CELEX: 61970CC0015
Language: es
Date: 1970-10-21 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Dutheillet de Lamothe presentadas el 21 de octubre de 1970. # Amedeo Chevalley contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Asunto 15-70.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. ALAIN DUTHEILLET DE LAMOTHE
      presentadas el 21 de octubre de 1970 (
            1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      Como sabe este Tribunal de Justicia, el recurso del Sr. Chevalley presenta grandes analogías, salvo algunas diferencias sobre las que insistiré de inmediato, con el recurso presentado por los esposos Borro-meo que el Tribunal resolvió el 15 de julio pasado.
      Al igual que los esposos Borromeo, el Sr. Chevalley es un propietario de bienes raíces italiano que arrienda terrenos agrícolas de su propiedad.
      Al igual que los esposos Borromeo, el Sr. Chevalley se sintió afectado por la aprobación por el Senado italiano, el 19 de diciembre de 1969, de una proposición de Ley presentada por los Senadores Sres. De Marzi y Cipolla, algunas de cuyas disposiciones pretendían definir un nuevo método de determinación de las rentas por los arrendamientos de terrenos agrícolas.
      Básicamente, tales disposiciones establecían que el importe de dichás rentas que debía pagarse en efectivo, se determinaría, en cierto modo a tanto alzado, multiplicando, para cada finca, el valor de la renta catastral corregido mediante un coeficiente fijado por comisiones regionales.
      Al parecer, la disposición legislativa propuesta no favorecía los intereses pecuniarios de los esposos Borromeo y del Sr. Chevalley. Por esta razón, éstos decidieron, en un intento de que fracasara, «recurrir», por así decirlo, a las instancias europeas.
      Para ello, dirigieron a la Comisión sendos escritos en los que le solicitaban, exactamente en los mismos términos, que:
      
               1)
            
            
               Interviniera, en virtud del artículo 155 del Tratado, para iniciar las consultas previstas en los artículos 101 y 102 entre el Estado italiano, la Comisión y los demás Estados miembros.
            
         
               2)
            
            
               Sometiera al Consejo una propuesta de Directiva basada en los artículos 155, 145 y 100 del Tratado con objeto de establecer una normativa uniforme en materia de arrendamientos rústicos en los Estados miembros de la Comunidad.
            
         
               3)
            
            
               Adoptara una Decisión dirigida a cada uno de los demandantes en la que se definieran las condiciones y las modalidades concretas que debían aplicar para la celebración de los contratos de arrendamiento de dichas fincas agrícolas en el caso de que el proyecto de Ley debatido en el Senado italiano se hubiera convertido en una Ley aplicable de la República Italiana.
            
         El Sr. Chevalley envió su petición el 9 de diciembre de 1969, siendo recibida por la Comisión el 16 de diciembre.
      Curiosamente, las respuestas que la Comisión dirigió a los esposos Borromeo y al Sr. Chevalley fueron diferentes. Volveré de inmediato sobre este particular, pero, por ahora, basta indicar que el Presidente de la Comisión respondió a la petición del Sr. Chevalley mediante un escrito de 16 de febrero de 1970 en el que indicaba al Abogado del interesado:
      
               —
            
            
               Por un lado, que la Comisión no estaba obligada a adoptar ningún acto dirigido a su cliente.
            
         
               —
            
            
               Por otro lado, que, con arreglo al párrafo tercero del artículo 175 del Tratado estaba excluida la posibilidad de interponer un recurso por omisión invocando las solicitudes que había presentado.
            
