CELEX: 62010CC0186
Language: es
Date: 2011-04-14 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 14 de abril de 2011. # Tural Oguz contra Secretary of State for the Home Department. # Petición de decisión prejudicial: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido. # Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional - Cláusula de "standstill" - Libertad de establecimiento - Denegación de la renovación del permiso de residencia de un nacional turco que creó una empresa infringiendo las condiciones establecidas por dicho permiso - Abuso de derecho. # Asunto C-186/10.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. JULIANE KOKOTT
      presentadas el 14 de abril de 2011 (1)
      
      Asunto C‑186/10
      Tural Oguz
      contra
      Secretary of State for the Home Department
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal of England and Wales (Reino Unido)]
      «Acuerdo de Asociación CEE-Turquía – Artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional – Cláusula de standstill – Vigencia – Prohibición a los Estados miembros de introducir nuevas restricciones a la entrada en su territorio de nacionales turcos
         que desean hacer uso de la libertad de establecimiento – Abuso de derecho»
      I.      Introducción
      1.        El presente asunto versa sobre el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía.
         Éste contiene una cláusula de standstill, que prohíbe a las Partes Contratantes introducir después del 1 de enero de 1973
         nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
      
      2.        En 2008, el demandante en el procedimiento principal solicitó en el Reino Unido una autorización para iniciar una actividad
         por cuenta propia. Para ello se basó no en la normativa actual, sino en la normativa en vigor en 1973, el año de referencia,
         por ser ésta más favorable. Las autoridades competentes, invocando el principio del abuso de derecho, le denegaron la posibilidad
         de acogerse a la cláusula de standstill, pues antes de presentar la solicitud había incumplido una condición de su anterior
         autorización de residencia.
      
      3.        Como el Tribunal de Justicia ya tuvo que pronunciarse sobre el contenido y el alcance de la cláusula de standstill del artículo
         41, apartado 1, del Protocolo Adicional, (2) este asunto le brinda la oportunidad de precisar cuándo es posible denegar que se invoque dicha cláusula.
      
      II.    Marco legal
      A.      El Acuerdo de Asociación CEE-Turquía
      4.        El 12 de septiembre de 1963, la República de Turquía, por una parte, y la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros,
         por otra, firmaron en Ankara el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía.
         Dicho Acuerdo fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo,
         de 23 de diciembre de 1963. (3) Según su artículo 2, apartado 1, tiene por objeto promover el fortalecimiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales
         y económicas entre las Partes Contratantes, incluido el sector de la mano de obra, mediante la realización gradual de la libre
         circulación de trabajadores, así como mediante la eliminación de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la
         libre prestación de servicios, para mejorar el nivel de vida del pueblo turco y facilitar ulteriormente la adhesión de la
         República de Turquía a la Comunidad. (4)
      
      5.        El Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas y celebrado, aprobado y confirmado en nombre de la
         Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972, (5) que, de conformidad con su artículo 62, forma parte integrante del Acuerdo de Asociación, establece, según su artículo 1,
         las condiciones, modalidades y ritmos de realización de la fase transitoria contemplada en el artículo 4 del Acuerdo de Asociación.
         Este Protocolo Adicional contiene un título II («Libre circulación de personas y servicios»), cuyo capítulo II está dedicado
         al «Derecho de establecimiento, servicios y transportes».
      
      6.        A tenor del artículo 41, que figura en el título II, capítulo II, del Protocolo Adicional:
      
      «1. Las Partes Contratantes se abstendrán de introducir entre sí nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a
         la libre prestación de servicios.
      
      […]»
      B.       Derecho nacional
      7.        La normativa aplicable en el Reino Unido el 1 de enero de 1973 en materia de renovación de la autorización de residencia se
         recogía en las Statement of Immigration Rules for Control after Entry (House of Commons paper 510, Disposiciones sobre el
         control de inmigración tras la entrada).
      
      8.        Desde entonces, a lo largo de los años, las normas de inmigración fueron modificadas y sustituidas en numerosas ocasiones.
         Las normas de inmigración en vigor en el momento de la decisión del demandado en el procedimiento principal de denegar al
         demandante la autorización de residencia (21 de octubre de 2008) se recogían en el House of Commons Paper 395 (HC 395).
      
