CELEX: 62019CJ0866
Language: es
Date: 2021-10-21
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de octubre de 2021.#SC contra Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy.#Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Trabajador que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros — Período mínimo exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de jubilación — Cómputo del período de cotización cubierto bajo la legislación de otro Estado miembro — Totalización — Cálculo del importe de la prestación de jubilación que ha de abonarse.#Asunto C-866/19.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
   de 21 de octubre de 2021 (
         *1
      )
   «Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 52, apartado 1, letra b) — Trabajador que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en dos Estados miembros — Período mínimo exigido por el Derecho nacional para la adquisición de un derecho a una pensión de jubilación — Cómputo del período de cotización cubierto bajo la legislación de otro Estado miembro — Totalización — Cálculo del importe de la prestación de jubilación que ha de abonarse»
   En el asunto C‑866/19,
   que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), mediante resolución de 19 de septiembre de 2019, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de noviembre de 2019, en el procedimiento entre
   
      SC
   
   y
   
      Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie,
   
   EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
   integrado por la Sra. A. Prechal, Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de Presidenta de la Sala Tercera, y los Sres. J. Passer y F. Biltgen (Ponente), la Sra. L. S. Rossi y el Sr. N. Wahl, Jueces;
   Abogado General: Sr. E. Tanchev;
   Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
   habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
   consideradas las observaciones presentadas:
   
            –
         
         
            en nombre del Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, por los Sres. J. Piotrowski y S. Żółkiewski, radcowie prawni;
         
      
            –
         
         
            en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
         
      
            –
         
         
            en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek, J. Pavliš y J. Vláčil, en calidad de agentes;
         
      
            –
         
         
            en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. M. M. Tátrai, en calidad de agentes;
         
      
            –
         
         
            en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. D. Martin y la Sra. M. Brauhoff, en calidad de agentes;
         
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de abril de 2021;
   dicta la siguiente
   
      Sentencia
   
   
            1
         
         
            La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1).
         
      
            2
         
         
            Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre SC y el Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie (Instituto de la Seguridad Social, Delegación n.o 1 de Varsovia, Polonia; en lo sucesivo, «organismo de pensiones»), en relación con la determinación del importe de la pensión de jubilación prorrateada que debe abonarle dicho organismo.
         
      
      Marco jurídico
   
   
      
         Derecho de la Unión
      
   
   
            3
         
         
            El Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.o 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1408/71»), fue derogado el 1 de mayo de 2010, fecha en la que pasó a ser aplicable el Reglamento n.o 883/2004.
         
      
      Reglamento n.o 1408/71
   
   
            4
         
         
            El artículo 1, letra r), del Reglamento n.o 1408/71 definía la expresión «períodos de seguro» como «los períodos de cotización, empleo o de actividad por cuenta propia, tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro».
         
      
            5
         
         
            El artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71, titulado «Cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia para la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a prestaciones», disponía en su apartado 1:
            «Cuando, en virtud de un régimen que no sea un régimen especial de acuerdo con los apartados 2 o 3, la legislación de un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones al requisito de que hayan sido cumplidos determinados períodos de seguro o de residencia, la institución competente de dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con la legislación de cualquier otro Estado miembro, ya sea en un régimen general o especial, aplicable a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia. Para ello, tendrá en cuenta dichos períodos como si se tratara de períodos cumplidos de acuerdo con la legislación que aplique.»
         
      
            6
         
         
            El artículo 46 de dicho Reglamento, titulado «Liquidación de las prestaciones», establecía en sus apartados 1 y 2:
            «1.   Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la legislación de un Estado miembro para tener derecho a las prestaciones sin que sea preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo 45 ni al apartado 3 del artículo 40, se aplicarán las reglas siguientes:
            
                     a)
                  
                  
                     la institución competente calculará la cuantía de la prestación que será debida:
                     
                              i)
                           
                           
                              por una parte, en virtud únicamente de las disposiciones de la legislación que aplique, y
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              por otra, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2;
                           
                        […]
                  
