CELEX: 62010CJ0293
Language: es
Date: 2011-05-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de mayo de 2011.#Gebhard Stark contra D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG.#Petición de decisión prejudicial: Landesgericht Innsbruck - Austria.#Seguro de defensa jurídica - Directiva 87/344/CEE - Artículo 4, apartado 1 - Libertad de elección de abogado por el tomador del seguro - Limitación del reembolso efectuado en concepto de gastos de representación en juicio por abogado del asegurado - Reembolso limitado a la cantidad equivalente a la reclamada por un abogado establecido en el lugar donde tiene su sede el órgano jurisdiccional de primera instancia competente.#Asunto C-293/10.

Asunto C‑293/10
      Gebhard Stark
      contra
      D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Innsbruck)
      «Seguro de defensa jurídica — Directiva 87/344/CEE — Artículo 4, apartado 1 — Libertad de elección de abogado por el tomador del seguro — Limitación del reembolso efectuado en concepto de gastos de representación en juicio por el abogado del asegurado — Reembolso limitado a la cantidad equivalente a la reclamada por un abogado establecido en el lugar donde tiene su sede el
         órgano jurisdiccional de primera instancia competente»
      
      Sumario de la sentencia
      Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Seguro de defensa jurídica — Directiva 87/344/CEE — Derecho
            del tomador del seguro a elegir libremente a su representante legal — Alcance
      (Directiva 87/344/CEE del Consejo, art. 4, ap. 1)
      El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
         relativas al seguro de defensa jurídica, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional en
         virtud de la cual puede pactarse que el asegurado en defensa jurídica podrá elegir para la representación de sus intereses
         en los procedimientos administrativos o judiciales únicamente a una persona profesionalmente habilitada para ello que tenga
         su despacho en el lugar donde el órgano jurisdiccional o administrativo competente en primera instancia tiene su sede, siempre
         que, para no vaciar de contenido la libertad de elección por el asegurado de la persona facultada para representarlo, esta
         limitación se refiera sólo al alcance de la cobertura, por el asegurador de la defensa jurídica, de los gastos derivados de
         la intervención de un representante, y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este asegurador sea suficiente,
         lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
      
      (véanse el apartado 36 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 26 de mayo de 2011 (*)
      
      «Seguro de defensa jurídica – Directiva 87/344/CEE – Artículo 4, apartado 1 – Libertad de elección de abogado por el tomador del seguro – Limitación del reembolso efectuado en concepto de gastos de representación en juicio por el abogado del asegurado – Reembolso limitado a la cantidad equivalente a la reclamada por un abogado establecido en el lugar donde tiene su sede el
         órgano jurisdiccional de primera instancia competente»
      
      En el asunto C‑293/10,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 CE, por el Landesgericht
         Innsbruck (Austria), mediante resolución de 22 de abril de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de junio de 2010,
         en el procedimiento entre
      
      Gebhard Stark
      y
      D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. J.‑C. Bonichot, Presidente de Sala, los Sres. K. Schiemann y L. Bay Larsen y las Sras. C. Toader (Ponente)
         y A. Prechal, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Sr. Stark, por el Sr. H. Kofler, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung AG, por el Sr. E.R. Karauscheck, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. K.-Ph. Wojcik y la Sra. N. Yerrell, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE
         del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas
         al seguro de defensa jurídica (DO L 185, p. 77).
      
      2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la compañía de seguros D.A.S. Österreichische Allgemeine Rechtsschutzversicherung
         AG (en lo sucesivo, «D.A.S.») y el Sr. Stark, en relación con la validez de una cláusula de las condiciones generales del
         seguro de defensa jurídica que faculta al asegurador para limitar su prestación en virtud de esta cobertura al reembolso de
         la cantidad normalmente reclamada por un abogado establecido en el lugar de la sede del órgano jurisdiccional que conozca
         de un asunto comprendido en el ámbito de aplicación de dicha cobertura.
      
       Marco jurídico
       Normativa de la Unión
      3        El undécimo considerando de la Directiva 87/344 precisa lo siguiente:
      
      «Considerando que el interés del asegurado en defensa jurídica implica que este último pueda elegir por sí mismo su abogado
         o cualquier otra persona que tenga las cualificaciones admitidas por la legislación nacional en el marco de cualquier procedimiento
         judicial o administrativo y cada vez que surja un conflicto de intereses».
      
