CELEX: 62004CO0052
Language: es
Date: 2005-07-14 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2005.#Personalrat der Feuerwehr Hamburg contra Leiter der Feuerwehr Hamburg.#Petición de decisión prejudicial: Bundesverwaltungsgericht - Alemania.#Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores - Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE - Ámbito de aplicación - Fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos - Inclusión - Requisitos.#Asunto C-52/04.

Asunto C‑52/04
      Personalrat der Feuerwehr Hamburg
      contra
      Leiter der Feuerwehr Hamburg
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht)
      «Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE — Ámbito de aplicación — Fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos — Inclusión — Requisitos»
      Auto del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2005 
      Sumario del auto
      Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Directiva 89/391/CEE, relativa a la aplicación
            de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo — Directiva 93/104/CE,
            relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo — Ámbito de aplicación — Fuerzas de intervención de
            un servicio público de bomberos — Inclusión — Aplicación de la norma que establece la duración máxima del tiempo de trabajo
            semanal — Excepción en caso de circunstancias extraordinarias 
      (Directivas del Consejo 89/391/CEE, art. 2, y 93/104/CE, arts. 1, ap. 3, y 6, punto 2)
      El artículo 2 de la Directiva 89/391, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
         salud de los trabajadores en el trabajo, y el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104, relativa a determinados aspectos
         de la ordenación del tiempo de trabajo, deben ser interpretados en el sentido de que:
      
      –       las actividades ejercidas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos se hallan comprendidas normalmente
         dentro del ámbito de aplicación de dichas Directivas de forma que, en principio, el artículo 6, punto 2, de la Directiva 93/104
         se opone a que se supere el límite de 48 horas previsto para la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, incluidos los
         servicios de atención continuada;
      
      –       sin embargo, será posible superar ese límite cuando existan circunstancias excepcionales de tal gravedad y magnitud que el
         objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de intereses públicos como
         el orden, la salud y la seguridad públicos debe prevalecer provisionalmente sobre aquel otro consistente en garantizar la
         seguridad y la salud de los trabajadores destinados en los equipos de intervención y de socorro; no obstante, incluso en tal
         situación excepcional, deben respetarse los objetivos de la Directiva 89/391 en la medida de lo posible.
      
      (véanse los apartados 53, 55 a 57 y 61 y el fallo)
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 14 de julio de 2005 (*)
      
      «Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento – Política social – Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores – Directivas 89/391/CEE y 93/104/CE – Ámbito de aplicación – Fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos – Inclusión – Requisitos»
      En el asunto C‑52/04,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesverwaltungsgericht
         (Alemania), mediante resolución de 17 de diciembre de 2003, registrada en el Tribunal de Justicia el 10 de febrero de 2004,
         en el procedimiento entre 
      
      Personalrat der Feuerwehr Hamburg
      y
      Leiter der Feuerwehr Hamburg,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, R. Schintgen (Ponente), J. Makarczyk y
         J. Klučka, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      informado el órgano jurisdiccional remitente de que el Tribunal de Justicia se propone resolver mediante auto motivado, con
         arreglo al artículo 104, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento;
      
      habiéndose instado a los interesados a los que se refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia para que, en
         su caso, presentaran sus observaciones al respecto;
      
      oído el Abogado General; 
      dicta el siguiente
      Auto
      1       La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de
         12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores
         en el trabajo (DO L 183, p. 1), así como del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre
         de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 307, p. 18).
      
      2       Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre el Personalrat der Feuerwehr Hamburg (Comité de personal del Servicio
         de Bomberos de Hamburgo; en lo sucesivo, «Personalrat») y el Leiter der Feuerwehr Hamburg (Director del mencionado Servicio;
         en lo sucesivo, «Leiter»), relativo a la normativa alemana en la que se establece un tiempo de trabajo semanal superior a
         48 horas para las fuerzas de intervención del citado servicio.
      
       Marco normativo
       Normativa comunitaria
      3       Las Directivas 89/391 y 93/104 se adoptaron basándose en el artículo 118 A del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE
         han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE).
      
      4       La Directiva 89/391 es la Directiva-marco que establece los principios generales en materia de seguridad y de salud de los
         trabajadores. Dichos principios fueron desarrollados posteriormente por una serie de directivas específicas, entre las que
         figura la Directiva 93/104.
      
