CELEX: 62007CC0520
Language: es
Date: 2009-02-19 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Trstenjak presentadas el 19 de febrero de 2009. # Comisión de las Comunidades Europeas contra MTU Friedrichshafen GmbH. # Recurso de casación - Ayuda de reestructuración - Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible con el mercado común - Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 - Responsabilidad solidaria. # Asunto C-520/07 P.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERALSRA. VERICA TRSTENJAK
      
      presentadas el 19 de febrero de 2009 1(1)
      
      Asunto C‑520/07 P
      Comisión
      contra
      MTU Friedrichshafen
      «Recurso de casación – Ayudas otorgadas por los Estados – Decisión mediante la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible – Artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento (CE) nº 659/1999 – Decisión basada en la información disponible – Hipótesis – Motores para buques»1.        El presente recurso de casación ha sido interpuesto por la Comisión contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 12 de septiembre de 2007 en el asunto MTU Friedrichshafen/Comisión (T‑196/02, Rec. p. II‑2889; en lo sucesivo, «sentencia
         recurrida»). En dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia anuló parcialmente la Decisión 2002/898/CE de la Comisión,
         de 9 de abril de 2002, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (en lo
         sucesivo, «SKL-M») (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
      
      2.        En la Decisión impugnada la Comisión ordenó, en primer lugar, la recuperación de las ayudas concedidas a SKL-M, por importe
         de 34,26 millones de euros. La anulación parcial afecta al artículo 3, apartado 2, de la Decisión impugnada, en el que la
         Comisión ordenaba que se recuperara de MTU Friedrichshafen GmbH (en lo sucesivo, «parte recurrida»), en tanto que responsable
         solidaria, la cantidad de 2,71 millones de euros en concepto de ayuda abonada a SKL-M.
      
      3.        El presente recurso de casación gira esencialmente en torno a la interpretación y la aplicación del artículo 13, apartado
         1, tercera frase, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
         de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE). (2) Conforme a esta disposición, si, en un procedimiento de investigación formal, un Estado miembro incumple un requerimiento
         de información, la Comisión adopta la correspondiente decisión basándose en la información disponible.
      
      I.      Marco jurídico
      4.        Conforme al artículo 87 CE, apartado 1, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios
         comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma,
         que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
      
      5.        El Reglamento nº 659/1999 configura el procedimiento en materia de ayudas. Los artículos 10 a 15 de dicho Reglamento regulan
         el procedimiento en caso de ayudas ilegales. Conforme al artículo 10 del Reglamento, la Comisión ha de examinar, sin demora,
         la información referente a una presunta ayuda ilegal (3) y, en su caso, requiere al Estado miembro interesado para que le proporcione información. (4) Si, a pesar de haber recibido un recordatorio, el Estado miembro interesado no facilita la información solicitada en el plazo
         establecido por la Comisión, o cuando la suministra de forma incompleta, la Comisión ha de requerir dicha información mediante
         decisión (5) en la que ha de indicar la información solicitada y fijar el plazo pertinente para su entrega. (6)
      
      6.        Conforme al artículo 13, apartado 1, primera frase, en relación con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento nº 659/1999,
         si, tras un examen previo, la Comisión comprueba que la medida notificada plantea dudas sobre su compatibilidad con el mercado
         común, ha de incoar el procedimiento de investigación formal. Con arreglo al artículo 13, apartado 1, segunda frase, en relación
         con el artículo 7, apartado 5, del mismo Reglamento, la Comisión debe adoptar una decisión negativa en el caso de que, en
         el procedimiento de investigación formal, llegue a la conclusión de que la ayuda notificada no es compatible con el mercado
         común. Conforme al artículo 13, apartado 1, tercera frase del mismo Reglamento, si un Estado miembro incumple un requerimiento
         de información, esta decisión se adopta basándose en la información disponible.
      
      7.        Conforme al artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda
         ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario
         la recuperación de la ayuda. La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general
         del Derecho comunitario.
      
      II.    Antecedentes de hecho, Decisión impugnada y sentencia recurrida
      8.        SKL-M es una empresa que diseña y construye motores para buques para el sector energético. Formaba parte de un grupo de empresas
         de Alemania del Este que fueron privatizadas en 1994. Tras el fracaso de la operación originaria de reestructuración, la Bundesanstalt
         für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (en lo sucesivo, «BvS»), decidió continuar con la reestructuración de SKL-M con vistas
         a su posterior venta.
      
      9.        La parte recurrida opera, entre otros sectores, en el de la fabricación de motores diesel de alto rendimiento. Como resultado
         de la labor de BvS, SKL-M y la parte recurrida celebraron, el 5 de noviembre de 1997, dos acuerdos con el objetivo último
         de que la parte recurrida adquiriera SKL-M.
      
