CELEX: 61979CJ0110
Language: es
Date: 1980-04-24
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de abril de 1980. # Una Coonan contra Insurance Officer. # Petición de decisión prejudicial: National Insurance Commissioner - Reino Unido. # Seguro de Enfermedad para jubilados. # Asunto 110/79.

COONAN
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
                            de 24 abril de 1980*
En el asunto 110/79,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por el National Insurance Commissioner de
Londres, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Una Coonan
                                       y
Insurance Officer,
con el fin de obtener una decisión prejudicial sobre la interpretación del
apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15
de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de
la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77) y de determinadas
disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio
de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la
Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), en particular, de los artículos 18
y 46,
  Lengua de procedimiento: inglés.
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                  EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
    integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente de Sala, J. Mertens de Wilmars
    y A.J. Mackenzie Stuart, Jueces;
    Abogado General: Sr. H. Mayras;
    Secretario: Sr. A. Van Houtte;
    dicta la siguiente
                                      Sentencia
    (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                             Fundamentos de Derecho
1   Mediante resolución de 10 de julio de 1979, recibida en el Tribunal de Justicia
    el 16 del mismo mes, el National Insurance Commissioner planteó, con arreglo
    al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la
    interpretación del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de
    15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
    de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), y de determinadas
    disposiciones del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio
    de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
    trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la
    Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
2   Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra. Coonan,
    de nacionalidad irlandesa, y una institución de Seguridad Social del Reino
    Unido, sobre el problema de determinar si un nacional de un Estado miembro
    -en este caso concreto Irlanda- que después de haber trabajado por cuenta
    ajena en dicho Estado miembro se trasladó al Reino Unido y desarrolló allí una
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  actividad por cuenta ajena antes de haber alcanzado la edad normal de
  jubilación (pensionable age) en su país de origen pero después de haber
  alcanzado dicha edad en el Reino Unido, tiene derecho en este segundo Estado
  miembro a las prestaciones de enfermedad en metálico previstas por la
   legislación de Seguridad Social de dicho Estado en beneficio de los
  trabajadores.
3 La legislación vigente en el Reino Unido no le concede tal derecho. En efecto,
  si un trabajador continúa desarrollando una actividad por cuenta ajena una vez
  superada la edad normal de jubilación, dicha legislación no le garantiza en lo
  sucesivo la percepción de las prestaciones de enfermedad en metálico a menos
  que, en el supuesto de que hubiese dejado de trabajar, tuviera derecho a alguna
  de las distintas pensiones de jubilación previstas por la legislación nacional.
  Como quiera que ese derecho a percibir una pensión de jubilación únicamente
  puede nacer si existe una afiliación previa al régimen de Seguridad Social
  nacional durante el período anterior a la jubilación, de ello se desprende
  necesariamente que una persona, nacional del Reino Unido o extranjera, que
  antes de la edad normal de jubilación no haya cubierto período alguno de
  seguro en dicho Estado miembro o no los haya cubierto en número suficiente
  para tener derecho a una pensión de jubilación, no cumple dicho requisito. Por
  consiguiente, si esa persona continúa trabajando en el Reino Unido, no podrá
  exigir que en caso de enfermedad le sean abonadas las prestaciones de
  enfermedad en metálico que la legislación de ese Estado concede a los
  trabajadores.
4 Únicamente podría ponerse remedio a esta situación si la afiliación en otro
  Estado miembro antes de la edad normal de la jubilación en el Reino Unido
  fuese equiparada a la afiliación en este último Estado miembro. El asunto que
  divide a las partes en el litigio principal se reduce esencialmente a determinar
  si el Derecho comunitario, y en particular el Reglamento n° 1612/68 o el
  Reglamento n° 1408/71, impone o no dicha equiparación. La solución del
  problema así expuesto constituye el objeto de las cuestiones prejudiciales
  planteadas a este Tribunal de Justicia.
