CELEX: 62014CA0555
Language: es
Date: 2017-02-16 00:00:00
Title: Asunto C-555/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 6 de Murcia) — IOS Finance EFC, S.A./Servicio Murciano de Salud (Procedimiento prejudicial — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2011/7/UE — Operaciones comerciales entre empresas privadas y poderes públicos — Normativa nacional que supedita el abono inmediato del principal de una deuda a la renuncia a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro)

10.4.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 112/2
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de febrero de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia) — IOS Finance EFC, S.A./Servicio Murciano de Salud
   (Asunto C-555/14) (1)
   
   ((Procedimiento prejudicial - Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales - Directiva 2011/7/UE - Operaciones comerciales entre empresas privadas y poderes públicos - Normativa nacional que supedita el abono inmediato del principal de una deuda a la renuncia a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro))
   (2017/C 112/02)
   Lengua de procedimiento: español
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.o 6 de Murcia
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: IOS Finance EFC, S.A.
   
      Demandada: Servicio Murciano de Salud
   
      Fallo
   
   La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en particular su artículo 7, apartados 2 y 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite al acreedor renunciar a exigir los intereses de demora y la compensación por los costes de cobro como contrapartida al pago inmediato del principal de créditos devengados, siempre que esta renuncia sea libremente consentida, lo que incumbe comprobar al juez nacional.
   
      (1)  DO C 56 de 16.2.2015.