      10.      El primer acuerdo concedía a la parte recurrida una opción de adquisición de la totalidad de las acciones de SKL-M, con la
         posibilidad de comprarlas todas bien por un marco simbólico, hasta el 1 de diciembre de 1999, bien por un «precio de compra
         adecuado», hasta el 31 de diciembre de 2001.
      
      11.      El segundo acuerdo entre SKL-M y la parte recurrida era un denominado wechselseitiger Lizenz- und Kooperationsvertrag (contrato
         mutuo de cesión de licencia y de cooperación; en lo sucesivo, «WLKV»), que tenía por objeto la creación de una empresa en
         participación. Dicho contrato establecía las condiciones para el uso compartido de los conocimientos técnicos de ambas empresas
         y para el desarrollo, la fabricación y la venta de dos nuevos tipos de motores.
      
      12.      El mismo día se celebró un tercer acuerdo entre la BvS, el Land de Sajonia-Anhalt y SKL-M para el pago a SKL-M de ayudas a
         la reestructuración.
      
      13.      Mediante escrito de 9 de abril de 1998, las autoridades alemanas notificaron a la Comisión las medidas de ayuda de BvS a favor
         de SKL-M. Dado que ya se había concedido una parte de dichas ayudas, se consideró, a efectos de su registro, que el expediente
         concernía a una ayuda no notificada y se le asignó la referencia NN 56/98. Dada la incertidumbre respecto a la calificación
         jurídica de las medidas de ayuda a SKL-M, la parte recurrida renunció a adquirir SKL-M. No obstante, ambas empresas siguieron
         cooperando en el marco del WLKV.
      
      14.      El 15 de junio de 2000, la parte recurrida ejerció el derecho que le confería el artículo 5 del WLKV. Conforme a dicho artículo,
         estaba facultada a utilizar con carácter exclusivo frente a terceros los conocimientos técnicos contemplados por el WLKV.
         Mediante un pago único se abonaron los gastos de desarrollo a los que había tenido que hacer frente SLK-M. La cuantía de este
         pago único se determinó en el presupuesto pactado en el anexo I del WLKV y ascendía a un total de 3,43 millones de euros.
         En julio de 2000, se llevó a cabo el inventario de los conocimientos técnicos a los que se aplicaba el artículo 5 del WLKV,
         que se pusieron a disposición de la parte recurrida. En contrapartida ésta abonó a SKL-M, en un pago único, el importe previsto.
      
      15.      Tras el examen preliminar de la información proporcionada por las autoridades alemanas, la Comisión consideró que las medidas
         controvertidas planteaban serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. Mediante escrito de 8 de agosto
         de 2000 comunicó a las autoridades alemanas su decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal. La Comisión publicó
         esta decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (7) e invitó a las partes interesadas a presentar observaciones. En esta misma decisión, la Comisión preguntaba también a las
         autoridades alemanas si la parte recurrida se había beneficiado o podía llegar a beneficiarse de las ayudas concedidas a SKL-M. (8)
      
      16.      El 1 de septiembre de 2000 se inició un procedimiento de insolvencia en contra de SKL-M.
      
      17.      Los días 16 de octubre de 2000, 6 de abril de 2001 y 17 de octubre de 2001, la República Federal de Alemania comunicó sus
         observaciones sobre la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal. Ninguna otra parte interesada presentó
         directamente observaciones ante la Comisión.
      
      18.      Por escrito de 19 de septiembre de 2001, la Comisión remitió un requerimiento a las autoridades alemanas en el que instaba
         a éstas a proporcionar la información necesaria para la apreciación de la compatibilidad de las ayudas concedidas a SKL-M,
         con arreglo al artículo 10 del Reglamento nº 659/1999. En este escrito, la Comisión preguntaba, de nuevo, si una parte de
         las ayudas concedidas a SKL-M se había utilizado más en interés de la parte recurrida que de SKL-M. Afirmaba que la información
         de que disponía no le permitía determinarlo. Reclamaba, en particular, información sobre si el precio que había pagado la
         parte recurrida por los conocimientos técnicos reflejaba su valor de mercado actual o previsto. La Comisión advertía que,
         de no proporcionarse esta información, adoptaría la decisión final sobre la base de la información disponible. Instaba a las
         autoridades alemanas a que también remitieran el escrito de requerimiento a la parte recurrida.
      
      19.      El 9 de noviembre de 2001, la Comisión recordó a las autoridades alemanas que si no atendían el requerimiento de información,
         la decisión se adoptaría sobre la base de la información disponible, de conformidad con el artículo 13, del Reglamento nº 659/1999.
      
      20.      Mediante escritos de 23 de enero, 26 de febrero y 11 de marzo de 2002, las autoridades alemanas respondieron al requerimiento
         de información. Asimismo, por escrito de 5 de marzo de 2002, remitieron a la Comisión las observaciones de la parte recurrida
         acerca de la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, en las que se hacía referencia, en particular, a
         la utilización de los conocimientos técnicos y al precio pagado por la parte recurrida a SKL-M.
      
