CELEX: 62005TJ0029
Language: es
Date: 2010-09-08
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 8 de septiembre de 2010.#Deltafina SpA contra Comisión Europea.#Competencia - Prácticas colusorias - Mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo - Decisión mediante la que se declara una infracción del artículo 81 CE - Fijación de precios y reparto del mercado - Concordancia entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada - Derecho de defensa - Definición del mercado de referencia - Multas - Gravedad de la infracción - Circunstancias agravantes - Función de líder - Cooperación.#Asunto T-29/05.

Asunto T‑29/05
      Deltafina SpA
      contra
      Comisión Europea
      «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE — Fijación de precios y reparto del mercado — Concordancia entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada — Derecho de defensa — Definición del mercado de referencia — Multas — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función de líder — Cooperación»
      Sumario de la sentencia
      1.      Competencia — Prácticas colusorias — Imputación a una empresa — Decisión de la Comisión por la que se declara la responsabilidad
            de una empresa que opera en un mercado inmediatamente posterior al mercado de referencia en la cadena de comercialización
            y que contribuyó activa y deliberadamente a la práctica colusoria
      [Arts. 3 CE, ap. 1, letra g), y 81 CE, ap. 1]
      2.      Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa — Alcance
      [Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]
      3.      Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios
            de apreciación
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      4.      Actos de las instituciones — Directrices para el cálculo de las multas impuestas en caso de infracción de las normas sobre
            la competencia
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      5.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación — Apreciación en cada caso
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]
      6.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Apreciación — Interdependencia de
            los tres criterios expresamente mencionados en las Directrices adoptadas por la Comisión — Calificación de una infracción
            como muy grave — Función primordial del criterio relativo a la naturaleza de la infracción [Reglamentos del Consejo nº 17,
            art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión]
      7.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número
            1, sección A, párr. 1]
      8.      Competencia — Multas — Marco jurídico — Determinación — Incidencia de la práctica decisoria anterior de la Comisión — Inexistencia
      [Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]
      9.      Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance
      (Art. 253 CE)
      10.    Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa
      [Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 2]
      11.    Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes — Función
            de líder de la infracción — Concepto
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 2]
      12.    Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Apreciación — Necesidad de considerar
            por separado cada una de las circunstancias — Inexistencia — Apreciación global
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 3]
      13.    Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Conducta que se aparta de la acordada
            en el marco de las prácticas colusorias — Apreciación
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número 3,
            segundo guión]
      14.    Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes — Cese de la infracción anterior a
            la intervención de la Comisión — Exclusión
      [Reglamentos del Consejo nº 17, art. 15, ap. 2, y (CE) nº 1/2003, art. 23, ap. 3; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, número
            3, tercer guión]
      15.    Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Reducción del importe de la multa en contrapartida de la cooperación
            de la empresa imputada — Requisitos
      [Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión]
      16.    Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Multas — Determinación — Criterios — Elevación del nivel general de las
            multas — Procedencia — Requisitos
      [Arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE; Reglamentos del Consejo nº 17 y (CE) nº 1/2003]
      1.      La Comisión no sobrepasa los límites de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, al declarar la responsabilidad
         de una empresa por una infracción de dicha disposición, cuando tal empresa, aunque opera en el mercado en la fase inmediatamente
         posterior a aquella en la que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de la competencia, participa activa y deliberadamente
         en un cártel entre productores que operan en un mercado distinto de aquel en el que opera la citada empresa.
      
      En efecto, una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento,
         en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico
         dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.
      
      Por lo tanto, no se excluye que una empresa pueda participar en la puesta en práctica de una restricción de la competencia
         aunque ella misma no restrinja su propia libertad de acción en el mercado en el que opera principalmente. En efecto, cualquier
         otra interpretación podría reducir el alcance de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, de forma contraria
         a su eficacia y a su objetivo principal, entendido a la luz del artículo 3 CE, apartado 1, letra g), de garantizar el mantenimiento
         de una competencia no falseada en el interior del mercado común, ya que no permitiría una acción sancionadora contra la contribución
         activa de una empresa a una restricción de la competencia por el mero motivo de que dicha contribución no proviniera de una
         actividad económica comprendida en el mercado pertinente en el que tal contribución se materializa o tiene por objeto materializarse.
      
      Una interpretación de los términos «acuerdos entre empresas» a la luz de los objetivos perseguidos por el artículo 81 CE,
         apartado 1, y por el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), tiende a confirmar la existencia de una concepción del cártel y
         de la empresa autora de una infracción que no distingue en función del sector o del mercado en el que las empresas interesadas
         operan.
      
      La imputación de la infracción en su conjunto a una empresa que participó en un cártel se ajusta a las exigencias del principio
         de responsabilidad personal cuando se cumplen dos requisitos, el primero de naturaleza objetiva y el segundo, subjetiva.
      
      Respecto al primer requisito, concurre, por lo que se refiere a la relación entre competidores que operan en el mismo mercado
         pertinente así como entre dichos competidores y sus clientes, cuando la empresa participante ha contribuido a la puesta en
         práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva, por ejemplo mediante la aprobación tácita y la omisión
         de denunciar dicho cártel a las autoridades.
      
      Por lo que respecta al segundo requisito, la imputación del conjunto de la infracción a la empresa partícipe depende, además,
         de la manifestación de su propia voluntad, que demuestre que acepta, siquiera tácitamente, los objetivos del cártel.
      
      (véanse los apartados 48, 49, 51, 57, 58 y 62)
      2.      El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas
         o de multas coercitivas, exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende
         imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones
         formuladas contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos
         de prueba en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el marco
         del procedimiento administrativo dirigido contra ella.
      
      Una violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo debe ser examinada en función de los cargos formulados
         por la Comisión en el pliego de cargos y en la decisión que pone fin al referido procedimiento. Por lo tanto, para declarar
         la existencia de vulneración del derecho de defensa es preciso que la imputación que, según la empresa, no se había formulado
         en su contra en el pliego de cargos sea recogida por la Comisión en su decisión final. Una mera diferencia en la presentación
         de los hechos, que pretende relatarlos de forma más precisa en la Decisión final, no constituye una modificación material
         de las imputaciones.
      
      (véanse los apartados 113 a 115 y 120)
      3.      Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre
         un conjunto de elementos de Derecho o de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que ejercen
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello
         de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario,
         además, que tal influencia no sea insignificante. De este modo, la incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general,
         el resultado de una combinación de diversos factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos.
      
      En efecto, el artículo 81 CE, apartado 1, no exige que las prácticas colusorias contempladas en dicha disposición hayan afectado
         de manera sensible a los intercambios comerciales intracomunitarios, pero sí requiere que se demuestre que dichas prácticas
         pueden tener tal efecto.
      
      (véanse los apartados 167 a 169)
      4.      Si bien las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no pueden calificarse de norma jurídica cuyo cumplimiento se imponga
         en todo caso a la Administración, establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse
         y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio
         de igualdad de trato.
      
      (véase el apartado 230)
      5.      El hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, su modo de proceder
         en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de
         manera global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en
         las Directrices.
      
      (véase el apartado 230)
      6.      Los tres criterios que se han de tomar en consideración en la valoración de la gravedad de una infracción de las normas comunitarias
         sobre la competencia, con arreglo a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del
         artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, son su naturaleza, sus repercusiones concretas
         sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. Estos tres aspectos
         de la valoración de la gravedad de la infracción no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza
         de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves».
      
      A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las Directrices se desprende que los acuerdos
         o prácticas concertadas que persiguen, en particular, fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser calificados como
         «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados
         por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien
         la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus
         efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de
         repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.
      
      Existe una interdependencia entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción en el sentido de que
         una gravedad elevada respecto de uno u otro de los aspectos puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros aspectos.
      
      Por lo que respecta a la dimensión del mercado geográfico, ésta no es sino uno de los tres criterios pertinentes a efectos
         de la valoración global de la gravedad de la infracción y no es un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden
         recibir la calificación de «muy graves» las infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado CE,
         ni el Reglamento nº 17 o el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las
         restricciones geográficamente muy extensas pueden ser calificadas de ese modo. Por lo tanto, el tamaño limitado del mercado
         geográfico de referencia no se opone a la calificación de «muy grave» de la infracción declarada. Esta solución se impone
         a fortiori por lo que se refiere al tamaño limitado del mercado del producto de que se trata, toda vez que el tamaño del mercado del
         producto no es, en principio, un factor que deba tenerse en cuenta obligatoriamente, sino sólo uno más entre otros para apreciar
         la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.
      
      Pues bien, está claro que la infracción reprochada a los transformadores de tabaco y a una empresa controvertida entre cuyas
         actividades figura la comercialización de tabaco transformado, que consiste en la fijación de las distintas variedades de
         tabaco crudo en un Estado miembro y en el reparto de las cantidades de tabaco crudo que se han de comprar a los productores,
         constituye una infracción muy grave por su naturaleza. Las infracciones de este tipo se califican como especialmente graves
         en la medida en que implican una intervención directa en los parámetros esenciales de la competencia en el mercado de que
         se trate o como infracciones patentes a las normas comunitarias sobre la competencia.
      
      (véanse los apartados 231, 233, 234, 238 y 240 a 242)
      7.      En el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción de las normas comunitarias sobre la competencia a efectos de
         la determinación del importe de la multa, el hecho de que la Comisión no demostró de modo suficiente en Derecho que el cártel
         tiene unas repercusiones concretas en el mercado es irrelevante por lo que respecta a la calificación de la infracción de
         «muy grave».
      
      La falta de demostración suficiente de unas repercusiones concretas en el mercado no puede poner en entredicho el importe
         inicial de la multa, fijado por la Comisión en función de la gravedad de la infracción.
      
      (véanse los apartados 250 y 251)
      8.      La práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve, en sí misma, de marco jurídico a las multas
         en materia de competencia.
      
      (véanse los apartados 292 y 426)
      9.      La motivación de una decisión individual debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la institución de
         la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional
         competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso.
         No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión
         de si cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto de que se
         trate, sino también con el contexto en que dicho acto se adoptó, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan
         la materia de que se trate.
      
      (véase el apartado 319)
      10.    Desde el momento en que la Comisión indica expresamente en el pliego de cargos que va a examinar si procede imponer multas
         a las empresas afectadas y expone los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de
         una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de ésta se cometiera «deliberadamente
         o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas afectadas a ser oídas. Al
         actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción,
         sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa. Sin embargo, exigir a la Comisión que facilite a las empresas
         imputadas, en la fase de envío del pliego de cargos, indicaciones concretas sobre el nivel de las multas previstas equivaldría
         a obligarla a anticipar de una manera inadecuada su decisión final.
      
      A este respecto, la calificación de líder atribuida a una empresa genera importantes consecuencias en cuanto al importe de
         la multa que se ha de imponer a dicha empresa. Así, constituye, conforme al número 2 de las Directrices para el cálculo de
         las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del
         Tratado CECA, una circunstancia agravante que ocasiona un aumento notable del importe de base de la multa. Igualmente, a tenor
         de la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación, dicha calificación excluye, de entrada, la posibilidad
         de gozar de una considerable reducción de la multa, aun cuando la empresa calificada de líder reúna todos los requisitos exigidos
         para poder obtener tal reducción. Por consiguiente, corresponde a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los elementos
         que estime pertinentes para permitir que la empresa susceptible de ser calificada de líder del cártel responda a dicha acusación.
         No obstante, habida cuenta de que dicho pliego no es sino una etapa en la adopción de la decisión final y de que no constituye,
         por tanto, la posición definitiva de la Comisión, no puede exigirse a esta última que proceda ya en esa fase a una calificación
         jurídica de los elementos en los que se basará en su decisión final para calificar a una empresa de líder del cártel.
      
      (véanse los apartados 324, 325 y 327)
      11.    En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la
         empresa de que se trate, para ser calificada de líder, debe haber sido un importante impulsor del cártel y haber cargado con
         una responsabilidad particular y concreta en su funcionamiento.
      
      Aun cuando los elementos invocados por la Comisión demuestren que dicha empresa desempeñó una función activa y directa en
         un cártel, no bastan, sin embargo, para demostrar que fue un importante impulsor de dicho cártel, en particular, si ningún
         elemento obrante en autos indica que la empresa de que se trata tomara iniciativa alguna con el objetivo de crear dicho cártel
         o de llevar a una de las demás empresas a adherirse a él, y si ningún elemento obrante en autos permite demostrar que la empresa
         de que se trata asumió la carga de actividades asociadas normalmente al ejercicio de la función de líder de un cártel, como
         la presidencia de reuniones o la centralización y distribución de determinados datos.
      
      (véanse los apartados 332 a 335)
      12.    En principio, a la hora de determinar el importe de las multas por infracciones de las normas comunitarias sobre la competencia,
         la Comisión debe atenerse a lo que establecen sus propias Directrices. No obstante, en las Directrices para el cálculo de
         las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del
         Tratado CECA no se indica que la Comisión siempre deba tomar en consideración por separado cada una de las circunstancias
         atenuantes enumeradas en el número 3 de las citadas Directrices y dicha institución no está obligada a otorgar automáticamente
         una reducción adicional por ese concepto, ya que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias
         atenuantes debe valorarse desde un punto de vista global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes.
      
      En efecto, la adopción de las Directrices no ha privado de pertinencia a la jurisprudencia anterior, según la cual, la Comisión
         dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe
         de las multas que piensa imponer, en función sobre todo de las circunstancias del asunto.
      
      Así, a falta de indicaciones imperativas en las Directrices en lo que atañe a las circunstancias atenuantes que pueden tenerse
         en cuenta, hay que considerar que la Comisión conservó un cierto margen para valorar globalmente la importancia de una posible
         reducción del importe de las multas en atención a circunstancias atenuantes.
      
      (véanse los apartados 347 y 348)
      13.    En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la
         Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por falta de aplicación efectiva de una
         concertación si la empresa que alega dicha circunstancia puede demostrar que se opuso clara y considerablemente a la aplicación
         de dicha concertación, hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento de ésta, y que no dio la impresión de adherirse
         al acuerdo ni incitó así a otras empresas a aplicar el acuerdo ilícito de que se trata. Sería efectivamente demasiado fácil
         para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa multa si pudiesen beneficiarse de una concertación
         ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación
         de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia.
      
      (véase el apartado 350)
      14.    En el marco de la determinación del importe de la multa por infracción de las normas comunitarias sobre la competencia, la
         «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones)», mencionada
         en el número 3, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del
         artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, sólo puede lógicamente constituir una
         circunstancia atenuante si existen motivos para suponer que fueron las intervenciones en cuestión las que incitaron a las
         empresas afectadas a poner fin a sus comportamientos contrarios a la competencia, no estando comprendido en dicha disposición
         de las Directrices el supuesto de que la infracción ya hubiese finalizado antes de la fecha de las primeras intervenciones
         de la Comisión.
      
      (véanse los apartados 354 y 355)
      15.    La Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de las multas por infracción
         de las normas comunitarias sobre la competencia y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que
         figura la cooperación de las empresas implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. En efecto,
         la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación
         prestada por una empresa, en especial en comparación con las contribuciones de otras empresas. Para justificar que se reduzca
         la multa en atención a la cooperación, el comportamiento de la empresa debe haber facilitado la labor de la Comisión consistente
         en comprobar y reprimir dichas infracciones. Al valorar la colaboración prestada por las empresas, la Comisión no puede desconocer
         el principio de igualdad de trato, que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando
         situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato esté objetivamente justificado.
      
      (véanse los apartados 389, 390 y 399)
      16.    El hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede
         privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 1/2003, si ello resulta
         necesario para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia.
      
      Los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada
         por la Comisión en el ejercicio de su facultad de apreciación.
      
      En consecuencia, las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa
         no pueden invocar una confianza legítima en el hecho de que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas que aplicaba
         con anterioridad.
      
      En efecto, cualquier empresa implicada en un procedimiento administrativo que puede conducir a la imposición de una multa
         debe tener en cuenta la posibilidad de que, en cualquier momento, la Comisión decida aumentar el nivel del importe de las
         multas respecto del aplicado en el pasado.
      
      (véanse los apartados 426 y 435)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
      de 8 de septiembre de 2010 (*)
      
      «Competencia – Prácticas colusorias – Mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo – Decisión mediante la que se declara la existencia de una infracción del artículo 81 CE – Fijación de precios y reparto del mercado – Concordancia entre el pliego de cargos y la Decisión impugnada – Derecho de defensa – Definición del mercado de referencia – Multas – Gravedad de la infracción – Circunstancias agravantes – Función de líder – Cooperación»
      En el asunto T‑29/05,
      Deltafina SpA, con domicilio social en Orvieto (Italia), representada por los Sres. R. Jacchia, A. Terranova, I. Picciano, F. Ferraro, J.‑F. Bellis
         y F. Di Gianni, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión Europea, representada inicialmente por los Sres. É. Gippini Fournier y F. Amato, posteriormente por los Sres. Gippini Fournier y V. Di
         Bucci, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión C(2004) 4030 final de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa
         a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE], apartado 1 (asunto COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España), y, subsidiariamente,
         la reducción de la multa impuesta a la demandante en dicha Decisión,
      
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. K. O’Higgins (Ponente), Jueces;
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de junio de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Antecedentes del litigio
      1        La demandante, Deltafina SpA, es una sociedad italiana cuyas actividades principales son la primera transformación de tabaco
         crudo y la comercialización de tabaco transformado. Es propiedad al 100 % de la sociedad americana Universal Corp. a través
         de una filial, propiedad al 100 % de esta última: la sociedad americana Universal Leaf Tobacco Company Inc. (en lo sucesivo,
         «Universal Leaf»).
      
      2        Universal Leaf posee, asimismo, todo el capital de Tabacos Españoles S.L. (en lo sucesivo, «Taes»), una de las cuatro empresas
         de primera transformación de tabaco crudo en España (en lo sucesivo, «transformadores» o «transformadores españoles»).
      
      3        En lo sucesivo, se hará referencia al grupo al que pertenecen las distintas sociedades mencionadas en los anteriores apartados
         1 y 2 mediante la expresión «grupo Universal».
      
      4        Los días 3 y 4 de octubre de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas, al disponer de la información de que los transformadores
         y los productores españoles de tabaco crudo habrían infringido el artículo 81 CE, llevó a cabo verificaciones con arreglo
         al artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos
         [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en los locales de tres de dichos transformadores, a saber, Compañía
         española de tabaco en rama, S.A. (en lo sucesivo, «Cetarsa»), Agroexpansión, S.A. y World Wide Tobacco España, S.A. (en lo
         sucesivo, «WWTE»), así como de la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabaco (en lo sucesivo, «ANETAB»).
      
      5        La Comisión también efectuó verificaciones en los locales de la Maison des Métiers du Tabac y de la Federación Europea de
         Transformadores de Tabaco, el 3 de octubre de 2001, así como de la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco (en lo sucesivo,
         «FNCT»), el 5 de octubre de 2001.
      
      6        Mediante escrito de 16 de enero de 2002, los transformadores y ANETAB, invocando la Comunicación de la Comisión relativa a
         la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996,
         C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»), comunicaron a la Comisión su voluntad de cooperar.
      
      7        Mediante escrito de 21 de enero de 2002 proporcionaron determinada información a la Comisión.
      
      8        Mediante escrito de 15 de febrero de 2002, Universal Leaf informó a la Comisión de que apoyaba totalmente la iniciativa de
         Taes de cooperar al amparo de la Comunicación sobre la cooperación. Asimismo, le indicó que Deltafina participaba con Taes
         en la elaboración de un informe en el que se describe la función y actividades de ésta en el mercado español del tabaco y
         que esperaba que así Deltafina pudiera disfrutar también de las ventajas derivadas de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      9        El 18 de febrero de 2002, Taes envió a la Comisión el informe mencionado en el anterior apartado 8.
      
      10      Acto seguido, la Comisión dirigió varias solicitudes de información a los transformadores españoles, a la ANETAB y a la FNCT
         sobre la base del artículo 11 del Reglamento nº 17. Asimismo, solicitó información al Ministerio español de Agricultura, Pesca
         y Alimentación (en lo sucesivo, «Ministerio de Agricultura») acerca de la normativa española en materia de productos agrícolas.
      
      11      El 11 de diciembre de 2003, la Comisión inició el procedimiento que dio lugar al presente asunto y adoptó un pliego de cargos
         que dirigió a 20 empresas o asociaciones, entre las que se encuentran los transformadores españoles, Deltafina, Universal,
         Universal Leaf, la ANETAB y la FNCT.
      
      12      Las empresas y asociaciones de que se trata tuvieron acceso al expediente de instrucción de la Comisión en forma de una copia
         de CD‑ROM, que se les envió, y remitieron observaciones escritas en respuesta a los cargos imputados por ésta. Deltafina presentó
         sus observaciones escritas el 1 de marzo de 2004.
      
      13      El 29 de marzo de 2004 se celebró una audiencia en la que participó Deltafina.
      
      14      Tras consultar al Comité Consultivo de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, y visto el informe final del consejero
         auditor, la Comisión adoptó, el 20 de octubre de 2004, la Decisión C(2004) 4030 final, relativa a un procedimiento con arreglo
         al artículo 81 [CE], apartado 1 (Asunto COMP/C.38.238/B.2 − Tabaco crudo – España) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»),
         de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 19 de abril de 2007 (DO L 102, p. 14).
      
      15      La Decisión impugnada se refiere a dos infracciones horizontales llevadas a cabo en el mercado español del tabaco crudo.
      
      16      La primera infracción, que implicaba a los transformadores y a Deltafina, tenía por objeto fijar, cada año, en el período
         1996/2001, el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo, sin distinción de calidades, y repartir las
         cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada uno de los transformadores podía comprar a los productores (véanse, en
         particular, los considerandos 74 a 76 y 276 de la Decisión impugnada). Desde 1999 hasta 2001, los transformadores y Deltafina
         habían acordado también horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en
         las tablas anexas a los «contratos de cultivo» y las «condiciones complementarias», a saber, el precio mínimo medio por productor
         y el precio mínimo medio por agrupación de productores (véanse, en particular, los considerandos 77 a 83 y 276 de la Decisión
         impugnada).
      
      17      En lo sucesivo, se hará referencia a la práctica colusoria descrita en el anterior apartado 16 mediante la expresión «cártel
         de los transformadores».
      
      18      La segunda infracción indicada en la Decisión impugnada implicaba a los tres sindicatos agrícolas españoles, a saber, la Asociación
         Agraria de Jóvenes Agricultores (en lo sucesivo, «ASAJA»), la Unión de Pequeños Agricultores (en lo sucesivo, «UPA») y la
         Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (en lo sucesivo, «COAG»), así como a la Confederación de Cooperativas
         Agrarias de España (en lo sucesivo, «CCAE»). El objeto de este cártel era fijar cada año, durante el período 1996/2001, las
         horquillas de precios por grado cualitativo de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en las tablas adjuntas a los
         «contratos de cultivo» y las «condiciones complementarias» (véanse, en particular, los considerandos 77 a 83 y 277 de la Decisión
         impugnada).
      
      19      En lo sucesivo, se hará referencia a la práctica colusoria descrita en el anterior apartado 18 mediante la expresión «cártel
         de los productores».
      
      20      En la Decisión impugnada, la Comisión considera que cada una de esas prácticas colusorias constituye una infracción única
         y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 275 a 277 de la Decisión impugnada).
      
      21      En el artículo 1 de dicha Decisión, la Comisión imputa la responsabilidad del cártel de los transformadores a nueve empresas,
         entre ellas, los transformadores españoles y Deltafina, y la del cártel de los representantes de los productores a ASAJA,
         UPA, COAG y CCAE (en lo sucesivo, conjuntamente, «representantes de los productores»).
      
      22      En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión ordena que dichas empresas y los representantes de los productores
         pongan fin inmediatamente, si aún no lo han hecho, a las infracciones mencionadas en el artículo 1 y se abstengan en lo sucesivo
         de cualquier práctica restrictiva que tenga un objeto o efecto idéntico o equivalente.
      
      23      En el artículo 3 de la Decisión impugnada, se imponen las siguientes multas:
      
      –        Deltafina: 11.880.000 euros
      –        Cetarsa: 3.631.500 euros
      –        Agroexpansión: 2.592.000 euros
      –        WWTE: 1.822.500 euros
      –        Taes: 108.000 euros
      –        ASAJA: 1.000 euros
      –        UPA: 1.000 euros
      –        COAG: 1.000 euros
      –        CCAE: 1.000 euros.
      24      El importe de la multa impuesta a Deltafina toma en consideración, en particular, la función de líder que había desempeñado
         en el cártel de los transformadores (considerandos 435 y 436 de la Decisión impugnada). Habida cuenta de dicha función, la
         Comisión aumenta en un 50 % el importe de base de la multa por circunstancias agravantes. No obstante, Deltafina obtiene una
         reducción del 40 % del importe de base de la multa por circunstancias atenuantes (considerandos 437 y 438 de la Decisión impugnada)
         y del 10 % del importe de la multa por su cooperación en el procedimiento administrativo (considerandos 448 a 456 de la Decisión
         impugnada).
      
      25      Asimismo, del artículo 3 de la Decisión impugnada se desprende que las sociedades matrices de WWTE son responsables solidarias
         del pago de la multa impuesta a WWTE y la sociedad matriz de Agroexpansión, del pago de la impuesta a Agroexpansión.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      26      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de enero de 2005, Deltafina interpuso el presente recurso.
      
      27      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias
         de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a presentar
         determinados documentos y les formuló unas preguntas. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.
      
      28      En la vista celebrada el 9 de junio de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal.
      
      29      Deltafina solicita al Tribunal que:
      
      –        Anule la Decisión impugnada.
      –        Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      30      La Comisión solicita al Tribunal que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad parcial del recurso y, en cualquier caso, lo desestime por infundado.
      –        Condene en costas a la demandante.
      –        En su defecto, condene a cada parte a cargar con sus propias costas si se desestiman las pretensiones de la demandante en
         la misma medida que las de la Comisión o condene a la demandante a cargar con sus propias costas y una parte de las de la
         Comisión si se desestiman la mayoría de las pretensiones de la demandante.
      
       Fundamentos de Derecho
      31      En apoyo de su recurso, Deltafina invoca once motivos, basados:
      
      –        el primero, en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE)
         nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los
         artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO L 1, p. 1), y en la violación de los principios de legalidad y de responsabilidad personal,
         así como en la falta de motivación y la desviación de poder;
      
      –        el segundo, en la infracción del artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003, la vulneración del derecho de defensa
         y del derecho a un proceso justo, la existencia de vicios sustanciales de forma y la violación de los principios de legalidad,
         de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;
      
      –        el tercero, en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, del artículo 2 del Reglamento nº 1/2003 y del número 43 de las
         Directrices relativas al concepto de perjuicio para el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2004, C 101,
         p. 81), así como en la falta de motivación;
      
      –        el cuarto, en la infracción del artículo 2 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003; del número 1, sección
         A, y del número 5, letra d), de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo
         15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices») y en la
         violación de los principios de proporcionalidad, de «igualdad de trato y de sanciones», así como en la falta de motivación
         y la desviación de poder;
      
      –        el quinto, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 1, sección B, de las Directrices,
         y en la violación del principio de igualdad de trato, así como en la desviación de poder;
      
      –        el sexto, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 2 de las Directrices, así como
         en la falta de motivación y la desviación de poder;
      
      –        el séptimo, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 3 de las Directrices, así
         como en la desviación de poder;
      
      –        el octavo, en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y del número 5, letra a), de las Directrices;
      –        el noveno, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003; de la exposición de motivos y del número
         4 de las Directrices; de la sección B, letra e), y de la sección D de la Comunicación sobre la cooperación y en la violación
         del principio de igualdad de trato, así como en la falta de motivación y la desviación de poder;
      
      –        el décimo, en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 5, letra b), de las Directrices
         y en la violación del principio de proporcionalidad, así como en la desviación de poder;
      
      –        el undécimo, en la violación de los principios de igualdad de trato, de irretroactividad de las penas y de protección de la
         confianza legítima, así como en la desviación de poder.
      
      32      Los tres primeros motivos se invocan con carácter principal y están en relación con las pretensiones de anulación de la Decisión
         impugnada. Los siete motivos siguientes se plantean con carácter subsidiario y están en relación con las pretensiones de reducción
         del importe de la multa. El último motivo se invoca con carácter más subsidiario, en el supuesto en que los siete motivos
         anteriores sean desestimados, y tiende también a la reducción del importe de la multa.
      
