CELEX: 62005CJ0125
Language: es
Date: 2006-09-07 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2006. # VW-Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S contra Skandinavisk Motor Co. A/S. # Petición de decisión prejudicial: Østre Landsret - Dinamarca. # Competencia - Acuerdo de distribución de vehículos automóviles - Exención por categoría - Reglamento (CE) nº 1475/95 - Artículo 5, apartado 3 - Resolución por el proveedor - Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 - Necesidad de reorganizar la red de distribución - Plazo de preaviso - Motivación - Carga de la prueba. # Asunto C-125/05.

Asunto C‑125/05
      VW-Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S
      contra
      Skandinavisk Motor Co. A/S
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret)
      «Competencia — Acuerdo de distribución de vehículos automóviles — Exención por categoría — Reglamento (CE) nº 1475/95 — Artículo 5, apartado 3 — Resolución por el proveedor — Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 — Necesidad de reorganizar la red de distribución — Plazo de preaviso — Motivación — Carga de la prueba»
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Reglamento
            (CE) nº 1475/95
      [Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, art. 5, ap. 3, párr. 1, primer guión]
      2.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Reglamento
            (CE) nº 1475/95
      [Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, art. 5, ap. 3, párr. 1, primer guión]
      3.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Reglamento
            (CE) nº 1475/95
      [Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, art. 5, ap. 3, párr. 1, primer guión]
      4.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Reglamentos
            (CE) nos 1475/95 y 1400/2002 
      [Reglamentos (CE) de la Comisión nos 1475/95 y 1400/2002]
      5.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Entrada
            en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002
      [Reglamentos (CE) de la Comisión nº 1475/95, art. 5, ap. 3, párr. 1, primer guión, y nº 1400/2002]
      1.        El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado
         3 del artículo [81] [CE] a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos
         automóviles, que concede al proveedor un derecho extraordinario a resolver un acuerdo con un preaviso de al menos un año en
         caso «de necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red», debe interpretarse en el sentido de que
         la existencia de esta necesidad presupone una modificación significativa, tanto desde una perspectiva material como geográfica,
         de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo plausible por
         motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor, las cuales,
         habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reorganización de la red de distribución
         del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto, son pertinentes las
         posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo
         de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje
         apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos requisitos.
      
      (véanse el apartado 40 y el fallo)
      2.        El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado
         3 del artículo [81] [CE] a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos
         automóviles, debe interpretarse en el sentido de que, cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacionales
         o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que
         se han cumplido los requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho de resolución con un preaviso
         de un año. Las modalidades de aportación de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional.
      
      (véanse el apartado 44 y el fallo)
      3.        El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado
         3 del artículo [81] [CE] a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos
         automóviles, debe interpretarse en el sentido de que no impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con arreglo
         a esta disposición la obligación de motivar formalmente la decisión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta,
         un plan de reorganización.
      
      En efecto, esta disposición, en la medida en que indica que los requisitos de exención previstos en este Reglamento «se entenderán
         sin perjuicio» del derecho del proveedor a resolver un acuerdo con un preaviso de al menos un año en caso de necesidad de
         reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red, se limita a introducir en este Reglamento una mera posibilidad
         que, siempre que se cumplan los requisitos de aplicación enunciados en esta disposición, no restringe la libertad contractual
         de las partes, tal como ésta se ejerce de conformidad con el Derecho nacional aplicable. Esta disposición no impone al proveedor
         ninguna obligación particular con respecto a la motivación formal de esta resolución ni con respecto a la forma o al contenido
         de la reorganización, y, por lo demás, tales obligaciones no resultan de ninguna otra disposición de este Reglamento. En estas
         circunstancias, la cuestión de si debe motivarse formalmente la resolución de un acuerdo con un preaviso de un año, de conformidad
         con la referida disposición, o de si el proveedor debe disponer de un plan de reorganización elaborado con anterioridad a
         la notificación de la resolución corresponde solamente al Derecho nacional.
      
      (véanse los apartados 47 a 49, 51 y el fallo)
      4.        El Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] [CE] a determinadas categorías de acuerdos
         de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, y el Reglamento nº 1400/2002, relativo a la
         aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el
         sector de los vehículos de motor, como Reglamentos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 3, se limitan a dar a los agentes
         económicos del sector de que se trate ciertas posibilidades que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos
         de cláusulas restrictivas de la competencia en sus acuerdos en la materia, que éstos queden eximidos de la prohibición del
         apartado 1 de dicho artículo 81. Las disposiciones de estos Reglamentos no imponen, sin embargo, a los agentes económicos
         la obligación de hacer uso de estas posibilidades mediante el establecimiento de prescripciones vinculantes que afecten directamente
         a la validez o al contenido de las cláusulas contractuales o que obliguen a las partes contratantes a adaptar el contenido
         de su contrato.
      
