CELEX: 62017CC0052
Language: es
Date: 2018-03-13 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 13 de marzo de 2018.#VTB Bank (Austria) AG contra Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht.#Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2013/36/UE — Artículos 64, 65 y 67 — Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Artículo 395, apartados 1 y 5 — Supervisión de las entidades de crédito — Facultades supervisoras y sancionadoras — Limitación de la gran exposición — Normativa de un Estado miembro que prevé la imposición de intereses en caso de que se rebasen los límites — Reglamento (UE) n.o 468/2014 — Artículo 48 — Reparto de competencias entre el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales — Procedimiento de supervisión iniciado formalmente.#Asunto C-52/17.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
      presentadas el 13 de marzo de 2018 (
            1
         )
      
         Asunto C‑52/17
      
      VTB Bank (Austria) AG
      
         con intervención de:
      
      Österreichische Finanzmarktaufsicht
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo contencioso-administrativo) (Austria)]
      
      «Cuestión prejudicial — Aproximación de legislaciones — Vigilancia de entidades de crédito — Directiva 2013/36/UE —Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Reglamento (UE) n.o 468/14 — Facultades supervisoras y sancionadoras — Límites a las grandes exposiciones — Reglamentación de un Estado miembro que prevé la imposición de intereses en caso de superación de los límites a las grandes exposiciones»
      
               1. 
            
            
               Este reenvío ofrece al Tribunal de Justicia la posibilidad de pronunciarse, por vez primera (salvo error por mi parte), acerca de algunos aspectos del procedimiento de supervisión de los requisitos prudenciales a los que han de someterse, según el legislador de la Unión, las entidades de crédito y los establecimientos de inversión.
            
         
               2. 
            
            
               La normativa sobre esta materia está compuesta por la Directiva 2013/36/UE (
                     2
                  ) y por el Reglamento (UE) n.o 575/2013. (
                     3
                  ) En ese contexto, el litigio ante los tribunales austriacos versa, en sustancia, sobre dos cuestiones:
               
                        –
                     
                     
                        Por un lado, cuál es la naturaleza jurídica de la imposición de intereses a las entidades que no respeten los límites a la exposición de riesgo marcados por el CRR. En concreto, habrá que dilucidar si se trata de una sanción o de una medida administrativa y qué margen tienen las autoridades nacionales para adoptarla, en supuestos como el de autos.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Por otro lado, en qué condiciones podrá aceptarse que hay un procedimiento de supervisión en curso, para aplicar el régimen de transición previsto por el Reglamento (UE) n.o 468/14, (
                              4
                           ) de producirse un cambio de competencias entre el Banco Central Europeo (BCE) y una autoridad supervisora nacional.
                     
                  
         
         I. Marco jurídico
      
      
         
            A.
          
            Derecho de la Unión
         
      
      
         1. Directiva 2013/36
      
      
               3.
            
            
               El considerando segundo recoge:
               «La presente Directiva debe contener, entre otras cosas, las disposiciones que regulan la autorización de la actividad, la adquisición de participaciones cualificadas, el ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, las facultades de las autoridades de supervisión de los Estados miembros de origen y de acogida a este respecto, y las disposiciones que rigen el capital inicial y la revisión supervisora de las entidades de crédito y las empresas de inversión. El objeto y finalidad principales de la presente Directiva consisten en coordinar las disposiciones nacionales relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y las empresas de inversión, sus mecanismos de gobierno y su marco de supervisión. Las Directivas 2006/48/CE [ (
                     5
                  )] y 2006/49/CE [ (
                     6
                  )] también contenían requisitos prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión. Esos requisitos deben incluirse en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 por el que se establecen requisitos prudenciales uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, ya que guardan una estrecha relación con el funcionamiento de los mercados financieros en lo que respecta a cierto número de activos en poder de las entidades de crédito y las empresas de inversión. Procede, por tanto, leer la presente Directiva en relación con el Reglamento (UE) n.o 575/2013; juntos deben constituir el marco jurídico que rija las actividades bancarias, el marco de supervisión y las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión.»
            
         
               4.
            
            
               El considerando trigésimo quinto afirma:
               «A fin de velar por que las entidades, aquellos que controlan de manera efectiva la actividad de una entidad y los miembros del órgano de dirección de una entidad cumplan las obligaciones que se derivan de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y por que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, procede obligar a los Estados miembros a prever sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones administrativas y otras medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicarlas, su publicación, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas.»
            
         
               5.
            
            
               En el considerando cuadragésimo primero se declara:
               «La presente Directiva debe establecer tanto sanciones administrativas como otras medidas administrativas, a fin de garantizar el más amplio campo de acción tras la comisión de una infracción, y ayudar a evitar futuras infracciones, con independencia de que sean calificadas de sanciones administrativas u otras medidas administrativas con arreglo al Derecho nacional. Los Estados miembros deben poder establecer sanciones adicionales además de las mencionadas en la presente Directiva, y fijar para las sanciones pecuniarias administrativas importes más elevados que los previstos en ella.»
            
         
               6.
            
            
               El artículo 64 («Facultades de supervisión y facultad sancionadora») prescribe:
               «1.   Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades supervisoras de intervención en la actividad de las entidades que resulten necesarias para el ejercicio de sus funciones, en particular el derecho a revocar la autorización de conformidad con el artículo 18, las facultades exigidas con arreglo al artículo 102 y las facultades establecidas en los artículos 104 y 105.
               2.   Las autoridades competentes ejercerán sus facultades supervisoras y sancionadoras con arreglo a la presente Directiva y a la normativa nacional, de cualquiera de los modos siguientes:
               
                        a)
                     
                     
                        directamente;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        en colaboración con otras autoridades;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        bajo su responsabilidad, delegando en dichas autoridades;
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        mediante solicitud dirigida a las autoridades judiciales competentes.»
                     
                  
         
               7.
            
            
               El artículo 65 («Sanciones administrativas y otras medidas administrativas») indica en su apartado 1:
               «Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 64 y del derecho de los Estados miembros a prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones administrativas y otras medidas administrativas aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del Reglamento (UE) n.o 575/2013, y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Cuando los Estados miembros decidan no establecer normas sobre sanciones administrativas para las infracciones que estén sancionadas por el derecho penal nacional, comunicarán a la Comisión las disposiciones de derecho penal pertinentes. Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.»
            
         
               8.
            
            
               Según el artículo 67:
               «1.   El presente artículo se aplicará al menos en alguno de los casos siguientes:
               […]
               
                        k)
                     
                     
                        cuando una entidad asuma una exposición que exceda de los límites que establece el artículo 395 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
                     
                  […]
               2.   Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, entre las sanciones administrativas y otras medidas administrativas aplicables se cuenten como mínimo las siguientes:
               […]
               
                        g)
                     
                     
                        sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias a la infracción, en caso de que puedan determinarse.
                     
