CELEX: 62008CJ0280
Language: es
Date: 2010-10-14 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de octubre de 2010.#Deutsche Telekom AG contra Comisión Europea.#Recurso de casación - Competencia - Artículo 82 CE - Mercados de servicios de telecomunicaciones - Acceso a la red fija del operador histórico - Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores - Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados - Prácticas tarifarias de una empresa dominante - Compresión de márgenes de los competidores - Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional - Margen de maniobra de la empresa dominante - Imputabilidad de la infracción - Concepto de "abuso" - Criterio del competidor igual de eficiente - Cálculo de la compresión de márgenes - Efectos del abuso - Importe de la multa.#Asunto C-280/08 P.

Asunto C‑280/08 P
      Deutsche Telekom AG
      contra
      Comisión Europea
      «Recurso de casación — Competencia — Artículo 82 CE — Mercados de servicios de telecomunicaciones — Acceso a la red fija del operador histórico — Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores — Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados — Prácticas tarifarias de una empresa dominante — Compresión de márgenes de los competidores — Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional — Margen de maniobra de la empresa dominante — Imputabilidad de la infracción — Concepto de “abuso” — Criterio del competidor igual de eficiente — Cálculo de la compresión de márgenes — Efectos del abuso — Importe de la multa»
      Sumario de la sentencia
      1.        Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal General — Inadmisibilidad
            — Impugnación de la interpretación o de la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal General — Admisibilidad
      [Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112,
            ap. 1, letra c)]
      2.        Recurso de casación — Motivos — Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación — Inadmisibilidad
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)
      3.        Recurso por incumplimiento — Derecho de la Comisión a recurrir en vía jurisdiccional — Ejercicio discrecional
      (Arts. 81 CE, 82 CE y 226 CE)
      4.        Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones
            prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Decisión de la Comisión que declara que existe
            abuso a pesar de la aprobación de las tarifas por la autoridad reguladora nacional — Imputabilidad de la infracción
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      5.        Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Admisibilidad
      (Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)
      6.        Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada o por negligencia — Concepto — Compresión de márgenes
            originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio en el mercado de los servicios mayoristas y en posición
            cuasi monopolística en el mercado de los servicios minoristas
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2, párr. 1)
      7.        Actos de las instituciones — Obligación de motivación — Objeto — Alcance
      (Art. 253 CE)
      8.        Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones
            prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Diferencia negativa o insuficiente entre las
            tarifas para los competidores y las tarifas minoristas
      (Art. 82 CE)
      9.        Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Concepto
      (Art. 82 CE)
      10.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones
            prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible — Cálculo de la compresión de márgenes de los
            competidores
      (Art. 82 CE)
      11.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Igualdad de oportunidades — Inexistencia
            — Toma en consideración de los ingresos procedentes de la prestación de otros servicios de telecomunicaciones — Exclusión
      (Art. 82 CE)
      12.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Comportamientos que tienen un efecto restrictivo sobre la competencia
      (Art. 82 CE)
      13.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Infracción grave — Compresión de
            márgenes originada por las tarifas de una empresa en posición de monopolio — Circunstancias atenuantes
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1, parte A, párr. 2)
      14.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultades de la Comisión — Modificación de la práctica anterior — Violación
            del principio de no discriminación — Inexistencia
      (Reglamento nº 17 del Consejo)
      1.        De los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos
         impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica
         esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente
         a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a reproducir los motivos y alegaciones
         ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener
         un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.
      
      No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal
         General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de
         casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el
         Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.
      
      (véanse los apartados 24 y 25)
      2.        El recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia,
         en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los
         motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante
         el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General ya que ello equivaldría a permitirle plantear
         al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel
         del que conoció el Tribunal General.
      
      (véanse los apartados 34, 42, y 49)
      3.        Le corresponde a cada uno de los Estados miembros adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar
         el cumplimiento por las autoridades reguladoras nacionales de las obligaciones que se les imponen de conformidad con el Derecho
         de la Unión. Los artículos 81 CE y 82 CE, en relación con el artículo 10 CE, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni
         mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias, que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia
         aplicables a las empresas.
      
      No obstante, respecto a la posibilidad de la Comisión de interponer un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro,
         dado que la sentencia recurrida objeto de un recurso de casación se refiere únicamente a la legalidad de una decisión adoptada
         por la Comisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a una empresa recurrente, el Tribunal de Justicia debe, en el marco
         del recurso de casación, limitarse a comprobar si las alegaciones formuladas en apoyo de éste muestran que el examen por el
         Tribunal General de la legalidad de tal decisión adolece de errores de Derecho, y ello con independencia de si la Comisión
         hubiera podido, paralela o alternativamente, adoptar una decisión de infracción del Derecho de la Unión frente al Estado miembro
         en cuestión.
      
      Por ello, aunque no puede descartarse que las autoridades reguladoras nacionales hayan infringido el Derecho de la Unión y
         aunque la Comisión hubiera podido elegir interponer a ese respecto un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE
         contra el Estado miembro, tales eventualidades carecen de pertinencia en la fase del recurso de casación. En el sistema establecido
         por el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar un recurso por incumplimiento y no corresponde
         a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si el ejercicio de dicha facultad es o no oportuno.
      
      (véanse los apartados 45 a 47)
      4.        Únicamente si una legislación nacional impone a las empresas un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco
         jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican
         los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones,
         a comportamientos autónomos de las empresas. 
      
      Por el contrario, cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una
         competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas. El Tribunal
         de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación de los artículos
         81 CE y 82 CE, un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la normativa nacional vigente lo exigía a las
         empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por su parte. Si
         una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia,
         éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE. Incumbe, en efecto, a las empresas dominantes una responsabilidad especial
         de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común
      
      A este respecto, el mero hecho de que se hubiese incitado a una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones,
         mediante las intervenciones de una autoridad reguladora nacional como la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos,
         a seguir aplicando sus prácticas tarifarias que conducen a la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de
         eficientes que ella no puede, como tal, eliminar en absoluto su responsabilidad con arreglo al articulo 82 CE.
      
      En efecto, dado que, pese a tales intervenciones, la empresa disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes le resulta imputable. El carácter culposo o no del comportamiento
         consistente en no utilizar dicho margen de maniobra no desvirtúa la apreciación de que la recurrente disponía de margen de
         maniobra para adoptarla, sino que únicamente puede tenerse en cuenta al determinar el carácter ilícito de dicho comportamiento
         así como en la fase de la fijación del importe de las multas.
      
      (véanse los apartados 80 a 85, 88 y 89)
      5.        La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es insuficiente constituye una cuestión de Derecho que
         como tal puede ser alegada en el marco de un recurso de casación.
      
      (véase el apartado 123)
      6.        Respecto a la cuestión de si las infracciones a las reglas de competencia se cometieron deliberadamente o por negligencia
         y, por tanto, pueden sancionarse con una multa de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17, esta condición se cumple cuando una empresa no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia,
         tuviera o no conciencia de infringir las reglas de competencia del Tratado.
      
      Éste es el caso de una empresa en el sector de las telecomunicaciones que no podía ignorar, por una parte, que, a pesar de
         las decisiones de autorización de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos, disponía de un margen real de maniobra
         para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y que, por otra parte, la compresión de márgenes
         provocaba graves restricciones de la competencia, habida cuenta de su posición monopolística en el mercado mayorista de los
         servicios de acceso al bucle local y de su posición cuasi monopolística en el mercado minorista de los servicios de acceso
         para abonados.
      
      (véanse los apartados 124 y 125)
      7.        La obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de
         la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto
         al fondo. Desde este punto de vista, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto
         de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de
         manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer
         su control.
      
      La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto,
         la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente
         por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de
         Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del citado artículo
         253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de
         normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.
      
      (véanse los apartados 130 y 131)
      8.        El artículo 82 CE, párrafo segundo, letra a), prohíbe expresamente a una empresa en posición dominante imponer directa o indirectamente
         precios no equitativos y, en particular, llevar a cabo prácticas tarifarias que provoquen la expulsión de sus competidores
         igual de eficientes que ella, actuales o potenciales, es decir prácticas que pueden, tanto dificultar o imposibilitar el acceso
         al mercado de éstos, como dificultar o imposibilitar la elección, para sus otras partes contratantes, entre varias fuentes
         de aprovisionamiento o socios comerciales, reforzando de ese modo su posición dominante, recurriendo a medios distintos de
         los que rigen una competencia basada en los méritos. En esta perspectiva, toda competencia en los precios no puede considerarse,
         por tanto, legítima.
      
      En la medida en que una empresa en posición dominante en el sector de las telecomunicaciones dispone de margen de maniobra
         para reducir o eliminar una compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, mediante
         la modificación de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, esta compresión de márgenes, habida cuenta
         del efecto de expulsión que puede provocar para los citados competidores, puede constituir, en sí misma, un abuso en el sentido
         del artículo 82 CE.
      
      El citado artículo 82 CE pretende, en particular, la protección de los consumidores mediante una competencia no falseada.
         A este respecto, carece de pertinencia que la empresa dominante deba aumentar sus precios para eliminar el abuso.
      
      Tal compresión de márgenes, al reducir aún más el grado de competencia existente en un mercado, el de los servicios de acceso
         para abonados, ya debilitado debido precisamente a la presencia de la citada empresa, y reforzando así la posición dominante
         que ésta tiene en dicho mercado, provoca también que los consumidores sufran un perjuicio como consecuencia de la limitación
         de sus posibilidades de elección y, por tanto, de la perspectiva de una reducción, a más largo plazo, de los precios minoristas
         debido a la competencia ejercida por competidores al menos igual de eficientes que ella en el citado mercado.
      
      El Tribunal no necesita acreditar que los precios mayoristas de los servicios de acceso al bucle local o de los precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados fueran en sí mismos abusivos debido, según los casos, a su carácter excesivo o predatorio.
      
      (véanse los apartados 172, 177 y 180 a 183)
      9.        Para evaluar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante pueden eliminar a un competidor infringiendo el artículo
         82 CE, hay que utilizar un criterio basado en los costes y la estrategia de la empresa dominante. A este respecto, una empresa
         dominante no puede eliminar del mercado a empresas que quizás sean tan eficientes como ellas, pero que, debido a su inferior
         capacidad económica, son incapaces de resistir la competencia que se les hace.
      
      En una situación en la que el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante resulta de su efecto de
         expulsión de los competidores de ésta, procede fundamentar el análisis relativo al citado carácter abusivo únicamente por
         referencia a las tarifas y a los costes de la empresa dominante. En efecto, tal criterio permite comprobar si una empresa
         dominante en el sector de las telecomunicaciones habría podido ella misma ofrecer sus servicios minoristas a los abonados
         sin pérdidas, si se le hubiera obligado previamente a pagar sus propios precios mayoristas por los servicios de acceso al
         bucle local. Este criterio es por consiguiente adecuado para determinar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante
         provocan la expulsión de los competidores por la compresión de sus márgenes.
      
      Dicho enfoque se justifica aún más, en tanto en cuanto se ajusta también al principio general de seguridad jurídica, dado
         que la toma en consideración de los costes de la empresa dominante permite a ésta, habida cuenta de la responsabilidad particular
         que le incumbe con arreglo al artículo 82 CE, apreciar la legalidad de sus propios comportamientos. En efecto, si bien una
         empresa dominante conoce sus propios costes y tarifas, no conoce en principio los de sus competidores.
      
      Dichas afirmaciones no pueden refutarse por la circunstancia de que los competidores de la empresa dominante estén sometidos
         a condiciones jurídicas y materiales menos gravosas para prestar sus servicios de telecomunicaciones a los abonados. En efecto,
         tal circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no afecta ni al hecho de que una empresa dominante, no puede llevar a cabo
         prácticas tarifarias que expulsen del mercado de referencia a competidores al menos igual de eficientes que ella, ni al hecho
         de que tal empresa deba, habida cuenta de su responsabilidad particular con arreglo al artículo 82 CE, poder determinar ella
         misma si sus prácticas tarifarias son conformes a dicha disposición.
      
      (véanse los apartados 198 a 203)
      10.      Aun cuando desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de comunicaciones puedan efectivamente constituir
         un conjunto, la Comisión está legitimada para examinar la existencia de una compresión de márgenes únicamente a nivel de los
         servicios de acceso sin incluir los servicios de comunicaciones a la luz de los principios del reajuste tarifario y de la
         igualdad de oportunidades. 
      
      A este respecto, el Tribunal General no incurre en un error de Derecho al tener en cuenta el principio del reajuste tarifario,
         que se desprende de la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones, para examinar la procedencia de la aplicación,
         por la Comisión, del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias abusivas de una empresa dominante. En efecto, dado que la normativa
         relativa al sector de las telecomunicaciones define el marco jurídico aplicable a éste y que, de este modo, contribuye a determinar
         las condiciones de competencia en las que una empresa dominante ejerce sus actividades en los mercados de referencia, constituye
         un elemento pertinente para la aplicación del artículo 82 CE a los comportamientos adoptados por dicha empresa, ya sea para
         definir los mercados de referencia, para apreciar el carácter abusivo de tales comportamientos o incluso para fijar el importe
         de las multas.
      
      Dicha consideración no se desvirtúa por el hecho de que el principio del reajuste tarifario únicamente se le aplique a la
         empresa dominante y no a sus competidores. Dado que el Tribunal, para determinar el carácter abusivo, a la luz del artículo
         82 CE, de las prácticas tarifarias de la citada empresa dominante, se basó en la situación y los costes de ésta, de conformidad
         con el criterio del competidor igual de eficiente.
      
      En consecuencia, al haber declarado el Tribunal General que el reajuste tarifario pretendido por la normativa de la Unión
         relativa al sector de las telecomunicaciones debía traducirse, en una bajada de las tarifas de las comunicaciones nacionales
         e internacionales y en un subida del abono mensual y del precio de las comunicaciones locales, de ello podía deducir legalmente,
         que la toma en consideración diferenciada de los precios minoristas por los servicios de acceso y de los precios minoristas
         por los servicios de comunicaciones para la determinación del carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la empresa dominante
         se contiene en el principio del reajuste tarifario.
      
      (véanse los apartados 221, y 223 a 226)
      11.      Un sistema de competencia no falseada, tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes
         agentes económicos.
      
      Ello implica que una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones y sus competidores al menos igual de eficientes
         que ella se sitúen en pié de igualdad en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. Esta condición no
         se cumple si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local pagados a la empresa dominante sólo pueden
         repercutirse en sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados ofreciendo éstos incurriendo en pérdidas.
         
      
      En efecto, dado que, por una parte, el mercado minorista por los servicios de acceso para abonados constituye un mercado distinto
         y que, por otra parte, los servicios de acceso al bucle local son indispensables para los competidores al menos igual de eficientes
         que ella misma para entrar a competir en dicho mercado con una empresa que, tiene en el mismo una posición dominante resultante
         ampliamente del monopolio legal del que disfrutaba antes de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el establecimiento
         de un sistema de competencia no falseada exige que dicha empresa dominante no pueda, mediante sus prácticas tarifarias en
         el referido mercado minorista, infligir, de entrada, a sus competidores al menos igual de eficientes que ella una desventaja
         competitiva en éste que pueda impedir o restringir su acceso a tal mercado o el desarrollo de sus actividades en éste.
      
      Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, la eventual prestación por dichos competidores de otros servicios de telecomunicaciones
         a los abonados a través de la red fija de la empresa dominante exige además la adquisición de servicios mayoristas de acceso
         al bucle local a ésta, esta desventaja competitiva en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados se repercute
         necesariamente, en los mercados de esos otros servicios de telecomunicaciones. No obstante, esta última circunstancia no implica
         que los ingresos procedentes de esos otros servicios de telecomunicaciones deban tenerse en cuenta para examinar si los competidores
         al menos igual de eficientes que la empresa dominante se encuentran en una situación de desigualdad en las condiciones de
         competencia en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados. En efecto, esos otros servicios de telecomunicaciones
         están comprendidos en mercados distintos a este último mercado.
      
      Por ello, procede observar que las prácticas tarifarias de la empresa dominante en el mercado minorista de los servicios de
         acceso para abonados colocan de entrada a sus competidores al menos igual de eficientes en una posición desigual en relación
         con ella misma en ese mismo mercado, lo que provoca una compresión de los márgenes de los citados competidores por lo que
         respecta a los servicios de acceso.
      
      (véanse los apartados 230, 233 a 236 y 240)
      12.      Al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado, en la medida en que pueda afectar al comercio
         entre los Estados miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que,
         tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre
         la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado
         o su desarrollo. De ello se deduce que la existencia de una práctica tarifaria de una empresa dominante que provoca la compresión
         de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella constituye una práctica abusiva en el sentido del artículo
         82 CE, únicamente si se aporta la prueba de un efecto contrario a la competencia.
      
      Respecto a las prácticas tarifarias de una empresa dominante en el sector de las telecomunicaciones que provoquen la compresión
         de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes que ella, el efecto contrario a la competencia que la Comisión
         está obligada a demostrar se refiere a los eventuales obstáculos que las citadas prácticas tarifarias hayan podido ocasionar
         en el desarrollo de la oferta en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados y, por tanto, en el grado de
         competencia en dicho mercado. Tal práctica es abusiva en el sentido del artículo 82 CE, dado que, provocando la expulsión
         de competidores de la empresa dominante al menos igual de eficientes que ella, la citada práctica puede dificultar o imposibilitar
         el acceso al mercado de referencia a dichos competidores y reforzar de ese modo su posición dominante en éste, en detrimento
         de los intereses de los consumidores.
      
      Cuando una empresa dominante aplica una práctica tarifaria que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos
         igual de eficientes que ella y cuyo objeto es expulsar a éstos del mercado de referencia, la circunstancia de que el resultado
         buscado no se alcance, en definitiva, no descarta la calificación de abuso en el sentido del artículo 82 CE. No obstante,
         a falta del menor efecto sobre la situación competitiva de los competidores, una práctica tarifaria de este tipo no puede
         calificarse de práctica de expulsión cuando la entrada de éstos al mercado no se dificulta en absoluto por dicha práctica.
      
      (véanse los apartados 251 a 254)
      13.      La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al método de cálculo de las multas. Este método,
         delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17 y del artículo 65 del Tratado CECA, contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad
         de apreciación respetando las citadas disposiciones. Corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal General
         ha apreciado correctamente el ejercicio, por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.
      
      La gravedad de las infracciones al Derecho de la Unión relativo a la competencia debe determinarse en función de un gran número
         de factores, tales como, en particular, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de
         las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.
         Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de la
         empresa de que se trate, el papel desempeñado por ella en el establecimiento de la práctica en cuestión, el beneficio que
         ha podido obtener de dicha práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones
         de este tipo representan para los objetivos de la Unión.
      
      (véanse los apartados 271 a 274)
      14.      El hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede
         privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta
         necesario para garantizar la aplicación de la política de la Unión relativa a la competencia. La aplicación eficaz de las
         normas de la Unión sobre la competencia exige, en efecto, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas
         a las necesidades de esta política.
      
      (véase el apartado 294)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 14 de octubre de 2010 (*)
      
      
      Índice
      
      I.     Antecedentes del litigio
      II.   Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida
      III. Pretensiones de las partes
      IV.   Sobre el recurso de casación
      A.     Sobre la admisibilidad
      B.     Sobre el fondo
      1.     Observaciones preliminares
      2.     Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho en relación con el tratamiento de la regulación de las actividades de
         la recurrente por la RegTP en su condición de autoridad reguladora nacional competente
      
      a)     Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a la imputabilidad de la infracción
      i)     Sentencia recurrida
      ii)   Alegaciones de las partes
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia
      b)     Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa al principio de protección de la confianza legítima
      i)     Sentencia recurrida
      ii)   Alegaciones de las partes
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia
      c)     Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa al carácter deliberado o por negligencia de la infracción del artículo 82 CE
      i)     Sentencia recurrida
      ii)   Alegaciones de las partes
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia
      d)     Conclusión sobre el primer motivo
      3.     Sobre el segundo motivo, basado en errores de Derecho en la aplicación del artículo 82 CE
      a)     Sentencia recurrida
      b)     Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la pertinencia del criterio de la compresión de márgenes para establecer
         un abuso en el sentido del artículo 82 CE
      
      i)     Alegaciones de las partes
      ii)   Apreciación del Tribunal de Justicia
      c)     Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa al carácter adecuado del método de cálculo de la compresión de márgenes
      i)     Sobre la alegación basada en la aplicación errónea del criterio del competidor igual de eficiente
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Justicia
      ii)   Sobre la alegación basada en un error de Derecho en tanto los servicios de comunicaciones y los demás servicios de telecomunicaciones
         no fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la compresión de márgenes
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Justicia
      d)     Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa a los efectos de la compresión de márgenes
      i)     Alegaciones de las partes
      ii)   Apreciación del Tribunal de Justicia
      e)     Conclusión sobre el segundo motivo
      4.     Sobre el tercer motivo, basado en errores de Derecho en el cálculo de las multas debido a la falta de toma en consideración
         de la regulación tarifaria
      
      a)     Sentencia recurrida
      b)     Alegaciones de las partes
      i)     Sobre la primera parte del tercer motivo, relativa al carácter grave de la infracción
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Justicia
      ii)   Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la falta de toma en consideración apropiada de la regulación tarifaria
         como circunstancia atenuante
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Justicia
      iii) Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la imposición de una multa simbólica
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Justicia
      c)     Conclusión sobre el tercer motivo
      Costas
      «Recurso de casación – Competencia – Artículo 82 CE – Mercados de servicios de telecomunicaciones – Acceso a la red fija del operador histórico – Precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local prestados a los competidores – Precios minoristas por los servicios de acceso prestados a los abonados – Prácticas tarifarias de una empresa dominante – Compresión de márgenes de los competidores – Precios aprobados por la autoridad reguladora nacional – Margen de maniobra de la empresa dominante – Imputabilidad de la infracción – Concepto de “abuso” – Criterio del competidor igual de eficiente – Cálculo de la compresión de márgenes – Efectos del abuso – Importe de la multa»
      En el asunto C‑280/08 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 23 de junio de 2008,
      
      Deutsche Telekom AG, con domicilio social en Bonn (Alemania), representada por los Sres. U. Quack, S. Ohlhoff y M. Hutschneider, Rechtsanwälte,
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Comisión Europea, representada por la Sra. K. Mojzesowicz, y los Sres. W. Mölls y O. Weber, en calidad de agentes, que designa domicilio en
         Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      Vodafone AG & Co. KG, anteriormente Arcor AG & Co. KG, con domicilio social en Eschborn (Alemania), representada por el Sr. M. Klusmann, Rechtsanwalt,
      
      Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice y TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation
         Bergisches Land mbH, con domicilio social en Essen (Alemania),
      
      EWE TEL GmbH, con domicilio social en Oldemburgo (Alemania),
      
      HanseNet Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),
      
      Versatel Nord GmbH, anteriormente Versatel Nord‑Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste
         mbH, con domicilio social en Flensburgo (Alemania),
      
      NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con domicilio social en Colonia (Alemania),
      
      Versatel Süd GmbH, anteriormente Versatel Süd‑Deutschland GmbH, anteriormente tesion Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Stuttgart
         (Alemania),
      
      Versatel West GmbH, anteriormente Versatel West‑Deutschland GmbH, anteriormente Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, con domicilio social en Dortmund
         (Alemania),
      
      representadas por el Sr. N. Nolte, Rechtsanwalt,
      partes coadyuvantes en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Presidente de Sala, y los Sres. A. Arabadjiev, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente)
         y la Sra. P. Lindh, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de noviembre de 2009;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de abril de 2010;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, Deutsche Telekom AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de las Comunidades Europeas de 10 abril de 2008, Deutsche Telekom/Comisión (T‑271/03, Rec. p. II‑477; en lo sucesivo, sentencia
         recurrida»), mediante la cual éste desestimó su recurso de anulación de la Decisión 2003/707/CE de la Comisión, de 21 de mayo
         de 2003, en un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE (Asuntos COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche
         Telekom AG), (DO L 263, p. 9; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
      
      I.      Antecedentes del litigio
      2        El Tribunal expuso los hechos que originaron el presente litigio de la siguiente manera en los apartados 1 a 24 de la sentencia
         recurrida: 
      
      «1      La demandante, Deutsche Telekom AG, es el operador de telecomunicaciones histórico en Alemania. […]
      2      La demandante explota la red telefónica alemana. Antes de la liberalización total del mercado de las telecomunicaciones, ejercía
         un monopolio legal sobre la prestación de servicios de telecomunicación a los abonados a la red fija. La Telekommunikationsgesetz
         (Ley alemana de telecomunicaciones; en lo sucesivo, “TKG”), de 25 de julio de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1120), desde su entrada
         en vigor el 1 de agosto de 1996 liberalizó en Alemania el mercado de puesta a disposición de infraestructuras y el mercado
         de prestación de servicios de telecomunicación. Desde entonces, la demandante compite en estos dos mercados, en distintos
         grados, con otros operadores.
      
