CELEX: 62005CJ0051
Language: es
Date: 2008-07-17
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 17 de julio de 2008. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl y otros. # Recurso de casación - Organización común del mercado vitivinícola - Ayudas a la destilación - Recurso de indemnización - Responsabilidad extracontractual de la Comunidad - Plazo de prescripción - Inicio del cómputo. # Asunto C-51/05 P.

Asunto C‑51/05 P
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl y otros
      «Recurso de casación — Organización común del mercado vitivinícola — Ayudas a la destilación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Comunidad — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo»
      Sumario de la sentencia
      Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo
      (Arts. 235 CE  y 288 CE, parr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 46)
      El plazo de prescripción de cinco años para las acciones contra la Comunidad en materia de responsabilidad extracontractual,
         establecido en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, empieza a correr cuando concurren todos los requisitos
         a los que está supeditada la obligación de reparación y, en particular, cuando se concrete el perjuicio que debe indemnizarse.
         Por lo tanto, en aquellos casos en que la responsabilidad de la Comunidad traiga causa de un acto normativo, ese plazo de
         prescripción no puede empezar a correr antes de que se hayan producido los efectos perjudiciales de dicho acto y, por tanto,
         antes del momento en que los interesados hayan sufrido un perjuicio cierto.
      
      A este respecto, los requisitos a los que se subordina la obligación de reparar los daños previstos en el artículo 288 CE,
         párrafo segundo, y, en consecuencia, las reglas de prescripción que rigen las acciones que tienen por objeto reparar dichos
         daños, no pueden fundarse en criterios que no sean estrictamente objetivos. En efecto, si fuera de otra manera, se correría
         el riesgo de menoscabar el principio de seguridad jurídica sobre el cual se apoyan precisamente las reglas de prescripción
         y que exige que las normas de Derecho comunitario sean claras y precisas para que los interesados puedan orientarse en situaciones
         y relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del ordenamiento jurídico comunitario.
      
      Además, impedir que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad comience a correr
         hasta que la parte supuestamente afectada no haya adquirido personalmente la convicción de haber sufrido un perjuicio tiene
         como consecuencia hacer variar el momento de la prescripción de dicha acción según la percepción individual que pueda tener
         cada parte de la realidad del daño, lo que es contrario al requisito de seguridad jurídica, necesario para aplicar los plazos
         de prescripción. A este respecto, el conocimiento de los hechos no figura entre los elementos que deben concurrir para que
         corra el plazo de prescripción. La apreciación subjetiva de la realidad del daño no puede tomarse en consideración para determinar
         el punto de partida de dicho plazo.
      
      (véanse los apartados 54 y 59 a 61)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 17 de julio de 2008 (*)
      
      «Recurso de casación – Organización común del mercado vitivinícola – Ayudas a la destilación – Recurso de indemnización – Responsabilidad extracontractual de la Comunidad – Plazo de prescripción – Inicio del cómputo»
      En el asunto C‑51/05 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 7 de febrero de 2005,
      
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. C. Cattabriga y el Sr. L. Visaggio, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, con domicilio social en Dolianova (Italia),
      
      Cantina Trexenta Soc. coop. arl, con domicilio social en Senorbì (Italia),
      
      Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, con domicilio social en Sanluri (Italia),
      
      Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl, con domicilio social en Santa Maria La Palma (Italia),
      
      Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, con domicilio social en Monti (Italia),
      
      representadas por los Sres. C. Dore y G. Dore, avvocati,
      partes demandantes en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. G. Arestis (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres.
         J. Malenovský y T. von Danwitz, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de noviembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita la anulación de la sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 23 de noviembre de 2004, Cantina sociale di Dolianova y otros/Comisión
         (T‑166/98, Rec. p. II‑3991, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la medida en que dicha sentencia condenó a la Comisión
         a reparar el perjuicio sufrido por Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale
         Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl y Cantina sociale
         del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari (en lo sucesivo, conjuntamente, «Cantine»), como consecuencia de la quiebra de
         la Distilleria Agricola Industriale de Torralba (en lo sucesivo, «DAI»), por la inexistencia de mecanismos que pudieran garantizar,
         con arreglo al régimen establecido por el artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 2499/82 de la Comisión, de 15 de septiembre de
         1982, que establece las disposiciones relativas a la destilación preventiva para la campaña vitícola 1982/1983 (DO L 267,
         p. 16), el pago a los productores afectados de la ayuda comunitaria prevista por dicho Reglamento.
      
       Marco jurídico
      2        El artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 2499/82 fijaba un precio mínimo de compra de los vinos destinados a la destilación.
         
      
      3        Según el octavo considerando del Reglamento nº 2499/82, ese precio no permitía normalmente una comercialización en condiciones
         de mercado de los productos obtenidos por la destilación. Por consiguiente, dicho Reglamento estableció un mecanismo de compensación
         caracterizado por el pago, por parte del organismo de intervención, de una ayuda fija para el vino destilado cuyo importe
         se define en el artículo 6 del citado Reglamento.
      
      4        El artículo 9 del Reglamento nº 2499/82 establece lo siguiente:
      
      «1.      El precio mínimo de compra mencionado en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, se pagará por el destilador al productor
         a más tardar noventa días después de la entrada en la destilería [de la cantidad total de vino o, en su caso, de cada lote
         de vino].
      
