CELEX: 61979CJ0136
Language: es
Date: 1980-06-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1980. # National Panasonic (UK) Limited contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Visitas de inspección de la Comisión. # Asunto 136/79.

SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 136/79
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                              de 26 de junio de 1980 *
    En el asunto 136/79,
    National Panasonic (UK) Limited, representada por los Sres. David Vaughan,
    Barrister de Inner Temple, y D.F. Gray, Solicitor de Loveli, White & King, que
    designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me J.C. Wolter, 2, rue
    Goethe,
                                                                 parte demandante,
                                        contra
    Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero
    Jurídico Sr. John Temple Lang, que designa como domicilio en Luxemburgo
    el despacho del Sr. Mario Cervino, Consejero Jurídico de la Comisión de las
    Comunidades Europeas, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg.
                                                                 parte demandada,
    que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión, de
    22 de junio de 1979, relativa a las visitas de inspección que deben efectuarse
    conforme al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17/62 del Consejo,
    *
      Lengua de procedimiento: inglés.
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                        EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
  integrado por los Sres. H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
  Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
  Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
  Abogado General: Sr. J.P. Warner;
  Secretario: Sr. A. Van Houtte;
  dicta la siguiente
                                     Sentencia
  (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                           Fundamentos de Derecho
1 Mediante recurso de 24 de agosto de 1979, National Panasonic (UK) Limited,
  con domicilio social en el Reino Unido (en lo sucesivo, «National Panasonic»),
  solicitó, con arreglo a los artículos 173 y 174 del Tratado CEE, la anulación de
  la Decisión de la Comisión, de 22 de junio de 1979, relativa a las visitas de
  inspección que deben efectuarse conforme al apartado 3 del artículo 14 del
  Reglamento n° 17 del Consejo (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22).
  Mediante el mismo recurso, la demandante solicitó, además, que se conminara
  a la Comisión a devolver a National Panasonic todas las copias de documentos
  hechas por los funcionarios de la Comisión durante estas visitas de inspección,
  a destruir las notas que se tomaron con ocasión de las visitas y a
  comprometerse a no hacer uso alguno de dichos documentos, notas o
  informaciones.
                                                                               611
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 2   La empresa demandante es una sociedad inglesa, filial de la empresa japonesa
     «Matsushita Electric Industrial Company» y distribuidor exclusivo en el Reino
     Unido de los productos electrónicos «National Panasonic» y «Technics»,
     destinados a la venta al consumidor. Otra filial del grupo Matsushita es la
     empresa National Panasonic Vertriebsgesellschaft mbH, con domicilio social
     en la República Federal de Alemania, distribuidor de los productos National
     Panasonic en dicho Estado miembro.
 3   El 11 de enero de 1977, la sociedad alemana antes mencionada notificó a la
     Comisión un acuerdo relativo a la distribución de los productos National
    Panasonic, solicitando una declaración negativa o una exención con arreglo al
    apartado 3 del artículo 85 del Tratado.
4   Aunque la notificación no indicaba si el acuerdo iba o no acompañado de una
    prohibición de exportar a otro Estado miembro, ciertas informaciones reunidas
    por la Comisión revelaron que National Panasonic imponía a sus revendedores
    la obligación de no reexportar los productos National Panasonic y Technics a
    otros Estados miembros.
5   Basándose en dichas informaciones, la Comisión estimó que podía considerar
    que la demandante había participado y participaba todavía en acuerdos y
    prácticas concertadas contrarios al artículo 85 del Tratado CEE y, en
    consecuencia, decidió proceder a una visita de inspección conforme al
    Reglamento n° 17 del Consejo y, más en particular, al apartado 3 de su artículo
     14. A tal efecto adoptó, el 22 de junio de 1979, la Decisión impugnada, que
    establecía, entre otras cosas, en el artículo 3, que los agentes acreditados por
    la Comisión la notificarían inmediatamente antes del inicio de la visita de
    inspección, mediante su entrega en mano a los representantes de la empresa
    afectada.
6   La visita de inspección de la que se trata fue efectuada el 27 de junio de 1979
    por dos funcionarios acreditados por la Comisión, los cuales se presentaron en
    la oficina de ventas de National Panasonic de Slough, Berkshire, acompañados
    por un funcionario del «Office of Fair Trading» que es, en el Reino Unido, la
    «autoridad competente» y que debe ser oído conforme al apartado 4 del artículo
    14 del Reglamento n° 17, y, tras notificar la Decisión antes mencionada
    mediante su entrega en mano, procedieron efectivamente a las operaciones de
    inspección, sin esperar a que llegara el asesor jurídico de la interesada. Ese
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  mismo día abandonaron las oficinas de la empresa, llevándose copias de varios
  documentos, así como notas tomadas durante la visita de inspección.
