CELEX: 62004TJ0016
Language: es
Date: 2010-03-02
Title: Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 2 de marzo de 2010. # Arcelor SA contra Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. # Medio ambiente - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Recurso de anulación - Falta de afectación directa e individual - Solicitud de indemnización del perjuicio - Admisibilidad -Violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que confiere derechos a los particulares - Derecho de propiedad - Libertad para ejercer una actividad profesional - Proporcionalidad - Igualdad de trato - Libertad de establecimiento - Seguridad jurídica. # Asunto T-16/04.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
      de 2 de marzo de 2010 (*)
      
      «Medio ambiente – Directiva 2003/87/CE – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Recurso de anulación – Falta de afectación directa e individual – Solicitud de indemnización del perjuicio – Admisibilidad –Violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que confiere derechos a los particulares – Derecho de propiedad – Libertad para ejercer una actividad profesional – Proporcionalidad – Igualdad de trato – Libertad de establecimiento – Seguridad jurídica»
      En el asunto T‑16/04,
      Arcelor SA, con domicilio social en Luxemburgo, representada inicialmente por los Sres. W. Deselaers y B. Meyring y la Sra. B. Schmitt-Rady,
         y posteriormente por los Sres. Deselaers y Meyring, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Parlamento Europeo, representado inicialmente por los Sres. K. Bradley y M. Moore, y posteriormente por el Sr. L. Visaggio y la Sra. I. Anagnostopoulou,
         en calidad de agentes,
      
      y
      Consejo de la Unión Europea, representado inicialmente por los Sres. B. Hoff-Nielsen y M. Bishop, posteriormente por las Sras. E. Karlsson y A. Westerhof
         Löfflerova, y por último por las Sras. Westerhof Löfflerova y K. Michoel, en calidad de agentes,
      
      partes demandadas,
      apoyados por
      Comisión Europea, representada por el Sr. U. Wölker, en calidad de agente,
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto, por un lado, un recurso de anulación parcial de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
         Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
         efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32), y, por otro
         lado, una solicitud de indemnización del perjuicio sufrido por la demandante como consecuencia de la adopción de dicha Directiva,
         
      
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. J. Azizi (Ponente), Presidente, y la Sra. E. Cremona y el Sr. S. Frimodt Nielsen, Jueces;
      Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de abril de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico 
      I.      Normas del Tratado CE
      1        El artículo 174 CE dispone en particular:
      
      «1.      La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:
      –        la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente;
      –        la protección de la salud de las personas;
      –        la utilización prudente y racional de los recursos naturales;
      –        el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.
      2.      La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado,
         teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios
         de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la
         fuente misma, y en el principio de quien contamina paga.
      
      […]
      3.      En la elaboración de su política en el área del medio ambiente, la Comunidad tendrá en cuenta:
      –        los datos científicos y técnicos disponibles;
      –        las condiciones del medio ambiente en las diversas regiones de la Comunidad;
      –        las ventajas y las cargas que puedan resultar de la acción o de la falta de acción;
      –        el desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones.
      […]»
      2        El artículo 175 CE, apartado 1, establece:
      
      «El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 [CE] y previa consulta al Comité Económico y Social
         y al Comité de las Regiones, decidirá las acciones que deba emprender la Comunidad para la realización de los objetivos fijados
         en el artículo 174 [CE].»
      
      II.    Directiva impugnada
      3        La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen
         para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva
         96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva impugnada»), que entró en vigor el 25 de octubre de 2003,
         establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Comunidad
         (en lo sucesivo, «régimen para el comercio de derechos de emisión») a fin de fomentar la reducción de las emisiones de estos
         gases, en particular del dióxido de carbono (en lo sucesivo, «CO2») de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente (artículo 1 de la Directiva impugnada). La Directiva
         se basa en las obligaciones que incumben a la Comunidad con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
         Cambio Climático y al Protocolo de Kioto. Este último fue aprobado mediante la Decisión 2002/358/CE, de 25 de abril de 2002,
         relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones
         Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (DO L 130,
         p. 1). Dicho Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005.
      