      9.        El órgano jurisdiccional remitente señala que las normas de inmigración vigentes en el Reino Unido en octubre de 2008, relativas
         al establecimiento en dicho Estado miembro para iniciar una actividad empresarial o por cuenta propia, son más restrictivas
         que las correspondientes disposiciones en vigor el 1 de enero de 1973 (lo que también es incontrovertido entre las partes).
      
      10.      Uno de los intervinientes (6) señaló incontestadamente que una diferencia decisiva radicaba en que, al contrario que en la normativa en vigor en 1973,
         en las normas más recientes, para obtener una autorización para una actividad empresarial o por cuenta propia un extranjero
         debe acreditar un capital de 200.000 libras esterlinas. (7)
      
      III. Hechos y procedimiento principal
      11.      El Sr. Oguz (en lo sucesivo, «demandante en el procedimiento principal» o «demandante») entró en el Reino Unido en octubre
         de 2000 con una autorización de entrada para estudiantes. Posteriormente, las autoridades competentes le concedieron sucesivas
         autorizaciones de residencia como estudiante. La obtención de dichas autorizaciones de residencia estaba sujeta, entre otras
         condiciones, a la de no iniciar una actividad empresarial o profesional sin la aprobación del Secretary of State for the Home
         Department.
      
      12.      Inicialmente, durante algunos años y con autorización de las autoridades competentes, el demandante desempeñó en el Reino
         Unido una actividad por cuenta ajena. Sin embargo, el empleador del demandante lo despidió en noviembre de 2006 por causas objetivas y los intentos del demandante
         de iniciar otra actividad por cuenta ajena no tuvieron éxito.
      
      13.      Posteriormente, el 20 de marzo de 2008, el demandante presentó una solicitud de autorización de residencia en el Reino Unido,
         esta vez como trabajador por cuenta propia. Para ello se basó en las normas de inmigración en vigor en el Reino Unido a 1 de enero de 1973, (8) que según indica el órgano jurisdiccional remitente son más favorables que las normas de inmigración en vigor en el año 2008.
         Para justificar la aplicabilidad de las normas vigentes en 1973, el demandante se acogió a la cláusula de standstill del artículo
         41 del Protocolo Adicional.
      
      14.      El demandante había iniciado su actividad empresarial o por cuenta propia ya en febrero de 2008 y la desempeñó efectivamente
         a partir del mes siguiente. En consecuencia, en el momento de la solicitud el demandante ya había desempeñado durante algunas
         semanas su actividad empresarial o por cuenta propia y, por tanto, había incumplido la condición a la que estaba sometida
         su autorización de residencia. El demandante alegó a este respecto que había considerado justificado iniciar su actividad
         empresarial mientras preparaba y redactaba su solicitud de residencia.
      
      15.      El 11 de agosto de 2008, el demandante cesó en su actividad por cuenta propia e informó a la autoridad competente de que reiniciaría
         dicha actividad una vez recaída la resolución sobre su solicitud.
      
      16.      El Secretary of State for the Home Department (en lo sucesivo, también, «demandado en el procedimiento principal») desestimó
         la solicitud del demandante. Motivó la desestimación exponiendo que el demandante había incumplido la condición de su anterior
         autorización de residencia al iniciar su actividad empresarial, razón por la cual debía negársele la ventaja de la cláusula
         de standstill del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional. Afirma que, conforme a las normas de inmigración en vigor,
         su solicitud debía ser desestimada. Además, se acortó la duración de su autorización de residencia con permiso de trabajo
         actual sobre la base de que había dejado de cumplir las condiciones de su autorización de residencia.
      
      17.      El 4 de noviembre de 2008, el demandante impugnó dicha denegación interponiendo un recurso ante el Asylum and Immigration
         Tribunal, (9) recurso que fue desestimado. Dicho órgano jurisdiccional estimó que, si bien el demandante no había actuado de forma fraudulenta,
         había incumplido las condiciones de su autorización de residencia al iniciar una actividad empresarial o por cuenta propia
         y proseguir con la misma, y que no podía acogerse a la cláusula de standstill del artículo 41 del Protocolo Adicional.
      
