CELEX: 62017TN0768
Language: es
Date: 2017-11-22 00:00:00
Title: Asunto T-768/17: Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções y otros/BCE

12.2.2018   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 52/31
            
         Recurso interpuesto el 22 de noviembre de 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções y otros/BCE
   (Asunto T-768/17)
   (2018/C 052/45)
   Lengua de procedimiento: portugués
   
      Partes
   
   
      Demandantes: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da (Lisboa, Portugal), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisboa), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisboa), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisboa) (representante: M.A. Ribeiro, abogado)
   
      Demandada: Banco Central Europeo
   
      Pretensiones
   
   Las partes demandantes solicitan al Tribunal General:
   
               —
            
            
               Que anule los actos impugnados, en particular:
               
                           (i)
                        
                        
                           la decisión de la demandada de negarse a actuar;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           la decisión de la demandada de no iniciar el procedimiento sancionador;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           la decisión del Gobernador del Banco de Portugal y de los demás «funcionarios» que se pronunciaron sobre las reclamaciones y requerimientos presentados entre el 26 de junio de 2013 y el 22 de abril de 2015.
                        
                     
         
               —
            
            
               Por los mismos motivos, solicitan al Tribunal de Justicia que adopte una postura:
               
                           (i)
                        
                        
                           que permita a las demandantes anular la posición de los magistrados sobre la demanda de indemnización presentada contra el BCP y otros;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           que permita a las demandantes interponer una acción de repetición contra el Estado portugués;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           que permita apreciar si el Estado miembro/Ministerio Fiscal/FGR [Fiscalía General de la República] tenía razones para negarse a intervenir en la demanda;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           que permita apreciar si el Estado miembro/Ministerio Fiscal/FGR tenía razones fundadas para no haber comunicado este caso a la OLAF.
                        
                     
         
               —
            
            
               Si el TJUE considerara que las pretensiones de las demandantes son fundadas, al amparo de lo establecido en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, condene al BCE a abonar el importe de 4 582 825,80 euros, más los intereses de demora, calculados al tipo legal, que se devenguen hasta el pago efectivo, así como los demás gastos e indemnizaciones por daños y perjuicios que, tras las intervenciones realizadas, se presenten.
            
         
               —
            
            
               Sin embargo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 280 TFUE y que los actos «del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos», según establece el artículo 299 TFUE, el Tribunal debe imponer que la demandada pida que tales importes sean liquidados por el BCP [Banco Comercial Português].
            
         
               —
            
            
               Habida cuenta de que el banco central nacional es el «órgano administrativo competente, bien […] pronunci[arse] sobre las reclamaciones, bien para […] entabl[ar] las acciones judiciales pertinentes», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, letra b), de la Directiva 2005/29/CE, así como en los artículos 81, apartado 1, y 83, apartado 1, de la Directiva 2007/64/CE, y en el artículo 96, apartado 1, letra b) —Sanciones accesorias— del DL [Decreto-ley] 317/2009, el agente de la demandada deberá exigir al BCP que abone «inmediatamente» los importes antes citados en las cuentas de las demandantes.
            
         
               —
            
            
               La parte demandada:
               
                           (i)
                        
                        
                           deberá exigir que su agente, el banco central nacional, pida al BCP que presente los elementos antes citados y, si al amparo de lo establecido en el artículo 13, apartado 2, de su Ley Orgánica, la entidad de crédito no los presenta, el Banco de Portugal debe exigir a la entidad de crédito que abone «inmediatamente» los importes de que se trata en las cuentas de las demandantes;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           habida cuenta de que puede que la entidad de crédito acabe por tener que indemnizar «inmediatamente» a las demandantes, se debe cumplir lo establecido en los artículos 41, apartado 2, letra a); 47, apartado 2, y 49, apartado 1, del CDFUE, es decir, al igual que sucede con respecto al Banco de Portugal y al Ministerio Fiscal/FGR, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3 del Reglamento n.o 2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones, el BCE deberá decidir «iniciar o no un procedimiento sancionador», instando al BCP a actuar, de modo que esta entidad de crédito deberá pronunciarse y no podrá abstenerse;
                        