      A.      Decisión impugnada
      21.      El 9 de abril de 2002, la Comisión adoptó la Decisión impugnada. En ella declaraba que, a pesar del requerimiento de información,
         las autoridades alemanas no habían facilitado datos suficientes para poder descartar que la parte recurrida se hubiera beneficiado
         de forma indirecta, a través del WLKV, de la ayuda recibida por SKL-M. Añadía que, por ese motivo, tuvo de decidir sobre la
         base de la información disponible. (9)
      
      22.      Afirmaba que el precio de cesión de los conocimientos técnicos que había pagado la parte recurrida a SKL-M era inferior en
         2,71 millones de euros a los costes de desarrollo en que había incurrido realmente. (10)
      
      23.      En el apartado 85 de los fundamentos de la Decisión impugnada, la Comisión señalaba que la ayuda a SLK-M, destinada a compensar
         las pérdidas derivadas del desarrollo de los conocimientos técnicos, podía haber redundado más en interés de la parte recurrida
         que en el de SKL‑M.
      
      24.      En el apartado 86 de los fundamentos de la Decisión impugnada, la Comisión declaraba que SKL-M, controlada por el Estado,
         había asumido un riesgo económico que no se ajustaba al principio del inversor que actúa en condiciones de mercado y que la
         participación de la parte recurrida no se había basado en un procedimiento comparable al de una licitación abierta. De ello
         deducía que la transferencia de los conocimientos técnicos podría haber constituido una transferencia de fondos estatales
         a la parte recurrida por un importe de hasta 2,71 millones de euros.
      
      25.      En las conclusiones a que llegaba en los apartados 87 y 88, la Comisión declaraba, en primer lugar, que Alemania había concedido
         una ayuda en infracción del artículo 88 CE, apartado 3. (11) Por consiguiente, debía recuperar de SKL-M la cantidad de 34,26 millones de euros. Añadía que, puesto que la información
         disponible no permitía descartar que la parte recurrida se hubiera beneficiado de la transferencia de conocimientos técnicos,
         había de reclamarse a SKL-M y a la parte recurrida, en tanto que responsables solidarios, la cantidad de 2,71 millones de
         euros. Tomando como base esta conclusión, la Comisión ordenaba, en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión impugnada, que,
         del importe total de 34,26 millones de euros que debían recuperarse de SKL-M, las autoridades alemanas debían recuperar 2,71 millones
         de euros de SKL-M y de la parte recurrida en tanto que responsables solidarios.
      
      B.      Sentencia recurrida
      26.      El 28 de junio de 2002 la parte recurrida interpuso un recurso de anulación contra la Decisión impugnada con arreglo al artículo
         230 CE. En su recurso solicitó que se anulara el artículo 3, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la medida en que en
         él se le imponía la restitución, en tanto que responsable solidaria, de un importe de 2,71 millones de euros de las ayudas
         concedidas a SKL-M. En apoyo de su recurso alegó, en particular, que la Comisión había aplicado erróneamente el artículo 13,
         apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
      
      27.      En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó la demanda. En los fundamentos de Derecho el Tribunal de
         Primera Instancia consideró, esencialmente, que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 no permite a la Comisión
         imponer a una empresa una obligación de devolución, cuando la transferencia de recursos estatales de los que podría haberse
         beneficiado no es sino una hipótesis. (12)
      
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
      28.      El recurso de casación interpuesto por la Comisión el 21 de noviembre de 2007 se recibió en el Tribunal de Justicia el 23
         de noviembre de 2007. En la fase escrita han presentado observaciones la parte recurrida y la Comisión. No se ha celebrado
         vista oral.
      
      29.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Se anule íntegramente la sentencia recurrida.
      –        Se resuelva definitivamente sobre el fondo del asunto y se desestime la demanda por infundada.
      –        Se condene a la parte recurrida a cargar con las costas tanto del procedimiento de recurso como del procedimiento en primera
         instancia en el asunto T‑196/02.
      
      30.      La parte recurrida solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Se desestime íntegramente el recurso interpuesto por la Comisión contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         12 de septiembre de 2007 en el asunto T‑196/02.
      
      –        Se condene en costas a la Comisión.
      Por lo demás, mantiene la totalidad de las pretensiones formuladas en primera instancia.
      IV.    Alegaciones de las partes
      31.      El recurso de casación interpuesto por la Comisión se dirige contra los fundamentos de Derecho contenidos en los apartados
         46 y ss. de la sentencia recurrida. En el apartado 46 de dicha sentencia el Tribunal de Primera Instancia declaró, en primer
         lugar, que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 no permite a la Comisión imponer a una empresa, ni siquiera
         a título solidario, una obligación de devolución de una determinada parte del importe de una ayuda que se haya declarado incompatible,
         cuando la transferencia de recursos estatales de los que podría haberse beneficiado no es sino una hipótesis.
      
