CELEX: 62004CC0066
Language: es
Date: 2005-09-08
Title: Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 8 de septiembre de 2005.#Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.#Productos alimenticios - Reglamento (CE) nº 2065/2003 - Aromas de humo - Elección de la base jurídica.#Asunto C-66/04.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. JULIANE KOKOTT
      presentadas el 8 de septiembre de 2005 (1)
      
      Asunto C‑66/04
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
      contra
      Parlamento Europeo
      y
      Consejo de la Unión Europea«Reglamento (CE) nº 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de humo utilizados
         o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie – Elección de la base jurídica – Artículo 95 CE, apartado 1 – Delegación de competencias de ejecución – Artículo 202 CE»
      
      I.      Introducción
      1.     El Reglamento (CE) nº 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de humo
         utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie, (2) no regula directamente qué aromas de humo pueden ser utilizados en el mercado interior. En esencia, establece un procedimiento
         mediante el cual la Comisión autoriza los denominados productos primarios para la producción de aromas de humo. Las sustancias
         autorizadas se recogen en una lista positiva en el anexo del Reglamento.
      
      2.     Las partes discrepan sobre la cuestión de si el artículo 95 CE, apartado 1, permite el establecimiento de tales modelos normativos
         «en varias etapas» o sólo permite medidas que aproximen directamente por sí mismas el Derecho de los Estados miembros. Además,
         se discute si las competencias de la Comisión en este procedimiento se han regulado de manera suficientemente precisa. 
      
      II.    Situación de partida y marco jurídico
      3.     La base jurídica del Reglamento es el artículo 95 CE, que establece:
      «1.      […] El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará
         las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
         que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
      
      […]
      4.      Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de aproximación, un Estado miembro estimare necesario
         mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 o relacionadas
         con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones
         así como los motivos de su mantenimiento. 
      
      5.      Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Consejo o la Comisión, un
         Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a
         la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro
         surgido con posterioridad a la adopción de la medida de aproximación, notificará a la Comisión las disposiciones previstas
         así como los motivos de su adopción.»
      
      4.     La delegación de competencias de ejecución en la Comisión se regula en el artículo 202 CE, tercer guión: 
      «Para garantizar la consecución de los fines establecidos en el presente Tratado, el Consejo, de acuerdo con las disposiciones
         del mismo:
      
      […]
      –       atribuirá a la Comisión, respecto de los actos que el Consejo adopte, las competencias de ejecución de las normas que éste
         establezca. El Consejo podrá someter el ejercicio de estas competencias a determinadas condiciones. El Consejo podrá asimismo
         reservarse, en casos específicos, el ejercicio directo de las competencias de ejecución. Las condiciones anteriormente mencionadas
         deberán ser conformes a los principios y normas que el Consejo hubiere establecido previamente por unanimidad, a propuesta
         de la Comisión y previo dictamen del Parlamento Europeo.»
      
      5.     La producción de aromas de humo se describe en el séptimo considerando del Reglamento:
      «[…] La producción de estos aromas de humo se inicia con la condensación del humo. El humo condensado se separa normalmente
         mediante procedimientos físicos en un condensado de humo primario de base acuosa, una fase de alta densidad de alquitrán insoluble
         en agua y una fase oleosa insoluble en agua. La fase oleosa insoluble en agua es un subproducto inadecuado para la producción
         de aromas de humo. Los condensados de humo primarios y las fracciones de la fase de alta densidad de alquitrán insoluble en
         agua, que se denominan “fracciones primarias de alquitrán”, se purifican para eliminar los componentes del humo más perjudiciales
         para la salud humana. Entonces pueden utilizarse como tales en productos alimenticios o en su superficie, o para la producción
         de aromas de humo derivados obtenidos mediante otros tratamientos físicos adecuados, tales como procedimientos de extracción,
         destilación, concentración por evaporación, absorción o separación por membrana, y la adición de ingredientes alimentarios,
         otros aromas, aditivos alimentarios o disolventes, sin perjuicio de la legislación comunitaria más específica.»
      
      6.     En relación con los riesgos de los aromas de humo, el sexto considerando establece: 
      «La composición química del humo es compleja y depende, entre otras cosas, de los tipos de madera utilizada, del método empleado
         para producir humo, del contenido de agua de la madera y de la temperatura y concentración de oxígeno durante la producción
         de humo. Los alimentos ahumados en general plantean problemas desde el punto de vista sanitario, sobre todo con respecto a
         la posible presencia de hidrocarburos policíclicos aromáticos. Dado que los aromas de humo se producen a partir de humo sometido
         a procedimientos de fraccionamiento y purificación, se considera generalmente que la utilización de aromas de humos plantea
         menos problemas para la salud que el procedimiento de ahumado tradicional. No obstante, en las evaluaciones de seguridad deben
         tenerse en cuenta las posibilidades de aplicación más amplias de los aromas de humo en comparación con el ahumado tradicional.»
      
      7.     El octavo considerando explica las dificultades de la evaluación científica de los aromas de humo: 
      «El Comité científico de la alimentación humana llegó a la conclusión de que, debido a las importantes diferencias físicas
         y químicas entre los aromas de humo utilizados para aromatizar los alimentos, no es posible diseñar un método común para evaluar
         su seguridad y, por consiguiente, la evaluación toxicológica debería centrarse en la seguridad de los diferentes condensados
         de humo.»
      
      8.     Un aroma de humo o un producto alimenticio que lo contenga sólo podrá comercializarse, con arreglo al artículo 4, apartado
         2, del Reglamento, cuando la Comisión haya autorizado con arreglo al Reglamento el producto primario del que se haya obtenido.
         
      
      9.     El artículo 3 del Reglamento define como producto primario los condensados de humo primarios y las fracciones primarias de
         alquitrán. Estos productos primarios son objeto del procedimiento de autorización previsto en el Reglamento. La Comisión decide
         sobre la autorización a instancia de los fabricantes y con la participación de un Comité de Reglamentación (3) y de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «Autoridad Alimentaria»). (4) La Comisión debe evaluar un aroma de humo cuando así se solicite e incluirlo en la lista de los aromas de humo autorizados
         (en lo sucesivo, «lista positiva») mediante un reglamento de aplicación o denegar la autorización mediante una decisión dirigida
         al solicitante. 
      