      1.      Sobre la admisibilidad de los motivos basados en la desviación de poder
      33      En el marco de los distintos motivos que invoca en apoyo de su recurso, a excepción de los motivos tercero y octavo, Deltafina
         reprocha a la Comisión, en particular, haber incurrido en desviación de poder.
      
      34      Sobre este particular, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el concepto de desviación de poder se refiere
         al hecho de que una autoridad administrativa haga uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquélla para la que
         le fueron conferidas. Una decisión solamente está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos,
         pertinentes y concordantes, que fue adoptada con el fin exclusivo o, al menos determinante, de alcanzar fines distintos de
         los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado CE para hacer frente a las circunstancias
         del caso (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartado
         24, y de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 99).
      
      35      En el caso de autos, es necesario señalar que Deltafina se limita a invocar en abstracto una serie de motivos basados en la
         desviación de poder, sin aportar el menor indicio o exposición que los apoyen ni precisar siquiera qué finalidad perseguiría
         realmente la Comisión con la adopción de la Decisión impugnada. Dichos motivos, tal y como se presentan, no reúnen los requisitos
         del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, en la medida en que no son suficientemente claros
         ni precisos para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre
         el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. Por lo tanto, debe declararse su inadmisibilidad (véase, en este sentido,
         la sentencia del Tribunal, de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartados 333 y 334).
      
      2.      Sobre las pretensiones dirigidas a la anulación de la Decisión impugnada
       Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, letra a), del
            Reglamento nº 1/2003 y en la violación de los principios de legalidad y de responsabilidad personal, así como en la falta
            de motivación
      36      El primer motivo formulado por Deltafina se articula en cuatro partes. En la primera parte, critica que la Comisión la considere
         responsable de una infracción cometida en un mercado en el que no está presente. En la segunda parte, alega que los comportamientos
         que, según ella, se le imputan no están previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a),
         del Reglamento nº 1/2003. En la tercera parte, considera que la Comisión la calificó erróneamente de líder del cártel de los
         transformadores. Por último, en la cuarta parte, alega que la Comisión no definió el mercado de referencia en la Decisión
         impugnada.
      
      37      El Tribunal examinará, conjuntamente, las dos primeras partes, y posteriormente, por separado, las partes tercera y cuarta.
      
      38      Por lo que respecta a la alegación de incumplimiento de la obligación de motivación, que Deltafina invoca en el marco del
         presente motivo sin relacionarla con ninguna de sus cuatro partes, es necesario señalar que Deltafina no proporciona la menor
         exposición que la pueda aclarar. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad a la luz del artículo 44, apartado
         1, letra c), del Reglamento de Procedimiento (véase el anterior apartado 35).
      
       Sobre las partes primera y segunda, en las que se alega, respectivamente, que la Comisión considera a Deltafina responsable
         de una infracción cometida en un mercado en el que no está presente y que los comportamientos que se imputan a Deltafina no
         están previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003
      
      –       Alegaciones de las partes
      39      En primer lugar, Deltafina alega que no opera en el mercado de compra y transformación de tabaco crudo en España, de modo
         que, suponiendo que dicho mercado constituya el mercado de referencia, no se la puede considerar responsable de los comportamientos
         que se adoptaron en él.
      
      40      En segundo lugar, Deltafina aduce que no participó en la elaboración de los acuerdos celebrados entre los transformadores
         y que no los ejecutó, al no estar autorizada para operar como transformador en España y, por lo tanto, no estar calificada
         para negociar y celebrar contratos con los productores españoles de tabaco crudo ni para participar en el reparto de las cantidades
         de tabaco crudo que se han de comprar. Sostiene que no se le puede imputar la función de «autor o coautor de las conductas»,
         ni aún menos de líder del cártel de los transformadores, sino a lo sumo la de una «persona objetiva y subjetivamente ajena
         al cártel, pero que facilita indirectamente las conductas de los autores, con su presencia en reuniones, el intercambio de
         información y de comunicaciones, la mediación entre los participantes, la conservación de documentos y de datos». Ahora bien,
         considera que tales comportamientos no están contemplados en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado
         2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 y que, por consiguiente, no pueden ser objeto de sanción.
      
      41      En apoyo de sus alegaciones, Deltafina invoca la Decisión 2005/349/CE de la Comisión, de 10 de diciembre de 2003, relativa
         a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑2/37.857 — Peróxidos
         Orgánicos) (DO L 110, p. 44; en lo sucesivo, «Decisión peróxidos orgánicos»). Manifiesta que, en esta Decisión, la Comisión
         declaró la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, por una sociedad ajena al cártel de que se trataba, a saber, la empresa
         asesora AC‑Treuhand AG, debido a determinados comportamientos adoptados por ésta que presentarían similitudes con los comportamientos
         que a ella se le reprochan. Señala que a dicha empresa asesora, pese a que había desempeñado una función crucial en la organización
         y ejecución del cártel y que se la había considerado su «vigilante», sólo se le impuso una multa simbólica de 1.000 euros
         debido al «carácter relativamente inédito de la situación».
      
      42      En primer lugar, la Comisión responde que el argumento de Deltafina de que el artículo 81 CE, apartado 1, no es aplicable
         a las empresas que no operan directamente en el mercado relevante no encuentra apoyo alguno en el tenor de dicha disposición.
         Considera que lo importante a efectos de la aplicación de ésta es que la empresa de que se trate haya participado en una práctica
         restrictiva de la competencia que tenga, al menos potencialmente, un efecto apreciable en los intercambios entre Estados miembros.
      
      43      En segundo lugar, la Comisión alega que el argumento de Deltafina de que los comportamientos que se le reprochan no están
         comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, no sólo carece de todo fundamento, sino que también
         viene contradicho por diversas manifestaciones que figuran en el escrito de interposición de la demanda.
      
      44      Por otra parte, la Comisión señala que la propia Deltafina considera que su función puede asimilarse a la que había adoptado
         AC‑Treuhand en el asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos y que tal función puede ser sancionada de conformidad
         con el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      45      Por lo que respecta a la primera parte del presente motivo, procede señalar que es pacífico entre las partes que en España,
         que constituye el mercado geográfico de referencia en el caso de autos, Deltafina no compra tabaco crudo a los productores
         ni ejerce actividades de primera transformación de tabaco crudo. En dicho Estado miembro, Deltafina sólo opera en la siguiente
         fase del proceso, en este caso, la de compra de tabaco transformado para su reventa a las empresas de manufactura de tabaco.
      
      46      Por consiguiente, es preciso señalar que Deltafina no está presente en el mercado de referencia, a saber, como se expondrá
         en el posterior apartado 82, el mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo.
      
      47      Sin embargo, no cabe deducir de esta afirmación que la Comisión no pudiera sancionar a Deltafina por infracción del artículo
         81 CE, apartado 1.
      
      48      Como ya declaró el Tribunal en el apartado 122 de su sentencia de 8 de julio de 2008, AC‑Treuhand/Comisión (T‑99/04, Rec.
         p. II‑1501), una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, cuando su comportamiento,
         en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en un mercado pertinente específico
         dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere en ese mercado pertinente.
      
      49      En este mismo sentido, el Tribunal puntualizó, en el apartado 127 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado
         anterior, que no se excluía que una empresa pudiera participar en la puesta en práctica de una restricción de la competencia
         aunque ella misma no restrinja su propia libertad de acción en el mercado en el que opera principalmente. En efecto, cualquier
         otra interpretación podría reducir el alcance de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, de forma contraria
         a su eficacia y a su objetivo principal, entendido a la luz del artículo 3 CE, apartado 1, letra g), de garantizar el mantenimiento
         de una competencia no falseada en el interior del mercado común, ya que no permitiría una acción sancionadora contra la contribución
         activa de una empresa a una restricción de la competencia por el mero motivo de que dicha contribución no proviniera de una
         actividad económica comprendida en el mercado pertinente en el que tal contribución se materializa o tiene por objeto materializarse.
         En el apartado 128 de la misma sentencia, el Tribunal concluyó que una interpretación de los términos «acuerdos entre empresas»
         a la luz de los objetivos perseguidos por el artículo 81 CE, apartado 1, y por el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), tendía
         a confirmar la existencia de una concepción del cártel y de la empresa autora de una infracción que no distingue en función
         del sector o del mercado en el que las empresas interesadas operan.
      
      50      Pues bien, en el presente caso, como se explicará más detalladamente en los posteriores apartados 122 a 133, queda acreditado
         que Deltafina participó, activa y directamente, con los transformadores, en un cártel cuyo objetivo era eliminar o restringir
         la competencia en el sector del tabaco crudo en España, cosa que sabía o no podía ignorar.
      
      51      La apreciación del Tribunal expuesta en el anterior apartado 48 es tanto más pertinente en el presente caso cuanto que, mientras
         que AC‑Treuhand, en su condición de empresa asesora, no operaba en absoluto en el mercado del producto de que se trataba,
         a saber, el de los peróxidos orgánicos, como competidor o por el lado de la oferta o de la demanda, Deltafina, en cambio,
         como principal cliente de los transformadores españoles, operaba en España en un mercado situado en la fase inmediatamente
         posterior a aquella en la que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de la competencia controvertidas. Además, en Italia,
         Deltafina estaba presente en el mercado del mismo producto en cuestión que el del presente caso.
      
      52      De lo anterior se desprende que la primera parte del primer motivo debe desestimarse por infundada.
      
      53      Por lo que respecta a la segunda parte del presente motivo, reposa en la premisa de que Deltafina no participó activa y directamente
         en el cártel de los transformadores, en las mismas condiciones que éstos, sino que se limitó a facilitar «indirectamente»
         su ejecución.
      
      54      Ahora bien, como ya se ha señalado en el anterior apartado 50 y se demostrará en los posteriores apartados 122 a 133, esta
         premisa es errónea.
      
      55      En cualquier caso, también es erróneo el argumento de Deltafina de que las empresas que sólo contribuyen a un cártel de forma
         subordinada, accesoria o pasiva no infringen el artículo 81 CE, apartado 1, y, por lo tanto, no pueden ser multadas con arreglo
         al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
      
      56      Así, en la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, el Tribunal rechazó un argumento similar, y ello tras recordar la jurisprudencia relativa a los requisitos que debe reunir
         la participación de una empresa en un cártel para que ésta pueda ser considerada responsable como coautora de la infracción
         en su conjunto (apartados 129 a 136).
      
      57      Más concretamente, en dicha sentencia, el Tribunal recordó que la imputación de la infracción en su conjunto a una empresa
         que participó en un cártel se ajustaba a las exigencias del principio de responsabilidad personal cuando se cumplían dos requisitos,
         el primero de naturaleza objetiva y el segundo, subjetiva.
      
      58      Respecto al primer requisito, el Tribunal señaló que, según la jurisprudencia, concurría, por lo que se refiere a la relación
         entre competidores que operan en el mismo mercado pertinente así como entre dichos competidores y sus clientes, cuando la
         empresa participante ha contribuido a la puesta en práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva, por
         ejemplo mediante la aprobación tácita y la omisión de denunciar dicho cártel a las autoridades (sentencia AC‑Treuhand/Comisión,
         citada en el apartado 48 supra, apartado 133).
      
      59      Para llegar a esta declaración, el Tribunal destacó, en primer lugar, que bastaba con que la Comisión demostrase que la empresa
         de que se trate ha participado en reuniones en las que se han concluido acuerdos contrarios a la competencia sin haberse opuesto
         expresamente a ellos para probar de modo suficiente la participación de dicha empresa en el cártel (sentencia AC‑Treuhand/Comisión,
         citada en el apartado 48 supra, apartado 130). El Tribunal añadió que, para acreditar la participación de una empresa en un acuerdo único, integrado por
         un conjunto de comportamientos ilícitos separados en el tiempo, la Comisión debía probar que esa empresa pretendía contribuir
         con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y
         que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos
         objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. A este respecto, el Tribunal
         recordó que la aprobación tácita de una iniciativa ilícita sin distanciarse públicamente de su contenido o sin denunciarla
         a las autoridades administrativas producía el efecto de incitar a que se continúe la infracción y dificultaba que se descubriera.
         El Tribunal subrayó que esta complicidad constituía un modo pasivo de participar en la infracción que podía conllevar, por
         tanto, la responsabilidad de la empresa en el marco de un acuerdo único. El Tribunal precisó que esos principios se aplicaban
         mutatis mutandis en relación con reuniones en las que no sólo habían participado competidores productores, sino también sus clientes.
      
      60      En segundo lugar, el Tribunal señaló, en el apartado 131 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, que, por lo que respecta a la determinación de la responsabilidad personal de una empresa cuya participación en el cártel
         no tenga la misma amplitud e intensidad que la de otras empresas, de la jurisprudencia resulta que, si bien los acuerdos y
         prácticas concertadas que contempla el artículo 81 CE, apartado 1, son necesariamente el resultado del concurso de varias
         empresas, que son todas ellas coautoras de la infracción, pero cuya participación puede revestir formas diferentes, principalmente
         en función de las características del mercado de que se trate y de la posición de cada empresa en dicho mercado, de los fines
         perseguidos y de las modalidades de aplicación elegidas o planeadas, la mera circunstancia de que cada empresa participe en
         la infracción aplicando métodos específicos no basta para excluir su responsabilidad por la totalidad de la infracción, incluidos
         los comportamientos materialmente realizados por otras empresas participantes, pero que comparten un mismo objeto o efecto
         contrario a la competencia.
      
      61      Por último, el Tribunal dedujo de lo anterior, en el apartado 132 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado
         48 supra, que el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de un cártel o que haya desempeñado
         un papel menor en los aspectos en los que haya participado no era relevante para apreciar la existencia de una infracción
         por su parte. No obstante, el Tribunal añadió que, aunque la importancia, en su caso, limitada de la participación de la empresa
         interesada no podía por tanto desvirtuar su responsabilidad personal por el conjunto de la infracción, cabía sin embargo que
         tuviera incidencia en la apreciación de su alcance y de su gravedad y, por consiguiente, en la determinación del importe de
         la multa.
      
      62      Por lo que respecta al segundo requisito, el Tribunal recordó, en el apartado 134 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada
         en el apartado 48 supra, que la imputación del conjunto de la infracción a la empresa partícipe dependía, además, de la manifestación de su propia
         voluntad, que demuestre que acepta, siquiera tácitamente, los objetivos del cártel. El Tribunal precisó que este requisito
         subjetivo era, por una parte, inherente al criterio de la aprobación tácita del cártel y al de la falta de distanciamiento
         público de su contenido, en cuanto que esos criterios implican la presunción de que la empresa interesada sigue aceptando
         los objetivos y la puesta en práctica del cártel, y por otra parte constituía la justificación para considerar corresponsable
         a la empresa interesada, ya que ésta pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes
         perseguidos por el conjunto de los participantes y tuvo conocimiento de los comportamientos ilícitos de los demás participantes
         o pudo de forma razonable haberlos previsto y estaba dispuesta a asumir el riesgo.
      
      63      En el apartado 136 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, el Tribunal señaló que los principios expuestos en los anteriores apartados 57 a 62 se aplicaban mutatis mutandis a la participación de una empresa cuya actividad económica y competencia profesional permitían que no pudiera ignorar el
         carácter contrario a la competencia de los comportamientos de que se trataba y que pudiera aportar de esa forma un sostén
         no carente de importancia a la comisión de la infracción.
      
      64      De todo lo anterior se desprende que la segunda parte del primer motivo también debe desestimarse por infundada.
      
       Sobre la tercera parte, en la que se alega que la Comisión calificó erróneamente a Deltafina de líder del cártel de los transformadores
      –       Alegaciones de las partes
      65      Deltafina afirma que la Comisión la calificó erróneamente de líder del cártel de los transformadores.
      
      66      En apoyo de su afirmación, invoca los siguientes factores, que distinguirían su situación de la de otras empresas que fueron
         consideradas líderes de un cártel en otros asuntos:
      
      –        No tuvo una función de promotor de los comportamientos reprochados a los transformadores.
      –        No incitó –y aún menos obligó– a empresa alguna a unirse al cártel de los transformadores.
      –        No ejerció presiones sobre nadie y, en cualquier caso, no disponía del poder para hacerlo.
      –        No desempeñó ninguna función en la dirección o el control del cártel de los transformadores, el cual, por otra parte, no disponía
         de «órganos institucionales de dirección».
      
      –        Su Presidente, el Sr. M, sólo asistió a cuatro reuniones del cártel de los transformadores y no pudo «orquestar sus estrategias».
      –        No pudo adoptar un comportamiento de «líder de precios» (price leader) por el lado de la demanda, puesto que, al no operar
         en la misma fase del proceso que los transformadores españoles, no compraba tabaco crudo a los productores.
      
      –        Nunca dispuso de poder jurídico o fáctico para adoptar sanciones o represalias en contra de los miembros del cártel de los
         transformadores que no se hubieran atenido a las actuaciones comunes.
      
      67      Por otra parte, Deltafina rebate la alegación de la Comisión de que la función del líder que se le imputa sólo fue tomada
         en consideración en la Decisión impugnada como circunstancia agravante. Alega que dicha función constituye, de hecho, el único
         reproche que se le ha dirigido. 
      
      68      En primer lugar, la Comisión responde que, aun suponiendo que hubiera incurrido en error al calificar a Deltafina de líder
         del cártel de los transformadores, ello no exime a ésta de toda responsabilidad por lo que se refiere a las infracciones que
         se le reprochan, sino que, a lo sumo, podría llevar a una reducción del importe de la multa. Añade que el hecho de que Deltafina
         fuera el líder del cártel de los transformadores sólo se había tenido en cuenta, en la Decisión impugnada, como circunstancia
         agravante a la hora de calcular la multa.
      
      69      En segundo lugar, la Comisión considera que, en cualquier caso, esta parte debe desestimarse por infundada. A este respecto,
         recuerda que, según la jurisprudencia, la práctica seguida anteriormente en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico
         a las multas en materia de competencia. Por otro lado, remite al considerando 435 de la Decisión impugnada que, en su opinión,
         indica de manera suficientemente clara y precisa los motivos por los que Deltafina fue considerada líder del cártel de los
         transformadores.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      70      Es preciso señalar que esta parte es invocada por Deltafina en apoyo de sus pretensiones dirigidas a la anulación de la Decisión
         impugnada y que, a semejanza de las dos primeras partes, tiene por objeto demostrar que la Comisión no podía considerarla
         responsable del cártel de los transformadores.
      
      71      Ahora bien, como alega acertadamente la Comisión, la condición de líder del cártel de los transformadores atribuida a Deltafina
         sólo se tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, en el contexto del cálculo del importe de la multa, y ello como circunstancia
         agravante (véanse los considerandos 435 y 436 de la Decisión impugnada). Contrariamente a lo que deja entender Deltafina,
         no es la afirmación de que desempeñó la función de líder del cártel de los transformadores lo que llevó a la Comisión a declararla
         responsable de la infracción, sino la afirmación, basada concretamente en los distintos factores resumidos en los considerandos
         359 a 369 de la Decisión impugnada, de que participó directa y activamente en dicho cártel. En otras palabras, la condición
         de líder del cártel de los transformadores atribuida a Deltafina no tuvo incidencia en la generación de la responsabilidad
         de ésta por la comisión de la infracción.
      
      72      Es cierto que las conductas de Deltafina en las que se basó la Comisión para calificarla de líder del cártel de los transformadores
         son sustancialmente las mismas que aquellas en que se basó para deducir su participación en el referido cártel. No es menos
         cierto que, como señala acertadamente la Comisión en sus escritos, la cuestión de si una empresa participó en un cártel y
         la de, en su caso, el alcance y la intensidad de dicha participación corresponden a dos apreciaciones distintas, al referirse
         la primera a la demostración de la existencia de una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y la segunda, a la determinación
         del importe de la sanción.
      
      73      De las consideraciones anteriores se desprende que la tercera parte del primer motivo, aun cuando esté fundada, no puede implicar
         la anulación de la Decisión impugnada. Por lo tanto, debe desestimarse por inoperante en el marco de este motivo. No obstante,
         se tendrá en cuenta esta tercera parte a la hora de examinar el sexto motivo, que se apoya en parte en la misma argumentación.
      
       Sobre la cuarta parte, en la que se alega que la Comisión no definió el mercado de referencia en la Decisión impugnada
      –       Alegaciones de las partes
      74      Deltafina reprocha a la Comisión no haber definido los mercados del producto y geográfico de referencia en la Decisión impugnada.
      
      75      A este respecto, en primer lugar, Deltafina hace referencia a los apartados 27 y siguientes de la sentencia del Tribunal de
         11 de diciembre de 2003, Adriatica di Navigazione/Comisión (T‑61/99, Rec. p. II‑5349). Afirma que, según el apartado 30 de
         esta sentencia, las imputaciones formuladas contra la definición del mercado de referencia adoptada por la Comisión pueden
         referirse a elementos propios de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, que no sean la existencia de un «acuerdo» entre
         empresas, «la afectación del comercio entre Estados miembros» y «el perjuicio de la competencia», a saber, concretamente,
         el alcance de las prácticas colusorias de que se trata, su carácter único o global y el alcance de la participación individual
         de cada una de las empresas afectadas. Estos últimos elementos están íntimamente relacionados con el principio de responsabilidad
         personal por la comisión de infracciones colectivas y con varios principios generales del Derecho tales como el principio
         de seguridad jurídica y el de proporcionalidad. Deltafina señala, asimismo, que, según el apartado 32 de la misma sentencia,
         «es deseable [por tanto] que, cuando adopta una decisión por la que declara la participación de una empresa en una infracción
         compleja, colectiva e ininterrumpida, como son con frecuencia los cárteles, la Comisión, además de comprobar el cumplimiento
         de los requisitos específicos de aplicación del artículo [81 CE, apartado 1], tenga en cuenta que, si una decisión de este
         tipo debe acarrear la responsabilidad personal de cada una de sus destinatarias, sólo puede hacerlo por su participación acreditada
         en los comportamientos colectivos sancionados y correctamente delimitados». Añade que, según el mismo apartado, «dado que
         tal decisión puede generar consecuencias importantes en las relaciones de las empresas afectadas no sólo con la administración
         sino también con terceros, es necesario que la Comisión examine el mercado o los mercados de referencia y los identifique
         en la exposición de motivos de la decisión que sancione una infracción del artículo [81 CE, apartado 1,] de manera suficientemente
         precisa para captar las condiciones de funcionamiento del mercado en el cual se ha falseado la competencia y responder a las
         necesidades esenciales de seguridad jurídica.»
      
      76      En segundo lugar, Deltafina alega que al no operar en el mercado en el que se han producido los comportamientos restrictivos
         de la competencia, la Comisión no puede declararla responsable de dichos comportamientos e imponerle una sanción, sin vulnerar
         el principio de responsabilidad personal.
      
      77      Por último, invocando el mismo motivo, Deltafina alega también que, en la Decisión impugnada, la Comisión no demuestra el
         «vínculo entre [dichos] comportamientos y los efectos sobre el mercado que, aun en presencia de una infracción por su objeto,
         debe traducirse en consecuencias adversas en el juego de la competencia». Considera que no es pertinente la referencia que
         la Comisión hace, en el considerando 368 de la Decisión impugnada, al apartado 136 de la sentencia del Tribunal de 15 de septiembre
         de 1998, European Night Services y otros/Comisión (T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141).
      
      78      En respuesta a las alegaciones de Deltafina, en primer lugar, la Comisión aduce que, en la Decisión impugnada, definió de
         forma suficientemente clara y detallada el contexto económico y jurídico del mercado en el que se llevaron a cabo las prácticas
         restrictivas de que se trata.
      
      79      En segundo lugar, la Comisión rechaza la alegación de Deltafina de que ha menoscabado el principio de responsabilidad personal
         al considerarla responsable de los comportamientos restrictivos de la competencia de que se trata puesto que dicha sociedad
         no operaba en el mercado en el que se señalaron tales comportamientos.
      
      80      Por último, la Comisión considera «totalmente carente de sentido» la alegación de Deltafina de que, al no estar presente ésta
         en el mercado de referencia, no existe el vínculo entre los comportamientos ilícitos de que se trata y sus efectos en el mercado.
         Alega que el hecho de que Deltafina no opere directamente en el mercado en el que se han señalado las prácticas restrictivas
         de la competencia no la exime de su responsabilidad por la ejecución de dichas prácticas, ni debe llevar a la conclusión de
         que éstas no tienen efectos en el referido mercado. A este respecto, hace referencia concretamente al apartado 136 de la sentencia
         European Night Services y otros/Comisión, citada en el apartado 77 supra, y afirma que, conforme a reiterada jurisprudencia, no es necesario valorar los efectos concretos en el mercado de acuerdos
         que, como en el presente caso, restringen manifiestamente la competencia.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      81      Es necesario señalar que, contrariamente a lo que sostiene Deltafina, la Comisión identificó los mercados del producto y geográfico
         de referencia en la Decisión impugnada.
      
      82      En efecto, de dicha Decisión se desprende de forma suficientemente clara y precisa que el mercado de referencia es el mercado
         español de compra y primera transformación de tabaco crudo. En particular, en los considerandos 19 a 65 de la Decisión impugnada,
         la Comisión describe detalladamente las empresas de primera transformación de tabaco crudo en España –precisando en concreto
         sus actividades de compra y de transformación de tabaco crudo, así como las relaciones comerciales que mantienen entre ellas–,
         los productores de tabaco crudo, los representantes de los productores, distintos aspectos del sector del tabaco crudo en
         España, entre ellos, las zonas de producción, el volumen y valor de la producción, el valor de las ventas, las distintas variedades
         de tabaco crudo y los precios medios (máximos) de entrega de cada una de dichas variedades, así como los marcos normativos
         comunitario y español aplicables al tabaco crudo.
      
      83      Por otra parte, el examen que llevó a cabo de este modo la Comisión en la Decisión impugnada permite comprender totalmente
         las condiciones de funcionamiento del mercado en el que se ha falseado la competencia, contrariamente a lo que deja entender
         Deltafina cuando cita la última frase del apartado 32 de la sentencia Adriatica di Navigazione/Comisión, citada en el apartado
         75 supra.
      84      Deltafina puede tanto menos alegar que la Comisión no identificó el mercado de referencia en la Decisión impugnada cuanto
         que de numerosos pasajes de sus escritos procesales se desprende que comprendió perfectamente que éste era el mercado español
         de compra y primera transformación de tabaco crudo. Así, por citar únicamente un ejemplo, toda la argumentación que desarrolla
         en apoyo de la primera parte del presente motivo se basa precisamente en dicha definición.
      
      85      Por lo tanto, la cuarta parte del primer motivo carece por completo de fundamento fáctico.
      
      86      Por lo que respecta a la alegación de Deltafina de que la Comisión vulneró el principio de responsabilidad personal al considerarla
         responsable de un cártel puesto en práctica en un mercado en el que aquélla no operaba, no cabe acogerla. Como ya se ha expuesto
         en los anteriores apartados 48 y 49, una empresa puede infringir la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado
         1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene la finalidad de restringir la competencia en
         un mercado pertinente específico dentro del mercado común, sin que ello requiera necesariamente que la misma empresa opere
         en ese mercado pertinente. En realidad, lo importante para que la imputación de la infracción en su conjunto a una empresa
         participante en un cártel se ajuste a las exigencias del principio de responsabilidad personal es que dicha empresa satisfaga
         los dos requisitos, objetivo y subjetivo, recordados en los anteriores apartados 57 a 63, cosa que ocurre en el caso de Deltafina,
         como se expondrá más adelante, en los apartados 122 a 133.
      
      87      Por último, contrariamente a lo que parece sostener Deltafina (véase el anterior apartado 77), del mero hecho de que ésta
         no operase en el mercado de referencia no cabe deducir que el cártel de los transformadores no pudiera tener efectos perjudiciales
         sobre la competencia en dicho mercado.
      
      88      A la luz de las consideraciones precedentes, debe desestimarse la cuarta parte del primer motivo por infundada.
      
      89      De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el primer motivo, en todas sus partes.
      
       Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003, la vulneración
            del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, la existencia de vicios sustanciales de forma y la violación de los
            principios de legalidad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como en la falta de motivación
      90      El segundo motivo formulado por Deltafina se articula en cuatro partes. En la primera parte, critica que, en la Decisión impugnada,
         la Comisión le atribuyó una función distinta de la que le reprochaba en el pliego de cargos. En la segunda parte, alega que
         los comportamientos que se le reprochan deben ser reprochados, en realidad, a su Presidente. En la tercera parte, aduce que
         la Comisión le denegó el acceso a determinados documentos inculpatorios. Por último, en la cuarta parte, alega que la Comisión
         no definió de forma suficientemente clara en el pliego de cargos los mercados del producto y geográfico de referencia.
      
