CELEX: 62003CV0001
Language: es
Date: 2006-02-07 00:00:00
Title: Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 7 de febrero de 2006. # Competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. # Dictamen 1/03.

DICTAMEN 1/03 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno)
      de 7 de febrero de 2006
      «Competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento
         y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil»
      
      Índice
      Exposición del contexto de la solicitud de dictamen
      Disposiciones pertinentes del Tratado CE
      Instrumentos comunitarios existentes en la fecha de la solicitud de dictamen
      El Reglamento (CE) nº 44/2001
      El Convenio de Bruselas
      El Convenio de Lugano
      Sinopsis histórica de los trabajos preparatorios relativos al acuerdo previsto
      Objeto del acuerdo previsto y solicitud de dictamen del Consejo
      Observaciones escritas de los Estados miembros y de las instituciones
      Sobre la admisibilidad de la solicitud
      Sobre el fondo
      Sobre la existencia de una competencia externa explícita
      Sobre la existencia de una competencia externa implícita
      Sobre la existencia de una competencia exclusiva basada en los principios elaborados en la sentencia AETC
      – Determinación del ámbito pertinente
      – La «cláusula de desconexión»
      – La identidad entre las disposiciones del acuerdo previsto y las normas comunitarias internas
      Observaciones orales de los Estados miembros y de las instituciones
      Sobre la primera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      Sobre la segunda cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      Sobre la tercera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      Sobre la cuarta cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      Dictamen del Tribunal de Justicia
      Sobre la admisibilidad de la solicitud
      Sobre el fondo
      Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales
      Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano
      – Sobre las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales
      – Sobre las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
      En el procedimiento de dictamen 1/03,
      que tiene por objeto una solicitud de dictamen presentada, con arreglo al artículo 300 CE, apartado 6, el 5 de marzo de 2003,
         por el Consejo de la Unión Europea,
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Pleno),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas (Ponente), K. Schiemann, J. Makarczyk y
         J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric, los Sres. S. von Bahr
         y J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet,
         M. Ilešič, J. Klučka, U. Lõhmus y E. Levits, Jueces;
      
      Secretarios: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto, y Sra. M.-F. Contet, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de octubre de 2004;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre del Consejo de la Unión Europea, por los Sres. J. Schutte et J.‑P. Hix, en calidad de agentes;
      –       en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Molde, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. W.-D. Plessing y A. Dittrich y la Sra. A. Tiemann, en calidad de agentes;
      –       en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. A. Samoni-Rantou y S. Chala, en calidad de agentes;
      –       en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Abraham y G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;
      –       en nombre de Irlanda, por los Sres. D. O’Hagan y J. Gormley, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. P. Sreenan, SC, y
         la Sra. N. Hyland, BL; 
      
      –       en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. S. Terstal, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. S. Królak, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Fernandes y la Sra. R. Correia, en calidad de agentes;
      –       en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Guimaraes-Purokoski, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno sueco, por el Sr. A. Kruse, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. R. Caudwell, en calidad de agente, asistida por el Sr. A. Dashwood, Barrister;
      –       en nombre del Parlamento Europeo, por los Sres. H. Duintjer Tebbens y A. Caiola, en calidad de agentes;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. J. Iglesias Buhigues, la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr.
         M. Wilderspin, en calidad de agentes;
      
      habiendo oído en reunión con carácter reservado, el 15 de abril de 2005, al Sr. L.A. Geelhoed, Primer Abogado General, y a
         los Sres. F.G. Jacobs, P. Léger, D. Ruiz-Jarabo Colomer y A. Tizzano, a las Sras. C. Stix-Hackl y J. Kokott y al Sr. M. Poiares
         Maduro, Abogados Generales;
      
      emite el siguiente
      Dictamen
      1       La solicitud se refiere a la competencia exclusiva o compartida de la Comunidad Europea para celebrar el nuevo Convenio relativo
         a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, destinado
         a sustituir al actual Convenio de Lugano (en lo sucesivo, «acuerdo previsto» o «nuevo Convenio de Lugano»).
      
      2       A tenor del artículo 300 CE, apartado 6, «el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrán solicitar
         el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con las disposiciones del presente
         Tratado. Cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sea negativo, el acuerdo sólo podrá entrar en vigor en las condiciones
         establecidas en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea».
      
       Exposición del contexto de la solicitud de dictamen
       Disposiciones pertinentes del Tratado CE 
      3       La Tercera Parte del Tratado CE incluye el título I V, introducido por el Tratado de Ámsterdam y modificado por el Tratado
         de Niza, que contiene la base jurídica para la adopción, entre otras normas, de la legislación comunitaria en el ámbito de
         la cooperación judicial en materia civil.
      
      4       A este respecto, el articulo 61 CE, letra c), dispone lo siguiente:
      «A fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, el Consejo adoptará:
      […]
      c)      medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, de conformidad con el artículo 65».
      5       El artículo 65 CE tiene el siguiente tenor:
      «Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que se adopten de conformidad
         con lo dispuesto en el artículo 67 y en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán:
      
      a)      mejorar y simplificar:
      –      el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y extrajudiciales;
      –      la cooperación en la obtención de pruebas;
      –      el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, incluidos los extrajudiciales;
      b)      fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción;
      c)      eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad
         de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.»
      
      6       El artículo 67 CE, apartado 1, dispone lo siguiente:
      «Durante un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el Consejo decidirá
         por unanimidad, a propuesta de la Comisión o a iniciativa de un Estado miembro y previa consulta al Parlamento Europeo.»
      
      7       Debe observarse asimismo que, a tenor del artículo 69 CE, «la aplicación del [título IV de la Tercera Parte del Tratado CE]
         quedará sometida a lo dispuesto en el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda así como al Protocolo sobre
         la posición de Dinamarca […]». Como se desprende de los textos respectivos de ambos Protocolos, el Protocolo sobre la posición
         de Dinamarca (en lo sucesivo, «Protocolo danés») funciona de manera distinta a la del Protocolo sobre la posición del Reino
         Unido y de Irlanda. En efecto, éste permite al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a Irlanda quedar vinculados,
         si lo desean, por instrumentos adoptados sobre la base del artículo 61 CE, letra c), sin estar obligados, no obstante, a renunciar
         al Protocolo como tal. En cambio, no se ofrece esta opción al Reino de Dinamarca. Por consiguiente, los reglamentos adoptados
         sobre la base del citado título IV en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil no vinculan a Dinamarca ni son
         aplicables respecto a este Estado.
      
      8       El artículo 293 CE (antiguo artículo 220 del Tratado CE), incluido en la Sexta Parte del Tratado, que contiene las disposiciones
         generales y finales, establece lo siguiente:
      
      «Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales:
      [...]
      –       la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones
         judiciales y de los laudos arbitrales.»
      
      9       Otras disposiciones del Tratado se han utilizado como base jurídica de instrumentos comunitarios sectoriales que contienen
         reglas de competencia con carácter accesorio. El Consejo cita, a modo de ejemplo, el título X del Reglamento (CE) nº 40/94
         del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), basado en el artículo 235 del Tratado CE
         (actualmente artículo 308 CE), y el artículo 6 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
         de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1),
         basada en los artículos 57, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 47 CE, apartado 2, tras su modificación) y 66
         del Tratado CE (actualmente artículo 55 CE).
      
       Instrumentos comunitarios existentes en la fecha de la solicitud de dictamen
       El Reglamento (CE) nº 44/2001
      10     El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
         y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), establece un régimen general
         de competencia judicial y de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales aplicable en la Comunidad en materia civil
         y mercantil.
      
      11     Dicho Reglamento sustituyó, entre todos los Estados miembros excepto Dinamarca, al Convenio relativo a la competencia judicial
         y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968
         (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), sobre la base del artículo 220, cuarto guión, del Tratado
         CEE (convertido en artículo 220, cuarto guión, del Tratado CE y posteriormente en artículo 293 CE, cuarto guión), modificado
         por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran
         Bretaña e Irlanda del Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el
         Convenio de 25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO
         1989, L 285, p. 54), por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa
         (DO L 285, p. 1) y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República
         de Finlandia y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). 
      
      12     De conformidad con el Protocolo danés, el Reglamento nº 44/2001 no se aplica a Dinamarca. En cambio, en virtud del artículo
         3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, estos Estados miembros notificaron su deseo de participar
         en la adopción y en la aplicación de dicho Reglamento.
      
      13     El Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Reglamento nº 44/2001 en las condiciones definidas en los artículos
         68 CE y 234 CE.
      
       El Convenio de Bruselas
      14     Dado que, en virtud del Protocolo danés, el Reglamento nº 44/2001 no vincula al Reino de Dinamarca y no le es aplicable, continúa
         aplicándose el Convenio de Bruselas a las relaciones entre dicho Estado miembro y los Estados vinculados por el Reglamento
         nº 44/2001. No obstante, es necesario señalar que el 19 de octubre de 2005 se firmó en Bruselas un Acuerdo entre la Comunidad
         Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales
         en materia civil y mercantil, firma que fue aprobada en nombre de la Comunidad por la Decisión 2005/790/CE del Consejo, de
         20 de septiembre de 2005 (DO L 299, p. 61), a reserva de una decisión del Consejo sobre la celebración de dicho Acuerdo.
      
      15     Por otra parte, el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 está limitado por el artículo 299 CE, que define el ámbito
         de aplicación territorial del Tratado, mientras que el Convenio de Bruselas, como convenio de Derecho internacional, se extiende
         a determinados territorios de ultramar que pertenecen a distintos Estados miembros. Se trata, en el caso de la República Francesa,
         de los territorios de ultramar y Mayotte y, en el caso de los Países Bajos, de Aruba, sin que ello afecte a los demás Estados
         miembros. Por tanto, el citado Convenio sigue aplicándose en lo que a estos territorios se refiere.
      
      16     De conformidad con el Protocolo relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre
         de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo
         el 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 28), el Tribunal de Justicia es competente
         para la interpretación del Convenio de Bruselas.
      
       El Convenio de Lugano
      17     El Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
         firmado en Lugano el 16 de septiembre de 1988 (DO L 319, p. 9; en lo sucesivo, «Convenio de Lugano»), es consecuencia de la
         creación de la Asociación Europea de Libre Comercio (en lo sucesivo, «AELC») y del establecimiento entre los Estados contratantes
         de ésta y los Estados miembros de la Unión Europea de un sistema análogo al del Convenio de Bruselas. Dicho Convenio fue ratificado
         por los Estados afectados a excepción del Principado de Liechtenstein. Debido a la posterior adhesión a la Unión Europea de
         varios Estados miembros de la AELC, actualmente los únicos Estados contratantes que no son miembros de la Unión Europea son
         la República de Islandia, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza, a los que se añadió la República de Polonia, que ratificó
         el citado Convenio el 1 de noviembre de 1999, si bien este Estado se convirtió en miembro de la Unión Europea el 1 de mayo
         de 2004. 
      
      18     El Convenio de Lugano es paralelo al Convenio de Bruselas, en el sentido de que su objetivo consiste en que se aplique en
         las relaciones entre un Estado parte del Convenio de Bruselas y un Estado miembro de la AELC que sea parte del Convenio de
         Lugano, así como en las relaciones entre los Estados miembros de la AELC que sean parte del Convenio de Lugano inter se, un régimen que, con algunas excepciones, es el mismo que establece el Convenio de Bruselas.
      
      19     El Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Convenio de Lugano. No obstante, el Protocolo nº 2, sobre la
         interpretación uniforme del Convenio, estableció un mecanismo de intercambio de información respecto a las resoluciones judiciales
         dictadas en virtud del Convenio, y tanto los Estados miembros de la Unión Europea como los Estados que no son miembros de
         ésta han firmado declaraciones para que se interpreten del modo más uniforme posible dicho Convenio y las disposiciones del
         Convenio de Bruselas que son equivalentes a las de aquél. Por otra parte, el Protocolo nº 3 del Convenio de Lugano, relativo
         a la aplicación del artículo 57 de éste, prevé que si, a juicio de un Estado contratante, una disposición de un acto de las
         instituciones comunitarias no fuera compatible con este Convenio, los Estados contratantes considerarán sin demora la posibilidad
         de enmendarlo, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento establecido en el citado Protocolo nº 2.
      
       Sinopsis histórica de los trabajos preparatorios relativos al acuerdo previsto
      20     En una sesión celebrada los días 4 y 5 de diciembre de 1997, el Consejo facultó a un grupo ad hoc integrado por los representantes de los Estados miembros de la Unión y de la República de Islandia, el Reino de Noruega y
         la Confederación Suiza para que iniciase trabajos con el fin de realizar una revisión paralela de los Convenios de Bruselas
         y de Lugano. Las negociaciones tenían esencialmente un doble objetivo, a saber, modernizar el régimen de ambos Convenios y
         eliminar las divergencias entre ellos.
      
      21     La misión del citado grupo ad hoc se basaba en el artículo 220 del Tratado CE y sus trabajos terminaron en abril de 1999. Dicho grupo alcanzó, en efecto, un
         acuerdo sobre un texto para revisar los Convenios de Bruselas y de Lugano. Este acuerdo fue ratificado en el plano político
         por el Consejo en su sesión nº 2184, celebrada los días 27 y 28 de mayo de 1999 (Documento 7700/99 JUSTCIV 60, de 30 de abril
         de 1999).
      
      22     Tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que otorgó a la Comunidad nuevas competencias relativas a la cooperación
         judicial en materia civil, ya no era posible incorporar las modificaciones propuestas por el grupo ad hoc al régimen del Convenio de Bruselas mediante una revisión de este Convenio basada en el artículo 293 CE. Por tanto, el 14
         de julio de 1999, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Reglamento con el fin de incorporar al Derecho comunitario
         el resultado de los trabajos de dicho grupo. Así, el 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó, sobre la base de los artículos
         61 CE, letra  c), y 67 CE, apartado 1, el Reglamento nº 44/2001, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002.
      
