CELEX: 52013PC0516
Language: es
Date: 2013-07-11
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos

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		52013PC0516
		
			Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos /* COM/2013/0516 final - 2013/0239 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
El Reglamento sobre los traslados de
residuos [Reglamento (CE) nº 1013/2006[1],
en lo sucesivo denominado el «RTR»] establece requisitos para los traslados de
residuos dentro de la UE y entre la UE y terceros países a fin de proteger el
medio ambiente. El RTR establece reglas más estrictas para los residuos
peligrosos que para los residuos no peligrosos.
El RTR prohíbe todas las exportaciones de
residuos peligrosos a países no miembros de la OCDE y todas las exportaciones
de residuos destinados a la eliminación fuera de la UE/AELC (artículos 34 y 36
del RTR). La prohibición de exportación de residuos peligrosos fuera de la OCDE
establecida en el RTR aplica la prohibición de exportación del Convenio de Basilea
de 1995. Los residuos no peligrosos pueden exportarse para su valorización fuera
de la OCDE siempre que se gestionen de manera ambientalmente correcta, es
decir, de una forma que sea equivalente en gran medida a la establecida en las
normas aplicadas en la UE[2].
En la UE, todos los residuos que se
trasladen con fines de valorización podrán circular libremente[3]. Por lo que
respecta a los residuos no peligrosos, esos traslados no están sujetos a
ninguna notificación previa y solo tienen que cumplir los requisitos generales
de información (títulos II-IV del RTR). Los traslados de residuos peligrosos con
fines de valorización y los traslados de residuos para su eliminación están
sujetos al procedimiento de notificación y autorización previas por escrito. No
obstante, en lo que se refiere a los residuos para valorización, las
autoridades competentes solo pueden oponerse a una transferencia por los
motivos ambientales establecidos en el RTR (artículo 12).
Se establecen obligaciones específicas,
en particular la de devolución de los traslados de residuos cuando se compruebe
que son ilícitos o que no pueden llevarse a cabo de acuerdo con lo previsto
(artículos 22-25 del RTR). 
El artículo 50 del RTR incluye una
disposición general sobre las medidas ejecutivas que estipula que los Estados
miembros deben disponer la realización de inspecciones de establecimientos y
empresas de conformidad con los requisitos de inspección de la Directiva
2008/98/CE (Directiva marco de residuos) y que pueden controlar los transportes
por carretera, en los puertos, etc. o en una fase posterior cuando los residuos
se encuentran ya en una instalación de valorización o eliminación. De lo
contrario, los controles se dejan a discreción de los Estados miembros. El RTR
no incluye ninguna disposición específica sobre cómo deben realizarse las
inspecciones: solo estipula que «los controles de los traslados incluirán la
inspección de documentos, la comprobación de la identidad y, cuando proceda, el
control físico de los residuos.». 
Debido a esta formulación general de
requisitos de inspección en el RTR, existen grandes diferencias de un Estado
miembro a otro. Algunos de ellos han establecido sistemas de inspección
completos y eficaces de los traslados de residuos en los puertos o en los
lugares de los productores o recogedores de residuos, mientras que otros se
enfrentan a problemas de cumplimiento y a la falta de estructuras y recursos
adecuados para controlar los flujos de residuos y realizar inspecciones. Esta
situación conduce al «port hopping», es decir, los exportadores de residuos
ilícitos deciden enviar sus residuos a través de los Estados miembros que menos
controles realizan. Si un Estado miembro refuerza las medidas de ejecución, los
exportadores de residuos ilícitos transfieren sus exportaciones a otro Estado
miembro. Por tanto, la única manera eficaz de lograr evitar los traslados de
residuos ilícitos es realizar suficientes controles en todos los Estados
miembros. 
