CELEX: 62008CJ0345
Language: es
Date: 2009-12-10 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2009.#Krzysztof Peśla contra Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern.#Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Schwerin - Alemania.#Libre circulación de los trabajadores - Artículo 39 CE - Denegación del acceso a las prácticas jurídicas preparatorias para las profesiones jurídicas reguladas - Candidato que ha obtenido su título en otro Estado miembro - Criterios para examinar la equivalencia de los conocimientos adquiridos.#Asunto C-345/08.

Asunto C‑345/08
      Krzysztof Peśla
      contra
      Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Schwerin)
      «Libre circulación de los trabajadores — Artículo 39 CE — Denegación del acceso a las prácticas jurídicas preparatorias para las profesiones jurídicas reguladas — Candidato que ha obtenido su título de Derecho en otro Estado miembro — Criterios para examinar la equivalencia de los conocimientos adquiridos»
      Sumario de la sentencia
      1.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Acceso a las prácticas preparatorias para el acceso a las profesiones jurídicas
            reguladas
      (Art. 39 CE)
      2.        Libre circulación de personas — Trabajadores — Acceso a las prácticas preparatorias para el acceso a las profesiones jurídicas
            reguladas
      (Art. 39 CE)
      1.        El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que los conocimientos que se han de tomar como elemento de referencia
         para apreciar la equivalencia de formaciones como consecuencia de una solicitud de admisión directa, sin haber aprobado las
         pruebas previstas a tal efecto, a las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas, son las certificadas por la
         cualificación exigida en el Estado miembro en el que el candidato solicita acceder a tales prácticas.
      
      En efecto, en el examen comparativo de la cualificación acreditada por títulos, certificados y otros diplomas del candidato,
         por un lado, así como por la experiencia profesional pertinente de éste, por otro, un Estado miembro puede tomar en consideración
         las diferencias objetivas relativas tanto al marco jurídico de la profesión de que se trate en el Estado miembro de procedencia
         como a su ámbito de actividad. Por tanto, en el caso de la profesión de abogado, un Estado miembro puede realizar un examen
         comparativo de los títulos teniendo en cuenta las diferencias observadas entre los ordenamientos jurídicos nacionales de que
         se trata.
      
      De este modo, el mero hecho de que los estudios jurídicos realizados que versen sobre el Derecho de un primer Estado puedan
         ser considerados comparables, desde el punto de vista tanto del nivel de la formación recibida cuanto del tiempo y de los
         esfuerzos dedicados a tal fin, a los estudios dirigidos a proporcionar los conocimientos certificados por la cualificación
         exigida en otro Estado miembro, no puede generar por sí mismo, en el marco del examen comparativo, una obligación de privilegiar
         no los conocimientos exigidos por la normativa nacional del Estado miembro en el que el candidato solicita beneficiarse de
         la formación profesional requerida para acceder a las profesiones jurídicas, sino aquellos, relativos esencialmente al Derecho
         del primer Estado miembro, certificados por las cualificaciones obtenidas en este primer Estado.
      
      (véanse los apartados 37, 44, 46 y 48 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan
         la solicitud de un nacional de otro Estado miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer
         posteriormente una profesión jurídica regulada, como unas prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas, este artículo
         no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido
         por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida en
         dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que dicho
         artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación requerida, y, por otro, que es necesario que la posibilidad
         de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas por las cualificaciones justificadas por el interesado no sea
         meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar al tribunal nacional.
      
      (véase el apartado 65 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 10 de diciembre de 2009 (*)
      
      «Libre circulación de los trabajadores – Artículo 39 CE – Denegación del acceso a las prácticas jurídicas preparatorias para las profesiones jurídicas reguladas – Candidato que ha obtenido su título de Derecho en otro Estado miembro – Criterios para examinar la equivalencia de los conocimientos adquiridos»
      En el asunto C‑345/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgericht
         Schwerin (Alemania), mediante resolución de 8 de julio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de julio de 2008,
         en el procedimiento entre
      
      Krzysztof Peśla
      y
      Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala Tercera, y
         la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Rosas, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de julio de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Sr. Peśla, por el Sr. B. Kemper, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno griego, por las Sras. E. Skandalou y S. Vodina, en calidad de agentes;
      –        en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por los Sres. M. Collins, SC y D. Dodd, BL, y
         la Sra. K. Keane, BL;
      
      –        en nombre del Gobierno húngaro, por las Sras. J. Fazekas y K. Veres y por el Sr. M. Fehér, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Guimaraes-Purokoski, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. H. Støvlbæk y M. Adam y por la Sra. M. Vollkommer, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 39 CE.
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Peśla, nacional polaco, y el Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
         (Ministerio de Justicia del Land de Mecklemburgo-Pomerania Occidental), respecto de la negativa de éste a admitir al Sr. Peśla,
         sin haber aprobado un examen de aptitud en las materias jurídicas obligatorias para el examen denominado «erstes juristiches
         Staatsexamen» (primer examen jurídico estatal; en lo sucesivo, «primer examen de Estado») a las prácticas preparatorias para
         las profesiones jurídicas en calidad de persona en prácticas jurídicas («Rechtsreferendar»).
      
       Normativa nacional
      3        Se desprende de la resolución de remisión que el ejercicio de cualquier profesión jurídica regulada en Alemania requiere,
         en principio, la obtención de la «Befähigung zum Richteramt» (habilitación para desempeñar las funciones de juez). Con arreglo
         al artículo 5, apartado 1, de la Deutsches Richtergesetz (Ley alemana sobre el Estatuto de la judicatura; en lo sucesivo,
         «DRiG»), se concede esta habilitación a las personas que, tras haber realizado estudios de Derecho en una universidad, hayan
         superado el primer examen de Estado y, tras unas prácticas preparatorias («Rechtsreferendariat»; en lo sucesivo, «prácticas
         preparatorias»), el segundo examen jurídico de Estado.
      
