CELEX: 62004TO0303
Language: es
Date: 2004-11-10 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004.#European Dynamics SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación comunitaria - Medidas provisionales - Demanda de suspensión de la ejecución - Urgencia - Inexistencia.#Asunto T-303/04 R.

Asunto T‑303/04 R
      European Dynamics SA
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Contratos públicos de servicios – Procedimiento comunitario de licitación – Procedimiento sobre medidas provisionales – Demanda de suspensión de la ejecución – Urgencia – Inexistencia»
      Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004 
      Sumario del auto
      1.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e
            irreparable – Carga de la prueba – Relación de causalidad entre el perjuicio alegado y el acto recurrido
      (Art. 242 CE)
      2.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e
            irreparable – Perjuicio económico 
      (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      3.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Requisitos para su concesión – Perjuicio grave e
            irreparable – Perjuicio no económico
      (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      1.     El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver
         provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde
         a esta última aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio
         de dicha naturaleza. Por lo tanto, si el demandante no demuestra el vínculo entre el supuesto daño y los actos cuya ejecución
         solicita que se suspenda, la medida provisional solicitada no puede ser considerada pertinente ni necesaria a efecto de evitar
         la realización del perjuicio alegado.
      
      (véanse los apartados 65, 66 y 70)
      2.     Un perjuicio de índole económica no puede, en principio, ser considerado irreparable, ni siquiera difícilmente reparable,
         ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior mediante, en particular, un eventual recurso de indemnización
         en virtud del artículo 288 CE.
      
      (véase el apartado 72)
      3.     La decisión de no adjudicación de un contrato público no surte necesariamente el efecto de causar un daño irreparable de la
         reputación y credibilidad de los licitadores cuyas ofertas no hayan sido elegidas. En efecto, la participación en una licitación
         pública, por definición altamente competitiva, implica necesariamente riesgos para todos los participantes y la eliminación
         de un licitador, en virtud de las normas de la licitación, no tiene, en sí misma, nada de perjudicial.
      
      (véase el apartado 82)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de 10 de noviembre de 2004 (*)
      
      «Contratos públicos de servicios – Procedimiento de licitación comunitaria – Medidas provisionales – Demanda de suspensión de la ejecución – Urgencia – Inexistencia»
      En el asunto T‑303/04 R,
      European Dynamics SA,  con domicilio social en Atenas (Grecia), representada por S. Pappas, abogado,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. L. Parpala y E. Manhaeve, en calidad de agentes, asistidos por J. Stuyck, abogado, que designa
         domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución, por una parte, de la decisión de la Comisión de 4 de junio
         de 2004 [DIGIT/R2/CTR/mas D(2004) 324], por la que se clasifica en segundo lugar la oferta presentada por la agrupación de
         la que es miembro la demandante, a raíz de un anuncio de licitación para la prestación de servicios informáticos, y, por otra
         parte, de la decisión de la Comisión de 14 de julio de 2004 [DG DIGIT/R2/CTR/mas D(2004) 811], por la que se deniegan las
         reclamaciones presentadas por la demandante los días 21 de junio y 1, 5 y 8 de julio de 2004, contra la adjudicación del contrato
         a otra agrupación,
      
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
      dicta el siguiente
      Auto
       Hechos que originaron el litigio
      1       European Dynamics SA opera en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, en particular por cuenta
         de las instituciones europeas.
      
      2       A raíz de la licitación ADMIN/DI/0005 ESP (External Service Providers), de 16 de marzo de 2001, la Comisión celebró diversos
         contratos marco, en aplicación del sistema de adjudicación previsto en el caso de contratos con varios titulares en el apartado
         1.4 de las Condiciones Generales de los contratos informáticos, publicadas por la Comisión el 11 de junio de 1998 (en lo sucesivo,
         la «cascada»), para la prestación de servicios externos relativos a los sistemas de información. El contrato global se dividió
         en nueve lotes, entre los cuales estaban el lote 4, cuyo objeto era la prestación de servicios externos relacionados con las
         aplicaciones de gestión de los datos y con los sistemas de información (en lo sucesivo, el «lote ESP 4»), y el lote 5, cuyo
         objeto era la prestación de servicios externos relacionados con las aplicaciones Internet e Intranet (en lo sucesivo, el «lote
         ESP 5»).
      
      3       El 16 de octubre de 2001 se celebró un contrato marco, con la referencia DI‑02432‑00, con el contratante elegido por ser el
         primero de la cascada respecto al lote ESP 4, a saber, una agrupación integrada por Trasys SA y Cronos Luxembourg SA –que
         pasó a denominarse Sword Technologies SA (en lo sucesivo, la «agrupación ESP 4»).
      
      4       El 5 de noviembre de 2001 se celebró el contrato marco DI‑02432-00 con el contratante elegido por ser el primero de la cascada
         respecto al lote ESP 5, a saber, una agrupación integrada por European Dynamics, IRIS SA, Datacep SA, Primesphere SA y Reggiani
         SpA (en lo sucesivo, la «agrupación ESP 5»).
      
      5       El 23 de noviembre de 2001, la Comisión publicó los límites presupuestarios máximos, basados en las estimaciones de volumen
         anunciadas en relación con los lotes ESP 4 y ESP 5, fijados respectivamente en un importe total de 42.885.318 euros y de 34.656.804 euros,
         para el período de duración de los contratos, es decir, hasta octubre de 2006.
      
      6       Dado que la utilización efectiva de los contratos comprendidos del lote ESP 4 resultó más importante que la prevista –de los
         autos se desprende que al final de marzo de 2003, es decir, transcurrido menos de un tercio de la duración máxima total del
         contrato correspondiente al lote ESP 4, ya se habían gastado más de las tres cuartas partes de los créditos previstos–, la
         Comisión decidió aumentar el límite presupuestario máximo del lote ESP 4 y preparar una nueva licitación para servicios de
         la misma naturaleza que los que eran objeto del lote ESP 4 para el período que finalizaba en octubre de 2006.
      
