CELEX: 62013CC0536
Language: es
Date: 2014-12-04 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Wathelet presentadas el 4 de diciembre de 2014.#"Gazprom" OAO contra Lietuvos Respublika.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.#Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Ámbito de aplicación — Arbitraje — Exclusión — Reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros — Orden conminatoria dictada por un tribunal arbitral sito en un Estado miembro — Orden conminatoria dirigida a impedir la incoación o la continuación de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro — Facultad de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de denegar el reconocimiento del laudo arbitral — Convenio de Nueva York.#Asunto C-536/13.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. MELCHIOR WATHELET
      presentadas el 4 de diciembre de 2014 (
            1
         )
      
         Asunto C‑536/13
      
      
         «Gazprom» OAO[Petición de decisión prejudicial
      
      
         planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania)]
      
      «Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) no 44/2001 — “Anti-suit injunction” dictada por un tribunal arbitral situado en un Estado miembro — Prohibición de entablar el procedimiento ante un tribunal de otro Estado miembro — Orden conminatoria de limitar las pretensiones formuladas en un recurso jurisdiccional — Facultad de un órgano jurisdiccional de este segundo Estado miembro de denegar el reconocimiento del laudo arbitral — Resolución independiente de un órgano jurisdiccional sobre su competencia en relación con un litigio comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001 — Salvaguardia de la primacía del Derecho de la Unión y de la eficacia del Reglamento (CE) no 44/2001»
      I. Introducción
      
      
               1.
            
            
               La presente petición de decisión prejudicial versa sobre el estatuto del arbitraje y de las «anti-suit injunctions» a la luz del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
                     2
                  ) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I»), que, a partir del 10 de enero de 2015, (
                     3
                  ) será sustituido por el Reglamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
                     4
                  ) (en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I (refundición)»).
            
         
               2.
            
            
               Aun cuando la jurisprudencia sobre estas materias es abundante y profusamente comentada en la doctrina, el Tribunal de Justicia ha decidido, sobre la base de determinados elementos de hecho o de Derecho que caracterizan al presente asunto, atribuirlo a la Gran Sala, lo que debe permitirle precisar y clarificar la relación entre el Derecho de la Unión y el arbitraje internacional, del que el Abogado General Darmon recordó «la importancia fundamental» que «reviste […] en el seno de la “comunidad internacional de los comerciantes”» por ser «el “modo más frecuente de resolver los litigios del comercio internacional”». (
                     5
                  )
            
         II. Marco jurídico
      
      A. Derecho de la Unión
      
      1. Reglamento Bruselas I
      
               3.
            
            
               Incluido en el capítulo I del Reglamento Bruselas I, titulado «Ámbito de aplicación», el artículo 1 es del siguiente tenor:
               «1.   El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.
               2.   Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:
               [...]
               d) el arbitraje.
               […]»
            
         
               4.
            
            
               Comprendido en el capítulo II del citado Reglamento, titulado «Competencia», el artículo 2, apartado 1, dispone lo siguiente:
               «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
            
         
               5.
            
            
               A tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I:
               «Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.»
            
         
               6.
            
            
               Incardinado en el capítulo III del referido Reglamento, titulado «Reconocimiento y ejecución», el artículo 32 establece lo siguiente:
               «Se entenderá por “resolución”, a los efectos del presente Reglamento, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere [...]»
            
         
               7.
            
            
               De acuerdo con el artículo 33, apartado 1, del propio capítulo III:
               «Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.»
            
         
               8.
            
            
               Según el artículo 34 del mismo capítulo:
               «Las decisiones no se reconocerán:
               
                        1)
                     
                     
                        si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,
                        […]»
                     
                  
         2. Reglamento Bruselas I (refundición)
      
               9.
            
            
               Con respecto a la temática que se aborda en el presente asunto, a saber, las relaciones entre el arbitraje y el Reglamento Bruselas I, se deben mencionar dos disposiciones del nuevo Reglamento: su duodécimo considerando y su artículo 73.
            
         
               10.
            
            
               El duodécimo considerando presenta la siguiente redacción:
               «El presente Reglamento no se aplica al arbitraje. Ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje remita a las partes al arbitraje o bien suspenda o sobresea el procedimiento, o examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional.
               A la hora de resolver sobre la nulidad de pleno derecho, la ineficacia o la inaplicabilidad de un convenio de arbitraje, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no deben estar sujetos a las normas de reconocimiento y ejecución establecidas en el presente Reglamento, con independencia de que se pronuncien a ese respecto con carácter principal o como cuestión incidental.
               Por otra parte, el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, en el ejercicio de su competencia con arreglo al presente Reglamento o al Derecho nacional, declare la nulidad de pleno derecho, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio de arbitraje no debe impedir el reconocimiento ni, en su caso, la ejecución de la resolución de dicho órgano en cuanto al fondo del asunto conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento. Esta norma ha de entenderse sin perjuicio de la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para resolver sobre el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales con arreglo al Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (“el Convenio de Nueva York de 1958”), que prevalece sobre el presente Reglamento.
               El presente Reglamento no debe aplicarse a ningún procedimiento incidental ni acción relacionados, en particular, con la creación de un tribunal arbitral, las facultades de los árbitros, el desarrollo del procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros aspectos de tal procedimiento, ni a ninguna acción o resolución judicial relativa a la anulación, revisión, apelación, reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral.»
            
         
               11.
            
            
               Insertado en el capítulo VII del mencionado Reglamento, titulado «Relación con otros instrumentos», el artículo 73, apartado 2, preceptúa lo siguiente:
               «El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958.»
            
         B. Convenio de Nueva York de 1958
      
      
               12.
            
            
               El artículo I del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en lo sucesivo, «Convenio de Nueva York de 1958»), prescribe en su apartado 1 lo que sigue:
               «La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y la ejecución de dichas sentencias, y que tengan su origen en diferencias entre personas naturales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución.»
            
         
               13.
            
            
               El artículo II, apartado 3, del citado Convenio estipula lo siguiente:
               «El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable.»
            
         
               14.
            
            
               A tenor del artículo III de dicho Convenio:
               «Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. [...]»
            
         
               15.
            
            
               El artículo V del mismo Convenio establece los requisitos para poder denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral:
               
                        «1.
                     
                     
                        Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:
                        
                                 a)
                              
                              
                                 Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad, en virtud de la ley que le es aplicable, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
                              
                           
                                 d)
                              
                              
                                 Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje; o
                              
                           
                                 e)
                              
                              
                                 Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya ley, ha sido dictada esa sentencia.
                              
                           
                  
                        2.
                     
                     
                        También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:
                        
                                 a)
                              
                              
                                 Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; o
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país.»
                              
                           
                  
         
               16.
            
            
               Lituania ratificó el Convenio de Nueva York de 1958 mediante la adopción de la resolución (nutarimas) no I‑760 del Parlamento lituano (Seimas) de 17 de enero de 1995.
            
         C. Derecho lituano
      
      
               17.
            
            
               El capítulo X del libro segundo del Código Civil lituano se titula «Investigación sobre las actividades de una persona jurídica» y comprende los artículos 2124 a 2131.
            
         
               18.
            
            
               El artículo 2124 de ese Código Civil, titulado «Contenido de la investigación sobre las actividades de una persona jurídica», dispone lo siguiente:
               «Las personas enumeradas en el artículo 2125 [...] podrán solicitar al órgano jurisdiccional el nombramiento de expertos para determinar si una persona jurídica o sus órganos de dirección o los miembros de éste han actuado de manera inadecuada y, si se constata que su actividad es inadecuada, aplicar las medidas previstas en el artículo 2131 [...]»
            
         
               19.
            
            
               En virtud del artículo 2125, apartado 1, punto 1, del citado Código, podrán interponer tal demanda uno o varios accionistas que posean al menos una décima parte de las acciones de la persona jurídica.
            
         
               20.
            
            
               Entre las medidas previstas en el artículo 2131 de ese mismo Código figuran la anulación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección de la persona jurídica, la exclusión o la suspensión temporal de las facultades de los miembros de sus órganos y la posibilidad de compeler a la persona jurídica a emprender o no determinadas acciones.
            
         III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      
      
               21.
            
            
               Lietuvos dujos AB (en lo sucesivo, «Lietuvos dujos») es una sociedad anónima lituana cuya actividad económica consiste en comprar gas a «Gazprom» OAO (en lo sucesivo, «Gazprom») (Federación de Rusia), transportarlo y distribuirlo en Lituania, así como gestionar los gasoductos y llevar el gas a la región de Kaliningrado de la Federación de Rusia. Dicha sociedad no está implicada en la exploración o producción de gas.
            
         
               22.
            
            
               En el momento en que sucedieron los hechos del presente asunto los accionistas más importantes de Lietuvos dujos eran la sociedad alemana E.ON Ruhrgas International GmbH (38,91 %), la empresa pública rusa Gazprom (37,1 %) y la República de Lituania (17,7 %).
            
         
               23.
            
            
               Gazprom tiene una estructura integrada verticalmente y goza de una posición dominante en el sector del gas. Adquirió su participación en el capital de Lietuvos dujos mediante el acuerdo de compraventa de acciones de 24 de enero de 2004. (
                     6
                  ) El artículo 7.4.1 de este acuerdo estipula lo siguiente:
               «[Gazprom] suministrará gas natural a los consumidores de la República de Lituania durante un período de 10 años y por una cantidad que satisfaga la demanda de al menos el 90 % de todos los consumidores de la República de Lituania. El suministro de gas natural a la República de Lituania se basará en precios equitativos que tengan en cuenta las condiciones del mercado de los proveedores de energía de la República de Lituania.»
            
         
               24.
            
            
               El artículo 7.4.2.3 del citado acuerdo prevé lo siguiente:
               «El precio del gas natural se fijará de acuerdo con la fórmula que contiene el vigente acuerdo de suministro de gas celebrado entre [Gazprom] y [Lietuvos dujos]. Esta fórmula puede variar según la evolución de los precios de carburantes de sustitución en la República de Lituania.»
            
         
               25.
            
            
               En adelante, calificaré al acuerdo al que remite el artículo 7.4.2.3 de «contrato de gas a largo plazo».
            
         
               26.
            
            
               Este contrato de gas a largo plazo, celebrado en 1999, es decir, antes de la entrada de Gazprom en el capital de Lietuvos dujos, se refería al período comprendido entre los años 2000 y 2015 y fue modificado varias veces en el marco de las negociaciones entre Gazprom y Lietuvos dujos.
            
         
               27.
            
            
               El 24 de marzo de 2004, Gazprom alcanzó asimismo un «acuerdo de accionistas» con E.ON Ruhrgas International GmbH y el Fondo de propiedades del Estado, que actuaba por cuenta de la República de Lituania, al que más tarde sustituyó el Ministerio de Energía de la República de Lituania.
            
         
               28.
            
            
               El artículo 6.1(1.9) de este acuerdo estipula que los accionistas «[…] garantizarán […] el mantenimiento, en términos y condiciones mutuamente aceptables y convenientes para [Lietuvos dujos] y los [accionistas] y sobre la base de las obligaciones contractuales entre [Lietuvos dujos] y [Gazprom], del: (i) tránsito del gas a largo plazo al enclave de Kaliningrado de la Federación de Rusia […]; (iii) suministro de gas a largo plazo [a Lietuvos dujos]».
            
         
               29.
            
            
               El acuerdo de accionistas está sometido al Derecho lituano. El artículo 7.14 de este acuerdo contiene un convenio arbitral a tenor del cual «cualquier reclamación, controversia o infracción relacionada con el presente acuerdo, o con su violación, validez, efectos o rescisión, se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo. El lugar del arbitraje será Estocolmo (Suecia), el número de árbitros será de tres (designados todos ellos por el Instituto de Arbitraje) y la lengua del arbitraje será el inglés.» (
                     7
                  )
            
         
               30.
            
            
               El 8 de febrero de 2011, el Ministerio de Energía se dirigió por carta al director general de Lietuvos dujos, el Sr. Valentukevičius, así como a dos miembros del consejo de administración de esa sociedad, nombrados ambos por Gazprom, los Sres. Golubev y Seleznev, para reprocharles el no haber actuado en interés de Lietuvos dujos con ocasión de las modificaciones efectuadas en la fórmula de cálculo de la tarifa del gas contenida en el contrato de gas a largo plazo.
            
         
               31.
            
            
               El 25 de marzo de 2011, el Ministerio de Energía interpuso un recurso contra Lietuvos dujos y los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev ante el Vilniaus apygardos teismas (tribunal regional de Vilnius) con objeto de que se abriera una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos (artículo 2124 y siguientes del Código Civil lituano).
            
         
               32.
            
            
               Mediante dicho recurso, el Ministerio de Energía alegó que se habían perjudicado los intereses de la República de Lituania como accionista de Lietuvos dujos y se habían favorecido indebidamente los de Gazprom a resultas de las modificaciones del contrato de gas a largo plazo en el sentido de que el precio al que Lietuvos dujos adquiría el gas de Gazprom no era equitativo. Entre otras pretensiones, el Ministerio de Energía solicitaba al órgano jurisdiccional lituano que revocara el nombramiento de los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev y que obligara a Lietuvos dujos a emprender negociaciones con Gazprom para fijar una tarifa de adquisición de gas justa y equitativa.
            
         
               33.
            
            
               Al considerar que dicho recurso violaba el convenio arbitral contenido en el artículo 7.14 del acuerdo de accionistas, Gazprom presentó el 29 de agosto de 2011 una demanda de arbitraje contra el Ministerio de Energía en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo y solicitó al Tribunal Arbitral que ordenara al Ministerio de Energía retirar el recurso que había interpuesto ante los órganos jurisdiccionales lituanos. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo registró esa demanda de arbitraje con el número de asunto V (125/2011).
            
         
               34.
            
            
               El 9 de diciembre de 2011, el Ministerio de Energía modificó su recurso. Mediante el recurso modificado, entre otras cosas, desistió de su pretensión de revocación del nombramiento de los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev, pero mantuvo su pretensión de obligar a Lietuvos dujos a emprender negociaciones con Gazprom para fijar una tarifa de adquisición de gas justa y equitativa.
            
         
               35.
            
