CELEX: 62008CC0044
Language: es
Date: 2009-04-22 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 22 de abril de 2009. # Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry y otros contra Fujitsu Siemens Computers Oy. # Petición de decisión prejudicial: Korkein oikeus - Finlandia. # Procedimiento prejudicial - Directiva 98/59/CE - Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos - Artículo 2 - Protección de los trabajadores - Información y consulta de los trabajadores - Grupo de empresas - Sociedad matriz - Filial. # Asunto C-44/08.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PAOLO MENGOZZI
      presentadas el 22 de abril de 2009 1(1)
      
      Asunto C‑44/08
      Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry y otros
      contra
      Fujitsu Siemens Computers Oy
      [Petición de decisión prejudicial presentada por el Korkein oikeus (Finlandia)]
      «Directiva 98/59/CE – Artículo 2 – Protección de los trabajadores – Despidos colectivos – Información y consulta de los trabajadores – Nacimiento de la obligación de consulta – Grupo de empresas – Sociedad matriz – Filial»I.      Introducción
      1.        Mediante la presente petición de decisión prejudicial formulada mediante resolución de 6 de febrero de 2008 el Korkein oikeus
         (Tribunal Supremo) (Finlandia) solicita la interpretación de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa
         a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. (2) Esa petición tiene origen en un litigio entre Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry y otros (en lo sucesivo, «demandantes
         en el litigio principal») y Fujitsu Siemens Computers Oy (en lo sucesivo, «demandada en el litigio principal»), sobre la obligación
         de realizar consultas con los representantes de los trabajadores en caso de despidos colectivos.
      
      2.        El presente procedimiento ofrece al Tribunal de Justicia la posibilidad de aclarar por primera vez el alcance de la obligación
         de consulta prevista por la Directiva 98/59, en el caso de un grupo de empresas, cuando la iniciativa de «separar» o de cerrar
         una empresa emana del consejo de administración de la sociedad matriz de la empresa.
      
      II.    El marco jurídico
      A.      El Derecho comunitario
      3.        Según el segundo considerando de la Directiva 98/59: «[…] interesa reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos
         colectivos, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado en la Comunidad.»
      
      4.        A tenor del undécimo considerando de la Directiva 98/59: «[…] conviene garantizar que las obligaciones de los empresarios
         en materia de información, de consulta y de notificación se apliquen con independencia de que la decisión relativa a los despidos
         colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre él.»
      
      5.        El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 dispone:
      
      «Cuando el empresario tenga la intención de efectuar despidos colectivos, deberá consultar, en tiempo hábil, a los representantes
         de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo.»
      
      6.        El artículo 2, apartado 2, párrafo primero, de la misma Directiva establece:
      
      «Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus
         consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación
         o la reconversión de los trabajadores despedidos.»
      
      7.        Según el artículo 2, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 98/59:
      
      «A fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas, el empresario, durante
         el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, deberá:
      
      a)      proporcionarles toda la información pertinente, y
      b)      comunicarles, en cualquier caso, por escrito:
      i)      los motivos del proyecto de despido;
      ii)      el número y las categorías de los trabajadores que vayan a ser despedidos;
      iii)      el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente;
      iv)      el período a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos;
      v)      los criterios tenidos en cuenta para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos, si las legislaciones o prácticas
         nacionales confieren al empresario competencias en tal sentido;
      
      vi)      el método de cálculo de las posibles indemnizaciones por despido distintas a las derivadas de las legislaciones o prácticas
         nacionales.»
      
      8.        El artículo 2, apartado 4, de la misma Directiva, dispone:
      
      «Las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los
         despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre él.
      
      En lo que se refiere a las infracciones alegadas de las obligaciones de información, consulta y notificación establecidas
         en la presente Directiva, cualquier justificación del empresario, basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión
         relativa a los despidos colectivos no le ha facilitado la información necesaria, no se podrá tomar en consideración.»
      
      9.        El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 98/59 prevé la obligación del empresario de notificar por escrito
         cualquier proyecto de despido colectivo a la autoridad pública competente. Según el párrafo tercero del apartado 1 del mismo
         artículo la notificación deberá contener todos los informes útiles referentes al proyecto de despido colectivo y a las consultas
         con los representantes de los trabajadores.
      
      B.      El Derecho nacional
      10.      A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Ley aplicable al tiempo de los hechos objeto del litigio principal, a saber la Ley
         sobre la cooperación en las empresas [yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki (725/1978)], según su modificación por las
         Leyes 51/1993 y 906/1996 (en lo sucesivo, «Ley sobre la cooperación»), antes de adoptar una decisión sobre la cuestión prevista
         en el artículo 6 (los despidos colectivos que se van a realizar), el empresario deberá entablar consultas sobre los motivos
         de la medida, sus efectos y las alternativas a la misma con los trabajadores así como con los agentes o con los representantes
         del personal interesados.
      
      11.      Según el artículo 7, apartado 2, de la Ley sobre la cooperación antes de iniciar el procedimiento de cooperación el empresario
         deberá proporcionar a los trabajadores y empleados afectados y a los representantes del personal interesados la información
         necesaria para el examen del asunto. La información antes mencionada, como es la relativa a los motivos de los despidos previstos,
         el número estimado de trabajadores de diferentes categorías que serán afectados por los despidos, el plazo estimado durante
         el que se prevé efectuar los despidos proyectados, así como la información sobre los criterios según los cuales se seleccionará
         a los trabajadores afectados por los despidos, deberá comunicarse por escrito si el empresario tiene previsto despedir, suspender
         temporalmente el contrato de trabajo durante más de 90 días u ocupar a tiempo parcial a un mínimo de diez trabajadores.
      
      12.      El artículo 7a, apartado 1, de la Ley sobre la cooperación dispone que deberá presentarse por escrito la propuesta de llevar
         a cabo consultas, en el caso previsto en el artículo 6, apartados 1 a 5, de la citada Ley, al menos 5 días antes del inicio
         de las consultas, si es probable que la medida que ha de negociarse lleve consigo el trabajo a tiempo parcial, el despido
         o la suspensión temporal del contrato de uno o varios trabajadores.
      
