CELEX: 62006CC0329
Language: es
Date: 2008-02-14 00:00:00
Title: Conclusiones acumuladas del Abogado General Bot presentadas el 14 de febrero de 2008. # Arthur Wiedemann contra Land Baden-Württemberg (C-329/06) y Peter Funk contra Stadt Chemnitz (C-343/06). # Peticiones de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Sigmaringen (C-329/06) y Verwaltungsgericht Chemnitz (C-343/06) - Alemania. # Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol - Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro - Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro - Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE. # Asuntos acumulados C-329/06 y C-343/06. # Matthias Zerche (C-334/06) y Manfred Seuke (C-336/06) contra Landkreis Mittweida y Steffen Schubert (C-335/06) contra Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis. # Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Chemnitz - Alemania. # Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol - Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro - Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro - Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE. # Asuntos acumulados C-334/06 a C-336/06.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. YVES BOT
      presentadas el 14 de febrero de 2008 1(1)
      
      Asuntos acumulados C‑329/06 y C‑343/06
      Arthur Wiedemann
      contra
      Land Baden‑Württemberg
      y
      
      Peter Funk
      contra
      Stadt Chemnitz
      
      Asuntos acumulados C‑334/06 a C‑336/06
      
      Matthias Zerche
      contra
      Landkreis Mittweida
      
      Steffen Schubert
      contra
      Landkreis Mittlerer Erzgebirgskreis
      
      y
      
      Manfred Seuke
      contra
      Landkreis Mittweida
      [Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Alemania) y el Verwaltungsgericht Chemnitz
         (Alemania)]
      
      «Reconocimiento recíproco del permiso de conducción – Retirada de un permiso de conducción nacional en el Estado de residencia por consumo de drogas y alcohol – Seguridad viaria – Posibilidad de que un Estado miembro deniegue el reconocimiento de un permiso de conducción – Artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE»1.        Los asuntos de que conoce el Tribunal de Justicia en el presente procedimiento forman parte de un contencioso comunitario
         muy abundante en materia de reconocimiento recíproco del permiso de conducción.
      
      2.        En los cinco asuntos, se pregunta al Tribunal de Justicia si un Estado miembro puede denegar el reconocimiento de la validez
         de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro cuando el titular haya sido objeto en el primer Estado miembro
         de una decisión administrativa de retirada del permiso acompañada de la obligación de superar un examen médico-psicológico
         para obtener un nuevo permiso.
      
      3.        Se trata de definir el alcance de las obligaciones que recaen sobre los Estados miembros con arreglo a la Directiva 91/439/CEE
         del Consejo, (2) y, en particular, en virtud de los artículos 7, apartado 1, letras a) y b), y 8, apartados 2 y 4, de dicha Directiva.
      
      4.        En las presentes conclusiones, propondré al Tribunal de Justicia que declare que, cuando se retira a una persona el permiso
         de conducción en un Estado miembro por conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas y, teniendo en cuenta su peligrosidad,
         la expedición de un nuevo permiso de conducción se supedita a la superación de un examen médico-psicológico, dicho Estado
         miembro está facultado, con arreglo a los artículos 1, apartado 2, y 8 apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, para denegar
         el reconocimiento de la validez de un permiso expedido por otro Estado miembro, si en el Estado miembro de expedición no se
         ha llevado a cabo un examen comparable al requerido en el primer Estado.
      
      5.        También propondré al Tribunal de Justicia que declare que, cuando el titular del permiso de conducción presente un comportamiento
         potencialmente peligroso, en particular vistas las circunstancias que motivaron la retirada del primer permiso, el Estado
         miembro que haya efectuado el control tiene la facultad de adoptar medidas provisionales, como la suspensión de este permiso,
         mientras el Estado miembro de expedición examina los requisitos de obtención de dicho permiso.
      
      6.        Cabe precisar que, dado que estos cinco asuntos versan sobre el mismo problema jurídico, los examinaré conjuntamente en las
         presentes conclusiones.
      
      I.      Marco jurídico
      A.      Normativa comunitaria
      7.        La Directiva 91/439 establece el principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción al objeto de facilitar
         la circulación de las personas en el interior de la Comunidad europea o su establecimiento en un Estado miembro distinto de
         aquél en el que hayan obtenido un permiso de conducción. (3)
      
      8.        La fijación en dicha Directiva de requisitos mínimos de expedición de los permisos de conducción tiene también por objeto
         mejorar la seguridad vial en el territorio de la Unión Europea. (4)
      
      9.        El artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva es del siguiente tenor:
      
      «1.      La expedición del permiso de conducción estará igualmente subordinada a las condiciones siguientes:
      a)      haber aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento, una prueba de control de conocimientos, así como cumplir
         determinadas normas médicas, con arreglo a lo dispuesto en los Anexos II y III;
      
      b)      tener la residencia normal o demostrar la calidad de estudiante durante un período mínimo de 6 meses en el territorio del
         Estado miembro que expida el permiso de conducción. [(5)]»
      
      10.      En particular, la Directiva 91/439 establece que no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato
         o conductor en situación de dependencia respecto del alcohol o de sustancias psicotrópicas.
      
      11.      En efecto, los puntos 14.1 y 15.1 del anexo III de dicha Directiva disponen: 
      
      «No debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que se halle en situación de dependencia
         respecto del alcohol o que no pueda disociar conducción y consumo de alcohol. 
      
      Puede expedirse o renovarse el permiso de conducción a los candidatos o conductores que hayan estado en situación de dependencia
         respecto del alcohol tras un período demostrado de abstinencia y siempre que exista un dictamen médico autorizado y revisiones
         médicas regulares.
      
