CELEX: 52013PC0520
Language: es
Date: 2013-07-10
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo

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		52013PC0520
		
			Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo /* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO
DE LA PROPUESTA
Tal como se indicó en 2012 en la
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Hoja de ruta
hacia una unión bancaria»[1],
en la Comunicación de la Comisión «Plan director para una Unión Económica y
Monetaria profunda y auténtica - Apertura de un debate europeo»[2] y en el Informe de
los cuatro Presidentes «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»[3], un marco
financiero integrado o «unión bancaria» constituye una parte vital de las medidas
políticas para volver a situar a Europa en la senda de la recuperación
económica y el crecimiento.
Es imprescindible avanzar rápidamente
hacia una unión bancaria para garantizar la estabilidad financiera y el
crecimiento en la zona del euro y en todo el mercado interior. Se trata de un
paso fundamental para superar la fragmentación y la incertidumbre actuales en
el sector financiero, para facilitar las condiciones de financiación de los
bancos y Estados vulnerables y romper la vinculación entre ambos, y para
relanzar la actividad bancaria transfronteriza en el mercado interior, en
beneficio tanto de la zona del euro como de los Estados miembros que no
pertenecen a ella. Partiendo del marco regulador que comparten los veintiocho
miembros del mercado interior (código normativo único), la Comisión Europea ha
adoptado un enfoque integrador y ha propuesto una hoja de ruta para la unión
bancaria, con varios instrumentos y etapas, abierta en potencia a todos los
Estados miembros, pero que, en cualquier caso, incluirá a los dieciocho Estados
miembros que ya configuran la zona del euro.
En marzo de 2013, el Consejo Europeo se
comprometió a concretar la unión bancaria dando los pasos que se indican a
continuación. En primer lugar, deben realizarse con prioridad los
procedimientos legislativos restantes para crear el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) que confieren competencias al BCE para supervisar los bancos
de la zona del euro[4].
En segundo lugar, debe alcanzarse un acuerdo durante el verano sobre la forma
en que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) podría recapitalizar los
bancos directamente, tras el establecimiento del MUS y un análisis de los
balances de los bancos, incluidas la definición de «activos heredados».
Asimismo en el verano de 2013, debería llegarse a un acuerdo sobre la propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión (en lo sucesivo, «la Directiva […] del Parlamento Europeo
y del Consejo»[5]),
presentada por la Comisión. Por último, debe examinarse con carácter
prioritario la propuesta de la Comisión de un Mecanismo Único de Resolución
(MUR), junto con unas disposiciones de apoyo adecuadas y eficaces, con vistas a
su adopción durante la legislatura actual. 
Se ha establecido que la unión bancaria
abarcará todos los Estados miembros de la zona del euro y los demás Estados
miembros que decidan sumarse a ella. El mismo código normativo único de
requisitos prudenciales a escala de la UE[6]
y las mismas normas sobre resolución bancaria se aplicarán dentro de la unión
bancaria y en todos los demás Estados miembros. Así pues, se preservará la
integridad del mercado interior. El refuerzo de la estabilidad financiera
generada por la unión bancaria también impulsará la confianza y las
perspectivas de crecimiento en el mercado interior. Una aplicación uniforme y
centralizada de las normas prudenciales y de resolución en los Estados miembros
que participen en la unión bancaria beneficiará a todos los Estados miembros.
Al superar la fragmentación financiera que actualmente perjudica a la actividad
económica, se contribuirá a garantizar una competencia leal y a eliminar los
obstáculos para el libre ejercicio de las libertades fundamentales, no solo en
los Estados miembros participantes, sino en todo el mercado interior.
1.1.        Un Mecanismo Único de Resolución y mecanismos de
financiación como elementos clave de la unión bancaria 
El rápido acuerdo sobre un Mecanismo
Único de Supervisión adoptado en abril de 2013, solo siete meses tras la
propuesta de la Comisión de septiembre de 2012, estableció la base de la unión
bancaria, como parte integrante de la Unión Económica y Monetaria.
La supervisión reforzada con arreglo al
MUS restaurará la confianza en la salud de los bancos. En 2014, el BCE asumirá
la responsabilidad en última instancia de la supervisión de todos los bancos de
la zona del euro. En la práctica, el BCE supervisará directamente los bancos
más importantes y con mayor actividad internacional, con la posibilidad de
«reclamar» la supervisión directa de los demás, mientras que las autoridades
nacionales se encargarán de la supervisión cotidiana de los bancos más
pequeños.
Partiendo del MUS, y con el fin de
establecer la sostenibilidad de los mercados bancarios en los Estados miembros
que participen en el MUS, la UE debe crear un Mecanismo Único de Resolución
para tratar los bancos en quiebra. Nunca podrá excluirse totalmente el riesgo
de que un banco sufra un problema grave de liquidez o de solvencia. Por
consiguiente, es necesario instaurar un marco que permita una reestructuración
profunda de los bancos por parte de las autoridades, evitando a su vez riesgos
muy importantes para la estabilidad económica y los costes derivados de su
liquidación desordenada con arreglo a la legislación concursal nacional, y
poniendo fin a la necesidad de financiar esos procesos con recursos públicos.
La Directiva de la UE sobre rescate y
resolución bancarios, cuando sea adoptada por el Parlamento Europeo y el
Consejo, determinará las normas aplicables a la reestructuración de los bancos
de la UE con dificultades financieras graves, el mantenimiento de las funciones
vitales de la economía real y la distribución de las pérdidas y los costes
entre los accionistas de los bancos, los acreedores y los depositantes no
garantizados. La recapitalización interna, un instrumento clave en la Directiva
sobre resolución, distribuirá de forma secuencial las pérdidas y depreciará los
créditos de los accionistas, los acreedores subordinados y los acreedores
principales. Los depositantes con menos de 100 000 EUR quedarán en
cualquier caso exentos de sufrir pérdidas, ya que sus créditos están protegidos
por los sistemas nacionales de garantía de depósitos.
La Directiva se basa en una red de
autoridades nacionales y de fondos de resolución para la resolución de los
bancos. Si bien es cierto que se trata de un paso adelante importante para
reducir las divergencias entre los planteamientos nacionales y proteger la
integridad del mercado interior, no es suficiente para los Estados miembros que
comparten la supervisión de las entidades de crédito dentro del MUS. Según
reconoció el Consejo Europeo, en la unión bancaria, las tareas de supervisión y
resolución bancarias deben ser realizadas por el mismo nivel de autoridad. De
no ser así, podrían surgir tensiones entre el supervisor (BCE) y las
autoridades nacionales de resolución sobre cómo tratar a los bancos en
dificultades, y podrían mantenerse las expectativas del mercado sobre la
(in)capacidad de los Estados miembros de gestionar las quiebras bancarias a
escala nacional, lo cual reforzaría el círculo vicioso entre los Estados y los
bancos, la fragmentación y el falseamiento de la competencia en el mercado
interior.
En comparación con una red de autoridades
de resolución, un Mecanismo Único de Resolución, con un órgano decisorio
central, y un Fondo Único de Resolución Bancaria, proporcionarán beneficios
fundamentales a los Estados miembros, a los contribuyentes y a los bancos, así como
estabilidad económica y financiera a toda la UE: 
·       
una toma de decisiones central potente
garantizará que las decisiones sobre resolución en los Estados miembros
participantes se adopten con eficacia y rapidez, lo que evitará medidas
descoordinadas, minimizará los impactos negativos en la estabilidad financiera
y limitará la necesidad de ayudas financieras;
·       
un conjunto centralizado de conocimientos
especializados y experiencia en materia de resolución bancaria permitirá tratar
los bancos en quiebra de forma más sistemática y eficiente que las distintas
autoridades nacionales, con recursos limitados y menor experiencia;
·       
un Fondo Único de Resolución Bancaria
permitirá reunir recursos importantes procedentes de las contribuciones de los
bancos y, por ende, proteger más eficazmente a los contribuyentes que los
fondos nacionales, proporcionando a su vez unas condiciones de competencia
equitativas para los bancos en los Estados miembros participantes; un Fondo
Único evitará que surjan problemas de coordinación en el despliegue de los
fondos nacionales y resultará determinante para eliminar la dependencia de los
bancos respecto a la solvencia de los Estados.
El Mecanismo Único de Resolución debe
crearse dentro del marco jurídico e institucional de la UE. En las conclusiones
del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2012 se declara que «el proceso de
realización de la UEM se basará en el marco institucional y jurídico de la
Unión Europea». Si bien es cierto que el despliegue de herramientas
intergubernamentales ad hoc fuera del marco de la UE ha sido necesario
para responder a circunstancias excepcionales del mercado y a deficiencias de
gobernanza en la estructura original de la UEM, existe la amenaza de minar la
calidad democrática de la toma de decisiones de la UE y la coherencia del
ordenamiento jurídico de la UE. La creación del MUR dentro del marco jurídico e
institucional de la UE, al igual que sucedió anteriormente con el MUS,
constituye por tanto un paso necesario para completar la UEM en consonancia con
las conclusiones del Consejo Europeo y, más en general, para proteger el orden
democrático e institucional de la UE.
1.2.        Transición hacia la
unión bancaria
El Mecanismo Único de Supervisión debería
entrar en vigor a mediados de 2014. En cuanto al Mecanismo Único de Resolución,
debería comenzar a funcionar en enero de 2015, momento en que debería entrar en
vigor la Directiva […], que proporcionará el código normativo por el que se
regulará la resolución bancaria en todo el mercado interior[7]. A continuación, el
MUR aplicará las normas del presente Reglamento, que se ajustan a las normas de
la Directiva […], a los Estados miembros que participen en la unión bancaria,
mientras que, en los Estados miembros que no participen, corresponderá a las
autoridades nacionales aplicar las normas de la Directiva […].
En cualquier caso, se aplicarán las
normas sobre ayudas estatales en materia de distribución de la carga si las
medidas de resolución implican ayuda pública. Para distribuir la carga entre
accionistas y acreedores subordinados, el MUR podrá aplicar desde la entrada en
vigor del presente Reglamento normas que permitan la depreciación de las
acciones y de la deuda subordinada en la medida necesaria para la aplicación de
las normas sobre ayudas estatales. 
Además, los Estados miembros podrán
decidir incorporar las nuevas normas que establece la Directiva […] a su
Derecho nacional, incluso antes del plazo estipulado para la transposición de
dicha Directiva. En cualquier caso, las competencias sobre ayudas estatales de la
Comisión quedarán preservadas en todos los casos de resolución que impliquen
una ayuda que pueda considerarse ayuda estatal. De hecho, en la medida en que
el recurso al Fondo Único de Resolución Bancaria por el MUR no constituya ayuda
estatal con arreglo a los criterios específicos que establece el Tratado,
dichos criterios seguirán siendo aplicables, por analogía, para garantizar que,
cuando se recurra al fondo de resolución, se apliquen a su intervención las
normas que se habrían aplicado si las autoridades nacionales de resolución
hubiesen recurrido a mecanismos nacionales de financiación.
A escala europea, se impulsa este proceso
de convergencia, por un lado, con la próxima revisión de las Directrices sobre
ayudas estatales para las ayudas a los bancos y, por otro, con el acuerdo sobre
la manera en que el Mecanismo Europeo de Estabilidad podría recapitalizar los
bancos en dificultades. Las directrices revisadas sobre ayudas estatales
imponen requisitos más estrictos para la distribución de la carga entre
accionistas y acreedores subordinados en cualquier Estado miembro que
proporcione ayuda pública a sus bancos. Así se contrarrestará la fragmentación
actual del mercado interior en función de la fortaleza económica del Estado y
la presencia de «activos heredados». Las directrices del MEDE especificarán
mientras tanto en qué condiciones, con arreglo a las normas sobre ayudas
estatales, los Estados miembros que no puedan prestar ayuda pública a los
bancos podrían obtener préstamos o, si es necesario, la forma en que los bancos
podrían ser recapitalizados directamente por el MEDE.
2.           JUSTIFICACIÓN DE UN MECANISMO ÚNICO DE
RESOLUCIÓN
La Comisión ha tenido en cuenta el
análisis realizado en la evaluación de impacto que se llevó a cabo para la
adopción de la propuesta de Directiva […], en la que se evaluaron los aspectos
operativos y jurídicos pertinentes para el establecimiento de un Mecanismo
Único de Resolución (MUR).
Se han realizado análisis adicionales
sobre las características propuestas del MUR, en función de las actualizaciones
de la información que figura en la evaluación de impacto. En lo que se refiere
a la capacidad del MUR para producir decisiones eficaces, el tiempo constituirá
un factor esencial por dos razones importantes: antes de iniciar una resolución,
para aumentar la credibilidad del MUR recién establecido como herramienta
flexible, contribuyendo a reducir al mínimo las fuentes de incertidumbre en los
mercados; y, después de la puesta en marcha de la resolución, para que el MUR
preserve el valor de los activos que pueden erosionarse por retrasos
innecesarios en el proceso de resolución. Una red de autoridades nacionales
requeriría plazos procesales adicionales para cada deliberación relacionada con
entidades transfronterizas. Por el contrario, la propuesta de reparto de
responsabilidades entre un nivel central de toma de decisiones y unos
organismos de ejecución locales permitirá ahorrar tiempo. A escala nacional, se
necesitará menos tiempo que a nivel central para acumular toda la experiencia necesaria
a fin de gestionar la aplicación, ya que la legislación aplicable será
nacional; a nivel central, habrá margen para una mayor masa crítica a fin de
atraer y de desarrollar, con mayor rapidez, el mejor capital humano
especializado.
En cuanto a la capacidad del MUR para
producir decisiones más eficientes, un nivel central de toma de decisiones
contribuirá a minimizar los costes de resolución, porque puede lograr ventajas
importantes por las economías de escala de una red, y porque resulta
determinante para la aplicabilidad y la optimización de la decisión de
resolución. Estructuralmente, un sistema que no rebase el mandato de las
autoridades nacionales a fin de minimizar los costes para su propio Estado
miembro no tendrá plenamente en cuenta las externalidades transfronterizas. Los
Estados miembros han previsto desde el comienzo de la crisis un mecanismo de
distribución de la carga para reducir al mínimo las pérdidas de bienestar
global en estas situaciones[8].
Un Mecanismo Único de Resolución resulta más adecuado que una red para
garantizar la aplicabilidad de las transferencias de cargas, condición
necesaria para que funcione un acuerdo de distribución de la carga. Además,
garantizará la aplicabilidad externa de la política de resolución óptima, que
permite acordar previamente una norma sobre la distribución de la carga que
asigne los costes de la resolución con arreglo a unos criterios equitativos y
equilibrados.
3.           ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
3.1.        Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta es el
artículo 114 del TFUE, que permite la adopción de medidas para la
aproximación de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el
establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
El objetivo de la propuesta es preservar
la integridad y mejorar el funcionamiento del mercado interior. La aplicación
uniforme, por una autoridad central, de un conjunto único de normas de resolución,
junto con el acceso a un fondo europeo único de resolución, restablecerá el
funcionamiento correcto de los mercados de la unión bancaria, eliminará los
obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales y evitará un
falseamiento importante de la competencia, al menos en los Estados miembros que
comparten la supervisión de las entidades de crédito a escala europea.
Si bien es cierto que la Directiva […]
introduce un alto nivel de armonización, también permite flexibilidad a los
Estados miembros, lo cual significa que podría mantenerse cierta fragmentación
en el mercado interior. El MUR, en cambio, establece una estructura decisoria
integrada que ajustará la resolución en virtud del MUR con la supervisión en
virtud del MUS para eliminar la desventaja competitiva que tienen los bancos de
los Estados miembros participantes en el MUS con respecto a los bancos de los
Estados miembros no participantes, por la falta de un sistema centralizado para
tratar a los bancos en quiebra. Para que todos los Estados miembros
participantes puedan confiar plenamente en la calidad e imparcialidad del
proceso de resolución bancaria, especialmente en lo que se refiere a las
implicaciones económicas locales, las decisiones de resolución deberán ser
elaboradas y controladas de forma centralizada por una Junta Única de
Resolución, a fin de garantizar un planteamiento coherente y uniforme, y el
proceso de resolución será iniciado por la Comisión. La Comisión adoptará
asimismo una decisión sobre el marco en el que deberán aplicarse los
instrumentos de resolución a la entidad afectada y sobre el recurso al Fondo
para respaldar la acción de resolución.
Además, para facilitar el proceso de
resolución y aumentar su eficacia, el Reglamento propuesto establece un Fondo
Único de Resolución Bancaria. El Reglamento propuesto será directamente
aplicable en todos los Estados miembros, pero se aplicará a todas las entidades
supervisadas por el MUS. El código normativo único establecido por el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y
las empresas de inversión[9],
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de
2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión[10] y la Directiva […]
se aplicará a los Estados miembros participantes, ya que estos actos son
aplicables en todo el mercado interior.
El artículo 114 del TFUE constituye, por
tanto, la base jurídica adecuada.
3.2.        Subsidiariedad
Con arreglo al principio de subsidiariedad
establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, en los ámbitos
que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de
que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni
a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
Solo una actuación a nivel europeo puede
garantizar que los bancos en quiebra sean objeto de resolución con efectos
indirectos mínimos y de forma coherente, en virtud de un conjunto único de
normas. El MUR aportará economías de escala importantes y evitará las
externalidades negativas que podrían derivarse de decisiones y fondos meramente
nacionales. Las diferencias sustanciales entre las decisiones de resolución
adoptadas a escala nacional, y sujetas a especificidades locales y limitaciones
de financiación, pueden socavar la estabilidad y la integridad del mercado
interior.
Si bien es cierto que el establecimiento
del Mecanismo Único de Supervisión garantiza la igualdad de condiciones en la
supervisión de los bancos y disminuye el riesgo de indulgencia, el MUR
garantiza que, cuando se produzca una quiebra bancaria, la reestructuración
pueda llevarse a cabo con el menor coste, los acreedores reciban un trato justo
y equitativo y la financiación pueda asignarse rápidamente a su uso más
productivo en el mercado interior.
Así pues, conviene que la Unión proponga
las medidas legislativas necesarias para adoptar este mecanismo de resolución
en el caso de los bancos supervisados por el MUS. Un reglamento es el
instrumento jurídico adecuado para evitar discrepancias en la transposición
nacional y para garantizar un mecanismo institucional unificado y unas
condiciones de competencia equitativas a todos los bancos de los Estados
miembros participantes.
3.3.        Proporcionalidad
Conforme al principio de
proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deberán
exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los
Tratados.
En la unión bancaria, la supervisión y
resolución bancarias deben ser realizadas por el mismo nivel de autoridad. De
no ser así, podrían surgir tensiones entre el supervisor europeo y las
autoridades nacionales de resolución sobre cómo tratar los bancos en
dificultades y cubrir sus costes. Esas tensiones podrían socavar la eficacia
tanto de la supervisión como de la resolución y falsear la competencia entre
los Estados miembros.
La crisis reciente ha puesto de relieve
la necesidad de medidas rápidas y firmes, respaldadas por mecanismos de
financiación a escala de la UE, para evitar que una resolución bancaria
realizada a nivel nacional tenga unos efectos desproporcionados sobre la
economía real, así como para reducir la incertidumbre y evitar la retirada
masiva de depósitos y el contagio dentro del mercado interior. El Mecanismo
Único de Resolución garantizará que se apliquen las mismas normas, del mismo
modo, a cualquier banco en quiebra de un Estado miembro participante. Con una
financiación de reserva adecuada podría evitarse que los problemas de un banco
en particular se plasmen en una pérdida de confianza en el conjunto del sistema
bancario del Estado miembro en cuestión, o de otros Estados miembros que, según
la percepción de los mercados, estén expuestos a riesgos similares.
La seguridad jurídica añadida, unos
incentivos debidamente armonizados en el contexto de la unión bancaria y los
beneficios económicos de unas medidas de resolución uniformes y centrales
implican que la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad y se
limita a lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
El presente Reglamento respeta los
derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la
protección de datos de carácter personal, a la libertad de empresa, a la tutela
judicial efectiva y a un juez imparcial, y debe aplicarse de conformidad con
tales derechos y principios. 
4.           EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA
4.1.        Un Mecanismo Único de
Resolución
4.1.1.     Principios, estructura y ámbito de aplicación
El Mecanismo Único de Resolución deberá
conllevar estructuras decisorias que sean sólidas desde el punto de vista
jurídico, a la par que eficaces en tiempos de crisis. El proceso de toma de
decisiones deberá garantizar que las decisiones adoptadas sean europeas, pero
con la participación de los Estados miembros, habida cuenta de la importancia
de la resolución bancaria para las economías nacionales.
El Mecanismo Único de Resolución aplicará
el código normativo único sobre resolución bancaria que figura en la Directiva
sobre rescate y resolución bancarios con respecto a los bancos en dificultades
de los Estados miembros participantes en dicho mecanismo. El Mecanismo Único de
Resolución consistirá en normas y procedimientos uniformes que aplicará una
Junta Única de Resolución (en lo sucesivo, «la Junta»), junto con la Comisión y
las autoridades de resolución de los Estados miembros participantes.
La Comisión Europea solo participará en
el MUR en la medida en que sea necesario para llevar a cabo las funciones
específicas previstas en el presente Reglamento y con respecto al control de
las ayudas estatales en virtud del Tratado o a efectos de la aplicación, por
analogía, de los criterios establecidos para la aplicación del artículo 107 del
TFUE.
No obstante, el Mecanismo Único de
Resolución no sigue el planteamiento diferenciado del Mecanismo Único de Supervisión
para los distintos tipos de bancos debido a las características del proceso de
resolución. A diferencia de las tareas corrientes de supervisión, solo es
probable que unos cuantos bancos quiebren y sean objeto de resolución en un
momento dado. Además, un ámbito de aplicación amplio para el Mecanismo Único de
Resolución es plenamente coherente con la lógica por la que el BCE puede asumir
la supervisión directa de cualquier banco en caso de dificultades, incluso con
vistas a su posible resolución. Por último, la crisis ha demostrado que no solo
los grandes bancos internacionales requieren un marco de resolución a escala
europea. La existencia de autoridades de resolución diferenciadas en función
del tamaño de los bancos también supondría mecanismos de financiación y apoyo
diferenciados, lo que podría volver a afianzar la vinculación entre los Estados
y los bancos, y falsear la competencia.
4.1.2.     Principios de las medidas
del MUR
Para garantizar un proceso de resolución
objetivo y equitativo, queda prohibida cualquier discriminación por parte de la
Comisión, de la Junta y de las autoridades nacionales de resolución contra los
bancos, sus depositantes, acreedores o accionistas, por razones de nacionalidad
o de establecimiento. La resolución de grupos transfronterizos viene
determinada por una serie de principios, para garantizar la igualdad de trato
entre las distintas entidades del grupo, permitir que puedan tenerse en cuenta
debidamente los intereses de los Estados miembros implicados en la resolución y
evitar que el coste impuesto a los acreedores supere al que tendrían que
soportar en el marco de un procedimiento concursal ordinario. Si solo algunas
partes de un grupo son objeto de resolución, la propuesta pretende garantizar
que el proceso no afecte negativamente a las entidades del grupo que no sean
objeto de resolución. Por principio, el coste de la resolución se cubrirá
recurriendo a la recapitalización interna y al sector bancario. Por lo tanto,
la propuesta garantiza que la Comisión, la Junta y las autoridades nacionales
de resolución decidan mecanismos de financiación de las resoluciones de tal
manera que se minimice el uso de ayudas públicas extraordinarias.
4.1.3.     Interacción con el
control de las ayudas estatales por parte de la Comisión
El MUR preserva el control de las ayudas
estatales por parte de la Comisión en cualquier circunstancia. Así pues, una
vez que el BCE notifique a la Comisión y a la Junta que un banco o grupo está
en dificultades o en peligro de quiebra, el procedimiento de resolución con
arreglo al MUR deberá correr en paralelo con el procedimiento sobre ayudas
estatales, si procede, de modo que se invite al Estado miembro o a los Estados
miembros implicados a comunicar a la Comisión las medidas previstas de
conformidad con el artículo 108 del TFUE. Para ello se requiere el
establecimiento de una cooperación y un intercambio de información continuos
entre la Junta y la Comisión, a fin de completar el procedimiento sobre ayudas
estatales. Por otra parte, la decisión de la Comisión en virtud de las normas
sobre ayudas estatales constituirá la condición previa para la adopción, por la
Comisión, de una decisión por la que se someta a un banco a un procedimiento de
resolución. Si el recurso al fondo no constituye ayuda estatal, los criterios
establecidos para la aplicación del artículo 107 del TFUE se aplicarán, por
analogía, como condición previa para la adopción de una decisión por la que se
someta a un banco a un procedimiento de resolución, a fin de preservar la
integridad del mercado interior entre Estados miembros participantes y no
participantes.
4.1.4.     Funciones y estructura de
la toma de decisiones
El Mecanismo Único de Resolución abarca
todas las funciones clave que son indispensables para la resolución de los
bancos en quiebra. Esas funciones incluyen, entre otras, la autorización de
aplicar obligaciones simplificadas en lo que respecta al requisito de elaborar,
redactar y revisar los planes de resolución, evaluar la viabilidad de la
resolución de los bancos, decidir someter a un banco a un procedimiento de
resolución, ejercer las competencias de resolución en relación con una entidad
objeto de resolución y poner en práctica los programas de resolución. Además,
el MUR incluye decisiones sobre el recurso a fondos para financiar la
resolución.
La composición del MUR garantiza que sus
estructuras decisorias sean sólidas desde un punto de vista jurídico y
eficaces, incluso en tiempos de crisis. Con ellas se pretende garantizar que
las decisiones sean europeas e impliquen a los Estados miembros, habida cuenta
de la importancia de la resolución bancaria para las economías nacionales.
Las estructuras decisorias del Mecanismo
Único de Resolución incluyen una Junta Única de Resolución, las autoridades
nacionales de resolución de los Estados miembros participantes y la Comisión
Europea. Las tareas del MUR se reparten entre la Junta Única de Resolución y
las autoridades nacionales de resolución.
A fin de garantizar la eficacia y la
responsabilidad del Mecanismo Único de Resolución y en cumplimiento de los
requisitos jurídicos, la Comisión Europea, en calidad de institución de la UE,
tendrá potestad para iniciar la resolución de un banco, sobre la base de una
recomendación de la Junta o por iniciativa propia. Si la Comisión inicia un
procedimiento de resolución, también adoptará una decisión sobre el marco en el
que deberán aplicarse los instrumentos de resolución y sobre el recurso al
Fondo. La Junta Única de Resolución adoptará todas las demás decisiones con
arreglo al Reglamento MUR y las remitirá a las autoridades nacionales de
resolución para su ejecución a escala nacional, de conformidad con el
Reglamento MUR y la Directiva […]. La Junta controlará la ejecución por las
autoridades nacionales de resolución de sus decisiones a escala nacional y, en
el supuesto de que una autoridad de resolución nacional no cumpla su decisión,
podrá dirigir decisiones directamente a los bancos. 
4.1.5.     Proceso de toma de
decisiones
De conformidad con el código normativo
que figura en la Directiva […], debe someterse a un banco al procedimiento de
resolución si está en graves dificultades o en peligro de quiebra, si ningún
dispositivo del sector privado puede evitar la quiebra y si la resolución
resulta de interés público porque el banco es sistémico en el sentido de que su
quiebra perjudicaría a la estabilidad financiera. El objetivo de la resolución
es garantizar la continuidad de las funciones esenciales del banco, proteger la
estabilidad financiera, minimizar la dependencia con respecto al dinero de los
contribuyentes y proteger a los depositantes.
La resolución se activará tras un
procedimiento que garantice la adopción de una decisión justificada e imparcial
con respecto a cualquier banco en quiebra:
–     
el BCE, en su calidad de supervisor bancario,
notifica que un banco está en quiebra a la Comisión, a la Junta y a las
autoridades y ministerios nacionales pertinentes;
–     
la Junta evalúa si existe una amenaza
sistémica y si no hay ninguna solución recurriendo al sector privado;
–     
en tal caso, la Junta recomienda a la Comisión
que inicie la resolución;
–     
la Comisión decide iniciar la resolución e
indica a la Junta el marco de aplicación de los instrumentos de resolución y de
recurso al Fondo en apoyo de la acción de resolución; la Junta adopta, mediante
una decisión remitida a las autoridades nacionales de resolución, un plan de
resolución que establezca los instrumentos de resolución, las acciones y las
medidas de financiación, y por el que se ordene a las autoridades nacionales de
resolución que ejecuten las medidas de resolución;
–     
las autoridades nacionales de resolución
ejecutan las medidas de resolución que decida la Junta con arreglo a la
legislación nacional; si las autoridades de resolución no cumplen las
decisiones de la Junta, esta podrá sustituir a las autoridades nacionales de
resolución y remitir directamente a los bancos determinadas decisiones para la
aplicación de las medidas de resolución.
4.1.6.     Rendición de cuentas y
presupuesto
Cada componente del Mecanismo Único de
Resolución será independiente en el desempeño de sus tareas y estará sujeto a
unas disposiciones estrictas en materia de rendición de cuentas para garantizar
que utiliza sus poderes de forma correcta e imparcial, dentro de los límites
que establecen el presente Reglamento y la Directiva […]. Así pues, la Junta
será responsable ante el Parlamento Europeo y el Consejo por cualquier decisión
adoptada en función de la presente propuesta. Los Parlamentos nacionales de los
Estados miembros participantes también serán informados de las actividades de
la Junta de Resolución. La Junta deberá responder a las observaciones o
preguntas que le remitan los Parlamentos nacionales de los Estados miembros
participantes. El presupuesto del MUR, que incluye el Fondo Único de
Resolución, no formará parte del presupuesto de la Unión. Los gastos relativos
a las tareas del MUR, a la gestión y al uso del Fondo serán financiados
mediante las contribuciones del sector bancario.
4.1.7.     Relación con los Estados
miembros no participantes
La Directiva […] crea unos colegios de
autoridades nacionales de resolución para tratar con los grupos bancarios,
garantizando la implicación adecuada y equilibrada de las autoridades de
resolución de todos los Estados miembros en los que el banco ejerce su actividad.
La ABE desempeña un papel de mediador si las autoridades nacionales de
resolución de los países de origen y de acogida discrepan sobre la preparación
de los planes de resolución o sobre la propia resolución. En el contexto del
MUR, para las entidades y los grupos que solo están establecidos dentro de
Estados miembros que participan en el MUS, el MUR sustituye a los colegios de
autoridades de resolución previstos en la Directiva […], por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión. En cambio, los representantes de las autoridades
nacionales de resolución participan en la Junta.
En el caso de los bancos establecidos en
Estados miembros no participantes, tal como se definen en el Reglamento MUS, seguirá
aplicándose plenamente la Directiva […]. Asimismo, la interacción entre el MUR
y las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros no
participantes quedará regida íntegramente por la Directiva […]. Las
disposiciones sobre la interacción entre los distintos fondos de resolución
(mutualización, empréstitos y préstamos mutuos sobre una base voluntaria)
también se aplicarán plenamente a las relaciones entre el Fondo Único de
Resolución y los fondos nacionales de resolución de los Estados miembros no
participantes. La propuesta aclara asimismo que el papel de la ABE previsto en
la Directiva […] y el Reglamento ABE, incluidos sus poderes de mediación,
también se aplicarán plenamente a la Junta.
Además, la propuesta tiene en cuenta, de
tres modos, la situación de los bancos establecidos en Estados miembros que no
participan en el MUS.
En primer lugar, la propuesta establece
el principio de no discriminación, por cualquiera de los componentes del MUS,
de las entidades de crédito, los titulares de depósitos, los inversores u otros
acreedores por razones de nacionalidad o establecimiento.
En segundo lugar, la propuesta prevé que,
si un grupo incluye entidades de crédito establecidas en un Estado miembro
participante y en un Estado miembro no participante, la Junta sustituirá a las
autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes en
los colegios de autoridades de resolución previstos por la Directiva […].
En tercer
lugar, los Estados miembros no participantes siempre tendrán la posibilidad de
adherirse al MUS, con lo que garantizarán que los bancos establecidos en su
territorio estén sujetos al MUR.
4.1.8.     Relación con la Directiva
[…] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], por la que se establece un
marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de
inversión
En el marco del Mecanismo Único de
Resolución, el código normativo que prevé la Directiva […], por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas
de inversión, se aplicará a los Estados miembros participantes, ya que se
aplica en todo el mercado interior. Solo podrán aceptarse excepciones si los
procedimientos o disposiciones previstos en el presente Reglamento sustituyen a
las disposiciones pertinentes de la Directiva […] (por ejemplo, disposiciones
sobre los colegios transfronterizos, que se sustituyen por la toma de
decisiones dentro del MUR).
La propuesta de MUR integra algunas
disposiciones que figuran asimismo en la Directiva […], ya que la Junta y la
Comisión deben basar sus acciones en el Derecho de la Unión directamente
aplicable. Otras disposiciones de la presente propuesta incluyen referencias
cruzadas específicas a la propuesta de Directiva […] de la Comisión. Algunas de
esas disposiciones han sido modificadas por el informe que votó en mayo la
Comisión de Economía del Parlamento Europeo y por la orientación general del
Consejo de 26 de junio. En última instancia, el Reglamento MUR deberá ajustarse
plenamente al acuerdo sobre la Directiva […] que alcancen el Parlamento Europeo
y el Consejo. La presente propuesta se refiere a la orientación general del
Consejo, que constituye el último documento disponible al respecto. Dado que
las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo están en curso y que
la Directiva aún no está finalizada, el objetivo de la Comisión es sustituir
esas disposiciones sustanciales por el resultado final de las negociaciones
entre los colegisladores respecto de la Directiva […].
En algunos aspectos ya cubiertos por la
Directiva […] será imprescindible una mayor armonización para el buen
funcionamiento de un MUR con un Fondo Único de Resolución Bancaria. En primer
lugar, la jerarquía de los créditos deberá armonizarse plenamente en los
procedimientos de resolución, sobre la base del principio de preferencia a los
depositantes. El artículo 15 propone armonizar dicha jerarquía en función de
ese principio. La Comisión considera que esa armonización es necesaria para
todas las entidades sujetas a la Directiva […], a fin de garantizar unas
condiciones de competencia equitativas en el mercado interior. En segundo
lugar, dentro de un MUR, cualquier flexibilidad para el recurso a la
recapitalización interna deberá delimitarse estrictamente y estar sujeta a las
mismas condiciones para todos los bancos. El artículo 24 de la propuesta
incluye por tanto una delimitación restrictiva adicional, basada en la
orientación general del Consejo de 26 de junio de 2013, y excluye en este
contexto el recurso a cualquiera de las excepciones previstas por la Directiva
[…] (especialmente en lo que se refiere al cálculo del umbral de
recapitalización interna).