      7       Mediante decisión de 28 de abril de 2003, la Comisión aumentó el límite presupuestario máximo del lote ESP 4 en la cuantía
         de 20 millones de euros, y, el 10 de mayo de 2003, se publicó un anuncio de adjudicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con la referencia ADMIN/PN/2003/105.
      
      8       El 23 de mayo de 2003, la agrupación ESP 5 dirigió un escrito al Director de la Dirección General (DG) de Informática, con
         objeto de comunicarle su preocupación ante el aumento del límite presupuestario máximo del lote ESP 4, alegando que la Comisión
         debería haber hecho un uso más amplio del lote ESP 5, que se había utilizado por debajo de las previsiones iniciales. 
      
      9       De los autos se desprende que al escrito de 23 de mayo de 2003 siguieron una correspondencia entre la Comisión y la agrupación
         ESP 5, en particular un escrito de la Comisión, de 4 de julio de 2003, que proporcionaba información sobre la ejecución de
         los lotes ESP 4 y ESP 5, varias reuniones entre las partes, y una conferencia, organizada por la Comisión el 6 de noviembre
         de 2003, con ocasión de la cual la agrupación ESP 5 pudo explicar a las Direcciones Generales de la Comisión los servicios
         potenciales comprendidos en el lote ESP 5.
      
      10     El 27 de diciembre de 2003, la Comisión convocó una licitación con la referencia ADMIN/DI2/PO/2003/192 ESP-DIMA para la «prestación,
         en el lugar y fuera del lugar, de servicios relativos a los sistemas de gestión de los datos y a los sistemas de información
         de la Comisión Europea [incluidos] el desarrollo, el mantenimiento y otras actividades conexas» (en lo sucesivo, la «licitación
         ESP‑DIMA»).
      
      11     Mediante escrito de 19 de enero de 2004, el asesor jurídico de la agrupación ESP 5 requirió a la Comisión que anulara la licitación
         ESP-DIMA, alegando que la Comisión debía utilizar el lote ESP 5 en lugar de celebrar un nuevo contrato de servicios para sustituir
         el lote ESP 4.
      
      12     Este requerimiento fue denegado mediante escrito de 30 de enero de 2004, en el cual la DG de Informática precisó que la utilización
         del lote ESP 5, en lugar del lote ESP 4 o del contrato ESP-DIMA, no era posible, dado que el lote ESP 5, por una parte, y
         el lote ESP 4, así como el contrato ESP‑DIMA, por otra parte, tenían objetos diferentes y se referían, respectivamente, a
         las aplicaciones Internet e Intranet, por una parte, y a las aplicaciones de gestión de los datos y a los sistemas de información,
         por otra.
      
      13     El 20 de febrero de 2004, las sociedades European Dynamics, IRIS, Datacep y Reggiani (es decir, las compañías integrantes
         de la agrupación ESP 5, excepto la sociedad Primesphere, en lo sucesivo, la «agrupación ED») presentaron una oferta conjunta,
         a raíz de la licitación ESP‑DIMA.
      
      14     El 2 de junio de 2004, la Comisión adjudicó el contrato ESP-DIMA. El licitador elegido en primer lugar de la cascada era una
         agrupación constituida por las sociedades Trasys y Sword Technologies y por Intrasoft International SA y TXT SpA (es decir,
         la agrupación ESP 4 con dos asociados adicionales, en lo sucesivo, la «agrupación ESP‑DIMA»). La agrupación ED fue seleccionada
         como segundo contratante en la cascada, seguido por otros licitadores en el tercer y el cuarto lugar de la cascada. 
      
      15     Mediante escrito de 4 de junio (en lo sucesivo, la «decisión de adjudicación»), se notificaron esos resultados a todos los
         licitadores, incluida la agrupación ED.
      
      16     Mediante fax de 8 de junio de 2004, European Dynamics solicitó detalles complementarios sobre la decisión de adjudicación.
         La Comisión respondió mediante escrito de 9 de junio de 2004 en el cual le comunicó informaciones más amplias sobre los resultados
         de la evaluación técnica respecto a cada uno de los criterios pertinentes.
      
      17     Mediante escrito de 21 de junio de 2004, European Dynamics solicitó a la DG de Informática que le proporcionara una copia
         del informe de evaluación del conjunto de las ofertas presentadas a raíz de la licitación ESP‑DIMA, en particular de las partes
         del mismo relacionadas con su agrupación y con la agrupación cuya oferta fue elegida, así como el nombre de los responsables
         de la evaluación.
      
      18     El 29 de junio de 2004, tuvo lugar una reunión entre European Dynamics y la DG de Informática, durante la cual las partes
         discutieron sobre la evaluación de las ofertas así como sobre las preocupaciones de European Dynamics relativas a la ejecución
         comparada de los lotes ESP 4 y ESP 5. La Comisión envió el 6 de julio de 2004 un acta de dicha reunión a European Dynamics.
         El mismo día, la Comisión confirmó que aún no se había celebrado ningún contrato como consecuencia de la adjudicación del
         contrato ESP-DIMA.
      
      19     A raíz de dicha reunión, European Dynamics dirigió varios escritos a la Comisión, en particular los días 1, 5 y 8 de julio
         de 2004, en los cuales impugnaba la legalidad de la licitación ESP-DIMA y de la decisión de adjudicación. European Dynamics
         alegaba en especial que la celebración del contrato ESP-DIMA carecía de razón de ser, puesto que se habría debido utilizar
         el lote ESP 5, en lugar del lote ESP 4. Alegaba que un miembro del comité de evaluación incurría en un conflicto de intereses,
         que el baremo de puntuación utilizado para la evaluación técnica era inadecuado y que la oferta elegida era de calidad inferior
         y proponía un sistema informático muy limitado. En dichos escritos, European Dynamics solicitó una copia del informe de evaluación
         y la comunicación del nombre de los miembros del comité de evaluación. También solicitó el aplazamiento de la firma de los
         contratos hasta que todas las cuestiones planteadas hubieran sido satisfactoriamente resueltas.
      
