CELEX: 62017TJ0350
Language: es
Date: 2022-03-30
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) de 30 de marzo de 2022 (Extractos).#Singapore Airlines Ltd y Singapore Airlines Cargo Pte Ltd contra Comisión Europea.#Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del transporte aéreo de mercancías — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo — Coordinación de elementos del precio de los servicios de transporte aéreo de mercancías (recargo por combustible, recargo por seguridad, pago de una comisión sobre los recargos) — Intercambio de información — Competencia territorial de la Comisión — Principio non bis in idem — Obligación impuesta por el Estado — Infracción única y continuada — Cuantía de la multa — Valor de las ventas — Gravedad de la infracción — Competencia jurisdiccional plena.#Asunto T-350/17.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada)
   de 30 de marzo de 2022 (
         *1
      )
   «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del transporte aéreo de mercancías — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el transporte aéreo — Coordinación de elementos del precio de los servicios de transporte aéreo de mercancías (recargo por combustible, recargo por seguridad, pago de una comisión sobre los recargos) — Intercambio de información — Competencia territorial de la Comisión — Principio non bis in idem — Obligación impuesta por el Estado — Infracción única y continuada — Cuantía de la multa — Valor de las ventas — Gravedad de la infracción — Competencia jurisdiccional plena»
   En el asunto T‑350/17,
   
      Singapore Airlines Ltd, con domicilio social en Singapur (Singapur),
   
      Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, con domicilio social en Singapur,
   representadas por los Sres. J. Kallaugher y J. P. Poitras, Solicitors, y el Sr. J. Ruiz Calzado, abogado,
   partes demandantes,
   contra
   
      Comisión Europea, representada por los Sres. A. Dawes y C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. C. Brown, Barrister,
   parte demandada,
   que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita que se anule la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), por cuanto se refiere a las demandantes, y, con carácter subsidiario, que se reduzca la cuantía de la multa que se les ha impuesto,
   EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada),
   integrado por el Sr. H. Kanninen (Ponente), Presidente, y los Sres. J. Schwarcz, C. Iliopoulos y D. Spielmann y la Sra. I. Reine, Jueces;
   Secretaria: Sra. E. Artemiou, administradora;
   habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de junio de 2019;
   dicta la siguiente
   
      Sentencia (
            1
         )
   
   [omissis]
   
      II. Procedimiento y pretensiones de las partes
   
   
            60
         
         
            Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 1 de junio de 2017, las demandantes interpusieron el presente recurso.
         
      
            61
         
         
            La Comisión presentó el escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 29 de septiembre de 2017.
         
      
            62
         
         
            Las demandantes presentaron la réplica en la Secretaría del Tribunal el 15 de diciembre de 2017.
         
      
            63
         
         
            La Comisión presentó la dúplica en la Secretaría del Tribunal el 2 de marzo de 2018.
         
      
            64
         
         
            El 24 de abril de 2019, a propuesta de la Sala Cuarta, el Tribunal decidió, con arreglo al artículo 28 de su Reglamento de Procedimiento, remitir el asunto a una Sala ampliada.
         
      
            65
         
         
            El 7 de junio de 2019, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento contempladas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal formuló preguntas escritas a las partes, a las que estas respondieron en el plazo señalado.
         
      
            66
         
         
            En la vista celebrada el 26 de junio de 2019 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. Las demandantes presentaron, en esta ocasión, un nuevo documento que el Tribunal decidió incorporar a los autos reservando la cuestión de su admisibilidad.
         
      
            67
         
         
            Mediante auto de 31 de julio de 2020, el Tribunal (Sala Cuarta ampliada), considerando que no estaba suficientemente instruido y que procedía instar a las partes a presentar sus observaciones sobre una alegación que no habían debatido, ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.
         
      
            68
         
         
            Las partes respondieron en el plazo señalado a una serie de preguntas formuladas por el Tribunal el 4 de agosto de 2020, y posteriormente presentaron observaciones sobre las respuestas respectivas.
         
      
            69
         
         
            Mediante decisión de 6 de noviembre de 2020, el Tribunal concluyó de nuevo la fase oral del procedimiento.
         
      
            70
         
         
            Las demandantes solicitan esencialmente al Tribunal que:
            
                     –
                  
                  
                     Anule la Decisión impugnada, total o parcialmente, por cuanto se refiere a ellas.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Además, o con carácter subsidiario, reduzca significativamente la cuantía de la multa que se les ha impuesto.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Condene en costas a la Comisión.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Adopte todas las medidas oportunas en las circunstancias del asunto.
                  
