CELEX: 51996PC0427
Language: es
Date: 1996-09-06
Title: Propuesta modificada de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO RELATIVO A LA COOPERACIÓN NORTE-SUR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TOXICOMANÍA (partida presupuestaria B7-6210)

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51996PC0427

Propuesta modificada de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO RELATIVO A LA COOPERACIÓN NORTE-SUR EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TOXICOMANÍA (partida presupuestaria B7-6210)  /* COM/96/0427 FINAL - SYN 95/0167 */  

Diario Oficial n° C 326 de 31/10/1996 p. 0003

Propuesta modificada de Reglamento (CE) del  Consejo relativo a la cooperación norte-sur en materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía  (partida presupuestaria B7-6210) (96/C  326/03) COM(96) 427 final - 95/0167(SYN)(Presentada  por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189  A del Tratado CE el 6 de septiembre de  1996) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130  W, Vista la propuesta de la Comisión, En cooperación con el Parlamento Europeo, Considerando que, en su comunicación de 23 de junio de 1994, la Comisión presentó al Consejo y al  Parlamento Europeo sus orientaciones en materia de un Plan de acción de la Unión Europea de lucha  contra las drogas (1995-1999), en particular, en el plano internacional; Considerando que el Parlamento Europeo se pronunció acerca de estas orientaciones en su dictamen  adoptado el 15 de junio de 1995 sobre esta comunicación; Considerando que la adhesión universal al Convenio único sobre los estupefacientes de 1961, a este  Convenio tal y como fue modificado por el Protocolo de 1972, al Convenio de 1971 sobre sustancias  psicotrópicas y al Convenio de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias  psicotrópicas, así como la aplicación sistemática a escala nacional e internacional de las  disposiciones de estos Tratados, son la piedra angular de la estrategia internacional de lucha  contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas; Considerando que la Comunidad Europea es parte en el Convenio de 1988, en particular en virtud de  su artículo 12, y que la Comunidad Europea adoptó una legislación comunitaria conforme, sobre la  base de las recomendaciones del grupo de acción sobre los productos químicos (GAFI) creado por el  G-7 y el Presidente de la Comisión Europea en 1989, cuya eficacia global aumentaría con la adopción  del marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en otras regiones del mundo; Considerando que la Comunidad Europea adoptó una directiva relativa al blanqueo de capitales  inspirada en las recomendaciones formuladas por el grupo de acción financiera (GAFI) creado por el  G-7 y el Presidente de la Comisión Europea en 1989, cuya eficacia global aumentaría con la adopción  del marco jurídico adecuado y de los mecanismos convenientes en otras regiones del mundo; Considerando que el cuarto Convenio de Lomé y los acuerdos de cooperación, de asociación o de  colaboración celebrados por la Comunidad Europea con países en vías de desarrollo contienen  cláusulas relativas a la cooperación en la lucha contra el abuso y el tráfico ilícito de drogas, a  la vigilancia del comercio de los precursores en la producción de productos químicos y de  sustancias psicotrópicas, y al intercambio de información pertinente, incluidas las medidas en  materia de blanqueo de capitales; Considerando que los Estados miembros de la Comunidad Europea han suscrito la declaración política  y el programa global de acción adoptados por la Asamblea general de las Naciones Unidas con motivo  de su decimoséptima sesión especial; Considerando que la cooperación en la lucha contra las drogas y la toxicomanía contribuye de manera  importante a los objetivos de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea  enunciados en el artículo 130  U del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 La Comunidad Europea llevará a cabo acciones de cooperación en  materia de lucha contra las drogas y la toxicomanía, preferentemente en los países en vías de  desarrollo en los que la voluntad política de lucha contra la utilización de las drogas se ha  manifestado de forma expresa en las más altas instancias. Un indicador de esta voluntad lo puede  constituir la ratificación del Convenio único de 1961, su enmienda constituida por el Protocolo de  1972, el Convenio de 1971 y el Convenio de 1988. El compromiso político de los Estados debe concretarse a través de, entre otros aspectos, la  aplicación de la legislación nacional contra el blanqueo de dinero. Artículo 2 La Comunidad aportará un apoyo prioritario, a petición de un país socio, a la  preparación de un «national Drug Control master plan» en estrecha consulta con el programa de las  Naciones Unidas para el control internacional de las drogas. Al señalar este «plan», no sólo los  objetivos, estrategias y prioridades de la lucha contra las drogas por un país socio, sino también  las necesidades en términos de recursos en toda clase, incluidos los financieros, proporciona un  enfoque integrado, pluridisciplinar y multisectorial propicio para la eficacia de la asistencia  proporcionada por la Comunidad Europea. La prevención de la toxicomanía debe ser objeto de una política consecuente que incluya,  fundamentalmente, una cooperación entre las fuerzas policiales, los asistentes sociales, los  medicos y las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como una información objetiva sobre las  consecuencias de la toxicomanía dirigida de forma prioritaria