CELEX: 62003TJ0442
Language: es
Date: 2008-06-26 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 26 de junio de 2008. # SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Ayudas de Estado - Medidas adoptadas por la República Portuguesa en favor de la empresa pública de radiodifusión RTP para financiar su misión de servicio público - Decisión por la que se declara que algunas medidas no constituyen ayudas de Estado y las demás son compatibles con el mercado común - Calificación de ayuda de Estado - Compatibilidad con el mercado común - Obligación de examen diligente e imparcial. # Asunto T-442/03.

Asunto T‑442/03
      SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SA,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Ayudas de Estado — Medidas adoptadas por la República Portuguesa en favor de la empresa pública de radiodifusión RTP para financiar su misión
         de servicio público — Decisión por la que se declara que algunas medidas no constituyen ayudas de Estado y las demás son compatibles con el mercado
         común — Calificación de ayuda de Estado — Compatibilidad con el mercado común — Obligación de examen diligente e imparcial»
      
      Sumario de la sentencia
      1.      Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Carácter selectivo de la medida
      (Art. 87 CE, ap. 1)
      2.      Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ayudas otorgadas por una empresa pública
      (Art. 87 CE, ap. 1)
      3.      Competencia — Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general — Convocatoria de licitación innecesaria
            para encomendar a una empresa una misión de esa índole
      (Art. 86 CE, ap. 2; Protocolo de Ámsterdam)
      4.      Competencia — Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general — Definición de servicios de interés
            económico general — Facultad de apreciación de los Estados miembros
      (Art. 86 CE, ap. 2)
      5.      Competencia — Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general — Respeto por el radiodifusor de
            servicio público de las normas de calidad establecidas en el mandato de servicio público — Competencia exclusiva del Estado
            miembro
      (Art. 86 CE, ap. 2)
      6.      Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Examen diligente e imparcial
      (Art. 88 CE, ap. 2)
      1.      No cumple el requisito de selectividad una medida estatal que, aunque conceda una ventaja a una categoría específica de operadores
         económicos, no establece una excepción a la aplicación normal de un sistema, sino que, por el contrario, se inserta en él,
         constituyendo de este modo una medida inherente al mismo, ni tampoco se cumple tal requisito cuando las diferencias de trato
         que origina dicha medida pueden justificarse por la naturaleza o el sistema.
      
      Por lo que respecta a una normativa nacional que dispensa a las empresas públicas de la escritura pública normalmente exigida
         cuando se transforman en sociedades anónimas, la Comisión está obligada a verificar que, pese a su especificidad, la exención
         de los gastos de notario derivada de esta dispensa no constituye una ayuda de Estado ya que el recurso a la ley que conllevaba
         tal exención no se eligió con el fin de que las empresas públicas eludieran gravámenes, sino que simplemente se inscribía
         en la lógica del sistema jurídico portugués.
      
      (véanse los apartados 64 a 67)
      2.      Para que unas ventajas puedan ser calificadas de ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, es necesario, por una
         parte, que sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que sean imputables al Estado.
         La imputabilidad de una medida al Estado no puede deducirse del mero hecho de que la medida de que se trate haya sido adoptada
         por una empresa pública. En efecto, aunque el Estado pueda controlar a una empresa pública y ejercer una influencia dominante
         sobre sus operaciones, no es posible dar por supuesto automáticamente el ejercicio efectivo de dicho control en un caso concreto.
         De este modo, resulta necesario analizar si resulta procedente la conclusión de que las autoridades públicas intervinieron
         de algún modo en la adopción de dichas medidas.
      
      A este respecto, la imputabilidad al Estado de una medida de ayuda adoptada por una empresa pública puede deducirse de un
         conjunto de indicios, como por ejemplo la integración de la empresa en la estructura de la Administración Pública, la naturaleza
         de sus actividades y el hecho de desarrollarlas en el mercado compitiendo normalmente con empresas privadas, el estatuto jurídico
         de la empresa, regida por el Derecho público o por el Derecho de sociedades común, la intensidad de la tutela que ejercen
         las autoridades públicas sobre la gestión de la empresa, o cualquier otro indicio de la intervención de las autoridades públicas
         en el caso concreto de que se trate o de lo improbable de su falta de intervención en la adopción de la medida, habida cuenta
         igualmente del alcance de ésta, de su contenido o de las condiciones que establezca.
      
      (véanse los apartados 93 a 95, 98 y 99)
      3.      No se desprende del tenor literal del artículo 86 CE, apartado 2, ni de la jurisprudencia relativa a este precepto que un
         servicio de interés económico general sólo pueda encomendarse a un operador a través de un procedimiento de concurso público.
      
      Si bien es cierto que el servicio público de radiodifusión se considera un servicio de interés económico general y no un servicio
         de interés general no económico, debe señalarse sin embargo que esta calificación se explica mejor por el impacto que el servicio
         público de radiodifusión produce, de facto, sobre el sector de la radiodifusión, por otra parte competitivo y comercial, que
         por una supuesta dimensión comercial del servicio público de radiodifusión. Según se desprende claramente del Protocolo de
         Ámsterdam sobre el sistema de radiodifusión pública en los Estados miembros, el servicio público de radiodifusión está «directamente
         relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad».
      
      Por otra parte, esta especificidad del servicio público de radiodifusión constituye el fundamento de la libertad reconocida
         por el Protocolo de Ámsterdam a los Estados miembros en la adjudicación del servicio de interés económico general de radiodifusión.
         Explica y justifica el hecho de que no se pueda exigir a un Estado miembro que convoque una licitación para adjudicar dicho
         servicio, al menos cuando, tal como sucede en el caso de autos, decide prestar él mismo este servicio público mediante una
         sociedad pública.
      
      (véanse los apartados 145, 153 y 154)
      4.      Los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de definir lo que consideran servicios de interés
         económico general. En consecuencia, la definición de estos servicios por parte de un Estado miembro sólo puede ser cuestionada
         por la Comisión en caso de error manifiesto.
      
      Por otra parte, el Derecho comunitario no se opone en modo alguno a que un Estado miembro defina el servicio de interés económico
         general de radiodifusión en términos amplios, que incluyan la difusión de una programación generalista. Esta facultad no puede
         cuestionarse por el hecho de que el radiodifusor de servicio público ejerza, además, actividades comerciales, en concreto
         la venta de espacios publicitarios. Tal cuestionamiento, en efecto, supondría hacer depender la propia definición del servicio
         de interés económico general de radiodifusión de su forma de financiación. Pues bien, un servicio de interés económico general
         se define, por principio, atendiendo al interés general que pretende satisfacer y no en consideración a los medios que garantizaran
         su prestación.
      
      (véanse los apartados 195 y 201 a 203)
      5.      Sólo el Estado miembro puede apreciar el respeto por el radiodifusor de servicio público de las normas de calidad definidas
         en el mandato de servicio público. La Comisión debe, en principio, limitarse a comprobar la existencia de un mecanismo de
         control, por un órgano independiente, del cumplimiento de su mandato por dicho radiodifusor. Sólo si en las informaciones
         transmitidas a la Comisión durante la investigación hay indicios fundados de que el mecanismo de control, aunque existía,
         no se aplicó, puede requerirse a la Comisión que examine si en realidad se aplicó, procurando, no obstante, no excederse de
         este examen y, en particular, no suplantar al Estado miembro en la apreciación concreta del cumplimiento de los criterios
         cualitativos.
      
      (véanse los apartados 212 a 214)
      6.      En el marco del procedimiento de control de las ayudas de Estado, las partes interesadas distintas del Estado miembro de que
         se trata sólo tienen derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias
         del caso concreto. En este contexto, una parte interesada que presenta una solicitud a la Comisión para que ésta ejerza sus
         competencias a fin de obtener del Estado miembro determinados elementos de información no tiene ningún derecho a que la Comisión
         acceda a su solicitud. Corresponde a la Comisión, en su caso, apreciar la utilidad de esta solicitud para sus necesidades
         de control de las medidas controvertidas. En esta apreciación la Comisión puede tener en cuenta la información de que ya dispone.
         Por lo tanto, el carácter limitado de los referidos derechos de participación y de información de las partes interesadas distintas
         del Estado miembro no se opone en modo alguno a la obligación de examen diligente e imparcial que incumbe a la Comisión en
         el ámbito de las ayudas de Estado. Así pues, la Comisión, aun cuando disfruta de un margen de apreciación, no puede, habida
         cuenta de su obligación de examen diligente e imparcial, abstenerse de solicitar la transmisión de elementos de información
         que pueden confirmar o desmentir otros elementos de información pertinentes para el examen de la medida controvertida, pero
         cuya fiabilidad no puede considerarse suficientemente acreditada.
      
      (véanse los apartados 222 a 225)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      de 26 de junio de 2008 (*)
      
      «Ayudas de Estado – Medidas adoptadas por la República Portuguesa en favor de la empresa pública de radiodifusión RTP para financiar su misión
         de servicio público – Decisión por la que se declara que algunas medidas no constituyen ayudas de Estado y las demás son compatibles con el mercado
         común – Calificación de ayuda de Estado – Compatibilidad con el mercado común – Obligación de examen diligente e imparcial»
      
      En el asunto T‑442/03,
      SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, con domicilio social en Carnaxide (Portugal), representada por los Sres. C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete y M. Rosado da
         Fonseca, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por la Sra. M. Balta y el Sr. F. Florindo Gijón, posteriormente por los Sres. Niejahr, J. Buendía
         Sierra y G. Braga da Cruz, y finalmente por los Sres. B. Martenczuk y Braga da Cruz, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2005/406/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2003, relativa
         a medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de RTP (DO 2005, L 142, p. 1), en tanto en cuanto declara que algunas
         de estas medidas no constituyen ayudas de Estado y las demás son compatibles con el mercado común, 
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),
      integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente, y las Sras. E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de noviembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1        El artículo 16 CE establece: 
      
      «Sin perjuicio de los artículos 73 [CE], 86 [CE], y 87 [CE], y a la vista del lugar que los servicios de interés económico
         general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial,
         la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente
         Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido.»
      
      2        El artículo 86 CE, apartado 2, establece:
      
      «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal
         quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación
         de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo
         de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad.»
      
      3        El artículo 87 CE, apartado 1, establece:
      
      «1.      Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a
         los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
         cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»
      
      4        El Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros (DO 1997, C 340, p. 109; en lo sucesivo, «Protocolo
         de Ámsterdam»), introducido por el Tratado de Ámsterdam como anexo al Tratado CE, establece: 
      
      «[Los Estados miembros,] considerando que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado
         con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de
         los medios de comunicación, han convenido en las siguientes disposiciones interpretativas, que se incorporarán como anexo
         al Tratado [CE]: 
      
      Las disposiciones del Tratado [CE] se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio
         público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo
         la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida
         en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea
         contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público.»
      
      5        El 15 de noviembre de 2001 la Comisión publicó una Comunicación sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales
         a los servicios públicos de radiodifusión (DO C 320, p. 5; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la radiodifusión»), en la que
         enunció los principios que seguiría en la aplicación del artículo 87 CE y del artículo 86 CE, apartado 2, a la financiación
         estatal de los organismos públicos de radiodifusión (apartado 4 de esta Comunicación).
      
       Hechos que originaron el litigio
      6        RTP − Radiotelevisão Portuguesa, SA, es una sociedad anónima de capital público que se encarga del servicio público de televisión
         portugués en virtud de contratos denominados «contratos de concesión del servicio público de televisión», concluidos, sucesivamente,
         el 17 de marzo de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 (en lo sucesivo, designados conjuntamente, «contratos de servicio público»).
      
      7        La demandante, SIC − Sociedade Independente de Comunicação, SA, es una sociedad de televisión comercial que explota una de
         las principales cadenas privadas portuguesas de televisión. 
      
      8        La Comisión recibió tres denuncias de la demandante, fechadas, respectivamente, el 30 de julio de 1993 y 12 de febrero de
         1994 (NN 133/B/01), el 16 de octubre de 1996 (NN 85/B/2001) y el 18 de junio de 1997 (NN 94/B/99), informándole de que la
         República Portuguesa había aplicado determinadas medidas ad hoc y efectuado pagos compensatorios anuales en favor de RTP que constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado común.
      
      9        El 3 de marzo de 1997 la demandante interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso, registrado con la referencia
         T‑46/97, con objeto de que se anulara una Decisión de la Comisión de 7 de noviembre de 1996, adoptada sin incoar previamente
         el procedimiento formal de examen establecido en el artículo 93 CE, apartado 2 (actualmente artículo 88 CE, apartado 2) y
         relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 88 CE en materia de financiación de cadenas públicas de televisión,
         y de que se anulara una decisión supuestamente contenida en un escrito de la Comisión de 20 de diciembre de 1996. En esta
         Decisión y en este escrito la Comisión consideraba que algunas de las medidas denunciadas no constituían ayudas de Estado
         y, en cuanto a otras, solicitaba información a las autoridades portuguesas. 
      
      10      El Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 10 de mayo de 2000, SIC/Comisión (T‑46/97, Rec. p. II‑2125), en la que
         declaraba que la persistencia de dificultades serias al término de un examen preliminar de la Comisión de una duración que
         había superado considerablemente la normalmente necesaria habría justificado que esta institución iniciase el procedimiento
         formal de examen (apartados 105 a 109 de la sentencia), anuló la Decisión de 7 de noviembre de 1996. En cambio, el Tribunal
         de Primera Instancia declaró inadmisible el recurso interpuesto contra el escrito de 20 de diciembre de 1996 por no contener
         decisión alguna (apartado 49 de la sentencia). 
      
      11      A raíz de esta sentencia, la demandante dirigió a la Comisión tres requerimientos de actuación mediante tres escritos de 26
         de julio de 2001, relativos, respectivamente, a sus tres denuncias y que pretendían obtener la apertura del procedimiento
         formal de examen respecto de las medidas denunciadas. 
      
      12      Tras estos requerimientos de actuación la demandante interpuso dos recursos por omisión ante el Tribunal de Primera Instancia
         el 6 de diciembre de 2001, registrados con las referencias T‑297/01 y T‑298/01. Estos recursos se sobreseyeron (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 19 de febrero de 2004, SIC/Comisión, T‑297/01 y T‑298/01, Rec. p. II‑743) a raíz de una
         iniciativa de la Comisión de 7 de noviembre de 2001 y de definiciones de posición de esta institución de 13 de noviembre de
         2001 y 30 de septiembre de 2003 (apartados 13 y 14 infra).
      13      Por lo que respecta a los pagos compensatorios anuales mencionados en el apartado 8 supra, la Comisión, mediante escrito de 7 de noviembre de 2001, solicitó a la República Portuguesa, en aplicación del artículo 10,
         apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
         aplicación del artículo [88] CE (DO L 83, p. 1), la transmisión de información que le permitiera determinar si estos pagos
         tenían carácter de ayudas nuevas o de ayudas existentes. A continuación, mediante escrito de 30 de septiembre de 2003, la
         Comisión, con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento nº 659/1999, ofreció a la República Portuguesa la oportunidad
         de presentar observaciones, iniciando con ello la primera etapa del examen de estas medidas como ayudas existentes. Estos
         pagos compensatorios anuales y el procedimiento iniciado en relación con ellos por la Decisión de 30 de septiembre de 2003
         no son objeto del presente recurso. 
      
