CELEX: 62007CC0158
Language: es
Date: 2008-07-10 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Mazák presentadas el 10 de julio de 2008. # Jacqueline Förster contra Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep. # Petición de decisión prejudicial: Centrale Raad van Beroep - Países Bajos. # Libre circulación de personas - Estudiante nacional de un Estado miembro que se desplaza a otro Estado miembro para cursar una formación - Becas de subsistencia para estudiantes - Ciudadanía de la Unión - Artículo 12 CE - Seguridad jurídica. # Asunto C-158/07.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. JÁN MAZÁK
      presentadas el 10 de julio de 2008 1(1)
      
      Asunto C‑158/07
      Jacqueline Förster
      contra
      IB-Groep
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos)]
      «Libre circulación de los trabajadores – Ciudadanía de la Unión – Artículos 12 CE y 18 CE – Ayuda concedida a los estudiantes mediante becas de estudio»I.      Introducción
      1.        Mediante resolución de 16 de marzo de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de marzo de 2007, el Centrale Raad van
         Beroep (Tribunal Superior de lo Social de los Países Bajos) ha planteado, con arreglo al artículo 234 CE, varias cuestiones
         prejudiciales relativas a la interpretación de la normativa comunitaria sobre la libertad de circulación y residencia de los
         trabajadores y a las disposiciones del Tratado sobre ciudadanía de la Unión en relación con el artículo 12 CE.
      
      2.        La petición de decisión prejudicial se planteó en el marco de un recurso interpuesto por la Sra. Förster, nacional alemana
         desplazada a los Países Bajos para cursar estudios superiores y que en un principio también realizó allí un trabajo remunerado
         durante sus estudios, contra la Hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep (en lo sucesivo, «IBG»), organismo administrativo
         encargado de aplicar en los Países Bajos la normativa sobre becas de estudio. La Sra. Förster impugna la denegación por parte
         de IBG de una ayuda económica para sufragar gastos de estudio y manutención (en lo sucesivo, «beca») correspondiente a un
         período en que no estaba económicamente en activo, basada en que no conservaba la condición de trabajadora comunitaria y tampoco
         cumplía el requisito, tal como lo aplicaba IBG, de residencia legal en los Países Bajos durante un período continuado de al
         menos cinco años. 
      
      3.        Así, este asunto suscita básicamente dos cuestiones. La primera es si un estudiante (migrante) en la situación de la Sra.
         Förster puede invocar el derecho a la igualdad de trato de un trabajador comunitario para obtener una beca, pese a que en
         ese momento haya dejado de ejercer su actividad profesional anterior y se encuentre, de este modo, económicamente inactivo.
      
      4.        En segundo lugar, el tribunal remitente quiere saber, en sustancia, si una estudiante como la Sra. Förster, como ciudadana
         de la Unión, puede invocar en todo caso el principio de igualdad de trato consagrado en el primer párrafo del artículo 12 CE
         para obtener una beca y, en particular, si el derecho a que se le conceda dicha beca puede supeditarse al requisito de que
         el estudiante de que se trata haya residido legalmente en el Estado miembro de acogida durante cinco años antes de solicitar
         la beca, y si es así, en qué condiciones.
      
      5.        Así, se invita al Tribunal de Justicia a que precise su jurisprudencia en el asunto Bidar, en particular su declaración de
         que es legítimo que un Estado miembro solamente conceda ayuda económica a los estudiantes que hayan demostrado un «cierto
         grado de integración en la sociedad del referido Estado». (2)
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Derecho comunitario
      6.        El artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores
         dentro de la Comunidad (3) establece:
      
      «1.      En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no
         podrá ser tratado de forma diferente que los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de
         trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera
         quedado en situación de desempleo.
      
      2.      Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.» 
      7.        El artículo 1 de la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, (4) declara:
      
      «A fin de precisar las condiciones destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de residencia y con objeto de garantizar
         el acceso a la formación profesional sin discriminaciones a todo nacional de un Estado miembro que haya sido admitido para
         seguir una formación profesional en otro Estado miembro, los Estados miembros reconocerán el derecho de residencia a todo
         estudiante nacional de un Estado miembro que no disponga ya de ese derecho con arreglo a otra disposición de Derecho comunitario,
         así como a su cónyuge y a sus hijos a cargo, y que, mediante declaración o, a elección del estudiante, por cualquier otro
         medio al menos equivalente, garantice a la autoridad nacional correspondiente que dispone de recursos para evitar que, durante
         su período de residencia, se conviertan en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, siempre que
         el estudiante esté matriculado en un centro de enseñanza reconocido para recibir, con carácter principal, una formación profesional
         y disponga de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.»
      
      8.        El artículo 3 de la Directiva 93/96:
      
      «La presente Directiva no constituye el fundamento de un derecho al pago por parte del Estado miembro de acogida, de becas
         de subsistencia a los estudiantes que disfruten de un derecho de residencia.»
      
      9.        El artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 1251/70 de la Comisión, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores
         a permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, (5) tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Tendrá derecho a residir permanentemente en el territorio de un Estado miembro: a) el trabajador que, al término de su actividad,
         haya alcanzado la edad prevista por la legislación de ese Estado para hacer valer sus derechos a una pensión por vejez y que
         haya ocupado un empleo en dicho Estado durante los últimos doce meses, como mínimo, y haya residido en él de manera continuada
         desde al menos tres años; […]»
      
      10.      A tenor del artículo 7 de este Reglamento, «el derecho a la igualdad de trato, establecido por el Reglamento (CEE) nº 1612/68
         del Consejo, se aplicará también a las personas afectadas por las disposiciones del presente Reglamento». 
      
      11.      La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos
         de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, (6) modificó el Reglamento nº 1612/68 y derogó la Directiva 93/96. Su artículo 40 fija el 30 de abril de 2006 como plazo para
         que los Estados miembros adapten a ella su Derecho interno. 
      
      12.      A tenor del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38:
      
      «Los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro
         de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. […]»
      
      13.      El artículo 24 de la Directiva 2004/38, titulado «Igualdad de trato», establece lo siguiente: 
      
      «1.      Con sujeción a las disposiciones específicas expresamente establecidas en el Tratado y el Derecho derivado, todos los ciudadanos
         de la Unión que residan en el Estado miembro de acogida en base a la presente Directiva gozarán de igualdad de trato respecto
         de los nacionales de dicho Estado en el ámbito de aplicación del Tratado. El beneficio de este derecho se extenderá a los
         miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho
         de residencia permanente.
      
      2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, durante los primeros tres meses de residencia o, si procede, el período más largo
         establecido en la letra b) del apartado 4 del artículo 14, el Estado miembro de acogida no estará obligado a conceder el derecho
         a prestaciones de asistencia social, ni estará obligado, antes de la adquisición del derecho de residencia permanente, a conceder
         ayudas de manutención consistentes en becas o préstamos de estudios, incluidos los de formación profesional, a personas que
         no sean trabajadores por cuenta ajena o propia, personas que mantengan dicho estatuto o miembros de sus familias.»
      
      B.      Derecho nacional aplicable
      14.      La normativa que regula las becas se establece en la Ley sobre la financiación de estudios (Wet studiefinanciering; en lo
         sucesivo, «WSF 2000»). Uno de los requisitos se refiere a la nacionalidad del estudiante. Trata este aspecto el artículo 2.2
         de la WSF 2000 que, desde el 1 de septiembre de 2000 hasta el 21 de noviembre de 2003, tuvo el siguiente tenor:
      
      «Podrán recibir una beca de estudios:
      a)      los estudiantes que tengan la nacionalidad neerlandesa,
      b)      no tengan la nacionalidad neerlandesa, pero residan en los Países Bajos y estén equiparados a los neerlandeses, en materia
         de financiación de estudios, en virtud de un Tratado o de una decisión de una organización de Derecho internacional público, o
      
      c)      no tengan la nacionalidad neerlandesa, pero residan en los Países Bajos y pertenezcan a un grupo de personas que, mediante
         reglamento, estén equiparadas a los neerlandeses en materia de financiación de estudios.»
      
      15.      El apartado 2 del artículo 2.2., añadido con efectos desde el 21 de noviembre de 2003, tiene el siguiente tenor: 
      
      «No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), el requisito de residencia en los Países Bajos no es aplicable a los
         estudiantes a quienes no pueda exigirse, en virtud de un Tratado o de una decisión de una organización de Derecho internacional
         público, dicho requisito. Mediante reglamento, o mediante normas de aplicación de un reglamento, podrán adoptarse disposiciones
         para la correcta ejecución de dicho apartado.»
      
      16.      El 4 de marzo de 2005, IBG, organismo administrativo encargado de la aplicación de la WSF 2000, adoptó las Directrices sobre
         la política de control de la condición de trabajador migrante (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap). (7) Estas Directrices entraron en vigor el 23 de marzo de 2005 y se refieren al control de los períodos becados a partir del
         año civil 2003. Establecen que IBG considerará que cada estudiante que, en el período de control, haya trabajado mensualmente
         una media de 32 horas o más, tendrá el estatuto de trabajador comunitario sin más requisitos. No obstante, si un estudiante
         no cumple el criterio de las 32 horas, IBG analizará más detalladamente las circunstancias particulares de su caso concreto.
         
      
      17.      A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Bidar, (8) IBG adoptó, el 9 de mayo de 2005, otras Directrices (Directrices de adaptación relativas a la solicitud de financiación de
         estudios para estudiantes procedentes de la UE, el EEE y Suiza; en lo sucesivo, «Beleidsregel de 9 de mayo de 2005»), (9) que, de acuerdo con su artículo 5, entraron en vigor en el momento de su publicación con efecto retroactivo desde el 15 de
         marzo de 2005. 
      
      18.      El artículo 2, apartados 1 y 2, de las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005, tiene el siguiente tenor: 
      
      «1.      Los estudiantes que tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, o de otro Estado Parte del Acuerdo sobre el Espacio
         Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, o que tengan la nacionalidad suiza, podrán solicitar una beca de estudios con arreglo
         a la WSF 2000 […], siempre que antes de la presentación de la solicitud hayan residido legalmente en los Países Bajos durante
         un período ininterrumpido de cinco años. Las demás disposiciones de la WSF 2000 […] se aplicarán íntegramente.
      
      2.      Se presumirá la residencia a que se refiere el apartado 1 cuando el estudiante haya estado inscrito en la Base municipal de
         datos personales (GBA) en el período mencionado.»
      
