CELEX: 62006TJ0411
Language: es
Date: 2008-10-08 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 8 de octubre de 2008.#Sogelma - Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl contra Agencia Europea de Reconstrucción (AER).#Contratos públicos de obras - Licitación de la Agencia Europea de Reconstrucción - Decisión de cancelar la licitación y de publicar otra - Recurso de anulación - Competencia del Tribunal de Primera Instancia - Necesidad de reclamación administrativa previa - Plazo para recurrir - Mandato - Obligación de motivación - Recurso de indemnización de daños y perjuicios.#Asunto T-411/06.

Asunto T‑411/06
      Sogelma — Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl
      contra
      Agencia Europea de Reconstrucción (AER)
      «Contratos públicos de obras — Licitación de la Agencia Europea de Reconstrucción — Decisión de cancelar la licitación y de publicar otra — Recurso de anulación — Competencia del Tribunal de Primera Instancia — Necesidad de reclamación administrativa previa — Plazo para recurrir — Mandato — Obligación de motivación — Recurso de indemnización de daños y perjuicios»
      Sumario de la sentencia
      1.      Derecho comunitario — Principios — Derecho a una tutela judicial efectiva
      2.      Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Actos adoptados por la Agencia
            Europea de Reconstrucción en virtud de una delegación de competencias de la Comisión
      [Art. 230 CE; Reglamentos (CE) del Consejo nos 2666/2000, art. 1, y 2667/2000, arts. 1, 2 y 3]
      3.      Procedimiento — Admisibilidad de los recursos
      [Reglamento (CE) nº 2667/2000 del Consejo, arts. 1, 2, 13, ap. 2, y 13 bis, ap. 3]
      4.      Recurso de anulación — Plazos — Inicio del cómputo 
      (Art. 230 CE, párr. 5)
      5.      Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios
      6.      Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilicitud — Perjuicio — Relación de causalidad
      (Art. 288 CE, párr. 2)
      7.      Procedimiento — Diligencias de prueba — Solicitud de presentación de documentos
      1.      La Comunidad Europea es una comunidad de Derecho y el Tratado ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos
         destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control de legalidad de los actos de las instituciones. El sistema del Tratado
         consiste en abrir un recurso directo contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones que produzcan efectos
         jurídicos. De ello cabe deducir un principio general según el cual es preciso que cualquier acto adoptado por un organismo
         comunitario destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros pueda ser objeto de control judicial.
      
      Así, resulta inaceptable que actos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros, adoptados por agencias creadas
         sobre la base del Derecho derivado como la Agencia Europea de Reconstrucción, escapen al control jurisdiccional.
      
      (véanse los apartados 36 y 37)
      2.      La cancelación de una licitación constituye un acto que, en principio, puede ser objeto de recurso en virtud del artículo
         230 CE. Se trata efectivamente de un acto lesivo para los licitadores que altera sensiblemente su situación jurídica, puesto
         que significa que ya no pueden obtener la adjudicación del contrato para el cual habían presentado una oferta.
      
      En el marco del Reglamento nº 2667/2000, relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (AER), en su versión modificada,
         según sus artículos 1 y 2, la Comisión puede, en particular, delegar a la AER la ejecución de la asistencia comunitaria prevista
         en el artículo 1 del Reglamento nº 2666/2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República Federativa
         de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia, en favor de Serbia y Montenegro. Según el artículo 2, apartado 1,
         letra c), del Reglamento nº 2667/2000, la Comisión podrá encargar a la AER todas las operaciones necesarias para la aplicación
         de los programas para la reconstrucción de Serbia y Montenegro y, en particular, la preparación y evaluación de las licitaciones
         y la adjudicación de los contratos.
      
      Las decisiones que habría tomado la Comisión no pueden perder su carácter de acto impugnable por el mero hecho de que la Comisión
         haya delegado determinadas competencias a la AER, so pena de crear un vacío jurídico. De lo anterior resulta que las decisiones
         adoptadas por la AER en el marco de procedimientos de contratación pública que van destinadas a producir efectos jurídicos
         frente a terceros constituyen actos impugnables ante el juez comunitario.
      
      (véanse los apartados 38 a 40 y 43)
      3.      En principio, los recursos deben dirigirse contra el autor del acto impugnado, esto es, la institución o el organismo comunitario
         del que emane la decisión.
      
      La Agencia Europea de Reconstrucción (AER) es un organismo comunitario con personalidad jurídica que fue creado por un Reglamento
         cuyo objetivo consiste en aplicar la asistencia comunitaria en favor de, entre otros, Serbia y Montenegro. A tal fin, los
         artículos 1 y 2 del Reglamento nº 2667/2000, relativo a la AER, autorizan expresamente a la Comisión para delegar a la AER
         la ejecución de esta asistencia y, en particular, la preparación y la evaluación de las licitaciones y la adjudicación de
         los contratos. En consecuencia, la AER es competente, previo encargo de la Comisión, para aplicar ella misma los programas
         de asistencia comunitaria.
      
      Dado que es la AER quien adoptó la decisión controvertida de cancelar la licitación, en virtud de las competencias que la
         Comisión le había delegado de conformidad con el Reglamento nº 2667/2000, y dado que la Comisión no participó en el proceso
         de toma de decisión, la AER es el autor del acto impugnado. En consecuencia, la demandante puede demandarla como tal ante
         este Tribunal.
      
      Además, del artículo 13, apartado 2, y del artículo 13 bis, apartado 3, de dicho Reglamento resulta que corresponde a la AER defenderse ante los tribunales en los litigios relativos
         a su responsabilidad extracontractual y en los relativos a las decisiones que haya tomado con arreglo al artículo 8 del Reglamento
         nº 1049/2001. En estas circunstancias, no cabe considerar que las otras decisiones adoptadas por la AER no deban igualmente
         ser defendidas en juicio por la propia AER. 
      
      (véanse los apartados 49 a 53)
      4.      Si la fecha de notificación de una decisión no puede establecerse con certeza, el demandante disfruta del beneficio de la
         duda que entonces surge y se considerará que su recurso fue interpuesto en plazo si, a la luz de los hechos, no parece totalmente
         excluido que el escrito por el que se notificaba la decisión llegara suficientemente tarde para que se cumpliera el plazo
         para interponer el recurso. Asimismo, el beneficio de la duda juega en favor del demandante si no se trata de determinar la
         fecha de notificación, sino la fecha en la que éste tuvo conocimiento del acto. Incumbe a la parte que alega que el recurso
         se ha presentado fuera de plazo aportar la prueba de la fecha en que se produjo el hecho que marca el inicio del cómputo del
         plazo.
      
      El envío de un correo electrónico no garantiza su recepción efectiva por parte del destinatario. En efecto, es posible que
         un correo electrónico no le llegue por causas técnicas. Aunque el remitente no recibió un mensaje de «no recepción», ello
         no significa necesariamente que el correo electrónico llegara efectivamente a su destinatario. Además, incluso en el caso
         de que un correo electrónico llegue efectivamente a su destinatario, cabe la posibilidad de que la recepción no se produzca
         el día del envío. Si el remitente de un correo electrónico que no recibe ninguna confirmación de recepción no hace ningún
         seguimiento de dicho correo, normalmente no está en condiciones de demostrar que éste fue recibido y, en su caso, en qué fecha.
      
      (véanse los apartados 75 a 78)
      5.      Sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el sentido del artículo 230 CE, las
         medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de los demandantes, modificando de
         forma apreciable su situación jurídica. Por regla general, la decisión de organizar una licitación no es lesiva, ya que únicamente
         ofrece a las personas interesadas la posibilidad de participar en el procedimiento y de presentar una oferta.
      
      (véanse los apartados 85 y 86)
      6.      Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, es
         necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad
         del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el daño invocado.
      
      En la medida en que estos tres requisitos para que se genere la responsabilidad son acumulativos, la falta de uno de ellos
         basta para desestimar un recurso de indemnización.
      
      A este respecto, y por lo que se refiere a una decisión de la Agencia Europea de Reconstrucción (AER) de cancelar una licitación
         para un contrato de obras, el mero hecho de que un lapso de tiempo de más de seis meses transcurriera entre el envío de la
         última solicitud de aclaraciones a los licitadores y la notificación de la decisión de cancelar la licitación no puede ser
         calificado de actitud ilegal por parte de la AER. Además, no puede existir ninguna relación de causalidad entre el tiempo
         empleado por la AER para adoptar y notificar la decisión de cancelar la licitación y los gastos incurridos por un licitador
         para elaborar su oferta.
      
      (véanse los apartados 146, 147, 149 y 150)
      7.      Para permitir a este Tribunal determinar si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados
         documentos, la parte que lo pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar al Tribunal de Primera Instancia
         un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso.
      
      Una petición de que se entreguen todos los documentos relativos a un procedimiento de adjudicación equivale a una petición
         de que se entregue el expediente interno. Un examen por el juez comunitario del expediente interno de un organismo comunitario
         para comprobar si éste adoptó la decisión bajo la influencia de otras consideraciones que las indicadas en la motivación constituye
         una diligencia de prueba excepcional. Esta diligencia supone que las circunstancias que rodean la decisión controvertida hacen
         surgir serias dudas sobre los verdaderos motivos y, en particular, sospechas de que estos motivos fueran ajenos a los objetivos
         de Derecho comunitario y, por tanto, de que dieran lugar a una desviación de poder.
      
