CELEX: 62000CO0300
Language: es
Date: 2000-10-12 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2000. # Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales - Cuota pesquera para la anchoa - Admisibilidad. # Asunto C-300/00 P(R).

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62000O0300

Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2000.  -  Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.  -  Recurso de casación - Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia dictado en un procedimiento sobre medidas provisionales - Cuota pesquera para la anchoa - Admisibilidad.  -  Asunto C-300/00 P-R.  

Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-08797

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad(Art. 225 CE; Estatuto CE del Tribunal de Justicia, art. 51)2. Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Requisitos de admisibilidad - Admisibilidad prima facie del recurso principal(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 83, ap. 2) 

Índice

 $$1. Conforme a los artículos 225 CE y 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos basados en la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, en irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como en la violación del Derecho comunitario por parte de este último. Por consiguiente, sólo el Tribunal de Primera Instancia es competente, por un lado, para verificar los hechos, salvo en los casos en los que la inexactitud material de sus constataciones resulte de los documentos que obran en los autos que se le han remitido, y, por otro, para apreciar tales hechos.( véanse los apartados 31 y 32 )2. Si bien el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales so pena de prejuzgar el fondo del asunto, no es menos cierto que, para que la demanda de suspensión de la ejecución de un acto se declare admisible, el demandante debe demostrar la existencia de elementos que permiten, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal al que se une su demanda de medidas provisionales, para evitar que pueda, a través de un procedimiento sobre medidas provisionales, lograr la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación sería posteriormente denegada por el Tribunal de Justicia al declarar la inadmisibilidad de su recurso tras el examen del fondo de éste. Este examen de la admisibilidad del recurso es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento sobre medidas provisionales, y sólo puede efectuarse partiendo de los elementos alegados por el demandante. Además, la conclusión a la que llegue el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no prejuzga la resolución que deberá dictar el Tribunal de Primera Instancia cuando examine el recurso principal.( véanse los apartados 34 y 35 ) 

Partes

En el asunto C-300/00 P(R),Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, con sede en San Sebastián (España);Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, con sede en Bilbao (España);Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, con sede en Santander (España),yotros cincuenta y nueve recurrentes cuyos nombres figuran en anexo,representados por el Sr. R. García-Gallardo Gil-Fournier, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, y la Sra. D. Domínguez Pérez, Abogada del Ilustre Colegio de La Coruña, del bufete S.J. Berwin & Co., square de Meeûs, 19, Bruselas (Bélgica),partes recurrentes,que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 10 de julio de 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo (T-54/00 R, Rec. p. II-0000), por el que se solicita que se anule dicho auto y se estimen la demanda de medidas provisionales y las demás pretensiones formuladas en primera instancia,y en el que las otras partes en el procedimiento son:Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J. Carbery y la Sra. Sims-Robertson, Consejeros Jurídicos, y el Sr. F. Florindo Gijón, miembro de la Secretaría General, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. E. Uhlmann, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,parte demandada en primera instancia,yComisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. van Rijn, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,parte coadyuvante en primera instancia,EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,oído el Abogado General, Sr. S. Alber,dicta el siguienteAuto 

