CELEX: 52011PC0489
Language: es
Date: 2011-08-11
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013)

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		52011PC0489
		
			Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) /* COM/2011/0489 final - 2011/0217 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
·      Contexto general 
La ciudadanía
de la Unión, creada en virtud del artículo 20 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se confiere automáticamente a los
nacionales de todos los Estados miembros, quienes adquieren así un conjunto
adicional de derechos, entre otros el derecho a circular y residir libremente
en el territorio de los Estados miembros de los que no son nacionales.
El derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros, consagrado en el
artículo 21 del TFUE y en el artículo 45 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, es uno de los derechos individuales más apreciados
que otorga el Derecho de la UE. Libre circulación es prácticamente sinónimo de
ciudadanía de la Unión[1]
y constituye la manifestación más perceptible de las ventajas que se derivan de
esta. 
Con carácter más general, el ejercicio
del derecho a la libre circulación contribuye a aportar un significado concreto
a la ciudadanía de la Unión en la vida cotidiana de los ciudadanos; aquellos
ciudadanos que desarrollan aspectos de sus vidas más allá de las fronteras
nacionales, viajando a otros Estados miembros o estableciéndose en ellos, deben
informarse y aprovechar la amplia gama de derechos que les confiere el Derecho
de la UE en situaciones transfronterizas: sus derechos como consumidores en
otros Estados miembros, así como su derecho a acceder a la educación, obtener
el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales, acceder a la asistencia
sanitaria y adquirir o conservar derechos en materia de seguridad social. 
El derecho de los ciudadanos de la Unión
a votar y el derecho a presentarse como candidatos en las elecciones al
Parlamento Europeo y en las elecciones municipales de su Estado miembro de
residencia son extremadamente importantes en este contexto, ya que les dotan de
los medios para participar en la vida democrática de la Unión, al tiempo que
les ayudan a integrarse en la sociedad del Estado miembro de residencia. 
Por otro lado, en un contexto más amplio,
la ciudadanía de la Unión está estrechamente vinculada a los principios
democráticos de la Unión Europea[2],
que establecen el marco de la participación de los ciudadanos en la vida
democrática de la Unión. 
·     
Motivación y objetivos de la propuesta
En 2009, se calcula que 11,9 millones de
ciudadanos de la Unión vivían en un Estado miembro distinto del propio y un
número mucho mayor hubiera podido ejercer ese derecho en algún momento de su
vida: una encuesta del Eurobarómetro realizada ese año[3] puso de manifiesto
que más de un tercio de los ciudadanos europeos (el 35 %) se plantearía
trabajar en otro Estado miembro. Sin embargo, como quedaba patente en esa misma
encuesta, cerca de uno de cada cinco europeos consideraba que existían demasiados
obstáculos para trabajar en otro Estado miembro. Otro estudio de 2009[4] revelaba que la
falta de información (junto con las dificultades del idioma) era la barrera más
importante para el trabajo transfronterizo, que, junto con la migración
transnacional constituye la principal forma de movilidad geográfica por motivos
de trabajo en el seno de la UE. 
Estas conclusiones quedaron confirmadas
en una encuesta de 2010, en la que se analizaban las experiencias de los
ciudadanos europeos que efectivamente habían ejercido su derecho a la libre
circulación[5].
En el debate sobre las posibles maneras de facilitar la movilidad en el
interior de la UE, los encuestados hicieron hincapié en la necesidad de que los
ciudadanos de la Unión dispongan de información práctica específica de cada
país acerca de sus derechos cuando residen en un Estado miembro distinto del
suyo. Esta encuesta también puso de manifiesto que la información que necesitan
los ciudadanos para ejercer su derecho a la libre circulación no se limita
estrictamente a las condiciones de ejercicio de este derecho como tal; entre
las cuestiones administrativas que los ciudadanos habían consultado antes de
trasladarse a otro Estado miembro, los dos temas mencionados con mayor
frecuencia eran la seguridad social y el bienestar, y el reconocimiento de los
títulos académicos.
Está claro que los ciudadanos que desean
estudiar, trabajar, jubilarse o vivir en otro Estado miembro tienen que estar
informados como es debido de los diferentes derechos que pueden ejercer en
situaciones transfronterizas y poder disfrutar de ellos de manera efectiva en
la práctica. Si no disponen de esta información, los ciudadanos no pueden tomar
decisiones con conocimiento de causa sobre el ejercicio de sus derechos en
materia de libre circulación.
De manera más amplia, el conocimiento por
parte de los ciudadanos de su derecho a la libre circulación y, con carácter
más general, de sus derechos como ciudadanos de la Unión es fundamental para
permitir que las personas físicas, las empresas y la sociedad en su conjunto
disfruten de toda la gama de oportunidades que les ofrece el mercado único. 
Las importantes lagunas de conocimiento que
tienen los ciudadanos en cuanto a sus derechos quedaron patentes en una
encuesta del Eurobarómetro de 2010[6]
que ponía de manifiesto que, si bien los europeos son muy conscientes de su
estatus como ciudadanos de la Unión (el 79 % afirma estar bastante
familiarizado con el término «ciudadano de la Unión Europea»), no conocen de
manera precisa el significado exacto de los derechos vinculados a ese estatus.
Más concretamente, solo el 43 % sabe lo que significa el término
«ciudadano de la Unión Europea» y prácticamente la mitad de los ciudadanos
europeos (el 48 %) afirma que «no está bien informado» de sus derechos.