      19.      Con efectos a partir del 11 de octubre de 2006, esta materia está regulada en una normativa legal y las Beleidsregel de 9
         de mayo de 2005 han sido derogadas.
      
      III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales 
      20.      Según la resolución de remisión y la información ofrecida en la vista, los hechos son los siguientes. 
      
      21.      Jacqueline Förster, de nacionalidad alemana, nació el 18 de junio de 1979 y se educó en Grevenbroich, localidad alemana situada
         a 49 kilómetros de la frontera con los Países Bajos. 
      
      22.      El 5 de marzo de 2000 la Sra. Förster se estableció en los Países Bajos, donde inmediatamente se matriculó en magisterio y,
         el 1 de septiembre de 2000, en pedagogía en la Universidad de Ámsterdam (Hogeschool van Amsterdam).
      
      23.      Además, desde el 16 de marzo de 2000 estuvo empleada en varios centros de llamadas a través de una empresa de trabajo temporal.
         
      
      24.      Entre octubre de 2002 y junio de 2003 realizó prácticas remuneradas en una escuela neerlandesa de educación secundaria especial
         para alumnos con problemas de conducta y/o trastornos psiquiátricos. 
      
      25.      Tras estas prácticas, en 2003 la Sra. Förster no realizó ningún otro trabajo remunerado. Desde julio de 2004 trabaja de nuevo
         en los Países Bajos.
      
      26.      Según la resolución de remisión, la Sra. Förster siempre ha residido legalmente en los Países Bajos.
      
      27.      En septiembre de 2000 IBG concedió a la Sra. Förster una beca de estudios. Dicha beca fue prorrogada periódicamente, siempre
         considerando, en relación con cada nuevo período, que la Sra. Förster tenía la condición de trabajadora en el sentido del
         artículo 39 CE, a la que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, debía equipararse, en el ámbito
         de las becas de estudios, a los estudiantes de nacionalidad neerlandesa. 
      
      28.      Su derecho a percibir beca expiró el 1 de septiembre de 2004, una vez aprobado el examen final de la licenciatura en pedagogía.
         
      
      29.      En un principio se concedió beca a la Sra. Förster también para la segunda mitad de 2003. Sin embargo, a raíz de una inspección,
         IBG constató, mediante resolución de 3 de marzo de 2005, que la Sra. Förster no había realizado ningún trabajo remunerado
         desde julio de 2003 y no podía seguir siendo considerada trabajadora. En consecuencia, se le ordenó que devolviera la beca
         correspondiente a la segunda mitad de 2003 más una cantidad por la tarjeta de transporte público a cargo de IBG durante la
         segunda mitad de 2003. 
      
      30.      La Sra. Förster recurrió esta resolución del Rechtbank Alkmaar (Tribunal de distrito de Alkmaar), alegando que en la primera
         mitad de 2003 trabajó de modo retribuido un número de horas suficiente para ser considerada trabajadora comunitaria también
         en la segunda mitad de dicho año. Subsidiariamente alegó que, como ciudadana de la UE plenamente integrada en la sociedad
         neerlandesa, tenía derecho a una beca de estudios completa de acuerdo con la sentencia dictada en el asunto Bidar. (10)
      
      31.      IBG negó que la Sra. Förster pudiera ser considerada trabajadora en la segunda mitad de 2003 y sostuvo que su resolución era
         conforme con el Derecho comunitario, tal como fue interpretado en la sentencia Bidar, antes citada. Según su criterio, los
         estudiantes en la situación de la Sra. Förster que no son titulares de derechos en virtud de disposiciones específicas de
         no discriminación sólo pueden recibir una beca de estudios completa si han residido legalmente en los Países Bajos por lo
         menos cinco años, período que en 2003 la Sra. Förster aún no había completado. 
      
      32.      El Rechtbank Alkmaar desestimó el recurso interpuesto por la Sra. Förster mediante sentencia de 12 de septiembre de 2005.
         Declaró, por un lado, que en la segunda mitad de 2003 la Sra. Förster no había realizado ningún trabajo real y efectivo y
         que, por tanto, no podía ser considerada trabajadora comunitaria, y, por otro lado, que la Sra. Förster no podía invocar la
         sentencia Bidar, antes citada, puesto que antes de iniciar sus estudios no estaba integrada en modo alguno en la sociedad
         neerlandesa. 
      
      33.      El procedimiento principal ante el Centrale Raad van Beroep tiene por objeto el recurso interpuesto por la Sra. Förster contra
         esta sentencia. Alega, con carácter principal, que en el período de que se trata ya estaba integrada de tal modo en la sociedad
         neerlandesa que, en virtud del Derecho comunitario, tenía derecho a una beca de estudios durante la segunda mitad de 2003
         y, subsidiariamente, que debía ser considerada trabajadora comunitaria durante todo el año 2003. IBG, por su parte, mantiene
         su postura. 
      
      34.      Por lo que respecta, en particular, a las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Ninni-Orasche (11) y Fahmi y Amado, (12) el tribunal remitente comparte el criterio de IBG de que, por el momento, no puede considerarse que la Sra. Förster conservara
         su condición de trabajadora comunitaria en la segunda mitad de 2003, ya que el inicio de sus estudios no sucedió a otras actividades
         previamente desarrolladas en los Países Bajos y tampoco se produjo una situación de desempleo involuntario que le obligara
         a un reciclaje profesional. 
      
      35.      El tribunal remitente señala, no obstante, que la Sra. Förster puede tener derecho a una beca de estudios con arreglo a las
         disposiciones sobre la antigua condición de trabajador o a las disposiciones relativas a la ciudadanía de la Unión en relación
         con la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad del artículo 12 CE. 
      
      36.      Ello plantea varias cuestiones. En primer lugar, el tribunal remitente duda sobre el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1251/70,
         particularmente sobre si su artículo 7 se aplica también a los estudiantes que se desplazan a los Países Bajos principalmente
         para estudiar y que, en un principio, trabajaron por cuenta ajena con alcance limitado la vez que estudiaban, pero que, entre
         tanto, dejaron de trabajar. 
      
      37.      En segundo lugar, el tribunal remitente señala que en el procedimiento principal se han planteado una serie de cuestiones
         de interpretación, aún sin respuesta, respecto de la ciudadanía de la Unión y del artículo 12 CE, incluido si, a la luz de
         la sentencia Bidar, (13) la Directiva 93/96 se opone a que un estudiante en la situación de la Sra. Förster, que se desplazó a los Países Bajos principalmente
         para estudiar, invoque el artículo 12 CE para obtener una beca. 
      
      38.      Más aún, el tribunal remitente pregunta qué conclusiones deberían deducirse de las sentencias Bidar (14) y Trojani (15) en relación con los cinco años de residencia exigidos por las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005, tal como fueron aplicadas
         por IBG.
      
      39.      En particular, desea saber, en primer lugar, si en materia de becas de estudio los ciudadanos de la Unión pueden invocar en
         algún caso el párrafo primero del artículo 12 CE antes de haber completado un determinado período de residencia legal en el
         Estado miembro de acogida o de disponer de un permiso de residencia. 
      
      40.      En segundo lugar desea saber si un requisito de residencia establecido por el Derecho interno es compatible con el artículo
         12 CE cuando se exige únicamente a los nacionales de otros Estados miembros. 
      
      41.      En tercer lugar, si en un principio este requisito puede justificarse, surge la cuestión de si el requisito de cinco años
         de residencia, tal como lo aplica IBG, respeta este artículo. A este respecto, el tribunal remitente señala que el hecho de
         que dicho período se deduzca de la Directiva 2004/38 parece indicar que es legal. Si es así, se pregunta hasta qué punto puede
         imponerse sin restricciones en casos concretos cuando otros elementos sugieren un grado de integración sustancial en la sociedad
         neerlandesa, como la elección de determinados estudios o tener pareja neerlandesa. 
      
      42.      Finalmente, la resolución de remisión señala que la decisión de denegar, sobre la base de las Beleidsregel de 9 de mayo de
         2005, la beca a la Sra. Förster para la segunda mitad de 2003 por no haber residido legalmente en los Países Bajos por un
         período ininterrumpido de al menos cinco años se basa en una interpretación de la sentencia Bidar, antes citada, y, con ello,
         en un criterio que no podía conocerse en el momento de los hechos, lo que puede ser contrario a lo declarado en la sentencia
         dictada en el asunto Collins (16) de que un requisito de residencia debe basarse en criterios claros y conocidos de antemano. Sin embargo, el tribunal remitente
         insiste en que no hay arbitrariedad y que, como se trata de un período de tiempo en el pasado, no parece que se vea afectada
         la seguridad jurídica de la parte interesada. Señala además que IBG publicó las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005, poco tiempo
         después de que se pronunciara la sentencia en el asunto Bidar, antes citado.
      
      43.      En este contexto, el Centrale Raad van Beroep suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿El artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1251/70 también se aplica a los estudiantes que se hayan desplazado a los Países Bajos
         principalmente para estudiar y que hayan ejercido en un primer momento actividades profesionales de alcance limitado mientras
         estudiaban, pero que entre tanto hayan dejado de ejercer dichas actividades?
      
      2)      ¿Se opone la Directiva 93/96 a que los estudiantes mencionados en la primera cuestión puedan invocar con éxito el artículo
         12 CE para poder obtener una beca de [subsistencia]? 
      
      3)      a)     La norma según la cual los ciudadanos de la Unión que no ejercen actividades económicas sólo pueden invocar el artículo 12 CE
         si han residido legalmente en el Estado miembro de acogida durante un determinado período o si disponen de un permiso de residencia,
         ¿también es aplicable en relación con una ayuda para cubrir los gastos de manutención de un estudiante?
      
      b)      En caso afirmativo, ¿es admisible durante ese período un requisito relativo a la duración de la residencia que sólo se opone
         a los nacionales de Estados miembros distintos del Estado miembro de acogida? 
      
      c)      En caso afirmativo, ¿es conforme con el artículo 12 CE la aplicación de un requisito de residencia de cinco años? 
      d)      En caso negativo, ¿qué período de residencia es admisible? 
      4)      ¿Debe aplicarse un período de residencia legal más corto en casos individuales cuando otros factores distintos de la duración
         de la residencia sugieren un grado considerable de integración en la sociedad del Estado de acogida? 
      
      5)      Si los interesados pueden deducir del artículo 12 CE, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia que tiene
         efecto retroactivo, más derechos de lo que antes se suponía, ¿se les pueden oponer requisitos justificados y relacionados
         con tales derechos respecto a períodos del pasado, si dichos requisitos se publicaron poco después del pronunciamiento de
         la sentencia?»
      
