CELEX: 62006CJ0445
Language: es
Date: 2009-03-24 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de marzo de 2009.#Danske Slagterier contra Bundesrepublik Deutschland.#Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.#Medidas de efecto equivalente - Policía sanitaria - Intercambios intracomunitarios - Carnes frescas - Controles veterinarios - Responsabilidad extracontractual de un Estado miembro - Plazo de prescripción - Determinación del daño.#Asunto C-445/06.

Asunto C‑445/06
      Danske Slagterier
      contra
      Bundesrepublik Deutschland
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)
      «Medidas de efecto equivalente — Policía sanitaria — Intercambios intracomunitarios — Carnes frescas — Controles veterinarios — Responsabilidad extracontractual de un Estado miembro — Plazo de prescripción — Determinación del daño»
      Sumario de la sentencia
      1.        Agricultura — Aproximación de las legislaciones en materia de policía sanitaria — Intercambios intracomunitarios de carnes
            frescas — Controles veterinarios — Directivas 64/433/CEE y 89/662/CEE — Deficiencias en la adaptación a las directivas y en
            su aplicación — Obligación del Estado miembro de reparar el perjuicio causado a los particulares
      (Art. 28 CE; Directivas del Consejo 64/433/CEE, modificada por la Directiva 91/497/CEE, y 89/662/CEE)
      2.        Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      3.        Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      (Art. 226 CE)
      4.        Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Incumplimiento por un Estado miembro de la obligación de adaptar
            el Derecho interno a una directiva — Obligación de reparar el perjuicio causado a los particulares
      5.        Derecho comunitario — Derechos conferidos a los particulares — Violación por un Estado miembro — Obligación de reparar el
            perjuicio causado a los particulares
      (Arts. 226 CE y 234 CE)
      1.        El principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario
         que le son imputables es inherente al sistema del Tratado. Los particulares perjudicados tienen un derecho a indemnización
         cuando se cumplen tres requisitos, a saber, que la norma de Derecho comunitario violada tenga por objeto conferirles derechos,
         que la violación de esta norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal
         violación y el perjuicio sufrido por los particulares.
      
      A este respecto y por lo que se refiere al primer requisito, el artículo 28 CE produce un efecto directo en la medida en que
         confiere a los particulares derechos que pueden invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales y la infracción
         de tales disposiciones puede dar lugar a indemnización.
      
      El derecho conferido por el artículo 28 CE se precisa y concreta en las Directivas 64/433, relativa a problemas sanitarios
         en materia de intercambios de carne fresca, modificada por la Directiva 91/497, y 89/662, relativa a los controles veterinarios
         aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior. En efecto, la libre circulación
         de mercancías es uno de los objetivos de estas Directivas, que, eliminando las disparidades existentes entre los Estados miembros
         en materia de controles veterinarios de la carne fresca, tienen por objeto favorecer los intercambios entre Estados miembros.
         En particular, la prohibición impuesta a los Estados miembros de impedir la importación de carnes frescas, salvo en el supuesto
         de que la mercancía no reúna las condiciones exigidas por las Directivas comunitarias o cuando concurran determinadas circunstancias
         muy particulares, como, por ejemplo, en caso de epidemias. confiere a los particulares el derecho a comercializar la carne
         fresca conforme con las exigencia comunitarias en otro Estado miembro.
      
      De ello se desprende que los particulares que hayan sufrido un perjuicio a consecuencia de la adaptación y la aplicación incorrectas
         del Derecho interno a las Directivas 64/433 y 89/662 pueden invocar el derecho a la libre circulación de mercancías para que
         se genere la responsabilidad del Estado derivada de la infracción del Derecho comunitario.
      
      (véanse los apartados 19, 20, 22 a 24 y 26 y el punto 1 del fallo)
      2.        A falta de una normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos
         jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la plena
         protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario. Por tanto, el Estado debe
         reparar las consecuencias del perjuicio causado a los particulares por la infracción del Derecho comunitario, con la salvedad
         de que las condiciones, en particular en materia de plazos, establecidas por las legislaciones nacionales en materia de indemnización
         de daños respeten los principios de equivalencia y efectividad.
      
      Por lo que respecta a este último principio, es compatible con el Derecho comunitario la fijación de plazos de recurso razonables
         de carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica. En efecto, unos plazos de este tipo no hacen imposible en la
         práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A este
         respecto, un plazo nacional de preclusión de tres años parece razonable.
      
      No obstante, para cumplir su función de garantizar la seguridad jurídica, los plazos de prescripción deben fijarse por anticipado.
         Pues bien, una situación caracterizada por una gran incertidumbre jurídica puede constituir una violación del principio de
         efectividad, puesto que la reparación de los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho comunitario imputables
         a un Estado miembro podría resultar en la práctica excesivamente difícil si aquéllos no pudieran determinar el plazo de prescripción
         aplicable con un grado razonable de certidumbre. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, tomando en consideración todos
         los elementos que caracterizaban la situación de hecho y de Derecho en las fechas de autos, comprobar, desde el punto de vista
         del principio de efectividad, si el justiciable podía prever suficientemente la aplicación analógica del plazo fijado por
         una norma nacional a las demandas de indemnización de daños causados por la infracción del Derecho comunitario por el Estado
         miembro de que se trate.
      
      Respecto a la compatibilidad de la aplicación analógica de dicho plazo con el principio de equivalencia, también corresponde
         al tribunal nacional comprobar si, debido a esta aplicación, los requisitos de indemnización de los daños causados a los particulares
         por la infracción del Derecho comunitario cometida por este Estado miembro son menos favorables que los exigidos para la indemnización
         de daños similares de naturaleza interna.
      
      (véanse los apartados 31 a 35)
      3.        El Derecho comunitario no exige que, cuando la Comisión de las Comunidades Europeas inicie un procedimiento por incumplimiento
         con arreglo al artículo 226 CE, el plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado por violación
         del Derecho comunitario previsto por la normativa nacional se interrumpa o se suspenda durante dicho procedimiento.
      
      En efecto, el hecho de que la interposición de un recurso por incumplimiento no produzca el efecto de interrumpir o de suspender
         el plazo de prescripción no hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio por el justiciable de los derechos que le
         confiere el Derecho comunitario, puesto que un particular puede presentar una demanda de indemnización conforme a los procedimientos
         previstos a tal efecto por el Derecho nacional sin tener que esperar a que se dicte una sentencia que declare la infracción
         del Derecho comunitario por parte del Estado miembro.
      
      Además, habida cuenta de las particularidades del procedimiento del artículo 226 CE respecto a las normas procesales nacionales,
         una normativa nacional que no establece la interrupción o la suspensión del plazo de prescripción cuando la Comisión inicia
         un procedimiento por incumplimiento respeta el principio de equivalencia.
      
