CELEX: 62015CO0129
Language: es
Date: 2016-07-07 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 7 de julio de 2016.#H. M. contra Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI).#Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad.#Procedimiento prejudicial — Contratos públicos de suministro — Directiva 2004/18/CE — Artículo 1, apartado 9 — Concepto de “organismo de Derecho público” — Centro hospitalario creado con ánimo de lucro y cuyo capital es completamente privado — Ingresos procedentes en más de un 50 % o de un 30 % de pagos del régimen público del seguro de enfermedad como contrapartida de la realización de servicios médicos — Artículo 7, letra b) — Valor estimado del contrato — Umbral no alcanzado — Interés transfronterizo cierto — Falta de información — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad manifiesta.#Asunto C-129/15.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
      de 7 de julio de 2016 (
            *1
         )
      «Procedimiento prejudicial — Contratos públicos de suministro — Directiva 2004/18/CE — Artículo 1, apartado 9 — Concepto de “organismo de Derecho público” — Centro hospitalario creado con ánimo de lucro y cuyo capital es completamente privado — Ingresos procedentes en más de un 50 % o de un 30 % de pagos del régimen público del seguro de enfermedad como contrapartida de la realización de servicios médicos — Artículo 7, letra b) — Valor estimado del contrato — Umbral no alcanzado — Interés transfronterizo cierto — Falta de información — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Inadmisibilidad manifiesta»
      En el asunto C‑129/15,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 4 de marzo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 2015, en el procedimiento entre
      
         H. M.
      
      y
      
         Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI),
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
      integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente) y C. Vajda, Jueces;
      Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
      dicta el siguiente
      
         Auto
      
      
               1
            
            
               La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1251/2011 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011 (DO 2011, L 319, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/18»).
            
         
               2
            
            
               Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. H. M., director de un centro hospitalario privado, y la Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (Agencia pública de inspección financiera, Bulgaria), en relación con la regularidad de una sanción administrativa impuesta al Sr. M. por esta última.
            
         
         Marco jurídico
      
      
         Derecho de la Unión
      
      
               3
            
            
               El considerando 2 de la Directiva 2004/18 expone lo siguiente:
               «La adjudicación de contratos celebrados en los Estados miembros por cuenta de autoridades estatales, regionales o locales y otros organismos de derecho público está supeditada al acatamiento de los principios del Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de estas libertades se derivan, como son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos públicos por importes superiores a una determinada cantidad, es conveniente elaborar a escala comunitaria disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública. Por consiguiente, dichas disposiciones de coordinación deben interpretarse con arreglo a las normas y principios antes mencionados y a las demás normas del Tratado.»
            
         
               4
            
            
               El artículo 1 de la citada Directiva, titulado «Definiciones», dispone en su apartado 9 lo siguiente:
               «Son considerados “poderes adjudicadores”: el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de Derecho público.
               Es considerado “organismo de Derecho público” cualquier organismo:
               
                        a)
                     
                     
                        creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        dotado de personalidad jurídica y
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.
                     
                  En el anexo III figuran las listas no exhaustivas de los organismos y de las categorías de organismos de Derecho público que cumplen los criterios enumerados en las letras a), b) y c) del párrafo segundo. Los Estados miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas.»
            
         
               5
            
            
               El artículo 7 de la mencionada Directiva, titulado «Importes de los umbrales de los contratos públicos», fija los umbrales de los valores estimados a partir de los cuales la atribución de un contrato debe efectuarse conforme a las normas de dicha Directiva, de modo que, en el momento en que sucedieron los hechos en el litigio principal, estaba fijado en 200000 euros el umbral relativo a los contratos de suministro adjudicados por poderes adjudicadores que no sean autoridades gubernamentales centrales.
            
         
               6
            
            
               El artículo 9 de la misma Directiva, titulado «Método para calcular el valor estimado de los contratos públicos, de los acuerdos marco y de los sistemas dinámicos de adquisición», establece lo siguiente:
               «[...]
               5.   [...]
               