      IV.    Análisis jurídico
      A.      Notas introductorias
      44.      De la descripción de los hechos en la resolución de remisión se desprende que la cuestión esencial en el presente litigio
         es si, con arreglo al Derecho comunitario, la Sra. Förster puede exigir, en su situación, la igualdad de trato en la concesión
         de becas para estudios universitarios. 
      
      45.      La pretensión de la Sra. Förster corresponde a un período en que no trabajaba y, por tanto, no estaba económicamente en activo.
         Tal como se ha señalado anteriormente, (17) esta circunstancia es decisiva en el Derecho comunitario, que –en particular respecto de la concesión de ayudas sociales–
         establece una distinción a grandes rasgos entre, por un lado, las personas económicamente activas (trabajadores por cuenta
         ajena o propia) y, por otro lado, las personas económicamente inactivas. El Derecho comunitario, como regla general, reconoce
         derechos más amplios a la primera categoría de personas que a la segunda. 
      
      46.      Así, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establece una distinción entre, por una parte, los nacionales
         de los Estados miembros que buscan empleo y todavía no han establecido una relación laboral y sólo se benefician del principio
         de igualdad de trato para el acceso a éste, y, por otra, quienes ya trabajan en el Estado miembro de acogida y pueden solicitar,
         sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores
         nacionales. (18)
      
      47.      En consecuencia, en lo relativo al derecho de los estudiantes migrantes a obtener becas, la situación es que, al menos según
         la Directiva 93/96, y también según la Directiva 2004/38 antes de cumplirse los cinco años de residencia continuada, un estudiante
         migrante inactivo «puro», en principio, no tiene derecho a que el Estado miembro de acogida le conceda becas de manutención.
         Sin embargo, un estudiante que también tenga la condición de trabajador en el sentido del artículo 39 CE puede invocar el
         artículo 7, apartado 2 del Reglamento nº 1612/68, que confiere a los trabajadores de cualquier Estado miembro el derecho a
         recibir en otro Estado miembro el mismo trato que sus propios nacionales respecto del derecho a ventajas sociales. (19)
      
      48.      De hecho, en un principio se concedió a la Sra. Förster la beca de estudios en los Países Bajos sobre esta base, dicho en
         otros términos, por su condición de trabajadora comunitaria. Posteriormente, sin embargo, le fue retirada esta beca para la
         segunda mitad de 2003 por no haber trabajado durante ese período, hecho que no se discute en el presente procedimiento. 
      
      49.      A este respecto, el tribunal remitente ha reconocido acertadamente que según normativa comunitaria específica como el Reglamento
         nº 1251/70 y de acuerdo con las sentencias recaídas en los asuntos Lair (20) y Ninni-Orasche, (21) los trabajadores migrantes disfrutan de determinados derechos en relación con beneficios sociales vinculados a su condición
         de trabajadores incluso cuando su relación laboral ha cesado.
      
      50.      No obstante, el tribunal remitente está de acuerdo «por el momento» en que no puede considerarse que la Sra. Förster conservara
         su condición de trabajadora comunitaria en el sentido del artículo 39 CE y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68.
         En consecuencia, la primera cuestión se refiere únicamente al Reglamento nº 1251/70. Sin embargo, la sugerencia de la Comisión
         en sentido contrario merece ser tomada en consideración. Por tanto, en la primera parte de mi apreciación examinaré si un
         estudiante en una situación como la que aquí se trata puede invocar el derecho a la igualdad de trato respecto de las becas
         de estudio, bien en virtud del Reglamento nº 1251/70 o, como trabajador, sobre la base del Reglamento nº 1612/68, y si es
         así, en qué circunstancias.
      
      51.      En este contexto debería recordarse que el hecho de que el tribunal nacional cite en su petición de decisión prejudicial disposiciones
         específicas del Derecho comunitario no impide que el Tribunal de Justicia, independientemente de lo que aparece en dicha petición,
         ofrezca al tribunal nacional todos los elementos para la interpretación del Derecho comunitario que puedan permitirle resolver
         el asunto de que conoce. (22)
      
      52.      En cualquier caso, para los estudiantes que no podían invocar un derecho concreto a la igualdad de trato como el reconocido
         a un trabajador comunitario, la introducción de la ciudadanía de la Unión ha abierto otra vía para, entre otros, el derecho
         a la igualdad de trato respecto de las becas de subsistencia. 
      
      53.      Según ha declarado el Tribunal de Justicia, la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto
         fundamental de los nacionales de los Estados miembros y permitir a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma
         situación obtener, independientemente de su nacionalidad, el mismo trato. (23) En lo relativo, más en particular, a los beneficios sociales, el Tribunal de Justicia dio vida a este estatuto en asuntos
         como Martínez Sala, Trojani y Bidar al sostener que un ciudadano de la Unión que no es económicamente activo puede invocar
         válidamente el primer párrafo del artículo 12 CE cuando ha sido residente legal en el Estado miembro de acogida durante cierto
         período o es titular de un permiso de residencia. (24)
      
      54.      Así, justo es decir que el concepto de ciudadanía de la Unión, tal como lo ha desarrollado la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia, marca un proceso de emancipación de los derechos comunitarios de su paradigma económico. Este es, de hecho, el
         objetivo invocado por la declaración del Tribunal de Justicia de que la ciudadanía de la Unión tiene vocación de convertirse
         en el «estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros». Los derechos conferidos por el ordenamiento comunitario
         –en particular, el derecho a no ser objeto de discriminación injustificada– ya no sólo se reconocen a los ciudadanos cuando
         ejercitan las libertades económicas y adquieren la condición correspondiente (de trabajador, prestador de servicios, etc.),
         sino directamente en virtud de su estatuto de ciudadano de la Unión. (25)
      
      55.      Así pues, mientras que inicialmente el derecho a beneficios sociales estaba vinculado al ejercicio de actividades económicas
         (en particular en forma de empleo remunerado, base del concepto de trabajador), actualmente también puede beneficiar a ciudadanos
         económicamente inactivos sobre la base del principio de no discriminación. Mientras que anteriormente se exigía que cada Estado
         miembro asumiera su responsabilidad social plena y ofreciese ventajas sociales a quienes ya habían entrado en su mercado de
         trabajo (26) y, de este modo, contribuían a su economía, esta solidaridad económica se extiende ahora, en principio, a todos los ciudadanos
         de la Unión con residencia legal en su territorio. 
      
      56.      Sin embargo, debe señalarse que siguen existiendo ciertos límites. Tal como el Tribunal de Justicia señaló en las sentencias
         Grzelczyk y Bidar, se exige que los Estados miembros demuestren «una cierta solidaridad económica» en la organización y aplicación
         de sus sistemas de asistencia social, en contraposición, puede añadirse, con una solidaridad sin límites. (27) Respecto de las ayudas que cubren los gastos de manutención de los estudiantes, el Tribunal de Justicia aceptó en la sentencia
         Bidar que es lícito que los Estados miembros velen por que la concesión de ayuda social no se convierta en una carga excesiva
         y que la concesión de dicha ayuda pueda limitarse a estudiantes que hayan demostrado «un cierto grado de integración». (28)
      
      57.      Con estos antecedentes y a la luz de la sentencia Bidar, antes citada, las cuestiones prejudiciales segunda, tercera y cuarta,
         que abordaré conjuntamente en la segunda parte de mi apreciación, pretenden establecer si, en sus circunstancias particulares,
         la Sra. Förster, como ciudadana comunitaria, puede invocar su derecho a la igualdad de trato con arreglo al artículo 12 CE
         con el fin de obtener una beca de estudios para la segunda mitad de 2003. Dicho de otro modo, ¿es compatible con dicho artículo
         supeditar, sin excepciones, al cumplimiento de un requisito de residencia de cinco años la concesión de una beca de estudios
         a estudiantes migrantes?
      
      58.      Como la Comisión ha señalado acertadamente, el artículo 12 CE, que consagra el principio general de no discriminación por
         razón de la nacionalidad, ha de aplicarse de manera independiente sólo en situaciones regidas por el Derecho comunitario para
         las que el Tratado no prevea normas específicas contra la discriminación. Por tanto, sólo es preciso pronunciarse sobre este
         artículo si el asunto principal no está comprendido en el ámbito del artículo 39 CE o del artículo 7 del Reglamento nº 1612/68,
         que constituye una expresión específica del derecho de los trabajadores comunitarios a la igualdad de trato. (29)
      
      59.      Finalmente, en la tercera parte de mi análisis abordaré la quinta cuestión, que versa sobre la supuesta imposición retroactiva
         por las autoridades neerlandesas de requisitos adicionales respecto del derecho a becas de los estudiantes migrantes.
      
      B.      Aplicabilidad del principio de no discriminación según las disposiciones sobre libre circulación de trabajadores
      1.      Argumentos principales de las partes
      60.      En este asunto han presentado observaciones escritas tanto los Gobiernos neerlandés, alemán, austriaco, belga, sueco, finlandés
         y del Reino Unido como la Comisión y la Sra. Förster. Todos ellos, salvo los Gobiernos finlandés y austríaco, estaban representados
         en la vista de 23 de abril de 2008, en que el Gobierno danés también estaba representado.
      
      61.      A juicio de la Comisión, en contra de lo que sugiere el tribunal remitente la Sra. Förster puede considerarse trabajador comunitario
         en el sentido del artículo 39 CE y del Reglamento nº 1612/68, tal como los ha interpretado el Tribunal de Justicia, en particular,
         en las sentencias Lair, (30) Brown (31) y Ninni-Orasche, (32) puesto que las circunstancias de su caso implican una continuidad sustancial entre su formación práctica y sus estudios.
         Respecto de la segunda mitad de 2003, la Sra. Förster puede invocar el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 para
         obtener la beca en cuestión, que constituye una «ventaja social» en el sentido de este Reglamento.
      
      62.      Los Gobiernos austríaco, danés, alemán, neerlandés y sueco están esencialmente en contra de esta postura. Los Gobiernos neerlandés
         y alemán afirmaron en la vista que, a su juicio, la formación práctica previa no puede otorgar la condición de trabajador
         comunitario una vez que ha finalizado. A este respecto, el presente asunto debe diferenciarse de los asuntos Lair (33) y Ninni-Orasche, (34) en los que se declaró que debe existir continuidad entre la actividad anterior por cuenta ajena y los posteriores estudios.
         Tampoco la Sra. Förster quedó desempleada de modo involuntario en el sentido de esta jurisprudencia, puesto que dicha formación
         práctica, por su propia naturaleza, sólo era temporal. 
      
