CELEX: 62005CC0403
Language: es
Date: 2007-05-22 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 22 de mayo de 2007. # Parlamento Europeo contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de anulación - Decisión de la Comisión por la que se aprueba un proyecto relativo a la seguridad de las fronteras en Filipinas - Decisión adoptada sobre la base del Reglamento (CEE) nº 443/92 - Competencias ejecutivas de la Comisión - Límites. # Asunto C-403/05.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL 
      SRA. JULIANE KOKOTT
      presentadas el 22 de mayo de 2007 1(1)
      
      Asunto C‑403/05
      Parlamento Europeo
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de anulación – Reglamento (CEE) nº 443/92 – Ayuda financiera y técnica – Cooperación económica – Competencias de ejecución de la Comisión – Decisión de la Comisión por la que se aprueba un proyecto relativo a la seguridad de las fronteras en Filipinas – Plazo para recurrir»I.      Introducción
      1.     Mediante el presente recurso de anulación, el Parlamento solicita que se anule la Decisión de la Comisión ASIA/2004/016-924,
         por la que se aprueba un proyecto relativo a la seguridad de las fronteras en Filipinas («Philippine Border Management Project»),
         cuya financiación se imputó a la línea presupuestaria 19 10 02 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). La Comisión adoptó
         esta Decisión en el marco de los procedimientos que regulan la ejecución del Reglamento (CEE) nº 443/92 del Consejo, de 25
         de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo
         de América Latina y Asia (2) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 443/92»).
      
      2.     Según el Parlamento, la Comisión se ha extralimitado en sus competencias de ejecución al adoptar la Decisión impugnada. En
         su opinión, la Decisión impugnada tiene por objeto la lucha contra el terrorismo y la criminalidad internacional; por lo tanto,
         no se trata de una ayuda al desarrollo en el sentido del Reglamento nº 443/92. 
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Reglamento nº 443/92
      3.     El Reglamento nº 443/92 tiene por objeto la cooperación con aquellos países en vías de desarrollo de América Latina y Asia,
         que no sean signatarios del Convenio de Lomé y a los que no se aplique la política comunitaria de cooperación con los países
         terceros mediterráneos (en lo sucesivo, «PVD‑ALA»). 
      
      4.     El artículo 1 del Reglamento establece que la Comunidad proseguirá y ampliará la cooperación comunitaria con los países PVD-ALA.
         En este sentido, dicha cooperación incluirá la ayuda financiera y técnica para el desarrollo y la cooperación económica. En
         este contexto, la Comunidad deberá otorgar «una importancia primordial al respeto de los derechos humanos, al respaldo de
         los procesos de democratización, así como a la buena gestión pública eficaz y equitativa, a la protección del medio ambiente,
         a la liberalización de los intercambios y al fortalecimiento de la dimensión cultural, mediante un diálogo creciente sobre
         cuestiones políticas, económicas y sociales fundamentado en el interés recíproco».
      
      5.     Los artículos 4 a 6 del Reglamento nº 443/92 se refieren a la ayuda financiera y técnica.
      6.     De conformidad con el artículo 4, la ayuda financiera y técnica irá destinada «principalmente a las capas de población más
         pobres y a los países más pobres de ambas regiones».
      
      7.     El artículo 5 enumera los objetivos de la ayuda financiera y técnica y los principios que deben tenerse en cuenta en su ejecución.
         Así, por ejemplo, el párrafo primero establece que la ayuda financiera y técnica se destinará «de forma especial al desarrollo
         del sector rural y a la mejora del grado de seguridad alimentaria». Con arreglo al párrafo séptimo, una parte de la ayuda
         deberá asignarse a proyectos concretos relativos a la democratización, la buena gestión pública eficaz y justa y los derechos
         humanos. 
      
      8.     El artículo 6 dispone que la ayuda financiera y técnica se extenderá a los PVD-ALA relativamente más avanzados, especialmente
         en los ámbitos que allí se enumeran. Entre estos ámbitos, se cita en el quinto guión el «refuerzo institucional, especialmente
         de la administración pública».
      
      9.     Los artículos 7 y 8 del Reglamento nº 443/92 regulan la cooperación económica.
      10.   Con arreglo al artículo 7, párrafo primero, la cooperación económica contribuirá «al desarrollo de los PVD-ALA ayudándoles
         a afianzar sus capacidades institucionales para conseguir un entorno más favorable a las inversiones y al desarrollo y a aprovechar
         al máximo las perspectivas que ofrece el aumento de los intercambios internacionales, incluido el mercado único europeo, e
         incrementando la presencia de agentes, tecnologías y conocimientos técnicos de todos los Estados miembros, en particular en
         el sector privado y en las pequeñas y medianas empresas».
      
      11.   El artículo 8 establece que la cooperación económica se llevará a cabo en especial en tres sectores: en primer lugar, «la
         mejora del potencial científico y tecnológico y, en general, del entorno económico, social y cultural, que se efectuará mediante
         acciones de formación y de transferencia de conocimientos técnicos»; en segundo lugar, «la mejora del apoyo institucional
         que deberá ir acompañado de una intensificación del diálogo con los interlocutores para que el entorno económico, legislativo,
         reglamentario y social se haga más propicio al desarrollo», y, en tercer lugar, «la ayuda a las empresas, que se prestará
         sobre todo mediante acciones de promoción comercial, de formación y de asistencia técnica, mediante el establecimiento de
         contactos entre empresas y mediante medidas que favorezcan su cooperación».
      
      12.   Con arreglo al artículo 14, párrafo primero, los proyectos y programas para los que se concedan ayudas de las que la parte
         correspondiente a la Comunidad supere un millón de ecus, al igual que las modificaciones sustanciales y los posibles rebasamientos
         de proyectos y programas aprobados que superen el 20 % del importe inicialmente acordado, se adoptarán según el procedimiento
         previsto en el artículo 15, apartado 3. Esta disposición se remite a su vez a los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE. (3) De conformidad con el artículo 14, párrafo segundo, igual procedimiento se aplicará a la adopción de los actos necesarios
         para definir las orientaciones plurianuales indicativas aplicables a los principales países asociados o los ámbitos de intervención
         de la cooperación por temas o por sectores.
      
      13.   El artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 443/92 establece que la Comisión se hará cargo de la gestión de la ayuda financiera
         y técnica y de la cooperación económica. Con arreglo al artículo 15, apartado 2, la Comisión estará asistida por un comité.
         
      
      14.   El Reglamento nº 443/92 fue derogado por el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
         de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, (4) que está en vigor desde el 1 de enero de 2007. Con arreglo al artículo 39, apartado 2, primera frase, de este Reglamento,
         el Reglamento nº 443/92 seguirá siendo aplicable a los actos jurídicos y compromisos relativos a la ejecución de los presupuestos
         de los ejercicios anteriores a 2007. 
      
      III. Contenido de la Decisión impugnada 
      15.   El primer considerando se refiere a la resolución del Consejo de 22 de julio de 2002, en la que se subraya que la Unión Europea
         respaldará a los países terceros en el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la Resolución 1373 del
         Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la ayuda de los fondos previstos en el mecanismo de reacción rápida de la UE
         (Rapid Reaction Mechanism). 
      