      5       El artículo 2 de la Directiva 89/391 delimita el ámbito de aplicación de ésta de la siguiente forma:
      «1.      La presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividades, públicas o privadas (actividades industriales, agrícolas,
         comerciales, administrativas, de servicios, educativas, culturales, de ocio, etc.).
      
      2.      La presente Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades inherentes
         a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas
         actividades específicas en los servicios de protección civil. 
      
      En este caso, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas, en la medida de lo
         posible, habida cuenta de los objetivos de la presente Directiva.» 
      
      6       A tenor del artículo 1 de la Directiva 93/104, titulado «Objeto y ámbito de aplicación»:
      «1.      La presente Directiva establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo.
         
      
      2.      La presente Directiva se aplicará: 
      a)      a los períodos mínimos de descanso diario, de descanso semanal y de vacaciones anuales, así como a las pausas y a la duración
         máxima del trabajo semanal, y
      
      b)      a determinados aspectos del trabajo nocturno, del trabajo por turnos y del ritmo de trabajo. 
      3.      La presente Directiva se aplicará a todos los sectores de actividad, privados o públicos, en el sentido del artículo 2 de
         la Directiva 89/391/CEE, sin perjuicio del artículo 17 de la presente Directiva, con exclusión del transporte por carretera,
         aéreo, por ferrocarril, marítimo, de la navegación interior, de la pesca marítima, de otras actividades marítimas y de las
         actividades de los médicos en período de formación. 
      
      4.      Las disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán plenamente a las materias a que se refiere el apartado 2, sin perjuicio
         de las disposiciones más exigentes y/o específicas contenidas en la presente Directiva.»
      
      7       Bajo el título «Definiciones», el artículo 2 de la Directiva 93/104 dispone:
      «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      1)      “tiempo de trabajo”: todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en
         el ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales; 
      
      2)      “período de descanso”: todo período que no sea tiempo de trabajo;
      […]»
      8       La sección II de dicha Directiva establece las medidas que los Estados miembros están obligados a adoptar para que todos los
         trabajadores disfruten de períodos mínimos de descanso diario y de descanso semanal y regula asimismo la duración máxima del
         tiempo de trabajo semanal.
      
      9       Por lo que respecta a la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, el artículo 6 de la misma Directiva dispone:
      «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en función de las necesidades de protección de [la] seguridad
         y de la salud de los trabajadores: 
      
      […]
      2)      la duración media del trabajo no exceda de cuarenta y ocho horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de
         siete días.»
      
      10     El artículo 15 de la Directiva 93/104 establece:
      «La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones
         legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, o
         de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales, más favorables
         a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.»
      
      11     A tenor del artículo 16 de dicha Directiva:
      «Los Estados miembros podrán establecer: 
      […]
      2)      en la aplicación del artículo 6 (duración máxima del tiempo de trabajo semanal), un período de referencia que no exceda de
         cuatro meses.
      
      […]»
      12     La misma Directiva recoge una serie de excepciones a varias de sus normas básicas, habida cuenta de las particularidades de
         determinadas actividades y siempre que se reúnan determinados requisitos. A este respecto, su artículo 17 dispone:
      
      «1.      En cumplimiento de los principios generales de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, los Estados miembros
         podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 16 cuando, a causa de las características especiales
         de la actividad realizada, la jornada de trabajo no tenga una duración medida y/o establecida previamente o cuando pueda ser
         determinada por los propios trabajadores, y en particular cuando se trate de: 
      
      a)      ejecutivos dirigentes u otras personas con poder de decisión autónomo; 
      b)      trabajadores en régimen familiar; o
      c)      trabajadores en actividades litúrgicas de iglesias y comunidades religiosas. 
      2.      Mediante procedimientos legales, reglamentarios o administrativos o mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre
         interlocutores sociales y siempre que se concedan períodos equivalentes de descanso compensatorio a los trabajadores de que
         se trate, o siempre que, en casos excepcionales en que, por razones objetivas, no sea posible la concesión de tales períodos
         equivalentes de descanso compensatorio, se conceda una protección equivalente a los trabajadores de que se trate, podrán establecerse
         excepciones: 
      
      2.1.      a lo dispuesto en los artículos 3, 4, 5, 8 y 16: 
      […]
      c)      para las actividades caracterizadas por la necesidad de garantizar la continuidad del servicio o de la producción, y en particular
         cuando se trate de: 
      
      i)      servicios relativos a la recepción, tratamiento y/o asistencia médica prestados por hospitales o centros similares, instituciones
         residenciales, y prisiones; 
      
