CELEX: 52007PC0298
Language: es
Date: 2007-06-06
Title: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional

Aviso jurídico importante

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52007PC0298

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 6.6.2007COM(2007) 298 final2007/0112 (CNS)Propuesta deDIRECTIVA DEL CONSEJOpor la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTA |Motivación y objetivos de la propuesta Los refugiados y los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria (también, en lo sucesivo, "los beneficiarios de protección internacional") no pueden actualmente beneficiarse del estatuto de residente de larga duración en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. El Consejo y la Comisión, conscientes de esta laguna, expresaron el deseo, en la Declaración Común de 8 de mayo de 2003, de que la Directiva 2003/109/CE se extendiera a los beneficiarios de protección internacional. El objeto de la presente propuesta es dar efecto a esta declaración, incluyendo a los beneficiarios de protección internacional en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE del Consejo. |Contexto general La propuesta presentada en 2001 por la Comisión, que dio lugar a la Directiva 2003/109/CE del Consejo[1], preveía que los refugiados pudieran obtener el estatuto de residentes de larga duración al cabo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida en un Estado miembro, sin necesidad de disponer de recursos fijos, regulares y suficientes y de un seguro de enfermedad. Se decidió no obstante, durante las negociaciones, excluir a los refugiados del ámbito de aplicación de la Directiva, y, en la Declaración Común del Consejo y de la Comisión pronunciada con motivo del Consejo JAI de 8 de mayo de 2003, se acordó que la Comisión presentaría una propuesta de Directiva relativa a la extensión del estatuto de residente de larga duración a los refugiados y a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria teniendo en cuenta el estudio sobre la transferencia del estatuto de protección. |Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta El estatuto de residente de larga duración y los derechos y ventajas que se derivan de dicho estatuto se definen en la Directiva 2003/109/CE del Consejo, que se aplicará también a los beneficiarios de protección internacional tras la aprobación de la presente propuesta. La Directiva 2004/83/CE define a los beneficiarios de protección internacional como los nacionales de terceros países o los apátridas a los que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de beneficiario de protección subsidiaria según lo dispuesto en la propia Directiva. |Coherencia con otras políticas La presente propuesta se ajusta plenamente a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999 y al programa de La Haya de 2004 por lo que se refiere al tratamiento equitativo de los nacionales de terceros países. |CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |Consulta de las partes interesadas |En 2004, los Servicios de la Comisión examinaron las grandes líneas de la presente propuesta con los Estados miembros en el marco del Comité sobre inmigración y asilo y en dos reuniones informales con expertos. En ese mismo año, se consultó también de manera informal al ACNUR, al Consejo Europeo sobre Refugiados y Asilados (ECRE) y a la Comisión de las Iglesias para los emigrantes en Europa (CCME). El Consejo Danés para los Refugiados, el Migration Policy Institute y el Institute for Migration and Ethnic Studies realizaron, por cuenta de la Comisión, un "Estudio sobre la transferencia del estatuto de protección en la UE, en el contexto del sistema europeo común de asilo y el objetivo de un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para los beneficiarios del asilo". El informe elaborado en el marco de este estudio consta de tres partes en que se describen el marco jurídico existente, la práctica en once Estados miembros y un Estado no miembro, y los futuros escenarios para un mecanismo comunitario de transferencia de protección. Los investigadores consultaron a once Estados miembros, al ACNUR y al Consejo de Europa (con respecto al acuerdo europeo sobre transferencia de la responsabilidad). El informe final, discutido con expertos de los Estados miembros, recabó un amplio consenso. |Las partes consultadas acogieron favorablemente la extensión de la Directiva a los refugiados. No obstante, algunos Estados miembros emitieron reservas en cuanto a la inclusión de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria. La Comisión decidió no obstante incluir a este grupo en la presente propuesta ya que considera que ésta debe cubrir la situación de todos los nacionales de terceros países que residen en el Estado miembro de acogida durante cinco años (la Declaración Común de mayo de 2003 mencionaba por otra parte ambas categorías). La mayoría de las partes consultadas manifestó su acuerdo con el análisis del estudio según el cual la transferencia de protección podría producirse incluso antes de la adquisición del estatuto de residente de larga duración, lo que significa que la transferencia de protección requeriría ser objeto de una propuesta distinta. En su mayoría, las partes consultadas estuvieron asimismo