      20     Mediante escrito de 14 de julio de 2004 (en lo sucesivo, el «escrito de motivación»), la Comisión respondió a las cuestiones
         planteadas por European Dynamics en los escritos antes mencionados, y denegó la comunicación de una copia del informe de evaluación,
         puntualizando que ello implicaría la comunicación de detalles comerciales confidenciales relativos a los demás licitadores.
         Por lo que respecta a la duda suscitada sobre la necesidad de convocar la licitación ESP-DIMA y la propuesta de utilizar el
         lote ESP 5 para la prestación de servicios comprendidos en el lote ESP 4, la Comisión señaló que la DG de Informática había
         alegado en el escrito de 30 de enero de 2004 antes citado que, dado que los dos lotes representaban contratos diferentes,
         distintos y separados, no era posible aplicar uno de ellos en lugar del otro por la mera razón de que uno de los dos lotes
         no hubiera alcanzado aún su límite presupuestario máximo. El único medio adecuado era por consiguiente convocar una licitación
         respecto al lote cuyo límite presupuestario máximo ya no podía ser aumentado, y la misma se ajustaba al Reglamento (CE, Euratom)
         nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
         general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1, en lo sucesivo, el «Reglamento financiero»).
      
      21     El 15 de julio de 2004, la Comisión envió simultáneamente los contratos resultantes de la decisión de adjudicación a las cuatro
         agrupaciones seleccionadas, incluida la agrupación ED en su condición de segundo contratante (contrato marco DIGIT‑04551‑00),
         indicando que los contratos le debían ser devueltos firmados antes del 30 de julio de 2004.
      
      22     El 27 de julio de 2004 tuvo lugar una reunión entre los representantes de la agrupación ED y de la DG de Informática, durante
         la cual éstos reiteraron la posición de la Comisión de no acceder a la propuesta de European Dynamics de que se le autorizara
         a ejercer una función activa en la vigilancia del reparto de los proyectos entre el lote ESP 4 y el lote ESP 5.
      
      23     El 28 de julio de 2004, la agrupación ED solicitó a la Comisión que aplazara durante un mes la celebración de los contratos
         resultantes de la licitación ESP-DIMA, debido a que los miembros de la agrupación necesitaban más tiempo para efectuar determinados
         trámites administrativos. La Comisión respondió de inmediato que esos trámites administrativos podían efectuarse tras la firma
         del contrato y que no era necesario ningún aplazamiento. El contrato de la agrupación ED se presentó firmado el 30 de julio
         de 2004. El 4 de agosto se enviaron a la Comisión varias escrituras de poder que faltaban. 
      
      24     Por consiguiente, el 4 de agosto de 2004 la Comisión tenía en su poder todos los originales de los contratos relativos al
         contrato ESP-DIMA firmados por todos los contratantes.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes 
      25     Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de julio de 2004, la demandante interpuso
         un recurso en virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, dirigido, por una parte, a la anulación del procedimiento de licitación
         ESP‑DIMA, es decir, el anuncio de licitación 2003/S249-221337 ESP‑DIMA y la licitación ESP-DIMA, y, por otra parte, a la anulación
         de las Decisiones de la Comisión relativas al orden de clasificación de las ofertas, es decir, la decisión de adjudicación
         y el escrito de motivación. 
      
      26     Mediante escrito separado, presentado el mismo día en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante formuló
         una solicitud, en virtud del artículo 76 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, con objeto de que el Tribunal de Primera Instancia sustanciara
         el asunto mediante procedimiento acelerado.
      
      27     Mediante escrito separado, presentado el mismo día en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante formuló
         la presente demanda de medidas provisionales, dirigida a la suspensión de la ejecución de la decisión de adjudicación, así
         como del escrito de motivación, a fin de impedir la celebración del contrato con la agrupación ESP-DIMA, hasta que el Tribunal
         de Primera Instancia se haya pronunciado sobre el asunto principal. La demandante solicita también la condena en costas de
         la Comisión.
      
      28     El 4 de agosto de 2004, se notificó a la Comisión una copia de la demanda de medidas provisionales, conforme al artículo 105,
         apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, y se fijó un plazo, hasta el 19 de agosto de 2004, para la presentación de las
         observaciones por la Comisión. 
      
      29     Al haber formulado la demandante una demanda de medidas provisionales dirigida a la suspensión de la ejecución de la decisión
         de adjudicación, el órgano de contratación decidió el 4 de agosto de 2004 aplazar la firma de los cuatro contratos relativos
         al contrato ESP-DIMA.
      
      30     El 12 de agosto de 2004, la Comisión solicitó una prórroga del plazo para la presentación de sus observaciones, hasta el 26
         de agosto de 2004. Se accedió a dicha solicitud mediante decisión de 16 de agosto de 2004.
      
      31     El 26 de agosto de 2004, la Comisión presentó sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, en las cuales solicita
         que dicha demanda se declare inadmisible, y con carácter subsidiario, infundada. 
      
      32     El 31 de agosto de 2004, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia notificó a la demandante las observaciones de la
         Comisión. 
      
      33     El 8 de septiembre de 2004, la demandante solicitó que se le autorizara la presentación de observaciones sobre las observaciones
         de la Comisión. 
      
      34     Mediante decisión de 14 de septiembre de 2004, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia accedió a dicha solicitud,
         y fijó un plazo, hasta el 24 de septiembre de 2004, para la presentación de las observaciones de la demandante sobre las observaciones
         de la Comisión.
      
      35     El 23 de septiembre de 2004, la demandante presentó sus observaciones sobre las observaciones de la Comisión, adjuntando numerosos
         documentos complementarios. En sus observaciones, la demandante también solicitó que se ordenara a la Comisión presentar algunos
         documentos, a saber, las peticiones de precios (Requests for Quotation) y las estadísticas relativas a la ejecución del lote
         ESP 4 (en lo sucesivo, los «documentos controvertidos»).
      
      36     El 29 de septiembre de 2004, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia fijó el plazo de 8 de octubre de 2004, para la
         presentación de las observaciones de la Comisión sobre las observaciones de la demandante. 
      
