CELEX: 62004CC0170(01)
Language: es
Date: 2006-11-30 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas el 30 de noviembre de 2006. # Klas Rosengren y otros contra Riksåklagaren. # Petición de decisión prejudicial: Högsta domstolen - Suecia. # Libre circulación de mercancías - Artículos 28 CE, 30 CE y 31 CE - Normativa nacional que prohíbe a los particulares importar bebidas alcohólicas - Norma relativa a la existencia y al funcionamiento del monopolio sueco de comercialización de bebidas alcohólicas - Apreciación - Medida contraria al artículo 28 CE - Justificación basada en la protección de la salud y la vida de las personas - Control de proporcionalidad. # Asunto C-170/04.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PAOLO MENGOZZI
      presentadas el 30 de noviembre de 2006 1(1)
      
      Asunto C‑170/04
      Klas Rosengren y otros
      contra
      Riksåklagaren
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta domstolen (Suecia)]
      «Bebidas alcohólicas – Monopolio sueco de venta al por menor – Prohibición de importación privada impuesta a los particulares – Posibilidad de separar dicha prohibición del funcionamiento del monopolio – Artículo 31 CE – Artículo 28 CE – Compatibilidad»I.      Introducción
      1.     Mediante resolución de 30 de marzo de 2004, el Högsta domstolen (Tribunal Supremo sueco) planteó al Tribunal de Justicia cuatro
         cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 28 CE, 30 CE y 31 CE.
      
      2.     En concreto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si disposiciones como las contenidas en la Ley nº 1738, de 16
         de diciembre de 1994, sobre bebidas alcohólicas (alkohollag, en lo sucesivo, «Ley sobre bebidas alcohólicas») –que prohíben
         a los particulares, en las circunstancias descritas en la resolución de remisión, la importación de bebidas alcohólicas cuya
         venta al por menor en Suecia está sometida a un régimen de monopolio–, deben ser examinadas a la luz del artículo 31 CE, relativo
         a los monopolios nacionales de carácter comercial, o bien a la luz del artículo 28 CE, que prohíbe cualquier restricción cuantitativa
         o medida de efecto equivalente (primera cuestión) y, en su caso, si dichas disposiciones son incompatibles con uno u otro
         de los artículos mencionados (cuestiones segunda, tercera y cuarta).
      
      3.     Esta petición de decisión prejudicial fue presentada en el marco de un litigio entre once nacionales suecos, entre ellos el
         Sr. Rosengren, y el Riksåklagaren (Fiscal del Reino) sobre el comiso de varias cajas de vino importadas por correo, encargadas
         en parte en el sitio Internet de un distribuidor danés y en parte directamente a un productor español, en contra de lo dispuesto
         en la Ley sobre bebidas alcohólicas.
      
      4.     El asunto fue asignado inicialmente a la Sala Tercera del Tribunal de Justicia, ante la cual se celebró una vista el 30 de
         noviembre de 2005.
      
      5.     En la vista de 30 de marzo de 2006, el Abogado General Tizzano, a quien había sido asignado anteriormente el asunto, presentó
         sus conclusiones.
      
      6.     En éstas, y en respuesta a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, el Abogado General propuso,
         con carácter principal, que las disposiciones del capítulo 4 de la Ley sobre bebidas alcohólicas, relativas a la prohibición
         de importar bebidas alcohólicas impuesta a los particulares, fueran examinadas a la luz del artículo 31 CE. (2) En apoyo de esta conclusión y en relación con los motivos de la sentencia Franzén sobre el monopolio sueco de la venta de
         alcohol al por menor, (3) el Abogado General consideró que las disposiciones del capítulo 4 de la Ley sobre bebidas alcohólicas son inherentes al funcionamiento
         del monopolio de venta de alcohol al por menor (Systembolaget Aktiebolag, en lo sucesivo, «Systembolaget»), en la medida en
         que están intrínsecamente ligadas al ejercicio de la función específica que la Ley sobre bebidas alcohólicas atribuye a este
         monopolio, función que no sólo consiste en vender bebidas alcohólicas en el mercado sueco, sino también en crear una vía de
         acceso única y controlada para la compra de estas bebidas. (4)
      
      7.     Respecto al problema objeto de la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, el Abogado General Tizzano
         estimó que la prohibición de importación privada de bebidas alcohólicas impuesta a los particulares, prevista en el capítulo
         4 de la Ley sobre bebidas alcohólicas, no era compatible con el artículo 31 CE.
      
      8.     A este respecto, al examinar en su conjunto el sistema establecido por la Ley sobre bebidas alcohólicas, el Abogado General
         Tizzano puso de manifiesto que, en virtud de las disposiciones del capítulo 5, artículo 5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas,
         en su versión aplicable en la época en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal, dicho sistema concedía a Systembolaget
         la facultad de negarse por «motivos graves» a realizar determinados pedidos y a dar curso a solicitudes de importación de
         clientes de bebidas alcohólicas que no estuvieran disponibles entre los productos ofrecidos por el monopolio de venta al por
         menor, de manera que la facultad discrecional que se concedía a Systembolaget podía emplearse de modo discriminatorio en perjuicio
         de bebidas alcohólicas procedentes de otros Estados miembros.
      