      4        El artículo 1 de dicha Directiva dispone:
      
      «La presente Directiva tiene por objeto la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas
         al seguro de defensa jurídica contemplado en el punto A.17 del Anexo de la Directiva 73/239/CEE, a fin de facilitar el ejercicio
         efectivo de la libertad de establecimiento y de evitar hasta donde sea posible cualquier conflicto de intereses que surgiere,
         en particular, debido a que el asegurador cubra a otro asegurado o que cubra al asegurado al mismo tiempo en defensa jurídica
         y por otro ramo contemplado en dicho Anexo y, si surgiese dicho conflicto, hacer posible su solución».
      
      5        El artículo 2, apartado 1 de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:
      
      «La presente Directiva se aplicará al seguro de defensa jurídica. Dicho seguro consiste en suscribir, mediante el pago de
         una prima, el compromiso de hacerse cargo de los gastos de procedimiento judicial y de proporcionar otros servicios derivados
         de la cobertura de seguro, en particular con vistas a:
      
      –        recuperar el daño sufrido por el asegurado, de forma amistosa o en un procedimiento civil o penal,
      –        defender o representar al asegurado en un procedimiento civil, penal, administrativo o de otra naturaleza, o contra una reclamación
         de la que éste sea objeto.»
      
      6        El artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva dispone que:
      
      «Todo contrato de defensa jurídica reconocerá de forma explícita que:
      a)      cuando se recurra a un abogado o a cualquier otra persona que posea las cualificaciones requeridas por la legislación nacional
         para defender, representar o servir los intereses del asegurado, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, el
         asegurado tendrá la libertad de elección;
      
      b)      el asegurado tendrá libertad de elegir abogado o, si lo prefiere y en la medida en que lo permita la legislación nacional,
         cualquier otra persona que posea las cualificaciones necesarias, para servir sus intereses cada vez que surja un conflicto
         de intereses.»
      
       Normativa nacional
      7        En virtud del artículo 23, apartado 1, de la Ley de tarifas de abogados (RechtsanwaltstarifsVgesetz, en lo sucesivo, la «RATG»),
         se aplica una tarifa unitaria para la retribución de ciertas prestaciones accesorias del abogado en los litigios civiles.
      
      8        Sin embargo, conforme al artículo 23, apartado 5, de la RATG, deberá concederse el doble de esa parte de la tarifa unitaria
         por la prestación descrita si el abogado presta el servicio en un lugar distinto del de su despacho.
      
      9        El legislador austriaco transpuso el artículo 4 de la Directiva 87/344 al Derecho interno mediante el artículo 158k de la
         Ley del contrato de seguro (Versicherungsvertragsgesetz, en lo sucesivo, «VersVG»), que dispone:
      
      «1.      El tomador del seguro tendrá derecho a elegir libremente a una persona habilitada para ostentar profesionalmente la representación
         legal para que le represente en un procedimiento judicial o administrativo. Asimismo, el tomador del seguro podrá elegir libremente
         a un abogado para la defensa de sus intereses legales en cualquier otra situación, cuando se dé un conflicto de intereses
         con el asegurador.
      
      2.      En el contrato de seguro podrá estipularse que el tomador del seguro sólo estará autorizado a elegir, para que le represente
         en un procedimiento judicial o administrativo, a personas habilitadas para ostentar profesionalmente la representación legal
         que tengan su despacho profesional en el lugar en que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo competente para
         tramitar el procedimiento en primera instancia. En el caso de que en dicha localidad no tengan su despacho profesional, al
         menos, cuatro de tales personas, el derecho de elección se extenderá a las personas de la demarcación del tribunal de primera
         instancia en que se halle el citado órgano.
      
      […]»
       El litigio principal y la cuestión prejudicial
      10      El Sr. Stark y D.A.S. estuvieron ligados desde el año 1997 por un contrato de seguro de defensa jurídica. Este contrato cubría,
         entre otras contingencias, la defensa jurídica ante tribunales laborales por litigios de Derecho laboral y, como prestación
         adicional, incluía la cobertura de defensa jurídica en relación con actividades económicas secundarias por cuenta propia.
      
