CELEX: 62006CJ0242
Language: es
Date: 2009-09-17 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 17 de septiembre de 2009.#Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contra T. Sahin.#Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países Bajos.#Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Libre circulación de los trabajadores - Introducción de tasas administrativas para la obtención de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida - Infracción de la cláusula de "standstill" recogida en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación.#Asunto C-242/06.

Asunto C‑242/06
      Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
      contra
      T. Sahin
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State)
      «Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de los trabajadores — Introducción de tasas administrativas para la obtención de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida — Infracción de la cláusula de “standstill” recogida en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación»
      Sumario de la sentencia
      1.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de personas — Trabajadores — Regla de standstill
            del artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación — Requisitos para su aplicación
      (Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, arts. 6, ap. 1, y 13)
      2.        Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de personas — Trabajadores — Regla de standstill
            del artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación — Alcance
      (Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, art. 13)
      1.        El artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, que establece que las partes contratantes no
         podrán introducir nuevas restricciones relativas a la libre circulación de los trabajadores, no está supeditado al requisito
         de que el nacional turco de que se trate satisfaga las exigencias del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión. Por otro
         lado, el alcance de dicho artículo 13 no se limita a los emigrantes turcos que ejerzan una actividad por cuenta ajena.
      
      En efecto, estas dos disposiciones de la Decisión nº 1/80 contemplan dos supuestos distintos, ya que el artículo 6 regula
         los requisitos de ejercicio de un empleo que permita la integración progresiva del interesado en el Estado miembro de acogida,
         mientras que el artículo 13 se refiere a las medidas nacionales relativas al acceso al empleo, incluyendo en su ámbito de
         aplicación a los miembros de la familia, cuya admisión en el territorio de un Estado miembro no depende del ejercicio de un
         empleo. Dicho artículo 13 no está destinado a proteger a los nacionales turcos ya integrados en el mercado laboral de un Estado
         miembro, sino que se aplica precisamente a los nacionales turcos que no gozan todavía de derechos en materia de empleo ni,
         en consecuencia, de residencia, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la decisión nº 1/80.
      
      Sin embargo, el mismo artículo 13, exige que el nacional turco se encuentre en situación legal en el Estado miembro de acogida
         por lo que respecta a la residencia y al empleo, lo que significa que el trabajador turco o los miembros de su familia deben
         haber respetado las normas del Estado miembro de acogida en materia de entrada, de residencia y, en su caso, de empleo, de
         manera que se hallen legalmente en el territorio de dicho Estado. Por lo tanto, dicho artículo no podrá beneficiar a un nacional
         turco que se halle en situación ilegal.
      
      (véanse los apartados 50, 51 y 53)
      2.        El artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía debe interpretarse en el sentido de que se opone
         a la introducción, posterior a la entrada en vigor de dicha Decisión en el Estado miembro de que se trata, de una normativa
         interna que condiciona al pago de tasas administrativas la concesión de un permiso de residencia o la prórroga de la validez
         del mismo, cuando el importe de dichas tasas a cargo de nacionales turcos es desproporcionado en comparación con el exigido
         a los ciudadanos comunitarios.
      
      En efecto, la cláusula de «standstill» recogida en dicho artículo 13 prohíbe con carácter general la introducción de nuevas
         medidas internas que tengan por objeto o por efecto someter el ejercicio por un nacional turco de la libre circulación de
         los trabajadores en el territorio nacional a requisitos más restrictivos que los que eran aplicables en el momento de la entrada
         en vigor de la Decisión nº 1/80 en el Estado miembro de que se trate. Más concretamente, este artículo se opone, a partir
         de la fecha de entrada en vigor en el Estado miembro de acogida del acto jurídico al que pertenece dicha disposición, a la
         adopción de cualquier nueva restricción al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores, incluidas aquellas relativas
         a los requisitos de forma y/o de fondo para la primera admisión en el territorio del Estado miembro de que se trate de nacionales
         turcos que pretendan ejercer allí la referida libertad económica.
      
      A este respecto, aunque la adopción de nuevas normas que se aplican de la misma manera a los nacionales turcos y a los ciudadanos
         comunitarios no es contraria a ninguna de las cláusulas de «standstill» establecidas en las materias cubiertas por la Asociación CEE-Turquía,
         puesto que la República de Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los Estados miembros se conceden
         en virtud del Tratado, sin embargo, tales normas no debe llevar a crear una restricción en el sentido del artículo 13 de la
         Decisión nº 1/80. En efecto, interpretado en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía,
         dicho artículo 13 implica que, si bien no deben conferirse a un nacional turco al que se apliquen dichas disposiciones mayores
         ventajas que las que se conceden a los ciudadanos comunitarios, tampoco pueden imponérsele obligaciones nuevas desproporcionadas
         respecto de las establecidas para éstos. Así pues, una normativa nacional constituye una restricción prohibida por el artículo
         13 de la Decisión nº 1/80 en la medida en que, con ocasión de la tramitación de la solicitud de un permiso de residencia o
         de prórroga de la validez del mismo, impone el abono, a cargo de los nacionales turcos a quienes se aplica dicho artículo
         13, de tasas administrativas de un importe claramente superior al que en circunstancias similares se exige a los ciudadanos
         comunitarios y cuando no se ha invocado ningún argumento pertinente que pudiera justificar una diferencia tan considerable.
      
