CELEX: C2007/247/66
Language: es
Date: 2007-10-20 00:00:00
Title: Asunto T-331/07: Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2007 — Chupa Chups/Comisión

20.10.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 247/40
            
         Recurso interpuesto el 7 de septiembre de 2007 — Chupa Chups/Comisión
   (Asunto T-331/07)
   (2007/C 247/66)
   Lengua de procedimiento: español
   Partes
   
      Demandante: Chupa Chups, S.A. (Barcelona, España) (representante: Ramón Falcón Tella, abogado)
   
      Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte demandante
   
               —
            
            
               Que se anule el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión dictada por la parte demandada, en el que se declara incompatible con el mercado común la ayuda regional por importe de 800 000 euros, concedida en 2003 con arreglo al Programa «Minería 2», y se declara que, por consiguiente, dicha ayuda no podrá abonarse.
            
         
               —
            
            
               Que subsidiariamente, se anule la última frase del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión, según la cual «por consiguiente, dicha ayuda no podrá concederse».
            
         
               —
            
            
               Que, en cualquiera de los dos casos, se condene en costas a la Comisión.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La Decisión impugnada considera incompatible con el Tratado CE una ayuda con finalidad regional por importe de 800 000 euros, concedida en 2003 en el marco del programa «Minería 2», previamente autorizado por la Comisión. La Decisión impugnada considera que la demandante no era elegible para dicho régimen de ayudas por quedar excluidas del mismo las empresas en crisis.
   En apoyo de sus pretensiones la parte demandante imputa a la Comisión un error manifiesto de apreciación, así como la violación del principio de la confianza legítima.
   Por lo que respecta a las inexactitudes materiales y el error de apreciación de la Comisión, la parte demandante alega que en 2002 fue el primer año en que se registraron pérdidas, y que al convocar la ayuda, las autoridades nacionales no podían conocer esas pérdidas, ya que las cuentas no estaban todavía aprobadas.
   Por otro lado, se alega que la empresa no puede considerarse como una empresa en crisis en el sentido del punto 5(a) de las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis, según el cual una empresa se considera en crisis si ha perdido la mitad del capital suscrito y una cuarta parte de dicho capital se ha perdido en los últimos 12 meses. La Comisión incurre en este punto en un manifiesto error de apreciación en cuanto que, para calcular el porcentaje que representan las pérdidas y para determinar si éstas afectan al capital, no ha tenido en cuenta las reservas legales y voluntarias que existían en la sociedad, en cuantía más que suficiente para absorber todas las pérdidas.
   Ha sido la propia empresa, con su propios recursos y con los aportados por los acreedores y los Bancos privados, la que ha superado la situación de pérdidas, por lo que no puede ser considerada como una empresa en crisis, de acuerdo con el punto 4 de las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis, el cual califica como empresas en crisis las que no son capaces de superar la situación sin ayuda externa.
   Tampoco se han producido los síntomas a que se refiere el punto 6 de las Directrices, pues las pérdidas no han sido crecientes, sino decrecientes. Las existencias no se incrementan sino que disminuyen. El endeudamiento no ha sido creciente sino decreciente. Y los gastos financieros no han aumentado, sino que el resultado financiero negativo se ha reducido de forma significativa entre 2002 y 2003.
   Alega igualmente la demandante que la prohibición de autos de hacer efectiva la ayuda de 800 000 euros, concedida en 2003 en el marco de un programa de ayudas regionales aprobado por la Comisión, infringe la confianza legítima.
   Se afirma a este respecto que la prohibición de que le sea efectivamente pagada la ayuda tiene la misma incidencia negativa en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa que una decisión de recuperación, con la única diferencia de que en el presente caso no proceden intereses.
   La ayuda había sido aprobada por la Comisión y Chupa Chups no tenía razón alguna para pensar que no fuera elegible para la misma. De no haber existido la ayuda regional, las decisiones de inversión podrían haber sido distintas.