CELEX: 62009CJ0201
Language: es
Date: 2011-03-29
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de marzo de 2011. # ArcelorMittal Luxembourg SA contra Comisión Europea (C-201/09 P) y Comisión Europea contra ArcelorMittal Luxembourg SA y otros (C-216/09 P). # Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado comunitario de vigas de acero - Decisión por la que se declara una infracción del artículo 65 CA, tras la expiración del Tratado CECA, sobre la base del Reglamento (CE) nº 1/2003 - Competencia de la Comisión - Imputabilidad del comportamiento infractor - Fuerza de cosa juzgada - Derecho de defensa - Prescripción - Concepto de "suspensión" de la prescripción - Efectos erga omnes o inter partes - Falta de motivación. # Asuntos acumulados C-201/09 P y C-216/09 P.

Asuntos acumulados C‑201/09 P y C‑216/09 P
      ArcelorMittal Luxembourg SA
      contra
      Comisión Europea
      y
      Comisión Europea
      contra
      ArcelorMittal Luxembourg SA, anteriormente Arcelor Luxembourg SA, y otros 
      «Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado comunitario de vigas de acero — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 65 CA, tras la expiración del Tratado CECA, sobre la base del
         Reglamento (CE) nº 1/2003 — Competencia de la Comisión — Imputabilidad del comportamiento infractor — Fuerza de cosa juzgada — Derecho de defensa — Prescripción — Concepto de “suspensión” de la prescripción — Efectos erga omnes o inter partes — Falta de motivación»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Prácticas colusorias — Prácticas concertadas sujetas ratione materiae y ratione temporis al régimen jurídico del Tratado CECA — Expiración del Tratado CECA — Mantenimiento del control por parte de la Comisión sobre
            la base del Reglamento (CE) nº 1/2003
      [Art. 65 CA, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]
      2.        Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Expiración del Tratado CECA — Decisión de la Comisión adoptada
            contra una empresa tras la expiración del Tratado CECA y relativa a hechos anteriores a la expiración de dicho Tratado — Principios
            de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Alcance — Responsabilidad de las empresas por sus comportamientos
            contrarios a las normas de la competencia en el contexto de la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA
            — Normas sustantivas — Normas de procedimiento
      [Art. 65 CA, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 7, ap. 1, y 23, ap. 2]
      3.        Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de
            apreciación — Presunción de una influencia determinante de la sociedad matriz en las filiales participadas al 100 %
      [Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 23, ap. 2]
      4.        Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Duración excesiva del procedimiento administrativo
            — Desaparición de pruebas pertinentes para el ejercicio del derecho de defensa — Carga de la prueba
      [Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo]
      5.        Competencia — Procedimiento administrativo — Prescripción en materia de actuaciones — Suspensión — Decisión de la Comisión
            objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia — Alcance
      [Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 23, 25, aps. 3 y 6, y 26, ap. 2; Decisión nº 715/78/CECA de la Comisión, arts. 2,
            3 y 4, ap. 2]
      1.        Con arreglo a un principio común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyo origen se remonta al Derecho romano,
         la continuidad de las estructuras jurídicas debe quedar garantizada en caso de cambio de normativa, salvo que el legislador
         disponga lo contrario. Ese principio se aplica a las modificaciones del Derecho originario de la Unión. 
      
      A este respecto, no hay indicio alguno de que el legislador de la Unión haya tenido intención de que las prácticas colusorias
         prohibidas por el Tratado CECA puedan eludir la imposición de toda sanción tras la expiración de éste. La sucesión de los
         Tratados CECA, CE y FUE permite, a fin de garantizar la libre competencia, que todo comportamiento que corresponda a la situación
         de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado 1, tuviera lugar antes o después de la expiración del Tratado CECA, el 23
         de julio de 2002, haya podido ser sancionado por la Comisión y pueda seguir siéndolo.
      
      En estas circunstancias, sería contrario a la finalidad y a la coherencia de los Tratados e inconciliable con la continuidad
         del ordenamiento jurídico de la Unión que la Comisión no estuviera facultada para garantizar una aplicación uniforme de las
         normas relativas al Tratado CECA que continúan produciendo efectos incluso después de la expiración de éste. Por tanto, el
         Tribunal de Primera Instancia no incurre en error de Derecho al interpretar el Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación
         de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, en el sentido de que permite a la Comisión
         comprobar y sancionar, después de la expiración del Tratado CECA, las prácticas concertadas producidas en los sectores comprendidos
         en el ámbito de aplicación del Tratado CECA ratione materiae y ratione temporis.
      (véanse los apartados 62 a 66)
      2.        El principio de seguridad jurídica exige que una normativa de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el
         alcance de las obligaciones que les impone y que éstos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones, y adoptar
         las medidas oportunas en consecuencia. A este respecto, en la medida en que los Tratados definan claramente tanto las infracciones
         como la naturaleza y la cuantía de las sanciones con que puede castigarse a las empresas por infringir las normas de competencia,
         los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima no tienen por objeto permitir a las empresas
         eludir toda sanción relativa a su comportamiento infractor en el pasado debido a modificaciones posteriores de las bases jurídicas
         y de las disposiciones de procedimiento.
      
      Por lo que respecta a una decisión de la Comisión sobre una situación jurídica definitivamente consolidada antes de que expirara
         el Tratado CECA y que fue adoptada contra una empresa tras la expiración de dicho Tratado, el Tribunal de Primera Instancia
         no comete error al declarar, por una parte, que el respeto de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo
         y las exigencias de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las disposiciones
         materiales del artículo 65 CA, apartados 1 y 5, a hechos producidos antes de la expiración del Tratado CECA y comprendidos
         en su ámbito de aplicación ratione materiae y ratione temporis. A este respecto, el artículo 65 CA, apartados 1 y 5, establecía una base jurídica clara para imponer una sanción por infringir
         las normas de la competencia, de manera que una empresa diligente en ningún momento podía ignorar las consecuencias de su
         comportamiento, ni contar con que la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA daría lugar a que pudiera
         eludir toda sanción por las infracciones del artículo 65 CA cometidas en el pasado. 
      
      Por lo que respecta, por otra parte, a las disposiciones de procedimiento aplicables, el Tribunal de Primera Instancia concluyó
         fundadamente que la Comisión está facultada para conducir el procedimiento conforme a los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado
         2, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
         Tratado. En efecto, la disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a la institución de la Unión para
         adoptarlo debe estar en vigor en el momento de la adopción del acto y, en general, las normas de procedimiento se aplican
         en el momento de su entrada en vigor. 
      
      (véanse los apartados 67 a 70 y 73 a 75)
      3.        El concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia de la naturaleza
         jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, por una parte,
         que el concepto de empresa, situado en el contexto del Derecho de la competencia de la Unión, designa una unidad económica
         aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas y,
         por otra parte, que cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme
         al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción.
      
      El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz en particular cuando, aunque tenga personalidad jurídica
         separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones
         que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos organizativos y jurídicos que
         unen a esas dos entidades jurídicas. En el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial
         que ha cometido una infracción de las normas de competencia, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en
         el comportamiento de esa filial, por una parte y, por otra parte, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de su filial. 
      
      En esas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad matriz
         para presumir que esta última ejerce una influencia decisiva en la política comercial de su filial. La Comisión podrá, en
         consecuencia, considerar a la sociedad matriz solidariamente responsable del pago de la multa impuesta a su filial, a menos
         que la citada sociedad matriz, a la que incumbe desvirtuar esta presunción, aporte elementos de prueba suficientes para demostrar
         que su filial actúa de forma autónoma en el mercado. El juez de la Unión puede tener en cuenta otras circunstancias, como
         el hecho de no haber negado la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial y la representación
         común de ambas sociedades durante el procedimiento administrativo, sin por ello condicionar la aplicación de la presunción
         mencionada. 
      
      (véanse los apartados 95 a 99)
      4.        Corresponde a la empresa que sostiene que la duración excesiva del procedimiento administrativo tuvo una repercusión sobre
         el ejercicio del derecho de defensa demostrar que, por dicha duración excesiva, encontró dificultades para defenderse de las
         alegaciones de la Comisión.
      
      De este modo, una sociedad diligente, destinataria de una decisión de la Comisión que impugnó y parte en un primer procedimiento
         ante el juez de la Unión debe conservar los documentos necesarios para su defensa. En su defecto, debe indicar de forma circunstanciada,
         si no los elementos de prueba concretos desaparecidos, sí al menos los incidentes, acontecimientos o circunstancias que le
         impidieron, durante el período considerado, cumplir con su obligación de diligencia y que conllevaron la supuesta desaparición
         de los elementos de prueba a los que alude. En efecto, sólo examinando tales indicaciones concretas puede el juez de la Unión
         apreciar si la empresa ha demostrado suficientemente que, debido a la duración excesiva del procedimiento administrativo,
         experimentó las dificultades invocadas para defenderse de las imputaciones de la Comisión o si, por el contrario, dichas dificultades
         resultan de un incumplimiento de sus obligaciones de diligencia. 
      
      (véanse los apartados 118 y 120 a 122)
      5.        Lo que justifica la suspensión de la prescripción es el propio hecho de que un recurso esté pendiente ante el Tribunal General
         o ante el Tribunal de Justicia. Si el destinatario de una decisión de la Comisión por la que se impone una multa por una infracción
         a las normas de la competencia decide interponer recurso de anulación, al juez de la Unión sólo se le somete la parte de la
         decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas a otros destinatarios, que no han sido impugnadas,
         no integran el objeto del litigio que el juez de la Unión ha de resolver. 
      
      Según el artículo 4, apartado 2, de la Decisión nº 715/78, relativa a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución
         en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y el artículo 26, apartado
         2, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
         Tratado, la prescripción en materia de ejecución de sanciones comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme.
         El Tribunal de Justicia ha precisado que, por tanto, este plazo correrá a partir de la expiración del plazo de interposición
         del recurso contra la decisión que se haya pronunciado sobre la infracción y la multa, cuando no se haya interpuesto ningún
         recurso. De lo anterior se desprende, por una parte, que para las empresas que no interpusieron recurso contra una decisión
         final de la Comisión que les impone una multa con arreglo al artículo 65 CA o al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, tal
         decisión adquiere firmeza y, por otra parte, que el carácter firme inicia para ellas el plazo de ejecución de dicha decisión,
         previsto en el artículo 4 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 26 del Reglamento nº 1/2003. De ello se deduce que, respecto
         de esas empresas, el recurso de otra empresa contra la misma decisión final no puede tener efecto suspensivo alguno.
      
