CELEX: 61963CC0108
Language: es
Date: 1964-12-02 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Roemer presentadas el 2 de diciembre de 1964. # Officine elettromeccaniche A. Merlini contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. # Asunto 108-63.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. KARL ROEMER
      presentadas el 2 de diciembre de 1964 (
            *1
         )
      Índice
       
               
                  Introducción (antecedentes de hecho, pretensiones de las partes)
               
             
               
                  I. Observaciones sobre el procedimiento
               
             
               
                  II. Los distintos motivos de impugnación
               
             
               
                  1. Infracción del artículo 135 de la Ley italiana sobre la quiebra
               
             
               
                  2. Infracción del artículo 55 de la Ley italiana sobre la quiebra
               
             
               
                  3. Falta de motivación
               
             
               
                  4. Inadmisibilidad de nuevas cargas
               
             
               
                  a) ¿Tienen carácter definitivo las comunicaciones de la Alta Autoridad sobre el consumo de chatarra y sobre las deudas de contribución?
               
             
               
                  b) ¿No se pueden efectuar nuevas imposiciones después de transcurridos determinados plazos?
               
             
               
                  c) ¿Pueden efectuarse controles incluso después del cese de la actividad productiva de una empresa?
               
             
               
                  d) Nuevos motivos de impugnación intempestivos
               
             
               
                  5. Evaluación incorrecta del consumo de chatarra
               
             
               
                  a) ¿Es admisible, en principio, una evaluación basada en el consumo de electricidad?
               
             
               
                  b) ¿Es necesaria la comunicación previa de los resultados de la evaluación?
               
             
               
                  c) Fijación del parámetro consumo de electricidad/consumo de chatarra y otras cuestiones del método de evaluación
               
             
               
                  d) El caso concreto de la evaluación del consumo de chatarra de la demandante
               
             
               
                  aa) ¿Se ha basado incorrectamente la Alta Autoridad en un consumo constante de chatarra?
               
             
               
                  bb) ¿Las cantidades de electricidad en la que baso la Alta Autoridad sus evaluaciones comprenden también el consumo de electricidad para fines distintos de la producción de acero?
               
             
               
                  6. Fijación ilegal del tipo de contribución al mecanismo de compensación de la chatarra
               
             
               
                  7. Desviación de poder
               
             
               