                  […]»
            
         
         2. Reglamento n.o 575/2013
      
      
               9.
            
            
               El considerando quinto señala:
               «La Directiva 2013/36/UE y el presente Reglamento deben constituir conjuntamente el marco jurídico que regule el acceso a la actividad, el marco de supervisión y las disposiciones prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión […]. Por ello, el presente Reglamento debe leerse en relación con dicha Directiva.»
            
         
               10.
            
            
               El considerando noveno declara:
               «La existencia de un conjunto único de normas para todos los participantes en el mercado constituye un elemento clave del funcionamiento del mercado interior por motivos de seguridad jurídica y debido a la necesidad de que exista la igualdad de condiciones en la Unión. Con el fin de evitar distorsiones del mercado y el arbitraje regulatorio, unos requisitos prudenciales mínimos deben garantizar por tanto una armonización máxima […]».
            
         
               11.
            
            
               De acuerdo con el artículo 2:
               «A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades competentes gozarán de las facultades establecidas en la Directiva 2013/36/UE, y se atendrán a los procedimientos en ella previstos.»
            
         
               12.
            
            
               A tenor del artículo 395:
               «1.   Ninguna entidad podrá asumir frente a un cliente o grupo de clientes vinculados entre sí una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital admisible, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403. Cuando ese cliente sea una entidad o cuando el grupo de clientes vinculados entre sí incluya una o varias entidades, dicho valor no deberá rebasar el 25 % del capital admisible de la entidad o 150 millones EUR, si esta cantidad fuera más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los clientes vinculados entre sí que no sean entidades, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no rebase el 25 % del capital admisible de la entidad.
               Cuando la cantidad de 150 millones EUR sea más elevada que el 25 % del capital admisible de la entidad, el valor de la exposición, después de tener en cuenta el efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con los artículos 399 a 403, no deberá rebasar un límite razonable en términos de capital admisible de la entidad. Este límite será determinado por las entidades, de conformidad con las políticas y los procedimientos mencionados en el artículo 81 de la Directiva 36/2013/UE, para afrontar y controlar el riesgo de concentración. Este límite no rebasará el 100 % del capital admisible de la entidad.
               Las autoridades competentes podrán fijar un límite inferior a 150 millones EUR, en cuyo caso informarán de ello a la ABE [Agencia Bancaria Europea] y a la Comisión.
               [...]
               5.   Los límites fijados en el presente artículo podrán superarse en las exposiciones de la cartera de negociación de la entidad si se cumplen las condiciones siguientes:
               
                        a)
                     
                     
                        que las exposiciones en la cartera ajena a la cartera de negociación frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí de que se trate no supere los límites establecidos en el apartado 1, calculados con referencia al capital admisible, de forma que el exceso corresponda en su totalidad a la cartera de negociación;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        que la entidad satisfaga un requisito adicional de fondos propios sobre el exceso con respecto al límite fijado en el apartado 1, que se calculará de conformidad con los artículos 397 y 398;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        que, en caso de que hayan transcurrido diez días o menos desde que se produjo el exceso, la exposición de cartera de negociación frente al cliente o grupo de clientes vinculados entre sí no supere el 500 % del capital admisible de la entidad;
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        que la suma de todos los excesos que hayan persistido durante más de 10 días no supere el 600 % del capital admisible de la entidad.
                     
                  En cada uno de los casos en que se haya superado el límite, la entidad comunicará sin demora a las autoridades competentes el importe del exceso y el nombre del cliente en cuestión, y, en su caso, el nombre del grupo de clientes vinculados entre sí.
               [...]»
            
         
               13.
            
            
               El artículo 396, apartado 1, previene:
               «Si, en un caso excepcional, las exposiciones superan el límite fijado en el artículo 395, apartado 1, la entidad notificará inmediatamente el valor de la exposición a las autoridades competentes, que podrán conceder a la entidad de crédito, si así lo justifican las circunstancias, un período de tiempo limitado para atenerse al límite.
               […]»
            
         
         3. Reglamento (UE) n.o 1024/2013 (
               7
            )
      
      
               14.
            
            
               El artículo 33, apartado 2, recoge:
               «El BCE asumirá las funciones que le confiere el presente Reglamento a más tardar el 4 de noviembre de 2014, con sujeción a las disposiciones y medidas de ejecución que figuran en el presente apartado.
               […]»
            
         
         4. Reglamento n.o 468/14
      
      
               15.
            
            
               El artículo 2 contiene las siguientes definiciones:
               «[…]
               
                        24)
                     
                     
                        “procedimiento de supervisión del BCE”: toda actividad del BCE encaminada a preparar la adopción de una decisión de supervisión, incluidos los procedimientos comunes y la imposición de sanciones pecuniarias administrativas. […]
                     
                  
                        25)
                     
                     
                        “procedimiento de supervisión de la ANC [autoridad nacional competente]”: toda actividad de la ANC encaminada a preparar la adopción de una decisión de supervisión por la ANC que vaya dirigida a una o varias entidades supervisadas o grupos supervisados o a otra u otras personas, incluida la imposición de sanciones pecuniarias administrativas.
                     
                  […]»
            
         
               16.
            
            
               El artículo 48 («Procedimientos pendientes») afirma:
               «1.   De producirse un cambio de competencias entre el BCE y una ANC, la autoridad cuyas competencias de supervisión vayan a cesar (en lo sucesivo, “la autoridad cesante”) informará a la autoridad que las vaya a asumir (en lo sucesivo, “la autoridad que asume la supervisión”) de cualquier procedimiento de supervisión iniciado formalmente que requiera una decisión. La autoridad cesante facilitará esa información inmediatamente después de tener conocimiento del cambio inminente de competencias, y la actualizará continuamente y, por regla general, mensualmente, cuando haya nueva información que presentar sobre un procedimiento de supervisión. La autoridad que asume la supervisión podrá, en casos debidamente justificados, permitir que la información se presente con menor frecuencia. A efectos de los artículos 48 y 49, se entenderá por procedimiento de supervisión un procedimiento de supervisión del BCE o de las ANC.
               Antes de que se produzca el cambio de competencias, la autoridad cesante se pondrá en contacto sin demora injustificada con la autoridad que asume la supervisión tras el inicio formal de cualquier nuevo procedimiento de supervisión que requiera una decisión.
               […]
               3.   En caso de que un procedimiento de supervisión iniciado formalmente no pudiera concluirse antes de la fecha en la que se produzca el cambio de competencias, la autoridad cesante seguirá siendo competente para finalizar el procedimiento de supervisión pendiente. A tal efecto, dicha autoridad conservará también todas las facultades pertinentes hasta que el procedimiento de supervisión haya concluido, y lo finalizará de conformidad con la legislación aplicable a las facultades conservadas. La autoridad cesante informará a la autoridad que asume la supervisión antes de tomar cualquier decisión en relación con un procedimiento de supervisión que estuviera pendiente antes del cambio de competencias, y le facilitará una copia de la decisión adoptada y de cualquier documentación pertinente relacionada con dicha decisión.
               […].»
            