                        b)
                     
                     
                        Cuando un proyecto tendente a obtener suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor estimado de la totalidad de dichos lotes para la aplicación de las letras a) y b) del artículo 7.
                     
                  Cuando el valor acumulado de los lotes iguale o supere el umbral establecido en el artículo 7, la presente Directiva se aplicará a la adjudicación de cada lote.
               No obstante, los poderes adjudicadores podrán establecer excepciones a esta aplicación respecto de lotes cuyo valor estimado sin incluir el IVA sea inferior a 80000 [euros], siempre que el importe acumulado de dichos lotes no sobrepase el 20 % del valor acumulado de la totalidad de los lotes.
               [...]
               7.   En el caso de contratos públicos de suministro o de servicios que tengan un carácter de periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato:
               
                        a)
                     
                     
                        bien el valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        bien el valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si éste fuera superior a doce meses.
                     
                  La elección del método para calcular el valor estimado de un contrato público no podrá efectuarse con la intención de sustraer éste a la aplicación de la presente Directiva.
               [...]»
            
         
         Derecho búlgaro
      
      
               7
            
            
               El artículo 7, punto 4, de la zakon za obshtestvenite porachki (Ley de contratos públicos, DV n.o 28, de 6 de abril de 2004), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, es del siguiente tenor:
               «Los poderes adjudicadores son:
               [...]
               
                        3.
                     
                     
                        Los organismos de Derecho público.»
                     
                  
         
               8
            
            
               El artículo 8, apartado 1, de la citada Ley dispone lo siguiente:
               «Los poderes adjudicadores estarán obligados a incoar un procedimiento de adjudicación de contratos públicos cuando se cumplan los criterios previstos en la Ley;
               [...]
               
                        3)
                     
                     
                        Cuando el poder adjudicador sea una entidad colectiva o una persona jurídica, las competencias previstas en el apartado 2 serán ejercidas por la persona que represente a la entidad colectiva o persona jurídica.»
                     
                  
         
               9
            
            
               El apartado 1, punto 21, de las disposiciones adicionales de la citada Ley estipula lo siguiente:
               «Un “organismo de Derecho público” es una persona jurídica que, con independencia de su carácter mercantil o industrial, ha sido creado para satisfacer necesidades de interés general y que cumple alguno de los siguientes requisitos:
               
                        а)
                     
                     
                        es financiado en más de un 50 % por el presupuesto del Estado, por los presupuestos de la seguridad social del Estado o de la Caja nacional del seguro de enfermedad, por los presupuestos municipales o por poderes adjudicadores en el sentido del artículo 7, punto 1 o punto 3;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        más de la mitad de los miembros de su órgano de administración o de control son nombrados por poderes adjudicadores en el sentido del artículo 7, punto 1 o punto 3;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        su gestión está sujeta a un control ejercido por poderes adjudicadores en el sentido del artículo 7, punto 1 o punto 3; este control de la gestión existe cuando una persona puede ejercer de alguna manera una influencia determinante en la actividad de otra persona.
                     
                  Son también organismos de Derecho público los centros sanitarios que sean sociedades mercantiles y cuyos ingresos del año anterior procedan en más de un 30 % del presupuesto del Estado, del presupuesto municipal o del presupuesto de la Caja nacional del seguro de enfermedad.»
            
         
         Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      
      
               10
            
            
               El Sr. M. es el director de un centro hospitalario inscrito como sociedad mercantil de responsabilidad limitada, cuyo capital lo posee completamente un particular que tiene también la condición de comerciante. Con ocasión de una inspección de la actividad de dicho centro hospitalario por un agente de la autoridad competente en materia de inspecciones, se constató, sobre la base de facturas emitidas por diferentes proveedores, que, durante el período comprendido entre el 10 de enero de 2012 y el 19 de diciembre de 2012, ese centro hospitalario había recibido entregas de suministros médicos consumibles por un importe total de 339052,76 levas búlgaras (BGN) sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, siendo así que durante todo el año 2012 el centro hospitalario de que se trata, que no estaba inscrito como poder adjudicador en el registro de contratos públicos, no había incoado ningún procedimiento de adjudicación de contratos públicos. Se constató asimismo que, en el transcurso del año 2011, el 66,27 % de los ingresos del referido centro hospitalario procedía de pagos efectuados por la Caja nacional del seguro de enfermedad, que es un poder adjudicador en el sentido de la Ley de contratos públicos.
            
