CELEX: 52000PC0271(01)
Language: es
Date: 2000-05-08
Title: Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos

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52000PC0271(01)

Propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos  /* COM/2000/0271 final - COD 1999/0012 */  

Diario Oficial n° C 311 E de 31/10/2000 p. 0187 - 0196

Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos (presentadas por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE)EXPOSICIÓN DE MOTIVOS1. AntecedentesEl 27 de enero de 1999, la Comisión adoptó las siguientes dos propuestas de directiva [1]:[1]  COM (1999) 3 final de 27.1.1999.* la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos (denominada en lo sucesivo «la primera propuesta») [2],[2]  DO C 67, de 10.3.1999, página 12.* la propuesta de Directiva del Consejo por la que se extiende la libre prestación de servicios transfronterizos a los nacionales de un tercer Estado establecidos dentro de la Comunidad (denominada en lo sucesivo «la segunda propuesta») [3].[3]  DO C 67, de 10.3.1999, página 17.Las propuestas se enviaron la Parlamento y al Consejo el 12 de febrero de 1999. El 26 de mayo de 1999, el Comité Económico y Social emitió un dictamen sobre estas propuestas [4]. Por lo que se refiere a la primera propuesta, se consultó al Parlamento Europeo en el marco del procedimiento de codecisión.Por lo que se refiere a la segunda propuesta, el Consejo consultó al Parlamento el 25 de enero de 2000.[4]  DO C 209, de 22.7.1999, página 5.El Parlamento encomendó el examen de las dos propuestas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (responsable del informe), a la Comisión de Empleo y Asuntos sociales, a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y a la Comisión de Presupuestos (las tres, consultadas para que emitiesen un dictamen). La Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, una vez examinados los dictámenes de las otras tres Comisiones (adoptados los días 23 de noviembre de 1999, 29 de noviembre de 1999 y 31 de marzo de 1999, respectivamente), sometió a votación su propio informe [5] el 11 de enero de 2000. El Parlamento se reunió en sesión plenaria el 3 de febrero de 2000 y adoptó un dictamen, en el que aprobaba las propuestas de la Comisión con algunas modificaciones e invitaba a la Comisión a modificar sus propuestas en este sentido, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE.[5]  Informes del PE de 2 de febrero de 2000 (A5-0007/2000 y A5-0012/2000).2. Propuesta modificadaEl Parlamento Europeo presta su apoyo a la orientación principal de las propuestas de la Comisión, incluida la necesidad de crear una «tarjeta de prestación de servicios - CE». Este apoyo se extiende también a los fundamentos jurídicos defendidos por la Comisión, ya que las propuestas se refieren a la libre circulación de servicios.Las modificaciones propuestas por el Parlamento son, por un lado, de tipo técnico y, por el otro, tienen como objetivo completar el mecanismo de expedición de la «tarjeta de prestación de servicios - CE». La Comisión ha aceptado la mitad de las enmiendas, algunas so reserva de que se reestructure y modifique el texto, siempre que se mantenga el sentido deseado por el Parlamento y la necesaria coherencia de las modificaciones entre las dos propuestas.3. Primera propuesta3.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión en su totalidad o en parte3.1.1. ConsiderandosSe ha modificado el sexto considerando para integrar la enmienda nº 2, que hace hincapié en el hecho de que todos los elementos de la propuesta se acogen al principio de la libre circulación de servicios. Por motivos de redacción, se ha separado el antiguo considerando en dos considerandos (nº 6 y nº 6 bis). Las modificaciones de los demás considerandos corresponden a las modificaciones de los correspondientes artículos (véase más abajo).3.1.2. Parte dispositivaApartado 1 del artículo 2En la nueva versión se integran las enmiendas 7, 9 y 10. El Parlamento pide que no se haga referencia a la Directiva 96/71/CE al definir el concepto de «desplazamiento del trabajador». Además, se introduce una mayor flexibilidad en el régimen de la tarjeta de prestación de servicios: el prestador de servicios podrá solicitar una tarjeta válida no sólo en toda la Comunidad, sino también en uno o varios Estados miembros.Apartado 1 bis del artículo 2En primer lugar, se precisa explícitamente en qué situaciones un prestador de servicios puede desplazar a un trabajador; de esta manera, el Estado miembro en que esté establecido dicho prestador de servicios puede controlar, al expedir la tarjeta, que no se trate de una empresa de trabajo temporal que ponga el trabajador a disposición de una empresa cliente. De esta manera, se integran las enmiendas 7 y 8 de forma que el Estado miembro en que esté establecido dicho prestador de servicios pueda garantizar que el régimen de la tarjeta se aplica debidamente y que el reconocimiento de la tarjeta por parte de los demás Estados miembros se realice según normas claras.Además, la Comisión ha incluido algunos puntos de la enmienda 10, por ejemplo:* la condición de «residencia habitual», que se refleja en la exigencia de una residencia