      37     El 6 de octubre de 2004, la Comisión solicitó la prórroga del plazo para la presentación de sus observaciones hasta el 15
         de octubre de 2004, solicitud a la que se accedió el mismo día mediante decisión del Presidente del Tribunal de Primera Instancia.
         
      
      38     El 15 de octubre de 2004, la Comisión presentó sus observaciones en respuesta a las observaciones de la demandante.
      39     El 2 de noviembre de 2004, la demandante envió un escrito a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia en el cual planteaba
         varias observaciones adicionales sobre las observaciones de la Comisión de 15 de octubre de 2004, y solicitaba al Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia que se tuvieran en cuenta a efectos de su apreciación. Ese escrito se notificó a la Comisión
         conforme al artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. 
      
       Fundamentos de Derecho 
       Sobre la demanda de medidas provisionales 
      40     En virtud de las disposiciones de los artículos 242 CE y 243 CE, por una parte, en relación con las disposiciones del artículo
         225 CE, apartado 1, por otra, el Tribunal de Primera Instancia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar
         la suspensión de la ejecución del acto impugnado o acordar las medidas provisionales necesarias.
      
      41     El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, prevé que las demandas de medidas provisionales especificarán
         el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos
         de derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales
         deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996,
         SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, apartado 30]. Además, el juez de medidas provisionales ponderará, en su
         caso, los intereses en juego (auto del presidente del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1999, Italia/Comisión, C‑107/99 R,
         Rec. p. I‑4011, apartado 59).
      
      42     Las medidas solicitadas deben ser además provisionales en el sentido de que no prejuzguen las cuestiones de hecho y de Derecho
         objeto del litigio ni neutralicen de antemano las consecuencias de la resolución que posteriormente se dicte en el procedimiento
         principal [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros,
         C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, apartado 22].
      
      43     Además, en el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación
         y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia
         de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario
         le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional (auto
         Comisión/Atlantic Container Line y otros, antes citado, apartado 23).
      
      44     A la vista de los documentos obrantes en autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos
         necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones
         orales de las partes.
      
       Alegaciones de las partes
      –       Sobre la admisibilidad
      45     La demandante alega que tiene interés en la interposición de un recurso contra actos cuya suspensión solicita, y que ha interpuesto
         dicho recurso dentro del plazo preceptivo, por lo que su demanda es admisible. 
      
      46     La Comisión alega que la demanda carece de utilidad, ya que la demandante no ha solicitado la suspensión de la decisión de
         convocar la licitación del contrato ESP‑DIMA, sino la suspensión de las Decisiones de adjudicación del contrato. Por consiguiente,
         las medidas provisionales solicitadas no pueden tener como efecto la suspensión de la celebración del contrato ESP‑DIMA, en
         contra de lo que realmente pretende obtener la demandante. La Comisión añade, además, que la demanda es inadmisible debido
         a que el recurso principal también lo es. En efecto, según la Comisión, la demandante no demuestra que los actos impugnados
         le afecten directamente, y en cualquier caso, no prueba la existencia de un interés personal en el ejercicio de la acción,
         dado que los actos afectan a la agrupación ED y no a la demandante con carácter individual. 
      
      –       Sobre el fumus boni juris
      47     La demandante, haciendo referencia a su recurso en el asunto principal, alega que debe anularse el contrato ESP‑DIMA, en razón
         de la apreciación errónea de los hechos, de la existencia de vicios de forma y de la falta de motivación. De la exposición
         de los hechos en la demanda se desprende que la demandante estima que la convocatoria de la licitación ESP‑DIMA no era necesaria,
         dado que la Comisión podría haber recurrido al lote ESP 5, en vez de sustituir el lote ESP 4 por el contrato ESP‑DIMA. La
         demandante estima también que la adjudicación del contrato ESP‑DIMA adolece de ilegalidad ya que al menos un miembro del comité
         de evaluación se encontraba en una situación de conflicto de intereses grave, la Comisión no había utilizado el mismo baremo
         para evaluar a los diferentes licitadores, la oferta elegida sólo proponía un sistema informático de valor muy limitado y
         de alcance restringido, y por último, la Comisión no le proporcionó una copia del informe de evaluación, en contra de lo exigido
         por el Reglamento financiero. 
      
      48     La Comisión considera que la demandante no ha expuesto motivos de hecho y de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión
         de las medidas provisionales, y que sólo de forma incidental menciona los motivos en los que se basa el recurso en el asunto
         principal. La Comisión subraya que las alegaciones son infundadas, como se desprende con claridad del escrito de motivación
         de 14 de julio de 2004, que no se acreditan en absoluto y que no deberían siquiera examinarse en el marco del presente procedimiento
         de medidas provisionales. 
      
      –       Sobre la urgencia 
      49     La demandante alega que el requisito de urgencia se cumple. Subraya que no puede esperar el resultado del procedimiento en
         el asunto principal sin sufrir un perjuicio grave e irreparable, consistente en un perjuicio económico sumamente gravoso y
         de tal magnitud que la demandante ya no podrá sobrevivir en el mercado, en la pérdida de una parte importante de sus actividades,
         que llevará al despido de la mitad de su personal, así como en un menoscabo particularmente importante de su reputación. 
      
      50     Por lo que respecta al perjuicio económico, la demandante alega que el daño deriva de la ejecución viciada del lote ESP 4,
         en lugar del lote ESP 5, así como de la continuación del lote ESP 4 por medio del contrato ESP‑DIMA, adjudicado a otro licitador.
         La demandante considera que dicha situación supondrá la terminación de la ejecución del lote ESP 5, puesto que el lote ESP 4
         será prolongado por medio del contrato ESP‑DIMA y se prevé que un gran número de contratos existentes sean prolongados inmediatamente
         después de la firma de los contratos relativos al contrato ESP‑DIMA, y ello durante varios años. Por consiguiente, la decisión
         de adjudicación del contrato ESP‑DIMA a otro licitador y la continuación de la ejecución irregular de dicho contrato, en lugar
         del lote ESP 5, privarán a la demandante de los ingresos normalmente ligados a la ejecución del lote ESP 5, que constituye
         la parte mayor de sus actividades.
      