               2.   En el supuesto de que sea preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo 45 y/o en el apartado 3 del artículo 40 para satisfacer los requisitos exigidos por la legislación de un Estado miembro con el fin de tener derecho a las prestaciones, se aplicarán las reglas siguientes:
            
                     a)
                  
                  
                     la institución competente calculará la cuantía teórica de la prestación que el interesado podría obtener en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las diversas legislaciones de los Estados miembros a que haya estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia hubieran sido cumplidos en el Estado miembro en que radique la institución de que se trate y de acuerdo con la legislación que esta aplique en la fecha en que se liquide la prestación. […]
                  
               
                     b)
                  
                  
                     a continuación, la institución competente determinará el importe efectivo de la prestación, prorrateando la cuantía teórica señalada en la letra a) entre la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos antes de la fecha del hecho causante de acuerdo con la legislación que esta aplica, en relación con la duración total de los períodos de seguro y de residencia cumplidos antes de la fecha del hecho causante de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados.»
                  
               
      
      Reglamento n.o 883/2004
   
   
            7
         
         
            A tenor del artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004, la expresión «períodos de seguro» designa «los períodos de cotización, o de actividad por cuenta ajena o propia, tal como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro».
         
      
            8
         
         
            El artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Totalización de los períodos», sustituyó al artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71 en los siguientes términos:
            «Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine:
            
                     –
                  
                  
                     la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones,
                  
               […]
            al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplica.»
         
      
            9
         
         
            El capítulo 5 del título III del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Pensiones de vejez y de supervivencia», incluye, en particular, el artículo 52 de dicho Reglamento, titulado «Pago de las prestaciones». El artículo 52, apartado 1, que retomó, en esencia, lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, dispone:
            «La institución competente calculará el importe de la prestación potencialmente adeudada:
            
                     a)
                  
                  
                     en virtud de la legislación que aplique, únicamente si las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones se han cumplido exclusivamente con arreglo a la legislación nacional (prestación nacional);
                  
               
                     b)
                  
                  
                     calculando un importe teórico y posteriormente un importe real (prestación prorrateada), de la siguiente manera:
                     
                              i)
                           
                           
                              el importe teórico de la prestación será igual a la prestación que el interesado habría causado en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de los demás Estados miembros se hubieran cumplido de acuerdo con la legislación que dicha institución aplique en la fecha en que se liquide la prestación. En caso de que, con arreglo a dicha legislación, el importe no dependa de la duración de los períodos cumplidos, se considerará que dicho importe constituye el importe teórico;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              la institución competente establecerá a continuación el importe real de la prestación prorrateada, aplicando al importe teórico la proporción entre la duración de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con la legislación que la institución aplique y la duración total de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados.»
                           
                        
               
      
      
         Derecho polaco
      
   
   
            10
         
         
            Con arreglo al artículo 5, apartado 1, punto 2, de la ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Ley de Pensiones de Jubilación y Otras Pensiones Pagadas por la Tesorería de la Seguridad Social), de 17 de diciembre de 1998, en su redacción aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2018, posición 1270), al determinar el derecho a la pensión de jubilación y calcular su importe, los períodos de seguro no contributivos serán tomados en consideración para calcular el importe de la pensión de jubilación únicamente con el límite de un tercio de los períodos de seguro contributivos acreditados.
         
      
      Litigio principal y cuestión prejudicial
   
   
            11
         
         
            Mediante resolución de 24 de febrero de 2014, dictada por el organismo de pensiones, se concedió al demandante en el litigio principal una pensión de jubilación a partir del 5 de noviembre de 2013.
         
      
            12
         
         
            A efectos de la determinación del derecho a una pensión de jubilación, el organismo de pensiones tuvo en cuenta los diferentes períodos de seguro del demandante en el litigio principal. Primeramente, dicho organismo determinó la duración correspondiente a los períodos de seguro contributivos cubiertos con arreglo a la legislación de la República de Polonia y, a continuación, computó los períodos de seguro no contributivos cubiertos conforme a la legislación de dicho Estado miembro hasta un tercio de los referidos períodos de seguro contributivos. Por último, y en la medida en que el asegurado no cumplía, basándose únicamente en los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de la República de Polonia, la duración mínima del seguro exigida para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, se añadieron a la duración de los períodos de seguro cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, en este caso, el Reino de los Países Bajos.
         
