CELEX: 62001CC0159
Language: es
Date: 2003-06-12 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 12 de junio de 2003. # Reino de los Países Bajos contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Ayudas de Estado - Exención parcial del impuesto sobre los minerales a favor de los cultivos en invernadero o en sustrato. # Asunto C-159/01.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PHILIPPE LÉGER
      presentadas el 12 de junio de 2003 (1)
      
      Asunto C‑159/01
      Reino de los Países Bajos
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Ayudas de Estado – Exención parcial del impuesto sobre las materias minerales a favor de los cultivos en invernadero o en sustrato – Justificación por la naturaleza y la estructura del sistema – Inexistencia»1.        A fin de reducir las infiltraciones de nitrógeno y de fosfatos en la tierra causadas por la utilización de abonos en las explotaciones
         agrícolas, el Reino de los Países Bajos ha establecido un sistema de impuestos. Estos gravan a los agricultores que provoquen
         pérdidas de nitrógeno y de fosfatos en el medio ambiente que sobrepasen determinada cantidad. El Reino de los Países Bajos
         también ha dispuesto la exención de esos impuestos a favor de las pequeñas explotaciones (llamadas «microexplotaciones de
         aficionados»), así como de las explotaciones hortícolas y los viveros que practican el cultivo en invernadero o en sustrato.
      
      2.        Mediante la Decisión 2001/371/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2000, relativa a la exención de tasas sobre los minerales
         en virtud de la Ley de abonos que los Países Bajos tienen previsto conceder, (2) la Comisión estimó que esas exenciones fiscales constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado común.
      
      3.        Por medio del presente recurso, interpuesto al amparo del artículo 230 CE, párrafo primero, el Reino de los Países Bajos solicita
         la anulación parcial de la Decisión impugnada, en cuanto afecta a las explotaciones hortícolas y los viveros que practican
         el cultivo en invernadero o en sustrato.
      
      I.      Marco jurídico
      A.      Normativa comunitaria
      4.        Las normas pertinentes en el presente litigio son las reguladoras de las ayudas de Estado y de la protección de las aguas
         contra la contaminación por los nitratos.
      
      1.      Normativa reguladora de las ayudas de Estado
      5.        El artículo 87 CE, apartado 1, establece:
      «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a
         los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
         cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»
      
      6.        El alcance de este artículo en materia fiscal fue aclarado mediante la Comunicación de la Comisión, de 10 de diciembre de
         1998, relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de
         las empresas. (3)
      
      7.        Según la Comunicación, para ser calificada de ayuda de Estado prohibida en el sentido del artículo 87 CE, una medida fiscal
         debe cumplir acumulativamente los cuatro requisitos siguientes. (4)
      
      8.        En primer lugar, la medida de que se trate debe ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligere las cargas que, por regla
         general, gravan su presupuesto. Tal ventaja puede obtenerse al reducir la carga fiscal de la empresa de diferentes maneras.
         Puede consistir, en especial, en la reducción de la base imponible (deducción excepcional) o en la reducción total o parcial
         de la cuantía del impuesto (exención, crédito fiscal).
      
      9.        En segundo lugar, la ventaja debe ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales. Una disminución de los ingresos
         fiscales equivale al consumo de fondos estatales en forma de gastos fiscales.
      
      10.      En tercer lugar, la medida de que se trate debe afectar a la competencia y los intercambios entre los Estados miembros. Esta
         condición parte de la base de que el beneficiario de la medida ejerce una actividad económica, independientemente de su estatuto
         jurídico o de su medio de financiación. Según jurisprudencia reiterada, la condición de que la ayuda incida en los intercambios
         comerciales se cumplirá a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerza una actividad económica que sea objeto
         de intercambios entre los Estados miembros.
      
      11.      En cuarto lugar, la medida debe ser específica o selectiva en el sentido de favorecer a determinadas empresas o producciones.
         No obstante, el carácter selectivo puede estar justificado por la naturaleza y la estructura del sistema. Si así fuese, la
         medida escaparía a la calificación de ayuda establecida en el artículo 87 CE.
      
      12.      En lo que atañe a este último requisito, el punto 23 de la Comunicación precisa que el carácter diferencial de determinadas
         medidas no implica necesariamente que sean ayudas de Estado. Tal es el caso de las medidas cuya racionalidad económica las
         hace necesarias o funcionales con respecto a la eficacia del sistema fiscal. Corresponde al Estado miembro ofrecer tal justificación.
      
      13.      En el orden procedimental, la Comunicación recuerda que, en aplicación del artículo 88 CE, apartado 3, los Estados miembros
         están obligados a notificar a la Comisión todos los proyectos destinados a conceder o modificar ayudas. No están autorizados
         para ejecutarlos sin la autorización previa de la Comisión. (5)
      
      14.      El procedimiento para obtener la autorización de la Comisión fue regulado por el Reglamento (CE) nº 659/1999. (6) Este Reglamento, que entró en vigor el 16 de abril de 1999, es aplicable en el presente caso.
      
      15.      Conforme al artículo 2 del Reglamento nº 659/1999, cualquier proyecto de concesión de una nueva ayuda debe, en principio,
         ser notificado a la Comisión por el Estado miembro interesado con la suficiente antelación. En su notificación el Estado debe
         facilitar toda la información necesaria para que la Comisión pueda adoptar una decisión sobre la existencia de una ayuda o
         sobre su compatibilidad con el mercado común.
      
      2.      Normativa sobre protección de las aguas contra la contaminación por los nitratos
      16.      La Directiva 91/676/CEE (7) se propone, según su artículo 1, «reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario [y] actuar
         preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase».
      
      17.      Con ese fin, la Directiva 91/676 obliga a los Estados miembros a adoptar determinadas medidas. En particular, deben garantizar
         que, en cada explotación, la cantidad de nitrógeno presente en el estiércol (8) aplicado a la tierra anualmente no supere los 170 kg por hectárea. Los Estados miembros sólo podrán establecer cantidades
         distintas que estén justificadas con arreglo a criterios objetivos y no perjudiquen el cumplimiento de los fines de la Directiva. (9)
      
      B.      Normativa nacional
      1.      Régimen de impuestos
      18.      El régimen de impuestos establecido por el Reino de los Países Bajos, conocido con la denominación «MINAS», (10) está contenido en la Wet van 27 november 1986 houdende regelen inzake het verhandelen van meststoffen en de afvoer van mestoverschotten. (11) En virtud de ese régimen los explotadores deben llevar una contabilidad de las cantidades de materia mineral que entran y
         salen de su explotación. Este régimen trata de lograr que la cantidad de fosfatos y de nitrógeno que entra en el ciclo productivo
         no sea superior a la que sale de él, más una «pérdida tolerada». Cuando en una determinada explotación las pérdidas de fosfatos
         y de nitrógeno sobrepasan las normas de pérdida tolerada, el explotador interesado está obligado al pago de un impuesto sobre
         esos excedentes.
      
