CELEX: 52014DC0410
Language: es
Date: 2014-06-02 00:00:00
Title: Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España

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		52014DC0410
		
			Recomendación de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2014 de España /* COM/2014/0410 final */
			
				
		
		
			
			   	 
 
Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de España
y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad
de 2014 de España
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo
148, apartado 4,
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión
de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1],
y, en particular, su artículo 5, apartado 2,
Visto el Reglamento (UE)
nº 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos[2],
y, en particular, su artículo 6, apartado 1, 
Vista la Recomendación de la Comisión
Europea[3],
Vistas las Resoluciones del Parlamento
Europeo[4],
Vistas las Conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Financiero,
Visto el dictamen del Comité de
Protección Social,
Visto el dictamen del Comité de Política
Económica,
Considerando lo siguiente:
(1)                   
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión de poner en marcha una nueva estrategia para
el crecimiento y el empleo, Estrategia Europa 2020, basada en una mayor
coordinación de las políticas económicas, que se centra en los ámbitos
fundamentales en los que es necesario actuar para reforzar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de Europa.
(2)                   
El 13 de julio de 2010, basándose en las
propuestas de la Comisión, el Consejo adoptó una Recomendación sobre las
directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y
de la Unión (para el período 2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una
Decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los
Estados miembros, que juntas forman las «directrices integradas». Se ha
invitado a los Estados miembros a tener en cuenta las directrices integradas en
sus políticas económicas y de empleo.
(3)                   
El 29 de junio de 2012, los jefes de Estado o
de Gobierno acordaron un Pacto para el Crecimiento y el Empleo, que establece
un marco coherente de actuación a nivel nacional, de la UE y de la zona del
euro utilizando todos los resortes, instrumentos y políticas posibles.
Decidieron las acciones que debían emprenderse a nivel de los Estados miembros,
expresando en particular su total compromiso para lograr los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 y aplicar las recomendaciones específicas para cada
país.
(4)                   
El 9 de julio de 2013, el Consejo aprobó una
Recomendación relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España y
emitió su dictamen sobre el Programa de Estabilidad actualizado para 2012-2016
de España. El 15 de noviembre de 2013, en consonancia con el Reglamento (UE) nº 473/2013[5],
la Comisión presentó su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario para
2014 de España[6].
(5)                   
El 13 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento[7], marcando
así el inicio del Semestre Europeo de 2014 para la coordinación de las
políticas económicas. En esa misma fecha, la Comisión, sobre la base del
Reglamento (UE) nº 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de
Alerta[8],
en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que serían
objeto de un examen exhaustivo.
(6)                   
El 20 de diciembre de 2013, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para garantizar la estabilidad financiera y el
saneamiento presupuestario junto con medidas dirigidas a fomentar el
crecimiento. Hizo hincapié en la necesidad de proseguir un saneamiento
presupuestario diferenciado que propicie el crecimiento, restablecer la
normalidad en la concesión de crédito a la economía, promover el crecimiento y
la competitividad, combatir el desempleo y las consecuencias sociales de la
crisis, y modernizar la Administración Pública.
(7)                   
El 5 de marzo de 2014, la Comisión publicó los
resultados del examen exhaustivo relativo a España[9] que había
elaborado con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1176/2011. Del
análisis de la Comisión cabe concluir que España está experimentando
desequilibrios macroeconómicos que requieren un seguimiento específico y la
aplicación de medidas resueltas. En particular, en varias dimensiones se ha
avanzado claramente en el ajuste de los desequilibrios considerados excesivos
el pasado año y la reanudación del crecimiento ha disminuido los riesgos. Con
todo, la magnitud y el carácter interrelacionado de los desequilibrios, en
concreto los altos niveles de deuda interna y externa y el elevado desempleo,
implican que siguen existiendo riesgos.
(8)                   
El 30 de abril de 2014, España presentó su
Programa Nacional de Reformas de 2014 y su Programa de Estabilidad de 2014. Con
objeto de tener en cuenta sus interrelaciones, uno y otro se han evaluado al
mismo tiempo.
