CELEX: 62015CC0240
Language: es
Date: 2016-04-28
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 28 de abril de 2016.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
      presentadas el 28 de abril de 2016 (
            1
         )
      
         Asunto C‑240/15
      
      
         Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
      
      
         contra
      
      
         Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT,
      
      
         Presidenza del Consiglio dei Ministri,
      
      
         Ministero dell'Economia e delle Finanze
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), Italia]
      
      «Redes y servicios de comunicación electrónica — Afectación de la imparcialidad y de la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación — Sumisión de las autoridades nacionales de reglamentación a las disposiciones relativas a la limitación y racionalización de los gastos públicos»
      
               1. 
            
            
               ¿Puede el Parlamento de un Estado miembro extender a las denominadas «autoridades nacionales de regulación» (
                     2
                  ) las medidas legislativas de contención y racionalización del gasto, adoptadas para el resto de los entes públicos? Esta es, en síntesis, la duda que el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) eleva, por vía prejudicial, al Tribunal de Justicia, en el curso de un litigio sobre el impacto que las leyes de recorte del gasto público pueden tener sobre la independencia de la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autoridad para la Garantía de las Comunicaciones, Italia; en lo sucesivo, «AGCOM»).
            
         I. Marco jurídico
      
      A. Derecho de la Unión
      
      
               2.
            
            
               El considerando 11 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicación electrónicos (en lo sucesivo, «Directiva marco»), (
                     3
                  ) modificada por la Directiva 2009/140/CE, (
                     4
                  ) afirma lo siguiente:
               «De conformidad con el principio de separación de las funciones de regulación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de la autoridad o autoridades nacionales de reglamentación con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad con respecto a las normas de los Estados miembros por las que se rige el régimen de la propiedad establecido en el artículo [345 TFUE]. Las autoridades nacionales de reglamentación deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones.»
            
         
               3.
            
            
               Por su parte, el considerando 13 de la Directiva 2009/140, que modificó la Directiva marco, señala:
               «Debe reforzarse la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación para garantizar una aplicación más efectiva del marco regulador y para aumentar su autoridad y la previsibilidad de sus decisiones. A tal efecto, debe disponerse expresamente en el derecho nacional que, en el ejercicio de sus cometidos, la autoridad nacional de reglamentación responsable de la regulación ex ante del mercado o de la solución de litigios entre empresas esté protegida de intervenciones exteriores o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que se le sometan. Tal influencia exterior hace que un órgano legislativo nacional resulte inadecuado para actuar como autoridad nacional de reglamentación con arreglo al marco regulador. […] Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación responsables de la regulación ex ante del mercado dispongan de su propio presupuesto, que les permita, en particular, contratar personal cualificado en número suficiente. Para garantizar la transparencia, este presupuesto debe hacerse público anualmente.»
            
         
               4.
            
            
               El artículo 3 de la Directiva marco, una vez modificado por la Directiva 2009/140, preceptúa:
               «1.   Los Estados miembros velarán por que cada una de las misiones asignadas a las autoridades nacionales de reglamentación en la presente Directiva y en las directivas específicas sea desempeñada por un organismo competente.
               2.   Los Estados miembros garantizarán la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación, velando por que sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de todas las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros que mantengan la propiedad o el control de empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas velarán por que exista una separación estructural efectiva entre la función de regulación y las actividades relacionadas con la propiedad o el control.
               3.   Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación ejerzan sus competencias con imparcialidad, transparencia y a su debido tiempo. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de recursos financieros y humanos adecuados para desempeñar las tareas que se les hayan asignado.
               3 bis.   Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados 4 y 5, las autoridades nacionales de reglamentación encargadas de la regulación ex ante del mercado o de la resolución de litigios entre empresas con arreglo a los artículos 20 y 21 de la presente Directiva actuarán con independencia y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún otro organismo en relación con la ejecución de las tareas que les asigne la legislación nacional por la que se aplique el derecho comunitario. Esto no impedirá la supervisión de conformidad con el derecho constitucional nacional. Solamente los organismos de recurso creados de conformidad con el artículo 4 estarán facultados para suspender o revocar las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación.
               […]
               Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de reglamentación a las que se refiere el párrafo primero tengan presupuestos anuales separados. Los presupuestos se harán públicos. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades nacionales de reglamentación cuenten con los recursos financieros y humanos suficientes para participar activamente en las actividades del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) [ (
                     5
                  ) ] y contribuir a las mismas.
               […]»
            
         
               5.
            
            
               El considerando 30 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (en lo sucesivo, «Directiva autorización») (
                     6
                  ) estipula que «pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación relativas a la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los gastos administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre sí». El considerando 31 añade que «los sistemas que regulen las tasas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la entrada en el mercado».
            
         
               6.
            
            
               Con arreglo al artículo 12 de la Directiva autorización:
               «1.   Las tasas administrativas que se impongan a las empresas que presten un servicio o suministren una red al amparo de la autorización general o a quienes se haya otorgado un derecho de uso:
               
                        a)
                     
                     
                        cubrirán en total solamente los gastos administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 6, pudiendo quedar incluidos gastos de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones sobre el acceso y la interconexión; y
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.
                     
                  2.   Cuando las autoridades nacionales de reglamentación impongan tasas administrativas, publicarán un resumen anual de sus gastos administrativos y del importe total de las tasas recaudadas. A la vista de la diferencia entre la suma total de las tasas y los gastos administrativos, deberán introducirse los reajustes adecuados.»
            
         B. Derecho nacional
      
      
               7.
            
            
               La Ley n.o 249, de 31 de julio de 1997, (
                     7
                  ) creó la AGCOM, confiriéndole en su artículo 1, apartado 9, un amplio margen de autonomía organizativa y acordando que «adoptará un reglamento relativo a la organización y el funcionamiento, los presupuestos, los informes financieros y la gestión de los gastos, incluso mediante el establecimiento de excepciones a las normas generales en materia de contabilidad pública, así como al régimen jurídico y económico de su personal […]».
            