      Además, tanto el tenor del artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el del artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003
         como los objetivos perseguidos por estos artículos cubren no sólo los recursos interpuestos contra los actos contemplados
         en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables, sino
         también los recursos contra la decisión final de la Comisión. Por tanto, al no distinguir el artículo 3 de la Decisión nº 715/78
         y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003 entre las decisiones de las que se deriva un efecto suspensivo, no
         procede vincular un efecto erga omnes a los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25,
         apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables.
      
      (véanse los apartados 141 a 147)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 29 de marzo de 2011 (*)
      
      «Recurso de casación – Competencia – Prácticas colusorias – Mercado comunitario de vigas de acero – Decisión por la que se declara una infracción del artículo 65 CA, tras la expiración del Tratado CECA, sobre la base del
         Reglamento (CE) nº 1/2003 – Competencia de la Comisión – Imputabilidad del comportamiento infractor – Fuerza de cosa juzgada – Derecho de defensa – Prescripción – Concepto de “suspensión” de la prescripción – Efectos erga omnes o inter partes – Falta de motivación»
      
      Índice
      
      I.     Marco jurídico
      A.     Disposiciones del Tratado CECA
      B.     Disposiciones del Tratado CE
      C.     Reglamento (CE) nº 1/2003
      D.     Normas relativas a la prescripción en materia de actuaciones
      II.   Antecedentes del litigio
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      IV.   Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      V.     Pretensiones de las partes
      VI.   Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral
      VII. Sobre los recursos de casación
      A.     Sobre el recurso de casación de ARBED (asunto C‑201/09 P)
      1.     Sobre el primer motivo, basado en infracciones del artículo 97 CA y del Reglamento nº 1/2003, en desviación de poder, error
         de Derecho y falta de motivación.
      
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Justicia
      2.     Sobre el segundo motivo, basado en una violación de los principios de la personalidad jurídica de las sociedades y de la individualización
         de las sanciones, en una falta de motivación, en una interpretación y aplicación erróneas de la jurisprudencia sobre la imputabilidad
         del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz así como en una violación del principio de la fuerza de cosa
         juzgada
      
      a)     Sobre la admisibilidad y la eficacia del motivo
      i)     Alegaciones de las partes
      ii)   Apreciación del Tribunal de Justicia
      b)     Sobre el fondo
      i)     Alegaciones de las partes
      ii)   Apreciación del Tribunal de Justicia
      3.     Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de las normas de prescripción y del principio de la fuerza de cosa juzgada
         y en la falta de motivación
      
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Justicia
      4.     Sobre el cuarto motivo, basado en una falta de motivación y en violaciones del derecho de defensa y del principio de la fuerza
         de cosa juzgada
      
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Justicia
      B.     Sobre el recurso de casación de la Comisión (asunto C‑216/09 P), cuyo motivo único se basa en errores de Derecho en la interpretación
         de la Decisión nº 715/78
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      VIII. Costas
      
      En los asuntos acumulados C‑201/09 P y C‑216/09 P,
      que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         los días 5 y 10 de junio de 2009,
      
      ArcelorMittal Luxembourg SA, anteriormente Arcelor Luxembourg SA, con domicilio social en Luxemburgo, representada por Mes A. Vandencasteele y C. Falmagne, avocats (asunto C‑201/09 P),
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Comisión Europea, representada por los Sres. F. Castillo de la Torre y E. Gippini Fournier, en calidad de agentes, que designa domicilio en
         Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anteriormente Arcelor Profil Luxembourg SA, con domicilio social en Esch-sur-Alzette (Luxemburgo),
      
      ArcelorMittal International SA, anteriormente Arcelor International SA, con domicilio social en Luxemburgo, 
      
      partes demandantes en primera instancia,
      y
      Comisión Europea, representada por los Sres. Castillo de la Torre, X. Lewis y Gippini Fournier, en calidad de agentes, que designa domicilio
         en Luxemburgo (asunto C‑216/09 P),
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      ArcelorMittal Luxembourg SA, anteriormente Arcelor Luxembourg SA, con domicilio social en Luxemburgo,
      
      ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anteriormente Arcelor Profil Luxembourg SA, con domicilio social en Esch-sur-Alzette (Luxemburgo), representada por Me Vandencasteele, avocat,
      
      ArcelorMittal International SA, anteriormente Arcelor International SA, con domicilio social en Luxemburgo, representada por Me Vandencasteele, avocat,
      
      partes demandantes en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann,
         A. Arabadjiev (Ponente) y J.-J. Kasel, Presidentes de Sala, y los Sres. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, y T. von Danwitz
         y la Sra. C. Toader, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. Y. Bot;
      Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de junio de 2010;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de octubre de 2010;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante sus recursos de casación, ArcelorMittal Luxembourg SA, anteriormente Arcelor Luxembourg SA (C‑201/09 P), la Comisión
         Europea (C‑216/09 P) así como, mediante adhesión al recurso de casación, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, anteriormente
         Arcelor Profil Luxembourg SA y ArcelorMittal International SA, anteriormente Arcelor International SA (C‑216/09 P), solicitan
         al Tribunal de Justicia la anulación parcial de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
         de 31 de marzo de 2009, ArcelorMittal Luxembourg y otros/Comisión (T‑405/06, Rec. p. II‑771; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»),
         por la que éste anuló parcialmente la Decisión C(2006) 5342 final de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, relativa a un
         procedimiento de aplicación del artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios
         fabricantes europeos de vigas (Asunto COMP/F/38.907 – Vigas de acero), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 13 de septiembre de 2008 (DO C 235, p. 4; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
      
      2        Mediante la Decisión controvertida, la Comisión consideró que la empresa compuesta por ArcelorMittal Luxembourg SA, ArcelorMittal
         Belval & Differdange SA y ArcelorMittal International SA había participado, entre el 1 de julio de 1988 y el 16 de enero de
         1991, en una serie de acuerdos y prácticas concertadas que tuvieron por objeto o como efecto fijar los precios, atribuir cuotas
         e intercambiar, a gran escala, informaciones sobre el mercado comunitario de las vigas de acero, infringiendo el artículo
         65 CA, apartado 1, e impuso a estas sociedades, por tales infracciones, una multa solidaria de 10 millones de euros. 
      
      I.      Marco jurídico
      A.      Disposiciones del Tratado CECA
      3        El artículo 65 CA disponía lo siguiente: 
      
      «1.      Quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas
         que tiendan, directa o indirectamente, a impedir, restringir o falsear el juego normal de la competencia dentro del mercado
         común y, en particular, los que consistan en:
      
      a)      fijar o determinar los precios;
      b)      limitar o controlar la producción, el desarrollo técnico o las inversiones;
      c)      repartirse los mercados, los productos, los clientes o las fuentes de abastecimiento.
      [...]
      4.      Los acuerdos o decisiones prohibidos en virtud del apartado 1 del presente artículo serán nulos de pleno derecho y no podrán
         ser invocados ante ningún órgano jurisdiccional de los Estados miembros.
      
      La Comisión tendrá competencia exclusiva, sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse ante el Tribunal, para pronunciarse
         sobre la conformidad de dichos acuerdos o decisiones con las disposiciones del presente artículo.
      
      5.      La Comisión podrá imponer a las empresas que hubieren celebrado un acuerdo nulo de pleno derecho, hubieren aplicado o intentado
         aplicar, por vía arbitral, cláusula penal, boicot o cualquier otro medio, un acuerdo o una decisión nulos de pleno derecho
         o un acuerdo cuya aprobación hubiere sido denegada o revocada, o que hubieren obtenido una autorización por medio de informaciones
         deliberadamente falsas o deformadas, o que se hubieren dedicado a prácticas contrarias a las disposiciones del apartado 1,
         multas y multas coercitivas que equivalgan como máximo al doble del volumen de negocios realizado con los productos objeto
         del acuerdo, de la decisión o de la práctica contrarios a las disposiciones del presente artículo, sin perjuicio, si este
         objeto era restringir la producción, el desarrollo técnico o las inversiones, de un aumento del máximo así determinado hasta
         el 10 % del volumen de negocios anual de las empresas de que se trate, por lo que respecta a las multas, y del 20 % del volumen
         de negocios diario, en el caso de las multas coercitivas.»
      
      4        Conforme al artículo 97 CA, el Tratado CECA expiró el 23 de julio de 2002. 
      
      B.      Disposiciones del Tratado CE
      5        El artículo 305 CE, apartado 1, establecía:
      
      «Las disposiciones del presente Tratado no modificarán las del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del
         Acero, en particular por lo que respecta a los derechos y obligaciones de los Estados miembros, las competencias de las instituciones
         de dicha Comunidad y las normas establecidas en dicho Tratado para el funcionamiento del mercado común del carbón y del acero.»
      
      C.      Reglamento (CE) nº 1/2003
      6        A tenor del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de
         las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), a efectos de «la aplicación
         de los artículos 81 [CE] y 82 [CE], la Comisión dispondrá de las competencias previstas en el presente Reglamento».
      
      7        El artículo 7 del Reglamento nº 1/2003, titulado «Constatación y cese de la infracción», dispone:
      
      «1.      Cuando la Comisión, de oficio o previa denuncia de parte, constate la existencia de una infracción de los artículos 81 [CE]
         o 82 [CE], podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción
         constatada. […] Cuando la Comisión tenga un interés legítimo para hacerlo, podrá igualmente constatar la pasada comisión de
         una infracción.
      
      […]»
      8        Conforme al artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003, la Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas
         a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo
         81 CE o del artículo 82 CE.
      