En el Informe sobre la Ciudadanía de la
UE de 2010: «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos
de la UE»[7],
la Comisión determinó cuáles eran los principales obstáculos que siguen
encontrándose los ciudadanos en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer sus
derechos como ciudadanos de la Unión, y presentó veinticinco acciones concretas
para eliminar dichos obstáculos. En el marco de este ejercicio, la Comisión
llegó a la conclusión de que los ciudadanos de la Unión no disfrutan de sus
derechos porque les falta información al respecto y anunció su intención de mejorar
la difusión de información entre los ciudadanos de la Unión sobre sus derechos
en sí y, en particular, sobre sus derechos en materia de libre circulación. La
declaración de 2013 como Año Europeo de los Ciudadanos, que conlleva la
organización a lo largo de ese año de actos específicos sobre la ciudadanía de
la UE y las políticas europeas relacionadas con los ciudadanos, figura en el
Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 como una de las acciones
destinadas a poner remedio a la falta de información.
El objetivo general del Año Europeo de
los Ciudadanos propuesto es garantizar que todos los ciudadanos de la Unión
estén informados acerca de los derechos que pueden ejercer en un contexto
transfronterizo en virtud de su estatus de ciudadanos de la Unión, a fin de
permitirles tomar decisiones con conocimiento de causa sobre si hacer uso de su
derecho a la libre circulación y facilitar el ejercicio efectivo de este
derecho. De manera más específica, los objetivos del Año Europeo son:
–     
sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos
de la Unión sobre su derecho a circular y residir libremente en el interior de
la Unión Europea y, con carácter más general, sobre los derechos que tienen
garantizados los ciudadanos de la Unión en situaciones transfronterizas, como
es el derecho a participar en la vida democrática de la Unión;
–     
sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos
de la Unión sobre el modo de beneficiarse de manera perceptible de los derechos
y las políticas de la UE cuando viven en otro Estado miembro y fomentar su
participación activa en foros de ciudadanos sobre políticas y problemas de la
UE;
–     
impulsar el debate sobre el impacto y el
potencial del derecho a la libre circulación como aspecto indispensable de la
ciudadanía de la Unión, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de
la cohesión social y el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión,
así como del nexo entre los ciudadanos y la Unión. 
·     
Coherencia con otras políticas y objetivos
de la Unión
El Año Europeo de los Ciudadanos
propuesto aprovecha el fuerte vínculo y la asociación positiva que, en la mente
de los ciudadanos, existe entre el derecho a la libre circulación y la ciudadanía
de la Unión, para conferir a esta última un significado concreto. De este modo,
cobra realidad el objetivo político de la Comisión de situar a los ciudadanos
en el centro de la agenda política de la UE y contribuir a hacer de la
ciudadanía de la Unión una realidad perceptible en sus vidas cotidianas. 
El Año Europeo propuesto responde al
compromiso adoptado por José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea,
el 3 de septiembre de 2009 en sus directrices políticas para la nueva Comisión
de reforzar la ciudadanía de la UE reactivando el vínculo entre los ciudadanos
y la UE e imprimiendo eficacia real a sus derechos. 
Responde, asimismo, a una de las
peticiones de la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2010,
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009): aplicación
efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En dicha Resolución,
el Parlamento Europeo pide a la Comisión que declare 2013 «Año Europeo de la
Ciudadanía» con el fin de impulsar el debate sobre la ciudadanía europea y de
informar a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos, en especial los nuevos
derechos que se derivan de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
Como consecuencia de ello, el 18 de enero
de 2011 se presentó ante el Grupo Interinstitucional sobre Información el plan
para el Año Europeo de los Ciudadanos 2013. 
En la misma línea, el Año Europeo
propuesto también está en consonancia con el Programa de Estocolmo[8], que sitúa al
ciudadano en el centro de las políticas europeas en el ámbito de la libertad,
la seguridad y la justicia, y centra sus acciones en crear una Europa de los
ciudadanos, entre otras cosas garantizando el pleno ejercicio del derecho a la
libre circulación de los ciudadanos. 
El objetivo del Año Europeo propuesto es,
además, coherente con los objetivos de la estrategia Europa 2020, hasta el
punto de que tanto en las iniciativas emblemáticas «Juventud en Movimiento» y
«Agenda de nuevas cualificaciones y empleos»[9]
como en el «Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores» y en el
consiguiente «Plan de Acción Europeo de Movilidad Laboral»[10] de 2006 se
reconoce que la facilitación de la libre circulación y de la movilidad de los
trabajadores es un medio para abordar las consecuencias del cambio demográfico
en el mercado de trabajo y mejorar la empleabilidad de las personas y la
competitividad de las economías europeas. 
Con carácter más general, la libre
circulación, bien permite —como requisito previo necesario—, bien estimula el
ejercicio transfronterizo por parte de los ciudadanos de una amplia gama de
derechos de la UE, como son los derechos en materia de seguridad social, el
derecho a buscar trabajo y a trabajar, los derechos como pasajeros o turistas o
el derecho como consumidores de acceder a bienes y servicios en otros Estados
miembros. Así pues, facilitar la libre circulación puede contribuir, entre
otras cosas, a alcanzar los objetivos perseguidos por la reciente iniciativa de
la Comisión destinada a reactivar el mercado único[11], ya que puede animar
a los ciudadanos a beneficiarse plenamente de las oportunidades que les ofrece
dicho mercado. Además, el Año Europeo también impulsaría directamente el
conocimiento de tales oportunidades y derechos, ya que su objetivo sería
proporcionar a los ciudadanos información sobre todos los derechos que pueden
ejercer en situaciones transfronterizas en este ámbito.
Por otro lado, el Año Europeo propuesto
partiría del Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 y contribuiría
significativamente a la realización de los objetivos perseguidos por dicho
Informe, a saber, eliminar los obstáculos que persisten para que los ciudadanos
de la Unión puedan disfrutar efectivamente de sus derechos. 