      (véanse los apartados 39, 42, 45 y 46 y el punto 2 del fallo)
      4.        El Derecho comunitario no se opone a que el plazo de prescripción de una acción de responsabilidad del Estado debida a una
         adaptación incorrecta a una directiva comience a correr a partir de la fecha en la que se producen las primeras consecuencias
         perjudiciales de esta adaptación incorrecta y puedan preverse nuevas consecuencias perjudiciales, incluso si esta fecha es
         anterior a la adaptación correcta a la directiva.
      
      En efecto, el hecho de que el plazo de prescripción previsto por el Derecho nacional comience a correr a partir de dicha fecha
         no hace prácticamente imposible o excesivamente difícil ejercer los derechos conferidos por el Derecho comunitario.
      
      (véanse los apartados 49 y 56 y el punto 3 del fallo)
      5.        El Derecho comunitario no se opone a la aplicación de una norma nacional que establece que un particular no puede obtener
         la reparación de un perjuicio que no ha evitado, deliberada o negligentemente, ejerciendo una acción judicial, siempre y cuando
         el ejercicio de dicha acción judicial sea razonablemente exigible al perjudicado, extremo que incumbe apreciar al tribunal
         nacional, habida cuenta del conjunto de circunstancias del asunto principal.
      
      La probabilidad de que el juez nacional presente una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE o el
         hecho de que esté pendiente un procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia no pueden, por sí solos, constituir
         un motivo suficiente para afirmar que no es razonable exigir que se ejerza determinada acción.
      
      En efecto, en primer lugar, las aclaraciones obtenidas por el tribunal nacional tras una petición de decisión prejudicial
         permiten facilitarle la aplicación del Derecho comunitario, de manera que la utilización de este instrumento de cooperación
         no contribuye en modo alguno a hacer excesivamente difícil al justiciable el ejercicio de los derechos que le confiere el
         Derecho comunitario. Por consiguiente, no sería razonable no utilizar una acción judicial por el mero hecho de que, probablemente,
         ésta diera lugar a una petición de decisión prejudicial.
      
      En segundo lugar, el procedimiento en virtud del artículo 226 CE es completamente independiente de los procedimientos nacionales
         y no los sustituye. En efecto, el recurso por incumplimiento constituye un control objetivo de legalidad en interés general.
         Aunque el resultado de tal recurso pueda servir a los intereses del justiciable, no es menos cierto que es razonable que éste
         intente evitar que se produzca el daño empleando todos los medios que estén a su disposición, en concreto, ejerciendo las
         acciones judiciales de que disponga.
      
      (véanse los apartados 65, 67 y 69 y el punto 4 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 24 de marzo de 2009 (*)
      
      «Medidas de efecto equivalente – Policía sanitaria – Intercambios intracomunitarios – Carnes frescas – Controles veterinarios – Responsabilidad extracontractual de un Estado miembro – Plazo de prescripción – Determinación del daño»
      En el asunto C‑445/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof
         (Alemania), mediante resolución de 12 de octubre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006, en
         el procedimiento entre
      
      Danske Slagterier
      y
      Bundesrepublik Deutschland,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič y A. Ó.
         Caoimh, Presidentes de Sala, y los Sres. G. Arestis, A. Borg Barthet (Ponente), J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus y E. Levits,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretaria: Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de mayo de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Danske Slagterier, por el Sr. R. Karpenstein, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y C. Blaschke, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. L. Giesberts,
         Rechtsanwalt;
      
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno griego, por el Sr. V. Kontolaimos y las Sras. S. Charitaki y S. Papaioannou, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A.-L. During, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato
         dello Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno polaco, por la Sra. E. Ośniecka-Tamecka y el Sr. P. Kucharski, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. S. Lee, Barrister;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. F. Erlbacher y H. Krämer, en calidad de agentes; 
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 5, apartado 1, letra o), y 6, apartado
         1, letra b), inciso iii), de la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios
         en materia de intercambios de carne fresca (DO 1964, 121, p. 2012; EE 03/01, p. 101), modificada por la Directiva 91/497/CEE
         del Consejo, de 29 de julio de 1991 (DO L 268, p. 69) (en lo sucesivo, «Directiva 64/433»), de los artículos 5, apartado 1,
         7 y 8 de la Directiva 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1989, relativa a los controles veterinarios aplicables
         en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior (DO L 395, p. 13), y del artículo 28 CE.
      
      2        Dicha solicitud se presentó en el marco de un litigio entre Danske Slagterier y la República Federal de Alemania sobre una
         demanda de indemnización de daños.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 64/433 dispone:
      
      «Los Estados miembros velarán por que el veterinario oficial declare inapropiadas para el consumo humano:
      [...]
      o)      las carnes que presenten olor sexual fuerte.»
      4        El artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
      
      «Los Estados miembros velarán por que:
      […]
      b)      las carnes:
               […]
      iii)      sin perjuicio de los casos previstos en el apartado 1, letra o), del artículo 5, los cerdos machos no castrados de un peso
         expresado en canal superior a 80 kilos, salvo si el establecimiento pudiere garantizar, por un método reconocido según el
         procedimiento previsto en el artículo 16, o, en ausencia de tal método, por un método reconocido por la autoridad competente
         de que se trate, que pueden detectarse las canales que presenten un olor sexual fuerte,
      
      estén provistas de la marca especial establecida en la Decisión 84/371/CEE [de la Comisión, de 3 de julio de 1984, por la
         que se establecen las características de la marca especial para carne fresca contemplada en la letra a) del artículo 5 de
         la Directiva 64/433 (DO L 196, p. 46; EE 03/31, p. 192),] y se sometan a un tratamiento previsto en la Directiva 77/99/CEE
         [del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de
         productos a base de carne (DO 1977, L 26, p. 85; EE 03/11, p. 174)];
      
      […]
      g)      los tratamientos previstos en los puntos anteriores se efectúen en el establecimiento de origen o en cualquier otro establecimiento
         designado por el veterinario oficial;
      
      […]»
      5        El Derecho interno debía adaptarse a lo dispuesto en la Directiva 64/433 a más tardar el 1 de enero de 1993.
      
      6        El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/662 establece: 
      
      «Los Estados miembros de destino aplicarán las medidas de control siguientes:
      a)      la autoridad competente podrá verificar en los lugares de destino de la mercancía mediante controles veterinarios de sondeo
         y de carácter no discriminatorio, el cumplimiento de los requisitos del artículo 3; podrá, además, proceder a tomas de muestras.
      
      Además, cuando la autoridad competente del Estado miembro de tránsito o del Estado miembro de destino disponga de elementos
         de información que le permitan suponer que se comete una infracción, podrá también efectuar controles durante el transporte
         de la mercancía en su territorio incluido el control de conformidad de los medios de transporte; 
      
      [...]»
      7        El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 89/662 dispone:
      
      «Si, al efectuar un control en el lugar de destino del envío o durante el transporte, las autoridades competentes de un Estado
         miembro comprobasen: 
      
      […]
      b)      que la mercancía no reúne las condiciones exigidas por las Directivas comunitarias o, a falta de decisiones sobre las normas
         comunitarias previstas por las Directivas, por las normas nacionales, y si las condiciones de salubridad o de policía sanitaria
         lo permiten, podrán permitir al expedidor o a su representante optar por:
      
      –      la destrucción de las mercancías, o
      –      su utilización para otros fines, incluida su reexpedición con la autorización de la autoridad competente del país del establecimiento
         de origen.
      
