CELEX: 61979CJ0061
Language: es
Date: 1980-03-27
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 1980. # Amministrazione delle finanze dello Stato contra Denkavit italiana Srl. # Petición de decisión prejudicial: Tribunale civile e penale di Milano - Italia. # Derechos de inspección sanitaria - Devolución de cantidades indebidamente percibidas. # Asunto 61/79.

SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTO 61/79
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              de 27 de marzo de 1980*
    En el asunto 61/79,
    que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
    al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunale civile e penale de Milán,
    destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
    entre
    Amministrazione delle Finanze dello Stato
                                           y
    Denkavit Italiana Sri,
    una decision prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 13
    y del artículo 92 del Tratado CEE, en materia de devolución de las cantidades
    percibidas en concepto de exacciones de efecto equivalente a derechos de
    aduana,
      Lengua de procedimiento: alemán.
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                        EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
   integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
  Presidentes de Sala; J. Meitēns de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
   Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
  Abogado General: Sr. G. Reischl;
  Secretario: A. Van Houtte;
  dicta la siguiente
                                    Sentencia
  (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                           Fundamentos de Derecho
1 Mediante resolución de 1 de marzo de 1979, recibida en la Secretaría del
  Tribunal de Justicia el 13 de abril del mismo afio, el Tribunale civile e penale
  di Milano planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones
  prejudiciales sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 13 y del artículo
  92 del Tratado CEE, en relación con el derecho de los contribuyentes a obtener
  la devolución de gravámenes nacionales incompatibles con el Derecho
  comunitario que hayan pagado previamente.
2 El texto de las cuestiones es el siguiente:
  «A) ¿Es compatible con la normativa comunitaria, y en particular con el
        espíritu del apartado 2 del artículo 13 y del artículo 92 del Tratado CEE,
         la devolución de sumas percibidas en concepto de derechos de aduana
        (en este caso, derechos de inspección sanitaria) antes de que las
        Instituciones comunitarias las clasifiquen como exacciones de efecto
                                                                                  403
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            equivalente a derechos de aduana y cuya carga ya fue repercutida en su
            día a los compradores de los productos importados?
      B) ¿Se opone la normativa comunitaria, y en particular el apartado 2 del
          artículo 13 y el artículo 92 del Tratado CEE, a que la prohibición y la
          supresión de las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana
          creen para los particulares el derecho a pedir la devolución de las
          cantidades que han pagado indebidamente al Estado y que éste, por su
         parte, ha percibido ilegalmente en concepto de exacciones de efecto
         equivalente, después de que el Derecho comunitario suprimiera dichas
         exacciones, pero antes de que las Instituciones comunitarias las clasificaran
         como exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana?»
 3   Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio, incoado en 1978,
     entre Denkavit Italiana Sri y la Amministrazione delle finanze dello Stato,
     referente a un importe de 2 783 140 LIT pagado por dicha sociedad entre 1971
    y 1974 en concepto de tasas de inspección sanitaria, de conformidad con el
    artículo 32 del Testo Unico n° 1265 de 27 de julio de 1934 relativo a la
     legislación en materia sanitaria (Suppi. ord. alla GURI, 9 de agosto de 1934,
    n. 186).
 4  Fundamentalmente, se refieren a la existencia y al alcance de la obligación de
    los Estados miembros que han percibido gravámenes o cánones nacionales,
    declarados posteriormente incompatibles con el Derecho comunitario, de
    devolverlos a instancia del contribuyente.
5   En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano hace hincapié en los graves
    inconvenientes económicos que resultarían para los Estados miembros de la
    obligación de devolver a los operadores económicos unos gravámenes y
    cánones nacionales, percibidos y pagados en la convicción común de que eran
    conformes al Derecho comunitario, cuando, tras un plazo a veces de varios
    años, una interpretación del Derecho comunitario dada por el Tribunal de
    Justicia en el marco del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado
    muestra a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales una
    incompatibilidad que no era evidente y les induce, en virtud de la primacía del
    Derecho comunitario, a no aplicar las disposiciones nacionales de que se trate.