         
               8.
            
            
               El Decreto Legislativo n.o 259, de 1 de agosto de 2003, adoptó el Código de las Comunicaciones Electrónicas (
                     8
                  ) cuyo artículo 7, apartado 2, atribuyó a la AGCOM las funciones de ANR, a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva marco.
            
         
               9.
            
            
               La Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004, de Presupuestos para 2005, (
                     9
                  ) impuso un límite al aumento de los gastos de las Administraciones Públicas, estableciendo en su artículo 1, apartado 5, lo siguiente: «Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de financiación pública fijados en el ámbito de la Unión Europea […] para el trienio 2005–2007, el gasto total de las Administraciones Públicas incluidas en las cuentas consolidadas, que figuran para 2005 en el anexo 1 de la presente Ley y que para los siguientes años se determinarán mediante resolución del Instituto Nacional de Estadística (en lo sucesivo, “ISTAT”), que se publicará en la Gazzetta Ufficciale a más tardar el 31 de julio de cada año, no podrá ser superior al dos por ciento de las correspondientes previsiones actualizadas del año anterior, de conformidad con los estados financieros […]».
            
         
               10.
            
            
               La Ley n.o 266, de 23 de diciembre de 2005, de Presupuestos del Estado para 2006, (
                     10
                  ) dotó a las autoridades administrativas independientes, como la AGCOM, de autonomía financiera. A tenor de su artículo 1, apartado 65: «A partir del año 2007 los gastos de funcionamiento [de la AGCOM] se financiarán en el mercado respectivo, en la parte no cubierta por la financiación a cargo de los presupuestos del Estado, conforme a los mecanismos establecidos en la normativa vigente y por la cuantía que cada Autoridad decida, dentro de los límites máximos legalmente establecidos, que se abonará directamente a las propias autoridades».
            
         
               11.
            
            
               El Decreto‑ley n.o 223, de 4 de julio de 2006, convalidado, tras su modificación, por la Ley n.o 248, de 4 de agosto de 2006, (
                     11
                  ) obligó a reducir los gastos de funcionamiento de las administraciones y organismos públicos no territoriales. Según su artículo 22, apartado 1, «los importes asignados para el año 2006 a gastos por consumos intermedios de los presupuestos de entidades y organismos públicos no territoriales […], determinados con arreglo al artículo 1, apartados 5 y 6, de la Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004 [con algunas excepciones] se reducirán en un diez por ciento […]». Esta reducción afectaba a todas las Administraciones Públicas inscritas en la lista del ISTAT, entre ellas la AGCOM.
            
         
               12.
            
            
               La Ley n.o 196, de 31 de diciembre de 2009, por la que se establece la nueva normativa general en materia de contabilidad y finanzas públicas, (
                     12
                  ) aplicó una nueva reglamentación nacional en esta materia. Su artículo 1, apartado 2 (en su versión modificada por el artículo 5, apartado 7, del Decreto‑ley n.o 16, de 2 de marzo de 2012), (
                     13
                  ) prescribió: «A efectos de aplicar las disposiciones en materia de financiación pública, tendrán la consideración de Administraciones Públicas, para el año 2011, los entes, organismos y entidades indicados con fines estadísticos en la lista objeto del comunicado del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) de 24 de julio de 2010, publicada en la misma fecha en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.o 171, así como, a partir de 2012, los entes, organismos y entidades incluidos con fines estadísticos por el ISTAT en la lista objeto de su comunicado de 30 de septiembre de 2011, publicada en la misma fecha en la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.o 228, y las sucesivas actualizaciones llevadas a cabo con arreglo al apartado 3 del presente artículo, de conformidad con las definiciones adoptadas por las disposiciones pertinentes de la Unión Europea, las Autoridades independientes [ (
                     14
                  ) ] y, en cualquier caso, las Administraciones contempladas en el artículo 1, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 165 de 30 de marzo de 2001 y sus sucesivas modificaciones».
            
         
               13.
            
            
               El 28 de septiembre de 2012, el ISTAT publicó en la GURI la lista de Administraciones Públicas incluidas en la cuenta de resultados consolidada de los poderes públicos, en el sentido de la Ley n.o 196 de 2009. (
                     15
                  ) En dicha lista figuraba la AGCOM.
            
         II. Litigio nacional y cuestiones prejudiciales
      
      
               14.
            
            
               La AGCOM recurrió ante el Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Tribunal Administrativo Regional del Lacio: en lo sucesivo, «TAR») el elenco elaborado por el ISTAT en 2012. Cuestionaba su presencia en ese elenco, así como la decisión del legislador italiano de aplicarle las normas sobre finanzas públicas, en especial, las de limitación y racionalización de los gastos públicos.
            
         
               15.
            
            
               En la sentencia de 12 de junio de 2013, el TAR rechazó las pretensiones de la AGCOM acudiendo, entre otros razonamientos, a que el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) había pronunciado, en un asunto diferente pero relacionado, la sentencia n.o 6014/2012 donde reputaba conforme a derecho la presencia de la AGCOM en la enumeración del ISTAT. La independencia y la autonomía de la AGCOM no la excluían de la categoría de Administración Pública ni de la consiguiente aplicación de las normas sobre finanzas públicas, y su régimen de autofinanciación no era relevante a estos efectos, porque las tasas que recauda de los operadores son tributos según el derecho italiano.
            
         
               16.
            
            
               AGCOM recurrió la sentencia del TAR ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) argumentando que su eficacia, como autoridad reguladora en el sector de las telecomunicaciones, disminuye por las restricciones financieras y organizativas derivadas de su sumisión tanto a las normas nacionales en materia de finanzas públicas, (
                     16
                  ) como a las de limitación y racionalización del gasto público. (
                     17
                  ) Adujo, además, que el legislador italiano debería haberle aplicado disposiciones más favorables, análogas a las previstas para la Banca d’Italia o, al menos, ceñir las reducciones del gasto a la parte de su financiación procedente del presupuesto del Estado. En fin, la aplicación de las normas internas que recortan sus gastos infringiría, según la AGCOM, el artículo 3 de la Directiva marco y el artículo 12 de la Directiva autorización.
            