      91      Por lo que respecta a la alegación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, que Deltafina invoca en el
         marco del segundo motivo, sin relacionarla expresamente con ninguna de sus cuatro partes, es necesario señalar que no proporciona
         la menor exposición que la pueda aclarar. Por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad a la luz del artículo 44,
         apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento (véase el anterior apartado 35).
      
       Sobre la primera parte, en la que se alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión atribuyó a Deltafina una función distinta
         de la que le reprochaba en el pliego de cargos
      
      –       Alegaciones de las partes
      92      Deltafina alega que la Comisión, al considerarla responsable como «autora» o «coautora» de la infracción en la Decisión impugnada
         y al calificarla, en ésta, de líder del cártel de los transformadores, le atribuyó una función distinta y más grave que la
         que le imputaba en el pliego de cargos.
      
      93      En apoyo de sus alegaciones, Deltafina señala una serie de diferencias entre el texto del pliego de cargos y el de la Decisión
         impugnada. En particular, alega que, mientras que en ningún lugar del primero se le reprocha haber participado en los acuerdos
         y prácticas controvertidos –puesto que tal reproche sólo se formulaba contra los transformadores españoles–, en la segunda,
         en cambio, se la presenta como participante directa y activa en dichos acuerdos y prácticas. Igualmente, en el pliego de cargos
         no se hace mención alguna al hecho de que Deltafina podía ser considerada líder del cártel de los transformadores. Por otra
         parte, Deltafina critica una serie de consideraciones que figuran en la Decisión impugnada.
      
      94      Deltafina afirma que, al proceder de este modo, la Comisión no sólo expuso una tesis no corroborada por los elementos del
         expediente, sino que también menoscabó su derecho de defensa. Respecto a esto último, reprocha a la Comisión, más concretamente,
         no haberle permitido explicarse sobre las calificaciones de autora o coautora de la infracción y de líder del cártel de los
         transformadores que se le habían atribuido en la Decisión impugnada.
      
      95      La Comisión alega que nunca calificó a Deltafina de «autora» o «coautora» de las prácticas restrictivas imputadas, señalando
         que dichas calificaciones no tienen «significado jurídico» en el Derecho de la competencia. Remite a los elementos de hecho
         recogidos en los considerandos 362 a 366 de la Decisión impugnada y puntualiza que la conclusión a la que llegó en ésta es
         que Deltafina «participó» plenamente en dichas prácticas y que, por lo tanto, debía ser considerada corresponsable «de pleno
         derecho» de la infracción.
      
      96      La Comisión afirma que, en el pliego de cargos, se basó en los mismos elementos de hecho para declarar la participación de
         Deltafina en el cártel de los transformadores y, por ende, su corresponsabilidad por la infracción del artículo 81 CE. Señala
         que, en su respuesta a dicho pliego de cargos, Deltafina se defendió ampliamente además en relación con la función que se
         le atribuía en el cártel de los transformadores. Por lo tanto, considera que ninguna de las «diferencias de redacción» entre
         el pliego de cargos y la Decisión impugnada señaladas por Deltafina puede demostrar la existencia de una vulneración del derecho
         de defensa de ésta.
      
      97      Por otra parte, la Comisión rechaza las críticas que Deltafina aduce en contra de determinadas consideraciones contenidas
         en la Decisión impugnada.
      
      98      Por último, la Comisión, remitiendo a los comportamientos descritos en los considerandos 363 a 365 de la Decisión impugnada,
         estima que no resulta en absoluto «irrazonable» afirmar, como hace en el considerando 361 de la Decisión impugnada, que Deltafina
         desempeñó una función «particularmente activa» en el cártel de los transformadores.
      
      99      Según la Comisión, de los anteriores elementos resulta que ni incurrió en errores de apreciación ni vulneró el derecho de
         defensa de Deltafina al considerarla parte en las prácticas restrictivas mencionadas en el artículo 1 de la Decisión impugnada
         y al declararla corresponsable de dichas prácticas.
      
      100    Por lo que respecta a las críticas que Deltafina formula en relación con la calificación de líder del cártel de los transformadores
         que se le atribuye en la Decisión impugnada, la Comisión, en primer lugar, alega que, aun suponiéndolas fundadas, ello podría
         llevar, a lo sumo, a una reducción del importe de la multa.
      
      101    En segundo lugar, la Comisión recuerda que, conforme a reiterada jurisprudencia, desde el momento en que indica expresamente,
         en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas e indica los principales elementos
         de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta
         infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar
         el derecho de las empresas a ser oídas (sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión, T‑23/99, Rec.
         p. II‑1705, apartado 199). Añade que los elementos así exigidos por la jurisprudencia figuraban en el pliego de cargos.
      
      102    Por último, la Comisión alega que, en cualquier caso, el hecho de que no haya indicado expresamente, en el pliego de cargos,
         su intención de considerar como circunstancia agravante la función específica desempeñada por Deltafina en el cártel de los
         transformadores no tuvo consecuencias en relación con la defensa de dicha empresa. En su opinión, ésta formuló expresamente
         argumentos con objeto de minimizar su función, en las páginas 31 a 37 de su respuesta al pliego de cargos.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      103    La presente parte tiene una doble vertiente. Por un lado, Deltafina invoca la existencia de divergencias entre el pliego de
         cargos y la Decisión impugnada por lo que respecta a la apreciación de su función en el cártel de los transformadores. Por
         otro lado, impugna la fundamentación de dicha apreciación tal y como se realizó en la Decisión impugnada.
      
      104    En cada uno de los dos aspectos, Deltafina formula, en particular, críticas en contra de la condición de líder del cártel
         de los transformadores que se le ha atribuido. Así, en el marco del primero, reprocha a la Comisión no haber mencionado, en
         el pliego de cargos, que podía ser considerada líder del cártel de los transformadores, vulnerando de este modo su derecho
         de defensa. En el contexto del segundo, alega que la conclusión de la Comisión, en la Decisión impugnada, de que desempeñó
         tal función en el cártel de los transformadores no está suficientemente motivada.
      
      105    Como ya se ha señalado en el anterior apartado 71 y destacado acertadamente por la Comisión, la condición de líder del cártel
         de los transformadores atribuida a Deltafina sólo se tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, en el contexto del cálculo
         del importe de la multa y ello como circunstancia agravante. Por consiguiente, aun cuando se demostrase la vulneración del
         derecho de defensa invocada en relación con dicha condición o resultase que dicha condición no se demostró de modo suficiente
         en Derecho, esto no supondría la anulación de la Decisión impugnada, como persigue Deltafina al formular la presente parte,
         sino, a lo sumo, una reducción del importe de la multa que se le impuso. Por lo tanto, las críticas anteriormente mencionadas
         deben desestimarse por inoperantes en el marco de la presente parte. Se examinarán más adelante en el marco del sexto motivo,
         que Deltafina invoca en apoyo de sus pretensiones dirigidas a la reducción del importe de su multa y sustenta, esencialmente,
         en las mismas consideraciones.
      
      106    Por lo que respecta a las demás críticas que Deltafina formula en apoyo de la presente parte, suscitan tres cuestiones distintas,
         a saber, en primer lugar, la de la base sobre la que la Comisión llegó a la conclusión, en la Decisión impugnada, de que dicha
         sociedad había infringido el artículo 81 CE; en segundo lugar, la de si existen al respecto divergencias entre dicha Decisión
         y el pliego de cargos, y, en tercer lugar, la de la justificación suficiente en Derecho de la conclusión anteriormente mencionada
         de la Comisión.
      
      107    En lo referente a la primera cuestión, debe recordarse que, como ya se ha expuesto en los anteriores apartados 15 a 21, la
         Decisión impugnada se refiere a dos infracciones horizontales llevadas a cabo en el mercado español del tabaco crudo, implicando
         la primera a los transformadores españoles y a Deltafina, y la segunda, a los representantes de los productores. A tenor de
         la Decisión impugnada, cada una de estas infracciones se caracteriza por un conjunto de acuerdos y/o prácticas concertadas
         y constituye una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los considerandos 275
         a 277 y 296 a 298 de la Decisión impugnada).
      
      108    Los transformadores españoles y Deltafina son considerados responsables del conjunto de la primera infracción y los representantes
         de los productores, del conjunto de la segunda (véanse, en particular, el artículo 1 y los considerandos 358, 359 y 366 de
         la Decisión impugnada).
      
      109    Más concretamente, de varios considerandos de la Decisión impugnada se desprende que se considera que Deltafina, al igual
         que los transformadores españoles, celebró acuerdos o participó en prácticas concertadas que tenían por objeto fijar, cada
         año, en el período 1996/2001, el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo, sin distinción de calidades,
         y repartir las cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada uno de los transformadores podía comprar a los productores
         (véanse, en particular, los considerandos 85, 88, 112, 144, 274, 276, 278, 279, 281 a 283, 285 a 287, 301, 303, 305 y 357
         de la Decisión impugnada). Además, se considera que Deltafina, al igual que los transformadores españoles, y en el período
         1999/2001, celebró acuerdos o participó en prácticas concertadas que tenían por objeto fijar las horquillas de precios por
         grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo que se incluían en las tablas anexas a los contratos de cultivo y las
         condiciones complementarias (véanse, en particular, los considerandos 85, 274, 276, 290 y 357 de la Decisión impugnada).
      
      110    En otras palabras, en la Decisión impugnada se reprocha a Deltafina haber participado directa y activamente en el cártel de
         los transformadores (véanse, en particular, los considerandos 357, 361, 366 y 369 de la Decisión impugnada). A este respecto,
         cabe señalar que la Comisión puntualiza, concretamente, en el considerando 369 de la Decisión impugnada, que «debe considerarse
         que la función de Deltafina en el presente caso fue directa y primaria y [que no se limitó] a la función de coordinador exterior
         o facilitador».
      
      111    En los considerandos 359 a 366 de la Decisión impugnada, la Comisión expone, remitiendo a otros considerandos de dicha Decisión,
         el razonamiento y los hechos específicos en los que se basa para llegar a las conclusiones recogidas en los anteriores apartados
         109 y 110.
      
      112    Dicho razonamiento y tales hechos son los siguientes:
      
      –        Deltafina, por medio de su Presidente y –a veces– de otros representantes, participó en algunas reuniones del cártel de los
         transformadores (considerandos 67, 112 y 363 de la Decisión impugnada), en este caso, las reuniones de 13 de marzo de 1996
         en Madrid (considerandos 88 y 92 de la Decisión impugnada), de 17 de diciembre de 1996 (considerando 117 de la Decisión impugnada),
         de 30 de enero de 1997 en Roma (considerando 118 de la Decisión impugnada) y de marzo de 1999 (considerando 186 de la Decisión
         impugnada).
      
      –        Deltafina, cuando no estaba presente en algunas de las reuniones del cártel de los transformadores, era regularmente informada,
         por éstos, de la situación del mercado español del tabaco crudo y de las prácticas que habían realizado (considerandos 112,
         133 a 136, 140 a 143, 145, 149 y 364 de la Decisión impugnada).
      
      –        En 1997, el Presidente de Deltafina fue incluso depositario de una nota que los transformadores españoles habían elaborado
         y firmado en una de sus reuniones y que recogía los detalles de los diferentes acuerdos alcanzados (considerandos 122 y 364
         de la Decisión impugnada).
      
      –        Deltafina intervino en la organización del cártel de los transformadores, en particular, enviándoles correos para obtener
         la correcta ejecución de los acuerdos ilícitos y actuando, por tanto, como mediador en las desavenencias que les enfrentaban
         (considerandos 140 y 365 de la Decisión impugnada).
      
      –        Deltafina desempeñó una función central en las negociaciones entre los transformadores españoles y los representantes de los
         productores relativas a las horquillas de precios referentes al tabaco excedente de la cosecha de 1999 (considerandos 207,
         221 y 365 de la Decisión impugnada).
      
      113    Por lo que respecta a la segunda cuestión, es preciso recordar previamente que, según reiterada jurisprudencia, el respeto
         del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas o de multas
         coercitivas, constituye un principio fundamental de Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando se trate de un procedimiento
         de carácter administrativo (sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann‑La Roche/Comisión, 85/76,
         Rec. p. 461, apartado 9, y de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión, C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687, apartado 19).
      
      114    Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer
         una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas
         contra dicha empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba
         en que se funda la Comisión, para que la referida empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento
         administrativo dirigido contra ella (véase la sentencia ARBED/Comisión, citada en el apartado 113 supra, apartado 20, y la jurisprudencia citada).
      
      115    Además, una violación del derecho de defensa en el procedimiento administrativo debe ser examinada en función de los cargos
         formulados por la Comisión en el pliego de cargos y en la decisión que pone fin al referido procedimiento (sentencias del
         Tribunal de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, apartado 60, e ICI/Comisión, T‑36/91, Rec. p. II‑1847,
         apartado 70). Por lo tanto, para declarar la existencia de vulneración del derecho de defensa es preciso que la imputación
         que, según la empresa, no se había formulado en su contra en el pliego de cargos sea recogida por la Comisión en su decisión
         final.
      
      116    En el presente caso, en el pliego de cargos, como en la Decisión impugnada, la Comisión distingue dos infracciones horizontales,
         que se caracterizan por un conjunto de acuerdos y/o prácticas concertadas, en el mercado español del tabaco crudo, la primera
         que implica al sector de la primera transformación y la segunda al de la producción, y califica cada una de estas infracciones
         de infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en particular, los puntos 1, 316 a 318 y 338 a 340
         del pliego de cargos). Como en la Decisión impugnada, en el pliego de cargos los transformadores españoles y Deltafina son
         considerados responsables del conjunto de la primera infracción y los representantes de los productores, del conjunto de la
         segunda (véanse, en particular, los puntos 411, 412 y 420 del pliego de cargos).
      
      117    Por lo que respecta, más concretamente, a Deltafina, del pliego de cargos se desprende con claridad que, como en la Decisión
         impugnada, se imputa a dicha sociedad la responsabilidad de la infracción debido a su implicación directa y activa en las
         actividades del cártel de los transformadores. Así, en la primera frase del punto 415 del pliego de cargos, que es casi idéntica
         a la primera frase del considerando 361 de la Decisión impugnada, la Comisión manifiesta que «Deltafina desempeñó una función
         particularmente activa en el cártel de los transformadores españoles de tabaco crudo». Igualmente, en el punto 420 del pliego
         de cargos, que está redactado en términos semejantes a los del considerando 366 de la Decisión impugnada, la Comisión concluyó,
         concretamente, que es preciso «considerar que Deltafina participó activamente en la elaboración y puesta en práctica del acuerdo
         sobre el precio medio y las cantidades celebrado entre los transformadores a partir de 1996, así como en la negociación de
         las tablas de precios del excedente de tabaco en el 2000».
      
      118    Además, el razonamiento y los hechos en los que se basa la Comisión para establecer la imputación relacionada con la implicación
         directa y activa de Deltafina en la infracción corresponden, en esencia, a los que considera en la Decisión impugnada y que
         se exponen en el anterior apartado 112 (véanse, en particular, los puntos 412 a 420 del pliego de cargos y los distintos puntos
         de este mismo pliego a los que remiten).
      
      119    Es necesario señalar que, contrariamente a lo que alega Deltafina, la Decisión impugnada no difiere del pliego de cargos en
         cuanto a los motivos en relación con los cuales se le ha imputado la responsabilidad de la infracción. Al leer el pliego de
         cargos, Deltafina debía comprender necesariamente que, como hace en la Decisión impugnada, la Comisión pretendía basarse en
         su implicación directa y activa en las actividades del cártel de los transformadores. Toda vez que el pliego de cargos permitió
         a Deltafina conocer no sólo la imputación basada en su implicación directa y activa en la infracción, sino también los hechos
         considerados por la Comisión en la Decisión impugnada en apoyo de dicha imputación, la demandante podía defenderse plenamente
         en el procedimiento administrativo.
      
      120    Es cierto que, en diversos pasajes de la Decisión impugnada, se menciona expresamente a Deltafina, junto a los transformadores
         españoles, en el sentido de que tomó parte en los acuerdos y/o prácticas concertadas controvertidos (véase el anterior apartado
         109), lo que no ocurre en los pasajes correspondientes del pliego de cargos. Sin embargo, sólo se trata de una mera diferencia
         en la presentación de los hechos, que únicamente pretende relatarlos de forma más precisa en la Decisión impugnada y no constituye
         una modificación material de las imputaciones respecto del modo en que se expusieron en el pliego de cargos. Sobre este particular,
         debe recordarse que, conforme a reiterada jurisprudencia, no es necesario que la decisión final de la Comisión sea una copia
         del pliego de cargos (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661,
         apartado 91, y de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado
         14; sentencia del Tribunal General de 8 de octubre de 1996, Compagnie maritime belge de transports y otros/Comisión, T‑24/93
         a T‑26/93 y T‑28/93, Rec. p. II‑1201, apartado 113).
      
      121    Igualmente, en el punto 413 del pliego de cargos, la Comisión, citando su Decisión 80/1334/CEE, de 17 de diciembre de 1980,
         relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81 CE] (IV/29.869 – Vidrio colado en Italia) (DO L 383, p. 9; en lo
         sucesivo, «Decisión vidrio colado»), declara que, según su práctica decisoria, «cuando una empresa permite y contribuye “a
         sabiendas” a la realización de las restricciones de la competencia que son el objetivo mismo de los acuerdos de que se trata,
         cabe considerarla “corresponsable” de los efectos restrictivos que de ellas se deriven». Esta observación, que no encuentra
         equivalente en la Decisión impugnada y que figura en la sección del pliego de cargos dedicada a sus destinatarios y, especialmente,
         a Deltafina, puede interpretarse, a primera vista, en el sentido de que la Comisión no reprocha a esta última haber participado
         directa y activamente en el cártel de los transformadores, sino únicamente haber facilitado la comisión de la infracción.
         Sin embargo, no cabe acoger tal interpretación, en la medida en que no tiene en cuenta los puntos del pliego de cargos que
         siguen a dicha observación y, más concretamente, los puntos 415 y 420, en los que se reprocha claramente a Deltafina haber
         participado activamente en el cártel de los transformadores (véase el anterior apartado 117). En realidad, al formular dicha
         observación en el punto 413 del pliego de cargos, la Comisión –aun cuando cabe lamentar que no haya empleado términos más
         precisos al respecto– pretendía indicar que una empresa puede infringir la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado
         1, cuando su comportamiento, en coordinación con el de otras empresas, tiene por objeto restringir la competencia en un mercado
         relevante específico dentro del mercado común, sin que ello implique necesariamente que ella misma opere en dicho mercado
         relevante. Esto resulta claro si la referida observación se lee en el contexto del pasaje de la Decisión vidrio colado de
         donde se extrajo.
      
      122    En lo referente a la tercera cuestión, es preciso señalar que Deltafina no rebate que los hechos en los que se basa la Comisión,
         en los considerandos 359 a 366 de la Decisión impugnada, para considerarla responsable de la infracción del artículo 81 CE,
         como se recuerdan en el anterior apartado 112, se apoyan en los elementos de prueba contenidos en el expediente. En realidad,
         en el marco de la presente parte, Deltafina cuestiona la conclusión de la Comisión de que tales hechos justifican que se le
         impute la primera infracción en su conjunto.
      
      123    Sobre este particular, procede recordar que, para que el conjunto de la infracción pueda ser imputado a una empresa que participe
         en un cártel, es preciso que se reúnan dos requisitos, uno de naturaleza objetiva y el otro de naturaleza subjetiva (véanse
         los anteriores apartados 57 a 63). Por lo que respecta al primer requisito, es necesario que dicha empresa haya contribuido
         a la puesta en práctica del cártel, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva. Por lo que se refiere al segundo requisito,
         la referida empresa debe haber manifestado su propia voluntad, demostrando que aceptó, aunque sólo fuera tácitamente, los
         objetivos del cártel.
      
      124    En el presente caso, en primer lugar, resulta acreditado que Deltafina contribuyó activa y directamente a la puesta en práctica
         del cártel de los transformadores durante el período de la infracción.
      
      125    Los elementos que obran en autos demuestran que dos representantes de Deltafina, en el presente caso, el Sr. M., su Presidente,
         y el Sr. C., su Director responsable de compras, participaron en la primera reunión del cártel de los transformadores, la
         de 13 de marzo de 1996 en Madrid, en la que se discutió sobre los precios y los volúmenes de compras de tabaco crudo para
         la campaña 1996/1997 y se concluyó un acuerdo sobre los precios. De un fax dirigido por WWTE a Deltafina el 10 de abril de
         1996, mencionado en el considerando 95 de la Decisión impugnada, se desprende que Deltafina contribuyó activamente a al conclusión
         de dicho acuerdo y redactó el acta que lo contenía. De dicho fax –así como de un fax dirigido por Agroexpansión a Deltafina
         el 22 de abril de 1996– resulta también que WWTE y Agroexpansión se quejaron a Deltafina del incumplimiento del acuerdo por
         Cetarsa.
      
      126    Para el 17 de diciembre de 1996 estaba prevista otra reunión del cártel de los transformadores, en presencia del Sr. M. Éste
         y el Sr. C. participaron también en la reunión del cártel de los transformadores de 30 de junio de 1997 en Roma, en la que
         se concluyeron acuerdos sobre los precios y las cantidades de compra de tabaco crudo para la campaña 1997/1998. De los autos
         se desprende que el Sr. M. conservó una nota redactada y firmada por los transformadores españoles en esta última reunión,
         que recoge detalladamente esos diversos acuerdos, y que destruyó posteriormente a petición de esos mismos transformadores.
      
      127    A continuación, en repetidas ocasiones, WWTE y Agroexpansión informaron a Deltafina de la situación del mercado español del
         tabaco crudo y se quejaron ante ella del incumplimiento de los acuerdos mencionados en el anterior apartado 126 y de otros
         acuerdos celebrados en los primeros meses del año 1997. Así, el 29 de abril de 1997, WWTE envió un fax al Sr. M. en el que
         le indicaba que el precio mínimo (medio) que Cetarsa había aceptado pagar a los productores constituía una vulneración del
         acuerdo concluido entre los transformadores en presencia del Sr. M. y que, en consecuencia, sería imposible respetar el compromiso
         de pagar un precio medio de 50/60 pesetas españolas (ESP) por kilo. En respuesta a este fax, el Sr. M., mediante fax del mismo
         día en papel con membrete de Deltafina, instó a WWTE a «mantener la calma», indicándole que «pagar siempre más no sirve a
         nadie». El 30 de abril de 1997, Agroexpansión envió un fax al Sr. M. en el que señalaba, en concreto, que «una vez más, los
         acuerdos y reuniones con las demás empresas [eran] estériles y ridículos» y que ella «[había] cumplido sus compromisos y [compraría]
         5 millones de kilos pero pagando como mínimo 30 ESP más que el año pasado». Mediante fax de 9 de julio de 1997, WWTE se quejó
         de nuevo a Deltafina del comportamiento de Cetarsa, subrayando concretamente la necesidad de «conseguir pacificar el sector»
         y de tener «un acuerdo sin acuerdo». En su fax, WWTE también señalaba: «Como tú muchas veces has dicho, un acuerdo de precios
         no es posible sin un acuerdo de cantidades. El acuerdo de cantidades no puede ser solamente por un año. […] Sería necesario
         un acuerdo [de una duración] posiblemente de 5 años, mínimo de 3 años.»
      
      128    El 1 de octubre de 1997, Agroexpansión envió un fax a Deltafina para informarla de que WWTE había aceptado pagar precios superiores
         a los que se habían convenido. Como reacción a este fax, el Sr. M. escribió, el mismo día a WWTE, en papel con membrete de
         Deltafina, para indicarle que, si dicha información era verdadera, se planteaba un gran problema y que el comportamiento de
         WWTE podría interpretarse como un «ataque violento» contra Agroexpansión. Mediante fax de 2 de octubre de 1997 a Deltafina,
         WWTE expuso su punto de vista sobre este tema.
      
      129    El 6 de noviembre de 1997, WWTE envió un fax a Deltafina, en el que indicaba, en particular, que intentaba «por todos los
         medios» obtener un acuerdo sobre las cantidades y que, en la reunión que se tendría con los demás transformadores el 20 de
         noviembre siguiente, propondría «el afianzamiento [de los] acuerdos con depósitos de importantes sumas de dinero que permitan
         una seguridad en la ejecución de los acuerdos». A este fax se adjuntaba un cuadro con información sobre determinados precios
         pagados por cada uno de los transformadores españoles.
      
      130    Deltafina estuvo informada por Taes del acuerdo marco sobre las condiciones de compra para la campaña 1998/1999 celebrado
         por los transformadores en la reunión en Madrid de 20 de enero de 1998 desde el día siguiente a dicha reunión.
      
      131    De un informe de actividad de Agroexpansión de 6 de abril de 1999 se desprende que el Sr. M. participó, en marzo de 1999,
         en una reunión con los transformadores españoles y ANETAB en la que se discutió sobre los precios del tabaco crudo y del reparto
         de los volúmenes de compras de tabaco crudo para la campaña 1999/2000.
      
      132    Por último, en 2000, Deltafina intervino en las negociaciones entre los transformadores y los representantes de los productores
         relativas a las horquillas de precios del tabaco crudo excedente de 1999. Más concretamente, con vistas a una reunión de ANETAB
         que debía tener lugar a finales de febrero de 2000, el Sr. M. envió, el 15 de febrero de 2000, un fax en papel con membrete
         de Deltafina a Cetarsa, Agroexpansión y WWTE a fin de hacerles partícipes de sus reflexiones, consejos y propuestas al respecto.
      
      133    En segundo lugar, visto el conjunto de las circunstancias objetivas que caracterizan la participación de Deltafina, procede
         señalar que ésta contribuyó al cártel de los transformadores con pleno conocimiento de causa y deliberadamente. Deltafina,
         o bien no podía ignorar, o bien conocía sin lugar a dudas el objetivo contrario a la competencia e ilícito de dicho cártel,
         objetivo que se manifestó, en especial, en la celebración de reuniones con fines contrarios a la competencia, en el intercambio
         de información sensible en el que participó activamente durante todo el período de la infracción y en una nota que recogía
         detalladamente algunos acuerdos sobre los precios y las cantidades de compra de tabaco crudo de la que fue depositaria. Es
         preciso añadir, en este contexto, que Deltafina tenía interés en que las prácticas restrictivas de que se trata se pusieran
         en práctica, habida cuenta de la notable posición que ocupaba en el mercado de la compra de tabaco transformado español y
         de su función de responsable de la coordinación y la supervisión de las actividades comerciales del grupo Universal en Europa
         (véanse, más adelante, los apartados 142 y 268 a 272).
      
      134    Habida cuenta de todo lo anterior, procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión consideró, acertadamente y sin
         violar el derecho de defensa de Deltafina, que ésta incurrió en responsabilidad por la infracción que constituye el cártel
         de los transformadores.
      
      135    De lo anterior se desprende que la primera parte debe desestimarse por infundada.
      
       Sobre la segunda parte, en la que se alega que los comportamientos que se reprochan a Deltafina deben ser reprochados, en
         realidad, a su Presidente
      
      –       Alegaciones de las partes
      136    Deltafina alega que los comportamientos que se le reprochan sólo podían imputarse a su Presidente, el Sr. M., puesto que éste
         siempre actuó, en el cártel de los transformadores, a título personal y no como representante u órgano de la sociedad.
      
      137    Puntualiza que los transformadores españoles eligieron al Sr. M. como «depositario de sus acuerdos» debido a las garantías
         de neutralidad que ofrecía y de la autoridad de que disfrutaba en el sector del tabaco, tanto en España e Italia como en el
         resto del mundo.
      
      138    La Comisión solicita que se desestimen las alegaciones de Deltafina.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      139    Es necesario señalar que de diversos elementos de los autos se desprende que el Sr. M. participó en el cártel de los transformadores,
         no a título personal, sino como representante de Deltafina.
      
