especial se interpreten de modo que permitan al demandado
         normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el
         que pudiera ser demandado (véanse las sentencias, antes citadas, GIE Groupe Concorde y otros, apartado 24; Besix, apartado
         26, y Owusu, apartado 40).
      
      26      Por lo que se refiere a la competencia especial prevista en el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, si son varios
         los demandados, pueden serlo ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos siempre que «las demandas estuvieren vinculadas
         entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones
         que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».
      
      27      A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que dicha disposición no contiene ninguna remisión expresa a la aplicación
         de las normas internas ni ningún requisito por el que se exija la admisibilidad, con arreglo a la normativa nacional, de una
         demanda contra varias personas, desde el momento de su interposición, frente a todas ellas.
      
      28      En segundo lugar, debe ponerse de relieve que, con independencia de esta primera observación, la cuestión planteada tiene
         por objeto dilucidar si una norma nacional por la que se establece una excepción de inadmisibilidad puede obstaculizar la
         aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001.
      
      29      Ahora bien, según jurisprudencia reiterada, las disposiciones de dicho Reglamento deben interpretarse de manera autónoma,
         refiriéndose a su sistemática y a sus objetivos (véase, en cuanto al Convenio de Bruselas, la sentencia de 15 de enero de
         2004, Blijdenstein, C‑433/01, Rec. p. I‑981, apartado 24, y la jurisprudencia citada).
      
      30      En consecuencia, al no formar parte de las disposiciones, como por ejemplo el artículo 59 del Reglamento nº 44/2001, que prevén
         expresamente la aplicación de las normas internas, y que, por tanto, sirven de fundamento jurídico a esa aplicación, el artículo
         6, apartado 1, de dicho Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que su aplicación pueda depender de los efectos
         de las normas internas.
      
      31      En tales circunstancias, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, puede invocarse en el marco de una acción ejercitada
         en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro,
         aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado en virtud
         de una normativa nacional.
      
      32      No obstante, procede recordar que la norma de competencia especial enunciada en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento
         nº 44/2001 no puede interpretarse de tal forma que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados
         con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado miembro donde se encuentra
         su domicilio (véanse, en relación con el Convenio de Bruselas, las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87,
         Rec. p. 5565, apartados 8 y 9, y Réunion européenne y otros, antes citada, apartado 47). No parece, sin embargo, que éste
         sea el caso en el procedimiento principal.
      
      33      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 6, número 1, del
         Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, dicha disposición
         puede ser invocada en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado
         y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada
         inadmisible frente al primer demandado en virtud de una normativa nacional.
      
       Costas
      34      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      El artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial,
            el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido
            de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, dicha disposición puede ser invocada en el marco de una acción
            ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado
            miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado
            en virtud de una normativa nacional.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.