CELEX: 62003TJ0204
Language: es
Date: 2006-09-27 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 27 de septiembre de 2006. # Haladjian Frères SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Artículo 81 CE - Artículo 82 CE - Distribución de piezas de repuesto - Importaciones paralelas - Denuncia - Decisión desestimatoria. # Asunto T-204/03.

Asunto T‑204/03
      Haladjian Frères SA
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Competencia — Artículo 81 CE — Artículo 82 CE — Distribución de piezas de repuesto — Importaciones paralelas — Denuncia — Decisión desestimatoria»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 27 de septiembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias
      [Reglamento nº 17 del Consejo; Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión]
      2.     Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias — Obligaciones de la Comisión
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      3.     Recurso de anulación — Decisión de la Comisión que implica una valoración económica compleja
      (Arts. 81 CE, 82 CE y 230 CE)
      4.     Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      5.     Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias — Duración excesiva
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      6.     Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      7.     Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance
      (Arts. 81 CE, 82 CE y 253 CE)
      1.     Ni el Reglamento nº 17 ni el Reglamento nº 2842/98, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación
         de los artículos [81] y [82] del Tratado CE, contienen disposiciones expresas sobre el curso que debe darse, en cuanto al
         fondo, a una denuncia ni sobre las eventuales obligaciones de investigar de la Comisión en lo que se refiere a la instrucción
         de dicha denuncia. De hecho, la Comisión no está obligada a iniciar procedimientos que tengan como objeto probar posibles
         violaciones del Derecho comunitario y, entre los derechos conferidos a los denunciantes por los Reglamentos nos  17 y 2842/98, no figura el de obtener una decisión definitiva sobre la existencia o inexistencia de la infracción alegada.
      
      Dado que la Comisión no tiene la obligación de pronunciarse sobre si existe o no una infracción, no puede verse obligada a
         llevar a cabo una investigación, que no podría tener más objeto que recabar los elementos de prueba de la existencia o inexistencia
         de una infracción que no está obligada a declarar. Además, aunque dicha investigación se haya llevado a cabo, ninguna disposición
         de Derecho derivado confiere al denunciante el derecho a obligar a la Comisión a continuar el procedimiento hasta la fase
         de la decisión final por la que se declara la existencia o inexistencia de la infracción alegada. La existencia de la facultad
         discrecional que se reconoce a la Comisión en el marco del examen de las denuncias no depende, en efecto, de que la instrucción
         de un asunto se encuentre en un estado más o menos avanzado.
      
      (véanse los apartados 27 y 28)
      2.     A raíz de una denuncia por infracción de los artículos 81 CE y 82 CE, la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento
         encaminado a probar dichas infracciones, sino únicamente a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos
         en su conocimiento por el denunciante, con el fin de determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear
         el juego de la competencia dentro del mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros. Cuando la Comisión decide
         tramitar una denuncia, debe hacerlo, salvo motivación debidamente detallada, con el cuidado, la seriedad y la diligencia necesarios
         para poder apreciar con pleno conocimiento de causa los elementos de hecho y de Derecho sometidos a su apreciación por los
         denunciantes.
      
      (véanse los apartados 29 y 212)
      3.     En el marco de un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión desestimatoria de una denuncia por infracción de
         las normas comunitarias sobre competencia, el Tribunal de Primera Instancia debe comprobar si la decisión impugnada contiene
         un examen apropiado de los elementos de hecho y de Derecho sometidos a la apreciación de la Comisión en el marco del procedimiento
         administrativo. A este respecto, el control jurisdiccional de los actos de la Comisión que implican valoraciones económicas
         complejas, como en el caso de que se alegue la existencia de infracciones a los artículos 81 CE y 82 CE, debe limitarse a
         comprobar si se han cumplido las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la
         falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder.
      
      (véase el apartado 30)
      4.     Para justificar la aplicación de las normas sobre competencia a un acuerdo relativo a productos comprados en Estados Unidos
         para venderse en la Comunidad, debe poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos
         objetivos de hecho o de Derecho, que dicho acuerdo puede ejercer una influencia no insignificante sobre la competencia en
         la Comunidad y el comercio entre Estados miembros. El mero hecho de que un comportamiento produzca determinados efectos, cualesquiera
         que sean, en la economía de la Comunidad no constituye en sí un vínculo suficientemente estrecho para que pueda fundarse en
         él la competencia comunitaria. Para que pueda tenerse en cuenta, es preciso que dicho efecto sea sustancial, es decir, apreciable
         y no insignificante.
      
      (véase el apartado 167)
      5.     Un eventual retraso excesivo en dar curso a una denuncia por infracción de las normas comunitarias sobre competencia no puede,
         en principio, afectar al propio contenido de la decisión final adoptada por la Comisión. En efecto, salvo en situaciones excepcionales,
         este retraso no puede modificar los elementos sustanciales que, dependiendo de los casos, acreditan la existencia o no de
         una infracción de las normas sobre la competencia o que justifican que la Comisión no inicie una investigación. La duración
         de la instrucción de la denuncia no perjudica, en principio, al denunciante cuando aquélla se desestima.
      
      (véase el apartado 193)
      6.     La observancia por la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen fin a procedimientos administrativos
         en materia de política de competencia constituye una aplicación del principio de buena administración. El carácter razonable
         de la duración de este procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular,
         del contexto de éste, de las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, de la complejidad del asunto
         y de su trascendencia para las diferentes partes interesadas.
      
      (véase el apartado 195)
      7.     La Comisión, en la motivación de las decisiones que haya de tomar para garantizar la aplicación de las normas sobre competencia,
         no está obligada a definir una posición sobre todas las alegaciones que los interesados aduzcan en apoyo de su petición, sino
         que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en el sistema de
         la decisión.
      
      (véase el apartado 199)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      de 27 de septiembre de 2006 (*)
      
      «Competencia – Artículo 81 CE – Artículo 82 CE – Distribución de piezas de repuesto – Importaciones paralelas – Denuncia – Decisión desestimatoria»
      En el asunto T‑204/03,
      Haladjian Frères SA, con domicilio social en Sorgues (Francia), representada por Me  N. Coutrelis, abogada,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. A. Whelan y la Sra. O. Beynet, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Waelbroeck, abogado,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Caterpillar, Inc., con domicilio social en Peoria, Illinois (Estados Unidos),
      
      Caterpillar Group Services SA, con domicilio social en Charleroi (Bélgica), 
      
      representadas inicialmente por el Sr. N. Levy, Solicitor, y la Sra. S. Kingston, Barrister, y posteriormente por el Sr. Levy
         y el Sr. T. Graf, abogado,
      
      partes coadyuvantes,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 1 de abril de 2003, por la que se desestima
         la denuncia presentada por Haladjian Frères SA contra Caterpillar, Inc., relativa a presuntas infracciones de los artículos
         81 CE y 82 CE,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera), 
      
      integrado por el Sr. R. García-Valdecasas, Presidente, y el Sr. J.D. Cooke y la Sra. V. Trstenjak, Jueces;
      Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de marzo de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Hechos que originaron el recurso
      A.      Sociedades de que se trata
      1       La demandante, autora de la denuncia, es una empresa francesa que importa y comercializa en Europa y África piezas de repuesto
         para maquinaria de construcción. Sus principales fuentes de abastecimiento se encuentran en la Unión Europea y en Estados
         Unidos. 
      
      2       La sociedad contra la que se presentó la denuncia, Caterpillar, Inc., es una empresa americana que fabrica y vende maquinaria
         de construcción junto con sus correspondientes repuestos. La comercialización de estos productos en Europa y África se efectúa
         por mediación de una filial suiza denominada Caterpillar Overseas. En 1990, Caterpillar Overseas creó una filial belga denominada
         Caterpillar Export Services (CES), con el fin de gestionar y controlar las exportaciones de piezas de repuesto fabricadas
         por Caterpillar de una zona geográfica a otra.
      
      B.      Procedimientos administrativos
      1.      Procedimiento incoado por la Comisión contra Caterpillar
      3       En 1963, Caterpillar notificó a la Comisión el acuerdo estándar de distribución de sus productos en Europa. Esta notificación
         fue actualizada varias veces, en particular en 1983 y en 1992. Con anterioridad a la presentación de la denuncia de Haladjian
         en octubre de 1993, y desde 1990, otros revendedores de piezas de repuesto habían presentado denuncias contra Caterpillar.
         
      
      4       A raíz de tales denuncias, la Comisión había dirigido el 12 de mayo de 1993 a Caterpillar un pliego de cargos (en lo sucesivo,
         «pliego de cargos»), en el que se reprochaba a esta empresa que impusiese una comisión de servicio para las ventas fuera del
         territorio asignado, que aplicase precios discriminatorios y que prohibiese la venta a revendedores cuando se pusiera de manifiesto
         que éstos tenían la intención de exportar. 
      
      5       El 27 de agosto de 1993, Caterpillar se posicionó frente al pliego de cargos negando todas las infracciones denunciadas. 
      2.      Procedimiento incoado a raíz de la denuncia de Haladjian
      6       El 18 de octubre de 1993, la demandante presentó a la Comisión una solicitud con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17
         del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13,
         p. 204; EE 08/01, p. 22), en relación con presuntas infracciones de dichas disposiciones cometidas por Caterpillar (en lo
         sucesivo, «denuncia»). 
      
      7       El 25 de enero de 1994, Caterpillar presentó observaciones sobre la denuncia.
      8       El 23 de mayo de 1994, Haladjian presentó sus comentarios sobre dichas observaciones y sobre la respuesta de Caterpillar al
         pliego de cargos. 
      
      9       En el marco de su investigación, la Comisión inspeccionó el 6 y el 7 de julio de 1995 a varios distribuidores europeos de
         Caterpillar. Asimismo, en septiembre de 1995, y luego en febrero de 1996, la Comisión envió diversas solicitudes de información
         a los distribuidores europeos de Caterpillar, recibiéndose las últimas respuestas en abril de 1996.
      
      10     Haladjian dirigió igualmente a la Comisión varios escritos para transmitirle nuevos documentos. En particular, el 11 de agosto
         de 2000, transmitió a la Comisión una nota recapitulativa en la que recopilaba todos los elementos de su denuncia incorporados
         al expediente.
      
      11     El 19 de julio de 2001, la Comisión dirigió a la demandante un escrito con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2842/98
         de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los
         artículos [81] y [82] del Tratado CE (DO L 354, p. 18), en el que le anunciaba su intención de desestimar la denuncia (en
         lo sucesivo, «escrito basado en el artículo 6»). 
      
      12     El 22 de octubre de 2001, la demandante transmitió a la Comisión sus observaciones sobre el escrito basado en el artículo 6.
      13     Mediante decisión de 1 de abril de 2003, la Comisión desestimó formalmente la denuncia (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
      14     Mediante escrito de 8 de mayo de 2003, la Comisión indicó a Caterpillar que, tras haber analizado su respuesta al pliego de
         cargos y la información recopilada con posterioridad, había decidido retirar dichos cargos y archivar el asunto.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      15     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de junio de 2003, la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      16     Mediante escrito de 2 de octubre, completado el 16 de octubre de 2003, Caterpillar y Caterpillar Group Services solicitaron
         intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión. 
      
      17     Mediante auto de 5 de diciembre de 2003 del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia, se admitió la
         intervención de Caterpillar y Caterpillar Group Services en apoyo de las pretensiones de la Comisión y se aceptó la solicitud
         de confidencialidad.
      
      18     Caterpillar y Caterpillar Group Services (en lo sucesivo, «Caterpillar») presentaron un escrito de formalización de la intervención
         el 2 de febrero de 2004. El 22 y el 20 de abril de 2004, la demandante y la Comisión presentaron sus observaciones sobre el
         escrito de formalización de la intervención. 
      
      19     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió abrir la fase oral del procedimiento
         y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se instó a la Comisión a que indicase cómo había concluido
         el procedimiento incoado contra Caterpillar a raíz del pliego de cargos. Mediante escrito de 8 de marzo de 2006, registrado
         en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de marzo de 2006, la Comisión respondió a esta pregunta del Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      20     En la vista de 28 de marzo de 2006 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia. 
      
      21     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la decisión impugnada.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      –       Condene a las coadyuvantes a soportar sus propias costas junto con las costas de la demandante correspondientes a la intervención.
      22     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas a la demandante.
      23     Las coadyuvantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene a la demandante al pago de las costas en que hayan incurrido.
       Fundamentos de Derecho 
      A.      Observaciones preliminares sobre el alcance de las obligaciones de la Comisión en el marco de la instrucción de una denuncia
            por infracción de los artículos 81 CE y 82 CE
      24     Con carácter preliminar, las partes principales exponen las obligaciones que incumben a la Comisión en el marco de la instrucción
         de una denuncia, efectúan un análisis del nivel de prueba y de motivación que debería exigirse a dicha institución en tal
         contexto y debaten sobre el alcance del control del Tribunal de Primera Instancia en la hipótesis de un recurso contra una
         decisión desestimatoria de una denuncia.
      
      25     El Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que la decisión impugnada, tras un análisis de la aplicabilidad
         del artículo 81 CE, apartado 1, y de la aplicabilidad del artículo 82 CE, llega a la conclusión de que las pruebas aportadas
         por Haladjian durante el procedimiento administrativo, en particular, en respuesta al escrito basado en el artículo 6, «no
         permiten admitir a trámite [la denuncia]» y, en consecuencia, la desestima. Es preciso recordar, dentro de este contexto,
         cuáles son los derechos del denunciante y las obligaciones de la Comisión en caso de desestimación de una denuncia por la
         que se alegue la existencia de infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      26     El denunciante tiene derecho a ser informado de los motivos de la desestimación de su denuncia prevista por la Comisión y
         a comentarlos antes de que dicha institución adopte una decisión en tal sentido. En efecto, los Reglamentos nos 17 y 2842/98, aplicables en el caso de autos, confieren derechos procesales a las personas que hayan presentado una denuncia
         ante la Comisión en virtud del artículo 3 del Reglamento nº 17. Entre estos derechos figuran los previstos en el artículo
         6 del Reglamento nº 2842/98, a cuyo tenor la Comisión, cuando considere que, sobre la base de la información de que dispone,
         no hay razones suficientes para admitir a trámite la denuncia, deberá comunicar sus motivos al denunciante y fijar una fecha
         antes de la cual el denunciante pueda formular sus observaciones escritas. 
      
      27     Por lo tanto, ni el Reglamento nº 17 ni el Reglamento nº 2842/98 contienen disposiciones expresas sobre el curso que debe
         darse, en cuanto al fondo, a una denuncia ni sobre las eventuales obligaciones de investigar de la Comisión en lo que se refiere
         a la instrucción de dicha denuncia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión,
         T‑24/90, Rec. p. II‑2223, apartado 72). Sobre este punto, debe señalarse que la Comisión no está obligada a iniciar procedimientos
         que tengan como objeto probar posibles violaciones del Derecho comunitario (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 14 de febrero de 1989, Star Fruit/Comisión, 247/87, Rec. pp. 291 y ss., especialmente p. 301) y que, entre
         los derechos conferidos a los denunciantes por los Reglamentos nos  17 y 2842/98, no figura el de obtener una decisión definitiva sobre la existencia o inexistencia de la infracción alegada
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1979, GEMA/Comisión, 125/78, Rec. p. 3173, apartados 17 y 18).
      
      28     Basándose en estos principios, la jurisprudencia ha reconocido que si la Comisión no tiene la obligación de pronunciarse sobre
         si existe o no una infracción, no puede verse obligada a llevar a cabo una investigación, que no podría tener más objeto que
         recabar los elementos de prueba de la existencia o inexistencia de una infracción que no está obligada a declarar (sentencia
         Automec/Comisión, antes citada, apartado 76). Además, aunque dicha investigación se haya llevado a cabo, ninguna disposición
         de Derecho derivado confiere al denunciante el derecho a obligar a la Comisión a continuar el procedimiento hasta la fase
         de la decisión final por la que se declara la existencia o inexistencia de la infracción alegada (sentencia del Tribunal de
         Justicia de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, apartado 35). La existencia de la facultad discrecional
         que se reconoce a la Comisión en el marco del examen de las denuncias no depende, en efecto, de que la instrucción de un asunto
         se encuentre en un estado más o menos avanzado (sentencia IECC/Comisión, antes citada, apartado 37).
      
      29     En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que, cuando la Comisión decide tramitar una denuncia, debe
         hacerlo, salvo motivación debidamente detallada, con el cuidado, la seriedad y la diligencia necesarios, con el fin de poder
         apreciar con pleno conocimiento de causa los elementos de hecho y de Derecho sometidos a su apreciación por los denunciantes
         (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1993, Asia Motor France y otros/Comisión, T‑7/92, Rec. p. II‑669,
         apartado 36, y de 21 de marzo de 2001, Métropole Télévision/Comisión, T‑206/99, Rec. p. II‑1057, apartado 59).
      
      30     El Tribunal de Primera Instancia debe comprobar a la luz de estas consideraciones si la decisión impugnada, que desestima
         la denuncia, contiene un examen apropiado de los elementos de hecho y de Derecho sometidos a la apreciación de la Comisión
         en el marco del procedimiento administrativo. A este respecto, ha de recordarse que el control jurisdiccional de los actos
         de la Comisión que implican valoraciones económicas complejas, como en el caso de que se alegue la existencia de infracciones
         a los artículos 81 CE y 82 CE, debe limitarse a comprobar si se han cumplido las normas de procedimiento y de motivación,
         así como la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión, 142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 62,
         y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, apartados 23 y 25; sentencia Asia Motor France y otros/Comisión,
         antes citada, apartado 33).
      
      B.      Exposición general del «sistema CES», de las imputaciones de Haladjian y de la decisión impugnada
      31     La denuncia de Haladjian va dirigida contra las modificaciones que introdujo Caterpillar en su sistema de comercialización
         de piezas de repuesto a partir de 1982 con el fin de reducir en Europa las importaciones paralelas desde Estados Unidos. 
      
      1.      Descripción del sistema CES
      32     A efectos de la comercialización de sus productos, Caterpillar dividió el mundo en distintas zonas geográficas, entre ellas
         Estados Unidos, la zona CE/AELC y África, y encomendó la comercialización de su maquinaria de construcción junto con las correspondientes
         piezas de repuesto a 181 distribuidores independientes, que operan en 160 países. Los distribuidores de Caterpillar en la
         zona CE/AELC no gozan de exclusividad para la venta en el territorio que se les asigna. Así, Caterpillar tiene dos distribuidores
         en Italia (uno de los cuales es Maia), dos distribuidores en el Reino Unido (uno de los cuales es Leverton) y uno sólo en
         Francia (Bergerat).
      
      33     Caterpillar no impone precios de venta a sus distribuidores. Cada uno de ellos tiene libertad para fijar sus precios en función
         del precio de compra, de las fluctuaciones de los tipos de cambio, de los costes de comercialización y de las condiciones
         de competencia locales. Según la información recopilada durante el procedimiento administrativo, los precios de los distribuidores
         americanos son inferiores a los precios de los distribuidores europeos, que a su vez son inferiores a los precios de los distribuidores
         africanos. Los precios de los distribuidores europeos varían también considerablemente de un país a otro. 
      