                  III. Resumen y conclusiones
               
            
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      En el marco de las liquidaciones del sistema de compensación de la chatarra nos encontramos hoy ante un nuevo recurso interpuesto contra las Decisiones de la Alta Autoridad, por las que se evaluó de oficio el consumo de chatarra de una empresa y se calculó, en consecuencia, la cuantía de su deuda de contribución.
      Se trata de una empresa italiana que producía acero pero que debió poner fin a su producción a finales de febrero de 1957. Sus dificultades económicas tuvieron por consecuencia, en primer lugar, la apertura de un procedimiento de suspensión de pagos, así como la aceptación de una proposición de convenio, aprobada por la autoridad judicial mediante resolución de 21 de diciembre de 1957. Al no respetarse los plazos de pago, se puso fin, mediante sentencia de 20 de febrero de 1960, al procedimiento de suspensión de pagos y se inició el procedimiento de quiebra. En el marco del procedimiento de quiebra, hubo a continuación un convenio forzoso, aprobado judicialmente mediante resoluciones de 4 de agosto y de 4 de septiembre de 1961, convenio a cuyo tenor se debían satisfacer los créditos privilegiados en su totalidad y los créditos no privilegiados en un 40 %.
      La Alta Autoridad participó en este procedimiento, en el que presentó en primer lugar un crédito provisional de contribución calculado sobre la base del consumo de chatarra declarado por la empresa. Controles efectuados en la empresa en septiembre de 1958 llevaron a la conclusión, mediante cálculos y evaluaciones, de que el consumo de chatarra era mayor que el declarado. Por consiguiente, se rectificó la deuda de contribución determinada en un primer momento. Decisiones generales sucesivas relativas a la compensación de la chatarra fueron la consecuencia de ulteriores aumentos hasta que, finalmente, dos Decisiones de 30 de octubre de 1963, que anulaban al mismo tiempo una Decisión de 25 de julio de 1962, fijaron, basándose en la Decisión general no 7/63, las cantidades de chatarra consumidas por la demandante y determinaron el correspondiente crédito de contribución.
      Estas dos Decisiones de 30 de octubre de 1963 son objeto del presente procedimiento. Debemos comprobar si pueden ser anuladas por los motivos indicados por la demandante, tal y como solicita en la demanda.
      I. Observaciones sobre el procedimiento
      La Alta Autoridad ha formulado objeciones de procedimiento respecto a dos escritos de la demandante, a saber, su escrito de réplica y una nota que presentó al mismo tiempo que las respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
      En relación con el escrito de réplica, el Abogado de la demandante se limitó a presentar un escrito redactado por ésta y a decir en un escrito aparte que la nota de la demandante debía considerarse parte de su réplica. Indudablemente, esta manera de obrar no es completamente ortodoxa, aunque formalmente responda a las exigencias del apartado 1 del artículo 37 del Reglamento de Procedimiento, al haber firmado el Abogado de la demandante la nota de ésta. En efecto, se podría decir que el objetivo de las normas del Estatuto del Tribunal sobre la asistencia obligatoria de un Abogado a los particulares es garantizar que el Tribunal de Justicia sólo oiga opiniones jurídicas y explicaciones de hecho que un Abogado haya examinado y haya considerado que pueden exponerse, lo cual no ha sido el caso del presente asunto, tal y como ha admitido explícitamente el Abogado. Porotra parte, debo señalar que este último ha declarado que hacía suya la nota del demandante. Así, este comportamiento, bien entendido, tendría más el carácter de una negligencia del Abogado en la dirección del proceso que un acto de procedimiento inadmisible; podría quizás considerarse incompatible con la dignidad del Tribunal en el sentido del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento. En cualquier caso, este motivo no me hará renunciar al examen del conjunto de la réplica. El hecho de que ésta no se debata por otras causas (presentación intempestiva) es una cuestión que analizaremos respecto a cada uno de los motivos en los que se plantee.
      Lo mismo cabe decir en cuanto a la nota remitida por la demandante en respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia. Dicha nota contiene, en parte, comentarios sobre las respuestas y, en esta medida, debe considerarse que es un escrito procesal admisible. En un contexto ulterior examinaremos si contiene nuevas alegaciones inadmisibles y en qué medida lo son.
      II. Los distintos motivos de impugnación
      1. Infracción del artículo 135 de la Ley italiana de 16 de marzo de 1942 sobre la quiebra, en la medida en que la Decisión relativa a la deuda de contribución de la demandante no tiene en cuenta la cuota del 40 % establecida en el convenio forzoso
      A este respecto la demandante expone que, a tenor del artículo 135 de la Ley italiana sobre la quiebra, el convenio forzoso, aprobado judicialmente, tiene por consecuencia que todos los acreedores de la quiebra (incluidos aquellos cuyos créditos no hayan sido reconocidos o presentados) sólo pueden reclamar sus créditos en la cuantía del citado dividendo fijado en el convenio. La Alta Autoridad ha infringido esta norma, en opinión de la demandante, al procurarse un título ejecutivo por la totalidad de la contribución de compensación de la demandante después de haberse aprobado el convenio forzoso.
      A ello objeta acertadamente la Alta Autoridad que no es su tarea, ni mucho menos la del Tribunal de Justicia, tener en cuenta el Derecho nacional sobre la quiebra y entrar a discutir el complicado problema de las consecuencias jurídicas de un convenio forzoso que tiene por efecto, eventualmente, la pérdida parcial de los créditos frente al deudor del convenio, pero que quizás también puede permitir, en caso de inobservancia de sus requisitos, intentar obtener satisfacción por la totalidad del crédito. A este respecto, la Alta Autoridad se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (asunto 1/58-), conforme a la cual, en principio, no está obligada a aplicar el Derecho interno.
      De hecho, la tarea de la Alta Autoridad consiste sólo en determinar de manera auténtica la existencia de un crédito originado en el Derecho comunitario y dejar todo lo más al procedimiento de ejecución que se desarrolla conforme al Derecho nacional del deudor, con arreglo al artículo 92 del Tratado. A lo largo de este procedimiento de ejecución, se puede objetar que no es posible intentar conseguir el pago íntegro, por vía de ejecución forzosa, de los créditos existentes frente a un determinado deudor. No se ha probado la inexistencia de medio o procedimiento alguno en el Derecho italiano para proponer estas excepciones. Además, la demandante no se ha limitado a estas posibilidades, puesto que la Alta Autoridad declaró expresamente que no tenía la intención de iniciar un procedimiento de ejecución por la totalidad de su crédito de contribución.
      Por todo ello, no se puede anular la Decisión sobre el alcance de la obligación de contribución de la demandante por infracción de las disposiciones del Derecho concursal italiano.
      2. Infracción del artículo 55 de la Ley italiana sobre la quiebra
      El escrito de la demandante, que ésta califica de réplica, expone que la Decisión ejecutiva de la Alta Autoridad también es ilegal en la medida en que incluye, además de las contribuciones de compensación, los intereses de demora, también prohibidos por el Derecho concursal italiano.
      No puede acogerse en modo alguno esta alegación, y ello incluso aunque no deba excluirse el procedimiento, en principio, el escrito de la demandante. El apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento y el conjunto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia obligan a ello, puesto que se trata evidentemente de un nuevo motivo de recurso al que ni siquiera aludía el escrito de interposición del mismo.
