CELEX: 62006CJ0347
Language: es
Date: 2008-07-17
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 17 de julio de 2008.#ASM Brescia SpA contra Comune di Rodengo Saiano.#Petición de decisión prejudicial: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia.#Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE - Concesión de servicio público de distribución de gas - Directiva 2003/55 - Finalización anticipada al término de un período de transición - Principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.#Asunto C-347/06.

Asunto C‑347/06
      ASM Brescia SpA
      contra
      Comune di Rodengo Saiano
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
      «Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE — Concesión de servicio público de distribución de gas — Directiva 2003/55/CE — Finalización anticipada al término de un período de transición — Principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica»
      Sumario de la sentencia
      1.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites
      (Art. 234 CE)
      2.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional
      (Art. 234 CE)
      3.        Aproximación de las legislaciones — Medidas de aproximación — Normas comunes para el mercado interior del gas natural — Directiva
            2003/55/CE
      (Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23, ap. 1)
      4.        Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Concesión de servicio público
            adjudicada sin procedimiento de licitación
      (Arts. 43 CE, 49 CE y 86 CE, ap. 1)
      1.        En el marco de un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia no es competente para resolver
         sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia puede, sin embargo,
         deducir del texto de las cuestiones planteadas por el juez nacional, vistos los datos expuestos por éste, los elementos referentes
         a la interpretación del Derecho comunitario que puedan permitir a este juez resolver el problema jurídico que se le plantea.
      
      Asimismo, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación y la aplicabilidad de disposiciones
         nacionales ni determinar los hechos pertinentes para la resolución del litigio principal. En efecto, en el marco del reparto
         de competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia tener en cuenta
         el contexto fáctico y normativo en el que se inserta la cuestión prejudicial, tal como lo define la resolución de remisión.
         
      
      (véanse los apartados 25 y 28)
      2.        En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo
         234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad
         de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad
         de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal
         de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el
         Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. 
      
      (véase el apartado 27)
      3.        La Directiva 2003/55, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30,
         no se opone a que la normativa de un Estado miembro prevea la prolongación, con los requisitos que en ella se indican, de
         la duración del período transitorio tras el cual ha de tener lugar la finalización anticipada de una concesión de distribución
         de gas natural adjudicada sin procedimiento de licitación. En estas circunstancias, procede asimismo declarar que el artículo
         10 CE y el principio de proporcionalidad tampoco se oponen a una normativa como la antedicha.
      
      En efecto, el artículo 23, apartado 1, de la referida Directiva especifica el calendario de liberalización por lo que respecta
         al suministro de gas natural y, en particular, prevé que los Estados miembros deben garantizar que los clientes cualificados,
         es decir, aquellos que tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores, sean, a partir del 1 de julio de 2007, todos
         los clientes. La antedicha disposición se refiere al suministro de gas natural y no a su distribución. Por tanto, no puede
         deducirse de ella ninguna obligación de los Estados miembros de poner fin a los contratos de distribución adjudicados sin
         procedimiento ninguno de licitación. Además, la Directiva 2003/55 no contiene ninguna disposición relativa a las concesiones
         de distribución de gas natural ya existentes.
      
      (véanse los apartados 38 a 41 y el punto 1 del fallo)
      4.        Los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, no se oponen a que la normativa de un Estado miembro, dirigida a aplicar las
         normas comunes para el mercado interior del gas natural por medio de una finalización anticipada, al término de un período
         de transición, de las concesiones de distribución de gas natural adjudicadas sin procedimiento de licitación, prevea la prolongación,
         sujeta a determinados requisitos, de la duración del referido período transitorio, siempre que dicha prolongación pueda considerarse
         necesaria para permitir a las partes contratantes poner fin a sus relaciones contractuales de forma aceptable tanto desde
         el punto de vista de las exigencias del servicio público como desde el punto de vista económico.
      
      A pesar del hecho de que una concesión de servicio público como la antedicha no está comprendida dentro del ámbito de aplicación
         de las directivas relativas a las diferentes categorías de contratos públicos, cuando las autoridades públicas tienen la intención
         de adjudicar una concesión de esas características están, no obstante, obligadas a respetar, en general, las normas fundamentales
         del Tratado y, en especial, el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad. Más concretamente, en la medida
         en que una concesión de esas características presente un interés transfronterizo cierto, su adjudicación, sin transparencia
         alguna, a una empresa establecida en el Estado miembro de la entidad adjudicadora constituye una diferencia de trato en perjuicio
         de las empresas situadas en otro Estado miembro que puedan estar interesadas en dicha concesión. Si no está justificada por
         circunstancias objetivas, dicha diferencia de trato que, al excluir a todas las empresas establecidas en otros Estados miembros,
         opera principalmente en perjuicio de éstas, constituye una discriminación indirecta por la nacionalidad, prohibida con arreglo
         a los artículos 43 CE y 49 CE. Por otra parte, el artículo 86 CE, apartado 1, se opone a que los Estados miembros, respecto
         de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, mantengan en vigor una normativa
         nacional contraria a los artículos 43 CE y 49 CE.
      