      
            13
         
         
            Una vez determinada la duración del seguro y con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004, el organismo de pensiones calculó de la misma manera el importe teórico de la prestación, sumando los períodos de seguro contributivos nacionales y los períodos de seguro no contributivos nacionales dentro del límite del tercio de esos primeros períodos antes de añadir los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. El importe real de la prestación se calculó prorrateando la duración de los períodos de seguro cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia, contributivos y no contributivos, estos últimos hasta un tercio de los períodos de seguro contributivos nacionales, con respecto a la duración total de los períodos de seguro cubiertos tanto bajo la legislación de la República de Polonia como bajo la de otro Estado miembro.
         
      
            14
         
         
            El demandante en el litigio principal interpuso recurso contra la resolución del organismo de pensiones de 24 de febrero de 2014, solicitando, en particular, que los períodos de seguro no contributivos cubiertos con arreglo a la legislación de la República de Polonia se computasen en mayor medida en el cálculo del importe de la pensión de jubilación, dado que el organismo de pensiones había cometido un error al no considerar el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia de 3 de marzo de 2011, Tomaszewska (C‑440/09, en lo sucesivo, «sentencia Tomaszewska, EU:C:2011:114), según el cual, al determinar los períodos necesarios para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, a efectos de determinar el límite del que no pueden exceder los períodos de cotización no contributivos, es preciso tener en cuenta todos los períodos de seguro cumplidos durante la vida laboral del trabajador migrante, incluidos aquellos cumplidos en otros Estados miembros.
         
      
            15
         
         
            Al considerar que el método de cálculo aplicado por el organismo de pensiones era correcto, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) desestimó dicho recurso mediante sentencia de 19 de noviembre de 2015.
         
      
            16
         
         
            A raíz del recurso de apelación interpuesto por el demandante en el litigio principal, el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia, Polonia) modificó esa sentencia y la resolución del organismo de pensiones de 24 de febrero de 2014 mediante sentencia de 9 de agosto de 2017. Dicho órgano jurisdiccional precisó que la interpretación adoptada en la sentencia Tomaszewska relativa a la aplicación del artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71 no solo era válida para la determinación de la duración necesaria para adquirir el derecho a pensión de jubilación, sino también a efectos del cálculo del importe de la prestación devengada.
         
      
            17
         
         
            El organismo de pensiones interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia). En apoyo de su recurso de casación, el referido organismo alega, en primer lugar, que la sentencia Tomaszewska versaba sobre la interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71, que corresponde al artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, y no del artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, que corresponde al artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, de que se trata en el litigio principal. En segundo lugar, a juicio del organismo de pensiones, dicha sentencia solo puede aplicarse en situaciones fácticas análogas a las del asunto que dio lugar a dicha sentencia. En tercer lugar, la aplicación al litigio principal de la interpretación del artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71 adoptada por la sentencia Tomaszewska tendría como consecuencia que los períodos de seguro no contributivos cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia serían tenidos en cuenta en una medida más amplia que la prevista por el Derecho polaco, lo que daría lugar a un aumento de la parte de la contribución del régimen polaco de seguridad social en la prestación devengada por el asegurado. En cuarto lugar, siempre según el organismo de pensiones, del apartado 2 de la Decisión n.o H6 de la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, de 16 de diciembre de 2010, relativa a la aplicación de determinados principios relacionados con la totalización de los períodos en virtud del artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004 (DO 2011, C 45, p. 5), se desprende que los períodos de seguro comunicados por otros Estados miembros son totalizados por el Estado miembro destinatario sin cuestionar su valor, de modo que el organismo polaco de seguridad social no puede ser obligado a tener en cuenta períodos de seguro nacionales con un alcance más amplio que el previsto en su Derecho nacional.
         
      
            18
         
         
            Según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004 puede acoger tres interpretaciones diferentes.
         