      (véase el apartado 56)
      5.        La entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 CE a determinadas
         categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí
         sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
         primer guión, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] [CE] a determinadas categorías
         de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles. En efecto, aunque es posible que
         las modificaciones sustanciales del régimen de exención introducidas por el Reglamento nº 1400/2002 hayan llevado a algunos
         proveedores a introducir cambios en sus acuerdos de distribución para asegurarse de que éstos puedan seguir acogiéndose a
         la exención por categoría, estos cambios podían resultar de una mera adaptación de los contratos en vigor, sin que tal adaptación
         implicara automáticamente la necesidad, respecto al Derecho nacional aplicable, de resolver estos contratos ni, en cualquier
         caso, la de reorganizar la totalidad o una parte sustancial de dicha red de distribución.
      
      Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo
         hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red
         en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Así, tal reorganización
         podía resultar necesaria si, para seguir beneficiándose de la exención por categoría, un proveedor, que antes de la entrada
         en vigor del Reglamento nº 1400/2002 combinaba la distribución exclusiva con la selectiva, optaba por organizar su red de
         distribución sólo según un sistema de distribución selectiva o si decidía mantener un sistema de distribución exclusiva, únicamente
         para los servicios de venta, y establecer un sistema de distribución selectiva para los servicios de postventa prestados por
         talleres de reparación autorizados.
      
      Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos
         concretos del litigio del que conocen y, en particular, en función de las pruebas aportadas a tal fin por el proveedor, si
         los cambios efectuados por éste constituyen tal reorganización de su red de distribución y si esta reorganización se hizo
         necesaria por la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002.
      
      (véanse los apartados 58, 59, 61 a 65 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 7 de septiembre de 2006 (*)
      
      «Competencia – Acuerdo de distribución de vehículos automóviles – Exención por categoría – Reglamento (CE) nº 1475/95 – Artículo 5, apartado 3 – Resolución por el proveedor – Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 – Necesidad de reorganizar la red de distribución – Plazo de preaviso – Motivación – Carga de la prueba»
      En el asunto C‑125/05,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Østre Landsret
         (Dinamarca), mediante resolución de 15 de marzo de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de marzo de 2005, en el
         procedimiento entre
      
      VW‑Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S, 
      y
      Skandinavisk Motor Co. A/S,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
      Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de febrero de 2006;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de VW‑Audi Forhandlerforeningen, que actúa en representación de Vulcan Silkeborg A/S, por los Sres. M. Goeskjær
         y P. Gregersen, advokater;
      
      –        en nombre de Skandinavisk Motor Co. A/S, por los Sres. C. Karhula Lauridsen, T. Ryhl y J. Ørskov Rasmussen, advokater;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. N.B. Rasmussen y A. Whelan, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de abril de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1475/95
         de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas
         categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25). 
      
      2        Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre VW‑Audi Forhandlerforeningen (Asociación de concesionarios Volkswagen
         y Audi), que actúa en representación de Vulcan Silkeborg A/S (en lo sucesivo, «VS»), y Skandinavisk Motor Co. A/S (en lo sucesivo,
         «SMC»), relativo a la legalidad de la resolución por ésta, con un preaviso de un año, del acuerdo que había celebrado con
         VS para la distribución en Dinamarca de automóviles de la marca Audi.
      
       Marco jurídico
      3        A tenor del decimonoveno considerando del Reglamento nº 1475/95:
      
      «Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 5 fijan las condiciones mínimas de exención relativas a la duración
         y a la rescisión del acuerdo de distribución y de servicio de venta y de postventa, porque, a causa de las inversiones del
         distribuidor para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, la dependencia del
         distribuidor con respecto al proveedor aumenta considerablemente en caso de acuerdos celebrados a corto plazo o rescindibles
         tras un período breve. No obstante, a fin de no entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces,
         procede conferir al proveedor, con carácter extraordinario, el derecho de rescindir el acuerdo en caso de que precise reorganizar
         la totalidad o una parte sustancial de la red. […]» 
      
      4        El artículo 1 del Reglamento nº 1475/95 excluye de la prohibición que establece el artículo 81 CE, apartado 1, los acuerdos
         en virtud de los cuales un proveedor encarga a un revendedor autorizado la tarea de promover en un territorio determinado
         la distribución de los productos contractuales y se compromete con este revendedor a reservarle, dentro de dicho territorio,
         el abastecimiento de vehículos y piezas de recambio.
      
      5        El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento prevé que no serán obstáculo para la exención los compromisos por los que el
         distribuidor se obligue a observar unas exigencias mínimas en la distribución y el servicio de venta y de postventa relativas,
         en particular, al equipamiento de las instalaciones comerciales o a la reparación y el mantenimiento de los productos contractuales.
         
      
      6        El artículo 5, apartados 2 y 3, de este mismo Reglamento dispone:
      
      «2.      Cuando el distribuidor haya asumido obligaciones de las contempladas en el apartado 1 del artículo 4 para mejorar la estructura
         de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención se aplicará siempre
      
      […]
      2)      que la duración del acuerdo sea al menos de cinco años o que el plazo de rescisión ordinaria del acuerdo convenido para un
         período indeterminado sea al menos de dos años para las dos partes; […]
      
      […]
      3.      Las condiciones de exención previstas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de:
      –        el derecho del proveedor a rescindir el acuerdo con un preaviso de al menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una
         parte sustancial o la totalidad de la red,
      
      […]
      En cada supuesto, las partes deberán, en caso de desacuerdo, aceptar un sistema de solución rápida del litigio, tal como el
         recurso a un perito independiente o a un arbitro, sin perjuicio del derecho de las partes de acudir a la jurisdicción competente,
         de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en la legislación nacional.»
      
