CELEX: 61993CC0472
Language: es
Date: 1995-10-17 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas el 17 de octubre de 1995. # Luigi Spano y otros contra Fiat Geotech SpA y Fiat Hitachi Excavators SpA. # Petición de decisión prejudicial: Pretura circondariale di Lecce - Italia. # Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas. # Asunto C-472/93.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. GEORGES COSMAS presentadas el 17 de octubre de 1995  (1)
         Asunto C-472/93 Luigi Spano y otroscontraFiat Geotech SpA y Fiat Hitachi Excavators SpA(Petición de decisión prejudicialplanteada por el Pretore di Lecce)
            «Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas»
            
      
         
       1. El presente asunto trata de las cuestiones prejudiciales que la Sala competente en materia de litigios de Derecho laboral
      de la Pretura circondariale di Lecce ha planteado, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
      para que se interprete la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones
      en los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos [léase  
      transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad (en lo sucesivo,  
      Directiva).  
      
         			(2)
         		 I. El litigio principal
      
       2. Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. L. Spano y las otras partes demandantes en el procedimiento
      principal, por una parte, y las sociedades Fiat Geotech SpA (en lo sucesivo,  
      Fiat Geotech) y Fiat Hitachi Construction Equipment SpA, en la actualidad, Fiat Hitachi Excavators SPA (en lo sucesivo,  
      Fiat Hitachi), por otra parte. Según la resolución de remisión, las partes demandantes eran empleados de la sociedad Fiat Geotech, que
      fabrica maquinaria de explanación. A raíz de una reestructuración de la sociedad en el plano técnico, la relación laboral
      de las partes demandantes fue suspendida y éstas fueron sujetas al régimen de la Cassa integrazione guadagni ─ gestione straordinaria
      (Caja de complementos salariales ─ sección extraordinaria; en lo sucesivo,  
      CIGS), previsto por la Ley italiana nº 1115, de 5 de noviembre de 1968, que garantiza a los trabajadores el pago de una parte
      de su retribución en caso de crisis de la empresa.  
      
         			(3)
         		
       3. Con el fin de resolver el problema del personal excedentario, Fiat Geotech firmó el 11 de noviembre de 1992 un acuerdo con
      las organizaciones sindicales más representativas y los representantes sindicales de los centros de actividad de la sociedad
      en Lecce. Dicho acuerdo se celebró en el marco del procedimiento de negociación con las organizaciones sindicales previsto
      en el artículo 47 de la Ley italiana nº 428, de 29 de diciembre de 1990 (en lo sucesivo,  
      Ley nº 428/1990).  
      
         			(4)
         		 Como consta en la resolución de remisión, dicho acuerdo establecía:
       1. La transmisión de la unidad de producción de Lecce de Fiat Geotech a la nueva sociedad creada, Fiat Hitachi Construction Equipment
      (cuyas 4/5 partes del capital debían ser suscritas por Fiat Geotech), estando esta nueva sociedad destinada a hacerse cargo
      del centro de actividad y a proseguir la actividad de producción (aunque en una medida reducida) a partir del 1 de enero de
      1993.
      
       2. La presentación por parte de Geotech de una solicitud al CIPI  
      
         			(5)
         		 para obtener de dicho organismo la declaración y el reconocimiento, en relación con el centro de actividad de Lecce, de la
      existencia de una crisis de singular importancia habida cuenta de la situación local del empleo y de la situación de la producción
      del sector, con arreglo a la letra c) del apartado 5 del artículo 2 de la Ley nacional nº 675, del 12 de agosto de 1977. 
      
      
         			(6)
         		
       3. La transmisión a la nueva sociedad, con arreglo al apartado 5 del artículo 47 de la Ley nº 428/1990, de tan sólo 600 de los
      empleados del centro de actividad de Lecce en dicha fecha sobre un total de 1.355, que se seleccionarán en función de las
      exigencias técnicas y de los imperativos de organización y de producción de Fiat Hitachi.
      
       4. El mantenimiento de los 755 empleados excedentarios restantes al servicio de Fiat Geotech y su puesta a cargo de la CIGS por
      crisis de la empresa el mismo día en que los otros 600 trabajadores pasaran al servicio de Fiat Hitachi.
      
      
       4. En estas circunstancias, las partes demandantes, que se encuentran entre los trabajadores que permanecieron en Fiat Geotech
      y se acogieron a partir del 1 de enero de 1993 al régimen de la CIGS, temieron un despido definitivo tras el período de aplicación
      de dicho régimen y, consiguientemente, solicitaron al Pretore di Lecce que declarara la nulidad del acuerdo de 11 de noviembre
      de 1992 y que ordenara la transmisión de sus relaciones laborales a la sociedad Fiat Hitachi con arreglo al artículo 2112
      del Código Civil italiano. Las partes demandantes mantuvieron esencialmente que la decisión relativa a la disminución del
      personal excedentario debía ser adoptada, bien por la sociedad cedente antes de la transmisión de la empresa o al mismo tiempo
      que ésta bien después de la transmisión, por la sociedad cesionaria, de modo que pudiera haber una selección de los trabajadores
      que había que despedir tras un examen comparativo del conjunto del personal de la empresa, incluyendo tanto a los trabajadores
      que permanecieron al servicio de Fiat Geotech como a los que fueron transferidos a Fiat Hitachi. Por su lado, las partes demandadas
      en el procedimiento principal, Fiat Geotech y Fiat Hitachi, mantuvieron que el acuerdo de 11 de noviembre de 1992 era absolutamente
      conforme a las disposiciones del apartado 5 del artículo 47 de la Ley nº 428/1990.
      