(9)                   
El objetivo de la estrategia presupuestaria
presentada en el Programa de Estabilidad de 2014 es corregir el déficit
excesivo para 2016 y alcanzar el objetivo a medio plazo en 2017. El programa
confirma el objetivo a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada
en términos estructurales, objetivo más riguroso que el exigido en el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El programa prevé situar el déficit por debajo del
3 % en 2016, en consonancia con el objetivo establecido en la
Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013, pero la mejora anual del
saldo estructural (recalculado) previsto en el programa queda por debajo del esfuerzo
recomendado a partir de 2014. Para 2017, el plan prevé un avance suficiente
hacia el objetivo a medio plazo, aunque quizá no sea suficiente para alcanzarlo
en ese año según lo indicado en el programa. El programa prevé que el ratio de
deuda pública alcance en 2015 un máximo del 101,7 % del PIB, para comenzar
a disminuir posteriormente. En conjunto, la estrategia presupuestaria perfilada
en el programa se ajusta solo en parte a los requisitos del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. El escenario macroeconómico en el que se apoyan las
previsiones presupuestarias incluidas en el programa, que no ha sido elaborado
ni corroborado por ningún organismo independiente, es plausible en líneas
generales por lo que respecta a 2014, pero presenta riesgos de sobreestimación
en lo tocante a 2015 en comparación con las previsiones de la primavera de 2014
de los servicios de la Comisión. Para 2016-2017, las tasas de crecimiento del
PIB previstas en el programa parecen un tanto optimistas si se consideran las
estimaciones actuales de la tasa de crecimiento potencial de la economía y las
necesidades de ajuste restantes una vez concluida la crisis. Así pues, existen
también riesgos de sobreestimación en relación con las sendas de ajuste del
déficit y la deuda. Además, todavía no se han especificado suficientemente las
medidas concretas en apoyo del logro de los objetivos de déficit global a
partir de 2015, especialmente por lo que respecta a los cambios de la
legislación tributaria en el marco de la reforma fiscal prevista. Otros riesgos
guardan relación con los pasivos contingentes y los rendimientos de los ahorros
previstos a nivel local y regional. Sobre la base de la previsión de la
Comisión, el esfuerzo presupuestario durante 2013-2014 queda 1,1 puntos
porcentuales por debajo de lo necesario en términos de la variación (corregida)
del saldo estructural (aunque los cambios recientemente introducidos en la
metodología de cálculo de la producción potencial contribuyen a inflar esta
cifra) y 0,4 puntos porcentuales si se compara con el importe de las medidas
consideradas necesarias cuando se formuló la Recomendación en el marco del
procedimiento de déficit excesivo. Basándose en su evaluación del programa y en
las previsiones de la Comisión, con arreglo al Reglamento (CE) nº 1466/97
del Consejo, el Consejo considera que las medidas en que se sustenta la
estrategia presupuestaria deben especificarse con mayor detalle y que son
necesarios esfuerzos adicionales para cumplir plenamente la Recomendación
formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit excesivo. 
(10)               
En cuanto a la dimensión presupuestaria
estructural, ha habido avances en la notificación de la ejecución del
presupuesto y en la aplicación de medidas correctoras a los organismos
administrativos incumplidores; ahora bien, sigue habiendo margen para aplicar
los mecanismos coercitivos adicionales, establecidos en la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, a las comunidades autónomas incumplidoras. Se han
tomado nuevas medidas para que todos los niveles de la Administración respeten
el plazo medio de 30 días en el pago a los proveedores comerciales. En
noviembre de 2013 se promulgó la ley de creación de una institución fiscal
independiente, y su presidente fue nombrado en febrero de 2014. Ahora bien, la
entidad no pudo entrar en funcionamiento a tiempo para valorar el Programa de
Estabilidad de 2014. En el Programa Nacional de Reformas de 2014 se reconoce
también la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de la asistencia
sanitaria y el gasto farmacéutico, por ejemplo, centralizando la adquisición de
productos farmacéuticos, revisando la gama de servicios, desarrollando los
historiales clínicos digitales o reforzando la gestión de los centros de salud.
Dado que la mayor parte del saneamiento presupuestario previsto sería el
resultado de un recorte de los gastos, un análisis sistemático de estos en
todos los niveles de la Administración contribuiría a determinar los ámbitos en
que podrían realizarse ahorros favorables al crecimiento, al mismo tiempo que
se atienden las necesidades de los más vulnerables.
(11)               
En 2013, España adoptó nuevas medidas para
corregir la distorsión en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades.