      14      Mediante escrito de 13 de noviembre de 2001 la Comisión informó a la República Portuguesa de su decisión de iniciar el procedimiento
         de examen formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, respecto de un determinado número de medidas puntuales adoptadas
         por la República Portuguesa en favor de la RTP entre 1992 y 1998. Estas medidas son las siguientes: 
      
      –        exención del pago de derechos de registro del acta de creación de RTP, por un importe de 33 millones de escudos portugueses
         (PTE) (en lo sucesivo, «exenciones fiscales»);
      
      –        facilidades de pago del canon de utilización de la red de teledifusión, concedidas por la sociedad Portugal Telecom a RTP
         (en lo sucesivo, «facilidades de pago del canon»);
      
      –        acuerdo amistoso entre el organismo responsable de la seguridad social y RTP para aplazar una deuda de RTP con este organismo
         y renuncia al cobro de intereses de demora; 
      
      –        ampliación del capital de RTP en 5,4 millones de PTE, en 1993, en compensación por la venta por RTP de la red de teledifusión;
         
      
      –        emisión de obligaciones en 1994 supuestamente garantizada por la República Portuguesa, por un importe de 5.000 millones de
         PTE, (en lo sucesivo, «emisión de obligaciones de 1994»);
      
      –        acuerdo concluido en 1996 entre RTP y el Ministerio de Cultura portugués, sobre la financiación de RTP de la promoción del cine;
         
      
      –        plan de reestructuración para el período 1996‑2000; 
      –        ampliaciones del capital de RTP por la República Portuguesa entre 1994 y 1997, que ascendieron a 52.200 millones de PTE; 
      –        préstamos concedidos en 1997 y 1998 por la República Portuguesa a RTP, por un importe total de 20.000 millones de PTE. 
      15      La decisión de abrir el procedimiento de examen formal se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO 2002, C 85, p. 9) y se comunicó a la demandante mediante escrito de 8 de enero de 2002. En esta decisión la Comisión
         invitaba a las partes interesadas a presentar observaciones. 
      
      16      La demandante transmitió sus observaciones a la Comisión mediante escritos de 8 de febrero de 2002, con referencia 1543.003.CA.001,
         y de 9 de mayo de 2002, con referencia 1543.003.OB.001. 
      
      17      En sus observaciones solicitó a la Comisión que pidiera a las autoridades portuguesas la comunicación de los informes de auditoria
         externa de RTP previstos por el artículo 19 del contrato de servicio público de 1993 y por el artículo 25 del contrato del
         servicio público de 1996 (en lo sucesivo, «informes de auditoria externa contractuales»). La demandante solicitó poder pronunciarse
         sobre el contenido de estos informes. 
      
      18      La Comisión no respondió a la demandante respecto de estas solicitudes. 
      
      19      A fin de que se transmitieran los informes de auditoria externa contractuales o se certificara su inexistencia, a partir de
         marzo de 2003 la demandante inició varios procedimientos sucesivos en el ámbito nacional, inicialmente ante el Ministro del
         Estado y de Hacienda, ante el Ministro de la Presidencia y ante el Presidente del consejo de administración de RTP, a continuación
         ante la Comisión portuguesa de acceso a los documentos administrativos y finalmente ante el Tribunal Administrativo de Círculo
         de Lisboa. 
      
      20      Mediante escrito de 16 de mayo de 2003 la demandante reiteró su solicitud a la Comisión para que reclamara de las autoridades
         portuguesas la presentación de los informes de auditoría externa contractuales. 
      
      21      Mediante escrito de 19 de junio de 2003 la Comisión no accedió esta solicitud. 
      
      22      La demandante criticó la postura de la Comisión en un escrito de 4 de agosto de 2003 que le dirigió. 
      
      23      Mediante la Decisión 2005/406/CE, de 15 de octubre de 2003, relativa a medidas puntuales aplicadas por Portugal en favor de
         RTP (DO 2005, L 142, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión declaró que determinadas medidas puntuales constituían
         ayudas de Estado compatibles con el mercado común (artículo 1 de la Decisión impugnada), mientras que las demás medidas puntuales
         no constituían ayudas de Estado (artículo 2 de la Decisión impugnada). 
      
      24      Mediante escrito de 4 de diciembre de 2003 y a raíz de una sentencia del Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa de 16
         de octubre de 2004, las autoridades portuguesas enviaron a la demandante uno de los informes de auditoría externa contractuales,
         realizado en 2001 por una sociedad de auditoría y referido al ejercicio 1998 (en lo sucesivo, «informe de auditoría externa
         contractual por 1998»). Las autoridades portuguesas informaron a la demandante de que, por lo que respecta a los informes
         de auditoría externa contractuales por los años 1993 a 1997, «no encontrándose en posesión [del] Ministro de la Presidencia,
         le [era] imposible expedir una certificación, ya que no podía determinarse con certeza su existencia o inexistencia».
      
      25      La Comisión comunicó a la demandante la Decisión impugnada mediante escrito de 11 de diciembre de 2003. 
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      26      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de diciembre de 2003 la demandante interpuso
         el presente recurso. 
      
      27      Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia a partir del 13 de septiembre de 2004, el Juez
         Ponente fue adscrito, como Presidente, a la Sala Quinta, a la que, por consiguiente, se atribuyó el presente asunto.
      
      28      La demandante presentó, como anexo a la réplica, un informe de auditoría de gestión de RTP, nº 08/2002, de 6 de junio de 2002,
         realizado por el Tribunal de Contas, (Tribunal de Cuentas, Portugal) (en lo sucesivo, «informe del Tribunal de Contas»). Por
         otra parte, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 65, letra b), del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que pidiera a la Comisión la presentación de la información detallada
         que, según la contestación a la demanda, las autoridades portuguesas habían transmitido a esta institución. 
      
      29      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 
      
      –        Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada por entender que no se reúnen los elementos necesarios para la aplicación del
         artículo 86 CE, apartado 2.
      
      –        Anule el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida en que declara que las exenciones fiscales, las facilidades de pago
         del canon y la emisión de obligaciones de 1994 no constituyen ayudas de Estado. 
      
      –        Condene en costas a la Comisión.
      30      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 
      
      –        Desestime el recurso. 
      –        Condene en costas a la demandante. 
       Fundamentos de Derecho
      31      El presente recurso, más allá de una exposición de cuatro motivos, basados, en primer lugar, en el incumplimiento de las obligaciones
         de diligencia e imparcialidad, en segundo lugar, en errores de hecho y en un incumplimiento de la obligación de motivar, en
         tercer lugar, en un error de Derecho derivado de no haber calificado de ayudas de Estado algunas medidas y, en cuarto lugar,
         en errores de Derecho en cuanto a los requisitos de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2, se articula, en sustancia,
         en dos impugnaciones principales que se corresponden con los dos artículos de la parte dispositiva de la Decisión impugnada
         y con los motivos de anulación tercero y cuarto. 
      
      32      La primera impugnación principal, que se corresponde con el tercer motivo de anulación, ataca la declaración de la Comisión,
         contenida en el artículo 2 de la Decisión impugnada, de que algunas de las medidas adoptadas por la República Portuguesa no
         constituyen ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. 
      
      33      La segunda impugnación, que se corresponde con el cuarto motivo de anulación, ataca la declaración de la Comisión de que las
         demás medidas, de las que no se discute que son ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, podían acogerse
         a la excepción del artículo 86 CE, apartado 2 (artículo 1 de la Decisión impugnada).
      
      34      En conexión con la segunda impugnación, en particular, la demandante invoca, en su primer motivo así como en algunos elementos
         del segundo motivo, el incumplimiento por la Comisión de su obligación de examen diligente e imparcial. 
      
      35      Procede examinar, en primer lugar, la primera impugnación principal y, en consecuencia, el tercer motivo de anulación. 
      
       Sobre el tercer motivo, basado en un error de Derecho derivado de no haber calificado de ayudas de Estado determinadas medidas
       Sobre la primera parte, basada en no haber calificado las exenciones fiscales de ayudas de Estado 
      –       Alegaciones de las partes
      36      Según la demandante, la medida, establecida en el artículo 11, apartado 1, de la Lei nº 21/92, transforma a Radiotelevisão
         Portuguesa, E.P., em sociedade anónima, de 14 de agosto de 1992 (Ley portuguesa nº 21/92 relativa a la transformación de Radiotelevisão
         Portuguesa, E.P., en sociedad anónima) (Diário da República I, série I‑A, nº 187, de 14 de agosto de 1992; en lo sucesivo, «Ley nº 21/92»), por la que se autoriza el registro oficioso,
         sin escritura pública, de la transformación de RTP en sociedad anónima, concedió una ventaja a RTP de la que no disfrutaron
         los demás operadores económicos presentes en el mercado. Se tradujo, en efecto, en la exención de RTP del pago de los derechos
         de registro y honorarios relativos a esta transformación. Esta exención ascendió a 33 millones de PTE.
      
      37      Añade que el artículo 11, apartado 2, de la Ley nº 21/92 también establece, sin limitación alguna, que RTP disfruta, en todos
         los actos de inscripción, registro o anotación, ante todos los registros, administraciones y órganos públicos, de una exención
         del pago de todos los derechos y honorarios. 
      
      38      Según la demandante estas disposiciones estatales, que proporcionan ventajas a la empresa beneficiaria y tienen carácter selectivo,
         pues sólo se aplican al operador público, constituyen ayudas de Estado, en contra de lo que la Comisión considera en la Decisión
         impugnada (considerando 125 y siguientes de la Decisión impugnada).
      
      39      Resulta difícil comprender que los principios generales y la estructura global del ordenamiento jurídico aplicable en Portugal
         puedan, tal como sostiene la Comisión, justificar la concesión de tales privilegios a RTP.
      
      40      La Comisión responde reiterando su razonamiento expuesto en los considerandos 125 y siguientes de la Decisión impugnada. 
      
      41      Insiste en que la transformación de RTP en sociedad anónima no era una operación necesaria ni tampoco podía considerarse una
         ventaja. Sólo pretendía aproximar el funcionamiento del operador público al de los operadores privados. 
      
      42      Añade que incluso aunque la postura de la demandante fuera válida y RTP tuviera que soportar todos los gastos de notario y
         registro ligados a la modificación de su estatuto, la propia República Portuguesa soportaría los costes derivados de ello,
         sin que estas «ayudas» pudieran considerarse ilegales, ya que, por ser indispensables para la creación de la empresa estaban
         directamente ligadas al cumplimiento de la misión de servicio público de RTP. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      43      Según reiterada jurisprudencia, la calificación de ayuda de Estado exige que se cumplan todos los requisitos a los que se
         refiere el artículo 87 CE, apartado 1 (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C‑142/87,
         Rec. p. I‑959, apartado 25; de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, C‑278/92 a C‑280/92, Rec. p. I‑4103, apartado 20,
         y de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión, C‑482/99, Rec. p. I‑4397, apartado 68).
      
      44      El principio de prohibición de las ayudas de Estado establecido en el artículo 87 CE, apartado 1, comporta los siguientes
         requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, dicha
         intervención debe conferir una ventaja a su beneficiario. En tercer lugar, debe poder afectar a los intercambios comerciales
         entre los Estados miembros. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia.
      
      45      El primero de estos requisitos, relativo a la implicación de fondos estatales, no se discute en el caso de autos. Su cumplimiento
         está acreditado. 
      
      46      Los argumentos de la demandante se concentran en el segundo de estos requisitos. Las exenciones fiscales proporcionaron y
         siguen proporcionando a RTP, de modo selectivo, una ventaja económica de que carecen los demás operadores económicos. 
      
      47      El Tribunal de Primera Instancia observa que la demandante distingue, en sustancia, dos ventajas. 
      
      48      En primer lugar, RTP disfrutó de una ventaja puntual, consistente en la exención del pago de los derechos de registro y de
         los honorarios relativos a su transformación en sociedad anónima. 
      
      49      En segundo lugar, RTP disfrutó de una ventaja permanente consistente en la exención de todos los derechos y honorarios, sin
         límite, para todos los actos de inscripción, registro o anotación, ante todas las administraciones. 
      
      50      Procede examinar, en primer lugar, la ventaja puntual que, según la demandante, obtuvo RTP. 
      
      51      Esta ventaja comprende, en realidad, dos partes: por un lado, se dispensó a RTP de la escritura pública normalmente exigida
         y, con ello, de los correspondientes honorarios notariales (también denominados «gastos notariales»). Por otro lado, se le
         dispensó de los correspondientes gastos de registro y publicidad, al haberse realizado de oficio las formalidades de registro
         relativas a la transformación de RTP en sociedad anónima y ser las formalidades de publicidad, según la Comisión, inútiles
         debido a la publicación de la Ley nº 21/92 (apartado 36 supra) en el Diário da República.
      52      En relación con estas dos partes de la ventaja concreta, la Comisión alega en la Decisión impugnada, que el artículo 11, apartado
         1, de la Ley nº 21/92, que sirvió de base para eximir a RTP del pago de los gastos notariales y de registro, no confiere una
         ventaja específica a RTP. Esta disposición simplemente reafirma la aplicabilidad al caso concreto de la RTP de la Ley nº 84/88
         transformação das empresas públicas em sociedades anónimas de 20 de julio de 1988 (ley portuguesa nº 84/88 relativa a la transformación
         de las empresas públicas en sociedades anónimas) (Diário da República I, série I, nº 166, de 20 de julio de 1988; en lo sucesivo, «Ley nº 84/88»), que establece que las empresas públicas pueden
         transformarse en sociedades anónimas mediante un Decreto-ley por el que se aprueban los estatutos de la sociedad anónima y
         que se considera documento suficiente para todas las obligaciones de registro necesarias (considerando 127 de la Decisión
         impugnada). El diferente tratamiento a que están sometidas las empresas públicas cuyo estatuto jurídico es modificado para
         transformarlas en sociedades anónimas es la consecuencia de la lógica interna del sistema y no confiere a estas empresas un
         beneficio específico, en la medida en que no existen factores generadores de gastos (considerando 128 de la Decisión impugnada).
      
      53      Antes de examinar la motivación de la Comisión procede citar los artículos pertinentes de la legislación portuguesa: 
      
      54      El artículo 1 de la Ley nº 84/88 establece:
      
      «Las empresas públicas [...] podrán, por decreto-ley, transformarse en sociedades anónimas de capital público o mayoritariamente
         público, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución y por la presente Ley.» 
      
      55      El artículo 3, apartado 3, de la Ley nº 84/88 establece que «el [decreto-ley que opera esta transformación] constituye documento
         suficiente para todas las obligaciones de registro necesarias».
      
      56      El artículo 11, apartados 1 y 2 de la Ley nº 21/92, establece: 
      
      «1.      Se aprueban los estatutos de RTP, SA, anexos a la presente Ley, sin que sea necesario que se eleven a escritura pública, pues
         se registrarán de oficio, libres de impuestos y emolumentos, sobre la base del Diário da República en que se publiquen. 
      
      2.      Todos los actos de inscripción, registro o anotaciones marginales, ante todos los registros, administraciones u organismos
         públicos, en particular ante el Registro nacional de personas jurídicas, el registro hipotecario y el servicio de propiedad
         de automóviles, se efectuarán sobre la base de una simple solicitud firmada por dos miembros del Consejo de Administración
         de la sociedad y libres de todo impuesto o emolumento.»
      
      57      En primer lugar, tanto del título de la Ley nº 84/88 (véase el apartado 52 supra) como de su artículo 1 (véase el apartado 54 supra) se desprende que ésta no instaura una medida general, aplicable a todos los operadores económicos. Esta Ley sólo se aplica
         a las transformaciones de las empresas públicas en sociedades anónimas. Por tanto, las empresas privadas no pueden beneficiarse
         de ella. 
      
      58      La demandante, por otra parte, alega precisamente en su demanda que cuando una empresa privada, sujeta a las reglas del mercado,
         cambia de forma jurídica no disfruta de las exenciones fiscales de que disfrutó RTP. 
      