El informe mencionado, basado en datos
sobre los principales problemas con los que se encuentran los ciudadanos cuando
tratan de ejercer sus derechos como ciudadanos de la Unión, en particular en
situaciones transfronterizas, no solo identificaba los obstáculos que persisten
en relación con la libre circulación en sí, sino también una serie de
cuestiones que interesaban directamente a los ciudadanos que pretenden ejercer
su derecho a circular libremente y en relación con las cuales la UE tiene que
incrementar sus esfuerzos por difundir la información y eliminar los obstáculos
que persisten, dentro de los límites de su competencia. Tales cuestiones
incluyen los derechos patrimoniales de las parejas internacionales, el
reconocimiento transfronterizo de documentos del registro civil, la protección
de sospechosos y acusados en procesos penales, los problemas fiscales en
situaciones transfronterizas, la atención sanitaria transfronteriza y las
cuestiones tecnológicas de los servicios de salud en línea, los derechos como pasajeros
y turistas, los derechos de los consumidores, el reconocimiento de títulos
académicos y cualificaciones profesionales, las cuestiones de seguridad social,
el ejercicio de los derechos electorales y el conocimiento de lo que significa la
ciudadanía de la Unión. 
Por tanto, el Año Europeo de los
Ciudadanos puede inspirarse en gran medida en las conclusiones del Informe
sobre la Ciudadanía de la UE de 2010 para centrar mejor sus objetivos y
acciones en las cuestiones más pertinentes, con vistas a facilitar la libre
circulación de los ciudadanos de la Unión. 
Al mismo tiempo, el Año Europeo puede
contribuir al proceso iniciado por la Comisión para seguir identificando
obstáculos y soluciones destinadas a eliminar dichos obstáculos, dentro de los
límites de la competencia de la Unión Europea, y proporcionar el marco para la
publicación en 2013 de un plan de acción destinado a completar la eliminación
de los obstáculos que persisten e impiden a los ciudadanos disfrutar de sus
derechos como ciudadanos de la Unión, como ya se anunció en el Informe sobre la
Ciudadanía de la UE de 2010. Al contribuir a este ejercicio, destinado a
garantizar que los ciudadanos de la Unión sean efectivamente capaces de hacer
uso de sus derechos con arreglo al Derecho de la UE, el Año Europeo de los
Ciudadanos puede ayudar a que se cumpla el objetivo del artículo 20,
apartado 2, del TFUE, según el cual, los ciudadanos de la Unión «son
titulares» de los derechos establecidos en los Tratados, lo que incluye el
derecho a circular libremente. 
La declaración de 2013 como Año Europeo
de los Ciudadanos también será una ocasión muy oportuna para que cobren visibilidad
tanto la ciudadanía de la Unión como las ventajas concretas que esta ofrece a
los ciudadanos, ya que en dicho año se cumple el vigésimo aniversario del
establecimiento de la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Maastricht.
Además, al demostrar el impacto concreto que las políticas de la Unión tienen
en la vida de los ciudadanos, el Año Europeo pondrá de relieve lo importante
que es que los ciudadanos contribuyan a hacer de sus derechos una realidad
perceptible y, con carácter más general, a configurar el proyecto europeo, lo
que, combinado con una mayor sensibilización sobre los derechos electorales de
los ciudadanos en su Estado miembro de residencia, será también fundamental de
cara a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014. El impacto de estas
acciones de sensibilización se multiplicaría mediante la estrecha colaboración
y las sinergias con acciones pertinentes realizadas por otras instituciones de
la UE, en particular el Parlamento Europeo, y por los Estados miembros en la
carrera hacia dichas elecciones. 
2.           RESULTADOS DE LA
CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO
·     
Consulta con las partes interesadas
En el marco de la consulta pública
«Derechos de los ciudadanos de la UE: cómo avanzar», celebrada por la Comisión,
que concluyó el 15 de junio de 2010, y de la conferencia sobre el mismo tema
que tuvo lugar los días 1 y 2 de julio de 2010, varias organizaciones de la
sociedad civil respaldaron con firmeza la idea de centrar las políticas de la
UE en el significado de la ciudadanía de la Unión y en los derechos a ella
asociados, así como en los métodos para que la ciudadanía de la Unión cobre una
importancia real en la vida de los ciudadanos. Algunas partes interesadas destacadas
de la sociedad civil han manifestado, además, un fuerte apoyo a las acciones de
sensibilización destinadas a salvar el desfase entre las disposiciones legales
que garantizan la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y los
obstáculos con los que estos se encuentran en la realidad. 
Por otro lado, el 15 de diciembre de
2010, la Comisión, en el marco de su diálogo periódico con la sociedad civil,
presentó el plan para el Año Europeo de los Ciudadanos. En este contexto,
recibió comentarios positivos, sobre todo con respecto a las acciones que se
centraban en determinados aspectos del ejercicio de los derechos asociados a la
ciudadanía de la Unión, como el fomento del compromiso de los ciudadanos con la
sociedad o la implicación activa en hacer realidad la democracia participativa.
·     
Obtención y utilización de asesoramiento
técnico
A través de una serie de encuestas y
estudios recientes del Eurobarómetro mencionados anteriormente, en el apartado
«Motivación y objetivos de la propuesta», se han recogido datos pertinentes. 
·     
Evaluación de impacto
Se ha llevado a cabo una evaluación ex
ante[12].

3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
·     
Resumen de la acción propuesta
El objetivo del Año Europeo es sensibilizar
en mayor medida a los difusores de información y al público en general sobre
los derechos de los ciudadanos de la Unión, con vistas a facilitar el ejercicio
del derecho a la libre circulación y residencia. 
Para ello, el Año Europeo informará mejor
a los ciudadanos de la Unión sobre su derecho a la libre circulación y, de
manera más general, sobre los derechos que tienen garantizados en situaciones
transfronterizas, lo que incluye su derecho a participar en la vida democrática
de la Unión. 