a los jóvenes. La Comisión trata de influir en los donantes internacionales y en las instituciones financieras  (FMI, Banco Mundial, etc.) con objeto de evitar que sus políticas entren en contradicción con los  objetivos de las políticas nacionales de lucha contra los estupefacientes. La cooperación comunitaria se inscribe en un clima de diálogo teniendo en cuenta las diferencias  culturales reales que influyen en la percepción de los problemas vinculados a la droga. Este  diálogo resulta crucial para garantizar la viabilidad social y política de las estrategias de lucha  contra las drogas. Artículo 3 Preferiblemente en el marco estratégico fijado por planes nacionales, la Comunidad  aportará también su apoyo a acciones específicas teniendo en cuenta el hecho de que éstas deben  tener un impacto efectivo (eficaz y tangible en un plazo establecido de antemano) en los siguientes  sectores: - desarrollo de la capacidad institucional de aplicación del «National Drug Master Plan»; - sobre la base de acuerdos celebrados entre la Comunidad Europea y países socios individuales  «sensibles», en lo referente a la cooperación encaminada a impedir el comercio indebido de los  precursores utilizados en la producción de drogas ilícitas y de sustancias psicotrópicas, la  Comunidad ayudará al desarrollo de la capacidad institucional del país, con vistas a una aplicación  rápida y eficaz de estos acuerdos, y con el fin de fomentar la cooperación regional o subregional; - sobre la base de acuerdos celebrados entre la Comunidad Europea y países socios individuales  «sensibles», que incluyan disposiciones sobre la cooperación en el sector de la lucha contra el  blanqueo de dinero, la Comunidad podrá proporcionar, en la medida de los recursos disponibles, una  asistencia técnica en este sector a los países que hayan expresado un compromiso al respecto, en  particular a través de la ratificacion de los convenios de Viena y de Estrasburgo, así como la  aceptación de las recomandaciones del GAFI; - el establecimiento de mecanismos de control del comercio y del consumo de estupefacientes y de  sustancias psicotrópicas lícitas; - el análisis del fenómeno local del uso de las drogas y sustancias psicotrópicas ilícitas, la  asistencia, el tratamiento y la reintegración de los drogadictos, y la reducción de los riesgos; la  integración de estas acciones sobre todo en las políticas seguidas en el plano de la sanidad y la  educación, el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la exclusión económica y social. Estas  acciones se llevarán a cabo dentro del respeto de los derechos humanos; - la promoción de proyectos piloto de desarrollo alternativo (definido como un proceso destinado a  eliminar y evitar la producción de cultivos de drogas ilícitas a través de medidas de desarrollo  rural específicamente concebidas en el contexto de un crecimiento económico nacional constante  debería incluir medidas económicas y sociales que tengan en cuenta los factores que contribuyen a  la producción ilícita) incluidos los proyectos que permitan a las producciones alternativas  beneficiarse de preferencias comerciales, en particular, en beneficio de los pequeños productores  independientes de materias primas de drogas ilícitas, así como acciones de apoyo directo a los  esfuerzos de lucha contra la droga de estos países. Se concederá una atención particular a: - las acciones de lucha contra el comercio y la fabricación de heroína, de cocaína y de drogas  sintéticas peligrosas, - la participación de las poblaciones locales o de grupos socioeconómicos directamente implicados,  sobre todo cuando se trate de poner en marcha planes de erradicación, en la identificación,  planificación y ejecución de las acciones; se concederá una atención muy especial a la posición  clave de las mujeres así como a las implicaciones sociales y ambientales de las acciones, - el apoyo a los grupos de población que hayan decidido abandonar la producción de las drogas o de  los precursores, ayudándoles a desarrollar alternativas, - las acciones de desarrollo de las capacidades institucionales de los países en vías de desarrollo  (PVD) tanto a nivel nacional, como local o regional. - La Comunidad soló apoyará proyectos en cuyo marco se garantice el respeto de los derechos  humanos. Artículo 4 Los beneficiarios de la ayuda y socios de la cooperación consistirán no sólo en  Estados y regiones sino también en servicios descentralizados, organizaciones regionales,  organismos públicos, comunidades tradicionales o locales, agentes e industrias privadas, incluidas  las cooperativas y organizaciones no gubernamentales y asociaciones representativas de las  poblaciones locales. Artículo 5 1.  Los medios que podrán utilizarse en el marco de las acciones contempladas en los  artículos 2 y 3 incluyen especialmente estudios, asistencia técnica, formación u otros servicios,  suministros y trabajos, asi como auditorías y misiones de control o de evaluación. 2.  La financiación comunitaria podrá sufragar tanto gastos de inversión como gastos de  funcionamiento, excluida la compra de inmuebles, en divisas o en moneda local, según las  necesidades de la realización de las acciones. No obstante, con excepción de los programas de  formación y de investigación, en general, los gastos de funcionamiento sólo podrán ser sufragados  durante su fase inicial y de forma decreciente. 3.  Se realizarán esfuerzos sistemáticos para conseguir una contribución, sobre todo financiera, de  los agentes o de los socios a quienes se destine el beneficio final de la acción (países,  comunidades locales, empresas u otros), dentro de los límites de sus posibilidades y en función de  la naturaleza de cada acción. 