4.2.        La Junta de Resolución
4.2.1.     Gobernanza
Para garantizar un proceso de toma de
decisiones eficaz y responsable en materia de resolución, la estructura y las
normas de funcionamiento de la Junta de Resolución prevén la participación
adecuada de todos los Estados miembros directamente implicados. La Junta estará
compuesta por el Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto, los
representantes nombrados por la Comisión y el BCE y los miembros designados por
cada uno de los Estados miembros participantes, que representarán a las
autoridades nacionales de resolución. La Junta, presidida por el Director
Ejecutivo, se reunirá y desempeñará sus funciones en dos sesiones: una sesión
ejecutiva y una sesión plenaria. Podrá invitarse a observadores a asistir a las
reuniones de la Junta.
En su sesión plenaria, la Junta adoptará
todas las decisiones de índole general. En su sesión ejecutiva, la Junta
adoptará decisiones sobre entidades o grupos bancarios concretos. Dichas
decisiones abarcarán desde la planificación de la resolución y la facultad de
intervención temprana hasta las decisiones sobre los planes de resolución,
incluidas las decisiones sobre el recurso al Fondo para financiar el proceso de
resolución e instrucciones a las autoridades nacionales sobre la manera de
aplicar las decisiones de resolución.
En su sesión ejecutiva, la Junta estará
compuesta por el Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo Adjunto y los
representantes nombrados por la Comisión y el BCE.
Dependiendo de los bancos o grupos que
deban someterse a resolución en cada caso, cuando se reúna en sesión ejecutiva,
la Junta también convocará, además de al Director Ejecutivo, al Director
Ejecutivo Adjunto y a los representantes nombrados por la Comisión y el BCE, a
miembros nombrados por las autoridades nacionales de resolución. Por lo tanto,
en caso de resolución de grupos bancarios transfronterizos, tanto el miembro
designado por el Estado miembro en el que esté establecida la autoridad de
resolución a nivel del grupo, como los miembros nombrados por los Estados
miembros en los que estén establecidas las filiales o entidades cubiertas por
la supervisión consolidada, participarán en las reuniones y en el proceso de
toma de decisiones. Las normas de votación aplicables a la Junta tendrán en
cuenta la necesidad de considerar los intereses de todos los Estados miembros
afectados por una decisión de resolución. Ninguno de los participantes en la
deliberación tendrá derecho de veto.
No obstante, habida cuenta de la
soberanía de los Estados miembros a la hora de decidir sobre el uso de los
presupuestos nacionales, la propuesta prevé explícitamente que el MUR no podrá
exigir a los Estados miembros que proporcionen ayuda pública extraordinaria a
las entidades objeto de resolución. Además, a fin de tener en cuenta plenamente
las implicaciones presupuestarias para los Estados miembros, los miembros
nombrados por las autoridades nacionales de resolución pertinentes que
participen en la sesión ejecutiva de la Junta podrán solicitar una deliberación
adicional para debatir de dichas posibles implicaciones.
4.2.2.     Competencias
La Junta centraliza la información de que
disponen el BCE y las autoridades nacionales de resolución sobre la solvencia
financiera de los bancos sujetos a su jurisdicción. En comparación con una red
de autoridades nacionales de resolución en el marco de mandatos nacionales,
esta organización permite evaluar mejor las circunstancias que podrían
desembocar en la necesidad de someter a un banco a un procedimiento de
resolución y evitar los efectos negativos transfronterizos. La propuesta se
basa en el marco de la Directiva sobre rescate y resolución bancarios y faculta
a la Junta para intervenir sin demora si se deteriora la situación financiera
de un banco o grupo.
La Junta tendrá la facultad de determinar
cuándo recomendar a la Comisión que someta a un banco o grupo a un
procedimiento de resolución. Una vez que la Comisión haya decidido que se
cumplen las condiciones e inicie este procedimiento, la Junta decidirá, en el
marco establecido por la Comisión, los detalles de los instrumentos de
resolución que deban aplicarse y cómo asignar los recursos del Fondo. Dichas facultades
permitirán a la Junta seleccionar y aplicar los instrumentos de resolución, así
como las normas y procedimientos correspondientes, de manera uniforme. En
particular, si los bancos realizan operaciones transfronterizas, con este
procedimiento se eliminarán las divergencias actuales en las orientaciones y
las normas de los Estados miembros, así como las consecuencias negativas que
puedan tener para el funcionamiento de los mercados dentro de la unión
bancaria.
Esa responsabilidad directa conferida a la
Junta garantizará la igualdad de trato a los bancos en los Estados miembros
participantes, así como la previsibilidad y la confianza en la aplicación del
código normativo único sobre resolución bancaria. Aumentará así la seguridad
jurídica y se preservará mejor el valor de los activos financieros, al evitarse
perturbaciones innecesarias en el flujo de fondos. Se garantizará asimismo que
los activos de la entidad en quiebra se utilicen del modo más productivo
posible, a fin de minimizar las pérdidas de los acreedores en todos los Estados
miembros participantes, y no con arreglo a las preocupaciones de los distintos
Estados miembros.
La Junta garantizará que las decisiones
sobre resolución sean ejecutadas fielmente por las autoridades nacionales de
resolución, con arreglo a la legislación nacional. Para ello, tiene facultad de
supervisar y evaluar la aplicación por las autoridades nacionales de resolución
mediante la capacidad, si procede, de obtener información directamente de los
bancos o de llevar a cabo investigaciones o inspecciones in situ. Si una
autoridad nacional de resolución no aplica una decisión de resolución conforme
al plan de resolución acordado, la Junta estará facultada para dirigir
determinadas decisiones directamente al banco de que se trate, exigiendo las
medidas necesarias para la aplicación de la decisión de resolución.
4.2.3.     Cooperación europea e
internacional
Para el desempeño de sus tareas, la Junta
cooperará con el BCE y con las demás autoridades facultadas para supervisar las
entidades de crédito dentro del MUS, así como con otras autoridades que forman
parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. La Junta de Resolución
también cooperará estrechamente con las autoridades nacionales de resolución,
ya que desempeñan un papel esencial en la preparación y la aplicación de las
medidas de resolución.
Como muchas entidades de crédito no solo
operan en la Unión, sino a nivel internacional, la Junta tendrá facultad
exclusiva para celebrar, en nombre de las autoridades nacionales de los Estados
miembros participantes, acuerdos de cooperación no vinculantes con las
autoridades de terceros países.
4.3.        El Fondo Único de
Resolución Bancaria
4.3.1.     Principios,
establecimiento y misiones
El principio en el que se basa la acción
de la Junta es que las pérdidas, los costes y otros gastos derivados de la
utilización de los instrumentos de resolución sean asumidos en primera
instancia por los accionistas y los acreedores de la entidad objeto de
resolución y, en última instancia, si fuera necesario, por el sector
financiero. No obstante, aunque el coste de la reestructuración de una entidad
deba imputarse a sus recursos internos, se necesita un mecanismo que permita a
la entidad seguir funcionando (ya sea en su forma original, mediante una
entidad puente o como estructura de gestión de activos – o banco malo). Por
consiguiente, es importante crear un fondo de resolución bancaria para
garantizar la eficacia de las medidas de resolución, como proporcionar
financiación a corto plazo a una entidad objeto de resolución o garantías a
posibles compradores de una entidad objeto de resolución. 
El objetivo principal del Fondo Único de
Resolución es garantizar la estabilidad financiera, y no tanto absorber las
pérdidas o proporcionar capital a una entidad objeto de resolución. El Fondo no
debería considerarse un fondo de rescate. Ahora bien, podrían darse
circunstancias excepcionales en las que, tras haberse agotado los recursos
internos (al menos un 8 % de los pasivos y fondos propios de la entidad
objeto de resolución), el objetivo principal no pueda alcanzarse si no se
permite al Fondo absorber dichas pérdidas o proporcionar el capital. El Fondo
solo podrá actuar como apoyo de los recursos privados si se dan esas
circunstancias.
La creación de la Junta se justifica en
primer lugar por el hecho de que, en unos mercados financieros integrados,
cualquier ayuda financiera para la resolución de un banco mejora la estabilidad
financiera y la salud de otros bancos, no solo en el Estado miembro implicado,
sino también en los demás Estados miembros. Dado que los bancos de todos los
Estados miembros participantes son beneficiarios indirectos de dicha ayuda, las
contribuciones para financiarla no deberían limitarse a los bancos de un solo
Estado miembro.
Desde el punto de vista de la eficacia,
la capacidad del Fondo para centralizar los recursos de todos los bancos de la
zona del euro proporciona una protección más eficaz contra las crisis bancarias
si las pérdidas se concentran de forma asimétrica en algunos Estados miembros
y, en este sentido, sirven de mecanismo de seguro para toda la zona del euro.
La crisis reciente del euro ha demostrado que las pérdidas surgen de forma
desigual en los Estados miembros. 
Puesto que es probable que las pérdidas
de posibles crisis futuras en el sector bancario se concentren en un momento
específico en algunos Estados miembros, un mecanismo europeo común de apoyo
privado, en vez de mecanismos de apoyo nacionales independientes, será más
eficaz para absorber esas crisis, mediante contribuciones ex ante y, en
casos extremos, contribuciones ex post del conjunto del sector bancario
de la zona del euro. Así pues, aunando los recursos a escala europea, el Fondo
reforzará su capacidad de intervención e incrementará la resiliencia del
sistema bancario. A su vez, repartir las contribuciones ex post
extraordinarias de forma equilibrada entre los bancos de todos los Estados
miembros participantes reducirá el nivel de dichas contribuciones para cada
banco, lo que limitará los posibles efectos procíclicos de las mismas. 
Además, un mecanismo mediante el cual la
absorción de pérdidas rebase las fronteras nacionales permitirá romper el
círculo vicioso de la interdependencia entre la crisis bancaria en un Estado
miembro determinado y su situación presupuestaria. De esta manera, la carga que
deben soportar actualmente algunos Estados miembros se habría mitigado si
hubiese existido un Fondo Único de Resolución desde el inicio de la crisis
financiera.
Por otra parte, un Fondo Único de
Resolución que pueda centralizar fondos del sector bancario de todos los
Estados miembros participantes contará con una base de contribuciones más
amplia y, por ende, con una mejor reputación, lo que permitirá a la Junta, en
caso necesario, contraer más préstamos en el mercado a un coste menor. Gracias
a esta mayor capacidad de obtener financiación externa en el mercado, el Fondo
tendrá menos necesidad de recurrir a las finanzas públicas en casos de fuertes
pérdidas, lo que contribuirá más aún a romper la vinculación entre los Estados
y los bancos y a proteger a los contribuyentes frente a los costes de la
resolución.
Por último, también se requiere la
creación de un Fondo Único para la convergencia adecuada de los incentivos en
todas las entidades de la unión bancaria. Si los medios para sufragar los
costes de la resolución que excedan de los costes absorbidos por los
accionistas y los acreedores, especialmente en el caso de los grupos bancarios
transfronterizos, tuviesen que ser proporcionados por fondos nacionales, se
vería comprometida la eficacia no solo del Mecanismo Único de Resolución, sino
también del Mecanismo Único de Supervisión.
La creación de un Mecanismo Único de
Resolución exige que la Junta de Resolución disponga de un acceso rápido y
eficaz a un Fondo Único de Resolución Bancaria. El Fondo crea una reserva
exterior privada que puede proporcionar financiación a medio y largo plazo para
evitar o reducir al mínimo la utilización de fondos públicos en la resolución
de las entidades bancarias. Además, incrementa la eficacia del proceso de
resolución evitando los problemas de coordinación que pueden derivarse del
despliegue de fondos nacionales, especialmente en el caso de los grupos
transfronterizos.
4.3.2.     Financiación del Fondo
Para garantizar una financiación
suficiente, evitar los efectos procíclicos de los sistemas de reparto y reducir
al mínimo la necesidad de solicitar ayuda financiera exterior, el Fondo
necesita recursos de fácil acceso. Para ello, el objetivo de volumen del Fondo
sería de al menos el 1 % de los depósitos garantizados en el sistema
bancario de los Estados miembros participantes, lo cual sería suficiente para
garantizar una resolución ordenada en caso de crisis futuras, siempre que los
acreedores estén sujetos a una recapitalización interna de al menos un 8 % del
total de los pasivos y fondos propios de la entidad objeto de resolución.
Partiendo de los datos bancarios de 2011
y del valor estimado de los depósitos garantizados de que disponen los bancos
en la zona del euro, el objetivo del 1 % para el Fondo Único de Resolución
correspondería a unos 55 000 millones EUR. Ese volumen en importes
absolutos (en euros) será dinámico y crecerá automáticamente si aumenta el
sector bancario.
Se prevé un período transitorio de diez
años antes de que el Fondo alcance plenamente el nivel fijado como objetivo.
Ese período podría ampliarse a catorce años si el Fondo realiza desembolsos que
excedan de la mitad del objetivo de volumen del Fondo. Si no se realizan
desembolsos del Fondo durante la etapa inicial de establecimiento, el sector
bancario aportará una contribución anual de un 10 % del objetivo de valor,
lo cual representa un importe aproximado de 5 500 millones EUR.
Tras la etapa inicial de constitución del
Fondo, los bancos estarán sujetos a contribuciones adicionales si su base
contributiva aumenta o si el Fondo realiza desembolsos. Si los medios
financieros de que dispone el Fondo pasan a ser inferiores a la mitad del nivel
fijado como objetivo, los bancos deberán aportar una contribución anual mínima
de al menos una quinta parte de los pasivos totales (con exclusión del capital
reglamentario y de los depósitos garantizados) de todos los bancos de los
Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución.
Las contribuciones se calcularán con
arreglo a la Directiva sobre rescate y resolución bancarios, sobre la base de
los pasivos del banco, excluidos los fondos propios y los depósitos
garantizados, ajustados a su perfil de riesgo. Esto significa, en la práctica,
que las contribuciones de los bancos que se financian casi exclusivamente
mediante depósitos serán muy bajas. Naturalmente, esos bancos contribuirán a
los sistemas nacionales de garantía de depósitos.
Se prevén salvaguardias para evitar que
la recaudación de las contribuciones cree problemas de estabilidad financiera
en entidades sanas, es decir, una exención temporal de la obligación de pagar
contribuciones ex post.
Si las contribuciones ex ante no
son suficientes y no puede accederse de inmediato a las contribuciones ex
post, podrá ser necesaria una financiación de apoyo adicional,
especialmente durante la etapa transitoria, para garantizar la continuidad de
las funciones sistémicas del banco o bancos durante el proceso de
reestructuración. El Fondo podrá tomar empréstitos o recabar otras formas de
ayuda procedentes de entidades financieras u otras terceras partes, si procede,
para financiar la resolución (incluidos recursos públicos). En principio, esa
ayuda será reembolsada por la propia entidad objeto de resolución. No obstante,
si ello no fuese posible, el Reglamento prevé que las pérdidas se distribuyan
entre todos los bancos sujetos al mecanismo mediante contribuciones ex post.
Así se garantiza un efecto neutro a medio plazo en la utilización de recursos
públicos 
A fin de no ocasionar una desventaja para
los Estados miembros que ya hayan creado un fondo de resolución cuando entre en
vigor la presente propuesta, el Reglamento prevé que los Estados miembros de
que se trate decidan de qué forma utilizarán su fondo nacional de resolución
existente con vistas a cumplir las obligaciones de sus bancos con arreglo al
presente Reglamento.
4.3.3.     Papel de los sistemas de
garantía de depósitos en el contexto de la resolución
Cuando un banco sea objeto de resolución,
el sistema nacional de garantía de depósitos al que esté afiliado contribuirá,
hasta el importe de los depósitos garantizados, al importe de las pérdidas que
habría tenido que soportar si hubiese sido liquidado en el marco de un
procedimiento concursal ordinario. Este papel ya está plenamente contemplado en
la Directiva […].
Además, el MUR no afecta a los sistemas
institucionales de protección y demás mecanismos de apoyo a la financiación
intragrupo establecidos por algunos grupos de entidades de crédito. El MUR solo
intervendrá si esas soluciones del sector privado no resultan eficaces para
tratar la quiebra de un banco.
4.3.4.     Papel del Fondo en la
resolución de grupos en los que participen entidades ajenas al MUR
A efectos de la resolución de grupos en
los que participen tanto entidades sujetas al MUR como ajenas a él, la
contribución del Fondo corresponderá a las partes del grupo sujetas al MUR,
mientras que la contribución de los mecanismos nacionales de financiación
ajenos al MUR deberá cubrir el resto.
Para reforzar la financiación de la resolución
en todo el mercado interior, la propuesta autoriza al Fondo a contraer
empréstitos de otros mecanismos de financiación de la resolución o a conceder
préstamos a dichos mecanismos, con carácter voluntario. Esto le permitirá
soportar desembolsos importantes que no estén cubiertos por contribuciones ex
ante y ex post, así como apoyar los mecanismos de financiación de la
resolución de los Estados miembros que no participen en el MUR.
4.3.5.     Sustitución de los
mecanismos nacionales de financiación de la resolución
Dado que el
Fondo sustituye a los mecanismos nacionales de financiación de la resolución de
los Estados miembros participantes, los Estados miembros que ya hayan
establecido sus propios mecanismos nacionales en el momento de la entrada en
vigor del presente Reglamento podrán pronunciarse sobre su utilización con
arreglo a su Derecho nacional. Los Estados miembros también podrán decidir que
esos mecanismos nacionales de financiación de la resolución paguen las
contribuciones debidas al Fondo en nombre de sus bancos hasta que hayan agotado
sus recursos.
5.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
La Junta de Resolución se financiará
íntegramente mediante contribuciones de las entidades financieras. No obstante,
habrá algunas repercusiones mínimas en el presupuesto de la Unión en la etapa
inicial de la Junta de Resolución. Los detalles figuran en la ficha financiera
adjunta. 
2013/0253 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
por el que se establecen normas
uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de
crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo
Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el
Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
El
Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central
Europeo[11],
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[12],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)       Para impulsar la
recuperación económica de la Unión resulta esencial que el mercado interior de
los servicios bancarios esté mejor integrado. No obstante, la crisis económica
y financiera actual ha puesto de manifiesto las amenazas que penden sobre el
funcionamiento del mercado interior en este ámbito y el riesgo creciente de
fragmentación financiera. Los mercados interbancarios son ahora menos líquidos
y se registra una disminución de las actividades bancarias transfronterizas, a
causa del miedo al contagio y de la falta de confianza en otros sistemas
bancarios nacionales y en la capacidad de los Estados miembros para prestar
apoyo a los bancos.
(2)       Las divergencias
existentes entre las normas de resolución nacionales y las prácticas
administrativas correspondientes de los distintos Estados miembros, y la falta
de un proceso unificado de toma de decisiones a escala de la Unión para la
resolución de los bancos transfronterizos agravan esa falta de confianza y
contribuyen a la inestabilidad del mercado, ya que no garantizan la certeza y
la previsibilidad en cuanto a las posibles repercusiones de las quiebras
bancarias. Las decisiones de resolución adoptadas únicamente a nivel nacional
pueden falsear la competencia y debilitar en última instancia el mercado
interior.
(3)       En particular, las
distintas prácticas de los Estados miembros por lo que respecta al tratamiento
de los acreedores de los bancos objeto de resolución y el rescate de los bancos
en graves dificultades inciden en la percepción del riesgo de crédito, la
solidez financiera y la solvencia de sus bancos. Este fenómeno mina la
confianza pública en el sector bancario y obstaculiza el ejercicio de la
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado
interior, ya que los costes de financiación serían inferiores de no existir
tales diferencias entre las prácticas de los Estados miembros.
(4)       Las divergencias entre
las normas de resolución nacionales y las prácticas administrativas
correspondientes de los diferentes Estados miembros pueden encarecer los costes
de empréstito para los bancos y sus clientes, únicamente a causa de su lugar de
establecimiento y con independencia de su nivel real de solvencia. Además, los
clientes de los bancos han de pagar mayores tipos de interés en algunos Estados
miembros que en otros, con independencia de su propio nivel de solvencia. 
(5)       El mercado interior
seguirá fragmentado mientras las normas y las prácticas de resolución y los
planteamientos de distribución de cargas sigan siendo nacionales y los recursos
financieros necesarios para la financiación de los procedimientos de resolución
se obtengan y gasten a nivel nacional. Por otra parte, los organismos
nacionales de supervisión tienen incentivos considerables para minimizar los
posibles efectos de las crisis bancarias en las economías de sus países
mediante la adopción de medidas unilaterales destinadas a acotar las
operaciones bancarias, por ejemplo limitando las transferencias y los préstamos
dentro de un grupo, o imponiendo en sus jurisdicciones mayores requisitos de
capital y liquidez a las filiales de empresas matrices potencialmente en
quiebra. Esta situación limita las actividades transfronterizas de los bancos
y, por tanto, obstaculiza el ejercicio de las libertades fundamentales y falsea
la competencia en el mercado interior.
(6)       La Directiva [...] del
Parlamento Europeo y del Consejo[13]
ha armonizado en cierta medida las normas nacionales en materia de resolución
bancaria y previsto la cooperación de las autoridades competentes a la hora de
afrontar la quiebra de bancos transfronterizos. Pero se trata de una
armonización parcial, y el proceso de toma de decisiones no está centralizado.
La Directiva [...] establece esencialmente una serie de competencias e
instrumentos comunes de resolución a disposición de las autoridades nacionales
de cada Estado miembro, pero les deja un margen de discrecionalidad a efectos
de la aplicación de los instrumentos y el uso de los mecanismos nacionales de
financiación de los procedimientos de resolución. En cuanto a la resolución de
los grupos transfronterizos, la citada Directiva no impide que los Estados
miembros adopten por separado decisiones potencialmente contradictorias que
puedan afectar a los costes globales de la resolución. Además, como prevé
mecanismos de financiación nacionales, no reduce suficientemente la dependencia
de los bancos respecto del apoyo proporcionado con cargo a los presupuestos
nacionales ni impide que los Estados miembros apliquen planteamientos
diferentes al utilizar los mecanismos de financiación. 
(7)       Para la compleción del
mercado interior de los servicios financieros es esencial que la resolución de
las quiebras bancarias dentro de la Unión sea objeto de decisiones eficaces y
uniformes, en particular por lo que respecta a la utilización de los recursos
obtenidos a nivel de la Unión. En el mercado interior, la quiebra de algún
banco en un Estado Miembro puede afectar a la estabilidad de los mercados
financieros de toda la Unión. Garantizar normas de resolución uniformes y
eficaces e idénticas condiciones de financiación de las medidas de resolución
en los distintos Estados miembros redunda en el mayor interés tanto de los
Estados miembros en los que operan los bancos como del conjunto de todos ellos,
en general, como medio de preservar la competencia y mejorar el funcionamiento
del mercado interior. Los sistemas bancarios están muy interconectados en el
mercado interior, los grupos bancarios son internacionales y los bancos tienen
un gran porcentaje de activos extranjeros. A falta de un Mecanismo Único de
Resolución, las crisis bancarias en los Estados miembros participantes en el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS) tendrían un impacto sistémico negativo más
grave también en los Estados miembros no participantes. El establecimiento del
Mecanismo Único de Resolución aumentará la estabilidad de los bancos de los
Estados miembros participantes y evitará que las crisis tengan repercusiones en
los Estados miembros no participantes, facilitando así el funcionamiento del
conjunto del mercado interior.
(8)       Desde el establecimiento
del MUS en virtud del Reglamento (UE) nº …/…[14] del Consejo, en
cuyo marco los bancos en los Estados miembros participantes son objeto de
supervisión centralizada por el Banco Central Europeo, existe un desajuste
entre la supervisión de esos bancos a nivel la Unión y el tratamiento nacional
que reciben en los procedimientos de resolución con arreglo a la Directiva
[...].
(9)       Si bien los bancos de
los Estados miembros que permanecen al margen del MUS gozan, a escala nacional,
de dispositivos armonizados de supervisión, resolución y respaldo financiero,
los bancos de los Estados miembros participantes en el MUS están sujetos a los
dispositivos de supervisión de la Unión y a los dispositivos nacionales de
resolución y respaldo financiero. Este desajuste entraña una desventaja
competitiva para los bancos de los Estados miembros participantes en el MUS en
comparación con los establecidos en otros Estados miembros. Como las instancias
de supervisión y resolución se sitúan en dos niveles diferentes dentro del MUS,
los procedimientos de intervención y resolución de bancos en los Estados
miembros participantes en el MUS no serían tan rápidos, coherentes y eficaces
como los aplicados en bancos establecidos en Estados miembros no participantes
en ese Mecanismo. Ello repercute negativamente en los costes de financiación de
los primeros y crea una desventaja competitiva, con repercusiones sobre los
Estados miembros en los que desarrollan sus actividades y sobre el
funcionamiento general del mercado interior. Por lo tanto, un mecanismo de resolución
centralizado para todos los bancos que operan en los Estados miembros
participantes en el MUS es esencial para garantizar condiciones de competencia
equitativas. 
(10)     Conviene armonizar la
distribución de las responsabilidades de resolución entre los niveles
nacionales y el de la Unión con la distribución de las responsabilidades de
supervisión entre esos niveles. Mientras la labor de supervisión siga siendo
nacional, el Estado miembro en que se produzca una quiebra bancaria debe seguir
siendo responsable de sus consecuencias financieras. Por consiguiente, el
Mecanismo Único de Resolución solo debe aplicarse a los bancos y las entidades
financieras que estén establecidos en los Estados miembros participantes en el
MUS y sujetos a la supervisión del BCE en el marco del MUS. Los bancos
establecidos en los Estados miembros que no participen en el MUS no deben estar
sometidos al Mecanismo Único de Resolución, pues de lo contrario se generarían
incentivos inadecuados para ellos. En particular, los supervisores de esos
Estados miembros podrían ser más indulgentes con los bancos de su jurisdicción,
pues no tendrían que soportar íntegramente el riesgo financiero de su quiebra.
Así pues, para garantizar el paralelismo con el MUS, el Mecanismo Único de
Resolución debe aplicarse a los Estados miembros que participen en el MUS. A
medida que los Estados miembros se vayan adhiriendo al MUS, deben pasar
automáticamente a estar sujetos también al Mecanismo Único de Resolución. A la
postre, este debería abarcar la totalidad del mercado interior.
(11)     Un fondo único de
resolución bancaria (en lo sucesivo, «el Fondo») es un elemento esencial para
el funcionamiento adecuado del Mecanismo Único de Resolución. La coexistencia
de diferentes sistemas nacionales de financiación trastocaría la aplicación de
las normas uniformes de resolución bancaria en el mercado interior. El Fondo
debe contribuir a garantizar la uniformidad de las prácticas administrativas de
financiación de las resoluciones y a evitar la creación de obstáculos para el
ejercicio de las libertades fundamentales o el falseamiento de la competencia
en el mercado interior a causa de las prácticas nacionales divergentes. El
Fondo debe ser financiado directamente por los bancos y agruparse a nivel de la
Unión de modo que los recursos destinados a la resolución puedan ser asignados
a los distintos Estados miembros de manera objetiva, aumentando así la
estabilidad financiera y limitando el vínculo entre la percepción de la
situación presupuestaria de los distintos Estados miembros y los costes de
financiación de los bancos y las empresas que operan en cada uno de ellos.
(12)     Así pues, resulta
necesario adoptar medidas para crear un Mecanismo Único de Resolución para
todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Supervisión
con el fin de facilitar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado
interior.
(13)     Solo se podrá garantizar
la aplicación centralizada de las normas de resolución bancaria establecidas en
la Directiva [...] por la autoridad única de resolución de la Unión en los
Estados miembros participantes si las normas que regulan la creación y el
funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución son directamente aplicables en
los Estados miembros, a fin de evitar interpretaciones divergentes. Ello
debería redundar en beneficio del conjunto del mercado interior, al contribuir
a garantizar la competencia leal y a evitar los obstáculos para el libre
ejercicio de las libertades fundamentales tanto en los Estados miembros participantes
como en la totalidad del mercado interior. 
(14)     Para reflejar el ámbito
de aplicación del Reglamento (UE) nº …/… del Consejo, el Mecanismo Único de
Resolución debe aplicarse a todas las entidades de crédito establecidas en los
Estados miembros participantes. No obstante, en el marco del Mecanismo Único de
Resolución debe ser posible proceder directamente a la resolución de cualquier
entidad de crédito de un Estado miembro participante con el fin de evitar las
asimetrías, en el mercado interior, en el tratamiento de las entidades en
quiebra y los acreedores durante un procedimiento de resolución. Las empresas
matrices, las empresas de inversión y las entidades financieras también deben
quedar incluidas en el ámbito de aplicación del Mecanismo Único de Resolución
en la medida en que estén incluidas en la supervisión consolidada del BCE. Este
no supervisará estas entidades de manera individual, pero será el único
organismo supervisor con una percepción global del riesgo al que esté expuesto
un grupo e, indirectamente, cada uno de sus miembros. Excluir del ámbito de
aplicación del Mecanismo Único de Resolución a determinadas entidades sujetas a
la supervisión consolidada del BCE haría imposible planificar la resolución de
grupos bancarios y adoptar las estrategias correspondientes, lo que reduciría
considerablemente la eficacia de cualesquiera decisiones de resolución.
(15)     En el marco del Mecanismo
Único de Resolución, las decisiones deben adoptarse al nivel más adecuado.
(16)     Como organismo supervisor
en el marco del MUS, el BCE está en la mejor posición para evaluar si una
entidad de crédito está en graves dificultades o en peligro de quiebra y si no
hay ninguna perspectiva razonable de que alguna medida de supervisión o del
sector privado pueda impedir su quiebra en un plazo razonable. Previa
notificación del BCE, la Junta debe presentar una recomendación a la Comisión.
Dada la necesidad de equilibrar los distintos intereses en juego, la Comisión
debe decidir si procede someter a una entidad al procedimiento de resolución y
decidir también sobre un marco claro y detallado que establezca las medidas de
resolución que habrá de adoptar la Junta. En ese marco, esta deberá decidir
sobre un dispositivo de resolución y dar instrucciones a las autoridades
nacionales de resolución sobre los instrumentos y las competencias de
resolución que habrán de aplicarse a nivel nacional.
(17)     La Junta debe estar
facultada para tomar decisiones en relación, en particular, con la
planificación de la resolución, la evaluación de la viabilidad de la
resolución, la eliminación de los obstáculos a la resolución y la preparación
de las medidas de resolución. Las autoridades nacionales de resolución deben
asistir a la Junta en la planificación de la resolución y en la preparación de
las decisiones correspondientes. Además, como el ejercicio de las competencias
de resolución conlleva la aplicación de la legislación nacional, las
autoridades nacionales de resolución deben ser responsables de la ejecución de
las decisiones de resolución.
(18)     Para el buen
funcionamiento del mercado interior, es fundamental que se apliquen las mismas
normas a todas las medidas de resolución, independientemente de que sean
adoptadas por las autoridades nacionales de resolución con arreglo a la
Directiva [...] o en el marco del Mecanismo Único de Resolución. La Comisión
las evaluará con arreglo al artículo 107 del TFUE. Cuando la utilización
de los mecanismos de financiación de la resolución no constituya ayuda estatal
a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE,
la Comisión deberá evaluar las medidas por analogía con el artículo 107 del
TFUE, a fin de garantizar condiciones de competencia equitativas en el mercado
interior. Si no es necesaria una notificación con arreglo al artículo 108
del TFUE, ya que la utilización propuesta del Fondo por la Junta no constituye
ayuda estatal con arreglo al artículo 107 del TFUE, conviene que, al
evaluar la utilización propuesta del Fondo, la Comisión aplique por analogía
las normas pertinentes en materia de ayudas estatales establecidas en el
artículo 107 del TFUE, con el fin de garantizar la integridad del mercado
interior entre los Estados miembros participantes y no participantes. La Junta
no debe decidir sobre ningún dispositivo de resolución hasta que la Comisión no
haya garantizado, por analogía con las normas sobre ayudas estatales, que la
utilización del Fondo sigue las mismas normas que las intervenciones de los
mecanismos nacionales de financiación.
(19)     Para garantizar la
celeridad y eficacia del proceso de toma de decisiones en materia de
resolución, conviene que la Junta sea una agencia específica de la Unión,
dotada de una estructura específica, ajustada a sus tareas específicas, y que
su modelo se aparte del de las demás agencias de la Unión. Su composición debe
garantizar que se tengan debidamente en cuenta todos los intereses pertinentes
en juego en los procedimientos de resolución. La Junta debe funcionar en sesión
ejecutiva y en sesión plenaria. En la primera, debe estar compuesta por un Director
Ejecutivo, un Director Ejecutivo Adjunto y representantes de la Comisión y del
BCE. Teniendo en cuenta las funciones de la Junta, el Director Ejecutivo y el
Director Ejecutivo Adjunto deben ser nombrados por el Consejo, a propuesta de
la Comisión y tras consultar al Parlamento Europeo. Al deliberar en sesión
ejecutiva sobre la resolución de un banco o grupo establecido en un único
Estado miembro participante, la Junta debe también convocar y hacer participar
en el proceso decisorio al miembro designado por el Estado miembro interesado
como representante de la autoridad de resolución nacional. Al deliberar en
sesión ejecutiva sobre un grupo transfronterizo, los miembros designados por el
Estado miembro de origen y por todos los Estados miembros de acogida
interesados como representantes de las autoridades nacionales de resolución
pertinentes también deben ser convocados y participar en el proceso de toma de
decisiones. Sin embargo, las autoridades del país de origen y las autoridades
de los países de acogida deben tener una influencia equilibrada en estas
decisiones, de modo que las autoridades de los países de acogida deben tener,
conjuntamente, un único voto. También se podría invitar a participar en las
reuniones de la Junta a observadores, en particular a un representante del MEDE
y del Eurogrupo.
(20)     Teniendo en cuenta las
funciones de la Junta y los objetivos de los procedimientos de resolución,
entre los que figura la protección de los recursos públicos, el funcionamiento
de la Junta debe financiarse mediante contribuciones abonadas por las entidades
en los Estados miembros participantes.
