CELEX: C2003/184/41
Language: es
Date: 2003-08-02 00:00:00
Title: Asunto C-239/03: Recurso interpuesto el 4 de junio de 2003 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

2.8.2003                 ES                               Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 184/23
       Dichas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido de que            la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por
       obligan al juez nacional a dar preferencia a la interpre-               los Sres. G. Valero Jordana y B. Stromsky, en calidad de
       tación del Derecho interno que exige a las entidades de                 agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
       préstamo al consumo comunicar al mismo consumidor la
       cláusula de variación de ese porcentaje anual de cargas
       financieras, antes de cada prórroga del contrato?                       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                               de Justicia que:
2)     Las citadas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido
       de que su única finalidad es la protección del consumidor               —     Declare que la República Francesa ha incumplido las
       o en el de que, además, tienden a la organización del                         obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6,
       mercado único del crédito al consumo?                                         apartados 1 y 3, del Protocolo de Atenas, de 17 de mayo
                                                                                     de 1980, sobre la protección del mar Mediterráneo contra
       La obligación de interpretación conforme a la finalidad,                      la contaminación de origen terrestre (1) y de los
       cuando menos de protección de los consumidores, de                            artículos 4, apartado 1, y 8 del Convenio de Barcelona
       dichas Directivas, ¿debe llevar a permitir que el juez                        de 16 de febrero de 1976 para la protección del mar
       aprecie de oficio las irregularidades que afecten a los                       Mediterráneo (2), aprobados en nombre de la Comunidad
       contratos de crédito, como la falta de mención escrita                        mediante las Decisiones 77/585/CEE (3) y 83/101/CEE (4)
       del porcentaje anual de cargas financieras o de la cláusula                   del Consejo, de 25 de julio de 1977 y 28 de febrero de
       de variación de éste?                                                         1983, respectivamente, así como del artículo 300 (antiguo
                                                                                     artículo 228), apartado 7, del Tratado constitutivo de la
3)     Las citadas Directivas, ¿deben interpretarse en el sentido                    Comunidad Europea, al no adoptar todas las medidas
       de que han de conducir al juez a dar preferencia a la                         necesarias para prevenir, reducir y combatir la contamina-
       interpretación del Derecho interno que lo faculta para                        ción masiva y prolongada en la laguna de Berre y al no
       apreciar los motivos de invalidez que afecten a la celebra-                   tener debidamente en cuenta las disposiciones del anexo
       ción o a la prórroga de un contrato de crédito al                             III del Protocolo al modificar la autorización de descarga
       consumo, como los antes citados, a instancias del consu-                      de sustancias incluidas en el anexo II del Protocolo tras la
       midor o de oficio, sin limitación temporal, en el marco de                    aprobación de éste.
       una demanda de pago presentada por la entidad presta-
       mista?
                                                                               —     Condene en costas a la República Francesa.
       En caso de respuesta negativa, las citadas Directivas,
       ¿deben interpretarse en el sentido de que han de conducir
       al juez a dar preferencia a la interpretación del Derecho
       interno que lo faculta para inaplicar una norma de tal
       Derecho por la que se impide que el consumidor invoque                  Motivos y principales alegaciones
       o el juez aprecie de oficio un motivo de invalidez que
       afecte a la celebración o a la prórroga de un contrato de               En virtud de su artículo 3, letra c), la zona de aplicación del
       crédito al consumo, una vez transcurrido un plazo                       Protocolo de Atenas comprende las lagunas de agua salada que
       distinto del previsto en el Derecho común, por constituir               estén en comunicación con el mar, como la laguna de Berre.
       tal plazo una restricción excepcional de los derechos de                Por tanto, del artículo 6, apartado 1, del Protocolo se
       acción del consumidor y menoscabar la efectividad de la                 desprende que la República Francesa debe reducir la introduc-
       protección que se otorga a éste?                                        ción directa o indirecta por el hombre de sustancias en dicha
                                                                               laguna cuando esta introducción tenga efectos nocivos, así
(1) Directiva 87/102/CEE del Consejo de 22 de diciembre de 1986
                                                                               como prevenir y combatir esta introducción. Se trata de una
    relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-       obligación de resultado.
    rias y administrativas de los Estados Miembros en materia de
    crédito al consumo (DO L 42 de 12.2.1987, p. 48).
(2) Directiva 90/88/CEE del Consejo de 22 de febrero de 1990 que
                                                                               La reducción de la introducción directa o indirecta de sustan-
    modifica la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las         cias por el hombre en la laguna de Berre debe ser rigurosa.
    disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados     Este rigor implica una disminución importante y sostenible de
    Miembros en materia de crédito al consumo (DO L 61 de                      la cantidad de sustancias introducidas, con un amplio efecto
    10.3.1990 p. 14).                                                          positivo en el medio ambiente, y se aplica también al método
                                                                               utilizado por el Estado para obtener este resultado. Pues bien,
                                                                               la República Francesa no ha reducido la contaminación de
                                                                               origen terrestre en la laguna de Berre conforme a las obliga-
                                                                               ciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1,
                                                                               del Protocolo en relación con los artículos 4, apartado 1, y 8
                                                                               del Convenio de Barcelona de 16 de febrero de 1976 para la
Recurso interpuesto el 4 de junio de 2003 contra la
                                                                               protección del mar Mediterráneo. En efecto, desde 1983 y a
República Francesa por la Comisión de las Comunidades
                                                                               causa del funcionamiento de la central hidroeléctrica de Saint-
                                Europeas
                                                                               Chamas, la laguna ha sido objeto de una contaminación de
                                                                               origen terrestre, masiva, prolongada y específica, cuyos efectos
                           (Asunto C-239/03)                                   sobre la fauna, la flora y los lugares de esparcimiento son
                                                                               negativos y considerables. Si bien es cierto que se ha reducido
                             (2003/C 184/41)                                   esta contaminación, la reducción de los desechos presentó, no
                                                                               obstante, un carácter tardío, errático y sobre todo muy limi-
                                                                               tado. Por último, las medidas adoptadas por los poderes
En el Tribunal de Justicia se ha presentado el 4 de junio de                   públicos para reducir a largo plazo la contaminación de la
2003 un recurso contra la República Francesa formulado por                     laguna de Berre tienen un alcance limitado.