Asimismo, durante ese año, España avanzó en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias intensificando la lucha contra el fraude fiscal y el trabajo no
declarado, aunque siguen existiendo graves problemas. En 2013 y 2014, España
introdujo varias reducciones de las cotizaciones de la seguridad social para
fomentar la contratación de jóvenes y nuevos trabajadores. Tras la presentación
de un informe exhaustivo sobre la reforma fiscal elaborado por una Comisión de
Expertos atendiendo la petición del Gobierno, las autoridades planean presentar
propuestas legislativas concretas durante el segundo semestre de 2014. Con
arreglo al Programa Nacional de Reformas de 2014, las propuestas tratarán de
modernizar el sistema impositivo, reducir la distorsión en contra del empleo,
fomentar la recaudación, propiciar el desarrollo económico, garantizar la unidad
de mercado y la neutralidad presupuestaria y ampliar la competitividad de la
economía española, contribuyendo al mismo tiempo al saneamiento presupuestario.
La concepción y aplicación de esa reforma fiscal será importante para las
finanzas públicas y las perspectivas económicas futuras. 
(12)               
La estabilidad financiera se ha reforzado
merced a la recapitalización y reestructuración del sector bancario y la
aplicación rigurosa del programa de recapitalización de las entidades
financieras aprobado en julio de 2012 en el marco del MEDE y completado el 22
de enero de 2014. No obstante, el sector financiero español se enfrenta todavía
a importantes problemas que deben ser supervisados y gestionados
cuidadosamente. Además, la mejora de las condiciones de financiación de los
bancos solo se está trasladando gradualmente a la financiación de las PYME.
Ahora es importante garantizar que el crédito siga fluyendo hacia los sectores
viables de la economía mientras prosigue el proceso de desapalancamiento del
sector privado. Las autoridades han tomado varias medidas para mejorar el
acceso de las empresas a la financiación bancaria y no bancaria y facilitar la
restructuración de su deuda, pero son necesarias medidas adicionales.
(13)               
El mercado de trabajo muestra algunas señales
de estabilización y en 2014 se prevé que una tenue recuperación propicie el
aumento de los niveles de empleo y la disminución de los de desempleo. Ahora
bien, la tasa de desempleo, que en 2013 registró una media anual del
26,1 %, sigue siendo elevadísima. Son especialmente preocupantes la
elevada tasa de paro juvenil (54,3 %) y el máximo significativo que
alcanzó en 2013 la tasa de desempleo de larga duración (49,7 %), que
afectaba aún con mayor intensidad a los trabajadores menos cualificados y de
mayor edad. Las evaluaciones disponibles de la reforma del mercado laboral de
2012 concluyen que, junto con el compromiso de moderación salarial asumido durante
el periodo 2012-2014 por los interlocutores sociales, dicha reforma ha
contribuido a acrecentar la flexibilidad interna de las empresas y limitar las
pérdidas de empleo, dando prioridad a la negociación de acuerdos colectivos a
nivel de empresa y ampliando las posibilidades de utilizar cláusulas de
descuelgue a su alcance. La reforma también ha reducido
los costes de las indemnizaciones por despido improcedente y ha contribuido a reducir
el número de despidos impugnados judicialmente, además de introducir una nueva
modalidad de contrato para promover la contratación estable en las PYME. En
2013 y a principios de 2014 se introdujeron otras medidas para facilitar el empleo
estable a tiempo parcial y reducir temporalmente las cotizaciones a la seguridad
social aplicables a los nuevos contratos indefinidos. Sin embargo, la
segmentación continúa siendo un problema importante del mercado de trabajo
español, sigue existiendo un elevado número de tipos de contrato y la
diferencia entre los costes de despido de los contratos de duración determinada
y de los contratos indefinidos figura todavía, incluso tras la reforma, entre
las más elevadas de la UE. La reforma de las políticas activas del mercado de
trabajo ha registrado algunos avances, incluida la aprobación del Plan Anual de
Política de Empleo (PAPE), pero las iniciativas de modernización y refuerzo de los
servicios públicos de empleo parecen ir algo rezagadas, lo que amenaza con
impedir la aplicación con éxito del nuevo marco. Se han registrado retrasos en
la aplicación del Portal Único de Empleo. La cooperación con las agencias
privadas de colocación ha avanzado, pero son necesarios esfuerzos adicionales.