       5. Sobre este extremo, hay que considerar que, como destaca la resolución de remisión, dicho artículo 47 de la Ley nº 428/1990
      tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico italiano a la Directiva. El apartado 5 de dicho artículo introduce, en particular,
      una excepción a la aplicación del artículo 2112 del Código Civil italiano que establece, en caso de transmisión de empresas,
      la prosecución automática de la relación laboral con el nuevo propietario y la preservación de los derechos que los trabajadores
      obtuvieran de dicha relación. Como menciona la resolución de remisión, la excepción a la aplicación del artículo 2112 se prevé
      para el caso de que  
      la transmisión se refiera a empresas o unidades de producción respecto de las cuales el CIPI haya declarado la situación de
      crisis con arreglo a la letra c) del apartado 5 del artículo 2 de la Ley nº 675, de 17 de agosto de 1977, o cuando se trate
      de empresas que sean objeto de un procedimiento concursal si la prosecución de la actividad no se ha decidido o si la actividad
      se ha interrumpido, sin perjuicio de la celebración de un acuerdo sindical relativo al mantenimiento, aun parcial, del empleo.
      
       6. La resolución de remisión también destaca que el apartado 5 del artículo 47 permite, en el marco de un acuerdo con las organizaciones
      sindicales, excluir  
      de la transmisión el personal excedentario y establecer que dicho personal permanezca, en todo o en parte, al servicio de
      la empresa enajenante sin perjuicio del derecho de prioridad para las posteriores contrataciones decididas por el cesionario. A tenor de la letra c) del apartado 5 del citado artículo 2 de la Ley nº 675/1977, el CIPI, a propuesta del Ministro de
      Trabajo y de Previsión Social, declarará, a efectos de aplicar el régimen de la CIGS establecido en el artículo 2 de la Ley
      nº 1115, de 5 de noviembre de 1968, la situación de crisis sufrida por una empresa en caso de que presente una particular
      importancia social habida cuenta de la situación local del empleo y la de la producción en el sector.
      
       7. Teniendo en cuenta el hecho de que el artículo 47 de la Ley nº 428/1990 garantiza la adaptación del ordenamiento jurídico
      italiano a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional consideró necesario plantear al Tribunal de Justicia cuestiones
      prejudiciales con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, con el fin de saber si el apartado 5 del artículo 47 de dicha Ley
      es conforme a la Directiva, en la medida en que excluye el principio de la prosecución automática de las relaciones de trabajo
      con el empresario cesionario cuando la transmisión afecta a una empresa o a una unidad de producción en relación con la cual
      el CIPI haya declarado la situación de crisis con arreglo a la letra c) del apartado 5 del artículo 2 de la Ley nº 675/1977.
       II. Las cuestiones prejudiciales
      
       8. Mediante resolución de 2 de diciembre de 1993, el Pretore di Lecce planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:
       
      
         			(7)
         		 a)Lo dispuesto por la Directiva 77/187/CEE (y, en particular, el apartado 1 de su artículo 3), ¿debe interpretarse en el sentido
      de que es aplicable a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario
      tras una cesión contractual o una fusión también en el caso en que el objeto de la transmisión sea una empresa o una unidad
      de producción respecto de la cual se haya declarado la situación de crisis empresarial con arreglo al párrafo quinto del artículo
      47 de la Ley nacional nº 428, de 29 de diciembre de 1990? 
      
       b)O bien la excepción a la aplicabilidad de lo dispuesto en la Directiva 77/187, ya establecida por sentencias del Tribunal
      de Justicia en los casos en que la transmisión se refiera a empresas sujetas a procedimientos concursales respecto de las
      cuales no se haya decidido la prosecución de la actividad empresarial, debe considerarse aplicable también a los casos en
      que la transmisión tenga por objeto empresas, centros de actividad o unidades productivas (no sujetas a procedimientos concursales)
      respecto de las cuales se haya declarado la situación de crisis empresarial con arreglo a la citada normativa italiana (párrafo
      quinto del artículo 47 de la Ley nº 428/1990)?
       La cuestión plantea, por tanto, si, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las transmisiones
      de empresas que son objeto de un procedimiento concursal, la Directiva se opone a una normativa nacional como la del apartado
      5 del artículo 47 de la Ley italiana nº 428/1990, que establece, en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad
      o de unidades de producción cuya situación de crisis se haya declarado, una excepción a las disposiciones protectoras de los
      trabajadores que contiene la Directiva.
       III. Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
      
       9. Las sociedades demandadas en el procedimiento principal mantienen que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles, en primer
      lugar, porque no son necesarias para resolver el litigio, en segundo lugar, porque el Pretore ha procedido de oficio a aplicar
      el Derecho comunitario y a formular la cuestión prejudicial correspondiente mientras que en Derecho italiano el Juez no puede
      examinar de oficio una cuestión que no haya sido planteada por las partes y que no haya sido objeto de un debate contradictorio
      y, para terminar, en tercer y último lugar, porque la Directiva controvertida carece, como todas las Directivas, de efecto
      directo horizontal.
      