      63.      La Sra. Förster alega que puede invocar válidamente el artículo 7 del Reglamento nº 1251/70 para obtener la beca por la segunda
         mitad de 2003. 
      
      64.      En cambio, las demás partes que han presentado observaciones sobre este particular básicamente coinciden en que el Reglamento
         nº 1251/70, de acuerdo con su artículo 1, no es aplicable rationae personae ni pertinente en el presente asunto.
      
      2.      Apreciación
      65.      Según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, un trabajador con nacionalidad de un Estado miembro que ejercita
         la libre circulación de trabajadores debe disfrutar de las mismas ventajas sociales en el Estado miembro de acogida que los
         trabajadores nacionales.
      
      66.      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que una ayuda relativa a la manutención y la formación para cursar estudios universitarios
         que culminan en una titulación profesional constituye una ventaja social en el sentido de este artículo. (35) No se discute que la beca en cuestión constituye este tipo de ventaja. (36)
      
      67.      Por tanto, las personas calificadas de trabajadores en el sentido del artículo 39 CE y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento
         nº 1612/68, pueden invocar su derecho a la igualdad de trato respecto de la concesión de las becas en cuestión. 
      
      68.      Es jurisprudencia consolidada que el concepto de «trabajador» al que se refieren estas disposiciones posee un alcance comunitario
         específico y no debe interpretarse de forma restrictiva. Debe considerarse «trabajador» cualquier persona que ejerce actividades
         reales y efectivas, con exclusión de aquellas actividades realizadas a tan pequeña escala que tengan un carácter meramente
         marginal y accesorio. Según esta jurisprudencia, la característica esencial de la relación laboral radica en la circunstancia
         de que una persona realice, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones
         a cambio de las cuales percibe una retribución. (37)
      
      69.      Es importante señalar que en el presente asunto tanto las autoridades nacionales como el tribunal remitente parten claramente
         de la base de que en el período anterior a la segunda mitad de 2003 la Sra. Förster mantenía una auténtica relación laboral
         que le permitía ser considerada trabajadora migrante, al realizar trabajos desde marzo de 2000 y, desde octubre de 2002 hasta
         junio de 2003, prácticas remuneradas a tiempo completo. Además, de acuerdo con ello se concedió a la Sra. Förster una beca
         con arreglo al Reglamento nº 1612/68 y sobre la base de la normativa neerlandesa que exigía la realización una media de 32 horas
         de trabajo remunerado mensual. Así, no hay razón para dudar de que hasta junio de 2003 la Sra. Förster cumplía todos los requisitos
         necesarios para ser considerada trabajadora, tal como exigían las disposiciones relativas a la libre circulación de trabajadores,
         a saber, que sus actividades laborales fueran reales y efectivas y no meramente marginales y accesorias.
      
      70.      En este contexto, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que la actividad laboral
         consista en una preparación práctica o en un trabajo a tiempo parcial no obsta para que quien lo realice tenga la condición
         del trabajador. (38)
      
      71.      Por otro lado, tampoco se discute que durante la segunda mitad de 2003 la Sra. Förster ya no estuvo empleada.
      
      72.      Aunque, como regla general, una persona pierde su condición de trabajador una vez terminada su relación laboral, esta condición
         puede producir algunos efectos a posteriori, tal como he mencionado anteriormente. (39)
      
      73.      Así, en primer lugar, el artículo 7 del Reglamento nº 1251/70, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el
         territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, al que se refiere expresamente la primera cuestión,
         extiende el derecho a la igualdad de trato establecida en el Reglamento nº 1612/68 a las personas «afectadas por las disposiciones
         del presente Reglamento».
      
      74.      Sin embargo, comparto la postura de la inmensa mayoría de las partes que han presentado observaciones en el presente procedimiento
         de que el Reglamento nº 1251/70 no se aplica ratione personae a alguien en la situación de la Sra. Förster. El artículo 1 de este Reglamento no puede entenderse razonablemente de modo
         independiente de su artículo 2, que especifica qué trabajadores tienen derecho a permanecer en el territorio de un Estado
         miembro. Son los trabajadores cuya relación laboral ha terminado por razón de su edad, su incapacidad laboral o su empleo
         en otro Estado miembro. Dado que, obviamente, quien se encuentre en la situación descrita en este asunto no está comprendido
         en ninguna de estas categorías, el artículo 7 del Reglamento nº 1251/70 no es aplicable.
      
      75.      Por tanto, debe responderse negativamente a la primera cuestión.
      
      76.      Sin embargo, en segundo lugar debe examinarse si un estudiante en las circunstancias del asunto principal puede beneficiarse
         de la jurisprudencia establecida en los asuntos Lair, Brown, Raulin y Ninni-Orasche, antes citados. El Tribunal de Justicia
         declaró en estas sentencias que debe considerarse que un nacional de otro Estado miembro que cursa en el Estado miembro de
         acogida estudios universitarios que culminan en una titulación profesional tras haber ejercido en dicho Estado actividades
         profesionales conserva su condición de trabajador siempre y cuando exista un vínculo o, tal como el Tribunal de Justicia también
         lo denomina, una «continuidad» entre las actividades profesionales anteriormente ejercidas y los estudios cursados. (40)
      
      77.      El Tribunal de Justicia ha especificado no obstante que este requisito de continuidad no puede exigirse en el caso de un trabajador
         migrante que se halle en paro forzoso y a quien la situación del mercado de trabajo obligue a emprender una reconversión profesional
         en otro sector de actividad. A este respecto, el Tribunal de Justicia tomó en consideración el hecho de que actualmente las
         carreras continuas son menos frecuentes que antes y a veces sucede que las actividades profesionales resultan interrumpidas
         por períodos de formación, de reconversión o de reciclaje. (41)
      
      78.      Finalmente, el Tribunal de Justicia se ha negado a extender los derechos derivados de la condición de trabajador comunitario
         a situaciones en que se producen abusos. Esto sucedería, por ejemplo, si se demostrara que un nacional de un Estado miembro
         ha entrado en otro Estado miembro con el único propósito de acogerse, tras un período muy breve de actividad profesional,
         al sistema de ayudas a los estudiantes (42) o cuando conste que alguien adquirió la condición de trabajador exclusivamente como resultado de haber sido admitido en la
         universidad para emprender los estudios de que se trate. En estas circunstancias, la relación laboral, único fundamento de
         los derechos derivados del Reglamento nº 1612/68, es meramente accesoria de los estudios a cuya financiación está destinada
         la ayuda. (43)
      
      79.      Corresponde, en último término, al órgano jurisdiccional nacional proceder a las comprobaciones de hecho necesarias para determinar
         si, con arreglo a los diversos criterios que se derivan de la jurisprudencia anteriormente citada, puede considerarse que
         la demandante en el procedimiento principal conservó su condición de trabajadora una vez finalizada su actividad profesional. (44) No obstante, la información proporcionada al Tribunal de Justicia en el presente asunto permite hacer las siguientes observaciones.
      
      80.      En primer lugar, en contra de lo sugerido, en particular, por el Gobierno alemán, el hecho de que una persona se desplace
         al Estado miembro de acogida «principalmente para estudiar», tal como menciona el tribunal remitente en la primera cuestión,
         y que desde el primer momento curse estudios a la vez que trabaja por cuenta ajena, no le impide, a mi juicio, invocar la
         jurisprudencia anteriormente citada.
      
      81.      Lo decisivo a este respecto es determinar si esa persona realmente ha ejercido un verdadero trabajo, es decir, actividades
         profesionales reales y efectivas, y no meramente marginales y accesorias en el sentido del concepto «trabajador». (45) Si se demuestra que una persona objetivamente reúne estos requisitos, el hecho de que simultáneamente se le considere estudiante
         no puede privarle de la condición de trabajador y de los derechos que se derivan de ella. Del mismo modo, tampoco la posibilidad
         de que el principal motivo sea cursar estudios, en sí misma, debería afectar a su condición de trabajador. 
      
      82.      Apoya esta postura la reciente sentencia dictada en el asunto C‑294/06, que versa sobre el artículo 6, apartado 1, de la Decisión
         nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, sobre el desarrollo de la Asociación, en la que el Tribunal
         de Justicia abordó la cuestión de si la condición de «au pair» o de estudiante de los nacionales turcos –cuya actividad reúne,
         por lo demás, los tres requisitos contemplados en dicho artículo– les priva de la condición de trabajadores y les impide pertenecer
         al mercado legal de trabajo de un Estado miembro en el sentido de esa disposición. El Tribunal de Justicia respondió negativamente,
         sosteniendo que los interesados pueden invocar plenamente los derechos que esta disposición les confiere, siempre que se cumplan
         los requisitos objetivos que en ella se establecen, sin que sea necesario tener en cuenta las razones por las que se les concedió
         inicialmente el derecho de entrada en ese territorio ni las limitaciones temporales a las que eventualmente esté supeditado
         su derecho al trabajo. (46)
      
      83.      En segundo lugar, por lo que respecta al requisito de que debe haber continuidad entre la actividad por cuenta ajena y los
         subsiguientes estudios o la persona de que se trata debe haber quedado desempleada de modo involuntario, de las alegaciones
         de la Sra. Förster se desprende que dejó de trabajar en la segunda mitad de 2003 porque tenía que centrarse en la finalización
         de sus estudios. En estas circunstancias, su situación no puede considerarse de desempleo involuntario. Sin embargo, coincido
         con la Comisión en que el criterio de la continuidad puede cumplirse en el caso de autos, tanto desde el punto de vista material
         como temporal. 
      
      84.      A este respecto, debe señalarse en primer lugar que el trabajo remunerado en prácticas anterior a la segunda mitad de 2003
         consistió en educación secundaria especial para alumnos con problemas de conducta y/o trastornos psiquiátricos, actividad
         ciertamente relacionada, en cuanto a su contenido, con sus estudios de pedagogía. (47)
      
      85.      Al aplicar el criterio de continuidad, debería tenerse en cuenta, tal como el Tribunal de Justicia ya señaló en la sentencia
         Lair, antes citada, (48) que las carreras continuas son menos frecuentes que antes en el medio laboral actual. En particular, a menudo se espera,
         por muchas razones, que los jóvenes muestren al principio de su vida profesional flexibilidad en su educación y formación
         así como en sus primeros pasos en el mundo laboral, e incluso se ven forzados a ello por las condiciones en los mercados de
         trabajo. Por tanto, el requisito de continuidad no debería interpretarse demasiado restrictivamente, con el fin de evitar
         que una parte fundamental de los estudiantes que trabajan quede privada de sus derechos como trabajadores comunitarios, pese
         a haber estado ya económicamente activos y haber entrado en el mercado laboral del Estado miembro de acogida.
      
