CELEX: 62002CO0258
Language: es
Date: 2003-12-12 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2003. # Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Reglamento (CE) nº 1896/2000 - Biocidas - Recurso de anulación - Inadmisibilidad Recurso de casación manifiestamente infundado. # Asunto C-258/02 P.

Asunto C-258/02 PBactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbHcontraComisión de las Comunidades Europeas
            «Recurso de casación  –  Reglamento (CE) nº 1896/2000  –  Biocidas  –  Recurso de anulación  –  Inadmisibilidad  –  Recurso de casación manifiestamente infundado»
            
               
                  Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de diciembre de 2003
                     
               
               
            
                   
               
               
            
            Sumario del auto
         
         
                  1.
                  Recurso de anulación  –  Personas físicas o jurídicas  –  Actos que les afectan directa e individualmente  –  Reglamento relativo a los biocidas  –  Recurso de un productor  –  Inadmisibilidad[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión]  
                  
         
                  2.
                  Recurso de anulación  –  Personas físicas o jurídicas  –  Actos que les afectan directa e individualmente  –  Directiva sobre biocidas  –  Directiva que no individualiza a un productor de biocidas con arreglo al Reglamento relativo a dichos productos[Art. 230 CE, párr. 4; Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión; Directiva 98/8/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo] 
                  
         
                  3.
                  Recurso de anulación  –  Personas físicas o jurídicas  –  Posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el juez comunitario en caso de que las normas procesales nacionales
                     contengan obstáculos insuperables  –  Exclusión
                  (Art. 230 CE, párr. 4)  
                  
         
         
          
         1.
         El hecho de que el Reglamento nº 1896/2000, relativo a la primera fase del programa contemplado en el artículo 16, apartado
            2, de la Directiva 98/8/CE sobre biocidas, autorice a todos los productores y a todos los formuladores a seguir comercializando
            o a comenzar la comercialización de sustancias activas existentes y de biocidas que contengan dichas sustancias para el tipo
            o tipos de productos respecto de los que la Comisión haya aceptado al menos una notificación no resulta contradictorio con
            el hecho de que dicho Reglamento esté dirigido a todos los que tienen un interés en identificar y notificar sustancias activas
            existentes y biocidas que contengan dichas sustancias y no únicamente a los operadores que comercializaron, antes del 14 de
            mayo de 2000, un biocida que contiene estas sustancias. En efecto, no puede deducirse de estos dos hechos que el Tribunal
            de Primera Instancia realizase una distinción entre la categoría abstracta constituida por todos los operadores que tienen
            un interés en la identificación y notificación y la formada por el grupo determinado y cerrado de operadores cuya notificación
            ha sido aceptada por la Comisión, distinción cuya consecuencia es que los notificantes deben ser considerados individualmente
            afectados por dicho Reglamento.
         
         
         A este respecto, un acto de alcance general como un reglamento sólo puede afectar individualmente a personas físicas o jurídicas
            si les afecta en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente
            a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un destinatario. Pues bien, en la fecha de su adopción,
            el Reglamento nº 1896/2000 podía aplicarse, en principio, a un número indeterminado de operadores económicos que tuvieran
            interés en la notificación y no a una categoría cerrada de éstos cuya notificación hubiera sido aceptada por la Comisión.
         
         
               (véanse los apartados 33 y 34)
         
         
          
         2.
         El vigésimo tercer considerando de la Directiva 98/8 sobre biocidas no confiere derechos procedimentales a un productor de
            biocidas en el procedimiento de adopción del Reglamento nº 1896/2000, relativo a la primera fase del programa contemplado
            en el artículo 16, apartado 2, de dicha Directiva. 
         
         
         En efecto, esta disposición se limita a establecer que la puesta en práctica de la Directiva, la adaptación de sus anexos
            a los avances técnicos y científicos y la inclusión de las sustancias activas en los anexos correspondientes requieren una
            estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y los solicitantes y que, en los casos en que deba aplicarse
            el procedimiento del Comité permanente de biocidas, dicho procedimiento constituye una base adecuada para la mencionada cooperación.
            Pues bien, esta disposición no puede en ningún caso individualizar a dicho productor en relación con el citado Reglamento.
         
         
               (véase el apartado 44)
         
         
          
         3.
         No cabría interponer un recurso directo de anulación ante el juez comunitario aunque pudiese demostrarse, tras un examen concreto
            de las normas procesales nacionales por parte de éste, que tales normas no autorizan al particular a interponer un recurso
            que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada caso concreto,
            el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia en el marco
            del control de la legalidad de los actos comunitarios.
         
         
               (véase el apartado 58)
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)de 17 de diciembre de 2004(1)
            
            
         
            «Recurso de casación  –  Reglamento (CE) nº 1896/2000  –  Biocidas  –  Recurso de anulación  –  Inadmisibilidad  –  Recurso de casación manifiestamente infundado»
            
          En el asunto C-258/02 P,
         
         
          Bactria Industriehygiene-Service Verwaltungs GmbH,  con domicilio social en Kirchheimbolanden (Alemania), representada por los Sres. K. van Maldegem y C. Mereu, avocats,
         
         
         parte recurrente,
         
          que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia de las
         Comunidades Europeas (Sala Segunda) el 29 de abril de 2002, en el asunto Bactria/Comisión (T-339/00, Rec. p. II-2287), por
         el que se solicita que se anule dicho auto,
         
          y en el que las otras partes en el procedimiento son:
          Comisión de las Comunidades Europeas,  representada por el Sr. R.B. Wainwright y la Sra. L. Ström, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
         parte demandada en primera instancia,
          Eurobrom BV,  con domicilio social en Rijswijk (Países Bajos), Lonza GmbH,  con domicilio social en Wuppertal (Alemania), Arch Chemicals SA,  con domicilio social en París (Francia),y Troy Chemical Company BV,  con domicilio social en Maassluis (Países Bajos),
         
         
         partes coadyuvantes en primera instancia,
         
         
         