               
      
            71
         
         
            La Comisión solicita esencialmente al Tribunal que:
            
                     –
                  
                  
                     Desestime el recurso.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Modifique la cuantía de la multa impuesta a las demandantes retirándoles el beneficio de la reducción general del 50 % y de la reducción general del 15 % en el supuesto de que el Tribunal considere que el volumen de negocios procedente de la venta de servicios de transporte de mercancías entrantes no podía incluirse en el valor de las ventas.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Condene en costas a las demandantes.
                  
               
      
      III. Fundamentos de Derecho
   
   [omissis]
   
      
         A.
       
         Sobre las pretensiones de anulación
      
   
   [omissis]
   
      6. Sobre el cuarto motivo, basado en errores de Derecho, de apreciación y de hecho en la constatación de la participación de las demandantes en la infracción única y continuada
   
   [omissis]
   
      b) Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio non bis in idem en la medida en que la Comisión consideró que las demandantes habían participado en la infracción única y continuada en las rutas intra‑Unión antes del 1 de mayo de 2004 y en las rutas Unión‑Suiza
   
   
            519
         
         
            Las demandantes alegan que no se pueden invocar contra ellas los comportamientos anteriores al 1 de mayo de 2004 para acreditar su participación en una infracción en relación con las rutas intra-Unión, al igual que los comportamientos relacionados con las rutas Unión-Suiza, sin vulnerar el principio non bis in idem, dado que la Decisión de 9 de noviembre de 2010 no había constatado su participación en tal infracción.
         
      
            520
         
         
            Según las demandantes, los principios dimanantes de la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), mencionados en los considerandos 1056 y 1057 de la Decisión impugnada, no deben llevar a que se excluya el principio non bis in idem, en la medida en que, por una parte, la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (T‑43/11, no publicada, EU:T:2015:989), no anulaba la Decisión de 9 de noviembre de 2010 por un defecto puramente formal, sino por una violación grave del derecho de defensa, y, por otra parte, la Decisión impugnada tiene un alcance sustancialmente mayor que esta Decisión.
         
      
            521
         
         
            La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
         
      
            522
         
         
            Constituye reiterada jurisprudencia que el principio non bis in idem, enunciado por otro lado en el artículo 50 de la Carta, debe ser respetado en los procedimientos de aplicación del Derecho de la competencia dirigidos a la imposición de multas. Dicho principio prohíbe que se condene o se inicie un procedimiento sancionador de nuevo contra una empresa por un comportamiento contrario a la competencia a causa del cual ya ha sido sancionada o del que se la ha declarado no responsable mediante una decisión anterior que ya no puede ser objeto de recurso (véase la sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros, C‑17/10, EU:C:2012:72, apartado 94 y jurisprudencia citada).
         
      
            523
         
         
            En el caso de autos, las demandantes invocan la Decisión de 9 de noviembre de 2010, que constituye a su juicio una decisión anterior y definitiva por la que se declara que no son responsables de la infracción única y continuada respecto a las rutas intra-Unión y Unión-Suiza.
         
      
            524
         
         
            Es preciso determinar antes de nada si la alegación de las demandantes de que dicha Decisión constituye una declaración de inexistencia de responsabilidad es fundada.
         
      
            525
         
         
            A este respecto, procede señalar que tal declaración supone que la responsabilidad de la empresa de que se trate se haya apreciado tras un examen de las circunstancias del asunto; expresado en otros términos, que haya habido una apreciación del fondo del asunto. Esta apreciación supone, a su vez, que la Comisión haya realizado el estudio o la evaluación de las pruebas aportadas al expediente y haya efectuado una apreciación sobre la participación de la empresa de que se trate en alguno o en todos los comportamientos objeto del pliego de cargos, a fin de determinar si se ha acreditado su responsabilidad.
         
      
            526
         
         
            En el caso de autos, en el punto 1582 del pliego de cargos, la Comisión indicaba que «contempla[ba] […] adoptar una decisión […] por la que se declare que las empresas destinatarias del presente pliego de cargos han infringido el artículo [101 TFUE], el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo [CE‑Suiza sobre el transporte aéreo]». Como se desprende del anterior apartado 8, las demandantes figuraban entre esos destinatarios.
         
      
            527
         
         
            De los puntos 3, 129, 1389, 1395 y 1434, así como del punto 1575, letra c), y del punto 1577 del pliego de cargos se desprende que la infracción que la Comisión contemplaba en el punto 1582 de dicho pliego de cargos abarcaba, en particular, las rutas intra-Unión durante todo el período de la infracción y las rutas Unión-Suiza a partir del 1 de junio de 2002.
         