      (véanse los apartados 152 y 157)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
      de 8 de octubre de 2008 (*)
      
      «Contratos públicos de obras – Licitación de la Agencia Europea de Reconstrucción – Decisión de cancelar la licitación y de publicar otra – Recurso de anulación – Competencia del Tribunal de Primera Instancia – Necesidad de reclamación administrativa previa – Plazo para recurrir – Mandato – Obligación de motivación – Recurso de indemnización de daños y perjuicios»
      En el asunto T‑411/06,
      Sogelma – Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, con domicilio social en Scandicci (Italia), representada por los Sres. E. Cappelli, P. De Caterini, A. Bandini y A. Gironi,
         abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Agencia Europea de Reconstrucción (AER), representada inicialmente por el Sr. O. Kalha, posteriormente por el Sr. M. Dischendorfer y finalmente por el Sr. R. Lundgren,
         en calidad de agentes, asistidos por la Sra. S. Bariatti y el Sr. F. Scanzano, abogados,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. P. van Nuffel y L. Prete, en calidad de agentes,
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto, por un lado, un recurso de anulación de las decisiones de la AER por las que se cancela la licitación
         para el contrato de obras identificado con la referencia EuropeAid/120694/D/W/YU y se organiza una nueva licitación y, por
         otro, un recurso de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Octava),
      integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Papasavvas y A. Dittrich (Ponente), Jueces;
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de junio de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1        La Agencia Europea de Reconstrucción (AER) fue instituida mediante el Reglamento (CE) nº 2454/1999 del Consejo, de 15 de noviembre
         de 1999, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1628/96 relativo a la ayuda a Bosnia y Herzegovina, Croacia, la República
         Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia, en particular mediante la creación de la AER (DO L 299,
         p. 1).
      
      2        El Reglamento (CE) nº 1628/96 del Consejo, de 25 de julio de 1996 (DO L 204, p. 1), fue derogado por el artículo 14, apartado
         1, del Reglamento (CE) nº 2666/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina,
         Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la ex República Yugoslava de Macedonia y por el que se deroga el Reglamento
         (CE) nº 1628/96 y se modifican los Reglamentos (CEE) nos 3906/89 y 1360/90 y las Decisiones 97/256/CE y 1999/311/CE (DO L 306, p. 1). Las disposiciones del Reglamento nº 1628/96,
         en su versión modificada por el Reglamento nº 2454/1999, relativas a la creación y al funcionamiento de la AER, fueron recogidas
         en el Reglamento (CE) nº 2667/2000 del Consejo, de 5 de diciembre de 2000, relativo a la AER (DO L 306, p. 7) y modificadas
         por este mismo Reglamento.
      
      3        Según el artículo 1 del Reglamento nº 2667/2000, la Comisión puede, en particular, delegar a la AER la ejecución de la asistencia
         comunitaria prevista en el artículo 1 del Reglamento nº 2666/2000 en favor de Serbia y Montenegro. Según el artículo 2, apartado
         1, letra c), del Reglamento nº 2667/2000, la Comisión podrá encargar a la AER todas las operaciones necesarias para la aplicación
         de los programas para la reconstrucción de Serbia y Montenegro y, en particular, la preparación y evaluación de las licitaciones
         y la adjudicación de los contratos. Además, con arreglo al artículo 3 de este Reglamento, la AER tiene personalidad jurídica.
      
       Antecedentes del litigio
      4        El 7 de septiembre de 2005, la AER publicó en el Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (DO S 172) un anuncio de licitación conforme al procedimiento abierto, que tenía como referencia EuropeAid/120694/D/W/YU
         y que tenía por objeto la adjudicación del contrato de obras «Recuperación de la navegación libre (eliminación de la artillería
         sin explotar) en el sistema de transporte por las vías navegables interiores, República de Serbia, Serbia y Montenegro» (en
         lo sucesivo, «anuncio de licitación»).
      
      5        Según el anuncio de licitación y el punto 2 de las instrucciones a los licitadores que figuraba en el expediente de licitación,
         el proyecto en cuestión debía ser financiado por la AER y la entidad adjudicadora debía ser el ministerio serbio de inversiones
         de capital.
      
      6        El punto 16, inciso x), del anuncio de licitación y el punto 4.2, inciso x), de las instrucciones a los licitadores establecían
         en la rúbrica «Criterios mínimos de selección» del adjudicatario que toda persona clave debía tener al menos diez años de
         experiencia profesional adecuada.
      
      7        El punto 37 de las instrucciones a los licitadores preveía lo siguiente:
      
      «Vías de recurso
      1)      Los licitadores que se consideren perjudicados por un error o una irregularidad cometido en el transcurso del procedimiento
         de adjudicación de contratos podrán acudir directamente a la [AER] e informar a la Comisión. La [AER] responderá en un plazo
         de 90 días a partir de la fecha de recepción de la reclamación.
      
      2)      La Comisión dará a conocer su opinión sobre las reclamaciones que le son comunicadas y buscará en la medida de lo posible
         una solución amistosa entre el licitador que presente la reclamación y la [AER].
      
      3)      En caso de que fracase el procedimiento anterior, el licitador podrá recurrir a los procedimientos establecidos por la Comisión
         Europea.»
      
      8        Antes de la fecha límite definitiva para la presentación de ofertas, la AER recibió tres ofertas presentadas, respectivamente,
         por un consorcio compuesto por la demandante, Sogelma – Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl, y la sociedad croata
         DOK ING RAZMINIRANJE d.o.o. (en lo suceciso, «DOK ING»), y por dos otros consorcios.
      
      9        El 10 de marzo de 2006, la AER procedió a la apertura de las plicas en sesión pública. La oferta de la demandante contenía
         un precio inferior a los precios propuestos por sus competidores.
      
      10      El 14 y 22 de marzo de 2006, la AER envió a los licitadores unos escritos en los que les pedía algunas aclaraciones. La segunda
         solicitud se refería, en particular, a los currículum vitae del personal clave propuesto. Todos los licitadores respondieron a las peticiones de dar aclaraciones en los plazos fijados
         por la AER. 
      
      11      Mediante escrito de fecha 9 de octubre de 2006, la AER notificó a la demandante que había cancelado la licitación de que se
         trata, dado que ninguna de las ofertas recibidas cumplía los requisitos técnicos aplicables. En cuanto a la oferta de la demandante,
         la AER señalaba que, de entre los miembros del personal clave propuesto, el «Superintendent Survey Team» no cumplía los requisitos
         establecidos en el punto 16, inciso x), del anuncio de licitación y en el punto 4.2, inciso x), de las instrucciones a los
         licitadores.
      
      12      Mediante escrito de 19 de octubre de 2006 (por error fechado el 19 de septiembre de 2006), la demandante solicitó una copia
         de la decisión de cancelar el procedimiento de licitación (en lo sucesivo, «decisión de cancelar la licitación») y del acta
         correspondiente. Además, en dicho escrito hacía referencia a la posibilidad de iniciar un procedimiento negociado en los términos
         del artículo 30 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación
         de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
      
      13      Mediante escrito de 13 de noviembre de 2006, la demandante reiteró dicha petición y solicitó a la AER que adoptara una decisión
         motivada sobre si iniciaba o no un procedimiento negociado.
      
      14      Mediante escrito de 1 de diciembre de 2006, la demandante solicitó a la AER, invocando el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1049/2001
         del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
         Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), que le facilitara una copia de todas las actas del comité de evaluación
         que había examinado las ofertas presentadas en respuesta al anuncio de licitación, del acta de la sesión pública de apertura
         de las plicas, así como de la decisión de cancelar la licitación y del acta correspondiente.
      
      15      Mediante escrito de 14 de diciembre de 2006, la AER comunicó a la demandante que había ejercitado su derecho a cancelar la
         licitación y de convocar otra nueva por el hecho de que los requisitos técnicos «se habían modificado considerablemente».
         Además, indicó que, a excepción de la constatación de que ninguna de las ofertas recibidas cumplía los requisitos técnicos,
         el comité de evaluación no había formulado observación alguna. Como anexo a dicho escrito, la AER envió el acta de la sesión
         de apertura de las plicas.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      16      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de diciembre de 2006, la demandante interpuso
         el presente recurso en el que indicaba que actuaba en su propio nombre y como mandataria de la sociedad DOK ING.
      
      17      Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda de 4 de junio de 2007, se admitió la intervención de la Comisión en apoyo
         de las pretensiones de la AER. 
      
      18      La Comisión presentó un escrito de formalización de la intervención. La demandante presentó observaciones a este escrito en
         el plazo establecido.
      
      19      A raíz de la renovación parcial del Tribunal de Primera Instancia, el asunto se atribuyó a un nuevo Juez Ponente. A continuación,
         dicho Juez fue adscrito a la Sala Octava, a la que se atribuyó, por consiguiente, el presente asunto.
      
      20      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) decidió iniciar la fase oral del procedimiento
         y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia, instó a las partes a que respondiesen por escrito a una serie de preguntas. Las partes
         dieron cumplimiento a dicha solicitud dentro del plazo establecido.
      
      21      En la vista celebrada el 18 de junio de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
         formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      22      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule las decisiones de la AER por las que:
      –        cancela la licitación;
      –        organiza una nueva licitación.
      –        Condene a la AER a indemnizarle por el perjuicio sufrido, en la medida señalada en el escrito de demanda.
      –        Condene en costas a la AER.
      23      La AER solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.
      –        Condene en costas a la demandante.
      24      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso de anulación o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.
      –        Desestime, por infundado, el recurso de indemnización.
      –        Condene en costas a la demandante.
      25      Además, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la AER que, de conformidad con el artículo 65,
         letra b), del Reglamento de Procedimiento, facilite todos los documentos relativos al procedimiento de licitación de que se
         trata. La AER y la Comisión se oponen a esta solicitud.
      
      26      En la demanda, la demandante solicitó también que el Tribunal de Primera Instancia anulara «cualquier otro acto previo, coordinado
         y anexo, incluida la decisión de excluir a la demandante». En la vista, señaló que este Tribunal ya no tenía que tomar en
         consideración dicha pretensión, lo que se hizo constar en acta.
      
       Sobre la admisibilidad
      27      La AER alega varias causas de inadmisión. En primer lugar, procede examinar la causa basada en la falta de competencia del
         Tribunal de Primera Instancia para pronunciarse sobre un recurso de anulación interpuesto sobre la base del artículo 230 CE,
         párrafo cuarto, contra un acto de la AER y, en segundo lugar, la causa basada en la falta de presentación, por parte de la
         demandante, de una reclamación administrativa previa a la interposición del presente recurso. En tercer lugar, debe analizarse,
         en cuanto a la solicitud de que se anule la decisión de cancelar la licitación, si se cumplió el plazo establecido en el artículo
         230 CE, párrafo quinto, para interponer recurso. En cuarto lugar, es preciso examinar la admisibilidad del recurso en la medida
         en que tiene por objeto la anulación de la decisión de la AER de organizar una nueva licitación. Por último, procede analizar
         la admisibilidad del recurso en la medida en que la demandante invoca los derechos de DOK ING.
      