      16.   El segundo considerando de la Decisión se remite al «National Indicative Programme 2002-2004» adoptado por la Comisión en
         relación con Filipinas, que otorga prioridad a las medidas para combatir el terrorismo. Se establece asimismo que la Comisión
         se propone concentrar su asistencia en el ámbito de las medidas contra el terrorismo en la gestión de fronteras, en particular
         por lo que se refiere a la inmigración y la lucha contra la financiación del terrorismo.
      
      17.   El tercer considerando menciona como objetivo global del proyecto aprobado en virtud de la Decisión, el respaldo en la aplicación
         de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
      
      18.   Según el cuarto considerando, la finalidad del proyecto consiste en contribuir a los esfuerzos del Gobierno filipino en mejorar,
         de conformidad con las normas y protocolos internacionales, la seguridad y la gestión de las fronteras en Filipinas.
      
      19.   El artículo 1 de la Decisión establece en su apartado 1 que se aprueba el «Philippines Border Management Project» (en lo sucesivo,
         «Proyecto»), cuyo texto figura en anexo a la Decisión. En el apartado 2 se fija la cuantía máxima de la aportación de la Comunidad
         en 4.900.000 euros, que será financiada en el marco de los recursos disponibles en la línea presupuestaria 19 10 02 del presupuesto
         general de la Comunidad para el año 2004.
      
      20.   El artículo 2 de la Decisión regula los pormenores de la ejecución y define el marco temporal. 
      21.   Con arreglo a la descripción del proyecto contenida en el anexo de la Decisión, el proyecto deberá respaldar a las autoridades
         filipinas en la consecución de los fines que se exponen a continuación:
      
      –       fomentar los máximos niveles internacionales en materia de gestión de fronteras mediante el examen y la evaluación de los
         métodos y prácticas nacionales existentes;
      
      –       establecer un sistema informático integrado y seguro para un intercambio eficiente de información entre las autoridades que
         participan en la gestión de fronteras;
      
      –       prevenir la circulación de documentos de identidad falsos mediante el aumento de la cuota de reconocimiento y una mayor sensibilización
         pública sobre la importancia de la posesión de documentos de identidad correctos;
      
      –       incrementar el rendimiento del personal directivo y técnico de la gestión de fronteras a través de las actividades de capacitación
         adecuadas.
      
      IV.    Antecedentes de la Decisión, pretensiones y procedimiento
      A.      Antecedentes del litigio
      22.   La Decisión impugnada fue objeto de una reunión del comité de reglamentación previsto en el Reglamento nº 443/92, celebrada
         los días 17 y 18 de noviembre de 2004. Sin embargo, dado que varios Estados miembros albergaban dudas sobre la base jurídica
         escogida para la Decisión, ésta no fue adoptada en dicha reunión sino que se remitió su adopción al procedimiento escrito.
         Éste concluyó el 7 de diciembre de 2004 con una resolución favorable aprobada por mayoría cualificada. Como consecuencia,
         la Comisión adoptó la Decisión impugnada el 21 de diciembre de 2004.
      
      23.   La Decisión no fue publicada en el Diario Oficial. El 14 de diciembre de 2004 se remitió al Parlamento el acta de las reuniones
         de los días 17 y 18 de noviembre de 2004.
      
      24.   Seguidamente, dos miembros del Parlamento formularon preguntas escritas a la Comisión (5) para obtener más información sobre la Decisión impugnada. La Comisión respondió a dichas preguntas el 14 de marzo (6) y el 22 de abril de 2005. (7)
      
      25.   Mediante escrito de 25 de mayo de 2005, la Comisión de Desarrollo del Parlamento solicitó a la Comisión que le diera traslado
         del texto de la Decisión impugnada. La Comisión sostiene que respondió a dicha solicitud mediante escrito de 22 de junio de 2005.
      
      26.   Sin embargo, el Parlamento alega que no recibió respuesta alguna. Sólo después de haber formulado una nueva petición el 26
         de agosto de 2005, recibió una respuesta el 9 de septiembre de 2005, la cual llegó acompañada de una copia de la Decisión
         impugnada. Por lo tanto, el Parlamento no tuvo conocimiento del contenido de la Decisión impugnada hasta el 9 de septiembre
         de 2005.
      
      27.   Es pacífico entre las partes que previamente ya existió correspondencia entre agentes del Parlamento y de la Comisión, cuyo
         objeto era la Decisión impugnada.
      
      28.   Así, el 12 de mayo de 2005, una agente de la delegación de la Comisión en Manila envió documentos relativos al proyecto a
         la secretaría de la Comisión de Desarrollo del Parlamento. No obstante, no existe acuerdo entre las partes sobre la cuestión
         de si entre tales documentos se encontraba también el texto de la Decisión impugnada.
      
      29.   El 19 de julio de 2005, a petición de un miembro del Servicio Jurídico del Parlamento, un miembro del Servicio Jurídico de
         la Comisión envió el texto de la Decisión impugnada por correo electrónico. El miembro del Servicio Jurídico del Parlamento
         confirmó asimismo la recepción del texto por correo electrónico en esa misma fecha.
      
      B.      Pretensiones y procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
      30.   Mediante su recurso interpuesto el 17 de noviembre de 2005, el Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que: 
      –       Anule la Decisión por la que se aprobó un proyecto de financiación relativo a la seguridad de las fronteras en Filipinas,
         cuya financiación debía imputarse a la línea presupuestaria 19 10 02 del presupuesto general de las Comunidades Europeas (Philippine
         Border Management Project; nº ASIA/2004/016-924), adoptada en ejecución del Reglamento (CEE) nº 443/92 del Consejo, relativo
         a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia.
      
      –       Condene en costas a la Comisión.
      31.   La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      –       Declare la inadmisibilidad del recurso y, en cualquier caso, lo desestime por infundado.
      –       Resuelva sobre las costas como proceda en Derecho. 
      32.   Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de marzo de 2006, se admitió la intervención del Reino de España
         como parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
      
      33.   En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia las partes han formulado observaciones escritas y orales. La parte coadyuvante
         ha intervenido en la fase escrita del procedimiento.
      
      V.      Apreciación
      A.      Sobre la admisibilidad del recurso
      1.      Plazo para interponer el recurso
      34.   La Comisión alega que debe declararse la inadmisibilidad del recurso, dado que no se interpuso dentro del plazo de dos meses
         a partir del día en que el Parlamento tuvo conocimiento de la Decisión impugnada.
      
      35.   El hecho de que la Comisión al mismo tiempo alegue que no desea oponer la excepción de inadmisibilidad resulta irrelevante,
         ya que la observancia del plazo para interponer el recurso debe ser examinada de oficio por el Tribunal de Justicia por tratarse
         de una norma de Derecho imperativo. (8)
      
      36.   Con arreglo al artículo 230 CE, párrafo quinto, los recursos de anulación deben interponerse en el plazo de dos meses. Este
         plazo comienza a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello,
         desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo. 
      
      37.   La Decisión impugnada no fue publicada en el Diario Oficial. Del artículo 254 CE, apartados 1 y 2, no resulta tampoco obligación
         alguna de publicar la Decisión impugnada. Habida cuenta de que el Parlamento no es destinatario de la Decisión impugnada,
         ésta no le fue formalmente comunicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 254 CE, apartado 3. Por consiguiente, el cómputo
         del plazo de dos meses para la interposición del recurso comenzó en el presente asunto, el día en que el Parlamento tuvo efectivamente
         conocimiento de la Decisión impugnada.
      