      23     En cuanto al Convenio de Lugano, el 22 de marzo de 2002 la Comisión presentó una recomendación de decisión del Consejo por
         la que se la autorizase a iniciar negociaciones para la adopción de un convenio entre la Comunidad y Dinamarca, por una parte,
         habida cuenta del Protocolo sobre su posición, e Islandia, Noruega, Suiza y Polonia, por otra, sobre la competencia judicial,
         el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que sustituyera al Convenio de Lugano
         de 16 de septiembre de 1988 [documento SEC(2002) 298 final].
      
      24     En su sesión nº 2455, que tuvo lugar los días 14 y 15 de octubre de 2002, el Consejo autorizó a la Comisión a iniciar negociaciones
         para la adopción del nuevo Convenio de Lugano, con independencia de que la celebración de éste sea competencia exclusiva de
         la Comunidad o competencia compartida entre ésta y los Estados miembros. Adoptó asimismo directrices de negociación.
      
      25     En su sesión nº 2489, que se celebró los días 27 y 28 de febrero de 2003, el Consejo decidió someter la presente solicitud
         de dictamen al Tribunal de Justicia.
      
       Objeto del acuerdo previsto y solicitud de dictamen del Consejo
      26     En los puntos 8 a 12 de su solicitud de dictamen, el Consejo describe el objeto del acuerdo previsto como sigue:
      «8      El acuerdo previsto establecería un nuevo Convenio (de Lugano) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
         ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. El objeto y el contenido del acuerdo previsto derivan de las directrices
         de negociación, las cuales se refieren al texto de la revisión (doc. 7700/99) y al Reglamento nº 44/2001 del Consejo y cuyo
         objetivo es ajustar, en la medida de lo posible, las disposiciones sustanciales del acuerdo previsto a las disposiciones del
         Reglamento nº 44/2001.
      
      9      El punto 1 de las directrices de negociación establece en efecto que convendría que el acuerdo previsto incorpore el texto
         de la revisión acordado por el Consejo de 27 y 28 de mayo de 1999 y que el texto de los títulos II a V del acuerdo debería
         adaptarse para permitir, en la medida de lo posible, una correspondencia con el texto del Reglamento nº 44/2001, dando por
         entendido que los textos del acuerdo y sus protocolos deberán adaptarse a fin de reflejar el hecho de que la Comunidad será
         Parte Contratante.
      
      10      Se prevé, pues, que las disposiciones sustanciales del acuerdo previsto se presenten de la siguiente forma:
      –             El título I sobre el ámbito de aplicación debería incorporar el texto del artículo 1 del texto de la revisión.
      –             El título II sobre la competencia judicial debería, en la medida de lo posible, guardar correspondencia con el capítulo II
         del Reglamento nº 44/2001. No obstante, el apartado 5 del artículo 12 bis del texto de la revisión figuraría, llegado el caso, en lugar de la disposición del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento
         nº 44/2001.
      
      –             El título III sobre el reconocimiento y la ejecución debería, en la medida de lo posible, guardar correspondencia con el capítulo III
         del Reglamento nº 44/2001. No obstante, la disposición sobre el beneficio de justicia gratuita contendría un segundo apartado.
      
      –             El título IV sobre los documentos públicos con fuerza ejecutiva y las transacciones judiciales debería, en la medida de lo
         posible, guardar correspondencia con el capítulo IV del Reglamento nº 44/2001.
      
      –             El título V, que contiene las disposiciones generales, debería, en la medida de lo posible, guardar correspondencia con las
         disposiciones del capítulo V del Reglamento nº 44/2001.
      
      11      El punto 2 de las directrices de negociación se refiere a las disposiciones de los títulos VII y siguientes del acuerdo previsto.
      –             La letra a) del punto 2 de las directrices de negociación estipula que “el Convenio deberá completarse, a fin de que establezca
         las relaciones con el Derecho comunitario y, en particular, con el Reglamento nº 44/2001. En este sentido, debería aplicarse
         el sistema ya previsto en el artículo 54 ter(sic) del Convenio de Lugano de 1988. Concretamente, las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocerán y ejecutarán
         en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho comunitario.”
      
      –             Las letras b) y c) del punto 2 de las directrices de negociación se refieren a los acuerdos relativos a materias particulares
         y a los acuerdos de no reconocimiento.
      
      –             Las letras d) y e) del punto 2 de las directrices de negociación disponen que el acuerdo previsto ha de contener disposiciones
         que permitan solucionar la situación particular de Dinamarca, de los territorios franceses de ultramar y de las Antillas Neerlandesas
         y Aruba. Mientras que el Reglamento nº 44/2001 no se aplica ni a Dinamarca, ni a los territorios franceses de ultramar, ni
         tampoco a las Antillas Neerlandesas y a Aruba, el acuerdo previsto debería en principio aplicarse a tales países y territorios,
         al igual que el Convenio de Lugano de 1988.
      
      –             La letra f) del punto 2 de las directrices de negociación dispone que el acuerdo previsto sólo podrá entrar en vigor previa
         ratificación por al menos dos Partes contratantes. A reserva de la aplicación de las disposiciones transitorias y de su entrada
         en vigor con respecto a las Partes contratantes de que se trate, el acuerdo previsto sustituirá entre las Partes contratantes
         en cuestión al Convenio de Lugano de 1988.
      
      12      El texto de la revisión prevé, además, algunas modificaciones de las disposiciones finales del Convenio de Lugano de 1988,
         en particular las relativas a la adhesión al Convenio, así como de las disposiciones de los Protocolos nos 1, 2 y 3 anejos al Convenio.» 
      
      27     La solicitud de dictamen del Consejo tiene la siguiente formulación:
      «La celebración del nuevo Convenio de Lugano sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
         judiciales en materia civil y mercantil, tal como se contempla en los apartados 8 a 12 del presente informe explicativo, ¿es
         enteramente competencia exclusiva de la Comunidad o es competencia compartida entre la Comunidad y los Estados miembros?»
      
      28     En la vista, el Consejo precisó que la cuestión de la competencia para celebrar acuerdos internacionales relativos a la cooperación
         judicial en materia civil, en el sentido del artículo 65 CE, se plantea con frecuencia en la práctica y que los Estados miembros
         están divididos al respecto. A su juicio, en su solicitud de dictamen no sostenía la tesis de la competencia exclusiva ni
         la de la competencia compartida, sino que se esforzó en analizar lo más correctamente posible los distintos aspectos de la
         jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
      
       Observaciones escritas de los Estados miembros y de las instituciones
      29     Con arreglo al artículo 107, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, la solicitud de dictamen fue notificada
         a la Comisión y al Parlamento, que han presentado observaciones. En virtud del artículo 24, párrafo segundo, del Estatuto
         del Tribunal de Justicia, éste instó asimismo a los Estados miembros a que se pronunciasen sobre la solicitud de dictamen.
         Así, han presentado observaciones escritas los Gobiernos alemán, helénico, español y francés, por Irlanda y por los Gobiernos
         italiano, neerlandés, portugués, finlandés, sueco y del Reino Unido.
      
       Sobre la admisibilidad de la solicitud
      30     El Consejo, apoyado por los Gobiernos español, francés y finlandés, por el Parlamento y por la Comisión, estima que procede
         admitir la solicitud de dictamen.
      
      31     En efecto, afirma que la solicitud se atiene a lo que exige el artículo 107, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del
         Tribunal de Justicia, según el cual «el dictamen podrá referirse tanto a la compatibilidad del acuerdo proyectado con las
         disposiciones del Tratado CE como a la competencia de la Comunidad o de una de sus Instituciones para celebrarlo». Por lo
         que respecta al concepto de la distribución de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros, el Consejo sostiene
         que, según jurisprudencia reiterada, procede admitir una solicitud de dictamen relativa a la cuestión de si un acuerdo está
         comprendido íntegramente dentro de la competencia exclusiva de la Comunidad o dentro de la competencia compartida entre esta
         última y los Estados miembros (dictamen 2/00, de 6 de diciembre de 2001, Rec. p. I‑9713, apartado 19). El Consejo subraya
         que ése es, precisamente, el objeto de la cuestión por él planteada.
      
      32     Por otra parte, para comprobar si el acuerdo de que se trata está «previsto» en el sentido del artículo 300 CE, apartado 6,
         debe recordarse que, según el Tribunal de Justicia, basta que se conozca el objeto del acuerdo (dictamen 2/94, de 28 de marzo
         de 1996, Rec. p. I‑1759, apartado 11). El Consejo considera que ello se cumple en el caso objeto de examen, ya que las directrices
         de negociación determinan suficientemente el objeto y el contenido del citado acuerdo, así como las materias que debe regular.
      
       Sobre el fondo
      33     En su solicitud de dictamen, el Consejo expone los tres aspectos de la cuestión de la competencia de la Comunidad para celebrar
         el acuerdo previsto. En primer lugar, examina la posible existencia de una competencia externa explícita, en segundo lugar,
         la posible existencia de una competencia externa implícita y, por último, el carácter eventualmente exclusivo de esta competencia.
      
       Sobre la existencia de una competencia externa explícita
      34     El Consejo, apoyado a este respecto por todos los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia,
         por el Parlamento y la Comisión, señala que la materia del acuerdo previsto está comprendida en el ámbito de aplicación de
         los artículos 61 CE, letra c), y 67 CE. Precisa que esta base jurídica no prevé explícitamente una competencia externa de
         la Comunidad.
      
       Sobre la existencia de una competencia externa implícita
      35     Según el Consejo, todos los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, el Parlamento
         y la Comisión, para determinar si existe una competencia externa implícita, es pertinente referirse al dictamen 1/76, de 26
         de abril de 1977 (Rec. p. 741), concretado por el dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. I‑5267), cuyo contenido
         fue sintetizado por el Tribunal de Justicia en las sentencias denominadas «cielo abierto», de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Dinamarca
         (C‑467/98, Rec. p. I‑9519), apartado 56; Comisión/Suecia (C‑468/98, Rec. p. I‑9575), apartado 53; Comisión/Finlandia (C‑469/98,
         Rec. p. I‑9627), apartado 57; Comisión/Bélgica (C‑471/98, Rec. p. I‑9681), apartado 67; Comisión/Luxemburgo (C‑472/98, Rec.
         p. I‑9741), apartado 61; Comisión/Austria (C‑475/98, Rec. p. I‑9797), apartado 67, y Comisión/Alemania (C‑476/98, Rec. p. I‑9855),
         apartado 82.
      
      36     Dichas partes exponen que, según el principio establecido en el dictamen 1/76, antes citado, la competencia externa implícita
         existe no sólo en todos aquellos casos en que ya se ha utilizado la competencia interna para adoptar medidas relativas a la
         realización de las políticas comunes, sino también si las medidas comunitarias internas no se adoptan hasta el momento de
         la celebración y de la entrada en vigor del acuerdo internacional. Así pues, la competencia para obligar a la Comunidad frente
         a Estados terceros puede desprenderse de manera implícita de las disposiciones del Tratado que establecen la competencia interna,
         siempre que la participación de la Comunidad en el acuerdo internacional sea necesaria para la consecución de uno de los objetivos
         de ésta (véanse el dictamen 1/76, antes citado, apartados 3 y 4, y las sentencias «cielo abierto», antes citadas, en particular
         la sentencia Comisión/Dinamarca, apartado 56).
      
      37     Recuerdan que, en su jurisprudencia posterior, el Tribunal de Justicia precisó, en relación con la existencia de una competencia
         implícita exclusiva, que el supuesto previsto en el dictamen 1/76, antes citado, es aquel en que la competencia interna únicamente
         puede ejercitarse adecuadamente al mismo tiempo que la competencia externa (dictamen 1/94, antes citado, apartado 89), de
         modo que la celebración del acuerdo internacional sea necesaria para realizar los objetivos del Tratado que no puedan alcanzarse
         mediante el establecimiento de normas autónomas (formulación utilizada en las sentencias «cielo abierto», antes citadas, en
         particular, Comisión/Dinamarca, apartado 57). Según la expresión empleada por el Tribunal de Justicia en el apartado 86 del
         citado dictamen 1/94, la consecución del objetivo de la Comunidad debe estar «indisolublemente ligada» a la celebración del
         acuerdo internacional.
      
      38     El Consejo señala que la Comunidad ya ha adoptado normas internas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y
         a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, lo cual, a su juicio, justifica la competencia implícita
         de aquélla para celebrar el acuerdo previsto. A este respecto, cita el Reglamento nº 44/2001 y también, a modo de ejemplo,
         el título X del Reglamento nº 40/94 y el artículo 6 de la Directiva 96/71. 
      
      39     El Consejo puntualiza que ni los Estados miembros ni la Comisión han invocado la necesidad de celebrar el acuerdo previsto.
         El Parlamento considera que tal necesidad no existe. En efecto, la cooperación judicial en materia civil a que se refiere
         el artículo 65 CE bien podría limitarse a medidas dirigidas únicamente a los órganos jurisdiccionales y a las autoridades
         de los Estados miembros, sin que dichas medidas afecten a las relaciones con los Estados terceros, como indica el citado artículo,
         cuyo tenor precisa que las medidas previstas se adoptarán «en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado
         interior».
      
      40     Según el Gobierno alemán, debe descartarse, en cualquier caso, tal necesidad, ya que la normativa interna no impone la participación
         simultánea de Estados terceros.
      
      41     El Gobierno helénico, que sostiene que la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales
         en materia civil y mercantil constituyen tres ámbitos autónomos que sólo en parte están cubiertos por el Reglamento nº 44/2001,
         estima que la parte de cada uno de estos ámbitos que no abarca este Reglamento no está indisolublemente ligada a la celebración
         de un convenio internacional. Afirma que alegar lo contrario iría en contra de la autonomía del Derecho procesal internacional.
         Considera que, por tanto, al ser una normativa comunitaria parcial, dicho Reglamento no crea una competencia externa exclusiva
         sobre la base de los criterios establecidos en el dictamen 1/76, antes citado.
      