(21)     La Junta y la Comisión,
cuando proceda, deben sustituir a las autoridades nacionales de resolución
designadas con arreglo a la Directiva [...] en lo referente a todos los
aspectos relacionados con el proceso decisorio en materia de resolución. Las
autoridades nacionales de resolución designadas con arreglo a la Directiva
[...] deben seguir llevando a cabo las actividades relacionadas con la
aplicación de los planes de resolución que adopte la Junta. En aras de la
transparencia y el control democrático y para salvaguardar las prerrogativas de
las instituciones de la Unión, la Junta debe ser responsable, ante el
Parlamento Europeo y el Consejo, de las decisiones tomadas en virtud de la
presente propuesta. Por idénticas razones de transparencia y control
democrático, los Parlamentos nacionales deben tener derecho a recabar
información sobre las actividades de la Junta y a dialogar con ella.
(22)     Cuando la Directiva [...]
prevea la posibilidad de que las autoridades nacionales de resolución
simplifiquen las obligaciones o apliquen exenciones en relación con el
requisito de la elaboración de planes de resolución, conviene establecer un
procedimiento que permita a la Junta autorizar la aplicación de esa
simplificación de las obligaciones.
(23)     En aras de la uniformidad
del planteamiento aplicado a los grupos y entidades, la Junta debe estar
facultada para establecer planes de resolución para tales grupos y entidades. Debe
evaluar si es viable la resolución de grupos y entidades y adoptar medidas que
eliminen los obstáculos a la resolución. Debe exigir que las autoridades
nacionales de resolución apliquen cualesquiera medidas oportunas concebidas
para eliminar dichos obstáculos a fin de garantizar la coherencia y la
viabilidad de la resolución de las entidades de que se trate.
(24)     La planificación es un
componente esencial de una resolución eficaz. Por consiguiente, la Junta debe
tener la facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de las
entidades o los grupos para eliminar los impedimentos prácticos a la aplicación
de los instrumentos de resolución y garantizar la viabilidad de la resolución
de las entidades de que se trate. Dada la naturaleza potencialmente sistémica
de todas las entidades, es fundamental, para mantener la estabilidad
financiera, que las autoridades puedan proceder a la resolución de cualquiera
de ellas. A fin de respetar el derecho de libre empresa, reconocido en el
artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el margen de
apreciación de la Junta se debe limitar a lo que resulte necesario para
simplificar la estructura y las operaciones de la entidad de que se trate, con
el único objetivo de mejorar la viabilidad de la resolución. Además, cualquier
medida impuesta con ese fin debe ser coherente con la legislación de la Unión.
Las medidas no deben ser discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por
motivos de nacionalidad, y deben estar justificadas por la razón imperiosa de
interés general de preservar la estabilidad financiera. Para determinar si una
acción se ha adoptado en aras del interés público general, es necesario que la
Junta sea capaz, actuando en dicho interés, de lograr los objetivos de
resolución sin encontrar impedimentos a la aplicación de los instrumentos de
resolución o al ejercicio de las competencias que le hayan sido conferidas.
Asimismo, las medidas adoptadas no deben sobrepasar el mínimo necesario para
alcanzar los objetivos deseados.
(25)     El Mecanismo Único de
Resolución debe basarse en el marco establecido por la Directiva [...] y el
MUS. Por tanto, la Junta debe estar facultada para intervenir en una fase
temprana cuando se esté deteriorando la situación financiera o la solvencia de
una entidad. La información que la Junta obtenga de las autoridades nacionales
de resolución o del BCE en esa fase será esencial para determinar las medidas
oportunas a fin de preparar la resolución de la entidad de que se trate.
(26)     Con el fin de garantizar
la celeridad de los procedimientos de resolución cuando resulten necesarios, la
Junta debe vigilar estrechamente, en cooperación con la autoridad competente
correspondiente o el BCE, la situación de las entidades de que se trate y su
conformidad con cualesquiera medidas de intervención temprana adoptadas en
relación con ellas.
(27)     Para minimizar las
perturbaciones del mercado financiero y la economía, el proceso de resolución
debe llevarse a cabo en un corto período de tiempo. A lo largo de todo él, la
Comisión debe tener acceso a cualquier información que considere necesaria para
tomar decisiones con conocimiento de causa. Cuando la Comisión decida proceder
a la resolución de una entidad, la Junta debe adoptar inmediatamente un plan de
resolución en el que se pormenoricen las competencias e instrumentos de
resolución aplicables, así como la utilización de cualesquiera mecanismos de
financiación. 
(28)     La liquidación de una
entidad en quiebra en el marco del procedimiento concursal ordinario podría
poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de los
servicios básicos y afectar a la protección de los depositantes. En este caso,
existe un interés público en la aplicación de instrumentos de resolución. Los
objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de
los servicios financieros básicos, mantener la estabilidad del sistema
financiero y reducir el riesgo moral, minimizando la dependencia de las ayudas
públicas destinadas a entidades en quiebra y protegiendo a los depositantes.
(29)     No obstante, antes de
tomar una decisión sobre el mantenimiento de la actividad de una entidad
insolvente siempre se debe considerar la posibilidad de liquidarla con arreglo
a un procedimiento concursal ordinario. Para mantener en funcionamiento una
entidad insolvente en aras de la estabilidad financiera deben utilizarse, en la
medida de lo posible, fondos privados, bien
mediante su venta a un comprador privado (o su fusión con este), bien mediante
una depreciación de los pasivos de la entidad o de la conversión de su deuda en
fondos propios a fin de proceder a una recapitalización.
(30)     Al ejercer las
competencias de resolución, la Comisión y la Junta deben asegurarse de que los
accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las pérdidas, que los
directivos sean sustituidos, que los costes de la resolución de la entidad se
minimicen y que todos los acreedores de una entidad insolvente que sean de la
misma categoría reciban un trato similar.
(31)     Las limitaciones de los
derechos de los accionistas y acreedores deben respetar el artículo 52 de la
Carta de Derechos Fundamentales. Por lo tanto, los instrumentos de resolución
deben aplicarse únicamente a las entidades en graves dificultades o en peligro
de quiebra, y únicamente cuando sea necesario para conseguir la estabilidad
financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando
no sea posible liquidar la entidad en el marco de un procedimiento concursal
ordinario sin desestabilizar el sistema financiero, las medidas sean necesarias
para garantizar la transferencia rápida y la continuidad de las funciones de
importancia sistémica y no existan perspectivas razonables de otras soluciones
alternativas de origen privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada
por los accionistas existentes o por terceros que permita restablecer
totalmente la viabilidad de la entidad.
(32)     La interferencia con los
derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. En consecuencia, los
accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más
importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada
en el momento de la adopción de la decisión de la resolución. En caso de
transferencia de una parte de los activos de una entidad objeto de resolución a
un comprador privado o a una entidad puente, la parte restante debe ser liquidada
en el marco de un procedimiento concursal ordinario. Con el fin de proteger a
los accionistas y a los acreedores de la entidad durante el procedimiento de
liquidación, los mismos han de tener derecho a recibir no menos de lo que se
estime habrían recuperado si toda la entidad hubiera sido liquidada con arreglo
a un procedimiento concursal ordinario.
(33)     Para proteger el derecho
de los accionistas y garantizar que los acreedores no reciban menos de lo que
habrían recibido en el marco de un procedimiento concursal ordinario, conviene
establecer obligaciones claras en materia de valoración de los activos y
pasivos de la entidad y conceder tiempo suficiente para analizar adecuadamente qué
trato habrían recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a tal
procedimiento. Debe ser posible comenzar esa valoración ya en la fase de
intervención temprana. Antes de emprender cualquier medida de resolución, debe
llevarse a cabo una estimación del valor de los activos y pasivos de la entidad
y del trato que los accionistas y los acreedores recibirían en el marco de un
procedimiento concursal ordinario. 
(34)     Es importante que se
reconozcan las pérdidas en caso de quiebra de una entidad. El principio rector
para la valoración de los activos y pasivos de las entidades en quiebra debe
ser su valor de mercado en el momento de la aplicación de los instrumentos de
resolución, en la medida en que los mercados funcionen correctamente. En caso de
perturbación grave de los mercados, la valoración debe realizarse conforme al
valor económico a largo plazo, debidamente justificado, de los activos y los
pasivos. En caso de urgencia, la Junta debe poder realizar una valoración
provisional rápida de los activos o pasivos de una entidad en quiebra; esa
valoración debe aplicarse hasta el momento en que se realice una valoración
independiente.
(35)     En aras de la objetividad
y previsibilidad del proceso de resolución, es necesario establecer el orden en
que se deben depreciar o convertir los créditos no garantizados de los
acreedores de una entidad objeto de resolución. Para limitar el riesgo de que
los acreedores incurran en pérdidas mayores que las que habrían sufrido si la
entidad hubiera sido liquidada con arreglo a un procedimiento concursal
ordinario, el orden que se establezca debe ser aplicable tanto en el
procedimiento concursal ordinario como en el proceso de depreciación o
conversión en el marco de la resolución. Así se facilitaría también la fijación
del precio de la deuda.
(36)     La Comisión debe definir
el marco de las medidas de resolución que deban adoptarse en función de las
circunstancias del caso y ser capaz de designar todos los instrumentos de
resolución que resulte necesario utilizar. Dentro de ese marco claro y preciso,
la Junta debe decidir acerca del plan detallado de resolución. Entre los
instrumentos de resolución pertinentes deben figurar la venta de actividades,
la constitución de una entidad puente, la recapitalización interna y la segregación
de activos, previstos asimismo en la Directiva […]. El marco debe posibilitar
también la evaluación del cumplimento de las condiciones para la depreciación y
la conversión de los instrumentos de capital.
(37)     El instrumento de venta
de actividades debe permitir vender la entidad o una parte de sus actividades a
uno o varios compradores sin requerir el consentimiento de los accionistas.
(38)     El instrumento de
segregación de activos debe permitir que las autoridades transfieran activos
improductivos, o cuyo valor se haya deteriorado, a otra estructura
independiente. La segregación de activos únicamente se debe utilizar en
combinación con otros instrumentos, a fin de evitar conferir una ventaja
competitiva indebida a la entidad en quiebra.
(39)     Un régimen de resolución
eficaz debe minimizar los costes de la resolución de una entidad en quiebra que
deban sufragar los contribuyentes. Debe también garantizar que incluso las
entidades de gran tamaño e importancia sistémica puedan ser objeto de
resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de
recapitalización interna logra este objetivo garantizando que los accionistas y
los acreedores de la entidad sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte
correspondiente de esos costes. Para ello, en el marco de resolución se deben
incluir competencias legales de depreciación de la deuda, como opción
complementaria de los demás instrumentos de resolución, según la recomendación
del Consejo de Estabilidad Financiera.
(40)     A fin de garantizar la
flexibilidad necesaria para asignar las pérdidas a los acreedores en una serie
de circunstancias, conviene que el instrumento de recapitalización interna
pueda utilizarse tanto cuando el objetivo sea aplicar el procedimiento de
resolución a la entidad en quiebra a la vez que sigue operando, si existen
perspectivas realistas de restablecimiento de su viabilidad, como cuando se
transfieran los servicios de importancia sistémica a una entidad puente y la
parte residual de la entidad deje de operar y sea objeto de liquidación.
(41)     Cuando se aplique el
instrumento de recapitalización interna con el objetivo de reconstituir el
capital de la entidad en quiebra y permitir que siga operando, la resolución a
través de ese instrumento siempre debe ir acompañada de la sustitución de la
dirección y la consiguiente reestructuración de la entidad y de sus
actividades, de tal forma que se aborden los motivos de su quiebra. Dicha
reestructuración se debe conseguir mediante la aplicación de un plan de
reorganización de las actividades.
(42)     No es adecuado aplicar el
instrumento de recapitalización interna a los créditos que estén asegurados,
respaldados por activos o garantizados de cualquier otro modo. Sin embargo,
para que ese instrumento sea eficaz y consiga sus objetivos, debe ser posible
aplicarlo al mayor número posible de pasivos no garantizados de las entidades
en quiebra. No obstante, conviene excluir de su ámbito de aplicación
determinados tipos de pasivos no garantizados. Por motivos de interés público y
en aras de la eficacia de la resolución, la recapitalización interna no debe
aplicarse a los depósitos que estén protegidos en virtud de la Directiva
94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[15],
a las deudas con empleados de la entidad en quiebra, o a las reclamaciones de
índole comercial relativas a bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento cotidiano de la entidad.
(43)     Los depositantes cuyos
depósitos estén garantizados por un sistema de garantía de depósitos no deben
someterse al instrumento de recapitalización interna. El sistema de garantía de
depósitos, sin embargo, debe contribuir a la financiación del proceso de
resolución en la medida en que habría tenido que indemnizar a los depositantes.
El ejercicio de las competencias de recapitalización interna garantizará que
los depositantes sigan teniendo acceso a sus depósitos, lo que constituye la
principal razón de ser del establecimiento de los sistemas de garantía de
depósitos. No contemplar la participación de esos sistemas en tales casos constituiría
una ventaja injustificada frente al resto de los acreedores, que estarían
sujetos al ejercicio de las competencias de la autoridad de resolución.
(44)     A fin de llevar a cabo la
distribución de cargas entre los accionistas y los acreedores subordinados,
como prescriben las normas sobre ayudas estatales, el Mecanismo Único de
Resolución podría aplicar por analogía, a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento, el instrumento de recapitalización interna.
(45)     Para evitar que las
entidades estructuren sus pasivos de forma tal que se limite la eficacia del
instrumento de recapitalización interna, la Junta debe poder obligarlas a
disponer en todo momento de un importe agregado, expresado como porcentaje de
sus pasivos totales, de fondos propios, deuda subordinada y pasivos de rango
superior, que no constituyan fondos propios a efectos del Reglamento (UE) nº
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[16]
y la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo[17],
sometidos al instrumento de recapitalización interna. 
(46)     En función de las
circunstancias del caso ha de elegirse el mejor método de resolución y, a tal
efecto, deben estar disponibles todos los instrumentos de resolución previstos
en la Directiva […].
(47)     La Directiva […] ha
conferido a las autoridades nacionales de resolución la facultad de depreciar y
convertir los instrumentos de capital, ya que las condiciones para la
depreciación y la conversión de esos instrumentos pueden coincidir con las
condiciones para la resolución y, en tal caso, procede realizar una evaluación
para determinar si, por sí sola, la reducción del valor y la conversión de los
instrumentos de capital basta para restablecer la solidez financiera de la
entidad afectada, o si es también necesario emprender una medida de resolución.
Por regla general, esta facultad se utilizará en el contexto de la resolución.
La Comisión debe sustituir a las autoridades nacionales de resolución también
en esa función y, por tanto, debe estar facultada para evaluar si se satisfacen
las condiciones para la depreciación y la conversión de los instrumentos de
capital y para decidir proceder a la resolución de una entidad, si también se
cumplen las condiciones pertinentes.
(48)     La eficiencia y la
uniformidad de las medidas de resolución deben garantizarse en todos los
Estados miembros participantes. A tal efecto, en casos excepcionales y cuando
una autoridad de resolución no haya aplicado suficientemente o en absoluto una
decisión de la Junta, esta debe estar facultada para transferir a otra persona
determinados derechos, activos o pasivos de una entidad objeto de resolución o
para exigir la conversión de instrumentos de deuda sujetos a una cláusula
contractual de conversión en determinadas circunstancias. Debe excluirse
cualquier medida de las autoridades nacionales de resolución que pueda limitar
o trastornar el ejercicio de las funciones o atribuciones de la Junta.
(49)     A fin de aumentar la
eficacia del Mecanismo Único de Resolución, la Junta debe cooperar estrechamente
con la Autoridad Bancaria Europea en todas las circunstancias. Cuando proceda,
debe cooperar también con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Junta Europea de
Riesgo Sistémico y las demás autoridades que forman parte del sistema europeo
de supervisión financiera. Además, la Junta debe cooperar estrechamente con el
BCE y las demás autoridades facultadas para supervisar las entidades de crédito
en el marco del MUS, en particular cuando se trate de grupos sujetos a la
supervisión consolidada del BCE. Para gestionar eficazmente el proceso de
resolución de las entidades en quiebra, la Junta debe cooperar con las
autoridades nacionales de resolución en todas las fases del proceso de resolución.
Así pues, la cooperación con estas últimas no solo es necesaria durante la
aplicación de las decisiones de resolución que adopte la Junta, sino también
antes de la adopción de cualquier decisión de resolución, en la fase de
planificación de la resolución o durante la fase de intervención temprana.
(50)     Puesto que sustituye a
las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes
en sus decisiones de resolución, la Junta debe sustituir también a esas
autoridades a efectos de la cooperación con los Estados miembros no
participantes por lo que respecta a las funciones de resolución. En particular,
la Junta debe representar a todas autoridades de los miembros participantes en
los órganos colegiados de resolución de los que formen parte autoridades de los
Estados miembros no participantes.
(51)     Numerosas entidades
operan también fuera de la Unión, por lo que un mecanismo eficaz de resolución
debe establecer principios de cooperación con las autoridades pertinentes de
terceros países. El apoyo que se les facilite se proporcionará de conformidad
con el marco jurídico establecido en virtud del artículo 88 de la
Directiva […]. A tal efecto, como la Junta debe ser la única autoridad
facultada para proceder a la resolución de entidades en quiebra en los Estados
miembros participantes, conviene facultarla en exclusiva para celebrar, en
nombre de las autoridades nacionales de los Estados miembros participantes,
acuerdos de cooperación no vinculantes con tales autoridades de terceros
países.
(52)     A fin de desempeñar
eficazmente sus tareas, la Junta debe tener las competencias de investigación
apropiadas. Debe ser capaz de exigir toda la información necesaria, bien
directamente, bien a través de las autoridades nacionales de resolución, y de
realizar investigaciones e inspecciones in situ, cuando proceda, en
cooperación con las autoridades nacionales competentes. En el contexto de la
resolución, la Junta podría recurrir a las inspecciones in situ para
supervisar eficazmente la aplicación por las autoridades nacionales y
garantizar que tanto ella como la Comisión tomen sus decisiones sobre la base
de información totalmente fidedigna.
(53)     A fin de garantizar el
acceso de la Junta a toda la información pertinente, los empleados no deben
poder acogerse a las normas del secreto profesional para evitar la comunicación
de información a la Junta.
(54)     Para garantizar que se
respeten las decisiones adoptadas en el marco del Mecanismo Único de Resolución,
se deben imponer sanciones proporcionadas y disuasorias en caso de infracción.
La Junta debe estar facultada para ordenar a las autoridades nacionales de
resolución la imposición de multas o multas coercitivas a las empresas que
incumplan sus obligaciones con arreglo a las decisiones que haya adoptado. A fin
de garantizar prácticas de ejecución coherentes, efectivas y eficientes, la
Junta debe estar facultada para emitir directrices dirigidas a las autoridades
nacionales de resolución en relación con la aplicación de multas y multas
coercitivas.
(55)     Cuando una autoridad
nacional de resolución infrinja las normas del Mecanismo Único de Resolución al
no utilizar las facultades que se le hayan conferido en virtud de la
legislación nacional para aplicar las instrucciones de la Junta, el Estado
miembro de que se trate podrá estar obligado a reparar los daños causados a los
particulares y también, en su caso, a la entidad o el grupo objeto de
resolución, o a todo acreedor de cualquier parte de esa entidad o ese grupo en
cualquier Estado miembro, de conformidad con esa jurisprudencia.
(56)     Es conveniente establecer
disposiciones apropiadas sobre el presupuesto de la Junta, que regulen en
particular su preparación, la adopción de las normas internas que especifiquen
el procedimiento de elaboración y ejecución del presupuesto, y la auditoría
interna y externa de las cuentas.
(57)     En algunas
circunstancias, la eficacia de los instrumentos de resolución aplicados puede
depender de la disponibilidad de financiación a corto plazo para la entidad o
la entidad puente, del hecho de que se ofrezcan garantías a los posibles
compradores o de que se proporcione capital a la entidad puente. Por lo tanto,
es importante crear un fondo para evitar que a tal efecto se utilicen recursos
públicos.
(58)     Es necesario garantizar
que los recursos del Fondo estén plenamente disponibles para la resolución de
las entidades en quiebra. Por lo tanto, el Fondo solo debe utilizarse para la
aplicación eficiente de los instrumentos y competencias de resolución. Además,
debe emplearse exclusivamente de conformidad con los objetivos y principios de
resolución aplicables. Por consiguiente, la Junta debe velar por que
cualesquiera costes, pérdidas u otros gastos derivados de la utilización de los
instrumentos de resolución sean asumidos en primera instancia por los
accionistas y los acreedores de la entidad objeto de resolución. Solo cuando se
hayan agotado los recursos de los accionistas y acreedores podrán cubrirse con
el Fondo los costes, pérdidas u otros gastos derivados de los instrumentos de
resolución.
(59)     Por regla general, las
contribuciones del sector financiero se deben recaudar antes y con
independencia de cualquier operación de resolución. Cuando los recursos que se
hayan acumulado previamente resulten insuficientes para cubrir las pérdidas o
los costes ocasionados por la utilización del Fondo, se deberán recaudar
contribuciones adicionales para cubrir los costes o pérdidas adicionales.
Además, el Fondo debe poder tomar empréstitos o recabar otras formas de apoyo
de entidades financieras u otros terceros cuando los recursos a su disposición
no basten para cubrir las pérdidas, costes y otros gastos derivados de su
utilización ni sea posible acceder inmediatamente a las contribuciones
extraordinarias ex post.
(60)     Para alcanzar una masa
crítica y evitar los efectos procíclicos que surgirían si, en un contexto de
crisis sistémica, el Fondo tuviera que basarse únicamente en contribuciones ex
post, es indispensable que los recursos financieros ex ante a su
disposición asciendan a un nivel determinado.
(61)     Debe fijarse un
calendario apropiado para alcanzar el objetivo establecido a efectos del nivel
de recursos del Fondo. Ahora bien, la Junta debe tener la posibilidad de
ajustar el período de contribución para tener en cuenta la realización de
desembolsos significativos con cargo al Fondo.
(62)     Cuando los Estados
miembros participantes ya hayan establecido mecanismos nacionales de
financiación de las medidas de resolución, deben poder disponer que tales
mecanismos nacionales utilicen los recursos financieros de que dispongan,
procedentes de las contribuciones ex ante que ya hayan abonado las
entidades, para compensarlas por las contribuciones ex ante que deban
abonar al Fondo. Dicha restitución debe entenderse sin perjuicio de las
obligaciones de los Estados miembros en virtud de la Directiva 94/18/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo[18].
(63)     Con el fin de garantizar
un cálculo equitativo de las contribuciones y proporcionar incentivos para
operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las contribuciones al Fondo
deben tener en cuenta el grado de riesgo asumido por las entidades de crédito.
(64)     En aras de la adecuada
distribución de los costes de resolución entre los sistemas de garantía de
depósitos y el Fondo, el sistema de garantía de depósitos al que esté afiliada
una entidad objeto de resolución podrá estar obligado a asumir, hasta el
montante de los depósitos garantizados, las pérdidas que habría tenido que
soportar si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a un procedimiento
concursal ordinario.
(65)     Para proteger el valor de
los importes depositados en el Fondo, esos importes han de ser invertidos en
activos suficientemente seguros, diversificados y líquidos.
(66)     Deben otorgarse a la
Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo
290 del TFUE con el fin de: determinar el tipo de contribuciones al Fondo y los
conceptos a que se refieren, así como su método de cálculo y las modalidades de
pago; especificar las normas de registro, contabilidad, notificación y de otro
tipo, necesarias para garantizar el pago íntegro y puntual de las
contribuciones; determinar el sistema de contribución de las entidades
autorizadas a operar después de que el Fondo haya alcanzado el nivel fijado
como objetivo; determinar los criterios para el escalonamiento de las
contribuciones; determinar las circunstancias en las que pueda adelantarse el
pago de las contribuciones; determinar los criterios de establecimiento de las
contribuciones anuales; y determinar las medidas para especificar las
circunstancias en las que una entidad pueda quedar exenta, total o
parcialmente, de pagar contribuciones ex post, así como las modalidades
correspondientes.
(67)     Para preservar la
confidencialidad de su labor, los miembros y el personal de la Junta, incluido
el personal en régimen de intercambio o enviado en comisión de servicios por
los Estados miembros participantes con el fin de llevar a cabo las tareas de
resolución, deben estar sometidos a las obligaciones de secreto profesional,
incluso después de haber cesado en sus funciones. Con el fin de llevar a cabo
las tareas que le han sido encomendadas, la Junta debe ser autorizada, en
determinadas condiciones, a intercambiar información con las autoridades y los
organismos nacionales o de la Unión.
(68)     Con el fin de garantizar
que la Junta esté representada en el sistema europeo de supervisión financiera,
conviene modificar el Reglamento (UE) nº 1093/2010 para que figure entre las
autoridades competentes en virtud del mismo. Dicha asimilación entre la Junta y
las autoridades competentes con arreglo a ese Reglamento es coherente con las
funciones atribuidas a la ABE de conformidad con su artículo 25, de
contribuir y participar activamente en la elaboración y coordinación de planes
de rescate y resolución y facilitar la resolución de las entidades en quiebra
y, en particular, de los grupos transfronterizos.
(69)     Hasta que la Junta sea
plenamente operativa, la Comisión debe ser responsable de las operaciones
iniciales, incluidas la recaudación de las contribuciones necesarias para
sufragar los gastos administrativos y la designación de un Director Ejecutivo
interino que pueda autorizar todos los pagos necesarios en nombre de la Junta.
(70)     El presente Reglamento
respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el
derecho a la propiedad, la protección de datos de carácter personal, la
libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial, y su aplicación debe ajustarse a tales derechos y principios.
(71)     Dado que los objetivos
del presente Reglamento, a saber, crear un marco europeo único, eficaz y
eficiente para la resolución de las entidades de crédito y garantizar la
aplicación coherente de las normas de resolución, no pueden alcanzarse de
manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse
mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la
Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en
dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar
dichos objetivos.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
PARTE I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece unas
normas y un procedimiento uniformes para la resolución de las entidades a que
se refiere el artículo 2 que estén establecidas en los Estados miembros
participantes mencionados en el artículo 4. 
Estas normas y este procedimiento
uniformes serán aplicados por la Comisión conjuntamente con la Junta y las
autoridades de resolución de los Estados miembros participantes en el marco de
un Mecanismo Único de Resolución establecido por el presente Reglamento. El
Mecanismo Único de Resolución contará con el respaldo de un Fondo Único de
Resolución Bancaria (en lo sucesivo denominado «el Fondo»). 
Artículo 2
Ámbito de aplicación
El presente Reglamento se aplicará a las
siguientes entidades:
(a)                   
las entidades de crédito establecidas en los
Estados miembros participantes;
(b)                   
las empresas matrices establecidas en uno de
los Estados miembros participantes, incluidas las sociedades financieras de
cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera cuando estén sujetas a
la supervisión en base consolidada del BCE de conformidad con el
artículo 4, apartado 1, letra i), del Reglamento (UE) nº […] del
Consejo, que atribuye funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que
respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades
de crédito;
(c)                   
las empresas de inversión y las entidades
financieras establecidas en los Estados miembros participantes cuando estén
incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada de la empresa matriz
realizada por el BCE de conformidad con el artículo 4, apartado 1,
letra i), del Reglamento (UE) nº […] del Consejo.
Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, serán
de aplicación las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Directiva [ ]
y en el artículo 3 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento y del Consejo, de
26 de junio de 2013[19].
Además, se entenderá por:
(1)                   
«autoridad nacional competente»: cualquier
autoridad nacional competente, tal como se define en el artículo 2,
apartado 2, del Reglamento (UE) nº […] del Consejo;
(2)                   
«autoridad nacional de resolución»: una
autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 3
de la Directiva [...];
(3)                   
«acción de resolución»: la aplicación de un
instrumento de resolución a alguna de las entidades a que se refiere el
artículo 2, o el ejercicio de una o varias competencias de resolución en
relación con la misma;
(4)                   
«depósitos garantizados»: los depósitos
garantizados por sistemas de garantía de depósitos con arreglo a la normativa
nacional, de conformidad con la Directiva 94/19/CE, y hasta el nivel de
cobertura previsto en el artículo 7 de dicha Directiva;
(5)                   
«depósitos admisibles»: los depósitos
definidos en el artículo 1 de la Directiva 94/19/CE y que no estén
excluidos de la protección de conformidad con el artículo 2 de dicha
Directiva, cualquiera que sea su importe;
(6)                   
«autoridad de resolución a nivel de grupo»: la
autoridad nacional de resolución del Estado miembro participante en el que esté
establecida la entidad o la empresa matriz sujeta a supervisión en base
consolidada;
(7)                   
«entidad de crédito»: una entidad de crédito
según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE)
nº 575/2013[20];
(8)                   
«empresa de inversión»: una empresa de
inversión según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 2, del Reglamento
(UE) nº 575/2013, y que esté sujeta al requisito de capital inicial
especificado en el artículo 9 de dicho Reglamento;
(9)                   
«entidad financiera»: una entidad financiera
según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE)
nº 575/2013;
(10)               
«empresa matriz»: una empresa matriz según se
define en el artículo 4, apartado 1, punto 15, del Reglamento (UE)
nº 575/2013, incluso una entidad, una sociedad financiera de cartera o una
sociedad financiera mixta de cartera;
(11)               
«entidad objeto de resolución»: una entidad de
las contempladas en el artículo 2 y en relación con la cual se emprende una
acción de resolución;
(12)               
«entidad»: una entidad de crédito o una
empresa de inversión objeto de supervisión consolidada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2, letra c);
(13)               
«grupo»: una empresa matriz y sus filiales,
que sean entidades a tenor del artículo 2;
(14)               
«filial»: una filial según se define en el
artículo 4, apartado 1, punto 16, del Reglamento (UE) nº 575/2013;
(15)               
«instrumento de venta de actividades»: la
transferencia de instrumentos de propiedad, o de activos, derechos o pasivos,
de una entidad que cumpla las condiciones de resolución a un comprador que no
sea una entidad puente; 
(16)               
«instrumento de la entidad puente»: la transferencia
de activos, derechos o pasivos de una entidad que cumpla las condiciones de
resolución a una entidad puente;
(17)               
«instrumento de segregación de activos»: la
transferencia de activos y derechos de una entidad que cumpla las condiciones
de resolución a una estructura de gestión de activos;
(18)               
«instrumento de recapitalización interna»: las
competencias de depreciación y conversión de los pasivos de una entidad que
cumpla las condiciones de resolución;
(19)               
«recursos financieros disponibles»: el
efectivo, los depósitos, los activos y los compromisos de pago irrevocables a
disposición del Fondo para los fines enumerados en el artículo 74;
(20)               
«nivel de financiación»: el importe de
recursos financieros disponibles que deberá alcanzarse de conformidad con el
artículo 68.
Artículo 4
Estados miembros participantes
Un Estado miembro participante será aquel
cuya moneda sea el euro, o aquel cuya moneda no sea el euro pero que haya
entablado una cooperación estrecha en el sentido del artículo 7 del Reglamento
(UE) nº […] del Consejo.
Artículo 5
Relación con la Directiva […] y la legislación nacional aplicable
1.           Cuando, en virtud del presente Reglamento, la
Comisión o la Junta ejerza funciones y competencias que, con arreglo a la
Directiva […], correspondan a la autoridad nacional de resolución de un Estado
miembro participante, se considerará que, a efectos de la aplicación del
presente Reglamento y de la Directiva […], la Junta constituye la autoridad
nacional de resolución pertinente o, en caso de resolución de un grupo transfronterizo,
la autoridad nacional de resolución de grupo pertinente.
2.           Cuando la Junta actúe en
calidad de autoridad nacional de resolución, deberá hacerlo, en su caso, bajo
la autorización de la Comisión.
3.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el presente Reglamento, la actuación de las autoridades nacionales
de resolución del Estado miembro participante se basará en las disposiciones
pertinentes de la legislación nacional, armonizadas por la Directiva […], y se
atendrá a las mismas.
Artículo 6
Principios generales
1.           La Junta, la Comisión o
las autoridades nacionales de resolución no podrán discriminar, en sus
acciones, propuestas o políticas, a las entidades mencionadas en el artículo 2,
los depositantes, los inversores u otros acreedores establecidos en la Unión
por razones de nacionalidad o lugar de actividad.
2.           Al tomar decisiones o
medidas que puedan incidir en más de un Estado miembro participante y, en
particular, a la hora de adoptar decisiones relativas a grupos establecidos en
dos o más Estados miembros participantes, la Comisión tendrán debidamente en
cuenta todos los factores siguientes:
(a)         
los intereses de los Estados miembros
participantes en los que opere el grupo y, en particular, el impacto de
cualquier decisión, medida o inacción sobre la estabilidad financiera, la
economía, el sistema de garantía de depósitos o el sistema de indemnización de
los inversores de cualquiera de esos Estados miembros;
(b)         
el objetivo de hallar un equilibrio entre los
intereses de los diversos Estados miembros implicados y de evitar perjudicar
injustamente o proteger injustamente los intereses de un Estado miembro
participante;
(c)         
la necesidad de evitar efectos negativos sobre
otras partes del grupo del que sea miembro una entidad contemplada en el
artículo 2 objeto de resolución;
(d)         
la necesidad de evitar un aumento
desproporcionado de los costes impuestos a los acreedores de esas entidades
contempladas en el artículo 2, de tal forma que puedan resultar mayores que
aquellos en los que hubieran incurrido de haberse procedido a su resolución a
través de procedimientos concursales ordinarios;
(e)         
las decisiones que deban adoptarse en virtud
de lo dispuesto en el artículo 107 del TFUE y mencionadas en el artículo 16,
apartado 10.
3.           La Comisión establecerá,
entre los factores a que se refiere el apartado 2 y los objetivos de resolución
a que se refiere el artículo 12, el equilibrio que resulte adecuado a la
naturaleza y las circunstancias de cada caso.
4.           Ninguna de las
decisiones adoptadas por la Junta o la Comisión deberá exigir la concesión de
una ayuda financiera pública extraordinaria por parte de los Estados miembros.
PARTE II
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
TÍTULO I
Funciones enmarcadas en el
Mecanismo Único de Resolución y normas de procedimiento 
Capítulo 1
Planificación
de la resolución
Artículo 7
Planes de resolución
1.           La Junta elaborará
planes de resolución respecto de las entidades contempladas en el artículo 2 y
de los grupos.
2.           A efectos del apartado
1, las autoridades nacionales de resolución transmitirán a la Junta toda la
información necesaria para elaborar y llevar a efecto los planes de resolución,
obtenida por ellas con arreglo a los artículos 10 y 12, apartado 1,
de la Directiva […], sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 5 del
presente título.
3.           El plan de resolución
establecerá las opciones para aplicar a las entidades a que se hace referencia
en el artículo 2 los instrumentos y las competencias de resolución contemplados
en el presente Reglamento.
