CELEX: 62005FJ0076
Language: es
Date: 2010-09-30
Title: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda) de 30 de septiembre de 2010.#Javier Torijano Montero contra Consejo de la Unión Europea.#Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos inscritos en una lista de reserva de un concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado con arreglo a nuevas disposiciones menos favorables — Artículo 5 del Estatuto — Artículo 12 del anexo XIII del Estatuto — Principio de igualdad — Principio de confianza legítima — Deber de asistencia y protección — Proporcionalidad.#Asunto F‑76/05.

Recopilación de la Jurisprudencia
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
                                          de 30 de septiembre de 2010
                                                 Asunto F-76/05
                                            Javier Torijano Montero
                                                      contra
                                         Consejo de la Unión Europea
   «Función pública — Funcionarios — Nombramiento — Candidatos inscritos en una lista de reserva de
    un concurso publicado antes de la entrada en vigor del nuevo Estatuto — Clasificación en grado con
         arreglo a nuevas disposiciones menos favorables — Artículo 5 del Estatuto — Artículo 12 del
       anexo XIII del Estatuto — Principio de igualdad — Principio de confianza legítima — Deber de
                                  asistencia y protección — Proporcionalidad»
   Objeto:       Recurso interpuesto con arreglo a los artículos 236 CE y 152 EA, por el que el
                 Sr. Torijano Montero solicita: con carácter principal, que se anule, por una parte, la
                 decisión del Secretario General Adjunto del Consejo, de 17 de mayo de 2005, por la que
                 se desestima su reclamación y, por otra parte, la decisión de 20 de octubre de 2004 por
                 la que se le nombra funcionario en prácticas, en la medida en que ésta le clasifica en el
                 grado A*6, escalón 2, y, con carácter subsidiario, que se condene al Consejo a pagarle una
                 indemnización.
   Resultado: Se desestima el recurso. Cada parte a cargará con sus propias costas.
                                                     Sumario
   1. Funcionarios — Selección — Nombramiento en grado — Introducción de una nueva estructura de
   carreras mediante el Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 — Disposiciones transitorias de
   clasificación en grado
   [Estatuto de los Funcionarios, arts. 7, ap. 1, 27, párr. 1, y 29, ap. 1; anexo XIII, art. 12, ap. 3;
   Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del Consejo]
   2. Funcionarios — Selección — Nombramiento en grado — Introducción de una nueva estructura de
   carreras mediante el Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 — Disposiciones transitorias de
   clasificación en grado
   [Estatuto de los Funcionarios, anexo XIII, art. 12, ap. 3; Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004 del
   Consejo]
   3. Funcionarios — Destino — Correspondencia entre el grado y el empleo — Determinación del nivel
   del puesto que ha de proveerse
   [Estatuto de los Funcionarios, arts. 5, ap. 4, 7, ap. 1, y 62, párr. 1; anexo I; Reglamento (CE, Euratom)
   no 723/2004 del Consejo]
ES
          ECLI:EU:F:2010:117                                                                               1
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                                              TORIJANO MONTERO / CONSEJO
4. Funcionarios — Principios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración —
Principio de buena administración — Límites
(Estatuto de los Funcionarios, anexo XIII, art. 12, ap. 3)
1. So pena de impedir todo desarrollo legislativo, el principio de igualdad no puede obstaculizar la
libertad del legislador de introducir, en todo momento, en las disposiciones estatutarias las
modificaciones que considere conformes al interés del servicio, incluso si son menos favorables que las
antiguas.
Por consiguiente, el legislador pudo, en el marco de la reforma del Estatuto, por una parte, disponer
que los candidatos que superaran un concurso para los que se había previsto una selección en el grado
A 7 antes del 1 de mayo de 2004 serían clasificados a partir de entonces en grado A*6 y, por otra parte,
reducir, en consonancia con ello, las remuneraciones correspondientes a esos grados.
Al proceder de este modo, el legislador no vulneró el principio de igualdad y, en particular, la
prohibición de toda discriminación por razón de edad, ya que el cuadro de correspondencia de los
grados que figura en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto y el cuadro de los salarios
mensuales de base manifiestamente no toman en cuenta en modo alguno, directa o indirectamente, la
edad de los interesados.