Los traslados de residuos ilícitos más
problemáticos son los relativos a los residuos peligrosos y a los residuos que,
tras un traslado ilícito, se abandonan o son objeto de un tratamiento que no
satisface las normas. El abandono o el tratamiento de residuos no conforme a
las normas tiene con frecuencia repercusiones graves sobre el medio ambiente y
la salud de las poblaciones próximas a las zonas de eliminación/tratamiento. Además,
las fugas procedentes de residuos desechados perjudican los suelos y los flujos
de agua, y contaminan el aire, en particular por las emisiones de metales
pesados y contaminantes orgánicos persistentes. Si las normas y capacidades de
reciclado de los países de destino no son adecuadas, los riesgos potenciales
para el medio ambiente y la salud simplemente se están exportando a otras
partes del mundo. Ello contribuye también al calentamiento global y al
agotamiento de la capa de ozono. 
La presente propuesta legislativa apoyará
y orientará las inspecciones de los Estados miembros a fin de identificar los
flujos de residuos problemáticos y de alto riesgo arriba descritos. Los Estados
miembros deben realizar evaluaciones de riesgo que abarquen flujos de residuos y
fuentes de traslados ilícitos específicos y considere los datos recibidos por
los servicios de información, tales como investigaciones policiales y análisis
de actividades delictivas. Cada año deben seleccionarse prioridades de
inspección sobre la base de las evaluaciones de riesgo y publicarse en los
planes anuales de inspección. Esos planes se pondrán a disposición del público.
Los inspectores deberán tener en cuenta los planes de inspección y exigir
pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes de la propuesta. 
Los traslados de residuos ilícitos
constituyen un problema grave y frecuente. A menudo se incumplen las
prohibiciones de exportación de residuos peligrosos y de residuos destinados a
eliminación previstas en el RTR. Las exportaciones de residuos peligrosos suelen
calificarse como mercancías de segunda mano y los residuos destinados a eliminación,
como residuos para valorización. Así lo confirman las inspecciones conjuntas
efectuadas por la «Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la
legislación en materia de medio ambiente — Grupo responsable de los traslados
transfronterizos de residuos» (IMPEL-tfs) y lo respalda la Comisión; esas
inspecciones indican unas tasas muy elevadas de incumplimiento del RTR debido a
traslados ilícitos de residuos. En el contexto de las inspecciones conjuntas
efectuadas durante el periodo comprendido entre octubre de 2008 y noviembre de
2010, veintidós Estados miembros realizaron controles y notificaron los
transportes por carretera y en los puertos (más de 20 000 inspecciones de
transporte y más de un centenar de inspecciones de empresas)[4]. Teniendo en cuenta
el número total de traslados de residuos con origen y en el interior de la UE
inspeccionados durante ese periodo (3 454) y el número de infracciones
(863), la tasa global de incumplimiento sería el 25 %. 
En 2011, un estudio estimó el tonelaje de
traslados ilícitos respecto a la cantidad total de traslados de residuos en la
UE y fuera de ella[5].
La conclusión del estudio fue que, si solo fuera ilícito el 1 % de todos
los traslados de residuos, el tonelaje total de los traslados ilícitos de
residuos ascendería a 2,8 millones de toneladas al año.
Los traslados ilícitos de residuos fuera
de la UE suelen proceder de instalaciones de recogida, almacenamiento y
clasificación no controladas, en las que los operadores obtienen los residuos y
los trasladan ilícitamente a países en desarrollo. Un estudio de Europol de
2011[6] llegaba a la
conclusión de que suelen utilizarse lugares de almacenamiento intermedios para
encubrir el destino final de los residuos y frustrar los esfuerzos policiales
para identificar a las empresas de origen. 
Los puertos situados en la parte
noroccidental de la UE (Amberes, Hamburgo, Le Havre y Rotterdam) desempeñan un
papel fundamental en la exportación de residuos (residuos electrónicos,
vehículos al final de su vida útil, plásticos, papel y diferentes tipos de
residuos peligrosos) a países de África y Asia. Dado que grandes cantidades de
residuos (tanto lícitos como ilícitos) se trasladan fuera de la UE a partir de
muchos de esos puertos, la frecuencia de los controles es mayor en ellos y, por
tanto, cabe suponer que se detecta un número mayor de traslados de residuos
ilícitos.