      34     Hasta 1982, Caterpillar no imponía ninguna restricción al abastecimiento de piezas de repuesto de una zona geográfica a otra.
         El abastecimiento dentro de una misma zona geográfica (como la zona CE/AELC) también seguía siendo enteramente libre tanto
         para los revendedores de piezas de repuesto como para los usuarios de dichas piezas. Sin embargo, en 1982, Caterpillar observó
         que varios revendedores aprovechaban las diferencias de precio entre zonas geográficas para efectuar cuantiosas importaciones
         de una zona a otra. Según Caterpillar, tales transferencias ponían en peligro la rentabilidad de sus distribuidores, que habían
         efectuado importantes inversiones para responder a las exigencias de una distribución eficaz y competitiva de la maquinaria
         de construcción. 
      
      35     A partir de 1982, Caterpillar decidió restringir las ventas de piezas de repuesto de una zona geográfica a otra (en lo sucesivo,
         «ventas interzonas»). Así, mediante escrito de 24 de septiembre de 1982, indicó a sus distribuidores americanos que sus piezas
         de repuesto no podían venderse a un revendedor que las exportase a partir de ese país. Asimismo, mediante escrito de 15 de
         diciembre de 1982, Caterpillar indicó a sus distribuidores europeos que dichas piezas no podían venderse a un revendedor para
         ser exportadas fuera de Estados Unidos o de la zona CE/AELC. 
      
      36     Como tales consignas no se respetaban, Caterpillar informó a sus distribuidores de todo el mundo, mediante escrito de 2 de
         febrero de 1990, de la constitución de Caterpillar Export Services (CES), con el fin de gestionar y controlar las ventas interzonas
         (en lo sucesivo, «sistema CES»). Caterpillar transmitió también a sus distribuidores una lista, periódicamente actualizada,
         de revendedores que efectuaban ventas interzonas para despertar su atención e incitarles a comprobar el destino de las piezas
         que se encargaban (en lo sucesivo, «lista de revendedores interzonas»). Según la decisión impugnada, este procedimiento de
         comprobación del destino de las piezas de repuesto es enteramente discrecional para el distribuidor. 
      
      37     En aplicación del sistema CES, las piezas de repuesto fabricadas por Caterpillar se venden con arreglo a los principios que
         siguen. 
      
      38     En primer lugar, el usuario final puede comprar libremente piezas de repuesto de Caterpillar en cualquier lugar de Europa
         o de otras zonas geográficas. 
      
      39     En segundo lugar, el revendedor europeo puede comprar piezas de repuesto para su reventa en los países de la zona CE/AELC
         a cualquier distribuidor de esos países. Se supone que, de esta manera, puede constituir stocks. El sistema CES no se aplica
         al revendedor europeo que compra en un país de la zona CE/AELC para revender en otro país de dicha zona. 
      
      40     En tercer lugar, el revendedor europeo que se aprovisiona en Estados Unidos para vender en la zona CE/AELC siempre puede comprar
         piezas de repuesto a los distribuidores americanos de Caterpillar, pero debe observar un procedimiento específico que consta
         de dos aspectos esenciales. Por una parte, el revendedor europeo debe declarar a CES para qué cliente europeo compra las piezas,
         con el fin de obtener un código de cliente. Por otra parte, el distribuidor americano debe declarar a Caterpillar que cursa
         un pedido de piezas presentado por un revendedor europeo con vistas a su exportación a la zona CE/AELC. Caterpillar factura
         entonces a dicho distribuidor un precio que supera aproximadamente en un 10 % al facturado normalmente por las piezas destinadas
         al mercado americano (en lo sucesivo, «precio aplicado a los distribuidores americanos»). Para Caterpillar, este incremento
         de precio se justifica por la voluntad de transferir una parte del beneficio generado por dicha operación al distribuidor
         situado en Europa, sobre el que recae la carga del servicio postventa de la máquina de construcción de que se trate. El distribuidor
         americano sigue siendo libre, no obstante, de aplicar el precio que desee al revendedor europeo. 
      
      41     Idéntico procedimiento se aplica en caso de que el revendedor europeo quiera comprar en Europa para revender en África. 
      2.      Exposición de las imputaciones de Haladjian
      42     En la denuncia, completada especialmente por la nota recapitulativa de 11 de agosto de 2000, Haladjian alega que las prácticas
         denunciadas constituyen infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE. En su opinión, el sistema CES es, en sí, un acuerdo entre
         empresas en el sentido del artículo 81 CE y sus reglas de aplicación, en especial para con Haladjian, pueden restringir la
         competencia dentro de la Comunidad. Haladjian alega así que Caterpillar prohíbe a sus distribuidores las ventas interzonas
         –por ejemplo, las exportaciones de piezas de repuesto desde Estados Unidos a la zona CE/AELC– así como las ventas a revendedores
         de piezas de repuesto establecidos en otros países dentro de la zona CE/AELC (en lo sucesivo, «ventas intracomunitarias»)
         –por ejemplo, desde Italia a Francia. 
      
      43     Por lo que se refiere a las ventas interzonas, Haladjian considera que la limitación de sus compras de piezas de repuesto
         en Estados Unidos únicamente a las piezas para las que ha recibido efectivamente mandato por parte de un cliente europeo le
         impide abastecer satisfactoriamente el mercado europeo, privándola de la posibilidad de disponer de un stock de piezas de
         repuesto suficiente, y falsea de este modo el juego de la competencia. Haladjan sostiene asimismo que el incremento del 10 %
         del precio aplicado a los distribuidores americanos en caso de ventas destinadas a la exportación constituye una restricción
         de la competencia que afecta al comercio entre los Estados miembros.
      
      44     Por lo que se refiere a las ventas intracomunitarias, Haladjian sostiene que Caterpillar y sus distribuidores europeos prohíben
         cualquier importación paralela entre Estados miembros de la Comunidad, lo que atenta contra la competencia y afecta a los
         intercambios.
      
      3.      Decisión impugnada y recurso de Haladjian
      45     Tras haber descrito el sistema CES y expuesto los resultados de la investigación llevada a cabo para comprobar el fundamento
         de las alegaciones de Haladjan, la decisión impugnada precisa por qué motivos la Comisión considera que los elementos recopilados
         no permiten dar curso favorable a la denuncia. La apreciación jurídica de la Comisión distingue las ventas interzonas, realizadas
         en el marco del sistema CES, de las ventas intracomunitarias. 
      
      46     En el marco del examen de la «aplicabilidad del artículo [81 CE, apartado 1], a los acuerdos y prácticas concertadas relativas
         a [las ventas interzonas]», la decisión impugnada señala que el sistema CES no aísla al mercado comunitario, puesto que no
         prohíbe de hecho o de Derecho la competencia de piezas importadas a precios inferiores a los precios europeos. La decisión
         indica a ese respecto, por una parte, que en la zona CE/AELC, los revendedores europeos pueden abastecerse, libremente y sin
         limitación alguna, de los distribuidores situados en dicha zona y, por otra parte, que tales revendedores siempre pueden abastecerse
         en Estados Unidos dentro del marco del sistema CES (decisión impugnada, punto 7.2, párrafo cuarto).
      
      47     Bien es cierto que la decisión impugnada señala que esa fuente de abastecimiento está sometida a la obligación de declarar
         quiénes son los usuarios finales de las piezas, pero dicha obligación no puede restringir de forma apreciable el comercio
         entre Estados Unidos y Europa ni afectar a la competencia intracomunitaria, como lo atestigua el hecho de que las importaciones
         procedentes de Estados Unidos siguen siendo posibles y rentables, de que, por consiguiente, el mercado europeo no está compartimentado
         y de que Haladjian sigue valiéndose en la práctica de esa fuente alternativa (decisión impugnada, punto 7.2, párrafo cuarto,
         y punto 7.2, conclusión, primer guión).
      
      48     Asimismo, la decisión impugnada señala que la diferencia del 10 % entre los precios aplicados a los distribuidores americanos
         y los aplicables en caso de venta interzonas es de escasa importancia en comparación con la diferencia entre los precios americanos
         y europeos de las piezas de repuesto y neutra en lo que se refiere a la competencia entre revendedores en el mercado europeo.
         Por consiguiente, según la decisión impugnada, el efecto que puede tener este incremento del precio sobre la competencia entre
         los revendedores que importan de Estados Unidos y los distribuidores oficiales en los países CE/AELC es mínimo (decisión impugnada,
         punto 7.2, párrafo cuarto, y punto 7.2, conclusión, primer guión).
      
      49     En el marco del examen de la «aplicabilidad del artículo [81 CE, apartado 1] a las [ventas intracomunitarias]», la decisión
         impugnada indica que el sistema CES no contiene ninguna restricción de competencia, habida cuenta del objeto de la denuncia.
         Según la decisión, el sistema CES se refiere únicamente a las ventas interzonas y no pone en entredicho la libertad de compra
         y venta dentro de la zona CE/AELC. Los usuarios finales y los revendedores europeos pueden comprar libremente piezas de repuesto
         a cualquier distribuidor autorizado por Caterpillar establecido en la zona CE/AELC, con tal de que las piezas compradas por
         los revendedores estén destinadas a los mercados de los países situados en dicha zona (decisión impugnada, punto 7.1).
      
      50     La demandante invoca, en lo sustancial, tres motivos para fundamentar su recurso. El primer motivo se basa en la existencia
         de errores manifiestos de apreciación de los hechos y de errores de Derecho en lo que se refiere a la aplicabilidad del artículo
         81 CE, apartado 1, al sistema CES. El segundo motivo se basa en la existencia de errores de Derecho en lo que se refiere a
         la aplicabilidad del artículo 82 CE al sistema CES. El tercer motivo se basa en la infracción de las normas de procedimiento
         y la vulneración de los derechos del denunciante.
      
      C.      Sobre el primer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación de los hechos y de errores de Derecho
            en lo que se refiere a la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1 
      51     La demandante alega que la decisión impugnada adolece de múltiples errores manifiestos de apreciación de los hechos sometidos
         a la consideración de la Comisión en el marco del procedimiento administrativo, que condujeron a errores de Derecho relativos
         a la apreciación y calificación de los acuerdos y prácticas controvertidos desde el punto de vista del artículo 81 CE. 
      
      1.      Sobre las imputaciones relativas al sistema CES
      52     La demandante sostiene, en primer lugar, que la decisión impugnada adolece de un error por cuanto en ella no se declara que
         el sistema CES crea, en sí mismo, obstáculos al comercio entre Estados miembros debido al incremento del precio aplicado a
         los distribuidores americanos en caso de ventas interzonas y a la limitación de los pedidos de los revendedores europeos a
         Estados Unidos únicamente a las piezas para cuya compra han recibido efectivamente mandato de un cliente europeo. Haladjian
         expone, seguidamente, tres imputaciones puntuales relativas a la lista de los revendedores interzonas, al control del destino
         de las compras interzonas y al retraso en la atribución de los códigos destinados a identificar las transacciones realizadas
         en el marco del sistema CES (en lo sucesivo, «códigos CES»).
      
      a)      Sobre la repercusión de la restricción de las ventas interzonas
       Alegaciones de las partes
      53     La demandante alega que el carácter global del sistema CES y la restricción que impone a las ventas interzonas son indisociables
         de su aspecto intracomunitario, cuyas repercusiones deben apreciarse de forma concreta y no abstracta. Por lo tanto, según
         ella, no puede afirmarse que el sistema CES no tiene repercusiones apreciables sobre la competencia en la Comunidad sin realizar
         análisis alguno del mercado correspondiente en la decisión impugnada. Asimismo, señala, la apreciación de que las importaciones
         a Europa procedentes de Estados Unidos siguen siendo posibles y rentables, lo que permite que el mercado europeo no quede
         compartimentado (véase la decisión impugnada, punto 7.2, p. 25, primer guión), no es pertinente para concluir que no existe
         ninguna restricción de la competencia en el sentido del artículo 81 CE.
      
      54     A este respecto, la demandante subraya que la decisión impugnada no saca conclusión alguna del hecho de que los distintos
         mercados geográficos estén rigurosamente compartimentados, como lo demuestra el que los revendedores no puedan comprar de
         forma independiente en Estados Unidos, a diferencia de los usuarios finales, el que ella misma –única fuente de abastecimiento
         alternativa que subsiste en la Comunidad– no pueda constituir stocks procedentes de Estados Unidos y el que su cuota de mercado
         en Francia haya disminuido considerablemente. Dicha cuota de mercado pasó del 30 % en 1982 al 20 % en 1993 y a menos del 10 %
         en 2003, en beneficio de Bergerat, el distribuidor de Caterpillar en Francia, lo que según ella es netamente superior al umbral
         de sensibilidad establecido por la jurisprudencia para determinar la aplicación del Derecho comunitario (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 21 de octubre de 2003, General Motors Nederland y Opel Nederland/Comisión, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, apartado
         153). La demandante afirma que dicha disminución es suficiente para demostrar la existencia de una restricción de la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE. A la vista de la evolución de esa cuota de mercado, es indiferente, según ella, que el número
         de usuarios finales para los que Haladjian compra en Estados Unidos dentro del marco del sistema CES haya aumentado entre
         2001 y 2003. Además, la demandante defiende que debería examinarse el conjunto del mercado y no sólo la situación del denunciante.
         En su opinión, en la situación actual, para el usuario final europeo que busque un vendedor capaz de conseguirle rápidamente
         piezas en stock, las compras efectuadas en Estados Unidos en el marco del sistema CES no constituyen una fuente alternativa
         de abastecimiento efectiva.
      
      55     La demandante alega asimismo que el incremento del precio aplicado a los distribuidores americanos en caso de exportación
         a Europa no tiene como única repercusión el encarecimiento del 10 %, dado que el precio efectivamente facturado puede ser
         inferior al precio aplicado a los distribuidores americanos, debido a los descuentos que Caterpillar concede habitualmente
         a sus distribuidores. Ahora bien, según Haladjian, se desprende de diversos documentos que presentó a la Comisión que Caterpillar
         no concede los descuentos habituales a los distribuidores que venden para la exportación [véanse el escrito de Caterpillar
         a los distribuidores americanos de 2 de febrero de 1990 y el escrito dirigido por Caterpillar a los distribuidores minoristas
         («sub-dealers») de 28 de junio de 1993]. El coste adicional para el distribuidor americano, y, consiguientemente, para el
         revendedor europeo y su cliente puede, por tanto, ser muy superior al que se indica en la decisión impugnada.
      
      56     La Comisión y Caterpillar señalan que las importaciones desde Estados Unidos siguen siendo posibles y rentables y que Haladjian
         sigue siendo una fuente alternativa de abastecimiento para los usuarios europeos. Por lo tanto, según ellas, las dificultades
         identificadas por Haladjian no pueden constituir una restricción de la competencia en el sentido definido por el artículo
         81 CE, apartado 1, especialmente a la luz de los criterios expuestos por la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril
         de 1998, Javico (C‑306/96, Rec. p. I‑1983), apartados 16 y 25, a cuyo tenor la influencia de las supuestas restricciones de
         la competencia en las corrientes de intercambios entre Estados miembros no debe ser insignificante, sino sensible. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      57     Con carácter preliminar, procede señalar que el sistema CES prohíbe las ventas interzonas, a menos que respondan a la solicitud
         efectiva de un usuario que confiera mandato a un revendedor para hacer de intermediario, en cuyo caso la solicitud debe efectuarse
         por la vía del sistema CES. A este respecto, resulta indiscutido que los revendedores europeos, como Haladjian, ya no pueden
         comprar por cuenta propia piezas de repuesto fabricadas por Caterpillar en Estados Unidos, en particular con la finalidad
         de constituir stocks capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes europeos, como podía ocurrir antes de la implantación
         del sistema CES. Además, en el caso de venta interzonas, el precio aplicado a los distribuidores americanos se incrementa
         en aproximadamente un 10 %, aunque el distribuidor situado en Estados Unidos sigue siendo libre de aplicar el precio que desee
         al revendedor europeo. 
      
      58     En esas circunstancias, tales limitaciones de las ventas interzonas fueron examinadas por la Comisión con motivo de los procedimientos
         administrativos iniciados contra Caterpillar y a raíz de la denuncia de Haladjian. En ese marco, Caterpillar indicó que el
         coste real de adquisición de una máquina de construcción se dividía por partes iguales entre el precio de compra de la máquina,
         por un lado, y el coste de las piezas de repuesto y del mantenimiento, por otro lado. En la práctica, es la venta de las piezas
         de repuesto, más que la de la maquinaria, la que permite a los distribuidores afrontar los costes derivados de la implantación
         de la red de distribución. En tales condiciones, Caterpillar quiso instaurar un sistema que permitiese atender mejor los intereses
         de los distribuidores, que han de asumir obligaciones que no soportan los revendedores, pues éstos intervienen como importadores
         paralelos de piezas de repuesto sin tener que asumir los costes derivados de la distribución de la maquinaria de construcción.
         Según Caterpillar, este sistema responde a los intereses de sus clientes, que deben poder disponer de una buena red de distribución
         para asegurarse del mantenimiento y la reparación de sus máquinas. En la vista, Caterpillar precisó que ése era un elemento
         decisivo de su política comercial y que confiaba en la calidad de su red para competir con los demás fabricantes de maquinaria
         de construcción. 
      
      59     La situación de Haladjian y de los demás revendedores independientes debe apreciarse dentro de este contexto. En efecto, Haladjian
         no puede limitarse a reivindicar el mantenimiento de la ventajosa situación de que gozaba antes de 1982, cuando podía abastecerse
         sin restricciones en Estados Unidos, puesto que precisamente esa situación podía atentar contra la integridad y la calidad
         de la red mundial de distribución de Caterpillar y constituye el motivo por el que se implantó el sistema CES. Sobre este
         punto, es importante destacar –como hace la decisión impugnada– que Haladjian sigue teniendo la posibilidad de abastecerse
         en Estados Unidos, con tal de que respete, no obstante, las reglas del sistema CES. Esta posibilidad residual de abastecimiento
         es del todo pertinente, en la medida en que permite a Caterpillar responder a las expectativas de algunos de sus clientes,
         que desean disponer de una fuente de abastecimiento de piezas de repuesto distinta a la ofrecida por un distribuidor local.
         
      
      60     A este respecto, se desprende de los autos que Haladjian sigue dando muestras de un cierto dinamismo en lo que se refiere
         a las importaciones paralelas desde Estados Unidos a la zona CE/AELC, puesto que el número total de usuarios finales respecto
         a los que está registrada en CES para ventas interzonas aumentó en un 20 % entre 2001 y 2003 y puesto que, durante ese período,
         sus compras en Estados Unidos por mediación del sistema CES aumentaron casi en un 40 %. Al hacerlo, Haladjian se ha adaptado
         a las nuevas reglas instauradas por el sistema CES y, suponiendo que sea cierta, su condición de única fuente alternativa
         de abastecimiento que subsiste en la Comunidad ha podido permitirle ampliar sus actividades de Francia a otros Estados miembros.
         
      
      61     Por lo que se refiere a la alegación basada en la disminución de su cuota de mercado en Francia, procede señalar que no está
         basada en datos suficientemente probatorios, puesto que se apoya en una comparación entre el volumen de negocios total de
         Bergerat, que vende otros productos además de los de Caterpillar y ofrece más servicios que Haladjian, y el volumen de negocios
         de Haladjian y puesto que la cuota de mercado inicial de Haladjian en 1982 («aproximadamente un tercio del mercado») está
         calculada partiendo de una estimación informal de Bergerat realizada en 1979 y comunicada indirectamente a Haladjian en una
         nota transmitida por un distribuidor canadiense el 19 de octubre de 1981.
      