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de agosto de 2000, la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, la Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, asociaciones de armadores con buques que pescan o pueden pescar anchoas en la zona CIEM VIII (en lo sucesivo, «tres asociaciones»), así como cincuenta y nueve armadores (personas físicas, comunidades de bienes y sociedades) domiciliados o establecidos en las provincias españolas de Asturias, La Coruña, Pontevedra y Lugo (en lo sucesivo, «cincuenta y nueve armadores»), cuyos nombres figuran en anexo, interpusieron, conforme a los artículos 225 CE y 50, párrafo segundo, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo (T-54/00 R, Rec. p. II-0000; en lo sucesivo, «auto recurrido»), mediante el cual se desestimó su petición de suspensión de la ejecución del Reglamento (CE) nº 2742/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen, para el año 2000, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sean necesarias limitaciones de capturas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 66/98 (DO L 341, p. 1), en la medida en que prevé, en el apartado noveno de su Anexo I D, que la cuota de anchoas de 5.220 toneladas asignada a Portugal en la zona CIEM IX, X, CPACO 34.1.1 puede pescarse parcialmente, hasta alcanzar un total de 3.000 toneladas, en las aguas de la subdivisión CIEM VIII bajo soberanía o jurisdicción francesa, o de adopción de cualquier otra medida provisional que se considere adecuada.2 Los recurrentes solicitan que se anule el auto recurrido, que se estimen tanto su demanda de medidas provisionales como las demás pretensiones formuladas en primera instancia y que se condene en costas al Consejo.3 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 y el 11 de septiembre de 2000, respectivamente, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Consejo de la Unión Europea presentaron sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.4 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de agosto de 2000, la Comunidad Autónoma del País Vasco, por un lado, y Nicolás Martínez Rey y Nancy Benilde Vázquez Regueiro CB, Porvenir IV, S.L, y Hnos. Deza, S.L., por otro, representados por el Sr. R. García-Gallardo Gil-Fournier, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid, y la Sra. D. Domínguez Pérez, Abogado del Ilustre Colegio de La Coruña, del bufete S.J. Berwin & Co., square de Meeûs, 19, Bruselas (Bélgica), solicitaron que se admitiera su intervención en apoyo de las pretensiones de los recurrentes.5 Sus demandas fueron notificadas a las partes, las cuales presentaron sus observaciones mediante escritos presentados en la Secretaría el 6 de septiembre, en el caso de los recurrentes; el 8 de septiembre, en el de la Comisión, y el 11 de septiembre, en el del Consejo.Marco jurídico6 El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1), está redactado en los siguientes términos:«Por lo que respecta a las actividades de explotación [relacionadas con los recursos acuáticos vivos y la acuicultura], los objetivos generales de la política común de pesca consistirán en proteger y conservar disponibles y accesibles los recursos marinos acuáticos vivos y organizar sobre una base sostenible la explotación racional y responsable, en condiciones económicas y sociales apropiadas para el sector, teniendo en cuenta sus repercusiones en el ecosistema marino, y tomando en consideración, en particular, tanto las necesidades de los productores como las de los consumidores.A tal fin, se establece un régimen comunitario de gestión de las actividades de explotación, que deberá posibilitar un equilibrio permanente entre los recursos y la explotación dentro de las distintas zonas pesqueras.»7 El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 3760/92 dispone:«A fin de garantizar la explotación racional y responsable de los recursos sobre una base sostenible, el Consejo, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 43 del Tratado, salvo cuando se disponga otra cosa, establecerá disposiciones comunitarias que fijen las condiciones de acceso a las aguas y a los recursos y al ejercicio de las actividades de explotación. Dichas disposiciones se elaborarán a partir de los análisis biológicos, socioeconómicos y técnicos disponibles y, en particular, a partir de los informes elaborados por el Comité a que se hace referencia en el artículo 16.»8 Desde 1995, la República Francesa y la República Portuguesa han efectuado intercambios de cuotas pesqueras. A tenor del punto 1, 1.1, del Anexo IV del Reglamento (CE) nº 685/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativo a la gestión de los esfuerzos pesqueros referentes a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios (DO L 71, p. 5):«Los intercambios entre Francia y Portugal serán renovables por tácita reconducción para el período 1995 a 2002, sin perjuicio de que cada Estado miembro pueda modificar las condiciones todos los años, con motivo de la fijación anual de los TAC y de las cuotas.Dichos intercambios afectan a los siguientes TAC:i) una vez fijado un TAC común de anchoa para las zonas CIEM VIII y IX, se cederá anualmente a Francia un 80 % de las posibilidades de pesca de Portugal, porcentaje que habrá de ser pescado