      4        La Comunidad y sus Estados miembros se comprometen a reducir sus emisiones antropogénicas globales de los gases de efecto
         invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo de Kioto en un 8 % respecto a los niveles de 1990, en el período comprendido
         entre 2008 y 2012 (cuarto considerando de la Directiva impugnada). A tal efecto, han acordado cumplir conjuntamente sus compromisos
         de reducir las emisiones de conformidad con el artículo 4 del Protocolo de Kioto según un acuerdo denominado de «reparto de
         la carga», cuya tabla de contribuciones de cada Estado miembro figura en el anexo II de la Decisión 2002/358.
      
      5        El Protocolo de Kioto establece tres mecanismos para permitir a los países participantes alcanzar sus objetivos de reducción
         de las emisiones de gases de efecto invernadero, a saber, en primer lugar, el comercio internacional de derechos de emisión,
         en segundo lugar, la realización conjunta de proyectos de reducción y, en tercer lugar, un mecanismo de desarrollo «limpio»,
         los dos primeros mecanismos se denominan igualmente «mecanismos flexibles». Mientras que la realización conjunta de proyectos
         de reducción pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países que participan en el Protocolo de
         Kioto, el mecanismo de desarrollo «limpio» se refiere a proyectos de reducción de emisiones realizados en países en vías de
         desarrollo que no han suscrito los objetivos de dicho Protocolo.
      
      6        Con el fin de poner en práctica, en el interior de la Comunidad, los objetivos de reducción establecidos por el Protocolo
         de Kioto y por la Decisión 2002/358, la Directiva impugnada dispone que, en el marco del régimen para el comercio de derechos
         de emisión, las emisiones de gases de efecto invernadero de los titulares de las instalaciones recogidas en su anexo I deben
         estar cubiertas por los derechos de emisión asignados con arreglo a los planes nacionales de asignación (en lo sucesivo, «PNA»).
         Si un titular consigue reducir sus emisiones, podrá vender su excedente de derechos de emisión a otros titulares. Inversamente,
         el titular de una instalación cuyas emisiones son excesivas podrá comprar los derechos de emisión necesarios a un titular
         que disponga de excedentes.
      
      7        Con arreglo al anexo I de la Directiva impugnada, están incluidas en su ámbito de aplicación, en particular, determinadas
         instalaciones de combustión destinadas a la producción energética así como a la producción y transformación de metales férreos,
         como son las «instalaciones para la producción de arrabio o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes
         instalaciones de colada de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora». 
      
      8        La Directiva impugnada establece una primera fase que va desde 2005 hasta 2007 (en lo sucesivo, «primer período de asignación»),
         anterior al primer período de compromisos previsto por el Protocolo de Kioto, seguida de una segunda fase que va desde 2008
         hasta 2012 (en lo sucesivo, «segundo período de asignación»), que coincide con el primer período de compromisos (artículo
         11 de la Directiva impugnada). Durante el primer período de asignación, la Directiva impugnada se aplica únicamente a uno
         de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II, a saber, el CO2, y únicamente a las emisiones generadas por las actividades a que se refiere el anexo I (artículo 2 de la Directiva impugnada),
         entre las que figura la producción y transformación de metales férreos.
      
      9        Más concretamente, el régimen para el comercio de derechos de emisión se fundamenta, por una parte, en la implantación de
         un régimen de autorización previa para emitir gases de efecto invernadero (artículos 4 a 8 de la Directiva impugnada) y, por
         otra parte, en la asignación de derechos que autorizan al titular de una explotación a emitir un determinado volumen dichos
         gases, con la obligación de entregar anualmente un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de su
         instalación (artículo 12, apartado 3, de la Directiva impugnada). 
      
      10      Así, toda instalación incluida en el anexo I de la Directiva impugnada deberá estar en posesión de una autorización expedida
         por la autoridad nacional competente. Con arreglo al artículo 4 de la Directiva impugnada, «los Estados miembros velarán por
         que, a partir del 1 de enero de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad enumerada en el anexo I que dé lugar
         a emisiones especificadas en relación con dicha actividad, salvo si su titular posee un permiso expedido por una autoridad
         competente de conformidad con el procedimiento contemplado en los artículos 5 y 6 o salvo si la instalación está temporalmente
         excluida del régimen [de comercio de derechos de emisión] con arreglo al artículo 27» de dicha Directiva.
      
