CELEX: 62013CO0574
Language: es
Date: 2014-01-21 00:00:00
Title: Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2014. # República Francesa contra Comisión Europea. # Recurso de casación - Auto de medidas provisionales - Ayuda de Estado - Decisión por la que se ordena la recuperación - Inexistencia de medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de la ayuda a nivel nacional - Inexistencia de urgencia. # Asunto C-574/13 P(R).

AUTO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      de 21 de enero de 2014 (
            *1
         )
      «Recurso de casación — Auto de medidas provisionales — Ayuda de Estado — Decisión por la que se ordena la recuperación — Inexistencia de medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de la ayuda a nivel nacional — Inexistencia de urgencia»
      En el asunto C‑574/13 P(R),
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 57, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 7 de noviembre de 2013,
      
         República Francesa, representada por los Sres. G. de Bergues y D. Colas y por las Sras. E. Belliard y N. Rouam, en calidad de agentes,
      parte recurrente,
      y en el que la otra parte en el procedimiento es:
      
         Comisión Europea, representada por la Sra. M. Afonso y el Sr. B. Stromsky, en calidad de agentes,
      parte demandada en primera instancia,
      EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      oído el primer Abogado General, Sr. P. Cruz Villalón,
      dicta el siguiente
      
         Auto
      
      
               1
            
            
               Mediante su recurso de casación, la República Francesa solicita la anulación del auto del Presidente del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de agosto de 2013, Francia/Comisión (T‑366/13 R; en lo sucesivo, «auto recurrido»), mediante el que éste desestimó su solicitud de suspensión de la ejecución de la Decisión C(2013) 1926 final de la Comisión, de 2 de mayo de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Francia en favor de la Société Nationale Corse Méditerranée y la Compagnie Méridionale de Navigation (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
            
         
         Antecedentes del litigio y procedimiento ante el juez de medidas provisionales
      
      
               2
            
            
               Los antecedentes del litigio se expusieron como sigue en los apartados 1 a 9 del auto recurrido:
               
                        «1
                     
                     
                        A raíz de un procedimiento de licitación relativo al servicio de las conexiones marítimas Marsella‑Bastia, Marsella‑Ajaccio, Marsella‑Balagne (Ile‑Rousse y Calvi), Marsella‑Porto Vecchio y Marsella‑Propriano, el consorcio constituido por la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) y la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), operadores franceses de servicios de transporte marítimo, realiza, en el período comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de diciembre de 2013, el servicio de las citadas cinco conexiones marítimas en el marco de un Convenio de Delegación de Servicio Público (en lo sucesivo, “CDSP”) firmado con la Collectivité Territoriale de Corse (CTC) y con la Office des Transports de Corse (OTC). Los dos concesionarios perciben una contribución anual de la OTC como contrapartida del servicio permanente de “pasajeros y mercancías” que deben prestar durante todo el año (en lo sucesivo, “servicio básico”) y del servicio adicional de “pasajeros” que deben prestar en los picos de tráfico, es decir, durante los períodos de Navidad, de febrero, de primavera-otoño y/o de verano, en las líneas Marsella‑Ajaccio, Marsella‑Bastia y Marsella‑Propriano (en lo sucesivo, “servicio adicional”).
                     
                  
                        2
                     
                     
                        De conformidad con el CDSP, la compensación financiera final de cada concesionario por cada año se limitará al importe del déficit de explotación causado por las obligaciones derivadas del pliego de condiciones, teniendo en cuenta un rendimiento razonable del capital náutico comprometido en proporción al número de jornadas en que se usa efectivamente para las travesías correspondientes a dichas obligaciones. En caso de que los ingresos reales fueran inferiores a los ingresos previstos fijados por los concesionarios en su oferta, el CDSP prevé un ajuste de la compensación pública. Con posterioridad a su firma, el CDSP se modificó de modo que se suprimieron más de 100 travesías por año entre Córcega y Marsella, se redujeron los importes anuales de la compensación financiera de referencia en 6,5 millones de euros para los dos concesionarios y se impuso un tope al mecanismo de ajuste anual de ingresos por concesionario.
                     