      59      En cuanto a la Comisión, si bien en el considerando 125 de la Decisión impugnada reconoce que le compete «apreciar si la medida
         [...] se aplicó específicamente a RTP (o, alternativamente, sólo a empresas públicas) y no a empresas privadas», no responde
         a esta inquietud más adelante en la Decisión impugnada, ni siquiera por lo que respecta a la ventaja puntual. 
      
      60      Así, los considerandos 126 a 129 de la Decisión impugnada no cuestionan en absoluto lo indicado en el apartado 57 supra, de que la Ley nº 84/88 se aplica específicamente a las empresas públicas. 
      
      61      El considerando 126 de la Decisión impugnada dispone, ciertamente, que RTP no disfruta de una exención general de los gastos
         de registro. Sin embargo, ello no cuestiona el hecho de que la Ley nº 84/88 únicamente concede esta exención, aunque no sea
         general, a las empresas públicas y no a todos los operadores. 
      
      62      En cuanto al considerando 127 de la Decisión impugnada, si bien establece que el artículo 11 de la Ley nº 21/92 no hace sino
         confirmar la aplicabilidad de la Ley nº 84/88 a RTP y, por tanto, que la Ley nº 21/92 no confiere una ventaja específica a
         RTP, sino que se limita a aplicarle el régimen general de la Ley nº 84/88, es cierto, asimismo, que este régimen sólo es «general»
         respecto de las empresas públicas. No se aplica a otros operadores económicos. Por tanto, sí se concede una ventaja específicamente
         a determinadas empresas, en el sentido de las reglas aplicables en materia de ayudas de Estado. 
      
      63      Sin embargo, en el considerando 128 de la Decisión impugnada la Comisión sostiene que «el diferente tratamiento al que están
         sometidas las empresas públicas cuyo estatuto jurídico es modificado para transformarlas en sociedades anónimas es la consecuencia
         de la lógica interna del sistema y no confiere a estas empresas un beneficio específico, en la medida en que no existen factores
         generadores de gastos».
      
      64      Es cierto que no cumple el requisito de selectividad una medida estatal que, aunque conceda una ventaja a una categoría específica
         de operadores económicos, no establece una excepción a la aplicación normal del sistema, sino que, por el contrario, se inserta
         en él, constituyendo de este modo una medida inherente al mismo, ni tampoco se cumple tal requisito cuando las diferencias
         de trato que origina dicha medida pueden justificarse por la naturaleza o el sistema (véanse las conclusiones del Abogado
         General Tizzano presentadas en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 2005, Heiser,
         C‑172/03, Rec. pp. I‑1627 y ss., especialmente p. I‑1631, apartado 47; del Abogado General Jacobs en el asunto en que recayó
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. pp. I‑2099 y ss., especialmente
         p. I‑2103, apartado 130, y del Abogado General Léger en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 29
         de abril de 2004, Países Bajos/Comisión, C‑159/01, Rec. pp. I‑4461 y ss., especialmente p. I‑4463, apartados 36 y 37; sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 2000, CETM/Comisión, T‑55/99, Rec. p. II‑3207, apartado 52 y jurisprudencia
         allí citada; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de julio de 2004, Salzgitter/Comisión, T‑308/00, Rec. p. I‑1933,
         apartado 42 y jurisprudencia allí citada).
      
      65      No obstante, para poder concluir, en su caso, que la exención de los gastos de notario, primera parte de la ventaja puntual,
         no constituye una ayuda de Estado, sino que está justificada por la naturaleza y la estructura general del sistema en el que
         se inscribe, no bastaba con declarar, como hizo la Comisión, que no existía el hecho generador de los gastos de notario por
         haberse aplicado la ley sobre la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas. En efecto, tal declaración
         era la afirmación de una evidencia. 
      
      66      La cuestión que correspondía analizar a la Comisión era si encajaba en la lógica del sistema jurídico portugués que la ley
         operase la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas, o bien si emplear la ley para tales operaciones
         constituía una excepción que en realidad pretendía, dadas las consecuencias que de ello se derivaban (inutilidad de la escritura
         pública, y, en consecuencia, inexistencia de gastos relacionados con ella), conceder a las empresas públicas una ventaja sobre
         las demás. 
      
      67      Así pues, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión no fundamentó válidamente su conclusión de que la exención
         de los gastos de notario no constituía una ayuda de Estado, al no haber verificado que, pese a su especificidad, la exención
         de los gastos de notario no constituía una ayuda de Estado ya que el recurso a una norma jurídica que conllevaba tal exención
         no se había elegido con el fin de que las empresas públicas eludieran gravámenes, sino que simplemente se inscribía en la
         lógica del sistema jurídico portugués. 
      
      68      En lo relativo a la segunda parte de la ventaja puntual, es decir, la exención de los gastos de registro y los costes de publicación
         relativos a la transformación de RTP en sociedad anónima, el Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión alega en
         el considerando 129 de la Decisión impugnada que es aplicable el mismo razonamiento expuesto en el considerando 128 de esta
         Decisión. La Comisión añade, en sustancia, que la publicación de la Ley nº 21/92 (cuyo anexo contiene los estatutos de RTP)
         en el Diário da República, convirtió en superfluo someter a RTP a las reglas de publicidad del régimen general. La publicación en el Diário da República producía el mismo efecto que el registro. 
      
      69      Aun suponiendo que estas afirmaciones sobre los efectos de la publicación en el Diário da República sean exactas –lo que es, por lo demás, dudoso, pues el tenor de la Ley portuguesa (citada en el apartado 55 supra) sugiere, por el contrario, que las formalidades de registro seguían siendo necesarias aun cuando la transformación de RTP
         en sociedad anónima se produjera mediante acto legislativo– no es menos cierto que, también en este punto, la cuestión seguía
         siendo si formaba parte de la lógica del sistema portugués que la transformación de RTP en sociedad anónima no se produjera
         de la forma prevista normalmente para las sociedades privadas, es decir, mediante escritura pública (con todas las consecuencias
         que la aplicación del régimen general lleva consigo, en cuanto a formalidades de registro y publicidad), sino por una Ley.
         
      
      70      Dado que la Comisión no dio respuesta a esta cuestión en la Decisión impugnada, debe concluirse, por lo que respecta a la
         exención de los gastos de registro y publicidad derivados de la transformación de RTP en sociedad anónima, y a la exención
         de los gastos de notario, que esta institución no demostró suficientemente con arreglo a Derecho que dicha exención no confería
         a RTP una ventaja específica y que, por tanto, no constituía una ayuda de Estado. 
      
      71      Seguidamente, por lo que respecta a la ventaja permanente que supuestamente se concedió a RTP, la demandante alega que RTP
         disfrutaba de una exención de todos los derechos y honorarios, sin limitación, para todo acto de inscripción, registro o anotación,
         ante todas las administraciones. 
      
      72      La Comisión replica en su escrito de contestación que el artículo 11, apartado 2, de la Ley nº 21/92 (véase el apartado 56
         supra) simplemente confirma la aplicabilidad a RTP de una disposición de aplicación general, el artículo 1 del Decreto-Lei nº 404/90,
         de 21 de diciembre de 1990 (Decreto‑ley portugués nº 404/90) (Diário da República I, série I, nº 293, de 21 de diciembre de 1990, en lo sucesivo, «Decreto-ley nº 404/90») por el que se aprueba el régimen
         de exención de los derechos de transmisión («regime de isenção de sisa») a las empresas que realizan actos de cooperación
         o concentración (véase también el considerando 130 de la Decisión impugnada). 
      
      73      La Comisión niega además que la exención concedida por el artículo 11, apartado 2, de la Ley nº 21/92 sea «general», en el
         sentido de permanente en el tiempo. Alega que en diversas ocasiones RTP ha abonado gastos de notario y registro derivados
         de las modificaciones que experimentó tras su transformación en sociedad anónima (véase también el considerando 126 de la
         Decisión impugnada). 
      
      74      El Tribunal de Primera Instancia señala que el argumento de la Comisión consiste, básicamente, en alegar que el artículo 11,
         apartado 2, de la Ley nº 21/92 sólo es la aplicación a un caso particular de una norma general y que, por tanto, en el caso
         de autos no se cumple el requisito de especificidad exigido por el artículo 87 CE, apartado 1, para la calificación de ayuda
         de Estado. 
      
      75      Este argumento de la Comisión no es convincente, a la vista del tenor literal del Decreto-ley nº 404/90, cuyos artículos 1
         y 2 establecen: 
      
      «Artículo 1
      Las empresas que hasta el 31 de diciembre de 1993 lleven a cabo operaciones de cooperación o concentración podrán disfrutar
         de una exención de los impuestos sobre la transmisión de los bienes inmuebles necesarios para la concentración o cooperación,
         así como de otros impuestos y gravámenes legales por la realización de este tipo de actos. 
      
      Artículo 2
      1.      A efectos del presente Decreto-ley, se entenderá por operación de concentración: 
      a)      La fusión de dos o más empresas individuales y/o sociedades en una nueva sociedad anónima o limitada [SA o SARL], que integre
         el patrimonio global de dichas empresas o sociedades. 
      
      b)      La incorporación a una empresa, mediante transmisión a su favor, de todo o parte del patrimonio de otra empresa, aun cuando
         esta última no se disuelva. 
      
      2.      A efectos del presente Decreto-ley, se entenderá por operación de cooperación: 
      a)      La constitución de agrupaciones complementarias de empresas, de acuerdo con la legislación vigente, que tengan por objeto
         la prestación de servicios comunes, la adquisición o la venta en común o en cooperación, la especialización o la racionalización
         productiva, el estudio de mercados, la promoción de las ventas, la adquisición y transmisión de conocimientos técnicos o de
         organización aplicada, el desarrollo de nuevas técnicas y productos, la formación y perfeccionamiento de la plantilla, la
         ejecución de obras o servicios específicos y todos los demás objetivos comunes de naturaleza relevante. 
      
      b)      La constitución de personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, mediante la asociación de empresas públicas, sociedades
         de capital público o mayoritariamente público, sociedades y otras personas de Derecho privado, con la finalidad, en su respectivo
         sector, de mantener un servicio de asistencia técnica, organizar un sistema de información, promover la normalización y calidad
         de los productos y la adecuada tecnología de los procesos de fabricación, así como, de manera general, estudiar las perspectivas
         de evolución del sector.»
      
      76      En efecto, este Decreto-ley, que es, en un primer análisis, una norma de carácter general, no parece en modo alguno abarcar
         el caso de autos, a saber, la transformación de una sociedad de Derecho público en sociedad anónima. Afecta a los casos de
         concentración o cooperación entre dos o más empresas. Además, en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera
         Instancia, la demandante explicó, sin que la Comisión lo rebatiese con argumentos fundados, que este Decreto-ley no era de
         aplicación al caso de autos. 
      
      77      Por tanto, no parece que una empresa privada que se limite a transformar su forma jurídica en sociedad anónima pueda invocar
         esta norma para obtener la exención de los derechos y gravámenes legales correspondientes a esta transformación. De ello se
         deduce que la Decisión impugnada, en su considerando 130, no demuestra suficientemente con arreglo a Derecho que la exención
         establecida en el artículo 11, apartado 2, de la Ley nº 21/92 sólo es la aplicación de una norma general al caso concreto
         de RTP. 
      
      78      También aquí, como en el caso de la ventaja puntual, el Tribunal de Primera Instancia declara que la Comisión no ha demostrado
         suficientemente con arreglo a Derecho que la medida controvertida no concedía a RTP una ventaja específica y que, por tanto,
         no constituía una ayuda de Estado. 
      
      79      El argumento de la Comisión relativo al carácter no permanente de la exención (véase el apartado 73 supra) probablemente está fundado, pero ello en nada altera la afirmación de que el carácter general de esta exención no está demostrado
         suficientemente con arreglo a Derecho y que, por tanto, en tal situación, no podía concluirse que esta exención no constituía
         una ayuda de Estado. 
      
      80      La Comisión expone en el escrito de contestación el argumento de que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia considerara
         que RTP debería soportar los gastos de notario, registro y publicidad con que se grava a las empresas privadas, los costes
         que resultarían de ellos recaerían en el propio Estado, sin que estas «ayudas» pudieran considerarse ilegales, ya que, por
         ser indispensables para la creación de la empresa, estarían directamente ligadas al cumplimiento de la misión de servicio
         público. 
      
      81      Si es cierta la afirmación de la Comisión de que la transformación de RTP en sociedad anónima se realizó porque el Gobierno
         portugués la consideraba necesaria para el adecuado cumplimiento por RTP de su misión de servicio público, entonces es lógico,
         siempre que para esta transformación se requiera una escritura pública y formas clásicas y dicha transformación no sea, en
         sí misma, ventajosa para RTP, que los costes derivados de ella sean asumidos íntegramente por el Estado.
      
      82      Sin embargo, esta afirmación de la Comisión, que no figura en la Decisión impugnada, no va acompañada de ninguna prueba. Pues
         bien, no puede descartarse que el Gobierno portugués transformara RTP en sociedad anónima por motivos no relacionados con
         el adecuado cumplimiento de la misión de servicio público. La propia Comisión considera, en su escrito de contestación, que
         esta transformación no era necesaria. 
      
      83      En estas circunstancias, procede rechazar el último argumento de la Comisión. 
      
      84      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Primera Instancia considera fundada la primera parte
         del presente motivo, relativa a las exenciones fiscales y debe, por tanto, estimarla.
      
       Sobre la segunda parte, basada en no haber calificado de ayudas de Estado las facilidades de pago del canon 
      –       Alegaciones de las partes
      85      La demandante alega que según el artículo 13, apartado 1, letra f), de la Lei nº 58/90 regime da actividade de televisão,
         de 7 de septiembre de 1990 (Ley portuguesa nº 58/90, relativa al régimen de la actividad de televisión) (Diário da República, série I, nº 207, de 7 de septiembre de 1990; en lo sucesivo, «Ley nº 58/90»), la demora en el pago del canon a Portugal
         Telecom por parte de un operador privado constituye una causa de retirada de la licencia. La gravedad de la sanción prevista
         contrasta con la benevolencia con que se trató a RTP. Ello contradice el argumento de la Comisión de que no hubo diferencia
         alguna en los cánones impuestos por Portugal Telecom a RTP y a otros operadores privados, en la medida en que el elemento
         decisivo es el plazo razonable para exigir el pago. Por tanto, la aceptación por Portugal Telecom, cuyo accionista mayoritario
         de 1991 a 1997 era la República Portuguesa, de demoras en el pago del canon constituyó una ayuda de Estado. El hecho alegado
         de que Portugal Telecom no renunció al cobro de sus créditos ni a exigir intereses de demora no basta, por sí solo, para cuestionar
         esta apreciación. 
      
      86      La demandante señala en su réplica que la República Portuguesa controló Portugal Telecom al menos hasta el fin de 1997 y que
         los acuerdos concluidos entre Portugal Telecom y RTP datan de marzo de 1996 y diciembre de 1997. RTP se encontraba en situación
         de quiebra técnica. 
      
      87      La Comisión reconoció haber examinado este particular, pero la demandante niega que la Decisión impugnada responda a las cuestiones
         que había planteado en el procedimiento administrativo sobre la fecha en que, en su caso, se había liquidado la deuda con
         Portugal Telecom, los importes de los intereses de demora efectivamente pagados y el importe de la deuda de RTP con Portugal
         Telecom a fecha de la demanda. 
      
      88      En hecho de que en 2003 la Autoridade Nacional de Comunicações (autoridad nacional portuguesa de las comunicaciones; en lo
         sucesivo, «Anacom»), responsable de velar por la aplicación de las normas relativas a la fijación de los precios para la red
         de teledifusión, decidiera reducir el importe del canon pagado por los operadores de televisión a Portugal Telecom por 2002
         carece de interés para el examen de período comprendido entre 1992 y 1998. 
      