      13.      Según el artículo 8 de la Ley sobre la cooperación, si el empresario y los representantes del personal no hubieran acordado
         otro procedimiento, se entenderá que el empresario ha cumplido su obligación de llevar a cabo consultas cuando el asunto se
         haya discutido de la forma prevista en el artículo 7. Si la medida por negociar implica de manera probable el trabajo a tiempo
         parcial, el despido o la suspensión temporal del contrato de trabajo durante más de 90 días de al menos diez trabajadores,
         la obligación de llevar a cabo consultas que incumbe al empresario no se considerará cumplida hasta que hayan transcurrido
         al menos seis semanas desde el inicio de las consultas. Además, salvo que se haya acordado otra cosa, la discusión de alternativas
         a la medida no podrá comenzar hasta que hayan transcurrido al menos siete días desde el examen de los motivos y las repercusiones.
      
      14.      En virtud del artículo 15a de la Ley sobre la cooperación, cuando se haya tomado la decisión, intencionalmente o con negligencia
         manifiesta, con infracción de lo dispuesto en los artículos 7, apartados 1 a 3, 7a u 8 y sobre la base de la decisión el trabajador
         pasa a trabajar a tiempo parcial, su contrato de trabajo se suspende temporalmente, o es despedido, el trabajador tendrá derecho
         a exigir al empresario una indemnización de un máximo de 20 meses de salario.
      
      III. El litigio principal, las cuestiones prejudiciales y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      15.      A raíz de la agrupación de algunas de las actividades comerciales en materia informática de Fujitsu Limited y de Siemens AG
         en una empresa común, el grupo Fujitsu Siemens Computers comenzó sus actividades el 1 de octubre de 1999.
      
      16.      La demandada en el litigio principal pasó a ser una filial de Fujitsu Siemens Computers (Holding) BV (Países Bajos) (en lo
         sucesivo, «sociedad matriz»). En ese momento el grupo tenía instalaciones de producción en Kilo, distrito del municipio de
         Espoo (Finlandia), así como en Augsburg, en Paderborn y en Sömmerda (Alemania).
      
      17.      El 7 de diciembre de 1999 el comité ejecutivo de la sociedad matriz, compuesto por los miembros ejecutivos de su consejo de
         administración, celebró una conferencia telefónica. En el curso de esta conferencia se acordó proponer al consejo de administración
         de la sociedad matriz la separación de la fábrica de Kilo.
      
      18.      En la reunión del consejo de administración de la sociedad matriz celebrada el 14 de diciembre de 1999 se acordó aprobar la
         propuesta del comité ejecutivo. No obstante, a la luz del acta de la reunión, en ésta no fue tomada ninguna decisión concreta
         sobre la planta de producción de Kilo.
      
      19.      El mismo día la demandada en el litigio principal propuso consultas en el marco de la cooperación. Esas consultas tuvieron
         lugar entre el 20 de diciembre de 1999 y el 31 de enero de 2000, es decir, durante un período de tiempo de seis semanas.
      
      20.      El consejo de administración de la demandada en el litigio principal, bajo la presidencia del vicepresidente del consejo de
         administración de la sociedad matriz del grupo, acordó el 1 de febrero de 2000 el cese de la actividad de la sociedad a excepción
         de la actividad de distribución de ordenadores en Finlandia. El 8 de febrero de 2000 la demandada en el litigio principal
         comenzó a despedir a sus trabajadores. Se despidió a un total aproximado de 450 de los 490 trabajadores de la empresa.
      
      21.      Varios trabajadores de la demandada en el litigio principal advirtieron que ésta había infringido la Ley sobre la cooperación
         en el contexto de las decisiones tomadas a finales de 1999 y comienzos de 2000 acerca del cierre de la instalación de producción
         de Kilo. Con arreglo al artículo 15a de la Ley sobre la cooperación los trabajadores cedieron a los demandantes en el litigio
         principal, entre ellos Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry, que es uno de los mayores sindicatos de Finlandia, los créditos
         correspondientes a las indemnizaciones e intereses, previstos en la mencionada Ley cuando la decisión de despido se ha adoptado
         ilegalmente, para que los demandantes en el litigio principal procedieran a su reclamación.
      
      22.      Los demandantes en el litigio principal solicitaron al Espoon käräjäoikeus (tribunal de primera instancia de Espoo) la condena
         de la demandada en el litigio principal al pago de las indemnizaciones previstas en la Ley sobre la cooperación. En el procedimiento
         de primera instancia los demandantes en el litigio principal alegaron que la decisión definitiva de separación de la instalación
         de producción en Kilo de la demandada en el litigio principal se tomó en realidad en el seno del consejo de administración
         de la sociedad matriz a más tardar el 14 de diciembre de 1999, antes de que tuvieran lugar las consultas con el personal en
         el marco de la cooperación. Por tanto la demandada en el litigio principal infringió intencionalmente o con negligencia manifiesta
         la Ley sobre la cooperación.
      
      23.      El Espoon käräjäoikeus consideró que los demandantes en el litigio principal no habían demostrado que el consejo de administración
         de la sociedad matriz hubiera decidido el cese de la actividad de la instalación de producción de Kilo, de tal forma que las
         consultas entre el empresario y los trabajadores en el seno de la demandada en el litigio principal no habrían podido realizarse
         conforme a lo previsto por la Ley sobre la cooperación. Según ese tribunal las alternativas al cierre de dicha instalación
         eran reales y fueron examinadas durante las consultas en el marco de la cooperación. El Espoon käräjäoikeus, al estimar que
         la decisión relativa al cese de la actividad de la instalación de producción de Kilo se había tomado en la reunión del consejo
         de administración de la demandada en el litigio principal el 1 de febrero de 2000, cuando se había manifestado imposible encontrar
         otras alternativas, y que las consultas en el marco de la cooperación habían sido reales y apropiadas, desestimó por tanto
         la demanda.
      
      24.      El Helsingin hovioikeus (tribunal de apelación de Helsinki) confirmó en sustancia la sentencia de primera instancia.
      
      25.      El Korkein oikeus, que conoce del recurso de casación, estima que las disposiciones de la Directiva 98/59 así como las de
         la Ley sobre la cooperación presentan divergencias de estructura y de contenido.
      