      38.   Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (9) un demandante tiene conocimiento efectivo del acto impugnado desde la fecha en que tuvo conocimiento exacto del contenido
         y de la motivación del acto de que se trate. Sólo entonces se encuentra en situación de ejercer plenamente su derecho a interponer
         un recurso. A estos efectos, no basta con un conocimiento de un escueto resumen de la decisión controvertida, sino que dicho
         conocimiento debe referirse al texto de la decisión. (10)
      
      39.   Por consiguiente, debe examinarse a partir de qué fecha el Parlamento tuvo conocimiento exacto del contenido y de la motivación
         de la Decisión, es decir, del texto de la Decisión impugnada.
      
      40.   El envío al Parlamento del acta de la reunión de la Comisión de Comitología celebrada los días 17 y 18 de noviembre de 2004
         no puede considerarse que constituya como tal la toma de conocimiento de la Decisión. En efecto, de tal acta de la reunión
         se desprende que no se había adoptado todavía la Decisión impugnada, sino que, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso,
         se optó por remitir su adopción al procedimiento escrito. Por lo tanto, con el acta de la reunión el Parlamento no había tomado
         aún conocimiento de la Decisión impugnada.
      
      41.   Consta que la Comisión de Desarrollo del Parlamento recibió el texto de la Decisión impugnada mediante escrito de la Comisión
         de 2 de septiembre de 2005, que llegó al Parlamento el 9 de septiembre de 2005. Por consiguiente, es en esa fecha cuando dicha
         Comisión y, por ende, también el Parlamento, a quien debe imputarse dicho conocimiento, tuvo conocimiento del contenido exacto
         de la Decisión. Si se adopta esa fecha como punto de partida para calcular el plazo para interponer el recurso, el Parlamento
         Europeo, en virtud de los diez días de plazo por razón de la distancia previsto en el artículo 81, apartado 2, del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal del Justicia, interpuso su recurso dentro del plazo, al haberlo presentado el 17 de noviembre
         de 2005.
      
      42.   Por consiguiente, la inadmisibilidad del recurso por inobservancia del plazo previsto para interponerlo sólo podría declararse
         si se demostrara que el Parlamento tuvo conocimiento previo del acto, es decir, con anterioridad al 9 de septiembre de 2005.
         Sin embargo, ninguno de los hechos alegados por la Comisión permite llegar a la conclusión de que el Parlamento tuvo dicho
         conocimiento previo.
      
      43.   No puede adoptarse como fecha de un conocimiento previo del Parlamento la que figura en un escrito de la comisaria competente
         remitido a la Comisión de Desarrollo del Parlamento el 22 de junio de 2005. En efecto, en relación con las afirmaciones del
         Parlamento de que nunca recibió dicho escrito, la Comisión no ha aportado prueba alguna de que la Comisión de Desarrollo recibiera
         efectivamente dicho escrito, al que supuestamente acompañaba el texto de la Decisión. 
      
      44.   En el mismo sentido, a falta de pruebas de la recepción, no puede considerarse en el presente asunto que la Secretaría de
         la Comisión de Desarrollo recibió de la delegación de la Comisión en Manila, ya el 12 de mayo de 2005, el texto de la Decisión
         impugnada. En efecto, el Parlamento niega haber recibido en tal ocasión el texto de la Decisión impugnada. La Comisión tampoco
         ha aportado prueba alguna sobre este particular.
      
      45.   Por último, el Parlamento tampoco tuvo conocimiento del texto de la Decisión impugnada en virtud de la comunicación que tuvo
         lugar entre los miembros de los Servicios Jurídicos de la Comisión y del Parlamento. Es cierto que consta que un agente del
         Parlamento recibió el 19 de julio de 2005 una copia de la Decisión controvertida. Si se adoptara esta fecha como fecha de
         toma de conocimiento de la Decisión, el recurso del Parlamento sería extemporáneo.
      
      46.   No obstante, el conocimiento que un miembro de su Servicio Jurídico pudiera tener no es imputable al Parlamento puesto que
         consta que el contacto en el que se basó tal conocimiento fue de carácter meramente informal. No puede atribuirse al Parlamento
         el conocimiento informal de uno sólo de sus agentes. En efecto, no puede presuponerse que las informaciones adquiridas de
         un modo informal se transmitan directamente al servicio competente del Parlamento, sobre todo porque, tal como se desprende
         de los autos, el agente en cuestión asumió que la información sería comunicada al Parlamento también de modo oficial.
      
      47.   Sin embargo, otra apreciación de la admisibilidad del recurso podría desprenderse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
         según la cual, con independencia de la fecha en que haya tenido conocimiento efectivo, debe considerarse que un recurso es
         extemporáneo cuando quien tenga conocimiento de la existencia de un acto que le afecta, no proceda a solicitar su texto íntegro
         en un plazo razonable. (11)
      
      48.   Con carácter preliminar, debe analizarse la cuestión de si este plazo de solicitud se aplica también a las instituciones como
         demandantes privilegiadas. (12) En contra de ello, podría argumentarse, por una parte, que en el caso de la Decisión impugnada no se trata de un «acto que
         afecta» al Parlamento en el sentido de esta jurisprudencia. Al Parlamento un acto no le afecta directamente del mismo modo que a una empresa privada. Por consiguiente, para una empresa resulta mucho más fácil saber que
         ha sido adoptada una medida que le afecta y que exige que solicite el texto íntegro de la medida. La situación del Parlamento,
         como parte demandante privilegiada, no es comparable con esta situación, ya que son numerosas las decisiones adoptadas que
         podrían constituir motivos para la interposición de un recurso de anulación por parte del Parlamento. Si la mera existencia
         del conocimiento de una disposición potencialmente anulable hiciera nacer para el Parlamento la obligación de pedir su texto
         íntegro, se estaría imponiendo una carga nada desdeñable a la organización del trabajo parlamentario. Por lo tanto, la existencia
         de un plazo de solicitud puede constituir un obstáculo adicional para el ejercicio efectivo por el Parlamento de su derecho
         a recurrir. 
      
      49.   En cambio, a favor de la exigencia de un plazo de impugnación (y de la obligación adicional del demandante vinculada a ella
         de solicitar el texto íntegro de una disposición en un plazo razonable), podría invocarse el bien jurídico superior que tutela,
         a saber, la seguridad jurídica. (13) Además, el presente asunto pone de manifiesto a la perfección que la interposición del recurso dentro del plazo previsto
         al efecto es muy importante para la seguridad jurídica. De hecho, en el presente asunto, en virtud de la Decisión impugnada,
         la Comunidad ha contraído obligaciones frente a una organización internacional por la gestión del proyecto y seguramente también
         ha efectuado ya los pagos iniciales.
      
      50.   Puede encontrarse un punto de equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos –la necesidad de seguridad jurídica, por
         un lado, y el derecho a un recurso efectivo del Parlamento, por otro– si se exige al Parlamento, cuando sea parte demandante,
         un alto grado de conocimiento de un acto jurídico, para que empiece a correr el plazo para solicitar el texto. Las peculiaridades
         de un recurrente institucional pueden tenerse también en cuenta eventualmente para resolver la cuestión de qué plazo se considera
         razonable.
      