            
               El conflicto entre Gazprom y la República de Lituania se amplió en marzo de 2012 con otro arbitraje internacional iniciado por Gazprom ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Mediante este arbitraje, Gazprom cuestionaba la decisión del Gobierno lituano de proceder —conforme al artículo 9 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE— (
                     8
                  ) a la disociación en el seno de Lietuvos dujos de las actividades de gestión de las redes de transporte de gas de las actividades de producción y suministro de gas, lo cual implicaba que Gazprom ya no podía ser accionista de Lietuvos dujos.
            
         
               36.
            
            
               En este segundo arbitraje internacional, Gazprom alega que, al transponer y aplicar la citada Directiva, la República de Lituania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de 29 de junio de 1999 relativo al fomento y protección recíproca de las inversiones, celebrado por los Gobiernos de la Federación de Rusia y de la República de Lituania. (
                     9
                  )
            
         
               37.
            
            
               El 31 de julio de 2012, el Tribunal Arbitral constituido en el asunto V (125/2011) dictó una sentencia arbitral («final award»; en lo sucesivo, «laudo arbitral») mediante la que estimaba parcialmente la pretensión de Gazprom. (
                     10
                  ) Según el Tribunal Arbitral, el procedimiento entablado por el Ministerio de Energía ante el Vilniaus apygardos teismas violaba parcialmente el convenio arbitral contenido en el acuerdo de accionistas. Por ello, ese Tribunal Arbitral conminó al Ministerio de Energía tanto a desistir de algunas de las pretensiones que había formulado ante el Vilniaus apygardos teismas (en particular la de obligar a Lietuvos dujos a emprender negociaciones con Gazprom para fijar una tarifa de compra de gas justa y equitativa) como a reformular una de esas pretensiones, de manera que se atuviera al compromiso contraído por el Ministerio de Energía de someter a arbitraje las controversias incluidas en el ámbito de aplicación del acuerdo de accionistas.
            
         
               38.
            
            
               El 3 de septiembre de 2012, el Vilniaus apygardos teismas estimó el recurso del Ministerio de Energía y acordó el nombramiento de expertos para llevar a cabo una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos. Aquél declaró asimismo que dicho recurso era de su competencia y no podía ser objeto de arbitraje en virtud del Derecho lituano.
            
         
               39.
            
            
               Lietuvos dujos y los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev interpusieron recurso de apelación contra esa resolución ante el Lietuvos apeliacinis teismas (tribunal de apelación de Lituania). Gazprom solicitó a este mismo órgano jurisdiccional que reconociera y ejecutara el laudo arbitral con arreglo al Convenio de Nueva York de 1958.
            
         
               40.
            
            
               En octubre de 2012, la República de Lituania inició un arbitraje contra Gazprom ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo alegando que las modificaciones del contrato de gas a largo plazo realizadas entre los años 2004 y 2012 eran contrarias a los términos del acuerdo de compraventa de acciones de 24 de enero de 2004 y solicitó una indemnización de daños y perjuicios por un monto de 1900 millones de dólares estadounidenses (USD). (
                     11
                  )
            
         
               41.
            
            
               Mediante auto de 17 de diciembre de 2012, el Lietuvos apeliacinis teismas, basándose en el artículo V, apartado 2, letras a) y b), del Convenio de Nueva York de 1958, decidió denegar la solicitud de Gazprom.
            
         
               42.
            
            
               Más concretamente, el Lietuvos apeliacinis teismas consideró que el Tribunal Arbitral no estaba facultado para pronunciarse sobre una cuestión ya planteada y examinada por el Vilniaus apygardos teismas, el cual, mediante su auto de 3 de septiembre de 2012, había declarado que las controversias a que se refiere el artículo 2134 del Código Civil no podían someterse a arbitraje. Por tanto, el Lietuvos apeliacinis teismas podía denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral sobre la base del artículo V, apartado 2, letra a), del Convenio de Nueva York de 1958.
            
         
               43.
            
            
               El Lietuvos apeliacinis teismas consideró asimismo que, al limitar la capacidad del Estado lituano de actuar ante un órgano jurisdiccional lituano y al negar la competencia de los órganos jurisdiccionales lituanos para pronunciarse sobre su propia competencia, el laudo arbitral violaba el principio de independencia de las autoridades judiciales consagrado en el artículo 109, apartado 2, de la Constitución lituana. Por tanto, el Lietuvos apeliacinis teismas concluyó que el laudo arbitral violaba el orden público lituano y denegó su reconocimiento y ejecución, basándose esta vez en el artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958.
            
         
               44.
            
            
               Mediante auto de 21 de febrero de 2013, el Lietuvos apeliacinis teismas desestimó el recurso de apelación de Lietuvos dujos y de los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev contra la resolución del Vilniaus apygardos teismas de iniciar una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos.
            
         
               45.
            
            
               Estos dos autos del Lietuvos apeliacinis teismas fueron objeto de sendos recursos de casación ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual, mediante auto de 21 de noviembre de 2013, decidió suspender el examen del recurso de casación contra la resolución del Lietuvos apeliacinis teismas relativa a la investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos hasta que resolviera el recurso de casación atinente al reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.
            
         
               46.
            
            
               En el contexto de este último recurso de casación, Gazprom solicitó la anulación del auto de 17 de diciembre de 2012 del Lietuvos apeliacinis teismas y la adopción de un nuevo auto a fin de que se accediera a su solicitud de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. El Ministerio de Energía solicitó que se desestimara este recurso de casación sobre la base del artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958, alegando que el laudo arbitral constituía una «anti-suit injunction» y que su reconocimiento y ejecución serían contrarios al Reglamento Bruselas I tal y como es interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (C‑185/07, EU:C:2009:69).
            
         
               47.
            
            
               En estas circunstancias, el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
               
                        «1)
                     
                     
                        Cuando un órgano arbitral dicta una “anti-suit injunction” por la que prohíbe a una de las partes formular determinadas pretensiones ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que, en virtud de las normas de atribución de competencia del Reglamento no 44/2001, es competente para conocer del fondo de un asunto civil, ¿está facultado el órgano jurisdiccional del Estado miembro para denegar el reconocimiento de ese laudo arbitral por limitar éste la facultad del órgano jurisdiccional para pronunciarse, él mismo, sobre su propia competencia para conocer del asunto conforme a las normas de atribución de competencia del Reglamento no 44/2001?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿es válida también tal respuesta si la “anti-suit injunction” dictada por el órgano arbitral obliga a una de las partes en el procedimiento a limitar sus pretensiones en un asunto que se examina en otro Estado miembro y el órgano jurisdiccional de ese Estado miembro es competente para conocer de ese asunto de conformidad con las normas de atribución de competencia del Reglamento no 44/2001?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        ¿Puede un órgano jurisdiccional nacional, que pretende salvaguardar la primacía del Derecho [de la Unión] y la plena eficacia del Reglamento no 44/2001, denegar el reconocimiento de un laudo arbitral si éste limita la facultad del órgano jurisdiccional nacional de pronunciarse sobre su propia competencia y atribuciones en un asunto comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento no 44/2001?»
                     
                  
         
               48.
            
            
               El 10 de junio de 2014, el Consejo de la competencia de la República de Lituania anunció que había impuesto a Gazprom una multa de 123096700 litas lituanas (LTL) (35,6 millones de euros, aproximadamente) por incumplir los requisitos que se le habían impuesto al adquirir su participación en el capital de Lietuvos dujos. (
                     12
                  )
            
         
               49.
            
            
               El 12 de junio de 2014, Gazprom anunció su decisión de vender dicha participación. (
                     13
                  )
            
         IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      
      
               50.
            
            
               La petición de decisión prejudicial fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 2013. Han formulado observaciones escritas Gazprom, los Gobiernos lituano, alemán, español, francés, austriaco y del Reino Unido, así como la Confederación Suiza y la Comisión Europea.
            
         
               51.
            
            
               Conforme al artículo 61, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, el 4 de julio de 2014 el Tribunal de Justicia dirigió a las partes dos preguntas para que respondieran por escrito antes de la celebración de la vista y a más tardar el 31 de julio de 2014. Gazprom, los Gobiernos lituano, alemán, español, francés y del Reino Unido, así como la Confederación Suiza y la Comisión, presentaron sus respuestas en el plazo previsto.
            
         
               52.
            
            
               El 30 de septiembre de 2014 se celebró una vista, en la que Gazprom, los Gobiernos lituano, alemán, español, francés y del Reino Unido, así como la Confederación Suiza y la Comisión, expusieron sus observaciones orales.
            
         V. Análisis
      
      A. Observaciones preliminares
      
      1. Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
      
               53.
            
            
               En la página 10 de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente estima que el Ministerio de Energía interpuso el recurso ante el Vilniaus apygardos teismas contra Lietuvos dujos y los Sres. Valentukevičius, Golubev y Seleznev (
                     14
                  ) sobre la base de una aplicación por analogía (mutatis mutandis) del artículo 6, apartado 2, del Reglamento Bruselas I.
            
         
               54.
            
            
               Pues bien, esta disposición del Reglamento prevé que las personas domiciliadas en un Estado miembro «también podrán ser demandadas [...] si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado».
            
         
               55.
            
            
               En mi opinión, esta disposición es manifiestamente inaplicable en este caso, puesto que el recurso en cuestión no tiene por objeto ni una demanda sobre obligaciones de garantía ni una demanda para la intervención de terceros en el proceso.
            
         
               56.
            
            
               En la vista, el Gobierno lituano sugirió que se trataba de un error de transcripción del órgano jurisdiccional remitente, siendo su intención la de invocar el artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento, (
                     15
                  ) que tampoco parece aplicable, pues permite que una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en el que esté domiciliado alguno de los codemandados. En este caso, con excepción de los Sres. Golubev y Seleznev, que están domiciliados en un tercer Estado, los demandados están domiciliados en Lituania.
            
         
               57.
            
            
               Ciertamente, el Tribunal de Justicia podría no responder a estas cuestiones prejudiciales por no tener los órganos jurisdiccionales lituanos una competencia debidamente basada en el Reglamento Bruselas I. No obstante, este Tribunal podría aseverar que el Vilniaus apygardos teismas podía fundar su competencia con respecto a Lietuvos dujos y su director general, el Sr. Valentukevičius, en el artículo 2, apartado 1, del citado Reglamento, (
                     16
                  ) resultando el elemento de extranjería necesario para poder aplicar dicho artículo (y el Reglamento) del domicilio en la Federación de Rusia de dos de los codemandados (los Sres. Golubev y Seleznev), (
                     17
                  ) en cuyo caso el Tribunal de Justicia sería competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
            
         2. Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
      
               58.
            
            
               Según reiterada jurisprudencia, «las cuestiones sobre la interpretación del Derecho [de la Unión] planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho [de la Unión] no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas». (
                     18
                  )
            
         
               59.
            
            
               Pues bien, en este caso, el órgano jurisdiccional remitente precisa en la página 9 de la petición de decisión prejudicial que «una cuestión relativa a la apertura de una investigación sobre una persona jurídica no puede ser objeto de arbitraje».
            
         
               60.
            
            
               Tal como indican el Gobierno francés y la Comisión, existe por tanto una base jurídica, en este caso el artículo V, apartado 2, letra a), del Convenio de Nueva York de 1958, (
                     19
                  ) en la que puede fundarse el órgano jurisdiccional remitente para denegar el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, como ya hizo, por otro lado, el Lietuvos apeliacinis teismas. (
                     20
                  )
            
         
               61.
            
            
               Así pues, a mi entender, es concebible que las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia no sean pertinentes con respecto al litigio principal, puesto que el órgano jurisdiccional remitente puede prescindir perfectamente de las respuestas a tales cuestiones para resolver el litigio de que conoce. Las presentes conclusiones parten evidentemente de la hipótesis de que el Tribunal de Justicia considera admisibles las cuestiones prejudiciales planteadas.
            
         3. ¿Se trata realmente de una «anti-suit injunction»?
      
               62.
            
            
               En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente califica de «anti-suit injunction» al laudo arbitral en la medida en que éste conmina al Ministerio de Energía a desistir de algunas de las pretensiones que había formulado ante los órganos jurisdiccionales lituanos.
            
         
               63.
            
            
               En este sentido, el laudo arbitral se asemeja a las «anti-suit injunctions» del Derecho inglés que fueron objeto de las sentencias Turner (C‑159/02, EU:C:2004:228) y Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69). En Derecho inglés, la «anti-suit injunction» es una resolución de un órgano jurisdiccional inglés por la que se conmina a una parte sujeta in personam a la competencia de los órganos jurisdiccionales ingleses (
                     21
                  ) a no entablar o ejercitar determinadas acciones, a renunciar a éstas o a realizar los trámites necesarios para poner fin o suspender un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional estatal o un órgano arbitral establecido en un país extranjero. (
                     22
                  )
            
         
               64.
            
            
               La «anti-suit injunction» no se dirige contra el juez extranjero, siendo su destinatario únicamente una parte demandada ante un órgano jurisdiccional inglés. (
                     23
                  )
            
         
               65.
            
            
               La parte a la que se dirija una «anti-suit injunction» que no se atenga a ella puede ser imputada por desacato («contempt of court»), lo que puede dar lugar a sanciones penales y al embargo de los bienes situados en el Reino Unido. (
                     24
                  ) Es posible evidentemente que la «anti-suit injunction» no tenga ningún efecto si la parte a la que se dirige no se halla presente en el Reino Unido o no tiene bienes situados en el Reino Unido, pero toda resolución que se obtenga vulnerando una «anti-suit injunction» no será ni reconocida ni ejecutada en el Reino Unido. (
                     25
                  )
            
         
               66.
            
            
               Tal como afirma el Gobierno francés en su respuesta por escrito a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, no se ha dictado ninguna orden conminatoria de este tipo en el litigio principal. En efecto, contrariamente a las «anti-suit injunctions» que fueron objeto de las sentencias Turner (EU:C:2004:228) y Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), el incumplimiento del laudo arbitral por el Ministerio de Energía no comporta ninguna sanción para él. (
                     26
                  )
            
         
               67.
            
            
               Sentado lo anterior, el laudo arbitral y la orden conminatoria que contiene vinculan a la persona a la que se dirige ordenándole que retire una parte de su recurso ante los órganos jurisdiccionales lituanos en la medida en que, según el Tribunal Arbitral, tal recurso está comprendido en parte en el ámbito de aplicación del convenio arbitral. Es en este sentido en el que, al igual que las «anti-suit injunctions» que fueron objeto de las sentencias Turner (EU:C:2004:228) y Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), el laudo arbitral puede, según el órgano jurisdiccional remitente, menoscabar el efecto útil del Reglamento Bruselas I. Basaré mi razonamiento en esta hipótesis.
            