      2.       El organismo de intervención pagará al destilador, a más tardar noventa días después de la presentación de la prueba de que
         la cantidad total de vino que figura en el contrato ha sido destilada, la ayuda contemplada en el artículo 6, apartado 1,
         así como, en su caso, el incremento del precio mínimo de compra previsto en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero. […]
      
      El destilador deberá facilitar al organismo de intervención la prueba de que ha pagado el precio mínimo de compra previsto
         en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, en el plazo señalado en el apartado 1, así como, en su caso, el incremento
         de dicho precio previsto en el párrafo cuarto. Si no se aporta esa prueba dentro de los ciento veinte días siguientes a la
         fecha de presentación de la prueba a que se refiere el párrafo primero, los importes pagados serán recuperados por el organismo
         de intervención […].»
      
      5        El artículo 11 del Reglamento nº 2499/82 dispone:
      
      «1.       El destilador, en el caso previsto en el artículo 9 […], podrá solicitar que un importe igual a la ayuda establecida en el
         artículo 6, párrafo primero, le sea pagada en concepto de anticipo siempre que se constituya una fianza igual al 110 % del
         citado importe a nombre del organismo de intervención.
      
      2.       Dicha fianza se constituirá en forma de una garantía dada por un establecimiento que responda a los criterios fijados por
         el Estado miembro del que dependa el organismo de intervención.
      
      3.       El anticipo se pagará a más tardar noventa días después de la presentación de la prueba de la constitución de la fianza y,
         en todo caso, tras la fecha en que se haya autorizado el contrato o la declaración.
      
      […]»
      6        El artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia establece lo siguiente: 
      
      «Las acciones contra las Comunidades en materia de responsabilidad extracontractual prescribirán a los cinco años de producido
         el hecho que las motivó. La prescripción se interrumpirá bien mediante demanda presentada ante el Tribunal de Justicia, bien
         mediante reclamación previa, que el damnificado podrá presentar a la institución competente de las Comunidades. En este último
         caso, la demanda deberá presentarse en el plazo de dos meses previsto en el artículo 230 del Tratado CE y en el artículo 146
         del Tratado CEEA; cuando proceda, serán aplicables las disposiciones del párrafo segundo del artículo 232 del Tratado CE y
         del párrafo segundo del artículo 148 del Tratado CEEA, respectivamente.»
      
       Hechos que originaron el litigio
      7        Los hechos que originaron el litigio, expuestos en los apartados 16 a 44 de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.
      
      8        Las Cantine son cooperativas vitícolas productoras de vino en Cerdeña (Italia). Entre enero y marzo de 1983, en el marco de
         la destilación preventiva para la campaña 1982/1983, entregaron vino a la DAI que se destiló en el plazo previsto en el artículo
         4 del Reglamento nº 2499/82. El plazo de 90 días concedido a la DAI por el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento para
         pagar a las Cantine expiró en junio de 1983.
      
      9        El 22 de junio de 1983, la DAI solicitó a la Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (en lo sucesivo, «AIMA»),
         con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 2499/82, que procediera al pago anticipado de la ayuda comunitaria por el vino
         que había sido entregado y destilado. A estos efectos, la DAI constituyó la fianza establecida por dicha disposición, igual
         al 110 % del importe de dicha ayuda, a través de una póliza emitida por Assicuratrice Edile SpA (en lo sucesivo, «Assedile»)
         a favor de la AIMA. El 10 de agosto de 1983, la AIMA procedió al pago del anticipo solicitado a favor de la DAI, en virtud
         de dicho artículo 11.
      
      10      A causa de dificultades financieras, la DAI no pagó en la totalidad o en parte, según los casos, a los productores que habían
         entregado el vino destinado a la destilación, entre los que se encontraban las Cantine. En octubre de 1983, la DAI solicitó
         la admisión en el procedimiento de suspensión de pagos previsto por la legislación italiana sobre quiebras. Dado que el órgano
         jurisdiccional competente, el Tribunale di Oristano (Italia), estimó dicha solicitud, la DAI suspendió todos sus pagos, incluidos
         los que aún quedaban por abonar a los productores que le habían entregado el vino. 
      
      11      La AIMA solicitó a la DAI la devolución de la ayuda comunitaria, a excepción de las sumas legalmente abonadas a los productores
         anteriormente mencionados, dado que la DAI no le había aportado en el plazo prescrito en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento
         nº 2499/82 la prueba del pago a los otros productores del precio mínimo de compra del vino en el plazo de 90 días después
         de la entrada en la destilería previsto en el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento. Como la DAI no devolvió dicha ayuda,
         la AIMA solicitó a Assedile el pago del importe de la fianza. 
      
      12      El 26 de julio de 1984, a petición de la DAI, el Pretore di Terralba (Italia) dictó un auto de medidas provisionales por el
         que se prohibía a Assedile que pagara la fianza a la AIMA. Dio un plazo de 60 días a la DAI para ejercitar una acción sobre
         el fondo.
      
      13      En el mes de septiembre de 1984, la DAI ejercitó tal acción ante el Tribunale civile de Roma (Italia). En particular, solicitó
         a dicho Tribunal que declarase que los productores eran los destinatarios en última instancia de la fianza constituida ante
         la Assedile, dentro del límite de las cantidades que les quedaban por percibir. Sostuvo que dicha fianza estaba destinada
         a garantizar el pago del precio mínimo de compra a los productores, a prorrata de la producción entregada, en caso de que
         el destilador incumpliera sus obligaciones. Sugirió plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales sobre la interpretación
         de los reglamentos comunitarios aplicables.
      
