CELEX: E2013P0007
Language: es
Date: 2013-04-16 00:00:00
Title: Solicitud de dictamen consultivo del Tribunal de la AELC por Héraðsdómur Reykjavíkur, de 16 de abril de 2013 , en el asunto Creditinfo Lánstraust hf. contra Registers Iceland y el Estado islandés (Asunto E-7/13)

19.9.2013   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 270/9
            
         Solicitud de dictamen consultivo del Tribunal de la AELC por Héraðsdómur Reykjavíkur, de 16 de abril de 2013, en el asunto Creditinfo Lánstraust hf. contra Registers Iceland y el Estado islandés
   (Asunto E-7/13)
   2013/C 270/07
   Mediante carta de 16 de abril de 2013, recibida en la Secretaría del Tribunal el 29 de abril de 2013, el Héraðsdómur Reykjavíkur (Tribunal de distrito de Reykjavik) solicitó al Tribunal de la AELC un dictamen consultivo en el asunto Creditinfo Lánstraust hf. contra Registers Iceland y el Estado islandés, sobre las siguientes cuestiones:
   
               1)
            
            
               ¿Es compatible con el Derecho del EEE, y, en concreto, con el artículo 6 de la Directiva 2003/98/CE del Consejo relativa a la reutilización de la información del sector público [véase la Decisión del Comité Mixto del EEE no 105/2005 por la que se modifica el anexo XI (Servicios de telecomunicaciones) del Acuerdo EEE], el cobro de una tarifa por cada solicitud mecánica de información del registro si en el momento de establecer la tarifa no se dispone de un cálculo de los «ingresos totales» ni del «coste», en el sentido del mencionado artículo 6 de la Directiva?
            
         
               2)
            
            
               A la hora de determinar el «coste» a que se hace referencia en el artículo 6, ¿es compatible con ese mismo artículo el hecho de no tener en cuenta:
               
                           a)
                        
                        
                           los ingresos obtenidos por el Estado al recoger los documentos en forma de tarifas pagadas por los particulares y las empresas para la inscripción de los contratos en los registros públicos, y
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           los ingresos obtenidos por el Estado al recoger los documentos en forma de impuestos recaudados a título de derechos de timbre sobre las escrituras jurídicas registradas en el momento en que las personas y las empresas solicitan su inscripción en los registros públicos?
                        
                     
         
               3)
            
            
               A la hora de determinar el «coste» contemplado en el artículo 6, ¿es compatible con ese mismo artículo el hecho de tener en cuenta los costes incurridos por un organismo del sector público en relación con la recogida de documentos que esté legalmente obligado a recoger, independientemente de que los particulares o las empresas soliciten su reutilización?
            
         
               4)
            
            
               A la hora de determinar el «coste» contemplado en el artículo 6, ¿es compatible con ese mismo artículo que el legislador establezca el importe de la tarifa sin que se someta a un examen detenido ningún importe específico?
            
         
               5)
            
            
               A la hora de determinar el «coste» contemplado en el artículo 6, ¿sería compatible con ese mismo artículo tener debidamente en cuenta el requisito general de la legislación nacional según el cual los organismos del sector público deben autofinanciarse?
            
         
               6)
            
            
               En caso de respuesta afirmativa a la pregunta no 5, ¿qué implica en concreto y qué elementos del coste de las operaciones del sector público podrán tenerse en cuenta en este contexto?