      42     Los Gobiernos finlandés y del Reino Unido sostienen que la celebración del acuerdo previsto no es indisociable del ejercicio
         de la competencia comunitaria interna. Este último Gobierno invoca como prueba de ello el hecho de que el Convenio de Lugano
         se celebrara diez años después de la firma del Convenio de Bruselas, y la adopción del Reglamento nº 44/2001, que tuvo lugar
         mucho antes que la actualización del Convenio de Lugano, no suscitara ningún reparo.
      
       Sobre la existencia de una competencia exclusiva basada en los principios elaborados en la sentencia AETC
      43     Según el Consejo, todos los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, el Parlamento
         y la Comisión, la jurisprudencia pertinente para apreciar el carácter exclusivo o no de la competencia externa implícita de
         la Comunidad es la sentencia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, denominada «AETC» (22/70, Rec. p. 263), concretada
         por los dictámenes 2/91, de 19 de marzo de 1993 (Rec. p. I‑1061), y 1/94, antes citado. El Tribunal de Justicia resumió su
         postura en las sentencias «cielo abierto», antes citada, distinguiendo tres hipótesis.
      
      44     Los apartados 17 y 18 de la sentencia AETC, antes citada, están redactados como sigue:
      «17      que, en particular, cada vez que la Comunidad, con el fin de aplicar una política común prevista por el Tratado, adopta disposiciones
         que establecen normas comunes, en la forma que sea, los Estados miembros ya no tienen la facultad, bien actúen individual
         o incluso colectivamente, de contraer con Estados terceros obligaciones que afecten a dichas normas;
      
      18      que, en efecto, a medida que se establecen estas normas comunes, sólo la Comunidad puede asumir y ejecutar, con efecto para
         todo el ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico comunitario, los compromisos contraídos frente a Estados terceros».
      
      45     Los apartados 81 a 84 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, tienen el siguiente tenor:
      «81      Es necesario determinar además en qué circunstancias puede verse afectado o alterado el alcance de las normas comunes por
         las obligaciones internacionales consideradas y, por tanto, en qué condiciones adquiere la Comunidad una competencia externa
         como consecuencia del ejercicio de su competencia interna.
      
      82      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se da el caso cuando las obligaciones internacionales están comprendidas
         dentro del ámbito de aplicación de las normas comunes (sentencia AETC, antes citada, apartado 30) o, en cualquier caso, dentro
         de un ámbito ya cubierto en gran medida por tales normas (dictamen 2/91, antes citado, apartado 25). En este supuesto, el
         Tribunal de Justicia ha declarado que los Estados miembros no pueden contraer obligaciones internacionales al margen de las
         instituciones comunes, aunque no exista ninguna contradicción entre éstas y las normas comunes (dictamen 2/91, antes citado,
         apartados 25 y 26).
      
      83      Así pues, cuando la Comunidad ha incluido en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse
         a los nacionales de países terceros o ha conferido expresamente a sus instituciones competencia para negociar con los países
         terceros, adquiere una competencia externa exclusiva en la medida cubierta por dichos actos (dictámenes […] 1/94, [antes citado,]
         apartado 95, y 2/92, [de 24 de marzo de 1995, Rec. p. I‑521,] apartado 33).
      
      84      Lo mismo sucede, aunque no exista una cláusula expresa que faculte a sus instituciones para negociar con países terceros,
         cuando la Comunidad haya llevado a cabo una armonización completa en un ámbito determinado, ya que las normas comunes así
         adoptadas podrían verse afectadas, en el sentido de la sentencia AETC, antes citada, si los Estados miembros conservaran libertad
         de negociación con los países terceros (véanse los dictámenes, antes citados, 1/94, apartado 96, y 2/92, apartado 33).»
      
      46     El Gobierno del Reino Unido pide al Tribunal de Justicia que reconsidere el principio enunciado en el apartado 82 de la sentencia
         Comisión/Dinamarca, antes citada, por motivos basados en los principios generales del Tratado que regulan los límites de las
         competencias de la Comunidad y en la coherencia interna de la jurisprudencia sobre el efecto de un acuerdo internacional en
         el sentido de la sentencia AETC, antes citada.
      
      47     Dicho Gobierno alega, en primer lugar, que el segundo elemento del criterio establecido por el Tribunal de Justicia en el
         apartado 82 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite al apartado 25 del dictamen 2/91, antes citado, a
         saber, la expresión «en cualquier caso, dentro de un ámbito ya cubierto en gran medida por normas comunes», no es claro ni
         preciso, lo cual genera incertidumbre y es inaceptable en materia de limitación de las competencias de los Estados miembros,
         siendo así que, con arreglo al artículo 5 CE, párrafo primero, la Comunidad sólo dispone de competencias de atribución.
      
      48     En segundo lugar, señala que dicho elemento del criterio es difícilmente conciliable con los supuestos especiales de afectación,
         en el sentido de la sentencia AETC, antes citada, expuestos como ejemplos de este segundo elemento en los apartados 83 y 84
         de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada. Precisa que este elemento no es pertinente para determinar si se produce
         un efecto en el sentido de la citada sentencia AETC cuando se insertan en un acto cláusulas relativas al trato de nacionales
         de Estados terceros, ya que la exclusividad de la competencia se circunscribe a las materias específicas que regula ese acto.
         A juicio de este Gobierno, resulta aplicable más bien el primer elemento del criterio general, es decir, la expresión «cuando
         las obligaciones internacionales están comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las normas comunes». Lo mismo puede
         afirmarse del tercer supuesto, relativo a la realización de una armonización completa, lo cual descarta necesariamente que
         el ámbito de que se trate sólo esté cubierto «en gran medida» por normas comunitarias. El Gobierno del Reino Unido considera
         que el abandono de dicho elemento del criterio permitiría definir con mayor precisión el efecto en el sentido de la sentencia
         AETC, antes citada, garantizando al mismo tiempo el respeto por los Estados miembros de su deber de cooperación leal cuando
         actúan en el ámbito internacional.
      
      49     Examinando el primer supuesto definido en el apartado 83 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite a los
         apartados 95 del dictamen 1/94, antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, «cuando la Comunidad ha incluido
         en sus actos legislativos internos cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de países terceros»,
         el Consejo, apoyado por los Gobiernos alemán y francés, considera que tal supuesto no se da en el caso del Reglamento nº 44/2001.
         En efecto, de los artículos 2 y 4 de éste se desprende que el criterio pertinente para la aplicación de dicho Reglamento es
         el domicilio y no la nacionalidad.
      
      50     El Gobierno italiano señala que es posible abogar por la extensión implícita del Reglamento nº 44/2001 a los nacionales de
         países terceros, dado que el artículo 4 de éste dispone que, en relación con las personas que no están domiciliadas en la
         Comunidad, la competencia se regula por la ley de cada Estado miembro, y los artículos 32 a 37 de dicho Reglamento establecen
         un sistema de reconocimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros.
      
      51     La Comisión estima que el Reglamento nº 44/2001 contiene «cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales
         de países terceros», en la medida en que los artículos 2 y 4 del citado Reglamento determinan que éste sea aplicable en las
         relaciones entre Estados, más allá de las fronteras externas de la Comunidad, sin ningún límite geográfico ni ninguna limitación
         del ámbito de aplicación personal.
      
      52     La Comisión afirma que, por tanto, el Reglamento nº 44/2001 incorpora las reglas de competencia territorial de los Estados
         miembros por lo que respecta a los demandados domiciliados fuera de la Comunidad, lo cual justifica la competencia exclusiva
         de ésta para celebrar el acuerdo previsto.
      
      53     El Gobierno sueco sostiene que una norma que regula la cooperación judicial en materia civil no va dirigida directamente a
         los particulares, sino a los órganos jurisdiccionales que deben aplicarla. En consecuencia, el factor decisivo en cuanto al
         ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001 no es que un nacional de un país tercero esté o no comprendido en el ámbito
         de aplicación de sus disposiciones, sino que el órgano jurisdiccional tenga su sede en la Unión.
      
      54     Examinando el segundo supuesto definido en el apartado 83 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, que remite a los
         apartados 95 del dictamen 1/94, antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, cuando la Comunidad «ha conferido
         expresamente a sus instituciones competencia para negociar con los países terceros», el Consejo, apoyado al menos de manera
         implícita por la mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, estima que tal
         supuesto no se da en este caso.
      
      55     La Comisión señala que el Consejo la ha autorizado regularmente a llevar a cabo negociaciones internacionales para incluir
         en instrumentos internacionales disposiciones relativas a las reglas de competencia internacional y al reconocimiento y ejecución
         de resoluciones, sin que los Estados miembros hayan pretendido nunca negociar solos las reglas de competencia aplicables a
         los demandados domiciliados fuera del territorio de los Estados miembros.
      
      56     Por otra parte, el Gobierno italiano, el Parlamento y la Comisión recuerdan la diferencia existente entre el tenor del artículo
         71, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, según el cual «el presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados
         miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución
         de las resoluciones», y el del artículo 57, apartado 1, del Convenio de Bruselas, según el cual «el presente Convenio no afectará
         los convenios en que los Estados contratantes fueren o llegaren a ser parte y que, en materias particulares, regularen la
         competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones». De la supresión de las palabras «o llegaren a
         ser parte» en el artículo 71 deducen que dicho Reglamento se basa implícitamente en la premisa de que la Comunidad es la única
         competente para celebrar acuerdos que se refieran de manera general a materias de carácter civil o mercantil. Según el Parlamento,
         esta interpretación se impone tanto más en el caso del Convenio de Lugano, que cubre por completo el ámbito abarcado por el
         citado Reglamento.
      
      57     El Gobierno portugués rechaza tal deducción. Sostiene que el tenor del artículo 71 del Reglamento nº 44/2001 muestra que las
         normas contenidas en éste siempre prevalecerán sobre cualesquiera otras normas de convenios generales que regulen las mismas
         situaciones. Afirma que, en todo caso, el acuerdo previsto regula en principio situaciones a las que no se aplica el citado
         Reglamento. 
      
      58     Por último, examinando el tercer supuesto previsto en el apartado 84 de la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, que
         remite a los apartados 96 del dictamen 1/94, antes citado, y 33 del dictamen 2/92, antes citado, a saber, «cuando la Comunidad
         haya llevado a cabo una armonización completa en un ámbito determinado», el Consejo toma en consideración, en primer lugar,
         la determinación del ámbito pertinente, en segundo lugar, la posible repercusión de la «cláusula de desconexión» del acuerdo
         previsto y, en tercer lugar, la posible repercusión de la identidad entre las disposiciones del acuerdo previsto y las normas
         comunitarias internas.
      
      –       Determinación del ámbito pertinente
      59     Para determinar el ámbito pertinente, el Consejo, al igual que la mayor parte de los Estados miembros que han presentado observaciones
         ante el Tribunal de Justicia, afirma que no basta con atenerse al título del ámbito, sino que es preciso comparar concretamente
         los ámbitos de aplicación material, personal y territorial del Reglamento nº 44/2001 con los del acuerdo previsto y comprobar
         si las estipulaciones de éste afectan a las normas contenidas en la normativa comunitaria. Sin embargo, el Gobierno italiano
         señala que el Tribunal de Justicia nunca ha llevado a cabo una apreciación de la repercusión de los compromisos internacionales
         contraídos por los Estados miembros sobre las disposiciones comunitarias, sino que siempre se ha limitado a comparar los ámbitos
         cubiertos, por una parte, por un acuerdo internacional y, por otra, por la normativa comunitaria.
      
      60     Varios de los citados Gobiernos señalan que el alcance del ámbito de que se trata debe analizarse teniendo en cuenta la base
         jurídica del Reglamento nº 44/2001 y el artículo 65 CE. Recuerdan que, según esta disposición, la Comunidad es competente
         para adoptar medidas «en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior». Irlanda y el Gobierno
         portugués observan asimismo que la expresión utilizada en dicho artículo, letra b), no es «aproximar las normas», sino «fomentar
         la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción», lo que, a
         su juicio, da a entender que no existe una atribución interna global en materia de competencia, de reconocimiento y de ejecución,
         sino que tal atribución está sujeta a un análisis casuístico. El Gobierno sueco pone de manifiesto también la diferencia existente
         entre reconocimiento mutuo y armonización de las normas materiales y sostiene que, a falta de tal armonización, no se puede
         obligar a un Estado miembro a extender a países terceros un sistema de reconocimiento de resoluciones judiciales sin que ese
         Estado miembro haya expresado su conformidad en considerar que el sistema jurídico de dicho país tercero se ajusta a exigencias
         de seguridad jurídica tales que le permitan renunciar a la tutela que dispensa a sus propios nacionales.
      
      61     En cambio, el Gobierno italiano considera que las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 establecen un régimen completo en
         el ámbito de la competencia judicial, del reconocimiento y de la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
         Afirma que esta interpretación se ve confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Convenio de Bruselas,
         según la cual éste ha establecido un procedimiento de exequátur que constituye un sistema autónomo y completo, incluso en
         el ámbito de los posibles recursos (sentencia de 2 de julio de 1985, Brasserie du Pêcheur, 148/84, Rec. p. 1981, apartado
         17). Por consiguiente, concluye el Gobierno italiano, la competencia para celebrar el acuerdo previsto corresponde exclusivamente
         a la Comunidad.
      
      62     El Parlamento sostiene que el concepto de ámbito sólo debe abarcar el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 44/2001
         y que no es pertinente tomar en consideración su ámbito de aplicación personal y territorial. Concluye que el acuerdo previsto
         se inscribe íntegramente en el objeto de dicho Reglamento, a saber, un conjunto de normas para determinar, en los litigios
         transfronterizos, la competencia judicial y los requisitos de reconocimiento y de ejecución en los Estados vinculados por
         el acuerdo y por el Reglamento de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y que, por tanto, la Comunidad
         es competente con carácter exclusivo para su celebración.
      
