CELEX: 61989TJ0115
Language: es
Date: 1990-12-13 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 13 de diciembre de 1990. # José Maria González Holguera contra Parlamento Europeo. # Funcionarios - Requisitos de admisión a un concurso-oposición general externo. # Asunto T-115/89.

SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-l 15/89
  2. El Tribunal de Primera Instancia debe                 4. El tribunal del concurso debe precisar
      examinar de oficio si la institución de-                 cuáles de los requisitos establecidos en la
      mandada cumplió la obligación que le in-                convocatoria de concurso se reputan no
      cumbía de motivar la decisión impug-                    cumplidos por el candidato. Sin embargo,
      nada.                                                   con el fin de tener en cuenta las dificulta-
                                                              des prácticas que se presentan en un con-
                                                              curso al que se hayan presentado muchos
 3. La obligación que recae sobre los tribu-                  candidatos, el tribunal del mismo puede,
      nales de concursos con arreglo al sexto                 en un primer momento, no comunicar a
      párrafo del artículo 5 del anexo III del                los candidatos más que los criterios y el
      Estatuto de redactar un informe moti-                   resultado de la selección, sin perjuicio de
     vado, que ha de acompañar a la lista de                  dar ulteriormente explicaciones indivi-
      aptitud dirigida a la autoridad facultada               duales a aquellos candidatos que lo soli-
      para proceder a los nombramientos tiene                 citen expresamente.
     por finalidad permitir a la AFPN hacer
     un uso racional de su libertad de elección
     y valorar si las decisiones del tribunal del
     concurso fueron conformes a Derecho o
     si, a causa de la posible irregularidad en
     que haya podido incurrir el tribunal,                5. Cuando la valoración de la experiencia
     debe hacer caso omiso de los resultados                  profesional de un candidato supone una
     del concurso y convocar uno nuevo. A                     apreciación que se enmarca en las com-
     este respecto, el citado informe debe                   petencias específicas de los miembros del
     contener la indicación tanto acerca de los              tribunal, el Tribunal de Primera Instancia
     criterios generales sustentados por el tri-             debe limitarse a verificar si el ejercicio de
     bunal como sobre la aplicación que de                   dicha facultad no adolece de un error
     los mismos hizo a los candidatos.                       manifiesto.
   SENTENCIA DEL TRIBUNAL D E PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
                                       13 de diciembre de 1990*
En el asunto T-115/89,
José María González Holguera, funcionario del Parlamento Europeo, representado
por M e Blanche Moutrier, Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho de ésta, 16, avenue de la Porte-Neuve,
                                                                                   parte demandante,
* Lengua de procedimiento: francés.
II - 832
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                                          contra
   Parlamento Europeo, representado por el Sr. Jorge Campinos, Jurisconsulto, y el
   Sr. Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, que designa como
   domicilio en Luxemburgo la sede de la Secretaría General del Parlamento Euro-
   peo, Kirchberg,
                                                                   parte demandada,
   que tiene por objeto la anulación de la decisión del tribunal del concurso-oposi-
   ción general n° PE/126/LA (Consejero Lingüístico de lengua española) de no ad-
   mitir al demandante para que participara en dicho concurso-oposición,
              EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta),
   integrado por los Sres. C. P. Briët, Presidente; H. Kirschner y J. Biancarelli, Jue-
   ces,
   Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora
   habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de
   octubre de 1990,
   dicta la siguiente
                                         Sentencia
   Hechos
    (omissis)
21 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que :
    1) Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado.
    2) Anule la decisión del tribunal del concurso-oposición general n° PE/126/LA,
        denominado «Consejero Lingüístico de lengua española», mediante la cual se
        excluyó al demandante de participar en las pruebas del mismo.
                                                                                 II - 833
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      3) Declare que, en la decisión que habrá de dictarse, será preciso tener en cuenta
          la anterior experiencia profesional del demandante en el ámbito de la traduc-
          ción y en relación con la traducción.
      4) Anule las pruebas del concurso-oposición y el nombramiento efectuado en base
          al mismo, respectivamente.
     5) Condene en costas a la parte demandada.
 22  El Parlamento solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
     — Desestime el recurso.
     — Resuelva sobre las costas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias perti-
          nentes.
