CELEX: 51997PC0510
Language: es
Date: 1997-10-10
Title: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)

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51997PC0510

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)  /* COM/97/0510 final - COD 97/0264 */  

Diario Oficial n° C 343 de 13/11/1997 p. 0011

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (97/C 343/07) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(97) 510 final - 97/0264(COD) (Presentada por la Comisión el 13 de octubre de 1997)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 del artículo 57 y el artículo 100 A,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Comité Económico y Social,De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 189 B del Tratado,Considerando que actualmente existen diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles que obstaculizan la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios en el sector asegurador;Considerando que, por consiguiente, es necesario aproximar las citadas legislaciones, para facilitar el funcionamiento del mercado interior;Considerando que, mediante la Directiva 72/166/ CEE (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 90/232/CEE (2), el Consejo adoptó disposiciones relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar esa responsabilidad;Considerando que, mediante la Directiva 88/357/ CEE (3), cuya última modificación la constituye la Directiva 92/49/CEE (4), el Consejo adoptó normas sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y sobre el ejercicio de la libre prestación de servicios;Considerando que, mediante su Resolución «sobre la reparación de los daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima», de 26 de octubre de 1995 (5), el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138 B del Tratado CE, de solicitar a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se abordara el citado tema;Considerando que, efectivamente, resulta oportuno completar el régimen instaurado por las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE (6) y 90/232/CEE, a fin de garantizar a las víctimas de accidentes de la circulación un trato comparable, sea cual sea el lugar de la Comunidad en que haya ocurrido el accidente; que existen lagunas en lo que se refiere a la liquidación de siniestros en los casos de accidentes ocurridos en un Estado miembro distinto del de residencia de la víctima;Considerando que, para colmar dichas lagunas, al menos en parte, procede establecer la obligación de que el Estado miembro de establecimiento de la empresa de seguros exija a ésta que designe representantes, que residan o estén establecidos en los demás Estados miembros, encargados de recoger toda la información necesaria en relación con los citados siniestros y que dispongan de poderes suficientes para representar a la empresa ante las personas damnificadas, incluido en lo relativo al pago de indemnizaciones, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales (siempre y cuando ello sea compatible con las normas de Derecho internacional privado sobre la atribución de competencias jurisdiccionales) y ante las autoridades de dicho Estado miembro en lo que se refiere a tales siniestros;Considerando que la designación de representantes para la liquidación de siniestros forma parte de las condiciones de acceso a la actividad de seguro en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, y de ejercicio de la misma; que, por tanto, ese requisito está cubierto por la autorización administrativa única, concedida por las autoridades del Estado miembro en que se halle el domicilio social de la empresa de seguros, según se define en el Título II de la Directiva 92/49/CEE; que dicho requisito es igualmente válido en lo que se refiere a las empresas cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad y que hayan sido autorizadas a operar en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad; que se modifican y completan, a este respecto, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE;Considerando que dar a la víctima la posibilidad de emprender acciones directas contra la empresa de seguros es el lógico requisito previo a la designación de tales representantes; que dicha posibilidad mejoraría la situación jurídica de las víctimas de accidentes de la circulación ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia;Considerando que, además de garantizar la existencia de un interlocutor, representante de la empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, procede garantizar la sustancia misma del derecho de la víctima, esto es, la resolución del litigio en el plazo más breve posible; que, por consiguiente, las legislaciones nacionales deben prever la aplicación de sanciones apropiadas a la empresa de seguros responsable, en el supuesto de que ésta incumpla la obligación de presentar una oferta de indemnización en un plazo razonable; que, no obstante, para que la empresa de seguros pueda presentar una oferta válida en los plazos previstos, ni la responsabilidad ni los daños sufridos deben estar sujetos