      4        En virtud del artículo 5a, apartado 2, de la DRiG, el contenido de los estudios universitarios, que deben efectuarse durante
         al menos dos años en Alemania, está formado por asignaturas obligatorias y asignaturas especializadas optativas. Las asignaturas
         obligatorias versan sobre los aspectos fundamentales del Derecho civil, del Derecho penal, del Derecho público y del Derecho
         procesal, incluyendo materias relativas al Derecho comunitario, a la metodología jurídica y a los fundamentos de la filosofía,
         la historia y la sociología. Las asignaturas especializadas tienen por objeto completar los estudios, profundizar en las asignaturas
         obligatorias a las que se vinculan y transmitir un enfoque interdisciplinario e internacional del Derecho.
      
      5        Con arreglo al artículo 5d, apartado 2, primera frase, de la DRiG, las materias que son objeto del primer examen de Estado
         deben ser de un nivel de dificultad que permita su estudio en cuatro años y medio. En virtud del artículo 5, apartado 1, de
         la misma Ley, este primer examen consiste en un examen universitario relativo a las diferentes asignaturas especializadas
         y en un examen de Estado sobre las asignaturas obligatorias. Según la tercera frase de dicho apartado 2, este último examen
         está organizado en forma de pruebas escritas y orales.
      
      6        En virtud del artículo 5, apartado 2, de la DRiG, debe existir una concordancia entre el contenido de los estudios y el de
         las prácticas preparatorias. Según el artículo 5b de esta Ley, las prácticas preparatorias tienen una duración de dos años,
         e incluyen períodos de prácticas obligatorios y uno o varios períodos de prácticas optativos. Según este mismo artículo, las
         partes obligatorias de dichas prácticas se llevan a cabo en un órgano jurisdiccional civil, en la fiscalía o en un órgano
         jurisdiccional penal, en una administración pública y con un abogado. En virtud del artículo 5, apartado 3, primera frase,
         de la DRiG, la parte escrita del segundo examen jurídico de Estado debe tener lugar entre el decimoctavo y el vigésimo primer
         mes del período de prácticas preparatorias.
      
      7        El artículo 5b, apartado 4, de la DRiG prevé que las partes obligatorias del período de prácticas preparatorias duren tres
         meses cada una, salvo la parte realizada con un abogado, que dura nueve meses.
      
      8        Dentro de esta formación y con arreglo al artículo 10 de la Gerichtsverfassungsgesetz (Ley del poder judicial; en lo sucesivo,
         «GVG»), las personas en prácticas jurídicas pueden tratar, bajo la supervisión de un juez, las solicitudes de asistencia judicial,
         dar audiencia a las partes en un procedimiento, salvo en los asuntos penales, practicar pruebas y celebrar vistas. El artículo
         142, apartado 3, de la GVG prevé que se puedan confiar a las personas en prácticas jurídicas funciones de sustitución de un
         funcionario de la fiscalía, bajo la supervisión de dicho funcionario.
      
      9        Corresponde a los Länder precisar los detalles de esta normativa. Según el artículo 21, apartado 3, de la Gesetz über die
         Juristenausbildung im Land Mecklenburg-Vorpommern (Ley del Land de Mecklemburgo- Pomerania Occidental sobre la formación de
         juristas; en lo sucesivo, «JAG-M-V»), las prácticas desarrolladas por una persona en prácticas jurídicas se realizan dentro
         de una formación regida por el Derecho público. Las personas en prácticas jurídicas perciben un subsidio mensual según el
         artículo 21a, apartado 2, de la JAG-M-V. Durante estas prácticas preparatorias, están sometidas a un control jerárquico y
         deben seguir las instrucciones de su formador, con arreglo al artículo 36, apartados 1 y 2, del Verordnung zur Ausführung
         des Juristenausbildungsgesetzes (Reglamento de aplicación de la Ley sobre la formación de juristas; en lo sucesivo, «JAPO
         M-V»). En virtud del artículo 24 de la JAG-M-V, el período de formación preparatoria finaliza el día de la publicación de
         la superación del examen o del suspenso del primer examen de recuperación.
      
      10      Según el artículo 6, apartado 1, de la DRiG, la admisión a las prácticas está supeditada a la superación del primer examen
         de Estado. Con arreglo al artículo 112a de la misma Ley, si un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea ha obtenido
         en dicho Estado un título universitario en Derecho que le permita acceder en éste a la formación de postgrado para ejercer
         la profesión de abogado puede solicitar en Alemania un reconocimiento de equivalencia de dicho título universitario con el
         primer examen de Estado. Si se concede este reconocimiento de equivalencia, se admite al interesado a las prácticas preparatorias.
      
      11      Se desprende de los autos que el artículo 112a de la DRiG, titulado «Examen de la equivalencia con vistas al acceso a las
         prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas», se adoptó tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre
         de 2003, Morgenbesser (C‑313/01, Rec. p. I‑13467). Dicho artículo dispone lo siguiente:
      
      «1)      Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, de otro Estado Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
         o de Suiza que estén en posesión de un título universitario en Derecho que hayan obtenido en uno de esos Estados y que les
         permita acceder en el Estado de que se trate a la formación de postgrado para ejercer la profesión de abogado europeo con
         arreglo al artículo 1 de la Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte (Ley sobre la actividad de los abogados europeos
         en Alemania) podrán acceder, si así lo solicitan, a las prácticas preparatorias, si sus conocimientos y aptitudes corresponden
         a los conocimientos y aptitudes acreditados mediante la superación de la parte del examen de Estado relativo a las materias
         obligatorias, en el sentido del artículo 5, apartado 1.
      