      18.      El demandante presentó un recurso de alzada. (10) Mediante resolución dictada el 26 de junio de 2009, el Senior Immigration Judge Ward (11) declaró que en la anterior decisión, desestimatoria del recurso, no se había incurrido en ningún error material de Derecho
         y, en consecuencia, confirmó la resolución de desestimar el recurso.
      
      19.      Ahora, el asunto está pendiente en la instancia de apelación ante la Court of Appeal of England and Wales, (12) el órgano jurisdiccional remitente. Esto ha permitido al Centre for Advice on Individual Rights in Europe (en lo sucesivo,
         «AIRE Centre») participar en el procedimiento principal.
      
      IV.    Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      20.      Mediante resolución de 23 de marzo de 2010, la Court of Appeal suspendió su procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «Cuando un nacional turco con autorización de residencia en el Reino Unido sometida a la condición de no iniciar ninguna actividad
         empresarial o profesional, comienza una actividad por cuenta propia incumpliendo dicha condición y luego solicita a las autoridades
         nacionales una nueva autorización de residencia sobre la base de la actividad empresarial o profesional que ha iniciado ¿tiene
         derecho a invocar el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre
         la Comunidad Económica Europea y Turquía?»
      
      21.      En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, además del Sr. Oguz y el AIRE Center, han formulado observaciones, por escrito
         y oralmente, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión.
      
      V.      Apreciación
      22.      El presente asunto versa sobre la interpretación del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía,
         que establece que las Partes Contratantes se abstendrán de introducir entre sí nuevas restricciones a la libertad de establecimiento
         y a la libre prestación de servicios.
      
      23.      Por tanto, el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional impide que un Estado miembro adopte cualquier medida nueva
         que tenga por objeto o por efecto someter el establecimiento y, por consiguiente, la residencia de un nacional turco en su
         territorio a requisitos más restrictivos que los que eran aplicables en el momento de la entrada en vigor del Protocolo Adicional
         en dicho Estado miembro, es decir, el 1 de enero de 1973. (13)
      
      24.      En cuanto al fondo, el Tribunal de Justicia ha declarado, por ejemplo, que introducir un visado obligatorio para la realización
         de determinadas prestaciones de servicios, obligación que no estaba en vigor antes de la entrada en vigor del Protocolo Adicional,
         constituye una «nueva restricción» en el sentido del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional. (14)
      
      25.      El Tribunal de Justicia ya señaló, a este respecto, que, como se desprende del propio tenor literal del artículo 41, apartado
         1, esta disposición establece, en términos claros, precisos e incondicionales, una cláusula inequívoca de «standstill», que
         prohíbe a las Partes Contratantes introducir nuevas restricciones a la libertad de establecimiento a partir de la fecha de
         entrada en vigor del Protocolo Adicional. Del tenor literal, así como del objeto y de la finalidad del Acuerdo de Asociación,
         dedujo que su artículo 41, apartado 1, tiene efecto directo en los Estados miembros. (15)
      
      26.      En consecuencia, un nacional turco puede invocar directamente el artículo 41, apartado 1, ante las autoridades de un Estado
         miembro.
      
      27.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta ahora si un Estado miembro puede denegar la invocación de la cláusula de standstill
         del artículo 41 del Protocolo Adicional a un nacional turco que haya incumplido una condición de su autorización de residencia.
         El demandado en el procedimiento principal y el Gobierno del Reino Unido entienden que, en un caso así, invocar la cláusula
         de standstill sería un abuso de derecho y, por tanto, debe rechazarse. El órgano jurisdiccional remitente ha excluido expresamente
         una conducta fraudulenta por parte del demandante.
      
      28.      A mi juicio, como expondré a continuación, no se puede denegar la invocación de la cláusula de standstill del artículo 41,
         apartado 1, del Protocolo Adicional por razones de abuso de derecho. En su caso, al eventual abuso de derecho se ha de hacer
         frente aplicando el Derecho nacional.
      
