CELEX: 62001TJ0166
Language: es
Date: 2006-09-19
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 19 de septiembre de 2006. # Lucchini SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. # CECA - Ayudas de Estado - Ayudas para la protección del medio ambiente - Ayuda de Italia a la empresa siderúrgica Lucchini - No autorización de la ayuda proyectada - Marco jurídico aplicable - Carácter subvencionable de las inversiones notificadas en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente - Requisitos para la compatibilidad de las ayudas con el mercado común - Motivación. # Asunto T-166/01.

Asunto T‑166/01
      Lucchini SpA
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «CECA — Ayudas de Estado — Ayudas para la protección del medio ambiente — Ayuda de Italia a la empresa siderúrgica Lucchini — No autorización de la ayuda proyectada — Marco jurídico aplicable — Carácter subvencionable de las inversiones notificadas en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente — Requisitos para la compatibilidad de las ayudas con el mercado común — Motivación»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 19 de septiembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     CECA — Ayudas a la siderurgia — Prohibición — Excepción — Ayudas comprendidas en el Sexto Código de ayudas a la siderurgia
      [Arts. 4 CA, letra c), y 95 CA; Decisión general nº 2496/96]
      2.     CECA — Ayudas a la siderurgia — Prohibición — Excepción — Ayudas comprendidas en el Sexto Código de ayudas a la siderurgia
            
      (Decisión general nº 2496/96, art. 3)
      3.     CECA — Ayudas a la siderurgia — Prohibición — Excepción — Ayudas comprendidas en el Sexto Código de ayudas a la siderurgia
      (Decisión general nº 2496/96, art. 3)
      4.     CECA — Ayudas a la siderurgia — Proyectos de ayudas para inversiones que contribuyan a la protección del medio ambiente
      [Arts. 4 CA, letra c), y 95 CA; Decisión general nº 2496/96]
      5.     CECA — Ayudas a la siderurgia — Prohibición — Excepción — Ayudas comprendidas en el Sexto Código de ayudas a la siderurgia
      (Decisión general nº 2496/96)
      6.     Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance 
      (Arts. 15 CA y 33 CA)
      1.     Como excepción al principio de prohibición consagrado en el artículo 4 CA, letra c), según el cual quedan prohibidas las subvenciones
         o ayudas otorgadas a las empresas siderúrgicas, cualquiera que sea su forma, y en aplicación del artículo 95 CA, el Sexto
         Código de ayudas a la siderurgia define las condiciones en que las ayudas a la siderurgia financiadas mediante recursos estatales
         pueden considerarse compatibles con el buen funcionamiento del mercado común.
      
      Por lo tanto, las ayudas no contempladas en el Código siguen estando sujetas al artículo 4 CA, letra c). Además, el Código
         debe interpretarse en sentido estricto, puesto que constituye una excepción a un principio de prohibición.
      
      (véanse los apartados 49 y 50)
      2.     Se desprende del artículo 3 del Sexto Código de ayudas a la siderurgia, según el cual las ayudas a la protección del medio
         ambiente concedidas en el sector siderúrgico pueden considerarse compatibles con el mercado común «siempre que se ajusten
         a las normas establecidas en [las Directrices], en conformidad con los criterios para su aplicación a la industria siderúrgica CECA
         especificados en el Anexo [del Código]», que las disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor
         del medio ambiente, aplicables en el marco del Tratado CE, pueden extrapolarse al sector siderúrgico, que pertenece al ámbito
         del Tratado CECA, cuando reúnen los criterios para su aplicación enunciados en el anexo del Código. El título de dicho anexo
         precisa así, de forma particularmente significativa, que define los «criterios para la aplicación a la industria siderúrgica
         de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente». El Código no contempla, por lo tanto,
         la aplicación automática de las disposiciones de las Directrices al sector siderúrgico, sino que define en su anexo los requisitos
         para dicha aplicación.
      
      (véanse los apartados 51 a 53)
      3.     El artículo 3 del Sexto Código de ayudas a la siderurgia consagra la aplicación acumulativa del anexo del Código y de las
         Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, sin distinguir en ese estadio entre los distintos
         tipos de inversiones. Por lo tanto, la remisión que el artículo 3 del Código hace al anexo del Código y a las Directrices
         es acumulativa y no alternativa.
      
      Esta afirmación es igualmente válida en el supuesto de inversiones puramente medioambientales. En efecto, la introducción
         al anexo del Código, a cuyo tenor «en todos los casos de ayuda estatal para la protección del medio ambiente, la Comisión
         impondrá, en la medida de lo necesario, condiciones y salvaguardas estrictas con objeto de evitar la concesión de ayudas ocultas
         a la inversión de carácter general en nuevas plantas o instalaciones», consagra la necesidad de que la Comisión verifique,
         en su caso, si una inversión notificada como puramente medioambiental no permite en realidad alcanzar otros objetivos prohibidos
         por las disposiciones aplicables.
      
      (véanse los apartados 61 y 62)
      4.     Tratándose de un proyecto de ayudas a la siderurgia, cuando la Comisión decide incoar el procedimiento de investigación formal,
         corresponde al Estado miembro y al beneficiario potencial presentar sus alegaciones dirigidas a demostrar que el proyecto
         está amparado por las excepciones cuya aplicación establece el Tratado, ya que dicho procedimiento tiene precisamente por
         finalidad permitir a la Comisión informarse del conjunto de datos relacionados con el asunto.
      
      Si bien la Comisión está obligada a formular claramente sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda cuando abre un procedimiento
         formal, para permitir al Estado miembro y a los interesados responder lo mejor posible a las mismas, no es menos cierto que
         es a quien concede la ayuda y, en su caso, al beneficiario de ésta, a quienes corresponde despejar estas dudas y acreditar
         que su inversión cumple los requisitos de concesión. Por consiguiente, en lo que respecta a los proyectos de inversiones en
         una empresa siderúrgica presentados como de carácter medioambiental, incumbe a las autoridades del Estado miembro interesado
         y al beneficiario de la ayuda acreditar que dichas inversiones cumplen los criterios para la concesión de una ayuda en favor
         del medio ambiente y, en particular, que su objetivo es medioambiental, como exigen las Directrices comunitarias sobre ayudas
         estatales en favor del medio ambiente y el anexo del Sexto Código de ayudas a la siderurgia.
      
      (véanse los apartados 83 y 84)
      5.     Si bien el anexo del Sexto Código de ayudas a la siderurgia prohíbe las ayudas a las inversiones que se hubieran producido
         en cualquier caso por motivos económicos o debido a la antigüedad de las instalaciones de una empresa, dicho anexo no prohíbe
         las ayudas a las inversiones que pueden tener repercusión en el proceso productivo. En tal caso, el anexo del Código exige
         únicamente, en efecto, que se deduzca cualquier ventaja relacionada con la reducción de los costes de producción. Así, para
         poder ser subvencionadas mediante ayudas medioambientales, no es necesario que las inversiones notificadas sirvan exclusivamente
         para la protección del medio ambiente con exclusión de cualquier otro objetivo, ni que carezcan por completo de consecuencias
         sobre la capacidad de producción. No puede declararse que una inversión que persiga una finalidad medioambiental no es subvencionable
         por el mero hecho de que pueda tener una repercusión en la producción.
      
      (véase el apartado 92)
      6.     La motivación exigida por el artículo 15 CA, cuya falta o insuficiencia es un vicio sustancial de forma en el sentido del
         artículo 33 CA y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario, debe adaptarse
         a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de
         la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el juez comunitario
         pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes,
         en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 15 CA debe apreciarse no
         sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan
         la materia de que se trate.
      
      Dado que la segunda parte del anexo del Sexto Código de ayudas a la siderurgia excluye de las ayudas dirigidas a fomentar
         que las empresas mejoren considerablemente la protección del medio ambiente las inversiones realizadas por motivos económicos,
         y puesto que incumbe a las autoridades del Estado miembro interesado probar, para que las inversiones efectuadas en las instalaciones
         de una empresa sean subvencionables en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente, que se han realizado
         por motivos de protección del medio ambiente y se deben a la decisión libremente adoptada por la empresa de elevar el nivel
         de protección del medio ambiente, la Comisión, en caso de que dichas autoridades no aporten pruebas al respecto, cumple con
         su obligación de motivación limitándose a comprobar esa falta de explicaciones.
      
      (véanse los apartados 130 a 134, 144 y 145)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada) 
      de 19 de septiembre de 2006 (*)
      
      «CECA – Ayudas de Estado – Ayudas para la protección del medio ambiente – Ayuda de Italia a la empresa siderúrgica Lucchini – No autorización de la ayuda proyectada – Marco jurídico aplicable – Carácter subvencionable de las inversiones notificadas en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente – Requisitos para la compatibilidad de las ayudas con el mercado común – Motivación»
      En el asunto T‑166/01,
      Lucchini SpA, con domicilio social en Brescia (Italia), representada por los Sres. G. Vezzoli y G. Belotti, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. V. Kreuschitz y V. Di Bucci, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, 
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto la anulación del artículo 1 de la Decisión 2001/466/CECA de la Comisión, de 21 de diciembre de 2000,
         por cuanto declara incompatible con el mercado común la ayuda de Estado por importe de 13.500 millones de ITL (6,98 millones
         de euros) que Italia tiene previsto conceder a la empresa siderúrgica Lucchini SpA (DO 2001; L 163, p. 24),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta ampliada),
      integrado por la Sra. P. Lindh, Presidente, y los Sres. R. García-Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces; 
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de marzo de 2004;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1       A tenor del artículo 4 CA:
      «Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedarán por consiguiente suprimidos y prohibidos
         dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el presente Tratado:
      
      [...]
      c)      las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados o los gravámenes especiales impuestos por ellos, cualquiera que sea su
         forma;
      
      [...]»
      A.      Código de ayudas a la siderurgia
      2       Con el fin de responder a las exigencias de la reestructuración del sector siderúrgico, la Comisión se basó en las disposiciones
         del artículo 95 del Tratado CECA para establecer, a partir del principio de los años ochenta, un régimen comunitario que autorizaba
         la concesión de ayudas de Estado a la siderurgia en determinados casos enumerados de manera exhaustiva. Dicho régimen ha sido
         objeto de sucesivas adaptaciones para hacer frente a las dificultades coyunturales de la industria siderúrgica. Las decisiones
         que se han ido adoptando a este respecto se denominan comúnmente «códigos de ayudas a la siderurgia».
      
      3       La Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas
         a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (DO L 338, p. 42; en lo sucesivo, «Código»), constituye el Sexto Código de
         ayudas a la siderurgia, aplicable desde el 1 de enero de 1997 hasta el 22 de julio de 2002. El Código define los requisitos
         para que las ayudas a la siderurgia financiadas por un Estado miembro, por colectividades territoriales o mediante recursos
         estatales puedan considerarse compatibles con el buen funcionamiento del mercado común.
      
      4       A tenor del artículo 1 del Código:
      «1.      Las ayudas a la industria siderúrgica […] financiadas por un Estado miembro […] podrán considerarse ayudas comunitarias, y
         por tanto compatibles con el buen funcionamiento del mercado común, sólo si se ajustan a lo dispuesto en los artículos 2 a 5.
      
      […]
      3.      Las ayudas a que se refiere la presente Decisión sólo podrán concederse una vez que hayan concluido los procedimientos establecidos
         en el artículo 6 […]»
      
      5       Según el artículo 3, titulado «Ayudas para la protección del medio ambiente»:
      «Las ayudas para la protección del medio ambiente podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre que se ajusten
         a las normas establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, publicadas en
         el Diario Oficial de las Comunidades Europeas nº C 72, de 10 de marzo de 1994, en conformidad con los criterios para su aplicación a la industria siderúrgica CECA especificados
         en el Anexo de la presente Decisión.»
      
      6       El artículo 6, titulado «Procedimiento», indica en sus apartados 1 y 2 que cualquier proyecto de ayuda y cualquier proyecto
         de transferencia de recursos públicos a favor de empresas siderúrgicas deberá notificarse a la Comisión, que examinará su
         compatibilidad con el mercado común. Con arreglo al apartado 4 de dicha disposición, las medidas previstas sólo podrán llevarse
         a cabo con la aprobación de la Comisión y estarán sujetas a las condiciones que ésta establezca. 
      
      7       A tenor del artículo 6, apartado 5, del Código:
      «Si la Comisión considera que una medida financiera determinada puede constituir una ayuda estatal con arreglo al artículo
         1 o duda de la compatibilidad de una determinada ayuda con las disposiciones de la presente Decisión, informará de ello al
         Estado miembro afectado e invitará a los terceros interesados y a los demás Estados miembros a que le presenten sus observaciones.
         Si, tras haber recibido las observaciones y después de haber ofrecido al Estado miembro afectado la posibilidad de contestar,
         la Comisión comprueba que la medida mencionada es incompatible con lo dispuesto en la presente Decisión, tomará una decisión
         a más tardar en los tres meses siguientes a la recepción de la información necesaria para evaluar la medida propuesta. En
         caso de que el Estado miembro no se atenga a esta decisión, será de aplicación el artículo 88 del Tratado.» 
      
      B.      Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente
      8       Las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO 1994, C 72, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»),
         que son aplicables al Tratado CE, precisan en su punto 3 los requisitos que deben reunir las intervenciones financieras públicas
         en favor de determinadas empresas con fines de protección del medio ambiente para poder ser autorizadas.
      
