CELEX: C2002/180/18
Language: es
Date: 2002-07-27 00:00:00
Title: Asunto C-185/02: Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 contra la República Portuguesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 180/10               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       27.7.2002
4.   subsidiariamente, en caso de que no considere pertinente            —    Error de derecho en la aplicación de los artı́culos 87 y 88
     juzgar él mismo el litigio, lo reenvı́e al TPI,                          CE y del artı́culo 1 del Reglamento 659/1999 del Consejo,
                                                                              por el que se establecen disposiciones de aplicación del
                                                                              artı́culo 93 del Tratado CE (1), al considerar que el crédito
                                                                              fiscal no es una ayuda existente, y falta de motivación: en
5.   condene a la Comisión al pago de las costas en que se                   el caso de que se considere que se ha producido una
     haya incurrido en ambas instancias.                                      evolución en el criterio de la Comisión con respecto a las
                                                                              medidas fiscales, el crédito fiscal constituirı́a una ayuda
                                                                              existente.
                                                                         —    Error de derecho al no considerar aplicable el principio
                                                                              de confianza legı́tima: en el momento en que Demesa
                                                                              solicitó y le fue concedida la aplicación del crédito fiscal,
                                                                              ha quedado claro que el criterio de la Comisión con
Motivos y principales alegaciones                                             respecto a las medidas fiscales susceptibles de constituir
                                                                              ayudas de estado distaba mucho de ser el actual. Siendo
                                                                              esta la situación en esa época, parece excesivo que el TPI
—    Error de derecho al aplicar el artı́culo 87 CE al crédito                exija a Demesa la diligencia de verificar que la medida
     fiscal del 45% de la inversión y falta de motivación de la             fiscal vigente en la legislación que le resultaba aplicable
     sentencia en relación con este aspecto:                                 reunı́a los elementos requeridos por el artı́culo 87 CE para
                                                                              su aplicación y necesitaba, por lo tanto, ser notificado a
                                                                              la Comisión. Ni siquiera la Comisión parecı́a tenerlo
                                                                              claro, dada su inacción con respecto a la medida en
     —     en relación con la discrecionalidad de la Administra-             cuestión.
           ción: lo que se estaba enjuiciando en el procedi-
           miento seguido ante el TPI era la aplicación concreta
           de la Norma Foral 22/1994 a la empresa Demesa y               (1) DOCE L 83 de 22 de marzo de 1999.
           no esta norma en general, que es objeto de otra
           decisión de la Comisión en materia de ayudas de
           estado y de otro procedimiento de anulación. Como
           se deriva de la decisión por la que acordó la
           aplicación del crédito fiscal a Demesa, que fue
           convenientemente aportada al procedimiento judi-
           cial ante el TPI, la Diputación Foral de Alava se
           limita a aplicar la norma tal cual, sin imponer
           condición alguna. La existencia de una autorización         Recurso interpuesto el 17 de mayo de 2002 contra la
           previa de la Administración para la aplicación del          República Portuguesa por la Comisión de las Comunida-
           crédito fiscal es absolutamente lógica y deseada por                                    des Europeas
           las propias empresas. En efecto, este control previo
           confiere una enorme seguridad jurı́dica a las empre-                                  (Asunto C-185/02)
           sas que se benefician de la norma, pues supone el
           visto bueno de la Hacienda Foral a las cantidades de
           inversión, a los activos incluidos, etc en lugar de                                   (2002/C 180/18)
           la incertidumbre que les supondrı́a la aplicación
           automática del incentivo fiscal y la posterior sumi-
           sión a eventuales inspecciones.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 17 de mayo de 2002 un recurso contra la
                                                                         República Portuguesa formulado por la Comisión de las
     —     en relación con el requisito de inversión de
                                                                         Comunidades Europeas, representada por el Sr. António
           2 500 millones de pesetas: este requisito no es
                                                                         Caeiros, en calidad de agente, que designa domicilio en
           susceptible de conferir selectividad a la medida,
                                                                         Luxemburgo.