 ---pagebreak--- C 184/24                ES                             Diario Oficial de la Unión Europea                                            2.8.2003
En aplicación del artículo 6, apartado 3, del Protocolo, las                Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la
descargas en la laguna de las sustancias previstas en el                    República Helénica por la Comisión de las Comunidades
artículo 6, apartado 1, están sujetas a dos requisitos acumula-                                            Europeas
tivos: por un lado, debe existir una autorización de descarga
expedida por las autoridades nacionales competentes y, por otro                                      (Asunto C-246/03)
lado, esta autorización debe tener debidamente en cuenta todas
las disposiciones pertinentes del anexo III del Protocolo. La                                          (2003/C 184/43)
República Francesa no ha cumplido ninguno de estos dos
requisitos.
                                                                            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                            presentado el 6 de junio de 2003 un recurso contra la
(1) DO L 67 de 12.3.1983, p. 3; EE 15/04, p. 115.                           República Helénica formulado por la Comisión de las Comu-
(2) Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la conta-       nidades Europeas, representada por el Sr. Minas Konstantinidis,
    minación (Convenio de Barcelona), DO L 240 de 19.9.1977, p. 3;
    EE 15/02, p. 5.
                                                                            miembro de su Servicio Jurídico.
(3) Decisión del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la
    celebración del Convenio para la protección del mar Mediterráneo        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
    contra la contaminación, así como del Protocolo sobre la preven-
    ción de la contaminación del mar Mediterráneo causada por               —     Declare que, al no adoptar y, en todo caso, al no notificar
    vertidos desde buques y aeronaves (DO L 240, de 19.9.1977, p. 1;              a la Comisión las disposiciones legales, reglamentarias y
    EE 15/02, p. 3).                                                              administrativas necesarias para atenerse a la Directiva
(4) Decisión del Consejo, de 28 de febrero de 1983, relativa a la                 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
    celebración del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo            18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final
    contra la contaminación de origen terrestre (DO L 67 de 12.3.1983,            de su vida útil (1), la República Helénica ha incumplido las
    p. 1; EE 15/04, p. 1).                                                        obligaciones que le incumben en virtud de dicha Direc-
                                                                                  tiva.
                                                                            —     Condene en costas a la República Helénica.
                                                                            Motivos y principales alegaciones
                                                                            Con arreglo al artículo 249 CE, párrafo tercero, la Directiva
Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolu-                 obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado
ción de la Cour Administrative (Gran Ducado de Luxem-                       que deba conseguirse.
burgo), de fecha 3 de junio de 2003, en el asunto entre
Ministro de Hacienda y Jean-Claude Weidert y Elisabeth                      Según el artículo 10 CE, párrafo primero, los Estados miem-
                                Paulus                                      bros adoptarán todas las medidas generales o particulares
                                                                            apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
                         (Asunto C-242/03)                                  derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las
                                                                            instituciones de la Comunidad.
                           (2003/C 184/42)                                  La República Helénica no niega que debe adoptar algunas
                                                                            medidas para atenerse a la Directiva mencionada.
                                                                            La Comisión señala que hasta el momento la República Helé-
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido              nica no ha adoptado las medidas apropiadas para adaptar
sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolu-              completamente el ordenamiento jurídico griego a la Directiva.
ción de la Cour Administrative (Gran Ducado de Luxemburgo),
dictada el 3 de junio de 2003, en el asunto entre Ministro de
Hacienda y Jean-Claude Weidert y Elisabeth Paulus, y recibida               (1) DO L 269 de 21.10.2000, p. 34.
en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 6 de junio de 2003.
La Cour Administrative (Gran Ducado de Luxemburgo) solicita
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la siguiente
cuestión:
                                                                            Recurso interpuesto el 6 de junio de 2003 contra la
«¿El artículo 129 C de la Ley de 4 de diciembre de 1967 del                 República Helénica por la Comisión de las Comunidades
impuesto sobre la renta, en su versión aplicable al ejercicio                                              Europeas
fiscal 2000, que concede, con determinados requisitos y
límites, una deducción fiscal a los contribuyentes que sean                                          (Asunto C-247/03)
personas físicas y adquieran acciones o participaciones sociales
representativas de aportaciones en metálico en sociedades de                                           (2003/C 184/44)
capital residentes, plenamente sujetas a tributación, es compa-
tible con el principio de libre circulación de capitales dentro de
la Comunidad Europea establecido en el artículo 56 CE,                      En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
apartado 1, habida cuenta de las restricciones a este principio             presentado el 6 de junio de 2003 un recurso contra la
introducidas en particular por el artículo 58 CE, apartado 1,               República Helénica formulado por la Comisión de las Comu-
letra a)?»                                                                  nidades Europeas, representada por los Sres. Michel van Beek,
                                                                            Consejero Jurídico, y Minas Konstantinidis, miembro del
                                                                            Servicio Jurídico.