      9       El punto 3.2 de las Directrices se refiere a las ayudas a la inversión. El punto 3.2.1 indica:
      «Con los límites que establecen las presentes Directrices, podrán autorizarse las ayudas a la inversión en […] instalaciones
         y bienes de [equipo] cuyo fin sea reducir o eliminar la contaminación y otros efectos nocivos para proteger el medio ambiente,
         o adaptar los métodos de producción o los productos a este mismo objetivo. Los costes subvencionables deberán limitarse estrictamente
         al coste financiero adicional necesario para alcanzar los objetivos medioambientales. Deberán excluirse los gastos generales
         de inversión que no estén relacionados con la protección del medio ambiente. Por tanto, si se crean nuevas instalaciones o
         se sustituyen unas por otras, no será subvencionable el coste de la inversión inicial para crear o sustituir la capacidad
         productiva, más que si hay una mejora de los resultados medioambientales. Asimismo, si la inversión en instalaciones existentes
         aumenta la capacidad de producción al tiempo que permite mejorar los resultados en materia ambiental, los costes subvencionables
         deberán ser proporcionales a la capacidad de producción inicial. En cualquier caso, las ayudas con fines aparentes de protección
         del medio ambiente, pero que en realidad sean ayudas generales a la inversión, no quedarán cubiertas por estas directrices
         […].»
      
      10     El punto 3.2.3 de las Directrices precisa además que las ayudas a la inversión para fines ambientales pueden admitirse dentro
         de ciertos límites. Distingue, en primer lugar (punto 3.2.3.A), las ayudas para la adaptación a nuevas normas obligatorias;
         en segundo lugar (punto 3.2.3.B), las ayudas para fomentar que las empresas superen las normas medioambientales obligatorias;
         y, en tercer lugar (punto 3.2.3.C), las ayudas en caso de no existir normas obligatorias.
      
      11     En el primer caso (caso A), las ayudas a la inversión destinadas a cumplir nuevas normas obligatorias u otras obligaciones
         legales y que supongan la adaptación de las instalaciones y bienes de equipo a las nuevas exigencias sólo se autorizarán hasta
         un importe máximo del 15 % bruto de los costes subvencionables. Estas ayudas sólo podrán concederse a las instalaciones que
         funcionaran desde al menos dos años antes de la entrada en vigor de las nuevas normas u obligaciones. Además, se dispone que
         las empresas que, en lugar de limitarse a adaptar las instalaciones con más de dos años de funcionamiento, las sustituyan
         por instalaciones nuevas que cumplan las normas podrán acogerse a ayudas por los costes de inversión que no rebasen lo que
         supondría la simple adaptación de las antiguas instalaciones.
      
      12     En el segundo caso (caso B), podrán autorizarse las ayudas a la inversión destinadas a alcanzar un nivel de protección del
         medio ambiente sustancialmente superior al previsto por las normas obligatorias, hasta un importe del 30 % bruto del coste
         subvencionable. Se precisa que «el nivel de ayuda concedido para superar las normas obligatorias deberá ser proporcional a
         la mejora ambiental conseguida y a la inversión que haya sido necesaria» y que «si un proyecto permite por un lado atenerse
         a las normas y, por otro, superarlas, deberán separarse ambos tipos de costes subvencionables y aplicarse los límites correspondientes».
      
      13     En el tercer caso (caso C), las inversiones podrán beneficiarse del mismo nivel de ayuda y con los mismos requisitos establecidos
         para el segundo caso.
      
      C.      Anexo del Código
      14     El anexo del Código, titulado «Criterios para la aplicación a la industria siderúrgica de las Directrices […]» precisa en
         su introducción que, en todos los casos de ayuda estatal para la protección del medio ambiente, la Comisión impondrá, en la
         medida de lo necesario, condiciones y salvaguardas estrictas con objeto de evitar la concesión de ayudas ocultas a la inversión
         de carácter general en nuevas plantas o instalaciones.
      
      15     Dicho anexo está dividido en dos partes. La primera parte, titulada «Ayudas para contribuir a que las empresas adapten sus
         instalaciones a nuevas normas obligatorias» dispone en su letra b):
      
      «Por lo que respecta a las empresas que, en lugar de adaptar las fábricas o instalaciones con una antigüedad superior a dos
         años, deciden sustituir dichas fábricas o instalaciones por unas nuevas que cumplan las nuevas normas, se aplicará el siguiente
         enfoque:
      
      [...]
      ii)      la Comisión analizará los antecedentes económicos y medioambientales de la decisión de optar por sustituir las fábricas o
         instalaciones existentes. En principio, la decisión de efectuar una nueva inversión que se hubiera producido en cualquier
         caso por motivos económicos o debido a la antigüedad de la fábrica o instalación, no podrá optar a la ayuda. Para que exista
         esta posibilidad, será necesario que el período restante de vida útil de la fábrica sea considerable (es decir, un 25 % como
         mínimo).»
      
      16     La segunda parte, titulada «Ayudas para fomentar que las empresas mejoren considerablemente la protección del medio ambiente»,
         dispone:
      
      «a)      Cuando las empresas decidan superar considerablemente las normas obligatorias, además de lo establecido anteriormente en el
         inciso ii) de la letra b), el inversor deberá probar que se tomó una decisión manifiesta de optar por niveles de protección
         más elevados lo cual exigió una inversión adicional, es decir, que existía una solución menos costosa que habría cumplido
         las nuevas normas medioambientales. En cualquier caso, el nivel de ayuda más alto sólo se aplicará a la protección medioambiental
         adicional alcanzada. Se deducirá cualquier ventaja en cuanto a unos menores costes de producción derivados de dichos niveles
         de protección medioambiental considerablemente más elevados.
      
      b)      Por lo que se refiere a las empresas que mejoren considerablemente la protección medioambiental, además de lo establecido
         anteriormente en el inciso ii) de la letra b), se deducirá cualquier ventaja en cuanto a unos menores costes de producción
         derivados de dicha mejora considerable.
      
      c)      Las inversiones efectuadas únicamente con fines de protección del medio ambiente se examinarán con arreglo a los anteriores
         criterios y a los establecidos en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente [...]»
      
       Hechos que originaron el recurso
      17     La demandante, Lucchini Spa, es una empresa siderúrgica que fabrica productos contemplados en el anexo I del Tratado CECA.
      A.      Declaraciones relativas a inversiones productivas
      18     El 10 de diciembre de 1997, conforme a la Decisión nº 3010/91/CECA de la Comisión, de 15 de octubre de 1991, relativa a la
         información que las empresas de la industria del acero tienen la obligación de facilitar en relación con sus inversiones (DO
         L 286, p. 20), las autoridades italianas presentaron a la Comisión dos declaraciones relativas a proyectos de inversiones
         con fines productivos llevados a cabo en la planta de Lucchini en Piombino. Según el escrito de las autoridades italianas
         de 18 de julio de 2000, tales declaraciones se referían, por una parte, a la sustitución del alto horno por otro nuevo en
         las instalaciones de producción de fundición (considerando 10 de la Decisión impugnada) y, por otra parte, a la sustitución,
         en la acería, de los convertidores existentes por otros nuevos.
      
      B.      Notificaciones relativas a proyectos de inversiones medioambientales
      19     Mediante escrito de 16 de marzo de 1999, las autoridades italianas notificaron a la Comisión, en virtud del artículo 3 del
         Código, un primer proyecto de ayudas destinadas a la protección del medio ambiente que debían concederse a Lucchini para inversiones
         en la planta de Piombino (en lo sucesivo, «primer proyecto de ayudas»). Las inversiones notificadas se referían a actuaciones
         medioambientales consistentes en sustituir o completar las instalaciones medioambientales de la coquería, del alto horno y
         de la acería, en particular en lo que respecta al sistema de aspiración de humos de los convertidores de la acería.
      
      20     Mediante escrito de 19 de abril de 1999, la Comisión solicitó información adicional sobre este proyecto. Dicho escrito comenzaba
         recordando el contenido de las disposiciones que figuran en la primera parte del anexo del Código, letra b), inciso ii), según
         las cuales las inversiones medioambientales realizadas en el sector siderúrgico por motivos económicos o debido a la antigüedad
         o vetustez de las instalaciones existentes –cuando el período restante de vida útil de la instalación sea inferior al 25 %–
         no pueden optar a una ayuda. A este respecto, el escrito solicitaba a las autoridades italianas que presentasen un informe
         pericial independiente relativo al tiempo de vida útil residual de las instalaciones medioambientales que se proyectaba sustituir,
         con el fin de determinar si las inversiones notificadas cumplían el requisito mencionado. Dicho escrito solicitaba asimismo
         a las autoridades italianas que facilitasen datos sobre los niveles de contaminación ambiental alcanzados por las instalaciones
         existentes y los que esperaban que se alcanzaran tras las intervenciones notificadas, e igualmente sobre los niveles de contaminación
         que debían alcanzarse conforme a las normas vigentes. 
      
      21     Mediante escrito de 29 de noviembre de 1999, las autoridades italianas respondieron a las solicitudes de información de la
         Comisión. Por un lado, le remitieron un informe pericial, fechado el 30 de septiembre de 1999 (en lo sucesivo, «informe pericial»),
         del que se desprende que el período de vida útil que quedaba a las instalaciones que se proyectaba sustituir era de al menos
         el 25 %. Por otro lado, las autoridades italianas volvieron a presentar el primer proyecto de ayudas en una versión ligeramente
         modificada, que incorporaba, en particular, como anexo, cuadros comparativos con los datos sobre los niveles de contaminación
         que había solicitado la Comisión (esto es, los niveles alcanzados antes y después de las intervenciones, y los niveles exigidos
         por las normas obligatorias) para cada tipo de inversión en la coquería, el alto horno y la acería.
      
      22     Mediante escrito separado de 29 de noviembre de 1999, las autoridades italianas notificaron a la Comisión, con arreglo al
         artículo 3 del Código, un segundo proyecto de ayudas con fines de protección del medio ambiente concedidas a Lucchini para
         inversiones en la planta de Piombino (en lo sucesivo, «segundo proyecto de ayudas»). Las inversiones notificadas correspondían
         a actuaciones medioambientales adicionales en la coquería y en el sistema de abastecimiento y evacuación de agua, encaminadas
         a reducir aún más las emisiones contaminantes.
      
      23     Mediante dos escritos de 17 de enero de 2000, la Comisión solicitó información adicional sobre las inversiones contempladas
         en los dos proyectos de ayudas notificados. Por lo que se refiere al primer proyecto de ayudas, la Comisión solicitó a las
         autoridades italianas que explicasen la relación existente entre las inversiones medioambientales notificadas en dicho proyecto
         y las inversiones productivas relativas al alto horno y a la acería que habían sido objeto de las declaraciones presentadas
         en diciembre de 1977. Además, la Comisión solicitó que se aclarase la evaluación del ahorro de energía vinculado a una intervención
         en la acería. En cuanto al segundo proyecto de ayudas, la Comisión solicitó a las autoridades italianas aclaraciones acerca
         de las inversiones en la coquería y en el sistema de abastecimiento y evacuación de agua, relativas a los niveles de contaminación
         ambiental anteriores y los resultantes de las intervenciones proyectadas con respecto a las prescripciones legales.
      
      24     Mediante dos escritos de 15 de febrero de 2000, las autoridades italianas respondieron a las solicitudes de la Comisión relativas
         a los dos proyectos de ayudas notificados, transmitiendo la información requerida junto con dos cuadros que contenían los
         datos solicitados acerca de los diferentes niveles de contaminación ambiental.
      
      C.      Decisión de incoar el procedimiento de investigación previsto en el artículo 6, apartado 5, del Código y observaciones de
            las autoridades italianas
      25     Mediante escrito de 26 de abril de 2000, la Comisión informó a las autoridades italianas de su decisión de incoar el procedimiento
         previsto en el artículo 6, apartado 5, del Código en relación con los dos proyectos de ayudas notificados en favor de Lucchini,
         por un importe total de 13.500 millones de liras italianas (ITL) (10.700 millones de ITL correspondientes al primer proyecto
         de ayudas y 2.800 millones de ITL correspondientes al segundo proyecto de ayudas). La decisión de incoar el procedimiento
         de investigación fue publicada el 1 de julio de 2000 (DO C 184, p. 2; en lo sucesivo, «decisión de incoación»).
      
      26     Dicha decisión señalaba, en particular, que una primera evaluación de la información proporcionada llevaba a la conclusión
         de que las inversiones se llevaron a cabo, ante todo, basándose en argumentos económicos; que, si bien las inversiones notificadas
         no estaban directamente ligadas a un nuevo equipo de producción, habrían sido necesarias para asegurar la modernización y
         la expansión de las instalaciones de producción o para poder responder a la nueva capacidad de producción instalada, y que,
         las autoridades italianas no habían demostrado que las inversiones se hubiesen hecho basándose en argumentos ambientales y
         no en argumentos económicos. La decisión de incoación subrayaba asimismo que las autoridades italianas no habían demostrado
         que, al sustituir equipos o instalaciones, el inversor hubiese tomado claramente la decisión de optar por normas más rigurosas
         que precisaran inversiones adicionales, lo que significaba, por lo demás, que existe una solución de bajo coste que habría
         cumplido las normas jurídicas.
      
      27     Además, la decisión de incoación indicaba que era cuestionable que todas las inversiones notificadas careciesen de efectos
         sobre la producción.
      
      28     Mediante escrito de 18 de julio de 2000, las autoridades italianas contestaron a las reservas manifestadas por la Comisión
         en la decisión de incoación reafirmando la finalidad exclusivamente medioambiental, y no económica o productiva, de las inversiones
         notificadas.
      
