CELEX: 62012CN0134
Language: es
Date: 2012-03-12 00:00:00
Title: Asunto C-134/12: Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța (Rumanía) el 12 de marzo de 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (en nombre e interés de sus miembros — funcionarios públicos con estatuto especial — policías de la IPJ Tulcea)/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea

12.5.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 138/8
            
         Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Constanța (Rumanía) el 12 de marzo de 2012 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (en nombre e interés de sus miembros — funcionarios públicos con estatuto especial — policías de la IPJ Tulcea)/Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea
   (Asunto C-134/12)
   2012/C 138/14
   Lengua de procedimiento: rumano
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Curtea de Apel Constanța
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central (en nombre e interés de sus miembros — funcionarios públicos con estatuto especial — policías de la IPJ Tulcea)
   
      Demandada: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea
   
      Cuestión prejudicial
   
   
               1)
            
            
               ¿Deben interpretarse los artículos 17, apartado 1, 20 y 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que se oponen a reducciones salariales como las llevadas a cabo por el Estado Rumano mediante la Ley no 118/2010 y la Ley no 285/2010?
            
         
               2)
            
            
               El artículo 15, apartado 3, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual el Gobierno de Rumanía estaba obligado a informar al Secretario General del Consejo de Europa sobre su intención de tomar medidas de reducciones salariales y a precisar el período previsto para su aplicación ¿debe interpretarse en el sentido de que puede invalidar la Ley no 118/2010 y la Ley no 285/2010?