CELEX: 51995PC0346
Language: es
Date: 1995-07-12
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa al derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad

Avis juridique important

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51995PC0346

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa al derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad  /* COM/95/346 FINAL - CNS 95/0199 */  

Diario Oficial n° C 306 de 17/11/1995 p. 0005

Propuesta de Directiva del Consejo relativa al derecho de los nacionales de terceros países a viajar dentro de la Comunidad (95/C 306/03) (Texto pertinente a los fines del EEE) COM(95) 346 final - 95/0199(CNS)(Presentada por la Comisión el 24 de agosto de 1995)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100,Vista la propuesta de la Comisión,Visto el dictamen del Parlamento Europeo,Visto el dictamen del Comité Económico y Social,Visto el dictamen del Comité de las Regiones,Considerando que el artículo 7 A del Tratado prevé el establecimiento del mercado interior que implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del Tratado;Considerando que para alcanzar este objetivo, los Estados miembros deben conceder a los nacionales de terceros países legalmente presentes en el territorio de un Estado miembro el derecho a desplazarse al territorio de los demás Estados miembros para permanecer brevemente en ellos; que, en efecto, si no se otorgase este derecho, los Estados miembros habrían de hacer frente a la presencia en los demás Estados miembros de personas que no tendrían derecho a penetrar en su territorio, lo que podría constituir un motivo para mantener los controles en las fronteras interiores;Considerando que la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este ámbito tiene un efecto directo en el establecimiento y funcionamiento del mercado interior;Considerando que la concesión por un Estado miembro de una tarjeta de residencia a un nacional de un tercer país por la que se le autoriza para tener en él su domicilio en dicho Estado miembro constituye un acto provisto de garantías suficientes, para que los demás Estados miembros no necesiten exigir de esta persona la obtención de un visado expedido previamente por sus propias autoridades y para que le otorguen, por consiguiente, el derecho a viajar; que, en cualquier caso, cada Estado miembro puede expulsar a dicha persona hacia el Estado miembro que haya expedido la tarjeta de residencia, el cual estará obligado a readmitirla, en el supuesto de que se encuentre en su territorio de forma ilegal, no reúna los requisitos para ejercer el derecho a viajar o constituya una amenaza para el orden público y la seguridad pública o las relaciones internacionales de dicho Estado;Considerando que, cuando un nacional de un tercer país que no tiene su domicilio en la Comunidad dispone de un visado expedido por un Estado miembro que le permite cruzar las fronteras exteriores de todos los Estados miembros, al ser válido en toda la Comunidad y al ser reconocido recíprocamente como tal por los Estados miembros, cada uno de ellos dispone de garantías suficientes para conceder a esta persona el derecho a viajar; que, con mayor motivo, este mismo derecho debe concederse a los nacionales de terceros países que puedan cruzar las fronteras exteriores sin estar sujetos a la obligación de visado; que, en cualquier caso, cada Estado miembro tiene derecho a expulsar a un nacional de un tercer país en el supuesto de que se encuentre en su territorio de forma ilegal, no reúna los requisitos para ejercer el derecho a viajar o constituya una amenaza para el orden público, la seguridad pública o las relaciones internacionales de dicho Estado;Considerando que las personas que ejercen el derecho a viajar no deberían suponer una carga para la asistencia social del Estado miembro en el que realicen su visita y que, por consiguiente, conviene supeditar este derecho a la condición de disponer de recursos suficientes para efectuar el viaje;Considerando que la presente Directiva se inscribe en un conjunto de disposiciones comunitarias y nacionales que regulan la situación jurídica de los nacionales de terceros países en los Estados miembros y que, por consiguiente, conviene precisar exactamente el alcance de la presente Directiva,HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 1. Los Estados miembros concederán a los nacionales de terceros países que estén presentes legalmente en un Estado miembro el derecho a viajar por el territorio de los demás Estados miembros, en las condiciones establecidas en la presente Directiva.2. La presente Directiva no afectará a los derechos:- reconocidos por el Derecho comunitario a los nacionales de terceros países familiares de ciudadanos de la Unión,- concedidos a los nacionales de terceros países y a sus familiares, cualquiera que sea su