      51.   En el presente asunto, es pacífico entre las partes que el Parlamento, desde el 14 de marzo de 2005, tuvo conocimiento de
         la respuesta de la comisaria competente a una pregunta escrita formulada por un miembro del Parlamento en relación con la
         Decisión impugnada. En esta respuesta, la Comisión aclaraba que la Decisión impugnada había sido adoptada el 21 de diciembre
         de 2004 y exponía su fundamento jurídico y sus principales objetivos. Ahora bien, de ello se desprende que, aun cuando se
         exigiera un elevado nivel de conocimiento de la existencia de una Decisión anulable, procede considerar que en el presente
         asunto el Parlamento tuvo conocimiento, desde esa fecha, de los aspectos decisivos de la Decisión anulable y, por lo tanto,
         que estaba obligado a solicitar dentro de un plazo razonable el texto de la Decisión.
      
      52.   El Parlamento no pidió el texto de la Decisión impugnada hasta el 25 de mayo de 2005, es decir, más de dos meses después de
         haber tenido conocimiento de la existencia de la Decisión impugnada.
      
      53.   Un plazo de más dos meses ya no puede ser considerado razonable, ni siquiera en atención a la situación particular de un recurrente
         institucional. (14) En efecto, el plazo para solicitar el texto no puede tener, en todo caso, una duración superior a la del plazo de interposición
         del recurso, que para el recurrente institucional es también de sólo dos meses.
      
      54.   Por consiguiente, el Parlamento Europeo no interpuso el recurso dentro del plazo señalado al efecto. Por lo tanto, el recurso
         es inadmisible.
      
      B.      Fundamentación del recurso
      55.   En el supuesto de que el Tribunal de Justicia discrepe de mis conclusiones acerca de la admisibilidad del recurso, procedo
         a examinar seguidamente con carácter subsidiario la fundamentación del recurso.
      
      56.   En su recurso, el Parlamento alega un único motivo. En su opinión, la Comisión excedió las competencias de ejecución que le
         atribuye el Reglamento nº 443/92. Según el Parlamento, la Decisión impugnada tiene por objeto la lucha contra el terrorismo
         internacional y la criminalidad internacional. Habida cuenta de que estas finalidades no se mencionan de manera expresa en
         el Reglamento nº 443/92, la Decisión impugnada no podía fundamentarse en esa base jurídica.
      
      57.   En cambio, la Comisión sostiene que del hecho de que no se mencionen expresamente las medidas para luchar contra el terrorismo
         en el Reglamento nº 443/92 no supone que el acto impugnado no pueda fundamentarse en ella.
      
      58.   De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una medida de ejecución, adoptada sin consultar al Parlamento,
         deberá respetar las disposiciones adoptadas en el acto jurídico de base tras consultar al mismo Parlamento. (15) A continuación, debe examinarse si la Decisión impugnada pudo adoptarse válidamente sobre la base del Reglamento nº 443/92.
         En la Decisión impugnada se establece que ésta se fundamenta «en particular en los artículos 7 y 8» del Reglamento. Sin embargo,
         en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la Comisión invocó asimismo los artículos 5, párrafo séptimo, y 6 del Reglamento.
      
      1.      Artículo 6 del Reglamento nº 443/92
      59.   Los artículos 4 a 6 regulan la ayuda financiera y técnica. Con arreglo al artículo 6, la ayuda financiera y técnica se extenderá
         a los PVD-ALA relativamente más avanzados, especialmente en los ámbitos que allí se enumeran. Entre estos ámbitos, se cita
         en el quinto guión del artículo 6 el «refuerzo institucional, especialmente de la administración pública».
      
      60.   El Proyecto aprobado en virtud de la Decisión impugnada tiene por objeto el examen y la evaluación de los métodos nacionales
         existentes de gestión de fronteras, el desarrollo de un sistema informático para un intercambio eficiente de información,
         la disminución de la circulación de documentos de identidad falsos y la formación del personal de la gestión de fronteras.
      
      61.   En un sentido amplio, el concepto de «administración pública» incluye cualquier administración que desempeña actividades estatales.
         Si se parte de ese concepto amplio de administración pública, la gestión de fronteras y las autoridades encargadas de dicha
         gestión de fronteras también pueden ser consideradas «instituciones» y «administración pública» y, por lo tanto, las medidas
         previstas en el proyecto pueden ser consideradas como una ayuda al refuerzo institucional, especialmente de la administración
         pública.
      
      62.   Por consiguiente, si se parte sólo de su tenor literal, del artículo 6 no se desprende que haya ninguna limitación en cuanto
         al tipo de administración pública que puede ser destinataria de la ayuda financiera y técnica a efectos del Reglamento. Sin
         embargo, si se atiende únicamente a la redacción del artículo 6, también tendrían cabida en él, por ejemplo, medidas para
         fomentar la administración militar, con lo cual su ámbito de aplicación sería prácticamente ilimitado. Se plantea entonces
         la cuestión de si este sentido amplio del artículo 6 es compatible con la ratio legis del Reglamento nº 443/92.
      
      63.   La respuesta a esta cuestión es negativa, ya que, aunque del tenor literal del artículo 6 no se desprenda ninguna limitación,
         ésta resulta del propio Reglamento nº 443/92. En el contexto del artículo 6, el respaldo a la administración debe igualmente
         enmarcarse en el concepto de ayuda al desarrollo que subyace al Reglamento nº 443/92. El respaldo a la administración pública
         no puede constituir un objetivo autónomo, sino que mediante él debe perseguirse directamente uno de los objetivos de desarrollo
         del Reglamento nº 443/92. Por lo tanto, el artículo 6 comprende únicamente aquel respaldo a la administración que se dirija
         principalmente a lograr los objetivos de desarrollo del Reglamento. Así, por ejemplo, las medidas de respaldo a la administración
         encargada de la organización de las elecciones se dirigen a lograr el objetivo de desarrollar la democratización (16) mencionado en el Reglamento, mientras que el respaldo a la administración agraria persigue la seguridad alimentaria a la
         que también se refiere el Reglamento. (17)
      
      64.   Por consiguiente, procede examinar a continuación si el objetivo perseguido por la Decisión impugnada está comprendido entre
         los objetivos de desarrollo que figuran en Reglamento nº 443/92. 
      
      65.   La Decisión impugnada menciona como objetivo inmediato («purpose») el apoyo al Gobierno filipino en la mejora de la seguridad
         y la gestión de las fronteras. Como objetivo a más largo plazo («overall objective») cita el apoyo al Gobierno filipino en
         la aplicación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas [en lo sucesivo, «Resolución ONU
         1373 (2001)»] para luchar contra el terrorismo y la criminalidad internacional.
      
      66.   La Decisión impugnada y la descripción del proyecto no aportan ningún dato esencial que permita establecer una relación entre
         el problema específico del terrorismo internacional y de la criminalidad internacional, por un lado, y la situación de desarrollo
         de Filipinas, por otro.
      
      67.   Sin embargo, la descripción del proyecto hace referencia en un punto a las amenazas terroristas de las que el Gobierno filipino
         ha sido objeto, en particular tras las últimas elecciones, y en otro punto se refiere a la provincia de Mindanao, conocida
         por su inestabilidad. La Decisión impugnada reconoce que entre sus objetivos figura también mejorar la estabilidad y la seguridad
         de Filipinas. 
      