      19.      Tales impuestos son de cuota fija o proporcional. Las normas aplicables a estos están contenidas en el capítulo IV de la Meststoffenwet.
      20.      En lo que se refiere a los impuestos de cuota fija, se liquidan en función de la cantidad de abonos imponible en el período
         del año natural, expresada en kilogramos de fosfatos y de nitrógeno. (12) La cantidad de abonos imponible se determina mediante la adición de la cantidad de abonos «entrante» y la cantidad de estiércol
         producida, a la que se restan sucesivamente la cantidad de estiércol «saliente», la absorción de los abonos por los cultivos
         y la pérdida admisible de abonos. (13) La absorción de los abonos por los cultivos se fija, para la superficie media de las tierras de destino agrícola pertenecientes
         a la explotación, durante el año de que se trate y por hectárea, en 65 kg de fosfatos y 300 kg de nitrógeno para las tierras
         de pasto, y en 50 kg de fosfatos y 125 kg de nitrógeno para las tierras de cultivo. (14)
      
      21.      En lo que atañe a los impuestos de cuota proporcional, se liquidan también en función de las «entradas» y de las «salidas»
         de materias minerales. Sin embargo, el número de elementos que se toman en consideración para determinar las «entradas» y
         las «salidas» es mayor. Así, las «partidas de salida» comprenden los abonos de origen animal, el «forraje bruto» procedente
         de la propia explotación, los animales de determinadas especies, los productos animales y los productos agrícolas y hortícolas
         distintos del forraje bruto. (15) La cantidad de fosfatos y de nitrógeno en estos productos agrícolas u hortícolas distintos del forraje bruto se determina
         a tanto alzado, por cada hectárea de tierra arable de la superficie de tierras de destino agrícola pertenecientes a la explotación
         dedicadas a la agricultura y a la horticultura durante el año de que se trate, en 65 kg y 165 kg, respectivamente. (16)
      
      22.      Las normas sobre pérdidas admisibles establecen idénticas cantidades para ambas clases de impuestos. (17)
      
      2.      Excepciones
      23.      El Reglamento de 12 de enero de 1999 del Ministro de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca (18) prevé tres supuestos de exención de los impuestos establecidos por la Meststoffenwet.
      
      24.      El primer supuesto de exención comprende las pequeñas explotaciones, llamadas «microexplotaciones de aficionados». (19) Disfrutan de exención total. (20)
      
      25.      El segundo supuesto abarca las explotaciones hortícolas que practican el cultivo en invernadero (horticultura con tierra en
         un recinto) o en sustrato (horticultura sin tierra). Éstas disfrutan de exención hasta la cantidad máxima de abonos imponible
         de 460 kg de fosfatos y 800 kg de nitrógeno por cada hectárea de la superficie media que da soporte al cultivo o del terreno
         efectivamente utilizado en la explotación para esas formas de producción durante el año natural. (21)
      
      26.      El tercer supuesto es el previsto a favor de los viveros que desarrollen también una actividad hortícola en invernadero o
         en sustrato. Se benefician de la misma exención parcial que las explotaciones hortícolas antes mencionadas. (22)
      
      27.      El Reglamento de exención se aplica con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 1998, fecha de entrada en vigor de los
         impuestos establecidos en el capítulo IV de la Meststoffenwet. (23)
      
      II.    Procedimiento administrativo y Decisión impugnada
      28.      Mediante escrito de 7 de octubre de 1999 el Reino de los Países Bajos notificó a la Comisión, a instancia de ésta, (24) el Reglamento de exención, conforme al artículo 88 CE, apartado 3. Manifestó que las exenciones previstas por la normativa
         de que se trata estaban justificadas por la naturaleza del régimen de impuestos sobre los minerales y que no constituían,
         pues, ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.
      
      29.      Mediante télex de 26 de octubre de 1999 la Comisión solicitó a la Representación Permanente de los Países Bajos precisiones
         complementarias.
      
      30.      El Gobierno neerlandés respondió mediante escrito de 10 de enero de 2000.
      31.      Estimando insuficientes las explicaciones facilitadas en dicho escrito, la Comisión notificó al Gobierno neerlandés, mediante
         escrito de 20 de marzo de 2000, su decisión de incoar el procedimiento previsto por el artículo 88 CE, apartado 2, respecto
         a las exenciones de que se trata.
      
      32.      El Gobierno neerlandés presentó sus observaciones mediante escrito de 17 de mayo de 2000.
      33.      El 21 de diciembre de 2000 la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
      34.      En esa Decisión la Comisión señala que, a falta de información adicional, se mantienen las dudas que llevaron a la Comisión
         a incoar el procedimiento formal de examen de las exenciones propuestas y expone las siguientes consideraciones.
      
      35.      En cuanto a la existencia de una ayuda, la circunstancia de que los impuestos considerados se puedan comparar con multas no
         altera el hecho de que el régimen MINAS está concebido como un régimen fiscal. Las excepciones a este régimen pueden constituir
         una ayuda de Estado que puede a su vez falsear la competencia entre los Estados miembros. Dado que determinadas empresas están
         gravadas por esos impuestos, la posición de las empresas exentas se ve favorecida. Por tanto, el resultado de la medida de
         que se trata es conceder una ventaja a determinadas empresas.
      
      36.      En lo que se refiere a las microexplotaciones de aficionados, la exención prevista no se justifica por la naturaleza y la
         estructura de ese régimen.
      
      37.      Por lo que respecta a las explotaciones y a los viveros que desarrollan actividades hortícolas en invernadero o en sustrato,
         las autoridades neerlandesas no han expuesto nuevos argumentos. Teniendo en cuenta que las cantidades exentas son muy superiores
         a las normas previstas para las tierras agrícolas y que se aplica la misma normativa a la horticultura con tierra y sin tierra,
         no hay razón inherente al sistema para conceder las exenciones previstas.
      
      38.      Por el contrario, dichas exenciones cumplen los cuatro requisitos enunciados en la Comunicación, aplicable por analogía. Además,
         esa clase de ayuda debe calificarse de ayuda de funcionamiento, y no cumple los requisitos exigidos por el artículo 87 CE,
         apartado 3, para su autorización.
      
      39.      Finalmente, la Comisión refuta el argumento según el cual el procedimiento relativo a las ayudas de Estado se utiliza indebidamente
         para aplicar la Directiva 91/676. Recuerda, no obstante, que un procedimiento relativo a ayudas de Estado no puede nunca conducir
         a un resultado contrario a las demás normas del Tratado. Señala que se ha iniciado un procedimiento específico por incumplimiento
         contra los Países Bajos a causa de la inobservancia de la mencionada Directiva. (25)
      
      40.      La Comisión deduce de ello que las exenciones fiscales previstas por el Reino de los Países Bajos a favor de las microexplotaciones
         de aficionados, así como de las explotaciones hortícolas y de los viveros que desarrollan actividades hortícolas, constituyen
         ayudas de Estado incompatibles con el mercado común. (26)
      
      III. Análisis
      41.      El Gobierno neerlandés recurre la Decisión impugnada sólo en cuanto afecta a las explotaciones y los viveros que practican
         el cultivo en invernadero o en sustrato. En apoyo de su recurso alega dos motivos. El primero se funda en la infracción del
         artículo 87 CE, apartado 1. El segundo se refiere a la falta de motivación.
      