      140    A este respecto, en primer lugar, procede recordar que el Sr. M. es el Presidente de dicha sociedad.
      
      141    En segundo lugar, es preciso destacar que, en algunas reuniones del cártel, el Sr. M. estaba acompañado por otro representante
         de Deltafina, que ejercía funciones importantes en dicha sociedad (véanse los anteriores apartados 125 y 126). Además, procede
         señalar que la reunión de Roma de 30 de enero de 1997 (véase el anterior apartado 126) tuvo lugar en las oficinas de Deltafina
         y que la correspondencia dirigida por el Sr. M. a los transformadores españoles en el marco del cártel de los transformadores
         se realizó en papel con membrete de la sociedad. Además, en su fax de 29 de abril de 1997 a WWTE, el Sr. M. hace figurar el
         nombre de la sociedad al lado del suyo (véase el anterior apartado 127).
      
      142    Por último, está claro que el objeto de la participación del Sr. M. en las actividades del cártel de los transformadores consistía
         en defender los intereses comerciales de Deltafina en el mercado español. Así, por un lado, es preciso señalar que Deltafina
         es responsable de la coordinación y la supervisión de las actividades comerciales del grupo Universal en Europa y que, por
         lo tanto, resulta directamente interesada por las actividades de compra de tabaco crudo de su sociedad hermana en España,
         Taes. Por otro lado, Deltafina, además de comprar casi toda la producción de tabaco transformado de Taes (considerando 27
         de la Decisión impugnada), celebró importantes acuerdos de compra de tabaco transformado con Cetarsa (considerandos 20 y 29
         de la Decisión impugnada) y Agroexpansión (considerandos 21 y 29 de la Decisión impugnada). Pues bien, como se desprende de
         algunos documentos obrantes en autos y es pacífico entre las partes, el precio pagado por los transformadores españoles para
         adquirir tabaco crudo influía directamente en el precio pagado por Deltafina para comprar tabaco transformado (véase, asimismo,
         el considerando 32 de la Decisión impugnada).
      
      143    Procede también destacar que Taes, en su informe de 18 de febrero de 2002, (véase el anterior apartado 9), indica que Deltafina
         resultaba interesada por la conclusión del acuerdo sobre el precio de compra del tabaco crudo excedente de 1999 en la medida
         en que deseaba adquirir cantidades adicionales de tabaco transformado. Es preciso añadir que, en diversa correspondencia intercambiada
         entre Deltafina y los transformadores españoles en el marco del cártel de los transformadores, se hace referencia expresa
         a la situación de la demandante.
      
      144    Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la segunda parte por infundada.
      
       Sobre la tercera parte, en la que se alega que la Comisión denegó a Deltafina el acceso a determinados documentos inculpatorios
      –       Alegaciones de las partes
      145    Deltafina alega que la Comisión, al denegarle el acceso a los documentos que demostraban que desempeñaba una función de líder
         en el cártel de los transformadores, menoscabó su derecho de defensa y su derecho a un proceso justo.
      
      146    A este respecto, señala que la Comisión denegó la solicitud de acceder a los escritos presentados por las demás empresas destinatarias
         del pliego de cargos en respuesta al pliego que aquélla había formulado mediante fax de 23 de marzo de 2004 y reiterado mediante
         fax de 24 de noviembre de 2004. Ahora bien, según Deltafina, los principales elementos a los que se refería la Comisión, en
         la Decisión impugnada, para atribuirle la función de líder eran determinados pasajes de las respuestas de Agroexpansión y
         de WWTE al pliego de cargos.
      
      147    La Comisión refuta haberse basado en elementos contenidos en las respuestas de Agroexpansión y de WWTE al pliego de cargos
         para establecer que Deltafina desempeñaba una función de líder en el cártel de los transformadores. Como se desprende del
         considerando 436 de la Decisión impugnada, en sus respuestas, Agroexpansión y WWTE simplemente confirmaron dicha función o,
         más concretamente, los «hechos de los que se deriva dicha función». Según la Comisión, no expusieron elemento de hecho alguno
         que no hubiera sido ya considerado en contra de Deltafina en el pliego de cargos y, por lo tanto, respecto del cual ésta no
         hubiera podido defenderse.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      148    Por los mismos motivos que los mencionados en los anteriores apartados 70 a 73 y 105, las alegaciones que Deltafina formula
         en apoyo de la presente parte deben desestimarse por inoperantes. Se examinarán más adelante en el marco del sexto motivo,
         que Deltafina invoca en apoyo de sus pretensiones dirigidas a la reducción del importe de su multa.
      
       Sobre la cuarta parte, en la que se alega que la Comisión no definió de forma suficientemente clara en el pliego de cargos
         los mercados del producto y geográfico de referencia
      
      –       Alegaciones de las partes
      149    Deltafina alega que la Comisión no definió de forma suficientemente clara en el pliego de cargos los mercados del producto
         y geográfico de referencia y que, por ello, se ha menoscabado gravemente su derecho de defensa.
      
      150    Según Deltafina, si dicho mercado se hubiera definido en el pliego de cargos «con la claridad requerida», habría podido presentar
         a la Comisión alegaciones fácticas y jurídicas que hubieran conducido a ésta a conclusiones distintas de las que figuran en
         la Decisión impugnada. Más concretamente, le hubiera permitido alegar argumentos sobre su presencia, o no, en el mercado de
         referencia y de su función en éste.
      
      151    La Comisión rechaza las alegaciones de Deltafina.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      152    En primer lugar, es preciso señalar que del pliego de cargos se desprende de forma suficientemente clara y precisa que el
         mercado de referencia es el mercado español de compra y primera transformación de tabaco crudo. En el pliego de cargos, como
         en la Decisión impugnada (véanse los anteriores apartados 82 y 83), la Comisión describe detalladamente las empresas de primera
         transformación de tabaco crudo en España –precisando en concreto sus actividades de compra y de transformación de tabaco crudo,
         así como las relaciones comerciales que mantienen entre ellas–, los productores de tabaco crudo y sus representantes, distintos
         aspectos del sector del tabaco crudo en España, entre ellos, las zonas de producción, el volumen y valor de la producción,
         el valor de las ventas, las distintas variedades de tabaco crudo y los precios medios (máximos) de entrega de cada una de
         dichas variedades, así como los marcos normativos comunitario y español aplicables al tabaco crudo (véanse los puntos 15 a
         81 del pliego de cargos). El examen que llevó a cabo de este modo la Comisión en el pliego de cargos permite comprender totalmente
         las condiciones de funcionamiento del mercado en el que se ha falseado la competencia.
      
      153    En segundo lugar, es necesario señalar que de la respuesta de Deltafina al pliego de cargos se desprende que ésta no sólo
         había comprendido perfectamente cómo entendía la Comisión el mercado de referencia en el presente caso, sino que también había
         expuesto su punto de vista sobre su función en el referido mercado.
      
      154    En estas circunstancias, debe desestimarse la cuarta parte del segundo motivo por infundada.
      
      155    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo.
      
       Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del 81 CE, apartado 1, del artículo 2 del Reglamento nº 1/2003 y del número
            43 de las Directrices relativas al concepto de perjuicio para el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE], así
            como en la falta de motivación
       Alegaciones de las partes
      156    Deltafina alega que la Comisión no demostró suficientemente que las prácticas restrictivas de que se trata afectasen al comercio
         entre Estados miembros. 
      
      157    En apoyo de dicha alegación, en primer lugar, manifiesta que la Comisión se contradice cuando afirma, por un lado, en el considerando
         316 de la Decisión impugnada, que «la colusión entre los transformadores y Deltafina […] puede ejercer […] influencia [directa
         o indirecta, real o potencial,] sobre las corrientes de intercambios entre España y los otros Estados miembros en la medida
         en que dicha colusión tenía por objeto garantizar la exportación del tabaco transformado español» y, por otro lado, en el
         considerando 412 de la Decisión impugnada, que «carece de pruebas concluyentes de los verdaderos efectos en el mercado de
         las infracciones de los productores y los transformadores».
      
      158    En segundo lugar, Deltafina critica el hecho de que la Comisión haya supuesto la existencia de un perjuicio para el comercio
         entre Estados miembros en el presente caso «por la sola razón objetiva de que un producto distinto de aquel del posible mercado
         relevante puede exportarse a veces a otros mercados». A su juicio, la Comisión tiene en cuenta un mercado de una fase posterior
         al mercado de referencia, siendo aquél el del tabaco transformado. Además, la Comisión no describe las «fuerzas presentes»
         en dicho mercado ni explica cómo puede resultar afectado, «en un sentido contrario a la competencia y de manera apreciable»,
         por conductas que se produjeron en el mercado de referencia. Deltafina reprocha también a la Comisión no tener en cuenta que
         el mercado del tabaco crudo es «exclusivamente nacional», toda vez que las empresas no españolas no están reconocidas como
         transformadores en España y no pueden comprar tabaco crudo a los productores españoles. Añade que no hay importaciones de
         tabaco crudo procedentes de España, ni exportaciones de tabaco crudo a dicho país.
      
      159    Asimismo, Deltafina reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta que el número 43 de las Directrices relativas al concepto
         de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE], que establece, concretamente, que «la autoridad
         […] que sostenga que el comercio entre los Estados miembros puede verse afectado apreciablemente debe explicar por qué es
         probable que un determinado acuerdo produzca efectos indirectos y potenciales» y que «los efectos hipotéticos y especulativos
         no son suficientes para establecer la aplicabilidad del Derecho comunitario».
      
      160    Por último, Deltafina alega que el cártel de que se trata se parece a un «cártel que abarca un único Estado miembro» en el
         sentido de los números 78 a 82 de las Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos
         81 [CE] y 82 [CE]. Añade que, según estas mismas Directrices, «la capacidad que tienen dichos cárteles para falsear el comercio
         reside principalmente en su valor de exclusión de los competidores de los demás Estados miembros». Ahora bien, considera que,
         en la Decisión impugnada, no hay elemento alguno que permita establecer la existencia de tales efectos de exclusión en el
         presente caso. En realidad, según Deltafina, las barreras normativas que impiden el establecimiento, en España, de empresas
         de transformación extranjeras y las características intrínsecas del tabaco crudo, que exigen que dicho producto sea transformado
         inmediatamente tras la cosecha y en las proximidades de donde ésta se lleva a cabo, «hacen que resulte poco probable que se
         generen siquiera efectos indirectos, cuya producción podría transformar un perjuicio puramente hipotético sobre el comercio
         en un perjuicio potencial».
      
      161    La Comisión considera que el tercer motivo debe desestimarse por infundado.
      
      162    En primer lugar, señala que el requisito relativo al perjuicio para el comercio entre Estados miembros se cumple cuando, sobre
         la base de un conjunto de elementos jurídicos y fácticos, el acuerdo de que se trata permite prever con un grado de probabilidad
         suficiente que pueda ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre
         Estados miembros. En consecuencia, considera que, a efectos de la aplicación del artículo 81 CE, no es necesario demostrar
         que los intercambios resultan realmente afectados.
      
      163    En segundo lugar, la Comisión indica que, en los considerandos 316 y 317 de la Decisión impugnada, expuso las razones por
         las que las prácticas restrictivas de que se trata podían afectar «potencialmente» al comercio entre Estados miembros. Estima
         que no existe contradicción alguna entre los considerandos 316 y 412 de la Decisión impugnada.
      
      164    Por otra parte, la Comisión señala que Deltafina no rebate que un cártel sobre los precios de compra del tabaco crudo puede
         tener repercusiones en el precio del tabaco transformado, ni que el tabaco transformado español se destina principalmente
         a la exportación. Considera que, habida cuenta de estas circunstancias, no tenía obligación de describir el mercado del tabaco
         transformado antes de poder concluir que el cártel podía tener un efecto sobre la exportación de dicho producto.
      
      165    Por último, la Comisión rechaza la alegación de Deltafina de que, puesto que el cártel de que se trata se parece a un cártel
         que abarca un único Estado miembro, le correspondía demostrar que tenía un efecto de exclusión de los competidores de los
         demás Estados miembros. A este respecto, remite, en particular, al considerando 317 de la Decisión impugnada.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      166    De reiterada jurisprudencia resulta que en la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio
         entre Estados miembros, que figura en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este
         requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario
         frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo
         y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr
         la consecución de los objetivos de un mercado único entre éstos, en particular, compartimentando los mercados nacionales o
         alterando la estructura de la competencia en el mercado común (sentencias del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 1979,
         Hugin Kassaregister y Hugin Cash Registers/Comisión, 22/78, Rec. p. 1869, apartado 17, y de 25 de octubre de 2001, Ambulanz
         Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089, apartado 47).
      
      167    Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre
         un conjunto de elementos de Derecho o de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que ejercen
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello
         de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario,
         además, que tal influencia no sea insignificante (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 1998, Javico, C‑306/96,
         Rec. p. I‑1983, apartado 16, y Ambulanz Glöckner, citada en el apartado 166 supra, apartado 48).
      
      168    De este modo, la incidencia sobre el comercio intracomunitario es, en general, el resultado de una combinación de diversos
         factores que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de
         enero de 1999, Bagnasco y otros, C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135, apartado 47, y de 29 de abril de 2004, British Sugar/Comisión,
         C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, apartado 27).
      
      169    La jurisprudencia también ha puntualizado que el artículo 81 CE, apartado 1, no exige que las prácticas colusorias contempladas
         en dicha disposición hayan afectado de manera sensible a los intercambios comerciales intracomunitarios, pero sí requiere
         que se demuestre que dichas prácticas pueden tener tal efecto (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre
         de 2006, Asnef‑Equifax y Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, apartado 43 y la jurisprudencia citada).
      
      170    En el presente caso, procede considerar que, en la Decisión impugnada, la Comisión demostró de modo suficiente en Derecho
         que el cártel de los transformadores podía incidir sobre el comercio entre los Estados miembros.
      
      171    Más en concreto, la Comisión concluyó acertadamente, en el considerando 316 de la Decisión impugnada, que concurría dicho
         requisito de aplicación del artículo 81 CE dado que el cártel de los transformadores podía tener un efecto sobre las exportaciones
         de tabaco transformado de España a los demás Estados miembros.
      
      172    A este respecto, es preciso señalar que, como se desprende de distintos pasajes de la Decisión impugnada (véanse, en particular,
         los considerandos 20, 23, 27, 32 y 84 de la Decisión impugnada), por un lado, el precio de compra del tabaco crudo influye
         directamente en el precio del tabaco transformado y, por otra parte, el tabaco transformado español se destina principalmente
         a la exportación. Estos factores, no rebatidos –por lo demás– por Deltafina, bastan para demostrar que el cártel de los transformadores
         podía tener un efecto sobre la exportación del tabaco transformado español, de modo que Deltafina no puede reprochar a la
         Comisión no haber descrito las «fuerzas presentes» en el mercado de dicho producto.
      
      173    Es cierto que, al apreciar si se cumplía el requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, la
         Comisión tuvo en cuenta un producto –el tabaco transformado– situándose en un mercado de una fase posterior al mercado de
         referencia. Sin embargo, como –por otra parte– reconoce expresamente Deltafina en el escrito de demanda, este enfoque no sólo
         es conforme con la jurisprudencia, que considera que la influencia sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros
         puede ser indirecta (véase el anterior apartado 167), sino también con las Directrices relativas al concepto de perjuicio
         para el comercio que figura en los artículos 81 [CE] y 82 [CE]. Así, el número 38 de dichas Directrices indica, en concreto,
         que «los efectos indirectos suelen ocurrir en relación con los productos vinculados con productos cubiertos por un acuerdo
         o práctica», que «pueden producirse efectos indirectos […] cuando un acuerdo o práctica tiene un impacto en las actividades
         económicas transfronterizas de las empresas que utilizan o se basan en los productos cubiertos por el acuerdo o práctica»
         y que «tales efectos pueden, por ejemplo, surgir cuando el acuerdo o práctica se refiere a un producto intermedio que no se
         comercia, pero que se utiliza en el suministro de un producto final que sí se comercia».
      
      174    Por otra parte, la conclusión de la Comisión de que el cártel de los transformadores puede tener un efecto sobre la exportación
         del tabaco transformado español y, por lo tanto, en los intercambios intracomunitarios no queda contradicha en absoluto por
         la afirmación, en el considerando 412 de la Decisión impugnada, de que «la Comisión carece de pruebas concluyentes de los
         verdaderos efectos en el mercado de las infracciones de los productores y los transformadores, en realidad, sería imposible
         determinar a posteriori el nivel de los precios que se hubieran aplicado al mercado del tabaco crudo en España de no haber existido los comportamientos
         que nos ocupan». Con esta afirmación, formulada en el contexto del examen de la gravedad de la infracción, la Comisión se
         limita a señalar que no puede cuantificar con precisión los verdaderos efectos del cártel de los transformadores en el mercado.
         Sin embargo, no excluye que el cártel pueda haber tenido tales efectos. Muy al contrario, como se expondrá más detalladamente
         en los posteriores apartados 245 a 259, la Comisión tuvo en cuenta, en la Decisión impugnada, a la hora de evaluar la gravedad
         de la infracción, el hecho de que, a partir de 1998, el cártel de los transformadores había tenido efectos concretos en el
         mercado.
      
      175    Toda vez que el razonamiento realizado por la Comisión en el considerando 316 de la Decisión impugnada ha demostrado suficientemente
         per se, en relación con los motivos que preceden, que el cártel de los transformadores podía afectar al comercio entre Estados miembros,
         no procede examinar las críticas que Deltafina formula en contra de la alegación, presentada a mayor abundamiento por la Comisión
         en el considerando 317 de la Decisión impugnada, de que «una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un
         Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración
         económica perseguida por el Tratado [CE]».
      
      176    Por último, por lo que respecta al carácter apreciable del perjuicio de los intercambios por el cártel de los transformadores,
         es preciso señalar que, en el considerando 317 de la Decisión impugnada, la Comisión destacó que dicho cártel reunía a todos
         los transformadores reconocidos en España, que éstos adquirían la mayoría del tabaco crudo producido en España cada año, que
         el acuerdo abarcaba todo el tabaco crudo así comprado y que este tabaco, una vez transformado, se vendía principalmente a
         la exportación. Estos distintos factores demuestran, de modo suficiente en Derecho, que el cártel de los transformadores podía
         tener un efecto apreciable en los intercambios intracomunitarios.
      
      177    De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el tercer motivo por infundado.
      
      178    Por lo tanto, procede desestimar las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la Decisión impugnada.
      
      3.      Sobre las pretensiones que tienen por objeto la reducción del importe de la multa
       Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 2 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003; del
            número 1, sección A, y del número 5, letra d), de las Directrices y en la violación de los principios de proporcionalidad,
            de «igualdad de trato y de sanciones», así como en la falta de motivación
       Resumen de la Decisión impugnada
      179    En los considerandos 404 a 458 de la Decisión impugnada, la Comisión examina el tema de las multas que se han de imponer a
         los destinatarios.
      
      180    En el considerando 405 de la Decisión impugnada, recuerda que, para determinar el importe de la multa, debe tener en cuenta
         la gravedad y la duración de la infracción.
      
      181    Para determinar el importe inicial que se debe considerar por la gravedad, en un primer momento, la Comisión aprecia, en los
         considerandos 407 a 414 de la Decisión impugnada, la gravedad «intrínseca» de las infracciones de que se trata.
      
      182    Así, en primer lugar, señala, en el considerando 407 de la Decisión impugnada, que, para realizar tal apreciación, debe tomar
         en consideración la propia naturaleza de la infracción, su repercusión real en el mercado, cuando ésta pueda medirse, y el
         tamaño del mercado geográfico de referencia.
      
      183    En segundo lugar, en el considerando 408 de la Decisión impugnada, la Comisión señala que «la producción de tabaco crudo en
         España representa un 12 % de la producción comunitaria», que «la superficie de cultivo en España es de 14.571 hectáreas y
         se concentra en las Comunidades autónomas de Extremadura (84 %), Andalucía (11,5 %) y Castilla‑León (3 %) y que «la dimensión
         del mercado es bastante pequeña, y se concentra en gran medida en una región de España».
      
      184    Por otra parte, en el considerando 409 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que «sin embargo, la infracción se considera
         de naturaleza muy grave, puesto que consiste en la fijación de los precios de las variedades de tabaco crudo en España así
         como el reparto de las cantidades».
      
      185    Por lo que respecta, más concretamente, a los representantes de los productores, señala, en el considerando 410 de la Decisión
         impugnada, que éstos participaron en acuerdos y prácticas concertadas referentes fundamentalmente a la fijación de horquillas
         de precios por calidad de cada variedad de tabaco crudo –dentro de las cuales los productores negociarían posteriormente el
         precio final del tabaco crudo en el momento de la entrega– y del precio medio mínimo por productor y por agrupación de productores.
         Añade que, si bien los márgenes de las horquillas de precios eran muy amplios y podían oscilar de una diferencia del 100 %
         al 380 % entre el valor mínimo y máximo para cada calidad de una variedad de tabaco crudo, no obstante, al acordar el nivel
         mínimo del precio medio –por productor y por agrupación de productores–, los representantes de los productores pretendían
         aumentar el precio de venta final de su tabaco crudo por encima del nivel que sería fruto del libre juego de la competencia.
      
      186    Por lo que se refiere a los transformadores españoles y Deltafina, la Comisión señala, en el considerando 411 de la Decisión
         impugnada, que éstos, además de que también acordaron las horquillas de precios por calidades y las condiciones complementarias,
         «pactaron secretamente varios otros aspectos relativos al precio y a cantidades que debían negociarse, concretamente el precio
         medio (máximo) de entrega para cada variedad de tabaco crudo (sin distinción de calidades) y los volúmenes de tabaco crudo
         que debía comprar cada transformador». Añade que, a partir de 1998, también instauraron mecanismos sofisticados de compensación
         y cesión con objeto de garantizar el cumplimiento de su cártel secreto sobre precios y cantidades.
      
      187    Por último, en el considerando 412 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que «carece de pruebas concluyentes de los
         verdaderos efectos en el mercado de las infracciones de los productores y los transformadores» toda vez que «sería imposible
         determinar a posteriori el nivel de los precios que se hubieran aplicado al mercado del tabaco crudo en España de no haber existido los comportamientos
         que nos ocupan». En el considerando siguiente, manifiesta que «sin embargo, se puede afirmar que por lo menos a partir de
         1998, de resultas de la coordinación secreta entre ellos sobre precios y cantidades antes y después de la conclusión de los
         contratos de cultivo y hasta la conclusión de las transacciones finales, el cártel de los transformadores se aplicó y cumplió
         plenamente […] y pudo producir un verdadero efecto en el mercado».
      
      188    En el considerando 414 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que de las anteriores consideraciones procede concluir
         que ambas infracciones deben considerarse «muy graves». No obstante, puntualiza que «tendrá en cuenta el tamaño relativamente
         limitado del mercado del producto».
      
      189    En un segundo momento, la Comisión aplica un trato diferenciado a las empresas de que se trata, al considerar que «el peso
         específico de cada una de las empresas implicadas y el efecto real de su comportamiento ilegal deben tenerse en cuenta […]
         de modo que el efecto disuasorio de la multa impuesta a cada empresa pueda ser proporcional a su contribución a la conducta
         ilegal objeto de sanción» (considerando 415 de la Decisión impugnada).
      
      190    Por lo tanto, en primer lugar, distingue entre el cártel de los transformadores (considerandos 416 a 424 de la Decisión impugnada)
         por un lado, y, por otro, el de los representantes de los productores (considerandos 425 a 431 de la Decisión impugnada).
      
      191    En segundo lugar, por lo que respecta al cártel de los transformadores, la Comisión estima que «las multas deben escalonarse
         proporcionalmente en función de su contribución a la conducta ilegal y a la posición de mercado de cada parte involucrada»
         (considerando 416 de la Decisión impugnada).
      
      192    Sobre este particular, la Comisión declara que «se debe imponer a Deltafina el importe inicial más elevado debido a su destacada
         situación en el mercado. [Sus relaciones comerciales con [Cetarsa], [Agroexpansión] y Taes se citan en los considerandos [(20)],
         [(21)] y (27)]». Según la Comisión, «gracias a este poder de compra, Deltafina tenía más capacidad que cualquier otro de influir
         en la conducta de los transformadores españoles» (considerando 417 de la Decisión impugnada).
      
      193    Por lo que respecta a los transformadores españoles, la Comisión estima que «en términos generales cabe considerar que [éstos]
         contribuyeron de manera similar» a las prácticas ilegales (considerando 418 de la Decisión impugnada). No obstante, considera
         que es preciso tener en cuenta las dimensiones y las cuotas de mercado de cada uno de los transformadores involucrados.
      
      194    Sobre esta base, la Comisión dividió a los transformadores españoles en tres categorías:
      
      –        En una primera categoría, coloca a Cetarsa, alegando que ésta, con una cuota en torno al 67 % en el mercado de la compra del
         tabaco crudo español, es con gran diferencia el principal primer transformador español y, por ello, se le debe imponer el
         importe inicial de la multa más elevado (considerando 419 de la Decisión impugnada).
      
      –        En una segunda categoría, coloca a Agroexpansión y a WWTE, señalando cada una tiene una cuota de mercado del 15 % aproximadamente
         y el importe inicial de sus multas debería ser el mismo (considerando 420 de la Decisión impugnada).
      
      –        Por último, en una tercera categoría, coloca a Taes debido a que ésta tiene una cuota de mercado de solamente el 1,6 % y,
         en consecuencia, se le debe imponer el menor importe inicial de multa (considerando 421 de la Decisión impugnada).
      
      195    Por otra parte, a fin de garantizar que la multa tenga un efecto suficientemente disuasorio, la Comisión considera que procede
         aplicar un coeficiente multiplicador al importe inicial establecido para WWTE y al establecido para Agroexpansión. A este
         respecto, señala que, a pesar de que estas dos empresas poseen cuotas de mercado relativamente pequeñas en España, pertenecen
         a multinacionales con una «fuerza económica y financiera considerable», y que «además, […] actuaron bajo la influencia determinante
         de sus empresas matrices respectivas» (considerando 422 de la Decisión impugnada). Por lo tanto, la Comisión considera necesario
         aumentar el importe inicial de la multa impuesta a dichas sociedades aplicando un coeficiente que tenga en cuenta, por un
         lado, el tamaño de los grupos a los cuales pertenecen, y por otro lado, su tamaño relativo respecto de los demás transformadores
         españoles (considerando 423 de la Decisión impugnada). Así, aplica un coeficiente multiplicador del 1,5 –es decir, un incremento
         del 50 %– al importe inicial establecido para WWTE y un coeficiente multiplicador del 2 –es decir, un incremento del 100 %–
         al importe inicial establecido para Agroexpansión.
      
      196    Habida cuenta de estos distintos elementos, la Comisión fija como sigue el importe inicial de las multas en el considerando
         424 de la Decisión impugnada:
      
      –        Deltafina:          8.000.000 de euros
      –        Cetarsa:                   8.000.000 de euros
      –        WWTE:                  1.800.000 euros x 1,5 = 2.700.000 euros
      –        Agroexpansión: 1.800.000 euros x 2 = 3.600.000 euros
      –        Taes:                   200.000 euros
      197    Por último, por lo que respecta a los representantes de los productores, la Comisión considera que sólo procede imponer a
         cada uno de ellos una multa simbólica de 1.000 euros (considerandos 425 y 430 de la Decisión impugnada). Justifica su postura,
         en particular, en que «el marco jurídico de la negociación colectiva de los contratos tipo podía generar un grado de incertidumbre
         considerable en cuanto a la legalidad de la conducta de los representantes de los productores y de los transformadores en
         el contexto específico de su negociación colectiva de los contratos tipo» (considerando 428 de la Decisión impugnada). Asimismo,
         indica que es preciso señalar que «la existencia y los resultados de las negociaciones de los contratos tipo eran por lo general
         de dominio público y […] ninguna autoridad cuestionó en ningún momento su compatibilidad con la legislación comunitaria o
         española antes del inicio del presente procedimiento» (considerando 429 de la Decisión impugnada).
      
       Alegaciones de las partes
      198    Con arreglo a su cuarto motivo, formulado con carácter subsidiario, Deltafina alega, en esencia, que la Comisión, en su apreciación
         de la gravedad de la infracción y en la determinación del importe inicial de la multa que le impuso, no respetó las Directrices
         y violó los principios de proporcionalidad y de «igualdad de trato y de sanciones». Asimismo, alega que la Decisión impugnada
         no está suficientemente motivada.
      
      199    En este cuarto motivo, Deltafina formula diversas alegaciones, que pueden agruparse en siete partes.
      
      200    En primer lugar, critica que la Comisión haya calificado la infracción de «muy grave», siendo así que había reconocido que
         el mercado en cuestión tenía un «tamaño relativamente limitado».
      
