CELEX: 62008CJ0118
Language: es
Date: 2010-01-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de enero de 2010.#Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL contra Administración del Estado.#Petición de decisión prejudicial: Tribunal Supremo - España.#Autonomía procesal de los Estados miembros - Principio de equivalencia - Recurso de responsabilidad patrimonial del Estado - Infracción del Derecho de la Unión - Infracción de la Constitución.#Asunto C-118/08.

Asunto C‑118/08
      Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.,
      contra
      Administración del Estado
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
      «Autonomía procesal de los Estados miembros — Principio de equivalencia — Recurso de responsabilidad patrimonial del Estado — Infracción del Derecho de la Unión — Infracción de la Constitución»
      Sumario de la sentencia
      1.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites
      (Art. 234 CE)
      2.        Derecho de la Unión — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      1.        Si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial, apreciar la conformidad del Derecho
         nacional con el Derecho de la Unión, éste es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos
         de interpretación pertenecientes a dicho Derecho que pueden permitirle apreciar tal conformidad para la resolución del asunto
         que le haya sido sometido.
      
      A tal fin, el origen legislativo, administrativo o judicial de las normas nacionales cuya conformidad con el Derecho de la
         Unión ha de apreciar el tribunal nacional a la luz de los elementos de interpretación que le proporciona el Tribunal de Justicia
         no afecta en ningún modo a la competencia de éste para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial.
      
      (véanse los apartados 23 y 24)
      2.        El Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de
         responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia
         del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada con arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el demandante
         ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado
         sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial del
         Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente.
      
      En efecto, el principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos los plazos establecidos,
         se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos basados en la infracción
         del Derecho interno. Pues bien, habida cuenta de su objeto y de sus elementos esenciales, las dos reclamaciones de responsabilidad
         patrimonial de que se trata pueden considerarse similares, en la medida en que, por un lado, tienen exactamente el mismo objeto,
         a saber, la indemnización del daño sufrido por la persona lesionada por un acto o una omisión del Estado, y, por otro, la
         única diferencia existente entre las dos reclamaciones en cuestión consiste en que las infracciones jurídicas en las que se
         basan han sido declaradas, en un caso, por el Tribunal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al artículo
         226 CE y, en otro, por una sentencia del tribunal nacional competente. Ahora bien, esta única circunstancia, a falta de otros
         elementos que permitan declarar la existencia de otras diferencias entre dichas reclamaciones, no basta para establecer una
         distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de equivalencia. Por tanto, el principio de equivalencia se opone
         a la aplicación de tal regla.
      
      (véanse los apartados 33, 36, 43 a 46 y 48 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 26 de enero de 2010 (*)
      
      «Autonomía procesal de los Estados miembros – Principio de equivalencia – Recurso de responsabilidad patrimonial del Estado – Infracción del Derecho de la Unión – Infracción de la Constitución»
      En el asunto C‑118/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Supremo,
         mediante auto de 1 de febrero de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 2008, en el procedimiento entre
      
      Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.,
      y
      Administración del Estado,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano (Ponente), J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts y J.-C. Bonichot
         y las Sras. R. Silva de Lapuerta y C. Toader, Presidentes de Sala, y los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann,
         T. von Danwitz, A. Arabadjiev y J.-J. Kasel, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de abril de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., por el Sr. C. Esquerrá Andreu, abogado;
      –        en nombre del Gobierno español, por el Sr. J. López-Medel Báscones, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. R. Vidal Puig y la Sra. M. Afonso, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de julio de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los principios de efectividad y equivalencia a la
         luz de las reglas aplicables en el ordenamiento jurídico español a los recursos de responsabilidad patrimonial del Estado
         por infracción del Derecho de la Unión.
      
      2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. (en lo sucesivo,
         «Transportes Urbanos»), y la Administración del Estado, en relación con la desestimación del recurso de responsabilidad patrimonial
         que dicha sociedad interpuso contra el Estado español por infracción del Derecho de la Unión.
      