         B. Sobre la primera cuestión prejudicial
      
      
               68.
            
            
               Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que dilucide si aquél puede denegar el reconocimiento de una anti-suit injunction arbitral por limitar ésta su «facultad […] para pronunciarse, él mismo, sobre su propia competencia para conocer del asunto conforme a las normas de atribución de competencia del Reglamento [Bruselas I]».
            
         
               69.
            
            
               En consecuencia, procede determinar si el Reglamento Bruselas I es verdaderamente aplicable en el caso de autos o si sólo el Convenio de Nueva York de 1958 es aplicable en el litigio principal.
            
         1. ¿Es aplicable el Reglamento Bruselas I en virtud de su artículo 71, apartado 2, párrafo segundo?
      
               70.
            
            
               A fin de situarse en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, el órgano jurisdiccional remitente se basa en su artículo 71, apartado 2, párrafo segundo, a cuyo tenor, «cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones». (
                     27
                  )
            
         
               71.
            
            
               A mi juicio, y como sostienen el Gobierno alemán y la Confederación Suiza, la citada disposición no es aplicable en este caso, puesto que su ámbito de aplicación se limita a los convenios concluidos entre los Estados miembros que establezcan «las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones». El término «resoluciones» se define en el artículo 32 del propio Reglamento como «cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso». (
                     28
                  ) Es evidente que un tribunal arbitral constituido sobre la base de un convenio arbitral libremente concluido entre dos partes (como el que ha dictado el laudo arbitral controvertido en el litigio principal) no es un tribunal de un Estado miembro. (
                     29
                  )
            
         
               72.
            
            
               Además, el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento Bruselas I excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación. Ello implica que, como mantienen por otro lado Gazprom, los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, así como la Comisión y la Confederación Suiza, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales, como el controvertido en el asunto principal, deberían estar sujetos únicamente al Convenio de Nueva York de 1958.
            
         
               73.
            
            
               En el caso presente, según estos intervinientes, dado que ante el propio órgano jurisdiccional remitente se sustancia un procedimiento de reconocimiento y de ejecución conforme a dicho Convenio, el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral controvertido están sujetos exclusivamente a ese Convenio. (
                     30
                  ) Por consiguiente, no debería existir ninguna cuestión de Derecho de la Unión a la que pudiera responder el Tribunal de Justicia en virtud de una competencia basada en el artículo 267 TFUE.
            
         2. ¿Es aplicable el Reglamento Bruselas I en virtud de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69)?
      
               74.
            
            
               Tal como afirma el Gobierno francés en su respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, «la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali [(EU:C:2009:69)] ha suscitado dudas sobre el alcance de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento [Bruselas I]».
            
         
               75.
            
            
               En agosto de 2000, el Front Comor, buque perteneciente a West Tankers Inc. (en lo sucesivo, «West Tankers») y fletado por Erg Petroli SpA (en lo sucesivo, «Erg Petroli»), causó daños, en Siracusa, a un embarcadero perteneciente a Erg Petroli. El contrato de fletamento estaba sujeto al Derecho inglés y contenía una cláusula mediante la que se estipulaba un arbitraje en Londres.
            
         
               76.
            
            
               Erg Petroli se dirigió a sus aseguradores, Allianz SpA (en lo sucesivo, «Allianz») y Generali Assicurazioni Generali SpA (en lo sucesivo, «Generali»), para obtener una indemnización dentro del límite de su cobertura de seguro y entabló, en Londres, un procedimiento de arbitraje contra West Tankers por la cantidad que excede de ese límite. Tras haber abonado a Erg Petroli, con arreglo a las pólizas de seguro, la indemnización por el perjuicio que había sufrido, los aseguradores, por subrogación, interpusieron un recurso contra West Tankers ante el Tribunale di Siracusa (Italia) con el fin de recuperar los importes abonados a ErgPetroli. West Tankers propuso una excepción de incompetencia de ese órgano jurisdiccional basada en la existencia del convenio arbitral.
            
         
               77.
            
            
               Al ser Londres el lugar del arbitraje, West Tankers entabló un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales ingleses para obtener una «anti-suit injunction» por la que se prohibiera a Allianz y a Generali tanto valerse de un procedimiento distinto del arbitraje como proseguir con el procedimiento entablado ante el Tribunale di Siracusa.
            
         
               78.
            
            
               Los órganos jurisdiccionales ingleses estimaron esa petición, pero la House of Lords interrogó al Tribunal de Justicia a fin de saber si, dada la diferencia con las circunstancias del asunto que dio lugar a la sentencia Turner (EU:C:2004:228), (
                     31
                  ) disponía de la facultad de dictar una «anti-suit injunction» que fuera compatible con el Reglamento Bruselas I, debido a que el artículo 1, apartado 2, letra d), de éste excluye el arbitraje de su ámbito de aplicación.
            
         
               79.
            
            
               El Tribunal de Justicia comenzó su análisis admitiendo que, en tanto que procedimiento estatal, aunque en apoyo de un arbitraje, «[...] un procedimiento como el del caso de autos, que aboca a la adopción de una “anti-suit injunction”, no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento [Bruselas I]». (
                     32
                  )
            
         
               80.
            
            
               El Tribunal de Justicia declaró a continuación que, «no obstante, aunque un procedimiento no esté comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento [Bruselas I], puede tener consecuencias contrarias a su efecto útil, es decir, [impedir] que se cumplan los objetivos [de la unificación] de las normas de conflicto de los órganos jurisdiccionales en materia civil y mercantil y de la libre circulación de las resoluciones en esta misma materia. Así sucede, en particular, cuando tal procedimiento impide que un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro ejerza las competencias que tiene atribuidas en virtud del Reglamento [Bruselas I]». (
                     33
                  )
            
         
               81.
            
            
               Así pues, el Tribunal de Justicia consideró que «una cuestión previa relativa a la aplicabilidad de un convenio arbitral que incluya, en particular, su validez, est[aba] igualmente comprendida en [el] ámbito de aplicación de dicho Reglamento». (
                     34
                  )
            
         
               82.
            
            
               Con este fundamento, el Tribunal de Justicia respondió de manera negativa a la cuestión prejudicial de la House of Lords por considerar que el procedimiento entablado por Allianz y Generali contra West Tankers ante el Tribunale di Siracusa estaba comprendido, él mismo, en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, (
                     35
                  ) y ello pese al convenio arbitral que vinculaba a las partes. El Tribunal de Justicia añadió que la «anti-suit injunction» de que se trataba no respetaba la facultad del órgano jurisdiccional italiano de determinar, él mismo, si era competente para resolver el litigio que se le había planteado, (
                     36
                  ) y consecuentemente aquélla era contraria al principio de confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros e impedía el acceso a la justicia estatal del demandante que considerara el convenio arbitral nulo, ineficaz o inaplicable. (
                     37
                  )
            
         
               83.
            
            
               En conclusión, el Tribunal de Justicia declaró que la «anti-suit injunction» de que se trataba en ese asunto era incompatible con el Reglamento Bruselas I.
            
         
               84.
            
            
               Sobre esta base, el órgano jurisdiccional remitente considera que, lo mismo que una «anti-suit injunction» emitida por un órgano jurisdiccional estatal, una «anti-suit injunction» dictada por un órgano arbitral menoscaba el efecto útil del Reglamento Bruselas I.
            
         
               85.
            
            
               Esta tesis es concebible en la medida en que, en el asunto que dio lugar a la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), la House of Lords, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, conocía de un procedimiento que se situaba, como consideró el Tribunal de Justicia, fuera del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, (
                     38
                  ) a saber, la pretensión de obtener una «anti-suit injunction» contra una parte que había ejercitado acciones judiciales en Italia vulnerando un convenio arbitral que le obligaba a someter cualquier litigio al arbitraje en Londres. (
                     39
                  ) Pues bien, la petición de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral de que se trata en el asunto principal se sitúa igualmente fuera del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
            
         
               86.
            
            
               El Reglamento Bruselas I se consideraba aplicable en ese asunto sobre la base de otro procedimiento, a saber, el procedimiento ante el órgano jurisdiccional italiano, cuyo fondo, como el del recurso con objeto de que se inicie una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos, (
                     40
                  ) estaba incluido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, y en particular de su artículo 5, apartado 3. En el presente asunto, el fondo del recurso del Ministerio de Energía con objeto de que se inicie una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos se incardina igualmente en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, y más concretamente de su artículo 2. (
                     41
                  )
            
         
               87.
            
            
               A este respecto, los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, así como la Confederación Suiza y la Comisión, estiman que el Reglamento Bruselas I no es aplicable en el asunto principal por estar excluido el arbitraje de su ámbito de aplicación. No obstante, si ello fuese tan sencillo, el Tribunal de Justicia no habría declarado incompatible con el Reglamento Bruselas I la «anti-suit injunction» que fue objeto de su sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69). (
                     42
                  )
            
         
               88.
            
            
               En este sentido, la situación de la House of Lords, que conocía de una materia excluida del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, es análoga a la del órgano jurisdiccional remitente, que también conoce de una petición de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, excluida igualmente del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Además, dado que el órgano jurisdiccional remitente conoce al mismo tiempo de un recurso incluido en el ámbito de aplicación del citado Reglamento, a saber, la pretensión de iniciar una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos, su posición es idéntica a la del Tribunale di Siracusa en la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69). Pues bien, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró la «anti-suit injunction» incompatible con el Reglamento Bruselas I, conclusión que el órgano jurisdiccional remitente considera válida con respecto al litigio principal. No comparto esta tesis por las razones que expondré a continuación.
            
         3. Respuesta a la cuestión prejudicial
      
               89.
            
            
               Dos elementos me inducen a proponer al Tribunal de Justicia que responda de manera negativa a esta cuestión prejudicial.
            
         a) La exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I (refundición)
      
               90.
            
            
               El Gobierno español considera que, por razones temporales, el Tribunal de Justicia no debería tener en cuenta el Reglamento Bruselas I (refundición) en su respuesta a la presente petición de decisión prejudicial.
            
         
               91.
            
            
               Es cierto que este Reglamento sólo será aplicable a partir del 10 de enero de 2015, pero estimo, como Gazprom, los Gobiernos lituano, alemán y francés, la Comisión y la Confederación Suiza, que el Tribunal de Justicia debería tenerlo en cuenta en el presente asunto, puesto que la principal novedad de este Reglamento, que reproduce la exclusión del arbitraje de su ámbito de aplicación, no reside tanto en su articulado como en su duodécimo considerando, más bien, el cual, en realidad, un poco a semejanza de una norma interpretativa con carácter retroactivo, explica la manera en que debe interpretarse y debería haberse interpretado siempre tal exclusión.
            
         
               92.
            
            
               Para apreciar mejor el alcance del referido duodécimo considerando, es útil examinar sus antecedentes legislativos.
            
         
               93.
            
            
               El artículo 73 del Reglamento Bruselas I establece un procedimiento de modificación del propio Reglamento, consistente en que, a más tardar el 1 de marzo de 2007, la Comisión debía presentar al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea y al Comité Económico y Social un informe relativo a su aplicación, acompañado de propuestas para adaptarlo.
            
         
               94.
            
            
               En el marco de ese procedimiento, la Comisión encomendó a los profesores Hess, Pfeiffer y Schlosser la redacción de un informe (denominado «informe Heidelberg») sobre la aplicación del Reglamento Bruselas I. (
                     43
                  ) Este informe fue publicado en 2007, antes de que se dictara la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69).
            
         
               95.
            
            
               Sin dejar de admitir que el Reglamento Bruselas I no debería tratar cuestiones reguladas por el Convenio de Nueva York de 1958, los redactores del informe Heidelberg proponían una serie de nuevas disposiciones que habrían permitido la injerencia de dicho Reglamento en el ámbito del arbitraje para tratar cuestiones de correlación entre estos dos textos, como por ejemplo la cuestión del ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional estatal que ha declarado inválido un convenio arbitral o la del ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional estatal en su calidad de juez de apoyo del arbitraje.
            
         
               96.
            
            
               El informe Heidelberg fue seguido de la lectura de las conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2008:466, puntos 71 y 73), en las que ésta constataba la falta de «mecanismos para coordinar [la] competencia [de los órganos arbitrales] con la de los tribunales estatales» y sugería que «la única solución posible al respecto es la inclusión del arbitraje en el sistema normativo del Reglamento [Bruselas I]».
            
         
               97.
            
            
               El Tribunal de Justicia suscribió el análisis de la Abogado General Kokott citando varias veces sus conclusiones [sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, apartados 20, 26 y 29)].
            
         
               98.
            
            
               Los comentarios críticos de dicha sentencia vinieron fundamentalmente de los círculos del Derecho internacional privado y del arbitraje, consistiendo esencialmente la crítica en que, en realidad, se había extendido el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I al arbitraje de una manera que podía comprometer su eficacia. (
                     44
                  )
            
         
               99.
            
            
               A esta crítica añadiré también que dicha sentencia contrastaba con tres sentencias anteriores del Tribunal de Justicia, a saber, las sentencias Hoffmann (145/86, EU:C:1988:61), Rich (C‑190/89, EU:C:1991:319) y Van Uden (C‑391/95, EU:C:1998:543).
            
         
               100.
            
            
               La sentencia Hoffmann (EU:C:1988:61) se refería a la ejecución en los Países Bajos de una resolución alemana por la que se condenaba a un cónyuge a pagar una pensión alimenticia al otro cónyuge en virtud de la obligación de manutención resultante del matrimonio. Una resolución de este tipo presuponía necesariamente la existencia del vínculo matrimonial. El Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) planteó la cuestión de si la disolución del vínculo matrimonial como consecuencia de una sentencia de divorcio dictada por un órgano jurisdiccional neerlandés podía poner fin a la ejecución de la resolución alemana, incluso en el supuesto de que ésta siguiera siendo ejecutiva en Alemania por no haberse reconocido la sentencia de divorcio.
            
         
               101.
            