      29.      La prohibición del abuso de derecho es un principio general del Derecho de la Unión. (16) Según reiterada jurisprudencia, los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma abusiva
         o fraudulenta y los órganos jurisdiccionales nacionales pueden, en cada caso concreto, basándose en elementos objetivos, tener
         en cuenta el comportamiento abusivo o fraudulento de las personas afectadas a fin de denegarles, en su caso, el beneficio
         de las disposiciones de dicho Derecho. (17)
      
      30.      En la sentencia Emsland Stärke, el Tribunal de Justicia, en relación con prestaciones en el sector agrícola, precisó las características
         de la comprobación del abuso de derecho. Declaró que la constatación de que se trata de una práctica abusiva exige, por un
         lado, que concurran una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, a pesar de que se han respetado formalmente
         las condiciones previstas por la normativa comunitaria, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa. (18) Requiere, por otro lado, un elemento subjetivo que consiste en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa
         comunitaria, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención. (19)
      
      31.      Como ya destacó el Tribunal de Justicia, la cláusula de «standstill» del artículo 41, apartado 1, no opera como norma de fondo,
         que convierta en inaplicable el Derecho material pertinente al que sustituya, sino como norma de naturaleza cuasi procedimental,
         que prescribe ratione temporis cuáles son las disposiciones de un Estado miembro que deben regir la apreciación de la situación de un nacional turco que
         desee ejercitar la libertad de establecimiento en un Estado miembro. (20)
      
      32.      Por lo tanto, es característico de la presente cláusula de standstill que no concede derechos materiales. De ella no se derivan
         directamente ni un derecho de establecimiento ni un derecho de residencia. (21) Solamente establece qué disposiciones del Derecho nacional son aplicables, sin que éstas puedan ser menos favorables que
         las normas vigentes el 1 de enero de 1973.
      
      33.      En mi opinión, por su propia naturaleza, no se puede denegar la invocación de la cláusula de standstill por razones de abuso
         de derecho.
      
      34.      Efectivamente, el artículo 41 no estable condiciones para su aplicación, sino que es aplicable sin requisitos. En particular,
         no exige que la persona que lo invoque sea un trabajador por cuenta propia. Como ha destacado el Tribunal de Justicia, el
         artículo 41, apartado 1, impone una prohibición absoluta a las autoridades nacionales de introducir cualquier nuevo obstáculo
         al ejercicio de dicha libertad que suponga empeorar los requisitos existentes en una fecha determinada. (22)
      
      35.      La cláusula de standstill sólo establece qué Derecho nacional es de aplicación. Si del Derecho nacional se deduce un derecho
         de establecimiento y, en consecuencia, de residencia es algo que se determina únicamente en función de dicho Derecho nacional.
      
      36.      Y si el artículo 41 establece una prohibición absoluta para cuya aplicación no se exige requisito alguno, difícilmente cabe
         imaginar un abuso de derecho en relación con dicha disposición, pues al no establecer ninguna condición para su aplicabilidad,
         tampoco es posible crearlas artificialmente de forma abusiva.
      
      37.      El demandado en el procedimiento principal y el Gobierno del Reino Unido aducen que debe denegarse al demandante acogerse
         a la cláusula de standstill porque sólo iniciando una actividad por cuenta propia sin autorización previa (con lo que incumplió
         la condición a la que estaba sometida su autorización de residencia) pudo cumplir los requisitos materiales de las normas
         nacionales de inmigración de 1973, que en caso contrario no podría haber cumplido.
      
      38.      Esto pone de relieve que un eventual abuso de derecho por parte del demandante afecta a los requisitos materiales de las normas
         nacionales de inmigración y no a la cláusula de standstill. Por lo tanto, la cuestión del abuso de derecho habría que situarla en el
         Derecho sustantivo nacional. El propio demandante señala a este respecto que, conforme a las normas de inmigración de 1973,
         las autoridades competentes pueden tener en cuenta una conducta abusiva por parte del solicitante. (23) También el Gobierno del Reino Unido ha confirmado esta posibilidad en la vista ante el Tribunal de Justicia.
      