      10.   Los requisitos de la autorización se definen en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento del siguiente modo:
      «Sólo se autorizará la utilización de aromas de humo en los productos alimenticios o en su superficie si se demuestra suficientemente que:
      –       no presentan riesgos para la salud de las personas,
      –       no inducen a error a los consumidores.»
      11.   En virtud del artículo 9 del Reglamento, al adoptar su decisión, la Comisión podrá tener en cuenta también «otros factores
         legítimos pertinentes respecto del asunto en cuestión». 
      
      12.   Además, según el artículo 5 del Reglamento, las maderas utilizadas para la producción de productos primarios no deberán haber
         sido tratadas, voluntaria o involuntariamente, con sustancias químicas en los seis meses inmediatamente anteriores a la tala
         o después de ésta, a no ser que pueda demostrarse que la sustancia utilizada para el tratamiento no produce ninguna sustancia
         potencialmente tóxica durante la combustión. El anexo I del Reglamento contiene otras condiciones de producción así como valores
         límite para el benzo[a]pireno y el benzo[a]antraceno.
      
      III. Pretensiones de las partes del procedimiento
      13.   Mediante escrito de 11 de febrero de 2004, presentado en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero de 2004, el Reino Unido
         de Gran Bretaña e Irlanda del Norte interpuso un recurso, al amparo del artículo 230 CE, contra el Parlamento Europeo y el
         Consejo de la Unión Europea, y solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      1)      Anule el Reglamento (CE) nº 2065/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de noviembre de 2003, sobre los aromas de
         humo utilizados o destinados a ser utilizados en los productos alimenticios o en su superficie.
      
      2)      Condene al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas en que haya incurrido el Reino Unido.
         
      
      14.   El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea solicitan al Tribunal de Justicia que: 
      1)      Desestime el recurso.
      2)      Condene en costas al Reino Unido. 
      15.   Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2004, adoptado conforme al artículo 40, párrafo primero,
         del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 93, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, se admitió la intervención
         de la Comisión como coadyuvante en apoyo de las pretensiones del Parlamento y del Consejo.
      
      IV.    Apreciación jurídica
      16.   En primer lugar, el recurso plantea la cuestión de si el artículo 95 CE, apartado 1, constituye la base jurídica correcta
         para la adopción del Reglamento. Además, el Reino Unido alberga también dudas sobre si el modelo normativo previsto por el
         Reglamento es proporcionado. Por último, el Reino Unido considera que el Reglamento vulnera el artículo 202 CE, tercer guión,
         porque delega en la Comisión funciones esenciales de aproximación de las legislaciones, pese a que dicho artículo sólo autoriza
         la delegación de la «ejecución». 
      
      A.      Sobre el artículo 95 CE, apartado 1, como base jurídica del Reglamento 
      17.   En virtud del artículo 95 CE, apartado 1, el Consejo adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones
         legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento
         del mercado interior. 
      
      18.   El artículo 95 CE, apartado 1, sólo puede aceptarse como base jurídica cuando del acto jurídico se desprende, (5) de manera efectiva y objetivamente acreditable, que tiene por objeto mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento
         del mercado interior. (6)
      
      19.   Así sucede en el presente asunto. Según el Reglamento, los productos primarios autorizados pueden utilizarse en toda la Comunidad.
         Como alega la Comisión, sin ser contradicha, antes existían procedimientos de autorización de los Estados miembros que podían
         tener, al menos potencialmente, resultados diferentes, lo cual podía obstaculizar la libre circulación de los productos primarios,
         de los aromas generados a partir de ellos y de los productos alimenticios tratados con los aromas, así como falsear la libre
         competencia. En la medida en que, en virtud del Reglamento, en el futuro deban retirarse del mercado productos primarios,
         ello estaría justificado por razones de protección de la salud pública, respecto a la cual el artículo 95 CE, apartado 3,
         exige un nivel de protección elevado. 
      
      20.   Sin embargo, el artículo 95 CE, apartado 1, autoriza exclusivamente «medidas relativas a la aproximación de las disposiciones
         legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros». Este sintagma es el que las partes interpretan de manera
         distinta. Las diferentes opiniones se resumen del siguiente modo.
      
      21.   Según el Reino Unido, las «medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas»
         deben estar dirigidas al Derecho de los Estados miembros; el artículo 95 CE, apartado 1, no puede utilizarse para adoptar
         medidas cuyo contenido exceda de las facultades de los Estados miembros. Por tanto, la cuestión decisiva es si una medida
         obtiene un resultado que podría o no haberse conseguido mediante la adopción simultánea de una legislación idéntica en los
         Estados miembros.
      
      22.   El Reino Unido considera que, en el presente asunto, esta cuestión debe responderse negativamente, ya que el Reglamento no
         establece criterios materiales para la aproximación de las normas jurídicas de los Estados miembros ni establece ningún tipo
         de normas armonizadas en el Derecho nacional. El Reglamento crea un procedimiento de autorización centralizado a nivel comunitario
         que encomienda a la Comisión y a la Autoridad Alimentaria la tarea de elaborar una lista positiva de aromas de humo. Los legisladores
         de los Estados miembros no pueden adoptar tales medidas, ni siquiera a través de la adopción simultánea de normas internas
         con el contenido del Reglamento. En consecuencia, el artículo 95 CE, apartado 1, constituye una base jurídica errónea para
         la adopción del Reglamento. En su lugar, debe aplicarse como base jurídica el artículo 308 CE.
      
      23.   La alegación del Reino Unido relativa a la interpretación del artículo 95 CE, apartado 1, se corresponde con una opinión ampliamente
         respaldada –sobre todo en la doctrina alemana– que se basa asimismo en el pasaje «relativas a la aproximación de las disposiciones
         legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros», pero que considera que, normalmente, la problemática principal
         estriba en una «usurpación» de las competencias administrativas de los Estados miembros por la Comunidad. (7)
      
      24.   Según las instituciones que son parte en el procedimiento, el artículo 95 CE, apartado 1, permite, en cambio, medidas en varias
         etapas. Una normativa como la presente no debe examinarse de manera aislada, sino sólo conjuntamente con las medidas de ejecución
         que se adopten con arreglo a la misma. En suma, el Reglamento sí conduce a una aproximación, que consiste en la lista positiva
         de los productos primarios autorizados que la Comisión debe elaborar a tenor del mismo. Esta interpretación tiene también
         sus seguidores en la doctrina. (8)
      
      25.   A la vista de estas alegaciones ha de recordarse que el propio Reglamento impugnado no lleva a cabo ninguna  aproximación directa del Derecho de los Estados miembros. En la medida en que contiene criterios sustantivos, éstos se dirigen
         a la Comisión para que elabore una lista positiva. Sólo un reglamento de ejecución de la Comisión basado en el Reglamento
         puede considerarse una medida de aproximación consistente en una lista positiva. Por ello, el Reglamento regula a lo sumo
         un paso intermedio en el camino hacia una aproximación de las disposiciones jurídicas de los Estados miembros relativas a
         la utilización de los aromas de humo. 
      