      Aunque no fuéramos tan severos, teniendo en cuenta que la demanda señalaba que las posibilidades de ejecución eran limitadas en el Derecho concursal italiano, se podría plantear, en primer lugar, la cuestión de si el régimen italiano de la quiebra contempla, en principio, intereses del tipo de los vencidos en el mecanismo de la compensación, o solamente los intereses de demora. La Alta Autoridad afirma que los intereses que figuran en la deuda de contribución no vencieron a causa del retraso en el pago y que no se calcularon por la cuantía de cada deuda, si no que representan sumas que se atribuyen a los acreedores de la compensación y a las empresas que pagaron sus deudas de compensación a su debido tiempo. Se trata más bien, según la Alta Autoridad, de intereses por capitales adelantados y utilizados provisionalmente en la compensación, es decir, de gastos que, por su carácter, deben incluirse en la categoría de gastos administrativos.
      Pero, al fin y al cabo, no es preciso dar respuesta a esta cuestión. Efectivamente, los argumentos expuestos sobre el primer motivo son aplicables también a este extremo: la Alta Autoridad y el Tribunal de Justicia no están obligados a ocuparse de la aplicación del Derecho concursal italiano. Su tarea no es ocuparse de qué clases de intereses se excluyen de la ejecución en la quiebra italiana y si esta norma se aplica también a los convenios forzosos. Este problema de los intereses, que se sitúa en el marco de las posibilidades de ejecución en el Derecho concursal italiano, debe considerarse más bien perteneciente al procedimiento de ejecución forzosa y dejarlo a las instancias nacionales encargadas de la ejecución. Por ende, al igual que el primer motivo, el segundo tampoco puede implicar la anulación de la Decisión impugnada.
      3. Falta de motivación
      La demandante no ha encontrado una exposición de motivos clara y detallada ni en la Decisión relativa a la determinación, por inducción, de su consumo de chatarra ni en la Decisión por la que se determina su deuda de contribución. En ello ve una infracción del artículo 15 del Tratado, que debe implicar la anulación de las dos Decisiones.
      En una sentencia relativamente reciente de 1963 (24/62,-Rec. 1963, pp. 129 y ss., especialmente p. 143) relativa al Tratado CEE, el Tribunal de Justicia expuso con claridad cómo debía entenderse el deber de motivación. Lo mismo debe aplicarse al Derecho de la CECA. Conforme a esta jurisprudencia, una Decisión debe «exponer de forma incluso sucinta, pero clara y pertinente, las principales consideraciones de Derecho y de hecho que le sirvan de base y que sean necesarias para hacer comprensible el razonamiento que ha movido a la Comisión».
      Si examinamos las dos Decisiones impugnadas a la luz de esta sentencia comprobamos que contiene los siguientes elementos.
      La primera Decisión
      Indica con datos precisos las bases legales (artículos del Tratado, Decisiones generales relativas a la compensación de la chatarra) en las que se funda; expone que, con ocasión de un control efectuado por los inspectores de la Alta Autoridad, la demandante no presentó los documentos descritos con precisión, lo que hizo necesaria la evaluación de su consumo de chatarra. La evaluación se hizo en función del consumo de energía eléctrica que pudo deducirse, en parte, de algunos documentos y, respecto al resto, debió ser objeto de una extrapolación con ayuda de la contabilidad de las facturas de electricidad de la demandante. El consumo de energía permitió deducir la producción de acero y, de esa forma, la carga bruta de chatarra necesaria por tonelada (consumo de chatarra) con ayuda de un parámetro fijado por expertos. Las comprobaciones resultantes fueron controladas y confirmadas por consideraciones fundadas en la capacidad de producción de los altos hornos de la demandante, que, por lo demás, la Alta Autoridad había admitido que no habían funcionado a pleno rendimiento.
      La segunda Decisión
      Esta Decisión también indica con datos precisos las bases legales en las que se funda y destaca especialmente las Decisiones generales sobre la compensación de la chatarra, que fijan los tipos provisionales de contribución, las paridades monetarias y la regulación de los intereses y, por último, la Decisión fundamental no 7/63. La deuda de contribución de la demandante resulta de una multiplicación de las cantidades de chatarra, calculadas en la primera Decisión, por los tipos de contribución mencionados para los distintos períodos de contribución.
      En mi opinión, en ambos casos se cumplió debidamente el deber de motivación, que no debe entenderse nunca como una obligación de efectuar declaraciones detalladas como si se tratara de un escrito procesal.
      Algunos puntos de vista suplementarios que no se formularon hasta la réplica tampoco permiten descubrir incumplimiento del deber de motivación.
      Al discutir el método inductivo empleado por la Alta Autoridad para determinar el consumo de chatarra, la demandante critica que no se le comunicaran los criterios aplicados por la comisión de expertos ya mencionada para determinar la relación consumo de corriente/consumo de chatarra. Efectivamente, la primera Decisión sólo contiene la indicación de la fórmula aplicada. No obstante, entiendo que excedería del marco del deber de motivación hacer una exposición cuasicientífica sobre los problemas técnicos que se plantean a la hora de establecer un orden de pago y de determinar el consumo de chatarra de determinadas empresas. Es suficiente que la Alta Autoridad haya mencionado la fórmula decisiva. Por otra parte, la cuestión de sobre qué base y con ayuda de qué deducciones técnicas se ha elaborado la fórmula puede ser objeto de una discusión procesal.
      En su réplica, la demandante critica también la circunstancia de que, en los anexos a las distintas Decisiones generales sobre la compensación de la chatarra, los gastos administrativos y de control se evaluaran con cifras diferentes y que las reservas para las contribuciones no pagadas a su debido tiempo se evaluaran con cuantías distintas, sin explicar estas diferencias.
      Podría pasar por alto estas críticas porque son manifiestamente ajenas a la imputación de falta de motivación planteada en la demanda, imputación que sólo se refiere a las Decisiones individuales impugnadas. En relación con este motivo de impugnación, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite considerarlas como motivos nuevos que, conforme al apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento, ya no pueden invocarse en la réplica. Pero, además, evidentemente no están fundadas puesto que se entiende acertadamente que no se puede exigir que las Decisiones generales que comprendan un cálculo detallado contengan comentarios particulares para cada partida que figure en ellas, con lo que se acabaría por motivar la propia exposición de motivos!.
      En conclusión, el tercer motivo, con todos sus aspectos particulares no basta para implicar la anulación de la Decisión impugnada.
      4. Inadmisibilidad de nuevas cargas
      En un cuarto motivo de impugnación, la demandante critica que su deuda de contribución haya pasado de 102 millones de LIT en un principio (en 1960) a 313 millones de LIT (en la Decisión impugnada), al tomar como base la Alta Autoridad en un primer momento el consumo de chatarra declarado, y modificar ulteriormente las declaraciones, aumentándolas. Todo ello tuvo lugar después del cese de actividad de la demandante, en 1957, lo cual agravó sus dificultades de prueba.
      Conforme se afirma en la demanda, este motivo puede interpretarse de diversas maneras.
      