      [...]»
      8        Por último, el artículo 8 de dicha Directiva dispone:
      
      «1.      En los casos previstos en el artículo 7, la autoridad competente de un Estado miembro de destino se pondrá en contacto sin
         demora con las autoridades competentes del Estado miembro de expedición. Dichas autoridades adoptarán todas las medidas necesarias
         y comunicarán a la autoridad competente del primer Estado miembro la naturaleza de los controles realizados, las decisiones
         adoptadas y los motivos de dichas decisiones.
      
      [...]
      2.      […]
      Las decisiones adoptadas por la autoridad competente del Estado de destino deberán comunicarse al expedidor o a su representante
         junto con la indicación de los motivos, así como a la autoridad competente del Estado miembro de expedición.
      
      Siempre que así lo soliciten el expedidor o su representante, estas decisiones, motivadas, deberán serles notificadas por
         escrito mencionando los recursos previstos por la legislación vigente en el Estado miembro de destino, así como sus formas
         y plazos de presentación.
      
      [...]»
       Normativa nacional
      9        En la versión vigente hasta el 31 de diciembre de 2001, el artículo 839 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán;
         en lo sucesivo, «BGB»), disponía lo siguiente: 
      
      «1.      Todo funcionario que, con dolo o culpa, incumpla las obligaciones que le imponga el ejercicio de sus funciones para con un
         tercero estará obligado a indemnizar a éste por el daño que le haya causado. Si el funcionario ha actuado de forma meramente
         culposa, sólo podrá reclamársele la indemnización de los daños cuando el lesionado no pueda obtener de otro modo la reparación
         del daño. 
      
      2.      El funcionario que incumpla las obligaciones que le incumban al apreciar una situación jurídica únicamente estará obligado
         a indemnizar los daños causados si dicho incumplimiento es constitutivo de delito. Esta disposición no se aplicará cuando
         el incumplimiento consista en la negativa a ejercer sus funciones o en la dilación en ejercerlas. 
      
      3.      No se generará obligación de indemnizar los daños cuando el lesionado, con dolo o culpa, se haya abstenido de evitar el daño
         mediante el ejercicio de una acción judicial.»
      
      10      El artículo 852 del BGB establecía:
      
      «1.      La acción para reclamar la indemnización de los daños originados por una infracción prescribe a los tres años contados a partir
         del momento en el que el lesionado tuvo conocimiento de los daños y de la persona obligada a indemnizarlos y, a falta de tal
         conocimiento, a los treinta años de la comisión de la infracción.
      
      2.      Si entre el obligado a indemnizar y el titular del derecho a indemnización estuvieran pendientes negociaciones sobre la cuantía
         de la indemnización, se suspende la prescripción hasta que alguna de las partes se oponga a proseguir las negociaciones.
      
      3.      Si, mediante la infracción, el obligado a indemnizar ha obtenido una ventaja a costa del lesionado, también estará obligado,
         una vez expirado el plazo de prescripción, a restituirla con arreglo a las disposiciones sobre restitución en caso de enriquecimiento
         injusto.» 
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      11      Danske Slagterier, asociación profesional de sociedades titulares de mataderos organizadas en forma de cooperativas y de criadores
         de cerdos, actuando en representación de sus miembros, reclama a la República Federal de Alemania la indemnización de los
         daños que afirma haber sufrido a consecuencia de una infracción del Derecho comunitario. Le reprocha haber impuesto de 1993
         a 1999, en infracción del Derecho comunitario, una prohibición de importar carne de cerdos machos no castrados. En su opinión,
         en el período de autos, esta prohibición ocasionó a los criadores de cerdos y a las sociedades titulares de mataderos daños
         por un importe de, al menos, 280 millones de DEM.
      
      12      A principio de los años noventa se lanzó en Dinamarca un proyecto, denominado «Male-Pig-Projekt», destinado a la cría de cerdos
         machos no castrados. Sin embargo, este tipo de cría, interesante desde el punto de vista económico, presenta el riesgo de
         que, al calentarse, la carne de estos animales puede presentar un olor sexual fuerte. Según investigadores daneses, este olor
         intenso puede detectarse en el proceso de matanza midiendo el escatol. Consiguientemente todos los mataderos de Dinamarca
         fueron equipados con equipos de medición de escatol para detectar y separar la carne que despidiera tal olor. Sin embargo,
         en esas fechas, la República Federal de Alemania consideraba que el fuerte olor se debía a la hormona androstenona, cuya formación
         puede evitarse castrando a los animales en un momento anterior, y que el contenido de escatol, considerado aisladamente, no
         era, por sí sólo, un método fiable para detectar el olor sexual.
      
      13      En enero de 1993, la República Federal de Alemania informó a las autoridades veterinarias superiores de cada Estado miembro
         de que el Derecho alemán había sido adaptado a la norma contenida en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva
         64/433, de forma que, con independencia del límite de peso, se fijaba un valor de 0,5 µg/g de androstenona por encima del
         cual la carne resultaba inapropiada para el consumo humano. Al mismo tiempo indicaba que el único método específico que permite
         identificar la androstenona era el test inmunoenzimático modificado del profesor Claus, y que las carnes de cerdos machos
         no castrados que sobrepasaran dicho límite no podían ser exportadas a Alemania como carnes frescas.
      
      14      De esta forma, a partir de entonces las autoridades competentes alemanas sometieron a control numerosos lotes de carne de
         porcino procedentes de Dinamarca, y los rechazaron cuando superaban el límite de androstenona. Por otra parte, los criadores
         de cerdos y los mataderos daneses, que casi habían abandonado la producción de cerdos machos no castrados, tuvieron que reanudarla
         para no poner en peligro las exportaciones a Alemania. Danske Slagterier alega que si la carne de cerdo exportada hubiera
         procedido, como había previsto el Male-Pig-Projekt, de cerdos no castrados, habrían obtenido un ahorro de costes de al menos
         280 millones de DEM.
      
      15      El Landgericht Bonn, ante el que Danske Slagterier había presentado el 6 de diciembre de 1999 una demanda de indemnización
         dirigida contra la República Federal de Alemania, consideró fundada la demanda por lo que respecta al período posterior al
         7 de diciembre de 1996 y la consideró prescrita la acción en la medida en que mediante ella se reclamaba la indemnización
         de los daños producidos antes de dicha fecha. El Oberlandesgericht de Colonia, ante el que se recurrió en apelación, declaró
         fundada la demanda en su totalidad. Mediante el recurso de casación, interpuesto ante el Bundesgerichtshof, la Bundesrepublik
         Deutschland solicita que se desestime la demanda en su totalidad.
      