      D.      Normas relativas a la prescripción en materia de actuaciones
      9        El artículo 1, apartado 1, de la Decisión nº 715/78/CECA de la Comisión, de 6 de abril de 1978, relativa a la prescripción
         en materia de actuaciones y de ejecución en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón
         y del Acero (DO L 94, p. 22; EE 08/02, p. 58), y el artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, someten la facultad
         de la Comisión de imponer multas por infracciones del Derecho de la competencia, en principio, a un plazo de prescripción
         de cinco años.
      
      10      El artículo 1, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 establecen que
         el plazo de prescripción comenzará a contar a partir del día en que se haya cometido la infracción. No obstante, respecto
         de las infracciones continuas o continuadas, la prescripción sólo empezará a contar a partir del día en que haya finalizado
         la infracción.
      
      11      El artículo 2, apartado 1, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 precisan que la
         prescripción quedará interrumpida por cualquier acto de la Comisión destinado a la instrucción o la investigación de la infracción.
         La prescripción quedará interrumpida a partir de la fecha en que el acto se notifique al menos a una empresa o asociación
         de empresas que haya participado en la infracción. Entre otros, constituirán actos que interrumpen la prescripción:
      
      –      las peticiones de información escritas procedentes de la Comisión, así como las decisiones de la Comisión por las que se exigen
         las informaciones solicitadas;
      
      –      los mandamientos escritos de control expedidos a sus agentes por la Comisión, así como las decisiones de la Comisión por las
         que se ordenen verificaciones;
      
      –      la incoación de un procedimiento por la Comisión;
      –      la comunicación de las reclamaciones estimadas por la Comisión.
      12      El artículo 2, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 4, del Reglamento nº 1/2003 establecen que
         la interrupción de la prescripción tendrá validez con respecto a todas las empresas que hayan participado en la infracción.
      
      13      Conforme al artículo 2, apartado 3, de la Decisión nº 715/78 y al artículo 25, apartado 5, del Reglamento nº 1/2003 el plazo
         de la prescripción volverá a contar a partir de cada interrupción. No obstante lo cual, la prescripción se reputará alcanzada
         a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de la prescripción, sin que la Comisión haya impuesto ninguna
         multa sancionadora ni coercitiva. Este plazo se prorrogará por el tiempo que dure el período durante el cual se suspenda la
         prescripción.
      
      14      A tenor del artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y del artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003 la prescripción en
         materia de persecuciones quedará suspendida mientras la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento ante el Tribunal
         de Justicia.
      
      15      Del artículo 4 de la Decisión nº 715/78 y del artículo 26, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1/2003 se desprende que el poder
         de la Comisión de ejecutar las decisiones por las que se imponen multas con arreglo a las disposiciones del Tratado CECA o
         al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003 estará sometido a un plazo de prescripción de cinco años, que comenzará a contar a
         partir del día en que la decisión sea firme. 
      
      II.    Antecedentes del litigio
      16      Los hechos que dieron lugar al presente litigio, tal como se exponen en los apartados 16 a 37 de la sentencia recurrida, pueden
         resumirse del siguiente modo: 
      
      17      ARBED SA, que cambió su razón social para denominarse primero Arcelor Luxembourg SA y, a continuación, ArcelorMittal Luxembourg
         SA (en lo sucesivo, «ARBED») se dedicaba a la fabricación de productos siderúrgicos. 
      
      18      TradeARBED SA, que cambió de razón social para denominarse primero Arcelor International SA y, a continuación, ArcelorMittal
         International SA (en lo sucesivo, «TradeARBED»), estaba constituida en un 100 % como filial de ARBED y se dedicaba a la distribución
         de los productos siderúrgicos fabricados por ARBED. 
      
      19      ProfilARBED SA, que cambió de razón social para denominarse primero Arcelor Profil Luxembourg SA y, a continuación, ArcelorMittal
         Belval & Differdange SA (en lo sucesivo, «ProfilARBED»), fue constituida el 27 de noviembre de 1992 como filial en un 100 %
         de ARBED, con el fin de asumir a partir de ese momento las actividades económicas e industriales de ARBED en el sector de
         las vigas. 
      
      20      La Comisión, durante 1991, basándose en decisiones adoptadas con arreglo al artículo 47 CA, llevó a cabo inspecciones en las
         oficinas de varias empresas, entre las que se encontraba TradeARBED. El 6 de mayo de 1992 dirigió un pliego de cargos a las
         empresas afectadas, entre las que figuraba TradeARBED, pero no ARBED ni ProfilARBED. TradeARBED participó en una audiencia
         que tuvo lugar del 11 al 14 de enero de 1993.
      
      21      Mediante la Decisión 94/215/CECA, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA
         con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo,
         «Decisión inicial»), la Comisión declaró que diecisiete empresas siderúrgicas europeas, entre las que se encontraba TradeARBED,
         habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados
         e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, contraviniendo el apartado 1 del artículo
         65 CA, e impuso multas a catorce empresas de ese sector, entre ellas a ARBED (11.200.000 ecus), por infracciones cometidas
         entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.
      
      22      Mediante su sentencia de 11 de marzo de 1999, ARBED/Comisión (T‑137/94, Rec. p. II‑303), el Tribunal de Primera Instancia
         desestimó en gran parte el recurso de anulación interpuesto por ARBED contra la Decisión inicial, a la vez que redujo a 10 millones
         de euros el importe de la multa impuesta a ésta.
      
      23      Mediante sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión (C‑176/99 P, Rec. p. I‑10687), el Tribunal de Justicia anuló tanto
         dicha sentencia como la Decisión inicial en todo lo que afectaba a ARBED, por violación del derecho de defensa. 
      
      24      A raíz de esta anulación, la Comisión decidió iniciar un nuevo procedimiento contra las actuaciones contrarias a la competencia
         que habían sido objeto de la Decisión inicial. El 8 de marzo de 2006, dirigió a ARBED, TradeARBED y ProfilARBED un pliego
         de cargos en que les informaba de su intención de adoptar una decisión que las declarara responsables solidarias de las infracciones
         de que se trata, al que estas sociedades respondieron el 20 de abril de 2006. 
      
      25      El 8 de noviembre de 2006, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, que establece en sus artículos 1 y 2:
      
      «Artículo 1
      La empresa compuesta por [ARBED, TradeARBED y ProfilARBED], infringiendo el artículo 65 [CA], apartado 1, participó en una
         serie de acuerdos y prácticas concertadas que tuvieron por objeto o como efecto fijar los precios, atribuir cuotas e intercambiar,
         a gran escala, informaciones sobre el mercado comunitario de las vigas. Se ha demostrado la participación de la empresa así
         compuesta en dichas infracciones entre el 1 de julio de 1988 y el 16 de enero de 1991.
      
      Artículo 2
      Se impone una multa solidaria de 10 millones de euros a [ARBED, TradeARBED y ProfilARBED] por las infracciones contempladas
         en el artículo 1».
      
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      26      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de diciembre de 2006, ARBED, TradeARBED
         y ProfilARBED interpusieron un recurso contra la Decisión controvertida sobre la base de los artículos 33 CA y 36 CA y de
         los artículos 229 CE y 230 CE.
      
      27      ARBED, TradeARBED y ProfilARBED sostenían, mediante su primer motivo, que la Decisión controvertida carecía de base jurídica
         y que la Comisión había incurrido en desviación de poder. El segundo motivo se basaba en la infracción de las normas relativas
         a la imputación de infracciones, el tercer motivo en la infracción de las normas en materia de prescripción de actuaciones
         y el cuarto motivo en la infracción del derecho de defensa. 
      
      28      Considerando, en particular, que los Tratados comunitarios crearon un ordenamiento jurídico único, que los Tratados CECA y CE
         persiguen el objetivo común del mantenimiento de un régimen de libre competencia y que un principio común a los sistemas jurídicos
         de los Estados miembros pretende garantizar, en caso de cambios en la legislación y salvo manifiesta voluntad contraria del
         legislador, la continuidad de las estructuras jurídicas, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el primer motivo al considerar
         que los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 deben interpretarse en el sentido de que permiten
         a la Comisión comprobar y sancionar, después del 23 de julio de 2002, las prácticas concertadas entre empresas producidas
         en los sectores comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA ratione materiae y ratione temporis.
      
      29      El Tribunal de Primera Instancia también desestimó el segundo motivo, al considerar, por una parte, que TradeARBED no invocaba
         tal motivo y, por otra parte, que las consideraciones de la Comisión no adolecían de errores de Derecho en la medida en que
         imputaban la infracción cometida por TradeARBED a ARBED y, como «sucesor económico» de esta última, a ProfilARBED, basándose
         en que ARBED era titular del 100 % del capital de TradeARBED y en que elementos de prueba confirmaban tanto la influencia
         determinante de ésta en el comportamiento de TradeARBED como el uso efectivo de este poder. 
      
      30      En cuanto al tercer motivo, el Tribunal de Primera Instancia excluyó la supuesta infracción de las normas en materia de prescripción
         de actuaciones por lo que respecta a ARBED, al considerar que, por la suspensión de los plazos durante el primer procedimiento
         ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia, la Decisión controvertida había sido adoptada dentro de los
         plazos de prescripción tanto quinquenal como decenal. En cambio, al considerar que dicha suspensión tenía efecto inter partes y no erga omnes, el Tribunal de Primera Instancia declaró, respecto de ProfilARBED y TradeARBED, que el plazo de prescripción decenal había
         expirado y, en consecuencia, anuló la Decisión controvertida en lo que afectaba a éstas. 
      
      31      El Tribunal de Primera Instancia desestimó el cuarto motivo en la medida en que ARBED lo invocaba, al considerar que, por
         limitarse a alegar que habían desaparecido los elementos de prueba que podían haber estado a su disposición durante el año
         1990, dado el lapso de tiempo transcurrido, ARBED no había demostrado cómo la duración del procedimiento administrativo podía
         haber perjudicado al ejercicio del derecho de defensa. 
      
      32      En consecuencia, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión controvertida en lo que
         afectaba a ProfilARBED y TradeARBED y desestimó el recurso por infundado en todo lo demás.
      
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      33      Mediante auto de 10 de septiembre de 2009, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acumular los asuntos C‑201/09 P
         y C‑216/09 P a efectos de la fase oral y de la sentencia.
      
