CELEX: 61966CC0024(01)
Language: es
Date: 1973-11-29
Title: Conclusiones del Abogado General Reischl presentadas el 29 de noviembre de 1973. # Gesellschaft für Getreidehandel mbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Asunto 24-66 bis.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. GERHARD REISCHL
      presentadas el 29 de noviembre de 1973 (
            1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      Gesellschaft für Getreidehandel mbH de Dusseldorf (antigua Gesellschaft für Getreidehandel AG) presentó el 31 de agosto de 1973 una demanda de interpretación de una sentencia, con arreglo al artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE.
      Conforme a esta demanda debe interpretarse la sentencia dictada el 14 de julio de 1967, Kampffmeyer y otros/Comisión (asuntos acumulados 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66, ↔ Rec. pp. 317 y ss., especialmente p. 332), «por lo que se refiere al alcance de su fuerza jurídica» y, especialmente, debe determinarse si
      
               1)
            
            
               «esta sentencia, así como la de 1 de julio de 1965 (asuntos acumulados 106/63 y 107/63), al declarar que no se cumplían los requisitos necesarios para adoptar la medida de salvaguardia acordada por la República Federal de Alemania y aprobada por la Comisión mediante Decisión de 3 de octubre de 1973, y
            
         
               2)
            
            
               los principios sentados por el Tribunal de Justicia en cuanto a la extensión de la diligencia que la Comisión y los Gobiernos de los Estados miembros deben observar al adoptar medidas de salvaguardia con arreglo al artículo 22 del Reglamento no 19 del Consejo, tienen efecto vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales alemanes en el marco de procedimientos de indemnización de daños y perjuicios en los que, sobre la base del mismo supuesto de hecho, la demandante se dirige contra las autoridades nacionales de la República Federal de Alemania competentes en materia de organización de mercados».
            
         La Comisión de las Comunidades Europeas ha planteado una serie de objeciones sobre esta demanda, principalmente por lo que se refiere a su admisibilidad.
      Prescindiendo de los antecedentes de hecho, que, al igual que el contenido de la citada sentencia de 14 de julio de 1967, ya son conocidos como consecuencia del procedimiento llevado a cabo en su día y de los documentos intercambiados en el presente proceso, deseo hacer las siguientes observaciones sobre las objeciones de la Comisión:
      
               1.
            
            
               No es preciso insistir sobre la afirmación realizada por la Comisión, en el sentido de que la demanda de interpretación cita también la sentencia de 1 de julio de 1965, Töpfer/Comisión (asuntos acumulados 106/63 y 107/63,↔ Rec. pp. 525 y ss., especialmente p. 548), de que la demandante no fue parte en aquel procedimiento (a diferencia de los citados asuntos acumulados 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66), y que, por tanto, no procede acordar la admisión de la demanda de interpretación en la medida en que se refiere a la sentencia dictada en los asuntos 106/63 y 107/63. De hecho, en el transcurso de la fase oral, la demandante ha declarado que sólo se pide la interpretación de la sentencia en los asuntos 5/66, 7/66 y 13/66 a 24/66, indicando que, si se había hecho referencia a la sentencia dictada en los asuntos 106/63 y 107/63, ello se debía a que el propio Tribunal de Justicia se había referido a ella en la sentencia de 14 de julio de 1967.
            
         
               2.
            
            
               La Comisión expresa, además, sus dudas sobre si se tuvo suficientemente en cuenta lo exigido en el apartado 1 del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento, según el cual, en la demanda de interpretación deben especificarse los pasajes de la sentencia cuya interpretación se solicita.
               No obstante, este planteamiento nos parece formalista. De hecho, de la totalidad del contenido de la demanda de interpretación puede determinarse qué partes de la sentencia en los asuntos 5/66, 7/66, 13/66 a 24/66 deben interpretarse. Se trata de los tres primeros párrafos de la parte de la sentencia que en la versión alemana de la Recopilación de la Jurisprudencia de 1967, aparecen en la página 354 del volumen XIII. Por otra parte, ello se confirmó durante la fase oral.
               Del artículo 102 del Reglamento de Procedimiento no deben extraerse, pues, consecuencias en perjuicio de la demandante.
            
         
               3.
            