      No obstante una diferencia de trato como la anteriormente referida puede estar justificada por la necesidad de respetar el
         principio de seguridad jurídica, principio que forma parte del ordenamiento jurídico comunitario y que se impone a cualquier
         autoridad nacional que deba aplicar el Derecho comunitario. Habida cuenta de que la Directiva 2003/55, sobre normas comunes
         para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30, no prevé la revisión de las concesiones
         de distribución de gas existentes, de que el caso de autos se refiere a una antigua concesión que estaba llamada a surtir
         efecto durante varias décadas y de que dicha concesión fue adjudicada en una época en la que el Tribunal de Justicia aún no
         había declarado que los contratos que presentaban un interés transfronterizo cierto podrían estar sujetos a obligaciones de
         transparencia derivadas del Derecho primario, el principio de seguridad jurídica que, en particular, exige que las normas
         jurídicas sean claras, precisas y previsibles en sus efectos, no sólo permite sino que también exige que la resolución de
         una concesión de esas características vaya acompañada de un período transitorio que permita a las partes contratantes poner
         fin a sus relaciones contractuales de forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del servicio público
         como desde el punto de vista económico. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en particular, la prolongación
         de la duración del período transitorio, establecida por una normativa de Derecho interno, puede considerarse necesaria a efectos
         de respetar el principio de seguridad jurídica.
      
      (véanse los apartados 57 a 61, 64, 65 y 67 a 73 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 17 de julio de 2008 (*)
      
      «Artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE – Concesión de servicio público de distribución de gas – Directiva 2003/55/CE – Finalización anticipada al término de un período de transición – Principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica»
      En el asunto C‑347/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el le Tribunale amministrativo
         regionale per la Lombardia (Italia), mediante resolución de 23 de mayo de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 17
         de agosto de 2006, en el procedimiento entre
      
      ASM Brescia SpA
      y
      Comune di Rodengo Saiano,
      en el que participa:
      Anigas – Associazione Nazionale Industriali del Gas,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J. Makarczyk, P. Kūris y J.‑C. Bonichot (Ponente)
         y la Sra. C. Toader, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de febrero de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de ASM Brescia SpA, por los Sres. V. Salvadori, A. Salvadori, G. Caia y N. Aicardi, avvocati;
      –        en nombre de Anigas – Associazione Nazionale Industriali del Gas, por el Sr. M. Zoppolato y la Sra. D. Gazzola, avvocati;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. X. Lewis y B. Schima y la Sra. D. Recchia, en calidad
         de agentes;
      
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de abril de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 10 CE, 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado
         1, de los principios de igualdad de trato, de no discriminación, de transparencia y de proporcionalidad, así como de la Directiva
         2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del
         gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176, p. 57).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre ASM Brescia SpA (en lo sucesivo, «ASM Brescia») y el Comune di
         Rodengo Saiano, en relación con el acuerdo nº 19 del consejo municipal del referido municipio, de 19 de julio de 2005, por
         el que se confirma la fecha de 31 de diciembre de 2005 como plazo de finalización de la concesión otorgada a ASM Brescia por
         ese municipio por lo que respecta al servicio de distribución de gas natural en su territorio.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El cuarto considerando de la Directiva 2003/55 dispone:
      
      «Sólo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores
         y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre circulación de mercancías, la
         libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado garantiza a los ciudadanos europeos.»
      
      4        El octavo considerando de dicha Directiva establece:
      
      «Para completar el mercado interior del gas, es primordial que los gestores de redes de transporte y distribución puedan acceder
         a la red en condiciones no discriminatorias. Un gestor de red de transporte o de distribución puede constar de una o más empresas.»
      
      5        El décimo considerando de la referida Directiva precisa:
      
      «A fin de garantizar un acceso eficaz y no discriminatorio a la red, es conveniente que las redes de transporte y las de distribución
         se gestionen a través de organismos jurídicamente separados, en caso de que existan empresas integradas verticalmente. La
         Comisión debe evaluar medidas de efecto equivalente, desarrolladas por los Estados miembros para alcanzar la finalidad de
         dicho requisito, y, cuando proceda, presentar propuestas para modificar la presente Directiva.
      
      También es conveniente que los gestores de red de transporte y distribución tengan derechos de decisión efectivos respecto
         de los activos necesarios para mantener, gestionar y desarrollar las redes cuando los activos de que se trate pertenezcan
         a una empresa integrada verticalmente y sean gestionados por ella.
      
      No obstante, es importante distinguir entre dicha separación jurídica y la separación de la propiedad. La separación jurídica
         no implica tampoco un cambio en la propiedad de los activos y nada impide que se apliquen condiciones de empleo similares
         o idénticas en toda la empresa integrada verticalmente. Sin embargo, un proceso decisorio no discriminatorio debe estar garantizado
         mediante medidas organizativas respecto de la independencia de los responsables de las decisiones.»
      
      6        El decimoctavo considerando de la Directiva 2003/55 establece:
      
      «Los consumidores de gas deben poder elegir libremente a su suministrador. Sin embargo, también conviene adoptar un enfoque
         progresivo para la realización del mercado interior del gas, combinado con un plazo concreto, para que las empresas puedan
         adaptarse y garantizar que se establezcan las medidas y regímenes adecuados para proteger los intereses de los consumidores
         y garantizar que tengan un derecho real y efectivo de elección de su suministrador.»
      
