CELEX: 62005CJ0366
Language: es
Date: 2007-06-21 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de junio de 2007. # Optimus - Telecomunicações SA contra Fazenda Pública. # Petición de decisión prejudicial: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. # Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales - Directiva 69/335/CEE, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE - Artículo 7, apartado 1 - Impuesto sobre las aportaciones - Exención - Requisitos - Situación a 1 de julio de 1984. # Asunto C-366/05.

Asunto C-366/05
      Optimus — Telecomunicações, S.A.,
      contra
      Fazenda Pública
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal Administrativo)
      «Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales — Directiva 69/335/CEE, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Impuesto sobre las aportaciones — Exención — Requisitos — Situación a 1 de julio de 1984»
      Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 25 de enero de 2007 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 21 de junio de 2007 
      Sumario de la sentencia
      1.     Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
            — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital
      (Directiva 69/335/CEE del Consejo, art. 7, ap. 1)
      2.     Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
            — Impuesto sobre las aportaciones que grava a las sociedades de capital
      (Directiva 69/335/CEE del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 10)
      1.     A los fines de su aplicación a un Estado que se haya adherido a las Comunidades Europeas con efectos a 1 de enero de 1986,
         el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales,
         en su versión modificada por la Directiva 85/303, debe interpretarse, si no se prevén disposiciones excepcionales en el Acta
         de adhesión de dicho Estado ni en ningún otro acto comunitario, en el sentido de que la exención obligatoria que prevé se
         aplica a todas las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 que, a 1 de julio de 1984, estuvieran
         exentas del impuesto sobre las aportaciones en este Estado o sujetas a este impuesto pero gravadas a un tipo reducido inferior
         o igual al 0,50 %.
      
      La obligación clara e incondicional de los Estados miembros de eximir del impuesto sobre las aportaciones dichas operaciones
         se impone también al Estado miembro de que se trata desde el 1 de enero de 1986; esta fecha, en que se hizo efectiva su adhesión
         a las Comunidades, coincide con el plazo límite fijado para la adaptación a las modificaciones sustanciales que introdujo
         la Directiva 85/303 en la Directiva 69/335, de modo que sólo es válida para este Estado miembro la versión de la Directiva
         69/335 resultante de la Directiva 85/303.
      
      La fecha de referencia que se fija en dicho artículo 7, apartado 1 —el 1 de julio de 1984—, es también aplicable al mencionado
         Estado miembro. En caso de adhesión, las eventuales remisiones a una fecha prevista en el Derecho comunitario, de no preverse
         disposición alguna en contrario en el Acta de adhesión o en cualquier otro acto comunitario, son también de aplicación al
         nuevo Estado miembro, aun cuando la referida fecha sea anterior a la de la adhesión.
      
      (véanse los apartados 28, 30, 32 y 33 y el punto 1 del fallo)
      2.     A los fines de su aplicación a un Estado que se haya adherido a las Comunidades Europeas con efectos a 1 de enero de 1986,
         los artículos 7, apartado 1, y 10 de la Directiva 69/335, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración
         de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303, prohíben la introducción, posterior al 1 de enero de 1986,
         de un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava las operaciones de aumento del capital social comprendidas en
         el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas de dicho impuesto en virtud del
         Derecho nacional.
      
      (véanse el apartado 46 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 21 de junio de 2007 (*)
      
      «Impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales – Directiva 69/335/CEE, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE – Artículo 7, apartado 1 – Impuesto sobre las aportaciones – Exención – Requisitos – Situación a 1 de julio de 1984»
      En el asunto C‑366/05,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Supremo Tribunal
         Administrativo (Portugal), mediante resolución de 6 de julio de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de septiembre
         de 2005, en el procedimiento entre
      
      Optimus – Telecomunicações, S.A.,
      y
      Fazenda Pública,
      en el que participa:
      Ministério Público,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. E. Juhász (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres.
         G. Arestis y T. von Danwitz, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de octubre de 2006;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre de Optimus – Telecomunicações, S.A., por los Sres. J. Vieira Peres y C. Botelho Moniz, advogados;
      –       en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Fernandes y S. Vasques y la Sra. A. Ferreira, en calidad de agentes;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por el Sr. R. Lyal y la Sra. M. Afonso, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de enero de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335/CEE
         del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 249,
         p. 25; EE 09/01, p. 22), en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985 (DO L 156,
         p. 23; EE 09/01, p. 171) (en lo sucesivo, «Directiva 69/335»).
      