      42.      Habida cuenta de los argumentos aducidos por el demandante en apoyo de estos dos motivos, los examinaré según el orden de
         su presentación.
      
      A.      Sobre la infracción del artículo 87 CE, apartado 1
      43.      Este motivo comprende dos partes. En primer lugar, el Gobierno neerlandés alega que la Comisión estimó erróneamente que la
         exención prevista a favor del cultivo en invernadero o en sustrato constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo
         87 CE, apartado 1. En segundo lugar, reprocha a la Comisión haber basado esa apreciación en la consideración de que la exención
         controvertida es contraria a la Directiva 91/676.
      
      1.      Sobre la calificación de la exención controvertida como ayuda de Estado
      a)      Argumentos de las partes
      44.      El Gobierno neerlandés explica que el Reglamento de exención tiene la finalidad de compensar la desventaja impuesta por la
         Meststoffenwet a los horticultores que practican el cultivo en invernadero o en sustrato. En efecto, la Meststoffenwet no
         tiene en cuenta el hecho de que la eliminación de materias minerales es mucho más elevada en esas dos formas de cultivo, de
         modo que los gravámenes que impone a dichas explotaciones son injustificados. Para corregir este error, el Reglamento de exención
         prevé por tanto una exención parcial a favor de esas explotaciones, hasta la cantidad de 460 kg de fosfatos y de 800 kg de
         nitrógeno por hectárea de cultivo en invernadero o en sustrato.
      
      45.      El Gobierno neerlandés aduce que esas cantidades globales se justifican por las siguientes razones: en primer lugar, a diferencia
         del cultivo en tierra al aire libre, el cultivo en invernadero o en sustrato no depende de las estaciones, por lo que es necesaria,
         anualmente, una cantidad mayor de abonos; en segundo lugar, el rendimiento de las plantas cultivadas en invernadero o en sustrato
         es muy superior al de los vegetales producidos en tierra al aire libre, de modo que la cantidad de minerales absorbida por
         esas plantas es ocho veces mayor; finalmente, esas cantidades globales se fijan en función de la absorción media de fosfatos
         y de nitrógeno por varias plantas diferentes.
      
      46.      Este Gobierno sostiene que no concurren los cuatro requisitos establecidos en la Comunicación, ya que la exención controvertida
         constituye solamente la corrección de una desventaja.
      
      47.      En primer lugar, la exención discutida no constituye una ventaja que reduzca las cargas de los productores que practican el
         cultivo en invernadero o en sustrato. En efecto, tal reducción de cargas sólo existiría si estos productores pudieran verter
         en la tierra mayor cantidad de nitrógeno y de fosfatos que la autorizada por las normas de pérdida sin tener que pagar los
         impuestos correspondientes. La exención pretende, por el contrario, suprimir una desventaja no deseada que soportan estos
         explotadores, derivada del hecho de que la Meststoffenwet no tiene en cuenta los minerales absorbidos por los vegetales producidos
         en la explotación.
      
      48.      En segundo lugar, no se concede ventaja alguna por el Estado o mediante fondos estatales. Dado que no se trata de una exención
         sino de la corrección de una injusticia derivada de la Meststoffenwet, la exención controvertida no constituye, por su naturaleza,
         una ventaja otorgada por el Estado o mediante fondos estatales. Además, el régimen MINAS tiene un carácter disuasorio. Para
         los agricultores es más ventajoso limitar las pérdidas de minerales en el medio ambiente, adaptando su producción, que pagar
         los impuestos. Estos tratan, por tanto, de conseguir que los agricultores reduzcan la cantidad de abonos que utilizan en sus
         explotaciones. Por su naturaleza, su finalidad y su funcionamiento, dicho régimen es comparable a un régimen de multas de
         carácter administrativo y penal. Sólo tiene la apariencia de un régimen fiscal, mas en realidad no sirve para generar ingresos
         para el Estado.
      
      49.      En tercer lugar, la exención controvertida no ejerce influencia desfavorable alguna en el comercio entre los Estados miembros.
         Los intercambios comerciales sólo resultarían afectados, o la competencia falseada, en relación tanto con las explotaciones
         que practican el cultivo en invernadero o en sustrato en los demás Estados miembros como con las demás explotaciones situadas
         en la Comunidad en general, si a las explotaciones que practican el cultivo en invernadero o en sustrato en los Países Bajos
         se les concediera el derecho a utilizar más abonos que los demás agricultores. Como la exención controvertida corresponde
         a la cantidad de minerales absorbida por los vegetales producidos en la explotación, los intercambios comerciales no se ven
         por tanto afectados, ni la competencia falseada.
      
      50.      En cuarto lugar, el carácter selectivo de la exención está justificado por la naturaleza del régimen de impuestos sobre los
         minerales. El Gobierno neerlandés arguye que la situación en este asunto es comparable a la del ejemplo mencionado en el punto
         25 de la Comunicación, relativo a la exención del impuesto sobre los beneficios a favor de las asociaciones o las fundaciones.
         Dado que este impuesto no puede percibirse si no se obtiene ningún beneficio, la propia naturaleza del sistema fiscal justifica
         que las fundaciones y las asociaciones estén exentas de imposición. De igual modo, no debe exigirse ningún impuesto por la
         aportación de minerales que son absorbidos por las plantas y no contaminan la tierra.
      
      51.      En respuesta al argumento de la Comisión según el cual la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado debe apreciarse
         en función de la información de que aquélla disponía cuando adoptó la decisión, el Gobierno neerlandés mantiene que correspondía
         a la Comisión formular una petición clara de información. Pues bien, este Gobierno sostiene que en ningún momento durante
         el procedimiento administrativo la Comisión le comunicó los motivos precisos de objeción al Reglamento de exención ni le pidió
         que le transmitiera información que, según dicha institución, le resultaba necesaria para hacerse una representación clara
         de la naturaleza y las consecuencias del citado Reglamento.
      
      52.      Así, el Gobierno neerlandés sostiene que, en su télex de 26 de octubre de 1999, la Comisión sólo manifestó que las normas
         del régimen de exención eran superiores a las aplicables a las tierras agrícolas. Dicho Gobierno ofreció explicaciones en
         su escrito de 10 de enero de 2000. La Comisión no señaló por qué tales explicaciones no eran satisfactorias: en su decisión
         de 20 de marzo de 2000 de incoar el procedimiento del artículo 88 CE, apartado 2, se limitó a reiterar lo que ya había afirmado
         en el télex antes mencionado. Dado que es evidente que la absorción de minerales por las plantas cultivadas en invernadero
         o en sustrato es mayor que la de las plantas cultivadas en tierra al aire libre, el Gobierno neerlandés consideró entonces
         que la Comisión malinterpretaba el régimen de exención. Por esa razón, en su escrito de 17 de mayo de 2000 explicó de nuevo
         el objetivo y la necesidad de la exención controvertida. Ahora bien, la Comisión adoptó la Decisión impugnada sin dar respuesta
         a ese escrito. Por otra parte, la Comisión cuestionó por primera vez el carácter global de dicha exención en su escrito de
         contestación a la demanda.
      