         
               17.
            
            
               A las tesis de AGCOM se opusieron ISTAT, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas.
            
         
               18.
            
            
               En su auto de reenvío prejudicial, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) explica que la legalidad de la lista del ISTAT ya no se cuestiona, porque el Decreto‑ley n.o 16, de 2 de marzo de 2012, modificó el artículo 1, apartado 2, de la Ley n.o 196, de 31 de diciembre 2009, para incluir, de modo expreso, a las autoridades independientes (como la AGCOM) entre las administraciones y organismos públicos sujetos a la normativa sobre finanzas públicas.
            
         
               19.
            
            
               El Consiglio di Stato (Consejo de Estado) detalla en su auto los motivos que le inducen a solicitar del Tribunal de Justicia un pronunciamiento sobre la compatibilidad de las medidas nacionales controvertidas con la Directiva marco y con la Directiva autorización. Si esas medidas se calificasen de contrarias a los principios de imparcialidad, independencia y autofinanciación que los Estados miembros deben garantizar a las ANR, no podrían ser aplicadas a la AGCOM, pues vulnerarían el derecho de la Unión. El Consiglio di Stato (Consejo de Estado) cree, no obstante, que no se produce esa incompatibilidad.
            
         
               20.
            
            
               A pesar de lo anterior, le parece necesario interrogar al Tribunal de Justicia para que disipe sus dudas y le formula la siguiente pregunta:
               «¿Se oponen los principios de imparcialidad y de independencia, considerados también desde una perspectiva financiera y administrativa, que deben ser reconocidos a las autoridades nacionales de reglamentación contempladas en el artículo 3 de la Directiva 2002/21/CE, así como el principio de autofinanciación sustancial establecido en el artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE, a una normativa nacional (como la que es objeto del presente procedimiento), que sujeta a tales autoridades, con carácter general, a la legislación aplicable en materia de financiación pública y, con carácter particular, a las disposiciones específicas aplicables en materia de contención y racionalización del gasto de las Administraciones Públicas?»
            
         
               21.
            
            
               En la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia depositaron observaciones la AGCOM, el Gobierno de Italia, el Gobierno neerlandés y la Comisión Europea. El Tribunal de Justicia optó por resolver la cuestión sin abrir la fase oral del procedimiento.
            
         III. Análisis de la cuestión prejudicial
      
      
               22.
            
            
               Con su pregunta, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) pretende saber, en resumen, si los artículos 3 de la Directiva marco y 12 de la Directiva autorización se oponen a que una ANR sea sometida, con carácter general, a la legislación italiana en materia de finanzas públicas y, de modo especial, a las leyes aprobadas por el Parlamento sobre contención y racionalización del gasto público.
            
         
               23.
            
            
               El Tribunal de Justicia debe responder teniendo a la vista los hechos y el derecho nacional, tal como los expone el órgano jurisdiccional de reenvío, a quien compete precisar las normas internas que juzga aplicables al litigio principal. (
                     18
                  ) Por consiguiente, las medidas presuntamente restrictivas de la independencia de la AGCOM que han de analizarse son únicamente las citadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en su auto. (
                     19
                  )
            
         
               24.
            
            
               La AGCOM ha aludido, en sus observaciones escritas, a otras decisiones posteriores adoptadas por el legislador italiano, que continúan en la misma línea y con arreglo a las que se le aplican las reglas generales de contención y racionalización del gasto exigidas a todas las Administraciones Públicas italianas. No me parece pertinente, para responder a la cuestión prejudicial, tener en cuenta las normas no mencionadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en su reenvío, aunque, a decir verdad, la solución que propondré sería, probablemente, la misma, aun valorando esas nuevas medidas.
            
         A. La independencia de las ANR en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
      
      
               25.
            
            
               La AGCOM es una de las «autoridades independientes» o «autoridades administrativas independientes» creadas en los Estados miembros de la Unión para garantizar la aplicación de las normas liberalizadoras de ciertos sectores económicos. (
                     20
                  ) No se integran en la Administración jerarquizada clásica y, para cumplir con imparcialidad sus funciones tanto reguladoras como supervisoras de carácter técnico, (
                     21
                  ) se las dota de un estatuto de independencia, tanto en relación con los agentes económicos, como, según los casos, con respecto a las autoridades políticas del Estado. (
                     22
                  )
            
         
               26.
            
            
               La independencia se afirma, primero, frente a los operadores del mercado. Así ocurre en el caso específico de las ANR del sector de las comunicaciones electrónicas, a tenor del artículo 3, apartado 2, de la Directiva marco. (
                     23
                  ) Esta faceta de la independencia de las ANR está ampliamente consagrada por el derecho derivado de la Unión y, en el caso de la AGCOM, nadie la ha discutido a lo largo de su litigio con el Gobierno italiano.
            
         
               27.
            
            
               El Tribunal de Justicia (
                     24
                  ) ha abordado la independencia de las ANR respecto de los operadores del mercado, pronunciándose sobre la separación entre las funciones de reglamentación y las de explotación comercial. Ha declarado en varias sentencias que, según el artículo 3 de la Directiva marco, los Estados miembros, si bien gozan de autonomía institucional para organizar y estructurar sus ANR, deben velar por que cada una de las misiones que se les asignan sea desempeñada por un organismo competente. También han de garantizar la independencia de estas autoridades, cuidando de que sean jurídicamente distintas y funcionalmente independientes de las entidades suministradoras de redes, equipos o servicios de comunicaciones electrónicas, así como vigilar para que ejerzan sus competencias con imparcialidad y transparencia y a su debido tiempo. (
                     25
                  )
            
         
               28.
            