de acuerdo en que un mecanismo comunitario sobre la transferencia de protección implica el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de asilo y, por consiguiente, un nivel suficiente de armonización de los procedimientos de asilo de los Estados miembros. En consecuencia, la Comisión decidió no incluir un mecanismo comunitario de transferencia de protección en la presente propuesta. |ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO El objetivo principal de la propuesta es ofrecer al beneficiario de protección internacional la necesaria seguridad jurídica con relación a su estancia en un Estado miembro, y derechos comparables a los de los nacionales de la UE al cabo de cinco años de residencia legal, colmando así la laguna no cubierta por la Directiva 2004/83/CE. Se suprimen, para ello, las excepciones introducidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE con respecto a los beneficiarios de protección internacional, teniendo en cuenta, en su caso, la situación específica de esta personas frente a otros nacionales de terceros países. ESTATUTO DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN EN UN PRIMER ESTADO MIEMBRO Los beneficiarios de protección internacional deben poder adquirir el estatuto de residente de larga duración en el Estado miembro que les haya concedido la protección en las mismas condiciones que otros nacionales de terceros países. Los beneficiarios de protección internacional que hayan obtenido el estatuto de residente de larga duración deben poder beneficiarse plenamente de los derechos y ventajas que se derivan de este estatuto, y estar asimismo sujetos a las restricciones y limitaciones de estos derechos y ventajas contempladas en la Directiva 2003/109/CE. No obstante, mientras un residente de larga duración siga siendo beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2004/83/CE, los derechos que ostente en virtud de dicha Directiva no pueden verse limitados por la Directiva 2003/109/CE. La cuestión de si los beneficiarios de protección internacional que obtienen el estatuto de residentes de larga duración necesitan seguir disfrutando de protección internacional o si siguen teniendo derecho al estatuto conferido por la protección internacional en virtud de la Directiva 2004/83/CE queda fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, la concesión inicial de la protección implica también el respeto del principio de no devolución en el caso de retirada o pérdida del estatuto de residente de larga duración en el primer Estado miembro. ESTANCIA Y ESTATUTO DE RESIDENTE DE LARGA DURACIÓN EN UN SEGUNDO ESTADO MIEMBRO El capítulo III de la Directiva 2003/109/CE del Consejo fija las condiciones en las que los residentes de larga duración pueden ejercer su derecho de residencia en otro Estado miembro. Estas condiciones deben aplicarse plenamente a los beneficiarios de protección internacional que hayan obtenido el estatuto de residentes de larga duración. Los beneficiarios de protección internacional que, con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2003/109/CE, soliciten la concesión del estatuto de residentes de larga duración en un Estado miembro distinto de aquél que les haya concedido la protección internacional deberán tener asimismo la obligación de cumplir todas las condiciones pertinentes exigidas por dicha Directiva. LA DIRECTIVA 2003/109/CE MODIFICADA NO CONTEMPLA NINGÚN MECANISMO COMUNITARIO QUE REGULE LA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN La presente Directiva sólo concede a los residentes de larga duración, en determinadas condiciones, el derecho a establecerse en un segundo Estado miembro, pero no a los beneficiarios de protección internacional propiamente dichos (la Directiva 2004/83/CE no concede tampoco este derecho). Aunque la instalación en un segundo Estado miembro pueda en algunos casos desembocar, en un momento u otro, en una transferencia de responsabilidad en materia de protección, esta cuestión no entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Aunque no disponemos de estadísticas fiables al respecto, el citado estudio sobre la transferencia de protección pone de manifiesto que las solicitudes de transferencia de protección son infrecuentes. En la práctica, las diferencias en la interpretación que hacen los Estados miembros de las disposiciones jurídicas existentes relativas a la transferencia de protección no generan problemas insuperables. El estudio muestra también claramente que la transferencia de protección no está inherentemente vinculada al estatuto de residente de larga duración para los beneficiarios de protección internacional, dado que un refugiado puede verse autorizado a residir en un segundo Estado miembro (por razones profesionales o familiares) antes incluso de obtener el estatuto de residente de larga duración en un primer Estado miembro. Además, la transferencia de protección implica el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de asilo entre los Estados miembros, lo que a su vez requiere un nivel de armonización de los procedimientos de asilo de los Estados miembros por ahora inexistente. En consecuencia, la propuesta de modificación de la Directiva 2003/109/CE no implica la instauración en el Derecho comunitario de un mecanismo