CELEX: C2006/165/09
Language: es
Date: 2006-07-15 00:00:00
Title: Asunto C-340/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de  11 de mayo de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Italia) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (Directiva 93/36/CEE — Contratos públicos de suministro — Adjudicación sin licitación — Adjudicación del contrato a una empresa en cuyo capital participa el poder adjudicador)

15.7.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 165/5
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de mayo de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Italia) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA
   (Asunto C-340/04) (1)
   
   (Directiva 93/36/CEE - Contratos públicos de suministro - Adjudicación sin licitación - Adjudicación del contrato a una empresa en cuyo capital participa el poder adjudicador)
   (2006/C 165/09)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Órgano jurisdiccional remitente
   Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
   Partes en el procedimiento principal
   
      Demandante: Carbotermo SpA, Consorzio Alisei
   
      Demandada: Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA
   
      Parte coadyuvante: Associazione Nazionale Imprese Gestione servizi tecnici integrati (AGESI)
   Objeto
   Prejudicial — Tribunale Administrativo Regionale della Lombardia — Interpretación de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y del artículo 13 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199, p. 84) — Adjudicación directa de un contrato para el suministro de combustible y la gestión de las instalaciones de calefacción en los edificios propiedad de un municipio — Adjudicación a una sociedad anónima cuyo capital pertenece a otra sociedad anónima en la que el accionista mayoritario es el propio municipio
   Fallo
   
               1)
            
            
               La Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, prohíbe la adjudicación directa de un contrato de suministro y de servicios, en el que el valor de los suministros es preponderante, a una sociedad anónima cuyo consejo de administración dispone de amplias facultades de gestión que puede ejercitar autónomamente y cuyo capital, en la situación actual, pertenece en su totalidad a otra sociedad anónima cuyo accionista mayoritario es, a su vez, el poder adjudicador.
            
         
               2)
            
            
               Para apreciar el cumplimiento del requisito de inaplicabilidad de la Directiva 93/36 conforme al cual la empresa a la que se haya adjudicado directamente un contrato de suministro debe realizar lo esencial de su actividad con el ente territorial que la controla, no procede aplicar el artículo 13 de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.
            
         
               3)
            
            
               Para apreciar si una empresa realiza lo esencial de su actividad con el ente territorial que la controla, a efectos de pronunciarse sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/36, procede tomar en consideración todas las actividades que dicha empresa realiza en virtud de una adjudicación llevada a cabo por el poder adjudicador, y ello con independencia de la cuestión de quién remunera dicha actividad, ya sea el propio poder adjudicador, ya el usuario de los servicios prestados, siendo irrelevante igualmente el territorio en el que se ejerce dicha actividad.
            
         
      (1)  DO C 251, de 9.10.2004.