               a)
            
            
               Puede querer decir que las comunicaciones de la Alta Autoridad sobre el consumo de chatarra y las deudas de contribución tenían un carácter definitivo y, por ello, no eran modificables. En este sentido, es indudablemente erróneo.
               La Alta Autoridad nunca ha dado la impresión de que sus distintos comunicados en el marco de la compensación de la chatarra constituyeran la última palabra. Por el contrario, siempre ha señalado que sólo tenían carácter provisional. Así lo hizo en un primer escrito de 14 de marzo de 1957, dirigido al síndico de la quiebra de la demandante, cuando comunicó formalmente su crédito mediante escrito de 1 de abril de 1960 y también en comunicaciones posteriores sobre el consumo de chatarra de la demandante, en concreto en su escrito de 18 de agosto de 1961, cuyos cálculos seguían basándose en la relación 1.100 kWh por tonelada de acero líquido producido.
            
         
               b)
            
            
               Si se entiende el motivo de impugnación en el sentido de que las empresas que participaban en la compensación no debían verse confrontadas en ningún caso con una modificación de la base imponible después de la expiración de determinados plazos, su preocupación es comprensible, aunque algunas necesidades comerciales pudieran hacerla parecer más fundada para empresas que continuaban produciendo que para aquellas que estaban en liquidación, como es el caso de la demandante.
               Pero, incluso si se entiende así, no puede implicar la anulación de las Decisiones de compensación impugnadas. El carácter del mecanismo de compensación se opone a ello: por su naturaleza sólo permite una liquidación definitiva de todas las deudas y todos los créditos después de la solución de todas las cuestiones litigiosas. En varias ocasiones el Tribunal ya ha puesto de manifiesto a este respecto las enormes dificultades con que se tropezó la Alta Autoridad en 1958 cuando asumió de nuevo la administración del mecanismo de compensación. Su gestión y liquidación en buena forma exigió la ejecución minuciosa de controles muy amplios. Implicó la iniciación de numerosos procesos relativos a situaciones litigiosas complicadas que se prolongaron durante años y que aún no han terminado. Pero, teniendo en cuenta esta situación, en 1963 no se puede pensar en excluir los nuevos cálculos de deudas de compensación por intempestivos. Por otra parte, resulta evidente que, a este respecto, no nos encontramos en presencia de aquella retroactividad ilegal de leyes de la que se queja la propia demandante en su escrito de réplica. El principio de compensación de la chatarra está muy asentado desde 1954; no se ha puesto en duda en ninguna sentencia del Tribunal de Justicia, incluso cuando se declararon incidentalmente ilegales algunas formas de organización. Todas las decisiones generales posteriores sobre la compensación de la chatarra se han apoyado en este principio y se han limitado a aclarar determinadas cuestiones particulares. De hecho, se podría hablar de decisiones interpretativas, como hizo la Alta Autoridad, lo cual demuestra claramente que la tesis de la retroactividad de las decisiones sobre la chatarra es inexacta.
            