      11      Este contrato de defensa jurídica se basada en las Condiciones generales del seguro de defensa jurídica de 1997 (Allgemeine
         Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung; en lo sucesivo, «ARB 97»). La cláusula 10, que deriva directamente del artículo
         158k de la VersVG, está redactada de la siguiente forma:
      
      «1)      El tomador del seguro tendrá derecho a elegir libremente a una persona habilitada para ostentar profesionalmente la representación
         legal (abogado, notario, etc.) para que le represente ante un órgano jurisdiccional o administrativo. El asegurador está obligado
         a informar al tomador del seguro del derecho de elección que le corresponde en cuanto éste solicite cobertura del seguro para
         iniciar un procedimiento judicial o administrativo.
      
      […]
      3)      El derecho de elección del apartado 1 […] se refiere únicamente a personas que tengan su despacho profesional en la localidad
         del órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia. Cuando en el lugar
         en el que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo haya menos de cuatro profesionales que reúnan los requisitos
         establecidos, el derecho de elección se extenderá a una persona habilitada para la representación y establecida en la demarcación
         del Landesgericht (tribunal regional) competente.
      
      […]»
      12      Del auto de remisión se desprende que, en una sentencia de 16 de diciembre de 2009, el Oberster Gerichtshof (Tribunal supremo
         austriaco) validó en principio los objetivos perseguidos por el artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, declarando que el
         punto 3 de la anteriormente citada cláusula 10 debía interpretarse en el sentido de que el asegurado también podía elegir
         a un abogado no establecido en la localidad, siempre que éste se comprometa a minutar por su servicio como lo haría un representante
         establecido en el lugar donde el órgano jurisdiccional de primera instancia competente tenga su sede.
      
      13      El Sr. Starck tiene su domicilio en Landeck (Austria), localidad situada a aproximadamente 600 kilómetros de Viena. El 24
         de marzo de 2006, interpuso una demanda junto con otras cuatro personas ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien (Juzgado de
         lo social de Viena) contra su antiguo empresario. Para que les representara ante dicho órgano jurisdiccional, el Sr. Stack
         y las otras cuatro personas contrataron libremente los servicios de un abogado cuyo despacho tenía su sede en Landeck.
      
      14      D.A.S. confirmó mediante carta de 8 de mayo de 2006 dirigida a este abogado la cobertura de los gastos del procedimiento judicial
         ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien, precisando que limitaría esta cobertura a los gastos normalmente facturados por un
         abogado establecido en la localidad del tribunal.
      
      15      Mediante mensaje remitido por correo electrónico el mismo día, el abogado del Sr. Stack respondió que no facturaría conforme
         a la tarifa de abogados con despacho en la demarcación judicial, debido a que el gasto de seguir el procedimiento en Viena
         sería en cualquier caso muy elevado para su despacho.
      
      16      En la vista celebrada el 4 de julio de 2008 ante el Arbeits- und Sozialgericht Wien, las partes en el procedimiento alcanzaron
         un acuerdo de transacción judicial.
      
      17      D.A.S. abonó al abogado del Sr. Stark una cantidad de 5.782,19 euros que correspondían, en concepto de prestaciones efectuadas
         en el marco de este procedimiento, a los gastos y honorarios de un abogado establecido en la demarcación territorial del Arbeits-
         und Sozialgericht Wien, no calculados según el coste unitario doble previsto en el artículo 23, apartado 5, del RATG, sino
         según el coste unitario simple derivado del artículo 23, apartado 1, de éste. Esta suma, por tanto, no cubría la cantidad
         total de los gastos y honorarios facturados al Sr. Stark por su abogado.
      
      18      Mediante demanda interpuesta el 27 de febrero de 2009 ante el Bezirksgericht Landeck (tribunal cantonal de Landeck), D.A.S.
         pretendió que se condenara al Sr. Stark al pago de una prima impagada resultante de la relación de seguro de defensa jurídica,
         cuya cantidad ascendía a 211,46 euros.
      