de transferencia de responsabilidad en materia de protección. Esto significa que las solicitudes de transferencia de responsabilidad en materia de protección seguirán rigiéndose por la Convención de Ginebra de 1951 y, en su caso, por las disposiciones relativas a los refugiados del acuerdo europeo sobre transferencia de la responsabilidad celebrado en el marco del Consejo de Europa. GARANTIZAR EL RESPETO DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN POR EL SEGUNDO ESTADO MIEMBRO Dado que la propuesta no trata de la transferencia de responsabilidad en materia de protección internacional, es importante preservar el respeto del principio de no devolución en el segundo Estado miembro. Este punto reviste una importancia aún mayor cuando un beneficiario de protección internacional que ya ha obtenido el estatuto de residente de larga duración en un primer Estado miembro consigue el estatuto de residente de larga duración en otro Estado miembro (el segundo Estado miembro) al cabo de cinco años de residencia en este último. Por consiguiente, es preciso garantizar que las autoridades del segundo Estado miembro son plenamente conscientes de que un residente de larga duración que solicita residir en el territorio de este Estado miembro ha obtenido protección internacional en otro Estado miembro. Esto vale tanto para los residentes de larga duración beneficiarios de protección internacional que aún no hayan adquirido el estatuto de residente de larga duración en el segundo Estado miembro como para los que ya lo hayan adquirido. En este sentido, se propone que el artículo 8 establezca que esta información figure en el permiso de residencia de larga duración, en la rúbrica "Observaciones". Aun no constituyendo en sí misma una prueba de que la persona goza en ese preciso momento de protección internacional, esta mención garantizaría que las autoridades del segundo Estado miembro son conscientes de la posibilidad de que el residente de larga duración en cuestión deba seguir beneficiándose de una protección internacional ("situación anterior en materia de protección internacional"). Cuando un residente de larga duración obtiene también el estatuto de residente de larga duración en un segundo Estado miembro, esta información debe consignarse en el permiso de residencia expedido por este Estado miembro, a menos que éste constate, tras consultar al Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección, que este estatuto ha sido retirado entretanto. Para los casos en que el estatuto de residente de larga duración aún no se haya concedido en el segundo Estado miembro, debería también modificarse el artículo 22 de la Directiva 2003/109/CE, de modo que la expulsión, desde el segundo Estado miembro, de los residentes de larga duración en cuyo permiso figure la indicación de que se trata de beneficiarios de protección internacional en otro Estado miembro que, por lo tanto, podrían seguir necesitando una protección, sólo sea posible hacia el primer Estado miembro. Para los casos en que se haya concedido el estatuto de residente de larga duración en el segundo Estado miembro, debería modificarse el artículo 12, de modo que las autoridades del segundo Estado miembro, cuando prevean la adopción de una medida de expulsión, deban consultar a las autoridades del Estado miembro que haya concedido la protección a la persona interesada. Si este Estado miembro confirma que la persona interesada sigue beneficiándose de una protección internacional, dicha persona sólo podrá ser expulsada del segundo Estado miembro hacia el Estado miembro que le hubiera concedido originariamente la protección. No obstante, estos dos casos de readmisión deberán entenderse sin perjuicio de las disposiciones del artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE, que establecen las excepciones a la protección contra la devolución. |BASE JURÍDICA |La presente propuesta modifica la Directiva 2003/109/CE y utiliza la misma base jurídica, a saber, la letra a) del apartado 3 y el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE. Esta base jurídica es apropiada en la medida en que el estatuto de residente de larga duración concedido a los beneficiarios de protección internacional es un instrumento al servicio de su integración en el Estado miembro de acogida como nacionales de terceros países, y forma parte, por lo tanto, de la política de inmigración. El Reino Unido e Irlanda no están vinculados por la Directiva 2003/109/CE en virtud del protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo a los Tratados. La Directiva no vincula tampoco a Dinamarca en virtud del protocolo sobre la posición de Dinamarca, anexa a los Tratados. |PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD |Los beneficiarios de protección internacional no entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE, lo que significa que los Estados miembros son los que deciden a nivel nacional si y en qué condiciones los beneficiarios de protección internacional pueden obtener un estatuto más permanente, y con qué alcance. En la actualidad, pueden obtener este estatuto en algunos Estados miembros, pero no en todos. Por otra parte, el alcance del estatuto varía de un Estado miembro a otro. El Consejo y la Comisión han acordado, sin