      63     Según la Comisión, el acuerdo previsto está comprendido íntegramente en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001,
         ya que todas las situaciones contempladas en el acuerdo ya están incluidas en el ámbito de las normas comunes cuyo objetivo
         es evitar los conflictos negativos o positivos de competencia. En efecto, es preciso considerar que, aunque remitan al Derecho
         nacional, las reglas de competencia son normas comunitarias. Asimismo, los casos de incompetencia de los órganos jurisdiccionales
         de la Comunidad no son lagunas o vacíos que un Estado miembro pueda colmar, sino opciones definitivas del legislador comunitario.
      
      64     Por lo que respecta al ámbito cubierto por el capítulo II del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia de los órganos
         jurisdiccionales de los Estados miembros, el Consejo y la mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante
         el Tribunal de Justicia recuerdan el texto del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, según el cual, «si el demandado
         no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este
         Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23». De ello infieren que este Reglamento
         puede interpretarse en el sentido de que su capítulo II sólo se aplica, en principio, cuando el demandado está domiciliado
         en el territorio de un Estado miembro y que, salvo algunas excepciones, los Estados miembros siguen siendo competentes para
         determinar la competencia de sus órganos jurisdiccionales cuando el demandado no está domiciliado en la Comunidad. A su juicio,
         por tanto, el acuerdo previsto no invade el ámbito de la norma comunitaria.
      
      65     El Gobierno francés señala que podría considerarse que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 realiza una delegación
         de competencia de la Comunidad a los Estados miembros, lo que justificaría la competencia comunitaria. Sin embargo, manifiesta
         su desacuerdo con esta interpretación y, al igual que el Gobierno del Reino Unido, destaca que esta disposición tiene valor
         declaratorio dado que extrae la consecuencia del artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento, que restringe la aplicación
         de la regla general de competencia a los demandados domiciliados en un Estado miembro. A su juicio, esta interpretación se
         ve confirmada por el uso del indicativo en el noveno considerando del citado Reglamento, según el cual «los demandados no
         domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio
         del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda […]».
      
      66     El Gobierno finlandés rechaza igualmente la tesis de que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 equivalga a
         la adopción de normas comunes en el sentido de la sentencia AETC, antes citada. Si bien es cierto que, en la sentencia de
         10 de febrero de 1994, Mund & Fester (C‑398/92, Rec. p. I‑467), el Tribunal de Justicia declaró que tanto el Convenio de Bruselas
         como las disposiciones nacionales a las que remite están vinculados al Tratado, en el asunto que dio lugar a aquella sentencia
         no se trataba de la interpretación del artículo 4 de dicho Convenio (que corresponde al artículo 4 del citado Reglamento),
         sino de una situación en la cual ambas partes tenían su domicilio en un Estado contratante de este Convenio. Por otro lado,
         el hecho de que una disposición remita al Tratado no significa automáticamente que las cuestiones relativas al ámbito de aplicación
         de esta disposición correspondan a la competencia de la Comunidad, ya que el Tratado no se limita a traspasar una determinada
         competencia a la Comunidad, sino que establece asimismo las obligaciones que los Estados miembros deben respetar cuando ejercen
         su propia competencia (véase, en particular, la sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido, C‑466/98, Rec.
         p. I‑9427, apartado 41). Por último, el Gobierno finlandés afirma que los convenios celebrados por los Estados miembros en
         materia de competencia judicial también están incluidos en el concepto de «ley de un Estado miembro» utilizado en el artículo
         4, apartado 1, del mismo Reglamento y que no está justificado considerar que sólo mediante la incorporación a éste de una
         determinada norma puede la Comunidad haber adquirido la competencia exclusiva de celebrar acuerdos internacionales en las
         materias comprendidas dentro del ámbito de aplicación de dicha norma. 
      
      67     El Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia señalan
         que el Reglamento nº 44/2001 prevé algunos casos en los cuales, como excepción al principio que figura en el artículo 4, apartado
         1, de éste, la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros es determinada por las disposiciones de
         este Reglamento, aun cuando el demandado no esté domiciliado en el territorio de un Estado miembro. Se trata:
      
      –       de las competencias exclusivas a que se refiere el artículo 22 (por ejemplo, litigios relativos a derechos inmobiliarios,
         a la validez de las decisiones de personas jurídicas, a la validez de la inscripción en registros públicos, litigios en materia
         de ejecución de resoluciones);
      
      –       de la prórroga de competencia a que se refiere el artículo 23 (en caso de celebración de un acuerdo atributivo de competencia);
      –       de las disposiciones de competencia que protegen a una parte considerada más débil:
      –      en materia de seguros (artículo 9, apartado 2)
      –      en materia de contratos celebrados por un consumidor (artículo 15, apartado 2)
      –      en materia de contratos individuales de trabajo (artículo 18, apartado 2);
      –       de las disposiciones relativas a la litispendencia y a la conexidad (artículos 27 a 30).
      68     Según el Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, el
         acuerdo previsto puede, en la medida de estas excepciones, alterar la parte del Reglamento nº 44/2001 relativa a la competencia
         de los órganos judiciales. Así, el Gobierno alemán estima que las reglas de competencia previstas por este acuerdo pueden
         alterar o modificar el alcance de las reglas de competencia de dicho Reglamento y que, por lo que respecta a algunas partes
         del nuevo Convenio de Lugano, existe, por tanto, una competencia exclusiva de la Comunidad. No obstante, el Gobierno portugués
         sostiene que la excepción no permite cuestionar la regla y que no es necesario, a este respecto, prever todas las situaciones
         en las que eventualmente podría surgir una competencia exclusiva de la Comunidad.
      
      69     A juicio del citado Gobierno, lo mismo sucedería con una cláusula como la del artículo 54 ter, apartado 2, del Convenio de Lugano, que prevé determinados supuestos en los cuales el acuerdo previsto es de aplicación en
         todo caso (supuestos de competencia exclusiva, de prórroga de competencia, de litispendencia y de conexidad y, en materia
         de reconocimiento y ejecución, cuando bien el Estado de origen o bien el Estado requerido no sea miembro de la Comunidad).
      
      70     Según afirma, dicha cláusula puede afectar al ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001. Así, las reglas del acuerdo
         previsto relativas a las competencias exclusivas imponen la competencia de un órgano jurisdiccional de un país tercero, aun
         cuando el demandado esté domiciliado en la Comunidad. Sin embargo, estos casos excepcionales no pueden afectar, a su juicio,
         al alcance general del citado Reglamento y justificar una competencia exclusiva de la Comunidad.
      
      71     A este respecto, Irlanda formula tres observaciones. En primer lugar, considera que resulta difícil saber en qué situación
         concreta una disposición como el artículo 54 ter, apartado 2, del Convenio de Lugano puede implicar un conflicto entre el Reglamento nº 44/2001 y el acuerdo previsto, dado
         que todas las situaciones previstas por dicha disposición quedan fuera del ámbito de aplicación de este Reglamento. En segundo
         lugar, afirma que, puesto que esta disposición es idéntica al citado artículo 54 ter, apartado 2, en su versión vigente actualmente y la Comunidad será parte del nuevo Convenio de Lugano, que debería ser un
         acuerdo mixto, no se puede afirmar que los Estados miembros contraigan con Estados terceros obligaciones que afectan a normas
         comunitarias. Por tanto, la situación es distinta de aquella en la que un Estado miembro contrae obligaciones con Estados
         terceros sin la participación de la Comunidad. Por último, señala que la única consecuencia de que una cláusula como el citado
         artículo 54 ter, apartado 2, produzca un efecto sobre normas comunitarias es que la Comunidad tenga una competencia exclusiva para negociar
         únicamente esta disposición, y que los Estados miembros siguen siendo competentes respecto a las demás disposiciones del acuerdo
         previsto. 
      
      72     Por lo que se refiere a la competencia de los tribunales, el Parlamento sostiene que el Reglamento nº 44/2001 no se aplica
         únicamente a los litigios supuestamente intracomunitarios. En efecto, este Reglamento es asimismo aplicable cuando ante un
         órgano jurisdiccional de un Estado miembro se presente una demanda contra un demandado domiciliado fuera de la Comunidad.
         Según el Parlamento, fue el legislador comunitario quien estableció la regla de competencia contenida en el artículo 4 de
         dicho Reglamento y los Estados miembros no son competentes para modificarla. A lo sumo, pueden modificar sus leyes nacionales
         aplicables mediante autorización comunitaria. A su juicio, en consecuencia, el alcance del citado artículo 4 se verá, pues,
         alterado por el acuerdo previsto, ya que los demandados domiciliados en los Estados contratantes del Convenio de Lugano ya
         no podrán serlo ante un tribunal de un Estado miembro en virtud de las reglas nacionales de competencia, mientras que, con
         arreglo al citado artículo 4, éstas pueden en principio ser invocadas contra cualquier demandado domiciliado fuera de la Comunidad.
      
      73     Aplicando el mismo razonamiento que el Parlamento, la Comisión estima que el hecho de que el Reglamento nº 44/2001 resulte
         afectado constituye precisamente el objeto de la negociación. Por lo que se refiere a las reglas de competencia, el acuerdo
         previsto tiene necesariamente como consecuencia neutralizar la regla contenida en el artículo 4 de dicho Reglamento, que confiere
         una competencia residual a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro con respecto a los demandados domiciliados en
         un Estado que no sea miembro de la Comunidad pero sí parte del Convenio de Lugano. A su juicio, el citado artículo 4 se vería
         afectado si los Estados miembros pudieran pactar tales cláusulas para extender el efecto de dicho artículo a otros Estados
         terceros. 
      
      74     En consecuencia, la Comisión rechaza las alegaciones que justifican la existencia de una competencia de los Estados miembros
         sobre la base del artículo 4 del Reglamento nº 44/2001. En primer lugar, sostiene, siendo apoyada por el Parlamento, que la
         regla contenida en dicho artículo fue establecida por el legislador comunitario y que, por tanto, los Estados miembros ya
         no son competentes para decidir que, en sus relaciones con los Estados, ya no sean aplicables las leyes nacionales, sino otras
         normas. En segundo lugar, señala que cualquier regla de competencia negociada en el marco del acuerdo previsto que fuera aplicable
         contra demandados domiciliados fuera de la Comunidad afectaría a las reglas de competencia armonizadas, dado que el objetivo
         de éstas es evitar los conflictos positivos o negativos de competencia y los casos de litispendencia o de resoluciones inconciliables.
      
      75     Por lo que respecta a la parte del Reglamento nº 44/2001 relativa al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales,
         a saber, el capítulo III de éste, el Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado observaciones ante
         el Tribunal de Justicia señalan que los ámbitos de aplicación del acuerdo previsto y de dicho Reglamento no son en modo alguno
         coincidentes. El Gobierno alemán, en particular, alega que el citado Reglamento no es aplicable a las resoluciones judiciales
         «ajenas» a la Comunidad. El Gobierno portugués se pregunta cómo el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales que emanan
         de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Comunidad puede resultar afectado por el establecimiento de normas
         de reconocimiento de las resoluciones de los tribunales de Estados que no son miembros de ésta. En efecto, el Reglamento nº 44/2001
         se refiere al reconocimiento y a la ejecución, por un Estado miembro, de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional
         de otro Estado miembro, mientras que el acuerdo previsto versa sobre el reconocimiento y la ejecución, por un Estado miembro,
         de una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado tercero y, por un Estado tercero, de una resolución dictada
         por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. 
      
      76     En cambio, la Comisión estima que las disposiciones negociadas por los Estados miembros afectan también al capítulo III del
         Reglamento nº 44/2001. Destaca que dicho Reglamento y el acuerdo previsto contienen un mismo y único cuerpo de normas aplicables,
         en principio, cualquiera que sea el Estado en el que tenga su sede el tribunal del que emane la resolución. 
      
      77     El Parlamento sostiene la misma tesis. A su juicio, las normas enunciadas en el Reglamento nº 44/2001 también resultarán afectadas
         por el acuerdo previsto, dado que el hecho de limitar la aplicación del citado capítulo III a las resoluciones de otros Estados
         miembros constituye una opción deliberada del legislador. Considera que la obligación de tratar de la misma forma las resoluciones
         dictadas en los Estados contratantes del Convenio de Lugano, que se derivará del nuevo Convenio de Lugano, modificará esta
         situación jurídica.
      
      –       La «cláusula de desconexión»
      78     El Consejo y la mayor parte de los Estados miembros que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia examinan
         la posible repercusión de la «cláusula de desconexión» prevista en el punto 2, letra a), de las directrices de negociación,
         que remite a los principios establecidos en el artículo 54 ter del Convenio de Lugano. Como expone el Gobierno helénico, el efecto de esta cláusula consiste en «desconectar» una materia
         restringida, que puede justificar una competencia exclusiva de la Comunidad, del resto del acuerdo previsto. A su juicio,
         esta cláusula, tal como está formulada en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano, tiene como efecto esencialmente que, entre sí, los Estados miembros aplicarán el Reglamento
         nº 44/2001 y no el nuevo Convenio de Lugano. 
      
      79     El Consejo y los citados Gobiernos se pronuncian al respecto teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
         resultante de las sentencias «cielo abierto», antes citadas, y, en particular, del apartado 101 de la sentencia Comisión/Dinamarca,
         que está redactado como sigue:
      
      «101      Esta constatación no queda desvirtuada por la circunstancia de que el citado artículo 9 [del Acuerdo bilateral denominado
         “de cielo abierto” celebrado en 1995 en el ámbito del transporte aéreo entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos de
         América] imponga, para los transportes aéreos a los que sea aplicable el Reglamento [(CEE) nº 2409/92 del Consejo, de 23 de
         julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos (DO L 240, p. 15)], la obligación de que se respete este Reglamento.
         En efecto, por muy loable que fuera esta iniciativa del Reino de Dinamarca destinada a preservar la aplicación del Reglamento
         nº 2409/92, no es menos cierto que el incumplimiento de este Estado miembro es consecuencia de que no estuviera autorizado
         a contraer por sí solo tal obligación, aunque el contenido de ésta no sea contrario al Derecho comunitario.»
      