                     
         
               —
            
            
               aun cuando, con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, no sea competencia del Tribunal General, si el banco central nacional no admite que «ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho banco estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal», conforme a lo dispuesto en el artículo 271 TFUE, letra d), debiendo plantearse la cuestión al Tribunal de Justicia;
            
         
               —
            
            
               aunque tampoco sea competencia del Tribunal General, si el TJUE considera que el recurso de las demandantes es fundado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 TFUE, el Tribunal General deberá proponer al Tribunal de Justicia que anule la posición del banco central nacional y que fue asumida por la demandada y, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 41, apartado 1, letra c), del CDFUE, en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 11, apartado 3, letra c), de la Directiva 2005/29/CE, deberá presentar una posición motivada;
            
         
               —
            
            
               que la demandada y el TJUE citen e insten al Estado portugués/Ministerio Fiscal/FGR a actuar para que se pronuncie sobre los actos cometidos por el BCP;
            
         
               —
            
            
               que la demandada remita este caso a la OLAF;
            
         
               —
            
            
               con arreglo al artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, se solicita ya la devolución de las costas resultantes del procedimiento, que se deberán cuantificar oportunamente.
            
         
      Motivos y principales alegaciones
   
   En apoyo de su recurso, las partes demandantes invocan los siguientes motivos.
   
               1.
            
            
               Primer motivo, basado en una violación de la obligación de motivación prevista en el artículo 41, apartado 2, [letra c)], de la CDFUE [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea], el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 11, apartado 3, de la Directiva 2005/29/CE. (1)
               
            
         
               2.
            
            
               Independientemente del robo «con fuerza en las cosas» de la «caja de seguridad», el BCP sabía, o tenía obligación de saber, que se estaba ante una utilización del sistema financiero que perseguía el blanqueo de capitales y, por lo tanto, la entidad de crédito sabía que se trataba de fraude o evasión fiscal que podía contribuir a la desaparición de ingresos de los presupuestos de la Unión. Estos actos son «ilegales y perjudican a los intereses financieros de la Unión» y dan lugar a «razones imperiosas de interés general» que «constituyen un objetivo legítimo que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios».
            
         
               3.
            
            
               Independientemente de la forma en que los más de 1 000 000 de euros fueron robados de la «caja de seguridad», se causa un perjuicio a los «intereses financieros de la Unión», en particular a los ingresos en los que se apoya el «presupuesto de la Unión Europea así como los cubiertos, gestionados o supervisados por los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos» y, por lo tanto, nos encontramos también ante actos que constituyen «irregularidad» por «infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido».
            
         
               4.
            
            
               Cuando una entidad de crédito, un Estado miembro/banco central nacional, el Banco Central Europeo o el Estado miembro/Ministerio Fiscal/FGR tienen conocimiento de este tipo de infracciones y prácticas y las permiten y no las condenan, están incentivando la violación de lo dispuesto en el artículo 310 TFUE, apartados 5 y 6, y en el artículo 325 TFUE, apartados 1, 2 y 3, al tiempo que admiten que la entidad de crédito en cuestión practique actos que constituyen una «irregularidad» por infringir lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.o 2988/95. (2)
               
            
         
               5.
            
            
               El acto por el que la parte demandada declinó el requerimiento que se le hizo para que actuara dio pie, entre otras circunstancias, a:
               
                           (i)
                        
                        
                           que no se denunciara este caso ante la OLAF;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           que no se iniciara el procedimiento «sancionador» contra la entidad de crédito BCP;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           que se retrasara la decisión de los tribunales civiles, que conocen desde el 1 de enero de 2010 de una demanda de indemnización contra el BCP y otros;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           que no se haya condenado irremediablemente a su agente, el Banco de Portugal, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto el 27 de octubre de 2015 y actualmente pendiente ante el Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que aún no se ha pronunciado al respeto.
                        
                     
         
               6.
            
            
               Violación del deber de imparcialidad, desviación de poder y vicio sustancial de forma por parte del agente del demandado, el Banco de Portugal.
            
         
      (1)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
   
      (2)  Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1).