         Esta última indicación no convenció al Sr. Chevalley y el 13 de abril de 1970 el demandante interpuso ante este Tribunal de Justicia el recurso de que hoy conoce.
      I
      Considero que debe precisarse el alcance de las pretensiones formuladas en dicho recurso, que fueron modificadas durante el procedimiento.
      El escrito de interposición del recurso del demandante tal vez hubiera podido interpretarse en el sentido de que formulaba ante el Tribunal las tres pretensiones que anteriormente había deducido ante la Comisión.
      Ahora resulta, según creo, tanto del tenor del escrito presentado por el demandante el 22 de junio de 1970 como de las observaciones orales formuladas ante el Tribunal de Justicia esta mañana, que el demandante sólo impugna el hecho de que la Comisión se abstuviera o se negara a indicarle cómo podía evitar, si se aprobaba el proyecto de Ley examinado por el Senado italiano, infringir la Ley comunitaria o la Ley nacional con ocasión de la celebración de los futuros contratos de arrendamiento.
      Tras haber propuesto la Comisión in limine litis una excepción de inadmisibilidad de dicho recurso, el demandante solicitó a este Tribunal, el 22 de junio de 1970, que declarara la admisibilidad de su recurso, considerándolo bien como un recurso por omisión interpuesto con arreglo a lo dispuesto en el artículo 175 del Tratado, o bien, con carácter subsidiario, como un recurso contra un acto de la Comisión interpuesto conforme a lo previsto en el artículo 173.
      Por más que esta presentación «alternativa» pueda parecer harto curiosa, no considero que sea jurídicamente inviable, tal como sostuvo esta mañana ante este Tribunal el representante de la Comisión.
      En efecto, observo, en primer lugar, que en este caso nos encontramos en el supuesto inverso de aquel sobre el cual hubo de pronunciarse el Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 1959, De gezamenlijke Steenkolemijnen in Limburg/Alta Autoridad (17/57, Rec. 1958-1959, pp. 9 y ss., especialmente p. 26).
      En efecto, en este último asunto, un demandante que había interpuesto un recurso de anulación con arreglo al artículo 33 del Tratado CECA pretendió, durante el procedimiento, transformarlo en un recurso por omisión con arreglo al artículo 35 del Tratado CECA, lo cual, tal como declaró el Tribunal, era evidentemente imposible, ya que semejante transformación hubiera tenido por efecto dispensar a la parte de todo el procedimiento previo cuya observancia exige el artículo 35 para acreditar la omisión de la Alta Autoridad.
      En el presente caso, sucede todo lo contrario. Se trata de un recurso inicialmente fundado en el artículo 175 del Tratado CEE que el demandante pretende transformar, con carácter subsidiario, en un recurso de anulación con arreglo al artículo 173.
      Esta mañana, la Comisión sostuvo ante el Tribunal que semejante transformación es imposible, ya que las pretensiones basadas en el artículo 173 no fueron formuladas hasta el 22 de junio de 1970, es decir, con posterioridad a la expiración del plazo de presentación del recurso contencioso.
      Ahora bien, no considero que pueda acogerse esta argumentación.
      La admisibilidad de un recurso se aprecia a la luz de sus pretensiones, y no de los motivos que en él se invocan o de las disposiciones en las que se pretende fundarlo.
      Pues bien, consta que, en su recurso de 13 de abril de 1970, interpuesto dentro del plazo de presentación del recurso contencioso, el demandante solicitaba, de manera inequívoca, la anulación de la Decisión de la Comisión de 16 de febrero. Para convencerse de ello, basta con remitirse a la página 5 de su escrito.
      Así pues, poco importa que, en dicho escrito de interposición del recurso, el demandante invocara tan sólo el artículo 175 y que ahora invoque además, con carácter subsidiario, el artículo 173; en mi opinión, no puede oponerse a las pretensiones de anulación formuladas dentro del plazo de recurso ninguna causa de inadmisión basada en la extemporaneidad.
      En consecuencia, propondré al Tribunal que examine la admisibilidad del presente recurso considerándolo sucesivamente como un recurso por omisión con arreglo al artículo 175 del Tratado y como un recurso contra un acto de la Comisión con arreglo al artículo 173.
      II
      Considerado como un recurso por omisión, pienso que debe declararse la inadmisibili-dad del recurso del Sr. Chevalley por dos razones, la primera de las cuales es que el artículo 175 del Tratado me parece inaplicable en el presente caso.
      En efecto, un recurso por omisión sólo es admisible cuando existe omisión, es decir, según el propio tenor del artículo 175, cuando la autoridad comunitaria debidamente requerida para que actúe no hubiere definido su posición transcurrido un plazo de dos meses.
      Si, por el contrario, dicha autoridad ha definido su posición en dicho plazo de dos meses, no podrá admitirse el recurso por omisión del artículo 175.
      Así lo declaró expresamente este Tribunal en su sentencia de 1 de marzo de 1966, Lütticke/Comisión (48/65, ↔ Rec. pp. 27 y ss., especialmente p. 28). Ahora bien, en el presente caso, y a diferencia de lo que sucedía en el asunto Borromeo, considero que efectivamente la Comisión «definió su posición».
      