exclusivamente en aguas bajo soberanía o jurisdicción de Francia;[...]»9 El Reglamento nº 2742/1999 fija, para el año 2000, los totales admisibles de capturas (en lo sucesivo, «TAC») de determinadas poblaciones de peces, entre ellos el de la anchoa. El TAC de anchoas se determina en los apartados octavo y noveno del Anexo I D de dicho Reglamento de la siguiente manera:>lt>010 En el marco de los intercambios mencionados en el apartado 8 del presente auto, el Consejo admitió, en el apartado noveno del Anexo I D del Reglamento nº 2742/1999, que, por lo que respecta a la cuota de 5.220 toneladas de anchoas asignada a Portugal, pueda pescarse un máximo de 3.000 toneladas en aguas de la subdivisión CIEM VIII bajo la soberanía o jurisdicción de Francia (en lo sucesivo, «disposición impugnada»).Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de marzo de 2000, los recurrentes interpusieron, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, un recurso destinado a obtener, por un lado, la anulación de la disposición impugnada y, por otro, la declaración de la ilegalidad del punto 1, 1.1, párrafo segundo, inciso i), del Anexo IV del Reglamento nº 685/95.12 Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de marzo de 2000, presentaron también, conforme a los artículos 242 CE y 243 CE, una petición de suspensión de la ejecución de la disposición impugnada o de adopción de cualquier otra medida que se considerara adecuada.Auto recurrido13 Mediante el auto recurrido, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales, habida cuenta de la inadmisibilidad manifiesta, a primera vista, del recurso principal.14 Por lo que respecta al recurso interpuesto por los cincuenta y nueve armadores, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales tomó como base las siguientes consideraciones:«30. Es cierto que, según jurisprudencia reiterada, el hecho de que una Institución comunitaria esté obligada, en virtud de disposiciones específicas, a tener en cuenta las consecuencias del acto que tiene intención de adoptar sobre la situación de determinados particulares puede individualizar a estos últimos (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, CCE de Vittel y otros/Comisión, T-12/93, Rec. p. II-1247, apartado 36, y de 17 de junio de 1998, UEAPME/Consejo, T-135/96, Rec. p. II-2335, apartado 69, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 1997, Federolio/Comisión, T-122/96, Rec. p. II-1559, apartado 59).31. No obstante, las dos disposiciones invocadas por los cincuenta y nueve armadores tienen como único objeto establecer el marco dentro del cual el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede adoptar las medidas comunitarias para fijar las condiciones de acceso a las aguas y a los recursos y al ejercicio de las actividades de explotación, de forma que dichas disposiciones sólo contemplan en términos generales a los operadores económicos activos en el sector pesquero.32. Respecto a la alegación según la cual la disposición impugnada se aplica a un círculo cerrado de operadores económicos, de los autos se deduce que, aun cuando las tres asociaciones y los cincuenta y nueve armadores representen, según la demanda de medidas provisionales, a todos los posibles beneficiarios de una licencia de pesca de anchoas para la zona de que se trata que quedan negativamente afectados por la disposición impugnada, puesto que se trata de quienes poseen una autorización concedida por las autoridades españolas para el primer trimestre del año, el número de buques representados en la presente demanda es superior al número de buques que poseían, en el momento de la presentación de la demanda, una autorización para el primer trimestre del año 2000, puesto que se han incluido los buques que habían expresado su voluntad de solicitar una autorización para el segundo trimestre.33. Por consiguiente, si el número de licencias de pesca de la anchoa en la zona CIEM VIII puede variar, de trimestre en trimestre, dependiendo de las solicitudes de los operadores económicos, ello demuestra que los pescadores españoles que disponen de una licencia para pescar anchoas en la zona CIEM VIII constituyen únicamente un grupo cuya composición es variable, no un círculo cerrado y restringido. En cualquier caso, procede señalar que los pescadores de anchoas franceses y portugueses en la zona considerada quedan también, incluso con carácter principal, afectados por la disposición impugnada.34. En consecuencia, los cincuenta y nueve armadores no quedan individualmente afectados por la disposición impugnada. Así pues, sin que sea necesario examinar si la disposición impugnada los afecta directamente, los cincuenta y nueve armadores no están legitimados para solicitar su anulación conforme al artículo 230 CE, párrafo cuarto.»15 Por lo que respecta al recurso interpuesto por las tres