      […]
      No debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que consuma habitualmente substancias
         psicótropas, sea cual sea su forma, que puedan comprometer su aptitud para conducir sin peligro, si la cantidad absorbida
         influye de manera negativa en la conducción. Lo mismo sucederá con cualquier medicamento o combinación de medicamentos que
         influya en la capacidad de conducir.»
      
      12.      El artículo 8, apartado 2, de la mencionada Directiva establece que el Estado miembro de residencia normal puede aplicar al
         titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus disposiciones nacionales relativas a la restricción,
         la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir.
      
      13.      En virtud del artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 91/439, un Estado miembro puede también denegar el
         reconocimiento de la validez de cualquier permiso de conducción elaborado por otro Estado miembro a una persona que sea objeto
         en su territorio de una de las medidas antes indicadas. 
      
      14.      Por último, el artículo 12, apartado 3, de dicha Directiva prevé que «los Estados miembros se prestarán ayuda mutua en la
         aplicación de la presente Directiva e intercambiarán, si es necesario, la información sobre los permisos que hayan registrado».
      
      B.      Normativa nacional
      15.      El artículo 28, apartado 1, del Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Reglamento relativo al acceso
         de personas a la circulación por carretera; en lo sucesivo, «FeV»), establece que el titular de un permiso de conducción expedido
         por un Estado miembro de la Unión está autorizado para conducir vehículos en el territorio de la República Federal de Alemania.
      
      16.      No obstante, con arreglo al artículo 28, apartado 4, número 3, de la FeV, dicha autorización no se aplica a quienes les haya
         sido retirado el permiso provisional o definitivamente en territorio alemán a través de una medida judicial o por una autoridad
         administrativa mediante una decisión inmediatamente ejecutiva o definitiva.
      
      17.      Por otro lado, en virtud del artículo 28, apartado 5, de la FeV, el derecho a utilizar en Alemania un permiso de conducción
         obtenido en un Estado miembro de la Unión tras haber sido objeto de una de las medidas mencionadas en el artículo 28, apartado
         4, número 3, de la FeV se concederá cuando ya no concurran los motivos que hayan justificado la retirada o la prohibición
         de obtención del permiso de conducción.
      
      18.      El artículo 11 de la FeV dispone que los solicitantes de un permiso de conducción deberán cumplir los requisitos físicos y
         mentales necesarios. No se cumplirán los requisitos cuando, en particular, estas personas estén bajo la influencia de estupefacientes
         o consuman cannabis. 
      
      19.      Si existen dudas sobre la aptitud física o mental de dichas personas, la autoridad competente podrá ordenarles que aporten
         un certificado médico a efectos de adoptar una decisión sobre la expedición o la renovación del permiso de conducción. (6)
      
      20.      La normativa alemana prevé dos tipos de retirada. Un conductor puede ser objeto de una retirada administrativa de su permiso
         de conducción. Cuando un conductor haya sido objeto de esta medida, para obtener el derecho a conducir, deberá demostrar que
         es de nuevo apto para conducir, presentando un informe médico-psicológico. El Verwaltungsgericht Sigmaringen (Alemania) precisa
         que, en este caso, la decisión de retirada tiene efecto por tiempo indefinido.
      
      21.      Además de la retirada administrativa, la normativa alemana también establece la retirada por vía penal del permiso de conducción,
         con la posibilidad de prohibir al titular del permiso que ha sido retirado que obtenga un nuevo permiso de conducción durante
         un período de entre seis meses y cinco años. (7)
      
      II.    Hechos de los asuntos principales que originaron las presentes peticiones de decisión prejudicial
      A.      Asuntos C‑329/06 y C‑343/06
      1.      Asunto C‑329/06
      22.      En abril de 2004, se retiró el permiso de conducción al Sr. Wiedemann, nacional alemán, por haber conducido bajo la influencia
         de estupefacientes (heroína y cannabis). El recurso administrativo que interpuso el Sr. Wiedemann contra dicha medida fue
         desestimado por resolución denegatoria de 16 de agosto de 2004, que fue notificada el 18 de agosto de 2004 y que adquirió
         carácter firme el 20 de septiembre de 2004. 
      
      23.      El 19 de septiembre de 2004, un domingo, la autoridad competente checa concedió al Sr. Wiedemann un permiso de conducción.
         Dicho permiso, en el que consta un domicilio en Alemania, se le envió el 1 de octubre de 2004.
      
      24.      El 11 de noviembre de 2004, el Sr. Wiedemann causó un accidente de tráfico en territorio alemán y se le confiscó el permiso
         de conducción. Mediante resolución de 27 de octubre de 2004, el Landratsamt Ravensburg (Alemania) retiró al Sr. Wiedemann
         el derecho a conducir en territorio alemán, dado que aún no era apto para la conducción debido a su consumo de drogas. El
         Landratsamt Ravensburg devolvió dicho permiso a su titular después de que se hubiera estampado en él la nota «este permiso
         no autoriza a conducir vehículos de motor en Alemania».
      
      25.      Al no prosperar su recurso administrativo, el Sr. Wiedemann interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht Sigmaringen.
      
      2.      Asunto C‑343/06
      26.      El Sr. Funk, nacional alemán al que se le había prohibido conducir durante un período de nueve meses tras una condena por
         conducir en estado de embriaguez, vio cómo se le retiraba de nuevo su permiso de conducción mediante decisión administrativa
         del municipio de Chemnitz (Alemania) de 15 de julio de 2003 por los mismos motivos. Tras aportar un informe pericial médico-psicológico,
         se desestimó la solicitud de devolución de dicho permiso presentada por el Sr. Funk en diciembre de 2003.
      
      27.      El 9 de diciembre de 2004, el Sr. Funk obtuvo un permiso de conducción en la República Checa, sin residir en dicho Estado
         miembro.
      
