CELEX: C2003/184/40
Language: es
Date: 2003-08-02 00:00:00
Title: Asunto C-237/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución de Tribunal d'Instance de Roubaix, de fecha 15 de mayo de 2003, en el asunto entre SA Banque Sofinco y Sr. Daniel Djemeoui y Sra. Carole Djemeoui

C 184/22               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           2.8.2003
¿Se oponen las normas de los artículos 12, 43 y siguientes y 49         Motivos y principales alegaciones
y siguientes del Tratado CE, así como el apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 92/50 (1) del Consejo, de 18 de [junio]      La Comisión alega que la sentencia del Tribunal de Primera
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudi-            Instancia incurre en numerosas contradicciones e incoheren-
cación de los contratos públicos de servicios, a la inclusión en        cias, cuando no en desnaturalización de las pruebas, e imposi-
los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas particu-         bilita la clasificación de los infractores en grupos, que consti-
lares y de prescripciones técnicas que rigen los concursos              tuye una de las claves de las Directrices. La Comisión afirma
públicos sobre terapias respiratorias domiciliarias y otras             que observó un comportamiento totalmente razonable y por
técnicas de ventilación asistida de:                                    completo conforme con el principio de no discriminación.
1.    requisitos que condicionen la admisión de las empresas al         A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia
      hecho de que las mismas dispongan previamente de                  declaró erróneamente que la motivación de la Decisión era
      oficinas abiertas al público en la provincia o en la capital      insuficiente y, en cualquier caso, se extralimitó en el ejercicio
      de provincia en que se haya [de] prestar el servicio,             de sus competencias.
2.    criterios de adjudicación que:                                    La Comisión estima que la sentencia recurrida restringe en
                                                                        gran medida su margen de discrecionalidad para la imposición
      a)    favorezcan las ofertas presentadas en un radio de           de multas y, en la práctica, supone la obligación de aplicar una
            1 000 Kms contados desde la capital en que se haya          fórmula aritmética o demostrable «científicamente». De este
            de prestar el servicio,                                     modo se menoscaba gravemente la facultad discrecional de la
                                                                        Comisión y, en consecuencia, la competencia y obligación que
      b)    dispongan previamente de oficinas abiertas al público       le incumben para perseguir las infracciones de los artículos 81
            en determinadas localidades de la misma provincia o         CE y 82 CE.
      c)    vinieran gestionando con anterioridad al servicio?          Por último, la Comisión refuta la apreciación del Tribunal de
                                                                        Primera Instancia de que la facultad para imponer multas había
                                                                        prescrito, por estimar que la sentencia recurrida no contiene
(1) DO L 209 de 18.6.1992, p. 1.
                                                                        fundamento alguno a este respecto.
                                                                        (1) DO C 124 de 24.5.2003, p. 18.
Recurso de casación interpuesto el 2 de junio de 2003
por la Comisión de las Comunidades Europeas, contra la
sentencia dictada el 19 de marzo de 2003 por el Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Sala                  Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolu-
Tercera, en el asunto T-213/00, (1) promovido en su contra              ción de Tribunal d'Instance de Roubaix, de fecha 15 de
 por CMA CGM y otras trece compañías navieras de línea                  mayo de 2003, en el asunto entre SA Banque Sofinco y
                                                                                 Sr. Daniel Djemeoui y Sra. Carole Djemeoui
                       (Asunto C-236/03 P)
                                                                                                (Asunto C-237/03)
                          (2003/C 184/39)
                                                                                                 (2003/C 184/40)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de junio de 2003 un recurso de casación                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                  sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolu-
representada por el Sr. P. Oliver, en calidad de agente, que            ción de Tribunal d'Instance de Roubaix, dictada el 15 de mayo
designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada            de 2003, en el asunto entre SA Banque Sofinco y Sr. Daniel
el 19 de marzo de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia             Djemeoui y Sra. Carole Djemeoui, y recibida en la Secretaría
de las Comunidades Europeas, Sala Tercera, en el asunto T-213/          del Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2003. El Tribunal
00, promovido en su contra por CMA CGM y otras trece                    d'Instance de Roubaix solicita al Tribunal de Justicia que se
compañías navieras de línea.                                            pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:               1)    Las Directivas del Consejo de 22 de diciembre de 1986
                                                                              (87/102/CEE) (1) y de 22 de febrero de 1990 (90/88/
—     Anule el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal de              CEE), (2) ¿deben interpretarse en el sentido de que obligan
      Primera Instancia de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y                     al juez nacional a dar preferencia a la interpretación del
      otros/Comisión (T-213/00).                                              Derecho interno que exige a las entidades de préstamo al
                                                                              consumo comunicar por escrito al prestatario-consumidor
—     Desestime el recurso de las recurridas en su totalidad.                 el porcentaje anual de cargas financieras vigente, antes de
                                                                              cada prórroga de un contrato de crédito renovable por
—     Condene a las recurridas al pago de las costas de la                    fracciones, cuya cláusula de intereses estipula un tipo
      Comisión.                                                               variable?