      89      La Comisión se opone a la alegación de la demandante de que la República Portuguesa no era ajena a la aceptación, por Portugal
         Telecom, de demoras en el pago y, por tanto, a la supuesta concesión de condiciones de pago inaccesibles para los competidores
         de RTP. 
      
      90      La Comisión no descartó, a priori, la implicación de fondos públicos. Sin embargo, al haber comprobado que no existían indicios de la participación efectiva
         de las autoridades portuguesas en la adopción de los acuerdos relativos a la aceptación de aplazamientos en el pago, no pudo
         concluir en la implicación de dichos fondos en el sentido del artículo 87 CE. 
      
      91      Además, el comportamiento de Portugal Telecom antes y después de su privatización en 1997 no varió. Portugal Telecom, tras
         su privatización, continuó suscribiendo acuerdos con RTP en los que aceptaba aplazamientos en el pago del canon de RTP. La
         principal razón de estos acuerdos fue una discrepancia sobre el importe del canon anual, unido a la interdependencia de las
         dos sociedades. Este hecho fue además subrayado por Anacom en una decisión adoptada en 2003, según la cual Portugal Telecom
         debía reducir considerablemente sus tarifas. Ello demuestra que Portugal Telecom se comportó con RTP como un acreedor privado.
         
      
      92      La Comisión señala en su dúplica que su referencia a la decisión de Anacom, adoptada en 2003, se debe exclusivamente a que
         esta decisión subraya el hecho de que el principal motivo de los acuerdos entre RTP y Portugal Telecom parecía haber sido
         una discrepancia sobre el importe del canon anual, lo que constituía un indicio adicional de que el comportamiento de Portugal
         Telecom había sido el que un acreedor privado habría adoptado en una situación análoga. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      93      Para que unas ventajas puedan ser calificadas de ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, es necesario, por una
         parte, que sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que sean imputables al Estado
         (sentencias del Tribunal de Justicia, Francia/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 24 y jurisprudencia allí citada; de 22 de mayo de 2003, Freskot, C‑355/00, Rec. p. I‑5263, apartado 81, y de 15
         de julio de 2004, Pearle y otros, C‑345/02, Rec. p. I‑7139, apartado 35; conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas
         en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2003, Bélgica/Comisión, C‑457/00, Rec. pp. I‑6931
         y ss., especialmente p. I‑6934, apartados 67 y 69; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, Westdeutsche
         Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, T‑228/99 y T‑233/99, Rec. p. II‑435, apartado 179, y de 5 de
         abril de 2006, Deutsche Bahn/Comisión, T‑351/02, Rec. p. II‑1047, apartado 101). 
      
      94      Según la jurisprudencia, la imputabilidad de una medida al Estado no puede deducirse del mero hecho de que la medida de que
         se trate haya sido adoptada por una empresa pública (sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartados 51 y 57). 
      
      95      En efecto, aunque el Estado pueda controlar a una empresa pública y ejercer una influencia dominante sobre sus operaciones,
         no es posible dar por supuesto automáticamente el ejercicio efectivo de dicho control en un caso concreto. Una empresa pública
         puede actuar con mayor o menor independencia, en función del grado de autonomía que le reconozca el Estado. Por lo tanto,
         el mero hecho de que una empresa pública esté sometida al control estatal no basta para imputar al Estado medidas adoptadas
         por ella. Resulta necesario analizar además si resulta procedente la conclusión de que las autoridades públicas intervinieron
         de algún modo en la adopción de dichas medidas (sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 52).
      
      96      A este respecto, no cabe exigir una demostración, basada en instrucciones concretas, de que las autoridades públicas incitaron
         específicamente a la empresa pública a adoptar las medidas de ayuda de que se trate. En efecto, por una parte, habida cuenta
         de las estrechas relaciones existentes entre el Estado y las empresas públicas, existe un peligro real de que a través de
         ellas se concedan ayudas de Estado con poca transparencia y sin respetar el régimen de ayudas de Estado que establece el Tratado
         (sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 43 supra, apartado 53).
      
      97      Por otra parte, precisamente a causa de las relaciones privilegiadas existentes entre el Estado y las empresas públicas, por
         lo general resultará muy difícil para un tercero demostrar que unas medidas de ayuda adoptadas por una empresa pública en
         un caso concreto fueron efectivamente decididas siguiendo las instrucciones de las autoridades públicas (sentencia Francia/Comisión,
         citada en el apartado 43 supra, apartado 54).
      
      98      Por estas razones, el Tribunal de Justicia, en el apartado 55 de la sentencia Francia/Comisión, citada en el apartado 43 supra, considera procedente reconocer que la imputabilidad al Estado de una medida de ayuda adoptada por una empresa pública puede
         deducirse de un conjunto de indicios derivados de las circunstancias del asunto y del contexto en el que se produjo la medida.
         A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que ha tomado en consideración anteriormente el hecho de que el organismo
         en cuestión no pudiera adoptar la Decisión impugnada sin tener en cuenta las exigencias de los poderes públicos (véase, en
         particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de febrero de 1988, Van der Kooy y otros/Comisión, 67/85, 68/85 y 70/85,
         Rec. p. 219, apartado 37), o el hecho de que las empresas públicas estuvieran obligadas a tener en cuenta, además de los factores
         de naturaleza orgánica que las vinculaban al Estado, las directrices procedentes de un comité interministerial (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C‑303/88, Rec. p. I‑1433, apartados 11 y 12, y C‑305/89,
         Rec. p. I‑1603, apartados 13 y 14).
      
      99      Además, para concluir que una medida de ayuda adoptada por una empresa pública es imputable al Estado pueden ser pertinentes,
         en su caso, otros indicios, como por ejemplo la integración de la empresa en la estructura de la Administración Pública, la
         naturaleza de sus actividades y el hecho de desarrollarlas en el mercado compitiendo normalmente con empresas privadas, el
         estatuto jurídico de la empresa, regida por el Derecho público o por el Derecho de sociedades común, la intensidad de la tutela
         que ejercen las autoridades públicas sobre la gestión de la empresa, o cualquier otro indicio de la intervención de las autoridades
         públicas en el caso concreto de que se trate o de lo improbable de su falta de intervención en la adopción de la medida, habida
         cuenta igualmente del alcance de ésta, de su contenido o de las condiciones que establezca (sentencia Francia/Comisión, citada
         en el apartado 43 supra, apartado 56).
      
      100    Sin embargo, el mero hecho de que una empresa pública haya adoptado la forma de sociedad de capital de Derecho común, con
         la autonomía que esta forma jurídica puede conferirle, no basta para excluir que las medidas de ayuda adoptadas por tal sociedad
         sean imputables al Estado. En efecto, la existencia de una situación de control y las posibilidades reales de ejercicio de
         una influencia dominante que ésta conlleva en la práctica impiden excluir de entrada toda posibilidad de imputar al Estado
         una medida adoptada por una sociedad de estas características, así como excluir, en consecuencia, el riesgo de elusión de
         las normas del Tratado sobre ayudas de Estado, pese a la pertinencia que de por sí tiene la forma jurídica de la empresa pública
         entre los indicios que permiten demostrar o no la intervención del Estado en un caso concreto (sentencia Francia/Comisión,
         citada en el apartado 43 supra, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
      
      101    En el caso de autos, la Comisión, tras haber señalado que al menos hasta mediados de 1997 la República Portuguesa podía controlar
         Portugal Telecom (considerando 109 de la Decisión impugnada), consideró sin embargo que nada indicaba que las autoridades
         públicas portuguesas hubieran estado implicadas en la adopción de las facilidades de pago del canon (considerando 116 de la
         Decisión impugnada). 
      
      102    En este contexto, la Comisión destacó que la regulación de las tarifas y los servicios ofrecidos por Portugal Telecom no distinguía
         entre los operadores privados y el radiodifusor público y que Portugal Telecom no tenía que prestar un servicio universal
         obligatorio de red de radiodifusión a RTP (considerando 111 de la Decisión impugnada). 
      
      103    Señaló que Portugal Telecom, sociedad anónima, no estaba integrada en las estructuras de la administración pública (considerando
         113 de la Decisión impugnada). 
      
      104    Afirmó que, en respuesta a una pregunta suya, las autoridades portuguesas le declararon explícitamente que no intervinieron,
         directa o indirectamente, en la concesión de las facilidades de pago del canon. Del mismo modo, ningún tercero le proporcionó
         indicaciones de tal intervención (considerando 114 de la Decisión impugnada). 
      
      105    Finalmente, la Comisión, por una parte, alegó que el comportamiento de Portugal Telecom fue el mismo antes y después de 1997,
         puesto que siguió celebrando acuerdos con RTP sobre facilidades de pago y, por otra parte, precisó que la principal razón
         de estos acuerdos había sido una discrepancia sobre el importe de dicho canon. Lo confirma la decisión de Anacom, adoptada
         en 2003 (considerando 115 de la Decisión impugnada). 
      
      106    El Tribunal de Primera Instancia considera limitadas las críticas de la demandante contra el razonamiento y los elementos
         expuestos por la Comisión en la Decisión impugnada. 
      
      107    El argumento de la demandante de que la República Portuguesa, como accionista mayoritario, controlaba Portugal Telecom, constituye,
         ciertamente, un hecho indiscutible del litigio, pero, habida cuenta de la jurisprudencia recordada supra, no es suficiente para imputar al Estado la medida controvertida. 
      
      108    La demandante alega que la Ley violaba el principio de igualdad entre los operadores privados y el operador público en cuanto
         a la sanción aplicada en caso de demora en el pago del canon. En caso de demora en el pago, sólo se retiraba la licencia a
         los operadores privados. 
      
      109    El Tribunal de Primera Instancia declara que aun cuando el artículo 13, apartado 1, letra f), de la Ley nº 58/90, según alega
         la demandante, sólo se refiere a los operadores privados, ello no puede constituir un indicio de la implicación de la República
         Portuguesa en la concesión de facilidades de pago del canon a RTP. La Comisión alega al respecto, sin que la demandante lo
         rebata, que Portugal Telecom no tenía que prestar un servicio universal obligatorio de red de radiodifusión a RTP. En otros
         términos, que aun cuando la ley sólo estableciera formalmente la retirada de la licencia para los operadores privados en caso
         de demora en el pago, nada impedía que, en tal supuesto, Portugal Telecom interrumpiera o suspendiera la prestación de sus
         servicios a RTP. 
      
      110    El Tribunal de Primera Instancia constata, finalmente, que la demandante no rebate la apreciación de la Comisión de que las
         facilidades de pago se debieron principalmente a una discrepancia entre RTP y Portugal Telecom sobre el importe del canon.
         La demandante alega, a lo sumo, que la decisión adoptada por Anacom en 2003 carecía de pertinencia en el caso de autos. Pero
         esta objeción, que, por lo demás, no cuestiona la apreciación de la Comisión, carece de pertinencia. En efecto, nada impide
         a la Comisión invocar esta decisión de 2003 como un elemento pertinente, aunque remoto, que apoya su apreciación de que las
         facilidades de pago del canon se debieron a una discrepancia tarifaria entre RTP y Portugal Telecom. 
      
      111    Por lo que respecta al argumento de la demandante según el cual el hecho alegado de que Portugal Telecom no haya renunciado
         al cobro de sus créditos y de los intereses de demora no basta, por sí solo, para no calificar las medidas de ayudas de Estado,
         procede declarar que no afecta a la imputabilidad al Estado de la medida controvertida sino, a lo sumo, a si están implicados
         fondos del Estado. Pues bien, esta cuestión no se discute, ya que en el considerando 107 de la Decisión impugnada la Comisión
         decidió considerar, en sustancia, que podían haber estado implicados fondos del Estado. 
      
      112    Finalmente, la referencia de la demandante a que RTP estaba en situación de quiebra técnica, referencia que puede entenderse
         que sugiere que Portugal Telecom sólo concedió las facilidades de pago del canon a RTP debido a una implicación de la República
         Portuguesa, no contiene, en sí misma, ningún argumento concreto contra la tesis de la Comisión de que las facilidades de pago
         del canon se explican por una discrepancia tarifaria entre RTP y Portugal Telecom. 
      
      113    En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que la demandante no consigue cuestionar la apreciación
         de la Comisión, contenida en la Decisión impugnada, de que ningún indicio le permitía concluir que las facilidades de pago
         del canon eran imputables a la República Portuguesa. 
      
      114    Por tanto, procede desestimar esta parte del motivo. 
      
       Sobre la tercera parte, basada en no haber calificado de ayuda de Estado la emisión de obligaciones de 1994 
      –       Alegaciones de las partes
      115    La demandante niega que la consideración de la Comisión de que el folleto informativo sobre la emisión de obligaciones de
         1994 indicaba que RTP garantizaba el reembolso de la deuda con cargo a sus ingresos, autorizara a esta institución a concluir
         que no existía ayuda de Estado. 
      
      116    De la Decisión impugnada se desprende que en 1994 la situación financiera de RTP estaba muy deteriorada. El mercado aceptó
         la emisión de obligaciones de 1994 sólo porque su capital social era íntegramente de titularidad estatal y porque nadie pensaba
         que el Estado permitiría la quiebra de la empresa. Esta situación debería haberse tenido en cuenta debidamente en la apreciación
         de la medida controvertida. 
      
      117    La demandante cita en su réplica el informe del Tribunal de Contas, del que se desprende que el nivel de endeudamiento bancario
         de RTP se explica por el hecho de que RTP es una empresa pública, encargada del servicio público de la televisión y que gozaba
         del apoyo financiero regular del Estado, lo que era una garantía suficiente para los distintos acreedores de RTP. 
      
      118    La Comisión considera errónea la postura de la demandante. La Comisión explicó en la Decisión impugnada (considerando 121)
         por qué consideraba que la emisión de obligaciones de 1994 no era una ayuda de Estado. Formalmente no se prestó garantía estatal
         alguna, lo que la demandante admite. La propia RTP garantizaba el pago de la deuda. RTP era en ese momento una sociedad anónima
         y, por tanto, no gozaba de un estatuto jurídico del que resultara una garantía implícita del Estado. 
      
      119    En consecuencia, la Comisión considera que la emisión de obligaciones de 1994 se desarrolló en condiciones de mercado y que
         el Estado no renunció a la obtención de ingresos. Finalmente, en nada altera esta conclusión el hecho de que RTP sea de titularidad
         estatal, habida cuenta de la neutralidad del Tratado respecto de la titularidad pública o privada de la empresa de que se
         trata. 
      
      120    La Comisión sostiene que el informe del Tribunal de Contas es inadmisible por no haberse presentado con la demanda y señala
         que la propia invocación de dicho informe por la demandante revela que la República Portuguesa no prestó la más mínima garantía.
         
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      121    La Comisión expuso en el considerando 121 de la Decisión impugnada que no había recibido ninguna información que probara que
         la emisión de obligaciones de RTP estaba respaldada por una garantía estatal. Según el folleto técnico de esta emisión de
         obligaciones, RTP garantizaba el servicio de la deuda. En el momento de la emisión RTP no gozaba de un estatuto jurídico del
         que resultase una garantía implícita del Estado.
      
      122    No se discute que en el momento de la emisión de obligaciones de 1994 RTP era una sociedad anónima. Esta forma social no imponía
         al titular de RTP, la República Portuguesa, una obligación ilimitada de reembolso de las deudas de esta sociedad. 
      
      123    También está acreditado que el folleto de la emisión de obligaciones de 1994 no estipulaba garantía alguna por parte del Estado.
         
      
      124    La demandante sostiene, sin embargo, que el hecho de que el Estado era accionista al 100 % de RTP supone la existencia de
         una garantía implícita que por sí sola explica que esta sociedad consiguiera colocar la emisión de obligaciones de 1994 pese
         a su deteriorada situación financiera.
      
