CELEX: 32021D0430
Language: es
Date: 2021-03-05 00:00:00
Title: Decisión (UE) 2021/430 del Consejo de 5 de marzo de 2021 sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en relación con la Declaración de Kioto «Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030» en el 14.o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará del 7 al 12 de marzo de 2021 en Kioto (Japón)

12.3.2021   
               
               
                  ES
               
               
                  Diario Oficial de la Unión Europea
               
               
                  L 86/2
               
            
         DECISIÓN (UE) 2021/430 DEL CONSEJO
         de 5 de marzo de 2021
         sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en relación con la Declaración de Kioto «Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030» en el 14.o Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, que se celebrará del 7 al 12 de marzo de 2021 en Kioto (Japón)
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 82, apartado 1, su artículo 83, apartado 1, y su artículo 84, en relación con su artículo 218, apartado 9,
         Vista la propuesta de la Comisión Europea,
         Considerando lo siguiente:
         
                     (1)
                  
                  
                     El 14.° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (en lo sucesivo, «Congreso») se celebrará en Kioto (Japón) del 7 al 12 de marzo de 2021. La principal contribución del Congreso de Kioto de 2021 será la Declaración de Kioto «Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030» (en lo sucesivo, «Declaración de Kioto»). La Declaración de Kioto se aprobará en el Congreso.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La Declaración de Kioto fija el marco de la política de prevención de la delincuencia y la política de justicia penal de las Naciones Unidas para los próximos cinco años. Deja patente el vínculo entre la política de desarrollo, por una parte, y el Estado de Derecho y la necesidad de adoptar medidas efectivas de lucha contra la corrupción, por otra, así como la importancia de promover la prevención de los delitos, recurriendo, entre otros instrumentos, a métodos basados en pruebas, impulsar los sistemas de justicia penal e intensificar la cooperación internacional y la asistencia técnica para prevenir y abordar todas las formas de delincuencia, incluido el terrorismo y las formas emergentes de delincuencia, como las que tienen repercusiones medioambientales.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     La Unión ha venido siendo uno de los socios más destacados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y financia diversas iniciativas para prevenir y combatir la delincuencia, como la Plataforma de Aprendizaje para la Lucha contra el Terrorismo (CTLP), creada en abril de 2020. A mayor escala, la asociación operativa entre la Unión y la UNODC ha cristalizado a lo largo de los años en la financiación de distintos proyectos.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     La Unión ha ejercido las competencias que le confieren el artículo 82, apartado 1, y el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionaniento de la Unión Europea (TFUE) para legislar en estos ámbitos, con el fin de lograr de manera más eficaz el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante la adopción de las Directivas 2011/36/UE (1), 2011/93/UE (2), 2013/40/UE (3), 2014/42/UE (4), (UE) 2017/541 (5), (UE) 2018/1673 (6) y (UE) 2019/713 (7) del Parlamento Europeo y del Consejo.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     El artículo 82, apartado 1, y el artículo 83, apartado 1, del TFUE constituyen, por tanto, la base jurídica en virtud de la cual la Unión y sus Estados miembros pueden adoptar nuevas medidas para dar seguimiento al Congreso, en cumplimiento del compromiso que se contrajo con la Declaración de Doha y que se renovará con la Declaración de Kioto, en consonancia con la Resolución 72/192 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     El artículo 218, apartado 9, del TFUE constituye la base jurídica procedimental de la Decisión del Consejo relativa a la posición de la Unión en relación con la Declaración de Kioto. Según dicha disposición, el Consejo debe adoptar, a propuesta de la Comisión, una decisión que establezca las posiciones que deban adoptarse, en nombre de Unión, en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     La Unión y sus Estados miembros aspiran a liderar el combate internacional contra la delincuencia. La urgente necesidad de hacer frente a los delitos transfronterizos se ha hecho más patente durante la pandemia de COVID-19. Los delincuentes y las bandas delictivas organizadas de todo el mundo han explotado la pandemia de COVID-19, lo que ha demostrado que la coordinación y la cooperación, tanto en materia de prevención como de impartición de la justicia, revisten una importancia capital.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Los retos que actualmente afectan a la prevención de la delincuencia y la aplicación de la justicia penal plantean riesgos para la seguridad interior de la Unión, aunque su alcance va mucho más allá de la Unión. La posición que debe adoptarse en Kioto y los resultados del Congreso constituirán una oportunidad única para que la Unión y sus Estados miembros afinen sus políticas y puedan colaborar mejor a nivel internacional, liderando el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en relación con la Declaración de Kioto, habida cuenta de que esta influirá en el nuevo programa mundial de la UNODC y podrá incidir de manera determinante en el contenido del Derecho de la Unión, concretamente en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     La Declaración de Kioto reforzará el marco jurídico internacional vigente y constituirá la base para nuevas acciones de lucha a escala de la Unión contra diversos ámbitos de delincuencia. Por lo tanto, procede aprobar la adopción de la Declaración de Kioto en el Congreso.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     La posición de la Unión ha de ser expresada conjuntamente por aquellos de sus Estados miembros que participen en el Congreso. En cumplimiento del deber de cooperación leal, los Estados miembros de la Unión deben defender dicha posición en las fases posteriores de la aprobación de la Declaración de Kioto.
                  
               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
         
            Artículo 1
            La posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión, en el 14.° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (en lo sucesivo, «Congreso») que se celebrará en Kioto (Japón) del 7 al 12 de marzo de 2021 consistirá en aprobar la adopción de la Declaración de Kioto «Promoción de la prevención del delito, la justicia penal y el estado de Derecho: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030» («Declaración de Kioto»). El proyecto de la Declaración de Kioto se adjunta a la presente Decisión.
         
         
            Artículo 2
            Aquellos Estados miembros de la Unión que participen en el Congreso expresarán conjuntamente la posición a que se refiere el artículo 1.
         
         
            Artículo 3
            Los representantes de la Unión podrán acordar ligeras modificaciones de la Declaración de Kioto sin necesidad de una nueva decisión del Consejo.
         
         
            Artículo 4
            Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
         
         
            Hecho en Bruselas, el 5 de marzo de 2021.
            
               
                  Por el Consejo
               
               
                  La Presidenta
               
               A. P. ZACARIAS
            
         
         
            (1)  Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).
         
            (2)  Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
         
            (3)  Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8).
         
            (4)  Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
         
            (5)  Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).
         
            (6)  Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (DO L 284 de 12.11.2018, p. 22).
         
            (7)  Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo (DO L 123 de 10.5.2019, p. 18).