      26.   Por tanto, debe examinarse si el artículo 95 CE, apartado 1, permite el establecimiento de tales modelos normativos en varias
         etapas o si sólo permite medidas que armonicen ellas mismas directamente el Derecho de los Estados miembros. 
      
      27.   No se discute que el concepto de «medidas» utilizado en el artículo 95 CE, apartado 1, comprende como mínimo todos los actos
         jurídicos del artículo 249 CE, es decir, el reglamento, la directiva, la decisión y el dictamen. En consecuencia, desde un
         punto de vista formal, la adopción de un reglamento sobre la base del artículo 95 CE, apartado 1, tiene fundamento jurídico.
      
      28.   Sin embargo, el Reino Unido se centra en las distintas partes del resto del pasaje y se basa sobre todo en los elementos «aproximación»
         y «[...] de los Estados miembros».
      
      29.   Según el Reino Unido, el artículo 95 CE, apartado 1, confiere una facultad para la aproximación  de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros. A la vista de lo anterior, el concepto
         de «aproximación» muestra ya una relación con el Derecho de los Estados miembros, puesto que el Derecho comunitario, con su
         validez uniforme, no requiere ninguna aproximación. Precisamente, por ese motivo, la directiva constituye la medida de aproximación
         clásica, porque exige una adaptación por los Estados miembros del Derecho nacional a las normas comunitarias. El acto jurídico
         reglamento va más allá al dejar sin efecto el Derecho de los Estados miembros a través de normas comunitarias directamente
         aplicables, si bien su resultado de unificación jurídica puede entenderse igualmente como la «forma más intensa» de aproximación.
         También mediante decisiones dirigidas a los Estados miembros puede conseguirse una aproximación de sus legislaciones. Una
         característica común de las medidas es que llevan a cabo una adaptación o sustitución de las normas de los Estados miembros
         potencialmente divergentes. Por lo tanto, el objeto de las medidas de aproximación jurídica sólo puede ser lo que los Estados
         miembros pueden regular potencialmente en virtud de sus propias competencias.
      
      30.   Además, el artículo 95 CE, apartado 1, atribuye una facultad relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas de los Estados miembros.  De la referencia al Derecho de los Estados miembros puede deducirse también que la Comunidad sólo está autorizada a adoptar
         medidas que se hallen en el marco de las facultades potenciales del Derecho de los Estados miembros. 
      
      31.   La tesis del Reino Unido convence en la medida en que el tenor del artículo 95 CE, mediante el pasaje «aproximación» de las
         disposiciones legales, reglamentarias y administrativas «de los Estados miembros», exige una relación entre las medidas (de
         armonización) adoptadas y el Derecho nacional. Tal relación existe si las disposiciones del Derecho comunitario a las que
         deben adaptarse los Derechos nacionales dan lugar en todos los Estados miembros a normas internas armonizadas. Sin embargo,
         también el Derecho comunitario directamente aplicable y de rango superior, que sustituye o excluye la aplicación del Derecho
         interno de contenido contrario, muestra esta relación con el Derecho nacional. En cambio, las medidas puramente comunitarias
         que coexisten junto al Derecho de los Estados miembros sin modificar su contenido normativo no producen, de hecho, una aproximación de las legislaciones
         de los Estados miembros. Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia, por ejemplo en relación con nuevos derechos en materia
         de propiedad intelectual que coexistían junto a los derechos internos existentes. (9)
      
      32.   De todos modos, de esta necesaria conexión con el Derecho de los Estados miembros sólo se desprende que las medidas deben
         aproximar  las legislaciones de los Estados miembros. Tomando únicamente estas dos partes del pasaje, aún no pueden deducirse los criterios
         relativos al tipo y a la forma de la aproximación –cómo debe realizarse y a qué debe referirse–. 
      
      33.   En esta medida estoy de acuerdo con las instituciones, que de la expresión «medidas relativas a la  aproximación» deducen que estas medidas no necesitan aproximar directamente por sí mismas el Derecho de los Estados miembros,
         porque a diferencia de fórmulas como «medidas de aproximación», «medidas por las que se aproxima» o «medidas que aproximan»,
         el citado pasaje permite pasos intermedios. También otras versiones lingüísticas, como por ejemplo la francesa, la inglesa,
         la española, la italiana y la portuguesa, confirman esta diferencia. (10) En consecuencia, en tanto que una medida sólo esté dirigida en su conjunto a la aproximación de las legislaciones de los
         Estados miembros, ésta puede prever también procedimientos que lleven a cabo una aproximación no directamente, sino conforme
         a un modelo en varias etapas con pasos intermedios. 
      
      34.   Esta postura –a diferencia de lo que opina el Reino Unido– no contradice la interpretación de los dos elementos de la expresión
         aproximación  de las legislaciones de los Estados miembros.  En efecto, las instituciones reconocen la necesidad de la relación con el Derecho de los Estados miembros, pero ven más posibilidades
         que el Reino Unido de alcanzar este objetivo.
      
      35.   La lista positiva pretendida por el Reglamento, que debe establecerse a través de reglamentos de ejecución, sustituye en definitiva
         la legislación correspondiente de los Estados miembros o bien impide su adopción. Por tanto, dicha lista presenta en su conjunto
         –como reconoce el Reino Unido– una relación, de aproximación, con las legislaciones de los Estados miembros. 
      