      53.      La Comisión rebate el conjunto de estos argumentos.
      54.      Afirma que, conforme al artículo 2 del Reglamento nº 659/1999 y al punto 23 de la Comunicación, corresponde al Estado miembro
         interesado justificar que la exención de un impuesto no es una medida de ayuda porque es necesaria o funcional en el marco
         del régimen fiscal de que se trate. Si el Estado miembro y las partes interesadas han omitido durante el procedimiento presentar
         los argumentos o comunicar la información necesaria para permitir a la Comisión superar las dificultades halladas en el examen
         de la medida controvertida y llegar a la convicción de que no se trata de una ayuda de Estado incompatible, la Comisión no
         puede sino denegar la autorización de dicha medida.
      
      55.      La Comisión expone que, desde el inicio del procedimiento, solicitó al Gobierno neerlandés que justificara por qué las normas
         eran mucho más favorables para los explotadores hortícolas que para los agricultores tradicionales, y las cantidades de minerales
         autorizadas mucho mayores que las previstas por la Directiva 91/676. Reiteró sus dudas en su decisión de incoar el procedimiento
         formal de examen. En esta decisión la Comisión solicitó también a ese Gobierno que le comunicara todas las informaciones que
         pudieran ser útiles para valorar la medida de ayuda. El Gobierno neerlandés se limitó sin embargo a efectuar afirmaciones
         de alcance general, incluso en su escrito de 17 de mayo de 2000.
      
      56.      La Comisión destaca que la Decisión impugnada se funda en la falta de justificación por el Gobierno neerlandés de la exención
         proyectada a favor de la horticultura. En particular, dicho Gobierno no demostró que la absorción de nitrógeno y de fosfatos
         por las plantas cultivadas en invernadero o en sustrato sea ocho veces superior a la de las plantas cultivadas de modo tradicional.
      
      57.      Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión estima que concurren los cuatro requisitos previstos por la Comunicación.
      58.      En primer lugar, la exención controvertida reduce las cargas que normalmente deben soportar sus beneficiarios. En segundo
         lugar, constituye una ventaja otorgada por el Estado o mediante fondos estatales, en cuanto origina una merma de ingresos
         fiscales. En tercer lugar, afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros ya que la situación financiera
         de las empresas beneficiarias resulta mejorada. Y en cuarto lugar, no se justifica por la naturaleza del régimen de impuestos
         sobre los minerales.
      
      b)      Apreciación
      59.      Como ya he señalado, el artículo 87 CE, apartado 1, define las ayudas prohibidas, en principio, por el Tratado como las ayudas
         otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
         favoreciendo a determinadas empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre los
         Estados miembros.
      
      60.      Consta que el Reglamento de exención prevé la exención parcial de los impuestos exigibles en virtud del régimen MINAS por
         las pérdidas de fosfatos y de nitrógeno en el medio ambiente, a favor de determinadas explotaciones agrícolas, a saber, las
         que practican el cultivo en invernadero o en sustrato.
      
      61.      Según el Gobierno neerlandés, dicha exención no confiere en modo alguno una ventaja a esas explotaciones, sino que corrige
         un error cometido en el régimen MINAS en perjuicio de ellas. En opinión de dicho Gobierno, la diferenciación introducida por
         el Reglamento de exención en su favor, así como el carácter selectivo de esa medida, está pues justificada por la naturaleza
         y la estructura del régimen de impuestos sobre el estiércol. Comenzaré examinando este argumento.
      
      i)      Sobre la existencia de una ventaja otorgada a determinadas empresas o producciones y la justificación del carácter selectivo
         de la exención proyectada en razón de la naturaleza y la estructura del régimen
      
      62.      El concepto de ayuda ha sido interpretado por los órganos jurisdiccionales comunitarios de forma que no comprende las medidas
         que creen una diferencia entre empresas en materia de cargas cuando dicha diferencia resulta de la naturaleza o de la estructura
         del sistema de cargas considerado. (27) En otros términos, la excepción al régimen general prevista por la medida controvertida a favor de determinadas empresas
         no constituye una ayuda si esa excepción está justificada por los propios objetivos del régimen general. (28)
      
      63.      Cabe recordar que, en virtud del artículo 10 CE, los Estados miembros están obligados a cooperar en la aplicación del artículo
         88 CE. (29) Este deber de cooperación exige que los Estados miembros aporten a la Comisión todos los datos necesarios para permitir que
         cumpla su función. Así pues, el Estado miembro que solicita autorización para conceder ayudas no obstante lo dispuesto en
         las normas del Tratado debe aportar todos los datos que permitan a dicha institución comprobar que se cumplen los requisitos
         de la excepción. (30) Un Estado miembro que no cumpla su deber de cooperación durante el procedimiento administrativo no puede posteriormente reprochar
         a la Comisión que cometiera un error manifiesto de apreciación o que no motivara suficientemente su decisión, (31) o no haber recurrido a expertos independientes para elaborar su decisión. (32) Esta exigencia en materia de prueba ha sido también aplicada por el Tribunal de Justicia cuando se trata de determinar si
         la medida se inscribe o no en la naturaleza y estructura del sistema de cargas controvertido, con el fin de poder excluir
         la calificación de esa medida como ayuda. (33)
      
      64.      Este deber de cooperación, basado en el artículo 10 CE, ha sido expresamente recordado por el sexto considerando del Reglamento
         nº 659/1999, que definió las modalidades de control por la Comisión de las ayudas de Estado a partir de la práctica de esa
         institución y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (34) Ello se tradujo, en el artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, en la obligación impuesta al Estado miembro interesado
         de facilitar toda la información necesaria para que la Comisión pueda adoptar una decisión sobre la existencia de una ayuda (35) y su compatibilidad con el mercado común.
      
      65.      De ello se sigue que corresponde al Estado miembro demostrar que la excepción de que se trate está justificada por la naturaleza
         y la estructura del sistema y que por tanto no constituye una ayuda en el sentido del artículo 87 CE. (36) Debe examinarse, pues, si, en las circunstancias del presente asunto, el Gobierno neerlandés ha justificado que las cantidades
         de nitrógeno y de fosfatos exentas a favor de las explotaciones hortícolas y de los viveros que practican el cultivo en invernadero
         o en sustrato se ajustan a la naturaleza y la estructura del régimen MINAS.
      
