CELEX: 62014CC0003
Language: es
Date: 2015-01-15
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot presentadas el 15 de enero de 2015.#Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y Telefonia Dialog sp. z o.o. contra T-Mobile Polska SA.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy.#Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/21/CE — Artículos 7 y 20 — Resolución de los litigios entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas — Obligación de aplicar el procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3 — Medida que puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros — Directiva 2002/19/CE — Artículo 5 — Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión — Directiva 2002/22/CE — Artículo 28 — Números no geográficos.#Asunto C-3/14.

Conclusiones del abogado general
               
            
            Conclusiones del abogado general
            1. Mediante la presente petición de decisión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que precise el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación establecido por el legislador de la Unión en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco). (2)
            2. Con arreglo a esta disposición, las autoridades nacionales de reglamentación deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros los proyectos de medidas que, por una parte, se adopten sobre la base de las disposiciones expresamente previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco y que, por otra, tengan «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», en el sentido del artículo 7, apartado 3, letra b), de dicha Directiva.
            3. En esencia, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (Polonia) solicita al Tribunal de Justicia que precise el alcance de cada una de estas dos condiciones.
            4. La presente petición de decisión prejudicial se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas; en lo sucesivo, «Presidente de la UKE»), la autoridad nacional de reglamentación polaca, y Telefonia Dialog sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Telefonia Dialog»), y, por otra, T-Mobile Polska SA, anteriormente Polska Telefonia Cyfrowa SA (en lo sucesivo, «T-Mobile Polska»), uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Polonia. A petición de Telefonia Dialog, y con objeto de resolver el litigio entre ésta y T‑Mobile Polska, el Presidente de la UKE impuso, en efecto, determinadas obligaciones a T‑Mobile Polska a fin de garantizar a los usuarios finales el derecho a acceder a los números no geográficos garantizado por el artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE. (3) Con arreglo al artículo 2, letras d) y f), de la Directiva servicio universal, un «número no geográfico» es un número identificado en un plan nacional de numeración que no contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarifas superiores. De los autos se desprende que el Presidente de la UKE no notificó esta medida a la Comisión Europea ni a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros antes de su adopción.
            5. Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar, con arreglo al procedimiento previsto por el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una medida como la controvertida en el litigio principal. En particular, se pregunta si dicha medida, por la cual la autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos a fin de resolver un litigio, entra dentro del ámbito de aplicación del procedimiento, y se ajusta, más específicamente, a las dos condiciones previstas en el artículo 7, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva marco.
            6. En las presentes conclusiones expondré los motivos por los que considero que dicha medida entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco y debe, por tanto, notificarse previamente a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros puesto que puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            7. En las presentes conclusiones propondré al Tribunal de Justicia que declare que el requisito relativo a las repercusiones de la medida en los intercambios entre Estados miembros, que se prevé en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, requiere demostrar que la medida controvertida puede tener un efecto significativo sobre el comercio entre los Estados miembros al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre los flujos de intercambio entre estos últimos. Dado que esta apreciación es una cuestión de hecho, considero que corresponde a las autoridades nacionales competentes efectuar este examen a la vista de las circunstancias del caso concreto, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios controvertidos, así como la situación y la importancia de los operadores de que se trate en el mercado.
            I. Marco normativo 
            A. Derecho de la Unión 
            1. Directiva acceso
            8. El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/19/CE (4) tiene el siguiente tenor:
            «La presente Directiva armoniza, dentro del marco que establece la [Directiva marco], la manera en que los Estados miembros regulan el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y su interconexión. El objetivo es establecer un marco regulador para las relaciones entre los suministradores de redes y servicios que sea compatible con los principios del mercado interior, haga posible el mantenimiento de una competencia sostenible, garantice la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y redunde en beneficio de los consumidores.»
            9. El artículo 5 de la Directiva acceso, titulado «Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión», establece:
            «1. Para la consecución de los objetivos que se establecen en el artículo 8 de la [Directiva marco], las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y, en su caso, garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.
            En particular y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de conformidad con el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer:
            a) en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo, obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;
            [...]
            3. Las obligaciones y condiciones impuestas de conformidad con los apartados 1 y 2 […] se aplicarán de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7 de la [Directiva marco].
            4. Por lo que respecta al acceso y la interconexión, los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para intervenir por iniciativa propia cuando esté justificado o, en ausencia de acuerdo entre empresas, a petición de cualquiera de las partes implicadas, con objeto de garantizar los objetivos generales contemplados en el artículo 8 de la [Directiva marco], de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y en los procedimientos contemplados en los artículos 6, 7, 20 y 21 de la [Directiva marco].»
            10. El artículo 8 de la Directiva acceso, titulado «Imposición, modificación o supresión de las obligaciones», prevé lo siguiente:
            «1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer las obligaciones a que se refieren los artículos 9 a 13.
            [...]
            4. Las obligaciones impuestas con arreglo al presente artículo deberán basarse en la índole del problema detectado, guardar proporción con éste y justificarse a la luz de los objetivos enumerados en el artículo 8 de la [Directiva marco]. Tales obligaciones sólo se impondrán previa consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de dicha Directiva.
            [...]»
            2. Directiva marco
            11. Los considerandos décimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva marco tienen el siguiente tenor:
            «15) Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único u otros objetivos del Tratado. las autoridades nacionales de reglamentación también deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación ciertos proyectos de decisiones, para darles oportunidad de formular observaciones. Conviene que las autoridades nacionales de reglamentación consulten a las partes interesadas a propósito de cualquier proyecto de medidas que tenga una incidencia sobre los intercambios entre los Estados miembros. Los casos en que se aplican los procedimientos de los artículos 6 y 7 se definen en la presente Directiva y en las directivas específicas [...].
            [...]
            38) Las medidas que podrían repercutir sobre los intercambios entre los Estados miembros son aquellas medidas que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o potencial sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior. Estas incluyen medidas que tienen repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros y abarcan, entre otras, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, y, en particular, las medidas que afectan a la posibilidad de prestar servicios a nivel transnacional; así como las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros.»
            12. El artículo 6 de la Directiva marco, titulado «Mecanismo de transparencia y consulta», establece lo siguiente:
            «Salvo en aquellos casos contemplados en el apartado 6 del artículo 7 y en los artículos 20 y 21, los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de adoptar, con arreglo a la presente Directiva o a las directivas específicas, medidas que incidan significativamente en el mercado pertinente, den a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable [...]»
            13. El artículo 7 de la Directiva marco, titulado «Consolidación del mercado interior de comunicaciones electrónicas», prevé:
            «1. Para cumplir sus cometidos, de conformidad con la presente Directiva y las Directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo 8, incluidos los que se refieren al funcionamiento del mercado interior.
            2. Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior cooperando entre ellas y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas [...].
            3. Además de la consulta a que se refiere el artículo 6, en aquellos casos en los que una autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de adoptar una medida que:
            a) entre en el ámbito de los artículos 15 o 16 de la presente Directiva, los artículos 5 u 8 de la [Directiva acceso] o el artículo 16 de la [Directiva servicio universal], y
            b) pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros,
            pondrá, asimismo, el proyecto de medida a disposición de la Comisión y de las autoridades nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros, así como las motivaciones del mismo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5, e informará de ello a la Comisión y a las otras autoridades nacionales de reglamentación. Las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión podrán presentar observaciones a la autoridad nacional de reglamentación interesada en el plazo de un mes o en el plazo a que se refiere el artículo 6, si éste es más largo. El plazo de un mes no podrá prolongarse.
            [...]»
            14. El artículo 20 de la Directiva marco, titulado «Resolución de litigios entre empresas», establece:
            «1. En caso de producirse un litigio en relación con obligaciones derivadas de la presente Directiva o de las directivas específicas entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada adoptará, a petición de cualquiera de las partes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una decisión vinculante para resolver el litigio lo antes posible [...]
            [...]
            3. Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 8. Las obligaciones que una autoridad nacional de reglamentación pueda imponer a una empresa en el marco de la resolución del litigio deberán respetar lo dispuesto en la presente Directiva o en las directivas específicas.
            [...]»
            3. Directiva servicio universal
            15. El artículo 28 de la Directiva servicio universal figura en el capítulo IV de la misma, titulado «Derechos e intereses de los usuarios finales». Este artículo se refiere al acceso a números no geográficos y establece lo siguiente:
            «Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio [...]»
            B. Derecho polaco 
            16. La Ustawa Prawo telekomunikacyjne (Ley de Telecomunicaciones), de 16 de julio de 2004, (5) en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, adapta el ordenamiento jurídico nacional a las disposiciones adoptadas por el legislador de la Unión en el marco del «paquete Telecom».
            17. El artículo 15 de dicha Ley, que figura en el capítulo 3, titulado «Procedimiento de consulta», transpone el artículo 6 de la Directiva marco. Dicho artículo 15 tiene el siguiente tenor:
            «Antes de que el presidente de la UKE adopte una decisión en los siguientes asuntos:
            1) análisis del mercado y designación de un empresario de telecomunicaciones con un peso significativo en el mercado, o la anulación de una decisión a este respecto,
            2) la imposición, el levantamiento, el mantenimiento o la modificación de obligaciones de reglamentación a empresas de telecomunicaciones con un peso significativo en el mercado o sin él,
            3) las decisiones sobre el acceso a la red de telecomunicaciones a la que se refieren los artículos 28 a 30, 
            4) otros asuntos especificados en la ley,
            llevará a cabo un procedimiento de consulta que permita a los interesados expresar por escrito, en un plazo determinado, su opinión sobre el proyecto de decisión.»
            18. El artículo 18 de dicha Ley figura en el capítulo 4, titulado «Procedimiento de consolidación». Este artículo transpone el artículo 7 de la Directiva marco y establece lo siguiente: 
            «En caso de que las decisiones mencionadas en el artículo 15 puedan influir en las relaciones comerciales entre Estados miembros, el presidente de la UKE incoará, simultáneamente con el procedimiento de consulta, un procedimiento de consolidación y remitirá los proyectos de decisión, junto con una exposición de motivos, a la Comisión […] y a las autoridades de reglamentación de los demás Estados miembros.»
            19. Los artículos 27 y 28 de la Ley de Telecomunicaciones persiguen transponer el artículo 5 de la Directiva acceso. Dichos artículos 27 y 28 están redactados del siguiente modo:
            « Artículo 27 
            1. El presidente de la UKE podrá señalar, mediante resolución, de oficio o a solicitud por escrito de todas las partes en las negociaciones destinadas a la celebración de un contrato de acceso, un plazo de finalización de las negociaciones, que no podrá exceder de 90 días a partir de la presentación de la solicitud de celebración de tal contrato.
            2. A falta de negociaciones, si un operador obligado a conceder el acceso lo deniega o si no se celebra ningún contrato en el plazo mencionado en el apartado 1, las partes podrán solicitar del presidente de la UKE que adopte una decisión en la que se resuelvan las cuestiones controvertidas o se definan los términos de la colaboración.
            [...]
            Artículo 28 
            1. El presidente de la UKE adoptará su resolución sobre la concesión del acceso dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud mencionada en el artículo 27, apartado 2, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
            1) el interés de los usuarios de las redes de telecomunicaciones;
            2) las obligaciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones;
            3) la promoción de los servicios de telecomunicaciones modernos;
            4) la naturaleza de las cuestiones controvertidas existentes y la posibilidad práctica de aplicar las soluciones relativas a los aspectos técnicos y económicos del acceso, propuestas por las empresas de telecomunicaciones partes en las negociaciones y que pueden constituir soluciones alternativas;
            5) la garantía:
            a) de la totalidad de las redes y de la interoperabilidad de los servicios,
            b) de condiciones no discriminatorias de acceso,
            c) del desarrollo de la competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones.
            [...]
            4. La decisión de concesión del acceso sustituirá la parte del contrato de acceso cubierta por dicha decisión.
            [...]
            6. El presidente de la UKE podrá modificar la decisión de acceso a solicitud de las partes interesadas o de oficio cuando así lo justifique la necesidad de garantizar la protección de los intereses de los usuarios finales, una competencia eficaz o la interoperabilidad de los servicios.
            [...]»
            20. El artículo 79, apartado 1, de la Ley de Telecomunicaciones transpone, a su vez, el artículo 28 de la Directiva servicio universal. Este artículo establece lo siguiente:
            «Todo operador de una red pública de telecomunicaciones garantizará que los usuarios finales de su red y los usuarios finales de otros Estados miembros tengan, siempre que sea técnica y económicamente factible, la posibilidad de acceder a un número no geográfico en el territorio polaco, a menos que el abonado haya restringido las llamadas de usuarios finales procedentes de ciertas áreas geográficas.»
            II. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales 
            21. De la resolución de remisión se deduce que Telefonia Dialog solicitó al Presidente de la UKE que adoptase las medidas necesarias a fin de modificar el contrato que la vinculaba a T‑Mobile Polska relativo al acceso de los usuarios finales a los números no geográficos.
            22. Sobre la base del artículo 28 de la Ley de Telecomunicaciones, que transpone el artículo 5 de la Directiva acceso, que se titula «Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión», el Presidente de la UKE obligó, mediante decisión de 19 de diciembre de 2008, a Telefonia Dialog a prestar servicios de terminación de llamadas en su red a cambio de la remuneración establecida en dicha decisión. A su vez, T‑Mobile Polska, estaba obligada a garantizar a sus abonados acceso a los servicios de información y de ocio prestados por la red de Telefonia Dialog a cambio de una remuneración fijada igualmente en esta decisión.