      9.     En estas circunstancias, dado que dicha facultad podía ser ejercida de modo discriminatorio y en la medida en que el Reino
         de Suecia no había indicado ninguna exigencia objetiva que pudiera justificar el perjuicio que podía derivarse para los productos
         de otros Estados miembros de la aplicación conjunta de las disposiciones de los capítulos 4 y 5, artículo 5, de la Ley sobre
         bebidas alcohólicas, el Abogado General Tizzano propuso concluir que la prohibición de importar bebidas alcohólicas con carácter
         privado impuesta a los particulares en Suecia era contraria al artículo 31 CE. (5)
      
      10.   Habida cuenta de la importancia que tiene dilucidar si las características de las disposiciones del capítulo 4 de la Ley sobre
         bebidas alcohólicas permiten considerar que éstas pueden separarse de las disposiciones de la misma ley que establecen las
         normas relativas al funcionamiento del monopolio de venta de alcohol al por menor y si deben examinarse a la luz del artículo
         28 CE o del artículo 31 CE, el 27 de abril de 2006, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia, actuando con arreglo al artículo
         44, apartados 3 y 4, del Reglamento de Procedimiento, decidió devolver el presente asunto al Tribunal de Justicia, que lo
         reasignó a la Gran Sala.
      
      11.   El 14 de junio de 2006, la Gran Sala ordenó que se reabriera la fase oral y fijó la vista para el 19 de septiembre de 2006.
      12.   Asimismo, instó a las partes en el litigio principal y a los interesados contemplados en el artículo 23 del Estatuto que habían
         presentado observaciones escritas antes de la vista de 30 de noviembre de 2005 u observaciones orales en ésta, a que concentraran
         sus alegatos sobre la cuestión de si las características de disposiciones como las del capítulo 4 de la Ley sobre bebidas
         alcohólicas –que prohíben la importación de alcohol en Suecia por los particulares–, permiten considerar que estas disposiciones
         pueden separarse de aquéllas de la misma ley que fijan las normas relativas al funcionamiento del monopolio de venta de alcohol
         al por menor.
      
      13.   La concentración de los alegatos buscada por el Tribunal de Justicia en el presente asunto se hace eco directamente del criterio
         que éste adoptó en la sentencia Franzén antes citada.
      
      14.   En efecto, según los apartados 35 y 36 de de los fundamentos de Derecho de esta sentencia, el Tribunal de Justicia estimó
         que procedía «examinar las normas relativas a la existencia y al funcionamiento del monopolio a la luz de las disposiciones
         del artículo [31 CE], específicamente aplicables al ejercicio, por parte de un monopolio nacional de carácter comercial, de
         sus derechos de exclusividad», (6) mientras que «la incidencia sobre los intercambios intracomunitarios de las demás disposiciones de la legislación nacional,
         que pueden separarse del funcionamiento del monopolio aun cuando tengan una incidencia sobre este último, debe ser examinada
         con respecto al artículo [28 CE]». (7)
      
      15.   De acuerdo con lo dispuesto en el auto de 14 de junio de 2006, las partes demandantes en el litigio principal, el Reino de
         Suecia, la República de Finlandia, el Reino de Noruega, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Órgano de Vigilancia
         de la AELC fueron oídos en la vista de 19 de septiembre de 2006.
      
      16.   Los tres gobiernos coadyuvantes sostienen, esencialmente, que las normas controvertidas en el litigio principal no pueden
         separarse de la existencia y del funcionamiento del monopolio de venta de alcohol al por menor y, por consiguiente, según
         el criterio establecido por la sentencia Franzén, deben ser examinadas a la luz del artículo 31 CE.
      
      17.   Así pues, se adhieren a la opinión expuesta, en las conclusiones antes citadas, por el Abogado General Tizzano en su respuesta
         a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
      
      18.   Apoyándose también en la sentencia Franzén, las demandantes en el litigio principal, la Comisión y el Órgano de Vigilancia
         de la AELC desarrollan una argumentación diametralmente opuesta a la defendida por los gobiernos coadyuvantes.
      
      19.   Consideran que, si bien las normas en cuestión inciden sobre el monopolio de venta de alcohol al por menor, pueden no obstante
         separarse de su existencia y funcionamiento y, por tanto, deben ser examinadas a la luz de los artículos 28 CE y 30 CE. Su
         posición se basa, esencialmente, en la premisa de que las únicas normas que no pueden separarse de un monopolio nacional de
         carácter comercial son las normas específicamente aplicables al ejercicio de sus derechos de exclusiva por dicho monopolio.
         Estas partes consideran que no ocurre así en el presente asunto. El Órgano de Vigilancia de la AELC añade, por una parte,
         que el artículo 31 CE ha de ser objeto de una interpretación restrictiva y, por otra, que la función específica de un monopolio
         se confunde con el alcance de sus derechos exclusivos.
      
      20.   En el marco de las presentes conclusiones, deseo centrar mi atención en determinados puntos desarrollados por las partes que
         intervinieron en la vista de 19 de septiembre de 2006 en respuesta a la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional
         remitente.
      