      7        El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
      
      «La presente Directiva establece normas comunes relativas al transporte, la distribución, el suministro y el almacenamiento
         de gas natural. Define las normas relativas a la organización y funcionamiento del sector del gas natural, al acceso al mercado
         y a los criterios y procedimientos que deberán aplicarse para otorgar autorizaciones de transporte, distribución, suministro
         y almacenamiento de gas natural y de explotación de las redes.»
      
      8        El artículo 2 de la referida Directiva establece:
      
      «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      [...]
      5)       “distribución”: el transporte de gas natural por redes de gasoductos locales o regionales para su abastecimiento a clientes,
         pero sin incluir el suministro;
      
      [...]
      7)       “suministro”: la venta y la reventa a clientes de gas natural, incluido el [gas natural licuado];
      [...]
      28)       “clientes cualificados”: los clientes que tengan derecho de comprar gas al suministrador de su elección, a tenor del artículo
         23 de la presente Directiva;
      
      [...].»
      9        El artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55 dispone:
      
      «Los Estados miembros garantizarán que los clientes cualificados sean:
      a)      hasta el 1 de julio de 2004, los clientes cualificados mencionados en el artículo 18 de la Directiva 98/30/CE [del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (DO L 204, p. 1)].
         Los Estados miembros publicarán anualmente, a más tardar el 31 de enero, los criterios de definición de estos clientes cualificados;
      
      b)      a partir del 1 de julio de 2004, a más tardar, todos los clientes no domésticos;
      c)      a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes.»
       Derecho nacional
      10      El Decreto legislativo nº 164, de 23 de mayo de 2000, que, de conformidad con el artículo 41 de la Ley nº 144 de 17 de mayo
         de 1999, adapta el Derecho interno a la Directiva 98/30/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (decreto
         legislativo n. 164, attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a
         norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) (GURI nº 142, de 20 de junio de 2000, p. 4; en lo sucesivo, «Decreto
         legislativo 164/2000»), establece que la actividad de distribución de gas natural es, en principio, una actividad de servicio
         público otorgada por los municipios a concesionarios seleccionados exclusivamente mediante licitación por períodos no superiores
         a doce años.
      
      11      Por lo que respecta a las concesiones de distribución de gas natural ya existentes que no hayan sido adjudicadas mediante
         una licitación pública, el artículo 15, apartado 5, del Decreto legislativo 164/2000 dispone:
      
      «Para la actividad de distribución de gas, las concesiones existentes en la fecha de entrada en vigor del presente decreto,
         así como las adjudicadas a las sociedades derivadas de la transformación de los actuales gestores, se mantendrán hasta su
         terminación estipulada, si ésta tiene lugar antes de la finalización del período transitorio previsto en el apartado 7. Las
         concesiones existentes sin plazo de terminación estipulado, o cuya terminación deba tener lugar tras el período transitorio,
         se mantendrán hasta que concluya este último. [...]» 
      
      12      El artículo 15, apartado 7, del mismo Decreto legislativo establece:
      
      «El período transitorio a que se refiere el apartado 5 queda fijado en cinco años a partir del 31 de diciembre de 2000. Este
         período podrá ser prorrogado, en las circunstancias abajo indicadas, en una medida no superior a:
      
      a)      Un año en caso de que, al menos un año antes de que se cumplan los cinco años, se realice una fusión societaria que permita
         prestar servicio a un número de usuarios que en conjunto no sea inferior al doble del número al que originariamente prestaba
         servicio la mayor de las sociedades objeto de fusión.
      
      b)      Dos años en caso de que, dentro del plazo a que se refiere la letra a), el número de usuarios al que se presta servicio sea
         superior a cien mil consumidores finales, o el gas natural distribuido supere los cien millones de metros cúbicos al año,
         o la empresa opere en un ámbito equivalente al menos a todo el territorio provincial. 
      
      c)      Dos años en caso de que, dentro del plazo a que se refiere la letra a), el capital privado constituya al menos el 40 % del
         capital social.»
      
      13      El artículo 15, apartado 8, del Decreto legislativo 164/2000 prevé que puedan acumularse los años de prórroga del plazo de
         finalización del antedicho período transitorio cuando concurran varias de las circunstancias anteriormente mencionadas
      
      14      El artículo 1, del apartado 69, de la Ley nº 239, por la que se reorganiza el sector energético y se encarga al Gobierno la
         refundición de las disposiciones en vigor en materia de energía (legge n. 239, riordino del settore energetico, nonché delega
         al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), de 23 de agosto de 2004 (GURI nº 215, de 13
         de septiembre de 2004, p. 3), dispone:
      
      «[...] El período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5, [del Decreto legislativo 164/2000] finalizará
         a más tardar el 31 de diciembre de 2007, sin perjuicio de la facultad del ente local adjudicador de prorrogar por un año la
         duración del período transitorio, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, si
         se aprecian motivos de interés público. [...] Queda derogado el artículo 15, apartado 8, de dicho Decreto legislativo [164/2000].»
      