regular durante 12 meses o más y en la precisión de que quedan excluidos los nacionales de terceros países cuya estancia solamente se tolera, sin estar autorizada;* las modificaciones de la redacción en lo que se refiere a la cobertura contra los riesgos de enfermedad y de accidentes de trabajo.Apartados 2 y 3 del artículo 2En estas disposiciones se tiene en cuenta la enmienda 11, en la que se sugiere que se vincule más estrechamente la duración del empleo regular antes de la expedición de la tarjeta a la validez de la tarjeta.Además, se aclara la definición de «empleo regular». No obstante, la Comisión no puede aceptar un mínimo de 3 meses para que un empleo se pueda considerar regular y, por lo tanto, se pueda expedir la tarjeta (enmienda 11). Esta duración podría abrir la posibilidad de contratar nacionales de un tercer Estado en su país de origen para desplazarlos casi inmediatamente a otros Estados miembros. Por lo tanto, se mantiene la propuesta, en la que se prevé una duración de 6 meses.Apartado 3 bis del artículo 2A raíz de la enmienda 10, conviene aclarar qué consecuencias tendría el hecho de que repentinamente no se reúnan ya las condiciones necesarias para la obtención de la tarjeta, p. ej., si finaliza el contrato laboral entre el prestador de servicios y el trabajador desplazado. Por lo tanto, queda integrada la enmienda 10.Apartado 4 del artículo 2A raíz de la enmienda 10, la Comisión ha aceptado determinar las obligaciones del prestador de servicios cuando la tarjeta deje de tener validez. A este respecto, se sugiere una solución única para todos los casos, incluido el caso de finalización regular de la duración de validez de la tarjeta.Apartado 5 del artículo 2 (y considerando nº 8)Mediante estas modificaciones se integra en el texto la primera parte de la enmienda 15, que versa sobre la relación entre el Estado miembro emisor de la tarjeta, el prestador de servicios y el trabajador desplazado cuando finalice un contrato laboral. La segunda parte de la enmienda 15 se refiere a la relación entre los particulares implicados y el Estado miembro en que se realice una prestación de servicios; por ello, se incluye en el apartado 3 del artículo 3 de la propuesta modificada (véase más abajo).Apartado 1 del artículo 3Mediante este añadido se integra en el texto la enmienda 16. No obstante, se ha considerado necesario introducir como condición una confirmación del prestador de servicios en vez de una simple copia de una declaración suya enviada a las autoridades del Estado miembro de acogida.Apartado 3 del artículo 3 (y considerando nº 9)Mediante este añadido se precisan las obligaciones del prestador de servicios ante el Estado miembro de acogida cuando finalice el contrato laboral (cf. supra, apartado 5 del artículo 2).Artículo 5 bis (y considerando nº 13bis)En la enmienda 14, el Parlamento manifiesta su deseo de que se cree un nuevo comité consultivo para asistir a la Comisión en la adopción del Reglamento de ejecución, así como en la integración de los nuevos derechos del Parlamento derivados de la adopción de la Decisión 1999/468/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.El primer punto no ha sido aceptado. En la propuesta se prevé la adopción de una única medida de ejecución. La creación de un comité nuevo parece desproporcionada.Por el contrario, mediante el nuevo artículo 5 bis se garantiza que se respetan los nuevos derechos del Parlamento en el marco de la codecisión a raíz de la nueva Decisión 1999/468/CE y, especialmente, de su artículo 8.3.2. Enmiendas rechazadas por la Comisión3.2.1. Denominación de la tarjetaSegún la enmienda 1, la denominación debería ser «tarjeta de prestación de servicios-UE». Ahora bien, el Tratado CE no permite que esto sea así, ya que se trata de un documento sujeto al ordenamiento jurídico comunitario y que tiene efectos vinculantes para los particulares y las autoridades de los Estados miembros.3.2.2. ConsiderandosEl objetivo de la enmienda 4 es suprimir la justificación de un permiso temporal de residencia en el Estado miembro de acogida en el considerando nº 10, mientras que, por el contrario, no se suprime el correspondiente dispositivo. De la misma manera, el objetivo de la enmienda 6, que afecta al considerando nº 15, es introducir una aclaración respecto a los controles «a posteriori» posibles en el Estado miembro de acogida, lo que no es necesario. Esto no se puede aceptar.3.2.3. Parte dispositivaSegundo párrafo del apartado 1 del artículo 2La Comisión ha aceptado algunas partes de la enmienda 10 (cf. supra). No obstante, en esta enmienda también se prevén las siguientes condiciones para la obtención de la tarjeta:* El trabajador que ha de desplazarse debería encontrarse en situación regular en el Estado miembro en el que está establecido el prestador durante un período que superase en 3 meses la duración de la validez de la tarjeta.* Control sistemático del Estado miembro en que está establecido el prestador en cuanto a los posibles problemas de orden público, seguridad pública y salud pública previstos en la Directiva 96/221/CEE en los demás Estados miembros implicados.