     Fondo
23   En apoyo de su recurso, el demandante alega cuatro motivos que este Tribunal de
     Primera Instancia considera que debe examinar en el orden lógico siguiente: en
    primer lugar, el tribunal no tuvo en cuenta que, en anteriores concursos, se le
    había admitido a participar, especialmente, en el concurso interno n° LA/103; en
    segundo lugar, la motivación de la decisión del tribunal resulta insuficiente e inco-
    rrecta; en tercer lugar, el tribunal no tuvo en cuenta su experiencia profesional, y,
    en cuarto lugar, la decisión del tribunal resulta discriminatoria hacia él en relación
    con los demás candidatos al concurso-oposición.
    Primer motivo, fundado en que se había admitido la participación del demandante en
    anteriores concursos similares
    (omissis)
29  Este Tribunal de Primera Instancia considera que es preciso señalar que, con arre-
    glo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el supuesto de que varias convo-
    I I - 834
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   catorias sucesivas de concursos establecieran requisitos de admisión formulados en
   los mismos términos, un candidato no puede ser objeto de una valoración menos
   favorable que la que recibió con ocasión de un concurso anterior, a menos que la
   motivación de la decisión justifique claramente esta diferencia de valoración (sen-
   tencias del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, Kobor contra Comisión,
   112/78, Rec. 1979, p. 1573, 1578 y ss.; y de 12 de julio de 1989, Belardinelli
   contra Tribunal de Justicia, 225/87, Rec. 1989, p. 2353). Sin embargo, para que
   sea aplicable esta postura jurisprudencial, es preciso que los requisitos exigidos
   para ser admitido a tomar parte en el concurso anterior hayan sido los mismos o
   más estrictos que los exigidos en el concurso controvertido (véase la sentencia del
   Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1985, De Santis contra Tribunal de Cuen-
   tas, 108/84, Rec. 1985, pp. 947, 959). Por consiguiente, es preciso examinar si tal
   es el caso en lo relativo a los concursos que indica el demandante.
30 Por lo que se refiere al concurso interno n° LA/103 (Jefe de División), convocado
   por el Parlamento, hay que observar que tenía por objeto cubrir un puesto distinto
   de aquél para el cual se convocó el concurso-oposición controvertido. Del examen
   de la convocatoria de ambos concursos se deduce que se trataba de dos puestos del
   mismo grado, pero que las tareas que debían desempeñarse en los mismos sólo
   eran parcialmente comparables. Entre las funciones de Jefe de División predomina-
   ban claramente las tareas de organización y de gestión de los trabajos de la Divi-
   sión. Por su parte, el Consejero Lingüístico debía meramente «asistir» al Jefe de
    División en los trabajos de gestión pero, con carácter principal, en el ámbito
    lingüístico, sobre todo en lo relativo al control de la calidad de los textos traduci-
    dos, la revisión y la traducción de textos complejos, así como la formación profe-
    sional. Por consiguiente, entre las funciones de Consejero, predominaban clara-
    mente las de índole puramente lingüística.
3i  Esta diferencia en la naturaleza de las funciones se vuelve a encontrar en los requi-
    sitos de admisión a ambos concursos. En particular, el requisito relativo a la expe-
    riencia profesional se hallaba definido en términos más generales en la convocato-
    ria del concurso n° LA/103 que en la del concurso-oposición n° PE/126/LA. En
    el concurso n° LA/103, bastaba, para ser admitido a participar, acreditar una ex-
    periencia profesional en los ámbitos «lingüístico, de la traducción, de la revisión o
    de la terminología». Por el contrario, la experiencia profesional que se exigía para
    participar en el concurso-oposición convocado para cubrir el puesto de Consejero
    Lingüístico se refería únicamente a los ámbitos «de la traducción y de la revisión»,
    es decir, de una forma cumulativa y no alternativa. De esu forma, mientras que la
    experiencia profesional exigida para el puesto de Jefe de División podía haber sido
    adquirida bien en uno sólo de los cuatro ámbitos que se mencionaban en la convo-
    catoria de concurso, o bien en varios de ellos, cualquiera que fuera la combina-
    ción, la exigencia contenida en la convocatoria del concurso-oposición controver-
                                                                                    II - 835
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     tido, de una experiencia acumulada en dos ámbitos bien definidos, pone de mani-
     fiesto que las aptitudes exigidas en este último caso debían ser más específicas que
     las que se exigían en la primera convocatoria de concurso. Por consiguiente, este
     Tribunal de Primera Instancia ha tenido que llegar a la conclusión de que los
     requisitos de admisión al concurso convocado para cubrir el puesto de Jefe de
     División no eran ni los mismos ni más estrictos que los establecidos en la convoca-
     toria del concurso-oposición controvertido.