            23. En el marco de un recurso interpuesto por T‑Mobile Polska, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal de Distrito de Varsovia) anuló la decisión del Presidente de la UKE porque éste no había realizado la notificación exigida por el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco. En efecto, el Sąd Okręgowy w Warszawie consideró que esta decisión afectaba a los ciudadanos de los Estados miembros que utilizan el servicio de itinerancia de T‑Mobile Polska, de forma que la decisión podía tener repercusiones en los intercambios comerciales entre Estados miembros.
            24. El Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia) confirmó esta sentencia.
            25. El Presidente de la UKE interpuso un recurso de casación ante el Sąd Najwyższy. A su juicio, el Sąd Apelacyjny w Warszawie, al considerar que la decisión controvertida tenía repercusiones en el mercado único, interpretó erróneamente el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros» previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco y que, por tanto, infringió esta disposición.
            26. En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy decidió suspender el procedimiento y plantear el Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
            «1) El artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con el artículo 28 de la [Directiva servicio universal], ¿debe interpretarse en el sentido de que toda medida adoptada por la autoridad nacional de reglamentación en cumplimiento de la obligación que se deriva del artículo 28 de la [Directiva servicio universal] puede repercutir en los intercambios entre Estados miembros por el mero hecho de que pueda permitir que los usuarios finales de otros Estados miembros accedan en el territorio de ese Estado miembro a números no geográficos?
            2) ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con los artículos 6 y 20 de la misma norma, en el sentido de que la autoridad nacional de reglamentación, cuando resuelve un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y dicho litigio versa sobre el cumplimiento de la obligación que incumbe a alguna de esas empresas en virtud del artículo 28 de la [Directiva servicio universal], no está facultada para instruir un procedimiento de consolidación, aun cuando la referida medida pueda repercutir en los intercambios entre Estados miembros y el Derecho interno obligue a dicha autoridad a instruir ese procedimiento de consolidación cada vez que la medida pueda tener repercusiones en tales intercambios?
            3) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿debe interpretarse el artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con los artículos 6 y 20 de la misma norma y con los artículos 288 TFUE y 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a inaplicar las disposiciones de Derecho interno que impongan a la autoridad nacional de reglamentación la obligación de instruir un procedimiento de consolidación cada vez que la medida por ella adoptada pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros?»
            III. Observaciones preliminares 
            27. Propongo al Tribunal de Justicia que examine estas cuestiones prejudiciales en un orden distinto del señalado por el Sąd Najwyższy, por las razones que expongo a continuación.
            28. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si una autoridad nacional de reglamentación está obligada a respetar el procedimiento de notificación previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, en la medida en que éste impone, en el marco de un litigio entre dos empresas que garantizan la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en un único Estado miembro, las obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos establecidas por el legislador de la Unión en el artículo 28 de la Directiva servicio universal.
            29. El legislador de la Unión establece específicamente en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco los casos en los que las autoridades nacionales de reglamentación están obligadas a notificar los proyectos de medidas. Deberán concurrir dos condiciones.
            30. La primera se refiere al objeto de la medida. De esta forma, con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, debe tratarse de medidas que «[entran en el ámbito] de los artículos 15 o 16 de [esta] Directiva, los artículos 5 u 8 de la Directiva [acceso] o el artículo 16 de la Directiva [servicio universal]».
            31. El segundo requisito se refiere a las repercusiones de la medida en el mercado único. Con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, debe tratarse, en efecto, de medidas que «[puedan] tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros».
            32. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca del alcance de este segundo requisito. En efecto, el Sąd Najwyższy se pregunta si una medida como la controvertida en el litigio principal, destinada a garantizar un acceso a los números no geográficos, puede repercutir en los intercambios entre Estados miembros, en el sentido del artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco.
            33. Por otra parte, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca del alcance del primer requisito relativo a la naturaleza de la decisión. En efecto, dicho órgano se pregunta si el procedimiento de notificación es aplicable a una medida que se adopta sobre la base del artículo 20 de la Directiva marco a fin de resolver un litigio entre dos operadores nacionales.
            34. Habida cuenta de estos elementos, estimo por tanto que es más coherente invertir el orden en el que se abordarán estas dos cuestiones. En efecto, si se llegara a la conclusión de que una medida como la controvertida en el litigio principal, adoptada en el marco de la resolución de un litigio entre empresas, no está comprendida en ninguno de los supuestos expresamente previstos por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, no sería necesario examinar si esta medida puede tener repercusiones en el comercio entre Estados miembros con arreglo a la letra b) de dicha disposición.
            IV. Análisis 
            A. Sobre el alcance del requisito establecido en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, basado en la naturaleza de la medida 
            35. Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente al Tribunal de Justicia si, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar una medida por la que impone a un operador de telecomunicaciones obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos, en la medida en que se adopta en el marco de la resolución de un litigio en el sentido del artículo 20 de dicha Directiva. (6)
            36. La cuestión se suscita por cuanto, en el artículo 20 de la Directiva marco, el legislador de la Unión no especifica que dicha decisión debe notificarse a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de la citada Directiva.
            37. Asimismo, la cuestión se plantea en la medida en que, a primera vista, esta decisión no está comprendida en el ámbito de los supuestos enumerados por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de dicha Directiva.
            38. En efecto, con arreglo a dicha disposición, una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar aquellas medidas por las que:
            – define el mercado pertinente o efectúa un análisis de mercado con arreglo a los artículos 15 y 16 de la Directiva marco;
            – aplica las obligaciones relativas al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y a su interconexión con arreglo al artículo 5 de la Directiva acceso;
            – impone, modifica o suprime, con arreglo al artículo 8 de la Directiva acceso, las obligaciones aplicables a los operadores que tienen un peso significativo en un mercado específico y, en particular:
            – la obligación de transparencia relativa a las condiciones de la interconexión o del acceso con arreglo al artículo 9 de la Directiva acceso,
            – la obligación de no discriminación con arreglo al artículo 10 de la Directiva acceso,
            – la obligación de mantener cuentas separadas con arreglo al artículo 11 de la Directiva acceso,
            – las obligaciones relativas al acceso a elementos de redes y recursos asociados con arreglo al artículo 12 de la Directiva acceso, y
            – los requisitos relativos al control de precios y contabilidad de costes con arreglo al artículo 13 de la Directiva acceso, y
            – mantiene, modifica o suprime las obligaciones relativas a los mercados al público con arreglo al artíc ulo 16, apartado 3, de la Directiva servicio universal.
            39. Por tanto, el legislador de la Unión no prevé expresamente una medida adoptada sobre la base del artículo 20 de la Directiva marco.
            40. Sin embargo, considero que ello no impide que dicha decisión esté comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación mencionado en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, puesto que esa medida se refiere a una de las obligaciones establecidas en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco y repercute en el comercio entre los Estados miembros con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra b), de dicha Directiva.
            41. En efecto, el artículo 20 de la Directiva marco es una disposición de carácter meramente procedimental. Dicha disposición establece, recordémoslo, las normas y el procedimiento aplicables cuando una autoridad nacional de reglamentación interviene en el marco de un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un único Estado miembro y adopta una decisión vinculante para resolver el litigio.
            42. Pues bien, la aplicación del procedimiento de notificación no depende de la naturaleza del procedimiento a raíz del cual la autoridad nacional de reglamentación ha adoptado la medida en cuestión. Tal como se deduce claramente del artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, la aplicación de este procedimiento depende únicamente del objeto de la medida. ¿Persigue definir un mercado pertinente, pretende garantizar el acceso a un servicio de comunicaciones electrónicas o tiene por objeto imponer a un operador del mercado obligaciones relativas al control de los precios?
            43. Por tanto, en el litigio principal es preciso prestar atención al propio objeto de la decisión adoptada por el Presidente de la UKE, independientemente del marco procedimental en el que ésta se inscribe.
            44. De la resolución de remisión se desprende que el Presidente de la UKE adoptó esta decisión con el fin de ejecutar las obligaciones previstas en el artículo 28 de la Directiva servicio universal. Este artículo pretende garantizar el derecho de acceso de los usuarios finales a los números no geográficos dentro de su territorio. Por tanto, dicha decisión versa sobre el acceso a un servicio de comunicaciones electrónicas.
            45. Aunque dicha medida se inscribe en el marco del procedimiento de resolución de litigios previsto en el artículo 20 de la Directiva marco, el órgano jurisdiccional remitente confirma que se adoptó en virtud de las competencias que el artículo 28 de la Ley de Telecomunicaciones, por el que se adapta el ordenamiento jurídico nacional al artículo 5 de la Directiva acceso, atribuye al Presidente de la UKE. Procede recordar que esta última disposición confiere a cada una de las autoridades nacionales de reglamentación el derecho, incluso la obligación, de imponer a los operadores del mercado obligaciones en materia de acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas y su interconexión. Se trata de una disposición sustantiva de la que depende claramente la medida controvertida en el litigio principal.
            46. Por tanto, la medida adoptada por el Presidente de la UKE se basa, en cuanto a su objeto, en el artículo 5 de la Directiva acceso, que fija las competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión y, en lo que se refiere al procedimiento, en el artículo 20 de la Directiva marco, que establece las normas procedimentales aplicables en el marco de la resolución de un litigio.
            47. A este respecto, debe señalarse que el legislador de la Unión establece un vínculo muy estrecho entre las medidas adoptadas sobre la base del artículo 5 de la Directiva acceso y los mecanismos procesales previstos en los artículos 6, 7, 20 y 21 de la Directiva marco. En efecto, como se desprende claramente del artículo 5, apartados 3 y 4, de la Directiva acceso, las obligaciones y las condiciones que imponen las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión deberán aplicarse con arreglo a los procedimientos de consulta y de notificación previstos en los artículos 6 y 7 de la Directiva marco y, en su caso, observando las normas de procedimiento establecidas en los artículos 20 y 21 de la Directiva marco, cuando se inscriban en el marco de la resolución de un litigio nacional o transfronterizo.
            48. Dicho esto, procede subrayar ahora que las medidas adoptadas sobre la base del artículo 5 de la Directiva acceso se refieren expresamente a los supuestos previstos en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco. Por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación están obligadas a notificar dichas medidas a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros, puesto que repercuten en los intercambios entre Estados miembros.
            49. Los objetivos que el legislador de la Unión persigue en esta materia respaldan esta interpretación.
            50. En efecto, tal como se desprende concretamente del décimo quinto considerando de la Directiva marco, el objetivo consiste en garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional por las autoridades nacionales de reglamentación no tengan efectos adversos sobre el mercado único. Por otra parte, con arreglo al segundo considerando de la Recomendación de la Comisión de 15 de octubre de 2008, (7) estas decisiones no deberán menoscabar la consecución de los objetivos que persigue el legislador de la Unión para la creación de un marco normativo para el mercado de las telecomunicaciones previstos en el artículo 8 de la Directiva marco. En otras palabras, el legislador de la Unión exige a las autoridades nacionales de reglamentación que contribuyan al desarrollo del mercado único mediante una cooperación transparente, tanto entre ellas como con la Comisión, a fin de garantizar una aplicación coherente de las normas establecidas en el marco del «paquete Telecom» y, de este modo, evitar cualquier falseamiento de la competencia que pueda obstaculizar el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.
            51. Pues bien, contravendría estos objetivos excluir del procedimiento de notificación las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación en el marco de la resolución de un litigio. Estas medidas son de carácter administrativo y no judicial, y su notificación contribuye de manera evidente a la colaboración que el legislador de la Unión pretende establecer entre las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión. Por consiguiente, considero que excluir dichas medidas del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco podría quebrantar la armonización que se trata de conseguir. A este respecto, hay que observar que, en el trigésimo segundo considerando de la Directiva marco, el legislador de la Unión señala expresamente que «la intervención de una autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro debe tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la […] Directiva [marco] o de las directivas específicas», entre las que figura el requisito de transparencia y de cooperación.
            52. Por otra parte, procede señalar que, en el marco de la consecución de dichos objetivos, la Comisión señaló en el cuarto considerando de su Recomendación, antes citada, que «debe dar a las autoridades nacionales de reglamentación, cuando así lo soliciten, la oportunidad de debatir cualquier proyecto de medidas antes de su notificación oficial con arreglo al artículo 7 de la Directiva [marco]».
            53. A la vista de todo lo anterior considero, por tanto, que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada en el marco de la resolución de un litigio, por la que una autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones en materia de acceso a números no geográficos de conformidad con las competencias y responsabilidades que le confieren los artículos 5 de la Directiva acceso, 20 de la Directiva marco y 28 de la Directiva servicio universal, está comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación y deberá por tanto ser notificada cuando dicha medida tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            B. Sobre el alcance del requisito establecido en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, relativo a las repercusiones de la medida en los intercambios entre Estados miembros 
            54. Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si conforme al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una medida por la que una autoridad nacional de reglamentación pretende, con arreglo al artículo 28 de la Directiva servicio universal, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos entraña necesariamente repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, de forma que dicha medida deba notificarse tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros.
            55. En esta ocasión, la respuesta a esta cuestión requiere determinar el alcance del criterio relativo a las «repercusiones [de la medida] en los intercambios entre Estados miembros», previsto en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco.