            
               El problema central del presente caso radica en determinar dónde se encuentran los límites del procedimiento judicial de interpretación de sentencias, conforme al artículo 40 del Estatuto CEE. ¿Puede pretenderse de él sólo una aclaración de lo declarado por el Tribunal de Justicia en un caso concreto, es decir, lo que ha opinado en un asunto, o puede aspirarse a que se establezca respecto a quién, además de las partes del procedimiento, tiene importancia lo declarado por el Tribunal de Justicia, a quién se extiende la fuerza jurídica de la decisión judicial y los fundamentos que la sustentan?
               De hecho, como consecuencia de lo declarado expresamente por la demandante en el transcurso de la fase oral sólo se plantea el problema citado en último lugar. Lo que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 14 de julio de 1967, acerca de la aplicación errónea del artículo 22 del Reglamento no 19 (inexistencia de los requisitos para la adopción de medidas de salvaguardia) y sobre la existencia de una infracción administrativa por parte de la Comisión respecto a la adopción de tal medida de salvaguardia, no deja lugar a dudas, como ha subrayado la demandante, sobre su importancia para los recursos de los que conoce el Tribunal de Justicia. En opinión de la demandante, lo único que no está claro es si ello también vincula al órgano jurisdiccional nacional ante el que se ejercita una acción de indemnización por daños y perjuicios contra el Gobierno federal, sobre la base de un supuesto de hecho semejante. Por ello, debe examinarse si el procedimiento previsto en el artículo 40 del Estatuto CEE del Tribunal de Justicia también puede promoverse con el fin de determinar en este sentido el «alcance» de los efectos jurídicos de una sentencia.
               Dudo seriamente de que tal postura esté de acuerdo con el sentido y la finalidad del procedimiento de interpretación de sentencias.
               Si se busca un paralelismo con la interpretación legal, en la que debe investigarse cuál fue la voluntad del legislador, en el caso de la interpretación de sentencias resulta evidente que debe pensarse en la explicación de lo que el Tribunal de Justicia quiso decir en un supuesto concreto. Visto de esta manera, es indudable que no puede hablarse de interpretación de una sentencia, si se trata de determinar los límites de su fuerza jurídica. El Tribunal de Justicia no puede disponer al respecto, en sus sentencias no aparece alusión alguna a la cuestión. El alcance de los efectos jurídicos de una sentencia se determina, más bien, interpretando el Derecho comunitario invocado ante el Tribunal de Justicia y que regula la materia -expresa o tácitamente-. Es más oportuno pretender tal aclaración mediante el procedimiento contemplado en el artículo 177 del Tratado CEE, es decir, según una disposición que también supone una actividad por parte del Tribunal de Justicia y conforme a la cual -como ha quedado patente en otros procedimientos- también se tratan problemas relativos a la validez del Derecho comunitario.
               Por lo demás, en este sentido, me parece que, tras las conclusiones del Abogado General Sr. Roemer en el asunto Alta Autoridad/Colloti y Tribunal de Justicia (70/63 bis, Rec. 1965, p. 353), la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia ya está fijada. Citaremos al respecto el siguiente párrafo de la sentencia en el asunto 70/63 bis (antes citado, p. 380): «Conforme a esta disposición» (es decir, el artículo 40) «sólo cabe acordar la admisión de aquellas demandas de interpretación que se basen, no en diferencias de opinión sobre los posibles efectos que la sentencia de cuya interpretación se trate pueda tener sobre casos diferentes al que fue objeto de dicha sentencia, sino en los aspectos oscuros o ambiguos que afecten al sentido y al alcance de la sentencia en la medida en que ésta resuelve el supuesto presentado ante el Tribunal de Justicia».
               En mi opinión, ésta es la jurisprudencia que se debe seguir. En su contra, además, no puede objetarse que de este modo se vacía de contenido el concepto de «alcance» del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia. De hecho, conforme a la interpretación restrictiva que de la citada disposición proponemos, dicho concepto conserva un sentido. Baste con pensar en procedimientos en los que participen varios demandantes o demandados o en los que se discuta acerca de una serie de disposiciones respecto a las que, según el fallo de la sentencia, no esté claro a qué personas de las encausadas o a qué disposiciones se refieren determinadas declaraciones del Tribunal de Justicia. Piénsese, asimismo, en procedimientos en los que existan múltiples aspectos conflictivos, que no sean, todos ellos, resueltos al mismo tiempo y de manera definitiva, de modo que pueda no resultar claro cuál es el alcance de una sentencia interlocutoria. Efectivamente, en todos estos casos tiene sentido, sin más, preguntar sobre el «alcance» de una sentencia, me diante un procedimiento de interpretación, tal como lo entiendo. Estos supuestos dejan claro que en absoluto es imprescindible referir el concepto de «alcance» a, por así decirlo, los efectos externos de una sentencia, justificando así que se pregunte sobre si una sentencia puede surtir efectos más allá de las partes en el procedimiento.
               De lo anterior, puedo afirmar que la demanda de interpretación presentada por la Gesellschaft für Getreidehandel, precisamente porque se refiere únicamente a estos últimos efectos, cae fuera del ámbito de aplicación del artículo 40 y, por ello, debe declararse su inadmisibilidad.
            
         
               4.
            
            
               Así pues, mi conclusión es clara. Al mismo tiempo, hace innecesario profundizar en el contenido de la demanda.
               En el supuesto de que la solución a un litigio nacional dependiera de ello, el propio órgano jurisdiccional nacional competente podría solicitar del Tribunal de Justicia la correspondiente aclaración por la vía del artículo 177 del Tratado CEE.
            
         (
            1
         )	Lengua original: alemán.