      […]
      iii)      servicios de prensa, radio, televisión, producciones cinematográficas, correos o telecomunicaciones, servicios de ambulancia,
         bomberos o protección civil; 
      
      […]
      3.      Podrán establecerse excepciones a las disposiciones de los artículos 3, 4, 5, 8 y 16 mediante convenios colectivos o acuerdos
         celebrados entre interlocutores sociales a nivel nacional o regional o, de conformidad con las normas fijadas por dichos interlocutores
         sociales, mediante convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales a un nivel inferior. 
      
      […]
      Las excepciones previstas en los párrafos primero y segundo del presente apartado sólo se admitirán a condición de que se
         conceda a los trabajadores de que se trate períodos equivalentes de descanso compensatorio, o bien una protección adecuada
         en los casos excepcionales en que, por razones objetivas, resulte imposible la concesión de dichos períodos equivalentes de
         descanso compensatorio. 
      
      […]
      4.      La facultad de establecer excepciones a lo dispuesto en el punto 2 del artículo 16, prevista en los puntos 2.1. y 2.2. del
         apartado 2 y en el apartado 3 del presente artículo, no podrá tener como consecuencia el establecimiento de un período de
         referencia superior a seis meses. 
      
      No obstante, los Estados miembros, siempre que respeten los principios generales de protección de la seguridad y la salud
         de los trabajadores, tendrán la facultad de permitir que, por razones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, los
         convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales establezcan períodos de referencia que, en ningún
         caso excederán de doce meses.
      
      […]»
       Legislación nacional
      13     El Derecho laboral alemán distingue entre el servicio de permanencia («Arbeitsbereitschaft»), el servicio de atención continuada
         («Bereitschaftsdienst») y el servicio de alerta localizada («Rufbereitschaft»).
      
      14     Estos tres conceptos no se definen en la normativa nacional, pero sus características se desprenden de la jurisprudencia.
      15     El servicio de permanencia («Arbeitsbereitschaft») comprende la situación en la que el trabajador debe mantenerse a disposición
         del empresario en el lugar de trabajo y, además, está obligado a permanecer constantemente atento con objeto de intervenir
         inmediatamente en caso de necesidad.
      
      16     Durante el servicio de atención continuada («Bereitschaftsdienst») el trabajador ha de estar presente en un lugar determinado
         por el empresario, dentro o fuera del establecimiento de éste, y estar dispuesto a prestar su servicio a petición del empresario,
         pero se le permite descansar o emplear su tiempo como lo desee mientras no se requieran sus servicios profesionales.
      
      17     El servicio de alerta localizada («Rufbereitschaft») se caracteriza por el hecho de que el trabajador no está obligado a permanecer
         a la espera en un lugar designado por el empresario, sino que basta que esté localizable en todo momento con el fin de que
         pueda ejercer sus funciones profesionales en un corto espacio de tiempo a petición del empresario.
      
      18     En el Derecho laboral alemán, en vigor en el momento de los hechos del asunto principal, sólo el servicio de permanencia («Arbeitsbereitschaft»)
         se consideraba, en general, tiempo de trabajo en su totalidad. En cambio, tanto el servicio de atención continuada («Bereitschaftsdienst»)
         como el servicio de alerta localizada («Rufbereitschaft») tenía la calificación de tiempo de descanso, salvo por lo que respecta
         a la parte del servicio durante la cual el trabajador ha ejercido efectivamente sus funciones profesionales.
      
      19     El artículo 76 de la Ley por la que se establece el estatuto de los funcionarios del Land de Hamburgo (Hamburgisches Beamtengesetz),
         en su versión del 29 de noviembre de 1977, modificada por la Ley de 11 de junio de 1997 (en lo sucesivo, «HmbBG»), está redactado
         en los siguientes términos:
      
      «La duración normal del tiempo de trabajo de los funcionarios será fijado por el “Senat” [órgano colegiado ejecutivo del Land
         de Hamburgo] mediante reglamento de conformidad con las frases segunda y tercera. Dicha duración no podrá superar las cuarenta
         horas semanales por término medio. En el caso del servicio de atención continuada, la duración normal del tiempo de trabajo
         podrá prolongarse razonablemente según las necesidades del servicio; no podrá superar cincuenta horas semanales por término
         medio.
      