      28.      Las autoridades alemanas, informadas de la existencia de dicho permiso, constataron que el Sr. Funk aún no había demostrado
         su aptitud para la conducción. Dado que éste se negó a someterse a un examen médico-psicológico, las autoridades administrativas
         alemanas le apercibieron con la retirada de su permiso de conducción checo.
      
      29.      Al no prosperar su recurso administrativo, el Sr. Funk interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht Chemnitz (Alemania).
      
      B.      Asuntos C‑334/06 a C‑336/06
      30.      Mediante sentencia condenatoria, se retiró el permiso de conducción a los Sres. Zerche, Schubert y Seuke, nacionales alemanes,
         con prohibición de obtener un nuevo permiso durante un período de varios meses, por haber conducido bajo la influencia del
         alcohol.
      
      31.      Posteriormente, se desestimaron las solicitudes para obtener un nuevo permiso de conducción presentadas por los tres interesados,
         al no haber aportado un informe médico-psicológico positivo.
      
      32.      Tras la expiración del período de prohibición, los Sres. Zerche, Schubert y Seuke obtuvieron un permiso de conducción en la
         República Checa. La dirección que figura en cada uno de los tres permisos es alemana.
      
      33.      Al tener conocimiento de la existencia de estos nuevos permisos de conducción, las autoridades alemanas instaron a los tres
         titulares a presentar un informe pericial médico-psicológico. Al no cumplir este requerimiento ninguno de los tres titulares,
         las autoridades administrativas alemanas les privaron del derecho a utilizar sus permisos de conducción checos en territorio
         alemán.
      
      34.      Al no prosperar los recursos administrativos de los Sres. Zerche, Schubert y Seuke, éstos interpusieron un recurso ante el
         Verwaltungsgericht Chemnitz.
      
      III. Cuestiones prejudiciales
      35.      En el asunto C‑329/06, el Verwaltungsgericht Sigmaringen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en el sentido de que la retirada
         del permiso de conducción por las autoridades administrativas del Estado de residencia por falta de aptitud para la conducción
         no se opone a la expedición de un permiso de conducción por otro Estado miembro y que, en principio, el Estado de residencia
         debe reconocer también este permiso de conducción?
      
      2)      ¿Deben interpretarse [los artículos] 1, apartado 2, […] 7, apartado 1, letra a), y […] 8, apartados 2 y 4, en relación con
         el Anexo III, de la Directiva 91/439, en el sentido de que no existe obligación alguna del Estado de residencia de reconocer
         un permiso de conducción que, bien mediante maquinaciones, bien mediante la cooperación colusoria con funcionarios de la autoridad
         del Estado de expedición, el titular haya obtenido, tras la retirada de su permiso de conducción en el Estado de residencia,
         ocultando hechos de forma premeditada a la autoridad competente del Estado de expedición y sin haber probado que ha recobrado
         la aptitud para la conducción?
      
      3)      ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4 de la Directiva 91/439, en el sentido de que el Estado
         de residencia, tras la retirada del permiso de conducción por la autoridad administrativa, puede suspender provisionalmente
         un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro o puede prohibir su utilización hasta que el Estado de expedición
         decida sobre la retirada del permiso de conducción obtenido de forma fraudulenta?»
      
      36.      En el asunto, C‑343/06, el Verwaltungsgericht Chemnitz decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Puede un Estado miembro exigir, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2
         y 4, de la Directiva 91/439, al titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro que solicite ante las
         autoridades nacionales el reconocimiento del derecho a utilizar dicho permiso en el territorio nacional si anteriormente le
         ha sido retirado o anulado por cualquier motivo en el territorio nacional su permiso de conducción?
      
      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
      2)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en
         el sentido de que un Estado miembro puede negar dentro de su territorio el reconocimiento del derecho a conducir en los términos
         de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro si el titular de ese permiso de conducción extranjero comunitario
         previamente ha sido privado por las autoridades administrativas [competentes] del derecho a conducir, si el Derecho del primer
         Estado miembro parte de la premisa de que, cuando la medida se produce mediante actuación administrativa, la retirada o anulación
         del permiso de conducción no implica un plazo de prohibición para su reexpedición y si el derecho a la nueva expedición del
         permiso de conducción sólo existe a partir del momento en que el interesado aporte la prueba de su aptitud para conducir mediante
         la presentación, a requerimiento de las autoridades administrativas, de un informe médico-psicológico conforme con las disposiciones
         reglamentarias de su Derecho interno?
      
      En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
      3)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en
         el sentido de que un Estado miembro puede negar dentro de su territorio el reconocimiento del derecho a conducir en los términos
         de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro si al titular de ese permiso de conducción extranjero comunitario
         previamente le ha sido retirado o anulado por cualquier motivo dicho permiso de conducción, si el plazo fijado para la nueva
         expedición del permiso de conducción en el propio país con motivo de dicha medida sancionadora ya había transcurrido en el
         momento en que fue expedido el permiso en el otro Estado miembro y si, a la vista de circunstancias objetivas (carencia de
         domicilio en el Estado miembro que ha expedido el permiso y denegación de la solicitud de nueva expedición del permiso en
         el propio país), puede suponerse que con la adquisición del permiso de conducción [europeo expedido por otro Estado miembro]
         tan sólo se pretende eludir las estrictas exigencias sustantivas del procedimiento nacional de reexpedición, en concreto el
         examen médico-psicológico?»
      
      37.      En los asuntos C‑335/06 y C‑336/06, el Verwaltungsgericht Chemnitz decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
         de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Puede un Estado miembro exigir, de conformidad con los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439,
         al titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro que solicite ante las autoridades nacionales el reconocimiento
         del derecho a utilizar dicho permiso en el territorio nacional si anteriormente le ha sido retirado o anulado por cualquier
         motivo en el territorio nacional su permiso de conducción?
      