      D.      Decisión impugnada
      29     El 21 de diciembre de 2000, la Comisión adoptó la Decisión 2001/466/CECA, relativa a la ayuda estatal que Italia tiene previsto
         conceder a las empresas siderúrgicas Lucchini SpA y Siderpotenza SpA (DO 2001, L 163, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
      
      30     Como conclusión de su evaluación de las ayudas desde el punto de vista del artículo 3 del Código y de las disposiciones a
         las que remite dicho artículo, a saber, el anexo del Código y las Directrices (véanse los considerandos 22 a 24 de la Decisión
         impugnada), la Comisión considera, por una parte, que «la ayuda notificada por Italia en favor de Lucchini […] en la instalación
         de coquería, en la instalación de acería y en el alto horno, por un total de 13,5 mil millones de liras italianas, no es subvencionable
         en el marco de las ayudas en favor del medio ambiente en la medida en que las autoridades italianas no han demostrado que
         las inversiones no hayan sido realizadas por razones económicas». Por otra parte, estima que «de todos modos, sobre la base
         del examen efectuado a la luz de los criterios precisados, las ayudas notificadas no satisfacen las distintas condiciones
         exigidas». En particular, «los costes notificados no se refieren sólo a los costes adicionales necesarios para el incremento
         de la protección del medio ambiente, no se han detraído todas las ventajas en términos de costes y en algunos casos la reducción
         de los niveles de contaminación no permite considerar “significativa” tal mejora».
      
      31     En consecuencia, el artículo 1 de la Decisión impugnada establece:
      «La ayuda estatal que Italia tiene previsto ejecutar en favor de Lucchini […] por un importe de 13,5 mil millones de liras
         italianas (6,98 millones de euros) […] es incompatible con el mercado común. 
      
      Por lo tanto, dicha ayuda no puede ejecutarse.»
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      32     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de julio de 2001, la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      33     La demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, ordenase
         aportar, con arreglo al artículo 23 de Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, el expediente administrativo de la Comisión
         y, en particular, documentos y elementos técnicos contenidos en él, en virtud de los cuales la Comisión había excluido el
         carácter medioambiental de las inversiones notificadas. La Comisión transmitió el expediente al Tribunal de Primera Instancia,
         solicitando que no se incorporase a los autos y que, por tanto, no se transmitiese a la demandante, y presentó una solicitud
         de tratamiento confidencial al respecto.
      
      34     Tras un intercambio de correspondencia entre la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión indicó a éste, mediante
         escrito de 14 de noviembre de 2002, que el expediente administrativo no contenía ningún elemento o informe técnico que no
         fuesen los transmitidos por las autoridades italianas y ya aportados por la demandante en el anexo de su demanda. 
      
      35     Mediante escrito de 7 de febrero de 2003, la demandante renunció a su solicitud de acceso al expediente administrativo.
      36     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) decidió abrir la fase oral del
         procedimiento.
      
      37     En la vista, celebrada el 18 de marzo de 2004, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
         formuladas por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada), integrado por la Sra. P. Lindh, Presidente, y los
         Sres. R. García-Valdecasas, J.D. Cooke y P. Mengozzi, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces.
      
      38     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada.
      –       Ordene, eventualmente, practicar un examen pericial sobre la categoría de las inversiones notificadas a la Comisión, con el
         fin de demostrar que las antiguas instalaciones de protección ambiental estaban en condiciones de funcionar paralelamente
         a las nuevas instalaciones productivas.
      
      –       Condene en costas a la Comisión.
      39     La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas a la demandante.
      40     La fase oral concluyó al término de la vista de 18 de marzo de 2004. Como quiera que un miembro de la Sala no podía participar
         en las deliberaciones del Tribunal por haber expirado su mandato el 3 de mayo de 2006, el Juez de menor antigüedad según el
         artículo 6 del Reglamento de Procedimiento se abstuvo de participar en las deliberaciones, que concluyeron los tres Jueces
         cuya firma lleva la presente sentencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de Procedimiento.
      
       Fundamentos de Derecho
      41     La demandante formula sustancialmente tres motivos en apoyo de su recurso de anulación contra la Decisión impugnada. El primero
         de ellos se basa en un error en cuanto a las normas aplicables al caso de autos y en la violación del principio de buena administración.
         El segundo motivo se basa en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión en relación con la inadmisibilidad de las
         ayudas notificadas, en la violación del principio de no discriminación, en la inversión de la carga de la prueba y en la falta
         de motivación. El tercer motivo se basa en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión en cuanto al incumplimiento
         de los requisitos de compatibilidad de las ayudas establecidos en el marco jurídico aplicable, en la violación del principio
         de no discriminación, en la inversión de la carga de la prueba, en la falta de motivación y en la contradicción interna del
         razonamiento expuesto en la Decisión impugnada. 
      
      A.      Sobre el primer motivo, basado en el error en cuanto a las normas aplicables al caso de autos y en la violación del principio
            de buena administración
      1.      Alegaciones de las partes
      42     La demandante alega que la Decisión impugnada se adoptó partiendo de una base jurídica errónea. Recuerda que, como excepción
         al principio general de prohibición de las subvenciones o ayudas concedidas por los Estados miembros, consagrado en el artículo
         4 CA, letra c), el artículo 3 del Código dispone que las ayudas destinadas a proteger el medio ambiente pueden autorizarse,
         con determinados requisitos, conforme a las disposiciones del anexo del Código y de las Directrices. A este respecto, la demandante
         distingue tres tipos de inversiones que los Estados miembros pueden notificar a la Comisión: en primer lugar, las inversiones
         generales y las inversiones destinadas a incrementar la capacidad productiva, que, según la demandante, no son admisibles
         como ayudas en la medida en que son incompatibles con el mercado común, y a las que se aplican el anexo del Código así como
         el punto 3.2.1, tercera frase y siguientes, y el punto 3.2.3, de las Directrices; en segundo lugar, las inversiones mixtas
         destinadas al mismo tiempo a incrementar la capacidad productiva y a proteger el medio ambiente, con respecto a las cuales,
         señala la demandante, las autoridades nacionales tienen la obligación de distinguir entre los costes ligados al aumento de
         la productividad y los correspondientes a la protección del medio ambiente, puesto que únicamente las inversiones con finalidad
         medioambiental pueden beneficiarse de la ayuda, siendo en este caso el anexo del Código el marco jurídico pertinente; y, en
         tercer lugar, las inversiones puramente medioambientales, que –según la demandante– pueden optar a una ayuda si cumplen los
         requisitos establecidos en el punto 3.2.1, primera y segunda frases, de las Directrices, con exclusión de las demás disposiciones
         de las Directrices y del anexo del Código.
      
      43     La demandante precisa que esta clasificación no significa que las inversiones puramente medioambientales notificadas por las
         autoridades italianas queden fuera del ámbito de aplicación del Código. Según ella, el artículo 3 del Código opera una doble
         remisión: al anexo del Código, por una parte, y a las Directrices, por otra, y dicha remisión no es cumulativa sino alternativa.
         Por lo tanto, según ella, es lógico considerar que el anexo del Código se aplica a las inversiones generales y a las inversiones
         mixtas, mientras que las inversiones puramente medioambientales únicamente se contemplan en las Directrices, con exclusión
         del anexo del Código. Para respaldar su argumentación, la demandante alega que el apartado introductorio del anexo del Código
         indica que sus disposiciones únicamente son aplicables en caso de que exista una superposición de ayudas medioambientales
         y ayudas destinadas a inversiones de carácter general, y que el punto c) de la segunda parte del anexo del Código indica que
         el análisis de estas inversiones debe efectuarse únicamente a la luz de los criterios adicionales establecidos en las Directrices.
      
      44     Para demostrar que el punto 3.2.3 de las Directrices no se aplica a las inversiones puramente medioambientales, la demandante
         alega que la distinción que dicha disposición establece entre las ayudas para la adaptación a nuevas normas obligatorias,
         las ayudas para fomentar que las empresas superen las normas medioambientales obligatorias y las ayudas en caso de no existir
         normas obligatorias se basa exclusivamente en el margen de intervención autorizado y sólo es pertinente en los casos en que
         se solicita autorización para una ayuda con un margen de intervención comprendido entre el 16 % y el 30 %. Así, según la demandante,
         cuando el margen de intervención es sensiblemente inferior al margen ordinario del 15 % –en el caso de autos, era del 7 %–,
         la distinción efectuada en el apartado 3.2.3 pierde toda utilidad y no procede ya llevar a cabo el análisis adicional que
         en él se prevé. Por lo tanto, según ella, al aplicar el punto 3.2.3 de las Directrices a las ayudas ambientales notificadas
         en el caso de autos, la Comisión confundió las normas relativas a la compatibilidad de la ayuda, que son únicamente las recogidas
         en el apartado 3.2.1 de las Directrices, con las relativas a la intensidad de ésta.
      
      45     En consecuencia, la demandante afirma que, puesto que las inversiones notificadas tenían una finalidad exclusivamente medioambiental,
         las disposiciones en que la Comisión debería haber basado la Decisión impugnada se limitaban estrictamente al punto 3.2.1,
         primera y segunda frases, de las Directrices. Así pues, según ella, la Decisión impugnada no podía tomar en consideración
         las disposiciones del anexo del Código y los puntos 3.2.1, tercera frase y siguientes, y 3.2.3 de las Directrices.
      
      46     Por último, la demandante sostiene que la decisión de la Comisión de no aplicar las disposiciones pertinentes de las Directrices
         y aplicar, por otro lado, el anexo del Código, constituye una violación del principio de buena administración.
      
      47     La Comisión alega que este motivo carece por completo de fundamento. Según dicha institución, en efecto, la demandante deforma
         el marco jurídico aplicable citando de forma parcial y errónea las disposiciones pertinentes en la materia, y en particular,
         el anexo del Código. Además, señala, la Decisión impugnada se basa en el marco jurídico pertinente y, por consiguiente, no
         se ha vulnerado en ningún momento el principio de buena administración.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      48     En el caso de autos, la Decisión impugnada se adoptó basándose en el artículo 4 CA, letra c), y observando las normas del
         Código. En efecto, tras haber evaluado las ayudas notificadas desde el punto de vista del artículo 3 del Código y de las disposiciones
         a las que remite, a saber, el anexo del Código y las Directrices (véanse los considerandos 22 a 24 de la Decisión impugnada),
         la Comisión llegó a la conclusión de que dichas ayudas no reunían los requisitos enunciados por tales disposiciones para autorizar
         una ayuda medioambiental en el marco del Tratado CECA. Por consiguiente, según la Comisión, tales ayudas eran incompatibles
         con el mercado común y no podían ejecutarse (véase la Decisión impugnada, considerando 39 y artículo 1).
      
      49     En primer lugar, hay que señalar que, como excepción al principio de prohibición consagrado en el artículo 4 CA, letra c),
         según el cual quedan prohibidas las subvenciones o ayudas otorgadas a las empresas siderúrgicas, cualquiera que sea su forma,
         y en aplicación del artículo 95 CA, el Código define las condiciones en que las ayudas a la siderurgia financiadas mediante
         recursos estatales pueden considerarse compatibles con el buen funcionamiento del mercado común.
      
      50     Por lo tanto, las ayudas no comprendidas en el ámbito de aplicación del Código siguen estando sujetas al artículo 4 CA, letra c)
         (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 1997, EISA/Comisión, T‑239/94, Rec. p. II‑1839, apartado
         72, y de 16 de diciembre de 1999, Acciaierie di Bolzano/Comisión, T‑158/96, Rec. p. II‑3927, apartado 60). Además, el Código
         debe interpretarse en sentido estricto, puesto que constituye una excepción a un principio de prohibición (véanse, en este
         sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2001, Moccia Irme y otros/Comisión, C‑280/99 P a C‑282/99 P,
         Rec. p. I‑4717, apartado 40, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de septiembre de 1997, UK Steel Association/Comisión,
         T‑150/95, Rec. p. II‑1433, apartado 114).
      
      51     Seguidamente, debe subrayarse que el artículo 3 del Código dispone que las ayudas a la protección del medio ambiente concedidas
         en el sector siderúrgico pueden considerarse compatibles con el mercado común «siempre que se ajusten a las normas establecidas
         en [las Directrices], en conformidad con los criterios para su aplicación a la industria siderúrgica CECA especificados en
         el Anexo [del Código]».
      
      52     Esto significa que las disposiciones de las Directrices, aplicables en el marco del Tratado CE, pueden extrapolarse al sector
         siderúrgico, que pertenece al ámbito del Tratado CECA, cuando reúnen los criterios para su aplicación enunciados en el anexo
         del Código. El título de dicho anexo precisa así, de forma particularmente significativa, que define los «criterios para la
         aplicación a la industria siderúrgica de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente».
         El Código no contempla, por lo tanto, la aplicación automática de las disposiciones de las Directrices al sector siderúrgico
         (sentencia UK Steel Association/Comisión, antes citada, apartado 100), sino que define en su anexo los requisitos para dicha
         aplicación.
      
      53     En consecuencia, en virtud del artículo 3 del Código, las disposiciones aplicables al presente asunto son las establecidas
         en el anexo del Código y las enunciadas en las Directrices, siempre que se ajusten a los criterios para su aplicación al sector
         siderúrgico definidos en el anexo del Código.
      
      54     El anexo del Código consta de dos partes. La primera se refiere a las ayudas para contribuir a que las empresas adapten sus
         instalaciones a nuevas normas obligatorias. La segunda tiene por objeto las ayudas para fomentar que las empresas mejoren
         considerablemente la protección del medio ambiente. A este respecto, se desprende de las notificaciones de los proyectos de
         ayudas presentadas por las autoridades italianas, de los escritos de las autoridades italianas de 15 de febrero de 2000, y
         de las observaciones de las autoridades italianas de 18 de julio de 2000 sobre la decisión de incoación del procedimiento,
         que las inversiones notificadas tenían por objeto fomentar que la demandante mejorase considerablemente la protección del
         medio ambiente e incitarla a superar las normas obligatorias.
      
      55     Así pues, las observaciones de las autoridades italianas sobre la decisión de incoación indicaban que las ayudas notificadas
         en favor de la demandante estaban relacionadas con inversiones realizadas por dicha sociedad «con el fin de mejorar la protección
         medioambiental con respecto a los resultados logrados en la situación anterior, que, por lo demás, se acomodaban a la normativa
         vigente».
      