      16      Por otra parte, mediante sentencia de 12 de noviembre de 1998, Comisión/Alemania (C 102/96, Rec. p. I‑6871), el Tribunal de
         Justicia declaró que la República Federal de Alemania había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de lo dispuesto
         en el artículo 5, apartado 1, letra o), y en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 64/433, así como en los
         artículos 5, apartado 1, 7 y 8 de la Directiva 89/662, por una parte, al exigir el marcado especial y el tratamiento térmico
         de las canales de cerdos machos no castrados cuando las carnes, con independencia del peso de los animales, tengan un contenido
         de androstenona de más de 0,5 μg/g, detectado mediante el test inmunoenzimático modificado del profesor Claus y, por otra
         parte, al estimar que, en caso de superarse el valor límite de 0,5 μg/g, las carnes presentan un olor sexual fuerte que tiene
         como consecuencia hacerlas inapropiadas para el consumo humano.
      
      17      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes:
      
      «1)      ¿Confieren las disposiciones del artículo 5, apartado 1, letra o), y del artículo 6, apartado 1, letra b), inciso iii), de
         la Directiva [64/433], en relación con los artículos 5, apartado 1, 7 y 8 de la Directiva 89/662 […], una posición jurídica
         al productor y distribuidor de carne de porcino que les permite reclamar responsabilidades al Estado en caso de una adaptación
         errónea del Derecho interno o una aplicación incorrecta del Derecho comunitario?
      
      2)      ¿Pueden los productores y distribuidores de carne de porcino, independientemente de la respuesta a la primera cuestión, alegar
         la infracción del artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE) para justificar una reclamación de responsabilidad
         del Estado conforme al Derecho comunitario en caso de que la adaptación del Derecho interno a las Directivas citadas y la
         aplicación de éstas hayan sido contrarias al Derecho comunitario?
      
      3)      ¿Exige el Derecho comunitario que la prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado conforme al Derecho
         comunitario se interrumpa con motivo de un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, o se suspenda
         su transcurso hasta la conclusión del procedimiento si en el Derecho nacional faltan mecanismos jurídicos efectivos para obligar
         al Estado miembro a adaptar el Derecho interno a una directiva?
      
      4)      ¿Comienza el plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado conforme al Derecho comunitario por
         la insuficiente adaptación del Derecho interno a una directiva y la consiguiente prohibición (de hecho) de la importación,
         independientemente de lo establecido en el Derecho nacional aplicable, únicamente con la completa adaptación a esa directiva,
         o, de acuerdo con el Derecho nacional, el plazo de prescripción puede comenzar a computarse desde el mismo momento en que
         se produzcan las primeras secuelas perjudiciales y quepa prever nuevas secuelas? Si la completa adaptación determina el comienzo
         del plazo de prescripción, ¿se aplica este criterio de forma general o sólo si la directiva confiere derechos a los particulares?
      
      5)      Habida cuenta de que los requisitos fijados por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños por responsabilidad
         del Estado con arreglo al Derecho comunitario no pueden ser menos favorables que los relativos a reclamaciones semejantes
         que afecten exclusivamente al Derecho nacional y no pueden articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente
         difícil obtener la indemnización, ¿existen objeciones generales frente a una regulación nacional que excluye la obligación
         de indemnizar si, deliberada o negligentemente, el perjudicado no ha evitado el perjuicio mediante el ejercicio de una acción
         judicial? ¿Persisten las objeciones frente a esa «primacía de la primera tutela judicial posible» cuando está supeditada a
         la reserva de que sea razonablemente exigible al afectado? ¿Deja de ser razonablemente exigible a efectos del Derecho comunitario
         si el órgano jurisdiccional interesado no puede responder previsiblemente a las cuestiones de Derecho comunitario sin remitirlas
         al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o si ya hay pendiente un procedimiento por incumplimiento del Tratado
         con arreglo al artículo 226 CE?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre las cuestiones primera y segunda
      18      Mediante las dos primeras cuestiones, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente
         si lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, letra o), y 6, apartado 1, letra b), inciso iii) de la Directiva 64/433, en
         relación con los artículos 5, apartado 1, 7 y 8 de la Directiva 89/662, confiere a los productores y operadores que comercializan
         carne de porcino, en caso de adaptación incorrecta del Derecho interno a estas Directivas o de aplicación incorrecta de las
         mismas, una posición jurídica que les permite ejercer un derecho a indemnización generado por la responsabilidad del Estado
         por razón de la infracción del Derecho comunitario y si, en estas circunstancias, pueden alegar la infracción del artículo
         28 CE para fundamentar un derecho a indemnización debido a esta responsabilidad del Estado.
      
      19      A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que, según reiterada jurisprudencia, el principio de la responsabilidad
         del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho comunitario que le son imputables es inherente
         al sistema del Tratado CE (sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357, apartado
         35; de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, Rec. p. I‑1029, apartado 31; de 23 de mayo
         de 1996, Hedley Lomas, C‑5/94, Rec. p. I‑2553, apartado 24, y de 8 de octubre de 1996, Dillenkofer y otros, C‑178/94, C‑179/94
         y C‑188/94 a C‑190/94, Rec. p. I‑4845, apartado 20).
      
      20      El Tribunal de Justicia ha declarado que los particulares perjudicados tienen un derecho a indemnización cuando se cumplen
         tres requisitos, a saber, que la norma de Derecho comunitario violada tenga por objeto conferirles derechos, que la violación
         de esta norma esté suficientemente caracterizada y que exista una relación de causalidad directa entre tal violación y el
         perjuicio sufrido por los particulares (véanse las sentencias, antes citadas, Brasserie du pêcheur y Factortame, apartado
         51; Hedley Lomas, apartado 25, y Dillenkofer y otros, apartado 21).
      
      21      Respecto al primer requisito, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de examinar la responsabilidad de los Estados miembros
         por violación del Derecho comunitario en el caso de no adaptación del Derecho interno a directivas destinadas a la realización
         del mercado interior (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Francovich y otros, y Dillenkofer y otros). Sin
         embargo, a diferencia de los asuntos que dieron lugar a las dos sentencias antes citadas, en los que el marco jurídico que
         confería derechos a los particulares era exclusivamente el Derecho derivado, el asunto principal se refiere a un caso en el
         que una de las partes en el procedimiento principal, en concreto, Danske Slagterier, alega que es el propio artículo 28 CE
         el que le confiere los derechos que invoca. 
      
      22      A este respecto procede recordar que el artículo 28 CE produce un efecto directo en la medida en que confiere a los particulares
         derechos que pueden invocar directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales y que la infracción de tales disposiciones
         puede dar lugar a indemnización (sentencia Brasserie du pêcheur y Factortame, antes citada, apartado 23).
      