      11      Por otro lado, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva impugnada dispone:
      
      «En los permisos de emisión de gases de efecto invernadero constarán las siguientes indicaciones:
      […]
      c)      los requisitos de seguimiento, especificando la metodología de seguimiento y su frecuencia;
      d)      los requisitos de notificación, y
      e)      obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes al final de cada año natural, derechos de emisión equivalentes a las
         emisiones totales de la instalación en dicho año, verificadas de conformidad con el artículo 15 [de la Directiva impugnada].»
      
      12      Las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales las autoridades nacionales competentes asignan derechos de emisión
         a los titulares de instalaciones, sobre la base de un PNA, están previstos en los artículos 9 a 11 de la Directiva impugnada.
      
      13      El artículo 9, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva impugnada dispone: 
      
      «Para cada período contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 11 [de la Directiva impugnada], cada Estado miembro elaborará
         un [PNA] que determinará la cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho período y el procedimiento
         de asignación. El [PNA] se basará en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el anexo III, teniendo
         debidamente en cuenta las observaciones del público. Sin perjuicio del Tratado [CE], y a más tardar el 31 de diciembre de
         2003, la Comisión desarrollará orientaciones para la aplicación de los criterios enumerados en el anexo III.»
      
      14      La Comisión de las Comunidades Europeas promulgó una primera versión de las orientaciones anteriormente mencionadas en el
         marco de su Comunicación COM(2003) 830 final, de 7 de enero de 2004, Orientaciones para los Estados miembros sobre la aplicación
         de los criterios del anexo III de la Directiva impugnada, y circunstancias en las que queda demostrada la situación de fuerza
         mayor. Mediante su Comunicación COM(2005) 703 final, de 22 de diciembre de 2005, la Comisión publicó las orientaciones complementarias
         para los PNA del segundo período de asignación (en lo sucesivo, «Orientaciones complementarias de la Comisión»).
      
      15      Con arreglo al artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva impugnada:
      
      «Para el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11 [de la Directiva impugnada], dicho [PNA] se publicará y se notificará
         a la Comisión y a los demás Estados miembros el 31 de marzo de 2004 a más tardar. Para los períodos subsiguientes, el [PNA]
         se publicará y se notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros al menos dieciocho meses antes del principio del
         período correspondiente.»
      
      16      Según el artículo 9, apartado 3, de la Directiva impugnada: 
      
      «En un plazo de tres meses a partir de la notificación del [PNA] de un Estado miembro de conformidad con el apartado 1, la
         Comisión podrá rechazar dicho [PNA], o cualquiera de sus elementos, por razón de su incompatibilidad con el artículo 10 [de
         la Directiva impugnada] o con los criterios que figuran en el anexo III. El Estado miembro sólo tomará una decisión en virtud
         de los apartados 1 o 2 del artículo 11 [de la Directiva impugnada] si la Comisión acepta las enmiendas propuestas. La Comisión
         deberá motivar sistemáticamente su decisión de rechazar un plan o cualquiera de sus elementos.»
      
      17      Con arreglo al artículo 10 de la Directiva impugnada, los Estados miembros han de asignar gratuitamente al menos el 95 % de
         los derechos de emisión durante el primer período de asignación, y al menos el 90 % durante el segundo.
      
      18      El artículo 11 de la Directiva impugnada sobre la asignación y expedición de derechos de emisión dispone:
      
      «1.       Para el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005, cada Estado miembro decidirá la cantidad total de derechos
         de emisión que asignará para ese período y su asignación al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos
         tres meses antes del principio del período y se basará en el [PNA] elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con
         el artículo 10 [de la Directiva impugnada], teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público. 
      
      2.       Para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, y para cada período de cinco años subsiguiente, cada Estado
         miembro decidirá la cantidad total de derechos de emisión que asignará para ese período e iniciará su proceso de asignación
         al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos doce meses antes del principio del período y se basará en
         el [PNA] del Estado miembro elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10 [de la Directiva impugnada],
         teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público.
      