      51     A este respecto, la demandante subraya que es una sociedad de dimensión media, que emplea a unos 200 trabajadores, que desarrolla
         algunos proyectos, entre los cuales los que se integran en el marco del lote ESP 5 son con mucho los más importantes, y que
         el lote ESP 5 cubre la mayor parte de su presupuesto y ocupa aproximadamente a la mitad de sus empleados, contratados precisamente
         para atender las necesidades del lote ESP 5. La infraestructura de apoyo ha aumentado también, y constituye por tanto un sistema
         que, en su totalidad, debe su existencia y su supervivencia al lote ESP 5, y se concibió y se puso en práctica para garantizar
         la ejecución de un contrato por importe de 35 millones de euros. La adjudicación del lote ESP 5 obliga a la demandante a mantener
         una infraestructura costosa, a dedicar empleados a dicho proyecto y a establecer una estructura de formación continua de dichos
         empleados, necesaria a causa de los cambios tecnológicos adoptados por la Comisión con una periodicidad de unos meses. Las
         actividades de la demandante relativas al lote ESP 5 representan una cuantía de alrededor de 4 millones de euros por año y
         constituyen una parte importante de de la totalidad de sus actividades en el ámbito de los servicios informáticos. Los ingresos
         de la demandante pasaron de 16 millones de euros en 2001, a 14 millones de euros en 2002, a 10 millones de euros en 2003 y
         hay riesgo de que sigan bajando en 2004 y 2005, a 5 millones de euros, debido precisamente a la insuficiencia de los encargos
         efectuados en el marco del lote ESP 5. Una gran parte de sus empleados ya han abandonado la sociedad por ese motivo. Debido
         a tal pérdida de empleados, la demandante alega que no le será posible recuperar las cuotas de mercado perdidas. 
      
      52     La demandante alega que la inejecución o la reducción eventuales de los encargos del lote ESP 5 serían muy perjudiciales para
         ella. Según la demandante, desaparecerá una infraestructura completa, prevista especialmente para la ejecución del lote ESP 5,
         con consecuencias irreparables para ella, que ya no podrá sobrevivir en el mercado muy competitivo en el que desarrolla su
         actividad. 
      
      53     Por lo que respecta al menoscabo de su reputación, la demandante subraya que dicha situación puede perjudicar sus relaciones
         con otros agentes en el mercado y con otros clientes, que interpretarán tal situación como muestra de su incapacidad para
         responder a las expectativas de la Comisión.
      
      54     Por último, la demandante considera que las medidas provisionales solicitadas son necesarias, dado que, si los actos contra
         los que ha interpuesto la presente demanda de medidas provisionales son ejecutados antes de su anulación, la Comisión firmará
         los contratos correspondientes y abrirá así el camino para la absorción, por el contrato ESP‑DIMA, de una gran parte de los
         créditos remanentes. Según la demandante, se asignarán 120 millones de euros al contrato ESP‑DIMA, lo que constituiría la
         inversión más importante de la Comisión en este ámbito, y vincularía definitivamente a la Comisión con la agrupación ESP‑DIMA.
      
      55     La Comisión estima que el perjuicio alegado por la demandante no es grave ni irreparable, conforme a la jurisprudencia del
         Tribunal de Primera Instancia. 
      
      56     Por lo que respecta al perjuicio económico alegado, la Comisión pone ante todo de relieve que las alegaciones de la demandante
         muestran que no existe ningún vínculo de causalidad entre el acto cuya ejecución solicita que se suspenda (la adjudicación
         del contrato ESP‑DIMA a otro licitador), por una parte, y el perjuicio que la demandante puede supuestamente sufrir, por otra,
         es decir, una disminución de su volumen de negocios causada por el contrato relativo al lote ESP 5.
      
      57     A este respecto, la Comisión alega que el perjuicio que supuestamente puede causarse procede de la alegación de la demandante
         según la cual la Comisión habría debido utilizar en mayor medida el lote ESP 5, en vez de tramitar un procedimiento de licitación
         para sustituir los antiguos contratos del lote ESP 4 por el contrato ESP‑DIMA. La Comisión subraya que la posición de la demandante
         se basa de hecho en la hipótesis, del todo inexacta, según la cual, si se impide que la Comisión firme los contratos derivados
         de la licitación ESP‑DIMA, tendrá que recurrir al lote ESP 5 para que le proporcione la clase de servicios anteriormente cubiertos
         por el lote ESP 4, lo que aumentará el volumen de negocios de la demandante. Según la Comisión, esa tesis es sencillamente
         errónea, puesto que el órgano de contratación continuará aplicando en cualquier caso la distinción entre los lotes ESP 4 y
         ESP 5 que practica desde la celebración de dichos contratos y que se desprende de la definición de los mismos que figura en
         el anuncio de licitación correspondiente.
      
      58     En cualquier caso, la Comisión añade que el daño supuestamente causado a la demandante si las medidas provisionales no fueran
         concedidas no es grave ni irreparable. El daño pecuniario es ciertamente reparable, según una jurisprudencia consolidada,
         ya que puede ser objeto de compensación económica posterior. La demandante no demuestra la existencia de circunstancias excepcionales
         que permitan calificar dicho perjuicio económico como grave e irreparable. A este respecto, la Comisión pone de relieve que
         la demandante se limita a alegaciones generales, y que no demuestra que la pérdida del contrato de que se trata pondría en
         peligro su existencia, por una parte, ni que su posición en el mercado se modificaría de forma irremediable, por otra.
      
      59     Por el contrario, según la Comisión, es evidente que la demandante puede subsistir hasta la resolución del Tribunal de Primera
         Instancia en el asunto principal. A este respecto, la Comisión se remite, entre otros elementos, a dos informes de las firmas
         EuroDB y Dun & Bradstreet, fechados respectivamente el 22 de marzo de 2004 y el 26 de julio de 2004, adjuntos a las observaciones
         de la Comisión de 15 de octubre de 2004, que indican que la situación económica de la demandante es buena. La demandante,
         en su escrito de 2 de noviembre de 2004, alega que dichos informes son obsoletos y erróneos. 
      