      A.      Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia para pronunciarse sobre un recurso interpuesto sobre la base del artículo
            230 CE, párrafo cuarto, contra un acto de la AER 
       Alegaciones de las partes
      28      La AER alega que la decisión de cancelar la licitación no es un acto cuya legalidad pueda ser controlada por el Tribunal de
         Primera Instancia en el sentido del artículo 230 CE. A este respecto, subraya que, según dicho artículo, el control del juez
         comunitario está limitado a los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, a los actos del Consejo,
         de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, así como a los actos del Parlamento Europeo
         destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
      
      29      Según la AER, el artículo 13 bis del Reglamento nº 2667/2000, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1646/2003 del Consejo, de 18 de junio de
         2003 (DO L 245, p. 16), carece de relevancia a este respecto, ya que únicamente tiene por objeto los recursos interpuestos
         contra las decisiones adoptadas por la AER en aplicación del artículo 8 del Reglamento nº 1049/2001.
      
      30      Asimismo, la AER sostiene que el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2667/2000 se limita a establecer que el juez comunitario
         es competente para conocer de litigios relativos a la reparación de daños relacionados con la responsabilidad extracontractual
         de la AER.
      
      31      La AER sostiene que los licitadores no se hallan privados de toda protección. Entiende que sus derechos están protegidos por
         el procedimiento previsto en el punto 37 de las instrucciones a los licitadores (citado en el apartado 7 supra). Subraya que dicho punto permite al licitador recurrir, en caso de que fracase el procedimiento regulado en ese mismo punto,
         a los procedimientos establecidos por la Comisión, contra cuyos actos cabe interponer un recurso en los términos del artículo
         230 CE. Asimismo, menciona la posibilidad de interponer un recurso contra el órgano jurisdiccional nacional.
      
      32      La demandante y la Comisión se oponen a esta causa de inadmisión.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      33      En primer lugar, procede declarar que las agencias creadas sobre la base del Derecho derivado, como la AER, no figuran entre
         las instituciones comunitarias enumeradas en el artículo 230 CE, párrafo primero. 
      
      34      Además, el Reglamento nº 2667/2000, en su versión modificada, que en sus artículos 13 y 13 bis sólo dispone que el Tribunal de Justicia es competente para conocer de litigios relativos a la reparación de daños relacionados
         con la responsabilidad extracontractual de la AER y de litigios relativos a las decisiones sobre el acceso a los documentos
         que la AER adopte en aplicación del artículo 8 del Reglamento nº 1049/2001, no prevé que el Tribunal de Justicia sea competente
         para conocer de recursos de anulación interpuestos contra otras decisiones tomadas por la AER.
      
      35      Sin embargo, estas consideraciones no se oponen a que este Tribunal controle, con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad
         de los actos de la AER que no aparecen contemplados en los artículos 13 y 13 bis del Reglamento nº 2667/2000.
      
      36      En efecto, procede subrayar que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 23 de la sentencia de 23 de abril de 1986,
         Les Verts/Parlamento, denominada «Les Verts» (294/83, Rec. p. 1339), que la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho
         y que el Tratado ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal
         de Justicia el control de legalidad de los actos de las instituciones. El sistema del Tratado consiste en abrir un recurso
         directo contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones que produzcan efectos jurídicos (véase la sentencia
         Les Verts, antes citada, apartado 24, y la jurisprudencia citada). El Tribunal de Justicia concluyó que el recurso de anulación
         podía dirigirse contra los actos del Parlamento Europeo llamados a producir efectos jurídicos frente a terceros, a pesar de
         que el artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), en su versión aplicable en el momento
         de los hechos, sólo citaba los actos del Consejo y de la Comisión. El Tribunal de Justicia subrayó que una interpretación
         de dicho artículo en el sentido de que los actos del Parlamento quedan excluidos de aquellos que pueden ser impugnados conduciría
         a un resultado contrario al espíritu del Tratado, como expresado en el artículo 164 del Tratado CE (actualmente artículo 220 CE),
         y a su lógica interna (sentencia Les Verts, antes citada, apartado 25).
      
      37      De la referida sentencia cabe deducir el principio general de que es preciso que cualquier acto adoptado por un organismo
         comunitario destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros pueda ser objeto de control judicial. Es cierto que la
         sentencia Les Verts, antes citada, apartado 24, sólo menciona las instituciones comunitarias y que la AER no forma parte de
         las instituciones enumeradas en el artículo 7 CE. Sin embargo, la situación de los organismos comunitarios legitimados para
         adoptar actos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros es idéntica a la que dio lugar a la sentencia Les
         Verts, antes citada: en una comunidad de Derecho, resulta inaceptable que tales actos escapen al control jurisdiccional.
      
      38      A este respecto, procede subrayar que la cancelación de una licitación constituye un acto que, en principio, puede ser objeto
         de recurso en virtud del artículo 230 CE (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de octubre
         de 2007, Evropaïki Dynamiki/AESA, T‑69/05, no publicado en la Recopilación, apartado 53). Se trata efectivamente de un acto
         lesivo para la demandante que altera sensiblemente su situación jurídica, puesto que significa que ya no puede obtener la
         adjudicación del contrato para el cual había presentado una oferta.
      
      39      Además, es preciso recordar que, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento nº 2667/2000, en su versión modificada,
         la Comisión puede delegar en la AER la ejecución de la asistencia comunitaria prevista en el artículo 1 del Reglamento nº 2666/2000
         en favor de Serbia y Montenegro y, en particular, encargarle la preparación y la evaluación de las licitaciones y la adjudicación
         de los contratos. Como subraya la Comisión, la AER adopta pues decisiones que la propia Comisión habría adoptado de no haber
         delegado estas facultadas a la AER.
      
      40      Las decisiones que habría tomado la Comisión no pueden perder su carácter de acto impugnable por el mero hecho de que la Comisión
         haya delegado determinadas competencias a la AER, so pena de crear un vacío jurídico.
      
      41      Procede rechazar la alegación de la AER de que los derechos de los licitadores se hallan protegidos por el procedimiento establecido
         en el punto 37 de las instrucciones a los licitadores, en el sentido de que éstos pueden recurrir a los procedimientos establecidos
         por la Comisión, cuyos actos pueden ser objeto de recurso al amparo del artículo 230 CE. En efecto, ha de observarse que el
         punto 37 de las instrucciones a los licitadores no prevé que la Comisión adopte durante el procedimiento una decisión que
         pueda ser objeto de un recurso judicial. Además, debe subrayarse que la Comisión declaró en una respuesta a una pregunta escrita
         de este Tribunal que no había elaborado ningún procedimiento específico para tratar las reclamaciones que no hubieran dado
         lugar a una solución amistosa en el sentido del punto 37 de las instrucciones a los licitadores.
      
      42      Por último, debe rechazarse la alegación de la AER de que cabe interponer un recurso contra sus actos ante un órgano jurisdiccional
         nacional. Si bien es cierto que, en el caso de autos, a tenor del anuncio de licitación y del punto 2 de las instrucciones
         a los licitadores, la entidad adjudicadora es el ministerio serbio de inversiones de capital, no lo es menos que es la AER,
         y no una autoridad nacional, la que tomó la decisión de cancelar la licitación. Procede subrayar que ningún órgano jurisdiccional
         nacional es competente para apreciar la legalidad de esa decisión.
      
      43      De lo anterior resulta que las decisiones adoptadas por la AER en el marco de procedimientos de contratación pública que van
         destinadas a producir efectos jurídicos frente a terceros constituyen actos impugnables ante el juez comunitario.
      
      44      La jurisprudencia citada por la AER en apoyo de su defensa no cuestiona esta conclusión.
      
      45      En cuanto a la sentencia de 15 de marzo de 2005, España/Eurojust (C‑160/03, Rec. p. I‑2077), es cierto que el Tribunal de
         Justicia declaró que los actos impugnados no estaban recogidos en la lista de actos cuya legalidad puede controlar con arreglo
         al artículo 230 CE (apartado 37 de dicha sentencia). Sin embargo, en el apartado siguiente de esa misma sentencia, el Tribunal
         de Justicia también resolvió que el artículo 41 UE no establecía que el artículo 230 CE fuera aplicable a las disposiciones
         relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal que figuran en el título VI del Tratado de la Unión Europea,
         puesto que la competencia del Tribunal de Justicia en este ámbito estaba mencionada expresamente en el artículo 35 UE, al
         que remite el artículo 46 UE, letra b). El Tribunal de Justicia también declaró, en los apartados 41 y 42 de dicha sentencia,
         que los actos impugnados en ese caso no quedaban sustraídos a todo control jurisdiccional.
      
      46      En el auto de 8 de junio de 1998, Keeling/OAMI (T‑148/97, Rec. p. II‑2217), el Tribunal de Primera Instancia tampoco se limitó
         a declarar, en el apartado 32, que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) ni era
         una de las instituciones de la Comunidad enumeradas en el artículo 4 del Tratado CE (actualmente artículo 7 CE), ni se mencionaba
         en el artículo 173, párrafo primero, del Tratado CE, sino que este Tribunal también declaró, en el apartado 33, que existían
         otras vías de recurso que podían emplearse contra la decisión controvertida del presidente de la OAMI, entre otras, en particular,
         el artículo 179 del Tratado CE (actualmente artículo 236 CE). Por consiguiente, dicho auto no impide que en virtud del artículo
         230 CE se interponga un recurso contra una decisión adoptada por un organismo comunitario no mencionado en dicho artículo.
         
      
      47      En lo que se refiere al auto del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2007, FMC Chemical y otros/AESA (T‑311/06 R I,
         T‑311/06 R II, T‑312/06 R y T‑313/06 R, no publicado en la Recopilación), procede señalar que hacía referencia a un recurso
         interpuesto contra un dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que no producía efectos jurídicos obligatorios.
         De dicho auto no cabe deducir que un recurso contra un acto adoptado por un organismo comunitario no mencionado en el artículo
         230 CE no sea admisible.
      
