CELEX: 62006FJ0021
Language: es
Date: 2007-06-28 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 28 de junio de 2007. # Joao da Silva contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Funcionarios. # Asunto F-21/06.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
      de 28 de junio de 2007
      Asunto F‑21/06
      João da Silva
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Funcionarios — Nombramiento en grado — Puesto de director publicado antes del 1 de mayo de 2004 — Modificación del Estatuto — Artículo 2 y artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto — Clasificación en grado con arreglo a nuevas disposiciones menos favorables — Principio según el cual todo funcionario tiene derecho a progresar en su carrera»
      Objeto: Recurso interpuesto por el Sr. Da Silva con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA y cuyo objeto es, en particular, la anulación
         de la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 18 de mayo de 2005, relativa a su calificación en calidad de
         director en el grado A*14, escalón 2, su clasificación en el grado A*15, con arreglo a lo dispuesto en la convocatoria para
         proveer plaza vacante COM/R/8003/03, publicada el 7 de noviembre de 2003 (DO C 268 A, p. 1), y la reconstitución íntegra de
         su carrera con efecto retroactivo a la fecha de su clasificación en el grado y escalón rectificados, y que se le abonen intereses
         de demora.
      
      Resultado: Se anula la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 18 de mayo de 2005 en la medida en que clasifica al Sr.
         Da Silva en calidad de director en el grado A*14, escalón 2. Se condena a la Comisión a cargar con las costas del Sr. Da Silva,
         así como con sus propias costas. El Consejo de la Unión Europea, parte interviniente, cargará con sus propias costas.
      
      Sumario
      Funcionarios — Selección — Aplicación del apartado 2 del artículo 29 del Estatuto
      [Estatuto de los Funcionarios, art. 29, ap. 2; anexo XIII, art. 5, ap 5; Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del Consejo]
      A falta de disposición transitoria en el Reglamento nº 723/2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios y
         el Régimen aplicable a otros agentes, para determinar la clasificación en grado y en escalón de un funcionario nombrado en
         un puesto superior después de la entrada en vigor de dicho Reglamento, el 1 de mayo de 2004, tras un procedimiento de selección
         iniciado antes de dicha fecha con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto, procede seguir la solución acogida por
         el legislador comunitario en el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto para los supuestos de nombramiento en
         puesto de director mediante promoción y, de este modo, prever una clasificación en el «grado inmediatamente superior».
      
      En efecto, el procedimiento de selección iniciado con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto, puede asimilarse a
         una promoción, cuando beneficia a un funcionario o a un agente en situación de servicio activo. En tal caso, el nombramiento
         para un puesto superior no se puede considerar como una segunda contratación en el seno de la institución, con el efecto de
         interrumpir la carrera del beneficiario, sino como un avance en su carrera, y no puede traducirse en una disminución de su
         grado o de su escalón, y en consecuencia, en un descenso de su retribución, sin incumplir el principio del derecho de todo
         funcionario a progresar en su carrera dentro de su institución, tal y como está reflejado en el Estatuto. Esta solución se
         impone, además, por ser conforme con el deber de asistencia y protección que incumbe a la administración, que implica en particular,
         que, al adoptar una decisión sobre la situación de un funcionario, la autoridad competente debe tomar en consideración la
         totalidad de los elementos que pueden influir en su decisión y, al hacerlo, tener en cuenta no sólo el interés del servicio,
         sino también el del funcionario afectado, dado que un funcionario nombrado en un empleo superior en reconocimiento de sus
         méritos personales tiene un interés legítimo, que no es contrario a las normas estatutarias vigentes, en que su retribución
         no se reduzca.
      
      (véanse los apartados 63, 75, 76, 79 y 80)
      Referencia:
      Tribunal de Justicia: 13 de diciembre de 1984, Vlachos/Tribunal de Justicia (20/83 y 21/83, Rec. p. 4149), apartado 23; 29
         de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia (C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009), apartado 38
      
      Tribunal de Primera Instancia: 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento (T‑133/89, Rec. p. II‑245), apartado 27; 1 de junio
         de 1999, Rodríguez Pérez y otros/Comisión (T‑114/98 y T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 y II‑529), apartado 32
      
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
      DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)
      de 28 de junio de 2007 (*)
      
      «Funcionarios – Nombramiento en grado – Puesto de director publicado antes del 1 de mayo de 2004 – Modificación del Estatuto – Artículo 2 y artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto – Clasificación en grado con arreglo a nuevas disposiciones menos favorables – Principio según el cual todo funcionario tiene derecho a progresar en su carrera»
      En el asunto F‑21/06,
      que tiene por objeto un recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA,
      João da Silva, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas, representado por el Sr. G. Vandersanden
         y la Sra. L. Levi, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. J. Currall y H. Kraemer y la Sra. K. Herrmann, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. M. Arpio Santacruz e I. Sulce, en calidad de agentes,
      
      parte coadyuvante,
      EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. S. Van Raepenbusch (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Boruta y el Sr. H. Kanninen, Jueces;
      Secretario: Sr. S. Boni, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de marzo de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 2 de marzo de 2006 por fax (el original
         se presentó el 6 de marzo siguiente), el Sr. Da Silva solicita, en particular:
      
      –        Que se anule la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 18 de mayo de 2005, en la medida en que se le clasifica
         en calidad de director en el grado A*14, escalón 2.
      
      –        Que se le clasifique en el grado A*15, con arreglo a lo dispuesto en la convocatoria para proveer plaza vacante COM/R/8003/03,
         publicada el 7 de noviembre de 2003 (DO C 268 A, p. 1; en lo sucesivo «convocatoria para proveer plaza vacante»).
      
      –        Que se reconstituya íntegramente su carrera con efecto retroactivo a la fecha de su clasificación en el grado y escalón rectificados,
         y que se le abonen intereses de demora.
      
       Marco jurídico
      2        El artículo 29 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), en su versión aplicable
         hasta el 30 de abril de 2004, era del siguiente tenor:
      
       «1.      A fin de proveer las vacantes que existan en una institución, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considerará
         en primer lugar:
      
      a)      las posibilidades de promoción y de traslado dentro de la propia institución;
      b)      la posibilidad de convocatoria de concursos internos en el seno de la institución;
      c)      las solicitudes de transferencia de funcionarios de otras instituciones de las tres Comunidades Europeas.
      Después, iniciará el procedimiento de concurso, oposición o concurso-oposición. El procedimiento de concurso será el establecido
         en el Anexo III.
      