         
               c)
            
            
               Por último, se puede interpretar este motivo de impugnación en el sentido de que los controles de las declaraciones de chatarra no pueden efectuarse mucho tiempo después del cese de la actividad de producción de una empresa, porque las operaciones de liquidación podrían empeorar las posibilidades de defensa de semejante empresa a nivel judicial.
               Pero, incluso si se entendiera así, este motivo de impugnación no es pertinente. No se puede decir que los controles se efectuaran con un retraso exagerado, puesto que tuvieron lugar en septiembre de 1958, es decir, poco después de que la Alta Autoridad asumiera la administración del mecanismo de compensación. A la demandante le era difícil imaginarse en ese momento que dejaría de ser controlada porque, hasta ese día (como, por otra parte, hasta hoy) no había pagado la menor suma por sus deudas de compensación. Además, un escrito de la Alta Autoridad de 14 de marzo de 1957 le había advertido expresamente de la posibilidad de determinar su consumo de chatarra por vía de inducción. Incluso no parecía evidente que la iniciación del procedimiento de suspensión y de quiebra hubiera dificultado a la demandante para aportar sus pruebas. Precisamente la iniciación de estos procedimientos que, por lo demás, en el presente asunto no se terminaron hasta finales de 1961, es decir, después de la notificación de los primeros resultados de evaluación por la Alta Autoridad, da una garantía especial de conservación de todos los documentos mercantiles importantes. En Derecho italiano el artículo 16 de la Ley sobre la quiebra responde a esta preocupación, junto con las disposiciones penales correspondientes (artículos 216 y 220 de la Ley sobre la quiebra). Por este motivo debe admitirse que los documentos que faltaban cuando se efectuaron los controles en septiembre de 1958 tampoco existieron antes de la iniciación del procedimiento de suspensión de pagos en febrero de 1957, lo que priva de importancia para su defensa a la observación de la demandante sobre el período transcurrido entre el cese de su explotación y la ejecución de los controles.
            
         
               d)
            
            
               Aunque, lógicamente, no correspondan necesariamente con los motivos que acabamos de examinar, mencionaremos aún algunos motivos de impugnación enunciados en el escrito de réplica, porque no encontramos una relación más estrecha con ningún otro motivo de los indicados en la demanda.
               La demandante alega que la determinación de su deuda de contribución debe considerarse ilegal porque la Decisión no 7/63, al incluir los intereses, hace necesario un aumento del producto de las contribuciones, porque la Decisión no 7/61 contiene un error de cálculo, que aparece en el cálculo de las cantidades mensuales de consumo medio de chatarra, y porque el nuevo reparto de los períodos de la base imponible y del cálculo son tan ajenos al contenido de la demanda que, en relación con ésta, deben ser considerados motivos nuevos de recurso en el sentido del apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento. Por ello, entiendo que no se les puede tener en cuenta para dirimir el recurso.
            
         5. Evaluación incorrecta del consumo de chatarra
      Este motivo engloba varios cargos, algunos de los cuales ya se plantearon en el asunto 18/62 (Barge/Alta Autoridad) siendo desestimados por el Tribunal de Justicia.
      
               a)
            
            
               Así sucede, en primer lugar, respecto a la objeción de principio de que el cálculo del consumo de chatarra, que se basaba en el consumo de electricidad, constituye un método dudoso. El Tribunal de Justicia declaró a este respecto que el consumo de electricidad es sólo uno de los factores que permiten deducir el consumo de chatarra. Se puede recurrir a él a falta de cualquier otra base de cálculo. Entiendo que ello no quiere decir que el método inductivo de determinación del consumo de chatarra sólo pueda aplicarse cuando la empresa no haya hecho ninguna declaración; también debe admitirse cuando existen indicios serios que permiten dudar de la veracidad de las declaraciones efectuadas y cuando los controles ulteriores no proporcionan más información que el consumo de electricidad para determinar el consumo de chatarra.
               Esto es lo que sucede en el caso de autos. Conforme a las indicaciones de la Alta Autoridad, en los controles de 1958 sus agentes no dispusieron de documentos contables sobre las entradas y el consumo de chatarra, documentos que habrían podido constituir una prueba válida del consumo real (facturas, fichas de pesada, etc.). Pero los pocos documentos que encontraron relativos al consumo de electricidad, en forma de declaraciones de la demandante a su grupo de empresas (formularios de consumo B) les permitieron concluir que las declaraciones de chatarra que había hecho la demandante a la Caja de Bruselas eran evidentemente inexactas. Por ende, la Alta Autoridad estaba, en principio, legitimada para emplear el método inductivo en este caso, y ello aunque hubieran existido anteriormente otros documentos relativos al consumo de chatarra, destruidos entre tanto por la demandante, puesto que el lapso de tiempo transcurrido desde los principales acontecimientos (compras de chatarra, consumo de la misma a partir de abril de 1954) no fue tal que pudiere justificar la destrucción de toda la contabilidad.
            
         
               b)
            
            
               Me remito también a la sentencia 18/62 respecto a la tesis de la demandante conforme a la cual, cuando la Alta Autoridad llega, por medio de evaluaciones, a admitir que el consumo real de chatarra es superior al declarado, está obligada a informar de ello al interesado, de forma que éste pueda defenderse en la fase administrativa previa. La sentencia declara expresamente que las evaluaciones de oficio no deben considerarse sanciones en el sentido del artículo 36; en consecuencia, basta con dar a las empresas interesadas, bien en la fase administrativa previa o bien ante el Tribunal de Justicia, la posibilidad de alegar que las evaluaciones efectuadas son incorrectas.
            