      26.      Considerando que la interpretación de las disposiciones de la Directiva 98/59 es necesaria para su pronunciamiento, el Korkein
         oikeus decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE en el sentido de que la obligación de iniciar las
         consultas “en tiempo hábil” cuando el empresario “tenga la intención de efectuar despidos colectivos” de trabajadores exige
         que las consultas se inicien cuando se ha apreciado que las decisiones estratégicas o los cambios referidos a la actividad
         empresarial harán necesario un despido colectivo de trabajadores, o debe interpretarse esta disposición en el sentido de que
         la obligación de iniciar las consultas nace ya por el hecho de que el empresario tenga la intención de adoptar medidas o cambios
         de la actividad empresarial, como modificar la capacidad productiva o concentrar la producción, de los que quepa prever que
         harán necesario un despido colectivo de trabajadores?
      
      2)      Habida cuenta de que el artículo 2, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva [98/59] remite a la comunicación de la información
         durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, ¿debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva,
         en el sentido de que la obligación de iniciar consultas “en tiempo hábil” cuando se “tenga la intención” de efectuar despidos
         colectivos exige que las consultas se inicien incluso antes de que la apreciación del empresario haya avanzado hasta un punto
         que permita al empresario concretar las informaciones previstas en el artículo 2, apartado 3, letra b), [de dicha Directiva]
         y comunicarlas a los trabajadores?
      
      3)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, de la Directiva [98/59], en relación con el artículo 2, apartado 4, de la misma,
         en el sentido de que, en el caso de que el empresario esté sometido al control de otra sociedad, la obligación del empresario
         de comenzar las consultas con los representantes de los trabajadores nace cuando o bien el empresario o bien la sociedad matriz
         que ejerce su control sobre él tenga la intención de actuar con vistas a efectuar un despido colectivo de trabajadores al
         servicio del empresario?
      
      4)      Cuando se trata de consultas que deben realizarse en una filial que forma parte de un grupo, y se advierte, habida cuenta
         de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva [98/59], la obligación prevista en el artículo 2, apartado 1,
         de la Directiva de comenzar las consultas “en tiempo hábil” si se “tiene la intención” de efectuar un despido colectivo, ¿nace
         ya la obligación de iniciar las consultas cuando la dirección del grupo o de la sociedad matriz tienen la intención de efectuar
         un despido colectivo pero este proyecto aún no se ha concretado hasta el punto de afectar a los trabajadores de una filial
         determinada sometida a control, o bien esta obligación de iniciar las consultas en la filial sólo nace en el momento en que
         la dirección del grupo o de la sociedad matriz tengan la intención específica de efectuar el despido colectivo en la filial
         afectada?
      
      5)      Cuando el empresario es una empresa (una filial que forma parte de un grupo) sobre la cual otra empresa (una sociedad matriz
         o la dirección de un grupo) ejerce el control en el sentido del artículo 2, apartado 4, de la Directiva [98/59], ¿debe interpretarse
         el artículo 2 de la Directiva [98/59], en el sentido de que el procedimiento de consulta previsto en dicho artículo tiene
         que haber concluido antes de que en la sociedad matriz o en la dirección del grupo se tome una decisión sobre los despidos
         colectivos que deben realizarse en la empresa filial?
      
      6)      En caso de que la Directiva 98/59 deba interpretarse en el sentido de que el procedimiento de consulta que debe realizarse
         en la sociedad filial tiene que haber concluido antes de que en la sociedad matriz o en la dirección del grupo se tome una
         decisión que dé lugar a despidos colectivos de trabajadores, ¿la única decisión determinante en ese contexto es una decisión
         cuya consecuencia directa sea la realización de los despidos colectivos en la filial, o bien el procedimiento de consulta
         tiene que haber concluido antes de que en la sociedad matriz o en la dirección del grupo se tome una decisión empresarial
         o estratégica sobre cuya base son probables los despidos colectivos en la filial, pero éstos no son aún seguros y definitivos?»
      
      27.      Conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia han presentado observaciones escritas los demandantes en el
         litigio principal, la demandada en el litigio principal, los Gobiernos finlandés y del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades
         Europeas. Las citadas partes también informaron en la vista celebrada el 14 de enero de 2009, excepto el Gobierno del Reino
         Unido, que no estuvo representado en ella.
      
      IV.    Análisis
      A.      Sobre la admisibilidad de las cuatro primeras cuestiones
      28.      Según la demandada en el litigio principal las cuatro primeras cuestiones son inadmisibles porque no son pertinentes para
         la solución del litigio principal. A su parecer esas cuestiones tratan de precisar el momento en el que la empresa debería
         iniciar las consultas en el marco de la cooperación acerca de los despidos, a pesar de que esa cuestión jurídica no se ha
         discutido en el litigio principal, dado que ninguna de las partes ha mantenido que el empresario no hubiera iniciado las consultas
         a su debido tiempo.
      
      29.      Considero que no puede acogerse la objeción opuesta a la admisibilidad de las cuatro primeras cuestiones.
      
      30.      Hay que recordar ante todo que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales
         nacionales prevista en el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de
         asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del
         asunto pendiente ante él, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de
         las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. (3)
      
      31.      De ello resulta que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario planteadas por el juez nacional en el marco
         fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan
         de una presunción de pertinencia. (4) Esta presunción de pertinencia sólo puede destruirse en casos excepcionales, cuando resulte evidente que la interpretación
         solicitada del Derecho comunitario no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando
         el problema sea de naturaleza hipotética o el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios
         para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. (5)
      
      32.      En el presente asunto las cuatro primeras cuestiones, en contra de lo apuntado por la demandada en el litigio principal, no
         tratan exclusivamente de fijar un punto de inicio concreto, sino que tratan más bien de determinar qué acto o proyecto de
         la sociedad matriz o del empresario sometido al control de ésta puede ser calificado como un acto o proyecto mediante el cual
         esa sociedad matriz o ese empresario ha proyectado efectuar un despido colectivo, cuyo efecto es dar nacimiento a la obligación
         de iniciar las consultas con los trabajadores conforme a la Directiva 98/59. De los autos resulta que esa interpretación es
         necesaria para determinar si el proyecto de separación elaborado por la sociedad matriz en relación con la demandada en el
         litigio principal puede calificarse como decisión de despido colectivo, según mantienen los demandantes en el litigio principal,
         o como decisión de la que potencialmente nacerá la obligación de las consultas sobre el despido colectivo previstas por la
         Ley sobre la cooperación que adapta el Derecho nacional a la Directiva 98/59. No se trata por tanto de un problema hipotético
         ni de una cuestión sin relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal.
      