      21.   Como se precisará a lo largo del subsiguiente examen de esta cuestión, mi apreciación concuerda con la expuesta con carácter
         principal por el Abogado General Tizzano en sus conclusiones antes citadas.
      
      22.   Sin embargo, considero que también es necesario hacer algunas observaciones sobre la respuesta que ha de darse a la segunda
         cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, en la medida en que mi posición difiere en algunos aspectos de
         los planteamientos dedicados a ésta en las conclusiones del Abogado General Tizzano.
      
      23.   Teniendo en cuenta la respuesta que propongo que se dé a las dos primeras cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional
         remitente, en mi opinión no procede examinar las cuestiones tercera y cuarta, relativas a la interpretación de los artículos
         28 CE y 30 CE, cuestiones que el órgano jurisdiccional nacional formuló con carácter meramente subsidiario.
      
      II.    Análisis jurídico
      A.      Sobre la primera cuestión prejudicial
      24.   Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si «puede considerarse que la prohibición de importación
         privada evocada [en la resolución de remisión] forma parte del funcionamiento del monopolio de venta al por menor y, por esta
         razón, no está prohibida por el artículo 28 CE y sólo puede ser examinada a la luz del artículo 31 CE».
      
      1.      Sobre la interpretación del artículo 31 CE
      25.   En sus observaciones orales, el Órgano de Vigilancia de la AELC alega que el artículo 31 CE, al ser una ley especial que constituye
         una excepción a lo dispuesto en el artículo 28 CE, debe ser objeto de una interpretación restrictiva. En relación con el apartado
         35 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Franzén antes citada, dicho Órgano, sostenido por la Comisión y por las partes
         demandantes en el litigio principal, deduce que el artículo 31 CE sólo se aplica a las disposiciones nacionales específicamente
         aplicables al ejercicio de sus derechos de exclusiva por un monopolio de carácter comercial. En efecto, según el Órgano de
         Vigilancia de la AELC, la función específica de un monopolio se confunde con el alcance de sus derechos exclusivos.
      
      26.   En mi opinión, esta apreciación deriva de una lectura parcial de la jurisprudencia.
      27.   En primer lugar, aunque el artículo 31 CE pueda ser definido como una ley especial, (8) cuyo objetivo es regular los monopolios nacionales de carácter comercial, dicha calificación no lleva aparejada la consecuencia
         de que esta disposición haya de ser interpretada de modo restrictivo.
      
      28.   En efecto, el Tribunal de Justicia ha recordado en reiteradas ocasiones que el artículo 31 CE tiene la finalidad de garantizar
         la observancia de la norma fundamental de la libre circulación de mercancías en todo el mercado común, cuando, en uno u otro
         de dichos Estados, determinado producto esté sujeto a un monopolio nacional de carácter comercial. (9) Pero también ha precisado que el artículo 31 CE tiene por objeto conciliar la posibilidad de que los Estados miembros mantengan
         determinados monopolios de carácter comercial, como instrumentos para el logro de objetivos de interés público, con las exigencias
         del establecimiento y del funcionamiento del mercado común. (10) Por tanto, no se trata de una excepción a la libre circulación de mercancías, a diferencia, por ejemplo, del artículo 30 CE,
         a cuyas disposiciones se aplica permanentemente el principio de interpretación restrictiva.
      
      29.   Por consiguiente, si bien se admite de buen grado que, por su propio objeto, el artículo 31 CE tiene un ámbito de aplicación
         limitado, no creo en cambio que sus disposiciones hayan de ser interpretadas restrictivamente.
      
      30.   Además, en mi opinión, no se puede acoger el argumento del Órgano de Vigilancia de la AELC, de la Comisión y de las partes
         demandantes en el litigio principal, basado en el apartado 35 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Franzén, según
         el cual sólo están comprendidas en el artículo 31 CE las normas relativas a la existencia y al funcionamiento del monopolio
         específicamente aplicables al ejercicio por éste de sus derechos de exclusiva.
      
      31.   Como expuso el Abogado General Tizzano en el apartado 38 de sus conclusiones, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
         se desprende que ésta hace hincapié en las actividades «intrínsecamente ligadas a la función específica» atribuida al monopolio
         de que se trata. (11) Ninguna de las partes que han intervenido en este asunto ante el Tribunal de Justicia ha cuestionado la citada jurisprudencia.
      
      32.   Ha de señalarse, no obstante, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluida la citada en los apartados 35 y 36
         de los fundamentos de Derecho de la sentencia Franzén, adolece de cierta ambigüedad respecto al alcance exacto del concepto de «función específica» de un monopolio. En mi opinión, esta es la razón por la que el Órgano de Vigilancia de
         la AELC también sugiere que ha de considerarse que la función específica de un monopolio se confunde con el alcance de sus
         derechos exclusivos.
      
      33.   Al examinar algunas sentencias del Tribunal de Justicia, esta interpretación podría resultar convincente a priori. Así, en el apartado 7 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Cassis de Dijon, (12) al que remite el apartado 35 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Franzén, el Tribunal de Justicia indicó que el
         artículo 31 CE «no es aplicable respecto de disposiciones nacionales que no afectan al ejercicio de la función específica
         de un monopolio –a saber, su derecho en exclusiva– […]».
      