      (véanse los apartados 63 a 65, 67 y 71 a 75 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 17 de septiembre de 2009 (*)
      
      «Acuerdo de Asociación CEE-Turquía – Libre circulación de los trabajadores – Introducción de tasas administrativas para la obtención de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida – Infracción de la cláusula de “standstill” recogida en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación»
      En el asunto C‑242/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Raad van State
         (Países Bajos), mediante resolución de 11 de mayo de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de mayo de 2006, en el
         procedimiento entre
      
      Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
      y
      T. Sahin,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič, A. Tizzano, E. Levits y J.-J. Kasel (Ponente), Jueces;
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Sr. Sahin, por el Sr. D. Schaap, advocaat;
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. H.G. Sevenster, C. Wissels y M. de Mol, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. C. Schulze-Bahr así como por los Sres. M. Lumma y J. Möller, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato
         dello Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno chipriota, por el Sr. D. Lysandrou, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. T. Ward, Barrister;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. S. Boelaert y el Sr. M. van Beek, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo
         de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión nº 1/80»).
         El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica
         Europea y Turquía, firmado en Ankara, el 12 de septiembre de 1963, por la República de Turquía, por una parte, y los Estados
         miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de ésta mediante la Decisión 64/732/CEE
         del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Sahin y el Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
         (Ministro de la Inmigración y de la Integración; en lo sucesivo «Minister») relativo a la obligación de los nacionales turcos
         de abonar tasas administrativas para que se tramite su solicitud de permiso de residencia o de prórroga de la validez del
         mismo.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
       La Asociación CEE-Turquía
      –       El Acuerdo de Asociación
      3        Con arreglo a su artículo 2, apartado 1, el Acuerdo de Asociación tiene por objeto promover el fortalecimiento continuo y
         equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes Contratantes, incluido el sector de la mano de obra,
         mediante la realización gradual de la libre circulación de trabajadores (artículo 12 del Acuerdo de Asociación) así como mediante
         la eliminación de las restricciones a la libertad de establecimiento (artículo 13 de dicho Acuerdo) y a la libre prestación
         de servicios (artículo 14 del mismo Acuerdo), para mejorar el nivel de vida del pueblo turco y facilitar ulteriormente la
         adhesión de la República de Turquía a la Comunidad (cuarto considerando del Preámbulo y artículo 24 del referido Acuerdo).
      
      4        A tal efecto, el Acuerdo de Asociación incluye una fase preparatoria, que permitirá a la República de Turquía reforzar su
         economía con ayuda de la Comunidad (artículo 3 de dicho Acuerdo), una fase transitoria, durante la que se garantiza el establecimiento
         progresivo de una unión aduanera y el acercamiento de las políticas económicas (artículo 4 del referido Acuerdo), y una fase
         definitiva que se basa en la unión aduanera e implica el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas de
         las Partes Contratantes (artículo 5 del mismo Acuerdo).
      
      5        El artículo 6 del Acuerdo de Asociación dispone lo siguiente:
      
      «Para asegurar la aplicación y el desarrollo progresivo del régimen de asociación, las Partes Contratantes se reunirán en
         el seno de un Consejo de Asociación que actuará dentro de los límites de las atribuciones que le son conferidas por el Acuerdo.»
      
      6        En virtud del artículo 8 del Acuerdo de Asociación, que figura en el título II del referido Acuerdo, denominado «Establecimiento
         de la fase transitoria»:
      
      «Para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 4, el Consejo de Asociación fijará, antes de comenzar la fase
         transitoria, y según el procedimiento previsto en el artículo 1 del Protocolo Provisional, las condiciones, modalidades y
         ritmos de aplicación de las disposiciones propias de los sectores mencionados en el Tratado constitutivo de la Comunidad que
         deberán tomarse en consideración, especialmente aquellos previstos en el presente Título, así como toda cláusula de salvaguardia
         que pudiera ser útil.»
      
      7        Los artículos 12 a 14 del Acuerdo de Asociación figuran igualmente bajo su título II, capítulo 3, denominado «Otras disposiciones
         de carácter económico».
      
      8        El artículo 12 dispone:
      
      «Las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos [39 CE], [40 CE] y [41 CE] para llevar a cabo gradualmente, entre
         ellas, la libre circulación de trabajadores.»
      
      9        El artículo 13 establece:
      
      «Las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos [43 CE] a [46 CE] inclusive y [48 CE] para suprimir entre ellas
         las restricciones a la libertad de establecimiento.»
      
      10      El artículo 14 dispone:
      
      «Las Partes Contratantes acuerdan basarse en los artículos [45 CE], [46 CE] y [48 CE] a [54 CE] inclusive para eliminar entre
         ellas las restricciones a la libre prestación de servicios.»
      
      11      A tenor del artículo 22, apartado 1, del Acuerdo de Asociación:
      
      «Para la consecución de los objetivos fijados por el Acuerdo y en los casos previstos por éste, el Consejo de Asociación dispondrá
         de un poder de decisión. Cada una de las dos Partes estará obligada a adoptar las medidas que implique la ejecución de las
         decisiones tomadas. [...]»
      
      –       El Protocolo Adicional
      12      El Protocolo Adicional, firmado el 23 de noviembre de 1970 en Bruselas, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la
         Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213;
         en lo sucesivo «Protocolo Adicional»), que, con arreglo a su artículo 62, forma parte integrante del Acuerdo de Asociación,
         establece, según su artículo 1, las condiciones, modalidades y ritmos de realización de la fase transitoria mencionada en
         el artículo 4 de dicho Acuerdo.
      
      13      El Protocolo Adicional contiene un título II, denominado «Circulación de personas y servicios», cuyo capítulo I se refiere
         a «los trabajadores» y cuyo capítulo II está dedicado al «derecho de establecimiento, servicios y transportes».
      
      14      El artículo 36 del Protocolo Adicional, que pertenece a dicho capítulo I, establece que la libre circulación de los trabajadores
         entre los Estados miembros de la Comunidad y Turquía se realizará gradualmente, con arreglo a los principios enunciados en
         el artículo 12 del Acuerdo de Asociación, entre el final del duodécimo y del vigésimo segundo año siguiente a la entrada en
         vigor del mismo y que el Consejo de Asociación decidirá las modalidades necesarias a tal efecto.
      