      62     Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que el incremento de precio aplicado por Caterpillar a su distribuidor
         americano en caso de exportación a Europa no tiene como única repercusión el encarecimiento en un 10 % del precio aplicado
         a los distribuidores americanos, dado que el precio efectivamente facturado a un cliente de un distribuidor americano puede
         ser inferior a dicho precio debido a los descuentos que Caterpillar concede al distribuidor, procede señalar que –como se
         indica en la decisión impugnada (punto 5.1, párrafo tercero)– Caterpillar no interviene en la fijación del precio de venta
         final aplicado por sus distribuidores americanos en las ventas interzonas. En cualquier caso, la demandante no ha probado
         su afirmación de que Caterpillar no concede los descuentos habituales a sus distribuidores por el solo hecho de que la venta
         sea para la exportación, ni ha demostrado que, como consecuencia del sistema CES, las significativas diferencias de precio
         entre Estados Unidos y la zona CE/AELC hayan quedado neutralizadas hasta el punto de hacer que tales exportaciones resulten
         sustancialmente menos interesantes desde una perspectiva comercial, circunstancia aún menos acreditada si se tiene en cuenta
         que los distribuidores americanos siguen siendo libres de ofrecer descuentos con cargo a su propio margen. En particular,
         los dos escritos citados por la demandante en relación con este punto no tienen valor probatorio, dado que el primero, el
         escrito de Caterpillar a los distribuidores americanos de 2 de febrero de 1990, no hace referencia a la cuestión de los descuentos
         y el segundo, el escrito de Caterpillar a los distribuidores minoristas de 28 de junio de 1993, se refiere a minoristas cuya
         misión es abastecer localmente a los clientes de Caterpillar y no realizar ventas a la exportación.
      
      63     Se desprende de lo anterior que la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que las pruebas aportadas
         por la demandante para demostrar el carácter restrictivo de las ventas interzonas no tenían suficiente valor probatorio.
      
      64     Las demás alegaciones puntuales expuestas por la demandante no pueden desvirtuar esta conclusión.
      b)      Sobre la imputación relativa a la lista de los revendedores interzonas
      65     La demandante sostiene que, si bien es cierto que la lista de los revendedores interzonas no contempla oficialmente a los
         revendedores que se dedican al comercio intracomunitario, no es menos cierto que, en realidad, los revendedores que se dedican
         o podrían dedicarse al comercio intracomunitario se encuentran necesariamente en dicha «lista negra». Según ella, la distinción
         entre revendedor europeo, que opera de un Estado miembro a otro, y revendedor interzonas, incluido en el sistema CES, es,
         pues, puramente teórica y el sistema CES conlleva, en sí, un elemento restrictivo de la competencia para los revendedores
         europeos que efectúan ventas intracomunitarias, puesto que dicha lista permite a los distribuidores de Caterpillar identificarlos
         por el solo hecho de su designación como revendedores interzonas.
      
      66     El Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que, al afirmar que todos los revendedores intracomunitarios son asimismo
         revendedores interzonas inscritos en la correspondiente lista, la demandante no expone por qué tal observación pone de manifiesto
         una restricción de las ventas intracomunitarias o de las ventas interzonas. Así pues, la demandante no explica de qué manera
         este hecho –suponiendo que sea cierto– ha podido impedirle abastecerse en Estados Unidos en el marco del sistema CES o mermar
         sus posibilidades de abastecimiento en Europa. A este respecto, procede señalar que, a tenor de la decisión impugnada, la
         lista de los revendedores interzonas únicamente sirve para informar a los distribuidores de Caterpillar de que el revendedor
         que se presenta como adquirente de piezas con destino local podría en realidad tener la intención de utilizar dichas piezas
         para comerciar interzonas contraviniendo el sistema CES.
      
      67     De cuanto precede resulta que debe desestimarse la imputación de la demandante relativa a la lista de los revendedores interzonas.
         
      
      c)      Sobre la imputación relativa al control del destino de las ventas interzonas
      68     La demandante niega la afirmación vertida en la decisión impugnada de que al revendedor europeo incluido en la lista de los
         revendedores interzonas no se le niega la posibilidad de comprar piezas, si bien el distribuidor puede discrecionalmente someterle
         al trámite de comprobación del destino de los productos adquiridos para su venta en la zona CE/AELC (decisión impugnada, punto
         5.3, segundo guión, párrafo quinto). Según ella, la supuesta discrecionalidad concedida a los distribuidores constituye, en
         realidad, una obligación que les impone Caterpillar. La demandante señala, en efecto, que como los distribuidores deben observar
         las reglas del sistema CES para las ventas interzonas, esa observancia pasa necesariamente por el control efectivo del destino
         de las piezas de repuesto vendidas a los revendedores europeos que figuran en la lista de los revendedores interzonas. Así
         pues, poco importa que Haladjian no haya alegado haber sido sometida por un distribuidor europeo al procedimiento de verificación
         del destino de los productos adquiridos para su venta en la zona CE/AELC. En efecto, si dicho distribuidor sabe que el destino
         del producto es la zona CE/AELC, no está obligado a efectuar comprobación alguna en aplicación del sistema CES. Además, puesto
         que Haladjian está establecida en Francia, donde los precios son altos, sus compras en los demás Estados miembros para revender
         en Francia corresponden necesariamente a ventas intracomunitarias y exigirle que pruebe haber sido sometida dentro de la Comunidad
         a un procedimiento de comprobación del destino de los productos adquiridos no tiene ningún sentido. Por lo demás, la demandante
         recuerda que el escrito del Sr. A. a Schmidt de 11 de septiembre de 1990 demuestra que las importaciones de Haladjian en los
         puertos de El Havre y Marsella eran controladas por el distribuidor francés Bergerat.
      
      69     El Tribunal de Primera Instancia pone de manifiesto que la afirmación de la demandante según la cual el control del destino
         de las ventas interzonas era en realidad una imposición de Caterpillar y no se dejaba a discreción del distribuidor de que
         se tratase no puede bastar para demostrar que la decisión impugnada es errónea en ese punto. En efecto, del escrito de Caterpillar
         de 13 de diciembre de 1990, que expone el contenido del sistema CES a los distribuidores de la zona CE/AELC, se desprende
         que es responsabilidad del distribuidor determinar si las piezas que vende a un revendedor situado en la zona CE/AELC tienen
         como destino dicha zona u otra zona geográfica. Dicho control es, pues, discrecional para el distribuidor, que lo lleva a
         cabo si lo considera necesario. En caso de duda, corresponde al distribuidor preguntar al revendedor el destino de las piezas
         que compra. Si la reventa se efectúa fuera de la zona de que se trata, la venta está sometida al sistema CES; si no es así,
         no requiere mayores formalidades. En la hipótesis de una venta realizada por un distribuidor de la zona CE/AELC a un revendedor
         de esa misma zona, dicho control puede eventualmente justificarse si ese distribuidor considera que el destino de las piezas
         podría ser África, en cuyo caso se trataría de una venta interzonas. Así pues, no obra en autos documento alguno que demuestre
         que Caterpillar impone a sus distribuidores que verifiquen sistemáticamente el destino de los productos vendidos.
      
      70     Por otra parte, la referencia que hace la demandante al escrito del Sr. A. a Schmidt de 11 de septiembre de 1990, según el
         cual el distribuidor francés Bergerat vigila las importaciones de Haladjian procedentes de Estados Unidos en los puertos de
         El Havre y Marsella, no permite de modo alguno demostrar que dicha vigilancia la exigiesen Caterpillar y el sistema CES. En
         efecto, dicho documento se inscribe en un contexto particular, en el que Bergerat y Caterpillar intentaban identificar las
         fuentes de abastecimiento de Haladjian, que seguía abasteciéndose desde Estados Unidos fuera del sistema CES.
      
      71     En cualquier caso, debe destacarse que la demandante no discute la apreciación contenida en la decisión impugnada según la
         cual no ha afirmado ni, a fortiori, ha demostrado haber sido objeto de tal control del destino de las piezas de repuesto compradas a un distribuidor de la zona
         CE/AELC. Por lo tanto, no puede defender partiendo de esta base que el sistema CES obstaculiza las ventas intracomunitarias.
         
      
      72     De las anteriores consideraciones se desprende que la imputación de la demandante relativa al control del destino de las ventas
         interzonas debe desestimarse. 
      
      d)      Sobre la imputación relativa al retraso en la atribución de los códigos CES
      73     La demandante expone que en ocasiones Caterpillar le atribuía los códigos CES con retraso, pese a que tales códigos eran necesarios
         para satisfacer los pedidos de sus clientes en Estados Unidos. Según la demandante, estos retrasos deben tenerse en cuenta
         para apreciar el carácter contrario a la competencia del sistema CES. A este respecto, la demandante aduce que el razonamiento
         expuesto en el punto 5.4 de la decisión impugnada para rechazar sus alegaciones no tiene en cuenta las pruebas presentadas
         en el marco del procedimiento administrativo. Así, según Haladjian, la Comisión cuestiona determinados aspectos de un cuadro
         que adjuntó a sus observaciones sobre el escrito basado en el artículo 6, como la falta de ejemplos que permitan acreditar
         su veracidad y el hecho de que el punto de partida adoptado para calcular el plazo de atribución del código no sea la fecha
         de transmisión de dicha petición a CES en Bélgica, sino la fecha de transmisión de la solicitud a Estados Unidos, pese a que
         otros documentos demuestran que la propia Caterpillar reconoce la realidad de los retrasos controvertidos.
      
      74     El Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que la demandante no ha aportado en el marco del procedimiento administrativo
         documento, prueba, ni aun indicio de prueba alguno que demuestre que los retrasos en la atribución de los códigos CES, que
         se produjeron en ocasiones a partir de la implantación del sistema CES, están relacionados con la deliberada voluntad de Caterpillar
         de dificultarle el funcionamiento del sistema CES. 
      
      75     De la correspondencia intercambiada entre Caterpillar y Haladjian mediante escritos de 21 y 28 de mayo de 1993 se desprende,
         en efecto, que Caterpillar indicó a Haladjian que la atribución de los códigos CES se basaba en la obtención de una serie
         de datos necesarios para la tramitación de los pedidos, que en aquel momento no figuraban en las órdenes de pedido transmitidas
         por Haladjian. 
      
      76     Asimismo, tras la queja formulada por Haladjian el 7 de marzo de 2000, según la cual se habían producido retrasos en la atribución
         de los códigos durante el año 1999 y a principios del año 2000, Caterpillar respondió mediante escrito de 31 de marzo de 2000
         que nunca se había bloqueado la atribución de los códigos y que tales retrasos obedecían a las dificultades que CES había
         experimentado para ponerse en contacto con quienes habían conferido mandato a Haladjian para cursar un pedido a Estados Unidos
         y que, para vencer esas dificultades, CES había decidido flexibilizar su sistema comprobando algunos de esos mandatos al azar,
         y ya no la totalidad, como hacía anteriormente. 
      
      77     De lo anterior se desprende que debe desestimarse la imputación de la demandante relativa al retraso en la atribución de los
         códigos CES. 
      
      78     Por consiguiente, deben desestimarse la totalidad de las imputaciones de la demandante relativas al carácter intrínsecamente
         contrario a la competencia del sistema CES.
      
      2.      Sobre las imputaciones relativas al escrito de 15 de diciembre de 1982 de Caterpillar a sus distribuidores europeos
      79     La demandante afirma que la decisión impugnada se basa, en el marco de la exposición de las modificaciones introducidas en
         el sistema de comercialización de los productos de Caterpillar a partir de 1982 (punto 5.2) y del examen de la aplicabilidad
         del artículo 81 CE, apartado 1, a los acuerdos y prácticas litigiosas dentro de la zona CE/AELC (punto 7.1), en una versión
         errónea del escrito de 15 de diciembre de 1982 de Caterpillar a sus distribuidores europeos. En efecto, según la versión que
         se cita en la decisión impugnada, Caterpillar pedía a sus distribuidores en Europa que no vendiesen piezas de repuesto a revendedores
         que deseasen exportarlas fuera de Estados Unidos o de los países de la zona CE/AELC. Ahora bien, según la demandante, la única
         versión de dicho escrito que debe tomarse en consideración es la que Leverton, uno de los distribuidores establecidos en el
         Reino Unido, remitió a Haladjian, de la que se desprende que la prohibición de vender fuera del territorio asignado sólo afectaba
         a Estados Unidos y no a los países de la zona CE/AELC, como –según ella– se indica erróneamente en la decisión impugnada.
      
      80     La demandante alega asimismo que la decisión impugnada se adoptó infringiendo el artículo 6 del Reglamento nº 2842/98, a cuyo
         tenor debe haberse dado al denunciante la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los motivos por los que se tiene
         la intención de desestimar su denuncia, dado que la versión del escrito de 15 de diciembre de 1982 en que se basa la decisión
         no es la que figuraba como anexo del escrito basado en el artículo 6 y dado que la Comisión no indicó al demandante qué interpretación
         y alcance iba a dar a dicho documento en la decisión final (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión,
         107/82, Rec. p. 3151, apartados 26 y 27).
      
      81     La Comisión, apoyada por Caterpillar, se opone a este análisis.
      82     El Tribunal de Primera Instancia observa, en primer término, que no existen dos versiones del escrito de 15 de diciembre de
         1982, como afirma la demandante, sino dos escritos diferentes, con la misma fecha, que Caterpillar dirigió a dos destinatarios
         distintos. A ese respecto, procede señalar que el contenido del escrito mencionado en la decisión impugnada corresponde efectivamente
         al del escrito de 15 de diciembre de 1982 dirigido por Caterpillar a sus distribuidores de la zona CE/AELC (anexo 46 de la
         demanda, p. 1034). Por lo tanto, la decisión impugnada no es errónea en ese punto. Por otra parte, en cuanto al escrito de
         15 de diciembre de 1982 invocado por la demandante, debe señalarse que dicho escrito corresponde en realidad a uno del mismo
         día dirigido por Caterpillar a distribuidores que no tienen como territorio asignado áreas geográficas comprendidas dentro
         de la zona CE/AELC (anexo 46 de la demanda, p. 1038, véase también el anexo 1 del escrito de formalización de la intervención).
         Por lo tanto, la Comisión no tenía por qué tomar en consideración dicho escrito para examinar la aplicabilidad del artículo
         81 CE, apartado 1, a los acuerdos y prácticas litigiosas dentro de la zona CE/AELC.
      
      83     Por lo demás, debe señalarse que el sistema CES no se instauró hasta 1990, y se hizo para corregir el incumplimiento de las
         consignas dirigidas a los distribuidores de Caterpillar en 1982. Por lo tanto, Caterpillar no estuvo realmente en condiciones
         de gestionar y controlar las exportaciones de piezas de repuesto de una zona geográfica a otra hasta 1990. A este respecto,
         se desprende de los autos que, mediante escrito de 13 de diciembre de 1990 dirigido a todos sus distribuidores en la Comunidad
         a raíz de la negativa del distribuidor alemán Zeppelin a vender a un revendedor belga, Caterpillar recordó expresamente que
         el sistema CES no se aplicaba a los revendedores que venden a usuarios situados dentro de la zona CE/AELC. Por lo tanto, dicho
         documento permite efectivamente a la Comisión considerar que en el caso de autos no existen instrucciones escritas de Caterpillar
         a sus distribuidores europeos solicitándoles que no vendan a revendedores que deseen comprar en un país de la zona CE/AELC
         para revender en otro país de dicha zona, como se indica en los puntos 6.1 y 7.1 de la decisión impugnada.
      
      84     Además, la demandante no puede alegar la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 2842/98, dado que los dos escritos de
         15 de diciembre de 1982 se le comunicaron en el marco del procedimiento administrativo como documentos adjuntos a las observaciones
         de Caterpillar sobre la denuncia de 9 de febrero de 1994 y ella los comentó en sus observaciones sobre el escrito basado en
         el artículo 6, llamando la atención de la Comisión sobre lo que ella creía que era la versión correcta del escrito de 15 de
         diciembre de 1982 que debía tomarse en consideración a efectos de la apreciación de los acuerdos y prácticas controvertidos
         dentro de la zona CE/AELC. La demandante no puede, por lo tanto, reprochar a la Comisión que expusiese el contenido del escrito
         efectivamente dirigido por Caterpillar a sus distribuidores de la zona CE/AELC y que sacase de él las conclusiones oportunas.
      
      85     De lo anterior se desprende que deben desestimarse las imputaciones de la demandante relativas al escrito de 15 de diciembre
         de 1982 dirigido por Caterpillar a sus distribuidores europeos.
      
      3.      Sobre las imputaciones basadas en los documentos relativos a Bergerat y en las ofertas hechas por Bergerat a clientes de Haladjian
      a)      Sobre la imputación basada en el escrito de 19 de julio de 1990 de Caterpillar a Bergerat
       Decisión impugnada
      86     Al exponer los resultados de la investigación relativa a la relación entre Caterpillar y su distribuidor francés Bergerat,
         la decisión impugnada revela en el punto 6.2 el contenido de un intercambio de correspondencia entre ambas empresas. Se trata,
         por una parte, del escrito de 10 de julio de 1990, dirigido por Bergerat a Caterpillar para quejarse de la presión competitiva
         ejercida en su territorio por las importaciones de piezas de repuesto procedentes de Estados Unidos y solicitar que se le
         informe de los resultados de la implantación del sistema CES en Estados Unidos y, por otra parte, del escrito de 19 de julio
         de 1990, que Caterpillar dirige en respuesta a Bergerat, para informarle de que el sistema CES logrará su objetivo cuando
         las fuentes de abastecimiento de los revendedores de piezas de repuesto de marca Caterpillar comiencen a agotarse y, posteriormente,
         se agoten completamente. Este escrito de 19 de julio de 1990 indica asimismo que los objetivos del sistema CES consisten en
         poner coto a las actividades de los revendedores tratando al mismo tiempo de optimizar las posibilidades de venta adicionales
         y de no perder ningún contrato importante que afecte a las piezas de repuesto originales fabricadas por Caterpillar (decisión
         impugnada, punto 6.2, p. 11).
      
      87     Según la decisión impugnada, tales documentos confirman la política de Caterpillar encaminada a controlar, mediante el sistema
         CES, las ventas interzonas y a impedir que tales ventas se realicen fuera de dicho sistema. En apoyo de esta tesis, la decisión
         impugnada indica que si bien el escrito de Caterpillar de 19 de julio de 1990 parece preconizar una política comercial dirigida
         a poner término a las actividades de los revendedores, dicho escrito –leído dentro de su contexto– únicamente se refiere en
         realidad a las importaciones de los revendedores procedentes de Estados Unidos efectuadas fuera del sistema CES. Corroboran
         esta interpretación, según la decisión impugnada, el hecho de que dicho escrito responde al de Bergerat de 10 de julio de
         1990, en el que esta sociedad había suscitado el problema de la aplicación estricta del sistema CES a las exportaciones desde
         Estados Unidos y el hecho de que «no existe prueba alguna de la aplicación de una política dirigida a detener la importación
         de piezas por los revendedores desde Estados Unidos a Europa» (decisión impugnada, punto 6.2, p. 12).
      
       Alegaciones de las partes
      88     La demandante alega que del escrito de 19 de julio de 1990 de Caterpillar a Bergerat resulta expresamente que la finalidad
         del sistema CES consiste en agotar completamente las fuentes de abastecimiento de los revendedores de piezas de repuesto originales
         fabricadas por Caterpillar en Estados Unidos. Afirma que la decisión impugnada se equivoca, por lo tanto, al afirmar que dicho
         documento no pone de manifiesto la existencia de tentativas de aislar la zona CE/AELC de otras zonas geográficas. Para llegar
         a esta conclusión, la decisión aduce que el escrito de 19 de julio de 1990 sólo se refiere a las actividades de los revendedores
         efectuadas «fuera del sistema CES». Ahora bien, para la demandante, dicha interpretación se opone al texto de dicho escrito
         y a la estructura del sistema CES, que se basa en la idea de que los revendedores no tienen derecho a hacer comercio interzonas,
         derecho del que únicamente gozan los usuarios finales. Según la demandante, los revendedores a los que va dirigida la prohibición
         de exportación mencionada en el escrito de 19 de julio de 1990 son efectivamente todos los revendedores, y no únicamente los
         revendedores que intervienen fuera del sistema CES.
      