      32.      Por una parte, en la sentencia recurrida se afirma que la Comisión se había limitado a declarar que la información disponible
         no permitía descartar que la parte recurrida, con motivo de la adquisición de conocimientos técnicos en condiciones que se
         presumen ventajosas, se hubiera beneficiado de una transferencia de recursos de la empresa subvencionada SKL-M. Ello muestra
         que la obligación que impone la Decisión impugnada de devolver la ayuda a título solidario se deriva de una hipótesis que
         la información de la que disponía la Comisión no permite ni confirmar ni descartar (apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida).
      
      33.      Por otra parte, la sentencia recurrida señala que la Decisión impugnada impone a las autoridades nacionales la obligación
         de recuperar de la parte recurrida la parte de la ayuda que SKL-M no puede devolver, sin que puedan pronunciarse sobre la
         fundamentación de esta obligación solidaria. Esta situación, continúa la sentencia recurrida, no es en absoluto consecuencia
         necesaria de la aplicación del procedimiento establecido por el Tratado CE en materia de ayudas de Estado, puesto que el Estado
         miembro que dispensa la ayuda que se ordena recuperar está en todo caso obligado a exigir su devolución a sus beneficiarios
         efectivos bajo la supervisión de la Comisión, sin que sea indispensable que se les mencione expresamente en la decisión por
         la que se ordena la recuperación ni, menos aún, que se precisen los importes que corresponde recuperar de cada beneficiario
         (apartado 49 de la sentencia recurrida).
      
      A.      Primer motivo de casación
      34.      Mediante su primer motivo de casación la Comisión alega fundamentalmente que, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirma indebidamente
         que el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 no permite determinar el beneficiario de una ayuda
         sobre la base de la información disponible. Considera que, del tenor literal de dicha disposición no puede deducirse tal limitación
         de su aplicación. Añade que, habida cuenta de la efectividad del control comunitario de las ayudas, existe la obligación de
         identificar al beneficiario de la ayuda sobre la base de la información disponible. El hecho de que, en una decisión negativa,
         la Comisión no esté siempre obligada a identificar al destinatario de la ayuda no significa que la falta de cooperación de
         un Estado miembro le impida hacerlo.
      
      35.      La parte recurrida considera que el primer motivo de casación es inoperante. Entiende que el Tribunal de Primera Instancia no ha hecho la afirmación
         que le reprocha la Comisión. En la sentencia recurrida se limitó a declarar que, en lo que atañe al beneficio obtenido por
         ella, la Comisión se había basado exclusivamente en una hipótesis. Afirma que, cuando el Tribunal de Primera Instancia indica
         que la Comisión no está obligada a identificar en la decisión al beneficiario efectivo de la ayuda, lo hace únicamente para
         aclarar los hechos.
      
      36.      Añade que el primer motivo de casación carece de pertinencia. Afirma que la Decisión impugnada se anuló por el mero hecho
         de que la Comisión había basado en una simple hipótesis la decisión de recuperación con cargo a la parte recurrida.
      
      37.      Por lo demás, afirma que este motivo de casación también es infundado. Entiende que la Comisión no puede basar en hipótesis
         las decisiones de recuperación. Ha de seguir investigando los hechos en el marco de un procedimiento de investigación formal
         o bien identificar al beneficiario, en el marco de un procedimiento de recuperación de la ayuda, en cooperación con el Estado
         miembro.
      
      B.      Segundo motivo de casación
      38.      Mediante su segundo motivo de casación la Comisión censura, en primer lugar, que, en los apartados 46 y ss. de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hiciera
         caso omiso de los requisitos que impone el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 a una decisión de la Comisión
         adoptada sobre la base de la información disponible. Entiende que, tras un requerimiento de información infructuoso, la Comisión
         puede adoptar su decisión basándose en los hechos que conozca. A este respecto, no puede exigirse una certeza absoluta. En
         otro caso, el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 se vería privado de sentido.
      
      39.      Afirma, en segundo lugar, que es errónea la declaración del Tribunal de Primera Instancia conforme a la cual la Comisión se
         había basado en una hipótesis. Entiende que procede admitir esta alegación, puesto que se trata de la calificación jurídica
         de los hechos, extremo éste que puede ser objeto de examen en el marco de un recurso de casación. También la considera fundada,
         dado que ella había expuesto y analizado suficientemente los datos de que disponía, especialmente los obtenidos del síndico
         de la quiebra de SKL-M. La incertidumbre que subsistía se refería únicamente al valor del mercado de los conocimientos técnicos
         adquiridos por la parte recurrida.
      
      40.      La parte recurrida afirma que no cabe admitir el segundo motivo de recurso, puesto que la Comisión impugna esencialmente una cuestión de hecho.
         Las demás alegaciones de la Comisión tienen carácter general y son irrelevantes para el presente asunto. Por lo demás, el
         motivo de casación también es infundado. La Comisión no puede basar en hipótesis una decisión que impone obligaciones. Pero,
         añade, precisamente esto es lo que ha hecho la Comisión tanto respecto a la existencia de beneficio para la parte recurrente
         como respecto a la magnitud de dicho beneficio.
      