* Al mismo tiempo, derecho de los demás Estados miembros a oponerse a cualquier condición de obtención de la tarjeta (incluidas las citadas más arriba). Ya que este derecho no está limitado en el tiempo, podría ejercerse tanto antes como después de obtenida la tarjeta.Por el contrario, la Comisión propone lo siguiente:* El nacional del país tercero deberá estar en situación regular en el Estado miembro en que esté establecido el prestador durante un período de tiempo que no supere la duración de la validez de la tarjeta.* El Estado miembro en que esté establecido el prestador de servicios y en que resida el trabajador que se va a desplazar deberá certificar que éste último está en situación regular en su territorio; según la propuesta modificada, este examen se llevaría a cabo en condiciones aún más precisas.* El Estado miembro en que se lleve a cabo la prestación de servicios reconocerá la tarjeta pero puede obligar al prestador a señalar, antes del desplazamiento, a las autoridades de dicho Estado información detallada sobre la prestación de servicios y la persona que se va a desplazar. El objetivo de esta medida es permitir a este Estado que, en general, controlen el movimiento de las personas en su territorio, independientemente de la situación de las fronteras interiores de la Comunidad y, llegado el caso, hacer excepciones a lo dispuesto en la Directiva por los motivos de orden público, seguridad pública y salud pública previstos en la Directiva 64/221/CEE.El rechazo de estos elementos de la enmienda 10 no se debe a su contenido, sino más bien a los instrumentos sugeridos. La Comisión está muy de acuerdo en que se asigne un papel a los Estados miembros, sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones de orden público que les atañen. Sin embargo, las sugerencias del Parlamento no son viables para las autoridades competentes y los particulares implicados.La conformidad del Parlamento sobre la aplicabilidad de la Directiva 64/221/CEE demuestra sobradamente que no hay discrepancias con la Comisión en cuanto al contenido. Por lo demás, el hecho de prever 3 meses más crearía una situación en la que el nacional del país tercero dispondría de facto de un período de 3 meses para volver al Estado miembro en el que el prestador de servicios está establecido, aunque lo suyo sería que, tras haber realizado la prestación de servicios en otro Estado miembro, volviese inmediatamente. En concreto, el regreso está garantizado por la norma de readmisión prevista en el apartado 5 del artículo 2 de la propuesta.Primer párrafo del apartado 4 del artículo 2La enmienda 13 debe ser rechazada por lo que se refiere a añadir a los datos exigidos el «ámbito de actividad». Ni del texto de la enmienda ni de la justificación aducida por le Parlamento se desprende si esta precisión debería referirse a la actividad del prestador de servicios o del trabajador desplazado.Apartado 3 del artículo 3 (y considerando nº 9)El objetivo de las enmiendas 3 y 17 es limitar las posibilidades de que el Estado miembro de acogida imponga al prestador la obligación de declarar el desplazamiento de un trabajador asalariado nacional de un tercer Estado antes de su entrada en el caso de que el trabajador no se encuentre en posesión de una tarjeta válida.Estas enmiendas no son aceptables, puesto que de ellas se derivaría que el desplazamiento sería más fácil sin tarjeta y que el Estado miembro de acogida se vería privado de toda posibilidad de controlar la regularidad de la situación en el Estado miembro en que esté establecido el prestador. Además, el objetivo de la propuesta de directiva es establecer una coordinación entre los Estados miembros en el marco del régimen de la tarjeta de prestación de servicios y no tratar de otras situaciones que se podrían dar cuando un prestador de servicios no desee hacer uso del régimen de la tarjeta.Artículo 4En el nuevo apartado 2 bis del artículo 4, se sugiere que se haga integralmente aplicable la Directiva 96/71/CE, de 16.12.1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Como la Comisión ya había confirmado en su propuesta inicial, esta Directiva ya se aplica a los nacionales de terceros países desplazados en el marco de una prestación de servicios. Así pues, la enmienda 18 no es necesaria.Apartados 1 a 3 del artículo 5En la enmienda 19 se prevén medidas de cooperación entre los Estados miembros, que están basadas fundamentalmente en el principio de que no es necesario determinar las autoridades competentes en el Estado miembro en que se puede efectuar una prestación de servicios, ya que éste último también es responsable de la aplicación de esta Directiva. Este planteamiento es coherente con las líneas ya defendidas en las enmiendas 10 y 17 (cf. supra). Por lo tanto, no se puede aceptar la enmienda 19 por las mismas razones mencionadas más arriba. El papel de dichas autoridades sigue siendo fundamental para la correcta aplicación de la Directiva.4. Segunda propuesta4.1. Enmiendas aceptadas por la Comisión en su totalidad o en parte4.1.1. Letra a) del apartado 3 del artículo 1, apartado 2 del artículo 2 y considerando 5 bisEl Parlamento ha querido excluir a los trabajadores que reciben el nombre de «falsos autónomos», es decir: los trabajadores autónomos que, de acuerdo