      […]»
      20     A tenor del artículo 1 del Reglamento sobre el tiempo de trabajo de los funcionarios (Verordnung über die Arbeitszeit der
         Beamtinnen und Beamten), de 12 de agosto de 1997 (en lo sucesivo, «ArbzVO»):
      
      «1.      La duración normal del tiempo de trabajo semanal de los funcionarios será de 40 horas por término medio. Por lo que atañe
         a la jornada, la duración normal o habitual del tiempo de trabajo en el servicio se fijará sobre la base de la fracción correspondiente
         de la duración normal del tiempo de trabajo semanal.
      
      2.      Como excepción al apartado 1, la duración normal del tiempo de trabajo semanal podrá prolongarse hasta las 50 horas por término
         medio en función de las necesidades del servicio, cuando el citado servicio incluya períodos de atención continuada. La duración
         normal del tiempo de trabajo semanal, incluidos los servicios de atención continuada, del personal del servicio de bomberos
         destinado a las intervenciones sobre el terreno será de 48 horas por término medio.»
      
      21     Esta disposición del ArbzVO ha quedado modificada de la siguiente forma por un Reglamento de 15 de diciembre de 1998:
      «En el artículo 1, apartado 2, segunda frase, del Reglamento sobre el tiempo de trabajo de los funcionarios de 12 de agosto
         de 1997 […] se sustituye la cifra “48” por la cifra “50”.»
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      22     De los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, el 18 de julio de 1991, las partes del asunto
         principal firmaron un convenio colectivo, aplicable desde el 1 de abril de 1990, en el que se establecía la duración del tiempo
         de trabajo de los funcionarios que tienen encomendadas tareas de intervención sobre el terreno y que prestan un «servicio
         por turnos» en los parques de bomberos. Dicho convenio colectivo fijó la duración normal del tiempo de trabajo semanal en
         48 horas por término medio, incluidos los servicios de atención continuada.
      
      23     Al comenzar el año 1999, el Leiter presentó un proyecto de nuevo convenio colectivo, destinado a sustituir al de 18 de julio
         de 1991 a partir del 1 de enero de 1999, en el cual se preveía un incremento de la duración del tiempo de trabajo semanal
         de 48 a 50 horas, incluidos los servicios de atención continuada.
      
      24     El Personalrat se negó a dar su conformidad al citado proyecto. Puesto que las partes del litigio principal no consiguieron
         ponerse de acuerdo, el Leiter recurrió al órgano de conciliación, el cual, el 25 de octubre de 1999, aprobó el nuevo convenio
         colectivo en lugar del Personalrat (en lo sucesivo, «convenio colectivo de que se trata»).
      
      25     El 12 de diciembre de 2000, el Personalrat denunció el citado convenio colectivo con efectos inmediatos por cuanto, en su
         opinión, resultaba incompatible con lo dispuesto en las Directivas 89/391 y 93/104.
      
      26     Posteriormente, el Personalrat interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht Hamburg, el cual lo desestimó mediante auto.
      27     El Personalrat presentó entonces un recurso de apelación ante el Oberverwaltungsgericht Hamburg, el cual desestimó la pretensión
         principal, encaminada a conseguir que se declarara inaplicable el convenio colectivo de que se trata, si bien estimó la pretensión
         subsidiaria tendente a que se declarara que la decisión adoptada por el órgano de conciliación el 25 de octubre de 1999 era
         contraria a Derecho.
      
      28     Tanto el Personalrat como el Leiter interpusieron un recurso de casación contra la citada resolución del Oberverwaltungsgericht
         ante el Bundesverwaltungsgericht.
      
      29     Según este último órgano jurisdiccional, el resultado del litigio depende de la respuesta que haya de darse a una cuestión
         de Derecho comunitario que aún no ha sido dilucidada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
      
      30     Efectivamente, si bien el referido convenio colectivo tiene su base jurídica en el HmbBG y en el ArbzVO, en su versión modificada
         el 15 de diciembre de 1998, esta normativa nacional, que autoriza una duración normal del tiempo de trabajo semanal que puede
         llegar hasta las 50 horas en función de las necesidades del servicio, no puede aplicarse si es contraria al artículo 6, punto
         2, de la Directiva 93/104, el cual fija la duración máxima del tiempo de trabajo semanal en 48 horas. Ahora bien, sobre este
         particular, se plantea la cuestión de si la citada Directiva puede ser de aplicación a aquellos funcionarios destinados en
         las unidades de intervención pertenecientes a un servicio profesional de bomberos.
      