      66.      Con ese fin, el Gobierno neerlandés proporcionó durante el procedimiento administrativo las siguientes explicaciones. En su
         respuesta de 10 de enero de 2000 a la solicitud de informaciones complementarias por parte de la Comisión, expuso que las
         cantidades de 460 kg de fosfatos y 800 kg de nitrógeno se basaban en datos de análisis de la Proefstation voor de Bloemisterij
         en Glasgroenten (Centro de investigación sobre la floricultura y las verduras cultivadas en invernadero), y que la producción
         en invernadero es ocho veces superior a la del cultivo en tierra al aire libre. En sus observaciones de 17 de mayo de 2000,
         después de la incoación del procedimiento formal de examen, el Gobierno neerlandés reiteró que las cantidades globales de
         460 kg de fosfatos y 800 kg de nitrógeno por hectárea de cultivo en invernadero o en sustrato resultan de estudios realizados
         por el citado Centro. Añadió que esas cantidades estaban justificadas porque los cultivos en invernadero o en sustrato se
         diferencian de los cultivos en tierra al aire libre en los siguientes aspectos:
      
      «–      a diferencia del cultivo en tierra al aire libre, el cultivo en invernadero o en sustrato es independiente de las estaciones;
         los abonos pueden pues ser aportados y utilizados durante todo el año;
      
      –        en el cultivo en invernadero o en sustrato, la explotación, medida según el número de plantas por hectárea, es mucho más intensiva
         que en el cultivo en tierra al aire libre; la absorción de los fertilizantes para las plantas es pues mucho mayor por hectárea
         que en el cultivo en tierra al aire libre;
      
      –        la absorción de los fertilizantes para las plantas en el cultivo en invernadero o en sustrato es en promedio ocho veces superior
         que en el cultivo en tierra al aire libre, por las dos razones anteriores;
      
      –        el conjunto de los fertilizantes aportados es retirado a su vez de la explotación a través de las plantas cultivadas; no hay
         pues emisión de fertilizantes en la tierra y ninguna carga afecta a la capa acuífera; en el cultivo en sustrato, no hay en
         cualquier caso contacto alguno con la tierra.»
      
      67.      El Gobierno neerlandés no ha presentado ningún documento en apoyo de estas afirmaciones.
      68.      Ciertamente, no parece discutible que los rendimientos del cultivo en invernadero o en sustrato sean superiores a los del
         cultivo en tierra al aire libre. Parece pues plausible que, en una superficie de producción comparable, el cultivo en invernadero
         o en sustrato permita, durante un año, una absorción de fosfatos y de nitrógeno por los vegetales mayor que la del cultivo
         en tierra al aire libre.
      
      69.      No obstante, las explicaciones antes mencionadas no demuestran que la absorción de fertilizantes por los vegetales cultivados
         en invernadero o en sustrato sea en promedio ocho veces superior a la de las plantas cultivadas en tierra al aire libre. Tampoco
         justifican que esa absorción corresponda a las cantidades anuales medias de 460 kg de fosfatos y 800 kg de nitrógeno por hectárea.
         Ni demuestran que la absorción de fosfatos y de nitrógeno por los vegetales cultivados en invernadero y los cultivados en
         sustrato deba ser estimada en las mismas cantidades globales, siendo así que el propio Gobierno neerlandés destaca que los
         primeros están en contacto directo con la tierra, y no así los últimos.
      
      70.      Es preciso pues concluir que, al limitarse a meras aserciones, el Gobierno neerlandés no ha probado que la exención controvertida
         esté justificada por la naturaleza y la estructura del régimen MINAS. Esta apreciación queda confirmada por las declaraciones
         de ese Gobierno en la vista, en la que reconoció que no había logrado convencer a la Comisión de la exactitud de las cantidades
         de fosfatos y de nitrógeno exentas y manifestó que esa justificación sólo podía ser establecida de modo científico.
      
      71.      El Gobierno neerlandés destaca no obstante que las justificaciones que ha proporcionado a la Comisión deben ser valoradas
         en relación con el hecho de que ésta no explicó en ningún momento sus objeciones al Reglamento de exención. Tampoco indicó
         con precisión qué informaciones necesitaba para su apreciación, en especial después del escrito de 17 de mayo de 2000. Según
         el Gobierno neerlandés, la Comisión, a falta de datos suficientes, habría debido aplazar su autorización y formular con claridad
         su solicitud de informaciones.
      
      72.      En mi opinión, esta argumentación no puede ser acogida. Estimo, por el contrario, que la Comisión informó al Gobierno neerlandés
         con suficiente claridad de sus objeciones al Reglamento de exención.
      
      73.      En efecto, una vez recibida la notificación de ese Reglamento en cumplimiento del artículo 88 CE, la Comisión destacó, en
         su télex de 26 de octubre de 1999, que la norma prevista para el nitrógeno era muy superior a la autorizada por la Directiva
         91/676 y que no parecía haber razón para conceder la exención proyectada al sector de la horticultura. Solicitó al Gobierno
         neerlandés precisiones complementarias.
      
      74.      Posteriormente, en su escrito de 20 de marzo de 2000 que informaba al Gobierno neerlandés de su intención de incoar el procedimiento
         formal de examen, la Comisión afirmó que las explicaciones proporcionadas por ese Gobierno en su escrito de 10 de enero de
         2000 no eran suficientes para estimar que la exención de que se trata se justificaba por la naturaleza y la estructura del
         sistema. Señaló que la aportación autorizada de fosfatos (460 kg) y de nitrógeno (800 kg) le parecía mucho más alta que la
         correspondiente a los cultivos en tierra al aire libre y que a su juicio no existía ninguna razón inherente al sistema para
         conceder la exención proyectada. En lo que atañe a los viveros que desarrollan actividades hortícolas, la Comisión precisó
         que tampoco parecía haber razón para conceder tal exención, en la medida en que la misma normativa debía aplicarse a la horticultura
         con tierra y a la horticultura sin tierra.
      
      75.      La Comisión añadió que, en esa fase del procedimiento, estimaba que, a falta de justificación, tales exenciones debían considerarse
         ayudas de Estado. Además, dado que concurrían en ellas todos los requisitos enunciados en los puntos 9 a 12 de la Comunicación,
         había que calificarlas de ayudas de funcionamiento. Finalmente, la Comisión manifestó reservas sobre la compatibilidad de
         la normativa neerlandesa con la Directiva 91/676. Indicó, en particular, que a falta de datos sobre el vertido de nitratos
         en el agua, tenía dudas sobre las consecuencias que las exenciones previstas podían producir en el medio ambiente.
      
      76.      En razón de estos elementos, opino que la Comisión indicó con claridad que las explicaciones proporcionadas por el Gobierno
         neerlandés no justificaban la exención de cantidades tan elevadas de fosfatos y de nitrógeno, teniendo en cuenta en especial
         que estaba prevista la misma normativa para la horticultura en invernadero y para la horticultura en sustrato, y que en esas
         circunstancias el régimen de exención debía ser considerado una ayuda de funcionamiento.
      