      60     Por lo que respecta a los perjuicios no económicos alegados por la demandante, es decir, un menoscabo particularmente grave
         de su reputación causado por la pérdida del contrato de que se trata, la Comisión señala que la participación en una licitación
         lleva consigo, evidentemente, respecto a los licitadores, el riesgo de que no se les adjudique el contrato. Esto no implica
         por consiguiente ningún perjuicio de la reputación, como el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado en su jurisprudencia.
         
      
      61     Por último, la Comisión estima que el hecho de que pueda celebrarse el contrato con el licitador elegido y que se le asigne
         gran parte del presupuesto, antes de que el Tribunal de Primera Instancia se haya pronunciado en el asunto principal, no es
         un elemento que demuestre que se cumple el requisito de urgencia, según jurisprudencia asentada. En el supuesto de la anulación,
         la Comisión podría reponer a la demandante en sus derechos.
      
      –       Sobre la ponderación de los intereses
      62     Aun cuando la demandante no ha examinado explícitamente la ponderación de los intereses en su demanda, la Comisión subraya
         que dicha ponderación le favorece, dado que el perjuicio que la demandante puede sufrir si no se conceden las medidas provisionales
         no es más importante que el perjuicio que la Comisión y los demás licitadores afectados podrían sufrir si se concedieran dichas
         medidas. Los demás licitadores tienen una confianza legítima en que la Comisión prosiga la celebración de los contratos. Las
         medidas provisionales impedirían la celebración de dichos contratos, de modo que las actividades informáticas de la Comisión
         resultarían entorpecidas. Además, la Comisión estima que, al expirar la validez de las ofertas el 19 de noviembre de 2004,
         la suspensión supondría el fin de dichas ofertas, de forma que las medidas no podrían considerarse provisionales. La demandante
         refuta las dos últimas alegaciones, ya que la Comisión tiene otros medios para sustituir los contratos de que se trata, en
         especial solicitando la prolongación de la validez de las ofertas o utilizando otros contratos. A este respecto, la Comisión
         considera que dicha prórroga, aunque posible, no es segura y que los demás medios para obtener los servicios de que se trata
         son menos satisfactorios que la celebración del contrato ESP‑DIMA.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales 
      –       Observaciones previas
      63     Procede recordar que, según una jurisprudencia asentada, los requisitos previstos por el artículo 104, apartado 2, del Reglamento
         de Procedimiento exigen que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa la demanda deriven de modo coherente
         y comprensible del propio texto de la demanda de medidas provisionales (autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia
         de 25 de junio de 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, RecFP pp. I‑A‑175 y II‑883, apartado 18 ; de 15 de enero de 2001, Stauner
         y otros/Parlamento y Comisión, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, apartado 34, y de 7 de mayo de 2002, Aden y otros/Consejo y Comisión,
         T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, apartado 52).
      
      64     Aunque, como subraya acertadamente la Comisión, la demanda contiene pocos elementos que permitan al juez de medidas provisionales
         examinar si, a primera vista, se justifica la concesión de las medidas solicitadas, procede observar que las observaciones
         de la Comisión así como la segunda serie de observaciones de las partes han aclarado el objeto de la demanda de modo tal que
         permiten al juez de medidas provisionales su examen. En el presente caso, debe examinarse ante todo el requisito de urgencia.
         
      
      –       Sobre el requisito de urgencia 
      65     Procede recordar que de una jurisprudencia reiterada se desprende que el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales
         debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita
         la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a esta última aportar la prueba de que no puede
         esperar a que se resuelva el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de dicha naturaleza (véanse los autos del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio de 2000, Esedra/Comisión, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, apartado 43, y de
         27 de julio de 2004, TQ3 Travel Solutions Belgium/Comisión, T‑148/04 R, Rec. p. II‑0000, apartado 41, y la jurisprudencia
         citada).
      
      66     Debe observarse ante todo que, como la Comisión subraya acertadamente, la demandante no ha demostrado el vínculo entre el
         supuesto daño y los actos cuya ejecución solicita que se suspenda. 
      
      67     En esencia, la demandante se queja de la forma de ejecución del contrato relativo al lote ESP 5, que, según ella, se infrautilizó
         respecto al lote ESP 4. La demandante impugna dicha ejecución, supuestamente ilegal, así como la decisión de la Comisión de
         convocar la licitación del contrato ESP-DIMA a efecto de prorrogar el lote ESP 4. Sin embargo, la demandante no ha impugnado
         la ejecución irregular por parte de la Comisión de su contrato relativo al lote ESP 5, ni ha solicitado la suspensión de la
         ejecución del procedimiento de celebración del contrato ESP-DIMA. Procede recordar, a este respecto, que la licitación ESP‑DIMA
         fue publicada el 27 de diciembre de 2003, y que las reclamaciones de la demandante contra el principio mismo de dicha licitación
         se denegaron mediante escrito de la Comisión de 30 de enero de 2004.
      
      68     Dicha posición de la demandante tiene incidencia directa en el fundamento de sus alegaciones referidas al requisito de urgencia.
         En efecto, la demandante sólo alega indirectamente que resultaría un daño grave e irreparable de la adjudicación del contrato
         ESP-DIMA a otro licitador, o de la propia existencia de ese contrato. Por el contrario, la demandante pone de relieve con
         claridad que considera que el daño derivaría de «la inejecución o la reducción eventuales de las prestaciones objeto del lote
         ESP 5», lo que sería para ella «muy lesivo». La demandante trata de probar la existencia de un vínculo causal entre la ejecución
         irregular del lote ESP 5 y la celebración del contrato ESP-DIMA, al señalar en su demanda que «es más que evidente que la
         ejecución irregular [del lote ESP 4] significará el final [del lote ESP 5] ya que [el lote ESP 4] será prolongado por medio
         de [el contrato ESP‑DIMA]», que, si la suspensión solicitada no se concede, «la Comisión firmará los contratos [de que se
         trata], abriendo así el camino a la asignación al [contrato ESP‑DIMA] de una gran parte del presupuesto remanente» y que,
         «a partir de ese momento, [el lote ESP 5] ya no podrá ser ejecutado».
      