      15      El artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, que figura en el capítulo II del referido título II, tiene el siguiente tenor:
      
      «Las Partes Contratantes se abstendrán de introducir entre sí nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a la
         libre prestación de servicios.»
      
      16      El artículo 59 de dicho Protocolo Adicional dispone:
      
      «En los ámbitos cubiertos por el presente Protocolo, Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los
         Estados miembros se conceden entre sí en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad.»
      
      –       La Decisión nº 1/80
      17      El 19 de septiembre de 1980, el Consejo de Asociación, establecido por el Acuerdo de Asociación y compuesto, de una parte,
         por los miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, el Consejo de la Unión Europeas así como por la Comisión de las
         Comunidades Europeas, y, de otra, por miembros del Gobierno turco, adoptó la Decisión nº 1/80.
      
      18      El artículo 6 de dicha Decisión figura en su capítulo II, titulado «Disposiciones sociales», sección 1, dedicada a las «Cuestiones
         relativas al empleo y a la libre circulación de los trabajadores». El apartado 1 de dicho artículo está redactado en los siguientes
         términos:
      
      «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el libre acceso al empleo de los miembros de su familia, un
         trabajador turco que forme parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro:
      
      –      tendrá derecho, en dicho Estado miembro, después de un año de empleo legal, a la renovación de su permiso de trabajo con el
         mismo empresario si dispone de un empleo;
      
      –      tendrá derecho, en dicho Estado miembro, después de tres años de empleo legal y sin perjuicio de la preferencia que debe concederse
         a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad, a aceptar otra oferta, realizada en condiciones normales y registrada
         en los servicios de empleo de dicho Estado miembro, para desempeñar la misma profesión en otra empresa de su elección;
      
      –      podrá acceder libremente en dicho Estado miembro, después de cuatro años de empleo legal, a cualquier actividad laboral por
         cuenta ajena de su elección.»
      
      19      El artículo 13 de la Decisión nº 1/80, que figura en la misma sección 1, dispone:
      
      «Los Estados miembros de la Comunidad y Turquía no podrán introducir nuevas restricciones relativas a las condiciones de acceso
         al empleo de los trabajadores y de los miembros de su familia que se encuentren en su territorio respectivo en situación legal
         por lo que respecta a la residencia y al empleo.»
      
      20      Según su artículo 30, la Decisión nº 1/80 entró en vigor el 1 de julio de 1980. Sin embargo, con arreglo al artículo 16 de
         dicha Decisión, las disposiciones de la sección 1 del capítulo II de la misma serán aplicables a partir del 1 de diciembre
         de 1980.
      
       La Directiva 68/360/CEE
      21      El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones
         al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO
         L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), disponía:
      
      «Los documentos de estancia concedidos a nacionales de Estados miembros de la CEE […] serán expedidos y renovados con carácter
         gratuito o mediante el abono de una suma que no rebasará el importe de los derechos y tasas exigidas para la expedición de
         las tarjetas de identidad a los nacionales.»
      
      22      La Directiva 68/360 fue derogada, con efectos a partir del 30 de abril de 2006, por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus
         familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE)
         nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE
         y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77, y correcciones de errores en DO 2004, L 229, p. 35, DO 2005, L 197, p. 34, y DO 2007, L 204,
         p. 28).
      
       La Directiva 2004/38
      23      Con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2004/38, los Estados miembros pueden, para períodos de residencia superiores a tres
         meses, exigir el registro de los ciudadanos de la Unión europea ante las autoridades competentes del lugar de residencia;
         dicha formalidad se cumplimentará mediante un certificado de registro expedido a tal efecto. Del mismo modo, en virtud del
         artículo 9 de dicha Directiva, los Estados miembros pueden exigir a los miembros de la familia de los ciudadanos de la Unión
         que no sean ciudadanos comunitarios que sean titulares de una tarjeta de residencia cuando el período de residencia previsto
         sea superior a tres meses. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia podrá dar lugar a sanciones
         proporcionadas y no discriminatorias. Según el artículo 11, apartado 1, de dicha Directiva, la tarjeta de residencia tendrá
         una validez de cinco años a partir de su fecha de expedición o por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión
         si dicho período fuera inferior a cinco años.
      
      24      El artículo 25 de la Directiva 2004/38, titulado «Disposiciones generales relativas a los documentos de residencia», está
         redactado en los siguientes términos:
      
      «1.      La posesión del certificado de registro contemplado en el artículo 8, un documento acreditativo de la residencia permanente,
         un resguardo de presentación de la solicitud de tarjeta de residencia de miembro de la familia, una tarjeta de residencia
         o una tarjeta de residencia permanente no podrá constituir en ningún caso una condición previa para el ejercicio de un derecho
         o la realización de un trámite administrativo, ya que la situación de beneficiario de los derechos puede acreditarse por cualquier
         otro medio de prueba.
      
      2.      Los documentos mencionados en el apartado 1 se expedirán con carácter gratuito o previo abono de una cantidad que no rebasará
         la impuesta a los nacionales para la expedición de documentos similares.»
      
       Normativa nacional
      25      Según indica la resolución de remisión, el 1 de diciembre de 1980, fecha en la que entraron en vigor en el Reino de los Países
         Bajos las disposiciones en materia de empleo y libre circulación de trabajadores establecidas en la Decisión nº 1/80 –entre
         las que se encuentra el artículo 13 de dicha Decisión–, aquel Estado miembro no exigía el pago de tasas administrativas al
         solicitar un permiso de residencia y tampoco percibía tales tasas en caso de solicitud de prórroga de la validez de tal permiso.
      