         
         EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
         
          integrado por el Sr. C. Gulmann (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. A. La Pergola y la Sra. R. Silva de Lapuerta, Jueces;
         
          Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;  Secretario: Sr. R. Grass; 
          oído el Abogado General;
         dicta el siguiente
         
         
         Auto
         1
            
          Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de julio de 2002, Bactria Industriehygiene-Service
         Verwaltungs GmbH (en lo sucesivo, «Bactria») interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia,
         un recurso de casación contra el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2002, Bactria/Comisión (T‑339/00,
         Rec. p. II‑2287; en lo sucesivo, «auto recurrido»), mediante el cual éste declaró la inadmisibilidad de su recurso por el
         que solicitaba la anulación del Reglamento (CE) nº 1896/2000 de la Comisión, de 7 de septiembre de 2000, relativo a la primera
         fase del programa contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
         sobre biocidas (DO L 228, p. 6).
         
         
            
                Marco jurídico 
               
            
         
         2
            
          La Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas
         (DO L 123, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva») tiene por objeto establecer un sistema comunitario de evaluación y comercialización
         de biocidas.
         
         
         
         3
            
          A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, «los Estados miembros dispondrán que los biocidas no sean comercializados,
         ni utilizados en su territorio a menos que hayan sido autorizados en virtud de la presente Directiva». En virtud del apartado
         2, inciso ii), del mismo artículo, no obstante lo dispuesto en el citado apartado 1, los Estados miembros permitirán la comercialización
         y el uso de las sustancias básicas a efectos biocidas cuando se hayan introducido en el anexo I B de la Directiva.
         
         
         
         4
            
          El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva establece que los Estados miembros sólo autorizarán un biocida «si la
         sustancia o sustancias activas en él incluidas se encuentran mencionadas en las listas de los anexos I o I A y se cumplen
         todos los requisitos que disponen los anexos».
         
         
         
         5
            
          El artículo 11 de la Directiva define el procedimiento de inclusión de una sustancia activa en los anexos I, I A o I B de
         ésta. La inclusión o las modificaciones posteriores a dicha inclusión de una sustancia activa exige la presentación de una
         solicitud. Según el apartado 1, letra a), del citado artículo, el solicitante debe presentar a la autoridad competente de
         uno de los Estados miembros un expediente sobre la sustancia activa que cumpla, según los casos, los requisitos de los anexos II A,
         III A o IV A de la Directiva, así como un expediente sobre al menos un biocida que contenga la sustancia activa que cumpla
         los requisitos del artículo 8 de dicha Directiva. Después de la evaluación, el expediente se envía, en particular, a la Comisión,
         y se decide, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 28 de la misma Directiva, sobre la inclusión de la sustancia
         activa en los anexos I, I A o I B de ésta.
         
         
         
         6
            
          El artículo 12 de la Directiva contiene disposiciones en relación con la utilización por parte de otros solicitantes de los
         datos comunicados por el solicitante en poder de las autoridades competentes. Estas disposiciones prohíben a los Estados miembros,
         salvo determinadas excepciones, utilizar los datos obtenidos por la presentación de una solicitud de autorización en beneficio
         de solicitantes posteriores.
         
         
         
         7
            
          El artículo 16 de la Directiva, dedicado a las medidas transitorias, establece en su apartado 1 que, no obstante lo dispuesto
         en artículo 3, apartado 1, de ésta, entre otras disposiciones, un Estado miembro podrá, durante un período de diez años a
         partir del 14 de mayo de 2000, seguir aplicando su sistema o práctica vigente de comercialización de biocidas. Podrá, en particular,
         de conformidad con sus normas nacionales, autorizar la comercialización en su territorio de un biocida que contenga sustancias
         activas no incluidas en los anexos I o I A de la Directiva para ese tipo de producto. Estas sustancias activas ya deberán
         estar comercializadas en la fecha del 14 de mayo de 2000 como sustancias activas de un biocida con fines distintos de los
         definidos en el artículo 2, apartado 2, letras c) y d), de dicha Directiva.
         
         
         
         8
            
          El artículo 16, apartado 2, de la Directiva prevé la adopción, en forma de reglamento, de un programa de trabajo de diez años
         para el estudio sistemático de dichas sustancias activas. Durante este período de diez años y a partir del 14 de mayo de 2000
         podrá decidirse «que una sustancia activa se incluya en los anexos I, I A o I B, así como las condiciones en que deba incluirse,
         o bien, en los casos en que no se cumplan los requisitos del artículo 10 o no se hayan presentado la información y los datos
         exigidos dentro del período prescrito, que dicha sustancia activa no se incluya en los anexos I, I A o I B».
         
         
         
         9
            
          El Reglamento nº 1896/2000 tiene por objeto iniciar la primera fase del programa de trabajo para el estudio sistemático de
         todas las sustancias activas existentes, es decir las que ya se encuentren en el mercado el 14 de mayo de 2000 como sustancias
         activas de biocidas (en lo sucesivo, «programa de estudio»).
         