            
               Con todo, el Tribunal de Justicia ha admitido que el legislador de un Estado puede ostentar la condición de ANR, en el sentido de la Directiva marco, siempre que, al desempeñar dicha función, cumpla con los requisitos de competencia, independencia, imparcialidad y transparencia establecidos por dicha Directiva, sus decisiones sean recurribles ante un organismo independiente y no limite ni elimine funciones que las Directivas expresamente hayan atribuido a la ANR. (
                     26
                  ) El Tribunal de Justicia también ha afirmado que, en el ejercicio de sus competencias, las ANR disfrutan de una amplia facultad para poder apreciar la necesidad de regulación de un mercado en función de cada situación, caso por caso. (
                     27
                  )
            
         
               29.
            
            
               Más complejidad reviste que la independencia de las ANR permita desligarlas de la influencia de las autoridades del Estado, en especial, del Gobierno. Es un problema que puede adquirir dimensiones constitucionales en ciertos Estados, pues, en definitiva, se llega a reconocer a las ANR un estatuto de independencia frente a las autoridades políticas, (
                     28
                  ) cuando estas son las que ostentan la legitimidad democrática. La reforma del artículo 3 de la Directiva marco llevada a cabo por la Directiva 2009/140 implantó, precisamente, este modelo de ANR en el sector de las comunicaciones electrónicas.
            
         
               30.
            
            
               La independencia de las ANR no supone, a mi juicio, que estén exentas de someterse a las normas básicas de funcionamiento de una Administración Pública ni al control y la supervisión del Parlamento. Tal como la protege el artículo 3 de la Directiva marco, conlleva básicamente los elementos siguientes: (
                     29
                  )
               
                        —
                     
                     
                        Independencia institucional, lo que implica que las ANR se configuran como entidades separadas de los ministerios y de otros organismos públicos.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Independencia funcional, esto es, autonomía para desarrollar sus cometidos sin interferencia por parte de otras autoridades.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Independencia de sus miembros y de su personal frente a las presiones o injerencias de otras autoridades.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Independencia financiera, que se traduce en la disponibilidad de medios económicos y materiales para desarrollar sus actividades de forma autónoma. Precisamente, este asunto aborda el alcance de la independencia financiera de la AGCOM.
                     
                  
         
               31.
            
            
               El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado, hasta este momento, sobre la independencia política de las ANR en el sector de las comunicaciones, a diferencia de lo ocurrido con las autoridades nacionales de control de la protección de datos de carácter personal. Las sentencias dictadas sobre estas últimas (en especial, Comisión/Alemania, Comisión/Austria y Comisión/Hungría) ofrecen elementos de referencia extrapolables, con ciertas reservas, a las ANR del sector de las comunicaciones electrónicas. Las autoridades en materia de protección de datos actúan como garantes del derecho fundamental a la vida privada, factor al que el Tribunal de Justicia confiere una gran relevancia en orden a proteger su independencia, (
                     30
                  ) lo que no sucede en el caso de las ANR del ámbito de las comunicaciones electrónicas.
            
         
               32.
            
            
               Según el Tribunal de Justicia, las autoridades de control competentes para vigilar el tratamiento de datos personales han de disfrutar de la independencia que les permita ejercer sus obligaciones sin influencia externa. Esta independencia excluye, en particular, toda orden o influencia externa, al margen de la forma que revista, directa o indirecta, que pudiera orientar sus decisiones y, en consecuencia, poner en peligro el cumplimiento de su tarea de establecer un justo equilibrio entre la protección del derecho a la intimidad y la libre circulación de datos personales. (
                     31
                  ) La independencia funcional de las autoridades de control es un requisito imprescindible para que puedan ajustarse al criterio de independencia en el sentido del artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46, aunque no basta por sí sola para preservarlas de toda influencia externa. (
                     32
                  )
            
         
               33.
            
            
               Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que la mera posibilidad de que las autoridades de tutela del Estado puedan influir políticamente sobre las decisiones de las autoridades de control es suficiente para obstaculizar el ejercicio independiente de sus funciones, ya que podría darse en tal caso una «obediencia anticipada» de las autoridades de control, a la vista de la práctica decisoria de la autoridad de tutela. La obediencia de estas al poder político es incompatible con la exigencia de independencia. (
                     33
                  )
            
         
               34.
            
            
               Ahora bien, incluso para las autoridades nacionales de control de la protección de datos, el Tribunal de Justicia ha considerado que su independencia no es ilimitada, de manera que no es concebible la ausencia total de influencia parlamentaria sobre ellas. (
                     34
                  ) El Parlamento o el Gobierno pueden nombrar a las personas que asumen la dirección de las autoridades de control y el legislador puede determinar las competencias de esas autoridades e imponerles la obligación de rendir cuentas de su actuación ante el Parlamento. (
                     35
                  )
            
         
               35.
            
            
               En suma, calibrar el alcance de la independencia política de las ANR, tal como la entiende el derecho de la Unión, precisa lograr el difícil equilibrio entre, por un lado, los poderes que se les han de conferir para garantizar su libertad de acción y, por el otro, la necesidad de que estén sometidas a los controles democráticos propios del Estado de derecho y a las normas generales del funcionamiento administrativo.
            
         B. Sobre la posible limitación de la independencia financiera de la AGCOM
      
      
               36.
            
            
               El Consiglio di Stato (Consejo de Estado) pide que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la posible afectación que las medidas nacionales restrictivas del gasto público pueden suponer para la independencia y la imparcialidad de la AGCOM, garantizadas por el artículo 3 de la Directiva marco. Quiere saber, en definitiva, si la independencia financiera de una ANR (componente básico de su independencia política) queda restringida de manera incompatible con el artículo 3 de la Directiva marco, cuando un Estado miembro acota por ley (en este caso, al dos por ciento) el incremento anual del presupuesto de una ANR, la somete a la normativa en materia de finanzas públicas aplicable a todas las administraciones y rebaja en un diez por ciento sus gastos de funcionamiento. Esas limitaciones son de carácter general, esto es, abarcan a todas las Administraciones Públicas italianas y no han sido adoptadas solo en relación con la AGCOM.
            