      7        En su guía explicativa del Reglamento nº 1475/95, la Comisión expone lo siguiente en su respuesta a la pregunta 16, letra a),
         titulada «¿Es posible poner término al acuerdo anticipadamente?»:
      
      «El fabricante tendrá la facultad de poner término al acuerdo anticipadamente (mediante un preaviso de un año) cuando se vea
         obligado a reorganizar la totalidad o una parte sustancial de su red. La necesidad de la reorganización se determinará de
         común acuerdo entre las partes o, en caso de que así lo solicite el concesionario, por un perito independiente o por un árbitro.
         El hecho de acudir a un perito independiente o a un árbitro no prejuzga el derecho de las partes a recurrir a un tribunal
         nacional en los términos que establezca el Derecho nacional (artículo 5, apartado 3). Si el proveedor se atribuye a sí mismo
         en el contrato una facultad de resolución unilateral que exceda de los límites fijados por el Reglamento, perderá automáticamente
         el beneficio de la exención por categorías (artículo 6, apartado 1, punto 5, […]).
      
      Esta posibilidad de resolución anticipada se estableció con el fin de que el fabricante pudiera readaptar de modo flexible
         su aparato de distribución [considerando decimonoveno]. Puede resultar necesario proceder a una reorganización como consecuencia
         del comportamiento de los competidores o de la evolución de las circunstancias económicas, con independencia de que ello esté
         motivado por decisiones internas de un fabricante o por influencias externas, por ejemplo el cierre de una empresa que emplee
         gran cantidad de mano de obra en una zona específica. Teniendo en cuenta la amplia variedad de situaciones que pueden surgir,
         sería poco realista enumerar todas las posibles razones de reorganización.
      
      El análisis de la organización específica de la red de un fabricante es lo que permite determinar, en cada caso concreto,
         si una parte “sustancial” de la red se ve afectada o no. El término “sustancial” implica un aspecto tanto económico como geográfico,
         que puede limitarse a la red de un Estado miembro determinado o a una parte de ella. En cualquier caso, el fabricante ha de
         alcanzar un acuerdo con el concesionario cuyo contrato de distribución pretenda resolver, o bien con un perito independiente
         o un árbitro, sin que resulte necesario consultar a los demás concesionarios indirectamente afectados.»
      
      8        A partir del 1 de octubre de 2002, el Reglamento nº 1475/95 fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión,
         de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
         acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203, p. 30). 
      
      9        El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1400/2002, bajo la rúbrica «Restricciones especialmente graves», establece que
         la exención no se aplicará a los acuerdos verticales que tengan por objeto ciertas restricciones enumeradas en esta disposición.
      
      10      El artículo 10 del mismo Reglamento prevé:
      
      «La prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 no se aplicará durante el período comprendido entre el 1 de octubre
         de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplan los requisitos
         de exención establecidos en la exención [léase: en el presente Reglamento], pero sí los previstos en el Reglamento (CE) nº 1475/95.»
      
      11      En su guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002, la Comisión expone lo siguiente en su respuesta a la pregunta 20, bajo
         el título «¿Cómo podrá efectuarse la resolución de los contratos que se ajustan al Reglamento nº 1475/95 durante el período
         transitorio?»:
      
      «La expiración del Reglamento nº 1475/95, que se producirá el 30 de septiembre de 2002, y su sustitución por un nuevo Reglamento
         no implica en sí que tenga que haber una reorganización de la red. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Reglamento, un
         fabricante de vehículos puede decidir reorganizar considerablemente su red. Para ajustarse al Reglamento nº 1475/95 y, por
         tanto, beneficiarse del período transitorio, los preavisos de resolución de un contrato normal deben darse con dos años de
         antelación, a no ser que se opte por una reorganización o que exista la obligación de pagar una compensación.»
      
      12      Además, en lo que se refiere a la pregunta 68, titulada «¿El Reglamento establece unos plazos de preaviso mínimos?», esta
         guía señala en el párrafo cuarto de la respuesta a esta pregunta, en cuanto a la resolución con un preaviso de un año:
      
      «Si resulta o no necesario reorganizar la red es una cuestión objetiva, y el hecho de que el proveedor considere que esta
         reorganización es necesaria no resuelve el asunto en caso de litigio. En tal supuesto corresponderá al juez o árbitro nacional
         resolver el asunto teniendo en cuenta las circunstancias.»
      
       El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
      13      El 21 de septiembre de 1996, SMC firmó con VS, empresa que desde 1975 distribuye vehículos de la marca Audi en Dinamarca,
         un nuevo acuerdo de distribución para estos vehículos en dicho Estado miembro. 
      
      14      El artículo 19, punto 1, de este acuerdo, bajo el título «Resolución mediante un plazo de preaviso más corto», establece:
      
      «El proveedor tendrá […] derecho a resolver el presente contrato mediante comunicación por carta certificada y con un preaviso
         de doce meses cuando resulte necesario reorganizar profundamente la totalidad o una parte de su red de ventas.»
      