         
               11
            
            
               El agente que realizó la inspección, al considerar que dicho centro hospitalario era un organismo de Derecho público en el sentido del apartado 1, punto 21, letra c), párrafo segundo, de las disposiciones adicionales de la Ley de contratos públicos, estimó que el director de éste no había incoado el procedimiento de adjudicación de contratos públicos, a pesar de estar obligado a ello. Por tanto, mediante acta de 12 de julio de 2013, ese agente constató una infracción administrativa de las disposiciones pertinentes de la Ley de contratos públicos. A raíz de dicha acta, se impuso una multa de una cuantía de 3000 BGN al citado director, sobre la base de la disposición pertinente de esa misma Ley. Este último interpuso un recurso contra la sanción ante el órgano jurisdiccional competente, que desestimó el recurso. El Sr. M. interpuso entonces un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
            
         
               12
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente señala que, en sustancia, el litigio principal versa sobre la cuestión de si un centro hospitalario cuyo capital es completamente privado y que percibe también, entre otros recursos, pagos procedentes de la Caja nacional del seguro de enfermedad como contrapartida de las prestaciones que efectúa es un poder adjudicador. Arguye que, a este respecto, es necesario determinar si una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, puede introducir criterios adicionales en relación con los definidos en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18, lo que, en caso afirmativo, tendría por efecto ampliar la categoría de personas obligadas a incoar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
            
         
               13
            
            
               Por lo que se refiere a la cuestión que es objeto del litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente observa que los ingresos del centro hospitalario considerado que proceden de la Caja nacional del seguro de enfermedad y que constituyen así recursos públicos representaron, en el curso del ejercicio contable de 2011, más del 66 % de los ingresos de dicho centro hospitalario. Así, en aplicación del apartado 1, punto 21, párrafo primero, letra a), de las disposiciones adicionales de la Ley de contratos públicos, procede considerar, según aquél, que, cualquiera que sea la forma de la propiedad, ese centro hospitalario es un poder adjudicador. Aduce que esta conclusión se impone no sólo debido a la parte considerable de los fondos públicos en sus ingresos, sino también en la medida en que los servicios médicos que realiza pertenecen a una actividad de interés general.
            
         
               14
            
            
               Por otro lado, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, la definición que figura en el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 difiere considerablemente de la que figura en la Ley de contratos públicos. En efecto, mientras que, según los criterios definidos en el artículo 1, apartado 9, letras a) a c), de dicha Directiva, estaríamos en presencia de un organismo de Derecho público cuando tales criterios se cumplen de manera acumulativa, según aquella Ley se definiría como organismo de Derecho público todo organismo que cumpla al menos uno de los criterios análogos. Añade que, contrariamente a lo que prevé la Directiva 2004/18, el hecho de que un organismo tenga carácter mercantil o industrial no se opone a que pueda ser considerado un organismo de Derecho público en el sentido del Derecho búlgaro.
            
         
               15
            
            
               En particular, el órgano jurisdiccional remitente entiende que el apartado 1, punto 21, letra c), párrafo segundo, de las disposiciones adicionales de la Ley de contratos públicos es manifiestamente incompatible con los criterios fijados por la Directiva 2004/18, dado que debe considerarse que el fragmento de frase «cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público», que figura en el artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, letra c), de dicha Directiva, implica una financiación de más del 50 %, lo que sería bastante superior al umbral del 30 % fijado por la ley nacional.
            
