CELEX: 62019CC0697
Language: es
Date: 2021-06-03 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 3 de junio de 2021.

Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 3 de junio de 2021 (1)

Asuntos C‑697/19 P a C‑700/19 P

Sony Corporation y Sony Electronics, Inc. (C‑697/19 P)

Sony Optiarc y Sony Optiarc America (C‑698/19 P)

Quanta Storage, Inc. (C‑699/19 P)

Toshiba Samsung Storage Technology Corp.,

Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. (C‑700/19 P)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Lectores de discos ópticos — Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE — Acuerdos colusorios relativos a licitaciones organizadas por dos fabricantes de ordenadores — Infracción única y continuada — Infracciones individuales que la componen — Obligación de motivación — Violación del derecho de defensa — Cálculo del importe de las multas — Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas — Principios de proporcionalidad y de igualdad de trato»

1.        Las presentes conclusiones versan sobre cuatro recursos de casación interpuestos por proveedores de lectores de discos ópticos (Sony Corporation, Sony Electronics, Sony Optiarc, Sony Optiarc America, Quanta Storage, Toshiba Samsung, Storage Technology Corp. y Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp.; en lo sucesivo, «recurrentes») por los que se solicita la anulación de cuatro sentencias del Tribunal General de la Unión Europea (2) mediante las cuales este desestimó sus recursos interpuestos contra la Decisión C(2015) 7135 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo  101 TFUE y del artículo  53 del Acuerdo EEE (asunto AT. 39639 — Lectores de Discos Ópticos) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). (3)

2.        El Tribunal de Justicia ha solicitado expresamente que se profundice en dos cuestiones jurídicas, comunes en una amplia medida a todos los asuntos, por lo que las presentes conclusiones abordarán estos dos aspectos específicos: 1)  la fórmula adoptada por la Comisión para imputar, además de una infracción única y continuada, infracciones distintas que constituyen esa infracción única y continuada sin formular un razonamiento independiente del desarrollado para caracterizar la infracción única y continuada; 2)  la cuestión del cálculo de la sanción en el supuesto de ventas en el seno de cártel o de reparto de los ingresos.

3.        Estos asuntos brindan al Tribunal de Justicia la ocasión, en primer lugar, de analizar la relación entre infracción única y conductas individuales en lo que respecta, específicamente, a la obligación de motivación en la decisión final y al derecho de defensa de las partes del procedimiento y, en segundo lugar, de aclarar los límites del margen discrecional de la Comisión con referencia a los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad en caso de ventas en el seno de un cártel o de reparto de los ingresos.

4.        La descripción de los hechos del asunto, común a los cuatro recursos de casación, será sintética y estará dirigida exclusivamente al análisis de las cuestiones a cuyo examen en profundidad se me ha instado. (4)
 I. Hechos

5.        El 14 de enero de 2009, la Comisión recibió de Philips una solicitud de dispensa con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel. (5) El 29 de enero y el 2 de marzo de 2009, se completó esta solicitud para incluir en la misma, junto a Philips, a Lite-On y su empresa conjunta Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation.

6.        El 29 de junio de 2009, la Comisión envió una solicitud de información a las empresas que operan en el sector de los lectores de discos ópticos (en lo sucesivo, «LDO»). El 30 de junio de 2009, la Comisión concedió la dispensa condicional a Philips, Lite-On y Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation. Los días 4 y 6 de agosto de 2009, Hitachi-LG Data Storage, Inc. e Hitachi-LG Data Storage Korea, Inc. presentaron ante la Comisión una solicitud de reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación.

7.        El 18 de julio de 2012, la Comisión envió un pliego de cargos (en lo sucesivo, «PC») a trece proveedores de LDO, entre los cuales se encuentran Sony Corporation y Sony Electronics, Sony Optiarc e Sony Optiarc America, Quanta Storage, Toshiba Samsung Storage Technology y Toshiba Samsung Storage Technology Korea.

8.        La Comisión sostenía que dichas sociedades habían infringido el artículo  101 TFUE y el artículo  53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) al participar en un cártel sobre los LDO entre el 5 de febrero de 2004 y el 29 de junio de 2009, coordinando su comportamiento en lo relativo a las licitaciones organizadas por dos fabricantes de ordenadores, Dell y HP.

9.        El 21 de octubre de 2015, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.

10.      En la Decisión controvertida, la Comisión constató que los participantes en el cártel habían coordinado su comportamiento competitivo cuando menos entre el 23 de junio de 2004 y el 25 de noviembre de 2008. Precisó que esta coordinación se había producido mediante una red de contactos bilaterales paralelos. Indicó que los participantes en el cártel pretendían ajustar sus volúmenes en el mercado y actuar de manera que los precios se mantuvieran a niveles más elevados de cuanto lo habrían sido de no mantenerse tales contactos bilaterales.

11.      La Comisión señaló en la Decisión controvertida que la coordinación entre los participantes en el cártel se refería a las cuentas de clientes de Dell y HP, los dos mayores operadores en el mercado global de los ordenadores personales. Según la Comisión, además de las negociaciones bilaterales con sus proveedores de LDO, Dell y HP aplicaron procedimientos de licitación normalizados, que tenían lugar al menos cada trimestre. La Comisión comprobó que los miembros del cártel utilizaron su red de contactos bilaterales para manipular estas licitaciones, contrarrestando así las tentativas de sus clientes de estimular la competencia mediante los precios.

12.      Para el cálculo del importe de la multa impuesta a las recurrentes, la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo  23, apartado  2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (6) (en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas»).

13.      En primer lugar, para determinar el importe de base de la multa, la Comisión consideró que, habida cuenta de las notables diferencias en la duración de la participación de los proveedores y a fin de reflejar mejor la incidencia real del cártel, era oportuno recurrir a una media anual calculada sobre la base del valor real de las ventas realizadas por las empresas durante los meses naturales completos de su respectiva participación en la infracción. Así, la Comisión explicó que el valor de las ventas se calculó sobre la base de las ventas de LDO para ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa facturadas a las entidades de HP y Dell situadas en el EEE.

14.      Además, la Comisión consideró que, dado que el comportamiento anticompetitivo respecto a HP había comenzado más tarde y a fin de tener en cuenta la evolución del cártel, procedía calcular por separado el valor de las ventas realizadas a HP y Dell respectivamente, y aplicar dos multiplicadores de duración distintos.

15.      En cuanto atañe a Sony Corporation, Sony Electronics, Sony Optiarc y Sony Optiarc America, dado que no quedó probada su participación en los contactos con HP, la Comisión las consideró responsables únicamente de su coordinación respecto a Dell.

16.      En segundo lugar, la Comisión decidió que, como los acuerdos de coordinación de los precios se encuentran, por su propia naturaleza, entre las infracciones más graves del artículo  101 TFUE y del artículo  53 del Acuerdo EEE y el cártel se extendió cuando menos al EEE, el porcentaje aplicado por la gravedad en este caso debía ser del 16 % respecto a todos los destinatarios de la Decisión controvertida.

17.      Además, la Comisión declaró que, habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el asunto, procedía añadir un 16 % adicional con fines disuasorios.

18.      La Comisión redujo la multa impuesta a Sony Corporation, Sony Electronics, Sony Optiarc y Sony Optiarc America en un 3 % para tener en cuenta su desconocimiento de la parte de la infracción única y continuada relativa a HP, con el fin de reflejar adecuada y suficientemente el carácter menos grave de su comportamiento.

19.      La Comisión consideró que, al haber realizado Sony Corporation y Sony Electronics un volumen de negocio mundial de 59 252 000 000 de euros en el ejercicio anterior a la adopción de la Decisión controvertida, resultaba adecuado aplicar al importe de base un coeficiente de 1,2.

20.      Por último, al alcanzar el importe de base ajustado de la multa impuesta a Toshiba Samsung Storage Technology y Toshiba Samsung Storage Technology Korea el límite fijado en el 10 % de su volumen de negocio, la Comisión practicó un nuevo ajuste sobre la base del artículo  23, apartado  2, del Reglamento n.º 1/2003.

21.      La parte dispositiva de la Decisión controvertida, en cuanto atañe a las sociedades participantes en el cartel, tiene el siguiente tenor:
«Artículo 1
Las siguientes empresas han infringido el artículo  101 TFUE y el artículo  53 del Acuerdo EEE al participar, durante los períodos indicados, en una infracción única y continuada, compuesta de varias infracciones distintas, en el sector de los lectores de discos ópticos que cubre el conjunto del EEE, consistentes en acuerdos de coordinación de precios:
[…]
e)      Toshiba Samsung Storage Technology y Toshiba Samsung Storage Technology Korea, entre el 23 de junio de 2004 y el 17 de noviembre de 2008, por su coordinación respecto a Dell y HP;
f)      Sony Corporation y Sony Electronics, entre el 23 de agosto de 2004 y el 15 de septiembre de 2006, por su coordinación respecto a Dell;
g)      Sony Optiarc […], entre el 25 de julio de 2007 y el 29 de octubre de 2008, Sony Optiarc America […], entre el 25 de julio de 2007 y el 31 de octubre de 2007, por su coordinación respecto a Dell;
h)      Quanta Storage, entre el 14 de febrero de 2008 y el 28 de octubre de 2008, por su coordinación respecto a Dell y HP.
[…]
Artículo 2
Se imponen las siguientes multas por la infracción a que se hace referencia en el artículo 1:
[…]
e)      Toshiba Samsung Storage Technology y Toshiba Samsung Storage Technology Korea, solidariamente responsables: 41 304 000 euros;
f)      Sony Corporation y Sony Electronics, solidariamente responsables: 21 024 000 euros;
g)      Sony Optiarc […]: 9 782 000 euros, de los cuales 5 433 000 euros solidariamente responsable con Sony Optiarc America […];
h)      Quanta Storage: 7 146 000 euros.»
 II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas

22.      Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General, respectivamente, el 29 de diciembre de 2015, el 31 de diciembre de 2015 y el 5 de enero de 2016, las recurrentes interpusieron cuatro recursos distintos, registrados con los números de asunto T‑762/15, T‑763/19, T‑772/15 y T‑8/16, mediante los que solicitaban, con carácter principal, la anulación de la Decisión controvertida en la parte que las afecta y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa impuesta.