      86.      En tercer lugar, parece no existir indicio alguno de abuso en el presente asunto. En particular, a la vista de que la Sra.
         Förster mantuvo una auténtica relación laboral remunerada durante más de tres años antes de dejar de trabajar, no puede sostenerse
         que se desplazó a otro Estado miembro sólo con el propósito de disfrutar del sistema de ayudas a los estudiantes en ese Estado. (49)
      
      87.      En la vista se puso de manifiesto además que la Sra. Förster también se desplazó a los Países Bajos y comenzó allí a trabajar
         y a estudiar por su relación personal con un residente en los Países Bajos. Este hecho puede ser indicativo de que no entró
         en dicho Estado con el sólo propósito de aprovecharse de su sistema de ayudas a los estudiantes. (50)
      
      88.      Más aún, no parece haber razón para suponer que su empleo sólo fue una consecuencia de su admisión en la Universidad, lo que
         habría obligado a considerar su empleo meramente accesorio a sus estudios. 
      
      89.      De las anteriores consideraciones se desprende que el artículo 7 del Reglamento nº 1251/70 no se aplica en una situación como
         la controvertida en el presente asunto, ya que dicho estudiante no está comprendido en ninguna de las categorías de trabajadores
         a que se refiere el artículo 2 de dicho Reglamento. 
      
      90.      Sin embargo, un estudiante en una situación como la del asunto principal puede, en principio, invocar en el Estado miembro
         de acogida, como trabajador comunitario, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, su derecho a disfrutar
         de las mismas ventajas sociales que un trabajador nacional para obtener becas como la controvertida. No obstante, corresponde
         al tribunal nacional determinar si en el presente asunto se cumplen realmente los distintos requisitos establecidos anteriormente
         respecto de la conservación de la condición de trabajador comunitario una vez que se ha extinguido la relación laboral.
      
      C.      Aplicabilidad del principio de no discriminación del Artículo 12 CE y del requisito de residencia a la luz de la sentencia
            Bidar
      91.      De la respuesta que he propuesto anteriormente se deriva que, a mi juicio, un estudiante en una situación como la controvertida
         puede basarse en su condición de trabajador comunitario para invocar un derecho a la igualdad de trato respecto de las becas
         de estudios. No obstante, con carácter meramente subsidiario, abordaré las cuestiones segunda y tercera, que pretenden dilucidar
         si un estudiante en circunstancias como las del presente asunto puede invocar válidamente el artículo 12 CE para que se le
         otorgue una beca. 
      
      1.      Principales argumentos de las partes
      92.      La Sra. Förster alega que la Directiva 93/96 no puede oponerse a que los estudiantes en su situación invoquen el artículo
         12 CE para obtener una beca, puesto que una disposición del Tratado es jerárquicamente superior a una directiva. Con respecto
         a la sentencia Bidar, (51) sostiene que el criterio decisivo, además del requisito de residencia legal en el momento en que se solicita la beca, es
         si el interesado está sustancialmente integrado en la sociedad del Estado miembro de acogida, lo que no puede equipararse
         simplemente a un cierto período de residencia legal. Señala al respecto que un período de residencia de cinco años supera
         sustancialmente los tres años admitidos en el asunto Bidar y priva a la mayoría de los estudiantes del derecho a beca alguna.
      
      93.      A juicio de la Sra. Förster, los Estados miembros deberían evaluar, en cada caso concreto, si el interesado demuestra un grado
         suficiente de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida, teniendo en cuenta factores personales. 
      
      94.      La Comisión aborda las cuestiones segunda y quinta sólo para el caso de que el Tribunal de Justicia no coincida con su criterio
         de que la Sra. Förster, como trabajadora comunitaria, puede invocar el artículo 39 CE y el artículo 7 del Reglamento 1612/68.
         Alega, en primer lugar, que el caso de autos debe apreciarse a la luz del Derecho comunitario aplicable en el momento de los
         hechos, a saber, los artículos 12 CE y 18 CE, la Directiva 93/96 y la Directiva 90/364/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa
         al derecho de residencia. (52) En cambio, la Directiva 2004/38 no es aplicable. 
      
      95.      Aunque la Comisión, en principio, coincide con la Sra. Förster, en la vista explicó que la Directiva 93/96 se opone a que
         quien deduce su derecho de residencia sólo de dicha Directiva y de ninguna otra disposición de Derecho comunitario pueda invocar
         con éxito el artículo 12 CE para obtener una beca, según resulta también de la sentencia Bidar, antes citada. En cambio, un
         ciudadano de la Unión económicamente inactivo que ha residido legalmente en el Estado miembro de acogida durante un determinado
         período, en el sentido de la Directiva 90/364, o dispone de un permiso de residencia, puede invocar con éxito el artículo 12 CE.
         
      
      96.      No puede considerarse que como consecuencia de ello el requisito de cinco años de residencia, tal como lo aplica el Gobierno
         neerlandés, sea discriminatorio como tal, ya que puede suponerse que los nacionales del Estado miembro de acogida, que por
         regla general han pasado toda su vida en dicho país, cumplen el criterio de un cierto grado de integración. 
      
      97.      Sin embargo, a juicio de la Comisión, el requisito de la residencia debe aplicarse a la Sra. Förster de un modo menos radical
         que el que han propuesto los Estados miembros. Dependiendo de las circunstancias, deben tenerse en cuenta otros criterios
         para determinar el grado de integración, como si la persona de que se trata nació cerca de la frontera o ya ha trabajado en
         el Estado miembro de acogida. La Comisión destaca que según el artículo 37 de la Directiva 2004/38 los Estados miembros tienen
         libertad para adoptar criterios más favorables que los cinco años de residencia establecidos en el artículo 24, apartado 2,
         de dicha Directiva, aunque admite que no están obligados a ello. 
      
      98.      Aun cuando se basan en argumentos ligeramente distintos, todos los Gobiernos que han presentado observaciones en el presente
         asunto coinciden esencialmente en que debería responderse a las cuestiones prejudiciales en el sentido de que un estudiante
         en una situación como la del caso de autos no puede invocar con éxito el artículo 12 CE para obtener una beca. 
      
      99.      Respecto de la Directiva 93/96, los Gobiernos neerlandés, belga y danés afirman que, de acuerdo con la sentencia Bidar, antes
         citada, debe distinguirse entre quienes se desplazan a otro Estado miembro con el propósito principal de cursar allí estudios
         y quienes se establecen en otro Estado miembro por otros motivos y posteriormente deciden cursar estudios. La primera categoría
         de estudiantes entra en el ámbito de la Directiva 93/96, que les impide invocar el artículo 12 CE para obtener una beca, mientras
         que la segunda categoría tiene derecho a la igualdad de trato en ese sentido. De acuerdo con los Gobiernos neerlandés, danés
         y sueco, entre otros, el artículo 3 de la Directiva 93/96, que les priva del derecho a una beca de subsistencia, constituye
         un ejemplo de disposición restrictiva o limitación en el sentido del párrafo primero del artículo 18 CE. En cambio, según
         el Gobierno austríaco, esta Directiva no impide a los estudiantes invocar el artículo 12 CE en relación con el derecho a obtener
         becas de subsistencia. 
      
      100. Los Gobiernos están de acuerdo, en esencia, en que no se impide que los Estados miembros supediten tal ayuda a un requisito
         de residencia de cinco años como el controvertido en el presente asunto, que es un criterio claro y suficiente, o a disponer
         de un permiso de residencia permanente. Además, existe consenso en que no hay obligación de llevar a cabo una evaluación específica
         de la integración en la sociedad de que se trate en casos particulares ni de aplicar criterios distintos del período de residencia,
         aunque los Estados miembros están facultados para hacerlo y pueden conceder ayudas de estudio más generosas si así lo desean.
         
      
      101. La mayoría de los Gobiernos han invocado a este respecto la Directiva 2004/38, en particular su artículo 24, apartado 2, en
         relación con su artículo 16, apartado 1, así como su artículo 37, a la vez que reconocían que esta Directiva no es aplicable
         al presente asunto ratione temporis. Además, varios Estados miembros han destacado el amplio margen de discrecionalidad de que disfrutan respecto de la concesión
         de ayuda social. 
      
      102. En particular, los Gobiernos neerlandés y del Reino Unido también señalan que, tal como el Tribunal de Justicia declaró en
         la sentencia Bidar, (53) becas más generosas podrían suponer una carga económica excesiva para los Estados miembros a la vista del número de estudiantes
         extranjeros. Ello podría tener consecuencias para en el nivel general de ayuda prestada. Varios Gobiernos también señalan
         que una apreciación individual del grado de integración sería imposible desde el punto de vista administrativo o, tal como
         sostiene el Gobierno alemán, contraria a los principios de seguridad jurídica y legalidad. 
      
      2.      Apreciación
      103. Lo que aquí trataré puede dividirse básicamente en dos cuestiones principales. El tribunal remitente desea saber, en primer
         lugar, si un estudiante en una situación como la del asunto principal, a la luz de la sentencia Bidar, antes citada, puede
         invocar en principio el artículo 12 CE respecto de ayudas para sufragar gastos de manutención de estudiantes como la beca
         controvertida. Si es así, el tribunal remitente se refiere, en segundo lugar, a la norma de los Países Bajos según la cual
         la concesión de becas depende únicamente del cumplimiento de un requisito de residencia durante cinco años y pregunta en qué
         condiciones dicho estudiante puede realmente tener derecho a beca sobre la base de este artículo. Aunque estas cuestiones
         pueden responderse en gran medida remitiéndose a la sentencia Bidar, antes citada, y a la jurisprudencia citada en ella, esta
         jurisprudencia debe matizarse en determinados aspectos a la luz de las circunstancias del presente asunto.
      
