CELEX: 62008CA0091
Language: es
Date: 2010-04-13 00:00:00
Title: Asunto C-91/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Wall AG/Municipio de Fráncfort del Meno, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) (Concesiones de servicios — Procedimiento de adjudicación — Obligación de transparencia — Sustitución posterior de un subcontratista)

5.6.2010   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 148/4
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de abril de 2010 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Frankfurt am Main — Alemania) — Wall AG/Municipio de Fráncfort del Meno, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)
   (Asunto C-91/08) (1)
   
   (Concesiones de servicios - Procedimiento de adjudicación - Obligación de transparencia - Sustitución posterior de un subcontratista)
   2010/C 148/05
   Lengua de procedimiento: alemán
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Landgericht Frankfurt am Main
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Wall AG
   
      Demandadas: Municipio de Fráncfort del Meno, Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES)
   
      Coadyuvante: Deutsche Städte Medien (DSM) GmbH
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Landgericht Frankfurt am Main — Interpretación de los artículos 12, 43, 49 y 86, apartado 1, del Tratado CE, de los principios de transparencia, de igualdad y de no discriminación, así como del artículo 2, apartado 1, letra b), y apartado 2, de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 195, p. 35), en su versión modificada por la Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 193, p. 75), y del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114) — Adjudicación de concesiones de servicios — Concepto de empresa pública — Consecuencias para la ejecución del contrato del incumplimiento de la obligación de transparencia tras un cambio ulterior de un subcontratista
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               Cuando las modificaciones introducidas en las disposiciones de un contrato de concesión de servicios tengan características sustancialmente distintas de las que justificaron la adjudicación del contrato de concesión inicial y, en consecuencia, demuestran la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales de ese contrato, procede adoptar, con arreglo al ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, todas las medidas necesarias para que el procedimiento vuelva a estar impregnado de transparencia, incluido un nuevo procedimiento de adjudicación. En su caso, el nuevo procedimiento de adjudicación debería organizarse según criterios adaptados a las características de la concesión de servicios de que se trate y permitir que una empresa situada en el territorio de otro Estado miembro pueda tener acceso a la información adecuada relativa a esa concesión antes de que ésta sea adjudicada.
            
         
               2)
            
            
               Cuando una empresa concesionaria celebra un contrato de servicios que está incluido en el objeto de la concesión que le ha atribuido un ente territorial, la obligación de transparencia que se deriva de los artículos 43 CE y 49 CE, así como de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad no se aplica si la empresa:
               
                           —
                        
                        
                           ha sido constituida por dicho ente territorial para desarrollar actividades de eliminación de residuos y limpieza urbana, pero que igualmente desarrolla su actividad en el mercado;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           pertenece en un 51 % a dicho ente territorial, pero que, no obstante, los acuerdos de gestión sólo pueden adoptarse con una mayoría de tres cuartos de los votos emitidos en la junta general de esa empresa;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           únicamente una cuarta parte de los miembros del consejo de vigilancia, incluido el presidente de éste es nombrado por dicho ente territorial, y
                        
                     
                           —
                        
                        
                           obtiene más de la mitad de su volumen de negocios en virtud de contratos sinalagmáticos relativos a la eliminación de residuos y limpieza urbana en el territorio del citado ente territorial, de tal forma que éste los financia mediante el cobro de impuestos municipales pagados por sus administrados.
                        
                     
         
               3)
            
            
               Los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, consagrados en los artículos 43 CE y 49 CE, así como la obligación de transparencia que de ellos se deriva no obligan a las autoridades nacionales a rescindir un contrato ni a los tribunales nacionales a conceder una orden conminatoria cada vez que tenga lugar un supuesto incumplimiento de dicha obligación en la adjudicación de concesiones de servicios. Corresponde al ordenamiento jurídico interno regular los recursos que tienen por objeto garantizar la salvaguardia de los derechos que se derivan para los justiciables de dicha obligación, de tal manera que tales recursos no resulten menos favorables que los recursos semejantes de orden interno ni hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de tales derechos. La obligación de transparencia se deriva directamente de los artículos 43 CE y 49 CE, los cuales tienen efecto directo en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros y prevalecen sobre toda disposición en contrario de los Derechos nacionales.
            
         
      (1)  DO C 142, de 7.6.2008.