      69     Sin embargo, la demandante no ha impugnado la ejecución deficiente de los lotes ESP 4 y ESP 5, que constituye en lo esencial
         la base de sus inquietudes, ni las condiciones previsibles de ejecución del contrato ESP-DIMA. Por consiguiente, es evidente
         que la demandante no puede demostrar que la concesión de las medidas provisionales causaría una mayor utilización de los contratos
         del lote ESP 5, dado que la Comisión ha indicado con claridad que en ninguna circunstancia utilizaría los contratos del lote
         ESP 5 para recurrir a prestaciones de servicios comprendidos en el ámbito inicial del lote ESP 4 o del contrato ESP-DIMA.
         En consecuencia, la demandante no ha demostrado que exista un vínculo causal entre los actos cuya ejecución solicita que se
         suspenda, por una parte (la decisión de adjudicación del contrato ESP-DIMA a otro licitador y el escrito de motivación), y
         el perjuicio que supuestamente puede sufrir, es decir, una disminución del volumen de negocios realizado gracias al lote ESP 5,
         por otra parte. Parece, por tanto, que las medidas provisionales solicitadas carecerían de incidencia en la ejecución del
         lote ESP 5.
      
      70     Se desprende de ello que las medidas provisionales solicitadas no son pertinentes ni necesarias a efecto de evitar la realización
         del perjuicio alegado.
      
      71     En cualquier caso, incluso suponiendo que el supuesto daño derivara de los actos impugnados, es preciso observar que dicho
         daño no podría ser considerado como grave ni irreparable según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia.
      
      72     En relación con el perjuicio de índole económica invocado por la demandante, debe señalarse que, como ha alegado la Comisión,
         según jurisprudencia consolidada, tal perjuicio no puede, en principio, ser considerado como irreparable, ni siquiera como
         difícilmente reparable, ya que puede ser objeto de una compensación económica posterior (véase el auto Esedra/Comisión, antes
         citado, apartado 44, y la jurisprudencia citada). La demandante no ha demostrado, ni siquiera alegado, que le sería imposible
         obtener tal compensación mediante un eventual recurso de indemnización en virtud del artículo 288 CE (véase, al respecto,
         el auto Esedra/Comisión, antes citado, apartado 47 y el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 1 de octubre
         de 1997, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, T‑230/97 R, Rec. p. II‑1589, apartado 38).
      
      73     A la luz de lo anterior, las medidas provisionales solicitadas sólo se justificarían, en las circunstancias del caso de autos,
         si resultara que, a falta de tales medidas, la demandante se encontraría en una situación que pudiera poner en peligro su
         propia existencia o modificar irremediablemente su situación en el mercado (véase, al respecto, el auto Esedra/Comisión, antes
         citado, apartado 45).
      
      74     Ahora bien, la demandante no ha probado que, a falta de las medidas provisionales solicitadas, corre el riesgo de encontrarse
         en dicha situación. 
      
      75     A este respecto, es preciso constatar que la demandante no ha aportado datos referidos a su situación económica que pudieran
         llevar al juez de medidas provisionales a la conclusión de que su existencia peligrará hasta que el Tribunal de Primera Instancia
         resuelva sobre el asunto principal.
      
      76     En particular, procede observar que las alegaciones de la demandante sobre la reducción de sus ingresos no se apoyan en pruebas,
         y que, en cualquier caso, la demandante no demuestra que dicha disminución de ingresos pueda poner en peligro su existencia
         antes de la resolución del Tribunal de Primera Instancia en el asunto principal.
      
      77     Por el contrario, procede considerar que los datos obrantes en autos indican que la demandante continuará el ejercicio de
         una actividad suficiente para subsistir hasta la resolución del Tribunal de Primera Instancia en el asunto principal. 
      
      78     Como la misma demandante pone de relieve en su demanda, toma parte con regularidad y éxito en las licitaciones de la Comisión,
         y ha desarrollado algunos proyectos para las instituciones europeas y no sólo para la Comisión. 
      
      79     Ello se confirma, además, por los informes de las firmas EuroDB y Dun & Bradstreet, fechados respectivamente el 22 de marzo
         de 2004 y el 26 de julio de 2004, adjuntos a las observaciones de la Comisión, de 15 de octubre de 2004, los cuales indican
         que la demandante tiene un elevado número de clientes, entre ellos instituciones europeas, instituciones públicas nacionales
         y compañías internacionales. Además, de esos informes se desprende que la situación económica de la demandante se califica
         como «buena», con puntuaciones positivas de las ventas, la rentabilidad y el activo total. A propósito de dichos informes,
         procede subrayar que la alegación de la demandante, en su escrito de 2 de noviembre de 2004, según la cual dichos informes
         son «obsoletos» y «erróneos», es de naturaleza muy general y que la demandante no ha aportado la menor prueba para demostrar
         la veracidad de dicha alegación. 
      
      80     Por último, procede observar que la demandante continuará su participación en la agrupación ESP 5, en calidad de primer contratante
         del lote ESP 5, y también participará en la agrupación ED, como segundo contratante en el contrato ESP‑DIMA, precisamente
         porque la demandante, en el marco de su participación en la licitación ESP‑DIMA, demostró a la Comisión que poseía la capacidad
         económica y técnica necesaria para dicho proyecto.
      