asociaciones, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales motivó su decisión en los siguientes términos:«35. Procede señalar que las asociaciones han alegado exclusivamente que ha de considerarse que están legitimadas puesto que sus miembros lo están.36. Según jurisprudencia reiterada, no puede considerarse que una asociación constituida para promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables quede individualmente afectada, a efectos de lo previsto en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, por un acto que afecta a los intereses generales de esa categoría y, por consiguiente, sólo está legitimada para interponer un recurso de anulación en nombre de sus miembros cuando éstos puedan hacerlo individualmente (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1962, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes y otros/Consejo, asuntos acumulados 19/62 a 22/62, Rec. p. 943, y de 2 de abril de 1998, Greenpeace Council y otros/Comisión, C-321/95 P, Rec. p. I-1651, apartados 14 y 29). Pues bien, no puede considerarse que los cincuenta y nueve armadores queden individualmente afectados por la disposición impugnada, como se ha señalado anteriormente. De ello resulta que, en la medida en que no se ha demostrado que los miembros de las tres asociaciones se encuentren en una situación distinta a la de los cincuenta y nueve armadores, no puede declararse la admisibilidad del recurso interpuesto por estas asociaciones.37. De ello se deduce que el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no puede considerar, en el presente asunto, que las asociaciones queden individualmente afectadas por la disposición impugnada. Así pues, sin que sea necesario examinar si quedan directamente afectadas por ella, no están legitimadas para solicitar su anulación conforme al artículo 230 CE, párrafo cuarto.»Alegaciones de las partesLas alegaciones de los recurrentes16 Los recurrentes reprochan esencialmente al Juez competente para la adopción de medidas provisionales una interpretación errónea del concepto de persona individualmente afectada a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto.17 Por lo que a los cincuenta y nueve armadores se refiere, los recurrentes alegan, con carácter preliminar, que el Tribunal de Primera Instancia tiene que realizar una interpretación flexible de dicho concepto. Una interpretación estricta constituiría, en su opinión, una violación del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, puesto que los recurrentes se encontrarían en situación de indefensión. En efecto, afirman, al no existir ningún acto de aplicación del Reglamento nº 2742/1999 que pueda ser impugnado ante un órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia no podría controlar la legalidad de este Reglamento mediante una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE, de forma que los recurrentes sólo dispondrían del recurso de anulación como medio de impugnación del citado Reglamento.18 Si bien los recurrentes no niegan el alcance general del Reglamento nº 2742/1999, sostienen que, a pesar de su carácter normativo, éste los afecta directa e individualmente en virtud de unas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, en consecuencia, los individualiza de forma análoga al destinatario de una Decisión.19 Los recurrentes consideran que, en el apartado 31 del auto recurrido, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales hace una interpretación errónea de los artículos 2 y 4, apartado 1, del Reglamento nº 3760/92. En su opinión, estos artículos obligaban a las Instituciones a tener en cuenta, para la adopción de la disposición impugnada, los intereses de los operadores, al igual que en el caso de las disposiciones que fueron objeto de las sentencias de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión (11/82, Rec. p. 207); de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión (C-152/88, Rec. p. I-2477), y de 11 de febrero de 1999, Antillean Rice Mills y otros/Comisión (C-390/95 P, Rec. p. I-769), apartados 25 a 30. Afirman que el contexto del caso de autos es muy distinto al de otros asuntos en materia de pesca en los que el Tribunal de Primera Instancia consideró que las obligaciones que derivan de los artículos antes mencionados eran demasiado generales para individualizar a un grupo concreto de operadores (auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Area Cova y otros/Consejo, T-194/95, Rec. p. II-2271). En efecto, sostienen, en el presente asunto existe una delimitación mucho más clara de los afectados, puesto que sólo los operadores españoles y franceses pueden faenar en la zona CIEM VIII, conforme al artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23; en lo sucesivo, «Acta de adhesión»), que asignó a España el 90 % del TAC de anchoas en dicha zona y