      56     Tales observaciones subrayaban, asimismo, que la sustitución de las instalaciones medioambientales correspondientes al alto
         horno y la acería «[había] sido efectuada, independientemente de que se tratase de uno u otro medio de producción (alto horno
         y convertidores de la acería), con la exclusiva finalidad de reducir las emisiones de forma significativa con respecto a la
         legislación en vigor, que ya se respetaba en la situación anterior».
      
      57     Por otra parte, en estas observaciones se alegaba que «la sociedad Lucchini [había] decidido optar por niveles de protección
         ambiental significativamente más elevados, con independencia de las inversiones productivas, que no habrían exigido inversión
         alguna en forma de sistema de protección medioambiental para respetar las normas vigentes sobre emisiones, y [que], por tanto,
         todas las inversiones notificadas [debían] considerarse adicionales».
      
      58     Por consiguiente, la demandante no podía ser beneficiaria de una ayuda concedida con arreglo a la primera parte del anexo
         del Código, que contempla las «ayudas para contribuir a que las empresas adapten sus instalaciones a nuevas normas obligatorias».
         Asimismo, y como afirma acertadamente la Comisión, dado que se trata de ayudas para fomentar que la demandante mejore considerablemente
         la protección del medio ambiente y supere las normas obligatorias, las disposiciones pertinentes en el presente asunto son
         las enunciadas en los puntos 3.2.1 y 3.2.3.B de las Directrices, aclaradas y adaptadas al sector siderúrgico CECA por la segunda
         parte del anexo del Código.
      
      59     Por lo tanto, la Comisión actuó con arreglo a Derecho al adoptar la Decisión impugnada basándose en el artículo 4 CA, letra c),
         con sujeción al artículo 3 del Código y a las disposiciones a las que remite dicho artículo, a saber, el anexo del Código
         y las Directrices.
      
      60     Precisado este contexto, no cabe aceptar ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante.
      61     En primer lugar, la tesis de la demandante, según la cual las disposiciones aplicables varían en función de las tres categorías
         de inversiones que pueden notificarse en concepto de ayudas estatales no es pertinente. En efecto, dicha tesis contradice
         la letra del artículo 3 del Código, que consagra la aplicación acumulativa del anexo del Código y de las Directrices con arreglo
         a los criterios expuestos, sin distinguir en ese estadio entre los distintos tipos de inversiones. Por lo tanto, no cabe considerar
         que la remisión que el artículo 3 del Código hace al anexo del Código y a las Directrices no sea cumulativa sino alternativa.
      
      62     En segundo lugar, la afirmación de la demandante de que el anexo del Código no se aplica a las inversiones puramente medioambientales
         carece por completo de fundamento en Derecho. En efecto, como se ha expuesto anteriormente, el artículo 3 del Código dispone
         que las ayudas para la protección del medio ambiente en el sector siderúrgico CECA deben respetar tanto el anexo del Código
         como las Directrices. Asimismo, la demandante no puede citar la introducción al anexo del Código, a cuyo tenor «en todos los
         casos de ayuda estatal para la protección del medio ambiente, la Comisión impondrá, en la medida de lo necesario, condiciones
         y salvaguardas estrictas con objeto de evitar la concesión de ayudas ocultas a la inversión de carácter general en nuevas
         plantas o instalaciones», para apoyar su afirmación de que el anexo del Código no se aplica a las ayudas puramente medioambientales.
         El texto mencionado no hace, en efecto, sino consagrar la necesidad de que la Comisión verifique, en su caso, si una inversión
         notificada como puramente medioambiental no permite en realidad alcanzar otros objetivos prohibidos por las disposiciones
         aplicables. Por consiguiente, las ayudas notificadas, que están efectivamente comprendidas dentro del ámbito del Tratado CECA,
         están plenamente sometidas tanto a los criterios de las Directrices como a los criterios previstos en el anexo del Código.
      
      63     En tercer lugar, la afirmación de la demandante de que el punto 3.2.3 de las Directrices no se aplica a las inversiones puramente
         medioambientales también carece por completo de fundamento en Derecho. Dicha disposición establece criterios de compatibilidad
         de las ayudas y fija un nivel máximo de intensidad atendiendo al objetivo perseguido por las inversiones, a saber, la adaptación
         a nuevas normas obligatorias (caso A), la incitación a superar dichas normas obligatorias (caso B) o la protección del medio
         ambiente en caso de no existir normas obligatorias (caso C). Así pues, la circunstancia invocada por la demandante de que
         la intensidad de las ayudas notificadas es inferior al umbral del 15 % contemplado en el caso A no permite deducir que no
         resulte aplicable el caso B, que contempla un umbral de intensidad del 30 %. Las ayudas notificadas siguen siendo, en efecto,
         ayudas que tienen por objeto incitar a la demandante a superar las normas obligatorias y deben, por lo tanto, examinarse en
         el marco de las disposiciones previstas en el punto 3.2.3.B de las Directrices.
      
      64     De lo anterior se desprende que, conforme a lo establecido en la Decisión impugnada, el marco jurídico pertinente para evaluar
         las ayudas objeto del presente asunto incluye el artículo 3 del Código y las disposiciones a las que remite dicho artículo,
         a saber, el anexo del Código y las Directrices.
      
      65     Así pues, la crítica basada en la aplicación de un marco jurídico erróneo y la que se basa en la violación del principio de
         buena administración son infundadas, debiendo desestimarse el primer motivo en su conjunto.
      
      B.      Sobre el segundo motivo, basado en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión acerca de la inadmisibilidad de las
            ayudas notificadas, en la violación del principio de no discriminación, en la inversión de la carga de la prueba y en la falta
            de motivación
      1.      Alegaciones de las partes
      66     Mediante este motivo, la demandante critica las apreciaciones de la Decisión impugnada contenidas en los considerandos 25
         a 29, 35 y 39, relativas a la inadmisibilidad de las ayudas notificadas.
      
      67     La demandante alega, en primer lugar, que la Comisión se equivocó al afirmar que las autoridades italianas no demostraron
         que las inversiones notificadas tuviesen como finalidad mejorar la protección medioambiental. Señala que la Comisión hizo
         recaer erróneamente la carga de la prueba en las autoridades italianas, puesto que, según ella, a éstas nunca se les solicitaron
         tales pruebas, cuya inexistencia resulta determinante para la Decisión impugnada. En efecto, según la demandante, a diferencia
         del informe pericial que las autoridades italianas aportaron a instancias de la Comisión, ésta jamás solicitó formalmente
         a las autoridades italianas que probasen que las inversiones notificadas tenían por objeto mejorar el medio ambiente, ni aun
         después de haber afirmado dichas autoridades reiteradamente que tales ayudas eran de carácter medioambiental. Ahora bien,
         según la demandante, la Comisión únicamente puede concluir que las autoridades nacionales no han sustentado con pruebas su
         afirmaciones y no han aportado los elementos necesarios para que dicha institución pueda apreciar el caso, si se ha formulado
         una solicitud precisa de aclaraciones y datos adicionales y las autoridades nacionales no la han cumplimentado (véase, en
         este sentido, y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión, C‑241/94,
         Rec. p. I‑4551, apartados 36 y 37).
      
      68     La Comisión contesta que la demandante no tiene en cuenta la obligación contemplada en la segunda parte del anexo del Código,
         letra a), que impone al inversor demostrar que se tomó una decisión manifiesta de optar por niveles de protección más elevados,
         lo cual exigió una inversión adicional. Dicha obligación se explica, señala, por el contexto particularmente estricto de la
         disciplina de las ayudas medioambientales en el sector CECA. Asimismo, la Comisión afirma que, aun cuando la demandante se
         refiere acertadamente al punto 3.2.1 de las Directrices, no aporta luego la menor indicación que permita demostrar que debía
         soportar costes adicionales estrictamente necesarios para alcanzar objetivos medioambientales más ambiciosos. En consecuencia,
         la Comisión sostiene que correspondía a la demandante y a las autoridades italianas demostrar que la empresa beneficiaria
         de la ayuda había decidido optar por niveles de protección más elevados que exigían inversiones adicionales; que las inversiones
         notificadas no tenían fines productivos; que era técnicamente posible mantener en uso las antiguas instalaciones medioambientales
         adaptándolas a las nuevas instalaciones productivas y, en definitiva, que concurrían los requisitos para la autorización.
         Ahora bien, la Comisión afirma que en la decisión de incoación del procedimiento puso de manifiesto todas esas dudas, permitiendo
         así tanto al Estado miembro como a la demandante determinar todas las pruebas que debían aportarse y sin que fuese necesario
         solicitar expresamente la presentación de un informe pericial específico.
      
      69     La demandante afirma, seguidamente, que la Comisión se equivocó al considerar que las inversiones notificadas eran necesarias
         por la antigüedad de las instalaciones medioambientales existentes y la imposibilidad de adaptar dichas instalaciones a los
         nuevos equipos productivos. Según ella, la Comisión llegó a la conclusión de que las instalaciones estaban anticuadas sin
         basarse en elementos objetivos y sin tener en cuenta el principio establecido en el anexo del Código para evaluar la vetustez
         de los equipos, relativo al tiempo restante de vida útil de la instalación. La demandante sostiene asimismo que la Comisión
         no tuvo en cuenta el informe pericial de 30 de septiembre de 1999, transmitido a instancias de ésta por las autoridades italianas,
         que, según ella, demuestra que a las instalaciones medioambientales les quedaba un tiempo de vida útil igual o superior al
         25 %. Además, señala, resulta claro que las viejas instalaciones medioambientales eran perfectamente capaces de soportar,
         desde un punto de vista técnico, la carga de contaminación de la nueva instalación productiva.
      
      70     Respecto a este punto, la demandante solicita del Tribunal de Primera Instancia, en concepto de diligencias de prueba, y en
         aplicación de los artículos 65 y 66 del Reglamento de Procedimiento y del artículo 25 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia,
         que disponga la práctica de un examen pericial para demostrar que las antiguas instalaciones de protección ambiental estaban
         en condiciones de funcionar paralelamente a las nuevas instalaciones productivas, con el fin de comprobar la legalidad de
         la Decisión impugnada.
      
      71     La Comisión contesta a esta alegación señalando que la demandante confunde el requisito contemplado en la primera parte del
         anexo del Código, letra b), inciso ii), relativo a la exigencia de un período de vida útil residual de las instalaciones existentes
         del 25 % como mínimo, con la obsolescencia de las instalaciones, que puede incitar a las empresas a sustituirlas independientemente
         del período de vida útil que les quede. Afirma que, en el caso de autos, sí tuvo en cuenta el informe pericial de 30 de septiembre
         de 1999 y que no pone en duda las declaraciones según las cuales la vida útil residual de las instalaciones era de al menos
         el 25 %. Sin embargo, según la Comisión, la Decisión impugnada no se basa en el incumplimiento de este requisito, sino en
         que dichas instalaciones eran obsoletas y que habrían sido sustituidas de todos modos en el marco de la renovación de las
         instalaciones productivas realizada. Señala, en efecto, que la Decisión impugnada no considera creíble que la empresa pudiese
         renovar todas sus instalaciones productivas manteniendo en funcionamiento los antiguos dispositivos medioambientales, ante
         la total inexistencia de pruebas de que dicha opción fuese técnicamente posible.
      
      72     A este respecto, la Comisión pone de relieve que el escrito de las autoridades italianas de 15 de febrero de 2000 indica que
         las inversiones productivas no se habían decidido por motivos de vetustez de las instalaciones, sino de obsolescencia, puesto
         que dichas instalaciones ya no respondían a las exigencias de producción. Además, señala que, según el informe pericial de
         30 de septiembre de 1999, las inversiones medioambientales consistían en sustituir, completar o modificar una parte de las
         instalaciones productivas. Ahora bien, la Comisión afirma que la demandante no pudo explicar en ningún momento del procedimiento
         administrativo ni del procedimiento judicial la lógica económica y productiva que hubiera conducido a reutilizar los antiguos
         dispositivos medioambientales mientras que las instalaciones productivas en las que se integraban eran sustituidas.
      
      73     En cuanto a la solicitud de diligencias de prueba formulada por la demandante, la Comisión considera que es inútil para dirimir
         el litigio, ya que, habida cuenta de la amplia facultad discrecional de que ella dispone, el Tribunal de Primera Instancia
         no puede sustituirla y modificar su postura (auto del Presidente de la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia
         de 2 de abril de 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen y Hapag Lloyd/Comisión, T‑86/96 R, Rec. p. II‑641,
         apartado 74).
      
      74     Por último, la demandante alega que la apreciación de la Comisión contenida en el considerando 28 de la Decisión impugnada,
         según la cual las inversiones no podían optar a las ayudas, puesto que la empresa hubiera debido realizar nuevas inversiones
         medioambientales debido a la ubicación del centro de explotación en una zona densamente poblada, y puesto que, consiguientemente,
         tales inversiones eran indispensables desde el punto de vista económico para que pudiesen proseguir las actividades de la
         demandante, adolece igualmente de graves errores y resulta discriminatoria.
      
      75     Según la demandante, dicha apreciación carece de fundamento, pues ella no estaba jurídicamente obligada a cesar sus actividades
         en caso de no realizar obras de protección medioambiental, dado que ya respetaba la normativa medioambiental vigente. Además,
         afirma que el escrito de las autoridades italianas de 15 de febrero de 2000, en el que constaba la información mencionada
         por la Comisión, fue interpretado erróneamente, puesto que de dicho escrito no se desprende que, de no realizarse las inversiones
         notificadas, la coexistencia de la empresa con el centro de Piombino ya no fuese posible, sino únicamente que la realización
         de las inversiones medioambientales habría podido facilitar posteriormente dicha coexistencia.
      
      76     Por otra parte, la demandante se pregunta si existen otros casos en que se haya utilizado el principio mencionado por la Comisión
         en el considerando 28 de la Decisión impugnada. Según la demandante, la Decisión 2000/66/CECA de la Comisión, de 28 de octubre
         de 1998, relativa a las ayudas que Italia tiene previsto conceder a la empresa siderúrgica Acciaierie di Bolzano SpA (DO 2000,
         L 23, p. 65) es el único precedente. Ahora bien, según ella, este caso se resolvió en sentido contrario al adoptado por la
         Comisión en la Decisión impugnada. En consecuencia, señala, la Decisión impugnada adolece de una grave disparidad de trato
         con respecto a otros casos similares.
      