      68.   Por lo tanto, es preciso examinar a continuación si el artículo 6 del Reglamento comprende medidas dirigidas fundamentalmente
         a mejorar la seguridad y la estabilidad internas. 
      
      69.   Se puede admitir sin mayor problema la tesis de la Comisión según la cual la seguridad y la estabilidad pueden constituir
         presupuestos básicos para cualquier desarrollo ulterior. De las observaciones formuladas por el Parlamento en la vista oral
         se desprende asimismo que, en principio, no pretende negar categóricamente la existencia de una relación entre estabilidad
         y desarrollo.
      
      70.   Ahora bien, el Reglamento nº 443/92 no contiene referencia alguna a la estabilidad y a la seguridad. Si bien es cierto que
         el Reglamento establece en su séptimo considerando que con el Reglamento no sólo se confirman los ámbitos de acción tradicionales,
         sino que se deben determinar nuevas prioridades. Sin embargo, la estabilidad y la seguridad no figuran entre los nuevos ámbitos
         de intervención que allí se mencionan. 
      
      71.   Es evidente que el Reglamento no realiza una enumeración taxativa de las nuevas prioridades. Sin embargo, ante la falta de
         otros elementos de apoyo en el texto del Reglamento a los que poder acudir, del hecho que el listado no tenga carácter taxativo
         no puede deducirse que cualquier nuevo ámbito de acción imaginable tenga cabida en el ámbito de aplicación del Reglamento.
         A tal efecto, debería poder encontrarse un fundamento en el propio texto del Reglamento.
      
      72.   No obstante, dicho fundamento no figura en el texto del Reglamento. La propia Comisión invocó en este sentido en el procedimiento
         ante el Tribunal de Justicia que sólo a partir de estos últimos años el concepto de ayuda al desarrollo ha experimentado una
         transformación, de modo que pueden tener cabida en él medidas dirigidas a mejorar la seguridad y la estabilidad, con el fin
         de garantizar así que se cumplan los presupuestos básicos para continuar el desarrollo. A este respecto, hace referencia a
         varios documentos, entre ellos a una Comunicación de la Comisión del año 2003 (18) y a la Declaración del Milenio de Naciones Unidas del año 2000. (19) Con todo, la propia Comisión reconoce que este sentido amplio de ayuda al desarrollo no es el que subyace precisamente en
         el Reglamento nº 443/92.
      
      73.   De este modo, no existen elementos que induzcan a pensar que el concepto originario de ayuda al desarrollo en el que se basa
         el Reglamento nº 443/92, y que constituye su objeto, incluya también medidas para luchar contra el terrorismo y para fomentar
         la estabilidad y la seguridad internas.
      
      74.   Se ha de coincidir con el Reino de España en que se puede conferir a la Comisión una amplia facultad discrecional en la ejecución
         del Reglamento nº 443/92. Sin embargo, dicha facultad puede referirse únicamente a las modalidades y a los tipos de medidas
         de ayuda, es decir, sólo a dónde, cuántos y qué proyectos concretos se realizarán.
      
      75.   Esta facultad discrecional no es tan amplia como para permitir que la Comisión, al ejecutar el Reglamento nº 443/92, pueda
         seguir definiendo posteriormente el concepto de ayuda al desarrollo y extenderlo a nuevos ámbitos de acción, para adaptarlo
         así a la última evolución del concepto de ayuda al desarrollo.
      
      76.   No sería lícito interpretar que las competencias de ejecución reconocidas a la Comisión en el Reglamento nº 443/92 incluyen
         también la facultad de seguir definiendo el concepto de ayuda al desarrollo.
      
      77.   En efecto, aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia interprete ampliamente el concepto de «ejecución», (20) éste también ha declarado que el régimen de los «elementos esenciales» debe reservarse a los actos de base. (21) Entre los «elementos esenciales» se cuentan aquellas disposiciones en virtud de las cuales deben aplicarse las directrices
         fundamentales de la política comunitaria. (22)
      
      78.   La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a un nuevo ámbito de acción de la ayuda al desarrollo constituido por
         la «seguridad y estabilidad», habida cuenta del alcance de las consecuencias que de dicha ampliación resultarían, debe enmarcarse
         en el ámbito de los «elementos esenciales de la materia que debe regularse» y no ya en el ámbito de la mera «ejecución».
      
      79.   En efecto, se trata aquí de una cuestión relativa a la orientación básica de la política de ayuda al desarrollo, que no puede
         ser delegada en la Comisión. Tal ampliación del concepto de ayuda al desarrollo sólo habría podido realizarse mediante una
         modificación del Reglamento de base siguiendo el procedimiento de modificación previsto en el Tratado, el cual, a diferencia
         del procedimiento de comitología, se caracteriza por una transparencia y una legitimación democrática mayores.
      
      80.   Por consiguiente, la introducción de nuevos ámbitos de acción en la ayuda al desarrollo debe reservarse al acto jurídico de
         base y el Reglamento nº 443/92 debe interpretarse, por consiguiente, en el sentido de que no atribuye a la Comisión, en el
         marco de ejecución del Reglamento, la facultad de crear un nuevo ámbito de acción dentro del ámbito de aplicación del Reglamento.
      
      81.   A este respecto, es preciso recordar asimismo que, ya en el año 2002, la Comisión presentó al Parlamento un proyecto de modificación
         del Reglamento nº 443/92, en el que, de manera explícita, se mencionaba la lucha contra el terrorismo como uno de los ámbitos
         de acción de la ayuda al desarrollo. (23) Sin embargo, este procedimiento legislativo fue un fracaso. Hasta la aprobación el Reglamento (CE) nº 1717/2006 del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Estabilidad, (24) no entró en vigor un acto jurídico de base en el que por primera vez se prevén, en el ámbito de la ayuda al desarrollo, medidas
         para fomentar la estabilidad y la seguridad y luchar contra el terrorismo.
      
      82.   De la circunstancia de que el Reglamento nº 443/92 fuera adoptado sobre la base del artículo 235 del Tratado CE (actualmente
         artículo 308 CE) tampoco se desprende un resultado diferente. En opinión de la Comisión, de ello resulta que el Reglamento
         debe ser objeto de una interpretación amplia. Pero este razonamiento no es convincente. Sólo por el hecho de que un Reglamento
         haya sido adoptado sobre la base de la competencia subsidiaria del artículo 308 CE, no puede deducirse que ésta a su vez deba
         interpretarse también más ampliamente, de modo que constituya una facultad discrecional que permita completar la competencia
         básica reconocida en relación con las medidas de ejecución.
      
      83.   En síntesis, es preciso declarar, por lo tanto, que la Decisión impugnada no puede tener por base jurídica el artículo 6.
         Aunque a primera vista pudiera parecer que el objeto del proyecto aprobado en virtud de la Decisión impugnada está comprendido
         en el concepto amplio de «refuerzo de la administración pública», sin embargo, al tener por finalidad la lucha contra el terrorismo,
         está persiguiendo un objetivo que no se corresponde con el concepto de ayuda al desarrollo que subyace al Reglamento nº 443/92.
      