      31     Habida cuenta de que, por un lado, el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 regula el ámbito de aplicación de ésta,
         refiriéndose expresamente al artículo 2 de la Directiva 89/391, y de que, por otro lado, conforme al apartado 2, párrafo primero,
         del citado artículo 2, esta última Directiva no será de aplicación cuando se opongan a ello de manera concluyente las particularidades
         inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo en las fuerzas armadas o la policía,
         o a determinadas actividades específicas en los servicios de protección civil, procede dilucidar si los bomberos pueden hallarse
         comprendidos dentro del ámbito de aplicación de una de estas excepciones.
      
      32     De esta forma, en la medida en que los bomberos están dedicados esencialmente a la lucha contra los incendios y la ley les
         obliga a prestar su ayuda en caso de accidentes o de otras situaciones de urgencia, puede considerarse, bien que los bomberos
         constituyen un elemento del sistema de seguridad organizado por el Estado, al cual pertenecen asimismo las fuerzas armadas
         y la policía, que se mencionan como ejemplo en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 89/391, bien como parte de los servicios
         de protección civil, de forma que no cabe excluir que, por uno u otro motivo, dichas personas no se hallen comprendidas en
         términos generales dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva y, como consecuencia, en el de la Directiva 93/104.
      
      33     No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, cabe asimismo la posibilidad de interpretar el artículo 2, apartado
         2, párrafo primero, de la Directiva 89/391 en el sentido de que, por lo menos, la duración máxima del tiempo de trabajo semanal
         establecida en el artículo 6, punto 2, de la Directiva 93/104 es también aplicable a los funcionarios del servicio de lucha
         contra incendios destinados a intervenir sobre el terreno. En efecto, tanto el tenor literal como el sentido y la finalidad
         de la primera de dichas disposiciones abogan por esta interpretación.
      
      34     Al considerar que, en estas circunstancias, la resolución del litigio que se le había planteado requería la interpretación
         del Derecho comunitario, el Bundesverwaltungsgericht decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 […] en relación con el artículo 2, apartado 2, de la
         Directiva 89/391 […] en el sentido de que la Directiva mencionada en primer lugar no se aplica al tiempo de trabajo de las
         fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      35     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si los artículos 2 de la Directiva
         89/391 y 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 deben interpretarse en el sentido de que las actividades ejercidas por las
         fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos como el del asunto principal se hallan comprendidas dentro del
         ámbito de aplicación de las mencionadas Directivas, de forma que el artículo 6, punto 2, de la Directiva 93/104 se opone a
         que se supere el límite de 48 horas previsto para la duración máxima del tiempo de trabajo semanal, incluidos los servicios
         de atención continuada.
      
      36     Al considerar que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la respuesta a esta cuestión no suscita ninguna
         duda razonable, el Tribunal de Justicia, conforme al artículo 104, apartado 3 de su Reglamento de Procedimiento, informó al
         órgano jurisdiccional remitente de que se proponía resolver mediante auto motivado e instó a los interesados a los que se
         refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia a presentar sus posibles observaciones al respecto.
      
      37     Para cumplimentar el requerimiento del Tribunal de Justicia, tanto el Personalrat como la Comisión de las Comunidades Europeas
         reiteraron el planteamiento que habían mantenido durante la fase escrita del procedimiento, e indicaron que, habida cuenta,
         en particular, de la sentencia de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros (asuntos acumulados C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑0000),
         la respuesta a la cuestión planteada puede deducirse claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, por lo tanto,
         se halla justificada la vía del auto motivado. En cambio, el Leiter y el Gobierno neerlandés manifestaron un criterio contrario.
         Sin embargo, los datos alegados por estos últimos no pueden llevar al Tribunal de Justicia a renunciar al cauce procesal que
         se piensa utilizar.
      