      201    En segundo lugar, reprocha a la Comisión haber calificado la infracción de «muy grave», cuando no disponía de prueba alguna
         de que ésta hubiera tenido efectos concretos en el mercado y, por tanto, de haber infringido el número 1, sección A, de las
         Directrices. Refiriéndose a un informe de 13 de enero de 2005 elaborado por su economista, afirma que de él se desprende que
         los comportamientos imputados no tuvieron aparentemente efectos en el mercado español del tabaco crudo. Más concretamente,
         en dicho informe se demuestra que los precios de la principal variedad de tabaco español durante el período de infracción,
         lejos de estabilizarse o disminuir, registraron un aumento de un 21 % y que los precios del tabaco español, durante el mismo
         período, «registraron una convergencia sustancial con los precios europeos y […] mundiales».
      
      202    En tercer lugar, Deltafina alega que la Decisión impugnada resulta contradictoria en la medida en que, por un lado, la Comisión
         indica, en su considerando 413, que «el cártel de los transformadores se aplicó y cumplió plenamente» y, por otro, afirma
         lo contrario en los considerandos 85, 88, 111, 113, 122, 126, 130, 133, 144, 175, 186, 206, 229, 231, 232, 233, 235, 239,
         244, 255, 256, 257, 284, 294, 295, 296, 307 y 319.
      
      203    En cuarto lugar, Deltafina sostiene que la Comisión desnaturalizó los hechos al manifestar, en el considerando 417 de la Decisión
         impugnada, que Deltafina era el principal comprador de tabaco transformado español y que el poder de compra de que disfrutaba
         le permitía influir en el comportamiento de los transformadores españoles. En apoyo de sus alegaciones, hace referencia de
         nuevo al informe de su economista, de 13 de enero de 2005, y más concretamente al cuadro nº 5 de dicho informe, de donde se
         deduciría que, durante el período de la infracción, por lo que respecta a la compra de tabaco transformado español, su cuota
         media de mercado era del 27,5 %, la de Dimon (incluyendo a Agroexpansión) del 25,2 %, la de Cetarsa del 31,6 % y la de Standard
         Commercial Tobacco Co., Inc. (incluyendo a WWTE) de alrededor del 15 %.
      
      204    Asimismo, Deltafina aduce que, contrariamente a lo que se indica en el resumen de la Decisión impugnada publicado en el Diario
         Oficial de conformidad con el artículo 30 del Reglamento nº 1/2003, no era «el cliente más importante de tres de los transformadores
         españoles». Refiriéndose al cuadro nº 7 del informe anteriormente citado de su economista, puntualiza que, durante el período
         de la infracción, compró toda la producción de su sociedad hermana Taes, un 32,3 % por término medio de la producción de Cetarsa,
         un 19,8 % por término medio de la producción de Agroexpansión y una pequeña parte de la producción de WWTE. En realidad, según
         Deltafina, el principal cliente de Cetarsa era un «cliente histórico» al que esta última estaba vinculada, a saber, Altadis,
         S.A. (anteriormente Tabacalera), el de Agroexpansión era el grupo Dimon y el de WWTE, el grupo Standard.
      
      205    Finalmente, Deltafina critica la postura de la Comisión según la cual, para establecer las cuotas en el mercado de compra
         de tabaco transformado español, es preciso excluir las cesiones realizadas entre Cetarsa y Tabacalera/Altadis (véase el posterior
         apartado 218).
      
      206    En quinto lugar, Deltafina indica que, en la Decisión impugnada, la Comisión acepta que «el marco jurídico de la negociación
         colectiva de los contratos tipo podía generar un grado de incertidumbre considerable en cuanto a la legalidad de la conducta
         de los representantes de los productores y de los transformadores» (considerando 428 de la Decisión impugnada) y que «la existencia
         y los resultados de las negociaciones de los contratos tipo eran por lo general de dominio público y […] ninguna autoridad
         cuestionó en ningún momento su compatibilidad con la legislación comunitaria o española antes del inicio del presente procedimiento»
         (considerando 429 de la Decisión impugnada). Señala que estas circunstancias llevaron a la Comisión a imponer únicamente a
         los productores una multa simbólica de 1.000 euros y critica que la Comisión no haya explicado, en la Decisión impugnada,
         por qué no se aplicaba la misma solución en su caso. Además, alega que la Comisión infringió el número 5, letra d), de las
         Directrices, que establece que, cuando se impone una multa simbólica de 1.000 euros, «la justificación de tal multa […] debería
         figurar en el propio texto de la Decisión».
      
      207    En sexto lugar, Deltafina, invocando la «igualdad de sanciones», reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta, cuando
         apreció la gravedad de la infracción, que, a diferencia de los transformadores españoles, no se le reprochaban «comportamientos
         de cártel ilegal y de negociación vertical con los productores, sus asociaciones y cooperativas».
      
      208    Por último, en séptimo lugar, Deltafina considera que la Comisión violó el principio de igualdad de trato, toda vez que se
         apartó notablemente de su práctica anterior en materia de cálculo del importe de las multas en el caso de cárteles que implican
         a empresas que operan únicamente en el mercado del producto en el que se produjeron los hechos imputados. Alega, remitiéndose
         a un segundo informe de su economista de 13 de enero de 2005 que este tipo de cárteles fue sancionado, en el período 1991/2004,
         con multas cuyo importe global ascendía, por término medio, a un 0,91 % del valor del mercado relevante. Asimismo, reprocha
         a la Comisión no haber expuesto, en la Decisión impugnada, las razones por las que había declarado necesario apartarse así
         de su práctica anterior.
      
      209    Habida cuenta de las consideraciones precedentes, Deltafina solicita al Tribunal que reduzca el importe de su multa.
      
      210    La Comisión sostiene que ninguna de las partes del cuarto motivo resulta fundada.
      
      211    En primer lugar, la Comisión alega haber tenido en cuenta, a efectos de la determinación del importe inicial de la multa,
         el tamaño limitado del mercado en cuestión, y ello aun cuando la infracción de que se trata era, por su naturaleza, «muy grave».
      
      212    En segundo lugar, la Comisión rechaza la alegación de Deltafina de que no disponía de prueba alguna de que la infracción de
         que se trata hubiera tenido efectos concretos en el mercado.
      
      213    Sobre este particular, señala, primero, que las prácticas restrictivas relativas a la fijación de los precios y al reparto
         de las fuentes de abastecimiento constituyen per se infracciones muy graves, incluso sin pruebas referentes a los efectos concretos de dichas prácticas en el mercado (sentencias
         del Tribunal de 14 de mayo de 1998, Enso Española/Comisión, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, apartado 232, y European Night Services
         y otros/Comisión, citada en el apartado 77 supra, apartado 136).
      
      214    Segundo, remitiéndose al considerando 413 de la Decisión impugnada repite que el cártel de los transformadores se aplicó y
         cumplió plenamente, al menos desde 1998, y afirma que, por lo tanto, cabe considerar razonablemente que pudo tener efectos
         en el mercado, aun cuando éstos no son mensurables. Añade que, si el cártel no hubiera podido tener efectos en la evolución
         de los precios del tabaco crudo, los transformadores y Deltafina no habrían tenido ningún motivo para participar en él durante
         más de cinco años.
      
      215    Tercero, la Comisión afirma que el informe del economista de Deltafina de 13 de enero de 2005 no demuestra la falta de repercusiones
         concretas del cártel de los transformadores en el mercado.
      
      216    En tercer lugar, la Comisión sostiene que lo que afirma en el considerando 413 de la Decisión impugnada no se contradice con
         ninguno de los otros considerandos de esta Decisión citados por Deltafina.
      
      217    En cuarto lugar, la Comisión considera que no incurrió en error al afirmar que Deltafina gozaba de una destacada situación
         en el mercado español de compra de tabaco crudo.
      
      218    Sobre este particular, la Comisión señala que, en su informe de 13 de enero de 2005, el economista designado por Deltafina
         hace figurar a Cetarsa entre los compradores de tabaco transformado, siendo así que ésta no compra a terceros tabaco transformado.
         Afirma que si dicho economista pretende incluir en las ventas globales en el mercado español de tabaco transformado las ventas
         de Cetarsa a Tabacalera/Altadis, los datos contenidos en su informe no serían realistas, dado que estas últimas ventas «no
         pueden compararse a las ventas a terceros exportadores (como Universal/Deltafina, Standard y Dimon) que están en la base de
         la dinámica del cártel de los transformadores». La Comisión indica que, hasta mitad de los años 90, Cetarsa vendía a Tabacalera
         prácticamente todo el tabaco que transformaba y que ambas empresas, al menos hasta 1998, estaban controladas por el Estado.
         Por consiguiente, considera que, durante los primeros años del cártel de los transformadores, a saber, de 1996 a 1998, las
         operaciones comerciales entre Tabacalera y Cetarsa eran asimilables a ventas dentro de un mismo grupo y que no pueden tenerse
         en cuenta en el cálculo de las cantidades de tabaco adquiridas por terceros (el «tabaco de exportación»). Según la Comisión,
         al excluir de este modo las ventas de Cetarsa a Tabacalera/Altadis, la cuota media de mercado de Deltafina en el mercado de
         compra de tabaco transformado en España de 1996 a 2001 es claramente superior al 27,5 % y, en cualquier caso, resulta la más
         elevada.
      
      219    La Comisión añade que no hay duda alguna de que Deltafina era también el principal cliente de Cetarsa, de Agroexpansión y
         de Taes.
      
      220    Por último, la Comisión, refiriéndose a determinados pasajes de la Decisión impugnada, señala que Deltafina mantenía aún otras
         «relaciones comerciales» con los transformadores, «que firmaron con Cetarsa contratos para el tratamiento y batido de una
         parte del tabaco de Taes y de Agroexpansión».
      
      221    Según la Comisión, gracias a las compras de tabaco de Taes, de Agroexpansión y de Cetarsa y a la celebración de contratos
         con Cetarsa para la transformación del tabaco de Taes, Deltafina disfrutaba de una posición «absolutamente especial» en el
         mercado español.
      
      222    En quinto lugar, la Comisión alega haber motivado suficientemente, en la Decisión impugnada, su apreciación de las consecuencias
         que la incertidumbre resultante del marco normativo español generó en el comportamiento de las distintas empresas y asociaciones
         interesadas.
      
      223    En sexto lugar, la Comisión rechaza por infundada la crítica relativa a no haber tenido en cuenta que no se reprochaba a Deltafina
         haber participado «[en las] reuniones y en la negociación vertical ilícitas» con los productores, sus asociaciones y sus cooperativas.
      
      224    En séptimo lugar, la Comisión alega que nunca se comprometió, ni formal ni informalmente, a observar la práctica en materia
         de cálculo del importe de las multas invocada por Deltafina. Por otra parte, recuerda que dispone, en el marco del Reglamento
         nº 1/2003, de un amplio margen de apreciación en la fijación del importe de las multas, que aprecia la gravedad de las infracciones
         en función de un gran número de factores que no se derivan de una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse
         en cuenta y que la práctica seguida anteriormente en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en
         materia de competencia, pues dicho marco es únicamente el que establece el Reglamento nº 1/2003.
      
      –       Apreciación del Tribunal
      225    Antes de examinar las distintas alegaciones formuladas por Deltafina, procede exponer algunas consideraciones generales sobre
         la determinación del importe de las multas y, más concretamente, sobre la apreciación de la gravedad de la infracción.
      
      –       Consideraciones generales
      226    A tenor del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, «a fin de determinar el importe de la multa, procederá tener
         en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración». La misma indicación figuraba en el artículo 15, apartado
         2, párrafo segundo, del Reglamento nº 17, que era aplicable en la fecha de la infracción en el presente asunto.
      
      227    Según reiterada jurisprudencia, la Comisión dispone de un margen de apreciación al fijar el importe de las multas a fin de
         lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (sentencia del Tribunal de 6 de abril
         de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, apartado 59; de 11 de diciembre de 1996, Van Megen Sports/Comisión,
         T‑49/95, Rec. p. II‑1799, apartado 53, y de 21 de octubre de 1997, Deutsche Bahn/Comisión, T‑229/94, Rec. p. II‑1689, apartado 127).
      
      228    También conforme a reiterada jurisprudencia, la gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe
         determinarse en función de un gran número de factores, tales como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y
         el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse
         en cuenta obligatoriamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
         C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 241, y Dalmine/Comisión, citada en
         el apartado 34 supra, apartado 129).
      
      229    En el presente caso, de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión determinó el importe de la multa impuesta a los
         distintos destinatarios sobre la base del método general que ella misma se impuso en las Directrices, y ello aun cuando no
         las mencione expresamente en la referida Decisión.
      
      230    Si bien las Directrices no pueden calificarse de norma jurídica cuyo cumplimiento se imponga en todo caso a la Administración,
         establecen sin embargo una regla de conducta indicativa de la práctica que debe seguirse y de la cual la Administración no
         puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con el principio de igualdad de trato (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 18 de mayo de 2006, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, C‑397/03 P,
         Rec. p. I‑4429, apartado 91). El hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en
         relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera
         global en función de todas las circunstancias pertinentes, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices
         (sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02
         y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 237).
      
      231    Según el método establecido en las Directrices, la Comisión toma como punto de partida para el cálculo de las multas que impone
         a las empresas afectadas un importe determinado en función de la gravedad «intrínseca» de la infracción. La evaluación de
         dicha gravedad ha de tomar en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando
         se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado (número 1, sección A, párrafo primero).
      
      232    En dicho contexto, las infracciones se clasifican en tres categorías, a saber, «infracciones leves», para las cuales el importe
         de las multas previstas va desde 1.000 a 1 millón de euros, las «infracciones graves», para las cuales el importe de las multas
         previstas va desde 1 millón a 20 millones de euros, y las «infracciones muy graves» para las cuales el importe de las multas
         previstas es superior a 20 millones de euros (número 1, sección A, párrafo segundo, guiones primero a tercero). Por lo que
         respecta a las infracciones muy graves, la Comisión puntualiza que se tratará básicamente de restricciones horizontales como
         cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados u otras prácticas que menoscaben el correcto funcionamiento del mercado
         interior, como las destinadas a compartimentar los mercados nacionales o los abusos característicos de posición dominante
         de empresas que prácticamente actúan como monopolios (número 1, sección A, párrafo segundo, tercer guión).
      
      233    Por otra parte, es preciso señalar que los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción mencionados en el
         anterior apartado 231 no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña
         un papel primordial, en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de
         las infracciones muy graves que hacen las Directrices se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen,
         en particular, fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser calificados como «muy graves» basándose únicamente en
         su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión
         geográfica determinadas. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones
         graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado
         común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado
         ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 27
         de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178, y de 25 de octubre
         de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 150).
      
      234    Por último, existe una interdependencia entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción en el sentido
         de que una gravedad elevada respecto de uno u otro de los aspectos puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros
         aspectos (sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, citada en el apartado 230 supra, apartado 241).
      
      –       Sobre la primera parte, en la que se alega no haber tenido en cuenta el tamaño relativamente pequeño del mercado del producto
      235    Del considerando 408 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión tuvo en cuenta, en su valoración de la gravedad
         de la infracción, el tamaño limitado tanto del mercado geográfico de referencia como del mercado del producto de que se trata.
      
      236    De una lectura de dicho considerando en relación con el considerando 409 de la Decisión impugnada (véase el anterior apartado
         184) y, en particular, del empleo del adverbio «sin embargo» en este último considerando se deduce que la Comisión consideró
         que, pese al tamaño limitado de uno y otro mercados, la infracción debía calificarse de «muy grave» toda vez que «[consistía]
         en la fijación de los precios de las variedades de tabaco crudo en España así como el reparto de las cantidades».
      
      237    En primer lugar, es necesario señalar que dicha apreciación resulta fundada.
      
      238    Así, por lo que respecta a la dimensión del mercado geográfico, ésta no es sino uno de los tres criterios pertinentes, según
         las Directrices, a efectos de la valoración global de la gravedad de la infracción. Entre dichos criterios interdependientes,
         la naturaleza de la infracción desempeña una función primordial (véanse los anteriores apartados 233 y 234).
      
      239    Pues bien, está claro que la infracción reprochada a los transformadores y a Deltafina, que consiste en la fijación de las
         distintas variedades de tabaco crudo en España y en el reparto de las cantidades de tabaco crudo que se han de comprar a los
         productores, constituye una infracción muy grave por su naturaleza. Es preciso recordar, a este respecto, que el artículo
         81 CE, apartado 1, letras a), b) y c), declara expresamente incompatibles con el mercado común las prácticas concertadas que
         consistan en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción, limitar o
         controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones y repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento,
         respectivamente. La jurisprudencia califica las infracciones de este tipo, en particular cuando se trata de prácticas colusorias
         horizontales, como especialmente graves en la medida en que implican una intervención directa en los parámetros esenciales
         de la competencia en el mercado de que se trate (sentencia del Tribunal de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94,
         Rec. p. II‑347, apartado 675), o como infracciones patentes a las normas comunitarias sobre la competencia (sentencia del
         Tribunal de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 303). Hay que recordar también
         que las infracciones muy graves, en el sentido del número 1, sección A, párrafo segundo, tercer guión, de las Directrices,
         consisten «básicamente [en] restricciones horizontales como cárteles de precios y cuotas de reparto de los mercados». A esto
         se añade el hecho, destacado en el considerando 411 de la Decisión impugnada, de que el cártel de los transformadores incluía
         una parte secreta, lo que constituye una circunstancia que puede acentuar la gravedad de la infracción.
      
      240    Además, la dimensión del mercado geográfico no es un criterio independiente en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación
         de «muy graves» las infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado CE, ni el Reglamento nº 17
         o el Reglamento nº 1/2003, ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente
         muy extensas pueden ser calificadas de ese modo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 18 de julio de 2005,
         Scandinavian Airlines System/Comisión, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, apartado 87).
      
      241    Por lo tanto, el tamaño limitado del mercado geográfico de referencia no se opone a la calificación de «muy grave» de la infracción
         declarada en el presente caso.
      
      242    Esta solución se impone a fortiori por lo que se refiere al tamaño limitado del mercado del producto de que se trata, toda vez que el tamaño del mercado del
         producto no es, en principio, un factor que deba tenerse en cuenta obligatoriamente, sino sólo uno más entre otros para apreciar
         la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa (véase, en este sentido, la sentencia Dalmine/Comisión, citada
         en el apartado 34 supra, apartado 132).
      
      243    En segundo lugar, hay que señalar que, si bien la Comisión consideró que el tamaño limitado del mercado geográfico de referencia
         y del mercado del producto de que se trata no impedía calificar la infracción de muy grave, tuvo plenamente en cuenta, sin
         embargo, dicho tamaño limitado a la hora de fijar el importe inicial de las multas, determinado en función de la gravedad
         de la infracción (véase, en particular, el considerando 414 de la Decisión impugnada). De este modo, la Comisión estimó sólo
         un importe inicial de 8.000.000 de euros para Deltafina siendo así que, según las Directrices, al tratarse de una infracción
         muy grave, podía fijar un importe inicial superior a 20.000.000 de euros.
      
      244    Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar por infundada la primera parte del cuarto motivo.
      
      –       Sobre la segunda parte, relativa a la apreciación de las repercusiones concretas de la infracción en el mercado
      245    Con carácter preliminar, es preciso recordar que, a tenor del número 1, sección A, párrafo primero, de las Directrices, «a
         la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
         sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado».
      
      246    Asimismo, debe recordarse que la naturaleza de la infracción desempeña una función primordial para caracterizar las infracciones
         muy graves y que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen fijar los precios o repartirse los mercados pueden ser
         calificados como «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos
         estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinadas (véase el anterior apartado 233).
      
      247    En la Decisión impugnada, la Comisión tuvo en cuenta, en la valoración de la gravedad de la infracción, que, desde 1998, el
         cártel de los transformadores había tenido efectos concretos en el mercado, aun cuando, por un lado, ya había calificado dicha
         infracción de «muy grave» basándose en su propia naturaleza (considerandos 409 a 411 de la Decisión impugnada) y, por otro
         lado, estimaba que dichos efectos no podían cuantificarse con precisión (considerando 412 de la Decisión impugnada).
      
      248    Si la Comisión elige tener en cuenta las repercusiones concretas de la infracción en el mercado, debe aportar indicios concretos,
         verosímiles y suficientes que permitan apreciar la influencia efectiva que la infracción haya podido tener en la competencia
         en dicho mercado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión,
         T‑322/01, Rec. p. II‑3137, apartados 73 a 75).
      
      249    Ahora bien, en la parte de la Decisión impugnada dedicada a la apreciación de la gravedad de la infracción (véase el considerando
         413 de la Decisión impugnada), la Comisión, para llegar a la conclusión de que existen verdaderos efectos del cártel de los
         transformadores en el mercado a partir de 1998, no proporcionó tales indicios, sino que se limitó a referirse al hecho de
         que este cártel se había aplicado y cumplido plenamente desde aquella fecha, lo que sólo constituye un principio de indicio
         de la existencia de tales efectos (véase el posterior apartado 252).
      
      250    No obstante, el hecho de que la Comisión no demostró de modo suficiente en Derecho, en esa parte de la Decisión impugnada,
         que el cártel de los transformadores tuvo unas repercusiones concretas en el mercado es irrelevante por lo que respecta a
         la calificación de la infracción de «muy grave». Esta calificación sigue siendo absolutamente apropiada habida cuenta de la
         propia naturaleza de la referida infracción (véanse los anteriores apartados 233, 238, 239 y 246).
      
      251    Además, el Tribunal estima, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, que esta falta de demostración suficiente
         de unas repercusiones concretas en el mercado no puede poner en entredicho el importe inicial de la multa, fijado por la Comisión
         en función de la gravedad de la infracción.
      
      252    En primer lugar, procede considerar que, habida cuenta de que el cártel de los transformadores reunía a todos los transformadores
         reconocidos en España, que éstos adquirían casi la totalidad del tabaco crudo producido cada año en este país y que dicho
         acuerdo abarcaba todo el tabaco crudo comprado por los citados transformadores, la aplicación efectiva de los acuerdos del
         referido cártel constituye un principio de indicio de la existencia de efectos en el mercado.
      
      253    En segundo lugar, es preciso señalar que la Decisión impugnada, en otras partes distintas de la dedicada a la apreciación
         de la gravedad de la infracción, contiene indicios de repercusiones concretas del cártel en el mercado.
      
      254    Así, en el considerando 173 de la Decisión impugnada, la Comisión señala que, en 1998, «la escalada de precios de los años
         anteriores se interrumpió e incluso bajaron los precios». Añade que, en una declaración de fecha 15 de febrero de 2002, Agroexpansión
         le indicó que «durante la campaña 1998/1999, las Empresas Transformadoras Españolas siguieron en mayor o menor medida los
         compromisos descritos» y que «de esta forma, se consiguió dotar al mercado por primera vez de una cierta estabilidad, que
         ralentizó la escalada de los precios de compra de los años precedentes y contrarrestó el poder de negociación conjunta del
         sector productor».
      
      255    Igualmente, en el considerando 301 de la Decisión impugnada, la Comisión explica que el precio medio (máximo) de entrega,
         que acordaban los transformadores y Deltafina, «determinaba […] de manera muy directa el precio final pagado para cada variedad
         de tabaco crudo» y que «los efectos de [la] infracción en la competencia fueron significativos en la medida en que, al concertarse
         sobre el precio medio (máximo) de entrega a pagar a los productores, los transformadores conseguían uniformizar al máximo
         los precios finales que pagarían a los productores y reducir el beneficio de éstos, todo ello por debajo del nivel que resultaría
         del libre juego de la competencia».
      
      256    Por último, en el considerando 314 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que del cuadro que figura en el considerando
         38 de esta Decisión se desprende que, a partir de 1998, «los precios se estabilizaron e incluso descendieron (en 1998, la
         reducción de precios fue del 4,8 % sin distinción de variedades)». Remitiéndose al considerando 173 de la Decisión impugnada,
         repite que Agroexpansión también confirmó la existencia de una conexión entre el cártel de los transformadores y la disminución
         de precios.
      
      257    Las apreciaciones precedentes no son puestas en entredicho por las afirmaciones contenidas en el informe del economista de
         Deltafina de 13 de enero de 2005. Por un lado, dicho economista reconoce expresamente que en 1998 se produjo una disminución
         de los precios de todas las variedades de tabaco crudo. Por otro lado, por lo que respecta al período 1999/2001, del informe
         se desprende que, si bien aumentaron los precios de la variedad «Virginia», en cambio los de las demás variedades permanecieron
         estables, incluso disminuyeron. Por último, no cabe excluir que, de no haber existido el cártel, los precios de la variedad
         «Virginia» hubieran aumentado aún en mayor medida o que los precios de las demás variedades de tabaco hubieran aumentado en
         vez de estabilizarse o disminuir. En cuanto a la comparación que realiza el economista entre la evolución de los precios de
         la variedad «Virginia» en el mercado español, por un lado, y en el mercado de los otros tres Estados miembros principales
         productores de tabaco crudo, por otro, no resulta concluyente, toda vez que los requisitos de competencia y las normativas
         aplicables en cada uno de los mercados nacionales no son necesariamente equivalentes.
      
      258    En tercer lugar, es preciso señalar que, si bien es cierto que la Comisión determinó, en la Decisión impugnada, la gravedad
         de la infracción teniendo en cuenta los verdaderos efectos del cártel de los transformadores en el mercado, el hecho de que
         tales efectos sólo se hayan referido a una parte del período de la infracción –en el caso de autos, a partir de 1998– es un
         factor que, junto con el relativo al tamaño limitado del mercado geográfico de referencia y del mercado del producto de que
         se trata, llevó a la Comisión a estimar únicamente un importe inicial de 8.000.000 de euros para Deltafina mientras que, según
         las Directrices, al tratarse de una infracción muy grave, podía fijar un importe inicial superior a 20.000.000 de euros.
      
      259    De todas las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse la segunda parte del cuarto motivo.
      
      –       Sobre la tercera parte, en la que se alega una contradicción entre el considerando 413 de la Decisión impugnada y otros considerandos
         de esta Decisión
      
      260    Es necesario señalar que, contrariamente a lo que alega Deltafina, no existe contradicción alguna entre la afirmación, en
         el considerando 413 de la Decisión impugnada, de que «el cártel de los transformadores se aplicó y cumplió plenamente» y los
         otros considerandos que cita.
      
      261    En primer lugar, esta afirmación de Deltafina procede de una lectura truncada del pasaje en cuestión del considerando 413
         de la Decisión impugnada. En dicho pasaje, la Comisión sólo alude a la aplicación y cumplimiento plenos del cártel de los
         transformadores a partir de 1998. Ahora bien, los considerandos 85, 88, 111, 122, 133, 144, 284 y 307 de la Decisión impugnada
         se refieren al funcionamiento de dicho cártel en 1996 y 1997.
      
      262    En segundo lugar, por lo que respecta a las manifestaciones contenidas en los considerandos 113, 126 y 130 de la Decisión
         impugnada, no son pertinentes, puesto que se refieren al cártel de los representantes de los productores, y no al cártel de
         los transformadores.
      
      263    Igualmente, los considerandos 175, 206, 229, 231 a 233, 235, 239, 255 a 257, 294, 295 y 319 de la Decisión impugnada ponen
         de manifiesto problemas relativos a las negociaciones bilaterales entre los transformadores, por un lado, y los representantes
         de los productores, por otro. Pues bien, como se expone en el considerando 295 de la Decisión impugnada, «el fracaso de [dichas]
         negociaciones bilaterales […] no es óbice para que la naturaleza de la conducta de los transformadores sea contraria a la
         competencia». En otras palabras, los problemas mencionados son irrelevantes por lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento,
         a partir de 1998, del cártel de los transformadores.
      
      264    En cuanto al considerando 186 de la Decisión impugnada, si bien es cierto que ahí se manifiesta que las discusiones mantenidas
         entre los transformadores a principios de 1999 no desembocaron en la celebración de un acuerdo, también se indica que éstos
         decidieron prorrogar el acuerdo marco del año anterior. Esto resulta aún más claramente del considerando siguiente.
      
      265    En el considerando 244 de la Decisión impugnada, que se refiere al año 2001, la Comisión se limita a señalar que «no dispone
         de ejemplos de intercambios de información durante el período de cosecha». Sin embargo, no sostiene que los acuerdos celebrados
         entre Deltafina y los transformadores españoles no fueron plenamente aplicados dicho año. Muy al contrario, en el considerando
         236 de la Decisión impugnada, indica que el acuerdo marco de 1998 se prorrogó en 2001. Es preciso añadir que del considerando
         240 de la Decisión impugnada se desprende que todos los transformadores españoles admitieron expresamente, en el procedimiento
         administrativo, que dicho acuerdo marco había sido prorrogado hasta el 3 de octubre de 2001.
      