       10. Sobre el primer motivo de inadmisibilidad, hay que observar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia,
      corresponde al Juez nacional, que es el único que tiene un conocimiento directo de los hechos del asunto y que deberá asumir
      la responsabilidad de la decisión prejudicial que se adopte, apreciar la pertinencia de las cuestiones de Derecho suscitadas
      por el litigio que está conociendo y la necesidad de formular, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión para
      que se pronuncie una decisión prejudicial que le permitirá emitir su fallo.  
      
         			(8)
         		 Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen amplias posibilidades de acudir al Tribunal de Justicia con carácter
      prejudicial cuando estimen que los asuntos de que conocen suscitan cuestiones de Derecho comunitario. Según la sentencia Eurico
      Italia y otros,  
      
         			(9)
         		 corresponde a los órganos jurisdiccionales apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad
      de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia.
      Sin embargo, esta facultad se les reconoce para permitirles resolver los litigios de que conocen. Así, una petición de decisión
      prejudicial presentada por un órgano jurisdiccional nacional puede ser rechazada si resulta evidente que la interpretación
      del Derecho comunitario que dicho órgano jurisdiccional nacional solicita no tiene relación alguna con la existencia real
      o el objeto del litigio principal.  
      
         			(10)
         		 No obstante, no es éste el caso en que nos encontramos en el presente asunto. El artículo 47 de la Ley italiana nº 428/1990
      y, en particular, su apartado 5, esencial en el presente asunto, ha sido adoptado en el marco de la adaptación del ordenamiento
      jurídico italiano a las disposiciones de la Directiva. La solución del litigio principal depende ─esto se desprende de la
      resolución de remisión─ de si dicha disposición es compatible o no con la Directiva. Los elementos de interpretación de la
      Directiva que el Tribunal de Justicia aporte al Juez nacional le facilitarán esta apreciación y le permitirán así pronunciarse
      sobre el litigio de que conoce. En consecuencia, no puede mantenerse que las cuestiones planteadas carecen de incidencia sobre
      el resultado del procedimiento principal.
      
       11. Por lo que se refiere al segundo motivo de inadmisibilidad, procede subrayar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia
      consideró que  
      el hecho de que las partes en el litigio principal no hayan suscitado ante el órgano jurisdiccional nacional un problema de
      Derecho comunitario no impide que el órgano jurisdiccional nacional pueda remitirse al Tribunal de Justicia. Al prever la
      remisión con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia cuando  
      se plantee una cuestión ante el órgano jurisdiccional nacional, los párrafos segundo y tercero del artículo 177 del Tratado no han querido limitar dicha remisión exclusivamente a los supuestos
      en los que una u otra de las partes en el litigio principal haya tomado la iniciativa de suscitar una cuestión de interpretación
      o de validez del Derecho comunitario, sino que aquélla comprende también los supuestos en que semejante cuestión sea suscitada
      por el mismo órgano jurisdiccional nacional, que considere que una decisión del Tribunal de Justicia sobre este punto es 
      
      necesaria para poder emitir su fallo
         			(11)
         		. El derecho que se reconoce al justiciable de invocar las disposiciones del Derecho comunitario ante el Juez nacional no
      excluye, por consiguiente, la posibilidad de que este último tome en consideración dichas disposiciones, aunque el justiciable
      nos las haya invocado, y plantee una cuestión prejudicial de oficio, en la medida en que estime que la solución del litigio
      requiere una decisión sobre la interpretación de las disposiciones comunitarias.  
      
         			(12)
         		
       12. Por otra parte, con independencia de si es del interés de una buena administración de justicia el que una cuestión prejudicial
      sólo se plantee tras un debate contradictorio, el Tribunal de Justicia reconoce que  
      la existencia de un debate contradictorio previo no es un requisito para la aplicación del procedimiento previsto en el artículo
      177 del Tratado, y que compete únicamente al órgano jurisdiccional nacional apreciar la necesidad de oír al demandado antes
      de dictar una resolución de remisión.  
      
         			(13)
         		
       13. Por lo que se refiere al tercer motivo de inadmisibilidad, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que,
      para resolver la cuestión de si una disposición nacional es conforme al Derecho comunitario, el Juez nacional puede pedir
      al Tribunal de Justicia que interprete una Directiva a la que el Derecho nacional ya se ha adaptado, aunque las Directivas
      no puedan producir efecto directo en los litigios entre particulares.  
      
         			(14)
         		 Recordemos que el Tribunal de Justicia consideró al respecto que al aplicar el Derecho nacional  
      ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarla está
      obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación,
      alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado.  
      