            56. Como ya he indicado anteriormente, este criterio determina el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación. Si bien existe una abundante jurisprudencia al respecto en procedimientos en materia de competencia, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre su alcance en el marco de los litigios relativos al sector de las telecomunicaciones.
            57. En primer lugar, es preciso señalar que el legislador de la Unión define expresamente el alcance de este criterio en el trigésimo octavo considerando de la Directiva marco.
            58. Se trata de «medidas que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o potencial sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior». Asimismo, el legislador de la Unión especifica que dichas medidas «incluyen medidas que tienen repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros».
            59. En primer lugar, procede señalar que esta definición es idéntica a la adoptada por el Tribunal de Justicia y la Comisión en el marco del procedimiento contencioso en materia de Derecho de la competencia. En efecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia Völk, (8) precursora en la materia, que el concepto de «[efectos en el] comercio entre los Estados miembros», previsto en el artículo 85, apartado 1, del Tratado CEE (posteriormente artículo 85, apartado 1, del Tratado CE, posteriormente artículo 81 CE, apartado 1, y actualmente artículo 101 TFUE, apartado 1), implica que el acuerdo en cuestión pueda ejercer una «influencia directa o indirecta, actual o potencial sobre las corrientes comerciales entre los Estados miembros en un sentido potencialmente perjudicial para la consecución del objetivo de un mercado único entre los mismos». (9) Dos años más tarde, en su sentencia Béguelin Import, (10) el Tribunal de Justicia declaró asimismo que el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros se refiere a aquellos acuerdos y prácticas que afectan «de manera significativa  al comercio entre los Estados miembros y al juego de la competencia». (11)
            60. La Comisión retomó esta definición en su Comunicación titulada «Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE]», (12) que analizaré más adelante.
            61. En consecuencia, la definición utilizada por el legislador de la Unión para el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», en el sentido del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, es idéntica a la adoptada para el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
            62. Esta identidad es plenamente coherente teniendo en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones es, en la actualidad, un mercado competitivo en el que los operadores pueden adoptar conductas susceptibles de subsumirse en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
            63. A este respecto y como se desprende claramente del marco normativo establecido en el sector de las telecomunicaciones, la definición y el análisis de los mercados pertinentes, la situación y el peso de los operadores económicos en estos mercados, así como las repercusiones de las prácticas adoptadas por estos operadores en estos mercados, se apoyan en un análisis económico basado en la metodología del Derecho de la competencia. Además, el legislador de la Unión así lo ha señalado expresamente en el décimo tercer considerando de la Directiva acceso, en lo que respecta a las obligaciones relativas al acceso y a la interconexión.
            64. En estas circunstancias y, al igual que todas las partes que presentaron observaciones escritas en el litigio principal, considero que el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», utilizado por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, ha de tener el mismo alcance que el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros en el que éste se basa en el marco del Derecho de la competencia y, en particular, del artículo 101 TFUE, y debe apreciarse con arreglo a una metodología común.
            65. Esta metodología se precisó en las Directrices, que se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia.
            66. Con arreglo a dichas Directrices, el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE implica, como se ha señalado anteriormente, que el acuerdo en cuestión pueda ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial sobre las corrientes comerciales entre los Estados miembros. (13) Según el Tribunal de Justicia, esta apreciación debe efectuarse basándose en un conjunto de datos objetivos de Derecho o de hecho, que deben interpretarse tomando como referencia el contexto real en que se sitúa el acuerdo. (14) Por consiguiente, en este contexto, las autoridades competentes deben tener en cuenta la naturaleza del acuerdo y de la práctica en cuestión, la naturaleza de los productos controvertidos y la situación y la importancia de las empresas afectadas.
            67. La naturaleza del acuerdo y el peso de las empresas en el mercado pueden proporcionar indicaciones en cuanto a la posibilidad de que el acuerdo afecte al comercio entre Estados miembros. La naturaleza de los productos de que se trate transmite información, a su vez, acerca de la posibilidad de que se vean afectados los intercambios intracomunitarios. En efecto, resultará más sencillo demostrar que dicho acuerdo puede tener repercusiones en el mercado único cuando la compra o la venta de un producto forme parte del comercio transfronterizo o represente una parte significativa de la actividad de una empresa que pretende establecerse o incrementar sus actividades en otros Estados miembros.
            68. Por otra parte, con arreglo a las Directrices, el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros, en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE implica que el acuerdo o la práctica en cuestión puedan producir un nivel mínimo de efectos transfronterizos (15) que afecten, como mínimo, a dos Estados miembros. En efecto, el criterio del efecto sobre el comercio entre los Estados miembros incorpora un elemento cuantitativo que limita la aplicación del Derecho de la Unión a los acuerdos y prácticas que puedan producir efectos de cierta magnitud. La evaluación de la apreciabilidad depende una vez más de las circunstancias de cada asunto, en particular, de la naturaleza del acuerdo o práctica, de la naturaleza de los productos de que se trate y la posición de mercado de las empresas afectadas. (16)
            69. Tal como expuse anteriormente, considero que la apreciación de las repercusiones en los intercambios entre Estados miembros de una medida adoptada por una autoridad nacional de reglamentación debe efectuarse sobre la base de una metodología idéntica.
            70. En mi opinión, esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes en cada caso. Por consiguiente, estas últimas deberán apreciar si la medida que pretenden adoptar puede repercutir de manera apreciable o notable en el comercio entre los Estados miembros al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre los flujos de intercambio entre estos últimos. Para ello, su apreciación debe basarse, en particular, en la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como en la situación y la importancia de las empresas afectadas en el mercado. (17)
            71. En el trigésimo octavo considerando de la Directiva marco, el legislador de la Unión establece una lista no exhaustiva de medidas que pueden tener repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros. Estas incluyen, entre otras, las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros. Asimismo, se mencionan las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros y las que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas.
            72. De este modo y a título ilustrativo, la Comisión considera que las medidas relativas a la fijación de tarifas de terminación de llamadas (18) inciden en los operadores de otros Estados miembros de manera que dichas medidas deben serle notificadas previamente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco. (19) Dado que se trata de tarifas de terminación de llamadas, la Comisión estima, en efecto, que son un componente del coste de la llamada entre los clientes de los operadores de redes diferentes y se incluyen en la factura telefónica del cliente que efectúa la llamada, de forma que puede considerarse que la medida tiene un efecto significativo en los usuarios. Además, considera que el nivel de las tarifas de terminación de llamadas influye de forma directa en la capacidad de los operadores establecidos en otros Estados miembros de prestar sus servicios en el Estado miembro de que se trate en función de las tarifas de terminación establecidas.
            73. Del mismo modo, la Comisión sostiene que, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, las medidas por las que una autoridad nacional de reglamentación establece las tarifas de suministro mayorista de acceso de banda ancha, así como su modo de cálculo, deben serle notificadas previamente.
            74. En consecuencia, en el litigio principal, incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la vista de las circunstancias propias de cada caso, si la medida controvertida, adoptada con objeto de garantizar a los usuarios finales un acceso a los números no geográficos, puede de igual forma influir en los intercambios entre Estados miembros, de manera que se cumplan todos los requisitos exigidos con arreglo al procedimiento de notificación.
            75. Para ello, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta por tanto la naturaleza de esta medida, así como la naturaleza de los servicios en cuestión.
            76. A este respecto, procede recordar que dicha medida obliga a T‑Mobile Polska a garantizar el acceso a los números no geográficos a los usuarios finales que residen en el territorio nacional y que utilizan su red en itinerancia.
            77. He de señalar que, con arreglo al artículo 2, letras d) y f), de la Directiva servicio universal, un número no geográfico es un número identificado en un plan nacional de numeración que no contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red. Se trata, entre otros, de los números de teléfonos móviles, de llamada gratuita y de tarifas superiores.
            78. En el presente asunto, entiendo asimismo que la medida controvertida establece las modalidades de tarificación del servicio de acceso a los números no geográficos en el marco del contrato entre T‑Mobile Polska y Telefonia Dialog.
            79. A mi juicio, estos elementos apuntan a que dicha medida puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            80. Por una parte, el acceso a los números no geográficos que T‑Mobile Polska debe garantizar no sólo beneficia a los usuarios finales de la red de esta empresa, sino que también beneficia a aquellos que utilizan los servicios prestados por ésta en itinerancia. Ahora bien, como ha señalado acertadamente la Comisión, la itinerancia, comúnmente conocida como «roaming», implica una dimensión transnacional de la comunicación. En la vista T‑Mobile Polska precisó, por otra parte, que había celebrado más de 140 contratos de itinerancia con los operadores de los diferentes Estados miembros.
            81. Por otra parte, la medida controvertida fija los precios de los servicios de telecomunicaciones y las modalidades de revisión de estas tarifas. En mi opinión, si dichas modalidades se incorporan a un contrato que vincula a T‑Mobile Polska, pueden tener repercusiones directas en el usuario final, dado que son un componente del coste de la llamada y, en este sentido, influyen en el importe de la factura telefónica del cliente que efectúa la llamada. En estas circunstancias, estimo que dicha medida puede repercutir significativamente en los usuarios. Además, como ha declarado el Sąd Apelacyjny w Warszawie, no es imposible que dicha medida incida asimismo en las condiciones de acceso al mercado de los operadores y, en particular, de aquellos establecidos en otros Estados miembros.
            82. Además, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la posición y la importancia en el mercado de las empresas interesadas y, en particular, de T‑Mobile Polska. Según los datos de que dispongo y la información facilitada por T‑Mobile Polska en la vista, esta empresa es uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Polonia y en Europa del Este. En 2006, tal como se desprende de la sentencia Polska Telefonia Cyfrowa, (20) el Presidente de la UKE ya había considerado que dicha empresa disponía de un peso significativo en el mercado de los servicios de terminación de llamadas vocales y decidió imponer a esta empresa determinadas obligaciones reglamentarias a este respecto. (21) En 2008 la cuota de mercado de T‑Mobile Polska fue del 29 %, y en 2013 del 27 %. Esta información sobre la importancia de T‑Mobile Polska en el mercado apunta evidentemente a que el volumen de las comunicaciones que se transmiten por la red de esta empresa, entre las que se encuentran las que se efectúan a través de números no geográficos, es importante.
            83. Si bien estos elementos proporcionan información sobre la capacidad de la medida controvertida de producir repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, no son suficientes, a mi juicio, para concluir que pueden afectar de forma significativa al comercio intracomunitario. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, a la luz de todos los elementos de los que dispone en el marco del presente litigio, determinar la valoración exacta de esas repercusiones.
            84. Habida cuenta de estos elementos, considero por tanto que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que una medida por la cual una autoridad nacional de reglamentación persigue, con arreglo al artículo 28 de la Directiva servicio universal, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, cuando dicha medida pueda tener un efecto significativo en el comercio entre estos últimos al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre sus flujos de intercambio.
            85. Esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes a la vista de las circunstancias propias de cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como la situación y la importancia de los operadores afectados en el mercado.
            C. Sobre la tercera cuestión prejudicial 
            86. Habida cuenta de las respuestas que propongo a las dos primeras cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, estimo que no es necesario examinar la tercera cuestión prejudicial. Por otra parte y como he puesto de manifiesto anteriormente, según los documentos obrantes en autos, la legislación polaca no se aparta de las disposiciones previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco.
            V. Conclusión 
            87. A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Sąd Najwyższy del siguiente modo:
            «1) El artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada en el marco de la resolución de un litigio, por la que una autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones en materia de acceso a números no geográficos, de conformidad con las competencias y responsabilidades que le confieren el artículo 5 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso), el artículo 20 de la Directiva 2002/21 y el artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), está comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación y deberá por tanto ser notificada cuando dicha medida tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            2) El artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21 debe interpretarse en el sentido de que una medida por la cual una autoridad nacional de reglamentación persigue, con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2002/22, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, cuando dicha medida pueda tener un efecto significativo en el comercio entre estos últimos al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre sus flujos de intercambio.
            Esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes a la vista de las circunstancias propias de cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como la situación y la importancia de los operadores afectados en el mercado.»
            (1) . 
            (2)  – DO L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva marco».
            (3)  – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).
            (4)  – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).
            (5)  – Dz. U. nº 171, epígrafe 1800.
            (6)  – Al igual que la Comisión, considero que la legislación polaca no se desvía de las obligaciones previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco.
            (7)  – Recomendación sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 301, p. 23).
            (8)  – Asunto 5/69, EU:C:1969:35.
            (9)  – Apartado 5.
            (10)  – Asunto 22/71, EU:C:1971:113.
            (11)  – Apartado 16. El subrayado es mío.
            (12)  – DO 2004, C 101, p. 81; en lo sucesivo, «Directrices».
            (13)  – Véase el apartado 23 de las Directrices.
            (14)  – Sentencia Völk (EU:C:1969:35), apartados 5 y 7.
            (15)  – Véase el apartado 13 de las Directrices.
            (16)  – Véase el apartado 28 de las Directrices.
            (17)  – Véase, a título ilustrativo, la sentencia Javico (C‑306/96, EU:C:1998:173), apartado 17.
            (18)  – Se trata de tarifas al por mayor facturadas por el operador del abonado que recibe una llamada en su teléfono móvil al operador de la red del cliente que efectúa la llamada para transmitir o «terminar» una llamada.
            (19)  – Véanse los comunicados de prensa de la Comisión de 25 de junio de 2009 y de 24 de junio 2010, disponibles en las siguientes direcciones de Internet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1008_fr.htm?locale=FR y http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-804_fr.htm.
            (20)  – Asunto C‑410/09, EU:C:2011:294.
            (21)  – Apartado 14.
         