      84.   Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, de la citada interpretación del Reglamento no se desprende en absoluto que numerosos
         proyectos comunitarios de ayuda al desarrollo que se ocupan de cuestiones de seguridad –como por ejemplo las medidas para
         eliminar las minas terrestres– no encuentren un fundamento jurídico suficiente en el Reglamento nº 443/92. En efecto, en particular
         el ejemplo de los proyectos de eliminación de minas demuestra claramente que las medidas relativas a la seguridad pueden encontrar
         fácilmente su fundamento jurídico en el Reglamento, siempre que se dirijan de modo directo a lograr alguno de los objetivos
         mencionados expresamente en el Reglamento (entre ellos, el desarrollo del sector rural, la mejora del grado de seguridad alimentaria
         y la protección de la infancia con arreglo al artículo 5, párrafos primero y noveno).
      
      85.   A este respecto, es preciso puntualizar, asimismo, que las consideraciones antes realizadas no implican ninguna toma de posición
         sobre la definición que debe adoptarse del concepto de ayuda al desarrollo de los artículos 177 CE y siguientes.
      
      86.   En particular, al interpretar el Tratado, contrariamente a lo que sucede en el caso de la ejecución de un reglamento, puede
         tenerse en cuenta la evolución experimentada por el concepto de ayuda al desarrollo. Con arreglo al artículo 177 CE, apartado
         3, en tal interpretación deben tomarse en consideración asimismo los nuevos y más amplios objetivos de ayuda al desarrollo,
         establecidos en el marco de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales. Por lo tanto, la coyuntura internacional
         puede influir en la definición de la competencia general de la Comunidad, sin por ello influir al mismo tiempo en el reparto
         interno de competencias entre los órganos comunitarios.
      
      87.   Por consiguiente, en el marco del Tratado, las medidas que tienen por objeto la seguridad y estabilidad internas pueden basarse
         en la competencia relativa a la ayuda al desarrollo, siempre que el objetivo fundamental de tales medidas, en el sentido de
         la sentencia Portugal/Consejo, (25) sea el desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo y la lucha contra la pobreza. Cuando la seguridad
         y la estabilidad internas de un país constituyan los requisitos básicos para su desarrollo ulterior, las medidas dirigidas
         a garantizar la seguridad pueden constituir también medidas de ayuda al desarrollo a efectos del artículo 177 CE.
      
      2.      Artículo 5, párrafo séptimo, del Reglamento nº 443/92
      88.   La Decisión impugnada tampoco puede basarse en el artículo 5, párrafo séptimo, del Reglamento nº 443/92, según el cual la
         ayuda financiera y técnica «en este sentido, […] deberá asignarse a proyectos concretos relativos a la democratización, la
         buena gestión pública eficaz y justa y los derechos humanos». 
      
      89.   En el artículo 5, párrafo séptimo, la supeditación del apoyo a la administración a determinadas condiciones se desprende de
         su propio tenor literal. En efecto, mediante la frase introductoria «en este sentido» el párrafo séptimo hace referencia a
         los dos párrafos anteriores, que tienen por objeto las dimensiones humana y cultural del desarrollo. Por lo tanto, el refuerzo
         de la administración a efectos del artículo 5, párrafo séptimo, debe enmarcarse en un contexto de desarrollo humano y cultural.
      
      90.   Este extremo es puesto de relieve asimismo por el contexto en el que se hace referencia al apoyo a la gestión pública en el
         párrafo séptimo. En efecto, en esta disposición, junto a dicho apoyo se mencionan también los proyectos relativos a la democratización
         y a los derechos humanos. Resulta significativo igualmente el hecho de que en el citado precepto se hable no sólo de una buena
         gestión eficaz sino también de una gestión pública justa. Por consiguiente, el apoyo a la gestión pública a efectos del artículo
         5 se enmarca en el contexto de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho.
      
      91.   En consecuencia, no puede basarse en el artículo 5, párrafo séptimo, cualquier tipo de apoyo a la administración, sino únicamente
         aquel que se dirija principalmente a lograr los objetivos y valores que allí se mencionan, es decir, un apoyo destinado en
         esencia al desarrollo cultural y humano, a la democracia y a los derechos humanos.
      
      92.   La Decisión impugnada menciona como objetivo propio la lucha contra el terrorismo y la criminalidad internacional. 
      93.   Ciertamente, el terrorismo y la criminalidad internacional pueden, por su parte, tener consecuencias en el proceso de democratización
         y en los derechos humanos, de modo que las medidas destinadas a luchar contra ellos también contribuyen indirectamente a la
         democratización y al desarrollo humano. Sin embargo, si se admitiera que tales vínculos indirectos son suficientes para que
         una medida pudiera ser calificada de medida de apoyo a la gestión pública a efectos del artículo 5, párrafo séptimo, del Reglamento,
         resultaría casi imposible delimitar el ámbito de aplicación de la citada disposición. Pero, sobre todo, no se explicaría por
         qué el Reglamento realiza la distinción entre ayuda financiera y técnica, por un lado, y cooperación económica, por otro,
         cuando no podrían ignorarse las consecuencias que las medidas económicas dirigidas a lograr el mero bienestar pueden tener
         en el desarrollo de la democratización y de los derechos humanos, y cuando tales medidas estarían ya comprendidas en el concepto
         amplio de apoyo a la gestión pública.
      
      94.   La Decisión impugnada no presenta un vínculo estrecho con el apoyo al desarrollo cultural y humano que se exige en el marco
         del artículo 5, párrafo séptimo, del Reglamento, de modo que tampoco puede fundamentarse en esta disposición. Aunque la descripción
         del proyecto de que se trata identifique asimismo formalmente los derechos humanos como una cuestión transversal («crosscutting
         issue») del proyecto y señale también la reducción de la trata de seres humanos como posible consecuencia de una gestión más
         eficaz de las fronteras, esta mención de un mero e hipotético efecto colateral no cambia la exigencia de que la medida deba
         ser apreciada por su contenido sustancial, el cual, en el presente asunto –como ya se ha expuesto anteriormente– no se halla
         comprendido en el artículo 5, párrafo séptimo.
      
      3.      Artículos 7 y 8 del Reglamento nº 443/92 
      95.   Procede examinar, por último, si la Decisión impugnada podía ser adoptada válidamente sobre la base de los artículos 7 y 8
         del Reglamento nº 443/92.
      
      96.   Los artículos 7 y 8 del Reglamento tienen por objeto la cooperación económica de la Comunidad con los PVD-ALA. El artículo 7, párrafo primero, establece que la cooperación económica, en interés recíproco
         de la Comunidad y de los países asociados, contribuirá al desarrollo de los PVD-ALA ayudándoles a afianzar sus capacidades
         institucionales para conseguir un entorno más favorable a las inversiones y al desarrollo. El artículo 8, número 2, cita como
         uno de los tres sectores en los que se llevará a cabo la cooperación económica «la mejora del apoyo institucional que deberá
         ir acompañado de una intensificación del diálogo con los interlocutores para que el entorno económico, legislativo, reglamentario
         y social se haga más propicio al desarrollo».
      
      97.   Como se ha expuesto anteriormente, si se realiza una interpretación amplia de los conceptos en cuestión, pueden considerarse
         también las medidas aprobadas en virtud de la Decisión impugnada, como ayuda al refuerzo institucional o como mejora del apoyo
         institucional en el marco de los artículos 7 y 8.
      