            
               Del mismo modo que el arbitraje, el estado de las personas físicas, del que forman parte el matrimonio y el divorcio, estaba excluido del ámbito de aplicación del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en español en DO 1998, C 27, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). En cambio, el pago de una pensión alimenticia, al no ser una cuestión relativa al estado de las personas, estaba cubierto por el Convenio de Bruselas, lo que implicaba que los órganos jurisdiccionales neerlandeses estaban a priori obligados por ese Convenio a reconocer y ejecutar la resolución alemana, lo que habría sido inconciliable con la sentencia de divorcio neerlandesa.
            
         
               102.
            
            
               El Tribunal de Justicia consideró que «el Convenio [de Bruselas] no se opone a que el juez del Estado requerido saque las consecuencias de una sentencia nacional que declara el divorcio en el marco de la ejecución de la resolución extranjera sobre [la obligación de alimentos]», (
                     45
                  ) lo que implicaba que el Hoge Raad der Nederlanden no estaba obligado a reconocer y ejecutar la resolución alemana, la cual, sin embargo, estaba incluida en el ámbito de aplicación de dicho Convenio.
            
         
               103.
            
            
               En la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), aunque el arbitraje estaba —lo mismo que el estado de las personas— excluido del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, el Tribunal de Justicia consideró que los órganos jurisdiccionales ingleses no podían aplicar su Derecho nacional en toda su amplitud y dictar «anti-suit injunctions» en apoyo de un arbitraje. De este modo, el Tribunal de Justicia restringió el alcance de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. (
                     46
                  )
            
         
               104.
            
            
               La sentencia Rich (EU:C:1991:319) se refería a un contrato de adquisición de petróleo celebrado entre una sociedad suiza y una sociedad italiana. Este contrato estaba sujeto al Derecho inglés y contenía un convenio arbitral. Cuando el comprador (la sociedad suiza) invocó un deterioro grave de la mercancía, el vendedor (la sociedad italiana) le demandó ante el Tribunale di Genova (Italia) a fin de que se le declarase exento de toda responsabilidad frente a aquél.
            
         
               105.
            
            
               De conformidad con lo convenido en el contrato, la sociedad suiza inició el arbitraje en Londres, en el que la sociedad italiana se negó a participar y a designar su árbitro, lo que impedía el desarrollo del mismo. La sociedad suiza solicitó a los órganos jurisdiccionales ingleses, en su calidad de jueces de apoyo del arbitraje, la designación de un árbitro en nombre de la sociedad italiana.
            
         
               106.
            
            
               Al igual que en el asunto que dio lugar a la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), la sociedad italiana alegó que el verdadero litigio entre las partes estaba relacionado con la cuestión de determinar si el contrato en cuestión contenía o no una cláusula arbitral y que tal litigio estaba incluido en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas y por tanto debía ser juzgado en Italia.
            
         
               107.
            
            
               Así pues, se trataba de la cuestión de determinar si el procedimiento iniciado ante los órganos jurisdiccionales ingleses para la designación del árbitro estaba incluido en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas.
            
         
               108.
            
            
               El Tribunal de Justicia declaró que, «al excluir del ámbito de aplicación del Convenio [de Bruselas] la materia del arbitraje basándose en que dicha materia era ya objeto de convenios internacionales [en particular, el Convenio de Nueva York de 1958], las partes contratantes tuvieron la intención de excluir en su integridad la materia relativa al arbitraje, incluso los procedimientos incoados ante los tribunales estatales». (
                     47
                  )
            
         
               109.
            
            
               Aun cuando el nombramiento de un árbitro y los procedimientos nacionales en apoyo del arbitraje no están comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York de 1958, el Tribunal de Justicia consideró que, «en lo que atañe más concretamente a la designación de un árbitro por un órgano jurisdiccional estatal, proced[ía] hacer constar que se trata[ba] de una medida estatal destinada a aplicar un procedimiento de arbitraje. Así pues, tal medida forma parte de la materia del arbitraje, de modo que le resulta aplicable la exclusión del punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 [del Convenio de Bruselas]». (
                     48
                  )
            
         
               110.
            
            
               El Tribunal de Justicia desestimó la alegación de la sociedad italiana según la cual el Convenio de Bruselas se aplicaba a los litigios relativos a la existencia o validez de un convenio arbitral, considerando que, «para determinar si un litigio está incluido en el ámbito de aplicación del Convenio [de Bruselas], únicamente debe tenerse en cuenta el objeto de dicho litigio. Si debido a su objeto —por ejemplo, la designación de un árbitro— un litigio está excluido del ámbito del Convenio [de Bruselas], la existencia de una cuestión previa sobre la que deba pronunciarse el juez para resolver el litigio no puede justificar la aplicación del Convenio [de Bruselas], sea cual sea el contenido de la cuestión». (
                     49
                  ) El Tribunal de Justicia confirmó este planteamiento en su sentencia Van Uden (EU:C:1998:543). (
                     50
                  )
            
         
               111.
            
            
               En la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), en lugar de determinar la aplicabilidad del Reglamento Bruselas I en el litigio principal, como había hecho en los asuntos que dieron lugar a las sentencias Rich (EU:C:1991:319) y Van Uden (EU:C:1998:543), el Tribunal de Justicia examinó el objeto del litigio a la luz de otro litigio, a saber, el planteado ante los órganos jurisdiccionales italianos.
            
         
               112.
            
            
               De este modo, el Tribunal de Justicia se apartaba del planteamiento que había adoptado en la sentencia Rich (EU:C:1991:319, apartados 18 y 26), a tenor del cual debía tenerse en cuenta únicamente el objeto del litigio principal y el arbitraje como materia estaba excluido íntegramente del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I.
            
         
               113.
            
            
               A raíz del informe Heidelberg, de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) y de los comentarios a los que había dado lugar esta sentencia, la Comisión publicó su Libro Verde sobre la revisión del Reglamento Bruselas I (en lo sucesivo, «Libro Verde»), (
                     51
                  ) en el que abría una consulta pública proponiendo la supresión parcial de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación de dicho Reglamento con el fin de mejorar la correlación entre este último y el arbitraje.
            
         
               114.
            
            
               Varios Estados miembros, como la República Francesa, Hungría, la República de Austria, la República de Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como numerosos actores del sector del arbitraje, (
                     52
                  ) se opusieron a ello, considerando que el Reglamento Bruselas I no debía afectar a la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 y que debía confirmarse la exclusión total del arbitraje del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
            
         
               115.
            
            
               En su evaluación de impacto que acompañaba a su propuesta de versión refundida del Reglamento Bruselas I, (
                     53
                  ) la Comisión destacaba la crítica según la cual la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) permitía a las partes de mala fe eludir su obligación de someter cualquier diferencia al arbitraje (
                     54
                  ) e indicaba tres posibles opciones. (
                     55
                  )
            
         
               116.
            
            
               La primera opción era mantener el statu quo, a saber, la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del citado Reglamento, lo que, según la Comisión, no excluía el riesgo de abuso que la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) no permitía prevenir o prohibir. (
                     56
                  )
            
         
               117.
            
            
               La segunda opción era extender la exclusión del arbitraje a todo procedimiento relativo al arbitraje y especialmente a «todo procedimiento en el que [fuera] cuestionada la validez de un convenio arbitral». (
                     57
                  )
            
         
               118.
            
            
               Por último, la tercera opción consistía en aumentar la eficacia de los convenios arbitrales previendo que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se someta un litigio al que resulta aplicable un convenio arbitral deba suspender el procedimiento cuando se acuda a un tribunal arbitral o a un órgano jurisdiccional situado en el lugar del arbitraje. (
                     58
                  )
            
         
               119.
            
            
               En su propuesta de versión refundida del Reglamento Bruselas I (en lo sucesivo, «propuesta de versión refundida»), (
                     59
                  ) la Comisión se decanta por esta última opción conservando la propuesta que hizo en el Libro Verde de suprimir parcialmente la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación de dicho Reglamento. (
                     60
                  )
            
         
               120.
            
            
               Tal como admiten el Gobierno lituano y la Comisión en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, las modificaciones propuestas por la Comisión fueron rechazadas por el legislador de la Unión Europea. En efecto, mediante su resolución de 7 de septiembre de 2010, el Parlamento Europeo «se [opuso] enérgicamente a la supresión, siquiera parcial, de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento» y «considera[ba] que el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento debe dejar claro que no solo los procedimientos de arbitraje están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento, sino también los procedimientos judiciales que tengan por objeto principal, incidental o preliminar la validez o el alcance de la competencia arbitral». (
                     61
                  )
            
         
               121.
            
            
               El Consejo también se opuso a la opción de la Comisión de suprimir parcialmente la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I (refundición). Mediante su nota de 1 de junio de 2012, la presidencia del Consejo instaba a éste a adoptar, como compromiso global, el proyecto de orientación general que figuraba en el anexo de dicha nota. (
                     62
                  ) Según ese proyecto, debían rechazarse las propuestas de la Comisión relativas al arbitraje contenidas en su propuesta de versión refundida. (
                     63
                  )
            
         
               122.
            
            
               En efecto, el texto de compromiso preveía la introducción de un nuevo considerando con el texto que figura actualmente en el duodécimo considerando del Reglamento Bruselas I (refundición) y de una nueva disposición según la cual este Reglamento «no [afectaba] a la aplicación del [Convenio de Nueva York de 1958]». (
                     64
                  )
            
         
               123.
            
            
               El Consejo aprobó dicho texto el 8 de junio de 2012. A raíz de esta aprobación, el Parlamento adoptó una resolución legislativa mediante la que aprobaba las modificaciones del Reglamento relativas al arbitraje, tal como se exponían en el documento aprobado por el Consejo. (
                     65
                  )
            
         
               124.
            
            
               En su versión final, el Reglamento Bruselas I (refundición) mantiene la exclusión del arbitraje de su ámbito de aplicación e incluye el nuevo duodécimo considerando y el nuevo artículo 73, apartado 2, a tenor del cual «el presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958». (
                     66
                  )
            
         
               125.
            
            
               En mi opinión, estas nuevas disposiciones, y especialmente el segundo párrafo del duodécimo considerando, coronado por el nuevo artículo 73, apartado 2, corresponden a la segunda opción presentada por la Comisión en su evaluación de impacto que acompañaba a su propuesta de versión refundida, que pretendía excluir del ámbito de aplicación del Reglamento todo procedimiento en el que se impugnara la validez de un convenio arbitral. (
                     67
                  )
            
         
               126.
            
            
               En efecto, conforme al segundo párrafo del referido considerando, «a la hora de resolver sobre la nulidad de pleno derecho, la ineficacia o la inaplicabilidad de un convenio de arbitraje, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no deben estar sujetos a las normas de reconocimiento y ejecución establecidas en el presente Reglamento, con independencia de que se pronuncien a ese respecto con carácter principal o como cuestión incidental», (
                     68
                  ) sin que se haya modificado el propio articulado del Reglamento.
            
         
               127.
            
            
               El pasaje subrayado demuestra que el control incidental de la validez de un convenio arbitral está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I (refundición), puesto que, de no ser así, las normas sobre reconocimiento y ejecución de dicho Reglamento serían aplicables a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales estatales relativas a la validez de un convenio arbitral. (
                     69
                  )
            
         
               128.
            
            
               No fue ésa la interpretación del Tribunal de Justicia en su sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69, apartado 26), (
                     70
                  ) en la que basó su postura en el hecho de que el procedimiento entablado por Allianz y Generali contra West Tankers ante el Tribunale di Siracusa, vulnerando el convenio arbitral, estaba sujeto, él mismo, al Reglamento Bruselas I en la suposición de que el control incidental de la validez de un convenio arbitral estaba incluido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
            
         
               129.
            
            
               En efecto, el Tribunal de Justicia declaraba lo siguiente:
               «[…] si por [el] objeto del litigio, es decir, por la naturaleza de los derechos que deben salvaguardarse en un procedimiento, como una demanda de indemnización de daños y perjuicios, ese procedimiento está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento [Bruselas I], una cuestión previa relativa a la aplicabilidad de un convenio arbitral que incluya, en particular, su validez, está igualmente comprendida en [el] ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Corrobora esta conclusión el punto 35 del informe relativo a la adhesión de la República Helénica al Convenio [de Bruselas] presentado por los Sres. Evrigenis y Kerameus (DO 1986, C 298, p. 1; versión en español en DO 1990, C 189, p. 257). Éste señala que cabe considerar como propio del Convenio el control incidental de la validez del acuerdo de arbitraje solicitado por una de las partes con vistas a cuestionar la competencia internacional del órgano jurisdiccional ante el que se le demanda en virtud de dicho convenio.» (
                     71
                  )
            
         
               130.
            
            
               Por consiguiente, no comparto la posición de los Gobiernos lituano y alemán y de la Comisión según la cual la interpretación que hizo el Tribunal de Justicia de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del citado Reglamento, en el apartado 24 de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), permanece inalterada por la refundición.
            
         
               131.
            
            
               Tampoco comparto la tesis expuesta por la Comisión en la vista según la cual el apartado 26 de la citada sentencia constituía solamente un «obiter dictum». Todo lo contrario, se trata del punto central de la sentencia en base al cual el Tribunal de Justicia estableció la aplicabilidad del Reglamento Bruselas I y trazó así la línea divisoria entre el ámbito de aplicación de este Reglamento y la materia del arbitraje.
            
         
               132.
            
            
               Sólo alcanzo a comprender esta tesis de la Comisión a la luz de sus propias propuestas sobre la delimitación entre la materia del arbitraje y el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I, las cuales, no obstante, fueron rechazadas de plano por el Parlamento y el Consejo con ocasión de la refundición del Reglamento Bruselas I. Así pues, de los antecedentes legislativos expuestos anteriormente deduzco la intención del legislador de la Unión de corregir la línea divisoria que trazó el Tribunal de Justicia entre el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I y la materia del arbitraje. (
                     72
                  )
            
         
               133.
            
            
               Ello implica que, si el asunto que dio lugar a la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) se hubiese ventilado con arreglo al régimen del Reglamento Bruselas I (refundición), el Tribunale di Siracusa sólo habría podido conocer del fondo del asunto, sobre la base de este Reglamento, a partir del momento en que hubiera considerado que el convenio arbitral era nulo, ineficaz o inaplicable (lo cual es posible a tenor del artículo II, apartado 3, del Convenio de Nueva York de 1958). (
                     73
                  )
            
         
               134.
            
            
               En tal caso, la «anti-suit injunction» que fue objeto de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) no se habría considerado incompatible con el Reglamento Bruselas I.
            
         
               135.
            