      V.      Pretensiones de las partes
      34      Mediante su recurso de casación (asunto C‑201/09 P), ARBED solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –      Anule la sentencia recurrida en la medida en que confirma, respecto de ARBED, la Decisión controvertida.
      –      Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento, así como de las causadas en primera instancia.
      35      En su escrito de contestación a dicho recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –      Desestime el recurso de casación. 
      –      Condene en costas a ARBED.
      36      Mediante su recurso de casación (asunto C‑216/09 P), la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –      Anule la sentencia recurrida en la medida en que anula las multas impuestas por la Decisión controvertida a ProfilARBED y
         TradeARBED.
      
      –      Desestime el recurso de ProfilARBED y TradeARBED. 
      –      Condene en costas a ProfilARBED y TradeARBED. 
      37      En su escrito de contestación a dicho recurso de casación, ProfilARBED y TradeARBED se adhirieron a la casación y solicitan
         al Tribunal de Justicia que: 
      
      –      Confirme la sentencia recurrida en la medida en que anula las multas que les fueron impuestas mediante la Decisión controvertida,
         por aplicación del efecto relativo de la suspensión de la prescripción. 
      
      –      Con carácter subsidiario y reconvencional, anule la sentencia recurrida en la medida en que: 
      –      aplica el Tratado CECA y el Reglamento nº 1/2003 en su contra;
      –      imputa el comportamiento de TradeARBED a ProfilARBED;
      –      no reconoce la prescripción de las actuaciones respecto de ProfilARBED por aplicación de las normas relativas a la interrupción
         de la prescripción;
      
      –      no reconoce la violación del derecho de defensa que puede invocar ProfilARBED a la vista de la duración particularmente larga
         del procedimiento. 
      
      –      Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.
      38      En su escrito de réplica a dicha adhesión a la casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: 
      
      –      Desestime la adhesión a la casación. 
      –      Condene en costas a ProfilARBED y TradeARBED.
      VI.    Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral
      39      Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 2010, la Comisión solicitó a éste
         que ordenara la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
         en el supuesto de que debiera abordar la cuestión de la responsabilidad de ProfilARBED derivada de la continuación de las
         actividades económicas de ARBED por ProfilARBED. Según ella, esta cuestión fue examinada por el Abogado General en los puntos
         224 a 235 de sus conclusiones, pero no es objeto del litigio ni ha sido debatida entre las partes.
      
      40      Con arreglo a dicha disposición, se oyó al Abogado General en relación con esta solicitud.
      
      41      El Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, a propuesta del Abogado General o a instancia de las partes, la reapertura
         de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que no está suficientemente informado
         o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre las partes (véase la sentencia de
         8 de septiembre de 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International, C‑42/07, Rec. p. I‑7633, apartado 31
         y jurisprudencia allí citada).
      
      42      El Tribunal de Justicia considera que en el presente caso dispone de todos los elementos necesarios para resolver el litigio
         y que el asunto no debe examinarse a la luz de alegaciones que no han sido debatidas ante él.
      
      43      Por consiguiente, no procede acordar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
      
      VII. Sobre los recursos de casación
      44      En su recurso de casación (asunto C‑201/09 P), ARBED invoca cuatro motivos. Mediante su primer motivo, ARBED alega infracciones
         del artículo 97 CA y del Reglamento nº 1/2003, desviación de poder, error de Derecho y falta de motivación. 
      
      45      El segundo motivo se basa en una violación de los principios de la personalidad jurídica de las sociedades y de la individualización
         de las penas y sanciones, en faltas de motivación, en una interpretación y aplicación erróneas de la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia sobre la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz así como en una violación
         del principio de la fuerza de cosa juzgada y de la jerarquía de las normas. 
      
      46      El tercer motivo se basa en infracciones de las normas de prescripción y del principio de la fuerza de cosa juzgada ligada
         a la Decisión inicial, así como en una falta de motivación. Mediante su cuarto motivo, ARBED reprocha al Tribunal de Primera
         Instancia una falta de motivación y violaciones del derecho de defensa y del principio de la fuerza de cosa juzgada de la
         sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión, antes citada.
      
      47      Mediante su recurso de casación (asunto C‑216/09 P), la Comisión invoca un único motivo basado en errores de Derecho en la
         interpretación de la Decisión nº 715/78.
      
      A.      Sobre el recurso de casación de ARBED (asunto C‑201/09 P)
      1.      Sobre el primer motivo, basado en infracciones del artículo 97 CA y del Reglamento nº 1/2003, en desviación de poder, error
         de Derecho y falta de motivación
      
      a)      Alegaciones de las partes
      48      En primer lugar, ARBED señala que el artículo 97 CA disponía que el Tratado CECA expiraba el 23 de julio de 2002 y la Decisión
         controvertida, basada en el artículo 65 CA, fue adoptada el 8 de noviembre de 2006. Al considerar que las prácticas de que
         se trata fueron perseguidas legítimamente, sobre la base del artículo 65 CA, el Tribunal de Primera Instancia infringió el
         artículo 97 CA y no respondió a sus alegaciones basadas en la falta de fundamento jurídico de dicha Decisión. 
      
      49      Según ARBED, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar que los tratados comunitarios crearon
         un ordenamiento jurídico único. Según el artículo 305 CE, apartado 1, el Tratado CECA constituye un régimen específico que
         establece excepciones a las normas de carácter general del Tratado CE y la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del
         Tratado CECA implicó, a partir del 24 de julio de 2002, una modificación de las bases jurídicas, de los procedimientos y de
         las normas materiales aplicables. La obligación de las instituciones de interpretar los distintos Tratados de modo coherente
         sólo puede cumplirse respetando los límites que los propios Tratados establecen y no puede, por tanto, llevar a las instituciones
         a mantener en vigor una disposición de un Tratado cuya extinción está prevista para el 23 de julio de 2002 más allá de esta
         fecha.
      
      50      Las sentencias de 25 de febrero de 1969, Klomp (23/68, Rec. p. 43), y de 18 de julio de 2007, Lucchini (C‑119/05, Rec. p. I‑6199),
         citadas por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de su postura no pueden invocarse legítimamente para llegar a una conclusión
         distinta. La primera sentencia contemplaba una modificación del Derecho comunitario originario como consecuencia del Tratado
         de fusión, y no la expiración de un tratado, mientras que la segunda se refería a una decisión adoptada con arreglo al Tratado CECA
         antes, y no después, de que éste expirara. 
      
      51      En segundo lugar, ARBED considera que, al basar la competencia de la Comisión en el Reglamento nº 1/2003, el Tribunal de Primera
         Instancia incurrió en desviación de poder y no respondió a sus alegaciones. Señala que el Reglamento nº 1/2003 fue adoptado
         tras la expiración del Tratado CECA y considera que, habida cuenta de su artículo 4 y, a falta de toda mención del Tratado CECA,
         éste sólo faculta a la Comisión para perseguir las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      52      Aun suponiendo que el Reglamento nº 1/2003 confiriera a la Comisión la competencia para sancionar infracciones del artículo
         65 CA, apartado 1, dicho Reglamento vulneraría el Tratado CECA, puesto que, adoptado únicamente con arreglo al Tratado CE,
         modificaría el Tratado CECA. Según la jurisprudencia, la interpretación coherente de las disposiciones de Derecho sustantivo
         de los diferentes Tratados no tiene ninguna incidencia en las competencias atribuidas a las diferentes instituciones por los
         distintos Tratados, dado que las instituciones son competentes, en el marco de cada Tratado, únicamente para ejercer las facultades
         que dicho Tratado les atribuye.
      
      53      Según ARBED, el enfoque del Tribunal de Primera Instancia conduce, por una parte, a conferir al Consejo de la Unión Europea
         la facultad de decidir cuáles son las autoridades competentes para aplicar el artículo 65 CA, cuando los autores del Tratado CECA
         fueron quienes ejercieron esta competencia, y, por otra parte, a modificar la naturaleza de la competencia reconocida a la
         Comisión por el Tratado CECA, dado que, a tenor del artículo 65 CA, ésta es exclusiva, cuando, en el Reglamento nº 1/2003
         concurre con la de las autoridades nacionales en materia de competencia y con la de los órganos jurisdiccionales nacionales.
      
      54      ARBED añade que la interpretación realizada por el Tribunal de Primera Instancia en relación con la aplicación de la ley en
         el tiempo menoscaba la identidad jurídica propia de cada Tratado y la jerarquía normativa. Además, el Tribunal de Primera
         Instancia incurrió en una confusión entre norma de procedimiento, norma sustantiva y atribución de competencia. De la jurisprudencia
         se desprende, por una parte, que la cuestión de la competencia de una institución es previa a la de cuáles son las normas
         sustantivas y procedimentales aplicables, y, por otra, que la base jurídica que habilita a la institución de la Unión para
         adoptar un acto debe estar en vigor en el momento de su adopción.
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
      55      Con carácter preliminar, procede señalar, en primer lugar, que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista
         en el artículo 65 CA, apartado 1, celebrado o ejecutado antes de la expiración, el 23 de julio de 2002, del Tratado CECA,
         podía dar lugar, hasta esa misma fecha, a una decisión de la Comisión por la que se impusieran multas a las empresas que hubieran
         celebrado o ejecutado dicho acuerdo, basada en el artículo 65 CA, apartado 5.
      
      56      A continuación, debe señalarse que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado
         1, celebrado o ejecutado entre el 24 de julio de 2002 y el 30 de noviembre de 2009, podía dar lugar a tal decisión de la Comisión,
         basada en el artículo 81 CE y en los artículos 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero
         de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado [CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22),
         o 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003.
      
      57      Por último, es manifiesto asimismo que todo acuerdo que corresponda a la situación de hecho prevista en el artículo 65 CA,
         apartado 1, celebrado o ejecutado a partir del 1 de diciembre de 2009, puede dar lugar a tal decisión de la Comisión, basada
         en los artículos 101 TFUE y 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003.
      