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6 Esto es así especialmente en lo que respecta a muchas exacciones -en
  particular tasas de control sanitario— percibidas en las fronteras, cuyo efecto
  equivalente al de un derecho de aduana prohibido por el Tratado sólo se hace
  patente de forma gradual en el marco de la interpretación dada por el Tribunal
  de Justicia a este concepto. La propia Comisión se ha dado cuenta de la
  necesidad de plazos notablemente más largos que los previstos originariamente
  -es decir, el final del período transitorio- para descubrir más de 500 tipos de
  cánones y determinar si tenían o no carácter de exacciones de efecto
  equivalente a derechos de aduana.
7 El Gobierno italiano insiste también en las notables diferencias que hay de un
  Estado miembro a otro en lo que se refiere a las condiciones en que pueden
  ejercitarse acciones para impugnar tributos reclamados o percibidos de manera
  irregular, o para recuperar impuestos indebidamente pagados. Esas diferencias
  son tales que dan lugar, a su vez, en detrimento de los operadores económicos,
  a «una situación de desequilibrio» totalmente análoga a la que había sido
  creada por la percepción indebida.
8 El Gobierno italiano señala, por último, que los gravámenes indebidamente
  percibidos fueron, por su misma naturaleza, repercutidos en los precios por los
  operadores económicos que los habían pagado, de modo que, a fin de cuentas,
  quienes cargaran con ellos fueron los consumidores finales. Devolvérselos a
  los operadores económicos constituiría un enriquecimiento injustificado y
  vendría a ser, de hecho, una ayuda.
9 Estas consideraciones llevan al Gobierno italiano a la conclusión de que es
  preciso reconocer la existencia de un principio general de Derecho comunitario
  según el cual la devolución de sumas percibidas en concepto de derechos, cuyo
  efecto equivalente a derechos de aduana ha sido reconocido, sólo puede
  admitirse para importes que se hayan percibido con posterioridad a la sentencia
  del Tribunal de Justicia que clasificó al tipo de gravamen de referencia como
  exacción de efecto equivalente. Por otra parte, según el Gobierno italiano, la
  necesidad de un principio de este tipo ha sido reconocida por el Tribunal de
  Justicia en su sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,<- Rec. p. 455),
  y lleva a considerar que el derecho del particular a no pagar la exacción de
  efecto equivalente y la obligación del Estado que ha incurrido en
  incumplimiento, de devolver ésta después de que ha sido percibida, no se
  corresponden necesariamente.
                                                                               405
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  10 En cambio, según Denkavit Italiana, el efecto directo de la prohibición de
      percibir exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, establecida por
      el apartado 2 del artículo 13 del Tratado, implica que dicho efecto, junto con
      los derechos que se derivan de él para los particulares, se produce a partir de
     la fecha prevista en dicha disposición para la supresión de esas exacciones,
     cualquiera que sea, por otra parte, el momento en que se declare o se haya
     declarado judicialmente la incompatibilidad de la exacción de que se trate con
     el Derecho comunitario, ya sea por el Tribunal de Justicia en el marco de un
     procedimiento por incumplimiento de Estado, conforme al artículo 169 del
     Tratado, o por los órganos jurisdiccionales nacionales como consecuencia de
     una interpretación, con arreglo al artículo 177, del alcance de la disposición
     comunitaria de que se trate.
      Este efecto directo implica incluso consecuencias más radicales, en el sentido
     de que cualquier disposición de Derecho nacional que excluya o limite el
     ejercicio de los derechos conferidos a los justiciables en virtud de las
    disposiciones de Derecho comunitario directamente aplicables debería ser
    considerada ella misma incompatible con la disposición comunitaria de que se
    trate.
 11 Las cuestiones planteadas, que están estrechamente relacionadas entre sí, se
    refieren al alcance de dos disposiciones del Tratado: El apartado 2 del artículo
     13 y el artículo 92. Mediante ellas se pregunta cuál es el efecto de estas
    disposiciones sobre el derecho de los justiciables a reclamar la devolución de
    los gravámenes nacionales y sobre la obligación correlativa del Estado
    miembro de devolverlos en el supuesto de que se cumplan, juntos o por
    separado, dos requisitos exigidos por el órgano jurisdiccional,- a saber: a)
    cuando el carácter de exacción de efecto equivalente a derechos de aduana de
    importación de esos gravámenes nacionales y, por consiguiente, su
    incompatibilidad con la prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 13
    hayan sido declarados, una vez finalizado el período transitorio, sólo como
    consecuencia de una interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el marco
    del artículo 177 del Tratado; b) cuando el operador económico que ha pagado
    dichos gravámenes haya transferido la carga de los mismos a los compradores
    de los productos importados.