(14)               
La inadecuación de la educación y la formación
a las necesidades del mercado de trabajo y el elevado porcentaje de
desempleados sin cualificación formal (35,2 %) contribuyen a la elevada
tasa de desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. El porcentaje de
los jóvenes que ni estudian ni trabajan sigue siendo mayor que la media de la
UE y ha venido aumentando considerablemente. El porcentaje de estudiantes que
abandonan prematuramente los estudios o la formación sigue siendo muy alto
(23,5 %), aunque está disminuyendo. La tasa de personas que han completado
estudios superiores se mantiene, pero los distintos sistemas de aprendizaje y
enseñanza y formación profesional siguen estando infrautilizados, y las competencias
de los estudiantes de formación profesional de ciclo superior son inferiores a
la media de la UE. España también está preparando medidas de fomento del empleo
juvenil. Ya se está aplicando la Estrategia Nacional de Emprendimiento y Empleo
Joven 2013-2016, presentada en marzo de 2013, aunque todavía no se han puesto
en marcha todas las medidas. Basándose en esa Estrategia, España ha dado
también algunos pasos para luchar contra el desempleo juvenil en consonancia
con los objetivos de una garantía juvenil. Se han registrado algunos avances en
las iniciativas de lucha contra el abandono escolar prematuro y fomento de la
formación profesional dual, pero sigue siendo crucial garantizar su plena
aplicación y la utilización eficiente de los recursos financieros. En el ámbito
de la formación profesional dual, es indispensable la coordinación constante
entre todas las partes interesadas, incluidos los empleadores, los proveedores
de formación y las instancias decisorias a todos los niveles de la
Administración, para racionalizar el sistema, propiciar una mayor adecuación
entre la formación proporcionada y las necesidades del mercado de trabajo y
garantizar la compatibilidad de los modelos de enseñanza y formación
profesional dual en las distintas regiones. 
(15)               
Principalmente a causa de la situación del
mercado de trabajo, pero también debido a la limitada eficacia de la protección
social para reducir la pobreza, España se sitúa debajo de la media de la UE por
lo que respecta a los principales indicadores que miden la pobreza y la
exclusión social, a las que están especialmente expuestos los niños y los
adultos jóvenes. A raíz de la crisis, España ha registrado también una de las
mayores caídas de la renta familiar disponible y uno de los mayores niveles de
desigualdad de la renta de la UE. Es indispensable simplificar los
procedimientos para los solicitantes de asistencia social y mejorar la
gobernanza y la coordinación interinstitucional a nivel nacional, regional y
local. El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 constituye
un marco adecuado para adaptar las políticas activas de empleo a quienes se
encuentran más alejados del mercado de trabajo, mitigar la pobreza infantil y
mejorar la eficiencia de los servicios de apoyo a las familias. Por otro lado,
la asistencia y las prestaciones sociales tienen efectos redistributivos
limitados en los diferentes grupos interesados, lo que trasluce deficiencias en
la selección de los destinatarios. Además, la coordinación limitada entre los
servicios sociales y de empleo (incluidos los locales y regionales) y la carga
administrativa para acceder a los regímenes que
garantizan una renta mínima dificultan la transición fluida entre la asistencia
social y la reincorporación al mercado laboral. 
(16)               
España ha impulsado reformas estructurales que
promueven el crecimiento y la competitividad en consonancia, en líneas
generales, con los planes del Programa Nacional de Reformas de 2013. La Ley que
garantiza la unidad de mercado fue aprobada en diciembre de 2013 y su aplicación,
no exenta de complejidad, está en curso. La Ley de emprendedores promulgada en
otoño de 2013 también ha introducido modalidades societarias más flexibles y
mejoras en el marco regulador de las insolvencias empresariales y por lo que
respecta a la racionalización de los sistemas de apoyo a la
internacionalización de las empresas. Se ha extendido la utilización de los
procedimientos abreviados de concesión de licencias, simplificándose así la
apertura de pequeños establecimientos minoristas, y se han adoptado otras
medidas para facilitar la concesión de licencias comerciales. No obstante,
todavía está pendiente la aprobación de la legislación de desarrollo que
permitirá la creación de sociedades de responsabilidad limitada, a través de
ventanillas únicas en los plazos más breves establecidos en la Ley de apoyo a
los emprendedores, de septiembre de 2013. También estaría justificado proceder
a una revisión constante de las barreras reglamentarias que obstaculizan el
crecimiento de las empresas, en particular en el ámbito de la fiscalidad,
teniendo presente la diferencia que sigue existiendo entre España y los demás
países de la zona del euro por lo que respecta al tamaño de las empresas. La
reforma de los servicios profesionales, largamente esperada, acumula retrasos y
debe ser agilizada. No se han tomado medidas para eliminar las restricciones
que limitan el establecimiento de grandes superficies comerciales. El sistema
español de I+I debe incrementar la calidad de la producción científica,
fomentar la cooperación entre los sectores públicos y privado y fomentar la
transformación de la investigación e innovación en productos comerciales. En
2013, el Gobierno español adoptó una estrategia nacional de ciencia, tecnología
e innovación que todavía no cuenta con el respaldo de financiación pública.