      34.   Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que la aplicación del artículo 31 CE «no se limita a las importaciones
         o exportaciones que constituyen el objeto directo del monopolio, sino que se extiende a toda acción relacionada con la existencia
         de dicho monopolio y que tenga incidencia sobre los intercambios entre Estados miembros de determinados productos […]». (13)
      
      35.   Además, el Tribunal de Justicia examinó a la luz del artículo 31 CE un monopolio de carácter comercial cuya función específica
         consistía en la obligación impuesta a los productores nacionales de determinadas bebidas alcohólicas de mantener la producción
         de dichas bebidas dentro de los límites de contingentes anuales establecidos por las autoridades públicas y de entregar su
         producción únicamente al monopolio, conjugada con la obligación de este monopolio de comprar dichos productos a precios fijados
         oficialmente. (14) El Tribunal de Justicia analizó con arreglo al artículo 31 CE normas nacionales que excedían stricto sensu del ejercicio del derecho exclusivo de compra de alcohol atribuido a dicho monopolio. Como destacó el Abogado General Tizzano
         en los puntos 41 y 42 de sus conclusiones, el Tribunal de Justicia adoptó una posición similar en la sentencia Franzén.
      
      36.   En efecto, me parece correcto el razonamiento que descarta que quepa asimilar la función específica de un monopolio al alcance
         de sus derechos exclusivos. Por una parte, corresponde a los Estados miembros definir la función específica atribuida al monopolio,
         sin perjuicio del control efectuado por el Tribunal de Justicia, ya que sus derechos exclusivos no son en realidad más que
         el medio de conseguir la función que se le ha atribuido. Por otra parte, si la función específica de un monopolio se limitara,
         en definitiva, al alcance de sus derechos exclusivos, este razonamiento equivaldría a consagrar una tautología poco comprensible,
         que consistiría en sostener que la función específica de un monopolio ¡es el propio monopolio! Si así fuera no tendría sentido
         que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia lleve insistiendo desde hace más de treinta años en el concepto de «función
         específica» y no simplemente en el de «derecho(s) exclusivo(s)».
      
      37.   Por consiguiente, considero que las normas sometidas al artículo 31 CE comprenden todas las disposiciones vinculadas a la
         existencia y al funcionamiento del monopolio de venta de alcohol al por menor, al estar intrínsecamente ligadas al ejercicio
         de la función específica atribuida a dicho monopolio, incluidas las que no corresponden stricto sensu al alcance del derecho de exclusiva concedido a este monopolio.
      
      38.   Por tanto, procede examinar si la prohibición de importación privada de bebidas alcohólicas por los particulares cumple el
         requisito expuesto en el punto precedente de estas conclusiones, es decir, si, a pesar de no corresponder stricto sensu con el alcance del derecho exclusivo concedido a Systembolaget, está intrínsecamente ligada al ejercicio de la función específica
         del monopolio de venta de alcohol al por menor. Si esto fuera así, dicha prohibición estaría vinculada a la existencia y al
         funcionamiento del mencionado monopolio y estaría comprendida, en consecuencia, en el ámbito de aplicación del artículo 31 CE.
      
      2.      Sobre la aplicabilidad del artículo 31 CE a los hechos de autos
      39.   El capítulo 4 de la Ley sobre bebidas alcohólicas regula la importación privada de bebidas alcohólicas. En él se precisan
         los casos en los que se autoriza dicha importación, en particular la efectuada por un viajero mayor de veinte años residente
         en Suecia para consumo personal. Fuera de los casos taxativamente admitidos, están prohibidas las importaciones de bebidas
         alcohólicas por particulares con carácter privado. Esta prohibición también concierne los encargos a distancia realizados
         por un consumidor sueco sin desplazarse a otro Estado miembro. No obstante, si se trata de bebidas alcohólicas que no figuran
         en el surtido de Systembolaget, el capítulo 5, artículo 5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas exige que, a petición de un
         particular, esta empresa efectúe el encargo solicitado, salvo que existan motivos graves que se opongan a ello.
      
      40.   El alcance de las normas en cuestión es objeto de debate entre las partes que intervinieron en la vista de 19 de septiembre
         de 2006.
      
      41.   La Comisión estima que las disposiciones del capítulo 4 de la Ley sobre bebidas alcohólicas –que dicha institución califica
         de prohibición de importación impuesta a los particulares– se refieren a un estadio anterior a la venta de alcohol al por
         menor (ejercida en régimen de exclusiva) y no están comprendidas, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 31 CE.
      
      42.   El Órgano de Vigilancia de la AELC sostiene que el objetivo de la normativa en cuestión no es prohibir la importación privada
         de alcohol por los particulares, sino regular el transporte de las bebidas alcohólicas importadas por un particular, puesto
         que éste sólo puede transportarlas cuando se desplaza él mismo con dichas bebidas. Según el Órgano de Vigilancia de la AELC,
         al poder separarse de la existencia y del funcionamiento del monopolio de venta de alcohol al por menor, estas normas no están
         incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 31 CE. Las partes demandantes en el litigio principal defienden una posición
         sustancialmente similar. Además, el Órgano de Vigilancia de la AELC basa su argumentación en la sentencia HOB‑vín del Tribunal
         de Justicia de la AELC. (15)
      
      43.   En cambio, el Gobierno sueco, apoyado por los otros dos gobiernos coadyuvantes, alega que la prohibición de las importaciones
         privadas de bebidas alcohólicas por los particulares sólo es una faceta de las disposiciones nacionales que regulan la compra
         de alcohol a distancia, que se inscriben en el marco del sistema monopolizado de la venta de alcohol al por menor.
      