Asimismo, dará a conocer en mayor medida
entre los ciudadanos de la Unión de qué manera pueden beneficiarse de los
derechos y las políticas de la UE cuando sus vidas transcurren más allá de las
fronteras nacionales; por ejemplo, alentando su participación en foros de
ciudadanos sobre políticas y problemas de la Unión. 
Además, el Año Europeo tratará de iniciar
un debate sobre el impacto y el potencial del derecho a la libre circulación,
como un aspecto indispensable de la ciudadanía de la Unión, en particular por
lo que respecta al fortalecimiento de la cohesión social y el entendimiento
mutuo entre los ciudadanos de la Unión, así como el nexo entre los ciudadanos y
la Unión. 
·     
Base jurídica
De conformidad con el artículo 20,
apartado 2, del TFUE, los ciudadanos de la Unión son titulares de los
derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los Tratados; tienen,
entre otras cosas, el derecho a circular y residir libremente en el territorio
de los Estados miembros. 
El derecho de los ciudadanos de la Unión a
circular y residir libremente se consagra, además, en el artículo 21,
apartado 1, del Tratado, que reza como sigue:
«Todo ciudadano de la Unión tendrá
derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los
Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación».
El objetivo principal de la propuesta de
Decisión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos es facilitar a los ciudadanos
de la Unión el ejercicio de su derecho a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros, mejorando el conocimiento que tienen de sus
derechos como ciudadanos de la Unión. Este objetivo entra en el ámbito de
aplicación del artículo 21, apartado 1, del Tratado. Al mismo tiempo,
la propuesta puede ser importante para hacer realidad el objetivo del
artículo 20, apartado 2, del TFUE, en el que se establece que los
ciudadanos de la Unión «son titulares» de los derechos establecidos en los
Tratados, lo que incluye el derecho a circular libremente.
Por consiguiente, la presente propuesta
tiene como base jurídica el artículo 21, apartado 2, del TFUE, en el
que se establece que, cuando una acción de la Unión resulte necesaria para
alcanzar este objetivo, y a menos que los Tratados hayan previsto los
poderes de acción al respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán
adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, disposiciones
destinadas a facilitar el ejercicio de los derechos contemplados en el
apartado 1. 
·      Principio de subsidiariedad
La principal cuestión que trata de
abordar el Año Europeo es la falta de sensibilización adecuada y conocimiento
concreto que tienen los ciudadanos de la Unión frente a su derecho a circular y
residir libremente, así como frente a los demás derechos que les asisten en
calidad de ciudadanos de la Unión, en particular en situaciones
transfronterizas. La falta de visibilidad de la ciudadanía de la Unión y de las
ventajas concretas que esta ofrece a los ciudadanos, que constituye el núcleo
de la cuestión, tiene carácter transnacional. Si bien los Estados miembros son
los primeros responsables de sensibilizar a sus ciudadanos sobre los derechos
que les amparan como ciudadanos de la Unión, la adopción de medidas adecuadas
para abordar el problema requiere una intervención multilateral, intercambios
transnacionales de información y experiencia, así como la sensibilización y la
difusión de buenas prácticas a escala de la Unión. Por tanto, los objetivos del
Año Europeo propuesto pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión.
·     
Principio de proporcionalidad
Como se indica en la evaluación ex
ante que acompaña a la presente propuesta[13],
las medidas que se van a adoptar en el Año Europeo propuesto no exceden de lo
necesario para alcanzar sus objetivos. Por tanto, la propuesta respeta el
principio de proporcionalidad, establecido en el artículo 5 del Tratado de
la Unión Europea.
·      Impacto sobre los derechos fundamentales 
El derecho de los ciudadanos de la Unión
a circular y residir libremente se consagra en el artículo 45 de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la UE. El Año Europeo propuesto, en la medida
en que pretende facilitar el ejercicio de tal derecho, tendrá un impacto
positivo significativo por cuanto se refiere a mejorar la aplicación efectiva
de la Carta. 
4.           INCIDENCIA
PRESUPUESTARIA 
El Año Europeo no precisa financiación
adicional. La flexibilidad del establecimiento de prioridades anual a partir de
las líneas presupuestarias y los programas de la Dirección General de
Comunicación aporta suficiente margen financiero para gestionar el Año sobre
una escala de un millón EUR.
2011/0217 (COD)
Propuesta de
DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
sobre el Año Europeo de los Ciudadanos
(2013)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 21, apartado 2, 
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[14],

Visto el dictamen del Comité de las
Regiones[15],

De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)              
De conformidad con el artículo 20,
apartado 1, del Tratado, la ciudadanía de la Unión se añade a la
ciudadanía nacional de cada Estado miembro y toda persona que ostente la
nacionalidad de un Estado miembro es ciudadano de la Unión. En el
artículo 20, apartado 2, se precisa que los ciudadanos de la Unión
son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes establecidos en los
Tratados, y tienen, entre otras cosas, el derecho a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros. El derecho de los
ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente se consagra, además, en
el artículo 21 del Tratado. 
(2)              
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa
reforzó el estatus de ciudadano de la Unión e introdujo nuevos derechos
asociados a él, como el derecho de iniciativa de los ciudadanos, que permite a
un millón de ciudadanos, procedentes de un número significativo de Estados miembros,
pedir a la Comisión que presente una propuesta en cualquiera de los ámbitos de
responsabilidad de la UE.
(3)              
Los derechos inherentes a la ciudadanía de la
Unión se han incorporado a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea. Según el preámbulo de dicha Carta, la Unión, «al instituir la
ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia,
sitúa a la persona en el centro de su actuación». En el título V de la
Carta, se establecen los derechos de la ciudadanía, que incluyen, en su
artículo 45, el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir
libremente en el territorio de los Estados miembros. 