      En caso de respuesta negativa a esta cuestión:
      2)      ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8 apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en el sentido de que un Estado
         miembro puede negar dentro de su territorio el reconocimiento del derecho a conducir en los términos de un permiso de conducción
         expedido por otro Estado miembro si al titular de ese permiso de conducción extranjero comunitario previamente le ha sido
         retirado o anulado por cualquier motivo dicho permiso de conducción, si el plazo de prohibición fijado para la nueva expedición
         del permiso de conducción en el propio país con motivo de dicha medida sancionadora ya había transcurrido en el momento en
         que fue expedido el permiso en el otro Estado miembro y si, a la vista de circunstancias objetivas (carencia de domicilio
         en el Estado miembro que ha expedido el permiso y denegación de la solicitud de nueva expedición del permiso en el propio
         país), puede suponerse que con la adquisición del permiso de conducción extranjero comunitario tan sólo se pretende eludir
         las estrictas exigencias sustantivas del procedimiento nacional de reexpedición, en concreto el examen médico-psicológico?»
      
      38.      La cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Chemnitz en el asunto C‑334/06 es idéntica a la segunda cuestión planteada
         por dicho órgano jurisdiccional en los asuntos C‑335/06 y C‑336/06.
      
      IV.    Análisis
      39.      La cuestión que se plantea en los litigios principales es si los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva
         91/439 se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por
         otro Estado miembro cuando el titular de dicho permiso haya sido objeto en el primer Estado miembro de una medida de retirada
         del permiso por conducir bajo los efectos de las drogas o del alcohol, medida que puede ir o no acompañada de un período de
         prohibición, y a que se supedite la obtención de un nuevo permiso en dicho primer Estado miembro a superar un examen médico-psicológico.
      
      40.      La Comisión de las Comunidades Europeas opina que el Estado miembro de acogida no está facultado, en principio, para comprobar
         el cumplimiento de los requisitos de expedición de un permiso concedido por otro Estado miembro si dicho permiso ha sido expedido
         con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva. No obstante, añade que, si el Estado de expedición considera que el
         permiso ha sido expedido incumpliendo el Derecho comunitario, en este caso el titular de dicho permiso no puede invocar el
         principio de reconocimiento recíproco.
      
      41.      En todo caso, la Comisión considera que el Estado miembro de acogida dispone de otras medidas para oponerse al reconocimiento
         de dicho permiso. Dicho Estado miembro puede retirar ese permiso en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva, sobre
         la base de un comportamiento culposo del titular con posterioridad a la expedición del segundo permiso. Además, el Estado
         miembro de acogida puede informar al Estado miembro de expedición de las carencias existentes, en virtud del artículo 12,
         apartado 3, de la Directiva 91/439, e incluso iniciar un procedimiento contra dicho Estado miembro, con arreglo al artículo 227 CE.
         
      
      42.      No comparto la opinión de la Comisión por los siguientes motivos.
      
      43.      La Directiva 91/439 persigue dos objetivos, a saber, garantizar la seguridad y facilitar la circulación de las personas, sin
         que uno sea más importante que el otro, lo que nadie niega porque sería inconcebible admitir que se pueda facilitar la circulación
         de las personas en detrimento de su seguridad.
      
      44.      En relación con los presentes asuntos, las disposiciones más notables de esta Directiva son las que se refieren a la prevención
         de los riesgos que las personas que abusan del alcohol o de las drogas o que son dependientes de estas sustancias hacen correr
         a los demás usuarios de la carretera.
      
      45.      Las disposiciones de dicha Directiva o las de sus anexos lo demuestran de una manera particularmente clara por el modo en
         que se prevén y describen las medidas destinadas a luchar contra la peligrosidad que presentan tales conductores, privándoles
         del derecho a conducir mientras no desaparezca la peligrosidad o no se hayan ejecutado o respetado las medidas destinadas
         a prevenir la aparición o el retorno de ésta.
      
      46.      En efecto, el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 91/439 remite al anexo III de ésta. Ahora bien, según los
         puntos 14 y 15 de dicho anexo, está prohibido expedir o renovar un permiso de conducción a una persona que se halle en situación
         de dependencia respecto del alcohol o de las drogas, o que, sin ser dependiente, las consuma o abuse de ellas habitualmente. (8)
      
      47.      Las aptitudes médicas para la conducción en la República Checa se rigen por la Ley nº 361/2000, sobre la circulación en carretera.
         Según las disposiciones de dicha Ley, la aptitud médica para la conducción es la aptitud física y mental. Previa petición
         del solicitante del permiso de conducción, esta aptitud es evaluada por un médico, que emite un dictamen médico sobre la aptitud
         del solicitante para la conducción.
      
      48.      El dictamen médico debe tener en cuenta las declaraciones del solicitante y el examen del estado de salud del mismo.
      
      49.      La mencionada Ley nº 361/2000 excluye del derecho a conducir a las personas que sufran trastornos del comportamiento debidos
         a la dependencia del alcohol o de sustancias psicotrópicas.
      
      50.      En los litigios principales, los cinco titulares de permisos de conducción checos presentaron a las autoridades competentes
         checas un sencillo certificado médico que declaraba su aptitud para conducir.
      
      51.      En mi opinión, la Directiva 91/439, que establece los requisitos mínimos para obtener el permiso de conducción, sólo exige
         a los Estados miembros que requieran al solicitante un sencillo certificado médico de aptitud para la conducción, expedido
         por un médico.
      