      44.   En primer lugar, en mi opinión es evidente que las normas en cuestión no constituyen una normativa del transporte de bebidas
         alcohólicas.
      
      45.   Recuérdese que las partes que intervinieron en la vista no cuestionaron la licitud de la existencia del monopolio sueco de
         venta de alcohol al por menor. Su licitud fue confirmada por la sentencia Franzén antes citada. Ahora bien, como expuso el
         Gobierno sueco, la red de distribución de Systembolaget canaliza la venta de bebidas alcohólicas en Suecia, que no se consumen
         in situ. Por consiguiente, Systembolaget es el único intermediario que suministra bebidas alcohólicas a los particulares en Suecia. (16) Esto significa también que un particular que desea encargar bebidas alcohólicas en Suecia debe hacer necesariamente su pedido
         a Systembolaget. Si la bebida está disponible entre los productos ofrecidos por el monopolio de venta al por menor, el particular
         podrá adquirirla directamente en un punto de venta de Systembolaget o, en su caso, podrá encargarla. (17) Si la bebida no está disponible entre los productos ofrecidos por el monopolio de venta al por menor, ha de aplicarse la
         norma del capítulo 5, artículo 5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas, norma que ya fue considerada vinculada al funcionamiento
         del monopolio de venta de alcohol al por menor en la sentencia Franzén. (18)
      
      46.   La prohibición de importación privada de bebidas alcohólicas por los particulares, tal y como aparece contemplada en la primera
         cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, debe examinarse en este contexto. Su objetivo no es regular un
         estadio anterior al comercio al por menor, como alega la Comisión, sino garantizar que los particulares no eludan el sistema
         de canalización de las ventas de bebidas alcohólicas, elegido por Suecia y fue declarado compatible con el artículo 31 CE
         en la sentencia Franzén, mediante pedidos a distancia realizados directamente a los productores de otros Estados miembros.
      
      47.   Como expuso acertadamente el Abogado General Tizzano en las conclusiones antes citadas, éste es el sentido en el que cabe
         afirmar que la tarea de importar las bebidas alcohólicas solicitadas está ligada intrínsecamente a la ejecución de la función
         específica que la ley nacional atribuye a Systembolaget, función que consiste en crear una vía de acceso única y controlada
         para la compra de estas bebidas. (19) Ahora bien, la norma sobre la tramitación de los pedidos de bebidas alcohólicas por parte de Systembolaget (capítulo 5, artículo
         5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas) y la relativa a la prohibición de importaciones privadas (capítulo 4 de la Ley sobre
         bebidas alcohólicas) se completan y son inseparables: el objetivo de ambas es encauzar la demanda de bebidas alcohólicas de
         los consumidores suecos mediante el sistema exclusivo de venta al por menor controlado por Systembolaget. (20)
      
      48.   Evidentemente, podría objetarse, como hizo el Órgano de Vigilancia de la AELC, que la legislación sueca no prohíbe expresamente
         a los particulares realizar directamente sus pedidos a un productor o distribuidor de su elección, sueco o extranjero, concretamente
         a través de Internet.
      
      49.   No obstante, en mi opinión, una prohibición expresa en este sentido sería superflua. En efecto, puesto que la única modalidad
         de venta prevista por la Ley sobre bebidas alcohólicas es la compra de bebidas alcohólicas a través del monopolio de venta
         al por menor que, a fin de cuentas, está incluida en la función específica atribuida a este monopolio y se aplica con independencia
         del origen de los productos, no hay ninguna necesidad de prohibir expresamente que los particulares compren alcohol encargándolo
         directamente a otros distribuidores.
      
      50.   Además, la objeción de la Comisión de que Systembolaget no corre con los gastos del transporte de las bebidas alcohólicas
         encargadas o compradas directamente por un particular a un productor establecido en otro Estado miembro también resulta poco
         pertinente.
      
      51.   En efecto, precisamente porque la función específica del monopolio de venta al por menor es canalizar las compras de bebidas
         alcohólicas por una vía única y controlada y porque, por lo demás, la empresa Systembolaget no es en ningún caso una empresa
         de transporte de mercancías, dicha empresa no puede transportar bebidas alcohólicas por cuenta de un particular que no se
         ha dirigido a ella, ignorando la función específica que le atribuyó el legislador nacional.
      
      52.   Seguidamente, en mi opinión, ha de descartarse el argumento de carácter más general que el Órgano de Vigilancia extrae de
         la sentencia HOB-vín del Tribunal de la AELC, antes citada, relativo al funcionamiento del monopolio islandés de venta de
         alcohol al por menor (ÁTVR).
      