                  
                        3
                     
                     
                        En cuanto a las conexiones marítimas entre Córcega y los puertos de Niza y Tolón, se realizan principalmente por la sociedad francesa Corsica Ferries, que participó también en el procedimiento de licitación mencionado en el apartado 1 anterior, pero cuyas ofertas no fueron seleccionadas. En estas conexiones, la sociedad Corsica Ferries está sometida a obligaciones de servicio público, con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364, p. 7), que le imponen, en particular, un número mínimo de rotaciones por semana en función de los períodos. Además, en las citadas conexiones, existe un dispositivo de ayuda social concedida a los pasajeros con derecho a descuento.
                     
                  
                        4
                     
                     
                        En lo que atañe al servicio global de Córcega desde la Francia continental, tiene, desde hace numerosos años, un carácter marcadamente estacional, ya que la mayor parte del tráfico de pasajeros se lleva a cabo durante los meses de verano. En la década de los años 2000, la tendencia dominante del mercado del transporte entre la Francia continental y Córcega fue el desarrollo de la oferta de transporte desde Tolón, que se convirtió en el primer puerto de servicios marítimos hacia Córcega en términos de tráfico. Dicha tendencia al aumento del tráfico desde Tolón coincide con el aumento de la cuota de mercado de la empresa Corsica Ferries.
                     
                  
                        5
                     
                     
                        En 2007, la Comisión Europea recibió una denuncia de la sociedad Corsica Ferries sobre ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado común, de las que se beneficiarían SNCM y CMN gracias al CDSP. A raíz de información adicional comunicada por la denunciante y de un intercambio de correspondencia con las autoridades francesas, la Comisión, mediante escrito de27 de junio de 2012, informó a la República Francesa de su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, sobre las posibles ayudas en favor de SNCM y de CMN contenidas en el CDSP (DO C 301, p. 1). Al término de este procedimiento, la Comisión adoptó, el 2 de mayo de 2013, la Decisión [controvertida].
                     
                  
                        6
                     
                     
                        La Decisión [controvertida] se notificó a la República Francesa el 3 de mayo de 2013.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        En la Decisión [controvertida], para determinar si las compensaciones concedidas a SNCM y a CMN constituían una ayuda de Estado, la Comisión examinó si en el presente caso se cumplían los criterios fijados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747) (en lo sucesivo, “criterios Altmark”). De este modo, la Comisión declaró que el servicio básico, prestado por SNCM y CMN, respondía a una necesidad real de servicio público, mientras que el servicio adicional, prestado exclusivamente por SNCM, no era ni necesario ni proporcionado para la satisfacción de tal necesidad, para concluir de ello que sólo el servicio básico cumplía el primero de los criterios Altmark. A continuación, al estimar que las condiciones de la licitación (véase el apartado 1 anterior) no habían permitido seleccionar al candidato capaz de prestar los servicios en cuestión al menor coste para la colectividad y que las autoridades francesas no le habían aportado datos que pudieran demostrar que las compensaciones se habían calculado tomando como modelo una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada, dicha institución consideró que no se cumplía el cuarto de los criterios Altmark con respecto a ninguno de los dos servicios de que se trata. Según la Comisión, las compensaciones en cuestión constituían, por tanto, ayudas de Estado (artículo 1 de la Decisión [controvertida]).
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Por lo que se refiere a la compatibilidad de las ayudas examinadas con el mercado interior, la Comisión estimó que el servicio básico constituía un servicio de interés económico general, pero no así el servicio adicional. Por ello, sólo declaró compatibles con el mercado interior las compensaciones abonadas a SNCM y a CMN por el servicio básico (artículo 2, apartado 2, de la Decisión [controvertida]), mientras que las abonadas exclusivamente a SNCM por el servicio adicional se calificaron como incompatibles con el mercado interior (artículo 2, apartado 1, de la Decisión [controvertida]).
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Con arreglo al artículo 3 de la Decisión [controvertida], la Comisión ordenó, en consecuencia, el cese inmediato del abono de las compensaciones correspondientes al servicio adicional y la recuperación, del beneficiario, de las ayudas ya abonadas a tal fin –cuyo importe se eleva a 220 millones de euros aproximadamente–, precisando que la recuperación debía ser inmediata y efectiva y que las autoridades francesas debían encargarse de que dicha Decisión se aplicase en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación (artículo 4 de la Decisión [controvertida]), es decir, a más tardar el 3 de septiembre de 2013. Las autoridades francesas tenían que comunicar a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la Decisión [controvertida], en particular, el importe total que debía recuperarse del beneficiario, una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la citada Decisión así como los documentos que probaban que se había ordenado al beneficiario que reembolsara la ayuda (artículo 5).»
                     