con una tradición o legislación específicas en muchos Estados miembros, sólo disfrutan del estatuto de autónomo formalmente, pero que, de hecho, deberían considerarse como trabajadores asalariados y que, dadas las condiciones en que llevan a cabo su actividad, están unidos a una empresa por un vínculo de dependencia y de subordinación.La Comisión admite que es necesario aclarar este punto para evitar el riesgo de posibles abusos en detrimento de los «auténticos beneficiarios» de esta Directiva. Ahora bien, la Comisión no está a favor de la solución prevista en las enmiendas 9 y 15. En estas enmiendas se concede un derecho de oposición a los Estados miembros en que se realice una prestación de servicios; la razón por la que se crea este derecho es poder establecer excepciones a la Directiva «en casos concretos, si la actividad del prestador de servicios se aparta considerablemente de las disposiciones nacionales aplicables en la materia».La solución que sugiere el Parlamento adolece de falta de claridad y seguridad jurídica, tanto para los beneficiarios de esta Directiva, que no podrían saber el valor concreto de la tarjeta una vez concedida, como para las autoridades de los Estados miembros que tuviesen que reconocer la tarjeta. Es más bien preferible precisar la definición de prestador de servicios que figura en el artículo 1. En esta precisión se tiene en cuenta el hecho de que prácticamente todos los Estados miembros suponen que un trabajador asalariado sólo tiene relaciones con una única empresa y que, en dichas relaciones, el grado de dependencia y de subordinación determina si se trata o no de una actividad asalariada. Ahora bien, cuando, en el transcurso del tiempo, un trabajador autónomo mantiene relaciones con más de una empresa, ya no se pueden justificar las posibles dudas que cupiesen en cuanto a su estatuto de autónomo.Por lo tanto, la Comisión propone que el mantenimiento de un establecimiento principal exija relaciones contractuales con un mínimo de dos destinatarios de servicios en un período de 12 meses (véase la letra a) del apartado 3 del artículo 1) y que los nacionales de terceros países no puedan obtener la tarjeta de prestación de servicios si no realizan su actividad de forma continua en el Estado miembro en que tengan su establecimiento principal (véase el apartado 2 del artículo 2). En el nuevo considerando nº 5 bis se explican claramente los motivos que subyacen a esta propuesta.4.1.2. Puntos iguales a la primera DirectivaPor las mismas razones que en la primera Directiva, se han integrado las modificaciones de los artículos siguientes:- Letra b) del apartado 3 del artículo 1, en relación con la residencia (enmienda 7).- Segundo párrafo del apartado 1, apartado 1 bis y apartados 2 bis y 2 ter del artículo 2 (enmienda 9, en parte).- Primer párrafo del apartado 3 del artículo 2 (enmienda 9, en parte, y enmienda 10), incluido el ámbito de actividad del prestador de servicios, que se añade como un dato que debe figurar en la tarjeta de prestación de servicios.- Apartado 1 del artículo 3, en el que se opta por una solución coherente con la primera Directiva (enmienda 12).- Artículo 5 bis en lo que se refiere a los derechos de información del Parlamento (enmienda 11, en parte).4.2. Enmiendas rechazadas por la Comisión4.2.1. Enmiendas aceptables en la primera Directiva, pero no en la segundaEl Parlamento sugirió enmiendas iguales para la primera y la segunda Directiva aunque no hay razones para integrar en la segunda los siguientes puntos:Considerando 7 (enmienda 2): Se ha sugerido que la eliminación de las incertidumbres jurídicas sea también un objetivo de la segunda Directiva, aunque esta medida no se inscribe en la situación actual, sino que prevé la creación de nuevos derechos para cierta categoría de nacionales de terceros Estados.Apartado 2 del artículo 5 bis:En las enmiendas 4 y 11 se previó un procedimiento para adoptar la medida de ejecución, idéntico al de la primera Directiva. Ahora bien, la adopción de la segunda Directiva es competencia exclusiva del Consejo y, por lo tanto, las medidas de ejecución no pueden menoscabar el procedimiento de codecisión previsto en el artículo 251 del Tratado. Así pues, los derechos del Parlamento en relación con la codecisión no se verán afectados, puesto que no se aplica el artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE.4.2.2. Enmiendas rechazadas por motivos idénticos a los explicados en el marco de la primera DirectivaPuesto que la Comisión no ha podido aceptar ciertas enmiendas ya presentadas en la primera Directiva, tampoco puede aceptar una serie de enmiendas prácticamente iguales en la segunda Directiva. Por esta razón, véanse al respecto los motivos expuestos en el marco de la primera Directiva. En concreto, se trata aquí de la denominación de la tarjeta (enmienda 1), el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 2 (parte inaceptable de la enmienda 9), el apartado 3 del artículo 3 y el considerando nº 10 (enmiendas 3 y 14) y el artículo 5 (enmienda 16).4.2.3. Otras enmiendas rechazadasEn las enmiendas 5, 6 y 7 se prevén modificaciones del artículo 1 que afectan únicamente a la redacción. Teniendo en cuenta que el