(4)              
En consonancia, el Programa de Estocolmo[16] sitúa al ciudadano
en el centro de las políticas europeas en el ámbito de la libertad, la
seguridad y la justicia. Centra sus acciones en «construir la Europa de los
ciudadanos», entre otras cosas garantizando el pleno ejercicio del derecho de
los ciudadanos a la libre circulación. 
(5)              
El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 15
de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la
Unión Europea (2009): aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado
de Lisboa[17],
pidió a la Comisión que declarara 2013 «Año Europeo de la Ciudadanía» con el
fin de impulsar el debate sobre la ciudadanía de la Unión y de informar a los
ciudadanos de la UE sobre sus derechos, en especial los nuevos derechos que se
derivan de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 
(6)              
El derecho a la libre circulación y
residencia, desde su introducción en el Tratado de Roma de 1957 como una de las
cuatro libertades fundamentales, ha demostrado su eficacia como uno de los
pilares de la creación de un mercado único en beneficio tanto de las economías
de los Estados miembros como de los ciudadanos. 
(7)              
En particular, la libre circulación y la
movilidad de los trabajadores contribuyen a hacer frente a las consecuencias
del cambio demográfico en el mercado de trabajo, al tiempo que mejoran la
empleabilidad de las personas y la competitividad de las industrias europeas. A
la vez, la libre circulación, bien permite —como condición esencial—, bien
estimula el ejercicio por parte de los ciudadanos de una amplia gama de
derechos que les confiere el Derecho de la Unión, como es el derecho que tienen
como consumidores de acceder a bienes y servicios o los derechos como pasajeros
y turistas. Por tanto, facilitar la libre circulación puede incrementar las
posibilidades de los ciudadanos de beneficiarse plenamente del mercado único y,
al mismo tiempo, convertirse en motores fundamentales del crecimiento. 
(8)              
Los ciudadanos de la Unión valoran sobremanera
el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros como un derecho individual fundamental que se deriva de la ciudadanía
de la Unión. Como tal, dicho derecho acredita y fomenta un mejor entendimiento
del valor de la integración europea, así como de la participación de los
ciudadanos en la configuración de la Unión Europea. Los ciudadanos, cuando
desarrollan aspectos de sus vidas más allá de las fronteras nacionales, viajando
a otros Estados miembros o estableciéndose en ellos, adquieren conciencia de la
gran variedad de derechos que les confiere el Derecho de la UE en situaciones
transfronterizas, y los aprovechan. De este modo, el ejercicio del derecho a la
libre circulación y residencia contribuye a hacer de la ciudadanía de la Unión
una realidad perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos. 
(9)              
Pese a que el derecho a la libre circulación y
residencia está muy consolidado en el Derecho primario de la Unión y muy
desarrollado en el Derecho derivado, sigue existiendo un desfase entre las
disposiciones legales aplicables y la realidad con la que se encuentran los
ciudadanos cuando tratan de ejercer sus derechos en la práctica. Los ciudadanos
de la Unión, además de la incertidumbre que tienen en cuanto a las ventajas de
poder circular libremente, perciben demasiados obstáculos prácticos a la hora
de vivir y trabajar en otro Estado miembro de la Unión.
(10)          
En el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de
2010: «La eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la
UE»[18],
la Comisión abordó los principales obstáculos que siguen encontrándose los
ciudadanos en su vida cotidiana cuando tratan de ejercer sus derechos como ciudadanos
de la Unión, en particular en situaciones transfronterizas, y presentó
veinticinco acciones concretas para eliminar dichos obstáculos. Uno de los
obstáculos identificados en este contexto fue la falta de información. En el
Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2010, la Comisión llegó a la conclusión
de que los ciudadanos de la Unión no disfrutan de sus derechos porque no los
conocen y anunció su intención de mejorar la difusión de información entre los
ciudadanos de la Unión sobre sus derechos, en particular sobre el derecho a la
libre circulación.
(11)          
Habida cuenta de que el derecho a la libre
circulación mejora de manera significativa la vida de los ciudadanos, es
esencial que la difusión de la información sobre la existencia de este derecho
y las condiciones de su ejercicio sea lo más amplia posible. Dado que todos los
ciudadanos de la Unión son beneficiarios potenciales de este derecho, en toda
la UE deberían hacerse esfuerzos por ampliar la difusión de la información. 
(12)          
No obstante, a fin de que los ciudadanos de la
Unión puedan decidir con conocimiento de causa si ejercen su derecho a la libre
circulación, no basta con difundir la información acerca del derecho en sí; es
fundamental que los ciudadanos de la Unión también estén adecuadamente informados
sobre otros derechos que, con arreglo al Derecho de la Unión, también les asisten
en un contexto transfronterizo. Esta información también les permitirá
disfrutar plenamente de estos derechos si deciden hacer uso de su derecho a la
libre circulación.
(13)          
En particular, los ciudadanos de la Unión que
se planteen si les conviene hacer uso de su derecho a la libre circulación
deberían estar informados del derecho que les asiste a adquirir o conservar sus
derechos en materia de seguridad social en virtud de la legislación de la Unión
sobre coordinación de los sistemas de seguridad social; dicha legislación les
garantiza que, si deciden desplazarse por Europa, no pierden sus derechos a la
seguridad social. Deberían, además, estar informados de su derecho a obtener el
reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y de las competencias
sociales y cívicas que forman parte del marco europeo de «competencias clave
para el aprendizaje permanente»[19]
y que pueden prepararles para participar plenamente en la vida ciudadana y
ayudarles en el ejercicio de sus derechos con arreglo al Derecho de la UE. 