         
         
         10
            
          El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1896/2000 establece que «cada productor de una sustancia activa existente comercializada
         para su uso en biocidas la identificará proporcionando a la Comisión la información sobre dicha sustancia contemplada en el
         anexo I» y que cualquier «formulador», es decir el fabricante del biocida o su único representante en la Comunidad a efectos
         de este Reglamento, podrá identificar una sustancia activa existente.
         
         
         
         11
            
          Según el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, «los productores, los formuladores y las asociaciones
         que deseen solicitar la inclusión en los anexos I o I A de la Directiva de una sustancia activa existente en uno o varios
         tipos de producto, notificarán dicha sustancia activa a la Comisión presentando la información mencionada en el anexo II del
         presente Reglamento, que habrá de recibirse a más tardar dieciocho meses después de la entrada en vigor de éste».
         
         
         
         12
            
          A tenor del artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1896/2000, los Estados miembros podrán identificar sustancias activas
         existentes adicionales distintas de las contempladas en la lista de todas las sustancias activas que se hayan identificado
         como sustancias activas existentes y podrán manifestar su interés por la posible inclusión en los anexos I o I A de la Directiva
         de una sustancia activa existente cuya función en un tipo de producto el Estado miembro considere esencial, en particular,
         para la protección de la salud humana o del medio ambiente, y respecto de la cual la Comisión no haya aceptado ninguna notificación.
         
         
         
         13
            
          El artículo 6, apartado 1, letra b), del citado Reglamento prevé, como consecuencia de la identificación y de la notificación,
         la adopción de un reglamento que contendrá, en particular, la lista exhaustiva de sustancias activas existentes que habrá
         de revisarse en la segunda fase del programa de estudio. Esta lista contendrá, en particular, las sustancias activas existentes
         para las cuales la Comisión haya aceptado al menos una notificación o respecto de las cuales los Estados miembros hayan manifestado
         su interés.
         
         
         
         14
            
          El artículo 6, apartado 2, del mismo Reglamento enuncia que, «sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 o 3 del
         artículo 16 de la Directiva, todos los productores de una sustancia activa incluida en la lista a que se refiere la letra b)
         del apartado 1 y todos los formuladores de biocidas que contengan dicha sustancia activa podrán empezar a comercializar o
         seguir comercializando la sustancia activa, como tal o en biocidas, en el tipo o tipos de producto respecto de los que la
         Comisión haya aceptado al menos una notificación».
         
          Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia 
         
         15
            
          Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de noviembre de 2000, Bactria, que produce
         y comercializa la sustancia activa denominada «ácido peracético» y biocidas que contienen dicha sustancia activa, interpuso,
         con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, un recurso por el que solicitaba la anulación del Reglamento nº 1896/2000.
         
         
         
         16
            
          En apoyo de su recurso, Bactria alegaba que este Reglamento es contrario a su base jurídica, que está constituida por la Directiva.
         Afirmaba que, en particular, dicho Reglamento excede de las disposiciones relativas a la protección de datos establecidas
         en la Directiva, haciendo caso omiso de la protección, que ésta garantiza, de la información comercialmente sensible y costosa
         sobre las sustancias activas en el curso del período de estudio de éstas. Además, sostenía que el citado Reglamento infringe
         el Tratado CE al falsear la competencia, en la medida en que permite que las empresas que no participan en el programa de
         estudio se beneficien de forma gratuita de las notificaciones realizadas por las sociedades diligentes que, como ella, sí
         participan.
         
         
         
         17
            
          Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de enero de 2001, la Comisión
         propuso, con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, una excepción
         de inadmisibilidad contra el recurso de anulación de Bactria.
         
          El auto recurrido 
         
         18
            
          Mediante el auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso.
         
         
         
         19
            
          En los apartados 42 a 46 del auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, aunque Bactria cuestionase la naturaleza
         reglamentaria del acto impugnado ante él, el Reglamento nº 1896/2000 se aplica a situaciones determinadas objetivamente y
         produce efectos jurídicos respecto de categorías de personas contempladas de forma general y abstracta. Según el Tribunal
         de Primera Instancia, en consecuencia, este Reglamento reviste carácter normativo, en virtud de su alcance general, y no constituye
         una decisión en el sentido del artículo 249 CE.
         
         
         