4.           El plan de resolución
deberá establecer acciones de resolución que la Comisión y la Junta puedan
emprender cuando una de las entidades contempladas en el artículo 2 o un grupo
reúnan las condiciones para la resolución. El plan de resolución deberá tener
en cuenta una serie de escenarios posibles, entre ellos que el fenómeno de
quiebra sea de carácter idiosincrásico o que se produzca en un momento de
inestabilidad financiera general o en el contexto de factores que afectan a
todo el sistema. El plan de resolución no presupondrá ninguna ayuda financiera
pública extraordinaria, aparte de la utilización del Fondo establecido con
arreglo al presente Reglamento.
5.           El plan de resolución
para cada entidad deberá incluir los siguientes elementos:
(a)         
un resumen de los elementos fundamentales del
plan;
(b)         
un resumen de los cambios más importantes
acaecidos en la entidad desde el archivo del último expediente de información;
(c)         
una demostración de cómo las funciones
esenciales y los ramos de actividad principales podrían separarse jurídica y
económicamente de otras funciones, en la medida en que sea necesario, para
asegurar la continuidad en caso de quiebra de la entidad;
(d)         
una estimación del plazo de ejecución de cada
aspecto importante del plan;
(e)         
una descripción detallada de la evaluación de
la viabilidad de la resolución llevada a cabo con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 8;
(f)           
una descripción de las medidas necesarias, en
virtud del artículo 8, apartado 5, para abordar o eliminar obstáculos a la
resolución que se hayan detectado en la evaluación llevada a cabo con arreglo
al artículo 8;
(g)         
una descripción de los procesos para
determinar el valor y la posibilidad de venta de las funciones esenciales, de
los ramos de actividad principales y de los activos de la entidad;
(h)         
una descripción detallada de las disposiciones
establecidas para asegurar que la información requerida, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 8, esté actualizada y a disposición de las autoridades
encargadas de la resolución en cualquier momento;
(i)           
una explicación, por parte de la autoridad de
resolución, de la forma en que se financiarán las opciones de resolución sin
contar con ninguna ayuda financiera pública extraordinaria;
(j)           
una descripción detallada de las diferentes
estrategias de resolución que puedan aplicarse en función de los diferentes
escenarios posibles;
(k)         
una descripción de las interdependencias
esenciales;
(l)           
un análisis del impacto del plan sobre otras
entidades del grupo;
(m)       
una descripción de las opciones para proteger
los derechos de acceso a los sistemas de pago, compensación y otras
infraestructuras;
(n)         
un plan de comunicación con los medios de
comunicación y con el público.
(o)         
los requisitos mínimos de fondos propios y de
pasivos admisibles exigidos de conformidad con el 10, y un calendario para
alcanzarlos, si ha lugar; 
(p)         
en su caso, los requisitos mínimos de fondos
propios y los instrumentos contractuales de recapitalización interna de
conformidad con el artículo 10, y un calendario para alcanzarlos, si ha lugar; 
(q)         
una descripción de las operaciones y sistemas
esenciales para mantener el funcionamiento continuado de los procesos
operativos de la entidad;
(r)          
y una descripción de las repercusiones que la
ejecución del plan tendría en el personal, incluida una evaluación de
cualesquiera costes asociados.
6.           Los planes de resolución
a nivel de grupo incluirán un plan para la resolución del grupo en su conjunto
e identificarán medidas para la resolución de las empresas matrices y las
filiales que pertenecen al grupo. 
7.           La Junta elaborará los
planes de resolución en cooperación con el supervisor o el supervisor en base
consolidada y con las autoridades nacionales de resolución de los Estados
miembros participantes en los que estén establecidas las entidades.
8.           La Junta podrá exigir a
las autoridades nacionales de resolución que preparen un proyecto preliminar de
plan de resolución y a la autoridad de resolución a nivel de grupo que elabore
un proyecto preliminar de plan de resolución de grupo. 
9.           Los planes de resolución
se revisarán y se actualizarán, en su caso, al menos anualmente o después de
cualquier cambio en la estructura jurídica u organizativa de la entidad, sus
actividades o su situación financiera que pueda tener un efecto significativo
en el plan o exigir su modificación.
Artículo 8
Evaluación de la viabilidad de la resolución 
1.           Al elaborar los planes
de resolución con arreglo al artículo 7, la Junta, tras consultar con la
autoridad competente, incluido el BCE, y las autoridades de resolución de los
Estados miembros no participantes en los que se hallen establecidas sucursales
significativas, en la medida en que ello tenga relevancia para la sucursal
significativa en cuestión, evaluará en qué medida puede procederse a la
resolución de las entidades y grupos sin contar con ayuda financiera pública
extraordinaria, al margen del Fondo establecido de conformidad con el artículo
64.
2.           Al elaborar los planes
de resolución para la entidades contempladas en el artículo 2, la Junta
evaluará en qué medida puede procederse a su resolución de conformidad con el
presente Reglamento. Se considerará que puede llevarse a cabo la resolución de
una entidad si resulta factible y creíble que la autoridad de resolución
proceda, bien a su liquidación con arreglo a procedimientos concursales
ordinarios, bien a su resolución haciendo uso de los diferentes instrumentos y
competencias de resolución, sin que se produzcan consecuencias adversas
significativas para los sistemas financieros (incluida la eventualidad de
inestabilidad financiera general o la existencia de factores que afecten a todo
el sistema) del Estado miembro en el que esté situada la entidad, de otros
Estados miembros o de la Unión, y con el fin garantizar la continuidad de las
funciones esenciales desarrolladas por la entidad. 
3.           Al elaborar los planes
de resolución para los grupos, la Junta evaluará en qué medida es viable su resolución
de conformidad con el presente Reglamento. Se considerará que puede llevarse a
cabo la resolución de un grupo si resulta factible y creíble que la autoridad
de resolución proceda, bien a la liquidación de las entidades del grupo, con
arreglo a procedimientos concursales ordinarios, bien a su resolución, haciendo
uso de los diferentes instrumentos y competencias de resolución, sin que se
produzcan consecuencias adversas significativas para los sistemas financieros
(incluida la eventualidad de inestabilidad financiera general o la existencia
de factores que afectan a todo el sistema) de los Estados miembros en los que
estén situadas las entidades pertenecientes al grupo, o de cualquier otro
Estado miembro o de la Unión y con el fin de garantizar la continuidad de las
funciones esenciales desarrolladas por dichas entidades, ya sea porque resulte
fácil separarlas oportunamente o por otros medios.
4.           Para llevar a cabo la
evaluación, la Junta deberá examinar, como mínimo, los aspectos que se
especifican en la sección C del anexo de la Directiva […].
5.           Si a raíz de una
evaluación de la viabilidad de la resolución de una entidad o grupo de
conformidad con los apartados 2 y 3, la Junta, tras consultar con la autoridad
competente, incluido el BCE, determina que existen obstáculos potenciales
importantes que impiden la resolución de esa entidad o grupo, elaborará, en
concertación con las autoridades competentes, un informe dirigido a la entidad
o la empresa matriz en el que se analicen los obstáculos importantes que
dificultan la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución y el
ejercicio de las competencias de resolución. El informe también recomendará
cuantas medida sean, a juicio de la Junta, necesarias o apropiadas para
eliminar dichos obstáculos, con arreglo al apartado 8.
6.           El informe se notificará
a la entidad o la empresa matriz de que se trate, a las autoridades competentes
y a las autoridades de resolución de los Estados miembros no participantes en
los que estén situadas las sucursales significativas. Deberá exponer los
motivos que justifican la evaluación o determinación en cuestión e indicar de
qué forma dicha evaluación o determinación cumple el requisito de aplicación
proporcionada establecido en el artículo 6.
7.           En un plazo de cuatro meses
a partir de la fecha de recepción del informe, la entidad o la empresa matriz
podrá presentar observaciones y proponer a la Junta medidas alternativas para
subsanar los obstáculos señalados en el informe. La Junta comunicará a las
autoridades competentes y a las autoridades de resolución de los Estados
miembros no participantes en los que estén situadas las sucursales
significativas cualquier medida propuesta por la entidad o la empresa matriz. 
8.           Si las medidas
propuestas por la entidad o la empresa matriz no eliminan efectivamente los
obstáculos a la resolución, la Junta, tras consultar con la autoridad
competente y, en su caso, con la autoridad macroprudencial, adoptará una
decisión en la que constate este hecho y dé instrucciones a las autoridades nacionales
de resolución para que exijan a la entidad, la empresa matriz o cualquier
filial del grupo afectado que adopte cualquiera de las medidas enumeradas en el
artículo 9, sobre la base de los siguientes criterios:
(a)         
la eficacia de la medida para la eliminación
de los obstáculos a la resolución;
(b)         
la necesidad de evitar consecuencias negativas
para la estabilidad financiera en los Estados miembros participantes;
(c)         
la necesidad de evitar toda incidencia en la
entidad o el grupo afectado que exceda de lo necesario para eliminar los
obstáculos a la resolución o sea desproporcionada.
9.           A efectos del apartado
8, la Junta dará instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para
que adopten cualquiera de las medidas siguientes:
(a)         
exigir a la entidad que elabore acuerdos de
servicios (ya sea entre entidades dentro del grupo o con terceros) para
garantizar las funciones esenciales;
(b)         
exigir a la entidad que limite sus riesgos
individuales y globales máximos;
(c)         
imponer la obligación de facilitar información
específica o regular pertinente a efectos de la resolución;
(d)         
exigir a la entidad que se deshaga de
determinados activos;
(e)         
exigir a la entidad que limite o que cese
determinadas actividades existentes o propuestas;
(f)           
restringir o evitar el desarrollo de ramos de
actividad nuevos o ya existentes o la venta de productos nuevos o existentes;
(g)         
exigir cambios en las estructuras jurídicas u
operativas de la entidad o de cualquier entidad del grupo que esté directa o
indirectamente bajo su control, con el fin de reducir su complejidad y de
garantizar que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y
operativamente de otras funciones mediante la aplicación de los instrumentos de
resolución; 
(h)         
exigir a una entidad la constitución de una
sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad
financiera de cartera matriz en la Unión;
(i)           
exigir a una entidad la emisión de pasivos
admisibles para dar cumplimiento a los requisitos del artículo 10;
(j)           
exigir a una entidad que intente renegociar
cualquier pasivo admisible, instrumento de capital adicional de nivel 1 o
instrumento de nivel 2 que haya emitido, con el fin de garantizar que las
decisiones de depreciación o conversión de ese pasivo o instrumento que pudiera
tomar la Comisión se apliquen con arreglo a la legislación por la que se rija
el pasivo o instrumento en cuestión. 
10.         Las autoridades
nacionales de resolución aplicarán las instrucciones de la Junta de conformidad
con el artículo 26.
Artículo 9
Obligaciones simplificadas y exenciones
1.           La Junta, por propia
iniciativa o a propuesta de la autoridad nacional de resolución, podrá imponer
obligaciones simplificadas en relación con la elaboración de los proyectos de
planes de resolución a que se refiere el artículo 7, o eximir de la
obligación de elaborar dichos proyectos.
2.           Las autoridades
nacionales de resolución podrán proponer a la Junta que les imponga
obligaciones simplificadas o las exima de la obligación de elaborar proyectos
de planes de resolución respecto de determinadas entidades o grupos. La propuesta
habrá de estar motivada e irá acompañada de todos los documentos justificantes
pertinentes.
3.           Cuando reciba una
comunicación con arreglo al apartado 1, o cuando actúe por iniciativa
propia, la Junta llevará a cabo una evaluación de las entidades o del grupo de
que se trate. Dicha evaluación se efectuará teniendo en cuenta el impacto que
podría tener la quiebra de la entidad o del grupo, debido a la naturaleza de su
actividad, su tamaño o su interconexión con otras entidades o con el sistema
financiero en general, sobre los mercados financieros, otras entidades o las
condiciones de financiación. 
4.           La Junta evaluará con
una periodicidad como mínimo anual, a partir de la fecha de concesión de la
exención o a raíz de una modificación de la estructura jurídica o
administrativa o de la situación económica o financiera de la entidad o del
grupo en cuestión la conveniencia de que sigan aplicándose las exenciones. La
Junta no concederá exenciones a una entidad que cuente con una o varias
filiales o sucursales significativas en otro Estado miembro o en un tercer
país.
La Junta dejará de aplicar obligaciones
simplificadas o exenciones de la obligación de elaborar proyectos de planes de
resolución si desaparece cualquiera de las circunstancias que las justificaban.
Si la autoridad nacional de resolución que ha
propuesto la aplicación de obligaciones simplificadas o de una exención de
conformidad con el apartado 1 considera que debe revocarse la decisión de
imponer obligaciones simplificadas o la exención, presentará a la Junta una
propuesta al efecto. En ese caso, la Junta adoptará una decisión sobre la
propuesta de revocación teniendo plenamente en cuenta la justificación de la
revocación presentada por la autoridad nacional de resolución a la luz de los
elementos expuestos en el apartado 3. 
5.           La Junta podrá conceder,
de conformidad con los apartados 3 y 4, una exención de la obligación de
elaborar proyectos de planes de rescate a entidades concretas afiliadas a un
organismo central a que se refiere el artículo 21 de la Directiva 2013/36/UE y
exentas total o parcialmente del cumplimiento de los requisitos prudenciales
contemplados en la legislación nacional de conformidad con el artículo 2,
apartado 5, de esa misma Directiva. En ese caso, la obligación de elaborar un
proyecto de plan de rescate se impondrá en base consolidada al organismo
central.
6.           La Junta podrá conceder
una exención de la obligación de elaborar proyectos de planes de resolución a
las entidades amparadas por un sistema institucional de protección con arreglo
al artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) nº 575/2013. A la hora de
decidir la concesión de una exención a una entidad amparada por un sistema
institucional de protección, la Junta deberá considerar la probabilidad de que
dicho sistema sea capaz de atender a las solicitudes que le sean presentadas
simultáneamente por sus miembros. 
7.           La Junta informará a la
ABE sobre la aplicación, por su parte, de los apartados 1, 4 y 5.
Artículo 10
Requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles
1.           La Junta, en
concertación con las autoridades competentes, incluido, en su caso, el BCE,
determinará los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, a
tenor del apartado 2, a los que se aplican las competencias de
depreciación y conversión, que las entidades y empresas matrices a que se hace
referencia en el artículo 2 estarán obligadas a mantener.
2.           Los requisitos mínimos
se calcularán como un porcentaje de los fondos propios y los pasivos admisibles
con respecto al total de pasivos y fondos propios (excluidos los pasivos
surgidos de derivados) de las entidades y empresas matrices contempladas en el
artículo 2.
3.           La determinación
mencionada en el apartado 1 se llevará a cabo con arreglo a los criterios
siguientes:
(a)         
la necesidad de garantizar la resolución de la
crisis de las entidades y las empresas matrices a que se hace referencia en el
artículo 2 mediante la aplicación de los instrumentos de resolución, incluida,
cuando proceda, la recapitalización interna, de forma que se cumplan los
objetivos de la resolución;
(b)         
la necesidad de garantizar que, cuando
proceda, las entidades o las empresas matrices a que se refiere el artículo 2
cuenten con los pasivos admisibles suficientes para que, si se aplica el
instrumento de recapitalización interna, puedan absorberse las pérdidas y pueda
restablecerse el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de dichas
entidades o empresas matrices a un nivel suficiente para permitir que sigan
cumpliendo las condiciones para su autorización y prosigan las actividades a
las que les autoriza el Reglamento (UE) nº 575/2013 y para que se mantenga
una confianza suficiente del mercado en dichas entidades o empresas matrices; 
(c)         
 la necesidad de garantizar que, si el plan de
resolución prevé que determinadas categorías de pasivos admisibles podrían
quedar excluidas de la recapitalización interna contemplada en el artículo 24,
apartado 5, o que determinadas categorías de pasivos admisibles podrían ser
transferidas totalmente a un receptor en virtud de una transferencia parcial,
las entidades o empresas matrices a que se refiere el artículo 2 cuenten con
otros pasivos admisibles suficientes para garantizar que puedan absorberse las
pérdidas y que pueda restablecerse el coeficiente de capital ordinario de nivel
1 de dichas entidades o empresas matrices a un nivel suficiente para permitir
que sigan cumpliendo las condiciones para su autorización y prosigan las
actividades a las que le autoriza el Reglamento (UE) nº 575/2013;
(d)         
el tamaño, el tipo de empresa y el perfil de riesgo
de las entidades o las empresas matrices a que se refiere el artículo 2,
incluidos sus fondos propios;
(e)         
la medida en que el sistema de garantía de
depósitos puede contribuir a la financiación de la resolución de conformidad
con el artículo 73;
(f)           
la medida en que la quiebra de una entidad o
una empresa matriz de las contempladas en el artículo 2 tendría un efecto
adverso en la estabilidad financiera debido, por ejemplo, al fenómeno de
contagio como consecuencia de su interconexión con otras entidades o con el
resto del sistema financiero.
La determinación especificará los requisitos
mínimos que las entidades deberán cumplir de forma individual y que las
empresas matrices deberán cumplir en base consolidada. La Junta podrá decidir
eximir a la empresa matriz de la aplicación de los requisitos mínimos en base
consolidada, siempre que se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo
39, apartado quater bis, letras a) y b), de la Directiva […]. La Junta
podrá decidir eximir a una filial de la aplicación de los requisitos mínimos en
base consolidada siempre que se cumplan las condiciones enunciadas en el
artículo 39, apartado 4 quinquies, letras a) a c), de la Directiva […].
4.           La determinación
mencionada en el apartado 1 podrá establecer que los requisitos mínimos de
fondos propios y pasivos admisibles se cumplan parcialmente en base consolidada
o individualmente a través de un instrumento contractual de recapitalización
interna.
5.           Para que un instrumento
pueda considerarse instrumento contractual de recapitalización interna con
arreglo al apartado 4, la Junta deberá cerciorarse de que el instrumento:
(a)         
contiene una cláusula contractual que estipule
que, cuando la Comisión decida aplicar a esa entidad el instrumento de
recapitalización interna, este se deprecie o convierta en la medida necesaria
antes de que se deprecien o conviertan otros pasivos admisibles; y 
(b)         
está supeditado a un acuerdo, compromiso o
disposición de subordinación vinculante, en virtud del cual, si tienen lugar
procedimientos concursales ordinarios, el instrumento se clasifique en un rango
inferior a otros pasivos admisibles y no pueda reembolsarse hasta que no se
hayan liquidado otros pasivos admisibles que estén pendientes en ese momento. 
6.           La Junta procederá a la
determinación mencionada en el apartado 1 durante el proceso de elaboración y
mantenimiento de los planes de resolución con arreglo al artículo 7.
7.           La Junta remitirá el
resultado de su determinación a las autoridades nacionales de resolución. Las
autoridades nacionales de resolución aplicarán las instrucciones de la Junta de
conformidad con el artículo 26. La Junta exigirá a las autoridades
nacionales de resolución que comprueben y garanticen que las entidades y
empresas matrices mantienen los requisitos mínimos previstos en el apartado 1.
8.           La Junta informará a la
ABE de los requisitos mínimos que haya determinado para cada entidad y empresas
matrices en virtud del apartado 1.
Capítulo 2
Intervención
temprana
Artículo 11
Intervención temprana
1.           El BCE o las autoridades
competentes de los Estados miembros participantes informarán a la Junta de
todas las medidas que exijan adoptar a una entidad o grupo o que adopten ellos
mismos con arreglo al artículo 13 ter del Reglamento (UE)
nº […] del Consejo, o con arreglo al artículo 23, apartado 1, o
al artículo 24 de la Directiva […], con arreglo al artículo 104 de la
Directiva 2013/36/UE.
La Junta notificará a la Comisión cualquier
información que haya recibido en aplicación del párrafo primero.
2.           A partir de la fecha de
recepción de la información mencionada en el apartado 1, y sin perjuicio
de las facultades que otorguen al BCE y a las autoridades competentes otras
disposiciones legales de la Unión, la Junta podrá preparar la resolución de la
entidad o grupo de que se trate.
A efectos del párrafo primero, la Junta
supervisará estrechamente, en cooperación con el BCE y las pertinentes
autoridades competentes, las condiciones de la entidad o de la empresa matriz y
la observancia por las mismas de cualesquiera medidas de intervención temprana
que se les haya exigido adoptar.
3.           La Junta estará
facultada para:
(a)         
exigir, de conformidad con el capítulo 5
del presente título, toda la información necesaria con vistas a preparar la
resolución de la entidad o del grupo;
(b)         
llevar a cabo una valoración de los activos y
pasivos de la entidad o del grupo de conformidad con el artículo 17;
(c)         
ponerse en contacto con posibles compradores
con el fin de preparar la resolución de la entidad o del grupo, o exigir a la
entidad, la empresa matriz o la autoridad nacional de resolución que lo haga,
sin perjuicio de los requisitos de confidencialidad establecidos en el presente
Reglamento y en el artículo 76 de la Directiva […];
(d)         
exigir a la autoridad nacional de resolución
pertinente que elabore un plan de resolución preliminar para la entidad o grupo
de que se trate.
4.           Si el BCE o las
autoridades competentes de los Estados miembros participantes tienen la
intención de imponer a una entidad o un grupo cualquier medida adicional, en
virtud del artículo 13 ter del Reglamento (UE) nº […] del Consejo,
o de los artículos 23 o 24 de la Directiva […], o del artículo 104 de la
Directiva 2013/36/UE, antes de que la entidad o el grupo hayan aplicado
plenamente la primera medida notificada a la Junta, deberán consultar a esta
última antes de imponer esa medida adicional a la entidad o el grupo.
5.           El BCE o la autoridad
competente, y la Junta velarán por que la medida adicional a que se refiere el
apartado 4 y cualquier acción de la Junta destinada a preparar la
resolución con arreglo al apartado 2 sean coherentes.
Capítulo 3
Resolución
Artículo 12
Objetivos de la resolución
1.           Cuando actúen en el
marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 16, la
Comisión y la Junta, ejerciendo sus respectivas responsabilidades, tendrán
presentes los objetivos de esta y seleccionarán los instrumentos y competencias
que, en su opinión, mejor se encaminen a los objetivos fijados según las
circunstancias del caso.
2.           Los objetivos de la
resolución a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
(a)         
garantizar la continuidad de las funciones
esenciales;
(b)         
evitar repercusiones negativas importantes
sobre la estabilidad financiera, previniendo el contagio y manteniendo la
disciplina de mercado;
(c)         
proteger los fondos públicos minimizando la dependencia
respecto de ayudas financieras públicas extraordinarias;
(d)         
proteger a los depositantes cubiertos por la
Directiva 94/19/CE y a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE[21];
Al perseguir dichos objetivos, la Comisión y
la Junta tratarán de evitar toda destrucción innecesaria de riqueza y minimizar
el coste de la resolución.
3.           La Comisión equilibrará
los objetivos mencionados en el apartado 2 según proceda atendiendo a la
naturaleza y las circunstancias de cada caso.
Artículo 13
Principios generales que rigen la resolución
1.           Cuando actúen en el
marco del procedimiento de resolución a que se refiere el artículo 16, la
Comisión y la Junta tomarán todas las medidas oportunas para garantizar que la
acción de resolución se ajuste a los principios siguientes:
(a)         
que los accionistas de la entidad objeto de
resolución asuman las primeras pérdidas;
(b)         
que los acreedores de la entidad objeto de
resolución asuman pérdidas después de los accionistas, de acuerdo con el orden
de prelación de los créditos establecido por el artículo 15;
(c)         
que sean sustituidos los directivos de la
entidad objeto de resolución, salvo en aquellos casos en que se considere
necesario su mantenimiento total o parcial, según las circunstancias, con
vistas al logro de los objetivos de la resolución; 
(d)         
 que, de conformidad con el debido
procedimiento legal, se responsabilice de la quiebra de la entidad objeto de
resolución a las personas físicas y entidades en la medida de la
responsabilidad que les corresponda en virtud del Derecho nacional;
(e)         
que los acreedores de la misma categoría sean
tratados de forma justa y equitativa;
(f)           
que los acreedores no sufran más pérdidas que
las que habrían sufrido si la entidad a que se refiere el artículo 2 hubiera
sido liquidada con arreglo a los procedimientos concursales ordinarios. 
2.           Cuando una entidad sea
una entidad de grupo, la Comisión, en su caso, y la Junta aplicarán los
instrumentos de resolución y ejercerán las competencias de resolución de forma
que se minimice el impacto sobre otras entidades del grupo y sobre el grupo en
su conjunto y se reduzcan en la medida de lo posible los efectos perjudiciales
sobre la estabilidad financiera de la Unión y, en particular, de los países en
los que opera el grupo.
3.           Cuando el instrumento de
venta de actividades, el instrumento de la entidad puente o el instrumento de
segregación de activos se apliquen a una entidad contemplada en el artículo 2,
dicha entidad se considerará sujeta a los procedimientos de quiebra u otros
procedimientos concursales análogos a efectos de lo dispuesto en el artículo 5,
apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE[22].

Artículo 14
Resolución de entidades financieras y empresas matrices
1.           La Comisión emprenderá
una acción de resolución en relación con una entidad financiera cuando se
cumplan las condiciones previstas en el artículo 16, apartado 2, tanto en lo
relativo a la entidad financiera como a la empresa matriz.
2.           La Comisión emprenderá
una acción de resolución respecto a una empresa matriz contemplada en el
artículo 2, letra b), cuando se cumplan las condiciones previstas en el
artículo 16, apartado 2, tanto en lo relativo a la mencionada empresa matriz
como a una o varias filiales que sean entidades.
3.           No obstante lo dispuesto
en el apartado 2, aunque una empresa matriz no cumpla las condiciones
establecidas en el artículo 16, apartado 2, la Comisión podrá
emprender una acción de resolución con respecto a dicha empresa matriz cuando
una o varias de las filiales que sean entidades cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 16, apartado 2, y la acción con respecto
a dicha empresa matriz sea necesaria para la resolución de una o varias
filiales que sean entidades o para la resolución del grupo en su conjunto.
Artículo 15
Orden de prelación de los créditos
Al aplicar el instrumento de recapitalización
interna a una entidad objeto de resolución, sin perjuicio de los pasivos
excluidos de dicho instrumento de conformidad con el artículo 24,
apartado 3, y previa decisión de la Comisión, la Junta y las autoridades
nacionales de resolución de los Estados miembros participantes ejercerán las
competencias de depreciación y conversión aplicando a los créditos un orden de
prelación inverso al orden indicado a continuación, correspondiente a los
procedimientos concursales ordinarios: 
(a)                   
créditos vinculados a depósitos admisibles y
créditos de los sistemas de garantía de depósitos;
(b)                   
créditos no preferentes y no garantizados;
(c)                   
créditos subordinados distintos de los
mencionados en las letras d) a f);
(d)                   
créditos de los altos directivos y los
consejeros;
(e)                   
créditos vinculados a los instrumentos de
capital adicional de nivel 1 y 2;
(f)                     
créditos vinculados a los instrumentos de
capital ordinario de nivel 1.
Es decir, a partir de la letra f) y
terminando por la letra a).
Artículo 16
Procedimiento de resolución
1.           Cuando el BCE o una
autoridad nacional de resolución estime que se cumplen las condiciones a que se
refiere el apartado 2, letras a) y b), en relación con una entidad
contemplada en el artículo 2, lo comunicará sin demora a la Comisión y a
la Junta.
2.           Cuando reciba una
comunicación con arreglo al apartado 1, o por iniciativa propia, la Junta
procederá a evaluar si se cumplen las siguientes condiciones:
(a)         
que la entidad esté en graves dificultades o
en peligro de quiebra;
(b)         
teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias
pertinentes, que no existan perspectivas razonables de que otras medidas
alternativas del sector privado o de supervisión emprendidas en relación con la
entidad (incluidas las medidas de intervención temprana o la depreciación o
conversión de los instrumentos de capital de conformidad con el artículo 14)
puedan impedir su quiebra en un plazo de tiempo razonable;
(c)         
que la acción de resolución sea necesaria para
el interés público de conformidad con el apartado 4.
3.           A efectos del
apartado 2, letra a), se considerará que una entidad se encuentra en
graves dificultades o en peligro de quiebra en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
(a)         
que la entidad haya incumplido o existan
elementos objetivos que indiquen que incumplirá, en un futuro cercano, los
requisitos necesarios para conservar su autorización, de forma tal que resulte
justificada su retirada por parte del BCE o de la autoridad competente,
incluso, pero sin limitarse a ello, por haber incurrido la entidad, o ser
probable que incurra, en pérdidas que agotarán o mermarán sustancialmente la
totalidad o una parte importante de sus fondos propios;
(b)         
que el activo de la entidad sea inferior a su
pasivo, o existan elementos objetivos que indiquen que lo será en un futuro
cercano;
(c)         
que la entidad no pueda hacer frente al pago
de sus deudas al vencimiento de estas, o existan elementos objetivos que
indiquen que no podrá en un futuro cercano;
(d)         
que se necesite ayuda financiera pública
extraordinaria, excepto cuando, a fin de solventar perturbaciones graves de la
economía de un Estado miembro y preservar la estabilidad financiera, esa ayuda
financiera pública extraordinaria adopte alguna de las siguientes formas:
i)        una garantía estatal para
respaldar instrumentos de liquidez concedidos por los bancos centrales de
acuerdo con las condiciones de los mismos; 
ii)       una garantía estatal de los
pasivos de nueva emisión; 
iii)      una inyección de fondos propios o
adquisición de instrumentos de capital a unos precios y en unas condiciones
tales que no otorguen ventaja a la entidad, cuando no concurran, en el momento
de la concesión de la ayuda pública, ni las circunstancias expuestas en el
apartado 2, letras a), b) o c), ni las circunstancias expuestas en el artículo
14. 
En cada uno de los casos mencionados en los
incisos i), ii) y iii), la garantía o medidas equivalentes a que dichas
disposiciones se refieren se limitarán a las entidades solventes, y estarán
supeditadas a autorización con arreglo a la normativa sobre ayudas estatales.
Estas medidas tendrán carácter cautelar y temporal y no irán más allá de lo
necesario para la resolución de las consecuencias de la perturbación grave, y
no se utilizarán para compensar pérdidas que la entidad haya sufrido o vaya a
sufrir probablemente en el futuro inmediato
4.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 2, letra c), una acción de resolución se considerará
de interés público si gracias a ella se alcanzan, de forma proporcionada, uno o
varios de los objetivos de la resolución previstos en el artículo 12, mientras
que una liquidación de la entidad a través de los procedimientos concursales
ordinarios no permitiría alcanzar en la misma medida los citados objetivos.
5.           Si se cumplen todas las
condiciones establecidas en el apartado 2, la Junta recomendará a la
Comisión que la entidad sea objeto de resolución. La recomendación incluirá,
como mínimo, lo siguiente:
(a)         
la recomendación de someter a la entidad a un
procedimiento de resolución;
(b)         
el marco en el que se inscriben los
instrumentos de resolución a que se refiere el artículo 19, apartado 3;
(c)         
el marco en el que se inscribe la utilización
del Fondo para apoyar la acción de resolución de conformidad con el
artículo 71.
6.           Teniendo en cuenta la
urgencia dictada por las circunstancias del caso, la Comisión decidirá, por
propia iniciativa o teniendo en cuenta, en su caso, la comunicación mencionada
en el apartado 1 o la recomendación de la Junta a que se refiere el apartado 5,
si procede o no someter a la entidad a un procedimiento de resolución, así como
acerca del marco en el que se inscribirán los instrumentos de resolución que se
vayan a aplicar respecto de la entidad y la utilización del Fondo para apoyar
la acción de resolución. La Comisión, por propia iniciativa, podrá decidir
someter a una entidad a un procedimiento de resolución siempre que se reúnan
todas las condiciones mencionadas en el apartado 2. 
7.           La decisión de la
Comisión se dirigirá a la Junta. En caso de que la Comisión decida no someter a
la entidad a un procedimiento de resolución debido a que no se cumple la
condición establecida en el apartado 2, letra c), la entidad en cuestión será
objeto de liquidación de conformidad con la legislación concursal nacional.
8.           En el marco establecido
por la decisión de la Comisión, la Junta decidirá sobre el plan de resolución a
que se refiere el artículo 20 y velará por que se emprenda la acción de
resolución necesaria para que las autoridades nacionales de resolución
pertinentes lleven a cabo dicho plan. La decisión de la Junta irá dirigida a
las autoridades nacionales de resolución pertinentes y dará instrucciones a
estas, las cuales tomarán todas las medidas necesarias para ejecutar la
decisión de la Junta de conformidad con el artículo 26, ejerciendo las
competencias de resolución previstas en la Directiva […], y en particular las previstas
en sus artículos 56 a 64. Cuando exista una ayuda estatal, la Junta solo
podrá decidir una vez que la Comisión haya adoptado su decisión respecto de
dicha ayuda.
9.           Cuando reciba una
comunicación con arreglo al apartado 1, o por iniciativa propia, la Junta,
si considera que las medidas de resolución podrían constituir ayuda estatal de
conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE, invitará al
Estado miembro participante o a los Estados miembros afectados a notificar
inmediatamente las medidas previstas a la Comisión con arreglo al
artículo 108, apartado 3, del TFUE.
10.         En la medida en que la
acción de resolución propuesta por la Junta implique la utilización del Fondo y
no suponga la concesión de una ayuda estatal de conformidad con el artículo
107, apartado 1, del TFUE, la Comisión aplicará paralelamente, por analogía,
los criterios establecidos para la aplicación del artículo 107 del TFUE. 
11.         La Comisión estará
facultada para recabar de la Junta cualquier información que considere pertinente
para el desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento y, cuando
proceda, con arreglo al artículo 107 del TFUE. La Junta estará facultada,
con arreglo al capítulo 5 del presente título, para recabar de cualquier
persona toda la información necesaria para decidir sobre una acción de
resolución y prepararla, incluidas actualizaciones y complementos de la
información proporcionada en los planes de resolución.
12.         La Junta estará facultada
para recomendar a la Comisión la modificación del marco de los instrumentos de
resolución y de la utilización del Fondo respecto de una entidad objeto de
resolución.
Artículo 17
Valoración
1.           Antes de emprender una
acción de resolución o de ejercer la competencia de depreciación o conversión
de instrumentos de capital, la Junta velará por que una persona independiente
tanto de las autoridades públicas, entre ellas la Junta y la autoridad de
resolución como de la entidad de que se trate, realice una valoración razonable
y realista del activo y pasivo de una entidad contemplada en el artículo 2.
2.           Con sujeción a lo
dispuesto en el apartado 13, cuando se cumplan todos los requisitos
establecidos en los apartados 3 a 14, la valoración se considerará definitiva.