      15      El 16 de mayo de 2002, Audi AG (en lo sucesivo, «Audi») aprobó un plan de reorganización de su red de distribución en Dinamarca
         que fijaba, en particular, el número de distribuidores que permitiría conseguir los objetivos financieros perseguidos en este
         Estado miembro.
      
      16      El 2 de septiembre de 2002, SMC envió a los 28 distribuidores de Audi en Dinamarca, entre ellos a VS, la siguiente carta:
      
      «A la luz de las nuevas exenciones por categorías de acuerdos verticales y de prácticas concertadas de la UE en el sector
         de los vehículos automóviles, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2002, nos vemos obligados a reestructurar nuestra red
         de distribución dentro del período de un año y a adaptar los contratos de distribución al nuevo Reglamento de exenciones por
         categorías. 
      
      Así pues, en virtud del artículo 19, apartado 1, del contrato de distribución y teniendo en cuenta la necesidad de una reorganización,
         nos vemos obligados a resolver el contrato relativo a los automóviles de turismo Audi que nos vincula a ustedes, con un preaviso
         de 12 meses que terminará el 30 de septiembre de 2003.»
      
      17      Ese mismo día, SMC envió otra carta separada a VS en la que le comunicaba que en los meses siguientes determinaría las demás
         exigencias que Audi imponía a los distintos distribuidores y en la que insistía en que todavía era demasiado pronto para poder
         valorar por completo las consecuencias para la red de distribución actual de Audi.
      
      18      Mediante escrito de 3 de octubre de 2002, SMC comunicó a VS, por una parte, que, a fin de satisfacer la demanda ulterior en
         el mercado, se reduciría la red de distribución existente de 28 a 14 distribuidores y, por otra, que a VS no se le propondría
         un nuevo contrato de distribución.
      
      19      En tales circunstancias, VW-Audi Forhandlerforeningen, en nombre y por cuenta de los distribuidores de vehículos Audi cuyo
         contrato de distribución se resolvía, interpuso una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que el preaviso
         debería haber sido de 24 meses.
      
      20      Como el Østre Landsret consideró que el presente litigio suscitaba cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario,
         decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      El artículo 5, apartado 3, del Reglamento […] nº 1475/95 […] ¿debe interpretarse en el sentido de que la resolución por el
         proveedor, con un preaviso de un año, del acuerdo suscrito con un distribuidor debe justificarse, además de la mera invocación
         por aquél de la referida disposición?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, se pregunta lo siguiente:
      ¿Qué requisitos deben establecerse con arreglo al Derecho comunitario en lo que atañe al contenido de la mencionada justificación
         y cuándo debe presentarse la justificación?
      
      3)      ¿Qué consecuencias se derivan del hecho de no presentar una justificación adecuada y puntual?
      4)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] en el sentido de que exige que la resolución
         del acuerdo con un distribuidor mediante un preaviso de un año tenga como justificación un plan de reorganización previamente
         elaborado por el proveedor?
      
      5)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
      ¿Qué requisitos deben establecerse con arreglo al Derecho comunitario en lo que atañe al contenido y a la forma de un plan
         de reorganización elaborado por el proveedor y cuándo debe presentarse el plan de reorganización?
      
      6)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
      ¿Debe el proveedor informar al distribuidor cuyo contrato es objeto de resolución del contenido del plan de reorganización,
         y, en caso afirmativo, cuándo y de qué manera debe facilitarse esa información?
      
      7)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
      ¿Qué consecuencias se derivan del hecho de que un plan de reorganización no cumpla los requisitos que se hayan establecido
         en cuanto a la forma y al contenido de dicho plan?
      
      8)      De la versión danesa del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] se desprende que la resolución por un proveedor
         de un acuerdo de distribución mediante un preaviso de un año requiere que ésta se produzca “[…] en caso de necesidad de reorganizar
         profundamente una parte sustancial o la totalidad de la red […]”. La palabra “necesidad” figura en todas las versiones lingüísticas
         del Reglamento nº 1475/95, pero el término “profundamente” sólo aparece en la versión danesa.
      
      En tales condiciones, se pregunta lo siguiente:
      ¿Qué requisitos deben establecerse en cuanto a la naturaleza de la reorganización para que el proveedor pueda resolver el
         acuerdo con el distribuidor, con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […]?
      
      9)      A los efectos de apreciar si se cumplen los requisitos para que el proveedor pueda resolver el acuerdo con el distribuidor,
         con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95, ¿procede dar importancia a las
         posibles consecuencias económicas que sufriría el proveedor si resolviera el acuerdo con el distribuidor mediante un preaviso
         de dos años?
      
      10)      ¿A quién incumbe la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos para que el proveedor pueda resolver el acuerdo con
         el distribuidor, con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […]? ¿Cómo se
         puede levantar dicha carga de la prueba?
      