      58      Pues bien, en el presente asunto, ARBED rebate esencialmente la afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión
         podía imponerle una multa mediante la Decisión controvertida, adoptada después del 23 de julio de 2002, sobre la base del
         artículo 65 CA, apartados 1 y 5, en relación con los artículos 7, apartado 1, y 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003,
         por haber participado antes del 23 de julio de 2002 en la celebración y ejecución de un acuerdo que correspondía a la situación
         de hecho prevista en el artículo 65 CA, apartado 1.
      
      59      En primer lugar, por lo que respecta a la competencia de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados
         57 y 58 de la sentencia recurrida, que el Tratado CECA constituía, en virtud del artículo 305 CE, apartado 1, una lex specialis que suponía una excepción a la lex generalis que era el Tratado CE y que, debido a la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002, el ámbito de aplicación del
         régimen general del Tratado CE se extendió, el 24 de julio de 2002, a los sectores regulados inicialmente por el Tratado CECA.
      
      60      En los apartados 59 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia precisó que la sucesión del marco jurídico
         del Tratado CE al del Tratado CECA se inscribía en el contexto de la continuidad del ordenamiento jurídico de la Unión y de
         sus objetivos, y que el establecimiento y el mantenimiento de un régimen de libre competencia constituye uno de los objetivos
         esenciales tanto del Tratado CE como del Tratado CECA. Señaló, a este respecto, que los conceptos de acuerdo y de prácticas
         con arreglo al artículo 65 CA, apartado 1, responden a los de acuerdo y prácticas concertadas en el sentido del artículo 81 CE
         y que el juez de la Unión interpreta esas dos disposiciones de la misma manera.
      
      61      En el apartado 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró, según un principio común a los ordenamientos
         jurídicos de los Estados miembros, que en caso de cambio en la legislación procede garantizar, salvo manifiesta voluntad contraria
         del legislador, la continuidad de las estructuras jurídicas y estimó que este principio se aplica a las modificaciones del
         Derecho originario de la Unión. 
      
      62      En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, en los apartados 63 y 64 de la sentencia recurrida, que la continuidad
         del ordenamiento jurídico de la Unión exige que la Comisión garantice, con respecto a las situaciones nacidas durante la vigencia
         del Tratado CECA, el respeto de los derechos y de las obligaciones impuestas eo tempore tanto a los Estados miembros como a los particulares en virtud del Tratado CECA y, por tanto, que el artículo 23, apartado
         2, del Reglamento nº 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que permite a la Comisión sancionar, después del 23 de julio
         de 2002, las prácticas concertadas en los sectores comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA ratione materiae y ratione temporis.
      
      63      Estas consideraciones no adolecen de ningún error de Derecho. En efecto, según la jurisprudencia, por una parte, con arreglo
         a un principio común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, cuyo origen se remonta al Derecho romano, la continuidad
         de las estructuras jurídicas debe quedar garantizada en caso de cambio de normativa, salvo que el legislador disponga lo contrario
         y, por otra parte, que tal principio se aplica a las modificaciones del Derecho primario de la Unión (véase, en este sentido,
         la sentencia Klomp, antes citada, apartado 13).
      
      64      Pues bien, como señaló acertadamente la Comisión, no hay indicio alguno de que el legislador de la Unión haya tenido intención
         de que las prácticas colusorias prohibidas por el Tratado CECA puedan eludir la imposición de toda sanción tras la expiración
         de éste.
      
      65      Además, de lo expuesto en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia se desprende que la sucesión de los Tratados CECA, CE
         y FUE permite, a fin de garantizar la libre competencia, que todo comportamiento que corresponda a la situación de hecho prevista
         en el artículo 65 CA, apartado 1, tuviera lugar antes o después del 23 de julio de 2002, haya podido ser sancionado por la
         Comisión y pueda seguir siéndolo. 
      
      66      En estas circunstancias, sería contrario a la finalidad y a la coherencia de los Tratados e inconciliable con la continuidad
         del ordenamiento jurídico de la Unión que la Comisión no estuviera facultada para garantizar una aplicación uniforme de las
         normas relativas al Tratado CECA que continúan produciendo efectos incluso después de la expiración de éste (véase, en este
         sentido, la sentencia Lucchini, antes citada, apartado 41).
      
      67      En segundo lugar, a este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró fundadamente, en los apartados 65, 66 y 68 de
         la sentencia recurrida, que el respeto de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo y las exigencias de
         los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las disposiciones materiales
         del artículo 65 CA, apartados 1 y 5, a los hechos del caso de autos comprendidos en su ámbito de aplicación ratione materiae y ratione temporis.
      68      En particular, procede recordar que el principio de seguridad jurídica exige que una normativa de la Unión permita a los interesados
         conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que éstos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos
         y obligaciones, y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencia de 10 de marzo de 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec.
         p. I‑1659, apartado 44 y jurisprudencia citada).
      
      69      A este respecto, procede señalar que en el momento de los hechos el artículo 65 CA, apartados 1 y 5, establecía una base legal
         clara para la sanción impuesta en el caso de autos, de manera que TradeARBED no podía ignorar las consecuencias de su comportamiento.
         Por otra parte, de lo expuesto en los apartados 55 a 57 de la presente sentencia resulta que la Comisión habría podido igualmente
         imponer tal sanción a ese mismo comportamiento en cualquier momento posterior.
      
      70      Pues bien, en la medida en que los Tratados definían claramente, con anterioridad a la fecha de los hechos, tanto las infracciones
         como la naturaleza y la cuantía de las sanciones con que podían castigarse, dichos principios no tienen por objeto permitir
         a las empresas eludir toda sanción relativa a su comportamiento infractor en el pasado debido a modificaciones posteriores
         de las bases jurídicas y de las disposiciones de procedimiento.
      
      71      Procede añadir que la Comisión señaló, antes de que expirara el Tratado CECA, la imposibilidad de eludir tal sanción, precisando,
         en el apartado 31 de su Comunicación relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes
         de la expiración del Tratado CECA, adoptada el 18 de junio de 2002 (DO C 152, p. 5), que si descubre una infracción en un
         ámbito cubierto por el Tratado CECA, el Derecho sustantivo aplicable será, independientemente de la fecha de aplicación de
         la normativa, el Derecho vigente en el momento de producirse los hechos constitutivos de infracción y el Derecho aplicable
         al procedimiento será, tras la expiración del Tratado CECA, el Derecho del Tratado CE.
      
      72      Por lo demás, el principio de la ley más favorable no se opone, en el caso de autos, a la aplicación del artículo 65 CA, apartado
         5, puesto que la multa impuesta por la Decisión controvertida en cualquier caso es inferior al límite máximo previsto en el
         artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 para la imposición de una multa por infracción de las normas de competencia
         de la Unión. 
      
      73      De todas estas circunstancias se deduce que una empresa diligente en la situación de ARBED en ningún momento podía ignorar
         las consecuencias de su comportamiento, ni contar con que la sucesión del marco jurídico del Tratado CE al del Tratado CECA
         daría lugar a que pudiera eludir toda sanción por las infracciones del artículo 65 CA cometidas en el pasado. 
      
      74      Por lo que respecta a la base jurídica y a las disposiciones de procedimiento aplicables, el Tribunal de Primera Instancia
         consideró asimismo, en los apartados 64 y 67 de la sentencia recurrida, que la competencia de la Comisión para imponer, mediante
         la Decisión controvertida, la multa emanaba del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y que el procedimiento debía
         llevarse conforme a ese Reglamento. 
      
      75      En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a
         la institución de la Unión para adoptarlo debe estar en vigor en el momento de la adopción del acto (véase, en este sentido,
         la sentencia de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, apartado 45) y que, en general, se considera
         que las normas de procedimiento se aplican en el momento de su entrada en vigor (véanse, en este sentido, las sentencias de
         12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros, 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735, apartado 9, y de 23 de febrero
         de 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, apartado 31).
      
      76      Ha de añadirse que la aplicación por la Comisión del Reglamento nº 1/2003 no ha restringido, sino más bien ha extendido, las
         garantías de procedimiento ofrecidas por el marco jurídico del Tratado CECA a las empresas contra las que se ha iniciado un
         procedimiento, extremo que, por otra parte, no cuestiona ARBED.
      
      77      De ello se deduce que, en los apartados 67 y 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir,
         sin incurrir en error de Derecho, por una parte, que la competencia de la Comisión para imponer, mediante la Decisión controvertida,
         la multa de que se trata resultaba del artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y que el procedimiento debía llevarse
         a cabo de conformidad con dicho Reglamento y, por otra parte, que el Derecho material que establecía la sanción aplicable
         era el artículo 65 CA, apartados 1 y 5.
      
      78      En tercer lugar, en la medida en que ARBED alega que el Tribunal de Primera Instancia no respondió explícitamente a todas
         sus alegaciones, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar las sentencias que incumbe
         al Tribunal de Primera Instancia en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes
         del litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que
         se adoptaron las medidas controvertidas y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control
         jurisdiccional (sentencia de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión, C‑431/07 P, Rec. p. I‑2665, apartado
         42, y auto de 21 de enero de 2010, Iride e Iride Energia/Comisión, C‑150/09 P, apartado 42).
      
      79      El razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia es claro y comprensible y permite tanto a ARBED conocer las razones
         por las que el Tribunal desestimó el motivo de que se trata como al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes
         para ejercer su control jurisdiccional. De ello se deduce que la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación. 
      
      80      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el primer motivo debe desestimarse. 
      
      2.      Sobre el segundo motivo, basado en una violación de los principios de la personalidad jurídica de las sociedades y de la individualización
         de las sanciones, en una falta de motivación, en una interpretación y aplicación erróneas de la jurisprudencia sobre la imputabilidad
         del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz así como en una violación del principio de la fuerza de cosa
         juzgada
      
      a)      Sobre la admisibilidad y la eficacia del motivo
      i)      Alegaciones de las partes
      81      En su escrito de contestación al recurso de casación en el asunto C‑201/09 P, la Comisión alega que este motivo es inadmisible
         en la medida en que se opone a la imputación, en los apartados 106 a 119 de la sentencia recurrida, del comportamiento de
         TradeARBED a ProfilARBED, ya que la demanda no puede contener un motivo que afecte a otra parte en el procedimiento. 
      