      26      Hasta el 1 de abril de 2001, fecha en que entraron en vigor la Ley que llevó a cabo una reforma general de la Ley de extranjería
         (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet), de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, nº 495; en lo sucesivo «Vw 2000»),
         el Decreto sobre extranjería del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, nº 497) así como el Reglamento sobre extranjería
         (Voorschrift Vreemdelingen), los extranjeros no se vieron obligados a abonar tasas administrativas para la tramitación de
         la solicitud del permiso de residencia.
      
      27      Asimismo, en virtud de una reforma del Reglamento sobre extranjería, aplicable a partir del 1 de mayo de 2002, se estableció
         el abono de dichas tasas administrativas igualmente en caso de solicitud de prórroga de la validez del permiso de residencia.
         En la misma fecha, se incrementó el importe de las tasas exigidas.
      
      28      Con arreglo al artículo 24, apartado 2, de la Vw 2000, la falta de pago en el plazo concedido de las tasas correspondientes
         a la solicitud del permiso de residencia tendrá como consecuencia que la autoridad competente no tramite dicha solicitud.
         Además, si se desestima la solicitud no se reembolsarán las tasas abonadas.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      29      De la resolución de remisión se desprende que el Sr. Sahin es un nacional turco que el 13 de julio de 2000 obtuvo una autorización
         provisional de residencia a cuyo amparo entró en el territorio neerlandés el 12 de septiembre siguiente.
      
      30      El 2 de octubre del 2000, momento en el que residía legalmente en los Países Bajos, presentó una solicitud de permiso de residencia
         para vivir con su esposa, de nacionalidad neerlandesa.
      
      31      El 14 de diciembre del 2000, el Minister le concedió dicho permiso de residencia cuya validez expiró el 2 de octubre de 2001.
         Dicha autorización no incluía ninguna restricción para el ejercicio de una actividad profesional.
      
      32      A petición del Sr. Sahin, el Minister prorrogó, el 28 de septiembre de 2001, la validez de dicho premiso de residencia hasta
         el 2 de octubre de 2002.
      
      33      Sin embargo, el interesado no solicitó una nueva prórroga de la validez de dicho permiso hasta el 10 de febrero de 2003.
      
      34      El 23 de abril de 2003, el Minister se negó a tramitar esta última solicitud en aplicación de la normativa neerlandesa, puesto
         que el Sr. Sahin no había abonado las tasas administrativas correspondientes a dicha solicitud, que ascendían a 169 euros.
      
      35      Sin embargo, tras haber abonado dicho importe fuera del plazo conferido a tal efecto, el Sr. Sahin presentó, el 26 de mayo
         2003, una reclamación contra la resolución del Minister de 23 de abril de 2003, reclamación que éste desestimó por infundada
         el 20 de abril de 2004.
      
      36      El 16 de mayo de 2004, el Sr. Sahin interpuso un recurso contra esta última resolución ante el Rechtbank ’s-Gravenhage, basándose
         en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80. Este órgano jurisdiccional estimó dicho recurso mediante sentencia de 5 de agosto
         de 2004, anuló la resolución del Minister de 20 de abril de 2004 y le ordenó adoptar una nueva resolución.
      
      37      El 17 de septiembre de 2004, el Minister desestimó nuevamente la reclamación del Sr. Sahin por infundada.
      
      38      Mediante sentencia de 30 de mayo de 2005, el Rechtbank ’s-Gravenhage estimó el recurso interpuesto por el Sr. Sahin el 15
         de octubre de 2004 contra la segunda resolución desestimatoria del Minister, al considerar que la obligación impuesta al demandante
         de abonar tasas administrativas con ocasión de la solicitud de prórroga de la validez de su permiso de residencia en los Países
         Bajos es contraria al artículo 13 de la Decisión nº 1/80.
      
      39      El Minister alega, en apoyo del recurso que interpuso contra dicha sentencia ante el Raad van State, que el órgano jurisdiccional
         de primera instancia incurrió en error al considerar que la situación del Sr. Sahin entra dentro del ámbito de aplicación
         del citado artículo 13.
      
      40      Según el Raad van State, el Sr. Sahin no abonó en tiempo oportuno las tasas administrativas que le correspondían, de manera
         que, con arreglo al Derecho nacional, el Minister tenía la obligación de no tramitar la solicitud del interesado.
      
      41      Ha quedado acreditado que, del 14 de diciembre de 2000 al 2 de octubre de 2002, el Sr. Sahin residía legalmente en los Países
         Bajos, en el sentido de la normativa nacional, puesto que durante ese período poseía un permiso de residencia válido. Durante
         dicho período tenía igualmente derecho a ejercer una actividad profesional en el territorio neerlandés. Así, el interesado
         desempeñó diversos empleos desde marzo del 2001, ninguno de los cuales duró más de un año sin interrupción al servicio de
         un mismo empresario, de manera que no puede invocar los derechos establecidos en el artículo 6 de la Decisión nº 1/80.
      
      42      Por tanto, se plantea la cuestión de si alguna otra disposición de la normativa adoptada en el marco de la Asociación CEE-Turquía
         se opone a la aplicación de la normativa neerlandesa relativa a la obligación de abonar tasas administrativas con objeto de
         obtener un permiso de residencia y a la negativa del Minister a tramitar la solicitud presentada a tal efecto a falta del
         pago de dichas tasas.
      
