CELEX: C2002/044/46
Language: es
Date: 2002-02-16 00:00:00
Title: Asunto T-303/01: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2001 por el Ayuntamiento de Osera de Ebro contra la Comisión de las Comunidades Europeas

C 44/26                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      16.2.2002
—    Condene a la Comisión a resarcir los daños consecuentes         La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia:
     y, en particular, los derivados de la pérdida de la cobertura
     de la Caja aseguradora y cualquier ulterior daño moral.
                                                                       —     Anule la Decisión de la Comisión de archivo del expedie-
—    Imponga a la Comisión el pago de las costas causadas y                 nte de queja No 1999/5330.
     honorarios devengados en el presente procedimiento.
                                                                       —     Ordene a la Comisión Europea la adopción de las medidas
                                                                             consistentes en:
Motivos y principales alegaciones
                                                                             1)   Requerir al Gobierno del Reino de España para que
                                                                                  deje sin efecto la variación del trazado relativo al
El demandante, antiguo funcionario de la Comisión, actual-                       Subtramo II (cruce del Rio Ebro) del tramo Zaragoza-
mente jubilado, impugna en este procedimiento la suspensión,                     LLeida de la lı́nea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
con efecto retroactivo, del pago de la asignación familiar                       Barcelona-Frontera Francesa denominada Solución
respecto a una hija suya a cargo. La decisión recurrida se funda                 Sur Alternativa B, declarada como ambientalmente
en el «medio de prueba del que resulta que los rendimientos                       viable por el Consejo de Ministros de 25 de febrero
por trabajo de su hija superan el 40 % del salario base de un                     de 1999 y aprobada por resolución del Secretario
funcionario de grado D4/1».                                                       del Estado de Infraestructuras y Transporte de 17 de
                                                                                  marzo de 1999;
En apoyo de sus pretensiones el demandante alega:
                                                                             2)   Requerir, igualmente al Gobierno del Reino de
—    Desviación de poder que determina que el acto sea                           España para que dicha obra sea ejecutada por
     contrario a Derecho (falta de motivación o motivación                      el único trazado aprobado en debida forma por
     insuficiente, error en la apreciación de las condiciones y                  resolución del Secretario de estado de Polı́tica Terri-
     falseamiento de los hechos).                                                 torial de 24 de febrero de 1995 como Alternativa
                                                                                  Norte;
—    Infracción del art. 2, apartado 5, del anexo VII del
     Estatuto.
                                                                             3)   Y cualquier otra medida que como consecuencia de
                                                                                  las anteriores sea considerada derivada o conexa,
—    Violación del principio de no discriminación.                              incluida la advertencia por la Comisión a las autori-
                                                                                  dades españolas de la adopción de medidas coerciti-
—    Violación del principio de confianza legı́tima y de protec-                 vas si no se da adecuado cumplimiento a los
     ción de los derechos legalmente adquiridos.                                 requerimientos efectuados, incluida la incoación de
                                                                                  un procedimiento de infracción y/o la retirada de
                                                                                  fondos europeos para la financiación de la obra.
                                                                       Motivos y principales alegaciones
Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 2001 por el
Ayuntamiento de Osera de Ebro contra la Comisión de
                  las Comunidades Europeas
                                                                       El demandante expone que es uno de los Ayuntamientos
                                                                       afectados por el trazado de la lı́nea férrea denominada Lı́nea
                       (Asunto T-303/01)
                                                                       de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Frontera Francesa, para
                                                                       cuya realización el Gobierno español obtuvo financiación del
                          (2002/C 44/46)                               Fondo de Cohesión comunitaria (proyecto no 95/11/65/
                                                                       007) (1). En un primer momento, la administración española
                                                                       aprobó el trazado del subtramo II del tramo Zaragoza-Lleida ,
                (Lengua de procedimiento: español)                    que seleccionaba, entre las dos alternativas posibles en Fuentes
                                                                       de Ebro, la «Alternativa Norte», que no afectaba al espacio
                                                                       protegido del Soto de Aguilar, un soto de ribera de gran valor
                                                                       ecológico y faunı́stico situado dentro del término municipal
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                 del demandante. Posteriormente, y pese al informe contrario
Europeas se ha presentado, el 30 de noviembre de 2001 un               de las autoridades competentes en materia medioambiental, el
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas                Gobierno español decidió modificar el trazado inicialmente
formulado por el Ayuntamiento de Osera de Ebro (Zaragoza),             previsto, optando por la denominada «Solución Sur Alterna-
con domicilio en Osera de Ebro (Zaragoza), España, represen-          tiva B», que no sólo es la menos respetuosa con el medio
tado por el letrado en ejercicio D. Javier Ariño Barcelona.           ambiente, sino que, además, es la más costosa.