      80     El Consejo señala que, en el dictamen 2/91, antes citado, el Tribunal de Justicia tomó en consideración una cláusula contenida
         en el Convenio nº 170 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la seguridad en la utilización de los productos
         químicos en el trabajo, que permitía a los miembros de dicha Organización aplicar normas internas más rigurosas. Afirma que
         a fortiori debe tenerse en cuenta una norma como la establecida en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano, que prevé la aplicación de las normas internas en lugar de las del acuerdo previsto.
      
      81     El Gobierno del Reino Unido, en particular, señala la diferencia que existe entre la cláusula a la que se refieren las sentencias
         «cielo abierto», antes citadas, y la del artículo 54 ter del Convenio de Lugano. Al contrario de lo que sucedía en los asuntos que dieron lugar a aquellas sentencias, en los cuales
         el ámbito de aplicación del acuerdo denominado «de cielo abierto» celebrado en 1995 con los Estados Unidos de América e impugnado
         por la Comisión cubría el de las normas comunitarias, la cláusula contenida en el apartado 1 del citado artículo tiene por
         objeto definir el alcance respectivo de los dos conjuntos de normas, es decir, garantizar que las normas contenidas en los
         dos instrumentos regulen materias distintas. Como expone el Gobierno alemán, también se podría haber utilizado otra técnica
         jurídica y haber formulado las normas de reconocimiento y de ejecución de manera más restrictiva, de modo que sólo se aplicaran
         a las relaciones entre los Estados miembros y los demás Estados contratantes de dicho Convenio.
      
      82     En cambio, el Parlamento hace referencia a la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, y concluye que, aunque se introdujera
         en el acuerdo previsto una disposición equivalente al artículo 54 ter del Convenio de Lugano y no existiese contradicción alguna entre éste y el Reglamento nº 44/2001, no correspondería a los
         Estados miembros celebrar dicho acuerdo.
      
      83     La Comisión señala que, en la mayoría de los casos, las cláusulas de desconexión aparecen en acuerdos de tipo «mixto» y sostiene
         que el deseo del Consejo de incluir tal cláusula en el acuerdo previsto, expresado en las directrices de negociación, puede
         considerarse un intento poco hábil de prejuzgar el carácter mixto de dicho acuerdo. Estima que la exclusividad de la competencia
         externa de la Comunidad, al igual que la base jurídica de una normativa comunitaria, debe fundarse en elementos objetivos
         que puedan ser comprobados por el Tribunal de Justicia, y no en el mero hecho de que en el acuerdo internacional de que se
         trate se haya incorporado una cláusula de desconexión. A su juicio, si no se cumpliera esta exigencia, el carácter exclusivo
         o no de la competencia de la Comunidad podría ser objeto de manipulaciones.
      
      84     A este respecto, la Comisión se pregunta por la necesidad de una cláusula que tenga por objeto regular las relaciones entre
         una normativa que establece un régimen comunitario y un convenio internacional destinado a extender dicho régimen a Estados
         terceros, lo cual no debería afectar ipso facto al Derecho comunitario existente. A su juicio, dado que el acuerdo previsto abarca ámbitos en los que se ha realizado una
         armonización total, la existencia de una cláusula de desconexión carece por completo de pertinencia.
      
      85     La Comisión destaca el carácter particular de una cláusula de desconexión en un acuerdo internacional de Derecho internacional
         privado, que es muy distinta de una cláusula de desconexión clásica. En este caso, el objetivo no es, según ella, preservar
         la aplicación del Reglamento nº 44/2001 siempre que sea aplicable, sino regular de manera coherente la aplicación distributiva
         de este Reglamento y del acuerdo previsto.
      
      –       La identidad entre las disposiciones del acuerdo previsto y las normas comunitarias internas
      86     Por último, el Consejo examina la repercusión de la identidad de las disposiciones del acuerdo previsto y de las normas internas.
         Lo hace teniendo en cuenta la posición del Abogado General Tizzano expuesta en el punto 72 de sus conclusiones presentadas
         en los asuntos que dieron lugar a las sentencias «cielo abierto», antes citadas. Según el Sr. Tizzano, «en las materias reguladas
         por normas comunes, los Estados miembros no pueden celebrar acuerdos internacionales, ni siquiera en el caso de que su texto
         reproduzca literalmente el texto de las normas comunes o remita a éste. La celebración de semejantes acuerdos, en efecto,
         podría menoscabar la aplicación uniforme del Derecho comunitario desde dos puntos de vista distintos. En primer lugar, porque
         […] la “inclusión” de las normas comunes en los acuerdos no basta para garantizar que tales normas sean aplicadas efectivamente
         más tarde de manera uniforme [...]. En segundo lugar, porque dicha “inclusión” daría lugar de todos modos a una alteración
         de la naturaleza y régimen jurídico de las normas comunes, con el grave y concreto riesgo de que quedaran sustraídas al control
         que ejerce el Tribunal de Justicia en virtud del Tratado».
      
      87     Según el Consejo, teniendo en cuenta la identidad de las disposiciones materiales de los dos instrumentos, a saber, el Reglamento
         nº 44/2001 y el acuerdo previsto, y el objetivo de que éste y las normas comunitarias internas se desarrollen en paralelo,
         no puede excluirse la conclusión de que la Comunidad tenga una competencia exclusiva respecto a la totalidad del citado acuerdo.
         
      
      88     El Consejo añade que, no obstante, también cabría considerar que, teniendo en cuenta la diferencia entre los ámbitos de que
         se trata, la identidad de las disposiciones del acuerdo previsto y del Reglamento nº 44/2001 no es pertinente. En especial,
         dado que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 reconoce la competencia de los Estados miembros para regular
         la competencia de los órganos jurisdiccionales cuando el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, nada prohíbe
         que dichos Estados miembros «copien» las normas del Reglamento en sus leyes nacionales sin que ello sea contrario a éste.
         Esta interpretación del Consejo es apoyada por los Gobiernos alemán y helénico, por Irlanda y por los Gobiernos portugués
         y finlandés. El Gobierno alemán, en particular, puntualiza que no se puede deducir la existencia de una competencia comunitaria
         únicamente de la formulación concreta de una disposición. Considera que la atribución de competencia indica quién determinará
         la formulación de esta disposición.
      
      89     El Parlamento hace referencia a las conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas en los asuntos que dieron lugar a
         las sentencias «cielo abierto», antes citadas, y concluye que la Comunidad tiene competencia exclusiva en la materia.
      
      90     El Parlamento refuta la argumentación del Consejo según la cual la identidad de las disposiciones del acuerdo previsto y del
         Reglamento nº 44/2001 excluye cualquier posibilidad de contradicción entre éstos. Estima, por una parte, que el hecho de que
         exista o no contradicción no es decisivo para apreciar el alcance de la competencia comunitaria y, por otra, que la aplicación
         de dicho acuerdo puede provocar que se excluyan algunas normas del citado Reglamento y, por tanto, afectar a éstas, a pesar
         de la identidad de las disposiciones de que se trata.
      
      91     La Comisión considera que el objetivo de las negociaciones relativas al nuevo Convenio de Lugano, que consiste pura y simplemente
         en exportar a las relaciones con los Estados que no son miembros de la Comunidad las normas comunes del Reglamento nº 44/2001,
         da lugar a que la competencia comunitaria para llevar a cabo dichas negociaciones sea necesariamente exclusiva.
      
      92     La Comisión recuerda el paralelismo y los vínculos entre el Convenio de Bruselas y el de Lugano y alega que, si se celebró
         un convenio separado, fue únicamente porque era imposible pedir a Estados terceros que se adhirieran a un convenio basado
         en el artículo 293 CE y que atribuye competencia al Tribunal de Justicia. Indica que se introdujeron diversos mecanismos para
         preservar la coherencia en la interpretación de ambos Convenios.
      
      93     Según la Comisión, el objetivo de incorporar pura y simplemente al nuevo Convenio de Lugano normas comunes excluye cualquier
         competencia de los Estados miembros, ya que ésta sería incompatible con la unidad del mercado común y la aplicación uniforme
         del Derecho comunitario. La Comunidad es la única que puede velar por la coherencia de sus propias normas comunes si éstas
         son elevadas a un ámbito internacional.
      
      94     Como complemento de la argumentación formulada a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y desde una perspectiva
         más amplia, el Parlamento llama la atención de dicho Tribunal sobre los problemas de orden jurídico y práctico que pueden
         plantearse en caso de que el acuerdo previsto sea de tipo mixto, en particular por lo que respecta a la necesidad de permitir
         la ratificación de dicho acuerdo por todos los Estados miembros. Destaca asimismo la necesidad de que exista coherencia entre
         las vertientes interna y externa de la política comunitaria al establecer un espacio de libertad, de seguridad y de justicia.
      
      95     En relación con la argumentación basada en el hecho de que el acuerdo previsto no perjudicará a la aplicación del Reglamento
         nº 44/2001 sino que, por el contrario, lo reforzará ampliando su aplicación a otros Estados europeos, el Gobierno francés,
         teniendo en cuenta que el citado acuerdo afecta, además de a algunos Estados terceros, a todos los Estados miembros, se pregunta
         si la Comunidad debería ser considerada la única facultada para disponer de su propia normativa, con independencia de si el
         acuerdo previsto perjudica a la normativa comunitaria o la favorece. Alega que los Estados miembros seguirían siendo competentes
         para celebrar otros acuerdos con los Estados terceros, que no comprometieran a todos los Estados miembros, y siempre que tales
         acuerdos no afectasen a la aplicación de dicho Reglamento. A juicio de este Gobierno, en consecuencia, la Comunidad dispone
         de una competencia exclusiva para celebrar específicamente el acuerdo previsto.
      
       Observaciones orales de los Estados miembros y de las instituciones
      96     Con el fin de permitir que los Estados miembros que se habían adherido a la Unión Europea después de la presentación de la
         solicitud de dictamen formulasen observaciones respecto a ésta, el Tribunal de Justicia organizó una vista que tuvo lugar
         el 19 de octubre de 2004. Participaron en ella el Consejo, los Gobiernos checo, danés, alemán, helénico, español y francés,
         por Irlanda y por los Gobiernos neerlandés, polaco, portugués, finlandés y del Reino Unido, así como el Parlamento y la Comisión.
         La mayor parte de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se referían a las cuatro cuestiones en relación
         con las cuales éste había instado por escrito a los Estados miembros y las instituciones a que se pronunciasen en la citada
         vista. Dichas cuestiones versaban sobre:
      
      –       la pertinencia del tenor de los artículos 61 CE y 65 CE, y en particular de la expresión «necesaria para el correcto funcionamiento
         del mercado interior», que figura en el artículo 65 CE;
      
      –       la pertinencia de la medida en la cual un Estado miembro podría, por ejemplo, negociar con un Estado tercero que un acuerdo
         bilateral regule la problemática a que se refiere el Reglamento nº 44/2001, pero sin adoptar necesariamente los mismos criterios
         que contiene dicho Reglamento;
      
      –       la posibilidad de realizar una distinción entre las disposiciones relativas a la competencia judicial y las que versan sobre
         el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales, y
      
      –       la posible necesidad de que se desarrolle o se concrete la jurisprudencia existente.
       Sobre la primera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      97     Por lo que respecta a la pertinencia del tenor de los artículos 61 CE y 65 CE, y en particular de la expresión «en la medida
         necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior», que figura en el artículo 65 CE, el Gobierno alemán, apoyado
         por el Gobierno francés, el Parlamento y la Comisión, considera que dicha expresión sólo es pertinente para apreciar si, al
         adoptar el Reglamento nº 44/2001, la Comunidad ejerció correctamente su competencia interna. A juicio de dicho Gobierno, cualquier
         acto comunitario interno adoptado sobre la base del artículo 65 CE debe cumplir este requisito. En cambio, para declarar que
         existe una competencia comunitaria externa en el ámbito regulado por este Reglamento, no es indispensable que el acuerdo previsto
         sea asimismo necesario para el correcto funcionamiento del mercado interior. En efecto, esta competencia externa depende simplemente
         de la medida en la cual tal acuerdo afecta o altera el alcance de una norma comunitaria interna. A juicio del Gobierno francés,
         si la circunstancia de que el artículo 65 CE se refiera únicamente a las medidas necesarias para el correcto funcionamiento
         del mercado interior privase a la Comunidad de competencia para celebrar acuerdos internacionales, la jurisprudencia resultante
         de la sentencia AETC, antes citada, quedaría vacía de contenido.
      
      98     En cambio, el Gobierno del Reino Unido, apoyado por varios Gobiernos más, estima que el artículo 65 CE, según su propio tenor,
         define el alcance y la intensidad del régimen comunitario interno. En particular, dicho tenor demuestra que el Reglamento
         nº 44/2001 no lleva a cabo una armonización completa de las normas de los Estados miembros en materia de conflictos de jurisdicción.
         En opinión de este Gobierno, aunque pueda considerarse que varias de las normas contenidas en dicho Reglamento tienen cierto
         alcance externo, como la regla de competencia general basada en que el domicilio del demandado esté situado en la Unión, lo
         fundamental es que dichas normas forman parte de un régimen interno destinado a resolver conflictos de competencia entre los
         órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea. Habida cuenta de que los artículos 61 CE y 65 CE tienen
         alcance interno, estos artículos no pueden constituir la base jurídica para la aprobación de un código comunitario completo
         que establezca normas relativas a la competencia internacional de la Comunidad.
      