3.           Cuando no sea posible
efectuar una valoración independiente con arreglo al apartado 1, la Junta podrá
realizar una valoración provisional del activo y pasivo de la entidad
contemplada en el artículo 2, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 9.
4.           El objetivo de la
valoración será evaluar el valor del activo y el pasivo de la entidad
contemplada en el artículo 2 que esté en graves dificultades o en peligro de
quiebra.
5.           Las finalidades de la
valoración serán las siguientes:
(a)         
que se tenga en cuenta para determinar si se
cumplen las condiciones para la resolución o las condiciones para la
depreciación o conversión de instrumentos de capital;
(b)         
si se cumplen las condiciones para la
resolución, que se tenga en cuenta para decidir sobre la acción de resolución
oportuna que deba adoptarse con respecto a la entidad contemplada en el
artículo 2;
(c)         
cuando se aplique la facultad de depreciar o
convertir instrumentos de capital, que se tenga en cuenta para decidir el
alcance de la cancelación o reajuste a la baja de las acciones y otros
instrumentos de propiedad, y el alcance de la depreciación o conversión de
instrumentos de capital correspondientes;
(d)         
cuando se aplique el instrumento de
recapitalización interna, que se tenga en cuenta para decidir sobre el alcance
de la depreciación o conversión de los pasivos admisibles;
(e)         
cuando se aplique la entidad puente o el
instrumento de segregación de activos, que se tenga en cuenta para decidir
sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u otros instrumentos de
propiedad que habrán de transferirse, así como la decisión sobre el valor de
todo contravalor que haya de abonarse a la entidad objeto de resolución o, en
su caso, a los propietarios de las acciones u otros instrumentos de propiedad;
(f)           
cuando se aplique el instrumento de venta de
actividades, que se tenga en cuenta para decidir sobre los activos, derechos,
pasivos o acciones u otros instrumentos de propiedad que habrán de
transferirse, e informar del concepto que la Junta tenga sobre lo que
constituyen condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo
21, apartado 2, letra b);
(g)         
en todos los casos, garantizar que cualquier
pérdida que afecte a los activos de la entidad contemplada en el artículo 2 sea
plenamente consignada en el momento en que se aplican los instrumentos de
resolución o se ejerce la facultad de depreciación o conversión de instrumentos
de capital.
6.           Cuando proceda, la
valoración se basará en supuestos prudentes, por ejemplo en lo relativo a las
tasas de impago y a la magnitud de las pérdidas. La valoración no preverá
ninguna potencial aportación futura de ayudas públicas extraordinarias para la
entidad contemplada en el artículo 2, a partir del momento en que se emprenda
una acción de resolución o se ejerza la facultad de depreciación o conversión
de instrumentos de capital. Además, la valoración tendrá en cuenta que, si se
aplica cualquier instrumento de resolución:
(a)         
la Junta podrá recuperar de la entidad objeto
de resolución todo gasto razonable en que se haya incurrido correctamente;
(b)         
el Fondo podrá cobrar intereses o tasas con
respecto a todo préstamo o garantía proporcionado a la entidad objeto de
resolución, de conformidad con el artículo 71.
7.           La valoración se
completará con la siguiente información según figure en la contabilidad y los
registros contables de la entidad contemplada en el artículo 2:
(a)         
un balance actualizado y un informe de la
situación financiera de la entidad contemplada en el artículo 2;
(b)         
un análisis y una estimación del valor
contable de los activos;
(c)         
la lista de pasivos pendientes que figura en
la contabilidad y los registros de la entidad contemplada en el artículo 2,
indicando los créditos correspondientes y su orden de prelación con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 15;
(d)         
la lista de los activos en poder de la entidad
contemplada en el artículo 2 por cuenta de terceros que tengan derechos de
propiedad sobre dichos activos.
8.           Cuando proceda, con
objeto de motivar las decisiones a que se refiere el apartado 5, letras e) y
f), la información contemplada en el apartado 7, letra b), podrá ser completada
por un análisis y una estimación del valor de los activos y pasivos de la
entidad contemplada en el artículo 2 según el valor de mercado.
9.           La valoración recogerá
la subdivisión de los acreedores por categorías según el orden de prelación de
sus créditos con arreglo al artículo 15, así como una estimación del
tratamiento que habría cabido esperar para cada categoría de accionistas y
acreedores si la entidad contemplada en el artículo 2 se hubiera liquidado
en el marco de un procedimiento concursal ordinario.
10.         Cuando, por la urgencia
de las circunstancias del caso, bien no sea posible cumplir los requisitos
establecidos en los apartados 6 y 8, bien se aplique el apartado 2, se
efectuará una valoración provisional. La valoración provisional cumplirá los
requisitos del apartado 4 y, en la medida en que lo permitan las
circunstancias, los requisitos de los apartados 1, 7 y 9.
La valoración provisional a que hace
referencia el párrafo primero incluirá un margen de seguridad para pérdidas
adicionales, con la justificación adecuada.
11.         Toda valoración que no
cumpla todos los requisitos establecidos en el presente artículo se considerará
provisional hasta que una persona independiente haya llevado a cabo una
valoración que cumpla plenamente dichos requisitos. Esta valoración definitiva a
posteriori se efectuará tan pronto como sea posible.
Las finalidades de la evaluación definitiva a
posteriori serán las siguientes:
(a)         
garantizar que las eventuales pérdidas sobre
los activos de la entidad contemplada en el artículo 2 se consignan plenamente
en la contabilidad de la entidad;
(b)         
motivar la decisión de restituir los derechos
de los acreedores o de incrementar el valor del contravalor abonado, de
conformidad con el apartado 12.
12.         En caso de que la
estimación de la valoración definitiva a posteriori del valor neto de
los activos de la entidad contemplada en el artículo 2 sea superior a la
estimación de la valoración provisional del valor neto de los activos de la
entidad, la Junta podrá pedir a la autoridad nacional de resolución:
(a)         
que ejerza su competencia de incrementar el
valor de los derechos de los acreedores que hayan sido depreciados con arreglo
al instrumento de recapitalización interna;
(b)         
ordenar a una entidad puente o a una
estructura de gestión de activos que abone un contravalor adicional, por los
activos, derechos o pasivos, a la entidad contemplada en el artículo 2
objeto de resolución o, según los casos, por las acciones o instrumentos de
propiedad, a los propietarios de las acciones o de otros instrumentos de
propiedad.
13.         No obstante lo dispuesto
en el apartado 1, una valoración provisional efectuada de conformidad con los
apartados 10 y 11 se considerará una base válida para que la Junta emprenda
acciones de resolución o ejerza las competencias de depreciación o conversión de
instrumentos de capital.
14.         La valoración no tendrá
efecto jurídico alguno y será un trámite procedimental preparatorio de la
recomendación de la Junta de aplicar un instrumento de resolución o ejercer una
facultad de resolución.
15.         La valoración también
deberá ajustarse a los actos delegados en relación con las circunstancias en
que es independiente una persona, el método para evaluar el valor de los
activos y pasivos de la entidad, y el método de cálculo, incluido un margen de
seguridad para las pérdidas adicionales en la valoración provisional adoptada
por la Comisión de conformidad con el artículo 30, apartado 7, de la
Directiva [ ].
16.         Una vez efectuada la
acción de resolución, a fin de evaluar si los accionistas y acreedores habrían
recibido mejor tratamiento si la entidad objeto de resolución hubiera iniciado
un procedimiento concursal ordinario, la Junta velará por que una persona
independiente realice una valoración. Esta valoración será distinta de la
efectuada de conformidad con los apartados 1 a 14.
17.         La valoración mencionada
en el apartado 16 deberá determinar:
(a)         
el tratamiento que los accionistas y
acreedores habrían recibido si a la entidad contemplada en el artículo 2
sometida a un procedimiento de resolución y objeto de transferencia parcial,
depreciación o conversión en el marco del mismo se le hubiera aplicado un
procedimiento concursal ordinario inmediatamente antes de la transferencia,
depreciación o conversión;
(b)         
el tratamiento que efectivamente han recibido
los accionistas y acreedores en la resolución de la entidad contemplada en el
artículo 2 objeto de resolución;
(c)         
si existe alguna diferencia entre el
tratamiento mencionado en la letra a) y el mencionado en la letra b).
18.         La valoración mencionada
en el apartado 16 deberá:
(a)         
suponer que a la entidad contemplada en el
artículo 2 sometida a un procedimiento de resolución y objeto de transferencia
parcial, depreciación o conversión en el marco del mismo se le ha aplicado un
procedimiento concursal ordinario inmediatamente antes de proceder a la acción
de resolución;
(b)         
suponer que la(s) transferencia(s) parcial(es)
de derechos, activos o pasivos, o la depreciación o conversión no se ha(n)
realizado;
(c)         
hacer caso omiso de cualquier concesión de
ayuda pública extraordinaria a la entidad contemplada en el artículo 2 objeto
de resolución.
Artículo 18
Depreciación y conversión de los instrumentos de capital
1.           El BCE, una autoridad
competente o una autoridad de resolución, designada por un Estado miembro de
conformidad con el artículo 51, apartado 1, letras b bis) y b ter),
y el artículo 54 de la Directiva [ ], informará a la Junta cuando estime
que se cumplen las siguientes condiciones en relación con una entidad
contemplada en el artículo 2 o un grupo establecido en un Estado miembro
participante:
(a)         
que la entidad vaya a dejar de ser viable a
menos que los instrumentos de capital se deprecien o se conviertan en fondos
propios ordinarios;
(b)         
que la entidad o el grupo necesite ayuda
financiera pública extraordinaria, excepto en cualquiera de las circunstancias
establecidas en el artículo 16, apartado 3, letra d), inciso iii).
2.           A efectos del
apartado 1, se considerará que una entidad contemplada en el
artículo 2 o un grupo dejan de ser viables solo si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
(a)         
que dicha entidad o grupo esté en graves
dificultades o en peligro de quiebra;
(b)         
que, teniendo en cuenta el calendario y otras
circunstancias pertinentes, no existan perspectivas razonables de que ninguna
medida, incluidas medidas alternativas del sector privado o de supervisión
(incluidas medidas de intervención temprana), aparte de la depreciación o
conversión de los instrumentos de capital, por separado o en combinación con
una acción de resolución, pueda impedir la quiebra de la entidad o el grupo en
un plazo de tiempo razonable.
3.           A efectos del
apartado 1, letra a), se considerará que la entidad está en graves
dificultades o en peligro de quiebra si concurren una o varias de las
circunstancias establecidas en el artículo 16, apartado 3.
4.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 2, letra a), se considerará que un grupo está en
graves dificultades o en peligro de quiebra cuando haya incumplido, o existan
elementos objetivos que indiquen que incumplirá en un futuro cercano, sus
requisitos prudenciales consolidados, de forma tal que resulte justificada la
actuación de la autoridad competente, incluso, pero sin limitarse a ello, por
haber incurrido el grupo, o ser probable que incurra, en pérdidas que agotarían
o mermarían significativamente sus fondos propios.
5.           La Comisión, por
recomendación de la Junta o por iniciativa propia, verificará que se cumplan
las condiciones contempladas en el apartado 1. La Comisión determinará si
las facultades de depreciación o de conversión de los instrumentos de capital
van a ejercerse por separado o, tras el procedimiento descrito en el
artículo 16, apartados 4 a 7, junto con una acción de resolución.
6.           Cuando la Comisión
determine que se cumplen las condiciones a que se refiere el apartado 1,
pero no las condiciones de resolución de conformidad con el artículo 16,
apartado 2, la Junta, a raíz de una Decisión de la Comisión, dará
instrucciones a las autoridades nacionales de resolución para ejercer las
facultades de depreciación o de conversión de conformidad con los artículos 51
y 52 de la Directiva [ ].
7.           Cuando se cumplan las
condiciones contempladas en el apartado 1, así como las condiciones
mencionadas en el artículo 16, apartado 2, será de aplicación el
procedimiento establecido en el artículo 16, apartados 4 a 7.
8.           La Junta velará por que
las autoridades nacionales de resolución ejerzan las facultades de depreciación
o de conversión de forma que se produzcan los siguientes resultados:
(a)         
el capital ordinario de nivel 1 se reduzca en
primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y hasta el límite de su
capacidad;
(b)         
el importe principal de los instrumentos de
capital pertinentes se deprecie o se convierta en instrumentos de capital
ordinario de nivel 1 o ambas cosas, en la medida en que sea necesario y hasta
el límite de su capacidad.
9.           Las autoridades
nacionales de resolución seguirán las instrucciones de la Junta y ejercerán las
facultades de depreciación o conversión de instrumentos de capital de
conformidad con el artículo 26.
Artículo 19
Principios generales de los instrumentos de resolución
1.           Cuando la Junta decida
aplicar un instrumento de resolución a una entidad contemplada en el
artículo 2 y esta acción de resolución suponga pérdidas a cargo de los
acreedores o la conversión de sus créditos, la Junta ejercerá las facultades que
le confiere el artículo 18 inmediatamente antes de la aplicación del
instrumento de resolución o de manera simultánea respecto a dicha aplicación.
2.           Los instrumentos de
resolución a que se refiere el artículo 16, apartado 5, son los
siguientes:
(a)         
el instrumento de venta de actividades;
(b)         
el instrumento de la entidad puente;
(c)         
el instrumento de segregación de activos;
(d)         
el instrumento de recapitalización interna.
3.           Al adoptar la
recomendación mencionada en el artículo 16, apartado 5, la Junta
tomará en consideración los siguientes factores:
(a)         
los activos y pasivos de la entidad objeto de
resolución a la luz de la valoración prevista en el artículo 17;
(b)         
la situación de liquidez de la entidad objeto
de resolución;
(c)         
las posibilidades de comercialización del
valor de la franquicia de la entidad objeto de resolución a la luz de las
condiciones económicas y de competencia del mercado;
(d)         
el tiempo disponible.
4.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 5, los instrumentos de resolución podrán
aplicarse por separado o conjuntamente, con excepción del instrumento de
segregación de activos que solo podrá aplicarse conjuntamente con otro
instrumento de resolución.
Artículo 20
 Plan de resolución
El plan de resolución adoptado por la
Junta con arreglo al artículo 16, apartado 8, establecerá, de acuerdo
con las decisiones de la Comisión sobre el marco de resolución con arreglo al
artículo 16, apartado 6, y con cualquier decisión sobre ayudas
estatales, cuando sean aplicables por analogía, los detalles de los instrumentos
de resolución que deberán aplicarse a la entidad objeto de resolución, en lo
que respecta al menos a las medidas contempladas en el artículo 21,
apartado 2, el artículo 22, apartado 2, el artículo 23,
apartado 2, y el artículo 24, apartado 1, y determinará los importes
específicos y los fines para los que se utilizará el Fondo.
En el transcurso del proceso de
resolución, la Junta podrá modificar y actualizar el plan de resolución como
corresponda a la luz de las circunstancias del caso y dentro del marco de
resolución decidido por la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 6.
Artículo 21
Instrumento de venta de actividades
1.           Dentro del marco
decidido por la Comisión, el instrumento de venta de actividades consistirá en
la transferencia de los siguientes elementos a un comprador que no sea una
entidad puente:
(a)         
acciones u otros instrumentos de propiedad de
una entidad objeto de resolución; o
(b)         
todos los activos, derechos o pasivos o
determinados activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución.
2.           En lo que respecta al
instrumento de venta de actividades, el programa de resolución a que se refiere
el artículo 16, apartado 8, establecerá en particular:
(a)         
los instrumentos, activos, derechos y pasivos
que serán transferidos por la autoridad nacional de resolución de conformidad
con el artículo 32, apartado 1, y apartados 7 al 11 de la Directiva [ ];
(b)         
las condiciones comerciales, teniendo en
cuenta las circunstancias y los costes y gastos del proceso de resolución,
conforme a las cuales la autoridad nacional de resolución realizará la
transferencia con arreglo al artículo 32, apartados 2 a 4, de la Directiva
[ ];
(c)         
la posibilidad o no de que la autoridad
nacional de resolución ejerza las facultades de transferencia más de una vez
con arreglo al artículo 32, apartados 5 y 6, de la Directiva [ ];
(d)         
las disposiciones para la venta de esa entidad
o esos instrumentos, activos, derechos y pasivos por parte de la autoridad
nacional de resolución, con arreglo al artículo 33, apartados 1 y 2,
de la Directiva [ ];
(e)         
si el cumplimiento de los requisitos de venta
por parte de la autoridad nacional de resolución puede deteriorar los objetivos
de resolución de conformidad con el apartado 3.
3.           La Junta aplicará el
instrumento de venta de actividades sin necesidad de cumplir los requisitos
establecidos en el apartado 2, letra e), cuando determine que el
cumplimiento de tales requisitos podría perjudicar a uno o más de los objetivos
de resolución, en particular si se cumplen las siguientes condiciones:
(a)         
que considere que existe un peligro real para
la estabilidad financiera provocado o agravado por la quiebra o por la quiebra
potencial de la entidad objeto de la resolución, 
(b)         
que considere que el cumplimiento de los
citados requisitos pueda disminuir la eficacia de dicha venta a la hora de
hacer frente a dicho peligro o perseguir el objetivo de resolución mencionado
en el artículo 12, apartado 2, letra b).
Artículo 22
Instrumento de la entidad puente
1.           Dentro del marco
decidido por la Comisión, el instrumento de la entidad puente consistirá en la
transferencia a una entidad puente de alguno de los siguientes elementos:
(a)         
acciones u otros instrumentos de propiedad
emitidos por una o varias entidades objeto de resolución; 
(b)         
todos los activos, derechos o pasivos de una o
varias entidades objeto de resolución, o cualesquiera de ellos.
2.           En lo que respecta al
instrumento de la entidad puente, el plan de resolución a que se refiere el
artículo 20 establecerá en particular:
(a)         
los instrumentos, activos, derechos y pasivos
que serán transferidos a una entidad puente, de conformidad con el
artículo 34, apartados 1 a 9, de la Directiva [ ];
(b)         
las modalidades de creación, gestión y
disolución de la entidad puente por la autoridad nacional de resolución, de
conformidad con el artículo 35, apartados 1 a 3 y 5 a 8, de la
Directiva [ ];
(c)         
las modalidades de venta de la entidad puente
o de sus activos o pasivos por la autoridad nacional de resolución, de
conformidad con el artículo 35, apartado 4, de la Directiva [ ].
3.           La Junta se cerciorará
de que el valor total de los pasivos transferidos por la autoridad nacional de
resolución a la entidad puente no supere el valor total de los derechos y
activos transferidos a partir de la entidad objeto de resolución o procedentes
de otras fuentes.
Artículo 23
Instrumento de segregación de activos
1.           Dentro del marco
decidido por la Comisión, la segregación de activos consistirá en la
transferencia de activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de
resolución a una estructura de gestión de activos.
Se entenderá por estructura de gestión de
activos una entidad jurídica que cumpla todos los siguientes requisitos:
(a)         
que pertenezca total o parcialmente a una o
más autoridades públicas (entre las que pueden estar la autoridad de resolución
o el mecanismo de financiación de la resolución), o esté controlada por ellas;
(b)         
que se haya constituido con el propósito de
recibir la totalidad o parte de los activos, derechos y pasivos de una o varias
entidades objeto de resolución o de una entidad puente.
2.           En lo que respecta al
instrumento de segregación de activos, el plan de resolución a que se refiere
el artículo 20 establecerá en particular:
(a)         
los instrumentos, activos, derechos y pasivos
que serán transferidos por la autoridad nacional de resolución a una estructura
de gestión de activos de conformidad con el artículo 36, apartados 1 a 4 y
6 a 10, de la Directiva [ ];
(b)         
el contravalor por los activos transferidos a
una estructura de gestión de activos por la autoridad nacional de resolución de
conformidad con los principios establecidos en el artículo 17. Esta
disposición no impide que el contravalor tenga un valor nominal o negativo.
Artículo 24
Instrumento de recapitalización interna
1.           Podrá recurrirse al
instrumento de recapitalización interna para cualquiera de los siguientes
fines:
(a)         
recapitalizar una entidad contemplada en el
artículo 2 que se ajuste a las condiciones de resolución en un grado tal
que le permita de nuevo responder a las condiciones a que está supeditada su
autorización, así como continuar las actividades a las que le autoriza la
Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2004/39/CE;
(b)         
convertir en acciones o reducir el principal
de los créditos o los instrumentos de deuda transferidos a una entidad puente
con el fin de proporcionar capital a esta.
Dentro del marco decidido por la Comisión en
relación con el instrumento de recapitalización interna, el plan de resolución
deberá establecer, en especial:
(c)         
el importe total por el que deben reducirse o
convertirse los pasivos admisibles, de conformidad con el apartado 6;
(d)         
los pasivos que pueden quedar excluidos, de
conformidad con los apartados 5 a 13;
(e)         
los objetivos y el contenido mínimo del plan
de reorganización de actividades que debe presentarse con arreglo al apartado
16.
2.           El instrumento de
recapitalización interna solo podrá utilizarse para los fines mencionados en el
apartado 1, letra a), si existen perspectivas realistas de que su
utilización, en conjunción con las medidas aplicadas de acuerdo con el plan de
reorganización de actividades previsto en el apartado 16, permitirá, además
de alcanzar los objetivos de resolución pertinentes, restablecer la solidez
financiera y la viabilidad a largo plazo de la entidad.
Si no se cumpliera la condición indicada en
el párrafo primero, se utilizará cualquiera de los instrumentos de resolución
contemplados en el artículo 19, apartado 2, letras a), b) y c), y el
instrumento de recapitalización interna contemplado en el artículo 19, apartado
2, letra d), según proceda.
3.           Los siguientes pasivos
no serán objeto de depreciación y conversión:
(a)         
los depósitos garantizados;
(b)         
los pasivos garantizados, incluidos los bonos
y obligaciones garantizados;
(c)         
los pasivos surgidos de la posesión por una
entidad contemplada en el artículo 2 de activos o dinero de clientes, o de la
existencia de una relación fiduciaria entre la entidad contemplada en el
artículo 2 (como fideicomisario) y otra persona (como beneficiario), siempre y
cuando dicho cliente o beneficiario esté protegido de acuerdo con la normativa
concursal aplicable o el Derecho civil;
(d)         
pasivos con entidades, excluyendo las que
formen parte del mismo grupo, con un vencimiento original inferior a siete
días;
(e)         
pasivos surgidos de la participación en un
sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/UE[23] cuyo plazo de
vencimiento restante sea inferior a siete días;
(f)           
pasivos contraídos con:
i)        empleados, en relación con
salarios, pensiones u otras retribuciones fijas devengadas, excepto si se trata
del componente variable de la retribución que no está regulado por la ley o por
un acuerdo de negociación colectiva;
ii)       acreedores comerciales, por el
suministro a la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, letras b), c)
o d), de bienes y servicios que son esenciales para el desarrollo cotidiano de
sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías de la información, los
suministros públicos de carácter básico y el alquiler, mantenimiento y limpieza
de locales;
iii)      administraciones fiscales o de la
seguridad social, siempre que tales pasivos tengan carácter preferente de
acuerdo con la normativa concursal aplicable o el Derecho civil.
4.           El ámbito de aplicación
del instrumento de recapitalización interna contemplado en el apartado 3 no
impedirá que las autoridades de resolución ejerzan sus facultades en lo que a
recapitalización se refiere, cuando así proceda, respecto a la parte de un
pasivo garantizado o de un pasivo al que se hubiera prestado una garantía que
exceda el valor de los activos, la pignoración, la prenda o la garantía que
constituyen su contraparte. Las obligaciones garantizadas definidas en el
artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE[24] podrán quedar
eximidas del cumplimiento de esta disposición.
5.           En circunstancias
excepcionales, determinados pasivos podrán excluirse total o parcialmente de la
aplicación de las facultades de depreciación y de conversión en cualquiera de
las circunstancias siguientes:
(a)         
cuando no sea posible recapitalizar
internamente dicho pasivo dentro de un plazo razonable a pesar de los esfuerzos
hechos de buena fe por la autoridad de resolución; o
(b)         
cuando la exclusión sea estrictamente
necesaria y proporcionada respecto de la consecución de la continuidad de las
funciones esenciales y los ramos de actividad principales de manera tal que se
mantenga la capacidad de la entidad objeto de resolución para continuar las
operaciones, los servicios y las transacciones principales; o
(c)         
cuando la exclusión sea estrictamente
necesaria y proporcionada para evitar que se origine un contagio extendido que
perturbaría gravemente el funcionamiento de los mercados financieros de modo
tal que pudiera causarse un trastorno grave a la economía de un Estado miembro
o a la de la Unión; o
(d)         
cuando la aplicación del instrumento de
recapitalización interna a dichos pasivos originaría una destrucción del valor
tal que las pérdidas sufridas por otros acreedores serían más elevadas que si
dichos pasivos se hubieran excluido de la recapitalización.
Cuando un pasivo admisible o una categoría de
pasivos admisibles se excluya total o parcialmente, podrá incrementarse el
nivel de depreciación o conversión aplicado a otros pasivos admisibles para
tener en cuenta estas exclusiones, siempre que el nivel de depreciación y de
conversión aplicado a otros pasivos admisibles respete el principio establecido
en el artículo 13, apartado 1, letra f).
6.           Cuando un pasivo
admisible o una categoría de pasivos admisibles se excluya total o
parcialmente, en aplicación del apartado 5, y las pérdidas que habrían
soportado los pasivos no se hayan repercutido plenamente en otros acreedores,
podrá hacerse una contribución con cargo al Fondo a la entidad objeto de
resolución para:
(a)         
cubrir cualquier pérdida que no haya sido
absorbida por pasivos admisibles y restaurar a cero el valor neto de los
activos de la entidad objeto de resolución de conformidad con el
apartado 1, letra a);
(b)         
adquirir acciones u otros instrumentos de
propiedad o de capital de la entidad objeto de resolución, con el fin de
recapitalizar la entidad de conformidad con el apartado 1, letra b).
7.           El Fondo solo podrá
efectuar la contribución a que se refiere el apartado 6 en el caso de que
dicha contribución cumpla las dos condiciones siguientes:
(a)         
que los accionistas y los tenedores de otros
instrumentos de propiedad, los titulares de instrumentos de capital pertinentes
y otros pasivos admisibles hayan realizado, mediante depreciación, conversión o
de algún otro modo, una contribución a la absorción de pérdidas y a la
recapitalización por un importe no inferior al 8 % del total del pasivo,
incluidos los fondos propios de la entidad objeto de resolución, medidos en el
momento de la acción de resolución según lo establecido en el artículo 17;
(b)         
que la contribución del Fondo no supere el
5 % del total del pasivo, incluidos los fondos propios de la entidad
objeto de resolución, medidos en el momento de la acción de resolución, de
conformidad con la valoración prevista en el artículo 17.
8.           La contribución del
Fondo podrá financiarse de la siguiente forma:
(a)         
con el importe de que disponga el Fondo,
obtenido mediante las contribuciones de las entidades contempladas en el artículo
2 de conformidad con el artículo 66;
(b)         
con el importe que pueda mediante
contribuciones ex post de conformidad con el artículo 67 en un
plazo de tres años; y 
(c)         
cuando los importes a que se refieren las
letras a) y b) resulten insuficientes, con los importes procedentes de fuentes
de financiación alternativas de conformidad con el artículo 69.
9.           En circunstancias
extraordinarias, se podrá obtener más financiación de fuentes de financiación
alternativas:
(a)         
una vez que se haya alcanzado el límite del
5 % establecido en el apartado 7, letra b); y 
(b)         
una vez que se hayan depreciado o convertido
en su totalidad todos los pasivos no garantizados, no preferentes, distintos de
los depósitos admisibles.
10.         Como alternativa o por
añadidura, cuando se den las condiciones del apartado 7, letras a) y b),
se podrá efectuar una contribución con cargo a los recursos procedentes de
contribuciones ex ante de conformidad con el artículo 66 y que
todavía no se hayan utilizado.
11.         A efectos del presente
Reglamento, no será de aplicación el artículo 38, apartado 3 quater bis
ter párrafo quinto, de la Directiva [ ].
12.         Al adoptar la decisión a
que se refiere el apartado 5, se tomarán en consideración los siguientes
factores:
(a)         
el principio de que las pérdidas deben ser
asumidas en primer lugar por los accionistas y después, en general, por los
acreedores de la entidad objeto de resolución por orden de preferencia;
(b)         
el nivel de la capacidad de absorción de
pérdidas que seguiría teniendo la entidad objeto de resolución si se excluyera
el pasivo o la categoría de pasivos, 
(c)         
la necesidad de mantener unos recursos
suficientes para la financiación de la resolución.
13.         La Junta realizará su
evaluación de los siguientes puntos tomando como base una valoración que se
ajuste a los requisitos del artículo 17:
(a)         
el importe agregado por el cual deben
depreciarse los pasivos admisibles con objeto de garantizar que el valor neto
de los activos de la entidad objeto de resolución sea igual a cero;
(b)         
cuando proceda, el importe total por el que
los pasivos admisibles deberán convertirse en acciones con el fin de
restablecer el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad objeto
de resolución o de la entidad puente.
Cuando se decida aplicar el instrumento de
recapitalización interna a efectos de lo dispuesto en el apartado 1, letra a),
la evaluación mencionada en el párrafo primero fijará el importe en que es
necesario convertir los pasivos admisibles con el fin de restablecer el
coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad objeto de resolución,
o si procede de la entidad puente, teniendo en cuenta toda contribución de
capital realizada por el fondo de resolución de conformidad con el artículo 71,
apartado 1, letra d), y con objeto de mantener una confianza suficiente del
mercado en la entidad objeto de resolución o en la entidad puente y permitir a
esta cumplir las condiciones para su autorización y para proseguir las
actividades a las que le autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva
2004/39/CE.
14.         Las exclusiones previstas
en el apartado 5 podrán aplicarse, bien para excluir completamente a un pasivo
de la depreciación, bien para limitar el alcance de la depreciación aplicada a
ese pasivo.
15.         Las facultades de
depreciación y de conversión deberán respetar los requisitos relativas al orden
de prelación de los créditos establecidas en el artículo 15.
16.         La autoridad nacional de
resolución transmitirá inmediatamente a la Junta el plan de reorganización de
actividades recibido tras la aplicación del instrumento de recapitalización interna
del administrador designado de conformidad con el artículo 47,
apartado 1, de la Directiva [ ].
En el plazo de dos semanas a partir de la
fecha de presentación del plan de reorganización de actividades, la autoridad
de resolución deberá presentar a la Junta su evaluación del plan. En el plazo
de un mes a partir de la fecha de presentación del plan de reorganización de
actividades, la Junta evaluará la probabilidad de que, si se ejecuta el plan,
se restablezca la viabilidad a largo plazo de la entidad contemplada en el
artículo 2. La evaluación se llevará a cabo de acuerdo con la autoridad
competente.
Cuando la Junta considere que el plan puede
lograr su objetivo, deberá permitir a la autoridad nacional de resolución la
aprobación del plan, de conformidad con el artículo 47, apartado 5,
de la Directiva [ ]. Cuando la Junta no esté segura de que el plan vaya a
lograr su objetivo, dará instrucciones a la autoridad nacional de resolución
para que notifique sus dudas al administrador y le exigirá que lo modifique con
el fin de disiparlas, de conformidad con el artículo 47, apartado 6,
de la Directiva [ ]. Esto se efectuará de acuerdo con la autoridad competente.
La autoridad nacional de resolución deberá
enviar a la Junta el plan modificado. La Junta dará instrucciones a la
autoridad nacional de resolución para que notifique al administrador en el
plazo de una semana si considera que, con las modificaciones, el plan resuelve
las dudas planteadas o si necesita más modificaciones.
Artículo 25
Supervisión por parte de la Junta
1.           La Junta supervisará
estrechamente la ejecución del plan de resolución por parte de las autoridades
nacionales de resolución. A tal fin, las autoridades nacionales de resolución:
(a)         
cooperarán con la Junta y le prestarán
asistencia en el ejercicio de su deber de supervisión;
(b)         
proporcionarán, a intervalos regulares
establecidos por la Junta, información precisa, fiable y completa sobre la
ejecución del plan de resolución, la aplicación de los instrumentos de
resolución y el ejercicio de las facultades de resolución, que pudiera
solicitar la Junta, incluida información sobre:
i)        el funcionamiento y la situación
financiera de la entidad objeto de resolución, la entidad puente y la
estructura de gestión de activos;
ii)       el tratamiento que accionistas y
acreedores habrían recibido si la entidad se hubiera liquidado de acuerdo con
un procedimientos concursal ordinario;
iii)      cualquier procedimiento judicial
en curso relacionado con la liquidación de los activos de la entidad en
quiebra, con recursos contra la decisión de resolución y la valoración o en
relación con solicitudes de indemnización presentadas por accionistas o
acreedores;
iv)      el nombramiento, cese o sustitución
de evaluadores, administradores, contables, abogados y otros profesionales que
puedan ser necesarios para prestar asistencia a la autoridad nacional de
resolución, y en el ejercicio de sus funciones;
v)       cualquier otro asunto que pueda
plantear la Junta;
vi)      en qué medida y de qué forma
ejercen las facultades de las autoridades nacionales de resolución que figuran
en el capítulo V de la Directiva [ ];
vii)     la viabilidad, incluida la
económica, y la aplicación del plan de reorganización de actividades
establecido en el artículo 24, apartado 16.
Las autoridades nacionales de resolución presentarán
a la Junta un informe final sobre la ejecución del plan de resolución.
2.           Sobre la base de la
información facilitada, la Junta podrá dar instrucciones a las autoridades
nacionales de resolución sobre cualquier aspecto de la ejecución del plan de resolución
y, en particular, los elementos que figuran en el artículo 20, y sobre el
ejercicio de las facultades de resolución.
3.           Cuando sea necesario
para lograr los objetivos de resolución, la Comisión, a raíz de una
recomendación de la Junta o por propia iniciativa, podrá revisar su decisión
sobre el marco de resolución y adoptar las modificaciones que sean pertinentes.
Artículo 26
Aplicación de las decisiones de resolución
1.           Las autoridades
nacionales de resolución adoptarán las medidas necesarias para aplicar la
decisión de resolución a que se refiere el artículo 16, apartado 8, en
particular ejerciendo el control sobre las entidades contempladas en el
artículo 2, adoptando las medidas necesarias de conformidad con el
artículo 64 de la Directiva [ ] y garantizando el cumplimiento de las
salvaguardias establecidas en dicha Directiva. Las autoridades nacionales de
resolución aplicarán todas las decisiones que les dirija la Junta.