      77     La Comisión contesta que la demandante confunde los principios aplicables a las ayudas destinadas a adaptar las instalaciones
         existentes a normas obligatorias con los aplicables a las ayudas para fomentar que las empresas superen dichas normas. Señala
         que en el caso de autos no existe ninguna nueva norma obligatoria y, por lo tanto, el elemento determinante que hay que tomar
         en consideración es el hecho de que la empresa sufría una presión social muy fuerte que le obligaba a realizar las inversiones
         controvertidas para poder continuar produciendo en Piombino. Además, según la Comisión, la decisión relativa a la Acciaierie
         di Bolzano no es comparable al caso de autos, puesto que, en dicho asunto, la empresa había demostrado haber realizado «inversiones
         muy superiores» a las exigibles por las normas vigentes en materia medioambiental.
      
      78     Por otra parte, la demandante afirma que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación, ya que la Comisión no expuso
         los motivos ni los elementos objetivos que la llevaron a considerar que las inversiones notificadas estaban relacionadas con
         la producción y no con la protección medioambiental. Así pues, según ella, la Decisión impugnada se limita a negar la finalidad
         medioambiental de las inversiones notificadas, que las autoridades italianas habían afirmado, sin motivar su desacuerdo y
         sin aportar otros elementos técnicos capaces de rebatir el informe pericial presentado por dichas autoridades, que evidenciaba
         el carácter medioambiental de las inversiones notificadas. La demandante señala que la Decisión impugnada tampoco expone los
         motivos por los que considera que las antiguas instalaciones de protección ambiental deberían haber sido en cualquier caso sustituidas
         y que dichas instalaciones no son técnicamente compatibles con el nuevo equipamiento productivo. Por último, añade, la Decisión
         impugnada tampoco indica por qué las respuestas de las autoridades italianas eran insuficientes. Pues bien, según la demandante,
         dado que se le habían presentado documentos, la Comisión no podía abstenerse de tenerlos en cuenta y debía pronunciarse sobre
         ellos, bien aceptando las conclusiones presentadas por las autoridades italianas, bien rechazándolas técnicamente, conforme
         a su obligación de tomar posición sobre las objeciones y observaciones formuladas por un Estado miembro (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 15 de junio de 2000, Alzetta y otros/Comisión, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, T‑600/97 a
         T‑607/97, T‑1/98, T‑3/98 a T‑6/98 y T‑23/98, Rec. p. II‑2319, apartado 105).
      
      79     La Comisión alega que la obligación de motivación no es absoluta y que no está obligada a contestar a todos los puntos de
         hecho y de Derecho invocados por los interesados, sino únicamente a tener en cuenta todos los elementos pertinentes del caso.
         Añade que una imperfección de la motivación no conduce siempre a la anulación, si el resto de la motivación proporciona una
         base suficiente para la adopción del acto (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1987, España/Consejo y Comisión,
         119/86, Rec. p. 4121). A este respecto, la Comisión sostiene que no puede reprochársele no haber proporcionado, en el caso de
         autos, las justificaciones necesarias en relación con parámetros que no forman parte del marco normativo y con hechos que
         no le incumbe a ella, sino al Estado miembro y a la empresa beneficiaria, probar. Señala que, en cualquier caso, en la decisión
         de incoación expuso de forma completa y detallada sus reservas e indicó los puntos sobre los que las autoridades italianas
         y la demandante debían aportar las pruebas necesarias, cosa que no hicieron.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      a)      Observaciones preliminares
      80     En el marco de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión adoptada por la Comisión basándose en el Tratado CECA,
         el artículo 33 CA, segunda frase, dispone que el examen del Tribunal de Primera Instancia «no podrá referirse a la apreciación
         de la situación resultante de hechos o circunstancias económicas en consideración a la cual se [hubiere tomado tal decisión],
         excepto cuando se acuse a la Comisión de haber incurrido en desviación de poder o de haber ignorado manifiestamente las disposiciones
         del Tratado [CECA] o cualquier norma jurídica relativa a su ejecución».
      
      81     La Comisión declaró, en el considerando 24 de la Decisión impugnada, que para apreciar el caso de autos debían utilizarse
         los criterios expuestos en la segunda parte del anexo del Código, letra a), que remite asimismo a los criterios expuestos
         en la primera parte del anexo del Código, letra b), inciso ii). A este respecto, hay que recordar que los criterios consagrados
         en dichas disposiciones son los siguientes: en primer lugar, cuando las empresas optan por sustituir sus instalaciones, las
         inversiones de que se trate no pueden, en principio, beneficiarse de una ayuda medioambiental si son necesarias por motivos
         económicos o debido a la antigüedad de las instalaciones. El período restante de vida útil de las instalaciones existentes
         debe ser del 25 % como mínimo del total de su vida útil. En segundo lugar, las ayudas de que se trate deben fomentar que las
         empresas «mejoren considerablemente» la protección del medio ambiente. Esta mejora considerable puede concretarse en la demostración
         por parte del inversor de que se tomó una decisión manifiesta de optar por niveles de protección más elevados, lo cual exigió
         una inversión adicional, es decir, que existía una solución menos costosa que cumplía las nuevas normas medioambientales.
      
      82     Por otra parte, el punto 3.2.1 de las Directrices enuncia el principio de que «las ayudas con fines aparentes de protección
         del medio ambiente, pero que en realidad sean ayudas generales a la inversión» no pueden beneficiarse de las Directrices.
         Dicho punto se inscribe así en la misma lógica consagrada por el primer criterio del anexo del Código, expuesto en el apartado
         anterior.
      
      83     Procede recordar, asimismo, que cuando la Comisión decide incoar el procedimiento de investigación formal, corresponde al
         Estado miembro y al beneficiario potencial presentar sus alegaciones dirigidas a demostrar que el proyecto de ayuda está amparado
         por las excepciones cuya aplicación establece el Tratado, ya que dicho procedimiento tiene precisamente por finalidad permitir
         a la Comisión informarse del conjunto de datos relacionados con el asunto (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 20 de marzo de 1984, Alemania/Comisión, 84/82, Rec. p. 1451, apartado 13).
      
      84     Si bien la Comisión está obligada a formular claramente sus dudas sobre la compatibilidad de la ayuda cuando abre un procedimiento
         formal, para permitir al Estado miembro y a los interesados responder lo mejor posible a las mismas, no es menos cierto que
         es a quien concede la ayuda y, en su caso, al beneficiario de ésta, a quienes corresponde despejar estas dudas y acreditar
         que su inversión cumple los requisitos de concesión (véase, en este sentido, y por analogía, la sentencia del Tribunal de
         Justicia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, apartados 41 y 45 a 49). Por consiguiente, incumbía
         a las autoridades italianas y a la demandante acreditar que las inversiones de que se trata cumplían los criterios para la
         concesión de una ayuda en favor del medio ambiente y, en particular, que su objetivo era medioambiental, como exigen las Directrices
         y el anexo del Código (véanse, en este sentido, y por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre
         de 1994, España/Comisión, C‑278/92 a C‑280/92, Rec. p. I‑4103, apartado 49, y de 19 de septiembre de 2002, España/Comisión,
         C‑113/00, Rec. p. I‑7601, apartado 70).
      
      85     En la Decisión impugnada, la Comisión considera que las inversiones de finalidad medioambiental realizadas por Lucchini en
         la coquería, la acería y los altos hornos no eran subvencionables mediante ayudas para la protección del medio ambiente, porque
         se habían realizado como condición o consecuencia de inversiones necesarias con fines productivos y porque las autoridades
         italianas no habían demostrado que las inversiones fuesen consecuencia de la decisión libremente adoptada por la empresa de
         mejorar la protección del medio ambiente (considerando 29). Para ello, la Comisión se apoya en los siguientes elementos: la
         realización de tales inversiones respondía a la necesidad de asegurar la continuación de la actividad en una zona densamente
         poblada (considerando 28) y, dado que la sustitución de la instalación de producción se debía a su obsolescencia técnica,
         resultaba difícil admitir que los antiguos dispositivos medioambientales pudiesen mantenerse tal como estaban y fuesen compatibles
         con la nueva instalación de producción (considerandos 26 y 29).
      
      b)      Sobre la cuestión de si las inversiones medioambientales notificadas tenían por objeto permitir que continuase la actividad
         de la demandante, dada su ubicación en una zona densamente poblada
      
      86     La Decisión impugnada pone de manifiesto que las autoridades italianas indicaron que la mejora en términos de protección del
         medio ambiente se había revelado necesaria incluso antes del plan de inversiones para la modernización y racionalización de
         las instalaciones productivas, dada la ubicación del centro de explotación en una zona densamente poblada. Por lo tanto, según
         la Decisión impugnada, la Comisión sólo podía concluir que «las inversiones medioambientales eran necesarias para permitir
         a la empresa seguir desarrollando su actividad económica y, por lo tanto, la razón determinante de tales inversiones era de
         naturaleza económica» (considerando 28).
      
      87     No obstante, el hecho de que el centro de explotación de la demandante estuviese implantado en una zona densamente poblada
         no le obligaba en absoluto, «por motivos económicos», a efectuar las nuevas inversiones puesto que la única obligación de
         la demandante era la de atenerse a las normas obligatorias vigentes. En ese contexto debe entenderse la afirmación de las
         autoridades italianas que indicaban a la Comisión, en el marco del procedimiento administrativo, que la demandante deseaba
         ir más allá de las normas obligatorias para permitir «la coexistencia de la realidad siderúrgica y, por ende, del empleo asociado
         a ella, con la realidad social que la acompaña» (primera notificación del primer proyecto de ayuda, punto 9, párrafo primero).
         A este respecto, es un hecho acreditado que las instalaciones existentes en la fábrica de Piombino respetaban las normas obligatorias
         vigentes.
      
      88     Así pues, la Comisión no puede deducir de la voluntad de la demandante de superar las normas obligatorias en vigor, mejorando
         considerablemente la protección del medio ambiente, para poder dar respuesta a las inquietudes de quienes viven en las cercanías
         de su establecimiento, que esas inversiones «se hubieran producido en cualquier caso por motivos económicos» en el sentido
         de las disposiciones de la primera parte del anexo del Código, letra b), inciso ii).
      
      89     Por consiguiente, y sin que sea necesario pronunciarse sobre la supuesta violación del principio de no discriminación por
         comparación con el asunto de la Accierie di Bolzano, procede concluir que, al afirmar en el considerando 28 de la Decisión
         impugnada que, dada la ubicación del centro de producción en una zona densamente poblada, las inversiones medioambientales
         eran necesarias para permitir a la demandante seguir desarrollando su actividad económica y que, por lo tanto, la razón determinante
         de tales inversiones era de naturaleza económica, la Comisión se basó, equivocadamente, en un criterio que no figura entre
         los aplicables al efecto. Por consiguiente, dicho considerando adolece de un error de Derecho.
      
      c)      Sobre la cuestión de si las inversiones de finalidad medioambiental se realizaron como condición o consecuencia de inversiones
         necesarias con fines productivos, sobre las pruebas aportadas por las autoridades italianas y sobre la posibilidad de una
         solución menos costosa
      
       i)     Sobre las inversiones en la coquería
      –       Sobre la cuestión de si las inversiones en la coquería se realizaron como condición o consecuencia de inversiones necesarias
         con fines productivos
      
      90     Procede recordar, en primer lugar, que el programa de inversiones para la modernización y racionalización de las instalaciones
         de producción llevado a cabo en la fábrica de Piombino en 1997 se refería, como se indica en el apartado 18, a la sustitución
         del alto horno por otro nuevo en las instalaciones de producción de fundición (considerando 10), por una parte, y a la sustitución
         de los convertidores existentes por nuevos convertidores en la acería (considerando 11), por otra. Las actuaciones productivas
         puestas en conocimiento de la Comisión mediante escrito de 10 de diciembre de 1997 en el marco de las dos declaraciones de
         las autoridades italianas relativas a proyectos de inversiones productivas realizadas en dicha fábrica no afectaban a la coquería.
      
      91     En la decisión de incoación, la Comisión consideró dudoso que las inversiones notificadas en relación con la coquería –a saber,
         el nuevo sistema de transporte de carbón con cinta ecológica, los sistemas de carga de los hornos, el sellado del horno mediante
         una soldadura cerámica especial, las nuevas puertas de las cámaras de coque, la subestación eléctrica adicional y las adaptaciones
         del plan de carga de la batería de 27 hornos de la coquería, entre otros– constituyesen inversiones con la única finalidad
         de proteger el medio ambiente y no tuviesen efectos en el proceso productivo (véase la decisión de incoación, p. 9, columna
         de la izquierda, tercer párrafo, segunda frase). Al hacerlo, la Comisión no pretendía afirmar que tales inversiones tuviesen
         por objeto sustituir instalaciones productivas de la coquería; sin embargo, dudaba de su finalidad exclusivamente medioambiental
         y de que no tuviesen repercusiones en el proceso de producción.
      
      92     El Tribunal de Primera Instancia considera, no obstante, que este razonamiento no es pertinente a la vista del marco jurídico
         aplicable, dado que si bien el anexo del Código prohíbe las ayudas a las inversiones que se hubieran producido en cualquier
         caso por motivos económicos o debido a la antigüedad de la fábrica o instalación, dicho anexo no prohíbe las ayudas a las
         inversiones que pueden tener repercusión en el proceso productivo. En tal caso, el anexo del Código exige únicamente, en efecto,
         que se deduzca cualquier ventaja relacionada con la reducción de los costes de producción. Así, para poder ser subvencionadas
         mediante ayudas medioambientales, no es necesario que las inversiones notificadas sirvan exclusivamente para la protección
         del medio ambiente con exclusión de cualquier otro objetivo, ni que carezcan por completo de consecuencias sobre la capacidad
         de producción. No puede declararse que una inversión que persiga una finalidad medioambiental no es subvencionable por el
         mero hecho de que pueda tener una repercusión en la producción.
      