      89     La Comisión, apoyada por Caterpillar, alega que tales críticas ignoran el propio texto del escrito de 19 de julio de 1990,
         que intenta asegurarse de que todas las partes, y en particular los revendedores, respeten el sistema CES, que permite a Haladjian
         hacer pedidos a Estados Unidos por cuenta de sus clientes.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      90     El Tribunal de Primera Instancia observa que las críticas formuladas por la demandante contra la interpretación del contenido
         del escrito de Caterpillar de 19 de julio de 1990 que se expone en la decisión impugnada no permiten en absoluto desvirtuar
         esa interpretación. En efecto, la decisión impugnada señala acertadamente que la expresión «stopping resellers’ activities»
         (poner término a las actividades de los revendedores), que figura en el escrito de Caterpillar Overseas de 19 de julio de
         1990 y que, en sí misma, podría indicar la voluntad de Caterpillar de eliminar a los revendedores, debe necesariamente leerse
         en su contexto, es decir, a la vista del escrito de Bergerat de 10 de julio de 1990, en el que ésta había suscitado el problema
         de la aplicación estricta del sistema CES a las exportaciones efectuadas desde Estados Unidos. En ese contexto, las «actividades
         de los revendedores» cuyo cese desea Caterpillar pueden efectivamente interpretarse como aquellas a las que el sistema CES
         pretende poner coto, a saber las importaciones realizadas por revendedores desde Estados Unidos a Europa que no son encauzadas
         por el sistema CES. Son estas fuentes de abastecimiento las que el sistema CES pretende agotar y no las que, dentro del marco
         del sistema CES, permiten a un revendedor europeo abastecerse en Estados Unidos si actúa por cuenta de un usuario europeo,
         como intenta hacer valer la demandante sin otros elementos probatorios.
      
      91     De cuanto precede resulta que debe desestimarse la imputación de la demandante relativa al escrito de 19 de julio de 1990
         de Caterpillar a Bergerat.
      
      b)      Sobre las imputaciones relativas a las ofertas realizadas por Bergerat a clientes de Haladjian
       Decisión impugnada
      92     En el marco de la apreciación de la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1, a los acuerdos y prácticas litigiosas dentro
         de los países de la zona CE/AELC, la decisión impugnada pone de manifiesto que, durante el procedimiento administrativo, Haladjian
         aportó varios documentos relativos a ofertas comerciales presentadas en junio de 1993 por el distribuidor francés Bergerat
         a algunos de sus clientes. Según Haladjian, tales ofertas contenían «cláusulas restrictivas de la competencia, puesto que
         ofrecían descuentos especiales por incremento de las ventas», es decir descuentos cuantitativos y «otras propuestas, como
         el bloqueo de precios durante dos años». La decisión impugnada indica, por el contrario, que «el hecho de que Bergerat intente,
         mediante la información que circula a través del sistema CES, conocer los nombres de los clientes de Haladjian y movilizarse
         para captarlos no constituye una restricción de la competencia» [decisión impugnada, punto 7.1, letra b), p. 21, párrafo primero].
      
       Alegaciones de las partes
      93     La demandante afirma que la decisión impugnada es errónea por cuanto se refiere a las ofertas hechas por Bergerat a sus clientes
         sin conceder importancia al hecho de que Bergerat pudiese beneficiarse de la «información que circula a través del sistema
         CES». Al hacerlo, la Comisión parece aceptar que el sistema CES permita a los distribuidores estar al corriente de las actividades
         de los revendedores. Pues bien, la demandante subraya que los documentos aportados durante el procedimiento administrativo
         muestran que Bergerat dispone del nombre de los clientes de Haladjian desde el 14 de abril de 1993, es decir, un día después
         de haber indicado a Caterpillar su intención de actuar por cuenta de dichos clientes en el marco del sistema CES. Añade que
         la Comisión no tiene en cuenta que un representante de Bergerat fue a visitar a sus clientes acompañado de un representante
         de Caterpillar, lo que, según ella, demuestra la concertación entre ambas empresas. Además, la demandante destaca que se deduce
         de un escrito de 21 de septiembre de 1999, dirigido por Caterpillar a un revendedor griego, que el sistema CES implica, en
         sí mismo, que el distribuidor de los productos de Caterpillar del lugar de destino conozca la existencia de cualquier nuevo
         comprador que utilice el sistema CES y la identidad de sus clientes. Por lo tanto, según la demandante, la Comisión debería
         haber considerado prácticas concertadas prohibidas a la luz del artículo 81 CE todas las transmisiones a Bergerat de información
         sensible sobre las actividades de Haladjian, con el fin de reducir su presencia en el mercado o incluso eliminarla de éste
         como competidora. 
      
      94     Por otra parte, la demandante alega que la decisión impugnada se equivoca al calificar los descuentos ofrecidos por Bergerat
         a sus clientes de «descuentos cuantitativos» que no constituyen una restricción de la competencia. Dichos descuentos no son,
         según ella, proporcionales a las cantidades compradas sino que están en función del incremento de las compras y no se trata
         por lo tanto de descuentos cuantitativos (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión,
         322/81, Rec. p. 3461). Asimismo, señala, la decisión impugnada no tiene en cuenta la oferta de bloqueo de los precios durante
         dos años propuesta por Bergerat. Habida cuenta del contexto en que se inscriben tales descuentos, que van específicamente
         dirigidos a clientes de Haladjian que acaban de manifestar su interés por mantener una fuente de abastecimiento alternativa
         en Estados Unidos designándola como intermediaria, y en el mismo momento en que Haladjian, único competidor de Bergerat en
         el mercado francés, padecía una rigurosa delimitación de sus posibilidades de acción, resulta manifiesto, según la demandante,
         que el objetivo de tales ofertas de precios era restringir la competencia en el mercado de que se trata eliminando a Haladjian.
      
      95     La Comisión sostiene que no hay nada que permita afirmar que las ofertas de Bergerat no fuesen legítimas o que fuesen resultado
         de información obtenida en el marco del sistema CES, dado que los clientes de Haladjian podían igualmente ser clientes de
         Bergerat. Además, según la Comisión, Haladjian tampoco ha probado que el sistema CES implique necesariamente una transmisión
         de los datos relativos a los clientes que confieren mandato a un revendedor. 
      
      96     Caterpillar indica, por su parte, que es política de CES no facilitar a los distribuidores el nombre de los consumidores finales
         que importan en su territorio.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      97     La alegación de Haladjian según la cual su competidor, el distribuidor francés Bergerat, se valió de las informaciones que
         ella había comunicado a Caterpillar –a saber, el nombre de los clientes que le habían encomendado la compra de piezas de repuesto
         a distribuidores americanos por medio del sistema CES– para entrar en contacto con sus clientes e incitarles a comprar a Bergerat
         en lugar de a ella podría revelar la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, si estuviese respaldada
         por pruebas suficientes para satisfacer los requisitos legales enunciados en dicha disposición. Es dentro de ese contexto,
         es decir, a la vista de los elementos que obran en autos, como debe analizarse la afirmación –sucinta, ciertamente– de la
         decisión impugnada según la cual «el hecho de que Bergerat intente, mediante la información que circula a través del sistema
         CES, conocer los nombres de los clientes de Haladjian y movilizarse para captarlos no constituye una restricción de la competencia».
      
      98     Ahora bien, por lo que respecta a los documentos relativos a Bergerat a que alude la demandante, su examen únicamente permite
         considerar probado que un representante de dicha empresa se presentó ante uno de los clientes de Haladjian en el marco del
         sistema CES, acompañado por un representante de Caterpillar (fax de Bergerat a [B.] de 14 de abril de 1993; anexo 32 de la
         demanda, p. 766), y que, a raíz de dicha visita, ese cliente recibió de Bergerat una oferta comercial que incluía «un descuento
         adicional del 10 % sobre el incremento de las compras de piezas de repuesto, exceptuadas las exportaciones, efectuadas entre
         el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1993» y la congelación de los precios de las piezas de repuesto durante los años 1993
         y 1994 (escrito de Bergerat a [B.] de 30 de junio de 1993; anexo 32 de la demanda, p. 768). Tales documentos indican asimismo
         que Bergerat asumió idénticos compromisos frente a otro cliente de Haladjian a raíz de las visitas efectuadas a esa empresa
         (escrito de Bergerat a [G.] de 30 de junio de 1993; anexo 32 de la demanda, p. 772).
      
      99     Dichos documentos no bastan, en cambio, para demostrar que Bergerat fuese informada del nombre de los clientes de Haladjian
         por mediación del sistema CES. A este respecto, debe señalarse que, en respuesta a una pregunta formulada en la vista sobre
         este extremo, la demandante indicó al Tribunal de Primera Instancia que el documento de CES fechado el 25 de mayo de de 1993
         (anexo 32 de la demanda, p. 767), en el que figura el nombre de algunos clientes por cuya cuenta interviene en Estados Unidos
         en el marco del sistema CES –y, en particular, el nombre de los dos clientes antes citados que recibieron una oferta comercial
         de Bergerat–, era un documento que le había dirigido Caterpillar y que no podía acreditar que le hubiese sido igualmente comunicado
         a Bergerat o que Bergerat hubiese tenido conocimiento de él por medio de Caterpillar. Además, debe tenerse en cuenta el hecho
         de que todos los que son clientes de Haladjian a efectos de la adquisición de piezas de repuesto fabricadas por Caterpillar
         son necesariamente clientes de Caterpillar por haber comprado la máquina de construcción a la que corresponden dichas piezas.
         Por lo tanto, resulta explicable que un representante de Caterpillar se presente ante los usuarios de maquinaria de construcción
         para interesarse por sus necesidades en materia de piezas de repuesto. En consecuencia, las gestiones comerciales efectuadas
         por Bergerat con los clientes de Haladjian, a veces en presencia de un representante de Caterpillar, pueden considerarse una
         iniciativa comercial de Bergerat dirigida a la totalidad de sus clientes compradores de material de la marca Caterpillar,
         que pueden ser igualmente clientes de Haladjian, sin que ello implique una restricción de la competencia con arreglo al artículo
         81 CE.
      
      100   En cuanto al escrito de 21 de septiembre de 1999 dirigido por Caterpillar a un revendedor griego, su contenido contradice,
         asimismo, la afirmación de la demandante. En efecto, dicho escrito, que expone los principios del sistema CES, indica expresamente
         que, dentro de ese marco, los revendedores europeos pueden ser abastecidos por cualquier distribuidor autorizado por Caterpillar
         y precisa que si el revendedor decide ser abastecido por CES en Bélgica, CES solicitará entonces al distribuidor del lugar
         de destino del producto permiso para actuar en su nombre. Esta solicitud no implica, sin embargo, que CES comunique a ese
         distribuidor la identidad del cliente por cuya cuenta actúa el revendedor.
      
      101   Así pues, ningún documento sustenta la afirmación de la demandante de que Bergerat –o cualquier otro distribuidor de la zona
         CE/AELC– puede tener acceso, por mediación del sistema CES, al nombre de los clientes de Haladjian a efectos de ventas interzonas.
         
      
      102   Por otra parte, por lo que respecta a las imputaciones de la demandante relativas al carácter erróneo de la decisión impugnada
         por no haber examinado los descuentos y ofertas de bloqueo de precios propuestos por Bergerat a dos de sus clientes, pese
         a que tales ofertas comerciales tenían por objeto eliminar a Haladjian del mercado de que se trata, procede señalar que estas
         alegaciones, que se refieren a infracciones del artículo 82 CE y no del artículo 81 CE, no tenían por qué ser examinadas por
         la Comisión en el marco del examen de la denuncia de Haladjian, que iba dirigida contra Caterpillar y no contra Bergerat.
         A este respecto, la demandante no ha probado que se produjese la menor concertación entre Caterpillar y Bergerat en lo que
         respecta a estas ofertas comerciales.
      
      103   Se desprende de lo anterior que deben desestimarse las imputaciones de la demandante relativas a las ofertas hechas por Bergerat
         a clientes de Haladjian.
      
      4.      Sobre las imputaciones basadas en los documentos relativos a Leverton 
      a)      Decisión impugnada
      104   Por lo que se refiere a los documentos relativos a Leverton, uno de los distribuidores de Caterpillar establecidos en el Reino
         Unido, que Haladjian presentó para demostrar que dicho distribuidor le ofrecía precios prohibitivos, la Decisión impugnada
         señala en el punto 6.4 que la tarifa que Leverton propuso a Haladjian en su escrito de 21 de abril de 1993 correspondía al
         precio ofrecido a los usuarios del Reino Unido. Así pues, la decisión llega a la conclusión de que si dicha tarifa es prohibitiva
         para Haladjian, también lo es para los usuarios del Reino Unido. 
      
      b)      Alegaciones de las partes
      105   La demandante alega que la decisión impugnada omite en este punto recordar que en 1983 Leverton anunció que iba a tener que
         dejar de abastecer a Haladjian, y señalar que la oferta hecha por Leverton el 21 de abril de 1993 según la tarifa nacional
         es idéntica a la que en ese mismo momento hizo Maia a Haladjian, instigada por Caterpillar. Por otra parte, señala que la
         afirmación de que «si esa tarifa es prohibitiva para Haladjian, también lo es para los usuarios [del Reino Unido]», es errónea,
         dado que la magnitud de los pedidos cursados por los revendedores para el comercio intracomunitario permitía obtener precios
         calculados por referencia al «Consumer price» (también llamado por Maia «tarifa internacional») antes de la implantación del
         sistema CES y que tales precios eran inferiores a las tarifas nacionales aplicadas por los distribuidores europeos en sus
         respectivos territorios. 
      
      106   La Comisión, apoyada por Caterpillar, rebate este análisis.
      c)      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      107   El Tribunal de Primera Instancia observa que ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante pone en evidencia un
         error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión. 
      
      108   Por lo que se refiere a la omisión de la negativa de Leverton a vender a Haladjian en marzo de 1983, el examen del documento
         en cuestión (anexo 5 de la demanda, p. 380) únicamente permite confirmar que Leverton suspendió los pedidos de Haladjian en
         espera de discusiones relativas a la puesta en práctica del sistema de comercialización de los productos de Caterpillar, que
         acababa de instaurarse. En cualquier caso, dicho documento es anterior a la implantación del sistema CES. 
      
      109   Por lo que respecta a la omisión en la decisión impugnada de la oferta que hizo Maia a Haladjian en ese mismo momento, debe
         señalarse que la decisión examina dicha oferta al analizar los documentos relativos a Maia. Por consiguiente, dicho examen
         no tenía por qué reproducirse al examinar los documentos relativos a Leverton. Además, la oferta de Maia hace referencia a
         la tarifa italiana y no a la tarifa vigente en el Reino Unido e incluye un descuento del 10 %. Sus términos no son, por tanto,
         idénticos a los de la oferta de Leverton. Por otra parte, la demandante no expone en qué medida tales ofertas pueden ser prueba
         de una concertación entre Caterpillar y sus distribuidores inglés e italiano contra ella. 
      
      110   Por lo que se refiere a la crítica formulada por la demandante contra la afirmación de la decisión impugnada según la cual
         «si [la] tarifa [vigente en el Reino Unido] es prohibitiva para Haladjian, también lo es para los usuarios [del Reino Unido]»
         –crítica que se basa en la alegación de que la magnitud de los pedidos cursados por los revendedores en concepto de ventas
         intracomunitarias permitía obtener precios inferiores a las tarifas nacionales antes de la implantación del sistema CES–,
         basta señalar que tales críticas carecen de repercusión sobre la decisión impugnada. En efecto, la decisión impugnada señala
         que el distribuidor sigue siendo libre en cuanto al precio propuesto al revendedor, pudiendo así proponer el precio nacional
         o cualquier otro precio que considere oportuno. A este respecto, la demandante no demuestra por qué razón el precio propuesto
         en el caso de autos por Leverton era discriminatorio para con ella.
      
      111   De lo anterior se desprende que las imputaciones de la demandante basadas en los documentos relativos a Leverton deben ser
         desestimadas. 
      
      5.      Las imputaciones basadas en los documentos relativos a Maia
      112   La demandante alega que la decisión impugnada desvirtúa el contenido de los documentos relativos a Maia comunicados durante
         el procedimiento administrativo. En efecto, más que analizar dichos documentos como ilustración de lo que debe hacer un revendedor
         para eludir la prohibición de facto de llevar a cabo importaciones paralelas dentro de la Comunidad, la decisión los utiliza para explicar y justificar las prácticas
         de Caterpillar.
      
      a)      Los documentos relativos a la red Maia/ICBO/Schmidt
       Decisión impugnada [puntos 6.3 y 7.1, letra c)]
      113   Según la decisión impugnada, los documentos relativos a Maia aportados por Haladjian durante el procedimiento administrativo
         permiten demostrar que dicho distribuidor había implantado una red paralela de distribución que abastecía a Haladjian al margen
         del sistema CES. Los documentos relevantes a este respecto se enuncian en el punto 6.3 de la decisión impugnada. Se trata
         del escrito anónimo recibido por Caterpillar en febrero de 1990, en el que se informaba a ésta de que la sociedad italiana
         ICBO –cuyos accionistas son el Sr. A., un responsable de Maia, y la sociedad americana Schmidt– compraba piezas de repuesto
         a Maia por cuenta de Schmidt, que las destinaba a Haladjian; del fax de 13 de febrero de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt,
         anunciando a ésta que Caterpillar deseaba recibir explicaciones acerca de las ventas de Maia a ICBO, y del escrito de 21 de
         septiembre de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt para darle cuenta de la visita de Caterpillar y de la respuesta dada por
         Maia en relación con las ventas a ICBO.
      
      114   El contenido de dicho escrito de 21 de septiembre de 1990, reproducido en la decisión impugnada, es el siguiente: 
      «[…] Hemos recibido la visita de [representantes de Caterpillar France en Italia]. Nos han contado lo siguiente: en Francia,
         existe un competidor muy fuerte (Haladjian, tal como aparece escrito en la lista de revendedores) que, antiguamente, recibía
         muchos contenedores procedentes de Estados Unidos […] Los contenedores ya no llegan, pero sin embargo Haladjian sigue haciendo
         buenos negocios. ¿Cuál es/Dónde está la nueva fuente? [Bergerat] ha tenido noticia en Marsella de ciertos rumores relativos
         al tráfico de piezas originales CAT procedentes de Italia “gestionado” por la MAFIA italiana […] Hemos respondido como la
         última vez: conocemos a ICBO; venden equipos de segunda mano destinados a países africanos […] Muy educadamente, los representantes
         de Caterpillar han dicho que nos creían, pero que debemos ser muy prudentes porque al final su reacción podría ser [la resolución
         del contrato] […] Mi empresa está ahora muy preocupada. Creo que debemos discutir en persona esta cuestión porque la situación
         se está volviendo cada vez más peligrosa […]» (decisión impugnada, punto 6.3, párrafo cuarto).
      