      2       Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Optimus – Telecomunicações, S.A., (en lo sucesivo, «Optimus»)
         y las autoridades fiscales portuguesas, en relación con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados («impuesto
         de timbre»), devengado con motivo de un aumento del capital social con desembolso en efectivo.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3       Como se desprende de su primer considerando, la Directiva 69/335 tiene por objeto promover la libre circulación de capitales,
         que se concibe como libertad fundamental esencial para la creación de un mercado interior. Con este fin, y como resulta de
         sus considerandos sexto a octavo, esta Directiva pretende armonizar el impuesto al que están sometidas las aportaciones de
         capital a las sociedades en la Comunidad Económica Europea mediante el establecimiento de un impuesto único sobre la concentración
         de capitales que sólo pueda aplicarse una vez en el seno del mercado común y mediante la supresión de todos los demás impuestos
         indirectos que presenten las mismas características que este impuesto único.
      
      4       Para ello, los artículos 1 a 9 de la Directiva 69/335 obligan a establecer un impuesto armonizado sobre las aportaciones a
         las sociedades de capital, denominado «impuesto sobre las aportaciones».
      
      5       El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva contiene una lista de operaciones que los Estados miembros deben someter al impuesto
         sobre las aportaciones. Entre ellas se encuentra, en la letra c), «el aumento del capital social de una sociedad de capital
         mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza». Este mismo artículo 4 recoge, en su apartado 2, una lista de operaciones
         que los Estados miembros pueden someter al impuesto sobre las aportaciones. Estos Estados tenían también la facultad, reconocida
         en el artículo 7, apartado 4, de la Directiva 69/335, en su versión inicial, de aplicar a las operaciones comprendidas en
         el artículo 4, apartado 2, un tipo reducido del impuesto sobre las aportaciones.
      
      6       Los tipos del impuesto sobre las aportaciones se fijan en el artículo 7 de la Directiva 69/335. En su versión inicial, este
         artículo preveía, en su apartado 1, letra a), que el tipo del impuesto sobre las aportaciones «no podrá sobrepasar el 2 %
         ni ser inferior al 1 %» y, en la letra b) del mismo apartado, que «este tipo se reducirá en un 50 % o más cuando una o varias
         sociedades de capital aporten la totalidad de su patrimonio, o una o más ramas de su actividad, a una o más sociedades de
         capital en vías de constitución o ya existentes». En este último caso, se trata de operaciones de concentración de empresas
         y la reducción del tipo del impuesto sobre las aportaciones se supedita a ciertos requisitos.
      
      7       El artículo 8 de la Directiva 69/335 permite a los Estados miembros eximir total o parcialmente del impuesto sobre las aportaciones
         las operaciones contempladas en el artículo 4, apartados 1 y 2, que se refieran a las sociedades de capital que proporcionen
         servicios de utilidad pública, en el caso de que el Estado u otros entes públicos territoriales posean al menos la mitad del
         capital social, o a las sociedades de capital que persigan fines culturales, de beneficencia, de asistencia o educativos.
      
      8       El artículo 9 de la Directiva 69/335 contiene una cláusula excepcional, de carácter general, con arreglo a la cual «ciertas
         categorías de operaciones o de sociedades de capital podrán ser objeto de exenciones, de reducciones o de incrementos de los
         tipos por motivos de equidad fiscal o de orden social, o para permitir a un Estado miembro hacer frente a situaciones especiales».
      