       Marco jurídico 
       Sexta Directiva 
      3        La Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones
         de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor
         añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 95/7/CE del
         Consejo, de 10 de abril de 1995 (DO L 102, p. 18) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), establece en su artículo 17, apartados
         2 y 5, según su redacción resultante del artículo 28 séptimo de la misma Directiva:
      
      «2.      En la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas, el sujeto pasivo
         podrá deducir del impuesto del que es deudor:
      
      a)      el Impuesto sobre el Valor Añadido debido o pagado dentro del país por los bienes que le hayan sido o le vayan a ser entregados
         y por los servicios que le hayan sido o le vayan a ser prestados por otro sujeto pasivo;
      
      b)      el Impuesto sobre el Valor Añadido debido o pagado por los bienes importados en el interior del país; 
      c)      el Impuesto sobre el Valor Añadido debido conforme al artículo 5, apartado 7, letra a), al artículo 6, apartado 3, y al artículo
         28 bis, apartado 6;
      
      […]
      5.      En lo concerniente a bienes y servicios utilizados por un sujeto pasivo para efectuar indistintamente operaciones con derecho
         a deducción, enunciadas en los apartados 2 y 3, y operaciones que no conlleven tal derecho, sólo se admitirá la deducción
         por la parte de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido que sea proporcional a la cuantía de las operaciones primeramente
         enunciadas
      
      Esta prorrata se aplicará en función del conjunto de las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, conforme a las disposiciones
         del artículo 19.
      
      […]»
      4        El artículo 19 de la Sexta Directiva enuncia los criterios para calcular la prorrata de la deducción prevista en el artículo
         17, apartado 5, párrafo primero, de ésta.
      
       Derecho nacional
      5        El artículo 163 de la Constitución prevé:
      
      «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez
         dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos,
         en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.»
      
      6        La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE nº 312, de 29 de diciembre de 1992, p. 44247),
         en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1997, p. 38517) (en lo
         sucesivo, «Ley 37/1992»), establece límites al derecho de los obligados tributarios a deducir el impuesto sobre el valor añadido
         (en lo sucesivo, «IVA») relativo a la adquisición de bienes o servicios financiados mediante subvenciones. Estas limitaciones
         entraron en vigor a partir del ejercicio fiscal de 1998.
      
      7        La Ley 37/1992 dispone también que los obligados tributarios deben presentar declaraciones periódicas en las que han de calcular
         los importes del IVA que adeudan (en lo sucesivo, «autoliquidaciones»). 
      
      8        Con arreglo a la Ley General Tributaria nº 58/2003, de 17 de diciembre (BOE nº 303, de 18 de diciembre de 2003, p. 44987),
         los obligados tributarios tienen derecho a solicitar la rectificación de sus autoliquidaciones y, en su caso, a reclamar la
         devolución de los ingresos indebidos. En virtud de los artículos 66 y 67 de dicha Ley, el plazo de prescripción de este derecho
         es de cuatro años a partir, en esencia, del día siguiente a aquel en el que se produjo el ingreso indebido o al de la expiración
         del plazo para presentar la autoliquidación, si el ingreso indebido se llevó a cabo en dicho plazo. 
      
       Litigio principal
      9        Mediante sentencia de 6 de octubre de 2005, Comisión/España (C‑204/03, Rec. p. I‑8389), el Tribunal de Justicia declaró, en
         esencia, que la limitación del carácter deducible del IVA establecida por la Ley 37/1992 era incompatible con los artículos
         17, apartados 2 y 5, y 19 de la Sexta Directiva.
      
      10      Transportes Urbanos, que había presentado autoliquidaciones por los ejercicios 1999 y 2000 con arreglo a la Ley 37/1992, no
         ejerció su derecho a solicitar la rectificación de dichas liquidaciones, en virtud de la Ley General Tributaria 58/2003. En
         efecto, tal derecho había prescrito en la fecha en la que el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Comisión/España, antes
         citada.
      
      11      En consecuencia, Transportes Urbanos interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado ante el Consejo de
         Ministros. En dicha reclamación, sostenía que había sufrido un perjuicio valorado en 1.228.366,39 euros, debido a la infracción
         de la Sexta Directiva cometida por el legislador español, constatada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/España,
         antes citada. Dicho importe corresponde a los pagos del IVA indebidamente percibidos por la Administración tributaria española
         durante los mencionados ejercicios y a las devoluciones a las que podría haber tenido derecho en relación con los mismos ejercicios.
      