      23      Danske Slagterier invoca asimismo lo dispuesto en las Directivas 64/433 y 89/662. Como se desprende del tenor del título y
         del primer considerando de la Directiva 89/662, ésta se adoptó con el fin de establecer el mercado interior, al igual que
         la Directiva 91/497, por la que se modifica la Directiva 64/433, tal como precisa el tercer considerando de la Directiva 91/497.
         Por tanto, la libre circulación de mercancías es uno de los objetivos de estas Directivas, que, eliminando las disparidades
         existentes entre los Estados miembros en materia de controles veterinarios de la carne fresca, tienen por objeto favorecer
         los intercambios entre Estados miembros. De esta forma, dichas Directivas precisan y concretan el derecho que confiere el
         artículo 28 CE.
      
      24      Por lo que se refiere al contenido de las Directivas 64/433 y 89/662, procede señalar que éstas regulan, entre otros extremos,
         los controles sanitarios y la certificación de carnes frescas producidas en un Estado miembro y entregadas en otro. Como se
         desprende, en particular, del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/662, los Estados miembros sólo pueden impedir
         las importaciones de carnes frescas cuando la mercancía no reúna las condiciones exigidas por las Directivas comunitarias
         o cuando concurran determinadas circunstancias muy particulares, como, por ejemplo, en caso de epidemias. La prohibición impuesta
         a los Estados miembros de impedir la importación confiere a los particulares el derecho a comercializar la carne fresca conforme
         con las exigencia comunitarias en otro Estado miembro.
      
      25      Por otra parte, de lo dispuesto en la Directiva 64/433, en relación con la Directiva 89/662, se desprende que las medidas
         encaminadas a detectar un fuerte olor sexual de los cerdos machos no castrados han sido objeto de una armonización comunitaria
         (sentencia Comisión/Alemania, antes citada, apartado 29). Por consiguiente, esta armonización impide a los Estados miembros,
         en el ámbito armonizado de manera exhaustiva, justificar los obstáculos a la libre circulación de mercancías invocando motivos
         distintos de los previstos por las Directivas 64/433 y 89/662.
      
      26      Por tanto, procede responder a las dos primeras cuestiones que los particulares que hayan sufrido un perjuicio a consecuencia
         de la adaptación incorrecta del Derecho interno a las Directivas 64/433 y 89/662 y de la aplicación incorrecta de dichas Directivas
         pueden invocar el derecho a la libre circulación de mercancías para que se genere la responsabilidad del Estado derivada de
         la infracción del Derecho comunitario.
      
       Sobre la tercera cuestión
      27      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta esencialmente si el Derecho comunitario exige que,
         cuando la Comisión de las Comunidades Europeas ha iniciado un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE,
         el plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario se interrumpa
         o se suspenda hasta la conclusión del procedimiento si en dicho Estado faltan mecanismos jurídicos efectivos para obligar
         al Estado miembro a adaptar el Derecho interno a una directiva.
      
      28      La cronología de los hechos de autos permite aclarar esta cuestión. En efecto, de la resolución de remisión se desprende que
         el recurso por incumplimiento contra la República Federal de Alemania que dio lugar a la sentencia Comisión/Alemania, antes
         citada, se interpuso el 27 de marzo de 1996. Los particulares perjudicados sufrieron los primeros daños en 1993, pero no reclamaron
         la responsabilidad del Estado hasta diciembre de 1999. Si, como pretende hacer el tribunal remitente, se aplica el plazo de
         prescripción de tres años previsto en el artículo 852, apartado 1, del BGB, este plazo comenzaría a transcurrir a mediados
         de 1996, fecha en la que, según dicho tribunal, las personas perjudicadas conocieron el daño y la identidad de la persona
         responsable. Por consiguiente, puede que en el procedimiento principal la acción de responsabilidad del Estado haya prescrito.
         Por tanto, para dirimir el litigio principal se ha de determinar si la interposición por la Comisión de un recurso por incumplimiento
         produjo efectos sobre dicho plazo de prescripción.
      
      29      Sin embargo, para poder dar una respuesta útil al tribunal remitente, procede examinar, con carácter preliminar, la cuestión,
         planteada implícitamente por ella, de si el Derecho comunitario se opone a que se aplique por analogía en el procedimiento
         principal el plazo de prescripción de tres años previsto en el artículo 852, apartado 1, del BGB.
      
      30      En efecto, respecto a la aplicación del artículo 852, apartado 1, del BGB, Danske Slagterier lamentó la falta de claridad
         de la situación jurídica en Alemania respecto a la regla nacional de prescripción aplicable al derecho a indemnización originada
         en la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho comunitario, puesto que esta materia aún no ha sido objeto de
         ninguna medida legislativa ni de ninguna sentencia de los tribunales superiores, y también es controvertida en la doctrina,
         dividida sobre su fundamento jurídico. La aplicación por vez primera y por analogía del plazo señalado en el artículo 852
         del BGB para los recursos por responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario constituiría una violación
         de los principios de seguridad y de claridad jurídica y de los de efectividad y equivalencia. 
      
      31      A este respecto procede señalar que, conforme a una jurisprudencia reiterada, a falta de una normativa comunitaria, corresponde
         al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades
         procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la plena protección de los derechos que corresponden a los justiciables
         en virtud del Derecho comunitario. Por tanto, el Estado debe reparar las consecuencias del perjuicio causado en el marco del
         Derecho nacional en materia de responsabilidad, con la salvedad de que las condiciones, en particular en materia de plazos,
         establecidas por las legislaciones nacionales en materia de indemnización de daños no pueden ser menos favorables que las
         referentes a reclamaciones semejantes de naturaleza interna (principio de equivalencia) y no pueden articularse de manera
         que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener la indemnización (principio de efectividad) (véanse, en
         particular, las sentencias Francovich y otros, antes citada, apartados 42 y 43, y de 10 de julio de 1997, Palmisani, C‑261/95,
         Rec. p. I‑4025, apartado 27).
      
      32      Por lo que respecta a este último principio, el Tribunal de Justicia ha reconocido la compatibilidad con el Derecho comunitario
         de la fijación de plazos de recurso razonables de carácter preclusivo, en interés de la seguridad jurídica, que protege tanto
         al contribuyente como a la Administración interesados (véase la sentencia de 17 de noviembre de 1998, Aprile, C‑228/96, Rec.
         p. I‑7141, apartado 19 y jurisprudencia citada). En efecto, unos plazos de este tipo no hacen imposible en la práctica o excesivamente
         difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A este respecto, un plazo nacional
         de preclusión de tres años parece razonable (véanse, en particular, las sentencias Aprile, antes citada, apartado 19, y de
         11 de julio de 2002, Marks & Spencer, C‑62/00, Rec. p. I‑6325, apartado 35).
      
      33      No obstante, del apartado 39 de la sentencia Marks & Spencer, antes citada, también se desprende que, para cumplir su función
         de garantizar la seguridad jurídica, los plazos de prescripción deben fijarse por anticipado. Pues bien, una situación caracterizada
         por una gran incertidumbre jurídica puede constituir una violación del principio de efectividad, puesto que la reparación
         de los daños causados a los particulares por infracciones del Derecho comunitario imputables a un Estado miembro podría resultar
         en la práctica excesivamente difícil si aquéllos no pudieran determinar el plazo de prescripción aplicable con un grado razonable
         de certidumbre.
      