 32  Por lo que se refiere al resto de los concursos en los que participó el demandante,
     hay que manifestar, en primer lugar, que los dos procedimientos organizados por
     el Parlamento, a saber, el procedimiento de selección n° PE/26/LA y el concurso
     PE/101/LA, iban destinados a cubrir puestos de traductores principales, de un
     nivel, por consiguiente, claramente distinto de aquél para el cual se convocó el
     concurso-oposición controvertido. Por lo que se refiere al concurso general
     n° EUR/LA/7, convocado por la Comisión, el demandante no ha presentado
    prueba alguna que permita verificar si este concurso era similar al concurso-oposi-
    ción n° PE/LA/126, en lo relativo tanto al nivel de los puestos a cubrir como a los
    respectivos requisitos de admisión. Finalmente, no puede tenerse en cuenta el con-
    curso-oposición n° CES/LA/4/89, dado que sólo fue convocado en abril de 1989,
    por consiguiente, con posterioridad a la decisión impugnada por el demandante.
33  De esto se deduce que el demandante no ha acreditado que la valoración realizada
    sobre él al decidir no admitirle al concurso-oposición controvertido se halle en
    contradicción con la que se realizó sobre él al admitirle en concursos anteriores.
    Por consiguiente, carece de fundamento el primero de los motivos expuestos por el
    demandante.
    Segundo motivo, rektivo a L· insuficiente motivación de la decisión impugnada
    (omissis)
37 A juicio de este Tribunal de Primera Instancia, hay que señalar, con carácter preli-
    minar, que el apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento del
    Tribunal de Justicia, aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal
    de Primera Instancia, establece que, en el curso del proceso, no podrán invocarse
    motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que
    hayan aparecido durante la fase escrita del procedimiento. No obstante, este Tri-
    II - 836
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    bunal de Primera Instancia está obligado a examinar de oficio si el Parlamento
    cumplió la obligación que le incumbía de motivar su decisión (véanse las sentencias
    del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1959, Nold contra Alta Autoridad,
    18/57, Rec. V, pp. 91, 115; y de 1 de julio de 1986, Usinor contra Comisión,
    185/85, Rec. 1986, pp. 2079, 2098; así como la sentencia de este Tribunal de
    Primera Instancia de 20 de septiembre de 1990, Hanning, T-37/89, Rec. 1990,
    p. 11-463).
38  Habiendo podido comprobar este Tribunal de Primera Instancia, en la respuesta
    dada al primer motivo, la existencia de diferencias entre los concursos en que el
    demandante participó anteriormente y el concurso-oposición controvertido, de
    esto se deduce que la admisión del demandante a los concursos anteriores no ha
    tenido ninguna influencia, en el caso de autos, sobre el alcance de la obligación de
    motivar la desestimación de su candidatura (véanse las sentencias del Tribunal de
    Justicia de 5 de agosto de 1979, Kobor; de 21 de marzo de 1985, De Santis, y de
    12 de julio de 1989, Belardinelli, ya citadas).
39  Por lo que se refiere a la primera parte de este motivo, a saber, el pretendido
    incumplimiento por el tribunal del concurso-oposición de la obligación establecida
    en el sexto párrafo del artículo 5 del anexo III del Estatuto, de motivar su informe,
    es preciso poner de relieve que esta imputación no afecta a la motivación de la
    decisión del tribunal de cara a los candidatos, sino únicamente con respecto a la
    AFPN (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1989, Caturla-
    Poch y De la Fuente Pascual, 361/87 y 362/87, Rec. 1989, p. 2471). Como lo
    estableció el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, la exigencia de un informe
    motivado, cuando se trata de la valoración realizada sobre los candidatos incluidos
    en la lista de aptitud, tiene por finalidad permitir a la AFPN hacer un uso racional
    de su libertad de elección. A este fin, esta última debe ser informada tanto sobre
    los criterios generales empleados por el tribunal como sobre la aplicación que éste
     hace de los mismos a los candidatos. El Tribunal de Justicia consideró que, a este
     efecto, es suficiente que el informe del tribunal contenga la indicación de los resul-
     tados cifrados obtenidos por los candidatos y que correspondan a los criterios de
    valoración.