      43      En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Sr. Sahin no presentó una solicitud de prórroga
         de la validez de su permiso de residencia hasta el 10 de febrero de 2003, es decir, una vez que dicho permiso había expirado,
         de manera que, con arreglo a la normativa nacional, durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 2002 y el 10 de
         febrero de 2003 ya no residía legalmente y no tenía derecho a ejercer una actividad por cuenta ajena en el territorio neerlandés
         mientras dicha solicitud estuviese pendiente. En consecuencia, según dicho órgano jurisdiccional, con arreglo al Derecho interno
         neerlandés, los empleos que el Sr. Sahin ocupó durante dicho período lo fueron ilegalmente.
      
      44      En cambio, tras la presentación de la solicitud de prórroga de la validez de su permiso de residencia, a saber, a partir del
         10 de febrero de 2003, debe considerarse que, con arreglo al Derecho neerlandés, el Sr. Sahin residía de nuevo legalmente
         en los Países Bajos. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que, puesto que la solicitud tardía fue presentada
         dentro del plazo razonable de seis meses desde la expiración de la residencia legal, dicha solicitud debe tramitarse con arreglo
         a los requisitos nacionales exigidos para la prórroga de la residencia y no a los exigidos para la primera admisión en el
         territorio neerlandés.
      
      45      El Raad van State considera que, en el caso de que se trata, resulta especialmente importante determinar si un nacional turco
         que se encuentra en una situación como la descrita en los apartados 29 a 44 de la presente sentencia puede invocar válidamente
         el artículo 13 de la Decisión nº 1/80. Asimismo, si bien no se cuestiona el hecho de que la normativa nacional controvertida
         en el asunto principal debe considerarse «nueva» en el sentido de dicho artículo, puesto que da lugar a la agravación de la
         situación de los nacionales turcos respecto de la que resultaba de las normas que les eran aplicables en el momento de la
         entrada en vigor de dicho artículo 13 en el Reino de los Países Bajos, considera necesario determinar si los obstáculos que
         les impone se incluyen en el concepto de «restricciones» en el sentido de dicho artículo, habida cuenta, en particular, del
         hecho de que el importe de las tasas exigidas por dicha solicitud supera ampliamente al exigido a los ciudadanos comunitarios
         y a los miembros de su familia.
      
      46      En estas circunstancias, el Raad van State decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes:
      
      «1)      a)     ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Decisión no 1/80 […], a la luz de los apartados 81 y 84 de la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 21 de octubre de 2003, Abatay y otros (C‑317/01 y C‑369/01, Rec. p. I‑12301), en el sentido de que puede invocar
         esta disposición un extranjero, nacional turco, que ha respetado las normas aplicables en materia de admisión inicial y residencia
         en el territorio y ha ejercido legalmente una actividad laboral en diversas empresas desde el 14 de diciembre de 2000 hasta
         el 2 de octubre de 2002, pero no ha solicitado en tiempo oportuno la prórroga del plazo de validez de su permiso de residencia,
         a resultas de lo cual, tras la expiración del permiso y en la época de la solicitud de prórroga de la misma, ya no residía
         legalmente conforme al Derecho nacional y tampoco estaba autorizado para ejercer una actividad por cuenta ajena en el país?
      
      b)      ¿Modifica la respuesta a la primera cuestión, letra a), el hecho de que la solicitud de prórroga presentada fuera de plazo
         por el extranjero, pero recibida en los seis meses posteriores a la expiración del plazo de validez de dicho permiso de residencia
         –aunque dicha solicitud esté equiparada, conforme al Derecho nacional, a una solicitud de concesión de un primer permiso de
         residencia–, se examine en relación con los requisitos establecidos para la autorización de residencia continuada, y que el
         extranjero pueda esperar en el territorio nacional que se resuelva sobre dicha solicitud?
      
      2)      a)     ¿Debe interpretarse el término "restricción" del artículo 13 de la Decisión nº 1/80 en el sentido de que comprende la obligación
         de abonar tasas administrativas por la tramitación de una solicitud de prórroga del plazo de validez de un permiso de residencia
         que debe abonar un nacional turco, comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión nº 1/80, y cuyo incumplimiento entraña
         el archivo de su solicitud en virtud del artículo 24, apartado 2, de la Vw 2000?
      
      b)      ¿Debe darse una respuesta diferente a la segunda cuestión, letra a), si el importe de las tasas no supera los gastos de tramitación
         de la solicitud?
      
      3)      ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Decisión nº 1/80, dirigida a la aplicación del Protocolo Adicional del [Acuerdo de
         Asociación], en relación con el artículo 59 de dicho Protocolo, en el sentido de que el importe de la tasa administrativa
         (para el extranjero, en la época pertinente, 169 euros) aplicable a los nacionales turcos que quedan comprendidos en el ámbito
         de aplicación de la Decisión nº 1/80, con ocasión de la tramitación de la solicitud de concesión o de prórroga de un permiso
         de residencia, no debe superar el importe de la tasa (30 euros) que puede exigirse a los ciudadanos de la Comunidad Europea
         por la tramitación de una solicitud al objeto de comprobar si se ajusta al Derecho comunitario y por la expedición de los
         documentos de residencia correspondientes (véase el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 68/360/CEE o el artículo 25, apartado
         2, de la Directiva 2004/38/CE)?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Observaciones preliminares
      47      Mediante su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, por un lado, si
         un nacional turco como el Sr. Sahin se halla en una situación legal en el Estado miembro de acogida de manera que entra dentro
         del ámbito de aplicación del artículo 13 de la Decisión nº 1/80. Por otro lado, dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal
         de Justicia si la cláusula de «standstill» contenida en dicho artículo se opone a la imposición en este Estado a dicho nacional
         de la obligación de abonar tasas administrativas para la tramitación de su solicitud de un permiso de residencia o de prórroga
         de la validez del mismo, en particular cuando dichas tasas son ostensiblemente superiores a las que se exigen a los ciudadanos
         comunitarios que se encuentran en una situación comparable.
      