      11)      El artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] ¿debe interpretarse en el sentido de que los requisitos para que
         el proveedor pueda resolver el acuerdo, con un preaviso de un año, en virtud de dicha disposición, han de considerarse cumplidos
         por el hecho de que la mera aplicación del Reglamento nº 1400/2002 pueda haber hecho necesaria una reorganización profunda
         de la red de distribuidores del proveedor?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      21      Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se precise el alcance del derecho del
         proveedor, establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, a resolver
         un acuerdo con un preaviso de al menos un año cuando resulta necesario reorganizar una parte sustancial o la totalidad de
         la red. 
      
      22      Como la Comisión y SMC señalaron en la vista, el órgano jurisdiccional remitente pretende con sus cuestiones, esencialmente,
         que se determinen los requisitos de fondo a los que está sujeto el ejercicio del tal derecho de resolución (cuestiones octava
         y novena). También en este contexto se plantea la cuestión de a quién incumbe la carga de la prueba de que se cumplen estos
         requisitos y cómo debe aportarse tal prueba (décima cuestión). Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente pregunta
         si este derecho de resolución está sujeto, además, al cumplimiento de determinados requisitos formales en lo que se refiere
         a la motivación de la resolución y a la exigencia de un plan de reorganización (cuestiones primera a séptima). Por último,
         desea averiguar, fundamentalmente, si la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 era, por sí sola, capaz de hacer necesaria
         una reorganización de la red de distribución en el sentido de la referida disposición del Reglamento nº 1475/95 (undécima
         cuestión).
      
       Sobre las cuestiones octava y novena
      23      Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente cuáles
         son los requisitos de fondo que deben cumplirse para que se aplique el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión,
         del Reglamento nº 1475/95. 
      
      24      Con arreglo al artículo 5, apartado 2, punto 2, del Reglamento nº 1475/95, cuando el distribuidor ha asumido determinadas
         obligaciones para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención prevista en
         dicho Reglamento se aplica, si el acuerdo se ha celebrado para un período indeterminado, siempre que el plazo de resolución
         ordinaria sea, en principio, de al menos dos años para las dos partes. 
      
      25      Sin embargo, a tenor del apartado 3, párrafo primero, primer guión, de dicho artículo 5, los requisitos de exención previstos
         en esta última disposición se entienden sin perjuicio del derecho del proveedor a resolver un acuerdo con un preaviso de al
         menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red. 
      
      26      A este respecto, del decimonoveno considerando del Reglamento nº 1475/95 se desprende que, no obstante las inversiones realizadas
         por los distribuidores para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, no se
         debe entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces. Por consiguiente, según este mismo considerando,
         procede conferir al proveedor el derecho a resolver el acuerdo en caso de que precise reorganizar la totalidad o una parte
         sustancial de la red.
      
      27      De ello resulta que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, de dicho Reglamento establece una excepción
         que, como tal, es de interpretación estricta. 
      
      28      A este respecto, del propio tenor de esta disposición se desprende que el derecho de resolución regulado en ella está sujeto
         al cumplimiento de dos requisitos que se refieren, por una parte, a la existencia de una reorganización de una parte sustancial
         o la totalidad de la red de distribución del proveedor afectado y, por otra parte, al carácter necesario de dicha reorganización.
      
      29      En cuanto al primer requisito, de los términos de la referida disposición se desprende que ésta exige en primer lugar una
         «reorganización» de la red del proveedor de que se trate. Tal reorganización implica necesariamente que se modifique la organización
         de las estructuras de distribución de este proveedor, modificación que puede afectar, en particular, a la naturaleza o forma
         de estas estructuras, a su objeto, al reparto de las tareas internas en el seno de tales estructuras, a las modalidades de
         suministro de los productos y servicios en cuestión, al número o a la calidad de los participantes en dichas estructuras y
         a su cobertura geográfica.
      
      30      Por otra parte, con arreglo a los propios términos del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento
         nº 1475/95, en el conjunto de sus versiones lingüísticas, salvo en la versión danesa, es preciso que se reorganice «la totalidad»
         o «una parte sustancial» de la red del proveedor. Por consiguiente, la modificación de las estructuras de distribución de
         que se trate debe ser significativa, tanto desde una perspectiva material como geográfica.
      
      31      Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos
         concretos del litigio del que conocen y particularmente en función de la organización específica de la red de distribución
         del proveedor de que se trate, la existencia objetiva de tal reorganización de esta red.
      
      32      A este respecto, como la Comisión observó y el Abogado General indicó en los puntos 15 a 26 de sus conclusiones, el hecho
         de que la versión danesa del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 se refiere,
         contrariamente a todas las demás versiones lingüísticas de esta disposición, a la necesidad de una reorganización «profunda»
         («gennemgribende») de la red de distribución no reviste una importancia esencial, dado que tal precisión no añade nada a la
         exigencia de que la modificación sea significativa, exigencia que se deriva del requisito de que se reorganice la totalidad
         o una parte sustancial de la red del proveedor de que se trate, que figura en el conjunto de las demás versiones lingüísticas.
      