      V.      Apreciación jurídica
      41.      A continuación examinaré, en primer lugar, el segundo motivo de casación (A) y, seguidamente, el primero (B). Esta forma de
         proceder se corresponde con la estructura de la sentencia, puesto que el segundo motivo de casación se dirige contra los apartados
         46 a 48 de la sentencia recurrida y el primero, contra los apartados 49 y 50. También entiendo que es la forma de proceder
         más indicada, porque, en mi opinión, los fundamentos de Derecho expuestos por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
         49 y 50 de la sentencia recurrida presentan el carácter de una consideración a mayor abundamiento.
      
      A.      Segundo motivo de casación
      42.      El segundo motivo de casación comprende dos alegaciones: mediante la primera se impugna la interpretación del artículo 13,
         apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 (1); mediante la segunda, la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la
         Comisión se basó únicamente en una hipótesis (2). Considero que ambas alegaciones deben ser desestimadas.
      
      1.      Sobre la interpretación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999
      43.      No me es posible descubrir error jurídico alguno en la interpretación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999
         que lleva a cabo el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia obró con buen criterio al señalar que
         una decisión mediante la que se impone una obligación de devolución a cargo de determinada empresa no puede adoptarse basándose
         únicamente en la hipótesis de que la empresa de que se trate se ha beneficiado, ni siquiera teniendo en cuenta el artículo
         13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999, y aunque concurran los requisitos exigidos en dicha disposición.
      
      44.      En primer lugar es preciso señalar que el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 ha de interpretarse
         teniendo en cuenta los requisitos y exigencias que el Derecho primario impone a las decisiones de la Comisión en los procedimientos
         en materia de ayudas. Conforme al artículo 87 CE, apartado 1, para adoptar una decisión de recuperación a cargo de una determinada
         empresa es necesario que haya sido otorgada a la empresa afectada una ayuda por los Estados o mediante fondos estatales que
         falsee o amenace falsear la competencia favoreciendo a la empresa afectada y afecte a los intercambios comerciales entre Estados
         miembros. El examen conjunto de los requisitos del artículo 87 CE, apartado 1, muestra que es preciso que se acredite positivamente
         que se ha favorecido a la empresa interesada, mientras que, en relación con el falseamiento de la competencia, basta con que
         se demuestre que existe el riesgo de que se produzca tal falseamiento.
      
      45.      Por tanto, entiendo que el Derecho primario exige que, cuando desee adoptar una decisión de recuperación a cargo de la empresa
         beneficiada, la Comisión realice, en sus conclusiones jurídicas, una declaración positiva de que se ha favorecido a una empresa.
         En mi opinión, el mero hecho de que el Reglamento nº 659/1999 sea un Reglamento de aplicación en el sentido del artículo 89 CE
         impide que la norma contenida en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, de dicho Reglamento ponga en entredicho este requisito
         exigido por el Derecho primario.
      
      46.      Además, de la norma contenida en el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 tampoco se desprende
         ningún indicio de que, en caso de que un Estado miembro no coopere, la Comisión pueda basar una decisión de recuperación en
         la hipótesis de que la empresa de que se trate se haya visto favorecida.
      
      47.      Al adoptar el artículo 13, apartado 1, tercera fase, del Reglamento nº 659/1999, el legislador comunitario ha recogido la
         jurisprudencia reiterada conforme a la cual la Comisión puede adoptar su decisión basándose en la información disponible cuando
         el Estado miembro no atiende al requerimiento de información. (13) Dicha disposición proporciona a la Comisión un instrumento adicional para recabar la información necesaria también en el
         caso de decisiones en materia de ayudas ilegales cuando un Estado miembro niega su cooperación con objeto de impedir o dificultar
         la adopción de una decisión. (14)
      
      48.      En mi opinión, dicha disposición regula, en primer lugar, el alcance de la investigación de los hechos por parte de la Comisión.
         Establece un equilibrio entre el derecho de defensa y el interés de la Comisión en poder proceder de la manera más rápida
         posible contra ayudas ilegales. En principio, en los procedimientos de ayuda la Comisión está obligada, conforme al principio
         de respeto del derecho de defensa, a exigir del Estado miembro afectado que aporte toda la información necesaria. (15) Cuando tal requerimiento de información resulta, no obstante, infructuoso, la Comisión puede adoptar su decisión basándose
         en la información disponible.
      