(14)          
En este contexto, los ciudadanos también
deberían estar mejor informados sobre sus derechos como pasajeros que viajan
por la Unión Europea en cualquier medio de transporte y de sus derechos como
consumidores más allá de las fronteras. Si tienen confianza en que sus derechos
como consumidores están efectivamente protegidos, contribuirán en mayor medida
al pleno desarrollo de un mercado europeo de bienes y servicios y aprovecharán
mejor sus ventajas. En la misma línea, los ciudadanos deberían estar mejor
informados acerca de las normas sobre seguridad general de los productos y
vigilancia del mercado, de manera que sean conscientes del modo en que se
protegen su salud y sus derechos en toda la UE, en particular cuando surgen
amenazas o riesgos que no pueden afrontar como particulares. También sería
importante que los ciudadanos estuvieran mejor informados sobre sus derechos a
la asistencia sanitaria transfronteriza, de manera que pudieran beneficiarse
plenamente de una asistencia sanitaria segura y de calidad al cruzar las
fronteras europeas.
(15)          
Es fundamental en este sentido que los
ciudadanos de la Unión conozcan los derechos electorales que tienen
garantizados. Los ciudadanos de la Unión deberían ser plenamente conscientes de
su derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones
municipales y al Parlamento Europeo en su Estado miembro de residencia. Al
mismo tiempo, la participación política puede contribuir a la integración de
los ciudadanos de la Unión en la sociedad del Estado miembro de residencia
elegido.
(16)          
Informar mejor a los ciudadanos de las
ventajas que ofrecen estos derechos a nivel individual y de la sociedad también
puede contribuir a reforzar el sentido de pertenencia y adherencia a la Unión.
(17)          
La declaración de 2013 como Año Europeo de los
Ciudadanos será una ocasión muy oportuna para informar mejor al público en
general de los derechos asociados a la ciudadanía de la Unión y, de este modo,
contribuir al objetivo de facilitar el ejercicio del derecho a la libre
circulación. 
(18)          
En 2013 se cumple el vigésimo aniversario del
establecimiento de la ciudadanía de la Unión por el Tratado de Maastricht, que
entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. El Año Europeo de los Ciudadanos
vendrá marcado por el seguimiento del Informe sobre la Ciudadanía de la UE y
por un plan de acción destinado a completar la eliminación de los obstáculos
que persisten e impiden a los ciudadanos disfrutar de sus derechos como
ciudadanos de la Unión. Este Año Europeo aportará visibilidad a la ciudadanía
de la Unión y a las ventajas concretas que ofrece a los ciudadanos, entre otras
cosas mediante la demostración del impacto perceptible que tienen la políticas
de la Unión en la vida de los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a
la eliminación de los obstáculos al ejercicio de sus derechos.
(19)          
También es importante informar mejor sobre los
derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos electorales en el Estado
miembro de residencia, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo en 2014.
El impacto de estas acciones de sensibilización debería multiplicarse mediante
la estrecha colaboración y el aprovechamiento de las sinergias con acciones
pertinentes realizadas por otras instituciones de la UE, en particular el
Parlamento Europeo, y por los Estados miembros en la carrera hacia dichas
elecciones.
(20)          
A fin de optimizar la efectividad y la
eficacia de las actividades previstas para el año de aplicación (2013), es
importante llevar a cabo una serie de actividades preparatorias que respeten
plenamente el artículo 49, apartado 6, del Reglamento financiero[20]. 
(21)          
Este Año Europeo debería aprovechar al máximo
las herramientas de participación existentes y los derechos consagrados en los
artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea para impulsar la
participación de los ciudadanos en el proceso de aplicación del plan de acción
de 2013 destinado a eliminar los obstáculos al ejercicio de sus derechos y, con
carácter más general, en la definición de las políticas de la Unión que dan un
sentido concreto a tales derechos. Las organizaciones europeas de la sociedad
civil desempeñarán un papel esencial en este sentido.
(22)          
Los Estados miembros siguen siendo los
primeros responsables de sensibilizar a sus ciudadanos sobre los derechos que
les amparan como ciudadanos de la Unión; la acción a nivel de la UE complementa
las acciones nacionales al respecto, como se puso de relieve en la declaración política
«Comunicar sobre Europa en asociación», firmada el 22 de octubre de 2008 por el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión[21].

(23)          
Habida cuenta de la dimensión de la acción
propuesta y, en particular, debido a la necesidad de intervención multilateral,
de intercambios transnacionales de información y de sensibilización y difusión
de buenas prácticas a escala de la UE, los objetivos del Año Europeo propuesto
pueden alcanzarse mejor a nivel de la Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar
medidas pertinentes con arreglo al principio de subsidiariedad, establecido en
el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el
principio de proporcionalidad, establecido en ese mismo artículo, la presente
Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(24)          
Deben adoptarse las medidas oportunas para la
prevención del fraude y de las irregularidades, así como las medidas necesarias
para la recuperación de los fondos perdidos, pagados indebidamente o mal
empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del
Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas[22],
el Reglamento (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de
1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza
la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades
Europeas contra los fraudes e irregularidades[23],
y el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea
de Lucha contra el Fraude (OLAF)[24].
(25)          
Puede concederse financiación de la Unión para
actividades distintas de las financiadas con cargo al presupuesto del Año
Europeo a través de programas de la Unión vigentes o de los Fondos
Estructurales, en particular los programas «Europa con los ciudadanos» y
«Derechos fundamentales y ciudadanía».
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Objeto
El año 2013 será declarado «Año Europeo
de los Ciudadanos» (en lo sucesivo, «el Año Europeo»).