      53.   Según el Órgano de Vigilancia de la AELC, de la mencionada sentencia se desprende que una disposición nacional sólo es inseparable
         del funcionamiento del monopolio si afecta directamente a éste. En cambio, las disposiciones relativas a la actividad de los
         operadores y de los particulares, en sentido amplio, pueden separarse del funcionamiento del monopolio y deben examinarse
         a la luz del artículo 28 CE.
      
      54.   Me permito recordar que, en el asunto HOB-vín, se planteó al Tribunal de la AELC, al que recurrió un órgano jurisdiccional
         islandés, la cuestión de si dos requisitos comerciales –impuestos por el monopolio islandés de venta al por menor de alcohol
         por vía reglamentaria y contractual, a los que tenían que ajustarse los palés de sus distribuidores– (21) debían examinarse a la luz del artículo 11 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»),
         cuyo tenor es esencialmente idéntico al del artículo 28 CE, o a la luz del artículo 16 del Acuerdo EEE, cuyo tenor es sustancialmente
         idéntico al del artículo 31 CE.
      
      55.   Basándose en la distinción realizada en los citados apartados 35 y 36 de la sentencia Franzén, el Tribunal de Justicia de
         la AELC estimó que en el caso de autos el factor determinante para saber si los requisitos comerciales en cuestión eran inseparables
         del funcionamiento del monopolio islandés residía en el hecho de que sólo se aplicaban a ÁTVR, dejando al margen otras empresas
         que también gestionaban depósitos para sus actividades comerciales. En la medida en que los mencionados requisitos sólo regulaban
         las relaciones contractuales de ÁTVR, se consideró que eran inseparables del funcionamiento del monopolio y fueron examinados
         a la luz del artículo 16 del Acuerdo EEE. (22)
      
      56.   Ahora bien, estoy convencido de que sería arriesgado querer sacar consecuencias generales de la distinción que realizó el
         Tribunal de la AELC en la mencionada sentencia. En efecto, dicho tribunal señala con prudencia que la línea de separación
         antes indicada es válida «para el caso de autos». En otras palabras, si bien es cierto que requisitos reglamentarios o, a fortiori, requisitos comerciales impuestos por el propio monopolio, que –como en el asunto del que conocía el Tribunal de la AELC–
         sólo se aplican al monopolio, pueden ser considerados inseparables de su funcionamiento, las normas nacionales dirigidas a
         otros operadores o particulares no son necesariamente separables del funcionamiento de dicho monopolio. Asimismo me permito
         destacar que en los asuntos citados en el punto 35 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia examinó normas nacionales
         a la luz del artículo 31 CE, aun cuando dichas normas no se dirigieran directamente al monopolio en cuestión. En definitiva,
         como ya he precisado, en mi opinión todo depende de la función específica que la ley nacional atribuya al monopolio de que
         se trate.
      
      57.   Finalmente, según las partes demandantes en el litigio principal, la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC, el hecho
         de que el monopolio finlandés de venta de alcohol al por menor ejerza sus funciones con independencia de la existencia de
         una prohibición similar a la examinada en este asunto demuestra que tal prohibición puede separarse del funcionamiento del
         monopolio.
      
      58.   El Abogado General Tizzano ya había rechazado este argumento señalando acertadamente que no se trataba en absoluto de averiguar
         si un monopolio podía funcionar sin dicha prohibición, sino de apreciar si la prohibición prevista está o no intrínsecamente
         ligada al ejercicio de la función específica que el legislador decidió atribuir a su monopolio. (23)
      
      59.   Para desarrollar brevemente esta sugerencia, confiando en no desnaturalizarla, creo que el criterio elaborado por la sentencia
         Franzén, a saber, el del carácter separable de las disposiciones nacionales en relación con la existencia y el funcionamiento
         del monopolio de venta al por menor, debe llevar al Tribunal de Justicia a preguntarse si la prohibición en cuestión tendría
         razón de ser con independencia de la existencia y del funcionamiento del monopolio sueco de venta de alcohol al por menor.
         
      
      60.   Efectivamente, a mi parecer, admitir que una norma es «separable» de la existencia y del funcionamiento del monopolio de venta
         de alcohol al por menor equivale a considerar que esta norma tiene su propia razón de ser y puede existir con independencia
         de la existencia y del funcionamiento de dicho monopolio, siempre y cuando sea compatible con el Derecho comunitario. (24) Ahora bien, la prohibición en cuestión no tendría ninguna razón de ser sin la existencia y el funcionamiento de ese monopolio,
         ya que, como he indicado anteriormente, está intrínsecamente ligada al ejercicio de la función específica del monopolio sueco
         de venta al por menor que la ley nacional atribuye a éste.
      
      61.   Habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera
         cuestión prejudicial en el sentido de que la prohibición de importación privada de alcohol, evocada en la resolución de remisión,
         debe ser examinada a la luz del artículo 31 CE.
      
      B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
      62.   Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la prohibición de importación privada de bebidas
         alcohólicas por los particulares es compatible con los requisitos establecidos en el artículo 31 CE.
      