Unas medidas de ejecución y unas
inspecciones eficaces de los traslados de residuos no solo permitirían prevenir
las graves repercusiones ambientales y sanitarias derivadas de los traslados
ilícitos de residuos, sino también ahorrar costes elevados y generar beneficios
económicos directos para los Estados miembros y la industria. Entre otros
beneficios financieros, una mejor aplicación de la normativa evitaría costes de
reparación y repatriación. Por ejemplo, un estudio reciente pone de manifiesto
que una aplicación más estricta de la normativa en el puerto de Rotterdam
genera una mayor calidad y cantidad de residuos reciclados, dado que los
residuos se envían por cauces legales a instalaciones con mejores técnicas de
tratamiento. Además, el refuerzo de las inspecciones en dicho puerto ha dado
lugar a la creación de veintidós puestos de trabajo en aduanas, inspecciones y
plantas de tratamiento de residuos[7].

En las conclusiones del Consejo de 3 de
junio de 2010 se invitó a la Comisión, entre otras cosas, a considerar el
refuerzo de los requisitos de la UE respecto a las inspecciones y los controles
sobre el terreno previstos en el RTR. En respuesta a esta invitación, la
Comisión ha evaluado la cuestión más en detalle y ha elaborado una evaluación
de impacto ex ante, de acuerdo con sus orientaciones al respecto. 
2.           RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
El 25 de enero de 2011, la Comisión
emprendió una consulta en línea de las partes interesadas a través de su página
web EUROPA, de acuerdo con las normas mínimas de consulta. La consulta estuvo
abierta a todas las partes interesadas durante once semanas, accesible a través
del punto de acceso único en Internet[8].
Durante la consulta se recibieron sesenta y cinco contribuciones procedentes de
autoridades de dieciocho Estados miembros, de una autoridad de un país del EEE,
de veinticinco organizaciones industriales, cinco empresas privadas, dos
organizaciones públicas, tres ONG y once particulares[9]. Las partes
interesadas expresaron un amplio apoyo a los requisitos legislativos de la UE
sobre las inspecciones de los traslados (el 90 % de los encuestados). 
Durante la consulta pública de 2012 sobre
los actos legislativos que más cargas entrañan para las PYME, se hizo patente
la preocupación de que el RTR no había dado lugar a la creación de un mercado
común para la utilización y el reciclado de los residuos debido a las diferencias
existentes en la aplicación y la interpretación de la legislación entre los
Estados miembros y la necesidad de reforzar una aplicación uniforme del RTR,
haciendo más hincapié en los residuos peligrosos y menos en los residuos no
problemáticos. Otra cuestión planteada fue la necesidad de seguir simplificando
los procedimientos de traslado de residuos entre los Estados miembros, dejando
la inspección y evaluación de las instalaciones de tratamiento de residuos a
las autoridades del Estado miembro receptor.
La presente propuesta legislativa sobre
las inspecciones de traslados de residuos pretende contribuir a garantizar una aplicación
más uniforme del RTR mediante el establecimiento de requisitos mínimos de
inspección en toda la UE, prestando especial atención a los flujos de residuos
problemáticos[10].
En el marco del RTR, ya existe un procedimiento simplificado para los traslados
de residuos con fines de valorización respecto a los traslados de residuos
destinados a la eliminación. El correcto funcionamiento del mercado interior
exige que las inspecciones de traslados de residuos se realicen de forma eficaz
en toda la UE. La ausencia actual de unas condiciones de competencia
equitativas debido a las grandes diferencias existentes en las prácticas de
control de la aplicación constituye una desventaja económica para las empresas
que actúan dentro de la legalidad. Las tasas elevadas de traslados ilícitos
suponen por tanto un perjuicio para las industrias legítimas de tratamiento y
eliminación de residuos. Si el RTR se aplicara de forma adecuada, se
reforzarían la seguridad y la confianza en el sistema de traslado de residuos
entre los operadores económicos. Las empresas del sector del reciclado y
gestión de los residuos tendrían así un incentivo para invertir y crear nuevos
puestos de trabajo
La inspección de las instalaciones
de tratamiento de residuos corresponde a las autoridades de los Estados
miembros en que estén situadas. No obstante, es preciso que la autoridad
competente del Estado miembro expedidor pueda evaluar cómo va a
gestionar los residuos la instalación del Estado miembro receptor. Por ejemplo,
la autoridad competente de expedición puede llegar a la conclusión, tras
examinar la naturaleza de los residuos, que la instalación del Estado miembro
receptor no puede gestionarlos de conformidad con los artículos 11 y 12 del RTR.