      115   Según la decisión impugnada, tales documentos permiten demostrar el contexto en que se inscribe el pedido de Haladjian a Maia
         en 1993 (decisión impugnada, punto 6.3, p. 15, párrafo segundo). Según dicha decisión, se ponen de manifiesto, en particular,
         las circunstancias siguientes. En primer lugar, Maia, un distribuidor oficial de Caterpillar, utilizó ICBO como red paralela
         a su red oficial para comerciar con piezas de repuesto destinadas a países no europeos eludiendo el sistema CES e incumpliendo
         su contrato de distribución. En segundo lugar, ICBO y Schmidt obtuvieron de Maia piezas a precios distintos de la tarifa italiana
         fingiendo destinar tales piezas a Estados Unidos. Dichas piezas, en realidad, se destinaron a Haladjian para sus actividades
         comerciales en África y, quizás, al menos según las afirmaciones de Haladjian, en Francia. En tercer lugar, las ventas de
         Maia a Haladjian, efectuadas por mediación de ICBO y de Schmidt, se presentaron a Caterpillar como ventas de productos de
         segunda mano destinados a África. En cuarto lugar, en 1993, cuando se informó a Caterpillar de la actividad paralela ilícita
         de Maia, ésta decidió poner fin a su participación en la red que involucraba a ICBO, Schmidt y Haladjian. A este respecto,
         si bien el Sr. A. escribió a Schmidt que había recibido de su Director General la orden de evitar los contactos con Haladjian,
         parece que ello hacía referencia únicamente a sus actividades comerciales clandestinas. 
      
      116   La decisión impugnada señala que Haladjian no cuestiona dicho contexto. Según ella, Haladjian no prueba, en particular, a
         qué países iban destinadas las piezas que Maia le suministraba por mediación de ICBO y de Schmidt. Asimismo, la decisión impugnada
         observa que Haladjian no demuestra ni que intentase, antes del pedido que dirigió a Maia el 24 de febrero de 1993 (en lo sucesivo,
         «pedido de 24 de febrero de 1993»), comprar directamente piezas a Maia para destinarlas al mercado francés o a otro mercado
         de la zona CE/AELC, ni que Maia se negase a suministrarle dichas piezas, ni que –de existir controversia sobre los precios
         en ese supuesto– Caterpillar interviniese en los precios (decisión impugnada, punto 6.3, pp. 16 y 17). 
      
       Alegaciones de las partes
      117   La demandante alega que los tres documentos relativos a Maia y al año 1990 ponen claramente de manifiesto que el abastecimiento
         de Haladjian en Italia con destino a Francia fue objeto de restricciones por parte de Caterpillar y de algunos de sus distribuidores,
         contrariamente a lo que preconiza el sistema CES y a lo que indica la decisión impugnada.
      
      118   Por lo que se refiere al escrito anónimo dirigido a Caterpillar en febrero de 1990, la demandante observa que dicho documento
         indica expresamente que las mercancías compradas por ICBO en Italia, por mediación de Schmidt, se entregan en Marsella, siendo
         después recogidas y despachadas en la aduana por Haladjian. Esta precisión, que no figura en la decisión impugnada, demuestra
         claramente que las compras efectuadas por Haladjian por mediación de ICBO y Schmidt iban destinadas a Francia y no a África.
      
      119   En lo que respecta al fax de 13 de febrero de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt, la demandante observa que no se limita
         a anunciar que Maia iba a reunirse con Caterpillar para dar explicaciones sobre las ventas a ICBO. En dicho fax, el Sr. A.
         recababa igualmente la opinión del destinatario sobre un guión elaborado para la ocasión, que según la demandante hacía intervenir
         una venta puntual con destino a África en 1986. La demandante señala que dicho fax, leído en relación con el escrito anónimo,
         permite comprobar que Maia tergiversó los hechos expuestos a Caterpillar, pretextando ventas con destino a África –y por consiguiente
         en violación del sistema CES, que prohíbe a un distribuidor vender a un revendedor que exporta fuera de la zona–, en lugar
         de reconocer las ventas de Italia a Francia, como se desprende sin embargo del escrito anónimo. Ahora bien, dado que las ventas
         de Italia a Francia están absolutamente autorizadas –tanto según Caterpillar como según la Comisión–, la demandante expone
         que resulta difícil entender por qué ventas de Italia a Francia, inclusive mediante un intermediario como ICBO, fueron objeto
         de una denuncia anónima seguida de «explicaciones» a Caterpillar.
      
      120   En cuanto al escrito de 21 de septiembre de 1990 del Sr. A. a Schmidt relatando la visita a Maia de representantes de Caterpillar
         en Francia e Italia, la demandante subraya que dicho escrito indica, cuando alude a la situación de Haladjian, que este revendedor
         recibió en el pasado varios contenedores de Estados Unidos a través de los puertos de El Havre y de Marsella, «donde [Bergerat]
         tiene informadores». Las referencias que se hacen a Bergerat tanto en esa parte del escrito como en otras sirven para probar
         que Caterpillar actuaba en estrecha concertación con su distribuidor francés y demuestran, según ella, el papel de Bergerat
         en la vigilancia de Haladjian y en las acciones de Caterpillar para disuadir a Maia de abastecer a Haladjian. Dicho escrito
         debe asimismo confrontarse, según la demandante, con el escrito de 10 de julio de 1990 de Bergerat a Caterpillar, que insta
         a todos los intervinientes a respetar las reglas del juego.
      
      121   Por otra parte, la demandante critica la decisión impugnada en la medida en que afirma que las ventas efectuadas por mediación
         de ICBO servían para eludir el sistema CES permitiendo las compras con destino a África. Dicha afirmación se basa exclusivamente,
         según ella, en el fax de 13 de febrero de 1990, en el que el Sr. A. indicaba a Schmidt lo que iba a contar a Caterpillar para
         confundir las pistas relativas al abastecimiento de Haladjian en Marsella. La demandante alega que se trata de una explicación
         de simple apariencia, que no corresponde a los hechos aquí enjuiciados. Según ella, la decisión impugnada tiene en cuenta
         dicha carta, en la medida en que indica que cualquiera que sea la interpretación que haya de dársele, el hecho sigue siendo
         que Haladjan nunca demostró que las ventas de Maia por mediación de ICBO fuesen destinadas, en todo o en parte, a Francia
         (véase la decisión impugnada, punto 6.3, p. 17). Así pues, señala, la Comisión, incapaz de probar lo que afirma, considera
         que es Haladjian quien debe probar lo contrario. Pues bien, según ella, además de ser manifiestamente erróneo a la vista de
         los documentos antes citados, que demuestran claramente que tales ventas iban destinadas a Francia y no a África, dicho reproche
         constituye asimismo una violación de los derechos del denunciante, al que se acusa, por primera vez en la decisión impugnada,
         de no haber aportado pruebas sobre este punto, sin habérselas solicitado en diez años de procedimiento. La demandante añade
         que la Comisión no puede expresar dudas en cuanto al destino final de las piezas encargadas a Maia por mediación de ICBO y
         de Schmidt, dado que la mayor parte de las ventas de Haladjian se realiza en Francia.
      
      122   La Comisión rebate la argumentación de la demandante según la cual tales documentos demuestran que Maia intentaba ocultar
         a Caterpillar no ya una infracción del sistema CES –por las importaciones no declaradas a África–, sino una infracción de
         una norma no escrita que impedía a Maia vender a un revendedor europeo que comprase piezas destinadas a la zona CE/AELC. En
         efecto, según la Comisión, la demandante toma como punto de partida la existencia de restricciones que deben ocultarse sin
         aportar pruebas de ello, pese a que estaba en condiciones de demostrar el destino real de las piezas compradas a Maia por
         mediación de ICBO.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      123   La demandante niega sustancialmente la apreciación de la decisión impugnada según la cual los documentos relativos a Maia
         correspondientes al período que precedió al pedido de 24 de febrero de 1993 no permiten demostrar la existencia de restricciones
         al comercio intracomunitario en lo que se refiere a los revendedores europeos. A este respecto, la demandante no niega haber
         utilizado la red Maia/ICBO/Schmidt para abastecerse en Italia, pero alega que dicho abastecimiento iba destinado únicamente
         a realizar ventas intracomunitarias –de Italia a Francia–, con el fin de soslayar lo que según ella es una imposibilidad práctica
         de realizar tales ventas debido al comportamiento de Caterpillar y sus distribuidores, en particular Bergerat.
      
      124   No obstante, la decisión impugnada descarta esta tesis basándose en que ningún documento permite demostrar la existencia de
         tal prohibición de realizar ventas intracomunitarias. En particular, la decisión señala que Haladjian no demuestra que las
         piezas de repuesto obtenidas en Italia por mediación de ICBO tuviesen efectivamente como destino final Francia. Por lo tanto,
         el punto de partida de la tesis de la demandante no se ha probado. Asimismo, la decisión impugnada señala que, aun suponiendo
         que el destino final de dichas piezas de repuesto fuese efectivamente Francia, ello no demostraría que Caterpillar hubiese
         prohibido a sus distribuidores europeos vender piezas de repuesto a Haladjian (véase la decisión impugnada, punto 6.3, p. 16,
         párrafo tercero).
      
      125   Procede por lo tanto examinar los elementos pertinentes de los autos para determinar si la Comisión cometió un error manifiesto
         de apreciación al decidir desestimar por falta de pruebas las alegaciones de la demandante de que el destino de las piezas
         compradas a Maia por mediación de ICBO y de Schmidt era Francia, y de que en la práctica le resultaba imposible abastecerse
         directamente a través de Maia, debido a un supuesto acuerdo o práctica concertada entre Caterpillar y sus distribuidores europeos.
         
      
      126   Con carácter preliminar, procede subrayar que los documentos invocados por la demandante tienen una fuerza probatoria muy
         limitada debido a su naturaleza y a las circunstancias en las que se inscriben. Así pues, el primer documento relativo a las
         actividades de la red Maia/ICBO/Schmidt en 1990 es un escrito anónimo dirigido a Caterpillar en febrero de 1990. Los otros
         dos documentos citados por la demandante, a saber, el fax de 13 de febrero de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt y el escrito
         de 21 de septiembre de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt se inscriben en un contexto en el que Caterpillar se preguntaba,
         tras el escrito anónimo, si la conducta de su distribuidor italiano era leal y conforme con los términos del contrato de distribución.
         
      
      127   El examen de esos tres documentos proporciona las siguientes indicaciones. En primer lugar, el escrito anónimo dirigido a
         Caterpillar en febrero de 1990 indica que las piezas que ICBO vendió a Schmidt se entregaban en un almacén de Marsella, donde
         eran «recogidas y despachadas en la aduana por Haladjian». En segundo lugar, el fax de 13 de febrero de 1990 dirigido por
         el Sr. A. a Schmidt menciona una venta de 120 millones de liras italianas efectuada en 1986 por Maia a ICBO con vistas a la
         utilización de piezas de repuesto por empresarios italianos en Camerún y Gabón. En tercer lugar, el escrito de 21 de septiembre
         de 1990 dirigido por el Sr. A. a Schmidt indica, en primer lugar, que con ocasión de una visita de representantes de Caterpillar
         a Maia, Caterpillar indicó a Maia que sabía que Haladjian había recibido varios contenedores de piezas de repuesto en El Havre
         y en Marsella procedentes de Estados Unidos, que dichos contenedores ya no llegaban, sin que ello disminuyese las ventas de
         Haladjian, y que Caterpillar se preguntaba por lo tanto cuál podía ser la nueva fuente de abastecimiento de Haladjian. Dicho
         escrito expone, a continuación, la respuesta de Maia, que ya se había dado a Caterpillar, y de la que se desprende que Maia
         sabía –en cierto modo únicamente– que ICBO vendía piezas de repuesto de ocasión para su utilización en varios países africanos.
         
      
      128   Por lo tanto, a la lectura de estos tres documentos, la apreciación de la decisión impugnada, según la cual los documentos
         comunicados por Haladjian no permiten probar el destino final de las piezas adquiridas en Italia por Haladjian no es manifiestamente
         errónea. En efecto, la indicación, procedente de un escrito anónimo, de que las piezas que Haladjian compraba a Maia por mediación
         de ICBO y de Schmidt eran entregadas y despachadas en la aduana en Marsella, lo que autoriza a pensar que las piezas exportadas
         hacia Estados Unidos, donde se encontraba Schmidt, eran luego reexportadas a Francia donde se despachaban en la aduana, debe
         confrontarse con las indicaciones dadas por Maia a Caterpillar, que hacen alusión a ventas en África. Ciertos documentos permitían,
         por tanto, pensar que el destino final de determinadas piezas podía efectivamente ser África. Así pues, a falta de pruebas
         aportadas por Haladjian sobre el destino real de las piezas compradas a Maia por mediación de ICBO y de Schmidt, no puede
         reprocharse a la Comisión que considerase, en la decisión impugnada, que no había ninguna prueba de que el destino final de
         dichas piezas fuese efectivamente Francia.
      
      129   Además, y cualquiera que fuese el destino final de las piezas de que se trata, los documentos citados en la decisión impugnada
         y criticados por la demandante no demuestran que las ventas intracomunitarias no fuesen posibles a causa de Caterpillar. Resulta
         obligado observar, a este respecto, que la demandante no prueba la existencia del menor acuerdo o práctica concertada entre
         Caterpillar y sus distribuidores europeos en virtud de los cuales le resultara imposible comprar en Italia para vender en
         Francia, lo que constituye el núcleo de su tesis en el presente recurso.
      
      130   Por otra parte, la demandante no puede alegar que se vulneraron sus derechos como denunciante porque no tuvo oportunidad de
         presentar pruebas sobre el destino final de las piezas compradas a Maia por mediación de ICBO y de Schmidt durante el procedimiento
         administrativo, dado que la propia demandante alegó en sus observaciones sobre el escrito basado en el artículo 6 que el destino
         de dichas piezas era Francia, sin aportar no obstante pruebas en tal ocasión. La demandante no puede, por lo tanto, reprochar
         a la Comisión que desestime esa alegación por falta de pruebas. 
      
      131   De lo anterior se desprende que las imputaciones formuladas por la demandante acerca de los documentos relativos a la red
         Maia/ICBO/Schmidt, que Haladjian había utilizado para abastecerse antes del pedido de 24 de febrero de 1993, deben desestimarse.
      
      b)      Sobre los documentos relativos al pedido de 24 de febrero de 1993
       Decisión impugnada
      132   La decisión impugnada examina igualmente una segunda serie de documentos relativos al pedido de 24 de febrero de 1993 y a
         su tramitación por Maia e, incidentalmente, por Caterpillar. Los documentos pertinentes son los que siguen.
      
      133   Mediante escrito de 24 de febrero de 1993, Haladjian se dirigió a Maia, según la decisión impugnada, para indicarle que había
         sido autorizada por varios usuarios franceses, cuyas cartas se adjuntaban, a comprar piezas de repuesto fabricadas por Caterpillar;
         que había discutido el contenido de dichas cartas con Caterpillar, quien le había indicado que debía cursar un pedido a un
         distribuidor, y que, en consecuencia, estaba interesada en comprar piezas de repuesto al Consumer price en dólares estadounidenses
         (en lo sucesivo, «dólares») (decisión impugnada, punto 6.3, párrafo quinto).
      
      134   Tras un recordatorio de Haladjian de 30 de marzo de 1993, el 31 de marzo de 1993 Maia envió un fax a Caterpillar para informarse
         de la conducta que había que seguir y se puso asimismo en contacto telefónico con Caterpillar. Según una nota interna de Maia
         de 20 de abril de 1993, Caterpillar respondió que Maia debía dar una respuesta a Haladjian y que si estaba de acuerdo, podía
         ofrecer un precio según la tarifa italiana (decisión impugnada, punto 6.3, párrafo séptimo).
      
      135   Según la decisión impugnada, el pedido de 24 de febrero de 1993 tiene un carácter anómalo. Primeramente, en efecto, Haladjian
         expone que ha sido autorizada por clientes franceses para comprar piezas fabricadas por Caterpillar; ahora bien, tal autorización
         es innecesaria cuando un revendedor compra piezas en un país de la zona CE/AELC para destinarlas a otro país de dicha zona.
         En segundo lugar, Haladjian indica que discutió acerca de dichas cartas de autorización con un dirigente de Caterpillar, cuando
         el revendedor que se dedica al comercio intracomunitario no tiene que discutir con nadie para cursar un pedido. En tercer
         lugar, el pedido de 24 de febrero de 1993 solicita precios no en la moneda local, sino basados en el Consumer price en dólares.
         Sin embargo, cada distribuidor aplica una tarifa de venta en su propia moneda y no en dólares (decisión impugnada, punto 6.3).
      
      136   A este respecto, la decisión impugnada recuerda, en primer lugar, que Haladjian no ha demostrado que se beneficiase anteriormente
         de precios expresados en dólares por parte de Maia o de otros distribuidores europeos para productos destinados a Francia
         o a otros países de la zona CE/AELC; en segundo lugar, que Haladjian no ha aportado nunca pruebas de que Maia aplicase esa
         supuesta tarifa internacional en dólares a otros clientes comunitarios y de que, consiguientemente, la negativa a aplicarle
         dicha tarifa constituyese una discriminación, y, en tercer lugar, que Haladjian tampoco ha demostrado que, de no haber intervenido
         Caterpillar, se hubiese beneficiado de un precio inferior al que Maia le ofreció en su escrito de 8 de abril de 1993. Por
         su tenor, el pedido de 24 de febrero de 1993 constituye por lo tanto, según la decisión impugnada, una reacción al hecho de
         que Maia decidiese dejar de abastecer a Haladjian eludiendo el sistema CES y tenía por objeto permitir a ésta conseguir pruebas
         que respaldasen la denuncia [decisión impugnada, punto 6.3, y punto 7.1, letra c)].
      
      137   Por otra parte, la decisión impugnada (punto 6.3, párrafo sexto) hace referencia al escrito de 30 de marzo de 1993 dirigido
         por el Sr. A. a Schmidt tras el pedido de 24 de febrero de 1993. Dicho escrito indica lo siguiente: 
      
      «Las primeras noticias de Caterpillar no son buenas. El lunes por la tarde, mi Director General me ha llamado para decirme
         que había recibido una llamada telefónica de Ginebra aconsejándole no aprovisionar a H.F. Avignon; esto no puede hacerse oficialmente,
         por lo que vamos a responder proponiendo la lista de precios italianos (es decir, el precio consumidor [Consumer price] en
         dólares multiplicado por dos!!! en promedio); próximamente recibiremos la respuesta definitiva de Caterpillar. […]»
      
      138   Según la decisión impugnada, mediante escrito de 8 de abril de 1993, Maia propuso a Haladjian un precio según la tarifa italiana
         con un descuento del 10 %. Mediante escrito de 22 de abril de 1993, Haladjian rechazó dicha propuesta y solicitó que se le
         aplicase el Consumer price en dólares, como –según ella– se había propuesto a otros clientes comunitarios de Maia, con un
         descuento. Haladjian indicó a Maia que, de lo contrario, presentaría una denuncia ante la Comisión por practicar discriminación
         en los precios. Según la nota interna de Maia de 20 de abril de 1993, antes citada, ésta informó a Caterpillar y Bergerat
         de la reacción de Haladjian (decisión impugnada, punto 6.3, párrafos octavo y noveno).
      
      139   Según una nota interna de Maia de 30 de abril de 1993, Haladjian se dirigió a ella porque se encontraba en condiciones de
         hacerle chantaje, dado que, en primer lugar, Maia había aplicado anteriormente la tarifa internacional a clientes comunitarios
         (para la decisión impugnada, dicha nota reproduce aquí el contenido del escrito de Haladjian a Maia de 22 de abril de 1993
         citado en el apartado anterior, que alude al Consumer price en dólares); en segundo lugar, Maia no había respetado las reglas
         del sistema CES respecto a las ventas fuera de la Comunidad; en tercer lugar, Haladjian podía demostrar la existencia de ventas
         de Maia a Haladjian por mediación de ICBO, y, en cuarto lugar, ciertos dirigentes de Caterpillar conocían las actividades
         paralelas de Maia, que hasta ese momento habían encubierto (decisión impugnada, punto 6.3, párrafo décimo, y nota a pie de
         página nº 10).
      