      12      Mediante resolución de 12 de enero de 2007, el Consejo de Ministros desestimó la reclamación de Transportes Urbanos, al considerar
         que la omisión por parte de ésta de solicitar la rectificación de las mencionadas autoliquidaciones en el plazo previsto a
         tal efecto había roto la relación de causalidad directa entre la infracción del Derecho de la Unión reprochada al Estado español
         y el daño supuestamente sufrido por dicha sociedad.
      
      13      Esta resolución desestimatoria del Consejo de Ministros se basó, en particular, en dos sentencias del Tribunal Supremo de
         29 de enero de 2004 y de 24 de mayo de 2005 (en lo sucesivo, «jurisprudencia controvertida»), según las cuales las reclamaciones
         de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción del Derecho de la Unión están sometidas a una regla de agotamiento
         previo de las vías de recurso, administrativas y judiciales, contra el acto administrativo lesivo adoptado en ejecución de
         una ley nacional contraria a dicho Derecho.
      
      14      El 6 de junio de 2007, Transportes Urbanos interpuso un recurso contra dicha resolución desestimatoria del Consejo de Ministros
         ante el Tribunal Supremo.
      
       Auto de remisión y cuestión prejudicial
      15      En su auto de remisión, el Tribunal Supremo recuerda que, según la jurisprudencia controvertida, la interposición de una reclamación
         de responsabilidad patrimonial del Estado basada en la inconstitucionalidad de una ley no está sometida, contrariamente a
         la misma reclamación basada en la incompatibilidad de dicha ley con el Derecho de la Unión, a ningún requisito de agotamiento
         previo de las vías de recurso contra el acto administrativo lesivo basado en dicha ley.
      
      16      El motivo de la diferencia de trato entre ambas reclamaciones está relacionado con las diferencias existentes entre los recursos
         que pueden interponerse contra un acto administrativo, según dichos recursos se basen en la incompatibilidad de éste con el
         Derecho de la Unión o en la infracción de la Constitución por la ley nacional en aplicación de la cual se ha adoptado el acto.
         
      
      17      En efecto, según la jurisprudencia controvertida, dado que la ley nacional disfruta de una presunción de constitucionalidad,
         los actos administrativos basados sobre esta ley también gozan de una presunción de «legitimidad». De ello se deduce que ni
         las autoridades administrativas ni las judiciales pueden anular dichos actos sin que se haya declarado la nulidad de la ley
         mediante sentencia del Tribunal Constitucional dictada tras una cuestión de inconstitucionalidad formulada en virtud del artículo
         163 de la Constitución, cuestión que sólo puede plantear el órgano judicial que conoce del litigio.
      
      18      En estas circunstancias, si el agotamiento previo de las vías de recurso administrativas y judiciales contra el acto administrativo
         lesivo se exigiera como requisito para poder interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial basada en la infracción
         de la Constitución, se impondría a los justiciables la carga de impugnar el acto administrativo dictado en aplicación de la
         ley supuestamente inconstitucional utilizando, en primer lugar, la vía administrativa y, en segundo lugar, la vía contenciosa,
         agotando todas las instancias hasta que uno de los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto decida finalmente formular
         la cuestión de inconstitucionalidad de dicha ley ante el Tribunal Constitucional. Tal situación sería desproporcionada y tendría
         consecuencias inaceptables. 
      
      19      En cambio, cuando las autoridades administrativas o judiciales competentes consideran que un acto administrativo ha sido dictado
         para aplicar una ley incompatible con el Derecho de la Unión, están obligadas, con arreglo a la jurisprudencia reiterada del
         Tribunal de Justicia, a inaplicar dicha ley y los actos administrativos dictados basándose en ella. Por tanto, es posible
         solicitar directamente a dichas autoridades la anulación del acto administrativo lesivo y obtener de este modo una reparación
         total. 
      