a Francia el 10 % restante.20 Además, según los recurrentes, el Consejo podía conocer con bastante certitud el número de buques que podía faenar en 2000 en la zona afectada, ya que se trata del mismo número que lo hacía en años anteriores.21 Los recurrentes alegan también que, a diferencia de lo que afirma el Juez competente para la adopción de medidas provisionales en el apartado 33 del auto recurrido, la autorización del trasvase de cuota supone para los armadores españoles grandes perjuicios, tanto de orden económico como biológico y medioambiental. Según afirman, la actividad de los armadores españoles depende en un alto porcentaje de la pesca de la anchoa en la zona CIEM VIII y les resultaría difícil reconvertirse.22 En consecuencia, los recurrentes sostienen que forman un círculo cerrado de operadores económicos especialmente afectados por la disposición impugnada. Según aducen, en el caso de autos hay dos grupos claramente diferenciados: los que se benefician de la cesión de cuota y los que no. Los operadores españoles pertenecen al segundo grupo. Los recurrentes admiten que, en el presente asunto, propiamente hablando, dicho círculo no está absolutamente definido, puesto que las licencias son otorgadas trimestralmente, pero afirman, no obstante, que se define de una manera que es definitiva y absoluta de facto, puesto que la incorporación de cualquier otro operador no deja de ser teórica y casi imposible. Siempre según los recurrentes, las listas de buques autorizados a faenar anchoa en la zona CIEM VIII son muy estables y no sufren variación alguna de año a año, salvo por sustitución de buque.23 Los recurrentes añaden que era imposible esperar a que se otorgaran las licencias de los cuatro trimestres de 2000, habida cuenta de su obligación de respetar el plazo de dos meses para interponer un recurso de anulación contra el Reglamento nº 2742/1999. Los recurrentes adjuntan al recurso de casación los listados de buques que han obtenido una licencia para cerco para los tres primeros trimestres de 2000. Conforme a estos datos, el 66,6 % de los buques pescan durante los tres trimestres y los que participan en el primer trimestre de 2000 representan el 77 % de los buques que faenan durante los tres trimestres. Así, afirman, en el momento de la interposición del recurso, el círculo de operadores constituía un círculo cerrado en un 77 %.24 Por lo que respecta a las tres asociaciones, los recurrentes sostienen que, si los armadores individuales estaban legitimados para interponer individualmente un recurso contra un acto de alcance general, como el Reglamento nº 2742/1999, las tres asociaciones que defienden los intereses de estos armadores pueden también interponer un recurso, ya que se trata de una legitimación indirecta y en aras de la economía procesal.Las alegaciones del Consejo y de la Comisión25 El Consejo considera que la solicitud no puede admitirse puesto que, por una parte, el recurso de casación remite a las alegaciones invocadas en el asunto en primera instancia respecto a las cuestiones distintas de la admisibilidad del recurso y, por otra parte, el recurso de casación pretende cuestionar la valoración de los hechos efectuada por el Juez competente para la adopción de medidas provisionales en los apartados 32 y 33 del auto recurrido.26 Respecto al fondo, según el Consejo, no pueden quedar dudas de que los armadores españoles están afectados exclusivamente en su calidad objetiva de operadores del sector de la pesca al que se aplica el Reglamento nº 2742/1999.27 Respecto a la alegación basada en el reparto por el Acta de adhesión del TAC de anchoas en la zona CIEM VIII, el Consejo considera que no se ve qué pueda cambiar por el hecho de que la estabilidad relativa se fije mediante una norma del Acta de adhesión o mediante una norma de un Reglamento. Además, afirma, teniendo en cuenta la naturaleza del principio de estabilidad relativa, la jurisprudencia excluye que pueda derivarse derecho alguno para cada armador en concreto (auto Area Cova y otros/Consejo, antes citado, apartado 51). El Consejo añade que la interpretación del artículo 2 del Reglamento nº 3760/92 que proponen los recurrentes es absurda, puesto que lleva a la conclusión de que también los consumidores quedan legitimados para impugnar el conjunto de Reglamentos relativos a la gestión de los recursos pesqueros, ya que este artículo coloca en el mismo plano a productores y consumidores.28 Por lo que a la determinación del círculo de destinatarios del Reglamento nº 2742/1999 se refiere, el Consejo destaca, en primer lugar, que los propios recurrentes admiten que, en términos jurídicos, la clase de destinatarios de este Reglamento no era un círculo cerrado. En segundo lugar, afirma que el carácter abierto o cerrado del círculo de destinatarios de un acto sólo puede valorarse en el