      93     En cualquier caso, procede señalar que la Decisión impugnada no ha seguido este razonamiento, puesto que se limita a considerar
         que las inversiones en la coquería –al igual, por lo demás, que las otras inversiones notificadas por las autoridades italianas
         en lo que respecta a la demandante– se realizaron como condición o consecuencia de inversiones necesarias con fines productivos.
         Esta motivación puede precisarse con el contenido de la decisión de incoación, que declaraba que incluso si las inversiones
         notificadas no estaban directamente ligadas a un nuevo equipo de producción, habrían sido necesarias para asegurar la perennidad
         de las inversiones para la modernización y expansión de las instalaciones de producción o para poder responder a la nueva
         capacidad de producción instalada (véase la decisión de incoación, p. 3, columna de la izquierda, penúltimo párrafo, segunda frase).
      
      94     Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Decisión impugnada concluye equivocadamente que las inversiones
         en la coquería se realizaron como condición o consecuencia de inversiones necesarias con fines productivos. En efecto, del
         contenido de las declaraciones de las autoridades italianas relativas a proyectos de inversiones con fines productivos llevados
         a cabo en la planta de Piombino, antes citadas, se desprende que, a diferencia del alto horno y de la acería, tales inversiones
         productivas no afectaban a la coquería. Al hacerlo, la Decisión impugnada es errónea en este punto, puesto que la coquería
         no fue objeto de inversiones productivas.
      
      95     Por otra parte, procede señalar que si la Decisión impugnada y la decisión de incoación se interpretasen en el sentido de
         que las inversiones en la coquería eran condición o consecuencia necesaria de la renovación de instalaciones productivas en
         el alto horno y en la acería, resulta obligado observar que no hay ninguna explicación en la Decisión impugnada ni en la decisión
         de incoación que pudiera justificar dicha apreciación y que, por lo tanto, en tal caso, la Decisión impugnada adolecería de
         falta de motivación.
      
      96     Por último, si la Decisión impugnada y la decisión de incoación se interpretasen en el sentido de que las inversiones en la
         coquería eran condición o consecuencia necesaria de la renovación de instalaciones de producción en general, debe señalarse
         que, en el transcurso del procedimiento administrativo, la Comisión recibió de las autoridades italianas explicaciones detalladas
         sobre el carácter medioambiental de las distintas inversiones relativas a la coquería, en particular en lo que se refiere
         a la forma en que dichas inversiones iban a reducir las emisiones de gas y de partículas, y que, frente a tales explicaciones,
         la Comisión no podía limitarse a afirmar sin motivación alguna que las inversiones en la coquería se habían realizado como
         condición o consecuencia de inversiones necesarias con fines productivos. A este respecto, hay que recordar que el anexo del
         Código prevé que la Comisión recurra a expertos independientes para examinar las ayudas estatales orientadas a la protección
         del medio ambiente, lo que habría permitido a la Comisión precisar su argumentación acerca de este extremo.
      
      –       Sobre la cuestión de las pruebas aportadas por las autoridades italianas
      97     El Tribunal de Primera Instancia considera asimismo que la Decisión impugnada se equivoca al afirmar que las autoridades italianas
         no aportaron ninguna prueba de que las inversiones medioambientales en la coquería respondían a la decisión libremente adoptada
         por la empresa de mejorar la protección ambiental. En efecto, se desprende de varios documentos transmitidos por las autoridades
         italianas en el marco del procedimiento administrativo que dichas autoridades facilitaron en varias ocasiones a la Comisión
         elementos que permitían caracterizar la voluntad de la demandante de adoptar en la coquería normas ecológicas más rigurosas
         que las normas obligatorias, con el fin de mejorar considerablemente la protección del medio ambiente.
      
      98     Así pues, las notificaciones del primer y segundo proyectos de ayudas efectuadas por las autoridades italianas el 16 de marzo
         y el 29 de noviembre de 1999 incluían una descripción de las inversiones previstas en la coquería (véanse los escritos de
         16 de marzo y 29 de noviembre de 1999, apartado 9), así como una exposición de las ventajas medioambientales que podían lograrse
         gracias a tales inversiones (véanse el escrito de 16 de marzo de 1999, apartado 10, y el escrito de 29 de noviembre de 1999,
         apartado 10).
      
      99     Asimismo, en respuesta a la solicitud expresa formulada por la Comisión el 19 de abril de 1999, para que se le comunicasen
         los niveles de contaminación ambiental alcanzados por las instalaciones existentes y los niveles de contaminación que resultarían
         de las intervenciones proyectadas, en comparación con las normas obligatorias vigentes, las autoridades italianas transmitieron
         las informaciones solicitadas en el anexo de su escrito de 29 de noviembre de 1999. Este anexo incluía un cuadro que detallaba,
         para la coquería y para cada inversión prevista en dicha instalación, en primer lugar, el nivel de emisiones contaminantes
         que debía respetarse de conformidad con las normas obligatorias, en segundo lugar, el nivel de emisiones contaminantes alcanzado
         por las instalaciones existentes y, en tercer lugar, el nivel de emisiones contaminantes que debería alcanzarse gracias a
         las inversiones notificadas. Tales informaciones se reproducen en la decisión de incoación. Se desprende de dicho cuadro,
         por una parte, que las instalaciones existentes en la coquería se ajustaban a las normas obligatorias en materia de emisiones
         contaminantes y, por otra parte, que los niveles alcanzados tras las intervenciones proyectadas eran inferiores a los niveles
         alcanzados por las instalaciones existentes y, por lo tanto, también inferiores a los previstos en las normas obligatorias.
      
      100   Además, en respuesta a otra solicitud formulada por la Comisión el 19 de abril de 1999, para que se realizase un informe pericial
         independiente con el fin de demostrar que las ayudas notificadas no correspondían a inversiones que se hubieran producido
         en cualquier caso por motivos económicos o debido a la antigüedad de las instalaciones y que la vida útil de dichas instalaciones
         era aún suficientemente larga (del 25 % como mínimo, según el anexo del Código), las autoridades italianas transmitieron el
         informe pericial. Éste demuestra que la vida útil de las instalaciones a las que se destinaban las ayudas notificadas es superior
         al 25 %. Dicho informe examina asimismo todas las obras proyectadas con el fin de determinar la situación anterior a la intervención
         y la situación posterior. En el marco de dicho examen, describe con claridad en qué consiste cada intervención y define la
         mejora que debería lograrse gracias a las intervenciones.
      
      101   Por último, en respuesta a una solicitud posterior formulada por la Comisión el 17 de enero de 2000, para que se le comunicasen
         los niveles de contaminación ambiental que resultarían de las intervenciones proyectadas en la coquería en el segundo proyecto
         de ayudas en comparación con las normas obligatorias y en comparación con las inversiones efectuadas anteriormente, así como
         el tipo de adaptación efectuada en cada instalación, las autoridades italianas transmitieron la información solicitada en
         su escrito de 15 de febrero de 2000. La decisión de incoación («Efectos de las inversiones en el medio ambiente», cuadro 1)
         reproduce, en relación con las distintas inversiones previstas en la coquería, en primer lugar, el nivel de emisiones contaminantes
         que debía respetarse con arreglo a las normas obligatorias; en segundo lugar, el nivel de emisiones contaminantes antes de
         las inversiones previstas en el primer proyecto de ayudas; en tercer lugar, el nivel de emisiones contaminantes alcanzado
         como consecuencia de las inversiones previstas en el primer proyecto de ayudas, y, en cuarto lugar, el nivel de emisiones
         contaminantes que debería alcanzarse gracias a las inversiones notificadas en el segundo proyecto de ayudas. Se desprende
         de dicho cuadro que la reducción del nivel de emisiones contaminantes existente antes del primer proyecto y después del segundo
         proyecto se situaba en torno al 25 %.
      
      102   Ahora bien, la Comisión no presentó, ni en el marco de la decisión de incoación ni en el marco de la Decisión impugnada, alegaciones
         que pudiesen rebatir las pruebas aportadas por las autoridades italianas, que exponían de manera detallada y cuantificable
         las diversas contribuciones medioambientales que se derivarían de las inversiones proyectadas en la coquería.
      
      103   En consecuencia, la Decisión impugnada carece de motivación suficiente cuando afirma, sin analizar los elementos mencionados,
         que las autoridades italianas no aportaron prueba alguna de que las inversiones medioambientales en la coquería respondían
         a la decisión libremente adoptada por la empresa de mejorar la protección ambiental.
      
      –       Sobre la existencia de una solución menos costosa
      104   Por lo que respecta a la cuestión de si existía un solución menos costosa o si los antiguos dispositivos medioambientales
         hubieran podido ser compatibles con la nueva instalación de producción, basta señalar que las inversiones productivas declaradas
         por las autoridades italianas a la Comisión el 10 de diciembre de 1997, a diferencia del alto horno y de la acería, no afectaban
         a la coquería.
      
      105   A falta de tales inversiones productivas y habida cuenta de la vida útil residual de los antiguos equipos medioambientales
         de la coquería, acreditada por el informe pericial presentado a instancias de la Comisión, y de las indicaciones facilitadas
         por las autoridades italianas para comparar los niveles de contaminación ambiental antes y después de las inversiones notificadas,
         dichas autoridades podían efectivamente alegar que los dispositivos de protección ambiental de la coquería podían aún funcionar
         y que por consiguiente constituían la solución menos costosa para cumplir las normas medioambientales vigentes. En tales circunstancias,
         correspondía a la Comisión demostrar que las antiguas instalaciones medioambientales no estaban en condiciones de funcionar.
      
      106   En consecuencia, la Decisión impugnada carece de motivación suficiente cuando afirma que «no se ha facilitado ninguna prueba
         de que la vieja instalación hubiera podido efectivamente ser compatible con la nueva instalación de producción» (Decisión
         impugnada, considerando 26) o que «es difícil considerar, una vez sustituida la instalación principal de producción por técnicamente
         obsoleta, que los equipos de protección ambiental conectados a dicha instalación habrían sido capaces de seguir funcionando
         normalmente» (considerando 27).
      
      –       Sobre la cuestión de si las inversiones en la coquería permitían una mejora significativa de la protección medioambiental
      107   La Decisión impugnada (considerando 35) señala que las mejoras medioambientales resultantes del segundo proyecto de inversiones
         notificado en noviembre de 1999 deben compararse con las del primer proyecto notificado en marzo de 1999 y no con los niveles
         anteriores al primer proyecto. A este respecto, la Decisión impugnada alega que «las autoridades italianas no han notificado
         la segunda parte de las inversiones como un apéndice a la primera notificación», y que las propias autoridades italianas «han
         considerado como niveles de contaminación de partida los que se habían obtenido con las inversiones notificadas en marzo [de
         1999]». Partiendo de esta base, la Decisión considera que las mejoras logradas como consecuencia del segundo proyecto de ayudas
         no son significativas, lo que conduce a la conclusión de que las inversiones notificadas en el segundo proyecto de ayudas
         no son subvencionables en el marco de las ayudas a favor del medio ambiente. 
      
      108   Esta argumentación carece de fundamento fáctico. Es inexacto afirmar que las autoridades italianas no notificaron la segunda
         parte de las inversiones como un apéndice de la primera parte, dado que el primer proyecto de ayudas fue notificado inicialmente
         el 16 de marzo y presentado de nuevo el 29 de noviembre de 1999, junto con el segundo proyecto de ayudas. Los dos proyectos
         están intrínsecamente ligados. En efecto, tanto el primer proyecto de ayudas como el segundo proyecto de ayudas tienen como
         finalidad la eliminación de las emisiones de partículas de carbón y de gas. Ahora bien, para lograr la eliminación de las
         partículas, ambos proyectos preveían la instalación de nuevos dispositivos de protección ambiental en la máquina cargadora
         de carbón y la tolva (acción A.4 del primer proyecto de ayudas y acción A.1 del segundo proyecto de ayudas). Asimismo, para
         lograr la eliminación de las emisiones de gas, ambos proyectos preveían la instalación de nuevos dispositivos de protección
         ambiental relacionados con las puertas de las cámaras de coque (actuaciones A.6 a A.8 del primer proyecto de ayudas y acciones
         A.3 a A.6 del segundo proyecto de ayudas).
      
      109   Además, en respuesta a las preguntas formuladas por la Comisión el 17 de enero de 2000 acerca de las intervenciones proyectadas
         en la coquería en el segundo proyecto de ayudas, las autoridades italianas indicaban precisamente, en su escrito de 15 de
         febrero de 2000, que «la actuación relativa a la coquería, cuya realización se prevé dentro del proyecto en cuestión se inscribe
         en el marco de la prolongación de la actuación anteriormente notificada (nº 145/99)» y que, aun cuando dicha actuación se
         hubiese decidido con posterioridad y de forma independiente, «tiene por objeto optimizar los resultados obtenidos en el marco
         de las anteriores actuaciones, reduciendo aún más los niveles de contaminación resultantes de las emisiones no evacuables».
         Asimismo, en sus observaciones sobre la decisión de incoación, las autoridades italianas señalaban que «aunque fueron notificadas
         en dos fases, las inversiones medioambientales en la coquería se realizaron luego en el marco de un programa único; por consiguiente,
         los resultados en términos de límites de emisión que deben compararse con la situación anterior son los indicados después
         de realizarse la última inversión» (escrito de 18 de julio de 2000, página 5).
      