      9       Por último, el artículo 10 de la Directiva 69/335 dispone:
      «Al margen del impuesto sobre las aportaciones los Estados miembros no percibirán, en lo que respecta a las sociedades, asociaciones
         o personas [jurídicas] que persigan fines lucrativos, ningún impuesto, cualquiera que sea su forma:
      
      a)      sobre las operaciones contempladas en el artículo 4;
      […]
      c)      sobre la matriculación o cualquier otra formalidad previa al ejercicio de una actividad, a que las sociedades, asociaciones
         o personas [jurídicas] que persigan fines lucrativos puedan estar sometidas por razón de su forma jurídica.»
      
      10     La Directiva 73/79/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1973 (DO L 103, p. 13; EE 09/01, p. 42), amplió el ámbito de aplicación
         de los tipos reducidos del impuesto sobre las aportaciones. Introdujo la letra b) bis en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335, en su versión inicial, dejando a los Estados miembros la posibilidad
         de aplicar el mismo trato que reciben las operaciones de concentración de empresas –la reducción del tipo del impuesto sobre
         las aportaciones en un 50 % o más– «cuando una sociedad de capital en vías de constitución o anteriormente existente adquiera
         participaciones que representen al menos el 75 % del capital social anteriormente emitido de otra sociedad de capital». Esta
         exención o esta reducción del tipo del impuesto sobre las aportaciones quedaba supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos.
      
      11     La Directiva 73/80/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1973, relativa a la fijación de los tipos comunes del impuesto sobre
         las aportaciones de capital (DO L 103, p. 15; EE 09/01, p. 44), minoró con carácter general, desde el 1 de enero de 1976,
         los tipos del impuesto sobre las aportaciones. De este modo, el tipo pleno se fijó en un 1 %, al tiempo que se dejaba a los
         Estados miembros la facultad de fijar, entre el 0 % y el 0,5 %, los tipos reducidos que se prevén en el artículo 7, apartado 1,
         letras b) y b) bis de la Directiva 69/335, en su versión modificada por la Directiva 73/79.
      
      12     Por último, la Directiva 85/303 introdujo otras modificaciones sustanciales en la Directiva 69/335. La Directiva 85/303 se
         basa en la apreciación de que el impuesto sobre las aportaciones produce efectos económicos desfavorables para la concentración
         y el desarrollo de las empresas y particularmente negativos en la coyuntura entonces vigente, que requería el relanzamiento
         de las inversiones. A tenor de los considerandos tercero, cuarto y quinto de esta Directiva:
      
      «Considerando que la mejor solución para alcanzar estos objetivos consistiría en suprimir el derecho de aportación; que las
         pérdidas de ingresos que resultarían de tal medida parecen no obstante inaceptables para ciertos Estados miembros; que se
         impone por consiguiente dejar a los Estados miembros la posibilidad de eximir o de someter al derecho de aportación todas
         o parte de las operaciones que entran en el ámbito de aplicación de este derecho, […]
      
      Considerando que conviene queden exentas obligatoriamente las operaciones actualmente sujetas al tipo reducido de derecho
         de aportación;
      
      Considerando que el 1 de julio de 1984 no existía el derecho de aportación en Grecia; que, por este motivo, conviene prever
         la posibilidad de introducir tal derecho en este país, así como la de eximir del mismo a ciertas operaciones […].»
      
      13     Conforme al artículo 1 de la Directiva 85/303, se introducen las siguientes modificaciones en la Directiva 69/335:
      «1)      En el apartado 2 del artículo 4:
      –       La frase introductoria será sustituida por el texto siguiente:
      “2.      Podrán continuar siendo sometidas al derecho de aportación las operaciones siguientes, siempre que el 1 de julio de 1984 estuviesen
         gravadas al tipo del 1 %”;
      
      –       Se añadirá al final el siguiente párrafo:
      “No obstante lo anterior, la República Helénica determinará qué operaciones someterá al derecho de aportación de entre las
         enumeradas más arriba”;
      
      2)      El artículo 7 será sustituido por el texto siguiente:
      “Artículo 7
      1.      Los Estados miembros eximirán del derecho de aportación a las operaciones, distintas de las contempladas en el artículo 9
         que estuvieran exentas o gravadas a un tipo igual o inferior al 0,50 % el 1 de julio de 1984.
      