 ---pagebreak--- 2.8.2003                 ES                               Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 184/23
       Dichas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido de que            la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por
       obligan al juez nacional a dar preferencia a la interpre-               los Sres. G. Valero Jordana y B. Stromsky, en calidad de
       tación del Derecho interno que exige a las entidades de                 agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
       préstamo al consumo comunicar al mismo consumidor la
       cláusula de variación de ese porcentaje anual de cargas
       financieras, antes de cada prórroga del contrato?                       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                               de Justicia que:
2)     Las citadas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido
       de que su única finalidad es la protección del consumidor               —     Declare que la República Francesa ha incumplido las
       o en el de que, además, tienden a la organización del                         obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6,
       mercado único del crédito al consumo?                                         apartados 1 y 3, del Protocolo de Atenas, de 17 de mayo
                                                                                     de 1980, sobre la protección del mar Mediterráneo contra
       La obligación de interpretación conforme a la finalidad,                      la contaminación de origen terrestre (1) y de los
       cuando menos de protección de los consumidores, de                            artículos 4, apartado 1, y 8 del Convenio de Barcelona
       dichas Directivas, ¿debe llevar a permitir que el juez                        de 16 de febrero de 1976 para la protección del mar
       aprecie de oficio las irregularidades que afecten a los                       Mediterráneo (2), aprobados en nombre de la Comunidad
       contratos de crédito, como la falta de mención escrita                        mediante las Decisiones 77/585/CEE (3) y 83/101/CEE (4)
       del porcentaje anual de cargas financieras o de la cláusula                   del Consejo, de 25 de julio de 1977 y 28 de febrero de
       de variación de éste?                                                         1983, respectivamente, así como del artículo 300 (antiguo
                                                                                     artículo 228), apartado 7, del Tratado constitutivo de la
3)     Las citadas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido                    Comunidad Europea, al no adoptar todas las medidas
       de que han de conducir al juez a dar preferencia a la                         necesarias para prevenir, reducir y combatir la contamina-
       interpretación del Derecho interno que lo faculta para                        ción masiva y prolongada en la laguna de Berre y al no
       apreciar los motivos de invalidez que afecten a la celebra-                   tener debidamente en cuenta las disposiciones del anexo
       ción o a la prórroga de un contrato de crédito al                             III del Protocolo al modificar la autorización de descarga
       consumo, como los antes citados, a instancias del consu-                      de sustancias incluidas en el anexo II del Protocolo tras la
       midor o de oficio, sin limitación temporal, en el marco de                    aprobación de éste.
       una demanda de pago presentada por la entidad presta-
       mista?
                                                                               —     Condene en costas a la República Francesa.
       En caso de respuesta negativa, las citadas Directivas,
       ¿deben interpretarse en el sentido de que han de conducir
       al juez a dar preferencia a la interpretación del Derecho
       interno que lo faculta para inaplicar una norma de tal
       Derecho por la que se impide que el consumidor invoque                  Motivos y principales alegaciones
       o el juez aprecie de oficio un motivo de invalidez que
       afecte a la celebración o a la prórroga de un contrato de               En virtud de su artículo 3, letra c), la zona de aplicación del
       crédito al consumo, una vez transcurrido un plazo                       Protocolo de Atenas comprende las lagunas de agua salada que
       distinto del previsto en el Derecho común, por constituir               estén en comunicación con el mar, como la laguna de Berre.
       tal plazo una restricción excepcional de los derechos de                Por tanto, del artículo 6, apartado 1, del Protocolo se
       acción del consumidor y menoscabar la efectividad de la                 desprende que la República Francesa debe reducir la introduc-
       protección que se otorga a éste?                                        ción directa o indirecta por el hombre de sustancias en dicha
                                                                               laguna cuando esta introducción tenga efectos nocivos, así
(1) Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986
                                                                               como prevenir y combatir esta introducción. Se trata de una
    relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-       obligación de resultado.
    rias y administrativas de los Estados Miembros en materia de
    crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48).
(2) Directiva 90/88/CEE del Consejo de 22 de febrero de 1990 que
                                                                               La reducción de la introducción directa o indirecta de sustan-
    modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las         cias por el hombre en la laguna de Berre debe ser rigurosa.
    disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados     Este rigor implica una disminución importante y sostenible de
    Miembros en materia de crédito al consumo (DO L 61 de                      la cantidad de sustancias introducidas, con un amplio efecto
    10.3.1990 p. 14).                                                          positivo en el medio ambiente, y se aplica también al método
                                                                               utilizado por el Estado para obtener este resultado. Pues bien,
                                                                               la República Francesa no ha reducido la contaminación de
                                                                               origen terrestre en la laguna de Berre conforme a las obliga-
                                                                               ciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1,
                                                                               del Protocolo en relación con los artículos 4, apartado 1, y 8
                                                                               del Convenio de Barcelona de 16 de febrero de 1976 para la
Recurso interpuesto el 4 de junio de 2003 contra la
                                                                               protección del mar Mediterráneo. En efecto, desde 1983 y a
República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                               causa del funcionamiento de la central hidroeléctrica de Saint-
                                Europeas
                                                                               Chamas, la laguna ha sido objeto de una contaminación de
                                                                               origen terrestre, masiva, prolongada y específica, cuyos efectos
                           (Asunto C-239/03)                                   sobre la fauna, la flora y los lugares de esparcimiento son
                                                                               negativos y considerables. Si bien es cierto que se ha reducido
                             (2003/C 184/41)                                   esta contaminación, la reducción de los desechos presentó, no
                                                                               obstante, un carácter tardío, errático y sobre todo muy limi-
                                                                               tado. Por último, las medidas adoptadas por los poderes
En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 4 de junio de                   públicos para reducir a largo plazo la contaminación de la
2003 un recurso contra la República Francesa formulado por                     laguna de Berre tienen un alcance limitado.