CELEX: C2006/143/20
Language: es
Date: 2006-06-17 00:00:00
Title: Asunto C-341/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de  2 de mayo de 2006  (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court) en el procedimiento Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note Holders (Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n o  1346/2000 — Procedimientos de insolvencia — Resolución de apertura del procedimiento — Centro de intereses principales del deudor — Reconocimiento del procedimiento de insolvencia — Orden público)

17.6.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 143/11
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 2 de mayo de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court) en el procedimiento Eurofood IFCS Ltd — Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note Holders
   (Asunto C-341/04) (1)
   
   (Cooperación judicial en materia civil - Reglamento (CE) no 1346/2000 - Procedimientos de insolvencia - Resolución de apertura del procedimiento - Centro de intereses principales del deudor - Reconocimiento del procedimiento de insolvencia - Orden público)
   (2006/C 143/20)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Supreme Court (Irlanda)
   Partes en el procedimiento principal
   Demandante: Enrico Bondi
   
      Demandadas: Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note Holders
   Objeto
   Prejudicial — Supreme Court (Irlanda) — Interpretación de los artículos 1, 2, 3 y 16 del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia — Resolución por la que se nombra un síndico provisional a la espera de la resolución definitiva — Posibilidad de considerar dicha resolución como una resolución por la que se inicia un procedimiento de insolvencia — Órgano jurisdiccional competente para iniciar el procedimiento de insolvencia
   Fallo
   
               1)
            
            
               Cuando el deudor sea una filial cuyo domicilio social se encuentre en un Estado miembro diferente del Estado miembro en el que tiene su domicilio social la sociedad matriz, sólo puede desvirtuarse la presunción enunciada en el artículo 3, apartado 1, segunda frase, del Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, según la cual el centro de los intereses principales de dicha filial se encuentra en el Estado miembro en el que tiene su domicilio social, si existen elementos objetivos que puedan ser comprobados por terceros y que permitan establecer que la situación real no coincide con la situación que aparentemente refleja la ubicación del citado domicilio social. Este podría ser el caso, entre otros, de una sociedad que no ejerza ninguna actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social. En cambio, cuando una sociedad ejerce su actividad en el territorio del Estado miembro en el que tiene su domicilio social, el mero hecho de que sus decisiones económicas sean o puedan ser controladas por una sociedad matriz cuyo domicilio social se encuentre en otro Estado miembro no basta para desvirtuar la presunción prevista en el citado Reglamento.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 16, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que el procedimiento principal de insolvencia abierto por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser reconocido por los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros, sin que éstos puedan controlar la competencia del órgano jurisdiccional del Estado de apertura.
            
         
               3)
            
            
               El artículo 16, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que constituye una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo a la citada disposición la resolución adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud, fundada en la insolvencia del deudor, de apertura de un procedimiento contemplado en el anexo A del mismo Reglamento, cuando tal resolución implica el desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un síndico contemplado en el anexo C del citado Reglamento. Dicho desapoderamiento conlleva la pérdida de las facultades de gestión que el deudor tiene sobre su patrimonio.
            
         
               4)
            
            
               El artículo 26 del Reglamento no 1346/2000 debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede negarse a reconocer un procedimiento de insolvencia abierto en otro Estado miembro cuando la resolución de apertura se haya adoptado vulnerando de manera manifiesta el derecho fundamental a ser oído del que es titular la persona afectada por dicho procedimiento.
            
         
      (1)  DO C 251 de 9.10.2004.