      Este procedimiento podrá igualmente utilizarse para constituir una reserva de personal seleccionado.
      2.      La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá utilizar un procedimiento de selección distinto del concurso
         para los funcionarios de los grados A 1 y A 2, así como, en casos excepcionales, para puestos de trabajo que requieren una
         especial cualificación.»
      
      3        El Reglamento (CE, Euratom) nº 723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios
         de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (DO L 124, p. 1), que entró
         en vigor el 1 de mayo de 2004, estableció una nueva estructura de carrera.
      
      4        Del décimo considerando de dicho Reglamento se desprende lo siguiente:
      
      «Se ha hecho patente la necesidad de consolidar el principio de carrera profesional basada en el mérito, vinculando más estrechamente
         rendimiento y retribución mediante una mayor incentivación del rendimiento profesional a través de la introducción de cambios
         estructurales en el sistema de carreras, y garantizando al mismo tiempo la equivalencia de los perfiles de carrera medios
         entre la antigua y la nueva estructura, en consonancia con el cuadro de efectivos y en el respeto de la disciplina presupuestaria.»
      
      5        El establecimiento de esta nueva estructura de carrera se acompañó de disposiciones transitorias, recogidas en el anexo XIII
         del Estatuto, en su versión modificada por el Reglamento nº 723/2004. De este modo, el artículo 2, apartado 1, de dicho anexo
         prevé, en particular, que los grados A 3 y A 2 se reclasifiquen como A*14 y A*15, respectivamente, en lo que se refiere a
         los funcionarios que se hallen en una de las situaciones contempladas en el artículo 35 del Estatuto.
      
      6        El artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto es del siguiente tenor:
      
      «Todo funcionario que, con fecha 30 de abril de 2004, figure clasificado en el grado A 3 deberá ser promovido al grado inmediatamente
         superior, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 7 del presente anexo, si fuera nombrado director con posterioridad
         a esa fecha. No será de aplicación la última frase del artículo 46 del Estatuto.»
      
      7        Con arreglo al artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, los funcionarios incluidos en una lista de aptitud antes
         del 1 de mayo de 2004 y reclutados durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2006 se clasifican:
      
      –        si la lista ha sido elaborada para la categoría A*, B* o C*, en el grado publicado en la convocatoria de concurso;
      –        si la lista ha sido elaborada para la categoría A, LA, B o C, conforme a lo especificado en el siguiente cuadro: 
      
               Grado del concurso
            
            
               Grado de reclutamiento
            
         
               A/LA 8
            
            
               A*5
            
         
               A/LA 7 y A/LA 6
            
            
               A*6
            
         
               A/LA 5 y A/LA 4
            
            
               A*9
            
         
               A/LA 3
            
            
               A*12
            
         
               A 2
            
            
               A*14
            
         
               A 1
            
            
               A*15
            
         
               B 5 y B 4
            
            
               B*3
            
         
               B 3 y B 2
            
            
               B*4
            
         
               C 5 y C 4
            
            
               C*1
            
         
               C 3 y C 2
            
            
               C*2
            
         
      8        El artículo 7 del anexo XIII, que tiene por objeto la transición del antiguo cuadro de retribuciones al nuevo, establece en
         su apartado 1 que «la reclasificación de los grados según lo previsto en el apartado 1 del artículo 2 del presente anexo no
         hará variar el sueldo base abonado a cada funcionario».
      
      9        Con arreglo al artículo 19 del anexo XIII del Estatuto:
      
      «Si, durante el período transitorio del 1 de mayo de 2004 al 31 de diciembre de 2008, la retribución mensual neta de un funcionario,
         antes de la aplicación de un coeficiente corrector, es inferior a la retribución neta que habría percibido en las mismas circunstancias
         personales en el mes anterior al 1 de mayo de 2004, dicho funcionario tendrá derecho a una indemnización compensatoria igual
         a la diferencia. La presente disposición no se aplicará cuando la reducción de la retribución neta sea consecuencia de la
         adaptación anual de las retribuciones contemplada en el anexo XI del Estatuto. Esta garantía de ingresos netos no se extenderá
         a los efectos de la exacción especial, la evolución del porcentaje de contribución al régimen de pensiones o las variaciones
         en las disposiciones sobre la transferencia de una parte del sueldo.»
      
      10      La convocatoria para proveer la plaza vacante de Director de grado A 2 de la Dirección «Tecnologías Emergentes e Infraestructuras
         – Aplicaciones» de la Dirección General (DG) «Sociedad de la Información», publicada el 7 de noviembre de 2003 con arreglo
         al artículo 29, apartado 2, del Estatuto, establecía entre las condiciones de contratación que «los sueldos y condiciones
         de empleo serán los establecidos para los funcionarios A 2 de las Comunidades Europeas». La fecha límite para el envío de
         candidaturas se fijó en el 5 de diciembre de 2003.
      
       Hechos que originaron el litigio
      11      El demandante entró al servicio de la Comisión el 16 de marzo de 1991 en calidad de agente temporal de grado A 4 y estaba
         asignado a la DG «Telecomunicaciones, Industrias de la Información e Innovación».
      
      12      El 16 de marzo de 1993, el demandante fue nombrado, también en calidad de agente temporal, Jefe de la Unidad B3 «Comunicaciones
         Móviles» de dicha DG, entonces denominada «Tecnologías e Industrias de la Información y Telecomunicaciones». El 1 de febrero
         de 1997, fue promovido al grado A 3, escalón 4.
      
      13      Mediante decisión de 17 de abril de 2002, el demandante fue nombrado funcionario en prácticas, con efectos desde el 16 de
         marzo de 2002, y fue clasificado en el grado A 3, escalón 6, conservando el puesto de jefe de unidad que ocupaba. El 16 de
         diciembre de 2002, el demandante fue titularizado en su puesto. 
      
      14      Por otro lado, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Estatuto, el demandante ocupó en dos ocasiones el puesto de director
         en funciones: la primera, de noviembre de 2002 a enero de 2003 y, la segunda, de 16 de abril a 16 de septiembre de 2004.
      
      15      El 20 de noviembre de 2003, el demandante presentó su candidatura al puesto al que se refería la convocatoria para proveer
         la plaza vacante.
      
      16      El 1 de mayo de 2004, fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 723/2004, el grado A 3, escalón 7, que poseía el demandante,
         se reclasificó como grado A*14, escalón 7.
      