      3.       Las decisiones tomadas en virtud de los apartados 1 o 2 deberán ser conformes a los requisitos del Tratado, en particular
         a sus artículos 87 y 88. Al decidir la asignación, los Estados miembros tendrán en cuenta la necesidad de dar acceso a los
         derechos de emisión a los nuevos entrantes.
      
      […]»
      19      El anexo III de la Directiva impugnada enumera once criterios aplicables a los PNA. 
      
      20      El criterio nº 1 del anexo III de la Directiva impugnada dispone:
      
      «La cantidad total de derechos de emisión por asignar durante el período pertinente será compatible con la obligación del
         Estado miembro de limitar sus emisiones de conformidad con la Decisión 2002/358 […] y el Protocolo de Kioto, teniendo en cuenta,
         por un lado, el porcentaje de las emisiones globales que representan dichos derechos en comparación con las emisiones de fuentes
         no contempladas en la presente Directiva y, por otro, las medidas nacionales en materia de energía; será coherente asimismo
         con el programa nacional relativo al cambio climático. La cantidad total de derechos de emisión por asignar no será superior
         a la cantidad que probablemente resulte necesaria para aplicar estrictamente los criterios del presente anexo. Antes de 2008,
         la cantidad será compatible con el propósito de alcanzar o superar el objetivo correspondiente a cada Estado miembro de conformidad
         con la Decisión 2002/358 […] y el Protocolo de Kioto.»
      
      21      El criterio nº 3 del anexo III de la Directiva impugnada establece:
      
      «Las cantidades de derechos de emisión por asignar serán coherentes con el potencial, incluido el potencial tecnológico, de
         reducción de las emisiones de las actividades sujetas al presente régimen [de comercio de derechos de emisión]. Los Estados
         miembros podrán basar su distribución de derechos de emisión en el promedio de las emisiones de gases de efecto invernadero
         por producto en cada sector de actividad y en los progresos alcanzables en cada actividad.» 
      
      22      Con arreglo al criterio nº 6 del anexo III de la Directiva impugnada «el [PNA] incluirá información sobre la manera en que
         los nuevos entrantes podrán comenzar a participar en el régimen [de comercio de derechos de emisión] en el Estado miembro
         de que se trate».
      
      23      Según el criterio nº 7 del anexo III de la Directiva impugnada «el [PNA] podrá contener medidas tempranas [de reducción de
         emisiones] e incluirá información sobre la manera en que se tendrán en cuenta las medidas tempranas». Con arreglo a ese mismo
         criterio, «los Estados miembros podrán utilizar parámetros procedentes de los documentos de referencia relativos a las mejores
         técnicas disponibles para elaborar sus [PNA] de derechos de emisión; estos parámetros podrán prever un elemento que dé cabida
         a las acciones tempranas [de reducción de emisiones]».
      
      24      El artículo 12, apartado 1, de la Directiva impugnada prevé que los derechos de emisión puedan transferirse entre personas
         físicas o jurídicas en la Comunidad o en terceros países en la medida en que se haya concluido un acuerdo entre dichos países
         y la Comunidad de conformidad con el artículo 25 de la Directiva impugnada y que dichos derechos de emisión hayan sido mutuamente
         reconocidos por la autoridad competente de cada Estado miembro. Con arreglo al artículo 12, apartado 3, de la Directiva impugnada
         el titular de cada instalación deberá entregar a la autoridad competente, antes del 1 de mayo de cada año, un número de derechos
         de emisión equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, para que dichos derechos
         se cancelen a continuación. 
      
      25      Según el artículo 13, apartado 1, de la Directiva impugnada, los derechos de emisión sólo serán válidos para las emisiones
         producidas durante el período para el que se hayan expedido.
      