Además, de conformidad con la regla que resulta del artículo 7, apartado 1, del artículo 27, párrafo
primero, y del artículo 29, apartado 1, del Estatuto, en virtud de la cual el nivel de los empleos se fija
en función de su naturaleza, de su importancia y de su amplitud, con independencia de la cualificación
de los interesados, el cuadro de correspondencia de los grados que figura en el artículo 12, apartado 3,
del anexo XIII del Estatuto distingue el grado de base A*5 del grado superior A*6, para tener en cuenta
la experiencia exigida para los puestos de ese nivel.
Por lo tanto, no puede sostenerse que el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto se oponga
a que tome en consideración la experiencia profesional; más bien al contrario, impone a la autoridad
facultada para proceder a los nombramientos que la tenga en cuenta, en interés del servicio, al
determinar, de manera objetiva, el nivel de los puestos que han de proveerse.
                                                                                              (véanse los apartados 55 a 59)
          Referencia:
          Tribunal de Justicia: 22 de diciembre de 2008, Centeno Mediavilla y otros/Comisión (C-443/07 P, Rec. p. I-10945),
          apartado 83
          Tribunal de Primera Instancia: 30 de septiembre de 1998, Ryan/Tribunal de Cuentas (T-121/97, Rec. p. II-3885),
          apartados 98 y 104; 29 de noviembre de 2006, Campoli/Comisión (T-135/05, RecFP pp. I-A-2-297 y II-A-2-1527),
          apartado 105; 11 de julio de 2007, Centeno Mediavilla y otros/Comisión (T-58/05, Rec. p. II-2523), apartados 86, 89
          y 113
          Tribunal de la Función Pública: 19 de junio de 2007, Davis y otros/Consejo (F-54/06, RecFP pp. I-A-1-165
          y II-A-1-911), apartado 81
2. El derecho de los trabajadores de un mismo empresario, que efectúan un trabajo del mismo valor, a
recibir la misma remuneración es una manifestación específica del principio general de igualdad, cuyo
respeto debe ser garantizado por el Tribunal de la Función Pública. Además, ese derecho es enunciado
en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el
Convenio no 111 de la Organización Internacional del Trabajo.
2                                                                                                       ECLI:EU:F:2010:117
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                                               TORIJANO MONTERO / CONSEJO
No obstante, el principio de igualdad de trato no prohíbe que se traten de manera distinta situaciones
comparables si la diferenciación está justificada por elementos objetivos y pertinentes que el juez
controla.
Pues bien, en el marco de la reforma del Estatuto, el legislador pudo modificar la correspondencia
entre los grados y los empleos, en particular al adoptar el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del
Estatuto, ya que una disposición transitoria supone una excepción a determinadas normas estatutarias
cuya aplicación se ve necesariamente afectada por el cambio de régimen.
En este contexto, no puede considerarse que los funcionarios que hayan sido nombrados, en condición
de tales, después de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto se encuentran en la misma situación
jurídica que los que fueron seleccionados antes del 1 de mayo de 2004 y cuyo nombramiento se rige
por el antiguo Estatuto.
Así pues, habida cuenta de la reforma de la estructura de los grados, el legislador no ha vulnerado el
principio de una remuneración igual para un trabajo del mismo valor al conceder a los funcionarios
seleccionados después de la citada reforma una remuneración vinculada al grado en el que fueron
clasificados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, que es
menos favorable que la correspondiente a los antiguos grados en los que se clasificó a los funcionarios
seleccionados antes del 1 de mayo de 2004.
                                                                                                (véanse los apartados 67 a 71)
          Referencia:
          Tribunal de Justicia: 26 de junio de 2001, Brunnhofer (C-381/99, Rec. p. I-4961), apartado 28; Centeno Mediavilla y
          otros/Comisión, antes citada, apartados 77 a 79 y 105
          Tribunal de Primera Instancia: Centeno Mediavilla y otros/Comisión, antes citada, apartados 75 a 80, 114, 126 y 129
3. Del artículo 7, apartado 1, en relación con el artículo 62, párrafo primero, del Estatuto, con arreglo
al cual el funcionario tiene derecho a la remuneración correspondiente a su grado y a su escalón,
resulta que, una vez determinado el grado, y por lo tanto el nivel salarial del funcionario, no se le
puede destinar a un empleo que no corresponda a ese grado. Dicho de otro modo, el grado, y por lo
tanto el salario al que el funcionario tiene derecho, determina las funciones que se le pueden asignar.