23.      Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó todos los motivos invocados por las recurrentes y, por consiguiente, los recursos en su totalidad.
 III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

24.      Mediante sus recursos de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que, con carácter principal, anule la sentencia recurrida, estime las pretensiones formuladas en primera instancia y condene en costas a la Comisión. Las recurrentes solicitan que, con carácter subsidiario, si el estado del procedimiento no permite que el Tribunal de Justicia resuelva, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas en que se haya incurrido en primera instancia y en el presente procedimiento.

25.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación interpuestos por las recurrentes y las condene en costas.
 IV. Análisis (7)

26.      En apoyo de sus recursos de casación, las recurrentes en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P invocan cuatro motivos, con un contenido casi idéntico, relativos a: la valoración por el Tribunal General de la existencia de la infracción única y continuada, la duración de la infracción única y continuada, la definición de infracción única y continuada y el importe de la multa impuesta.

27.      En apoyo de su recurso de casación, la recurrente en el asunto C‑699/99 P invoca cinco motivos relativos a: la valoración por el Tribunal General de la parte dispositiva de la Decisión controvertida, en la que se afirma que la infracción única y continuada imputada a las recurrentes está constituida por varias infracciones distintas; la desnaturalización de algunos elementos de prueba; la duración de la participación de la recurrente en la infracción única y continuada; el supuesto conocimiento de la recurrente, no acreditado, de la existencia de una infracción única y continuada y el importe de la multa impuesta.

28.      En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes en el asunto C‑700/19 P invocan cuatro motivos relativos a: la valoración por el Tribunal General de la parte dispositiva de la Decisión controvertida, que señala que la infracción única y continuada imputada está constituida por varias infracciones distintas; la existencia de una infracción única y continuada; la vulneración del derecho de defensa, y la competencia de la Comisión.

29.      Con carácter preliminar, procede señalar que los cuatro recursos contienen alegaciones casi idénticas en algunos motivos de casación. (8)

30.      En efecto, las recurrentes comparten las censuras relativas a la parte dispositiva de la Decisión controvertida, en la que la Comisión declaró la existencia de una infracción única y continuada añadiendo el inciso «compuesta de varias infracciones distintas». En opinión de las recurrentes, esta «doble calificación» —infracción única y continuada e infracciones distintas— no estaba claramente indicada en el pliego de cargos ni está suficientemente motivada en la Decisión controvertida.

31.      Algunas de las recurrentes comparten además las censuras relativas al cálculo del importe de la sanción, con particular referencia a una supuesta violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.

32.      Según lo solicitado por el Tribunal de Justicia, mi análisis se centrará en primer lugar en el asunto relativo a la «doble calificación», común, como se ha visto, a todas las recurrentes, y en los motivos que hacen referencia a la misma (A), y en segundo lugar examinaré a fondo el cuarto motivo de casación invocado en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P  relativo a la determinación de la sanción (B).
 A. Sobre la doble calificación

 1.      Resumen de las alegaciones de las partes

–       a) Sobre la violación del derecho de defensa

33.      Las recurrentes alegan que las sentencias recurridas adolecen de errores de Derecho, en la medida en que el Tribunal General llegó a la conclusión de que la Comisión no violó sus derechos de defensa al imputarles, por vez primera en la Decisión controvertida, haber participado en varias infracciones distintas.

34.      El pliego de cargos señalaba, en particular en los puntos  310, 317 y 318, la existencia de una infracción única y continuada. Sin embargo, en la Decisión controvertida, la Comisión afirmó, por vez primera, que la infracción única y continuada se componía de varias infracciones distintas.

35.      Así pues, esta Decisión se aparta sustancialmente de la calificación recogida en el pliego de cargos, por lo que no se brindó a las recurrentes la posibilidad, antes de la adopción de dicha Decisión, de rebatir la calificación de cada uno de los contactos como una infracción separada y autónoma. Al actuar así, el Tribunal General no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia, de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), ni su propia sentencia de 10 de octubre de 2014, Soliver/Comisión (T‑68/09, EU:T:2014:867).

36.      Además, a su juicio, las diversas combinaciones de contactos contrarios a la competencia indicadas en el pliego de cargos podían dar lugar a numerosas infracciones posibles. Por tanto, aunque se considerase que los hechos, y las correspondientes pruebas, ya estaban recogidos en el pliego de cargos, la calificación jurídica que la Comisión pretendía realizar de tales hechos no figura en el pliego de cargos. De ello se deduce que las recurrentes no pudieron defenderse, pues no comprendieron la calificación adoptada para cada posible infracción.

37.      En sus observaciones, la Comisión recuerda con carácter preliminar, que el Tribunal General confirmó la Decisión controvertida en cuanto atañe a la infracción única y continuada y a la multa. Las alegaciones formuladas por las recurrentes en relación con el punto de la parte dispositiva en el que se afirma, con carácter incidental, que la infracción única y continuada consiste en varias infracciones distintas resultan, pues, inadmisibles.

38.      A continuación, la Comisión sostiene que el Tribunal General rechazó acertadamente las censuras de las recurrentes relativas a una supuesta violación de sus derechos de defensa. En primer lugar, las recurrentes basan sus alegaciones en un presupuesto fáctico erróneo. De las sentencias recurridas se desprende con claridad que en el pliego de cargos ya se les había informado de las distintas infracciones. La afirmación de las recurrentes según la cual la Comisión no las había oído en relación con las distintas infracciones resulta desvirtuada por la clara formulación de los puntos  353, 354 y  375 del pliego de cargos y se basa en una interpretación errónea de la jurisprudencia, en la medida en que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que uno o varios elementos de una serie de actos o de un comportamiento continuado pueden constituir, en sí, una infracción del artículo  101 TFUE.

39.      Las recurrentes —prosigue la Comisión— fueron oídas tanto sobre la infracción única y continuada como sobre las distintas infracciones que la componen, de forma que no pueden considerarse violados sus derechos de defensa. En el curso del procedimiento administrativo, las recurrentes también tuvieron la posibilidad de entender que también eran acusadas de las conductas individuales que constituían la infracción única y continuada.
–       b) Sobre la infracción única y continuada necesariamente compuesta de varias infracciones distintas

40.      Las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que una infracción única y continuada se compone necesariamente de varias infracciones distintas.

41.      En su opinión, al afirmar que una infracción única y continuada consiste necesariamente en infracciones distintas, el Tribunal General llegó a una conclusión contraria a su jurisprudencia (9) y a la del Tribunal de Justicia, (10) que únicamente contempla la posibilidad, pero no la necesidad, de que una infracción única y continuada esté constituida por infracciones distintas.

42.      A juicio de la Comisión, las recurrentes han desnaturalizado el contenido de las sentencias recurridas. El Tribunal General se limitó a considerar que una infracción única y continuada presupone una «serie de comportamientos» que, de suyo, pueden ser calificados como infracciones distintas. El Tribunal General añadió que, en el presente asunto, la infracción única y continuada consistía efectivamente en infracciones distintas respecto a las cuales se había oído a las recurrentes.
–       c) Sobre la motivación insuficiente y contradictoria

43.      Las recurrentes censuran al Tribunal General haber cometido un error de Derecho al concluir que la Decisión controvertida está suficientemente motivada en cuanto atañe a la existencia de varias infracciones distintas.

44.      En su opinión, la motivación no permite comprender correctamente la Decisión adoptada, no expone las correspondientes razones y presenta contradicciones internas. (11)

45.      Sostienen además que la Comisión no explicó en la Decisión controvertida ni la naturaleza ni el alcance de estas infracciones distintas ni su calificación como acuerdo o práctica concertada en el sentido del artículo  101 TFUE. Además, el Tribunal General tampoco ha explicado ni las razones ni las pruebas que apoyan cada una de las calificaciones ni ha determinado las empresas responsables de cada infracción individual.

46.      La Comisión, en su respuesta, sostiene que procede desestimar estas alegaciones.

47.      A su juicio, las recurrentes pudieron comprender las razones de la Decisión y tuvieron la posibilidad de exponer sus alegaciones sobre cada uno de los contactos anticompetitivos que se les imputan.

48.      La Comisión añade que, una vez comprobado que concurren los elementos de una infracción del artículo  101 TFUE, apartado  1, carece de relevancia que la forma de colusión se califique como acuerdo o como práctica concertada. (12) El Tribunal General entendió acertadamente —concluye la Comisión— que las recurrentes habían considerado erróneamente que la Decisión controvertida debía calificar individualmente las distintas infracciones como «acuerdos» o «prácticas concertadas».
 2.      Apreciación

49.      La cuestión de Derecho en que centraré el análisis es la exactitud o no de la parte de la sentencia recurrida que considera compatible con el Derecho de la Unión la fórmula adoptada por la Comisión en la parte dispositiva de la Decisión controvertida en los presentes asuntos.