      48      Por consiguiente, la jurisprudencia invocada por la AER no pone en tela de juicio la declaración de que un acto que emana
         de un organismo comunitario y que debe producir efectos jurídicos frente a terceros no puede escapar al control judicial del
         juez comunitario.
      
      49      Además, procede observar que, en principio, los recursos deben dirigirse contra el autor del acto impugnado, esto es, la institución
         o el organismo comunitario del que emane la decisión.
      
      50      En este marco, es preciso subrayar que la AER es un organismo comunitario con personalidad jurídica que fue creado por un
         Reglamento cuyo objetivo consiste en aplicar la asistencia comunitaria en favor de, entre otros, Serbia y Montenegro (véanse
         los artículos 1 y 3 del Reglamento nº 2667/2000). A tal fin, los artículos 1 y 2 del Reglamento nº 2667/2000 autorizan expresamente
         a la Comisión para delegar a la AER la ejecución de esta asistencia y, en particular, la preparación y la evaluación de las
         licitaciones y la adjudicación de los contratos. En consecuencia, la AER es competente, previo encargo de la Comisión, para
         aplicar ella misma los programas de asistencia comunitaria.
      
      51      En el caso de autos, es la AER quien adoptó la decisión de cancelar la licitación, en virtud de las competencias que la Comisión
         le había delegado de conformidad con el Reglamento nº 2667/2000. La Comisión no participó en el proceso de toma de decisión.
         Por consiguiente, procede declarar que la AER es el autor del acto impugnado. En consecuencia, la demandante puede demandarla
         como tal ante este Tribunal.
      
      52      Además, procede señalar que del artículo 13, apartado 2, y del artículo 13 bis, apartado 3, del Reglamento nº 2667/2000 resulta que corresponde a la AER defenderse ante los tribunales en los litigios relativos
         a su responsabilidad extracontractual y en los relativos a las decisiones que haya tomado con arreglo al artículo 8 del Reglamento
         nº 1049/2001.
      
      53      En estas circunstancias, no cabe considerar que las otras decisiones adoptadas por la AER no deban igualmente ser defendidas
         en juicio por la propia AER. 
      
      54      Es cierto que, en algunos casos, el juez comunitario ha declarado que actos adoptados en virtud de una delegación de facultades
         eran imputables a la institución autora de la delegación, a la que correspondía defender en juicio el acto de que se trataba.
         Sin embargo, en esos asuntos, las circunstancias no podían compararse con las del caso que nos ocupa.
      
      55      En lo que se refiere al auto del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2007, Schering-Plough/Comisión y EMEA
         (T‑133/03, no publicado en la Recopilación), relativo a un recurso de anulación interpuesto contra un acto de la Agencia Europea
         para la Evaluación de Medicamentos (EMEA), procede declarar que este Tribunal insistió en dicho auto en que el Reglamento
         (CEE) nº 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización
         y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos
         (DO L 214, p. 1), sólo prevé que la EMEA tenga competencia consultiva. Ello permitió al Tribunal de Primera Instancia llegar
         a la conclusión de que la denegación de una solicitud de modificación de una autorización de comercialización por la EMEA
         debía considerarse una denegación que emanaba de la propia Comisión, y que, por consiguiente, el recurso debía ir dirigido
         contra ésta (auto Schering-Plough/Comisión y EMEA, antes citado, apartados 22 y 23). En el caso de autos, es preciso declarar
         que las competencias de la AER no son de carácter consultivo, ya que le corresponde a ella, por delegación de la Comisión,
         preparar y evaluar las licitaciones y adjudicar los contratos.
      
      56      En cuanto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de febrero de 1998, DIR International Film y otros/Comisión
         (T‑369/94 y T‑85/95, Rec. p. II‑357), relativa a un recurso de anulación dirigido contra determinados actos de la European
         Film Distribution Office (EFDO), procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia subrayó que, según el artículo 7, apartado 1,
         de la Decisión 90/685/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, relativa a la aplicación de un programa de fomento de la
         industria audiovisual europea (MEDIA) (1991-1995) (DO L 380, p. 37), la Comisión era responsable de la aplicación del programa
         MEDIA. A continuación, este Tribunal declaró que el acuerdo relevante entre la Comisión y la EFDO sobre la aplicación financiera
         del programa MEDIA tenía por efecto, en la práctica, que toda decisión adoptada en dicho marco estaba sujeta a un acuerdo
         previo de los representantes de la Comisión y que, en consecuencia, las decisiones adoptadas por la EFDO sobre las solicitudes
         de financiación presentadas en el marco del programa MEDIA eran imputables a la Comisión, la cual era, por ello, responsable
         de su contenido y podía ser demandada ante los tribunales para defenderlas (apartados 52 y 53 de dicha sentencia). En el caso
         de autos, es preciso declarar que las decisiones adoptadas por la AER sobre la contratación pública no están sujetas a un
         acuerdo previo de la Comisión.
      
      57      De todo lo anterior resulta que el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer del presente recurso y que la
         demandante la dirigió acertadamente contra la AER.
      
      B.      Sobre la necesidad de una reclamación administrativa previa
       Alegaciones de las partes
      58      La AER alega que el punto 37 de las instrucciones a los licitadores (citado en el apartado 7 supra) establece un mecanismo de control previo de la legalidad de sus actos. A su juicio, el recurso interpuesto ante el Tribunal
         de Primera Instancia es ilegal porque la demandante no respetó el procedimiento previsto en dicho punto.
      
      59      La demandante y la Comisión se oponen a esta causa de inadmisión.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      60      En primer lugar, procede señalar que el tenor del punto 37.1 de las instrucciones a los licitadores no precisa que la reclamación
         administrativa sea obligatoria. Además, es necesario subrayar que el hecho de que el punto 37 de dichas instrucciones no establezca
         un plazo para presentar una reclamación administrativa aboga en contra de una interpretación de este punto en el sentido de
         que tenga por objeto introducir el requisito de presentar una reclamación administrativa previa obligatoria.
      
      61      Por otra parte, el punto 37.2 de las instrucciones a los licitadores sólo prevé que la Comisión busque una solución amistosa
         entre el licitador que presenta la reclamación y la AER, pero no que adopte, en este marco, una decisión que pueda ser objeto
         de recurso judicial.
      
      62      Además, procede subrayar que el punto 37.3 tampoco establece que el cumplimiento del procedimiento previsto en dicho punto
         sea un requisito previo para interponer un recurso ante el juez comunitario. En efecto, dicho punto dispone que, «en caso
         de que fracase el procedimiento anterior, el licitador podrá recurrir a los procedimientos establecidos por la Comisión Europea».
         En este marco, es preciso recordar que la Comisión no ha establecido ningún procedimiento específico para tratar las reclamaciones
         que no hayan sido resueltas de forma amistosa en el sentido del punto 37 de las instrucciones a los licitadores (véase apartado
         41 supra). Por consiguiente, no existe un «procedimiento establecido por la Comisión» cuyo cumplimiento pueda ser considerado un requisito
         previo para interponer un recurso ante el juez comunitario.
      
      63      La AER alega que el término «podrá» (en la versión original inglesa: «may») en el punto 37.1 de las instrucciones a los licitadores
         no puede ser interpretado en el sentido de que el referido procedimiento sea facultativo. A este respecto, procede declarar
         que es cierto que dicho término también es empleado en Reglamentos que prevén un procedimiento administrativo obligatorio
         previo a la interposición de un recurso ante el juez comunitario. Éste es el caso, por ejemplo, del artículo 68 del Reglamento
         (CE) nº 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO
         L 227, p. 1), al que la AER se remite, y que dispone que «cualquier persona física o jurídica podrá recurrir» las resoluciones
         de la Oficina comunitaria de variedades vegetales a la que este Reglamento se refiere. Sin embargo, es preciso subrayar que
         dicho Reglamento establece expresamente, en su artículo 69, un plazo para interponer el recurso ante la Oficina comunitaria
         de variedades vegetales. Además, dispone expresamente, en su artículo 73, apartado 1, que las resoluciones de la sala de recurso
         de dicha Oficina admitirán recurso ante el juez comunitario y establece un plazo para interponer tal recurso. Asimismo, si
         bien es cierto que el artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas dispone que las
         personas a las que se aplique dicho Estatuto «podrán» presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos
         reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos, no lo es menos que también establece un plazo para presentar
         estas reclamaciones. Además, el artículo 91, apartado 2, del mismo Estatuto prevé expresamente que sólo podrá ser admitido
         un recurso ante el juez comunitario si previamente se hubiere presentado reclamación ante la autoridad facultada para proceder
         a los nombramientos.
      
      64      En cambio, el punto 37 de las instrucciones a los licitadores no puede condicionar la admisibilidad de un recurso a la presentación
         de una reclamación administrativa previa obligatoria, ya que no está formulado en términos suficientemente claros.
      
      65      A mayor abundamiento, procede subrayar que la AER no puede introducir un requisito de admisibilidad de un recurso que vaya
         más allá de los requisitos establecidos en el artículo 230 CE por falta de todo fundamento jurídico.
      
      66      En este marco, procede desestimar la alegación de la AER de que el punto 2.4.16 de la «Guía práctica de procedimientos contractuales
         en el marco de acciones en el exterior» constituye tal fundamento jurídico. A este respecto, basta con declarar que tal guía
         práctica es una herramienta de trabajo que explica los procedimientos aplicables en un determinado ámbito y que, como tal,
         no puede constituir un fundamento jurídico para presentar una reclamación administrativa previa obligatoria. 
      
      67      Asimismo, procede desestimar la alegación de la AER de que tal fundamento jurídico se encuentra en el artículo 56, apartado
         1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
         financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero»),
         según el cual las decisiones por las que se confíen competencias de ejecución a las agencias contempladas en el apartado 2
         del artículo 54 del mismo Reglamento incluirán necesariamente un sistema eficaz de control interno de las operaciones de gestión.
         A este respecto, procede observar que esta disposición se refiere al ámbito presupuestario y, manifiestamente, no regula las
         vías de recurso que los licitadores tienen a su alcance. Por consiguiente, la referida disposición no puede constituir un
         fundamento jurídico que permita la introducción de un requisito de admisibilidad aplicable a los recursos de los licitadores,
         concretamente una reclamación administrativa previa obligatoria.
      