      3      Cada una de las redes locales de la demandante contiene varios bucles locales hacia los abonados. La expresión “bucle local”
         designa al circuito físico que conecta el extremo de la red en las dependencias del abonado a la red de distribución principal
         o a cualquier otra instalación equivalente de la red pública de telefonía fija.
      
      4      La demandante da acceso a sus bucles locales tanto a otros operadores de telecomunicaciones como a los abonados. Por lo que
         respecta a los servicios de acceso y a las tarifas de la demandante, procede distinguir entre los servicios de acceso a la
         red local prestados por la demandante a sus competidores (en lo sucesivo, “servicios mayoristas [de acceso al bucle local]”)
         y los servicios de acceso a la red local prestados por la demandante a [los] abonados (en lo sucesivo, “servicios de acceso
         para abonados”). 
      
      I. Servicios mayoristas [de acceso al bucle local]
      5      La Resolución nº 223 a del Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones […], de 28 de mayo de 1997, obligaba a la demandante,
         a partir de junio de 1997, a permitir a sus competidores un acceso completamente desagregado a los bucles locales. 
      
      6      La tarifa mayorista [por los servicios de acceso al bucle local] de la demandante está compuesta por dos elementos, a saber,
         un abono mensual, por una parte, y una cuota inicial, por otra parte. […]
      
      7      De acuerdo con el artículo 25, apartado 1, de la TKG, la tarifa mayorista [por los servicios de acceso al bucle local] de
         la demandante debe ser previamente aprobada por la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Autoridad Reguladora
         de Telecomunicaciones y Correos; en lo sucesivo, “RegTP”). 
      
      8      En este contexto, la RegTP verifica si las tarifas mayoristas propuestas por la demandante [por los servicios de acceso al
         bucle local] satisfacen los requisitos establecidos por el artículo 24 de la TKG. Así, según el artículo 24, apartado 1, de
         la TKG, las “tarifas deben establecerse en función de los costes de una prestación de servicios eficiente”. […] 
      
      […]
      II. Servicios de acceso [para] abonados
      10      Por lo que respecta a los servicios de acceso para abonados, la demandante ofrece dos opciones básicas, a saber, la línea
         analógica tradicional […] y la línea digital de banda estrecha […] En ambos casos, el servicio de acceso puede prestarse a
         los abonados a través de la red histórica de par de cobre de la demandante (conexiones de banda estrecha). La demandante también
         ofrece a sus abonados conexiones de banda ancha ([…] ADSL), para las que tuvo que ampliar las líneas [de banda estrecha] existentes
         con objeto de poder ofrecer servicios de banda ancha, como el acceso rápido a Internet. 
      
      […]
      12      Los precios minoristas de la demandante [por los servicios de acceso para abonados] constan de dos componentes: un abono mensual,
         en función de la calidad de las líneas y de los servicios puestos a disposición, y una cuota inicial en concepto de activación
         o transferencia de una línea, […]
      
      A. Tarifas de las líneas de abonados analógicas […] y digitales de banda estrecha […]
      13      La tarifa de acceso a las líneas de abonados analógicas [y digitales de banda estrecha] está sujeta a un régimen de precios
         máximos. Según los artículos 27, apartado 1, segunda frase, y 25, apartado 1, de la TKG […], los precios minoristas por la
         conexión a la red de la demandante y por las llamadas telefónicas no se fijan de manera individualizada para cada servicio
         en función de los costes incurridos, sino para un conjunto de servicios mediante su agrupación en “cestas”.
      
      14      […] La RegTP comenzó a aplicarlo el 1 de enero de 1998. Para ello, la RegTP creó dos cestas de servicios, la primera para
         clientes particulares y la segunda para clientes empresariales. Ambas cestas contenían tanto servicios de acceso para abonados
         […] como la oferta completa de la demandante en el ámbito de las llamadas telefónicas, es decir, llamadas locales, regionales,
         de larga distancia e internacionales. 
      
      […]
      17      La Resolución del [Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones] de 17 de diciembre de 1997 obligó a la demandante a
         reducir en un 4,3 % el precio total de cada una de las dos cestas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999
         (primer período de precios máximos). Al término de ese primer período, el 31 de diciembre de 1999, la RegTP, mediante Resolución
         de 23 de diciembre de 1999, mantuvo en líneas generales la composición de las cestas y redujo sus precios en un 5,6 % para
         el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001 (segundo período de precios máximos).
      
      18      Dentro de este marco vinculante de reducciones de precios, la demandante podía, previa autorización de la RegTP, modificar
         los precios de los distintos componentes de cada una de las cestas. […] Así, el sistema permitía aumentar los precios de uno
         o de varios componentes de una cesta, siempre y cuando no se superara el precio máximo de la cesta. […] 
      
      19      En los dos primeros períodos de precios máximos [del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2001], la demandante redujo
         los precios minoristas en las dos cestas más de lo que estaba obligada. Estas reducciones de las tarifas afectaban básicamente
         a los precios de las llamadas telefónicas. En cambio, la tarifa minorista por las líneas analógicas […] no varió en los dos
         períodos de precios máximos […]. Por lo que respecta a la tarifa minorista para las líneas [digitales de banda estrecha] durante
         este mismo período, la demandante redujo el precio del abono mensual […]
      
      20      Desde el 1 de enero de 2002 está en vigor un nuevo régimen de precios máximos […] Este nuevo régimen sustituye las dos cestas
         originales, respectivamente para clientes particulares y empresariales, por cuatro cestas distintas que incluyen los siguientes
         servicios: líneas telefónicas (cesta A), llamadas locales (cesta B), llamadas nacionales de larga distancia (cesta C) y llamadas
         internacionales (cesta D). 
      
      21      El 15 de enero de 2002 la demandante comunicó a la RegTP su intención de incrementar el precio del abono mensual de las líneas
         analógicas y [digitales de banda estrecha] […] Este incremento fue autorizado por la RegTP […] 
      
      22      El 31 de octubre de 2002 la demandante solicitó una nueva subida de su tarifa minorista. La RegTP denegó parcialmente esta
         solicitud […] 
      
      B. Tarifas de las líneas ADSL […]
      23      Las tarifas ADSL […] no están sujetas a régimen de precios máximos. De acuerdo con el artículo 30 de la TKG, estas tarifas
         pueden ser objeto de regulación a posteriori. 
      
      24      El 2 de febrero de 2001, tras recibir diversas denuncias procedentes de competidores de la demandante, la RegTP inició una
         investigación a posteriori sobre los precios del ADSL de la demandante con el fin de comprobar si generaban una venta a pérdida contraria a las normas
         de competencia alemanas. La RegTP archivó el procedimiento el [25] de enero de 2002, tras haber comprobado que la subida de
         las tarifas anunciada por la demandante el 15 de enero de 2002 no contenía indicio alguno de venta a pérdida.»
      
      3        A raíz de las denuncias presentadas por empresas competidoras de la recurrente durante el año 1999, la Comisión de las Comunidades
         Europeas adoptó la Decisión controvertida en la que reprocha a la recurrente, en particular en los considerandos 57, 102,
         103 y 107 de dicha Decisión, haber incurrido en un abuso en forma de «compresión de márgenes» («margin squeeze»; en lo sucesivo,
         «compresión de márgenes»), resultante de un diferencia inapropiada entre los precios mayoristas por los servicios de acceso
         al bucle local y los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. 
      
      4        Sobre dicha compresión de márgenes, el Tribunal, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, recuerda los términos de los
         considerandos 102 a 105 de la Decisión controvertida, que establecen lo siguiente:
      
      «(102)      Se habla de compresión de márgenes […] cuando el conjunto de las tarifas mensuales y fijas pagaderas a [la recurrente] en
         concepto de acceso mayorista [al bucle local] obliga a los competidores a facturar a sus clientes finales unos precios superiores
         a los que [la recurrente] cobra a sus propios clientes finales por los mismos servicios. Si las tarifas mayoristas [de acceso
         al bucle local] son superiores a las tarifas minoristas [por los servicios de acceso para abonados], los competidores de [la
         recurrente] en ningún caso pueden realizar beneficios, aunque sean igual de eficientes que [la recurrente], puesto que además
         de las tarifas mayoristas [de acceso al bucle local] tienen que soportar otros costes adicionales en concepto de marketing,
         facturación, cobro, etc.
      
      (103)      Al cobrar a sus competidores unas tarifas mayoristas por el acceso a los bucles locales superiores a las tarifas que factura
         a sus propios clientes finales por el acceso a la red local, [la recurrente] impide que aquéllos puedan ofrecer también servicios
         de acceso a través del bucle local, y no sólo llamadas telefónicas. […]
      
      (104)      [La recurrente] opina que, en el presente caso, la imputación de una fijación de precios abusiva en forma de compresión de
         márgenes está excluida por el mero hecho de que las tarifas mayoristas [de acceso al bucle local] las fija la RegTP de forma
         vinculante. […]
      
      (105)      Contrariamente a la opinión defendida por [la recurrente], el abuso consistente en la compresión de márgenes resulta pertinente
         en el presente asunto. En mercados conexos, en los que los competidores adquieren servicios mayoristas [de acceso al bucle
         local] del operador tradicional y dependen de tales servicios para poder competir en un mercado [minorista] de productos o
         servicios, es perfectamente posible que se produzca una compresión de márgenes entre las tarifas mayoristas reguladas [de
         los servicios de acceso al bucle local] y las tarifas minoristas [por los servicios de acceso para abonados]. Para probar
         la existencia de tal compresión, de entrada basta con que haya una relación inadecuada entre ambos niveles de tarifas que
         de lugar a una restricción de la competencia. […]»
      
      5        A tenor del artículo 1 de la Decisión controvertida, la Comisión consideró que «la [recurrente] ha infringido desde 1998 la
         letra a) del artículo 82 del Tratado CE al aplicar a sus competidores y clientes finales unas tarifas mensuales y fijas no
         equitativas para el acceso a la red local, perjudicando con ello de manera considerable la competencia en el mercado del acceso
         a la red local». 
      
      6        A tenor del artículo 3 de la citada Decisión, la Comisión impuso a la recurrente una multa por un importe de 12,6 millones
         de euros por dicha infracción.
      
      II.    Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida
      7        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de julio de 2003 la recurrente interpuso un recurso
         solicitando con carácter principal, la anulación de la Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, la reducción de
         la multa impuesta por ésta.
      
      8        Para fundamentar su demanda de anulación de la Decisión controvertida, la recurrente formuló tres motivos basados en la infracción
         del artículo 82 CE, en desviación de poder y en la violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección
         de la confianza legítima. 
      
      9        El motivo basado en la infracción del artículo 82 CE comprendía varias partes de las que tres son pertinentes en el marco
         del presente recurso de casación, a saber una primera se fundamenta en la inexistencia de comportamiento abusivo de la recurrente
         por razón de su margen de maniobra insuficiente para evitar la compresión de márgenes, una segunda se basa en la ilegalidad
         del método empleado por la Comisión para comprobar la compresión de márgenes y la cuarta se basa en la falta de efectos en
         el mercado de la compresión de márgenes. 
      
      10      El Tribunal desestimó todas estas partes, señalando, en particular, en el marco de dicho examen, en los apartados 150 y 242
         de la sentencia recurrida, que la recurrente no se había opuesto, en su demanda, a la definición de los mercados de referencia
         utilizada en la Decisión controvertida, según la cual puede distinguirse, por una parte, un mercado mayorista por los servicios
         de acceso al bucle local y, por otra, un mercado minorista de acceso al bucle local, que comprende un mercado de acceso de
         banda estrecha y un mercado de acceso de banda ancha, mercados ambos de dimensión nacional. 
      
      11      Por lo que respecta a la primera parte de este motivo, el Tribunal concluyó, en los apartados 140 y 151 de la sentencia recurrida,
         que la Comisión había podido declarar legítimamente, en la Decisión controvertida, que la recurrente disponía de un margen
         de maniobra suficiente, durante el período de referencia, para reducir la compresión de márgenes denunciada en la citada Decisión
         modificando los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. 
      
      12      En lo que atañe a la segunda parte del citado motivo, el Tribunal desestimó, en el apartado 168 de la sentencia recurrida,
         la alegación de la recurrente de que el carácter abusivo de la compresión de márgenes sólo podía provenir del carácter abusivo
         de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. Posteriormente, consideró en los apartados 193, 203 y
         206 de dicha sentencia que la Comisión actuó acertadamente al basar su análisis sobre el carácter abusivo de las prácticas
         tarifarias de la recurrente únicamente por referencia, de conformidad con el criterio del competidor igual de eficiente en
         elementos de la situación específica de la demandante y, consiguientemente, en sus tarifas y costes, así como teniendo en
         cuenta únicamente los ingresos por los servicios de acceso excluyendo los ingresos por otros servicios, como las llamadas
         telefónicas, y comparando los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local con los precios minoristas por
         todos los servicios de acceso para abonados, a saber, el acceso de banda estrecha y el de banda ancha. 
      
      13      En lo que concierne a la cuarta parte del mismo motivo, el Tribunal señaló, en particular, en el apartado 237 de la sentencia
         recurrida, que la compresión de márgenes en cuestión obstaculizaría, en principio, el desarrollo de la competencia en los
         mercados minoristas de los servicios de acceso para abonados.
      
      14      El Tribunal desestimó también el motivo basado en la desviación de poder y en la vulneración de los principios de proporcionalidad,
         de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. En lo que atañe a la alegación según la cual la Comisión sometió
         las tarifas aplicadas por la recurrente a una doble regulación y vulneró así los principios de proporcionalidad y de seguridad
         jurídica, el Tribunal indicó, en particular, en el apartado 265 de la sentencia recurrida:
      
      «Aunque no puede descartarse que las autoridades alemanas también hayan infringido el Derecho comunitario –y, en particular,
         lo dispuesto por la Directiva [90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados
         de servicios de telecomunicaciones (DO L 192, p. 10)], en su versión modificada por la Directiva [96/19/CE de la Comisión,
         de 13 de marzo de 1996 (DO L 74, p. 13)]– al optar por un reajuste progresivo entre tarifas de conexiones y de llamadas telefónicas,
         dicha infracción, si se demostrase, no eliminaría el margen de maniobra del que la demandante ha dispuesto efectivamente para
         reducir la compresión de márgenes.»
      
      15      Por otro lado, por lo que respecta a la alegación basada en la vulneración del principio de la confianza legítima, el Tribunal
         concluyó, en el apartado 269 de la sentencia recurrida, que las decisiones de la RegTP no podían crear tal confianza en la
         recurrente. 
      
      16      Por último, en cuanto a la alegación basada en la desviación de poder, el Tribunal declaró, en el apartado 271 de dicha sentencia:
      
      «En la Decisión [controvertida] la Comisión sólo contempla las prácticas tarifarias de la demandante y no las Decisiones de
         las autoridades alemanas. Aun cuando la RegTp hubiese infringido una norma comunitaria y la Comisión hubiera podido incoar
         por ello un procedimiento por incumplimiento contra la República Federal de Alemania, ello no podría afectar en absoluto a
         la legalidad de la Decisión [controvertida]. En efecto, en esta Decisión la Comisión se limita a declarar que la demandante
         ha infringido el artículo 82 CE, disposición que no incumbe a los Estados miembros, sino únicamente a los agentes económicos.
         Por tanto, la Comisión no incurrió en desviación de poder al realizar esta declaración sobre la base del artículo 82 CE.»
      
      17      Para fundamentar su solicitud de que se reduzca la multa impuesta la recurrente formuló seis motivos, entre ellos, en particular,
         el tercer motivo se basa en la inexistencia de negligencia o falta intencionada y el cuarto en no haber tenido en cuenta suficientemente
         la regulación tarifaria en el cálculo del importe de la multa y el sexto en no haber tenido en cuenta circunstancias atenuantes.
         El Tribunal desestimó estos tres motivos en los apartados 290 a 321 de la sentencia recurrida.
      
      18      En consecuencia, el Tribunal desestimó la totalidad del recurso y condenó a la recurrente a cargar con sus propias costas
         así como con las de la Comisión. 
      
      III. Pretensiones de las partes 
      19      Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida.
      –        Anule la Decisión controvertida.
      –        Con carácter subsidiario, reduzca, en virtud de su competencia de plena jurisdicción, el importe de la multa que se le impuso
         en el artículo 3 de la Decisión controvertida, y
      
      –        Condene en costas a la Comisión.
      20      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.
      
      21      Vodafone D2 GmbH, anteriormente Vodafone AG & Co. KG, anteriormente Arcor AG & Co. KG (en lo sucesivo, «Vodafone»), solicita
         al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, al menos, que se desestime por infundado,
         así como que se condene en costas a la recurrente. 
      
      22      Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice y TeleBeL
         Gesellschaft für Telekommunikation Bergisches Land mbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH,
         anteriormente Versatel Nord‑Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste
         mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, anteriormente Versatel Süd‑Deutschland GmbH, anteriormente
         tesion Telekommunikation GmbH, así como Versatel West GmbH, anteriormente Versatel West‑Deutschland GmbH, anteriormente Versatel
         Deutschland GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, juntas, «Versatel»), solicitaron también, en la vista, la desestimación del recurso
         de casación, haciendo suyas las pretensiones de la Comisión y las de Vodafone.
      
      IV.    Sobre el recurso de casación
      A.      Sobre la admisibilidad
      23      Vodafone y Versatel aducen, con carácter preliminar, la inadmisibilidad del recurso de casación en tanto se limita, en su
         primer motivo así como en las partes primera y segunda del segundo motivo, que pretenden, en esencia, impugnar las apreciaciones
         realizadas por el Tribunal General respecto a la aplicación del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias controvertidas de
         la recurrente y al respeto de los principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima,
         a reproducir las alegaciones invocadas por la recurrente durante el procedimiento en primera instancia con el único fin de
         obtener que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar dichas alegaciones.
      
      24      A este respecto, procede recordar que de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia
         y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación
         debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos
         jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no
         incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de derecho de que adolezca la sentencia recurrida,
         se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación
         es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de
         la competencia del Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
         C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, apartados 34 y 35, así como de 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo, C‑76/01 P,
         Rec. p. I‑10091, apartados 46 y 47). 
      
      25      No obstante, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal
         General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de
         casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el
         Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (véase, en particular, la sentencia de 16
         de mayo de 2002, ARAP y otros/Comisión, C‑321/99 P, Rec. p. I‑4287, apartado 49). 
      
      26      Pues bien, en el presente caso, el recurso de casación pretende precisamente, mediante sus motivos primero y segundo considerados
         en su conjunto, impugnar la posición adoptada por el Tribunal sobre varias cuestiones de Derecho que se le sometieron en primera
         instancia en relación con la aplicación del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias en cuestión de la recurrente y con el
         respeto de determinados principios generales del Derecho de la Unión. Sobre este particular, incluye la indicación precisa
         de los aspectos de la sentencia recurrida que se critican así como los motivos y las alegaciones sobre los que se apoya el
         recurso. 
      
      27      De ello se deduce que no procede declarar la inadmisibilidad de los motivos primero y segundo del recurso de casación, considerados
         en su conjunto. No obstante, debe examinarse la admisibilidad de las alegaciones específicas formuladas en apoyo de dichos
         motivos del recurso de casación al apreciar cada uno de éstos.
      
      B.      Sobre el fondo
      28      Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente formula tres motivos, basados, respectivamente, en errores de Derecho
         relativos al tratamiento de la regulación de sus actividades por la RegTP como autoridad reguladora nacional competente, en
         errores de Derecho en la aplicación del artículo 82 CE y en errores de Derecho en el cálculo de las multas por no tomar en
         consideración la citada regulación.
      
      29      Sobre este particular, es preciso recordar que, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal desestimó en su totalidad el
         recurso interpuesto por la recurrente contra la Decisión controvertida declarando, en esencia, que la Comisión, como se desprendía
         de los apartados 3 a 6 de la presente sentencia, había impuesto acertadamente a la recurrente una multa por infracción del
         artículo 82 CE debido a la aplicación de una práctica tarifaria no equitativa que condujo a la compresión de márgenes, resultante
         de una relación inadecuada entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y los precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados, competidores al menos igual de eficientes que ella misma, que no les permitía competir
         de manera efectiva con ésta para la prestación de estos últimos servicios. 
      
      30      Mediante sus tres motivos, la recurrente pretende, respectivamente, impugnar en esencia las apreciaciones realizadas por el
         Tribunal en la sentencia recurrida relativas a:
      
      –        la imputabilidad de la infracción debido al margen de maniobra del que disponía para modificar sus precios minoristas por
         los servicios de acceso para abonados y la pertinencia de la regulación de los precios de los servicios de telecomunicaciones
         por las autoridades reguladoras nacionales para la aplicación del artículo 82 CE; 
      
      –        el carácter adecuado, para declarar un abuso en el sentido del artículo 82 CE, del criterio de la compresión de márgenes en
         las circunstancias del caso de autos, habida cuenta de la regulación de los precios mayoristas por los servicios de acceso
         al bucle local por las autoridades reguladoras nacionales, así como la legalidad del método de cálculo de dicha compresión
         y el análisis de sus efectos a la luz del mismo artículo, y
      
      –        el carácter justificado del importe de la multa, habida cuenta de la regulación del sector de las telecomunicaciones por las
         autoridades reguladoras nacionales. 
      
      31      En cambio, la recurrente no impugna en su principio que una práctica tarifaria adoptada por una empresa dominante que conduce
         a la compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes se considere no equitativa a la luz del artículo 82 CE.
         
      
      32      En efecto, la recurrente no reprocha al Tribunal que considerase que una empresa explota de manera abusiva su posición dominante
         en el sentido de dicha disposición cuando sus prácticas tarifarias, debido a una relación inadecuada entre sus precios mayoristas
         por los servicios de acceso al bucle local y sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados en los mercados
         en que tiene posición dominante, conduzcan a tal compresión. A este respecto, se limita a sostener, en su segundo motivo,
         que la compresión de márgenes no constituye, en el presente caso, un criterio pertinente para considerar que haya cometido
         una infracción al artículo 82 CE, dado que sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local son objeto de
         regulación por las autoridades reguladoras nacionales.
      
      33      Por ello, procede examinar los motivos del recurso de casación según el orden en el que los ha presentado la recurrente, orden
         que se corresponde con el orden en que se presentaron y examinaron los motivos de primera instancia en la sentencia recurrida
         por el Tribunal.
      
      1.      Observaciones preliminares
      34      Con el fin de examinar la procedencia de los motivos formulados por la recurrente contra dicha sentencia, procede, en primer
         lugar, subrayar que, según el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso
         de casación no puede modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General. La competencia del Tribunal de Justicia, en
         el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los
         motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante
         el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General ya que ello equivaldría a permitirle plantear
         al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel
         del que conoció el Tribunal General (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli
         Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartado 59; de 26 de octubre de 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Comisión,
         C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, apartado 96, así como de 12 de noviembre de 2009, SGL Carbon/Comisión, C‑564/08 P, apartado 22).
         
      
      35      Tanto en su recurso de casación como en la vista, la recurrente ha alegado que no disponía de ningún margen de maniobra para
         determinar los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, dado que éstos los fijaba la autoridad reguladora
         nacional, a saber, la RegTP. Pues bien, la compresión de márgenes en cuestión se producía, en realidad por el nivel excesivo
         de dichos precios mayoristas tal como los fijó la RegTP. A fin de terminar con dicha compresión de márgenes, la Comisión habría
         debido, por consiguiente, adoptar una decisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a la recurrente, interponer un recurso
         por incumplimiento de conformidad con el artículo 226 CE contra la República Federal de Alemania por infracción del Derecho
         de la Unión. Por otro lado, es erróneo considerar que los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se
         fijan sobre la base de los costes de la recurrente. Dichos precios se determinan por la RegTP en función de los costes de
         una prestación eficaz, de conformidad con un modelo establecido por la autoridad reguladora nacional.
      
      36      La Comisión y Versatel sostienen, en cambio, que los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local son imputables
         a la recurrente puesto que, según las disposiciones de la TKG, dichos precios se fijan por la RegTP sobre la base de una solicitud
         presentada por la recurrente en función de sus propios costes. Por tanto, esta última no puede quejarse del carácter excesivo
         de los citados precios. Como resulta de la Decisión controvertida, la recurrente, además, está legalmente obligada a presentar
         una nueva solicitud ante la RegTP con el fin de reducir los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local
         cuando dichos costes disminuyen. 
      