         
               37.
            
            
               La AGCOM esgrime que las medidas tomadas por Italia acotan su autonomía presupuestaria y afectan, por tanto, a su independencia de forma incompatible con el derecho de la Unión. A su parecer, la autonomía presupuestaria de las ANR no permite que se les apliquen de manera generalizada las normas nacionales sobre finanzas públicas, incluidas las que imponen umbrales máximos de incremento del gasto y las que fijan reducciones lineales de los gastos, pues afectan a su libertad para gestionar sus recursos financieros lo más adecuadamente posible a sus necesidades funcionales.
            
         
               38.
            
            
               La AGCOM argumenta, también, que este tipo de medidas que menguan su autonomía financiera no se justifican por el imperativo de moderar el gasto público, ya que sus costes de gestión no son financiados por el presupuesto del Estado: el cien por ciento de sus recursos provienen de las contribuciones que pagan los operadores del mercado sometidos a su actividad de regulación.
            
         
               39.
            
            
               La AGCOM indica, por último, que Italia disponía de otras soluciones menos restrictivas de su autonomía financiera y de su independencia para conciliar la reducción del gasto público con el respeto de la autonomía de las ANR. El trato que debería haber dispensado el Estado italiano era, según la AGCOM, el mismo que al banco central italiano, al que no se extendieron automáticamente las medidas de contención del gasto público.
            
         
               40.
            
            
               La Comisión, Italia y los Países Bajos defienden una opinión contraria, que coincide con la avanzada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en el auto de planteamiento de la cuestión prejudicial.
            
         
               41.
            
            
               Pues bien, como el Tribunal de Justicia ha afirmado en el caso de un órgano público, el término «independencia» se refiere normalmente al estatuto que le garantiza la posibilidad de proceder con plena libertad, preservado de cualquier tipo de instrucciones o presiones. (
                     36
                  ) Esa independencia, como he indicado antes, es reconocida tanto en relación con los operadores económicos del mercado en el que actúa la ANR, como frente a las autoridades políticas de los Estados. (
                     37
                  )
            
         
               42.
            
            
               Ciertamente las autoridades políticas de un Estado podrían, en hipótesis, recortar la independencia e influir sobre sus ANR mediante la reducción drástica de sus recursos financieros y humanos. (
                     38
                  ) Para impedirlo y afianzar el estatus de las ANR en el sector de las comunicaciones electrónicas, la Directiva 2009/140 introdujo varias modificaciones en el artículo 3 de la Directiva marco, orientadas a apuntalar su independencia financiera. (
                     39
                  ) Además, se incorporaron al artículo 3, apartado 3 bis, in fine, dos requisitos explícitos: que cuenten con presupuestos anuales separados y que posean los recursos financieros y humanos suficientes para participar activamente y contribuir a las actividades del ORECE.
            
         
               43.
            
            
               Ahora bien, la Directiva marco no configura la independencia financiera de las ANR de manera ilimitada, pues «no impedirá la supervisión de conformidad con el derecho constitucional nacional». Esta aseveración entronca con la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Alemania, (
                     40
                  ) que acepta el ejercicio de determinados controles parlamentarios sobre las autoridades nacionales de control de protección de datos de carácter personal. La jurisprudencia es extrapolable a las ANR en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, de modo que es lícito someterlas a ciertas reglas derivadas de la preeminencia inherente a la legitimidad democrática. (
                     41
                  ) La rendición de cuentas al Parlamento nacional y el sometimiento al control contable del Tribunal de cuentas nacional encajan, por ejemplo y entre otros, en los límites que la Directiva marco admite en el ámbito de las comunicaciones electrónicas.
            
         
               44.
            
            
               Al igual que ha subrayado el Gobierno neerlandés en sus observaciones, entiendo que el control presupuestario de las ANR por el Parlamento nacional (compatible, repito, con la independencia financiera que el artículo 3 de la Directiva marco les confiere) permite que se les apliquen, también ex ante, medidas de contención del gasto público. Dichas medidas únicamente afectarían a su independencia, de forma incompatible con el referido artículo 3 de la Directiva marco, si fueran desproporcionadas e impidieran a las ANR ejercer sus funciones o si conllevasen la desaparición de su presupuesto separado.
            
         
               45.
            
            
               En el caso italiano, las medidas legislativas aplicadas a la AGCOM no han supuesto la desaparición de su presupuesto anual, separado y con publicidad y, según el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), tampoco han afectado a su capacidad para manejar los recursos precisos para ejercer sus funciones. El órgano de reenvío destaca, como cuestión de hecho que solo a él compete, que la AGCOM no ha aportado pruebas concretas que acrediten la existencia de los alegados efectos negativos, sino que se ha ceñido a afirmar que la normativa controvertida vulnera su autonomía financiera y su independencia.
            
         
               46.
            
            
               Además, la normativa sobre finanzas públicas y contención del gasto público (umbral del dos por ciento de incremento de gastos en la Ley presupuestaria de 2005 y la disminución del diez por ciento de sus gastos por consumos intermedios con la Ley n.o 248, de 4 de agosto de 2006) responde a un propósito legítimo de disciplina presupuestaria, adoptada con carácter general por el Estado italiano, no a una decisión singular con la AGCOM como destinataria específica.
            
         
               47.
            
            
               Si la AGCOM no ha demostrado, pues, ante la jurisdicción de reenvío que las medidas controvertidas hayan tenido un impacto real sobre su actividad ni que las restricciones presupuestarias de orden general le hayan impedido, en concreto, «disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus misiones» (considerando 11 de la Directiva marco), difícilmente puede aceptarse que aquellas hayan perturbado su independencia, en el sentido antes expuesto. (
                     42
                  )
            
         
               48.
            
            
               La pretensión de la AGCOM de obtener del Estado italiano un tratamiento especial, equivalente al aplicado a la Banca d’Italia, solo sometida a obligaciones de resultado, tampoco me parece justificada, y de nuevo comparto la posición que sobre este argumento mantiene la jurisdicción de reenvío.
            