50.      En particular, mediante el tercer motivo invocado en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P y el primer motivo invocado en los asuntos C‑699/19 P  y C‑700/19 P, se insta al Tribunal de Justicia a examinar si el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al desestimar las alegaciones de las recurrentes de que la Comisión violó su derecho de defensa al acusarlas, por primera vez en la Decisión controvertida, de haber participado en varias infracciones distintas.

51.      En su Decisión final, tras declarar la existencia de la infracción del artículo  101 TFUE y del artículo  53 del Acuerdo EEE debido a la participación de las partes implicadas en una infracción única y continuada durante los períodos indicados, la Comisión añadió que dicha infracción única y continuada estaba «compuesta» de diversas infracciones distintas.

52.      Al confirmar en primera instancia la Decisión de la Comisión, el Tribunal General afirmó en la sentencia recurrida que «el concepto de infracción única y continuada presupone un conjunto de comportamientos  adoptados por diversas partes que persiguen el mismo objetivo económico anticompetitivo» (apartado  238). Además, señaló que «del propio concepto de infracción única y continuada se desprende, pues, que implica un modelo de comportamiento. Por tanto, las recurrentes no pueden sostener que la Comisión haya modificado sus conclusiones al incluir, además de una infracción única y continuada, diversos contactos bilaterales, pues son precisamente estos contactos bilaterales los que constituyen dicha infracción única» (apartado  239). Además, afirmó que «no existe, pues, incoherencia alguna en el considerando  352 de la Decisión controvertida, en la medida en que la Comisión afirmó en el mismo que los contactos constituían distintas infracciones y, al mismo tiempo, respondían a los criterios de una infracción única y continuada» (apartado 240). (13)

53.      El Tribunal General parece sostener, pues, la tesis de que la infracción única y continuada presupone una pluralidad de conductas ilícitas y, por tal motivo, el hecho de que la Comisión únicamente imputara expresamente a las partes en el pliego de cargos la infracción única y continuada no le impedía considerar, en la Decisión final, igualmente acreditadas como contrarias a las normas sobre competencia las diversas conductas que componen la infracción única y continuada.

54.      De ello se deriva, a juicio de las partes, que la Comisión, con el aval del Tribunal General, consideró probado que eran contrarias a las normas sobre competencia tanto la infracción única y continuada como las conductas individuales que se sucedieron entre las empresas competidoras en el período indicado respecto a la infracción única.

55.      Considero necesario, para valorar el alcance de tales afirmaciones de principio, en primer lugar, analizar el concepto de infracción única y continuada en el jurisprudencia del Tribunal de Justicia para comprobar si lo que afirma el Tribunal General en apoyo de la exactitud de la Decisión de la Comisión, es compatible con aquella, tanto desde el punto de vista del derecho de defensa de las partes en el procedimiento y en el juicio como desde la perspectiva de la adecuación de la motivación de la Comisión y, en última instancia, del Tribunal General.

56.      En esencia, las cuestiones que han de examinarse versan sobre: a)  la necesidad o no de que la Comisión efectúe una calificación jurídica de cada uno de los actos colusorios individuales en caso de infracción única y continuada; b)  el alcance efectivo que debe atribuirse a las diversas expresiones utilizadas (infracciones, comportamientos, contactos, conductas); c)  la medida en que la decisión final de la Comisión puede apartarse del pliego de cargos, y d)  las consecuencias que pueden derivarse de la fórmula utilizada no solo en el plano del «public enforcement» (aplicación pública de las normas sobre competencia), sino también en el del «private enforcement» (aplicación entre particulares de las normas sobre competencia).

57.      Según reiterada jurisprudencia, una infracción del artículo  101 TFUE, apartado  1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Por ello, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto», debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto. (14)

58.      Una empresa que haya participado en esa infracción única y compleja mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de acuerdo o de práctica concertada con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo  101 TFUE, apartado  1, y encaminados a contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede ser pues también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de la misma infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción. Así sucede cuando se acredita que la citada empresa pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. (15)

59.      La participación de una empresa en una infracción única y continuada no exige su participación directa en todos los comportamientos contrarios a la competencia que compongan tal infracción y tampoco se exige que todas las empresas que participen en una infracción única y continuada operen en el mismo mercado. (16)

60.      De cuanto antecede se desprende que, para que pueda afirmarse que una empresa ha participado en una infracción única del Derecho de la competencia de la Unión, debe acreditarse: 1)  que la citada empresa intentaba contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes, y 2)  que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o adoptados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo. (17)

61.      El concepto de «infracción única y continuada» presupone, pues, la existencia de un «plan conjunto» en el que se enmarcan diversos actos, como consecuencia de su idéntico objeto de falsear el juego de la competencia en el mercado interior, con independencia de que uno o varios de tales actos puedan también constituir, de suyo y considerados aisladamente, una infracción del artículo  101 TFUE.

62.      Es precisamente este, a mi juicio, el aspecto crucial: la infracción única y continuada constituye un comportamiento continuado compuesto de una serie de actos o comportamientos (en el caso de prácticas colusorias como las que son objeto del presente procedimiento, contactos entre diferentes empresas), pero no es la suma algebraica de una pluralidad de conductas ilícitas que infringen el artículo  101 TFUE.

63.      Algunos comportamientos, actos o contactos producidos durante el período indicado para la infracción única y continuada podrían no ser en sí mismos contrarios a las normas sobre competencia o bien, en el curso del procedimiento, podrían no quedar plenamente acreditados en su relevancia material o jurídica.

64.      ¿Cuál es la idea que subyace a la introducción de la teoría de la infracción única y continuada?

65.      La doctrina de la «infracción única y continuada» tiene su origen en una concepción muy extendida en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea relativa a la imputación de la responsabilidad de las infracciones cometidas por varios autores en función de su participación en el conjunto de la infracción. (18)

66.      Tal doctrina desempeña el papel de una presunción legal en virtud de la cual la Comisión (o una autoridad nacional de la competencia) puede declarar la existencia de una infracción unitaria del Derecho de la competencia durante un determinado período de tiempo y respecto a un número específico de empresas, «no solo [a partir] de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado». (19)

67.      Es indudable que la aplicación por la Comisión de la doctrina de la «infracción única y continuada» le facilita el desempeño de su papel de autoridad de enforcement en virtud del artículo  101 TFUE, apartado  1, sobre todo en relación con las acusaciones de colusión entre varias partes.

68.      Una infracción constituida por un modelo de comportamiento «único y continuado» durante un cierto período de tiempo resuelve una serie de cuestiones prácticas espinosas que pueden suscitarse en cualquier acusación compleja de colusión en cuanto atañe a la aplicación de un plazo de prescripción y reduce la carga de la prueba necesaria para satisfacer un control jurisdiccional de que la conducta colusoria se desarrolló durante todo el período de investigación. (20)

69.      Como también se ha observado en la doctrina, la institución de la «infracción única y continuada reduce significativamente la carga que la Comisión, de lo contrario, debería afrontar para probar las prácticas colusorias, en particular cuando un cártel se ha prolongado durante un largo período en el cual la naturaleza de la colusión puede variar entre diversas partes o momentos distintos». (21)

70.      La atenuación de la carga de la prueba respecto a períodos y episodios específicos —es esta la ratio  que subyace en dicha institución— tiene como contrapeso la necesidad de demostrar la existencia del objeto común y el conocimiento de las actuaciones de las demás empresas.

71.      En cambio, si no concurre el supuesto de infracción única y continuada, la carga probatoria de las conductas individuales (en el caso de autos, por ejemplo, los contactos entre las empresas competidoras) vuelve a ser particularmente rigurosa.

72.      Así pues, ciertamente, es posible y plenamente legítimo que la Comisión, al constatar la existencia de una infracción del artículo  101 TFUE, califique diversas conductas como ilícitas en sí mismas y, al mismo tiempo, como parte de una única estrategia colusoria que tenga las características antes descritas de la infracción única y continuada.

73.      Sin embargo, en este caso le incumbirá una obligación de motivación y una carga probatoria diferentes respecto al caso en que califique la conducta de las empresas exclusivamente como una infracción única y continuada.

74.      En efecto, esta última, como se ha señalado, se compone siempre de una pluralidad de episodios o contactos que, para ser considerados unitariamente como contrarios a las normas sobre competencia, deben revestir las características antes indicadas. Los episodios o contactos individuales del comportamiento conjunto no revisten per se  necesariamente la calificación de actuación contraria a las normas sobre competencia.

75.      En algunas sentencias, el Tribunal de Justicia ha declarado que si una empresa ha participado directamente en uno o varios comportamientos contrarios a la competencia que componen una infracción única y continuada, pero no se ha acreditado que, mediante su propio comportamiento, intentase contribuir a la totalidad de los objetivos comunes perseguidos por los otros participantes en el cártel ni que tuviese conocimiento de todos los otros comportamientos infractores previstos o ejecutados por los citados participantes para alcanzar los mismos objetivos o que pudiera de forma razonable haberlos previsto y estuviera dispuesta a asumir el riesgo, la Comisión únicamente puede imputarle la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo. (22)

76.      No obstante, ello no puede llevar a exonerar a dicha empresa de su responsabilidad por los comportamientos en los que consta que participó o de los que efectivamente puede ser considerada responsable. En efecto, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante al imputarle una infracción, dado que únicamente procede tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine la multa. (23)

77.      Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que «únicamente puede dividirse así una Decisión de la Comisión que califica un cártel global de infracción única y continuada si, por una parte, a la citada empresa se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se le reprochaba cada uno de los comportamientos que lo componen, y, por tanto, de defenderse sobre este punto, y si, por otra, la citada Decisión es suficientemente clara a este respecto». (24)

78.      Como se ha señalado, la infracción única y continuada atenúa tanto la obligación de motivación como la carga de la prueba que incumben a la Comisión, la cual, una vez demostrada la existencia de un plan conjunto y de un objetivo común contrario a la competencia, no está obligada a demostrar el carácter infractor de cada una de las conductas.