 40  Por el contrario, cuando se trata de la exclusión de determinados candidatos a un
     concurso, como ocurre en el caso de autos, la exigencia de motivación tiene como
     finalidad permitir a la AFPN valorar si las decisiones del tribunal del concurso
     fueron conformes a Derecho o bien si debe hacer caso omiso de los resultados del
     concurso y convocar uno nuevo, a causa de la posible irregularidad en que haya
     podido incurrir el tribunal (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de
     octubre de 1986, Schwiering contra Tribunal de Cuentas, 321/85, Rec. 1986,
     pp. 3177, 3199, y Hoyer contra Tribunal de Cuentas, 322/85 y 323/85,
     Rec. 1986, p. 3215). A este respecto, la AFPN debe también ser informada acerca
     de los criterios generales sustentados por el tribunal en lo relativo a los requisitos
     de admisión y acerca de la aplicación que de los mismos hizo a los candidatos.
                                                                                    II - 837
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 4i   En el caso de autos, el informe indicaba el número de años de experiencia que
      exigía el tribunal y aclaraba que esta experiencia debía acreditarse mediante docu-
      mentos justificativos. Por consiguiente, la AFPN se hallaba en condiciones de con-
      trolar si los criterios empleados por el tribunal se atenían a la convocatoria del
      concurso-oposición. A continuación, el tribunal acompañaba a su informe la lista
      de candidatos que no habían sido admitidos a participar indicando, en forma de
      código cifrado, el requisito de admisión que no se cumplía. Si bien es cierto que el
      informe no contenía una valoración expresa de los documentos presentados por
      cada candidato, sin embargo, las indicaciones dadas por el tribunal resultaban sufi-
      cientes para que, en caso de impugnación, la AFPN pudiera verificar si las decisio-
     nes del tribunal relativas a la admisión o sobre la negativa a la admisión a concu-
     rrir de los distintos candidatos eran o no conformes a Derecho. Por consiguiente,
     el informe del tribunal cumple la exigencia de motivación establecida en el sexto
     párrafo del artículo 5 del anexo III del Estatuto.
42   P o r lo que se refiere a la segunda parte del motivo, fundada en la infracción de la
     obligación, establecida en el apartado 2 del artículo 25 del Estatuto, de motivar
     cualquier decisión lesiva adoptada en aplicación del Estatuto, es jurisprudencia rei-
     terada que esta obligación tiene como finalidad, de un lado, indicar al demandante
     los datos necesarios para saber si la decisión resulta fundada o no, y de otro, hacer
     posible el control jurisdiccional (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de
    Justicia de 21 de junio de 1984, Lux contra Tribunal de Cuentas, 69/83,
     Rec. 1984, p. 2447, 2467, y de 13 de julio de 1989, Jaenicke Cendoya contra
     Comisión, apartado 10, 108/88, Rec. 1989, p. 2711, y la sentencia de este Tribu-
     nal de Primera Instancia de 20 de septiembre de 1990, Hanning, T-37/89, ya ci-
     tada, apartado 39).
43   Más en particular, por lo que se refiere a las decisiones por las que se excluye la
    participación en el concurso, el Tribunal de Justicia ha precisado que, a este
    efecto, es necesario que el tribunal del concurso indique concretamente cuáles de
    los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso se reputan no cumplidos
    por el candidato (véanse, por ejemplo, las sentencias de 30 de noviembre de 1978,
    Salerno contra Comisión, 4/78, 19/78 y 28/78, Rec. 1978, pp. 2403, 2416; y de
    21 de marzo de 1985, De Santis, 108/84, ya citada, p. 958). Sin embargo, a este
    respecto debe recordarse que el tribunal de un concurso al que se hayan presen-
    tado muchos candidatos puede, en un primer momento, no comunicar a éstos más
    que los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar ulteriormente
    explicaciones individuales complementarias a aquellos candidatos que lo soliciten
    expresamente (véase, en último término, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12
    de julio de 1989, Belardinelli, 225/87, antes citada). Por consiguiente, no se le
    puede reprochar al tribunal haber informado al demandante acerca de la decisión
    de no admitirle a tomar parte en el concurso-oposición enviándole la carta tipo de
    fecha 21 de noviembre de 1988, en la cual se indicaban con precisión suficiente
    cuáles eran los requisitos de la convocatoria del concurso-oposición que, a juicio
    del tribunal, no se cumplían.