      38     Para responder a la cuestión planteada, tal como se ha reformulado en el apartado 35 del presente asunto, es preciso recordar
         ante todo que el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 delimita el ámbito de aplicación de ésta remitiéndose expresamente
         al artículo 2 de la Directiva 89/391. Por consiguiente, antes de determinar si una actividad como la de las fuerzas de intervención
         de un servicio público de bomberos está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104, es preciso examinar
         previamente si dicha actividad está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/391 (véase la sentencia de 3
         de octubre de 2000, C‑303/98, Rec. p. I‑7963, Simap, apartados 30 y 31).
      
      39     De conformidad con su artículo 2, apartado 1, la Directiva 89/391 se aplica a «todos los sectores de actividades, públicas
         o privadas», entre los que concretamente figuran, de forma global, las actividades administrativas y de servicio.
      
      40     No obstante, como se desprende del apartado 2, párrafo primero, del mismo artículo, la referida Directiva no es de aplicación
         cuando se oponen a ello de manera concluyente las particularidades inherentes a determinadas actividades específicas de la
         función pública, por ejemplo, en las fuerzas armadas o la policía, o a determinadas actividades específicas en los servicios
         de protección civil.
      
      41     Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que la actividad de los socorristas que acompañan a una ambulancia
         o a un vehículo sanitario de emergencias, en un servicio de socorro a heridos o enfermos organizado por una asociación como
         la Deutsches Rotes Kreuz (Cruz Roja alemana), no puede estar comprendida en la exclusión mencionada en el apartado anterior
         (sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 51).
      
      42     En efecto, el Tribunal de Justicia consideró que tanto del objeto de la Directiva 89/391, que consiste en promover la mejora
         de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, como del tenor literal de su artículo 2, apartado 1, se deduce
         que el ámbito de aplicación de esta Directiva debe entenderse de manera amplia. De ello dedujo el Tribunal de Justicia que
         las excepciones a dicho ámbito, previstas en el apartado 2, párrafo primero, del referido artículo, deben interpretarse restrictivamente
         (véase la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 52).
      
      43     En el apartado 53 de la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia aclaró que el artículo 2, apartado
         2, párrafo primero, de la Directiva 89/391 no excluye del ámbito de aplicación de ésta los servicios de protección civil en
         cuanto tales, sino únicamente «determinadas actividades específicas» de dichos servicios cuyas particularidades se pueden
         oponer de manera concluyente a la aplicación de las normas enunciadas por la citada Directiva.
      
      44     El Tribunal de Justicia dedujo de ello, en el apartado 54 de la misma sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, que esta excepción
         al ámbito de aplicación de la Directiva 89/391, definido de manera amplia, debe recibir, por consiguiente, una interpretación
         que limite su alcance a lo que resulte estrictamente necesario para salvaguardar los intereses que según dicha Directiva pueden
         proteger los Estados miembros.
      
      45     En el apartado 55 de la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró a este respecto que la exclusión
         que se menciona en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 89/391, únicamente se adoptó a efectos de asegurar
         el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de la seguridad, de la salud y del orden públicos
         en circunstancias de excepcional gravedad y magnitud –por ejemplo, una catástrofe– que se caracterizan, en particular, por
         el hecho de que pueden exponer a los trabajadores a riesgos considerables en cuanto a su seguridad y/o a su salud y no se
         prestan, por naturaleza, a una planificación del tiempo de trabajo de los equipos de intervención y de socorro.
      
      46     Sin embargo, según el Tribunal de Justicia, el servicio de protección civil en el sentido estricto así delimitado, que se
         menciona en la referida disposición, se distingue claramente de las actividades de socorro a heridos o enfermos, que son las
         controvertidas en los asuntos sobre los que se dictó la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada. En efecto, aun cuando un
         servicio como el mencionado en estos últimos asuntos debe hacer frente a acontecimientos que, por definición, no son previsibles,
         las actividades a las que da lugar en condiciones normales y que responden además a la finalidad atribuida precisamente a
         tal servicio, pueden sin embargo organizarse con antelación, por lo que se refiere tanto a la prevención de los riesgos para
         la seguridad y/o la salud como a los horarios de trabajo de su personal (véase la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada,
         apartados 56 y 57).
      
      47     Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 58 de la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, que dicho
         servicio no presenta ninguna particularidad que se oponga de manera concluyente a la aplicación de las normas comunitarias
         en materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, de modo que no está comprendido en la excepción
         recogida en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 89/391, y es esta Directiva la que ha de aplicarse
         a tal servicio.
      