      48      Con el fin de poder responder de forma útil a dicho órgano jurisdiccional para permitirle resolver el litigio que se le ha
         planteado, procede examinar sucesivamente estos dos aspectos.
      
       Sobre el ámbito de aplicación personal del artículo 13 de la Decisión nº 1/80
      49      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si un nacional turco como el Sr. Sahin cumple el requisito de regularidad respecto
         de la residencia y el empleo establecido en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80. En efecto, señala, por un lado, que el
         interesado respetó, hasta el 2 de octubre de 2002, tanto la normativa nacional pertinente en materia de primera admisión al
         territorio neerlandés como la de residencia, y que, por otro, dicho nacional turco trabajó por cuenta ajena legalmente desde
         el punto de vista del Derecho interno hasta aquella fecha. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si,
         con posterioridad a aquella fecha, el Sr. Sahin puede todavía invocar válidamente el mencionado artículo 13, puesto que, con
         arreglo al Derecho nacional, la expiración de su permiso de residencia, así como la presentación fuera de plazo de la solicitud
         de prórroga del mismo debido al abono tardío de las tasas administrativas correspondientes, acarrearon la irregularidad de
         su situación respecto de las disposiciones nacionales en materia de residencia y empleo, y puesto que, además, no cumplía
         aún los requisitos para poder beneficiarse de los derechos concretos en materia de empleo y residencia en el Estado miembro
         de acogida sobre la base del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión.
      
      50      A este respecto, procede, por un lado, recordar que, en los apartados 75 a 84 de la sentencia Abatay y otros, antes citada,
         el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 no está supeditado al requisito de que el nacional
         turco de que se trate satisfaga las exigencias del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión y que el alcance de esta disposición
         no se limita a los emigrantes turcos que ejerzan una actividad por cuenta ajena.
      
      51      En efecto, estas dos disposiciones de la Decisión nº 1/80 contemplan dos supuestos distintos, ya que el artículo 6 regula
         los requisitos de ejercicio de un empleo que permita la integración progresiva del interesado en el Estado miembro de acogida,
         mientras que el artículo 13 se refiere a las medidas nacionales relativas al acceso al empleo, incluyendo en su ámbito de
         aplicación a los miembros de la familia, cuya admisión en el territorio de un Estado miembro no depende del ejercicio de un
         empleo. El Tribunal de Justicia dedujo, en la misma sentencia Abatay y otros, antes citada, que dicho artículo 13 no está
         destinado a proteger a los nacionales turcos ya integrados en el mercado laboral de un Estado miembro, sino que se aplica
         precisamente a los nacionales turcos que no gozan todavía de derechos en materia de empleo ni, en consecuencia, de residencia,
         con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la decisión nº 1/80.
      
      52      En tales circunstancias, el hecho de que el Sr. Sahin no cumpla los requisitos para ser titular de derechos concretos sobre
         la base de esta última disposición no le priva de la posibilidad de invocar válidamente el artículo 13 de la Decisión nº 1/80.
      
      53      Por otro lado, en lo que respecta al concepto de «situación legal» en el sentido del artículo 13 de la Decisión nº 1/80, este
         concepto significa, según la jurisprudencia, que el trabajador turco o los miembros de su familia deben haber respetado las
         normas del Estado miembro de acogida en materia de entrada, de residencia y, en su caso, de empleo, de manera que se hallen
         legalmente en el territorio de dicho Estado (véase, en particular, la sentencia Abatay y otros, antes citada, apartado 84,
         y jurisprudencia citada). Por lo tanto, dicho artículo no podrá beneficiar a un nacional turco que se halle en situación ilegal
         (sentencia Abatay y otros, antes citada, apartado 85).
      
      54      A este respecto, de los autos se desprende que el Sr. Sahin fue admitido legalmente a entrar y residir en el territorio neerlandés
         y que las autoridades nacionales competentes le reconocieron, además, el derecho incondicional a ejercer en el Estado miembro
         de acogida la actividad profesional de su elección, derecho que además ha ejercido de manera efectiva.
      
      55      Así, ha quedado acreditado que el Sr. Sahin observó la normativa nacional pertinente, tanto en materia de policía de extranjería
         como de empleo desde su entrada legal en los Países Bajos el 12 de septiembre 2000 hasta el 2 de octubre de 2002, fecha en
         que expiró la validez de su permiso de residencia. En particular, el interesado se hallaba en una situación legal en dicho
         Estado miembro en la fecha en que entró en vigor la nueva normativa interna que imponía la percepción de tasas administrativas
         para la obtención y la prórroga del permiso de residencia y que, según los autos aportados al Tribunal de Justicia, es la
         única de que se trata en el litigio principal.
      
      56      Según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, únicamente a partir del 3 de octubre del 2002 la situación del
         Sr. Sahin respecto de la residencia y el empleo dejó de conformarse temporalmente a las exigencias de la normativa nacional,
         hasta que, menos de seis meses después de la fecha de expiración de la validez de su permiso de residencia, el interesado
         solicitó en debida forma la prórroga de dicho permiso, cumpliendo la obligación de abonar las tasas administrativas establecidas
         a tal efecto.
      
      57      En efecto, según señala el órgano jurisdiccional remitente, a partir de la fecha de dicha solicitud, debe considerarse nuevamente,
         con arreglo al Derecho interno, que el Sr. Sahin reside legalmente en los Países Bajos. Además, de conformidad con el Derecho
         interno, tal solicitud de renovación tardía debe tramitarse con arreglo a los requisitos nacionales exigidos para la prórroga
         del permiso de residencia y no a los que rigen la concesión de tal permiso.
      