      15      El Decreto-ley nº 273, de 30 de diciembre de 2005, relativo a la definición y a la prórroga de los plazos, así como a las
         disposiciones de urgencia que de ello se derivan (decreto-legge n. 273, definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti
         disposizioni urgenti) (GURI nº 303, de 30 de diciembre de 2005, p. 8), convalidado, tras ser modificado, mediante la Ley nº 51,
         de 23 de febrero de 2006 (suplemento ordinario de la GURI nº 49, de 28 de febrero de 2006) (en lo sucesivo, «Decreto-ley 273/2005»),
         prevé, en su artículo 23, apartado 1, que el término del período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5,
         del Decreto legislativo 164/2000 queda, por una parte, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2007 y, por otra parte, quedará,
         asimismo, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2009 siempre que se cumpla al menos uno de los requisitos enunciados en el
         artículo 15, apartado 7, de dicho Decreto legislativo.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      16      ASM Brescia es concesionaria del servicio público de distribución de gas natural en el territorio del Comune di Rodengo Saiano
         en virtud de un contrato celebrado el 27 de febrero de 1984, cuyo plazo de finalización era inicialmente el 31 de diciembre
         de 2014. Mediante cláusula adicional, el plazo de finalización de dicha concesión fue prorrogado hasta el 31 de diciembre
         de 2029. 
      
      17      Mediante la resolución nº 19 de su consejo municipal, de 19 de julio de 2005, el Comune di Rodengo Saiano fijó el 31 de diciembre
         de 2005 como fecha de la finalización anticipada de la concesión adjudicada a ASM Brescia con el fin de poder convocar una
         licitación y designar un nuevo gestor del referido servicio. Asimismo, se reconocía a ASM Brescia el derecho a un reembolso
         del valor residual de las amortizaciones, estimado, por un dictamen pericial, en 926.000 euros. 
      
      18      ASM Brescia interpuso un recurso contra la antedicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente. 
      
      19      Posteriormente, entró en vigor el Decreto-ley 273/2005 que prevé, en su artículo 23, la prórroga automática del término del
         período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5, del Decreto legislativo 164/2000 desde el 31 de diciembre
         de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, así como, en caso de que se cumplan determinados requisitos, la prórroga automática
         de dicho período desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2009.
      
      20      El Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, al albergar dudas sobre la conformidad de dicha norma con el Derecho
         comunitario, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Es compatible con los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, así como con los principios de igualdad de trato, de no
         discriminación y de transparencia, la prórroga automática y general hasta el 31 de diciembre de 2007 de las concesiones de
         distribución de gas natural vigentes, que se adjudicaron en su origen sin previo procedimiento de licitación?
      
      2)      ¿Son compatibles con los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, así como con los principios de igualdad de trato, de
         no discriminación y de transparencia las prórrogas automáticas complementarias hasta el 31 de diciembre de 2009 de las concesiones
         de distribución de gas natural vigentes, que se adjudicaron en su origen sin procedimiento de licitación, en las siguientes
         circunstancias:
      
      a)      cuando el concesionario haya realizado una fusión societaria que permita prestar servicio a una clientela que dobla la clientela
         inicial de la principal sociedad parte en la fusión; 
      
      b)      cuando el concesionario haya logrado una clientela superior a 100.000 consumidores finales, o distribuya una cantidad de gas
         superior a 100 millones de metros cúbicos anuales, o ejerza su actividad en una zona igual al menos a todo el territorio de
         una provincia; 
      
      c)      cuando al menos el 40 % del capital social del concesionario se haya transmitido a socios privados?
      3)      ¿Es compatible con los considerandos cuarto, octavo, décimo y decimoctavo de la Directiva 2003/55/CE [...], así como con el
         artículo 23, apartado 1, de dicha Directiva, con el artículo 10 CE y con los principios de carácter razonable y de proporcionalidad,
         la prórroga de las concesiones de distribución de gas natural vigentes, tanto en el caso descrito en la primera cuestión como
         en los casos descritos en la segunda cuestión, teniendo en cuenta, en particular: 
      
      a)      la obligación de los Estados [miembros] de conseguir el objetivo de liberalización del mercado del gas natural antes del 1
         de julio de 2007;
      
      b)      la prohibición de que los Estados [miembros] adopten o mantengan en vigor normas nacionales contrarias a la liberalización
         del mercado del gas natural;
      
      c)      la obligación de los Estados [miembros] de fijar un plazo razonable de duración del período transitorio y de someter éste
         a exigencias objetivas?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la admisibilidad
       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
      21      ASM Brescia considera que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son inadmisibles porque se basan
         en un análisis inexacto, conforme al cual el Derecho italiano habría establecido una prórroga de la duración de las concesiones
         de gas de que se trata. 
      
      22      ASM Brescia alega que el Derecho nacional aplicable al litigio principal no prevé la prórroga legal de dichas concesiones,
         sino que, por el contrario, obliga a su finalización anticipada cuando éstas son de duración indeterminada o cuando el plazo
         contractualmente establecido llega a su término con posterioridad al período transitorio al que se refiere el artículo 15,
         apartado 5, del Decreto legislativo 164/2000.
      
      23      Anigas –Associazione Nazionale Industriali del Gas– alega, asimismo, que la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente se basa en una premisa errónea en la medida en que la normativa controvertida en el litigio principal no prevé una
         prórroga automática y generalizada de las concesiones en cuestión, sino que se limita a retrasar la fecha de su finalización
         anticipada. 
      