embargo, que los beneficiarios de una protección internacional deberían tener derecho a obtener el estatuto de residentes de larga duración contemplado en la Directiva 2003/109/CE en todos los Estados miembros, y en condiciones comparables. Esto requiere la adopción de normas comunes a escala comunitaria. |Modificar la Directiva 2003/109/CE es pues el mejor medio para garantizar una igualdad de trato para todos los nacionales de terceros países que han residido legalmente en un Estado miembro durante un cierto periodo de tiempo. |PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD |La forma dada a la acción comunitaria debe ser la más simple que permita alcanzar el objetivo de la propuesta y su eficaz aplicación. Desde este punto de vista, el instrumento jurídico elegido es una Directiva por la que se modifica una Directiva existente. Con una directiva se establecen principios generales pero se deja a los Estados miembros a los que va dirigida elegir la forma y los medios más convenientes para incorporar estos principios en sus ordenamientos jurídicos y contextos generales. La Directiva propuesta se limita a fijar las condiciones que deben cumplir los nacionales de terceros países beneficiarios de protección internacional para adquirir el estatuto de residentes de larga duración. Los Estados miembros pueden, si lo desean, definir condiciones más favorables para la adquisición de un estatuto permanente, que sólo tendrá un efecto nacional. |EXPLICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA |Modificación del artículo 2 Habida cuenta del vínculo que debería existir entre, por una parte, la Directiva 2004/83/CE, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida y, por otra parte, la Directiva 2003/109/CE, convendría, para definir el grupo de nacionales de terceros países que deben también poder obtener el estatuto de residentes de larga duración, añadir al artículo 2 de la Directiva 2003/109/CE una referencia a la definición clave del concepto de "protección internacional" que figura en la Directiva 2004/83/CE. Modificación del artículo 3 Se propone suprimir las disposiciones por las que se excluye a los beneficiarios de protección internacional del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE. Modificación del artículo 4 Se propone modificar el artículo 4 de la Directiva 2003/109/CE con el fin de tener en cuenta la duración del procedimiento de asilo para el cálculo de los "cinco años de residencia legal" en un Estado miembro. Esto garantiza un tratamiento equitativo cuando un nacional de un tercer país obtiene el estatuto de beneficiario de protección internacional tras solicitar una revisión o interponer un recurso contra una negativa previa a su solicitud de asilo. Modificación del artículo 8 Los artículos 8 a 11 de la Directiva 2003/109/CE se aplicarán plenamente a los beneficiarios de protección internacional que presenten una solicitud de estatuto de residente de larga duración en un Estado miembro. Conviene no obstante tomar en consideración las preocupaciones de los Estados miembros en cuanto al respeto del principio de no devolución cuando pueda ponerse fin a la estancia de un residente de larga duración sobre la base de lo dispuesto en la Directiva 2003/109/CE. Los Estados miembros temen en este caso que la situación anterior del nacional de un tercer país en materia de protección puedan no tenerse en cuenta cuando las autoridades nacionales responsables de la concesión y retirada del estatuto conferido por la protección internacional son diferentes de las responsables de la concesión y la retirada del estatuto de residente de larga duración. El problema se plantea también cuando un beneficiario de protección internacional que obtiene el estatuto de residente de larga duración se traslada a otro Estado miembro y, al cabo de una estancia de cinco años, adquiere el estatuto de residente de larga duración en este Estado miembro. En consecuencia, con el fin de garantizar que las autoridades competentes son conscientes de esta situación anterior en materia de protección internacional, la modificación propuesta del artículo 8 obliga a los Estados miembros a incluir, en los permisos de residencia de residente de larga duración-CE expedidos a los beneficiarios de protección internacional, una observación específica que indique que el nacional de un tercer país ha obtenido el estatuto de beneficiario de protección internacional. Cuando un segundo Estado miembro concede el estatuto de residente de larga duración a un nacional de un tercer país cuyo permiso de residencia de residente de larga duración-CE expedido por un primer Estado miembro contiene la citada observación, debería consignar esta misma información en el permiso de residencia que él expide. No obstante, no estará sujeto a esta obligación cuando, tras consultar al Estado miembro que ha concedido la protección internacional, constate que dicha protección ha sido retirada. Modificación del artículo 11 La cuestión de si los beneficiarios de protección internacional que obtienen el estatuto de residentes de larga duración siguen necesitando una protección internacional, o si conservan el estatuto conferido por la protección internacional en virtud de la Directiva 2004/83/CE, no entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, cuando conservan el estatuto de beneficiario de protección internacional en virtud de la Directiva 2004/83/CE, y residen en el Estado miembro que les haya concedido la protección, estas personas seguirán pudiendo disfrutar de los derechos y ventajas vinculados a este estatuto. Es pues necesario modificar el artículo 11 con el fin de indicar claramente que la posibilidad de introducir restricciones al principio de igualdad de trato contemplado en este artículo sólo puede aplicarse, en el caso de estas personas, en la medida en que dichas restricciones sean compatibles con las disposiciones de la Directiva 2004/83/CE. Modificación de los artículos 12 a 22 Aunque la transferencia de responsabilidad en materia de protección no entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por el principio de no devolución enunciado en la Convención de Ginebra de 1951 - y recogido en el artículo 21 de la Directiva 2004/83/CE - y en la Convención Europea de Derechos Humanos (concretamente en su artículo 3) a la hora de aplicar las disposiciones de la presente Directiva relativas a la expulsión del territorio de la Unión. Las modificaciones propuestas del artículo 12 (nuevos apartados 3 bis y 6) y del artículo 22 (nuevo apartado 3 bis) tienen por objeto garantizar, en la medida de lo posible, la preservación del principio de no devolución en todas las situaciones que pueden presentarse cuando un beneficiario de protección internacional ejerce los derechos que le son conferidos en virtud de la Directiva 2003/109/CE. En la práctica, los Estados miembros deberán en primer lugar verificar si la Directiva 2004/83/CE es (aún) aplicable al nacional de un tercer país, y, en caso afirmativo, si su expulsión del territorio de la Unión se ajustaría al principio de no devolución. A) Expulsión por el Estado miembro que ha concedido el estatuto de residente de larga duración - artículo12 Para los casos en que la observación introducida en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, indique que el estatuto de residente de larga duración y la protección internacional han sido concedidos por el mismo Estado miembro, el nuevo apartado 6 garantiza el cumplimiento del artículo 21 de la Directiva 2004/83/CE. Esto obligará al Estado miembro que prevé la adopción de una medida de expulsión a comprobar si el nacional de un tercer país sigue beneficiándose de protección internacional. En caso afirmativo, la expulsión sólo será posible en los casos previstos por esta disposición. Para los casos en que la observación introducida en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, indique que el estatuto de residente de larga duración y la protección internacional han sido concedidos por Estado miembros diferentes, se ha añadido al artículo 12 un apartado 3 bis. Esta disposición obliga al segundo Estado miembro, cuando prevé la adopción de medidas de expulsión, a consultar al Estado miembro que, según la observación, ha concedido la protección internacional al nacional de un tercer país. Si, tras esta consulta, se constata que el nacional de un tercer país sigue beneficiándose de una protección internacional en el Estado miembro consultado, la expulsión sólo será posible hacia ese Estado miembro. En tal caso, este último estará obligado a readmitir sin trámites al nacional de que se trate. El nuevo apartado 6 establece no obstante que la expulsión del territorio de la Unión Europea sigue siendo posible si se dan las condiciones contempladas en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE. Obviamente, en los dos casos citados, el mecanismo de readmisión no puede aplicarse cuando la responsabilidad de la protección de la persona en cuestión se ha transferido del primero hacia el segundo Estado miembro de acuerdo con sus respectivas obligaciones en virtud de instrumentos internacionales. B) Expulsión por el Estado miembro en el que un residente de larga duración ejerce su derecho a la movilidad en virtud del capítulo III de la Directiva – artículo 22 Para preservar el principio de no devolución en los casos en que un residente de larga duración beneficiario de protección internacional resida en el segundo Estado miembro pero aún no haya obtenido el estatuto de residente de larga duración, la expulsión sobre la base del artículo 22 debería estar restringida a una expulsión hacia el primer Estado miembro. No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 3 bis, la expulsión fuera del territorio de la Unión Europea seguiría siendo posible si se dan las condiciones contempladas en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2004/83/CE. |Modificación del artículo 25 Para facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros exigido por el artículo 12, apartado 3 bis, debería modificarse en consecuencia el artículo 25 con vistas a que la red de puntos de contacto nacionales pueda también utilizarse con este fin. |1.  