      58      Procede añadir que no se discute que el Sr. Sahin habría obtenido la prórroga de su permiso de residencia de haber abonado
         a su debido tiempo las tasas administrativas correspondientes a su solicitud. Ningún elemento de los autos permite deducir
         que las autoridades neerlandesas competentes pretendieran poner fin a la estancia del interesado o amenazarle con la expulsión.
      
      59      En todo caso, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un permiso de residencia expedido por las autoridades nacionales
         sólo tiene un valor declarativo y probatorio y que, si bien los Estados miembros pueden exigir que los extranjeros presentes
         en su territorio estén en posesión de un permiso de residencia válido y que presenten dentro del plazo correspondiente una
         solicitud para su prórroga y a pesar de que en principio siguen siendo competentes para sancionar el incumplimiento de dichas
         obligaciones, no es menos cierto que los Estados miembros no pueden adoptar a este respecto medidas desproporcionadas en relación
         con situaciones nacionales comparables (véase la sentencia de 16 de marzo de 2000, Ergat, C‑329/97, Rec. p. I‑1487, apartados
         52, 55, 56, 61 y 62).
      
      60      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, teniendo debidamente en cuenta el conjunto de circunstancias particulares
         que caracterizan el asunto principal, si debe considerarse que la situación del Sr. Sahin en el Estado miembro de acogida
         respecto de la residencia y el empleo ya no es regular, a efectos de la aplicación del artículo 13 de la Decisión nº 1/80.
      
      61      En el supuesto de que dicho requisito de regularidad concurra en el caso de autos, procederá responder a la segunda cuestión
         planteada en la petición de decisión prejudicial, enunciada en el apartado 47 de la presente sentencia, relativa al significado
         exacto de la cláusula de «standstill» del artículo 13 de la Decisión nº 1/80.
      
       Sobre el alcance de la cláusula de «standstill» establecida en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80
      62      A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende
         que los nacionales turcos a quienes se aplica el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 pueden invocar válidamente dicha disposición
         ante los tribunales de los Estados miembros para excluir la aplicación de las normas de Derecho interno que les sean contrarias
         (véanse las sentencias de 20 de septiembre de 1990, Sevince, C‑192/89, Rec. p. I‑3461, apartado 26, así como Abatay y otros,
         antes citada, apartados 58, 59 y 117, primer guión).
      
      63      Igualmente, según reiterada jurisprudencia, la cláusula de «standstill» recogida en dicho artículo 13 prohíbe con carácter
         general la introducción de nuevas medidas internas que tengan por objeto o por efecto someter el ejercicio por un nacional
         turco de la libre circulación de los trabajadores en el territorio nacional a requisitos más restrictivos que los que eran
         aplicables en el momento de la entrada en vigor de la Decisión nº 1/80 en el Estado miembro de que se trate (véase la sentencia
         Abatay y otros, antes citada, apartados 66 y 117, segundo guión, así como, por analogía, en lo que respecta a la cláusula
         de «standstill» en materia de derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios recogido en el artículo 41, apartado
         1, del Protocolo Adicional, la sentencia de 19 de febrero de 2009, Soysal y Savatli, C‑228/06, Rec. p. I‑0000, apartado 47).
      
      64      El Tribunal de Justicia también ha declarado más concretamente que el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional se
         opone, a partir de la fecha de entrada en vigor en el Estado miembro de acogida del acto jurídico al que pertenece dicha disposición,
         a la adopción de cualquier nueva restricción al ejercicio de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios,
         incluidas aquellas relativas a los requisitos de forma y/o de fondo para la primera admisión en el territorio del Estado miembro
         de que se trate de nacionales turcos que pretendan ejercer allí las referidas libertades económicas (véanse las sentencias
         de 20 de septiembre de 2007, Tum y Dari, C‑16/05, Rec. p. I‑7415, apartado 69, así como Soysal y Savatli, antes citada, apartados
         47 y 49).
      
      65      Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la cláusula de «standstill» recogida en el artículo 13 de
         la Decisión nº 1/80 es de igual naturaleza que la recogida en el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional y que ambas
         cláusulas persiguen un objetivo idéntico (véanse las sentencias de 11 de mayo de 2000, Savas, C‑37/98, Rec. p. I‑2927, apartado
         50, así como Abatay y otros, antes citada, apartado 70 a 74), la interpretación mencionada en el apartado anterior es válida
         igualmente para la obligación de statu quo que constituye el fundamento de dicho artículo 13 en materia de libre circulación de trabajadores.
      
      66      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ya ha declarado que la normativa interna controvertida debe considerarse
         «nueva» en el sentido del artículo 13 de la Decisión nº 1/80, puesto que fue adoptada tras su entrada en vigor.
      
      67      No obstante, el Tribunal de Justicia también ha declarado a este respecto que la adopción de nuevas normas que se aplican
         de la misma manera a los nacionales turcos y a los ciudadanos comunitarios no es contraria a ninguna de las cláusulas de «standstill»
         establecidas en las materias cubiertas por la Asociación CEE-Turquía (véase, por analogía, en lo que respecta al artículo
         41, apartado 1, del Protocolo Adicional, la sentencia Soysal y Savatli, antes citada, apartado 61). En el mismo apartado de
         dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que si tales normas se aplicaran a los nacionales de los Estados miembros
         pero no a los nacionales turcos, éstos estarían en una situación más favorable que los ciudadanos comunitarios, lo cual sería
         manifiestamente contrario a la exigencia del artículo 59 del Protocolo Adicional, según el cual la República de Turquía no
         podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los Estados miembros se conceden entre sí en virtud del Tratado CE.
      