      36.   También la relación con otras disposiciones del Tratado confirma la admisibilidad de un modelo de aproximación de las legislaciones
         en varias etapas. El artículo 202 CE, tercer guión, establece como principio básico que no es necesario que las medidas del
         legislador comunitario tengan carácter exhaustivo, sino que pueden prever medidas de ejecución de la Comisión. Ni el artículo
         202 CE ni el artículo 95 CE establecen limitaciones especiales de la facultad de delegación para las normas que se adopten
         con arreglo al artículo 95 CE, apartado 1. Los apartados 4 y 5 del artículo 95 CE más bien presuponen, como el Parlamento
         señala correctamente, la «adopción de una medida de armonización [...] por la Comisión». Por tanto, el artículo 95 CE atribuye
         a las propias medidas de ejecución de la Comisión adoptadas conforme al artículo 202 CE la condición de medidas de armonización.
         
      
      37.   A diferencia de lo que el Reino Unido alega remitiéndose a la sentencia sobre el sistema de información de aduanas, (11) el efecto de aproximación de las legislaciones que tiene el procedimiento de elaboración de una lista positiva por la Comisión,
         previsto en el Reglamento, no es tampoco tan lejano como para que pueda considerarse un mero efecto secundario de la normativa.
         Por el contrario, la aproximación de las legislaciones es el único objetivo del procedimiento previsto para la elaboración
         de una lista positiva. 
      
      38.   Además el Reino Unido se equivoca al afirmar que el Reglamento establece un organismo comunitario, lo que no es posible sobre
         la base del artículo 95 CE. Un procedimiento que es tramitado por una institución creada por el Tratado no puede equipararse
         al establecimiento de un nuevo organismo comunitario. (12)
      
      39.   Contra la constatación de la existencia de un procedimiento en varias etapas para la aproximación de las legislaciones tampoco
         puede objetarse que el Reglamento atribuya a la Comisión competencias de ejecución que el Tratado reserva a los Estados miembros. (13) Con independencia de la cuestión de si en el Derecho comunitario –como, por ejemplo, en el Derecho constitucional alemán–
         existe tal división de competencias legislativas y competencias de ejecución, (14) esta objeción queda vacía de contenido en relación con el Reglamento impugnado en el presente asunto. Ciertamente, el procedimiento
         de autorización de productos primarios contiene elementos de actuación administrativa, pero en su conjunto, a la vista del
         resultado que pretende –una autorización general y a escala comunitaria de determinados productos primarios–, debe considerarse
         una actividad legislativa. Los Estados miembros conservan todavía en una amplia medida funciones de ejecución. En efecto,
         la inclusión de un producto primario en la lista positiva no lleva aparejada la autorización de comercialización de productos
         finales. Ello sigue siendo competencia de los Estados miembros. A éstos sólo se les impone que no prohíban la utilización
         de los productos primarios autorizados para la fabricación de aromas de humo y que impiden la comercialización de aromas de
         humo fabricados con productos primarios no autorizados. 
      
      40.   Así pues, en resumen, procede declarar que el artículo 95 CE, apartado 1, constituye la base jurídica correcta del Reglamento,
         puesto que esta disposición permite establecer procedimientos normativos en varias etapas, como el Reglamento, que finalmente dan lugar a una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros. 
      
      B.      Sobre el resto de las alegaciones del Reino Unido
      41.   En el curso del procedimiento, el Reino Unido formuló alegaciones no referidas a la base jurídica del Reglamento, sino a su
         proporcionalidad con respecto a las competencias de los Estados miembros y a los límites de una delegación con arreglo al
         artículo 202 CE. 
      
      42.   Ahora bien, como la Comisión y el Consejo aducen en relación con la delegación, estas alegaciones son tardías en ambos puntos
         conforme al artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Se trata de un nuevo motivo que fue presentado por primera
         vez en el escrito de réplica y en el de contestación al escrito de formalización de la intervención de la Comisión. El escrito
         del recurso no menciona ni la proporcionalidad ni una posible vulneración de los límites de las posibilidades de delegación.
         Si el Reino Unido hubiera tenido objeciones en este sentido en un primer momento, sería incomprensible que hubiera podido
         considerar en el recurso plenamente admisible la adopción del Reglamento sobre la base del artículo 308 CE. En la medida en
         que el Reino Unido ha sostenido desde el principio que un reglamento basado en el artículo 95 CE debe establecer criterios
         sustantivos, esta alegación se refiere exclusivamente a la cuestión de si el Reglamento puede considerarse una medida de aproximación
         de las legislaciones.
      
      43.   Por tanto, examinaré sólo con carácter subsidiario la proporcionalidad del Reglamento y las posibilidades de delegación. 
      1.      Sobre la proporcionalidad del Reglamento
      44.   El artículo 5 CE, que establece en su párrafo primero el principio de atribución expresa de competencias y en su párrafo segundo
         el principio de subsidiariedad, exige en su párrafo tercero que ninguna acción de la Comunidad exceda de lo necesario para
         alcanzar los objetivos del Tratado. Ésta es una manifestación, en el ámbito de la atribución de competencias, del principio
         de proporcionalidad. Según este principio, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, los actos
         adoptados por órganos comunitarios no pueden rebasar los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de
         los objetivos legítimamente perseguidos por la normativa controvertida. Para ello, cuando se ofrezca una elección entre varias
         medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa. Las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto
         a los objetivos perseguidos. (15)
      
      45.   Dado que se trata de la relación entre medidas comunitarias y competencias de los Estados miembros, debe ponderarse si los
         objetivos del Reglamento no pueden perseguirse a través de otras normas igualmente efectivas que atribuyan a los Estados miembros
         una mayor responsabilidad. 
      
      46.   Sin embargo, a este respecto ha de tenerse en cuenta que el legislador comunitario dispone de un margen de acción amplio cuando
         deben adoptarse decisiones políticas, económicas y sociales que exigen valoraciones complejas. (16) Así sucede con el objeto de regulación del presente asunto. La autorización de comercialización de aromas de humo para su
         aplicación en productos alimenticios exige una valoración compleja de tipo económico en lo que respecta a la producción y
         venta de los aromas, y de carácter científico y social en lo que respecta a la protección de la salud humana y del consumidor.
         