      98.   No obstante, tampoco los artículos 7 y 8 prevén que las medidas de refuerzo institucional constituyan un objetivo autónomo
         en sí mismo. Al contrario, las instituciones deben ser reforzadas en los PVD-ALA precisamente «para conseguir un entorno más
         favorable a las inversiones y al desarrollo» y «para que el entorno económico, legislativo, reglamentario y social se haga
         más propicio al desarrollo». Por consiguiente, los artículos 7 y 8 del Reglamento no pueden fundamentar jurídicamente cualquier
         tipo de ayuda al refuerzo institucional sino únicamente aquella ayuda que se dirija de modo principal a favorecer la economía
         y las inversiones. Es necesario que exista un vínculo estrecho y específico entre las medidas en cuestión y, precisamente,
         el apoyo a la economía. Las medidas que sólo indirectamente tienen también consecuencias en el desarrollo económico (por ejemplo,
         garantizando unas condiciones de seguridad estables) no cumplen tal requisito. 
      
      99.   La exigencia de tal vínculo se impone, ya de entrada, por el hecho de que los artículos 7 y 8 del Reglamento figuren en la
         parte relativa a la «cooperación económica» y porque el significado habitual de dicho concepto no permite incluir todos los
         sectores de la cooperación y ello porque cualquier forma de cooperación en el fondo tiene consecuencias en las relaciones
         económicas y en la situación económica de los participantes.
      
      100. Pero, sobre todo, basta con pensar en las eventuales consecuencias que resultarían de una interpretación amplia del concepto
         analizado para convencernos de que no todas las medidas imaginables con posibles consecuencias en las inversiones y en el
         desarrollo pueden considerarse medidas para conseguir un entorno más favorable a las inversiones y al desarrollo en el sentido
         de los artículos 7 y 8 del Reglamento. Esta interpretación tan amplia del concepto equivaldría, de hecho, a una delegación general de competencias otorgada a la Comisión por el autor del Reglamento para respaldar, bajo la mera etiqueta de «cooperación al desarrollo»,
         cualquier proyecto estatal en los países en vías de desarrollo. En efecto, cualquier medida estatal constituye en el fondo
         una pieza del mosaico formado por el entorno de las inversiones y del desarrollo, ya que supone consecuencias (de alcance
         e intensidad variables) al menos indirectas para la economía.
      
      101. El vínculo directo y esencial exigido por los artículos 7 y 8 del Reglamento nº 443/92 entre la Decisión impugnada y el entorno
         de las inversiones y del desarrollo no se desprende ni de sus considerandos ni de la descripción del proyecto. Tampoco figura
         en tales disposiciones ninguna referencia sustancial a la situación de la economía y de las inversiones de Filipinas. Asimismo,
         en la descripción del proyecto se abordan casi de manera exclusiva las cuestiones del terrorismo y de la seguridad.
      
      102. La Decisión impugnada no pone de manifiesto los problemas que se plantean en la situación de las inversiones y de la economía
         en Filipinas, ni tampoco en qué medida una mejor gestión de las fronteras podría mejorar la situación. Por lo tanto, no permite
         ver qué consecuencias directas podría producir el proyecto aprobado en la situación de las inversiones y de la economía. Esta
         afirmación no implica que el apoyo a la gestión de las fronteras no pueda producir consecuencias directas sobre la situación
         económica: por ejemplo, no podría desconocerse tal efecto económico favorable en el caso de medidas dirigidas a mejorar en
         las fronteras la gestión aduanera de mercancías. Sin embargo, de la Decisión impugnada no se desprende que ésta se destine
         fundamentalmente al desarrollo de la economía y de las inversiones.
      
      103. No obstante, las consecuencias meramente indirectas en la situación de las inversiones y de la economía son insuficientes,
         como se ha expuesto anteriormente, en el marco de los artículos 7 y 8.
      
      104. Por lo tanto, en la medida en que en la descripción del proyecto, en relación con los filipinos que trabajan en el extranjero,
         se hace referencia al hecho de que la «sostenibilidad de los viajes internacionales» («sustainability of international travel»)
         resulta decisiva para la economía nacional y la estabilidad general de Filipinas, es perfectamente imaginable la existencia
         de un efecto recíproco entre la gestión eficaz de las fronteras y la protección frente a la inmigración ilegal y los riesgos
         que de ella se derivan. En el presente asunto, no se expone, ni siquiera se percibe de forma indiciaria, cómo unos controles
         más modernos de los pasaportes y de las fronteras pueden tener una influencia directa en la situación económica de los trabajadores
         inmigrantes o en la economía filipina en su conjunto. Al contrario, también en este ámbito se coloca en primer plano la estabilidad
         de Filipinas.
      
      105. Ciertamente, desde este punto de vista, el proyecto relativo a las fronteras puede tener, por lo tanto, consecuencias en el
         entorno de las inversiones y del desarrollo. En efecto, las medidas que fomentan la estabilidad y la seguridad internas pueden
         constituir uno de los muchos factores que contribuyen de modo indirecto a la prosperidad económica.
      
      106. Sin embargo, una medida destinada a mejorar la seguridad y la estabilidad internas y externas no tiene un vínculo estrecho
         y directo con el fomento de la economía, sino que afecta más bien de manera general a las condiciones básicas de la vida social,
         política y económica. El entorno de las inversiones y del desarrollo no constituye el aspecto central de tales medidas.
      
      107. Lo mismo cabe decir con respecto a la relación entre seguridad interna y turismo, a la que la Comisión se refirió en el procedimiento
         ante el Tribunal de Justicia. En este sentido, se ha de coincidir con la Comisión en que la disposición impugnada puede suponer
         una contribución al refuerzo de la seguridad y, por lo tanto, una condición básica para la economía y el desarrollo en general,
         y para el turismo en particular. Sin embargo, este vínculo indirecto y este efecto colateral no permiten que la Decisión impugnada
         sea calificada de medida de apoyo a las inversiones y a la economía en el sentido de los artículos 7 y 8 del Reglamento. 
      
      108. En consecuencia, la Decisión impugnada no guarda una relación estrecha y directa con el apoyo a la economía y, por lo tanto,
         tampoco puede fundamentarse en los artículos 7 y 8.
      
      4.      Competencias presupuestarias
      109. Por último, es preciso señalar que, en su escrito de réplica, el Parlamento no sólo ha formulado alegaciones que se refieren
         a la extralimitación de las competencias de ejecución de la Comisión, sino también otras alegaciones relativas a la infracción
         de las competencias presupuestarias.
      
      110. Estas alegaciones son extemporáneas en virtud del artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Constituyen un
         nuevo motivo que fue presentado por primera vez en el escrito de réplica. En el escrito de demanda, el Parlamento invocó únicamente
         un motivo de recurso, limitándose a señalar que las medidas de ejecución infringían el Reglamento nº 443/92. 
      
      C.      Síntesis
      111. En resumen, debe considerarse que el recurso es inadmisible porque no se interpuso dentro del plazo establecido. No obstante,
         si el Tribunal de Justicia tuviera que pronunciarse sobre el fondo del asunto, debería anularse la Decisión impugnada.
      