79.      Ahora bien, por este motivo la Comisión no puede sostener legítimamente, por el contrario, que, una vez constatada y demostrada la existencia de una infracción única y continuada, también deben considerarse constatados y probados, como actos contrarios a la competencia, todos los episodios o contactos individuales que lo componen.

80.      Y ello es así toda vez que, de este modo, la Comisión se beneficiaría injustamente de una atenuación de la obligación de motivación y de la carga de la prueba en virtud de la calificación de la infracción como única y continuada, pero, al mismo tiempo, en el caso de que en el control jurisdiccional decayeran los presupuestos jurídicos para la calificación de la conducta como infracción única y continuada, la Decisión podría «salvarse» y superar la revisión judicial en virtud del carácter contrario a la competencia de las conductas individuales que constituyen la infracción única y continuada.

81.      No convence, pues, la alegación de la Comisión de que tal motivo de casación es inoperante porque está supeditado a la comprobación de la inexistencia de la infracción única y continuada.

82.      Contrariamente a cuanto sostiene la Comisión en su respuesta, las alegaciones formuladas en el recurso de casación relativas a las conclusiones subsidiarias de la Decisión, según las cuales la infracción única y continuada comprendía varias infracciones independientes, no son ineficaces. Al contrario, tienen una incidencia significativa en el procedimiento y en las consecuencias de la Decisión.

83.      La Comisión puede recurrir perfectamente a la doble calificación, pero, para que sea legítimo, debe indicarlo desde el pliego de cargos dirigido a las partes y asumir la obligación de motivación y la carga probatoria que ello supone.

84.      En efecto, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (25) aun admitiéndose que entre el pliego de cargos y la decisión final pueden darse diferencias motivadas precisamente por el debate contradictorio y por el examen de las cuestiones jurídicas y económicas en el curso de la fase de instrucción, la calificación de los hechos y de las conductas debe ser coherente desde el comienzo hasta el final del propio procedimiento.

85.      El respeto del derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de competencia es un principio general de Derecho de la Unión cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. (26) Este principio exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción de las disposiciones del Tratado UE. (27)

86.      El artículo  27, apartado  1, del Reglamento n.º 1/2003 prevé el envío a las partes de un pliego de cargos. Según reiterada jurisprudencia, dicho pliego de cargos debe recoger, de un modo claro, todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esa fase del procedimiento.

87.      Sin embargo, esta indicación puede realizarse de forma sumaria y la decisión no debe calcar necesariamente la enumeración de los cargos, dado que esta comunicación constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones fácticas y jurídicas son de carácter meramente provisional. (28)

88.      Ciertamente, como afirma el Tribunal General en las sentencias recurridas, la calificación jurídica de los hechos recogida en el pliego de cargos, por definición, solo puede ser provisional, y una posterior decisión de la Comisión no podrá ser anulada únicamente porque las conclusiones definitivas extraídas de tales hechos no se ajustan precisamente a dicha calificación provisional. (29) En efecto, la Comisión debe poder precisar tal calificación en su decisión final teniendo en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo, ya sea para desistir de los cargos que hayan resultado ser infundados, ya para desistir de imputaciones que hayan resultado ser infundadas, o bien para estructurar o refundir sus alegaciones de hecho y de Derecho en apoyo de las imputaciones en que se basa, con la condición de que se base únicamente en hechos sobre los cuales los interesados hayan tenido ocasión de definir su postura y que haya proporcionado, durante el procedimiento administrativo, los elementos necesarios para la defensa. (30)

89.      Ahora bien, cuando en el curso de la fase de instrucción se revelen hechos que convenzan a la Comisión para modificar realmente el thema decidendum, el procedimiento permite tal modificación, incluso de carácter sustancial, a través de un instrumento que, al mismo tiempo, también garantiza el derecho de defensa de las partes: un pliego de cargos adicional.

90.      En este pliego de cargos, la Comisión debe examinar analíticamente todos los contactos entre las partes, motivando la calificación jurídica y el carácter contrario a la competencia de cada uno de ellos.

91.      Ello permite el pleno ejercicio del derecho de defensa de las partes y un control jurisdiccional pleno sobre cada una de las conductas individuales imputada a las partes, además, naturalmente, de la infracción única y continuada.

92.      En el caso de autos, el pliego de cargos exponía detalladamente los hechos imputados. Sin embargo, la Comisión se limitó a calificar como infracción única y continuada el conjunto de contactos bilaterales entre los participantes en el cártel, haciendo referencia a la mera posibilidad de calificar cada uno de los contactos individuales como una infracción separada, sin entrar en más detalles. En la Decisión final, la Comisión siguió la misma línea en toda su motivación salvo para concluir, en la parte dispositiva, con la doble calificación.

93.      No cabe compartir la opinión del Tribunal General, que hace referencia a la tesis de la Comisión según la cual las partes conocían perfectamente las conductas individuales imputadas y se defendieron de las mismas, puesto que la infracción única y continuada se compone de una serie de hechos, contactos y episodios, cada uno de los cuales fue enumerado por la Comisión y conocido por las partes.

94.      Este argumento confunde la mera existencia de un hecho o de un contacto entre las partes, su enumeración y su presentación a las partes con la calificación jurídica del mismo.

95.      Es precisamente en este aspecto en el que, en mi opinión, el Tribunal General se ha visto inducido a error por las alegaciones de la Comisión.

96.      Es prueba de ello, por ejemplo, el apartado  242 de la sentencia T‑762/15, en la que el Tribunal General afirma que «como sostiene la Comisión, sin ser rebatida en este aspecto por las recurrentes, estas han negado todo contacto separadamente y con detalle en su respuesta al pliego de cargos y lograron convencer a la Comisión para que no mantuviera sus acusaciones relativas a algunos contactos bilaterales».

97.      No cabe duda de que, en el plano fáctico, la Comisión, ya en su pliego de cargos, se refirió a todos los contactos individuales entre los competidores como elementos que pueden formar el marco global de las prácticas colusorias y de que las partes pudieron defenderse en relación con la existencia y las modalidades en que se desarrollaron los encuentros u otros contactos.

98.      El hecho de que la Comisión omitiese a lo largo de todo el procedimiento, hasta la Decisión final, explicar su propia elección al calificar jurídicamente cada uno de esos contactos no permitió a las empresas recurrentes en el presente asunto ejercer plenamente su derecho de defensa.

99.      Ciertamente, no es indispensable calificar cada una de las conductas contrarias a la competencia como cártel o práctica concertada; ahora bien, es necesario que la autoridad que ejerce el public enforcement califique como antijurídico e ilícito el hecho concreto para permitir a las partes defenderse, no solo en relación con su existencia o no y las circunstancias fácticas que le atañen, sino también en relación con los aspectos jurídicos sobre cuya base se alega que tal hecho puede ser considerado como una conducta infractora del artículo  101 TFUE.

100. Valga todo ello para observar que la afirmación de que la infracción única y continuada es la suma de varias infracciones autónomas, cada una de las cuales queda automáticamente acreditada por el hecho de que se haya comprobado la existencia de una infracción única y continuada, no tiene fundamento lógico ni jurídico alguno, ni base alguna en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

101. Cabe sostener que ambas partes en el procedimiento [«enforcer» (autoridad pública encargada de la aplicación de las normas sobre competencia) y empresas inculpadas] pueden tener interés en que los comportamientos reiterados se califiquen como una infracción única y continuada: el «enforcer», porque, como se ha señalado, tal calificación puede reducir la carga probatoria respecto a los episodios individuales que constituyen la infracción continuada; las empresas inculpadas, porque, en la medida en que la sanción se impondrá calculando porcentajes de volumen de negocio en proporción a las distintas infracciones, evitar la imputación de una pluralidad de conductas distintas podría resultar económicamente conveniente.

102. Sin embargo, ya que, como se afirma acertadamente en la doctrina, no es necesariamente más favorable para el acusado que se le imputen infracciones separadas y que ello dependerá de las circunstancias del asunto, «es seguro que la presunción de inocencia debe desempeñar un papel en cuanto atañe a los elementos fácticos con arreglo a los cuales debe probarse la infracción concreta. O estos hechos están probados o no». (31)

103. No existe, pues, «una “presunción de infracciones separadas” que se aplique en caso de duda, suponiendo que para la empresa será necesariamente “mejor” aquella situación. En efecto, cuando la Comisión constata que se han producido infracciones separadas, los recurrentes que habrían estado en una situación más favorable si la infracción hubiera sido única podrán rebatir tal constatación (como ha ocurrido en diversas ocasiones), y la Comisión también deberá convencer al órgano jurisdiccional de que se han producido infracciones separadas, lo cual demuestra que la existencia de infracciones separadas debe ser probada y no “presunta”». (32)

104. Los efectos de una doble calificación tardía, efectuada solo en la decisión final, pueden ser múltiples, tanto en el plano del «public enforcement», analizado hasta este momento, como en el del «private enforcement».

105. La constatación de la Comisión, que no se limita a la infracción única y continuada, sino que se extiende también a las conductas individuales en el período de referencia, podría tener una incidencia notable en las eventuales acciones de indemnización ejercitadas ante los tribunales nacionales.

