CELEX: C2006/086/12
Language: es
Date: 2006-04-08 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), de  25 de octubre de 2005 , en el asunto C-229/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contra Klaus Conrads, Frank Schulzke y Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke ( Protección de los consumidores — Contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales — Contrato de préstamo ligado a la adquisición de un bien inmueble en virtud de un contrato celebrado por venta a domicilio — Derecho de revocación )

8.4.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 86/7
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Segunda)
   de 25 de octubre de 2005
   en el asunto C-229/04 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG contra Klaus Conrads, Frank Schulzke y Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (1)
   
   («Protección de los consumidores - Contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales - Contrato de préstamo ligado a la adquisición de un bien inmueble en virtud de un contrato celebrado por venta a domicilio - Derecho de revocación»)
   (2006/C 86/12)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-229/04, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Alemania), mediante resolución de 27 de mayo de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2004, en los procedimientos entre Crailsheimer Volksbank eG y Klaus Conrads, Frank Schulzke y Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J. Makarczyk y C. Gulmann (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. P. Kūris, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal, ha dictado el 25 de octubre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               Los artículos 1 y 2 de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, deben interpretarse en el sentido de que, cuando un tercero intervenga en nombre o por cuenta de un comerciante en la negociación o celebración de un contrato, la aplicación de la Directiva no puede supeditarse al requisito de que el comerciante supiera o hubiera debido saber que el contrato se había celebrado en una operación de venta a domicilio contemplada en el artículo 1 de dicha Directiva.
            
         
               2)
            
            
               La Directiva 85/577, y en particular su artículo 5, apartado 2, no se opone a que:
               
                           —
                        
                        
                           el consumidor que haya hecho uso de su derecho de revocación con arreglo a dicha Directiva deba devolver al prestamista el importe del préstamo a pesar de que, de acuerdo con la fórmula diseñada para la inversión de capital, el préstamo esté destinado exclusivamente a la financiación de la adquisición del bien inmueble y se abone directamente al vendedor de dicho bien;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           se exija la devolución inmediata del importe del préstamo;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           una normativa nacional establezca que el consumidor, en caso de revocación de un contrato de crédito con garantía real, está obligado no sólo a devolver las cantidades percibidas en virtud de dicho contrato, sino también a abonar al prestamista los intereses normales de mercado.
                        
                     No obstante, en una situación en la que, si el Banco hubiera cumplido su obligación de informar al consumidor de su derecho de revocación, éste habría podido evitar exponerse a los riesgos inherentes a inversiones como las controvertidas en los asuntos principales, el artículo 4 de la Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que su legislación proteja a los consumidores que no hayan podido evitar tales riesgos, mediante la adopción de medidas que puedan evitarles soportar las consecuencias del acaecimiento de dichos riesgos.
            
         
      (1)  DO C 201, de 7.8.2004.