      17      En su reunión de 7 de julio de 2004, el Colegio de Comisarios concedió al demandante el puesto de director al que se refería
         la convocatoria para proveer la plaza vacante. El punto 7.11 del acta de dicha reunión indicaba que la fecha en que la decisión
         surtiría efecto se fijaría posteriormente.
      
      18      El 1 de enero de 2005, el demandante alcanzó el escalón 8 del grado A*14.
      
      19      Mediante escrito de 11 de enero de 2005, la Sra. S., Directora de la Dirección «Personal y Carrera» de la DG «Personal y Administración»,
         informó al demandante de las dificultades que había encontrado la Administración para determinar su clasificación, lo que
         la había llevado a consultar al Servicio Jurídico el 25 de octubre de 2004, cuyo dictamen esperaba.
      
      20      Mediante escrito de 21 de febrero de 2005, dirigido al Director General de la DG «Personal y Administración», el demandante
         manifestó su sorpresa respecto al retraso en la adopción de la decisión formal de su nombramiento como director en los siguientes
         términos:
      
       «La falta de decisión sobre mi situación es para mí tanto más incomprensible cuanto que la publicación de la vacante en el
         Diario Oficial especificaba claramente que dicho puesto tendría la categoría A 2, es decir, el grado A*15 [después del 1 de
         mayo de 2004]. Le señalo, a todos los efectos oportunos, que a día de hoy estoy en el grado A*14 [escalón] 8, es decir, el
         último escalón del grado A*14 y que lo normal sería que por lo menos fuera nombrado A*15 sin pérdida de salario.»
      
      21      Mediante nota de 2 de marzo de 2005, la Sra. S. informó al demandante de que, por razones ajenas a su voluntad, la Administración
         no estaba aún en condiciones de adoptar el acto formal de nombramiento, dado que, tras la consulta de 25 de octubre de 2004,
         el Servicio Jurídico aún no había emitido su dictamen.
      
      22      Mediante escrito de 7 de abril de 2005, el demandante lamentó que no se hubiera adoptado una decisión formal respecto de su
         persona y manifestó su intención de poner su situación en conocimiento de la Sra. Reding, Comisaria, y del Sr. Barroso, Presidente
         de la Comisión, si en el plazo de una semana no se adoptaba ninguna solución «justa y razonable».
      
      23      Mediante escrito de 8 de abril de 2005, la Sra. S. comunicó al demandante que la Administración ya estaba en condiciones de
         preparar la decisión formal de nombramiento, al haber obtenido el dictamen del Servicio Jurídico. La Sra. S. le precisó, en
         primer lugar, que no tenía la antigüedad en el grado A 3 (reclasificado A*14 el 1 de mayo de 2004) requerida para ser promovido
         al grado superior como candidato «interno» y que, por tanto, no podía ser promovido al grado A*15; en segundo lugar, que su
         nombramiento debía ser tratado como una nueva contratación en grado A*14, escalón 2, sin coeficiente corrector, con arreglo
         a los criterios ordinarios; por último, que no era posible que el demandante conservara su grado A*14, escalón 8.
      
      24      Mediante escrito de 11 de abril de 2005, el demandante comunicó al Director General de la DG «Personal y Administración» que
         no podía aceptar una clasificación que disminuía sus derechos «actuales» (retribución) y futuros (jubilación), e incumplía
         la convocatoria para proveer plaza vacante y el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto. En consecuencia, solicitó
         que se le dieran explicaciones acerca de los motivos que habían conducido a la Administración a apartarse de lo dispuesto
         en la convocatoria para proveer plaza vacante y en dicha disposición, antes de que se enviara la decisión formal de nombramiento
         al Presidente de la Comisión para la firma.
      
      25      Mediante decisión de 18 de mayo de 2005, recibida por el demandante el 27 de mayo, firmada por el Presidente de la Comisión,
         se confirmó su nombramiento como director con efecto a 16 de septiembre de 2004, se fijó su clasificación en el grado A*14,
         escalón 2, y se estableció el 1 de septiembre de 2004 como fecha de entrada en vigor de su antigüedad de escalón.
      
      26      Mediante nota de 30 de mayo de 2005, el demandante informó al Presidente de la Comisión que se sentía obligado a declinar
         la propuesta de nombramiento como director, dado que la clasificación en el grado A*14, escalón 2, que resultaba de dicho
         nombramiento tenía como efecto una disminución de su retribución mensual neta de alrededor de 1.000 euros, y equivalía más
         bien a un descenso de grado implícito, consecuencia de una sanción, y no a una promoción. A mayor abundamiento, subrayó que
         la convocatoria para proveer plaza vacante hacía referencia expresa al grado A 2, reclasificado A*15 el 1 de mayo de 2004,
         y que no habría presentado su candidatura si hubiera sabido que se le clasificaría en el grado A*14, escalón 2. Solicitó al
         Presidente de la Comisión que se suspendiera su nombramiento hasta que finalizara el procedimiento administrativo previo que
         tenía la intención de iniciar contra la decisión de 18 de mayo de 2005 y alegó que «una decisión justa sería proponer[le]
         una clasificación que no menoscabara ni [sus] derechos ni [su] retribución». Dirigió también una copia de dicho escrito al
         Director General de la DG «Personal y Administración».
      
      27      El 14 de julio de 2005, el demandante presentó una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, en la
         que solicitaba, por una parte, que se anulara la decisión de la Comisión de 18 de mayo de 2005, en la medida en que fijó su
         clasificación como director en el grado A*14, escalón 2 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), y, por otra parte, que se
         le clasificara en el grado A*15, sin pérdida de salario, con efectos desde el 16 de septiembre de 2004 o, con carácter subsidiario,
         que se le nombrara en un escalón que no modificara sus condiciones retributivas, conservando el grado y el escalón que poseía
         hasta ese momento, a saber, el grado A*14, escalón 8.
      
      28      Mediante decisión de 14 de noviembre de 2005, notificada por correo el 21 de noviembre siguiente, la autoridad facultada para
         proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») desestimó la reclamación del demandante.
      
      29      Mediante nota de la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales de la Comisión (en lo sucesivo, «PMO»),
         de 12 de enero de 2006, se informó al demandante de que, con arreglo al artículo 85 del Estatuto, se procedería a recuperar
         un importe de 12.615,85 euros bajo la forma de retención escalonada, de febrero a julio de 2006, para cubrir el exceso percibido
         por el demandante, correspondiente a la diferencia retributiva entre su antiguo grado, A*14, escalón 8, y el grado A*14, escalón
         2, que se le había atribuido en ejecución de la decisión impugnada.
      