      99     Además, el Gobierno checo, apoyado por los Gobiernos helénico, español y finlandés, señala que el tenor de los artículos 61 CE
         y 65 CE demuestra que la competencia comunitaria interna está limitada por el objetivo específico del correcto funcionamiento
         del mercado interior. En consecuencia, la competencia comunitaria externa debe estar limitada por el mismo objetivo. Por otra
         parte, el Gobierno finlandés considera que, en el caso del Convenio de Lugano, dado que a las partes contratantes que no son
         miembros de la Unión Europea no les afecta el establecimiento de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, ni tampoco
         la realización del mercado interior, resulta difícil suponer que el acuerdo previsto pueda ser necesario para el correcto
         funcionamiento del mercado interior.
      
       Sobre la segunda cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      100   Por lo que respecta a la pertinencia de la medida en la cual un Estado miembro podría negociar con un Estado tercero un acuerdo
         bilateral que regule la problemática a que se refiere el Reglamento nº 44/2001, pero sin adoptar necesariamente los mismos
         criterios que contiene dicho Reglamento, la mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal
         de Justicia y el Parlamento estiman que lo único pertinente es si las obligaciones derivadas del acuerdo bilateral están o
         no comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento. Por tanto, no existe, a su juicio, diferencia según que,
         desde el punto de vista del contenido, dicho acuerdo corresponda o no a las normas comunitarias.
      
      101   A juicio de las citadas partes, por tanto, dicho acuerdo debería redactarse con prudencia para garantizar que sus disposiciones
         no se refieran a las materias reguladas por el Reglamento nº 44/2001, eventualmente por medio de una cláusula de desconexión.
         En particular, los Gobiernos alemán, helénico y finlandés sostienen que la presencia de tal cláusula es determinante. En cambio,
         la Comisión estima que la propia inserción de una cláusula de desconexión constituye una prueba evidente de que existe afectación
         en el sentido de la sentencia AETC, antes citada.
      
      102   En la vista, el Gobierno español señaló que, en las materias distintas de las que abarca el Reglamento nº 44/2001, un Estado
         miembro conserva la libertad de celebrar acuerdos con los Estados terceros. Por lo que respecta a los acuerdos relativos a
         materias cubiertas por el citado Reglamento, este Gobierno pidió al Tribunal de Justicia que matizase su jurisprudencia, alegando
         que determinados Estados miembros pueden tener un interés particular en negociar con un Estado tercero sobre estas materias
         por razones bien de proximidad geográfica, bien derivadas de la existencia de vínculos históricos entre los dos Estados de
         que se trate.
      
      103   Según el Parlamento, en un acuerdo bilateral celebrado entre un Estado miembro y un Estado tercero, la elección de un criterio
         de conexión distinto del domicilio del demandado, que es el que aplica el Reglamento nº 44/2001, afecta necesariamente a éste.
         Así, un acuerdo bilateral que utilice el criterio de la nacionalidad es incompatible con dicho Reglamento puesto que, según
         el texto aplicado y el criterio utilizado, serían competentes dos órganos jurisdiccionales distintos.
      
       Sobre la tercera cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      104   Por lo que se refiere a la posible necesidad de realizar una distinción entre las disposiciones relativas a la competencia
         judicial y las que versan sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales, varios Gobiernos, en especial
         los Gobiernos checo, alemán, helénico, portugués y finlandés, sostienen que dicha distinción es necesaria. A juicio del Gobierno
         finlandés, por ejemplo, de la sistemática del Reglamento nº 44/2001 resulta que el capítulo referente a la competencia judicial
         y el correspondiente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones no están relacionados. Por tanto, se trata de
         dos regulaciones separadas y autónomas, contenidas en el mismo instrumento jurídico.
      
      105   En cambio, el Gobierno español estima que no debe hacerse tal distinción. Por un lado, cabe observar que los dos ámbitos de
         aplicación de las citadas disposiciones incluyen partes que no están cubiertas por el Derecho comunitario. Por otro lado,
         las dos categorías de disposiciones forman un todo, habida cuenta de que el objetivo del Reglamento nº 44/2001 es lograr una
         simplificación en materia de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones judiciales.
      
      106   De modo similar, el Parlamento y la Comisión consideran que no está justificado dividir el acuerdo previsto en dos partes
         separadas y concluir que la Comunidad dispone de una competencia exclusiva en relación con una de ellas y de una competencia
         compartida en relación con la otra. A juicio de la Comisión, todo el mecanismo simplificado de reconocimiento y de ejecución
         de las resoluciones judiciales, tanto el establecido por el Reglamento nº 44/2001 como el derivado del Convenio de Lugano,
         se basa en que las reglas relativas a la competencia están armonizadas y existe entre los Estados miembros una confianza recíproca
         suficiente para evitar que los jueces de los Estados requeridos se vean obligados a examinar en cada caso concreto si se ha
         respetado la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado de origen. Desde este punto de vista, es imposible distinguir
         entre la materia de la competencia y la del reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.
      
       Sobre la cuarta cuestión planteada por el Tribunal de Justicia
      107   Por lo que se refiere a la posible necesidad de que se desarrolle o se concrete la jurisprudencia existente, la gran mayoría
         de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia desea que se aclare la jurisprudencia resultante
         de la sentencia AETC, antes citada. Además, los mismos Gobiernos apoyan la posición adoptada por el del Reino Unido en sus
         observaciones escritas según la cual debería reconsiderarse uno de los criterios mencionados en dicha jurisprudencia, a saber,
         el de que las obligaciones internacionales estén comprendidas dentro de un ámbito ya cubierto «en gran medida» por normas
         comunes. Según el Gobierno español, por ejemplo, el Tribunal de Justicia debería ser extremadamente prudente antes de aplicar
         al caso objeto de la presente solicitud de dictamen la doctrina de las competencias externas implícitas, que se desarrolló
         en relación con asuntos de tipo económico, en los cuales los criterios aplicables son muy diferentes de los que han de aplicarse
         en el Derecho internacional privado. Según Irlanda, debería ser necesaria una armonización completa para poder declarar la
         existencia de una competencia comunitaria externa implícita.
      
      108   En cambio, según el Gobierno francés y la Comisión, la competencia exclusiva de la Comunidad es consecuencia del hecho de
         que el nuevo Convenio de Lugano persiga extender a Estados terceros el sistema de cooperación establecido por el Reglamento
         nº 44/2001.
      
      109   Por último, respecto a la pertinencia del hecho concreto de que el acuerdo previsto tenga por objeto reproducir las normas
         comunitarias, la mayor parte de los Gobiernos sostienen que nada prohíbe a los Estados miembros transcribir las disposiciones
         del Derecho comunitario en las obligaciones internacionales en relación con las cuales no exista una competencia externa de
         la Comunidad. La cuestión principal es si el acuerdo previsto puede afectar a las normas comunitarias internas, y no el paralelismo
         de las competencias en sí.
      
       Dictamen del Tribunal de Justicia
       Sobre la admisibilidad de la solicitud
      110   La solicitud de dictamen, presentada por el Consejo, se refiere al carácter exclusivo o compartido de la competencia para
         celebrar el nuevo Convenio de Lugano.
      
      111   El Consejo es una de las instituciones contempladas en el artículo 300 CE, apartado 6. El objeto y las grandes líneas del
         acuerdo previsto se han descrito suficientemente, como exige el Tribunal de Justicia (dictámenes 1/78, de 4 de octubre de
         1979, Rec. p. 2871, apartado 35, y 2/94, antes citado, apartados 10 a 18).
      
      112   Por otra parte, según la interpretación reiterada del Tribunal de Justicia, se puede solicitar el dictamen de éste sobre las
         cuestiones relativas al reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros para concluir un determinado acuerdo
         con Estados terceros (véase, en último lugar, el dictamen 2/00, antes citado, apartado 3). El artículo 107, apartado 2, del
         Reglamento de Procedimiento corrobora esta interpretación.
      
      113   En consecuencia, procede admitir la solicitud de dictamen.
       Sobre el fondo
       Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales
      114   La competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales no sólo puede resultar de una atribución expresa del
         Tratado, sino que también puede derivarse de manera implícita de otras disposiciones del Tratado y de actos adoptados, en
         el marco de dichas disposiciones, por las instituciones de la Comunidad (véase la sentencia AETC, antes citada, apartado 16).
         Además, el Tribunal de Justicia ha concluido que, siempre que el Derecho comunitario haya atribuido a dichas instituciones
         competencias en el ámbito interno con el fin de alcanzar un objetivo determinado, la Comunidad está facultada para contraer
         las obligaciones internacionales necesarias para la consecución de este objetivo, aun cuando no exista una disposición expresa
         al respecto (dictámenes, antes citados, 1/76, apartado 3, y 2/91, apartado 7).
      
      115   Esta competencia de la Comunidad puede ser exclusiva o compartida con los Estados miembros. Por lo que respecta a una competencia
         exclusiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que el supuesto contemplado en el dictamen 1/76, antes citado, es aquel en
         que la competencia interna únicamente puede ejercitarse adecuadamente al mismo tiempo que la competencia externa (véanse los
         dictámenes, antes citados, 1/76, apartados 4 y 7, y 1/94, apartado 85), de modo que la celebración del acuerdo internacional
         sea necesaria para realizar los objetivos del Tratado que no puedan alcanzarse mediante el establecimiento de normas autónomas
         (véase, en particular, la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 57).
      
      116   En el apartado 17 de la sentencia AETC, antes citada, el Tribunal de Justicia sentó el principio según el cual, cuando se
         han adoptado normas comunes, los Estados miembros ya no tienen la facultad, bien actúen individual o incluso colectivamente,
         de contraer con Estados terceros obligaciones que afecten a dichas normas. También en este caso la Comunidad dispone de una
         competencia exclusiva para celebrar acuerdos internacionales.
      
      117   En el supuesto al que se refiere el presente dictamen, este principio es pertinente para apreciar el carácter exclusivo o
         no de una competencia externa de la Comunidad.
      
      118   En el apartado 11 del dictamen 2/91, antes citado, el Tribunal de Justicia indicó que dicho principio es aplicable asimismo
         cuando se han adoptado normas en ámbitos que no correspondan a una política común y, en particular, en ámbitos en los que
         existan disposiciones de armonización.
      
      119   A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó que, en todos los ámbitos que corresponden a los objetivos del Tratado, el
         artículo 10 CE impone a los Estados miembros la obligación de facilitar a la Comunidad el cumplimiento de su misión y de abstenerse
         de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del Tratado (dictamen 2/91, antes citado,
         apartado 10).
      
      120   Al pronunciarse sobre la Parte III del Convenio nº 170 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la seguridad en
         la utilización de los productos químicos en el trabajo, que pertenece a un ámbito ya cubierto en gran medida por normas comunitarias,
         el Tribunal de Justicia tomó en consideración el hecho de que éstas se hubiesen adoptado progresivamente desde hacía más de
         veinticinco años con el fin de lograr una armonización aún más completa y destinada, por una parte, a eliminar los obstáculos
         a los intercambios resultantes de las divergencias entre las normativas de los Estados miembros y, por otra parte, a garantizar,
         al mismo tiempo, la protección de la población y del medio ambiente. Dicho Tribunal concluyó que esta Parte del citado Convenio
         podía afectar a estas normas comunitarias y que, por consiguiente, los Estados no podían, fuera del marco comunitario, contraer
         tales obligaciones (dictamen 2/91, antes citado, apartados 25 y 26).
      
      121   En el dictamen 1/94, antes citado, y en las sentencias «cielo abierto», antes citadas, el Tribunal de Justicia enunció tres
         supuestos en los cuales reconoció una competencia exclusiva de la Comunidad. No obstante, estos tres supuestos, que han sido
         objeto de extensas discusiones en el marco de la presente solicitud de dictamen y que han sido recordados en el apartado 45
         del presente dictamen, no son más que ejemplos cuya formulación es consecuencia de los contextos particulares examinados por
         este Tribunal. 
      
      122   En efecto, pronunciándose en términos mucho más generales, el Tribunal de Justicia ha reconocido la existencia de una competencia
         exclusiva de la Comunidad, en particular, cuando la celebración de un acuerdo por los Estados miembros es incompatible con
         la unidad del mercado común y con la aplicación uniforme del Derecho comunitario (sentencia AETC, antes citada, apartado 31)
         o cuando, debido a la propia naturaleza de las disposiciones comunitarias existentes, tales como los actos legislativos que
         contengan cláusulas relativas al trato que ha de otorgarse a los nacionales de Estados terceros o a la armonización completa
         de una cuestión determinada, cualquier acuerdo en la materia afectaría necesariamente a las normas comunitarias en el sentido
         de la sentencia AETC, antes citada (véanse, en este sentido, el dictamen 1/94, antes citado, apartados 95 y 96, y la sentencia
         Comisión/Dinamarca, antes citada, apartados 83 y 84).
      
      123   Por el contrario, el Tribunal de Justicia no reconoció la competencia exclusiva de la Comunidad cuando, debido al carácter
         de disposiciones mínimas tanto de las normas comunitarias como de las de un convenio internacional, éste no podía impedir
         la plena aplicación del Derecho comunitario por los Estados miembros (dictamen 2/91, antes citado, apartado 18). El Tribunal
         de Justicia tampoco reconoció la necesidad de una competencia exclusiva de la Comunidad que estuviese motivada por el riesgo
         de que un acuerdo bilateral crease distorsiones en los flujos de servicios en el mercado interior, señalando que en el Tratado
         no hay ninguna disposición que impida a las instituciones organizar, dentro de las normas comunes que adopten, acciones concertadas
         frente a Estados terceros, ni determinar las actitudes que los Estados miembros deben adoptar frente al exterior (dictamen
         1/94, antes citado, apartados 78 y 79, y sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartados 85 y 86).
      
      124   En este contexto, es necesario recordar que la Comunidad sólo dispone de competencias de atribución y que, por tanto, la existencia
         de una competencia, más aún si no está prevista de manera expresa en el Tratado y tiene carácter exclusivo, debe basarse en
         las conclusiones resultantes de un análisis concreto de la relación entre el acuerdo previsto y el Derecho comunitario vigente,
         del que se desprenda que la celebración de dicho acuerdo puede afectar a las normas comunitarias. 
      