      266    Por último, por lo que respecta al considerando 296 de la Decisión impugnada, la Comisión se contenta con indicar ahí que
         los acuerdos y prácticas concertadas en los que participaron los transformadores y Deltafina presentan un «carácter único
         y continuado».
      
      267    Por lo tanto, la tercera parte del cuarto motivo debe desestimarse por infundada.
      
      –       Sobre la cuarta parte, en la que se alega la calificación errónea de Deltafina como principal comprador de tabaco transformado
         en España
      
      268    Es necesario señalar que, contrariamente a lo que alega Deltafina, la Comisión no incurrió en error al considerar que dicha
         empresa ocupaba una destacada situación en el mercado de compra de tabaco transformado español.
      
      269    En primer lugar, esta apreciación de la Comisión no viene contradicha en absoluto por las manifestaciones contenidas en el
         informe del economista de Deltafina. A este respecto, para empezar, es preciso señalar que, en el cuadro nº 5 de dicho informe,
         Cetarsa aparece entre las empresas que compran tabaco transformado español, siendo así que es una empresa de primera transformación
         y no compra tabaco transformado a terceros. En realidad, como explicó Deltafina en su respuesta a una de las preguntas escritas
         que el Tribunal le había planteado, los datos que figuran en dicho cuadro se refieren a las ventas de tabaco transformado
         español a los fabricantes de cigarrillos. Seguidamente, procede destacar que, aun teniendo en cuenta los datos expuestos por
         el economista de Deltafina, era ésta, y no Cetarsa, el principal vendedor de tabaco transformado español en 2000 y 2001. Así,
         en esos años, Deltafina poseía el 31,6 % y el 28,7 %, respectivamente, del mercado de venta de tabaco transformado español,
         mientras que las cuotas de mercado de Cetarsa se elevaban al 26,7 % y al 27,6 %, respectivamente.
      
      270    En segundo lugar, es indiscutible que Deltafina era el principal cliente de tres de los cuatro transformadores españoles.
         Primero, es pacífico entre las partes que Taes vendía a Deltafina la mayor parte de su producción. Segundo, como se desprende
         del considerando 21 de la Decisión impugnada y del cuadro nº 7 del informe del economista de Deltafina, ésta era con gran
         diferencia el principal cliente de Agroexpansión en los años 1996 a 1998. Por otra parte, en una respuesta de 15 de marzo
         de 2002 a una solicitud de información de la Comisión, Cetarsa manifestó que sus principales clientes eran, por orden de importancia,
         Deltafina, Altadis y Dimon. Finalmente, es preciso destacar que del mismo cuadro se deriva que, en 1999 y 2000, Deltafina
         era cliente de los cuatro transformadores españoles.
      
      271    En tercer lugar, debe señalarse asimismo que, además de las relaciones comerciales anteriormente expuestas, Deltafina mantenía
         otras relaciones comerciales con determinados transformadores. Así, como resulta del considerando 29 de la Decisión impugnada,
         cuya fundamentación no cuestiona Deltafina, ésta había celebrado con Cetarsa, que tenía un excedente de capacidad de transformación,
         contratos para el tratamiento y batido de una parte del tabaco de Taes y de Agroexpansión.
      
      272    Los distintos elementos anteriores demuestran de modo suficiente en Derecho que Deltafina tenía más capacidad que nadie para
         influir en la conducta de los transformadores españoles, como señala la Comisión en el considerando 417 de la Decisión impugnada.
      
      273    Por lo tanto, la cuarta parte del cuarto motivo debe desestimarse por infundada.
      
      –       Sobre la quinta parte, en la que se alega la falta de motivación relativa a las consecuencias que se han de extraer, en relación
         con la fijación del importe de las multas, de la incertidumbre generada por el marco normativo español y la actitud de las
         autoridades españolas
      
      274    Contrariamente a lo que alega Deltafina, la Comisión expone de manera muy precisa, en la Decisión impugnada, los motivos por
         los que la incertidumbre generada por el marco normativo español y la actitud de las autoridades españolas en el contexto
         de la negociación de los contratos tipo únicamente justifican imponer una multa simbólica en el caso de los representantes
         de los productores.
      
      275    Sobre este particular, en primer lugar, debe recordarse que, como se resume en los considerandos 275 a 277 de la Decisión
         impugnada y ya se ha expuesto en los anteriores apartados 15 a 21 y 107, la Decisión impugnada se refiere a dos infracciones
         horizontales, implicando la primera a los transformadores españoles y a Deltafina, y la segunda, a los representantes de los
         productores. Los mismos considerandos precisan que cada una de estas infracciones se caracteriza por un conjunto de acuerdos
         y/o prácticas concertadas y constituye una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      276    De la Decisión impugnada resulta también muy claramente que el cártel de los transformadores comprendía dos aspectos, a saber:
      
      –        Por un lado, en el período 1996/2001, los transformadores y Deltafina celebraron en secreto acuerdos o participaron en prácticas
         concertadas con objeto, esencialmente, de fijar cada año el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo,
         sin distinción de calidades, y repartir las cantidades de cada variedad de tabaco crudo que cada uno de los transformadores
         podía comprar a los productores (véanse, en particular, el resumen que figura en los considerandos 276 y 278 de la Decisión
         impugnada y, por lo que respecta a la calificación de «secreto» de este aspecto del cártel, los considerandos 411, 413, 438
         y 454 de la Decisión impugnada).
      
      –        Por otro lado, en el período 1999/2001, los transformadores y Deltafina también celebraron acuerdos o participaron en prácticas
         concertadas con objeto de fijar las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo así como
         las condiciones complementarias que proponían a los representantes de los productores en las negociaciones colectivas entre
         ambos sectores (véase, en particular, el resumen que figura en los considerandos 276 y 280 de la Decisión impugnada).
      
      277    Por lo que respecta al cártel de los representantes de los productores, en la Decisión impugnada se expone claramente que
         aquél se caracteriza por un conjunto de acuerdos y/o prácticas concertadas, en el período 1996/2001, con objeto, esencialmente,
         de fijar, cada año, las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo así como las condiciones
         complementarias que proponían luego a los transformadores en las negociaciones colectivas entre ambos sectores (véase, en
         particular, el resumen que figura en los considerandos 277 y 318 de la Decisión impugnada).
      
      278    En otras palabras, de la Decisión impugnada resulta claramente que el cártel de los transformadores iba mucho más allá que
         el cártel de los representantes de los productores, puesto que contenía una parte secreta que se realizaba fuera del contexto
         de las negociaciones colectivas entre ambos sectores.
      
      279    En segundo lugar, es preciso señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión examina, en el contexto de la fijación del
         importe de las multas, las consecuencias que el marco normativo español y la actitud de las autoridades españolas tuvieron
         en el comportamiento de los diferentes destinatarios y manifiesta con precisión su razonamiento al respecto.
      
      280    Así, en un primer momento, la Comisión examina el cártel de los representantes de los productores (considerandos 425 a 430
         de la Decisión impugnada).
      
      281    Sobre este particular, para empezar, la Comisión recuerda, remitiendo a los considerandos 350 y siguientes de la Decisión
         impugnada, que la normativa nacional aplicable no exigía que los representantes de los productores y los transformadores españoles
         acordaran conjuntamente las horquillas de precios y las condiciones complementarias. Puntualiza que si bien, de 1982 a 2000,
         esta normativa disponía que, para poder ser homologados por el Ministerio de Agricultura, los contratos tipo debían incluir
         cláusulas relativas al «precio mínimo garantizado» así como al «precio a recibir por el productor para la materia prima»,
         no exigía, sin embargo, que las partes que negociaban dichos contratos tipo se pusieran de acuerdo sobre «las cifras exactas
         que debían consignarse en las cláusulas de precio». Por lo que respecta a este último punto, destaca que, además, de 1995
         a 1998, el Ministerio de Agricultura homologó contratos tipo cuyas cláusulas de precios estaban en blanco (considerando 426
         de la Decisión impugnada).
      
      282    A continuación, en el considerando 427 de la Decisión impugnada, la Comisión pone de manifiesto algunos elementos que, en
         el considerando siguiente, la llevan no obstante a aceptar que «el marco jurídico de la negociación colectiva de los contratos
         tipo podía generar un grado de incertidumbre considerable en cuanto a la legalidad de la conducta de los representantes de
         los productores y de los transformadores en el contexto específico de su negociación colectiva de los contratos tipo». Dichos
         elementos son los siguientes:
      
      –        Los contratos tipo negociados entre 1995 y 1998 y homologados por el Ministerio de Agricultura establecían que todos los representantes
         de los productores negociarían colectivamente con cada transformador individual las horquillas de precios y las condiciones
         complementarias.
      
      –        En 1999, el Ministerio de Agricultura homologó incluso las tablas de precios negociadas antes colectivamente por el conjunto
         de los representantes de los productores y los cuatro transformadores.
      
      –        Estos cuadros se anexaron al contrato tipo publicado ese año en el Boletín Oficial del Estado.
      
      –        En 2000 y 2001, el Ministerio de Agricultura convocó a los representantes de los dos sectores a varias reuniones, a veces
         incluso en la sede del Ministerio, con el fin de convenir las tablas de precios. De este modo, incitó a las partes a seguir
         sus negociaciones colectivas relativas a estas tablas de precios.
      
      283    En el considerando 429 de la Decisión impugnada, la Comisión añade que la existencia y los resultados de las negociaciones
         de los contratos tipo eran, por lo general, de dominio público y que ninguna autoridad cuestionó en ningún momento su compatibilidad
         con la legislación comunitaria o española antes del inicio del procedimiento administrativo.
      
      284    Finalmente, del considerando 430 de la Decisión impugnada resulta que son los elementos expuestos en los anteriores apartados
         282 y 283 los que llevaron a la Comisión a imponer sólo una multa simbólica por importe de 1.000 euros a los representantes
         de los productores.
      
      285    En un segundo momento, por lo que respecta al cártel de los transformadores, la Comisión se pronuncia sobre la influencia
         del marco normativo español y de la actitud de las autoridades españolas, en los considerandos 437 y 438 de la Decisión impugnada.
      
      286    A este respecto, la Comisión distingue entre el aspecto de dicho cártel referente a la negociación y conclusión «pública»
         de los contratos tipo con los representantes de los productores –en particular, la negociación relativa a las horquillas de
         precios y a las condiciones complementarias– y el aspecto «secreto» del mismo cártel.
      
      287    Así, por un lado, en el considerando 437 de la Decisión impugnada, la Comisión indica que las declaraciones que ha realizado
         en los considerandos 427 a 429 de la Decisión impugnada, respecto del comportamiento de los representantes de los productores
         (véanse los anteriores apartados 282 y 283), son también válidas en relación con el primero de esos dos aspectos del cártel
         de los transformadores.
      
      288    Por otro lado, en relación con el aspecto «secreto» del cártel, la Comisión expone, en el considerando 438 de la Decisión
         impugnada, que la conducta de los transformadores «fue considerablemente más allá del alcance del marco jurídico pertinente
         y del alcance de las negociaciones públicas y de los acuerdos con los representantes de los productores». En el mismo considerando,
         la Comisión reconoce, sin embargo, que «las negociaciones públicas entre los representantes de los productores y los transformadores
         determinaron, por lo menos hasta cierto punto, el marco material (especialmente en términos de oportunidades de negociar entre
         ellos y de adoptar una posición común) en el que los transformadores podían desarrollar, independientemente de la posición
         común que adoptarían en el contexto de las negociaciones públicas, su estrategia secreta en materia de precios medios (máximos)
         de entrega y cantidades».
      
      289    Como se desprende de la última frase del considerando 438 de la Decisión impugnada, la Comisión, habida cuenta de los elementos
         mencionados en los anteriores apartados 287 y 288, decidió reducir en un 40 %, debido a las circunstancias atenuantes, el
         importe de base de las multas que se había fijado para los transformadores y Deltafina.
      
      290    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundada la quinta parte del cuarto motivo.
      
      –       Sobre la sexta parte, en la que se alega no haber tenido en cuenta que Deltafina no participó en las discusiones y negociaciones
         mantenidas entre los transformadores españoles y los representantes de los productores
      
      291    La sexta parte del cuarto motivo no está justificada en la medida en que, en la Decisión impugnada, la Comisión no consideró
         que las discusiones y las negociaciones «verticales» mantenidas entre los transformadores españoles, por un lado, y los representantes
         de los productores, por otro, fueran contrarias al artículo 81 CE. Por consiguiente, el hecho de que Deltafina no haya participado
         en dichas discusiones y negociaciones no tiene la menor influencia en la apreciación de la gravedad de la infracción que se
         le imputa ni, en consecuencia, en el importe inicial de la multa estimada en su caso.
      
      –       Sobre la séptima parte, en la que se alega la violación del principio de igualdad de trato en la medida en que la Comisión
         se apartó de su práctica anterior
      
      292    La séptima parte del cuarto motivo no puede prosperar, toda vez que la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus
         decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia (sentencia LR AF 1998/Comisión, citada
         en el apartado 101 supra, apartado 234).
      
      –       Conclusión sobre el cuarto motivo
      293    De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el cuarto motivo en su totalidad.
      
       Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 1, sección
            B, de las Directrices y en la violación del principio de igualdad de trato
       Resumen de la Decisión impugnada
      294    En los considerandos 432 y 433 de la Decisión impugnada, la Comisión examina el tema de la duración de la infracción reprochada
         a los transformadores y a Deltafina.
      
      295    En primer lugar, remitiéndose al considerando 92 de la Decisión impugnada, la Comisión señala que el cártel de los transformadores
         comenzó el 13 de marzo de 1996 (considerando 432 de la Decisión impugnada).
      
      296    En segundo lugar, indica que, según las declaraciones de los transformadores, dicho cártel cesó el 3 de octubre de 2001. Sin
         embargo, señala que la «última prueba» de la que dispone es una reunión de 10 de agosto de 2001, mencionada en el considerando
         260 de la Decisión impugnada, y considera esta última fecha como la de finalización de la infracción (considerando 432 de
         la Decisión impugnada).
      
      297    Habida cuenta de estos elementos, la Comisión fija la duración de la infracción en cinco años y cuatro meses, lo que corresponde
         a una infracción de larga duración. Por lo tanto, en el considerando 433 de la Decisión impugnada, incrementa en un 50 % el
         importe inicial de la multa impuesta a cada uno de los transformadores españoles y a Deltafina.
      
       Alegaciones de las partes
      298    En el marco de su quinto motivo, formulado con carácter subsidiario, Deltafina manifiesta que, en los considerandos 432 y
         433 de la Decisión impugnada, la Comisión «reúne pura y simplemente todos los comportamientos», a saber, los «reales» imputados
         a los transformadores y los «virtuales» imputados a Deltafina; fija la duración de la infracción en «más de cinco años y cuatro
         meses»; considera que esta infracción constituye, para todas estas partes, una infracción de larga duración e incrementa en
         un 50 % el importe inicial de la multa para cada una de dichas partes. La demandante considera que la Comisión, desde el momento
         en que le atribuyó una «corresponsabilidad de intención, no anclada en hechos o comportamientos específicos», debía haber
         determinado con precisión, al menos, el «dies a quo» de la infracción, esto es, «proporcionar las coordenadas espacio‑temporales del momento en que la voluntad de Deltafina habría
         empezado a concurrir desde el exterior con la de los cuatro transformadores españoles, influyendo o determinando su conducta».
      
      299    En consecuencia, Deltafina solicita al Tribunal que reduzca el importe de la multa, teniendo en cuenta que la infracción sólo
         puede ser de duración media.
      
      300    La Comisión replica que el comienzo del cártel de los transformadores debe fijarse en el 13 de marzo de 1996, fecha de su
         primera reunión.
      
       Apreciación del Tribunal
      301    Es necesario señalar que la Comisión, en el considerando 432 de la Decisión impugnada, fijó expresamente el comienzo del cártel
         de los transformadores el 13 de marzo de 1996.
      
      302    Como se desprende del considerando 92 de la Decisión impugnada, al que remite el considerando 432 de la misma Decisión, tal
         fecha corresponde a aquella en la que –según las declaraciones de Taes, WWTE y Agroexpansión– Deltafina y los transformadores
         españoles se reunieron por primera vez, a fin de discutir los precios y volúmenes de compras de tabaco crudo para la campaña 1996/1997.
      
      303    La Comisión podía considerar tal fecha como comienzo de la infracción en el caso de Deltafina tanto más fundadamente cuanto
         que, como ya se ha expuesto en el anterior apartado 125, Deltafina estaba representada en la reunión de que se trata tanto
         por su Presidente, el Sr. M., como por su Director responsable de compras, el Sr. C.
      
      304    Por lo demás, la argumentación de Deltafina se basa en la premisa errónea de que se había limitado a facilitar, fuera del
         cártel de los transformadores, la comisión de la infracción (véanse los anteriores apartados 122 a 133).
      
      305    Puesto que Deltafina no cuestiona la apreciación de la Comisión de que la infracción finalizó el 10 de agosto de 2001, es
         preciso concluir que la Comisión, legítimamente, fijó la duración de dicha infracción en más de cinco años y cuatro meses
         –esto es, una infracción de larga duración en el sentido de las Directrices– y, por lo tanto, incrementó en un 50 % el importe
         inicial de la multa estimada para Deltafina.
      
      306    De lo anterior se desprende que procede desestimar el quinto motivo por infundado.
      
       Sobre el sexto motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 2 de las
            Directrices, así como en la falta de motivación
       Resumen de la Decisión impugnada
      307    Del considerando 436 de la Decisión impugnada se desprende que el importe de base de la multa impuesta a Deltafina se incrementó
         en un 50 % en concepto de circunstancias agravantes, debido a que dicha empresa había desempeñado la función de líder en el
         cártel de los transformadores.
      
      308    A este respecto, en el considerando 435 de la Decisión impugnada, la Comisión manifiesta lo siguiente:
      
      «De los hechos mencionados anteriormente en los considerandos (361) y siguientes [de la Decisión impugnada], se deduce que
         Deltafina desempeñó un cometido fundamental en la concepción y aplicación de los acuerdos sobre los precios medios (máximos)
         de entrega y las cantidades concluidos entre los transformadores a partir de 1996. Deltafina convenció a los transformadores
         españoles para que coordinasen sus estrategias de compra y actuó como depositario y árbitro de los acuerdos de los transformadores
         contrarios a la competencia, especialmente cuando dieron comienzo sus prácticas infractoras de la competencia.»
      
      309    En el considerando 436 de la Decisión impugnada, la Comisión añade que «el papel fundamental de Deltafina en el cártel de
         los transformadores fue corroborado por Agroexpansión y WWTE en sus respuestas al pliego de cargos y en la subsiguiente audiencia […]».
      
       Alegaciones de las partes
      310    Como sexto motivo, formulado con carácter subsidiario, Deltafina alega que la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión
         considera como circunstancia agravante en su contra el papel de líder que habría desempeñado, está viciada desde un doble
         punto de vista.
      
      311    En primer lugar, afirma que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación, en la medida en que, en su considerando
         435, la Comisión se limita a remitir vagamente a los «hechos mencionados anteriormente en los considerandos (361) y siguientes».
      
      312    En este contexto, señala que tales hechos se reducen a presencias en reuniones, propuestas, recepción de información, conservación
         de un documento, envío de cartas, mediación e intervención en discusiones, es decir, «comportamientos pasivos, externos y
         presenciales o, a lo sumo, indirectamente propiciatorios de las actividades de los transformadores españoles, que eran los
         verdaderos protagonistas del cártel». En su opinión, estos hechos no demuestran en absoluto que haya desempeñado la función
         de líder en el cártel.
      
      313    En segundo lugar, Deltafina indica que, para atribuirle tal función, la Comisión se basa en determinadas partes de las respuestas
         de Agroexpansión y de WWTE al pliego de cargos. Reprocha de nuevo a la Comisión haberle denegado el acceso a dichas respuestas,
         menoscabando así gravemente su derecho de defensa.
      
      314    Habida cuenta de estos distintos factores, Deltafina solicita al Tribunal que reduzca el importe de la multa, excluyendo de
         su cálculo el incremento del 50 % aplicado por la Comisión en concepto de circunstancias agravantes.
      
      315    La Comisión solicita que se desestime este sexto motivo.
      
      316    En primer lugar, la Comisión afirma que, en la Decisión impugnada, expone de manera suficientemente clara y precisa las razones
         por las que considera que Deltafina desempeñó la función de líder en el cártel. Más concretamente, hace referencia al considerando
         435 de la Decisión impugnada, que remite a los hechos mencionados en los considerandos 361 a 369 de la misma Decisión.
      
      317    En este contexto, alega que tales hechos demuestran claramente la función de líder del cártel atribuida a Deltafina.
      
      318    En segundo lugar, la Comisión, remitiéndose a las consideraciones reproducidas en el anterior apartado 147, refuta haber vulnerado
         el derecho de defensa de Deltafina al no haberle dado acceso a las respuestas de Agroexpansión y de WWTE al pliego de cargos.
      
       Apreciación del Tribunal
      319    En primer lugar, por lo que respecta al motivo basado en la falta de motivación, debe señalarse que, según jurisprudencia
         reiterada, la motivación de una decisión individual debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la institución
         de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional
         competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso.
         No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión
         de si cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con el tenor literal del acto de que se
         trate, sino también con el contexto en que dicho acto se adoptó, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan
         la materia de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s
         France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63 y la jurisprudencia allí citada).
      
      320    En el presente caso, procede señalar que la Comisión indicó de manera suficientemente precisa, en el considerando 435 de la
         Decisión impugnada, los factores en que se basó para calificar a Deltafina de líder del cártel de los transformadores. Así,
         en dicho considerando, además de identificar claramente los comportamientos de Deltafina que, según ella, justificaban tal
         calificación, remitió expresamente a los elementos de hecho expuestos en los considerandos 361 y siguientes de la Decisión
         impugnada, que remitían, a su vez, a otros considerandos.
      
      321    Además, en el considerando 436 de la Decisión impugnada, la Comisión manifestó que Agroexpansión y WWTE habían confirmado,
         en sus respuestas al pliego de cargos y en la audiencia, que Deltafina había desempeñado la función de líder en el cártel
         de los transformadores.
      
      322    Por lo tanto, el motivo basado en la falta de motivación debe desestimarse por infundado.
      
      323    En segundo lugar, es preciso examinar el reproche de Deltafina, invocado en la primera parte del segundo motivo (véanse los
         anteriores apartados 104 y 105), de que la Comisión no mencionó, en el pliego de cargos, el hecho de que Deltafina podía ser
         considerada líder del cártel de los transformadores, vulnerando de este modo su derecho de defensa.
      
      324    Sobre este particular, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, desde el momento en que la Comisión indica
         expresamente en el pliego de cargos que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas y expone los principales
         elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de
         la presunta infracción y el hecho de ésta se cometiera «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación
         de respetar el derecho de las empresas afectadas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse,
         no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una
         multa (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado
         228 supra, apartado 428, y de 18 de diciembre de 2008, Coop de France bétail et viande y otros/Comisión, C‑101/07 P y C‑110/07 P, Rec.
         p. I‑10193, apartado 49).
      
      325    Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que exigir a la Comisión que facilite a las empresas imputadas, en la fase
         de envío del pliego de cargos, indicaciones concretas sobre el nivel de las multas previstas equivaldría a obligarle a anticipar
         de una manera inadecuada su decisión final (véase, en este sentido, la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión,
         citada en el apartado 120 supra, apartado 21).
      
      326    En el presente caso, es preciso señalar que, conforme a la jurisprudencia antes citada, la Comisión expuso, en el pliego de
         cargos, los principales elementos de hecho y de Derecho que podían justificar la multa que pensaba imponer a Deltafina. Así,
         en el punto 459 de dicho pliego de cargos, indicó concretamente que, para apreciar la gravedad de las infracciones, pretendía
         tener en cuenta el hecho de que los acuerdos que tienen por objeto fijar precios y cantidades figuraban entre las infracciones
         más graves de las normas sobre competencia. En el punto 460 del pliego de cargos, precisó, respecto de la infracción imputada
         a los transformadores, que ésta había comenzado el 13 de marzo de 1996 y finalizado el 3 de octubre de 2001, según las declaraciones
         de aquéllos. Añadió que la última prueba de la que disponía remontaba, no obstante, a una reunión de fecha 10 de agosto de
         2001. Por último, en el punto 461 del pliego de cargos, la Comisión indicó que tendría en cuenta todas las circunstancias
         del asunto, como las descritas en dicho pliego, y, en particular, la función desempeñada individualmente por cada uno de los
         destinatarios del pliego de cargos, la influencia que la normativa española en materia de productos agrícolas pudo tener sobre
         la conducta de dichos destinatarios y la cooperación proporcionada por los transformadores y su asociación en virtud de la
         Comunicación sobre la cooperación.
      
      327    Es cierto que la Comisión no indicó, en el pliego de cargos, que podía considerar la calificación de líder por lo que se refiere
         a Deltafina. Pues bien, es preciso señalar que esta calificación genera importantes consecuencias en cuanto al importe de
         la multa que se ha de imponer a la empresa de que se trate. Así, constituye, conforme al número 2 de las Directrices, de una
         circunstancia agravante que ocasiona un aumento notable del importe de base de la multa. Igualmente, a tenor de la sección
         B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación, dicha calificación excluye, de entrada, la posibilidad de gozar de una
         considerable reducción de la multa, aun cuando la empresa calificada de líder reúna todos los requisitos exigidos para poder
         obtener tal reducción. Por consiguiente, corresponde a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los elementos que estime
         pertinentes para permitir que la empresa susceptible de ser calificada de líder del cártel responda a dicha acusación. No
         obstante, habida cuenta de que dicho pliego no es sino una etapa en la adopción de la decisión final y de que no constituye,
         por tanto, la posición definitiva de la Comisión, no puede exigirse a esta última que proceda ya en esa fase a una calificación
         jurídica de los elementos en los que se basará en su decisión final para calificar a una empresa de líder del cártel.
      
      328    En el presente caso, los elementos de hecho que la Comisión tuvo en consideración, en la Decisión impugnada, para atribuir
         a Deltafina la función de líder del cártel de los transformadores son, según sus propias declaraciones, los que se resumen
         en el considerando 435 de dicha Decisión. Por lo que respecta a lo manifestado en la primera frase del considerando 436 de
         la Decisión impugnada (véase el anterior apartado 321), el Tribunal toma nota de la declaración de la Comisión de que WWTE
         y Agroexpansión se limitaron, en sus respuestas al pliego de cargos y en la audiencia, a confirmar los elementos anteriormente
         mencionados y no pusieron de manifiesto hecho alguno que no se hubiera puesto ya en conocimiento de Deltafina en el pliego
         de cargos (véanse los anteriores apartados 147 y 316 a 318). En estas circunstancias, y sin perjuicio de la cuestión de si
         los elementos en los que la Comisión declara haberse basado son suficientes para establecer que Deltafina desempeñaba el cometido
         de líder del cártel de los transformadores, es preciso considerar que la Comisión no vulneró el derecho de defensa de aquélla
         al denegarle el acceso, antes de adoptar la Decisión impugnada, a las referidas respuestas al pliego de cargos.
      
      329    Por otra parte, es necesario señalar que los elementos de hecho que la Comisión tuvo en consideración, en la Decisión impugnada,
         para atribuir a Deltafina la función de líder del cártel de los transformadores ya se mencionaban en el pliego de cargos,
         de modo que ésta podía dar a conocer debidamente su punto de vista sobre los referidos elementos antes de la adopción de dicha
         Decisión. En efecto, los elementos mencionados en el considerando 435 de la Decisión impugnada se incluían ya entre los que
         figuraban en los puntos 416 a 420 del pliego de cargos.
      
      330    En consecuencia, la Comisión no violó el derecho de defensa de Deltafina al no indicar, en el pliego de cargos, que ésta podía
         ser considerada líder del cártel de los transformadores.
      
      331    En tercer lugar, es preciso examinar si los elementos fácticos que la Comisión tuvo en consideración en la Decisión impugnada
         para calificar a Deltafina de líder del cártel de los transformadores permitían aplicar dicha calificación. En el marco del
         presente motivo (véase el anterior apartado 312), así como en el de la tercera parte del primer motivo (véase el anterior
         apartado 73) y de la primera parte del segundo motivo (véase el anterior apartado 105), Deltafina reprocha a la Comisión no
         haber demostrado que desempeñaba tal función en el cártel de los transformadores.
      