Por consiguiente, el principio de la correspondencia entre el grado y el empleo autoriza también a
cualquier funcionario a negarse a ser destinado a un empleo que no corresponda a su grado y, por lo
tanto, en definitiva, a negarse a realizar funciones que no correspondan a su renumeración.
Las consideraciones precedentes no son desvirtuadas por el hecho de que el artículo 5, apartado 4, del
Estatuto y el anexo I de éste, en su versión que resulta del Reglamento no 723/2004, por el que se
modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros
agentes, no establezca una correspondencia fija entra una función determinada y un grado
determinado. En efecto, esas disposiciones no modifican el principio que resulta del artículo 7,
apartado 1, del Estatuto, según el cual el nivel de un puesto que ha de proveerse debe decidirse
tomando en consideración la importancia de las funciones que correspondan al empleo en cuestión y
teniendo en cuenta sólo el interés del servicio. Ello implica únicamente que la autoridad facultada
para proceder a los nombramientos no está obligada a fijar en una convocatoria el grado preciso de
un empleo que deba proveerse. Sin embargo, dicha autoridad sigue estando obligada, en el ejercicio de
su amplia facultad de apreciación, a garantizar, por una parte, que la gama de grados a que se refiere la
ECLI:EU:F:2010:117                                                                                                           3
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                                              TORIJANO MONTERO / CONSEJO
convocatoria refleje suficientemente la importancia de las funciones en cuestión y, por otra parte, que
el nombramiento en uno de esos grades conserve un carácter objetivo, habida cuenta, en particular, de
la importancia de las funciones que debe asumir.
                                                                                               (véanse los apartados 72 y 73)
          Referencia:
          Tribunal de Primera Instancia: 7 de mayo de 1991, Jongen/Comisión (T-18/90, Rec. p. II-187), apartado 27; 8 de julio
          de 2008, Comisión/Economidis (T-56/07 P, RecFP pp. I-B-1-31 y II-B-1-213), apartados 82 a 86; 18 de junio de 2009,
          Comisión/Traore (T-572/08 P, RecFP pp. I-B-1-39 y II-B-1-223), apartados 38, 40 y 41
4. El principio de buena administración no tiene una intensidad de fuerza obligatoria superior a la de
un Reglamento. Lo mismo sucede con el deber de asistencia y protección de la administración con
respecto a sus agentes, deber que refleja el equilibrio entre los derechos y obligaciones recíprocos que
el Estatuto ha creado en las relaciones entre la autoridad pública y sus agentes y que, por lo tanto, debe
siempre encontrar su límite en el respeto de las normas en vigor.
Así pues, como consecuencia del lugar que ocupan en la jerarquía de las normas el principio de buena
administración y el deber de asistencia y protección, un funcionario que haya sido nombrado durante
el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2006 no puede pretender,
amparándose en ellos, la obtención de un resultado distinto del que se desprende del artículo 12,
apartado 3, del anexo XIII del Estatuto, toda vez que la competencia de la institución está vinculada
por éste.
                                                                                               (véanse los apartados 94 y 95)
          Referencia:
          Tribunal de Primera Instancia: 27 de marzo de 1990, Chomel/Comisión (T-123/89, Rec. p. II-131), apartado 32;
          17 de junio de 1993, Arauxo-Dumay/Comisión (T-65/92, Rec. p. II-597), apartado 37; 22 de junio de 1994, Rijnoudt y
          Hocken/Comisión (T-97/92 y T-111/92, RecFP pp. I-A-159 y II-511), apartado 104; 29 de noviembre de 2006,
          Campoli/Comisión (T-135/05, RecFP pp. I-A-2-297 y II-A-2-1527), apartado 149
          Tribunal de la Función Pública: 25 de enero de 2007, Chassagne/Comisión (F-43/05, RecFP pp. I-A-1-27
          y II-A-1-139), apartado 111
4                                                                                                       ECLI:EU:F:2010:117