      20      Además, según la jurisprudencia controvertida, la existencia de una infracción del Derecho de la Unión que pueda generar la
         responsabilidad del Estado debe declararse por una sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia. Ahora bien, los efectos
         de una sentencia de este Tribunal dictada con arreglo al artículo 267 TFUE no son comparables a los de una sentencia del Tribunal
         Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una ley, puesto que sólo la sentencia de este último entraña la nulidad
         de dicha ley con efectos retroactivos.
      
      21      En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión
         prejudicial siguiente:
      
      «¿Resulta contrario a los principios de equivalencia y efectividad la aplicación de distinta doctrina hecha por el Tribunal
         Supremo del Reino de España en [la jurisprudencia controvertida] a los supuestos de reclamación de responsabilidad patrimonial
         del Estado legislador cuando se funden en actos administrativos dictados en aplicación de una ley declarada inconstitucional,
         de aquellos que se funden en aplicaciones de una norma declarada contraria al Derecho [de la Unión]?»
      
       Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
      22      Según el Gobierno español, el Tribunal de Justicia es incompetente para pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho de
         la Unión de resoluciones judiciales como las que conforman la jurisprudencia controvertida, dado que el propio Tribunal Supremo
         puede modificarla si considera que no es compatible con dicho Derecho. 
      
      23      A este respecto, procede recordar que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial,
         apreciar la conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, éste ha declarado también reiteradamente que es competente
         para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes a dicho Derecho
         que pueden permitirle apreciar tal conformidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido  (véanse en este sentido,
         en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1993, Hünermund y otros, C‑292/92, Rec. p. I‑6787, apartado 8, y de 31
         de enero de 2008, Centro Europa 7, C‑380/05, Rec. p. I‑349, apartado 50).
      
      24      A tal fin, como ha señalado el Abogado General en el punto 13 de sus conclusiones, el origen legislativo, administrativo o
         judicial de las normas nacionales cuya conformidad con el Derecho de la Unión ha de apreciar el tribunal remitente a la luz
         de los elementos de interpretación que le proporciona el Tribunal de Justicia no afecta en ningún modo a la competencia de
         éste para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial. 
      
      25      Además, según una jurisprudencia reiterada, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales
         nacionales prevista en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales, que conocen
         del litigio y que han de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de
         las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia
         de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. Por tanto, cuando las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales
         nacionales versan sobre la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión, en principio el Tribunal de Justicia
         está obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra,
         C‑379/98, Rec. p. I‑2099, apartado 38; de 22 de mayo de 2003, Korhonen y otros, C‑18/01, Rec. p. I‑5321, apartado 19, y de
         23 de abril de 2009, VTB-VAB y Galatea, C‑261/07 y C‑299/07, Rec. p. I‑0000, apartado 32).
      
      26      Pues bien, en el caso de autos, no se solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Derecho nacional o una sentencia
         de un órgano jurisdiccional nacional, sino que proporcione al tribunal remitente elementos de interpretación de los principios
         de efectividad y equivalencia, para permitirle apreciar si, en virtud del Derecho de la Unión, está obligado a inaplicar normas
         nacionales relativas a los recursos de responsabilidad patrimonial del Estado por infracción de dicho Derecho por una ley
         nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, apartado 46).
      
      27      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia es competente para resolver la presente petición de decisión prejudicial.
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      28      Mediante su cuestión, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el Derecho de la Unión se opone a una regla de un
         Estado miembro en virtud de la cual las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado basadas en una infracción
         de dicho Derecho por una ley nacional están sometidos al requisito del agotamiento previo de las vías de recurso contra el
         acto administrativo lesivo, mientras que dichas reclamaciones no están sujetas a tal requisito cuando se basan en una infracción
         de la Constitución por esta misma ley.
      
       Observaciones previas
      29      Para responder a esta cuestión, procede recordar, con carácter preliminar, que, según reiterada jurisprudencia, el principio
         de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son
         imputables es inherente al sistema de los Tratados en los que ésta se funda (véanse, en este sentido, las sentencias de 19
         de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357, apartado 35; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du
         pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, Rec. p. I‑1029, apartado 31, y de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C‑445/06,
         Rec. p. I‑0000, apartado 19).
      