      81     Por lo que respecta a la posibilidad de que, a falta de las medidas provisionales solicitadas, se modifique de forma irremediable
         la posición de la demandante en el mercado, aunque la demandante alega al respecto que se verá obligada a poner fin a la mitad
         de sus actividades, a despedir a la mitad de su personal y que toda la infraestructura prevista para la ejecución del lote
         ESP 5 tendrá que desaparecer, con consecuencias «muy lesivas», la demandante no ha probado esas alegaciones, y además no ha
         demostrado, ni siquiera ha intentado demostrar, que existan obstáculos de naturaleza estructural o jurídica que le impidan
         volver a ganar una parte apreciable de las cuotas de mercado perdidas (véase, al respecto, el auto del Presidente del Tribunal
         de Primera Instancia de 16 de enero de 2004, Arizona Chemical y otros/Comisión, T‑369/03 R, Rec. p. II‑0000, apartado 84).
         En particular, la demandante no ha demostrado que le sería imposible conseguir otros contratos, entre ellos el contrato controvertido,
         a raíz de una nueva licitación, o que no podría contratar empleados o restablecer una infraestructura técnica capaz de dar
         soporte a grandes proyectos como los realizados en el marco del lote ESP 5, si ello resultara necesario para recuperar las
         cuotas de mercado perdidas. A este respecto, procede subrayar, en primer lugar, que el lote ESP 5 seguirá existiendo, y, en
         segundo lugar, que el hecho de que la demandante participe, y pueda continuar participando, en otros proyectos de las instituciones
         europeas y de otros clientes, garantiza que su capacidad técnica no desaparecerá.
      
      82     En cuanto al perjuicio de índole no económica alegado por la demandante, por lo que respecta a la argumentación de que es
         urgente la adopción de medidas provisionales a causa del daño irreparable que se causaría a su reputación y su credibilidad,
         debe señalarse que la decisión de no adjudicación no surtiría necesariamente el efecto de causar tal perjuicio. Según jurisprudencia
         consolidada, la participación en una licitación pública, por definición altamente competitiva, implica necesariamente riesgos
         para todos los participantes y la eliminación de un licitador, en virtud de las normas de la licitación, no tiene, en sí misma,
         nada de perjudicial (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de agosto de 1983, CMC/Comisión, 118/83 R, Rec. p. 2583,
         apartado 51, y auto Esedra/Comisión, antes citado, apartado 48).
      
      83     De igual modo, tampoco pueden acogerse las alegaciones de la demandante, tendentes a demostrar que la urgencia deriva del
         hecho de que, antes de que se pronuncie la resolución que ponga término al recurso en el asunto principal, se celebrará el
         contrato con la agrupación ESP‑DIMA, y se fijará el presupuesto correspondiente al contrato ESP‑DIMA, en una cuantía que puede
         vincular de forma permanente a la Comisión con dicha agrupación. Tal situación no constituye una circunstancia que demuestre
         la urgencia, ya que, en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia reconociera la procedencia del recurso principal,
         correspondería a la Comisión adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección adecuada de los intereses de la
         demandante. En tal supuesto, dicha institución podría organizar otra licitación en la que podría participar la demandante,
         y ello sin especiales dificultades. Esta medida podría combinarse con el pago de una indemnización. Ahora bien, la demandante
         no ha expuesto ninguna circunstancia que impida la salvaguardia de sus intereses de dicha forma (véase, al respecto, el auto
         Esedra/Comisión, antes citado, apartado 51, y el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de mayo de 1994,
         Candiotte/Consejo, T‑108/94 R, Rec. p. II‑249, apartado 27).
      
      84     En dichas circunstancias, procede concluir que los elementos de prueba aportados por la demandante no permiten acreditar satisfactoriamente
         que de no concederse las medidas provisionales solicitadas la demandante sufriría un perjuicio grave e irreparable. 
      
      85     De ello se desprende que la demandante no ha logrado demostrar que se cumple el requisito de urgencia. En consecuencia, la
         demanda de medidas provisionales debe ser desestimada, sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad, ni examinar
         si se cumplen los demás requisitos para la concesión de las medidas provisionales (auto del Presidente del Tribunal de Primera
         Instancia de 9 de agosto de 1999, Sociedade Agrícola dos Arinhos y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑38/99 R a T‑42/99 R,
         T‑45/99 R y T‑48/99 R, Rec. p. II‑2567, apartado 48).
      
       Sobre la solicitud de diligencias de prueba tendentes a la presentación de documentos por parte de la Comisión
       Alegaciones de las partes 
      86     En sus observaciones de 23 de septiembre de 2004, la demandante solicita que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
         ordene a la Comisión la presentación de los documentos de que se trata, debido a que éstos podrían mostrar que la ejecución
         del ESP 4 era irregular, y que, por consiguiente, sería útil y oportuno su conocimiento por el Tribunal de Primera Instancia,
         e incluso determinante respecto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
      
      87     La Comisión considera que la solicitud de diligencias de prueba debe denegarse, porque la demandante no ha demostrado en modo
         alguno la utilidad de la presentación de los documentos de que se trata, en contra de las exigencias de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia. La Comisión subraya, además, que dichos documentos contienen informaciones confidenciales y no pueden
         divulgarse, ya que su presentación es contraria a la protección de los intereses comerciales legítimos de los licitadores.
         
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales 
      88     Ante todo, es necesario constatar que la solicitud de la demandante relativa a la presentación de los documentos de que se
         trata sólo puede ser interpretada como una solicitud de diligencias de prueba o de diligencias de ordenación del procedimiento.
      
      89     A este respecto, debe recordarse que, según el artículo 105, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento,
         el Presidente del Tribunal de Primera Instancia determinará si procede ordenar el recibimiento a prueba. El artículo 65 del
         Reglamento de Procedimiento precisa que las diligencias de prueba comprenden, en particular, la presentación de documentos.
         El artículo 64 del Reglamento de Procedimiento permite al Tribunal de Primera Instancia acordar diligencias de ordenación
         del procedimiento, que comprenden, en particular, la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el
         asunto.
      
      90     Dado que procede desestimar la demanda de medidas provisionales debido a la inexistencia de urgencia, sin que sea necesario
         examinar si se cumplen los demás requisitos para la concesión de las medidas provisionales, en particular el requisito de
         existencia de un fumus boni juris, el juez de medidas provisionales considera que los documentos de que se trata carecen de interés para el examen de la presente
         demanda de medidas provisionales, y que, por consiguiente, no procede adoptar las medidas solicitadas por la demandante respecto
         a tales documentos.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      El PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      resuelve:
      1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas. 
      Dictados en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2004.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               H. Jung
            
             
            
                     B. Vesterdorf
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.