      82      Por otro lado, la Comisión considera que el segundo motivo es ineficaz por dirigirse sólo contra la aplicación de la presunción
         de ejercicio de un control efectivo derivado de la titularidad al 100 % del capital de una filial, y no contra la afirmación
         por el Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión demostró el ejercicio efectivo de una influencia determinante de ARBED
         sobre TradeARBED, que justifica la conclusión de que esas sociedades constituían una única entidad económica. 
      
      ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
      83      Por lo que respecta a la admisibilidad de la parte del motivo referente a la imputación del comportamiento de TradeARBED a
         ProfilARBED, procede señalar que este motivo no ataca a la sentencia recurrida en lo que afecta a la situación jurídica de
         ARBED. Tal como la Comisión alega legítimamente, una recurrente en casación no puede invocar un motivo en provecho de otra
         parte en el procedimiento. En consecuencia, el presente motivo debe declararse inadmisible en la medida en que ataca a la
         imputación del comportamiento de TradeARBED a ProfilARBED. 
      
      84      En cuanto a la eficacia del segundo motivo, del apartado 99 de la sentencia recurrida se desprende que, para concluir que
         existía una unidad económica entre ARBED y TradeARBED, el Tribunal de Primera Instancia se apoyó en todas las consideraciones
         que preceden a ese apartado, incluida, en consecuencia, la presunción iuris tantum de que una sociedad matriz que controla al 100 % a su filial ejerce efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento
         de esta última. 
      
      85      En estas circunstancias, procede examinar el fondo del segundo motivo. 
      
      b)      Sobre el fondo
      i)      Alegaciones de las partes
      86      En primer lugar, ARBED señala que el Tribunal de Primera Instancia declaró la imputabilidad del comportamiento de TradeARBED
         a ARBED sobre la base del concepto, desarrollado en el Derecho de la competencia, según el cual empresas jurídicamente distintas
         pueden constituir una misma entidad económica. Hasta el momento este concepto sólo ha sido utilizado para eximir a las empresas
         de las consecuencias de la existencia de personas jurídicamente distintas, al prever que la prohibición, en el artículo 81 CE,
         de los acuerdos entre empresas no puede aplicarse a las empresas de un mismo grupo y al excluir de la aplicación del régimen
         de las concentraciones a las adquisiciones de empresas dentro de un mismo grupo. 
      
      87      Al declarar una responsabilidad colectiva de las empresas de un grupo por el comportamiento de una de ellas, el Tribunal de
         Primera Instancia negó a los individuos los derechos reconocidos de ejercer sus actividades económicas por medio de entidades
         jurídicas distintas, dotadas, cada una de ellas, como personas jurídicas, de personalidad jurídica propia, y a las que se
         vincula una responsabilidad individual.
      
      88      ARBED añade que el enfoque adoptado por el Tribunal de Primera Instancia llevaría a un resultado incoherente. En efecto, el
         doble hecho de que el comportamiento infractor de una sociedad perteneciente a un grupo sea imputable tanto a la sociedad
         matriz como a la sociedad hermana y que sólo la sociedad matriz tenga la posibilidad de destruir la presunción de influencia
         determinante llevaría a imponer un régimen más severo respecto de la sociedad hermana. 
      
      89      Por tanto, según ARBED, la sentencia recurrida viola los principios de la personalidad jurídica y de la individualización
         de las penas y sanciones y desarrolla un razonamiento interno incoherente que equivale a una falta de motivación. 
      
      90      En segundo lugar, ARBED considera que, al declarar que una presunción iuris tantum según la cual una sociedad matriz ejerce una influencia determinante en el comportamiento de su filial al 100 % justifica
         la imputabilidad del comportamiento de la filial a la sociedad matriz, el Tribunal de Primera Instancia violó los principios
         generales del Derecho y se apartó tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como de la del propio Tribunal de Primera
         Instancia. Tales jurisprudencias requieren que la Comisión demuestre que pueden dirigirse imputaciones específicas a cada
         una de las empresas afectadas por una decisión que impone multas. 
      
      91      Las sentencias de 25 de octubre de 1983, AEG-Telefunken/Comisión (107/82, Rec. p. 3151), y de 16 de noviembre de 2000, Stora
         Kopparbergs Bergslags/Comisión (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), no pueden justificar la postura del Tribunal de Primera Instancia,
         al carecer de pertinencia la primera y al haber sido interpretada de modo erróneo la segunda. 
      
      92      En efecto, en el asunto en que se dictó la sentencia AEG-Telefunken/Comisión, antes citada, según ARBED, el Tribunal de Justicia
         no debía pronunciarse sobre la posibilidad de imputar a una sociedad matriz una infracción cometida por su filial, sino sobre
         la prueba de la participación de dicha sociedad matriz en una infracción. Además, a diferencia de la situación de que se trataba
         en dicho asunto, el Derecho nacional aplicable en el caso de autos no prevé que los órganos estatutarios de una filial al
         100 % sean idénticos a los de la sociedad matriz. 
      
      93      Por lo que respecta al asunto en que se dictó la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, ARBED alega
         que el Tribunal de Justicia nunca confirmó que el control al 100 % de una sociedad bastase para que la sociedad matriz fuera
         considerada responsable del comportamiento de su filial. En ese asunto, la sociedad matriz, a diferencia de ARBED, durante
         el procedimiento administrativo había aceptado asumir la responsabilidad del comportamiento de su filial. Además, en la Decisión
         de la Comisión sobre la que se dictó dicha sentencia, esta última adoptó un enfoque consistente en imponer una sanción a la
         sociedad matriz cuando existían pruebas explícitas de la participación de esa sociedad matriz en la infracción. 
      
      94      En tercer lugar, ARBED sostiene que, al constatar la Decisión controvertida y la Decisión inicial tanto la existencia de una
         influencia determinante de ARBED sobre TradeARBED como el ejercicio de esa influencia, cuando, simultáneamente, reconocían
         que ARBED no participó en la infracción ejerciendo dicha influencia, el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de
         la fuerza de cosa juzgada de la Decisión inicial, sustituyó, excediéndose en su competencia, la apreciación de la Comisión
         por la suya propia y aplicó de modo erróneo la jurisprudencia derivada de las sentencias antes citadas AEG-Telefunken/Comisión
         y Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión.
      
      ii)    Apreciación del Tribunal de Justicia
      95      Según reiterada jurisprudencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con
         independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad y de su modo de financiación. A este respecto, el Tribunal de Justicia
         precisó, por una parte, que el concepto de empresa, situado en este contexto, designa una unidad económica aunque, desde el
         punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas y, por otra parte,
         que cuando una entidad económica de este tipo infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de
         responsabilidad personal, responder por esa infracción (sentencia de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión,
         C‑90/09 P, Rec. p. I‑0000, apartados 34 a 36 y jurisprudencia citada).
      
      96      El comportamiento de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica
         separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones
         que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos organizativos y jurídicos que
         unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237,
         apartado 58 y jurisprudencia citada).
      
      97      En el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha cometido una infracción de
         las normas de competencia de la Unión, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de esa
         filial, por una parte y, por otra parte, existe una presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de su filial (sentencia Akzo
         Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 60 y jurisprudencia citada).
      
      98      En esas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la totalidad del capital de una filial pertenece a su sociedad matriz
         para presumir que esta última ejerce una influencia decisiva en la política comercial de su filial. La Comisión podrá, en
         consecuencia, considerar a la sociedad matriz solidariamente responsable del pago de la multa impuesta a su filial, a menos
         que la citada sociedad matriz, a la que incumbe desvirtuar esta presunción, aporte elementos de prueba suficientes para demostrar
         que su filial actúa de forma autónoma en el mercado (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 61 y jurisprudencia
         citada).
      
      99      Si bien es cierto que en los apartados 28 y 29 de la sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, antes citada, el Tribunal
         de Justicia evocó otras circunstancias, aparte de la tenencia del 100 % del capital de la filial, como el hecho de no haber
         negado la influencia ejercida por la sociedad matriz en la política comercial de su filial, y la representación común de ambas
         sociedades durante el procedimiento administrativo, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia mencionó únicamente estas
         circunstancias a efectos de exponer todos los elementos en los que el Tribunal de Primera Instancia había basado su razonamiento,
         y no para subordinar la aplicación de la presunción mencionada en el apartado 97 de la presente sentencia a la aportación
         de indicios complementarios sobre el ejercicio efectivo de una influencia por parte de la sociedad matriz (sentencia Akzo
         Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 62).
      
      100    De estas consideraciones se desprende, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho
         al considerar que cuando una sociedad matriz participa en el 100 % del capital de su filial existe una presunción iuris tantum de que esa sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de su filial y, por otra parte, que ni el pretendido
         principio de la personalidad jurídica de las sociedades ni el de la individualización de las sanciones se oponen, en contra
         de lo que sostiene ARBED, a que la Comisión pueda imponer a una sociedad matriz una multa por una infracción cometida por
         su filial al 100 %.
      
      101    En efecto, cuando la sociedad matriz ejerce una influencia determinante en el comportamiento de su filial y, en particular,
         en el comportamiento contrario a la competencia de ésta, la responsable de la infracción de las normas de competencia previstas
         por los Tratados CECA y CE causada por dicho comportamiento es la empresa constituida por la sociedad matriz y su filial,
         según la jurisprudencia recordada en el apartado 95 de la presente sentencia.
      
      102    Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 94 y 96 a 98 de la sentencia recurrida, que la Comisión
         había constatado, en la Decisión controvertida, que no se había demostrado, ni siquiera alegado, que TradeARBED determinara
         su política comercial de forma autónoma respecto de ARBED y que había elementos de prueba adicionales que confirmaban la influencia
         decisiva de ARBED en el comportamiento de TradeARBED y el ejercicio efectivo de ese poder.
      
      103    En estas circunstancias, deben desestimarse las alegaciones de ARBED basadas en una aplicación errónea de la jurisprudencia
         relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad matriz y en una sustitución, por el Tribunal
         de Primera Instancia, de la apreciación de la Comisión por la suya propia. 
      