      110   Por otra parte, la Decisión impugnada no puede afirmar que las autoridades italianas consideraron como niveles de contaminación
         de partida los que se habían obtenido con las inversiones notificadas en marzo de 1999, sin tener en cuenta que, al hacer
         esto, las autoridades italianas se limitaron a facilitar a la Comisión los datos que ésta les había solicitado. En efecto,
         las autoridades italianas presentaron, mediante escrito de 15 de febrero de 2000, un cuadro que desglosaba el nivel de emisiones
         contaminantes que debía respetarse según las normas obligatorias, el nivel alcanzado tras el primer proyecto y el alcanzado
         tras el segundo proyecto, con el fin de responder a las solicitudes formuladas por la Comisión en su escrito de 17 de enero
         de 2000.
      
      111   En consecuencia, la Decisión impugnada adolece de falta de motivación por cuanto se limita a considerar que los resultados
         de las inversiones, en cuanto a mejora del medio ambiente, logrados gracias al segundo proyecto de ayudas deben compararse
         con los resultados logrados al término del primer proyecto y con la situación existente antes del primer proyecto, sin indicar
         las consideraciones que llevaron a la Comisión a contradecir las razones expuestas por las autoridades italianas en el marco
         del procedimiento administrativo. 
      
      –       Conclusión relativa a la coquería
      112   De lo anterior se desprende que, en lo que respecta a las inversiones notificadas por las autoridades italianas en relación
         con la coquería, la Decisión impugnada está viciada por los motivos que siguen.
      
      113   En primer lugar, la afirmación de que las inversiones medioambientales se realizaron como condición o como consecuencia de
         inversiones necesarias con fines productivos es errónea en cuanto se refiere a la coquería, debido a la inexistencia de inversiones
         productivas declaradas por las autoridades italianas en relación con dicha instalación, y carece de motivación suficiente
         a la luz del artículo 15 CA, en el sentido de que la Decisión impugnada no permite saber por qué motivos, habida cuenta de
         las explicaciones dadas sobre este punto por las autoridades italianas, las inversiones relativas a la coquería pudieron realizarse
         como condición o consecuencia de inversiones necesarias con fines productivos en general. 
      
      114   En segundo lugar, la afirmación de que las autoridades italianas no aportaron prueba alguna de que las inversiones medioambientales
         en la coquería respondían a la decisión libremente adoptada por la empresa de mejorar la protección ambiental está insuficientemente
         motivada con arreglo al artículo 15 CA, en la medida en que la Decisión impugnada no examina los elementos comunicados sobre
         este extremo por las autoridades italianas en el marco del procedimiento administrativo. 
      
      115   En tercer lugar, las afirmaciones de que no se ha facilitado ninguna prueba «de que la vieja instalación hubiera podido efectivamente
         ser compatible con la nueva instalación de producción» y de que «es difícil considerar, una vez sustituida la instalación
         principal de producción por técnicamente obsoleta, que los equipos de protección ambiental conectados a dicha instalación
         habrían sido capaces de seguir funcionando normalmente» están insuficientemente motivadas con arreglo al artículo 15 CA, en
         la medida en que la Decisión impugnada no examina los elementos comunicados acerca de este punto por las autoridades italianas
         en el marco del procedimiento administrativo. 
      
      116   Por último, en cuarto lugar, la afirmación de que el resultado de las inversiones, en cuanto a mejora del medio ambiente,
         logrado gracias al segundo proyecto de ayudas relativo a la coquería debe compararse con el resultado logrado al término del
         primer proyecto y con la situación existente antes del primer proyecto es errónea por cuanto la Comisión no indica los motivos
         por los que consideró que debía apartarse de las informaciones comunicadas sobre este punto por las autoridades italianas
         durante el procedimiento administrativo.
      
       ii)   Sobre las inversiones en el alto horno y en la acería
      117   Por lo que se refiere a las inversiones notificadas por las autoridades italianas en relación con el alto horno y la acería,
         no puede aceptarse la tesis de la demandante según la cual la Comisión afirmó erróneamente que las autoridades italianas no
         facilitaron pruebas de que las inversiones se debieron a la decisión libremente adoptada por la empresa de elevar el nivel
         de protección del medio ambiente.
      
      118   En efecto, a diferencia de las inversiones en la coquería, que no implicaban nuevas instalaciones productivas, la demostración
         de que no existían argumentos económicos que hubiesen motivado las inversiones en los equipos medioambientales del alto horno
         y de la acería resultaba indispensable debido a las modificaciones llevadas a cabo en los equipos productivos de esas mismas
         instalaciones. 
      
      119   Es cierto, en efecto, que las autoridades italianas facilitaron a la Comisión, como en el caso de la coquería, elementos que
         permitían demostrar que los nuevos equipos medioambientales en el alto horno y en la acería mejoraban la protección del medio
         ambiente. Así, la notificación del primer proyecto de ayudas efectuada por las autoridades italianas el 16 de marzo y el 29
         de noviembre de 1999 incluía también una descripción de las inversiones previstas en ambas instalaciones y una exposición
         de las ventajas que podían alcanzarse como consecuencia de dichas inversiones. Asimismo, en respuesta a la solicitud de la
         Comisión de 19 de abril de 1999, relativa a los niveles de contaminación ambiental alcanzados por las instalaciones existentes
         y a los resultantes de las inversiones proyectadas en comparación con las normas obligatorias en vigor, las autoridades italianas
         presentaron en su escrito de 29 de noviembre de 1999, dos cuadros que desglosaban, en relación con el alto horno y con la
         acería, respectivamente, los datos solicitados. Se desprende de dichos cuadros que los dispositivos existentes en ambas instalaciones
         eran también acordes con los niveles de emisiones contaminantes que debían respetarse con arreglo a las normas obligatorias
         y que los niveles alcanzados tras las intervenciones eran inferiores a éstos. Además, el informe pericial presentado por las
         autoridades italianas también examinó las inversiones relativas al alto horno y la acería, con el fin de determinar la situación
         anterior y posterior a la intervención, y detalló la mejora que debería lograrse como consecuencia de las intervenciones proyectadas
         en los equipos de ambas instalaciones.
      
      120   Sin embargo, si bien es cierto que esos elementos muestran la voluntad de la demandante de adoptar normas ecológicas más rigurosas
         y de mejorar así considerablemente la protección del medio ambiente, las autoridades italianas no demostraron que las inversiones
         notificadas relativas al alto horno y la acería se debiesen a la decisión libremente adoptada por la empresa de elevar el
         nivel de protección del medio ambiente y no respondiesen a motivos económicos.
      
      121   Ahora bien, en la decisión de incoación, la Comisión expuso claramente sus dudas acerca de la motivación medioambiental o
         económica de las inversiones notificadas en dichas instalaciones y acerca de la no presentación de pruebas al respecto por
         parte de las autoridades italianas.
      
      122   Así, dicha decisión señalaba, en primer lugar, que la razón por la que el inversor decidió hacer las inversiones era determinante,
         pues el anexo del Código de ayudas a la siderurgia excluía las inversiones realizadas por motivos económicos. La decisión
         exponía a continuación que una primera evaluación de las informaciones proporcionadas llevaba a la conclusión de que las inversiones
         se llevaron a cabo, en primer lugar, por motivos económicos.
      
      123   La decisión de incoación subrayaba asimismo que las autoridades italianas no habían demostrado que las inversiones se hubiesen
         hecho por motivos ambientales y no por motivos económicos. Dicha decisión exponía, además, que las autoridades italianas no
         habían demostrado que, en aquellos casos en que se reemplazó el equipo, el inversor tomara una decisión clara de optar por
         normas más rigurosas que exigiesen inversiones adicionales, lo que significa que existía una solución de bajo coste que habría
         cumplido las prescripciones legales.
      
      124   Las autoridades italianas respondieron a las reservas manifestadas en la decisión de incoación mediante escrito de 18 de julio
         de 2000, en el que se limitaron a reafirmar la finalidad medioambiental y no económica de las inversiones notificadas en las
         instalaciones del alto horno y de la acería, sin facilitar explicaciones complementarias ni aportar pruebas que respaldasen
         dicha afirmación.
      
      125   Así, las autoridades italianas afirmaron «que se desprende a todas luces de lo anteriormente indicado que el plan de inversiones
         medioambientales notificado fue realizado con el fin de lograr una mejora significativa de la protección medioambiental, con
         independencia de las inversiones de carácter productivo […]» y «que de lo anterior se deduce claramente que la sociedad Lucchini
         ha decidido optar por niveles de protección ambiental significativamente más elevados, con independencia de las inversiones
         productivas, que no habrían exigido inversión alguna en forma de sistema de protección medioambiental para respetar las normas
         vigentes sobre emisiones, y que, por tanto, todas las inversiones notificadas deben considerarse adicionales».
      
      126   Dichas respuestas no fueron acompañadas de datos complementarios para justificar que existía una solución menos costosa y
         que, por lo tanto, la empresa había optado claramente por la aplicación de normas más rigurosas que exigían inversiones adicionales.
         En tales circunstancias, estas alegaciones no pueden despejar las dudas expresadas por la Comisión en la decisión de incoación
         acerca de la motivación medioambiental y no económica de las inversiones notificadas en las dos instalaciones de que se trata.
      
      127   Además, en cuanto a la cuestión de si los equipos medioambientales existentes hubieran sido compatibles o no con las nuevas
         instalaciones de producción, la Decisión impugnada señala que las autoridades italianas no facilitaron prueba alguna que sustentase
         la afirmación de que los antiguos equipos medioambientales habrían podido efectivamente ser compatibles con las nuevas instalaciones
         de producción, debido a que dichos equipos no estaban obsoletos y habrían podido seguir utilizándose con las nuevas instalaciones
         de producción respetando las normas ecológicas (considerandos 25 y 26).
      
      128   En el mismo orden de ideas, la Decisión impugnada señala, en primer lugar, que dicha afirmación de las autoridades italianas
         es tanto menos creíble cuanto que, dada la antigüedad de las instalaciones, que se remontan a 1971 y a 1978, resulta difícil
         admitir que la empresa hubiese mantenido en funcionamiento los equipos medioambientales paralelamente a la nueva instalación
         de producción; en segundo lugar, que el informe pericial afirma que los equipos medioambientales tienen una vida útil que
         se corresponde con la vida útil de la fábrica, de la que son un componente, y, en tercer lugar, que, habida cuenta de la necesidad
         de sustituir las instalaciones de producción por técnicamente obsoletas, es difícil admitir que los equipos de protección
         ambiental conectados a ellas hubieran podido seguir funcionando normalmente (considerando 27).
      
      129   Ahora bien, si los antiguos equipos medioambientales del alto horno y de la acería hubiesen sido compatibles con las nuevas
         instalaciones de producción y si hubiesen podido así cumplir las normas obligatorias en vigor, en cuyo caso las inversiones
         notificadas serían el resultado de la decisión libremente aceptada por la empresa de elevar el nivel de protección del medio
         ambiente, puesto que se trataría necesariamente de inversiones adicionales que permiten adoptar normas aún más rigurosas que
         las normas obligatorias en vigor, que ya cumplían los antiguos equipos, resulta obligado señalar, no obstante, que las autoridades
         italianas no presentaron prueba alguna de la supuesta compatibilidad de los antiguos equipos medioambientales del alto horno
         y de la acería con los nuevos equipos de producción de tales instalaciones. En tales circunstancias, la Comisión no estaba
         obligada a proporcionar una motivación adicional sobre este punto.
      
      130   Por último, por lo que respecta a la crítica formulada por la demandante basada en la falta de motivación de la apreciación
         de la Comisión relativa al carácter no subvencionable de las inversiones notificadas en relación con el alto horno y la acería,
         según la jurisprudencia relativa al artículo 253 CE y extrapolable al artículo 15 CA, la motivación exigida por esta última
         disposición debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento
         de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada
         y el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho
         y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo
         15 CA debe apreciarse no sólo en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de
         normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de
         2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, y de 11 de septiembre de
         2003, Bélgica/Comisión, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, apartado 72).
      
      131   Ahora bien, del contenido mencionado de la decisión de incoación se desprende que la Comisión había expuesto detalladamente
         sus dudas acerca de las inversiones efectuadas en el alto horno y la acería. Por lo tanto, ante la falta de explicaciones
         por parte de las autoridades italianas, la Decisión impugnada concluyó legítimamente que las autoridades italianas no habían
         demostrado que las inversiones en el alto horno y en la acería se hubiesen realizado por motivos de protección del medio ambiente.
         Habida cuenta de que la carga de la prueba recaía sobre Italia, la Decisión impugnada podía limitarse a constatar esa falta
         de explicaciones.
      
      132   Así pues, carece de fundamento la crítica basada en la falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a
         la apreciación de la Comisión relativa al carácter no subvencionable de las inversiones notificadas relativas al alto horno
         y a la acería.
      
      133   En consecuencia, la Decisión impugnada no está viciada cuando señala que las autoridades italianas no aportaron pruebas que
         respaldasen la afirmación de que las inversiones efectuadas en los equipos medioambientales del alto horno y de la acería
         se debían a la decisión libremente adoptada por la demandante de elevar el nivel de protección del medio ambiente y que de
         ello deduce que, por tal motivo, las ayudas notificadas no son subvencionables.
      
      d)      Conclusión sobre el segundo motivo
      134   De lo anterior se desprende que, por lo que se refiere a las inversiones medioambientales en el alto horno y la acería, y
         pese a que la Decisión impugnada incurre en error al afirmar que dichas inversiones eran necesarias debido a la implantación
         de la fábrica en una zona densamente poblada, la falta de pruebas por parte de las autoridades italianas de la existencia
         de una decisión libremente adoptada por la empresa beneficiaria de las ayudas de mejorar el medio ambiente justifica la conclusión
         de la Decisión impugnada de que las inversiones notificadas relativas a esas dos instalaciones no eran subvencionables en
         el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente.
      
      135   En cambio, por lo que se refiere a las inversiones medioambientales relativas a la coquería, la Decisión impugnada carece
         de motivación suficiente y es, en ocasiones, errónea.
      