      2)      El examen de los conocimientos y aptitudes exigidos en el apartado 1 tendrá por objeto el título universitario y los justificantes
         presentados, en especial, los títulos, las calificaciones o cualquier otro documento justificativo de las cualificaciones
         o de la experiencia profesional. Cuando el examen en cuestión ponga de manifiesto que no existe equivalencia o que ésta es
         parcial, se procederá a la prueba de aptitud, si así se solicita.
      
      3)      La prueba de aptitud es un examen de Estado en alemán que versará sobre los conocimientos necesarios sobre Derecho alemán
         y deberá permitir la evaluación de la capacidad para superar las prácticas jurídicas preparatorias. Serán objeto de la prueba
         el Derecho civil, el Derecho penal y el Derecho público, así como el Derecho procesal correspondiente a estas materias. Las
         pruebas escritas del examen de Estado relativas a las materias obligatorias versarán sobre las materias jurídicas mencionadas
         en la segunda frase cuyo dominio no haya quedado acreditado en el examen previsto en el apartado 2, primera frase.
      
      4)      El candidato habrá superado la prueba de aptitud cuando
      1.      supere el número de pruebas exigidas para la superación del examen de Estado por el Derecho del Land en el que se realice
         la prueba y, en cualquier caso, al menos la mitad de las pruebas previstas en dicho examen de Estado, y
      
      2.      supere las pruebas en al menos dos de las materias jurídicas mencionadas en el apartado 3, segunda frase, y al menos una de
         ellas sea el Derecho civil.
      
      Si en el examen previsto en el apartado 2, primera frase, pone de manifiesto un dominio suficiente de una de las materias
         jurídicas mencionadas en el apartado 3, segunda frase, se considerará superada la prueba en dicha materia.
      
      5)      Quien no supere la prueba de aptitud podrá someterse en una nueva ocasión a esta prueba.
      6)      El reconocimiento de equivalencia, en el sentido del apartado 1, surtirá los efectos del primer examen de Estado, en el sentido
         del artículo 5, apartado 1.
      
      [...]»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      12      El Sr. Peśla terminó en diciembre de 2003 sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Poznań
         (Polonia), obteniendo el título de Magister. Tras completar estudios de Derecho alemán y polaco, la Facultad de Derecho de
         la Universidad de Fráncfort del Oder (Alemania), en la que desde 1998 realizó estudios de forma paralela a los cursados en
         Polonia, le concedió en enero de 2005 el título de «Master of German and Polish Law» y, en febrero de 2005, el título de «Bachelor
         of German and Polish Law».
      
      13      En noviembre de 2005, el Sr. Peśla solicitó ser admitido a las prácticas preparatorias para el acceso a las profesiones jurídicas
         del Land de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Fundamentó su solicitud, que iba acompañada de otros documentos justificativos,
         como certificados de créditos académicos cursados en diversos programas de estudios, de experiencia profesional, de cursos
         y de otras formaciones realizadas, invocando la sentencia Morgenbesser, antes citada.
      
      14      Mediante resolución de 27 de marzo de 2007, el Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern desestimó la solicitud que tenía por
         objeto un reconocimiento de equivalencia, en el sentido del artículo 112a de la DRiG. En su opinión, el criterio para apreciar
         la equivalencia es la posesión de los conocimientos necesarios para superar las materias obligatorias del primer examen de
         Estado, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de dicha Ley. Afirmó que los conocimientos sobre un Derecho extranjero no pueden
         ser reconocidos como equivalentes, al existir diferencias con el Derecho alemán. Por otro lado, según dicha resolución denegatoria,
         los conocimientos de Derecho alemán requeridos para los créditos académicos obtenidos por el Sr. Peśla en el curso de Master
         of German and Polish Law son de un nivel claramente inferior al de las pruebas escritas del primer examen de Estado en las
         materias obligatorias.
      
      15      No obstante, se precisó en dicha resolución denegatoria que el Sr. Peśla podría, si lo solicitaba, realizar un examen de aptitud,
         con arreglo al artículo 112a, apartado 3, de la DRiG.
      
      16      El 27 de abril de 2007, el Sr. Peśla interpuso un recurso contra la resolución de 27 de marzo de 2007 ante el órgano jurisdiccional
         remitente. En apoyo de dicho recurso, alegó principalmente que el examen de la equivalencia que llevó a cabo el Justizministerium
         Mecklenburg-Vorpommern es contrario a los criterios desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Afirmó que
         si los conocimientos y las capacidades en Derecho alemán exigidos por el primer examen de Estado deben constituir el criterio
         de apreciación que se ha de tomar en cuenta, un título extranjero no podría en ningún caso cumplir dicho criterio, dado que,
         con carácter general, el Derecho alemán no se imparte en los otros Estados miembros.
      
      17      Con carácter subsidiario, el Sr. Peśla reprocha a dicha resolución denegatoria no haber tenido suficientemente en cuenta los
         conocimientos que adquirió en Alemania durante sus estudios, sus períodos de prácticas, su actividad al servicio de dos cátedras
         universitarias y los trabajos dirigidos.
      
      18      El Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern alega que la resolución denegatoria está justificada. Según él, no debe admitirse
         la equivalencia de los conocimientos adquiridos.
      
      19      En estas circunstancias, al considerar que la solución del litigio de que conoce depende de los requisitos a los que el artículo
         39 CE somete un reconocimiento de equivalencia, en el sentido del artículo 112a, apartados 1, 2 y 6, de la DRiG, el Verwaltungsgericht
         Schwerin decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Es compatible con el artículo 39 CE que sólo se expida un reconocimiento de equivalencia, en el sentido del artículo 112a,
         apartados 1 y 2, de la [DRiG], si de los documentos presentados se desprende que el ciudadano comunitario está en posesión
         de los conocimientos y aptitudes que se verifican mediante la parte obligatoria del examen jurídico de Estado alemán con arreglo
         al artículo 5, apartado 1, de la [DRiG]?
      