      
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         CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. YVES BOT
      presentadas el 15 de enero de 2015 (
            1
         )
      
         Asunto C‑3/14
      
      
         Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
      
      
         Telefonia Dialog sp. z o.o.
      
      
         contra
      
      T-Mobile Polska SA, anteriormente Polska Telefonia Cyfrowa SA
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy (Polonia)]
      
      «Procedimiento prejudicial — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/19/CE — Artículo 5 — Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión — Directiva 2002/21/CE — Artículo 7, apartado 3 — Notificación de los proyectos de medidas que se proponen adoptar las autoridades nacionales de reglamentación — Ámbito de aplicación del procedimiento — Alcance del requisito relativo al objeto de la decisión — Alcance del requisito relativo a las repercusiones de dicha medida en los intercambios entre Estados miembros — Decisión de una autoridad nacional de reglamentación adoptada en el marco de la resolución de un litigio entre dos operadores nacionales, en el sentido del artículo 20 de la Directiva 2002/21/CE — Decisión por la que se impone a uno de los operadores las obligaciones previstas en el artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE, relativa al acceso a los números no geográficos»
      
               1. 
            
            
               Mediante la presente petición de decisión prejudicial, se solicita al Tribunal de Justicia que precise el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación establecido por el legislador de la Unión en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco). (
                     2
                  )
            
         
               2. 
            
            
               Con arreglo a esta disposición, las autoridades nacionales de reglamentación deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros los proyectos de medidas que, por una parte, se adopten sobre la base de las disposiciones expresamente previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco y que, por otra, tengan «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», en el sentido del artículo 7, apartado 3, letra b), de dicha Directiva.
            
         
               3. 
            
            
               En esencia, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) (Polonia) solicita al Tribunal de Justicia que precise el alcance de cada una de estas dos condiciones.
            
         
               4. 
            
            
               La presente petición de decisión prejudicial se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas; en lo sucesivo, «Presidente de la UKE»), la autoridad nacional de reglamentación polaca, y Telefonia Dialog sp. z o.o. (en lo sucesivo, «Telefonia Dialog»), y, por otra, T-Mobile Polska SA, anteriormente Polska Telefonia Cyfrowa SA (en lo sucesivo, «T-Mobile Polska»), uno de los principales operadores de telecomunicaciones de Polonia. A petición de Telefonia Dialog, y con objeto de resolver el litigio entre ésta y T‑Mobile Polska, el Presidente de la UKE impuso, en efecto, determinadas obligaciones a T‑Mobile Polska a fin de garantizar a los usuarios finales el derecho a acceder a los números no geográficos garantizado por el artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE. (
                     3
                  ) Con arreglo al artículo 2, letras d) y f), de la Directiva servicio universal, un «número no geográfico» es un número identificado en un plan nacional de numeración que no contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red. Incluirán, entre otros, los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarifas superiores. De los autos se desprende que el Presidente de la UKE no notificó esta medida a la Comisión Europea ni a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros antes de su adopción.
            
         
               5. 
            
            
               Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar, con arreglo al procedimiento previsto por el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una medida como la controvertida en el litigio principal. En particular, se pregunta si dicha medida, por la cual la autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos a fin de resolver un litigio, entra dentro del ámbito de aplicación del procedimiento, y se ajusta, más específicamente, a las dos condiciones previstas en el artículo 7, apartado 3, letras a) y b), de la Directiva marco.
            