      14      Las Cantine, otra cooperativa vinícola y un consorcio de cooperativas vinícolas intervinieron en el procedimiento en apoyo
         de la tesis de la DAI. Mantenían que las sumas que fueron objeto de la fianza constituida ante la Assedile les correspondían
         a prorrata del vino entregado y, por ello, solicitaron al Tribunale civile de Roma que declarase que Assedile estaba obligada
         a abonarles el importe de sus créditos impagados por la DAI y, con carácter subsidiario, que la AIMA estaba obligada a pagarles
         estas sumas.
      
      15      Entre tanto, por sentencia de 27 de febrero de 1986, el Tribunale di Oristano declaró la quiebra de la DAI.
      
      16      En su sentencia de 27 de enero de 1989, el Tribunale civile de Roma declaró, en esencia, que las pretensiones sostenidas por
         las cooperativas que intervinieron en apoyo de la DAI carecían de fundamento, constatando en particular que el Reglamento
         nº 2499/82 podía interpretarse fácilmente, así como las cláusulas contractuales relativas a la garantía concedida por Assedile
         en favor de AIMA, y que por tanto no era necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Tras excluir
         la existencia de cualquier presunto derecho de estas cooperativas a percibir el importe de la fianza constituida ante la Assedile,
         el Tribunale civile di Roma consideró que el procedimiento de quiebra de la DAI constituía el marco apropiado para que dichas
         cooperativas pudieran obtener el pago de sus créditos.
      
      17      El 27 de septiembre de 1989, las Cantine, excepto la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, apelaron
         esa sentencia ante la Corte d’appello di Roma (Italia). Mediante sentencia de 19 de noviembre de 1991, ésta declaró la inadmisibilidad
         de la demanda, dado que las demandantes no habían notificado el escrito de recurso al administrador judicial de la DAI, sino
         a la propia DAI, entonces en quiebra, sin que tampoco efectuaran correctamente la notificación en el plazo que se les concedió.
      
      18      Entre tanto, el 16 de enero de 1990, Assedile pagó las sumas debidas a la AIMA.
      
      19      Mediante sentencia de 28 de noviembre de 1994, la Corte suprema di cassazione (Italia) desestimó el recurso de casación interpuesto
         por las Cantine, excepto la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. arl Monti-Sassari, contra la sentencia de la Corte d’appello
         di Roma.
      
      20      Las Cantine instaron correctamente la inscripción de sus créditos en el pasivo de la DAI, en el procedimiento de quiebra,
         y en 2000 participaron en el reparto estipulado en dicho procedimiento como acreedores privilegiados. En este reparto, obtuvieron
         el pago del 39 % del importe de sus créditos reconocidos contra la DAI.
      
      21      Mediante escrito de 22 de enero de 1996, las Cantine solicitaron a la AIMA el pago de los créditos que tenían contra la DAI,
         por entender que la AIMA se había enriquecido injustamente con el cobro de la fianza constituida ante la Assedile. La AIMA
         rechazó dicha reclamación observando que la fianza le pertenecía y que los productores no disponían contra ella de ninguna
         acción directa para satisfacer los créditos que tenían contra la DAI. El 16 de febrero de 1996, las demandantes ejercitaron
         ante el Tribunale civile de Cagliari (Italia) una acción contra la AIMA por enriquecimiento sin causa; sin embargo, este procedimiento
         se suspendió en vistas de lograr un acuerdo amistoso entre las partes.
      
      22      El 13 de noviembre de 1996, las Cantine dirigieron una denuncia a la Comisión en la que imputaban a la AIMA la presunta violación
         de la normativa comunitaria, en particular, del Reglamento nº 2499/82, y solicitaban a la Comisión que instara a la AIMA y
         a la República Italiana a reembolsarles los importes que no hubieran percibido en concepto de ayuda comunitaria para la campaña
         vitícola 1982/1983. 
      
      23      Mediante escrito de 25 de junio de 1997, la Comisión indicó a las Cantine que Assedile había abonado el importe de la fianza,
         incrementado con los intereses, a la AIMA el 16 de enero de 1990. Más adelante, les informó, mediante escrito de 8 de diciembre
         de 1997, de que la AIMA había cobrado el importe de la fianza en febrero de 1991, y que había contabilizado ese importe a
         favor del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria (FEOGA) en el ejercicio de 1991.
      
      24      Mediante escrito de 23 de enero de 1998, recibido en la Comisión el 5 de febrero siguiente, las Cantine solicitaron a dicha
         institución el pago de la suma correspondiente al importe de los créditos que tenían contra la DAI, dado que la fianza cobrada
         por la AIMA había sido devuelta al FEOGA. Alegaron que de la finalidad del Reglamento nº 2499/82, que se dirigía a favorecer
         a los productores de vino, se deducía que éstos debían ser considerados destinatarios efectivos y únicos de la ayuda prevista
         por ese Reglamento.
      
      25      Mediante escrito de 31 de julio de 1998, firmado por el director general de la Dirección General de Agricultura de la Comisión
         y recibido por las demandantes el 14 de agosto de 1998, la Comisión rechazó dicha solicitud. Alegó que, en el caso de autos,
         la ayuda beneficiaba en primer lugar al destilador con el fin de permitirle compensar el elevado precio de compra del vino.
         La fianza se constituyó ante la Assedile a favor de la AIMA y los productores no podían invocar ningún derecho sobre su importe.
      