      
            528
         
         
            De ello se deduce que, en el pliego de cargos, la Comisión tenía la intención de considerar a las demandantes responsables de una infracción de las normas pertinentes de competencia en las rutas intra-Unión y Unión-Suiza.
         
      
            529
         
         
            En cambio, en la Decisión de 9 de noviembre de 2010, la Comisión no se pronunció expresamente sobre la responsabilidad de las demandantes en las rutas intra-Unión y Unión-Suiza. En la parte dispositiva de esta Decisión, consideró que eran responsables de la infracción única y continuada por cuanto afectaba a las rutas Unión-países terceros (artículo 2 de la Decisión de 9 de noviembre de 2010) y a las rutas EEE salvo Unión-países terceros (artículo 3 de esa Decisión), pero no en la medida en que se refería a las rutas intra-EEE, que incluyen las rutas intra-Unión (artículo 1 de dicha Decisión), ni a las rutas Unión-Suiza (artículo 4 de la citada Decisión). Tampoco las sancionó por una infracción de las normas pertinentes de competencia en estas dos últimas categorías de rutas. Sin embargo, la Comisión no excluyó expresamente que fueran responsables de tales infracciones en dichas categorías de rutas.
         
      
            530
         
         
            Por lo tanto, se trata de determinar si cabe deducir de este silencio que, en la Decisión de 9 de noviembre de 2010, la Comisión declaró implícitamente a las demandantes no responsables de la infracción única y continuada en la medida en que se refiere a las rutas intra-Unión y Unión-Suiza, de modo que ya no podría condenarlas a este respecto en la Decisión impugnada sin violar el principio non bis in idem.
         
      
            531
         
         
            A este respecto, procede recordar que la misión de vigilancia que en materia de competencia confieren a la Comisión el artículo 105 TFUE, apartado 1, el artículo 55, apartado 1, del Acuerdo EEE y el Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo no implica que dicha institución esté obligada a pronunciarse sobre si existe o no una infracción de las normas pertinentes de competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión, T‑24/90, EU:T:1992:97, apartados 74 a 76, y de 16 de octubre de 2013, Vivendi/Comisión, T‑432/10, no publicada, EU:T:2013:538, apartado 68). Tampoco cabe deducir de las disposiciones del Reglamento n.o 1/2003 y de las normas de desarrollo del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo que la Comisión tenga la obligación de constatar y de sancionar todo comportamiento contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Philips/Comisión, T‑92/13, no publicada, EU:T:2015:605, apartado 112).
         
      
            532
         
         
            Tampoco puede inferirse de las disposiciones del Reglamento n.o 1/2003 o de las normas de desarrollo del artículo 53 del Acuerdo EEE o del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo que tal obligación incumba a la Comisión cuando esta indica, en el pliego de cargos, que tiene la intención de declarar la existencia de una infracción de las normas pertinentes de competencia. Así pues, la Comisión no puede verse obligada, en la decisión final, a pronunciarse sobre si existe o no una infracción de las normas pertinentes de competencia que previera declarar en el pliego de cargos.
         
      
            533
         
         
            Por lo tanto, no cabe concluir que, al no declarar una infracción de las normas pertinentes de competencia en la decisión final en relación con determinados comportamientos mencionados en el pliego de cargos, la Comisión efectuó, implícita pero necesariamente, una declaración de inexistencia de responsabilidad a este respecto.
         
      
            534
         
         
            El sistema general del Reglamento n.o 1/2003 confirma esta interpretación. En efecto, es preciso señalar que el artículo 10 del Reglamento n.o 1/2003, que le faculta para declarar la inaplicación del artículo 101 TFUE a un comportamiento determinado, en particular porque no se cumplen los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 1, es en el que la Comisión basa su facultad para declarar que no se ha infringido el artículo 101 TFUE y, por tanto, para adoptar una decisión «negativa» sobre el fondo que pueda impedir una declaración posterior de infracción de dicho artículo (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska, C‑375/09,EU:C:2011:270, apartados 23, 24, 28 y 29). Lo mismo sucede cuando la Comisión hace uso de las facultades que le confiere el Reglamento n.o 1/2003 para la aplicación del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo.
         
      
            535
         
         
            Ahora bien, el artículo 10 del Reglamento n.o 1/2003 es la única base legal que la Comisión puede invocar para adoptar una decisión por la que se declare la inaplicación de las normas del Tratado en materia de competencia a un comportamiento individual determinado.
         