nacionalidad, que, en virtud de acuerdos celebrados entre la Comunidad y sus Estados miembros y estos países, disfruten de derechos idénticos a los de los ciudadanos de la Unión en materia de entrada y de estancia en un Estado miembro.3. La presente Directiva no afectará a las disposiciones de Derecho comunitario o nacional relativas:- a estancias que no sean de breve duración,- al acceso al empleo y a las actividades por cuenta propia;aplicables a los nacionales de terceros países.Artículo 2 A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:1) «Derecho a viajar»: el derecho a cruzar las fronteras interiores de la Comunidad y a desplazarse por el territorio de un Estado miembro o permanecer brevemente en él sin que el beneficiario tenga la obligación de obtener un visado del Estado o Estados miembros en cuyo territorio ejerza dicho derecho.2) «Tarjeta de residencia»: cualquier documento o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro que permita a una persona permanecer en su territorio y que figure en la lista a que se refiere el apartado 4 del artículo 3.3) «Visado» a los efectos del punto 3 del artículo 2: el visado válido en toda la Comunidad y reconocido reciprocamente para el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros.4) «Nacionales de terceros países»: cualquier persona que no sea ciudadana de la Unión con arreglo al apartado 1 del artículo 8 del Tratado.Artículo 3 1. Los Estados miembros concederán el derecho a viajar a los nacionales de terceros países titulares de una tarjeta de residencia válida expedida por otro Estado miembro.Estas pesonas podrán viajar durante un período ininterrumpido de tres meses como máximo por el territorio de los demás Estados miembros, siempre que reúnan las siguientes condiciones:- poseer una tarjeta de residencia y un título de viaje válidos,- disponer de medios de subsistencia suficientes tanto para el período de estancia o de tránsito previsto como para el regreso al Estado miembro que haya expedido la tarjeta de residencia, o para viajar a un tercer país en el que esté garantizada su admisión.2. Los Estados miembros deberán readmitir en las condiciones y modalidades que figuran en el Anexo, a cualquier persona a quien hayan expedido una tarjeta de residencia y que resida de forma ilegal en el territorio de otro Estado miembro, incluso si la validez de dicha tarjeta ha expirado.3. El nacional de un tercer país titular de una tarjeta de residencia expedida por un Estado miembro y que ejerza su derecho a viajar podrá ser expulsado si no reúne las condiciones contempladas en el apartado 1 o si constituye una amenaza para el orden público, la seguridad pública o las relaciones internacionales del Estado miembro en el que ejerza su derecho a viajar.4. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros la lista de los documentos que expidan como equivalentes a tarjeta de residencia a efectos del presente artículo, así como cualquier modificación de dicha lista.La Comisión publicará esta listas, así como, en su caso, las posibles modificaciones en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 4 1. Los Estados miembros concederán el derecho a viajar a los nacionales de terceros países que sean titulares de un visado con arreglo al punto 3 del artículo 2.Estas personas podrán viajar por el territorio de los Estados miembros durante el período de estancia que autorice dicho visado, siempre que dispongan de un título de viaje provisto de un visado válido y reúnan la condición requerida en el segundo guión del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3.2. Los Estados miembros concederán el derecho a viajar a los nacionales de terceros países que hayan sido dispensados de la obligación de poseer un visado por todos los Estados miembros.Estas personas podrán viajar por el territorio de los Estados miembros durante tres meses como máximo dentro de un período de seis meses a partir de la fecha de la primera entrada en el territorio de uno de los Estados miembros, siempre que estén provistas de un título de viaje válido y cumplan la condición en el segundo guión del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 3.3. El apartado 2 se aplicará asimismo a los nacionales de terceros países a los que un determinado número de Estados miembros exijan un visado.No obstante, salvo que sean titulares de un visado con arreglo al punto 3 del artículo 2, su derecho a viajar quedará limitado a los territorios de los Estados miembros que hayan eximido a los nacionales de los terceros países de que se trate de la obligación de estar provistos de un visado.En este último caso, la estancia en el territorio de los Estados miembros que impongan la obligación de poseer un visado quedará limitada al período que autorice el visado.4. Las disposiciones del presente artículo se entenderán sin perjuicio del derecho de cada Estado