         20
            
          Los apartados 47 a 55 de dicho auto están redactados en los términos siguientes:
         «47.   Sin embargo, el carácter normativo del Reglamento [nº 1896/2000] no excluye que éste pueda afectar directa e individualmente
         a determinadas personas físicas o jurídicas en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto (sentencias Codorníu/Consejo,
         antes citada, apartado 19, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, antes citada, apartado 66, y sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑481/93 y T‑484/93,
         Rec. p. II-2941, apartado 50). Así sucede cuando el acto de que se trata afecta a una persona física o jurídica en razón de
         determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquiera otra
         persona y la individualiza de manera análoga a la del destinatario (sentencias Plaumann/Comisión, antes citada, p. 223, y
         Codorníu/Consejo, antes citada, apartado 20).
          48.     A este respecto, procede considerar que no cabe acoger la tesis de la demandante según la cual el Reglamento [nº 1896/2000]
         se aplica a la “categoría cerrada” de sociedades que han comercializado en el mercado comunitario un biocida que contiene
         sustancias activas existentes. En efecto, el Reglamento está dirigido a todos los que tienen un interés en identificar y notificar
         sustancias activas existentes y biocidas que contengan dichas sustancias y no únicamente a los operadores que han comercializado,
         antes del 14 de mayo de 2000, un biocida que contiene sustancias activas existentes. Más concretamente, el artículo 6, apartado
         2, del Reglamento –que, en efecto, parece ser la disposición a que especialmente se refiere la demandante– autoriza a todos
         los productores y a todos los formuladores a seguir comercializando o a comenzar la comercialización de sustancias activas
         existentes y de biocidas que contengan dichas sustancias para el tipo o tipos de productos respecto de los que la Comisión
         haya aceptado al menos una notificación.
          49.     En este contexto, es preciso señalar que la notificación de una sustancia activa existente puede realizarse por cualquier
         operador que aporte la prueba de que la sustancia activa ha sido comercializada antes del 14 de mayo de 2000 y que esta prueba
         no implica en absoluto que dicho operador haya comercializado él mismo la sustancia activa o un biocida que contenga esa sustancia
         activa antes del 14 de mayo de 2000. Del mismo modo, cualquier operador interesado puede suministrar, en principio, los demás
         datos mencionados en el anexo II del Reglamento.
          50.     Se deduce de lo que precede que el acceso a los procedimientos de identificación y/o de notificación no está reservado al
         único operador que abastece a una parte específica del mercado. Por tanto, no puede acogerse la tesis propuesta por las partes
         coadyuvantes, según la cual el Reglamento afecta individualmente a la demandante en la medida en que es el único productor
         de [ácido peracético] que está en condiciones de notificar el [ácido peracético] utilizado en los sistemas de refrigeración
         y de tratamiento de líquidos. En efecto, el Reglamento tiene por objeto el censo de todas las sustancias activas existentes
         de biocidas tal y como se definen en su artículo 2, letra a), con ayuda de las informaciones suministradas por todos los productores
         y formuladores interesados.
          51.     Tampoco puede prosperar la alegación de la demandante según la cual ésta participó en el proceso que llevó a la adopción del
         Reglamento. Es necesario señalar, en primer lugar, que no fue la demandante la que participó, a título individual, en dicho
         proceso, sino el CEFIC, una asociación a la que pertenece la demandante. Además, se desprende de la jurisprudencia que el
         hecho de que una persona intervenga de un modo u otro en el proceso conducente a la adopción de un acto comunitario sólo es
         suficiente para individualizar a esa persona en relación con el acto de que se trate cuando la normativa comunitaria aplicable
         haya previsto determinadas garantías de procedimiento para dicha persona (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia
         de 3 de junio de 1997, Merck y otros/Comisión, T-60/96, Rec. p. II-849, apartado 73 y la jurisprudencia citada). En el presente
         caso, no existe ninguna disposición que imponga a la Comisión, antes de adoptar el Reglamento, la obligación de seguir un
         procedimiento en cuyo marco las personas como la demandante tengan derecho a alegar eventuales derechos o tan siquiera a ser
         oídas. La única disposición invocada en este contexto por la demandante es el vigésimo tercer considerando de la Directiva,
         según el cual la puesta en práctica de [ésta], la adaptación de sus anexos a los avances técnicos y científicos y la inclusión
         de las sustancias activas en los anexos correspondientes requieren una estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados
         miembros y el solicitante, y según el cual, en los casos en que deba aplicarse el procedimiento del Comité permanente de biocidas,
         dicho procedimiento constituye una base adecuada para la mencionada cooperación. No obstante, esta disposición no confiere
         derechos procedimentales a la demandante.
          52.     Tampoco puede acogerse la tesis de la demandante según la cual la Comisión estaba obligada, al adoptar el Reglamento, a tener
         en cuenta sus intereses específicos y según la cual, por este motivo, no disponía de ningún recurso en el presente caso. A
         diferencia de los asuntos que dieron lugar a las sentencias Piraiki-Patraiki y otros/Comisión y Antillean Rice Mills y otros/Comisión,
         antes citadas, en el presente caso no existe disposición alguna que obligue a la Comisión a tener en cuenta las consecuencias
         que para la situación de determinados particulares pueda tener el acto que pretende adoptar.
          53.     La cuestión de si las disposiciones del Reglamento infringen los derechos de propiedad de la demandante, tal y como los protege
         el artículo 12 de la Directiva, corresponde al examen sobre el fondo del asunto. En cualquier caso, la infracción que se alega,
         en el caso de que se acreditase, no sería suficiente para individualizar a la demandante en relación con cualquier otro operador
         que proceda a notificar una sustancia activa existente.
          54.     Por último, en relación con la alegación de la demandante basada en que el presente recurso es la única vía jurídica de que
         dispone, es preciso señalar que la posible inexistencia de vías jurisdiccionales, suponiendo que se demuestre, no puede justificar,
         a través de una interpretación judicial, una modificación del sistema de medios de impugnación jurisdiccional y de procedimientos
         establecido por el Tratado. No permite, en ningún caso, que se declare la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto
         por una persona física o jurídica que no cumpla los requisitos establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 22 de febrero de 2000, ACAV y otros/Consejo, T‑138/98, Rec. II‑341, apartado 68).
          55.     De lo anterior se deduce que no puede considerarse que el Reglamento afecte individualmente a la demandante. Por tanto, al
         no cumplir la demandante uno de los requisitos de admisibilidad establecidos por el artículo 230 CE, párrafo cuarto, debe
         declararse la inadmisibilidad del recurso.»
         
          El recurso de casación 
         
         21
            
          Mediante su recurso de casación, Bactria solicita al Tribunal de Justicia que:
         
         
         
          
         –
            Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado.
         
         
         
         
          
         –
            Anule el auto recurrido.
         