         
               6. 
            
            
               En las presentes conclusiones expondré los motivos por los que considero que dicha medida entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco y debe, por tanto, notificarse previamente a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros puesto que puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            
         
               7. 
            
            
               En las presentes conclusiones propondré al Tribunal de Justicia que declare que el requisito relativo a las repercusiones de la medida en los intercambios entre Estados miembros, que se prevé en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, requiere demostrar que la medida controvertida puede tener un efecto significativo sobre el comercio entre los Estados miembros al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre los flujos de intercambio entre estos últimos. Dado que esta apreciación es una cuestión de hecho, considero que corresponde a las autoridades nacionales competentes efectuar este examen a la vista de las circunstancias del caso concreto, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios controvertidos, así como la situación y la importancia de los operadores de que se trate en el mercado.
            
         
         I. Marco normativo
      
      A. Derecho de la Unión
      
      1. Directiva acceso
      
               8.
            
            
               El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2002/19/CE (
                     4
                  ) tiene el siguiente tenor:
               «La presente Directiva armoniza, dentro del marco que establece la [Directiva marco], la manera en que los Estados miembros regulan el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y su interconexión. El objetivo es establecer un marco regulador para las relaciones entre los suministradores de redes y servicios que sea compatible con los principios del mercado interior, haga posible el mantenimiento de una competencia sostenible, garantice la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones electrónicas y redunde en beneficio de los consumidores.»
            
         
               9.
            
            
               El artículo 5 de la Directiva acceso, titulado «Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión», establece:
               «1.   Para la consecución de los objetivos que se establecen en el artículo 8 de la [Directiva marco], las autoridades nacionales de reglamentación fomentarán y, en su caso, garantizarán, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, y ejercerán sus responsabilidades de tal modo que se promueva la eficiencia, la competencia sostenible y el máximo beneficio para los usuarios finales.
               En particular y sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en relación con las empresas que tengan un peso significativo en el mercado de conformidad con el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación podrán imponer:
               
                        a)
                     
                     
                        en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo, obligaciones a las empresas que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;
                     
                  [...]
               3.   Las obligaciones y condiciones impuestas de conformidad con los apartados 1 y 2 […] se aplicarán de conformidad con los procedimientos contemplados en los artículos 6 y 7 de la [Directiva marco].
               4.   Por lo que respecta al acceso y la interconexión, los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para intervenir por iniciativa propia cuando esté justificado o, en ausencia de acuerdo entre empresas, a petición de cualquiera de las partes implicadas, con objeto de garantizar los objetivos generales contemplados en el artículo 8 de la [Directiva marco], de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva y en los procedimientos contemplados en los artículos 6, 7, 20 y 21 de la [Directiva marco].»
            
         
               10.
            
            
               El artículo 8 de la Directiva acceso, titulado «Imposición, modificación o supresión de las obligaciones», prevé lo siguiente:
               «1.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación estén facultadas para imponer las obligaciones a que se refieren los artículos 9 a 13.
               [...]
               4.   Las obligaciones impuestas con arreglo al presente artículo deberán basarse en la índole del problema detectado, guardar proporción con éste y justificarse a la luz de los objetivos enumerados en el artículo 8 de la [Directiva marco]. Tales obligaciones sólo se impondrán previa consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de dicha Directiva.
               [...]»
            
         2. Directiva marco
      
               11.
            
            
               Los considerandos décimo quinto y trigésimo octavo de la Directiva marco tienen el siguiente tenor:
               
                        «15)
                     
                     
                        Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas y tengan en cuenta sus observaciones antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos sobre el mercado único u otros objetivos del Tratado. las autoridades nacionales de reglamentación también deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación ciertos proyectos de decisiones, para darles oportunidad de formular observaciones. Conviene que las autoridades nacionales de reglamentación consulten a las partes interesadas a propósito de cualquier proyecto de medidas que tenga una incidencia sobre los intercambios entre los Estados miembros. Los casos en que se aplican los procedimientos de los artículos 6 y 7 se definen en la presente Directiva y en las directivas específicas [...].
                     
                  [...]
               
                        38)
                     
                     
                        Las medidas que podrían repercutir sobre los intercambios entre los Estados miembros son aquellas medidas que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o potencial sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior. Estas incluyen medidas que tienen repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros y abarcan, entre otras, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros, las medidas que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, y, en particular, las medidas que afectan a la posibilidad de prestar servicios a nivel transnacional; así como las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros.»
                     
                  
         
               12.
            
            
               El artículo 6 de la Directiva marco, titulado «Mecanismo de transparencia y consulta», establece lo siguiente:
               «Salvo en aquellos casos contemplados en el apartado 6 del artículo 7 y en los artículos 20 y 21, los Estados miembros velarán por que cuando las autoridades nacionales de reglamentación tengan intención de adoptar, con arreglo a la presente Directiva o a las directivas específicas, medidas que incidan significativamente en el mercado pertinente, den a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre la medida propuesta en un plazo razonable [...]»
            
         
               13.
            
            
               El artículo 7 de la Directiva marco, titulado «Consolidación del mercado interior de comunicaciones electrónicas», prevé:
               «1.   Para cumplir sus cometidos, de conformidad con la presente Directiva y las Directivas específicas, las autoridades nacionales de reglamentación deberán tener en cuenta en la mayor medida posible los objetivos enunciados en el artículo 8, incluidos los que se refieren al funcionamiento del mercado interior.
               2.   Las autoridades nacionales de reglamentación contribuirán al desarrollo del mercado interior cooperando entre ellas y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de las disposiciones de la presente Directiva y de las Directivas específicas [...].
               3.   Además de la consulta a que se refiere el artículo 6, en aquellos casos en los que una autoridad nacional de reglamentación tenga la intención de adoptar una medida que:
               
                        a)
                     
                     
                        entre en el ámbito de los artículos 15 o 16 de la presente Directiva, los artículos 5 u 8 de la [Directiva acceso] o el artículo 16 de la [Directiva servicio universal], y
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros,
                     
                  pondrá, asimismo, el proyecto de medida a disposición de la Comisión y de las autoridades nacionales de reglamentación de los otros Estados miembros, así como las motivaciones del mismo, de conformidad con el apartado 3 del artículo 5, e informará de ello a la Comisión y a las otras autoridades nacionales de reglamentación. Las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión podrán presentar observaciones a la autoridad nacional de reglamentación interesada en el plazo de un mes o en el plazo a que se refiere el artículo 6, si éste es más largo. El plazo de un mes no podrá prolongarse.
               [...]»
            
         
               14.
            
            
               El artículo 20 de la Directiva marco, titulado «Resolución de litigios entre empresas», establece:
               «1.   En caso de producirse un litigio en relación con obligaciones derivadas de la presente Directiva o de las directivas específicas entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro, la autoridad nacional de reglamentación afectada adoptará, a petición de cualquiera de las partes, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una decisión vinculante para resolver el litigio lo antes posible [...]
               [...]
               3.   Al resolver un litigio, la autoridad nacional de reglamentación perseguirá la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 8. Las obligaciones que una autoridad nacional de reglamentación pueda imponer a una empresa en el marco de la resolución del litigio deberán respetar lo dispuesto en la presente Directiva o en las directivas específicas.
               [...]»
            
         3. Directiva servicio universal
      
               15.
            
            
               El artículo 28 de la Directiva servicio universal figura en el capítulo IV de la misma, titulado «Derechos e intereses de los usuarios finales». Este artículo se refiere al acceso a números no geográficos y establece lo siguiente:
               «Los Estados miembros velarán por que los usuarios finales de otros Estados miembros puedan acceder a los números no geográficos dentro de su territorio [...]»
            
         B. Derecho polaco
      
      
               16.
            
            
               La Ustawa Prawo telekomunikacyjne (Ley de Telecomunicaciones), de 16 de julio de 2004, (
                     5
                  ) en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, adapta el ordenamiento jurídico nacional a las disposiciones adoptadas por el legislador de la Unión en el marco del «paquete Telecom».
            
         
               17.
            
            
               El artículo 15 de dicha Ley, que figura en el capítulo 3, titulado «Procedimiento de consulta», transpone el artículo 6 de la Directiva marco. Dicho artículo 15 tiene el siguiente tenor:
               «Antes de que el presidente de la UKE adopte una decisión en los siguientes asuntos:
               
                        1)
                     
                     
                        análisis del mercado y designación de un empresario de telecomunicaciones con un peso significativo en el mercado, o la anulación de una decisión a este respecto,
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        la imposición, el levantamiento, el mantenimiento o la modificación de obligaciones de reglamentación a empresas de telecomunicaciones con un peso significativo en el mercado o sin él,
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        las decisiones sobre el acceso a la red de telecomunicaciones a la que se refieren los artículos 28 a 30,
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        otros asuntos especificados en la ley,
                     
                  llevará a cabo un procedimiento de consulta que permita a los interesados expresar por escrito, en un plazo determinado, su opinión sobre el proyecto de decisión.»
            
         
               18.
            
            
               El artículo 18 de dicha Ley figura en el capítulo 4, titulado «Procedimiento de consolidación». Este artículo transpone el artículo 7 de la Directiva marco y establece lo siguiente:
               «En caso de que las decisiones mencionadas en el artículo 15 puedan influir en las relaciones comerciales entre Estados miembros, el presidente de la UKE incoará, simultáneamente con el procedimiento de consulta, un procedimiento de consolidación y remitirá los proyectos de decisión, junto con una exposición de motivos, a la Comisión […] y a las autoridades de reglamentación de los demás Estados miembros.»
            
         
               19.
            
            
               Los artículos 27 y 28 de la Ley de Telecomunicaciones persiguen transponer el artículo 5 de la Directiva acceso. Dichos artículos 27 y 28 están redactados del siguiente modo:
               «Artículo 27
               
               1.   El presidente de la UKE podrá señalar, mediante resolución, de oficio o a solicitud por escrito de todas las partes en las negociaciones destinadas a la celebración de un contrato de acceso, un plazo de finalización de las negociaciones, que no podrá exceder de 90 días a partir de la presentación de la solicitud de celebración de tal contrato.
               2.   A falta de negociaciones, si un operador obligado a conceder el acceso lo deniega o si no se celebra ningún contrato en el plazo mencionado en el apartado 1, las partes podrán solicitar del presidente de la UKE que adopte una decisión en la que se resuelvan las cuestiones controvertidas o se definan los términos de la colaboración.
               [...]
               
                  Artículo 28
               
               1.   El presidente de la UKE adoptará su resolución sobre la concesión del acceso dentro de un plazo de 90 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud mencionada en el artículo 27, apartado 2, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
               
                        1)
                     
                     
                        el interés de los usuarios de las redes de telecomunicaciones;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        las obligaciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        la promoción de los servicios de telecomunicaciones modernos;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        la naturaleza de las cuestiones controvertidas existentes y la posibilidad práctica de aplicar las soluciones relativas a los aspectos técnicos y económicos del acceso, propuestas por las empresas de telecomunicaciones partes en las negociaciones y que pueden constituir soluciones alternativas;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        la garantía:
                        
                                 a)
                              
                              
                                 de la totalidad de las redes y de la interoperabilidad de los servicios,
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 de condiciones no discriminatorias de acceso,
                              
                           
                                 c)
                              
                              
                                 del desarrollo de la competencia en el mercado de los servicios de telecomunicaciones.
                              