      49.      Esta disposición tiene repercusiones sobre el control judicial de la Decisión de la Comisión. Si, a pesar del requerimiento
         de información, el Estado miembro afectado no desvirtúa los indicios de existencia de una ayuda presentados por la Comisión,
         no se podrá reprochar a ésta que se haya basado en indicios, aunque éstos tengan carácter fragmentario o incompleto. (16) De esta forma, el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 determina qué condiciones deben cumplirse
         para que la Comisión pueda considerar que la información de que dispone, eventualmente incompleta, acredita determinados hechos. (17)
      
      50.      En cambio, ni del tenor de dicha disposición («esta decisión se adoptará basándose en la información disponible») ni de la
         jurisprudencia a la que se atiene (18) cabe deducir que, cuando no se atiendan los requerimientos de información, la Comisión puede suponer que se cumplen los requisitos
         exigidos por el artículo 87 CE, apartado 1. Por tanto, el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999
         no exime a la Comisión de la obligación de adoptar una decisión positiva sobre la existencia de un trato ventajoso, de basar
         esta apreciación jurídica en circunstancias de hecho y de declarar que efectivamente concurren las circunstancias de hecho
         correspondientes. Dicha disposición se limita a rebajar el grado de evidencia a partir del cual la Comisión puede afirmar
         que concurren las circunstancias de hecho que afirma. (19) Creo que esta interpretación del artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999 es la correcta, habida
         cuenta del derecho de defensa del Estado miembro o de las demás personas afectadas por la Decisión, que deben saber en qué
         hechos basa su Decisión la Comisión.
      
      51.      En contra de lo que opina la Comisión, tal interpretación del artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999
         tampoco limita de manera inadmisible la aplicación de la prohibición de ayudas. Como he indicado anteriormente, no se exige
         de la Comisión que el grado de evidencia de los hechos que haya de calificar equivalga a una «certidumbre absoluta». Al contrario,
         en el caso de decisiones adoptadas sobre la base de la información disponible se acepta el riesgo de que la Comisión no conozca
         todos los datos que pueden ser relevantes para calificar las medidas estatales en cuestión.
      
      52.      No obstante, si, tomando como base la información disponible, la Comisión no está en situación de afirmar que se haya beneficiado
         a una determinada empresa, no puede adoptar la decisión de recuperación a cargo de esta empresa basándose en meras hipótesis.
         Como indica acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el considerando a mayor abundamiento contenido en el apartado
         49 de la sentencia recurrida, la decisión de recuperación vincula a las autoridades nacionales. Por tanto, están obligadas
         a ordenar la recuperación de las ayudas de SKL-M, que es insolvente, y de la parte recurrida, con carácter solidario, sin
         que puedan tener en cuenta que la Comisión se limitó a partir de la hipótesis de la existencia de un trato ventajoso de la
         parte recurrida. (20)
      
      53.      Como destacó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, en lugar de obrar así la Comisión puede, al menos en un supuesto
         como el presente, identificar en el procedimiento de recuperación al beneficiario real y la cuantía de las ayudas que le reclama,
         actuando en colaboración con el Estado miembro, que está obligado a prestar su ayuda. (21)
      
      54.      Como conclusión cabe afirmar que, habida cuenta de las consideraciones precedentes, aunque concurran los requisitos del artículo
         13, aparado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999, la Comisión no puede adoptar una decisión de recuperación basándose
         únicamente en meras hipótesis. Por consiguiente, en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia interpretó correctamente
         el artículo 13, apartado 1, tercera frase, del Reglamento nº 659/1999.
      
      2.      Sobre la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión se había basado exclusivamente en una hipótesis
      55.      La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia declaró indebidamente que, en la Decisión impugnada, la Comisión se
         había basado exclusivamente en una hipótesis. Alega que, por el contrario, lo que ella había afirmado es que la transferencia
         de conocimientos técnicos en condiciones que no son de mercado favorecía a la parte recurrida.
      
      56.      Opino que esta alegación es admisible. Aunque la declaración de hechos probados por parte del Tribunal de Primera Instancia
         no puede ser objeto de control en un procedimiento de casación, los errores jurídicos incluyen tanto los errores de interpretación
         de una norma como los errores de apreciación de los hechos en relación con una norma. (22) En la medida en que la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al calificar jurídicamente
         de hipótesis los hechos (no discutidos) referidos en la Decisión impugnada, entiendo que se trata de una alegación admisible.
      
      57.      Sin embargo, esta alegación es infundada. El Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la Comisión se había
         limitado a partir de la hipótesis de una transferencia de recursos estatales a la parte recurrida, pero no la había declarado
         de forma positiva.
      