         
               49.
            
            
               El artículo 3 de la Directiva marco no establece que la independencia financiera de las ANR exija a los Estados miembros circunscribirse a imponerles meras obligaciones de resultado en materia presupuestaria, excluyendo las medidas transversales de contención y limitación del gasto. Tampoco hay en la Directiva marco elementos que equiparen la independencia de las ANR a la de un banco central de un Estado miembro.
            
         
               50.
            
            
               La independencia de los bancos centrales nacionales está consagrada por normas de derecho originario (artículo 130 TFUE y artículo 7 del Protocolo n.o 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo) y obedece a su peculiar cometido de aplicadores, bajo la dirección del Banco Central Europeo, de la política monetaria única, guiados por el propósito de conseguir la estabilidad de precios. (
                     43
                  ) Además, esta independencia se consagra para garantizar la aplicación a los bancos centrales de la prohibición de financiación monetaria de las autoridades nacionales de los Estados miembros, que refrenda el artículo 123 TFUE. Ninguno de estos objetivos es extrapolable a la actuación de las ANR en el sector de las comunicaciones electrónicas, cuyo estatus se define en las Directivas correspondientes.
            
         
               51.
            
            
               La AGCOM indica que su financiación proviene del presupuesto del Estado italiano y, en mayor medida, de las tasas administrativas que cobra a los operadores del mercado de las comunicaciones electrónicas. Además, en los últimos ejercicios su autofinanciación habría sido completa, por lo que sus gastos no provocan déficit público y la aplicación de las medidas generales en esta materia adoptadas por el Estado italiano vulneraría el artículo 12 de la Directiva autorización, debiendo esas medidas circunscribirse, en su caso, a la financiación de la AGCOM procedente del presupuesto estatal.
            
         
               52.
            
            
               El razonamiento no me parece pertinente, como tampoco a la jurisdicción de reenvío, la Comisión, el Gobierno italiano y el Gobierno neerlandés. Las tasas impuestas a las empresas se rigen por el artículo 12 de la Directiva autorización y no tienen como meta cubrir los gastos administrativos de todo tipo soportados por la ANR, sino, según lo previsto en el artículo 12, apartado 1, letra a), los que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a las que se refiere el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva, pudiendo incluirse gastos de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y la puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser las de acceso y las de interconexión. (
                     44
                  )
            
         
               53.
            
            
               Aunque los Estados tienen libertad para estructurar jurídicamente estas tasas, según el Tribunal de Justicia, se colige del artículo 12, apartado 2, de la Directiva autorización que dichas tasas deben cubrir los gastos administrativos reales de las actividades recogidas en esta Directiva y guardar un equilibrio con ellos, de manera que el total de los ingresos obtenidos por los Estados miembros en virtud de la tasa no puede exceder del total de los gastos correspondientes a estas actividades. (
                     45
                  ) Además, el artículo 12, apartado 1, letra b), obliga a los Estados miembros a repartir dichas tasas administrativas entre las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional.
            
         
               54.
            
            
               Las tasas con las que se financia la AGCOM son tributos establecidos por el Estado italiano y el artículo 12 de la Directiva autorización no confiere a las ANR un poder omnímodo para fijar su cuantía (
                     46
                  ) al margen de las normas sobre limitación y contención del gasto público adoptadas con carácter general por el Estado. Las tasas deben ser proporcionales al gasto de la AGCOM en cuatro actividades (a saber, la expedición, la gestión, el control y la ejecución del régimen de autorización general aplicable) y la AGCOM no puede aumentar sin control este gasto o no reducirlo al margen de las normas presupuestarias generales del Estado. Estos tributos, junto con el resto de los que gravan a las empresas de comunicaciones electrónicas, condicionan una parte de la presión fiscal soportada por los contribuyentes (las empresas los suelen repercutir sobre los consumidores) y el Parlamento puede, cuando las necesidades económicas lo exijan, legislar al efecto. Si, como sucede en el caso de autos, las medidas legislativas sobre contención del gasto no han afectado a la capacidad real de la AGCOM para ejercer sus funciones, ninguna tacha puede oponérseles desde la óptica de la independencia financiera.
            
         
               55.
            
            
               En suma, entiendo que los principios de imparcialidad y de independencia, reconocidos a las ANR en el artículo 3 de la Directiva marco, así como el principio de autofinanciación sustancial del artículo 12 de la Directiva autorización, no se oponen a una normativa nacional que somete a dichas ANR, con carácter general, a la legislación aplicable en materia de finanzas públicas y, con carácter particular, a las disposiciones específicas en materia de contención y racionalización del gasto de las Administraciones Públicas.
            
         IV. Conclusión
      
      
               56.
            
            
               A tenor de los razonamientos anteriores, propongo al Tribunal de Justicia responder a la cuestión planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) de la siguiente forma:
               «Los principios de imparcialidad y de independencia, reconocidos a las autoridades nacionales de reglamentación en el artículo 3 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicación electrónicos, así como el principio de autofinanciación sustancial establecido en el artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, no se oponen a una normativa nacional que somete a dichas autoridades, con carácter general, a la legislación aplicable en materia de finanzas públicas y, con carácter particular, a las disposiciones específicas en materia de contención y racionalización del gasto de las Administraciones Públicas.»
            