         			(15)
         		
       14. Por consiguiente, es admisible que el Pretore plantee al Tribunal de Justicia  cuestiones relativas a la interpretación de
      la Directiva de que se trata, ya que la respuesta le será útil para interpretar y aplicar las disposiciones nacionales y,
      en particular, el artículo 47 de la Ley italiana nº 428/1990 que adaptó el Derecho interno a las disposiciones de dicha Directiva.
      Por tanto, las alegaciones expuestas por las sociedades demandadas acerca de la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales
      no pueden estimarse.
       IV. Sobre el fondo
      
      a)
         Marco legislativo y jurisprudencial
       15. El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de desarrollar una abundante jurisprudencia sobre la interpretación y la aplicación
      de las disposiciones de la Directiva. En su exposición de motivos, dicha Directiva se propone como objetivo  
      proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario (segundo considerando) y afirma querer promover la aproximación de las legislaciones en la materia por la vía del progreso,
      en el sentido del artículo 177 del Tratado, que se refiere a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
      (quinto considerando de la Directiva). Se trata, por tanto, de una legislación que persigue claramente un objetivo social,
      que, por otra parte, ha sido subrayado por el Tribunal de Justicia. Según la jurisprudencia,  
      la Directiva tiene como finalidad garantizar, en la medida de lo posible, el mantenimiento de los derechos de los trabajadores
      en caso de cambio de empresario, permitiéndoles permanecer al servicio del nuevo empresario en las mismas condiciones que
      las convenidas con el cedente.  
      
         			(16)
         		 Las disposiciones de la Directiva se proponen mantener, en interés de los trabajadores, las relaciones de trabajo existentes
      en caso de cambio, por vía contractual, del responsable de la explotación de la empresa que asuma la carga de las obligaciones
      del empresario para con los empleados de la empresa de que se trate.
      
       16. A tenor de su artículo 1, la Directiva  
      se aplicará a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad a otro empresario,
      como consecuencia de una cesión contractual o de una fusión. Su artículo 3 establece además que  
      los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en
      la fecha de la trasmisión tal como se define en el apartado 1 del artículo 1, serán transferidos al cesionario como consecuencia
      de tal transmisión. El artículo 4 precisa en su apartado 1 que  
      la transmisión de una empresa, de un centro de actividad, o de una parte de centro de actividad, no constituye en sí misma
      un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse
      por razones económicas, técnicas o de organización, que impliquen cambios en el plano del empleo. El artículo 6 de la Directiva impone al cedente y al cesionario la obligación de informar y de consultar a los representantes
      de los trabajadores afectados por la transmisión. El artículo 7 reconoce a los Estados miembros la facultad de aplicar o de
      establecer disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores.
      
       17. En el marco de interpretación de las disposiciones de la Directiva y, en particular, el apartado 1 de su artículo 1, el Tribunal
      de Justicia estimó en sus sentencias Abels,  
      
         			(17)
         		 Mikkelsen,  
      
         			(18)
         		 y D'Urso y otros  
      
         			(19)
         		 que la Directiva no se aplica a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad
      que se efectúen en el marco un de procedimiento de quiebra que tenga por objeto la liquidación de los activos de la empresa
      que debe transmitirse, bajo el control de la autoridad judicial competente. El Tribunal de Justicia basó esta apreciación,
      en primer lugar, en la especificidad del Derecho de quiebra. Subrayó, en particular, en la citada sentencia Abels,  
      
         			(20)
         		 que, contrariamente a la Directiva que se propone proteger a los trabajadores y preservar sus derechos en caso de transmisión
      de la empresa, el Derecho de quiebra se caracteriza por procedimientos especiales que tienen por objeto la ponderación de
      los distintos intereses, en particular, los de las distintas categorías de acreedores. Con este fin se han adoptado en todos
      los Estados miembros normas específicas que establecen excepciones a otras disposiciones de carácter general, entre ellas,
      de Derecho social.
      
       18. Esta especificidad del Derecho de quiebra, que se encuentra en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros,
      también se encuentra, según el Tribunal de Justicia, en el Derecho comunitario. Así, la Directiva 75/129/CEE del Consejo,
      de 17 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
      colectivos,  
      
         			(21)
         		 que fue adoptada, como la Directiva 77/187, con el fin de alcanzar los objetivos del artículo 117 del Tratado, no es aplicable,
      a tenor de la letra d) del apartado 2 de su artículo 1, a los trabajadores afectados por el cese de las actividades del centro
      de actividad  
      cuando éste resulte de un decisión judicial. El Tribunal de Justicia prosigue añadiendo que la especificidad del Derecho de quiebra también queda acreditada mediante
      la adopción de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de
      los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario.  
      
         			(22)
         		 Esta Directiva establece efectivamente un régimen de garantía de los créditos salariales impagados que se aplica en todo
      caso también a las empresas que son objeto de un procedimiento colectivo de satisfacción de los acreedores, como la quiebra.
      A este respecto, hay que añadir que el carácter específico del Derecho de quiebra ha llevado a los autores del Convenio de
      Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en material
      civil y mercantil, a excluir de su ámbito de aplicación las quiebras, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos
      análogos (número 2 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio).
      
       19. Esta especificidad del Derecho de quiebra, que, por tanto, admiten tanto los Derechos nacionales como el Derecho comunitario,
      unida a la constatación de que las normas relativas a la quiebra y a los procedimientos análogos difieren mucho de un Estado
      miembro a otro, llevaron al Tribunal de Justicia a concluir que  
      si la Directiva hubiese estado destinada a aplicarse también a las transmisiones de empresas efectuadas en el marco de dichos
      procedimientos, se habría incluido en ella una disposición expresa a tal fin.  
      