      63.   Recuérdese que el artículo 31 CE, apartado 1, dispone que los Estados miembros adecuarán los monopolios nacionales de carácter
         comercial de tal modo que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros
         respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado. Por lo que respecta a los monopolios de venta, el Tribunal de
         Justicia ha declarado que «no se admiten los monopolios organizados de modo tal que el comercio de mercancías procedentes
         de otros Estados miembros resulte desfavorecido, de hecho o de Derecho, en relación con el de las mercancías nacionales». (25) Además, el Tribunal de Justicia indicó que, para comprobar si un monopolio de venta está organizado de manera que se excluya
         cualquier discriminación en el sentido del artículo 31 CE, apartado 1, debía examinarse si dicho monopolio podía perjudicar
         los productos procedentes de otros Estados miembros o si, en la práctica, perjudicaba dichos productos. (26)
      
      64.   En lo que respecta al litigio principal, comparto totalmente la opinión del Abogado General Tizzano cuando indica que, en
         el marco de la Ley sobre bebidas alcohólicas, la prohibición de importaciones privadas de alcohol, por sí sola, no perjudica
         los productos procedentes de otros Estados miembros, sino que, por el contrario, los coloca exactamente al mismo nivel que
         los productos nacionales. Efectivamente, por una parte, los particulares sólo pueden adquirir tanto unos como otros productos
         en las tiendas y puntos de venta de Systembolaget y, por otra, si las bebidas alcohólicas no están disponibles entre los productos
         que ofrece Systembolaget, tanto los unos como los otros debe encargarse por medio de dicha sociedad, con arreglo al capítulo
         5, artículo 5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas. (27)
      
      65.   Sin embargo, a diferencia del Abogado General Tizzano, considero que esta apreciación constituye una respuesta útil para el
         órgano jurisdiccional remitente en relación con las circunstancias del litigio principal.
      
      66.   En efecto, no ha de perderse de vista que las partes demandantes en el litigio principal efectuaron directamente pedidos a
         un distribuidor y a un productor extranjeros, sin ni siquiera intentar encargar a Systembolaget que lo hiciera, en contra
         de lo dispuesto en el capítulo 5, artículo 5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas.
      
      67.   Por ello, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si es compatible con el artículo 31 CE, apartado 1, la prohibición
         de importaciones privadas combinada con el propio principio de la obligación de realizar el pedido a través de Systembolaget para obtener las bebidas alcohólicas que no figuren en el
         surtido del monopolio de venta al por menor.
      
      68.   En cambio, el órgano jurisdiccional nacional no pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de la prohibición
         en cuestión con el artículo 31 CE, apartado 1, en el hipotético caso de que los demandantes hubieran realizado efectivamente
         sus pedidos a través de Systembolaget y hubieran recibido, a continuación, una negativa por parte de ésta de efectuar dicho
         pedido por «motivos graves», con arreglo al capítulo 5, artículo 5, in fine, de la Ley sobre bebidas alcohólicas, en su versión aplicable en la época en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal. (28)
      
      69.   Además, ha quedado acreditado que Systembolaget nunca ha hecho uso de la posibilidad de denegación por «motivos graves», con
         arreglo al capítulo 5, artículo 5, in fine, de la Ley sobre bebidas alcohólicas.
      
      70.   En mi opinión, de ello resulta que una prohibición de importaciones privadas de bebidas alcohólicas por los particulares,
         como la prevista en la Ley sobre bebidas alcohólicas, no es contraria, en principio, al artículo 31 CE.
      
      71.   Si, a pesar de cuanto se ha expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia considerara que también ha de responder a la cuestión
         de si la prohibición analizada es compatible con el artículo 31 CE, apartado 1, aunque esta prohibición pueda aplicarse simultáneamente
         a la posibilidad de que Systembolaget se niegue por «motivos graves» a efectuar los pedidos de bebidas alcohólicas no disponibles
         entre los productos ofrecidos por el monopolio de venta al por menor efectuados por particulares, con arreglo al capítulo
         5, artículo 5, in fine, de la Ley sobre bebidas alcohólicas, procedería responder de la manera siguiente: una prohibición como la expuesta en la
         resolución de remisión sólo puede ser compatible con el artículo 31 CE, apartado 1, si lleva a tratar de manera no discriminatoria,
         de hecho y de Derecho, los productos procedentes de otros Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente
         comprobar si esto ocurre en el litigio principal.
      
      III. Conclusión
      72.   A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Högsta domstolen (Suecia) de
         la siguiente manera:
      
      «1)      Una prohibición de importación privada de bebidas alcohólicas por particulares, como la que establece la alkohollag (Ley nº 1738
         de 16 de diciembre de 1994) (Ley sobre bebidas alcohólicas), debe considerarse, en el sistema concreto definido por dicha
         Ley, como una norma intrínsecamente ligada a la existencia y al funcionamiento de un monopolio de venta al por menor de esos
         productos que, como tal, debe ser examinada a la luz del artículo 31 CE.
      
      2)      En el marco de un sistema específico como el instituido por la Ley sobre bebidas alcohólicas, la prohibición de importaciones
         privadas de bebidas alcohólicas por los particulares es compatible en principio con el artículo 31 CE, apartado 1.
      