      136   De ello se desprende que el segundo motivo es fundado en lo que respecta a la coquería y que procede desestimarlo en lo que
         se refiere al alto horno y a la acería.
      
      C.      Sobre el tercer motivo, basado en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión relativa al incumplimiento de los requisitos
            de compatibilidad de las ayudas establecidos por el marco jurídico aplicable; en la violación del principio de no discriminación;
            en la inversión de la carga de la prueba; en la falta de motivación y en la contradicción interna del razonamiento expuesto
            en la Decisión impugnada
      137   En el marco del tercer motivo, la demandante impugna el fundamento y la motivación de las apreciaciones expuestas en los considerandos
         30 a 32 de la Decisión impugnada y reproducidas en la tercera frase del considerando 39, sosteniendo que están viciadas por
         un error de apreciación de los hechos, por atribuir equivocadamente la carga de la prueba, por violación del principio de
         no discriminación, por falta de motivación y por una contradicción interna en el razonamiento.
      
      138   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa que la Decisión impugnada llega, en el considerando 39, a la conclusión
         de que las ayudas notificadas por las autoridades italianas no satisfacen las distintas condiciones exigidas por el marco
         jurídico debido a que, por una parte, «los costes notificados no se refieren sólo a los costes adicionales necesarios para
         el incremento de la protección del medio ambiente» y, por otra, «no se han detraído todas las ventajas en términos de costes».
         Asimismo, en el considerando 32, la Comisión indica que «los costes de inversión notificados por las autoridades italianas
         no representan únicamente costes exclusivamente vinculados a la protección del medio ambiente» y que «el coste de los equipos
         que pueden utilizarse con fines de producción no se ha detraído proporcionalmente». Esta apreciación remite a los considerandos
         30 y 31 de la Decisión impugnada, en los que la Comisión responde a las alegaciones formuladas por las autoridades italianas
         en el marco de sus observaciones sobre la decisión de incoación.
      
      139   Así pues, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia desestima las alegaciones de la demandante encaminadas a obtener
         la anulación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a las ayudas relativas al alto horno y la acería, las críticas
         formuladas por la demandante en relación con esas dos instalaciones en el marco del tercer motivo son inoperantes. En efecto,
         la conformidad a Derecho de la conclusión de la Comisión sobre la no subvencionabilidad de las inversiones relativas a la
         acería y al alto horno en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente, expuesta en los considerandos 25 a
         29 de la Decisión impugnada, basta para declarar que el recurso carece de fundamento en lo que se refiere a esas dos instalaciones,
         sin que sea preciso examinar el fundamento de las alegaciones formuladas en el marco del tercer motivo.
      
      140   En cambio, en lo que se refiere a las ayudas relativas a la coquería, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el segundo
         motivo era fundado, en la medida en que la Decisión impugnada incurría en errores en determinados puntos y carecía de motivación
         suficiente en otros. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que la Comisión no
         puede considerar válidamente, por las razones expuestas en la Decisión impugnada y analizadas en el marco del segundo motivo,
         que las inversiones medioambientales notificadas por las autoridades italianas en relación con la coquería no eran subvencionables
         en el marco de las ayudas para la protección del medio ambiente.
      
      141   En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no puede examinar el contenido del tercer motivo ni la cuestión
         de si las autoridades italianas efectuaron correctamente la distinción entre los costes relacionados con inversiones productivas
         y los relacionados con inversiones medioambientales. En efecto, dicha distinción únicamente podrá operarse una vez que la
         Comisión haya analizado la subvencionabilidad de las ayudas relativas a la coquería teniendo en cuenta las observaciones del
         Tribunal de Primera Instancia en la presente sentencia y una vez que haya determinado, a la luz de lo expuesto en los apartados
         107 y siguientes, si dichas ayudas permiten o no mejorar significativamente la protección del medio ambiente.
      
      142   En consecuencia, con el fin de permitir que las partes saquen conclusiones de la anulación pronunciada en el marco del segundo
         motivo, y que por lo tanto, reanuden el procedimiento en la fase en que resultó viciado, es decir, en la fase de análisis
         de las inversiones medioambientales relativas a la coquería, el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede examinar
         las alegaciones formuladas por las partes en el marco del tercer motivo en lo que respecta a la distinción de los costes productivos
         y medioambientales, que presupone que las ayudas objeto del procedimiento hayan tenido efectivamente una finalidad medioambiental
         en el sentido definido por el anexo del Código y por las Directrices. Así, la Comisión podrá clarificar las cuestiones relativas
         a la subvencionabilidad de las ayudas relativas a la coquería y solicitar, en su caso, a las autoridades italianas que deduzcan
         los costes relativos a la repercusión en la producción.
      
      143   De lo anterior se desprende que las alegaciones presentadas en el marco del tercer motivo son inoperantes en lo que se refiere
         al alto horno y la acería, en la medida en que la conformidad a Derecho de las apreciaciones de la Comisión sobre la no subvencionabilidad
         de las ayudas relativas a dichas instalaciones, expuestas en los considerandos 25 a 29 de la Decisión impugnada, basta para
         acreditar la legalidad de la Decisión impugnada en ese aspecto, y que no procede examinar el tercer motivo en lo que atañe
         a la coquería, dados los efectos de la anulación pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia, en el marco del segundo
         motivo, en relación con el procedimiento de examen de las ayudas relativas a dicha instalación.
      
      D.      Sobre la motivación de la Decisión impugnada respecto al importe de la ayuda declarada incompatible con el mercado común
      144   Es preciso señalar que la insuficiencia o la falta de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo
         33 CA y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario (véanse, por analogía,
         las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 1997, Comisión/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, apartado 24,
         y Comisión/Sytraval y Brink’s France, antes citada, apartado 67; y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21
         de marzo de 2001, Métropole télévision/Comisión, T‑206/99, Rec. p. II‑1057, apartado 43, y de 22 de junio de 2005, CIS/Comisión,
         T‑102/03, Rec. p. II‑2357, apartado 46).
      
      145   Asimismo, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, la motivación de una decisión individual lesiva debe mostrar
         de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de modo que los interesados puedan
         conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véanse, por analogía,
         las sentencias Comisión/Sytraval y Brink’s France, antes citada, apartado 63; Métropole télévision/Comisión, antes citada,
         apartado 44, y CIS/Comisión, antes citada, apartado 47).
      
      146   La Decisión impugnada concluye en el considerando 39 que «la ayuda notificada por Italia en favor de Lucchini […] en la instalación
         de coquería, en la instalación de acería y en el alto horno, por un total de 13,5 mil millones de liras italianas, no es subvencionable
         en el marco de las ayudas en favor del medio ambiente en la medida en que las autoridades italianas no han demostrado que
         las inversiones no hayan sido realizadas por razones económicas». Dicha conclusión es consecutiva al considerando 29 de la
         Decisión impugnada, en el que la Comisión expone que «por lo que se refiere a las principales razones de las inversiones realizadas
         […] en la coquería, en la acería y en el alto horno, [ella] considera que las autoridades italianas no han demostrado, tal
         y como exigía el anexo del [Código], que la empresa hubiera claramente decidido realizar dichas inversiones por razones de
         protección ambiental».
      
      147   Sin embargo, de la decisión de incoación (parte titulada «Descripción de la ayuda»), y del considerando 6 de la Decisión impugnada
         se desprende que las inversiones realizadas por la demandante y notificadas como subvencionables en el marco de las ayudas
         para la protección del medio ambiente, por un importe total de 190.900 millones de ITL, para las que se solicitaba una ayuda
         de 13.500 millones de ITL (equivalente a un nivel de ayuda del 7 %), se refieren a las cuatro instalaciones siguientes: la
         coquería, la acería, el alto horno y la instalación hidráulica y de aguas residuales.
      
      148   Así pues, dado que los considerandos 29 y 39 de la Decisión impugnada no hacen referencia a la instalación hidráulica y de
         aguas residuales, y que ningún elemento de la Decisión impugnada permite comprender en qué aspecto la ayuda estatal destinada
         a dicha instalación es incompatible con el mercado común, procede concluir que la Decisión impugnada carece de motivación
         desde el punto de vista del artículo 15 CA en lo que respecta al importe de la ayuda que en el artículo 1 de la Decisión impugnada
         se declara incompatible con el mercado común. 
      
      149   Se desprende de la decisión de incoación (parte titulada «Descripción de la ayuda») que el importe de las inversiones correspondientes
         a la instalación hidráulica y de aguas residuales era de 19.700 millones de ITL y que, en consecuencia, la ayuda solicitada
         para dicha instalación era de 1.380 millones de ITL.
      
      150   Por consiguiente, el artículo 1 de la Decisión impugnada debe anularse en la medida en que incluye, en la declaración de incompatibilidad
         de la ayuda de Estado por el importe concedido a la demandante, el importe de 1.380 millones de ITL correspondiente a las
         inversiones notificadas relativas a la instalación hidráulica y de aguas residuales.
      
      E.      Conclusión general
      151   Del conjunto de las consideraciones anteriores se deduce que procede desestimar el recurso en lo que respecta a las inversiones
         medioambientales en el alto horno y en la acería.
      
      152   Por lo que se refiere a las ayudas relativas a la coquería, el Tribunal de Primera Instancia ha estimado el segundo motivo,
         y, por consiguiente, la Decisión impugnada debe anularse en lo que respecta a las inversiones medioambientales en la coquería.
      
      153   Asimismo, procede anular la Decisión impugnada en lo que atañe a las inversiones medioambientales relativas a la instalación
         hidráulica y de aguas residuales, puesto que no hay elemento alguno en la Decisión que permita comprender por qué la ayuda
         estatal destinada a dicha instalación es incompatible con el mercado común.
      
      154   En consecuencia, el artículo 1 de la Decisión impugnada debe anularse en la medida en que incluye, en la declaración de incompatibilidad
         de la ayuda estatal por el importe concedido a la demandante, el importe de 2.700 millones de ITL correspondiente a las inversiones
         medioambientales notificadas relativas a la coquería y el importe de 1.380 millones de ITL correspondiente a las inversiones
         medioambientales notificadas relativas a la instalación hidráulica y de aguas residuales.
      
       Costas
      155   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiere solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento,
         cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas
         o decidir que cada parte abone sus propias costas.
      
      156   En el caso de autos, el recurso ha sido parcialmente estimado. El Tribunal de Primera Instancia considera que se hará una
         justa apreciación de las circunstancias del caso condenando a cada parte a soportar la mitad de las costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)
      decide:
      1)      Anular el artículo 1 de la Decisión 2001/466/CECA de la Comisión, de 21 de diciembre de 2000, relativa a la ayuda estatal
            que Italia tiene previsto conceder a las empresas siderúrgicas Lucchini SpA y Siderpotenza SpA, en la medida en que incluye,
            en el importe de la ayuda de Estado otorgada a Lucchini SpA y declarada incompatible con el mercado común, los importes de
            2.700 millones de ITL (1,396 millones de euros) y de 1.380 millones de ITL (713.550 euros), correspondientes a las inversiones
            medioambientales notificadas por las autoridades italianas en la coquería y en la instalación hidráulica y de aguas residuales,
            respectivamente.
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Cada parte soportará la mitad de las costas.
      
               Lindh 
            
            
                García-Valdecasas 
            
            
                Cooke 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de septiembre de 2006.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      P. Lindh
            
         Índice
      
      Marco jurídico
      A.     Código de ayudas a la siderurgia
      B.     Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente
      C.     Anexo del Código
      Hechos que originaron el recurso
      A.     Declaraciones relativas a inversiones productivas
      B.     Notificaciones relativas a proyectos de inversiones medioambientales
      C.     Decisión de incoar el procedimiento de investigación previsto en el artículo 6, apartado 5, del Código y observaciones de
         las autoridades italianas
      
      D.     Decisión impugnada
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      A.     Sobre el primer motivo, basado en el error en cuanto a las normas aplicables al caso de autos y en la violación del principio
         de buena administración
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre el segundo motivo, basado en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión acerca de la inadmisibilidad de las
         ayudas notificadas, en la violación del principio de no discriminación, en la inversión de la carga de la prueba, en la apreciación
         errónea de los hechos y en la falta de motivación
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      a)     Observaciones preliminares
      b)     Sobre la cuestión de si las inversiones medioambientales notificadas tenían por objeto permitir que continuase la actividad
         de la demandante, dada su ubicación en una zona densamente poblada
      
      c)     Sobre la cuestión de si las inversiones de finalidad medioambiental se realizaron como condición o consecuencia de inversiones
         necesarias con fines productivos, sobre las pruebas aportadas por las autoridades italianas y sobre la posibilidad de una
         solución menos costosa
      
      i)     Sobre las inversiones en la coquería
      –  Sobre la cuestión de si las inversiones en la coquería se realizaron como condición o consecuencia de inversiones necesarias
         con fines productivos
      
      –  Sobre la cuestión de las pruebas aportadas por las autoridades italianas
      –  Sobre la existencia de una solución menos costosa
      –  Sobre la cuestión de si las inversiones en la coquería permitían una mejora significativa de la protección medioambiental
      –  Conclusión relativa a la coquería
      ii)   Sobre las inversiones en el alto horno y en la acería
      d)     Conclusión sobre el segundo motivo
      C.     Sobre el tercer motivo, basado en el carácter erróneo de la apreciación de la Comisión relativa al incumplimiento de los requisitos
         de compatibilidad de las ayudas establecidos por el marco jurídico aplicable; en la violación del principio de no discriminación;
         en la inversión de la carga de la prueba; en la falta de motivación y en la contradicción interna del razonamiento expuesto
         en la Decisión impugnada
      
      D.     Sobre la motivación de la Decisión impugnada respecto al importe de la ayuda declarada incompatible con el mercado común
      E.     Conclusión general
      Costas
      
      * Lengua de procedimiento: italiano.