      39.      Por tanto, como conclusión parcial procede declarar que la idea del abuso de derecho no es aplicable al artículo 41, apartado
         1, que no establece requisitos materiales, sino que sólo determina el Derecho aplicable, debido al carácter absoluto de dicha
         disposición.
      
      40.      Esta conclusión se ve confirmada también por el análisis de las situaciones en las que el Tribunal de Justicia afirmó la existencia
         de un abuso de derecho en el ámbito del Acuerdo de Asociación.
      
      41.      Así, remitiéndose al principio de abuso de derecho, ha excluido que los períodos de empleo cubiertos por un nacional turco
         a causa de un comportamiento fraudulento que dio lugar a una condena puedan ser considerados legales a efectos de la aplicación
         del apartado 1 del artículo 6 de la Decisión nº 1//80, (24) ya que el interesado en realidad no cumplía los requisitos de dicha disposición y en Derecho no le correspondía derecho alguno
         en virtud de ella. (25) Como otro posible ejemplo de abuso de derecho, el Tribunal de Justicia hizo referencia al caso de un matrimonio ficticio
         contraído con el único objetivo de disfrutar indebidamente de las ventajas previstas por el Derecho de la Asociación CEE-Turquía. (26)
      
      42.      Al contrario de lo que sucede en el caso de la cláusula de standstill del artículo 41, que no prevé derechos materiales, los
         artículos 6 y 7 de la Decisión nº 1/80, aplicables en aquellos asuntos, sí que conceden derechos materiales, en concreto a
         empleo y residencia, por lo que en esos casos sí que se pudo hacer valer el principio de abuso de derecho.
      
      43.      A continuación procede examinar una afirmación del Tribunal de Justicia en el asunto Tum y Dari, a la que hace referencia
         el órgano jurisdiccional remitente. En aquel asunto, el Tribunal de Justicia declaró: «Además, ante el Tribunal de Justicia
         no se ha mencionado ningún elemento concreto que deje entender que, en los asuntos principales, los interesados hayan invocado
         la aplicación de la cláusula de «standstill» del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional con la única finalidad de
         acceder abusivamente a las ventajas establecidas en el Derecho comunitario.» (27)
      
      44.      De esta afirmación del Tribunal de Justicia podría deducirse que el Tribunal de Justicia supone que sí cabe pensar en situaciones
         en las que también en relación con la cláusula de standstill del artículo 41, apartado 1, se suscite la cuestión de la aplicación
         del principio de abuso de derecho.
      
      45.      Sin embargo, aun efectuando una comprobación de abuso de derecho respecto de una situación como la presente, el resultado
         no sería la existencia de un abuso de derecho.
      
      46.      En efecto, el criterio de referencia para apreciar un abuso de derecho es si alguien se basa en una disposición del Derecho
         de la Unión para obtener ventajas manifiestamente incompatibles con los objetivos de la disposición. (28)
      
      47.      La finalidad de la cláusula de standstill consiste en crear condiciones favorables para la aplicación progresiva, respectivamente,
         del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios mediante la prohibición a las autoridades nacionales
         de introducir nuevos obstáculos a dichas libertades con el fin de no dificultar más su establecimiento gradual entre los Estados
         miembros y la República de Turquía. (29)
      
      48.      Como ya se ha expuesto, la cláusula de standstill impone una «prohibición absoluta» (30) a las autoridades nacionales de introducir cualquier nuevo obstáculo al ejercicio de dichas libertades que suponga empeorar
         los requisitos existentes en una fecha determinada. En consecuencia, su objetivo es que entre las Partes Contratantes en principio
         sólo se apliquen las disposiciones más favorables.
      
      49.      No es incompatible con dicho objetivo que también pueda invocar la cláusula un nacional turco que haya incumplido una condición
         a la que está sometida su autorización de residencia anterior.
      
      50.      En ese sentido, tampoco el Tribunal de Justicia apreció finalmente en el citado asunto Tum y Dari, ni en el similar asunto
         Savas, la existencia de un abuso de derecho.
      