7 La demandante niega la conformidad a Derecho de esta visita de inspección,
  afirmando que la Decisión de la Comisión por la que se ordenó está viciada de
  ilegalidad. En apoyo de su recurso formula cuatro motivos, alegando que dicha
  Decisión infringe el artículo 14 del Reglamento n° 17, viola derechos
  fundamentales, no está suficientemente motivada y contraviene el principio de
  proporcionalidad.
  a) En cnanto a la infi-acción del artículo 14 del Reglamento n" 17
8 La demandante afirma, en primer lugar, que la Decisión impugnada es ilegal
  porque no se adecúa a la letra ni al espíritu de las disposiciones del apartado
  3 del artículo 14 del Reglamento n° 17 del Consejo. A este respecto, afirma
  que, correctamente interpretadas, dichas disposiciones prevén un
  procedimiento en dos fases, que sólo permite que la Comisión adopte una
  Decisión por la que se obligue a una empresa a someterse a visitas de
  inspección después de haber intentado efectuarlas sobre la base de un mandato
  escrito a favor de sus 'propios agentes. Tanto el artículo 11 del mismo
  Reglamento, que presenta una estructura similar e impone un procedimiento en
  dos fases, como el apartado 1 del artículo 13, que distingue entre las visitas de
  inspección realizadas por la Comisión de manera informal y las ordenadas
  mediante Decisión, confirman esta interpretación.
9 Este razonamiento no parece fundado. Para permitir que la Comisión cumpla
  con la misión que se le confía de velar por el respeto de las normas sobre la
  competencia en el mercado común, el Reglamento n° 17 prevé, en su octavo
  considerando, que «debe [...] disponer [...], en el ámbito del mercado común,
  del poder de exigir las informaciones y de proceder a las verificaciones que son
  necesarias para descubrir los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas
  prohibidos por el apartado 1 del artículo 85, así como la explotación abusiva
  de una posición dominante prohibida por el artículo 86». A tal efecto, dicho
  Reglamento establece procedimientos distintos, lo que prueba que el ejercicio
  de las facultades reconocidas a la Comisión en materia de información y en
  materia de visitas de inspección no responde a los mismos requisitos.
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 10 Los apartados 2, 3 y 5 del artículo 11, relativo a la facultad de la Comisión de
    solicitar la información que considere necesaria, disponen lo siguiente:
    «2. Cuando la Comisión dirija una solicitud de información a una empresa
    o asociación de empresas, cursará, simultáneamente, una copia de esta petición
    a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre
    la sede de la empresa o de la asociación de empresas.
    3. En su solicitud la Comisión indicará las bases jurídicas y el objeto de
    aquélla, así como las sanciones previstas en la letra b) del apartado 1 del
    artículo 15 del presente Reglamento para el caso en que se le suministre una
    información inexacta.
    [...]
    5. Si una empresa o asociación de empresas no facilitare la información
    requerida en el plazo fijado por la Comisión, o la suministrare de forma
    incompleta, la Comisión la pedirá mediante Decisión. En esta se precisará la
    información solicitada, se fijará un plazo apropiado en el que se deberá
    suministrar la información y se indicarán las sanciones previstas en la letra b)
    del apartado 1 del artículo 15, y en la letra c) del apartado 1 del artículo 16, así
    como el recurso que se puede interponer ante el Tribunal de Justicia contra la
    Decisión.»
    De este texto se deduce que, efectivamente, el artículo de que se trata prevé,
    para el ejercicio de dicha facultad, un procedimiento en dos fases, de las que
    la segunda, que implica la adopción por la Comisión de una Decisión que
    «precisará la información solicitada», sólo puede iniciarse si ha resultado
    infructuosa la primera fase, caracterizada por el envío de una solicitud de
    información a las empresas o asociaciones de empresas.
11 Por el contrario, el artículo 14 del mismo Reglamento, relativo a las facultades
    de la Comisión «en materia de verificación», presenta una estructura distinta.
    Los apartados 2 y 3 de dicho artículo, que definen los requisitos para el
    ejercicio de estas facultades, están redactados en los siguientes términos:
    «2. Los agentes acreditados por la Comisión para efectuar esas verificaciones
    ejercerán sus facultades en base a la presentación de un mandato escrito que
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   indique el objeto y la finalidad de la verificación, así como la sanción prevista
   en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 del presente Reglamento, en el caso
   de que los libros u otros documentos profesionales requeridos fueran
   presentados de manera incompleta. La Comisión dará aviso, con la suficiente
   antelación, a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio
   deba ser efectuada la verificación, de esta misión y de la identidad de los
   agentes acreditados.
