CELEX: 62007TJ0359
Language: es
Date: 2009-02-20 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala de Casación) de 20 de febrero de 2009. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Marli Bertolete y otros. # Recurso de casación - Función pública - Igualdad de trato. # Asuntos acumulados T-359/07 P a T-361/07 P.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala de Casación) 
      de 20 de febrero de 2009
      Asuntos acumulados T‑359/07 P a T‑361/07 P
      Comisión de las Comunidades Europeas 
      contra
      Marli Bertolete y otros
      «Recurso de casación — Función pública — Agentes contractuales de la OIB — Antiguos trabajadores por cuenta ajena de Derecho belga — Cambio del régimen aplicable — Decisiones de la Comisión por las que se establece la remuneración — Igualdad de trato»
      Objeto: Recursos de casación interpuestos contra las sentencias del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda)
         de 5 de julio de 2007, Bertolete y otros/Comisión (F‑26/06, RecFP pp. I‑A‑1‑199 y II‑A‑1‑1133), Abarca Montiel y otros/Comisión
         (F‑24/06, RecFP pp. I‑A-1-199 y II‑A‑1‑1133), e Ider y otros/Comisión (F‑25/06, RecFP pp. I‑A‑1‑192 y II‑A‑1‑1099), y dirigidos
         a la anulación de dichas sentencias.
      
      Resultado: Se anulan las sentencias del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 5 de julio de 2007, Bertolete y otros/Comisión
         (F‑26/06, RecFP pp. I‑A‑1‑199 y II‑A‑1‑1133), Abarca Montiel y otros/Comisión (F‑24/06, RecFP pp. I‑A‑1‑199 y II‑A‑1‑1133),
         e Ider y otros/Comisión (F‑25/06, RecFP pp. I‑A‑1‑192 y II‑A‑1‑1099). Se desestiman los recursos de los demandantes en primera
         instancia, la Sra. Marli Bertolete y los otros ocho agentes contractuales de la Comisión, la Sra. Sabrina Abarca Montiel y
         los otros diecinueve agentes contractuales de la Comisión, la Sra. Béatrice Ider, la Sra. Marie-Claire Desorbay y el Sr. Lino
         Noschese. Los demandantes en primera instancia y la Comisión cargarán con sus propias costas.
      
      Sumario
      1.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución — Concepto
      (Estatuto de los Funcionarios, arts. 62 y ss.; Régimen aplicable a los otros agentes, arts. 19 y ss., art. 92, y anexo, art. 2,
            ap. 2)
      2.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución — Compensación de la reducción de la retribución experimentada por los
            agentes empleados anteriormente con arreglo a un estatuto de Derecho nacional
      (Régimen aplicable a los otros agentes, anexo, art. 2, ap. 2)
      3.      Funcionarios — Régimen aplicable a los otros agentes — Igualdad de trato — Aplicación a un régimen transitorio
      1.      Habida cuenta de que el concepto de retribución, definido en los artículos 62 y siguientes del Estatuto y aplicable a los
         agentes contractuales empleados anteriormente con arreglo a un estatuto de Derecho nacional en virtud de los artículos 19
         y siguientes del Régimen aplicable a los otros agentes, leídos conjuntamente con el artículo 92 de dicho Régimen, comprende
         los complementos familiares, la obligación de las instituciones, establecida en el artículo 2, apartado 2, del anexo de dicho
         Régimen, de tener en cuenta las diferencias existentes entre la legislación en materia fiscal, de seguridad social y de pensiones
         del Estado miembro de destino y las pertinentes disposiciones aplicables al agente contractual, debe interpretarse en el sentido
         de que, cuando dichas instituciones pretendan compensar una reducción de la retribución al pasar al régimen de agente contractual
         comunitario, deben tener en consideración todos los elementos constitutivos de ese concepto de retribución. Para hacerlo,
         están pues obligadas a tener en cuenta las particularidades del Derecho nacional anteriormente aplicable en materia fiscal,
         de seguridad social y de pensiones que puedan repercutir en el importe de esa retribución en el sentido estatutario comunitario
         del término, aun cuando las posibles ventajas económicas que se deriven de esas particularidades no sean necesariamente elementos
         integrantes de la retribución en el sentido del Derecho nacional. Por lo tanto, el artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen
         aplicable a los otros agentes obliga a las instituciones, cuando adoptan la decisión discrecional de compensar una disminución
         de la retribución, a tomar en consideración, al calcular los importes adicionales, todas las ventajas salariales, fiscales
         y sociales derivadas del Derecho nacional que, en el Derecho comunitario aplicable, formarían parte del concepto de retribución.
         Así pues, el hecho que la institución haya integrado los complementos familiares en el sentido del Derecho nacional, que son
         una prestación social pagada por el Estado y no una retribución pagada por el empleador, en el cálculo de los importes adicionales
         concedidos a los agentes interesados, constituye una correcta aplicación del artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen
         aplicable a los otros agentes. 
      