2007/0112 (CNS)Propuesta deDIRECTIVA DEL CONSEJOpor la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacionalEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEAVisto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 63, apartados 3 y 4,Vista la propuesta de la Comisión[2],Visto el dictamen del Parlamento Europeo[3],Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[4],Visto el dictamen del Comité de las Regiones[5],Considerando lo siguiente:(1) La Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración[6], no se aplica a los refugiados ni a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a que se refiere la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida[7].(2) La perspectiva de obtener el estatuto de residente de larga duración en un Estado miembro al cabo de un determinado tiempo es un elemento importante de la integración plena de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro de residencia.(3) La concesión del estatuto de residente de larga duración a los beneficiarios de protección internacional es también importante para promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la Comunidad establecido en el Tratado.(4) Los beneficiarios de protección internacional deben pues poder obtener el estatuto de residentes de larga duración al cabo de cinco años de residencia legal e ininterrumpida en el Estado miembro que les haya concedido la protección internacional en las mismas condiciones que otros nacionales de terceros países. La duración del procedimiento de examen de su solicitud de protección internacional debe tenerse en cuenta para calcular este período de cinco años de residencia legal e ininterrumpida.(5) Habida cuenta del derecho que tienen los beneficiarios de protección internacional a residir en Estados miembros distintos de los que les hayan concedido la protección internacional, es necesario garantizar que estos Estados miembros son conscientes de la situación anterior en materia de protección de las personas afectadas y pueden por lo tanto respetar sus obligaciones con respecto al cumplimiento del principio de no devolución. En este sentido, el permiso de residencia de residente de larga duración-CE expedido a los beneficiarios de protección internacional debería contener una observación en la que se indique que un Estado miembro ha concedido protección internacional a su titular. A menos que se haya retirado a éste la protección internacional, esta mención deberá reproducirse en el permiso de residencia de residente de larga duración-CE expedido por el segundo Estado miembro.(6) Los beneficiarios de protección internacional residentes de larga duración deberían recibir el mismo trato que los ciudadanos del Estado miembro de residencia en un amplio abanico de ámbitos económicos y sociales, en determinadas condiciones, de modo que el estatuto de residente de larga duración constituya un verdadero instrumento de integración de los residentes de larga duración en la sociedad que los acoge.(7) La igualdad de trato de los beneficiarios de protección internacional en el Estado miembro que les ha concedido la protección debería entenderse sin perjuicio de los derechos y ventajas garantizados por la Directiva 2004/83/CE.(8) Las condiciones fijadas en la Directiva 2003/109/CE en cuanto al derecho de los residentes de larga duración a residir en otro Estado miembro y a obtener el estatuto de residente de larga duración deberían aplicarse de la misma forma a todos los nacionales de países terceros que hayan obtenido el estatuto de residente de larga duración.(9) La transferencia de la responsabilidad en materia de protección de los beneficiarios de protección internacional no entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.(10) Cuando un Estado miembro tiene previsto expulsar, por uno de los motivos contemplados en la Directiva 2003/109/CE, a un beneficiario de protección internacional que haya adquirido el estatuto de residente de larga duración en este Estado miembro, la persona interesada debería poder beneficiarse de la protección contra la expulsión garantizada por la Directiva 2004/83/CE. Para preservar el pleno cumplimiento del principio de no devolución cuando la persona interesada haya obtenido el estatuto de beneficiario de protección en otro Estado miembro sin que este estatuto se le haya retirado entretanto, es preciso prever que esta persona sólo pueda ser expulsada hacia el Estado miembro que le haya concedido este estatuto y que este Estado miembro esté obligado a readmitirla, excepto en los casos en que la expulsión esté permitida en virtud de las disposiciones de la Directiva 2004/83/CE relativas al principio de no devolución.(11) Por la misma razón, la posibilidad conferida por la Directiva 2003/109/CE al segundo Estado miembro de expulsar del territorio de la Unión a un nacional de un tercer país establecido en este Estado miembro pero que aún no ha obtenido el estatuto de residente de larga duración no debería aplicarse cuando la persona en cuestión haya obtenido el estatuto de beneficiario de protección en otro Estado miembro, a menos que la expulsión esté permitida en virtud de las disposiciones de la Directiva 2004/83/CE relativas al principio de no devolución.(12) La presente Directiva respeta los derechos y libertades fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De acuerdo con las disposiciones de la Carta que prohíben cualquier discriminación, los Estados miembros deberían aplicar la presente Directiva sin discriminar a sus beneficiarios por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.