      37      A este respecto, Versatel indicó también, en la vista, que, desde 1997, la recurrente había intentado sistemáticamente perjudicar
         el buen desarrollo del procedimiento nacional de fijación de precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local
         retirando sus solicitudes de autorización y absteniéndose, a pesar de la obligación en este sentido prevista por el Derecho
         nacional, de aportar la menor prueba o documento relativo a los costes susceptibles de justificar dichos precios mayoristas.
         
      
      38      Respecto a los puntos controvertidos entre las partes, debe observarse no obstante, en primer lugar, que la cuestión del margen
         de maniobra que tenía la recurrente para modificar sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local no se
         discutió ante el Tribunal, ya que éste adoptó la sentencia recurrida considerando el supuesto, no discutido ante él, de que
         la recurrente no disponía de tal margen de maniobra.
      
      39      En efecto, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal observó que en la Decisión controvertida la Comisión –no
         excluye la posibilidad de la recurrente de reducir sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local–, sino
         que analiza únicamente si la recurrente tenía un margen real de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios
         de acceso para abonados. 
      
      40      Al no haberse impugnado ante él dicho enfoque, el Tribunal se limitó, por ello, en los apartados 85 a 152 de la sentencia
         recurrida, a examinar, a efectos de determinar si la compresión de márgenes declarada en la Decisión controvertida era imputable
         a la recurrente, si la Comisión había podido concluir, en la citada Decisión, que la recurrente disponía de un margen real
         de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados con el fin de eliminar o reducir
         dicha compresión de márgenes. El Tribunal concluyó, a este respecto, en los apartados 140 y 151 de la sentencia recurrida,
         que la Comisión había considerado legítimamente que disponía de tal margen de maniobra a pesar de la regulación por la RegTP
         de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.
      
      41      Del mismo modo, antes de desestimar, en los apartados 183 a 213 de la sentencia recurrida, las alegaciones formuladas por
         la recurrente con el fin de impugnar el carácter abusivo y el método de cálculo de la compresión de los márgenes declarada
         en la Decisión controvertida, el Tribunal subrayó en el apartado 167 de dicha sentencia, que la Comisión únicamente había
         declarado que la recurrente disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso
         para abonados.
      
      42      En estas circunstancias, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del presente recurso de casación, examinar en
         qué medida la recurrente habría podido, en su caso, modificar, como sostienen la Comisión y Versatel, los precios mayoristas
         por los servicios de acceso al bucle local, dado que tal examen va más allá de los motivos que se han debatido en primera
         instancia. Todo motivo o alegación sobre este punto excede, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 34
         de la presente sentencia, los límites del presente recurso de casación y debe, por tanto, declararse su inadmisibilidad.
      
      43      Con el fin de apreciar la procedencia de las alegaciones invocadas por la recurrente para cuestionar la legalidad de la sentencia
         recurrida, en particular sus alegaciones dirigidas a impugnar la imputabilidad de la infracción a ésta así como el carácter
         abusivo de la compresión de márgenes comprobada en la Decisión controvertida, alegaciones que son objeto del primer y segundo
         motivos del recurso de casación, debe, por ello, basarse únicamente en el supuesto considerado por la citada sentencia según
         el cual la recurrente sólo disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso
         para abonados, margen de maniobra que, por lo demás, no se discute en el citado recurso de casación.
      
      44      En segundo lugar, procede subrayar que el presente recurso de casación no puede, sin modificar el objeto del litigio ante
         el Tribunal, reprochar a dicho órgano jurisdiccional no haber censurado a la Comisión por no haber cuestionado el comportamiento
         de las autoridades reguladoras nacionales, en tanto éstas, al haber fijado el precio mayorista por los servicios de acceso
         al bucle local a un nivel excesivo, serían las únicas responsables de la compresión de márgenes comprobada en la Decisión
         controvertida.
      
      45      Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, le corresponde a cada uno de los Estados miembros adoptar
         todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento por las autoridades reguladoras nacionales
         de las obligaciones que se les imponen de conformidad con el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de
         15 abril de 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, apartado 85). Por otro lado, los artículos 81 CE y 82 CE, en relación
         con el artículo 10 CE, obligan a los Estados miembros a no adoptar ni mantener en vigor medidas, ni siquiera legales o reglamentarias,
         que puedan anular el efecto útil de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas (véanse, en particular, las
         sentencias de 16 de noviembre de 1977, GB‑Inno‑BM, 13/77, Rec. p. 2115, apartado 31, y de 5 de octubre de 1995, Centro Servizi
         Spediporto, C‑96/94, Rec. p. I‑2883, apartado 20). 
      
      46      No obstante, respecto a la posibilidad de la Comisión de interponer un recurso por incumplimiento contra el Estado miembro
         de que se trata, dado que la sentencia recurrida objeto del presente recurso de casación se refiere únicamente a la legalidad
         de una Decisión adoptada por la Comisión con arreglo al artículo 82 CE respecto a la recurrente, el Tribunal de Justicia debe,
         en el marco del citado recurso de casación, limitarse a comprobar si las alegaciones formuladas en apoyo de éste muestran
         que el examen por el Tribunal General de la legalidad de tal Decisión adolece de errores de Derecho, y ello con independencia
         de si la Comisión hubiera podido, paralela o alternativamente, adoptar una Decisión de infracción del Derecho de la Unión
         frente al Estado miembro en cuestión.
      
      47      Por ello, aunque, como el propio Tribunal ha declarado, en esencia, en los apartados 265 y 271 de la sentencia recurrida,
         no puede descartarse que las autoridades reguladoras nacionales hayan infringido, en el presente caso, el Derecho de la Unión
         y si, por consiguiente, la Comisión hubiera podido efectivamente elegir interponer a ese respecto un recurso por incumplimiento
         con arreglo al artículo 226 CE contra la República Federal de Alemania, tales eventualidades carecen de pertinencia en la
         fase del presente recurso de casación. Ello resulta aún más cierto habida cuenta de que, según la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia, en el sistema establecido por el artículo 226 CE, la Comisión dispone de una facultad discrecional para iniciar
         un recurso por incumplimiento y que no corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión determinar si el ejercicio de
         dicha facultad es o no oportuno (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/Francia, C‑233/00, Rec.
         p. I‑6625, apartado 31).
      
      48      En lo que concierne al supuesto carácter excesivo de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, alegado
         por la recurrente, procede, por otro lado, observar que, en su demanda ante el Tribunal, ésta no pretendió cuestionar la legalidad
         de dichos precios a la luz del Derecho de la Unión. En efecto, la recurrente se limitó a alegar a este respecto, por una parte,
         que, si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se fijan por las autoridades reguladoras nacionales
         sin que pueda modificarlos, únicamente los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados pueden ser abusivos
         en el sentido del artículo 82 CE y, por otra parte, que, si la política tarifaria de dichas autoridades respecto a los citados
         servicios es contraria al Derecho de la Unión, incumbe a la Comisión interponer un recurso por incumplimiento contra éstas.
      
      49      En consecuencia, el Tribunal de Justicia no puede, en el marco del presente recurso de casación, examinar las alegaciones
         que pretenden impugnar la legalidad de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, en particular, debido
         a su carácter supuestamente excesivo en relación con los costes soportados por la recurrente para su prestación (véase, a
         este respecto, la sentencia de 24 abril de 2008, Arcor, C‑55/06, Rec. p. I‑2931, apartado 69). Dado que tales alegaciones
         van más allá de los motivos debatidos en primera instancia, debe declararse, de conformidad con la jurisprudencia citada en
         el apartado 34 de la presente sentencia, su inadmisibilidad en la fase del citado recurso de casación. 
      
      50      En tercer lugar, cabe observar que, en el recurso de primera instancia, la recurrente no impugnó, como señaló el Tribunal
         en los apartados 150 y 242 de la sentencia recurrida, la definición de los mercados de referencia utilizada por la Comisión
         en la Decisión controvertida, según la cual, por una parte, el mercado geográfico de referencia es el mercado alemán, y por
         otra parte, por lo que respecta a los mercados de servicios de referencia, el mercado mayorista de servicios de acceso al
         bucle local constituye un sólo mercado, distinto del mercado minorista de servicios de acceso para abonados, que incluye dos
         segmentos diferenciados, a saber, por una parte, el acceso a las líneas de banda estrecha y, por otra parte, el acceso a las
         líneas de banda ancha. 
      
      51      Del mismo modo, procede observar que la recurrente no cuestionó, en ningún momento, ante el Tribunal la afirmación de la Comisión
         en la Decisión controvertida según la cual tenía una posición dominante en el sentido del artículo 82 CE sobre la totalidad
         de estos mercados de servicios. 
      
      52      De ello se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 34 de la presente sentencia, ni la definición
         de los mercados de referencia utilizada por el Tribunal en la sentencia recurrida ni la afirmación de que la recurrente tenía
         una posición dominante en la totalidad de dichos mercados puede cuestionarse al examinar el presente recurso de casación.
      
      53      En segundo lugar, procede recordar, más en concreto, en relación con la apreciación de las declaraciones sobre el estado del
         mercado y la situación de la competencia, que no incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de casación,
         sustituir la valoración del Tribunal General por su propia apreciación. En efecto, con arreglo al artículo 225 CE y al artículo
         58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho.
         La apreciación de los hechos no constituye, salvo en caso de una eventual desnaturalización de los hechos o los medios de
         prueba, que no ha sido alegada en el presente asunto, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de
         Justicia (véase la sentencia de 15 de marzo de 2007, British Airways/Comisión, C‑95/04 P, Rec. p. I‑2331, apartado 78 y jurisprudencia
         citada). 
      
      54      Procede examinar los motivos formulados por la recurrente para fundamentar el presente recurso de casación a la luz de estas
         consideraciones.
      
      2.      Sobre el primer motivo, basado en errores de Derecho en relación con el tratamiento de la regulación de las actividades de
         la recurrente por la RegTP en su condición de autoridad reguladora nacional competente
      
      55      El primer motivo invocado por la recurrente se subdivide en tres partes que se refieren, respectivamente, a la imputabilidad
         de la infracción, al principio de protección de la confianza legítima y al carácter deliberado o por negligencia de la infracción
         del artículo 82 CE. 
      
      a)      Sobre la primera parte del primer motivo, relativa a la imputabilidad de la infracción
      i)      Sentencia recurrida
      56      Por lo que respecta al margen de maniobra del que disponía la recurrente para evitar la compresión de márgenes, el Tribunal,
         tras haber recordado, en los apartados 85 a 89 de la sentencia recurrida, los principios establecidos por la jurisprudencia
         pertinente del Tribunal de Justicia, examinó, en los apartados 97 a 152 de dicha sentencia, si el marco jurídico alemán, en
         particular, la TKG y las decisiones adoptadas por la RegTP durante el período al que se refiere la Decisión controvertida,
         eliminaba todas las posibilidades de comportamiento competitivo de la recurrente o si le dejaba margen de maniobra suficiente
         para fijar sus precios en un nivel que hubiera permitido eliminar o reducir la compresión de márgenes declarada en la Decisión
         controvertida.
      
      57      En lo que concierne, en primer lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, el
         Tribunal, tras haber señalado, en el apartado 100 de la citada sentencia, que, la recurrente podía modificar sus precios dentro
         del marco reglamentario aplicable, una vez obtenida la autorización previa de la RegTP, concluyó en el apartado 105 de la
         misma sentencia, que la Comisión declaró acertadamente que, habida cuenta de las seis solicitudes de reducción de precios
         de las llamadas telefónicas presentadas durante dicho período, la recurrente disponía, durante éste, de margen de maniobra
         para formular solicitudes de aumento de precios minoristas por sus servicios de acceso de banda estrecha para abonados, respetando
         el límite global de las cestas de servicios a particulares y a empresarios. 
      
      58      Posteriormente, el Tribunal examinó, en los apartados 106 a 124 de la sentencia recurrida, si, a pesar de dicho margen de
         maniobra, la intervención de la RegTP en la fijación de los precios minoristas de la recurrente por los servicios de acceso
         para abonados hizo que esta última dejara de estar sometida al artículo 82 CE. A este respecto, declaró, en el apartado 107
         de la citada sentencia, que el hecho de que dichos precios minoristas deban ser aprobados por la RegTP no elimina la responsabilidad
         de la recurrente con arreglo al artículo 82 CE puesto que influye en el importe de sus precios minoristas por los servicios
         de acceso para abonados mediante solicitudes de autorización presentadas ante la RegTP.
      
      59      El Tribunal desestimó a este respecto, en los apartados 108 a 124 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente
         según la cual no tiene ninguna responsabilidad con arreglo al artículo 82 CE, dado que la RegTP efectúa un control ex ante de la compatibilidad de sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados con el artículo 82 CE. 
      
      60      En los apartados 109 a 114 de la citada sentencia, el Tribunal señaló que los precios minoristas por el acceso a las líneas
         analógicas se basaban en decisiones adoptadas, al amparo de la legislación vigente antes de la adopción de la TKG, por el
         Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones, que las disposiciones de la TKG no evidencian que la RegTP examine la compatibilidad
         de las solicitudes de modificación de los precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha con el artículo
         82 CE, que las autoridades reguladoras nacionales operan de acuerdo con el Derecho nacional, que éste puede proponerse objetivos
         que, inscritos en las políticas de telecomunicaciones, son distintos de los perseguidos por la política de competencia de
         la Unión y que las distintas resoluciones de la RegTP a las que se refiere la recurrente no contienen referencia alguna al
         artículo 82 CE. 
      
      61      En cuanto a la circunstancia de que, en varias resoluciones, la RegTP examinase la cuestión relativa a la existencia de una
         compresión de márgenes, el Tribunal observó, en los apartados 116 a 119 de la sentencia recurrida, que el hecho de que la
         RegTP, tras haber constatado la diferencia negativa entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local
         y los precios minoristas de la recurrente por los servicios de acceso para abonados, considerase, en cada ocasión, que el
         recurso a la subvención cruzada entre los precios por los servicios de acceso y los precios por los servicios de llamadas
         telefónicas debía permitir al resto de operadores ofrecer a sus abonados precios competitivos, demuestra que la RegTP no examinó
         la compatibilidad de los precios controvertidos con el artículo 82 CE o, como mínimo, que lo ha aplicado erróneamente. 
      
      62      El Tribunal subrayó, en el apartado 120 de la sentencia recurrida, que, en todo caso, aun suponiendo que la RegTP esté obligada
         a examinar la compatibilidad con el artículo 82 CE de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados propuesta
         por la recurrente. La Comisión no puede estar vinculada por una resolución dictada por una autoridad nacional en aplicación
         de dicho artículo. 
      
      63      Por otro lado, el Tribunal señaló, en los apartados 121 a 123 de la sentencia recurrida, que, lo decisivo para que pueda imputarse
         a la recurrente una posible infracción es determinar si en el momento de los hechos disponía de un margen de maniobra suficiente
         para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha para abonados a un nivel tal que le permitiera
         eliminar o reducir la compresión de márgenes denunciada. El Tribunal reiteró a este respecto que la recurrente podía influir
         en el importe de dichos precios minoristas presentando solicitudes de autorización ante la RegTP. Asimismo, observó que, en
         su sentencia de 10 de febrero de 2004, el Bundesgerichtshof había confirmado expresamente la responsabilidad que incumbía
         a la recurrente de formular tales solicitudes y el hecho de que el marco jurídico alemán no excluía que la RegTP autorizara
         precios que infringían el artículo 82 CE.
      
      64      En consecuencia, el Tribunal concluyó, en el apartado 124 de la sentencia recurrida, que, a pesar de la intervención de la
         RegTP en la fijación de sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha para abonados, la recurrente,
         disponía, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, de suficiente margen de maniobra
         para que su política de precios entre en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE. 
      
      65      En segundo lugar, respecto al período a partir del 1 de enero de 2002, tras haber observado, en los apartados 144 y 145 de
         la sentencia recurrida, que la recurrente no niega que podría haber elevado sus precios minoristas por los servicios de acceso
         de banda ancha (ADSL) a partir de dicha fecha y que, dado que ella fija libremente éstos dentro de los límites establecidos
         por la legislación alemana, sus prácticas tarifarias en este ámbito pueden entrar en el ámbito del artículo 82 CE, el Tribunal
         examinó, en los apartados 147 a 151 de dicha sentencia, si la recurrente habría podido reducir la compresión de márgenes aumentando
         sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha. Los apartados 148 y 149 de la citada sentencia tienen la
         siguiente redacción: 
      
      «148      Procede señalar a este respecto que, dado que el servicio de acceso mayorista [al bucle local] permite prestar a los abonados
         el conjunto de servicios de acceso […], el margen de maniobra de que dispone la demandante para aumentar [sus precios minoristas
         por los servicios de acceso de banda ancha] puede reducir la compresión de márgenes entre los precios mayoristas, […] [de
         los servicios de acceso al bucle local], por una parte, y los precios minoristas para el conjunto de los servicios de acceso
         [para abonados], por otra parte. Es necesario llevar a cabo un análisis conjunto, en el nivel minorista, de los servicios
         de acceso […], no sólo porque en el nivel mayorista corresponden a una única prestación de servicios, sino también porque,
         tal como la Comisión explicó en la Decisión [controvertida] sin que la demandante lo haya desmentido, el ADSL no puede ofrecerse
         a los abonados de forma aislada, ya que siempre implica, por motivos técnicos, una ampliación de las líneas de banda estrecha [...]
         
      
      149      Deben rechazarse las observaciones de la demandante sobre una supuesta elasticidad cruzada de precios entre el ADSL y las
         conexiones de banda estrecha, así como entre las distintas modalidades de ADSL. En efecto, por una parte, estas observaciones
         no excluyen que la demandante tenga un margen de maniobra para aumentar su tarifa ADSL. Por otra parte, un aumento limitado
         de la tarifa ADSL habría conducido a un mayor precio minorista para los servicios de acceso de banda estrecha y ancha conjuntamente
         y, de este modo, habría reducido la compresión de márgenes declarada. En efecto, debe considerarse que a la vista de las ventajas
         de la banda ancha para la transmisión de datos, los abonados a los servicios de acceso de banda ancha no optarían automáticamente
         por volver a una conexión de banda estrecha en caso de aumento del precio minorista del acceso ADSL.»
      
      ii)    Alegaciones de las partes
      66      Por lo que respecta, en primer lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la
         recurrente aduce, mediante una primera alegación, que el Tribunal se basó erróneamente en la premisa de que la existencia
         de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados es un requisito necesario
         y suficiente de la imputabilidad de la infracción. En efecto, la existencia de tal margen de maniobra no permite responder
         a la cuestión de si el hecho de que la recurrente, no solicitase a la RegTP autorización para aumentar dichos precios minoristas
         constituye una falta. 
      
      67      Pues bien, según la recurrente, el Tribunal no tuvo en cuenta a este respecto la circunstancia de que la RegTP examinó la
         supuesta compresión de márgenes y consideró que no restringía la competencia. Cuando una empresa dominante está sometida a
         la regulación de una autoridad reguladora nacional creada a tal efecto en un marco jurídico orientado sobre la competencia
         y la autoridad reguladora nacional competente examina en el interior de dicho marco un comportamiento determinado, sin rechazarlo,
         la responsabilidad de preservar la estructura del mercado que incumbe a la empresa dominante se sustituye por la responsabilidad
         de la citada autoridad. En tal situación, la responsabilidad de la empresa dominante se limita a la obligación de transmitir
         a la autoridad reguladora nacional toda la información necesaria para el control de su comportamiento.
      
      68      En estas condiciones, la recurrente sostiene que el apartado 113 de la sentencia recurrida es erróneo ya que la RegTP estaba
         obligada a respetar el Derecho de la Unión relativo a la competencia. De igual modo, el apartado 123 de dicha sentencia adolece
         de un error. En efecto, el Bundesgerichtshof no consideró que la responsabilidad que incumbe a la recurrente de formular solicitudes
         de modificación de sus tarifas implique que deba sustituir la apreciación de la autoridad reguladora nacional sobre la aplicación
         del artículo 82 CE por la suya. Por otro lado, el apartado 120 de la sentencia recurrida, según el cual debe imputársele la
         compresión de márgenes debido a que la Comisión no puede estar vinculada por una resolución adoptada por una autoridad nacional
         con arreglo al artículo 82 CE, no es convincente. En efecto, por una parte, la cuestión en el presente caso se refiere únicamente
         a la imputabilidad y no a si la apreciación de la RegTP vincula a la Comisión sobre el fondo. Por otra parte, las autoridades
         reguladoras nacionales tienen un papel autónomo en la creación de un régimen de competencia en el sector de las telecomunicaciones.
         Por último, el principio de seguridad jurídica exige que una empresa dominante que esté sometida a la regulación nacional
         pueda fiarse de la validez de la regulación. 
      
      69      Mediante una segunda alegación, la recurrente indica que las consideraciones que figuran en los apartados 111 a 119 de la
         sentencia recurrida carecen de pertinencia o adolecen de errores de Derecho. En efecto, el razonamiento del Tribunal lleva
         a un círculo vicioso ilegal al deducir del resultado diferente al que ha conducido que la recurrente no tenía Derecho a fiarse
         del resultado del examen efectuado por la RegTP. Por otro lado, el concepto de «subvención cruzada» utilizado por esta última
         no alimentó la menor duda sobre la validez de sus consideraciones. Además, a su juicio, los apartados 111 a 114 de dicha sentencia
         son erróneos en Derecho por los motivos ya indicados en el apartado 66 de la presente sentencia. 
      
      70      Mediante una tercera alegación, la recurrente sostiene que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal en los apartados 109
         y 110 de la sentencia recurrida, el hecho de que sus precios minoristas por el acceso a las líneas analógicas se basasen en
         una autorización del Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones carece de pertinencia para el examen de la imputabilidad.
         El rechazo por la RegTP del reproche basado en una compresión de márgenes restrictiva de la competencia es, en cambio, determinante.
      
      71      En lo que concierne, en segundo lugar, al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de mayo de 2003, la recurrente
         señala, mediante una primera alegación, que la sentencia recurrida es errónea dado que, al igual que por el período anterior,
         la compresión de márgenes no le es imputable. 
      
      72      Mediante una segunda alegación, la recurrente considera que la sentencia recurrida contiene una contradicción entre el examen
         de la imputabilidad de la infracción y el cálculo de la compresión de márgenes. En efecto, el Tribunal exige una «subvención
         cruzada» entre dos mercados, a saber el del acceso de banda estrecha, por una parte, y el del acceso de banda ancha, por otra,
         mientras que, en el marco del cálculo de la compresión de márgenes, el Tribunal no ha tenido en cuenta los ingresos que los
         competidores obtienen por los servicios de comunicaciones, en particular, porque no puede oponérseles la posibilidad de una
         «subvención cruzada» entre dos mercados, a saber el mercado de los servicios de acceso para abonados, por una parte, y el
         de los servicios de comunicaciones, por otra.
      
      73      Mediante una tercera alegación, la recurrente señala que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al hacer suposiciones
         no fundadas sobre la posibilidad de reducción de la compresión de márgenes. La declaración, en el apartado 149 de la sentencia
         recurrida, de que la elasticidad cruzada de los precios no hace desaparecer el margen de maniobra de la recurrente para aumentar
         sus precios por el ADSL, aun cuando es cierta, carece de pertinencia. No obstante, el Tribunal no examinó la cuestión de si,
         y en qué medida, un abonado a una línea de banda estrecha renunciaría a pasar a una línea de banda ancha debido al aumento
         del precio de ésta.
      
      74      La Comisión subraya el carácter erróneo de la tesis central de la recurrente según la cual, por una parte, la infracción no
         le resulta imputable ya que los hechos son responsabilidad de la autoridad reguladora nacional y, por otra, la Comisión no
         podía iniciar una acción directamente contra una empresa regulada en un caso que ya había sido objeto de una resolución de
         la RegTP. Por ello, la Comisión considera que deben desestimarse en su totalidad las alegaciones de la recurrente.
      
      75      En cuanto a Vodafone, ésta sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la primera parte del primer motivo, dado que
         la recurrente se limita a reproducir la alegación que ya había invocado durante el procedimiento ante el Tribunal General
         con el único objetivo de conseguir que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar dicha alegación. Con carácter subsidiario,
         considera que deben desestimarse por infundadas las alegaciones de la recurrente.
      
      76      Versatel, en la vista, alegó también que el Tribunal General consideró acertadamente que la recurrente disponía de margen
         de maniobra suficiente para aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados.
      