      77.      Estimo también que, en las circunstancias de este asunto, no puede reprocharse a la Comisión haber adoptado la Decisión impugnada
         una vez recibido el escrito de las autoridades neerlandesas de 17 de mayo de 2000 sin haberles dirigido una nueva solicitud
         de informaciones complementarias. (37) En efecto, a la vista de los elementos contenidos en el escrito de la Comisión de 20 de marzo de 2000, el Gobierno neerlandés
         no podía ignorar que la mera repetición de las explicaciones que ya había formulado en su escrito de 10 de enero de 2000 sería
         insuficiente y que le incumbía presentar documentos de origen científico, en particular los estudios que ya había citado en
         ese escrito.
      
      78.      En las circunstancias de este asunto, estimar lo contrario llevaría a invertir la carga de la prueba, que, como ya he expuesto,
         corresponde al Estado miembro. Teniendo en cuenta que, en respuesta al escrito de la Comisión de 20 de marzo de 2000, el Gobierno
         neerlandés se limitó a reiterar los elementos que ya había manifestado, sin presentar ningún documento, ni siquiera los estudios
         que citaba por segunda vez, la Comisión podía pensar legítimamente que ese Gobierno no cumplía la exigencia en materia de
         prueba que le incumbía y que, por tanto, se hallaba en condiciones de formular una apreciación definitiva sobre el Reglamento
         de exención. (38)
      
      79.      En razón de estas consideraciones, estimo que la Comisión apreció válidamente que la exención proyectada constituye una ventaja,
         puesto que su efecto sería conferir a las explotaciones hortícolas y a los viveros que practican el cultivo en invernadero
         o en sustrato la posibilidad de utilizar cantidades de fertilizantes mucho mayores que los demás productores sin pagar los
         impuestos previstos por el régimen MINAS. Por iguales razones, el carácter selectivo de esa exención no está justificado.
      
      ii)    Sobre los demás requisitos establecidos por el artículo 87 CE, apartado 1
      80.      Dado que los requisitos enunciados por el artículo 87 CE, apartado 1, son acumulativos, hay que apreciar además los argumentos
         del Gobierno neerlandés según los cuales la exención discutida no constituye una ventaja otorgada por el Estado o mediante
         fondos estatales, por una parte, ni afecta a la competencia ni a los intercambios comerciales entre los Estados miembros,
         por otra.
      
      –       Sobre la existencia de una ventaja otorgada por el Estado o mediante fondos estatales
      81.      El Gobierno neerlandés ha apoyado en parte su argumentación en la premisa de que la exención controvertida no confiere ninguna
         ventaja, sino que está justificada por la naturaleza y la estructura del régimen MINAS. Me remito en este aspecto a las anteriores
         consideraciones para refutar esta parte de la argumentación. Únicamente examinaré los demás argumentos expuestos por el Gobierno
         neerlandés acerca de este requisito.
      
      82.      El Gobierno neerlandés mantiene, en esencia, que el régimen MINAS no constituye un régimen fiscal, en el sentido de que no
         trata de generar ingresos sino de limitar las pérdidas de minerales en el medio ambiente a través de impuestos disuasorios.
      
      83.      A mi juicio estos argumentos deben ser refutados a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, según
         reiterada jurisprudencia, el concepto de ayuda comprende no sólo prestaciones positivas como las subvenciones, sino también
         las intervenciones de las autoridades públicas que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre
         el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza
         y tienen efectos idénticos. (39) En la sentencia de 15 de marzo de 1994, Banco Exterior de España, (40) el Tribunal de Justicia dedujo de esa jurisprudencia que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a
         determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los
         beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado
         en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. (41)
      
      84.      El concepto de «fondos estatales» puede pues revestir una forma negativa, y consistir meramente en una pérdida de ingresos
         del Estado interesado. Por tanto, no es necesario que el régimen general del que las medidas de que se trate sean una excepción
         tenga como objetivo generar ingresos en beneficio del Estado. A este respecto, en la sentencia de 17 de junio de 1999, Piaggio, (42) se afirmó que la exoneración de la obligación de pago de multas y otras sanciones pecuniarias debía ser considerada una ventaja
         en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1.
      
      85.      Se sigue de ello que la Comisión estimó con razón en la Decisión impugnada que el análisis del Gobierno neerlandés, según
         el cual el régimen MINAS es comparable a un sistema de multas de carácter administrativo y penal antes que a un sistema fiscal,
         no puede desvirtuar la calificación de las exenciones controvertidas como ayudas de Estado.
      
      86.      Así sucede también con la finalidad de protección del medio ambiente del régimen MINAS alegada por el Gobierno neerlandés.
         En efecto, según reiterada jurisprudencia el artículo 87 CE, apartado 1, no establece una distinción según las causas o los
         objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos. (43)
      
      87.      Así pues, la Comisión estimó fundadamente en la Decisión impugnada (44) que el Estado concedía la ventaja a través de una «pérdida de ingresos» en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, según
         la interpretación jurisprudencial de esta disposición.
      
      –       Sobre la incidencia del Reglamento de exención en los intercambios comerciales y la competencia entre los Estados miembros
      88.      La argumentación expuesta a este respecto por el Gobierno neerlandés descansa en la misma premisa que su afirmación según
         la cual la exención controvertida no confiere una ventaja a las explotaciones que practican el cultivo en invernadero o en
         sustrato, lo que equivale a mantener que la exención proyectada corresponde a las cantidades de minerales absorbidas por los
         vegetales producidos en esas condiciones. Ya he señalado, no obstante, que el Gobierno neerlandés no ha probado este extremo
         y he deducido que dicha exención confería una ventaja a esas explotaciones.
      
      89.      Además, el Gobierno neerlandés no discute que los productos hortícolas son objeto de un comercio internacional «importante»,
         como indicó la Comisión en la Decisión impugnada, (45) y por tanto destinado a los demás Estados miembros. A este respecto, me limito a recordar que el Gobierno neerlandés declaró
         en la vista que la producción en invernadero o en sustrato representa cerca del 20 % de la producción total de los Países
         Bajos.
      
      90.      Se deduce de ello que la Comisión consideró legítimamente en la Decisión impugnada que la exención controvertida podía afectar
         negativamente a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. (46)
      
      91.      En razón de las anteriores consideraciones, estimo que la primera parte del primer motivo debe ser desestimada por infundada.
      2.      Sobre la compatibilidad de la exención controvertida con la Directiva 91/676
      a)      Argumentos de las partes
      92.      El Gobierno neerlandés mantiene, en primer lugar, que el procedimiento del artículo 88 CE no fue establecido para permitir
         apreciar si la exención controvertida es compatible o no con la Directiva 91/676. La Decisión impugnada se apoya por tanto
         en un marco de apreciación erróneo.
      
      93.      El Gobierno neerlandés mantiene, en segundo lugar, que el Reglamento de exención es compatible con esa Directiva. A este respecto,
         alega que la incidencia de los abonos utilizados en el cultivo en invernadero o en sustrato en la contaminación directa de
         la tierra es escasa. En lo que se refiere al cultivo en sustrato, las plantas se desarrollan en soportes y no están en contacto
         con la tierra. En cuanto a los cultivos en invernadero, una parte muy importante de los fosfatos y del nitrógeno es absorbida
         por los vegetales.
      