      140   Habida cuenta de que el pedido de 24 de febrero de 1993 mencionaba discusiones con Caterpillar y del temor de Maia de que
         se resolviese su contrato de distribución por haberse desviado del sistema CES, la decisión impugnada señala que «no es de
         extrañar» que Maia solicitase a Caterpillar explicaciones sobre la forma de tratar dicho pedido. En este punto, la decisión
         impugnada revela que Caterpillar respondió a esta petición indicando que Maia debía responder a Haladjian y que, si Maia estaba
         de acuerdo, podía ofrecer un precio con arreglo a la tarifa italiana. Únicamente se trata, según la decisión impugnada, de
         una «sugerencia». Maia siguió dicha sugerencia –con total autonomía, según la decisión impugnada– el 8 de abril de 1993, dado
         que propuso a Haladjian un precio basado en la tarifa italiana con un descuento del 10 %, el mismo que obtuvo uno de los principales
         clientes de Maia. Así pues, la decisión impugnada concluye que estas consultas entre Maia y Caterpillar no constituyen una
         concertación dirigida a impedir o dificultar el comercio paralelo entre Estados miembros en el sentido del artículo 81 CE.
         Además, la decisión impugnada señala que, como los documentos antes citados no ponen de manifiesto la existencia de una restricción
         de la competencia en el sentido del artículo 81 CE, la presión supuestamente ejercida por Bergerat sobre Caterpillar para
         que vigilase las importaciones en Francia no constituye tampoco una restricción de la competencia [decisión impugnada, punto
         6.3, p. 17, y punto 7.1, letra c)].
      
       Alegaciones de las partes
      141   En primer lugar, la demandante se opone a la apreciación que se hace en la decisión impugnada del contenido de determinados
         documentos relativos a Maia correspondientes al año 1993. 
      
      142   Critica, de entrada, la apreciación de la decisión impugnada según la cual el pedido de 24 de febrero de 1993 tenía un carácter
         anómalo. En primer lugar, observa que la decisión impugnada omite que dicho pedido se inscribe en el marco de las discusiones
         que en ese mismo momento tenía Haladjian con Caterpillar acerca de la aplicación del sistema CES respecto a ella y hace alusión
         al intercambio de cartas entre Caterpillar y ella misma de los días 30 de marzo y 13 de abril de 1993. En segundo lugar, la
         demandante alega que la decisión parte del principio de que no existe restricción del comercio intracomunitario y que, por
         consiguiente, no es normal dirigir una solicitud a Maia para el mercado francés refiriéndose a un acuerdo previo de Caterpillar.
         Ahora bien, aunque tal observación puede justificarse en teoría, la demandante sostiene sin embargo que los documentos relativos
         a Maia muestran en realidad que el comercio intracomunitario se restringe. Según ella, la reacción de Maia, que se apresura
         a consultar a Caterpillar sobre el pedido de Haladjian, ilustra la imposibilidad de comerciar libre y abiertamente dentro
         de la Comunidad. A este respecto, la demandante expone que, si bien la referencia que se hace en el pedido de 24 de febrero
         de 1993 a contactos de Haladjian con Caterpillar podía, a lo sumo, explicar que Maia se dirigiese a esta última solicitando
         aclaraciones, dicha referencia no justificaba que Maia le pidiese instrucciones. En tercer lugar, la demandante subraya que
         la decisión impugnada desconoce la estructura de los precios del comercio intracomunitario cuando considera «anómala» la solicitud
         de Haladjian de que se le apliquen precios calculados en función del Consumer price en dólares. En efecto, según ella, las
         compras de los revendedores se hacían normalmente con arreglo a dicha tarifa (también llamada «tarifa internacional» en la
         nota interna de Maia de 30 de abril de 1993) y no con arreglo a las tarifas nacionales, exageradamente altas, hasta que Caterpillar
         se opuso a ello.
      
      143   Seguidamente, la demandante subraya que la nota interna de Maia de 20 de abril de 1993, transmitida a Caterpillar el 23 de
         abril, no puede reducirse a los dos elementos citados por la decisión impugnada, a saber, que Caterpillar incitó a Maia a
         contestar a Haladjian sugiriéndole que aplicase la tarifa italiana y que Maia informó a Bergerat de la reacción de Haladjian
         a esta oferta de precios. Dicha nota indica asimismo, según la demandante, que Caterpillar había aconsejado primero a Maia
         que ganase tiempo antes de responder a Haladjian; que Maia quería saber si el otro revendedor italiano había recibido la misma
         solicitud para dar en su caso la misma respuesta; que los «consejos» de Caterpillar no se limitaron a sugerir a Maia que propusiese
         a Haladjian la tarifa italiana, puesto que Caterpillar entró en los detalles de las condiciones de venta y sugirió que se
         pidiesen los modelos y números de las máquinas de los clientes franceses; que Maia intentó nuevamente ganar tiempo cuando,
         el 16 de abril de 1993, Haladjian le pidió que le comunicase la tarifa italiana, y que Maia no sólo informó a Bergerat de
         la «reacción de Haladjian», como dice erróneamente la decisión impugnada, sino también del modo en que había actuado Maia
         frente a Haladjian.
      
      144   Por último, la demandante subraya que la decisión impugnada debería haber tenido en cuenta la explicación dada en el escrito
         de 30 de marzo de 1993 del Sr. A. a Schmidt, del que se desprende que Caterpillar «aconsejó» a Maia que evitase abastecer
         a «HF Avignon» (o lo que es lo mismo, Haladjian), ya que esto «no [podía] hacerse oficialmente», que, en consecuencia, Maia
         iba a proponer a Haladjian la tarifa italiana y que Maia esperaba la respuesta final de Caterpillar a ese respecto.
      
      145   En segundo lugar, la demandante critica las razones que expone la decisión impugnada para sostener que los precios propuestos
         por Maia lo fueron con toda autonomía y que las consultas de Maia a Caterpillar no constituyen una concertación en el sentido
         del artículo 81 CE: a saber, la apreciación de que las solicitudes de Haladjian a Maia no tenían otra finalidad que ejercer
         un chantaje sobre Maia y la apreciación de que el tenor de los intercambios entre Maia y Caterpillar se explicaba por el hecho
         de que las compras efectuadas por mediación de ICBO y de Schmidt iban destinadas a África.
      
      146   En cuanto al supuesto chantaje, dicha explicación tropieza, según la demandante, con la cronología de los acontecimientos,
         dado que el pedido de 24 de febrero de 1993 es anterior al anuncio del cese de las relaciones comerciales mediante intermediario
         con Maia, hecho en el escrito del Sr. A. a Schmidt de 30 de marzo de 1993. Asimismo, dicho pedido es dos meses anterior a
         la amenaza de Haladjian de llevar el asunto ante las autoridades comunitarias, formulada en su escrito de 22 de abril de 1993
         tras la negativa de Maia a concederle precios idénticos a los ofrecidos a otros compradores de la Comunidad que se encontraban
         en una situación comparable.
      
      147   Por otra parte, en la misma línea del error cometido con respecto a los documentos de 1990, la decisión impugnada afirma de
         nuevo que las transacciones efectuadas por mediación de ICBO iban destinadas a África, desviándose del sistema CES, y que
         Haladjian no demostró lo contrario. Ahora bien, según la demandante, la cuestión de las ventas de Maia a Haladjian por mediación
         de ICBO es totalmente distinta de la del pedido de 24 de febrero de 1993, que tenía por objeto comprar directa y abiertamente
         a Maia en el marco del sistema implantado por Caterpillar. Así pues, la interpretación del pedido de 24 de febrero de 1993
         a la luz de las antiguas relaciones de negocios entre Maia y Haladjian conduce necesariamente –según ella– a una incomprensión
         total de la situación. Cualquiera que sea la valoración que se haga de las relaciones con ICBO, se reconozca o no que son
         testimonio de la existencia de obstáculos al comercio intracomunitario, tales relaciones carecen en cualquier caso de relevancia
         para la apreciación de las pruebas directas de las concertaciones que tuvieron lugar entre Maia y Caterpillar en relación
         con la respuesta que debía darse al pedido de Haladjian.
      
      148   En tercer lugar, la demandante sostiene que la decisión impugnada se equivoca al afirmar que no había demostrado la discriminación
         de precios que reprochaba a Maia en su escrito de 22 de abril de 1993. Así pues, basta según ella con remitirse al escrito
         del Sr. A. a Schmidt de 30 de marzo de 1993 para comprobar el objetivo abierta y conscientemente discriminatorio de dichos
         precios. Del mismo modo, la decisión no puede, sin incurrir en contradicción, negar que Maia aplicase la tarifa internacional
         a otros clientes comunitarios, puesto que la propia decisión menciona ese hecho en dos ocasiones, al referirse a la nota interna
         manuscrita de Maia de 30 de abril de 1993 (punto 6.3, p. 14, penúltimo párrafo, y p. 15, último guión), pese a que la nota
         a pie de página nº 10 de de la decisión impugnada indique que la mención de la tarifa internacional en dicha nota interna
         de Maia no es una «confesión» de ésta, sino únicamente la reproducción del contenido del escrito de Haladjian de 22 de abril
         de 1993.
      
      149   Según la demandante, tal interpretación es errónea, ya que, aun suponiendo que el autor de la nota interna de 30 de abril
         de 1993 no hiciese sino citar el escrito de Haladjian de 22 de abril de 1993, no deja de ser cierto que dicha nota manifiesta
         que el hecho referido es verdadero, que Haladjian puede probarlo y que le preocupa que Caterpillar pueda saberlo. Así pues,
         según ella, la citada nota demuestra no sólo que la discriminación de que es víctima Haladjian es real, sino también que Maia
         temía que Caterpillar se enterase de que vendía a precios competitivos con destino a otros Estados miembros [«avrà certamente “material” che puo “inchiodarci e avvalorare la sua affermazione dell’ultima lettera” (noi vendiamo usando
            il listino Internazionale a clienti EEC)»].
      150   La demandante señala, además, que, en mayo de 1994, tuvo conocimiento de ofertas hechas por Maia a un usuario inglés (en lo
         sucesivo, «C.») a precios mucho más ventajosos que los que le había propuesto Maia, con diferencias que oscilaban, según las
         piezas, entre el 90 % y el 160 %. La demandante añade que en aquel momento recibió asimismo una oferta de un revendedor italiano
         (en lo sucesivo, «M.») al que Maia abastecía y que podía ofrecerle precios inferiores a los que Haladjian podía obtener directamente
         de Maia.
      
      151   En cuarto lugar, la demandante alega que de lo anterior se desprende que la Comisión cometió un error de Derecho al no reconocer
         la existencia de prácticas concertadas entre Caterpillar y Maia. En efecto, el razonamiento de la Comisión se basa en el carácter
         anómalo del pedido de 24 de febrero de 1993 y en la circunstancia de que Haladjian no demostró que dicho pedido fuese precedido
         de otros similares. Ahora bien, según la demandante, carece de relevancia para determinar si existen restricciones a la competencia
         en caso de un pedido intracomunitario el referirse a las razones subjetivas de la transacción o a la existencia o no de anteriores
         transacciones similares.
      
      152   La Comisión rebate la tesis de la demandante recordando que de la decisión impugnada se desprende que los contactos entre
         Caterpillar y Maia, tras el pedido de 24 de febrero de 1993, no demuestran la existencia de una supuesta regla no escrita
         que prohibiese las exportaciones a revendedores dentro de la zona CE/AELC, sino que se explican por el contexto particular
         en que se inscribe dicho pedido. Además, nada demuestra que Maia no fijase libremente el precio de venta de tal transacción,
         incluido el descuento del 10 % concedido a Haladjian. La Comisión pone en duda, asimismo, el valor probatorio de los documentos
         relativos a las ofertas hechas por Maia a C. y de la oferta hecha a Haladjian por M.
      
      153   Caterpillar subraya, por lo demás, que Maia decidió unilateralmente ponerse en contacto con Caterpillar y con Bergerat y que
         su respuesta consistió simplemente en proponer que se tratase a Haladjian de la misma forma que a los demás compradores de
         piezas de repuesto, es decir, utilizando la lista de los precios de venta al detalle.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      154   Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante pone en evidencia un error manifiesto de apreciación por parte de
         la Comisión. En el caso de autos, la demandante se limita a criticar el contenido de los distintos documentos citados y analizados
         por la Comisión en relación con la tramitación del pedido de 24 de febrero de 1993, sin aportar elementos que puedan rebatir
         las conclusiones de la decisión impugnada sobre este punto, a saber, por una parte, la apreciación de que la concertación
         que se produjo entre Maia y Caterpillar acerca de la tramitación de dicho pedido no constituye una restricción de la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE y, por otra parte, la apreciación de que la oferta de precios hecha por Maia a Haladjian
         –la tarifa nacional italiana con un descuento del 10 %– lo fue con toda autonomía, pese a la sugerencia de Caterpillar, que
         proponía que se aplicase la tarifa nacional italiana.
      
      155   En efecto, según la decisión impugnada, la concertación entre Maia y Caterpillar acerca de la respuesta que debía darse al
         pedido de Haladjian, que se deduce singularmente de la nota interna de Maia de 20 de abril de 1993 dirigida a Caterpillar
         el 23 de abril de 1993, se explica por el contexto en que se inscribe ese pedido y por el hecho de que dicho pedido precisaba
         que habían tenido lugar discusiones entre Haladjian y Caterpillar en cuanto a algunos de sus elementos, a saber, las cartas
         de autorización de los clientes de Haladjian.
      
      156   Ahora bien, debe recordarse que, antiguamente, las ventas de Maia a Haladjian se efectuaban por mediación de una red que involucraba
         a ICBO en Italia y a Schmidt en Estados Unidos. Además, a raíz de la investigación llevada a cabo por Caterpillar, Maia había
         decidido poner coto a esa red de abastecimiento para evitar la resolución de su contrato de distribución, con la que Caterpillar
         la había amenazado (véase el escrito de 30 de marzo de 1993 dirigido por el Sr. A. a Schmidt, anexo 29 de la demanda). En
         tales circunstancias, la decisión impugnada no es manifiestamente errónea en la medida en que imputa a la voluntad de Maia
         de no perder su contrato de distribución el hecho de que Maia preguntase a Caterpillar qué conducta debía seguir en respuesta
         al pedido de 24 de febrero de 1993. Este comportamiento se explica igualmente por el contenido de dicho pedido, que hacía
         alusión a contactos con Caterpillar y autorizaciones de compra firmadas por usuarios franceses, pese a que tales contactos
         y autorizaciones no se exigen en caso de ventas intracomunitarias de Italia a Francia. Maia pudo por lo tanto legítimamente
         sentir la necesidad de ponerse en contacto con Caterpillar para obtener más información sobre esta cuestión.
      
      157   En consecuencia, la decisión impugnada no incurre en un error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de que la
         concertación entre Maia y Caterpillar se justificaba por motivos coyunturales que no permiten demostrar de forma suficiente
         en Derecho la existencia de un obstáculo a las ventas intracomunitarias a los revendedores.
      
      158   Por lo que se refiere al carácter autónomo de la oferta de Maia, a saber, la tarifa nacional italiana con un descuento del
         10 %, procede subrayar que la decisión impugnada no es manifiestamente errónea en la medida en que indica que, si bien dicha
         oferta fue al menos parcialmente sugerida por Caterpillar, que proponía a Maia responder a Haladjian basándose en la tarifa
         nacional italiana, se hizo con toda autonomía, como se desprende de la mención «si estuviésemos de acuerdo», enunciada en
         la nota interna de Maia de 20 de abril de 1993, que expone el contenido de las indicaciones dadas telefónicamente a Maia por
         un representante de Caterpillar a propósito del pedido de Haladjian. Además, el descuento del 10 % se ofreció por iniciativa
         propia de Maia. Dicho descuento ilustra, pues, el principio general, expuesto en la decisión impugnada, de que el distribuidor
         es libre de ofrecer el precio que desee a los revendedores. En virtud del sistema CES, dicho distribuidor debe velar únicamente
         por que se respeten las normas aplicables en el caso de ventas interzonas, caso que no parece ser el de autos, dado que el
         pedido de 24 de febrero de 1993 se prevalía de cartas de autorización remitidas por usuarios franceses.
      
      159   En consecuencia, la decisión impugnada no incurre en un error manifiesto de apreciación cuando llega a la conclusión de que
         la oferta de Maia a Haladjian la hizo dicho distribuidor con total autonomía y no tuvo como efecto obstaculizar las ventas
         intracomunitarias a los revendedores.
      
      160   Además, pese a sus alegaciones en ese sentido, la demandante no ha demostrado que la oferta de Maia fuese discriminatoria
         para con ella o, de modo más general, restringiese la competencia. En particular, debe señalarse que la Comisión no podía
         llegar a esta conclusión a la vista de los elementos que se le comunicaron, a saber, la referencia que se hizo a la tarifa
         internacional en el escrito del Sr. A. a Schmidt de 30 de marzo de 1993 (el «Consumer price en dólares») y en la nota interna
         de Maia de 30 de abril de 1993, dado que la transacción de que se trata no estaba comprendida en el ámbito del sistema CES
         y, en cualquier caso, se efectuó al margen de cualquier intervención probada de Caterpillar a este respecto. 
      
      161   Por lo que se refiere a las ofertas que hizo Maia a un usuario inglés, C., el 26 de enero y el 21 de febrero de 1994, a precios
         que, según Haladjian, eran bastante más ventajosos que los que Maia le había ofrecido el 8 de abril de 1993, debe señalarse
         que tales ofertas se hicieron en liras italianas y no en dólares, y que un período de diez y once meses las separa de la oferta
         que Maia hizo a Haladjian, en un momento en que la lira italiana estaba sujeta a importantes fluctuaciones monetarias. Ante
         la inexistencia de elementos que demuestren que un pedido cursado por Haladjian en ese momento se habría tratado de distinta
         forma que el cursado por el usuario inglés, la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al indicar que Haladjian
         no había demostrado ser objeto de una discriminación tarifaria por parte de Maia y, en cualquier caso, que dicha discriminación
         fuese imputable a Caterpillar. 
      
      162   Asimismo, por lo que se refiere a la oferta que hizo a Haladjian un revendedor italiano, M., que, según aquélla, era abastecido
         por Maia y podía ofrecerle precios inferiores a los que ella podía obtener directamente de Maia, procede igualmente señalar
         que dicha oferta no es en sí misma suficientemente probatoria para demostrar la discriminación tarifaria alegada por la demandante.
         En efecto, nada en dicha oferta, formulada en dólares, deja entrever que el revendedor italiano comprase las piezas a Maia
         como pretende la demandante. Así pues, al no permitir una comparación válida con la oferta de Maia a Haladjian, la Comisión
         no cometió un error manifiesto de apreciación al indicar que Haladjian no había demostrado que fuese objeto de una discriminación
         tarifaria por parte de Maia ni, en cualquier caso, que dicha discriminación fuese imputable a Caterpillar. 
      