      332    Sobre este particular, es preciso señalar que, para ser calificada de líder, la empresa de que se trate debe haber sido un
         importante impulsor del cártel (sentencias del Tribunal de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado
         374, y de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión, T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartado 423) y haber cargado con una responsabilidad
         particular y concreta en su funcionamiento (véase, en este sentido, la sentencia BASF/Comisión, antes citada, apartados 300
         y 375).
      
      333    Pues bien, aun cuando los elementos invocados por la Comisión en el considerando 435 de la Decisión impugnada demuestran que
         Deltafina desempeñó una función activa y directa en el cártel de los transformadores, no bastan, sin embargo, para demostrar
         que dicha sociedad fue un importante impulsor de dicho cártel ni siquiera que su función fuera más importante que la de cualquier
         otro de los transformadores españoles. Es preciso destacar, en particular, que, si bien la Comisión, por los motivos expuestos
         en los anteriores apartados 122 a 133, imputó acertadamente a Deltafina el conjunto de la infracción de que se trata, no es
         menos cierto que ésta, en un período de infracción de más de cinco años, sólo estuvo presente en un número muy limitado de
         reuniones del cártel de los transformadores en las que se celebraron los acuerdos ilícitos –esto es, a lo sumo, cuatro reuniones
         de un total de casi treinta– y sólo participó en un número relativamente restringido de intercambios de correspondencia y
         de información entre los miembros de dicho cártel.
      
      334    Por otra parte, ningún elemento obrante en autos indica que Deltafina tomara iniciativa alguna con el objetivo de crear dicho
         cártel o de llevar a cualquiera de los transformadores españoles a adherirse a él. En particular, la alegación de la Comisión,
         recogida en el considerando 435 de la Decisión impugnada, de que Deltafina «convenció a los transformadores españoles para
         que coordinasen sus estrategias de compra» no está suficientemente acreditada. El mero hecho de que, en su fax de 9 de julio
         de 1997 (véase el anterior apartado 127), WWTE mencione que el Presidente de Deltafina manifestó, en repetidas ocasiones,
         que «un acuerdo de precios no [era] posible sin un acuerdo de cantidades» no basta para apoyar dicha alegación. Esto es tanto
         más cierto cuanto que el mismo fax deja entender más bien que la propia WWTE deseaba que se alcanzara un acuerdo sobre cantidades,
         insistiendo incluso en la necesidad de que tuviera una duración de cinco o, como mínimo, de tres años. A este respecto, es
         preciso señalar que, en un fax de 6 de noviembre de 1997 al Presidente de Deltafina, mencionado en el considerando 143 de
         la Decisión impugnada, WWTE manifiesta que intenta «por todos los medios que se llegue a un acuerdo [sobre] cantidades», y
         puntualiza que, en la siguiente reunión del cártel de los transformadores, propondría «el afianzamiento de [los] acuerdos
         con depósitos de importantes sumas de dinero, que permitan una seguridad en la ejecución de los acuerdos».
      
      335    Tampoco ningún elemento obrante en autos permite demostrar que Deltafina asumió la carga de actividades asociadas normalmente
         al ejercicio de la función de líder de un cártel, como la presidencia de reuniones o la centralización y distribución de determinados
         datos. Si bien es cierto que Deltafina conservó durante un corto espacio de tiempo una nota que recogía los detalles de ciertos
         acuerdos ilícitos, sólo se trata de un caso aislado. Igualmente, si bien los elementos obrantes en autos demuestran que Deltafina
         actuó como mediador cuando se produjeron desavenencias entre los transformadores, sus intervenciones como tal resultan escasas
         y limitadas a los dos primeros años del cártel de los transformadores. Además, no iban acompañadas de ninguna amenaza concreta
         ni de medidas disciplinarias.
      
      336    Por lo tanto, procede estimar parcialmente el sexto motivo y modificar, en consecuencia, la Decisión impugnada, en la medida
         en que aplicó la circunstancia agravante de líder en contra de Deltafina. Las consecuencias concretas de esta modificación
         se precisarán en los posteriores apartados 437 a 439.
      
       Sobre el séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 3 de la
            Directrices
       Alegaciones de las partes
      337    Deltafina reprocha a la Comisión no haber considerado, en el presente caso, las circunstancias atenuantes contempladas en
         los guiones segundo y tercero del número 3 de las Directrices, a saber, la «no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas
         ilícitos» y la «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión», respectivamente.
      
      338    Así, en primer lugar, Deltafina alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión declara «repetidamente» la inobservancia,
         «cuando menos parcial», de acuerdos y prácticas ilícitos durante los años 1996 (considerandos 85, 88 y 111 de la Decisión
         impugnada), 1997 (considerandos 113, 122 , 126, 130 y 133 de la Decisión impugnada), 1998 (considerandos 144 y 175 de la Decisión
         impugnada), 1999 (considerando 186 de la Decisión impugnada), 2000 (considerandos 206, 229, 231 a 233 y 235 de la Decisión
         impugnada) y 2001 (considerandos 239, 244 y 255 a 257 de la Decisión impugnada). Cita, asimismo, algunos pasajes de los considerandos
         295, 307 y 319 de la Decisión impugnada.
      
      339    En este contexto, Deltafina señala que, en su sentencia de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión (T‑220/00, Rec. p. II‑2473),
         el Tribunal indicó que las Directrices «[consideraban] expresamente circunstancia atenuante la no aplicación efectiva de acuerdos
         ilícitos» (apartado 191), que el número 3, segundo guión, de las Directrices sólo se refería a «los casos en que las prácticas
         colusorias, consideradas en su conjunto, no son aplicadas, haciendo abstracción del comportamiento específico de cada empresa»
         (apartado 188) y que «[era] preciso examinar la gravedad relativa de la participación de la empresa en la infracción, conforme
         al principio de individualidad de las penas y de las sanciones» (apartado 189).
      
      340    En segundo lugar, Deltafina reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta el hecho de que la infracción que se le imputa
         finalizó el 10 de agosto de 2001, esto es, antes de la fecha de las primeras verificaciones.
      
      341    Habida cuenta de las consideraciones precedentes, Deltafina solicita al Tribunal que reduzca el importe de su multa.
      
      342    La Comisión solicita que se desestime el séptimo motivo.
      
      343    En primer lugar, alega que no estaba obligada a tomar en consideración, en el presente caso, la circunstancia atenuante contemplada
         en el número 3, segundo guión, de las Directrices.
      
      344    A este respecto, para empezar, indica que el hecho de que el cártel no se respetó plenamente antes de 1998 fue tomado en consideración
         a la hora de apreciar la gravedad de la infracción, fijándose el importe inicial de la multa de Deltafina en 8.000.000 de
         euros, en vez de en 20.000.000 de euros, pese a tratarse de una infracción de naturaleza muy grave.
      
      345    Seguidamente, alega que su posición viene confirmada por los apartados 189 y 192 de la sentencia Cheil Jedang/Comisión, citada
         en el apartado 339 supra, y por los apartados 276 y 277 de la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren‑Werke/Comisión (T‑44/00,
         Rec. p. II‑2223, apartados 276 y 277). La Comisión señala que Deltafina no sólo no se opuso nunca clara y considerablemente
         a la aplicación del cártel con los transformadores, sino que se adhirió plenamente a él, desempeñando en dicho cártel una
         función especialmente activa de coordinación y mediación.
      
      346    En segundo lugar, la Comisión estima que tampoco estaba obligada a considerar que el hecho de que se hubiera puesto fin a
         la infracción antes de sus primeras intervenciones constituía una circunstancia atenuante.
      
       Apreciación del Tribunal
      347    Con carácter preliminar, procede recordar que, en principio, a la hora de determinar el importe de las multas, la Comisión
         debe atenerse a lo que establecen sus propias Directrices (véase el anterior apartado 230). No obstante, en esas Directrices
         no se indica que la Comisión siempre deba tomar en consideración por separado cada una de las circunstancias atenuantes enumeradas
         en el número 3 y dicha institución no está obligada a otorgar automáticamente una reducción adicional por ese concepto, ya
         que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias atenuantes debe valorarse desde
         un punto de vista global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes.
      
      348    En efecto, la adopción de las Directrices no ha privado de pertinencia a la jurisprudencia anterior, según la cual, la Comisión
         dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe
         de las multas que piensa imponer, en función sobre todo de las circunstancias del asunto. Así, a falta de indicaciones imperativas
         en las Directrices en lo que atañe a las circunstancias atenuantes que pueden tenerse en cuenta, hay que considerar que la
         Comisión conservó un cierto margen para valorar globalmente la importancia de una posible reducción del importe de las multas
         en atención a circunstancias atenuantes (véase la sentencia Raiffeisen Zentralbank Österreich/Comisión, citada en el apartado
         230 supra, apartado 473, y la jurisprudencia citada).
      
      349    Por lo que respecta al primer reproche formulado por Deltafina, es preciso destacar que, a tenor del número 3, segundo guión,
         de las Directrices, la «no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos» puede constituir una circunstancia atenuante.
      
      350    De la jurisprudencia se desprende que la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante
         por falta de aplicación efectiva de una concertación si la empresa que alega dicha circunstancia puede demostrar que se opuso
         clara y considerablemente a la aplicación de dicha concertación, hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento
         de ésta, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo ni incitó así a otras empresas a aplicar el acuerdo ilícito de
         que se trata. Sería efectivamente demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de verse obligadas a pagar una cuantiosa
         multa si pudiesen beneficiarse de una concertación ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que
         sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a
         comportarse de una forma más perjudicial para la competencia (sentencia Mannesmannröhren‑Werke/Comisión, citada en el apartado
         345 supra, apartados 277 y 278).
      
      351    Pues bien, en el marco del presente motivo, Deltafina no alega circunstancia alguna que permita concluir que se apartó clara
         y considerablemente del cártel de los transformadores hasta el punto de haber perturbado el propio funcionamiento de éste.
         Se limita a invocar algunos considerandos de la Decisión impugnada que, como ya se ha expuesto en los anteriores apartados
         260 a 267, o bien carecen de pertinencia por lo que se refiere al presente motivo, en particular, por cuanto que no se refieren
         al cártel de los transformadores, o bien se limitan a manifestar que dicho cártel no se aplicó y respetó plenamente hasta
         1998, y ello, en general, por sus miembros y no individualmente por Deltafina.
      
      352    Por lo que respecta a este último tema, es preciso recordar que el hecho de que el cártel de los transformadores sólo se aplicase
         plenamente a partir de 1998 es uno de los elementos que la Comisión tomó en consideración al apreciar la gravedad de la infracción
         y, por ende, al fijar el importe inicial de la multa que se debía estimar debido a dicha gravedad. Pues bien, la Comisión
         estimó sólo un importe inicial de 8.000.000 de euros para Deltafina siendo así que, según las Directrices, al tratarse de
         una infracción muy grave, podía fijar un importe inicial superior a 20.000.000 de euros.
      
      353    Por consiguiente, no puede prosperar el primer reproche formulado por Deltafina.
      
      354    En cuanto al segundo reproche, es preciso recordar que, a tenor del número 3, tercer guión, de las Directrices, la «interrupción
         de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones)» figura entre las circunstancias
         atenuantes.
      
      355    Dicha interrupción sólo puede lógicamente constituir una circunstancia atenuante si existen motivos para suponer que fueron
         las intervenciones en cuestión las que incitaron a las empresas afectadas a poner fin a sus comportamientos contrarios a la
         competencia, no estando comprendido en dicha disposición de las Directrices el supuesto de que la infracción ya hubiese finalizado
         antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión (sentencia Dalmine/Comisión, citada anteriormente en el apartado
         34 supra, apartado 158).
      
      356    Pues bien, en el presente caso, la infracción –como alega Deltafina– finalizó el 10 de agosto de 2001, esto es, antes de la
         fecha de las primeras verificaciones realizadas por la Comisión, en el caso de autos, el 3 de octubre de 2001. Por consiguiente,
         dicha interrupción no puede constituir una circunstancia atenuante a efectos de la fijación del importe de la multa.
      
      357    Procede recordar, además, que una reducción de la multa a causa de la interrupción de una infracción desde las primeras intervenciones
         de la Comisión no puede ser automática, sino que depende de una valoración de las circunstancias del caso de autos por ésta,
         en el marco de su facultad de apreciación. A este respecto, la aplicación del número 3, tercer guión, de las Directrices en
         favor de una empresa será particularmente oportuna en el supuesto de que el carácter contrario a la competencia de la conducta
         en cuestión no resulte evidente. Por el contrario, su aplicación será menos oportuna, en principio, en el supuesto de que
         el comportamiento sea claramente contrario a la competencia, suponiendo que haya sido probado (sentencia Mannesmannröhren‑Werke/Comisión,
         citada en el apartado 345 supra, apartado 281).
      
      358    Pues bien, en el presente caso, no cabe considerar que Deltafina haya podido tener una duda razonable en cuanto al carácter
         contrario a la competencia de su comportamiento, al tratarse de la participación en una infracción horizontal que tenía por
         objeto la fijación de precios y el reparto de cantidades y uno de cuyos aspectos tenía carácter secreto, por lo que constituye
         una infracción manifiesta del artículo 81 CE.
      
      359    Por lo tanto, no cabe acoger el segundo reproche formulado por Deltafina.
      
      360    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundado el séptimo motivo.
      
       Sobre el octavo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y del número 5, letra a),
            de las Directrices
       Alegaciones de las partes
      361    En su octavo motivo, formulado con carácter subsidiario, Deltafina reprocha a la Comisión haber tomado en consideración, a
         efectos del cálculo del límite máximo del 10 % contemplado en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, el volumen
         de negocios que obtuvo en el ejercicio 2002/2003. Según Deltafina, la Comisión debía haber tenido en cuenta el volumen de
         negocios relativo al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2004, puesto que su ejercicio social se cierra el 31 de marzo
         de cada año y la Decisión impugnada se adoptó el 20 de octubre de 2004.
      
      362    Deltafina puntualiza que el volumen de negocios que obtuvo en el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2004 se elevaba a 127.360.989 euros,
         esto es, un importe inferior al de 133.228.000 euros mencionado en el considerando 443 de la Decisión impugnada. Considera
         que, por lo tanto, el importe de su multa, antes de aplicar la Comunicación sobre la cooperación, no podía exceder de 12.736.000 euros.
      
      363    La Comisión reconoce que el volumen de negocios que se debe tomar en consideración en el caso de Deltafina para apreciar si
         se ha sobrepasado o no el límite máximo del 10 % es el obtenido por ésta en el ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2004.
         Sin embargo, aun tomando en consideración este último volumen de negocios, no se habría sobrepasado el referido límite máximo.
      
      364    A mayor abundamiento, la Comisión alega que el Tribunal declaró, en su sentencia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión
         (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181, apartados 352 a 354), que el límite máximo
         del 10 % debía aplicarse al «resultado final del cálculo de la multa» y no en una fase anterior, a saber, antes de aplicar
         la Comunicación sobre la cooperación. Ahora bien, considera que, en el presente caso, no se discute que el importe final de
         la multa impuesta a Deltafina, esto es, 11.880.000 euros, no supera el 10 % del volumen de negocios obtenido en el ejercicio
         social cerrado a 31 de marzo de 2004.
      
       Apreciación del Tribunal
      365    En el considerando 439 de la Decisión impugnada, la Comisión fija el importe de la multa de Deltafina, antes de aplicar la
         Comunicación sobre la cooperación, en 13.200.000 euros. En el considerando 443 de dicha Decisión, puntualiza que «dado que
         en 2003 el volumen de negocios anual de Deltafina ascendió a 133.228.000 euros», este importe no debe ser ajustado en virtud
         del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003.
      
      366    A tenor del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, el volumen de negocios que debe tenerse en cuenta a efectos
         del cálculo del límite máximo del 10 % mencionado en dicha disposición es el realizado durante el ejercicio social anterior.
         Por consiguiente, como coinciden en considerar las partes, la Comisión debía haber tenido en cuenta, para determinar si el
         referido límite máximo se había sobrepasado o no, el volumen de negocios obtenido por Deltafina en el ejercicio social cerrado
         a 31 de marzo de 2004.
      
      367    Por lo tanto, la Comisión estimó erróneamente, en el considerando 443 de la Decisión impugnada, el volumen de negocios obtenido
         por Deltafina en el ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2003.
      
      368    Sin embargo, el motivo basado en este error es inoperante, toda vez que, aun teniendo en cuenta el volumen de negocios obtenido
         por Deltafina en el ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2004, no se superó el límite máximo del 10 %. En efecto, de
         un cuadro que figura en las cuentas anuales de Deltafina a 31 de marzo de 2004, anejas al escrito de interposición de la demanda,
         resulta que, en tal fecha, el volumen de negocios de esta empresa se elevaba a 139.904.230,95 euros, es decir, un importe
         más de diez veces superior al importe anteriormente citado de 13.200.000 euros. A este respecto, es preciso puntualizar que
         el importe que se ha de considerar es el que figura al lado de la partida contable «Ingresos por ventas y prestaciones» de
         dicho cuadro y no, como hace Deltafina, el que aparece al lado de «Total», que incluye partidas contables que no pueden tomarse
         en consideración, en el caso de autos, las denominadas «Variación de existencias productos acabados» y «Otros ingresos y ganancias».
      
      369    De todas las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el octavo motivo por inoperante.
      
       Sobre el noveno motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003; de la exposición de
            motivos y del número 4 de las Directrices; de la sección B, letra e), y de la sección D de la Comunicación sobre la cooperación
            y en la violación del principio de igualdad de trato, así como en la falta de motivación
       Resumen de la Decisión impugnada
      370    En los considerandos 448 a 456 de la Decisión impugnada, la Comisión se pronuncia sobre la aplicación de la Comunicación sobre
         la cooperación en el caso de los transformadores y de Deltafina.
      
      371    En primer lugar, indica que estos últimos solicitaron acogerse a dicha Comunicación antes de la adopción del pliego de cargos
         (considerando 449 de la Decisión impugnada).
      
      372    En segundo lugar, la Comisión señala que la sección D de la Comunicación sobre la cooperación es aplicable a los transformadores
         españoles. Destaca que, pese a que la mayor parte de los elementos esenciales que probaban la existencia de la infracción
         ya obraban en su poder, la información facilitada por los transformadores le facilitó la clarificación y el establecimiento
         de la infracción (considerandos 450 y 451 de la Decisión impugnada).
      
      373    En tercer lugar, la Comisión considera que, habida cuenta de su cooperación «particularmente valiosa» durante el procedimiento
         (sobre todo en lo que respecta a la implicación de Deltafina en la infracción) y del hecho de que no impugnara los hechos
         recogidos en el pliego de cargos, debe concederse a Taes una reducción de un 40 % sobre la multa de conformidad con la sección
         D, apartado 2, guiones primero y segundo, de la Comunicación sobre la cooperación (considerando 452 de la Decisión impugnada).
      
      374    En cuarto lugar, la Comisión indica que la información facilitada por Cetarsa y WWTE, aun siendo significativa, no ha sido
         tan útil para su investigación como la aportada por Taes (considerando 453 de la Decisión impugnada). Manifiesta que, en sus
         respuestas al pliego de cargos, Cetarsa y WWTE realizaron una afirmación que no correspondía a la realidad de los hechos.
         Por consiguiente, decide conceder a estos dos transformadores una reducción de la multa del 25 % de conformidad con la sección
         D, apartado 2, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      375    En quinto lugar, por lo que respecta a Agroexpansión, la Comisión señala que ésta también facilitó información útil, pero
         que, en su respuesta al pliego de cargos, impugnó los hechos «de forma similar a como lo hacen Cetarsa y WWTE» (considerando
         454 de la Decisión impugnada). Añade que Agroexpansión negó la naturaleza secreta de los acuerdos de los transformadores sobre
         precios medios (máximos) de entrega. Habida cuenta de estos factores, concede una reducción de la multa del 20 % a esta sociedad.
      
      376    Por último, en sexto lugar, la Comisión reduce un 10 % la multa impuesta a Deltafina (considerando 456 de la Decisión impugnada).
         Considera que, aunque ni Universal ni Deltafina facilitaron datos concretos sobre la contribución de Deltafina en la cooperación
         de Taes con la Comisión, no puede ignorarse que parte de los documentos anexos al informe de Taes de 18 de febrero de 2002
         parecían proceder de Deltafina y haber sido facilitados a Taes a efectos de dicha cooperación. Repite que la información facilitada
         por Taes fue particularmente valiosa para su investigación y esencial, concretamente, para establecer la responsabilidad de
         Deltafina. No obstante, Deltafina no le explicó directamente cómo y cuánto pretendía cooperar y, en su respuesta al pliego
         de cargos, impugnó en lo sustancial las conclusiones del pliego de cargos relativas a su responsabilidad. Asimismo, señala
         que Deltafina «no cumple el requisito establecido en el punto B[, letra] e), de [la] Comunicación [sobre la cooperación]».
      
       Alegaciones de las partes
      377    En su noveno motivo, invocado con carácter subsidiario, Deltafina alega que la Comisión incurrió en diversos errores a la
         hora de apreciar su cooperación durante el procedimiento administrativo. Estos reproches pueden agruparse en cuatro partes.
      
      378    En la primera parte, Deltafina sostiene que la Comisión estimó erróneamente que aquélla había impugnado en lo sustancial las
         conclusiones del pliego de cargos relativas a su responsabilidad. A su juicio, al afirmar que el Sr. M. actuaba a título personal,
         se limitó a impugnar la interpretación y la apreciación jurídica de determinados hechos realizadas por la Comisión. Añade
         que también Taes, en un informe de 18 de febrero de 2002, había formulado tal declaración y se sorprende de que ésta, sin
         embargo, haya recibido una mayor reducción de multa que ella.
      
      379    En la segunda parte, Deltafina alega que la Comisión incumplió la Comunicación sobre la cooperación al reprocharle, en el
         considerando 456 de la Decisión impugnada, no cumplir el criterio establecido en la sección B, letra e), de dicha Comunicación.
         Alega que éste no es aplicable en el presente caso, puesto que, en la Decisión impugnada, la Comisión aplica la sección D
         de la referida Comunicación, que se refiere precisamente al supuesto en que «una empresa coopere sin que se reúnan todas las
         condiciones establecidas en las secciones B o C». Añade que la Comisión no le reprochó, en el pliego de cargos, comportamientos
         como los mencionados en la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación ni demostró, en ningún caso, en la
         Decisión impugnada, que hubiera sido la autora de comportamientos de dicha naturaleza.
      
      380    En la tercera parte, Deltafina considera que la Decisión impugnada «adolece de una grave contradicción de la motivación»,
         en la medida en que el porcentaje de reducción de la multa que le concedió la Comisión es inferior al concedido a Taes. En
         apoyo de esta alegación, Deltafina aduce que, puesto que la Comisión señala, en el considerando 360 de la Decisión impugnada,
         que ejerce una función de coordinación y supervisión de las actividades europeas del grupo Universal, incluidas las de su
         sociedad hermana Taes, «es razonable que, por este concepto, le correspondan no sólo las responsabilidades, sino también los
         beneficios». Añade que las «aportaciones» particularmente valiosas de Taes, en concreto, por lo que se refiere a su participación
         en el cártel de los transformadores, sólo podrían proceder de ella. Insiste en que cooperó con la Comisión desde el momento
         en que Taes fue implicada en el presente asunto. Los elementos remitidos a la Comisión en el procedimiento administrativo
         por los asesores de Taes lo fueron tanto por cuenta de ésta como por la de Deltafina, fueron preparados conjuntamente por
         los representantes y directivos de ambas sociedades, bajo la supervisión de Universal, y procedían en gran medida de Deltafina.
      
      381    Por último, en la cuarta parte, Deltafina alega que la Comisión aplicó de modo discriminatorio la Comunicación sobre la cooperación.
         A este respecto, en primer lugar, critica que Cetarsa, WWTE y Agroexpansión gozaron de una mayor reducción de multa que ella,
         siendo así que habían impugnado los hechos «si bien en otra medida». En segundo lugar, señala que la primera vez que WWTE
         y Agroexpansión declararon que Deltafina había desempeñado una función de líder en el cártel de los transformadores fue únicamente
         en sus respuestas al pliego de cargos. Considera que, por consiguiente, hay que dudar de «la plenitud y la lealtad de su colaboración
         durante los dos años precedentes». Por último, reprocha a la Comisión haber aplicado únicamente en su caso el criterio contemplado
         en la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      382    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, Deltafina solicita al Tribunal que reduzca el importe de su multa y aplique
         el mismo porcentaje de reducción que el aplicado al importe de la multa de Taes, es decir, el 40 %.
      
      383    La Comisión considera que ninguna de las partes tiene fundamento.
      
      384    En primer lugar, recuerda que, en su respuesta al pliego de cargos, Deltafina afirmó que todos los comportamientos que se
         le reprochaban eran, en realidad, imputables al Sr. M., que había actuado exclusivamente a título personal. Pues bien, a su
         juicio, esta afirmación constituye una «tentativa manifiesta de transformar los hechos».
      
      385    En segundo lugar, la Comisión refuta haber aplicado erróneamente la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación.
         A este respecto, por un lado, alega que el hecho de que aplique la sección D de dicha Comunicación no excluye en absoluto
         que pueda tomar en consideración, para determinar el porcentaje de reducción que se ha de aplicar a la multa de la empresa
         que coopera, el hecho de que esta empresa no cumpla algunos de los requisitos mencionados en las secciones B y C de la referida
         Comunicación. Por otro lado, indica que es inexacto alegar que no reprochó a Deltafina comportamientos como los mencionados
         en la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      386    En tercer lugar, la Comisión estima que no estaba obligada a aplicar a la multa de Deltafina el mismo porcentaje de reducción
         que el que aplicó a la de Taes.
      
      387    Sobre este particular, subraya que Deltafina fue considerada responsable de la infracción del artículo 81 CE no por su función
         de coordinación y supervisión de las actividades de Taes, sino por haber practicado ella misma una «serie de comportamientos
         significativos, a menudo determinantes, en el marco del cártel [de los transformadores]». Por otro lado, afirma que la cooperación
         de Deltafina se limitó a la elaboración conjunta, con Taes, del informe de ésta de 18 de febrero de 2002.
      
      388    En cuarto lugar, la Comisión considera que no incurrió en violación alguna del principio de igualdad de trato al aplicar a
         Deltafina un porcentaje de reducción inferior al porcentaje del que disfrutaron otras empresas destinatarias de la Decisión
         impugnada.
      
       Apreciación del Tribunal
      389    Es preciso recordar que la Comisión goza de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere al método de cálculo de
         las multas y puede tener en cuenta, a este respecto, numerosos factores, entre los que figura la cooperación de las empresas
         implicadas en la investigación realizada por los servicios de esta institución. A este respecto, la Comisión dispone de una
         amplia facultad de apreciación a la hora de valorar la relevancia y utilidad de la cooperación prestada por una empresa, en
         especial en comparación con las contribuciones de otras empresas (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2007,
         SGL Carbon/Comisión, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartados 81 y 88).
      
      390    Para justificar que se reduzca la multa en atención a la cooperación, el comportamiento de la empresa debe haber facilitado
         la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia
         (véase la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00,
         Rec. p. II‑2501, apartado 499, y la jurisprudencia citada) y demostrar un auténtico espíritu de colaboración (sentencia Dansk
         Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 228 supra, apartados 395 y 396).
      
      391    En la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión precisó las condiciones conforme a las cuales las empresas que cooperen
         con ella en su investigación sobre un cártel pueden quedar exentas de la multa o beneficiarse de una reducción del importe
         de la multa que, de otro modo, habrían tenido que pagar (véase la sección A, apartado 3, de la Comunicación sobre la cooperación).
      
      392    En virtud de la sección B de la Comunicación sobre la cooperación, una empresa podrá disfrutar de una reducción muy importante
         del importe de la multa, a saber, de al menos un 75 %, o incluso de una exención, si cumple simultáneamente todos los requisitos
         establecidos en las letras a) a e) de dicha sección. Según la sección B, letra e), no podrá disfrutar de dicha reducción o
         quedar exenta de la multa la empresa que «haya sido la instigadora o haya desempeñado un papel determinante en la actividad
         ilícita».
      