      33.      De ello resulta que procede responder a las cuatro primeras cuestiones prejudiciales.
      
      B.      Sobre el fondo
      1.      Observaciones previas
      34.      Como se ha advertido al examinar la admisibilidad, una de las cuestiones esenciales para la solución del litigio principal
         es la de la calificación jurídica de la «decisión» de la sociedad matriz y la definición de las consecuencias en materia de
         consulta de los representantes de los trabajadores previstas por la Directiva 98/59. Por otra parte esa cuestión ha dado lugar
         a cierta confusión en las observaciones de las partes que han intervenido ante el Tribunal de Justicia.
      
      35.      Antes de examinar las diferentes cuestiones prejudiciales, se revela oportuno por tanto considerar el ámbito de aplicación
         personal de la Directiva 98/59 (6) y más en particular la cuestión también evocada en la vista de si dicha Directiva impone obligaciones no sólo al empresario
         sino también a la empresa que le controla.
      
      36.      A mi parecer puede encontrarse directamente una respuesta a esa cuestión en el texto de las disposiciones pertinentes de la
         misma Directiva.
      
      37.      En efecto, hay que observar que la redacción de la Directiva 98/59, en especial del artículo 2, apartados 1, 3 y 4, y del
         artículo 3, apartados 1 y 2, no deja ninguna duda razonable sobre el destinatario de las obligaciones en materia de información,
         de consulta y de notificación.
      
      38.      El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, prevé expresamente que sólo el empresario está obligado a realizar consultas
         en tiempo hábil con los representantes de los trabajadores. El artículo 2, apartado 3, párrafo primero, de la misma Directiva
         identifica únicamente al empresario como responsable de proporcionar toda la información pertinente a los representantes de
         los trabajadores. Según el apartado 3, párrafo segundo, del citado artículo el empresario deberá transmitir a la autoridad
         pública competente una copia de la comunicación escrita que contenga los elementos previstos en el párrafo primero.
      
      39.      El artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59 no prevé en ninguna forma una obligación a cargo de la sociedad matriz. Ese
         artículo sólo indica que las obligaciones de información y de consulta establecidas por la Directiva 98/59 se aplicarán con
         independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa
         que ejerza el control sobre él. El párrafo segundo del apartado 4 establece la responsabilidad del empresario por las decisiones
         tomadas por la sociedad matriz incluso si no tuvo conocimiento de ellas.
      
      40.      Aunque dicho artículo 2, apartado 4, párrafo segundo, no prevé expresamente ninguna obligación a cargo de la sociedad matriz
         en materia de información, de consulta y de notificación, no deja de ser cierto que, si la sociedad matriz toma la decisión
         que conduce a los despidos colectivos, esa última está obligada a facilitar la información necesaria al empresario interesado,
         sobre quien ejerce el control, para que ese último esté en condiciones de cumplir debidamente todas las obligaciones de información,
         de consulta y de notificación previstas por la Directiva 98/59. Esa obligación de la sociedad matriz consistente en facilitar
         la información necesaria sólo es por tanto eficaz en las relaciones empresario-sociedad matriz. No abarca la obligación de
         consulta propiamente dicha.
      
      41.      El artículo 3 de la Directiva 98/59, que regula el procedimiento de notificación, prevé que esa obligación de notificación
         incumbe únicamente al empresario, que está obligado a notificar cualquier proyecto de despido a la autoridad pública competente
         (artículo 3, apartado 1) y que debe transmitir a los representantes de los trabajadores la copia de esa notificación (artículo
         3, apartado 2).
      
      42.      Por consiguiente no puedo deducir de las disposiciones interpretadas ningún elemento que me permita considerar que la Directiva
         98/59 prevé obligaciones a cargo de la sociedad matriz en materia de información, de consulta y de notificación respecto a
         los representantes de los trabajadores del empresario o respecto a las autoridades públicas. (7) Más en particular, en lo que atañe a la obligación de consulta, hay que observar que el cumplimiento de ésa incumbe únicamente
         al empresario, incluso cuando la sociedad matriz, que ejerce el control de éste, toma la decisión que conduce a los despidos
         colectivos.
      
      43.      Hechas esas observaciones, procede examinar seguidamente las seis cuestiones prejudiciales.
      
      2.      Sobre la primera cuestión
      44.      Mediante la primera cuestión el tribunal remitente, no obstante la redacción algo confusa utilizada, desea en realidad aclaración
         sobre el significado de la expresión «tenga la intención de efectuar despidos colectivos», en el artículo 2, apartado 1, de
         la Directiva 98/59. Ese tribunal necesita definir el momento en el que un empresario tiene la intención de adoptar tal medida,
         dado que la obligación de consulta nace en ese preciso momento. El tribunal remitente sugiere dos interpretaciones. Según
         la primera interpretación posible ese momento es aquel en el que se ha advertido que las decisiones estratégicas o los cambios
         que afectan a la actividad harán necesario un despido colectivo. Según la segunda interpretación posible ese momento es aquel en el que el empresario considera la posible
         adopción de medidas o de cambios de la actividad de la sociedad de los que quepa prever que harán necesario un despido colectivo de trabajadores. (8)
      
      45.      Hay que recordar que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 prevé la obligación del empresario de proceder «en tiempo
         hábil» a consultas con los representantes de los trabajadores cuando «tenga la intención de efectuar despidos colectivos».
      
      46.      Esa disposición, al establecer que la obligación de consulta nace desde el momento en que el empresario tiene la intención
         de efectuar despidos colectivos, utiliza la expresión «tener la intención», que por sí misma no es apta para determinar el
         momento preciso en el que nace la obligación de consulta. Para determinar ese momento es preciso un esfuerzo interpretativo.
      