      163   Por otra parte, las críticas de la demandante contra el supuesto chantaje ejercido sobre Maia no son pertinentes, dado que
         la amenaza de presentar una denuncia ante la Comisión por discriminación en los precios se desprende claramente del escrito
         de Haladjian de 22 de abril de 1993 en el que rechazaba la oferta de Maia y solicitaba beneficiarse del Consumer price en
         dólares. A este respecto, la cronología de los acontecimientos, de la que se prevale la demandante para negar la existencia
         de tal chantaje, contradice las alegaciones de ésta, dado que es ella misma quien, en su escrito de 22 de abril de 1993, amenaza
         con someter el asunto a las autoridades comunitarias para manifestar su descontento respecto a las condiciones tarifarias
         propuestas por Maia el 8 de abril de 1993. Asimismo, la alegación de la demandante relativa a las ventas en África no es pertinente,
         en la medida en que no afecta al razonamiento expuesto por la decisión impugnada sobre el pedido de Haladjian y la respuesta
         que le dio Maia.
      
      164   De las anteriores consideraciones se desprende que las imputaciones de la demandante basadas en los documentos relativos al
         pedido de 24 de febrero de 1993 deben desestimarse.
      
      6.      Conclusión 
      165    Resulta de todo lo anterior que la demandante no presentó pruebas que pudiesen contradecir las apreciaciones de la decisión
         impugnada relativas a la aplicabilidad del artículo 81 CE.
      
      166   Por lo que se refiere, en particular, a la apreciación relativa a la repercusión del sistema CES en las ventas realizadas
         dentro de la zona CE/AELC, debe señalarse que ninguno de los elementos aportados por la demandante desmiente la conclusión
         a la que llegó la Comisión tras examinar la denuncia, a saber, que «no se ha probado ninguna restricción de competencia dirigida
         a impedir u obstaculizar el comercio de piezas de repuesto dentro de dicha zona» (decisión impugnada, punto 7.1, p. 22, párrafo
         tercero).
      
      167   Asimismo, por lo que se refiere a la apreciación relativa a la repercusión del sistema CES en las ventas interzonas realizadas
         entre Estados Unidos y la zona CE/AELC, ninguno de los elementos aportados por la demandante puede desmentir la conclusión
         a que llegó la Comisión al término del procedimiento administrativo, según la cual el sistema CES no aísla el mercado comunitario
         prohibiendo en él la competencia de piezas de repuesto importadas de Estados Unidos a precios inferiores a los europeos y
         no afecta tampoco al comercio intracomunitario de tales piezas de repuesto (decisión impugnada, punto 7.2, p. 25, guiones
         primero y segundo). A este respecto, procede recordar que, para justificar la aplicación de las normas sobre competencia a
         un acuerdo relativo a productos comprados en Estados Unidos para venderse en la Comunidad, debe poderse presumir con un grado
         de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que dicho acuerdo puede
         ejercer una influencia no insignificante sobre la competencia en la Comunidad y el comercio entre Estados miembros (véase,
         en este sentido, la sentencia Javico, antes citada, apartados 16 y 18). El mero hecho de que un comportamiento produzca determinados
         efectos, cualesquiera que sean, en la economía de la Comunidad no constituye en sí un vínculo suficientemente estrecho para
         que pueda fundarse en él la competencia comunitaria. Para que pueda tenerse en cuenta, es preciso que dicho efecto sea sustancial,
         es decir apreciable y no insignificante. 
      
      168   En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.
      D.      Sobre el segundo motivo, relativo al razonamiento seguido por la decisión impugnada en cuanto a la aplicabilidad del artículo
            82 CE 
      1.      Sobre el contenido de la denuncia
      169   La demandante sostiene que la decisión impugnada es errónea por cuanto en su punto 8 se afirma que la denuncia no invocaba
         ninguna violación del artículo 82 CE. 
      
      170   El Tribunal de Primera Instancia observa que, en lo que respecta a la alegación de una violación del artículo 82 CE, la denuncia
         se limitaba a afirmar en su parte final que el comportamiento de Caterpillar «podía considerarse un abuso de posición dominante
         prohibido por el artículo [82] CE» y que Haladjian se ponía a disposición de la Comisión para ayudarle a definir el mercado
         pertinente, la posición dominante de Caterpillar y el abuso de dicha posición dominante, si la Comisión consideraba necesario
         investigar sobre esta cuestión. Además, debe subrayarse que, en sus observaciones sobre el escrito basado en el artículo 6,
         la demandante reconoció sobre este punto que, si bien es cierto que no había profundizado en sus alegaciones relativas a la
         infracción del artículo 82 CE en la denuncia, era porque estaba –y seguía estando– convencida de que los comportamientos reprochados
         a Caterpillar estaban prohibidos por el artículo 81 CE. Así pues, ante la inexistencia en la denuncia de cualquier indicación
         que permitiese comprender por qué, según la demandante, el comportamiento de Caterpillar podía constituir un abuso de posición
         dominante, la demandante censura injustificadamente a la decisión impugnada por indicar que su denuncia no invocaba ninguna
         violación del artículo 82 CE. 
      
      2.      Sobre las alegaciones expuestas en la nota recapitulativa de 11 de agosto de 2000
      171   La decisión impugnada señala, en el punto 8, que únicamente en la nota recapitulativa de 11 de agosto de 2000 invocó Haladjian
         explícitamente, aunque de forma general y sin aportar pruebas, alegaciones relativas a infracciones del artículo 82 CE, en
         las que se limita a enumerar ciertas prácticas abusivas mencionadas en dicha disposición. Sin embargo, aun dando por sentado
         que Caterpillar goce de una posición dominante en el mercado de las piezas de repuesto, la decisión impugnada desestima tales
         imputaciones.
      
      a)      Sobre la supuesta imposición de precios de transacción no equitativos
      172   Por lo que respecta a la primera alegación de infracción del artículo 82 CE, relativa a la imposición de precios de transacción
         no equitativos, la decisión impugnada señala que dicha alegación no puede admitirse, dado que Caterpillar no impone precio
         alguno y que sus distribuidores son libres de ofrecer a los revendedores y usuarios los precios que deseen aplicar (decisión
         impugnada, punto 8, párrafo segundo).
      
      173   La demandante afirma que dicha apreciación es errónea, habida cuenta de las presiones que Caterpillar ejerció sobre Maia en
         1993. Además, aquí la cuestión esencial consiste –según ella– en saber si el hecho de que Caterpillar aumentase en un 10 %
         el precio de venta aplicado a los distribuidores americanos de las piezas de repuesto destinadas a exportarse a Europa y de
         que no permitiese al revendedor europeo que se abastece en Estados Unidos beneficiarse de descuentos cuantitativos constituye
         un precio no equitativo. A este respecto, la demandante afirma que aun suponiendo que pueda calcularse un coste adicional
         para «indemnizar» al distribuidor europeo a cuyo territorio se exportan los productos, la penalización del distribuidor americano
         que exporta a Europa va mucho más allá de este objetivo. Además, la decisión impugnada no tiene en cuenta, según la demandante,
         la información facilitada por ella, durante el procedimiento administrativo, en relación con la discriminación que sufre el
         usuario europeo que compra en Estados Unidos, directamente o por mediación de un revendedor europeo, pagando en dólares al
         precio de mercado, con respecto a los distribuidores europeos que compran en Bélgica en divisas europeas a un precio que implica
         necesariamente una cotización del dólar inferior a la real. La demandante sostiene que esta ayuda concedida por Caterpillar
         a sus distribuidores europeos falsea el juego del mercado permitiéndoles hacer frente a las importaciones procedentes de Estados
         Unidos.
      
      174   El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, y con carácter general, que las alegaciones de infracción del artículo
         82 CE, que la demandante expuso por primera vez en la nota recapitulativa de 11 de agosto de 2000, se limitan a afirmar que
         Caterpillar imponía a Haladjian y a los demás revendedores europeos condiciones de venta desfavorables y discriminatorias
         y que, por consiguiente, «el comportamiento de [Caterpillar] constituía un abuso de posición dominante en el sentido del artículo
         82 CE, que se manifestaba en particular en la imposición de precios de transacción no equitativos, la limitación de los mercados
         en detrimento de los consumidores y la aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales por prestaciones equivalentes,
         todas ellas infracciones expresamente contempladas en el artículo 82 CE». Al hacerlo, la demandante se conforma con invocar
         la existencia formal de infracciones del artículo 82 CE, sin respaldar esta alegación con argumentos propios del caso de autos
         y sin aportar la menor prueba en apoyo de tal afirmación.
      
      175   Por lo que se refiere a la primera alegación de Haladjian, procede señalar que la demandante no niega que Caterpillar deje
         a sus distribuidores, en particular a los distribuidores americanos, total libertad para determinar el precio de reventa de
         las piezas de repuesto a sus clientes, como Haladjian. La demandante se conforma aquí con reproducir argumentos a los que
         ya se ha contestado o afirmaciones que no van acompañadas de pruebas suficientes. 
      
      176   Así pues, por lo que respecta a las presiones que supuestamente ejerció Caterpillar sobre Maia en 1993, el examen de los contactos
         que tuvieron lugar entre ambas empresas a propósito del pedido de 24 de febrero de 1993, efectuado en el marco del primer
         motivo, permite demostrar que la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al indicar que tales contactos se
         explicaban por el contexto particular en el que se produjo dicho pedido (véanse los apartados 155 y 156 de la presente sentencia).
         Por los mismos motivos, esos contactos no constituyen prueba suficiente de la existencia de los supuestos precios de transacción
         no equitativos que alega Haladjian. Lo mismo sucede respecto a la posibilidad de que un revendedor europeo obtuviese descuentos
         cuantitativos de los distribuidores americanos de Caterpillar, puesto que dicha cuestión se examinó en el marco del primer
         motivo y no permite identificar la existencia de una eventual restricción de la competencia en el caso de autos (véase el
         apartado 62 de la presente sentencia). 
      
      177   Por otra parte, la afirmación de la demandante de que el aumento en un 10 % del precio aplicado por Caterpillar a sus distribuidores
         americanos en caso de pedidos de piezas de repuesto destinadas a exportarse a la zona CE/AELC va más allá de las necesidades
         inherentes al sistema CES no está respaldada por prueba alguna del carácter desproporcionado o injustificado de dicha medida.
         Tal afirmación no puede bastar, por lo tanto, para cuestionar las razones objetivas, mencionadas en la decisión impugnada,
         de la diferencia de precio aplicada por Caterpillar a sus distribuidores americanos en caso de ventas a la exportación, a
         saber, sustancialmente, la necesidad de preservar la calidad y la integridad de su red de distribución europea. 
      
      178   Asimismo, no pueden bastar para desmentir la apreciación de la decisión impugnada acerca de la supuesta imposición de precios
         de transacción no equitativos los datos relativos a la evolución de los precios aplicados en Francia por Bergerat y obtenidos
         en Estados Unidos por Haladjian entre 1992 y 2000, aportados durante el procedimiento administrativo en un anexo a la nota
         recapitulativa de 11 de agosto de 2000, que la demandante expuso como prueba de que sufría una discriminación con respecto
         a los distribuidores europeos de Caterpillar, dado que, según ella, debía pagar sus compras en Estados Unidos en dólares,
         mientras que los distribuidores europeos pueden comprar en Europa a Caterpillar Overseas pagando en moneda europea indexada
         con respecto a una cotización del dólar que les resulta ventajosa. En efecto, estas diferencias de precios observadas por
         Haladjian pueden perfectamente explicarse, por una parte, por la revalorización del dólar frente a las monedas europeas en
         el período 1999/2000 y, por otra parte, por las necesidades propias de la red de distribución de Caterpillar, en la medida
         en que ésta, en el marco de su política comercial, puede decidir evitar que sus distribuidores europeos sufran con toda su
         intensidad los efectos de la fluctuación de los mercados monetarios. Además, y sobre todo, la situación de los revendedores
         europeos no puede asimilarse a la de los distribuidores europeos de Caterpillar, dado que los primeros no están ligados por
         las obligaciones contractuales a las que están sujetos los segundos.
      
      179   En consecuencia, la demandante no ha probado la existencia de un error manifiesto de apreciación de la Comisión en lo que
         respecta al examen de su alegación relativa a la existencia de una infracción del artículo 82 CE debido a la imposición por
         parte de Caterpillar de precios de transacción no equitativos.
      
      b)      Sobre la supuesta limitación de los mercados en detrimento de los consumidores 
      180   Por lo que se refiere a la segunda alegación de infracción del artículo 82 CE, relativa a la limitación de los mercados en
         detrimento de los consumidores, la decisión impugnada expone que dicha afirmación carece de fundamento, dado que los usuarios
         pueden abastecerse sin impedimentos en cualquier parte del mundo y que los revendedores pueden abastecerse en otras zonas
         geográficas indicando la identidad de los usuarios de la zona geográfica de destino de las piezas encargadas (decisión impugnada,
         punto 8, párrafo segundo). 
      
      181   La demandante critica dicha apreciación, subrayando que no tiene en cuenta la complejidad y la rigidez del sistema CES, que
         exige datos que van más allá de lo necesario. Asimismo, el hecho de que el revendedor europeo no pueda proveerse de stocks
         en Estados Unidos, cuyas piezas de repuesto son las menos caras, ni siquiera por cuenta de un usuario declarado, tiene por
         efecto restringir las posibilidades de abastecimiento de los usuarios europeos. La demandante se prevale, a este respecto,
         de certificados expedidos en enero y febrero de 1993 por dos de sus clientes, que deseaban que pudiese gestionar un stock
         importante de piezas de repuesto.
      
      182   El Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que del examen de las alegaciones presentadas en el marco del primer motivo
         se desprende que ninguna de tales alegaciones permite concluir que los pedidos cursados por usuarios europeos que utilizan
         a Haladjian como mandatario en el marco del sistema CES no hayan sido satisfechos (véanse los apartados 74 a 77 de la presente
         sentencia). Por lo tanto, no se limitan los mercados en detrimento de los usuarios como afirma la demandante. 
      
      183   Por lo demás, procede igualmente tomar en consideración el hecho de que la voluntad, absolutamente legítima, de los usuarios
         europeos de obtener piezas compradas en Estados Unidos, que es donde menos caras son, debe medirse a la luz de la política
         de comercialización de Caterpillar –admitida por la Comisión–, que desea limitar tales ventas interzonas con el fin de favorecer
         a sus distribuidores europeos que, para estar presentes in situ y ofrecer la totalidad de los servicios que desea Caterpillar, como la venta de maquinaria de construcción, deben asumir
         costes que no asumen los revendedores europeos que se aprovisionan en Estados Unidos por cuenta de usuarios europeos. Las
         alegaciones formuladas por la demandante no permiten, por lo tanto, desmentir esta situación, que pondera los intereses de
         las diferentes partes implicadas, pese a la voluntad expresada por dos clientes de Haladjian que desearían poder maximizar
         sus posibilidades de abastecimiento sin tener en cuenta, no obstante, los intereses propios de Caterpillar y de su red de
         abastecimiento.
      
      184   En consecuencia, la demandante no ha demostrado la existencia de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión
         en lo que respecta al examen de su alegación relativa a la existencia de una infracción del artículo 82 CE debido a la limitación
         de los mercados por Caterpillar en detrimento de los consumidores.
      
      c)      Sobre la supuesta aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes 
      185   Por lo que respecta a la tercera alegación de infracción del artículo 82 CE, relativa a la aplicación a terceros contratantes
         de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, la decisión impugnada declara que la denunciante no aporta ningún
         elemento para demostrar que es víctima de una discriminación frente a otros revendedores. Al contrario, subraya que el sistema
         CES trata de forma uniforme a todos los revendedores europeos (decisión impugnada, punto 8, párrafo segundo). 
      
      186   La demandante alega que la cuestión pertinente no sería aquí la de la discriminación que sufre frente a otros revendedores
         europeos, sino la de la discriminación que sufre frente a otros compradores europeos –distribuidores, revendedores y usuarios–
         por volúmenes comparables. Por lo tanto, señala, el hecho de que el sistema CES únicamente acepte a los revendedores europeos,
         como Haladjian, si actúan como mandatarios de usuarios finales equivale a imponerles condiciones que no se justifican objetivamente
         y cuya única finalidad es reducir las posibilidades de una oferta alternativa.
      
      187   El Tribunal de Primera Instancia señala que tampoco en este aspecto puede reivindicar la demandante el mismo trato comercial
         que dispensa Caterpillar a sus distribuidores europeos, dado que dichos distribuidores están ligados por obligaciones contractuales
         a las que Haladjian no está sujeta. Esta categoría de compradores se distingue, por lo tanto, de los revendedores y usuarios
         que no están sujetos a tales obligaciones.
      
      188   En consecuencia, la demandante no ha probado la existencia de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión
         en lo que se refiere al examen de su alegación relativa a la existencia de una infracción del artículo 82 CE debido a la aplicación
         a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes.
      
      3.      Sobre las demás imputaciones de la demandante 
      189   La demandante critica la decisión impugnada porque ignora por completo las demás prácticas de Caterpillar, que, según ella,
         conforman una política de exclusión sistemática para con ella, puesto que es el único competidor de los distribuidores europeos
         establecido en Europa. Según la demandante, estas prácticas, perpetradas en su mayoría por Caterpillar junto con Bergerat,
         consisten en vigilar sus abastecimientos, en «filtraciones» del sistema CES que permiten a Bergerat tomar contacto con sus
         clientes, en la devolución del «profit credit» a Bergerat, que permite a dicha empresa conocer el importe de las compras que
         efectúa Haladjian en Estados Unidos por cuenta de sus clientes franceses, y en las maniobras encaminadas a desacreditar sus
         actividades y las de los revendedores en general, dando a entender que la calidad y la autenticidad de las piezas que venden
         no están garantizadas.
      
      190   El Tribunal de Primera Instancia observa que dichas imputaciones, y en particular las que se refieren a acciones atribuibles
         a Bergerat, no han sido invocadas por la demandante durante el procedimiento administrativo como alegaciones de infracción
         del artículo 82 CE. Por lo tanto, no puede censurarse a la decisión impugnada que no las examinase desde ese punto de vista.
      
      4.      Conclusión 
      191   De lo anterior se desprende que las alegaciones formuladas por la demandante respecto al razonamiento seguido por la decisión
         impugnada acerca de la aplicabilidad del artículo 82 CE no permiten desvirtuar las apreciaciones de los elementos de hecho
         y de Derecho efectuadas en ese marco por la Comisión. En consecuencia, debe desestimarse el segundo motivo.
      
      E.      Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de normas de procedimiento 
      1.      Sobre la imputación basada en la duración poco razonable del procedimiento
      192   La demandante observa que el procedimiento administrativo, desde la presentación de la denuncia a la decisión de desestimación,
         duró cerca de diez años y sostiene que semejante duración no es razonable. Según ella, la instrucción fue demasiado larga,
         puesto que transcurrieron siete años desde la presentación de la denuncia en octubre de 1993 hasta septiembre de 2000, fecha
         en que los servicios de la Comisión la informaron verbalmente de su intención de archivar la denuncia. Asimismo, la demandante
         tuvo que hacer múltiples gestiones a partir de octubre de 2000, entre ellas un recurso por omisión, para obtener el escrito
         basado en el artículo 6 y la decisión final. Por otra parte, la duración poco razonable del procedimiento administrativo afectó
         al contenido del expediente haciendo perder a la demandante oportunidades de reunir pruebas adicionales sobre los precios
         a medida que se iba poniendo en práctica el sistema CES.
      