      26      Por otro lado, la Comisión observó en este mismo escrito que la autorización por la AIMA de los contratos celebrados entre
         las Cantine y la DAI no modificaba la naturaleza privada de dichos contratos, de modo que las presuntas obligaciones de la
         Comisión hacia las Cantine serían de naturaleza extracontractual. En consecuencia, toda acción contra la Comunidad Europea
         había prescrito, con arreglo al artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, ya que el importe de la fianza se había
         pagado a la AIMA el 16 de enero de 1990 y se había devuelto al FEOGA en el transcurso del ejercicio de 1991. 
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      27      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de octubre de 1998, las Cantine interpusieron
         un recurso en el que solicitaban, en primer lugar, la anulación del escrito de la Comisión de 31 de julio de 1998 conforme
         al artículo 173 del Tratado CE (artículo 230 CE, tras su modificación); en segundo lugar, que se declarara que la falta de
         adopción por dicha institución de una decisión relativa a la concesión de la ayuda comunitaria que debía haberles abonado
         la DAI constituía una omisión ilícita contraria al artículo 175 del Tratado CE (actualmente, artículo 232 CE), y, en tercer
         lugar, que se condenase a la Comisión por enriquecimiento sin causa y/o conforme al artículo 178 del Tratado (actualmente,
         artículo 235 CE) a pagarles indemnizaciones por un importe equivalente a los importes de sus créditos impagados por la DAI.
      
      28      La Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara la inadmisibilidad del recurso y, con carácter subsidiario,
         que lo desestimase.
      
      29      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de las pretensiones de las Cantine
         que tenían por objeto la anulación del escrito de la Comisión de 31 de julio de 1998 y que se declarara la omisión de la institución,
         en los apartados 80 y 83, respectivamente. También desestimó, en el apartado 84 de dicha sentencia, la pretensión que tenía
         por objeto la condena de la Comisión basada en el enriquecimiento sin causa.
      
      30      En cambio, en el apartado 150 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia consideró que la solicitud de indemnización
         presentada con arreglo al artículo 235 CE era admisible y declaró en el punto 1 del fallo de dicha sentencia que «la Comisión
         deberá reparar el perjuicio sufrido por las [Cantine], como consecuencia de la quiebra de la [DAI], por la inexistencia de
         un mecanismo que pudiera garantizar, en el régimen establecido por el artículo 9 del Reglamento [nº 2499/82], el pago a los
         productores afectados de la ayuda comunitaria prevista por dicho Reglamento».
      
      31      En particular, respecto de la admisibilidad de la pretensión formulada con arreglo al artículo 235 CE, el Tribunal de Primera
         Instancia, en el marco del motivo formulado por la Comisión y basado en la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual
         de la Comunidad, recordó en primer lugar, en el apartado 129 de la sentencia recurrida, que el plazo de prescripción establecido
         en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia no puede empezar a correr antes de que se cumplan todos los requisitos
         a los que está supeditada la obligación de resarcimiento, a saber, la existencia de un comportamiento ilegal de las instituciones
         comunitarias, la realidad del daño alegado y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio
         invocado.
      
      32      Más adelante, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 130 de la sentencia recurrida que cuando, como en el
         presente caso, la responsabilidad de la Comunidad se deriva de un acto normativo, el plazo de prescripción no puede comenzar
         a correr antes de que los efectos perjudiciales de dicho acto se hayan producido y, por consiguiente, antes del momento en
         que los interesados hayan sufrido un perjuicio cierto.
      
      33      Por ello, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 131 de la sentencia recurrida que en el presente caso, el
         plazo de prescripción comenzó a correr a partir del momento en que las Cantine sufrieron de forma cierta el perjuicio resultante
         del impago total o parcial de la ayuda comunitaria. En el apartado 132 de dicha sentencia, señaló que en el caso de autos
         constaba que las últimas entregas de vino tuvieron lugar el mes de marzo de 1983 y que la DAI debería haberles pagado el precio
         mínimo de compra del vino a más tardar 90 días después de la entrada del vino en la destilería, es decir a más tardar al final
         del mes de junio de 1983, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 2499/82.
      
      34      No obstante, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 133 de la sentencia recurrida que, en las circunstancias
         particulares del presente litigio, no podía considerarse que el perjuicio sufrido por las demandantes al final del mes de
         junio de 1983, por el impago total o parcial del precio mínimo de compra en el plazo prescrito, presente desde esa fecha un
         carácter cierto, es decir, que fuera inminente y previsible. 
      
      35      El Tribunal de Primera Instancia añadió en los apartados 136 y 145 de la sentencia recurrida, que, a efectos de apreciar dicho
         carácter cierto, había que tomar en consideración los procedimientos entablados por la DAI ante los órganos jurisdiccionales
         italianos, que versan específicamente sobre el destino de la fianza constituida ante la Assedile, teniendo en cuenta la complejidad
         del sistema instaurado por el Reglamento nº 2499/82 y las circunstancias excepcionales del caso de autos, en las cuales era
         extremadamente difícil para un operador económico prudente y perspicaz darse cuenta antes de que se iniciara el procedimiento
         de que no podría obtener el pago de las ayudas de que se trata ante el juez nacional mediante dicha fianza.
      
      36      En el apartado 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que en el presente caso, los órganos
         jurisdiccionales italianos determinaron definitivamente el beneficiario de la fianza constituida ante Assedile sólo tras la
         sentencia del Tribunal de Casación italiano de 28 de noviembre de 1994, y que, por consiguiente, el perjuicio sufrido por
         las Cantine no podía tener carácter cierto antes del 28 de noviembre de 1994. 
      
      37      El Tribunal de Primera Instancia concluyó en el apartado 147 de dicha sentencia que el plazo de prescripción de cinco años
         previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia no podía comenzar a contar antes de esta última fecha, de
         modo que el recurso con arreglo al artículo 235 CE, interpuesto en 1998, no podía considerarse extemporáneo. Por tanto, declaró
         en el apartado 148 de la sentencia recurrida que debía desestimarse la alegación planteada por la Comisión, basada en la prescripción
         del recurso, y, en el apartado 150, que dicha demanda era admisible.
      
       Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
      38      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:
      
      –        Que anule la sentencia recurrida, en la medida en la que estima el recurso de indemnización interpuesto contra ella.
      –        Que resuelva definitivamente el litigio y declare la inadmisibilidad de dicho recurso.
      –        Que condene a las Cantine al pago de las costas de la presente instancia y de las del procedimiento ante el Tribunal de Primera
         Instancia.
      
      39      Las Cantine solicitan al Tribunal de Justicia:
      
      –        Que desestime el recurso de casación.
      –        Con carácter subsidiario, en el caso de que estime el recurso de casación, que confirme la sentencia recurrida en la medida
         en que condena a la Comisión en concepto de reparación del perjuicio, desestimando la excepción de prescripción propuesta
         por ésta.
      
      –        Que condene en costas a la Comisión.
       Sobre el recurso de casación
      40      En apoyo de su recurso de casación, la Comisión alega un único motivo, basado en la infracción en los apartados 129 a 150
         de la sentencia recurrida del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia y en la vulneración del principio de seguridad
         jurídica.
      
       Alegaciones de las partes
      41      La Comisión señala que una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia establece
         el principio con arreglo al cual el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta contra
         la Comunidad, previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, no comienza a correr antes de que el daño
         que ha de resarcirse se haya materializado. En el supuesto en que dicha responsabilidad tenga su origen en un acto normativo,
         este plazo de prescripción no comienza a correr hasta el momento en que los interesados han sufrido un perjuicio cierto.
      
      42      En particular, la Comisión reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta en la sentencia recurrida el
         hecho de que, desde 1983, el Reglamento nº 2499/82 había causado un perjuicio concreto a las Cantine, al no haber previsto
         la posibilidad de abonar directamente la ayuda comunitaria al productor en caso de insolvencia del destilador. Por tanto,
         afirma que el punto de partida de dicho plazo de prescripción debería haberse fijado el día en que, debido a la insolvencia
         de la DAI, éstas no pudieron obtener el pago de dicha ayuda en el plazo de 90 días después de la entrada del vino en la destilería
         previsto por dicho Reglamento.
      
      43      En cambio, según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la percepción por las Cantine de los efectos
         perjudiciales del Reglamento nº 2499/82. A este respecto, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, al considerar insuficiente
         el hecho de que las Cantine supieran que habían sufrido un perjuicio derivado de la aplicación de dicho Reglamento, consideró
         necesario que existiera un elemento totalmente subjetivo, a saber, que las Cantine fueran conscientes de que únicamente podían
         obtener una reparación por medio de un recurso de indemnización contra la Comisión, tras el fracaso, en el caso de autos,
         de sus intentos de lograr ante los órganos jurisdiccionales nacionales el pago de la ayuda comunitaria mediante la atribución
         en su beneficio de la fianza constituida ante Assedile.
      
      44      La Comisión alega también que la sentencia recurrida no es ni siquiera conforme con los principios establecidos en la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 1985, Adams/Comisión (145/83, Rec. p. 3539). Considera que las Cantine no pueden
         invocar dicha sentencia, en la medida en que toma en consideración el desconocimiento involuntario del hecho en el origen
         del perjuicio. Ahora bien, como se ha constatado en los apartados 139 y 140 de la sentencia recurrida, las Cantine conocían
         las modalidades del Reglamento nº 2499/82.
      
      45      Además, la Comisión reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incumplido en la sentencia recurrida el requisito de seguridad
         jurídica requerido para la aplicación de los plazos de prescripción. En efecto, en su opinión, vincular la determinación del
         punto de partida del plazo de cinco años previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, a la percepción
         subjetiva que pueda tener toda parte interesada de la certeza del perjuicio sufrido equivaldría a dejar a la discreción de
         la parte lesionada la potestad de decidir el momento en el que prescribe la acción de responsabilidad. A mayor abundamiento,
         la Comisión añade a este respecto que los procedimientos de apelación y de casación interpuestos por las Cantine no han influido
         lo más mínimo en el caso de autos en su convicción acerca del carácter cierto del perjuicio.
      
      46      Por otro lado, la Comisión señala que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia adolece de una motivación contradictoria.
         En efecto, por una parte, rehusó considerar el agotamiento de las vías de recurso internas como requisito de admisibilidad
         del recurso de responsabilidad extracontractual interpuesto por las Cantine contra la Comisión, y, por otra parte, vinculó
         el punto de partida del plazo de prescripción aplicable a dicha acción a la fecha de una sentencia firme dictada por un órgano
         jurisdiccional nacional, en el caso de autos la de la Corte suprema di cassazione de 28 de noviembre de 1994.
      
      47      Las Cantine, por su parte, sostienen que el recurso de casación es infundado y que el Tribunal de Primera Instancia sostuvo
         correctamente en la sentencia recurrida que los requisitos relativos a la interposición de un recurso de responsabilidad entablado
         contra la Comisión no se cumplían, dado que el litigio interpuesto ante los órganos jurisdiccionales nacionales no se había
         resulto mediante la sentencia de la Corte suprema di cassazione.
      