      
            536
         
         
            Ello se desprende, en primer lugar, del tenor literal del título del artículo 10 del mencionado Reglamento y de sus disposiciones. En efecto, este se refiere a la «declaración de inaplicabilidad» y dispone que, «cuando así lo requiera el interés público [de la Unión] relativo a la aplicación de los artículos [101 TFUE y 102 TFUE], la Comisión podrá declarar mediante decisión adoptada de oficio que el artículo [101 TFUE] no es aplicable a un acuerdo, a una decisión de asociación de empresas o a una práctica concertada, bien porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 del artículo [101 TFUE], bien porque se reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo [101 TFUE]».
         
      
            537
         
         
            En segundo lugar, procede señalar que ninguna otra disposición del Reglamento n.o 1/2003 confiere a la Comisión la facultad de declarar la inaplicación de las normas del Tratado en materia de competencia a un comportamiento individual determinado. El considerando 14 de este Reglamento explicita la intención del legislador de limitar estrictamente la facultad de la Comisión a este respecto a los supuestos contemplados en el artículo 10 de dicho Reglamento, indicando que tal declaración solo puede efectuarse en «los casos excepcionales en que el interés público [de la Unión] lo requiera».
         
      
            538
         
         
            En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que la incoación de un procedimiento por parte de la Comisión con el fin de sancionar comportamientos contrarios a la competencia no priva de modo permanente y definitivo a las autoridades de competencia de los Estados miembros de su competencia para aplicar el artículo 101 TFUE a los comportamientos de que se trate, quedando, en efecto, restablecida la competencia de dichas autoridades tan pronto como concluya el procedimiento incoado por la Comisión, incluso mediante una decisión adoptada sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003 (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros, C‑17/10, EU:C:2012:72, apartados 79, 80, 86 y 87). En este contexto debe apreciarse el alcance que ha de darse al silencio de la Comisión en cuanto a determinados comportamientos, en el marco de una decisión adoptada sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003. Pues bien, interpretar este silencio como una declaración implícita de inexistencia de infracción de las normas de competencia llevaría a que las autoridades de competencia de los Estados miembros nunca pudieran recuperar su competencia para aplicar el artículo 101 TFUE en relación con comportamientos respecto de los cuales la Comisión incoó un procedimiento y después lo concluyó mediante la adopción de una decisión adoptada sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003, debido a que se violaría el principio non bis in idem. Tal interpretación sería contraria a la jurisprudencia recordada en el presente apartado.
         
      
            539
         
         
            En cuarto lugar, procede subrayar que el Tribunal de Justicia ha examinado el alcance de las decisiones adoptadas por las autoridades de competencia de los Estados miembros sobre la base del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003, por las que consideran, con fundamento en la información de que disponen, que no concurren los requisitos para una prohibición. Así, de los apartados 22 a 28 de la sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska (C‑375/09, EU:C:2011:270), se desprende que tales decisiones no implican una declaración de inexistencia de responsabilidad que pueda impedir una declaración posterior de infracción. Dicho en otras palabras, el comportamiento contrario a la competencia de una empresa contemplado en una decisión de este tipo puede ser objeto, posteriormente, de un procedimiento y en su caso de condena, sin que haya de considerarse que se vulnera el principio non bis in idem (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska, C‑375/09, EU:C:2011:270, apartados 22 a 28, y de 25 de noviembre de 2014, Orange/Comisión, T‑402/13, EU:T:2014:991, apartados 28 a 31; véanse asimismo, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Mazák presentadas en el asunto Tele2 Polska, C‑375/09, EU:C:2010:743, punto 30).
         
      
            540
         
         
            A este respecto, es preciso señalar que la decisión de que no procede intervenir adoptada sobre la base del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003 puede adoptarse tras el examen del fondo de un comportamiento y el envío de un escrito de acusación, sobre el modelo del pliego de cargos remitido por la Comisión con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18).
         
      
            541
         
         
            Así, ni el estado de desarrollo del procedimiento ni el alcance del análisis del fundamento de las acusaciones realizado en este marco por la autoridad de competencia competente pueden modificar el alcance de su silencio en la decisión final en cuanto a la totalidad o parte de la responsabilidad de la empresa inculpada.
         
      
            542
         
         
            Aunque estas consideraciones se inscriben en el marco de la interpretación de las disposiciones del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1/2003, informan eficazmente sobre el alcance de las decisiones adoptadas por la Comisión sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003, desde el punto de vista de la aplicación del principio non bis in idem. En efecto, el contexto propio de estos dos artículos puede compararse, en la medida en que ambos deben apreciarse, en particular, a la luz de las facultades específicamente conferidas a la Comisión en virtud del artículo 10 de dicho Reglamento. Además, dado que un texto de Derecho derivado de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, en el sentido de su conformidad con las disposiciones de los Tratados y los principios generales del Derecho de la Unión, el alcance dado por el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska (C‑375/09, EU:C:2011:270), a la facultad de decidir que no procede intervenir se entiende en el sentido de que implica la conformidad de esta facultad, comprendida de este modo, con el principio non bis in idem.
         