momento de la adopción del propio acto y que, como reconocieron los recurrentes, cuando se adoptó el Reglamento nº 2742/1999, el Consejo no estaba al corriente de cuáles eran los buques que podrían poseer autorización de pesca para el año 2000. Finalmente, el Consejo recuerda la jurisprudencia reiterada según la cual el hecho de que una disposición tenga efectos prácticos distintos para algunos de sus destinatarios no basta para individualizarlos (auto de 28 de marzo de 1996, Kik/Consejo y Comisión, C-270/95 P, Rec. p. I-1987), de forma que no puede extraerse consecuencia alguna de la supuesta diferencia de efectos del Reglamento nº 2742/1999 sobre los operadores españoles, por un lado, y franceses y portugueses, por otro.29 La Comisión solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación debido, por un lado, a que no indica las razones precisas por las cuales el razonamiento del Juez competente para la adopción de medidas provisionales es erróneo con arreglo a Derecho y, por otro, a que carece de interés, puesto que el Reglamento nº 2742/1999 ha sido modificado por el Reglamento (CE) nº 1446/2000 del Consejo, de 16 de junio de 2000 (DO L 163, p. 3), para restablecer para el año 2000 la situación existente durante los años anteriores.30 Respecto al fondo, la Comisión afirma que la obligación de tener en cuenta las necesidades de los productores y consumidores conforme a los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 3760/92 es de carácter completamente diferente de las que resultan de las normativas de que se trataba en las sentencias Piraiki-Patraiki y otros/Comisión y Antillean Rice Mills y otros/Comisión, antes citadas. Por lo que se refiere a la existencia de un círculo cerrado de operadores al que se aplicaría la disposición impugnada, la Comisión destaca que los recurrentes impugnan la apreciación de los hechos efectuada por el Juez competente para la adopción de medidas provisionales y, en cualquier caso, no demuestran la imposibilidad absoluta de que los beneficiarios de licencias pesqueras a la anchoa varíen.Apreciación31 Conforme a los artículos 225 CE y 51 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos basados en la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, en irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como en la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia.32 Sólo el Tribunal de Primera Instancia es competente, por un lado, para verificar los hechos, salvo en los casos en los que la inexactitud material de sus constataciones resulte de los documentos que obran en los autos que se le han remitido, y, por otro, para apreciar tales hechos.33 Según el motivo único del recurso de casación, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales realizó una apreciación errónea del concepto de persona individualmente afectada por el acto impugnado a los efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, lo que le condujo a declarar la inadmisibilidad de la demanda de suspensión de la ejecución.34 Si bien el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales so pena de prejuzgar el fondo del asunto, no es menos cierto que, para que la demanda de suspensión de la ejecución de un acto se declare admisible, el demandante debe demostrar la existencia de elementos que permiten, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal al que se une su demanda de medidas provisionales, para evitar que pueda, a través de un procedimiento sobre medidas provisionales, lograr la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación sería posteriormente denegada por el Tribunal de Justicia al declarar la inadmisibilidad de su recurso tras el examen del fondo de éste [véase el auto de 18 de noviembre de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, C-329/99 P(R), Rec. p. I-8343, apartado 89].35 Este examen de la admisibilidad del recurso es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento sobre medidas provisionales, y sólo puede efectuarse partiendo de los elementos alegados por el demandante. Además, la conclusión a la que llegue el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no prejuzga la resolución que deberá dictar el Tribunal de Primera Instancia cuando examine el recurso principal.36 Para que el demandante pueda considerarse individualmente afectado, es necesario que su posición jurídica se vea alterada debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que le caracteriza en relación con cualquier otra persona y le individualiza de manera análoga a la de un destinatario (véanse las sentencias de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223, y de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C-309/89, Rec. p. I-1853, apartado 20).37 En el presente asunto, por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación preliminar invocada