      68      Pues bien, en el asunto principal, por una parte, se desprende de los autos que en los Países Bajos la expedición de los documentos
         de identidad de sus ciudadanos está supeditada al pago de una tasa administrativa de un importe determinado. Por otra parte,
         con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 2004/38, los documentos mencionados en el apartado 1 de dicho artículo,
         entre los que figuran los que cubren a los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un Estado miembro distinto
         del Estado del que tengan la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, –sea cual sea la nacionalidad de éstos–
         que les acompañen o se reúnan con ellos, se expedirán previo abono de una tasa que no rebasará la exigida a los nacionales
         del Estado miembro de que se trate para la expedición de documentos similares.
      
      69      De ello se desprende que los trabajadores turcos y los miembros de su familia no pueden basarse válidamente en una de las
         normas de statu quo establecidas en el marco de la Asociación CEE-Turquía, como el artículo 13 de la Decisión nº 1/80, para exigir que el Estado
         miembros de acogida les dispensen del pago de toda tasa administrativa previa a la tramitación de la solicitud de permiso
         de residencia o de prórroga de la validez del mismo, siendo así que, en el momento de entrada en vigor de la referida Decisión
         en dicho Estado miembro, este Estado no les imponía ninguna obligación de este tipo. En efecto, una interpretación distinta
         no sería conforme al artículo 59 del Protocolo Adicional, que prohíbe a los Estados miembros dispensar a los nacionales turcos
         un trato más favorable que el concedido a los ciudadanos comunitarios que se encuentran en una situación comparable.
      
      70      Así pues, la cláusula de «standstill» recogida en el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 no se opone, por sí sola, a la introducción
         de una normativa de este tipo, que condiciona la concesión de un permiso de residencia o la prórroga de la validez del mismo
         al pago de tasas administrativas aplicable a los extranjeros que residen en el territorio del Estado miembro de que se trate.
      
      71      No es menos cierto que tal normativa no debe llevar a crear una restricción en el sentido del artículo 13 de la Decisión nº 1/80.
         En efecto, interpretado en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, dicho artículo 13 implica que, si bien no
         deben conferirse a un nacional turco al que se apliquen dichas disposiciones mayores ventajas que las que se conceden a los
         ciudadanos comunitarios, tampoco pueden imponérsele obligaciones nuevas desproporcionadas respecto de las establecidas para éstos.
      
      72      Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que, en el momento de los hechos en el litigio principal, los nacionales
         turcos tenían, con arreglo a la normativa neerlandesa, la obligación de abonar la cuantía de 169 euros para la tramitación
         de una solicitud de permiso de residencia o de prórroga de validez del mismo, siendo así que el importe que podía reclamarse
         en los Países Bajos a los ciudadanos comunitarios para la tramitación de una solicitud similar ascendía únicamente a 30 euros.
         Además, ha quedado acreditado que la duración de la validez de los permisos controvertidos es, en algunos casos, más corta
         cuando se expiden a nacionales turcos, de manera que éstos se ven obligados a solicitar la renovación de dichos permisos más
         a menudo que los ciudadanos comunitarios y, en consecuencia, el impacto económico es considerable para dichos nacionales turcos,
         sobre todo porque, en caso de desestimación de la solicitud, no se reembolsa el importe abonado.
      
      73      A este respecto, el Gobierno neerlandés no ha invocado, ni en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia,
         ni en respuesta a las cuestiones que se le han plateado en la vista, ningún argumento pertinente que pudiera justificar una
         diferencia tan considerable del importe de las tasas administrativas impuestas a los nacionales turcos respecto de las establecidas
         para los ciudadanos comunitarios. Procede precisar en este contexto que no puede admitirse la tesis del Gobierno neerlandés
         según la cual las investigaciones y los controles previos a la expedición de un permiso de residencia para un nacional turco
         resultan más complejos y onerosos que los necesarios para un ciudadano comunitario, dado que, con arreglo a la normativa neerlandesa,
         el abono de la tasa es previa a la tramitación de la solicitud del permiso de residencia o de prórroga de validez del mismo,
         y que, además, nada impide a un Estado miembro exigir que el propio solicitante presente a las autoridades competentes un
         expediente que incluya todos los justificantes necesarios en apoyo de su solicitud.
      
      74      Así pues, resulta necesario concluir que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal constituye una
         restricción prohibida por el artículo 13 de la Decisión nº 1/80 en la medida en que, con ocasión de la tramitación de la solicitud
         de un permiso de residencia o de prórroga de la validez del mismo, impone el abono, a cargo de los nacionales turcos a quienes
         se aplica dicho artículo 13, de tasas administrativas de un importe desproporcionado en comparación con el que en circunstancias
         similares se exige a los ciudadanos comunitarios.
      
      75      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 13 de
         la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la introducción, posterior a la entrada en vigor de
         dicha Decisión en el Estado miembro de que se trata, de una normativa interna, como la controvertida en el litigio principal,
         que condiciona al pago de tasas administrativas la concesión de un permiso de residencia o la prórroga de la validez del mismo,
         cuando el importe de dichas tasas a cargo de nacionales turcos es desproporcionado en comparación con el exigido a los ciudadanos
         comunitarios.
      
       Costas
      76      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      El artículo 13 de la Decisión nº 1/80, de 19 del septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por
            el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea
            y Turquía, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la introducción, posterior a la entrada en vigor de dicha Decisión
            en el Estado miembro de que se trata, de una normativa interna, como la controvertida en el litigio principal, que condiciona
            al pago de tasas administrativas la concesión de un permiso de residencia o la prórroga de la validez del mismo, cuando el
            importe de dichas tasas a cargo de nacionales turcos es desproporcionado en comparación con el exigido a los ciudadanos comunitarios.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: neerlandés