a controversia;Considerando que las víctimas de accidentes de la circulación a veces tienen dificultad para averiguar el nombre de la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil derivada del uso de un vehículo automóvil implicado en un accidente; que, en interés de dichas víctimas, procede que los Estados miembros creen organismos de información que permitan disponer de esos datos prontamente; que estos organismos de información deben aportar también a las víctimas información sobre los representantes para la liquidación de siniestros; que es necesario que dichos organismos cooperen entre sí y obren con rapidez frente a las reclamaciones de indemnización que les sean presentadas por organismos de información situados en otros Estados miembros;Considerando que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros no haya designado un representante o recurra manifiestamente a tácticas dilatorias; que, en tales casos, es importante que la víctima pueda dirigirse directamente a dicho organismo; que procede otorgar al citado organismo el derecho de subrogación, en la medida en que haya procedido a indemnizar a la víctima; que, a fin de facilitar las acciones frente a la empresa de seguros, el organismo indemnizatorio del país de la víctima tiene el derecho automático de reembolso, y su organismo homólogo en el país donde se halle el domicilio social de la empresa de seguros el derecho a subrogarse en los derechos de la víctima; que este último organismo está mejor situado para entablar acción de repetición contra la empresa de seguros;Considerando que es necesario que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros del vehículo causante del siniestro no haya podido ser identificada; que está justificado prever que el deudor final del importe pagado para indemnizar a la víctima sea un organismo situado en el Estado miembro en el que el vehículo no asegurado que haya provocado el accidente tenga su estacionamiento habitual,HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 Ámbito de aplicaciónLa presente Directiva tiene por objeto, establecer disposiciones específicas en relación con las víctimas de siniestros:a) acaecidos en un Estado miembro que no sea el de residencia de dichas víctimas, yb) ocasionados por un vehículo:- asegurado por una empresa de seguros establecida en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y- matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima.Artículo 2 Acción directaLos Estados miembros velarán por que toda persona víctima de un siniestro, según se define en el artículo 1 de la presente Directiva, tenga derecho a interponer una acción directa contra la empresa de seguros del tercero a quien corresponda la responsabilidad civil.Artículo 3 Representante para la liquidación de siniestros1. Los Estados miembros velarán por que toda empresa de seguros autorizada, en virtud de los dispuesto en:- el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, modificado por el artículo 4 de la Directiva 92/49/CEE, para cubrir los riesgos comprendidos en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, salvo el derivado de la responsabilidad civil del transportista, o- en el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva 73/239/CEE,designe libremente en todos los Estados miembros, salvo aquel en el que haya obtenido la autorización, un órgano (en los sucesivo denominado «el representante para la liquidación de siniestros»). Este órgano estará encargado de tramitar y liquidar los siniestros originados por accidentes ocurridos en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima y causados por un vehículo asegurado por dicha empresa y matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima. El representante para la liquidación de siniestros deberá residir o estar establecido en el Estado miembro de residencia de la víctima.2. La Directiva 73/239/CEE se modificará del modo siguiente:a) Se añadirá al apartado 1 del artículo 8 letra siguiente:«f) faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 de la sección A del anexo».b) Se añadirá al apartado 2 del artículo 23 letra siguiente:«h) faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 de la sección A del anexo».3. El representante para la liquidación de siniestros deberá recabar toda la información necesaria en relación con la reclamación de indemnización y adoptará las medidas necesarias para negociar la liquidación del siniestro con arreglo a las instrucciones recibidas de la empresas de seguros afectada, así como a las normas en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil previstas en el último párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y a las normas nacionales sobre responsabilidad civil aplicables al accidente. La obligatoriedad de un representante no será obstáculo para que la víctima o su empresa de seguros puedan entablar acción directa contra el autor del daño o su empresa de seguros.4. El representante para la liquidación de siniestros deberá estar debidamente cualificado. Deberá estar dotado de los medios necesarios para desempeñar