                           
                  [...]
               4.   La decisión de concesión del acceso sustituirá la parte del contrato de acceso cubierta por dicha decisión.
               [...]
               6.   El presidente de la UKE podrá modificar la decisión de acceso a solicitud de las partes interesadas o de oficio cuando así lo justifique la necesidad de garantizar la protección de los intereses de los usuarios finales, una competencia eficaz o la interoperabilidad de los servicios.
               [...]»
            
         
               20.
            
            
               El artículo 79, apartado 1, de la Ley de Telecomunicaciones transpone, a su vez, el artículo 28 de la Directiva servicio universal. Este artículo establece lo siguiente:
               «Todo operador de una red pública de telecomunicaciones garantizará que los usuarios finales de su red y los usuarios finales de otros Estados miembros tengan, siempre que sea técnica y económicamente factible, la posibilidad de acceder a un número no geográfico en el territorio polaco, a menos que el abonado haya restringido las llamadas de usuarios finales procedentes de ciertas áreas geográficas.»
            
         
         II. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
      
      
               21.
            
            
               De la resolución de remisión se deduce que Telefonia Dialog solicitó al Presidente de la UKE que adoptase las medidas necesarias a fin de modificar el contrato que la vinculaba a T‑Mobile Polska relativo al acceso de los usuarios finales a los números no geográficos.
            
         
               22.
            
            
               Sobre la base del artículo 28 de la Ley de Telecomunicaciones, que transpone el artículo 5 de la Directiva acceso, que se titula «Competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión», el Presidente de la UKE obligó, mediante decisión de 19 de diciembre de 2008, a Telefonia Dialog a prestar servicios de terminación de llamadas en su red a cambio de la remuneración establecida en dicha decisión. A su vez, T‑Mobile Polska, estaba obligada a garantizar a sus abonados acceso a los servicios de información y de ocio prestados por la red de Telefonia Dialog a cambio de una remuneración fijada igualmente en esta decisión.
            
         
               23.
            
            
               En el marco de un recurso interpuesto por T‑Mobile Polska, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal de Distrito de Varsovia) anuló la decisión del Presidente de la UKE porque éste no había realizado la notificación exigida por el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco. En efecto, el Sąd Okręgowy w Warszawie consideró que esta decisión afectaba a los ciudadanos de los Estados miembros que utilizan el servicio de itinerancia de T‑Mobile Polska, de forma que la decisión podía tener repercusiones en los intercambios comerciales entre Estados miembros.
            
         
               24.
            
            
               El Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia) confirmó esta sentencia.
            
         
               25.
            
            
               El Presidente de la UKE interpuso un recurso de casación ante el Sąd Najwyższy. A su juicio, el Sąd Apelacyjny w Warszawie, al considerar que la decisión controvertida tenía repercusiones en el mercado único, interpretó erróneamente el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros» previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco y que, por tanto, infringió esta disposición.
            
         
               26.
            
            
               En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy decidió suspender el procedimiento y plantear el Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
               
                        «1)
                     
                     
                        El artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con el artículo 28 de la [Directiva servicio universal], ¿debe interpretarse en el sentido de que toda medida adoptada por la autoridad nacional de reglamentación en cumplimiento de la obligación que se deriva del artículo 28 de la [Directiva servicio universal] puede repercutir en los intercambios entre Estados miembros por el mero hecho de que pueda permitir que los usuarios finales de otros Estados miembros accedan en el territorio de ese Estado miembro a números no geográficos?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con los artículos 6 y 20 de la misma norma, en el sentido de que la autoridad nacional de reglamentación, cuando resuelve un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y dicho litigio versa sobre el cumplimiento de la obligación que incumbe a alguna de esas empresas en virtud del artículo 28 de la [Directiva servicio universal], no está facultada para instruir un procedimiento de consolidación, aun cuando la referida medida pueda repercutir en los intercambios entre Estados miembros y el Derecho interno obligue a dicha autoridad a instruir ese procedimiento de consolidación cada vez que la medida pueda tener repercusiones en tales intercambios?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿debe interpretarse el artículo 7, apartado 3, de la [Directiva marco], en relación con los artículos 6 y 20 de la misma norma y con los artículos 288 TFUE y 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a inaplicar las disposiciones de Derecho interno que impongan a la autoridad nacional de reglamentación la obligación de instruir un procedimiento de consolidación cada vez que la medida por ella adoptada pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros?»
                     
                  
         
         III. Observaciones preliminares
      
      
               27.
            
            
               Propongo al Tribunal de Justicia que examine estas cuestiones prejudiciales en un orden distinto del señalado por el Sąd Najwyższy, por las razones que expongo a continuación.
            
         
               28.
            
            
               Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si una autoridad nacional de reglamentación está obligada a respetar el procedimiento de notificación previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, en la medida en que éste impone, en el marco de un litigio entre dos empresas que garantizan la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en un único Estado miembro, las obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos establecidas por el legislador de la Unión en el artículo 28 de la Directiva servicio universal.
            
         
               29.
            
            
               El legislador de la Unión establece específicamente en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco los casos en los que las autoridades nacionales de reglamentación están obligadas a notificar los proyectos de medidas. Deberán concurrir dos condiciones.
            
         
               30.
            
            
               La primera se refiere al objeto de la medida. De esta forma, con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, debe tratarse de medidas que «[entran en el ámbito] de los artículos 15 o 16 de [esta] Directiva, los artículos 5 u 8 de la Directiva [acceso] o el artículo 16 de la Directiva [servicio universal]».
            
         
               31.
            
            
               El segundo requisito se refiere a las repercusiones de la medida en el mercado único. Con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, debe tratarse, en efecto, de medidas que «[puedan] tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros».
            
         
               32.
            
            
               Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca del alcance de este segundo requisito. En efecto, el Sąd Najwyższy se pregunta si una medida como la controvertida en el litigio principal, destinada a garantizar un acceso a los números no geográficos, puede repercutir en los intercambios entre Estados miembros, en el sentido del artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco.
            
         
               33.
            
            
               Por otra parte, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca del alcance del primer requisito relativo a la naturaleza de la decisión. En efecto, dicho órgano se pregunta si el procedimiento de notificación es aplicable a una medida que se adopta sobre la base del artículo 20 de la Directiva marco a fin de resolver un litigio entre dos operadores nacionales.
            
         
               34.
            
            
               Habida cuenta de estos elementos, estimo por tanto que es más coherente invertir el orden en el que se abordarán estas dos cuestiones. En efecto, si se llegara a la conclusión de que una medida como la controvertida en el litigio principal, adoptada en el marco de la resolución de un litigio entre empresas, no está comprendida en ninguno de los supuestos expresamente previstos por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, no sería necesario examinar si esta medida puede tener repercusiones en el comercio entre Estados miembros con arreglo a la letra b) de dicha disposición.
            
         
         IV. Análisis
      
      A. Sobre el alcance del requisito establecido en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, basado en la naturaleza de la medida
      
      
               35.
            
            
               Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente al Tribunal de Justicia si, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar una medida por la que impone a un operador de telecomunicaciones obligaciones relativas al acceso a los números no geográficos, en la medida en que se adopta en el marco de la resolución de un litigio en el sentido del artículo 20 de dicha Directiva. (
                     6
                  )
            
         
               36.
            
            
               La cuestión se suscita por cuanto, en el artículo 20 de la Directiva marco, el legislador de la Unión no especifica que dicha decisión debe notificarse a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de la citada Directiva.
            
         
               37.
            
            
               Asimismo, la cuestión se plantea en la medida en que, a primera vista, esta decisión no está comprendida en el ámbito de los supuestos enumerados por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, letra a), de dicha Directiva.
            
         
               38.
            
            
               En efecto, con arreglo a dicha disposición, una autoridad nacional de reglamentación está obligada a notificar aquellas medidas por las que:
               
                        —
                     
                     
                        define el mercado pertinente o efectúa un análisis de mercado con arreglo a los artículos 15 y 16 de la Directiva marco;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        aplica las obligaciones relativas al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y a su interconexión con arreglo al artículo 5 de la Directiva acceso;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        impone, modifica o suprime, con arreglo al artículo 8 de la Directiva acceso, las obligaciones aplicables a los operadores que tienen un peso significativo en un mercado específico y, en particular:
                        
                                 —
                              
                              
                                 la obligación de transparencia relativa a las condiciones de la interconexión o del acceso con arreglo al artículo 9 de la Directiva acceso,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 la obligación de no discriminación con arreglo al artículo 10 de la Directiva acceso,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 la obligación de mantener cuentas separadas con arreglo al artículo 11 de la Directiva acceso,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 las obligaciones relativas al acceso a elementos de redes y recursos asociados con arreglo al artículo 12 de la Directiva acceso, y
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 los requisitos relativos al control de precios y contabilidad de costes con arreglo al artículo 13 de la Directiva acceso, y
                              
                           
                  
                        —
                     
                     
                        mantiene, modifica o suprime las obligaciones relativas a los mercados al público con arreglo al artículo 16, apartado 3, de la Directiva servicio universal.
                     
                  
         
               39.
            
            
               Por tanto, el legislador de la Unión no prevé expresamente una medida adoptada sobre la base del artículo 20 de la Directiva marco.
            
         
               40.
            
            
               Sin embargo, considero que ello no impide que dicha decisión esté comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación mencionado en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, puesto que esa medida se refiere a una de las obligaciones establecidas en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco y repercute en el comercio entre los Estados miembros con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra b), de dicha Directiva.
            
         
               41.
            
            
               En efecto, el artículo 20 de la Directiva marco es una disposición de carácter meramente procedimental. Dicha disposición establece, recordémoslo, las normas y el procedimiento aplicables cuando una autoridad nacional de reglamentación interviene en el marco de un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un único Estado miembro y adopta una decisión vinculante para resolver el litigio.
            
         
               42.
            
            
               Pues bien, la aplicación del procedimiento de notificación no depende de la naturaleza del procedimiento a raíz del cual la autoridad nacional de reglamentación ha adoptado la medida en cuestión. Tal como se deduce claramente del artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco, la aplicación de este procedimiento depende únicamente del objeto de la medida. ¿Persigue definir un mercado pertinente, pretende garantizar el acceso a un servicio de comunicaciones electrónicas o tiene por objeto imponer a un operador del mercado obligaciones relativas al control de los precios?
            
         
               43.
            
            
               Por tanto, en el litigio principal es preciso prestar atención al propio objeto de la decisión adoptada por el Presidente de la UKE, independientemente del marco procedimental en el que ésta se inscribe.
            