            
               En efecto, la interposición de un recurso ante el Tribunale di Siracusa cuyo fondo está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I (siendo en este caso la cuestión de la validez del convenio arbitral una cuestión incidental o previa) no habría afectado a la facultad de los órganos jurisdiccionales ingleses de dictar «anti-suit injunctions» en apoyo del arbitraje porque, de acuerdo con el segundo párrafo del considerando 12, el control incidental de la validez de un convenio arbitral está excluido del ámbito de aplicación de dicho Reglamento, «con independencia de que [el Tribunale di Siracusa] se pronuncie [...] a ese respecto con carácter principal o como cuestión incidental». (
                     74
                  ) La utilización del término «incidental» demuestra claramente que este segundo párrafo es aplicable asimismo cuando se interpone un recurso relativo al fondo de una controversia ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro —como se hizo ante el Tribunale di Siracusa— que le obliga antes de nada a examinar su propia competencia controlando, con carácter incidental o previo, la validez del convenio arbitral que vincula a las dos partes del recurso.
            
         
               136.
            
            
               Tal como clarifica el tercer párrafo de dicho considerando, sólo «la resolución [...] en cuanto al fondo del asunto» podrá ser reconocida y ejecutada conforme al citado Reglamento. (
                     75
                  ) Afirmar sin embargo que, ante la posibilidad —mayor o menor— de que exista una resolución del Tribunale di Siracusa en cuanto al fondo del asunto, los órganos jurisdiccionales ingleses no pueden dictar una «anti-suit injunction» en apoyo del arbitraje, supondría precisamente preservar los efectos de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) que el legislador de la Unión ha querido excluir en la refundición.
            
         
               137.
            
            
               La conclusión de que el Reglamento Bruselas I (refundición) permite las «anti-suit injunctions» en apoyo del arbitraje se ve corroborada por el cuarto párrafo del mismo considerando, a cuyo tenor «el presente Reglamento no debe aplicarse a ningún procedimiento incidental ni acción relacionados, en particular, con […] el desarrollo del procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros aspectos de tal procedimiento, ni [al] […] reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral […]». (
                     76
                  )
            
         
               138.
            
            
               Este párrafo no sólo excluye el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales del ámbito de aplicación del citado Reglamento, lo que excluye sin duda el presente asunto de su ámbito de aplicación, sino que excluye también los procedimientos incidentales, lo que a mi entender engloba a las «anti-suit injunctions» dictadas por órganos jurisdiccionales estatales en su función de jueces de apoyo del arbitraje.
            
         
               139.
            
            
               Permítaseme recordar, a estos efectos, que en el asunto que dio lugar a la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) se había solicitado a la House of Lords que dictara una «anti-suit injunction» en su calidad de juez de apoyo, debido a que las partes habían fijado la sede del tribunal arbitral en su demarcación territorial.
            
         
               140.
            
            
               Dado que la «anti-suit injunction» forma parte de las medidas que el juez del lugar del tribunal arbitral puede decretar en apoyo del arbitraje con el fin de garantizar el buen desarrollo del procedimiento arbitral y constituye en este sentido un «procedimiento incidental relacionado […] con el desarrollo del arbitraje», su prohibición ya no puede justificarse sobre la base del Reglamento Bruselas I (refundición).
            
         
               141.
            
            
               Por estas razones, considero que la refundición vuelve a dar validez a la interpretación de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I que se hizo en la sentencia Rich (EU:C:1991:319, apartado 18), según la cual «las partes contratantes tuvieron la intención de excluir en su integridad la materia relativa al arbitraje». (
                     77
                  ) Por consiguiente, el Reglamento Bruselas I no es aplicable en el litigio principal.
            
         
               142.
            
            
               Esta solución no menoscaba en modo alguno el efecto útil del Reglamento Bruselas I porque no impide al órgano jurisdiccional remitente «determina[r], por sí sólo, en virtud de las normas que le son aplicables, si es competente para resolver el litigio que se le somete». (
                     78
                  ) Por el contrario, el apartado 1, letras a) y c), del artículo V del Convenio de Nueva York de 1958 le brinda la posibilidad de controlar la competencia del tribunal arbitral, además del apartado 2, letra a), del mismo artículo, que le ofrece la posibilidad de controlar, según su propio Derecho, si la controversia planteada al tribunal arbitral es susceptible de ser sometida a arbitraje.
            
         
               143.
            
            
               A este respecto, reitero que, como señalan el Gobierno francés y la Comisión, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al Derecho lituano según el cual una cuestión relativa al compromiso de una investigación sobre las actividades de una persona jurídica no puede ser objeto de arbitraje. Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente podría denegar el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral sobre la base del artículo V, apartado 2, letra a), y ello evidentemente sin necesidad de plantear una cuestión prejudicial.
            
         
               144.
            
            
               Así, «[no] se impediría al demandante que considerara que [el convenio arbitral] es nulo, ineficaz o inaplicable el acceso al órgano jurisdiccional estatal». (
                     79
                  )
            
         
               145.
            
            
               Quisiera señalar a título complementario que esta clarificación de la exclusión del arbitraje en el Reglamento Bruselas I (refundición) forma parte de un esfuerzo por combatir las tácticas dilatorias de partes procesales que, contraviniendo sus compromisos contractuales, entablan un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro manifiestamente incompetente, tácticas que habían sido objeto de debate en los procedimientos que dieron lugar a las sentencias Gasser (C‑116/02, EU:C:2003:657), (
                     80
                  ) Turner (EU:C:2004:228) (
                     81
                  ) y Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69).
            
         
               146.
            
            
               El Reglamento Bruselas I (refundición) introduce así un nuevo artículo 31, apartado 2, según el cual, «si se presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 25, cualquier órgano jurisdiccional de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente con arreglo al acuerdo». Conforme al apartado 3 de ese mismo artículo, «cuando el órgano jurisdiccional designado en el acuerdo se declare competente en virtud de dicho acuerdo, los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros deberán abstenerse en favor de aquel».
            
         
               147.
            
            
               Tal como se indica en el vigesimosegundo considerando del citado Reglamento, (
                     82
                  ) estas nuevas disposiciones ya no permitirán la solución dada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Gasser (EU:C:2003:657), en la que estimó que el juez ante el que se formula la segunda demanda, pero que tiene competencia exclusiva en virtud de una cláusula atributiva de competencia, no podía, como excepción a las normas sobre litispendencia, resolver el litigio sin esperar a que el juez ante el que se hubiera presentado la primera demanda se declarara incompetente.
            
         
               148.
            
            
               La respuesta del Reglamento Bruselas I (refundición) a las prácticas dilatorias cuya finalidad es violar una cláusula atributiva de competencia consiste en dar prioridad al órgano jurisdiccional designado por la cláusula atributiva de una competencia exclusiva, aunque la demanda ante el mismo se haya presentado en segundo lugar. Ello implica que los tribunales arbitrales y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en su calidad de jueces de apoyo del arbitraje pueden adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia del arbitraje, sin que el Reglamento Bruselas I suponga un obstáculo.
            
         
               149.
            
            
               En lo que atañe a la violación de un convenio arbitral, la respuesta del citado Reglamento consiste en excluir completamente el arbitraje de su ámbito de aplicación, de modo que el control incidental de validez de ese convenio no está incluido en su ámbito de aplicación, y en remitir a las partes al arbitraje.
            
         
               150.
            
            
               En efecto, reproduciendo casi palabra por palabra el texto del artículo II, apartado 3, del Convenio de Nueva York de 1958, el duodécimo considerando declara en su primer párrafo que «ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje remita a las partes al arbitraje o bien suspenda o sobresea el procedimiento, o examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional».
            
         
               151.
            
            
               Tal como señala el Gobierno francés en su respuesta por escrito a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia, el referido párrafo del duodécimo considerando implica que, salvo nulidad o inaplicabilidad manifiesta del convenio arbitral, las partes deben estar obligadas a respetarlo y consecuentemente habrán de ser remitidas al tribunal arbitral, el cual se pronunciará sobre su propia competencia, (
                     83
                  ) en el bien entendido de que el órgano jurisdiccional estatal tendrá ocasión de controlar la validez de esa cláusula en el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. (
                     84
                  )
            
         
               152.
            
            
               Esta posición es plenamente conforme con el artículo II, apartado 3, del Convenio de Nueva York de 1958, a cuyo tenor «el tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un [convenio arbitral], remitirá a las partes al arbitraje […]». Esta remisión es «obligatoria y no puede quedar a criterio de los tribunales», (
                     85
                  ) con excepción de los casos en que el convenio arbitral sea «nulo, ineficaz o inaplicable».
            
         b) Los órganos arbitrales no pueden estar vinculados por el principio de confianza mutua ínsito en el Reglamento Bruselas I
      
               153.
            
            
               Aun en el caso de que el Tribunal de Justicia decidiera no tomar en consideración el Reglamento Bruselas I (refundición) o no compartir mi interpretación al respecto, considero que la solución por la que se decantó en la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) no puede aplicarse a «anti-suit injunctions» dictadas por órganos arbitrales cuyo reconocimiento y ejecución se incardinan en el ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York de 1958. Así pues, esta solución sólo valdría para el supuesto en que la «anti-suit injunction» se dicta por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro contra un procedimiento pendiente ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.
            
         
               154.
            
            
               Tal como señalan Gazprom y los Gobiernos francés y del Reino Unido, así como la Confederación Suiza y la Comisión, el Tribunal Arbitral de que se trata en el presente asunto no está sujeto al Reglamento Bruselas I y no está vinculado ni por éste ni por el principio de confianza mutua aplicable a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. Además, sus laudos no son objeto de reconocimiento ni de ejecución conforme a las disposiciones de dicho Reglamento. (
                     86
                  )
            
         
               155.
            
            
               Por otro lado, ¿qué otra cosa podría hacer un tribunal arbitral, cuando considera que una de las partes ha violado el convenio arbitral al que debe su competencia, sino ordenar a esa parte que se atenga al convenio y someta a los árbitros todas sus demandas cubiertas por el mismo? La «anti-suit injunction» es pues el único remedio efectivo de que dispone un tribunal arbitral para dar satisfacción a la parte que considere que el convenio arbitral ha sido violado por la otra parte. (
                     87
                  )
            
         
               156.
            
            
               Ello es tanto más cierto en este caso por cuanto, como indica el Tribunal Arbitral, «[el Ministerio de Energía] no cuestiona la facultad del Tribunal de decretar una medida de ejecución si estima que el [Ministerio de Energía] ha violado el convenio arbitral contenido en [el acuerdo de compraventa de acciones]. Por consiguiente, el Tribunal se considera competente para ordenar al Ministerio que no interponga ante el [Vilniaus apygardos teismas] un recurso que podría afectar a los derechos que [ese acuerdo] concede a los accionistas». (
                     88
                  )
            
         
               157.
            
            
               En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda de manera negativa a la primera cuestión prejudicial. A mi juicio, el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral controvertido en el asunto principal se incardinan exclusivamente en el ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York de 1958.
            
         C. Sobre la segunda cuestión prejudicial
      
      
               158.
            
            
               Dado que la segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente se plantea únicamente en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la misma.
            
         
               159.
            
            
               Además, como observa el Gobierno francés, esta cuestión prejudicial contempla una situación en la que, contrariamente a los hechos del litigio principal, la «anti-suit injunction» se dicta en un litigio pendiente ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro distinto de la República de Lituania. Por tanto, reviste carácter hipotético y, según reiterada jurisprudencia, debe declararse inadmisible. (
                     89
                  )
            
         D. Sobre la tercera cuestión prejudicial
      
      
               160.
            
            
               Si el Tribunal de Justicia considerara que el Reglamento Bruselas I no es aplicable en el presente asunto y que, en cualquier caso, una «anti-suit injunction» dictada por un tribunal arbitral no es contraria a ese Reglamento, procedería responder a la tercera cuestión prejudicial.
            
         
               161.
            
            
               Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea si, dada su pretensión de velar por la primacía del Derecho de la Unión y por la plena eficacia del Reglamento Bruselas I, puede denegar el reconocimiento de un laudo arbitral si éste limita la facultad del órgano jurisdiccional nacional de pronunciarse sobre su propia competencia y sus atribuciones en un asunto comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
            
         
               162.
            
            
               Me permito recordar que, como he afirmado en el punto 45 de las presentes conclusiones, se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso de casación contra la resolución del Lietuvos apeliacinis teismas mediante la que éste había confirmado la resolución del Vilniaus apygardos teismas de llevar a cabo una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos. Recuérdese que, en mis observaciones preliminares, partí de la hipótesis de que la acción ejercitada ante el Vilniaus apygardos teismas se basaba debidamente en el Reglamento Bruselas I. (
                     90
                  )
            
         
               163.
            
            
               Así pues, la tercera cuestión prejudicial debe entenderse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si ha de interpretar el concepto de orden público consagrado en el artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958 (
                     91
                  ) de manera que no tenga que reconocer ni ejecutar un laudo arbitral que contiene una «anti-suit injunction» por limitar ésta, como señala el órgano jurisdiccional remitente en la página 10 de la petición de decisión prejudicial, su facultad de pronunciarse sobre su propia competencia.
            
         
               164.
            
            
               Antes de proceder a este análisis, reitero, como subrayan el Gobierno francés y la Comisión, que el órgano jurisdiccional remitente no tenía necesidad de recurrir al concepto de orden público sobre la base del Convenio de Nueva York de 1958 para denegar el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral.
            
         
               165.
            
            
               Tal como señala el propio órgano jurisdiccional remitente en la página 9 de su petición de decisión prejudicial, la materia de las investigaciones sobre las actividades de una persona jurídica no es susceptible de ser sometida a arbitraje. Ello implica que, como ya declaró el Lietuvos apeliacinis teismas, (
                     92
                  ) el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral en cuestión podrían denegarse sobre la base del artículo V, apartado 2, letra a), del Convenio de Nueva York de 1958. (
                     93
                  )
            
         1. El concepto de orden público
      
               166.
            
            
               Según el artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958, se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral «si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: […] que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país».
            
         
               167.
            