      393    En virtud de la sección C de la misma Comunicación, «la empresa que reúna las condiciones previstas en las letras b) a e)
         de la sección B y que denuncie el acuerdo secreto después de que la Comisión haya realizado una comprobación, por vía de decisión,
         en los locales de las empresas que participan en el acuerdo, sin que dicha comprobación haya aportado motivos suficientes
         para justificar la incoación del procedimiento [administrativo] con vistas a la adopción de una decisión, gozará de una reducción
         del 50 al 75 % del importe de la multa».
      
      394    La sección D de la Comunicación sobre la cooperación, titulada «Reducción significativa del importe de la multa», establece:
      
      «1.      Cuando una empresa coopere sin que se reúnan todas las condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción
         del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación.
      
      2.      Así sucederá cuando:
      –        antes del envío del pliego de cargos una empresa facilite a la Comisión información, documentos u otros elementos de prueba
         que contribuyan a confirmar la existencia de la infracción;
      
      –        tras recibir el pliego de cargos, una empresa informe a la Comisión de que no pone en duda la veracidad de los hechos sobre
         los que la Comisión funda sus acusaciones.»
      
      395    A la luz de estas consideraciones procede apreciar la fundamentación del presente motivo. La segunda parte de éste se examinará
         en último lugar.
      
      396    Por lo que respecta a la primera parte, es necesario señalar que la Comisión destacó acertadamente, en el considerando 456
         de la Decisión impugnada, que, en su respuesta al pliego de cargos, Deltafina había impugnado «en lo sustancial las conclusiones
         […] relativas a su responsabilidad». En efecto, en dicha respuesta, Deltafina refutó firmemente su responsabilidad en la infracción
         y sostuvo, repetidamente, que dicha responsabilidad debía atribuirse al Sr. M., que había actuado en el cártel de los transformadores
         exclusivamente a título personal y no como representante de la sociedad. Al proceder de esta manera, Deltafina ponía en duda
         la veracidad de los hechos considerados en el pliego de cargos y no se limitaba a darles otra interpretación o a contradecir
         la apreciación jurídica realizada por la Comisión.
      
      397    En lo referente a la alegación que Deltafina basa en el hecho de que a Taes no se le reprochó haber impugnado la veracidad
         de los hechos aun cuando también había afirmado, en el procedimiento administrativo, que el Sr. M. actuaba exclusivamente
         a título personal, baste destacar que, mediante dicha afirmación, Taes no pretendía refutar, a diferencia de Deltafina, un
         hecho que le afectaba directamente y ponía en entredicho su propia responsabilidad en la infracción.
      
      398    Por lo que respecta a la tercera parte, en primer lugar, es necesario señalar que se basa en una premisa errónea. Como se
         desprende claramente de los considerandos 359 a 366 de la Decisión impugnada y de los anteriores apartados 107 a 112, si Deltafina
         fue declarada responsable de la infracción, se debe no a sus funciones de supervisión y de control de las actividades de Taes,
         sino a su participación directa y activa en las actividades del cártel de los transformadores.
      
      399    En segundo lugar, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la Comisión, al valorar la colaboración prestada
         por los miembros de un cártel, no puede desconocer el principio de igualdad de trato, que se viola cuando se tratan de manera
         diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que ese trato
         esté objetivamente justificado (véase la sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 364 supra, apartado 394, y la jurisprudencia citada).
      
      400    Pues bien, la Comisión no se excedió manifiestamente en su margen de apreciación al estimar que la cooperación proporcionada
         por Taes era de mayor valor que la proporcionada por Deltafina.
      
      401    Por lo tanto, como ya se ha expuesto en los anteriores apartados 396 y 397, Deltafina, a diferencia de Taes, puso en duda
         la veracidad de algunos hechos en el sentido de la sección D, apartado 2, segundo guión, de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      402    Además, Deltafina, contrariamente a Taes, nunca cooperó directamente con la Comisión. Más en concreto, la Comisión estimó
         acertadamente que la cooperación de Deltafina se había limitado a participar en la elaboración del informe de Taes de 18 de
         febrero de 2002 (véanse los anteriores apartados 8 y 9). En efecto, en su escrito de 15 de febrero de 2002 a la Comisión,
         Universal Leaf puso de manifiesto la cooperación de Deltafina únicamente en relación con la preparación de dicho informe.
         Ulteriormente, ni Universal Leaf, ni Taes, ni Deltafina indicaron a la Comisión que Deltafina continuaba cooperando en el
         marco de la investigación, por medio de Taes, ni siquiera que la información que Taes le comunicaba se preparaba en colaboración
         con Deltafina.
      
      403    Por lo tanto, la Comisión podía aplicar a Deltafina un porcentaje de reducción de la multa inferior al concedido a Taes.
      
      404    Por lo que respecta a la cuarta parte, procede considerar que Deltafina no puede alegar haber sido objeto de trato discriminatorio
         respecto de Cetarsa, WWTE y Agroexpansión, toda vez que la cooperación que proporcionó era mucho más limitada que la proporcionada
         por éstas.
      
      405    Sobre este particular, por un lado, como reconoce la propia Deltafina en su escrito de demanda, si bien Cetarsa, WWTE y Agroexpansión
         también pusieron en duda la veracidad de algunos hechos, lo hicieron, sin embargo, «en otra medida» que Deltafina. Por lo
         tanto, sólo ésta, al alegar repetidamente en su respuesta al pliego de cargos que su Presidente actuaba exclusivamente a título
         personal, refutó, durante todo el procedimiento administrativo, cualquier participación en las actividades del cártel de los
         transformadores.
      
      406    Por otro lado, mientras que Cetarsa, WWTE y Agroexpansión habían comunicado elementos muy valiosos para la Comisión en el
         procedimiento administrativo (véanse los considerandos 453 y 454 de la Decisión impugnada), la cooperación de Deltafina se
         limitó, como ya se ha señalado en el anterior apartado 402, a la participación en la elaboración del informe de Taes de 18
         de febrero de 2002.
      
      407    Por lo tanto, la cuarta parte debe desestimarse por infundada.
      
      408    Por último, en lo referente a la segunda parte, en primer lugar, es preciso señalar que nada se opone a que la Comisión, en
         el marco de la amplia facultad de apreciación de la que dispone en la materia, tenga en cuenta el hecho de que la empresa
         de que se trata no cumple uno de los requisitos contemplados en la sección B, letras a) a e), de la Comunicación sobre la
         cooperación cuando, al aplicar la sección D de dicha Comunicación, tiene que determinar, dentro de la horquilla del 10 al
         50 % establecida en el apartado 1 de esta misma sección, el porcentaje de reducción que se ha de conceder a dicha empresa.
      
      409    En segundo lugar, procede señalar que de los escritos de la Comisión, así como de las explicaciones que facilitó en la audiencia,
         se desprende que, al indicar en el considerando 456 de la Decisión impugnada que Deltafina no cumplía el requisito establecido
         en la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión se refería a que Deltafina era el líder del
         cártel de los transformadores. A este respecto, debe destacarse que de la sección B, letra e), de la Comunicación sobre la
         cooperación se deduce que la Comisión no tiene intención de conceder una reducción muy importante de la multa, o una exención,
         si la empresa implicada ha desempeñado un papel particularmente determinante en las prácticas colusorias, como el de líder,
         incitador o instigador.
      
      410    Ahora bien, como se ha declarado en los anteriores apartados 331 a 335, los elementos del expediente de la Comisión no bastan
         para demostrar que Deltafina desempeñó la función de líder. Por lo tanto, la Comisión incurrió en error al tener en cuenta
         dicha función, entre otras consideraciones, para fijar sólo en el 10 % el porcentaje de reducción aplicable a Deltafina en
         concepto de cooperación.
      
      411    Habida cuenta de todo lo anterior, debe estimarse en parte el noveno motivo y procede modificar consecuentemente la Decisión
         impugnada fijando un tipo de reducción apropiado en el caso de Deltafina. Con arreglo a su competencia de plena jurisdicción,
         el Tribunal estima oportuno reducir la multa impuesta a Deltafina en un 15 % para tener en cuenta su cooperación. Las consecuencias
         concretas de esta modificación se precisarán en los posteriores apartados 437 a 439.
      
       Sobre el décimo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 5, letra b),
            de las Directrices y en la violación del principio de proporcionalidad
       Alegaciones de las partes
      412    En su décimo motivo, invocado con carácter subsidiario, Deltafina reprocha a la Comisión no haber tenido en cuenta, sobre
         la base del número 5, letra b), de las Directrices, el «contexto económico y social del tabaco crudo en España» para reducir
         el importe final de su multa.
      
      413    En apoyo de este motivo, Deltafina manifiesta que el cultivo del tabaco en la Unión Europea conocerá un declive estructural
         a raíz del cese del régimen de las primas previsto por la organización común de mercados en el sector del tabaco. Puntualiza
         que, en 2010, tras un período provisional de cuatro años, se introducirá un nuevo régimen en el que las ayudas a las rentas
         ya no dependerán de la producción del tabaco, sino que estarán vinculadas a objetivos de reconversión y sostenimiento de diversos
         cultivos. Asimismo, indica que, según las previsiones de la Comisión, «el efecto neto del nuevo modelo será una reducción
         muy notable de la producción de tabaco comunitario, con la consiguiente imposibilidad de mantener la mayor parte del empleo
         agrícola extrafamiliar del sector y del de la industria de primera transformación». Añade que las variedades de tabaco cultivadas
         en la Unión no se consideran estratégicas por las industrias manufactureras y pueden ser sustituidas fácilmente por tabaco
         cultivado en terceros países a costes inferiores. Por último, expone que las primas representan actualmente más del 80 % de
         las rentas de los cultivadores.
      
      414    Deltafina añade que, en su Decisión 2003/600/CE, de 2 de abril de 2003, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
         81 [CE] (Asunto COMP/C.38.279/F3 – Carnes de vacuno francesas) (DO L 209, p. 12), la Comisión tomó expresamente en consideración,
         como circunstancia atenuante, el «contexto económico específico» mencionado en el número 5, letra b), de las Directrices.
         Así, en dicho asunto, la Comisión redujo en un 60 % la multa impuesta a cada una de las partes.
      
      415    La Comisión considera que no estaba obligada a tomar en consideración, a la hora de fijar el importe de la multa, el declive
         invocado por Deltafina y que, por lo tanto, el décimo motivo debe desestimarse por infundado.
      
       Apreciación del Tribunal
      416    El número 5, letra b), de las Directrices dispone:
      
      «Según las circunstancias, tras haber realizado los cálculos, conviene tomar en consideración determinados datos objetivos
         como el contexto económico específico, la ventaja económica o financiera que puedan haber obtenido los autores de la infracción
         […], las características específicas de las empresas en cuestión y su capacidad contributiva real en un contexto social específico
         para adaptar, en última instancia, los importes de las multas previstos».
      
      417    Procede considerar que, contrariamente a lo que alega Deltafina, la Comisión no estaba obligada en absoluto a tener en cuenta
         un supuesto declive estructural del cultivo del tabaco en la Unión para reducir el importe final de su multa sobre la base
         del número 5, letra b), de las Directrices, toda vez que dicho declive, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada,
         únicamente constituía un acontecimiento futuro e incierto.
      
      418    Por otra parte, Deltafina no puede invocar la Decisión 2003/600, dado que las circunstancias de dicho asunto no son comparables
         a las del presente caso. Más concretamente, ninguna de las circunstancias excepcionales que la Comisión había tenido en cuenta
         en dicha decisión, con arreglo al número 5, letra b), de las Directrices, estaba presente en el caso de autos. Además, y en
         cualquier caso, conforme a reiterada jurisprudencia, la Comisión dispone en el ámbito de la fijación del importe de las multas
         de una amplia facultad de apreciación, y no está vinculada por las apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, apartado 82).
      
      419    Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el décimo motivo por infundado.
      
       Sobre el undécimo motivo, basado en la violación de los principios de igualdad de trato, de irretroactividad de las penas
            y de protección de la confianza legítima
       Alegaciones de las partes
      420    En su undécimo motivo, invocado con carácter más subsidiario, en primer lugar, Deltafina alega que la Comisión violó el principio
         de protección de la confianza legítima al no limitarse, conforme a su práctica decisoria anterior, a imponerle una multa simbólica.
         En apoyo de esta alegación, aduce que, en la Decisión peróxidos orgánicos, la Comisión impuso a la sociedad AC‑Treuhand una
         multa de sólo 1.000 euros debido a la novedad de su enfoque en la materia, consistente en sancionar no sólo a las empresas
         miembros de un cártel, sino también a aquellas que, sin estar presentes en el mercado de que se trate, organizan o facilitan
         dicho cártel. Alega que de esta Decisión, del comunicado de prensa relativo a ésta y del punto 33 del Informe sobre la política
         de competencia de 2003 (XXXIII Informe sobre la política de competencia – 2003) se deduce que la Comisión únicamente tenía
         intención de apartarse de cara al futuro de su práctica consistente en imponer sólo una multa meramente simbólica en tal supuesto.
         Ahora bien, todas las conductas que se reprochan a Deltafina tuvieron lugar antes del 11 de agosto de 2001, esto es, dos años
         y cuatro meses antes de que se adoptara la Decisión peróxidos orgánicos. 
      
      421    En segundo lugar, Deltafina invoca la violación del principio de igualdad de trato, y señala que el Tribunal ha declarado
         que, «en materia de represión de las infracciones de las normas sobre competencia, la observancia de dicho principio exige
         sin duda que unas empresas que han cometido infracciones de la misma naturaleza en períodos simultáneos se vean expuestas
         a las mismas sanciones legales, con independencia de la fecha necesariamente aleatoria en que se adopte una decisión en su
         contra» y que, «desde este punto de vista, dicho principio está estrechamente vinculado al principio de irretroactividad de
         las penas, que exige que la sanción impuesta a una empresa por una infracción de las normas sobre competencia sea la que estaba
         prevista en el momento en que se cometió la infracción» (sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland
         y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, apartado 70).
      
      422    Habida cuenta de las consideraciones precedentes, Deltafina insta al Tribunal a reducir la multa al importe simbólico de 1.000 euros.
      
      423    La Comisión considera que el undécimo motivo debe desestimarse por infundado.
      
      424    A este respecto, en primer lugar, la Comisión señala que, según la jurisprudencia, la práctica seguida anteriormente en sus
         decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia. En segundo lugar, repite que el
         asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos no es comparable al presente asunto. Por otra parte, señala que ni
         dicha Decisión, ni el comunicado de prensa relativo a la referida Decisión, ni el Informe sobre la política de competencia
         de 2003 (XXXIII Informe sobre la política de competencia – 2003) contienen garantías precisas, incondicionales y concordantes
         en cuanto al hecho de que se impongan multas «especialmente ligeras» por comportamientos tales como los imputados a Deltafina.
      
       Apreciación del Tribunal
      425    En primer lugar, por lo que se refiere a la supuesta violación del principio de protección de la confianza legítima, procede
         considerar que ninguno de los factores invocados por Deltafina podía generarle tal confianza en cuanto a ser sancionada mediante
         una multa meramente simbólica.
      
      426    A este respecto, para empezar, es preciso recordar que la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones
         no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de competencia (véase el anterior apartado 292). El hecho de
         que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla
         de la posibilidad de elevar dicho nivel, dentro de los límites indicados por el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario
         para garantizar la aplicación de la política comunitaria de la competencia (véase, por analogía, la sentencia Musique Diffusion
         française y otros/Comisión, citada en el apartado 120 supra, apartado 109). Además, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente
         que puede ser modificada por la Comisión en el ejercicio de su facultad de apreciación (véase la sentencia del Tribunal de
         Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C‑350/88, Rec. p. I‑395, apartado 33, y la jurisprudencia citada).
         En consecuencia, las empresas implicadas en un procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de una multa
         no pueden invocar una confianza legítima en el hecho de que la Comisión no sobrepasará el nivel de las multas que aplicaba
         con anterioridad (sentencias del Tribunal de 12 de julio de 2001, Tate & Lyle y otros/Comisión, T‑202/98, T‑204/98 y T‑207/98,
         Rec. p. II‑2035, apartado 146, y LR AF 1998/Comisión, citada en el apartado 101 supra, apartado 243).
      
      427    Seguidamente, debe recordarse que el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo
         particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la Administración comunitaria le hizo concebir esperanzas
         fundadas (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 1987, Van den Bergh en Jurgens y Van Dijk Food Products (Lopik)/Comisión,
         265/85, Rec. p. 1155, apartado 44), debiendo puntualizarse que nadie puede invocar la vulneración del citado principio a falta
         de garantías precisas, incondicionales y concordantes, procedentes de fuentes autorizadas y fiables, que le haya dado la Administración
         (véase la sentencia Tokai Carbon y otros/Comisión, citada en el apartado 364 supra, apartado 152, y la jurisprudencia citada).
      
      428    En el presente caso, el hecho de que, en diversas decisiones anteriores a la Decisión peróxidos orgánicos, la Comisión no
         hubiera imputado una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, a empresas que contribuyeron a la puesta en práctica de un
         cártel pero que no operaban en el mercado afectado por la infracción, no podía hacer concebir a Deltafina la esperanza fundada
         de que, en el futuro, no procedería contra tales empresas ni las sancionaría. Como ya ha declarado el Tribunal en los apartados
         163 a 165 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, la reorientación de la práctica decisoria llevada a cabo por la Comisión en la Decisión peróxidos orgánicos se basa en una
         interpretación correcta del alcance de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      429    Esta reorientación de la práctica seguida por la Comisión en sus decisiones era tanto más previsible para Deltafina cuanto
         que existía un precedente, a saber, la Decisión vidrio colado, de 1980. Además, la práctica decisoria de la Comisión posterior
         a 1980 no podía ser razonablemente comprendida como un abandono definitivo del criterio inicial seguido en la Decisión vidrio
         colado. Esta práctica decisoria se limita a no reprobar ni sancionar a las empresas asesoras implicadas, sin rechazar no obstante,
         jurídicamente, la concepción inicialmente seguida en la Decisión vidrio colado (sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en
         el apartado 48 supra, apartado 164).
      
      430    En cuanto a la alegación de Deltafina de que de la Decisión peróxidos orgánicos, del comunicado de prensa relativo a esta
         Decisión y del punto 33 del Informe sobre la política de competencia de 2003 (XXXIII Informe sobre la política de competencia
         – 2003) se deduce que la Comisión declaró, únicamente de cara al futuro, que ya no se limitaría a imponer una multa meramente
         simbólica, sin que fuera necesario determinar si tales textos contenían garantías precisas, incondicionales y concordantes
         en dicho sentido, basta declarar que dichos textos se publicaron más de seis años después de que comenzaran los comportamientos
         que se imputan a Deltafina y más de dos años después de que finalizaran. Por lo tanto, Deltafina no podía creer de ningún
         modo, en el momento en que cometió la infracción de que se trata, que la Comisión sólo le impondría una multa simbólica.
      
      431    Finalmente, como se ha señalado en el anterior apartado 51, la situación de Deltafina en el presente caso no es comparable
         a la de AC‑Treuhand en el asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos. Mientras que AC‑Treuhand era una empresa
         asesora y no operaba en absoluto en el mercado del producto de que se trataba en dicho asunto, como competidor o por el lado
         de la oferta o de la demanda, Deltafina, en cambio, como principal cliente de los transformadores españoles, operaba en un
         mercado situado en la fase inmediatamente posterior a aquella en la que se llevaron a cabo las prácticas restrictivas de la
         competencia. Además, Deltafina estaba presente en el mercado de primera transformación en Italia y mantenía relaciones comerciales
         muy estrechas con algunos de los transformadores españoles.
      
      432    En segundo lugar, en la medida en que Deltafina alega la violación del principio de igualdad de trato, es preciso recordar
         que la práctica seguida por la Comisión en sus decisiones no sirve en sí misma de marco jurídico a las multas en materia de
         competencia (véase el anterior apartado 292).
      
      433    Sin embargo, procede también recordar que, cuando impone tales multas, la Comisión tiene la obligación de respetar los principios
         generales del Derecho, entre los que figura el principio de igualdad de trato.
      
      434    Por consiguiente, las comparaciones realizadas por Deltafina con otras decisiones de la Comisión adoptadas en materia de multas
         sólo pueden ser pertinentes desde el punto de vista del respeto del principio de igualdad de trato si se demuestra que las
         circunstancias de los asuntos que dieron lugar a esas otras decisiones son comparables a las del presente asunto (véase, en
         este sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de enero de 2004, JCB Service/Comisión, T‑67/01, Rec. p. II‑49, apartado 187).
         Pues bien, como ya se ha señalado en los anteriores apartados 51 y 431, la situación de Deltafina en el presente caso no es
         comparable a la de AC‑Treuhand en el asunto que dio lugar a la Decisión peróxidos orgánicos.
      
      435    En tercer lugar, por lo que respecta a la supuesta violación del principio de irretroactividad de las penas, es preciso destacar
         que, como se desprende de los apartados 137 a 150 de la sentencia AC‑Treuhand/Comisión, citada en el apartado 48 supra, toda empresa que haya contribuido a la puesta en práctica de un cártel, incluidas las empresas que no operan en el mercado
         de referencia afectado por la restricción de la competencia, podía razonablemente prever, en el momento en el que se cometió
         la infracción de que se trate, que la prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, le era en principio aplicable.
         Por otra parte, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 426, cualquier empresa implicada en
         un procedimiento administrativo que puede conducir a la imposición de una multa debe tener en cuenta la posibilidad de que,
         en cualquier momento, la Comisión decida aumentar el nivel del importe de las multas respecto del aplicado en el pasado. Por
         lo tanto, al no limitarse a imponer una multa meramente simbólica a Deltafina, la Comisión no violó el principio de irretroactividad
         de las penas.
      
      436    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el undécimo motivo por infundado.
      
       Sobre la determinación del importe final de la multa impuesta a Deltafina
      437    De los anteriores apartados 331 a 336, 410 y 411 se deduce que es preciso modificar la Decisión impugnada, en la medida en
         que la Comisión no demostró suficientemente en dicha Decisión que Deltafina desempeñaba la función de líder del cártel de
         los transformadores. Por ello, la Comisión no podía aumentar en un 50 % el importe de base de la multa de Deltafina en concepto
         de circunstancias agravantes ni tener en cuenta esa supuesta función para reducir sólo en un 10 % el importe de la multa en
         concepto de cooperación.
      
      438    Por lo demás, las consideraciones de la Comisión expuestas en la Decisión impugnada y el método de cálculo de las multas aplicado
         en el presente caso permanecen inalterados.
      
      439    Por lo tanto, el importe final de la multa se calcula como sigue: el importe de base de la multa impuesta a Deltafina (12.000.000
         de euros) se reduce en un 40 % en concepto de circunstancias atenuantes, lo que arroja un importe de 7.200.000 euros antes
         de aplicar la Comunicación sobre la cooperación. Este último importe se reduce en un 15 % en virtud de dicha Comunicación.
         Por consiguiente, el importe final de la multa que se ha de imponer a Deltafina asciende a 6.120.000 euros.
      
       Costas
      440    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al apartado 3, párrafo primero, de este mismo artículo, cuando se
         estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá repartir las costas.
      
      441    En el presente caso, toda vez que el recurso ha sido parcialmente estimado, se hace una justa apreciación de las circunstancias
         del asunto si se decide condenar a Deltafina a cargar con tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes
         de las costas en que haya incurrido la Comisión, y a ésta a cargar con una cuarta parte de sus propias costas y una cuarta
         parte de las costas en que haya incurrido Deltafina.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
      decide:
      1)      Fijar en 6.120.000 euros el importe de la multa impuesta a Deltafina SpA en el artículo 3 de la Decisión C(2004) 4030 final
            de la Comisión, de 20 de octubre de 2004, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 [CE], apartado 1 (asunto
            COMP/C.38.238/B.2 – Tabaco crudo – España).
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Deltafina cargará con tres cuartas partes de sus propias costas y tres cuartas partes de las costas en que haya incurrido
            la Comisión, y ésta cargará con una cuarta parte de sus propias costas y una cuarta parte de las costas en que haya incurrido
            Deltafina.
      
               Czúcz
            
            
               Labucka
            
            
               O’Higgins
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de septiembre de 2010.
      Firmas
      Índice
      
      Antecedentes del litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      1.     Sobre la admisibilidad de los motivos basados en la desviación de poder
      2.     Sobre las pretensiones dirigidas a la anulación de la Decisión impugnada
      Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y del artículo 23, apartado 2, letra a), del
         Reglamento nº 1/2003 y en la violación de los principios de legalidad y de responsabilidad personal, así como en la falta
         de motivación
      
      Sobre las partes primera y segunda, en las que se alega, respectivamente, que la Comisión considera a Deltafina responsable
         de una infracción cometida en un mercado en el que no está presente y que los comportamientos que se imputan a Deltafina no
         están previstos en el artículo 81 CE, apartado 1, ni en el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre la tercera parte, en la que se alega que la Comisión calificó erróneamente a Deltafina de líder del cártel de los transformadores
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre la cuarta parte, en la que se alega que la Comisión no definió el mercado de referencia en la Decisión impugnada
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 27, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003, la vulneración
         del derecho de defensa y del derecho a un proceso justo, la existencia de vicios sustanciales de forma y la violación de los
         principios de legalidad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como en la falta de motivación
      
      Sobre la primera parte, en la que se alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión atribuyó a Deltafina una función distinta
         de la que le reprochaba en el pliego de cargos
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre la segunda parte, en la que se alega que los comportamientos que se reprochan a Deltafina deben ser reprochados, en
         realidad, a su Presidente
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre la tercera parte, en la que se alega que la Comisión denegó a Deltafina el acceso a determinados documentos inculpatorios
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre la cuarta parte, en la que se alega que la Comisión no definió de forma suficientemente clara en el pliego de cargos
         los mercados del producto y geográfico de referencia
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del 81 CE, apartado 1, del artículo 2 del Reglamento nº 1/2003 y del número
         43 de las Directrices relativas al concepto de perjuicio para el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE], así
         como en la falta de motivación
      
      Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      3.     Sobre las pretensiones que tienen por objeto la reducción del importe de la multa
      Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 2 y del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003; del
         número 1, sección A, y del número 5, letra d), de las Directrices y en la violación de los principios de proporcionalidad,
         de «igualdad de trato y de sanciones», así como en la falta de motivación
      
      Resumen de la Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal
      –  Consideraciones generales
      –  Sobre la primera parte, en la que se alega no haber tenido en cuenta el tamaño relativamente pequeño del mercado del producto
      –  Sobre la segunda parte, relativa a la apreciación de las repercusiones concretas de la infracción en el mercado
      –  Sobre la tercera parte, en la que se alega una contradicción entre el considerando 413 de la Decisión impugnada y otros
         considerandos de esta Decisión
      
      –  Sobre la cuarta parte, en la que se alega la calificación errónea de Deltafina como principal comprador de tabaco transformado
         en España
      
      –  Sobre la quinta parte, en la que se alega la falta de motivación relativa a las consecuencias que se han de extraer, en
         relación con la fijación del importe de las multas, de la incertidumbre generada por el marco normativo español y la actitud
         de las autoridades españolas
      
      –  Sobre la sexta parte, en la que se alega no haber tenido en cuenta que Deltafina no participó en las discusiones y negociaciones
         mantenidas entre los transformadores españoles y los representantes de los productores
      
      –  Sobre la séptima parte, en la que se alega la violación del principio de igualdad de trato en la medida en que la Comisión
         se apartó de su práctica anterior
      
      –  Conclusión sobre el cuarto motivo
      Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 1, sección
         B, de las Directrices y en la violación del principio de igualdad de trato
      
      Resumen de la Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el sexto motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 2 de las
         Directrices, así como en la falta de motivación
      
      Resumen de la Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el séptimo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 y del número 3 de la
         Directrices
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el octavo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y del número 5, letra a),
         de las Directrices
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el noveno motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003; de la exposición de
         motivos y del número 4 de las Directrices; de la sección B, letra e), y de la sección D de la Comunicación sobre la cooperación
         y en la violación del principio de igualdad de trato, así como en la falta de motivación
      
      Resumen de la Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el décimo motivo, basado en la infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003, y del número 5, letra b),
         de las Directrices y en la violación del principio de proporcionalidad
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre el undécimo motivo, basado en la violación de los principios de igualdad de trato, de irretroactividad de las penas
         y de protección de la confianza legítima
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal
      Sobre la determinación del importe final de la multa impuesta a Deltafina
      Costas
      * Lengua de procedimiento: italiano.