      2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
      ¿Prescribe el artículo 39 CE que el criterio para el reconocimiento de equivalencia, con arreglo al Derecho comunitario, sólo
         pueda consistir en que el título universitario obtenido dentro de la Unión Europea por el ciudadano de la Unión, junto con
         los demás certificados académicos y de experiencia profesional, sea comparable al primer examen jurídico de Estado en Derecho
         por lo que se refiere al nivel de formación (intelectual) y al esfuerzo académico?
      
      3)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:
      ¿Es compatible con el artículo 39 CE que el reconocimiento de equivalencia, en el sentido del artículo 112a, apartados 1 y
         2, de la [DRiG], se refiera, desde el punto de vista del contenido, a las materias obligatorias del primer examen jurídico
         de Estado alemán, pero con un nivel de exigencia “rebajado” a la vista de la formación jurídica en el ámbito comunitario ya
         superada de otro modo?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      20      Las dos primeras cuestiones, que procede examinar conjuntamente, se refieren a cuáles son los conocimientos que se han de
         tomar como elemento de referencia para apreciar si la persona que solicita la admisión directa, sin haber aprobado las pruebas
         previstas a tal efecto, a las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas posee un nivel de conocimientos equivalente
         al normalmente requerido para acceder a tal período en el Estado miembro de que se trata. De este modo, la primera cuestión
         versa sobre si dichos conocimientos deben tratar sobre el Derecho del Estado miembro de acogida, mientras que la segunda cuestión,
         en cambio, tiene por objeto determinar si los conocimientos del Derecho de otro Estado miembro pueden considerarse equivalentes,
         desde el punto de vista tanto del nivel de formación como del tiempo y de los esfuerzos realizados a tal efecto, a los conocimientos
         requeridos para acceder a las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas en el Estado miembro de acogida.
      
      21      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si es posible que el Derecho comunitario
         exija que el nivel de conocimientos del Derecho del Estado miembro de acogida requeridos para la admisión a las prácticas
         preparatorias que preceden obligatoriamente al segundo examen jurídico de Estado y a la admisión a las profesiones jurídicas
         se rebaje en cierta medida para promover la libre circulación de personas.
      
       Sobre las dos primeras cuestiones
      22      Para responder a las dos primeras cuestiones, es preciso recordar, en primer lugar, que una persona que se encuentra en la
         situación del Sr. Peśla no puede invocar, en el litigio principal, el Derecho comunitario derivado con objeto de que se reconozcan
         sus cualificaciones académicas y su experiencia profesional para acceder a la parte práctica de la formación necesaria a fin
         de acceder a las profesiones jurídicas en Alemania.
      
      23      En efecto, la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio
         permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77,
         p. 36) sólo es de aplicación al abogado plenamente cualificado como tal en su Estado miembro de origen (véase la sentencia
         Morgenbesser, antes citada, apartado 45). A mayor abundamiento, se desprende de los autos que la realización de las actividades
         de prácticas jurídicas se considera comprendida en la parte práctica de la formación necesaria para el acceso a las profesiones
         jurídicas alemanas. De ello se deduce que esta actividad no puede calificarse de «profesión regulada», en el sentido de la
         Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos
         de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16),
         en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001 (DO L 206,
         p.1), separable de las profesiones jurídicas alemanas propiamente dichas, como la de abogado (véase, por analogía, la sentencia
         Morgenbesser, antes citada, apartados 46 a 55).
      
      24      Ahora bien, como se confirmó en la vista, en el momento de los hechos del litigio principal el Sr. Peśla no había obtenido
         la cualificación profesional requerida para acceder a la profesión de abogado en Polonia.
      
      25      Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que tanto el artículo 39 CE, que se menciona explícitamente en las
         cuestiones planteadas, como el artículo 43 CE pueden aplicarse a una situación como la controvertida en el litigio principal.
      
      26      En primer lugar, se desprende de los autos, en particular de las observaciones del Gobierno alemán, que las personas en prácticas
         jurídicas, por un lado, aplican, en el marco de sus prácticas, los conocimientos adquiridos durante sus estudios y contribuyen
         de este modo, bajo la dirección de su tutor, a las actividades efectuadas por este último y, por otra parte, perciben, durante
         su formación, una retribución consistente en un subsidio mensual. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado
         que, puesto que las personas en prácticas jurídicas ejercen una actividad por cuenta ajena real y efectiva, han de ser considerados
         trabajadores, en el sentido del artículo 39 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2005, Kranemann, C‑109/04,
         Rec. p. I‑2421, apartados 12 a 18).
      
      27      En segundo lugar, las prácticas jurídicas preparatorias previstas en la normativa alemana constituyen un período de formación
         y un requisito previo necesario para acceder, en particular, a la profesión de abogado en Alemania, profesión regulada a la
         que se aplica el artículo 43 CE (véase, por analogía, la sentencia Morgenbesser, antes citada, apartado 60).
      
      28      Además, es necesario señalar que en el asunto principal no puede excluirse la aplicación de estos dos artículos sobre la base
         de las excepciones previstas en el artículo 39 CE, apartado 4, para los «empleos en la administración pública», y en el artículo
         45 CE, párrafo primero, para las «actividades relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder
         público [en un Estado miembro]».
      
      29      En efecto, por un lado, en la medida en que la persona en prácticas jurídicas realiza una parte de su período de prácticas
         fuera del sector público, basta con recordar que el concepto de «empleos en la administración pública» no abarca los empleos
         al servicio de un particular o de una persona jurídica privada, cualesquiera que sean las funciones del empleado (véanse las
         sentencias de 29 de octubre de 1998, Comisión/España, C‑114/97, Rec. p. I‑6717, apartado 33, y Kranemann, antes citada, apartado 19).
      