A estos efectos, utilizarán las facultades
que les confiera la legislación nacional por la que se transponga la Directiva
[ ] y de conformidad con las condiciones establecidas en la legislación
nacional. Las autoridades nacionales de resolución informarán exhaustivamente a
la Junta sobre el ejercicio de dichas facultades. Cualquier medida que adopten
deberá cumplir con la decisión contemplada en el artículo 16,
apartado 8.
2.           Cuando una autoridad
nacional de resolución no haya aplicado una decisión contemplada en el
artículo 16, o la haya aplicado de manera que no alcance los objetivos de
resolución que figuran en el presente Reglamento, la Junta estará habilitada
para ordenar a una entidad objeto de resolución:
(a)         
que transfiera a otra persona derechos,
activos o pasivos determinados de una entidad que sea objeto de resolución;
(b)         
que exija la conversión de instrumentos de
deuda que contengan un plazo contractual para la conversión en las
circunstancias previstas en el artículo 18.
3.           La entidad objeto de
resolución deberá cumplir cualquier decisión adoptada contemplada en el
apartado 2. Estas decisiones prevalecerán sobre cualquier decisión
anterior adoptada por las autoridades nacionales sobre el mismo asunto.
4.           Cuando adopten medidas
relacionadas con asuntos que sean objeto de una decisión adoptada de
conformidad con el apartado 2, las autoridades nacionales deberán cumplir
dicha decisión.
Capítulo 4
Cooperación
Artículo 27
Obligación de cooperar
1.           La Junta informará a la
Comisión de cualquier medida que adopte para preparar la resolución. En lo
relativo a las informaciones recibidas de la Junta, los miembros y el personal
de la Comisión estarán sujetos a la exigencia de secreto profesional
establecida en el artículo 79.
2.           En el ejercicio de sus
responsabilidades respectivas conforme al presente Reglamento, la Junta, la
Comisión, el BCE y las autoridades nacionales competentes y de resolución
cooperarán estrechamente entre sí. El BCE y las autoridades nacionales
competentes facilitarán a la Junta y a la Comisión toda la información
necesaria para el ejercicio de sus funciones.
3.           En el ejercicio de sus
responsabilidades respectivas conforme al presente Reglamento, la Junta, la
Comisión, el BCE y las autoridades nacionales competentes y de resolución
cooperarán estrechamente entre sí en las fases de planificación de la
resolución, intervención temprana y resolución en aplicación de los artículos 7
a 26. El BCE y las autoridades nacionales competentes facilitarán a la Junta y
a la Comisión toda la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
4.           A efectos del presente
Reglamento, cuando el BCE invite a un representante de la Junta a participar en
el Consejo de Supervisión del BCE establecido de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº [ ] del Consejo, la Junta designará a
un representante.
5.           A efectos del presente
Reglamento, la Junta designará a un representante que participará en el Comité
de Resolución de la Autoridad Bancaria Europea creado con arreglo al
artículo 113 de la Directiva [ ].
6.           La Junta cooperará
estrechamente con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF) y
con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), en particular cuando la FEEF o
el MEDE hayan concedido o puedan conceder una contribución financiera directa o
indirecta a las entidades establecidas en un Estado miembro participante, en
particular en las circunstancias extraordinarias a que se refiere el
artículo 24, apartado 9.
7.           La Junta y el BCE
celebrarán un memorando de acuerdo en el que se describa en términos generales
cómo van a cooperar de conformidad con el apartado 2. Cada memorando se
examinará periódicamente y se publicará haciendo un tratamiento adecuado de la
información confidencial.
Artículo 28
Intercambios de información dentro del MUR
1.           Tanto la Junta como las
autoridades nacionales de resolución estarán sujetas al deber de cooperación
leal y a la obligación de intercambiar información.
2.           La Junta facilitará a la
Comisión cualquier información pertinente para el desempeño de sus funciones
con arreglo al presente Reglamento y, en su caso, al artículo 107 del TFUE.
Artículo 29
La cooperación dentro del MUR y tratamiento de los grupos
El artículo 12, apartados 4, 5,
6 y 15, y los artículos 80 a 83 de la Directiva [ ] no serán de aplicación en
las relaciones entre las autoridades nacionales de resolución de los Estados
miembros participantes. En su lugar se aplicarán las disposiciones pertinentes
del presente Reglamento.
Artículo 30
Cooperación con los Estados miembros no participantes
Cuando un grupo abarque entidades
establecidas tanto en Estados miembros participantes como no participantes, sin
perjuicio de cualquier autorización de la Comisión que se exija en virtud del
presente Reglamento, la Junta representará a las autoridades nacionales de
resolución de los Estados miembros participantes, a efectos de la cooperación
con los Estados miembros no participantes, de conformidad con los artículos 7,
8, 11, 12, 15, 50, y 80 a 83 de la Directiva […].
Artículo 31
Cooperación con las autoridades de terceros países
Corresponderá exclusivamente a la
Comisión y la Junta, en el marco de sus respectivas responsabilidades,
celebrar, en nombre de las autoridades nacionales de resolución de los Estados
miembros participantes, los acuerdos de cooperación no vinculantes contemplados
en el artículo 88, apartado 4, de la Directiva […], y proceder a su
notificación de conformidad con el apartado 6 de dicho artículo.
Capítulo 5
Competencias
de investigación
Artículo 32
Solicitudes de información
1.           Con objeto de ejercer
las funciones contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 17, la Junta,
directamente o a través de las autoridades nacionales de resolución, podrá
exigir a las siguientes personas físicas o jurídicas toda la información
necesaria para llevar a cabo las funciones que se le asignen en virtud del
presente Reglamento:
(a)         
las entidades contempladas en el artículo 2;
(b)         
el personal de las entidades contempladas en
el artículo 2;
(c)         
terceros a los que las entidades contempladas
artículo 2 hayan subcontratado funciones o actividades.
2.           Las entidades
contempladas en el artículo 2 y las personas contempladas en el apartado 1,
letra b), facilitarán la información solicitada con arreglo a dicho apartado.
Las disposiciones en materia de secreto profesional no eximirán a dichas
personas y entidades de la obligación de facilitar información. El hecho de
facilitar la información solicitada no se considerará una violación del secreto
profesional.
3.           Cuando la Junta recabe
la información directamente de dichas entidades y personas, la pondrá a
disposición de las autoridades nacionales de resolución pertinentes.
4.           La Junta deberá estar en
condiciones de obtener en todo momento cualquier información relativa al
capital, la liquidez, los activos y los pasivos de cualquier entidad sujeta a
sus competencias de resolución, que se considere esencial a efectos de la
resolución. 
5.           La Junta, las
autoridades competentes y las autoridades nacionales de resolución podrán
elaborar un memorando de acuerdo que incluya un procedimiento relativo al
intercambio de información.
6.           Las autoridades
competentes, incluido el BCE, en su caso, y las autoridades nacionales de
resolución cooperarán con la Junta a fin de comprobar si la información
solicitada se encuentra ya parcial o íntegramente disponible. Cuando dicha
información se encuentre disponible, las autoridades competentes, incluido el
BCE, en su caso, o las autoridades nacionales de resolución la comunicarán a la
Junta.
Artículo 33
Investigaciones generales
1.           Con objeto de ejercer
las funciones contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 17 y sin
perjuicio de cualquier otra condición establecida en la legislación pertinente
de la Unión, la Junta podrá llevar a cabo toda investigación que resulte
necesaria en relación con cualquiera de las personas mencionadas en el artículo
32, apartado 1, establecidas o situadas en un Estado miembro participante.
A tal fin, la Junta tendrá derecho a:
(a)         
exigir la presentación de documentos;
(b)         
examinar los libros y registros de las
personas contempladas en el artículo 32, apartado 1, y obtener copias o
extractos de dichos libros y registros;
(c)         
obtener explicaciones escritas o verbales de
cualquier persona contemplada en el artículo 32, apartado 1, o de sus
representantes o personal;
(d)         
entrevistar a cualquier otra persona que
acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto
de una investigación;
2.           Las personas
contempladas en el artículo 32, apartado 1, quedarán sometidas a las
investigaciones iniciadas por decisión de la Junta.
Cuando una persona obstaculice el desarrollo
de la investigación, las autoridades nacionales de resolución del Estado
miembro participante en el que estén situados los locales en cuestión prestarán
la asistencia necesaria, de conformidad con la legislación nacional, en
particular, facilitando el acceso de la Junta a los locales profesionales de
las personas jurídicas contempladas en el artículo 32, apartado 1, de
forma que puedan ejercerse los derechos citados.
Artículo 34
Inspecciones in situ
1.           A fin de ejercer las
funciones contempladas en los artículos 7, 8, 11, 16 y 17, y con supeditación
a otras condiciones establecidas en el Derecho pertinente de la UE, la Junta
podrá realizar, previa notificación a las correspondientes autoridades
nacionales de resolución, cuantas inspecciones in situ sean necesarias
en los locales de uso profesional de las personas jurídicas contempladas en el
artículo 32, apartado 1. Cuando así lo requieran la correcta realización y
la eficiencia de las inspecciones, la Junta podrá efectuar las inspecciones in
situ sin previo aviso a dichas personas jurídicas.
2.           Los agentes de la Junta
y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones in situ
podrán acceder a cualesquiera locales y terrenos de uso profesional de las
personas jurídicas objeto de una decisión de investigación adoptada por la
Junta con arreglo al artículo 32, apartado 2, y gozarán de todas las facultades
estipuladas en el artículo 32, apartado 1.
3.           Las personas jurídicas
contempladas en el artículo 32, apartado 1, serán objeto de investigaciones in
situ sobre la base de una decisión de la Junta.
4.           Los agentes y otros
acompañantes acreditados o designados por las autoridades nacionales de
resolución de los Estados miembros en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo
la inspección prestarán activamente asistencia, bajo la supervisión y
coordinación de la Junta, a los agentes de la Junta y demás personas
acreditadas por ella. A tal efecto, gozarán de las facultades previstas en el
apartado 2. Los agentes de las autoridades nacionales de resolución de los
Estados miembros participantes interesados también tendrán derecho a participar
en las inspecciones in situ.
5.           Cuando los agentes de la
Junta y las demás personas acreditadas o designadas por ella que los acompañen
constaten que una persona se opone a una inspección ordenada en virtud del
apartado 1, las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros
participantes interesados les prestarán la asistencia necesaria, de conformidad
con el Derecho nacional. En la medida en que la inspección así lo requiera,
esta asistencia incluirá el precintado de todos los locales y libros o
registros profesionales. En caso de que no dispongan de tal facultad las
autoridades nacionales de resolución de que se trate, emplearán sus
competencias para recabar la asistencia necesaria por parte de otras
autoridades nacionales de resolución.
Artículo 35
Autorización judicial
1.           Cuando, de acuerdo con
la normativa nacional, la inspección in situ prevista en el artículo 34,
apartados 1 y 2, o la asistencia prevista en el artículo 34, apartado 5,
requieran una autorización judicial, se solicitará el correspondiente
mandamiento judicial.
2.           Cuando se solicite el
mandamiento contemplado en el apartado 1, el juez nacional verificará la
autenticidad de la decisión de la Junta y comprobará que las medidas coercitivas
contempladas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto
de la inspección. Cuando verifique la proporcionalidad de las medidas
coercitivas, el juez nacional podrá pedir a la Junta explicaciones detalladas,
en particular sobre los motivos que tenga la Junta para sospechar que se han
infringido los actos a que se refiere el artículo 26 y sobre la gravedad de la
presunta infracción y la naturaleza de la implicación de la persona sujeta a
las medidas coercitivas. No obstante, el juez nacional no podrá examinar la
necesidad de proceder a la inspección ni exigirá que se le facilite la
información que conste en el expediente de la Junta. La legalidad de la
decisión de la Junta solo estará sujeta al control jurisdiccional del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
Capítulo 6
Competencias
sancionadoras
Artículo 36
Multas
1.           Cuando la Junta
considere que una entidad contemplada en el artículo 2 ha cometido,
intencionadamente o de resultas de negligencia, una de las infracciones mencionadas
en el apartado 2, ordenará a la autoridad nacional de resolución competente que
imponga una multa a dicha entidad, de conformidad con la Directiva [ ].
La infracción cometida por la entidad se
considerará intencionada si existen elementos objetivos que prueben que la
entidad o sus altos directivos actuaron deliberadamente al cometer la
infracción.
2.           Podrán imponerse multas
a las entidades contempladas en el artículo 2 en caso de que cometan las
infracciones siguientes:
(a)         
cuando no faciliten la información solicitada
de conformidad con el artículo 32;
(b)         
cuando no se sometan a una investigación
general de conformidad con el artículo 33 o a inspecciones in situ y no
faciliten la información solicitada de conformidad con el artículo 32;
(c)         
cuando no contribuyan al Fondo de conformidad
con los artículos 66 o 67;
(d)         
cuando no cumplan una decisión que les dirija
la Junta con arreglo al artículo 24.
3.           Las autoridades
nacionales de resolución publicarán todas las multas que impongan con arreglo
al apartado 1. Cuando la publicación pudiera causar un daño desproporcionado a
las partes implicadas, las autoridades nacionales de resolución publicarán la
sanción sin revelar la identidad de las partes.
4.           Con vistas a establecer
prácticas coercitivas coherentes, eficientes y eficaces, y a velar por la
aplicación común, uniforme y coherente del presente Reglamento, la Junta
emitirá directrices dirigidas a las autoridades nacionales de resolución sobre
la aplicación de las multas y las multas coercitivas 
Artículo 37
Multas coercitivas
1.           La Junta ordenará a la
autoridad nacional de resolución de que se trate que imponga una multa
coercitiva a la entidad pertinente contemplada en el artículo 2 de conformidad
con la Directiva [ ], a fin de obligar:
(a)         
a una entidad de crédito a cumplir una
decisión adoptada en virtud del artículo 32;
(b)         
a una persona de las contempladas en el
artículo 32, apartado 1, a facilitar la información completa exigida
mediante una decisión adoptada conforme a dicho artículo;
(c)         
a una persona de las contempladas en el
artículo 33, apartado 1, a someterse a una investigación y, en particular, a
presentar de forma completa los registros, datos, procedimientos o cualquier
otra documentación que se haya exigido, así como completar y corregir otra
información facilitada en una investigación iniciada por decisión adoptada
conforme a dicho artículo;
(d)         
a una persona de las contempladas en el
artículo 34, apartado 1, a someterse a una inspección in situ,
ordenada mediante una decisión adoptada conforme a dicho artículo.
2.           La multa coercitiva será
efectiva y proporcionada. La multa coercitiva se impondrá por día de demora en
el cumplimiento, por parte de la entidad de crédito o la persona en cuestión,
de las decisiones pertinentes mencionadas en el apartado 1, letras a) a d).
3.           Una multa coercitiva se
podrá imponer por un plazo no superior a seis meses.
PARTE III
MARCO INSTITUCIONAL
TÍTULO I
La junta
Artículo 38
Régimen jurídico
1.           Se crea una Junta Única
de Resolución. La Junta será una agencia de la Unión Europea con una estructura
específica en consonancia con sus funciones. Tendrá personalidad jurídica. 
2.           La Junta gozará en cada
uno de los Estados miembros de la más amplia capacidad jurídica que las
legislaciones nacionales reconocen a las personas jurídicas. En particular, la
Junta podrá adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles, así como ser parte
en actuaciones judiciales.
3.           La Junta estará
representada por su Director Ejecutivo.
Artículo 39
Composición
1.           La Junta estará
integrada por:
(a)         
el Director Ejecutivo;
(b)         
el Director Ejecutivo Adjunto;
(c)         
un miembro nombrado por la Comisión;
(d)         
un miembro nombrado por el BCE;
(e)         
un miembro nombrado por cada uno de los
Estados miembros participantes, en representación de la autoridad de resolución
nacional.
2.           La duración del mandato
del Director Ejecutivo, del Director Ejecutivo Adjunto y de los miembros de la
Junta nombrados por la Comisión y el BCE será de cinco años. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 53, apartado 6, el mandato no será
renovable.
3.           La estructura
administrativa y de gestión de la Junta comprenderá:
(a)         
una sesión plenaria de la Junta, que ejercerá
las funciones establecidas en el artículo 47;
(b)         
una sesión ejecutiva de la Junta, que ejercerá
las funciones establecidas en el artículo 51;
(c)         
un Director Ejecutivo, que ejercerá las
funciones establecidas en el artículo 53.
Artículo 40
Cumplimiento del Derecho de la Unión
La Junta actuará de conformidad con el
Derecho de la Unión, en particular con las decisiones de la Comisión adoptadas
en virtud del presente Reglamento.
Artículo 41
Rendición de cuentas
1.           La Junta rendirá cuentas
ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de la aplicación del
presente Reglamento, de conformidad con los apartados 2 a 8.
2.           La Junta presentará cada
año un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal
de Cuentas Europeo sobre la ejecución de las funciones que le atribuye el
presente Reglamento.
3.           El Director Ejecutivo
presentará públicamente ese informe al Parlamento Europeo y al Consejo. 
4.           A petición del Parlamento
Europeo, el Director Ejecutivo participará en una audiencia sobre la ejecución
de sus funciones de resolución ante las comisiones competentes del Parlamento.
5.           A petición del Consejo,
el Director Ejecutivo podrá ser oído por el Consejo sobre la ejecución de sus
funciones de resolución.
6.           La Junta responderá
oralmente o por escrito a las preguntas que le sean formuladas por el
Parlamento Europeo o por el Consejo, según sus propios procedimientos, en
presencia de representantes de cualquier Estado miembro participante cuya
moneda no sea el euro.
7.           Si así se le solicita,
el Director Ejecutivo mantendrá conversaciones orales confidenciales, a puerta
cerrada, con el Presidente y los Vicepresidentes de las comisiones competentes
del Parlamento Europeo, en caso de que tales conversaciones sean necesarias
para el ejercicio de las competencias del Parlamento Europeo en virtud del
Tratado. El Parlamento Europeo y la Junta celebrarán un acuerdo sobre los
procedimientos pormenorizados de organización de estas conversaciones, con el
fin de garantizar su total confidencialidad de acuerdo con las obligaciones de
confidencialidad del BCE en su calidad de autoridad competente de acuerdo con
el Derecho pertinente de la Unión.
8.           La Junta prestará su
cooperación a cualquier investigación que efectúe el Parlamento, conforme a lo
dispuesto en el TFUE. La Junta y el Parlamento celebrarán acuerdos apropiados
sobre las modalidades prácticas de ejecución de la rendición de cuentas y
supervisión democráticas del ejercicio de las funciones que el presente
Reglamento atribuye a la Junta. Esos acuerdos abarcarán, entre otras cosas, el
acceso a la información, la cooperación en las investigaciones y la información
con respecto al procedimiento de selección del Director Ejecutivo.
Artículo 42
Parlamentos nacionales
1.           Debido a las funciones
específicas de la Junta, los parlamentos nacionales de los Estados miembros
participantes podrán solicitar a esta, conforme a sus propios procedimientos,
que responda por escrito a cualquier observación o pregunta que le formulen en
relación con las funciones de la Junta en virtud del presente Reglamento.
2.           El Parlamento nacional
de un Estado miembro participante podrá invitar al Director Ejecutivo a
participar en un intercambio de puntos de vista en relación con la resolución
de entidades de crédito de ese Estado miembro, junto con un representante de la
autoridad nacional de resolución.
3.           El presente Reglamento
se entenderá sin perjuicio de la obligación de las autoridades nacionales de
resolución de rendir cuentas ante los parlamentos nacionales, de conformidad
con la legislación nacional, en lo que se refiere al ejercicio de las funciones
que el presente Reglamento no haya atribuido a la Junta o a la Comisión.
Artículo 43
Independencia
1.           Cuando lleven a cabo las
funciones que le confiere el presente Reglamento, la Junta y las autoridades
nacionales de resolución actuarán con independencia y en el interés general.
2.           Los miembros de la Junta
a que se refiere el artículo 40, apartado 2, actuarán con independencia y
objetividad en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán
instrucción alguna de las instituciones u organismos de la Unión, de ningún
Gobierno de un Estado miembro ni de ninguna otra entidad pública o privada.
Artículo 44
Sede
La Junta tendrá su sede en Bruselas,
Bélgica.
TÍTULO II
Sesión plenaria de la Junta
Artículo 45
Participación en sesiones plenarias
Todos los miembros de la Junta
participarán en sus sesiones plenarias.
Artículo 46
Funciones
1.           En su sesión plenaria,
la Junta:
(a)         
adoptará, a más tardar el 30 de noviembre de
cada año, su programa de trabajo anual para el año siguiente, de conformidad
con el artículo 49, apartado 1, sobre la base de un proyecto
presentado por el Director Ejecutivo, y lo transmitirá para información al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo;
(b)         
aprobará el presupuesto anual de la Junta, de
conformidad con el artículo 59, apartado 2;
(c)         
decidirá sobre los préstamos voluntarios entre
mecanismos de financiación, de conformidad con el artículo 68, la
mutualización de los mecanismos nacionales de financiación, de conformidad con
el artículo 72, y la concesión de préstamos a sistemas de garantía de
depósitos, de conformidad con el artículo 73;
(d)         
adoptará un informe anual de actividad sobre
las actividades de la Junta contempladas en el artículo 42; este informe
explicará de forma pormenorizada la ejecución del presupuesto;
(e)         
adoptará las normas financieras aplicables a
la Junta, de conformidad con el artículo 61;
(f)           
adoptará una estrategia de lucha contra el
fraude proporcional a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y
beneficios de las medidas que vayan a implementarse;
(g)         
adoptará normas sobre la prevención y la
gestión de los conflictos de intereses de sus miembros;
(h)         
adoptará su reglamento interno;
(i)           
de conformidad con el apartado 2, ejercerá,
con respecto al personal de la Junta, las competencias atribuidas por el
Estatuto de los funcionarios a la Autoridad facultada para proceder a los
nombramientos y por el régimen aplicable a los otros agentes a la Autoridad
facultada para celebrar contratos de empleo[25]
(«competencias de la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 
(j)           
adoptará normas de desarrollo adecuadas para
dar efecto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros
agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios;
(k)         
nombrará a un contable, sujeto al Estatuto de
los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será
funcionalmente independiente en el ejercicio de sus funciones;
(l)           
asegurará un seguimiento adecuado de las
conclusiones y recomendaciones resultantes de los informes de auditoría y
evaluaciones internas o externas, así como de las investigaciones de la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);
(m)       
adoptará todas las decisiones relativas a la
creación y, en su caso, a la modificación de las estructuras internas de la
Junta.
2.           En su sesión plenaria,
la Junta adoptará, de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios,
una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, del Estatuto y en
el artículo 6 del régimen aplicable a los otros agentes, por la que se
deleguen las competencias de la Autoridad facultada para proceder a los
nombramientos en el Director Ejecutivo y se definan las condiciones en que
puede suspenderse esta delegación de poderes. El Director Ejecutivo estará
autorizado a subdelegar tales competencias.
Cuando circunstancias excepcionales así lo
requieran, la Junta, en sesión plenaria, podrá, mediante decisión, suspender
temporalmente la delegación de las competencias de la Autoridad facultada para
proceder a los nombramientos en el Director Ejecutivo, así como las
competencias subdelegadas por este último, y ejercerlas ella misma o delegarlas
en uno de sus miembros o en un miembro del personal que no sea el Director
Ejecutivo.
Artículo 47
Reunión de la sesión plenaria de la Junta
1.           El Director Ejecutivo
convocará las reuniones de la sesión plenaria de la Junta.
2.           La Junta en sesión
plenaria celebrará al menos dos reuniones ordinarias al año. Además, se reunirá
a iniciativa del Director Ejecutivo, a petición de la Comisión o a petición de,
como mínimo, un tercio de sus miembros.
3.           La Junta en sesión
plenaria podrá invitar a observadores para que asistan a sus reuniones sobre
una base ad hoc.
4.           La Junta se hará cargo
de la secretaría de su sesión plenaria.
Artículo 48
Toma de decisiones
1.           La Junta, en sesión
plenaria, adoptará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros. No
obstante, las decisiones a que se refiere el artículo 47, apartado 1,
letra c), se adoptarán por mayoría de dos tercios de sus miembros.
2.           El Director Ejecutivo
participará en las votaciones.
3.           La Junta adoptará y hará
público su reglamento interno. El reglamento interno establecerá las
modalidades detalladas de votación, en particular las condiciones en las que un
miembro podrá actuar en nombre de otro, así como las normas aplicables al
quórum, cuando proceda.
TÍTULO III
Sesión ejecutiva de la Junta
Artículo 49
Participación en sesiones ejecutivas
1.           No obstante lo dispuesto
en los apartados 2 y 3, los miembros de la Junta a que se refiere el
artículo 40, apartado 1, letras a) a d), participarán en las sesiones
ejecutivas de la Junta.
2.           Cuando se delibere sobre
una entidad de las contempladas en el artículo 2 o sobre un grupo de
entidades establecidas únicamente en un Estado miembro participante, el miembro
nombrado por dicho Estado miembro también participará en las deliberaciones y
en la toma de decisiones, de conformidad con el artículo 52, apartados 1 y
3.
3.           Cuando se delibere sobre
un grupo transfronterizo, el miembro nombrado por el Estado miembro en el que
esté ubicada la autoridad de resolución a nivel de grupo, así como los miembros
nombrados por los Estados miembros en los que esté establecida una filial o
entidad cubierta por la supervisión consolidada, participarán en las
deliberaciones y en la toma de decisiones, de conformidad con el
artículo 52, apartados 2 y 3.
Artículo 50
Funciones
1.           La Junta, en su sesión
plenaria, estará asistida por una sesión ejecutiva de la Junta.
2.           La Junta, en sesión
ejecutiva:
(a)         
preparará las decisiones que vaya a adoptar en
su sesión plenaria;
(b)         
adoptará todas las decisiones necesarias para
la aplicación del presente Reglamento.
Ello incluirá:
i)        facilitar a la Comisión, tan
pronto como sea posible, toda información pertinente que permita a esta evaluar
y adoptar una decisión motivada con arreglo al artículo 16, apartado 6;
ii)       decidir sobre la parte II del
presupuesto de la Junta, relativa al Fondo.
3.           Cuando sea necesario por
razones de urgencia, la Junta podrá adoptar, en sesión ejecutiva, determinadas
decisiones provisionales en nombre de la Junta en sesión plenaria, en
particular sobre asuntos relativos a la gestión administrativa, incluidas
cuestiones presupuestarias.
4.           La Junta se reunirá, en
sesión ejecutiva, por iniciativa del Director Ejecutivo o a petición de sus
miembros.
5.           La Junta, en sesión
plenaria, elaborará el reglamento interno de la Junta en sesión ejecutiva.
Artículo 51
Toma de decisiones
1.           Cuando delibere sobre
una entidad individual o un grupo establecido únicamente en un Estado miembro
participante, la Junta adoptará sus decisiones en sesión ejecutiva por mayoría
simple de sus miembros participantes. En caso de empate, el Director Ejecutivo
tendrá el voto de calidad.
2.           Cuando delibere sobre un
grupo transfronterizo, la Junta adoptará sus decisiones en sesión ejecutiva por
mayoría simple de sus miembros participantes. Cada uno de los miembros de la
Junta a que se refiere el artículo 40, apartado 2, y el miembro
nombrado por el Estado miembro en el que esté ubicada la autoridad de
resolución a nivel de grupo tendrán un voto. Cada uno de los demás miembros
participantes tendrán un derecho de voto igual a la fracción correspondiente a
uno partido por el número de autoridades nacionales de resolución de los
Estados miembros en los que esté establecida una filial o entidad cubierta por
la supervisión consolidada. En caso de empate, el Director Ejecutivo tendrá el
voto de calidad.
3.           Hasta que se alcance el
nivel de financiación a que se refiere el artículo 65, los miembros
nombrados por los Estados miembros podrán solicitar una vez una nueva
deliberación de la Junta, cuando una decisión en fase de debate incida en las
competencias presupuestarias de ese Estado miembro.
4.           La Junta, en sesión
ejecutiva, adoptará y hará público el reglamento interno de sus sesiones
ejecutivas.
Las reuniones de la Junta en sesión ejecutiva
serán convocadas por el Director Ejecutivo, por propia iniciativa o a solicitud
de dos miembros, y estarán presididas por el Director Ejecutivo. La Junta podrá
invitar a observadores para que participen en sus sesiones ejecutivas sobre una
base ad hoc.
TÍTULO IV
El Director Ejecutivo y el Director
Ejecutivo Adjunto
Artículo 52
Nombramiento y funciones
1.           La Junta estará dirigida
por un Director Ejecutivo a tiempo completo que no podrá ejercer ninguna
función a nivel nacional.
2.           El Director Ejecutivo
será responsable de:
(a)         
preparar los trabajos de la Junta, en sesiones
plenaria y ejecutiva, y convocar y presidir las reuniones;
(b)         
todos los asuntos de personal;
(c)         
los asuntos de administración ordinaria;
(d)         
la ejecución del presupuesto de la Junta, de
conformidad con el artículo 59, apartado 3;
(e)         
la gestión de la Junta;
(f)           
la ejecución del programa de trabajo anual de
la Junta;
(g)         
la preparación, cada año, de un proyecto de
informe con una sección sobre las actividades de resolución de la Junta y otra
sobre los aspectos administrativos y financieros.
3.           El Director Ejecutivo
estará asistido por un Director Ejecutivo Adjunto.
El Director Ejecutivo Adjunto desempeñará las
funciones del Director Ejecutivo en ausencia de este.
4.           El Director Ejecutivo y
el Director Ejecutivo Adjunto serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus
cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros, y su
experiencia en materia de supervisión y regulación financieras.
5.           Tras oír a la Junta, en
sesión plenaria, la Comisión propondrá al Consejo una lista de candidatos para
los cargos de Director Ejecutivo y Director Ejecutivo Adjunto. El Consejo nombrará al Director Ejecutivo y
al Director Ejecutivo Adjunto tras oír al Parlamento Europeo.
6.           No obstante lo dispuesto
en el artículo 40, apartado 2, la duración del mandato del primer
Director Ejecutivo Adjunto nombrado tras la entrada en vigor del presente
Reglamento será de tres años; este mandato será renovable una sola vez por un
período de cinco años. El Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto
seguirán en funciones hasta el nombramiento de sus sucesores.
7.           Un Director Ejecutivo o
un Director Ejecutivo Adjunto cuyo mandato haya sido prorrogado no podrán
participar, al final del período acumulado, en otro procedimiento de selección
para el mismo puesto.
8.           Si el Director Ejecutivo
o el Director Ejecutivo Adjunto dejaran de cumplir las condiciones necesarias
para el ejercicio de sus funciones o hubieran cometido una falta grave, el
Consejo, a propuesta de la Comisión y tras haber oído al Parlamento Europeo,
podrá destituir al Director Ejecutivo o al Director Ejecutivo Adjunto.
Artículo 53
Independencia
1.           El Director Ejecutivo y
el Director Ejecutivo Adjunto ejercerán sus funciones de conformidad con las
decisiones de la Comisión y de la Junta.
Cuando participen en las deliberaciones y la
toma de decisiones de la Junta, el Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo
Adjunto no solicitarán ni aceptarán instrucciones de las instituciones u
organismos de la Unión, sino que expresarán sus propias opiniones y votarán de
forma independiente. En esas deliberaciones y toma de decisiones, el Director
Ejecutivo Adjunto no estará bajo la autoridad del Director Ejecutivo.
2.           Ni los Estados miembros
ni ninguna otra entidad pública o privada intentarán influir en el Director
Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto en el ejercicio de sus funciones.
3.           De conformidad con el
Estatuto de los funcionarios a que se refiere el artículo 78, apartado 6, el
Director Ejecutivo y el Director Ejecutivo Adjunto, después de abandonar el
cargo, seguirán sujetos al deber de actuar con integridad y discreción en lo
que respecta a la aceptación de determinados nombramientos o privilegios.
TÍTULO V
DISPOSICIONES FINANCIERAS
Capítulo 1
Disposiciones
generales
Artículo 54
Recursos
La Junta será responsable de destinar los
recursos financieros y humanos necesarios para el ejercicio de las funciones
que le atribuye el presente Reglamento.
Artículo 55
Presupuesto
1.           Todos los ingresos y los
gastos de la Junta deberán ser objeto de previsiones para cada ejercicio
presupuestario, el cual coincidirá con el año civil, y consignarse en el
presupuesto de la Junta.
2.           El presupuesto de la
Junta deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
3.           El presupuesto constará
de dos partes: la parte I corresponderá a la administración de la Junta y la
parte II, al Fondo.
Artículo 56
Parte I del presupuesto sobre la administración de la Junta
1.           Los ingresos de la parte
I del presupuesto consistirán en las contribuciones anuales necesarias para
financiar los gastos administrativos, de conformidad con el artículo 62,
apartado 1, letra a).
2.           Los gastos de la parte I
del presupuesto incluirán como mínimo los gastos de personal, remuneración,
administración, infraestructuras, formación profesional y funcionamiento.
Artículo 57
Parte II del presupuesto relativa al Fondo
1.           Los ingresos de la parte
II del presupuesto comprenderán, en particular:
(a)         
las contribuciones pagadas por las entidades
establecidas en los Estados miembros participantes, de conformidad con el
artículo 62, con excepción de la contribución anual a que se refiere el
artículo 62, apartado 1, letra a);
(b)         
los préstamos procedentes de otros mecanismos
de financiación de la resolución en los Estados miembros no participantes, de
conformidad con el artículo 68, apartado 1;
(c)         
los préstamos procedentes de entidades
financieras u otros terceros, de conformidad con el artículo 69;
(d)         
el rendimiento de las inversiones de los
importes depositados en el Fondo, de conformidad con el artículo 70.
2.           Los gastos de la parte
II del presupuesto comprenderán:
(a)         
los gastos para los fines indicados en el
artículo 71;
(b)         
las inversiones, de conformidad con el
artículo 70;
(c)         
los intereses pagados por préstamos
procedentes de otros mecanismos de financiación de la resolución en los Estados
miembros no participantes, de conformidad con el artículo 68,
apartado 1;
(d)         
los intereses pagados por préstamos
procedentes de entidades financieras u otros terceros, de conformidad con el
artículo 69.
Artículo 58
Establecimiento y ejecución del presupuesto
1.           A más tardar el 15 de
febrero de cada año, el Director Ejecutivo elaborará un estado de previsiones
de ingresos y gastos de la Junta para el ejercicio siguiente y lo remitirá a la
Junta, en sesión plenaria, para su aprobación, a más tardar el 31 de marzo de cada
año.