También está pendiente la creación de la nueva Agencia de Investigación y
Desarrollo encargada de la gestión eficiente de la I+D pública.
(17)               
Aunque se han dado pasos significativos para
eliminar el déficit tarifario del sector eléctrico, especialmente reduciendo
los costes del sistema, todavía no está totalmente clara la repercusión exacta
de la reforma, particularmente en el sector de las energías renovables. El
Gobierno está analizando la manera de minimizar las repercusiones negativas
para el erario público de la insolvencia de algunas autopistas de peaje. Las
autoridades han creado una base de datos con información económica,
medioambiental y relacionada con el tráfico, así como otros indicadores para
fundamentar los análisis previos a las inversiones en infraestructuras, pero
todavía no han establecido un observatorio independiente que ayude a evaluar
los grandes proyectos de infraestructura futuros. Obstáculos técnicos y
jurídicos siguen dificultando la competencia efectiva en los servicios de
transporte ferroviario de pasajeros y mercancías, en detrimento de la
utilización eficiente de la vasta red de infraestructura.
(18)               
La reforma de la Administración Pública está
avanzando. En diciembre de 2013 se aprobó una reforma de la Administración
Pública local. La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ya
ha comenzado su labor, que proseguirá a lo largo de 2014 y 2015. La reforma
judicial se encuentra en diferentes fases de aplicación o finalización y debe
ser completada. Entre los últimos avances en el ámbito de la lucha contra la
corrupción cabe mencionar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, aprobada en diciembre de 2013, así como dos proyectos
de ley referidos a la supervisión de la financiación de los partidos políticos
y la rendición de cuentas de los altos cargos. Se está aplicando el Plan
Nacional de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social
(2012-2014). España también ha ampliado su red de acuerdos internacionales para
intercambiar información pertinente a efectos de las inspecciones fiscales y ha
emprendido un proyecto con distintas empresas privadas para estudiar cómo se
podría mejorar la gestión del sistema de prestaciones.
(19)               
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España, ha
evaluado el Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad, y ha
tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica de España, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al
nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Las recomendaciones en el
marco del Semestre Europeo se reflejan en las recomendaciones 1 a 8 que figuran
a continuación.
(20)               
A la luz de la presente evaluación, el Consejo
ha examinado el Programa de Estabilidad de España, y su dictamen[10] se refleja,
en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
(21)               
A la luz del examen exhaustivo de la Comisión
y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de
Reformas y el Programa de Estabilidad. Sus recomendaciones formuladas en virtud
del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 1176/2011 se reflejan en las
recomendaciones 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 que figuran a continuación.
(22)               
En el contexto del Semestre Europeo, la
Comisión también ha efectuado un análisis global de la política económica de la
zona del euro, sobre cuya base el Consejo ha emitido recomendaciones
específicas dirigidas a los Estados miembros cuya moneda es el euro. España
debe asimismo asegurar la plena aplicación de estas recomendaciones dentro de
los plazos previstos.