         (
            1
         )	Lengua original: español.
      (
            2
         )	Para referirse a estas autoridades se suelen usar, indistintamente, las locuciones «autoridad nacional de regulación» o «autoridad nacional de reglamentación». Aun cuando entre ambas pueden hallarse algunas diferencias, es posible parificarlas en este escrito. En lo sucesivo, emplearé el acrónimo «ANR».
      (
            3
         )	DO 2002, L 108, p. 33.
      (
            4
         )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO 2009, L 337, p. 37).
      (
            5
         )	Reglamento (CE) n.o 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por el que se crea el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Oficina (DO 2009, L 337, p. 1).
      (
            6
         )	DO 2002, L 108, p. 21.
      (
            7
         )	Legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (GURI n.o 177, de 31 de julio de 1997).
      (
            8
         )	Decreto legislativo de 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche (GURI n.o 214, de 15 de septiembre de 2003).
      (
            9
         )	Legge del 30 dicembre 2004, n. 311, Disposizioni per la formazzione del bilancio annuale y pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (GURI n.o 306, de 31 de diciembre de 2004).
      (
            10
         )	Legge del 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazzione del bilancio annuale y pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), (GURI n.o 306, de 29 de diciembre de 2005).
      (
            11
         )	Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223 (GURI n.o 153, de 4 de julio de 2006, p. 4), convertito, con modifiche, nella legge del 4 agosto 2006, n. 248 (GURI n.o 186, de 11 de agosto de 2006).
      (
            12
         )	Legge del 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova normativa generale in tema di contabilità e finanza pubblica (GURI n.o 303, de 31 de diciembre de 2009),
      (
            13
         )	Decreto-legge del 2 marzo 2012, n. 16 (GURI n.o 52, de 2 de marzo de 2012).
      (
            14
         )	Sin cursiva en el original.
      (
            15
         )	Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (GURI no 227, de 28 de septiembre de 2012).
      (
            16
         )	Se refiere al artículo 1, apartado 2, de la Ley n.o 196, de 31 de diciembre de 2009.
      (
            17
         )	Alude a la Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004, de Presupuestos para 2005, y al Decreto-ley n.o 223, de 4 de julio de 2006.
      (
            18
         )	Sentencias de 26 de junio de 2008, Burda (C‑284/06, EU:C:2008:365), apartado 39, y de 21 de marzo de 2013, Belgacom y otros (C-375/11, EU:C:2013:185), apartado 30.
      (
            19
         )	Se refiere, por una parte, a las disposiciones en cuya virtud el gasto total de las Administraciones Públicas incluidas en las cuentas consolidadas, recogidas para 2005 en el anexo 1 de la Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004, y que para los años posteriores se establecerán mediante resolución del Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), que se publicará en la Gazzetta Ufficciale a más tardar el 31 de julio de cada año, no podrá ser superior al dos por ciento de las correspondientes previsiones actualizadas del año anterior, de conformidad con los estados financieros (artículo 1, apartado 5, de la Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004). Por otra parte, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) recurre al Decreto‑ley n.o 223, de 4 de julio de 2006, convalidado, tras su modificación, por la Ley n.o 248, de 4 de agosto de 2006, que fijó reducciones de los gastos de funcionamiento de las Administraciones y Organismos Públicos no territoriales. Según su artículo 22, apartado 1, «los importes asignados para el año 2006 a gastos por consumos intermedios de los presupuestos de entidades y organismos públicos no territoriales […], determinados con arreglo al artículo 1, apartados 5 y 6, de la Ley n.o 311, de 30 de diciembre de 2004 [con algunas excepciones], se reducirán en un diez por ciento».
      (
            20
         )	Sobre esta figura, tan relevante en el derecho público europeo de los últimos años, existe una abundante doctrina. Me remito a los trabajos de Caranta, R.; Andenas, M.; Fairgrieve, D. (eds), Independent Administrative Authorities, British Institute of International and Comparative Law, Londres, 2005; García Álvarez, G., «La Unión Europea como estado regulador y las Administraciones independientes», Revista de Administración Pública, 2014, n.o 1, pp. 79 a 111; Hanretty, C.J.; Larouche, Pierre; Reindl, A., Independence, Accountability and Perceived Quality of Regulators, Center on Regulation in Europe, 2012; Ottow, A., «The different levels of protection of national supervisors’ independence in the European landscape», en Comtois S.; de Graaf, K. (eds.), On judicial and quasi-judicial Independence, Eleven International Publishing, La Haya, 2013, pp. 139 a 166.
      (
            21
         )	Entre las funciones que se les suelen asignar se encuentran las de reglamentación, de regulación, de supervisión, de inspección, de control y, eventualmente, las sancionadoras. No todas las ANR poseen, obviamente, el mismo nivel de atribuciones.
      (
            22
         )	Sentencia de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania (C-518/07, EU:C:2010:125), apartado 42.
      (
            23
         )	Transcrito en el punto 4.
      (
            24
         )	La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con la independencia de los gestores de infraestructuras ferroviarias aporta pocos elementos de interés para este litigio, porque, por un lado, se regula de manera más limitada en las normas de derecho derivado y, por otro, los asuntos resueltos versaban sobre la independencia del gestor ferroviario respecto de las compañías del sector. Véanse las sentencias de 25 de octubre de 2012, Comisión/Portugal (C‑557/10, EU:C:2012:662); de 28 de febrero de 2013, Comisión/Alemania (C‑556/10, EU:C:2013:116); y de 18 de abril de 2013, Comisión/Francia (C‑625/10, EU:C:2013:243).
      (
            25
         )	Sentencias de 6 de marzo de 2008, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (C‑82/07, EU:C:2008:143), apartado 24; de 6 de octubre de 2010, Base y otros (C‑389/08, EU:C:2010:584), apartado 29; y de 17 de septiembre de 2015, KPN (C‑85/14, EU:C:2015:610), apartados 53 y 54.
      (
            26
         )	Sentencia de 6 de octubre de 2010, Base y otros (C‑389/08, EU:C:2010:584), apartado 30; y conclusiones del abogado general Bot presentadas en el asunto KPN (C‑85/14, EU:C:2015:245), puntos 110 a 117.
