CELEX: 62022TN0103
Language: es
Date: 2022-02-22 00:00:00
Title: Asunto T-103/22: Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2022 — ON/Comisión

10.5.2022   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 191/29
            
         
      Recurso interpuesto el 22 de febrero de 2022 — ON/Comisión
      (Asunto T-103/22)
      (2022/C 191/38)
      Lengua de procedimiento: checo
      
         Partes
      
      
         Demandante: ON (representante: D. Mimrová, abogada)
      
         Demandada: Comisión Europea
      
         Pretensiones
      
      La parte demandante solicita al Tribunal General que:
      
                  —
               
               
                  Anule el Reglamento Delegado (UE) 2021/2288 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2021, por el que se modifica el anexo del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al período de aceptación de los certificados de vacunación expedidos en el formato del certificado COVID digital de la UE que indican la finalización de la pauta de primovacunación, (1) debido a la vulneración del principio de igualdad de trato y de no discriminación y a la vulneración del principio de proporcionalidad.
               
            
                  —
               
               
                  Anule el Reglamento 2021/2288 por no mencionar la base jurídica constituida por el artículo 168 TFUE, habida cuenta de la protección de la salud pública y de la reacción de la Unión a la amenaza sanitaria transfronteriza constituida por la pandemia del COVID-19.
               
            
                  —
               
               
                  Condene en costas a la parte demandada.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.
      
                  1.
               
               
                  Primer motivo, basado en la infracción por parte de la Comisión de principios generales del Derecho de la Unión y por el hecho de que, al adoptar el Reglamento 2021/2288 la Comisión vulneró:
                  
                              —
                           
                           
                              El principio de igualdad de trato y de no discriminación, al limitar la duración de la validez de los certificados digitales a 270 días a partir de la fecha de finalización de la pauta de primovacunación, con el fin de facilitar la libre circulación de los titulares de certificados digitales válidos (a saber las personas que hayan recibido una dosis de refuerzo, que supuestamente disfrutan de mayor inmunidad contra la variante ómicron), a la vez que excluyó del ámbito de aplicación del acto impugnado a un número indeterminado de personas identificadas por su edad, su profesión, su modo de vida u otros criterios (con independencia del hecho de que estén vacunadas o no); al hacerlo, discriminó a un gran número de personas que habían finalizado la pauta de primovacunación y que habían tenido la COVID, pese a que las pruebas científicas muestran que esas personas, dotadas de una «inmunidad híbrida», presentan un riesgo comparable o menor para la sociedad en términos de transmisión de la infección y de carga para el sistema de salud que las personas cuyo certificado digital conserva su validez sin límite temporal o que, por otra razón, quedan excluidos del ámbito de aplicación del acto impugnado y que son, de iure, no contagiosos.
                           
                        
                              —
                           
                           
                              El principio de proporcionalidad, en la medida en que no facilitó razones basadas en datos cualitativos, o cuando fuera posible cuantitativos, es decir, no examinó adecuadamente la información científica disponible sobre los grupos de personas que podían plantear un riesgo de infección por COVID a otras personas, y tampoco motivó por qué la medida adoptada, que restringe la validez del certificado COVID digital de la UE a un máximo de 270 días a partir de la fecha de finalización de la pauta de primovacunación, es el mejor medio para alcanzar los objetivos de la UE en lo que se refiere a la reacción a la pandemia de la COVID-19 y las mutaciones del virus SARS-CoV-2, ya que mediante dicha medida apoya un aumento de la aceptación de la denominada «vacunación de refuerzo» entre la población, sin ponderar (justificar adecuadamente) otras posibles alternativas.
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Segundo motivo, basado en que, al adoptar el Reglamento 2021/2288, la Comisión excedió las facultades que se le otorgaron en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/953, (2) ya que, en lugar de una modificación «estática» de un campo de datos en reacción a la evolución del virus SARS-CoV-2 y a la situación epidemiológica existente, limitó la duración de validez del certificado digital y, en ese contexto, estableció, de facto, límites a la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19 como amenaza sanitaria transfronteriza sin dar al acto impugnado una base jurídica apropiada como prevé el artículo 168 TFUE, relativo a la protección de la salud pública.
               
            
         (1)  DO 2021, L 458, p. 459.
      
         (2)  Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (DO 2021, L 211, p. 1).