         
               17.
            
            
               El artículo 149 («Continuidad de los procedimientos en curso») prescribe:
               «1.   Salvo que el BCE decida lo contrario, en caso de que una ANC haya iniciado antes del 4 de noviembre de 2014 procedimientos de supervisión respecto de los cuales el BCE sea competente con arreglo al Reglamento del MUS, serán de aplicación los procedimientos establecidos en el artículo 48.
               2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, el presente artículo se aplicará a los procedimientos comunes.»
            
         
         
            B.
          
            Derecho nacional. Bankwesengesetz (Ley del sistema bancario) (
                  8
               )
         
      
      
               18.
            
            
               De acuerdo con el artículo 97, apartado 1:
               «La Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autoridad Supervisora del Mercado Financiero, en lo sucesivo “FMA”) impondrá a las entidades de crédito intereses por los siguientes importes:
               […]
               
                        4.
                     
                     
                        El 2 % del exceso de la limitación de la gran exposición con arreglo al artículo 395, apartado 1, del [CRR], calculado anualmente, durante 30 días, salvo en caso de medidas de supervisión contempladas en el artículo 70, apartado 2, o de sobreendeudamiento de la entidad de crédito.»
                     
                  
         
               19.
            
            
               A tenor del artículo 98, apartado 5:
               «Quien, actuando como responsable […] de un establecimiento de crédito,
               […]
               
                        2)
                     
                     
                        expone al establecimiento a créditos superiores a los límites fijados en el artículo 395 del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
                     
                  […]
               comete, si el hecho no constituye un acto punible sujeto a la competencia de los tribunales, una infracción administrativa y debe ser condenado por la autoridad de supervisión de los mercados financieros a una sanción pecuniaria de hasta 5 millones de euros o hasta el doble de la ganancia obtenida por la infracción, caso de que pueda calcularse».
            
         
         II. Hechos y cuestión prejudicial
      
      
               20.
            
            
               En aplicación del artículo 97, apartado 1, punto 4, de la BWG, la FMA adoptó dos decisiones, de fechas 30 de octubre de 2014 y 11 de mayo de 2015, respectivamente, en las que impuso a VTB Bank (Austria) AG (en lo sucesivo, «VTB Bank») el pago de determinados intereses por haber asumido, frente a un grupo de clientes vinculados entre sí, una exposición superior a la permitida por el artículo 395, apartado 1, del CRR.
            
         
               21.
            
            
               El montante de los intereses ascendía, en el primer asunto, a un total de 94951,41 euros, correspondientes al exceso cometido en los meses de marzo a septiembre de 2014; y en el segundo, a un total de 28278,57 euros, por el exceso cometido en el curso del mes de octubre de 2014.
            
         
               22.
            
            
               VTB Bank recurrió ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo contencioso-administrativo) la segunda de las decisiones de la FMA, alegando que era de aplicación el artículo 395, apartado 5, del CRR, por lo que se excluía la posibilidad de sancionarla en virtud de una norma nacional.
            
         
               23.
            
            
               En este contexto, aquel tribunal ha optado por suspender el procedimiento y plantear las siguientes preguntas, con carácter prejudicial.
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Son aplicables disposiciones del derecho derivado de la Unión [en particular, por ejemplo, los artículos 64 o 65, apartado 1, de la Directiva 2013/36 […], a la imposición de intereses por una autoridad en virtud de una normativa legal de un Estado miembro con arreglo a la cual, en caso de exceder la limitación de la gran exposición que establece el artículo 395, apartado 1, del [CRR], procede imponer a la entidad de crédito intereses por importe del 2 % del exceso de la limitación de la gran exposición, calculado anualmente, por 30 días?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ¿Se opone el derecho de la Unión (en particular, el artículo 395, apartados 1 y 5, del [CRR]), a una disposición nacional, como la que establecía el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la [BWG], cuando, pese a cumplirse los requisitos de la excepción prevista en el artículo 395, apartado 5, en caso de infracción del artículo 395, apartado 1, se imponen intereses (de exacción)?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        ¿Debe interpretarse el artículo 48, apartado 3, del […] (Reglamento marco del MUS), en el sentido de que ya puede considerarse que existe un “procedimiento de supervisión iniciado formalmente” cuando una empresa presenta una denuncia ante la autoridad supervisora, o puede entenderse que existe un “procedimiento de supervisión iniciado formalmente” cuando en un procedimiento paralelo sobre infracciones similares cometidas en momentos anteriores la autoridad supervisora ya haya adoptado una decisión?»
                     
                  
         
         III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      
      
               24.
            
            
               La cuestión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 1 de febrero de 2017.
            
         
               25.
            
            
               En la fase escrita han depositado observaciones VTB Bank, la FMA, el BCE y la Comisión. El Tribunal de Justicia no creyó imprescindible la celebración de una vista.
            
         
         IV. Análisis
      
      
               26.
            
            
               Las dos primeras preguntas del Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo contencioso-administrativo) admiten, a mi juicio, coincidente con el de la Comisión, una respuesta conjunta.
            
         
               27.
            
            
               Con ellas se trata de determinar, en síntesis:
               
                        –
                     
                     
                        Si la imposición de intereses que prevé la ley nacional para cuando una entidad de crédito sobrepase los límites de exposición fijados en el artículo 395, apartado 1, del CRR constituye una «sanción administrativa» u «otra medida administrativa» en el sentido de los artículos 65 y 67 de la Directiva 2013/36.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Si es compatible con el derecho de la Unión que se impongan esos intereses, de acuerdo con la normativa nacional, aun cuando se cumplan los requisitos de la excepción recogida en el artículo 395, apartado 5, del CRR.
                     
                  
         
               28.
            
            
               Con la tercera (y última) pregunta, el tribunal de reenvío quiere saber en qué momento ha de estimarse formalmente incoado un procedimiento de supervisión. De la respuesta dependerá la autoridad que haya de asumirlo, si hay un cambio de competencias entre el BCE y una ANC que afecte a asuntos pendientes.
            