      19      Frente a esta demanda, el Sr. Stark propuso una excepción de compensación basada en el crédito de 3.000 euros correspondiente
         al saldo restante que se le debía por el coste de las prestaciones del que la había defendido en el procedimiento ante el
         Arbeits- und Sozialgericht Wien, teniendo en cuenta la aplicación del coste unitario doble previsto en el artículo 23, apartado
         5, de la RATG. El demandado señaló igualmente la cuestión de la consideración en el marco del contrato de defensa jurídica
         celebrado con D.A.S. de la diferencia entre el coste unitario simple y el coste unitario doble por las prestaciones de su
         abogado correspondiente a las cinco vistas celebradas ante dicho órgano jurisdiccional. En apoyo de esta excepción, el demandado
         señaló que la disposición del artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, al igual que la cláusula 10, apartado 3, de las ARB
         97, es contraria al Derecho de la Unión.
      
      20      El Bezirksgericht Landeck acogió la demanda de D.A.S., pero no la excepción de compensación propuesta por el Sr. Stark, condenando,
         en consecuencia, al demandado al pago de 211,49 euros, más intereses. En su resolución, el Bezirksgericht Landeck consideró
         que el Derecho de la Unión no se oponía a la aplicación del artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, cuyo efecto no sería
         limitar la libertad de elección de abogado, sino la imposición de una restricción pecuniaria al abogado foráneo.
      
      21      El Sr. Stark apeló dicha sentencia ante el tribunal remitente, invocando de nuevo que el artículo 4 de la Directiva 87/334,
         se oponía a la aplicación del anteriormente citado artículo 158k, apartado 2.
      
      22      En estas circunstancias, el Landesgericht Innsbruck decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE en el sentido de que son incompatibles con dicha
         disposición el artículo 158k, apartado 2, de la VersVG, y una cláusula basada en éste, contenida en las condiciones generales
         de seguro de un asegurador de defensa jurídica, que dispone que en el contrato de seguro podrá estipularse que el tomador
         del seguro sólo estará autorizado a elegir, para que le representen en un procedimiento judicial o administrativo, a personas
         habilitadas para ostentar profesionalmente la representación legal que tengan su despacho en la localidad del órgano jurisdiccional
         o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      23      Mediante su cuestión, el Landesgericht Innsbruck pregunta esencialmente si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 87/334
         se opone a una normativa nacional en virtud de la cual puede pactarse que el asegurado sólo podrá elegir para la representación
         de sus intereses en procedimientos judiciales o administrativos a una persona, profesionalmente habilitada para ello, cuyo
         despacho esté situado en el lugar en el que tenga su sede el órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar
         el procedimiento en primera instancia.
      
       Sobre la admisibilidad
      24      Según el Gobierno austriaco, la cuestión planteada es hipotética, ya que el resultado del procedimiento no dependerá de la
         respuesta a esta cuestión, al no haberse limitado el derecho a elegir libremente un abogado del demandado.
      
      25      A este respecto procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, la negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
         planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho
         de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema
         es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios
         para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2008, Commune
         de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, apartado 30).
      
      26      Pues bien, tal como se ha señalado en los apartados 18 a 21 de la presente sentencia, la solución del litigio principal depende
         precisamente de si el hecho de que no se reembolsaran al Sr. Stark la totalidad de los gastos y honorarios facturados por
         su abogado, contrariamente a lo que habría sucedido si hubiera escogido un abogado establecido en Viena, es compatible con
         el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344.
      
      27      Por tanto, la interpretación de esta disposición del Derecho de la Unión es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente
         resuelva el litigio principal. De lo dicho anteriormente se deduce que debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta
         por el Gobierno austriaco.
      
       Sobre el fondo
      28      Debe señalarse que se desprende, tanto del undécimo considerando de la Directiva 87/344, como del artículo 4, apartado 1,
         de ésta, que el interés del asegurado en defensa jurídica implica que este último pueda elegir por sí mismo su abogado o cualquier
         otra persona que tenga las cualificaciones admitidas por la legislación nacional en el marco de cualquier procedimiento judicial
         o administrativo.
      
      29      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la libre elección de representante prevista en esta disposición
         tiene un alcance general y un valor obligatorio (véase, en este sentido, la sentencia 10 de septiembre de 2009, Eschig, C‑199/08,
         Rec. p. I‑8295, apartado 47).
      
      30      De ello se desprende que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, según la interpretación dada
         por la sentencia del Oberster Gerichtshof de 16 de diciembre de 2009, a la que se ha hecho referencia en el apartado 12 de
         la presente sentencia, no puede restringir esta libertad de elección solamente a los abogados establecidos en el lugar donde
         se encuentra el órgano jurisdiccional o administrativo competente para tramitar el procedimiento en primera instancia o a
         los abogados que se comprometan a minutar sus gastos u honorarios como lo harían los primeros.
      