      
            19
         
         
            La primera interpretación posible es la que sigue el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de Apelación de Varsovia), que se basa en la interpretación del artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71 resultante de la sentencia Tomaszewska, conforme a la cual la institución competente del Estado miembro de que se trate debe tomar en consideración, a efectos de determinar el límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no contributivos con respecto a los períodos de seguro contributivos, todos los períodos de seguro cubiertos, incluidos los cubiertos en otros Estados miembros. Esta ficción jurídica se aplica —a su juicio— no solo a la adquisición del derecho a una prestación, sino también al cálculo del importe, tanto teórico como real, de dicha prestación.
         
      
            20
         
         
            La segunda interpretación consiste, según el órgano jurisdiccional remitente, en considerar que la sentencia Tomaszewska únicamente influye de manera parcial en la interpretación del artículo 52 del Reglamento n.o 883/2004, en el sentido de que solo el apartado 1, letra b), inciso i), de dicho artículo prevé expresamente que procede calcular el importe teórico empleando una ficción jurídica según la cual el asegurado ha cubierto todos los períodos de seguro, incluidos los adquiridos en otros Estados miembros, en el Estado miembro encargado de liquidar la prestación. En cambio, el cálculo del importe real contemplado en el apartado 1, letra b), inciso ii), del referido artículo se efectúa sin que dicha ficción se aplique sistemáticamente.
         
      
            21
         
         
            Siempre a juicio del órgano jurisdiccional remitente, la tercera interpretación implica que la sentencia Tomaszewska se aplica únicamente a la adquisición del derecho a una pensión de jubilación y no al cálculo de su importe.
         
      
            22
         
         
            En esas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
            «¿Debe interpretarse el artículo 52, apartado 1, letra b), del [Reglamento n.o 883/2004] en el sentido de que la institución competente:
            
                     a)
                  
                  
                     toma en consideración —con arreglo al Derecho nacional— los períodos de cotización no contributivos no superiores al tercio de la suma de los períodos cotizados cubiertos con arreglo al Derecho nacional y a la legislación de otros Estados miembros tanto para determinar el importe teórico [inciso i)] como el importe real de la prestación [inciso ii)]; o
                  
               
                     b)
                  
                  
                     toma en consideración —con arreglo al Derecho nacional— los períodos de cotización no contributivos no superiores al tercio de la suma de los períodos cotizados cubiertos con arreglo al Derecho nacional y a la legislación de otros Estados miembros solo para determinar el importe teórico [inciso i)], pero no para determinar el importe real de la prestación [inciso ii)]; o
                  
               
                     c)
                  
                  
                     no toma en consideración para determinar el importe teórico [inciso i)] y el importe real de la prestación [inciso ii)] los períodos cotizados en otro Estado miembro al calcular los límites de los períodos de cotización no contributivos previstos en el Derecho nacional?»
                  
               
      
      Sobre la cuestión prejudicial
   
   
            23
         
         
            Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que la institución competente del Estado miembro de que se trate debe tener en cuenta, a efectos de la determinación del límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no contributivos con respecto a los períodos de seguro contributivos con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro, los distintos períodos de seguro, incluidos los cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros, al calcular el importe teórico de la prestación contemplada en el inciso i) de dicha disposición, así como el importe real de la prestación contemplada en el inciso ii) de esa misma disposición.
         
      
            24
         
         
            Con carácter preliminar, es preciso señalar que, aunque el Reglamento n.o 1408/71 fue sustituido, a partir del 1 de mayo de 2010, por el Reglamento n.o 883/2004, las disposiciones de los artículos 45 y 46 del Reglamento n.o 1408/71 se recogen respectivamente, en esencia, en los artículos 6 y 52 del Reglamento n.o 883/2004. Por ello, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a tales disposiciones del Reglamento n.o 1408/71 conserva, como ha señalado el Abogado General en el punto 28 de sus conclusiones, toda su pertinencia para la interpretación de las disposiciones controvertidas del Reglamento n.o 883/2004.
         
      
            25
         
         
            Es preciso recordar que ni las disposiciones del Reglamento n.o 1408/71 ni las del Reglamento n.o 883/2004 instituyen un régimen común de seguridad social, sino que su único objeto es garantizar que exista un nivel de coordinación entre los distintos regímenes nacionales que siguen existiendo. Así, según jurisprudencia reiterada, los Estados miembros conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 35, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 38).
         