                  
         
               3
            
            
               Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 12 de julio de 2013, la República Francesa interpuso un recurso de anulación de la Decisión controvertida. En apoyo de este recurso, alegó que la Comisión había vulnerado el concepto de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, al considerar que las compensaciones abonadas a SNCM y a CMN en el marco del CDSP otorgaban a sus beneficiarios una ventaja selectiva y al calificar dichas compensaciones como ayudas de Estado en el sentido de la referida disposición. Con carácter subsidiario, la República Francesa sostuvo que la Comisión había infringido el artículo 106 TFUE, apartado 2, al estimar que las compensaciones abonadas a SNCM por el servicio adicional constituían ayudas de Estado incompatibles con el mercado interior en la medida en que este servicio no era un servicio de interés económico general.
            
         
               4
            
            
               Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el mismo día, la República Francesa formuló una demanda de medidas provisionales por la que solicitaba, en esencia, al Presidente del Tribunal General que suspendiera la ejecución de la Decisión controvertida hasta que dicho Tribunal se pronunciase sobre el fondo del recurso. En sus observaciones presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 31 de julio de 2013, la Comisión solicitó que se desestimara esta demanda de medidas provisionales. La República Francesa replicó a las observaciones de la Comisión mediante escrito de 8 de agosto de 2013. La Comisión definió su posición sobre éste mediante escrito de 14 de agosto de 2013.
            
         
         Auto recurrido
      
      
               5
            
            
               Al considerar que disponía de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la demanda sin que fuera necesario oír a las partes, el Presidente del Tribunal General decidió examinar, en primer lugar, si se cumplía el requisito relativo a la urgencia.
            
         
               6
            
            
               El Presidente del Tribunal General señaló, en los apartados 19 a 22 del auto recurrido, que, según la República Francesa, la ejecución inmediata de la Decisión controvertida, que ordenaba recuperar de SNCM una cantidad superior a 220 millones de euros y anular todos los pagos posteriores a la fecha de notificación de aquella Decisión, provocaría inevitablemente la insolvencia y la liquidación de esta sociedad y, por tanto, perjuicios graves, irreparables e inminentes para ese Estado miembro. En opinión de la República Francesa, el referido perjuicio derivado de tal liquidación consistiría, en primer lugar, en la ruptura de la continuidad territorial con Córcega, en segundo lugar, en conflictos sociales importantes en Córcega y en el puerto de Marsella y, en tercer lugar, en repercusiones negativas sobre el empleo y sobre la actividad económica, no solo en dicha sociedad, sino también en las cuencas de Marsella y Córcega.
            
         
               7
            
            
               En el apartado 27 del auto recurrido, el Presidente del Tribunal General observó que los tres tipos de perjuicio invocados por la República Francesa, aun cuando diferentes del perjuicio individual que podría sufrir SNCM, dependen todos de la liquidación de ésta. A partir del apartado 28 del citado auto, examinó, por tanto, si la República Francesa había acreditado que la ejecución de la Decisión controvertida podría provocar inevitablemente tal liquidación.
            
         
               8
            
            
               A este respecto, el Presidente del Tribunal General señaló, en el apartado 29 del auto recurrido, que incumbía a la República Francesa, única destinataria de la Decisión controvertida, exigir la restitución, por SNCM, de las supuestas ayudas de Estado y anular los abonos de la compensación futura hasta el 31 de diciembre de 2013, dado que la citada Decisión era obligatoria exclusivamente respecto a las autoridades francesas con arreglo al artículo 288 TFUE, párrafo cuarto. Por ello, estimó que la Decisión controvertida no podía jurídicamente, por sí sola, considerarse idónea para obligar a dicha sociedad a restituir las mencionadas ayudas ni a renunciar a esos pagos. Así, el Presidente del Tribunal General consideró que sólo la adopción por las autoridades francesas de una medida jurídicamente vinculante para la ejecución de la Decisión controvertida podría convertir el riesgo de liquidación de SNCM en lo suficientemente inminente como para justificar que se acordara la suspensión de la ejecución solicitada.
            