      68      De lo anterior resulta que procede desestimar la causa de inadmisión basada en la falta de presentación, por parte de la demandante,
         de una reclamación administrativa previa.
      
      C.      Sobre el cumplimiento del plazo para interponer el recurso
       Alegaciones de las partes
      69      La AER estima que el recurso es inadmisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de la decisión de cancelar la
         licitación ya que no se cumplió el plazo establecido en el artículo 230 CE, párrafo quinto, para interponer el recurso.
      
      70      A este respecto, la AER alega que envió el escrito de 9 de octubre de 2006, en el que informaba a la demandante de que había
         cancelado la licitación de que se trata, como documento adjunto a un correo electrónico de ese mismo día. Como no recibió
         un mensaje de «no recepción» por parte del sistema de correo electrónico de la demandante, entiende que puede considerar razonablemente
         que el correo electrónico enviado el 9 de octubre de 2006 fue entregado efectivamente a la demandante ese mismo día. Por consiguiente,
         alega que el plazo para interponer un recurso contra dicha decisión expiró el 19 de diciembre de 2006.
      
      71      En la dúplica, la AER señala que, a raíz de una comprobación, llegó a la conclusión de que nunca se había enviado a la demandante
         la versión original del escrito de que se trata. A diferencia de lo que había indicado en el escrito de contestación a la
         demanda, no había enviado el referido documento a la demandante por correo electrónico y por vía postal, sino únicamente por
         correo electrónico. En consecuencia, la AER afirma que la demandante se enteró de la cancelación de la licitación a través
         del documento enviado como anexo al correo electrónico de 9 de octubre de 2006. 
      
      72      La demandante alega que nunca recibió el correo electrónico de 9 de octubre de 2006. Afirma que recibió el escrito de 9 de
         octubre de 2006 por vía postal el 12 de octubre de 2006.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      73      En primer lugar, procede subrayar que la decisión de cancelar la licitación no constituye una decisión que, de conformidad
         con el artículo 254 CE, apartado 3, deba notificarse formalmente a la demandante. En efecto, la decisión de cancelar la licitación
         no va dirigida a la demandante (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 2008, Icuna.Com/Parlamento,
         T‑383/06, Rec. p. II‑0000, apartado 43). La citada decisión hacía referencia al conjunto del procedimiento de licitación y
         el hecho de que, a continuación, fuera comunicada a la demandante no significa que se dirigiera a ésta.
      
      74      Por consiguiente, el plazo para interponer un recurso previsto en el artículo 230 CE, párrafo quinto, empezó a correr desde
         el momento en que la demandante tuvo conocimiento de la decisión. 
      
      75      Según jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si la fecha de notificación de una decisión no puede establecerse con certeza,
         el demandante disfruta del beneficio de la duda que entonces surge y se considerará que su recurso fue interpuesto en plazo
         si, a la luz de los hechos, no parece totalmente excluido que el escrito por el que se notificaba la decisión llegara suficientemente
         tarde para que se cumpliera el plazo para interponer el recurso (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1959,
         Snupat/Alta Autoridad, 32/58 y 33/58, Rec. pp. 275 y ss., especialmente p. 279).
      
      76      Asimismo, el beneficio de la duda juega en favor del demandante si no se trata de determinar la fecha de notificación, sino
         la fecha en la que éste tuvo conocimiento del acto. Incumbe a la parte que alega que el recurso se ha presentado fuera de
         plazo aportar la prueba de la fecha en que se produjo el hecho que marca el inicio del cómputo del plazo (véase la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2005, Branco/Comisión, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, apartado 54, y la jurisprudencia
         citada).
      
      77      Procede declarar que el envío de un correo electrónico no garantiza su recepción efectiva por parte del destinatario. En efecto,
         es posible que un correo electrónico no le llegue por causas técnicas. En el caso de autos, aunque la AER no recibió un mensaje
         de «no recepción», ello no significa necesariamente que el correo electrónico llegara efectivamente a su destinatario. Además,
         incluso en el caso de que un correo electrónico llegue efectivamente a su destinatario, cabe la posibilidad de que la recepción
         no se produzca el día del envío.
      
      78      En este marco, procede subrayar que la AER tenía la posibilidad de elegir un medio de comunicación que permitía determinar
         con exactitud la fecha en que el escrito había llegado al licitador. Efectivamente, en su correo electrónico de 9 de octubre
         de 2006, la AER solicitó a la demandante que confirmara por correo electrónico la recepción del mensaje. Sin embargo, no recibió
         tal confirmación. Es preciso declarar que si el remitente de un correo electrónico que no recibe ninguna confirmación de recepción
         no hace ningún seguimiento de dicho correo, normalmente no está en condiciones de demostrar que éste fue recibido y, en su
         caso, en qué fecha.
      
      79      En lo que se refiere a la alegación de la AER, expuesta en la dúplica, de que el escrito en cuestión no se había enviado a
         la demandante por correo electrónico y por vía postal, sino únicamente por correo electrónico, contrariamente a lo que había
         indicado en el escrito de contestación a la demanda, procede declarar que la AER no aporta prueba alguna al respecto. La «ficha
         detalle», aportada como anexo a la dúplica y en la que se menciona el envío del escrito en cuestión el 9 de octubre de 2006
         no permite excluir, en absoluto, que dicho escrito fuera enviado también por vía postal. Es preciso subrayar que la AER admitió
         además, en la vista, que ese documento no probaba que no se hubiera enviado el escrito por vía postal.
      
      80      Por consiguiente, la AER no ha demostrado que la demandante tuviera conocimiento de la decisión de cancelar la licitación
         con anterioridad al 12 de octubre de 2006, fecha en que la demandante reconoce haber recibido el escrito de 9 de octubre de
         2006. En consecuencia, el plazo de dos meses establecido en el artículo 230 CE, párrafo quinto, ampliado, de conformidad con
         el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días, expiró
         el 22 de diciembre de 2006, fecha en que la demanda fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.
      
      81      De todo lo anterior resulta que no cabe considerar que se interpusiera el presente recurso fuera de plazo en la medida en
         que tiene por objeto la anulación de la decisión de cancelar la licitación.
      
      D.      Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de la decisión de organizar una nueva
            licitación
       Alegaciones de las partes
      82      La AER y la Comisión alegan que la pretensión de que se anule la decisión de la AER de organizar una nueva licitación no es
         admisible. Entienden que, en cuanto a esta pretensión, la demanda no cumple los requisitos de forma sustanciales establecidos
         en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento
         ya que los motivos alegados en la demanda sólo hacen referencia a la decisión de cancelar la licitación.
      
      83      Además, la AER y la Comisión afirman que la decisión de organizar una licitación, que sea la primera o una licitación que
         siga otra previamente anulada, no afecta directa e individualmente a los operadores económicos, ni siquiera si presentaron
         una oferta en un procedimiento anterior que posteriormente fue anulado.
      
      84      La demandante alega que la decisión de publicar una nueva licitación resulta de la falta de resultado positivo, según la AER,
         de la primera licitación. A su juicio, en caso de que la decisión de cancelar la primera licitación fuera declarada ilegal,
         la decisión subsiguiente de organizar una nueva licitación es la consecuencia directa de una actitud ilegal de la AER. La
         demandante sostiene que, en el caso de que se estime el recurso, el primer procedimiento se reabrirá y el segundo se quedará
         sin objeto.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      85      Según reiterada jurisprudencia, sólo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de un recurso de anulación, en el
         sentido del artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de
         los demandantes, modificando de forma apreciable su situación jurídica (véase el auto del Tribunal de Justicia de 28 de enero
         de 2004, Países Bajos/Comisión, C‑164/02, Rec. p. I‑1177, apartado 18, y la jurisprudencia citada).
      
      86      Por regla general, la decisión de organizar una licitación no es lesiva, ya que únicamente ofrece a las personas interesadas
         la posibilidad de participar en el procedimiento y de presentar una oferta. La demandante no expuso argumentos que demostraran
         que, en el caso de autos, la decisión de organizar una nueva licitación pudiera, no obstante, considerarse lesiva para ella.
      
      87      Así, la alegación de la demandante de que, en caso de estimarse el recurso, se reabrirá el primer procedimiento y el segundo
         se quedará sin objeto, no permite probar que la decisión de organizar una nueva licitación le sea lesiva. Asimismo, su alegación
         de que, en el supuesto de que la decisión de cancelar la primera licitación se declarara ilegal, la decisión de organizar
         una nueva licitación es la consecuencia directa de una actitud ilegal de la AER no demuestra que esta última decisión le sea
         lesiva. En efecto, el mero hecho de que exista una relación entre una decisión lesiva para la demandante, esto es, la cancelación
         de la primera licitación, y una segunda decisión, concretamente, la de organizar una nueva licitación, no significa que esta
         segunda decisión también le sea lesiva.
      
      88      Además, procede declarar que la decisión de organizar una nueva licitación para las mismas obras que las contempladas en un
         contrato que previamente ha sido anulado no implica en sí misma que, en caso de que el juez anule la decisión de cancelar
         el primer contrato, la entidad adjudicadora ya no esté en condiciones de continuar con el primer procedimiento. En efecto,
         la decisión de organizar una nueva licitación no implica necesariamente la adjudicación de un contrato para las mismas obras
         a otro licitador.
      
      89      A la luz de lo anterior procede observar que la demandante ha aportado pruebas que permitan demostrar que la decisión de organizar
         una nueva licitación produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses, modificando de forma apreciable
         su situación jurídica.
      
      90      Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del recurso en la medida en que la demandante solicita la anulación de
         la decisión de organizar una nueva licitación, sin que sea necesario examinar si el recurso cumple los requisitos establecidos
         en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento.
      