2.           El presupuesto de la
Junta será adoptado en sesión plenaria sobre la base del estado de previsiones.
Si fuese necesario, se adaptará en consecuencia.
3.           El Director Ejecutivo
ejecutará el presupuesto de la Junta.
Artículo 59
Auditoría y control
1.           En la Junta se creará
una función de auditoría interna, que deberá ejercerse respetando las normas
internacionales pertinentes. El auditor interno, nombrado por la Junta, será
responsable ante esta de la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas
y procedimientos de ejecución del presupuesto de la Junta.
2.           El auditor interno
asesorará a la Junta sobre el control de riesgos, emitiendo dictámenes
independientes sobre la calidad de los sistemas de gestión y control y
formulando recomendaciones para mejorar las condiciones de ejecución de las
operaciones y promover una buena gestión financiera.
3.           Incumbirá a la Junta la
responsabilidad de implantar sistemas y procedimientos de control interno
adaptados a la ejecución de sus tareas.
Artículo 60
Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
1.           El Director Ejecutivo
actuará como ordenador de pagos.
2.           A más tardar el 1 de
marzo siguiente al cierre del ejercicio, el contable de la Junta remitirá las
cuentas provisionales al Tribunal de Cuentas.
3.           A más tardar el 31 de
marzo de cada año, la Junta, en sesión ejecutiva, transmitirá al Parlamento
Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas las cuentas
provisionales de la Junta correspondientes al ejercicio anterior.
4.           Tras la recepción de las
observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la
Junta, el Director Ejecutivo elaborará las cuentas definitivas de la Junta bajo
su propia responsabilidad y las remitirá a la Junta en sesión plenaria para su
aprobación.
5.           A más tardar el 1 de
julio siguiente al cierre del ejercicio, el Director Ejecutivo remitirá las
cuentas definitivas al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al
Tribunal de Cuentas.
6.           El Director Ejecutivo
enviará al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones, a más tardar,
el 30 de septiembre.
7.           Las cuentas definitivas
se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el
15 de noviembre del ejercicio siguiente.
8.           La Junta, en sesión
plenaria, aprobará la gestión del Director Ejecutivo con respecto a la
ejecución del presupuesto.
9.           El Director Ejecutivo
presentará al Parlamento Europeo, a petición de este, toda la información
necesaria en relación con las cuentas de la Junta.
Artículo 61
Normas financieras
La Junta, previa consulta al Tribunal de
Cuentas de la Unión y a la Comisión, adoptará las disposiciones financieras
internas especificando, en particular, el procedimiento de elaboración y
ejecución de su presupuesto.
Las disposiciones financieras se inspirarán,
en la medida en que ello sea compatible con el carácter propio de la Junta, en
el Reglamento financiero marco adoptado para los organismos creados de
conformidad con el TFUE, con arreglo al artículo 208 del Reglamento (UE,
Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unión[26].
Artículo 62
Contribuciones
1.           Las entidades
contempladas en el artículo 2 contribuirán al presupuesto de la Junta, de
conformidad con el presente Reglamento y con los actos delegados relativos a
las contribuciones adoptados de conformidad con el apartado 5. Las
contribuciones comprenderán:
(a)         
las contribuciones anuales necesarias para
financiar los gastos administrativos;
(b)         
las contribuciones ex ante anuales
necesarias para alcanzar el nivel de financiación del Fondo especificado en el
artículo 65, calculado con arreglo al artículo 66; 
(c)         
las contribuciones extraordinarias ex post,
calculadas con arreglo al artículo 67.
2.           La cuantía de las
contribuciones se fijará en un nivel que garantice que los ingresos
correspondientes son, en principio, suficientes para asegurar el equilibrio del
presupuesto de la Junta cada año y para el desempeño de las misiones del Fondo.
3.           La Junta determinará, de
conformidad con los actos delegados a que se refiere el apartado 5, las
contribuciones que deberá pagar cada una de las entidades contempladas en el
artículo 2 en una decisión dirigida a la entidad de que se trate. La Junta
aplicará normas de procedimiento, notificación y de otro tipo que garanticen el
pago íntegro y puntual de las contribuciones.
4.           Los importes recaudados
con arreglo a lo establecido en los apartados 1, 2 y 3 se utilizarán
exclusivamente para los fines del presente Reglamento.
5.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados en relación con las contribuciones de
conformidad con el artículo 82, al objeto de:
(a)         
determinar el tipo de contribuciones y a qué
conceptos se refieren, la forma de calcular su importe y la modalidad de pago;
(b)         
especificar las normas de registro,
contabilidad, notificación y de otro tipo contempladas en el apartado 3,
necesarias para garantizar el pago íntegro y puntual de las contribuciones;
(c)         
determinar el sistema de contribución en el
caso de las entidades que hayan sido autorizadas a operar después de que el
Fondo haya alcanzado el nivel fijado como objetivo;
(d)         
determinar las contribuciones anuales
necesarias para financiar los gastos administrativos de la Junta antes de que
sea plenamente operativa.
Artículo 63
Medidas antifraude
1.           Con el fin de facilitar
la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal con
arreglo al Reglamento (CE) nº 1073/1999, en un plazo de seis meses a partir de
la fecha de su entrada en funcionamiento, la Junta se adherirá al Acuerdo
Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones
internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y
adoptará las disposiciones oportunas aplicables a todo el personal de la Junta
utilizando el modelo que figura en el anexo de dicho Acuerdo.
2.           El Tribunal de Cuentas
Europeo estará facultado para auditar, sobre la base de documentos y sobre el
terreno, a los beneficiarios, contratistas y subcontratistas que hayan recibido
de la Junta fondos de la Unión.
3.           La OLAF podrá realizar
investigaciones, incluidos controles e inspecciones sobre el terreno, con el
fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad
ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en el marco de un
contrato financiado por la Junta de conformidad con las disposiciones y
procedimientos establecidos en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 y en el
Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96.
Capítulo 2
El Fondo
Único de Resolución Bancaria
Sección 1
CONSTITUCIÓN DEL FONDO
Artículo 64
Disposiciones generales
1.           Se crea el Fondo Único
de Resolución Bancaria.
2.           La Junta utilizará el
Fondo exclusivamente con el fin de garantizar la aplicación eficiente de los
instrumentos y competencias de resolución especificados en la parte I, título
I, y de conformidad con los objetivos de resolución y los principios que rigen
la resolución establecidos en los artículos 12 y 13. En ningún caso el
presupuesto de la Unión será responsable de gastos o pérdidas del Fondo.
3.           El Fondo será propiedad
de la Junta.
Artículo 65
Nivel de financiación
1.           En un período no
superior a diez años después de la entrada en vigor del presente Reglamento,
los recursos financieros disponibles del Fondo deberán alcanzar como mínimo un
1 % del importe de los depósitos de todas las entidades de crédito
autorizadas en los Estados miembros participantes, que estén garantizados en
virtud de la Directiva 94/19/CE.
2.           Durante el período
inicial contemplado en el apartado 1, las contribuciones al Fondo
calculadas de conformidad con el artículo 66 y recaudadas de conformidad
con el artículo 62 se escalonarán de la forma más uniforme posible hasta
alcanzar el nivel fijado como objetivo, a menos que, en función de las circunstancias,
puedan adelantarse, habida cuenta de las favorables condiciones del mercado o
las necesidades de financiación.
3.           La Junta podrá prorrogar
el período inicial por un período máximo de cuatro años en caso de que el Fondo
realice acumuladamente desembolsos superiores al 0,5 % del importe total
contemplado en el apartado 1.
4.           Si, pasado el período
inicial contemplado en el apartado 1, los recursos financieros disponibles
disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo en el apartado 1, se
recaudarán contribuciones calculadas de conformidad con el artículo 66 hasta
alcanzar dicho nivel. Cuando los recursos financieros disponibles asciendan a
menos de la mitad del nivel fijado como objetivo, las contribuciones anuales no
serán inferiores a un cuarto de dicho nivel.
5.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 82, con
objeto de especificar:
(a)         
los criterios para el escalonamiento de las
contribuciones al Fondo calculadas con arreglo al apartado 2;
(b)         
las circunstancias en que el pago de las
contribuciones podrá adelantarse con arreglo al apartado 2;
(c)         
los criterios para determinar el número de
años que el período inicial a que se refiere el apartado 1 podrá
prorrogarse de conformidad con el apartado 3;
(d)         
los criterios para establecer las
contribuciones anuales previstas en el apartado 4.
Artículo 66
Contribuciones ex ante
1.           La contribución de cada
entidad se recaudará al menos cada año y corresponderá a la proporción que
represente su pasivo, excluidos los fondos propios y los depósitos
garantizados, respecto de los pasivos totales, excluidos los fondos propios y
los depósitos garantizados, de todas las entidades autorizadas en los
territorios de los Estados miembros participantes.
Esta contribución se adaptará proporcionalmente
al perfil de riesgo de cada entidad, de conformidad con los criterios
especificados en los actos delegados a que se refiere el artículo 94, apartado
7, de la Directiva [ ].
2.           Los recursos financieros
disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel de financiación
especificado en el artículo 65 podrán incluir compromisos de pago íntegramente
respaldados por garantías de activos de bajo riesgo libres de cargas por
derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de
la Junta para los fines especificados en el artículo 71, apartado 1. La parte
de estos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe
total de las contribuciones recaudadas de conformidad con el apartado 1.
3.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 82, con
objeto de especificar:
(a)         
el método de cálculo de las contribuciones
individuales a que se refiere el apartado 1;
(b)         
la calidad de las garantías prendarias que
respalden los compromisos de pago contemplados en el apartado 2;
(c)         
los criterios para el cálculo de la parte de
los compromisos de pago a que se refiere el apartado 2.
Artículo 67
Contribuciones extraordinarias ex post
1.           Cuando los recursos
financieros disponibles no sean suficientes para cubrir las pérdidas, los
costes u otros gastos ocasionados por la utilización del Fondo, la Junta
recaudará, de conformidad con el artículo 62, contribuciones
extraordinarias ex post de las entidades autorizadas en los territorios
de los Estados miembros participantes, con el fin de cubrir las necesidades
adicionales. Estas contribuciones extraordinarias se asignarán entre las
entidades de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 66.
2.           La Junta podrá eximir a
una entidad total o parcialmente, de conformidad con los actos delegados a que
se refiere el apartado 3, del cumplimiento de la obligación de pagar
contribuciones ex post de conformidad con el apartado 1 si la suma
de los pagos a que se refiere el artículo 66 y el apartado 1 del
presente artículo pusiera en peligro la liquidación de los créditos de otros
acreedores frente a dicha entidad. Esta exención no se concederá por un período
superior a seis meses, pero podrá renovarse a petición de la entidad.
3.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 82,
a fin de especificar en qué circunstancias y condiciones una entidad de las
contempladas en el artículo 2 podrá ser eximida total o parcialmente de
las contribuciones ex post con arreglo al apartado 2.
Artículo 68
Préstamos voluntarios entre mecanismos de financiación
1.           La Junta podrá presentar
una solicitud de préstamo en favor del Fondo a todos los demás mecanismos de
financiación de la resolución en los Estados miembros no participantes, en caso
de que:
(a)         
los importes recaudados de conformidad con el
artículo 66 no sean suficientes para cubrir las pérdidas, los costes u otros
gastos ocasionados por la utilización del Fondo;
(b)         
las contribuciones extraordinarias ex post
previstas en el artículo 67 no estén disponibles de forma inmediata; 
(c)         
los recursos de financiación alternativos
previstos en el artículo 69 no estén disponibles de forma inmediata en
condiciones razonables.
2.           Los mecanismos de
financiación de la resolución adoptarán una decisión en relación con dicha
solicitud, de conformidad con el artículo 97 de la Directiva [ ]. Las
condiciones de empréstito se someterán a lo dispuesto en el artículo 97,
apartado 3, letras a), b) y c), de la Directiva [ ].
Artículo 69
Recursos de financiación alternativos
1.           En caso de que los
importes recaudados de conformidad con los artículos 66 y 67 no estén
disponibles de forma inmediata o no sean suficientes para cubrir los gastos
ocasionados por la utilización del Fondo, la Junta podrá tomar empréstitos o
recabar otras formas de apoyo para el Fondo procedentes de entidades
financieras o de otros terceros.
2.           Los empréstitos u otras
formas de apoyo a que se refiere el apartado 1 deberán ser completamente
recuperables de conformidad con el artículo 62 dentro del plazo de
vencimiento del préstamo.
3.           Cualquier gasto en que
se haya incurrido por la utilización de los empréstitos a que se refiere el
apartado 1 deberán ser sufragados por la propia Junta y no por el presupuesto
de la Unión o por los Estados miembros participantes.
Sección 2
Administración del Fondo
Artículo 70
Inversiones
1.           La Junta administrará el
Fondo y podrá solicitar a la Comisión que desempeñe determinadas tareas
relacionadas con la administración del Fondo.
2.           Las cantidades recibidas
de una entidad objeto de resolución o de una entidad puente, así como los
intereses u otros ingresos de inversiones y cualquier otro beneficio, serán
destinados exclusivamente al Fondo.
3.           La Junta deberá invertir
los importes depositados en el Fondo en obligaciones de los Estados miembros
participantes o de organizaciones intergubernamentales, o en activos muy
líquidos de alta calidad crediticia. Las inversiones deben ser suficientemente
diversificadas desde el punto de vista geográfico. El rendimiento de dichas
inversiones se destinará al Fondo.
4.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados en relación con las disposiciones
aplicables a la administración del Fondo, de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 82.
Sección 3
Utilización del Fondo
Artículo 71
Misión del Fondo
1.           En el marco fijado por
la Comisión, la Junta, al aplicar los instrumentos de resolución a las
entidades contempladas en el artículo 2, podrá utilizar el Fondo para los
fines siguientes:
(a)         
garantizar los activos o los pasivos de la
entidad objeto de resolución, de sus filiales, de una entidad puente o de una
estructura de gestión de activos;
(b)         
realizar préstamos a la entidad objeto de
resolución, a sus filiales, a una entidad puente o a una estructura de gestión
de activos;
(c)         
adquirir activos de la entidad objeto de
resolución;
(d)         
aportar capital a una entidad puente o a una
estructura de gestión de activos;
(e)         
pagar una indemnización a los accionistas o
acreedores en caso de que, a raíz de una evaluación realizada con arreglo al artículo 17,
apartado 5, hayan recibido menos, como pago de sus créditos, de lo que
habrían recibido, tras una valoración de conformidad con el artículo 17,
apartado 16, en una liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia
ordinarios;
(f)           
hacer una contribución a la entidad objeto de
resolución en lugar de la contribución que tendría que haberse conseguido por
la depreciación de los créditos de determinados acreedores, cuando se utilice
el instrumento de recapitalización interna y la autoridad de resolución decida
excluir a determinados acreedores del ámbito de aplicación de la
recapitalización interna, de conformidad con el artículo 24, apartado 3;
(g)         
realizar una combinación de las acciones
mencionadas en las letras a) a f).
2.           El Fondo podrá emplearse
para realizar las acciones mencionadas en las letras a) a g), también con
respecto al comprador en el contexto de la venta de actividades.
3.           El Fondo no se utilizará
directamente para absorber las pérdidas de entidades o sociedades contempladas
en el artículo 2 o para recapitalizar entidades o sociedades contempladas
en el artículo 2. En caso de que la utilización del mecanismo de
financiación de la resolución para los fines contemplados en el apartado 1
dé lugar indirectamente a que parte de las pérdidas de una entidad o sociedad
contemplada en el artículo 2 sea transferida al Fondo, se aplicarán los
principios que rigen el uso del mecanismo de financiación de la resolución
recogidos en el artículo 24. 
4.           La Junta no podrá
conservar el capital aportado de conformidad con el apartado 1, letra f),
durante un período superior a cinco años.
Artículo 72
Mutualización de los mecanismos nacionales de financiación en el caso de
resoluciones de grupo que impliquen a entidades establecidas en Estados
miembros no participantes
En el caso de una resolución de grupo que
implique, por una parte, a entidades autorizadas en uno o varios Estados
miembros participantes y, por otra, a entidades autorizadas en uno o varios
Estados miembros no participantes, el Fondo contribuirá a la financiación de la
resolución de grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la
Directiva [ ].
Artículo 73
Utilización de los sistemas de garantía de depósitos en el contexto de la
resolución
1.           Los Estados miembros
participantes velarán por que, cuando la Junta emprenda una acción de
resolución, y siempre que esta acción garantice a los depositantes la
continuidad del acceso a sus depósitos, el sistema de garantía de depósitos al
que esté afiliada la entidad se haga responsable de las cantidades
especificadas en el artículo 99, apartados 1 y 4, de la Directiva [ ].
2.           La determinación del
importe del que se hará responsable el sistema de garantía de depósitos con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 se ajustará a las condiciones
establecidas en el artículo 17.
3.           Antes de decidir, de
conformidad con el apartado 1 del presente artículo, el importe del que se hará
responsable el sistema de garantía de depósitos con arreglo a las condiciones
establecidas en el artículo 39, apartado 3, letra d), de la Directiva [ ], la
Junta consultará al sistema de garantía de depósitos de que se trate, teniendo
plenamente en cuenta la urgencia de la cuestión.
4.           En caso de que los
recursos de un sistema de garantía de depósitos no sean suficientes para cubrir
los pagos que deban abonarse a los depositantes y no estén disponibles de forma
inmediata otros recursos del Estado miembro participante pertinente, el Fondo
podrá prestar los recursos necesarios a ese sistema de garantía de depósitos
siempre que se cumplan todas las condiciones previstas en el artículo 10 de la
Directiva 94/19/CE.
TÍTULO VI
Otras disposiciones
Artículo 74
Privilegios e inmunidades
El Protocolo (nº 7) sobre los
privilegios y las inmunidades de la Unión Europea anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea será aplicable a la
Junta y a su personal.
Artículo 75
Lenguas
1.           El Reglamento nº 1
del Consejo[27]
será aplicable a la Junta.
2.           La Junta decidirá sobre
su régimen lingüístico interno.
3.           La Junta podrá decidir
qué lenguas oficiales utilizar para el envío de documentos a instituciones u
organismos de la Unión.
4.           La Junta podrá acordar
con cada autoridad nacional de resolución la lengua o lenguas en que se
redactarán los documentos que sean enviados a o por las autoridades nacionales
de resolución.
5.           El Centro de Traducción
de los Órganos de la Unión Europea prestará los servicios de traducción
necesarios para el funcionamiento de la Junta.
Artículo 76
Personal de la Junta
1.           El Estatuto de los
funcionarios, el régimen aplicable a los otros agentes y las normas adoptadas
conjuntamente por las instituciones de la Unión para su aplicación serán
aplicables al personal de la Junta, incluido su Director Ejecutivo y su
Director Ejecutivo Adjunto.
2.           La Junta, en
concertación con la Comisión, adoptará normas de desarrollo adecuadas para dar
efecto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros
agentes de conformidad con el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.
Artículo 77
Intercambio de personal
1.           La Junta podrá recurrir
a expertos nacionales en comisión de servicio u otro personal no empleado por
la Junta.
2.           La Junta adoptará, en
sesión plenaria, decisiones adecuadas que establezcan normas relativas al
intercambio y el envío en comisión de servicio de personal entre las
autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes y la
Junta .
3.           La Junta podrá
establecer equipos internos de resolución integrados por personal de las
autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros participantes.
Artículo 78
Responsabilidad de la Junta
1.           La responsabilidad
contractual de la Junta se regirá por el Derecho aplicable al contrato de que
se trate.
2.           El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea será competente para pronunciarse en virtud de cualquier
cláusula compromisoria en un contrato celebrado por la Junta.
3.           En caso de
responsabilidad no contractual, la Junta, de conformidad con los principios
generales comunes a las legislaciones relativas a la responsabilidad de las
autoridades públicas de los Estados miembros, reparará los daños causados por
ella o por su personal en el ejercicio de sus funciones, en particular sus
funciones de resolución, incluidos los actos y omisiones en apoyo de procedimientos
de resolución en el extranjero.
4.           La Junta compensará a
toda autoridad nacional de resolución por los daños y perjuicios a que haya
sido condenada por un órgano jurisdiccional nacional, o que, en concertación
con la Junta, se haya comprometido a pagar en el marco de un acuerdo amistoso,
como consecuencia de un acto u omisión cometido por dicha autoridad nacional de
resolución en el transcurso de cualquier resolución emprendida en virtud del
presente Reglamento, salvo que dicho acto u omisión constituya una violación
del Derecho de la Unión, del presente Reglamento, de una decisión de la
Comisión o de una decisión de la Junta, o constituya un error grave y
manifiesto de apreciación.
5.           El Tribunal de Justicia
de la Unión Europea será competente para conocer de los litigios relacionados
con los apartados 3 y 4. Las acciones en materia de responsabilidad
extracontractual prescribirán a los cinco años de producido el hecho que las
motivó.
6.           La responsabilidad
individual del personal de la Junta ante la Junta se regirá por lo dispuesto en
el Estatuto de los funcionarios o el régimen que les sea aplicable.
Artículo 79
Secreto profesional e intercambio de información
1.           Los miembros de la
Junta, el personal de la Junta y el personal en régimen de intercambio o
enviado en comisión de servicio por los Estados miembros participantes que
desempeñen funciones de resolución estarán sujetos a las obligaciones de
secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del
TFUE y las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión, incluso
después de haber cesado en sus cargos.
2.           La Junta velará por que
las personas que proporcionen cualquier servicio, directa o indirectamente, de
forma permanente u ocasional, en relación con el desempeño de sus funciones,
estén sujetas a obligaciones de secreto profesional equivalentes.
3.           Para el ejercicio de las
funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Junta estará autorizada,
dentro de los límites y en las condiciones que disponga el Derecho aplicable de
la Unión, a intercambiar información con las autoridades y organismos
nacionales o europeos en los casos en que el Derecho aplicable de la Unión
permita a las autoridades nacionales competentes comunicar información a dichas
entidades o cuando los Estados miembros puedan disponer dicha comunicación de
conformidad con los actos pertinentes del Derecho de la Unión.
Artículo 80
Transparencia
1.           El Reglamento (CE)
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo[28] se aplicará a los
documentos en poder de la Junta.
2.           En un plazo de seis
meses después de su primera reunión, la Junta adoptará las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) nº 1049/2001.
3.           Las decisiones tomadas
por la Junta en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1049/2001
podrán ser objeto de una reclamación dirigida al Defensor del Pueblo Europeo o
de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previo recurso
a la Sala de Recurso, en su caso, en las condiciones establecidas en los
artículos 228 y 263 del TFUE, respectivamente.
4.           El tratamiento de los
datos personales por la Junta estará sujeto al Reglamento (CE) nº 45/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo[29].
El tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades nacionales
de resolución estará sujeto a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo[30].
Artículo 81
Normas de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada y
de la información sensible no clasificada
La Junta aplicará los principios de
seguridad contenidos en las normas de seguridad de la Comisión para la
protección de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la
información sensible no clasificada, con arreglo a lo dispuesto en el anexo de
la Decisión 2001/844/CE, CECA, Euratom. La aplicación de los principios de
seguridad se hará extensiva a las disposiciones relativas al intercambio, el
tratamiento y el almacenamiento de la citada información.
PARTE IV
PODERES DE EJECUCIÓN Y DISPOSICIONES FINALES
Artículo 82
Ejercicio de la delegación
1.           Se otorgan a la Comisión
los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
2.           La delegación de poderes
se otorgará por tiempo indefinido a partir de la fecha prevista en el artículo
88.
3.           La delegación de poderes
a que se refieren el artículo 62, apartado 5, el artículo 65, apartado 5,
el artículo 66, apartado 3, el artículo 67, apartado 3, y el artículo 70,
apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o
por el Consejo. Una decisión de revocación pondrá término a la delegación de
los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de
la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o
en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la
validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.           En cuanto la Comisión
adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y
al Consejo.
5.           Los actos delegados
adoptados en virtud del artículo 62, apartado 5, el artículo 65, apartado
5, el artículo 66, apartado 3, el artículo 67, apartado 3, y el artículo 70,
apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su
notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el
Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto
el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Por
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará dos
meses.
Artículo 83
Revisión
1.           A más tardar el 31 de
diciembre de 2016, y posteriormente cada cinco años, la Comisión publicará un
informe sobre la aplicación del presente Reglamento, haciendo especial hincapié
en el seguimiento de sus potenciales repercusiones sobre el correcto
funcionamiento del mercado interior. Dicho informe evaluará:
(a)         
el funcionamiento del MUR y el impacto de sus
actividades de resolución sobre los intereses de la Unión en su conjunto y
sobre la coherencia y la integridad del mercado interior de los servicios
financieros, incluido su posible impacto sobre las estructuras de los sistemas
bancarios nacionales dentro de la Unión, y en lo que respecta a la eficacia de
los dispositivos de cooperación y puesta en común de información dentro del
MUR, entre el MUR y el MUS, y entre el MUR y las autoridades nacionales de
resolución y las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros no
participantes;
(b)         
la eficacia de las disposiciones en materia de
independencia y rendición de cuentas;
(c)         
la interacción entre la Junta y la Autoridad
Bancaria Europea;
(d)         
la interacción entre la Junta y las
autoridades nacionales de resolución de Estados miembros no participantes y los
efectos del MUR en esos Estados miembros.
2.           El informe se presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo. Si procede, la Comisión presentará
propuestas complementarias.
Artículo 84
Modificación del Reglamento (UE) nº 1093/2010
El Reglamento (UE) n° 1093/2010
queda modificado como sigue:
1.           En el artículo 4, el
punto 2 se sustituye por el texto siguiente:
«2) "autoridades competentes":
i)        las autoridades competentes según
se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y en la
Directiva 2007/64/CE y a las que se hace referencia en la Directiva
2009/110/CE;
ii)       en relación con las Directivas
2002/65/CE y 2005/60/CE, las autoridades competentes para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de dichas Directivas por parte de las entidades
de crédito y financieras;
iii)      en el caso de los sistemas de
garantía de depósitos, los organismos que administran dichos sistemas de
conformidad con la Directiva 94/19/CE, o en caso de que el funcionamiento del
sistema de garantía de depósitos sea administrado por una sociedad privada, la
autoridad pública que supervise dichos sistemas, en virtud de dicha Directiva;
y 
iv)      en relación con el artículo 62,
apartado 5, el artículo 65, apartado 5, el artículo 66, apartado 3, el artículo
67, apartado 4, y el artículo 70, apartado 4, las autoridades de resolución
definidas en el artículo 3 de dicha Directiva y la Junta Única de
Resolución establecida por el Reglamento (UE) nº... del Parlamento Europeo y
del Consejo.».
2.           En el artículo 25, se
añade el apartado siguiente:
«1 bis.            La Autoridad podrá
organizar y realizar evaluaciones inter pares del intercambio de
información y de las actividades comunes de la Junta a que se refiere el
Reglamento MUR y las autoridades nacionales de resolución de Estados miembros
no participantes en el MUR en la resolución de grupos transfronterizos para
reforzar la eficacia y la coherencia de los resultados. Para ello, la Autoridad
desarrollará métodos que permitan una evaluación y una comparación objetivas.».
3.           En el artículo 40,
apartado 6, se añade el párrafo tercero siguiente:
«Con el fin de actuar en el ámbito de
aplicación del artículo 62, apartado 5, el artículo 65, apartado 5, el artículo
66, apartado 3, el artículo 67, apartado 4, y el artículo 70, apartado 4, el
Director Ejecutivo de la Junta de Resolución Europea tendrá estatuto de
observador en la Junta de Supervisores.».
Artículo 85
Sustitución de los mecanismos nacionales de financiación de la resolución
A partir de la fecha de aplicación
indicada en el artículo 88, párrafo segundo, el Fondo se considerará el
mecanismo de financiación de los procedimientos de resolución de los Estados
miembros participantes con arreglo al título VII de la Directiva [ ].
Artículo 86
Acuerdo relativo a la sede y condiciones de funcionamiento
1.           Las disposiciones
necesarias relativas al alojamiento de la Junta en el Estado miembro de acogida
y las instalaciones que debe poner a disposición dicho Estado miembro, así como
las normas específicas aplicables en el Estado miembro de acogida al Director
Ejecutivo, a los miembros de la Junta en sesión plenaria, al personal de la
Junta y a los miembros de sus familias, se fijarán en un acuerdo de sede
celebrado entre la Junta y el Estado miembro de acogida, previa aprobación de
la Junta en sesión plenaria y a más tardar dos años después de la entrada en
vigor del presente Reglamento.
2.           El Estado miembro que
acoja a la Junta garantizará las mejores condiciones posibles para el
funcionamiento de la misma, incluida una escolarización multilingüe y de
vocación europea, así como conexiones de transporte adecuadas.
Artículo 87
Inicio de las actividades de la Junta
1.           La Junta estará
plenamente operativa a más tardar el 1 de enero de 2015.
2.           La Comisión será
responsable de la creación y el funcionamiento inicial de la Junta hasta que
esta disponga de la capacidad operativa necesaria para ejecutar su propio
presupuesto. A tal efecto:
(a)         
hasta que el Director Ejecutivo asuma sus
funciones tras su nombramiento por el Consejo de conformidad con el
artículo 53, la Comisión podrá designar a un funcionario de la Comisión
para que actúe como Director Ejecutivo interino y desempeñe las funciones
correspondientes al Director Ejecutivo;
(b)         
no obstante lo dispuesto en el
artículo 47, apartado 1, letra i), y a la espera de la adopción de la
decisión contemplada en el artículo 47, apartado 2, el Director
Ejecutivo interino ejercerá las competencias de la Autoridad facultada para
proceder a los nombramientos.
(c)         
la Comisión podrá prestar asistencia a la
Junta, en particular enviando en comisión de servicio a funcionarios de la
Comisión para llevar a cabo las actividades de la agencia, bajo la
responsabilidad del Director Ejecutivo interino o del Director Ejecutivo;
(d)         
la Comisión recaudará las contribuciones
anuales contempladas en el artículo 62, apartado 5, letra d), en nombre de la
Junta.
3.           El Director Ejecutivo
interino podrá autorizar todos los pagos cubiertos por los créditos consignados
en el presupuesto de la Junta y celebrar contratos, incluidos contratos de
personal.
Artículo 88
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor
el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Los artículos 7 a 23 y 25 a 38 serán
aplicables a partir del 1 de enero de 2015.
El artículo 24 será aplicable a partir
del 1 de enero de 2018.
El presente Reglamento será
obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA 
1.           MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
              1.1.    Denominación de la
propuesta/iniciativa
              1.2.    Ámbito(s)
de actuación afectado(s) en la estructura GPA/PPA
              1.3.    Naturaleza
de la propuesta/iniciativa
              1.4.    Objetivo(s)
              1.5.    Justificación
de la propuesta/iniciativa
              1.6.    Duración
e incidencia financiera
              1.7.    Modo(s)
de gestión previsto(s)
2.           MEDIDAS DE GESTIÓN
              2.1.    Disposiciones
en materia de seguimiento e informes
              2.2.    Sistema
de gestión y de control
              2.3.    Medidas
de prevención del fraude y de las irregularidades
3.           INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA
              3.1.    Rúbrica(s)
del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos
afectada(s)
              3.2.    Incidencia
estimada en los gastos
              3.2.1. Resumen de la
incidencia estimada en los gastos
              3.2.2. Incidencia
estimada en los créditos de operaciones
              3.2.3. Incidencia
estimada en los créditos de carácter administrativo
              3.2.4. Compatibilidad
con el marco financiero plurianual vigente
              3.2.5. Contribución de
terceros
              3.3.    Incidencia estimada en los
ingresos
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.           MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA
1.1.        Denominación de la
propuesta/iniciativa
Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se establece un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo
Único de Resolución Bancaria
1.2.        Ámbito(s) político(s)
afectado(s) en la estructura GPA/PPA[31]
Mercado interior — Mercados financieros
1.3.        Naturaleza de la
propuesta/iniciativa
þ La propuesta/iniciativa se
refiere a una acción nueva
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria[32]
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a la prolongación de una acción existente
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a una acción reorientada hacia una nueva acción.
1.4.        Objetivo(s)
1.4.1.     Objetivo(s)
estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la
propuesta/iniciativa
·              
Reforzar el mercado interior de servicios
bancarios, manteniendo a su vez unas condiciones de competencia equitativas.
·              
Mantener la estabilidad financiera y la
confianza en los bancos, garantizar la continuidad de los servicios financieros
básicos, evitar el contagio de los problemas.
·              
Minimizar las pérdidas para la sociedad en su
conjunto y en particular para el contribuyente, proteger a los depositantes y
reducir el riesgo moral.
1.4.2.     Objetivo(s) específico(s)
y actividad(es) GPA/PPA afectada(s)
A la luz de los objetivos generales
anteriormente expuestos, se persiguen los objetivos específicos siguientes:
Preparación y prevención:
·              
aumentar la preparación de supervisores y
bancos ante situaciones de crisis, y
·              
asegurar la posibilidad de resolución de todos
los bancos
Intervención temprana:
·              
mejorar las prácticas de intervención temprana
de los supervisores bancarios
Resolución bancaria:
·              
garantizar la resolución de los bancos sujetos
a un Mecanismo Único de Supervisión de forma oportuna y rigurosa
·              
garantizar la seguridad jurídica a las partes
interesadas de la resolución bancaria
Financiación:
·              
crear un Fondo Único de Resolución Bancaria,
que pueda absorber eficazmente las pérdidas asimétricas desde un punto de vista
geográfico en el sistema bancario de la Unión 
·              
garantizar que la resolución de los bancos en
quiebra esté plenamente cubierta por las participaciones de las entidades
financieras, después de que se haya producido la recapitalización interna por
los accionistas y los acreedores. 
1.4.3.     Resultado(s) e incidencia
esperados
·              
Romper el círculo vicioso entre los Estados y
sus bancos.
·              
Proporcionar a todas las empresas en toda la
unión bancaria condiciones equitativas y acceso a la financiación bancaria.
·              
Minimizar las pérdidas de depositantes,
Administraciones y contribuyentes por el rescate y la resolución de grandes
bancos de importancia sistémica.
1.4.4.     Indicadores de resultados
e incidencia
·              
Diferencial de rentabilidad de los bonos
soberanos a largo plazo entre los Estados miembros.
·              
Número de bancos en proceso de resolución.
·              
Coste de las resoluciones bancarias, incluidos
los desembolsos del Fondo Único de Resolución.
·              
Cambios en el porcentaje de la deuda que puede
ser objeto de recapitalización interna en los bancos.