         			(23)
         		
       20. La segunda razón en que el Tribunal de Justicia basa el punto de vista anterior se refiere a la finalidad de la Directiva.
      En primer lugar, el Tribunal de Justicia destaca que la Directiva se propone impedir que la reestructuración de las empresas
      dentro del mercado común se efectúe en perjuicio de los trabajadores. Añade que las opiniones sobre las consecuencias de la
      aplicación de la Directiva a las transmisiones efectuadas en el marco de procedimientos de quiebra o análogos están divididas.
      Para unos, la Directiva debe aplicarse a tales situaciones porque los trabajadores cuyo empresario haya sido declarado en
      quiebra son precisamente los que tienen más necesidad de protección. Para otros, la extensión del ámbito de aplicación de
      la Directiva podría disuadir a un potencial cesionario de adquirir la empresa en condiciones aceptables para la masa de acreedores,
      lo que llevaría a vender separadamente cada uno de los elementos del activo de la empresa e implicaría la pérdida de todos
      los empleos, en detrimento del efecto útil de la Directiva. El Tribunal de Justicia destaca, en consecuencia, que existe 
      
      una gran incertidumbre acerca de la incidencia que pueden tener en el mercado laboral las transmisiones de empresas en caso
      de insolvencia del empresario y de las medidas apropiadas que deben adoptarse para proteger lo mejor posible los intereses
      de los trabajadores.  
      
         			(24)
         		 Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluyó que  
      no puede excluirse un serio riesgo de deterioro, en un plano global, de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores
      que sea contrario a los objetivos de protección social del Tratado. Por lo tanto, no puede llegarse a la conclusión de que
      la Directiva 77/187 imponga a los Estados miembros la obligación de hacer extensivas las normas por ella establecidas a las
      transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad efectuadas en el marco de un procedimiento
      de quiebra que esté destinado, bajo control de la autoridad judicial competente, a liquidar los bienes del cedente.  
      
         			(25)
         		
       21. En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión contraria para procedimientos, como el  
      surséance van betaling (suspensión del pago) previsto por el Derecho neerlandés, que tiene como finalidad que se otorgue una suspensión general
      de los pagos así como, en su caso y con determinados requisitos, que se cancelen parcialmente las deudas. Para este tipo de
      procedimiento, el Tribunal de Justicia declaró en la citada sentencia Abels, confirmada en otras tres sentencias del mismo
      día,  
      
         			(26)
         		 que las disposiciones de la Directiva se aplican a la transmisión de una empresa, de un centro de actividad o de una parte
      de un centro de actividad a otro empresario, cuando tiene lugar en el marco de un procedimiento análogo al procedimiento de
       
      surséance van betaling. Según el Tribunal de Justicia, un procedimiento de este tipo tiene sin duda determinadas características comunes con el
      procedimiento de quiebra, en particular, su carácter judicial, pero sin embargo se distingue en dos extremos fundamentales.
      El primero es que, en este procedimiento,  
      el control ejercido por el Juez, tanto sobre la incoación como sobre el desarrollo del procedimiento, tiene un alcance más
      restringido.  
      
         			(27)
         		 El segundo extremo se refiere al objetivo del procedimiento. Mientras que el procedimiento de quiebra tiene por objeto liquidar
      el patrimonio mediante la realización del activo subsistente con el fin de poder satisfacer a los acreedores, el  
      surséance van betaling tiene como primera finalidad  
      salvaguardar la masa y, en su caso, [...] la continuación de la actividad de la empresa por medio de una suspensión colectiva
      de pagos con vistas a encontrar una solución que permita asegurar la actividad de la empresa en el futuro.  
      
         			(28)
         		 Por tanto, su rasgo característico es que se propone hacer frente a dificultades de pago temporales sin llegar a la liquidación
      del patrimonio del deudor y tratando, por el contrario, de evitar la quiebra, aunque, cuando es imposible llegar a un acuerdo
      con los acreedores, los procedimientos de este tipo puedan llegar hasta la quiebra del deudor. De este modo, el Tribunal de
      Justicia ha llegado a la conclusión de que las razones que se oponen a aplicar la Directiva a las transmisiones de empresas
      ocurridas en el marco de un procedimiento de quiebra no son válidas para un procedimiento preventivo seguido en una etapa
      anterior.  
      
         			(29)
         		
       22. El Tribunal de Justicia ha aplicado la misma orientación al procedimiento de administración extraordinaria de las grandes
      empresas en crisis previsto por la Ley italiana de 3 de abril de 1979. Dicho procedimiento fue instituido por la legislación
      italiana para los casos en que una empresa ya no estuviera en situación de cumplir sus obligaciones. En el marco del examen
      de las disposiciones de la Ley italiana de 3 abril de 1979, el Tribunal de Justicia señaló que, cuando la decisión que acuerda
       
      la aplicación del expediente de administración extraordinaria decide asimismo que continúen las actividades de la empresa
      bajo la dirección de un comisario del procedimiento de administración extraordinaria, la finalidad de dicho expediente es,
      en primer lugar, la de proporcionar a la empresa un equilibrio que haga posible garantizar su actividad en el futuro.  
      