contenido de la propuesta inicial estaba claro en este sentido, la Comisión no ve que haya razones que justifiquen la modificación de su propuesta.1999/0012 (COD)Propuesta modificada de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizosEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo  47 y su artículo 55,Vista la propuesta de la Comisión [6],[6]  DO C 67, de 10.3.1999, página 12.Visto el dictamen del Comité Económico y Social [7],[7]  DO C 209, de 22.7.1999, página 5.De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo  251 del Tratado,Considerando lo siguiente:(1) Con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 del Tratado, la supresión entre los Estados miembros de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios constituye uno de los objetivos de la Comunidad.(2) La libre circulación de servicios incluye el derecho de los prestadores de servicios a desplazar a su personal aunque se trate de personas que no sean ciudadanos de la Unión sino nacionales de un tercer Estado que se encuentran legalmente dentro de la Comunidad; el concepto de personal incluye también a los gestores de sociedades.(3) La libre prestación de servicios no crea derechos directos en favor de los trabajadores asalariados en cuestión, ni tampoco afecta a los derechos ya reconocidos a nivel comunitario, nacional o en virtud de acuerdos internacionales, incluidos los que otorga el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, en especial en lo que respecta a la vida familiar.(4) Los prestadores de servicios que deben desplazar a un trabajador nacional de un tercer Estado se enfrentan a dificultades tales que con frecuencia se ven obligados a renunciar a la prestación prevista o a sufrir retrasos perjudiciales; los controles preventivos efectuados antes de cualquier desplazamiento por los Estados miembros donde tiene lugar la prestación constituyen una duplicación de los controles que efectúan a posteriori y de los controles del país de establecimiento.(5) Las autoridades de un Estado miembro donde se efectúa una prestación de servicios no disponen de garantías sobre la regularidad de la situación del prestador y del trabajador que va a ser desplazado en el Estado miembro de establecimiento; los Estados miembros tampoco disponen de garantías de que, al término de la prestación, el trabajador volverá al Estado miembro donde trabajaba principalmente.(6) Un documento denominado «tarjeta de prestación de servicios - CE», que deberá expedir el Estado miembro donde esté establecido el prestador de servicios,deberá tener por objetivo eliminar las incertidumbres jurídicas en el marco de desplazamientos y facilitar la libre circulación de servicios; el prestador de servicios deberá tener la posibilidad de solicitar una tarjeta en el Estado miembro en que esté establecido para realizar una o varias prestaciones de servicios en otros Estados miembros; en función de la solicitud, la tarjeta deberá ser válida en uno, varios o todos los demás Estados miembros.(6 bis) La presente Directiva no afecta a los compromisos de la Comunidad y de sus Estados miembros adquiridos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio y los Servicios [8]; la tarjeta de prestación de servicios - CE debe incluir únicamente los datos necesarios con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [9].[8]  DO L 336 de 23.12.1994, página 190.[9]  DO L 281 de 23.11.1995, página 31.(7) El Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE deberá tener en cuenta consideraciones de orden público destinadas a combatir la inmigración clandestina al certificar la regularidad de la situación en el Estado miembro donde el prestador de servicios emplea al nacional de un tercer Estado; este documento deberá garantizar que la actividad principal del trabajador asalariado desplazado se realiza en el Estado miembro donde está establecido el prestador de servicios; por tanto, dicho documento debe protegerse contra la falsificación; por todo ello, ya no es necesario mantener el requisito de un visado de entrada.(8)El Estado miembro emisor de la tarjeta de prestación de servicios - CE expedida por un Estado miembro deberá conceder así la garantía necesaria para que cualquier otro Estado miembro donde tenga lugar una prestación de servicios admita la entrada y estancia de la persona en el marco de una o varias prestaciones de servicios, es decir, la estancia por el período de tiempo durante el cual se lleva a cabo la prestación de servicios; esta garantía deberá incluir la obligación de no considerar el desplazamiento como una interrupción de la residencia y de la actividad asalariada autorizada y, en particular, de readmitir a la persona desplazada en cualquier circunstancia, por ejemplo si finaliza su contrato laboral con el prestador de servicios; el Estado miembro donde se efectúa la prestación no deberá imponer, por tanto, sus propias exigencias en relación con la entrada, la estancia y el acceso a una actividad asalariada temporal; las disposiciones de la presente Directiva no afectarán las normas imperativas relativas a las condiciones de trabajo y empleo que deberán respetarse en el Estado miembro donde se efectúa una prestación, previstas por la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios [10].