      47.      Ese esfuerzo debe partir ante todo de la consideración de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1,
         de la Directiva 98/59. Debe además tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia en un asunto similar al que es objeto
         del presente procedimiento, en el cual el Tribunal tuvo ocasión de interpretar esa disposición así como la finalidad de ésta.
      
      48.      En las versiones lingüísticas de la Directiva 98/59 distintas de la francesa, el verbo «envisager» se expresa mediante términos
         como «tener la intención» (versión española), «beabsichtigen» (versión alemana), «contemplate» (versión inglesa) y «prevedere»
         (versión italiana).
      
      49.      Parece pues que de la comparación de esas diferentes versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59
         resulta ya que el legislador comunitario quiso que la obligación prevista por esa disposición naciera de la existencia de
         una intención del empresario de efectuar un despido colectivo.
      
      50.      Dicha interpretación del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 puede ser acogida a la luz de la sentencia Dansk Metalarbejderforbund
         y Specialarbejderforbundet i Danmark, (9) en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la cuestión de si el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 75/129
         era aplicable cuando, a causa de su situación financiera, el empresario habría debido proyectar un despido colectivo, pero
         no lo hizo. El Tribunal de Justicia estimó que esa disposición sólo se aplica cuando el empresario ha tenido realmente la intención de efectuar un despido colectivo, o ha elaborado un proyecto de despido colectivo. (10)
      
      51.      Además, esa interpretación se confirma por la finalidad de la obligación de consulta que la Directiva 98/59 hace nacer del
         hecho de que un empresario tenga la intención de efectuar un despido colectivo.
      
      52.      En efecto, como resulta de la precisión contenida en el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 98/59, la referida obligación
         no sólo está prevista «con vistas a llegar a un acuerdo» con los representantes de los trabajadores sobre los despidos colectivos
         que se van a realizar. También trata de atenuar las consecuencias de esos despidos, mediante el recurso a medidas sociales
         de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.
      
      53.      Con una y otra finalidad la consulta es en esencia un medio para realizar una negociación; (11) se prevé que el empresario la inicie en tiempo hábil, es decir, en un momento en el que, en razón de su función, la consulta ofrece a los representantes de los trabajadores la
         posibilidad de participar de forma eficaz en esa negociación.
      
      54.      Sin embargo, para que esa participación sea eficaz es necesario que tenga lugar en un momento en el que la negociación pueda
         tener un objeto suficientemente determinado; ese momento sólo puede coincidir con el momento en el que es posible apreciar
         que existe una intención del empresario de efectuar un despido colectivo, o cuando menos que el empresario prevé ya la posibilidad
         de realizarlo como consecuencia de las medidas proyectadas. Únicamente en ese momento es posible considerar que el empresario
         está obligado a realizar consultas. Antes de ese momento no pueden materializarse ni una participación real de los representantes
         de los trabajadores en la toma de una decisión relativa al empleo de éstos, ni alternativas reales; por consiguiente, no sería
         útil una consulta.
      
      55.      Dado que, como permite comprender claramente la redacción del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59, la consecuencia
         derivada del hecho de proyectar un despido colectivo es automática, y que ese efecto sólo surge si existe una intención o un proyecto de efectuar un despido colectivo por parte del empresario,
         se debe considerar que ese hecho, a saber el de proyectar esos despidos, sólo se produce cuando puede dar lugar a una consulta
         apta para materializarse a través de una negociación con un objeto suficientemente determinado.
      
      56.      Atendiendo a la finalidad de la obligación de consulta y a la necesidad de apreciar la existencia de una intención de efectuar
         un despido colectivo por parte del empresario, una decisión que origine la probable necesidad de realizar en el futuro despidos
         colectivos no puede encajar en la expresión «tener la intención», ya que dicha decisión se caracteriza por la falta de intención
         del empresario de efectuar despidos colectivos o de un proyecto concreto de efectuarlos.
      
      57.      En consecuencia, considero que la primera interpretación apuntada por el tribunal remitente en su primera cuestión prejudicial,
         relativa a la situación en la que el empresario toma medidas que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, se asemeja al caso en el que el empresario debería tal vez prever despidos colectivos,
         pero aún no tiene la intención de realizarlos. Teniendo en cuenta la sentencia Dansk Metalarbejderforbund y Specialarbejderforbundet
         i Danmark, antes citada, y el significado que debe darse a la expresión «tener la intención» a la luz de la función de la
         obligación de consulta, opino que la Directiva 98/59 no puede aplicarse aún a dicha situación. En efecto, me parece que la
         expresión «hacer necesario» que utiliza el tribunal remitente hace referencia a una fase prematura en la que el empresario
         aún no ha proyectado o previsto despidos colectivos.
      
      58.      Siendo así, hay que observar que la segunda interpretación sugerida por el tribunal remitente en su primera cuestión prejudicial,
         según la cual el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 debería entenderse en el sentido de que la obligación de consulta
         nacería en el caso de que el empresario tenga la intención de tomar medidas de las que quepa prever que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, describe una situación todavía más remota que la expuesta en la primera alternativa.
         En tal situación no sólo el empresario no ha proyectado o previsto aún despidos colectivos, sino que la realización de ese
         hecho constituye aún una mera probabilidad.
      
      59.      De ello resulta a mi parecer que tanto la primera como la segunda alternativa propuestas en la primera cuestión prejudicial
         reflejan situaciones en las que no puede aplicarse la Directiva 98/59.
      
      60.      Por las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder a la primera cuestión planteada por el tribunal
         remitente que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido de que ni la situación en
         la que el empresario toma medidas que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, ni aquella en la que el empresario
         proyecta adoptar medidas de las que cabe prever que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, pueden incluirse
         en la expresión «tenga la intención de efectuar despidos colectivos». Esa expresión debe entenderse en el sentido de que se
         refiere al momento en el que puede apreciarse que existe la intención del empresario de efectuar despidos colectivos, o al
         menos que el empresario ya prevé la posibilidad de realizarlos como consecuencia de las medidas proyectadas.
      
      3.      Sobre la segunda cuestión
      61.      Mediante su segunda cuestión el tribunal remitente pregunta en sustancia si la obligación de iniciar consultas en tiempo hábil
         cuando se tiene la intención de efectuar despidos colectivos exige que las consultas comiencen antes incluso de que el empresario
         esté en condiciones de proporcionar la información prevista en el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 98/59.
         La cuestión se refiere pues al nexo entre el punto de inicio de las consultas y la obligación de comunicar la información
         prevista por el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 98/59 a los representantes de los trabajadores.
      