      48      Las Cantine consideran que era necesario esperar a la resolución del contencioso interno antes de acudir a las autoridades
         comunitarias, teniendo en cuenta, en particular, la inexistencia en el caso de autos de cualquier norma que regulara la situación
         del destilador insolvente. A este respecto, añaden que el Tribunal de Primera Instancia habría ciertamente rechazado su acción
         de responsabilidad por no haber agotado los recursos internos. Según las Cantine, no ha habido prescripción, dado que el plazo
         de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta contra la Comisión sólo comenzó a correr a partir
         de la desestimación de su recurso por parte de la Corte suprema di cassazione, que dio de este modo fuerza de cosa juzgada
         a la sentencia del Tribunale civile di Roma.
      
      49      Por otro lado, las Cantine reprochan a la Comisión que su alegación según la cual la sentencia impugnada contiene una contradicción
         en lo que respecta a la admisibilidad de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta contra la Comisión y el
         punto de partida del plazo de prescripción aplicable a dicha acción es infundada en cualquier caso, dado que se basa en la
         yuxtaposición de dos partes de esta sentencia relativas a conceptos jurídicos y a hechos diferentes.
      
      50      En el supuesto de que el Tribunal de Justicia admitiera las alegaciones de la Comisión relativas a la prescripción de la acción
         de responsabilidad extracontractual interpuesta contra la Comisión y fijara un nuevo punto de partida del plazo de prescripción
         de dicha acción, las Cantine sostienen que este plazo no podría comenzar a correr en su contra antes de que se materializara
         el enriquecimiento sin causa de la Comisión por la retrocesión por parte de AIMA al FEOGA de la fianza constituida ante Assedile,
         efectuada en 1991. Las Cantine alegan que no conocieron esta retrocesión al FEOGA y, en consecuencia, el enriquecimiento sin
         causa de la Comunidad, hasta que recibieron el escrito de la Comisión de 8 de diciembre de 1997. De este modo, el plazo de
         prescripción de dicha acción debería correr a partir de esta fecha.
      
      51      A este respecto, las Cantine alegan una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y, en particular, la sentencia Adams/Comisión,
         antes citada, según la cual no se puede oponer la prescripción a la víctima de un perjuicio que sólo ha conocido el hecho
         generador de éste tardíamente y que por consecuencia no ha podido disponer de un plazo razonable para interponer el recurso.
         Las Cantine subrayan también que no han cesado de proteger sus propios derechos, al dirigirse a AIMA para obtener el pago
         de sus créditos contra la DAI mediante la fianza constituida ante la Assedile y, más adelante, a la Comisión para denunciar
         la irregularidad cometida por AIMA. Por tanto, no se les puede imputar ningún retraso culpable en el caso de autos.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      52      Debe recordarse, con carácter preliminar, que el derecho a entablar una acción ante el órgano jurisdiccional comunitario sólo
         puede ejercerse en las circunstancias previstas al respecto por las disposiciones que regulan cada recurso específico, en
         el presente caso, el recurso de indemnización previsto en el artículo 235 CE. Por consiguiente, este derecho sólo habría podido
         ejercerse válidamente ante el Tribunal de Primera Instancia si éste hubiera aplicado correctamente, en particular, las disposiciones
         que regulan la prescripción propia de dicho recurso (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 18 de julio
         de 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Comisión, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, apartado 26).
      
      53      Con arreglo al artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, las acciones contra la Comunidad en materia de responsabilidad
         extracontractual prescribirán a los cinco años de producido el hecho que las motivó.
      
      54      El plazo de prescripción de cinco años establecido en dicha disposición empieza a correr cuando concurren todos los requisitos
         a los que está supeditada la obligación de reparación y, en particular, cuando se concrete el perjuicio que debe indemnizarse.
         Por lo tanto, en aquellos casos, como en el caso de autos, en que la responsabilidad de la Comunidad traiga causa de un acto
         normativo, ese plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que se hayan producido los efectos perjudiciales de
         dicho acto y, por tanto, antes del momento en que los interesados hayan sufrido un perjuicio cierto (véanse, en particular,
         las sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1982, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión, 256/80, 257/80, 265/80,
         267/80 y 5/81, Rec. p. 85, apartado 10, y de 19 de abril de 2007, Holcim (Deutschland)/Comisión, C‑282/05 P, Rec. p. I‑2941,
         apartado 29).
      
      55      En el caso de autos, el Tribunal de Primera declaró en el apartado 131 de la sentencia recurrida que el plazo de prescripción
         comenzó a correr a partir del momento en que las Cantine sufrieron de forma cierta el perjuicio resultante del impago total
         o parcial de la ayuda comunitaria. Además, en el apartado 132 de dicha sentencia, señaló que constaba que la DAI debería haber
         realizado dicho pago a más tardar al final del mes de junio de 1983, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento
         nº 2499/82. Sin embargo, en las circunstancias particulares del presente litigio, el Tribunal de Primera Instancia no consideró
         en el apartado 133 de la sentencia recurrida que debiera considerarse que el perjuicio sufrido por las demandantes al final
         del mes de junio de 1983 presentara desde esa fecha un carácter cierto, es decir, que fuera inminente y previsible. 
      
      56      Para apreciar el carácter cierto del perjuicio, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 136 y 145 de la
         sentencia recurrida que había que tomar en consideración los procedimientos iniciados por la DAI ante los órganos jurisdiccionales
         italianos, que versan específicamente sobre el destino de la fianza constituida ante la Assedile, teniendo en cuenta la complejidad
         del sistema instaurado por el Reglamento nº 2499/82 y las circunstancias excepcionales del caso de autos, en las cuales era
         extremadamente difícil para un operador económico prudente y perspicaz darse cuenta de que no podría obtener el pago de las
         ayudas de que se trata mediante dicha fianza ante el juez nacional.
      