Esa evaluación debe realizarse antes de que el traslado salga del país
expedidor, pues de lo contrario los traslados ilícitos son inevitables. Si el
traslado es ilícito, el país expedidor puede tener que pagar los gastos, entre
otras cosas, de devolución de los residuos. Por tanto, la evaluación de
las instalaciones de tratamiento de los residuos no puede dejarse exclusivamente
a cargo de las autoridades del Estado miembro receptor.
La evaluación de impacto ex ante
de la Comisión sobre la presente propuesta legislativa examinó varias opciones
par reforzar las inspecciones y las medidas de ejecución del RTR. La «Red
europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de
medio ambiente — Grupo responsable de los traslados transfronterizos de
residuos» (IMPEL-tfs) de la UE, las autoridades de los Estados miembros y
diferentes grupos de interesados participaron activamente en la preparación de
los estudios realizados en apoyo de la evaluación.
En la evaluación se llegó a la conclusión
de que una combinación de requisitos legislativos y orientaciones de la UE
sería la solución más eficaz para resolver los problemas relacionados con los
traslados ilícitos de residuos. Además, esta solución tendría los costes netos
más bajos y los impactos económicos, sociales y ambientales más positivos.
Supondría un ahorro significativo de costes de reparación y repatriación, así
como un ahorro de costes indirectos para los Estados miembros por los que
transitan los residuos. La industria se beneficiaría asimismo de la
armonización de la legislación. El aumento de la cantidad de residuos tramitada
a través de cauces legales conduciría a la optimización de los procesos, así
como a la mejora de las técnicas de clasificación y de la calidad de los
residuos. Asimismo, el establecimiento de un requisito jurídico para reforzar
las inversiones permitiría crear nuevos empleos y evitar la deslocalización
fuera de la UE. 
En la evaluación de impacto se han
estimado los costes que supone para los Estados miembros la falta de sistemas
de inspección adecuados (por ejemplo, de contratación de personal y de
modernización de infraestructuras e inspecciones). Esos costes ascenderían a
unos cuatro millones de euros al año para el conjunto de la Unión, pero podrían
compensarse por los beneficios económicos y sociales y/o financiarse mediante
las multas percibidas. Según la evaluación de impacto, las inspecciones
adicionales necesarias llegarían a ser rentables incluso si menos del 1 %
de todas las inspecciones anuales se saldara con multas medias.
De la evaluación de impacto se deduce que
la «planificación de las inspecciones» propuesta constituye la medida
legislativa más importante. La segunda medida más importante que contribuiría a
resolver el problema sería la posibilidad de que las autoridades competentes de
los Estados miembros exigieran pruebas de los presuntos exportadores de
residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados, y, a continuación,
en orden descendente, los «controles de las instalaciones» y la «formación de
las autoridades».
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
El artículo 1, apartado 3, letra b), de la presente propuesta
modifica el artículo 50 del RTR introduciendo requisitos para la planificación
de las inspecciones de los traslados de residuos. 
El artículo 1, apartado 3, letra c), introduce en el artículo 50 la
posibilidad de que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan
pruebas de los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar
la legalidad de los traslados. Puede tratarse de probar si la sustancia u
objeto es «residuo» o no, o si el traslado está destinado a la valorización o
la eliminación, o la naturaleza de los métodos de tratamiento de residuos específicos
y las normas aplicadas por la instalación en el país de destino, a fin de
evaluar el cumplimiento del artículo 49 del RTR. 