         
         
            A.
          
            Las «sanciones administrativas y otras medidas administrativas» aplicables a la infracción del límite de exposición al riesgo crediticio (preguntas prejudiciales primera y segunda)
         
      
      
         1. Síntesis de las observaciones de las partes
      
      
               29.
            
            
               Para VTB Bank, la medida nacional controvertida entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36, comprendiéndose en los conceptos de «sanciones administrativas» y «otras medidas administrativas» de su artículo 65. Los Estados miembros están obligados a aplicar unas u otras en los supuestos de infracción del CRR.
            
         
               30.
            
            
               Aun cuando la Directiva 2013/36 no defina con precisión ambos conceptos, de su artículo 66, apartado 2, resultaría, según VTB Bank, que las sanciones y las medidas en cuestión deben reunir ciertas condiciones que las hagan capaces de impedir o reducir cualquier infracción del CRR. A la vista de su naturaleza, de su esencia y de su carácter, los intereses demandados por la FMA serían comparables a las sanciones o medidas contempladas en la Directiva 2013/36.
            
         
               31.
            
            
               Además, VTB Bank recuerda que el artículo 395, apartado 5, del CRR permite que, en determinadas condiciones, se superen los límites del apartado 1 del mismo artículo. En consecuencia, un legislador nacional no podría adoptar una decisión que privara de efecto útil a esa previsión del legislador de la Unión.
            
         
               32.
            
            
               Según la FMA, los intereses objeto del litigio no encajan en los artículos 64 y 65 de la Directiva 2013/36. Se trataría, en su opinión, concorde con la jurisprudencia constitucional austriaca, de medidas de control económico de carácter no sancionador, con las que se pretende recuperar la ventaja, real o posible, obtenida por una entidad de crédito al violar una regla prudencial.
            
         
               33.
            
            
               La FMA sostiene que el Reglamento n.o 1024/2013 confiere un margen a los Estados miembros para acordar su propia normativa. Las misiones de vigilancia que no se confían al BCE corresponden a las autoridades nacionales, de modo que la medida en cuestión sería una regla de derecho específicamente austriaca, que no tendría por objeto la transposición de la Directiva 2013/36.
            
         
               34.
            
            
               En fin, para la FMA no existiría ningún vínculo directo entre el precepto nacional aplicado y el CRR, pues el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la BWG solo se refiere al artículo 395, apartado 1, del CRR (y no a su apartado 5) para enunciar las condiciones materiales de exacción de los intereses. Habida cuenta de su propósito, la aplicación de los intereses es automática ante el exceso de los límites del artículo 395, apartado 1, del CRR, incluso si se respetan las condiciones de su apartado 5.
            
         
               35.
            
            
               Para la Comisión, la norma nacional ejecuta los artículos 64, 65 y 67 de la Directiva 2013/36, con la que, sin embargo, no es conforme por cuanto impone consecuencias jurídicas negativas, como efecto automático de una infracción del artículo 395, apartado 1, del CRR, sin valorar si concurren las condiciones del apartado 5 de ese artículo.
            
         
               36.
            
            
               La Comisión recuerda, en este sentido, que los artículos 387 a 403 del CRR, relativos a las grandes exposiciones al riesgo, deben catalogarse como «una medida de armonización máxima definitiva de las exigencias prudenciales», sin que a los Estados miembros se les reconozca, por lo tanto, «ningún margen para adoptar medidas propias, derogatorias, en materia de exigencias relativas a los grandes riesgos».
            
         
               37.
            
            
               Indica la Comisión que la Directiva 2013/36 obliga a los Estados miembros, cuando se vulnere el límite del artículo 395, apartado 1, a prever sanciones y otras medidas administrativas. Con arreglo al artículo 67, apartado 2, letra g), de la misma Directiva, se han de imponer, al menos, sanciones pecuniarias para perseguir aquella violación.
            
         
               38.
            
            
               Según la Comisión, sin embargo, no habrá vulneración de los límites del apartado 1 del artículo 395 del CRR si concurren las condiciones para aplicar la excepción del apartado 5 de ese artículo. Por tanto, una disposición nacional que instaure el pago de intereses, sin sopesar la totalidad del artículo 395 del CRR, da lugar a una sanción administrativa o a una medida administrativa que castigan un comportamiento autorizado por el derecho de la Unión.
            
         
         2. Apreciación
      
      
               39.
            
            
               La Directiva 2013/36 y el CRR configuran el marco jurídico regulador de las actividades bancarias, de la supervisión y de las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión. (
                     9
                  )
            
         
               40.
            
            
               El CRR recoge, precisamente, los requisitos prudenciales exigibles a las entidades de crédito y a las empresas de inversión. Se trata de unos requisitos mínimos con los que, en palabras del legislador de la Unión, se pretende «garantizar […] una armonización máxima» al objeto «de evitar distorsiones del mercado y el arbitraje regulatorio».
            
         
               41.
            
            
               La idea rectora es que «[l]a existencia de un conjunto único de normas para todos los participantes en el mercado constituye un elemento clave del funcionamiento del mercado interior por motivos de seguridad jurídica y debido a la necesidad de que exista la igualdad de condiciones en la Unión.» (
                     10
                  )
            
         
               42.
            
            
               La Directiva 2013/36 diseña el marco jurídico imprescindible para la aplicación y la garantía de las normas de supervisión de las entidades de crédito y de las empresas de inversión, tal como han sido marcadas por el CRR.
            
         
               43.
            
            
               Entre los requisitos prudenciales reclamados por el CRR aparece, por lo que aquí interesa, el de su artículo 395, apartado 1, que impide a las entidades «asumir frente a un cliente o grupo de clientes vinculados entre sí una exposición cuyo valor exceda del 25 % de su capital admisible, [ (
                     11
                  )] después de tener en cuenta el efecto de reducción del riesgo de crédito».
            
         
               44.
            
            
               Según el tribunal de remisión, en este asunto se excedió ese límite de exposición al riesgo. Por lo tanto, de acuerdo con la Directiva 2013/36, se habría incurrido en el supuesto de su artículo 67, apartado 1, letra k), con la consecuencia de que, según el apartado 2 de ese mismo artículo, debería aplicarse, «como mínimo», entre otras, una sanción pecuniaria administrativa «de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias a la infracción, en caso de que puedan determinarse». Dicha sanción se halla, en efecto, entre «las sanciones administrativas y otras medidas administrativas» que los Estados miembros están obligados a prever para el caso de que se produzca, entre otras, esa concreta infracción.
            