      48     Pues bien, las actividades desempeñadas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos, como el del asunto
         principal, no presentan diferencias importantes, por lo que atañe tanto al ejercicio como a la naturaleza de tales actividades,
         con los de los asuntos que habían dado lugar a la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, y, por lo tanto, la interpretación
         que dio el Tribunal de Justicia a la Directiva 89/391 en dicha sentencia es aplicable por analogía al presente asunto.
      
      49     En efecto, procede poner de manifiesto, a este respecto, que, habida cuenta no sólo del tenor literal del artículo 2, apartado
         2, párrafo primero, de la Directiva 89/391, que no excluye del ámbito de aplicación de ésta más que determinadas actividades
         concretas, bien en el ámbito de la función pública, bien en los servicios de protección civil, por oponerse de manera concluyente
         a la aplicación de dicha Directiva las particularidades inherentes a dichas actividades, sino también de la razón de ser de
         esta excepción, tal como se desprende en particular de los apartados 55 a 57 de la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada,
         la mencionada disposición no puede justificar que un Estado miembro considere cubierta por dicha excepción, en términos generales,
         todas las actividades ejercidas en el seno de los referidos sectores.
      
      50     Por el contrario, tanto del tenor literal como de la sistemática del artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva
         89/391 se desprende que esta disposición contempla únicamente algunas actividades específicas de los servicios en cuestión,
         cuya continuidad resulta indispensable para garantizar la protección de la integridad de las personas y de los bienes y que,
         a la vista de tal exigencia de continuidad, pueden hacer efectivamente imposible la aplicación de toda la normativa comunitaria
         reguladora de la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores.
      
      51     En efecto, el criterio utilizado por el legislador comunitario para determinar el ámbito de aplicación de la Directiva 89/391
         no está fundado en la pertenencia de los trabajadores a los distintos sectores de actividad contemplados en el artículo 2,
         apartado 2, párrafo primero, de dicha Directiva, considerados globalmente, como las fuerzas armadas, la policía y el servicio
         de protección civil, sino exclusivamente en la naturaleza específica de ciertos cometidos especiales desempeñados por los
         trabajadores dentro de dichos sectores, que justifica una excepción a las normas dictadas por la citada Directiva, en razón
         de la absoluta necesidad de garantizar una protección eficaz de la colectividad. Por consiguiente, las actividades ejercidas
         en condiciones normales en el seno de las fuerzas de seguridad y de socorro, a efectos de la disposición antes citada, se
         hallan incluidas dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 89/391.
      
      52     En consecuencia, en el caso de autos, esta Directiva debe aplicarse a las actividades de los bomberos, aun cuando éstas se
         ejerzan por las fuerzas de intervención sobre el terreno, y poco importa que tengan por objeto combatir un incendio o prestar
         socorro de otra forma, dado que se realizan en condiciones habituales, conforme a la misión encomendada al servicio de que
         se trata, y ello aun cuando las intervenciones derivadas de dichas actividades sean, por su propia naturaleza, imprevisibles
         y puedan exponer a los trabajadores que las realicen a algunos riesgos para su seguridad y/o su salud.
      
      53     Únicamente puede hacerse una excepción a tal interpretación del artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 89/391
         en el supuesto de acontecimientos excepcionales en los cuales el correcto desarrollo de las medidas destinadas a garantizar
         la protección de la población en situaciones de grave riesgo colectivo exige que el personal que tenga que hacer frente a
         un suceso de este tipo conceda una prioridad absoluta a la finalidad perseguida por tales medidas con el fin de que ésta pueda
         alcanzarse.
      
      54     Lo mismo debe suceder en caso de catástrofes naturales o tecnológicas, los atentados, accidentes graves u otros eventos de
         la misma índole, cuya gravedad y magnitud requieran la adopción de medidas indispensables para la protección de la vida, de
         la salud así como de la seguridad colectiva y cuyo correcto cumplimiento se vería comprometido si debieran observarse todas
         las normas contenidas en las Directivas 89/391 y 93/104.
      
      55     En situaciones que revisten tales características, la necesidad de no poner en peligro las imperiosas exigencias de preservación
         de la seguridad y de la integridad de la colectividad, habida cuenta de las características que revisten algunas actividades
         específicas debe prevalecer transitoriamente sobre el objetivo de las citadas Directivas, que es garantizar la seguridad y
         la salud de los trabajadores. En particular, no se puede imponer razonablemente a los empresarios una prevención efectiva
         de los riesgos profesionales así como una planificación del tiempo de trabajo del personal de socorro.
      