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia
      77      Con carácter preliminar, procede observar que, mediante la presente parte del primer motivo, la recurrente, si bien es cierto
         que reitera por lo esencial la alegación presentada ante el Tribunal General, reprocha en esencia a éste haber incurrido en
         un error de Derecho al utilizar un criterio jurídico erróneo por lo que respecta a la imputabilidad de la infracción con arreglo
         al artículo 82 CE. Contrariamente a lo que sostiene Vodafone, debe declararse, por tanto, la admisibilidad de dicha parte
         del primer motivo, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia.
      
      78      En lo que atañe a la procedencia de la primera parte del primer motivo, es preciso señalar que la recurrente reprocha, en
         esencia, al Tribunal haber considerado que la compresión de márgenes declarada en la Decisión controvertida le resultaba imputable
         con arreglo al artículo 82 CE por la mera razón de que disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados. La totalidad de esta parte del primer motivo se basa a este respecto en la premisa
         según la cual tal margen de maniobra no es condición suficiente para la aplicación del artículo 82 CE cuando, como en el presente
         caso, la práctica tarifaria en cuestión fue aprobada por la autoridad reguladora nacional competente en materia de regulación
         del sector de las telecomunicaciones, a saber, la RegTP.
      
      79      Pues bien, tal premisa es errónea.
      
      80      En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente si una legislación nacional impone a las empresas
         un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de
         comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción
         de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas. Por el contrario,
         cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede
         ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas (sentencia de 11 de noviembre de 1997,
         Comisión y Francia/Ladbroke Racing, C‑359/95 P y C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265, apartados 33 y 34 así como jurisprudencia citada).
      
      81      Por tanto, el Tribunal de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad de excluir del ámbito de aplicación
         de los artículos 81 CE y 82 CE, un determinado comportamiento contrario a la competencia porque la normativa nacional vigente
         lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad de comportamiento competitivo
         por su parte (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1985, Italia/Comisión, 41/83, Rec. p. 873, apartado 19; de 10 de diciembre
         de 1985, Stichting Sigarettenindustrie y otros/Comisión, 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 y 269/82, Rec. p. 3831, apartados
         27 a 29, así como de 9 de septiembre de 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, apartado 67).
      
      82      Así, el Tribunal de Justicia declaró que, si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos
         de las empresas contrarios a la competencia, éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE (sentencias de 16 de diciembre
         de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados
         36 a 73, así como CIF, antes citada, apartado 56). 
      
      83      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incumbe, en efecto, a las empresas dominantes una responsabilidad especial
         de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común (sentencia
         de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461 apartado 57).
      
      84      De ello se deduce que el mero hecho de que se hubiese incitado a la recurrente, mediante las intervenciones de una autoridad
         reguladora nacional como la RegTP, a seguir aplicando sus prácticas tarifarias que conducen a la compresión de márgenes de
         sus competidores al menos igual de eficientes no puede, como tal, eliminar en absoluto su responsabilidad con arreglo al articulo
         82 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 1985, Clair, 123/83, Rec. p. 391, apartados 21 a 23). 
      
      85      Dado que, a pesar de tales intervenciones, la recurrente disponía de margen de maniobra para modificar sus precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados, el Tribunal podía concluir acertadamente, por ese sólo motivo, que la compresión
         de márgenes en cuestión le resulta imputable.
      
      86      Pues bien, en el presente caso, es preciso señalar que, mediante la alegación que formula en la primera parte del primer motivo,
         la recurrente no discute la existencia de tal margen de maniobra. En particular, la recurrente no discute las apreciaciones
         realizadas por el Tribunal, en los apartados 97 a 105 y 121 a 151 de la sentencia recurrida, según las cuales, en esencia,
         podría haber presentado solicitudes de autorización ante la RegTP con el fin de modificar sus precios minoristas por los servicios
         de acceso para abonados, más en concreto, los precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha, en lo que
         atañe al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, y los precios minoristas por los servicios
         de acceso de banda ancha, por lo que respecta al período a partir del 1 de enero de 2002.
      
      87      En cambio, la recurrente se limita, mediante sus diversas alegaciones, a poner de relieve el carácter incitativo de la intervención
         de la RegTP subrayando, en particular, por una parte, que la propia autoridad reguladora nacional examinó y aprobó la compresión
         de márgenes en cuestión a la luz a la vez del Derecho nacional y del Derecho de la Unión relativo a las telecomunicaciones
         así como del artículo 82 CE y, por otra parte, que el Bundesgerichtshof declaró, en una sentencia de 10 de febrero de 2004,
         que la recurrente no puede sustituir a la RegTP para apreciar si una práctica tarifaria es contraria al artículo 82 CE. 
      
      88      Por las razones expuestas en los apartados 80 a 85 de la presente sentencia, tales circunstancias, no obstante, no desvirtúan
         que dicha práctica tarifaria es imputable a la recurrente dado que consta que ésta disponía de margen de maniobra para modificar
         sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y, por tanto, tales circunstancias son inoperantes para impugnar
         las apreciaciones realizadas por el Tribunal sobre este punto. 
      
      89      En particular, la recurrente no puede reprochar a este respecto al Tribunal no haber examinado si había cometido una «falta»
         al no utilizar el margen de maniobra del que disponía para solicitar la autorización a la RegTP para modificar sus precios
         minoristas por los servicios de acceso para abonados. En efecto, el carácter «culposo» o no de tal comportamiento no desvirtúa
         la apreciación de que la recurrente disponía de margen de maniobra para adoptarla, sino que únicamente puede tenerse en cuenta
         al determinar el carácter ilícito de dicho comportamiento así como en la fase de la fijación del importe de las multas. 
      
      90      Por lo demás, debe subrayarse a este respecto que, como declaró el Tribunal en el apartado 120 de la sentencia recurrida,
         la Comisión, en cualquier caso, no puede estar vinculada por una resolución dictada por una autoridad nacional en aplicación
         del artículo 82 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods y HB, C‑344/98, Rec. p. I‑11369,
         apartado 48). En el presente caso, la recurrente no discute, además, que las resoluciones de la RegTP no vinculan a la Comisión.
         
      
      91      Es cierto que no cabe descartar, como observa la recurrente, que las propias autoridades reguladoras nacionales infringieran
         el artículo 82 CE, en relación con el artículo 10 CE, de modo que la Comisión habría podido interponer, por ello, un recurso
         por incumplimiento contra el Estado miembro de que se trata. No obstante, tal circunstancia carece también de incidencia sobre
         el margen de maniobra del que disponía la recurrente para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para
         abonados y, por tanto, es irrelevante, como ya resulta de los apartados 44 a 49 de la presente sentencia, en la fase del presente
         recurso de casación para impugnar las apreciaciones realizadas por el Tribunal sobre la imputabilidad de la infracción a la
         recurrente.
      
      92      Lo mismo cabe decir de la circunstancia alegada por la recurrente de que la regulación realizada por la RegTP tiene por objeto
         abrir los mercados de referencia a la competencia. En efecto, consta que dicha regulación no privó en modo alguno a la recurrente
         de la posibilidad de modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y, por tanto, de adoptar un
         comportamiento autónomo acorde con el artículo 82 CE, ya que las normas relativas a la competencia previstas por el Tratado
         CE completan a este respecto, mediante el ejercicio de un control ex post, el marco regulador adoptado por el legislador de la Unión con el fin de regular ex ante los mercados de las telecomunicaciones.
      
      93      De igual modo, procede descartar la alegación según la cual el Tribunal, debido a la elasticidad cruzada de los precios minoristas
         por los servicios de acceso de banda ancha y los precios minoristas por los servicios de acceso de banda estrecha, incurrió
         en un error de Derecho en el apartado 149 de la sentencia recurrida, en relación con la posibilidad de la recurrente de reducir
         la compresión de márgenes a partir del 1 de enero de 2002 aumentando sus precios minoristas por los servicios de acceso de
         banda ancha. En efecto, como declaró el Tribunal en ese mismo apartado, dicha alegación no contradice en nada la existencia
         de margen de maniobra de la recurrente para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha. Por
         otro lado, en tanto la recurrente pretende, por lo demás, impugnar que dicho aumento haya conducido a un precio minorista
         medio mayor por los servicios de acceso de banda estrecha y de banda ancha conjuntamente, debe declararse la inadmisibilidad
         de esta alegación, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 53 de la presente sentencia, dado que pretende
         impugnar, sin alegar la menor desnaturalización, la apreciación soberana de los hechos realizada por el Tribunal en la sentencia
         recurrida.
      
      94      Por último, respecto a la alegación basada en una contradicción de motivos, mencionada en el apartado 72 de la presente sentencia,
         tampoco puede admitirse ya que se basa en una premisa errónea. En efecto, si bien es cierto que el Tribunal, en particular,
         en los apartados 119 y 199 a 201 de la sentencia recurrida, descartó la posibilidad, en la fase del cálculo de la compresión
         de márgenes, de una subvención cruzada entre dos mercados distintos, a saber, respectivamente, el de los servicios de acceso
         para abonados y el de los servicios de comunicaciones para abonados, es erróneo considerar que exigió tal subvención cruzada
         en la fase del examen de la imputabilidad de la infracción. 
      
      95      En efecto, en los apartados 148 a 150 de la sentencia recurrida, el Tribunal se limitó a declarar a este respecto que el margen
         de maniobra del que disponía la recurrente para aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso de banda ancha
         podía reducir la compresión de márgenes resultante de la diferencia entre los precios mayoristas por los servicios de acceso
         al bucle local y los precios minoristas por el conjunto de los servicios de acceso para abonados. De este modo, el Tribunal
         no exigió en absoluto una práctica de subvención cruzada entre los servicios de acceso de banda estrecha y los servicios de
         acceso de banda ancha, y menos aún, como se señala en el apartado 148 de la sentencia recurrida sin que la recurrente lo discuta
         en el presente recurso de casación, existe, a nivel de los servicios de acceso al bucle local, un único mercado de servicios
         diferenciado, ya que los servicios de acceso prestados a este nivel permiten a los competidores de la recurrente prestar a
         sus abonados tanto los servicios de acceso de banda estrecha como los servicios de acceso de banda ancha, además estos últimos
         servicios no pueden, por razones de orden técnico, ofrecerse a los abonados de manera aislada.
      
      96      Por consiguiente, procede desestimar la totalidad de la primera parte del primer motivo, declarando, en parte, su inadmisibilidad
         y desestimándola por inoperante o por infundada en lo demás.
      
      b)      Sobre la segunda parte del primer motivo, relativa al principio de protección de la confianza legítima
      i)      Sentencia recurrida
      97      Tras haber recordado, en el apartado 267 de la sentencia recurrida, que, en varias decisiones adoptadas durante el período
         en cuestión, la RegTP consideró que, aun cuando existe una diferencia negativa entre los precios mayoristas por los servicios
         de acceso al bucle local de la recurrente y sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, el recurso a
         la subvención cruzada entre los servicios de acceso y de llamadas telefónicas debía permitir a los demás operadores ofrecer
         precios competitivos a sus abonados, el Tribunal declaró, en el apartado 268 de la citada sentencia, que las decisiones de
         la RegTP no contienen referencia alguna al artículo 82 CE y que se desprende de modo implícito pero necesario que las prácticas
         tarifarias de la recurrente tienen un efecto contrario a la competencia, puesto que sus competidores deben recurrir a una
         subvención cruzada para poder seguir siendo competitivos en el mercado de los servicios de acceso. 
      
      98      El Tribunal concluyó en el apartado 269 de la sentencia recurrida:
      
      «En estas circunstancias, las Decisiones de la RegTP no podían crear en la demandante la confianza legítima de que sus prácticas
         tarifarias no infringían el artículo 82 CE. Procede añadir que el Bundesgerichtshof, en su sentencia de 10 de febrero de 2004,
         por la que se anula la sentencia del Oberlandesgericht Dusseldorf de 16 de enero de 2002, confirmó que “el procedimiento administrativo
         de examen [por la RegTP] no excluye la posibilidad de que una empresa presente una tarifa con la que abusa de su posición
         dominante y obtenga su autorización porque el abuso no se descubre en el procedimiento de examen”.»
      
      ii)    Alegaciones de las partes
      99      La recurrente estima que el Tribunal aplicó el principio de protección de la confianza legítima de manera errónea. En efecto,
         al negar de manera repetida la existencia de una compresión de márgenes restrictiva de la competencia las decisiones de la
         RegTP le hicieron tener, una confianza digna de protección en la legalidad de sus tarifas. 
      
      100    A este respecto, la recurrente, mediante una primera alegación, señala que la cuestión de si las decisiones de la RegTP hacen
         referencia expresa al artículo 82 CE carece de pertinencia puesto que ésta en cualquier caso desestimó la existencia de una
         compresión de márgenes restrictiva de la competencia.
      
      101    Mediante una segunda alegación, la recurrente observa que, contrariamente a lo que el Tribunal estimó en los apartados 267
         y 268 de la sentencia recurrida, ni de lo expuesto por la RegTP sobre la posibilidad de un «subvención cruzada» con los precios
         de los servicios de comunicaciones ni de la utilización de la expresión «subvención cruzada» resulta que sus prácticas tarifarias
         tengan un efecto contrario a la competencia.
      
      102    Mediante una tercera alegación, la recurrente sostiene que la referencia, en el apartado 269 de la sentencia recurrida, a
         una sentencia del Bundesgerichtshof de 10 de febrero de 2004 carece de pertinencia. En efecto, al haberse adoptado con posterioridad
         al período de referencia, dicha sentencia no puede ser determinante para la cuestión de si la recurrente estaba legitimada
         para confiar en la legalidad de las decisiones de la RegTP durante el citado período. Por el contrario, la recurrente habría
         podido deducir de una sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf de 16 de enero de 2002 otros elementos que indicaban que
         estaba legitimada para confiar en las decisiones de la RegTP, dado que dicho órgano jurisdiccional declaró que las decisiones
         de ésta excluían cualquier infracción del artículo 82 CE.
      
      103    La Comisión alega que, si las declaraciones de la RegTP no anticipan su apreciación a la luz del artículo 82 CE, no pueden
         tampoco fundamentar una confianza legítima en que la Comisión seguirá la opinión de la citada RegTP. Por tanto, las alegaciones
         de la recurrente deben desestimarse por inoperantes o infundadas.
      
      104    Vodafone estima que debe declararse la inadmisibilidad de la segunda parte del primer motivo, puesto que la recurrente se
         limita, por lo esencial, a repetir las alegaciones ya invocadas ante el Tribunal sobre la importancia de las decisiones anteriores
         de la RegTP, las afirmaciones de ésta sobre la posibilidad de una subvención cruzada y el significado de una sentencia del
         Oberlandesgericht Düsseldorf. En cualquier caso, esta parte no es fundada porque la confianza legítima sólo puede generarla
         la autoridad competente para la situación jurídica de que se trata.
      
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia
      105    Procede observar que, mediante las presentes alegaciones, la recurrente se limita a formular, sin exponer una argumentación
         jurídica que demuestre la razón por la que los apartados 267 a 269 de la sentencia recurrida adolecen de un error de Derecho,
         que las decisiones adoptadas por la RegTP o dictadas por determinados órganos jurisdiccionales nacionales han podido generar
         en ella la confianza legítima de que sus prácticas tarifarias eran conformes al artículo 82 CE, reiterando o desarrollando
         a este respecto las alegaciones ya invocadas en primera instancia ante el Tribunal con el fin de demostrar la vulneración
         por la Comisión del principio de protección de la confianza legítima. 
      
      106    Es preciso manifestar que, de este modo, la recurrente pretende, cuestionando así la Decisión controvertida, obtener un nuevo
         examen de la demanda presentada ante el Tribunal y que, por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado
         24 de la presente sentencia, debe declararse la inadmisibilidad de sus alegaciones sobre este punto.
      
      107    Por lo demás, en tanto la recurrente, en su segunda alegación, discute que hubiera podido deducir de las decisiones de la
         RegTP que sus prácticas tarifarias produjeron un efecto restrictivo de la competencia, es preciso indicar que pretende cuestionar
         la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal sin alegar la menor desnaturalización y que, por tanto, debe declararse
         también la inadmisibilidad de tal alegación, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 53 de la presente
         sentencia. 
      
      108    Por último, en la medida en que la tercera alegación pretende cuestionar la pertinencia de la sentencia dictada por el Bundesgerichtshof
         el 10 de febrero de 2004, debe desestimarse por inoperante ya que se refiere a un fundamento jurídico reiterativo que apoya
         otras declaraciones formuladas por el Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues
         Télécom/Comisión, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, apartado 148 y jurisprudencia citada).
      
      109    En efecto, como resulta del uso de la expresión procede «añadir» al inicio de la segunda frase del apartado 269 de la sentencia
         recurrida, el Tribunal se refirió a las afirmaciones realizadas en dicha sentencia del Bundesgerichtshof con el único fin
         de confirmar la conclusión que se deriva de los fundamentos jurídicos expuestos en los apartados 267 y 268 de la sentencia
         recurrida y que figuran ya en la primera frase del citado apartado 269 según la cual las decisiones de la RegTP no pudieron
         generar en la recurrente la confianza legítima de que sus prácticas tarifarias se atenían al artículo 82 CE. 
      
      110    En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del primer motivo declarando su inadmisibilidad, en parte, y desestimándolo
         por inoperante, en lo demás.
      
      c)      Sobre la tercera parte del primer motivo, relativa al carácter deliberado o por negligencia de la infracción del artículo 82 CE
         
      
      i)      Sentencia recurrida
      111    El Tribunal desestimó el motivo de la recurrente basado en falta de motivación sobre el carácter deliberado o por negligencia
         de la infracción señalando, en el apartado 286 de la sentencia recurrida, que la Decisión controvertida contiene una referencia
         al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de
         los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), que establece, en su párrafo primero, los presupuestos
         que han de darse para que la Comisión pueda imponer multas, entre los que figura el relativo al carácter deliberado o por
         negligencia de la infracción. 
      
      112    Por otra parte, el Tribunal declaró, en el apartado 287 de dicha sentencia, que, la Comisión expuso detalladamente en la Decisión
         controvertida los motivos por los que estima que las prácticas tarifarias de la recurrente son abusivas en el sentido del
         artículo 82 CE así como los motivos por los que la recurrente debe ser considerada responsable de la infracción declarada,
         aun cuando sus tarifas tengan que ser aprobadas por las autoridades alemanas. 
      
      113    Asimismo, el Tribunal desestimó el motivo de la recurrente basado en la inexistencia de negligencia y de falta intencionada.
         A este respecto, el Tribunal indicó, en el apartado 296 de la sentencia recurrida, que la recurrente no podía ignorar que,
         a pesar de las decisiones de autorización de la RegTP, disponía de un margen real de maniobra para reducir la compresión de
         márgenes aumentando sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados ni que dicha compresión de márgenes provocaba
         graves restricciones de la competencia, habida cuenta, en particular, de su posición monopolística en el mercado de los servicios
         de acceso al bucle local y de su posición cuasi monopolística en el mercado de los servicios de acceso para abonados.
      
      114    Por otra parte, el Tribunal declaró, en el apartado 298 de la sentencia recurrida, que procede reconocer que la incoación
         de un procedimiento administrativo previo contra la República Federal de Alemania no afectaba a los presupuestos de la imposición
         de multas del artículo 15, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 17, ya que la recurrente no podía ignorar, por una
         parte, que disponía de un margen real de maniobra para aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados
         y, por otra parte, que sus prácticas tarifarias obstaculizaban el desarrollo de la competencia en el mercado de los servicios
         de acceso al bucle local, en el que ya había disminuido el grado de competencia, en particular debido a su presencia.
      
      115    Por último, en el apartado 299 de la sentencia recurrida, el Tribunal desestimó la alegación basada en el examen de la compresión
         de márgenes por la RegTP por los motivos expuestos en los apartados 267 a 269 de dicha sentencia, que son objeto de los apartados
         97 y 98 de la presente sentencia. 
      
      ii)    Alegaciones de las partes
      116    La recurrente afirma, mediante una primera alegación, que la sentencia recurrida, en sus apartados 284 a 289, incumple las
         exigencias del artículo 253 CE partiendo erróneamente del principio de que el reproche de negligencia o de falta intencionada
         estaba suficientemente motivado en la Decisión controvertida. En efecto, dicha Decisión no contiene ninguna declaración de
         Derecho o de hecho relativa a la cuestión de la negligencia o de la falta. 
      
      117    En primer lugar, la recurrente sostiene que, desde un punto de vista jurídico, no basta que la Comisión remita, en el segundo
         visto de la Decisión controvertida, al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17. En efecto, el visto no forma parte de
         la motivación de la Decisión, sino que únicamente indica el fundamento jurídico. En cualquier caso, tal visto no muestra las
         razones por las que la Comisión considera que la infracción se cometió de manera deliberada o por negligencia. 
      
      118    En segundo lugar, la recurrente estima que las consideraciones sobre los hechos de la Comisión a las que el Tribunal se refiere
         en el apartado 287 de la sentencia recurrida no motivan el reproche de la infracción del artículo 82 CE cometida deliberadamente
         o por negligencia ya que dichas consideraciones no tienen ninguna relación con la cuestión de la imputabilidad subjetiva del
         comportamiento, es decir, con la cuestión de si la recurrente podía o no ignorar el carácter contrario a la competencia de
         su comportamiento.
      
      119    Mediante una segunda alegación, la recurrente sostiene que la apreciación de la falta por el Tribunal carece de motivación,
         ya que la motivación de la sentencia recurrida se basa, por añadidura, en una aplicación errónea del artículo 15, apartado
         2, párrafo primero, del Reglamento nº 17. En efecto, no existe la imputabilidad subjetiva de una eventual infracción del artículo
         82 CE. Pues bien, habida cuenta de las decisiones de la RegTP y a falta de precedente en la Unión Europea, la recurrente ignoraba
         el carácter supuestamente contrario a la competencia de su comportamiento.
      
      120    Según la recurrente, las consideraciones relativas a las decisiones de la RegTP que figuran en los apartados 267 a 269 de
         la sentencia recurrida y a las que el Tribunal se remite en el apartado 299 de la citada sentencia no permiten concluir que
         cometiera una falta. El hecho de que la RegTP no se refiriese expresamente al artículo 82 CE no es determinante puesto que
         la apreciación de la falta no depende de si la empresa interesada es consciente de que su comportamiento infringe el artículo
         82 CE. Por otro lado, ni el concepto de subvención cruzada utilizado por la RegTP ni la sentencia del Bundesgerichtshof de
         10 de febrero de 2004 permitían deducir la existencia de una falta cometida por la recurrente. Por último, el Tribunal no
         examinó las conclusiones que la recurrente estaba legitimada a sacar del comportamiento global de la Comisión resultante no
         sólo de la incoación de un procedimiento por incumplimiento contra la República Federal de Alemania, sino también del hecho
         de que la Comisión informó a la recurrente de su intención de no continuar el procedimiento incoado contra ella.
      
      121    La Comisión sostiene que la regulación del sector sólo es pertinente para la cuestión de si la recurrente conocía el carácter
         ilegal de su actuación pero no para determinar el carácter deliberado de la infracción. Por tanto, la tercera parte del primer
         motivo es inoperante o, en cualquier caso, infundada.
      
      122    Vodafone considera que la recurrente reproduce, de nuevo, la alegación invocada ante el Tribunal para explicar que no se cometió
         ninguna falta. En cualquier caso, debe declararse la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente en la medida en que
         exige que el Tribunal de Justicia sustituya, en el marco de su examen de la motivación de dicha sentencia, por motivos de
         equidad, la apreciación del Tribunal por la suya. Por lo demás, dicha parte es infundada. 
      
      iii) Apreciación del Tribunal de Justicia 
      123    Con carácter preliminar, procede observar que debe declararse la admisibilidad de las presentes alegaciones, aun cuando repiten
         en parte la alegación presentada ante el Tribunal General, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 25 de
         la presente sentencia, dado que pretenden reprochar a éste haber utilizado un criterio jurídico erróneo para la aplicación
         del requisito relativo al carácter por negligencia o deliberado de la infracción y para el control del respeto de dicho requisito
         por la Comisión a la luz de la obligación de motivación que le incumbe. Por otro lado, debe recordarse que la cuestión de
         si la motivación de una sentencia del Tribunal General es suficiente constituye una cuestión de Derecho que como tal puede
         ser alegada en el marco de un recurso de casación (véase en particular la sentencia de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y FIAMM
         Technologies/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, apartado 90).
      
      124    Por lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones relativas a la procedencia de las apreciaciones realizadas por el
         Tribunal, es preciso recordar, respecto a la cuestión de si las infracciones se cometieron deliberadamente o por negligencia
         y, por tanto, pueden sancionarse con una multa de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17, que de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que esta condición se cumple cuando la empresa de que se
         trata no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas
         de competencia del Tratado (véanse las sentencias de 8 de noviembre de 1983, IAZ International Belgium y otros/Comisión, 96/82
         a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartado 45, así como Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión,
         antes citada, apartado 107). 
      