      La exención quedará sometida a las condiciones aplicables en dicha fecha para la concesión de la exención, o, en su caso,
         para la imposición a un tipo igual o inferior al 0,50 %.
      
      La República Helénica determinará las operaciones que eximirá del derecho de aportación.
      2.      Los Estados miembros podrán eximir del derecho de aportación a todas las operaciones distintas de las contempladas en el apartado
         [1], o bien someterlas a un tipo único que no exceda del 1 %.
      
      […]”
      3)      En el artículo 8, la frase introductoria será sustituida por el texto siguiente:
      “Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 7, los Estados miembros podrán eximir del derecho de aportación
         las operaciones contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 4 relativas a:”»
      
      14     El plazo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva 85/303 se fijó en el 1 de enero de 1986.
       Normativa nacional
      15     De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que la normativa de la República Portuguesa sobre la tributación
         de las sociedades de capital (Tabla general del impuesto sobre actos jurídicos documentados, anexa al Código del impuesto
         sobre actos jurídicos documentados), en su versión modificada por el Decreto-ley nº 257/81, de 1 de septiembre de 1981, sujetaba
         las operaciones de refuerzo o ampliación del capital de las sociedades de capital a un impuesto sobre actos jurídicos documentados
         equivalente al 1 % del correspondiente importe.
      
      16     El Decreto-ley nº 154/84, de 16 de mayo de 1984, que entró en vigor el 21 de mayo de 1984, modificó esta normativa en favor
         de las operaciones de aumento del capital social con desembolso en efectivo, al prever su exención del impuesto sobre actos
         jurídicos documentados.
      
      17     Por último, el Decreto-ley nº 322-B/2001, de 14 de diciembre de 2001, volvió a establecer, a partir del 1 de enero de 2002,
         fecha de su entrada en vigor, la tributación general de las operaciones de aumento del capital de las sociedades de capital
         que se llevaran a cabo mediante la aportación de bienes de cualquier naturaleza, gravándolas a un tipo del 0,40 % del valor
         real neto de los bienes que hubieran aportado o tuvieran que aportar los socios.
      
      18     La adhesión de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas tuvo lugar el 1 de enero de 1986.
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      19     Optimus, sociedad domiciliada en Portugal, amplió su capital social en 100.000.000 euros, cantidad íntegramente desembolsada
         en efectivo. El 12 de noviembre de 2002, la ampliación de capital se elevó a escritura pública, lo que dio lugar al pago por
         la mencionada sociedad del correspondiente impuesto sobre actos jurídicos documentados al tipo del 0,40 % (400.000 euros),
         de acuerdo con el Decreto-ley nº 322-B/2001.
      
      20     Optimus impugnó la liquidación del impuesto sobre actos jurídicos documentados ante el Tribunal Tributário de Primeira Instância
         do Porto, al que sucedió el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, alegando esencialmente que dicha liquidación no era
         conforme con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335. En su opinión, la obligación prevista en esta
         disposición prohibía a la República Portuguesa gravar, con arreglo al Decreto-ley nº 322-B/2001, el aumento de capital en
         cuestión, dado que en la fecha de referencia señalada por la disposición comunitaria de que se trata, el 1 de julio de 1984,
         las ampliaciones de capital de las sociedades mercantiles con desembolso en efectivo estaban exentas del impuesto sobre actos
         jurídicos documentados según la legislación portuguesa.
      
      21     El Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto desestimó el recurso basándose en que la obligación prevista en el artículo 7,
         apartado 1, de la Directiva 69/335 no se aplica a las operaciones enumeradas en el artículo 4, apartado 1, de esta Directiva,
         sino sólo a las mencionadas en sus artículos 4, apartado 2, y 8. En el recurso interpuesto por Optimus contra esta resolución,
         el Supremo Tribunal Administrativo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
         prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse restrictivamente el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 […], en su versión modificada por la
         Directiva 85/303 […], de tal modo que se considere que la obligación de que los Estados miembros eximan ciertas operaciones
         de concentración de capitales, impuesta en dicha disposición, se supedita al requisito de que se trate de operaciones que,
         conforme a la versión de la Directiva anterior a 1985, pudieran estar exentas o gravadas a un tipo reducido –es decir, sólo
         las previstas por los artículos 4, apartado 2, y 8– y que, además, se encontraran en esta situación a 1 de julio de 1984?
      