      
      47.   En el presente asunto no se advierte ningún indicio de que el legislador comunitario haya vulnerado los límites de dicho margen
         de acción. Por el contrario, todo sugiere que la solución elegida entre los distintos modelos normativos posibles es la más
         adecuada para conseguir su objetivo. No podía adoptarse una directiva que estableciera criterios para la autorización de aromas
         de humo por los Estados miembros y previera un reconocimiento recíproco de las autorizaciones, puesto que, a tenor del octavo
         considerando del Reglamento, no es posible diseñar un método común para evaluar la seguridad de los productos primarios para
         la fabricación de aromas de humo sobre la base de razones objetivas y científicas y, por consiguiente, la evaluación toxicológica
         debe centrarse en la seguridad de los diferentes  condensados de humo. Una «solución de coordinación», (17) con arreglo a la cual los Estados miembros concedan autorizaciones que sean reconocidas automáticamente en todos los demás
         Estados miembros, en caso de que no se impugnen, habría dado lugar precisamente, de no existir criterios comunes, a conflictos
         entre los Estados miembros que tendría que resolver la Comisión. El establecimiento directo de una lista positiva en un procedimiento
         de codecisión, es decir, a través del Parlamento y del Consejo a instancia de la Comisión, como el Reino Unido reclama en
         definitiva, limitaría las competencias de los Estados miembros del mismo modo que la solución elegida, pero al mismo tiempo
         haría considerablemente más lento el procedimiento de autorización de los aromas de humo y reduciría más bien los derechos
         de participación del fabricante. 
      
      48.   Por los motivos expuestos, las «desventajas» para las competencias de los Estados miembros son proporcionadas a los objetivos
         del artículo 95 CE, apartado 1, y del Reglamento. 
      
      49.   Por tanto, el Reglamento satisface las exigencias de proporcionalidad. 
      2.      Sobre los límites de la delegación conforme al artículo 202 CE
      50.   Con arreglo a los artículos 202 CE, tercer guión, y 211 CE, cuarto guión, deberán atribuirse a la Comisión, por regla general,
         las competencias de ejecución de las normas de Derecho secundario. (18) A la hora de apreciar la legalidad de una delegación de competencias a favor de la Comisión, el Tribunal de Justicia diferencia
         entre las disposiciones que son esenciales en la materia regulada y, por tanto, deben seguir reservándose al acto de base,
         y aquellas normas que, por ser solamente de ejecución de las primeras, pueden ser objeto de delegación en la Comisión. (19) Así pues, la cuestión decisiva en el presente procedimiento, como afirma correctamente el Reino Unido, es si las competencias
         delegadas deben considerarse referidas a los «elementos esenciales de la materia que debe regularse» o al ámbito de la «ejecución».
         
      
      51.   El Reino Unido alberga dudas acerca de si, en el presente asunto, los elementos esenciales de la materia que debe regularse
         están determinados en el Reglamento de base. El Consejo y el Parlamento no han establecido criterios sustantivos para la aproximación
         de las legislaciones, sino que sólo han encomendado a la Comisión la elaboración de los criterios materiales para la regulación
         de la materia. 
      
      52.   A ello cabe objetar que el Tribunal de Justicia interpreta de manera muy estricta el concepto de «elemento esencial de la
         materia que debe regularse» y sólo considera comprendidas en este concepto las disposiciones destinadas a traducir las orientaciones
         fundamentales de la política comunitaria. (20) Del mismo modo, el Tribunal de Justicia interpreta de manera amplia, según reiterada jurisprudencia, el concepto de «ejecución» (21) y permite así al Consejo atribuir a la Comisión amplias competencias. (22)
      
      53.   Al interpretar en sentido amplio el concepto de ejecución, el Tribunal de Justicia se basa, por un lado, en el sistema del
         Tratado y, por otro, en las exigencias de la práctica, en particular en el mercado agrícola y en el Derecho de comercio exterior.
         La Comisión es la única institución capaz de seguir de manera constante y atenta la evolución de los mercados agrícolas o
         de los mercados en el plano internacional y de actuar con la urgencia que requiera la situación. (23)
      
      54.   De acuerdo con esta línea, hasta ahora el Tribunal de Justicia ha establecido normalmente muy pocas exigencias respecto al
         grado de precisión de una delegación de competencias a la Comisión. De este modo, considera que pueden delegarse en la Comisión
         la competencia general para regular las modalidades de aplicación de normas. En particular, no es necesario precisar los elementos
         esenciales de las competencias delegadas, sino que una disposición redactada en términos generales proporciona en cada caso
         una base de habilitación suficiente. (24) Tales habilitaciones generales se formulan, por ejemplo, del siguiente modo: «las normas de desarrollo del presente Reglamento
         [...] se adoptarán de conformidad con el procedimiento [...]». (25)
      
      55.   No cabría aceptar una delegación tan imprecisa en el presente asunto, que no se refiere a ámbitos, como el mercado agrícola,
         de actividad rápida y al mismo tiempo caracterizados por intervenciones intensas de la Comunidad. Aquí se trata de llevar
         a cabo una sola vez, sobre la base de apreciaciones científicas en relación con cada producto primario, una ponderación entre
         la libertad de actuación económica de las empresas y la protección de la salud y de los consumidores en el mercado interior.
         Esta ponderación no exige flexibilidad y rapidez, sino una recopilación y una evaluación cuidadosa de todas las informaciones
         pertinentes. 
      
      56.   En favor de establecer requisitos más estrictos relativos a la delegación aboga el respeto de los derechos de participación
         del Parlamento, a los que no puede renunciar indebidamente, y el peligro de la elusión de los procedimientos normativos previstos
         en el Tratado. En contraposición con el procedimiento de comité previsto en el presente asunto (comitología), en el que el
         Parlamento sólo puede participar en teoría y en un supuesto excepcional, (26) el procedimiento conforme al artículo 95 CE se caracteriza por una mayor transparencia y una legitimidad democrática claramente
         superior. 
      
      57.   Incluso aplicando tales criterios más estrictos específicos del sector, para lo que existen puntos de apoyo en la jurisprudencia, (27) la delegación de que se trata en el presente asunto es legal. En particular, los artículos 4 y 5 del Reglamento establecen
         de manera suficiente, en relación con el anexo I, los objetivos y el objeto de la materia que debe regularse. Por tanto, como
         las instituciones que son parte en el procedimiento alegan acertadamente, dichos artículos sirven también para poner en práctica
         las orientaciones fundamentales de la política comunitaria en dicho sector y, en consecuencia, establecen los elementos esenciales
         de la materia que debe regularse. Además, el Reglamento contiene normas precisas acerca de cómo deben ejercerse las competencias
         delegadas. 
      