      125    No obstante, no debe confundirse la cuestión de si el Estado prestó, explícita o implícitamente, una garantía, única cuestión
         pertinente en el caso de autos, con la de cómo el mercado reaccionó ante el hecho de que el emisor de las obligaciones no
         era un operador privado cualquiera, sino RTP. 
      
      126    El hecho de que el mercado, debido a que, a juicio de la demandante, consideraba que el Estado garantizaba de facto el reembolso,
         aceptara suscribir la emisión de obligaciones de 1994, no permite declarar la existencia de una ayuda de Estado, puesto que
         está acreditado que no prestó su garantía, ni explícita ni implícitamente. Únicamente pruebas objetivas que llevaran a la
         conclusión de que el Estado estaba jurídicamente obligado a rembolsar esta emisión en caso de impago de RTP permitirían considerar
         que existió una garantía del Estado. 
      
      127    Pues bien, ni del expediente ni de los escritos de la demandante se desprende que existiera tal obligación por parte de la
         República Portuguesa. 
      
      128    El informe del Tribunal de Contas, presentado con la réplica, carece de pertinencia para la apreciación de la legalidad de
         la Decisión impugnada, tal como se afirma en los apartados 186 a 193 infra.
      129    Por tanto, dado que la demandante no aporta en sus escritos ningún elemento que pueda cuestionar las apreciaciones de la Comisión
         expuestas en el considerando 121 de la Decisión impugnada, procede desestimar el motivo de la demandante en lo referente a
         la emisión de obligaciones de 1994. 
      
       Conclusión sobre el tercer motivo
      130    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar parcialmente el presente motivo y anular el artículo
         2 de la Decisión impugnada en la medida en que declara que la exención de los gastos de notario y registro no constituye una
         ayuda de Estado. 
      
      131    En cambio, el presente motivo se desestima en todo lo demás, es decir, en lo relativo a las facilidades de pago del canon
         y a la emisión de obligaciones de 1994. 
      
      132    Procede examinar a continuación el segundo motivo de impugnación principal, que figura en el apartado 33 supra y, en consecuencia, el cuarto motivo de anulación. 
      
       Sobre el cuarto motivo, basado en errores de Derecho sobre los requisitos de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2
      133    Este motivo se divide en dos partes. En la primera parte la demandante sostiene que la atribución del servicio público de
         televisión a RTP por la República Portuguesa, sin convocatoria de licitación, impedía que pudiera acogerse a la excepción
         prevista en el artículo 86 CE, apartado 2. En la segunda parte la demandante alega una infracción del artículo 86 CE, apartado
         2, derivada del incumplimiento por parte de la Comisión, en la Decisión impugnada, de los criterios de aplicación de esta
         disposición tal como están definidos en la Comunicación sobre la radiodifusión. 
      
       Sobre la primera parte, basada en la atribución del servicio público de televisión a RTP sin convocatoria de licitación 
      –       Alegaciones de las partes
      134    La demandante, tras haber señalado que el servicio público de televisión no se adjudicó a RTP a través de una licitación,
         reprocha a la Comisión que no se interrogara sobre la legalidad de esta adjudicación. Considera que si la Comisión hubiera
         examinado esta cuestión habría llegado a la conclusión de que dicha adjudicación no respetaba los requisitos del Derecho comunitario
         y, por tanto, que la financiación asignada a RTP no podía disfrutar de ninguna exención con arreglo al artículo 86 CE, apartado
         2. Invoca la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre las concesiones en el Derecho comunitario (DO 2000, C 121, p. 2;
         en lo sucesivo, «Comunicación sobre las concesiones») y la interpretación que la Comisión dio, en su XXXI Informe sobre la
         política de competencia [SEC(2002) 462 final], a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2000, Telaustria
         y Telefonadress (C‑324/98, Rec. p. I‑10745). La demandante también invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre
         de 1999, Teckal (C‑107/98, Rec. p. I‑8121).
      
      135    La demandante alega en la réplica, en sustancia, que el cuarto de los requisitos establecidos en los apartados 88 a 93 de
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, Rec.
         p. I‑7747; en lo sucesivo «cuarto requisito de la sentencia Altmark») imponía, habida cuenta de la falta de procedimiento
         de licitación, la verificación por la Comisión de que el nivel de compensación concedido a RTP se había determinado con base
         en el criterio de una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada. Pues bien, manifiestamente este no era el caso.
         
      
      136    La Comisión alega que la atribución de la misión de servicio público de televisión a RTP es una cuestión distinta –y no planteada
         en ningún momento durante el procedimiento formal– de la de la compatibilidad, a la luz de las normas relativas a las ayudas
         de Estado, de las compensaciones concedidas a esta empresa.
      
      137    En todo caso, ni de lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2, ni de la jurisprudencia se desprende que los Estados miembros
         estén obligados a seguir procedimientos específicos para la elección de las empresas encargadas de los servicios de interés
         económico general (en lo sucesivo, «SIEG»).
      
      138    En ningún caso el Derecho comunitario exige para el supuesto del SIEG de radiodifusión los procedimientos abiertos y competitivos
         requeridos normalmente, de modo general, para los contratos de concesión de servicios públicos.
      
      139    Carecen de pertinencia las referencias hechas por la demandante al régimen aplicable a las concesiones y a la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia. 
      
      140    La demandante yerra en cuanto a la función del cuarto requisito de la sentencia Altmark. Este requisito atañe a la cuestión
         de si la medida es una ayuda de Estado y no a si dicha medida puede acogerse a la excepción establecida en el artículo 86 CE,
         apartado 2. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      141    Por lo que respecta, en primer lugar, al comentario preliminar de la Comisión de que la cuestión de las circunstancias de
         la adjudicación del SIEG de televisión a RTP se planteó por primera vez ante el juez comunitario, conviene recordar que si
         bien una parte interesada en un procedimiento en materia de ayudas de Estado no puede invocar ante el juez comunitario elementos
         de hecho que no eran conocidos por la Comisión y que no señaló a ésta en el procedimiento de examen, en cambio, nada impide
         a esta parte, como en el caso de autos, exponer un motivo jurídico no formulado en la fase del procedimiento administrativo
         (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1999, Kneissl Dachstein/Comisión,
         T‑110/97, Rec. p. II‑2881, apartado 102, y la jurisprudencia citada; de 16 de septiembre de 2004, Valmont/Comisión, T‑274/01,
         Rec. p. II‑3145, apartado 102, y de 11 de mayo de 2005, Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, T‑111/01 y T‑133/01, Rec. p. II‑1579,
         apartado 68).
      
      142    Por tanto, la postura de la Comisión basada en la novedad del argumento de la demandante no puede llevar a excluirlo. 
      
      143    Sin embargo, a diferencia de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia considera que este argumento no llega a cuestionar
         la legalidad de la Decisión impugnada. 
      
      144    Tal como se recuerda en el apartado 29 de la Comunicación sobre la radiodifusión, la posibilidad de acogerse a la excepción
         a la prohibición de las ayudas de Estado establecida en el artículo 86 CE, apartado 2, exige, según la jurisprudencia (véanse,
         en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1991, Merci Convenzionali Porto di Genova, C‑179/90,
         Rec. p. I‑5889, apartado 26; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997, FFSA y otros/Comisión,
         T‑106/95, Rec. p. II‑229, apartados 173 y 178, y de 13 de junio de 2000, EPAC/Comisión, T‑204/97 y T‑270/97, Rec. p. II‑2267,
         apartados 125 y 126), el cumplimiento de tres requisitos: en primer lugar, que el servicio de que se trate sea un SIEG y esté
         claramente definido como tal por el Estado miembro; en segundo lugar, que el Estado haya confiado a la empresa de que trata
         la prestación de dicho SIEG; en tercer lugar, que la aplicación de las normas de competencia del Tratado –en el caso de autos
         la prohibición de las ayudas de Estado– obstaculice el cumplimiento de la misión específica confiada a la empresa y la excepción
         no afecte al desarrollo de los intercambios en una medida contraria al interés de la Comunidad. 
      
      145    Entre los requisitos de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2, no se incluye la exigencia de que el Estado miembro haya
         seguido un procedimiento de licitación para adjudicar el SIEG. Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró expresamente,
         en la sentencia de 15 de junio de 2005, Olsen/Comisión (T‑17/02, Rec. p. II‑2031, apartado 239), que no se desprende del tenor
         literal del artículo 86 CE, apartado 2, ni de la jurisprudencia relativa a este precepto que sólo pueda encomendarse un SIEG
         a un operador a través de un procedimiento de concurso público. 
      
      146    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe rechazarse el argumento de la demandante basado en que la Comisión,
         en su examen con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2, debería haber verificado si el SIEG de televisión se había adjudicado
         a RTP mediante licitación. 
      
      147    De esta conclusión de que la Comisión, en su examen con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2, no estaba obligada a verificar
         si la adjudicación a RTP del SIEG de la televisión se había producido mediante licitación también se desprende que incluso
         suponiendo que el SIEG de televisión, por motivos distintos de los invocados por la demandante y recordados en las dos últimas
         frases del apartado 134 supra, hubiera debido ser objeto de tal licitación, la falta de ésta en el caso de autos habría podido justificar, a lo sumo, que
         la Comisión entablara un procedimiento por incumplimiento contra la República Portuguesa, con arreglo al artículo 226 CE,
         procedimiento que, en su caso, habría podido obligar a este Estado a revocar dicha adjudicación y a organizar un concurso
         público. Sin embargo, esta falta de licitación no puede tener como consecuencia que, cuando se respetan los requisitos de
         definición del SIEG, de mandato y de proporcionalidad, la financiación estatal de las obligaciones de servicio público del
         titular del SIEG deba ser considerada una ayuda incompatible con el mercado común. 
      
      148    En cualquier caso, a diferencia de lo que sostiene la demandante por los motivos recordados en las dos últimas frases del
         apartado 134 supra, el Tribunal de Primera Instancia considera que la República Portuguesa no estaba en modo alguno obligada a organizar una
         licitación para adjudicar el SIEG de televisión a RTP. 
      
      149    A este respecto, la demandante se refiere, en primer lugar, a la Comunicación sobre las concesiones (apartado 134 supra). Pues bien, aunque los contratos de servicio público suscritos entre la República Portuguesa y RTP se denominan, ciertamente,
         «concesiones», no parece, y la demandante tampoco alega ningún elemento en este sentido, que RTP sea un concesionario en el
         sentido de esta Comunicación (véanse, en particular, los puntos 2.2, párrafo sexto, y 2.4, párrafo tercero, de la Comunicación
         sobre las concesiones), es decir, que RTP se financie mediante la explotación (como una televisión que emita para abonados)
         y que, en consecuencia, soporte el riesgo de explotación. 
      
      150    Resulta, por el contrario, que RTP es un operador público de televisión que emite su programación en beneficio y destino de
         toda la población y cuyos gastos de servicio público son asumidos por el Estado. 
      
      151    Por otra parte, aunque RTP hubiera sido un concesionario en el sentido de la Comunicación sobre las concesiones, debe señalarse
         que esta Comunicación, aun cuando indica que «se contemplan […] las relaciones entre [los] poderes públicos y [las] empresas
         públicas que tengan encomendadas misiones de interés económico general» (punto 2.4, párrafo octavo, de la Comunicación sobre
         las concesiones), precisa expresamente, sin embargo, que «en el sector audiovisual, hay que tener en cuenta el [Protocolo
         de Ámsterdam]» (nota 29 sobre el punto 2.4, párrafo octavo, de la Comunicación sobre las concesiones). De este modo, la Comunicación
         sobre las concesiones reconoce la especificidad del servicio público de radiodifusión y exceptúa el caso de este sector. 
      
      152    Finalmente, procede señalar que, según la Comunicación sobre las concesiones, estas últimas «están sujetas a las normas y
         a los principios del Tratado, en la medida en que [...] tienen por objeto la prestación de actividades económicas» (punto
         2.4, párrafo primero). Más aún, la Comunicación sobre las concesiones señala que «no contempla los [...] actos cuyo objeto
         sean actividades de carácter no económico, como la escolarización obligatoria o la seguridad social» (apartado 2.4, párrafo
         quinto, segundo guión). 
      
      153    Pues bien, si bien es cierto que el servicio público de radiodifusión se considera un SIEG y no un servicio de interés general
         no económico, debe señalarse sin embargo que esta calificación de SIEG se explica mejor por el impacto que el servicio público
         de radiodifusión produce, de facto, sobre el sector de la radiodifusión, por otra parte competitivo y comercial, que por una supuesta dimensión comercial del
         servicio público de radiodifusión. Según se desprende claramente del Protocolo de Ámsterdam, el servicio público de radiodifusión
         está «directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad». En el mismo sentido,
         la resolución del Consejo y de los Estados miembros de 25 de enero de 1999 sobre el servicio público de radiodifusión (DO
         C 30, p. 1), señala que este servicio público, «considerando que [...] cumple unas funciones culturales, sociales y democráticas
         que redundan en beneficio de todos, y tiene por ello una importancia capital para garantizar la democracia, el pluralismo,
         la cohesión social y la diversidad cultural y lingüística, [y] es necesario [que] pueda[…] seguir ofreciendo una programación
         diversificada [...] a la sociedad en su conjunto» (considerando B y apartado 7 de la resolución).
      
      154    Por otra parte, esta especificidad del servicio público de radiodifusión fundamenta la libertad reconocida por el Protocolo
         de Ámsterdam a los Estados miembros en la adjudicación del SIEG de radiodifusión. Explica y justifica el hecho de que no se
         pueda exigir a un Estado miembro que convoque una licitación para adjudicar este SIEG, al menos cuando, tal como sucede en
         el caso de autos, decide prestar él mismo este servicio público mediante una sociedad pública.
      
      155    Además, por estas mismas consideraciones resultan carentes de pertinencia las referencias también hechas por la demandante
         al XXXI Informe sobre la política de competencia y a la interpretación que en él hizo la Comisión de la sentencia Telaustria
         y Telefonadress, citada en el apartado 134 supra, así como de la sentencia Teckal, citada en el apartado 134 supra. En efecto, mediante estas referencias, versan sobre actividades completamente distintas del servicio público de radiodifusión,
         la demandante hace abstracción, también aquí, de las particularidades propias de este último sector y de los objetivos particulares
         perseguidos por los Estados miembros cuando definen y organizan el servicio público de radiodifusión. 
      
      156    Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que no sólo la Comisión no estaba obligada, a efectos de conceder
         la excepción al amparo del artículo 86 CE, apartado 2, a examinar si el SIEG de televisión se había adjudicado mediante licitación
         (apartado 146 supra), sino que en ningún caso la República Portuguesa estaba obligada a recurrir a una licitación. 
      
      157    Por lo que respecta al argumento de la demandante basado en el cuarto requisito de la sentencia Altmark (apartado 135 supra), hay que destacar que, en virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá
         de oficio pronunciarse sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público. A este respecto, según el
         artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento deben declararse inadmisibles los motivos planteados por primera vez en la fase
         de réplica y que no se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento (sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 28 de noviembre de 2002, Scan Office Design/Comisión, T‑40/01, Rec. p. II‑5043, apartado
         96, y de 27 de septiembre de 2005, Common Market Fertilizers/Comisión, T‑134/03 y T‑135/03, Rec. p. II‑3923, apartado 51).
         Sin embargo, un motivo o un argumento que constituye una ampliación de un motivo anteriormente enunciado debe considerarse
         admisible (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartados 38
         a 40; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo, T‑107/04,
         II‑669, apartado 60, y la jurisprudencia citada).
      