      51.      En el asunto Tum y Dari, invocaban la cláusula de standstill por dos personas que se encontraban en un Estado miembro contraviniendo
         sus respectivas órdenes de expulsión, dictadas tras desestimarse sus solicitudes de asilo. En aquel asunto, el Tribunal de
         Justicia rechazó expresamente el argumento de que un nacional turco sólo pueda invocar la cláusula de standstill si ha entrado
         legalmente en el Estado miembro. (31) En el asunto Savas, el interesado había incumplido las normas nacionales de inmigración cuando invocó la cláusula de standstill.
         Sin embargo, esto no indujo al Tribunal de Justicia a denegarle la posibilidad de acogerse a la cláusula de standstill. (32)
      
      52.      Nada distinto debería apreciarse, en conjunto, en un caso como el del procedimiento principal, en que la persona que invoca
         la cláusula standstill, al contrario que en los asuntos citados, sí disponía de una autorización de residencia y sólo incumplió
         una de sus condiciones. De hecho, el demandante en el procedimiento principal ni siquiera entró en el Reino Unido ilegalmente,
         pues tenía una autorización de entrada e incluso un permiso de trabajo, si bien no para una actividad por cuenta propia. Simplemente
         incumplió una condición de su autorización de residencia al iniciar una actividad por cuenta propia que poco después suspendió.
      
      53.      A continuación procede examinar también la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kondova, (33) que aducen el demandado en el procedimiento principal y el Gobierno del Reino Unido.
      
      54.      Dicho asunto versaba sobre el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
         miembros, por una parte, y la República de Bulgaria, por otra. (34)
      
      55.      El Tribunal de Justicia decidió en aquel contexto que un nacional búlgaro que, aun teniendo intención de iniciar una actividad
         laboral por cuenta ajena o por cuenta propia en un Estado miembro, burla los controles pertinentes de las autoridades nacionales,
         al declarar falsamente que se ha trasladado a ese Estado para desempeñar un trabajo de temporada, se sitúa fuera de la esfera
         de protección que se le reconoce con arreglo al Acuerdo de asociación. (35)
      
      56.      Si hubiera estado permitido a los nacionales búlgaros presentar en cualquier momento una solicitud de establecimiento en el
         Estado miembro de acogida a pesar de haber infringido anteriormente la normativa nacional en materia de inmigración, dichos
         nacionales habrían sido incitados a permanecer ilegalmente en el territorio de ese Estado y a someterse al sistema nacional
         de control sólo después de cumplir los requisitos materiales previstos por la normativa en materia de inmigración. (36)
      
      57.      Esta afirmación del Tribunal de Justicia la aducen el demandado en el procedimiento principal y el Gobierno del Reino Unido
         en el presente caso para denegar al demandante la posibilidad de acogerse a la cláusula de standstill. En justificación del
         paralelismo se remiten al argumento ya examinado de que el incumplimiento de la condición citada por el demandante tuvo como
         consecuencia que pudiera cumplir las normas sustantivas de inmigración de 1973.
      
      58.      Sin embargo, la sentencia citada no se puede trasladar al presente asunto, pues, al contrario que el artículo 41, apartado
         1, del Protocolo Adicional del Acuerdo CEE-Turquía, el Acuerdo europeo de asociación aplicable en el asunto Kondova sí concedía
         un derecho de establecimiento. Su artículo 45 establecía la igualdad de trato entre nacionales búlgaros y los nacionales de
         los Estados miembros. Únicamente la primera entrada era competencia de los Estados miembros con arreglo al artículo 59 del
         Acuerdo europeo de asociación. Por tanto, no sorprende que el Tribunal de Justicia, en el asunto Kondova, en el que el Acuerdo
         concede un derecho material, también admitiese la posibilidad de denegar la invocación de dicho derecho material por razones
         de abuso de derecho.
      
