CELEX: 62007CO0109
Language: es
Date: 2008-05-14 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de mayo de 2008. # Jonathan Pilato contra Jean-Claude Bourgault. # Petición de decisión prejudicial: Prud’homie de pêche de Martigues - Francia. # Concepto de órgano jurisdiccional nacional - Incompetencia del Tribunal de Justicia. # Asunto C-109/07.

Asunto C‑109/07
      Jonathan Pilato
      contra
      Jean-Claude Bourgault
      (Petición de decisión prejudicial planteada por la prud’homie de pêche de Martigues)
      «Concepto de órgano jurisdiccional nacional — Incompetencia del Tribunal de Justicia»
      Sumario del auto
      Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo
            234 CE — Concepto
      (Art. 234 CE)
      Para apreciar si un órgano remitente posee el carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 234 CE, cuestión
         que depende únicamente del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia deberá tener en cuenta un conjunto de elementos, como
         son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del
         procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia. 
      
      En lo relativo, más precisamente, a la independencia del órgano de remisión, esta exigencia supone que dicho órgano ha de
         estar protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus
         miembros de los litigios que se les sometan. Tales garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas,
         especialmente en lo referente a la composición del órgano, al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición,
         recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta
         a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los
         intereses en litigio. A este respecto, para considerar satisfecho el requisito relativo a la independencia del órgano de remisión,
         la jurisprudencia exige, en particular, que los supuestos de cese de los miembros de dicho órgano estén previstos en disposiciones
         legales expresas.
      
      No puede considerarse que la prud’homie de pêche de Martigues (Francia) cumpla el requisito relativo a la independencia del
         órgano de remisión y, de este modo, no constituye un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE. En efecto, por
         una parte, los prud’hommes pêcheurs están sujetos, al menos en algunas de sus actividades, a la tutela de la administración.
         Por otra parte, no parece que el cese de los prud’hommes pêcheurs esté sujeto a garantías particulares que disipen toda duda
         legítima sobre la impermeabilidad de dicho órgano a elementos exteriores. 
      
      (véanse los apartados 22 a 25, 28, 30 y 31)
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 14 de mayo de 2008 (*)
      
      «Concepto de órgano jurisdiccional nacional – Incompetencia del Tribunal de Justicia»
      En el asunto C‑109/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la prud’homie de
         pêche de Martigues (Francia), mediante resolución de 17 de diciembre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de
         febrero de 2007, en el procedimiento entre
      
      Jonathan Pilato
      y
      Jean-Claude Bourgault,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano (Ponente), A. Borg Barthet, E. Levits y J.-J. Kasel,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      oído el Abogado General;
      dicta el siguiente
      Auto
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación y validez del artículo 11 bis Reglamento (CE) nº 894/97 del Consejo, de 29 de abril de 1997, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de
         conservación de los recursos pesqueros (DO L 132, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1239/98 del Consejo,
         de 8 de junio de 1998 (DO L 171, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 894/97»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre dos patrones de buques de pesca matriculados en el distrito marítimo
         de Martigues, respectivamente los Sres. Pilato y Bourgault, en relación con el empleo por este último de un arte de pesca
         denominado «thonaille».
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El artículo 11 bis del Reglamento nº 894/97 establece:
      
      «1.      A partir del 1 de enero de 2002, ningún buque podrá llevar a bordo ni faenar con una o más redes de enmalle de deriva destinadas
         a la captura de las especies enumeradas en el anexo VIII.
      
      2.      A partir del 1 de enero de 2002, queda prohibido desembarcar las especies enumeradas en el anexo VIII que hayan sido capturadas
         con redes de enmalle de deriva.
      
      3.      Hasta el 31 de diciembre de 2001, los buques podrán llevar a bordo y faenar con una o más redes de enmalle de deriva de las
         citadas en el apartado 1 si han recibido autorización para ello de las autoridades competentes del Estado miembro bajo cuya
         bandera navegan. [...]
      
      [...]»
      4        Entre las especies enumeradas en el anexo VIII de este Reglamento figura, en particular, el atún rojo. 
      