      94.      La Comisión alega que no es necesario que el Tribunal de Justicia examine la segunda parte del primer motivo ya que no puede
         afectar a la validez de la Decisión impugnada. En efecto, de esta Decisión resulta que la incompatibilidad con la Directiva
         91/676 sólo constituye una razón accesoria para denegar la autorización de la ayuda.
      
      b)      Apreciación
      95.      En contra de lo que parece afirmar el Gobierno neerlandés, la Comisión no fundó la calificación de la exención discutida como
         ayuda de Estado incompatible con el mercado común en la incompatibilidad de esa exención con la Directiva 91/676.
      
      96.      En efecto, la lectura atenta de la Decisión impugnada muestra que la Comisión basó su apreciación de la existencia de una
         ayuda en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, en lo dispuesto en este artículo. (47) En efecto, la Comisión expuso de qué modo la exención controvertida podía constituir una ventaja concedida por el Estado
         a determinadas empresas, aunque esa exención sea comparable a una multa, y por qué podía falsear las relaciones comerciales
         entre los Estados miembros. (48) Mantuvo las objeciones que había expresado para deducir de ellas que esa medida no estaba justificada por la naturaleza y
         la estructura del sistema. (49) Señaló que, en cambio, concurrían en esa medida todos los requisitos enunciados en la Comunicación. (50)
      
      97.      Seguidamente, la Comisión precisó que esa clase de ayuda debía ser considerada una ayuda de funcionamiento y que no cumplía
         los requisitos necesarios para ser incluida en alguna de las excepciones previstas en el artículo 87 CE, apartado 3. (51) Finalmente, rebatió el argumento de que la Comisión utilizó indebidamente el procedimiento relativo a las ayudas de Estado
         con el fin de aplicar la Directiva 91/676. (52)
      
      98.      Más aún, en su escrito de 20 de marzo de 2000, la Comisión sólo manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de la exención
         controvertida con la Directiva 91/676 después de haber señalado que, en esa fase del procedimiento, esa exención debía ser
         considerada ayuda de Estado, y calificada como ayuda de funcionamiento, dado que las autoridades neerlandesas no habían demostrado
         que la exención se justificara por la naturaleza y la estructura del régimen de impuestos sobre las materias minerales.
      
      99.      Por estas razones, es infundada la alegación del Gobierno neerlandés de que la apreciación de la Comisión según la cual la
         exención controvertida constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común descansa en un marco jurídico erróneo.
      
      100. Por lo que se refiere a la cuestión de si, como afirma el Gobierno neerlandés, el Reglamento de exención es compatible con
         la Directiva 91/676, opino que no puede afectar a la validez de la Decisión impugnada y que no debe ser examinado en el marco
         del presente recurso. En efecto, como acabo de exponer, la Comisión no fundó su apreciación de la incompatibilidad de la exención
         discutida con el Derecho comunitario en esa Directiva, sino en el análisis conforme al cual aquélla debe ser considerada una
         ayuda de funcionamiento que no cumple los requisitos necesarios para ser autorizada. Por tanto, como señaló la Comisión en
         la Decisión impugnada, (53) con independencia de la compatibilidad del Reglamento de exención con esa Directiva, éste debe ser estimado incompatible
         con el mercado común por las razones anteriores. Es más, como he señalado anteriormente, la cuestión de la compatibilidad
         del régimen MINAS en su conjunto con la Directiva 91/676 es objeto de un procedimiento específico, actualmente pendiente.
      
      101. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la segunda parte del primer motivo debe ser también desestimada.
      B.      Sobre la vulneración del deber de motivación
      102. El Gobierno neerlandés reprocha a la Comisión no haber manifestado las razones por las que estima que las cantidades globales
         de 460 kg de fosfatos y 800 kg de nitrógeno por hectárea son excesivamente elevadas para poder justificarse por la naturaleza
         y la estructura del régimen MINAS. Recuerda que, tanto en el escrito de 10 de enero de 2000 como en el apartado 2 del anexo
         al escrito de 17 de mayo de 2000, explicó por qué debían aplicarse a los cultivos en invernadero o en sustrato cantidades
         globales superiores en materia de absorción de los minerales. Según ese Gobierno, la Comisión funda su criterio en la errónea
         suposición de que las exenciones a favor de este tipo de cultivo son materialmente superiores a las aplicables a otras formas
         de producción.
      
      103. La Comisión afirma que la Decisión impugnada está correctamente motivada.
      104. Considero que la argumentación expuesta por el Gobierno neerlandés en el marco del segundo motivo pretende desplazar la carga
         de la prueba que le incumbía y, como consecuencia, cuestionar el fondo de la Decisión impugnada. En efecto, la falta de motivación
         alegada en el presente asunto por dicho Gobierno equivale en realidad a rebatir la apreciación de que le incumbía acreditar
         que la exención proyectada estaba justificada por la naturaleza y la estructura del régimen general, por una parte, y que
         no lo había demostrado debidamente, por otra.
      
      105. Ahora bien, la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento
         de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Según reiterada
         jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe permitir que los interesados conozcan las razones de la
         medida adoptada y que el órgano jurisdiccional competente ejerza su control. (54)
      
      106. Como he señalado anteriormente, la Decisión impugnada expresa los motivos por los que la exención controvertida constituye
         una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. En particular, indica que, a falta de prueba aportada por el Gobierno
         neerlandés, dicha exención no está justificada por la naturaleza y la estructura del régimen y concurren en ella los requisitos
         enunciados por la Comunicación.
      
      107. Por consiguiente, a mi juicio el motivo basado en la falta de motivación debe ser desestimado por infundado.
      C.      Sobre las costas
      108. Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso
         será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena del Reino
         de los Países Bajos, éste debe ser condenado en costas.
      
      IV.    Conclusión
      109. En razón del conjunto de consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que:
      1)         Desestime el recurso interpuesto por el Reino de los Países Bajos.
      2)         Condene en costas a la parte demandante.
      1 –	 Lengua original: francés.
      
      2 –	DO 2001, L 130, p. 42 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
      
      3 –	DO C 384, p. 3 (en lo sucesivo, «Comunicación»).
      
      4 –	Véanse los puntos 9 a 12.
      
      5 –	Véase el punto 34.
      
      6 –	Reglamento del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
         Tratado CE (DO L 83, p. 1). El artículo 93 del Tratado CE ha pasado a ser el artículo 88 CE.
      
      7 –	Directiva del Consejo de 12 de diciembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
         por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375, p. 1).
      
      8 –	El «estiércol» se define en el artículo 2, letra g), de la Directiva 91/676 como los residuos excretados por el ganado
         o las mezclas de desechos y residuos excretados por el ganado, incluso transformados.
      
      9 –	Véase al anexo III, 2.
      
      10 –	El Mineralenaanfgiftesysteem (régimen de impuestos sobre los minerales).
      
      11 –	Ley de 27 de noviembre de 1986, reguladora del comercio de fertilizantes y de la eliminación de los excedentes de fertilizantes,
         modificada por la Ley de 16 de septiembre de 1999 (Stbl. 1999, p. 406; en lo sucesivo, «Meststoffenwet»).
      