      104    En cuanto a la alegación de ARBED de que sería incoherente la imputación del comportamiento infractor a una sociedad hermana
         en virtud del concepto de entidad económica, ya que llevaría a imponer respecto de esta sociedad un régimen de responsabilidad
         más severo que el que se aplica a la sociedad matriz, basta recordar que, en el caso de autos, la Comisión imputó dicho comportamiento
         a la sociedad hermana por haber asumido las actividades económicas de la sociedad matriz y, por tanto, al depender la responsabilidad
         de la sociedad hermana de la de la sociedad matriz, el régimen de responsabilidad impuesto a la sociedad hermana no es en
         modo alguno más severo que el que se aplica a la sociedad matriz. 
      
      105    Por lo que respecta a la alegación basada en una violación del principio de la fuerza de cosa juzgada, basta señalar que,
         en todo caso, esta última no puede estar ligada a una decisión de la Comisión que, además, ha sido anulada, como la Decisión
         inicial en la medida en que afectaba a ARBED.
      
      106    En cuanto a la falta de motivación derivada supuestamente de la incoherencia de que adolece el razonamiento del Tribunal de
         Primera Instancia, de las consideraciones anteriores se deduce que esa incoherencia alegada proviene de una interpretación
         errónea por ARBED de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 % a la sociedad
         matriz. Por tanto, esta alegación debe, en todo caso, desestimarse. 
      
      107    De ello se deduce que el segundo motivo debe desestimarse. 
      
      3.      Sobre el tercer motivo, basado en la infracción de las normas de prescripción y del principio de la fuerza de cosa juzgada
         y en la falta de motivación 
      
      a)      Alegaciones de las partes
      108    ARBED estima que, al considerar que había participado en la infracción por serle imputable la cometida por TradeARBED, el
         Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, se contradijo, puesto que distinguió, en el apartado 100 de la sentencia recurrida,
         la responsabilidad por imputación de la responsabilidad por participación, en segundo lugar, no demostró que ARBED cumpliera
         los requisitos para oponerle los actos que interrumpían o suspendían la prescripción, en tercer lugar, aplicó de modo erróneo
         las normas de prescripción y, en cuarto lugar, violó el principio de la fuerza de cosa juzgada. 
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
      109    Por lo que respecta a la alegación basada en el razonamiento supuestamente contradictorio que siguió el Tribunal de Primera
         Instancia, ya se ha señalado, en el apartado 106 de la presente sentencia, que las incoherencias alegadas provenían de una
         interpretación errónea, por ARBED, de la jurisprudencia relativa a la imputabilidad del comportamiento de una filial al 100 %
         a la sociedad matriz. Por tanto, esta alegación debe desestimarse. 
      
      110    De ello también se deduce, en contra de lo sostenido por ARBED, que por razón de esa imputabilidad y de la existencia de una
         unidad económica entre TradeARBED y ARBED, los actos que interrumpen la prescripción podían oponerse a ARBED.
      
      111    Por último, por lo que respecta a la alegación basada en una violación del principio de la fuerza de cosa juzgada, en el apartado
         105 de la presente sentencia ya se ha señalado que, en todo caso, tal fuerza no puede estar ligada a una decisión de la Comisión
         que, además, ha sido anulada, como la Decisión inicial en la medida en que afectaba a ARBED.
      
      112    De ello se deduce que el tercer motivo debe desestimarse. 
      
      4.      Sobre el cuarto motivo, basado en una falta de motivación y en violaciones del derecho de defensa y del principio de la fuerza
         de cosa juzgada 
      
      a)      Alegaciones de las partes
      113    ARBED afirma haber alegado, ante el Tribunal de Primera Instancia, que los elementos de prueba pertinentes para destruir la
         presunción de imputabilidad de la infracción cometida por TradeARBED, que pudieron haber estado a disposición de ARBED durante
         el año 1990, habían desaparecido tras un período de tiempo de dieciséis años y que durante el procedimiento ella no había
         podido apreciar la pertinencia de las informaciones potencialmente útiles. En consecuencia, la alegación formulada por ARBED
         versaba sobre la imposibilidad de reunir las pruebas necesarias para destruir esa presunción. 
      
      114    Al declarar que correspondía a ARBED demostrar la desaparición de las pruebas relativas a la verdadera naturaleza de las relaciones
         mantenidas con su filial, el Tribunal de Primera Instancia exigió la prueba de un hecho negativo, por definición imposible
         de aportar, por lo que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación constitutiva de una violación del derecho
         de defensa. 
      
      115    En la medida en que el Tribunal de Primera Instancia añadió, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que la presunción
         de responsabilidad ya figuraba en la Decisión inicial, ARBED replica que esa Decisión no contiene ningún razonamiento sobre
         la imputabilidad de una infracción de una sociedad a otra, sino que se limita a afirmar que TradeARBED distribuía vigas para
         ARBED y que, para garantizar la igualdad de trato, la Decisión inicial se dirigía a ARBED.
      
      116    En cuanto a las consideraciones que figuran en el apartado 171 de la sentencia recurrida, según las cuales la presunción de
         responsabilidad fue corroborada por elementos de prueba en la Decisión inicial, ARBED señala que el apartado 96 de la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia, de 11 de marzo de 1999, ARBED/Comisión, antes citada, se refiere al comportamiento de ARBED
         posterior a la infracción, y que, en el apartado 98 de esta última sentencia, el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia
         a una incertidumbre sobre las responsabilidades de ARBED y de TradeARBED.
      
      117    Además, al haber anulado el Tribunal de Justicia la Decisión inicial en la medida en que acusaba a ARBED, la fuerza de cosa
         juzgada convertía en ineficaz la alegación admitida por el Tribunal de Primera Instancia. Según ARBED, el razonamiento del
         Tribunal de Primera Instancia no respeta la fuerza de cosa juzgada derivada de la sentencia de 2 de octubre de 2003, ARBED/Comisión,
         antes citada, y se basa en una interpretación errónea tanto de la Decisión inicial como de la sentencia de 11 de marzo de
         1999, ARBED/Comisión, antes citada, lo que constituye una falta de motivación. 
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
      118    Por lo que respecta a la alegación basada en la imposibilidad de reunir las pruebas necesarias para destruir la presunción
         de imputabilidad del comportamiento de TradeARBED a ARBED y en que se haya exigido la prueba de un hecho negativo, de la jurisprudencia
         se desprende que corresponde a la empresa que sostiene que la duración excesiva del procedimiento administrativo tuvo una
         repercusión sobre el ejercicio del derecho de defensa demostrar que, por dicha duración excesiva, encontró dificultades para
         defenderse de las alegaciones de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2006, Technische
         Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, apartados 60 y 61).
      
      119    En el apartado 168 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia consideró que, en el caso de autos, ARBED no
         había demostrado en qué podía haber perjudicado la duración del procedimiento administrativo al ejercicio del derecho de defensa,
         al haberse limitado a alegar que los elementos de prueba de los que podía haber dispuesto durante 1990 habían desaparecido
         tras un período de tiempo tan prolongado.
      
      120    Esta apreciación no adolece de ningún error de Derecho. En efecto, procede recordar que ARBED era la destinataria de la Decisión
         inicial y tenía la condición de parte en un primer procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
         Tal como la Comisión alega legítimamente, tales circunstancias deben llevar a toda sociedad diligente a conservar los documentos
         necesarios para su defensa.
      
      121    De ello se deduce que una empresa que se encuentra en la situación de ARBED debe indicar de forma circunstanciada, si no los
         elementos de prueba concretos desaparecidos, sí al menos los incidentes, acontecimientos o circunstancias que le impidieron,
         durante el período considerado, cumplir con su obligación de diligencia y que conllevaron la supuesta desaparición de los
         elementos de prueba a los que alude. 
      
      122    En efecto, sólo examinando tales indicaciones concretas pueden el Tribunal General y el Tribunal de Justicia apreciar si la
         empresa demostró suficientemente que, debido a la duración excesiva del procedimiento administrativo, experimentó las dificultades
         invocadas para defenderse de las imputaciones de la Comisión o si, por el contrario, dichas dificultades resultan de un incumplimiento
         de sus obligaciones de diligencia. 
      
      123    Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia pudo declarar acertadamente que una afirmación tan general como la de ARBED no
         bastaba para demostrar suficientemente una incidencia de la duración del procedimiento en el ejercicio del derecho de defensa.
         
      
      124    Habida cuenta de ello, las alegaciones formuladas por ARBED contra las consideraciones adicionales enunciadas por el Tribunal
         de Primera Instancia en los apartados 169 a 171 de la sentencia recurrida son ineficaces. 
      
      125    En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo.
      
      126    De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el recurso de casación de ARBED en el asunto C‑201/09 P.
      
      B.      Sobre el recurso de casación de la Comisión (asunto C‑216/09 P), cuyo motivo único se basa en errores de Derecho en la interpretación
            de la Decisión nº 715/78
      1.      Alegaciones de las partes
      127    La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia se basa en una interpretación literal errónea y excesivamente restrictiva
         de los artículos 2, apartado 3, y 3 de la Decisión nº 715/78 al remitirse, para justificar una distinción entre el efecto
         de la interrupción y el de la suspensión de la prescripción, a la diferencia que existe entre el tenor de dichas disposiciones
         en cuanto al efecto erga omnes. La falta de mención expresa de un efecto erga omnes en el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 no excluye que esta disposición acuerde tal efecto a la suspensión, ya que el objetivo
         común de la interrupción y de la suspensión de la prescripción es parar el transcurso del tiempo para todas las empresas afectadas.
         
      
      128    En la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
         C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 144), el Tribunal de Justicia rechazó una interpretación
         literal y restrictiva de las disposiciones relativas a los plazos de prescripción, teniendo en cuenta, además del tenor de
         la disposición relativa a la suspensión de la prescripción, el objetivo perseguido por esa disposición para confirmar una
         interpretación amplia del concepto de «Decisión de la Comisión» que figura en el artículo 3 de la Decisión nº 715/78.
      