   3. Las empresas y asociaciones de empresas deberán someterse a las
   verificaciones que la Comisión haya ordenado mediante Decisión. En ésta se
   señalará el objeto y la finalidad de la verificación, se fijará la fecha en la que
   dará comienzo y se indicarán las sanciones previstas en la letra c) del apartado
   1 del artículo 15 y en la letra d) del apartado 1 del artículo 16, así como el
   recurso [que quepa interponer] ante el Tribunal de Justicia contra la Decisión.»
   Esta disposición no excluye ciertamente que la Comisión pueda proceder a
   visitas de inspección sin adoptar una Decisión, únicamente mediante mandato
   escrito dado a sus agentes, pero, por otra parte, no contiene elemento alguno
   del que se deduzca que sólo puede adoptar una Decisión a efectos del apartado
   3 si, previamente, ha intentado efectuar una visita de inspección mediante
   simple mandato. Mientras que el apartado 5 del artículo 11 subordina
   expresamente la adopción de una Decisión de la Comisión al requisito de que
   ésta haya pedido previamente la información necesaria mediante solicitud
   «dirigida a los interesados» y su apartado 3 fija con precisión los elementos
   fundamentales que debe contener tal solicitud, el artículo 14 no subordina el
   procedimiento de inspección mediante Decisión a requisitos previos de este
   tipo.
12 La demandante invoca equivocadamente en apoyo de su teoría el texto del
   apartado 1 del artículo 13 del mismo Reglamento, que establece que, a petición
   de la Comisión, las autoridades nacionales procederán a las visitas de
   inspección que la Comisión juzgue oportunas con arreglo al apartado 1 del
   artículo 14 o que haya ordenado mediante Decisión tomada conforme al
   apartado 3 del artículo 14. Al distinguir entre ambos procedimientos de
   inspección, dicha disposición revela claramente, por la palabra «o», que estos
   dos procedimientos no se acumulan necesariamente, sino que constituyen dos
   posibilidades alternativas de control, cuya elección depende de las
   particularidades de cada caso.
                                                                                   615
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 13 La diferencia de regulación que existe en la materia entre los artículos 11 y 14,
    antes citados, se explica, por lo demás, por la diversidad de las exigencias a las
    que responden ambas disposiciones. Mientras que la información que la
    Comisión considere oportuno conocer no pueda reunirse, por regla general, sin
    la colaboración de las empresas o asociaciones de empresas que la poseen, las
    visitas de inspección, por el contrario, no dependen necesariamente de este
    mismo requisito. En general, tienen por objeto controlar, a través de medidas
    como las enumeradas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 14 del
    Reglamento n° 17, el carácter real y el alcance de la información de la que
    dispone la Comisión y, en consecuencia, no suponen necesariamente una
    colaboración previa por parte de las empresas o asociaciones de empresas que
    poseen los elementos materiales indispensables para el control.
 14 Por otra parte la demandante afirma que si el artículo í 4 del Reglamento
    tuviera que interpretarse de forma diferente que el artículo 11, en el sentido de
    que permitiera que la Comisión adoptara una Decisión de efectuar una visita
    de inspección sin proceder previamente a una visita de inspección tal como la
    prevista en el apartado 2 del artículo 14, la Comisión, recurriendo al
    procedimiento de ese mismo artículo, podría eludir los requisitos del artículo
    11 y evitar así las garantías que este último ofrece a las empresas y
    asociaciones de empresas afectadas.
15 No obstante, este razonamiento no tiene en cuenta la distinción establecida por
    el propio Reglamento entre la «información» del artículo 11 y las
    «verificaciones» del artículo 14. El hecho de que, al efectuar una visita de
    inspección, los agentes acreditados por la Comisión dispongan de la facultad
    de solicitar, durante la visita, información sobre cuestiones concretas
    específicas derivadas de los libros y documentos profesionales que examinan,
    no basta para afirmar que una visita de inspección se identifica con un
    procedimiento cuyo único objeto es obtener información, en el sentido del
    artículo 11 del Reglamento.