      58.   El artículo 4, apartado 1, del Reglamento define tres requisitos esenciales con arreglo a los cuales los aromas de humo pueden
         autorizarse y utilizarse en los alimentos. No pueden presentar riesgos para la salud de las personas ni inducir a error a
         los consumidores, y deben cumplir condiciones específicas de utilización. El artículo 4, apartado 2, prohíbe, en consecuencia,
         la comercialización de aromas de humo que no hayan sido autorizados o que no cumplan las condiciones de utilización. 
      
      59.   Las instituciones que son parte en el procedimiento señalan acertadamente que el artículo 3 del Reglamento y los considerandos
         séptimo, undécimo y decimoséptimo establecen una relación con la Directiva 88/388/CEE (28) y con el Reglamento nº 178/2002, (29) los cuales proporcionan a los conceptos generales del Reglamento un contexto que los dota de un marco técnico y, de ese modo,
         los concreta. En particular, el artículo 4 de la Directiva 88/388 y los artículos 3, 5, 14 y 16 del Reglamento nº 178/2002
         ofrecen puntos de apoyo más concretos acerca de cuándo un producto alimenticio no presenta ningún riesgo para la salud de
         las personas y cuándo no se induce a error a los consumidores. Ahora bien, no es necesario elucidar la cuestión de si en ellos
         cabe reconocer ya la existencia de «términos técnicos», como alega el Parlamento; en cualquier caso, los conceptos están suficientemente
         definidos. 
      
      60.   Además, la Comisión ha puesto especialmente de relieve, sin ser contradicha, que los métodos de fabricación de los productos
         primarios tienen una influencia decisiva en un posible efecto tóxico de los aromas de humo. Por tanto, para la producción
         de productos primarios el artículo 5 prohíbe la utilización de maderas tratadas químicamente, a menos que pueda probarse su
         inocuidad. Además, el anexo I precisa las condiciones de producción de productos primarios por lo que respecta a las sustancias
         aditivas, tratamiento térmico y procesos químicos y físicos destinados a la obtención de condensados y fases, así como a su
         tratamiento ulterior. Asimismo, se indica el contenido máximo de dos sustancias. El anexo II proporciona con sus indicaciones
         sobre información pertinente para la evaluación otros puntos de apoyo sustanciales. 
      
      61.   Por tanto, el Reglamento proporciona criterios concretos, y en cualquier caso suficientemente precisos, relativos al método
         de producción de productos primarios, y es evidente que no se limita a regular sólo los elementos esenciales de la materia.
         Lo demás, y en particular la elaboración de los criterios concretos para la protección de la salud y del consumidor en el
         ámbito del artículo 4 del Reglamento, puede atribuirse perfectamente al amplio ámbito de la «ejecución» –en contra de lo que
         opina el Reino Unido–, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Precisamente el establecimiento de
         los requisitos, el alcance y las demás condiciones para la aplicación de disposiciones generales a casos concretos forma parte
         de las normas de ejecución y de las modalidades de aplicación que la Comisión puede adoptar con arreglo a su competencia delegada. (30)
      
      62.   Por lo demás, la Comisión ha expuesto de forma convincente que las necesidades jurídicas y prácticas se oponían a una mayor
         precisión en el propio Reglamento, por ejemplo, en forma de una lista positiva de todos los productos primarios autorizados.
         El octavo considerando del Reglamento señala en este sentido que no es posible diseñar un método común para evaluar la seguridad
         de los productos primarios destinados a la producción de aromas de humo por razones objetivas y científicas. 
      
      63.   A este respecto, procede tener en cuenta, en particular, que el artículo 95 CE, apartado 3, y el artículo 152 CE, apartado
         1, párrafo primero, exigen un nivel elevado de protección de la salud. Sin embargo, si los posibles efectos tóxicos de los
         aromas de humo dependen de forma tan decisiva de sus componentes y su proceso de mezcla, de modo que los productos primarios
         y su método de producción se erigen en factores decisivos, una lista de los productos primarios autorizados sólo puede elaborarse
         atendiendo a las evaluaciones toxicológicas en cada caso concreto. (31) Además, dado que es evidente que cada uno de los productos puede ser específico en cuanto a los métodos de producción, su
         composición química y sus características toxicológicas, es comprensible que cada autorización deba prever condiciones de
         utilización individuales. 
      
      64.   A la vista de los datos disponibles sobre los objetivos de la norma, su objeto y los criterios pertinentes, no plantea tampoco
         ningún problema el hecho de que la Comisión, al realizar su evaluación, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento,
         conjuntamente con los requisitos del artículo 4, apartado 1, y del Derecho comunitario, deba tener en cuenta también «otros
         factores legítimos pertinentes». En efecto, los elementos que quepa admitir entre los «factores» pueden delimitarse de modo
         suficiente mediante los objetivos fundamentales generales del Reglamento de base de que se trata, los objetivos de la base
         jurídica del Tratado que figuran en el artículo 95 CE, apartado 1, los criterios establecidos y el contexto regulador. 
      
      65.   En consecuencia, en los dos aspectos sustantivos principales de la materia que debe regularse, los requisitos de seguridad
         fundamentales para la utilización y comercialización de aromas de humo, y las condiciones de producción, el Reglamento establece
         los elementos esenciales de las medidas relativas a la aproximación de las legislaciones y precisa de modo suficiente los
         elementos principales de las competencias delegadas. 
      
      66.   Por último, el Reglamento establece en sus artículos 6, 8 a 12 y 19 cómo debe ejercer la Comisión las competencias delegadas.
         Su tarea es elaborar una lista positiva de los productos primarios autorizados. Las disposiciones del procedimiento prevén
         que la Comisión evalúa los productos primarios con ayuda de la Autoridad Alimentaria con arreglo a los criterios sustantivos
         y se pronuncia sobre su inclusión en la lista con la intervención del Comité normativo. También se indican el tipo, los efectos,
         la duración, la modificación, la suspensión, la revocación y la prórroga de las autorizaciones, así como los efectos de una
         denegación. 
      
      C.      Síntesis de las conclusiones
      67.   Por tanto, como conclusión, debe declararse que el artículo 95 CE, apartado 1, constituye una base jurídica suficiente para
         la adopción del Reglamento, que su modelo normativo es proporcionado y que la delegación de competencias de ejecución a la
         Comisión se encuentra en el marco de lo admisible con arreglo al artículo 202 CE, tercer guión. En consecuencia, procede desestimar
         el recurso. 
      