      E.      Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que la demandante invoca los derechos de DOK ING
       Observaciones preliminares
      91      Es preciso recordar que la demandante indica en el escrito de la demanda que interpone el recurso en su propio nombre y como
         mandataria de la sociedad DOK ING. Ello afecta, por una parte, las solicitudes de anulación. Por otra parte, la demandante
         señala en el escrito de la demanda el importe del perjuicio que pretende haber sufrido, así como el importe de los daños supuestamente
         sufridos por DOK ING, y solicita a este Tribunal que condene a la AER a abonarle la totalidad de dicha suma.
      
      92      El Tribunal de Primera Instancia solicitó a la demandante, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento
         establecidas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, que le proporcionara detalles sobre el «mandato» que había
         recibido de la sociedad DOK ING, de añadir al expediente cualquier documento relevante a este respecto y de pronunciarse sobre
         la admisibilidad de la manera en que había elegido proceder para invocar los derechos de la sociedad DOK ING.
      
       Alegaciones de las partes
      93      En respuesta a la pregunta formulada por este Tribunal, la demandante alega que interpuso el presente recurso para obtener
         una protección adecuada de sus propios derechos y de los de DOK ING sobre la base de acuerdos existentes, como empresas que
         habían participado en el procedimiento de licitación. Sostiene que los tres documentos que aportó, a instancias de este Tribunal,
         demuestran que está habilitada para actuar de ese modo. 
      
      94      La AER y la Comisión consideran que el presente recurso no es admisible en la medida en que la demandante invoca los derechos
         de la sociedad DOK ING.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      95      En primer lugar, procede declarar que Sogelma es en el caso de autos la única parte demandante. En particular, ni DOK ING
         ni el consorcio constituido por la demandante y DOK ING son partes en este litigio. Además, es preciso señalar que la demandante
         no alega que DOK ING le haya cedido sus derechos.
      
      96      Por consiguiente, procede examinar si los tres documentos aportados por la demandante a instancias de este Tribunal le permiten
         invocar los derechos de DOK ING en el marco del presente procedimiento. 
      
      97      En lo que se refiere al documento que lleva como título «Joint venture Agreement» (acuerdo de empresa común), con fecha de
         27 de septiembre de 2005, procede observar que su artículo 4 prevé que la demandante, en su calidad de líder, está autorizada,
         en particular, a asumir compromisos en nombre de DOK ING y que puede firmar, en nombre de la empresa común, toda la documentación
         necesaria para la realización de las obras objeto del anuncio de licitación. Es preciso subrayar que dicho acuerdo no hace
         ninguna referencia a la posibilidad de la demandante de interponer un recurso judicial para invocar los derechos de DOK ING.
      
      98      En cuanto al documento titulado «Power of attorney» (poder), firmado el 6 de diciembre de 2005 por un representante de DOK
         ING, procede insistir en el hecho de que este documento tampoco contiene referencia alguna a la posibilidad de que la demandante
         interponga un recurso judicial invocando los derechos de DOK ING.
      
      99      Sólo el tercer documento aportado por la demandante, un escrito de DOK ING de 1 de diciembre de 2006 y dirigido a la demandante,
         se refiere a los recursos judiciales. Este escrito tiene el siguiente tenor:
      
      «With reference to the above tender and the subsequent cancellation by the Contracting Authority, we her[e]by authorize you
         as the Joint Venture Leader, to instruct your lawyer to take legal action against the European Agency for Reconstruction,
         for damages caused by the tender cancellation, also on our behalf»)
      
      (En lo que afecta a la licitación antes mencionada y a su posterior cancelación por la entidad adjudicadora, por la presente
         le autorizamos, en su calidad de líder de la empresa común, a encargar a su abogado para que, también en nuestro nombre, interponga
         un recurso judicial contra la [AER] por los daños causados debido a la cancelación de la licitación.)
      
      100    Por consiguiente, el referido documento sólo tiene por objeto autorizar a la demandante para que encargue a su abogado ejercitar
         una acción también para DOG ING. Sin embargo, no se refiere a la forma ni al contenido del recurso judicial contemplado y,
         por ende, no proporciona detalles al respecto. En particular, no prevé que la demandante tenga derecho a interponer ella sola
         un recurso judicial y a invocar, en ese marco, los derechos de DOG ING. Procede declarar que el hecho de que una sociedad
         encargue a un abogado que presente un recurso judicial, también para una segunda sociedad, significa normalmente que el abogado
         interpondrá un recurso en nombre de las dos partes demandantes, e incluso que presentará dos recursos distintos.
      
      101    Es inaceptable que una sociedad invoque en juicio los derechos de otra sociedad sin haber sido apoderada para ello de forma
         inequívoca. Cualquier parte que tenga un interés en un juicio debe tener el estatus de demandante para controlar el juicio
         y, por ejemplo, poder interponer en su caso un recurso de casación contra la sentencia a la que dé lugar su recurso. Además,
         una sociedad que desea obtener el pago de cierta cantidad como reparación de daños supuestamente sufridos normalmente desea
         que el juez condene la parte demandada a abonarle tal cantidad a ella, y no a otra sociedad.
      
      102    De lo anterior resulta que los documentos aportados por la demandante no permiten demostrar que ésta recibiera poderes de
         DOG ING para invocar, como única parte demandante, los derechos de DOG ING ante el juez comunitario.
      
      103    Por consiguiente, el recurso es inadmisible en la medida en que la demandante invoca los derechos de DOK ING.
      
      F.      Conclusión sobre la admisibilidad del recurso
      104    De cuanto antecede se desprende que procede declarar la admisibilidad del recurso en la medida en que la demandante solicita,
         en su propio nombre, la anulación de la decisión de cancelar la licitación y pide una indemnización por daños y perjuicios
         supuestamente sufridos por ella misma.
      
      105    En cambio, debe declararse la inadmisibilidad del recurso en la medida en que la demandante solicita la anulación de la decisión
         de la AER de organizar una nueva licitación e invoca los derechos de DOK ING.
      
       Sobre el fondo
      A.      Sobre la pretensión de que se anule la decisión de cancelar la licitación
      106    En apoyo de su pretensión de que se anule la decisión de cancelar la licitación, la demandante invoca un motivo único, basado
         en la infracción de normas esenciales de forma. Este motivo consta de dos partes, la primera relativa a la insuficiencia de
         la motivación y la segunda al carácter ilógico y contradictorio de la motivación.
      
       Alegaciones de las partes
      
      b)      Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la insuficiencia de la motivación
      107    La demandante alega que la AER no cumplió, en cuanto a la decisión de cancelar la licitación, el deber de motivación establecido
         en el artículo 41 de la Directiva 2004/18 que, según ella, le resulta aplicable. Entiende que la AER estaba obligada a informar
         a los licitadores, en tiempo útil y de forma exhaustiva, de todas las razones que justificaban la cancelación del procedimiento
         de licitación, teniendo en cuenta el interés público y la situación de urgencia que, a su juicio, deberían haber dado lugar
         a una adjudicación rápida y satisfactoria del contrato, en particular si se toma en consideración que tenía por objeto la
         prestación de determinados servicios en un ámbito tan delicado como el del caso de autos.
      
      108    Habida cuenta del proceso que llevó a la adopción de las decisiones impugnadas, la demandante sostiene que no existe duda
         alguna de que la cancelación del procedimiento es fruto de una elección no ponderada, efectuada sin que mediara una valoración
         en profundidad del interés público protegido.
      
      109    Según la demandante, el comportamiento de la AER es tanto más grave cuanto que necesitó casi siete meses para adoptar y notificar
         la decisión de cancelar la licitación.
      
      110    La AER y la Comisión se oponen a las alegaciones anteriores.
      
      c)      Sobre la segunda parte del motivo único, relativo al carácter ilógico y contradictorio de la motivación
      111    La demandante considera que la comparación del escrito de la AER de 9 de octubre de 2006 con el de 14 de diciembre de 2006
         puede llevar a la conclusión de que la verdadera razón de la decisión de cancelar el antiguo procedimiento para iniciar uno
         nuevo no es la inadecuación técnica de las ofertas presentadas, sino más bien una modificación significativa de los requisitos
         técnicos. Sostiene que es preciso referirse a la última notificación, el escrito de 14 de diciembre de 2006, para valorar
         la acción de la AER.
      
      112    Además, la demandante alega que la motivación expuesta en el escrito de 9 de octubre de 2006, haciendo referencia al hecho
         de que la experiencia profesional de uno de los expertos clave propuesto por la demandante era inferior a lo establecido en
         el anuncio de licitación, era contradicha por el comportamiento de los responsables de la evaluación de las ofertas que, según
         la demandante, autorizaron hacer un llamamiento a la demandante para actividades de eliminación de minas subacuáticas idénticas
         a las objeto del anuncio de licitación y ello precisamente por los méritos técnicos de los expertos de la demandante y por
         la tecnología por ella empleada.
      
      113    La AER y la Comisión se oponen a las alegaciones anteriores.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      
      d)      Observaciones preliminares
      114    Procede determinar, en primer lugar, qué disposiciones y qué principios rigen el deber de motivación de la decisión de cancelar
         la licitación.
      
      115    En este marco, es preciso desestimar la alegación de la demandante de que la Directiva 2004/18 es aplicable al procedimiento
         de adjudicación del contrato de que se trata. En efecto, esta Directiva que, a tenor de su artículo 84, se dirige a los Estados
         miembros, tiene por objeto coordinar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los
         procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios. Ahora bien, los contratos públicos
         adjudicados por la AER no están sujetos a la legislación de los Estados miembros.
      
      116    En efecto, procede señalar que la adjudicación de los contratos públicos por las instituciones comunitarias está sujeta al
         Reglamento financiero y al Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas
         de desarrollo del Reglamento financiero (DO L 357, p. 1; en lo sucesivo, «normas de desarrollo»). A tenor del artículo 162,
         apartado 1, del Reglamento financiero, a las acciones exteriores financiadas por el presupuesto general de las Comunidades
         Europeas les serán de aplicación las disposiciones de las primera y tercera partes (Disposiciones comunes y Disposiciones
         transitorias y finales, respectivamente) de dicho Reglamento, sin perjuicio de las excepciones establecidas en el título IV
         (Acciones exteriores) de su segunda parte (Disposiciones particulares). Además, el artículo 7 del Reglamento nº 2666/2000
         prevé expresamente que la Comisión aplicará la ayuda comunitaria contemplada en dicho Reglamento con arreglo al Reglamento
         financiero.
      