       Normativa nacional
      5        La prud’homie de pêche de Martigues se rige por el Decreto de 19 de noviembre de 1859, por el que se regula la pesca costera
         en el quinto distrito marítimo, en su versión modificada por el Decreto nº 90‑95, de 25 de enero de 1990 (JORF de 27 de enero
         de 1990, p. 1155; en lo sucesivo, «Decreto de 1859»).
      
      6        Según el artículo 5 del Decreto de 1859, serán miembros de las comunidades de prud’hommes los patrones pescadores que hayan
         ejercido la profesión durante un año en la circunscripción de la prud’homie a la que solicitan pertenecer. 
      
      7        Según el artículo 7 de este Decreto, los prud’hommes se eligen entre los miembros de la comunidad que hayan ejercido la pesca
         durante diez años. 
      
      8        El artículo 17 de dicho Decreto establece: 
      
      «Los prud’hommes pêcheurs tienen las siguientes competencias: 
      1.      Conocen, de modo exclusivo y sin posibilidad de recurso de apelación, revisión o casación, de todos los conflictos entre pescadores
         surgidos a raíz de hechos y faenas de pesca y de sus disposiciones reguladoras, en el ámbito de su jurisdicción.
      
      Como consecuencia de ello y con el fin de evitar en todo lo posible las disputas, daños y accidentes, se ocupan especialmente,
         bajo la autoridad del comisario de la Inscription maritime (Administración de asuntos marítimos):
      
      De regular el uso, por los pescadores, del mar y de las divisiones del dominio público marítimo.
      De determinar los puestos, turnos, sorteos o concesiones, bases y puntos de partida destinados a cada tipo de pesca. 
      De establecer el orden para que los pescadores calen sus redes de día y de noche. 
      De determinar el horario diurno y nocturno en que determinadas pescas deberán alternarse. 
      Finalmente, de adoptar todas las medidas necesarias de orden y prevención que, por su variedad y multiplicidad, no están previstas
         en el presente Decreto. 
      
      2.      Administran los negocios de la comunidad. 
      3.      Intervienen, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley de 9 de enero de 1852, en la investigación y comprobación de las infracciones
         en materia de pesca costera.»
      
      9        El artículo 18 del Decreto 1859 establece que los prud’hommes, antes de asumir sus funciones, deberán prestar ante el juez
         de paz de su lugar de residencia el siguiente juramento: 
      
      «Juro desempeñar fielmente mis funciones de prud’homme pêcheur y hacer cumplir puntualmente los reglamentos sobre la pesca
         costera, acatar las órdenes de mis superiores y denunciar las infracciones de los reglamentos sin intentar perjudicar o favorecer
         a los infractores.»
      
      10      El artículo 22 del Decreto de 1859, que versa sobre el cese de los prud’hommes, tiene el siguiente tenor literal: 
      
      «Los prud’hommes pêcheurs podrán ser cesados por el director de la Inscription maritime, tras una investigación realizada
         por el administrador de la Inscription maritime. 
      
      El ministro responsable de la Marina mercante, a propuesta del director de la Inscription maritime, podrá disolver la prud’homie. [...]
      El prud’homme cesado no podrá ser reelegido hasta tres años después de la fecha de su cese. 
      [...]»
      11      El artículo 24 del Decreto de 1859, que regula el procedimiento contradictorio ante la prud’homie de pêche, establece, entre
         otros, que las deliberaciones de los prud’hommes son secretas. 
      
      12      El artículo 25, párrafo primero, del Decreto de 1859 establece que «las sentencias de los prud’hommes serán inmediatamente
         ejecutivas».
      
      13      A tenor del artículo 26 del Decreto de 1859:
      
      «El administrador de la Inscription maritime o su delegado asistirán a las sesiones y deliberaciones del tribunal cuando lo
         consideren oportuno, aunque sólo para cerciorarse de su correcto desarrollo.»
      