      158    El Tribunal de Primera Instancia observa que este argumento no se planteó hasta la fase de réplica (apartados 14 a 22), sin
         fundarse en razones de hecho y de Derecho aparecidas durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia. A este
         respecto, el hecho de que la Comisión haya mencionado, por su propia iniciativa, el cuarto requisito de la sentencia Altmark
         en su escrito de defensa (en particular en el apartado 37), para rebatir el argumento de la demandante basado en la necesidad
         de una licitación para adjudicar el SIEG controvertido, no supone en modo alguno que un elemento de hecho o de Derecho haya
         aparecido durante el procedimiento, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado anterior, que permita a la
         demandante formular válidamente el presente argumento en la fase de réplica. 
      
      159    Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que este argumento, en la medida en que se refiere a la obligación de la Comisión
         de verificar si el nivel de la compensación necesaria se calculó partiendo de un análisis de los costes en que una empresa
         media, bien gestionada y adecuadamente equipada habría incurrido para ejecutar las obligaciones de servicio público, no constituye
         la ampliación de ningún motivo planteado en la fase de demanda. En efecto, en la demanda la demandante se limitó a criticar,
         sin referencia alguna al cuarto requisito de la sentencia Altmark, la adjudicación del SIEG de televisión a RTP (véanse los
         apartados 175 a 183 de la demanda) y no planteó en modo alguno el argumento de que aquí se trata –totalmente distinto– de
         que, en ausencia de licitación, la Comisión, antes de conceder una excepción al amparo del artículo 86 CE, apartado 2, debería
         haber verificado, de acuerdo –según la demandante– con el cuarto requisito de la sentencia Altmark, que el nivel de las compensaciones
         se había concedido sobre la base de las necesidades de una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada. 
      
      160    De ello se deduce que el argumento de la demandante basado en el cuarto requisito de la sentencia Altmark es inadmisible.
         
      
      161    De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar la primera parte del presente motivo. 
      
       Sobre la segunda parte, basada en el incumplimiento de los criterios de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2
      –       Alegaciones de las partes 
      162    La demandante alega que la Comisión no respetó los criterios de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2, tal como se recuerdan
         en la Comunicación sobre la radiodifusión y según los cuales, en primer lugar, el Estado debe definir las misiones de servicio
         público confiadas a la empresa en concreto, en segundo lugar, el servicio debe prestarse efectivamente, en tercer lugar, la
         prestación efectiva del servicio que es objeto del contrato debe estar sujeta a un control independiente y, en cuarto lugar,
         las compensaciones financieras concedidas por el Estado deben respetar los principios de transparencia y proporcionalidad.
         
      
      163    Por lo que respecta al primero de estos criterios, cuando el Estado decide adjudicar el servicio público a una empresa que,
         simultáneamente, desarrolla actividades comerciales en competencia con otros operadores, no puede optar por una definición
         «amplia» de servicio público. En efecto, tal definición no permite una distinción clara entre la actividad competitiva y la
         actividad de servicio público y hace imposible tanto el control de la prestación efectiva del servicio público como la imputación
         de los costes soportados por la empresa entre sus actividades comerciales y sus actividades de servicio público. El Estado
         portugués no definió claramente, de modo transparente y controlable, la misión de servicio público confiada a RTP y los medios
         destinados a su financiación. 
      
      164    Estas críticas no son abstractas. Se basan concretamente en la ineficacia de los mecanismos de control. Los únicos mecanismos
         de control aplicados por organismos independientes de la República Portuguesa y de RTP, de entre los enumerados en los considerandos
         56 a 59 de la Decisión impugnada, fueron los operados por un consejo consultivo compuesto por representantes de la opinión
         pública y auditores externos.
      
      165    Pues bien, la Comisión, no sólo no hizo referencia alguna, en la Decisión impugnada, a la realización de controles independientes,
         sino que, en la práctica, tampoco trató de cerciorarse de que tales controles se hubieran llevado a cabo en la práctica. Sin
         embargo, la Comisión no sólo estaba obligada a tomar nota de los mecanismos teóricamente previstos, sino también a verificar
         su aplicación real. 
      
      166    La Comisión, aunque disponía de plenas facultades de investigación al efecto, no tomó iniciativa alguna ni accedió a las reiteradas
         solicitudes de la demandante para obtener de las autoridades portuguesas los informes de auditoría externa contractuales o
         una declaración de su inexistencia. Por una parte, la información obtenida por la demandante por sus propios medios ponía
         de manifiesto que entre 1992 y 1997 no se realizó ninguna auditoría independiente de RTP y, por otra parte, los elementos
         disponibles en relación con la auditoría externa contractual realizada en 1998 revelaban grandes deficiencias.
      
      167    Añade que la Comisión tampoco respetó el criterio basado en la exigencia de prestación efectiva del servicio público. En efecto,
         la Decisión impugnada no se apoya en prueba documental alguna del cumplimiento efectivo por RTP de las misiones de servicio
         público que se le habían encomendado. Además, entre 1992 y 1997 no se realizó ninguna auditoría independiente y el informe
         de auditoría externa contractual por 1998 revelaba numerosas insuficiencias en la prestación del servicio público por RTP.
         
      
      168    Por tanto, la Decisión impugnada debería anularse por no haberse respetado los criterios de aplicación del artículo 86 CE,
         apartado 2, según fueron definidos por la propia Comisión.
      
      169    La demandante añade que cuando los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones de servicio público no funcionan,
         la Comunicación sobre la radiodifusión no permite comprobar que el servicio público se ha prestado efectivamente. Además,
         cuando el control funciona y las autoridades competentes consideran que el servicio público no se ha prestado o que determinados
         costes no se derivan de él, la Comisión no puede rechazar dicho control y considerar, tal como hace en la Decisión impugnada
         y en el escrito de contestación, que, en definitiva, el conjunto entraba en ámbito del servicio público y todos los costes
         presentados por la empresa se derivaban de la misión de servicio público. 
      
      170    Procede volver sobre informe del Tribunal de Contas, adoptado más de un año antes que la Decisión impugnada, conocido, evidentemente
         por la República Portuguesa y RTP y que la Comisión también debería haber conocido. La Comisión, en efecto, habida cuenta
         tanto de la antigüedad de su examen de RTP como de la obligación de cooperación leal de los Estados miembros con las instituciones
         comunitarias, no podía ignorar que el Tribunal de Contas llevaba a cabo una investigación en profundidad y no podía ignorar
         la existencia de este informe. 
      
      171    Este informe confirma el informe de auditoría externa contractual por 1998, así como los términos de la demanda referentes
         a los errores de la Comisión en su análisis de los costes incurridos por RTP en la prestación del servicio público. Confirma
         también las alegaciones de la demandante sobre el error de Derecho de la Comisión respecto de la apreciación de las condiciones
         de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2, en particular por lo que respecta a la ineficacia de los mecanismos de control.
         Confirma por último que RTP no prestó el servicio esperado. Por tanto, habida cuenta de los criterios de la Comunicación sobre
         la radiodifusión, «la Comisión no [tuvo] posibilidad de llevar a cabo las tareas que le asigna el apartado 2 del artículo
         86 [CE] y [no pudo] por lo tanto conceder ninguna exención en virtud de dicha disposición» (apartado 43 de la Comunicación).
         
      
      172    Según la demandante, la Comisión no podía desconocer el informe del Tribunal de Contas, del que se desprendía claramente que
         no se cumplían los requisitos de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2. La Comisión no podía controlar el modo en que
         RTP prestaba el servicio público basándose en los informes anuales realizados por un censor de cuentas de la empresa o en
         la contabilidad de la empresa. Por otra parte, la función de un censor de cuentas no es verificar si una empresa determinada
         presta adecuadamente o no servicios públicos y aún menos qué importes corresponden a estos servicios y cuáles no. Por tanto,
         la Decisión impugnada es manifiestamente ilegal y debería anularse. 
      
      173    La Comisión responde que, en contra de las afirmaciones de la demandante, la Comunicación sobre la radiodifusión no impone
         obligación alguna de control independiente sobre la prestación efectiva del servicio público de radiodifusión. En su apartado
         29 esta Comunicación establece tres criterios para que una medida pueda acogerse a la excepción prevista en el artículo 86 CE,
         apartado 2. Estos criterios, relativos a la definición del SIEG, al mandato de servicio público y a la proporcionalidad, son
         los aplicados en la Decisión impugnada. 
      
      174    Es inexacto que una definición «amplia» del servicio público impida distinguir entre la actividad competitiva y la actividad
         de servicio público, ni que haga imposible el control de la prestación efectiva del servicio público y la imputación de los
         costes, por una parte, a las actividades competitivas y, por otra parte, a las actividades de servicio público. 
      
      175    El papel de la Comisión en el sector de la radiodifusión se limita a la verificación de posibles errores manifiestos en la
         definición del servicio público, que debería estar en consonancia con el objetivo de responder a las necesidades democráticas,
         sociales y culturales de una sociedad determinada. La Comisión no tuvo constancia de tales errores. 
      
      176    En estas circunstancias se trata, según la Comisión, de saber si la financiación de la misión de servicio público era proporcional
         o no al coste neto del servicio público. Pues bien, la conclusión de la Comisión es que la financiación total recibida por
         RTP durante el período considerado no superó los costes netos de servicio público. 
      
      177    Según la Comisión, RTP contabilizaba separadamente las actividades de servicio público y las actividades comerciales, estas
         últimas ejercidas por empresas jurídicamente distintas. Por tanto, la contabilidad de RTP mostraba cuáles eran los costes
         e ingresos de la misión de servicio público, así como las participaciones de RTP en empresas comerciales, contabilizadas como
         inversiones financieras. Las cuentas financieras de RTP siempre fueron objeto de una auditoría anual por un censor de cuentas.
         Además, en el marco del sistema interno de financiación portugués, RTP sólo había obtenido el reembolso parcial de sus costes
         de servicio público. En este marco, RTP aplicaba un segundo nivel de contabilidad analítica en el seno de las actividades
         de servicio público propiamente dichas –lo que siembre se reflejó en los informes sobre el servicio público– que demostraba
         de modo transparente qué costes eran reembolsables por actividad de servicio público. 
      
      178    Es cierto, según la Comisión, que, en un primer momento, las autoridades portuguesas optaron por aplicar, mediante el contrato
         de servicio público, un mecanismo de compensación que no cubría la totalidad de los costes del servicio público. También es
         cierto que el Derecho comunitario permite la compensación total de dichos costes. Por tanto, la demandante no podía oponerse
         a otras medidas adoptadas posteriormente por las autoridades portuguesas para cubrir la parte de los costes que aún no habían
         sido objeto de compensación. 
      
      179    Además, la concepción de que era legítimo aceptar una definición «amplia» de la misión de servicio público en el caso de RTP,
         puesto que se había probado que la financiación de esta misión había sido proporcional a sus costes netos, también se confirma,
         según la Comisión, por el hecho de que no hubo distorsión alguna en el mercado por lo que respecta a las actividades comerciales
         derivadas de las actividades de servicio público. 
      
      180    No es válido el argumento basado en la supuesta ineficacia de los mecanismos de control. En efecto, en papel de la Comisión
         no era apreciar si RTP o la República Portuguesa habían aplicado correctamente todas las normas internas portuguesas, sino
         sólo verificar si la financiación estatal de RTP era compatible con el Tratado. Para ello, la Comisión estaba obligada a analizar
         y evaluar datos objetivos y verosímiles sobre los costes de las actividades de servicio público y sobre las actividades comerciales
         de RTP. 
      
      181    Lo que importa subrayar es que, tal como se detalla en el considerando 177 y siguientes de la Decisión impugnada, todos estos
         datos analizados y confirmados por la Comisión fueron objeto de mecanismos adecuados de control en Portugal.
      
      182    Aun cuando se comprobara posteriormente que todo el sistema de control descrito no funcionó como debía o que los datos suministrados
         a la Comisión no eran exactos, ello no significa que la Decisión impugnada adolezca de vicio alguno. En efecto, la Comisión
         adoptó esta decisión en función de los datos de que entonces disponía y de los que no tenía motivo para dudar. 
      
      183    Finalmente, según la Comisión, es erróneo el argumento de que la Decisión impugnada no se basa en ningún elemento que pruebe
         que RTP llevó a cabo efectivamente la misión de servicio público. De hecho, no corresponde a la Comisión apreciar en concreto
         si los contratos de servicio público se han ejecutado al detalle ni si se han respetado las normas de calidad definidas en
         ellos. Su papel se limita a verificar si las actividades ejercidas como servicio público por RTP pueden o no considerarse
         un SIEG en el sentido del Tratado. 
      
      184    Pues bien, a juicio de la Comisión, todas las actividades ejercidas por RTP como SIEG son legítimas y no adolecen de error
         manifiesto alguno. Además, la investigación permitió concluir que la financiación atribuida a RTP se destinó efectivamente
         al cumplimiento de la misión de servicio público. 
      
      185    La Comisión señala que la presentación, con la réplica, del informe del Tribunal de Contas fue extemporánea, sin que se aportara
         una justificación convincente de dicha extemporaneidad. Por su parte, niega formalmente haber tenido conocimiento de la existencia
         de dicho informe con anterioridad a la Decisión impugnada. De todos modos, este informe no cuestiona la apreciación contenida
         en la Decisión impugnada. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      186    Con carácter preliminar, procede resolver la cuestión de si el informe del Tribunal de Contas, presentado como anexo de la
         réplica, es admisible y pertinente en el presente recurso para apreciar la legalidad de la Decisión impugnada. 
      
      187    Debe abordarse directamente la cuestión de la pertinencia de este informe. 
      
      188    Según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad
         de un acto comunitario debe apreciarse en función de la información existente en la fecha en que el acto fue adoptado. En
         particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de
         que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de
         1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, Rec. p. 321, apartado 7, y de 11 de septiembre de 2003, Bélgica/Comisión, C‑197/99 P,
         Rec. p. I‑8461, apartado 86; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión,
         T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartado 81, y de 15 de septiembre de 1998, BFM y EFIM/Comisión, T‑126/96 y T‑127/96,
         Rec. p. II‑3437, apartado 88). 
      
      189    La demandante considera que, habida cuenta tanto de la antigüedad del examen de RTP por la Comisión como de la obligación
         de cooperación leal de los Estados miembros con las instituciones comunitarias, dicha institución no podía ignorar que el
         Tribunal de Contas llevaba a cabo una investigación en profundidad sobre RTP y no podía ignorar la existencia de este informe.
         
      
      190    Sin embargo, debe observarse que la demandante, sobre quien pesa la carga de la prueba, aparte de las afirmaciones generales
         anteriormente mencionadas, no aporta ninguna prueba concreta de que la Comisión, en el momento de adoptar la Decisión impugnada,
         tuviera conocimiento efectivo siquiera de la existencia de dicho informe. Por otra parte, la demandante sostiene que ella
         ignoraba la existencia de este informe en el momento de adoptarse esta Decisión. 
      
      191    La Comisión alega formalmente que no tenía conocimiento de la existencia de dicho informe en el momento de adoptar la Decisión
         impugnada y que, por tanto, le resultaba imposible solicitar siquiera su transmisión. 
      
      192    A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que no se ha demostrado que la Comisión tuviera conocimiento de
         la existencia del informe del Tribunal de Contas en el momento de adoptar la Decisión impugnada.
      
      193    De ello se deduce que este informe debe declararse carente de pertinencia y no puede tomarse en consideración para apreciar
         la legalidad de la Decisión impugnada, independientemente de si, pese a no haberse presentado hasta la fase de réplica, debe
         considerarse admisible en virtud del artículo 48, apartado 2, del Reglamento del Procedimiento. 
      
      194    Resuelta esta cuestión preliminar, procede abordar la objeción de la demandante, basada en que cuando un Estado miembro decide,
         como en el caso de autos, adjudicar el SIEG de radiodifusión a un operador que persigue simultáneamente actividades comerciales,
         no puede optar por una definición «amplia» de servicio público. 
      