      30      Mediante nota de 23 de enero de 2006, dirigida al Director General de la DG «Personal y Administración», tras una entrevista
         entre ambos que tuvo lugar el 19 de enero de 2006, el demandante indicó que no podía «aceptar el puesto de director en grado
         A*14, escalón 2, sin factor de multiplicación ni factor de protección nominal» y solicitó que «se procediera a la corrección
         al alza de su salario de enero de 2006 […] y se anulara el requerimiento de devolución de más de 12.600 euros a título de
         salarios supuestamente percibidos “indebidamente”». Además, el demandante subrayó en dicha nota lo siguiente:
      
       «Le recuerdo que jamás he aceptado mi nombramiento en el grado A*14, escalón 2.»
      31      Mediante escrito de 13 de febrero de 2006, el Director General de la DG «Personal y Administración» informó al demandante
         de que, de común acuerdo con el gabinete del Sr. Kallas, Vicepresidente de la Comisión, no tenía intención de proponer al
         Colegio de Comisarios que reconsiderara la decisión impugnada.
      
      32      El 21 de febrero de 2006, el demandante escribió de nuevo al Director General de la DG «Personal y Administración» respecto
         de su renuncia al puesto de director con clasificación A*14, escalón 2, instando a la AFPN a pronunciarse sobre este asunto,
         dado que ésta no le había ofrecido ninguna explicación ni razonamiento, y a adoptar todas las medidas necesarias para corregir
         su nivel retributivo al alza desde enero de 2006, así como a anular el requerimiento de recuperación del importe supuestamente
         percibido de manera indebida. También informaba al Director General de la DG «Personal y Administración» de su intención de
         interponer un recurso contra la desestimación de su reclamación, en particular debido al carácter de orden público de los
         plazos de interposición de recursos, y precisaba que no debía considerarse que su recurso ponía en entredicho su negativa
         a aceptar el puesto de director. La Comisión no respondió a este escrito.
      
      33      Mediante nota de 22 de febrero de 2006, dirigida al Comisario Kallas, la Comisaria Reding manifestó su asombro ante la situación
         en la que se encontraba el demandante y solicitó al Sr. Kallas que interviniera personalmente para hallar una solución, a
         fin de evitar que la situación del interesado viniera en conocimiento del Parlamento Europeo o de un público más amplio.
      
       Pretensiones de las partes y procedimiento
      34      El demandante solicita al Tribunal de la Función Pública que:
      
      –        Declare el recurso admisible y fundado, incluyendo la excepción de ilegalidad que contiene.
      –        Anule la decisión impugnada.
      –        En consecuencia, le reintegre en el grado y el escalón en el que debería estar clasificado en condiciones normales (o su equivalente,
         de acuerdo con la clasificación establecida por el nuevo Estatuto, en su versión aplicable desde el 1 de mayo de 2004), según
         lo dispuesto en la convocatoria para proveer plaza vacante.
      
      –        Reconstituya de manera íntegra su carrera con efectos retroactivos a la fecha de su clasificación en el grado y el escalón
         así corregida (incluyendo la valorización de su experiencia en la clasificación así corregida, sus derechos a la promoción
         y sus derechos a pensión), incluyendo el pago de intereses de demora sobre la base del tipo fijado por el Banco Central Europeo
         para las principales operaciones de refinanciación, aplicable durante el período de que se trata, incrementado en dos puntos,
         teniendo en cuenta el conjunto de las cantidades correspondientes a la diferencia entre el salario correspondiente a la clasificación
         que figura en la decisión de nombramiento y la clasificación a la que debería haber tenido derecho, hasta la fecha en que
         se tome la decisión de clasificación correcta en grado.
      
      –        Condene a la demandada al pago de todas las costas.
      35      La demandada solicita al Tribunal de la Función Pública que:
      
      –        Desestime el recurso por infundado.
      –        Resuelva sobre las costas según proceda en Derecho.
      36      Mediante auto del Tribunal de la Función Pública de 17 de mayo de 2006, se admitió la intervención del Consejo en el procedimiento
         en apoyo de las pretensiones de la demandada.
      
       Fundamentos de Derecho
      37      En apoyo de su recurso, el demandante alega cuatro motivos, basados en:
      
      –        la infracción del artículo 2, apartado 1, y del artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto;
      –        la infracción del artículo 7, apartado 1, del Estatuto y la vulneración de los principios de no discriminación, de equivalencia
         de empleo y grado y de interés del servicio;
      
      –        la vulneración de los principios de no retroactividad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, así
         como la vulneración de sus derechos adquiridos y del derecho a las perspectivas de carrera;
      
      –        la vulneración del principio de buena administración y del deber de asistencia y protección.
      38      Con carácter subsidiario, en el supuesto de que se considere que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto constituye
         la base jurídica de la decisión impugnada, el demandante propone una excepción de ilegalidad contra dicha disposición.
      
      39      En primer lugar, procede examinar conjuntamente los motivos primero, tercero y cuarto.
      
       Alegaciones de las partes
       Sobre la supuesta infracción del artículo 2, apartado 1, y del artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto
      40      Por lo que se refiere al primer motivo, el demandante observa que la demandada establece una distinción entre el candidato
         «externo», aquel que participa en un procedimiento de selección abierto tanto a los candidatos que trabajan para la institución
         como a los que no, y el candidato «interno», aquel que participa en un procedimiento de selección abierto únicamente a las
         personas que trabajan para dicha institución. A su juicio, la demandada se creyó obligada, sobre la base de esta distinción,
         a aplicar el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto para determinar el grado y el escalón del demandante en
         el momento de su nombramiento, dado que desde el 1 de mayo de 2004 el grado A 2 ya no existía.
      
      41      A este respecto, el demandante no niega que carecía de la antigüedad en el escalón requerida para poder presentar su candidatura
         a un procedimiento de promoción iniciado en virtud del artículo 29, apartado 1, del Estatuto. No obstante, comoquiera que
         no habría hallado candidatos que respondieran a los requisitos del puesto que debía cubrirse si hubiera seguido el procedimiento
         de promoción establecido en dichas disposiciones, la demandada inició el procedimiento de selección previsto en el artículo
         29, apartado 2, del Estatuto. Además, considera que, si bien el tener o no la condición de funcionario en el momento del inicio
         del procedimiento de selección constituye una diferencia esencial en la situación jurídica de los candidatos que justifica
         la aplicación de disposiciones estatutarias diferentes, el demandante poseía esta condición en el momento en que se inició
         el procedimiento de selección, de manera que su situación no podía regirse por las disposiciones aplicables a las personas
         recién contratadas.
      