El artículo 1, apartados 2 y 4, ajusta el RTR al artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el compromiso
de la Comisión de revisar las disposiciones relativas al procedimiento de
reglamentación de cada instrumento que pretenda modificar.
El artículo 2 de la presente propuesta estipula que el Reglamento
entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea [1 de enero de xxxx o 1 de
julio de xxxx en función de cuál de estas dos fechas sea anterior y siempre que
hayan transcurrido hasta ella al menos seis meses desde la entrada en vigor del
Reglamento].
4.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS 
No procede.
5.           ELEMENTOS FACULTATIVOS
No procede.
2013/0239 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
que modifica el Reglamento (CE)
nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[11],

Visto el dictamen del Comité de las
Regiones[12],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)       El Reglamento (CE) nº
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006,
relativo a los traslados de residuos[13],
establece requisitos para los traslados de residuos tanto dentro de la Unión
como entre los Estados miembros y terceros países, a fin de proteger el medio
ambiente. No obstante, se han detectado lagunas en la ejecución y en las
inspecciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de los Estados
miembros debido, entre otros factores, a la falta de claridad de las
disposiciones del Reglamento en esos aspectos. 
(2)       Las inspecciones de los
traslados de residuos deben planificarse adecuadamente para determinar la
capacidad que requieren y prevenir con eficacia los traslados ilícitos. Por
tanto, deben reforzarse las disposiciones sobre medidas ejecutivas e
inspecciones del artículo 50 del Reglamento (CE) nº 1013/2006 con vistas a garantizar
una planificación periódica y coherente de las inspecciones. La planificación
debe incluir una serie de elementos clave, en particular evaluaciones de riesgos,
estrategias, objetivos, prioridades, número y tipos de inspecciones previstas,
distribución de tareas, medios de cooperación entre autoridades y disposiciones
sobre formación de inspectores. 
(3)       En la Unión existen
normas divergentes respecto a la posibilidad de que las autoridades competentes
de los Estados miembros exijan pruebas de los presuntos exportadores de
residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad de los traslados. Puede
tratarse de probar si la sustancia u objeto es «residuo» a tenor del Reglamento
(CE) nº 1013/2006 o si los residuos se trasladarán a instalaciones
respetuosas del medio ambiente de conformidad con el artículo 49 del
Reglamento. Por tanto, el artículo 50 del Reglamento debe prever la posibilidad
de que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan pruebas de
los presuntos exportadores de residuos ilícitos a fin de controlar la legalidad
de los traslados.
(4)       Los traslados ilícitos
de residuos proceden frecuentemente de instalaciones no controladas de
recogida, almacenamiento y clasificación. Así pues, deben introducirse
requisitos de inspección para esas instalaciones de residuos.
(5)       Como consecuencia de la
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la Comisión en
virtud del Reglamento (CE) nº 1013/2006 deben adaptarse al artículo 290 del
Tratado. 
(6)       Deben delegarse en la
Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290
del Tratado con objeto de adoptar requisitos técnicos y organizativos a efectos
de la aplicación práctica del intercambio electrónico de datos. Reviste
especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas apropiadas
durante sus trabajos preparatorios, contando también con la intervención de
expertos. 
(7)       Al preparar y redactar
los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos
correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al
Parlamento Europeo y al Consejo. 
(8)       La Comisión puede
adoptar directrices para la aplicación del artículo 12, apartado 1, letra g),
del Reglamento; directrices para la aplicación del artículo 15 del Reglamento;
directrices para la colaboración de las autoridades competentes respecto a
traslados ilícitos; más directrices relativas al uso de lenguas, y mayores
aclaraciones de los requisitos de procedimiento del título II del Reglamento
por lo que se refiere a su aplicación a las exportaciones, importaciones y al
tránsito de residuos con origen o destino en la Comunidad o a través de ella. 
(9)       Procede, por tanto,
modificar el Reglamento (CE) nº 1013/2006 en consecuencia.