16 Por todas estas razones procede desestimar el primer motivo como infundado.
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    b) En cnanto a la violación de los derechos fundamentales
17 A continuación la demandante alega que, al no comunicarle previamente la
    Decisión impugnada de efectuar una visita de inspección, la Comisión violó,
    en el presente asunto, derechos fundamentales de la interesada, en particular
    el derecho a recibir notificación previa de la intención de aplicar una Decisión
    que le afecte, así como el derecho a ser oída antes de que se adopte una
    Decisión que lesione sus derechos y el derecho a hacer uso de la posibilidad
    que le reconoce el artículo 185 del Tratado de solicitar la suspensión de la
    ejecución de dicha Decisión. La demandante invoca, en particular, el artículo
    8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
    Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, a tenor del cual «toda
    persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio
   y su correspondencia». Considera que estas garantías deben asegurarse
   también, mutatis mutandis, a las personas jurídicas.
18 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14 de mayo de
    1974, Nold (4/73,*- Rec. pp. 419 y ss., especialmente p. 508), los derechos
   fundamentales forman parte integrante de los principios generales del Derecho,
   cuyo respeto asegura el propio Tribunal, conforme a las tradiciones
   constitucionales comunes a los Estados miembros, así como a los Tratados
    internacionales en los que han sido parte o a los que se han adherido los
   Estados miembros.
19 A este respecto, procede señalar que, en cuanto que se aplica a personas
   jurídicas, el artículo 8 del Convenio Europeo, al mismo tiempo que enuncia el
   principio de la no injerencia de las autoridades públicas en el ejercicio de los
   derechos a los que se refiere el apartado 1, admite, en el apartado 2, que dicha
    injerencia es posible en tanto en cuanto «esté prevista por la Ley y constituya
   una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad
   nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del
   orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la
   protección de los derechos y libertades de los demás».
20 En el presente asunto -tal como se deduce de los considerandos séptimo y
   octavo del Reglamento n° 17—, las facultades reconocidas a la Comisión por el
   artículo 14 de dicho Reglamento tienen por objeto permitir que ésta cumpla con
    la misión que le confía el Tratado CEE de velar por el respeto de las normas de
                                                                                 617
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    competencia en el mercado común. Tal como se deduce del párrafo cuarto del
    Preámbulo del Tratado, de la letra f) del artículo 3 y de los artículos 85 y 86,
    la función de dichas normas es evitar que se falsee la competencia en perjuicio
    del interés general, de las empresas individuales y de los consumidores. El
    ejercicio de las facultades reconocidas a la Comisión por el Reglamento n° 17
    contribuye al mantenimiento del régimen de competencia establecido por el
    Tratado, cuyo respeto se impone imperativamente a las empresas. En
    consecuencia, en estas circunstancias, no parece que, al reconocer a la
    Comisión las facultades de proceder a visitas de inspección sin comunicación
    previa, el Reglamento n° 17 suponga una violación del derecho invocado por
    la demandante.
21 Por otra parte, por lo que respecta, más en particular, a la tesis según la cual la
    demandante fue privada, en el presente asunto, del derecho a ser oída antes de
    que se adoptara una Decisión respecto a ella, es necesario precisar que el
    ejercicio de este derecho de defensa se inscribe principalmente en el marco de
    los procedimientos judiciales o administrativos que tienen por objeto hacer que
    cese una infracción o declarar una incompatibilidad jurídica, tales como los
    procedimientos a los que se refiere el Reglamento n° 99/63/CEE de la
    Comisión, de 25 de julio de 1963 (DO 1963,127, p. 2268;EE 08/01, p. 62). Por
    el contrario, el procedimiento de inspección del que se trata en el artículo 14
    del Reglamento n° 17 no tiene por objeto hacer que cese una infracción o
    declarar una incompatibilidad jurídica, sino solamente permitir que la
    Comisión reúna la documentación necesaria para comprobar el carácter real y
    el alcance de una determinada situación de hecho y de Derecho. Sólo si la
    Comisión considera que los elementos de valoración así reunidos justifican el
    inicio de un procedimiento a efectos del Reglamento n° 99/63, antes
    mencionado, la empresa o asociación de empresas afectada deberá ser oída,
    antes de que se adopte dicha Decisión, de conformidad con el apartado 1 del
    artículo 19 del Reglamento n° 17 y las disposiciones del Reglamento n° 99/63.
    Es precisamente esta diferencia sustancial entre las Decisiones adoptadas como
    consecuencia de este procedimiento y las Decisiones por las que se ordena una
    visita de inspección la que explica el tenor del apartado 1 del artículo 19, antes
    mencionado, el cual, al enumerar las Decisiones que la Comisión no puede
    adoptar antes de haber dado a los interesados la posibilidad de ejercitar su
    derecho de defensa, no menciona la prevista en el apartado 3 del artículo 14 del
    mismo Reglamento.