      57      En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó en los apartados 145 a 147 de la sentencia recurrida que las Cantine
         únicamente fueron conscientes de que no obtendrían el pago de las ayudas en cuestión mediante dicha fianza tras la sentencia
         de la Corte suprema di cassazione de 28 de noviembre de 1994 y que, por tanto, el perjuicio sufrido por las Cantine no podía
         tener carácter cierto antes de dicha fecha, de manera que el plazo de prescripción de cinco años previsto en el artículo 46
         del Estatuto del Tribunal de Justicia no podía comenzar a correr antes de esa fecha.
      
      58      A este respecto, procede constatar que al proceder de esta manera, el Tribunal de Primera Instancia adoptó un enfoque subjetivo
         del cumplimiento de los requisitos para que surja la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, según la cual el perjuicio
         ocasionado por un acto normativo ilegal no puede considerarse cierto hasta que la parte supuestamente afectada no lo perciba
         como tal. En efecto, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia supeditó la apreciación del carácter cierto
         del daño causado a las Cantine a la toma de conciencia por parte de éstas de que no obtendrían reparación de su perjuicio
         ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
      
      59      Pues bien, los requisitos a los que se subordina la obligación de reparar los daños previstos en el artículo 288 CE, párrafo
         segundo, y, en consecuencia, las reglas de prescripción que rigen las acciones que tienen por objeto reparar dichos daños,
         no pueden fundarse en criterios que no sean estrictamente objetivos. En efecto, si fuera de otra manera, se correría el riesgo
         de menoscabar el principio de seguridad jurídica sobre el cual se apoyan precisamente las reglas de prescripción y que exige
         que las normas de Derecho comunitario sean claras y precisas para que los interesados puedan orientarse en situaciones y relaciones
         jurídicas que entran dentro del ámbito del ordenamiento jurídico comunitario (véase, en particular, la sentencia de 15 de
         febrero de 1996, Duff y otros, C‑63/93, Rec. p. I‑569, apartado 20).
      
      60      Además, procede señalar que impedir que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad
         comience a correr hasta que la parte supuestamente afectada no haya adquirido personalmente la convicción de haber sufrido
         un perjuicio tiene como consecuencia hacer variar el momento de la prescripción de dicha acción según la percepción individual
         que pueda tener cada parte de la realidad del daño, lo que es contrario al requisito de seguridad jurídica, necesario para
         aplicar los plazos de prescripción.
      
      61      A este respecto, procede observar también que el Tribunal de Justicia refutó la tesis según la cual el plazo de prescripción
         previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia sólo empieza a correr desde el momento en que la víctima
         ha tenido un conocimiento preciso y detallado de los hechos, ya que tal conocimiento de los hechos no figura entre los elementos
         que deben concurrir para que corra el plazo de prescripción (véase el auto Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Comisión, antes
         citado, apartado 31). De este modo, la apreciación subjetiva de la realidad del daño no puede tomarse en consideración para
         determinar el punto de partida del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
      
      62      De ello se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no podía establecer en la sentencia recurrida el carácter cierto
         del perjuicio ocasionado a las Cantine y, por lo tanto, determinar el punto de partida del plazo de prescripción de su acción
         de responsabilidad apoyándose en la percepción que éstas tenían de los efectos lesivos del Reglamento nº 2499/82. Al contrario,
         el Tribunal de Primera Instancia debió basarse para ello en criterios exclusivamente objetivos.
      
      63      Precisamente en estos criterios se ha basado ya el Tribunal de Justicia para fijar la fecha de inicio del plazo de prescripción
         previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia. En efecto, como se desprende del apartado 33 de la sentencia
         Holcim (Deutschland)/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que dicho plazo comienza a correr a partir del
         momento en que el perjuicio pecuniario sufrido por la víctima se materializa efectivamente. Por tanto, de ello se desprende
         que el inicio de dicho plazo está vinculado a la pérdida objetiva ocasionada concretamente en el patrimonio de la parte supuestamente
         lesionada.
      
      64      En el caso de autos, en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia debió computar el plazo de prescripción de
         cinco años de la acción de responsabilidad ejercitada ante él por las Cantine, con arreglo al artículo 235 CE, a contar desde
         la fecha en la que el perjuicio causado por el Reglamento nº 2499/82 se materializó objetivamente provocando una pérdida en
         su patrimonio.
      
      65      En particular, el Tribunal de Primera Instancia debió declarar que dicho plazo de prescripción había comenzado a correr a
         partir del momento en que la aplicación del régimen ilegal de pago de las ayudas comunitarias previsto en el artículo 9 del
         Reglamento nº 2499/82 causó efectiva y objetivamente un perjuicio a las Cantine, al no garantizarles el pago directo de la
         ayuda comunitaria por la insolvencia de la DAI. Así, este momento debió fijarse en el día en que estas últimas no pudieron
         obtener dicho pago en el plazo de 90 días tras la entrada del vino en la destilería previsto en dicha disposición, es decir,
         a finales de junio de 1983, como se desprende en particular del apartado 132 de la sentencia recurrida. 
      
      66      Ahora bien, al declarar en el apartado 147 de la sentencia recurrida que el plazo de prescripción establecido en el artículo
         46 del Estatuto del Tribunal de Justicia no podía comenzar a correr antes del 28 de noviembre de 1994 y, por tanto, al declarar
         en el apartado 150 de dicha sentencia la admisibilidad y no el carácter extemporáneo de la acción de responsabilidad interpuesta
         ante él el 12 de octubre de 1998, esto es, más de quince años después de la materialización efectiva del perjuicio, el Tribunal
         de Primera Instancia llevó a cabo una aplicación errónea de las disposiciones que regulan las reglas de prescripción establecidas
         en dicho artículo.
      