      33      En cuanto al segundo requisito, la Comisión y SMC alegan que sólo corresponde al proveedor apreciar soberanamente la necesidad
         de reorganizar su red de distribución. En efecto, entienden que el Reglamento nº 1475/95 no persigue que los órganos jurisdiccionales
         o los órganos de arbitraje comprueben las preocupaciones comerciales que un proveedor tenga en el marco de tal reorganización.
         Además, las disposiciones de este Reglamento no limitan en absoluto la libertad de dicho proveedor de fijar el número de sus
         distribuidores. En consecuencia, para que se cumpla este requisito, basta con que exista una relación de causalidad entre
         la resolución y la reorganización de dicha red.
      
      34      No procede admitir esta tesis que, en lo que se refiere a la Comisión, difiere de la que ella propuso en su respuesta a la
         pregunta 68 de la guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002. 
      
      35      Ciertamente, en el marco de un litigio sobre la legalidad de una resolución con un plazo de preaviso reducido practicada en
         las circunstancias previstas en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, es verdad
         que no incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales ni a los órganos de arbitraje cuestionar las consideraciones económicas
         y comerciales por las que un proveedor tomó la decisión de reorganizar su red de distribución. 
      
      36      Sin embargo, no es menos cierto que la necesidad de tal reorganización no puede depender de la apreciación discrecional del
         proveedor, so pena de privar a los distribuidores de toda protección jurisdiccional efectiva a este respecto, dado que, en
         virtud del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, es esta necesidad la que permite
         al proveedor resolver un acuerdo sin estar obligado a respetar el plazo de preaviso ordinario de dos años establecido en el
         apartado 2, punto 2, del referido artículo 5, mientras que conserva el beneficio de la exención por categoría prevista en
         dicho Reglamento con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3.
      
      37      En consecuencia, tomando en consideración la finalidad y el carácter excepcional del artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
         primer guión, del Reglamento nº 1475/95, la necesidad de una reorganización para ejercitar el derecho de resolución, con un
         preaviso de al menos un año, debe poder justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias
         objetivas internas o externas a la empresa del proveedor que, a falta de una rápida reorganización de la red de distribución
         y habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este proveedor, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras
         existentes de dicha red. 
      
      38      Por consiguiente, el mero hecho de que el proveedor considere, basándose en una apreciación comercial subjetiva de la situación
         de su red de distribución, que resulta necesaria una reorganización de la misma no basta por sí solo para demostrar la necesidad
         de tal reorganización en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
         En cambio, a este respecto son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir
         en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años.
      
      39      Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos
         concretos del litigio del que conocen, la necesidad objetiva de tal reorganización. 
      
      40      En consecuencia, procede responder a las cuestiones octava y novena que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
         guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de la «necesidad de reorganizar una
         parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa, tanto desde una perspectiva material
         como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo
         plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor,
         las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reorganización de la
         red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto,
         son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera
         el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos
         de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos requisitos.
      
       Sobre la décima cuestión 
      41      Mediante su décima cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta a quién incumbe la carga de la prueba para que se
         aplique el derecho de resolución, con un preaviso reducido de un año, establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
         primer guión, del Reglamento nº 1475/95, y cuáles son las modalidades de aportación de esta prueba.
      
      42      A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que incumbe a la empresa que solicita el beneficio
         de una exención individual demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 81 CE, apartado 3 (véase, en
         este sentido, la sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 52). Del mismo
         modo, habida cuenta del carácter excepcional del plazo de resolución previsto en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
         primer guión, del Reglamento nº 1475/95 con respecto al plazo de resolución ordinario regulado en el apartado 2, punto 2,
         de dicho artículo, cuando un distribuidor impugna la legalidad de dicha resolución ante los órganos jurisdiccionales nacionales
         o ante los órganos de arbitraje, corresponde al proveedor que desee acogerse al derecho de resolución con un preaviso de un
         año probar que se han cumplido los requisitos establecidos en la primera de estas disposiciones.
      
      43      En cuanto a las modalidades de aportación de esta prueba, a falta de disposiciones previstas en el Reglamento nº 1475/95,
         están reguladas por el Derecho nacional.
      
      44      En consecuencia, procede responder a la décima cuestión que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del
         Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales
         nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor
         probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho de resolución con
         un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional. 
      
       Sobre las cuestiones primera a séptima
      45      Mediante sus cuestiones primera a séptima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 5, apartado
         3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que impone al proveedor que
         resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición, por una parte, la obligación de motivar formalmente la
         decisión de resolución y, por otra, la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
      
      46      Según VS, el objetivo perseguido por la referida disposición, esto es, garantizar una competencia efectiva entre las redes
         de distribución mediante la reducción de la dependencia de los distribuidores, requiere que las actividades de éstos no se
         vean entorpecidas por una amenaza de resolución. Por consiguiente, VS entiende que el proveedor está obligado a exponer por
         escrito, a más tardar al notificar la resolución, los motivos objetivos y explícitos en los que ésta está basada. Además,
         la existencia previa de un plan de reorganización constituye un elemento sustancial de la exigencia de motivación. En opinión
         de VS, la Comisión adoptó la misma posición en un comunicado a las autoridades danesas de defensa de la competencia, según
         se desprende de un escrito que éstas dirigieron a VW-Audi Forhandlerforeningen el 20 de diciembre de 2002.
      