12 Antes de examinar la respuesta que procede dar a las cuestiones planteadas,
    debe señalarse que el Tribunal de Justicia, pronunciándose en virtud del
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   artículo 177 del Tratado CEE, no declara la incompatibilidad de un gravamen
   nacional determinado con el Derecho comunitario ni la prohibición correlativa
   de percibirlo en un caso concreto. En el marco de la cooperación judicial
   establecida por dicha disposición, compete a los órganos jurisdiccionales
   nacionales, aplicando la norma fundamental de la primacía del Derecho
   comunitario, garantizar, en los litigios que les someten los interesados, la
   protección de los derechos que se derivan para los justiciables, en virtud del
   propio Tratado, del efecto directo de la prohibición de percibir exacciones de
   efecto equivalente a derechos de aduana. Las cuestiones planteadas deben
   responderse teniendo en cuenta esta circunstancia.
   Sobre el apartado 2 del artículo 13 del Tratado
13 El apartado 2 del artículo 13 del Tratado dispone que «las exacciones de efecto
   equivalente a los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados
   miembros, serán suprimidas progresivamente por éstos durante el período
   transitorio. La Comisión determinará, mediante Directivas, el ritmo de tal
   supresión. Se inspirará en las normas previstas en los apartados 2 y 3 del
   artículo 14 y en las Directivas adoptadas por el Consejo en aplicación del
   citado apartado 2».
14 Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, expresada
   especialmente en sus sentencias de 19 de junio de 1973, Capolongo (77/72,"
   Rec. p. 611); de 18 de junio de 1975, IGAV (94/74,« Rec. p. 699), y de 5 de
   febrero de 1976, Bresciani (87/75,« Rec. p. 129), que el apartado 2 del artículo
   13 implica, a más tardar desde el final del período transitorio, es decir, a partii-
   del 1 de enero de 1970, en lo que respecta a todas las exacciones de efecto
   equivalente a derechos de aduana, una prohibición precisa e incondicional de
   percibir dichas exacciones, de modo que esta disposición se presta
   perfectamente, por su misma naturaleza, a producir efectos directos en las
   relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables. Como ha
   declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de marzo de 1978,
   Simmenthal (106/77," Rec. pp. 629 y ss., especialmente p. 643), las normas de
   Derecho comunitario deben surtir sus efectos de manera plena y uniforme en
   todos los Estados miembros a partir de su entrada en vigor y durante todo su
   período de validez.
                                                                                   407
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   15 El artículo 177 del Tratado dispone que el Tribunal de Justicia es competente
        para pronunciarse con carácter prejudicial, entre otras cosas, sobre la
        interpretación del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones. Esta
        competencia tiene por objeto garantizar una interpretación y una aplicación
       uniformes del Derecho comunitario, y en especial de las disposiciones que
       tienen efecto directo, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales.
   16 La interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el
       artículo 177, da el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho comunitario,
       aclara y especifica, cuando es necesario, el significado y el alcance de dicha
       norma, tal como ésta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el
       momento de su entrada en vigor. De esto resulta que la norma así interpretada
       puede y debe ser aplicada por el Juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y
       constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de
  • interpretación, siempre y cuando, por otra parte, se reúnan los requisitos
      necesarios para someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio
      relativo a la aplicación de dicha norma.
  17 Unicamente con carácter excepcional podría el Tribunal de Justicia, como ha
      reconocido en su sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,« Rec.
      p. 455), con arreglo a un principio general de seguridad jurídica inherente al
      ordenamiento jurídico comunitario y teniendo en cuenta los graves problemas
      que su sentencia podría crear, por lo que respecta al pasado, en las relaciones
     jurídicas establecidas de buena fe, llegar a limitar la posibilidad de que
      cualquier interesado invoque la disposición así interpretada con el fin de
      cuestionar esas relaciones jurídicas.
 18 No obstante, tal limitación sólo puede admitirse en la misma sentencia que
     resuelva sobre la interpretación solicitada. La exigencia fundamental de una
     aplicación uniforme y general del Derecho comunitario implica que compete
     exclusivamente al Tribunal de Justicia decidir acerca de las limitaciones
     temporales que hay que poner a la interpretación dada por él.