         
         
         
          
         –
            Declare que Bactria tiene legitimación para solicitar la anulación del Reglamento nº 1896/2000 y devuelva el asunto al Tribunal
               de Primera Instancia para que resuelva sobre la procedencia de su demanda.
            
         
         
         
         
          
         –
            Condene a la Comisión a pagar las costas tanto del procedimiento de primera instancia como del recurso de casación.
         
         
         
         
         
         22
            
          La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
         
         
         
          
         –
            Declare, por una parte, la inadmisibilidad del recurso de casación y, por otra, su falta de fundamento.
         
         
         
         
          
         –
            Condene en costas a Bactria.
         
         
         
         
         
         23
            
          Bactria invoca esencialmente cuatro motivos en apoyo de su recurso de casación. En primer lugar, sostiene que el razonamiento
         seguido por el Tribunal de Primera Instancia para desestimar la tesis de su pertenencia a una «categoría cerrada» de operadores
         económicos es contradictorio y está basado en un error de Derecho. En segundo lugar, rechaza la interpretación demasiado restrictiva
         adoptada por el Tribunal de Primera Instancia para denegarle la existencia de derechos procedimentales. En tercer lugar, aduce
         que el razonamiento seguido por éste para negar la existencia de derechos previos en su favor es erróneo. En cuarto lugar,
         alega, por una parte, que la interpretación del concepto de «persona individualmente afectada» adoptada por el Tribunal de
         Primera Instancia es excesivamente restrictiva y está obsoleta a la luz de su propia jurisprudencia reciente y, por otra,
         que no dispone de ningún otro medio de impugnación para garantizar la protección de sus derechos.
         
         
         
         24
            
          La Comisión objeta que los tres primeros motivos invocados por la demandante deben admitirse o, con carácter subsidiario,
         deben considerarse infundados. En cuanto al cuarto motivo, debe desestimarse por infundado.
         
         
         
         25
            
          Procede recordar que, en virtud del artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea manifiestamente
         inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimarlo mediante auto motivado.
         
          Sobre el primer motivo  Alegaciones de las partes
         
         
         26
            
          Bactria alega que el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 48 del auto recurrido para negar
         la existencia de una «categoría cerrada» de operadores económicos en el momento de la adopción del Reglamento nº 1896/2000
         es contradictorio. En efecto, afirma que el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, declara que este Reglamento afecta
         a todos los que tienen un interés en identificar y notificar sustancias activas existentes y biocidas que contengan dichas
         sustancias y no únicamente a los operadores que han comercializado un biocida antes del 14 de mayo de 2000, mientras que,
         por otra parte, reconoce el estatus específico de los notificantes al declarar que dicho Reglamento autoriza a todos los productores
         y a todos los formuladores a seguir comercializando o a comenzar la comercialización de sustancias activas existentes respecto
         de las cuales la Comisión haya aceptado al menos una notificación.  Bactria sostiene que, en consecuencia, el Tribunal de
         Primera Instancia realiza una distinción entre la categoría abstracta constituida por «todos los operadores que tienen un
         interés en identificar y notificar» y la formada por el grupo determinado y cerrado de las sociedades cuya notificación ha
         sido aceptada por la Comisión. Por tanto, ello equivale a reconocer de manera implícita que la primera categoría de operadores
         puede seguir en el mercado únicamente porque existen notificantes que han cumplido los requisitos del Reglamento impugnado.
         
         
         
         27
            
          Según Bactria, el Tribunal de Primera Instancia admite así la situación particular de los notificantes y, por consiguiente,
         debiera haber concluido que el Reglamento nº 1896/2000 se les aplica de manera individual como un conjunto de decisiones individuales,
         cada una de las cuales afecta a la situación jurídica de cada uno de los notificantes.
         
         
         
         28
            
          Bactria sostiene asimismo que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar en el apartado 49
         del auto recurrido que la notificación de una sustancia activa existente puede realizarse por cualquier operador que aporte
         la prueba de que la sustancia activa fue comercializada antes del 14 de mayo de 2000. Alega que la información exigida en
         el anexo II del nº 1896/2000 para la notificación es selectiva y muy detallada y que no es accesible para cualquier operador,
         sino sólo para los que comercializaron las sustancias notificadas antes del 14 de mayo de 2000 y pueden aportar prueba de ello.
         
         
         
         29
            
          Bactria añade que el Reglamento nº 1896/2000 fijaba un plazo para la notificación, a saber el 28 de marzo de 2002, y que,
         por consiguiente, en el momento en el que el Tribunal de Primera Instancia dictó su auto, ya no resultaba posible a todos
         los operadores efectuar una notificación, pero existía un círculo cerrado de operadores, del cual formaba parte, que habían
         realizado una notificación de este tipo. Esto ha sido confirmado recientemente por la Comisión, que publicó una lista en la
         que figuraban los nombres de los notificantes aceptados.
         
         
         
         30
            
          La Comisión sostiene que no debe admitirse este motivo dado que las alegaciones formuladas por Bactria para demostrar su pertenencia
         a una «categoría cerrada» de operadores económicos constituyen una repetición de las presentadas anteriormente ante el Tribunal
         de Primera Instancia. Por tanto, la recurrente no invoca motivos jurídicos, sino que se limita a criticar la apreciación del
         Tribunal de Primera Instancia. En cualquier caso, la Comisión estima que estas alegaciones deben considerarse infundadas.
         
          Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         
         31
            
          Es necesario recordar que de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado
         1, letra c), del Reglamento de Procedimiento de dicho Tribunal se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera
         precisa los elementos impugnados del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera
         específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin siquiera contener una argumentación específicamente
         destinada a identificar el error jurídico del que adolece el auto recurrido, se limita a reproducir los motivos y las alegaciones
         formulados ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, tal recurso de casación constituye, en realidad, un recurso destinado
         a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal
         de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291,
         apartados 34 y 35, y de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, apartados 15 y 16).
         
         
         
         32
            
          En el caso de autos, resulta que, mediante su primer motivo, Bactria impugna los apartados 48 y 49 del auto recurrido por
         considerar que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es contradictorio y está basado en un error jurídico. Por
         tanto, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión debido a que este motivo constituye una
         repetición de las alegaciones formuladas anteriormente por la recurrente ante el Tribunal de Primera Instancia.
         
         
         
         33
            
          Por lo que se refiere al supuesto carácter contradictorio del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, es necesario
         señalar que el hecho de que el Reglamento nº 1896/2000 autorice a todos los productores y a todos los formuladores a seguir
         comercializando o a comenzar la comercialización de sustancias activas existentes y de biocidas que contengan dichas sustancias
         para el tipo o tipos de productos respecto de los que la Comisión haya aceptado al menos una notificación no resulta contradictorio
         con el hecho de que el Reglamento esté dirigido a todos los que tienen un interés en identificar y notificar sustancias activas
         existentes y biocidas que contengan dichas sustancias y no únicamente a los operadores que comercializaron, antes del 14 de
         mayo de 2000, un biocida que contiene estas sustancias. En efecto, al contrario de lo que sostiene Bactria, no puede deducirse
         de estos dos hechos que el Tribunal de Primera Instancia realizase una distinción entre la categoría abstracta constituida
         por todos los operadores que tienen un interés en la identificación y notificación y la formada por el grupo determinado y
         cerrado de operadores cuya notificación ha sido aceptada por la Comisión, distinción cuya consecuencia es que los notificantes
         deben ser considerados individualmente afectados por dicho Reglamento.
         
         
         
         34
            
          A este respecto, debe recordarse que un acto de alcance general como un reglamento sólo puede afectar individualmente a personas
         físicas o jurídicas si les afecta en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que
         las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un destinatario (véanse, en
         particular, las sentencias de 22 de noviembre de 2001, Antillean Rice Mills/Consejo, C‑451/98, Rec. p. I‑8949, apartado 49;
         de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, apartado 36, y de 10 de abril de
         2003, Comisión/Nederlandse Antillen, C‑142/00 P, Rec. p. I‑3483, apartado 65). Pues bien, en la fecha de su adopción, el Reglamento
         nº 1896/2000 podía aplicarse, en principio, a un número indeterminado de operadores económicos que tuvieran interés en la
         notificación y no a una categoría cerrada de éstos cuya notificación hubiera sido aceptada por la Comisión.
         
         
         
         35
            
          Tampoco puede acogerse la alegación de Bactria según la cual la dificultad de reunir la información necesaria para la notificación
         equivale a individualizar a los operadores económicos que comercializaron las sustancias antes del 14 de mayo de 2000 y que
         pueden probarlo. Esta dificultad es inherente a la especificidad del mercado de referencia y no excluye por sí sola la posibilidad
         de que un número indeterminado de operadores tenga conocimiento de dicha información.
         
         
         
         36
            
          Por último, el hecho de que en la fecha en que se dictó el auto recurrido existiese un número determinado de notificaciones
         aceptadas por la Comisión, que ya no podía modificarse, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, según se desprende
         del apartado 34 de la presente sentencia, el Reglamento nº 1896/2000 podía aplicarse, según su formulación, a un número indeterminado
         de destinatarios.
         
         
         
         37
            
          Por tanto, procede declarar que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al negar que Bactria perteneciese
         a una «categoría cerrada» de operadores económicos. En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo por manifiestamente
         infundado.
         
          Sobre el segundo motivo  Alegaciones de las partes
         
         
         38
            
          Mediante su segundo motivo, Bactria sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al hacer caso
         omiso de la existencia de derechos procedimentales en su favor que, según ella, la individualizan. A este respecto, alega,
         por una parte, que la apreciación que figura en el apartado 51 del auto recurrido, según la cual no existe ninguna disposición
         que imponga a la Comisión, antes de la adopción del Reglamento nº 1896/2000, la obligación de seguir un procedimiento en cuyo
         marco las personas como la demandante tengan derecho a alegar eventuales derechos o tan siquiera a ser oídas, contradice la
         constatación que figura en el apartado 50 del mismo auto, según la cual el citado Reglamento tiene por objeto el censo de
         todas las sustancias activas existentes de biocidas tal y como se definen en el artículo 2, letra a), del mismo Reglamento,
         con ayuda de la información suministrada por todos los productores y todos los formuladores interesados, ya que esta última
         constatación implica un reconocimiento de la situación jurídica específica, en relación con dicho Reglamento, de los productores
         y de los formuladores que hayan aportado la citada información.
         
         
         
         39
            
          Por otra parte, Bactria impugna el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia negase que el vigésimo tercer considerando
         de la Directiva le confiere derechos procedimentales en el procedimiento de adopción del Reglamento nº 1896/2000. A este respecto,
         invoca la sentencia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión (C‑313/90, Rec. p. I‑1125), y el auto de 23 de noviembre
         de 1995, Asocarne/Consejo (C‑10/95 P, Rec. p. I‑4149), para demostrar su derecho de acción contra dicho Reglamento. Añade
         que la situación específica de los solicitantes se toma en consideración en la Directiva en numerosas ocasiones y que el Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia, en el procedimiento de solicitud de medidas provisionales, no excluía la posibilidad de
         que formase parte de una categoría de operadores económicos cuyos intereses debían tenerse en cuenta al adoptar el Reglamento nº 1896/2000.
         