(10)     El presente Reglamento
debe aplicarse a partir del 1 de enero de [xxxx]
o a partir del 1 de julio de [xxxx] en función de cuál de estas dos
fechas sea anterior y siempre que hayan transcurrido hasta ella al menos
seis meses desde la entrada en vigor del Reglamento a
fin de que los Estados miembros y las empresas puedan prepararse con la
suficiente antelación para la aplicación de las medidas necesarias con arreglo
al artículo 50 del Reglamento.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) nº 1013/2006 queda
modificado como sigue:
1) En el artículo 2, se añade el
punto 36 siguiente:
«36.   “reutilización”: cualquier operación
mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan de
nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos.». 
2) En el artículo 26, se añade el
apartado 5 siguiente:
«5.     Se otorgarán a la Comisión poderes
para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 59 en lo referente a
los requisitos técnicos y organizativos a efectos de la aplicación práctica del
intercambio electrónico de datos para la presentación de documentos e
información.».
3) El artículo 50 queda modificado como
sigue:
a) El apartado 2 se sustituye por el
texto siguiente:
«2.     Los Estados miembros, mediante
medidas ejecutivas del presente Reglamento, dispondrán, entre otras cosas, la
realización de inspecciones de establecimientos y empresas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos[14], y controles sobre
el terreno de los traslados de residuos o la valorización o eliminación
correspondientes.».
b) Se inserta el apartado 2 bis
siguiente:
«2 bis.            Los Estados miembros
garantizarán que sus autoridades competentes establezcan planes relativos a las
inspecciones destinadas a controlar el cumplimiento del presente Reglamento.
Los planes comprenderán toda la zona geográfica del Estado miembro
correspondiente y se aplicarán a todas las inspecciones de los traslados de
residuos que se lleven a cabo de conformidad con el apartado 2, incluidas las
inspecciones de establecimientos y empresas, los transportes por carretera y
ferrocarril y los envíos en los puertos. Los planes incluirán los siguientes
elementos:
a)       estrategia y objetivos de las
inspecciones de los traslados de residuos referentes a los recursos humanos,
financieros y de otro tipo que resulten necesarios;
b)      una evaluación de riesgos que
abarque flujos de residuos y fuentes de traslados ilícitos específicos y
considere los datos recibidos por los servicios de información, tales como
investigaciones policiales y análisis de actividades delictivas; 
c)       prioridades y descripción del
proceso de selección de tales prioridades sobre la base de las estrategias, los
objetivos y la evaluación de riesgos;
d)      información sobre número y tipos de
inspecciones previstas de instalaciones de residuos, transportes por carretera
y ferrocarril y envíos en los puertos;
e)       distribución de tareas entre cada
una de las autoridades que participen en las inspecciones de los traslados de
residuos;
f)       medios de cooperación entre las
distintas autoridades que participen en las inspecciones, y
g)       evaluación de las necesidades de
formación de los inspectores en aspectos técnicos o legales relativos a la
gestión de residuos y los traslados de residuos, así como disposiciones sobre
programas de formación permanente. 
Los planes se revisarán, como mínimo, una
vez al año y, cuando proceda, se actualizarán. En la revisión se evaluará la
medida en la cual se han aplicado los objetivos y otros elementos de los
planes.
La autoridad competente pondrá los planes
a disposición del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003,
relativa al acceso del público a la información medioambiental[15].». 
c) Se insertan
los apartados 4 bis y 4 ter siguientes: 
«4 bis.            A fin de
determinar si un traslado no contiene residuos a tenor del artículo 2, apartado
1, la autoridad competente podrá:
i)        verificar si se ha previsto una
protección adecuada del traslado frente a daños durante el transporte, la carga
y la descarga; y 
ii)       en caso de sospecha de traslado
ilícito, requerir a la persona responsable del traslado que presente una copia
de la factura y del contrato relativos a la venta o transferencia de propiedad
de la sustancia u objeto donde se indique que se destina a su reutilización a
tenor del artículo 2, punto 36, y que demuestre que es plenamente funcional.