4.  Se intentará encontrar posibilidades de financiación conjunta, sobre todo con los Estados  miembros o con organizaciones multilaterales, regionales o de otro tipo. Se adoptarán las medidas  necesarias para hacer patente el carácter comunitario de las ayudas prestadas en virtud del  presente Reglamento. 5.  Con objeto de intensificar la coherencia y complementariedad entre las acciones financiadas por  la Comunidad y las financiadas por los Estados miembros, y desde la perspectiva de garantizar la  máxima eficacia del conjunto de las acciones, la Comisión adoptará todas las medidas de  coordinación que resulten necesarias, sin dejar de tener en cuenta la importancia del principio de  buena gestión y evitando gastos excesivos de carácter administrativo, en particular: a) el establecimiento de un sistema de intercambio sistemático de información sobre las acciones  financiadas o cuya financiación haya sido prevista por la Comunidad y los Estados miembros; b) una coordinación en el lugar de realización de las acciones a través de reuniones periódicas y  de intercambios de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros  del país beneficiario. Artículo 6 El apoyo financiero, de conformidad con el presente Reglamento, adoptará la forma de  ayudas no reembolsables. Se hará todo lo posible para garantizar plenamente la evaluación, el control y la justificación de  las ayudas Artículo 7 1.  La Comisión se encargará de la instrucción, decisión y gestión de las acciones  contempladas en el presente Reglamento, según los procedimientos presupuestarios y otros vigentes  y, en particular, los previstos en el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las  Comunidades. 2.  Las decisiones relativas a las acciones cuya financiación, de conformidad con el presente  Reglamento, supere los 2 millones de ecus, así como toda modificación de estas acciones que  implique un exceso de más del 20  % del importe inicialmente convenido para la acción afectada,  según el procedimiento establecido en el artículo  8. 3.  Todo convenio o contrato de financiación celebrado de conformidad con el presente Reglamento  dispondrá, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas puedan proceder a controles in  situ según las modalidades habituales definidas por la Comisión en el marco de las disposiciones en  vigor, en particular, las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las  Comunidades. 4.  En la medida en que las acciones se traduzcan en convenios de financiación entre la Comunidad y  el país beneficiario, dichos convenios dispondrán que el pago de impuestos, derechos y gravámenes  no sea financiado por la Comunidad. 5.  La participación en las licitaciones y contratos queda abierta en igualdad de condiciones a  todas las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y del Estado beneficiario. Dicha  participación podrá ampliarse a los demás países en vías de desarrollo. 6.  Los suministros deberían ser originarios de los Estados miembros o del Estados beneficiario, o  de otros países en vías de desarrollo. Sólo se permitirán excepciones, previo acuerdo con el  servicio competente, en particular, cuando los socios, en el caso inverso, hayan tenido que  soportar un coste suplementario o un gasto excesivo. Artículo 8 1.  La Comisión estará asistida por un comité de carácter consultivo compuesto por los  representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, a saber,  según el país o la región beneficiarios de las medidas: a) para los países de África, del Caribe y del Pacífico, el Comité del Fondo Europeo de Desarrollo  (FED), instituido por el artículo 21 del Acuerdo interno n° 91/401/CEE relativo a la financiación y  a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del cuarto Convenio de Lomé, adoptado el 16  de julio de 1990 por los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo; b) para los países del Mediterráneo, el Comité MED, instituido por el artículo 6 del Reglamento  (CEE) n° 1762/92, adoptado el 2 de junio de 1992 por el Consejo; c) para los países de América Latina y Asia, el Comité ALA, instituido por el artículo 15 del  Reglamento (CEE) n° 443/92, adoptado el 25 de febrero de 1992 por el Consejo. 2.  El representante de la Comisión presentará al Consejo un proyecto de medidas para su adopción.  El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto, en un plazo que el presidente podrá fijar en  función de la urgencia de la cuestión de que se trate, en su caso, procediendo a una votación. El dictamen constará en el acta. Además, cada Estado tendrá derecho a solicitar que su posición  figure en tal acta. La Comisión tendrá sumamente en cuenta el dictamen emitido por el Comité. La Comisión informará al  Comité sobre la consideración prestada a este dictamen. Artículo 9 Después de cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe anual al  Parlamento Europeo y al Consejo, con el resumen de las acciones financiadas durante el ejercicio  así como una evaluación de la ejecución del presente Reglamento durante el ejercicio. El informe contendrá, en particular, información relativa a los agentes con quienes se hayan  concluido contratos de ejecución o de otro tipo. El informe incluirá también un resumen de las evaluaciones externas efectuadas, en su caso, con  respecto a acciones específicas. Artículo 10 El presente Reglamento entrará en vigor el tercer dia siguiente al de su publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente  aplicable en cada Estado miembro.