         
         
         40
            
          La Comisión aduce que las alegaciones de Bactria basadas en la participación de ésta en el procedimiento que dio lugar a la
         adopción del Reglamento nº 1896/2000 y que intentan demostrar su legitimación no se refieren a cuestiones de Derecho. Por
         tanto, debe declararse la inadmisibilidad de este segundo motivo. La Comisión añade que, en cualquier caso, este motivo es
         infundado.
         
          Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         
         41
            
          Es necesario, por una parte, recordar que, como se ha señalado en el apartado 31 del presente auto, los motivos invocados
         en apoyo de un recurso de casación, para que se admitan, deben mencionar de manera precisa los elementos impugnados del auto
         cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión.
         
         
         
         42
            
          En el caso de autos, debe admitirse el segundo motivo invocado por Bactria, ya que ésta impugna el hecho de que el Tribunal
         de Primera Instancia negase la existencia de derechos procedimentales en su favor y aporta argumentos jurídicos en apoyo de
         este motivo.
         
         
         
         43
            
          Por otra parte, es necesario señalar, en primer lugar, que no existe ninguna contradicción entre los extractos impugnados
         de los apartados 50 y 51 del auto recurrido. En efecto, el hecho de que el Reglamento nº 1896/2000 establezca que se realice
         un censo de las sustancias activas existentes con ayuda de la información suministrada por todos los productores y todos los
         formuladores interesados no tiene relación alguna con la circunstancia de que la Comisión, para la adopción de dicho Reglamento,
         no estuviese obligada a oír a las personas como Bactria. Además, la situación prevista por dicho Reglamento, a saber, que
         se realice un censo de las sustancias activas existentes con ayuda de la información suministrada por todos los productores
         y todos los formuladores interesados, no es asimilable a aquella en la cual productores y formuladores ya han suministrado
         la citada información.
         
         
         
         44
            
          En segundo lugar, debe observarse que el Tribunal de Primera Instancia actuó acertadamente al negar que el vigésimo tercer
         considerando de la Directiva  confiere a Bactria derechos procedimentales en el procedimiento de adopción del Reglamento nº 1896/2000.
         En efecto, esta disposición se limita a establecer que la puesta en práctica de la Directiva, la adaptación de sus anexos
         a los avances técnicos y científicos y la inclusión de las sustancias activas en los anexos correspondientes requieren una
         estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y los solicitantes y que, en los casos en que deba aplicarse
         el procedimiento del Comité permanente de biocidas, dicho procedimiento constituye una base adecuada para la mencionada cooperación.
         Pues bien, esta disposición no puede en ningún caso individualizar a la demandante en relación con el citado Reglamento.
         
         
         
         45
            
          En tercer lugar, no puede considerarse que el hecho de que la Directiva tenga en cuenta en numerosas ocasiones la situación
         específica de los solicitantes, aun suponiendo que se acreditase, pueda por sí solo individualizar a Bactria en relación con
         el Reglamento nº 1896/2000.
         
         
         
         46
            
          En cuarto lugar, por lo que respecta a la circunstancia de que, en el auto sobre medidas provisionales del Presidente del
         Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2001, éste no excluyese la eventual pertenencia de Bactria a un círculo cerrado
         de operadores económicos, procede señalar que carece de pertinencia en el presente procedimiento y, en particular, a la hora
         de apreciar la procedencia del segundo motivo. En efecto, este procedimiento versa sobre un recurso de casación interpuesto
         contra el auto recurrido y no contra el auto sobre medidas provisionales. Además, la apreciación hecha en el marco del procedimiento
         sobre medidas provisionales se efectúa  prima facie  y no impide al Tribunal de Primera Instancia realizar una apreciación distinta en el marco del procedimiento en cuanto al
         fondo.
         
         
         
         47
            
          Se desprende de lo anterior que debe desestimarse el segundo motivo por manifiestamente infundado.
         
          Sobre el tercer motivo  Alegaciones de las partes
         
         
         48
            
          Mediante su tercer motivo, Bactria sostiene que el Tribunal de Primera Instancia actuó erróneamente al considerar, en los
         apartados 52 y 53 del auto recurrido, que no tenía legitimación, cuando el Reglamento nº 1896/2000 afecta a sus derechos específicos,
         en particular a los de propiedad y a los relativos a la protección de sus datos. Afirma que, en el caso de autos, el hecho
         de que se le confiriesen derechos específicos para comercializar el ácido peracético en distintos Estados miembros y de que
         ella realizase una notificación dentro del plazo señalado en el ámbito comunitario, para asegurarse la posibilidad de seguir
         comercializando y utilizando esta sustancia con arreglo a la normativa comunitaria, le confiere por sí solo legitimación.
         
         
         
         49
            
          La Comisión sostiene que no debe admitirse este motivo dado que está basado en un argumento manifiestamente nuevo y fundado
         en una motivación insuficiente y que constituye una crítica del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia que no se justifica
         con argumentos jurídicos. En cualquier caso, la Comisión estima que este motivo es infundado.
         
          Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         
         50
            
          Aun suponiendo que procediera admitir este motivo, es necesario señalar que la situación invocada por Bactria no puede individualizar
         a ésta. En efecto, la circunstancia de que a la recurrente se le confiriese el derecho específico a comercializar el ácido
         peracético en distintos Estados miembros y de que ésta realizase una notificación de dicha sustancia activa con arreglo al
         artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1896/2000, para asegurarse la posibilidad de seguir comercializándola
         y utilizándola de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de dicho Reglamento, en cualquier caso, no habría podido tomarse
         en consideración en la fecha de adopción del citado Reglamento como la situación particular de Bactria, que pudiera caracterizar
         a ésta respecto a cualquier otra persona.
         
         
         
         51
            
          Por otra parte, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 53 del auto recurrido, la supuesta infracción
         de los derechos de propiedad de Bactria no es suficiente para individualizarla en relación con cualquier otro operador que
         notifique una sustancia activa existente.
         
         
         
         52
            
          Por tanto, debe desestimarse el tercer motivo por manifiestamente infundado.
         
          Sobre el cuarto motivo  Alegaciones de las partes
         
         
         53
            
          En apoyo de su cuarto motivo, la demandante formula dos alegaciones.
         
         
         
         54
            
          Por una parte, sostiene que el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 54 del auto recurrido
         es contrario a la nueva interpretación del concepto de «persona individualmente afectada» adoptada por el propio Tribunal
         de Primera Instancia en su sentencia de 3 de mayo de 2002, Jégo‑Quéré/Comisión (T‑177/01, Rec. p. II‑2365). A la luz de esta
         nueva interpretación, una medida comunitaria de aplicación general afecta individualmente a una persona física o jurídica
         si limita sus derechos o le impone nuevas obligaciones de manera cierta y actual. Bactria alega que, en consecuencia, el Reglamento
         nº 1896/2000 le afecta individualmente debido a que el artículo 6, apartado 2, de éste permite a sociedades que no hayan realizado
         una notificación empezar a vender o seguir vendiendo sus productos basándose en la notificación efectuada por ella y viola
         sus derechos previstos en el artículo 12 de la Directiva.
         
         
         
         55
            
          Por otra parte, Bactria afirma que, como no dispone de ningún medio de impugnación jurisdiccional distinto del recurso ante
         el órgano jurisdiccional comunitario, el recurso que ha interpuesto constituye el único medio de protegerse contra la violación
         de sus derechos derivada de la adopción del Reglamento nº 1896/2000.
         
         
         
         56
            
          En primer lugar, la Comisión refuta la alegación de Bactria basada en la nueva interpretación del concepto de «persona individualmente
         afectada» adoptada por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Jégo‑Quéré/Comisión, antes citada. Sostiene que no
         puede adoptarse esta interpretación, ya que un reglamento, habida cuenta de su alcance general, siempre afecta a determinado
         número de personas restringiendo sus derechos o imponiéndoles obligaciones. Por lo demás, parece que, posteriormente a la
         adopción del auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia haya reconsiderado su interpretación para volver a la jurisprudencia
         tradicional, confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, antes citada.
         En segundo lugar, basándose en esta última sentencia, la Comisión rechaza la tesis de la demandante según la cual debe declararse
         la admisibilidad del recurso de ésta debido a que constituye el único medio de impugnación jurisdiccional de que dispone.
         
          Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         
         57
            
          Como se ha recordado en el apartado 34 del presente auto, un acto de alcance general como un reglamento sólo puede afectar
         individualmente a personas físicas o jurídicas si les afecta en razón de determinadas cualidades que les son propias o de
         una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a la de un
         destinatario.
         
         
         
         58
            
          Además, no cabría interponer un recurso directo de anulación ante el juez comunitario aunque pudiese demostrarse, tras un
         examen concreto de las normas procesales nacionales por parte de éste, que tales normas no autorizan al particular a interponer
         un recurso que le permita cuestionar la validez del acto comunitario impugnado. En efecto, tal régimen exigiría que, en cada
         caso concreto, el juez comunitario examinara e interpretara el Derecho procesal nacional, lo que excedería de su competencia
         en el marco del control de la legalidad de los actos comunitarios (véase la sentencia Unión de Pequeños Agricultores/Consejo,
         antes citada, apartado 43).
         
         
         
         59
            
          Se desprende de lo anterior que no pueden acogerse la tesis de Bactria relativa a la nueva interpretación del concepto de
         «persona individualmente afectada» ni la supuesta falta de otro medio de impugnación para admitir que la demandante tenga
         legitimación, en este caso, para interponer un recurso de anulación contra el Reglamento nº 1896/2000 ante el órgano jurisdiccional
         comunitario. Por consiguiente, debe desestimarse este cuarto motivo por manifiestamente infundado.
         
         
         
         60
            
          En tales circunstancias, debe desestimarse el recurso de casación por manifiestamente infundado con arreglo al artículo 119
         del Reglamento de Procedimiento.
         
         
         Costas
         61
            
          A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
         artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la
         otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de Bactria y al haber sido desestimados los motivos formulados
         por ésta, procede condenarla en costas.
         
         
         En virtud de todo lo expuesto, 
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
         
         
          resuelve:
         
            
            
            
               1)
                   Desestimar el recurso de casación. 
               
            
            
            
            
               2)
                   Condenar en costas a Bactria Industriehygiene‑Service Verwaltungs GmbH. 
               
            
             Dictado en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2003.
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente de la Sala Quinta
               
            
         
         
         
                  R. Grass
               
               
                  C. Gulmann
               
            
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: inglés.