CELEX: C2005/082/32
Language: es
Date: 2005-04-02 00:00:00
Title: Asunto C-47/05: Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2005 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas

2.4.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 82/15
            
         Recurso interpuesto el 7 de febrero de 2005 contra el Reino de España por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-47/05)
   (2005/C 82/32)
   Lengua de procedimiento: español
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 7 de febrero de 2005 un recurso contra el Reino de España formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por D. Richard Lyal, Consejero Jurídico y D. Luis Escobar Guerrero, miembro de su Servicio Jurídico, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               1)
            
            
               Declare que el Reino de España, al haber adoptado y mantenido en vigor, en materia de seguros de vida y pensiones, un régimen por el que la desgravación fiscal (artículo 48 de la Ley 40/1998) se aplica exclusivamente a las contribuciones que se realizan en el marco de contratos celebrados con entidades establecidas en España y no, en cambio, en las realizadas en el marco de contratos celebrados con entidades constituidas en otros Estados miembros, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 39, 43, 49 y 56 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de los artículos 28, 31, 36 y 40 del Acuerdo sobre el EEE;
            
         
               2)
            
            
               Condene en costas al Reino de España.
            
         Motivos y principales alegaciones:
   El tratamiento fiscal diferente dispensado en función de que los planes de pensiones se celebren con entidades establecidas en España o con entidades constituidas en otros Estados miembros restringe las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado CE (artículos 39, 43, 49 y 56 de éste último, y artículos 28, 31, 36 y 40 del Acuerdo sobre el EEE).
   El requisito de establecimiento, conforme al Derecho nacional, que impone a las gestoras de pensiones la legislación fiscal española constituye, además de una discriminación que limita el derecho de las entidades constituidas dentro de la Unión Europea y del EEE a prestar libremente sus servicios a personas residentes en España, una clara restricción a la circulación de trabajadores y capitales, así como a la libertad de establecimiento.