CELEX: C2004/262/98
Language: es
Date: 2004-10-23 00:00:00
Title: Asunto T-340/04: Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por France Télécom S.A.

23.10.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 262/53
            
         Recurso interpuesto el 11 de agosto de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por France Télécom S.A.
   (Asunto T-340/04)
   (2004/C 262/98)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 11 de agosto de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la sociedad France Télécom S.A., con domicilio social en París, representada por los Sres. Christophe Clarenc y Javier Ruiz Calzado, abogados.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
   
               —
            
            
               Anule la decisión de la Comisión no C(2004)1929, de 18 de mayo de 2004, por la que se ordena a France Télécom S.A. y a todas las empresas que controla directa o indirectamente que se sometan a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 (asunto no COM/C-38.916).
            
         
               —
            
            
               Condene a la Comisión a pagar la totalidad de las costas soportadas por France Télécom en el marco del presente recurso de anulación.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La inspección a la que se refiere la decisión controvertida tiene por objeto «una supuesta imposición de precios de venta no equitativos en el ámbito del acceso a Internet de alta velocidad por los particulares, contraria al artículo 82 del Tratado CE, con intención de aislar y expulsar a los competidores» (artículo 1 de la decisión impugnada) y afecta a la demandante y a su filial Wanadoo, así como a todas las empresas controladas directa o indirectamente por éstas (artículo 3). La Comisión estimó que el control de las prácticas supuestas requería una inspección, con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (1). Es precisamente la decisión por la que se ordena esta inspección la que se impugna en el caso de autos.
   En apoyo de sus alegaciones, en primer lugar, la demandante alega el incumplimiento de la obligación de motivación. A este respecto, precisa que no puede comprender que sea destinataria personal de la decisión impugnada y objeto de esta inspección. Se subraya que, conforme al razonamiento de su decisión «Wanadoo», de 16 de julio de 2003, en la que se reconoció la autonomía de Wanadoo respecto a la demandante en su política de fijación de precios en el mercado francés de los servicios de acceso a Internet de alta velocidad para los particulares, la Comisión, en su decisión, imputa a Wanadoo, y no a France Télécom, los precios de venta supuestamente no equitativos controvertidos, así como la supuesta estrategia de expulsión de los competidores. Por otra parte, la Comisión no justificó por qué consideraba necesario ordenar una inspección de las tarifas de las ofertas de Wanadoo, cuando estas tarifas ya están sometidas a su control en virtud de su decisión de 16 de julio de 2003 y, además, acababan de ser específicamente controladas y aprobadas por el Conseil de la concurrence francés.
   En segundo lugar, la demandante afirma que la decisión impugnada ignoró las exigencias del principio de cooperación leal que incumbe a la Comisión Europea en sus relaciones con las instituciones nacionales, tal como se establece en el artículo 10 del Tratado CE y se desarrolla en el Reglamento (CE) no 1/2003, por una parte, al no haber informado al órgano jurisdiccional nacional del conjunto de estos elementos de contexto y, por otra, al no haber consultado al Conseil de la concurrence francés, al que sin embargo había consultado en enero de 2004, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, apartado 6, de este Reglamento.
   En tercer y último lugar, la demandante alega el incumplimiento del principio de proporcionalidad, tanto respecto al objetivo aparente del control como a su contexto y a la ausencia de todo elemento que confirme la existencia de un riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.
   
      (1)  DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.