CELEX: C2003/158/21
Language: es
Date: 2003-07-05 00:00:00
Title: Asunto C-191/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003, en el asunto entre North Western Health Board y Margaret McKenna

C 158/12               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           5.7.2003
Motivos y principales alegaciones                                              La obligación de pago por la expedición de tal documento
                                                                               constituye, además, una carga financiera complementaria
                                                                               incompatible con el artículo 49 CE.
—    Motivos primero y segundo: autorizaciones obligatorias
     para las empresas y su personal
                                                                         —     Cuarto motivo: reconocimiento de la formación profe-
                                                                               sional
     El requisito de autorización para la prestación de servicios
     por una empresa de seguridad privada que quiere prestar                   En el reglamento neerlandés se exige el diploma «Alge-
     servicios en los Países Bajos constituye una restricción a                meen Beveiligingsmedewerker» expedido por un orga-
     la libre prestación de servicios de las empresas afectadas.               nismo neerlandés para los miembros del personal de las
     Tal restricción sólo está justificada si existe una razón                 empresas de seguridad. Además, se exige determinada
     imperiosa de interés general, si dicho interés no está                    formación a los «instaladores de alarmas» sin que se
     garantizado en el Estado miembro en el que está estable-                  tengan en cuenta los diplomas conseguidos en otros
     cida la empresa y si la medida nacional no va más allá de                 Estados miembros. En dicho reglamento no se prevé
     lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.                       expresamente un procedimiento para el reconocimiento
                                                                               de los diplomas obtenidos y la formación adquirida para
     Sin embargo, por lo que se refiere, en primer lugar, a la                 el ejercicio de las profesiones de que se trata en otros
     idoneidad de la medida para la consecución del objetivo                   Estados miembros. El reglamento objeto de litigio no
     de interés general perseguido, que podría ser la protección               parece incluir disposición alguna que se refiera a los
     de los destinatarios de los servicios, no existen elementos               mecanismos de reconocimiento de la formación profesio-
     que permitan concluir que la obligación de disponer de                    nal, como están establecidos en la correspondiente legisla-
     una autorización, como la existente en los Países Bajos,                  ción nacional. Esta situación es incompatible con el
     constituya una medida adecuada.                                           Derecho comunitario, en especial con la Directiva 89/48/
                                                                               CEE y la Directiva 92/51/CEE que establecen, conjunta-
     Además, el reglamento neerlandés no tiene en cuenta los                   mente, un sistema general de reconocimiento de la
     requisitos que el prestador de servicios extranjero ya debe               formación profesional adquirida en otros Estados miem-
     cumplir en su Estado miembro de establecimiento, en                       bros.
     especial, cuando ya dispone de una autorización para
     ejercer sus actividades en dicho Estado miembro.
                                                                         (1 ) DO 1989, L 19, p. 16.
                                                                         (2 ) DO 1992, L 209, p. 25.
     Por otro lado, el sistema de autorización entraña costes
     para las empresas extranjeras. Dichos costes constituyen
     una carga financiera complementaria para las empresas
     extranjeras que ya están obligadas, en su país de origen, a
     solicitar una autorización y a abonar los importes asocia-
     dos a ésta. Los costes anteriormente mencionados tam-
     bién parecen incompatibles con el artículo 49 CE.
     Al igual que la obligación de las empresas de disponer de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     una autorización, el requisito de que los directivos deban          lución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003,
     obtener un permiso especial tampoco parece constituir               en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     una medida adecuada que pueda estar justificada por una                                         McKenna
     de las razones invocadas por las autoridades neerlandesas.
     En cualquier caso, dado que la propia empresa debe
     obtener una autorización en los Países Bajos, el requisito                                 (Asunto C-191/03)
     de que los directivos deban disponer de un permiso
     constituye una medida doble innecesaria. Por tanto, el                                       (2003/C 158/21)
     permiso especial exigido a los directivos es contrario al
     principio de proporcionalidad y, en consecuencia, al
     artículo 49 CE.
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
—    Tercer motivo: documento de identidad                               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución de la Labour Court, dictada el 14 de abril de 2003,
     Las empresas extranjeras están obligadas a garantizar que           en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     los empleados que han sido destinados a los Países Bajos            McKenna, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
     desde el Estado de establecimiento dispongan de un                  12 de mayo de 2003. La Labour Court solicita al Tribunal de
     documento de identidad expedido por las autoridades                 Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     neerlandesas. Este requisito también es aplicable en caso
     de prestaciones de servicios temporales. Dado que el                1.    ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la
     personal desplazado ya debe estar en posesión, con                        Directiva 76/207 (1) un régimen de baja por enfermedad
     arreglo a la normativa comunitaria, de un carnet de                       que depara a las trabajadoras que sufren enfermedades
     identidad o de un pasaporte, no es proporcionado exigir                   relacionadas con el embarazo el mismo trato que a los
     un documento de identidad.                                                trabajadores que sufren enfermedades patológicas?