      117    Las disposiciones que la Comisión debe cumplir con respecto a la adjudicación de los contratos públicos son también de aplicación
         a la AER. En efecto, según el artículo 185, apartado 1, del Reglamento financiero, la Comisión aprobará un reglamento financiero
         marco de los organismos creados por las Comunidades, dotados de personalidad jurídica propia y subvencionados efectivamente
         con cargo al presupuesto. Con arreglo al artículo 74 del Reglamento (CE, Euratom) nº 2343/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre
         de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento
         nº 1605/2002 (DO L 357, p. 72), las disposiciones correspondientes del Reglamento financiero, así como las del Reglamento
         de normas de desarrollo del mismo serán de aplicación por lo que se refiere a los contratos públicos adjudicados por dichos
         organismos.
      
      118    A tenor del artículo 101 del Reglamento financiero, la decisión de cancelar un procedimiento de licitación debe ser motivada
         y comunicada a los licitadores.
      
      119    Además, según la jurisprudencia, la motivación de una decisión debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de
         la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión impugnada
         y el juez comunitario pueda ejercer su control (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de abril de 1997, Irish
         Farmers Association y otros, C‑22/94, Rec. p. I‑1809, apartado 39, y la jurisprudencia citada).
      
      120    Sin embargo, nada exige que la decisión especifique la totalidad de los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. La cuestión
         de si la motivación de una decisión es suficiente puede apreciarse no solamente a la vista de su tenor, sino también del contexto
         de su adopción, así como del conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trata (sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995, Tiercé Ladbroke/Comisión, T‑471/93, Rec. p. II‑2537, apartado 33). Basta con
         que la decisión aclare los principales puntos de Derecho y de hecho, incluso de forma sucinta, pero clara y pertinente (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. pp. 129 y ss., especialmente p. 143).
      
      121    Procede verificar a la luz de estas consideraciones si la AER motivó de manera suficiente la decisión de cancelar la licitación.
         
      
      e)      Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la insuficiencia de la motivación
      122    Procede recordar que la AER señaló en su escrito de 9 de octubre de 2006 que el procedimiento de licitación había sido cancelado
         porque ninguna de las ofertas recibidas cumplía los requisitos técnicos y que añadió que, en cuanto a la oferta de la demandante,
         se había comprobado que el «Superintendent Survey Team» no reunía las condiciones establecidas en el punto 16, inciso x),
         del anuncio de licitación y en el punto 4.2, inciso x), de las instrucciones a los licitadores.
      
      123    La motivación presentada por la cancelación de la licitación, esto es, el hecho de que ninguna de las ofertas recibidas cumplía
         los requisitos técnicos, es, si bien sucinta, clara e inequívoca. La motivación proporcionada para explicar, más en particular,
         que la oferta de la demandante no era conforme es, ella también, sucinta pero al mismo tiempo clara e inequívoca. En efecto,
         la AER hizo referencia al punto del anuncio de licitación y al punto de las instrucciones a los licitadores en los que se
         establece que el personal clave debe tener al menos diez años de experiencia profesional adecuada y dicha Agencia indicó el
         miembro del equipo propuesto por la demandante que no cumplía este requisito.
      
      124    A este respecto, es preciso señalar que la propia demandante había hecho constar en el curriculum vitae de la persona propuesta para el puesto de «Superintendent Survey Team» que esta persona sólo tenía cinco años de experiencia
         profesional. Por consiguiente, no era necesario que la AER motivara aun más su conclusión de que la oferta de la demandante
         no cumplía los requisitos técnicos de la licitación.
      
      125    En lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la cancelación del procedimiento era fruto de una elección no
         ponderada, efectuada sin que mediara una valoración en profundidad del interés público protegido, debe observarse que, de
         hecho, esta alegación no se refiere a una infracción de normas esenciales de forma, sino que guarda relación con el fondo,
         ya que viene a afirmar que la AER incurrió en un error de apreciación.
      
      126    En cualquier caso, los hechos alegados por la demandante no permiten demostrar que la AER hubiera cometido un error manifiesto
         de apreciación. Es cierto que existía un interés público en que se eliminaran lo antes posible los artefactos de guerra no
         explotados que se encontraban en la red de transporte por vía navegable interior de Serbia y Montenegro para que estas aguas
         pudieran reabrirse a la navegación. Sin embargo, el mero hecho de que exista un interés público en que un contrato sea adjudicado
         con rapidez no permite a la entidad adjudicadora apartarse de los requisitos técnicos obligatorios definidos en la licitación.
         Efectivamente, según el artículo 100, apartado 1, del Reglamento financiero, se designará al adjudicatario del contrato ateniéndose
         a los criterios de selección y adjudicación previamente definidos en los documentos de la convocatoria de licitación. Como
         subraya la Comisión, si una entidad adjudicadora pudiera apartarse de los requisitos inicialmente fijados para la contratación,
         daría ventaja a los licitadores con respecto a las empresas que hubieran renunciado a participar en la licitación por el hecho
         de que ellas, al igual que los licitadores, no podían cumplir los requisitos previamente establecidos.
      
      127    En cuanto a la alegación de que la AER tardó en tomar y notificar la decisión de cancelar el procedimiento, es preciso declarar
         que la demandante no explica qué consecuencia esta circunstancia podía tener para la legalidad de dicha decisión.
      
      f)      Sobre la segunda parte del motivo único, relativa al carácter ilógico y contradictorio de la motivación
      128    Es preciso señalar que la demandante alega, esencialmente, que existe una contradicción entre la motivación de la decisión
         de cancelar la licitación expuesta en el escrito de 9 de octubre de 2006 y la motivación proporcionada en el escrito de 14
         de diciembre de 2006, en la medida en que en el primer escrito se explicaba esta decisión por la falta de ofertas que cumplieran
         los requisitos técnicos, mientras que en el segundo la explicación era que los requisitos técnicos habían cambiado.
      
      129    En primer lugar, procede desestimar la alegación de la demandante de que es preciso referirse a la última notificación, esto
         es, el escrito de 14 de diciembre de 2006, para valorar la acción de la AER. El escrito en el que se informa a la demandante
         de la cancelación de la licitación es el de 9 de octubre de 2006, de modo que procede referirse a dicho escrito para valorar
         si la motivación de la decisión de cancelar la licitación es ilógica y contradictoria.
      
      130    El escrito de 9 de octubre de 2006 no es, en sí mismo, contradictorio. Aunque la AER había dado otras explicaciones en su
         escrito de 14 de diciembre de 2006, éstas no podrían alterar la motivación de la decisión notificada dos meses antes. Por
         consiguiente, una posible divergencia entre estos dos escritos no puede dar lugar a una contradicción en la motivación facilitada
         para justificar la decisión de cancelar la licitación.
      
      131    En cualquier caso, procede subrayar que no existe ninguna contradicción entre la motivación dada para la decisión de cancelar
         la licitación en el escrito de 9 de octubre de 2006 y la motivación expuesta en el escrito de 14 de diciembre de 2006.
      
      132    A este respecto, es preciso señalar que el escrito de 14 de diciembre de 2006 menciona expresamente el hecho de que el comité
         de evaluación de la AER declaró que ninguna de las ofertas recibidas cumplía los requisitos técnicos y que este escrito indica
         que este comité no formuló ninguna otra observación. En consecuencia, dicho escrito confirma que la inexistencia de una oferta
         técnicamente adecuada era la única razón que justificaba la decisión de cancelar la licitación. 
      
      133    Si bien es cierto que el referido escrito indica también que la AER ejerce su derecho a cancelar el procedimiento de licitación
         y a convocar otro nuevo porque los requisitos técnicos han sido modificados considerablemente, no lo es menos que esta frase
         debe interpretarse en su contexto. En efecto, el objeto del escrito de 14 de diciembre de 2006 menciona expresamente que éste
         es una respuesta al escrito de la demandante de 13 de noviembre de 2006. En dicho escrito, la demandante había solicitado
         a la AER que le notificara la decisión de cancelar la licitación y el acta correspondiente y que adoptara una decisión motivada
         sobre la posible iniciación de un procedimiento negociado.
      
      134    En este contexto, la frase en la que se señala que la AER ejerce su derecho a cancelar el procedimiento de licitación y a
         convocar otro nuevo porque los requisitos técnicos se modificaron considerablemente debe entenderse en el sentido de que la
         AER explica el motivo por el cual optó por convocar un nuevo procedimiento, en vez de iniciar un procedimiento negociado.
      
      135    Además, la propia demandante indica, en la réplica, que la nueva justificación parece haberse dado exclusivamente para responder
         a su petición de recurrir a un procedimiento negociado. A este respecto, procede subrayar que la decisión de cancelar una
         licitación es diferente de la decisión sobre el curso que se le dé, esto es, la decisión de no adjudicar el contrato, de iniciar
         un procedimiento negociado o de organizar una nueva licitación. Por consiguiente, el hecho de que la AER, en su respuesta
         a la petición de iniciar un procedimiento negociado, diera una motivación distinta de la evocada para justificar la cancelación
         del procedimiento de licitación no permite concluir que exista una contradicción en la motivación.
      
      136    Además, procede subrayar que, una vez cancelado un procedimiento de licitación, éste ha llegado a su término y la entidad
         adjudicadora tiene plena libertad para decidir sobre el curso que se le dé. Ninguna disposición confiere a un actor económico
         el derecho a iniciar un procedimiento negociado. En consecuencia, la AER no estaba obligada a adoptar una decisión formal
         con respecto a la propuesta de la demandante de iniciar tal procedimiento. El escrito de 14 de diciembre de 2006 es simplemente
         una respuesta al escrito de la demandante de 13 de noviembre de 2006 en el que ésta solicitaba en particular a la AER que
         adoptara una decisión motivada sobre la posible iniciación de un procedimiento negociado, lo que llevó a la AER a comunicar
         a la demandante, en aras de una buena administración, la razón por la cual había decidido convocar una nueva licitación, en
         vez de iniciar un procedimiento negociado.
      