      
            543
         
         
            Por consiguiente, aun suponiendo que una decisión adoptada por la Comisión sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003 constituya, respecto a los comportamientos para los que no se ha declarado que concurran los requisitos de una prohibición, una decisión de que no procede intervenir, no puede implicar una declaración de inexistencia de responsabilidad.
         
      
            544
         
         
            En el caso de autos, ha de constatarse que la Decisión de 9 de noviembre de 2010 es una decisión por la que se declara la existencia de una infracción adoptada sobre la base del artículo 7 del Reglamento n.o 1/2003. En cambio, de dicha Decisión no se desprende, ni tampoco se ha alegado ante el Tribunal, que la Comisión pretendiera aplicar también, en el marco de esa Decisión, el artículo 10 del Reglamento n.o 1/2003.
         
      
            545
         
         
            De ello se deduce que la Decisión de 9 de noviembre de 2010, que no fue adoptada sobre la base del artículo 10 del Reglamento n.o 1/2003 a efectos de declarar la inexistencia de infracción por parte de las demandantes del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el transporte aéreo, en las rutas intra-EEE y Unión-Suiza, y que no contiene, en su parte dispositiva, una declaración en este sentido, no puede constituir una declaración de inexistencia de responsabilidad de las demandantes a este respecto.
         
      
            546
         
         
            Por último, en la medida en que las demandantes alegan que los principios derivados de la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582), no deben llevar a excluir la aplicación del principio non bis in idem, procede constatar que esta alegación se basa en la premisa de que concurrían los requisitos para la aplicación de dicho principio. Pues bien, tal como se desprende del anterior apartado 545, no se eximió de responsabilidad a las demandantes por los comportamientos en cuestión mediante una decisión anterior, de modo que el principio non bis in idem no es aplicable en este caso. Por lo tanto, no se da la premisa en la que se basa la presente alegación.
         
      
            547
         
         
            Aun suponiendo que las demandantes pretendieran además, mediante la referencia a esta jurisprudencia, alegar que la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (T‑43/11, no publicada, EU:T:2015:989), equivalía a una «absolución» en la medida en que la anulación decidida por el Tribunal no habría tenido lugar frente a un defecto puramente formal, basta con señalar que este consideró que la Decisión de 9 de noviembre de 2010 adolecía de un vicio de motivación que justificaba su anulación (véase el anterior apartado 16), de modo que, en contra de lo que sostienen las demandantes, esta Decisión fue anulada efectivamente por motivos de forma sin pronunciarse en cuanto al fondo sobre los hechos reprochados.
         
      
            548
         
         
            A este respecto, debe subrayarse asimismo que, mediante la citada sentencia, el Tribunal anuló la Decisión de 9 de noviembre de 2010 debido, en particular, a que esta contenía contradicciones en cuanto al alcance de la responsabilidad de las demandantes en lo referente a las rutas intra-Unión y Unión-Suiza.
         
      
            549
         
         
            En atención a las consideraciones anteriores, procede desestimar esta parte del motivo, sin que sea necesario pronunciarse sobre el carácter definitivo de la supuesta declaración de inexistencia de responsabilidad o sobre la existencia de un segundo procedimiento relativo a los mismos hechos que se derivaría de la adopción de la Decisión impugnada a raíz de la anulación, por el Tribunal, de la Decisión de 9 de noviembre de 2010.
            [omissis]
         
       
         
            En virtud de todo lo expuesto,
            EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada)
            decide:
         
       
         
            
                     
                        1)
                     
                  
                  
                     
                        Desestimar el recurso.
                     
                  
               
       
         
            
                     
                        2)
                     
                  
                  
                     
                        La Comisión Europea cargará con una tercera parte de sus costas.
                     
                  
               
       
         
            
                     
                        3)
                     
                  
                  
                     
                        Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo cargarán con sus propias costas y con dos terceras partes de las costas de la Comisión.
                     
                  
               
       
            
               
                  
                     
                        Kanninen
                     
                     
                        Schwarcz
                     
                     
                        Iliopoulos
                     
                  
                  
                     
                        Spielmann
                     
                     
                        Reine
                     
                  
                  Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de marzo de 2022.
                  Firmas
               
            
         (
         *1
      )	Lengua de procedimiento: inglés.
   (
         1
      )	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.