         
               44.
            
            
               De la resolución de remisión se desprende que el Presidente de la UKE adoptó esta decisión con el fin de ejecutar las obligaciones previstas en el artículo 28 de la Directiva servicio universal. Este artículo pretende garantizar el derecho de acceso de los usuarios finales a los números no geográficos dentro de su territorio. Por tanto, dicha decisión versa sobre el acceso a un servicio de comunicaciones electrónicas.
            
         
               45.
            
            
               Aunque dicha medida se inscribe en el marco del procedimiento de resolución de litigios previsto en el artículo 20 de la Directiva marco, el órgano jurisdiccional remitente confirma que se adoptó en virtud de las competencias que el artículo 28 de la Ley de Telecomunicaciones, por el que se adapta el ordenamiento jurídico nacional al artículo 5 de la Directiva acceso, atribuye al Presidente de la UKE. Procede recordar que esta última disposición confiere a cada una de las autoridades nacionales de reglamentación el derecho, incluso la obligación, de imponer a los operadores del mercado obligaciones en materia de acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas y su interconexión. Se trata de una disposición sustantiva de la que depende claramente la medida controvertida en el litigio principal.
            
         
               46.
            
            
               Por tanto, la medida adoptada por el Presidente de la UKE se basa, en cuanto a su objeto, en el artículo 5 de la Directiva acceso, que fija las competencias y responsabilidades de las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión y, en lo que se refiere al procedimiento, en el artículo 20 de la Directiva marco, que establece las normas procedimentales aplicables en el marco de la resolución de un litigio.
            
         
               47.
            
            
               A este respecto, debe señalarse que el legislador de la Unión establece un vínculo muy estrecho entre las medidas adoptadas sobre la base del artículo 5 de la Directiva acceso y los mecanismos procesales previstos en los artículos 6, 7, 20 y 21 de la Directiva marco. En efecto, como se desprende claramente del artículo 5, apartados 3 y 4, de la Directiva acceso, las obligaciones y las condiciones que imponen las autoridades nacionales de reglamentación en materia de acceso e interconexión deberán aplicarse con arreglo a los procedimientos de consulta y de notificación previstos en los artículos 6 y 7 de la Directiva marco y, en su caso, observando las normas de procedimiento establecidas en los artículos 20 y 21 de la Directiva marco, cuando se inscriban en el marco de la resolución de un litigio nacional o transfronterizo.
            
         
               48.
            
            
               Dicho esto, procede subrayar ahora que las medidas adoptadas sobre la base del artículo 5 de la Directiva acceso se refieren expresamente a los supuestos previstos en el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva marco. Por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación están obligadas a notificar dichas medidas a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros, puesto que repercuten en los intercambios entre Estados miembros.
            
         
               49.
            
            
               Los objetivos que el legislador de la Unión persigue en esta materia respaldan esta interpretación.
            
         
               50.
            
            
               En efecto, tal como se desprende concretamente del décimo quinto considerando de la Directiva marco, el objetivo consiste en garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional por las autoridades nacionales de reglamentación no tengan efectos adversos sobre el mercado único. Por otra parte, con arreglo al segundo considerando de la Recomendación de la Comisión de 15 de octubre de 2008, (
                     7
                  ) estas decisiones no deberán menoscabar la consecución de los objetivos que persigue el legislador de la Unión para la creación de un marco normativo para el mercado de las telecomunicaciones previstos en el artículo 8 de la Directiva marco. En otras palabras, el legislador de la Unión exige a las autoridades nacionales de reglamentación que contribuyan al desarrollo del mercado único mediante una cooperación transparente, tanto entre ellas como con la Comisión, a fin de garantizar una aplicación coherente de las normas establecidas en el marco del «paquete Telecom» y, de este modo, evitar cualquier falseamiento de la competencia que pueda obstaculizar el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones.
            
         
               51.
            
            
               Pues bien, contravendría estos objetivos excluir del procedimiento de notificación las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación en el marco de la resolución de un litigio. Estas medidas son de carácter administrativo y no judicial, y su notificación contribuye de manera evidente a la colaboración que el legislador de la Unión pretende establecer entre las autoridades nacionales de reglamentación y la Comisión. Por consiguiente, considero que excluir dichas medidas del ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco podría quebrantar la armonización que se trata de conseguir. A este respecto, hay que observar que, en el trigésimo segundo considerando de la Directiva marco, el legislador de la Unión señala expresamente que «la intervención de una autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio entre empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas de un Estado miembro debe tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la […] Directiva [marco] o de las directivas específicas», entre las que figura el requisito de transparencia y de cooperación.
            
         
               52.
            
            
               Por otra parte, procede señalar que, en el marco de la consecución de dichos objetivos, la Comisión señaló en el cuarto considerando de su Recomendación, antes citada, que «debe dar a las autoridades nacionales de reglamentación, cuando así lo soliciten, la oportunidad de debatir cualquier proyecto de medidas antes de su notificación oficial con arreglo al artículo 7 de la Directiva [marco]».
            
         
               53.
            
            
               A la vista de todo lo anterior considero, por tanto, que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada en el marco de la resolución de un litigio, por la que una autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones en materia de acceso a números no geográficos de conformidad con las competencias y responsabilidades que le confieren los artículos 5 de la Directiva acceso, 20 de la Directiva marco y 28 de la Directiva servicio universal, está comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación y deberá por tanto ser notificada cuando dicha medida tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            
         B. Sobre el alcance del requisito establecido en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco, relativo a las repercusiones de la medida en los intercambios entre Estados miembros
      
      
               54.
            
            
               Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si conforme al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, una medida por la que una autoridad nacional de reglamentación pretende, con arreglo al artículo 28 de la Directiva servicio universal, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos entraña necesariamente repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, de forma que dicha medida deba notificarse tanto a la Comisión como a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros.
            
         
               55.
            
            
               En esta ocasión, la respuesta a esta cuestión requiere determinar el alcance del criterio relativo a las «repercusiones [de la medida] en los intercambios entre Estados miembros», previsto en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva marco.
            
         
               56.
            
            
               Como ya he indicado anteriormente, este criterio determina el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación. Si bien existe una abundante jurisprudencia al respecto en procedimientos en materia de competencia, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre su alcance en el marco de los litigios relativos al sector de las telecomunicaciones.
            
         
               57.
            
            
               En primer lugar, es preciso señalar que el legislador de la Unión define expresamente el alcance de este criterio en el trigésimo octavo considerando de la Directiva marco.
            
         
               58.
            
            
               Se trata de «medidas que pueden tener un efecto directo o indirecto, real o potencial sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior». Asimismo, el legislador de la Unión especifica que dichas medidas «incluyen medidas que tienen repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros».
            
         
               59.
            
            
               En primer lugar, procede señalar que esta definición es idéntica a la adoptada por el Tribunal de Justicia y la Comisión en el marco del procedimiento contencioso en materia de Derecho de la competencia. En efecto, debe recordarse que el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia Völk, (
                     8
                  ) precursora en la materia, que el concepto de «[efectos en el] comercio entre los Estados miembros», previsto en el artículo 85, apartado 1, del Tratado CEE (posteriormente artículo 85, apartado 1, del Tratado CE, posteriormente artículo 81 CE, apartado 1, y actualmente artículo 101 TFUE, apartado 1), implica que el acuerdo en cuestión pueda ejercer una «influencia directa o indirecta, actual o potencial sobre las corrientes comerciales entre los Estados miembros en un sentido potencialmente perjudicial para la consecución del objetivo de un mercado único entre los mismos». (
                     9
                  ) Dos años más tarde, en su sentencia Béguelin Import, (
                     10
                  ) el Tribunal de Justicia declaró asimismo que el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros se refiere a aquellos acuerdos y prácticas que afectan «de manera significativa al comercio entre los Estados miembros y al juego de la competencia». (
                     11
                  )
            
         
               60.
            
            
               La Comisión retomó esta definición en su Comunicación titulada «Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 [CE] y 82 [CE]», (
                     12
                  ) que analizaré más adelante.
            
         
               61.
            
            
               En consecuencia, la definición utilizada por el legislador de la Unión para el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», en el sentido del artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, es idéntica a la adoptada para el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
            
         
               62.
            
            
               Esta identidad es plenamente coherente teniendo en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones es, en la actualidad, un mercado competitivo en el que los operadores pueden adoptar conductas susceptibles de subsumirse en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
            
         
               63.
            
            
               A este respecto y como se desprende claramente del marco normativo establecido en el sector de las telecomunicaciones, la definición y el análisis de los mercados pertinentes, la situación y el peso de los operadores económicos en estos mercados, así como las repercusiones de las prácticas adoptadas por estos operadores en estos mercados, se apoyan en un análisis económico basado en la metodología del Derecho de la competencia. Además, el legislador de la Unión así lo ha señalado expresamente en el décimo tercer considerando de la Directiva acceso, en lo que respecta a las obligaciones relativas al acceso y a la interconexión.
            
         
               64.
            
            
               En estas circunstancias y, al igual que todas las partes que presentaron observaciones escritas en el litigio principal, considero que el concepto de «repercusiones en los intercambios entre Estados miembros», utilizado por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, ha de tener el mismo alcance que el concepto de efectos en el comercio entre los Estados miembros en el que éste se basa en el marco del Derecho de la competencia y, en particular, del artículo 101 TFUE, y debe apreciarse con arreglo a una metodología común.
            
         
               65.
            
            
               Esta metodología se precisó en las Directrices, que se basan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia.
            
         
               66.
            
            
               Con arreglo a dichas Directrices, el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE implica, como se ha señalado anteriormente, que el acuerdo en cuestión pueda ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial sobre las corrientes comerciales entre los Estados miembros. (
                     13
                  ) Según el Tribunal de Justicia, esta apreciación debe efectuarse basándose en un conjunto de datos objetivos de Derecho o de hecho, que deben interpretarse tomando como referencia el contexto real en que se sitúa el acuerdo. (
                     14
                  ) Por consiguiente, en este contexto, las autoridades competentes deben tener en cuenta la naturaleza del acuerdo y de la práctica en cuestión, la naturaleza de los productos controvertidos y la situación y la importancia de las empresas afectadas.
            
         
               67.
            
            
               La naturaleza del acuerdo y el peso de las empresas en el mercado pueden proporcionar indicaciones en cuanto a la posibilidad de que el acuerdo afecte al comercio entre Estados miembros. La naturaleza de los productos de que se trate transmite información, a su vez, acerca de la posibilidad de que se vean afectados los intercambios intracomunitarios. En efecto, resultará más sencillo demostrar que dicho acuerdo puede tener repercusiones en el mercado único cuando la compra o la venta de un producto forme parte del comercio transfronterizo o represente una parte significativa de la actividad de una empresa que pretende establecerse o incrementar sus actividades en otros Estados miembros.
            
         
               68.
            