5  Mediante la primera cuestión se pregunta si «un trabajador que tiene la
  nacionalidad de un Estado miembro (en el caso de autos, la República de
  Irlanda), en el que todavía no ha alcanzado la edad normal de jubilación
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     (pensionable age) y donde ha cotizado a la Seguridad Social para cubrir la
     contingencia de enfermedad y otras contingencias, puede, en caso de
     desarrollar una actividad como trabajador por cuenta ajena en otro Estado
     miembro (concretamente el Reino Unido) en el que ha sobrepasado la edad
     normal de jubilación, pretender pagar íntegramente en este Estado miembro las
    mismas cotizaciones para la cobertura de la contingencia de enfermedad y otras
    que un nacional de ese Estado miembro, que tiene en él su residencia, ocupa
    allí un puesto de trabajo y ha pagado íntegramente cotizaciones al seguro antes
    de haber alcanzado la edad normal de jubilación, y ha seguido pagando dichas
    cotizaciones después de haber cumplido la edad normal de jubilación, en virtud
    a) del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68;
    b) del artículo 3 del Reglamento n° 1408/71;
    c) o de cualquier otra disposición de la legislación comunitaria».
6   Procede observar en primer lugar que la finalidad esencial del Reglamento
    n° 1612/68, de 15 de octubre de 1968 es garantizar que en cada Estado
    miembro, los trabajadores de los demás Estados miembros reciban un trato no
    discriminatorio en comparación con el que se dispense a los trabajadores
    nacionales, al disponer la aplicación sistemática del principio de trato nacional
    en lo que respecta a todas las condiciones de empleo y de trabajo. La finalidad
    de dicho Reglamento no es crear derechos en virtud de períodos de seguro
    cubiertos en otro Estado miembro si las disposiciones nacionales no establecen
    tales derechos en favor de los propios nacionales. Por consiguiente, en el caso
    de autos no procede recurrir a las disposiciones del Reglamento n° 1612/68.
7   En lo que respecta al Reglamento n° 1408/71, lo que se pretende con la primera
    cuestión es, esencialmente, determinar si dicho Reglamento otorga a un
    trabajador que se halle en la situación de la demandante en el litigio principal,
    el derecho a afiliarse al régimen'de Seguridad Social del Estado miembro al
    que se traslade para ocupar un empleo por vez primera, aun cuando de la
    aplicación exclusiva de las disposiciones nacionales resulte la denegación de
    tal derecho.
8   Los artículos 18 y 46 del Reglamento n° 1408/71 no permiten responder a dicha
    cuestión. En efecto, las mencionadas disposiciones regulan la totalización de
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   los períodos de seguro cubiertos y sus consecuencias —la primera en lo que
   respecta a las prestaciones de enfermedad, la segunda en lo que atañe a las
   prestaciones de vejez o supervivencia- cuando se trate de una persona que
   haya estado o esté afiliada en calidad de trabajador al sistema nacional de
   Seguridad Social de un Estado miembro y que, por otro lado, haya cubierto
   períodos de seguro en otro Estado miembro. Tales disposiciones no regulan la
   cuestión previa de determinar en qué condiciones un nacional de un Estado
   miembro puede o debe afiliarse al régimen de Seguridad Social de otro Estado
   miembro en el que desarrolla una actividad por cuenta ajena.
9  Dicha cuestión previa se halla regulada por la letra a) del artículo 1, y por el
   artículo 3 del Reglamento n° 1408/71.
10 Por un lado, conforme a la letra a) del artículo 1, el término trabajador designa
   a
   «toda persona:
   i) que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo
       continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas
       de un régimen de Seguridad Social, que se aplique a los trabajadores por
       cuenta ajena, sin perjuicio de las limitaciones del Anexo V;
   ¡i) que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias
       contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica el
       presente Reglamento, en el marco de un régimen de Seguridad Social que
       sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la población
       activa:
       — cuando los modos de gestión o de financiación de este régimen
           permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena, o
       -   cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un seguro
           obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia
           especificada en el Anexo V, en el marco de un régimen organizado en
           beneficio de los trabajadores por cuenta ajena».
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11 Por otro lado, con arreglo al artículo 3 del citado Reglamento: «las personas
    que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean
    aplicables las disposiciones del presente Reglamento, estarán sujetas a las
    obligaciones y podrán acogerse al benefício de la legislación de todo Estado
    miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio
    de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento».
12 De la lectura conjunta de ambas disposiciones se desprende que corresponde
    a la legislación de cada Estado miembro establecer los requisitos a que debe
    supeditarse el derecho o la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad
    Social o a una determinada rama del mismo, siempre y cuando ello no dé lugar
    a discriminaciones entre los propios nacionales y los nacionales de los demás
    Estados miembros. El Tribunal de Justicia reconoció la competencia de las
    legislaciones nacionales en este campo en su sentencia de 12 de julio de
    1979, Brunori (266/78,« Rec. p. 2705).
