CELEX: C2003/031/09
Language: es
Date: 2003-02-08 00:00:00
Title: Asunto C-416/02: Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2002 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

8.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 31/5
La fijación del momento en que la determinación (comproba-               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
ción) debería haber hecho posible que, con arreglo al artí-
culo 10 del Reglamento no 1552/89, se estableciera el plazo
dentro del cual los recursos propios de que se trata debían ser          —    declare que:
acreditados en la cuenta de la Comisión. El incumplimiento de
dicho plazo genera la obligación de pagar intereses de demora                 a)    al no haber adoptado las medidas necesarias para
con arreglo al artículo 11 del Reglamento no 1552/89,                               asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le
obligación que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia                    incumben en virtud de los artículos 4, 9 y 13 de la
subsiste sin que sea necesario verificar por qué razón dicho                        Directiva 75/442/CEE (1), modificada por la Direc-
plazo no ha sido respetado.                                                         tiva 91/156/CEE (2), al no haber tomado las medidas
                                                                                    necesarias para garantizar que los residuos proce-
( 1) DO L 293 de 12.11.1994, p. 9.,                                                 dentes de la instalación porcina ubicada en el lugar
( 2) De 29.5.1989, DO L 155 de 7.6.1989, p. 1.,                                     denominado «El Pago de la Media Legua» sean
( 3) De 12.10.1992, DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.                                   eliminados o valorizados sin poner en peligro la
                                                                                    salud humana ni perjudicar al medio ambiente y por
                                                                                    no contar dicha instalación con la autorización
                                                                                    exigida por la Directiva, ni efectuar los controles
                                                                                    periódicos necesarios a dichas instalaciones;
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundesarbeitsgericht, de fecha 27 de junio                         b)    al no haber realizado una evaluación de impacto
de 2002, en el asunto entre Gerard Merida y República                               previa a la construcción o modificación de este
                     Federal de Alemania                                            proyecto, contrariamente a lo exigido por los artí-
                                                                                    culos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/
                      (Asunto C-400/02)                                             CEE ( 3), en su versión original o modificada por la
                                                                                    Directiva 97/11 (4);
                        (2003/C 31/08)
                                                                              c)    al no haber realizado los estudios hidrológicos
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                           necesarios en la zona afectada por la contaminación,
sido sometida una petición e decisión prejudicial mediante                          conforme exigen los artículos 3, letra b); 5, apar-
resolución del Bundesarbeitsgericht, dictada el 27 de junio                         tado 1; y 7 de la Directiva 80/68/CEE (5);
de 2002, en el asunto entre Gerard Merida y República Federal
de Alemania, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
el 12 de noviembre de 2002. El Bundesarbeitsgericht solicita                  d)    al no someter las aguas residuales urbanas de la
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                       aglomeración de Vera a un tratamiento más riguroso
cuestiones:                                                                         que el descrito en el artículo 4, conforme lo exige el
                                                                                    artículo 5, apartado 2, de la Directiva 91/271/
                                                                                    CEE ( 6);
«¿Constituye una vulneración del artículo 39 CE el hecho de
que para la determinación de la base de cálculo de la ayuda
económica transitoria, en el caso del artículo 4, apartado 1,                 e)    al no declarar la Rambla de Mojácar como zona
letra b), del TV SozSich, deba tomarse como referencia el                           vulnerable, en contra de lo dispuesto por el artí-
impuesto ficticio sobre los rendimientos del trabajo personal                       culo 3, apartados 1, 2 y 4, de la Directiva 91/676/
previsto en el Derecho alemán [artículo 4, apartado 3, letra b),                    CEE ( 7);
párrafo segundo, del TV SozSich], si el antiguo trabajador
reside en otro país y está sujeto a tributación en el mismo?»
                                                                              el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
                                                                              incumben en virtud de las mencionadas Directivas;
                                                                         —    que condene en costas al Reino de España.
Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2002 contra
el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas
                      (Asunto C-416/02)                                  Motivos y principales alegaciones
                        (2003/C 31/09)
                                                                         —    Los incumplimientos a)-c) están vinculados con la
                                                                              construcción y funcionamiento de una explotación por-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  cina intensiva, situada en un lugar denominado «El pago
presentado el 19 de noviembre de 2002 un recurso contra el                    de la Media Legua», en el término municipal de Vera,
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-                    provincia de Almeria. Las autoridades españolas recono-
des Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,                cen que dicha instalación porcina es ilegal y carece de
miembro de su servicio jurídico, que designa domicilio en                     licencia municipal, por lo que ha de considerarse que no
Luxemburgo.                                                                   cuenta con la autorización exigida en virtud del artículo 9
 ---pagebreak--- C 31/6                    ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             8.2.2003
       de la Directiva 75/442/CEE. Por otro lado, las mismas                 Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
       autoridades nunca han negado que la explotación es la                 lución de la High Court of Justice (England and Wales)
       fuente de malos olores que llegan hasta las urbanizaciones            (Chancery Division), de fecha 8 de noviembre de 2002,
       cercanas. Asimismo, la incorrecta gestión de los purines,             en el asunto entre 1. Bupa Hospitals Limited y 2. Golds-
       con una balsa para su depósito que es insuficiente para el            borough Developments Limited y The Commissioners of
       tamaño de la explotación, y de los cadáveres de los                                         Customs and Excise
       animales, produce el vertido y abandono incontrolado de
       los purines y los esqueletos en los terrenos circundantes.