         
               16
            
            
               Habida cuenta de estas consideraciones, el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Procede considerar que un organismo, sociedad mercantil, es un organismo de Derecho público en el sentido del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 por el mero hecho de que más del 30 % de los ingresos por su actividad durante el ejercicio anterior procedan de actividades médicas abonadas por la Caja nacional del seguro de enfermedad y realizadas en condiciones de competencia efectiva con otros centros sanitarios?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ¿Procede considerar que la prestación de servicios médicos en condiciones de competencia efectiva por parte de sociedades mercantiles privadas constituidas con ánimo de lucro tiene como finalidad “satisfacer necesidades de interés general” en el sentido del artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        ¿Procede interpretar el artículo 1, apartado 9, de la Directiva 2004/18 en el sentido de que se opone al apartado 1, punto 21, de las disposiciones adicionales de la Ley de contratos públicos, en virtud del cual, para que un organismo sea calificado de “organismo de Derecho público” basta con que concurra uno de los requisitos correspondientes a los establecidos con carácter acumulativo en la Directiva?»
                     
                  
         
         Sobre las cuestiones prejudiciales
      
      
               17
            
            
               Conforme al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando éste sea manifiestamente incompetente para conocer de un asunto o cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
            
         
               18
            
            
               Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.
            
         
               19
            
            
               Constituye reiterada jurisprudencia que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 6 de noviembre de 2014, Cartiera dell’Adda, C‑42/13, EU:C:2014:2345, apartado 29 y jurisprudencia citada).
            
         
               20
            
            
               Procede señalar que los procedimientos especiales establecidos por las Directivas de la Unión sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos se aplican únicamente a aquellos contratos cuyo valor sobrepase el umbral previsto expresamente en cada una de ellas. Por lo tanto, las normas de las mencionadas Directivas no se aplican a los contratos cuyo valor no alcance el umbral fijado por éstas (sentencia de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C‑147/06 y C‑148/06, EU:C:2008:277, apartado 19).
            
         
               21
            
            
               Tal como se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia, se reprocha al centro hospitalario privado de que se trata en el litigio principal que recibiera entregas, durante el período comprendido entre el 10 de enero de 2012 y el 19 de diciembre de 2012, de suministros médicos consumibles por un importe total de 339052,76 BGN sin incluir el impuesto sobre el valor añadido, sin que tales entregas fueran objeto de procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
            
         
               22
            
            
               Dado que, según los datos del Banco Central Europeo, el tipo de cambio del euro a lev búlgaro se situaba, durante todo ese período, en 1,9558, el importe acumulado del valor de tales entregas ascendía a 173357,58 euros. Además, los autos remitidos al Tribunal de Justicia no contienen ningún elemento relativo al número de esas transacciones, al importe de cada una de ellas o al número de proveedores con los que se concluyeron.
            
         
               23
            
            
               Tal como se desprende del apartado 5 del presente auto, la cuantía fijada en el artículo 7, letra b), de la Directiva 2004/18 como umbral a efectos de la aplicación de ésta a los contratos de suministro era, durante el período en cuestión en el litigio principal, de 200000 euros. De ello resulta que, aun en el supuesto de que pudieran tenerse en cuenta acumulativamente los importes de todas las entregas efectuadas en el transcurso de ese período, no se alcanzaría dicho umbral.
            
         
               24
            
            
               En cualquier caso, en el asunto principal, sólo podrían tenerse en cuenta acumulativamente, a efectos del cálculo del umbral previsto en el artículo 7 de la Directiva 2004/18, los importes de las diferentes entregas efectuadas si se cumplieran los requisitos establecidos en el artículo 9 de dicha Directiva, en particular en su apartado 5, letra b), así como en su apartado 7. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente no ha transmitido ninguna información que pudiera acreditar que tal es el caso.
            
         
               25
            
            
               Ante el incumplimiento de dichos requisitos, el importe de cada una de tales entregas debería considerarse de forma separada e individualmente y, de este modo, los valores de los diferentes contratos controvertidos en el litigio principal se situarían necesariamente en niveles sensiblemente inferiores a ese umbral.
            