      42      El demandante añade que el anexo XIII del Estatuto, que no recoge expresamente la situación de un nombramiento producido después
         del 1 de mayo de 2004 a raíz de un procedimiento de selección iniciado antes de dicha fecha con arreglo al artículo 29, apartado
         2, del Estatuto, establece no obstante las disposiciones necesarias para permitir transformar los grados antiguos en los nuevos
         grados que se definen en dicho anexo. Éste es, en su opinión, el objeto del artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto,
         en virtud del cual el grado A 2 se denomina ahora A*15.
      
      43      A su juicio, si bien es cierto que el artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto se refiere sólo a los grados de
         los funcionarios clasificados en uno de los puestos recogidos en el artículo 35 del Estatuto a 1 de mayo de 2004, siendo así
         que el demandante no tenía en dicha fecha la condición de director en uno de dichos puestos y que, por tanto, no estaba clasificado
         en grado A 2, no lo es menos que, a falta de una disposición específica, la aplicación por analogía del artículo 2, apartado
         1, del anexo XIII del Estatuto, podría haber solucionado el problema surgido por la «desaparición» del grado A 2, previsto
         en la convocatoria, evitando que el demandante, nombrado en un puesto de categoría superior, se viera descendido de grado.
      
      44      Por el contrario, el demandante se opone a que se le aplique analógicamente el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del
         Estatuto. Dicha disposición, a su juicio, se refiere sólo a los procedimientos de concurso, mientras que el artículo 29, apartado
         2, del Estatuto, que regula el procedimiento mediante el cual fue nombrado director, precisa expresamente que el procedimiento
         de selección que establece es distinto del concurso. Además, estima que el artículo 12, apartado 3, de dicho anexo XIII debe
         ser objeto de interpretación restrictiva, en la medida en que introduce un régimen de excepciones a la regla de conversión
         de los grados contenida en el artículo 2, apartado 1, del mismo anexo. Con carácter subsidiario, el demandante propone una
         excepción de ilegalidad contra el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, que se formula de manera separada
         en sus escritos.
      
      45      El demandante considera que, para determinar su clasificación, la demandada debería haber aplicado el artículo 5, apartado
         5, del anexo XIII del Estatuto, que se refiere expresamente a la situación del funcionario que, con fecha 30 de abril de 2004,
         figure clasificado en el grado A 3, el cual, si fuera nombrado director con posterioridad a esa fecha, deberá ser promovido
         al grado inmediatamente superior.
      
      46      El demandante reconoce que su nombramiento no se produjo como consecuencia de una promoción, en el sentido del artículo 45
         del Estatuto. No obstante, discute la interpretación de la demandada, según la cual el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII
         del Estatuto sólo es de aplicación a las situaciones de promoción con arreglo a dicho artículo 45. En efecto, opina que, si
         el legislador hubiera querido restringir dicha disposición a situaciones de este tipo, habría preferido el término «promovido»,
         en lugar de «nombrado». A mayor abundamiento, estima que el hecho de que la nueva estructura de carrera prevea dos grados
         para el puesto de Director –A*14 y A*15– frente a un solo grado en el régimen anterior –A 2– no significa que el artículo
         5, apartado 5, de dicho anexo se refiera únicamente a las promociones, en el sentido del artículo 29, apartado 1, del Estatuto.
      
      47      El demandante concluye que la demandada infringió el artículo 2, apartado 1, y el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del
         Estatuto, al aplicar el artículo 12, apartado 3, de dicho anexo. Añade que, si bien existían varias posibilidades de determinar
         su clasificación, correspondía a la parte demandada optar por la más favorable al interesado, aunque sólo fuera en virtud
         del deber de asistencia y protección.
      
      48      La demandada observa que el demandante no habría podido siquiera presentar su candidatura si el puesto controvertido se hubiera
         publicado con arreglo al artículo 29, apartado 1, del Estatuto, ya que no poseía la antigüedad requerida como funcionario
         titularizado en el grado A 3 para ser promovido al grado A 2. Únicamente pudo reunir los requisitos y presentarse al procedimiento
         de selección porque el puesto controvertido estaba abierto a candidatos «externos», con arreglo al artículo 29, apartado 2,
         del Estatuto. A su juicio, de ello se desprende que las normas aplicables son las que rigen el nombramiento como funcionarios
         de los candidatos «externos». Durante la vista, la demandada asimiló el nombramiento del demandante a una «segunda contratación»
         en el seno de la institución, con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto.
      
      49      Según la demandada, este razonamiento no es contrario al principio de igualdad de trato, dado que el tener o no la condición
         de funcionario en el momento en que se inicia un procedimiento de selección constituye una diferencia esencial entre candidatos,
         diferencia que, a su juicio, justifica la aplicación al demandante de las disposiciones estatutarias aplicables a los nuevos
         contratados.
      
      50      En cuanto a la aplicabilidad del artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto, la demandada señala que éste sólo se
         refiere a las personas que ya tenían la condición de funcionario antes del 1 de mayo de 2004. No obstante, según la demandada,
         si dicho artículo 2 debiera aplicarse por analogía a la clasificación en grado con ocasión de una contratación, la lógica
         impondría que se aplicara tanto al nombramiento efectuado tras un procedimiento de concurso como al efectuado tras un procedimiento
         seguido con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto. Estos dos procedimientos, aunque tienen una finalidad distinta,
         no difieren entre sí ante un cambio de la estructura de carrera producido entre la publicación de la convocatoria de concurso
         o de la vacante y el nombramiento.
      