      (
            27
         )	Sentencias de 24 de abril de 2008, Arcor (C-55/06, EU:C:2008:244), apartados 153 a 156; y de 3 de diciembre de 2009, Comisión/Alemania (C-424/07, EU:C:2009:749), apartado 61.
      (
            28
         )	Algún autor ha señalado que cuando una directiva atribuye facultades exclusivas a una ANR independiente, en realidad, propicia una «reserva de administración», esto es, excluye la actuación legislativa en ese preciso ámbito. Véase, Baño León, J.M., «Reserva de administración y Derecho comunitario», Papeles de Derecho Europeo e Integración Regional, WP IDEIR, 2001, n.o 7, p. 7.
      (
            29
         )	Véase, al respecto, Lavrijssen, S.; Ottow, A., «Independent Supervisory Authorities: A Fragile Concept», Legal Issues of Economic Integration, 2012, n.o 4, pp. 427 y 428.
      (
            30
         )	El artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31) impone a los Estados miembros la obligación de instituir una o varias autoridades de control que ejercerán las funciones que les sean atribuidas con total independencia. El Tribunal de Justicia afirma: «La exigencia de control, por parte de una autoridad independiente, del cumplimiento de las normas de la Unión en materia de protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales se deriva también del derecho primario de la Unión, en concreto del artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 16 TFUE, apartado 2» (sentencia de 8 de abril de 2014, Comisión/Hungría, C‑288/12, EU:C:2014:237, apartado 47). Además, concluye que «la creación en los Estados miembros de autoridades de control independientes constituye, pues, un elemento esencial del respeto a la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales» (sentencias de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania, C‑518/07, EU:C:2010:125, apartado 23; y de 16 de octubre de 2012, Comisión/Austria, C‑614/10, EU:C:2012:631, apartado 37).
      (
            31
         )	Véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania (C‑518/07, EU:C:2010:125), apartado 30; y de 16 de octubre de 2012, Comisión/Austria (C‑614/10, EU:C:2012:631), apartados 41 y 43.
      (
            32
         )	Sentencias de 16 de octubre de 2012, Comisión/Austria (C‑614/10, EU:C:2012:631), apartado 42; y de 8 de abril de 2014, Comisión/Hungría (C‑288/12, EU:C:2014:237), apartado 52.
      (
            33
         )	Sentencia de 16 de octubre de 2012, Comisión/Austria (C‑614/10, EU:C:2012:631), apartado 51.
      (
            34
         )	Un análisis del equilibrio entre independencia y responsabilidad de las ANR puede verse en Hanretty, C.J.; Larouche, P.; Reindl, A., Independence, Accountability and Perceived Quality of Regulators, Center on Regulation in Europe, 2012.
      (
            35
         )	Sentencia de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania (C‑518/07, EU:C:2010:125), apartados 43 a 45.
      (
            36
         )	Sentencia de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania (C‑518/07, EU:C:2010:125), apartado 18.
      (
            37
         )	Según el Tribunal de Justicia, «en el ejercicio de sus funciones, las autoridades de control deben actuar con objetividad e imparcialidad, y, para ello, han de estar a resguardo de toda influencia externa, incluida la ejercida directa o indirectamente por el Estado» (sentencia de 9 de marzo de 2010, Comisión/Alemania, C‑518/07, EU:C:2010:125, apartado 25).
      (
            38
         )	La importancia de la independencia financiera de las ANR ha sido puesta de relieve por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), The Governance of Regulators. OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, 2014, p. 99; y por el Center on Regulation in Europe (CERRE), Code of Conduct and Best Practices for the setup, operations and procedure of regulatory authorities, 2014, p. 6, en http://www.cerre.eu/content/cerre-code-conduct-and-best-practices-setup-operations-and-procedure-regulatory-authorities.
      (
            39
         )	Transcrito en el punto 4. Recordaré que, con arreglo a este artículo 3, apartado 3, las ANR han de disponer de los «recursos financieros y humanos adecuados para desempeñar las tareas que se les hayan asignado».
      (
            40
         )	Sentencia de 9 de marzo de 2010 (C‑518/07, EU:C:2010:125), apartados 43 a 46.
      (
            41
         )	Sentencia de 9 de marzo de 2010Comisión/Alemania (C‑518/07, EU:C:2010:125), apartado 46.
      (
            42
         )	Tampoco parece que las medidas de restricción y recorte del gasto aplicadas por Italia a la AGCOM le impidan contar con los recursos financieros y humanos suficientes para participar y contribuir activamente en las tareas del ORECE, a los efectos del artículo 3, apartado 3 bis, in fine, de la Directiva marco. En todo caso, corresponde al juez nacional apreciar la posibilidad de esta violación en función de las pruebas aportadas al proceso.
      (
            43
         )	El Tribunal de Justica afirmó en la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395), apartados 134 y 135, lo siguiente: «La finalidad esencial del artículo 108 CE es mantener al BCE al margen de cualesquiera presiones políticas, a fin de permitirle perseguir eficazmente los objetivos que se asignan a sus funciones, a través del ejercicio independiente de las facultades específicas de que dispone a tal efecto en virtud del Tratado CE y de los Estatutos del SEBC. […] En cambio, […] el hecho de haber reconocido al BCE la referida independencia no tiene como consecuencia desvincularlo por completo de la Comunidad Europea ni eximirlo de toda norma jurídica comunitaria».
      (
            44
         )	Sentencia de 18 de julio de 2013, Vodafone Omnitel y otros (C‑228/12 a C‑232/12 y C‑254/12 a C‑258/12, EU:C:2013:495), apartados 38 y 40.
      (
            45
         )	Este análisis lo realiza el Tribunal de Justicia (precisamente respecto a las tasas cobradas en Italia por la AGCOM) en la sentencias de 18 de julio de 2013, Vodafone Omnitel y otros (C‑228/12 a C‑232/12 y C 254/12 a C 258/12, EU:C:2013:495), apartado 41. En el mismo sentido, la sentencia de 27 de junio de 2013, Vodafone Malta y Mobisle Communications (C‑71/12, EU:C:2013:431), apartado 23.
      (
            46
         )	Además, el considerando trigésimo primero de la Directiva autorización indica que «los sistemas que regulen las tasas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la entrada en el mercado». Un nivel de gasto administrativo excesivamente elevado de la AGCOM sería contrario a este objetivo.