      52.      En efecto, no se puede exigir razonablemente a cada Estado miembro que, a falta de signos particulares que se deduzcan del
         examen clínico habitual, sus autoridades competentes controlen sistemáticamente a cada solicitante, imponiéndole, entre otras
         obligaciones, que se someta a análisis de sangre para verificar que no se halla bajo la influencia de la droga o el alcohol.
         
      
      53.      En cambio, opino que debe hacerse un examen médico más detallado de las capacidades médicas para conducir cuando, por ejemplo,
         al margen del supuesto anterior, el titular del permiso de conducción haya provocado un accidente tras haber consumido drogas
         o alcohol y se le haya retirado el permiso por estos motivos, o cuando sea notorio o existan determinados comportamientos
         que permitan demostrar que dicha persona es verosímilmente dependiente de dichas sustancias. 
      
      54.      A mi juicio, visto el objetivo de mejorar la seguridad vial, éste es el sentido que el legislador comunitario ha querido dar
         a los puntos 14 y 15 del anexo III de la Directiva 91/439, a saber, evitar que personas que no son aptas para conducir, por
         ser consumidoras de sustancias peligrosas, puedan obtener el derecho a conducir.
      
      55.      Dicha Directiva, para cumplir los objetivos que se ha fijado, ha organizado un procedimiento de expedición del permiso de
         conducción común a todos los Estados miembros y ha reconocido a los permisos así expedidos el beneficio de la aplicación del
         principio de reconocimiento recíproco. (9)
      
      56.      No obstante, existe una atenuación de este reconocimiento recíproco. 
      
      57.      En efecto, el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 prevé que, cuando el titular de un permiso de conducción
         ha sido objeto de una medida de restricción, suspensión, retirada o anulación en el territorio de un Estado miembro, este
         último puede denegar a dicho titular el reconocimiento de la validez de cualquier permiso expedido por otro Estado miembro.
      
      58.      Esta disposición pretende alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad vial que establece la Directiva. Permite a un Estado
         miembro garantizar que las personas que no considera aptas para conducir, por ser peligrosas, no puedan valerse de un permiso
         expedido por otro Estado miembro.
      
      59.      Además, en la ampliación del principio de reconocimiento recíproco que establece, dicha Directiva también impone a los Estados
         miembros una obligación de cooperación leal que se manifiesta en particular en dos disposiciones particularmente claras contenidas,
         por un lado, en el artículo 2, apartado 2, y, por otro, en el artículo 12, apartado 3.
      
      60.      El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/439 establece que los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones pertinentes
         para evitar la falsificación de los permisos de conducción.
      
      61.      El artículo 12, apartado 3, de dicha Directiva impone a los Estados miembros prestarse ayuda mutua en la aplicación de las
         disposiciones de la mencionada Directiva, intercambiando, si es necesario, información sobre los permisos que hayan registrado.
         
      
      62.      El Tribunal de Justicia, preguntado en el pasado sobre diferentes cuestiones, y, en particular, sobre el principio de reconocimiento
         mutuo, ha tenido ocasión de desarrollar una jurisprudencia en la que precisa, en particular, el carácter obligatorio del reconocimiento
         recíproco, prohibiendo a los Estados miembros de acogida controlar el procedimiento del Estado de expedición.
      
      63.      En efecto, desde la sentencia Skanavi y Chryssanthakopoulos, (10) el Tribunal de Justicia declaró que el reconocimiento recíproco de los permisos de conducción no requiere de ninguna formalidad,
         lo que confirmó en las sentencias Awoyemi (11) y Comisión/Países Bajos. (12)
      
      64.      Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó en estas dos sentencias que la obligación de reconocimiento recíproco de los
         permisos de conducción, contenida en la Directiva 91/439 es una obligación clara e incondicional y que no deja margen de maniobra
         a los Estados en lo relativo a las medidas que deben adoptar para dar cumplimiento a la misma. (13)
      
      65.      La solución contraria tendría como consecuencia quebrar la necesaria confianza mutua entre los Estados miembros que postula
         el principio de reconocimiento recíproco. (14)
      
      66.      Sin embargo, los supuestos de los que hoy conoce el Tribunal de Justicia son completamente diferentes de aquéllos sobre los
         que ha tenido que pronunciarse hasta ahora.
      
      67.       Ciertamente, en la sentencia Kapper, antes citada, el Tribunal de Justicia admitió que no corresponde al Estado miembro de
         acogida comprobar que se cumplen todos los requisitos exigidos para la obtención de un permiso de conducción, en particular
         el requisito de la residencia normal del titular del permiso. Dicha comprobación incumbe únicamente al Estado miembro de expedición,
         el cual goza de competencia exclusiva para garantizar que los permisos de conducción se expiden respetando los requisitos
         exigidos. (15)
      
      68.      En relación con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Kapper,
         antes citada, que un Estado miembro no puede denegar indefinidamente el reconocimiento, a una persona que ha sido objeto en
         su territorio de una medida de retirada o de anulación de un permiso de conducción anterior expedido por dicho Estado, de
         la validez de cualquier permiso que dicha persona haya podido obtener en otro Estado miembro cuando ya ha finalizado el período
         de prohibición temporal para obtener un nuevo permiso. (16)
      
      69.      No obstante, procede señalar que en la sentencia Kapper, antes citada, el Estado miembro de acogida denegó el reconocimiento
         del permiso expedido por otro Estado miembro únicamente porque no se había cumplido el requisito de residencia, incluido en
         el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439.
      
      70.      En mi opinión, este requisito no se puede equiparar a un requisito relativo a la aptitud médica, como es el caso en los presentes
         asuntos. La residencia, sea en el territorio del Estado miembro de acogida o en el del Estado miembro de expedición, no influye
         de ningún modo sobre la seguridad de los usuarios de la carretera, contrariamente a un comportamiento peligroso, como el de
         los cinco interesados en los presentes asuntos.
      