106. En efecto, el supuesto de la infracción única y continuada permite a la Comisión considerar probado el carácter ilícito del comportamiento de la empresa durante todo el período examinado, aun cuando, supuestamente, en algunos períodos, incluso prolongados, no exista una prueba efectiva de contacto entre las partes o algunas de ellas. Y ello siempre partiendo de que resulte probada la concurrencia de las condiciones para que una infracción pueda ser considerada única y continuada: objetivo común e implicación de las empresas en el comportamiento conjunto de otras en los términos antes expuestos.

107. Así pues, desde el punto de vista de la duración de la colusión, la infracción única y continuada podría someter a las empresas implicadas al riesgo de que se les impute un comportamiento ilícito prolongado en el tiempo en mayor medida que si se le hubieran imputado conductas individuales distantes en el tiempo y, por tanto, con solución de continuidad entre una y otra.

108. Ahora bien, desde el punto de vista de la intensidad de la constatación de la ilicitud, y de la carga probatoria que apareja, cabe razonar en sentido inverso. Esto es, las empresas implicadas pueden encontrarse ante una situación en la que, precisamente porque no han sido declarados ilícitos todos los contactos o comportamientos individuales que componen la infracción única y continuada, las acciones judiciales ante los órganos jurisdiccionales nacionales dirigidas a obtener una indemnización por el daño derivado de actos contrarios a la competencia no podrán estar eximidas por completo de la prueba de la ilicitud de los contactos o comportamientos individuales en virtud de la constatación de la Comisión.

109. Ello tiene una notable relevancia práctica, sobre todo habida cuenta de que el grupo de personas con legitimación activa para reclamar supuestos daños a las empresas afectadas por la decisión de la Comisión es muy variada, en particular a la vista de la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual «tanto la garantía de la plena eficacia y del efecto útil del artículo  101 TFUE como la protección eficaz contra las consecuencias perjudiciales de una infracción del Derecho de la competencia se verían gravemente menoscabadas si la posibilidad de reclamar resarcimiento por los perjuicios causados por un cártel se limitara a los proveedores y compradores del mercado afectado por el cártel». (33)

110. En asuntos análogos al que constituye el objeto del presente procedimiento, en lo que respecta a comportamientos adoptados en el marco de licitaciones, cada una de las licitaciones puede implicar a distintas personas, y, sobre la base de los actos contrarios a la competencia, un número considerable de personas podría reclamar daños por la alteración del juego de la competencia en el mercado concreto.

111. A la vista de cuanto acabo de exponer, creo poder concluir que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar correcta, a efectos del Derecho de la Unión, la fórmula adoptada por la Comisión en la Decisión final según la cual la infracción única y continuada se componía de varias infracciones distintas.

112. Por tanto, sería necesario anular la sentencia recurrida en la parte en que desestimó el segundo motivo y el cuarto motivo invocados por las recurrentes en primera instancia, relativos a la doble calificación del cártel.

113. De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, segunda frase del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando anule una resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

114. A mi juicio, así ocurre en el caso de autos, al menos en cuanto atañe a este motivo de recurso.

115. Procede anular la Decisión de la Comisión a este respecto  en la parte en que declaró que una infracción única y continuada se compone necesariamente de infracciones distintas.

116. En efecto, se ha limitado el derecho de defensa de las partes en el procedimiento y la fórmula adoptada ha tenido y podría tener consecuencias relevantes en detrimento de las empresas implicadas.

117. Sin embargo, a mi juicio, este error de Derecho no ha incidido en la sistemática global de la sentencia recurrida ni en la de la Decisión controvertida. En efecto, eliminando de la parte dispositiva la fórmula de la «doble calificación», queda plenamente constatada la infracción única y continuada, y el cálculo de la sanción, por cuanto se alcanza a entender, se ha realizado sobre la única base de la infracción única y continuada.

118. En línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (34) la estimación a este respecto  del motivo relativo a la cuestión que he analizado no obliga a anular la Decisión en su totalidad, sino únicamente la parte antes descrita.

119. En efecto, dado que el objeto de una decisión de la Comisión que constata la participación de una empresa en un cártel en infracción del artículo  101 TFUE es la constatación de uno o varios comportamientos constitutivos de tal infracción, una anulación parcial no puede modificar la esencia de tal decisión.
 B. Sobre la determinación de la sanción

 1.      Síntesis de las alegaciones de las partes

120. Mediante el cuarto motivo, las recurrentes en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P sostienen que, al confirmar el importe de la multa que se les ha impuesto sobre la base de los mismos ingresos utilizados para el cálculo de la multa distinta e impuesta, respectivamente, a Lite-On y Quanta, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, violó los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad e incumplió su obligación de motivación. Este motivo de casación se articula en tres partes.

121. En aras de una más clara exposición, en lo sucesivo me limitaré a recoger las alegaciones de las recurrentes en relación con el asunto C‑697/19 P.
a)      Sobre la primera parte del cuarto motivo

122. En la primera parte, las recurrentes alegan que el Tribunal General violó el principio de igualdad de trato, que, en el caso concreto, constituye el fundamento del criterio, establecido en las Directrices para el cálculo de las multas, según el cual el valor de las ventas debe reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma.

123. Sony sostiene que, durante el período de la supuesta violación, Lite-On fabricó LDO que fueron posteriormente vendidos con la marca Sony. En el marco de los acuerdos de reparto del volumen de negocio entre las recurrentes y Lite-On, las recurrentes abonaron a Lite-On las ventas correspondientes a los productos diseñados y fabricados por Lite-On. Sin embargo, en vez de atribuir estas ventas a la sociedad que, en última instancia, recibe el importe del volumen de negocio, esto es, Lite-On, a la hora de determinar el valor de las ventas a efectos del cálculo del importe de la multa, la Decisión trató estos ingresos tanto como un volumen de negocio obtenido por Sony como por Lite-On. Dicho con otras palabras, a su juicio, la Decisión contabilizó dos veces los mismos ingresos. Al actuar así, la Comisión se apartó de su práctica consolidada.

124. Con carácter preliminar, la Comisión sostiene que la primera parte del cuarto motivo es inadmisible, en la medida en que las recurrentes solicitan un nuevo examen del recurso interpuesto ante el Tribunal General sin identificar error específico alguno en la sentencia recurrida y ese nuevo examen excede de la competencia del Tribunal de Justicia. (35)

125. En cualquier caso, según la Comisión, esta parte ha de desestimarse por infundada. En primer lugar, el punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas hace referencia a las ventas directa o indirectamente relacionadas con la infracción y no a las ventas afectadas por la infracción. Ello significa que la Comisión no tiene obligación alguna de acreditar qué ventas concretas han resultado afectadas por una infracción. En efecto, si, por un lado, ha de prestarse una particular atención a la importancia económica de una infracción, por otro este aspecto debe ser ponderado con la necesidad de garantizar que la multa permita una aplicación eficaz de la sanción de conformidad con los principios de legalidad y de proporcionalidad.

126. En segundo lugar, dado que el comportamiento de las recurrentes no difiere sustancialmente del observado por los demás destinatarios de la Decisión controvertida, el cálculo de la multa impuesta a las recurrentes teniendo en cuenta sus ventas de LDO a Dell y, por tanto, el peso relativo de su participación, es conforme con el principio de igualdad de trato.

127. En tercer lugar, las alegaciones de las recurrentes no se basan tanto en el método de cálculo de la multa que se les ha impuesto sino, más bien, en el método de cálculo de la multa impuesta a Lite-On. Sin embargo, la adecuación de la multa impuesta a Lite-On no forma parte del objeto del presente procedimiento ni puede servir de base objetiva para justificar una reducción de la multa. En cuarto lugar, la colaboración de las recurrentes con Lite-On no reduce el peso relativo de las recurrentes en la infracción. El cálculo considerado correcto por las recurrentes llevaría, pues, a una discriminación arbitraria frente a los demás destinatarios de la Decisión controvertida, en violación del principio de igualdad de trato. En quinto lugar, en cuanto atañe al hecho de que las recurrentes alegan la práctica decisoria precedente de la Comisión, el Tribunal General ha observado acertadamente que la comparación de la situación de un destinatario de una decisión con la situación de otras empresas no puede poner en cuestión la legalidad de la Decisión controvertida en la medida en que esta constata y castiga una infracción probada. (36)
b)      Sobre la segunda parte del cuarto motivo

128. En la segunda parte, las recurrentes alegan que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación, al pasar por alto la alegación formulada por ellas en el sentido de que la doble contabilización aumentó indebidamente la importancia económica de la presunta infracción y, por consiguiente, la multa que se les ha impuesto.

129. La Comisión sostiene que esta parte es infundada. El Tribunal General confirmó que el valor de las ventas tenidas en cuenta en la Decisión controvertida a efectos del cálculo del importe de base de la multa era el de las ventas directas de las recurrentes a Dell. Sobre la base de la jurisprudencia recogida en los apartados  265 a  269 de la sentencia recurrida, el Tribunal General acertó al tener en cuenta el valor de tales ventas directas para determinar el valor de los productos en relación con la infracción. Por último, según la sentencia recurrida, el método invocado por las recurrentes entraña riesgos de elusión y una disparidad de trato respecto a los demás destinatarios de la Decisión.
c)      Sobre la tercera parte del cuarto motivo

130. En la tercera parte, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desestimar su alegación según la cual la Comisión no justificó el hecho de haberse apartado de su práctica consolidada.

