CELEX: C2003/184/38
Language: es
Date: 2003-08-02 00:00:00
Title: Asunto C-234/03: Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto de la Audiencia Nacional, dictado el 16 de abril de 2003, en el asunto entre Contse, S.A., Vivisol SRL y Oxigen Salud, S.A. y INSALUD (actualmente INGESA)

2.8.2003               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                            C 184/21
Motivos y principales alegaciones                                       este país vehículos matriculados en el extranjero. Las normas
                                                                        pertinentes de dicha legislación exigen el pago de un impuesto
Como norma general, para que las normas de un Tratado                   de matriculación en Finlandia antes de poder usar el vehículo.
internacional continúen produciendo efectos una vez expirado            El impuesto se devenga con respecto a los vehículos, aunque
su período natural de vigencia, es necesario que los Estados            su uso en el tráfico rodado de Finlandia sea poco frecuente,
firmantes, y sólo ellos, tomen una decisión en este sentido.            salvo si se ha obtenido una exención expresa.
Los Estados firmantes del Tratado CECA no adoptaron, antes
                                                                        Con arreglo al Derecho finlandés, debe pagarse el impuesto
de la expiración del período de vigencia de este último,
                                                                        sobre el vehículo antes de que sea utilizado en el territorio de
ninguna posición conjunta con el fin de prolongar la vigencia
                                                                        Finlandia. En el caso de que se use el vehículo sin haber
de la totalidad del Tratado o de establecer un régimen transi-
                                                                        pagado el impuesto a pesar de estar obligado a su abono, las
torio general que garantice la aplicación de todas sus normas
                                                                        autoridades deben proceder a su recaudación.
con posterioridad a la extinción del Tratado. Por el contrario,
los Estados firmantes dejaron que el Tratado CECA se extin-
guiera y se limitaron a regular la transición de las normas             Contrariamente a lo establecido en el artículo 39 CE, la
CECA al régimen CE únicamente por lo que se refiere a                   legislación de Finlandia restringe la libre circulación de trabaja-
algunos sectores. En particular, no se adoptó ninguna disposi-          dores, por cuanto los trabajadores que viven en Finlandia no
ción conjunta relativa a un régimen transitorio en materia de           pueden usar los vehículos que les proporcionan sus empresa-
competencia en el sentido del Tratado CECA. Por tanto, en               rios y que están matriculados en otros Estados miembros al
relación con las investigaciones en curso en el momento de la           objeto de desempeñar una actividad profesional en Finlandia,
extinción del Tratado CECA no se puede invocar la «irretroac-           excepto si se abona el impuesto finlandés sobre el vehículo. A
tividad de la extinción», en la medida en que ello supondría la         causa de las disposiciones pertinentes de Derecho finlandés, los
aplicación de sus normas con posterioridad a la extinción del           trabajadores que viven en Finlandia no pueden aceptar ofertas
Tratado y en la medida en que ningún derecho, obligación o              de trabajo procedentes de países limítrofes de la Unión
situación jurídica nació estando en vigor el propio Tratado.            Europea, en caso de que el trabajo suponga la utilización de
                                                                        un vehículo relacionado con el mismo en ambos países.
Según la demandante, la integración de la normativa CECA en
la normativa CE sólo puede producirse mediante actos que                Las sociedades que operan en otros Estados miembros no
expresen la voluntad común de los Estados firmantes.                    pueden contratar trabajadores que viven en Finlandia, dada la
                                                                        imposibilidad para éstos de usar en Finlandia vehículos matri-
                                                                        culados en otro país, si no se abona el impuesto finlandés
                                                                        sobre el vehículo. Esta práctica afecta especialmente a los
                                                                        trabajadores fronterizos que viven en Finlandia, en la medida
                                                                        en que éstos no pueden usar en este país los vehículos que les
Recurso interpuesto el 28 de mayo de 2003 contra la
                                                                        proporcionan sus empresarios para desplazarse diariamente
República de Finlandia por la Comisión de las Comuni-
                                                                        entre su casa y el trabajo. A menudo el uso de un vehículo
                          dades Europeas
                                                                        proporcionado por la empresa forma legalmente parte del
                        (Asunto C-232/03)                               salario. Un Estado miembro incumple sus obligaciones de
                                                                        colaboración con arreglo al artículo 10 CE cuando sus medidas
                          (2003/C 184/37)                               nacionales restringen la libre circulación, de manera que los
                                                                        trabajadores que viven en otro Estado miembro no pueden
                                                                        ejercer su profesión en dicho Estado miembro.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 28 de mayo de 2003 un recurso contra la
República de Finlandia, formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por los Sres. D. Martín e
I. Koskinen, que designa domicilio en Luxemburgo.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal            Petición de decisión prejudicial presentada mediante auto
de Justicia que:                                                        de la Audiencia Nacional, dictado el 16 de abril de 2003,
                                                                        en el asunto entre Contse, S.A., Vivisol SRL y Oxigen
1)    Declare que la República de Finlandia ha incumplido las                   Salud, S.A. y INSALUD (actualmente INGESA)
      obligaciones que le incumben en virtud de los
      artículos 10 CE y 39 CE al impedir que los trabajadores
      fronterizos puedan beneficiarse de ciertas ventajas que les                              (Asunto C-234/03)
      ofrecen los empresarios, por el mero hecho de que tales
      trabajadores fronterizos vivan en la República de Finlandia                                (2003/C 184/38)
      adonde han importado vehículos que son propiedad de
      sus empresarios.