            
               Dado que el concepto de orden público no viene definido en el citado Convenio, incumbe definirlo a los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes. No obstante, tal como observó la CNUDMI en su guía relativa a dicho Convenio, este concepto se define generalmente de manera restrictiva como «una válvula de seguridad para ser utilizada en aquellas circunstancias excepcionales en las que un ordenamiento jurídico no pueda reconocer ni ejecutar un laudo arbitral sin abandonar los propios fundamentos en los que se basa ese ordenamiento». (
                     94
                  ) La misma guía remite a la definición de orden público dada por la United States Court of Appeals, Second Circuit, según la cual «sólo podrá denegarse la ejecución de un laudo arbitral extranjero [sobre la base del orden público] cuando la ejecución sea contraria a las nociones más elementales de moralidad y justicia del Estado del foro». (
                     95
                  )
            
         
               168.
            
            
               Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros también definen el concepto de orden público de manera restrictiva. Así por ejemplo, según la cour d’appel de Paris, a la que compete el reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros en Francia, «la concepción francesa de orden público internacional comprende el conjunto de normas y valores cuya inobservancia no cabe concebir en el ordenamiento jurídico francés, ni siquiera en situaciones de carácter internacional». (
                     96
                  )
            
         
               169.
            
            
               En la misma línea, los órganos jurisdiccionales alemanes han considerado asimismo que un laudo arbitral contraviene el orden público cuando «vulnera una norma que afecta al fundamento de la vida pública y económica alemana o contradice de modo inconciliable la percepción alemana de la justicia». (
                     97
                  )
            
         
               170.
            
            
               Los órganos jurisdiccionales ingleses han declarado, por su parte, que el concepto de orden público comprende aquellos casos en que «la ejecución de un laudo arbitral menoscabe claramente el bien público o [...] pueda ser completamente ofensiva para el ciudadano común, razonable y bien informado, en cuyo nombre se ejercen los poderes del Estado». (
                     98
                  )
            
         
               171.
            
            
               El Tribunal de Justicia interpreta de la misma manera el concepto de orden público en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones en el marco del artículo 34, apartado 1, del Reglamento Bruselas I. (
                     99
                  )
            
         
               172.
            
            
               Según una jurisprudencia bien asentada, el orden público debe «interpretarse restrictivamente» (
                     100
                  ) y este concepto «únicamente debe aplicarse en casos excepcionales». (
                     101
                  ) Por consiguiente, «sólo cabe aplicar» tal concepto «en el caso de que el reconocimiento o la ejecución de la resolución dictada en otro Estado contratante choque de manera inaceptable con el ordenamiento jurídico del Estado requerido, por menoscabar un principio fundamental». (
                     102
                  ) El menoscabo «debería constituir una violación manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado requerido o de un derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento». (
                     103
                  )
            
         
               173.
            
            
               Aun cuando corresponda al órgano jurisdiccional remitente determinar el concepto de orden público a efectos del artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, al interpretar este concepto, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben tener en cuenta determinadas disposiciones del Derecho de la Unión que revisten un carácter hasta tal punto fundamental que forman parte del orden público europeo. (
                     104
                  )
            
         
               174.
            
            
               En sus sentencias Eco Swiss (EU:C:1999:269) y Mostaza Claro (EU:C:2006:675), el Tribunal de Justicia elevó el artículo 101 TFUE (
                     105
                  ) y la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (
                     106
                  ) al rango de disposiciones de orden público por constituir «disposici[ones] fundamental[es] indispensable[s] para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad, especialmente para el funcionamiento del mercado interior». (
                     107
                  )
            
         
               175.
            
            
               No obstante, al margen de los derechos fundamentales, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
                     108
                  ) son de orden público, este Tribunal no ha determinado los criterios para poder considerar a una disposición del Derecho de la Unión como «fundamental» o «esencial» en el sentido de su jurisprudencia.
            
         
               176.
            
            
               Según la Abogado General Kokott, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia implica que «se prote[jan] los intereses jurídicos o cualesquiera otros intereses expresados en una norma jurídica que afecten al ordenamiento económico, social o cultural del Estado miembro de que se trate». (
                     109
                  ) Con este fundamento, aquélla consideró que «los intereses puramente económicos como el riesgo de un perjuicio financiero (aunque sea muy elevado)» no pueden calificarse de intereses de orden público. (
                     110
                  )
            
         
               177.
            
            
               A mi parecer, el acento no debe ponerse esencialmente en la naturaleza jurídica de los intereses protegidos por el orden público, sino más bien en la cuestión de si nos hallamos en presencia de normas y valores cuya inobservancia no cabe concebir en el ordenamiento jurídico del foro de reconocimiento y de ejecución porque semejante inobservancia sería inaceptable desde el punto de vista de un Estado de Derecho, libre y democrático. Se trata por tanto del conjunto de «principios que constituyen las propias bases del ordenamiento jurídico [de la Unión]». (
                     111
                  )
            
         
               178.
            
            
               En consecuencia, se plantea la cuestión de si las disposiciones del Reglamento Bruselas I, tal y como son interpretadas por el Tribunal de Justicia, y en particular la prohibición de las «anti-suit injunctions», forman parte del orden público europeo.
            
         
               179.
            
            
               Quisiera recordar que, a la vista de mi respuesta a la primera cuestión prejudicial, tal prohibición sólo persiste, tras la refundición del Reglamento Bruselas I, en lo atinente a las «anti-suit injunctions» a que se refiere la sentencia Turner (EU:C:2004:228), (
                     112
                  ) a saber, las dictadas por órganos jurisdiccionales de Estados miembros, para preservar su propia competencia, cuando conocen de un asunto en virtud de las disposiciones del Reglamento Bruselas I.
            
         2. ¿Forman parte del orden público europeo, en el sentido de la sentencia Eco Swiss (EU:C:1999:269, apartados 36 a 39), las disposiciones del Reglamento Bruselas I relativas a la competencia judicial en materia civil y mercantil?
      
               180.
            
            
               En mi consideración, las disposiciones del Reglamento Bruselas I no pueden calificarse de disposiciones de orden público.
            
         
               181.
            
            
               En primer lugar, no considero que el Reglamento Bruselas I constituya una de las bases del ordenamiento jurídico de la Unión comparables a las que se refirió el Tribunal de Justicia en el apartado 304 de su sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (EU:C:2008:461). El Reglamento Bruselas I, sus disposiciones sobre el reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, así como sus principios interpretativos, como la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, no son comparables al respeto de los derechos fundamentales, cuya vulneración sacudiría los propios cimientos en que se asienta el ordenamiento jurídico de la Unión.
            
         
               182.
            
            
               En segundo lugar, al igual que el Gobierno alemán, no comparto la interpretación de las sentencias Eco Swiss (EU:C:1999:269, apartado 36) y Mostaza Claro (EU:C:2006:675, apartado 37) según la cual el mero hecho de que un ámbito particular forme parte de las competencias, exclusivas o compartidas, de la Unión conforme a los artículos 3 TFUE y 4 TFUE es suficiente para elevar una disposición del Derecho de la Unión al rango de disposición de orden público. De ser así, todo el Derecho de la Unión, desde la Carta de los Derechos Fundamentales hasta una directiva sobre equipos a presión, sería de orden público en el sentido del artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958.
            
         
               183.
            
            
               En tercer lugar, el artículo 23 del Reglamento Bruselas I prevé expresamente que las partes puedan establecer excepciones a las normas para determinar la competencia de dicho Reglamento optando por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, distinto del que resultaría competente conforme a ese Reglamento, para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, siempre que esta cláusula atributiva de competencia no sea contraria a los artículos 13, 17 y 21 (competencia en materia de seguros, de contratos celebrados por los consumidores y de contratos individuales de trabajo) y que no infrinja el artículo 22 (competencias exclusivas (
                     113
                  )) del propio Reglamento.
            
         
               184.
            
            
               A este respecto, se admite que sólo normas imperativas pueden calificarse de normas de orden público. (
                     114
                  ) En efecto, es difícil concebir una norma que constituya una de las bases de un ordenamiento jurídico y que no tenga carácter imperativo. No obstante, en cualquier caso, una disposición que no revista carácter imperativo no puede considerarse de orden público.
            
         
               185.
            
            
               En el presente asunto, aun cuando el recurso interpuesto por el Ministerio de Energía con objeto de que se abriese una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos correspondiera, como sostiene el Gobierno español, a la competencia exclusiva prevista en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento Bruselas I, lo que no es el caso, (
                     115
                  ) el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral no constituirían una violación manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de la Unión.
            
         
               186.
            
            
               De todos modos, tal como señaló el Gobierno alemán en la vista, el hecho de que, conforme al artículo 35, apartado 3, del Reglamento Bruselas I, «el orden público […] no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial» indica claramente que las normas para determinar la competencia no son de orden público.
            
         
               187.
            
            
               Por lo que se refiere a la alegación de la violación del orden público basada en la prohibición de las «anti-suit injunctions», recuérdese que, como he mencionado en los puntos 90 a 157 de las presentes conclusiones, tal prohibición no afecta a las «anti-suit injunctions» dictadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en apoyo de un arbitraje, ni a fortiori a las «anti-suit injunctions» dictadas por tribunales arbitrales.
            
         
               188.
            
            
               Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el hecho de que un laudo arbitral contenga una «anti-suit injunction» como la controvertida en el asunto principal no es suficiente para denegar su reconocimiento y ejecución sobre la base del artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio de Nueva York de 1958.
            
         VI. Conclusión
      
      
               189.
            
            
               Por todo ello, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas de la siguiente manera:
               
                        «1)
                     
                     
                        El Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no obliga al órgano jurisdiccional de un Estado miembro a denegar el reconocimiento y ejecución de una «anti-suit injunction» dictada por un órgano arbitral.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        El hecho de que un laudo arbitral contenga una «anti-suit injunction» como la controvertida en el asunto principal no es suficiente para denegar su reconocimiento y ejecución sobre la base del artículo V, apartado 2, letra b), del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 de junio de 1958.»
                     
                  
         (
            1
         )	Lengua original: francés.
      (
            2
         )	DO 2001, L 12, p. 1.
      (
            3
         )	Salvo los artículos 75 y 76, que ya son aplicables desde el 10 de enero de 2014.
      (
            4
         )	DO L 351, p. 1.
      (
            5
         )	Conclusiones del Abogado General Darmon en el asunto Rich (C‑190/89, EU:C:1991:58, punto 3).
      (
            6
         )	Una copia de este acuerdo, en lengua lituana, está disponible en el sitio de Internet del Ministerio de Energía de la República de Lituania en la siguiente dirección: http://www.enmin.lt/lt/news/gazprom.pdf.
      (
            7
         )	
      (
            8
         )	DO L 211, p. 94.
      (
            9
         )	Véanse el artículo de prensa de Alyx Barker titulado «Gazprom v Lithuania: cast list out», publicado el 31 de julio de 2012 en el sitio de Internet de la Global Arbitration Review (http://globalarbitrationreview.com/news/article/30730/gazprom-v-lithuania-cast-list-out/), así como el anuncio titulado «OAO Gazprom c. La République de Lituanie», publicado en el sitio de Internet del Tribunal Permanente de Arbitraje (http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1471).
      (
            10
         )	Sentencia arbitral definitiva de 31 de julio de 2012 en el asunto V (125/2011), disponible en el sitio de Internet de la Global Arbitration Review (http://www.globalarbitrationreview.com/cdn/files/gar/articles/Gazprom_v_Lithuania_Final_Award.pdf).
      (
            11
         )	Véase el artículo de prensa de Kyriaki Karadelis titulado «Lithuania gas price arbitration takes off», publicado el 5 de octubre de 2012 en el sitio de Internet de la Global Arbitration Review (http://globalarbitrationreview.com/news/article/30876/lithuania-gas-price-arbitration-takes-off/).
      (
            12
         )	Véase la decisión no 2S-3/2014, de 10 de junio de 2014 (disponible en el sitio de Internet del Consejo de la competencia de la República de Lituania en la siguiente dirección: http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1541).
      (
            13
         )	Véase Sytas, A.: «Gazprom sells Lithuania assets after antitrust fine», publicado el 12 de junio de 2014 en el sitio de Internet de la agencia Reuters en la siguiente dirección: http://uk.reuters.com/article/2014/06/12/uk-lithuania-gazprom-idUKKBN0EN1IF20140612.
      (
            14
         )	Véanse los puntos 31 y 32 de las presentes conclusiones.
      (
            15
         )	
      (
            16
         )	
      (
            17
         )	Véase la sentencia Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), apartados 24 a 26 y 35.
      (
            18
         )	Sentencia Melki y Abdeli (C‑188/10 y C‑189/10, EU:C:2010:363), apartado 27. Véanse asimismo, en este sentido, las sentencias Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), apartado 46; Budějovický Budvar (C‑478/07, EU:C:2009:521, apartado 63); Zanotti (C‑56/09, EU:C:2010:288), apartado 15, y Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39), apartado 22.
      (
            19
         )	
      (
            20
         )	Véanse los puntos 41 y 42 de las presentes conclusiones.
      (
            21
         )	Una persona puede estar sujeta in personam a la competencia de los órganos jurisdiccionales ingleses por su presencia en el territorio de Inglaterra y del País de Gales o por haber suscrito una cláusula atributiva de competencia en favor de los órganos jurisdiccionales ingleses.
      (
            22
         )	Véase Raphael, T.: The Anti-Suit Injunction, Oxford University Press, Oxford, 2008, epígrafe 1.05.
      (
            23
         )	Véanse las sentencias Turner v Grovit and ors [2001] UKHL 65, apartado 23 y Société Nationale Industrielle Aerospatiale v Lee Kui Jak & anor [1987] 1 AC 871 (PC), apartado 892.
      (
            24
         )	Véase Briggs, A. y Rees, P.: Civil Juridiction and Judgments, 5
            a
          ed. Informa, Londres, 2009, epígrafe 5.55.
      (
            25
         )	Idem.
      