 ---pagebreak--- 5.7.2003                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                              C 158/13
2.     En el supuesto de que la cuestión 1 se responda en                     formulado por Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon
       sentido afirmativo, ¿infringe la Directiva 76/207 el hecho             Universal Ltd, con domicilio social en Hünenberg (Suiza),
       de que un empresario deduzca del período íntegro a que                 representada por los Sres. S. Clark, Solicitor, y C. Morcom QC,
       tiene derecho un empleado con arreglo a un régimen de                  que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
       baja laboral por enfermedad, un período de ausencia                    dictada el 5 de marzo de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal
       laboral imputable a la incapacidad motivada por una                    de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
       enfermedad relacionada con el embarazo contraída                       T-237/01, Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon Uni-
       durante su período de gestación?                                       versal Ltd contra la Oficina de Armonización del Mercado
                                                                              Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
3.     En el supuesto de que la cuestión 1 se responda en
       sentido afirmativo, ¿exige la Directiva 76/207 que un
       empresario adopte medidas especiales para suplir la                    La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
       ausencia laboral debida a incapacidad causada por una
       enfermedad relacionada con el embarazo contraída
                                                                              —     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
       durante la gestación?
                                                                                    dictada el 5 de marzo de 2003, así como las resoluciones
4.     ¿Está comprendida en el ámbito de aplicación del ar-                         impugnadas de la División de Anulación de
       tículo 141 CE y de la Directiva 75/117 (2) la gestión de                     15 de diciembre de 1999 y de la Sala Primera de Recurso
       un régimen de baja por enfermedad que regula el trato                        de 13 de julio de 2001.
       que debe darse a las trabajadoras aquejadas de una
       enfermedad relacionada con el embarazo y a los trabaja-                —     Resuelva sobre sus costas.
       dores aquejados de una enfermedad patológica?
5.     En el supuesto de que la cuestión 4 se responda en
       sentido afirmativo, ¿infringe el artículo 141 del Tratado y
       la Directiva 75/117 el hecho de que un empresario                      Motivos y principales alegaciones
       reduzca la retribución de una mujer tras haber causado
       baja laboral por un tiempo determinado si la ausencia se               La parte recurrente sostiene que la resolución del Tribunal de
       debe a una incapacidad imputable a una enfermedad                      Primera Instancia de 5 de marzo de 2003 incurre en error de
       relacionada con el embarazo contraída durante la gesta-                Derecho en varios aspectos. En particular, el Tribunal
       ción en circunstancias en las que una mujer no embara-
       zada o un hombre que hubiera causado baja laboral                      (i)   no examinó adecuadamente o no examinó en absoluto
       durante el mismo períoydo motivada por una incapacidad                       los requisitos específicos del artículo 7, apartado 1,
       debida a una enfermedad meramente patológica sufriría                        letra d), del Reglamento sobre la marca comunitaria,
       la misma reducción?                                                          respecto al uso habitual, en el lenguaje común o en las
                                                                                    costumbres leales y constantes del comercio;
( 1) Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976,
     relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre        (ii)  consideró erróneamente que las meras anotaciones en
     hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la               registros u otras fuentes de referencia cumplían por sí
     formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de               solas los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra d);
     trabajo (DO L 39 de 14.2.1976 p. 40; EE 05/02, p. 70).
( 2) Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975,
     relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados           (iii) tomó en consideración erróneamente documentación no
     Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad             publicada o cuya publicación en la Unión Europea con
     de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO               anterioridad al 1 de abril de 1996 no estaba acreditada,
     L 45 de 19.2.1975 p. 19; EE 05/02, p. 52).                                     con lo cual no abordó la distinción entre los requisitos de
                                                                                    los artículos 7, apartado 1, letra d), y 50, apartado 1,
                                                                                    letra b), del Reglamento, siendo únicamente el primero
                                                                                    de ellos esencial a efectos de la solicitud de declaración de
                                                                                    invalidez;
Recurso de casación interpuesto el 12 de mayo de
2003 por Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon                           (iv) no tuvo en cuenta la prueba del control sustancial por
Universal Ltd, contra la sentencia dictada el 5 de marzo                            parte de Alcon de la marca BSS durante un período de
de 2003 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera                                 tiempo muy considerable;
Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto
T-237/01 ( 1), Alcon Inc., anteriormente denominada Alcon                     (v)   con carácter subsidiario, rechazó indebidamente el argu-
Universal Ltd, contra la Oficina de Armonización del                                mento expuesto en nombre de Alcon, de que la marca
    Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)                             BSS había adquirido en realidad carácter distintivo como
                                                                                    consecuencia del uso, por lo que cumplía los requisitos
                         (Asunto C-192/03 P)                                        del artículo 51, apartado 2, del Reglamento.
                           (2003/C 158/22)
                                                                              (1 ) DO C 369 de 22.12.2001, p. 13.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 12 de mayo de 2003 un recurso de casación