       Finalmente, las autoridades españolas no han aportado                                        (Asunto C-419/02)
       nunca descripción alguna de los procedimientos de
       inspección dirigidos a controlar el cumplimiento de la
       Directiva 75/442/CEE.                                                                           (2003/C 31/10)
       Aunque se trata de una importante explotación porcina,
       con 2 779 cabezas más 600 lechones lactantes y que está
       ubicada a 600 metros del río Antas, propuesto por las                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
       autoridades españolas como lugar de interés comunitario,              sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
       no ha sido objeto de una evaluación de impacto como                   resolución de la High Court of Justice (England and Wales)
       exige la directiva 85/337/CEE.                                        (Chancery Division), dictada el 8 de noviembre de 2002, en el
                                                                             asunto entre 1. Bupa Hospitals Limited y 2. Goldsborough
—      Las aguas residuales de la aglomeración de Vera, que                  Developments Limited y The Commissioners of Customs and
       cuenta con más de 10 000 e.h., y que vierte a una zona                Excise, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
       que debería haber sido designada sensible, deberían                   20 de noviembre de 2002. La High Court of Justice (England
       recibir un tratamiento más riguroso que un tratamiento                and Wales) (Chancery Division) solicita al Tribunal de Justicia
       secundario. Buena muestra del insuficiente tratamiento                que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
       de las aguas residuales de Vera es el hecho de que la
       cantidad de demanda química de oxígeno (DQO) presente
       en la analítica efectuada, a petición de la Comisión, es de
       353 mgO2/l, lo que supera en tres veces el máximo
       autorizado para los vertidos de una estación de depura-               Prime ra cu est ión
       ción.
—      Mediante decreto de 2 de marzo de 1999, las autoridades               Habida cuenta de las circunstancias de autos, de las operaciones
       españolas declararon las zonas sensibles de la Comunidad              de que se trata y de la situación de las sociedades vendedoras,
       Autónoma de Andalucía, incorporando respecto a Alme-                  ¿cómo debe interpretarse la expresión «actividades económi-
       ria las lagunas costeras de los ríos Aguas y Antas, cuyas             cas» en el sentido del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva
       aguas son eutróficas, con una elevada concentración de                77/388/CEE sobre el IVA ( 1) (en lo sucesivo, «Directiva»)?
       nitratos. Consiguientemente, en aplicación del artículo 3,
       apartado 2, de la Directiva 91/676/CEE, las autoridades
       españolas deberían haber designado como zona vulnera-
       ble las superficies de terreno cuya escorrentía fluya hacia           S eg un da cues ti ó n
       dichas aguas.
                                                                             Habida cuenta de las circunstancias de autos, de las operaciones
( 1) Del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos DO
                                                                             de que se trata y de la situación de las sociedades vendedoras,
     no L 194, de 25.07.1975, p. 39 EEE: capítulo 15, tomo 1, p. 129.
( 2) Del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
                                                                             ¿cómo debe interpretarse la expresión «entrega de bienes» que
     Directiva 75/442/CEE DO no L 078, de 26.03.1991, p. 32.                 figura en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva?
( 3) Del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
     las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
     sobre el medio ambiente DO no L 175, de 05.07.1985, p. 40 EEE:
     Capítulo 15, Tomo 6, p. 9.
( 4) Del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la           T erce ra cu est ión
     Directiva 85/337/CEE DO no L 073, de 14.03.1997, p. 5.
( 5) Del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección       a)    ¿Existe un principio de abuso de Derecho y/o abuso
     de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por
                                                                                   de ley que pueda oponerse (con independencia de la
     determinadas sustancias peligrosas DO no L 020, de 26.01.1980,
                                                                                   interpretación que se dé a la Directiva) al derecho a
     p. 43 EEE: Capítulo 15, Tomo 2, p. 162.
( 6) Del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las               deducir las cuotas del impuesto soportadas?
     aguas residuales urbanas DO no L 135, de 30.05.1991, p. 40.
( 7) Del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección       b)    En caso afirmativo, ¿en qué circunstancias se aplicaría
     de las aguas contra la contaminación producida por nitratos                   dicho principio?
     utilizados en la agricultura DO no L 375, de 31.12.1991, p. 1.
                                                                             c)    ¿Se aplicaría en unas circunstancias como las apreciadas
                                                                                   por el VAT and Duties Tribunal?