      2)      ¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 […], en su versión modificada por la Directiva 85/303
         […], y el artículo 10 de la misma Directiva en el sentido de que prohíben que se exija el pago del impuesto sobre actos jurídicos
         documentados, en virtud de una norma nacional como el Decreto-ley nº 322-B/2001, de 14 de diciembre, que introdujo el punto
         26 –Aportaciones de capital– en la Tabla general del impuesto sobre actos jurídicos documentados, a una sociedad anónima sujeta
         a la ley portuguesa, a raíz de un aumento de su capital social realizado mediante aportaciones en efectivo, cuando, a 1 de
         julio de 1984, tal operación estaba sujeta al mencionado impuesto, pero se encontraba exenta?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Primera cuestión
      22     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva
         69/335 debe interpretarse en el sentido de que la exención obligatoria que prevé únicamente atañe a las operaciones comprendidas
         en los artículos 4, apartado 2, y 8 de la misma Directiva, en la medida en que estuvieran exentas o gravadas a un tipo reducido
         inferior o igual al 0,50 % a 1 de julio de 1984.
      
      23     El Gobierno portugués, con el apoyo de la Comisión de las Comunidades Europeas, alega a este respecto que el artículo 4 de
         la Directiva 69/335, en su versión inicial, distinguía entre las operaciones comprendidas en su apartado 1, que quedaban obligatoriamente
         sujetas al impuesto sobre las aportaciones, y las recogidas en su apartado 2, para las que tal sujeción era facultativa. De
         este modo, la obligación de exención prevista en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335, en su versión modificada
         por la Directiva 85/303, sólo se aplica a las operaciones que, antes de la entrada en vigor de esta última Directiva, podían
         estar exentas o tributar a un tipo reducido, es decir, a las operaciones comprendidas en el artículo 4, apartado 2, de la
         Directiva 69/335.
      
      24     Optimus sostiene, por el contrario, que, tras la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Directiva 85/303,
         el objetivo principal de la Directiva 69/335 es la supresión del impuesto sobre las aportaciones y no la mera armonización
         de los regímenes nacionales. A la luz de este objetivo y del principio de libre circulación de capitales, el mencionado artículo
         7, apartado 1, debería ser interpretado en sentido amplio, de tal modo que se extienda la obligación de exención que prevé
         a las operaciones enumeradas en el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 69/335 que, como sucede en el asunto principal,
         estuvieran exentas del impuesto sobre las aportaciones a 1 de julio de 1984. Esta interpretación se deriva, por otro lado,
         del tenor del referido artículo 7, apartado 1, que impone a este respecto una obligación clara e incondicional a los Estados
         miembros.
      
      25     Para responder a esta cuestión del órgano jurisdiccional remitente, es necesario tener en cuenta, a efectos de la interpretación
         y aplicación de la Directiva 69/335, la situación específica de la República Portuguesa, que, el 1 de enero de 1986, se integró
         como Estado miembro en las Comunidades Europeas.
      
      26     De lo anterior se desprende, en primer lugar, que la Directiva 69/335 no era aplicable en este Estado antes de esa fecha.
         Las medidas en materia de tributación o exención de las operaciones comprendidas en el concepto de concentración de capitales
         se adoptaban en el ordenamiento jurídico portugués, antes de la fecha mencionada, exclusivamente en función de lo dispuesto
         en el Derecho nacional.
      
      27     En segundo lugar, a la hora de interpretar y aplicar la Directiva 69/335 por lo que respecta a la República Portuguesa, la
         interpretación histórica de los objetivos de esta Directiva no puede influir en la lectura que ha de darse a su versión vigente
         tras la adhesión de dicho Estado. Por este motivo, no pueden invocarse en lo que atañe a la República Portuguesa las razones
         presupuestarias que, antes del 1 de enero de 1986, impidieron que algunos Estados miembros aceptaran la supresión del impuesto
         sobre las aportaciones.
      