      71.      En efecto, hoy se trata de decidir sobre supuestos en los que el titular de un permiso de conducción ha obtenido que un Estado
         miembro le expida un permiso de conducción sin tener en cuenta las normas establecidas por la Directiva, incumpliendo las
         medidas restrictivas del derecho a conducir adoptadas contra el titular por su dependencia respecto del alcohol o de las drogas.
      
      72.      El examen de los hechos de los litigios principales demuestra claramente la voluntad de fraude de los titulares de los permisos
         controvertidos.
      
      73.      En efecto, en primer lugar, como explica el Sr. Wiedemann en sus observaciones, parece que los interesados fueron a la República
         Checa porque sabían que en ese Estado no se exigía el examen médico-psicológico, requerido en Alemania para la expedición
         de un nuevo permiso de conducción, y que no tenían que precisar los motivos que habían llevado a que se les retirara el permiso
         alemán.
      
      74.      A este respecto, procede destacar que esta información es ampliamente conocida, dado que existen sitios de Internet que indican,
         en alemán, que dicho examen, llamado «Idiotentest», no se requiere para la expedición de un permiso de conducción en la República
         Checa. (17)
      
      75.      En segundo lugar, el Sr. Wiedemann explica que había comenzado las sesiones de grupo de trabajo para solucionar sus problemas
         vinculados a la droga, pero que, sin embargo, interrumpió dichas sesiones cuando se informó de que en la República Checa no
         se requería el examen médico-psicológico.
      
      76.      Todos estos elementos revelan que algunas disposiciones de la Directiva 91/439, que podían parecer subsidiarias cuando se
         respetaban las formalidades sustanciales que ésta establece para la expedición de un permiso de conducción, se convertían
         por el contrario en primordiales en un contexto de fraude, y que el hecho de haberlas eludido había sido el requisito indispensable
         de la comisión del fraude en cuestión.
      
      77.      De este modo, esto se predica de la disposición relativa a la competencia del Estado miembro de expedición, expresada en el
         artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439.
      
      78.      Dicho requisito de residencia de al menos seis meses en territorio del Estado miembro de expedición antes de obtener un permiso
         de conducción se considera indispensable para que se puedan llevar a cabo los exámenes médicos previstos por la Directiva,
         al igual que las solicitudes y los intercambios necesarios de información, con arreglo a las disposiciones del artículo 12,
         apartado 3, de esta Directiva.
      
      79.      Por estos motivos, la jurisprudencia Kapper, antes citada, no puede extrapolarse válidamente aquí, ya que las circunstancias
         de los casos de autos son completamente diferentes.
      
      80.      Por estos mismos motivos, en estos supuestos no se puede llevar a cabo la aplicación normal y tradicional del principio de
         reconocimiento recíproco.
      
      81.      En los mencionados supuestos, tal aplicación tendría como consecuencia facilitar o ratificar el fraude y reforzar de este
         modo la situación de riesgo potencial, atentando directamente contra el objetivo de la Directiva 91/439, expresado por ella
         misma, de reforzar la seguridad vial.
      
      82.      No sólo el Derecho, sino también el mero sentido común obligan en tal situación a considerar que el fraude hace desaparecer
         la confianza recíproca y a reconocer a los Estados miembros la facultad de controlar las condiciones en las que se obtuvo
         la expedición del permiso de conducción.
      
      83.      En efecto, para lograr el objetivo de seguridad, la naturaleza misma del dispositivo establecido por la Directiva 91/439 obliga
         a que, al menos en los ámbitos esenciales expresamente considerados por la Directiva, al reconocimiento recíproco de los permisos
         de conducción se corresponda el reconocimiento recíproco de las suspensiones o de las anulaciones de dichos permisos, u otras
         restricciones al derecho a conducir, impuestas por los motivos por los que dicha Directiva exige a los Estados miembros medidas
         idénticas de control de la aptitud para la conducción.
      
      84.      Esta modalidad complementaria de reconocimiento recíproco es, a mi juicio, una obligación que recae sobre los Estados miembros
         por efecto del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 91/439, que les impone adoptar todas las medidas necesarias para evitar
         los riesgos de falsificación de los permisos de conducción. En efecto, no veo por qué el concepto de falsificación cubriría
         únicamente la alteración material de un título administrativo.
      
      85.      Para no verse privado de sentido útil, este concepto debe entenderse en el sentido de que se refiere también a los supuestos
         en los que una persona poco escrupulosa logra que le expidan fraudulentamente un título administrativo que, con visos de autenticidad,
         le reconoce en apariencia un derecho del cual en realidad está privado. 
      
      86.      Esta obligación que recae sobre los Estados miembros entraña como consecuencia el intercambio de información establecido en
         el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 91/439, cuyas modalidades de realización corresponde poner en práctica a los Estados
         miembros.
      
      87.      A falta de ello, corresponde al legislador comunitario, en virtud del principio de subsidiariedad, desarrollar las modalidades
         de realización, que no deben ser más complicadas que la puesta en red, que ya han llevado a cabo determinados Estados miembros,
         de los ficheros que contienen los registros de antecedentes penales que, al menos, deben contener normalmente las informaciones
         necesarias relativas a las resoluciones judiciales sobre la restricción, la suspensión o la anulación del derecho a conducir.
      
      88.      No obstante, mientras dichas condiciones armonizadas no sean efectivas, pienso que, aunque sea por precaución, un Estado miembro,
         que pueda considerar objetivamente que las normas protectoras de terceros adoptadas por la Directiva 91/439 no han sido aplicadas,
         tiene derecho a controlar las condiciones de aplicación del principio de reconocimiento recíproco.
      
