CELEX: 62019CN0005
Language: es
Date: 2019-01-04 00:00:00
Title: Asunto C-5/19: Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 4 de enero de 2019 — Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia (asociación sin ánimo de lucro)

11.3.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 93/34
            
         
      Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Bulgaria) el 4 de enero de 2019 — Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia (asociación sin ánimo de lucro)
      (Asunto C-5/19)
      (2019/C 93/45)
      Lengua de procedimiento: búlgaro
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Varhoven administrativen sad
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrentes: Overgaz Mrezhi AD, Bulgarska Gazova Asotsiatsia (asociación sin ánimo de lucro)
      
         Recurrida: Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
      
         Cuestiones prejudiciales
      
      
                  1)
               
               
                  ¿Es conforme con los artículos 36 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con el artículo 3 de la Directiva 2009/73/CE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, una medida nacional como la controvertida en el presente litigio, prevista en el artículo 35 de la Zakon za energetikata (Ley del sector energético) y desarrollada en el artículo 11 del Reglamento n.o 2 sobre el régimen de los precios del gas natural, de la Comisión Estatal Reguladora de la Energía y del Agua (en lo sucesivo, «KEVR»), de 19 de marzo de 2013, conforme a la cual la totalidad de la carga financiera ligada a las obligaciones de servicio público impuestas a las empresas energéticas debe ser soportada por los clientes, teniendo en cuenta que:
                  
                              a)
                           
                           
                              la carga económica resultante de las obligaciones de servicio público no afecta a todas las empresas energéticas;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              los costes de las obligaciones de servicio público son soportados principalmente por los clientes finales, que no pueden impugnarlos, pese a que adquieren el gas natural de los suministradores finales a precios formados libremente;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              no existe una diferenciación de la carga económica ligada al cumplimiento de las obligaciones de servicio público que es asumida por distintas clases de clientes;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              no se ha establecido un límite temporal para la aplicación de esta medida;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              el cálculo del valor de las obligaciones de servicio público se efectúa con arreglo a un método de liquidación de costes basado en un modelo de previsiones?
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  ¿Es conforme con el artículo 3 de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, a la luz de los considerandos 44, 47, 48 y 49 de aquella, una disposición nacional como la del apartado 5 de las disposiciones transitorias y finales de la Zakon za normativnite aktove (Ley sobre los actos normativos), que dispensa a la KEVR de las obligaciones establecidas en los artículos 26 a 28 de esta Ley, en particular, las obligaciones que rigen para la elaboración de un proyecto de acto normativo de rango inferior a la ley, a saber, las obligaciones relativas a la observancia de los principios de necesidad, motivación, previsibilidad, transparencia, coherencia, subsidiariedad, proporcionalidad y estabilidad, a la realización de una consulta pública con los ciudadanos y las personas jurídicas y a la previa exposición pública del proyecto junto con su motivación, incluida la exposición de las razones que fundamentan su conformidad con el Derecho de la Unión?
               
            
         (1)  DO 2009, L 211, p. 94.