      193   El Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que en el supuesto de que la decisión impugnada sea una decisión
         desestimatoria de una denuncia, un eventual retraso excesivo en dar curso a dicha denuncia no puede, en principio, afectar
         al propio contenido de la decisión final adoptada por la Comisión. En efecto, salvo en situaciones excepcionales, este retraso
         no puede modificar los elementos sustanciales que, dependiendo de los casos, acreditan la existencia o no de una infracción
         de las normas sobre la competencia o que justifican que la Comisión no inicie una investigación (auto del Tribunal de Justicia
         de 13 de diciembre de 2000, SGA/Comisión, C‑39/00 P, Rec. p. I‑11201, apartado 44). La duración de la instrucción de la denuncia
         no perjudica, en principio, al denunciante cuando aquélla se desestima. 
      
      194   Además, en el caso de autos, la demandante no demuestra de forma pertinente en qué aspecto los elementos de fondo que tuvo
         en cuenta la decisión impugnada pudieron verse afectados o alterados por la duración del procedimiento administrativo.
      
      195   Por otra parte, debe señalarse que la observancia por la Comisión de un plazo razonable al adoptar las decisiones que ponen
         fin a procedimientos administrativos en materia de política de competencia constituye una aplicación del principio de buena
         administración (véase, en materia de desestimación de denuncias, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1997,
         Guérin Automobiles/Comisión, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, apartados 37 y 38). El carácter razonable de la duración de este
         procedimiento debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, del contexto de éste,
         de las diferentes fases del procedimiento que debe seguir la Comisión, de la complejidad del asunto y de su trascendencia
         para las diferentes partes interesadas (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 1997, SCK y FNK/Comisión,
         T‑213/95 y T‑18/96, Rec. p. II‑1739, apartado 57). 
      
      196   En el caso de autos, la duración del procedimiento se explica por la complejidad de los hechos, que ponen en entredicho la
         política mundial y europea de comercialización de una importante empresa, y por la necesidad de examinar las numerosas alegaciones
         y anexos documentales presentados por la demandante. Así, como complemento de la denuncia, presentada el 18 de octubre de
         1993, en el marco de un procedimiento previamente incoado por la Comisión contra Caterpillar tras el envío de un pliego de
         cargos el 12 de mayo de 1993, la demandante dirigió a la Comisión varios escritos, en abril y mayo de 1994, en agosto de 1995,
         en mayo y agosto de 1997, en noviembre y diciembre de 1997, y en agosto de 2000, para comunicarle nuevos elementos o comentar
         el estado del procedimiento. Asimismo, tras el escrito basado en el artículo 6, dirigido a la demandante el 19 de julio de
         2001, ésta presentó voluminosas observaciones el 22 de octubre de 2001, que la Comisión debía examinar antes de adoptar la
         decisión impugnada el 1 de abril de 2003. 
      
      197   En consecuencia, debe desestimarse la imputación basada en la duración poco razonable del procedimiento administrativo.
      2.      Sobre las imputaciones basadas en la falta de diligencia y de imparcialidad al examinar la denuncia y en la falta de motivación
            de la decisión impugnada
      198   La demandante afirma que la Comisión no obró con diligencia e imparcialidad al desestimar su denuncia sin examinar siquiera
         la situación del mercado pertinente, pese a que la Comisión disponía de información sobre este extremo, a saber, un cuadro
         adjunto a la denuncia, que, según la demandante, mostraba la disminución de las ventas de Haladjian de 1989 a 1992 y que se
         reactualizó en 1999, y de los datos relativos a los productos vendidos y a los precios aplicados por varios distribuidores
         en Europa y Estados Unidos, que fueron comunicados por Haladjian o por distribuidores. Además, la demandante alega que la
         Comisión debía explicar en la decisión impugnada las razones por las que había decidido desestimar la denuncia, cuando durante
         siete años le había dado indicaciones en sentido contrario. A este respecto, la demandante expone que la Comisión le había
         indicado mediante escrito de 13 de abril de 1995 que determinados documentos de los autos eran de «especial importancia» o
         que una carta de 15 de junio de 1999 del Sr. Van Miert, a la sazón miembro de la Comisión encargado de los asuntos de competencia,
         daba a entender que se iba a dirigir un pliego de cargos a Caterpillar.
      
      199   El Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión, en la motivación de las decisiones que haya de tomar para garantizar
         la aplicación de las normas sobre competencia, no está obligada a definir una posición sobre todas las alegaciones que los
         interesados aduzcan en apoyo de su petición, sino que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que
         revisten una importancia esencial en el sistema de la decisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de julio
         de 1998, ITT Promedia/Comisión, T‑111/96, Rec. p. II‑2937, apartado 131). 
      
      200   A este respecto, en cuanto a la alegación de que la Comisión no examinó la situación del mercado pertinente, procede señalar
         que la decisión impugnada define, en el punto 4, el mercado de que se trata, tanto en lo que se refiere a los productos objeto
         del presente asunto, a saber, la maquinaria de construcción y sus piezas de repuesto, como a la dimensión geográfica de dicho
         mercado. Además, la decisión impugnada expone claramente los hechos y las consideraciones jurídicas que justifican la desestimación
         de la denuncia en lo que atañe a las alegaciones de violación de los artículos 81 CE y 82 CE. No puede por lo tanto reprocharse
         a la Comisión que no hiciese referencia durante el procedimiento administrativo o en la decisión impugnada a documentos cuyo
         carácter esencial no demuestra la demandante.
      
      201   Por otra parte, debe subrayarse que el escrito de la Comisión de 13 de abril de 1995 se limitaba a preguntar a la demandante
         cuáles eran, de entre los documentos del expediente que revestían una particular importancia, los que podían ser confidenciales
         frente a Caterpillar y, como tales, no debían ser comunicados a dicha empresa. Asimismo, el escrito de 15 de junio de 1999
         dirigido a la demandante por el miembro de la Comisión Sr. Van Miert se limitaba a señalar que «a raíz de la reciente sentencia
         en el asunto Javico [sus] servicios [estaban] concluyendo los procedimientos de consulta previa al envío de un nuevo pliego
         de cargos» y que la demandante debía no obstante admitir «que [le era] imposible, en [esa] fase, prejuzgar el resultado de
         dicha consulta». Tales documentos no permiten, por lo tanto, demostrar que durante siete años la Comisión diese al demandante
         indicaciones que le hiciesen pensar que había decidido sancionar a Caterpillar con arreglo a los artículos 81 CE y 82 CE en
         lugar de desestimar la denuncia, y no tenían por qué examinarse en el marco de la decisión final.
      
      202   En consecuencia, las imputaciones basadas en la falta de diligencia e imparcialidad al examinar la denuncia y en la falta
         de motivación de la decisión impugnada deben desestimarse.
      
      3.      Sobre la imputación basada en la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 2842/98
      203   La demandante sostiene que la Comisión infringió el artículo 6 del Reglamento nº 2842/98, a tenor del cual cuando la Comisión
         considere que, sobre la base de la información de que dispone, no hay razones suficientes para admitir a trámite la denuncia,
         deberá comunicar sus motivos al denunciante y fijar una fecha antes de la cual el denunciante pueda comunicar sus observaciones
         por escrito. Según la demandante, en el caso de autos la Comisión no le dio la oportunidad de presentar sus observaciones
         sobre los motivos por los que tenía intención de desestimar su denuncia. Así pues, la decisión impugnada reprocha a la demandante
         que no presentase determinadas pruebas, en particular en cuanto a la realidad de las compras hechas a Maia al Consumer price
         en dólares antes del 14 de febrero de 1993 o al hecho de que los pedidos cursados a Maia fuesen destinados a Francia y no
         a África, sin darle la oportunidad de exponer sus argumentos sobre estas cuestiones en sus observaciones sobre el escrito
         basado en el artículo 6. 
      
      204   Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia observa que el escrito basado en el artículo 6 indicaba que, tras haber analizado
         los distintos documentos obtenidos en el marco del procedimiento administrativo, la Comisión había llegado a la conclusión
         de que «tal como est[aban] las cosas los elementos recopilados no permit[ían] dar curso favorable a la solicitud». Por lo
         que se refiere, más concretamente, a los documentos relativos a Maia, el escrito basado en el artículo 6 señalaba, en particular,
         lo siguiente: 
      
      «ICBO y Schmidt obtienen de Maia piezas a precios (“Consumer price” en dólares o “tarifa internacional” en dólares) diferentes
         –y aparentemente muy inferiores– a los de la tarifa italiana, simulando destinar tales piezas a Estados Unidos, país hacia
         el cual, debido a lo reducido de los precios en comparación con los europeos, las exportaciones a los precios corrientes europeos
         no son normalmente rentables. En realidad, tales piezas van destinadas a Haladjian […] para sus actividades comerciales en
         África y Francia.»
      
      205   En respuesta a esta exposición del razonamiento que pensaba seguir la Comisión, Haladjian alegó, sin aportar pruebas de ello,
         que las piezas de repuesto compradas por mediación de ICBO y de Schmidt iban destinadas a Francia y que Maia no se atrevía
         a abastecer abiertamente a Haladjian debido a la amenaza de ruptura de su contrato proferida por Caterpillar. Así pues, la
         demandante no puede asombrarse de que la decisión impugnada responda a estas observaciones señalando que Haladjian nunca probó
         haber podido beneficiarse de la tarifa internacional con Maia y que tampoco probó que las ventas efectuadas por mediación
         de ICBO y de Schmidt tuviesen como destino final Francia y no África.
      
      206   En consecuencia, la imputación basada en la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 2842/98 debe desestimarse.
      4.      Sobre las imputaciones basadas en la vulneración del derecho de acceso al expediente
      207   La demandante recuerda que, mediante escrito de 23 de octubre de 2001, solicitó al consejero auditor una copia de dos documentos
         a los que se hacía referencia en el escrito basado en el artículo 6, a saber, datos sobre los precios facilitados, según ella,
         por determinados distribuidores europeos de Caterpillar (véase el escrito basado en el artículo 6, punto 5.1) y documentos
         en poder de la Comisión procedentes de Leverton [véase el escrito basado en el artículo 6, punto 7.1, letra d)]. Mediante
         escrito de 10 de diciembre de 2001, el consejero auditor, por un lado, respondió que los datos relativos a los precios aplicados
         por Caterpillar a sus distintos distribuidores son datos confidenciales, indicando que, como la desestimación prevista de
         la denuncia no se basaba en niveles de precios concretos, el conocimiento de tales documentos no era indispensable para el
         denunciante. Por otro lado, el consejero auditor precisó que el documento no comunicado de Leverton prohibía a ésta utilizar
         su filial americana para abastecerse al margen del sistema CES. El consejero auditor dedujo de ello que dicho documento no
         era relevante a efectos de la desestimación de la denuncia.
      
      208   Sin embargo, la demandante alega que, contrariamente a lo que afirmó el consejero auditor, un documento relativo a la forma
         en que Caterpillar aplica el sistema CES a la filial americana de un distribuidor europeo resultaba por completo pertinente
         para el tratamiento del asunto, en la medida en que permitía analizar los efectos del sistema CES sobre la competencia en
         la Comunidad. Además, la demandante indica que el escrito basado en el artículo 6 exponía determinados datos sobre los precios
         aplicados por Caterpillar a sus distribuidores, mientras que en la decisión impugnada no figura consideración alguna sobre
         este extremo. Según ella, tales datos son, sin embargo, relevantes para determinar el contenido de la política de precios
         de Caterpillar para con sus distribuidores. Así, es conveniente verificar si existe una correlación entre los descuentos selectivos
         que Bergerat propuso a algunos clientes de Haladjian en 1993 y los precios aplicados por Caterpillar a dicho distribuidor
         durante ese período o, de una forma más general, si los precios aplicados por Caterpillar a sus distribuidores se apartan
         sustancialmente del precio aplicado a los distribuidores americanos y, en caso afirmativo, por qué motivos.
      
      209   Por otra parte, la demandante señala que la decisión impugnada no tiene en cuenta que un empleado de Maia reconoció en el
         marco del procedimiento administrativo que Caterpillar le suprimiría descuentos en caso de venta a Haladjian.
      
      210   Por todas estas razones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que tome todas las medidas oportunas para
         verificar que el expediente de la Comisión no incluya elementos que no hayan sido tenidos en cuenta o no hayan sido correctamente
         analizados por ésta, con el fin de comprobar si la decisión se basa realmente en hechos exactos y si no contiene errores manifiestos
         de apreciación que vengan a añadirse a los que la demandante ha podido poner de manifiesto. Al formular esta solicitud, la
         demandante es consciente de que, como denunciante, no dispone de un derecho de acceso al expediente tan amplio como las empresas
         que son objeto del procedimiento. Tampoco pretende tomar conocimiento de secretos comerciales. Por ese motivo, sugiere al
         Tribunal de Primera Instancia que ordene que se le comunique directamente el expediente, o al menos aquellos documentos que
         él considere oportunos, teniendo en cuenta la necesidad de despejar todas las incertidumbres en aras de la solución del litigio.
      
      211   El Tribunal de Primera Instancia señala que las alegaciones formuladas por la demandante en el marco de la imputación basada
         en la vulneración del derecho de acceso al expediente no desvirtúan en absoluto la apreciación del consejero auditor según
         la cual el contenido de los documentos de que se trata era confidencial para la demandante por motivos relativos al secreto
         comercial. Por lo tanto, en el caso de autos no puede haber vulneración del derecho de acceso al expediente. 
      
      212   Además, para censurar la apreciación del consejero auditor según la cual el conocimiento de los documentos de que se trata
         no era en absoluto indispensable para comprender los motivos por los que fue desestimada la denuncia de Haladjian, la demandante
         se limita a indicar de forma puramente hipotética y prospectiva cuál podía ser el interés de la Comisión en examinar la política
         de precios de Caterpillar para con sus distribuidores. A este respecto, debe señalarse que, a raíz de una denuncia por infracción
         de los artículos 81 CE y 82 CE, la Comisión no está obligada a incoar un procedimiento encaminado a probar dichas infracciones,
         sino únicamente a examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por el denunciante,
         con el fin de determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la competencia dentro del
         mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros (véanse los apartados 26 a 28 de la presente sentencia). Por consiguiente,
         no puede reprocharse a la Comisión que no detallase en la decisión impugnada la política de precios de Caterpillar para con
         sus distribuidores, dado que dicha decisión expone suficientemente, con arreglo a Derecho, los motivos por los que deben desestimarse
         las alegaciones de infracción de los artículos 81 CE y 82 CE expuestas por Haladjian. 
      
      213   El Tribunal de Primera Instancia no considera, por lo tanto, necesario ordenar diligencias de prueba y requerir a la Comisión
         para que presente todos los documentos útiles para la solución del litigio en respuesta a la solicitud formulada en tal sentido
         por la demandante. 
      
      214   Por último, procede señalar que para fundamentar su pretensión de anulación de la decisión impugnada, la demandante no puede
         referirse por primera vez en la fase del procedimiento judicial al hecho de que, según ella, con ocasión de una reunión en
         el despacho del miembro de la Comisión Sr. Van Miert, el 29 de junio de 1998, uno de los participantes indicó que «durante
         una inspección, un responsable de Maia reconoció [por escrito] que, si Caterpillar supiese que vendía a Haladjian, sus descuentos
         [serían] suprimidos». En efecto, aún suponiendo que este hecho sea cierto, lo que no se desprende de los autos, no basta como
         tal para desmentir la decisión impugnada, dado que ésta indica que Caterpillar había amenazado a Maia antes de febrero de
         1993 con poner fin a su contrato de distribución si se descubría que eludía las normas del sistema CES efectuando ventas interzonas
         sin respetar las normas correspondientes. Por lo tanto, el comentario del responsable de Maia a que acaba de hacerse referencia
         podría perfectamente inscribirse en el marco de la amenaza de Caterpillar de romper el contrato con Maia si continuaba vendiendo
         a la red ICBO/Schmidt, que había sido denunciada mediante el escrito anónimo de febrero de 1990.
      
      215   En consecuencia, las imputaciones basadas en la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 2842/98 deben desestimarse.
      216   De lo anterior se desprende que el tercer motivo debe desestimarse en su totalidad.
      217   Por lo tanto, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
       Costas
      218   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones
         de la demandante y haberlo solicitado así la Comisión, procede condenar a la demandante a cargar con sus propias costas, junto
         con las de la Comisión y las de las partes coadyuvantes.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      La demandante cargará con sus propias costas, junto con las de la Comisión y las partes coadyuvantes.
      
               García-Valdecasas 
            
            
                Cooke 
            
            
                Trstenjak
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de septiembre de 2006.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      R. García-Valdecasas
            
         
      Índice
      
      Hechos que originaron el recurso
      A.     Sociedades de que se trata
      B.     Procedimientos administrativos
      1.     Procedimiento incoado por la Comisión contra Caterpillar
      2.     Procedimiento incoado a raíz de la denuncia de Haladjian
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      A.     Observaciones preliminares sobre el alcance de las obligaciones de la Comisión en el marco de la instrucción de una denuncia
         por infracción de los artículos 81 CE y 82 CE
      
      B.     Exposición general del «sistema CES», de las imputaciones de Haladjian y de la decisión impugnada
      1.     Descripción del sistema CES
      2.     Exposición de las imputaciones de Haladjian
      3.     Decisión impugnada y recurso de Haladjian
      C.     Sobre el primer motivo, basado en la existencia de errores manifiestos de apreciación de los hechos y de errores de Derecho
         en lo que se refiere a la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1
      
      1.     Sobre las imputaciones relativas al sistema CES
      a)     Sobre la repercusión de la restricción de las ventas interzonas
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      b)     Sobre la imputación relativa a la lista de los revendedores interzonas
      c)     Sobre la imputación relativa al control del destino de las ventas interzonas
      d)     Sobre la imputación relativa al retraso en la atribución de los códigos CES
      2.     Sobre las imputaciones relativas al escrito de 15 de diciembre de 1982 de Caterpillar a sus distribuidores europeos
      3.     Sobre las imputaciones basadas en los documentos relativos a Bergerat y en las ofertas hechas por Bergerat a clientes de Haladjian
      a)     Sobre la imputación basada en el escrito de 19 de julio de 1990 de Caterpillar a Bergerat
      Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      b)     Sobre las imputaciones relativas a las ofertas realizadas por Bergerat a clientes de Haladjian
      Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      4.     Sobre las imputaciones basadas en los documentos relativos a Leverton
      a)     Decisión impugnada
      b)     Alegaciones de las partes
      c)     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      5.     Las imputaciones basadas en los documentos relativos a Maia
      a)     Los documentos relativos a la red Maia/ICBO/Schmidt
      Decisión impugnada [puntos 6.3 y 7.1, letra c)]
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      b)     Sobre los documentos relativos al pedido de 24 de febrero de 1993
      Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      6.     Conclusión
      D.     Sobre el segundo motivo, relativo al razonamiento seguido por la decisión impugnada en cuanto a la aplicabilidad del artículo
         82 CE
      
      1.     Sobre el contenido de la denuncia
      2.     Sobre las alegaciones expuestas en la nota recapitulativa de 11 de agosto de 2000
      a)     Sobre la supuesta imposición de precios de transacción no equitativos
      b)     Sobre la supuesta limitación de los mercados en detrimento de los consumidores
      c)     Sobre la supuesta aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes
      3.     Sobre las demás imputaciones de la demandante
      4.     Conclusión
      E.     Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de normas de procedimiento
      1.     Sobre la imputación basada en la duración poco razonable del procedimiento
      2.     Sobre las imputaciones basadas en la falta de diligencia y de imparcialidad al examinar la denuncia y en la falta de motivación
         de la decisión impugnada
      
      3.     Sobre la imputación basada en la infracción del artículo 6 del Reglamento nº 2842/98
      4.     Sobre las imputaciones basadas en la vulneración del derecho de acceso al expediente
      Costas
      
      * Lengua de procedimiento: francés.