         
               9
            
            
               En los apartados 30 a 34 del auto recurrido, el Presidente del Tribunal General examinó la pertinencia de los escritos dirigidos el 10 de julio de 2013 por el Prefecto de Córcega a la CTC y a SNCM. Concluyó que el envío de estos dos escritos, que al parecer no fue seguido de ninguna acción por parte de sus destinatarios, no podía considerarse una adopción de medidas para obligar imperativamente a SNCM a restituir las ayudas ya abonadas y a anular, rescindiendo el CDSP, los abonos pendientes de pago. Por tanto, añadía aquél, el riesgo de liquidación de SNCM no podía considerarse lo suficientemente inminente como para justificar la suspensión de la ejecución solicitada.
            
         
               10
            
            
               El Presidente del Tribunal General rechazó las alegaciones en sentido contrario de la República Francesa en los apartados 35 y siguientes del auto recurrido. En el apartado 37 de este auto, observó, en particular, que, en el presente caso, los escritos del Prefecto de Córcega de 10 de julio de 2013 no podían considerarse medidas vinculantes para la ejecución de la Decisión controvertida, máxime cuando éste anunciaba expresamente en dicho escrito la intención de la República Francesa de interponer un recurso de anulación contra esta Decisión junto a una demanda de medidas provisionales de suspensión de su ejecución. En el apartado 38 del citado auto, desestimó la alegación de que correspondía a la CTC emitir un requerimiento de pago, estimando que la inacción era, en cualquier caso, imputable a la República Francesa.
            
         
               11
            
            
               En la medida en que la República Francesa había sostenido que sería paradójico obligarla a tramitar el procedimiento de recuperación de las ayudas ya abonadas pese a que había presentado una demanda de medidas provisionales, el Presidente del Tribunal General recordó, en el apartado 40 del auto recurrido, que los actos adoptados por las instituciones disfrutan de una presunción de legalidad y que la interposición de un recurso de anulación no tiene efecto suspensivo, con arreglo al artículo 278 TFUE, ya que la suspensión de la ejecución sólo puede decidirse por el juez. Señaló asimismo, en el apartado 41 del auto recurrido, que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal General, la República Francesa no estaba obligada a finalizar el procedimiento de recuperación de las ayudas, sino a adoptar medidas vinculantes. En el apartado 42 de dicho auto, concluyó así que, a falta de medidas vinculantes dirigidas imperativamente a la ejecución de la Decisión controvertida, cuya consecuencia ineludible fuera la liquidación de SNCM, la República Francesa no había acreditado que se cumpliera en el presente asunto el requisito relativo a la urgencia.
            
         
               12
            
            
               En los apartados 43 y siguientes del auto recurrido, el Presidente del Tribunal General examinó, a todos los efectos pertinentes, la situación tal como sería si hubiera que considerar que la República Francesa ya había adoptado tales medidas vinculantes en el caso de autos. Estimó esencialmente que, de conformidad con reiterada jurisprudencia y a la luz de los documentos que obraban en autos, no se había acreditado que las vías de recurso nacionales francesas no permitirían a SNCM evitar su liquidación y, por tanto, el riesgo de sufrir un perjuicio grave e irreparable, impugnando ante el juez nacional las medidas nacionales vinculantes que se hubieran adoptado en dicha situación.
            
         
               13
            
            
               A la vista de todos estos elementos, el Presidente del Tribunal General concluyó, en el apartado 56 del auto recurrido, que procedía desestimar la demanda de medidas provisionales porque no concurría el requisito de la urgencia, sin examinar el requisito relativo al fumus boni juris y sin entrar a ponderar los intereses en juego.
            