por los recurrentes, basada en la imposibilidad de someter la validez del Reglamento nº 2742/1999 a la apreciación del Tribunal de Justicia por un medio distinto de un recurso directo de anulación, debe destacarse que, aun suponiendo que quede probada, esta circunstancia no puede justificar una modificación del sistema de vías de recurso y de procedimientos previsto por los artículos 230 CE, 234 CE y 235 CE y destinado a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las Instituciones. En ningún caso permite declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto (véanse los autos de 23 de noviembre de 1995, Asocarne/Consejo, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, apartado 26, y de 24 de abril de 1996, CNPAAP/Consejo, C-87/95 P, Rec. p. I-2003, apartado 38).38 En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación basada en la obligación que resulta, según los recurrentes, de los artículos 2 y 4, apartado 2, del Reglamento nº 3760/92 de tener en cuenta la situación particular de los recurrentes, debe afirmarse que, como señaló acertadamente el Juez competente para la adopción de medidas provisionales, tales disposiciones tienen como único objeto establecer el marco dentro del cual el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede adoptar las medidas comunitarias para fijar las condiciones de acceso a las aguas y a los recursos y al ejercicio de las actividades de explotación, de forma que dichas disposiciones sólo contemplan en términos generales a los operadores económicos activos en el sector pesquero.39 Aun suponiendo que quedara probado, el hecho de que el Consejo hubiera tenido conocimiento de la situación particular de los recurrentes no lleva a una solución diferente. En efecto, sería contrario al tenor literal y al espíritu del artículo 230 CE, párrafo cuarto, permitir a cualquier particular, por haber participado en la preparación de un acto de naturaleza legislativa, interponer después un recurso contra dicho acto (auto Asocarne/Consejo, antes citado, apartado 40). A fortiori, el simple conocimiento por el autor de un acto de la situación particular de una persona afectada por las consecuencias de la adopción del acto no basta para individualizar a esta persona a los efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto.40 Por lo que respecta, en tercer lugar, a la alegación basada en la incidencia concreta de la medida impugnada sobre la situación de los recurrentes, éstos niegan la afirmación contenida en el apartado 33 del auto impugnado según la cual los pescadores de anchoas franceses y portugueses en la zona considerada quedan también, incluso con carácter principal, afectados por la disposición impugnada. Los recurrentes destacan los graves efectos económicos y medioambientales que sufren como consecuencia de dicha disposición. Afirman que ésta sólo afecta a dos grupos: los que se benefician de la cesión de cuota (armadores franceses) y los que no se benefician de ella. Sólo los armadores españoles pertenecen al segundo grupo.41 A este respecto, ha de señalarse que las consecuencias económicas y medioambientales que los recurrentes afirman sufrir como resultado de la disposición impugnada no son, por sí mismas, suficientes para individualizarlos en relación con el Reglamento nº 2742/1999. Por otra parte, el auto recurrido no se pronuncia sobre tales consecuencias, limitándose a afirmar que una serie de armadores de otros Estados miembros quedan también afectados por la disposición impugnada.42 En el caso de autos, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no cometió un error de Derecho cuando afirmó, en el apartado 33 del auto recurrido, que algunos operadores distintos de los armadores españoles quedaban afectados por la disposición impugnada. Por ejemplo, una serie de operadores portugueses quedan también afectados por el intercambio de cuotas en la medida en que se ven privados de la posibilidad de pescar anchoas en la zona CIEM IX, X, CPACO 34.1.1.43 En cuarto lugar, por lo que se refiere a la alegación basada en la existencia de un círculo restringido de operadores especialmente afectados por la disposición impugnada, los recurrentes niegan en particular la afirmación del Juez competente para la adopción de medidas provisionales según la cual los pescadores españoles que disponen de una licencia para pescar anchoas en la zona CIEM VIII constituyen un grupo cuya composición es variable, no un círculo cerrado y restringido.44 A este respecto, hay que señalar, en primer término, que esta afirmación es el resultado de la apreciación de los hechos por el Juez competente para la adopción de medidas provisionales, que no puede ser directamente impugnada en el marco de un recurso de casación. En efecto, los recurrentes no invocan ningún argumento jurídico concreto, sino que únicamente