RECOMIENDA que España tome medidas
en el periodo 2014-2015 con el fin de:
1.           Reforzar
la estrategia presupuestaria a partir de 2014, en particular especificando
plenamente las medidas subyacentes para 2015 y los años posteriores, con objeto
de lograr corregir el déficit excesivo de manera sostenible en 2016, a más
tardar, merced al esfuerzo de ajuste estructural especificado en la
Recomendación formulada por el Consejo en el marco del procedimiento de déficit
excesivo. La corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios exige
aplicar de manera creíble ambiciosas reformas estructurales que permitan
incrementar la capacidad de ajuste e impulsar el crecimiento y el empleo. Tras
lograr la corrección del déficit excesivo, aplicar un ajuste estructural hacia
el objetivo a medio plazo no inferior al 0,5 % cada año, e incluso mayor
si la coyuntura económica es buena o si resulta necesario para garantizar el
respeto de la regla de la deuda con el fin de situar el elevado ratio de deuda
de las administraciones públicas en una senda de descenso constante. Garantizar
que la nueva autoridad fiscal independiente pueda comenzar a funcionar
plenamente cuanto antes y que se apliquen de forma rigurosa y transparente en
todos los niveles de la Administración las medidas preventivas, correctoras y
coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
incluidas las relativas a la eliminación de las deudas contraídas con entidades
comerciales. Realizar, antes de febrero de 2015, una revisión sistemática del
gasto en todos los niveles de la Administración para contribuir a mejorar la
eficiencia y la calidad del gasto público. Seguir aumentando la eficiencia del sistema
sanitario, sobre todo aumentando la racionalización del gasto farmacéutico, también
en los hospitales e intensificando la coordinación entre los distintos tipos de
asistencia, preservando al mismo tiempo la accesibilidad para los grupos
vulnerables. Adoptar, antes de finales de 2014, una reforma fiscal completa,
que simplifique el sistema impositivo y haga que contribuya en mayor medida al
crecimiento y creación de empleo, así como a la preservación del medio ambiente
y la estabilidad de la recaudación. A tal efecto: trasladar la imposición hacia
tributos menos distorsionadores como los que gravan el consumo o el deterioro
del medio ambiente (por ejemplo, los aplicados a los combustibles) o impuestos
recurrentes sobre bienes inmuebles; eliminar las deducciones en el impuesto de
sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas; considerar la
posibilidad de reducir las cotizaciones empresariales a la seguridad social, en
particular en el caso de los empleos con salarios bajos; seguir corrigiendo el
sesgo a favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades, tomar medidas
para evitar que la fiscalidad obstaculice el funcionamiento armonioso del
mercado interior español. Intensificar la lucha contra la evasión fiscal. 
2.           Completar la reforma del
sector de las cajas de ahorro, por lo que respecta a la aprobación de la
legislación de desarrollo, y finalizar la reestructuración de las cajas de
ahorro de titularidad pública, con el fin de acelerar su plena recuperación y
facilitar su vuelta a manos privadas. Fomentar los esfuerzos desplegados por
los bancos para mantener ratios sólidas de capital y supervisar la actividad de
la Sareb para garantizar que los activos se enajenen en los plazos
establecidos, minimizando simultáneamente el coste para el contribuyente.
Completar las medidas en curso para ampliar el acceso a la financiación por parte
de las PYME, en particular finalizando las iniciativas ya en marcha para
mejorar la intermediación financiera no bancaria. Eliminar los obstáculos que
persisten en el marco de la insolvencia empresarial —en particular mejorando
los conocimientos especializados de los administradores concursales y la
capacidad del sistema judicial para tramitar los asuntos de insolvencia— y
desarrollar un marco permanente para la insolvencia personal.
3.           Impulsar nuevas medidas
para reducir la segmentación del mercado de trabajo en aras de la calidad y
sostenibilidad del empleo, en particular reduciendo el número de tipos de
contrato y garantizando un acceso equilibrado a los derechos de indemnización
por despido. Proseguir la supervisión periódica de las reformas del mercado de
trabajo. Velar por que la evolución de los salarios reales sea coherente con el
objetivo de creación de empleo. Reforzar los requisitos de búsqueda de empleo
para la percepción de las prestaciones de desempleo. Mejorar la eficacia y la focalización
de las políticas activas del mercado de trabajo, incluidas las ayudas a la
contratación, sobre todo para quienes tienen más dificultades para acceder al
empleo. Reforzar la coordinación entre las políticas del mercado de trabajo y
las de educación y formación. Acelerar la modernización de los servicios
públicos de empleo para que presten un asesoramiento personalizado eficaz,
proporcionen formación adecuada y garanticen la correspondencia entre la
demanda y la oferta de empleo, prestando especial atención a los parados de
larga duración. Garantizar la aplicación eficaz, antes de finales de 2014, de
las iniciativas de cooperación entre los sectores público y privado en los
servicios de colocación y supervisar la calidad de los servicios
proporcionados. Garantizar el funcionamiento efectivo del Portal Único de
Empleo y combinarlo con medidas adicionales de apoyo a la movilidad laboral.