      34      Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, tomando en consideración todos los elementos que caracterizaban la situación
         de hecho y de Derecho en las fechas de autos, comprobar, desde el punto de vista del principio de efectividad, si el justiciable
         podía prever suficientemente la aplicación analógica del plazo fijado en el artículo 852, apartado 1, del BGB a las demandas
         de indemnización de daños causados por la infracción del Derecho comunitario por el Estado miembro de que se trata.
      
      35      Por otra parte, respecto a la compatibilidad de la aplicación analógica de dicho plazo con el principio de equivalencia, también
         corresponde al tribunal nacional comprobar si, debido a esta aplicación, los requisitos de indemnización de los daños causados
         a los particulares por la infracción del Derecho comunitario cometida por este Estado miembro son menos favorables que los
         exigidos para la indemnización de daños similares de naturaleza interna.
      
      36      Por lo que se refiere a la interrupción o a la suspensión del plazo de prescripción en el momento de interposición de un recurso
         por incumplimiento, de las consideraciones precedentes se desprende que incumbe a los Estados miembros regular este tipo de
         configuraciones procesales siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
      
      37      A este respecto, procede señalar que no se puede supeditar la reparación del daño a la exigencia de que el Tribunal de Justicia
         haya declarado previamente la existencia de un incumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado (véanse las sentencias,
         antes citadas, Brasserie du pêcheur y Factortame, apartados 94 a 96, y Dillenkofer y otros, apartado 28).
      
      38      En efecto, la declaración de incumplimiento es un elemento determinante, pero no indispensable para comprobar que se cumple
         el requisito de que la violación del Derecho comunitario esté suficientemente caracterizada. Además, los derechos a favor
         de los particulares no pueden depender de la apreciación por parte de la Comisión de la oportunidad de actuar, con arreglo
         al artículo 226 CE, en contra de un Estado miembro, ni de que el Tribunal de Justicia dicte una eventual sentencia en la que
         se declare el incumplimiento (véase la sentencia Brasserie du pêcheur y Factortame, antes citada, apartados 93 y 95).
      
      39      Por tanto, un particular puede presentar una demanda de indemnización conforme a los procedimientos previstos a tal efecto
         por el Derecho nacional sin tener que esperar a que se dicte una sentencia que declare la infracción del Derecho comunitario
         por parte del Estado miembro. Por consiguiente, el hecho de que la interposición de un recurso por incumplimiento no produzca
         el efecto de interrumpir o de suspender el plazo de prescripción no hace imposible o excesivamente difícil el ejercicio por
         el justiciable de los derechos que le confiere el Derecho comunitario.
      
      40      Por otra parte, Danske Slagterier alega una violación del principio de equivalencia en la medida en que el Derecho alemán
         prevé que la interposición paralela de un recurso de Derecho nacional conforme al artículo 839 del BGB interrumpe el plazo
         de prescripción, puesto que el recurso conforme al artículo 226 CE debe ser asimilado a tal recurso.
      
      41      A este respecto procede señalar que, para pronunciarse sobre la equivalencia de las normas procesales, es preciso comprobar
         de manera objetiva y abstracta la similitud de estas normas desde el punto de vista del lugar que ocupan en el conjunto del
         procedimiento, del desarrollo de dicho procedimiento y de las particularidades de las normas (en este sentido, véase la sentencia
         de 16 de mayo de 2000, Preston y otros, C‑78/98, Rec. p. I‑3201, apartado 63).
      
      42      Al apreciar la similitud de las normas controvertidas, han de tenerse en cuenta las particularidades del procedimiento del
         artículo 226 CE.
      
      43      A este respecto, procede recordar que, en el marco del ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 226 CE, la
         Comisión no necesita demostrar la existencia de un interés específico en ejercitar la acción (véanse las sentencias de 4 de
         abril de 1974, Comisión/Francia, 167/73, Rec. p. 359, apartado 15, y de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania, C‑20/01 y
         C‑28/01, Rec. p. I‑3609, apartado 29). En efecto la Comisión tiene por misión, en aras del interés general comunitario, velar
         de oficio por que los Estados miembros apliquen el Derecho comunitario e instar la declaración de la existencia de posibles
         incumplimientos de las obligaciones que derivan de dicha normativa (véanse las sentencias, antes citadas, Comisión/Francia,
         apartado 15, y de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania, apartado 29).
      
      44      Por tanto, la finalidad del artículo 226 CE no es proteger los derechos propios de esta institución. Sólo a ésta corresponde
         decidir si es o no oportuno incoar un procedimiento para la declaración de incumplimiento y, en su caso, debido a qué actuación
         u omisión debe iniciarse dicho procedimiento (sentencia de 2 de junio de 2005, Comisión/Grecia, C‑394/02, Rec. p. I‑4713,
         apartado 16 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, Comisión dispone a este respecto de una amplia facultad de apreciación
         que excluye el derecho de los particulares a exigir de esta institución que defina su postura en un sentido determinado (véase
         la sentencia de 14 de febrero de 1989, Star Fruit/Comisión, 247/87, Rec. p. 291, apartado 11).
      
      45      Por tanto, es preciso constatar que una normativa nacional que no establece la interrupción o la suspensión del plazo de prescripción
         del derecho a la indemnización originada por la responsabilidad del Estado por infracción del Derecho comunitario cuando la
         Comisión inicia un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE respeta el principio de equivalencia.
      
      46      Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la tercera cuestión que el Derecho
         comunitario no exige que, cuando la Comisión inicie un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, el
         plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario previsto
         por la normativa nacional se interrumpa o se suspenda durante dicho procedimiento.
      
       Sobre la cuarta cuestión
      47      Mediante su cuarta cuestión, el tribunal remitente pregunta si el plazo de prescripción de una acción de responsabilidad del
         Estado a consecuencia de la incorrecta adaptación del Derecho interno a una directiva no comienza a correr, independientemente
         del Derecho nacional aplicable, hasta el momento de la adaptación íntegra a esta directiva o si, por el contrario, comienza
         a correr, conforme al Derecho interno, a partir de la fecha en la que se producen las primeras consecuencias perjudiciales
         de esta adaptación incorrecta y puedan preverse nuevas consecuencias perjudiciales. En el supuesto de que la adaptación íntegra
         incida en el transcurso de este plazo de prescripción, el tribunal remitente pregunta si se aplica este criterio de manera
         general o sólo si la directiva confiere derechos a los particulares.
      
      48      A este respecto procede recordar que, como se desprende de los apartados 31 y 32 de la presente sentencia, a falta de una
         normativa comunitaria, corresponde a los Estados miembros regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados
         a garantizar la protección de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario, incluidas
         las reglas de prescripción, siempre y cuando dichas modalidades respeten los principios de equivalencia y de efectividad.
         Procede, además, recordar, que la fijación de plazos de recurso razonables de carácter preclusivo respeta estos principios
         y, en particular, no puede considerarse que haga prácticamente imposible o excesivamente difícil ejercer los derechos conferidos
         por el Derecho comunitario.
      