 19 Los requisitos necesarios para tales limitaciones no se reúnen cuando el litigio
     sometido ante el órgano jurisdiccional nacional resulta de la prohibición de
     percibir exacciones nacionales de efecto equivalente a derechos de aduana de
     importación, ya que el alcance general de esta prohibición y su carácter
     absoluto habían sido reconocidos por el Tribunal de Justicia desde 1962, es
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   decir, antes del final del período transitorio, en su sentencia de 14 de diciembre
   de 1962, Comisión/Luxemburgo y Bélgica (asuntos acumulados 2/62 y 3/62,"
   Rec. p. 813). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «el
   concepto de "exacción de efecto equivalente", lejos de aparecer como una
   excepción a la regla general de prohibición de los derechos de aduana, se
   presenta, por el contrario, como un complemento necesario, que permite la
   eficacia de aquélla».
20 Del mismo modo, en su sentencia de 16 de junio de 1966, Alemania/Comisión
   (asuntos acumulados 52/65 y 55/65,- Rec. p. 227) el Tribunal de Justicia
   desestimó el argumento de que los cánones administrativos que constituyen la
   contrapartida de una prestación específica de la Administración podían no
   incluirse en el concepto de exacciones de efecto equivalente. En su sentencia
   de 10 de diciembre de 1968, Comisión/Italia (7/68," Rec. p. 617), este
   Tribunal confirmó esa misma interpretación en cuanto a los gravámenes sobre
   obras de arte italianas y, en su sentencia de 1 de julio de 1969, Comisión/Italia
   (24/68, Rec. p. 193), en cuanto a derechos de estadística. Por último, en su
   sentencia de la misma fecha, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (asuntos
   acumulados 2/69 y 3/69,» Rec. p. 211), el Tribunal de Justicia declaró que el
   concepto de exacción de efecto equivalente, contemplado en los artículos 9 y
   12 del Tratado CEE, incluye cualquier carga pecuniaria, distinta a un derecho
   de aduana propiamente dicho, que grave, por el hecho de cruzar la frontera, las
   mercancías que circulan dentro de la Comunidad, siempre y cuando dicha carga
   no esté permitida por disposiciones específicas del Tratado, sin que, por otra
   parte, sea necesario tener en cuenta que el gravamen de referencia tenía
   objetivos caracterizados de Seguridad Social.
21 De esta jurisprudencia reiterada resulta que tanto los Estados miembros como
   los operadores económicos interesados estaban, desde antes del final del
   período transitorio, es decir, desde antes de que la prohibición tuviese, en
   virtud del apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE, un efecto general e
    incondicional, suficientemente informados del alcance de dicha prohibición
   como para que no proceda limitar su alcance, en todo caso en lo que respecta
   al período posterior al 1 de enero de 1970.
22 No obstante, debe señalarse que, cuando la consecuencia de una norma de
    Derecho comunitario -como el apartado 2 del artículo 13 del Tratado- es
    prohibir, con los efectos descritos más arriba, la percepción de gravámenes o
                                                                                   409
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      cánones nacionales, la garantía de los derechos que el efecto directo de tal
     prohibición otorga a los justiciables no exige necesariamente una norma
     uniforme y común a los Estados miembros relativa a los requisitos de forma y
     de fondo de cuya observancia dependa la impugnación o la recuperación de
     dichos gravámenes.
 23 De una aproximación comparativa de los sistemas nacionales se desprende que
     el problema de la impugnación de gravámenes ilegalmente reclamados o de la
     devolución de gravámenes indebidamente pagados se resuelve de diferentes
     maneras en los distintos Estados miembros e incluso, dentro de un mismo
     Estado, según los diversos tipos de impuestos y gravámenes de que se trate. En
     algunos casos, las impugnaciones o demandas de este tipo están sometidas por
     la ley a requisitos concretos de forma y de plazo en lo que respecta tanto a las
     reclamaciones dirigidas a la Administración Tributaria como a los recursos
    jurisdiccionales. Precisamente, a efectos del funcionamiento de tales medios
     de impugnación, este Tribunal de Justicia reconoció, en sus sentencias de 16
     de diciembre de 1976, Rewe (33/76,« Rec. p. 1989) y Comet (45/76, Rec.
    p. 2043) la compatibilidad con el Derecho comunitario de la fijación de plazos
    razonables de recurso en interés de la seguridad jurídica que protege tanto al
    contribuyente como a la Administración de que se trate.