      104. Según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, resumida en la sentencia Bidar, un ciudadano de la Unión que reside
         legalmente en el territorio del Estado miembro de acogida puede invocar el artículo 12 CE en todas las situaciones comprendidas
         en el ámbito de aplicación ratione materiae del Derecho comunitario. (54)
      
      105. También es jurisprudencia consolidada que entre tales situaciones figuran las relativas al ejercicio de las libertades fundamentales
         garantizadas por el Tratado y las relativas al ejercicio de la libertad de circulación y de residencia en el territorio de
         los Estados miembros tal y como se halla reconocida en el artículo 18 CE. (55)
      
      106. Además, el Tribunal de Justicia ha destacado que nada en el texto del Tratado permite considerar que los estudiantes que son
         ciudadanos de la Unión carecen, cuando se desplazan a otro Estado miembro para proseguir sus estudios, de los derechos reconocidos
         por el Tratado a los ciudadanos de la Unión. (56)
      
      107. El Tribunal de Justicia también ha declarado en la sentencia dictada en el asunto D’Hoop que un nacional de un Estado miembro
         que se desplaza a otro Estado miembro para cursar estudios secundarios hace uso de la libertad de circulación garantizada
         por el artículo 18 CE. (57)
      
      108. Finalmente, por lo que se refiere a las prestaciones de asistencia social, el Tribunal de Justicia recordó en la sentencia
         Bidar que un ciudadano de la Unión económicamente no activo podrá invocar el artículo 12 CE, párrafo primero, cuando haya
         residido legalmente en el Estado miembro de acogida durante determinado período o cuando disponga de un permiso de residencia. (58)
      
      109. Respecto al caso de autos, es innegable que una ciudadana de la Unión como la Sra. Förster, que se desplaza a otro Estado
         miembro y realiza allí actividades profesionales y estudios, ejerce con ello su derecho a circular y residir libremente en
         otro Estado miembro con arreglo al artículo 18 CE. Además, no se discute que desde el inicio de sus estudios la Sra. Förster
         siempre ha residido legalmente en los Países Bajos, incluida la segunda mitad de 2003.
      
      110. De ello se deduce que un ciudadano de la Unión en la situación de la Sra. Förster puede, en principio, invocar el artículo
         12 CE en todas las situaciones que entran en el ámbito del Derecho comunitario. 
      
      111. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Bidar que, en contra de la jurisprudencia anterior establecida
         en los asuntos Brown y Lair (59) y a la vista del desarrollo del Derecho comunitario desde entonces, una ayuda concedida mediante préstamos subvencionados
         o becas a estudiantes que residen legalmente en el Estado miembro de acogida y destinada a sufragar sus gastos de manutención
         está comprendida en el ámbito de aplicación del Tratado CE a efectos de la prohibición de discriminación establecida en el
         artículo 12 CE, párrafo primero. (60)
      
      112. Por tanto, a la vista de lo anterior puede concluirse, al menos provisionalmente, que un estudiante como el del caso de autos,
         que ha residido legalmente durante un determinado período en el Estado miembro de acogida, puede invocar en principio, con
         los requisitos a los que me referiré a continuación, el artículo 12 CE para obtener una beca como la controvertida. 
      
      113. Sin embargo, tanto la resolución de remisión como las alegaciones de las partes revelan incertidumbre sobre el impacto de
         la Directiva 93/96 en esta conclusión y sobre la pertinencia del hecho de que alguien se desplace otro Estado miembro «principalmente»
         para estudiar. Se ha alegado, en particular, que el presente asunto debe diferenciarse del asunto Bidar, antes citada, en
         que el demandante en dicho asunto no se desplazó al Reino Unido con el propósito principal de cursar allí estudios y dedujo
         su derecho de residencia del artículo 18 CE y de la Directiva 90/364, y no de la Directiva 93/96.
      
      114. Es cierto que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Bidar que el artículo 3 de la Directiva 93/96 no se opone a
         que un nacional de un Estado miembro que, en virtud del artículo 18 CE y de la Directiva 90/364, reside legalmente en el territorio
         de otro Estado miembro invoque, durante dicha residencia, el principio fundamental de igualdad de trato consagrado en el artículo
         12 CE, párrafo primero. (61)
      
      115. Sin embargo, no creo que de ello se deduzca que este principio no se aplica a quien, en lugar de ello, invoca su derecho de
         residencia basándose en la Directiva 93/96. Desde su sentencia Baumbast y R el Tribunal de Justicia ha sostenido sistemáticamente
         que los ciudadanos de la Unión pueden, en todo caso, derivar directamente del párrafo primero del artículo 18 CE, (62) su derecho a residir en el territorio de otro Estado miembro.
      
      116. Debe reconocerse que este artículo somete el derecho de residencia a las limitaciones y condiciones previstas por el Tratado
         y las disposiciones adoptadas para su aplicación. Entre estas limitaciones y condiciones están las establecidas por la Directiva
         68/360/CEE del Consejo, (63) respecto de los trabajadores por cuenta ajena, por la Directiva 93/96 respecto de los estudiantes, y por la Directiva 90/364 (64) respecto de los nacionales de los Estados miembros que no disfrutan del derecho de residencia con arreglo a otras disposiciones
         del Derecho comunitario. 
      
      117. Sin embargo, de la sentencia Grzelczyk e, incluso en mayor medida, de la sentencia Trojani, se desprende que el Tribunal de
         Justicia distingue entre, por una parte, el derecho de residencia y los requisitos a que está sometido y, por otra parte,
         la posibilidad de que un ciudadano de la Unión invoque el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 12 CE,
         por ejemplo, para obtener ayudas sociales. La consecuencia es que los Estados miembros pueden someter el derecho de residencia
         a las condiciones y limitaciones establecidas por las distintas directivas sobre la residencia, pero cuando un ciudadano de
         la Unión es residente legal en el Estado miembro de acogida de que se trata, y en la medida en que lo es, sea en virtud del
         Derecho comunitario o simplemente del Derecho nacional, como en el caso del Sr. Trojani, (65) dicho ciudadano de la Unión tiene derecho a la igualdad de trato. En consecuencia, el Estado miembro sólo puede evitar conceder
         la ayuda poniendo fin a la residencia del ciudadano de la Unión. (66)
      
      118. Así, esta jurisprudencia posiblemente apunta a que el Derecho comunitario derivado que establece condiciones y limitaciones
         al derecho de residencia debe considerarse, en virtud de la referencia contenida en el párrafo primero del artículo 18 CE,
         como una lex specialis en relación con este artículo, pero no respecto del artículo 12 CE.
      
      119. Además, el Tribunal de Justicia ya declaró en la sentencia Grzelczyk que mientras que el artículo 3 de la Directiva 93/96
         establece claramente que dicha Directiva no constituye el fundamento de un derecho al pago, por parte del Estado miembro de
         acogida, de becas de subsistencia a los estudiantes que disfruten de un derecho de residencia, ninguna disposición de la Directiva
         excluye de las prestaciones sociales a las personas a quienes se aplica. (67)
      
      120. En otros términos, aun cuando la Directiva 93/96 no establece ningún derecho a ayudas de subsistencia, en virtud de otra disposición
         del Derecho comunitario, como el artículo 12 CE, puede reconocerse dicho derecho a los estudiantes comprendidos en el ámbito
         de aplicación de esta Directiva.
      
      121. En cuanto al estudiante en el asunto principal, que se desplazó «principalmente para estudiar», el propio tribunal remitente
         ha señalado que es difícil determinar el propósito con el que las personas se desplazan al Estado miembro de acogida. Además,
         dicho propósito no es decisivo respecto de la aplicabilidad de la Directiva 93/96. Por ello, carece de pertinencia en este
         contexto.
      
      122. De las consideraciones anteriores se deduce que el artículo 3 de la Directiva 93/96 no se opone a que un nacional de un Estado
         miembro con residencia legal en el territorio de otro Estado miembro invoque, durante su período de residencia, el principio
         fundamental de la igualdad de trato consagrado en el párrafo primero del artículo 12 CE para obtener en el Estado miembro
         de acogida una beca como la controvertida en el asunto principal, aun cuando su derecho de residencia se base en dicha Directiva.
      
      123. Falta por examinar, respecto de la tercera cuestión, letras b), c) y d), y de la cuarta cuestión, si dicho artículo permite
         que un Estado miembro supedite el derecho de los nacionales de otros Estados miembros a obtener dicha beca a haber completado
         cinco años de residencia.
      
      124. De la sentencia Bidar resulta que aunque los Estados miembros deben dar muestras, a la hora de organizar y aplicar el sistema
         de asistencia social, de cierta solidaridad económica con los nacionales de otros Estados miembros, es lícito que todo Estado
         miembro vele por que la concesión de ayudas destinadas a sufragar los gastos de manutención de estudiantes procedentes de
         otros Estados miembros no se convierta en una carga excesiva que pueda tener consecuencias para el nivel global de la ayuda
         que dicho Estado puede prestar. (68)
      
      125. Por tanto, tal como el Tribunal de Justicia declaró en dicha sentencia, es legítimo que un Estado miembro solamente conceda
         ayuda para sufragar gastos de manutención a los estudiantes que hayan demostrado un cierto grado de integración en la sociedad
         del referido Estado. (69)
      
      126. Sin embargo, el Tribunal de Justicia expuso claramente que un Estado miembro no puede exigir a los estudiantes que demuestren
         la existencia de un vínculo con su mercado laboral, (70) exigencia que el Tribunal de Justicia ha considerado legítima en varias ocasiones en relación con ayudas sociales. (71)
      
      127. El Tribunal de Justicia sostuvo en la sentencia Bidar que el requisito de un cierto grado de integración en la sociedad puede
         acreditarse mediante la constatación de que el estudiante de que se trata ha residido en el Estado miembro de acogida durante
         un período determinado. Aceptó como adecuado el período de tres años de residencia exigido por la normativa nacional controvertida
         en ese asunto. (72)
      
      128. El caso de autos plantea la cuestión de si, a la luz de dicha sentencia, la exigencia de cinco años de residencia obedece
         a la finalidad legítima de garantizar que quien solicita la beca haya demostrado un cierto grado de integración en la sociedad.
         Según varios Gobiernos han destacado en sus observaciones, los Estados miembros disponen de plena libertad en cuanto a los
         criterios empleados para evaluar el grado de vinculación a la sociedad respecto de una ventaja social como la beca controvertida
         en el procedimiento principal. Sin embargo, también deben acatar los límites impuestos por el Derecho comunitario, en particular
         el principio de proporcionalidad. (73)
      
      129. Obviamente, se permite hasta cierto punto que los Estados miembros apliquen requisitos generales que no exigen una apreciación
         más detenida del caso concreto, como el de los tres años de residencia controvertido en el asunto Bidar, antes citado. Sin
         embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también sugiere que el requisito impuesto no puede tener un ámbito tan
         general que prive sistemáticamente a los estudiantes, sin considerar su grado efectivo de integración en la sociedad, de cursar
         sus estudios en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro de acogida. En otros términos, el criterio empleado
         también debe ser indicativo del grado de integración en la sociedad. (74)
      
      130. No lo es, a mi juicio, el requisito de cinco años de residencia, pues puede suponerse razonablemente que algunos estudiantes
         hayan conseguido un nivel sustancial de integración en la sociedad mucho antes de que transcurra este período. Esto sucede
         especialmente con los estudiantes que, como la Sra. Förster, además de cursar estudios han ejercido actividades profesionales
         en el Estado miembro de acogida. De hecho, tal como ha alegado la Sra. Förster, un requisito de residencia de cinco años puede
         privar a los estudiantes que ejercieron su derecho a desplazarse a otro Estado miembro y a estudiar allí del derecho a la
         igualdad de trato, como ciudadanos de la Unión, respecto de las becas, sin tener en cuenta el vínculo efectivo que puedan
         haber establecido con la sociedad del Estado miembro de acogida. A mi juicio, esto no puede considerarse proporcional.
      