1.5.        Justificación de la
propuesta/iniciativa
1.5.1.     Necesidad(es) que deben
satisfacerse a corto o largo plazo
Tal como se indicó en 2012 en la Comunicación
de la Comisión «Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y
auténtica» y en el Informe de los cuatro Presidentes, un marco financiero
integrado o «unión bancaria» constituye una parte vital de las medidas
políticas para volver a situar a Europa en la senda de la recuperación
económica y el crecimiento. Las respuestas nacionales descoordinadas a la
quiebra de bancos han intensificado la fragmentación del mercado interior en
materia de préstamos y financiación. Como consecuencia de ello, se ha
deteriorado la transmisión de la política monetaria común y la
compartimentación pone en peligro la concesión de créditos a las empresas y a
los consumidores.
Esto resulta especialmente perjudicial dentro
de la zona del euro. Con poco margen en la utilización de instrumentos
monetarios para hacer frente a las deficiencias del sector bancario, la
dependencia respecto de los recursos presupuestarios nacionales a la hora de
gestionar las quiebras bancarias sigue vinculando los bancos con los Estados en
un círculo vicioso. Las empresas de Estados miembros en los que se intuye una
escasa capacidad de rescate de los bancos en dificultades de su territorio se
hallan ante una grave desventaja competitiva. Además, tal como se ha visto en
la crisis, los problemas en algunos Estados miembros de la zona del euro pueden
propagarse rápidamente, mediante dudas y vínculos financieros, a otros Estados
que los mercados consideren vulnerables ante riesgos similares.
El Consejo Europeo declaró en sus
conclusiones de diciembre de 2012 que «en una situación en que la supervisión
bancaria se haya transferido efectivamente a un mecanismo único de supervisión,
hará falta un mecanismo único de resolución, con los poderes necesarios para
que pueda llevar a cabo, con los instrumentos adecuados, la resolución de
cualquier banco establecido en los Estados miembros participantes».
Un avance rápido hacia una unión bancaria es
imprescindible para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento en la
zona del euro. Partiendo del marco regulador sólido que comparten los veintiocho
miembros del mercado interior (código normativo único), la Comisión Europea ha
adoptado un enfoque integrador y ha propuesto una hoja de ruta para la unión
bancaria, con varios instrumentos y etapas, abierta en principio a todos los
Estados miembros, pero que, en cualquier caso, incluirá a los diecisiete
Estados miembros pertenecientes actualmente a la zona del euro. 
El primer paso, el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) para los bancos de la zona del euro y los de los Estados
miembros que deseen adherirse a él faculta al BCE para ejercer funciones
esenciales de supervisión de este tipo de entidades. 
Otro aspecto clave de la unión bancaria, la
propuesta de Directiva por la que se establece un marco para el rescate y la
resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (Directiva sobre
rescate y resolución bancarios), adoptada en 2012, se halla actualmente en fase
de negociación por los colegisladores. La Directiva sobre rescate y resolución
bancarios establecerá las normas de realización de los procesos de resolución
en todo el mercado interior y proporcionará a las autoridades nacionales de
resolución facultades y procedimientos que permitan la resolución de los
bancos. 
Con arreglo a las conclusiones del Consejo
Europeo, la integración de los mercados de la unión bancaria requiere un
mecanismo de resolución en toda la zona del euro para tratar a los bancos en
dificultades y, por tanto, para gestionar el riesgo de contagio, a fin de
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en beneficio de todo
el mercado interior.
En consonancia con el Plan Director de la
Comisión de 2012, el objetivo a largo plazo es crear una unión bancaria para
los bancos de todos los Estados miembros. La supervisión directa por el BCE,
combinada con un mecanismo único de resolución para los bancos y unos sistemas
de garantía de depósitos sólidos y eficaces en todos los Estados miembros
contribuirán a mantener la confianza en la estabilidad sostenible de la Unión.
1.5.2.     Valor añadido de la
intervención de la Unión Europea
Con arreglo al principio de subsidiariedad
establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, en los ámbitos que no
sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá solo en caso de que, y
en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni
a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o a los efectos de la
acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.
Solo la actuación a escala europea puede
garantizar que los bancos en quiebra sean objeto de resolución de forma no
discriminatoria y con arreglo a un conjunto único de normas para mejorar el
funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria y del mercado interior. Pese a
la profunda integración del sector bancario de la Unión, la existencia de
diferencias importantes entre las decisiones de resolución adoptadas a escala
nacional puede dar lugar a riesgos inaceptables para la estabilidad financiera.
La moneda única obliga a una supervisión y a
una resolución únicas de los bancos de la zona del euro para evitar una
fragmentación económica destructiva. Un mecanismo único de resolución
será más eficaz que una red de autoridades nacionales de resolución, en
particular en lo que respecta a los grupos bancarios transfronterizos, para los
que la rapidez y la coordinación son cruciales a fin de minimizar los costes y
de restaurar la confianza. También permitirá economías de escala significativas
y evitará las externalidades negativas que podrían derivarse de decisiones
meramente nacionales.
1.5.3.     Compatibilidad y posibles
sinergias con otros instrumentos pertinentes
El primer paso, el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS) para los bancos de la zona del euro y los de los Estados
miembros que deseen adherirse a él, faculta al BCE para ejercer funciones
esenciales de supervisión de este tipo de entidades. 
Otro aspecto clave de la unión bancaria, la
propuesta de Directiva por la que se establece un marco para el rescate y la
resolución de entidades de crédito y empresas de inversión (Directiva sobre
rescate y resolución bancarios), adoptada en 2012, se halla actualmente en fase
de negociación por los colegisladores. La Directiva sobre rescate y resolución
bancarios establecerá las normas de realización de los procesos de resolución
en todo el mercado interior y proporcionará a las autoridades nacionales de
resolución facultades y procedimientos que permitan la resolución de los
bancos. 
Con arreglo a las conclusiones del Consejo
Europeo, la integración de los mercados de la unión bancaria requiere un
mecanismo de resolución en toda la zona del euro para tratar a los bancos en
dificultades y, por tanto, para gestionar el riesgo de contagio, a fin de
salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en beneficio de todo
el mercado interior.
En consonancia con el Plan Director de la
Comisión de 2012, el objetivo a largo plazo es crear una unión bancaria para
los bancos de todos los Estados miembros. La supervisión directa por el BCE,
combinada con un mecanismo único de resolución para los bancos y unos sistemas
de garantía de depósitos sólidos y eficaces en todos los Estados miembros
contribuirán a mantener la confianza en la estabilidad sostenible de la Unión.
1.6.        Duración e incidencia
financiera 
¨ Propuesta/iniciativa de duración
limitada 
–     
¨  Propuesta/iniciativa en vigor desde [el DD/MM]AAAA hasta [el
DD/MM]AAAA 
–     
¨  Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA 
þ Propuesta/iniciativa de duración
ilimitada
–     
Ejecución: fase de puesta en marcha desde 2014
hasta finales de 2014,
–     
y pleno funcionamiento a continuación.
1.7.        Modo(s) de gestión
previsto(s)[33] 
¨ Gestión directa a cargo de la
Comisión
–     
¨ por sus servicios, incluido su personal en las delegaciones de la
Unión; 
–     
þ  por las agencias ejecutivas. 
¨ Gestión compartida con los Estados miembros 
¨ Gestión indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
–     
¨ terceros países u organismos que estos hayan designado;
–     
¨ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);
–     
¨ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones ;
–     
þ los organismos a que se hace referencia en los artículos 208 y
209 del Reglamento Financiero;
–     
¨ organismos de Derecho público;
–     
¨ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio
público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;
–     
¨ los organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que
se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que
presenten garantías financieras suficientes;
–     
¨ las personas a quienes se haya encomendado la ejecución de
acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del
TUE, y que estén identificadas en el acto de base.
–     
Si se indica más de un modo de gestión,
facilítense los detalles en el recuadro de observaciones.
Observaciones
2.           MEDIDAS DE GESTIÓN 
2.1.        Disposiciones en materia
de seguimiento e informes 
Según el artículo
47 del Reglamento, la Junta debe rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, el
Consejo y la Comisión por la aplicación del presente Reglamento y, entre otros
puntos, deberá presentar cada año un informe al Parlamento Europeo, al Consejo,
a la Comisión y al Tribunal de Cuentas sobre la ejecución de las funciones que
le atribuye el presente Reglamento.
2.2.        Sistema de gestión y de
control
2.2.1.     Riesgo(s) definido(s)
La propuesta no
dará lugar a nuevos riesgos en relación con el uso legal, económico, eficiente
y eficaz de los créditos presupuestarios.
No obstante, una gestión interna de los
riesgos debería tener en cuenta la naturaleza específica del mecanismo de
financiación de la Junta. A diferencia de otros muchos organismos creados por
las Comunidades, los servicios prestados por la Junta estarán financiados
exclusivamente por las entidades financieras.
En segundo lugar, la Junta será responsable
de la gestión del Fondo Único de Resolución Bancaria. A este respecto, deberá
elaborarse y establecerse un conjunto de procedimientos de control interno.
2.2.2.     Información relativa al
sistema de control interno establecido
El marco y las normas de control interno
deberán ajustarse al modelo aplicado por otras autoridades creadas por la
Comisión, salvo para la gestión del Fondo Único de Resolución Bancaria, que
requerirá la creación de un conjunto específico de normas.
2.2.3.     Estimación de los costes,
beneficios de los controles y evaluación del nivel de riesgo de error esperado
Deberán incluirse controles internos en los
procedimientos de la Junta para el desempeño de sus funciones y la ejecución de
las tareas que se le encomienden. Los costes de tales procedimientos no deberán
superar sus ventajas en evitar errores materiales.
2.3.        Medidas de prevención
del fraude y de las irregularidades
A efectos de la lucha contra el fraude, la
corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicarán a
la Junta sin restricciones las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1073/1999
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
investigaciones efectuadas por la Oficina Europea contra el fraude (OLAF).
La Junta se adherirá al Acuerdo
Interinstitucional, de 25 de mayo de 1999, entre el Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión de las Comunidades Europeas, relativo
a las investigaciones internas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF), y adoptará inmediatamente las disposiciones adecuadas, que se aplicarán
a todo su personal.
Las decisiones de financiación y los acuerdos
y los instrumentos de aplicación de ellos resultantes dispondrán de manera
explícita que el Tribunal de Cuentas y la OLAF podrán efectuar, si es
necesario, controles in situ de los beneficiarios de fondos
desembolsados por la Junta, así como del personal responsable de su asignación.
Los artículos 58 a 63 del Reglamento por
el que se crea la Junta establecen las disposiciones relativas a la ejecución y
el control de su presupuesto y las normas financieras aplicables.
3.           INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA
El análisis que figura a continuación ofrece
una estimación de los costes globales que supondrá la presente propuesta para
la Junta y su administración (en lo sucesivo, «la Junta»), así como para la
Comisión.
Los gastos de la Junta serán financiados
íntegramente por las entidades financieras cubiertas por el Mecanismo Europeo
de Resolución. Unos 6 000 bancos de la zona del euro abonarán, además de
sus contribuciones anuales al Fondo Único de Resolución Bancaria, un porcentaje
fija de ese importe para financiar todos los gastos presupuestarios de la
Junta. El porcentaje de la contribución y el presupuesto de la Junta se
aprobarán anualmente. El porcentaje de la contribución para financiar la Junta
se adaptará cada año para garantizar el equilibrio presupuestario de la Junta.
La Junta desempeñará funciones relacionadas
con la elaboración y la ejecución de resoluciones, así como con las
contribuciones al Fondo de resolución y la gestión correspondiente. En lo que
se refiere a la preparación de las resoluciones, la Junta elaborará o revisará
los planes de resolución, participará en colegios transfronterizos de
autoridades de resolución y preparará la resolución propiamente dicha. Para un
número significativo de entidades y grupos, la Junta, en cooperación con el
responsable de la supervisión (en base consolidada) y con las autoridades
nacionales de resolución, deberá elaborar los planes de resolución, que
indicarán las acciones de resolución que habrán de emprenderse si se reúnen las
condiciones correspondientes y, al menos una vez al año, revisará y, si
procede, actualizará los planes. La Junta también deberá evaluar la viabilidad
de la resolución de las entidades y grupos y eliminar cualquier posible
obstáculo sustantivo al respecto.
Las autoridades nacionales de resolución
también deberán elaborar planes de resolución para las demás entidades y
grupos, y la Junta deberá revisar dichos planes. Si un grupo incluye entidades
que no están establecidas solo en Estados miembros participantes, la Junta
representará a las autoridades nacionales de resolución de los Estados miembros
participantes en el colegio de autoridades de resolución. Se crearán colegios
de autoridades de resolución para garantizar la cooperación y la coordinación
entre las autoridades pertinentes y realizar, entre otras cosas, las tareas
relacionadas con el la elaboración de los planes de resolución, la evaluación
de la viabilidad de la resolución y la resolución propiamente dicha.
En caso de que la Comisión haya decidido
someter a una entidad a un procedimiento de resolución, la Junta deberá
controlar la ejecución de la misma y evaluará asimismo la viabilidad del plan
de reorganización empresarial de la entidad.
En lo que respecta al Fondo, la Junta deberá
recaudar contribuciones anuales de unas 6 000 entidades, cerciorarse de
que la base contributiva de cada banco se ha determinado correctamente, las
contribuciones se abonan a su debido tiempo y los importes impagados se
recuperan efectivamente. Para ello, la Junta realizará inspecciones de los
registros de los bancos. Los importes que deberá recaudar y gestionar deberían
exceder de la mitad del presupuesto anual de la Unión. La Junta también deberá
gestionar los fondos de tal modo que los riesgos sean limitados y que sea
posible, en caso de necesidad, poner rápidamente a disposición los recursos
para financiar la resolución. Esto supone una estrategia muy elaborada de
inversión a largo plazo que tenga en cuenta, entre otras cosas, la naturaleza,
la localización geográfica y el vencimiento de las inversiones. Naturalmente,
estas funciones ejecutivas de la Junta deberán ser respaldadas por funciones
administrativas, que incluirán, entre otros puntos, las tecnologías de la
información y las comunicaciones.
Principales hipótesis
Estimación de las necesidades de
personal y la estructura de costes de la Junta:
·       
Se espera que la Junta alcance su plena
capacidad al término de su primer año de funcionamiento, lo cual significa que
todo el personal deberá ser contratado en el transcurso del primer año: la
incidencia presupuestaria se estima en un 50 % en el primer año y en un
100 % a partir del segundo año de funcionamiento.
·       
Dado que no hay, en Europa, autoridades
nacionales de resolución con un historial suficiente para estimar las
necesidades en recursos humanos de la Junta se ha recurrido a una evaluación
comparativa con las tareas de la Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) de los Estados Unidos — véase el cuadro 1 que figura a continuación.
·       
En lo que se refiere a los depósitos
garantizados y al objetivo de volumen de los fondos de resolución, los importes
son comparables entre los Estados Unidos y la zona del euro, aunque los activos
bancarios sujetos a un mecanismo de resolución son sustancialmente superiores
en la zona del euro, en comparación con los Estados Unidos.
·       
En cuanto a los gastos generales, se ha establecido
una comparación con las autoridades europeas de supervisión (AES). Ahora bien,
dado que la parte de gastos generales de las autoridades europeas de
supervisión ha sido superior a la estimada en la evaluación comparativa con la
FDIC, se ha utilizado en este caso un porcentaje más prudente, del 11,5 %.
En el cuadro 1 se exponen otras hipótesis, con las aclaraciones
correspondientes, sobre la evaluación comparativa con la FDIC. En 2012, la FDIC
disponía de 7 476 ETC.
·       
Dado que la FDIC tiene un mandato más amplio
que la Junta, solo se han tenido en cuenta los departamentos pertinentes de la
FDIC en el ejercicio de evaluación comparativa. 
·       
Sobre esa base, se necesitaría una plantilla
de 309 personas. Cabe observar que la FDIC tiene un 21 % de empleados no permanentes.
Con la hipótesis más prudente, si no se produce una crisis, se estima que la
FDIC podría funcionar únicamente con el personal permanente, lo cual, en el
caso de la Junta, vendría a reducir en 75 puestos la plantilla, quedando esta
en 244 personas. Así pues, es importante garantizar que la Junta disponga de
suficiente flexibilidad para contratar personal adicional o externalizar la
carga de trabajo.
·       
Se sugiere la distribución de personal
siguiente:
–     
80 % de AT (68 % de AD y 12 %
de AST);
–     
10 % de ENCS;
–     
10 % de AC.
·       
Se aplicará el Estatuto de los funcionarios de
la UE, lo cual se refleja en los importes per cápita considerados:
–     
coste medio anual de un AT: 131 000 EUR
–     
coste medio anual de un ENCS: 78 000 EUR
–     
coste medio anual de un AC: 70 000 EUR
Además de la remuneración, este coste
incluye costes indirectos (edificios, formación, informática, costes de la
infraestructura de protección social y médica, etc.). 
·       
Considerando que se desconoce de momento el
lugar en que la Junta tendrá su sede, se ha aplicado un coeficiente corrector
de 1. En función de la sede de la Junta, es probable que deban reevaluarse los
costes.
·       
Los demás gastos de personal, administrativos
y de funcionamiento se han estimado sobre la base de un ejercicio de evaluación
comparativa con la estructura de costes actual de las AES.
·       
Se espera que los gastos de funcionamiento
asciendan a un 25 % del total de los costes de la Junta, en particular
para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, el refuerzo
de las relaciones y de una cultura de supervisión común con las autoridades
nacionales de resolución en el contexto del Mecanismo Europeo de Resolución,
para el que debería desarrollarse una relación estrecha y eficaz entre la Junta
y las autoridades nacionales de resolución que se dedican fundamentalmente a la
aplicación de las decisiones de resolución.
·       
La estructura de costes estimada de la Junta
se resume en el cuadro 2 que figura a continuación.
Cuadro 1. Estimación de las necesidades
de personal de la Junta sobre la base de la estructura y del personal de la Federal
Deposit Insurance Corporation de los Estados Unidos
   || FDIC1 || JUNTA 
   Características 
 Número de bancos || 7 1812 || 6 0083 
 Activos totales || 14 451 (miles de millones USD, 2012) || 29 994 (miles de millones EUR, 2011) 
 Total de depósitos garantizados || 6 027 (miles de millones USD, marzo de 2013) || 5 514 (miles de millones EUR, 2011) 
 Objetivo de volumen del Fondo || 81 (miles de millones USD) || 55 (miles de millones EUR) 
 Entidades en quiebra, 2008-2012 || 465 || 904 
   Personal 
 Número total de empleados (ETC, 2012; % en la sede) || 7 476 (28,6 %) ||   
 (g)                    Empleados del departamento de resoluciones y suspensiones de pagos (ETC, 2012) || 1 428 || 82 (estimación)5 
 (h)                    Empleados del departamento de finanzas (ETC, 2012) || 176 || 88 (estimación)6 
 (i)                      Empleados de la oficina de entidades complejas (ETC, 2012) || 148 || 74 (estimación)7 
 (j)                      Empleados del departamento jurídico (ETC, 2012; % del total de empleados) || 716 / 9,6 % || 30 / 9,6 % (estimación)8 
 (k)                    Número total de empleados de estos departamentos (ETC, 2012) (suma de a, b, c y d) || 2 468 || 274 
 (l)                      Empleados que desempeñan funciones administrativas (informática, comunicaciones, etc.) (número / % del total de los empleados) || 863 / 11,5 % || 35 / 11,5 % (estimación) 
 (m)                  Número total de empleados de la Junta (suma de e y f) ||   || 309 (estimación) 
 (n)                    Empleados no permanentes (% del total de empleados, 2012) || 21 %9 || 21 % 
 (o)                    Total de empleados permanentes de la Junta ||   || 244 (estimación) 
 1               Fuente: www.fdic.gov. 2               Número de miembros de la FDIC, 2012. 3               Número de entidades de crédito en la EU-17 en enero de 2013. Fuente: BCE. 4               Fuente: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Datos y cifras sobre las ayudas estatales en los Estados miembros de la UE, actualización de 2012». El número real de entidades en quiebra en la zona del euro es superior, ya que no se incluyen las entidades que han quebrado, pero sin recibir ayudas estatales. 5               Se supone que un 20 % de los trabajadores tramita resoluciones y un 80 % suspensiones de pagos. La Junta solo tramitará resoluciones. Partiendo del reparto entre los niveles central y regional de la FDIC, se ha considerado que un 28,6 % de los empleados que tramiten las resoluciones trabajarán en la Junta a nivel central y un 71,4 % a nivel nacional. Se trata de una hipótesis prudente, dado que la propuesta prevé que la Junta desempeñe todas las funciones relacionadas con la resolución, mientras que a escala nacional solo se llevará a cabo la aplicación de las decisiones de resolución, con un control central. 6               Las tareas del departamento de finanzas de la FDIC se realizan a nivel central. Ese departamento no solo se dedica a recaudar las contribuciones y a gestionar el Fondo, sino que también realiza actividades más generales, como el control, las operaciones financieras y la planificación financiera. Así pues, se considera que el 50 % del número de empleados del departamento de finanzas de la FDIC será necesario en la Junta a nivel central para gestionar las contribuciones y el Fondo. 7               La planificación de la resolución de los grandes bancos de la zona del euro es responsabilidad de la Junta. La Junta puede solicitar de las autoridades nacionales que faciliten un proyecto de plan de resolución. Así pues, se considera que el 50 % de los empleados trabajará en la Junta a nivel central. 8               El departamento jurídico de la FDIC no solo se dedica a las resoluciones, las suspensiones de pagos y la gestión del Fondo, sino que también desempeña, por ejemplo, las funciones de supervisión de la FDIC. Así pues, para estimar el número de empleados que necesitaría la Junta, se utiliza el porcentaje de empleados del departamento jurídico con respecto al número total de empleados. 9               El porcentaje de empleados no permanentes se ha calculado sobre la base del número total de empleados de la FDIC, excluidos los empleados del departamento de resoluciones y suspensiones de pagos, que en su mayoría trabajan a nivel regional. 
Cuadro 2. Estimación de la estructura de
costes de la Junta sobre la base de 309 empleados
 Cifras en millones EUR || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Costes de personal (incluidos los sueldos, indemnizaciones y complementos y los costes afines: edificios, mobiliario, informática, etc.) || 18 || 37 || 38 || 38 || 39 || 40 || 41 
 Otros gastos de recursos humanos (costes de contratación, gastos de misión, otros gastos de personal externo: interinos, prestadores de servicios externos, etc.) || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 
 Subtotal recursos humanos y gastos afines || 22 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 44 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Gastos administrativos (telecomunicaciones, información y publicación, reuniones, etc.) || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 
 Subtotal gastos administrativos || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Otros gastos (gobernanza, proyectos informáticos, relación con las autoridades pertinentes europeas y de terceros países, proyectos conjuntos y talleres con autoridades nacionales de resolución y otros organismos pertinentes, etc.) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal otros gastos || 8 || 16 || 16 || 16 || 16 || 17 || 17 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Gasto total || 33 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 
Fondo Único de Resolución Bancaria:
·       
El objetivo de volumen del Fondo Único de
Resolución Bancaria se establece en un 1 % de los depósitos garantizados
del sistema bancario de los Estados miembros participantes. Sobre la base de
los datos de 2011 sobre los bancos, una estimación del objetivo de volumen del
Fondo oscilará en torno a 55 000 millones EUR.
·       
Los bancos participantes abonarán su cuota al
Fondo, ponderada en función del riesgo, en un plazo de diez años. Así pues, la
acumulación anual de fondos de resolución debería alcanzar unos 5 500
millones EUR, sin tener en cuenta los beneficios y las posibles salidas.
·       
En términos absolutos, los principales bancos
deberán hacer las contribuciones mayores al Fondo Único de Resolución Bancaria.
En general, sin tener en cuenta el perfil de riesgo de los bancos, las
estimaciones de los servicios de la Comisión partiendo de los datos de 2011
indican que 17 de los bancos europeos más importantes representarán
aproximadamente el 40 % del total de las contribuciones de los bancos al
Fondo.
·       
Por lo que respecta a la gestión del Fondo,
debe tenerse en cuenta que el cálculo de costes para la Junta solo ha incluido
las implicaciones en materia de recursos humanos. Se ha supuesto que otros
costes, como los costes de inversión, se deducirán directamente del Fondo.
Impacto financiero a nivel de la
Comisión:
·       
Se calcula que será necesaria una asignación
temporal de 15 puestos especializados en recursos humanos, asuntos
presupuestarios y otros asuntos administrativos pertinentes para la creación de
la Junta, a nivel de la Comisión, en su primer año de funcionamiento (2014)
para crear y acompañar la fase de su puesta en marcha (que se estima en seis
meses), partiéndose del supuesto de que tendrá su sede en Bruselas. La
evaluación financiera que figura a continuación puede cambiar en función de la
ubicación definitiva de la Junta.
·       
A partir de 2015, se estima que serán
necesarios 10 puestos dentro de la Comisión para ejecutar las tareas que el
Reglamento le confiere, en particular la preparación de las decisiones de
resolución. Esto dependerá de la decisión adoptada respecto del procedimiento
presupuestario anual.
3.1.        Rúbrica(s) del marco
financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)
Se calcula que serán necesarios 15 puestos a
nivel de la Comisión en el primer año de funcionamiento (2014) para crear y
acompañar la fase de puesta en marcha de la Junta.
A partir de 2015, serán necesarios 10 puestos
dentro de la Comisión para ejecutar las tareas que el Reglamento le confiere,
en particular la preparación de las decisiones de resolución.
3.2.        Incidencia estimada en
los gastos 
3.2.1.     Resumen de la incidencia
estimada en los gastos 
En
millones EUR (al tercer decimal)
 Rúbrica del marco financiero plurianual   || Número || […] [Rúbrica.......................................................................................................] 
 DG: <…….> ||   ||   || Año N[34]   || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL 
  Créditos de operaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria || Compromisos || (1) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagos || (2) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria || Compromisos || (1a) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagos || (2a) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos[35]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL de los créditos para DG<….> || Compromisos || = 1 + 1a + 3 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagos || = 2 + 2a +3 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagos || (5) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante la dotación de programas específicos || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA<….> del marco financiero plurianual || Compromisos || =4+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Pagos || =5+ 6 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Rúbrica del marco financiero plurianual   || 5 || «Gastos administrativos» 
En
millones EUR (al tercer decimal)
   ||   ||   || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 
 Comisión || 
  Recursos humanos || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825 
  Otros gastos administrativos – gastos de misiones || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 
 TOTAL Comisión || Créditos || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || (Total de los compromisos = total de los pagos) || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
En
millones EUR (al tercer decimal)
   ||   ||   || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL 
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
 Pagos || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
3.2.2.     Incidencia estimada en
los créditos de operaciones 
–     
¨  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de
operaciones 
–     
¨  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
operaciones, tal como se explica a continuación:
Créditos
de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)
 Indíquense los objetivos y los resultados   ò ||   ||   || Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL 
 RESULTADOS 
 Tipo[36]   || Coste medio || Nº || Coste || Nº || Coste || Nº || Coste || Nº || Coste || Nº || Coste || Nº || Coste || Nº || Coste || Número total || Coste total 
 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1[37]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultado ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultado ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultado ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal para el objetivo específico nº 1 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 … ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultado ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal para el objetivo específico nº 2 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 COSTE TOTAL ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
3.2.3.     Incidencia estimada en
los créditos de carácter administrativo
3.2.3.1.  Resumen
–     
¨  La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos
administrativos 
–     
þ  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
carácter administrativo, tal como se explicó anteriormente:
En millones EUR (al tercer decimal)
   || Año N[38]   || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || TOTAL 
–     
 
   || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||   
 RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825 
 Otros gastos administrativos || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 
 Subtotal RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
–     
 
 Al margen de la RÚBRICA 5[39] del marco financiero plurianual   || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede 
 Recursos humanos || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede 
 Otros gastos de carácter administrativo || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede 
 Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del marco financiero plurianual || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede || No procede 
–     
 
 TOTAL || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 
Los créditos necesarios para recursos
humanos se cubrirán mediante créditos de la DG ya asignados a la gestión de la
acción y/o reasignados dentro de la DG, que se complementarán en caso necesario
con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el
marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos
presupuestarios existentes.
3.2.3.2.  Necesidades estimadas de
recursos humanos
¨         La propuesta/iniciativa no exige la utilización de
recursos humanos. 
þ         La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos
humanos, tal como se explica a continuación:
Estimación que debe expresarse en unidades de equivalente a
jornada completa
 ||   || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 
 ||  Empleos de plantilla (funcionarios y agentes temporales) ||   ||   
 || XX 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión) || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 
 || XX 01 01 02 (Delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || XX 01 05 01 (Investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || 10 01 05 01 (Investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
  Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa, ETC)[40]   || 
 || XX 01 02 01 (AC, ENCS, INT de la dotación global) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || XX 01 02 02 (AC, LA, ENCS, INT y JED en las delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || XX 01 04 aa[41]   || - en la sede   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || - en las Delegaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 || XX 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || 10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || Otras líneas presupuestarias (especifíquense) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 || TOTAL || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 
XX es el ámbito político o título
presupuestario en cuestión.
Descripción de las tareas que deben
llevarse a cabo:
 Funcionarios y agentes temporales || Véase la descripción anterior 
 Personal externo ||   
3.2.4.     Compatibilidad con el
marco financiero plurianual vigente 
–     
¨  La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero
plurianual vigente.
–     
¨  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica
correspondiente del marco financiero plurianual.
Explíquese la reprogramación requerida,
precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.
–     
¨  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento
de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual[42].
Explíquese qué es lo que se requiere,
precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.
3.2.5.     Contribución de terceros 
–     
La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación
por terceros.
–     
La propuesta/iniciativa prevé la
cofinanciación que se estima a continuación:
Créditos
(en millones EUR, tres cifras decimales)
   || Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) || Total 
 Especifíquese el organismo de cofinanciación ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL de los créditos cofinanciados ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
3.3.        Incidencia estimada en
los ingresos 
–     
þ  La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los
ingresos.
–     
¨  La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se
indica a continuación:
–                   
¨         en los recursos propios
–                   
¨         en ingresos diversos
En
millones EUR (al tercer decimal)
 Línea presupuestaria de ingresos: || Créditos disponibles para el ejercicio financiero en curso || Incidencia de la propuesta/iniciativa[43]   
 Año N || Año N+1 || Año N+2 || Año N+3 || Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6) 
 Artículo … … … …. ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
En el caso de los ingresos diversos «asignados»,
especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que
repercuta(n).
Especifíquese el método de cálculo de la
incidencia en los ingresos.
[1]               Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo «Hoja de ruta hacia una unión bancaria»,
COM(2012) 510, de 12.9.2012.
[2]               Comunicación de la Comisión «Un
Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica -
Apertura de un debate europeo», COM(2012) 777 final/2, de 30.11.2012.
[3]               «Hacia una auténtica Unión Económica
y Monetaria», Informe del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy,
EUCO 120/12 de 26.6.2012.
[4]               COM(2012) 511.
[5]               Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de
entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las
Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento
(UE) nº 1093/2010, COM(2012) 280, de 6.6.2012.
[6]               Reglamento y Directiva sobre los requisitos de capital
(CRR/CRD4)         
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_en.htm            
[7]               En función del resultado final de las negociaciones
entre el Parlamento y el Consejo, la plena entrada en vigor de la
recapitalización interna podría estar sujeta a una nueva fase de transición,
posiblemente hasta 2018, tal como propone la Comisión.
[8]               Véanse
las conclusiones del Consejo de 9 de octubre de 2007 («Mejora de los acuerdos
de estabilidad financiera en la UE»):     
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/96351.pdf 
[9]               Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 648/2012, DO L 176 de 27.6.2013, p. 1. 
[10]             Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se
derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
[11]             DO C […].
[12]             DO C […].
[13]             Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo, por la que
se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y
82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE, y el Reglamento (UE) nº 1093/2010, DO C
[…].
[14]             Reglamento (UE) nº …/… del Consejo, que atribuye funciones
específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas
a la supervisión prudencial de las entidades de crédito. 
[15]             Directiva
94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa
a los sistemas de garantía de depósitos, DO L 135 de 31.5.1994, p. 5.
[16]             Reglamento (UE) n ° 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de junio de 2013 , sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n ° 648/2012 nº 648/2012, DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
[17]             Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de
crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se
derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338. 
[18]             Directiva 94/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 30 de mayo de 1994, por la que se modifica la Directiva 80/390/CEE, sobre la
coordinación de las condiciones de elaboración, control y difusión del
prospecto que se publicará para la admisión de valores mobiliarios a la
cotización oficial en una bolsa de valores, en lo que se refiere a la
obligación de publicar dicho prospecto, DO L 135 de 31.5.1994, p. 1.
[19]             Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión,
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas
2006/48/CE y 2006/49/CE, DO L 176 de 27.6.2013, p. 338.
[20]             Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) n ° 648/2012, DO 176 de 27.6.2013, p.1.
[21]             Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores.
DO L 84 de 26.3.1997, p. 22.
[22]             Directiva 2001/23/CE del Consejo, de
12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de
centros de actividad DO 82 de 22.3.2001, p. 16.
[23]             Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos
y de liquidación de valores, DO L 166 de 11.6.1998, p. 45.
[24]             Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM), DO L 302 de 17.11.2009, p. 32.
[25]                    
[26]             DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
[27]             DO 17 de 6.10.1958, p. 385.
[28]             Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los
documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145
de 31.5.2001, p. 43).
[29]             Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
[30]             Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
[31]             GPA: Gestión por actividades — PPA: presupuestación por
actividades.
[32]             Tal como se contempla en el artículo 54, apartado 2, letra
a) o b), del Reglamento Financiero.
[33]             Las explicaciones sobre los modos de gestión y las
referencias al Reglamento financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[34]             El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
[35]             Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a
la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
investigación indirecta, investigación directa.
[36]             Los resultados son los productos y servicios ofertados (p.
ej., número de intercambios de estudiantes financiados, número de km. de
carretera construidos, etc.)
[37]             Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s)
específico(s)…» 
[38]             El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
[39]             Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a
la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
investigación indirecta, investigación directa.
[40]             AC= Agente Contractual; AL= Agente Local; ENCS = experto
nacional en comisión de servicios; INT = personal de agencias; JED = jóvenes
expertos en las Delegaciones).
[41]             Por debajo del límite de personal externo con cargo a
créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
[42]             Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional
(para el período 2007-2013).
[43]             Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales
(derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados
deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del
25 % de los gastos de recaudación.