las funciones previstas en el presente artículo.5. El representante para la liquidación de siniestros deberá disponer de poderes suficientes para representar a la empresa de seguros ante las personas damnificadas que puedan reclamar indemnización, incluido el pago liberatorio de dicha indemnización, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales, en lo que se refiere a la reclamación de indemnización, en la medida en que ello sea compatible con el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil (7) y con otras normas de derecho internacional privado relativas a la atribución de competencias judiciales, y ante las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio representa a la empresa de seguros.6. Los Estados miembros deberán prever obligaciones, so pena de sanción a fin de velar por que, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la víctima notifique su reclamación de indemnización, ya sea directamente a la empresa de seguros responsable, ya al representante para la liquidación de siniestros:- la empresa de seguros del responsable o su representante para la liquidación de siniestros presenten una oferta de indemnización, en el supuesto de que se haya determinado la responsabilidad y el daño;- la empresa de seguros a la que se haya presentado la reclamación de indemnización o su representante para la liquidación de siniestros respondan apropiadamente a lo suscitado en la reclamación, en el supuesto de que no se haya determinado claramente la responsabilidad y no se haya cuantificado plenamente el daño sufrido por la víctima.7. Será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4 del artículo 12bis de la Directiva 88/357/CEE.Artículo 4 Organismo de información1. Cada uno de los Estados miembros creará o designará un organismo (en lo sucesivo denominado «el organismo de información») encargado de llevar registros de los vehículos automóviles matriculados en ese Estado miembro, de las empresas de seguros que cubran la responsabilidad civil de dichos vehículos y de los representantes para la liquidación de siniestros designados con arreglo a lo previsto en el precedente artículo 3, cuyos nombres habrán de notificarse al citado organismo, en virtud de lo dispuesto en el siguiente apartado 2, o de gestionar la recogida y difusión de tales datos; asimismo, deberá prestar asistencia a los interesados para averiguar la identidad de las empresas que aseguran los vehículos matriculados en ese Estado miembro, así como la de sus representantes para la liquidación de siniestros.2. Las empresas de seguros de la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos automóviles deberán comunicar al organismo de información del Estado miembro en el que estén establecidas el número de matrícula de los vehículos matriculados en ese Estado miembro que tengan asegurados, los números de las pólizas y los nombres y direcciones de los tomadores del seguro correspondiente a esos vehículos. Asimismo, deberán comunicar a los organismos de información de los demás Estados miembros esos mismos datos en relación con los vehículos matriculados en dichos Estados y asegurados por las citadas empresas en virtud de la libre prestación de servicios, e, igualmente, el nombre y dirección de los representantes para la liquidación de siniestros designados en esos Estados miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 3.3. Los Estados miembros velarán por que la víctima de un accidente ocurrido en un Estado miembro que no sea su país de residencia tenga derecho a pedir al organismo de información de su país de residencia o del país de matriculación del vehículo que le facilite el nombre de la empresa de seguros y el número de la póliza de seguro del vehículo considerado, así como el nombre del representante para la liquidación de siniestros de dicha empresa de seguros en el país de residencia de la víctima. Si el vehículo no estuviera válida o legalmente asegurado, el organismo de información deberá proporcionar a la víctima el nombre apellidos y dirección del propietario o del conductor habitual.Artículo 5 Organismo indemnizatorio1. Cada uno de los Estados miembros creará o autorizará un organismo (en lo sucesivo denominado «el organismo indemnizatorio») encargado de indemnizar en los casos en que los daños materiales o corporales hayan sido ocasionados a una persona residente en ese Estado miembro por un vehículo matriculado y asegurado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y el accidente que provocó el daño o perjuicio se haya producido en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima.El organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima intervendrá, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización que le presente la víctima, en los casos en que:- la empresa de seguros del vehículo que originó el accidente no haya designado un representante para la liquidación de siniestros, según lo dispuesto en el artículo 2, o- la empresa de seguros o su representante para la liquidación de siniestros no hayan formulado una oferta de indemnización o no