            
               Por otra parte, con arreglo a las Directrices, el efecto sobre el comercio entre los Estados miembros, en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE implica que el acuerdo o la práctica en cuestión puedan producir un nivel mínimo de efectos transfronterizos (
                     15
                  ) que afecten, como mínimo, a dos Estados miembros. En efecto, el criterio del efecto sobre el comercio entre los Estados miembros incorpora un elemento cuantitativo que limita la aplicación del Derecho de la Unión a los acuerdos y prácticas que puedan producir efectos de cierta magnitud. La evaluación de la apreciabilidad depende una vez más de las circunstancias de cada asunto, en particular, de la naturaleza del acuerdo o práctica, de la naturaleza de los productos de que se trate y la posición de mercado de las empresas afectadas. (
                     16
                  )
            
         
               69.
            
            
               Tal como expuse anteriormente, considero que la apreciación de las repercusiones en los intercambios entre Estados miembros de una medida adoptada por una autoridad nacional de reglamentación debe efectuarse sobre la base de una metodología idéntica.
            
         
               70.
            
            
               En mi opinión, esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes en cada caso. Por consiguiente, estas últimas deberán apreciar si la medida que pretenden adoptar puede repercutir de manera apreciable o notable en el comercio entre los Estados miembros al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre los flujos de intercambio entre estos últimos. Para ello, su apreciación debe basarse, en particular, en la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como en la situación y la importancia de las empresas afectadas en el mercado. (
                     17
                  )
            
         
               71.
            
            
               En el trigésimo octavo considerando de la Directiva marco, el legislador de la Unión establece una lista no exhaustiva de medidas que pueden tener repercusiones importantes sobre los operadores o usuarios en otros Estados miembros. Estas incluyen, entre otras, las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros. Asimismo, se mencionan las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros y las que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas.
            
         
               72.
            
            
               De este modo y a título ilustrativo, la Comisión considera que las medidas relativas a la fijación de tarifas de terminación de llamadas (
                     18
                  ) inciden en los operadores de otros Estados miembros de manera que dichas medidas deben serle notificadas previamente con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco. (
                     19
                  ) Dado que se trata de tarifas de terminación de llamadas, la Comisión estima, en efecto, que son un componente del coste de la llamada entre los clientes de los operadores de redes diferentes y se incluyen en la factura telefónica del cliente que efectúa la llamada, de forma que puede considerarse que la medida tiene un efecto significativo en los usuarios. Además, considera que el nivel de las tarifas de terminación de llamadas influye de forma directa en la capacidad de los operadores establecidos en otros Estados miembros de prestar sus servicios en el Estado miembro de que se trate en función de las tarifas de terminación establecidas.
            
         
               73.
            
            
               Del mismo modo, la Comisión sostiene que, con arreglo al artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco, las medidas por las que una autoridad nacional de reglamentación establece las tarifas de suministro mayorista de acceso de banda ancha, así como su modo de cálculo, deben serle notificadas previamente.
            
         
               74.
            
            
               En consecuencia, en el litigio principal, incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, a la vista de las circunstancias propias de cada caso, si la medida controvertida, adoptada con objeto de garantizar a los usuarios finales un acceso a los números no geográficos, puede de igual forma influir en los intercambios entre Estados miembros, de manera que se cumplan todos los requisitos exigidos con arreglo al procedimiento de notificación.
            
         
               75.
            
            
               Para ello, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta por tanto la naturaleza de esta medida, así como la naturaleza de los servicios en cuestión.
            
         
               76.
            
            
               A este respecto, procede recordar que dicha medida obliga a T‑Mobile Polska a garantizar el acceso a los números no geográficos a los usuarios finales que residen en el territorio nacional y que utilizan su red en itinerancia.
            
         
               77.
            
            
               He de señalar que, con arreglo al artículo 2, letras d) y f), de la Directiva servicio universal, un número no geográfico es un número identificado en un plan nacional de numeración que no contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red. Se trata, entre otros, de los números de teléfonos móviles, de llamada gratuita y de tarifas superiores.
            
         
               78.
            
            
               En el presente asunto, entiendo asimismo que la medida controvertida establece las modalidades de tarificación del servicio de acceso a los números no geográficos en el marco del contrato entre T‑Mobile Polska y Telefonia Dialog.
            
         
               79.
            
            
               A mi juicio, estos elementos apuntan a que dicha medida puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
            
         
               80.
            
            
               Por una parte, el acceso a los números no geográficos que T‑Mobile Polska debe garantizar no sólo beneficia a los usuarios finales de la red de esta empresa, sino que también beneficia a aquellos que utilizan los servicios prestados por ésta en itinerancia. Ahora bien, como ha señalado acertadamente la Comisión, la itinerancia, comúnmente conocida como «roaming», implica una dimensión transnacional de la comunicación. En la vista T‑Mobile Polska precisó, por otra parte, que había celebrado más de 140 contratos de itinerancia con los operadores de los diferentes Estados miembros.
            
         
               81.
            
            
               Por otra parte, la medida controvertida fija los precios de los servicios de telecomunicaciones y las modalidades de revisión de estas tarifas. En mi opinión, si dichas modalidades se incorporan a un contrato que vincula a T‑Mobile Polska, pueden tener repercusiones directas en el usuario final, dado que son un componente del coste de la llamada y, en este sentido, influyen en el importe de la factura telefónica del cliente que efectúa la llamada. En estas circunstancias, estimo que dicha medida puede repercutir significativamente en los usuarios. Además, como ha declarado el Sąd Apelacyjny w Warszawie, no es imposible que dicha medida incida asimismo en las condiciones de acceso al mercado de los operadores y, en particular, de aquellos establecidos en otros Estados miembros.
            
         
               82.
            
            
               Además, el órgano jurisdiccional nacional deberá tener en cuenta la posición y la importancia en el mercado de las empresas interesadas y, en particular, de T‑Mobile Polska. Según los datos de que dispongo y la información facilitada por T‑Mobile Polska en la vista, esta empresa es uno de los principales operadores de telecomunicaciones en Polonia y en Europa del Este. En 2006, tal como se desprende de la sentencia Polska Telefonia Cyfrowa, (
                     20
                  ) el Presidente de la UKE ya había considerado que dicha empresa disponía de un peso significativo en el mercado de los servicios de terminación de llamadas vocales y decidió imponer a esta empresa determinadas obligaciones reglamentarias a este respecto. (
                     21
                  ) En 2008 la cuota de mercado de T‑Mobile Polska fue del 29 %, y en 2013 del 27 %. Esta información sobre la importancia de T‑Mobile Polska en el mercado apunta evidentemente a que el volumen de las comunicaciones que se transmiten por la red de esta empresa, entre las que se encuentran las que se efectúan a través de números no geográficos, es importante.
            
         
               83.
            
            
               Si bien estos elementos proporcionan información sobre la capacidad de la medida controvertida de producir repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, no son suficientes, a mi juicio, para concluir que pueden afectar de forma significativa al comercio intracomunitario. Incumbe al órgano jurisdiccional nacional, a la luz de todos los elementos de los que dispone en el marco del presente litigio, determinar la valoración exacta de esas repercusiones.
            
         
               84.
            
            
               Habida cuenta de estos elementos, considero por tanto que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco debe interpretarse en el sentido de que una medida por la cual una autoridad nacional de reglamentación persigue, con arreglo al artículo 28 de la Directiva servicio universal, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, cuando dicha medida pueda tener un efecto significativo en el comercio entre estos últimos al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre sus flujos de intercambio.
            
         
               85.
            
            
               Esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes a la vista de las circunstancias propias de cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como la situación y la importancia de los operadores afectados en el mercado.
            
         C. Sobre la tercera cuestión prejudicial
      
      
               86.
            
            
               Habida cuenta de las respuestas que propongo a las dos primeras cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, estimo que no es necesario examinar la tercera cuestión prejudicial. Por otra parte y como he puesto de manifiesto anteriormente, según los documentos obrantes en autos, la legislación polaca no se aparta de las disposiciones previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco.
            
         
         V. Conclusión
      
      
               87.
            
            
               A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda al Sąd Najwyższy del siguiente modo:
               
                        «1)
                     
                     
                        El artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada en el marco de la resolución de un litigio, por la que una autoridad nacional de reglamentación impone a un operador obligaciones en materia de acceso a números no geográficos, de conformidad con las competencias y responsabilidades que le confieren el artículo 5 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso), el artículo 20 de la Directiva 2002/21 y el artículo 28 de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal), está comprendida en el ámbito de aplicación del procedimiento de notificación y deberá por tanto ser notificada cuando dicha medida tenga repercusiones en los intercambios entre Estados miembros.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        El artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2002/21 debe interpretarse en el sentido de que una medida por la cual una autoridad nacional de reglamentación persigue, con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2002/22, garantizar el acceso de los usuarios finales a los números no geográficos puede tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros, cuando dicha medida pueda tener un efecto significativo en el comercio entre estos últimos al ejercer una influencia directa o indirecta, actual o potencial, sobre sus flujos de intercambio.
                        Esta apreciación constituye una cuestión de hecho cuya resolución corresponde a las autoridades nacionales competentes a la vista de las circunstancias propias de cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida y de los servicios de que se trate, así como la situación y la importancia de los operadores afectados en el mercado.»
                     
                  
         (
            1
         )	Lengua original: francés.
      (
            2
         )	DO L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva marco».
      (
            3
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108, p. 51).
      (
            4
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7).
      (
            5
         )	Dz. U. no 171, epígrafe 1800.
      (
            6
         )	Al igual que la Comisión, considero que la legislación polaca no se desvía de las obligaciones previstas por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 3, de la Directiva marco.
      (
            7
         )	Recomendación sobre las notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 301, p. 23).
      (
            8
         )	Asunto 5/69, EU:C:1969:35.
      (
            9
         )	Apartado 5.
      (
            10
         )	Asunto 22/71, EU:C:1971:113.
      (
            11
         )	Apartado 16. El subrayado es mío.
      (
            12
         )	DO 2004, C 101, p. 81; en lo sucesivo, «Directrices».
      (
            13
         )	Véase el apartado 23 de las Directrices.
      (
            14
         )	Sentencia Völk (EU:C:1969:35), apartados 5 y 7.
      (
            15
         )	Véase el apartado 13 de las Directrices.
      (
            16
         )	Véase el apartado 28 de las Directrices.
      (
            17
         )	Véase, a título ilustrativo, la sentencia Javico (C‑306/96, EU:C:1998:173), apartado 17.
      (
            18
         )	Se trata de tarifas al por mayor facturadas por el operador del abonado que recibe una llamada en su teléfono móvil al operador de la red del cliente que efectúa la llamada para transmitir o «terminar» una llamada.
      (
            19
         )	Véanse los comunicados de prensa de la Comisión de 25 de junio de 2009 y de 24 de junio 2010, disponibles en las siguientes direcciones de Internet: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-1008_fr.htm?locale=FR y http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-804_fr.htm.
      (
            20
         )	Asunto C‑410/09, EU:C:2011:294.
      (
            21
         )	Apartado 14.