      28     Por otro lado, debe señalarse que la fecha en que se hizo efectiva la adhesión de la República Portuguesa a las Comunidades,
         el 1 de enero de 1986, coincide con el plazo límite fijado para la adaptación a las modificaciones sustanciales que introdujo
         la Directiva 85/303 en la Directiva 69/335. Además, ni en el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España
         y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23) ni en ningún otro acto se prevé
         que este último Estado miembro cuente con un plazo distinto para la adaptación de su Derecho interno a lo dispuesto en la
         Directiva 85/303. Por consiguiente, sólo es válida para la República Portuguesa la versión de la Directiva 69/335 resultante
         de la Directiva 85/303.
      
      29     Esta afirmación se ve corroborada por el hecho de que los artículos 4, apartado 2, y 7, apartado 1, párrafo tercero, de la
         Directiva 69/335 incluyan excepciones para la aplicación de esta Directiva en favor de la República Helénica. Estas excepciones
         no se prevén para la República Portuguesa.
      
      30     El artículo 7, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 69/355 impone a los Estados miembros la obligación clara e incondicional
         de eximir del impuesto sobre las aportaciones las operaciones que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas o tributaran a
         un tipo igual o inferior al 0,50 %. Dicha obligación, de significado inequívoco, se impone también a la República Portuguesa
         desde el 1 de enero de 1986.
      
      31     Esta interpretación se corresponde no sólo con la formulación clara del mencionado artículo 7, apartado 1, sino también con
         el espíritu y objetivo primero de la Directiva 69/335, que, como ha señalado acertadamente la Abogado General en el punto
         59 de sus conclusiones, es reducir al máximo los efectos del impuesto sobre las aportaciones en la libre circulación de capitales
         (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Senior Engineering Investments, C‑494/03, Rec. p. I‑525, apartado 43).
      
      32     Por último, procede señalar que la fecha de referencia que se fija en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 –el
         1 de julio de 1984– es también aplicable a la República Portuguesa. En caso de adhesión, las eventuales remisiones a una fecha
         prevista en el Derecho comunitario, de no preverse disposición alguna en contrario en el Acta de adhesión o en cualquier otro
         acto comunitario, son también de aplicación al nuevo Estado miembro, aun cuando la referida fecha sea anterior a la de la
         adhesión. En lo que atañe a la República Portuguesa, ni el Acta de adhesión ni ningún otro acto prevén disposición alguna
         en otro sentido. Sin embargo, hubiera sido posible establecer una disposición de este tipo, como demuestran las disposiciones
         excepcionales previstas en favor de la República Helénica.
      
      33     De todo lo anterior se desprende que, a los fines de su aplicación a un Estado que, como la República Portuguesa, se haya
         adherido a las Comunidades Europeas con efectos a 1 de enero de 1986, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 debe
         interpretarse, si no se prevén disposiciones excepcionales en el Acta de adhesión de dicho Estado ni en ningún otro acto comunitario,
         en el sentido de que la exención obligatoria que prevé se aplica a todas las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación
         de la mencionada Directiva que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas del impuesto sobre las aportaciones en este Estado
         o sujetas a este impuesto pero gravadas a un tipo reducido inferior o igual al 0,50 %.
      
       Sobre la segunda cuestión
      34     Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si, a los fines de su aplicación a un
         Estado que, como la República Portuguesa, se haya adherido a las Comunidades Europeas con efectos a 1 de enero de 1986, los
         artículos 7, apartado 1, y 10 de la Directiva 69/335 deben interpretarse en el sentido de que prohíben la introducción, posterior
         al 1 de enero de 1986, de un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava las operaciones de ampliación del capital
         social comprendidas en el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas de
         dicho impuesto en virtud del Derecho nacional.
      
      35     Consta que, con arreglo al Derecho portugués, las ampliaciones del capital social con desembolso en efectivo estaban, a 1
         de julio de 1984, exentas del impuesto sobre actos jurídicos documentados con el que normalmente se gravaban las ampliaciones
         del capital social efectuadas por otros medios.
      