24 En otros casos, los recursos que tienen por objeto el reembolso de gravámenes
    indebidamente pagados deben interponerse ante los órganos jurisdiccionales
    ordinarios, principalmente en forma de recursos para la devolución de
    cantidades indebidamente pagadas. Estos recursos pueden interponerse durante
    plazos más o menos largos, en algunos casos durante el plazo de prescripción
    establecido por el Derecho común, de modo que los Estados miembros pueden
    encontrarse ante reclamaciones acumuladas de considerable importancia en
    caso de que se declare que determinadas disposiciones fiscales nacionales son
    incompatibles con las exigencias del Derecho comunitario.
25 De las sentencias de 16 de diciembre de 1976 (Rewe y Comet, antes citadas)
    resulta que, con arreglo al principio de cooperación establecido en el artículo
    5 del Tratado CEE^ incumbe a los órganos jurisdiccionales de los Estados
    miembros garantizar la protección jurídica que se deriva para los justiciables
    del efecto directo de las disposiciones de Derecho comunitario. A falta de una
    normativa comunitaria en materia de impugnación o de recuperación de
    gravámenes nacionales ilegalmente reclamados o indebidamente percibidos,
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   corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar
   los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales
   de los recursos judiciales destinados a garantizar la protección de los derechos
   que se derivan para los justiciables del efecto directo del Derecho comunitario,
   entendiéndose que dichas modalidades no pueden ser menos favorables que las
   relativas a recursos similares de naturaleza interna y que en ningún caso pueden
   ser dispuestas de forma que hagan imposible en la práctica el ejercicio de los
   derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de
   proteger.
26 Debe especificarse a este respecto que la protección de los derechos
   garantizados en la materia por el ordenamiento jurídico comunitario no exige
   que se conceda una devolución de gravámenes indebidamente percibidos en
   condiciones que darían lugar a un enriquecimiento injusto de los interesados.
   Por tanto, nada se opone, desde el punto de vista del Derecho comunitario, a
   que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de conformidad
   con su Derecho nacional, el hecho de que unos gravámenes indebidamente
   percibidos han podido ser incluidos en los precios de la empresa deudora del
   gravamen y repercutidos sobre los compradores.
27 El Gobierno italiano ha recordado los límites que pueden ponerse legalmente
   al ejercicio del derecho a impugnar tributos ilegales o a reclamar su
   devolución, y la distinción que, a este respecto, hacen las legislaciones
   nacionales entre las condiciones relativas a la negativa a pagar un impuesto o
   a la impugnación de su percepción y las relativas a la recuperación de tributos
   ya pagados anteriormente. Sin embargo, estas consideraciones, en lo que se
   refiere a tributos nacionales y en el estado actual del Derecho comunitario,
   deben llevarse a la práctica en el marco de las legislaciones nacionales, habida
   cuenta de los límites antes mencionados.
28 Así pues, las cuestiones relativas a la interpretación del apartado 2 del artículo
   13 deben responderse de la manera siguiente:
   a) El efecto directo del apartado 2 del artículo 13 del Tratado implica que,
        desde el final del período transitorio, pueden interponerse ante las
       Administraciones y ante los órganos jurisdiccionales de los Estados
        miembros, según el caso, recursos contra gravámenes nacionales que
       tengan un efecto equivalente a derechos de aduana, o solicitudes de
                                                                                  411
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         reembolso de dichos gravámenes, incluso en lo que respecta al período
         anterior al momento en que tal clasificación de esos gravámenes resulte de
         una interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el marco del artículo
         177 del Tratado.
     b) No obstante, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado
         miembro determinar las condiciones en que los contribuyentes pueden
         impugnar dichos tributos o reclamar su devolución, siempre que esas
         condiciones no sean menos favorables que las referentes a recursos
         similares de naturaleza interna y que no hagan imposible en la práctica el
         ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico
         comunitario.
     c) Desde el punto de vista del Derecho comunitario, nada se opone a que los
         órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de conformidad con
         su Derecho nacional, el hecho de que unos gravámenes indebidamente
         percibidos han podido ser incluidos en los precios de la empresa deudora
         del gravamen y repercutidos sobre los compradores.