       Respuesta del Tribunal de Justicia
      24      El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad con el Derecho
         comunitario de la prórroga, establecida por el artículo 23 del Decreto-ley 273/2005, del período transitorio al que se refiere
         el artículo 15, apartado 5, del Decreto legislativo 164/2000.
      
      25      En el marco de un procedimiento iniciado con arreglo al artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia no es competente para resolver
         sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el Derecho comunitario (véase, en particular, la sentencia de 11 de
         junio de 1987, X, 14/86, Rec. p. 2545, apartado 15). El Tribunal de Justicia puede, sin embargo, deducir del texto de las
         cuestiones planteadas por el juez nacional, vistos los datos expuestos por éste, los elementos referentes a la interpretación
         del Derecho comunitario que puedan permitir a este juez resolver el problema jurídico que se le plantea (sentencia X, anteriormente
         citada, apartado 16). 
      
      26      La resolución de remisión contiene indicaciones suficientes para responder a estas exigencias, ya que el órgano jurisdiccional
         remitente ha señalado que la interpretación de los artículos 43 CE, 49CE, 86 CE, apartado 1, así como del artículo 23, apartado
         1, de la Directiva 2003/55 le resulta necesaria para pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho comunitario de los artículos
         23 del Decreto-ley 273/2005 y 15, apartados 5 y 7, del Decreto legislativo 164/2000.
      
      27      Por otra parte, conforme a reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos
         jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional,
         que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a
         la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia,
         como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas
         se refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse
         (véase, en particular, la sentencia de 10 de mayo de 2001, Agorà y Excelsior, C‑223/99 y C‑260/99, Rec. p. I‑3605, apartado 18).
         
      
      28      Debe recordarse asimismo que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación y la aplicabilidad
         de disposiciones nacionales ni determinar los hechos pertinentes para la resolución del litigio principal. En efecto, en el
         marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia
         tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se inserta la cuestión prejudicial, tal como lo define la resolución
         de remisión (véase, en particular, la sentencia de 13 de noviembre de 2003, Neri, C‑153/02, Rec. p. I‑13555, apartados 34
         y 35). 
      
      29      Por consiguiente, no puede acogerse la alegación según la cual las cuestiones prejudiciales son inadmisibles porque se basan
         en una interpretación errónea del Derecho italiano.
      
      30      En consecuencia, la petición de decisión prejudicial es admisible.
      
       Sobre el fondo
       Sobre la tercera cuestión
      31      Mediante su tercera cuestión, que debe examinarse en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia,
         al Tribunal de Justicia que le aclare si el artículo 10 CE, el principio de proporcionalidad, el artículo 23, apartado 1,
         de la Directiva 2003/55, así como los considerandos cuarto, octavo, décimo y decimoctavo de dicha Directiva se oponen a una
         normativa, como la controvertida en el litigio principal, que prolonga de forma automática la duración del período transitorio
         tras el cual tiene lugar la finalización anticipada de una concesión de distribución de gas natural como aquella de que se
         trata en el litigio principal, adjudicada sin procedimiento de licitación. 
      
      –       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
      32      ASM Brescia alega que ni la Directiva 98/30, que se aplicó en el Derecho interno por medio del Decreto legislativo 164/2000,
         ni la Directiva 2003/55 prevén la obligación de acortar la duración de las concesiones de distribución de gas natural que
         habían sido adjudicadas sin licitación. Por tanto, ASM Brescia considera que el legislador nacional actuó libremente cuando,
         por una parte, decidió que dichas concesiones finalizarían antes del término del plazo contractualmente previsto y, por otra
         parte, fijó al efecto un período transitorio y sus disposiciones de aplicación. 
      
      33      Añade que la finalización anticipada de las concesiones de que se trata y la convocatoria consecutiva de procedimientos de
         licitación para la adjudicación de nuevas concesiones no permiten garantizar un mayor grado de competencia en la distribución
         del gas natural, ya que cualquier nuevo distribuidor que entre en el mercado puede, llegado el caso, favorecer a la empresa
         de venta a la que esté vinculado. Considera que esta dificultad sólo puede resolverse mediante el cumplimiento de las obligaciones
         de imparcialidad y neutralidad que, con arreglo a la Directiva 2003/55, tienen los gestores de las redes de distribución y,
         en particular, el derecho de acceso de terceros a la red de distribución, así como mediante la separación jurídica, administrativa,
         funcional y contable con respecto a los vendedores de gas natural que forman parte de la misma empresa integrada verticalmente.
      
      34      La Comisión también estima que la Directiva 2003/55 no prevé la obligación de finalizar anticipadamente las concesiones de
         distribución de gas natural adjudicadas en contravención de los requisitos comunitarios.
      
      35      Añade que, aunque el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/55, en relación con el artículo 33, apartado 2, de la misma
         Directiva, autoriza a los gestores de las redes de distribución de gas natural a llevar también a cabo actividades de suministro
         de gas hasta el 1 de julio de 2007, éstos están, no obstante, obligados, en virtud del artículo 12, apartado 2, de la antedicha
         Directiva, a tratar con imparcialidad a los diferentes operadores que actúan en el mercado del gas natural. 
      