      36     El Gobierno portugués alega, sin embargo, que, en el sistema jurídico portugués entonces vigente, el mencionado impuesto sobre
         actos jurídicos documentados no constituía el único instrumento impositivo de las operaciones de concentración de capitales.
         Estas operaciones estaban también sujetas cumulativamente a derechos de inscripción y notariales. Los primeros, que se exigían
         con motivo de la inscripción del acto relativo a la operación en el Registro Mercantil, suponían una imposición progresiva
         con un tipo que oscilaba entre el 1 % para las operaciones que no superaran los 200.000 PTE y el 0,30 % para las que no superaran
         los 10.000.000 PTE. Los derechos notariales presentaban el mismo carácter progresivo.
      
      37     De este modo, conforme a lo alegado por el Gobierno portugués, los derechos notariales y de inscripción representaban a 1
         de julio de 1984, por su efecto cumulativo, una carga equivalente al 0,60 % de los importes en cuestión y, por tanto, superior
         al límite del 0,50 % previsto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335. Por consiguiente, el mencionado Gobierno
         sostiene que, habida cuenta de que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe entenderse que tales derechos
         son tributos que presentan las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones, las autoridades portuguesas
         podían prever, con posterioridad al 1 de enero de 1986, un impuesto sobre actos jurídicos documentados equivalente al impuesto
         sobre las aportaciones.
      
      38     No puede acogerse esta alegación.
      39     Debe recordarse a este respecto que, como se deriva de sus considerandos segundo, sexto, séptimo y octavo, la Directiva 69/335
         tiene por objeto, desde su versión inicial, el establecimiento, en sustitución de los impuestos sobre las aportaciones y los
         impuestos de timbre vigentes en los Estados miembros, de un impuesto único y armonizado sobre las operaciones de concentración
         de capitales en el seno del mercado común, así como la supresión de todos los demás impuestos indirectos que presenten las
         mismas características que el impuesto sobre las aportaciones de capital o el impuesto de timbre.
      
      40     Esta distinción clara entre el impuesto sobre las aportaciones, aplicado a los tipos armonizados, y los demás tributos que
         presenten las mismas características que este impuesto, que quedan prohibidos, se hace inequívocamente expresa en las disposiciones
         de la Directiva 69/335 ya desde su adopción. De este modo, el artículo 4 de ésta enumera las operaciones que deben o pueden
         quedar sujetas al impuesto sobre las aportaciones, al tiempo que su artículo 10 prohíbe a los Estados miembros percibir, además
         del impuesto sobre las aportaciones, otros tributos sobre estas operaciones, cualquiera que sea su forma.
      
      41     La distinción referida se ha mantenido claramente en todas las etapas de la evolución legislativa de la Directiva 69/335.
         Así, la Directiva 73/79 amplió el ámbito de aplicación de los tipos reducidos del impuesto sobre las aportaciones, la Directiva
         73/80 preveía la minoración general de los tipos de este impuesto y la Directiva 85/303 es indicativa de una tendencia nítida
         a extender la exención del impuesto sobre las aportaciones al mayor número posible de operaciones comprendidas en el ámbito
         de aplicación de tal impuesto. En cambio, esta evolución legislativa no ha modificado en absoluto el objetivo inicial de supresión
         y prohibición total de cualesquiera otros tributos que presenten las mismas características que el impuesto sobre las aportaciones.
      
      42     Por otro lado, debe destacarse que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 atañe únicamente a la normativa reguladora
         del impuesto sobre las aportaciones o del impuesto de timbre, con exclusión de la relativa a la aplicación de cualesquiera
         otros tributos. Por tal motivo, cuando esta disposición se refiere a las operaciones «que estuvieran exentas o gravadas a
         un tipo igual o inferior al 0,50 % el 1 de julio de 1984», contempla las operaciones que, en tal fecha, estuvieran exentas
         del impuesto sobre las aportaciones o del impuesto de timbre o sujetas a estos impuestos pero gravadas a un tipo inferior
         al 0,50 %.
      