      125    En el presente caso, el Tribunal, en los apartados 296 y 297 de la sentencia recurrida, estimó que se cumplía la citada condición
         dado que, por una parte, la recurrente no podía ignorar que, a pesar de las decisiones de autorización de la RegTP, disponía
         de un margen real de maniobra para fijar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y que, por otra
         parte, la compresión de márgenes provocaba graves restricciones de la competencia, habida cuenta de su posición monopolística
         en el mercado mayorista de los servicios de acceso al bucle local y de su posición cuasi monopolística en el mercado minorista
         de los servicios de acceso para abonados. 
      
      126    Es preciso indicar que tal razonamiento, que se basa en consideraciones fácticas comprendidas, a falta de alegación de desnaturalización,
         en la apreciación soberana de los hechos por el Tribunal, no adolece de ningún error de Derecho. 
      
      127    En efecto, en la medida en que la recurrente reprocha al Tribunal no haber tenido en cuenta las decisiones de la RegTP y la
         inexistencia de precedente en la Unión, basta observar que tal alegación pretende únicamente demostrar la ignorancia por la
         recurrente del carácter ilegal del comportamiento reprochado en la Decisión controvertida a la luz del artículo 82 CE. Por
         tanto, tal alegación debe desestimarse por infundada, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 124 de la presente
         sentencia. 
      
      128    Lo mismo cabe decir sobre la alegación basada en la no consideración por el Tribunal de la incoación del procedimiento previo
         administrativo con arreglo al artículo 226 CE contra la República Federal de Alemania. En efecto, tal circunstancia, incluso
         si se admitiese que la Comisión hubiera informado a la recurrente de su intención de no incoar en su contra el procedimiento
         de infracción con arreglo al artículo 82 CE, no afecta en nada la consideración de que la recurrente no podía ignorar el carácter
         contrario a la competencia de su comportamiento. Por tanto, sin incurrir en error de Derecho el Tribunal declaró, en el apartado
         298 de la sentencia recurrida, que la incoación del procedimiento en cuestión carecía de incidencia sobre el carácter deliberado
         o por negligencia de una infracción en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17. 
      
      129    En cuanto a la alegación formulada por la recurrente frente al apartado 299 de la sentencia recurrida, debe, de conformidad
         con la jurisprudencia citada en el apartado 108 de la presente sentencia, desestimarse por inoperante, ya que se refiere a
         un fundamento jurídico reiterativo que apoya otras declaraciones realizadas en los apartados 296 y 297 de la sentencia recurrida,
         que bastan para demostrar el carácter deliberado o por negligencia de la infracción. 
      
      130    Por lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones sobre el control por el Tribunal de la motivación de la Decisión
         controvertida en relación con el carácter deliberado o por negligencia de la infracción, debe recordarse que la obligación
         de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión
         del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo.
         Desde este punto de vista, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se
         trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que
         los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control
         (sentencia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, apartado 35).
      
      131    La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, en particular, del contenido del acto,
         la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente
         por éste puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de
         Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del citado artículo
         253 debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas
         jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en particular, las sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval
         y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, así como de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation
         of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, apartado 166).
      
      132    En el presente caso, en lo que atañe a la motivación de la Decisión controvertida, el Tribunal declaró, por una parte, en
         el apartado 286 de la sentencia recurrida, que la citada Decisión contenía una referencia al artículo 15, apartado 2, del
         Reglamento nº 17, que se refiere a los presupuestos que han de darse para que la Comisión pueda imponer multas, entre ellos
         el relativo al carácter deliberado o por negligencia de la infracción y, por otra parte, en el apartado 287 de la citada sentencia,
         que, en dicha misma Decisión, la Comisión expuso detalladamente los motivos por los que estima que las prácticas tarifarias
         de la recurrente son abusivas y, aquellos por los que la recurrente debe ser considerada responsable de la infracción declarada,
         a pesar de la aprobación de sus tarifas por las autoridades reguladoras nacionales. 
      
      133    Dichas declaraciones que muestran los motivos por los que se adoptó la Decisión controvertida permitían a la recurrente conocer
         el razonamiento de la Comisión sobre la aplicación a la recurrente de los presupuestos establecidos en el artículo 15, apartado
         2, del Reglamento nº 17 para la imposición de multas, por tanto, el Tribunal pudo, sin infringir el artículo 253 CE, deducir
         de ello que la Decisión controvertida estaba suficientemente motivada sobre este punto a la luz de las exigencias que se desprenden
         de esta disposición. Por tanto, la alegación de la recurrente sobre este punto es infundada.
      
      134    En la medida en que la recurrente añade a este respecto que las consideraciones de la Comisión recogidas en el apartado 287
         de la sentencia recurrida carecen de pertinencia para determinar el carácter deliberado o por negligencia de una infracción,
         basta observar que debe declararse la inadmisibilidad de tal alegación, que pretende cuestionar la procedencia de la motivación
         utilizada en la Decisión controvertida, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 24 de la presente sentencia,
         en la fase del presente recurso de casación.
      
      135    Por lo que respecta, en tercer lugar, a la motivación de la sentencia recurrida, es preciso recordar que la obligación de
         motivar las sentencias resulta del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal General en virtud
         del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto y del artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General
         (véase la sentencia de 4 de octubre de 2007, Naipes Heraclio Fournier/OAMI, C‑311/05 P, apartado 51 y jurisprudencia citada).
         
      
      136    Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del
         Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia
         ejercer su control jurisdiccional (véanse, en particular, las sentencias de 14 de mayo de 1998, Consejo/de Nil e Impens, C‑259/96 P,
         Rec. p. I‑2915, apartados 32 y 33, así como de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, apartado 70).
      
      137    A este respecto, basta señalar que, como ya resulta del apartado 125 de la presente sentencia, los apartados 296 y 297 de
         la sentencia recurrida muestran de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal sobre el carácter negligente o intencionado
         de la infracción alegada. Por tanto, la alegación basada en falta de motivación sobre este punto de la sentencia recurrida
         carece de fundamento. 
      
      138    En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad, en parte, y, desestimarse por inoperante e infundada en lo demás la tercera
         parte del primer motivo.
      
      d)      Conclusión sobre el primer motivo
      139    De todo lo anterior resulta que debe desestimarse en su totalidad el primer motivo.
      
      3.      Sobre el segundo motivo, basado en errores de Derecho en la aplicación del artículo 82 CE 
      140    El segundo motivo formulado por la recurrente se subdivide en tres partes relativas, respectivamente, a la pertinencia del
         criterio de la compresión de márgenes para establecer un abuso en el sentido del artículo 82 CE, el carácter adecuado del
         método de cálculo de la compresión de márgenes y los efectos de la compresión de márgenes.
      
      a)      Sentencia recurrida
      141    En los apartados 153 a 207 de la sentencia recurrida, el Tribunal desestimó las alegaciones de la recurrente aduciendo la
         ilegalidad del método utilizado por la Comisión para declarar la existencia de una compresión de márgenes. 
      
      142    En primer lugar, el Tribunal desestimó, en los apartados 166 a 168 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente
         según la cual el carácter abusivo de una compresión de márgenes sólo puede provenir del carácter abusivo de sus precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados. Habiendo declarado, en el apartado 166 de dicha sentencia, que, según, la Decisión
         controvertida, el abuso cometido por la recurrente consiste en la imposición de precios no equitativos en forma de compresión
         de márgenes en detrimento de sus competidores, dado que la Comisión considera que existe tal compresión abusiva de márgenes
         cuando la diferencia entre las tarifas minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables
         que aplica a sus competidores es negativa o insuficiente para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el
         operador dominante en la prestación de sus propios servicios minoristas a los abonados, el Tribunal declaró, en el apartado
         167 de la citada sentencia:
      
      «Ciertamente, la Comisión declara únicamente en la Decisión [controvertida] que la demandante tenía margen de maniobra para
         modificar sus precios minoristas [por los servicios de acceso para abonados]. Sin embargo, el carácter abusivo del comportamiento
         de la demandante está ligado al carácter no equitativo de la diferencia entre sus precios mayoristas por los [servicios de
         acceso al bucle local] y minoristas [por los servicios de acceso para abonados], en forma de compresión de márgenes. Por tanto,
         a la vista del abuso declarado en la Decisión [controvertida], la Comisión no estaba obligada a demostrar en la Decisión [controvertida]
         que los precios minoristas de la demandante eran abusivos en sí mismos.»
      
      143    En segundo lugar, en los apartados 183 a 194 de la sentencia recurrida, el Tribunal desestimó la alegación por la que la recurrente
         reprochaba a la Comisión haber calculado la compresión de márgenes sobre la base de tarifas y costes de la empresa dominante
         verticalmente integrada haciendo abstracción de la posición específica de los competidores en el mercado. A este respecto,
         el Tribunal, tras haber subrayado, en el apartado 185 de dicha sentencia, que el control que ejerce sobre valoraciones económicas
         complejas hechas por la Comisión se limita a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como
         la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder, declaró, en particular,
         lo siguiente:
      
      «186      En primer lugar, debe recordarse que, en la Decisión [controvertida], la Comisión examinó si las prácticas tarifarias de la
         empresa dominante amenazan con expulsar del mercado a un agente económico igual de eficiente que ella. Por tanto, la Comisión,
         para apreciar si las prácticas tarifarias de la demandante eran abusivas, sólo se basó en las tarifas y en los costes de la
         demandante, y no en la situación específica de sus competidores efectivos o potenciales. 
      
      187      En efecto, según la Comisión, “cabe presumir que se aplica una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia entre las
         tarifas minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores
         es negativa o insuficiente para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante en la prestación
         de sus propios servicios […] a los abonados en el mercado [minorista]” […]. En el caso de autos, la compresión de márgenes
         es abusiva, ya que la propia demandante “no habría estado en condiciones de ofrecer sus […] servicios minoristas sin incurrir
         en pérdidas si hubiese tenido que pagar el precio de acceso mayorista como precio de transferencia interno para sus propios
         servicios minoristas” […]. En estas circunstancias, “competidores, [que] sean igual de eficientes” que la demandante sólo
         pueden “ofrecer los servicios de acceso minorista a un precio competitivo si logran un incremento adicional de su eficiencia” […]
      
      188      Debe afirmarse que aunque el juez comunitario hasta el momento no se haya pronunciado explícitamente sobre el método que ha
         de aplicarse para determinar la existencia de compresión de márgenes, de la jurisprudencia se desprende claramente que el
         carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante se determina, en principio, sobre la base de su propia
         situación y, por tanto, atendiendo a sus propias tarifas y costes, y no en relación con la situación de sus competidores efectivos
         o potenciales. 
      
      […]
      192      Procede añadir que cualquier otro enfoque podría vulnerar el principio general de seguridad jurídica. En efecto, si la legalidad
         de las prácticas tarifarias de una empresa dominante dependiera de la situación específica de las empresas competidoras, en
         particular, por la estructura de sus costes –generalmente desconocidos para la empresa dominante– esta última ni siquiera
         podría apreciar la legalidad de sus propios comportamientos.
      
      193      Por tanto, la Comisión actuó acertadamente al basar su análisis sobre el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la
         [demandante] únicamente en elementos de la situación específica de la demandante y, consiguientemente, en sus tarifas y costes.
      
      194      Dado que procede examinar si la propia demandante, o una empresa igual de eficiente que ella, habría estado en condiciones
         de ofrecer sus propios servicios minoristas sin incurrir en pérdidas si hubiese tenido que pagar el precio de acceso mayorista
         como precio de transferencia interno para sus propios servicios minoristas, es inoperante el argumento de la demandante según
         el cual sus competidores no pretenden reproducir su propia estructura de clientela y pueden obtener ingresos complementarios
         de productos innovadores que sólo ellos ofrecen en el mercado, sobre los que la demandante no aporta precisión alguna. Por
         idénticos motivos, tampoco puede prosperar el argumento de que los competidores pueden privar de la posibilidad de (pre)selección.»
      
      144    En tercer lugar, el Tribunal desestimó, en los apartados 195 a 206 de esa misma sentencia, la alegación según la cual la Comisión
         únicamente había tenido en cuenta los ingresos del conjunto de los servicios de acceso excluyendo los ingresos de otros servicios,
         en particular los procedentes de las comunicaciones. 
      
      145    A este respecto, el Tribunal señaló, en primer lugar, en el apartado 196 de la sentencia recurrida, que la Directiva 96/19,
         que distingue, en cuanto a la estructura de costes de los operadores históricos, entre la conexión inicial, el alquiler mensual,
         las llamadas locales, regionales y las de larga distancia, tiene por objeto llevar a cabo un reajuste de tarifas entre estos
         diferentes servicios en función de sus costes reales, para permitir una plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones
         y que concretamente, dicha operación debía traducirse en una bajada de las tarifas de las comunicaciones nacionales e internacionales
         y en una subida de la cuota de conexión, del abono mensual y del precio de las comunicaciones locales. El Tribunal concluyó
         de ello, en el apartado 197 de dicha sentencia, que la Comisión había señalado acertadamente que la consideración por separado
         de las tarifas de acceso y las tarifas de llamada ya queda por tanto establecida en el principio del reajuste tarifario previsto
         por el Derecho de la Unión.
      
      146    Posteriormente, el Tribunal recordó, en el apartado 198 de la sentencia recurrida, que un sistema de competencia no falseada
         entre la recurrente y sus competidores tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes
         agentes económicos. A este respecto, declaró lo siguiente:
      
      «199      Si bien es cierto que, desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de llamadas telefónicas forman un todo,
         no es menos cierto que, para los competidores de la demandante, la prestación del servicio de llamadas a los abonados a través
         de la red fija de la demandante presupone un acceso al bucle local. La igualdad de oportunidades entre un operador histórico
         propietario de la red fija, como la demandante, por una parte, y sus competidores, por otra parte, implica entonces que los
         precios por los servicios de acceso se fijen a un nivel tal que coloque a los competidores en pie de igualdad con el operador
         histórico para la prestación de servicios de llamadas. Esta igualdad de oportunidades sólo se garantiza si el operador histórico
         fija sus precios minoristas [por los servicios de acceso para abonados] a un nivel que permita a sus competidores –a los que
         se supone tan eficientes como el operador histórico– repercutir todos los costes derivados del servicio mayorista [de acceso
         al bucle local] sobre sus precios minoristas. Sin embargo, si el operador histórico no respeta este principio, los nuevos
         entrantes sólo pueden ofrecer servicios de acceso a sus abonados incurriendo en pérdidas. Por tanto, se ven obligados a compensar
         las pérdidas sufridas en el acceso al bucle local con tarifas más elevadas por las llamadas telefónicas, lo que también falsea
         la competencia en el mercado de las llamadas.
      
      200      De ello se deriva que si bien es cierto que, tal como sostiene la demandante, los servicios de acceso y de llamadas telefónicas,
         constituyen un “cluster” desde el punto de vista del abonado, la Comisión declaró acertadamente en el considerando 119 de
         la Decisión [controvertida] que para determinar si las prácticas tarifarias de la demandante falsean el juego de la competencia
         era necesario examinar la existencia de compresión de márgenes únicamente en el nivel de los servicios de acceso y, por tanto,
         no incluir en el cálculo las tarifas de las llamadas telefónicas.
      
      201      Por otra parte, el cálculo compensador al que alude la demandante entre las tarifas de acceso y las tarifas de las llamadas
         telefónicas ya confirma que la demandante y sus competidores no se encuentran en pie de igualdad en el acceso al bucle local,
         si bien dicha igualdad constituye la condición necesaria para que no se falsee la competencia en el mercado de las llamadas
         telefónicas.
      
      202      En todo caso, dado que la demandante redujo considerablemente sus precios por las llamadas telefónicas durante el período
         al que se refiere la Decisión [controvertida] […], no puede descartarse que los competidores ni siquiera tuvieran la posibilidad
         económica de llevar a cabo la compensación sugerida por la demandante. En efecto, los competidores, que ya sufren una desventaja
         competitiva respecto de la demandante en el acceso al bucle local, debían aplicar tarifas por las llamadas telefónicas inferiores
         incluso a las de la demandante, para incitar a los potenciales clientes a cancelar sus abonos con la demandante a cambio de
         abonarse a ellos.»
      
      147    El Tribunal concluyó de ello, en el apartado 203 de la sentencia recurrida, que, por tanto, la Comisión actuó acertadamente
         al tener en cuenta, en el cálculo de la compresión de márgenes, sólo los ingresos por los servicios de acceso, excluyendo
         los ingresos por otros servicios, como las llamadas telefónicas.
      
      148    Por otro lado, tras haber indicado, en el apartado 223 de la sentencia recurrida, que el error de cálculo admitido por la
         Comisión en lo que atañe al cálculo de los costes específicos de la recurrente no afectaba la legalidad de la Decisión controvertida
         dado que el carácter no equitativo, en el sentido del artículo 82 CE, de las prácticas tarifarias de la recurrente está vinculado
         a la propia existencia de la compresión de márgenes, y no a su magnitud precisa, el Tribunal desestimó, en los apartados 234
         a 244 de dicha sentencia, las alegaciones de la recurrente relativas a la inexistencia de efecto sobre el mercado, declarando,
         en particular, lo siguiente: 
      
      «234      Según la Comisión, las prácticas tarifarias de la demandante han restringido la competencia en el mercado de los servicios
         de acceso para abonados. En la Decisión [controvertida] […] deduce esta afirmación de la propia existencia de la compresión
         de márgenes. No es necesario demostrar el efecto contrario a la competencia, aun cuando, con carácter subsidiario, en los
         considerandos 181 a 183 de la Decisión [controvertida] se lleve a cabo un examen de éste.
      
      235      Dado que hasta la entrada del primer competidor en el mercado de los servicios de acceso para abonados, en 1998, la demandante
         tenía un monopolio de hecho en el mercado minorista, el efecto contrario a la competencia que la Comisión debe demostrar se
         refiere a los posibles obstáculos que las prácticas tarifarias de la demandante han podido suponer para el desarrollo de la
         competencia en este mercado. 
      
      236      Debe recordarse a este respecto, por una parte, que la demandante es propietaria de la red telefónica fija en Alemania y,
         por otra parte, que no se niega que, tal como la Comisión señala en los considerandos 83 y 91 de la Decisión [controvertida],
         en el momento en que ésta se adoptó no existía en Alemania ninguna otra infraestructura que permitiera a los competidores
         de la demandante entrar de modo viable en el mercado de los servicios de acceso para abonados. 
      
      237      Teniendo en cuenta que los servicios mayoristas [de acceso al bucle local] de la demandante son imprescindibles para que cualquiera
         de sus competidores pueda entrar en competencia con ella en el mercado [minorista] de los servicios de acceso para abonados,
         la compresión de márgenes entre las tarifas por los servicios mayoristas [de acceso al bucle local] y minoristas [por los
         servicios de acceso para abonados] de la demandante obstaculizará, en principio, el desarrollo de la competencia en los mercados
         [minoristas]. En efecto, si los precios minoristas [por los servicios de acceso para abonados] de la demandante son inferiores
         a las tarifas por sus servicios mayoristas [de acceso al bucle local] o si el margen entre las tarifas mayoristas [por dichos
         servicios] y las [citadas] tarifas minoristas de la demandante es insuficiente para permitir a un operador de su misma eficiencia
         cubrir sus costes específicos por la prestación de servicios de acceso a los abonados, un competidor potencial, igual de eficiente
         que la demandante, sólo podría entrar en el mercado de los servicios de acceso para abonados incurriendo en pérdidas.
      
      238      Ciertamente, tal como la demandante señala, sus competidores recurrirán habitualmente a una subvención cruzada, en el sentido
         de que compensarán las pérdidas sufridas en el mercado de los servicios de acceso para abonados con los beneficios que se
         deriven de otros mercados, como el de las llamadas telefónicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la demandante, como propietaria
         de la red fija, no necesita recurrir a servicios mayoristas [de acceso al bucle local] para poder ofrecer servicios de acceso
         a los abonados y que, por tanto, a diferencia de sus competidores, no se ve obligada, por razón de las prácticas tarifarias
         de una empresa dominante, a tratar de compensar las pérdidas sufridas en el mercado de los servicios de acceso para abonados,
         la compresión de márgenes declarada en la Decisión [controvertida] falsea el juego de la competencia no sólo en el mercado
         de acceso para abonados, sino también en el mercado de las llamadas telefónicas […]
      
      239      Por otra parte, las escasas cuotas de mercado alcanzadas por los competidores de la demandante en el mercado de los servicios
         de acceso para abonados desde su liberalización el 1 de agosto de 1996 por la entrada en vigor de la TKG acreditan los obstáculos
         que las prácticas tarifarias de la demandante suponen para el desarrollo de la competencia en estos mercados. […]
      
      240      Tampoco se discute que si únicamente se toman en consideración las líneas analógicas, que en Alemania representaban el 75 %
         del total en el momento en que se adoptó la Decisión [controvertida], la cuota de los competidores de la demandante descendió
         del 21 % en 1999 al 10 % en 2002 […]. 
      
      […]
      244      […] En todo caso, la demandante, que no cuantifica la presencia de competidores a nivel nacional, no aporta ningún elemento
         que pueda invalidar las afirmaciones hechas en los considerandos 180 a 183 de la Decisión [controvertida], según las cuales
         sus prácticas tarifarias obstaculizan efectivamente la competencia en el mercado alemán de servicios de acceso para abonados.»
      
      b)      Sobre la primera parte del segundo motivo, relativa a la pertinencia del criterio de la compresión de márgenes para establecer
         un abuso en el sentido del artículo 82 CE 
      
      i)      Alegaciones de las partes
      149    Mediante una primera alegación, la recurrente afirma que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación en tanto no
         examinó la alegación formulada por ella en primera instancia según la cual la Comisión no habría debido aplicar, para la fijación
         de las tarifas de los servicios mayoristas de acceso al bucle local por la RegTP, el criterio de la compresión de márgenes.
         La sentencia recurrida se basaba a este respecto en un círculo vicioso. El Tribunal aplicaba en efecto el criterio elegido
         por la propia Comisión para determinar los elementos a tener en cuenta para el examen de las tarifas de la recurrente. La
         objeción de la recurrente se refería no obstante a una etapa anterior del razonamiento, a saber la cuestión sobre el carácter,
         en cualquier caso, apropiado del criterio de la compresión de márgenes elegido por la Comisión. 
      
      150    Mediante una segunda alegación, la recurrente sostiene que el Tribunal aplicó el artículo 82 CE de manera errónea en los apartados
         166 a 168 de la sentencia recurrida, en tanto el análisis de la compresión de márgenes no puede establecer el carácter abusivo
         de sus tarifas dado que las tarifas mayoristas de los servicios de acceso al bucle local se fijan de manera vinculante por
         la autoridad reguladora nacional competente. 
      
      151    La recurrente considera que, en tal situación, el carácter apropiado del criterio del efecto de la compresión de márgenes
         depende del nivel de la tarifa de los servicios mayoristas de acceso al bucle local fijado por la autoridad que, como tal,
         no puede, a falta de margen de maniobra de la empresa regulada, ser imputado a un abuso. En efecto, si la autoridad reguladora
         nacional fija una tarifa mayoristas por los servicios de acceso al bucle local exagerada, la empresa en posición dominante
         sometida a la regulación está obligada, por su parte, a aplicar un precio minorista por los servicios de acceso para abonados
         exagerado con el fin de asegurar un margen apropiado. En ese caso, la empresa debe elegir entre dos formas de abuso diferentes,
         a saber, una compresión de márgenes o un aumento abusivo de los precios. Por tanto, la empresa en posición dominante no puede
         evitar cometer un abuso.
      
      152    Según la recurrente, en una situación como la del caso de autos, la empresa en posición dominante únicamente comete un abuso
         cuando la tarifa minorista por los servicios de acceso para abonados es, como tal, abusivamente baja. 
      
      153    La Comisión estima que la sentencia recurrida está suficientemente motivada y, por lo demás, que la alegación de la recurrente
         es infundada.
      
      154    Según Vodafone, con independencia de que deba declararse la inadmisibilidad de las alegaciones de la primera parte del segundo
         motivo en tanto constituyen una repetición de las alegaciones de primera instancia y se refieren a una apreciación material
         errónea, carecen, además de pertinencia desde un punto de vista tanto material como jurídico. 
      
      ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia 
      155    Con carácter preliminar, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene Vodafone, la primera parte del segundo motivo
         es, por los mismo motivos por los que se ha declarado en el apartado 123 de la presente sentencia, admisible ya que la propia
         recurrente, aun cuando repite en esencia la alegación presentada ante el Tribunal, reprocha a éste haber incurrido en un error
         de Derecho al utilizar un criterio jurídico erróneo para la aplicación del artículo 82 CE y al haber motivado de manera insuficiente
         la sentencia recurrida sobre ese punto. 
      
      156    Respecto a la procedencia de la primera parte del segundo motivo, hay que indicar, en lo que concierne, en primer lugar, a
         la alegación basada en falta de motivación de la sentencia recurrida, que la recurrente reprocha erróneamente al Tribunal
         no haber respondido de manera motivada, en dicha sentencia, a su alegación según la cual el criterio de la compresión de márgenes
         carece de pertinencia cuando, como en el caso de autos, los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local
         se fijan por una autoridad reguladora nacional y, por tanto, no haber motivado de manera suficiente en Derecho el carácter
         apropiado de la elección por la Comisión del criterio de la compresión de márgenes para constatar un abuso con arreglo al
         artículo 82 CE. 
      
      157    A este respecto, debe recordarse que el Tribunal, en los apartados 166 a 168 de la sentencia recurrida, señaló que la Comisión,
         en la Decisión controvertida, por una parte, estableció únicamente la existencia del margen de maniobra del que disponía la
         recurrente para modificar sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados y, por otra, indicó que el carácter
         abusivo del comportamiento de ésta, consistente en la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes
         que ella misma, estaba vinculado al carácter no equitativo de la diferencia entre sus precios mayoristas por los servicios
         de acceso al bucle local y los citados precios minoristas, de modo que la Comisión no estaba obligada a demostrar el carácter
         abusivo de estos últimos. Por otro lado, en los apartados 183 a 213 de dicha sentencia, el Tribunal explicó las razones por
         las que debían desestimarse las alegaciones formuladas por la recurrente contra el método utilizado por la Comisión para calcular
         dicha compresión de márgenes. 
      
      158    Es preciso observar que, de este modo, el Tribunal indicó implícita pero necesariamente los motivos por los que la regulación
         alegada de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local por las autoridades reguladoras nacionales no
         impedía, en el caso de autos, que las prácticas tarifarias de la recurrente pudieran calificarse de abusivas en el sentido
         del artículo 82 CE. 
      
      159    En efecto, de estas diversas afirmaciones realizadas en los apartados 166 a 168 y 183 a 213 de la sentencia recurrida resulta
         claramente, que, según éste, no es el nivel de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, los que,
         como ya se indicó en los apartados 48 y 49 de la presente sentencia, no pueden cuestionarse en el presente recurso de casación,
         ni el de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados, lo que es contrario al artículo 82 CE, sino la
         diferencia entre éstos.
      
      160    De conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 135 y 136 de la presente sentencia, la recurrente podía, por
         tanto, a la luz de estos extractos de la sentencia recurrida, conocer las razones por las que la regulación alegada de los
         precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local por las autoridades reguladoras nacionales carecía, según el
         Tribunal, de incidencia sobre la aplicación del artículo 82 CE en el caso de autos a sus prácticas tarifarias. 
      
      161    De ello resulta que los apartados 166 a 168 de la sentencia recurrida, en relación con los apartados 183 a 213 de la citada
         sentencia, incluyen una motivación suficiente de las razones por las que el Tribunal consideró que, a pesar de la fijación
         de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local por las autoridades reguladoras nacionales, la elección
         por la Comisión del criterio de la compresión de márgenes era apropiado para declarar que las prácticas tarifarias de la recurrente
         eran abusivas en el sentido del artículo 82 CE. 
      
      162    Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la alegación basada en falta de motivación de la sentencia recurrida. 
      
      163    Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación basada en el carácter erróneo del criterio de la compresión de márgenes
         para constatar un abuso en el sentido del artículo 82 CE, hay que recordar que, como se indicó de entrada en los apartados
         31 y 32 de la presente sentencia, la recurrente no discute, mediante dicha alegación, que una práctica tarifaria de una empresa
         dominante que conduzca a la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes puede, en principio, constituir
         una práctica abusiva en el sentido del artículo 82 CE. Mediante la citada alegación, sostiene, en cambio, que, en las circunstancias
         del caso de autos, dado que sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se fijan por las autoridades
         reguladoras nacionales, el criterio de la compresión de márgenes utilizado por la sentencia recurrida no es apropiado para
         declarar que sus prácticas tarifarias son abusivas en el sentido del artículo 82 CE. 
      
      164    Es cierto que, como resulta de los apartados 38 a 43 de la presente sentencia, procede, en el marco del presente recurso de
         casación, basarse en la hipótesis, utilizada por el Tribunal en la sentencia recurrida así como por la Comisión en la Decisión
         controvertida, de que la recurrente no dispone de margen de maniobra para modificar los citados precios mayoristas.
      
      165    Dicho esto, con el fin de demostrar el carácter inapropiado del criterio de la compresión de márgenes, la recurrente no puede,
         en la presente alegación, basarse en la premisa de que los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local se
         fijan por las autoridades reguladoras nacionales a un nivel excesivo. En efecto, aun si se admitiese, como ha pretendido la
         recurrente en la vista, que las denuncias de los competidores que provocaron la adopción de la Decisión controvertida se basaban
         en esta circunstancia, debe considerarse que tal premisa, como ya se indicó en los apartados 48 y 49 de la presente sentencia,
         excede los límites del presente recurso de casación. 
      
      166    Por tanto, procede examinar la alegación de la recurrente según la cual el carácter erróneo del criterio de la compresión
         de márgenes resulta de que, para evitar el abuso reprochado, no tiene otra opción, en el caso de autos, habida cuenta del
         nivel excesivo de sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local tal como los fijaron las autoridades reguladoras
         nacionales, que aumentar abusivamente sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados a un nivel excesivo,
         tal alegación se basa en una premisa hipotética que escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco del citado recurso
         de casación.
      
      167    Por otro lado, en tanto la recurrente sostiene que el carácter apropiado del criterio de la compresión de márgenes depende
         del nivel de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local fijado por la autoridad reguladora nacional,
         debe señalarse que, como resulta de los apartados 166 a 168 de la sentencia recurrida, el carácter abusivo en el sentido del
         artículo 82 CE de las prácticas tarifarias de la recurrente que son objeto de dicha sentencia resulta del carácter no equitativo
         de la diferencia, que lleva a una compresión de los márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes, entre los precios
         mayoristas en cuestión y sus precios minoristas por los servicios de acceso para abonados. Como precisó el Tribunal en el
         apartado 223 de la citada sentencia, apartado que no ha sido recurrido en el presente recurso de casación, el carácter no
         equitativo, en el sentido del artículo 82 CE, de las prácticas tarifarias de la recurrente está vinculado, por tanto, a la
         propia existencia de la compresión de márgenes, y no a su magnitud precisa.
      
      168    De ello se desprende que el nivel de los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local carece, en sí mismo,
         de pertinencia para cuestionar la procedencia de las afirmaciones realizadas por el Tribunal sobre la aplicación del artículo
         82 CE a las prácticas tarifarias en cuestión. 
      
      169    En cambio, para examinar la procedencia de la presente alegación, es preciso examinar si el Tribunal consideró acertadamente,
         en particular, en los apartados 166 y 168 de la sentencia recurrida, que, aun suponiendo que la recurrente no dispusiese de
         margen de maniobra para modificar sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, no obstante, sus prácticas
         tarifarias pueden, calificarse de abusivas en el sentido del artículo 82 CE cuando, con independencia de si dichos precios
         mayoristas y los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados son, en sí mismos, abusivos, la diferencia entre
         éstos no es equitativa, a saber, según dicha sentencia, cuando esta diferencia es bien negativa, bien insuficiente para cubrir
         los costes específicos de los productos de la recurrente por la prestación de sus propios servicios, de modo que no permite
         a un competidor igual de eficiente que la recurrente competir con ella para la prestación de los servicios de acceso para
         abonados.
      
      170    A este respecto, procede recordar, que es jurisprudencia reiterada que el artículo 82 CE expresa el objetivo general asignado
         a la acción de la Comunidad Europea, a saber, el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada
         en el mercado común. Así, la posición dominante a que se refiere el artículo 82 CE atañe a una situación de poder económico
         en que se encuentra una empresa y que permite a ésta impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia,
         confiriéndole la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes
         y, finalmente, los consumidores (véanse las sentencias de 13 de febrero de 1979, Hoffmann‑La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461,
         apartado 38, y de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, apartado 103).
      
      171    En el presente caso, debe recordarse que, como resulta de los apartados 50 a 52 de la presente sentencia, la recurrente no
         niega que tiene una posición dominante en la totalidad de los mercados de servicios de que se trata, a saber tanto en el mercado
         mayorista de los servicios de acceso al bucle local como en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados.
      
      172    Por lo que respecta al carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la recurrente, hay que indicar que el artículo 82 CE,
         párrafo segundo, letra a), prohíbe expresamente que una empresa dominante imponga directa o indirectamente precios no equitativos.
         
      
      173    Por otro lado, la lista de prácticas abusivas recogida en el artículo 82 CE no es limitativa, de modo que las prácticas que
         recoge constituyen únicamente ejemplos de abuso de posición dominante. En efecto, la enumeración de las prácticas abusivas
         contenida en esta disposición no agota las formas de explotación abusiva de posición dominante prohibidas por el Tratado (véase
         la sentencia British Airways/Comisión, antes citada, apartado 57 y jurisprudencia citada).
      
      174    A este respecto, procede recordar que, al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante, en la medida en que pueda
         afectar al comercio entre los Estados miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición
         dominante que, en un mercado donde la competencia está ya debilitada, en razón precisamente de la presencia de la empresa
         en cuestión, tienen por efecto impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios
         sobre la base de las prestaciones de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el
         mercado o su desarrollo (véanse, en este sentido, las sentencias Hoffman‑La Roche/Comisión, antes citada, apartado 91; Nederlandsche
         Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión, antes citada, apartado 70; de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión, C‑62/86, Rec. p. I‑3359,
         apartado 69; British Airways/Comisión, antes citada, apartado 66, y France Télécom/Comisión, antes citada, apartado 104).
      
      175    De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, a fin de determinar si la empresa que ocupa una posición dominante
         ha explotado de manera abusiva esta posición mediante la aplicación de sus prácticas tarifarias procede apreciar el conjunto
         de circunstancias, examinar si dicha práctica pretende privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de abastecimiento,
         o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al mercado de los competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones
         desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva o reforzar su posición dominante
         mediante la distorsión de la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión,
         apartado 73, y British Airways/Comisión, apartado 67).
      
      176    De este modo, dado que el artículo 82 CE no se refiere únicamente a las prácticas que pueden causar un perjuicio inmediato
         a los consumidores, sino también a las que les perjudican impidiendo el juego de la competencia, incumbe a la empresa que
         ocupa una posición dominante, como ya se recordó en el apartado 83 de la presente sentencia, una responsabilidad especial
         de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común (véase,
         en este sentido, la sentencia France Télécom/Comisión, antes citada, apartado 105 y jurisprudencia citada).
      
      177    De ello se deduce que el artículo 82 CE prohíbe, en particular, a una empresa en posición dominante llevar a cabo prácticas
         tarifarias que provoquen la expulsión de sus competidores igualmente eficaces, actuales o potenciales, es decir prácticas
         que pueden, dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de éstos, así como dificultar o imposibilitar, para sus otras
         partes contratantes, la elección entre varias fuentes de aprovisionamiento o socios comerciales, reforzando de ese modo su
         posición, recurriendo a medios distintos de los que rigen una competencia basada en los méritos. En esta perspectiva, toda
         competencia en los precios no puede considerarse, sin embargo, legítima (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas
         Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisión, apartado 73; AKZO/Comisión, apartado 70, y British Airways/Comisión, apartado 68).
      
      178    En el presente caso, procede observar que la recurrente no discute que, aun suponiendo que no dispone de margen de maniobra
         para modificar sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, la diferencia entre éstos y sus precios
         minoristas por los servicios de acceso para abonados puede provocar la expulsión de sus competidores igual de eficientes,
         actuales o potenciales, dado que el acceso de éstos a los mercados de servicios de referencia se hace, por lo menos, mucho
         más difícil debido a la compresión de márgenes que tal diferencia puede conllevar para ellos. 
      
      179    No obstante, en la vista, la recurrente alegó que el criterio utilizado en la sentencia recurrida para constatar un abuso
         en el sentido del artículo 82 CE le obligaba, en las circunstancias del caso de autos, habida cuenta de la regulación por
         las autoridades reguladoras nacionales de sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, a aumentar sus
         precios minoristas por los servicios de acceso para abonados en detrimento de sus propios abonados.
      
      180    Es cierto que, como ya resulta de los apartados 175 a 177 de la presente sentencia, el artículo 82 CE pretende, en particular,
         la protección del consumidor mediante una competencia no falseada (véase la sentencia de 16 de septiembre de 2008, Sot. Lélos
         kai Sia y otros, C‑468/06 a C‑478/06, Rec. p. I‑7139, apartado 68).
      
      181    No obstante, el mero hecho de que la recurrente debiera aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso de los
         abonados para evitar la compresión de márgenes de los competidores igual de eficientes que ella misma no puede en absoluto,
         como tal, refutar la pertinencia del criterio utilizado en el caso de autos por el Tribunal para constatar un abuso con arreglo
         al artículo 82 CE. 
      
      182    En efecto, la citada compresión de márgenes, al reducir aún más el grado de competencia existente en un mercado, el de los
         servicios de acceso para abonados, ya debilitado debido precisamente a la presencia de la recurrente, y reforzando así la
         posición dominante que ésta tiene en dicho mercado, provoca también que los consumidores sufran un perjuicio como consecuencia
         de la limitación de sus posibilidades de elección y, por tanto, de la perspectiva de una reducción, a más largo plazo, de
         los precios minoristas debido a la competencia ejercida por competidores al menos igual de eficientes en el citado mercado
         (véase, en este sentido, la sentencia France Télécom/Comisión, antes citada, apartado 112).
      
      183    En estas circunstancias, en la medida en que se recordó en los apartados 77 a 86 de la presente sentencia, la recurrente dispone
         de margen de maniobra para reducir o eliminar tal compresión de los márgenes mediante el aumento de sus precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados, por ello, el Tribunal consideró acertadamente, en los apartados 166 a 168 de la
         sentencia recurrida, que dicha compresión de márgenes, habida cuenta del efecto de expulsión que puede provocar para los competidores
         al menos igual de eficientes que la recurrente, puede constituir, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 82 CE.
         Por ello, el Tribunal no necesitaba acreditar además que los precios mayoristas de los servicios de acceso al bucle local
         o de los precios minoristas por los servicios de acceso para abonados fueran en sí mismos abusivos debido, según los casos,
         a su carácter excesivo o predatorio.
      
      184    De ello resulta que la alegación de la recurrente basada en el carácter erróneo del criterio utilizado por el Tribunal para
         constatar un abuso en el sentido del artículo 82 CE debe declararse en parte, inadmisible y desestimarse por infundada en
         lo demás.
      
      185    En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.
      
      c)      Sobre la segunda parte del segundo motivo, relativa al carácter adecuado del método de cálculo de la compresión de márgenes
      186    La recurrente sostiene, en el marco de su análisis del método utilizado por la Comisión para calcular la compresión de márgenes,
         que la sentencia recurrida adolece de varios errores de Derecho en tanto el Tribunal se basa, por lo que respecta a varios
         aspectos esenciales de la cuestión, en criterios incompatibles con el artículo 82 CE. La recurrente formula a este respecto
         dos alegaciones basadas, por una parte, en una aplicación errónea del criterio del competidor igual de eficiente y, por otra
         parte, en un error de Derecho en cuanto los servicios de comunicaciones y los demás servicios de telecomunicaciones no han
         sido tenidos en cuenta para el cálculo de la compresión de márgenes.
      
      i)      Sobre la alegación basada en la aplicación errónea del criterio del competidor igual de eficiente
      –       Alegaciones de las partes
      187    La recurrente alega que, dado que el Tribunal no tiene en cuenta el hecho de que, como empresa en posición dominante, la recurrente
         no está sometida a las mismas condiciones reguladoras que sus competidores y que, por razones materiales, su situación competitiva
         diverge de la de sus competidores, el Tribunal aplicó de manera errónea a los hechos del presente asunto el criterio del competidor
         igual de eficiente, que se refiere a las propias tarifas y costes de la empresa dominante así como a los hechos del presente
         asunto.
      
      188    Según la recurrente, contrariamente a lo que el Tribunal declaró en el apartado 188 de la sentencia recurrida, la situación
         de la empresa en posición dominante no es lo decisivo para la apreciación de un comportamiento desde el punto de vista del
         artículo 82 CE, sino la de los competidores y su posibilidad de competir con la citada empresa a nivel de las prestaciones,
         en función de las condiciones particulares de la competencia en el mercado de referencia.
      
      189    A este respecto, la recurrente expone que, es cierto que, la situación de la empresa en posición dominante puede ser un indicador
         fiable cuando las condiciones competitivas históricas, materiales y jurídicas en el mercado son idénticas para la empresa
         en posición dominante y sus competidores, ya que el criterio del competidor igual de eficiente puede constituir, en ese caso,
         un instrumento útil dado que reduce la promoción de competidores ineficientes e incrementa la seguridad jurídica para la empresa
         en posición dominante. No obstante, no sucedería así cuando los competidores estén sometidos a condiciones jurídicas o materiales
         diferentes. Si se diese tal situación, sería preciso adaptar el criterio del competidor igual de eficiente. 
      
      190    Pues bien, en el presente caso, la recurrente señala que estaba obligada a hacerse cargo de todos los abonados, independientemente
         de su atractivo económico. También, desde un punto de vista jurídico, estaba obligada a ofrecer a sus clientes la posibilidad
         de preselección del operador mediante la preselección, a saber la selección duradera del operador, o el «call‑by‑call», a
         saber la selección del operador llamada por llamada. Sus competidores no estaban sometidos a dichas obligaciones y excluían,
         en general, la (pre)selección del operador, comercializando de este modo las conexiones y las comunicaciones como un producto
         único.
      
      191    La recurrente estima que, habida cuenta de estas particularidades del asunto, debería haberse modificado el criterio del competidor
         igual de eficiente. Si bien era posible, para determinar los costes y los ingresos medios de sus competidores, basarse en
         las tarifas mayoristas de los servicios de acceso al bucle local y en las tarifas minoristas reales por los servicios de acceso
         para abonados así como en los costes específicos de los productos de la recurrente, no estaba, en cambio, justificado basarse
         en la estructura de su clientela. Además, habría sido necesario incluir en el análisis de la compresión de márgenes las comunicaciones
         así como otros servicios de telecomunicaciones. 
      
      192    Según la recurrente, el principio de seguridad jurídica no exige no tener en cuenta anomalías manifiestas al nivel de la estructura
         de la clientela de ésta o diferencias entre las condiciones reguladoras en las que la empresa en posición dominante y sus
         competidores ejercen sus actividades.
      
      193    La Comisión subraya que la recurrente no puede escudarse en el hecho de que no era igual de eficiente que sus competidores
         dado que el Derecho de la competencia no protege a las empresas ineficientes. Por tanto, la alegación de la recurrente es
         infundada.
      
      194    Vodafone sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la presente alegación. La recurrente reproduce en efecto la alegación
         que había invocado ante el Tribunal y durante el procedimiento ante la Comisión. Asimismo, formula esencialmente alegaciones
         que no están sometidas al control del Tribunal de Justicia. En cualquier caso, el criterio del competidor igual de eficiente
         es el criterio apropiado para comprobar si un comportamiento puede provocar la exclusión del mercado. Por consiguiente, las
         alegaciones de la recurrente son infundadas.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      195    Con carácter preliminar, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene Vodafone, debe declararse la admisibilidad
         de la presente alegación, aun cuando reitera en parte la alegación presentada en primera instancia, ya que de conformidad
         con la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia, reprocha al Tribunal haber utilizado, recurriendo
         al criterio del competidor igual de eficiente a pesar de que la recurrente no está sometida a las mismas condiciones legales
         y materiales que sus competidores, un criterio jurídico erróneo para aplicar el artículo 82 CE a las prácticas tarifarias
         en cuestión y, por tanto, haber incurrido en un error de Derecho sobre este punto.
      
      196    Respecto a la procedencia de esta alegación, hay que recordar que, como resulta del apartado 186 de la sentencia recurrida,
         y como resulta también de los apartados 4 y 12 de la presente sentencia, el criterio del competidor igual de eficiente utilizado
         por el Tribunal en la sentencia recurrida consiste en examinar si las prácticas tarifarias de una empresa dominante amenazan
         con expulsar del mercado a un operador económico tan eficiente como dicha empresa basándose únicamente en las tarifas y los
         costes de ésta, y no en la situación específica de sus competidores, actuales o potenciales. 
      
      197    En el caso de autos, como resulta del apartado 169 de la presente sentencia, los costes de la recurrente fueron tenidos en
         cuenta por el Tribunal para determinar el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de ésta cuando la diferencia entre
         sus precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y sus precios minoristas por los servicios de acceso para
         abonados era positivo. En tal caso, en efecto, el Tribunal estimó que la Comisión podía estimar legítimamente que las citadas
         prácticas tarifarias no eran equitativas en el sentido del artículo 82 CE, puesto que la citada diferencia era insuficiente
         para cubrir los costes específicos de los productos de la recurrente por la prestación de sus propios servicios.
      
      198    A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para evaluar si las prácticas tarifarias
         de una empresa dominante pueden eliminar a un competidor infringiendo el artículo 82 CE, hay que utilizar un criterio basado
         en los costes y la estrategia de la propia empresa dominante (véanse las sentencias antes citadas AKZO/Comisión, apartado
         74, y France Télécom/Comisión, apartado 108). 
      
      199    El Tribunal de Justicia subrayó, en particular, a este respecto que una empresa dominante no puede eliminar del mercado a
         empresas que quizás sean tan eficaces como ella, pero que, debido a su inferior capacidad económica, son incapaces de resistir
         la competencia que se les hace (véase la sentencia AKZO/Comisión, antes citada, apartado 72).
      
      200    En el presente caso, el carácter abusivo de las prácticas tarifarias en cuestión en la sentencia recurrida resulta del mismo
         modo, como se desprende de los apartados 178 y 183 de la presente sentencia, de su efecto de expulsión de los competidores
         de la recurrente, por ello, el Tribunal declaró sin incurrir en error de Derecho, en el apartado 193 de la sentencia recurrida,
         que la Comisión pudo legítimamente fundar su análisis relativo al carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la recurrente
         únicamente por referencia a las tarifas y a los costes de ésta.
      
      201    En efecto, como declaró el Tribunal en esencia en los apartados 187 y 194 de la sentencia recurrida, un criterio de este tipo
         que permite comprobar si la propia recurrente habría podido ofrecer sus servicios minoristas a los abonados sin pérdidas,
         si se le hubiera obligado previamente a pagar sus propios precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local, era
         adecuado para determinar si las prácticas tarifarias de la recurrente provocaban la expulsión de los competidores por la compresión
         de sus márgenes.
      
      202    Dicho enfoque se justifica aún más, como indicó en esencia el Tribunal en el apartado 192 de la sentencia recurrida, en tanto
         se ajusta también al principio general de seguridad jurídica, dado que la toma en consideración de los costes de la empresa
         dominante permite a ésta, habida cuenta de la responsabilidad particular que le incumbe con arreglo al artículo 82 CE, apreciar
         la legalidad de sus propios comportamientos. En efecto, si bien una empresa dominante conoce sus propios costes y tarifas,
         no conoce en principio los de sus competidores.
      
      203    Dichas afirmaciones no pueden refutarse por el hecho alegado por la recurrente de que sus competidores estén sometidos a condiciones
         jurídicas y materiales menos gravosas para prestar sus servicios de telecomunicaciones a los abonados. En efecto, tal hecho,
         aun suponiéndolo acreditado, no afecta ni al hecho de que una empresa dominante, como la recurrente, no puede llevar a cabo
         prácticas tarifarias que expulsen del mercado de referencia a competidores al menos igual de eficaces ni al hecho de que tal
         empresa deba, habida cuenta de su responsabilidad particular con arreglo al artículo 82 CE, poder determinar ella misma si
         sus prácticas tarifarias son conformes a dicha disposición. 
      