           puesto que se aplica de forma objetiva a todas las
           empresas de todos los sectores que invierten tal
           cantidad, la cual no se limita a empresas con
           considerables recursos económicos.                           La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                         —    Declare que la República Portuguesa ha incumplido las
     En caso de ser selectivo, el crédito fiscal estarı́a justificado         obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
     por la naturaleza o la economı́a del sistema pues no se                  96/59/CE (1) del Consejo, de 16 de septiembre de 1996,
     trata de una medida de excepción sino de la norma                       relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de los
     general que se aplica a toda empresa que inicia una                      policloroterfenilos (PCB/PCT), al no haber notificado los
     inversión en Alava y reúne las caracterı́sticas requeridas             planes y proyectos previstos en el artı́culo 11 de dicha
     previstas en la misma que, en ningún caso, pueden                       Directiva ni haber enviado el resumen de los inventarios
     calificarse de extraordinarias o discriminatorias.                       previstos en el artı́culo 4, apartado 1.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 180/11
—      Condene en costas a la República Portuguesa.                   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
                                                                       1.    declare admitido a trámite el presente recurso y, en
Motivos y principales alegaciones                                            consecuencia:
La Comisión considera que la República Portuguesa todavı́a
no le ha notificado los planes y proyectos con arreglo al              2.    case la sentencia del TPI de 6 de marzo de 2002,
artı́culo 11 de la Directiva 96/59/CE. En efecto, el «Plan
Nacional para la descontaminación y la eliminación de los
aparatos que figuran en el inventario y de los PCB que éstos           3.    juezgue él mismo el litigio en virtud de lo alegado por
contengan» transmitido por el Gobierno portugués, al no                      esta parte en su recurso inicial y, en particular, anule la
haber sido aprobado por el Gobierno ni publicado en el Diario                Decisión de la Comisión de 24 de febrero de 1999, en la
da República, no parece que tenga carácter vinculante. Además,            medida en que el crédito fiscal del 45 % de la inversión
no aborda determinadas cuestiones y, en lo que se refiere a                  previsto en la Norma Foral de Alava 22/1994 no
otras, se circunscribe a meras declaraciones de intenciones. Por             constituye una ayuda de estado en el sentido del ar-
último, no contiene ninguna referencia temporal (calendario)                tı́culo 87 CE o, en caso de serlo, es una ayuda existente,
en lo que atañe a las medidas que las autoridades portuguesas               en aplicación del artı́culo 88 CE y del artı́culo 1 del
se proponen adoptar.                                                         Reglamento de procedimiento de ayudas de estado,
Las autoridades portuguesas no disponen todavı́a de un
inventario de los aparatos que contengan un volumen de PCB             4.    subsidiariamente, en caso de que no considere pertinente
superior a 5 dm3, en contra de lo dispuesto en el artı́culo 4,               juzgar él mismo el litigio, lo reenvı́e al TPI,
apartado 1, de la Directiva 95/59/CE. Por esa razón, el
«resumen» que el Gobierno portugués alega haber transmitido
a la Comisión no puede ser considerado un resumen en el               5.    condene a la Comisión al pago de las costas en que se
sentido del referido artı́culo 4.                                            haya incurrido en ambas instancias.
(1) DO L 243 de 24.9.1996, p. 31.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Recurso de casación interpuesto el 21 de mayo de 2002                 Son análogos a los dos primeros motivos del asunto
contra la sentencia dictada el 6 de marzo de 2002 por la               C-183/02 P (1) y seguidos de un tercer motivo:
Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados
T-127/99, T-129/99 y T-148/99 (aún no publicada en el
                                                                       —     violación del derecho comunitario en la medida en que
Repertorio de Jurisprudencia) entre Territorio Histórico
                                                                             no se reconoce la desviación de poder cometida por la
de Álava — Diputación Foral de Álava y otros y Comisión
                                                                             Comisión y falta de motivación en relación con este
                de las Comunidades Europeas
                                                                             aspecto: resultan públicos y notorios los problemas que
                                                                             existen a nivel comunitario para llevar a cabo una
                      (Asunto C-187/02 P)                                    armonización fiscal, que permitirı́a a las empresas y
                                                                             ciudadanos operar en condiciones más igualitarias. La
                         (2002/C 180/19)                                     reticencia de varios Estados miembros hace que no sea
                                                                             posible lograr el necesario acuerdo en el seno del Consejo.
                                                                             Por la vı́a indirecta del procedimiento de ayudas de
                                                                             estado, en el que la Comisión goza de amplias facultades,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                 esta institución ha logrado la desaparición de las medidas
presentado el 21 de mayo de 2002 un Recurso de casación                     fiscales «conflictivas».
interpuesto por el Territorio Histórico de Alava — Diputación
Foral de Alava, representado por el Sr. Antonio Creus Carreras
y la Sra. Begoña Uriarte Valiente, Abogados, calle Velázquez
no 63, Madrid, contra la sentencia dictada el 6 de marzo de            (1) Véase página 9 del presente Diario Oficial.
2002 por la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumu-
lados T-127/99, T-129/99 y T-148/99 entre Territorio Histó-
rico de Álava — Diputación Foral de Álava y otros y Comisión
de las Comunidades Europeas,