13 De lo anterior se deduce que cuando en determinadas circunstancias, una
    legislación nacional supedite la afiliación a un régimen de Seguridad Social o
    a una determinada rama del mismo al requisito de haber estado el interesado
    previamente afiliado al régimen de Seguridad Social nacional, el Reglamento
    n° 1408/71 no obliga a los Estados miembros a asimilar los períodos de seguro
    cubiertos en otro Estado miembro a aquellos que previamente hubiesen sido
    cubiertos en el territorio nacional.
14 Mediante la segunda cuestión, se pretende determinar, básicamente, si el hecho
    de que durante cierto tiempo una persona haya estado afiliada por error a un
    régimen de Seguridad Social le da derecho a percibir las prestaciones previstas
    por la legislación aplicable, cuando la existencia del error se pone de
    manifiesto precisamente en el momento en que se reclaman tales prestaciones,
    mientras que la tercera cuestión se refiere a si el hecho de que una persona que
    se halle en la situación de la demandante en el litigio principal haya sido
    afiliada obligatoriamente, através de la institución competente, al régimen de
    accidentes de trabajo, lleva consigo ipso facto su afiliación a la institución
    competente respecto de las demás contingencias cubiertas por la Seguridad
    Social.
15 De lo expuesto se deduce que la respuesta a las cuestiones segunda y tercera
    debe ser aportada igualmente por el Derecho nacional, sin otra condición que
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   la de no hacer distinción alguna entre los propios nacionales y los nacionales
   de los demás Estados miembros.
   El Reglamento n° 1408/71 no contiene ninguna disposición que prohiba a los
   Estados miembros regular los efectos de una afiliación concreta en función de
   la naturaleza de las contingencias objeto de cobertura o de las prestaciones a
   que den derecho.
16 La respuesta dada a las cuestiones segunda y tercera hace innecesario
   responder a las cuestiones cuarta, quinta, sexta y séptima, relativas a los
   artículos 18 y 46 del Reglamento n° 1408/71.
17 Al haberse planteado durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia la
   cuestión de determinar si de las disposiciones del Convenio sobre Seguridad
   Social celebrado entre Irlanda y el Reino Unido el 29 de marzo de 1960, y del
   Acuerdo Irlanda-Reino Unido sobre Seguridad Social de 14 de septiembre de
    1971, se deriva un derecho de afiliación en favor de aquellas personas que se
   hallen en la situación de la demandante en el litigio principal, procede declarar
   que compete al órgano jurisdiccional nacional apreciar si en el litigio del que
   conoce se dan los requisitos de aplicación de dichos Acuerdos, y si uno u otro
   de tales Acuerdos se refiere al derecho de afiliación al régimen de Seguridad
   Social del Reino Unido en supuestos similares al planteado en el litigio
   principal.
   Costas
18 Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha
    presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto
    de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
    principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional
    nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
    En virtud de todo lo expuesto,
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                  EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
   pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el National Insurance
   Commissioner de Londres mediante resolución de 10 de julio de 1979, recibida
   en el Tribunal de Justicia el 16 de julio de 1979, declara:
   1) La letra a) del artículo 1, y el artículo 3 del Reglamento (CEE)
       n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación
       de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena
       y a sus familiares que se desplazan dentro de la Comunidad, deben
       interpretarse en el sentido de que corresponde a la legislación de cada
       Estado miembro establecer los requisitos a que debe supeditarse el
       derecho o la obligación de afiliarse a un régimen de Seguridad Social o
       a una determinada rama del mismo, siempre y cuando ello no dé lugar
       a discriminaciones entre los propios nacionales y los nacionales de los
       demás Estados miembros.
  2) El Reglamento n° 1408/71 no contiene ninguna disposición que prohiba
       a los Estados miembros regular los efectos de una afiliación efectuada
       por error, o les impida establecer regímenes de Seguridad Social
       diferenciados sometidos a requisitos especiales de afiliación acordes con
       la naturaleza de las contingencias objeto de cobertura o de las
       prestaciones a que den derecho.
    Kutscher                    Mertens de Wilmars                   Mackenzie Stuart
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de abril de 1980.
    El Secretario                                      El Presidente de la Sala Tercera
    A. Van Houtte                                                          H. Kutscher
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