CELEX: C2005/182/43
Language: es
Date: 2005-07-23 00:00:00
Title: Asunto C-185/05: Recurso interpuesto el 26 de abril de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

23.7.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 182/23
            
         Recurso interpuesto el 26 de abril de 2005 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-185/05)
   (2005/C 182/43)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 26 de abril de 2005 un recurso contra la República Italiana, promovido por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. B. Schima y F. Amato, miembros del Servicio Jurídico de la Comisión.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               1)
            
            
               Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 9, apartado 4, 17, apartado 1, y 18, apartado 1, guiones primero, segundo y tercero de la Directiva 96/82, (1) al
               mantener en vigor unas normas como las previstas en el artículo 9, apartados 3 y 4, del Decreto Legislativo no 344 de 1999, según la cual, el industrial de un establecimiento en el que se hallen sustancias peligrosas puede dar comienzo a la explotación sin que la autoridad que tiene que pronunciarse sobre el informe de seguridad haya comunicado expresamente al industrial sus conclusiones en lo tocante al examen del informe de seguridad;
               mantener en vigor unas normas como las previstas en el art. 21, apartado 3, del Decreto Legislativo no 344 de 1999, según el cual, cuando las medidas que el industrial tiene intención de adoptar para la prevención y la reducción de accidentes graves resulten manifiestamente inadecuadas, la autoridad competente no está obligada a prohibir el inicio de la explotación;
               no haber adoptado normas vinculantes que establezcan que las inspecciones permitirán un examen planificado y sistemático de los sistemas técnicos, de organización y de gestión aplicados en el establecimiento de que se trate, con el fin de garantizar que el industrial pueda demostrar que se han adoptado las medidas adecuadas, habida cuenta de las actividades llevadas a cabo en el establecimiento, para prevenir cualesquiera accidentes graves y para garantizar que el industrial pueda comprobar que se dispone de los medios suficientes para limitar las consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del lugar; y
               no haber adoptado unas normas que prevean que las inspecciones deben garantizar que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad, o en otro de los informes presentados reflejan fielmente la situación del establecimiento.
            
         
               2)
            
            
               Condene en costas a la República Italiana.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas establece que el industrial de un establecimiento en que se se encuentren sustancias peligrosas está obligado a presentar a la autoridad competente un informe de seguridad. La República Italiana dio cumplimiento a la Directiva mediante el Decreto Legislativo no 334 de 17 de agosto de 1999.
   La Comisión señala, en primer lugar, que, con arreglo al artículo 9, apartado 4, de la Directiva, el industrial no puede iniciar la explotación sin haber obtenido una autorización expresa de la autoridad competente.
   No obstante, el Decreto Legislativo permite que el industrial inicie la explotación sin que la autoridad competente haya comunicado expresamente sus conclusiones en lo tocante al examen del informe de seguridad.
   Por otra parte, como se desprende del artículo 17, apartado 1, de la Directiva, la autoridad competente está obligada a prohibir la explotación cuando las medidas que el industrial tiene intención de adoptar para la prevención y la reducción de accidentes graves sean manifiestamente insuficientes.
   Sin embargo, el Decreto Legislativo parece relevar a la autoridad competente de tal obligación.
   Por último, con arreglo al artículo 18, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros deben adoptar normas vinculantes que prevean inspecciones que permitan un examen planificado y sistemático de los sistemas técnicos, de organización y de gestión aplicados en el establecimiento de que se trate, para garantizar que el industrial pueda demostrar que ha tomado las medidas adecuadas, habida cuenta de las actividades realizadas en el establecimiento, para prevenir accidentes graves, y para garantizar que el industrial pueda demostrar que dispone de medios suficientes para limitar las consecuencias de accidentes graves dentro y fuera del lugar. Además, siempre según el artículo 18, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros deben adoptar normas que establezcan que las inspecciones garantizan que los datos y la información facilitados en el informe de seguridad, o en otro de los informes presentados, reflejan fielmente el estado del establecimiento.
   No obstante, el Decreto Legislativo no ejecutó tales disposiciones, sino que se limitó a remitirse a un Decreto posterior de adaptación del ordenamiento jurídico interno que actualmente aún no se ha adoptado.
   Por consiguiente, a la luz de cuanto precede, la Comisión sostiene que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 9, apartado 4, 17, apartado 1, y 18, apartado 1, guiones primero, segundo y tercero, de la Directiva.
   
      (1)  DO L 10 de 14.10.1997, p. 13.