      En efecto, el 16 de febrero de 1970 el Presidente de esta Comisión escribió al Abogado del Sr. Chevalley (cito): «La Comisión, tras haber examinado la petición del Sr. Chevalley, tiene el honor de informarle que no está obligada a adoptar ningún acto dirigido a su cliente.»
      Semejante escrito tiene un alcance bien distinto que la mera respuesta dilatoria que había dirigido a los esposos Borromeo un Director de los Servicios de la Comisión y que, de conformidad con las conclusiones presentadas por el Sr. Gand, el Tribunal no estimó que constituyera una definición de posición de la Comisión.
      Por el contrario, considero que este escrito de 16 de febrero de 1970 constituye, efectivamente, una definición de posición, una negativa no motivada pero expresada con toda claridad, tal como las partes concuer-dan en afirmar.
      Se trata de una respuesta breve, tal vez incluso sumaria, pero cuyo sentido no puede prestarse a ninguna duda.
      Es cierto que, esta mañana, el Abogado del Sr. Chevalley intentó demostrar al Tribunal que no había ninguna diferencia entre la falta de respuesta y una negativa expresa a responder, entre el mero silencio y lo que él ha denominado, con una expresión sumamente afortunada, «el silencio expreso».
      Ahora bien, no considero que el Tribunal pueda adherirse a su tesis a este respecto.
      Entre ambos comportamientos existen todas las diferencias que hay entre una manifestación de voluntad, aunque sea negativa, y la inexistencia de toda manifestación de voluntad.
      El propio texto de los Tratados muestra la intención de sus autores de distinguir claramente entre estas dos actitudes por lo que respecta al nacimiento del derecho de recurso.
      Por lo demás, la respuesta de la Comisión, su definición de posición, fue formulada el 16 de febrero de 1970, es decir, el mismo día, o la víspera del día si se trataba de un plazo de fecha a fecha, en el que expiraba el plazo otorgado a la Comisión para pronunciarse sobre la petición del Sr. Chevalley que había recibido el 16 de diciembre de 1969, y esta circunstancia subraya en mayor medida aún la intención del Presidente de la Comisión de «definir su posición» sobre la petición del Sr. Chevalley en el plazo establecido en el artículo 175. Por esta primera razón, estimo que debe declararse la inadmisibilidad del recurso si debe considerarse como presentado con arreglo al artículo 175 del Tratado.
      Hay además una segunda razón para ello, precisamente la que el Tribunal consideró en su sentencia Borromeo.
      En efecto, lo que el Sr. Chevalley pretendía obtener de la Comisión al preguntarle en qué condiciones podría celebrar arrendamientos rústicos conformes tanto a la Ley nacional como al ordenamiento jurídico comunitario si se aprobaba la Ley italiana es en realidad un dictamen, un consejo. Ahora bien, según el propio tenor del artículo 175 no puede haber recurso por omisión, tal como el Tribunal recordó a los esposos Borromeo, contra la abstención de emitir un dictamen o formular una recomendación.
      Consciente de esta dificultad, el Abogado del demandante intentó esta mañana convencer al Tribunal de que lo que había solicitado su cliente a la Comisión no era un dictamen sino una «orden» que le hubiera protegido contra cualquier crítica en su futura actividad.
      Pero no creo que el Tribunal pueda interpretar de este modo la petición dirigida por el demandante a la Comisión, y ello por dos razones:
      
               1.
            
            
               Sus pretensiones están formuladas en unos términos idénticos a los que utilizaron los esposos Borromeo, y no veo qué fundamento podría tener el Tribunal para interpretarlas de modo diferente.
            
         
               2.
            
            
               Menos aún veo cuál hubiera podido ser el alcance de una «orden» dirigida en una materia contractual a una sola de las eventuales partes contratantes, y de la que además ni siquiera se concibe qué fundamento jurídico hubiera podido tener.
            
         En estas circunstancias, dos son las causas de inadmisión que pueden oponerse al recurso del Sr. Chevalley si se lo considera como un recurso con arreglo al artículo 175:
      
               —
            
            
               Si, como pienso, la Comisión «definió su posición», esta sola circunstancia determina la inadmisibilidad de un recurso interpuesto al amparo del artículo 175.
            
         
               —
            
            
               Si la Comisión no definió su posición, el hecho de no haber emitido un dictamen no puede ser objeto de recurso.
            
         III
      Inadmisible si constituye un recurso con arreglo al artículo 175, el recurso del Sr. Chevalley también lo es si se lo considera como un recurso contra la Decisión de la Comisión de 16 de febrero de 1970 interpuesto al amparo del artículo 173.
      Tal como queda dicho, lo que a mi entender se solicitaba a la Comisión era un «dictamen».
      Ahora bien, el recurso previsto en el párrafo segundo del artículo 173 (recurso de particulares) no puede interponerse contra actos que constituyan dictámenes o recomendaciones.
      Es cierto que este párrafo segundo no lo menciona expresamente, pero en él se precisa que el recurso al que se refiere está sometido a las mismas condiciones que rigen el recurso previsto en el párrafo primero (recurso de los Estados, de la Comisión o del Consejo), y este párrafo primero excluye formalmente los recursos contra los dictámenes o las recomendaciones.
      En consecuencia, me parece evidente que la exclusión de todo recurso contra los dictámenes implica, implícita pero necesariamente, la exclusión de todo recurso contra la negativa a emitir un dictamen.
      El método de interpretación adoptado por este Tribunal en relación con el artículo 175 debe aplicarse asimismo a la interpretación del artículo 173.
      Del mismo modo que la abstención de emitir un dictamen no puede ser impugnada mediante el recurso del artículo 175, la negativa a emitir un dictamen tampoco puede serlo mediante un recurso con arreglo al artículo 173.
      Señalo, además, tal como hizo el Tribunal de Justicia en su sentencia Borromeo, que, para emitir el dictamen solicitado por el Sr. Chevalley, la Comisión hubiera tenido que examinar previamente si el proyecto de Ley italiano era conforme al Tratado y que, por tanto, la medida solicitada hubiera constituido además una medida distinta de las contempladas tanto en el párrafo tercero del artículo 175 como en el párrafo segundo del artículo 173.
      Por todas las razones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que:
      
               —
            
            
               Declare la inadmisibilidad del recurso del Sr. Chevalley.
            
         
               —
            
            
               Condene en costas al demandante.
            
         (
            1
         )	Lengua original: francés.