      VI.    Limitación de los efectos de la sentencia
      112. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare la admisibilidad del recurso, debe pronunciarse también, en caso de
         dictar un fallo estimatorio, sobre si deben limitarse los efectos de la sentencia. Ciertamente la Comisión no ha solicitado
         que, de ser estimado el recurso, se mantengan los efectos de la Decisión anulada. 
      
      113. Sin embargo, el Tribunal de Justicia puede asimismo hacer uso de oficio de la facultad que le confiere el artículo 231 CE,
         apartado 2, para mantener los efectos de las decisiones. La anulación de la Decisión se produce en un momento en que ya han
         sido efectuados pagos en relación con el proyecto vinculado a la Decisión impugnada y se han contraído compromisos, en particular
         frente a la International Organisation for Migration (Organización Internacional para las Migraciones), a la que se confió
         la ejecución del proyecto.
      
      114. De este modo, importantes razones de seguridad jurídica, comparables a las que concurren en los casos de anulación de determinados
         reglamentos, podrían justificar que el Tribunal de Justicia hiciera uso de la facultad que le confiere el artículo 231 CE,
         apartado 2, en caso de anulación de un reglamento y declarara qué efectos de la Decisión impugnada deben ser mantenidos. (26)
      
      115. En las circunstancias particulares del caso de autos, debe decidirse, por lo tanto, que la anulación no afecta a la validez
         de los pagos efectuados ni a los compromisos contraídos en virtud de la Decisión controvertida. (27)
      
      VII. Costas
      116. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso
         será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que debe declararse la inadmisibilidad del recurso,
         procede condenar al Parlamento a cargar con las costas del procedimiento. Conforme al artículo 69, apartado 4, del Reglamento
         de Procedimiento, el Reino de España cargará con las costas que le hubiera ocasionado la participación en el procedimiento
         como coadyuvante. 
      
      VIII. Conclusión
      117. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que decida: 
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      El Parlamento Europeo cargará con las costas del procedimiento, salvo las costas en que haya incurrido el Reino de España,
         que cargará con sus propias costas. 
      
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	DO L 52, p. 1, en la versión modificada por el Reglamento (CE) nº 807/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el
         que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio
         de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad)
         (DO L 122, p. 36).
      
      3 –	Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias
         de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23).
      
      4 –	DO L 378, p. 41.
      
      5 –	Preguntas escritas nº P-0619/05 del diputado Glenys Kinnock y nº E-0578/05 del diputado Gay Mitchell.
      
      6 –	El texto de la respuesta puede consultarse en http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=FR&OBJID=119907&LEVEL=3&SAME_LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y.
         
      
      7 –	El texto de la respuesta puede consultarse en http://www.europarl.europa.eu/omk/sipade3?L=FR&OBJID=119233&LEVEL=2&SAME_LEVEL=1&NAV=S&LSTDOC=Y.
      
      8 –	Véanse las sentencias de 8 de mayo de 1973, Gunnella/Comisión (33/72, Rec. p. 475), apartados 3 y 4; de 12 de julio de
         1984, Moussis/Comisión (227/83, Rec. p. 3133), apartado 12, y de 23 de enero de 1997, Coen (C‑246/95, Rec. p. I‑403), apartado 21.
      
      9 –	Véanse sólo las sentencias de 5 de marzo de 1980, Könecke/Comisión (76/79, Rec. p. 665), apartado 7, y de 6 de diciembre
         de 1990, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Comisión (C‑180/88, Rec. p. I‑4413), apartado 22.
      
      10 –	Véase la sentencia de 9 de enero de 1997, Comisión/Socurte y otros (C‑143/95 P, Rec. p. I‑1) apartado 32.
      
      11 –	Véanse las sentencias Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Comisión, citada en la nota 9, apartado 22; de 6
         de julio de 1988, Dillinger Hüttenwerke/Comisión (236/86, Rec. p. 3761), apartado 14, y de 14 de mayo de 1998, Windpark Groothusen/Comisión
         (C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873), apartado 20.
      
      12 –	En la sentencia de 19 de febrero de 1998, Comisión/Consejo (C‑309/95, Rec. p. I‑655), apartado 18, se menciona también
         el plazo de solicitud en relación con un procedimiento en el que las instituciones son parte, pero no se efectúa un examen
         concreto.
      
      13 –	Véase la sentencia de 12 de octubre de 1978, Comisión/Bélgica (156/77, Rec. p. 1881) apartados 21 a 24. Además, las disposiciones
         comunitarias en materia de plazos procesales responden a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario
         en la administración de la justicia, véanse, en particular, la sentencia de 26 de noviembre de 1985, Cockerill-Sambre/Comisión
         (42/85, Rec. p. 3749), apartado 10, y el auto de 7 de mayo de 1998, Irlanda/Comisión (C‑239/97, Rec. p. I‑2655), apartado 7.
      
      14 –	Véase el auto de 5 de marzo de 1993, Ferriere Acciaierie Sarde (C‑102/92, Rec. p. I‑801), apartado 19.
      
      15 –	Véase la sentencia de 18 de junio de 1996, Parlamento/Consejo (C‑303/94, Rec. p. I‑2943), apartado 23.
      
      16 –	Véase el artículo 5, párrafo séptimo, del Reglamento nº 443/92.
      
      17 –	Véase el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento nº 443/92.
      
      18 –	Comunicación «Gobernanza y desarrollo», COM(2003) 615 final.
      
      19 –	La Declaración del Milenio A/RES/55/2 se puede consultar en http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.
      
      20 –	Véanse las sentencias de 19 de noviembre de 1998, Portugal/Comisión (C‑159/96, Rec. p. I‑7379), apartado 40; de 30 de octubre
         de 1975, Rey Soda (23/75, Rec. p. 1279), apartado 10; de 29 de junio de 1989,
         									Vreugdenhil y otros (22/88, Rec. p. 2049), apartado 16, y de 17 de octubre de 1995, Países Bajos/Comisión (C‑478/93,
         Rec. p. I‑3081), apartado 30.
      
      21 –	Véanse las sentencias de 27 de octubre de 1992, Alemania/Comisión (C‑240/90, Rec. p. I‑5383), apartado 36; de 13 de octubre
         de 1992, Portugal y España/Consejo (C‑63/90 y C‑67/90, Rec. p. I‑5073), apartado 14; de 16 de junio de 1987, Romkes (46/86,
         Rec. p. 2671), apartado 16, y de 17 de diciembre de 1970, Köster (25/70, Rec. p. 1161), apartado 6. A este respecto, véanse
         también mis conclusiones presentadas el 8 de septiembre de 2005 en el asunto Reino Unido/Consejo (sentencia de 6 de diciembre
         de 2005, C‑66/04, Rec. p. I‑10553), puntos 50 y ss.
      
      22 –	Sentencia Alemania/Comisión, citada en la nota 21, apartado 37.
      
      23 –	COM(2002) 0340 final, de 2 de julio de 2002.
      
      24 –	DO L 327, p. 1.
      
      25 –	Sentencia de 3 de diciembre de 1996 (C‑268/94,
         									Rec. p. I‑6177), punto 2 del sumario y apartado 39. 
      
      26 –	Véase la sentencia de 12 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión (C‑106/96, Rec. p. I‑2729), apartados 39 y ss.
      
      27 –	Véase la sentencia Reino Unido/Comisión, citada en la nota 26, apartado 42.