    II - 838
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44  La caita que el presidente del tribunal dirigió al demandante el 19 de diciembre de
    1988, en respuesta a su solicitud de que se revisara su candidatura, precisaba, por
    su parte, la duración que había fijado el tribunal, en lo relativo a la práctica de la
    traducción y de la revisión como actividad principal y regular, con objeto de deter-
    minar si la experiencia profesional de los candidatos cumplía los requisitos señala-
    dos en la convocatoria del concurso-oposición. La carta indicaba, además, que los
    documentos justificativos que el demandante acompañó al formulario de su candi-
    datura no habían permitido al tribunal comprobar si cumplía los citados requisitos.
    Estas indicaciones permitieron al demandante comparar los documentos que había
    aportado con los criterios adoptados por el tribunal. De ello podía deducir las
    razones por las cuales el tribunal consideró insuficientes tales certificados y apre-
    ciar si la desestimación de su candidatura estaba fundada o no. Además, las alega-
    ciones del demandante en el presente recurso ponen de manifiesto que conocía el
    conjunto de datos necesarios para garantizar eficazmente la defensa de sus dere-
    chos.
45  E n virtud de t o d o lo expuesto, es preciso señalar q u e la decisión d e n o admitir al
    demandante para que participara en el concurso-oposición controvertido no ado-
    lece de una motivación insuficiente y que debe desestimarse el segundo motivo.
     Tercer motivo, rehtivo a k valoración     por el tribunal   del concurso-oposición   de la
     experiencia profesional del demandante
     (omissis)
 52  Este Tribunal de Primera Instancia entiende que se debe examinar si el tribunal del
     concurso-oposición, al excluir la candidatura del demandante, se excedió en el uso
     de la facultad de apreciación que le confería la convocatoria del concurso-oposi-
     ción n° PE/126/LA o si incurrió en un error manifiesto en la valoración de las
     cualificaciones individuales del demandante (véanse las sentencias del Tribunal de
    Justicia de 26 de febrero de 1981, Authié contra Comisión, 34/80, Rec. 1981,
     pp. 665, 677, y de 4 de febrero de 1987, Maurissen contra Tribunal de Cuentas,
     417/85, Rec. 1987, pp. 551, 563).
 53  A este respecto, procede subrayar que incumbía al tribunal establecer, en el marco
     de la convocatoria de concurso-oposición, los criterios para admitir a los candida-
     tos (sentencia de 26 de febrero de 1981, Authié, 34/80, ya citada, p. 678). En el
     caso de autos, los criterios adoptados por el tribunal se ajustan a la convocatoria
                                                                                        II - 839
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        del concurso-oposición. Por lo demás, el demandante no ha impugnado la decisión
       del tribunal del concurso-oposición de exigir, como requisito de admisión, una
       experiencia de tres años en el ámbito de la traducción y una experiencia suplemen-
       taria de dos años en la revisión, es decir, un mínimo de cinco años de experiencia
       en el ámbito de la traducción y de la revisión.
  s*   Por lo que se refiere a la valoración de la experiencia profesional del demandante,
       es preciso observar que dicha valoración lleva consigo una apreciación que se en-
       marca en las competencias lingüísticas que posee el tribunal, necesarias a la hora
       de determinar si las funciones anteriormente desempeñadas por el demandante se
       corresponden con los citados criterios. Al controlar la conformidad a Derecho de
       tal enjuiciamiento, que se enmarca en la amplia facultad de apreciación de que
       dispone el tribunal en la materia, no incumbe a este Tribunal de Primera Instancia
       sustituir al tribunal del concurso. Este Tribunal de Primera Instancia debe limitarse
       a examinar si la decisión del tribunal adolece de un manifiesto error de apreciación
       (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 1987, Maurissen,
       417/85, ya citada).
 55   El 1 de noviembre de 1988, tomado como día de referencia por el tribunal del
      concurso-oposición, el demandante acreditaba una experiencia profesional de dos
      años y casi diez meses en los ámbitos de la traducción y de la revisión dentro del
      Parlamento. Esta experiencia, por sí sola, resultaba insuficiente, vistos los criterios
      adoptados por el tribunal, con arreglo a los cuales se requería una experiencia total
      de cinco años en tales actividades. Sin embargo, dado que el trabajo del deman-
      dante dentro del Parlamento podría considerarse como una práctica de la revisión
      durante un período superior a dos años, hay que examinar si el tribunal incurrió en
      un error manifiesto al no tener en cuenta la anterior experiencia profesional del
      demandante como experiencia en el ámbito de la traducción.