         
               c)
            
            
               También puedo remitirnos a los considerandos de la sentencia 18/62 por lo que se refiere a la exactitud del parámetro aplicado por la Alta Autoridad (950 kWh por tonelada de acero líquido producido), a la regularidad del procedimiento de elaboración, extrajudicial, por una comisión de expertos convocada solamente por la Alta Autoridad y no por las dos partes, así como a la legalidad del control confiado a una sociedad fiduciaria privada, sin redactar un acta formal con la firma del interesado. Por último, también cabe pensar lo mismo de otras alegaciones de las que se puede deducir que la sentencia 18/62 los examinó implícitamente porque se habrían podido presentar, pero que no dieron ocasión a plantear motivos de oficio; esto es lo que sucede respecto a la cuestión de si una Decisión general debería haber regulado previamente los detalles del procedimiento de evaluación de oficio y de si la Decisión no 13/58, que establece rectificaciones de oficio, tenía también efecto retroactivo. De hecho, hay que admitir que una normativa que regulaba aspectos de detalle, independientemente de que quizás fuera inoportuna a nivel administrativo, no otorgaba garantías accesorias a los interesados, puesto que éstos conservan siempre la posibilidad de someter al Tribunal de Justicia el examen de la legalidad del procedimiento aplicado en un caso particular. Por otra parte, no se puede hablar de una retroactividad ilegal de la Decisión no 13/58, porque ésta constituye únicamente la base legal de los controles y las evaluaciones posteriores a su entrada en vigor. Por lo demás, se puede decir que semejante procedimiento es inmanente a todo mecanismo de recaudación de tributos públicos. La base determinante para ello es la obligación de conservar los documentos mercantiles importantes que, con arreglo a un principio general o bien como consecuencia del artículo 47 del Tratado, debieron existir seguramente desde la creación del mecanismo de compensación de la chatarra importada.
            
         
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               Por lo que respecta al caso concreto de la evaluación de su consumo de chatarra, la demandante expone las siguientes objeciones.
               
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                        La Alta Autoridad obró indebidamente al tomar como base un consumo constante de electricidad y de chatarra hasta el cese de su actividad. A lo largo de los meses que precedieron al procedimiento de suspensión de pagos, la demandante trabajó solamente con una capacidad sensiblemente menor; sobre todo, alquiló su alto horno mayor (10 toneladas) a otra empresa, con lo cual no puede cargarse a la demandante el consumo de electricidad de aquélla.
                     
                  
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                        El consumo de electricidad que tomó como base de sus evaluaciones la Alta Autoridad comprende también el consumo para fines distintos a la producción de acero.
                     
                  
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                        Sobre el primer punto, respecto al cual la demandante presentó un contrato de alquiler de su horno de 10 toneladas, la Alta Autoridad subraya que no tuvo en cuenta en su Decisión la capacidad de producción de este horno, sino sólo la de tres hornos más pequeños. Esto se deduce, de hecho, del texto de la Decisión impugnada. Efectivamente, este horno de 10 toneladas no se instaló hasta 1956, como se indicó a los inspectores de la Alta Autoridad cuando efectuaron su control en 1958 y prácticamente no se explotó hasta el momento de su arrendamiento a la Società Anonima Commerciale Siderurgica (SACS). Pero, puesto que la Alta Autoridad (y ello se desprende de los cálculos que ha presentado) debió evaluar el consumo de electricidad durante los últimos meses de actividad de la demandante mediante extrapolación con ayuda de las cifras que ésta comunicó a su grupo de empresas para un período durante el cual el horno de 10 toneladas aún no se explotaba (de enero de 1955 a abril de 1956), la utilización de este horno de 10 toneladas por otra empresa no puede afectar a la exactitud de estas evaluaciones. En realidad, la Alta Autoridad partió del hecho de que la demandante nunca había explotado más de tres hornos y excluyó el horno de 10 toneladas.
                        Respecto a la observación de la demandante de que, independientemente del alquiler de su horno de 10 toneladas, su actividad de producción disminuyó de hecho sensiblemente durante los últimos meses que precedieron a su quiebra, se puede decir que hay una presunción a favor de la exactitud de esta afirmación. Normalmente una crisis se anuncia por lo menos con alguna antelación y tiene como consecuencia una reducción correspondiente de la producción. No obstante, no veo en esta circunstancia un motivo para declarar errónea la evaluación de la Alta Autoridad que, por su naturaleza, es rudimentaria, adolece de un vicio. La circunstancia de que la Alta Autoridad haya tomado como base las medidas mensuales para el conjunto del período en el que la demandante estuvo sometida al mecanismo de compensación (de abril de 1954 a febrero de 1957) debe haber supuesto una amplia compensación de posibles faltas. Por otra parte, la demandante no ha aportado ningún elemento plausible que permita determinar la importancia del retroceso de la producción en este período. Según sus propias declaraciones, a partir de octubre de 1956 no consumió por sí misma más del 10 % de la electricidad registrada en sus contadores, mientras que la SACS utilizaba el 90 % de la misma para el horno alquilado. Sin embargo, hasta este momento no disponemos de la menor prueba presentada por la demandante. Quizá pudiera aportarse mediante informaciones que emanen de la SACS. Sin embargo, puesto que hasta este momento la demandante no ha ofrecido la menor prueba en este sentido ni incluso intención de aportarla (por ejemplo, mediante una pregunta a la SACS), pienso que ha perdido el derecho a aportar la prueba contraria en el sentido de la sentencia 18/62. En cualquier caso, no propondré al Tribunal de Justicia que intente ahora proceder a semejante instrucción, a fin de evitar que el proceso se prolongue; por el contrario, propongo no tener en cuenta la circunstancia mencionada.
                     