      62.      Es preciso señalar que la redacción del artículo 2, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 98/59 indica claramente que
         la información debe ser proporcionada por el empresario «durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil», a fin
         de «permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas».
      
      63.      Habida cuenta de que según el artículo 2, apartado 3, párrafo primero, de dicha Directiva la información prevista en ese apartado
         3, letra b), incisos i) a vi), debe ser proporcionada durante el transcurso de las consultas, puede considerarse lógicamente que la obligación de proporcionar toda la información exigida no tiene que cumplirse necesariamente
         en el momento de la apertura de las consultas sino que puede serlo también en el curso de éstas.
      
      64.      En efecto, en la lógica de esa disposición el empresario debe mantener informados a los trabajadores sobre la evolución de
         la situación y facilitarles toda la información pertinente a lo largo de todo el proceso de consulta. Esa flexibilidad se
         revela necesaria teniendo en cuenta que la información puede llegar a estar disponible en diferentes momentos del proceso
         de consulta, lo que implica que el empresario tenga la posibilidad de completar durante las consultas la información prevista
         por el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 98/59.
      
      65.      Esa flexibilidad es tanto más necesaria ya que, como resulta expresamente de dicho apartado 3, la comunicación de la información
         «en tiempo hábil» tiene la finalidad de «permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas»
         durante el proceso de consulta. Por tanto la comunicación de la información debe entenderse como una obligación cuyo objetivo
         es permitir la participación más completa y efectiva que sea posible de los trabajadores en el proceso de consulta, y para
         serlo la información debe proporcionarse hasta el último momento de la consulta.
      
      66.      De ello resulta que el momento de inicio de las consultas no depende del hecho de que el empresario ya esté en condiciones
         de proporcionar a los trabajadores toda la información mencionada en el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 98/59.
      
      67.      Por las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder a la segunda cuestión planteada por el tribunal
         remitente que el nacimiento de la obligación del empresario de iniciar las consultas sobre los despidos colectivos no depende
         del hecho de que el empresario ya esté en condiciones de proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información
         exigida por el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 98/59.
      
      4.      Sobre las cuestiones tercera y cuarta
      68.      Mediante la tercera cuestión el tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo 2, apartado 1, en relación
         con el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de consulta con
         los representantes de los trabajadores nace cuando o bien el empresario o bien la sociedad matriz que le controla tenga la
         intención de efectuar un despido colectivo. Mediante su cuarta cuestión el tribunal remitente pregunta si el nacimiento de
         la obligación de iniciar consultas, en el caso de un grupo de empresas, exige que la apreciación de la necesidad del despido
         colectivo proyectado por la sociedad matriz se haya concretado hasta el punto de afectar a los trabajadores de un empresario
         determinado.
      
      69.      Hay que recordar ante todo que según el artículo 2, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 98/59 las obligaciones del
         empresario en materia de información, consulta y notificación se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a
         los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre él.
      
      70.      Respecto a la redacción de esa disposición el tribunal remitente llama la atención sobre las divergencias en la formulación
         de los apartados 1 y 4 de dicho artículo 2 (el apartado 1 se refiere al supuesto de que el empresario «tenga la intención»
         de efectuar despidos colectivos, en tanto que el apartado 4 menciona una «decisión» relativa a los despidos colectivos), por
         una parte, y sobre los diferentes tiempos utilizados en los verbos referidos a la «decisión» en algunas versiones lingüísticas
         del apartado 4 [por ejemplo el uso del imperfecto en alemán («getroffen wurde»), del presente continuo en inglés («is being
         taken»), del presente en francés («émane») y del pretérito perfecto en finés («on päättänyt»)], por otra parte.
      
      71.      Respecto a las divergencias en la formulación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 98/59, considero que se
         debe tener en cuenta en primer lugar la interpretación sistemática de la Directiva 98/59 y en segundo lugar el objetivo del
         artículo 2, apartado 4, de la misma.
      
      72.      En lo que atañe a la interpretación sistemática de la Directiva 98/59, es preciso observar que la regla principal relativa
         al inicio de la obligación de consulta se establece en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva; el apartado 4 de ese
         artículo 2 sólo tiene una función auxiliar en relación con dicho apartado 1. En efecto, ese apartado 4 tiene como objetivo
         confirmar el alcance de la obligación de consulta del empresario prevista en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59
         cuando ese empresario es una filial de una empresa. Por esa razón la diferencia en el lenguaje que resulta de la disposición
         auxiliar de dicho apartado 4 no puede modificar el significado de la regla principal. Al contrario, la disposición auxiliar
         debe entenderse a la luz de la regla principal.
      
      73.      Por tanto el término «decisión» utilizado en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59 debe entenderse en el sentido
         amplio, a la luz del artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva que, como he puesto de relieve en el punto 54 de las presentes
         conclusiones, al utilizar la expresión «tener la intención» hace referencia a un momento en el que se proyecta o se prevé
         realizar despidos colectivos, y que precede a la adopción de la decisión de despido.
      
      74.      Por consiguiente opino que el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59 no debe ser interpretado de forma tal que la obligación
         de consulta nace cuando la sociedad matriz ha adoptado una decisión de despido colectivo, sino que por el contrario nace en
         el momento en que, bien el empresario, bien la empresa que le controla tiene la intención, es decir, proyecta o prevé, de
         realizar despidos colectivos.
      
      75.      Esa interpretación se confirma por el objetivo de la Directiva 98/59, según lo expresa el artículo 2, apartado 2, de ésta,
         de evitar los despidos colectivos o al menos de reducir el número de los trabajadores afectados por esa medida. La realización
         de ese objetivo se frustraría si la consulta fuera posterior a la decisión de despido colectivo de la sociedad matriz que
         controla al empresario que ha de realizar ese despido. (12)
      
      76.      A la luz de las anteriores consideraciones no es necesario examinar las divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas
         relativas a los tiempos de los verbos referidos al término «decisión», y debe considerarse no pertinente el uso del tiempo
         pasado en algunas versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59.
      