hayan dado una respuesta motivada en relación con las exigencias formuladas por la víctima en su reclamación de indemnización, o hayan rechazado la indemnización de la víctima sin comunicarle las razones de ese rechazo, en el plazo de tres meses a contar desde que esta última presentara su reclamación a la empresa de seguros o a su representante, y ello dentro de los límites de la obligación de seguro, establecidos en el último párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y conforme a las disposiciones nacionales en materia de responsabilidad civil aplicables al accidente.En el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización de la víctima el organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima deberá informar a la empresa de seguros del responsable o a su representante para la liquidación de siniestros de que ha recibido una reclamación de indemnización de la víctima y va a intervenir al respecto.2. El organismo indemnizatorio que haya indemnizado a la víctima en su Estado miembro de residencia pasará a ser acreedor del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros, que deberá reembolsarle el importe satisfecho en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que haya presentado la solicitud de reembolso.A continuación, el organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros se subrogará en los derechos de la víctima frente al responsable del accidente o a su empresa de seguros, siempre y cuando el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la víctima haya indemnizado a ésta por el siniestro. Si la indemnización de la víctima ha sido fijada por sentencia judicial, ha sido reconocida por la empresa de seguros u objeto de acuerdo, la citada empresa no podrá oponerse al reembolso, salvo si puede demostrar que el organismo no la ha informado, según lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, ha satisfecho erróneamente una reclamación infundada o ha sobrevalorado el daño. Los organismos indemnizatorios del país de residencia de la víctima y del país de establecimiento de la empresa de seguros podrán exigir también el reembolso de los gastos en que razonablemente hayan incurrido.3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el organismo indemnizatorio situado en su territorio reembolse, en el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo, al organismo indemnizatorio de otros Estado miembro que haya indemnizado a la víctima de un accidente provocado por un vehículo asegurado por una empresa de seguros con domicilio social en el citado primer Estado miembro, en los casos previstos en el párrafo segundo del apartado 2 del presente artículo.Artículo 6 Imposibilidad de identificar a la empresa de segurosSi no fuera posible identificar a la empresa de seguros, el vehículo se considerará vehículo no asegurado. La reparación por los daños materiales y corporales ocasionados a la víctima correrá a cargo del organismo contemplado en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE dentro de los límites establecidos en el mismo. La víctima deberá ser indemnizada por el organismo previsto en el presente artículo en su Estado miembro de residencia. A continuación, este organismo, en las mismas condiciones que las previstas en el apartado 2 del artículo 5 de la presente Directiva, pasará a ser acreedor del organismo equivalente del país en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual, o, en su caso, de la Oficina de Carta Verde del citado Estado miembro.Artículo 7 Incorporación al ordenamiento jurídico interno1. Los Estados miembros deberán aprobar y publicar las disposiciones nacionales necesarias para cumplir con la presente Directiva, en el plazo de dieciocho meses, a contar desde la fecha de notificación de la misma. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Aplicarán las citadas disposiciones en el plazo de veinticuatro meses a contar desde la fecha de notificación de la presente Directiva.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones necesarias de derecho interno que adopten en el ámbito de lo dispuesto en la presente Directiva.Artículo 8 Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el . . . día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 9 SancionesLos Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a la contraversión de las disposiciones nacionales aprobadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán cuanta medida resulte necesaria para garantizar la aplicación de dichas disposiciones. Las sanciones que se establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán las citadas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 7; asimismo, le comunicarán, a la mayor brevedad posible, cualquier modificación posterior que les afecte.Artículo 10 DestinatariosLos destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.(1) DO L 103 de 2. 5. 1972, p. 1.(2) DO L 129 de 19. 5. 1990, p. 33.(3) DO L 172 de 4. 7. 1988, p. 1.(4) DO L 228 de 11. 8. 1992, p. 1.(5) DO C 308 de 20. 11. 1995, p. 108.(6) DO L 8 de 11. 1. 1984, p. 17.(7) DO L 299 de 31. 12. 1972.