      204    Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la recurrente basada en una aplicación errónea del criterio del competidor
         igual de eficiente.
      
      ii)    Sobre la alegación basada en un error de Derecho en tanto los servicios de comunicaciones y los demás servicios de telecomunicaciones
         no fueron tenidos en cuenta para el cálculo de la compresión de márgenes
      
      –       Alegaciones de las partes
      205    Mediante dicha alegación, la recurrente sostiene que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al no tener en cuenta, al
         analizar la práctica tarifaria en cuestión, además de los servicios de acceso para abonados, los servicios de comunicaciones
         y otros servicios de telecomunicaciones prestados a éstos. A su juicio, dicho método no es compatible ni con el estado de
         la ciencia económica ni con la práctica decisoria de otras autoridades competentes en Europa y en los Estados Unidos. Además,
         contradice la realidad del mercado, dado que ni los abonados en el marco de la elección de su operador ni los operadores en
         el marco de la estructura de su oferta consideran las conexiones de manera aislada. 
      
      206    En primer lugar, la recurrente alega a este respecto que, desde un punto de vista económico, el análisis de la compresión
         de márgenes únicamente da indicaciones sobre un obstáculo a la competencia cuando tiene en cuenta la totalidad de los ingresos
         y de los costes ligados a la prestación de servicios mayoristas. En efecto, en el caso de empresas que ofrecen varios productos
         que prestan servicios que pueden utilizarse para diferentes servicios a los abonados, es necesario proceder al análisis de
         la compresión de márgenes a diferentes niveles de agregación. Por ello, en el presente caso, el análisis de la compresión
         de márgenes utilizado por el Tribunal es incompleto. Pues bien, los competidores de la recurrente tienen derecho a excluir
         la (pre)selección de los operadores y a ofrecer de manera agrupada conexiones, comunicaciones así como otros servicios prestados
         mediante el bucle local. 
      
      207    En segundo lugar, la recurrente alega que los apartados 196 a 202 de la sentencia recurrida se basan en varios errores de
         Derecho. La cuestión de si, para comprobar una compresión de márgenes, la Comisión estaba legitimada para no tener en cuenta
         tarifas de comunicaciones dependía de la cuestión jurídica de principio sobre el método que debía utilizarse para determinar
         la existencia de una compresión de márgenes en el caso de empresas que ofertaban varios productos. El Tribunal no puede eludir
         dicha apreciación subrayando el carácter restringido de su control. 
      
      208    En primer lugar, la recurrente sostiene que los apartados 196 y 197 de la sentencia recurrida sobre el principio del Derecho
         de la Unión relativo al reajuste tarifario son erróneos en Derecho. 
      
      209    En primer lugar, la recurrente estima que la sentencia recurrida contradice a este respecto el apartado 113 de dicha sentencia,
         en el que el Tribunal, para motivar la imputabilidad de la infracción a la recurrente, subrayó que los objetivos de la normativa
         relativa al sector de las telecomunicaciones pueden variar en relación con los de la política de la Unión relativa a la competencia.
         Pues bien, en los apartados 196 y 197 de esta misma sentencia, el Tribunal dedujo de un principio regulador que es necesario
         un análisis diferenciado de los servicios de acceso y de los servicios de comunicaciones para el cálculo de la compresión
         de márgenes a la luz del artículo 82 CE.
      
      210    Posteriormente, la recurrente sostiene que los apartados 196 y 197 de la sentencia recurrida no están suficientemente motivados,
         dado que el Tribunal no expone las razones por las que sus consideraciones son correctas y no examina las objeciones formuladas
         por ella, en particular el hecho de que el principio del reajuste tarifario se le aplique únicamente a ella y que sus competidores
         ofrezcan de manera agrupada los servicios de acceso y de comunicaciones. 
      
      211    Por último, la recurrente alega que los apartados 196 y 197 de la sentencia recurrida son materialmente erróneos e infringen
         el artículo 82 CE. En efecto, por una parte, el principio del reajuste tarifario no proporciona un criterio para la aplicación
         del artículo 82 CE, sino que tiene por objeto únicamente que los Estados miembros aligeren la carga financiera de empresas
         responsables de la prestación de un servicio universal. Por otra parte, al no estar sometida la recurrente a las mismas condiciones
         reguladoras que sus competidores, el principio de reajuste tarifario únicamente se le aplica a ella. Dicho principio no dice
         nada en cambio sobre las posibilidades de competencia de sus competidores. Por consiguiente, el principio del reajuste tarifario
         no permite excluir, por razones normativas, la reagrupación de los servicios de acceso y los servicios de telecomunicaciones
         ligados al bucle local con el fin de analizar la compresión de márgenes.
      
      212    En segundo lugar, la recurrente alega que los apartados 199 a 202 de la sentencia recurrida sobre igualdad de oportunidades
         son erróneos en Derecho.
      
      213    De entrada, la recurrente estima que el apartado 199 de la sentencia recurrida no está motivado suficientemente en Derecho,
         puesto que el Tribunal habría debido examinar qué servicios se basan en el bucle local como servicios mayoristas, porque únicamente
         del resultado de dicho examen puede sacar conclusiones el Tribunal sobre la igualdad de oportunidades entre la recurrente
         y uno u otro competidor. En efecto, la igualdad de oportunidades se garantiza cuando un análisis global de todas las tarifas
         y los costes de todos los servicios de telecomunicaciones basados en el bucle local muestra que los precios mayoristas por
         los servicios de acceso al bucle local incrementados con los costes específicos de los productos no exceden los precios minoristas
         por los servicios de acceso para abonados.
      
      214    Posteriormente, la recurrente alega que el Tribunal viola las leyes de la lógica. En efecto, éste parte del principio, en
         el apartado 238 de la sentencia recurrida, de que la recurrente no sufre ninguna pérdida por la puesta a disposición de conexiones
         telefónicas a los abonados y que, por consiguiente, no está obligada a compensarla mediante ingresos procedentes de las comunicaciones.
         Pues bien, el Tribunal considera que los precios de los servicios de acceso de la recurrente a sus abonados son inferiores
         a los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y reconoce que éstos se fijan en función de los costes
         de la recurrente. La suposición del Tribunal de que la recurrente no soporta ningún coste por los servicios de acceso es,
         por tanto, manifiestamente errónea e incompatible con las premisas utilizadas por el Tribunal. 
      
      215    Por otro lado, la recurrente alega que la exposición del Tribunal, en el apartado 202 de la sentencia recurrida, es contradictoria.
         En efecto, el punto de vista de que sus competidores debían aplicar tarifas de comunicaciones aún más bajas que las suyas
         para incitar a los potenciales clientes a cancelar sus abonos con ella contradice directamente el criterio del competidor
         igual de eficiente según el cual la estructura de costes y de tarifas de la recurrente es determinante.
      
      216    Por último, la recurrente sostiene que el Tribunal aplica un criterio jurídico erróneo por lo que respecta al reparto de la
         carga de la prueba, ya que, en los apartados 201 y 202 de la sentencia recurrida, se limita a señalar que «no puede descartarse»
         que los competidores no hayan dispuesto de la posibilidad de compensar eventuales pérdidas generadas por conexiones telefónicas
         mediante ingresos procedentes de comunicaciones, mientras que la recurrente pretendió demostrar, en su demanda en primera
         instancia, que era posible realizar una subvención cruzada. 
      
      217    La Comisión estima que el Tribunal confirmó sin incurrir en error de Derecho el enfoque de la Comisión en los apartados 195
         a 207 de la sentencia recurrida. Por ello, solicita la desestimación de las alegaciones de la recurrente.
      
      218    Vodafone sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la presente alegación. La recurrente reproduce, en efecto, la
         alegación que invocó ante el Tribunal General y en el procedimiento ante la Comisión. Además, formula esencialmente alegaciones
         que no están sometidas al control del Tribunal de Justicia. En cualquier caso, el Tribunal General examinó de manera suficiente
         las alegaciones de la recurrente. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      219    Con carácter preliminar, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene Vodafone, y por los mismo motivos por los que
         se ha declarado en el apartado 155 de la presente sentencia, debe declararse la admisibilidad de la presente alegación, aun
         cuando reitera en parte la alegación presentada en primera instancia, dado que pretende reprochar al Tribunal haber utilizado,
         recurriendo a los criterios del reajuste tarifario y de la igualdad de oportunidades, un criterio jurídico erróneo para la
         aplicación del artículo 82 CE a las prácticas tarifarias en cuestión.
      
      220    En lo que atañe a la procedencia de dicha alegación, cabe observar que, en tanto se refiere, en primer lugar, al carácter
         supuestamente incompleto del análisis de la compresión de márgenes realizado por el Tribunal, dado que no tiene en cuenta
         que el acceso a los servicios de acceso al bucle local permite a los competidores ofrecer a sus abonados una oferta agrupada
         de servicios que incluía en particular las comunicaciones, la citada alegación se basa en una lectura errónea de la sentencia
         recurrida. 
      
      221    En efecto, como resulta claramente de los apartados 199 y 200 de dicha sentencia, el Tribunal no descartó en absoluto, contrariamente
         a lo que sostiene la recurrente, que, desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de comunicaciones puedan
         efectivamente constituir un conjunto, pero consideró que, aun cuando así fuera, la Comisión estaba legitimada para examinar
         la existencia de una compresión de márgenes únicamente a nivel de los servicios de acceso sin incluir los servicios de comunicaciones.
         Como resulta de los apartados 196 a 201 de la sentencia recurrida, el Tribunal sacó esta conclusión, en particular, del examen
         realizado por la Comisión de los principios del reajuste tarifario y de la igualdad de oportunidades. 
      
      222    De ello resulta que, en dicha medida, debe desestimarse por infundada la presente alegación.
      
      223    En segundo lugar, en tanto la presente alegación se refiere a las consideraciones realizadas por el Tribunal en relación con
         el principio del reajuste tarifario, procede observar primeramente que el Tribunal no incurrió en ningún error de Derecho
         al tener en cuenta, en los apartados 196 y 197 de la sentencia recurrida, tal principio, que se desprende de la normativa
         relativa al sector de las telecomunicaciones, para examinar la procedencia de la aplicación, por la Comisión, del artículo
         82 CE a las prácticas tarifarias de la recurrente. 
      
      224    En efecto, dado que la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones define el marco jurídico aplicable a éste y
         que, de este modo, contribuye a determinar las condiciones de competencia en las que una empresa como la recurrente ejerce
         sus actividades en los mercados de referencia, constituye, como se desprende ya de los apartados 80 a 82 de la presente sentencia,
         un elemento pertinente para la aplicación del artículo 82 CE a los comportamientos adoptados por dicha empresa, ya sea para
         definir los mercados de referencia, para apreciar el carácter abusivo de tales comportamientos o incluso para fijar el importe
         de las multas. 
      
      225    Dicha consideración no se desvirtúa por el hecho, alegado por la recurrente, de que el principio del reajuste tarifario únicamente
         se le aplique a ella y no a sus competidores. En efecto, por los motivos expuestos en los apartados 196 a 203 de la presente
         sentencia, el Tribunal se basó acertadamente, para determinar el carácter abusivo a la luz del artículo 82 CE de las prácticas
         tarifarias en cuestión, de conformidad con el criterio del competidor igual de eficiente, en la situación y los costes de
         la empresa dominante.
      
      226    En consecuencia, al haber declarado el Tribunal, en el apartado 196 de la sentencia recurrida, sin que la recurrente lo discuta
         en el presente recurso de casación, que el reajuste tarifario pretendido por la normativa de la Unión relativa al sector de
         las telecomunicaciones debía traducirse, en una bajada de las tarifas de las comunicaciones nacionales e internacionales y
         en un subida del abono mensual y del precio de las comunicaciones locales, de ello podía deducirse legalmente, en el apartado
         197 de dicha sentencia, que la toma en consideración diferenciada de los precios minoristas por los servicios de acceso y
         de los precios minoristas por los servicios de comunicaciones para la determinación del carácter abusivo de las prácticas
         tarifarias en cuestión de la recurrente se contiene en el principio del reajuste tarifario.
      
      227    Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, no existe ninguna contradicción de motivos entre estas consideraciones y la
         que figura en el apartado 113 de la sentencia recurrida, según la cual la normativa nacional relativa al sector de las telecomunicaciones
         puede tener objetivos diferentes de los pretendidos por la política de la Unión relativa a la competencia. En efecto, tal
         circunstancia no tiene relación con el hecho de que la normativa relativa al sector de las telecomunicaciones pueda tenerse
         en cuenta para la aplicación del artículo 82 CE a los comportamientos de una empresa dominante. En particular, no implica
         en absoluto, contrariamente a lo que supone la recurrente, que la citada normativa pueda ignorarse al aplicar el artículo 82 CE.
      
      228    Asimismo, la recurrente sostiene erróneamente que el Tribunal motivó de manera insuficiente la sentencia recurrida sobre este
         punto. En efecto, como resulta del examen anterior, el Tribunal indicó claramente, en los apartados 196 y 197 de dicha sentencia,
         de qué modo el principio del reajuste tarifario constituye un elemento que puede permitir a la Comisión no tener en cuenta
         los servicios de comunicaciones para calcular la compresión de márgenes. Por otro lado, como resulta del apartado 221 de la
         presente sentencia, el Tribunal trató, en los apartados 199 y 200 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente
         según la cual sus competidores ofrecen de manera agrupada sus servicios de acceso y de comunicaciones. De igual modo expuso,
         en los apartados 186 a 194 de dicha sentencia, los motivos por los que la Comisión había podido basar su análisis del carácter
         abusivo de las prácticas tarifarias en cuestión únicamente por referencia a la situación específica de la recurrente. De ese
         modo, el Tribunal respetó las exigencias que se derivan del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que le resultan
         de aplicación con arreglo al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 81 de su Reglamento, tal como
         se recordaron en los apartados 135 y 136 de la presente sentencia.
      
      229    De ello resulta que debe desestimarse por infundada la presente alegación sobre estos diferentes extremos. 
      
      230    En tercer lugar, en tanto la presente alegación se refiere a las afirmaciones realizadas por el Tribunal en cuanto a la igualdad
         de oportunidades, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un sistema de competencia
         no falseada, tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes económicos. (véanse,
         en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 1991, GB‑Inno‑BM, C‑18/88, Rec. p. I‑5941, apartado 25; de 22 de mayo
         de 2003, Connect Austria, C‑462/99, Rec. p. I‑5197, apartado 83; de 20 de octubre de 2005, ISIS Multimedia Net y Firma O2,
         C‑327/03 y C‑328/03, Rec. p. I‑8877, apartado 39, así como de 1 de julio de 2008, MOTOE, C‑49/07, Rec. p. I‑4863, apartado 51).
         
      
      231    En el caso de autos, la recurrente no discute que, como declaró en esencia el Tribunal, en particular en los apartados 199
         así como 236 y 237 de la sentencia recurrida, a falta de infraestructura alternativa, el acceso de sus competidores a los
         servicios mayoristas de acceso al bucle local en la red fija propiedad de la recurrente es indispensable para permitirles
         entrar de manera viable en los mercados minoristas de servicios para abonados y ejercer en ellos una competencia efectiva
         a ésta (véase, en este sentido, la sentencia Arcor, antes citada, apartado 103).
      
      232    Por otro lado, como se recordó en el apartado 50 de la presente sentencia, la recurrente no discute que tanto el mercado mayorista
         de los servicios de acceso al bucle local como el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados constituyen cada
         uno mercados diferenciados, en particular, de los mercados minoristas relativos a la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.
         Asimismo, como se indicó en el apartado 51 de la presente sentencia, la recurrente tampoco discute que tiene una posición
         dominante en el mercado mayorista de los servicios de acceso al bucle local y en el mercado minorista de los servicios de
         acceso para abonados.
      
      233    En estas condiciones, el Tribunal declaró sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 199 y 237 de la sentencia recurrida,
         que la igualdad de oportunidades implica que la recurrente y sus competidores al menos igual de eficientes se sitúen en pié
         de igualdad en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados y que no sucede así si los precios mayoristas
         por los servicios de acceso al bucle local pagados a la recurrente sólo pueden repercutirse en sus precios minoristas por
         los servicios de acceso para abonados ofreciendo éstos incurriendo en pérdidas. 
      
      234    En efecto, dado que el mercado minorista por los servicios de acceso para abonados constituye un mercado distinto y que los
         servicios de acceso al bucle local son indispensables para los competidores al menos igual de eficientes que ella misma para
         entrar a competir en dicho mercado con una empresa que, como la recurrente, tiene en el mismo una posición dominante resultante
         ampliamente del monopolio legal del que disfrutaba antes de la liberalización del sector de las telecomunicaciones, el establecimiento
         de un sistema de competencia no falseada exige que dicha empresa dominante no pueda, mediante sus prácticas tarifarias en
         dicho mercado minorista, infligir, de entrada, a sus competidores al menos igual de eficientes una desventaja competitiva
         en éste que pueda impedir o restringir su acceso a éste mercado o el desarrollo de sus actividades en éste. 
      
      235    Ello es así máxime si se tiene en cuenta que, la eventual prestación por dichos competidores de otros servicios de telecomunicaciones
         a los abonados a través de la red fija de la recurrente exige además la adquisición de servicios mayoristas de acceso al bucle
         local a ésta, esta desventaja competitiva en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados se repercute necesariamente,
         como señaló en esencia el Tribunal en el apartado 199 de la sentencia recurrida, en los mercados de esos otros servicios de
         telecomunicaciones.
      
      236    Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, esta última circunstancia no implica, no obstante que los ingresos procedentes
         de esos otros servicios de telecomunicaciones deban tenerse en cuenta para examinar si los competidores al menos igual de
         eficaces que la recurrente se encuentran en una situación de desigualdad en las condiciones de competencia en el mercado minorista
         de los servicios de acceso para abonados. En efecto, esos otros servicios de telecomunicaciones están comprendidos en mercados
         distintos a este último mercado. Por ello, el Tribunal estaba legitimado, en el apartado 199 de la sentencia recurrida, a
         no incluirlos en su análisis con el fin de examinar si se respetaba la igualdad de oportunidades en el mercado de referencia.
      
      237    La recurrente invocó erróneamente un vicio de motivación sobre este punto. En efecto, el razonamiento expuesto por el Tribunal
         en los apartados 199 y 237 de la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación ya que permite a la recurrente, de
         conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 135 y 136 de la presente sentencia, conocer los motivos por los
         que el Tribunal estimó que la igualdad de oportunidades debía garantizarse en el mercado minorista de los servicios de acceso
         para abonados. 
      
      238    En cuanto a la alegación de violación de las leyes de la lógica, en la medida en que del apartado 238 de la sentencia recurrida
         resulta que el Tribunal se basaba en la premisa errónea y contradictoria de que la recurrente no sufre pérdidas en el mercado
         de los servicios de acceso para abonados que debe compensar en los otros mercados mientras que declara por otro lado que los
         precios minoristas de la recurrente por dichos servicios son inferiores a los precios mayoristas por los servicios de acceso
         al bucle local fijados sobre la base de sus costes, también procede desestimarla. 
      
      239    En efecto, por una parte, procede recordar que, como se indicó en los apartados 48 y 49 de la presente sentencia, la premisa
         fáctica de dicha argumentación no puede considerarse acreditada en el presente recurso de casación, toda vez que la cuestión
         de si los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local son conformes con los costes de la recurrente no forma
         parte de los motivos debatidos ante el Tribunal.
      
      240    Por otra parte, procede observar que, al establecer, en los apartados 199 y 237 de la sentencia recurrida, que las prácticas
         tarifarias de la recurrente en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados colocan de entrada a sus competidores
         al menos igual de eficientes en una posición desigual en relación con ella misma en ese mismo mercado, provocando, como resulta
         en particular de los apartados 166 a 168 y 194 de dicha sentencia, una compresión de los márgenes de los citados competidores
         por lo que respecta a los servicios de acceso, el Tribunal demostró de manera suficiente que no se respetaba la igualdad de
         oportunidades en el mercado de referencia y, por tanto, no se aseguraba un sistema de competencia no falseada en éste. En
         consecuencia, el Tribunal no estaba en absoluto obligado a examinar además si dicha igualdad se respetaba en otros mercados
         distintos, como el de los servicios de comunicaciones, y, por consiguiente, si podía declararse, por otro lado la infracción
         del artículo 82 CE en dichos mercados. De ello resulta que las afirmaciones realizadas por el Tribunal en el apartado 238
         de la citada sentencia tienen carácter reiterativo. 
      
      241    De ello se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 108 de la presente sentencia, debe desestimarse
         por inoperante la presente alegación de la recurrente.
      
      242    Paralelamente, al dirigirse contra fundamentos jurídicos reiterativos, deben desestimarse asimismo las críticas de la recurrente
         sobre los apartados 201 y 202 de la sentencia recurrida. En efecto, al igual que el apartado 238 de dicha sentencia, estos
         fundamentos jurídicos, introducidos respectivamente por las locuciones «por otra parte» y «en todo caso», se refieren también
         a la cuestión reiterativa de la medida en que las prácticas tarifarias en cuestión pudieron afectar las condiciones de competencia
         en los demás mercados minoristas distintos a los servicios de acceso para abonados.
      
      243    De ello resulta que la presente alegación debe, por tanto, sobre estos diferentes extremos desestimarse por inoperante o infundada
         según el caso.
      
      244    Por último, por lo demás, en la medida en que la recurrente, mediante la segunda parte del segundo motivo, reprocha al Tribunal
         haber realizado un control excesivamente restringido de la Decisión controvertida y haber utilizado un método incompatible
         con el estado de la ciencia económica, la práctica decisoria de otras autoridades competentes y las realidades del mercado,
         debe declararse la inadmisibilidad de esta alegación, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 24 de la
         presente sentencia, dado que no identifica el error de Derecho en que habría incurrido el Tribunal.
      
      245    Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad en parte y desestimar por inoperante o infundada en lo demás la segunda parte
         del segundo motivo. 
      
      d)      Sobre la tercera parte del segundo motivo, relativa a los efectos de la compresión de márgenes
      i)      Alegaciones de las partes
      246    Mediante una primera alegación, la recurrente sostiene que el Tribunal desestimó acertadamente la concepción de la Comisión
         de que no era necesaria ninguna demostración de un efecto contrario a la competencia. No obstante, en el marco de su análisis
         de los efectos, el Tribunal se basaba, en el apartado 237 de la sentencia recurrida, en una compresión de márgenes teniendo
         en cuenta únicamente las tarifas de los servicios de acceso. Asimismo, en el apartado 238 de dicha sentencia, el Tribunal
         se basaba en la premisa errónea de que los competidores de la recurrente se ven desfavorecidos en relación con ésta por las
         prácticas de subvención cruzada entre los servicios de acceso y los servicios de comunicaciones para abonados. 
      
      247    Mediante una segunda alegación, la recurrente manifiesta que las consideraciones del Tribunal sobre los efectos contrarios
         a la competencia de la práctica en cuestión adolecen de errores de Derecho. En efecto, en el apartado 239 de la sentencia
         recurrida, el Tribunal se limita a indicar que la cuota de mercado de los competidores de la recurrente en los mercados de
         los servicios de acceso de banda ancha así como en los de los servicios de acceso de banda estrecha siguió siendo escasa sin
         realizar la menor consideración sobre la relación de causalidad entre dichas cuotas de mercado y la supuesta compresión de
         márgenes. Pues bien, en el ámbito de las telecomunicaciones, una lenta penetración del mercado por operadores de red no es
         sorprendente habida cuenta de las inversiones necesarias para la infraestructura de red del bucle local.
      
      248    Por otro lado, la recurrente estima que el Tribunal, en el apartado 240 de la sentencia recurrida, realizó una lectura errónea
         del considerando 182 de la Decisión controvertida, ya que éste deja constancia del retroceso no de la cuota de mercado de
         los competidores en el ámbito de las líneas analógicas, sino de la cuota de las líneas analógicas en el conjunto de los servicios
         de acceso prestados por los competidores para abonados. 
      
      249    La Comisión refuta la afirmación de la recurrente de que el Tribunal desestimó su enfoque sobre la falta de necesidad de prueba
         de un efecto contrario a la competencia en el caso de una compresión de márgenes. En cualquier caso, las alegaciones de la
         recurrente son infundadas. 
      
      ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
      250    Con el fin de examinar la tercera parte del segundo motivo, procede observar de entrada que el Tribunal, en los apartados
         234 a 244 de la sentencia recurrida, desestimó acertadamente la alegación de la Comisión según la cual la propia existencia
         de una práctica tarifaria de una empresa dominante que provoca la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual
         de eficientes constituye una práctica abusiva en el sentido del artículo 82 CE sin que sea necesaria la demostración de un
         efecto contrario a la competencia. 
      