      77.      Por consiguiente es preciso interpretar el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 en relación con el artículo 2, apartado
         4, de dicha Directiva en el sentido de que en el caso de un grupo de empresas la obligación de consulta con los representantes
         de los trabajadores nace cuando, bien el empresario, bien la empresa que le controla proyecta o prevé efectuar despidos colectivos.
      
      78.      No obstante hay que recordar que, como he puesto de relieve en los puntos 38 y 40 de las presentes conclusiones, el cumplimiento
         de esa obligación de consulta incumbe al empresario, con independencia del hecho de que los despidos colectivos sean proyectados
         o previstos por el empresario o por la sociedad matriz.
      
      79.      Considero que hay que partir de esa apreciación para responder a la cuarta cuestión del tribunal remitente, que pregunta si
         el nacimiento de la obligación de iniciar consultas con los representantes de los trabajadores exige en el caso de un grupo
         de empresas que ya se haya determinado la filial cuyos trabajadores serán afectados por el despido colectivo.
      
      80.      Habida cuenta de que la obligación de consulta con los representantes de los trabajadores incumbe al empresario, opino que
         esa obligación no nace hasta que la sociedad matriz que ejerce el control haya determinado la filial en la que se proyectan
         los despidos colectivos. Sólo esa filial, como empresario, puede iniciar las consultas cuyo objetivo es lograr un acuerdo
         con los representantes de los trabajadores.
      
      81.      Esa finalidad de la obligación de consulta, que como he puesto de relieve en el punto 53 de las presentes conclusiones trata
         de garantizar la participación real de los representantes de los trabajadores en la toma de decisión que afecta al empleo
         de éstos, no podría lograrse si la obligación de consulta naciera cuando la sociedad matriz no ha determinado aún la filial
         que será afectada por los despidos colectivos proyectados. En ese caso todas las filiales de un grupo de empresas estarían
         obligadas a iniciar al mismo tiempo las consultas en una situación en la que nadie sabe aún cuál podría ser su objeto ni si
         las consultas son realmente necesarias. Por consiguiente la participación efectiva de los representantes de los trabajadores
         sería imposible en tal supuesto.
      
      82.      En consecuencia considero que la obligación de consulta nace cuando la sociedad matriz que ejerce el control ha determinado
         la filial que será afectada por los despidos colectivos proyectados.
      
      83.      Por las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones tercera y cuarta planteadas
         por el tribunal remitente que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59, puesto en relación con el artículo 2, apartado
         4, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un grupo de empresas, la obligación de consulta
         con los representantes de los trabajadores nace cuando, bien el empresario, bien la empresa que le controla, proyecta o prevé
         efectuar despidos colectivos. En el caso de ser la sociedad matriz quien lo prevé, la obligación de consulta sólo nace cuando
         dicha sociedad ha determinado la filial que será afectada por esos despidos.
      
      5.      Sobre las cuestiones quinta y sexta
      84.      Mediante la quinta cuestión el tribunal remitente trata de saber si el empresario debe concluir el procedimiento de consulta
         previsto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59 antes de que la decisión sobre los despidos colectivos se tome
         en la sociedad matriz. En caso de respuesta afirmativa el tribunal remitente pregunta en su sexta cuestión cuál es la clase
         de decisión de la sociedad matriz antes de la cual debe terminar el procedimiento de consulta. El tribunal remitente apunta
         dos opciones, a saber, por una parte una decisión cuyo efecto directo sea la realización de los despidos colectivos en la
         filial, y por otra parte una decisión empresarial o estratégica sobre cuya base son probables los despidos colectivos en la
         filial, pero éstos no son aún seguros y definitivos.
      
      85.      Considero que la respuesta a la quinta cuestión puede deducirse de la sentencia Junk, antes citada. En dicha sentencia el
         Tribunal de Justicia confirmó que la extinción del contrato de trabajo sólo puede efectuarse con posterioridad a la clausura
         del procedimiento de consulta, a saber, después de que el empresario haya respetado las obligaciones establecidas en el artículo
         2 de la Directiva 98/59. (13) De ello resulta que el procedimiento de consulta debe finalizar antes de que se adopte una decisión de despido colectivo.
      
      86.      En lo que se refiere al caso de que esa decisión de despido colectivo que ha de realizarse en una filial sea tomada por la
         sociedad matriz, recuerdo que el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59 dispone que la obligación de consulta se aplicará
         con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa
         que ejerza el control sobre él, o, como se precisa en la respuesta a la tercera cuestión, con independencia de que sea el
         empresario o la empresa que le controla quien ha proyectado o previsto esos despidos colectivos.
      
      87.      Por consiguiente estimo que toda decisión de una sociedad matriz de realizar despidos colectivos en una filial, y que lleve
         a la filial, como empresario, a extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores, sólo puede ser tomada después de la
         terminación del procedimiento de consulta previsto por el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59.
      
      88.      Esa interpretación se confirma por el objetivo de la Directiva 98/59, según lo expresa el artículo 2, apartado 2, de ésta,
         de evitar los despidos colectivos, o al menos reducir el número de los trabajadores afectados por esa medida. El logro de
         ese objetivo se frustraría, como he puesto de relieve en el punto 75 de las presentes conclusiones, si la consulta fuera posterior
         a la decisión de despido colectivo de la sociedad matriz. (14)
      
      89.      En lo que atañe a la sexta cuestión mediante la que el tribunal remitente pregunta cuál es la clase de decisión de la sociedad
         matriz antes de la cual debe terminar el procedimiento de consulta, ya resulta a mi juicio de las respuestas propuestas a
         las cuestiones primera y quinta que se trata de la decisión de despido colectivo, que constituye la primera opción sugerida
         por el tribunal remitente.
      
      90.      En cuanto a la segunda opción apuntada por el tribunal remitente, según la cual el procedimiento de consulta debe terminar
         antes de que se tome una decisión empresarial o estratégica sobre cuya base sean probables los despidos colectivos en la filial,
         pero éstos no sean aún seguros y definitivos, quiero recordar la respuesta propuesta a la primera cuestión prejudicial.
      