                  
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                        Sobre la segunda objeción relativa a la utilización de las cantidades de electricidad que sirvieron de base a los cálculos de la Alta Autoridad para fines distintos de la producción de acero, veamos cómo se presenta la situación.
                        La Alta Autoridad basa sus cálculos esencialmente en los formularios «Consumí B» rellenados por la propia demandante y sólo en la columna relativa al consumo de electricidad para «usi termici». La demandante declara a este respecto que estas indicaciones descansaban en un error y que, en realidad, las cifras mencionadas comprendían en realidad también el consumo de electricidad para «usi forza». A la entrada de su fábrica sólo había un cable para una tensión de 27.000 voltios y una parte de ésta se transformaba mediante una instalación especial, con un contador intermedio, en 500 voltios para fuerza motriz. Como prueba presenta un registro que utilizaba para uso interno y que contiene distintas inscripciones de lectura de contadores. En él, afirma la demandante, se puede leer el consumo de corriente de 500 voltios y deducir de ello que figuraba efectivamente en el cálculo del consumo de electricidad efectuado por la Alta Autoridad. Por otra parte, la demandante presentó una factura de electricidad correspondiente a un mes de 1964, a nombre del actual titular de su empresa, y de la que se puede deducir, en su opinión, que el consumo de corriente de 500 voltios se registró separadamente por motivos fiscales, lo que también sucedió en el período determinante para la compensación de la chatarra, al no haber cambiado las condiciones de explotación de la demandante.
                     