      30      Si bien en el asunto que dio origen a la sentencia Kranemman, antes citada, se trataba de una parte de dicho período de prácticas
         preparatorias que se debía realizar fuera del sector público, procede señalar que, en la medida en que una persona en prácticas
         jurídicas realiza una parte de su formación en una jurisdicción civil ordinaria, una administración, en la fiscalía o en una
         jurisdicción penal, dicha persona en prácticas, como ha señalado el Gobierno alemán en la vista, actúa siguiendo las instrucciones
         y bajo la supervisión de un tutor, como se desprende de las disposiciones del GVG y del JAPO-M-V citadas en los apartados
         8 y 9 de la presente sentencia.
      
      31      En consecuencia, la actividad de una persona en prácticas jurídicas no puede estar incluida en la excepción prevista en el
         artículo 39 CE, apartado 4, dado que esta excepción no se aplica a los empleos que, aun dependiendo del Estado o de otros
         organismos de Derecho público, sin embargo no implican ninguna participación en tareas derivadas de la administración pública
         propiamente dicha (véanse, en particular, las sentencias de 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica, 149/79, Rec. p. 3881,
         apartado 11, y de 30 de septiembre de 2003, Anker y otros, C‑47/02, Rec. p. I‑10447, apartado 59).
      
      32      Por otro lado, la excepción prevista en el artículo 45 CE, párrafo primero, debe limitarse a las actividades que, en sí mismas
         consideradas, estén relacionadas directa y específicamente con el ejercicio del poder público (véanse, en particular, las
         sentencias de 21 de junio de 1974, Reyners, 2/74, Rec. p. 631, apartado 45; de 13 de julio de 1993, Thijssen, C‑42/92, Rec.
         p. I‑4047, apartado 8, y de 31 de mayo de 2001, Comisión/Italia, C‑283/99, Rec. p. I‑4363, apartado 20).
      
      33      Por consiguiente, por motivos análogos a los expuestos en el apartado 30 de la presente sentencia, las actividades de una
         persona en prácticas jurídicas, incluso cuando se realizan en el sector público, no están incluidas en el ámbito de aplicación
         de la excepción establecida en el artículo 45 CE, párrafo primero (véase también, por analogía, la sentencia Thijssen, antes
         citada, apartados 22 y 23).
      
      34      Además, procede señalar que, a falta de armonización de las condiciones de acceso a una profesión, los Estados miembros tienen
         derecho a definir los conocimientos y aptitudes necesarios para el ejercicio de dicha profesión y a exigir la presentación
         de un título que certifique que se poseen dichos conocimientos y cualificaciones (véanse las sentencias de 15 de octubre de
         1987, Heylens y otros, 222/86, Rec. p. 4097, apartado 10; de 7 de mayo de 1991, Vlassopoulou, C‑340/89, Rec. p. I‑2357, apartado
         9, y de 7 de mayo de 1992, Aguirre Borrell y otros, C‑104/91, Rec. p. I‑3003, apartado 7).
      
      35      No obstante, debe recordarse que el Derecho comunitario impone límites al ejercicio de esta competencia por parte de los Estados
         miembros, en la medida en que las disposiciones nacionales adoptadas a este respecto no pueden constituir un obstáculo al
         ejercicio efectivo de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 39 CE y 43 CE (véanse las sentencias Heylens
         y otros, antes citada, apartado 11, y de 31 de marzo de 1993, Kraus, C‑19/92, Rec. p. I‑1663, apartados 28 y 32).
      
      36      A este respecto, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las normas nacionales que establecen los requisitos
         de las cualificaciones, aunque se apliquen sin ninguna discriminación vinculada a la nacionalidad, pueden tener por efecto
         obstaculizar el ejercicio de dichas libertades fundamentales si las normas nacionales prescinden de los conocimientos y de
         las cualificaciones que haya adquirido el interesado en otro Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias Vlassopoulou,
         antes citada, apartado 15; Kraus, antes citada, apartado 32; de 22 de marzo de 1994, Comisión/España, C‑375/92, Rec. p. I‑923,
         apartado 18, y Morgenbesser, antes citada, apartados 61 y 62).
      
      37      De ello se deduce que las autoridades de un Estado miembro están obligadas, cuando examinan una solicitud de un nacional de
         otro Estado miembro dirigida a obtener el acceso a un período de formación práctica para ejercer una profesión regulada, a
         tomar en consideración la cualificación profesional del interesado comparando, por una parte, la cualificación acreditada
         por sus títulos, certificados y otros diplomas, así como por su experiencia profesional pertinente, y, por otra, la cualificación
         profesional exigida por la legislación nacional (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias, antes citadas, Vlassopoulou,
         apartado 16, y Morgenbesser, apartados 57 y 58).
      
      38      Dicha jurisprudencia es la expresión de un principio inherente a las libertades fundamentales consagradas por el Tratado CE
         (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 septiembre de 2000, Hocsman, C‑238/98, Rec. p. I‑6623, apartado 24, y de 22
         de enero de 2002, Dreessen, C‑31/00, Rec. p. I‑663, apartado 25). De este modo, como se deduce en particular del apartado
         61 de la sentencia Morgenbesser, antes citada, la conclusión no difiere según se invoque la libre circulación de trabajadores
         o la libertad de establecimiento para oponerse, como en el litigio principal, a la negativa a admitir a un candidato de un
         Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania a las prácticas preparatorias sin haber aprobado el examen de
         aptitud sobre las materias jurídicas obligatorias para el primer examen de Estado.
      