Artículo 2
Objetivos
El objetivo general del Año Europeo será
mejorar la difusión de la información sobre los derechos asociados a la
ciudadanía de la Unión, para ayudar a los ciudadanos a ejercer plenamente su
derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros. En este contexto, el Año Europeo se centrará, entre otras cosas, en
las oportunidades de participación ciudadana y acceso a los derechos que tienen
los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro distinto del suyo,
los estudiantes, los trabajadores, los consumidores y los proveedores de bienes
y servicios de toda la Unión. 
Sobre esta base, los objetivos
específicos del Año Europeo serán:
–              
sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos
de la Unión sobre su derecho a circular y residir libremente en el interior de
la Unión Europea y, con carácter más general, sobre los derechos que tienen
garantizados los ciudadanos de la Unión en situaciones transfronterizas, como
es el derecho a participar en la vida democrática de la Unión; 
–              
sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos
de la Unión sobre el modo de beneficiarse de manera perceptible de los derechos
y las políticas de la UE cuando viven en otro Estado miembro y fomentar su
participación activa en foros de ciudadanos sobre políticas y problemas de la
UE;
–              
impulsar el debate sobre el impacto y el
potencial del derecho a la libre circulación, como aspecto indispensable de la
ciudadanía de la Unión, en particular por lo que respecta al fortalecimiento de
la cohesión social y el entendimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión,
así como el nexo entre los ciudadanos y la Unión. 
Artículo 3
Iniciativas
1.                      
Las medidas que deben tomarse para lograr los
objetivos enumerados en el artículo 2 podrán comprender las siguientes
iniciativas, organizadas tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional,
regional o local, relacionadas con los objetivos del Año Europeo:
–              
campañas de información, educación y
sensibilización destinadas al público en general y a públicos más específicos;
–              
intercambio de información y puesta en común
de experiencia y buenas prácticas de administraciones nacionales, regionales y
locales, así como de otras organizaciones; 
–              
conferencias y actos para promover el debate y
difundir en mayor medida la importancia y las ventajas del derecho a circular y
residir libremente y, con carácter más general, los derechos de los ciudadanos
como ciudadanos de la Unión;
–              
recurso a las herramientas multilingües de
participación existentes para animar a los ciudadanos a que contribuyan a hacer
de sus derechos una realidad perceptible y, con carácter más general, a lograr
los objetivos del Año Europeo;
–              
refuerzo del papel y la visibilidad de los
portales multilingües de internet «Europe Direct» y «Tu Europa» como elementos
clave del sistema de información de «ventanilla única» sobre los derechos de
los ciudadanos de la Unión;
–              
refuerzo del papel y la visibilidad de las
herramientas de resolución de problemas, como SOLVIT, para permitir a los
ciudadanos de la Unión hacer un mejor uso de sus derechos y defenderlos mejor.
2.                      
En el anexo se ofrece información sobre las
iniciativas mencionadas en el apartado 1. 
3.                      
La Comisión y los Estados miembros podrán identificar
otras actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos del Año Europeo y
permitir que el nombre de este último se utilice en la promoción de dichas
actividades, siempre y cuando ayuden a alcanzar los objetivos establecidos en
el artículo 2.
Artículo 4
Coordinación a nivel de la Unión y aplicación
La Comisión colaborará estrechamente con
los Estados miembros y con organismos y asociaciones que representen los
intereses locales y regionales, en particular el Comité de las Regiones.
La Comisión también colaborará
estrechamente con el Comité Económico y Social Europeo.
La Comisión convocará reuniones de representantes
de organizaciones u organismos europeos activos en el ámbito de la defensa de
los derechos de los ciudadanos y otras partes interesadas para que le ayuden en
la aplicación del Año Europeo a nivel de la Unión. 
La Comisión aplicará la presente Decisión
a nivel de la Unión. 
Artículo 5
Disposiciones financieras
1.                      
Las medidas que, por naturaleza, tienen
alcance europeo, establecidas en la parte A del anexo, serán objeto de un
procedimiento de contratación pública o de la concesión de subvenciones con cargo
al presupuesto general de la UE.
2.                      
Las medidas que, por naturaleza, tienen
alcance europeo y se establecen en la parte B del anexo podrán ser
subvencionadas con cargo al presupuesto general de la UE.
Artículo 6
Cooperación internacional
A los fines del Año Europeo, la Comisión
podrá cooperar con las organizaciones internacionales pertinentes. 
Artículo 7 
Protección de los intereses financieros de la Unión
1.                      
La Comisión velará por que, en la realización
de las acciones financiadas en el marco de la presente Decisión, los intereses
financieros de la Unión estén protegidos por la aplicación de medidas
preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales, la
realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas
indebidamente y, en caso de que se detecten irregularidades, mediante la
imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La Comisión
está autorizada a llevar a cabo controles y verificaciones in situ en el
marco de la presente Decisión, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE)
nº 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los
controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la
protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los
fraudes e irregularidades. Las investigaciones se llevarán a cabo, en su caso,
por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y se regirán por el
Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)[25].

2.                      
Por lo que respecta a las acciones de la Unión
financiadas en el marco de la presente Decisión, la noción de irregularidad
contemplada en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE,
Euratom) nº 2988/95 incluirá toda vulneración de una disposición del
Derecho de la Unión o todo incumplimiento de una obligación contractual
derivada de una acción u omisión de un agente económico que perjudique o
pudiera perjudicar al presupuesto general de la Unión con un gasto indebido. 
3.                      
La Comisión reducirá, suspenderá o recuperará
el importe de la ayuda financiera concedida a una acción si descubre
irregularidades, como la inobservancia de las disposiciones de la presente
Decisión, de la decisión individual o del contrato por el que se concede la
ayuda financiera en cuestión, o si tiene constancia de que, sin pedir la
aprobación de la Comisión, se ha introducido en la acción alguna modificación
importante incompatible con la naturaleza o con las condiciones de ejecución de
la acción.
