CELEX: C2006/086/04
Language: es
Date: 2006-04-08 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de  25 de octubre de 2005 , en el asunto C-350/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contra Deutsche Bausparkasse Badenia AG ( Protección de los consumidores — Venta a domicilio — Compra de un bien inmueble — Operación de inversión financiada mediante un préstamo hipotecario — Derecho de revocación — Consecuencias de la revocación )

8.4.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 86/2
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Gran Sala)
   de 25 de octubre de 2005
   en el asunto C-350/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contra Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)
   
   («Protección de los consumidores - Venta a domicilio - Compra de un bien inmueble - Operación de inversión financiada mediante un préstamo hipotecario - Derecho de revocación - Consecuencias de la revocación»)
   (2006/C 86/04)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-350/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landgericht Bochum (Alemania), mediante resolución de 29 de julio de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2003, en el procedimiento entre Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte y Deutsche Bausparkasse Badenia AG, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann y A. Rosas, Presidentes de Sala, y los Sres. C. Gulmann (Ponente) y R. Schintgen, la Sra. N. Colneric, el Sr. S. von Bahr, la Sra. R. Silva de Lapuerta y el Sr. K. Lenaerts, Jueces; Abogado General: Sr. P. Léger; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 25 de octubre de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               El artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, debe interpretarse en el sentido de que excluye del ámbito de aplicación de esta Directiva a los contratos de compraventa de bienes inmuebles, aunque únicamente formen parte de una fórmula de inversión de capital financiada a crédito y las negociaciones previas a la celebración del contrato tengan lugar, por lo que respecta tanto al contrato de compraventa del bien inmueble como al contrato de préstamo destinado exclusivamente a la financiación de dicha compra, en el marco de una venta a domicilio.
            
         
               2)
            
            
               La Directiva 85/577 no se opone a normas nacionales que limitan las consecuencias jurídicas de la revocación de un contrato de préstamo únicamente a la resolución de éste, incluso en el marco de fórmulas de inversión de capital en las que el préstamo no se habría concedido de no haberse adquirido simultáneamente el bien inmueble.
            
         
               3)
            
            
               La Directiva 85/577 no se opone a que:
               
                           —
                        
                        
                           el consumidor que haya hecho uso de su derecho de revocación con arreglo a dicha Directiva deba devolver al prestamista el importe del préstamo a pesar de que, de acuerdo con la fórmula diseñada para la inversión de capital, el préstamo esté destinado exclusivamente a la financiación de la adquisición del bien inmueble y se abone directamente al vendedor de dicho bien;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           se exija la devolución inmediata del importe del préstamo;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           una normativa nacional establezca que el consumidor, en caso de revocación de un contrato de crédito con garantía real, está obligado no sólo a devolver las cantidades percibidas en virtud de dicho contrato, sino también a abonar al prestamista los intereses normales de mercado.
                           No obstante, en una situación en la que, si el Banco hubiera cumplido su obligación de informar al consumidor de su derecho de revocación, éste habría podido evitar exponerse a los riesgos inherentes a inversiones como las controvertidas en el litigio principal, el artículo 4 de la Directiva 85/577 obliga a los Estados miembros a velar por que sus legislaciones protejan a los consumidores que no pudieron evitar exponerse a tales riesgos, mediante la adopción de medidas que puedan evitarles soportar las consecuencias del acaecimiento de dichos riesgos.
                        
                     
         
      (1)  DO C 264, de 1.11.2003.