CELEX: 62010CA0182
Language: es
Date: 2012-02-16 00:00:00
Title: Asunto C-182/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Bélgica] — Marie Noëlle Solvay y otros/Région wallonne (Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente — Concepto de «acto legislativo» — Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus — Autorización de un proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente — Acceso a la justicia en materia de medio ambiente — Alcance del derecho de recurso — Directiva «hábitats» — Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar — Razón imperiosa de interés público de primer orden)

31.3.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 98/5
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2012 [petición de decisión prejudicial planteada por la Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Bélgica] — Marie Noëlle Solvay y otros/Région wallonne
   (Asunto C-182/10) (1)
   
   (Evaluación de las repercusiones de proyectos sobre el medio ambiente - Concepto de «acto legislativo» - Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus - Autorización de un proyecto sin una evaluación apropiada de sus repercusiones en el medio ambiente - Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Alcance del derecho de recurso - Directiva «hábitats» - Plan o proyecto que perjudica la integridad del lugar - Razón imperiosa de interés público de primer orden)
   2012/C 98/06
   Lengua de procedimiento: francés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage)
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandantes: Marie Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, Alix Walsh, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Nicole Laloux, François Gevers, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Seraffin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Mariel Jeanne, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l’Aéroport B.S.C.A. (Brussels south Charleroi Airport) ASBL — A.R.A.Ch, Bernard Page, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, La Hulpe, Notre village ASBL, André Philips, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Sartau SA, Philippe Grisard de la Rochette, Antoine Boxus, Pierre Deneye, Jean-Pierre Olivier, Paul Thiry, Willy Roua, Guido Durlet, Agrebois SA, Yves de la Court
   
      Demandada: Région wallonne
   
      En el que participan: Infrabel SA, Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX), Société wallonne des aéroports (SOWEAR), Société régionale wallonne du transport (SRWT), Société Intercommunale du Brabant wallon (IBW)
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (anteriormente Cour d’arbitrage) — Interpretación de los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 9, 6, apartado 9, y 9, apartados 2, 3 y 4, del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental, firmado el 25 de junio de 1998 y aprobado, en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1) — Interpretación de los artículos 1, apartado 5, 9, apartado 1, y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40) — Interpretación del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206, p. 7) — Concepto de «autoridad pública» — Valor y alcance de las precisiones aportadas por la Guía de aplicación del Convenio de Aarhus — Exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de los actos legislativos, como las autorizaciones urbanísticas o medioambientales concedidas sobre la base de un decreto emitido por un legislador regional — Compatibilidad con el Convenio y el Derecho comunitario de un procedimiento que conduce a la expedición de autorizaciones recurribles únicamente ante la Cour constitutionnelle y los órganos jurisdiccionales — Autorización de un proyecto sin evaluación apropiada de sus repercusiones medioambientales.
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               Aunque para la interpretación de los artículos 2, apartado 2, y 9, apartado 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, celebrado el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo de 17 de febrero de 2005, se puede tomar en consideración la Guía de aplicación de ese Convenio, dicha Guía no tiene sin embargo ninguna fuerza obligatoria y carece del alcance normativo inherente a las disposiciones del referido Convenio.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 2, apartado 2, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, según su modificación por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, deben interpretarse en el sentido de que únicamente están excluidos del ámbito de aplicación respectivo de ambas disposiciones los proyectos detallados adoptados mediante un acto legislativo específico, de forma que los objetivos de dichas disposiciones se hayan alcanzado mediante el procedimiento legislativo. Corresponde al juez nacional comprobar que se han cumplido estos dos requisitos, teniendo en cuenta tanto el contenido del acto legislativo adoptado como el conjunto del procedimiento legislativo que condujo a su adopción, y en particular los trabajos preparatorios y los debates parlamentarios. A este respecto, un acto legislativo que no haga sino «ratificar» pura y simplemente un acto administrativo preexistente, limitándose a manifestar la existencia de razones imperiosas de interés general sin la previa apertura de un procedimiento legislativo de fondo que permita cumplir dichos requisitos, no puede considerarse un acto legislativo específico en el sentido de la citada disposición y por lo tanto no basta para excluir un proyecto del ámbito de aplicación respectivo del citado Convenio y de dicha Directiva.
            
         
               3)
            
            
               Los artículos 3, apartado 9, y 9, apartados 2 a 4, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 10 bis de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que:
               
                           —
                        
                        
                           cuando un proyecto que esté comprendido en el ámbito de aplicación de estas disposiciones se adopte mediante un acto legislativo, la cuestión de si dicho acto legislativo responde a los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 5, de la citada Directiva debe poder someterse, con arreglo a las normas de procedimiento nacionales, a un órgano jurisdiccional o a un órgano independiente e imparcial establecido por la ley;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           en el supuesto de que contra dicho acto no existiese recurso alguno de la naturaleza y alcance indicados, correspondería a cualquier órgano jurisdiccional nacional que en el marco de su competencia conociese del asunto ejercer el control descrito en el guión precedente y deducir las conclusiones oportunas, dejando, en su caso, sin aplicación dicho acto legislativo.
                        
                     
         
               4)
            
            
               El artículo 6, apartado 9, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337, según su modificación por la Directiva 2003/35, deben interpretarse en el sentido de que no exigen que la propia decisión contenga las razones por las que la autoridad competente ha decidido que ésta era necesaria. No obstante, en el supuesto de que lo solicite una persona interesada, la autoridad competente está obligada a comunicarle los motivos por los que se ha adoptado dicha decisión o las informaciones y los documentos pertinentes en respuesta a la solicitud presentada.
            
         
               5)
            
            
               El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que no permite que una autoridad nacional, aun si es legislativa, autorice un plan o un proyecto sin haberse asegurado de que no perjudicará la integridad del lugar afectado.
            
         
               6)
            
            
               El artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43 debe ser interpretado en el sentido de que la realización de una infraestructura destinada a acoger un centro administrativo no puede considerarse, por principio, como una razón imperiosa de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica en el sentido de esa disposición, apta para justificar la realización de un plan o de un proyecto que perjudique la integridad del lugar afectado.
            
         
      (1)  DO C 179, de 3.7.2010.