      36      Anigas señala que el plazo final fijado por el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55 para llevar a cabo la liberalización
         del mercado del gas natural, que era el 1 de julio de 2007, obliga a los Estados miembros meramente a garantizar que todos
         los compradores de gas natural sean clientes cualificados y considera que la referida Directiva no obliga a que se resuelvan
         las concesiones de distribución de gas natural que hubiesen sido adjudicadas sin publicidad previa. 
      
      –       Respuesta del Tribunal de Justicia
      37      Tanto del tenor como de la lógica interna de la Directiva 2003/55 se desprende que ésta tiene por objeto la plena realización
         del mercado interior en el sector del gas natural. A tal efecto, tal como se recoge en su artículo 1, apartado 1, primera
         frase, la Directiva establece normas comunes relativas al transporte, la distribución, el suministro y el almacenamiento de
         gas natural. 
      
      38      El artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55 especifica el calendario de liberalización por lo que respecta al suministro
         de gas natural y, en particular, prevé que los Estados miembros deben garantizar que los clientes cualificados, es decir,
         aquellos que tienen derecho a elegir libremente a sus proveedores, sean, a partir del 1 de julio de 2007, todos los clientes.
      
      39      La antedicha disposición se refiere al suministro de gas natural y no a su distribución. Por tanto, no puede deducirse de
         ella ninguna obligación de los Estados miembros de poner fin a los contratos de distribución adjudicados sin procedimiento
         ninguno de licitación. 
      
      40      Además, la Directiva 2003/55 no contiene ninguna disposición relativa a las concesiones de distribución de gas natural ya
         existentes. 
      
      41      En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión que la Directiva 2003/55 no se opone a que la normativa de un Estado
         miembro, como la controvertida en el litigio principal, prevea la prolongación, con los requisitos que en ella se indican,
         de la duración del período transitorio tras el cual ha de tener lugar la finalización anticipada de una concesión de distribución
         de gas natural como aquella de que se trata en el litigio principal. En estas circunstancias, procede asimismo declarar que
         el artículo 10 CE y el principio de proporcionalidad tampoco se oponen a una normativa como la antedicha.
      
       Sobre las cuestiones primera y segunda
      42      Mediante sus cuestiones primera y segunda, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
         en esencia, si los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, así como los principios de igualdad de trato, de no discriminación
         y de transparencia se oponen a una normativa, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la prolongación, con
         los requisitos que en ella se indican, de la duración del período transitorio tras el cual tiene lugar la finalización anticipada
         de una concesión de distribución de gas natural como aquella de que se trata en el litigio principal.
      
      –       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
      43      ASM Brescia considera que la resolución de concesiones de distribución de gas natural como aquella de que se trata en el litigio
         principal es una medida que el legislador nacional puede adoptar de forma discrecional y autónoma. Añade que dicha medida
         permite a la República Italiana dar cumplimiento anticipadamente a la Directiva 2003/55 mediante la designación de nuevos
         concesionarios del servicio público de distribución de gas natural. 
      
      44      ASM Brescia alega que la fijación del período transitorio, al término del cual tiene lugar la finalización anticipada de las
         concesiones de que se trata, va dirigida a conciliar la realización del objetivo de apertura a la competencia del sector del
         gas natural con la necesidad de proteger la confianza legítima de los titulares de las concesiones ya existentes.
      
      45      Esta misma sociedad recuerda que los Estados miembros deben respetar el principio de protección de la confianza legítima en
         el ejercicio de los poderes de los que hacen uso para aplicar las directivas comunitarias (véase, en particular, la sentencia
         de 26 de abril de 1988, Krücken, 316/86, Rec. p. 2213, apartado 22) y que, cuando se lleva a cabo la reforma legislativa de
         determinadas instituciones o regímenes jurídicos, la protección de la confianza legítima de los operadores económicos hace
         necesario el establecimiento de medidas transitorias o de períodos transitorios de adaptación, siempre que a ello no se opongan
         intereses públicos perentorios (véase, en particular, la sentencia de 14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión, 74/74, Rec. p. 533,
         apartado 44).
      
      46      ASM Brescia precisa que, hasta la entrada en vigor del Decreto legislativo 164/2000, el Derecho italiano no exigía publicidad
         para la adjudicación de las concesiones de distribución de gas natural y, además, permitía la adopción de concesiones de muy
         larga duración. 
      
      47      Añade que, hasta la adopción de la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario
         (DO 2000, C 121, p. 2) y el pronunciamiento de la sentencia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria y Telefonadress (C‑324/98,
         Rec. p. I‑10745), el Derecho comunitario no especificaba que las autoridades públicas tuviesen que respetar las obligaciones
         de transparencia y de publicidad a la hora de adjudicar concesiones de servicio público en virtud del Derecho comunitario.
         
      
      48      A continuación, ASM Brescia recuerda que, en realidad, el Decreto-ley 273/2005 tan sólo retrasa dos años, del 31 de diciembre
         de 2005 al 31 de diciembre de 2007 y, si se cumplen ciertos requisitos, del 31 de diciembre de 2007 al 31 de diciembre de
         2009, el plazo de finalización del período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5, del Decreto legislativo
         164/2000. Considera que esa prórroga tiene, por sí misma y a la luz de sus efectos, un alcance limitado, habida cuenta, en
         particular, de las duraciones contractuales residuales a menudo muy largas de las concesiones de que se trata, y del hecho
         de que no afecta al equilibrio de los intereses de las partes de una forma desproporcionada. Asimismo, subraya que dicha prolongación
         constituye, en cualquier caso, una medida discrecional. 
      