      (
            26
         )	Un tribunal arbitral podría sancionar a la parte que no haya respetado la «anti-suit injunction», teniendo en cuenta tal comportamiento al calcular los gastos de arbitraje, pero no en un caso como el controvertido en el asunto principal, porque el arbitraje sólo tenía por objeto la «anti-suit injunction». La misión del tribunal arbitral concluyó una vez dictado el laudo arbitral (functus officio) y por tanto ya no puede sancionar a una parte por vulnerar la «anti-suit injunction» que dictó.
      (
            27
         )	Véase la página 6 de la petición de decisión prejudicial.
      (
            28
         )	El subrayado es mío.
      (
            29
         )	Véase, en este sentido, la sentencia Ascendi (C‑377/13, EU:C:2014:1754), apartado 29.
      (
            30
         )	Véase, en este sentido, el último párrafo del duodécimo considerando del Reglamento Bruselas I (refundición), según el cual «el presente Reglamento no debe aplicarse [al] [...] reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral». Ésta era por otra parte la posición adoptada en el informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 1, 13; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122).
      (
            31
         )	Ese asunto, completamente ajeno al arbitraje, se refería a una «anti-suit injunction» dictada por órganos jurisdiccionales ingleses y tenía por objeto un procedimiento iniciado en España. El Tribunal de Justicia consideró que «anti-suit injunctions» de esta naturaleza eran incompatibles con el Reglamento Bruselas I.
      (
            32
         )	Sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), apartado 23.
      (
            33
         )	Ibidem (apartado 24). El subrayado es mío.
      (
            34
         )	Ibidem (apartado 26).
      (
            35
         )	Ibidem (apartados 26 y 27).
      (
            36
         )	Ibidem (apartado 30).
      (
            37
         )	Ibidem (apartado 31).
      (
            38
         )	Ibidem (apartado 23).
      (
            39
         )	Véase el punto 75 de las presentes conclusiones.
      (
            40
         )	Se trata del recurso del Ministerio de Energía interpuesto el 25 de marzo de 2011 ante el Vilniaus apygardos teismas contra Lietuvos dujos, su director general, el Sr. Valentukevičius, y dos miembros de su consejo de administración, los Sres. Golubev y Seleznev, con objeto de que se iniciara una investigación sobre las actividades de Lietuvos dujos (artículo 2124 y siguientes del Código Civil lituano). Dicho órgano jurisdiccional consideró que esta materia no era susceptible de ser sometida a arbitraje. Véanse los puntos 31, 32 y 38 de las presentes conclusiones.
      (
            41
         )	Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.
      (
            42
         )	A este respecto, no comparto la posición que el Gobierno del Reino Unido expuso en la vista, según la cual el Tribunal de Justicia se declaró competente para pronunciarse sobre la «anti-suit injunction» que fue objeto de la sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69) porque tal orden conminatoria, al reconocerse en Italia, impediría al órgano jurisdiccional italiano pronunciarse sobre su propia competencia dimanante del Reglamento Bruselas I. La «anti-suit injunction» y las consecuencias de su incumplimiento en el Reino Unido eran elementos lo suficientemente graves como para disuadir a Allianz y a Generali de proseguir con el procedimiento italiano. En realidad, West Tankers no habría tenido necesidad de instar el reconocimiento y ejecución de la «anti-suit injunction» en Italia. Tal como se desprende claramente de los apartados 29 a 31 de dicha sentencia, sólo los efectos disuasorios que la «anti-suit injunction» producía en el Reino Unido bastaban para obligar a Allianz y a Generali a retirar el recurso pendiente ante el Tribunale di Siracusa. Esa incidencia que la «anti-suit injunction» podía tener en la facultad del órgano jurisdiccional italiano de pronunciarse sobre su propia competencia y la aplicabilidad del Reglamento Bruselas I llevó al Tribunal de Justicia a considerar que la «anti-suit injunction» estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento.
      (
            43
         )	Véase Hess, B., Pfeiffer, T. y Schlosser, P.: «Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States», disponible en el sitio de Internet en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/study_application_brussels_1_en.pdf.
      (
            44
         )	Véanse, en particular, Briggs, A y Rees, P., op. cit., epígrafe 2.40; Peel, E.: «Arbitration and Anti-Suit Injunctions in the European Union», Law Quarterly Review, 2009, vol. 125, p. 365; Dal, G.A.: «L’arrêt “West Tankers” et l’effet négatif du principe de compétence-compétence», Revue pratique des sociétés, 2010, p. 22; Kessedjian, C.: «Arbitrage et droit européen: une désunion irrémédiable?», Recueil Dalloz, 2009, p. 981; Muir Watt, H.: «Cour de justice des Communautés européennes (grande chambre) — 10 février 2009 — Aff. C‑185/07», Revue critique de droit international privé, 2009, vol. 98, p. 373; Audit, B.: «Arrêt Allianz et Generali Assicurazioni Generali, EU:C:2009:69», Journal du Droit International, 2009, p. 1283, y Bollée, S.: «Allianz SpA et autre c/ West Tankers Inc», Revue de l’arbitrage, 2009, p. 413.
      (
            45
         )	Sentencia Hoffmann (EU:C:1988:61), apartado 17.
      (
            46
         )	Véase Briggs, A. y Rees, P., op. cit., epígrafe 2.40.
      (
            47
         )	Sentencia Rich (EU:C:1991:319, apartado 18).
      (
            48
         )	Ibidem (apartado 19).
      (
            49
         )	Ibidem (apartado 26). El subrayado es mío.
      (
            50
         )	Ese asunto se refería a un arbitraje iniciado por una sociedad neerlandesa contra una sociedad alemana a propósito del impago de determinadas facturas por esta última. La sociedad neerlandesa acudió al juez neerlandés competente para adoptar medidas provisionales porque la sociedad alemana no mostraba la debida diligencia para que los árbitros fueran designados y porque el impago de sus facturas le estaba causando problemas de tesorería. Solicitaba que se condenara a la sociedad alemana a pagarle el importe de cuatro créditos resultantes del contrato. Por lo tanto, se planteaba la cuestión de determinar si ese procedimiento sobre medidas provisionales estaba comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas. Siguiendo el principio enunciado en el apartado 26 de la sentencia Rich (EU:C:1991:319), el Tribunal de Justicia examinó el objeto del litigio ante el juez neerlandés competente para adoptar medidas provisionales y consideró que, «en principio, el objetivo de las medidas provisionales no es aplicar un procedimiento arbitral, sino que se adoptan paralelamente a tal procedimiento y están destinadas a apoyarlo» (apartado 33).
      (
            51
         )	Véase el Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) no 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [COM(2009) 175 final].
      (
            52
         )	Véanse concretamente, en este sentido, las reacciones de la Association for International Arbitration, de Allen and Overy LLP, de los Barreaux de France, del Centre belge d’arbitrage et de médiation, de la Camera arbitrale di Milano, de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, de Clifford Chance LLP, del Comité français de l’arbitrage, del Comité national français de la Chambre de commerce Internationale, del Deutscher Industrie- und Handelskammertag, del Arbitration Committee de la International Bar Association, del profesor E. Gaillard, de Paris, The Home of International Arbitration y de Lovells LLP, del Club Español del Arbitraje y de la Sección Española de la International Law Association, disponibles en el sitio de Internet de la Comisión en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/090630_en.htm.
      (
            53
         )	Impact Assessment, Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (Recast), SEC(2010) 1547 final (disponible únicamente en lengua inglesa). Un resumen de la evaluación de impacto se encuentra disponible en lengua española: SEC(2010) 1548 final.
      (
            54
         )	Ibidem (p. 35).
      (
            55
         )	Ibidem (pp. 36 y 37).
      (
            56
         )	Ibidem (pp. 37 y 38).
      (
            57
         )	Ibidem (pp. 36 y 37).
      (
            58
         )	Ibidem (p. 37).
      (
            59
         )	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida) [COM(2010) 748 final].
      (
            60
         )	El artículo 29, apartado 4, de la propuesta de versión refundida disponía que, «cuando la sede acordada o designada de un arbitraje estuviere situada en un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro cuya competencia hubiere sido impugnada en virtud de un convenio de arbitraje suspenderán el procedimiento a partir del momento en que se someta a los tribunales del Estado miembro en el que esté situada la sede del arbitraje o al tribunal arbitral una acción para determinar, a título principal o como cuestión incidental, la existencia, la validez o los efectos de dicho convenio de arbitraje. […] Cuando se estableciere la existencia, la validez o los efectos del convenio de arbitraje, el tribunal ante el que se interpuso la demanda se inhibirá». El artículo 33, apartado 3, de la mencionada propuesta disponía que «se considerará que un tribunal arbitral conoce del asunto cuando una parte hubiere nombrado a un árbitro o hubiere solicitado el apoyo de una institución, autoridad o tribunal para la constitución del tribunal».
      (
            61
         )	Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [P7_TA(2010)0304, apartados 9 y 10]. El subrayado es mío.
      (
            62
         )	Documentos 10609/12 JUSTCIV 209 CODEC 1495 y 10609/12 JUSTCIV 209 CODEC 1495 ADD 1.
      (
            63
         )	Véanse los artículos 1, apartado 2, letra d), y 29, apartado 4.
      (
            64
         )	Véase el artículo 84, apartado 2.
      (
            65
         )	Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición) [P7_TA(2012)0412].
      (
            66
         )	Artículo 73, apartado 2.
      (
            67
         )	Véase el punto 117 de las presentes conclusiones.
      (
            68
         )	El subrayado es mío.
      (
            69
         )	Ello se ve confirmado por el tercer párrafo, según el cual, «el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro […] declare la nulidad de pleno derecho, ineficacia o inaplicabilidad de un convenio de arbitraje no debe impedir el reconocimiento ni, en su caso, la ejecución de la resolución de dicho órgano en cuanto al fondo del asunto conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento». A contrario, la resolución sobre la competencia (y el convenio arbitral) no está sujeta a las normas sobre reconocimiento y ejecución de dicho Reglamento.
      (
            70
         )	Véase el punto 81 de las presentes conclusiones.
      (
            71
         )	El subrayado es mío.
      (
            72
         )	Véase, en este sentido, Nuyts, A.: «La refonte du règlement Bruxelles I», 2013, vol. 102, Revue critique du droit international privé, pp. 1, 15: («[del segundo párrafo del duodécimo considerando] se deduce que la declinatoria de jurisdicción basada en una cláusula arbitral escapa en sí misma del ámbito del Reglamento. Así, a nuestro juicio, debe abandonarse la interpretación efectuada en la sentencia West Tankers […] El cambio de la jurisprudencia West Tankers a este respecto debe ser elogiado […]»).
      (
            73
         )	Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de septiembre de 2010, citada en la nota 61, según la cual, «los diferentes mecanismos procesales para proteger la competencia arbitral (“anti-suit injunctions”, u órdenes conminatorias judiciales que prohíben instar un procedimiento distinto del arbitraje, cuando son conformes a la libre circulación de personas y los derechos fundamentales; declaración [d]e validez de una cláusula de arbitraje; indemnizaciones por incumplimiento de una cláusula de arbitraje; efecto negativo del principio “Kompetenz-Kompetenz”, etc.) deben mantenerse, y [...] los efectos de estos procedimientos y de las correspondientes resoluciones judiciales de otros Estados miembros deben seguir siendo competencia de la legislación de dichos Estados miembros, como ocurría antes de la sentencia “West Tankers”».
      (
            74
         )	El subrayado es mío. En este sentido, la solución que ofrece el duodécimo considerando es diferente de la que se infiere de la sentencia Gothaer Allgemeine Versicherung y otros (C‑456/11, EU:C:2012:719, apartado 41), en la que el Tribunal de Justicia declaró que «la resolución en virtud de la cual un tribunal de un Estado miembro declina su competencia con base en una cláusula atributiva de competencia, habida cuenta de la validez de dicha cláusula, vincula a los tribunales de los demás Estados miembros tanto en lo que atañe a la declaración de incompetencia de aquel tribunal —contenida en la parte dispositiva o fallo de su resolución— como en lo que atañe a la declaración relativa a la validez de la cláusula atributiva de competencia —contenida en los fundamentos de Derecho de la resolución judicial, en los que necesariamente ha de basarse la parte dispositiva o fallo». En efecto, en ese asunto no se cuestionaba un convenio arbitral, sino una cláusula atributiva de competencia, que, a diferencia de los convenios arbitrales, está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I (véase el artículo 23) y del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007 y aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1), aplicable a dicho asunto (artículo 23). Antes al contrario, conforme al segundo párrafo del duodécimo considerando del Reglamento Bruselas I (refundición), si una resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro por la que se declara a un convenio arbitral nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, llegara a ser objeto de reconocimiento y ejecución ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, no podrá ser ni reconocida ni ejecutada sobre la base del Reglamento Bruselas I. Véase, en este sentido, la sentencia de la cour d’appel de Paris, de 15 de junio de 2006, Legal Department du Ministère de la Justice de la République d’Irak c. Sociétés Fincantieri Cantieri Navali Italiani, disponible en el sitio de Internet de Legifrance en la siguiente dirección: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006951261&fastReqId=65424442&fastPos=9.
      (
            75
         )	Ello implica que, en el supuesto de que la resolución de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, por la que un convenio arbitral se declara nulo, ineficaz o inaplicable y por la que a continuación se resuelve el litigio en cuanto al fondo, llegara a ser objeto de reconocimiento y ejecución ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro, debe ser reconocida y ejecutada conforme al Reglamento Bruselas I. No obstante, dado que, por regla general, la tramitación de un procedimiento arbitral es más rápida que la de un procedimiento estatal, es probable que el órgano jurisdiccional requerido ya haya reconocido y ejecutado un laudo arbitral sobre el fondo del mismo litigio. En tal caso, el órgano jurisdiccional requerido ya no estará obligado a reconocer y ejecutar la resolución estatal, puesto que el laudo arbitral gozará ya de fuerza de cosa juzgada [véase el artículo 45, apartado 1, letra c), del Reglamento Bruselas I (refundición), según el cual: «[…] se denegará el reconocimiento de la resolución: […] c) si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido; […]»].
      (
            76
         )	El subrayado es mío.
      (
            77
         )	El subrayado es mío.
      (
            78
         )	Sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), apartado 29.
      (
            79
         )	Sentencia Allianz y Generali Assicurazioni Generali (EU:C:2009:69), apartado 31.
      (
            80