56   A este respecto, el demandante alega, principalmente, que su actividad como lector
      durante tres años y un mes en la Universidad de Rouen debe considerarse como
     una experiencia en el ámbito de la traducción. Por lo que se refiere a las activida-
     des desempeñadas por el demandante durante tal período, de una certificación que
     le expidió el Director del Instituto de español de esta Universidad, el 23 de octubre
     de 1985, se deduce que «sus aptitudes en la traducción hicieron que se le confiaran
     cursos de traducción inversa al más alto nivel, especialmente para la preparación
     de oposiciones a cátedra». Este documento demuestra, además, que el demandante
     se ocupó del cine-club y del equipo de teatro de este Instituto y que realizó investi-
     gaciones; en particular, publicó un artículo sobre Miguel de Unamuno. Las funcio-
     nes del demandante incluían la enseñanza de la traducción al español, otras activi-
     dades relativas a la enseñanza de la lengua y de la cultura española así como la
     II - 840
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    investigación en este ámbito. El resto de los documentos justificativos presentados
    por el demandante relativos a su actividad de lector sólo acreditan la duración de
    la misma sin indicar las tareas que llevó a cabo.
57  En el marco del control jurisdiccional que este Tribunal de Primera Instancia está
    llamado a ejercer acerca de la valoración de tales documentos efectuada por el
    tribunal del concurso-oposición, es preciso señalar que los documentos obrantes en
    poder del tribunal relativos a la actividad realizada por el demandante en la Uni-
    versidad de Rouen se referían, claramente y conforme cabe deducir de su tenor
    literal, a una experiencia profesional de docente universitario y no de traductor
    con carácter regular y principal. Además, ponían de manifiesto que el abanico de
    funciones desempeñadas por el demandante había sido a la vez más amplio y me-
    nos específico que la experiencia de traducción y de revisión que exigía la convo-
    catoria del concurso-oposición. Hay que añadir que el expediente individual del
    demandante, consultado por el tribunal, no contiene ningún documento que pueda
    llevar a una valoración distinta. En esta situación, es preciso señalar que el tribu-
    nal, en la primera fase del concurso-oposición general externo controvertido, no
    incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la experiencia profe-
    sional adquirida por el demandante en la Universidad de Rouen no constituía una
    experiencia profesional principal y regular en el ámbito de la traducción.
58   P o r lo que se refiere a los anteriores trabajos desempeñados p o r el d e m a n d a n t e en
    varias Universidades del R e i n o U n i d o y de Irlanda, d e las certificaciones relativas a
     los mismos que constan en su expediente personal, se deduce que suponían, espe-
     cialmente, tareas d e enseñanza d e la lengua española. Finalmente, las indicaciones
     que se hallan en el citado expediente relativas a los libros traducidos p o r el d e m a n -
     d a n t e n o p o n e n d e manifiesto q u e ésta fuera su actividad principal y regular. D e
     esto se deduce q u e el tribunal n o incurrió t a m p o c o en ningún error manifiesto d e
     apreciación a este respecto.
 59  Por consiguiente, no cabe considerar que la valoración efectuada por el tribunal,
     con arreglo a la cual la experiencia profesional del demandante no cumplía los
     requisitos establecidos por la convocatoria del concurso-oposición, adolezca de un
     error manifiesto. De esto se deduce que carece de fundamento el tercer motivo del
     recurso.
      Último motivo del recurso
 60  Alegó también el demandante que el tribunal del concurso-oposición le discriminó
      en relación a los demás candidatos del mismo. Ello no obstante, debe señalarse
                                                                                            II - 841
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  que, ni en la fase escrita ni en la vista se ha presentado ningún medio de prueba
  que permita apreciar que esté fundado este motivo. Por consiguiente, sólo cabe
  desestimarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1989,
  Kerzmann contra Tribunal de Cuentas, 198/87, Rec. 1989, p. 2083).
  De cuanto antecede se desprende que debe desestimarse el presente recurso.
 Costas
  (omissis)
 En virtud de todo lo expuesto,
              EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
 decide :
 1) Desestimar el recurso.
 2) Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento sobre
     medidas provisionales.
              Briet                  Kirschner                         Biancarelli
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 1990.
El Secretario                                                                      El Presidente
H. Jung                                                                            C. P. Briët
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