[10]  DO L 18 de 21.1.1997, página 1.(9) El Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios deberá poder imponer, antes de la entrada del trabajador asalariado en su territorio, la obligación de declarar su presencia y las prestaciones para las cuales se produce el desplazamiento; una obligación de declaración previa deberá permitir a este Estado miembro adoptar en determinados casos las medidas necesarias por motivos de orden público, seguridad pública y salud pública, dentro de los límites previstos en la presente Directiva; lo mismo ocurrirá cuando la relación laboral finalice de forma repentina y, por lo tanto, la estancia del trabajador desplazado en el territorio de ese Estado ya no se deba a una prestación de servicios; cada Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios deberá poder imponer también la obligación de obtener, tras la entrada del trabajador, un permiso temporal de residencia cuando las prestaciones objeto del desplazamiento impliquen una estancia de más de seis meses durante un período de doce meses.(10) Todo Estado miembro deberá estar, por lo tanto, en condiciones de controlar, en particular al expedir un permiso temporal de residencia, que la estancia del trabajador asalariado desplazado tiene como fin la prestación de servicios en dicho Estado miembro; la libre prestación de servicios deberá revestir siempre un carácter temporal, que conviene determinar en función de la continuidad, la frecuencia y la duración de la prestación; el período de validez del permiso temporal de residencia deberá poder limitarse al período de validez de la tarjeta de prestación de servicios - CE, ya que, de conformidad con la libre prestación de servicios, este Estado miembro puede expedir un permiso de residencia con arreglo a sus propias disposiciones nacionales para los desplazamientos superiores a seis o doce meses.(11) La eficacia de la presente Directiva impone también la igualdad de trato entre nacionales de terceros Estados y ciudadanos de la Unión desplazados como trabajadores asalariados en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos adquiridos en la Comunidad; sobre la base de la presente Directiva, esta igualdad de trato sólo podrá ser invocada por el prestador de servicios que emplea a un trabajador asalariado nacional de un tercer Estado; esta igualdad de trato no deberá incluir los diplomas, certificados y otros títulos adquiridos en un tercer Estado y únicamente reconocidos en un Estado miembro.(12) Los Estados miembros no podrán conceder un trato más favorable a los prestadores de servicios establecidos fuera de la Comunidad que a los establecidos dentro de la Comunidad; los Estados miembros podrán establecer excepciones a la presente Directiva por motivos de orden público, seguridad pública y salud pública; los límites de dichas excepciones deberán determinarse frente a los prestadores de servicios como empleadores y los trabajadores asalariados nacionales de terceros Estados sobre la base de la coordinación prevista en la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública [11], cuya última modificación la constituye la Directiva 75/35/CEE [12], con el fin de elaborar un marco uniforme para el prestador de servicios, con independencia de la nacionalidad de su personal.[11]  DO 56 de 4.4.1964, página 850.[12]  DO L 14 de 20.1.1975, página 14.(13) Para la aplicación de la presente Directiva es indispensable garantizar una estrecha colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros; conviene que las autoridades de los Estados miembros adopten un modelo uniforme de tarjeta de prestación de servicios - CE; conviene conferir a la Comisión la facultad de adoptar este modelo y otras modalidades de la tarjeta de prestación de servicios - CE, según el procedimiento previsto en el Reglamento (CE) n° 1683/95 del Consejo, de 29.5.1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado [13].[13]  DO L 164 de 14.7.1995, página 1.(13bis) Las medidas necesarias para aplicar la presente Directiva son medidas de alcance general a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [14], y, por lo tanto, es conveniente que dichas medidas se tomen siguiendo el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de dicha Decisión.[14]  DO L 184 de 17.7.1999, página 23.(14) , la presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros de determinar qué nacionales de terceros Estados son admitidos para llevar a cabo una actividad asalariada, bajo qué condiciones debe prorrogarse esta admisión, así como qué actividad profesional está regulada o no en el territorio nacional;(15) ConsiderandoDe conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el tercer párrafo del artículo  5 del Tratado CE, la presente Directiva se limita a lo que es necesario para alcanzar el objetivo de la libre circulación de servicios; no afecta a los controles que preceden a la realización de una prestación de servicios transfronterizos y no afecta a los controles a posteriori en el Estado miembro donde tiene lugar la prestación; se limita de todas formas a desplazamientos no superiores a un período máximo de doce meses, así como al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos adquiridos dentro de la Comunidad.