      47      A este respecto, procede señalar, sin embargo, que, como la Comisión alega acertadamente en sus observaciones, el artículo
         5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, en la medida en que indica que los requisitos de
         exención previstos en este Reglamento «se entenderán sin perjuicio» del derecho del proveedor a resolver un acuerdo con un
         preaviso de al menos un año en caso de necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red, se limita a
         introducir en este Reglamento una mera posibilidad que, siempre que se cumplan los requisitos de aplicación enunciados en
         esta disposición, no restringe la libertad contractual de las partes, tal como ésta se ejerce de conformidad con el Derecho
         nacional aplicable.
      
      48      Pues bien, aunque el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 permite, según su propio
         tenor, que un proveedor resuelva un acuerdo con dicho preaviso reducido en caso de que necesite reorganizar su red, esta disposición
         no le impone, en cambio, ninguna obligación particular con respecto a la motivación formal de esta resolución ni con respecto
         a la forma o al contenido de la reorganización. Es necesario señalar que, por lo demás, tales obligaciones no resultan de
         ninguna otra disposición de este Reglamento.
      
      49      En estas circunstancias, como la Comisión sostiene acertadamente en el marco de este procedimiento, la cuestión de si debe
         motivarse formalmente la resolución de un acuerdo con un preaviso de un año, de conformidad con el artículo 5, apartado 3,
         párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, o de si el proveedor debe disponer de un plan de reorganización
         elaborado con anterioridad a la notificación de la resolución corresponde solamente al Derecho nacional. 
      
      50      Contrariamente a lo que sostiene VS, los distribuidores no son privados, sin embargo, de toda protección jurisdiccional dado
         que, como se desprende de los apartados 42 y 44 de esta sentencia, cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales
         nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, corresponde al proveedor
         justificar dicha resolución probando que se han cumplido efectivamente los requisitos de fondo exigidos para la aplicación
         de la referida disposición.
      
      51      En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera a séptima que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
         guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que no impone al proveedor que resuelve un acuerdo de
         distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente la decisión de resolución ni la de elaborar,
         con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
      
       Sobre la undécima cuestión
      52      Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea averiguar, en esencia, si la entrada en vigor del Reglamento
         nº 1400/2002 podía, por sí sola, hacer necesaria la reorganización de la red de distribución de un proveedor en el sentido
         del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
      
      53      La Comisión y SMC sostienen que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 podía, por sí sola, hacer necesaria la reorganización
         de una red de distribución. Según la Comisión, un órgano jurisdiccional nacional o un órgano de arbitraje no puede dejar de
         apreciar si un proveedor tiene tal necesidad. SMC alega que, en el caso de autos, la propia entrada en vigor de este Reglamento
         hizo necesaria una reorganización sustancial de su red de distribución en Dinamarca debido, en particular, al hecho de que
         se pasaba de una distribución exclusiva con protección territorial a un sistema de distribución selectiva que carece de tal
         protección y debido al derecho de los talleres a obtener una autorización a condición de que cumplan determinados criterios
         cualitativos.
      
      54      A este respecto, procede observar que, como subrayó la Comisión en su guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002, éste introdujo
         unas modificaciones sustanciales con respecto al régimen de exención por categoría establecido en el Reglamento nº 1475/95,
         ya que prevé reglas más estrictas que las establecidas en este último Reglamento para la exención de ciertas restricciones
         de la competencia comprendidas en la prohibición enunciada en el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      55      En particular, el Reglamento nº 1400/2002 no concede la exención por categoría a las restricciones de las ventas activas y
         pasivas por los miembros de un sistema de distribución selectiva [artículo 4, apartado 1, letra b), incisos i) e iii), letras d)
         y e), de dicho Reglamento], por lo que en el marco de la exención por categoría prohíbe la combinación de la distribución
         exclusiva con la distribución selectiva exenta por el Reglamento nº 1475/95 [artículo 3, puntos 8 a 10 de este Reglamento].
      
      56      Sin embargo, para beneficiarse de la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 1475/95, los proveedores no estaban
         obligados en absoluto a introducir en los acuerdos de distribución tales restricciones de la competencia en el sentido del
         artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, este Reglamento, al igual que el Reglamento nº 1400/2002, como Reglamento de aplicación
         del artículo 81 CE, apartado 3, se limita a dar a los agentes económicos del sector de que se trate ciertas posibilidades
         que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos de cláusulas restrictivas de la competencia en sus acuerdos
         de distribución y de servicio de venta y de postventa, que éstos queden eximidos de la prohibición del apartado 1 de dicho
         artículo 81. Las disposiciones de estos Reglamentos no imponen, sin embargo, a los agentes económicos la obligación de hacer
         uso de estas posibilidades mediante el establecimiento de prescripciones vinculantes que afecten directamente a la validez
         o al contenido de las cláusulas contractuales o que obliguen a las partes contratantes a adaptar el contenido de su contrato
         (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 1986, VAG France, 10/86, Rec. p. 4071, apartados 12 y 16; de
         5 de junio de 1997, VAG, C‑41/96, Rec. p. I‑3123, apartado 16, y de 30 de abril de 1998, Cabour, C‑230/96, Rec. p. I‑2055,
         apartado 47).
      