         
               45.
            
            
               Sin que sea clara la posición del tribunal de remisión al respecto, la FMA insiste en que los intereses impuestos a VTB Bank (Austria) no lo han sido en concepto de «sanción administrativa» o de «medida de constricción» por infracción del CRR. Serían solo unos «intereses de exacción» (Abschöpfungszinsen), desprovistos de carácter sancionador en el derecho austriaco, que los concibe como «una medida de derecho económico […] que persigue la exacción a tanto alzado del beneficio obtenido u obtenible de la ilegalidad, es decir, que pretende compensar la ventaja económica resultante de exceder la limitación de la gran exposición [a un riesgo crediticio]». (
                     12
                  )
            
         
               46.
            
            
               A mi juicio, puede sostenerse que la imposición de intereses recogida por el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la BWG no es una de las «sanciones pecuniarias administrativas» que, «como mínimo», a tenor del artículo 67, apartado 1, letra k), y apartado 2, letra g), de la Directiva 2013/36, los Estados miembros están obligados a infligir a las entidades que asuman una exposición más allá de los límites del artículo 395, apartado 1, del CRR.
            
         
               47.
            
            
               La «sanción pecuniaria administrativa» a la que se refiere el artículo 67, apartado 2, letra g), de la Directiva 2013/36 parece ser más bien, como indica la Comisión, (
                     13
                  ) la del artículo 98, apartado 5, punto 2, de la propia BWG. A tenor de este precepto, el responsable del establecimiento de crédito que haya expuesto a la entidad a créditos superiores a los límites del artículo 395 del CRR será castigado con una multa de hasta 5 millones de euros o hasta el doble de la ganancia obtenida por la infracción, caso de que pueda calcularse, siempre que el hecho en cuestión no constituya un ilícito penal.
            
         
               48.
            
            
               El cobro de esos intereses (sin una previa deuda por el principal) en virtud de la imposición de la autoridad pública podría, más bien, calificarse de medida administrativa. Es irrelevante, en mi opinión, que el artículo 67, apartado 2, letra g), de la Directiva 2013/36 tenga su correlato nacional en el artículo 97 o en el artículo 98 de la BWG. Además de que esa cuestión corresponde dilucidarla a la jurisdicción de reenvío, no por eso el artículo 97 de la BWG (y, por lo tanto, la imposición de los intereses litigiosos) quedaría fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36.
            
         
               49.
            
            
               Las sanciones y las medidas a las que alude el artículo 67, apartado 2, de la Directiva 2013/36 no agotan el conjunto de actuaciones públicas con las que es posible reaccionar frente a las infracciones del CRR. La Directiva 2013/36 permite —y hasta espera— que los Estados miembros prevean sanciones y medidas adicionales, es decir, que tomen «todas las medidas necesarias para garantizar» la aplicación tanto de dicha Directiva como del CRR (artículo 65, apartado 1, de la Directiva 2013/36). (
                     14
                  )
            
         
               50.
            
            
               Entre las sanciones y las medidas que los Estados miembros pueden añadir a las mínimas implantadas por el legislador de la Unión cabría incluir, desde luego, la imposición de intereses como los reseñados en el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la BWG. Desde esta perspectiva, pues, no importa tanto que la acordada por la FMA pudiera calificarse de «sanción administrativa» o de «otra medida administrativa», en el sentido de los artículos 65 y 67 de la Directiva 2013/36, ya que, en todo caso, sería admisible para el legislador de la Unión. (
                     15
                  )
            
         
               51.
            
            
               Ahora bien, siendo cierto que los Estados miembros están legitimados para adoptar otras sanciones o medidas administrativas, no lo es menos que las que decidan adoptar han de respetar el marco jurídico configurado por la Directiva 2013/36 y el CRR.
            
         
               52.
            
            
               Quiero decir con esto que, habiéndose decantado el legislador de la Unión por una «armonización máxima» (
                     16
                  ) en el ámbito de la supervisión y de las normas prudenciales aplicables a las entidades de crédito y a las empresas de inversión, ha instaurado un único régimen normativo, integrado por la Directiva 2013/36 y el CRR. La existencia de ese régimen unitario para el conjunto de los participantes en el mercado «constituye un elemento clave del funcionamiento del mercado interior». (
                     17
                  )
            
         
               53.
            
            
               Así se explica que, aun permitiendo a los Estados miembros la posibilidad de acoger otras sanciones y medidas administrativas, la propia Directiva 2013/36 trate de asegurar que, al precisar sus contornos y al fijar el nivel de las sanciones pecuniarias, los legisladores nacionales se ajusten a unas pautas comunes. (
                     18
                  ) En esta línea, la Directiva 2013/36 no solo impone un mínimo de sanciones y de medidas administrativas (dejando a los Estados miembros un margen para ampliarlas), sino que también diseña un cuadro de infracciones susceptibles de sanción o de dar lugar a la adopción de otras medidas administrativas.
            
         
               54.
            
            
               Creo, pues, que hay dos categorías de conductas reprensibles: a) las que se describen taxativamente en el artículo 67, apartado 1, de la Directiva 2013/36; y b) otras (
                     19
                  ) que los Estados miembros pueden tipificar como supuestos de infracción del CRR, distintos de los especificados por la Directiva 2013/36. En cuanto a estos últimos, además, cabe que los Estados miembros instauren sanciones o medidas diferentes de las obligadas «como mínimo» por el legislador de la Unión.
            
         
               55.
            
            
               La pregunta es si, pudiendo los Estados miembros añadir nuevos tipos de infracción, pueden también reconfigurar los prescritos por la Directiva 2013/36. Entiendo que no si, al efectuarlo, alteraran o eliminaran alguno de los supuestos de hecho que se podrían denominar «necesarios», esto es, que según la Directiva, han de integrarse «como mínimo» en la normativa nacional.
            
         
               56.
            
            
               En el caso que ahora nos ocupa, y según la información disponible, parece que el artículo 98, apartado 5, punto 2, de la BWG es el precepto que ha incorporado al derecho austriaco el contenido del artículo 67, apartado 1, letra k), y apartado 2, letra g), de la Directiva 2013/36.
            
         
               57.
            
            
               Si así fuera, lo que corresponde determinar a la jurisdicción de reenvío, el legislador nacional se habría conformado a la obligación de contemplar «como mínimo» uno de los supuestos de hecho recogidos por el legislador de la Unión. Habría, además, asociado a ese supuesto de hecho la consecuencia jurídica prevista (también «como mínimo») por la Directiva 2013/36.
            
         
               58.
            