      30      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que los particulares perjudicados tienen derecho a indemnización cuando
         se cumplen tres requisitos: que la norma de Derecho de la Unión violada tenga por objeto conferirles derechos, que la violación
         de esta norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal violación y el
         perjuicio sufrido por los particulares (véase, en este sentido, la sentencia Danske Slagterier, antes citada, apartado 20
         y jurisprudencia citada).
      
      31      El Tribunal de Justicia ha tenido también ocasión de precisar que, sin perjuicio del derecho a indemnización que está basado
         directamente en el Derecho de la Unión desde el momento en que se reúnen estos tres requisitos, incumbe al Estado, en el marco
         del Derecho nacional en materia de responsabilidad, reparar las consecuencias del perjuicio causado, entendiéndose que los
         requisitos establecidos por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables
         que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse
         de manera que hagan en la práctica imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad) (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, Rec. p. I‑10239, apartado 58, y de 13 de marzo
         de 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, Rec. p. I‑2107, apartado 123).
      
      32      En consecuencia, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, procede examinar la cuestión planteada a la luz de estos
         principios.
      
       Sobre el principio de equivalencia
      33      Por lo que se refiere al principio de equivalencia, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, dicho principio
         exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos, incluidos los plazos establecidos, se aplique indistintamente a
         los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos basados en la infracción del Derecho interno (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 1998, Edis, C‑231/96, Rec. p. I‑4951, apartado 36; de 1 de diciembre
         de 1998, Levez, C‑326/96, Rec. p. I‑7835, apartado 41; de 16 de mayo de 2000, Preston y otros, C‑78/98, Rec. p. I‑3201, apartado
         55, y de 19 de septiembre de 2006, i-21 Germany y Arcor, C‑392/04 y C‑422/04, Rec. p. I‑8559, apartado 62).
      
      34      No obstante, este principio no puede interpretarse en el sentido de que obliga a un Estado miembro a extender su régimen interno
         más favorable a todas los recursos interpuestos en un ámbito determinado del Derecho (sentencias Levez, antes citada, apartado
         42; de 9 de febrero de 1999, Dilexport, C‑343/96, Rec. p. I‑579, apartado 27, y de 29 de octubre de 2009, Pontin, C‑63/08,
         Rec. p. I‑0000, apartado 45).
      
      35      En consecuencia, para comprobar si se respeta el principio de equivalencia en el litigio principal, es preciso examinar si,
         habida cuenta de su objeto y de sus elementos esenciales, la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por Transportes
         Urbanos, basada en la infracción del Derecho de la Unión, y la que dicha sociedad habría podido interponer basándose en una
         posible infracción de la Constitución pueden considerarse similares (véase, en este sentido, la sentencia Preston y otros,
         antes citada, apartado 49).
      
      36      Pues bien, por lo que se refiere al objeto de las dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial mencionadas en el apartado
         anterior, procede señalar que tienen exactamente el mismo objeto, a saber, la indemnización del daño sufrido por la persona
         lesionada por un acto o una omisión del Estado.
      
      37      Respecto de los elementos esenciales, cabe recordar que la regla del agotamiento previo que se discute en el litigio principal
         lleva a cabo una distinción entre estas reclamaciones, en la medida en que exige que el demandante haya agotado previamente
         las vías de recurso contra el acto lesivo sólo cuando la reclamación de responsabilidad patrimonial se basa en la infracción
         del Derecho de la Unión por la ley nacional en aplicación de la cual se ha adoptado el mencionado acto.
      
      38      Ahora bien, procede señalar que, contrariamente a lo que parecen sugerir determinados planteamientos de la jurisprudencia
         controvertida, recordados en el apartado 20 de la presente sentencia, la reparación del daño causado por una infracción del
         Derecho de la Unión por un Estado miembro, no está subordinada al requisito de que una sentencia dictada por el Tribunal de
         Justicia con carácter prejudicial declare la existencia de tal infracción (véanse, en este sentido, las sentencias Brasserie
         du pêcheur y Factortame, antes citada, apartados 94 a 96; de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y otros, C‑178/94, C‑179/94
         y C‑188/94 a C‑190/94, Rec. p. I‑4845, apartado 28, y Danske Slagterier, antes citada, apartado 37).
      