miembro a autorizar por un plazo superior a tres meses la estancia de los nacionales de terceros países en su territorio.5. Los nacionales de terceros países admitidos para una estancia breve en la Comunidad que ejerzan su derecho a viajar podrán ser expulsados si no reúnen las condiciones contempladas en los apartados 1 o 2, según estén o no sujetos a la obligación de poseer un visado, o si constituyen una amenaza para el orden público, la seguridad pública o las relaciones internacionales del Estado miembro en el que ejerzan su derecho a viajar.Artículo 5 Los Estados miembros podrán imponer a las personas que ejerzan su derecho a viajar la obligación de notificar su presencia en el territorio.Artículo 6 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 1996. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 7 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 8 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.ANEXO Condiciones y modalidades de readmisión por los Estados miembros de los nacionales de terceros países titulares de una tarjeta de residencia expedida por ellos, y que se encuentren de forma ilegal en el territorio de otro Estado miembro (apartado 2 del artículo 3 de la Directiva) 1. Las presentes disposiciones en materia de readmisión son aplicables a los nacionales de terceros países titulares de una tarjeta de residencia con arreglo al punto 2 del artículo 2 que ejerzan el derecho a viajar pero se encuentren de forma ilegal en el territorio de otro Estado miembro.Las presentes disposiciones no afectan a las obligaciones de los Estados miembros de readmitir, de conformidad con el Convenio de Dublín sobre el derecho de asilo, a los solicitantes de asilo que se encuentren de forma ilegal en otro Estado miembro.2. Cuando una persona de las mencionadas en el punto 1 haya entrado en un Estado miembro, procedente de otro Estado miembro, para una estancia breve o un tránsito, de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, y se encuentre en él de forma ilegal, deberá dirigirse sin demora al Estado miembro para el que disponga de una tarjeta de residencia, salvo que esté autorizada para desplazarse a otro país en el que esté garantizada su admisión.Todo nacional de un tercer país que desee desplazarse a otro país deberá demostrar que puede ser admitido en dicho país, presentando, por ejemplo, una autorización de entrada o un visado válido, y que dispone de los recursos necesarios, por ejemplo en forma de un título de transporte u otro documento que le permita viajar, dinero en efectivo o fondos en una cuenta bancaria, para asegurar su transporte y su estancia en el país en el que pueda ser admitido.3. Si un nacional de un tercer país que se encuentre de forma ilegal en el territorio de un Estado miembro se niega a abandonar dicho territorio, los Estados miembros deberán readmitirlo de acuerdo con los siguientes principios.Si el interesado posee una tarjeta de residencia válida en otro Estado miembro, el Estado miembro que haya expedido dicha tarjeta deberá readmitirlo.Además, los Estados miembros deberán readmitir al nacional de un tercer país, de conformidad con el apartado 2 del artículo 3, en un plazo máximo de dos meses tras la expiración de la tarjeta de residencia.Sólo existirá obligación de readmitir al interesado cuando las autoridades que hayan comprobado su presencia ilegal en el Estado miembro presenten la solicitud de readmisión en el plazo de un mes.4. El interesado deberá ser readmitido después de que las autoridades competentes del Estado miembro solicitante hayan presentado una solicitud en la que se certifique que el interesado posee una tarjeta de residencia expedida por el Estado miembro al que se solicita la readmisión.El Estado miembro que reciba una de las solicitudes mencionadas en el punto 3 deberá contestar a la misma en un plazo de ocho días. A falta de una respuesta en ese plazo, se considerará que dicho Estado miembro acepta la readmisión, salvo que solicite explícitamente prorrogar por una semana dicho plazo.El Estado miembro al que se haya cursado la solicitud de readmisión deberá readmitir a la persona que haya aceptado readmitir en un plazo máximo de un mes. Este plazo podrá prorrogarse mediante un acuerdo entre los dos Estados miembros interesados, previa presentación por el Estado miembro que solicite la prórroga de una petición expresa debidamente justificada.Los Estados miembros se comunicarán las listas de las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de readmisión, así como los puntos de cruce de la frontera en que pueda producirse la readmisión.5. Los gastos de la readmisión correrán a cargo del interesado. Si éste no pudiere hacer frente a los mismos, los gastos, hasta el lugar en que deba producirse la readmisión correrán, en principio, a cargo del Estado miembro que haya solicitado la readmisión.