(13) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, los Estados miembros mencionados no participarán en la adopción de la presente Directiva, y no quedarán vinculados por ella ni estarán obligados a aplicarla.(14) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión, y no quedará vinculada por ella ni estará obligada a aplicarla.HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La Directiva 2003/109/CE se modifica del siguiente modo:1. En el artículo 2, el texto de la letra f) se sustituye por el siguiente texto:"f) protección internacional: la protección internacional, tal y como aparece definida en el artículo 2, letra a), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo[8];".2. En el artículo 3, el apartado 2 se modifica del siguiente modo:a) Se sustituye el texto de la letra c) por el siguiente texto:"c) hayan solicitado autorización para residir en un Estado miembro en virtud de formas subsidiarias de protección con arreglo a obligaciones internacionales, a legislaciones nacionales o a las prácticas de los Estados miembros, y estén a la espera de una resolución sobre su estatuto;".b) El texto de la letra d) se sustituye por el siguiente texto:"d) hayan solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado, y cuya solicitud aún no haya sido objeto de una decisión definitiva;3. En el apartado 2 del artículo 4, se añade el siguiente párrafo:"Por lo que se refiere a los beneficiarios de protección internacional, el período que va de la fecha en que se presenta la solicitud de protección internacional a la fecha en que se concede el permiso de residencia mencionado en el artículo 24 de la Directiva 2004/83/CE se tendrá en cuenta para calcular el período a que se refiere el apartado 1."4. En el artículo 8, se añaden los siguientes apartados 4 y 5:"4. Cuando un Estado miembro expida un permiso de residencia de residente de larga duración-CE a un nacional de un tercer país al que ha concedido protección internacional, anotará en el epígrafe "Observaciones" de dicho permiso el siguiente texto: "[nombre del Estado miembro] ha concedido protección internacional al titular del presente permiso de residencia con fecha de [fecha]."5. Cuando un segundo Estado miembro expida un permiso de residencia de residente de larga duración-CE a un nacional de un tercer país y este permiso de residencia de residente de larga duración-CE contenga la observación citada en el apartado 4, el segundo Estado miembro anotará esta misma observación en el nuevo permiso.El segundo Estado miembro, antes de anotar la observación citada en el apartado 4, podrá consultar al Estado miembro que figura en la observación para asegurarse de que el residente de larga duración sigue beneficiándose de una protección internacional. Cuando la protección internacional haya sido retirada por decisión firme, el segundo Estado miembro no anotará la observación citada en el apartado 4."5. En el artículo 11, se añade el siguiente apartado 4 bis:"4 bis." Por lo que se refiere al Estado miembro que ha concedido la protección internacional, los apartados 3 y 4 se entenderán sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2004/83/CE."6. El artículo 12 se modifica del siguiente modo:a) Se inserta el siguiente apartado 3 bis:"3 bis. Cuando un Estado miembro decida expulsar a un residente de larga duración cuyo permiso de residencia de residente de larga duración-CE contenga la observación contemplada en el apartado 4 del artículo 8, consultará al Estado miembro mencionado en dicha observación.A menos que la protección internacional se haya retirado entretanto, el residente de larga duración será expulsado hacia este Estado miembro, que lo readmitirá de forma inmediata y sin trámites junto a los miembros de su familia."b) Se añade el siguiente apartado 6:"6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la Directiva 2004/83/CE."7. En el artículo 22, se añade el siguiente apartado 3 bis:"3 bis. El apartado 3 no se aplicará a los nacionales de terceros países cuyo permiso de residencia de residente de larga duración-CE expedido por el primer Estado miembro contenga la observación citada en el apartado 4 del artículo 8.El presente apartado se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de la Directiva 2004/83/CE."8. En el artículo 25, el texto del primer párrafo se sustituye por el siguiente texto:"Los Estados miembros designarán unos puntos de contacto que serán los responsables de recibir y transmitir la información mencionada en el apartado 3 bis del artículo 12, en el apartado 2 del artículo 19, en el apartado 2 del artículo 22 y en el apartado 1 del artículo 23."Artículo 21. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva, a más tardar el […]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el […] día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 4Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el [...]Por el ConsejoEl Presidente [1] COM (2001) 127 final.[2] DO C [...] de [...], p. [...][3] DO C [...] de [...], p. [...][4] DO C [...] de [...], p. [...][5] DO C [...] de [...], p. [...][6] DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.[7] DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.[8] DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.