         			(30)
         		 Refiriéndose a la resolución de remisión, el Tribunal de Justicia destacó una serie de características fundamentales de dicho
      expediente, como:
       a)su finalidad, que es salvar las partes sustancialmente saneadas de la empresa o del grupo de empresas, transmitiendo la propiedad
      del empresario insolvente a otro empresario; 
      
       b)el hecho de que la empresa en régimen de administración extraordinaria puede obtener créditos garantizados por el Estado con
      vistas a que se reanude la actividad y se adquieran nuevos bienes de equipo; 
      
       c)el hecho de que, en el expediente de administración extraordinaria, la protección de los intereses de los acreedores reviste
      menor amplitud que en otros procedimientos, en particular, en la medida en que los acreedores no participan en la elaboración
      de las decisiones relativas a la continuación de las actividades de la empresa. 
      
       Partiendo de estos elementos, el Tribunal de Justicia estimó que el objetivo económico y social perseguido por dicho expediente
      no puede explicar ni justificar que, en caso de transmisión total o parcial de una empresa en régimen de administración extraordinaria,
      los trabajadores se vean privados de los derechos que les reconoce la Directiva. Así, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión
      de que lo dispuesto en la Directiva  
      se aplica cuando, en el marco de una legislación como la relativa a la administración extraordinaria de grandes empresas en
      crisis, se haya decidido que la empresa continúe sus actividades, y mientras esta última decisión permanezca en vigor.  
      
         			(31)
         		
       23. En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia estima, por el contrario, que lo dispuesto en la Directiva no se aplica a las
      transmisiones de empresas efectuadas en el contexto de un procedimiento concursal, como el previsto en la legislación italiana
      sobre liquidación forzosa administrativa. También señala que el objetivo, las consecuencias y los riesgos de un procedimiento
      como el de liquidación forzosa administrativa son comparables a los que le llevaron a concluir en la sentencia Abels que la
      Directiva no se aplicaba a la transmisión de una empresa (o de una parte de una empresa) que hubiera sido declarada en quiebra.
      A este respecto, el Tribunal de Justicia destaca que  
      a semejanza de lo que sucede con la quiebra, este procedimiento tiene por objeto la liquidación de los bienes del deudor con
      vistas al resarcimiento de todos los acreedores, de manera que las transmisiones efectuadas dentro de este marco jurídico
      están excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva [...] sin esta exclusión no se podría descartar el grave riesgo de
      que a nivel global se deterioren las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en contradicción con los objetivos
      del Tratado.  
      
         			(32)
         		
       24. Esta jurisprudencia demuestra que el criterio determinante para aplicar la Directiva a los distintos procedimientos colectivos
      de administración y/o de liquidación de empresas en dificultades reside en el objetivo que persiguen dichos procedimientos.
      La Directiva no se aplica a procedimientos como la quiebra o la liquidación forzosa (administrativa o judicial) que tienen
      por objeto liquidar el patrimonio del deudor realizando el activo restante para satisfacer a los acreedores. Este objetivo
      se persigue por norma general mediante una serie de medidas estrictas que se proponen salvaguardar el activo y proteger los
      intereses  de la masa de acreedores. En estos supuestos, el procedimiento se caracteriza, por tanto, por el ejercicio de un
      control judicial muy amplio combinado con la imposición de una forma estricta de administración o de tutela para determinar
      con precisión la masa que es objeto de la quiebra o de la liquidación y realizar los elementos del activo, privando por ello
      al deudor del ejercicio de su facultad de disponer y de gestionar su activo.
      
       25. Por el contrario, la Directiva se aplica cuando los procedimientos concretos tienen por objeto, no liquidar el patrimonio
      del deudor, sino hacer frente a dificultades provisionales para posibilitar la prosecución de la actividad de la empresa.
      Por norma general, en la mayor parte de estos procedimientos, el control judicial ejercido tiene un alcance limitado y se
      ciñe esencialmente a la verificación y a la aprobación de determinados actos concretos el deudor, pero sin privarle de la
      facultad de disponer o de gestionar su patrimonio. Por otra parte, ese tipo de procedimiento conduce a menudo a la declaración
      de quiebra. No obstante, esta eventualidad no basta para excluir la aplicación de la Directiva, como tampoco bastaría para
      excluir una transmisión de empresa de su ámbito de aplicación el hecho de que se reunieran los requisitos necesarios para
      declarar en quiebra al cedente, pero aún no se hubiera declarado dicha quiebra. Ello se desprende de la citada sentencia Mikkelsen,
      relativa a la transmisión de una empresa después de que la empresa transmitida hubiera cesado sus pagos pero antes de que
      hubiera sido declarada en quiebra, en la que el Tribunal de Justicia estimó que  
      el mero hecho de que la transmisión de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de un centro de actividad tenga
      lugar después del cese de los pagos de la sociedad cedente no basta para excluir dichas transacciones del ámbito de aplicación
      de la Directiva 77/187. Por tanto, ésta es aplicable a una transmisión, con arreglo a la definición que da el apartado 1 de
      su artículo 1, que se efectúe en el marco de un procedimiento o en una fase anterior a la apertura de un eventual procedimiento
      de quiebra.  
      