      89.      Éste es el caso, en particular, cuando la mera lectura del permiso de conducción muestra que no se ha cumplido el requisito
         de residencia efectiva mínima exigido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva y cuando el interesado había
         sido objeto, en el territorio del Estado miembro que ha efectuado el control, de una medida de retirada del permiso acompañada
         de una obligación de superar un examen médico-psicológico para la expedición de un nuevo permiso.
      
      90.      Pienso que, en estas circunstancias, el Estado miembro de control tiene derecho a dirigirse, en caso de duda, al Estado miembro
         de expedición para que decida, como sólo él puede hacerlo, sobre la validez del permiso que ha expedido.
      
      91.      En los presentes asuntos, corresponde al Estado miembro de expedición verificar si el titular del permiso de conducción ha
         sido objeto de un examen médico de un nivel comparable al del examen médico-psicológico, vistas las circunstancias que condujeron
         a la retirada del primer permiso y vista su peligrosidad para los demás usuarios de la carretera.
      
      92.      Si el Estado miembro de expedición ha realizado un examen comparable al requerido en el primer Estado miembro, por el que
         se controlan las capacidades médicas del titular del permiso de conducción y, en particular, su dependencia de las drogas
         y del alcohol, considero que el primer Estado miembro ha de reconocer el permiso de conducción expedido de este modo, en virtud
         del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439.
      
      93.      Por el contrario, si el Estado miembro de expedición comunica al primer Estado miembro que no tenía conocimiento de los antecedentes
         del titular de dicho permiso y que, de hecho, no se ha llevado a cabo ningún examen médico detallado que demuestre que el
         titular era de nuevo apto para la conducción, pienso que, con carácter excepcional, el primer Estado miembro, con arreglo
         al artículo 8, apartados 2 y 4, de dicha Directiva, está legitimado a denegar el reconocimiento de la validez de dicho permiso,
         teniendo en cuenta la notoria peligrosidad del titular en cuestión.
      
      94.      En mi opinión, la posibilidad de que las autoridades competentes controlen a un conductor que tiene un permiso expedido por
         otro Estado miembro y verifiquen, en su caso, la validez de dicho permiso ante las autoridades del Estado miembro de expedición
         no atenta contra el principio de reconocimiento recíproco.
      
      95.      Sólo sería de otro modo en el caso en que el Estado miembro que haya efectuado el control no reconociera de oficio el permiso
         de conducción o si dicho permiso no fuera reconocido como válido, aunque el control no revelara nada anormal.
      
      96.      La propia Comisión, en una recomendación puso énfasis, sobre el hecho de que el control, y en particular el control transfronterizo,
         es una manera importante y eficaz de prevenir y reducir los accidentes. (18)
      
      97.      A mi juicio, no reconocer esta posibilidad a un Estado miembro iría en contra del objetivo de la mejora de la seguridad vial
         al que aspira la Directiva 91/439 y que predica la Comisión. (19)
      
      98.      Además, la Comisión ha recordado que la inseguridad vial es la primera preocupación de los usuarios de la carretera y que,
         de todos los modos de transporte, el automóvil es con mucho el más peligroso y el que más vidas humanas cuesta. (20)
      
      99.      La Comisión precisa también que corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para alcanzar el objetivo
         fijado por el libro blanco, que es reducir a la mitad el número de muertos en carretera. (21)
      
      100. A este respecto, el caso del Sr. Wiedemann demuestra que no se ha podido descartar su peligrosidad, dado que menos de un mes
         después de haber obtenido su permiso de conducción checo, causó nuevamente un accidente en territorio alemán.
      
      101. Esta solución no me parece contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
      
      102. En efecto, he observado que en la sentencia Kapper, antes citada, sólo se discutía el requisito de residencia.
      
      103. También puede objetarse que en el auto Halbritter, antes citado, el Tribunal de Justicia admitió de nuevo que los Estados
         miembros no están autorizados para volver a comprobar el cumplimiento de los requisitos de expedición y que versaba sobre
         el requisito relativo a la aptitud médica. (22)
      
      104. No obstante, a diferencia de los presentes asuntos, las autoridades del Estado miembro de expedición en el asunto que dio
         lugar al auto Halbritter, antes citado, ya habían verificado las aptitudes médicas del titular del permiso de conducción al
         examinar precisamente si éste aún estaba bajo la influencia de las drogas. (23)
      
      105. Comoquiera que la verificación ya se había realizado y las autoridades austriacas habían considerado que el solicitante era
         médicamente apto para la conducción, la República Federal de Alemania ya no estaba legitimada para exigir un examen médico-psicológico
         al titular del permiso y, por tanto, para denegar el reconocimiento de dicho permiso.
      
      106. Por último, los hechos de los presentes asuntos difieren también de los del asunto Kremer (24) porque, en este último, la República Federal de Alemania había denegado de oficio el reconocimiento de un permiso de conducción
         expedido por el Reino de Bélgica, sin haber verificado previamente que el Reino de Bélgica había procedido a las comprobaciones
         necesarias de las aptitudes médicas.
      
      107. Además, el Verwaltungsgericht Sigmaringen pregunta al Tribunal de Justicia si, el Estado miembro de expedición mientras examina
         los requisitos de obtención del permiso de conducción, el Estado miembro en cuyo territorio el titular del permiso ha sido
         objeto de una medida de retirada de un primer permiso puede adoptar medidas provisionales para la suspensión del segundo permiso.
      
      108. En mi opinión, a la espera de la decisión del Estado miembro de expedición, el Estado miembro que ha efectuado el control
         puede válidamente retirar el permiso de conducción controvertido mediante una medida que adopta aquí un carácter de protección
         necesaria de terceros.
      