131. La Comisión aduce que el Tribunal General señaló acertadamente que la Decisión controvertida expone los motivos por los que el importe de la multa impuesta a las recurrentes se calculó de conformidad con el punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas, y que la Decisión también explica por qué no resulta oportuno apartarse de tal planteamiento respecto de las recurrentes. Por tanto, en la medida en que la Decisión controvertida aplica el punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas de un modo convencional, no es necesario que esta justifique una excepción inexistente de tales Directrices.
 2.      Apreciación

132. Analizaré conjuntamente las tres partes del cuarto motivo porque la cuestión jurídica en la que el Tribunal de Justicia me ha instado a profundizar versa sobre un supuesto error de Derecho del Tribunal General al confirmar, por no adolecer de vicios, la Decisión de la Comisión en la parte en la que tuvo en cuenta dos veces en el cálculo los ingresos de Sony y Lite-On, objeto de un acuerdo de reparto. Según las recurrentes, al actuar así, el Tribunal General vulneró los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad e incumplió sus obligaciones de motivación específicas. En efecto, a su juicio, la Comisión se apartó del método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas al tener en cuenta ventas entre participantes en el cártel, acentuando así la importancia económica del papel desempeñado por las recurrentes en la práctica colusoria.

133. Con carácter preliminar, considero que los motivos de casación relativos al cálculo de la sanción no son inadmisibles, como sostiene en cambio la Comisión, toda vez que, del contexto de las alegaciones de las recurrentes, se desprende, implícita pero claramente, la referencia a los apartados  263 a 276 de la sentencia recurrida.

134. Poniendo ahora la atención en el aspecto censurado por las partes, la supuesta «doble contabilización», la Comisión, a juicio del Tribunal General, siguió el método expuesto en las Directrices para el cálculo de las multas, al determinar el importe de base de la multa sobre la base de las ventas de lectores de discos ópticos facturadas a Dell (considerando  528 de la Decisión controvertida).

135. En virtud del contrato de «partnership» celebrado con las recurrentes Sony, Lite-On no registró ventas directas a Dell. Por consiguiente, en cuanto atañe a Lite-On —y no a las recurrentes—, la Comisión basó su Decisión en el valor de las ventas de Lite-On a las recurrentes y no en sus ventas (inexistentes) a Dell.

136. El Tribunal General declaró sobre este aspecto que «según las explicaciones proporcionadas por las recurrentes, sobre la base de los acuerdos entre Lite-On y Sony, Lite-On diseñó y fabricó productos LDO que posteriormente fueron vendidos con la marca Sony. Los contratos y los pedidos de los clientes se cerraban formalmente con Sony, y era a Sony a quien pagaban los clientes. Por tanto, la alegación de las recurrentes según la cual la Comisión contabilizó dos veces las ventas efectuadas a Dell resulta difícil de comprender, puesto que era Sony quien recibía los ingresos de Dell. En cualquier caso, ha de recordarse que, de conformidad con el punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas, con el fin de determinar el importe de la base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción». (37)

137. Y además, «al determinar el importe de las multas por infracciones del Derecho de la competencia, la Comisión debe tener en cuenta no solo la gravedad de la infracción y las circunstancias particulares del asunto, sino también el contexto en el que se ha cometido la infracción y garantizar que su actuación tenga un efecto disuasorio, sobre todo en el caso de tipos de infracción particularmente perjudiciales para la consecución de los objetivos de la Unión. La gravedad de las infracciones debe determinarse sobre la base de un gran número de factores, como las circunstancias particulares del asunto, su contexto y el efecto disuasorio de las multas, sin que exista una enumeración vinculante o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta necesariamente. Además, el Tribunal General ya ha indicado que la Comisión no estaba obligada en ningún caso a determinar qué ventas individuales resultaron afectadas por el cártel». (38)

138. El Tribunal General concluyó que «en el presente asunto, cuando la Comisión examinó el valor de las ventas de bienes en relación directa o indirecta con la infracción en el sentido del punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas, era lógico que utilizase las ventas directas de las recurrentes a Dell como base para el cálculo del importe de la multa. A este respecto, el método propugnado por las recurrentes, consistente en deducir de los ingresos obtenidos por Sony de Dell, las cantidades abonadas a Lite-On en virtud de acuerdos en vigor entre Sony y Lite-On durante el período de referencia, con el fin de evitar una “doble contabilización”, pese a la explicación de las recurrentes de que no estaban en condiciones de proporcionar cifras precisas al respecto, compromete la eficacia de la prohibición de prácticas colusorias, pues bastaría con que las empresas se asociasen con un participante en el cártel para reducir el importe de su multa». (39)

139. Por tanto, a diferencia de cuanto sostienen las recurrentes en el recurso de casación, el Tribunal General no se limita a formular observaciones de carácter general sobre la fijación del importe de las multas, (40) sino que rebate, con argumentos jurídicos y fácticos, las afirmaciones formuladas por las partes en primera instancia relativas a la supuesta «doble contabilización».

140. En esencia, a mi juicio, por los motivos que paso a exponer, el Tribunal General motivó adecuadamente su resolución desde los puntos de vista siguientes.

141. Ante todo, la Comisión proporcionó una clara descripción de la metodología que utilizó para calcular las multas impuestas a los destinatarios y no violó el principio de proporcionalidad. En efecto, esta aplicó correctamente los principios que se deducen de las Directrices para el cálculo de las multas y tuvo en cuenta la gravedad de las infracciones y las circunstancias particulares del caso en el ejercicio de su margen discrecional técnico.

142. Por otra parte, la Comisión no violó el principio de igualdad de trato. En efecto, esta tuvo en cuenta, para imponer la sanción a las recurrentes en el presente asunto, el valor de las ventas efectuadas a Dell y no dedujo de los ingresos obtenidos por Sony lo abonado a Lite-On. Este era el único método correcto que podía adoptarse puesto que, por un lado, no se habían facilitado cifras precisas al respecto y, por otro, el método propuesto por las partes pondría en riesgo la eficacia de la Decisión tanto desde el punto de vista de las relaciones entre las empresas participantes en el cártel como desde el relativo al necesario efecto disuasorio de la sanción.

143. En el recurso de casación, las partes se limitan a este respecto a formular nuevamente las alegaciones relativas a la doble contabilización sin aportar elementos nuevos que permitan al Tribunal de Justicia realizar una apreciación distinta.

144. Como observa acertadamente la Comisión, el origen de la alegación de las recurrentes no reside en el modo en que aquella calculó el importe de la multa que se les impuso, que es idéntico al aplicado a la mayoría de los demás destinatarios de la Decisión, sino en el modo en que la Comisión calculó la multa impuesta a Lite-On.

145. Como se ha apuntado, el Tribunal General examinó el modo en que la Comisión motivó la determinación del cálculo de la multa y señaló que se basó, de manera jurídicamente suficientemente, en los datos contenidos en la Decisión controvertida en relación con la capacidad económica de las recurrentes. De este modo, el Tribunal General ejerció las competencias que recogen los artículos  261 TFUE y 263 TFUE de conformidad con los requisitos del control de plena jurisdicción, examinando todas las imputaciones, de hecho o de Derecho, formuladas por las recurrentes en este contexto. (41)

146. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende con claridad que, si bien es cierto que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 deja a la Comisión un margen de apreciación, no lo es menos que limita su ejercicio estableciendo criterios objetivos que esta debe respetar. Así, por una parte, el importe de la multa que puede imponerse a una empresa está sujeto a un límite cuantificable y absoluto, de modo que es posible determinar de antemano el importe máximo de la multa con que puede sancionarse a una empresa concreta. Por otra parte, el ejercicio de esa facultad de apreciación está limitado también por las normas de conducta que la propia Comisión se ha impuesto a sí misma, en particular las Directrices para el cálculo de las multas. (42)

147. La obligación de motivación, que permite controlar el ejercicio de la facultad discrecional, es un requisito esencial que se cumple si la Comisión indica en su decisión los elementos que le han permitido valorar la gravedad y la duración de la infracción. Ahora bien, ello no obliga a la Comisión a «indicar en su decisión las cifras relativas al método de cálculo de las multas». (43) En efecto, la Comisión no puede, en ningún caso, «recurriendo exclusiva y mecánicamente a fórmulas aritméticas, privarse de su facultad discrecional» (44) y «debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido en dicho Reglamento, el efecto que se pretende alcanzar en la empresa de que se trate, en particular tomando en consideración un volumen de negocios que refleje la situación económica real de esta durante el período en el que se cometió la infracción». (45)

148. A tenor del punto  13 de las Directrices para el cálculo de las multas, «con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). La Comisión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción».

149. Como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia, el punto 13 de las Directrices para el cálculo de las multas pretende tomar como base inicial a efectos del cálculo de la multa impuesta a una empresa un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso relativo de la empresa afectada en la propia infracción. Si bien el concepto de valor de las ventas a que se refiere el punto  13 no puede extenderse hasta englobar las ventas realizadas por la empresa de que se trate que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del cártel imputado, sería contrario al objetivo perseguido por esa disposición entender que este concepto solo se refiere al volumen de negocio realizado con las ventas respecto a las cuales se haya probado que han quedado realmente afectadas por el cártel. (46)

150. En esta perspectiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que no tener en cuenta las ventas efectuadas entre entidades pertenecientes a la misma empresa equivaldría necesariamente a favorecer injustificadamente a las empresas integradas verticalmente, al permitirles eludir una sanción proporcional a su importancia en el mercado de producto objeto de la infracción. De ello se deduce que, a efectos de la determinación del volumen de negocio obtenido con la venta de los productos objeto de la infracción, las empresas integradas verticalmente se encuentran en una situación comparable a la de los productores no integrados verticalmente. Estos dos tipos de empresa deben ser tratados, pues, del mismo modo. Excluir las ventas internas del volumen de negocio relevante equivaldría a favorecer a las primeras reduciendo su peso relativo en la infracción en detrimento de las segundas, sobre la base de un criterio ajeno al objetivo perseguido en la determinación de dicho volumen de negocio, que es el de reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada una de las empresas que participan en la misma. (47)

151. Aplicando el razonamiento del Tribunal de Justicia a todas las ventas realizadas al amparo del cártel, la amplia definición del «valor de las ventas» permitiría a la Comisión aplicarla también en casos como el de autos, tomando como referencia, pues, el valor de todas las ventas relacionadas directa o indirectamente con la infracción. En caso contrario, algunos participantes en el cártel podrían eludir artificialmente la multa uniéndose a otro participante.