      (véanse los apartados 45 a 47)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 7 de mayo de 1987, Comisión/Bélgica (186/85, Rec. p. 2029), apartados 26 y 29; Tribunal
         de Justicia, 7 de mayo de 1987, Comisión/Alemania (189/85, Rec. p. 2061), apartado 18
      
      2.      A efectos de la aplicación del principio de igualdad de trato a la hora de determinar los importes adicionales que deben concederse
         a los agentes empleados anteriormente con arreglo a un estatuto de Derecho nacional, tras su paso al régimen de agente contractual
         comunitario, la institución está obligada a comparar las situaciones de que se trate a la luz del objetivo del artículo 2,
         apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes, consistente en mantener el nivel de la retribución anterior
         tal como se define estatutariamente, es decir, la retribución global anterior, incluidos los complementos familiares, y convertirla
         en una retribución en el sentido estatutario. Esta comparación, a la vista de la finalidad de las disposiciones aplicables
         y del concepto estatutario comunitario de retribución, implica por tanto la obligación a cargo de la institución de tener
         en cuenta las respectivas situaciones familiares de los interesados y, en particular, el hecho de que tengan o no hijos. Pues
         bien, desde un punto de vista tanto fáctico como jurídico, en el momento de pasar al régimen de agente contractual previsto
         en los artículos 7, apartado 1, y 8, apartado 1, de las disposiciones generales de ejecución relativas a las medidas transitorias
         aplicables a los agentes empleados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas, la situación familiar y salarial de una
         persona que tenga uno o varios hijos se diferencia, de forma sustancial, de la de una persona que no tenga hijos, puesto que
         esta última no tiene derecho —ni con arreglo al régimen contractual nacional anterior ni con arreglo al Derecho estatutario
         comunitario— a complementos familiares por hijos a cargo como componente específico de la retribución. Antes bien, la distinta
         situación familiar y salarial de estas dos categorías de personas constituye un criterio pertinente de diferenciación que
         la institución no puede legalmente ignorar a la vista de la finalidad de la normativa aplicable.
      
      (véanse los apartados 50 y 51)
      3.      La aplicación del principio de igualdad de trato a un régimen transitorio supone que la institución tenga en cuenta la situación
         personal de todos los interesados en el preciso momento de su cambio de estatuto, cambio que constituye un acontecimiento
         de cesura significativo, que puede modificar, de forma sustancial, el conjunto de sus derechos y obligaciones. De no ser así,
         para respetar el principio de igualdad de trato en tal situación de cambio ad hoc del estatuto de los interesados, las instituciones comunitarias deberían tomar en consideración, al adoptar medidas de alcance
         general, las hipotéticas evoluciones de la situación personal de cada uno de esos interesados, lo que les sometería a una
         exigencia excesiva e impracticable de examen prospectivo y comparativo. Esta apreciación se entiende, no obstante, sin perjuicio
         de la necesidad de comprobar periódicamente la situación personal de los agentes interesados y subsanar, en su caso, las posibles
         desigualdades futuras entre personas que se encuentren, en esa fase ulterior, en situaciones similares o idénticas.
      
      (véase el apartado 54)
      Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 14 de febrero de 2007, Simões Dos Santos/OAMI (T‑435/04, RecFP pp. I‑A‑2‑273 y
         II‑A‑2‑1423), apartados 90 y siguientes