      V.      Costas
      68.   Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en
         costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que, en el presente asunto, el Parlamento y el Consejo han presentado
         una solicitud en el sentido del citado artículo del Reglamento de Procedimiento y que, a la vista de las consideraciones precedentes,
         se desestiman las pretensiones del Reino Unido, debe condenarse en costas al Reino Unido. 
      
      69.   A tenor del artículo 69, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que hayan intervenido como coadyuvantes
         en el litigio soportarán sus propias costas. Por tanto, la Comisión debe cargar con sus propias costas.
      
      VI.    Conclusión
      70.   Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que:
      1)      Desestime el recurso. 
      2)      Condene en costas al Reino Unido, con excepción de las costas de la Comisión. La Comisión cargará con sus propias costas.
         
      
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	DO L 309, p. 1.
      
      3 –	Véase el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos
         para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (en lo sucesivo, «Decisión sobre comitología»)
         (DO L 184, p. 23): El Comité estará integrado por representantes de los Estados miembros. Cuando la medida prevista por la
         Comisión no esté respaldada por mayoría cualificada en dicho Comité, la Comisión deberá someter dicha medida el Consejo. Éste
         podrá rechazar o aprobar la propuesta. En caso de no pronunciarse el Consejo, la Comisión podrá, una vez transcurrido un plazo
         de tres meses, adoptar ella misma la medida de ejecución.
      
      4 –	La Autoridad Alimentaria se creó mediante el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
         enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la
         Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1).
      
      5 –	Sentencias de 11 de junio de 1991, Comisión/Consejo [dióxido de titanio] (C‑300/89, Rec. p. I‑2867), apartado 10, y de
         14 de abril de 2005, Bélgica/Comisión (C‑110/03, Rec. p. I-2801), apartado 78.
      
      6 –	Véase la sentencia de 5 de octubre de 2000, Alemania/Parlamento y Consejo [publicidad sobre el tabaco] (C‑376/98, Rec.
         p. I‑8419), apartados 84 y 85.
      
      7 –	Véase Wyatt, D. y Dashwood, A.: European Union Law, 4ª Ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2000, p. 521; Müller-Graff, P.C.: «Die Rechtsangleichung zur Verwirklichung des Binnenmarktes»,
         Europarecht, Beck, Múnich, 1989, pp. 107, 129; von Borries, R.: «Verwaltungskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft», Festschrift für Ulrich Everling, tomo 1º, 1995, pp. 127, 128 y ss.; Ludwigs, M.: Rechtsangleichung nach Artikel 94, 95 EG-Vertrag, Nomos, Baden-Baden, 2004, pp. 236 y ss.; Schreiber, S.: Verwaltungskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft, Nomos, Baden-Baden, 1997, pp. 122 y ss.; Biervert, B.: Der Missbrauch von Handlungsformen im Gemeinschaftsrecht, Nomos, Baden-Baden, 1999, pp. 146 y ss.; Klepper, M.: Vollzugskompetenzen der Europäischen Gemeinschaft aus abgeleitetem Recht: Zulässigkeit, Modalitäten, Rechtsfolgen, Nomos, Baden-Baden, 2001, pp. 62 y ss., y Wahl, R. y Groß, D.: «Die Europäisierung des Genehmigungsrechts am Beispiel der
         Novel Food-Verordnung», Deutsches Verwaltungsblatt, Rechts- und staatswissenschaftlicher Verlag, Hamburgo, 1998, pp. 2 y ss. 
      
      8 –	Véase Pipkorn, J., Bardenhewer-Rating, A. y Taschner, H.-C.: « Artikel 95 EG – Angleichung von Vorschriften mit Bezug auf den Binnenmarkt», en Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften, de Groeben, H. y Schwarze, J., tomo 2º, sexta edición, Nomos, Baden-Baden, 2003, apartados 36 y ss.; Herrnfeld, H.-H.: «Artikel
         95 EGV – Angleichung der Rechtsvorschriften», en Schwarze, J., EU-Kommentar, Nomos, Baden-Baden, 2000, apartados 23 y 37; Leible, S.: «Artikel 95 EGV», en Streinz, R.: EUV/EGV – Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Beck, Múnich, 2003, apartados 28 y ss.; Streinz, R.: «Die EG-Verordnung über neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzusätze
         – Eine Analyse der Novel Food-Verordnung», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Beck, Múnich, 1997, pp. 487 y 490.
      
      9 –	Véanse las sentencias de 9 de octubre de 2001, Países Bajos/Parlamento y Consejo (C‑377/98, Rec. p. I‑7079), apartados
         24 y 25; de 13 de julio de 1995, España/Consejo (C‑350/92, Rec. p. I‑1985), apartado 23, y el dictamen 1/94, de 15 de noviembre
         de 1994 (competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de servicios y de protección de la
         propiedad intelectual, Rec. p. I‑5267), apartado 59.
      
      10 –	El pasaje en francés: «mesures relatives au rapprochement»; en inglés: «measures for the approximation»; en español: «medidas
         relativas a la aproximación»; en italiano: «misure relative al ravvicinamento», y en portugués: «medidas relativas à aproximação».
      
      11 –	Sentencia de 18 de noviembre de 1999, Comisión/Consejo (C‑209/97, Rec. p. I‑8067), apartados 35 y ss. 
      
      12 –	En el asunto pendiente C‑217/04 (Reino Unido/Parlamento y Consejo), sobre la Agencia Europea para la Seguridad de la Información
         y la Seguridad en la Red, debe elucidarse si el artículo 95 CE permite el establecimiento de nuevos organismos comunitarios.
         
      
      13 –	Sobre esta tesis véase el punto 23 supra.
      14 –	Lo que se niega en la sentencia de 9 de agosto de 1994, Alemania/Consejo (C‑359/92, Rec. p. I‑3681), apartado 38.
      
      15 –	Véanse las sentencias de 10 de marzo de 2005, Tempelman y van Schaijk (asuntos acumulados C‑96/03 y C‑97/03, Rec. p. I-0000,
         apartado 47; de 12 de julio de 2001, Jippes y otros (C‑189/01, Rec. p. I‑5689), apartado 81; de 12 de marzo de 2002, Omega
         Air y otros (asuntos acumulados C‑27/00 y C‑122/00, Rec. p. I‑2569), apartado 62; de 12 de junio de 2003, Schmidberger (C‑112/00,
         Rec. p. I‑5659), apartado 79, y de 3 de julio de 2003, Lennox (C‑220/01, Rec. p. I‑7091), apartado 76.
      