            
               Más concretamente, el artículo 98, apartado 5, punto 2, de la BWG alude al responsable de un establecimiento de crédito que exponga a este último «a créditos superiores a los límites fijados en el artículo 395 del [CRR]». La remisión al artículo 395 del CRR in toto, esto es, sin exclusión de ninguno de sus apartados, implica que el supuesto de hecho acogido por el artículo 98, apartado 5, punto 2, de la BWG es el definido por aquel precepto del CRR.
            
         
               59.
            
            
               Importa subrayar que el supuesto de hecho del artículo 395 del CRR no es únicamente el que se detalla en su apartado 1, sino el que resulta de integrar ese apartado con el contenido del apartado 5 del mismo artículo.
            
         
               60.
            
            
               Con arreglo al apartado 1 del artículo 395 del CRR, las entidades no pueden asumir una exposición que exceda del 25 % de su capital admisible. (
                     20
                  ) Sin embargo, la mera infracción de ese límite no constituye, por sí sola, el supuesto de hecho al que alude el artículo 67, apartado 1, letra k), de la Directiva 2013/36: al remitirse a la totalidad del artículo 395 del CRR, incluye también su apartado 5, que permite la superación de ese límite cuando se cumplan ciertas condiciones.
            
         
               61.
            
            
               En otras palabras, la lectura integrada del supuesto de hecho del artículo 67, apartado 1, letra k), de la Directiva 2013/36 confiere a esa norma el siguiente tenor: «El presente artículo se aplicará […] cuando una entidad asuma una exposición que exceda de los límites establecidos en el apartado 1 del artículo 395 del CRR sin que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 5 de ese mismo artículo».
            
         
               62.
            
            
               Así, el artículo 98, apartado 5, punto 2, de la BWG sería fiel trasunto del artículo 67, apartado 1, letra k), de la Directiva 2013/36 y con él se habría transpuesto en el derecho austriaco una de las infracciones que el legislador nacional estaba forzosamente obligado a considerar «como mínimo».
            
         
               63.
            
            
               Si esta interpretación es correcta, como pienso, el artículo 97, apartado 1, punto 4, de la BWG no vendría a crear un supuesto de hecho distinto, sino más bien a desvirtuar el del artículo 67, apartado 1, letra k), de la Directiva 2013/36.
            
         
               64.
            
            
               En efecto, la norma nacional solo menciona las circunstancias reseñadas en el apartado 1 del artículo 395 del CRR, con abstracción de las del apartado 5 de ese precepto. Cabría entender, por tanto, que configura un supuesto de hecho nuevo, referido únicamente a la superación del límite marcado en el artículo 395, apartado 1, del CRR, concurran o no las circunstancias del apartado 5.
            
         
               65.
            
            
               Ahora bien, el artículo 395 del CRR, en la medida en que permite rebasar los topes de exposición al riesgo (fijados por el apartado 1) si se dan ciertas circunstancias (descritas en el apartado 5), implica que los límites realmente decisivos son los que resultan de la lectura integrada de esos dos apartados del precepto. Uno y otro representan una unidad inescindible y se traducen, a la postre, en la delimitación del nivel de riesgo que pueden asumir las entidades.
            
         
               66.
            
            
               En otras palabras, del supuesto de hecho del artículo 395 del CRR, apartados 1 y 5, se desprende que las entidades financieras pueden, lícitamente, exponerse a los riesgos dentro de los límites definidos por ambos apartados.
            
         
               67.
            
            
               Si se dejara a los Estados miembros actuar contra las entidades que, precisamente por encontrarse en las condiciones pormenorizadas en el apartado 5 del artículo 395 del CRR, se han expuesto a los riesgos que en él se admiten, se desvirtuaría, creo, el artículo 395 in toto, con la grave consecuencia de defraudar la confianza que legítimamente pueden abrigar las entidades de que los límites dentro de los cuales pueden asumir riesgos son los que se desprenden de la aplicación integrada de los apartados 1 y 5 del artículo 395 del CRR.
            
         
               68.
            
            
               Al abrigo de la posibilidad brindada por el legislador de la Unión a los Estados miembros para que establezcan otras infracciones y otras sanciones o medidas administrativas, además de las exigidas en todo caso «como mínimo» por la Directiva 2013/36, el legislador nacional puede configurar nuevos supuestos de hecho, pero no, repito, desvirtuar los que ya han sido objeto de la atención del legislador de la Unión.
            
         
               69.
            
            
               A mi juicio, en suma, la normativa nacional examinada no es compatible con el marco jurídico diseñado por la Directiva 2013/36 y el CRR.
            
         
         
            B.
          
            Sobre la existencia de procedimientos de supervisión en curso con ocasión de un cambio de competencias entre las autoridades de supervisión (tercera pregunta prejudicial)
         
      
      
         1. Síntesis de las observaciones de las partes
      
      
               70.
            
            
               Para VTB Bank, de conformidad con el artículo 48, apartado 3, y el artículo 149, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS, la FMA solo tiene competencia sobre los procedimientos de vigilancia incoados formalmente antes del 4 de noviembre de 2014.
            
         
               71.
            
            
               Como la decisión de la FMA de imponerle los intereses (a causa del exceso de riesgos en el que había incurrido durante el mes de octubre de 2014) tiene fecha de 11 de mayo de 2015 y se basó en una declaración efectuada por el propio VTB Bank el 3 de noviembre de 2014, esta entidad opina que aquella declaración no puede considerarse el desencadenante de un procedimiento formal de vigilancia, en el sentido del artículo 2, punto 25, y del artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS.
            
         
               72.
            
            
               Por tanto, según VTB Bank, al no haber incoado un procedimiento formal antes del 4 de noviembre de 2014, la FMA carecía de competencia para adoptar la decisión de 11 de mayo de 2015.
            
         
               73.
            
            
               Frente a lo anterior, la FMA apoya su competencia en que el derecho de la Unión no prevé intereses similares al exigido, autorizando, en cambio, un cierto margen para ese tipo de particularidades nacionales. No siendo competente el BCE en virtud del Reglamento Marco del MUS, la FMA entiende innecesario analizar las disposiciones transitorias relativas a los procedimientos en curso, a las que alude el artículo 48, apartado 3, de ese Reglamento.
            
         
               74.
            
            
               La FMA mantiene, además, que, por razones de economía procesal, la declaración de VTB Bank de 3 de noviembre de 2014 ya había sido tenida en cuenta en un procedimiento de instrucción relativo a los excesos precedentes, pues concernía a los mismos clientes y a los mismos hechos.
            
         
               75.
            