      12 –	Véase el artículo 15 de la Meststoffenwet.
      
      13 –	Ibidem, artículo 16.
      
      14 –	Ibidem, artículo 18.
      
      15 –	Véase el anexo D, artículo D2 de la Meststoffenwet.
      
      16 –	Ibidem, anexo D, artículo D8.
      
      17 –	Ibidem, artículos 19 y 26.
      
      18 –	Stcrt. 1999, nº 9 (en lo sucesivo, «Reglamento de exención»).
      
      19 –	Se trata de explotaciones que no disponen, en promedio durante un año natural, de más de tres cabezas de ganado mayor y
         de tres hectáreas de tierra agrícola. Además, no deben abastecerse de fertilizantes animales u orgánicos.
      
      20 –	Véase el punto 2 del Reglamento de exención.
      
      21 –	Ibidem, punto 3.
      
      22 –	Ibidem, punto 4.
      
      23 –	Ibidem, punto 5.
      
      24 –	En este escrito el Gobierno neerlandés señaló que había comunicado el Reglamento de exención a la Comisión el 5 de enero
         de 1999, en concepto de reglamento técnico. Mediante escritos de 20 de mayo y 10 de agosto de 1999 la Comisión indicó al Gobierno
         neerlandés que ese Reglamento podía contener normas constitutivas de ayudas de Estado.
      
      25 –	Asunto C‑322/00, actualmente pendiente. El 7 de noviembre de 2002 presenté mis conclusiones en dicho procedimiento.
      
      26 –	Véase el artículo 1 de la Decisión impugnada.
      
      27 –	Véanse las sentencias de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión (173/73, Rec. p. 709), apartado 33; de 17 de marzo de 1993,
         Sloman Neptun (asuntos acumulados C‑72/91 y C‑73/91, Rec. p. I‑887), apartado 21, y de 17 de junio de 1999, Bélgica/Comisión
         (C‑75/97, Rec. p. I‑3671), apartado 34.
      
      28 –	Así ocurre por ejemplo con la progresividad de un baremo impositivo sobre los ingresos que prevea condiciones más favorables
         para los contribuyentes con menores ingresos, que se justifica por la lógica redistributiva del impuesto. También puede justificarse
         por la naturaleza del sistema fiscal el hecho de que las cooperativas que distribuyen a sus miembros todos sus beneficios
         no sean gravadas si se exige el pago del impuesto a sus miembros (véanse los puntos 24 y 25 de la Comunicación).
      
      29 –	Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de enero de 1998, Ladbroke Racing/Comisión (T‑67/94,
         Rec. p. II‑1), apartado 189 y la jurisprudencia citada.
      
      30 –	Véanse las sentencias de 28 de abril de 1993, Italia/Comisión (C‑364/90, Rec. p. I‑2097), apartado 20, y de 19 de septiembre
         de 2000, Alemania/Comisión (C‑156/98, Rec. p. I‑6857), apartado 56, así como las conclusiones del Abogado General Sr. Saggio
         presentadas en este último asunto (punto 25). Véanse también las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs presentadas en
         el asunto Austria/Comisión (sentencia de 15 de febrero de 2001, C‑99/98, Rec. p. I‑1101), punto 86. Según el Abogado General,
         «en el ámbito del control de las ayudas de Estado, los Estados miembros tienen una obligación general de proporcionar con
         buena fe a la Comisión toda la información necesaria y relevante de la que disponen».
      
      31 –	Véase la sentencia de 28 de abril de 1993, Italia/Comisión, antes citada (apartado 22).
      
      32 –	Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2000, Astilleros Zamacona/Comisión (T‑72/98, Rec.
         p. II‑1683), apartado 55.
      
      33 –	Véase la sentencia de 26 de septiembre de 2002, España/Comisión (C‑351/98, Rec. p. I‑8031), apartado 43. Véanse también,
         en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz Jarabo-Colomer presentadas en el asunto Italia/Comisión (sentencia
         de 19 de mayo de 1999, C‑6/97, Rec. p. I‑2981), punto 27.
      
      34 –	Segundo considerando de dicho Reglamento.
      
      35 –	Según el artículo 4, apartado 2, del mismo Reglamento, la Comisión puede declarar que la medida notificada no constituye
         una ayuda.
      
      36 –	Véase el punto 23 de la Comunicación.
      
      37 	No obstante, mediante escrito de 20 de junio de 2000 la Comisión preguntó al Gobierno neerlandés si el escrito de 17 de
         mayo de 2000 contenía las observaciones oficiales de ese Gobierno en el marco del procedimiento formal de examen. El Gobierno
         neerlandés respondió afirmativamente mediante escrito de 3 de julio de 2000.
      
      38 –	Merece destacarse además que el Gobierno neerlandés no ha presentado, después de la adopción de la Decisión impugnada o
         durante la vista, ningún estudio científico en apoyo de sus afirmaciones para justificar las cantidades de nitrógeno y de
         fosfatos exentas.
      
      39 –	Véanse las sentencias de 23 de febrero de 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad (30/59, Rec.
         pp. 1 y ss., especialmente p. 39); de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade (C‑200/97, Rec. p. I‑7907), apartado 34, y de 19 de
         mayo de 1999, Italia/Comisión, antes citada (apartado 15).
      
      40 –	C‑387/92, Rec. p. I‑877, apartado 14. En este asunto el Tribunal de Justicia conocía de una exención de toda clase de tributos
         nacionales, provinciales o municipales establecida a favor de las entidades oficiales de crédito.
      
      41 –	Véase también la sentencia de 17 de junio de 1999, Bélgica/Comisión, antes citada (apartado 24), acerca de una medida consistente
         en un aumento de la reducción de cotizaciones de la seguridad social.
      
      42 –	C‑295/97, Rec. p. I‑3735, apartados 41 a 43.
      
      43 –	Véanse las sentencias de 29 de febrero de 1996, Bélgica/Comisión (C‑ 56/93, Rec. p. I‑723), apartado 79; de 26 de septiembre
         de 1996, Francia/Comisión (C‑241/94, Rec. p. I‑4551), apartado 20, y de 17 de junio de 1999, Bélgica/Comisión, antes citada,
         apartado 25. Véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 2000, CETM/Comisión (T‑55/99,
         Rec. p. II‑3207), apartado 53.
      
      44 –	Véase el considerando 40.
      
      45 –	Véase el considerando 36.
      
      46 –	Véase el considerando 40.
      
      47 –	Véase el considerando 35.
      
      48 –	Véase el considerando 36.
      
      49 –	Véase el considerando 39.
      
      50 –	Véase el considerando 40.
      
      51 –	Véanse los considerandos 41 y 42.
      
      52 –	Véase el considerando 43.
      
      53 –	Véase el considerando 43.
      
      54 –	Véase, por ejemplo, la sentencia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión (C‑17/99, Rec. p. I‑2841), apartado 35.