      49      Por último, ASM Brescia recuerda que las concesiones de distribución de gas natural que llegan a su fin con anterioridad al
         término del mencionado período transitorio no son prorrogadas, que, con arreglo al Decreto legislativo 164/2000, el término
         del período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5, de dicho período podía ser posterior al resultante de
         la aplicación del Decreto-ley 273/2005 y que la adopción de este último permitió reforzar la seguridad jurídica, ya que clarificó
         el régimen jurídico del antedicho período transitorio. 
      
      50      Por su parte, la Comisión alega que el litigio principal se refiere a las concesiones de servicio público y que éstas están
         sujetas a las normas fundamentales del Tratado CE y, especialmente, a los artículos 43 CE y 49 CE, así como a los principios
         de no discriminación por razón de la nacionalidad y de igualdad de trato entre licitadores que implican, en particular, una
         obligación de transparencia que permita que la autoridad pública concedente se asegure de que los mencionados principios son
         respetados (sentencia de 6 de abril de 2006, ANAV, C‑410/04, Rec. p. I‑3303, apartado 21).
      
      51      Subraya que el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha obligación de transparencia consiste en garantizar, en beneficio
         de todo licitador potencial, una publicidad adecuada que permita abrir a la competencia la concesión de servicios y controlar
         la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación (sentencia ANAV, anteriormente citada, apartado 21). 
      
      52      La Comisión estima que la no resolución de una concesión de servicio público adjudicada sin que hubiese habido un procedimiento
         de publicidad previo es también contraria a los artículos 43 CE y 49 CE, así como a los principios de no discriminación, de
         igualdad de trato y de transparencia.
      
      53      Añade que el artículo 86 CE, apartado 1, se opone a normas, como las controvertidas en el litigio principal, que prevén el
         mantenimiento en vigor de concesiones de servicios públicos adjudicadas en contravención de las exigencias de publicidad impuestas
         por el Derecho comunitario. 
      
      54      Por su parte, Anigas sostiene que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, así como los principios de igualdad de trato,
         de no discriminación y de transparencia, no se oponen a una prórroga del período transitorio como la prevista por la normativa
         controvertida en el litigio principal. 
      
      55      Subraya que los requisitos establecidos en el artículo 15, apartado 7, del Decreto legislativo 164/2000, que permiten prolongar
         el período transitorio al que se refiere el artículo 15, apartado 5, de dicho Decreto, forman parte de un conjunto de medidas
         que tienen por objeto la creación de un mercado competitivo del gas natural.
      
      56      Anigas considera que el respeto del principio de protección de la confianza legítima obliga, en cualquier caso, a que la finalización
         anticipada de las concesiones de distribución de gas natural, como aquella de que se trata en el litigio principal, no tenga
         lugar hasta que haya transcurrido un período transitorio. 
      
      –       Respuesta del Tribunal de Justicia
      57      Una concesión de servicio público, como aquella de que se trata en el litigio principal, no está comprendida dentro del ámbito
         de aplicación de las directivas relativas a las diferentes categorías de contratos públicos (véase, en particular, la sentencia
         de 21 de julio de 2005, Coname, C‑231/03, Rec. p. I‑7287, apartado 16). 
      
      58      No obstante el Tribunal de Justicia ha declarado que cuando las autoridades públicas tienen la intención de adjudicar una
         concesión de esas características están obligadas a respetar, en general, las normas fundamentales del Tratado y, en especial,
         el principio de no discriminación por razón de la nacionalidad (véanse, en particular, en este sentido, las sentencias Telaustria
         y Telefonadress, anteriormente citada, apartado 60; Coname, anteriormente citada, apartado 16; de 13 de octubre de 2005, Parking
         Brixen, C‑458/03, Rec. p. I‑8585, apartado 46, así como ANAV, anteriormente citada, apartado 18). 
      
      59      Más concretamente, en la medida en que una concesión de esas características presente un interés transfronterizo cierto, su
         adjudicación, sin transparencia alguna, a una empresa establecida en el Estado miembro de la entidad adjudicadora constituye
         una diferencia de trato en perjuicio de las empresas situadas en otro Estado miembro que puedan estar interesadas en dicha
         concesión (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2007, Comisión/Irlanda, C‑507/03, Rec. p. I‑0000, apartado 30).
         
      
      60      Si no está justificada por circunstancias objetivas, dicha diferencia de trato que, al excluir a todas las empresas establecidas
         en otros Estados miembros, opera principalmente en perjuicio de éstas, constituye una discriminación indirecta por la nacionalidad,
         prohibida con arreglo a los artículos 43 CE y 49 CE (sentencia Comisión/Irlanda, anteriormente citada, apartado 31).
      
      61      Por otra parte, el artículo 86 CE, apartado 1, se opone a que los Estados miembros, respecto de las empresas públicas y aquellas
         empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, mantengan en vigor una normativa nacional contraria a los artículos
         43 CE y 49 CE. 
      