      59.      Sin embargo, la conclusión en el asunto Kondova no es trasladable a una cláusula de standstill como la del artículo 41, apartado
         1, del Protocolo Adicional, pues, como ya se ha indicado, la cláusula de standstill del Protocolo Adicional precisamente no
         concede un derecho material de establecimiento ni a la igualdad de trato con los nacionales del país de acogida, sino que
         simplemente establece qué Derecho nacional se ha de aplicar.
      
      60.      Por tanto, como conclusión procede constatar que no se puede denegar la invocación de la cláusula de standstill del artículo
         41, apartado 1, del Protocolo Adicional por razones de abuso de derecho. En su caso, al eventual abuso de derecho se ha de
         hacer frente aplicando el Derecho nacional. Según indican los intervinientes, el Derecho nacional también prevé la posibilidad
         de tenerlo en cuenta.
      
      61.      Finalmente, procede examinar brevemente un aspecto que resulta de las alegaciones del demandante. En su escrito, el demandante
         señaló que existió una directriz escrita del Secretary of State a sus funcionarios (37) con arreglo a la cual las autoridades debían tolerar el inicio de una actividad por cuenta propia por parte de un nacional
         turco, siempre que dispusiera de autorización de residencia y solicitara ampliar su residencia apelando a una actividad por
         cuenta propia. Por lo tanto, entiende que el Secretary of State estableció una práctica administrativa que ignoraba el incumplimiento
         de la obligación de recabar una autorización antes de iniciar una actividad por cuenta propia.
      
      62.      Tales hechos podrían suscitar la interesante cuestión de en qué medida el cese de una práctica administrativa más favorable
         adoptada entretanto (38) por sí misma puede representar una vulneración de la cláusula de standstill. No hay que olvidar que el Tribunal de Justicia
         ha decidido recientemente que también la derogación de una disposición legal más favorable introducida después de la fecha
         de referencia indicada en una cláusula de standstill infringe la prohibición de implantar «nuevas restricciones» prevista
         en la cláusula de standstill, aun cuando el nuevo marco legal no implica un situación más desfavorable que la que existía
         en la fecha de referencia de la cláusula de standstill. (39) Sin embargo, como el órgano jurisdiccional remitente no plantea ninguna cuestión en ese sentido ni las partes han alegado
         nada al respecto y tal situación fáctica tampoco se deduce de la petición de decisión prejudicial, el presente asunto no es
         adecuado para examinar dicha cuestión de forma concluyente.
      
      VI.    Conclusión
      63.      En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial de la Court of Appeal
         of England and Wales del modo siguiente:
      
      «Un nacional turco con autorización de residencia en un Estado miembro sometida a la condición de no iniciar ninguna actividad
         empresarial o profesional, que comienza una actividad por cuenta propia incumpliendo dicha condición y luego solicita a las
         autoridades nacionales una nueva autorización de residencia apelando a la actividad empresarial o profesional que ha iniciado,
         independientemente del incumplimiento de la condición de su autorización de residencia, tiene derecho a invocar la cláusula
         de standstill del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la
         Comunidad Económica Europea y Turquía.»
      
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	Véanse, entre otras, las sentencias de 11 de mayo de 2000, Savas (C‑37/98, Rec. p. I‑2927), y de 20 de septiembre de 2007,
         Tum y Dari (C‑16/05, Rec. p. I‑7415).
      
      3 –	DO L 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación».
      
      4 –	Cuarto considerando del preámbulo y artículo 28 del Acuerdo de Asociación.
      
      5 –	DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional».
      
      6 –	El Centre for Advice on Individual Rights in Europe, véase el punto 19 de estas conclusiones.
      
      7–      Remitiéndose a las Statement of Changes to Immigration Rules (HC 395) en su versión vigente, apartado 245L (b) y apéndice
         A, apartado 35.
      
      8 –	House of Commons Paper 510.
      
      9 –	Tribunal de asilo e inmigración.
      
      10 –	Order for reconsideration.
      
      11 –	Juez superior de inmigración.
      
      12 –	Tribunal de Apelación para Inglaterra y Gales.
      
      13 –	Sentencias Savas, citada en la nota 2, apartado 69; de 21 de octubre de 2003, Abatay y otros (C‑317/01 y C‑369/01, Rec.
         p. I‑12301), apartado 66, y Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 49.
      