      58.      En el apartado 85 de los fundamentos de la Decisión impugnada, la Comisión afirmaba que la ayuda en cuestión podía haber sido
         utilizada más bien en beneficio de la parte recurrida y no de SKL-M. En el apartado 86 de esos mismos fundamentos declaraba
         que la transferencia del know-how podría constituir una transferencia de fondos estatales a la parte recurrida por un importe de hasta 2,71 millones de euros. En
         la medida en que la Comisión llega a la conclusión, en el apartado 87 de los fundamentos de la Decisión impugnada, de que
         Alemania había concedido ilegalmente la ayuda en cuestión, en infracción de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88
         del Tratado CE, de dicha conclusión no puede deducirse una declaración implícita de que la parte recurrida había obtenido
         un beneficio. En efecto, en el apartado 88 de los fundamentos, la Comisión declara de nuevo que la información disponible
         no permite descartar la transferencia de recursos estatales. De esta forma deja claro que, por lo que se refiere al beneficio obtenido por la
         parte recurrida, se trata únicamente de una hipótesis.
      
      59.      Por tanto, las alegaciones de la Comisión en el procedimiento de casación, de que no se basó en hipótesis o lo hizo únicamente
         respecto a la cuantía del beneficio, no encuentran base en la Decisión impugnada. Al contrario, la Comisión se limitó a formular
         una hipótesis sobre la transferencia de recursos estatales y, de esta forma, no proporcionó una respuesta definitiva a la
         cuestión de si se había obtenido un beneficio.
      
      60.      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia obró conforme a Derecho al declarar que la Comisión se basó en una mera
         hipótesis al afirmar que la parte recurrida se había beneficiado de una ayuda.
      
      61.      Las alegaciones de la Comisión respecto a los motivos por los que en el presente asunto podía adoptar una decisión positiva
         de las ayudas que obtuvo la parte recurrida o las alegaciones formuladas por la parte recurrida respecto a los motivos por
         los que la Comisión no podía adoptar tal decisión carecen de relevancia en el presente procedimiento de casación. Puesto que
         el Tribunal de Primera Instancia no está facultado para sustituir la motivación de la Comisión por la suya propia, (23) la única motivación pertinente es la que proporcionó efectivamente la Comisión en su Decisión y no la que debería haber proporcionado.
      
      3.      Conclusión parcial
      62.      Por tanto, procede desestimar el segundo motivo de casación por infundado.
      
      B.      Primer motivo de casación
      63.      Mediante su primer motivo de casación la Comisión alega fundamentalmente que, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida,
         el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al afirmar que, conforme al artículo 13, apartado 1, tercera
         frase, del Reglamento nº 659/1999, la determinación del beneficiario de una ayuda no puede llevarse a cabo sobre la base de
         la información disponible.
      
      64.      Este motivo de recurso es inoperante. La sentencia recurrida ha de ser mantenida por el mero hecho de que el Tribunal de Primera
         Instancia obró debidamente al anular parcialmente la Decisión impugnada por los motivos citados. La Comisión no podía basar
         en una hipótesis su Decisión en perjuicio de la parte recurrida. (24)
      
      65.      Por lo demás, entiendo que este motivo de recurso también debe desestimarse porque impugna una declaración de hechos que el
         Tribunal de Primera Instancia no hizo. En contra de lo que alega la Comisión, en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida
         el Tribunal de Primera Instancia no declaró que la identificación del beneficiario de una ayuda no pueda hacerse, en principio,
         sobre la base de la información disponible.
      
      66.      En el apartado 46 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento
         nº 659/1999 no permite a la Comisión imponer a una empresa una obligación de devolución cuando la transferencia de recursos
         estatales de los que podría haberse beneficiado no es sino una hipótesis. En sus consideraciones a mayor abundamiento, contenidas
         en los apartados 49 y 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las autoridades nacionales
         no pueden poner en entredicho una decisión de recuperación, aunque se base en meras hipótesis y, por ese motivo, en caso de
         insolvencia de SKL-M, deben reclamársela a la parte recurrida. Añadió que las normas de Derecho primario en materia de ayudas
         de Estado no exigen forzosamente que en la propia decisión de recuperación siempre se mencione expresamente a los beneficiarios
         o se precisen los importes que corresponde devolver a cada beneficiario.
      
      67.      De ninguno de dichos considerandos es posible deducir la declaración, impugnada por la Comisión, de que la posibilidad de
         adoptar una decisión basándose en la información disponible que reconoce el artículo 13, apartado 1, tercer párrafo, del Reglamento
         nº 659/1999 no sea aplicable, en principio, a la identificación del beneficiario de la ayuda o del obligado a devolverla.
      
      68.      Habida cuenta de todo ello, se suscita la cuestión de cómo hay que tratar, desde el punto de vista procesal, un motivo de
         casación mediante el que se impugna, por incurrir en error, una declaración que el Tribunal de Primera Instancia no ha hecho.
      