      14      Finalmente, el artículo 27 del Decreto de 1859 establece: 
      
      «Cuando dos tribunales de prud’hommes pretendan conocer del mismo asunto, el conflicto de jurisdicción se trasladará por vía
         jerárquica al director de la Inscription maritime.»
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      15      De la resolución de remisión se desprende que el 12 de junio de 2006, el primer prud’homme de la prud’homie de pêche de Martigues
         constató, a bordo del buque del Sr. Bourgault, la existencia de un arte de pesca denominado «thonaille» con que este último
         había capturado 15 atunes rojos. 
      
      16      El 6 de diciembre de 2006, el Sr. Pilato presentó ante la prud’homie de pêche de Martigues una reclamación contra el Sr. Bourgault
         en la que sostenía que dado que la «thonaille» es una red de enmalle de deriva en el sentido del artículo 11 bis del Reglamento nº 894/97, su utilización está prohibida. El Sr. Pilato alegó entonces que la captura por parte del Sr. Bourgault
         de quince ejemplares de atún rojo con un arte de pesca prohibido le perjudicaba en la medida en que se comercializó pescado
         capturado mediante artes ilícitas, con costes inferiores a los de la pesca practicada en condiciones legales. Por estos motivos,
         solicitó a la prud’homie de pêche de Martigues que se pronunciara sobre la indemnización del perjuicio irrogado por la competencia
         desleal practicada por el Sr. Bourgault. 
      
      17      El 17 de diciembre de 2007, en la vista ante la prud’homie de pêche de Martigues, el Sr. Bourgault, reconociendo los hechos
         que se le imputaban, por una parte negó que la «thonaille» fuera una «red de enmalle de deriva» en el sentido del artículo
         11 bis del Reglamento nº 894/97, y por otra parte cuestionó la validez de esta disposición. 
      
      18      En estas circunstancias la prud’homie de pêche de Martigues decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales: 
      
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 11 bis del [Reglamento nº 894/97] en el sentido de que también prohíbe la utilización de redes de enmalle que no derivan o que apenas
         lo hacen por estar amarradas a un ancla flotante?
      
      2)      ¿Es válido el artículo 11 bis, apartados 1 y 2, del [Reglamento nº 894/97] en la medida en que:
      
      a)      parece perseguir un objetivo estrictamente medioambiental, aun cuando su base jurídica es el artículo [43 CE (actualmente
         artículo 37 CE)];
      
      b)      no ofrece una definición de red de enmalle de deriva y por ello no delimita claramente su ámbito de aplicación;
      c)      carece de motivación clara;
      d)      no tiene en cuenta los datos científicos y técnicos disponibles, las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones
         de la Comunidad, ni las ventajas y las cargas que resultan de la prohibición que establece;
      
      e)      carece de proporcionalidad en relación con la finalidad que persigue;
      f)      es discriminatorio, dado que trata de la misma manera situaciones geográficas, económicas y sociales distintas;
      g)      no establece ninguna excepción en favor de quienes practican la pesca a pequeña escala mediante el arte denominado “thonaille”,
         que, aparte de ser tradicional en el Mediterráneo y de ser el medio de vida de la población que la emplea, es muy selectiva?»
      
       Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
      19      Con carácter preliminar, debe comprobarse si la prud’homie de pêche de Martigues es un «órgano jurisdiccional» en el sentido
         del artículo 234 CE y, en consecuencia, si el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre las cuestiones que
         se le plantean.
      
      20      En efecto, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, sin plantear formalmente una excepción
         de incompetencia, expresan ciertas dudas sobre el carácter jurisdiccional del órgano remitente, teniendo en cuenta, en particular,
         los requisitos para cesar a los prud’hommes pêcheurs, el contenido del juramento que éstos deben prestar antes de asumir sus
         funciones así como el hecho de que la prud’homie deba realizar algunas de sus funciones bajo la autoridad del comisario de
         la Inscription maritime.
      
      21      El Gobierno francés alega en cambio que la prud’homie de pêche de Martigues cumple todos los criterios establecidos por la
         jurisprudencia comunitaria para ser calificada de «órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros» en el sentido del
         artículo 234 CE y, en particular, el relativo a la independencia del órgano remitente.
      