4.           Aplicar la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, y evaluar su eficacia. Proporcionar
ofertas de buena calidad para oportunidades de empleo, contratos de aprendizaje
y periodos de prácticas para jóvenes y mejorar el acercamiento a los jóvenes no
registrados como desempleados, de conformidad con los objetivos de una garantía
juvenil. Aplicar eficazmente los nuevos programas educativos para mejorar la
calidad de la educación primaria y secundaria. Mejorar el apoyo y asesoramiento
proporcionados a los grupos que presentan riesgo de abandono escolar prematuro.
Aumentar la pertinencia, para el mercado de trabajo, de los distintos tipos de
formación profesional y de la enseñanza superior, en particular mejorando la
cooperación con los empleadores y fomentando la formación de tutores y
profesores.
5.           Aplicar el Plan Nacional
de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 y valorar su efectividad para la
consecución de la totalidad de sus objetivos. Reforzar la capacidad
administrativa y la coordinación entre los servicios sociales y de empleo con
el fin de brindar itinerarios integrados de apoyo a quienes se encuentren en
situación de riesgo, y racionalizar los procedimientos para facilitar las
transiciones entre los sistemas de rentas mínimas y la incorporación al mercado
de trabajo. Mejorar la orientación de los programas de apoyo a las familias y
los servicios de calidad dando prioridad a los hogares de rentas bajas con
hijos, para garantizar la eficacia y la progresividad de las transferencias
sociales. 
6.           Garantizar una
aplicación rápida y ambiciosa de la Ley 20/1013, de garantía de la unidad de
mercado, en todos los niveles de la Administración. Aprobar una reforma
ambiciosa de los servicios profesionales y de los colegios profesionales antes
de finales de 2014, definiendo las profesiones que exigen la inscripción en un
colegio profesional, así como las normas de transparencia y rendición de
cuentas de los organismos profesionales, liberalizando las actividades
reservadas injustificadamente y preservando la unidad de mercado en el acceso a
los servicios profesionales y su ejercicio en España. Reducir el tiempo, el coste
y el número de trámites necesarios para establecer y poner en funcionamiento
una empresa. Corregir las restricciones injustificadas al establecimiento de
grandes superficies comerciales, en concreto mediante la revisión de las
disposiciones regionales de urbanismo. Determinar fuentes de financiación para
la nueva estrategia nacional de ciencia, tecnología e innovación y hacer
operativa la nueva Agencia Estatal de Investigación. 
7.           Tras la reforma de 2013,
garantizar la eliminación efectiva del déficit del sector eléctrico a partir de
2014, tomando, en su caso, las medidas estructurales adicionales necesarias.
Abordar el problema de las autopistas de peaje insolventes de modo que se
minimicen los costes para el Estado. Establecer, antes de finales de 2014, un
observatorio independiente que contribuya a la evaluación de los grandes
proyectos futuros de infraestructura. Tomar medidas que garanticen la
competencia eficaz en los servicios de transporte ferroviario de pasajeros y
mercancías.
8.           Aplicar, en todos los
niveles de la Administración, las recomendaciones de la Comisión para la
reforma de las Administraciones Públicas. Reforzar los mecanismos de control e
incrementar la transparencia de las decisiones administrativas, en particular a
nivel local y regional. Completar y supervisar cuidadosamente las medidas en
curso para luchar contra la economía sumergida y el trabajo no declarado.
Adoptar las reformas pendientes de la estructura del sistema judicial y del
mapa judicial y garantizar la aplicación de las reformas aprobadas.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
[2]               DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
[3]               COM(2014) 410 final.
[4]               P7_TA(2014)0128 y P7_TA(2014)0129.
[5]               DO L 140 de 27.5.2013, p. 11.
[6]               C(2013) 8003 final.
[7]               COM(2013) 800 final.
[8]               COM(2013) 790 final.
[9]               SWD(2014) 80 final.
[10]             Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 1466/97 del Consejo.