 ---pagebreak--- 16.2.2002               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 44/27
El 1 de diciembre de 1999, el demandante puso estos hechos               Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia
en conocimiento de la Comisión, solicitando que requiriera al           que:
Gobierno español para que dejara sin efecto la decisión relativa
al trazado «Solución Sur Alternativa B» y optara por la
«Alternativa Norte», y que le advirtiera que, de no cumplirse            —      Anule el Reglamento (CE) no 2199/2001 de la Comisión,
dicho requerimiento, las ayudas comunitarias percibidas debe-                   de 12 de noviembre de 2001 (1).
rı́an ser restituidas (expediente de queja no 1999/5330). Como
consecuencia de esta denuncia, la Comisión invitó al Gobierno
español a exponer su punto de vista y, tras examinar la                 —      Anule el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo, de
respuesta —a la que el demandante no ha tenido acceso, pese                     6 de marzo de 2001 (2), o, con carácter alternativo,
a haberlo solicitado reiteradamente—, la Comisión decidió                     declare que dicho Reglamento no se debe aplicar.
archivar el expediente.
El demandante alega que, contrariamente a lo que indica la               —      Condene a la parte demandada a las costas del proceso,
Comisión, la actuación del Gobierno español ha supuesto la                   en la cuantı́a que se determine posteriormente.
vulneración de la normativa comunitaria, a saber:
—      de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
       1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (2);
—      de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de
       1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales      Motivos y principales alegaciones
       y de la fauna y flora silvestres (3); y
—      de la normativa sobre uso de fondos comunitarios,
       especialmente del Reglamento 1164/94 del Consejo, de
                                                                         Tres de los demandantes son nacionales suecos de origen
       16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de
                                                                         somalı́, y el cuarto es una asociación sin ánimo de lucro que,
       Cohesión (4).
                                                                         entre otras actividades, presta apoyo a refugiados y ayuda a
                                                                         realizar transacciones monetarias entre personas que residen
El demandante estima que ante una vulneración flagrante de la           en Suecia y personas que residen en Somalia.
normativa comunitaria por parte de las autoridades españolas
como la que se pone de relieve en su denuncia, la Comisión
hubiera debido actuar en defensa de la legalidad comunitaria y
que su decisión de archivar el expediente debe en consecuencia
ser anulada.                                                             El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones
                                                                         Unidas aprobó el 15 de octubre de 1999 la Resolución 1267
                                                                         (1999), en la que se establecen sanciones contra los talibanes,
(1) DO C 153 de 18.5.98, p. 172.                                         y cuya aplicación se amplió a Usama bin Laden y las personas
(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1 (Edición especial Capı́tulo 15,         y entidades asociadas con él mediante la Resolución 1333
    tomo 2, p. 125).                                                     (2000). El 6 de marzo de 2001, el Consejo aprobó el
(3) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.                                         Reglamento no 467/2001. Con arreglo a su artı́culo 2, se
(4) DO L 130 de 25.5.1994, p. 1.
                                                                         congelan todos los fondos y demás recursos financieros
                                                                         pertenecientes a cualquier persona fı́sica o jurı́dica, entidad u
                                                                         organismo enumerados en el anexo I. Sobre la base del
                                                                         artı́culo 10 del Reglamento no 467/2001, la Comisión adoptó
                                                                         el Reglamento no 2199/2001. A raı́z de que el Comité de
                                                                         sanciones contra los talibanes del Consejo de Seguridad
Recurso interpuesto el 10 de diciembre de 2001 contra el                 modificara su lista, la Comisión decidió incluir nuevas personas
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las                       y entidades en el anexo I del Reglamento no 467/2001, entre
    Comunidades Europeas por Abdirisak Aden y otros                      ellas, los demandantes.
                        (Asunto T-306/01)
                          (2002/C 44/47)
                                                                         Los demandantes alegan que con el Reglamento no 467/2001,
                                                                         que congela los fondos de los demandantes y prohı́be que se
                   (Lengua de procedimiento: sueco)                      pongan recursos financieros a su disposición, el Consejo se ha
                                                                         excedido en el ejercicio de las competencias que le confieren
                                                                         los artı́culos 60 CE y 301 CE y ha infringido el artı́culo 249
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                   CE. El Consejo no está facultado para imponer sanciones
Europeas se ha presentado el 10 de diciembre de 2001 un                  contra organizaciones o individuos concretos y ha incurrido
recurso contra el Consejo de la Unión Europea y la Comisión            en desviación de poder. Además, en la práctica, el Consejo y la
de las Comunidades Europeas formulado por Abdirisak Aden                 Comisión han delegado en el Comité de sanciones contra los
y otros, representados por los Sres. Leif Silbersky y Thomas             talibanes la decisión de qué personas u organizaciones se han
Olsson, abogados.                                                        de incluir en el anexo I.