CELEX: 62018CA0670
Language: es
Date: 2020-04-02 00:00:00
Title: Asunto C-670/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — CO / Comune di Gesturi (Procedimiento prejudicial — Política social — Principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de cualquier discriminación por razón de la edad — Convocatoria pública de manifestación de interés — Requisitos de participación — Exclusión de los jubilados de los sectores público y privado)

13.7.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 230/6
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 2 de abril de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna — Italia) — CO / Comune di Gesturi
      (Asunto C-670/18) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Política social - Principio de igualdad de trato en el empleo y la ocupación - Directiva 2000/78/CE - Prohibición de cualquier discriminación por razón de la edad - Convocatoria pública de manifestación de interés - Requisitos de participación - Exclusión de los jubilados de los sectores público y privado)
      (2020/C 230/07)
      Lengua de procedimiento: italiano
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrente: CO
      
         Recurrida: Comune di Gesturi
      
         Fallo
      
      La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en particular sus artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, y 6, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que prohíbe a las administraciones públicas adjudicar misiones de estudio y de asesoramiento a personas jubiladas, siempre que, por un lado, dicha normativa persiga un objetivo legítimo de política de empleo y de mercado de trabajo y, por otro, los medios aplicados para alcanzar ese objetivo sean adecuados y necesarios. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si se dan tales circunstancias en el litigio principal.
      
         (1)  DO C 25 de 21.1.2019.