         )	En esa sentencia, el Tribunal de Justicia, basándose en la «confianza que los Estados contratantes otorgan mutuamente a sus sistemas jurídicos», en la que tenía su fundamento el Convenio de Bruselas, así como en la «seguridad jurídica» (apartado 72), rechazó que la duración «excesivamente larga» (apartado 73) de los procedimientos judiciales en el Estado en el que se encuentra el juez ante el que se ha formulado la primera demanda pudiera influir en la aplicación de dicho Convenio y desestimó la alegación relativa a «comportamientos dilatorios de partes que, deseando retrasar la solución del fondo del litigio, interponen una demanda ante un tribunal a sabiendas de que es incompetente por la existencia de una cláusula atributiva de competencia» (apartado 53). En relación con la crítica de esta sentencia y el riesgo de «forum shopping» ante órganos jurisdiccionales incompetentes practicado por partes procesales de mala fe, véanse Franzosi, M.: «Worldwide patent litigation and the Italian torpedo», European Intellectual Property Review, 1997, vol. 7, pp. 382, 385; Véron, P.: «ECJ Restores Torpedo Power», International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2004, vol. 35, pp. 638 y 639, y Muir Watt, H.: «Erich Gasser GmbH c. MISAT Srl», Revue critique de droit international privé, 2004, vol. 93, pp. 444, 463.
      (
            81
         )	En relación con la crítica de esa sentencia que pone el acento en las posibilidades que el Convenio de Bruselas (o el Reglamento Bruselas I que le sucedió) ofrece a los justiciables de mala fe de obstaculizar una rápida y equitativa resolución de los litigios, véanse Lord Mance: «Exclusive Jurisdiction Agreements and European Ideals», Law Quartely Review, 2004, vol. 120, p. 357; Fentiman, R.: «Access to Justice and Parallel Proceedings in Europe», Cambridge Law Journal, 2004, vol. 63, p. 312, y Romano, G.P.: «Le principe de sécurité juridique à l’épreuve des arrêts Gasser et Owusu», Cahiers de droit européen, 2008, pp. 175, 209 y 210.
      (
            82
         )	«Sin embargo, a fin de mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro y de evitar las prácticas litigiosas abusivas, es necesario prever una excepción a la norma general de litispendencia para resolver satisfactoriamente una situación particular en la que se desarrollen procedimientos paralelos. Esta situación se produce cuando conoce del asunto en primer lugar un órgano jurisdiccional no designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro y, a continuación, se somete ante el órgano jurisdiccional designado una acción entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa. En tal caso, debe exigirse que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primer lugar suspenda el procedimiento tan pronto como la demanda se presente ante el órgano jurisdiccional designado y hasta que este último se declare incompetente conforme al acuerdo exclusivo de elección de foro. Se garantiza así que, en tal situación, el órgano jurisdiccional designado tenga prioridad para decidir sobre la validez del acuerdo y sobre el alcance de su aplicabilidad al litigio de que conoce. El órgano jurisdiccional designado debe poder actuar con independencia de que el órgano jurisdiccional no designado ya se haya pronunciado sobre la suspensión del procedimiento». El subrayado es mío.
      (
            83
         )	Citaré, en este sentido, el Derecho aplicable en Francia, uno de los países pioneros del arbitraje, según el cual, cuando un litigio sujeto a un convenio arbitral se plantea ante un órgano jurisdiccional francés, éste se declarará incompetente salvo en caso de que el tribunal arbitral no conozca aún del asunto y en caso de que el convenio arbitral sea manifiestamente nulo o manifiestamente inaplicable (artículos 1448 y 1506-A del Código de enjuiciamiento civil). Véase, en este sentido, Gaillard, E. y de Lapasse, P.: «Le nouveau droit français de l’arbitrage interne et international», Recueil Dalloz, 2011, vol. 3, pp. 175 a 192.
      (
            84
         )	Véase el artículo V, apartado 1, letras a) y c), del Convenio de Nueva York.
      (
            85
         )	Guía de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) relativa al Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958): extracto, guía sobre el artículo II, apartado 61 (UNGA A/CN.9/814/Add.2), disponible en el sitio de Internet de la guía en la siguiente dirección: http://www.newyorkconvention1958.org/pdf/II‑English-140211.pdf.
      La CNUDMI, principal órgano jurídico del sistema de Naciones Unidas en el ámbito del Derecho mercantil internacional, elabora reglas modernas, equitativas y armonizadas sobre las operaciones mercantiles, incluido el Convenio de Nueva York de 1958.
      (
            86
         )	Ni, por otra parte, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros por las que se otorga el exequátur a un laudo arbitral, puesto que no son resoluciones en el sentido del artículo 32 del Reglamento Bruselas I. Es cierto que, en su sentencia Gothaer Allgemeine Versicherung y otros (EU:C:2012:719, apartados 23 y 24), el Tribunal de Justicia declaró que «el concepto de “resolución” incluye “cualquier” decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro, sin establecer ningún tipo de distinción en función del contenido de la resolución de que se trate». No obstante, como afirmaron los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido en la vista, no puede haber exequátur sobre exequátur. Dado que el control de una resolución, por parte del juez competente para otorgar el exequátur, con arreglo al régimen del Reglamento Bruselas I es más restringido que el previsto por el Convenio de Nueva York de 1958, permitir a las resoluciones relativas al exequátur de un laudo arbitral ser reconocidas y ejecutadas conforme a las disposiciones de dicho Reglamento privaría en realidad a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la facultad que les atribuye ese Convenio de controlar ellos mismos el laudo arbitral sobre la base de los criterios enunciados en el artículo V del Convenio.
      (
            87
         )	Considero compatible con el Reglamento Bruselas I que un tribunal arbitral o un órgano jurisdiccional estatal pueda, a instancia de la parte perjudicada y siempre que lo permita el Derecho aplicable al convenio arbitral, condenar a la parte que ha iniciado un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales estatales, vulnerando tal convenio, a pagar una indemnización de daños y perjuicios por el importe al que éstos habrían eventualmente condenado a la parte perjudicada. Así sucede, por ejemplo, en el Derecho inglés: sentencia Mantovani v Carapelli SpA [1980] 1 Lloyd’s Rep 375 (CA). Mutatis mutandis con respecto a la violación de una cláusula atributiva de competencia, sentencias: Union Discount Co v Zwoller [2001] EWCA Civ 1755, [2002] 1 WLR 1517, y Donohue v Armco Inc [2001] UKHL 64, [2002] 1 Lloyd’s Rep 425. Véase, en este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de septiembre de 2010, citada en la nota 61.
      (
            88
         )	Laudo arbitral, apartado 266: «The Tribunal notes that Respondent does not challenge the Tribunal’s power to order specific performance if it finds that Respondent has breached the arbitration clause in the [Shareholders Agreement]. As a consequence, the Tribunal finds that it has jurisdiction to order the Ministry not to bring a request before the Lithuanian Court that could affect the rights of the shareholders under the [Shareholders Agreement]».
      (
            89
         )	Véanse las sentencias PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), apartado 39; Owusu (EU:C:2005:120), apartado 50; Régie Networks (C‑333/07, EU:C:2008:764), apartado 46; Melki y Abdeli (EU:C:2010:363), apartado 27; Unió de Pagesos de Catalunya (C‑197/10, EU:C:2011:590), apartado 17, y Radu (EU:C:2013:39), apartado 22.
      (
            90
         )	Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.
      (
            91
         )	
      (
            92
         )	Véanse los puntos 41 a 43 de las presentes conclusiones.
      (
            93
         )	«También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: a) Que, según la ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje; […]». Véanse los puntos 59 a 61 de las presentes conclusiones.
      (
            94
         )	Traducción mía a partir del texto original en lengua inglesa de la guía de la CNUDMI relativa al Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958): extracto, guía sobre el artículo V, apartado 2, letra b), punto 4: («a safety valve to be used in those exceptional circumstances when it would be impossible for a legal system to recognize an award and enforce it without abandoning the very fundaments on which it is based»), disponible en el sitio de Internet de la guía en la siguiente dirección: http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11&provision=304.
      (
            95
         )	Traducción mía a partir del texto original en lengua inglesa de la sentencia Parsons & Whittemore Overseas v Société Générale de l’Industrie du Papier (RAKTA) 508 F.2d 969, 974 (1974): («Enforcement of foreign arbitral awards may be denied on [the basis of public policy] only where enforcement would violate the forum state’s most basic notions of morality and justice»). Esta definición de orden público fue adoptada por los órganos jurisdiccionales de varios Estados contratantes: véanse las sentencias BCB Holdings Limited and The Belize Bank Limited v The Attorney General of Belize [2013] CCJ 5 (AJ) (Caribbean Court of Justice, Appellate Jurisdiction); Traxys Europe SA v Balaji Coke Industry Pvt Ltd [2012] FCA 276 (Federal Court, Australia); Hebei Import & Export Corp v Polytek Engineering Co Ltd [1999] 2 HKC 205 (Court of Final Appeal, Hong Kong); Renusagar Power Co Ltd v General Electric Company & anor 1994 AIR 860 (Supreme Court of India), y Brostrom Tankers AB v Factorias Vulcano SA, (2005) XXX Ybk Com Arb 591 (High Court of Dublin, Irlanda).
      (
            96
         )	Cour d’appel de Paris, 16 de octubre de 1997, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar c. M. N’DOYE Issakha.
      (
            97
         )	Traducción mía a partir del texto original en lengua inglesa de la guía de la CNUDMI relativa al Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958): extracto, guía sobre el artículo V, apartado 2, letra b), punto 9: («an award contravenes public policy when it violates a norm which affects the basis of German public and economic life or irreconcilably contradicts the German perception of justice»), disponible en el sitio de Internet de la guía en la siguiente dirección: (http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11&provision=304), y que cita las sentencias Oberlandesgericht München, 34 Sch 019/05, 28 de noviembre de 2005; Oberlandesgericht Düsseldorf, VI Sch (Kart) 1/02, 21 de julio de 2004; Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, (2) Sch 04/99, 30 de septiembre de 1999, y Bundesgerichtshof, III ZR 269/88, 18 de enero de 1990.
      (
            98
         )	Traducción mía a partir del texto original en lengua inglesa de la sentencia Deutsche Schachtbau-und Tiefbohrgesellschaft mbH v Shell International Petroleum Co Ltd [1990] 1 AC 295 (Court of Appeal): («the enforcement of the award would be clearly injurious to the public good or, possibly, [...] enforcement would be wholly offensive to the ordinary reasonable and fully informed member of the public on whose behalf the powers of the state are exercised»).
      (
            99
         )	
      (
            100
         )	Sentencia Krombach (C‑7/98, EU:C:2000:164), apartado 21. Véase asimismo, en este sentido, la sentencia Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221), apartado 20.
      (
            101
         )	Sentencia Krombach (EU:C:2000:164), apartado 21. Véanse asimismo, en este sentido, las sentencias Hoffmann (EU:C:1988:61), apartado 21 y Hendrikman y Feyen (C‑78/95, EU:C:1996:380), apartado 23.
      (
            102
         )	Sentencia Krombach (EU:C:2000:164), apartado 37. Véanse también, en este sentido, las sentencias Renault (C‑38/98, EU:C:2000:225), apartado 30; Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271), apartado 59, y Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartado 51.
      (
            103
         )	Sentencia Krombach (EU:C:2000:164, apartado 37). Véanse también, en este sentido, las sentencias Renault (EU:C:2000:225, apartado 30); Apostolides (EU:C:2009:271), apartado 59, y Trade Agency (EU:C:2012:531), apartado 51.
      (
            104
         )	Véanse las sentencias Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269) y Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675).
      (
            105
         )	Remarcaré a este respecto que la sentencia Eco Swiss (EU:C:1999:269) no me parece fácilmente conciliable con la sentencia Renault (EU:C:2000:225). Recuérdese que lo que había llevado al juez del Estado requerido en el asunto que dio lugar a la sentencia Renault (EU:C:2000:225) a preguntarse sobre la contradicción de la resolución extranjera con el orden público de su Estado era un error que podría haber cometido el juez del Estado de origen al aplicar determinadas normas de Derecho de la Unión, en particular, los principios de libre circulación de mercancías y de libre competencia. Pese a la similitud de la problemática de ese asunto con el asunto que dio lugar a la sentencia Eco Swiss (EU:C:1999:269), el Tribunal de Justicia declaró que «el juez del Estado requerido no puede, sin poner en peligro la finalidad del Reglamento [Bruselas I], denegar el reconocimiento de una resolución que emana de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que, en esta resolución, se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho comunitario» (sentencia Renault, EU:C:2000:225, apartado 33; véase asimismo la sentencia Apostolides, EU:C:2009:271, apartado 60). No acierto a vislumbrar la lógica según la cual el juez de un Estado miembro está obligado a anular un laudo arbitral cuando es incompatible con el artículo 101 TFUE, pero ha de reconocer y ejecutar una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que también es incompatible con el Derecho de la Unión en materia de Derecho de la competencia.
      (
            106
         )	DO L 95, p. 29.
      (
            107
         )	Sentencia Eco Swiss (EU:C:1999:269, apartado 36). Véase asimismo, en este sentido, la sentencia Mostaza Claro (EU:C:2006:675, apartado 37).
      (
            108
         )	Véanse las sentencias Krombach (EU:C:2000:164, apartados 25, 26, 38 y 39) y Trade Agency (EU:C:2012:531, apartado 52).
      (
            109
         )	Conclusiones de la Abogado General Kokott en el asunto flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2046), punto 84.
      (
            110
         )	Ibidem (punto 85). Véase, en este sentido, la sentencia flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), apartado 56.
      (
            111
         )	Sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C‑415/05 P, EU:C:2008:461), apartado 304.
      (
            112
         )	Recuérdese que esta sentencia no se refería al arbitraje.
      (
            113
         )	Se trata de normas para determinar la competencia en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles (apartado 1), de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas que estén domiciliadas en un Estado miembro, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos (apartado 2), de validez de las inscripciones en los registros públicos (apartado 3), de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro (apartado 4) y de ejecución de las resoluciones judiciales (apartado 5).
      (
            114
         )	Véase la guía de la CNUDMI relativa al Convenio sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958): extracto, guía sobre el artículo V, apartado 2, letra b), puntos 17 y 18, disponible en el sitio de Internet de la guía en la siguiente dirección: (http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=cmspage&pageid=11&provision=304). Véase asimismo, en este sentido, Hanotiau, B., y Caprasse, O.: «Public Policy in International Commercial Arbitration», en Gaillard, E. y Di Pietro, D., (ed), Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbitral Awards: The New York Convention in Practice, Cameron May, Londres, 2008, pp. 787 y 791 a 794.
      (
            115
         )	Las pretensiones formuladas por el Ministerio de Energía (especialmente la de obligar a Lietuvos dujos a emprender negociaciones con Gazprom para fijar una tarifa de adquisición de gas justa y equitativa) no se refieren a la validez, nulidad o disolución de Lietuvos dujos ni a la validez de las decisiones de sus órganos.