         			(33)
         		
      b)
         La respuesta a la cuestión prejudicial
       26. Para responder a la cuestión planteada por el Pretore di Lecce, procede, a la luz de la jurisprudencia anteriormente expuesta
      y, en particular, del criterio que acabo de indicar, examinar las características y las consecuencias del procedimiento por
      el que se declara a una empresa en situación de crisis, de conformidad con lo dispuesto en la Ley italiana nº 675/1977 [letra
      c) del apartado 5 del artículo 2].Como se desprende de la resolución de remisión y de las respuestas escritas que las partes en el procedimiento han dado a
      las cuestiones que el Tribunal de Justicia les ha formulado, el acto por el que se declara la situación de crisis de una empresa
      está destinado a sanear dicha empresa con el fin de proteger el empleo y de conceder una apoyo económico al personal mientras
      dure la crisis. La declaración de la situación de crisis de una empresa está en función, sobre todo y principalmente, de consideraciones
      de orden político social, y no económicas y contables como en los procedimientos de quiebra. Esto lo demuestra, en particular,
      el hecho de que la empresa deba presentar un programa de saneamiento centrado en la solución del problema de los trabajadores
      que se han acogido al régimen de la CIGS. Por tanto, este procedimiento tiene por objetivo no liquidar el patrimonio del deudor,
      sino, por el contrario, permitir a este último hacer frente a las dificultades provisionales y proseguir su actividad.Por otra parte, no se ha previsto ningún control judicial con ocasión del inicio ni del desarrollo del procedimiento. Los
      requisitos para que se reconozca a una empresa la aplicación del régimen de crisis se definen previamente mediante decisión
      del CIPI y mediante decisión del comité interministerial para la programación económica.
      
       27. A diferencia de la quiebra, este régimen no establece ninguna suspensión de pagos y no priva al deudor de la facultad de disponer
      y administrar su patrimonio. Mientras que la declaración de quiebra implica la liquidación del patrimonio del deudor mediante
      la venta forzosa del activo que le queda, el hecho de declarar una empresa en situación de crisis no conduce necesariamente
      a su liquidación. La consecuencia fundamental y la más sustancial del reconocimiento del estado de crisis de una empresa es
      que los trabajadores pueden acogerse al régimen de la CIGS, lo que implica la suspensión total o parcial de las relaciones
      de trabajo de todo o parte del personal de la empresa y la atribución, directa o indirecta, de una ayuda económica a dichos
      empleados. El régimen de la CIGS se concede mediante Orden del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, tras el dictamen emitido
      por un comité técnico sobre la base de las apreciaciones de las oficinas de empleo competentes, la comisión regional para
      el empleo y, en su caso, la inspección de trabajo.
      
       28. La propia resolución de remisión señala que, contrariamente a lo que ocurre en las liquidaciones de empresas en quiebra, una
      eventual transmisión de las empresas en situación de crisis, ya sea a raíz de la cesión de la empresa en su totalidad o de
      la enajenación de una parte de ella, es una operación que transcurre durante la explotación, sin interrumpir la actividad
      productiva, y en el marco de perspectivas concretas de recuperación, como también confirma el hecho de que la empresa deba
      presentar al CIPI planes de saneamiento para conseguir que se declare la situación de crisis. En consecuencia, dicho procedimiento
      no reúne características ni implica consecuencias comparables a las de los procedimientos en relación con los cuales, como
      he indicado anteriormente, el Tribunal de Justicia ha reconocido que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva
      en caso de transmisión de la empresa.Por otra parte, la declaración de la situación de crisis se refiere a empresas que conocen problemas relativos al empleo y
      a la producción, pero que se encuentran en una situación económica y financiera menos grave que las empresas que quiebran.
      Esto ocurre también en el caso de Fiat Geotech, según consta en la resolución de remisión.
      
       29. Es probable, como señalan el Gobierno italiano y la Comisión, que los problemas a los que se enfrenta la empresa en situación
      de crisis la lleven a interrumpir su actividad productiva. Este supuesto no puede tener ninguna incidencia en el caso de autos,
      ya que el objetivo del procedimiento de declaración de la situación de crisis es precisamente evitar dicho resultado. De conformidad
      con mis anteriores consideraciones, el objetivo de dicha Directiva es restablecer el equilibrio dentro de la empresa, especialmente
      en el ámbito de las relaciones de trabajo, para poder garantizar sus actividades futuras. Por tanto, la transmisión de una
      empresa que se encuentra en situación de crisis no puede considerarse una enajenación que tiene por objeto liquidar el patrimonio
      y satisfacer a la masa de acreedores, como en el supuesto de una transmisión realizada en el marco de un procedimiento de
      quiebra. Contrariamente a esta segunda hipótesis, el objetivo perseguido por el primer procedimiento es la prosecución de
      la actividad productiva, evidentemente, mediante la reestructuración de la empresa. Parece ser que las cosas también ocurrieron
      así en el presente asunto, en que la nueva sociedad Fiat Hitachi continuó la explotación de los centros de actividad transmitidos
      sin que entretanto, según la resolución de remisión, hubiera ninguna interrupción de la actividad productiva. En todo caso,
      se desprende de la citada jurisprudencia Mikkelsen que la Directiva también se aplica a los procedimientos que pueden considerarse
      como una fase previa al inicio del procedimiento de quiebra. En consecuencia, procede declarar que la Directiva también se
      aplica a las transmisiones de empresas respecto de las cuales se haya declarado la situación de crisis con arreglo a la legislación
      italiana mencionada anteriormente.        
       V. Conclusión
      
       30. Habida cuenta de las consideraciones expuestas anteriormente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones
      prejudiciales que le ha planteado la Sala de lo Laboral de la Pretura circondariale di Lecce en los términos siguientes:Lo dispuesto en la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones
      de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas,
      de centros de actividad o de partes de centros de actividad, también se aplica a las transmisiones de empresas cuya situación
      de crisis haya sido declarada con arreglo a un procedimiento similar al de la Ley italiana nº 675, de 12 de agosto de 1977.
      