      56     No obstante, incluso en una situación excepcional de esta índole, el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva
         89/391 exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas
         «en la medida de lo posible».
      
      57     Habida cuenta de los razonamientos precedentes, debe considerarse que las actividades de intervención de un servicio público
         de bomberos no se hallan cubiertas, en principio, por la excepción establecida en el artículo 2, apartado 2, párrafo primero,
         de la Directiva 89/391, sino que, por el contrario, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de ésta, siempre que
         se ejerzan en condiciones normales.
      
      58     Por lo que atañe más en concreto a la Directiva 93/104, del propio tenor de su artículo 1, apartado 3, se desprende que se
         aplica a todos los sectores de actividad, privados o públicos, mencionados en el artículo 2 de la Directiva 89/391, a excepción
         de determinadas actividades particulares enumeradas taxativamente.
      
      59     Sin embargo, ninguna de estas actividades resulta relevante por lo que se refiere a un servicio como el controvertido en el
         asunto principal, de forma que una actividad como la mencionada por el órgano jurisdiccional remitente está comprendida también
         en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/104.
      
      60     Como ha señalado acertadamente la Comisión, dicha conclusión se ve confirmada asimismo por el hecho de que el artículo 17,
         apartado 2, punto 2.1, letra c), inciso iii), de la Directiva 93/104, menciona expresamente, en concreto, los servicios de
         bomberos. Tal mención carecería efectivamente de toda utilidad si la actividad contemplada estuviera ya excluida del ámbito
         de aplicación de la Directiva 93/104 en su conjunto conforme a su artículo 1, apartado 3. Por el contrario, la referida mención
         demuestra que el legislador comunitario ha consagrado el principio de la aplicabilidad de dicha Directiva a las actividades
         de tal naturaleza, si bien establece la posibilidad, en circunstancias excepcionales, de excluir la aplicación de algunas
         normas particulares de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Pfeiffer y otros, antes citada, apartado 62).
      
      61     A la vista del conjunto de las consideraciones precedentes, procede responder a la cuestión planteada que los artículos 2
         de la Directiva 89/391 y 1, apartado 3, de la Directiva 93/104 deben ser interpretados en el sentido de que: 
      
      –       las actividades ejercidas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos, como el del asunto principal,
         se hallan comprendidas normalmente dentro del ámbito de aplicación de dichas Directivas de forma que, en principio, el artículo
         6, punto 2, de la Directiva 93/104 se opone a que se supere el límite de 48 horas previsto para la duración máxima del tiempo
         de trabajo semanal, incluidos los servicios de atención continuada;
      
      –       sin embargo, será posible superar ese límite cuando existan circunstancias excepcionales de tal gravedad y magnitud que el
         objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de intereses públicos como
         el orden, la salud y la seguridad públicos deba prevalecer provisionalmente sobre aquel otro consistente en garantizar la
         seguridad y la salud de los trabajadores destinados en los equipos de intervención y de socorro; no obstante, incluso en tal
         situación excepcional, deben respetarse los objetivos de la Directiva 89/391 en la medida de lo posible.
      
       Costas
      62     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      El artículo 2 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover
            la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, así como el artículo 1, apartado 3, de la Directiva
            93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,
            deben ser interpretados en el sentido de que:
      –       las actividades ejercidas por las fuerzas de intervención de un servicio público de bomberos como el del asunto principal
            se hallan comprendidas normalmente dentro del ámbito de aplicación de dichas Directivas de forma que, en principio, el artículo
            6, punto 2, de la Directiva 93/104 se opone a que se supere el límite de 48 horas previsto para la duración máxima del tiempo
            de trabajo semanal, incluidos los servicios de atención continuada;
      –       sin embargo, será posible superar ese límite cuando existan circunstancias excepcionales de tal gravedad y magnitud que el
            objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los servicios indispensables para la protección de intereses públicos como
            el orden, la salud y la seguridad públicos debe prevalecer provisionalmente sobre aquel otro consistente en garantizar la
            seguridad y la salud de los trabajadores destinados en los equipos de intervención y de socorro; no obstante, incluso en tal
            situación excepcional, deben respetarse los objetivos de la Directiva 89/391 en la medida de lo posible.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.