CELEX: 62008FO0081
Language: es
Date: 2009-06-11 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 11 de junio de 2009. # Zoe Ketselidou contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Función pública - Funcionarios. # Asunto F-81/08.

AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Tercera)
      de 11 de junio de 2009
      Asunto F‑81/08
      Zoe Ketselidou
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Función pública — Funcionarios — Recursos — Sentencia de un órgano jurisdiccional comunitario — Hecho nuevo sustancial — Inexistencia»
      Objeto: Demanda interpuesta con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, mediante la cual la Sra. Ketselidou solicita la anulación
         de la decisión de la Comisión, de 10 de enero de 2008, por la que se desestima su solicitud para que se recalculen sus anualidades
         de pensión resultantes de la transferencia al régimen comunitario del equivalente actuarial de los derechos a pensión que
         adquirió en Grecia.
      
      Resultado: Se desestima la demanda por ser manifiestamente infundada. Se condena a la demandante a cargar con la totalidad de las costas.
      
      Sumario
      1.      Funcionarios — Recursos — Plazos — Reconsideración de una resolución administrativa que se ha convertido en definitiva
      (Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
      2.      Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos — Caducidad de la acción — Reapertura — Requisito — Hecho
            nuevo
      (Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
      1.      La existencia de un hecho nuevo y sustancial puede justificar la presentación de una solicitud para que se reconsidere una
         resolución que se ha convertido en definitiva al expirar los plazos para recurrir. El hecho en cuestión debe poder modificar
         de forma sustancial la situación de quien pretende obtener la reconsideración de dicha resolución. Además, corresponde al
         interesado presentar su solicitud en vía administrativa en un plazo razonable. En efecto, se deberá sopesar el interés que
         tiene para solicitar que se adapte su situación administrativa a una nueva normativa con el imperativo de seguridad jurídica.
      
      (véanse los apartados 32 a 36)
      Referencia:
      Tribunal de Justicia: 26 de septiembre de 1985, Valentini/Comisión (231/84, Rec. p. 3027), apartado 14; 13 de noviembre de
         1986, Becker/Comisión (232/85, Rec. p. 3401), apartado 10
      
      Tribunal de Primera Instancia: 22 de septiembre de 1994, Carrer y otros/Tribunal de Justicia (T‑495/93, RecFP pp. I‑A‑201
         y II‑651), apartado 20; 25 de marzo de 1998, Koopman/Comisión (T‑202/97, RecFP pp. I‑A‑163 y II‑511), apartado 24; 14 de julio
         de 1998, Lebedef/Comisión (T‑42/97, RecFP pp. I‑A‑371 y II‑1071), apartado 25; 7 de febrero de 2001, Inpesca/Comisión (T‑186/98,
         Rec. p. II‑557), apartado 51
      
      Tribunal de la Función Pública: 16 de enero de 2007, Genette/Comisión (F‑92/05, RecFP pp. I‑A‑1‑0000 y II‑A‑1‑0000), apartado 62
      2.      La constatación, en una sentencia de un órgano jurisdiccional comunitario, de que una resolución administrativa de alcance
         general vulnera el Estatuto no puede constituir, para aquellos funcionarios que no hicieron uso en tiempo útil de las posibilidades
         de recurrir que les brinda el Estatuto, un hecho nuevo que justifique la presentación de una solicitud para que se reconsideren
         las resoluciones individuales adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que les afectan.
      
      (véase el apartado 47)
      Referencia:
      Tribunal de Primera Instancia: 11 de julio de 1997, Chauvin/Comisión (T‑16/97, RecFP pp. I‑A‑237 y II‑681), apartados 39 a 45;
         9 de febrero de 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Comisión (T‑165/97, RecFP pp. I‑A‑19 y II‑79), apartado 51