      22      Cabe recordar a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar si el órgano remitente posee el carácter
         de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 234 CE, cuestión que depende únicamente del Derecho comunitario, el
         Tribunal de Justicia deberá tener en cuenta un conjunto de elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia,
         el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del órgano
         de normas jurídicas, así como su independencia (véanse, en particular, las sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch
         Consult, C‑54/96, Rec. p. I‑4961, apartado 23; de 31 de mayo de 2005, Syfait y otros, C‑53/03, Rec. p. I‑4609, apartado 29,
         así como de 14 de junio de 2007, Häupl, C‑246/05, Rec. p. I‑4673, apartado 16). 
      
      23      En lo relativo, más precisamente, a la independencia del órgano de remisión, esta exigencia supone que dicho órgano ha de
         estar protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus
         miembros de los litigios que se les sometan (sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson, C‑506/04, Rec. p. I‑8613, apartado
         51 y jurisprudencia allí citada).
      
      24      El Tribunal de Justicia también ha precisado que tales garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de
         reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a
         las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables
         en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad
         con respecto a los intereses en litigio (véanse, en este sentido, las sentencias, Dorsch Consult, antes citada, apartado 36;
         de 4 de febrero de 1999, Köllensperger y Atzwanger, C‑103/97, Rec. p. I‑551, apartados 20 a 23; de 29 de noviembre de 2001,
         De Coster, C‑17/00, Rec. p. I‑9445, apartados 18 a 21, así como Wilson, antes citada, apartado 53). A este respecto, para
         considerar satisfecho el requisito relativo a la independencia del órgano de remisión, la jurisprudencia exige, en particular,
         que los supuestos de cese de los miembros de dicho órgano estén previstos en disposiciones legales expresas (véanse, en este
         sentido, las sentencias Köllensperger y Atzwanger, antes citada, apartado 21, así como de 30 de mayo de 2002, Schmid, C‑516/99,
         Rec. p. I‑4573, apartado 41).
      
      25      En el caso de autos, de la lectura del Decreto de 1859 así como de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se
         desprende que los prud’hommes pêcheurs están sujetos, al menos en algunas de sus actividades, a la tutela de la administración.
         
      
      26      En efecto, el artículo 17, apartado 1, del Decreto de 1859 establece expresamente que los prud’hommes pêcheurs ejercen una
         serie de funciones «bajo la autoridad del comisario de la Inscription maritime». Un miembro de esta misma administración,
         en virtud del artículo 27 de este Decreto, es también competente para resolver los posibles conflictos de jurisdicción entre
         varias prud’homies de pêche.
      
      27      Además, procede destacar que el artículo 18 de dicho Decreto exige que los prud’hommes pêcheurs presten un juramento en que
         se comprometen, en particular, a «acatar las órdenes de sus superiores».
      
      28      Por otra parte, no parece que el cese de los prud’hommes pêcheurs esté sujeto a garantías particulares que disipen toda duda
         legítima sobre la impermeabilidad de dicho órgano a elementos exteriores. 
      
      29      Así, de acuerdo con el artículo 22 del Decreto de 1859, el director de la Inscription maritime puede cesar a los prud’hommes
         pêcheurs tras una mera investigación previa, sin que este artículo u otro de este decreto precise los motivos por los que
         podría pronunciarse dicho cese. 
      
      30      En esta situación, no puede considerarse que la prud’homie de pêche de Martigues cumpla el requisito relativo a la independencia
         del órgano de remisión, tal como está definido en la jurisprudencia recordada en los apartados 23 y 24 del presente auto.
         
      
      31      De las anteriores consideraciones resulta que la prud’homie de pêche de Martigues no constituye un órgano jurisdiccional en
         el sentido del artículo 234 CE. En consecuencia, en aplicación de los artículos 92, apartado 1, y 103, apartado 1, del Reglamento
         de Procedimiento, procede declarar que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para resolver las cuestiones
         planteadas. 
      
       Costas
      32      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante la prud’homie
         de pêche de Martigues, corresponde a ésta resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
         litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) resuelve:
      El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es manifiestamente incompetente para responder a las cuestiones planteadas
            por la prud’homie de pêche de Martigues mediante resolución de 17 de diciembre de 2006. 
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.