      251    En efecto, procede recordar que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 174 de la presente sentencia,
         al prohibir la explotación abusiva de una posición dominante, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados
         miembros, el artículo 82 CE tiene por objeto los comportamientos de una empresa en posición dominante que, tienen por efecto
         impedir, por medios distintos de los que rigen una normal competencia entre productos o servicios sobre la base de las prestaciones
         de los agentes económicos, el mantenimiento del grado de competencia que aún existe en el mercado o su desarrollo.
      
      252    Por consiguiente, el Tribunal declaró, sin incurrir en error de Derecho, en el apartado 235 de la sentencia recurrida, que
         el efecto contrario a la competencia que la Comisión está obligada a demostrar, respecto de prácticas tarifarias de una empresa
         dominante que provoquen la compresión de márgenes de sus competidores al menos igual de eficientes, se refiere a los eventuales
         obstáculos que las prácticas tarifarias de la recurrente hayan podido ocasionar en el desarrollo de la oferta en el mercado
         minorista de los servicios de acceso para abonados y, por tanto, en el grado de competencia de éste.
      
      253    En efecto, como resulta ya de los apartados 177 y 178 de la presente sentencia, una práctica tarifaria, como la controvertida
         en la sentencia recurrida, adoptada por una empresa dominante, como la recurrente, constituye una práctica abusiva en el sentido
         del artículo 82 CE, dado que, provocando la expulsión de competidores al menos igual de eficientes que ella misma por la compresión
         de sus márgenes, puede dificultar o imposibilitar el acceso al mercado de referencia a dichos competidores y de reforzar de
         ese modo su posición dominante en éste, en detrimento de los intereses de los consumidores.
      
      254    Es cierto que, cuando una empresa dominante aplica una práctica tarifaria que provoca la compresión de márgenes de sus competidores
         al menos igual de eficientes cuyo objeto es expulsar a éstos del mercado de referencia, la circunstancia de que el resultado
         buscado no se alcance, en definitiva, no descarta la calificación de abuso en el sentido del artículo 82 CE. No obstante,
         a falta del menor efecto sobre la situación competitiva de los competidores, una práctica tarifaria como la controvertida
         no puede calificarse de práctica de expulsión cuando la entrada de éstos al mercado no se dificulta en absoluto por dicha
         práctica.
      
      255    En el presente caso, dado que, como ya se señaló en el apartado 231 de la presente sentencia, los servicios de acceso al bucle
         local prestados por la recurrente son indispensables para que sus competidores puedan entrar de manera eficaz en los mercados
         minoristas de prestación de servicios para abonados, como se desprende ya de los apartados 233 a 236 de la presente sentencia,
         el Tribunal declaró acertadamente, en el apartado 237 de la sentencia recurrida, que una compresión de márgenes, resultante
         de la diferencia entre los precios mayoristas por los servicios de acceso al bucle local y los precios minoristas de los servicios
         de acceso para abonados, obstaculiza en principio el desarrollo de la competencia en los mercados minoristas de los servicios
         para abonados, puesto que un competidor al menos igual de eficiente que la recurrente únicamente puede llevar a cabo sus actividades
         en el mercado minorista de los servicios de acceso para abonados sufriendo pérdidas.
      
      256    Pues bien, la recurrente no discute esta última consideración. Por los motivos ya expuestos en los apartados 233 a 236 de
         la presente sentencia, la alegación a este respecto basada en la inexistencia de toma en consideración de los ingresos procedentes
         de la eventual prestación de otros servicios de telecomunicaciones a los abonados debe desestimarse por infundada. En cuanto
         a la relativa al apartado 238 de la sentencia recurrida, sobre la posibilidad de subvención cruzada, debe desestimarse por
         inoperante por los motivos indicados en los apartados 238 a 241 de la presente sentencia. 
      
      257    Asimismo, en el apartado 239 de la sentencia recurrida, el Tribunal señaló, lo que a falta de alegación de desnaturalización,
         se incluye en su apreciación soberana de los hechos, que «las escasas cuotas de mercado alcanzadas por los competidores […]
         en el mercado [minorista] de los servicios de acceso para abonados desde su liberalización el 1 de agosto de 1996 por la entrada
         en vigor de la TKG acreditan los obstáculos que las prácticas tarifarias de la demandante suponen para el desarrollo de la
         competencia en estos mercados». A este respecto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de la expresión «suponen»
         resulta claramente que el Tribunal indicó que existía efectivamente una relación de causalidad entre las prácticas tarifarias
         de la recurrente y las escasas cuotas de mercado alcanzadas por los competidores. Por consiguiente, la alegación de la recurrente
         sobre este punto es infundada.
      
      258    Por otro lado, el Tribunal concluyó, en el apartado 244 de dicha sentencia, lo que tampoco se discute en el presente recurso
         de casación, que la recurrente no expuso ningún dato que invalidase las consideraciones realizadas en la Decisión controvertida,
         según las cuales sus prácticas tarifarias obstaculizan efectivamente la competencia en el mercado minorista de los servicios
         de acceso para abonados.
      
      259    En estas condiciones, procede considerar que el Tribunal declaró acertadamente que la Comisión había acreditado que las prácticas
         tarifarias en cuestión de la recurrente generaron efectos concretos de expulsión de los competidores al menos igual de eficientes
         que ella misma. 
      
      260    Esta conclusión no se desvirtúa por la crítica formulada por la recurrente respecto al apartado 240 de la sentencia recurrida.
         En efecto, aun cuando el Tribunal hubiera, a este respecto, procedido a una lectura errónea de la Decisión controvertida,
         dicho error sería inoperante en el marco del presente recurso de casación ya que se refiere a un motivo reiterativo que apoya,
         en particular, los apartados 237 y 239 de dicha sentencia, del que resulta del examen que precede que bastan para demostrar
         que el Tribunal declaró acertadamente que la práctica tarifaria en cuestión produjo efectos de expulsión del mercado minorista
         de los servicios de acceso para abonados.
      
      261    Por consiguiente, debe desestimarse por ser, en parte inoperante y por infundada en lo demás la tercera parte del segundo
         motivo.
      
      e)      Conclusión sobre el segundo motivo
      262    De todo lo anterior resulta que debe desestimarse en su totalidad el segundo motivo.
      
      4.      Sobre el tercer motivo, basado en errores de Derecho en el cálculo de las multas debido a la falta de toma en consideración
         de la regulación tarifaria
      
      a)      Sentencia recurrida
      263    El Tribunal, en los apartados 306 a 321 de la sentencia recurrida, desestimó los motivos de la recurrente, basados respectivamente
         en la toma en consideración insuficiente de la regulación tarifaria en el cálculo del importe de la multa y de la toma en
         consideración insuficiente de las circunstancias atenuantes.
      
      264    Por lo que respecta a la gravedad de la infracción, el Tribunal declaró lo siguiente, en los apartados 310 a 313 de la sentencia
         recurrida:
      
      «310      Debe declararse que, en contra de lo que sostiene la demandante, la Comisión pudo calificar de grave la infracción por el
         período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 […] En efecto, las prácticas tarifarias criticadas
         refuerzan las barreras de entrada en mercados recientemente liberalizados, poniendo así en peligro el buen funcionamiento
         del mercado común. A este respecto, cabe recordar que las Directrices [para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3;
         en lo sucesivo, «Directrices»] (punto 1, A, párrafo segundo) califican los comportamientos de exclusión de una empresa en
         posición dominante de infracción grave, e incluso de infracción muy grave, cuando los comete una empresa en situación de cuasi
         monopolio. 
      
      311      Por lo que respecta a la intervención de la RegTP en la fijación de las tarifas de la demandante, debe recordarse que, en
         la determinación del alcance de la sanción, el comportamiento de la empresa implicada puede apreciarse teniendo en cuenta
         la circunstancia atenuante que constituía el marco jurídico nacional […]
      
      312      La Comisión explicó en la vista que la reducción de la multa en un 10 %, concedida en atención al hecho de que “las tarifas
         minoristas [por los servicios de acceso para abonados] y mayoristas [de los servicios de acceso al bucle local de la recurrente]
         […] eran objeto de una regulación sectorial a nivel nacional” (Decisión [controvertida], apartado 212) obedece a la intervención
         de la RegTP en la fijación de los precios de la demandante y al hecho de que esta autoridad nacional había examinado en varias
         ocasiones durante el período contemplado por la Decisión [controvertida] si existía una compresión de márgenes derivada de
         las prácticas tarifarias de la demandante. 
      
      313      Habida cuenta del margen de que dispone la Comisión para determinar el importe de la multa […], debe considerarse que la Comisión,
         al reducir el importe de base de la multa en un 10 %, ha tomado en consideración debidamente los elementos mencionados en
         el apartado anterior.»
      
      265    Posteriormente, el Tribunal desestimó, en los apartados 315 a 320 de la sentencia recurrida, la alegación de la recurrente
         según la cual, al igual que la empresa dominante en la Decisión 2001/892/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2001, relativa
         a un procedimiento incoado en virtud del artículo 82 del Tratado CE (COMP/C‑1/36.915 — Deutsche Post AG – Retención de correo
         transfronterizo) (DO L 331, p. 40; en lo sucesivo, «Decisión Deutsche Post»), la Comisión hubiera debido imponer una multa
         simbólica. 
      
      266    A este respecto, el Tribunal declaró, en particular, lo siguiente, en los apartados 317 a 319 de la sentencia recurrida:
      
      «317      […] procede señalar que la situación de la demandante difiere sustancialmente de la situación de la empresa destinataria de
         la Decisión Deutsche Post.
      
      318      En efecto, […] de la Decisión Deutsche Post […] se deduce que la Comisión consideró adecuado limitarse a imponer una multa
         simbólica a la empresa destinataria de dicha Decisión por tres motivos: en primer lugar, la empresa de que se trata se comportó
         de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales alemanes; en segundo lugar, no existía jurisprudencia comunitaria específica
         sobre los servicios de correo transfronterizo contemplados y, en tercer lugar, la empresa de que se trata se había comprometido
         a establecer un procedimiento para gestionar el correo transfronterizo entrante de forma que se evitasen dificultades de orden
         práctico y, en su caso, se facilitase la detección de las infracciones a la libre competencia que pudieran producirse.
      
      319      En el caso de autos, en primer lugar, debe señalarse que la única sentencia de un órgano jurisdiccional alemán a la que la
         demandante hace referencia es la sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf, dictada el 16 de enero de 2002, es decir, durante
         el período en el que la Decisión [controvertida] califica la infracción de leve […] En todo caso, esta sentencia fue anulada
         por la sentencia del Bundesgerichtshof de 10 de febrero de 2004. En segundo lugar, de la Decisión [controvertida] […] se deduce
         que la Comisión aplicó los mismos principios que sustentan la Decisión [88/518/CEE de la Comisión, de 18 de julio de 1988,
         relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo 82 del Tratado CEE (IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (DO
         L 284, p. 41)]. Pues bien, la Comisión ya había anunciado, en su Comunicación de 22 de agosto de 1998 sobre la aplicación
         de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones – Marco jurídico, mercados de
         referencia y principios [DO C 265, p. 2] (puntos 117 a 119), que pretendía aplicar los principios de la Decisión [88/518]
         al sector de las telecomunicaciones. […] En tercer y último lugar, la demandante no adoptó en este asunto ningún compromiso
         para evitar cualquier otra infracción en el futuro.»
      
      b)      Alegaciones de las partes
      267    El tercer motivo de la recurrente se subdivide en tres partes relativas, respectivamente, al carácter grave de la infracción,
         a la falta de toma en consideración apropiada de la regulación tarifaria como circunstancia atenuante y a la imposición de
         una multa simbólica.
      
      i)      Sobre la primera parte del tercer motivo, relativa al carácter grave de la infracción
      –       Alegaciones de las partes
      268    La recurrente alega que el Tribunal infringió el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, en la medida en que ni las
         alegaciones de la Comisión ni los motivos de la sentencia recurrida, en sus apartados 306 a 310, apoyan la afirmación según
         la cual, por lo que respecta al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2001, ella incurrió
         en una infracción grave en el sentido de las Directrices.
      
      269    Asimismo, la recurrente sostiene que el Tribunal no tuvo en cuenta el hecho de que, de conformidad con el punto 1, A, de las
         Directrices, las exclusiones «puedan» ciertamente constituir infracciones graves pero que no sucede así necesariamente. Por
         consiguiente, el Tribunal no examinó las alegaciones que abogan contra una calificación de infracción grave, en particular,
         la escasa contribución de la recurrente a la infracción, que se ha admitido en el apartado 312 de la sentencia recurrida,
         para reducir el importe de base un 10 %.
      
      270    La Comisión solicitó la desestimación de dichas alegaciones por inoperantes e infundadas.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      271    Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que
         respecta al método de cálculo de las multas. Este método, delimitado por las Directrices, contiene varios rasgos de flexibilidad
         que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando las disposiciones del artículo 15, apartado 2, del
         Reglamento nº 17 (véase la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión, C‑322/07 P,
         C‑327/07 P y C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, apartado 112 y jurisprudencia citada).
      
      272    En este contexto, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal General ha apreciado correctamente el ejercicio,
         por la Comisión, de dicha facultad de apreciación (sentencias, de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec.
         p. I‑5977, apartado 48, y de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión, C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 134).
      
      273    A este respecto, por lo que respecta a la gravedad de las infracciones al Derecho de la Unión relativo a la competencia, de
         reiterada jurisprudencia resulta que ésta debe determinarse en función de un gran número de factores, tales como, en particular,
         las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido
         una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (véanse, en particular, las sentencias
         de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P,
         Rec. p. I‑5425, apartado 241; Dalmine/Comisión, antes citada, apartado 129, así como de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym
         Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartado 54).
      
      274    Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de la
         empresa de que se trate, el papel desempeñado por ella en el establecimiento de la práctica en cuestión, el beneficio que
         ha podido obtener de dicha práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas así como el riesgo que las infracciones
         de este tipo representan para los objetivos de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique
         Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 129, así como Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
         antes citada, apartado 242). 
      
      275    En el caso de autos, sin incurrir en error de Derecho, el Tribunal declaró, en el apartado 310 de la sentencia recurrida,
         que, la Comisión había podido calificar de grave la infracción cometida por la recurrente por el período comprendido entre
         el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, dado que las prácticas tarifarias en cuestión al reforzar las barreras
         de entrada en mercados recientemente liberalizados, ponían en peligro el buen funcionamiento del mercado interior. En efecto,
         como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las prácticas de expulsión, como la cuestionada, cometidas
         por empresas dominantes son infracciones especialmente graves del artículo 82 CE (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico Italiano y Commercial Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado
         51, así como AKZO/Comisión, antes citada, apartado 162). 
      
      276    Por ello, a tenor del punto 1, A, párrafo segundo, de las Directrices, tales comportamientos de exclusión de los competidores
         del mercado pueden acertadamente calificase de infracción grave e incluso muy grave cuando se cometen por una empresa en situación
         de cuasi monopolio. 
      
      277    La escasa contribución a la infracción alegada por la recurrente habida cuenta de la regulación de sus tarifas por la RegTP
         no desvirtúa dichas consideraciones, dado que el papel desempeñado por la empresa implicada en la infracción no es en principio
         un factor obligatorio, sino solamente un factor más a tener en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción
         (véase, en este sentido, la sentencia Dalmine/Comisión, antes citada, apartado 132).
      
      278    Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, como señaló el Tribunal en el apartado 311 de la sentencia
         recurrida, en la determinación del alcance de la sanción, el comportamiento de la empresa implicada puede apreciarse teniendo
         en cuenta la circunstancia atenuante que constituía el marco jurídico nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de
         16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec.
         p. 1663, apartado 620, así como CIF, antes citada, apartado 57).
      
      279    Por tanto, el Tribunal consideró también acertadamente, en los apartados 311 a 313 de la sentencia recurrida, que, habida
         cuenta del margen de apreciación de que dispone la Comisión para determinar el importe de la multa, la Comisión tomó en consideración
         debidamente el papel limitado de la recurrente a la luz de la intervención de la RegTP en la fijación de sus tarifas al reducir
         el importe de base de la multa en un 10 %. 
      
      280    Por otro lado, como resulta de lo anterior, al realizar tales consideraciones, en los apartados 310 a 313 de la sentencia
         recurrida, el Tribunal motivó suficientemente en Derecho dicha sentencia, ya que mostró claramente, de conformidad con la
         jurisprudencia citada en los apartados 135 y 136 de la presente sentencia, los motivos por los que la infracción era grave
         y no justificaba una calificación diferente debido al papel limitado desempeñado por la recurrente.
      
      281    En consecuencia, procede desestimar por infundada la primera parte del tercer motivo.
      
      ii)    Sobre la segunda parte del tercer motivo, relativa a la falta de toma en consideración apropiada de la regulación tarifaria
         como circunstancia atenuante
      
      –       Alegaciones de las partes
      282    La recurrente observa que, en el considerando 212 de la Decisión controvertida, la Comisión tuvo en cuenta únicamente la existencia
         de una regulación sectorial a nivel nacional pero no el tenor de la regulación, a saber, en particular, el examen y la negación
         de la existencia de una compresión de márgenes restrictiva de la competencia por la RegTP. 
      
      283    La recurrente estima que el Tribunal incurrió en un error de Derecho al no reprochar a la Comisión no haber tenido en cuenta
         otras dos circunstancias atenuantes en el sentido del punto 3 de las Directrices. En efecto, debido al examen y a la negación
         de la existencia de una compresión de márgenes contraria a la competencia en una serie de resoluciones, se convenció de la
         legalidad de su comportamiento. Además, la infracción se cometió por negligencia.
      
      284    La Comisión estima que estas alegaciones de la recurrente deben desestimarse por infundadas.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      285    Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación basada en la falta de toma en consideración de la circunstancia de que
         la RegTP desestimó la existencia de una compresión de márgenes, procede observar que dicha alegación se basa en una lectura
         errónea de la sentencia recurrida. 
      
      286    En efecto, en el apartado 312 de la sentencia recurrida, el Tribunal indicó expresamente, lo que, a falta de alegación de
         desnaturalización, está incluida en su apreciación soberana de los hechos, que la reducción de la multa en un 10 %, concedida
         por la Comisión en la Decisión controvertida en atención al hecho de que las tarifas minoristas por los servicios de acceso
         para abonados y mayoristas por los servicios de acceso al bucle local de la recurrente eran objeto de una regulación sectorial
         a nivel nacional se refería tanto a la intervención de la RegTP en la fijación de los precios de la recurrente como al hecho
         de que esta autoridad nacional había examinado en varias ocasiones durante el período en cuestión si existía una compresión
         de márgenes derivada de las prácticas tarifarias de la recurrente. 
      
      287    Por consiguiente, procede desestimar la presente alegación de la recurrente por infundada.
      
      288    En lo que concierne, en segundo lugar, a la alegación basada en el carácter no negligente de la infracción, es preciso recordar
         que el Tribunal expuso, en los apartados 295 a 298 de la sentencia recurrida, los motivos por los que debía desestimarse la
         alegación basada en la inexistencia de negligencia o de falta intencionada de la recurrente. Como resulta de los apartados
         124 a 137 de la presente sentencia, el examen de las alegaciones formuladas por la recurrente en la tercera parte del primer
         motivo del presente recurso de casación no muestran ningún error de Derecho o falta de motivación de las que adolezcan dichos
         motivos. 
      
      289    Pues bien, mediante la presente alegación, la recurrente se limita a manifestar que la infracción se cometió, a lo sumo, por
         negligencia. De este modo, solicita al Tribunal de Justicia, sin alegar la menor desnaturalización, que aprecie él mismo los
         hechos. De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 53 de la presente sentencia, debe, por tanto, declararse
         la inadmisibilidad de dicha alegación en la fase del presente recurso de casación.
      
      290    En consecuencia, procede declarar inadmisible, en parte, e infundada en lo demás la segunda parte del tercer motivo.
      
      iii) Sobre la tercera parte del tercer motivo, relativa a la imposición de una multa simbólica
      –       Alegaciones de las partes
      291    La recurrente alega que el Tribunal vulneró, en el apartado 319 de la sentencia recurrida, el derecho a la igualdad de trato
         al no imponerle, como en la Decisión Deutsche Post, una multa simbólica cuando reunía también en el presente caso las tres
         condiciones requeridas a tal fin por la Comisión en dicha Decisión. 
      
      292    A este respecto, la recurrente señala, en primer lugar, que se comportó de modo conforme a la jurisprudencia de los tribunales
         alemanes, ya que la RegTP declaró en varias ocasiones durante el período en cuestión que la supuesta compresión de márgenes
         no era contraria a la competencia. Carece de pertinencia que la sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf, dictada el 16
         de enero de 2002, fuera anulada en 2004 por el Bundesgerichtshof, puesto que dicha anulación se deriva de la posibilidad de
         una excepción que no es aplicable en el presente caso y que únicamente después de la adopción de la sentencia de éste la recurrente
         podía partir del principio de una posible responsabilidad con arreglo al artículo 82 CE. En segundo lugar, no existía, durante
         el período pertinente, ninguna jurisprudencia aplicable de los tribunales de la Unión. La Comunicación de 22 de agosto de
         1998, mencionada en el apartado 319 de la sentencia recurrida, no puede calificarse de «jurisprudencia» y no dice nada sobre
         la cuestión determinante en el presente caso de saber si puede declararse una compresión de márgenes en los casos de tarifas
         reguladas. Por otro lado, el Tribunal se contradice, dado que en el apartado 188 de la sentencia recurrida, él mismo señala
         que el juez de la Unión no se ha pronunciado todavía explícitamente sobre el método para determinar la existencia de una compresión
         de márgenes. En tercer lugar, un compromiso de poner fin a la infracción no puede constituir una condición vinculante para
         la imposición de una multa simbólica cuando, como en el caso de autos, la detección de la supuesta infracción no plantea ninguna
         dificultad, ya que sólo se discute la apreciación del comportamiento. 
      
      293    La Comisión aduce que la alegación de la recurrente no es pertinente y, con carácter subsidiario, que es infundada.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      294    Procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que la Comisión haya impuesto en el pasado
         multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar dicho nivel,
         dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política
         de la Unión relativa a la competencia. La aplicación eficaz de las normas de la Unión sobre la competencia exige, en efecto,
         que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política (sentencia Musique
         Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 109).
      
      295    En cualquier caso, en el caso de autos, el Tribunal expuso detalladamente, en los apartados 317 a 320 de la sentencia recurrida,
         los motivos por los que la situación de la recurrente debía considerarse fundamentalmente diferente de la de la empresa objeto
         de la Decisión Deutsche Post. 
      
      296    Pues bien, debe señalarse que, mediante la presente alegación, la recurrente se limita, por lo esencial, a impugnar las apreciaciones
         realizadas por el Tribunal a este respecto, alegando que se encuentra en la misma situación que la empresa objeto de la Decisión
         Deutsche Post, dado que los tres motivos por los que la Comisión impuso una multa simbólica en dicha Decisión concurren también
         en el presente caso, sin no obstante alegar una desnaturalización de los hechos ni indicar las razones por las que dicha apreciación
         adolece de uno o de varios errores de Derecho.
      
      297    De ello se desprende que la recurrente pretende, en realidad, mediante dicha alegación que reitera en esencia la ya formulada
         ante el Tribunal, obtener un nuevo examen de la demanda presentada ante éste, lo que, de conformidad con la jurisprudencia
         citada en el apartado 24 de la presente sentencia, escapa a la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso
         de casación.
      
      298    Por otro lado, en tanto la recurrente invoca una contradicción de motivos con el apartado 188 de la sentencia recurrida, debe
         desestimarse su alegación por infundada. En efecto, la circunstancia, indicada por el Tribunal en este apartado, de que el
         juez de la Unión no se haya pronunciado todavía explícitamente sobre el método que debe aplicarse para determinar la existencia
         de una compresión de los márgenes no es en absoluto contradictoria con la consideración, en el apartado 319 de esa misma sentencia,
         de que, por su parte, la Comisión ya había aplicado los principios contenidos en la Decisión controvertida y anunciado su
         aplicación al sector de las telecomunicaciones. 
      
      299    En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del tercer motivo por ser inadmisible, en parte, e infundada en lo demás.
      
      c)      Conclusión sobre el tercer motivo
      300    De todo lo anterior resulta que debe desestimarse en su totalidad el tercer motivo.
      
      301    Por consiguiente, procede desestimar el presente recurso de casación.
      
       Costas
      302    En virtud del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre
         las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor de lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, de dicho Reglamento,
         aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso
         será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La Comisión, Vodafone y Versatel han solicitado la condena
         en costas de la recurrente, y los motivos invocados por ésta han sido desestimados, por lo que procede condenarla al pago
         de las costas de la presente instancia.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
      1)      Desestimar el recurso de casación.
      2)      Condenar en costas a Deutsche Telekom AG.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.