      39      No obstante, ha lugar a señalar que, en el litigio principal, Transportes Urbanos basó su recurso expresamente en la sentencia
         Comisión/España, antes citada, dictada con arreglo al artículo 226 CE, en la cual el Tribunal de Justicia declaró la infracción
         de la Sexta Directiva por la Ley 37/1992.
      
      40      Además, se deduce del auto de remisión que Transportes Urbanos interpuso la reclamación ante el Consejo de Ministros porque
         el plazo para presentar una solicitud de rectificación de las autoliquidaciones de los ejercicios 1999 y 2000 había expirado
         en el momento en que se dictó la mencionada sentencia Comisión/España.
      
      41      No obstante, como se ha dicho en los apartados 12 y 13 de la presente sentencia, dicha reclamación fue desestimada por el
         Consejo de Ministros teniendo en cuenta precisamente que Transportes Urbanos no había solicitado la rectificación de sus autoliquidaciones
         antes de la interposición de dicha reclamación. 
      
      42      En cambio, según el auto de remisión, si Transportes Urbanos hubiera podido fundamentar su reclamación de responsabilidad
         patrimonial en una sentencia del Tribunal Constitucional que declarara la nulidad de la misma ley por infringir la Constitución,
         esta reclamación habría sido estimada, con independencia de que dicha sociedad no hubiera solicitado la rectificación de dichas
         autoliquidaciones antes de que expiraran los plazos para hacerlo.
      
      43      Se desprende de las consideraciones precedentes que, en el contexto particular que ha dado origen al litigio principal tal
         como se describe en el auto de remisión, la única diferencia existente entre las dos reclamaciones mencionadas en el apartado
         35 de la presente sentencia consiste en que las infracciones jurídicas en las que se basan han sido declaradas, en un caso,
         por el Tribunal de Justicia mediante una sentencia dictada con arreglo al artículo 226 CE y, en otro, por una sentencia del
         Tribunal Constitucional.
      
      44      Ahora bien, esta única circunstancia, a falta de cualquier mención en el auto de remisión de otros elementos que permitan
         declarar la existencia de otras diferencias entre la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado efectivamente presentada
         por Transportes Urbanos y aquélla que habría podido interponer sobre la base de una infracción de la Constitución declarada
         por el Tribunal Constitucional, no basta para establecer una distinción entre ambas reclamaciones a la luz del principio de
         equivalencia.
      
      45      En tal situación, procede señalar que las dos reclamaciones antes mencionadas pueden considerarse similares, en el sentido
         de la jurisprudencia recordada en el apartado 35 de la presente sentencia.
      
      46      De ello se deduce que, habida cuenta de las circunstancias descritas en el auto de remisión, el principio de equivalencia
         se opone a la aplicación de una regla como la controvertida en el litigio principal.
      
      47      Habida cuenta de esta conclusión, no es necesario examinar la regla del agotamiento previo de las vías de recurso discutida
         en el litigio principal a la luz del principio de efectividad. 
      
      48      De lo anterior resulta que procede responder a la cuestión planteada que el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de
         una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado basada en una
         infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia del Tribunal de Justicia dictada con arreglo
         al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el demandante ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas
         a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación
         a una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma
         ley declarada por el órgano jurisdiccional competente.
      
       Costas
      49      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      El Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una regla de un Estado miembro en virtud de la cual una reclamación de
            responsabilidad patrimonial del Estado basada en una infracción de dicho Derecho por una ley nacional declarada mediante sentencia
            del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada con arreglo al artículo 226 CE sólo puede estimarse si el demandante
            ha agotado previamente todas las vías de recurso internas dirigidas a impugnar la validez del acto administrativo lesivo dictado
            sobre la base de dicha ley, mientras que tal regla no es de aplicación a una reclamación de responsabilidad patrimonial del
            Estado fundamentada en la infracción de la Constitución por la misma ley declarada por el órgano jurisdiccional competente.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.