      109. En efecto, a mi juicio no es concebible que sea necesario esperar a un nuevo accidente o a la comisión de una nueva infracción
         para autorizar a actuar al Estado miembro que ha efectuado el control.
      
      110. Una postura diferente supondría en realidad negar toda política de prevención, de la que, sin embargo, sabemos que debe tener
         un papel preponderante en materia de seguridad vial. También podría sorprender legítimamente a la opinión pública y sembrar
         dudas sobre la eficacia y la utilidad de las medidas comunitarias. 
      
      111. Por todos estos motivos, considero que procede responder de la siguiente manera a las cuestiones planteadas.
      
      112. Cuando se haya retirado a una persona el permiso de conducción en un Estado miembro por conducir bajo los efectos del alcohol
         o de drogas y, teniendo en cuenta su peligrosidad, se supedite la expedición de un nuevo permiso de conducción a la superación
         de un examen médico-psicológico, dicho Estado miembro está facultado, con arreglo a los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados
         2 y 4, de la Directiva 91/439, para denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro
         Estado miembro, si no se ha realizado en el Estado miembro de expedición un examen comparable al requerido en el primer Estado.
      
      113. Por otro lado, los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 deben interpretarse en el sentido
         de que no se oponen a que un Estado miembro adopte medidas provisionales, como la suspensión del permiso de conducción, mientras
         el Estado miembro de expedición examina los requisitos de obtención de ese permiso, cuando el titular de dicho permiso presente
         un comportamiento potencialmente peligroso.
      
      V.      Conclusión
      114. A la luz de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones
         planteadas por el Verwaltungsgericht Sigmaringen y el Verwaltungsgericht Chemnitz:
      
      «Los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre
         el permiso de conducción, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento
         de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro cuando al titular de dicho permiso se le haya retirado
         un permiso de conducción en el primer Estado miembro por conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas, y, teniendo en
         cuenta su peligrosidad, se supedite la expedición de un nuevo permiso de conducción en dicho Estado miembro a la superación
         de un examen médico-psicológico y no se haya realizado en el Estado miembro de expedición un examen comparable al requerido
         en el primer Estado.
      
      Por otro lado, los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 deben interpretarse en el sentido
         de que no se oponen a que un Estado miembro adopte medidas provisionales, como la suspensión del permiso de conducción, mientras
         el Estado miembro de expedición examina los requisitos de obtención de ese permiso cuando el titular de dicho permiso presente
         un comportamiento potencialmente peligroso.»
      
      1 –	Lengua original: francés.
      
      2 –	Directiva de 29 de julio de 1991 sobre el permiso de conducción (DO L 237, p. 1).
      
      3 –	Véase el artículo 1 de dicha Directiva.
      
      4 –	Véase el cuarto considerando.
      
      5 –      Con arreglo al artículo 9, párrafo primero, de la Directiva 91/439, la residencia normal es el lugar en el que permanece una
         persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural. Si el titular del permiso cursa estudios
         en este Estado miembro, debe aportar prueba de que ha residido durante un período mínimo de 6 meses en el territorio de dicho
         Estado. 
      
      6 –	Artículo 11, apartados 2 y 3, de la FeV.
      
      7 –	Artículos 69 y 69 bis del Código penal alemán.
      
      8 –	Véanse los puntos 14, 14.1, párrafo primero, 15 y 15.1 del mencionado anexo III.
      
      9 –	Véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439.
      
      10 –	Sentencia de 29 de febrero de 1996 (C‑193/94, Rec. p. I‑929), apartado 26.
      
      11 –	Sentencia de 29 de octubre de 1998 (C‑230/97, Rec. p. I‑6781), apartado 41.
      
      12 –	Sentencia de 10 de julio de 2003 (C‑246/00, Rec. p. I‑7485), apartado 60.
      
      13 –	Véanse las sentencias, antes citadas, Awoyemi (apartado 42), y Comisión/Países Bajos (apartado 61).
      
      14 –	Véanse los puntos 35 a 40 de las conclusiones del Abogado General Sr. Léger en el asunto Kapper (sentencia de 29 de abril
         de 2004, C‑476/01, Rec. p. I‑5205).
      
      15 –	Apartados 46 a 48 y jurisprudencia citada.
      
      16 –	Véase la sentencia Kapper, antes citada (apartado 76), y el auto de 6 de abril de 2006, Halbritter (C‑227/05, no publicado
         en la Recopilación), apartado 37.
      
      17 –	Véase, en particular, el sitio www.fahrschulvermittlung.com.
      
      18 –	Véase la Recomendación de la Comisión, de 6 de abril de 2004, sobre la aplicación de las normas de seguridad vial (DO L 111,
         p. 75).
      
      19 –	Véase el Libro blanco de la Comisión, de 12 de septiembre de 2001, titulado «La política Europea de transportes de cara
         al 2010: la hora de la verdad» [COM(2001) 370 final]. Recuérdese la publicación de la Comisión «Salvar 20.000 vidas en nuestras
         carreteras. Una responsabilidad compartida» disponible en el sitio http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/rsap/rsap_fr.pdf,
         en el marco del programa de acción europeo de seguridad vial – Reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico
         en la Unión Europea de aquí a 2010: una responsabilidad compartida [COM(2003) 311 final].
      
      20 –	Véase el libro blanco, op. cit. (p. 70).
      
      21 –	Ibidem (p. 73).
      
      22 –	Véase el apartado 34 de dicho auto.
      
      23 –	Véase el apartado 31 del mismo auto.
      
      24 –	Auto de 28 de septiembre de 2006 (C‑340/05, no publicado en la Recopilación).