      62      Pues bien, por un lado, no se excluye en modo alguno que la concesión de que se trata en el litigio principal presente, a
         la luz de los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia y, en particular, de su lugar de ejecución y de su transcendencia
         económica, un interés transfronterizo cierto (véase, por analogía, la sentencia de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C‑147/06
         y C‑148/06, Rec. p. I‑0000, apartado 31). Ello es tanto más cierto cuanto que la normativa nacional puede aplicarse indistintamente
         a todas las concesiones.
      
      63      Por otro lado, una normativa como la controvertida en el litigio principal, debido a que implica el aplazamiento de la adjudicación
         de una nueva concesión mediante un procedimiento público, constituye, al menos durante el período de dicho aplazamiento, una
         diferencia de trato en perjuicio de las empresas situadas en un Estado miembro distinto del de la entidad adjudicadora que
         puedan tener interés en dicha concesión.
      
      64      No obstante, esta diferencia de trato puede estar justificada por circunstancias objetivas, como la necesidad de respetar
         el principio de seguridad jurídica. 
      
      65      Este principio forma parte del ordenamiento jurídico comunitario (sentencia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor
         y otros, 205/82 a 215/82, Rec. p. 2633, apartado 30) y se impone a cualquier autoridad nacional que deba aplicar el Derecho
         comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 1979, Eridania, 230/78, Rec. p. 2749, apartado 31).
      
      66      A este respecto, en un contexto como el del litigio principal, es preciso tener en cuenta tres series de elementos.
      
      67      En primer lugar, la Directiva 2003/55 no prevé la revisión de las concesiones de distribución de gas existentes. 
      
      68      En segundo lugar, de la resolución de remisión se desprende que la concesión adjudicada en 1984 debía surtir efecto hasta
         2029. Por tanto, su resolución anticipada en virtud del Decreto-ley 273/2005, que tendrá como consecuencia que el Comune di
         Rodengo Saiano deberá abrir a la competencia la adjudicación de una nueva concesión, puede dar lugar a un mayor respeto del
         Derecho comunitario. 
      
      69      En tercer lugar, el principio de seguridad jurídica exige, en particular, que las normas jurídicas sean claras, precisas y
         previsibles en sus efectos, en especial, cuando pueden tener consecuencias desfavorables para los individuos y las empresas
         (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2005, VEMW y otros, C‑17/03, Rec. p. I‑4983, apartado 80 y la jurisprudencia
         allí citada). 
      
      70      Desde este punto de vista, es preciso observar que la concesión de que se trata en el litigio principal fue adjudicada en
         1984, época en la que el Tribunal de Justicia aún no había declarado que del Derecho comunitario primario se desprendía que
         los contratos que presentaban un interés transfronterizo cierto podrían estar sujetos a obligaciones de transparencia cuando
         concurren los requisitos mencionados en los apartados 59 y 60 de la presente sentencia.
      
      71      En estas circunstancias, y sin que sea necesario preguntarse acerca del principio de protección de la confianza legítima,
         el principio de seguridad jurídica no sólo permite sino que también exige que la resolución de una concesión de esas características
         vaya acompañada de un período transitorio que permita a las partes contratantes poner fin a su relaciones contractuales de
         forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del servicio público como desde el punto de vista económico.
         
      
      72      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en particular, la prolongación de la duración del período transitorio,
         establecida por una normativa como la controvertida en el litigio principal, puede considerarse necesaria a efectos de respetar
         el principio de seguridad jurídica.
      
      73      En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera y segunda que los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1,
         no se oponen a que la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, prevea la prolongación,
         con los requisitos que en ella se indican, de la duración del período transitorio tras el cual ha de tener lugar la finalización
         anticipada de una concesión de distribución de gas natural como aquella de que se trata en el litigio principal, siempre que
         dicha prolongación pueda considerarse necesaria para permitir a las partes contratantes poner fin a su relaciones contractuales
         de forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del servicio público como desde el punto de vista económico.
      
       Costas
      74      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      1)      La Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado
            interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, no se opone a que la normativa de un Estado miembro,
            como la controvertida en el litigio principal, prevea la prolongación, con los requisitos que en ella se indican, de la duración
            del período transitorio tras el cual ha de tener lugar la finalización anticipada de una concesión de distribución de gas
            natural como aquella de que se trata en el litigio principal. En estas circunstancias, procede asimismo declarar que el artículo
            10 CE y el principio de proporcionalidad tampoco se oponen a una normativa como la antedicha. 
      2)      Los artículos 43 CE, 49 CE y 86 CE, apartado 1, no se oponen a que la normativa de un Estado miembro, como la controvertida
            en el litigio principal, prevea la prolongación, con los requisitos que en ella se indican, de la duración del período transitorio
            tras el cual ha de tener lugar la finalización anticipada de una concesión de distribución de gas natural como aquella de
            que se trata en el litigio principal, siempre que dicha prolongación pueda considerarse necesaria para permitir a las partes
            contratantes poner fin a sus relaciones contractuales de forma aceptable tanto desde el punto de vista de las exigencias del
            servicio público como desde el punto de vista económico.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.