      
            26
         
         
            Dado que los Reglamentos n.o 1408/71 y n.o 883/2004 no determinan los requisitos a los que se sujetan los períodos de empleo o de seguro, estos requisitos, según se desprende tanto del artículo 1, letra r), del Reglamento n.o 1408/71 como del artículo 1, letra t), del Reglamento n.o 883/2004, son definidos exclusivamente por la legislación del Estado miembro con arreglo a la cual hayan sido cubiertos los períodos de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Salgado Alonso, C‑306/03, EU:C:2005:44, apartado 30).
         
      
            27
         
         
            No obstante, si bien corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, entre otros aspectos, los requisitos que confieren derecho a las prestaciones, los Estados miembros deberán respetar el Derecho de la Unión y, en concreto, las disposiciones del Tratado FUE sobre la libertad, que se reconoce a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartados 36 y 37, y de 23 de enero de 2020, Bundesagentur für Arbeit, C‑29/19, EU:C:2020:36, apartado 41 y jurisprudencia citada).
         
      
            28
         
         
            Para garantizar esta observancia, el artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71, tal como fue retomado, en esencia, en el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, establece que, cuando la legislación de un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones al requisito de que hayan sido cumplidos determinados períodos de seguro, la institución competente de dicho Estado miembro deberá tener en cuenta los períodos de seguro cumplidos de acuerdo con la legislación de cualquier otro Estado miembro como si se tratara de períodos cumplidos de acuerdo con la legislación que aplique dicha institución. Dicho con otras palabras, los períodos de seguro cubiertos conforme a la legislación de diversos Estados miembros deberán totalizarse (sentencia de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 41).
         
      
            29
         
         
            A este respecto, el artículo 45 del Reglamento n.o 1408/71, al igual que el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, desarrolla el principio de acumulación de los períodos de seguro, de residencia o de empleo, establecido en el artículo 48 TFUE. Constituye uno de los principios básicos de la coordinación en la Unión de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros, que tiende a garantizar que el ejercicio del derecho a la libre circulación no tenga como efecto privar a un trabajador de las ventajas de seguridad social a las que hubiera tenido derecho en el caso de haber desarrollado toda su carrera en un solo Estado miembro. En efecto, semejante consecuencia podría disuadir al trabajador de la Unión de ejercitar su derecho a la libre circulación y constituiría, por lo tanto, un obstáculo para dicha libertad (véase, en este sentido, la sentencia Tomaszewska, apartado 30 y jurisprudencia citada).
         
      
            30
         
         
            Por consiguiente, cuando una legislación nacional establece, para determinar el período de seguro mínimo exigido para la adquisición del derecho a una pensión de jubilación, un límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no contributivos con respecto a los períodos de seguro contributivos, la institución competente del Estado miembro de que se trate deberá tomar en consideración, para determinar los períodos de seguro contributivos, todos los períodos de seguro cubiertos durante la vida laboral del trabajador migrante, incluidos los adquiridos con arreglo a la legislación de otros Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia Tomaszewska, apartados 37 y 39).
         
      
            31
         
         
            A este respecto, debe precisarse que este principio de la totalización resulta aplicable a todas las situaciones en las que la adquisición del derecho a una pensión de jubilación requiere que se tengan en cuenta los períodos cubiertos con arreglo a la legislación de otros Estados miembros y su aplicación no puede, por tanto, limitarse únicamente al supuesto, como el que dio lugar a la sentencia Tomaszewska, en el que no se alcanza el umbral sobre la base de un primer cálculo que simplemente añade, a los períodos de seguro contributivos y no contributivos determinados conforme a las disposiciones nacionales, los períodos de seguro contributivos completados con arreglo a la legislación de otros Estados miembros, sin incluirlos en el cálculo de dicho límite.
         
      
            32
         
         
            En cambio, el litigio principal no versa sobre la adquisición de un derecho a pensión, cuyas reglas se fijan en el artículo 45, apartado 1, del Reglamento n.o 1408/71, reemplazado por el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, sino sobre el cálculo del importe de una pensión de jubilación.
         