      51      Respecto de la aplicabilidad del artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto, la demandada sostiene que éste figura
         entre las disposiciones de dicho anexo mediante las que el legislador ha decidido preservar las perspectivas de la carrera
         de los funcionarios que antes del 1 de mayo de 2004 ya tenían dicha condición y que sólo se refiere a la promoción y, por
         tanto, al procedimiento del artículo 29, apartado 1, del Estatuto, y no al del artículo 29, apartado 2, del Estatuto. En efecto,
         a su entender, las perspectivas de la carrera de los funcionarios de grado A 3 incluía, antes del 1 de mayo de 2004, la posibilidad
         de promoción al grado A 2 en caso de nombramiento en un puesto de director o de consejero principal. En la nueva estructura
         de carrera, el puesto de director se provee en el grado A*14, con posibilidad de promoción al grado A*15. Como excepción a
         dicha regla, el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto prevé la promoción al grado A*15 para los funcionarios
         que tenían el antiguo grado A 3 antes del 1 de mayo de 2004, en el supuesto de que sean nombrados directores. A juicio de
         la Comisión, de esta disposición se desprende que, en el supuesto de que se provea un puesto de director con arreglo al artículo
         29, apartado 1, del Estatuto, el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto debe interpretarse en el sentido de que
         el nombramiento en dicho puesto exige una antigüedad de dos años en el grado A 3. Por el contrario, esta última disposición
         no se aplica cuando la selección se ha realizado en virtud del artículo 29, apartado 2, del Estatuto.
      
       Sobre la supuesta vulneración de los principios de no retroactividad y de seguridad jurídica, de protección de la confianza
         legítima y de los derechos adquiridos y del derecho a las perspectivas de la carrera
      
      52      En su tercer motivo, el demandante alega que la decisión impugnada entraña un descenso de escalón. En efecto, estaba clasificado
         en el grado A *14, escalón 8, antes de la adopción formal de la decisión impugnada, que le clasificó en el grado A*14, escalón
         2. Este resultado menoscaba sus derechos adquiridos respecto de su clasificación y sus derechos pecuniarios, que se han visto
         reducidos de manera substancial, así como sus perspectivas de carrera.
      
      53      El demandante subraya que el Estatuto consagra el principio de los derechos adquiridos, tanto en su texto como en las disposiciones
         transitorias que establece. En efecto, a su entender, el artículo 7, apartado 1, y el artículo 19 del anexo XIII del Estatuto
         garantizan el mantenimiento del sueldo base y el nivel retributivo, a pesar del cambio en la denominación de los grados. Del
         mismo modo, el artículo 45 bis del Estatuto garantiza, a su juicio, que el nombramiento en un puesto del grupo de funciones AD no modifica ni el grado ni
         el escalón alcanzados por el funcionario en el momento de su nombramiento. Por último, en su opinión, el artículo 46 del Estatuto
         garantiza los derechos adquiridos en la antigüedad de escalón en caso de nombramiento en un grado superior.
      
      54      Según el demandante, la demandada también vulneró el principio de protección de la confianza legítima, ya que considera que
         podía fundadamente esperar que la decisión de nombramiento, adoptada como consecuencia del procedimiento de selección iniciado
         el 7 de noviembre de 2003, fuera conforme con la convocatoria para proveer plaza vacante, pues nada en el Estatuto autorizaba
         la revisión de la clasificación de un funcionario por razón de su nombramiento en un grado superior en virtud del artículo
         29, apartado 2, del Estatuto.
      
      55      El demandante reprocha a la demandada no haber tenido en cuenta en ningún momento que ya era funcionario antes de la fecha
         en que se inició el procedimiento de selección y de la adopción de la decisión impugnada. Por otro lado, la aplicación de
         las nuevas reglas surgidas tras la reforma estatutaria no puede tener por efecto menoscabar los derechos adquiridos por el
         demandante antes del 1 de mayo de 2004 en su calidad de funcionario.
      
      56      La demandada observa que el demandante no ha sido objeto de un descenso de escalón, ya que su clasificación en grado A*14,
         escalón 2, resulta de su nombramiento como director tras un procedimiento de selección desarrollado con arreglo al artículo
         29, apartado 2, del Estatuto.
      
      57      Respecto de la supuesta vulneración de los derechos pecuniarios adquiridos, la demandada observa que el artículo 7, apartado
         1, y el artículo 19 del anexo XIII del Estatuto se refieren a lo que se denomina la «protección de la nómina», y hacen referencia
         al supuesto del funcionario cuya situación estatutaria permanece incólume tras la entrada en vigor del Reglamento nº 723/2004,
         neutralizando los cambios introducidos por dicho Reglamento a una situación preexistente y que continúa existiendo. En efecto,
         el ámbito de aplicación del artículo 19 del anexo XIII del Estatuto recoge los supuestos en los que la entrada en vigor de
         dicho Reglamento puede haber tenido un impacto sobre las remuneraciones percibidas por los funcionarios. En su opinión, el
         artículo 45 bis del Estatuto se refiere a un procedimiento de certificación, comparable más bien a un procedimiento de promoción, como el
         previsto por el artículo 29, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del Estatuto, antes que a una selección.
      
      58      Con relación a la supuesta vulneración del principio de protección de la confianza legítima, la demandada considera que el
         demandante no demostró que la Administración le hubiera ofrecido garantías concretas, incondicionales y concordantes de que
         su clasificación en grado se efectuaría en el grado A*15. La demandada recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia, la
         confianza legítima sólo puede surgir de garantías conformes con la normativa aplicable (sentencias del Tribunal de Primera
         Instancia de 30 de junio de 1993, Devillez y otros/Parlamento, T‑46/90, Rec. p. II‑699, apartado 38, y de 11 de julio de 2002,
         Wasmeier/Comisión, T‑381/00, RecFP pp. I‑A‑125 y II‑677, apartado 106). Según la demandada, el artículo 12, apartado 3, del
         anexo XIII del Estatuto establece claramente la clasificación de los funcionarios seleccionados antes del 1 de mayo de 2004
         en los grados que menciona, sin dejar margen de apreciación a la AFPN.
      
      59      A mayor abundamiento, afirma que, si bien la convocatoria para cubrir un puesto determinado representa un marco de legalidad
         que vincula a la AFPN en cuanto a los requisitos de aptitud para los candidatos, no constituye un marco vinculante respecto
         del contenido de la futura decisión de contratación del funcionario seleccionado sobre la base de dicha convocatoria. Esta
         última decisión de contratación sólo está sometida a las disposiciones del Estatuto en vigor en el momento de su adopción.
      
       Sobre la supuesta vulneración del principio de buena administración y del deber de asistencia y protección
      60      Por lo que se refiere al cuarto motivo, el demandante considera que la demandada vulneró el principio de buena administración
         y el deber de asistencia y protección, en la medida en que él no pudo saber en ningún momento que iba a ser nombrado en un
         grado inferior al establecido en la convocatoria para proveer la vacante así como al de su puesto de jefe de unidad, máxime
         cuando la decisión del Colegio de Comisarios, de 7 de julio de 2004, no proporcionaba ninguna información respecto de su clasificación
         y la decisión impugnada no identificaba la base jurídica específica que permitía su clasificación.
      