                  
         De esta manera surge la cuestión de cómo debemos apreciar estos distintos elementos. Indudablemente se puede decir que los documentos que la demandante ha presentado hasta este momento no constituyen pruebas completamente válidas, que puedan afectar a la validez de las evaluaciones de la Alta Autoridad. La propia demandante inscribió en el registro de que se trata cifras cuyo significado es incomprensible si no se explican. Además, es incompleto. La copia de una factura de electricidad que ha presentado se refiere a un mes del año 1964 y, por lo tanto, no corresponde a la actividad de producción de la demandante. Por consiguiente, no se puede entender la anulación de la Decisión impugnada basándose únicamente en estos elementos. Como mucho quedaría la cuestión de la conveniencia de procurarse nuevas pruebas que demostraran la exactitud de las alegaciones de la demandante: conforme a sus indicaciones, procedería preguntar a su antiguo proveedor de electricidad con el fin de que presentara las facturas de electricidad.
      No obstante, soy reacio a someter semejante propuesta al Tribunal por las mismas razones, en principio, que me hicieron juzgar la primera objeción de la demandante. Indudablemente debo reconocer a la demandante el derecho a hacer críticas fundadas y a aportar pruebas en contra para refutar las evaluaciones efectuadas de oficio por la Alta Autoridad; pero, por otra parte, en aras de la rapidez y buen desarrollo del proceso, debo exigir que la indicación intempestiva de medios de prueba no produzca retrasos (apartado 1 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento). Cuando, tanto en la demanda como en la réplica, un demandante omite presentar proposiciones de prueba adecuadas e incluso se contenta, en una fase ulterior del procedimiento, con mencionar indicios (en el asunto presente, en forma de duplicados de facturas destinadas a su sucesor), en lugar de, intentar lo antes posible procurarse directamente las pruebas documentales apropiadas formulando preguntas a su antiguo proveedor de electricidad, no veo ninguna razón para ordenar ahora otra instrucción cuyo resultado sería además bastante incierto, teniendo en cuenta el lapso de tiempo transcurrido desde el cese en la explotación. El Tribunal de Justicia puede más bien inclinarse hacia esta postura, puesto que la Alta Autoridad se atuvo en sus cálculos fundamentalmente a las indicaciones de la propia demandante (formularios «Consumí B»), cuya exactitud es discutida ahora por la demandante, que alega un pretendido error suyo, y, por último y sobre todo, porque la Alta Autoridad basó sus evaluaciones en cálculos fundados en la capacidad de producción de la demandante y porque, al obrar así, actuó con moderación manifiesta.
      En definitiva, en la fase actual del procedimiento me inclino a considerar que este motivo no puede implicar la anulación de la Decisión impugnada.
      6. Fijación ilegal del tipo de contribución al mecanismo de compensación de la chatarra
      El sexto motivo de impugnación que alega la demandante consiste en afirmar que la fijación de los tipos de contribución aplicables a su consumo de chatarra es ilegal, porque no fue efectuada por la Alta Autoridad, sino por los organismos de Bruselas y porque estos tipos alcanzaron niveles excepcionalmente altos, en interés de sus miembros.
      Por lo que se refiere a la cuestión de competencia planteada, este motivo es evidentemente infundado. No se puede decir que la Alta Autoridad, después de haber adoptado su Decisión no 13/58, es decir, después de la nueva regulación del mecanismo de compensación, hizo pura y simplemente suyas las decisiones de los organismos de Bruselas. Por el contrario, la Decisión no 13/58 establece la posibilidad de controlar y revocar las Decisiones adoptadas anteriormente. En efecto, se hizo amplio uso de esta posibilidad, como prueba la gran actividad de control de la Alta Autoridad a partir de 1958 y las numerosas decisiones que adoptó después de esta fecha.
      Respecto a la cuantía del tipo de las contribuciones que, por lo que se refiere a la demandante, pasó de 1,65 LIT a 13 LIT por kg, la Alta Autoridad subraya que es perfectamente comprensible, visto el aumento de la producción de acero y de las importaciones de chatarra que caracterizan el período de que se trata y teniendo en cuenta los precios interiores y a la importación y los gastos administrativos del mecanismo de compensación. Por otra parte, hay que señalar a efectos procesales que la respuesta que haya de darse a la cuestión de qué era un «nivel razonable» del tipo de las contribuciones para el mecanismo de compensación de la chatarra incluye, en el sentido del artículo 33 del Tratado, una apreciación de la situación resultante de hechos o circunstancias económicas a la cual sólo puede proceder el Tribunal de Justicia si se acusa a la Alta Autoridad de haber incurrido en desviación de poder o de haber ignorado manifiestamente las disposiciones del Tratado. Ahora bien, en el asunto presente la demandante no ha presentado una exposición con suficiente contenido y pertinente, especialmente cuando se opone a los motivos de la demandante la argumentación de la Alta Autoridad, de manera que el Tribunal de Justicia no puede proceder a esta apreciación ni mucho menos anular la Decisión impugnada basándose en los motivos indicados por la demandante.
      7. Desviación de poder
      Por último, según afirma la demandante, la Alta Autoridad incurrió en desviación de poder al no oponerse a los esfuerzos de los grandes complejos industriales para mantener tan elevado como fuera posible el tipo de contribución. De esta manera dichos complejos industriales pudieron proceder en condiciones favorables a importar chatarra, de manera discriminatoria, mientras que las pequeñas empresas se vieron obligadas a hacer sus compras de chatarra en el mercado interior. En concreto, las grandes empresas industriales, con ayuda de sus empresas comerciales dependientes, consiguieron mantener artificialmente bajo el precio de la chatarra interior, inferior al precio real del mercado, y obtuvieron de esta manera mayores devoluciones por sus compras de chatarra en el extranjero.
      Cuando la demandante llama la atención a este respecto sobre determinadas decisiones de compensación por la que se concedían ventajas suplementarias a los importadores de chatarra (para incitarlos a importar y para los gastos especiales, en total 1,50 USD), la Alta Autoridad replica que estas ventajas que, por otra parte, sólo estuvieron vigentes algunos meses, fueron necesarias para aumentar las importaciones y para aligerar el mercado interior. De ello se deduce que se trataba en aquella ocasión de medidas de oportunidad económica cuyo control sólo puede efectuar el Tribunal de Justicia, como sucede respecto a la suma de los tipos de contribución en el motivo anterior, de manera limitada, en el marco del artículo 33. Por otra parte, no es evidente que dichas ventajas tuvieran necesariamente carácter discriminatorio. Independientemente de que la Alta Autoridad, para escapar al cargo de discriminación, no pueda tener en cuenta la situación particular de cada empresa, incluso de la más pequeña, es cierto, según sus explicaciones, que incluso empresas más pequeñas que la demandante podían beneficiarse de las ventajas de las importaciones de chatarra. Les bastaba con dirigirse para ello a la oficina de Bruselas, que organizaba las importaciones, y declarar sus necesidades de chatarra.
      En cuanto al motivo de que las grandes empresas industriales actuaron para mantener artificialmente bajo el precio de la compensación con objeto de obtener mayores devoluciones por sus compras de chatarra en el extranjero, la demandante sólo ha podido citar los precios de compras interiores pretendidamente pagados por algunas empresas que ella conocía, y estos precios se situaban por debajo de los precios medios de la Comunidad. Pero, al ser necesario atenerse, para la compensación de la chatarra, a los precios medios de la Comunidad, estas cifras, aun suponiendo que sean exactas, tampoco pueden servir de indicio y mucho menos de prueba de los hechos ilícitos de las grandes empresas industriales que pretendidamente habían tolerado la Alta Autoridad o los organismos de Bruselas.
      Por consiguiente, el último motivo de desviación de poder, tampoco constituye una alegación que pueda implicar la anulación de las Decisiones impugnadas.
      III. Resumen y conclusiones
      Por todo lo cual, procede desestimar por infundado el recurso de Merlini, sociedad de responsabilidad limitada en liquidación, y condenarla al pago de las costas.
      (
            *1
         )	Lengua original: alemán.