      
            33
         
         
            A este respecto, es preciso recordar que el artículo 48 TFUE, párrafo primero letra a), dispone, para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptarán las medidas necesarias para la acumulación de todos los períodos de seguro completados con arreglo a las distintas legislaciones nacionales no solo para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones, sino también para el cálculo de estas.
         
      
            34
         
         
            Del tenor del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004, que reproduce, en esencia, las reglas de cálculo establecidas, en particular, en el artículo 46 del Reglamento n.o 1408/71 (véase, en este sentido, la sentencia Tomaszewska, apartado 22 y jurisprudencia citada), se desprende que el cálculo del importe de la pensión de jubilación se efectúa en dos fases, calculando primero un importe teórico y después un importe real.
         
      
            35
         
         
            Por lo que respecta a la primera fase, contemplada en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), de dicho Reglamento, la institución competente está obligada a calcular el importe teórico de la prestación a la que el asegurado tendría derecho si todos los períodos de seguro o de residencia que hubiera cubierto con arreglo a las legislaciones de otros Estados miembros lo hubieran sido con arreglo a la legislación que dicha institución aplique [véanse, en relación con el artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, las sentencias de 26 de junio de 1980, Menzies, 793/79, EU:C:1980:172, apartado 9, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 42].
         
      
            36
         
         
            Por tanto, con arreglo a esta disposición, el importe teórico de la prestación debe calcularse como si el asegurado hubiera ejercido toda su actividad profesional exclusivamente en el Estado miembro de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de junio de 1980, Menzies, 793/79, EU:C:1980:172, apartado 10; de 21 de julio de 2005, Koschitzki, C‑30/04, EU:C:2005:492, apartado 27, y de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 41).
         
      
            37
         
         
            Como ha señalado el Abogado General en el punto 53 de sus conclusiones, ello implica, en el caso de autos, que los períodos de cotización cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia y con arreglo a la del Reino de los Países Bajos deben computarse a efectos de la determinación del límite del tercio que, según la legislación de la República de Polonia, no pueden sobrepasar los períodos de seguro no contributivos con respecto a los períodos de seguro contributivos, para calcular el importe teórico de la prestación. En otras palabras, a efectos del cálculo del importe teórico de la prestación, los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de los diferentes Estados miembros son objeto de totalización.
         
      
            38
         
         
            Esta interpretación del artículo 52, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 883/2004 es conforme con la finalidad de esa disposición en la medida en que el cálculo que debe realizarse con arreglo a dicha disposición tiene por objeto, al igual que el que debe efectuarse en virtud del artículo 46, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1408/71, garantizar al trabajador el importe teórico máximo al que tendría derecho si todos sus períodos de seguro se hubieran cubierto con arreglo a la legislación del Estado de que se trate (sentencias de 26 de junio de 1980, Menzies, 793/79, EU:C:1980:172, apartado 11, y de 21 de julio de 2005, Koschitzki, C‑30/04, EU:C:2005:492, apartado 28).
         
      
            39
         
         
            Por otra parte, como ha recordado el Abogado General en el punto 56 de sus conclusiones, el hecho de maximizar los componentes pertinentes para el cálculo del importe teórico es conforme con la asentada jurisprudencia según la cual el artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1408/71, al que sucedió el artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, debe interpretarse a la luz del objetivo fijado en el artículo 48 TFUE, que consiste en contribuir, en especial mediante la totalización de los períodos de seguro, de residencia o de empleo, al establecimiento de la libre circulación de trabajadores, lo que implica que los trabajadores migrantes no deben perder los derechos a las prestaciones de seguridad social ni sufrir una reducción de su cuantía por haber ejercido el derecho a la libre circulación (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de agosto de 1994, Reichling, C‑406/93, EU:C:1994:320, apartados 21 y 24; de 17 de diciembre de 1998, Lustig, C‑244/97, EU:C:1998:619, apartados 30 y 31, y de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartado 43).
         