      61      El demandante señala que la cuestión de su clasificación estaba tan poco clara que la DG «Personal y Administración» consideró
         necesario consultar al Servicio Jurídico, el cual tardó mucho tiempo en emitir su dictamen.
      
      62      La demandada aduce que la alegación del demandante de que la decisión impugnada no hace una referencia expresa al artículo
         12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto no afecta al fundamento de la decisión, sino que constituye una crítica a su motivación,
         la cual puede, con arreglo a jurisprudencia reiterada, completarse con la contenida en la respuesta a la reclamación. Además,
         en su opinión, el amplio plazo transcurrido entre la toma de posesión del demandante en el puesto de director y la adopción
         formal de la decisión impugnada, así como la consulta al Servicio Jurídico, no constituyen elementos que puedan menoscabar
         la legalidad de la decisión impugnada.
      
       Apreciación del Tribunal de la Función Pública
      63      Con carácter preliminar, procede constatar que el anexo XIII del Estatuto, que tiene por objeto fijar «disposiciones transitorias»
         tras la entrada en vigor del Reglamento nº 723/2004, no contiene ninguna disposición que regule el supuesto de un funcionario
         nombrado en un puesto superior después del 1 de mayo de 2004, tras un procedimiento de selección iniciado antes de esa fecha
         con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto.
      
      64      En un primer examen, ni el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto, que invoca el demandante, ni el artículo 12,
         apartado 3, de dicho anexo, que la demandada aplicó por analogía en el caso de autos, son de aplicación a este supuesto.
      
      65      En efecto, dichas disposiciones se refieren, con carácter exclusivo, a las posibilidades de proveer un puesto vacante en el
         seno de una institución mediante promoción, con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), inciso iii), en el supuesto
         del artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto, o mediante el procedimiento de concurso, en el caso del artículo
         12, apartado 3, de dicho anexo.
      
      66      Si bien es cierto que el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII del Estatuto se refiere de manera general al «nombramiento»
         del funcionario, de grado A 3 el 30 de abril de 2004, en calidad de director después de dicha fecha, dicha disposición precisa
         claramente que el interesado es «promovido» al grado inmediatamente superior y que la última frase del artículo 46 del Estatuto,
         referida a la promoción, no es de aplicación.
      
      67      Ahora bien, es preciso declarar que el procedimiento de selección establecido en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto,
         que fue el que se siguió en el caso de autos, no se refiere ni a la promoción propiamente dicha ni al procedimiento de concurso,
         como se desprende de los términos de dicha disposición.
      
      68      No obstante, la situación del demandante plantea la cuestión de determinar su clasificación, que, a pesar de la falta de disposiciones
         específicas en el Estatuto, no puede quedar sin respuesta por parte de la Administración. Incluso si el artículo 5, apartado
         5, o el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto no son de aplicación como tales, no se excluye que el régimen
         previsto por una u otra disposición pueda aplicarse en el caso de autos, en virtud de alguno de los principios generales del
         Derecho de la función pública comunitaria, como los invocados en los motivos tercero y cuarto.
      
      69      A este respecto, procede recordar que el demandante, de grado A 3, escalón 7, a 30 de abril de 2004 (reclasificado A*14, escalón
         7, a 1 de mayo de 2004, con arreglo al artículo 2, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto) fue nombrado director tras un
         proceso de selección en virtud del artículo 29, apartado 2, del Estatuto, y clasificado en el grado A*14, escalón 2, es decir
         en el mismo grado que tenía anteriormente, pero en un escalón inferior.
      
      70      Con carácter previo, procede examinar, respecto del principio según el cual todo funcionario tiene derecho a la carrera en
         el seno de su institución, si dicha clasificación puede estar válidamente justificada, o si, como sostiene el demandante,
         incumbía a la AFPN clasificarle en el grado inmediatamente superior, a saber, el grado A*15.
      
      71      En primer lugar, el principio del derecho de todo funcionario a progresar en su carrera en el seno de su institución fue invocado
         por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en relación con el orden de prelación establecido en el artículo
         29, apartado 1, del Estatuto, según el cual incumbe a la AFPN, cuando prevé proveer puestos vacantes, examinar en un primer
         momento las posibilidades de promoción o de mutación en el seno de la institución, y, en un segundo momento, tras dicho examen,
         las posibilidades de organizar concursos internos en la institución (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre
         de 1984, Vlachos/Tribunal de Justicia, 20/83 y 21/83, Rec. p. 4149, apartados 19, 23 y 24; sentencias del Tribunal de Primera
         Instancia de 19 de febrero de 1998, Campogrande/Comisión, T‑3/97, RecFP pp. I‑A‑89 y II‑215, apartado 65, y de 23 de abril
         de 2002, Campolargo/Comisión, T‑372/00, RecFP pp. I‑A‑49 y II‑223, apartados 91 y 92).
      
      72      No obstante, esto no significa que el principio según el cual todo funcionario tiene derecho a progresar en su carrera en
         el seno de su institución tenga como única expresión el orden de prelación establecido en el artículo 29, apartado 1, del
         Estatuto.
      
      73      En segundo lugar, procede subrayar que el artículo 29, apartado 2, del Estatuto ha sido interpretado en el sentido de que
         ofrece a los funcionarios y agentes una posibilidad, ciertamente excepcional, de optar a un nombramiento en un puesto superior,
         y, por tanto, a un avance en su carrera. En efecto, el procedimiento de selección previsto en dicha disposición no se refiere
         únicamente a la selección de personas que aún no trabajan para las Comunidades, sino también a los funcionarios y agentes
         que ya están en funciones. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de diciembre de 1974 (Van Belle/Consejo,
         176/73, Rec. p. 1361), apartado 10, no sería ni equitativo ni conforme con el interés del servicio que dicho procedimiento
         sólo fuera de aplicación a los candidatos no funcionarios, puesto que sustituye a un concurso, interno o general, del que
         los candidatos funcionarios no podrían haber sido excluidos.
      
      74      En otros términos, al igual que el concurso general (sentencia Van Belle/Consejo, antes citada, apartado 8), el procedimiento
         establecido en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto no constituye con carácter exclusivo un método de selección externa,
         frente al concurso interno o al nombramiento en un grado superior mediante promoción, dado que está abierto a la vez a los
         candidatos procedentes de fuera de las instituciones comunitarias y a otros candidatos que ya tienen la condición de funcionarios
         o agentes.
      