            
               El BCE, cuyas alegaciones se circunscriben a esta tercera pregunta, sostiene que el concepto de «procedimiento de supervisión iniciado formalmente» se introdujo en el artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS para los casos en los que haya una modificación del reparto de competencias entre el BCE y una ANC. Aquel concepto se vincula a las misiones y a los poderes del BCE, de manera que el artículo 48 del Reglamento solo afectaría a los procedimientos comprendidos en el ámbito de sus competencias.
            
         
               76.
            
            
               En consecuencia, la aplicación del artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS dependerá de la calificación que merezca la imposición de intereses debatida. Se aplicaría si se tratara de una medida de vigilancia prudencial, en el sentido de los artículos 64 y 65 de la Directiva 2013/36, pero no si constituyera una medida económica destinada a la recuperación global de una ventaja adquirida, o susceptible de ser adquirida, en virtud de un comportamiento ilegal.
            
         
               77.
            
            
               Para la Comisión, que se pronuncia sobre esta pregunta únicamente con carácter subsidiario, un procedimiento de vigilancia prudencial en el sentido del artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS no se incoa con la presentación por parte del establecimiento de crédito de la declaración recogida en el artículo 396 del CRR. Por otro lado, a su juicio, los procedimientos anteriores ya cerrados, relativos a infracciones similares, no podrían dar lugar a aquel procedimiento para el caso de una nueva infracción.
            
         
         2. Apreciación
      
      
               78.
            
            
               Con la tercera pregunta se pretende saber si, de conformidad con el artículo 48, apartado 3, del Reglamento n.o 468/14, hay un «procedimiento de supervisión iniciado formalmente» en alguno de estos dos supuestos:
               
                        –
                     
                     
                        Tan pronto como una entidad de crédito haya comunicado a las autoridades competentes el exceso de riesgos en los que ha incurrido, sobrepasando los previstos en el artículo 395 del CRR.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Cuando, en un procedimiento paralelo sobre infracciones similares precedentes, la autoridad supervisora ya haya adoptado una decisión.
                     
                  
         
               79.
            
            
               En este asunto, la imposición de intereses que la FMA acordó el 11 de mayo de 2015 estuvo motivada por un exceso de exposición al riesgo acaecido en el mes de octubre de 2014 y comunicado por VTB Bank a aquella autoridad el 3 de noviembre de 2014 (esto es, un día antes de que el BCE asumiera sus competencias con arreglo al Reglamento Marco del MUS).
            
         
               80.
            
            
               En el ámbito de la cooperación entre el BCE y las autoridades nacionales de supervisión, el artículo 48 del Reglamento Marco del MUS se ocupa de los procedimientos de supervisión pendientes en el momento en el que se produzca un cambio de competencias entre el BCE y una de aquellas autoridades.
            
         
               81.
            
            
               A tenor del artículo 149, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS, deben aplicarse, en esa hipótesis, los procedimientos de transición regulados en su artículo 48, «[s]alvo que el BCE decida lo contrario, en caso de que una ANC haya iniciado antes del 4 de noviembre de 2014 procedimientos de supervisión respecto de los cuales el BCE sea competente con arreglo al Reglamento del MUS».
            
         
               82.
            
            
               Para el tribunal de reenvío, lo relevante es si antes del 4 de noviembre de 2014 existía un procedimiento formal de supervisión a cargo de la FMA. Creo, sin embargo, que hay una condición previa, recordada por el BCE en sus observaciones y cuyo cumplimiento niega la FMA, que debe ser analizada.
            
         
               83.
            
            
               En efecto, la FMA considera que la competencia para imponer los intereses de exacción no correspondería al BCE en ningún caso, es decir, tampoco a partir del 4 de noviembre de 2014. Si eso fuera así, no habría que aplicar el régimen transitorio del artículo 48 del Reglamento Marco del MUS.
            
         
               84.
            
            
               Según el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 1024/2013, «el BCE tendrá competencias exclusivas para ejercer, con fines de supervisión prudencial, […] en relación con todas las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes», entre otras funciones, la de «velar por el cumplimiento de los actos a los que se hace referencia en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, que imponen requisitos prudenciales a las entidades de crédito en materia de […] limitación de grandes exposiciones […]».
            
         
               85.
            
            
               El artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n.o 1024/2013 dispone, justamente, que, para desempeñar sus cometidos, «y con el objetivo de garantizar una supervisión rigurosa, el BCE aplicará toda la legislación aplicable de la Unión y, en los casos en que dicha legislación esté integrada por Directivas, la legislación nacional que las incorpore al ordenamiento jurídico nacional». Añade que, «[c]uando la legislación aplicable de la Unión esté compuesta por Reglamentos y en los ámbitos en que en la actualidad dichos Reglamentos otorguen expresamente opciones a los Estados miembros, el BCE aplicará también la legislación nacional que incorpore esas opciones al ordenamiento jurídico nacional.» (
                     21
                  )
            
         
               86.
            
            
               Sea la imposición de intereses una medida nacional válida, adoptada por un Estado miembro en ejercicio de una opción admitida por el marco normativo configurado por la Directiva 2013/36 y el CRR, sea una medida impuesta en aplicación directa de ese marco (como opino), en cualquiera de ambas hipótesis no sería ajena al ámbito de las competencias atribuidas al BCE, a la luz del artículo 4 del Reglamento n.o 1024/2013.
            
         
               87.
            
            
               Cumplida, pues, la primera de las condiciones exigidas por el artículo 48 del Reglamento Marco del MUS (a saber, la competencia sobrevenida del BCE), hay que dilucidar si concurre también aquella por la que pregunta explícitamente el tribunal de remisión. Esto es, si, en la fecha en la que el BCE asumió la competencia de supervisión, había un procedimiento en curso ante la FMA.
            
         
               88.
            
            
               El artículo 48, apartado 3, del Reglamento marco del MUS alude, de modo expreso, a un «procedimiento de supervisión iniciado formalmente». El adverbio utilizado no remite a los motivos que hayan ocasionado la incoación del procedimiento, entre los que puede figurar la comunicación que, según el artículo 395, apartado 5, del CRR, la entidad debe dirigir a las autoridades competentes, cuando haya superado el límite de exposición.
            
         
               89.
            
            
               A mi juicio, el legislador de la Unión ha querido atender específicamente al momento en el que el procedimiento ha sido iniciado de manera formal u oficial, esto es, cuando ha habido una decisión expresa de apertura, llevada a cabo por la autoridad competente. Sean cuales fueren las causas materiales (como la declaración de una entidad financiera) que hayan conducido a la adopción formal de esa decisión, lo que importa es esta última y no aquellas.
            
         
               90.
            