      
            40
         
         
            En cambio, conforme a la segunda fase, contemplada en el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004, la institución competente determinará el importe real de la prestación prorrateando el importe teórico entre la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos conforme a la legislación que aplique, en relación con la duración total de los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a las legislaciones de todos los Estados miembros afectados [véanse, en lo que respecta al artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71, las sentencias de 26 de junio de 1980, Menzies, 793/79, EU:C:1980:172, apartado 9, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartado 42].
         
      
            41
         
         
            Así, el artículo 52, apartado 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 883/2004 pretende únicamente repartir la carga respectiva de las prestaciones entre las instituciones de los Estados miembros de que se trate proporcionalmente a la duración de los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación de cada uno de dichos Estados miembros. Esta aplicación, en la fase del cálculo del importe real, del principio de prorrateo y no del principio de totalización está justificada habida cuenta de la inexistencia de un régimen común de seguridad social, lo que implica que, sin penalizar a los trabajadores que ejercen su derecho a la libre circulación, sea necesario preservar la integridad financiera de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros. Pues bien, tomar en consideración, en el cálculo de la prorrata, un período que no corresponda a ningún período de seguro o incluso de residencia efectiva en el Estado miembro de que se trate podría desequilibrar, de manera unilateral y artificial, el equilibrio de la carga de las prestaciones entre Estados miembros de forma incompatible con el mecanismo establecido por dicho artículo [véase, en este sentido, en relación con el artículo 46, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 1408/71, la sentencia de 26 de junio de 1980, Menzies, 793/79, EU:C:1980:172, apartado 11].
         
      
            42
         
         
            Como también ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 55 y 58 de sus conclusiones, según el principio de prorrateo, cada institución competente debe pagar solo la parte de la prestación correspondiente a los períodos pertinentes cubiertos con arreglo a la legislación que aplique. Así, el importe real de la prestación que debe pagarse representa la proporción del importe teórico correspondiente a los períodos totales de seguro o de residencia efectivamente cubiertos con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate.
         
      
            43
         
         
            En consecuencia, para el cálculo del importe real, han de tenerse en cuenta todos los períodos de cotización reales o asimilados en virtud de la legislación que aplique la institución competente (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2002, Barreira Pérez, C‑347/00, EU:C:2002:560, apartado 39), excluyendo los períodos de seguro cubiertos fuera del Estado miembro de que se trate.
         
      
            44
         
         
            En el caso de autos, el cálculo del importe real de la prestación debe efectuarse, por tanto, con arreglo a la legislación polaca, teniendo en cuenta los períodos de seguro contributivos cubiertos conforme a la legislación de la República de Polonia y los períodos de seguro no contributivos cubiertos bajo la legislación de ese Estado miembro, dentro del límite del tercio de esos períodos de seguro contributivos, tal como exige dicha legislación, pero excluyendo los períodos de seguro cubiertos en otro Estado miembro.
         
      
            45
         
         
            Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación del límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no contributivos con respeto a los períodos de seguro contributivos con arreglo a la legislación nacional, la institución competente del Estado miembro de que se trate debe, al calcular el importe teórico de la prestación contemplada en el inciso i) de dicha disposición, tener en cuenta todos los períodos de seguro, incluidos los cubiertos con arreglo a la legislación de otros Estados miembros, mientras que el cálculo del importe real de la prestación a que se refiere el inciso ii) de dicha disposición debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate.
         
      
      Costas
   
   
            46
         
         
            Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
         
       
         
            En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
         
       
            
               
                  El artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la determinación del límite del que no pueden exceder los períodos de seguro no contributivos con respeto a los períodos de seguro contributivos con arreglo a la legislación nacional, la institución competente del Estado miembro de que se trate debe, al calcular el importe teórico de la prestación contemplada en el inciso i) de dicha disposición, tener en cuenta todos los períodos de seguro, incluidos los cubiertos con arreglo a la legislación de otros Estados miembros, mientras que el cálculo del importe real de la prestación a que se refiere el inciso ii) de dicha disposición debe efectuarse teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate.
               
            
          
            
               
                  Firmas
               
            
         (
         *1
      )	Lengua de procedimiento: polaco.