      14 –	Sentencia de 19 de febrero de 2009, Soysal y Savatli (C‑228/06, Rec. p. I‑1031), apartado 57.
      
      15 –	Sentencia Savas, citada en la nota 2, apartado 49, con remisión a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre otras,
         sobre la cláusula de standstill en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de
         1980, relativa al desarrollo de la Asociación; sentencia de 20 de septiembre de 1990, Sevince (C‑192/89, Rec. p. I‑3461),
         apartados 18 y 26.
      
      16 –	Véanse también las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas el 8 de julio de 2010 en el asunto en que recayó
         la sentencia de 22 de diciembre de 2010, Bozkurt (C‑303/08, Rec. p. I‑0000), punto 37, así como las conclusiones del Abogado
         General Maduro presentadas el 7 de abril de 2005 en el asunto en que recayó la sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax
         y otros (C‑255/02, Rec. p. I‑1609), punto 63, que ponen de relieve la interrelación existente y en las que el Tribunal de
         Justicia examinó el concepto de abuso.
      
      17 –	Véanse, entre otras, las sentencias de 9 de marzo de 1999, Centros (C‑212/97, Rec. p. I‑1459), apartado 25; Halifax y otros,
         citada en la nota 16, apartado 68, y Bozkurt, citada en la nota 16, apartado 47.
      
      18 –	Sentencia de 14 de diciembre de 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, Rec. p. I‑11569), apartado 52.
      
      19 –	Sentencia Emsland-Stärke, citada en la nota 18, apartado 53.
      
      20 –	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 55.
      
      21 –	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 52.
      
      22 –	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 61.
      
      23 –	El demandante se remite a este respecto al artículo 4 de dichas disposiciones.
      
      24 –	Decisión citada en la nota 15.
      
      25 –	Véase la sentencia de 5 de junio de 1997, Kol (C‑285/95, Rec. p. I‑3069), apartados 26 y 27.
      
      26 –	Sentencia Bozkurt, citada en la nota 16, apartado 50.
      
      27 –	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 66.
      
      28 –	Véanse, al respecto, también las conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto Bozkurt, citadas en la nota
         16, punto 39; así como las conclusiones del Abogado General Tizano presentadas el 18 de mayo de 2004 en el asunto en que recayó
         la sentencia de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen (C‑200/02, Rec. p. I‑9925), punto 115.
      
      29 –	Sentencia Abatay y otros, citada en la nota 13, apartado 72; véase, en este sentido, también la sentencia de 9 de diciembre
         de 2010, Toprak y Oguz (C‑300/09 y C‑301/09, Rec. p. I‑0000), apartado 52.
      
      30 –	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 61.
      
      31 	Sentencia Tum y Dari, citada en la nota 2, apartado 59.
      
      32 –	Sentencia Savas, citada en la nota 2, apartado 70.
      
      33 –	Sentencia de 27 de septiembre de 2001 (C‑235/99, Rec. p. I‑6427).
      
      34 –	Acuerdo celebrado y aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 94/908/CECA, CE, Euratom del Consejo y de la
         Comisión, de 19 de diciembre de 1994 (DO L 358, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo europeo de asociación»).
      
      35 –	Sentencia Kondova, citada en la nota 33, apartado 80. El Tribunal de Justicia se remitió a título comparativo al caso de
         un eventual fraude al Derecho nacional por parte de nacionales comunitarios que se acogen abusiva o fraudulentamente al Derecho
         comunitario, véase la sentencia citada en la nota 17, apartado 24, y la jurisprudencia allí citada.
      
      36 –	Sentencia Kondova, citada en la nota 33, apartado 77.
      
      37 –	Published Guidance of the Secretary of State to his caseworkers.
      
      38 –	Si es que en los hechos expuestos pudiera apreciarse una práctica así.
      
      39 –	Véase la sentencia Toprak y otros, citada en la nota 29, relativa a la cláusula de standstill del artículo 13 de la Decisión
         nº 1/80 del Consejo de Asociación.