      39      Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el procedimiento de examen comparativo evocado en el apartado 37
         de la presente sentencia debe permitir que las autoridades del Estado miembro de acogida se aseguren objetivamente de que
         el título extranjero acredita, a favor de quien lo posee, conocimientos y cualificación, si no idénticos, al menos equivalentes
         a los acreditados por el título nacional. Esta apreciación sobre la equivalencia del título extranjero debe hacerse teniendo
         en cuenta exclusivamente el grado de conocimientos y de cualificación que, atendidas la naturaleza y la duración de los estudios
         y formaciones prácticas correspondientes, ese título permite presumir a favor del titular (véanse las sentencias, antes citadas,
         Heylens y otros, apartado 13; Vlassopoulou, apartado 17; Aguirre Borrell y otros, apartado 12; de 22 de marzo de 1994, Comisión/España,
         apartado 13, y Morgenbesser, apartado 68).
      
      40      Si dicho examen comparativo de títulos culmina con la confirmación de que los conocimientos y cualificaciones acreditados
         por el título extranjero corresponden a los exigidos por las normas nacionales, el Estado miembro debe reconocer que ese título
         cumple los requisitos que establecen tales normas. Si, por el contrario, la comparación sólo revela una correspondencia parcial
         entre dichos conocimientos y cualificación, el Estado miembro de acogida podrá exigir que el interesado demuestre que ha adquirido
         los conocimientos y cualificación que faltan (véanse las sentencias Vlassopoulou, antes citada, apartado 19; Aguirre Borrell
         y otros, antes citada, apartado 14; de 8 de julio de 1999, Fernández de Bobadilla, C‑234/97, Rec. p. I‑4773, apartado 32;
         Morgenbesser, antes citada, apartado 70, y de 7 de octubre de 2004, Markopoulos y otros, C‑255/01, Rec. p. I‑9077, apartados
         64 y 65).
      
      41      A este respecto, corresponde a las autoridades nacionales competentes apreciar si los conocimientos adquiridos en el Estado
         de acogida, ya sea en un ciclo de estudios, o bien a través de la práctica, pueden servir para demostrar que se poseen los
         conocimientos que faltan (sentencias, antes citadas, Vlassopoulou, apartado 20; Fernández de Bobadilla, apartado 33, y Morgenbesser,
         apartado 71).
      
      42      Basándose en la jurisprudencia expuesta en los tres apartados precedentes de la presente sentencia, y, en particular, en el
         apartado 68 y la primera frase del apartado 70 de la sentencia Morgenbesser, antes citada, el Sr. Peśla alega que, para aplicar
         una disposición nacional como el artículo 112a, apartados 1 y 2, de la DRiG de manera conforme con el Derecho comunitario,
         es necesario tener en cuenta principalmente los conocimientos y las cualificaciones que se han adquirido en el Estado miembro
         de origen, en el caso de autos la República de Polonia, y en su caso, tomar en consideración con carácter subsidiario los
         conocimientos y cualificaciones adquiridos sobre el Derecho del Estado miembro de acogida, en el caso de autos la República
         Federal de Alemania. Considera que, si bien los conocimientos y competencias en Derecho alemán constituyen el elemento de
         referencia a fines de la comparación que se ha de llevar a cabo, un título extranjero no puede en ningún caso satisfacer los
         requisitos exigidos, dado que, con carácter general, el Derecho alemán no se imparte en los otros Estados miembros. De este
         modo, la libre circulación, a su juicio, está excluida en la práctica para los jóvenes juristas que han adquirido cualificaciones
         en un Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania.
      
      43      Esta argumentación se basa en una lectura errónea de la jurisprudencia en la cual se apoya.
      
      44      En efecto, según dicha jurisprudencia, en el examen comparativo expuesto en los apartados 37 y 39 a 41 de la presente sentencia,
         un Estado miembro puede tomar en consideración las diferencias objetivas relativas tanto al marco jurídico de la profesión
         de que se trate en el Estado miembro de procedencia como a su ámbito de actividad. Por tanto, en el caso de la profesión de
         abogado, un Estado miembro puede realizar un examen comparativo de los títulos teniendo en cuenta las diferencias observadas
         entre los ordenamientos jurídicos nacionales de que se trata (véanse las sentencias, antes citadas, Vlassopoulou, apartado
         18, y Morgenbesser, apartado 69).
      
      45      Como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 37 de la presente sentencia, y contrariamente a lo que alega
         el Sr. Peśla, los conocimientos acreditados por el título otorgado en otro Estado miembro y la cualificación o la experiencia
         profesional conseguida en otros Estados miembros, así como la experiencia adquirida en el Estado miembro donde el candidato
         solicita su inscripción, han de examinarse en relación con la cualificación profesional exigida por la normativa del Estado
         miembro de acogida (véanse también, en este sentido, las sentencias Aguirre Borrell y otros, antes citada, apartado 11; de
         1 de febrero de 1996, Aranitis, C‑164/94, Rec. p. I‑135, apartado 31; Dreessen, antes citada, apartado 24, y Morgenbesser,
         antes citada, apartado 67).
      
      46      De este modo, el mero hecho de que los estudios jurídicos realizados que versen sobre el Derecho de un primer Estado puedan
         ser considerados comparables, desde el punto de vista tanto del nivel de la formación recibida cuanto del tiempo y de los
         esfuerzos dedicados a tal fin, a los estudios dirigidos a proporcionar los conocimientos certificados por la cualificación
         exigida en otro Estado miembro, no puede generar por sí mismo, en el marco del examen comparativo expuesto en los apartados
         37 y 39 a 41 de la presente sentencia, una obligación de privilegiar, no los conocimientos exigidos por la normativa nacional
         del Estado miembro en el que el candidato solicita beneficiarse de la formación profesional requerida para acceder a las profesiones
         jurídicas, sino aquellos, relativos esencialmente al Derecho del primer Estado miembro, certificados por las cualificaciones
         obtenidas en este primer Estado. En efecto, como señala el órgano jurisdiccional remitente, una argumentación como la defendida
         por el Sr. Peśla a título principal, llevada hasta sus últimas consecuencias, equivaldría a admitir que un candidato pueda
         acceder a las prácticas preparatorias sin poseer los más mínimos conocimientos tanto de Derecho alemán como de la lengua alemana.
      