      43     En el presente asunto, consta que los derechos notariales y de inscripción mencionados por el Gobierno portugués no son ni
         impuestos sobre las aportaciones ni impuestos de timbre, sino tributos de otro tipo.
      
      44     Ha de subrayarse a este respecto que, en la sentencia de 21 de junio de 2001, SONAE (C‑206/99, Rec. p. I‑4679), y en el auto
         de 24 de enero de 2002, SONAE Turismo (C‑45/00, no publicado en la Recopilación), el Tribunal de Justicia declaró que los
         derechos percibidos en Portugal por la inscripción en el Registro Mercantil de un aumento del capital social de una sociedad
         de capital comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 constituyen un impuesto en el sentido de dicha Directiva
         y, por tal motivo, quedan prohibidos en virtud de su artículo 10, letra c). En las sentencias de 29 de septiembre de 1999,
         Modelo (C‑56/98, Rec. p. I‑6427), y de 21 de septiembre de 2000, Modelo (C‑19/99, Rec. p. I‑7213), el Tribunal de Justicia
         llegó a la misma conclusión por lo que respecta a los derechos percibidos en Portugal por la autorización de un documento
         notarial en el que se hace constar una operación de aumento del capital social comprendida dentro del ámbito de aplicación
         de la Directiva 69/335.
      
      45     Por lo tanto, es contraria tanto al tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335 como a su objetivo la introducción
         en el ordenamiento jurídico portugués, con posterioridad al 1 de enero de 1986, de un impuesto sobre actos jurídicos documentados
         que grava las operaciones, con desembolso en efectivo, de aumento del capital social de las sociedades de capital, en el sentido
         de la Directiva 69/335, pese a que este impuesto no gravaba tales operaciones a 1 de julio de 1984, aun cuando se aduzca,
         como argumento justificativo de la introducción de este impuesto, que en tal fecha se recaudaban en el Estado miembro de que
         se trata sobre las operaciones mencionadas derechos que el Tribunal de Justicia ha considerado prohibidos en virtud de la
         Directiva 69/335.
      
      46     De lo anterior se deriva que, a los fines de su aplicación a un Estado que, como la República Portuguesa, se haya adherido
         a las Comunidades Europeas con efectos a 1 de enero de 1986, los artículos 7, apartado 1, y 10 de la Directiva 69/335 prohíben
         la introducción, posterior al 1 de enero de 1986, de un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava las operaciones
         de aumento del capital social comprendidas en el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva que, a 1 de julio de 1984,
         estuvieran exentas de dicho impuesto en virtud del Derecho nacional.
      
       Costas
      47     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      1)      A los fines de su aplicación a un Estado que, como la República Portuguesa, se haya adherido a las Comunidades Europeas con
            efectos a 1 de enero de 1986, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 69/335/CEE del Consejo, de 17 de julio de 1969, relativa
            a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, en su versión modificada por la Directiva 85/303/CEE
            del Consejo, de 10 de junio de 1985, debe interpretarse, si no se prevén disposiciones excepcionales en el Acta de adhesión
            de dicho Estado ni en ningún otro acto comunitario, en el sentido de que la exención obligatoria que prevé se aplica a todas
            las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 que, a 1 de julio de 1984, estuvieran exentas
            del impuesto sobre las aportaciones en este Estado o sujetas a este impuesto pero gravadas a un tipo reducido inferior o igual
            al 0,50 %.
      2)      A los fines de su aplicación a un Estado que, como la República Portuguesa, se haya adherido a las Comunidades Europeas con
            efectos a 1 de enero de 1986, los artículos 7, apartado 1, y 10 de la Directiva 69/335, en su versión modificada por la Directiva
            85/303, prohíben la introducción, posterior al 1 de enero de 1986, de un impuesto sobre actos jurídicos documentados que grava
            las operaciones de aumento del capital social comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 69/335 que, a 1 de julio
            de 1984, estuvieran exentas de dicho impuesto en virtud del Derecho nacional.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: portugués.