(16) A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deberán determinar un régimen de sanciones apropiadas.(17) A más tardar cuatro años después de la fecha de transposición de la presente Directiva, la Comisión deberá reexaminar las modalidades de aplicación de la misma para proponer, en su caso, las modificaciones necesarias.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1La presente Directiva se aplicará a los prestadores de servicios establecidos en un Estado miembro que, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos, desplazan a trabajadores asalariados nacionales de un tercer Estado al territorio de otro Estado miembro.Artículo 21. Cuando un prestador de servicios tenga la intención de desplazar, en el marco de sus actividades ordinarias, a un trabajador asalariado nacional de un tercer Estado, con motivo de una o varias prestaciones de servicios que deban realizarse en uno, varios o todos los otros Estados miembros, el Estado miembro donde esté establecido dicho prestatario deberá expedirle, cuando lo solicite, un documento denominado «tarjeta de prestación de servicios - CE».1 bis. Se considera desplazado el trabajador asalariado que dicho prestador quiera desplazar, a su cargo y bajo su dirección, ya sea con motivo de uno o varios contratos firmados con uno o varios destinatarios de servicios que operen en otro Estado miembro, ya sea en un establecimiento o en una empresa que pertenezcan al mismo grupo pero estén establecidos en otro Estado miembro. La tarjeta sólo se expedirá si dicho prestador demuestra lo siguiente:a) Que no es una empresa de trabajo temporal que ponga el trabajador a disposición de otra empresa, cliente suya.b) Que el trabajador asalariado ha residido legalmente en este Estado, de conformidad con su legislación nacional, por un período de tiempo superior o igual a 12 meses, excepto aquellas personas que disponen únicamente de documentos en los que se certifica que su presencia se tolera a la espera de que se produzca su alejamiento.c)  El trabajador asalariado está asegurado contra los riesgos de enfermedad y accidentes de trabajo con motivo del desplazamiento al Estado miembro o Estados miembros de que se trate, ya sea en el organismo de seguridad social del Estado miembro en que dicho prestador está establecido, ya sea por un seguro privado.2. La tarjeta de prestación de servicios - CE expedida será válida durante el período en el que el trabajador asalariado tenga un trabajo regular . El período de validez no podrá superar la duración de un empleo regular anterior a la expedición de la tarjeta y, en cualquier caso, no podrá ser superior a doce meses. La duración del empleo regular anterior no podrá ser inferior a seis meses.Se considera empleo regular  la actividad asalariada que, en virtud de una disposición del ordenamiento jurídico comunitario o de disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas del Estado miembro en que esté establecido el prestador de servicios, es realizada por un trabajador asalariado, que tiene una residencia en dicho Estado, excepto aquellas personas que disponen únicamente de documentos en los que se certifica que su presencia se tolera a la espera de que se produzca su alejamiento.3. La tarjeta de prestación de servicios - CE sólo será renovable si se vuelven a reunir las condiciones de expedición contempladas en los apartados 1, 1 bis y 2.3 bis. La tarjeta de prestación de servicios - CE perderá su validez si dejan de cumplirse cualquiera de las condiciones contempladas en los apartados 1, 1 bis y 2 por motivos acaecidos una vez expedida la tarjeta.4. La tarjeta de prestación de servicios - CE constituirá un documento independiente del que será titular el prestador de servicios y que éste pondrá a disposición del trabajador asalariado desplazado que figure en la tarjeta. Si la tarjeta deja de ser válida, el Estado miembro en que dicho prestador esté establecido le obligará a ocuparse de devolver la tarjeta inmediatamente a las autoridades competentes de dicho país. La tarjeta contendrá las indicaciones siguientes:a) los datos del prestador de servicios y del trabajador asalariado desplazadob) período de validez de la tarjeta de prestación de servicios - CEc) el organismo emisor y el Estado miembro emisord) el Estado miembro o los Estados miembros en los que es válida la tarjeta.4 bis. Las modalidades exactas de los datos, un modelo uniforme del documento y las especificaciones técnicas que eviten una falsificación del mismo se adoptarán siguiendo el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 5 bis.5. El Estado miembro emisor de la «tarjeta de prestación de servicios - CE» no podrá considerar el desplazamiento en el marco de una prestación de servicios a otro Estado miembro una interrupción de la residencia o de la actividad asalariada de dicho trabajador.El Estado miembro emisor no podrá denegar la readmisión del trabajador asalariado desplazado en su territorio en virtud de su normativa nacional, cualesquiera que sean los motivos de la denegación, incluido el caso de que finalice la relación de trabajo