      129    La Comisión añade que en esa sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la suspensión protege a la Comisión del efecto
         de la prescripción en las situaciones en las que ha de esperar la resolución de un órgano jurisdiccional de la Unión. De este
         modo, tanto la interrupción de la prescripción como su suspensión le permiten perseguir y sancionar eficazmente las infracciones
         de las normas de competencia. 
      
      130    Asimismo, según la Comisión, de la jurisprudencia citada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 154 de la sentencia
         recurrida no puede deducirse una interpretación restrictiva de los efectos de la suspensión de la prescripción. En particular,
         en la sentencia de 24 de junio de 2004, Handlbauer (C‑278/02, Rec. p. I‑6171, apartado 40), el Tribunal de Justicia basó su
         interpretación en el objetivo perseguido por las normas de prescripción.
      
      131    Por lo que respecta a la referencia hecha por el Tribunal de Primera Instancia a la sentencia de 14 de septiembre de 1999,
         Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363), la Comisión considera que la lógica de esa sentencia
         no es aplicable a medidas de investigación como las verificaciones y las inspecciones, cuya impugnación interrumpe o suspende
         la prescripción. 
      
      132    En efecto, a diferencia de lo que sucede con la interposición de recursos contra decisiones finales, para la que no puede
         excluirse que la solución adoptada por el Tribunal de Primera Instancia sea válida, la impugnación de tales medidas podría
         afectar a la capacidad de la Comisión para continuar el procedimiento contra todas las empresas implicadas en la infracción,
         aun cuando, formalmente, sólo se dirijan a una única empresa. Por lo tanto, la aplicación de dicha jurisprudencia a la suspensión
         de la prescripción perjudicaría a la correcta ejecución del Derecho de la competencia, mientras que una interpretación que
         acepte el efecto erga omnes podría garantizar la efectividad de ese Derecho.
      
      133    La Comisión precisa que la sentencia recurrida la obligaría, cuando una sociedad impugnara una medida de investigación dirigida
         contra ella, a continuar su investigación respecto de las demás empresas implicadas y a emplear, en su decisión final, documentos
         cuya utilización legal sería dudosa, con riesgo de anulación de dicha decisión. Al correr el plazo de prescripción respecto
         de las demás empresas, no podría esperar a que finalizara el procedimiento judicial relativo a dicha medida de investigación.
      
      134    En consecuencia, por una parte, a la vez que esperaran que el órgano jurisdiccional de la Unión resolviera la cuestión de
         la legalidad de la investigación, la Comisión y las empresas de que se trata deberían seguir dedicando recursos a continuar
         esa investigación y, por otra parte, las empresas que no impugnaron la medida de investigación deberían recurrir la Decisión
         final planteando la ilegalidad de esa medida en varios recursos judiciales sobre una cuestión idéntica. Dichas empresas, al
         estar legalmente afectadas por esa medida de investigación, aun cuando se dirija a una empresa distinta, deberían poder plantear
         la supuesta ilegalidad de tal medida ante dicho órgano jurisdiccional. 
      
      135    La Comisión tampoco considera comparable esta situación a la de las medidas de investigación que no pueden impugnarse puesto
         que, por una parte, ella puede suplir, en el procedimiento posterior, posibles problemas formales y, por otra parte, no habría
         ningún asunto pendiente ante el órgano jurisdiccional de la Unión. 
      
      136    La Comisión añade que la sentencia recurrida favorece la elusión del pago de la multa. En la medida en que la suspensión sólo
         afecta a la sociedad que interpuso un recurso, ésta podría ser reestructurada, o sus bienes traspasados a otra sociedad que
         no estuviera afectada por la suspensión diez años después de que finalizara la infracción, de modo que tal circunstancia permitiría
         al grupo eludir la imposición de una multa. 
      
      137    Por otra parte, la imbricación de los artículos 2 y 3 de la Decisión nº 715/78, resultante, por una parte, de que dicho artículo
         2, apartado 3, remite, en cuanto a la continuación del plazo de prescripción tras una interrupción, al citado artículo 3 y,
         por otra parte, de que este último se refiere a la decisión de la Comisión que figura en dicho artículo 2, apartado 3, se
         opone a la distinción aceptada por el Tribunal de Primera Instancia. 
      
      138    La Comisión considera que los trabajos preparatorios del Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974,
         relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia
         de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), confirman su interpretación de la Decisión nº 715/78.
         Señala que la proposición inicial ya preveía que la interrupción de la prescripción tuviera un efecto erga omnes, que reflejaba un enfoque in rem de la prescripción, en contra del enfoque in personam, defendido por algunas delegaciones. Finalmente un acuerdo permitió adoptar el primero de estos enfoques. La disposición relativa
         a la suspensión de la prescripción no se introdujo hasta la segunda proposición revisada, a propuesta de una delegación.
      
      139    La Comisión deduce de ello que el Consejo adoptó el enfoque in rem de la prescripción para todas las normas relativas a ésta, incluidas las relativas a la suspensión. El Consejo no proporcionó
         más precisiones al respecto ya que, una vez que se había decidido por esta opción en cuanto a la naturaleza de la prescripción,
         no era necesario especificarlo también para la suspensión de esta última. 
      
      140    Según la Comisión, al ser la prescripción una excepción que sólo existe si está prevista, también tiende a confirmar su postura
         el principio de que las excepciones deben ser interpretadas de modo restrictivo. Por tanto, no procede interpretar las normas
         sobre la prescripción de modo amplio, favorable a las empresas. Añade que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia nunca
         sostuvo una interpretación restrictiva de las normas en materia de suspensión de la prescripción. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      141    De la jurisprudencia se desprende que lo que justifica la suspensión de la prescripción es el propio hecho de que un recurso
         esté pendiente ante el Tribunal General o el Tribunal de Justicia (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
         antes citada, apartado 153).
      
      142    El Tribunal de Justicia también ha declarado que, si el destinatario de una decisión decide interponer recurso de anulación,
         al juez de la Unión sólo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario. En cambio, las partes relativas
         a otros destinatarios, que no han sido impugnadas, no integran el objeto del litigio que el juez comunitario ha de resolver
         (sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, antes citada, apartado 53).
      
      143    Por otra parte, según el artículo 4, apartado 2, de la Decisión nº 715/78 y el artículo 26, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003,
         la prescripción en materia de ejecución de sanciones comenzará a contar a partir del día en que la decisión sea firme. El
         Tribunal de Justicia ha precisado que, por tanto, este plazo correrá a partir de la expiración del plazo de interposición
         del recurso contra la decisión que se haya pronunciado sobre la infracción y la multa, cuando no se haya interpuesto ningún
         recurso (véase, por analogía, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 137).
      
      144    De lo anterior se desprende, por una parte, que para las empresas que no interpusieron recurso contra una decisión final de
         la Comisión que les impone una multa con arreglo al artículo 65 CA o al artículo 23 del Reglamento nº 1/2003, tal decisión
         adquiere firmeza y, por otra parte, que el carácter firme inicia para ellas el plazo de ejecución de dicha decisión, previsto
         en el artículo 4 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 26 del Reglamento nº 1/2003.
      
      145    De ello se deduce que, respecto de esas empresas, el recurso de otra empresa contra la misma decisión final no puede tener
         efecto suspensivo alguno. 
      
      146    Además, tanto el tenor del artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el del artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003
         como los objetivos perseguidos por estos artículos cubren no sólo los recursos interpuestos contra los actos contemplados
         en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25, apartado 3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables sino
         también los recursos contra la decisión final de la Comisión (véase, por analogía, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij
         y otros/Comisión, antes citada, apartado 146).
      
      147    Por tanto, al no distinguir el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003
         entre las decisiones de las que se deriva un efecto suspensivo, no procede, en contra de lo sostenido por la Comisión, vincular
         un efecto erga omnes a los recursos interpuestos contra los actos contemplados en el artículo 2 de la Decisión nº 715/78 y en el artículo 25, apartado
         3, del Reglamento nº 1/2003 que son impugnables.
      
      148    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error
         de Derecho al declarar que el efecto suspensivo de la prescripción que el artículo 3 de la Decisión nº 715/78 y el artículo
         25, apartado 6, del Reglamento nº 1/2003 vinculan a los procedimientos judiciales sólo tiene efecto inter partes.
      149    En el caso de autos, tal como alegan acertadamente ProfilARBED y TradeARBED, la Decisión inicial se dirigía exclusivamente
         a ARBED y el procedimiento judicial que dio lugar a la anulación de dicha Decisión en lo que afectaba a ARBED sólo enfrentaba
         a ARBED y a la Comisión. De ello se deduce que de dicho procedimiento no puede derivarse ningún efecto suspensivo respecto
         de ProfilARBED o de TradeARBED.
      
      150    En estas circunstancias, debe desestimarse el recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑216/09 P.
      
      151    Por último, al haberse adherido ProfilARBED y TradeARBED al recurso de casación en el asunto C‑216/09 P con carácter subsidiario,
         para el caso de que el Tribunal de Justicia estimara el recurso de la Comisión, no procede examinar dicha adhesión a la casación.
         
      
      VIII. Costas
      152    En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de
         su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme
         al artículo 69, apartado 3, del mismo Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte o en
         circunstancias excepcionales, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cada parte abone sus propias costas.
      
      153    Dado que la Comisión solicitó que se condenara en costas a ARBED y que se han desestimado los motivos invocados por ésta en
         el marco del recurso de casación en el asunto C‑201/09 P, procede condenarla a cargar con las costas de éste.
      
      154    Por lo que respecta al recurso de casación en el asunto C‑216/09 P, el Tribunal de Justicia considera que, habida cuenta de
         las circunstancias concretas del asunto, procede condenar a la Comisión y a TradeARBED y ProfilARBED a cargar con sus propias
         costas. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
      1)      Desestimar los recursos de casación.
      2)      ArcelorMittal Luxembourg SA cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea en el procedimiento de casación
            del asunto C‑201/09 P.
      3)      La Comisión Europea, ArcelorMittal Belval & Differdange SA y ArcelorMittal International SA cargarán con sus propias costas
            en el procedimiento de casación del asunto C‑216/09 P.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.