CELEX: 62012TN0182
Language: es
Date: 2012-04-26 00:00:00
Title: Asunto T-182/12: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — HTTS/Consejo

16.6.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 174/29
            
         Recurso interpuesto el 26 de abril de 2012 — HTTS/Consejo
   (Asunto T-182/12)
   2012/C 174/47
   Lengua de procedimiento: alemán
   
      Partes
   
   
      Demandante: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburgo, Alemania) (representantes: J. Kienzle y M. Schlingmann)
   
      Demandada: Consejo de la Unión Europea
   
      Pretensiones
   
   La parte demandante solicita al Tribunal General que:
   
               —
            
            
               Anule el Reglamento (UE) no 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (UE) no 961/2010 en la medida en que se refiere a la demandante.
            
         
               —
            
            
               Condene al Consejo a cargar con las costas del procedimiento, en particular, con las expuestas por la demandante.
            
         
      Motivos y principales alegaciones
   
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca tres motivos.
   
               1)
            
            
               Primer motivo, basado en la violación de los derechos de defensa de la demandante
               
                           —
                        
                        
                           Alega que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a una tutela judicial efectiva y, en particular, ha incumplido la obligación de motivación, al no haber motivado suficientemente su decisión de incluir nuevamente a la demandante en la lista de personas, entidades y organismos que, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento impugnado, están sujetos a medidas restrictivas.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Añade que el Consejo ha violado el derecho de la demandante a ser oída, al no haberle ofrecido la posibilidad de pronunciarse previamente a la nueva inclusión en las listas de sanciones y solicitar de este modo un examen por el Consejo.
                        
                     
         
               2)
            
            
               Segundo motivo, basado en la falta de base para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones
               
                           —
                        
                        
                           Según la demandante, los motivos que invoca el Consejo para la nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones no bastan para fundamentar su nueva inclusión y son erróneos en cuanto a su contenido. En particular, la demandante no se encuentra bajo control de IRISL.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           La inclusión de la demandante en las listas de sanciones se basa en un error manifiesto de apreciación de su situación y de su actividad por parte del Consejo.
                        
                     
         
               3)
            
            
               Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho fundamental de la demandante a la propiedad privada
               
                           —
                        
                        
                           La nueva inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia no justificada en su derecho fundamental a la propiedad privada, puesto que la demandante no puede comprender, debido a la motivación insuficiente por parte del Consejo, cuáles son los motivos por lo que se la incluye en la lista de personas afectada por las sanciones.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Añade que la inclusión de la demandante en las listas de sanciones supone una injerencia desproporcionada en sus derechos de propiedad y es manifiestamente inadecuada para la consecución de los objetivos que se persiguen con el Reglamento impugnado. En cualquier caso, excede de lo que es necesario para la consecución de dichos objetivos.