entre el prestador de servicios y dicho trabajador.Artículo 31. El Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios autorizará la entrada y la estancia del trabajador asalariado nacional de un tercer Estado en su territorio en el marco de una o varias prestaciones de servicios si esta persona está en posesión de la tarjeta de prestación de servicios - CE y de un documento de identidad o pasaporte válidos durante el período de prestación de los servicios, así como de una confirmación del prestador de servicios en la que se le encargue de ejecutar una prestación de servicios concreta y se indique la duración probable de la estancia.2. El Estado miembro donde se efectúe la prestación no podrá imponer ni al trabajador desplazado ni al prestador de servicios como empleador:a) un visado de entrada o de salidab) un documento o permiso de estancia salvo el contemplado en el apartado 3c) una autorización o permiso de trabajo para el acceso a un empleod) una condición equivalente a las mencionadas en las letras a), b) y c).3. El Estado miembro donde se efectúe una prestación de servicios podrá imponer al prestador de servicios la obligación de declarar, antes de la entrada del trabajador en su territorio, la presencia del trabajador asalariado desplazado, la duración prevista del desplazamiento y las prestaciones de servicios objeto del mismo; asimismo, dicho Estado puede imponer a dicho prestador la obligación de declarar inmediatamente la finalización de la relación de trabajo.Si la duración total de las prestaciones de servicios en cuestión es superior a seis meses durante un período de doce meses, el Estado miembro expedirá, tras la entrada del trabajador desplazado, un permiso temporal de residencia para hacer constar la estancia.4. Para facilitar el ejercicio de una prestación de servicios, el Estado miembro donde se efectúe la prestación garantizará la igualdad de trato entre nacionales de terceros Estados y ciudadanos de la Unión desplazados como trabajadores asalariados en el marco de una prestación de servicios, en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos que la persona en cuestión haya adquirido dentro de la Comunidad con el fin de ejercer la actividad de que se trate y que hayan sido expedidos por una autoridad competente de un Estado miembro. El Estado miembro garantizará el derecho del prestador de servicios en tanto que empleador a interponer un recurso judicial de Derecho interno contra las decisiones que no respeten esta igualdad de trato.Artículo 41. Los Estados miembros no dispensarán un trato más favorable a los prestadores de servicios establecidos fuera de la Comunidad que a los establecidos dentro de la Comunidad.2. Los Estados miembros sólo podrán establecer excepciones a la aplicación de la presente Directiva por motivos de orden público, seguridad pública y salud pública, en cuyo caso la Directiva 64/221/CEE será aplicable mutatis mutandis.Artículo 51. Los Estados miembros determinarán las autoridades competentes para la expedición de la tarjeta de prestación de servicios - CE y del permiso temporal de residencia, así como para la recepción de las informaciones a que hace referencia el apartado 3 del artículo 3 y lo comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miembros. Adoptarán las medidas necesarias para simplificar al máximo las formalidades, plazos y procedimientos de obtención de dichos permisos, que serán expedidos gratuitamente o previo pago de una suma que no sea superior a los derechos y tasas exigidos para la expedición de los documentos de identidad a los nacionales.2. Los Estados miembros preverán una cooperación entre las administraciones públicas que, de acuerdo con la legislación nacional, sean competentes en las materias relacionadas con la aplicación de la presente Directiva.La cooperación consistirá, en particular, en responder a cualquier solicitud motivada de información. Se proporcionará de manera gratuita y a la mayor brevedad.Artículo 5 bis1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1683/95.2. Cuando se haga referencia a este apartado, se aplicará el procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE, respetando las disposiciones del apartado 3 del artículo 7 y del artículo 8 de dicha Decisión.3. El período previsto en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE quedará fijado en tres meses.Artículo 6Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán cualquier medida necesaria para garantizar le ejecución de las mismas. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán estas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha prevista en el artículo 8, así como cualquier modificación posterior que les afecte en el plazo más breve posible.Artículo 7A más tardar cuatro años después del plazo fijado en el artículo 8, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá, en su caso, las modificaciones oportunas.Artículo 8Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 9La presente Directiva entrará en vigor al vigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 10Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el [...]Por el Parlamento Europeo Por el ConsejoLa Presidenta El Presidente