      131. Es cierto que la Directiva 2004/38 no obliga a los Estados miembros a conceder becas antes de la adquisición del derecho de
         residencia permanente y así, no antes del transcurso de cinco años. Sin embargo, esta Directiva, aparte de no ser aplicable
         al caso de autos, no puede restar valor a las obligaciones derivadas del artículo 12 CE y del principio general de proporcionalidad.
      
      132. Más bien, un período de cinco años de residencia continuada en el Estado miembro de acogida marca el límite máximo dentro
         del que todavía sería posible argumentar que quien cursa estudios en otro Estado miembro no ha acreditado un grado suficiente
         de integración en la sociedad del dicho Estado para tener derecho a la igualdad de trato, tal como está establecida en el
         artículo 12 CE, respecto de ayudas sociales como las becas de subsistencia para estudiantes.
      
      133. Cuando un estudiante ya ha residido en el Estado miembro de acogida durante tres años, tal como sucede en el presente asunto,
         aunque aún no hayan transcurrido cinco años, parecería desproporcionado denegarle la beca si puede aportar pruebas razonables
         de que ya se ha integrado sustancialmente en la sociedad del Estado miembro de acogida.
      
      134. Finalmente, no creo que afecte al razonamiento anterior el hecho de que el requisito de residencia se exija sólo a los nacionales
         de otros Estados miembros. Tal como ha señalado la Comisión, es legítimo suponer que los nacionales de un Estado miembro tienen
         un vínculo efectivo con la sociedad de dicho Estado. 
      
      135. Por tanto, propongo que se responda a las cuestiones tercera, letras b), c) y d), y cuarta que el artículo 12 CE, interpretado
         en relación con el principio de proporcionalidad, se opone a que un Estado miembro deniegue una beca como la controvertida
         a un estudiante económicamente inactivo de otro Estado miembro que ya ha residido legalmente durante tres años en el Estado
         miembro de acogida basándose únicamente en que dicho estudiante no ha residido durante cinco años en el Estado miembro de
         acogida con anterioridad al período de estudios de que se trata, si otros elementos, que el estudiante deberá demostrar por
         los medios adecuados, indican un grado sustancial de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida. 
      
      D.      Quinta cuestión, sobre la seguridad jurídica
      1.      Principales argumentos de las partes
      136. La Sra. Förster alega que tanto la controvertida orden de devolución de la beca como el recurso que interpuso contra ella
         son anteriores a las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005. Es contrario al principio de seguridad jurídica y al artículo 6 del
         Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales adoptar normas que restringen
         sus derechos después de que invocara el artículo 12 CE. (75)
      
      137. En esta misma línea, la Comisión propone que se responda negativamente a la quinta cuestión, argumentando que el tribunal
         nacional tiene que tener en cuenta, cuando interpreta su Derecho nacional, los principios generales del Derecho, en particular
         los de seguridad jurídica y no retroactividad.
      
      138. En cambio, los Gobiernos alemán, austríaco y neerlandés sostienen que si la sentencia del Tribunal de Justicia permite retroactivamente
         deducir del artículo 12 CE más derechos de lo que inicialmente se suponía, cuando se aplique esta sentencia también deberán
         imponerse requisitos respecto de períodos en el pasado. Según el Gobierno neerlandés, esto no es contrario a la sentencia
         Collins. (76)
      
      2.      Apreciación
      139. En aras de la exhaustividad abordaré la quinta cuestión, pese a las respuestas que he propuesto para las cuestiones precedentes.
         De la resolución de remisión se desprende que el tribunal remitente pretende saber esencialmente si el principio de seguridad
         jurídica, tal como fue aplicado en la sentencia Collins, antes citada, se opone a que las autoridades neerlandesas denieguen
         la beca para la segunda mitad de 2003 sobre la base del requisito del período mínimo de residencia contenido en las Beleidsregel
         de 9 de mayo de 2005, adoptadas a raíz de la sentencia Bidar, antes citada, cuando estas directrices establecen más derechos
         –en este caso un acceso más generoso a las becas– de los existentes anteriormente. Anteriormente sólo se concedían becas a
         los estudiantes de otros Estados miembros que las solicitaban invocando el artículo 39 CE o el artículo 43 CE. 
      
      140. El principio de seguridad jurídica es un principio fundamental del Derecho comunitario que exige, en los ámbitos por él regulados,
         que la normativa de los Estados miembros sea clara y precisa, con el fin de que los justiciables puedan conocer, sin ambigüedad,
         sus derechos y obligaciones. Pretende garantizar que las situaciones y relaciones jurídicas reguladas por el Derecho comunitario
         sigan siendo previsibles. (77) De acuerdo con ello, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia Collins que la aplicación de un requisito de residencia
         por las autoridades nacionales debe basarse en criterios claros y conocidos de antemano. (78)
      
      141. Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también señala que es relevante si la norma en cuestión implica consecuencias
         positivas o negativas para los particulares. En el caso de las normas que imponen obligaciones a los particulares, la estricta
         observancia de las obligaciones que se derivan del principio de seguridad jurídica y la tutela de los particulares tiene naturalmente
         una especial importancia. (79)
      
      142. En consecuencia, a mi juicio, el principio de seguridad jurídica y la tutela de los particulares no se oponen a la aplicación
         retroactiva de una norma en tanto en cuanto dicha aplicación mejore la posición jurídica del interesado. (80)
      
      143. Por tanto, propongo que se responda a la quinta cuestión que el principio de seguridad jurídica no se opone a que un Estado
         miembro aplique una norma como las Beleidsregel de 9 de mayo de 2005 respecto de períodos anteriores si dicha aplicación coloca
         al interesado en una posición jurídica más ventajosa.
      
      V.      Conclusión
      144. Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales del modo siguiente:
      
      «–      El artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1251/70, de 29 de junio de 1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer
         en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, no se aplica a un estudiante en una situación
         como la controvertida en el presente asunto, ya que dicho estudiante no está comprendido en ninguna de las categorías de trabajadores
         a que se refiere su artículo 2.
      
      –      Un estudiante en una situación como la del asunto principal puede, en principio, invocar en el Estado miembro de acogida su
         derecho, como trabajador comunitario, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68, de 15 de octubre
         de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, a disfrutar de las mismas ventajas sociales
         que un trabajador nacional para obtener una beca como la controvertida. Sin embargo, corresponde en último término al tribunal
         nacional determinar si en el caso de que se trata se cumplen los distintos requisitos respecto de la conservación de la condición
         de trabajador una vez finalizada su relación laboral. 
      
      –      El artículo 3 de la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes,
         no se opone a que un nacional de un Estado miembro que ha sido residente legal durante un determinado período en el territorio
         de otro Estado miembro invoque el principio fundamental de la igualdad de trato consagrado en el párrafo primero del artículo
         12 CE para obtener una beca de estudios como la controvertida en el asunto principal en el Estado miembro de acogida, aun
         cuando su derecho de residencia se base en dicha Directiva. 
      
      –      El artículo 12 CE, interpretado en relación con el principio de proporcionalidad, impide que se deniegue una beca de estudios
         como la controvertida a un estudiante económicamente inactivo de otro Estado miembro que ha sido residente legal durante tres
         años en el Estado miembro de acogida basándose simplemente en que dicho estudiante no residió en el Estado miembro de acogida
         durante cinco años antes del período de estudios de que se trata, si otros elementos, que el estudiante deberá demostrar por
         los medios adecuados, indican un nivel sustancial de integración en la sociedad del Estado miembro de acogida. 
      
      –      El principio de seguridad jurídica no se opone a que un Estado miembro aplique una norma como las Beleidsregel de 9 de mayo
         de 2005 respecto de períodos en el pasado cuando dicha aplicación coloca al interesado en una posición jurídica más ventajosa.»
      
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Sentencia de 15 de marzo de 2005 (C‑209/03, Rec. p. I‑2119), apartado 57.
      
      3 –	DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77.
      
      4 –	DO L 317, p. 59.
      
      5 –	DO L 142, p. 24; EE 05/01, p. 93.
      
      6 –	DO L 158, p. 77, en su versión corregida en DO L 229, p. 35.
      
      7 –	AG/OCW/MT‑05.11.
      
      8 –	Citada en la nota 2.
      
      9 –	AGOCenW/MT/05.
      
      10 –	Citada en la nota 2.
      
      11 –	Sentencia de 6 de noviembre de 2003 (C‑413/01, Rec. p. I‑13187).
      
      12 –	Sentencia de 20 de marzo de 2001 (C‑33/99, Rec. p. I‑2415).
      
      13 –	Citada en la nota 2.
      
      14 –	Citada en la nota 2. 
      
      15 –	Sentencia de 7 de octubre de 2004 (C‑456/02, Rec. p. I‑7573).
      
      16 –	Sentencia de 23 de marzo de 2004 (C‑138/02, Rec. p. I‑2703), apartado 72.
      
      17 –	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Geelhoed en los asuntos en que recayeron las sentencias Trojani,
         citada en la nota 15, apartado 10, y Bidar, citada en la nota 2, apartado 12.
      
      18 –	Véanse, en este sentido, las sentencias Collins, citada en la nota 16, apartados 30 y 31, y de 18 de junio de 1987, Lebon
         (316/85, Rec. p. 2811), apartado 26.
      
      19 –	En cuanto a esto, véanse los puntos 65 y 66 infra.
      
      20 –	Sentencia de 21 de junio de 1988 (39/86, Rec. p. 3161).
      