      Sin embargo, aunque pueda aplicarse simultáneamente con la posibilidad de que el monopolio de venta al por menor de alcohol
         se niegue por “motivos graves” a realizar un pedido efectuado por particulares de bebidas alcohólicas no disponibles entre
         los productos ofrecidos por dicho monopolio, esta prohibición sólo es compatible con el artículo 31 CE, apartado 1, si lleva
         a tratar de manera no discriminatoria, de hecho y de Derecho, los productos procedentes de otros Estados miembros. Corresponde
         al órgano jurisdiccional remitente comprobar si esto ocurre en el litigio principal.»
      
      1 –	Lengua original: francés.
      
      2 –	Punto 43 de las conclusiones presentadas el 30 de marzo de 2006.
      
      3 –	Sentencia de 23 de octubre de 1997, Franzén (C‑189/95, Rec. p. I‑5909).
      
      4 –	Puntos 41 a 43 de las conclusiones antes citadas.
      
      5 –	Conclusiones citadas, puntos 58 a 61.
      
      6 –	Sentencia antes citada, apartado 35.
      
      7 –	Idem, apartado 36.
      
      8 –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de febrero de 1976, Miritz (91/75, Rec. p. 217), apartado 5, y de 20 de febrero
         de 1979, Rewe, «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), apartado 7.
      
      9 –	Véanse, en particular, las sentencias de 14 de diciembre de 1995, Banchero (C‑387/93, Rec. p. I‑4663), apartado 27, y Franzén,
         antes citada, apartado 37.
      
      10 –	Sentencias Franzén, antes citada, apartado 39, y de 31 de mayo de 2005, Hanner (C‑438/02, Rec. I‑4551), apartado 35.
      
      11 –	Véanse, a este respecto, las sentencias de 13 de marzo de 1979, Peureux (86/78, Rec. p. 897), apartado 35, a la que remite
         el apartado 36 de los fundamentos de Derecho de la sentencia Franzén, y de 29 de abril de 1982, Pabst & Richarz (17/81, Rec.
         p. 1131), apartado 23: «las normas que contiene el artículo [31 CE] se refieren sólo a las actividades intrínsecamente vinculadas
         al ejercicio de la función específica del monopolio [...], pero carecen de relevancia en relación con las disposiciones nacionales
         ajenas al ejercicio de dicha función específica».
      
      12 –	Sentencia Cassis de Dijon, antes citada.
      
      13 –	Sentencias de 16 de diciembre de 1970, Cinzano (13/70, Rec. p. 1089), apartado 5, y Miritz, antes citada, apartado 8.
      
      14 –	Sentencia de 13 de marzo de 1979, Peureux (119/78, Rec. p. 975), apartado 29.
      
      15 –	Sentencia del Tribunal de la AELC, de 17 de enero de 2006, HOB-vín, E-4/05, aún no publicada en la Recopilación del Tribunal
         de la AELC. En el sitio internet http://eftacourt.lu/ está disponible una versión de esta sentencia.
      
      16 –	Es indiferente que, aparte de su propia red de puntos de venta, Systembolaget delegue la distribución concreta de bebidas
         alcohólicas en algunas localidades poco pobladas y mal comunicadas a oficinas de correos o a otras personas. Systembolaget
         sigue siendo en todos los casos el único distribuidor de bebidas alcohólicas de los consumidores suecos.
      
      17 –	Nótese, además, como precisó el Gobierno sueco, que Systembolaget no comercializa las bebidas alcohólicas a través de Internet.
      
      18 –	Conclusiones antes citadas, punto 41.
      
      19 –	Conclusiones antes citadas, punto 42.
      
      20 –	Idem, punto 45.
      
      21 –	Efectivamente, del apartado 4 de los fundamentos de Derecho de la mencionada sentencia se desprende que ÁTVR había adoptado,
         por una parte, un reglamento («rule»), de tipo general, sobre la compra y venta de bebidas alcohólicas que precisaba los requisitos
         que debían cumplir los palés; por otra parte, dichos requisitos también figuraban en los contratos que la mencionada empresa
         celebraba con sus distribuidores de palés.
      
      22 –	Apartados 24 a 26 de la sentencia citada (traducción libre del texto inglés).
      
      23 –	Conclusiones antes citadas, punto 47.
      
      24 –	Obsérvese que ésa parece haber sido también, esencialmente, la posición de la Comisión ante el Tribunal de la AELC en el
         asunto HOB-vín antes citado, en el que se indica, en el apartado 23 de los fundamentos de Derecho de la sentencia que «[…]
         the agent for the Commission suggested a test whereby a given measure should be deemed to fall under the ambit of Article
         16 EEA in cases where it would not exist without the monopoly».
      
      25 –	Sentencias Franzén, antes citada, apartado 40 y Hanner, antes citada, apartado 36.
      
      26 –	Véase, en este sentido, la sentencia Hanner, antes citada, apartados 37 y 38.
      
      27 –	Véanse, en este sentido, las conclusiones antes citadas, punto 55.
      
      28 –	Hago constar que, desde el 1 de enero de 2005, el legislador sueco puso fin a la posibilidad de que Systembolaget rechazara
         por «motivos graves» los pedidos de bebidas alcohólicas que le dirigen los particulares, con arreglo al capítulo 5, artículo
         5, de la Ley sobre bebidas alcohólicas.