152. A este respecto, en el apartado  271 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló, a mi juicio correctamente, que utilizar el método expuesto por las recurrentes pondría en riesgo la eficacia de la prohibición de prácticas colusorias, pues bastaría con que las empresas se asociasen a un participante en el cártel para reducir el importe de su multa.

153. Esta interpretación queda respaldada por el objetivo perseguido por las normas sobre competencia de la Unión. En efecto, la interpretación propuesta por las recurrentes entrañaría que, para determinar el importe de base de las multas que deban imponerse en los asuntos relativos a prácticas colusorias, la Comisión estaría obligada a determinar en cada caso cuáles son las ventas objeto del cártel. Como subraya acertadamente el Tribunal General en el apartado  268 de la sentencia recurrida, los órganos jurisdiccionales de la Unión nunca han impuesto tal obligación.

154. A continuación, de conformidad con el principio de igualdad de trato, la multa impuesta a las recurrentes se calculó del mismo modo que la de los demás participantes en el cártel que realizaron ventas directas a Dell y/o HP. Utilizar las ventas de la empresa a los clientes del producto en cuestión es el método convencional para valorar la importancia económica del comportamiento de un destinatario, y este método ha sido reconocido siempre como conforme a los principios del Derecho de la Unión.

155. Como ha recordado el Tribunal General en el apartado  272 de la sentencia recurrida, en cuanto atañe a los contactos relativos a Dell, el comportamiento de las recurrentes no era sustancialmente distinto del de los demás destinatarios de la Decisión. En consecuencia, el peso relativo de su participación se ha reconocido debidamente teniendo en cuenta sus ventas de lectores de discos ópticos a Dell. Por tanto, el Tribunal General llegó acertadamente a la conclusión de que era lógico que la Comisión basase la multa impuesta a las recurrentes en el valor de sus ventas a Dell en el EEE (apartado  270 de la sentencia recurrida). Tal enfoque garantiza la igualdad de trato con los demás participantes.

156. El hecho de que las recurrentes hayan colaborado con Lite-On en la fabricación, desarrollo y venta de lectores de discos ópticos por cuenta de Dell no reduce el peso relativo de las recurrentes en la infracción. No obstante el contrato de «partnership», las recurrentes son responsables de su propio comportamiento y la Decisión las considera responsables de su propia infracción, con independencia de la cometida por Lite-On. Reducir la multa impuesta a las recurrentes por el mero motivo de que devolvieron a Lite-On una parte de los ingresos generados por la venta de lectores de discos ópticos a Dell entrañaría una discriminación arbitraria respecto a otros destinatarios de la Decisión, en violación del principio de igualdad de trato (y no en virtud del mismo, como sostienen las recurrentes).

157. En cuanto atañe a la alegación de las recurrentes de que la Comisión, en algunos precedentes, ha utilizado métodos de cálculo dirigidos a evitar todo riesgo de doble contabilización de las ventas de los participantes en el cártel en cuestión, basta con citar la reiterada jurisprudencia según la cual la práctica decisoria de la Comisión no sirve de marco jurídico para las multas en materia de competencia, disponiendo la Comisión en el ámbito de la fijación del importe de las multas de una amplia facultad de apreciación, sin estar vinculada por las apreciaciones que ella misma haya podido realizar con anterioridad. (48)

158. El Tribunal General extrajo acertadamente de ello la conclusión, en el apartado  275 de la sentencia recurrida, de que el mero hecho de que las recurrentes hayan invocado una decisión anterior es de suyo inoperante, habida cuenta de que la Comisión no estaba obligada a valorar el asunto examinado del mismo modo.

159. De igual modo, de los precedentes citados por las recurrentes se desprende una apreciación de la Comisión orientada a una valoración de conjunto y a una equidad sustancial de la Decisión.

160. El principio de igualdad de trato en la imposición de la multa es, en efecto, «relevante sobre todo entre las empresas que son parte del mismo cártel. La comparación con otros casos solo se permite en supuestos excepcionales». (49)

161. Por otra parte, ha de reiterarse que las disposiciones contenidas en las Directrices para el cálculo de las multas, en particular en cuanto atañe a la determinación del valor de las ventas, ofrecen un parámetro que, no obstante, debe llevarse al caso concreto y adaptarse a las circunstancias específicas.

162. En el caso concreto, la Comisión estaba ante un cártel constatado entre empresas con un elevadísimo poder de mercado y, en particular, las ahora recurrentes Sony y Sony Optiarc, con un enorme volumen de negocio relevante.

163. Además, una de las dos personas que celebraron el acuerdo de participación en los beneficios, Lite-On, quedó eximida de todas las consecuencias sancionadoras en virtud del programa de clemencia. Se trata, pues, de un caso de todo punto peculiar, por lo que, en la lógica del necesario efecto disuasorio de la sanción, procede valorar todos los elementos específicos.

164. Por cuanto se desprende de los documentos obrantes en autos, Lite-On no vendió ningún producto directamente a Dell en virtud del acuerdo previo con Sony. Todas las ventas directas a Dell fueron realizadas por Sony, por lo que la Comisión las tuvo en cuenta en su totalidad por estar relacionadas con infracción.

165. En la determinación de la sanción, la posición de Lite-On, cuya solicitud de clemencia y posterior colaboración fueron consideradas efectivas y sinceras por la Comisión, tampoco puede ser objeto de examen porque la Comisión la excluyó por completo de la imposición de multas.

166. En cualquier caso, Sony era responsable con carácter general de las ventas en el marco del acuerdo de cooperación, mientras que Lite-On se hacía cargo de la calidad y de las cuestiones de ingeniería y obtenía de los clientes una parte de los ingresos generados por las ventas de LDO. Dado que casi todos los ingresos de Lite-On por las ventas de LDO a Dell se generaron de este modo, Lite-On realizó poquísimas ventas directas a Dell. Si la Comisión hubiese basado la multa de Lite-On exclusivamente en las ventas directas a las empresas de Dell en el EEE, tal como hizo respecto a casi todos los demás destinatarios de la Decisión (incluidas las recurrentes), la multa impuesta a Lite-On habría sido exigua.

167. Dada la implicación directa de Lite-On en la colusión con otros proveedores de LDO y que participó plenamente en el cártel, pese al hecho de que, en última instancia, se le concedió la dispensa de las multas, este resultado no habría reflejado adecuadamente la gravedad de la implicación de Lite-On en la infracción ni habría tenido el efecto disuasorio requerido. Por tanto, la Comisión incluyó en el cálculo del valor anual de las ventas de Lite-On las ventas a Sony por los ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa de Dell realizadas durante el período de la infracción determinado respecto a Lite-On (considerando  529 de la Decisión).

168. Por un lado, pues, la eventual modalidad de cálculo de la sanción correspondiente a Lite-On no puede utilizarse como criterio porque no ha sido efectivamente impuesta y, por otro, la Comisión consideró, en el ejercicio de su facultad discrecional técnica, que el eventual aumento del importe total sobre el cual calcular la sanción era indispensable para preservar el necesario efecto disuasorio de la sanción impuesta a empresas con volumen de negocio relevante particularmente elevado. Ha de recordarse sobre este aspecto que el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones que sean comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de forma idéntica, salvo que esté justificado objetivamente. (50)

169. A la vista de la peculiaridad de las circunstancias, no estoy plenamente convencido, por tanto, de que la afirmación de las recurrentes de que se ha producido una doble (e ilícita) contabilización se ajuste a la realidad.

170. En cambio, resulta verosímil cuanto afirma la Comisión, tal como ha confirmado el Tribunal General, sobre todo si se interpreta a la luz de los principios que presiden las modalidades de cálculo de las sanciones de la Comisión.

171. Como se ha señalado, las Directrices para el cálculo de las multas no indican nada respecto a la situación específica de modo que procede aplicar los principios recogidos en las mismas, tal como han sido interpretados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

172. Los principios que han de ponderarse son: por una parte, los de proporcionalidad e igualdad de trato y, por otra, los de eficacia y carácter disuasorio de las sanciones.

173. Al determinar el nivel adecuado de las multas que han de imponerse, la Comisión debe garantizar, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto examinado, que su acción tenga el necesario efecto disuasorio. Para alcanzar este objetivo, la Comisión hace referencia al valor de las ventas de los bienes o servicios en relación con la infracción como base para el cálculo del importe de la multa, así como a la duración y a la gravedad de la infracción. Sin embargo, si bien la referencia a estos factores proporciona una buena indicación de la importancia económica de la infracción en su conjunto y del peso relativo de cada empresa, no debe entenderse como la base de un método de cálculo automático y aritmético.

174. Las Directrices para el cálculo de las multas sirven para proporcionar criterios objetivos a las partes y, al órgano jurisdiccional, para valorar si las decisiones adoptadas por la Comisión son correctas, pero también contienen limitaciones y exclusiones que refuerzan la facultad discrecional de la Comisión. Basta recordar, en particular, el punto  37 de las Directrices, según el cual «aunque las presentes Directrices exponen la metodología general para la fijación de las multas, las características específicas de un determinado asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio en un caso particular podrán justificar que la Comisión se aparte de esta metodología o de los límites fijados en el punto 21».