      31      No obstante, en los apartados 65 y 66 de la sentencia Eschig, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que dicha Directiva
         no pretende una armonización completa de las normas aplicables a los contratos de seguro de defensa jurídica de los Estados
         miembros y que, dado el estado actual del Derecho de la Unión, éstos últimos pueden determinar libremente el régimen aplicable
         a dichos contratos, siempre y cuando se respete el Derecho de la Unión, y en particular el artículo 4 de la Directiva 87/334.
      
      32      Por tanto, dicha Directiva no regula expresamente la cuestión del alcance de la cobertura de los gastos relativos a la intervención
         de un representante, que se cuestiona en el litigio principal. De hecho, ni las disposiciones ni los considerandos de dicha
         Directiva permiten considerar que la Directiva regule la determinación de la cantidad que debe ser abonada por el asegurador
         con el que se ha celebrado el contrato de defensa jurídica en virtud de la cobertura de los gastos soportados por la persona
         encargada de representar al asegurado.
      
      33      Por tanto, la libertad de elección de abogado en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/334, no implica
         que los Estados miembros estén obligados a imponer en cualquier circunstancia al asegurador la cobertura íntegra de los gastos
         en que se haya incurrido en el marco de la defensa de un asegurado, independientemente del lugar donde esté establecida la
         persona que posea las cualificaciones requeridas para la representación de éste respecto a la sede del órgano jurisdiccional
         o administrativo competente para conocer un litigio, siempre y cuando esta libertad no quede vacía de contenido. Tal será
         el caso si la limitación para sufragar esos gastos imposibilita de facto una elección razonable por el asegurado de su representante. En cualquier caso, corresponde a los órganos jurisdiccionales
         nacionales verificar la inexistencia de una limitación de esta naturaleza.
      
      34      Además, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no se opone a que las partes contratantes pacten
         libremente que el seguro de defensa jurídica cubra igualmente el reembolso de los gastos derivados de la intervención de representantes
         no establecidos en el lugar donde el tribunal competente tenga su sede, en su caso mediante el pago por el asegurado de una
         prima mayor.
      
      35      En el caso de autos, el Sr. Stark pudo elegir a su abogado sin que el asegurador se opusiese a ello. Además, únicamente debería
         abonar los gastos derivados de la distancia entre el despacho de su abogado y la sede del órgano jurisdiccional competente,
         circunstancia que, sin perjuicio de las comprobaciones que realice a este respecto el órgano jurisdiccional remitente, no
         parece por regla general que pueda obstaculizar la libertad de elegir a su abogado.
      
      36      Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 4, apartado
         1, de la Directiva 87/344 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional en virtud de la cual
         puede pactarse que el asegurado en defensa jurídica podrá elegir para la representación de sus intereses en los procedimientos
         administrativos o judiciales únicamente a una persona profesionalmente habilitada para ello que tenga su despacho en el lugar
         donde el órgano jurisdiccional o administrativo competente en primera instancia tiene su sede, siempre que, para no vaciar
         de contenido la libertad de elección por el asegurado de la persona facultada para representarlo, esta limitación se refiera
         sólo al alcance de la cobertura, por el asegurador de la defensa jurídica, de los gastos derivados de la intervención de un
         representante y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este asegurador sea suficiente, lo que corresponde
         comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
      
       Costas
      37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones
            legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica, debe interpretarse en el sentido de que
            no se opone a una disposición nacional en virtud de la cual puede pactarse que el asegurado en defensa jurídica podrá elegir
            para la representación de sus intereses en los procedimientos administrativos o judiciales únicamente a una persona profesionalmente
            habilitada para ello que tenga su despacho en el lugar donde el órgano jurisdiccional o administrativo competente en primera
            instancia tiene su sede, siempre que, para no vaciar de contenido la libertad de elección por el asegurado de la persona facultada
            para representarlo, esta limitación se refiera sólo al alcance de la cobertura, por el asegurador de la defensa jurídica,
            de los gastos derivados de la intervención de un representante, y siempre que la indemnización efectivamente abonada por este
            asegurador sea suficiente, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.