      67      Por otro lado, procede descartar la argumentación de las Cantine basada en la sentencia Adams/Comisión, antes citada, en la
         que el Tribunal de Justicia declaró que no puede oponerse la prescripción a la víctima de un perjuicio que no pudo conocer
         el hecho generador del mismo hasta una fecha tardía. En efecto, contrariamente al asunto que dio lugar a esa sentencia, en
         el caso de autos las Cantine no pueden pretender que no conocieron el hecho generador de su perjuicio desde finales de junio
         de 1983, dado que conocían perfectamente desde ese momento que el artículo 9 del Reglamento nº 2499/82 no les aseguraba de
         ningún modo el pago directo de la ayuda comunitaria en cuestión en caso de insolvencia del destilador.
      
      68      Además, procede añadir que el hecho de que las Cantine intervinieran en el procedimiento relativo a la fianza establecida
         por la DAI ante los órganos jurisdiccionales italianos no les impedía interponer en paralelo una acción de responsabilidad
         ente el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 235 CE. Esta última disposición atribuye una competencia exclusiva al
         juez comunitario para conocer de los recursos de indemnización interpuestos contra la Comunidad al amparo del párrafo 2 del
         artículo 288 CE (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros,
         106/87 a 120/87, Rec. p. 5515, apartado 15).
      
      69      Por último, procede señalar que, como se desprende del propio tenor del artículo 46 del estatuto del Tribunal de Justicia,
         un recurso interpuesto ante un órgano jurisdiccional nacional no puede constituir un acto interruptor de la prescripción de
         la acción de indemnización con arreglo al artículo 235 CE (véase, en este sentido, el auto Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Comisión,
         antes citado, apartado 56). De ello se desprende que la interposición de un recurso en paralelo ante los órganos jurisdiccionales
         nacionales no puede retrasar el punto de partida del plazo de prescripción de dicha acción.
      
      70      De lo antedicho se desprende que procede anular la sentencia impugnada en la medida en que declaró la admisibilidad de la
         acción de responsabilidad extracontractual interpuesta por las Cantine y condenó a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido
         por éstas como consecuencia de la quiebra de la DAI, por la inexistencia de mecanismos que pudieran garantizar, bajo el régimen
         instaurado en el artículo 9 del Reglamento nº 2499/82, el pago a los productores afectados de la ayuda comunitaria establecida
         por dicho Reglamento. 
      
       Sobre el recurso ante le Tribunal de Primera Instancia
      71      A tenor del artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de una
         resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo el litigio, cuando su estado
         así lo permita. Debe señalarse que así sucede en el presente asunto.
      
      72      La pretensión de las Cantine que tiene por objeto que se condene a la Comisión con arreglo al artículo 235 CE a pagarle indemnizaciones
         por un importe equivalente a los importes de sus créditos impagados por la DAI, no puede acogerse por los motivos enunciados
         en los apartados 63 a 66 de la presente sentencia.
      
      73      En efecto, como se desprende en particular del apartado 65 de la presente sentencia, el plazo de prescripción de cinco años
         previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia comenzó a correr desde finales de junio de 1983, de manera
         que dicha demanda de indemnización con arreglo al artículo 235 CE, interpuesta en 1998, debe considerarse prescrita, y por
         tanto, declararse su inadmisibilidad.
      
      74      En consecuencia, en la medida en que en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia ya había declarado la inadmisibilidad
         de las pretensiones de las Cantine que tenían por objeto la anulación del escrito de la Comisión de 31 de julio de 1998 y
         la declaración de la omisión de dicha institución, así como su pretensión de condena de la Comisión sobre la base de un enriquecimiento
         sin causa, el recurso de las Cantine interpuesto en el asunto T‑166/98 debe desestimarse en su totalidad.
      
       Costas
      75      A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este Tribunal decidirá sobre las costas
         cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio. Con arreglo al artículo 69, apartado
         2, párrafo primero, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que
         pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la
         condena en costas de las Cantine y al haberse desestimado los motivos formulados por éstas, procede condenarlas al pago de
         las costas de la presente instancia y de las del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:
      1)      Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 23 de noviembre de 2004, Cantina sociale
            di Dolianova y otros/Comisión (T‑166/98), en la medida en que declaró la admisibilidad de la acción de responsabilidad extracontractual
            interpuesta por Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, Cantina Trexenta Soc. coop. arl, Cantina sociale Marmilla – Unione
            viticoltori associati Soc. coop. arl, Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl y Cantina sociale del Vermentino Soc.
            coop. arl Monti-Sassari y condenó a la Comisión a reparar el perjuicio sufrido por éstas como consecuencia de la quiebra de
            la Distilleria Agricola Industriale de Torralba, por la inexistencia de mecanismos que pudieran garantizar, bajo el régimen
            instaurado en el artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 2499/82 de la Comisión, de 15 de septiembre de 1982, que establece las
            disposiciones relativas a la destilación preventiva para la campaña vitícola 1982/1983, el pago a los productores afectados
            de la ayuda comunitaria establecida por dicho Reglamento.
      2)      Desestimar el recurso interpuesto en el asunto T‑166/98.
      3)      Condenar a Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. arl, a Cantina Trexenta Soc. coop. arl, a Cantina sociale Marmilla – Unione
            viticoltori associati Soc. coop. arl, a Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. arl y a Cantina sociale del Vermentino
            Soc. coop. arl Monti-Sassari al pago de las costas de la presente instancia y de las del procedimiento ante el Tribunal de
            Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.