      69.      La parte recurrida solicita que se desestime el primer motivo de casación por inoperante. A favor de esta tesis cabría alegar,
         en el presente asunto, que el segundo motivo de recurso se dirige contra una motivación en la que, de hecho, la sentencia
         recurrida no se basa. Sin embargo, entiendo que un motivo de casación sólo debería desestimarse por inoperante si no existe
         ningún interés legítimo en examinarlo porque, aunque fuera estimado, no podría dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida.
         El hecho de que el recurrente en casación parta de una premisa falsa no menoscaba su interés en que se examine el motivo de
         casación. Al contrario, la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo efectivamente en la sentencia recurrida
         la declaración impugnada por el recurrente o no es una cuestión de la fundamentación del motivo de casación. (25)
      
      70.      Por tanto, procede desestimar el primer motivo de casación por inoperante habida cuenta de las razones expuestas en el punto
         64 de estas conclusiones y, en lo demás, por infundado, habida cuenta de las razones expuestas en los puntos 65 a 69 de estas
         conclusiones.
      
      C.      Conclusión parcial
      71.      Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
      
      VI.    Costas
      72.      Conforme al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento del recurso de casación en
         virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado
         la otra parte. Como la parte recurrida ha solicitado la condena en costas de la Comisión y el recurso de casación de ésta
         no ha prosperado, la Comisión debe ser condenada al pago de las costas del procedimiento de casación. 
      
      VII. Conclusión
      73.      A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime el recurso de casación.
      –        Condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de casación.
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	DO L 83, p. 1.
      
      3 –	Artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
      
      4 –	Artículo 10, apartado 2, primera frase, del Reglamento nº 659/1999.
      
      5 –	Artículo 10, apartado 3, primera frase, del Reglamento nº 659/1999.
      
      6 –	Artículo 10, apartado 3, segunda frase, del Reglamento nº 659/1999.
      
      7 –	DO 2001, C 27, p. 5.
      
      8 –	Apartado 103 de la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal.
      
      9 –	Apartados 77 y 78 de los fundamentos de la Decisión impugnada.
      
      10 –	Apartado 81 de los fundamentos de la Decisión impugnada.
      
      11 –	La Comisión consideró que la ayuda concedida a SKL-M no era compatible con las Directrices comunitarias sobre ayudas de
         Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, vigente a la sazón (DO 1994, C 368, p. 12).
      
      12 –	Apartado 46 de la sentencia recurrida.
      
      13 –	Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión (C‑301/87, Rec.
         p. I‑307), apartado 22; de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión (C‑303/88, Rec. p. I‑1433), apartado 47, y de 13 de abril
         de 1994, Alemania y Pleuger Worthington/Comisión (C‑324/90 y C‑342/90, Rec. p. I‑1173), apartado 29.
      
      14 –	Sinnaeve, A., en Heidenhain, M., Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts, Beck, 2003, § 34, apartado 6.
      
      15 –	Sentencia Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, citada en la nota 13, apartado 29.
      
      16 –	Sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión (C‑241/94, Rec. p. I‑4551), apartados
         36 y 37, y de 13 de junio de 2002, Países Bajos/Comisión (C‑382/99, Rec. p. I‑5163), apartado 76; sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 19 de octubre de 2005, Freistaat Thüringen/Comisión (T‑318/00, Rec. p. II‑4179), apartado 88.
      
      17 –	Por tanto, dicha disposición afecta a la magnitud de la prueba. En opinión de Sinnaeve, A., op. cit. en la nota 14, § 34, apartado 6, ello facilita la práctica de la prueba. Véase, no obstante Keppenne, J.-P. : «Une vue d’ensemble
         des règles de procédure de l’article 88 CE et commentaires sur leur application depuis l’entrée en vigueur du règlement 659/1999»,
         European competition law, 2001, pp. 205 y ss., especialmente p. 234, que afirma que se trata de una norma de inversión de la carga de la prueba.
      
      18 –	Véanse, en particular, las sentencias Francia/Comisión, citada en la nota 16, apartado 22; Italia/Comisión, citada en la
         nota 13, apartado 47, y Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, citada en la nota 13, apartado 29.
      
      19 –	En este sentido de manifiesta también Sinnaeve, A., citada en la nota 14 de las presentes conclusiones, § 34, nota a pie
         de página 15, apartado 6, que indica que, también en ese caso, la Comisión debe fundamentar su decisión, aunque atemperando
         los requisitos de la motivación.
      
      20 –	Apartado 49 de la sentencia recurrida.
      
      21 –	Apartado 50 de la sentencia recurrida.
      
      22 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981),
         apartado 49. A este respecto véase también el punto 3 de las conclusiones del Abogado General Van Gerven, de 26 de junio de
         1991 en el asunto Costacurta/Comisión (sentencia de 21 de noviembre de 1991, C‑145/90 P, Rec. p. I‑5449).
      
      23 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión (C‑164/98 P, Rec. p. I‑447),
         apartados 44 a 48.
      
      24 –	Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1 (C‑302/99 P y C‑308/99 P, Rec.
         p. I‑5603), apartados 26 a 29.
      
      25 –	En este sentido también se pronuncia el auto del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1997, Galtieri/Parlamento (C‑150/96 P,
         Rec. p. I‑1229), apartados 15 y 16.