se esfuerzan en demostrar que el grupo se definía de facto de manera definitiva y absoluta y que su composición es muy estable.45 En segundo término, como destaca acertadamente el Consejo, el carácter abierto o cerrado del círculo de personas afectadas por un acto sólo puede valorarse, en principio, en el momento de la adopción del acto y no posteriormente, por ejemplo, cuando se interpone un recurso de anulación de dicho acto o un recurso de casación.46 Finalmente, según jurisprudencia reiterada, a los efectos de la admisibilidad de su recurso de anulación de un acto, puede considerarse que un particular queda individualmente afectado en su condición de miembro de un círculo restringido de operadores únicamente si la Institución de la que emana el acto impugnado estaba obligada a tener en cuenta, en el momento de adoptar el acto, la situación particular de tales operadores (véanse las sentencias Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, antes citada, apartado 31; Sofrimport/Comisión, antes citada, apartado 11; de 15 de febrero de 1996, Buralux y otros/Consejo, C-209/94 P, Rec. p. I-615, apartados 33 y 34, y Antillean Rice Mills y otros/Comisión, antes citada, apartados 25 a 30). Pues bien, como resulta del apartado 38 del presente auto, las disposiciones invocadas por los recurrentes a este respecto sólo contemplan en términos generales a los operadores económicos activos en el sector pesquero.47 En tales circunstancias, la conclusión según la cual los recurrentes no demostraron la existencia de un círculo restringido de operadores del que formaran parte como elemento que los individualizaba en relación con el Reglamento nº 2742/1999 no adolece de ningún error de Derecho.48 De lo anteriormente expuesto resulta que el Juez competente para la adopción de medidas provisionales no cometió un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales por lo que se refiere a los cincuenta y nueve armadores.49 Por lo que respecta a las tres asociaciones, basta señalar que el Juez competente para la adopción de medidas provisionales declaró acertadamente que no están legitimadas para interponer un recurso de anulación en nombre de sus miembros, puesto que éstos no lo están a título individual.50 Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que no puede ser acogido el motivo invocado por los recurrentes en apoyo de su recurso de casación y, en consecuencia, éste ha de ser desestimado.51 Por lo que respecta a las demandas de intervención presentadas en el marco del procedimiento de casación, procede señalar que quienes solicitan intervenir como coadyuvantes invocan un interés relacionado con el litigio sobre el fondo. En tales circunstancias, habida cuenta de las características del presente procedimiento, sólo habría que tomar en consideración tales demandas en caso de que se estimara el recurso de casación por lo que a la admisibilidad de la petición de suspensión de la ejecución se refiere.52 Por consiguiente, dado que el auto mediante el que se declara la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales queda definitivamente confirmado, no procede pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas en apoyo de las pretensiones de los recurrentes por la Comunidad Autónoma del País Vasco y por Nicolás Martínez Rey y Nancy Benilde Vázquez Regueiro CB, Porvenir IV, S.L., y Hnos. Deza, S.L. 

Decisión sobre las costas

Costas53 De conformidad con el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. El artículo 69, apartado 4, aplicable también al recurso de casación, dispone que los Estados miembros y las Instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por los recurrentes y habiéndolo solicitado así el Consejo, procede condenar a los recurrentes a cargar con las costas de la presente instancia. La Comisión cargará con sus propias costas.54 A tenor del artículo 69, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, en caso de sobreseimiento, el Tribunal de Justicia resolverá discrecionalmente sobre las costas. En las circunstancias del caso de autos, quienes han solicitado intervenir como coadyuvantes deben soportar sus propias costas. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAresuelve:1) Desestimar el recurso de casación.2) No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención.3) Condenar a la Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa, la Federación de Cofradías de Pescadores de Vizcaya, la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria y los otros cincuenta y nueve recurrentes cuyos nombres figuran en anexo a cargar con las costas de la presente instancia.4) La Comisión de las Comunidades Europeas, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Nicolás Martínez Rey y Nancy Benilde Vázquez Regueiro CB, Porvenir IV, S.L., y Hnos. Deza, S.L., cargarán con sus propias costas.