2)    Imponga a Finlandia las costas del presente procedi-              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
      miento.                                                           sometida una petición de decisión prejudicial mediante auto de
                                                                        la Audiencia Nacional dictado el 16 de abril de 2003 en el
                                                                        asunto entre Contse, S.A., Vivisol SRL y Oxigen Salud, S.A. y
Motivos y principales alegaciones                                       INSALUD (actualmente INGESA), y recibido en la Secretaría del
                                                                        Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2003. La Audiencia
La legislación de Finlandia limita la posibilidad de que las            Nacional solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre
personas que viven permanentemente en Finlandia utilicen en             la siguiente cuestión prejudicial:
 ---pagebreak--- C 184/22               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           2.8.2003
¿Se oponen las normas de los artículos 12, 43 y siguientes y 49         Motivos y principales alegaciones
y siguientes del Tratado CE, así como el apartado 2 del
artículo 3 de la Directiva 92/50 (1) del Consejo, de 18 de [junio]      La Comisión alega que la sentencia del Tribunal de Primera
de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudi-            Instancia incurre en numerosas contradicciones e incoheren-
cación de los contratos públicos de servicios, a la inclusión en        cias, cuando no en desnaturalización de las pruebas, e imposi-
los pliegos de condiciones y cláusulas administrativas particu-         bilita la clasificación de los infractores en grupos, que consti-
lares y de prescripciones técnicas que rigen los concursos              tuye una de las claves de las Directrices. La Comisión afirma
públicos sobre terapias respiratorias domiciliarias y otras             que observó un comportamiento totalmente razonable y por
técnicas de ventilación asistida de:                                    completo conforme con el principio de no discriminación.
1.    requisitos que condicionen la admisión de las empresas al         A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia
      hecho de que las mismas dispongan previamente de                  declaró erróneamente que la motivación de la Decisión era
      oficinas abiertas al público en la provincia o en la capital      insuficiente y, en cualquier caso, se extralimitó en el ejercicio
      de provincia en que se haya [de] prestar el servicio,             de sus competencias.
2.    criterios de adjudicación que:                                    La Comisión estima que la sentencia recurrida restringe en
                                                                        gran medida su margen de discrecionalidad para la imposición
      a)    favorezcan las ofertas presentadas en un radio de           de multas y, en la práctica, supone la obligación de aplicar una
            1 000 Kms contados desde la capital en que se haya          fórmula aritmética o demostrable «científicamente». De este
            de prestar el servicio,                                     modo se menoscaba gravemente la facultad discrecional de la
                                                                        Comisión y, en consecuencia, la competencia y obligación que
      b)    dispongan previamente de oficinas abiertas al público       le incumben para perseguir las infracciones de los artículos 81
            en determinadas localidades de la misma provincia o         CE y 82 CE.
      c)    vinieran gestionando con anterioridad al servicio?          Por último, la Comisión refuta la apreciación del Tribunal de
                                                                        Primera Instancia de que la facultad para imponer multas había
                                                                        prescrito, por estimar que la sentencia recurrida no contiene
(1) DO L 209 de 18.6.1992, p. 1.
                                                                        fundamento alguno a este respecto.
                                                                        (1) DO C 124 de 24.5.2003, p. 18.
Recurso de casación interpuesto el 2 de junio de 2003
por la Comisión de las Comunidades Europeas, contra la
sentencia dictada el 19 de marzo de 2003 por el Tribunal
de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Sala                  Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolu-
Tercera, en el asunto T-213/00, (1) promovido en su contra              ción de Tribunal d'Instance de Roubaix, de fecha 15 de
 por CMA CGM y otras trece compañías navieras de línea                  mayo de 2003, en el asunto entre SA Banque Sofinco y
                                                                                 Sr. Daniel Djemeoui y Sra. Carole Djemeoui
                       (Asunto C-236/03 P)
                                                                                                (Asunto C-237/03)
                          (2003/C 184/39)
                                                                                                 (2003/C 184/40)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 2 de junio de 2003 un recurso de casación                 Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido
formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas,                  sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolu-
representada por el Sr. P. Oliver, en calidad de agente, que            ción de Tribunal d'Instance de Roubaix, dictada el 15 de mayo
designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada            de 2003, en el asunto entre SA Banque Sofinco y Sr. Daniel
el 19 de marzo de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia             Djemeoui y Sra. Carole Djemeoui, y recibida en la Secretaría
de las Comunidades Europeas, Sala Tercera, en el asunto T-213/          del Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2003. El Tribunal
00, promovido en su contra por CMA CGM y otras trece                    d'Instance de Roubaix solicita al Tribunal de Justicia que se
compañías navieras de línea.                                            pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:               1)    Las Directivas del Consejo de 22 de diciembre de 1986
                                                                              (87/102/CEE) (1) y de 22 de febrero de 1990 (90/88/
—     Anule el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal de              CEE), (2) ¿deben interpretarse en el sentido de que obligan
      Primera Instancia de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y                     al juez nacional a dar preferencia a la interpretación del
      otros/Comisión (T-213/00).                                              Derecho interno que exige a las entidades de préstamo al
                                                                              consumo comunicar por escrito al prestatario-consumidor
—     Desestime el recurso de las recurridas en su totalidad.                 el porcentaje anual de cargas financieras vigente, antes de
                                                                              cada prórroga de un contrato de crédito renovable por
—     Condene a las recurridas al pago de las costas de la                    fracciones, cuya cláusula de intereses estipula un tipo
      Comisión.                                                               variable?