4.                      
En caso de incumplimiento de los plazos o
cuando el estado de realización de una acción solo permita justificar una parte
de la ayuda concedida, la Comisión pedirá al beneficiario que le presente sus
observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una
justificación válida, la Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda
financiera y exigir el reembolso de las sumas ya abonadas.
5.                      
Todo importe indebidamente abonado deberá ser reembolsado
a la Comisión. Se cobrarán intereses de demora con arreglo a las condiciones
establecidas en el Reglamento financiero[26]
por las sumas no reembolsadas a su debido tiempo.
Artículo 8
Control y evaluación
A más tardar el 31 de diciembre de 2014,
la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la ejecución, los
resultados y la evaluación general de las iniciativas establecidas en la
presente Decisión.
Artículo 9
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en 
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El
Presidente                                                 El Presidente
ANEXO
MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 3
Como principio rector, la aplicación del Año Europeo se basará en
una amplia campaña de información a escala de la Unión que podrá complementarse
con acciones de los Estados miembros. En las acciones tanto de la Unión como de
los Estados miembros podrán participar la sociedad civil y otras partes
interesadas, de manera que todos los actores clave se sientan representados. La
aplicación se llevará a cabo a través de las siguientes medidas:
A.        INICIATIVAS DIRECTAS DE LA UNIÓN
La
financiación adoptará generalmente la forma de compra directa de bienes y
servicios conforme a los contratos marco vigentes. Parte de la financiación
podrá destinarse a la prestación de servicios lingüísticos (traducción,
interpretación e información multilingüe).
Campañas de información y promoción que incluyan:
·     
producción y distribución de material
audiovisual e impreso que recoja los mensajes establecidos en el
artículo 2;
·     
actos y foros de gran visibilidad para el
intercambio de experiencia y buenas prácticas;
·     
medidas para hacer públicos los resultados y
mejorar la imagen de los programas, proyectos e iniciativas de la Unión que
contribuyen al logro de los objetivos del Año Europeo;
·     
creación de un sitio web de información sobre
Europa (http://europa.eu/index_en.htm) dedicado a las
acciones llevadas a cabo en el contexto del Año Europeo.
B.        INICIATIVAS DE COFINANCIACIÓN
DE LA UNIÓN
No están
previstas iniciativas de cofinanciación.
C.        INICIATIVAS QUE NO RECIBEN AYUDA FINANCIERA DE LA UNIÓN
La Unión prestará
ayuda que no tendrá carácter financiero, como la autorización escrita para
utilizar la etiqueta, cuando haya sido diseñada, y otro material asociado al
Año Europeo, a iniciativas de organizaciones públicas o privadas, siempre y
cuando estas puedan garantizar a la Comisión que las iniciativas en cuestión se
llevan o llevarán a cabo en 2013 y pueden contribuir de manera significativa a
alcanzar los objetivos del Año Europeo. 
_______________
[1]               Encuesta cualitativa del Eurobarómetro «European
Citizenship – Cross-border mobility» (Ciudadanía europea: movilidad
transfronteriza), agosto de 2010.
[2]               Título II del Tratado de la Unión Europea y, en
particular, sus artículos 9, 10 y 11.
[3]               Encuesta Flash del Eurobarómetro 263, «The Internal
Market: Awareness – Perceptions – Impacts» (El Mercado Interior: conocimiento,
percepción e impacto), abril de 2009.
[4]               «Scientific Report on the Mobility of Cross-Border
Workers within the EU-27/EEA/EFTA Countries» (Informe científico sobre la
movilidad de los trabajadores transfronterizos en el seno de los países de la
Europa de los Veintisiete, el EEE y la AELC), encargado por la Comisión
Europea, enero de 2009.
[5]               Encuesta cualitativa del Eurobarómetro «European
Citizenship – Cross-border mobility» (Ciudadanía europea: movilidad
transfronteriza), agosto de 2010.
[6]               Encuesta Flash del Eurobarómetro 294, «EU citizenship»
(La ciudadanía de la UE), marzo de 2010. 
[7]               COM(2010) 603 final, de
27.10.2010.
[8]               DO (2010/C 115/01), Información procedente de las
instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea; Consejo Europeo.
Programa de Estocolmo: Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al
ciudadano. 
[9]               COM(2010) 477 final, de
15.9.2010, y COM(2010) 682 final, de 23.11.2010.
[10]             COM(2007) 773 final, de
6.12.2007.
[11]             Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,
«Hacia un Acta del Mercado Único. Por una economía social de mercado altamente
competitiva: Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor
todos juntos», COM(2010) 608 final, de 27.10.2010. 
[12]             SEC(2011) xxx.
[13]             SEC(2011) xxx.
[14]             DO C […] de […], p. […].
[15]             DO C […] de […], p. […].
[16]             COM(2009) 262 final, de
10.6.2009.
[17]             http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0483+0+DOC+XML+V0//ES.
[18]             COM(2010) 603 final.
[19]             Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente, DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
[20]             Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de
25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable
al presupuesto general de las Comunidades Europeas (el Reglamento financiero),
DO L 248 de 16.9.2002, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento
(CE, Euratom) nº 1995/2006, de 13 de diciembre de 2006 (DO L 390
de 30.12.2006, p. 1).
[21]             DO C 13 de 20.1.2009, p. 3.
[22]             DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
[23]             DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
[24]             DO L 136 de 31.5.1999,
p. 1.
[25]             DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.
[26]             Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de
25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable
al presupuesto general de las Comunidades Europeas (el Reglamento financiero),
DO L 248 de 16.9.2002, p. 1; Reglamento modificado por el
Reglamento (CE, Euratom) nº 1995/2006, de 13 de diciembre de 2006
(DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).