      125   En algunos casos, el examen y la comparación de los ámbitos cubiertos por las normas comunitarias y por el acuerdo previsto
         bastan para excluir que las primeras puedan verse afectadas (dictámenes, antes citados, 1/94, apartado 103; 2/92, apartado
         34, y 2/00, apartado 46).
      
      126   No obstante, no es necesario que exista una concordancia completa entre el ámbito abarcado por el acuerdo internacional y
         el de la normativa comunitaria. Cuando procede determinar si se cumple el criterio enunciado por la fórmula «un ámbito ya
         cubierto en gran medida por normas comunitarias» (dictamen 2/91, antes citado, apartados 25 y 26), el análisis debe basarse
         no sólo en el alcance de las normas de que se trata, sino también en su naturaleza y su contenido. Además, es preciso tener
         en cuenta no sólo el estado actual del Derecho comunitario en el ámbito afectado, sino también sus perspectivas de evolución,
         cuando éstas sean previsibles en el momento de dicho análisis (véase, en este sentido, el dictamen 2/91, antes citado, apartado 25).
      
      127   La consideración no sólo del alcance del ámbito abarcado, sino también de la naturaleza y del contenido de las normas comunitarias,
         se manifiesta asimismo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 123 del presente dictamen,
         según la cual la naturaleza de las disposiciones mínimas contenidas tanto en las normas comunitarias como en las disposiciones
         del acuerdo internacional puede dar lugar a la conclusión de que no existe afectación, aunque las normas comunitarias y las
         disposiciones del acuerdo cubran el mismo ámbito.
      
      128   En definitiva, es fundamental garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas comunitarias y el buen funcionamiento
         del sistema que establecen para preservar la plena eficacia del Derecho comunitario.
      
      129   Por otra parte, una eventual iniciativa con objeto de evitar contradicciones entre el Derecho comunitario y el acuerdo previsto
         no exime de determinar, antes de la celebración de dicho acuerdo, si éste puede afectar a las normas comunitarias (en este
         sentido, véanse, en particular, el dictamen 2/91, antes citado, apartado 25, y la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada,
         apartados 101 a 105).
      
      130   A este respecto, la existencia en un acuerdo de un cláusula denominada «de desconexión», según la cual dicho acuerdo no afecta
         a la aplicación por parte de los Estados miembros de las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario, no constituye
         una garantía de que las normas comunitarias no se vean afectadas por las disposiciones del acuerdo gracias a la delimitación
         del ámbito de aplicación respectivo de unas y otras, sino que, por el contrario, puede ser un indicio de que las citadas normas
         sí resultan afectadas. Un mecanismo de este tipo destinado a evitar cualquier conflicto en la ejecución del acuerdo no es
         en sí mismo un elemento determinante que permita resolver la cuestión de si la Comunidad dispone de competencia exclusiva
         para celebrar dicho acuerdo o si la competencia corresponde a los Estados miembros, cuestión a la que es necesario responder
         previamente a la celebración de éste (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 101).
      
      131   Por último, la base jurídica sobre la cual se adoptan las normas comunitarias y más concretamente el requisito relativo al
         correcto funcionamiento del mercado interior previsto en el artículo 65 CE carecen de pertinencia, en cuanto tales, para comprobar
         si un acuerdo internacional afecta a normas comunitarias. En efecto, la base jurídica de una normativa interna es determinada
         por el componente principal de ésta, mientras que la norma cuya afectación se examina puede constituir un mero componente
         accesorio de la citada normativa. La competencia exclusiva de la Comunidad tiene por objeto, en especial, preservar la eficacia
         del Derecho comunitario y el buen funcionamiento de los sistemas establecidos por sus normas, con independencia de los previstos,
         en su caso, por la disposición del Tratado en la cual se hayan basado las instituciones para adoptar dichas normas.
      
      132   Si un acuerdo internacional incluye disposiciones que implican una armonización de las disposiciones legales o reglamentarias
         de los Estados miembros en un ámbito en el que el Tratado excluye tal armonización, la Comunidad no dispone de la competencia
         necesaria para celebrar dicho acuerdo. Estos límites de la competencia externa de la Comunidad afectan a la propia existencia
         de dicha competencia y no a su carácter exclusivo.
      
      133   Resulta de todo lo anterior que procede efectuar un análisis global y concreto para comprobar si la Comunidad dispone de competencia
         para celebrar un acuerdo internacional y si esta competencia es exclusiva. A tal fin, deben tomarse en consideración no sólo
         el ámbito cubierto tanto por las normas comunitarias como por las disposiciones del acuerdo previsto, siempre que éstas se
         conozcan, sino también la naturaleza y el contenido de estas normas y disposiciones, para asegurarse de que el acuerdo no
         puede perjudicar a la aplicación uniforme y coherente de las normas comunitarias ni al buen funcionamiento del sistema que
         establecen. 
      
       Sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio de Lugano
      134   La solicitud de dictamen no se refiere a la propia existencia de la competencia  de la Comunidad para celebrar el acuerdo
         previsto, sino a la cuestión de si dicha competencia es exclusiva o compartida. A este respecto, basta observar que la Comunidad
         ya ha adoptado normas internas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales
         en materia civil y mercantil, ya sean el Reglamento nº 44/2001, adoptado sobre la base de los artículos 61 CE, letra c), y
         67 CE, apartado 1, o disposiciones específicas contenidas en normativas sectoriales, como el título X del Reglamento nº 40/94
         o el artículo 6 de la Directiva 96/71.
      
      135   El Reglamento nº 44/2001 se adoptó para sustituir al Convenio de Bruselas entre los Estados miembros, a excepción del Reino
         de Dinamarca. Se aplica en materia civil y mercantil, dentro de los límites fijados por su ámbito de aplicación, definido
         en el artículo 1 de dicho Reglamento. Dado que el objetivo y las disposiciones de éste reproducen en gran medida los del citado
         Convenio, se hará referencia a la interpretación de dicho Convenio por el Tribunal de Justicia cuando sea necesario.
      
      136   El acuerdo previsto tiene por objeto sustituir al Convenio de Lugano, calificado de «Convenio paralelo al Convenio de Bruselas»
         en el quinto considerando del Reglamento nº 44/2001.
      
      137   Si bien se conocen el texto resultante de los trabajos de revisión de los dos Convenios citados y las directrices de negociación
         del nuevo Convenio de Lugano, es necesario señalar que no existe certeza acerca del texto definitivo que se adoptará.
      
      138   Tanto el Reglamento nº 44/2001 como el acuerdo previsto comprenden fundamentalmente dos partes. La primera parte del citado
         acuerdo incluye reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales, tales como las que forman el capítulo II del Reglamento
         nº 44/2001 y las disposiciones específicas citadas en el apartado 134 del presente dictamen. La segunda parte contiene normas
         relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales, tales como las que son objeto del capítulo III del
         Reglamento nº 44/2001. Estas dos partes serán analizadas por separado.
      
      –       Sobre las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales
      139   El objeto de una regla de competencia de los órganos jurisdiccionales consiste en determinar, en un supuesto dado, cuál será
         el tribunal competente para conocer de un litigio. Para ello, la regla contiene un criterio que permite «conectar» el litigio
         al órgano jurisdiccional que será considerado competente. Los criterios de conexión suelen variar en función del objeto del
         litigio, pero pueden tener en cuenta asimismo la fecha de ejercicio de la acción, características propias del demandante o
         del demandado, o cualquier otro elemento.
      
      140   La variedad de los criterios de conexión utilizados por los distintos ordenamientos jurídicos provoca conflictos entre las
         reglas de competencia. Éstos pueden resolverse mediante disposiciones expresas de la ley del fuero o a través de la aplicación
         de principios generales comunes a varios ordenamientos jurídicos. También puede suceder que una ley permita al demandante
         escoger entre varios tribunales cuya competencia se determina en virtud de varios criterios de conexión distintos.
      
      141   De estos elementos resulta que una normativa internacional que contenga normas que permitan resolver los conflictos entre
         diversas reglas de competencia elaboradas por distintos ordenamientos jurídicos utilizando criterios de conexión variados
         puede constituir un sistema particularmente complejo, que, para ser coherente, debe ser lo más global posible. En efecto,
         la menor laguna en dichas normas podría dar lugar a que existiesen varios órganos jurisdiccionales competentes para resolver
         un mismo litigio, pero también a una falta total de tutela judicial en el caso de que ningún tribunal fuese considerado competente
         para resolver el litigio.
      
      142   En los acuerdos internacionales celebrados por los Estados miembros o por la Comunidad con Estados terceros, dichas normas
         de conflicto de jurisdicción establecen necesariamente criterios de competencia de los tribunales no sólo de los Estados terceros,
         sino también de los Estados miembros y, por consiguiente, se refieren a materias reguladas por el Reglamento nº 44/2001.
      
      143   Este Reglamento, y más concretamente su capítulo II, tiene por objeto unificar las reglas de competencia de los órganos jurisdiccionales
         en materia civil y mercantil, no sólo para los litigios de carácter intracomunitario, sino también para los que contengan
         un elemento de extranjería, con la finalidad de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior que puedan
         derivarse de las disparidades entre las legislaciones nacionales en la materia (véanse el segundo considerando del Reglamento
         nº 44/2001 y, en relación con el Convenio de Bruselas, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu, C‑281/02, Rec. p. I‑1383,
         apartado 34).
      
      144   Dicho Reglamento contiene un conjunto de reglas que forman un sistema global, aplicables no sólo a las relaciones entre los
         distintos Estados miembros, puesto que se refieren tanto a los procedimientos pendientes ante tribunales de distintos Estados
         miembros como a las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro con vistas a su reconocimiento
         y su ejecución en otro Estado miembro, sino también a las relaciones entre un Estado miembro y un Estado tercero.
      
      145   A este respecto, el Tribunal de Justicia, pronunciándose acerca del Convenio de Bruselas, recordó que la aplicación de las
         reglas de competencia exige un elemento de extranjería y que, a efectos de la aplicación del artículo 2 del Convenio de Bruselas,
         el carácter internacional de la relación jurídica de que se trate no tiene que derivar necesariamente de que estén implicados
         varios Estados contratantes debido al fondo del litigio o al domicilio respectivo de las partes del litigio. El hecho de que
         estén implicados un Estado contratante y un Estado tercero, debido, por ejemplo, a que el demandante y uno de los demandados
         están domiciliados en el primer Estado, y a que los hechos controvertidos se han producido en el segundo Estado, también puede
         conferir carácter internacional a la relación jurídica de que se trate. En efecto, una situación de este tipo puede plantear
         en el Estado contratante cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden
         internacional, lo que constituye precisamente uno de los objetivos del Convenio de Bruselas, como se desprende del tercer
         considerando de su preámbulo (sentencia Owusu, antes citada, apartados 25 y 26). 
      
      146   El Tribunal de Justicia declaró asimismo que las reglas del Convenio de Bruselas en materia de competencia exclusiva o de
         prórroga expresa de competencia también pueden aplicarse a las relaciones jurídicas que impliquen a un único Estado contratante
         y a uno o varios Estados terceros (sentencia Owusu, antes citada, apartado 28). Además, señaló, en relación con las reglas
         del Convenio de Bruselas en materia de litispendencia y conexidad, así como de reconocimiento y ejecución, que afectan a procedimientos
         pendientes ante los órganos jurisdiccionales de diferentes Estados contratantes o a resoluciones dictadas por los órganos
         jurisdiccionales de un Estado contratante con vistas a su reconocimiento y ejecución en otro Estado contratante, que los litigios
         que son objeto de tales procedimientos o tales resoluciones pueden tener un carácter internacional que implique a un Estado
         contratante y a un Estado tercero y, por esta razón, pueden conducir a la aplicación de la regla general de competencia establecida
         en el artículo 2 del Convenio de Bruselas (sentencia Owusu, antes citada, apartado 29).
      
      147   En este contexto, es necesario observar que el Reglamento nº 44/2001 contiene disposiciones que regulan su relación con las
         demás disposiciones de Derecho comunitario existentes o futuras. Así, su artículo 67 confirma la aplicación de las disposiciones
         que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones, contenidas
         en los actos comunitarios o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos. El artículo 71, apartado
         1, de este Reglamento asegura asimismo la aplicación de los convenios que tengan el mismo objeto que las anteriores disposiciones
         en los cuales los Estados miembros ya sean parte. A este respecto, del apartado 2, letra a), del mismo artículo resulta que
         el Reglamento no impide que un tribunal de un Estado miembro que sea parte de un convenio de este tipo pueda fundamentar su
         competencia en dicho convenio, aunque el demandado esté domiciliado en el territorio de un Estado miembro que no sea parte
         de este convenio.
      
      148   Habida cuenta del carácter global y coherente del sistema de normas de conflicto de jurisdicción elaborado por el Reglamento
         nº 44/2001, el artículo 4, apartado 1, de éste, según el cual «si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro,
         la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación
         de lo dispuesto en los artículos 22 y 23», debe interpretarse en el sentido de que forma parte del sistema establecido por
         dicho Reglamento, dado que éste regula la situación considerada mediante referencia a la legislación del Estado miembro del
         tribunal ante el cual se presente la demanda.
      
      149   Por lo que respecta a esta referencia a la normativa nacional de que se trate, aun suponiendo que pudiese justificar la existencia
         de una competencia de los Estados miembros para celebrar un acuerdo internacional, es necesario señalar que, según el propio
         tenor del citado artículo 4, apartado 1, el único criterio que puede utilizarse es el del domicilio del demandado, salvo que
         proceda aplicar los artículos 22 y 23 del Reglamento.
      