4 ter. A fin de determinar si un
traslado se destina a operaciones de valorización conformes a lo dispuesto en
el artículo 49, la autoridad competente podrá requerir a la persona responsable
del traslado que presente un contrato, una carta u otro documento firmado por
la instalación de valorización donde se especifiquen los métodos de tratamiento
de los residuos, las tecnologías y las normas aplicadas por esa instalación en
el país de destino.».
4) Los
artículos 59 y 59 bis se sustituyen por el texto siguiente:
«Artículo 59
Ejercicio
de la delegación
1.     
Los poderes para adoptar actos delegados
otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
presente artículo.
2.     
La delegación de poderes a que se refieren el
artículo 26, apartado 5, se confiere a la Comisión por tiempo indefinido a
partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3.     
La delegación de poderes a que se refieren el
artículo 26, apartado 5, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento
Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la
delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día
siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión
Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 
4.     
En cuanto la Comisión adopte un acto delegado,
lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 
5.     
Los actos delegados adoptados con arreglo al
artículo 26, apartado 5, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos
meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y el Consejo, ninguna
de esas dos instituciones formulan objeciones al respecto o si, antes del vencimiento
de dicho plazo, tanto la una como la otra informan a la Comisión de que no las
formularán. Dicho plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento
Europeo o del Consejo.
Artículo 59 bis
Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por el
Comité establecido en virtud del artículo 39 de la
Directiva 2008/98/CE. 
Dicho Comité será un comité a tenor del
Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. En los casos en que se haga referencia
al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
nº 182/2011.».
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor
el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea. Será aplicable a partir del [1 de enero de [xxxx] o a
partir del 1 de julio de [xxxx] en función de cuál de estas dos fechas sea
anterior y siempre que hayan transcurrido hasta ella al menos seis meses desde
la entrada en vigor del Reglamento]. 
El presente Reglamento será obligatorio
en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
[1]               Reglamento
(CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, relativo a los traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, p. 1).
[2]               Artículos
18 y 49 y anexo VII del RTR. Véase
asimismo el Reglamento (CE) nº 674/2012 de la Comisión, de 23 de julio de
2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1418/2007, relativo a
la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos a
determinados países no miembros de la OCDE.
[3]               Los
traslados de residuos municipales mezclados (residuo 20 03 01) recogidos de
hogares particulares, incluso cuando dicha recogida también abarque ese tipo de
residuos procedentes de otros productores, están sujetos a las mismas
disposiciones que los residuos destinados a la eliminación, artículo 3,
apartado 5, del RTR. Los traslados entrantes de residuos destinados a los
incineradores que estén clasificados como valorización están sujetos a normas
específicas, artículo 16 de la Directiva 2008/98/CE («Directiva Marco de
Residuos»).
[4]               El informe
detallado de IMPEL, elaborado sobre la base de las inspecciones conjuntas, está
disponible en: http://impel.eu/wp-content/uploads/2012/01/IMPEL-TFS-EA-II-Project-_Final-report-adopted-v1-4.pdf.

[5]               Evaluación
y orientaciones para la aplicación de la legislación de la UE en materia de
residuos, BiPRO, 16 de noviembre de 2011, http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm. 
[6]               «Evaluación
de la delincuencia organizada en la UE» de Europol, 28 de abril de 2011, p. 30. https://www.europol.europa.eu/. 
[7]               Estudio
titulado «Implementation of EU waste legislation for green growth»,
BioIntelligence Service, 2011, http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.
[8]               La consulta de las partes
interesadas se basó en parte en dos estudios, «Inspection requirements for
waste shipments», informe final de 12 de agosto de 2009, Biointelligence http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm; y «Environmental, social and economic impact
assessment of possible requirements and criteria for waste shipment
inspections, controls and on-the-spot-checks», informe final de 4 de junio de
2010, Biointelligence SA http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/reports.htm.
[9]               http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/news.htm. 
[10]             Véase asimismo la Comunicación de la Comisión titulada
«Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las PYME sobre las
diez medidas más gravosas de la normativa de la UE».
[11]             DO C de , p.
.
[12]             DO C de , p. .
[13]             DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.
[14]             DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 
[15]             DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.