      49      El hecho de que el plazo de prescripción previsto por el Derecho nacional comience a correr a partir del momento en que se
         producen las primeras consecuencias perjudiciales si se teme que se produzcan otras consecuencias de esta naturaleza tampoco
         hace prácticamente imposible o excesivamente difícil ejercer los derechos conferidos por el Derecho comunitario.
      
      50      La sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros (C‑295/04 a C‑298/04, Rec. p. I‑6619), al que se remite Danske Slagterier,
         no enerva esta conclusión.
      
      51      En los apartados 78 y 79 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que no cabía excluir que un plazo de prescripción
         breve para presentar una demanda de indemnización que se computa a partir del día en que comienza el acuerdo o la práctica
         concertada pudiera hacer imposible en la práctica el ejercicio del derecho a solicitar la reparación del perjuicio causado
         por el acuerdo o práctica prohibidos. Entendió que, en caso de infracciones continuadas o repetidas, nada impediría que el
         plazo de prescripción expirara antes incluso de que hubiera terminado la infracción, en cuyo caso a toda persona que hubiera
         sufrido un perjuicio posterior a la expiración del plazo de prescripción le sería imposible interponer demanda.
      
      52      Ahora bien, esto no sucede en el procedimiento principal. En efecto, de la resolución de remisión se desprende que el plazo
         de prescripción controvertido en el procedimiento principal no puede comenzar a transcurrir antes de que la persona perjudicada
         haya conocido el perjuicio y la identidad de la persona obligada a indemnizarlo. Por tanto, en tales circunstancias, es imposible
         que una persona que haya sufrido un daño se encuentre en una situación en la que el plazo de prescripción comience a correr
         o incluso expire sin que ella sea siquiera consciente de haber sufrido un daño, como podría haber sucedido en el contexto
         que dio lugar a la sentencia Manfredi y otros, antes citada, en el que el plazo de prescripción comenzaba a correr a partir
         de la ejecución del acuerdo o de la práctica concertada, de los que, posiblemente, algunas personas afectadas sólo tuvieron
         conocimiento mucho más tarde.
      
      53      Respecto a la posibilidad de fijar el comienzo del plazo de prescripción antes de la adaptación íntegra del Derecho interno
         a la directiva de que se trate, es cierto que, en el apartado 23 de la sentencia de 25 de julio de 1991, Emmott (C‑208/90,
         Rec. p. I‑4269), el Tribunal de Justicia declaró que, hasta el momento de adaptación correcta del Derecho interno a la directiva,
         el Estado miembro que incumple su obligación no puede proponer la excepción de extemporaneidad de una acción judicial ejercitada
         en contra por un particular, con el fin de proteger los derechos que le reconocen los preceptos de dicha directiva y que sólo
         a partir de ese momento puede empezar a correr un plazo para recurrir. 
      
      54      Sin embargo, como confirmó la sentencia de 6 de diciembre de 1994, Johnson (C‑410/92, Rec. p. I‑5483), apartado 26, de la
         sentencia de 27 de octubre de 1993, Steenhorst-Neerings (C‑338/91, Rec. p. I‑5475), se desprende que la solución alcanzada
         en la sentencia Emmott, antes citada, estaba justificada por las circunstancias propias de dicho asunto, en las que la caducidad
         producía el efecto de privar absolutamente a la demandante en el asunto principal de la posibilidad de alegar su derecho a
         la igualdad de trato en virtud de una directiva comunitaria (véanse, también, las sentencias de 17 de julio de 1997, Haahr
         Petroleum, C‑90/94, Rec. p. I‑4085, apartado 52, y Texaco y Olieselskabet Danmark, C‑114/95 y C‑115/95, Rec. p. I‑4263, apartado 48,
         y de 15 de septiembre de 1998, Ansaldo Energia y otros, C‑279/96 a C‑281/96, Rec. p. I‑5025, apartado 20).
      
      55      Pues bien, en el asunto principal, ni de los autos ni de los debates mantenidos en la fase oral se desprende que la existencia
         del plazo controvertido haya privado a los perjudicados de la posibilidad de ejercer sus derechos ante los tribunales nacionales,
         como sucedió en el asunto que dio lugar a la sentencia Emmott, antes citada. 
      
      56      Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión que el Derecho comunitario no se opone a que el plazo de prescripción de
         una acción de responsabilidad del Estado debida a una adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva comience a
         correr a partir de la fecha en la que se producen las primeras consecuencias perjudiciales de esta adaptación incorrecta y
         puedan preverse nuevas consecuencias perjudiciales, incluso si esta fecha es anterior a la adaptación correcta a la directiva.
      
      57      Vista la respuesta a la primera parte de la cuarta cuestión prejudicial, no es necesario responder a la segunda parte de dicha
         cuestión. 
      
       Sobre la quinta cuestión
      58      Mediante su quinta cuestión, el tribunal remitente pregunta esencialmente si el Derecho comunitario se opone a una norma como
         la prevista en el artículo 839, apartado 3, del BGB, que establece que un particular no puede obtener la reparación de un
         perjuicio que no ha evitado, deliberada o negligentemente, ejerciendo una acción judicial. El tribunal remitente precisa su
         cuestión preguntando si tal norma nacional es contraria al Derecho comunitario si se aplica supeditándola a la reserva de
         que dicha acción judicial sea razonablemente exigible al afectado. Por último, el tribunal remitente desea saber si el ejercicio
         de una acción judicial puede calificarse de razonable cuando es probable que el tribunal ante el que someta el asunto plantee
         una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE o cuando se ha iniciado un procedimiento por incumplimiento del Tratado
         con arreglo al artículo 226 CE.
      
      59      Como se ha recordado al responder las dos cuestiones precedentes, a falta de una normativa comunitaria, corresponde a los
         Estados miembros regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la protección de los
         derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario, siempre y cuando dichas modalidades respeten
         los principios de equivalencia y de efectividad.
      
      60      Por lo que se refiere a la aplicación de los recursos judiciales disponibles, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado
         84 de la sentencia Brasserie du pêcheur y Factortame, antes citada, que, en materia de responsabilidad de un Estado miembro
         por infracción del Derecho comunitario, el tribunal nacional puede comprobar si el perjudicado ha actuado con una diligencia
         razonable para evitar el perjuicio o reducir su importancia, y en particular, si ha ejercitado en tiempo oportuno todas las
         acciones que en Derecho le correspondían. 
      
      61      En efecto, según un principio general común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, la persona perjudicada debe
         dar pruebas de que ha adoptado una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio, si no quiere correr el riesgo
         de tener que soportar el daño ella sola (sentencias de 19 de mayo de 1992, Mulder y otros/Consejo y Comisión, C‑104/89 y C‑37/90,
         Rec. p. I‑3061, apartado 33, y Brasserie du pêcheur y Factortame, antes citada, apartado 85).
      