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22 Por ùltimo, la alegación según la cual la falta de información previa privó a la
   demandante de la posibilidad de hacer uso del derecho a solicitar al Tribunal
   de Justicia la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, que le
   reconoce el artículo 185 del Tratado, va en contra del propio contenido del
   artículo 185. En efecto, esta disposición supone que se adoptó una Decisión y
   que ésta produjo sus efectos jurídicos, mientras que la comunicación previa,
   que la demandante reprocha a la Comisión no haberle transmitido, tendría que
   haber precedido a la adopción de la Decisión impugnada y no hubiera podido
   tener efectos obligatorios.
23 Teniendo en cuenta estas consideraciones, el segundo motivo tampoco parece
   fundado.
   c) En cnanto a la falta de motivación
24 La demandante afirma también que la Decisión impugnada no es conforme a
   Derecho en cuanto no está motivada, o no lo está suficientemente, en particular
   debido a que no indica, en forma alguna, las razones por las que la Comisión
   aplicó en el caso de autos el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento n° 17,
   sin intentar antes proceder a una visita de inspección informal.
25 El propio artículo 14, antes citado, define en el apartado 3 los elementos
   esenciales de motivación de la Decisión por la que se ordena una visita de
   inspección, estableciendo que «se señalará el objeto y la finalidad de la
   verificación, se fijará la fecha en la que dará comienzo y se indicarán las
   sanciones previstas en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 y en la letra d)
   del apartado 1 del artículo 16, así como el recurso [que cabe interponer] ante
   el Tribunal de Justicia contra la Decisión».
26 Ha quedado acreditado que la Decisión impugnada señala en su exposición de
   motivos la finalidad perseguida, que consiste en comprobar la concurrencia de
   circunstancias que puedan poner de manifiesto la posible existencia de una
    prohibición de exportar contraria al Tratado, e indica las sanciones previstas
    en la letra c) del apartado 1 del artículo 15 y en la letra d) del apartado 1 del
    artículo 16 del Reglamento n° 17. También ha quedado acreditado que, en los
    artículos 1 y 2, señala los elementos a los que debe referirse la visita de
    inspección decidida, así como el lugar y la fecha en que se efectuará. Por
                                                                                 619
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      último, el párrafo segundo del artículo 3 de la Decisión indica las posibilidades
      de recurso ante el Tribunal de Justicia de las que se dispone contra dicha
     Decisión, de acuerdo con el artículo 173 del Tratado.
 27 Teniendo en cuenta estos elementos, resulta que la Decisión impugnada
     satisface las exigencias del Reglamento n° 17 en cuanto a su motivación y que
     procede desestimar el presente motivo como infundado.
     d) En cuanto a la violación del principio de proporcionalidad
 28 La demandante observa además, que el principio de proporcionalidad, tal como
     lo establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, implica que sólo puede
    justificarse una Decisión de efectuar una visita de inspección adoptada sin
    procedimiento previo si la situación es muy grave, si hay extrema urgencia y
    si se requiere absoluta discreción antes de que se inicien las operaciones de
    control. Por último, señala que, al no indicar en su motivación ninguna de estas
    circunstancias, la Decisión impugnada contraviene dicho principio.
 29 La opción de la Comisión entre la visita de inspección mediante simple
    mandato y la visita de inspección ordenada por vía de Decisión no depende de
    las circunstancias invocadas por la demandante, sino de las necesidades de una
    investigación adecuada, teniendo en cuenta las particularidades del caso de
    autos.
3 0 Considerando que la Decisión impugnada tenía únicamente por objeto permitir
    que la Comisión reuniera los elementos necesarios para apreciar la posible
    existencia de una violación del Tratado, no parece, en consecuencia, que la
    Comisión haya actuado en el presente asunto de forma desproporcionada
    respecto al objetivo perseguido ni, por lo tanto, que haya violado el principio
    de proporcionalidad.
31 Por todas estas razones, dado que tampoco puede acogerse este último motivo,
    procede desestimar el recurso como infundado.
620
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   Costas
32 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, Ia
   parte que pierda el proceso será condenada en costas.
33 Por haber sido desestimados los motivos de la parte demandante, procede
   condenarla en costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                        EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
   decide:
   1) Desestimar el recurso.
   2) Condenar en costas a la parte demandante.
   Kutscher      O'Keeffe        Touffait       Mertens de Wilmars     Pescatore
   Mackenzie Stuart              Bosco              Koopmans                Due
   Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1980.
   El Secretario                                                   El Presidente
   A. Van Houtte                                                    H. Kutscher
                                                                             621