      195    En primer lugar, procede recordar que tal como declara la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia FFSA y otros/Comisión,
         citada en el apartado 144 supra, apartado 99) y expone la Comisión en el punto 22 de su Comunicación COM(2000) 580 final, de 20 de septiembre de 2000, sobre
         los servicios de interés general en Europa, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de
         definir lo que consideran SIEG. En consecuencia, la definición de estos servicios por parte de un Estado miembro sólo puede
         ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto (conclusiones del Abogado General Léger en el asunto en que recayó
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, Rec. pp. I‑1577 y ss., especialmente
         p. I‑1583, apartado 162; sentencia Olsen/Comisión, citada en el apartado 145 supra, apartado 216).
      
      196    Por otra parte, la importancia de los SIEG para la Unión Europea y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de los
         mismos han sido destacadas por la inserción en el Tratado CE, por el Tratado de Ámsterdam, del artículo 16 CE (véanse, en
         este sentido, las conclusiones del Abogado General Alber en el asunto en que recayó la sentencia de 17 de mayo de 2001, TNT
         Traco, C‑340/99, Rec. pp. I‑4109 y ss., especialmente p. I‑4112, apartado 94; del Abogado General Jacobs en los asuntos en
         que recayeron las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. pp. I‑8089
         y ss., especialmente p. I‑8094, apartado 175, y de 20 de noviembre de 2003, GEMO, C‑126/01, Rec. pp. I‑13769 y ss., especialmente
         p. I‑13772, apartado 124, y del Abogado General Poiares Maduro en el asunto en que recayó la sentencia de 11 de julio de 2006,
         FENIN/Comisión, C‑205/03 P, Rec. pp. I‑6295 y ss., especialmente p. I‑6297, nota 35, apartado 26; véase también el auto del
         Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 2001, Poste Italiane/Comisión, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, apartado 132).
      
      197    Por lo que respecta, más en particular, al SIEG de radiodifusión, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 30 de abril
         de 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409) relativa, entre otras cuestiones, a si el derecho exclusivo, concedido por un Estado
         miembro a una empresa, a efectuar toda clase de emisiones televisivas, incluso con fines de publicidad, constituía una violación
         de las reglas de la competencia, reconoció, en sustancia, que los Estados miembros podían definir legítimamente un SIEG de
         radiodifusión que abarcara la difusión de una programación generalista. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia
         declaró que «nada se opone en el Tratado a que los Estados miembros, en virtud de consideraciones de interés público, de naturaleza
         no económica, sustraigan del juego de la competencia las emisiones de radiotelevisión [...] otorgando a una o varias entidades
         el derecho exclusivo para ello» (sentencia Sacchi, antes citada, apartado 14; véanse también las conclusiones presentadas
         por el Abogado General Reischl en ese mismo asunto Rec. pp. 433 y ss., especialmente p. 445, puntos segundo a quinto, y del
         Abogado General Léger en el asunto en que recayó la sentencia Wouters y otros, citada en el apartado 195 supra, apartado 163). 
      
      198    Por otra parte, cuando los Estados miembros dispusieron en el Protocolo de Ámsterdam que «el sistema de radiodifusión pública
         de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad
         y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación», se referían directamente a los sistemas de servicio
         público de radiodifusión establecidos por ellos y encargados de la difusión de programas televisivos generalistas en beneficio
         de toda la población de estos Estados. 
      
      199    Finalmente, procede recordar los términos en los que el Consejo y los Estados miembros, en su resolución de 25 de enero de
         1999 sobre el servicio público de radiodifusión (apartado 153 supra), reafirmaron la importancia del SIEG de radiodifusión. 
      
      200    En dicha resolución, los Estados miembros, «considerando que el servicio público de radiodifusión cumple unas funciones culturales,
         sociales y democráticas que redundan en beneficio de todos, y tiene por ello una importancia capital para garantizar la democracia,
         el pluralismo, la cohesión social y la diversidad cultural y lingüística, […] destacando que la creciente diversificación
         de los programas propuestos en el nuevo entorno de los medios de comunicación acrecienta la importancia de la función global
         de los organismos públicos de radiodifusión [y] recordando la afirmación de competencia de los Estados miembros con respecto
         a la función y financiación establecida en el [Protocolo de Ámsterdam]», señalaron y reafirmaron que dicho Protocolo confirma
         «[su] deseo [...] [de] reforzar el papel del servicio público de radiodifusión», que «los servicios públicos de radiodifusión
         puedan seguir ofreciendo una programación diversificada acorde con la función que le hayan asignado los respectivos Estados
         miembros, a fin de atender a la sociedad en su conjunto» y que, «en este sentido es legítimo que los servicios públicos de
         radiodifusión hagan lo posible para llegar a una amplia audiencia».
      
      201    De las anteriores consideraciones se desprende que el Derecho comunitario no se opone en modo alguno a que un Estado miembro
         defina el SIEG de radiodifusión en términos amplios, que incluyan la difusión de una programación generalista. 
      
      202    Esta facultad no puede cuestionarse por el hecho de que el radiodifusor de servicio público ejerza, además, actividades comerciales,
         en concreto la venta de espacios publicitarios. 
      
      203    Tal cuestionamiento, en efecto, supondría hacer depender la propia definición del SIEG de radiodifusión de su forma de financiación.
         Pues bien, un SIEG se define, por principio, atendiendo al interés general que pretende satisfacer y no en consideración a
         los medios que garantizaran su prestación. Según señaló la Comisión en el apartado 36 de la Comunicación sobre la radiodifusión,
         «la cuestión de la definición de la misión de servicio público no debe confundirse con la del mecanismo financiero elegido
         para prestar estos servicios». 
      
      204    De todas las consideraciones anteriores se deduce que no puede negarse la facultad de los Estados miembros para definir el
         SIEG de radiodifusión de modo que abarque la difusión de una creciente diversificación de programas, autorizando al operador
         encargado de este SIEG a ejercer actividades comerciales, como la venta de espacios publicitarios.
      
      205    El Tribunal de Primera Instancia señala, además, que aparte de la crítica expresada por la demandante contra una definición
         amplia de servicio público para el caso de un radiodifusor que también ejerce actividades comerciales, las objeciones de la
         demandante versan principalmente sobre la ejecución de esta misión por RTP y el control de la Comisión al respecto. 
      
      206    Según la demandante, la Comisión, en efecto, no trató de cerciorarse de que la ejecución de su misión por RTP había sido objeto
         de controles independientes. La Comisión no sólo estaba obligada a tomar nota de los mecanismos de control teóricamente previstos.
         También debería haber verificado su aplicación efectiva. La demandante reprocha a la Comisión no haber accedido a sus solicitudes
         para que las autoridades portuguesas comunicaran los informes de auditoría externa contractuales o declararan su inexistencia.
         Reprocha también a la Comisión la falta de pruebas en la Decisión impugnada del cumplimiento efectivo por RTP de las misiones
         de servicio público que se le habían encomendado.
      
      207    En la Decisión impugnada, son pertinentes los considerandos 56 a 59 y 177 a 181.
      
      208    Para pronunciarse sobre el fundamento de estas imputaciones de la demandante procede examinar el control del cumplimiento,
         por el radiodifusor de servicio público, de su mandato de servicio público. 
      
      209    Este examen implica un análisis en dos partes. En la primera parte procede examinar el control del cumplimiento por RTP de
         los criterios cualitativos –o incluso de las normas de calidad– aplicables con carácter general a toda su actividad de servicio
         público de radiodifusión. En la segunda parte procede examinar el control de la realidad de la prestación por RTP del servicio
         público concreto esperado de ella y el control de la correspondencia entre estas prestaciones y sus costes anunciados. 
      
      210    Mientras que la primera parte del análisis tiene por objeto una apreciación, llena de subjetividad, del nivel cualitativo
         del servicio público de televisión, la segunda parte se refiere a la cuestión, objetiva, de la veracidad administrativa y
         contable de las cuentas de RTP respecto de las partidas de coste que las integran y de los costes que reflejan. En efecto,
         la Comisión sólo puede verificar válidamente la proporcionalidad de la financiación estatal de los costes de servicio público
         si está razonablemente convencida de la fiabilidad de los datos financieros y contables que se le transmiten en relación con
         el operador de servicio público y su actividad. 
      
      211    En primer lugar, por lo que respecta al control del cumplimiento por RTP de los criterios cualitativos, debe considerarse
         que, habida cuenta de su impacto económico, la financiación del servicio público de radiodifusión definido de modo amplio
         sólo puede declararse conforme con las disposiciones del Tratado sobre ayudas de Estado en la medida en que se respeten las
         exigencias cualitativas expuestas en el mandato de servicio público. Estas exigencias cualitativas son, en efecto, la razón
         de ser del SIEG de radiodifusión en el paisaje audiovisual nacional y, por tanto, no hay motivos para que un SIEG de radiodifusión
         definido en términos amplios, pero que sacrifica el respeto de estas exigencias cualitativas en aras de un comportamiento
         de operador comercial consistente en difundir una programación concebida especialmente para generar audiencias óptimas desde
         el punto de vista de los anunciantes publicitarios, siga siendo financiado por el Estado en las mismas condiciones que si
         estas exigencias cualitativas se hubieran respetado. 
      
      212    Sin embargo, sólo el Estado miembro puede apreciar el respeto por el radiodifusor de servicio público de las normas de calidad
         definidas en el mandato de servicio público. Según señala Comisión en la Comunicación COM(1999) 657 final al Consejo, al Parlamento
         Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 14 de diciembre de 1999, sobre principios y directrices
         de la política comunitaria en el sector audiovisual en la era digital, «los aspectos relativos al contenido son esencialmente
         nacionales por naturaleza, puesto que están directa y estrechamente relacionados con las necesidades culturales, sociales
         y democráticas de una sociedad determinada» y, «de conformidad con el principio de subsidiariedad, la reglamentación de los
         contenidos es una responsabilidad primaria de los Estados miembros». No corresponde a la Comisión pronunciarse sobre el cumplimiento
         de las normas de calidad, pues ésta debe poder basarse en una supervisión adecuada por parte de los Estados miembros (considerando
         41 de la Comunicación sobre la radiodifusión).
      
      213    Por tanto, dado que la Comisión no es competente para verificar concretamente el respeto de las normas de calidad, puede,
         y debe, en principio, limitarse a comprobar la existencia de un mecanismo de control, por un órgano independiente, del cumplimiento
         de su mandato por el radiodifusor de servicio público. 
      
      214    Sólo si en las informaciones transmitidas a la Comisión durante la investigación hay indicios fundados de que el mecanismo
         de control, aunque existía, no se aplicó, puede requerirse a la Comisión que examine si en realidad se aplicó, procurando,
         no obstante, no excederse de este examen y, en particular, no suplantar al Estado miembro en la apreciación concreta del cumplimiento
         de los criterios cualitativos. 
      
      215    En el caso de autos está acreditado que la Comisión señaló la existencia de un mecanismo de control del cumplimiento por RTP
         de sus obligaciones de servicio público. Así, la Decisión impugnada indica que «los Contratos de servicio público prevén un
         Consejo consultivo compuesto por representantes de los distintos sectores de la opinión pública, que puede intervenir para
         verificar si RTP respeta sus obligaciones, generales y específicas, de servicio público de televisión» (considerando 56),
         que RTP debe presentar «un informe sobre las obligaciones de servicio público del ejercicio anterior» (en lo sucesivo, «informe
         sobre el servicio público») (considerando 57, segunda frase, de la Decisión impugnada) y que «el Ministro de Hacienda y el
         miembro del Gobierno responsable de los medios de comunicación social deben comprobar el cumplimiento de los Contratos de
         servicio público» (considerando 58, primera frase).
      
      216    Estas afirmaciones hechas en la Decisión impugnada acreditan suficientemente la existencia de un mecanismo independiente de
         control del respeto por RTP de las exigencias cualitativas de su misión de servicio público. 
      
      217    El Tribunal de Primera Instancia añade, a mayor abundamiento, que no se ha discutido que, tal como señala la Decisión impugnada
         (considerandos 178 y 179), RTP sí emitió el informe sobre el servicio público cada año y que el Ministro de Hacienda y el
         miembro del Gobierno responsable de los medios de comunicación social pidieron que se hiciera una auditoría sobre la ejecución
         de los contratos de servicio público. 
      
      218    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no puede cuestionarse la legalidad de la Decisión impugnada por motivos relacionados
         con la verificación por la Comisión de la existencia de mecanismos de control de las normas de calidad. 
      
      219    En segundo lugar, procede examinar el control de la realidad de la prestación concreta por RTP del servicio público que se
         esperaba de ella y de la realidad de los costes supuestamente soportados para esta prestación. 
      
      220    La tesis de la demandante es que la Comisión no se cercioró, con la diligencia debida, de la veracidad y fiabilidad de las
         informaciones que se le transmitieron en relación con la prestación del servicio público realizada y sus costes. La Comisión
         no se interrogó, con un mínimo de neutralidad e imparcialidad, sobre la credibilidad de las cifras presentadas por RTP como
         costes correspondientes al servicio público. En particular, la demandante reprocha a la Comisión no haber accedido a sus solicitudes
         para que la República Portuguesa presentara los informes de auditoría externa contractuales, previstos en los contratos de
         servicio público y que tenían por objeto apreciar y controlar la relación entre las misiones de servicio público y el pago
         de los costes efectivos correspondientes. 
      
      221    La respuesta de la Comisión es que estaba legitimada para creer en la fiabilidad de las informaciones transmitidas, habida
         cuenta de los mecanismos contables y de los controles establecidos y aplicados. Por tanto, no puede reprochársele, a su juicio,
         no haber considerado útil o necesario acceder a la solicitud de la demandante para que la República Portuguesa presentara
         informes de auditoría externa contractuales. Según la Comisión, cuando la fiabilidad objetiva de las informaciones suministradas
         por el Estado miembro en relación con el servicio público prestado y sus costes está suficientemente garantizada, poco importa
         que necesariamente se hayan respetado todos los procedimientos de control previstos en el ámbito nacional.
      
      222    A este respecto, es necesario recordar que, habida cuenta de su estructura general, el procedimiento de control de las ayudas
         de Estado es un procedimiento abierto contra el Estado miembro responsable de la concesión de la ayuda, a la vista de sus
         obligaciones comunitarias. En este procedimiento, los interesados distintos del Estado miembro tienen esencialmente una función
         de fuentes de información para la Comisión y, a este respecto, no pueden exigir que la Comisión mantenga con ellos un debate
         contradictorio como el que debe mantener con dicho Estado miembro (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril
         de 2003, Scott/Comisión, T‑366/00, Rec. p. II‑1763, apartados 52 y 53; de 14 de enero de 2004, Fleuren Compost/Comisión, T‑109/01,
         Rec. p. II‑127, apartados 42 y 43, y la jurisprudencia citada, y sentencia Saxonia Edelmetalle/Comisión, citada apartado 141
         supra, apartado 48). Las partes interesadas distintas del Estado miembro de que se trata sólo tienen derecho a participar en el
         procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto (sentencias British
         Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 188 supra, apartado 60, y Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, citada en el apartado 93 supra, apartado 125). 
      
      223    En este contexto, una parte interesada que presenta una solicitud a la Comisión para que ésta ejerza sus competencias a fin
         de obtener del Estado miembro determinados elementos de información no tiene ningún derecho a que la Comisión acceda a su
         solicitud. Corresponde a la Comisión, en su caso, apreciar la utilidad de esta solicitud para sus necesidades de control de
         las medidas controvertidas. En esta apreciación la Comisión puede tener en cuenta la información de que ya dispone. 
      