      91.      Habida cuenta de la apreciación expuesta en el punto 60 de las presentes conclusiones, según la cual la decisión tomada por
         el empresario que hará necesario un despido colectivo de trabajadores no puede incluirse en la expresión «tenga la intención
         de efectuar despidos colectivos», puede observarse que esa decisión, que no es apta para constituir el punto de inicio de
         las consultas, todavía menos puede calificarse como el punto final de las consultas.
      
      92.      Dado que según el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 98/59 carece de importancia respecto a la obligación de consulta
         que la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por el empresario o por una empresa que controla a éste, hay
         que señalar que la apreciación expuesta en el punto precedente de las presentes conclusiones acerca de una decisión tomada
         por el empresario es válida también respecto a la decisión tomada por la sociedad matriz que hará necesario un despido colectivo
         de los trabajadores del referido empresario.
      
      93.      Por las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones quinta y sexta planteadas por
         el tribunal remitente que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59, puesto en relación con el artículo 2, apartado
         4, de ésta, debe ser interpretado en el sentido de que, en el caso de un grupo de empresas, el empresario tiene que concluir
         el procedimiento de consulta antes de que la decisión de despido colectivo se tome en la sociedad matriz. La decisión empresarial
         o estratégica de esta última sobre cuya base son probables los despidos colectivos en la filial, pero éstos no son aún seguros
         y definitivos, no puede ser determinante para definir el momento de terminación de las consultas entabladas con los representantes
         de los trabajadores.
      
      V.      Conclusión
      94.      En virtud del conjunto de las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder como sigue a las cuestiones
         planteadas por el Korkein oikeus:
      
      «El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las
         legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que ni
         la situación en la que el empresario toma medidas que harán necesario un despido colectivo de trabajadores, ni aquella en
         la que el empresario proyecta adoptar medidas de las que cabe prever que harán necesario un despido colectivo de trabajadores,
         pueden incluirse en la expresión “tenga la intención de efectuar despidos colectivos”. Esa expresión debe entenderse en el
         sentido de que se refiere al momento en el que puede apreciarse que existe la intención del empresario de efectuar despidos
         colectivos, o al menos que el empresario ya prevé la posibilidad de realizarlos como consecuencia de las medidas proyectadas.
      
      El nacimiento de la obligación del empresario de iniciar las consultas sobre los despidos colectivos no depende del hecho
         de que el empresario ya esté en condiciones de proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información exigida
         por el artículo 2, apartado 3, letra b), de la Directiva 98/59.
      
      El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59, en relación con el artículo 2, apartado 4, de dicha Directiva, debe interpretarse
         en el sentido de que, en el caso de un grupo de empresas, la obligación de consulta con los representantes de los trabajadores
         nace cuando, bien el empresario, bien la empresa que le controla, proyecta o prevé efectuar despidos colectivos. En el caso
         de ser la sociedad matriz quien lo prevé, la obligación de consulta sólo nace cuando dicha sociedad ha determinado la filial
         que será afectada por esos despidos.
      
      El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 98/59, puesto en relación con el artículo 2, apartado 4, de ésta, debe ser interpretado
         en el sentido de que, en el caso de un grupo de empresas, el empresario tiene que concluir el procedimiento de consulta antes
         de que la decisión de despido colectivo se tome en la sociedad matriz. La decisión empresarial o estratégica de esta última
         sobre cuya base son probables los despidos colectivos en la filial, pero éstos no son aún seguros y definitivos, no puede
         ser determinante para definir el momento de terminación de las consultas entabladas con los representantes de los trabajadores.»
      
      1 –	Lengua original: francés.
      
      2 –		DO L 255, p. 16.
      
      3 –	Véase en particular la sentencia de 6 de noviembre de 2008, Trespa International (C‑248/07, Rec. p. I‑0000), apartado 32
         y la jurisprudencia citada.
      
      4 –	Ibidem (apartado 33 y la jurisprudencia citada).
      
      5 –	Idem.
      
      6 –	La Directiva 98/59 constituye, como precisa su primer considerando, la codificación de la Directiva 75/129/CEE del Consejo,
         de 17 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
         colectivos (DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54), en su versión modificada por la Directiva 92/56/CEE del Consejo, de 24 de junio
         de 1992 (DO L 245, p. 3). En efecto, como ya tuve ocasión de señalar en los puntos 35 y 36 de mis conclusiones presentadas
         el 21 de enero de 2009 en el asunto Mono Car Styling SA (C‑12/08), pendiente ante el Tribunal de Justicia, es posible por
         tanto considerar la Directiva 98/59 en su integridad como la versión actualmente vigente de la Directiva 75/129.
      
      7 –	Esa interpretación se confirma además por la intención del legislador comunitario. En ese aspecto me parece oportuno mencionar
         los trabajos preparatorios de la Directiva 92/56 que, introduciendo entre otros el apartado 4 del artículo 2 en la Directiva
         75/129, condujeron a la adopción del texto definitivo de la Directiva 75/129, recogido en la Directiva 98/59. Según el punto
         16 de la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 75/129 [COM(91) 292
         final, DO C 310, p. 5), «hay que poner de relieve que el texto revisado no transfiere directamente ninguna obligación a la
         empresa que ejerce el control como tal. Los problemas de extraterritorialidad se evitan por consiguiente. También es preciso
         señalar que la Comisión no propone un mecanismo [...] que permita a los trabajadores solicitar consultas con la administración
         central de la empresa o con la dirección de la empresa que ejerce el control del grupo (denominado sistema “by-pass”).»
      
      8 –	La cursiva es mía.
      
      9 –	Sentencia de 12 de febrero de 1985, (284/83, Rec. p. 553).
      
      10 –	Ibidem (apartados 12 a 17).
      
      11 –	Sobre el énfasis en la función de las consultas como apertura de una negociación, véanse el punto 59 de las conclusiones
         del Abogado General Tizzano en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de enero de 2005, Junk (C‑188/03, Rec. p. I‑885),
         y en ese sentido el apartado 43 de esa sentencia.
      
      12 –	Véase en ese sentido la sentencia Junk, antes citada (apartado 44).
      
      13 –	Véase la sentencia Junk, ante citada (apartado 45).
      
      14 –	Véase en ese sentido la sentencia Junk, antes citada (apartado 44).