         
         Pretensiones de las partes
      
      
               14
            
            
               La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:
               
                        —
                     
                     
                        Anule el auto recurrido.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Resuelva él mismo el litigio o devuelva el asunto al Tribunal General.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas a la Comisión.
                     
                  
         
               15
            
            
               La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
               
                        —
                     
                     
                        Desestime el recurso de casación.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas a la República Francesa.
                     
                  
         
         Sobre el recurso de casación
      
      
               16
            
            
               En apoyo de su recurso de casación, la República Francesa invoca un motivo único basado en un error de Derecho en la apreciación del requisito relativo a la urgencia. Más concretamente, la República Francesa reprocha al Presidente del Tribunal General que haya supeditado el cumplimiento de este requisito, en primer lugar, a la adopción por las autoridades nacionales competentes de una orden de ingreso o un requerimiento de pago con el fin de recuperar la ayuda en cuestión y, en segundo lugar, a la prueba de que ninguna vía de recurso interna permitía a la empresa beneficiaria de dicha ayuda oponerse al reembolso de ésta y evitar, así, un perjuicio grave e irreparable.
            
         
               17
            
            
               Por el contrario, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime estas dos imputaciones y, por tanto, el recurso de casación en su totalidad.
            
         
               18
            
            
               A este respecto, procede recordar antes de nada que, según el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, las demandas de medidas provisionales especificarán «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada». Así pues, el juez de medidas provisionales puede conceder la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada, a primera vista, desde el punto de vista fáctico y jurídico (fumus boni iuris), así como su urgencia, es decir, la necesidad de que se adopten y surtan sus efectos antes de que se resuelva el recurso en cuanto al fondo a fin de evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses de la parte que las solicite. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, apartado 30]. El juez que conoce de las medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2001, Austria/Consejo, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, apartado 73).
            
         
               19
            
            
               La finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva, al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que los intereses de la parte que solicita la protección provisional sufran un perjuicio grave e irreparable [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2001, Comisión/Euroalliages y otros, C-404/01 P(R), Rec. p. I-10367, apartados 61 y 62]. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el recurso en cuanto al fondo sin correr el riesgo de sufrir un perjuicio de tal naturaleza (véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2000, Grecia/Comisión, C-278/00 R, Rec. p. I-8787, apartado 14).
            
         
               20
            
            
               A este respecto, del apartado 43 del auto recurrido se desprende que el Presidente del Tribunal General sólo examinó la cuestión de la existencia de vías de Derecho internas en beneficio de SNCM a mayor abundamiento, para el caso de que, contrariamente a lo que declaró en el apartado 42 de dicho auto, se considerase que las autoridades francesas acreditaron que ya habían adoptado medidas vinculantes para la ejecución de la Decisión controvertida. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos reiterativos de una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de la misma y son, por lo tanto, inoperantes (véanse la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425, apartado 148, y el auto de 23 de febrero de 2006, Piau/Comisión, C‑171/05 P, apartado 86).
            
         
               21
            
            
               Por consiguiente, procede examinar, primeramente, si la conclusión del Presidente del Tribunal General en el apartado 42 del citado auto, relativa a la inexistencia de medidas vinculantes y, por tanto, a la falta de urgencia que se deriva de ello, adolece del error de Derecho alegado en el presente caso.
            
         
               22
            
            
               La República Francesa reconoce que está justificado exigir a la empresa beneficiaria de una ayuda la prueba de que las autoridades nacionales competentes han adoptado medidas de recuperación de la ayuda en cuestión y considerar que, a falta de éstas, no se cumple el requisito de urgencia. En efecto, señala acertadamente que sólo las autoridades nacionales pueden exigir a la empresa beneficiaria de una ayuda que reembolse esta ayuda y que la decisión de la Comisión ordenando al Estado miembro que recupere la ayuda en cuestión no impone en cambio ninguna obligación jurídicamente vinculante a dicha empresa, de modo que ésta no puede justificar un riesgo de perjuicio grave e irreparable en tanto las autoridades nacionales no hayan adoptado medidas vinculantes dirigidas a la supresión y a la recuperación de la ayuda. La República Francesa sostiene que esta regla no es de aplicación, sin embargo, a los recursos sobre medidas provisionales interpuestos por los propios Estados miembros en materia de ayudas de Estado, porque sería paradójico, a su juicio, supeditar la procedencia de una demanda de medidas provisionales presentada por un Estado miembro en esta materia a la adopción por las autoridades nacionales de ese Estado de medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de la ayuda en cuestión.
            