      21 –	Citada en la nota 11.
      
      22 –	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP (C‑241/89, Rec. p. I‑4695), apartado 8, y Trojani, citada en la nota 15, apartado 38.
      
      23 –	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091), apartado 82;
         de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk (C‑184/99, Rec. p. I‑6193), apartado 31; y de 2 de octubre de 2003, Garcia Avello (C‑148/02,
         Rec. p. I‑11613), apartado 22.
      
      24 –	Sentencias de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691), apartado 63; Trojani, citada en la nota 15,
         apartado 43; y Bidar, citada en la nota 2, apartado 37.
      
      25 –	Véanse también, en sentido similar, las conclusiones del Abogado General Cosmas en el asunto en que recayó la sentencia
         de 21 de septiembre de 1999, Wijsenbeek (C‑378/97, Rec. p. I‑6207), puntos 84 a 86, y del Abogado General Poiares Maduro en
         el asunto en que recayó la sentencia de 9 de septiembre de 2004, Carbonati Apuani (C‑72/03, Rec. p. I‑8027), puntos 68 y 69.
      
      26 –	Véase la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Matteucci (235/87, Rec. p. 5589), apartado 16.
      
      27 –	Véanse la sentencia Grzelczyk, citada en la nota 23, apartado 44, y Bidar, citada en la nota 2, apartado 56.
      
      28 –	Sentencia Bidar, citada en la nota 2, apartados 56 y 57; véase también, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre
         de 2007, Morgan y Bucher (C‑11/06 y C‑12/06, Rec. p. I‑9161), apartado 43.
      
      29 –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de enero de 2007, Lyyski (C‑40/05, Rec. p. I‑99), apartados 33 y 34, y de
         29 de abril de 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I‑4981), apartados 57 a 59.
      
      30 –	Véase la nota 20.
      
      31 –	Sentencia de 21 de junio de 1988 (197/86, Rec. p. 3205).
      
      32 –	Citada en la nota 11.
      
      33 –	Citada en la nota 20.
      
      34 –	Citada en la nota 11.
      
      35 –	Véanse, en este sentido, las sentencias Matteucci, citada en la nota 26, apartado 23; Lair, citada en la nota 20, apartados
         23, 24 y 28; Brown, citada en la nota 31, apartado 25; y de 22 de febrero de 1992, Bernini (C‑3/90, Rec. p. I‑1071), apartado 23.
      
      36 –	Véase, en particular, en este sentido, la sentencia Fahmi y Amado, citada en la nota 12, apartado 45.
      
      37 –	Véanse, en particular, las sentencias de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum (66/85, Rec. p. 2121), apartados 16 y 17, Martínez
         Sala, citada en la nota 24, apartado 32, y de 8 de junio de 1999, Meeusen (C‑337/97, Rec. p. I‑3289), apartado 13.
      
      38 –	Véase la sentencia Lawrie–Blum, citada en la nota 37, apartados 19 a 21, y la sentencia de 23 de marzo de 1982, Levin (53/81,
         Rec. p. 1035), apartado 17.
      
      39 –	Véase el apartado 49 supra; véase también la sentencia Martínez Sala, citada en la nota 24, apartado 33.
      
      40 –	Véanse las sentencias Lair, citada en la nota 20, apartado 39; Brown, citada en la nota 31, apartado 26; de 26 de febrero
         de 1992, Raulin (C‑357/89, Rec. p. I‑1027), apartado 21; y Ninni-Orasche, citada en la nota 11, apartado 35. Esto, sin embargo,
         no puede aplicarse a trabajadores que, tras haber ejercido su actividad profesional en el Estado miembro de acogida, decidieron
         regresar a su Estado miembro de origen (lo que no sucede en este asunto). Véase, en este sentido, la sentencia Fahmi y Amado,
         citada en la nota 12, apartados 46 y 47.
      
      41 –	Véanse, en particular, las sentencias Lair, citada en la nota 20, apartados 37 y 38, y Ninni-Orasche, citada en la nota
         11, apartado 35.
      
      42 –	Véase, en este sentido, la sentencia Lair, citada en la nota 20, apartado 43.
      
      43 –	Véase, en este sentido, la sentencia Brown, citada en la nota 31, apartados 27 y 28.
      
      44 –	Véase, en este sentido, la sentencia Ninni-Orasche, citada en la nota 11, apartado 41.
      
      45 –	Véase el punto 68 supra.
      46 –	Sentencia de 24 de enero de 2008, Payir, Akyuz y Ozturk (C‑294/06, Rec. p. I‑0000), apartados 34, 43 y 46.
      
      47 –	En mi opinión, no es necesario demostrar que también existía continuidad en relación con el empleo que tuvo antes del trabajo
         en prácticas, puesto que, en cualquier caso, dichas prácticas constituyen, por sí solas, actividades reales y efectivas, en
         contraposición con las meramente marginales y accesorias, permitiendo así que la Sra. Förster sea considerada trabajadora.
         
      
      48 –	Veáse el punto 77 supra.
      49 –	Véase el punto 78 supra.
      50 –	Véase Ninni-Orasche, citada en la nota 11, apartado 47.
      
      51 –	Citada en la nota 2.
      
      52 –	DO L 180, p. 26.
      
      53 –	Citada en la nota 2.
      
      54 –	Véanse las sentencias Bidar, citada en la nota 2, apartado 32; Martínez Sala, citada en la nota 24, apartado 63; y Grzelczyk,
         citada en la nota 23, apartado 32.
      
      55 –	Sentencias Bidar, citada en la nota 2, apartado 33; de 24 de noviembre de 1998, Bickel y Franz (C‑274/96, Rec. p. I‑7637),
         apartados 15 y 16; Grzelczyk, citada en la nota 23, apartado 33; Garcia Avello, citada en la nota 23, apartados 22 y 23; y
         Morgan y Bucher, citada en la nota 28, apartado 23.
      
      56 –	Sentencias Bidar, citada en la nota 2, apartado 34, y Grzelczyk, citada en la nota 23, apartado 35.
      
      57 –	Sentencia de 11 de julio de 2002 (C‑224/98, Rec. p. I‑6191), apartados 29 a 34.
      
      58 –	Véanse, en este sentido, las sentencias Bidar, citada en la nota 2, apartado 37; Martínez Sala, citada en la nota 24, apartado
         24; y Trojani, citada en la nota 15, apartado 43.
      
      59 –	Véanse las sentencias Lair, citada en la nota 20, apartado 15, y Brown, citada en la nota 31, apartado 18.
      
      60 –	Véanse, en particular, los apartados 42 y 48 de esta sentencia, citada en la nota 2.
      
      61 –	En el apartado 46 de la sentencia, citada en la nota 2.
      
      62 –	Citada en la nota 23, apartado 84.
      
      63 –	Directiva de 15 de octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores
         de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13/16; EE 05/01, p. 88).
      
      64 –	Véase también, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2006, Comisión/Bélgica (C‑408/03, Rec. p. I‑2647), apartado 65.
      
      65 –	Véase, en este sentido, la sentencia Trojani, citada en la nota 15, apartado 37.
      
      66 –	Véanse, en este sentido, las sentencias Grzelczyk, citada en la nota 23, apartados 37 a 42, y Trojani, citada en la nota
         15, en particular los apartados 36, 37 y 43 a 46; véase también, en este sentido, la sentencia Bidar, citada en la nota 2,
         apartados 36 y 47.
      
      67 –	Citada en la nota 23, apartado 39.
      
      68 –	Apartado 56 de esta sentencia, citada en la nota 2, con remisión a Grzelczyk, citada en la nota 23, apartado 44.
      
      69 –	Apartado 57 de esta sentencia. Véase también, en este sentido, la sentencia Morgan y Bucher, citada en la nota 28, apartado
         43; véase también, en cuanto a este criterio en el contexto de una pensión concedida a las víctimas civiles de la guerra o
         la represión, la sentencia de 26 de octubre de 2006, Tas-Hagen y Tas (C‑192/05, Rec. p. I‑10451), apartado 34, y la sentencia
         de 22 de mayo de 2008, Nerkowska (C‑499/06, Rec. p. I‑0000), apartado 37.
      
      70 –	Sentencia Bidar, citada en la nota 2, apartado 58.
      
      71 –	Véanse, por ejemplo, las sentencias D’Hoop, citada en la nota 57, apartado 38, y Collins, citada en la nota 16, apartado 67.
      
      72 –	Véanse, en este sentido, los apartados 59 a 61 de la sentencia citada en la nota 2.
      
      73 –	Véanse, en este sentido, las sentencias Nerkowska, citada en la nota 69, apartado 38; Tas-Hagen y Tas, citada en la nota
         69, apartado 36; Morgan y Bucher, citada en la nota 28, apartado 46; y de 11 de septiembre de 2007, Schwarz y Gootjes-Schwarz
         (C‑76/05, Rec. p. I‑6849), apartado 79.
      
      74 –	Véase, en este sentido, el razonamiento en la sentencia Bidar, citada en la nota 2, apartados 61 y 62, respecto del requisito
         de que el estudiante esté establecido en el Estado miembro de acogida, y Morgan y Bucher, citada en la nota 28, apartado 46.
      
      75 –	Se refiere a la sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994, Stran Greek Refineries y Stratis Andreadis c. Grecia, serie
         A nº 301‑B.
      
      76 –	Citada en la nota 16. 
      
      77 –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de junio de 1988, Comisión/Italia (257/86, Rec. p. 3249), apartado 12, y
         de 14 de abril de 2005, Bélgica/Comisión (C‑110/03, Rec. p. I‑2801), apartado 30.
      
      78 –	Citada en la nota 16, apartado 72.
      
      79 –	Véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de diciembre de 1987, Irlanda/Comisión (239/86, Rec. p. 5271), apartado 17;
         de 13 de febrero de 1996, Van Es Douane Agenten (C‑143/93, Rec. p. I‑431), apartado 27; y de 6 de abril de 2006, Vereniging
         voor Energie, Milieu en Water y otros (C‑17/03, Rec. p. I‑4983), apartado 80.
      
      80 –	La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos invocada por la Sra. Förster, citada en la nota 75, en la que dicho
         Tribunal declaró que se había infringido el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
         Humanos y de las Libertades Fundamentales, no es, en mi opinión, pertinente, puesto que versa sobre un tipo de injerencia
         del legislador en la administración de la justicia con el fin de influir en la solución jurídica de un litigio (véanse los
         apartados 49 y 50 de dicha sentencia).