      57      Así, como señaló SMC, aunque sólo se obtenía la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 1475/95 a condición de
         que el distribuidor se comprometiera a prestar los servicios de reparación y de mantenimiento, así como el servicio subsiguiente
         a los requerimientos [artículos 4, apartado 1, puntos 1 y 6, y 5, apartado 1, punto 1, de dicho Reglamento], mientras que
         el Reglamento nº 1400/2002 no concede la exención por categoría a la restricción de la capacidad del distribuidor para subcontratar
         la prestación de servicios de reparación y mantenimiento a talleres de reparación autorizados ni a la restricción de estos
         últimos de limitarse a tales actividades [artículo 4, apartado 1, letras g) y h), de este último Reglamento], el Reglamento
         nº 1400/2002 no prohíbe en absoluto que un distribuidor siga prestando él mismo tales servicios como taller de reparación
         autorizado en el marco del sistema de distribución exclusiva o selectiva establecido por el proveedor.
      
      58      De ello resulta, como la Comisión señaló fundamentalmente en su respuesta a la pregunta 20 de su guía explicativa del Reglamento
         nº 1400/2002, que la entrada en vigor de este último no hizo en absoluto necesario, por sí sola, que se reorganizara la red
         de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
         
      
      59      Sin embargo, teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales del régimen de exención introducidas por el Reglamento nº 1400/2002,
         es posible que la entrada en vigor de este último haya llevado a algunos proveedores a introducir cambios en sus acuerdos
         de distribución para asegurarse de que éstos puedan seguir acogiéndose a la exención por categoría prevista en dicho Reglamento.
         En particular, éste pudo ser el caso si los acuerdos celebrados bajo el régimen del Reglamento nº 1475/95 y de conformidad
         con el mismo contenían restricciones «especialmente graves», en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1400/2002.
      
      60      Debido a estas modificaciones sustanciales introducidas por el Reglamento nº 1400/2002, el artículo 10 de este Reglamento
         previó que la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, no se aplicaría durante el período comprendido entre
         el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplieran
         los requisitos de exención establecidos en dicho Reglamento, pero sí los previstos en el Reglamento nº 1475/95.
      
      61      Por consiguiente, habida cuenta del carácter excepcional del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento
         nº 1475/95 y como se desprende del considerando trigésimo sexto del Reglamento nº 1400/2002, los cambios que los proveedores
         podían introducir en su red de distribución a raíz de la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 podían resultar de una
         mera adaptación, durante el período transitorio previsto a este efecto, de los contratos en vigor en el momento en que aquel
         Reglamento dejaba de ser de aplicación, sin que tal adaptación implicara automáticamente, como VS sostuvo acertadamente en
         la vista, la necesidad, respecto al Derecho nacional aplicable, de resolver estos contratos ni, en cualquier caso, la de reorganizar
         la totalidad o una parte sustancial de dicha red de distribución.
      
      62      Sin embargo, aun cuando la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hacía automáticamente necesario que se reorganizaran
         las redes de distribución, procede admitir que en algunos casos, en función de las particularidades de la organización específica
         de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de
         tal importancia que deba considerarse que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido del artículo
         5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
      
      63      Así, tal reorganización podía resultar necesaria en el sentido de esta disposición si, para seguir beneficiándose de la exención
         por categoría, un proveedor, que antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 combinaba la distribución exclusiva
         con la selectiva, optaba por organizar su red de distribución sólo según un sistema de distribución selectiva o si decidía
         mantener un sistema de distribución exclusiva, únicamente para los servicios de venta, y establecer un sistema de distribución
         selectiva para los servicios de postventa prestados por talleres de reparación autorizados.
      
      64      Sin embargo, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales o a los órganos de arbitraje, remitiéndose a las indicaciones
         proporcionadas en los apartados 28 a 38 de la presente sentencia, apreciar, en función del conjunto de elementos concretos
         del litigio del que conocen y, en particular, en función de las pruebas aportadas a tal fin por el proveedor, si los cambios
         efectuados por éste constituyen tal reorganización de su red de distribución y si esta reorganización se hizo necesaria por
         la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002. 
      
      65      En consecuencia, procede responder a la undécima cuestión que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hizo necesario,
         por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución
         de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen
         una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales
         nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio
         del que conocen.
      
       Costas
      66      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de
            1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución
            y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, debe interpretarse en el sentido de que:
      –        La existencia de la «necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa,
            tanto desde una perspectiva material como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación
            que debe justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas
            a la empresa del proveedor, las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una
            rápida reorganización de la red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes
            de dicha red. A este respecto, son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría
            sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos
            jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio
            del que conocen, si se cumplen estos requisitos.
      –        Cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de
            una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta
            disposición para la aplicación del derecho de resolución con un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta
            prueba están reguladas por el Derecho nacional.
      –        No impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente
            la decisión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
      –        La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del
            apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector
            de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el
            sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, en función de la
            organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran
            unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición.
            Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función
            del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: danés.