      150   Además, aunque respetase la regla contenida en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, el acuerdo previsto podría
         entrar en conflicto con otras disposiciones de este Reglamento. Así, por lo que se refiere a una persona jurídica demandada
         en un litigio y domiciliada fuera de un Estado miembro, dicho acuerdo, mediante la utilización del criterio del domicilio
         del demandado, podría entrar en conflicto con las disposiciones de dicho Reglamento relativas a las sucursales, a las agencias
         o a los demás establecimientos sin personalidad jurídica, tales como el artículo 9, apartado 2, para los litigios en materia
         de contratos de seguro, el artículo 15, apartado 2, para los litigios en materia de contratos celebrados por los consumidores
         o el artículo 18, apartado 2, para los litigios en materia de contratos individuales de trabajo.
      
      151   Así pues, del examen del Reglamento nº 44/2001 en sí mismo resulta que, debido al sistema global y coherente de reglas de
         competencia que establece, cualquier acuerdo internacional que instituya asimismo un sistema global de normas de conflicto
         de jurisdicción como el elaborado por este Reglamento podría afectar a las citadas reglas de competencia. Sin embargo, es
         necesario continuar el análisis mediante el examen del acuerdo previsto, con el fin de comprobar si éste corrobora dicha conclusión.
      
      152   El nuevo Convenio de Lugano tendría el mismo objeto que el Reglamento nº 44/2001, pero su ámbito de aplicación territorial
         sería más amplio. Sus disposiciones aplicarían la misma sistemática que el Reglamento nº 44/2001, en especial, utilizando
         las mismas reglas de competencia, lo que, según la mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal
         de Justicia, garantizaría la coherencia entre los dos instrumentos jurídicos y, en consecuencia, evitaría que las normas comunitarias
         se vean afectadas por este Convenio.
      
      153   No obstante, si bien la identidad de objeto y tenor entre las normas comunitarias y las disposiciones del acuerdo previsto
         son elementos que deben tenerse en cuenta al comprobar si dichas normas resultan afectadas por el citado acuerdo, estos elementos
         no pueden por sí solos demostrar que no existe tal afectación. La coherencia resultante de la aplicación de las mismas reglas
         de competencia no equivale a la inexistencia de afectación, puesto que la aplicación de una regla de competencia establecida
         por el acuerdo previsto puede dar lugar a que se considere competente un órgano jurisdiccional distinto del que habría sido
         designado en virtud de lo dispuesto en el Reglamento nº 44/2001. Así, si el nuevo Convenio de Lugano contiene cláusulas idénticas
         a los artículos 22 y 23 del Reglamento nº 44/2001, ello puede dar lugar a que se considere fuero competente a un Estado tercero
         parte de dicho Convenio, a pesar de que el demandado esté domiciliado en un Estado miembro, con el resultado de que, si no
         se aplicase el Convenio este último Estado sería el fuero competente, mientras que con arreglo al Convenio será competente
         el Estado tercero. 
      
      154   El nuevo Convenio de Lugano contendría una cláusula de desconexión análoga a la que figura en el artículo 54 ter del Convenio actual. Sin embargo, como se ha señalado en el apartado 130 del presente dictamen, una cláusula de este tipo,
         que tiene por objeto evitar los conflictos en la aplicación de los dos instrumentos jurídicos, no permite por sí sola responder
         a la cuestión, previa a la propia celebración del acuerdo previsto, de si la Comunidad tiene competencia exclusiva para celebrar
         este acuerdo. Por el contrario, dicha cláusula puede ser un indicio del riesgo de que las normas comunitarias resulten afectadas
         por las disposiciones del citado acuerdo.
      
      155   Por otra parte, como ha señalado la Comisión, una cláusula de desconexión en un acuerdo internacional de Derecho internacional
         privado tiene un carácter particular y es distinta de una cláusula de desconexión clásica. En este caso, el objetivo no es
         preservar la aplicación del Reglamento nº 44/2001 siempre que sea aplicable, sino regular de manera coherente la relación
         entre este Reglamento y el nuevo Convenio de Lugano.
      
      156   Procede observar asimismo que la cláusula de desconexión contenida en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano incluye excepciones, que están previstas en el aparado 2, letras a) y b), del mismo artículo.
      
      157   Así, el artículo 54 ter, apartado 2, letra a), del Convenio de Lugano establece que éste se aplicará en cualquier caso cuando el demandado esté domiciliado
         en el territorio de un Estado contratante de este Convenio que no sea miembro de la Unión Europea. Pues bien, en el caso,
         por ejemplo, de que la demandada sea una persona jurídica que tenga una sucursal, una agencia u otro establecimiento sin personalidad
         jurídica en un Estado miembro, esta disposición puede afectar a la aplicación del Reglamento nº 44/2001, en particular de
         su artículo 9, apartado 2, para los litigios en materia de contratos de seguro, de su artículo 15, apartado 2, para los litigios
         en materia de contratos celebrados por los consumidores, y de su artículo 18, apartado 2, para los litigios en materia de
         contratos individuales de trabajo.
      
      158   Lo mismo sucede con las otras dos excepciones a la cláusula de desconexión prevista por el Convenio de Lugano, a saber, con
         arreglo al artículo 54 ter, apartado 2, letra a), inciso final, cuando los artículos 16 y 17 de este Convenio, relativos, el primero, a las competencias
         exclusivas y, el segundo, a la prórroga de competencia, otorguen competencia a los tribunales de un Estado contratante que
         no sea miembro de la Unión Europea y, en virtud del artículo 54 ter, apartado 2, letra b), en los supuestos de litispendencia o conexidad previstos en los artículos 21 y 22 del mismo Convenio,
         cuando se presenten las demandas en un Estado contratante que no sea miembro de la Unión Europea y en un Estado contratante
         que sí lo sea. En efecto, la aplicación del citado Convenio en el marco de estas excepciones puede impedir la de las reglas
         de competencia establecidas por el Reglamento nº 44/2001.
      
      159   Algunos Gobiernos, en particular el Gobierno  portugués, sostienen que estas pocas excepciones no permiten cuestionar la competencia
         de los Estados miembros para celebrar el acuerdo previsto, ya que dicha competencia debe determinarse en función de las disposiciones
         principales de este acuerdo. Del mismo modo, Irlanda alega que bastaría con que la Comunidad negociase solamente la disposición
         relativa a estas excepciones, mientras que los Estados miembros seguirían siendo competentes para negociar las demás disposiciones
         del citado acuerdo.
      
      160   No obstante, es necesario señalar que, como se ha indicado en los apartados 151 a 153 del presente dictamen, las disposiciones
         principales del acuerdo previsto pueden afectar al carácter global y coherente de las reglas de competencia establecidas por
         el Reglamento nº 44/2001. Las excepciones a la cláusula de desconexión y la necesidad de que la Comunidad esté presente en
         las negociaciones, prevista por Irlanda, no son más que indicios de que las normas comunitarias resultan afectadas en determinadas
         circunstancias.
      
      161   Del análisis de las disposiciones del nuevo Convenio de Lugano relativas a las reglas de competencia se desprende que dichas
         disposiciones afectan a la aplicación uniforme y coherente de las normas comunitarias referentes a la competencia judicial
         y al buen funcionamiento del sistema que éstas establecen.
      
      –       Sobre las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
      162   La mayor parte de los Gobiernos que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sostienen que las normas relativas
         al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil constituyen un ámbito separable
         del de las reglas de competencia, lo que, a su juicio, justifica que el análisis de la afectación de las normas comunitarias
         por el acuerdo previsto se realice por separado. A este respecto, alegan que el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001
         es limitado, ya que el reconocimiento sólo se refiere a las resoluciones adoptadas en otros Estados miembros, y que cualquier
         acuerdo que tenga un ámbito de aplicación distinto, dado que trataría sobre resoluciones «ajenas a la Comunidad», no podría
         afectar a las normas comunitarias.
      
      163   Sin embargo, como sostienen otros Gobiernos, el Parlamento y la Comisión, es necesario señalar que las reglas de competencia
         y las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales que figuran en el Reglamento nº 44/2001
         no constituyen conjuntos separados y autónomos, sino que están estrechamente vinculadas. Como recordó la Comisión en la vista,
         el mecanismo simplificado de reconocimiento y de ejecución establecido en el artículo 33, apartado 1, de dicho Reglamento,
         según el cual las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que sea
         necesario recurrir a procedimiento alguno, y que en principio, con arreglo al artículo 35, apartado 3, del mismo Reglamento,
         da lugar a que no se fiscalice la competencia del tribunal del Estado miembro de origen, está justificado por la confianza
         recíproca existente entre los Estados miembros y, en particular, por la que pone el juez del Estado requerido en el juez del
         Estado de origen, habida cuenta en particular de las reglas de competencia directa contenidas en el capítulo II del citado
         Reglamento. Así, en relación con el Convenio de Bruselas, el informe relativo a dicho Convenio presentado por el Sr. Jenard
         (DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 46; texto en español en DO 1990, C 189, pp. 122 y ss., especialmente, p. 162),
         indicaba que «las reglas, muy estrictas, de competencia que se formulan en el título II, las garantías que concede al demandado
         ausente en su artículo 20, han permitido no tener ya que exigir al juez ante el que se invoca el reconocimiento o se solicita
         la ejecución, una verificación de la competencia del juez de origen». 
      
      164   Varias disposiciones del Reglamento nº 44/2001 manifiestan la relación existente entre el reconocimiento y ejecución de las
         resoluciones judiciales y las reglas de competencia Así, el control de la competencia del juez de origen se mantiene de manera
         excepcional, con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento, cuando se aplican las disposiciones de dicho Reglamento
         relativas a las competencias exclusivas y a las competencias en materia de contratos de seguro y de contratos celebrados por
         los consumidores. Los artículos 71, apartado 2, letra b), y 72 del mismo Reglamento establecen asimismo tal relación entre
         las reglas de competencia y las normas relativas al reconocimiento y a la ejecución de las citadas resoluciones.
      
      165   Por otra parte, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 prevén las posibilidades de conflicto entre resoluciones dictadas
         entre las mismas partes por distintos tribunales. Así, el artículo 34, número 3, de dicho Reglamento precisa que una resolución
         no se reconocerá si es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido, mientras
         que el número 4 del mismo artículo dispone que una resolución no se reconocerá si es inconciliable con una resolución dictada
         con anterioridad en otro Estado miembro o en un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviera el mismo
         objeto y la misma causa, cuando la resolución dictada anteriormente reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento
         en el Estado miembro requerido.
      
      166   Además, como se ha indicado en el apartado 147 del presente dictamen, el artículo 67 del citado Reglamento regula la relación
         del sistema establecido por éste no sólo con las demás disposiciones de Derecho comunitario existentes o futuras, sino también
         con los convenios existentes que afecten a las normas comunitarias relativas al reconocimiento y a la ejecución, con independencia
         de que dichos convenios contengan reglas de competencia o bien disposiciones relativas al reconocimiento y a la ejecución
         de las resoluciones judiciales.
      
      167   En efecto, por lo que respecta a los convenios de los cuales son parte los Estados miembros, a los que se refiere el artículo
         71 del Reglamento nº 44/2001, el apartado 2, letra b), de este artículo prevé en su párrafo primero que «las resoluciones
         dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular
         serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento». El párrafo segundo de la
         misma disposición establece que «cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro
         de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones,
         se aplicarán dichas condiciones». Por último, el artículo 72 del citado Reglamento dispone que éste «no afectará a los acuerdos
         por los que los Estados miembros se hubieren comprometido antes de [la] entrada en vigor [de este Reglamento], en virtud del
         artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio
         contra un demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un tercer Estado cuando, en el caso previsto en el
         artículo 4 del citado Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado
         en el [párrafo segundo] del artículo 3 de dicho Convenio».
      
      168   Así pues, del examen del Reglamento nº 44/2001 en sí mismo resulta que, debido al sistema global y coherente que establece
         por lo que respecta al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales, un acuerdo como el acuerdo previsto, con
         independencia de que contenga disposiciones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales o bien al reconocimiento
         y a la ejecución de las resoluciones judiciales, podría afectar a las citadas normas.
      
      169   Dado que no existe un texto definitivo del nuevo Convenio de Lugano, el examen de las posibilidades de que las normas comunitarias
         se vean afectadas por éste se efectuará tomando en consideración, a modo de ejemplo, las disposiciones del actual Convenio
         de Lugano.
      
      170   El artículo 26, párrafo primero, de este Convenio establece el principio según el cual las resoluciones dictadas en un Estado
         contratante serán reconocidas en los demás Estados contratantes, sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno. Este
         principio afecta a las normas comunitarias, dado que amplía el ámbito de aplicación del reconocimiento de resoluciones judiciales
         sin procedimiento, aumentando así el número de casos en los cuales se reconocerán resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales
         de Estados que no sean miembros de la Comunidad, cuya competencia no se deriva de la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento
         nº 44/2001.
      
      171   En cuanto a la existencia de una cláusula de desconexión en el acuerdo previsto, como la contenida en el artículo 54 ter, apartado 1, del Convenio de Lugano, según se desprende de los apartados 130 y 154 del presente dictamen, su presencia no
         puede modificar esta apreciación por lo que respecta a la existencia de una competencia exclusiva de la Comunidad para celebrar
         dicho acuerdo.
      
      172   De los anteriores elementos resulta que las normas comunitarias relativas al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones
         judiciales no pueden disociarse de las reglas relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales, con las cuales forman
         un sistema global y coherente, y que el nuevo Convenio de Lugano afectaría a la aplicación uniforme y coherente de las normas
         comunitarias en relación tanto con la competencia judicial como con el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y
         al buen funcionamiento del sistema global establecido por dichas normas.
      
      173   De las anteriores consideraciones resulta que la Comunidad tiene una competencia exclusiva para celebrar el nuevo Convenio
         de Lugano.
      
      En consecuencia, el Tribunal de Justicia (Pleno) emite el siguiente dictamen: 
      La celebración del nuevo Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones
            judiciales en materia civil y mercantil, tal como se contempla en los puntos 8 a 12 de la solicitud de dictamen, reproducidos
            en el apartado 26 del presente dictamen, corresponde íntegramente a la competencia exclusiva de la Comunidad Europea. 
      Firmas