175. Por estas razones, a mi juicio, las sentencias recurridas no contienen, en relación con las modalidades de cálculo de las sanciones, ningún error de Derecho manifiesto, ni desde el punto de vista de la obligación de motivación ni desde el punto de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.

176. El Tribunal General ha motivado adecuadamente sus observaciones relativas a todos los puntos objeto de censura y ha demostrado que la Comisión hizo uso de la facultad discrecional que tiene atribuida, respetando los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.

177. Debe recordarse que no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia, cuando este resuelve, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido estas el Derecho de la Unión. Solo procedería declarar que el Tribunal General cometió un error de Derecho debido al carácter inapropiado del importe de la multa si el Tribunal de Justicia estimara que el nivel de la sanción no solo es inapropiado, sino también excesivo hasta el punto de ser desproporcionado. (51)

178. Sobre este aspecto ha de recordarse que el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que establecen los artículos  261 TFUE y  31 del Reglamento n.º 1/2003 no equivale a un control de oficio y que el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión es contradictorio. Exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, corresponde por tanto a la parte demandante alegar los motivos contra la Decisión controvertida y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos. (52)

179. Dado que la motivación de las modalidades de cálculo de las sanciones proporcionada por la Comisión y confirmada por el Tribunal General se basa en argumentos jurídicos relativos a los principios en materia de determinación de la sanción que parecen cohonestarse con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, antes expuesta, mientras que las alegaciones de las recurrentes, en la medida en que reiteran las censuras ya formuladas en primera instancia, no ofrecen ningún elemento de valoración nuevo, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el motivo de casación relativo a la cuestión de Derecho hasta aquí abordada.
 V. Conclusión

180. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que estime, dentro de los límites antes precisados, el tercer motivo de casación invocado en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P  y el primer motivo de casación invocado en los asuntos C‑699/19 P y C‑700/19 P y que desestime por infundado el cuarto motivo de casación invocado en los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 P.

1      Lengua original: italiano.

2      Sentencias del Tribunal General de 12 de julio de 2019, Sony y Sony Electronics/Comisión (T‑762/15, no publicada, EU:T:2019:515; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»); Sony Optiarc y Sony Optiarc America/Comisión (T‑763/15, no publicada, EU:T:2019:517); Quanta Storage/Comisión (T‑772/15, no publicada, EU:T:2019:519), y Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Comisión (T‑8/16, no publicada, EU:T:2019:522) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»).

3      Decisión C(2015) 7135 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT. 39639 — Lectores de Discos Ópticos) (DO 201[6], C 484, p. 22).

4      Para una descripción detallada, remito a las sentencias recurridas y, en particular, a los apartados 1 a 37 de la sentencia dictada en los asuntos T‑762/15 y T‑763/15 y a los apartados 1 a 32 de la sentencia dictada en los asuntos T‑772/15 y T‑8/16.

5      DO 2006, C 298, p. 17.

6      DO 2006, C 210, p. 2.

7      Todos los subrayados utilizados en el texto son míos.

8      En el tercer motivo de los asuntos C‑697/19 P y C‑698/19 y en el primer motivo de los asuntos C‑699/19 P y C‑700/19 P.

9      Véase la sentencia de 10 de octubre de 2014, Soliver/Comisión (T‑68/09, EU:T:2014:867).

10      Véase la sentencia de 26 de enero de 2017, sentencia Villeroy & Boch Belgium/Comisión (C‑642/13 P, EU:C:2017:58), apartado 54.

11      Véase la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo/Comisión (T‑43/11, no publicada, EU:T:2015:989).

12      Véase la sentencia de 23 de noviembre de 2006, ASNEF-EQUIFAX y Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734), apartados 30 a 32.

13      «Cualquier aspecto del comportamiento frente a cualquier cliente afectado (Dell o HP) o cualquier conjunto (o varios conjuntos) de contactos bilaterales tiene por objeto restringir la competencia y constituye, pues, una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1» (considerando 352 de la Decisión de la Comisión).

14      En este sentido, si bien con referencia al anterior artículo 81 CE, apartado 1, véase la sentencia de 24 de junio de 2015, Fresh Del Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P y C‑294/13 P, EU:C:2015:416), apartado 156.

15      En este sentido, si bien con referencia al anterior artículo 81 CE, apartado 1, véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 42 y jurisprudencia citada.

16      Véase la sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión (C‑702/19 P, EU:C:2020:857), apartados 81 y 82. Véase también la sentencia de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión (C‑644/13 P, EU:C:2017:59), apartado 47 y jurisprudencia citada.

17      Véase la sentencia de 24 de septiembre de 2020, Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi/Comisión (C‑601/18 P, EU:C:2020:751), apartado 130. Véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión (C‑99/17 P, EU:C:2018:773), apartado 172 y jurisprudencia citada.

18      Véase la sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 84.

19      Véase la sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), apartado 81.

20      En este sentido, véase en la doctrina P. Alexiadis  — D. G.Swanson, A. Guerrero-Pérez, Raising the EU evidentiary bar for the «single and continuous infringement» doctrine, Concurrences, 2016, p. 3.

21      M. Siragusa y C. Rizza (editores), EU Competition law. Volume III. Cartels & Collusive Behaviour. Restrictive Agreements and Practices Between Competitors, 2012, punto 1.7. Véase también I. Simonsson, Legitimacy in EU Cartel Control, Hart Publishing, Modern Studies in European Law, 2010, punto 135.

22      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 44.

23      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 45.

24      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 46.

25      Véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión (C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801), apartados 42 a 44.

26      Véase la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión (C‑534/07 P, EU:C:2009:505), apartado 26 y jurisprudencia citada.

27      Véase la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 66 y jurisprudencia citada.

28      Véase la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartado 67 y jurisprudencia citada.

29      Véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión (C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801), apartados 42 y 43.

30      Véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión (C‑448/11 P, no publicada, EU:C:2013:801), apartado 44.

31      F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, Evidence, proof and judicial review in EU competition law, 2017, p. 92.

32      F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, Evidence, proof and judicial review in EU competition law, 2017, p. 92.

33      Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Otis y otros (C‑435/18, EU:C:2019:1069), apartado 27.

34      Véanse las sentencias de 31 de octubre de 2019, Repower/EUIPO (C‑281/18 P, EU:C:2019:916), apartado 38, y de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión (C‑407/08 P, EU:C:2010:389), apartado 28.

35      Véase la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, (C‑352/98 P, EU:C:2000:361), apartados 34 y 35.

36      Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2019, ABB/Comisión (C‑593/18 P, no publicada, EU:C:2019:1027), apartados 80 a 86.

37      Sentencia de 12 de julio de 2019, Sony y Sony Electronics/Comisión (T‑762/15, EU:T:2019:515), apartados 263 a 266.

38      Sentencia de 12 de julio de 2019, Sony y Sony Electronics/Comisión (T‑762/15, EU:T:2019:515), apartados 266 a 268.

39      Sentencia de 12 de julio de 2019, Sony y Sony Electronics/Comisión (T‑762/15, EU:T:2019:515), apartados 270 y 271.

40      Apartado 79 del recurso de casación en el asunto C‑697/19 P.

41      Véase la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión (C‑295/12 P, EU:C:2014:2062), apartado 214.

42      Véanse las sentencias de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartado 55 y jurisprudencia citada, y Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartado 58.

43      Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Siemens/Comisión (C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, no publicada, EU:C:2013:866), apartado 394 y jurisprudencia citada.

44      Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Siemens/Comisión (C‑239/11 P, C‑489/11 P y C‑498/11 P, no publicada, EU:C:2013:866), apartado 395 y jurisprudencia citada.

45      Véase, más recientemente, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Lundbeck/Comisión (C‑591/16 P, EU:C:2021:243), apartado 185 y jurisprudencia citada.

46      Véase, más recientemente, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Lundbeck/Comisión (C‑591/16 P, EU:C:2021:243), apartado 187 y jurisprudencia citada.

47      Véase la sentencia de 1 de febrero de 2018, Kühne + Nagel International y otros/Comisión (C‑261/16 P, no publicada, EU:C:2018:56), apartado 83 y jurisprudencia citada.

48      Véase la sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión (C‑510/06 P, EU:C:2009:166), apartado 82.

49      Véase, en la doctrina, S. Galokho, Les atteintes au principe d’égalité dans le cadre du calcul des amendes en droit européen des ententes, Revue internationale de droit économique, p. 186; L. Bernardeau e J.-Ph. Christienne, Les amendes en droit de la concurrence. Pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, coll. Europe(s), Bruselas, Larcier, 2013, p. 1267. En la jurisprudencia, respecto de la afirmación de que las decisiones adoptadas en otros asuntos son, en principio, meramente indicativas de la existencia de una discriminación, las comparaciones con otras decisiones de la Comisión pueden ser relevantes para el principio de igualdad únicamente si se demuestra que los datos específicos de los asuntos en cuestión son estrictamente comparables: véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Heineken Nederland y Heineken/Comisión (C‑452/11 P, no publicada, EU:C:2012:829), apartado 108.

50      Véase la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión (C‑550/07 P, EU:C:2010:512), apartados 54 y 55 y jurisprudencia citada.

51      Véase, más recientemente, la sentencia de 25 de marzo de 2021, Lundbeck/Comisión (C‑591/16 P, EU:C:2021:243), apartados 197 y 198 y jurisprudencia citada.

52      Véase la sentencia de 22 de octubre de 2015, AC-Treuhand/Comisión (C‑194/14 P, EU:C:2015:717), apartado 75.