      137    Asimismo, procede desestimar la alegación de la demandante de que la motivación expuesta en el escrito de 9 de octubre de
         2006 se vio contradicha por el hecho de que, a continuación, se hubiera adjudicado a la demandante un contrato público similar
         al contrato controvertido en el caso de autos. La motivación facilitada en el escrito de 9 de octubre de 2006 se refiere al
         incumplimiento de los requisitos técnicos de la licitación que, además, la demandante no niega, ya que reconoce que el «Superintendent
         Survey Team» mencionado en su oferta no tenía la experiencia profesional requerida. Esta motivación no implica que la demandante
         no sea capaz de realizar tales obras.
      
      138    En cuanto a la alegación de la demandante de que el escrito de 14 de diciembre de 2006 demuestra que el verdadero motivo de
         la cancelación de la licitación no era la inadecuación técnica de las ofertas recibidas, sino la modificación de los requisitos
         técnicos, procede declarar que, de hecho, esta alegación no se refiere a un error en la motivación de la decisión de cancelar
         la licitación, sino que cuestiona la veracidad de esta motivación, lo que en esencia viene a ser una impugnación de esta decisión
         sobre la base de una supuesta desviación de poder.
      
      139    Según jurisprudencia reiterada, constituye una desviación de poder la adopción por una institución comunitaria de un acto
         con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente
         establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de
         12 de noviembre de 1996, Reino Unido/Consejo, C‑84/94, Rec. p. I‑5755, apartado 69, y la jurisprudencia citada).
      
      140    En el caso de autos, ya se ha declarado que no existe contradicción alguna entre la motivación expuesta en el escrito de 9
         de octubre de 2006 y la aportada en el escrito de 14 de diciembre de 2006.
      
      141    Además, la Comisión subraya acertadamente que la decisión de cancelación fue notificada al público en el Diario Oficial con
         la misma motivación que la facilitada en el escrito de 9 de octubre de 2006 (DO 2006, S 198). Esta motivación tiene el siguiente
         tenor: «Este proyecto ha sido anulado al no haberse recibido ofertas técnicamente conformes».
      
      142    En estas circunstancias, no cabe deducir del comportamiento posterior de la AER que el verdadero motivo de la cancelación
         del procedimiento fuera distinto del expuesto en el escrito de 9 de octubre de 2006.
      
      143    De lo anterior resulta que procede desestimar por infundada la pretensión de la demandante que tiene por objeto la anulación
         de la decisión de cancelar la licitación.
      
      B.      Sobre la pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido
       Alegaciones de las partes
      144    La demandante considera que el hecho de que el contrato controvertido no fuera adjudicado se debe a una actitud ilegal de
         la AER y que ello le causó un perjuicio. Alega que este perjuicio consiste en los gastos inútilmente efectuados para la elaboración
         de la oferta y la puesta a disposición de una parte del material necesario durante un período de sesenta días, y que asciende
         en total a 118.604,58 euros.
      
      145    La AER se opone a las alegaciones de la demandante.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      146    Según jurisprudencia reiterada, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo
         288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad del comportamiento imputado a las
         instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el daño
         invocado (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 1974, Holtz & Willemsen/Consejo y Comisión, 153/73, Rec. p. 675,
         apartado 7, y del Tribunal de Primera Instancia de 3 de febrero de 2005, Chiquita Brands y otros/Comisión, T‑19/01, Rec. p. II‑315,
         apartado 76).
      
      147    En la medida en que estos tres requisitos para que se genere la responsabilidad son acumulativos, la falta de uno de ellos
         basta para desestimar un recurso de indemnización (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión,
         C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, apartado 14).
      
      148    En el caso de autos, todas las alegaciones formuladas por la demandante para demostrar la ilegalidad de la decisión de cancelar
         la licitación han sido examinadas y desestimadas (véanse los apartados 122 a 143 supra). Por consiguiente, la demandante no puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios basándose en la supuesta ilegalidad
         de la decisión.
      
      149    En cuanto a la alegación de la demandante de que la AER tardó irrazonablemente en tomar la decisión de cancelar la licitación
         y en notificarla a la demandante, procede declarar que el mero hecho de que un lapso de tiempo de más de seis meses transcurriera
         entre el envío de la última solicitud de aclaraciones a los licitadores y la notificación de la decisión de cancelar la licitación
         no puede ser calificado de actitud ilegal por parte de la AER.
      
      150    Además, es preciso observar que no puede existir ninguna relación de causalidad entre el tiempo empleado por la AER para adoptar
         y notificar la decisión de cancelar la licitación y los gastos incurridos por la demandante para elaborar su oferta.
      
      151    De lo anterior resulta que procede desestimar la petición de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido.
      
      C.      Sobre la pretensión de entrega de documentos
      152    En cuanto a la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la AER que entregue todos los
         documentos relativos al procedimiento de licitación de que se trata, procede señalar que, según la jurisprudencia, para permitir
         a este Tribunal determinar si es útil para el curso correcto del procedimiento ordenar la presentación de determinados documentos,
         la parte que lo pide debe identificar los documentos solicitados y facilitar al Tribunal de Primera Instancia un mínimo de
         elementos que acrediten la utilidad de tales documentos para el proceso (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre
         de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 93).
      
      153    En apoyo de esta pretensión, la demandante alega que la AER dio explicaciones generales y sucintas para justificar sus elecciones
         y que había solicitado a la AER que le entregara estos documentos, pero que dicha solicitud se había quedado sin respuesta.
         Además, la demandante alega que tiene derecho a conocer las razones por las cuales se canceló el procedimiento de licitación
         para asegurarse de que los actos de la entidad adjudicadora son legales.
      
      154    En primer lugar, en cuanto al hecho de que la demandante solicitara a la AER que le entregara los documentos relativos al
         procedimiento de adjudicación y que esta solicitud quedara sin respuesta, procede subrayar que este hecho por sí solo no permite
         demostrar la utilidad de estos documentos para el proceso.
      
      155    En segundo lugar, en lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la AER dio explicaciones generales y sucintas
         para justificar sus elecciones, procede señalar que en los apartados 123 y 124 supra se ha establecido que la AER comunicó a la demandante una motivación suficiente de su decisión de cancelar la licitación.
         A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia tiene suficiente información a través del material que consta en los autos
         y, además, no parece que los documentos relativos al procedimiento de adjudicación puedan ser útiles para apreciar si la motivación
         proporcionada era suficiente.
      
      156    En tercer y último lugar, por lo que respecta la alegación de la demandante de que tiene derecho a conocer las razones por
         las cuales se canceló el procedimiento de licitación para asegurarse de que los actos de la entidad adjudicadora son legales,
         procede declarar que la demandante no presentó pruebas objetivas que hagan pensar que el verdadero motivo por el cual se canceló
         el procedimiento es diferente del motivo expuesto en el escrito de 9 de octubre de 2006 (véanse los apartados 140 a 142 supra).
      
      157    En este marco procede subrayar que una petición de que se entreguen todos los documentos relativos al procedimiento de adjudicación
         de que se trata, como desea la demandante, equivale a una petición de que se entregue el expediente interno de la AER. Es
         preciso señalar que un examen por el juez comunitario del expediente interno de un organismo comunitario para comprobar si
         éste adoptó la decisión bajo la influencia de otras consideraciones que las indicadas en la motivación constituye una diligencia
         de prueba excepcional. Esta diligencia supone que las circunstancias que rodean la decisión controvertida hacen surgir serias
         dudas sobre los verdaderos motivos y, en particular, sospechas de que estos motivos fueran ajenos a los objetivos de Derecho
         comunitario y, por tanto, de que dieran lugar a una desviación de poder (véase, en este sentido, en cuanto a las decisiones
         de la Comisión, el auto del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1986, BAT y Reynolds/Comisión, 142/84 y 156/84, Rec. p. 1899,
         apartado 11). Ahora bien, procede declarar que en el presente caso no se dan tales circunstancias.
      
      158    De lo anterior resulta que la demandante no aportó pruebas que acreditaran la utilidad para el proceso de entregar la totalidad
         de los documentos relativos al procedimiento de adjudicación. Por consiguiente, procede desestimar la petición de que se entreguen
         dichos documentos.
      
       Costas
      159    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte.
      
      160    Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la AER.
      
      161    Por otra parte, el artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento establece que las instituciones
         que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. De ello se desprende que el Consejo cargará
         con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Sogelma – Societá generale lavori manutenzioni appalti Srl cargará con sus propias costas así como con las de la Agencia Europea
            de Reconstrucción.
      3)      La Comisión cargará con sus propias costas.
      
               Martins Ribeiro
            
            
               Papasavvas
            
            
               Dittrich
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de octubre de 2008.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     La Presidenta
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                     M.E. Martins Ribeiro
            
         Índice
      
      Marco jurídico
      Antecedentes del litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre la admisibilidad
      A.     Sobre la competencia del Tribunal de Primera Instancia para pronunciarse sobre un recurso interpuesto sobre la base del artículo
         230 CE, párrafo cuarto, contra un acto de la AER
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre la necesidad de una reclamación administrativa previa
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre el cumplimiento del plazo para interponer el recurso
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      D.     Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de la decisión de organizar una nueva
         licitación
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      E.     Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que la demandante invoca los derechos de DOK ING
      Observaciones preliminares
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      F.     Conclusión sobre la admisibilidad del recurso
      Sobre el fondo
      A.     Sobre la pretensión de que se anule la decisión de cancelar la licitación
      Alegaciones de las partes
      b)     Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la insuficiencia de la motivación
      c)     Sobre la segunda parte del motivo único, relativo al carácter ilógico y contradictorio de la motivación
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      d)     Observaciones preliminares
      e)     Sobre la primera parte del motivo único, relativa a la insuficiencia de la motivación
      f)     Sobre la segunda parte del motivo único, relativa al carácter ilógico y contradictorio de la motivación
      B.     Sobre la pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre la pretensión de entrega de documentos
      Costas
      * Lengua de procedimiento: italiano.