      224    Por lo tanto, el carácter limitado de los referidos derechos de participación y de información de las partes interesadas distintas
         del Estado miembro no se opone en modo alguno a la obligación de examen diligente e imparcial que incumbe a la Comisión en
         el ámbito de las ayudas de Estado (véase, por analogía, sobre el mismo razonamiento aplicado a la obligación de motivación,
         la sentencia British Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 188 supra, apartado 64; véanse, sobre la afirmación de la obligación de examen diligente e imparcial, la sentencia del Tribunal de Justicia
         de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartados 60 a 62; sentencia Westdeutsche
         Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, citada en el apartado 93 supra, apartado 167).
      
      225    Así pues, la Comisión, aun cuando disfruta de un margen de apreciación, no puede, habida cuenta de su obligación de examen
         diligente e imparcial, abstenerse de solicitar la transmisión de elementos de información que pueden confirmar o desmentir
         otros elementos de información pertinentes para el examen de la medida controvertida, pero cuya fiabilidad no puede considerarse
         suficientemente acreditada. 
      
      226    En el caso de autos, en primer lugar, está acreditado que la Comisión disponía de las cuentas financieras anuales de RTP (considerandos
         67 y 180, segunda frase, de la Decisión impugnada). También está acreditado que entre 1992 y 1998 estas cuentas anuales fueron
         objeto, anualmente, de una auditoría por un censor de cuentas oficial (considerando 180, tercera frase, de la Decisión impugnada),
         es decir, por un órgano externo a la empresa e independiente. 
      
      227    La demandante no niega la existencia de este control y tampoco sostiene que éste revelara errores en las cuentas anuales de
         RTP. Se limita a señalar que la Comisión «no puede controlar el modo en que RTP presta el servicio público de televisión basándose
         en informes anuales realizados por un censor de cuentas de la empresa o en la contabilidad de la empresa», e indica al respecto
         que en virtud del estatuto jurídico de los censores de cuentas [Decreto-Lei nº 487/99, de 16 de noviembre de 1999, (Decreto-ley
         portugués nº 487/99) (Diário da República I, série I‑A, nº 267, de 16 de noviembre de 1999)], el censor de cuentas no tiene que verificar si una determinada empresa
         presta o no un servicio público, y aún menos determinar qué importes corresponden a esta prestación de servicio público y
         cuáles no. 
      
      228    A este respecto, es cierto que la función legal del censor de cuentas no es, en principio, verificar si una empresa presta
         o no un servicio público, ni efectuar una apreciación sobre la calificación de prestaciones «de servicio público» de las prestaciones
         que reflejadas en las cuentas, ni evaluar cuáles son los costes que pueden imputarse a estas prestaciones. La función legal
         del censor de cuentas es, en principio, certificar las cuentas, es decir, exponer una apreciación externa e independiente
         sobre la regularidad y veracidad de las cuentas y sobre si reflejan la imagen fiel de la situación de la sociedad. 
      
      229    Por tanto, dado que precisamente la certificación de las cuentas anuales por el censor de cuentas de la sociedad permite a
         la Comisión considerarlas fiables, nada impide –sino todo lo contrario– a esta institución explotar las cuentas ya certificadas
         cuando contienen informaciones pertinentes para la apreciación de los costes de servicio público, a efectos de su apreciación
         de la proporcionalidad de la ayuda en el marco del artículo 86 CE, apartado 2. 
      
      230    Además, en la medida en que un censor de cuentas, junto a su función de certificación legal de cuentas, puede ocuparse de
         emitir dictámenes puntuales sobre otras cuestiones, por ejemplo, sobre la ejecución de una misión de servicio público, nada
         impide a la Comisión, en su caso, tener en cuenta estos dictámenes. 
      
      231    De las consideraciones precedentes resulta que nada impide considerar que la Comisión, en su apreciación, podía basarse legítimamente
         en las cuentas anuales certificadas de RTP y en los dictámenes de los censores de cuentas de RTP. 
      
      232    A continuación, por lo que respecta a los informes sobre el servicio público mencionados en el considerando 57, segunda frase,
         y en el considerando 178 de la Decisión impugnada que «describían el cumplimiento de cada una de las obligaciones de servicio
         público y definían los costes de cada una de dichas obligaciones sobre la base de un sistema de contabilidad analítica» (considerando
         178), no se discute que la Comisión disponía de los informes correspondientes a todos los años del período investigado. 
      
      233    Sin embargo, los datos contenidos en estos informes tenían una deficiencia objetiva, conocida por la Comisión. Esta deficiencia
         radicaba en que dichos informes sobre las obligaciones de servicio público no siempre iban acompañados de un «informe de auditoría»
         («relatório de auditoria») (considerando 180, última frase de la Decisión impugnada). 
      
      234    En otros términos, no estaba garantizado que estos informes sobre el servicio público, que proporcionaban el detalle analítico
         de los costes soportados en cada prestación de servicio público, hubieran sido objeto de un control externo independiente
         por los censores de cuentas de RTP. 
      
      235    Procede señalar, en esta fase, que este control externo independiente por los censores de cuentas respecto de los informes
         sobre el servicio público, mencionado en el considerando 180, última frase, de la Decisión impugnada, figura en otros lugares
         de la Decisión impugnada, tanto en su versión portuguesa auténtica como en otras versiones lingüísticas, en particular en
         la versión francesa, con una terminología cambiante e incoherente: «Paracer do Gabinete de Auditoria» y «avis du conseil des
         commissaires aux comptes» (considerando 57, segunda frase) «Paracer do Gabinete de Auditoria» y «avis du conseil interne des
         commissaires aux comptes» (considerando 178, primera frase), «controlo [...] pelo Gabinete de Auditoria a nível interno» y
         «contrôle [...] par le comité d’audit en interne» (considerando 181, primera frase), o incluso «auditoria externa sistemática»
         y «audit externe systématique» (considerando 181, segunda frase). 
      
      236    Con independencia de estas imprecisiones terminológicas, el Tribunal de Primera Instancia señala que la Comisión consideró
         que la deficiencia descrita en los apartados 233 y 234 supra se compensaba por la capacidad de las reglas de contabilidad analítica aplicadas para identificar, de modo claro y controlable,
         las prestaciones de servicio público y sus costes (considerando 180, última frase, de la Decisión impugnada). 
      
      237    Más aún, la Comisión añadió que «aunque no parece que se haya realizado una auditoría externa sistemática de los informes
         de servicio público, el sistema descrito garantizaba que se prestaba con arreglo a lo previsto» (considerando 181, segunda
         frase, de la Decisión impugnada). 
      
      238    Sin embargo, no puede aceptarse ninguna de estas dos consideraciones. 
      
      239    Por lo que respecta a la primera consideración (apartado 236 supra), basta con declarar que la falta de este control externo por los censores de cuentas no puede, lógicamente, suplirse con la
         afirmación de que «las estrictas normas del sistema de contabilidad garantizaban que los costes de cada obligación de servicio
         público [...] podían definirse y controlarse correctamente» (considerando 180, última frase, de la Decisión impugnada). 
      
      240    En efecto, esta afirmación equivale, en definitiva, a la siguiente proposición, contradictoria en sus términos, de que el
         hecho de que no hubiera control carece de consecuencias sobre la fiabilidad de la información, siempre y cuando dicho control
         fuera posible. En efecto, una empresa puede tener normas de contabilidad analítica precisas y claras, que permitan una identificación
         y un control eficaces y, a la vez, introducir en su contabilidad, por error o a sabiendas, cifras o epígrafes que no se corresponden
         con la realidad de los hechos. Estas divergencias con la realidad no se llegarán a detectar precisamente por la falta de control.
      
      241    De ello se deduce que, en contra de lo que la Comisión sostiene en el considerando 180, última frase, de la Decisión impugnada,
         en ausencia de un control externo sistemático de los informes sobre el servicio público por los censores de cuentas de RTP,
         existía o debía existir, necesariamente, una duda en esta institución sobre la fiabilidad de los datos contenidos en estos
         informes, duda que no podía resolver la mera afirmación de la calidad de las reglas de contabilidad analítica. 
      
      242    Por lo que respecta a la segunda consideración de la Comisión, enunciada en el considerando 181 de la Decisión impugnada y
         recordada en el apartado 237 supra, de que, aparte incluso de la primera consideración deducida de la calidad de las reglas contables, el «sistema» («sistema»)
         en su conjunto llevaba a esta institución a concluir que disponía de información fiable, el Tribunal de Primera Instancia
         declara que ésta tampoco puede aceptarse, pues también encierra una contradicción en sus términos. 
      
      243    En efecto, esta consideración, a la luz de las aclaraciones sobre la terminología de la Decisión impugnada proporcionadas
         por el apartado 235 supra, contiene el siguiente razonamiento. 
      
      244    En primer lugar, la Comisión expone, en sustancia, en el considerando 181, primera frase, de la Decisión impugnada, que de
         sus consideraciones anteriores se deduce que hubo un sistema de control en tres niveles distintos. 
      
      245    El primer elemento de este sistema que identifica a la Comisión son los «controles [...] por el Gabinete de Auditoría internamente».
         Se trata del control por los censores de cuentas de los informes sobre el servicio público, al que se refiere el considerando
         78 de la Decisión impugnada y que se recuerda de nuevo en el inicio de la última frase del considerando 180 de esta Decisión.
         
      
      246    El segundo elemento de este sistema que identifica la Comisión son los «controles [...] por los organismos públicos responsables».
         Se trata del control al que se refiere el considerando 179 de la Decisión impugnada. 
      
      247    El tercer elemento de este sistema designado por la Comisión es el «control [...] por una empresa de auditoría externa». Se
         trata del control al que se refiere el considerando 180, primera frase, de la Decisión impugnada. 
      
      248    La Comisión continúa, en el considerando 181, segunda frase, de la Decisión impugnada, exponiendo que, en sustancia, aunque
         no parece que se haya realizado una auditoría externa sistemática de los informes de servicio público, es decir, aunque no
         parece que el primer elemento del sistema haya funcionado correctamente, este sistema garantizaba que el servicio público
         se prestaba como estaba previsto. 
      
      249    De esta descripción del razonamiento de la Comisión se deduce que dicha institución invoca la existencia y aplicación de un
         sistema de control formado por tres elementos para deducir de ello que el servicio público se prestaba como estaba previsto,
         mientras que constata el mal funcionamiento de este sistema precisamente en uno de sus tres elementos constitutivos. De este
         modo, también aquí el razonamiento expuesto en la Decisión impugnada encerraba una contradicción en sus términos. 
      
      250    En esta situación, el Tribunal de Primera Instancia declara que, pese a las dos consideraciones antes mencionadas expuestas
         por la Comisión, esta institución, en ausencia de prueba del control externo sistemático de los informes sobre el servicio
         público por un censor de cuentas, no podía considerar fiables los elementos de información contenidos en los informes que
         no venían acompañados de una declaración de un censor de cuentas. 
      
      251    Además, está acreditado que en diversas ocasiones la demandante había llamado la atención de la Comisión sobre otros informes,
         a saber, los informes de auditoría externa contractuales, y había solicitado a esta institución que pidiera su comunicación
         a la República Portuguesa. La demandante señaló en sus observaciones de 8 de febrero de 2002 que tenía información de que
         el informe de auditoría externa contractual para el año 1998 era muy crítico respecto de la ejecución por RTP de las obligaciones
         derivadas del contrato de servicio público de 1996. 
      
      252    Aunque estas observaciones de la demandante no sean, en sí mismas, determinantes, habida cuenta del papel limitado asignado
         a las partes interesadas en el procedimiento de examen de las ayudas de Estado, también es cierto que, en el contexto de incertidumbre
         en que necesariamente debía encontrarse la Comisión, estas observaciones podían claramente confirmar la necesidad de que esta
         institución solicitara a la República Portuguesa la comunicación de los informes de auditoría externa contractuales.
      
      253    Esta necesidad era tanto mayor cuanto que la Comisión sabía que el objeto de los informes de auditoría externa contractual
         era, según los propios términos de los contratos de servicio público, verificar la correspondencia entre los servicios públicos
         prestados y los costes abonados. Por tanto, la Comisión no podía ignorar que estos informes de auditoría externa contractuales
         podían, en todo caso para los años en que no existía el control externo de los informes sobre el servicio público, proporcionarle
         la información pertinente para confirmar –o desmentir– los datos que ya obraban en su poder.
      
      254    Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión incumplió su obligación
         de examen diligente e imparcial al no solicitar a la República Portuguesa la comunicación de los informes de auditoría externa
         contractuales.
      
      255    Al actuar de este modo, la Comisión se colocó en una situación en que no disponía de datos suficientemente fiables sobre la
         determinación del servicio público efectivamente prestado y los costes efectivamente soportados para la prestación de este
         servicio. Sin dicha información, la Comisión no podía proceder a una verificación válida de la proporcionalidad de la financiación
         de los costes de servicio público y, consiguientemente, no podía declarar válidamente que no existía exceso en la compensación
         de los costes de servicio público. 
      
      256    Sin que proceda ordenar la medida de instrucción mencionada en el apartado 28 supra ni examinar las demás objeciones y motivos de la demandante, que ya han quedado respondidos en la medida en que denuncian
         un incumplimiento por la Comisión de su obligación de examen, de ello se deduce que procede anular el artículo 1 de la Decisión
         impugnada, en que la Comisión consideró que las ayudas de Estado concedidas a RTP, mencionadas en dicho artículo, no implicaban
         compensación excesiva alguna de los costes netos de la misión de servicio público confiada a este operador. 
      
       Conclusión 
      257    Del conjunto de consideraciones anteriores resulta que procede anular, por una parte, el artículo 1 de la Decisión impugnada
         y, por otra parte, su artículo 2 en la medida en que establece que la «exención de los gastos de notario y registro» no constituye
         una ayuda de Estado. 
      
      258    Procede desestimar el recurso en todo lo demás, es decir, en la medida en que pretende obtener la anulación del artículo 2
         de la Decisión impugnada en lo relativo a las facilidades de pago del canon y a la emisión de obligaciones de 1994. 
      
       Costas
      259    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal
         de Primera Instancia podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente
         las pretensiones de una y otra parte. En el caso de autos, procede declarar que la Comisión cargará con sus propias costas
         y con cuatro quintas partes de las costas de la demandante y que la demandante soportará una quinta parte de sus propias costas.
         
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      decide:
      1)      Anular el artículo 1 de la Decisión 2005/406/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2003, relativa a medidas puntuales aplicadas
            por Portugal en favor de RTP. 
      2)      Anular el artículo 2 de la Decisión 2005/406 en la medida en que declara que los gastos de notario y registro no constituyen
            una ayuda de Estado. 
      3)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      4)      La Comisión cargará con sus propias costas y con cuatro quintas partes de las costas de SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA.
      5)      SIC cargará con una quinta parte de sus propias costas. 
      
               Vilaras
            
            
               Martins Ribeiro
            
            
               Jürimäe
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 2008.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     M. Vilaras
            
         Índice
      
      Marco jurídico
      Hechos que originaron el litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      Sobre el tercer motivo, basado en un error de Derecho derivado de no haber calificado de ayudas de Estado determinadas medidas
      Sobre la primera parte, basada en no haber calificado las exenciones fiscales de ayudas de Estado
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la segunda parte, basada en no haber calificado de ayudas de Estado las facilidades de pago del canon
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la tercera parte, basada en no haber calificado de ayuda de Estado la emisión de obligaciones de 1994
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Conclusión sobre el tercer motivo
      Sobre el cuarto motivo, basado en errores de Derecho sobre los requisitos de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2
      Sobre la primera parte, basada en la atribución del servicio público de televisión a RTP sin convocatoria de licitación
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la segunda parte, basada en el incumplimiento de los criterios de aplicación del artículo 86 CE, apartado 2
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Conclusión
      Costas
      * Lengua de procedimiento: portugués.