         
               26
            
            
               Por consiguiente, procede constatar que las normas de la Directiva 2004/18 no son aplicables a los contratos de suministro controvertidos en el litigio principal. Además, de la resolución de remisión no se desprende explícitamente que las disposiciones pertinentes del Derecho búlgaro contengan una remisión directa e incondicional a las disposiciones de dicha Directiva.
            
         
               27
            
            
               No obstante, es preciso observar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la adjudicación de contratos que, por su valor, no están incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva está sujeta sin embargo a las normas fundamentales y a los principios generales del Tratado FUE, en concreto a los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la nacionalidad, y a la obligación de transparencia que de ellos se deriva, siempre que tales contratos presenten un interés transfronterizo cierto (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C‑147/06 y C‑148/06, EU:C:2008:277, apartados 20 y 21; de 11 de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale n. 5Spezzino y otros, C‑113/13, EU:C:2014:2440, apartados 45 y 46; de 18 de diciembre de 2014, Generali-Providencia Biztosító, C‑470/13, EU:C:2014:2469, apartado 32, y de 16 de abril de 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, apartado 16).
            
         
               28
            
            
               En cuanto a los criterios objetivos que pueden indicar la existencia de un interés transfronterizo cierto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que tales criterios pueden ser, en particular, el hecho de que el contrato en cuestión tenga un importe de cierta trascendencia, combinado con el lugar de ejecución de las obras o también las características técnicas del contrato y las características específicas de los productos concernidos. El órgano jurisdiccional remitente puede, al realizar su apreciación global de la existencia de un interés transfronterizo cierto, tener en cuenta también la existencia de reclamaciones presentadas por operadores situados en otros Estados miembros, siempre que se compruebe que éstas son reales y no ficticias (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de mayo de 2008, SECAP y Santorso, C‑147/06 y C‑148/06, EU:C:2008:277, apartado 31, y de 16 de abril de 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, apartado 20 y jurisprudencia citada).
            
         
               29
            
            
               Ha de constatarse que, en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado ningún elemento que permita al Tribunal de Justicia disponer de información relativa a la existencia, en el asunto principal, de un interés transfronterizo cierto. Pues bien, procede recordar que, tal como resulta del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia debe poder hallar en una petición de decisión prejudicial una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones, así como de la relación que existe, en particular, entre tales datos y las cuestiones. Por consiguiente, la comprobación de los elementos necesarios que permitan verificar la existencia de un interés transfronterizo cierto, así como, en general, el conjunto de comprobaciones que incumbe realizar a los órganos jurisdiccionales nacionales y de las que depende la aplicabilidad de un acto de Derecho derivado o del Derecho primario de la Unión, deberían efectuarse con carácter previo a la remisión al Tribunal de Justicia (sentencias de 11 de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale n. 5Spezzino y otros, C‑113/13, EU:C:2014:2440, apartado 47, y de 16 de abril de 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, apartado 18).
            
         
               30
            
            
               Ciertamente, existen casos en los que el Tribunal de Justicia, sin información expresa aportada al respecto por el órgano jurisdiccional remitente, puede deducir de los elementos de la resolución de remisión la existencia eventual de un interés transfronterizo cierto (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale n. 5Spezzino y otros, C‑113/13, EU:C:2014:2440, apartado 48, y de 16 de abril de 2015, Enterprise Focused Solutions, C‑278/14, EU:C:2015:228, apartado 19). No obstante, en el presente caso, a falta de cualquier elemento de esta naturaleza en la resolución de remisión, el Tribunal de Justicia considera que no puede efectuar tal deducción.
            
         
               31
            
            
               En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia no puede aportar una respuesta útil a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente para la resolución del litigio de que éste conoce, extremo que constituye el objetivo de la cooperación establecida en el artículo 267 TFUE.
            
         
               32
            
            
               De lo anterior se infiere que, en aplicación del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la petición de decisión prejudicial debe declararse manifiestamente inadmisible.
            
         
         Costas
      
      
               33
            
            
               Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) resuelve:
            
          
               
                  
                     La petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 4 de marzo de 2015, es manifiestamente inadmisible.
                  
               
             
               
                  
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: búlgaro.