         
               23
            
            
               No obstante, procede destacar que la República Francesa no cuestiona la premisa establecida por el Presidente del Tribunal General, en el apartado 27 del auto recurrido, según la cual la materialización de los perjuicios supuestamente graves e irreparables que aquélla invoca presupone la liquidación de SNCM. Así, en la medida en que, como sostiene la propia República Francesa acertadamente, la Decisión controvertida no impone ninguna obligación de reembolso a SNCM, ya que ésta no es la destinataria, dicha sociedad no corre el riesgo de ser liquidada mientras las autoridades nacionales no hayan adoptado medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de la ayuda en cuestión. Por tanto, cabe observar que ese Estado miembro no puede, en estas circunstancias, invocar la probable materialización de los perjuicios graves e irreparables alegados a falta de adopción, por las autoridades nacionales, de tales medidas.
            
         
               24
            
            
               Por lo que respecta a la alegación de la República Francesa destacando el carácter «paradójico» del hecho de que un Estado miembro deba adoptar medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de una ayuda a fin de obtener la suspensión de la ejecución de una decisión que le obliga a recuperar tal ayuda, basta recordar que el inicio forzado de un procedimiento de recuperación de una ayuda concedida por un Estado miembro, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO L 83, p. 1), debido a que dicha ayuda es incompatible con el mercado interior, obliga a este Estado miembro a adoptar, contra su propia voluntad, medidas jurídicamente vinculantes para dar cumplimiento a las obligaciones que se derivan para él del Derecho de la Unión.
            
         
               25
            
            
               Asimismo, como recordó legítimamente el Presidente del Tribunal General en el apartado 14 del auto recurrido, el artículo 278 TFUE establece el principio del carácter no suspensivo de los recursos, dado que la suspensión de la ejecución de un acto cuya anulación se solicita, lo que pueden hacer los justiciables al amparo de esa misma disposición, tiene carácter excepcional.
            
         
               26
            
            
               De ello se deduce que el hecho de que un Estado miembro deba adoptar medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de una ayuda, pese a que solicita ante el juez de la Unión la suspensión de la ejecución de la decisión de la Comisión que le obliga a adoptar esas mismas medidas, se desprende del régimen procedimental y del reparto de competencias entre la Comisión y las autoridades nacionales previstos por el Derecho de la Unión.
            
         
               27
            
            
               Por tanto, procede declarar que el Presidente del Tribunal General no cometió ningún error de Derecho al supeditar el cumplimiento del requisito relativo a la urgencia a la adopción, por las autoridades nacionales competentes, de medidas vinculantes dirigidas a la recuperación de la ayuda en cuestión. Al señalar también, en particular, en los apartados 33 y 37 del auto recurrido, sin que la República Francesa le reproche la desnaturalización de los hechos a este respecto, que dicho Estado miembro no había adoptado tales medidas, el Presidente del Tribunal General pudo, por ello, afirmar legítimamente, en el apartado 42 del auto recurrido, que el mencionado Estado miembro no había acreditado que se cumpliera el requisito relativo a la urgencia en el presente caso.
            
         
               28
            
            
               En estas circunstancias, procede desestimar el presente recurso de casación sin que sea necesario examinar la alegación de la República Francesa sobre la existencia de vías de Derecho internas que permiten a SNCM obtener, en su caso, la suspensión de la ejecución de las medidas vinculantes que las autoridades francesas debieran adoptar, ya que el Presidente del Tribunal General sólo examinó este extremo a mayor abundamiento.
            
         
         Costas
      
      
               29
            
            
               A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Francesa y al haber sido desestimado el motivo único invocado por ésta, procede condenarla en costas.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia resuelve:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Desestimar el recurso de casación.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Condenar en costas a la República Francesa.
                        
                     
                  
          
               
                  
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: francés.