      47      Por otro lado, en la medida en que el Sr. Peśla alega con carácter subsidiario que los conocimientos de Derecho alemán que
         adquirió durante sus estudios universitarios en Alemania no fueron tomados suficientemente en consideración por el Justizministerium
         Mecklenburg-Vorpommern, basta con recordar que en el caso de autos no corresponde al Tribunal de Justicia determinar si las
         autoridades alemanas pueden considerar insuficientes documentos acreditativos como los presentados por el Sr. Peśla.
      
      48      A la vista de lo que precede, procede responder a las dos primeras cuestiones que el artículo 39 CE debe interpretarse en
         el sentido de que los conocimientos que se han de tomar como elemento de referencia para apreciar la equivalencia de formaciones
         como consecuencia de una solicitud de admisión directa, sin haber aprobado las pruebas previstas a tal efecto, a las prácticas
         preparatorias para las profesiones jurídicas, son las certificadas por la cualificación exigida en el Estado miembro en el
         que el candidato solicita acceder a tales prácticas.
      
       Sobre la tercera cuestión
      49      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, para el examen de la equivalencia
         que se ha de realizar con arreglo a los apartados 37 y 39 a 41 de la presente sentencia, procede rebajar, aunque sea levemente,
         el nivel de conocimientos de Derecho del Estado miembro de acogida exigidos, a fin de dar efecto útil al artículo 39 CE.
      
      50      A este respecto, el efecto útil del artículo 39 CE no impone que el acceso a una actividad profesional en un Estado miembro
         esté sometido a requisitos inferiores a los normalmente requeridos a los nacionales de dicho Estado.
      
      51      Mediante la jurisprudencia mencionada en los apartados 34 a 41, 44 y 45 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia
         ha reconocido la necesidad de conciliar la exigencia de ciertas cualificaciones para el ejercicio de una profesión determinada
         con los imperativos del ejercicio efectivo de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 39 CE y 43 CE (véase
         a este respecto, en particular, la sentencia Heylens y otros, antes citada, apartado 13).
      
      52      De este modo, se desprende de esta jurisprudencia que el examen de la equivalencia aludido en el apartado 39 de la presente
         sentencia debe efectuarse sobre el conjunto de la formación, académica y profesional, que puede invocar el interesado, para
         apreciar si dicho conjunto cumple, aunque sea parcialmente, los requisitos para acceder a la actividad de que se trata (véase
         en este sentido, en particular, la sentencia, Morgenbesser, antes citada, apartados 66 y 67). Si dicho examen comparativo
         revela que el mencionado conjunto los cumple sólo de manera parcial, el Estado miembro de acogida tiene derecho a exigir que
         el interesado demuestre que ha adquirido los conocimientos y las cualificaciones que faltan, como se desprende del apartado
         40 de la presente sentencia.
      
      53      De este modo, el que un Estado miembro de acogida deba tener en cuenta conocimientos que se corresponden sólo parcialmente
         con los certificados por la cualificación profesional exigida por la normativa interna de dicho Estado miembro, y ello a través
         de una vía distinta de las pruebas que preceden a la concesión de dicha cualificación, contribuye ya a facilitar la libre
         circulación de personas tal como se regula en particular en el artículo 39 CE. En efecto, a falta de tal obligación, la carencia
         del título normalmente exigido a los nacionales del Estado miembro de acogida podría constituir, como tal, un obstáculo determinante
         para el acceso a las profesiones jurídicas de dicho Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Morgenbesser, antes
         citada, apartados 64 a 67).
      
      54      En consecuencia, no se puede admitir la argumentación del Sr. Peśla según la cual el artículo 39 CE se vería privado de sentido
         si el Estado miembro de acogida pudiera exigir al candidato el mismo nivel de conocimientos de su Derecho nacional que el
         certificado por la cualificación profesional requerida en dicho Estado para el acceso a dichas profesiones.
      
      55      Por otro lado, se desprende de los autos que se espera de la persona en prácticas jurídicas, desde el comienzo de las prácticas
         preparatorias, que apoye a su formador y ejerza las actividades prácticas bajo la dirección de éste. A estos efectos, puede
         considerarse indispensable que dicha persona en prácticas disponga, antes de la aplicación de sus capacidades jurídicas en
         el marco de tales actividades prácticas, del mismo nivel de conocimientos del ordenamiento jurídico alemán que el certificado
         por el primer examen de Estado en las materias obligatorias. En todo caso, parece muy difícil, habida cuenta, en particular,
         del carácter progresivo del proceso de formación, adquirir en el tiempo previsto los conocimientos necesarios para realizar,
         con una esperanza razonable de éxito, el segundo examen jurídico de Estado.
      
      56      No obstante, si bien el artículo 39 CE no impone por sí mismo una disminución del nivel de conocimientos de Derecho del Estado
         miembro de acogida requeridos en situaciones como las del litigio principal, es preciso recordar que dicho artículo no se
         puede interpretar en el sentido de que priva a los Estados miembros de la facultad de rebajar la cualificación exigida.
      