    Sobre el artículo 92 del Tratado
29 Al referirse en sus cuestiones al artículo 92 del Tratado, el órgano
    jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente si una recuperación por
    parte de los operadores económicos de gravámenes nacionales indebidamente
    percibidos en las condiciones descritas por dicho órgano jurisdiccional no
    debería considerarse como una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado
    y ser, por tanto, incompatible con el Derecho comunitario.
30 Según el apartado 1 del artículo 92, «serán incompatibles con el mercado
    común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre
    Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos
    estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,
    favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
31 Así pues, esta disposición se refiere a las decisiones de los Estados miembros
    mediante las que éstos, con el fin de alcanzar sus propios objetivos económicos
    y sociales, ponen, mediante decisiones unilaterales y autónomas, a disposición
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   de las empresas o de otros sujetos de derechos, recursos o les conceden
   ventajas destinadas a favorecer la realización de los objetivos económicos o
   sociales perseguidos. No se aplica a una obligación de pagar o de devolver
   sumas resultante de la circunstancia de que quien pagó esas sumas no las debía.
   De esto se desprende que un sistema tributario nacional, que permite a un
   contribuyente impugnar o reclamar la devolución de un impuesto, no constituye
   una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado. Que sea posible o no
   recuperar un impuesto a causa de esta circunstancia depende, de hecho, de las
   características específicas de las legislaciones nacionales en materia de
   recuperación de las cantidades indebidamente pagadas, especialmente en el
   ámbito fiscal.
32 Así pues, procede responder a las cuestiones relativas a la interpretación del
   artículo 92 del Tratado que la obligación de la Administración de un Estado
   miembro de devolver a los contribuyentes que lo soliciten, de conformidad con
   el Derecho nacional, gravámenes o cánones que no se debían a causa de su
   incompatibilidad con el Derecho comunitario, no constituye una ayuda en el
   sentido del artículo 92 del Tratado CEE.
   Costas
33 Los gastos efectuados por los Gobiernos danés e italiano y por la Comisión de
   las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este
   Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el
   procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
   incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste
   resolver sobre las costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                                                                              413
 ---pagebreak---                            SENTENCIA DE 27.3.1980 -ASUNTO 61/79
                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
    pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale civile e penale
    di Milano mediante resolución de 1 de marzo de 1979, registrada en el Tribunal
    de Justicia el 13 de abril de 1979, declara:
    1) a) El efecto directo del apartado 2 del artículo 13 del Tratado implica
            que, desde el final del período transitorio, pueden interponerse
            ante las Administraciones y ante los órganos jurisdiccionales de los
            Estados miembros, según el caso, recursos contra gravámenes
            nacionales que tengan un efecto equivalente a derechos de aduana,
            o solicitudes de reembolso de dichos gravámenes, incluso en lo que
            respecta al período anterior al momento en que tal clasificación de
            esos gravámenes resulte de una interpretación dada por el
            Tribunal de Justicia en el marco del artículo 177 del Tratado.
        b) No obstante, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado
            miembro determinar las condiciones en que los contribuyentes
            pueden impugnar dichos tributos o reclamar su devolución,
            siempre que esas condiciones no sean menos favorables que las
            referentes a recursos similares de naturaleza interna y que no
            hagan imposible en la práctica el ejercicio de los derechos
            conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
        c) Desde el punto de vista del Derecho comunitario, nada se opone a
            que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de
            conformidad con su Derecho nacional, el hecho de que unos
            gravámenes indebidamente percibidos han podido ser incluidos en
            los precios de la empresa deudora del gravamen y repercutidos
            sobre los compradores.
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2) La obligación de la Administración de un Estado miembro de devolver
    a los contribuyentes que lo soliciten, de conformidad con el Derecho
    nacional, gravámenes o cánones que no se debían a causa de su
    incompatibilidad con el Derecho comunitario, no constituye una ayuda
    a efectos del artículo 92 del Tratado CEE.
Kutscher      O'Keeffe     Touffait         Mertens de Wilmars     Pescatore
Mackenzie Stuart             Bosco             Koopmans                 Due
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 1980.
El Secretario                                                  El Presidente
A. Van Houtte                                                   H. Kutscher
                                                                         415