      16 –	Véase, como más reciente, la sentencia de 14 de diciembre de 2004, Swedish Match (C‑210/03, Rec. p. I-11893), apartados
         47 y 48.
      
      17 –	Véase, a este respecto, el Reglamento (CE) nº 2232/96 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por
         el que se establece un procedimiento comunitario para las sustancias aromatizantes utilizadas o destinadas a ser utilizadas
         en o sobre los productos alimenticios (DO L 299, p. 1); el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria,
         se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31,
         p. 1); la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización
         de biocidas (DO L 123, p. 1); el Reglamento (CE) nº 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
         sobre detergentes (DO L 104, p. 1); la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001,
         por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311, p. 1); la Directiva 2001/83/CE del
         Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
         para uso humano (DO L 311, p. 67), y la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa
         a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios (DO L 237, p. 3).
      
      18 –	El Tribunal de Justicia ha aclarado que la nueva versión de su tenor prevé hoy dicha delegación normativa: véase la sentencia
         de 24 de octubre de 1989, Comisión/Consejo (16/88, Rec. p. 3457), apartado 10.
      
      19 –	Véanse las sentencias de 27 de octubre de 1992, Alemania/Comisión (C‑240/90, Rec. p. I‑5383), apartado 36; de 13 de octubre
         de 1992, Portugal y España/Consejo (asuntos acumulados C‑63/90 y C‑67/90, Rec. p. I‑5073), apartado 14; de 16 de junio de
         1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671), apartado 16; de 27 de septiembre de 1979, Eridania (230/78, Rec. p. 2749), apartado 7,
         y de 17 de diciembre de 1970, Köster (25/70, Rec. p. 1161), apartado 6.
      
      20 –	Véanse las sentencias de 6 de julio de 2000, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen (C‑356/97, Rec. p. I‑5461), apartado
         21, y Alemania/Comisión (citada en la nota 19 supra),  apartados 36 y 37.
      
      21 –	Véanse las sentencias de 19 de noviembre de 1998, Portugal/Comisión (C‑159/96, Rec. p. I‑7379), apartado 40; de 30 de octubre
         de 1975, Rey Soda (23/75, Rec. p. 1279), apartado 10; de 4 de febrero de 1997, Bélgica y Alemania/Comisión (asuntos acumulados
         C‑9/95, C‑23/95 y C‑156/95, Rec. p. I‑645), apartado 36; de 29 de junio de 1989, Vreugdenhil (22/88, Rec. p. 2049), apartado
         16; de 17 de octubre de 1995, Países Bajos/Comisión (C‑478/93, Rec. p. I‑3081), apartado 30; de 11 de marzo de 1987, Walter
         Rau (asuntos acumulados 279/84, 280/84, 285/84 y 286/84, Rec. p. 1069), apartado 14.
      
      22 –	Véanse las sentencias Bélgica y Alemania/Comisión (citada en la nota 21 supra), apartado 36; Vreugdenhil (citada en la nota 21 supra),  apartado 16; Países Bajos/Comisión (citada en la nota 21 supra), apartado 30, y Walter Rau (citada en la nota 21 supra), apartado 14.
      
      23 –	En relación con el mercado agrícola, véanse las sentencias Bélgica y Alemania/Comisión (citada en la nota 21 supra), apartado 36; Vreugdenhil (citada en la nota 21 supra), apartado 16; Rey Soda (citada en la nota 21 supra), apartados 10 a 14, y, en relación con el Derecho de comercio exterior, la sentencia Portugal/Comisión (citada en la nota
         21 supra),  apartados 40 y 41.
      
      24 –	Véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1998, Vorderbrüggen (C‑374/96, Rec. p. I‑8385), apartado 36; Alemania/Comisión
         (citada en la nota 19 supra), apartado 41; de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, Rec. p. I‑7877), apartado 34, y Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen
         (citada en la nota 20 supra), apartado 23.
      
      25 –	Véase, por ejemplo, el artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 768/89 del Consejo, de 21 de marzo de 1989, por el que se establece
         un régimen de ayudas transitorias a las rentas agrarias (DO L 84, p. 8), sobre el que versa la sentencia Alemania/Comisión
         (citada en la nota 19 supra). 
      
      26 –	Véase el artículo 8 de la Decisión sobre comitología (citada en la nota 3 supra),  con arreglo al cual el Parlamento puede solicitar a la Comisión que examine de nuevo las propuestas de medidas de ejecución
         cuando considere que se han sobrepasado los límites de la delegación. En los años 2000 y 2001, el Parlamento sólo hizo uso
         en una ocasión de esta posibilidad, en el año 2000 (véanse los informes de la Comisión relativos a la actividad de los comités
         en los años 2000, COM[2001] 783 final, de 20 de diciembre de 2001, pp. 6 y 7, y 2001, COM[2002] 733 final, de 13 de diciembre
         de 2002, pp. 4 y 5).
      
      27 –	Véanse las sentencias de 5 de julio de 1988, Central-Import (291/86, Rec. p. 3679), apartado 13; Vreugdenhil (citada en
         la nota 21 supra),  apartado 17, y la confirmación del contenido normativo de la Decisión sobre comitología, citada en la nota 3 supra,  mediante la sentencia de 21 de enero de 2003, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑378/00, Rec. p. I‑937), apartados 40 y ss.,
         que exige en el artículo 1, párrafo primero, que el acto de base indique los elementos esenciales de las competencias atribuidas.
         
      
      28 –	Directiva 88/388/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
         miembros en el ámbito de los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales de base para su producción
         (DO L 184, p. 61).
      
      29 –	Citado en la nota 4 supra. 
      30 –	Véanse las sentencias Comisión/Consejo (citada en la nota 18 supra), apartados 10 y 11, y Söhl & Söhlke (citada en la nota 24 supra), apartado 34.
      
      31 –	Por este motivo también fue necesario pedir a las empresas que presentaran solicitudes detalladas para sus productos en
         venta en el mercado, lo que, por lo demás, redujo al mismo tiempo el número previsto de tales productos a menos de veinte.