       1 –
         
            Lengua original: griego.
      
      2 –
         
         DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122.
      
      3 –
         
         Para una descripción más detallada del régimen de la CIGS, véase el informe para la vista en el asunto Comisión/Italia, sentencia
            de 2 de febrero de 1989 (22/87, Rec. p. 143).
         
      
      4 –
         
         Esta Ley contiene, como bien dice su título, disposiciones relativas al respeto de las obligaciones que derivan para Italia
            de su condición de miembro de la Comunidad Europea. Fue publicada en el GURI, suplemento nº 10, de 12 de enero de 1991. 
         
      
      5 –
         
         Comitato di ministri per il coordinamento della politica industriale (Comité ministerial para la coordinación de la política
            industrial) instituido por la Ley nº 675, del 12 de agosto de 1977.
         
      
      6 –
         
         En lo sucesivo,  
            Ley nº 675/1977. 
         
      
      7 –
         
         DO 1994, C 43, p. 6.
      
      8 –
         
         Véanse, entre otras, las sentencias de 14 de febrero de 1980, Damiani (53/79, Rec. p. 273); de 28 de junio de 1984, Moser
            (180/83, Rec. p. 2539), y de 21 de abril de 1988, Pardini (338/85, Rec. p. 2041). 
         
      
      9 –
         
         Sentencia de 3 de marzo de 1994, Eurico Italia y otros (asuntos acumulados C-332/92, C-333/92 y C-335/92, Rec. p. I-711).
      
      10 –
         
         Véanse, entre otras, las sentencias de 16 de julio de 1992, Asociación Española de Banca Privada y otros (C-67/91, Rec. p. I-4785);
            de 11 de julio de 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695); de 28 de noviembre de 1991, Durighello (C-186/90, Rec. p. I-5773),
            así como, la sentencia Eurico Italia y otros, antes citada.
         
      
      11 –
         
         Sentencia de 16 de junio de 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563), apartado 7.
      
      12 –
         
         Véase la sentencia de 11 de julio de 1991, Verholen y otros (asuntos acumulados C-87/90, C-88/90 y C-89/90, Rec. p. I-3757),
            apartados 12 y ss.
         
      
      13 –
         
         Sentencia Eurico Italia y otros, antes citada, apartado 11. Véanse igualmente las sentencias de 20 de octubre de 1993, Balocchi
            (C-10/92, Rec. p. I-5105), apartados 13 y 14, así como la sentencia de 28 de junio de 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453),
            apartados 10 y 11. 
         
      
      14 –
         
         Véase la sentencia de 15 de mayo de 1994, Habermann-Beltermann (C-421/92, Rec. p. I-1657).
      
      15 –
         
         Sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing (C-106/89, Rec. p. I-4135), apartado 8.
      
      16 –
         
         Sentencia de 17 de diciembre de 1987, Ny Mølle Kro (287/86, Rec. p. 5465), apartado 12.
      
      17 –
         
         Sentencia de 7 de febrero de 1985 (135/83, Rec. p. 469), apartado 1 del fallo.
      
      18 –
         
         Sentencia de 11 de julio de 1985 (105/84, Rec. p. 2639), apartado 9.
      
      19 –
         
         Sentencia de 27 de julio de 1991 (C-362/89, Rec. p. I-4105), apartado 2 del fallo.
      
      20 –
         
         Apartados 14 y 15.
      
      21 –
         
         DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54.
      
      22 –
         
         DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219.
      
      23 –
         
         Apartado 17 de la citada sentencia Abels.
      
      24 –
         
         Apartado 22 de la citada sentencia Abels.
      
      25 –
         
         Apartado 23 de la citada sentencia Abels.
      
      26 –
         
         Véanse las sentencias de 7 de febrero de 1985, Wendelboe y otros (19/83, Rec. p. 457), apartado 10; FNV (179/83, Rec. p. 511),
            y Botzen y otros (186/83, Rec. p. 519), apartado 1 del fallo. 
         
      
      27 –
         
         Apartado 28 de la citada sentencia Abels. Véanse igualmente las observaciones del Abogado General Sr. W. Van Gerven en el
            asunto D'Urso y otros, antes citado, punto 23.
         
      
      28 –
         
         Apartado 28 de la citada sentencia Abels.
      
      29 –
         
         Apartado 29 de la citada sentencia Abels.
      
      30 –
         
         Apartado 32 de la citada sentencia D'Urso y otros.
      
      31 –
         
         Apartado 2 del fallo de la citada sentencia D'Urso y otros.
      
      32 –
         
         Apartado 31 de la citada sentencia D'Urso y otros.
      
      33 –
         
         Apartado 10 de la citada sentencia Mikkelsen.