      75      En estas circunstancias, en contra de lo que sostiene la demandada, no se puede considerar el nombramiento de un funcionario
         en situación de servicio activo para un puesto superior, en virtud del artículo 29, apartado 2, del Estatuto, como una segunda
         contratación en el seno de la institución, con el efecto de interrumpir su carrera. En este supuesto, es preferible considerar
         que el procedimiento elegido por la AFPN debe asimilarse al procedimiento de promoción, como decidió el Tribunal de Justicia
         en la sentencia Vlachos/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 23, en relación con la provisión de un puesto mediante
         concurso interno en la institución.
      
      76      Dado que el nombramiento de un funcionario en un puesto superior constituye un avance en su carrera, éste no puede traducirse
         en una disminución de su grado o de su escalón, y en consecuencia, en un descenso de su retribución, sin incumplir el principio
         del derecho de todo funcionario a progresar en su carrera dentro de su institución, tal y como está reflejado en el Estatuto.
      
      77      En efecto, se desprende del cuadro de sueldos base mensuales, fijados para cada grado y escalón en el artículo 66 del Estatuto
         y, con carácter transitorio, en el artículo 2 del anexo XIII del Estatuto, que todo avance en la carrera, incluso en grado,
         debe entrañar normalmente un incremento del sueldo base mensual y, si éste no es el caso, al menos un mantenimiento del nivel
         retributivo percibido antes del nombramiento en un puesto superior. Esta progresión salarial responde además al objetivo expresado
         en el décimo considerando del Reglamento nº 723/2004 y que subyace al artículo 46 del Estatuto, que establece, en el supuesto
         de promoción, la clasificación del funcionario en el primer escalón, e incluso en el segundo, del grado superior.
      
      78      En tercer lugar, es preciso también determinar a la luz de todo lo que precede la clasificación que debería haberse atribuido
         efectivamente al demandante como consecuencia de su nombramiento como director.
      
      79      A este respecto, cabe observar que el tipo de puesto de trabajo de director puede proveerse en los grados A*14 y A*15, de
         acuerdo con el anexo XIII.1 («Tipos de puestos de trabajo durante el período transitorio») del Estatuto. En la medida en que
         el procedimiento de selección particular previsto en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto puede asimilarse a una promoción,
         como se deduce del apartado 75 de la presente sentencia, cuando beneficia a un funcionario o a un agente en situación de servicio
         activo, procede seguir la solución acogida por el propio legislador comunitario en el artículo 5, apartado 5, del anexo XIII
         del Estatuto y, de este modo, prever una clasificación en el «grado inmediatamente superior», es decir, el grado A*15 en el
         caso de autos, toda vez que el demandante era jefe de unidad de grado A*14 antes de ser nombrado director, conforme al artículo
         7, apartado 5, de dicho anexo.
      
      80      Esta solución se impone, además, por ser conforme con el deber de asistencia y protección que incumbe a la Administración,
         que implica en particular, según jurisprudencia reiterada, que, al adoptar una decisión sobre la situación de un funcionario,
         la autoridad debe tomar en consideración la totalidad de los elementos que pueden influir en su decisión y, al hacerlo, tener
         en cuenta no sólo el interés del servicio, sino también el del funcionario afectado (sentencia del Tribunal de Justicia de
         29 de junio de 1994, Klinke/Tribunal de Justicia, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, apartado 38; sentencias del Tribunal de Primera
         Instancia de 20 de junio de 1990, Burban/Parlamento, T‑133/89, Rec. p. II‑245, apartado 27, y de 1 de junio de 1999, Rodríguez
         Pérez y otros/Comisión, T‑114/98 y T‑115/98, RecFP pp. I‑A 97 y II‑529, apartado 32). Pues bien, en el caso de autos, el demandante
         tenía un interés legítimo, que no era contrario a las normas estatutarias vigentes, en que su retribución no se redujera después
         de ser nombrado en un empleo superior en reconocimiento de sus méritos personales.
      
      81      Finalmente, respecto de las pretensiones de la demanda relativas a la reconstitución de la carrera del demandante, es preciso
         señalar que éstas forman parte de las medidas que la demandada deberá adoptar para garantizar la ejecución de la presente
         sentencia.
      
      82      A la luz de todo lo expuesto, procede concluir que la AFPN incumplió el principio según el cual todo funcionario tiene derecho
         a progresar en su carrera en el seno de su institución, al atribuir al demandante, nombrado en un puesto superior después
         del 1 de mayo de 2004 tras un procedimiento de selección iniciado antes de dicha fecha con arreglo al artículo 29, apartado
         2, del Estatuto, una clasificación en grado y escalón inferior a la que tenía antes de su nombramiento.
      
      83      En consecuencia, procede anular la decisión impugnada, sin que sea necesario examinar el resto de alegaciones formuladas en
         apoyo de los motivos primero, tercero y cuarto, ni el segundo motivo, ni la excepción de ilegalidad formulada contra el artículo
         12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto.
      
       Costas
      84      Como declaró el Tribunal de la Función Pública en su sentencia de 26 de abril de 2006, Falcione/Comisión (F‑16/05, RecFP pp. I‑A-0000
         y II‑0000, apartados 77 a 86), mientras el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública y, en concreto,
         las disposiciones particulares relativas a las costas no hayan entrado en vigor, procede aplicar únicamente el Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, aplicable mutatis mutandis al Tribunal de la Función Pública en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo,
         de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7).
      
      85      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que han sido desestimados los motivos
         formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.
      
      86      Por otro lado, con arreglo al artículo 87, apartado 4, del mismo Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones
         que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. En consecuencia, el Consejo, parte coadyuvante,
         cargará con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
      decide:
      1)      Anular la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 18 de mayo de 2005 en la medida en que clasifica al Sr. Da
            Silva en calidad de director en el grado A*14, escalón 2.
      2)      La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con las costas del Sr. Da Silva, así como con sus propias costas.
      3)      El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.
      
               Van Raepenbusch
            
            
                Boruta
            
            
                Kanninen
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de junio de 2007.
      
               La Secretaria 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               W. Hakenberg 
            
             
            
                      S. Van Raepenbusch
            
         
         El texto de la presente sentencia y los de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales comunitarios citados en ella y
            aún sin publicar en la Recopilación están disponibles en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia: www.curia.europa.eu
         
      
      * Lengua de procedimiento: francés.