            
               En consecuencia, entiendo que con la comunicación realizada por VTB Bank el 3 de noviembre de 2014 no puede tenerse por iniciado el procedimiento de supervisión especificado en el artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS.
            
         
               91.
            
            
               Tampoco me parece que la imposición de intereses acordada tras la comunicación de VTB Bank de 3 de noviembre de 2014 pueda reconducirse al procedimiento que provocó la decisión de 30 de octubre de 2014, por la que se impusieron intereses en razón de excesos cometidos anteriormente.
            
         
               92.
            
            
               Con todas las cautelas que son del caso, tratándose de una cuestión que corresponde determinar, en último término, a la jurisdicción de reenvío, es de suponer que el procedimiento que dio lugar a la decisión de 30 de octubre de 2014 había finalizado cuando VTB Bank comunicó el segundo de los excesos de exposición al riesgo (3 de noviembre de 2014). La decisión adoptada en relación con este segundo exceso solo podría serlo en razón de un nuevo «procedimiento de supervisión iniciado formalmente» y, por tanto, distinto del anterior.
            
         
               93.
            
            
               La FMA ha invocado motivos de economía procesal para reconducir, de algún modo, la segunda de las decisiones al procedimiento concluido con la de 30 de octubre de 2014. Afirma, en ese sentido, que en ese procedimiento ya se habría tenido en cuenta el exceso comunicado por VTB Bank el 3 de noviembre de 2014. Sin ánimo de terciar en una cuestión que, insisto, corresponde resolver a la jurisdicción nacional, opino que la alusión del artículo 48, apartado 3, del Reglamento Marco del MUS, al carácter formal del comienzo del procedimiento de supervisión excluye las consideraciones materiales y de economía procesal invocadas por FMA.
            
         
               94.
            
            
               En consecuencia, estimo que la tercera pregunta debería contestarse diciendo que no existe un «procedimiento de supervisión iniciado formalmente» en ninguno de los dos casos referidos por el tribunal de remisión.
            
         
         V. Conclusión
      
      
               95.
            
            
               A tenor de lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo contencioso-administrativo, Austria) en los siguientes términos:
               
                        «1)
                     
                     
                        La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, en particular sus artículos 64, 65 y 67, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, como la aplicada en el proceso principal, prevé la imposición de intereses en supuestos de superación de los límites a la gran exposición recogidos por el artículo 395, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, aun cuando se cumplan las condiciones de la excepción prevista en el artículo 395, apartado 5, del Reglamento n.o 575/2013.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        El artículo 48, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 468/14, del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS), debe interpretarse en el sentido de que un “procedimiento de supervisión” solo podrá considerarse “iniciado formalmente” cuando la autoridad competente adopte una decisión expresa de incoación del mismo, sin que se entienda por tal la comunicación que le dirija una entidad financiera.»
                     
                  
         (
            1
         )	Lengua original: español.
      (
            2
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
      (
            3
         )	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 175, p. 1). En lo sucesivo, «CRR», por sus siglas en inglés (Capital Requirement Regulation).
      (
            4
         )	Reglamento del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1).
      (
            5
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (DO 2006, L 177, p. 1).
      (
            6
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito (DO 2006, L 177, p. 201).
      (
            7
         )	Reglamento del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
      (
            8
         )	En la versión publicada en el BGBl. I n.o 532/2014, que estuvo en vigor entre el 1 de marzo de 2014 y el 14 de agosto de 2015 y se remitía al artículo 395, apartado 1, del CRR (en lo sucesivo, «BWG»).
      (
            9
         )	Considerando segundo de la Directiva 2013/36 y considerando quinto del CRR.
      (
            10
         )	Considerando noveno del CRR. En esta misma línea, el considerando segundo de la Directiva 2013/36 señala que se contemplan requisitos «uniformes y directamente aplicables a las entidades de crédito y las empresas de inversión, ya que guardan una estrecha relación con el funcionamiento de los mercados financieros».
      (
            11
         )	El concepto de «capital admisible» podría equivaler, en términos más restrictivos, al de «fondos propios». Véase el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el examen de la idoneidad de la definición de «capital admisible» de conformidad con el artículo 571 del Reglamento (UE) n.o 575/2013, COM(2016) 21 final.
      (
            12
         )	Apartado 6 de la resolución de remisión.
      (
            13
         )	Apartado 28 de su escrito de observaciones.
      (
            14
         )	En este aspecto, el considerando cuadragésimo primero de la Directiva 2013/36 no puede ser más expresivo cuando declara que «[l]os Estados miembros deben poder establecer sanciones adicionales además de las mencionadas en la presente Directiva, y fijar para las sanciones pecuniarias administrativas importes más elevados que los previstos en ella.» El margen permitido a los Estados miembros no se contrae al ámbito de las sanciones en sentido estricto, pues ese mismo considerando se refiere tanto a «sanciones administrativas» como a «otras medidas administrativas», remarcando que lo importante es que se garantice «el más amplio campo de acción tras la comisión de una infracción, y ayudar a evitar futuras infracciones, con independencia de que [las consecuencias previstas por los Estados miembros] sean calificadas de sanciones administrativas u otras medidas administrativas con arreglo al derecho nacional» (cursiva añadida).
      (
            15
         )	Me remito a la nota precedente. Todo con independencia de que, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en relación con las medidas de los Estados miembros para proteger los intereses financieros de la Unión, «la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención del beneficio resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida» (sentencia de 26 de mayo de 2016, Județul Neamț, C‑260/14 y C‑261/14, EU:C:2016:360, apartado 50).
      (
            16
         )	Considerando noveno del CRR.
      (
            17
         )	Loc. ult. cit.
      
      (
            18
         )	Por esa razón, el artículo 70 de la Directiva 2013/36 señala que «las autoridades competentes [deben tener] en cuenta todas las circunstancias pertinentes», entre las que figuran, por ejemplo, «a) la gravedad y duración de la infracción; b) el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable de la infracción; c) la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable de la infracción […]; d) la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable de la infracción, en la medida en que puedan determinarse; […] [o] f) el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable de la infracción con la autoridad competente», entre otras.
      (
            19
         )	Recuerdo que, según ese mismo artículo 67, «el presente artículo se aplicará al menos en algunos de los casos siguientes […]» (cursiva añadida). Asimismo, el artículo 66, apartado 1, de la misma Directiva relaciona también una serie de supuestos que han de ser objeto, «al menos», de sanciones y medidas administrativas estatales.
      (
            20
         )	El apartado 1 maneja también, para algunos casos, un límite no porcentual, pero esa hipótesis no interesa en este asunto.
      (
            21
         )	Cursiva añadida.