      57      De ello se desprende que, cuando las autoridades de un Estado miembro examinan la solicitud de un nacional de otro Estado
         miembro que tiene por objeto obtener el acceso a un período de formación práctica para el ejercicio posterior de una profesión
         jurídica regulada, como unas prácticas preparatorias, el artículo 39 CE no impone, por sí mismo, que dichas autoridades exijan
         únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos
         jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de
         formación práctica; sin embargo, dicho artículo tampoco se opone a que se interprete de manera flexible dicha cualificación.
      
      58      No obstante lo anterior, es preciso que, en la práctica, la posibilidad de un reconocimiento parcial, como se menciona más
         concretamente en el apartado 58 de la sentencia recurrida no sea meramente ficticia.
      
      59      A este respecto, cuando la comparación entre las cualificaciones de los candidatos en cuestión y los conocimientos requeridos
         muestre sólo una correspondencia parcial, el Estado miembro de acogida no está necesariamente facultado para exigir en todas
         estas situaciones que se superen pruebas de aptitud de la misma envergadura, con independencia del mayor o menor grado de
         los conocimientos parciales verificados. En efecto, la falta de un desglose adecuado de las materias que son objeto del examen
         comparativo mencionado en el apartado 37 de la presente sentencia podría tener como consecuencia que, en realidad, se excluyera
         un reconocimiento parcial de las cualificaciones adquiridas en la práctica, de manera que los interesados debieran demostrar
         que han adquirido no sólo los conocimientos que faltan, sino también los que pueden ser reconocidos en dicho examen comparativo,
         y ello al nivel exigido.
      
      60      Sin embargo, ha lugar a precisar que, en la medida en que la superación de los exámenes jurídicos nacionales, como el primer
         examen de Estado, es la prueba de la adquisición de conocimientos a la vez vastos y profundos en los ámbitos jurídicos de
         que se trata, la exigencia de desglose que se desprende del apartado precedente no puede tener como consecuencia que meros
         conocimientos puntuales de determinados aspectos de dichos ámbitos basten para que el interesado tenga derecho a solicitar
         el reconocimiento parcial de sus cualificaciones.
      
      61      En el litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si el régimen establecido por el artículo
         112a de la DRiG, tal y como se aplica por las autoridades nacionales competentes, ofrece a las personas que tienen conocimientos
         suficientemente profundos y amplios de un subconjunto numeroso de las materias que conjuntamente son objeto del examen comparativo
         previsto en los apartados 1 y 2 de dicho artículo, la posibilidad de estar exento de dicha obligación de aprobar la totalidad
         de las pruebas previstas en el apartado 3 de dicho artículo.
      
      62      Sobre este punto, procede señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, el Gobierno
         alemán indicó que, en el supuesto de que un candidato tuviera, por ejemplo, conocimientos de Derecho civil alemán correspondientes
         al nivel requerido para el examen comparativo establecido en el artículo 112a, apartados 1 y 2 de la DRiG, sin no obstante
         poder demostrar conocimientos del mismo nivel del Código de procedimiento civil alemán, las pruebas de aptitud previstas en
         el apartado 3 de dicho artículo podrían referirse únicamente al Derecho procesal civil alemán.
      
      63      Por otro lado, es preciso señalar que el examen de los conocimientos y capacidades previsto en el artículo 112a, apartado
         1, de la DRiG es efectivamente menos exigente, en la práctica, que el primer examen de Estado. En efecto, se deduce de los
         autos, que, a diferencia de un licenciado en Derecho que haya cursado sus estudios en Alemania, un candidato que proviene
         de otro Estado miembro no está obligado a someterse ni a las pruebas en las materias especializadas ni a las pruebas orales.
      
      64      En estas circunstancias, no parece a primera vista que la posibilidad de un reconocimiento parcial de los conocimientos adquiridos,
         en el marco del régimen establecido por el artículo 112a de la DRiG, como se ha recordado en particular en el apartado 52
         de la presente sentencia, sea meramente ficticia, lo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente,
         que es el único competente para pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno.
      
      65      Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 39 CE debe interpretarse en el
         sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan la solicitud de un nacional de otro Estado
         miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer posteriormente una profesión jurídica
         regulada, como las prácticas preparatorias, este artículo no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente
         al candidato, en el marco del examen de la equivalencia exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos
         inferior a los certificados por la cualificación exigida en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación
         práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que dicho artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación
         requerida, y, por otro, que es necesario que la posibilidad de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas
         por las cualificaciones justificadas por el interesado no sea meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar
         al órgano jurisdiccional remitente.
      
       Costas
      66      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que los conocimientos que se han de tomar como elemento de referencia
            para apreciar la equivalencia de formaciones como consecuencia de una solicitud de admisión directa, sin haber aprobado las
            pruebas previstas a tal efecto, a las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas, son las certificadas por la
            cualificación exigida en el Estado miembro en el que el candidato solicita acceder a tales prácticas.
      2)      El artículo 39 CE debe interpretarse en el sentido de que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro examinan
            la solicitud de un nacional de otro Estado miembro que tiene por objeto acceder a un período de formación práctica para ejercer
            posteriormente una profesión jurídica regulada, como las prácticas preparatorias para las profesiones jurídicas en Alemania,
            este artículo no impone por sí mismo que dichas autoridades exijan únicamente al candidato, en el marco del examen de la equivalencia
            exigido por el Derecho comunitario, un nivel de conocimientos jurídicos inferior a los certificados por la cualificación exigida
            en dicho Estado miembro para el acceso a tal período de formación práctica. No obstante, debe precisarse, por un lado, que
            dicho artículo tampoco se opone a una flexibilización de la cualificación requerida, y, por otro, que es necesario que la
            posibilidad de un reconocimiento parcial de las competencias certificadas por las cualificaciones justificadas por el interesado
            no sea meramente ficticia en la práctica, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.