      62      Sin embargo, sería contrario al principio de efectividad obligar a los perjudicados a ejercitar sistemáticamente todas las
         acciones de que dispongan aunque ello les ocasione dificultades excesivas o no pueda exigírseles razonablemente que las ejerciten.
      
      63      En efecto, en su sentencia de 8 de marzo de 2001, Metallgesellschaft y otros (C‑397/98 y C‑410/98, Rec. p. I‑1727), apartado
         106, el Tribunal de Justicia declaró que el ejercicio de los derechos que las disposiciones de Derecho comunitario directamente
         aplicables confieren a los particulares sería imposible o excesivamente difícil si sus acciones de restitución o de indemnización
         basadas en la violación del Derecho comunitario se desestimaran o redujeran simplemente porque los particulares no habían
         solicitado disfrutar del derecho que la ley nacional les denegaba, para oponerse a la negativa del Estado miembro mediante
         la utilización de los cauces jurídicos establecidos al efecto, invocando la primacía y el efecto directo del Derecho comunitario.
         En tal caso no habría sido razonable exigir a los perjudicados que ejercitaran las acciones de que dispusieran puesto que,
         de todas formas, habrían tenido que abonar por anticipado las cantidades reclamadas y, aunque el tribunal nacional hubiera
         considerado que el carácter anticipado de este pago era incompatible con el Derecho comunitario, dichos perjudicados no habrían
         podido percibir los intereses adeudados sobre esta cantidad y, posiblemente, se habrían arriesgado a que se les impusiera
         una multa (en este sentido, véase la sentencia Metallgesellschaft y otros, antes citada, apartado 104).
      
      64      Por consiguiente, procede afirmar que el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de una norma nacional, como la prevista
         en el artículo 839, apartado 3, del BGB, siempre y cuando el ejercicio de la acción judicial de que se trate sea razonablemente
         exigible al afectado. Corresponde al tribunal remitente comprobar si se cumple este requisito, habida cuenta del conjunto
         de circunstancias del procedimiento principal. 
      
      65      En lo que se refiere a la posibilidad de que la acción judicial ejercida dé lugar al planteamiento de una cuestión prejudicial
         y a la incidencia que ello tendría sobre el carácter razonable de esta acción judicial, procede recordar que, según jurisprudencia
         reiterada, el procedimiento establecido por el artículo 234 CE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia
         y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación
         del Derecho comunitario que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (véanse las sentencias de 16 de julio
         de 1992, Meilicke, C‑83/91, Rec. p. I‑4871, apartado 22, y de 5 de febrero de 2004, Schneider, C‑380/01, Rec. p. I‑1389, apartado
         20). Por tanto, las aclaraciones obtenidas por el tribunal nacional permiten facilitarle la aplicación del Derecho comunitario,
         de manera que la utilización de este instrumento de cooperación no contribuye en modo alguno a hacer excesivamente difícil
         al justiciable el ejercicio de los derechos que le confiere el Derecho comunitario. Por consiguiente, no sería razonable no
         utilizar una acción judicial por el mero hecho de que, probablemente, ésta diera lugar a una petición de decisión prejudicial.
         
      
      66      De ello se deduce que la elevada probabilidad de que una acción judicial dé lugar a una petición de decisión prejudicial no
         es, en sí misma, motivo para afirmar que el ejercicio de esta acción no es razonable. 
      
      67      Respecto al carácter razonable de la obligación de ejercer las acciones disponibles cuando ya está pendiente un procedimiento
         por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, basta señalar que el procedimiento en virtud del artículo 226 CE es completamente
         independiente de los procedimientos nacionales y no los sustituye. En efecto, como ya se ha señalado al responder a la tercera
         cuestión, el recurso por incumplimiento constituye un control objetivo de legalidad en interés general. Aunque el resultado
         de tal recurso pueda servir a los intereses del justiciable, no es menos cierto que es razonable que éste intente evitar que
         se produzca el daño empleando todos los medios que estén a su disposición, en concreto, ejerciendo las acciones judiciales
         de que disponga.
      
      68      De ello se desprende que el hecho de que esté pendiente un procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia o
         la probabilidad de que el tribunal nacional presente ante éste una petición de decisión prejudicial no pueden, como tales,
         constituir motivo suficiente para afirmar que no cabe exigir que se ejerza determinada acción judicial.
      
      69      Por tanto, procede responder a la quinta cuestión que el Derecho comunitario no se opone a la aplicación de una norma nacional
         que establece que un particular no puede obtener la reparación de un perjuicio que no ha evitado, deliberada o negligentemente,
         ejerciendo una acción judicial, siempre y cuando el ejercicio de dicha acción judicial sea razonablemente exigible al perjudicado,
         extremo que incumbe apreciar al tribunal nacional, habida cuenta del conjunto de circunstancias del asunto principal. La probabilidad
         de que el juez nacional presente una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE o el hecho de que esté
         pendiente un procedimiento por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia no pueden, por sí solos, constituir un motivo suficiente
         para afirmar que no es razonable exigir que se ejerza determinada acción.
      
       Costas
      70      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      1)      Los particulares que hayan sufrido un perjuicio a consecuencia de la adaptación incorrecta del Derecho interno a las Directivas
            64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios de carne fresca,
            modificada por la Directiva 91/497/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, y 89/662/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de
            1989, relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del
            mercado interior, y de la aplicación incorrecta de dichas Directivas pueden invocar el derecho a la libre circulación de mercancías
            para que se genere la responsabilidad del Estado derivada de la infracción del Derecho comunitario.
      2)      El Derecho comunitario no exige que, cuando la Comisión inicie un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo
            226 CE, el plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario
            previsto por la normativa nacional se interrumpa o se suspenda durante dicho procedimiento. 
      3)      El Derecho comunitario no se opone a que el plazo de prescripción de una acción de responsabilidad del Estado debida a una
            adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva comience a correr a partir de la fecha en la que se producen las
            primeras consecuencias perjudiciales de esta adaptación incorrecta y puedan preverse nuevas consecuencias perjudiciales, incluso
            si esta fecha es anterior a la adaptación correcta a la directiva.
      4)      El Derecho comunitario no se opone a la aplicación de una norma nacional que establece que un particular no puede obtener
            la reparación de un perjuicio que no ha evitado, deliberada o negligentemente, ejerciendo una acción judicial, siempre y cuando
            el ejercicio de dicha acción judicial sea razonablemente exigible al perjudicado, extremo que incumbe apreciar al tribunal
            nacional, habida cuenta del conjunto de circunstancias del asunto principal. La probabilidad de que el juez nacional presente
            una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 234 CE o el hecho de que esté pendiente un procedimiento por
            incumplimiento ante el Tribunal de Justicia no pueden, por sí solos, constituir un motivo suficiente para afirmar que no es
            razonable exigir que se ejerza determinada acción.
      Firmas 
      * Lengua de procedimiento: alemán.