      26      Con arreglo al artículo 16, apartado 2, de la Directiva impugnada, los Estados miembros velarán por que se publiquen los nombres
         de los titulares que hayan infringido la obligación de entregar derechos de emisión suficientes con arreglo a lo dispuesto
         en el artículo 12, apartado 3, de dicha Directiva impugnada. A tenor del artículo 16, apartados 3 y 4, de la Directiva impugnada,
         cualquier titular que no entregue suficientes derechos de emisión para cubrir sus emisiones del año anterior estará obligado
         a pagar una multa por exceso de emisiones de un importe de 40 euros durante el primer período de asignación y de 100 euros
         durante los períodos posteriores por cada tonelada excedentaria equivalente de CO2 emitida y no cubierta por los derechos de emisión entregados. Además, el pago de la multa impuesta por el exceso de emisiones
         no libera al titular de la obligación de entregar un número de derechos de emisión igual al total de sus emisiones.
      
      27      Con arreglo al artículo 24 de la Directiva impugnada, los Estados miembros podrán aplicar el régimen de comercio de derechos
         de emisión a actividades, instalaciones y gases de efecto invernadero adicionales siempre que la Comisión los apruebe de conformidad
         con el procedimiento contemplado en el artículo 23, apartado 2, de dicha Directiva en relación con la Decisión 1999/468/CE
         del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de
         ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), teniendo en cuenta todos los criterios pertinentes, en particular la
         incidencia en el mercado interior, las posibles distorsiones de la competencia, la integridad medioambiental del régimen para
         el comercio de derechos de emisión y la fiabilidad del sistema previsto de seguimiento y notificación. 
      
      28      El artículo 27 de la Directiva impugnada establece que los Estados miembros podrán solicitar igualmente a la Comisión que
         excluya temporalmente determinadas instalaciones del régimen para el comercio de derechos de emisión, petición que la Comisión
         puede acordar mediante decisión. Además, con arreglo al artículo 28 de la Directiva impugnada, los Estados miembros podrán,
         con el consentimiento de la Comisión, permitir que los titulares que lo hayan solicitado formen una agrupación de sus instalaciones
         dedicadas a la misma actividad. Por último, con arreglo al artículo 29 de la Directiva impugnada, los Estados miembros podrán
         solicitar a la Comisión que se asignen derechos de emisión adicionales a determinadas instalaciones en caso de fuerza mayor.
      
      29      El artículo 30 de la Directiva impugnada, denominado «Revisión y posterior desarrollo», establece:
      
      «[…]
      2.       Basándose en la experiencia adquirida con la aplicación de la presente Directiva y en los progresos registrados en el seguimiento
         de las emisiones de gases de efecto invernadero, y a la luz de la evolución del contexto internacional, la Comisión elaborará
         un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en el que examinará: 
      
      a)       si se debe modificar el anexo I, y el modo de hacerlo, para incluir otros sectores implicados tales como el químico, el del
         aluminio y el del transporte, y otras actividades y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II,
         con miras a mejorar la eficiencia económica del régimen [para el comercio de derechos de emisión];
      
      […]»
       Hechos y procedimiento
      30      La demandante, Arcelor SA, surgió como consecuencia de una fusión entre ARBED, Aceralia y Usinor en 2001. Tras su fusión con
         Mittal en 2006, se denomina ArcelorMittal y se ha convertido en el primer productor mundial de acero. Sin embargo, en el momento
         en que se interpuso el presente recurso la demandante representaba menos de un 5 % de la producción mundial de acero, con
         un volumen de producción de 44 millones de toneladas por año, de las cuales más del 90 % se producían en la Unión Europea.
         Posee 17 instalaciones de producción de arrabio en bruto y de acero en la Unión, que se encuentran en Francia (Fos-sur-Mer,
         Florange y Dunkerque), Bélgica (Lieja y Gante), España (Gijón-Avilés) y Alemania (Bremen y Eisenhüttenstadt).
      
      31      La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 15 de enero de 2004.
      
      32      En el escrito de interposición del recurso la demandante solicita al Tribunal que:
      
      –        Anule los artículos 4, 6, apartado 2, letra e), 9, 12, apartado 3, 16, apartados 2 a 4, en relación con el artículo 2, el
         anexo I y el criterio nº 1 del anexo III de la Directiva impugnada, en la medida en que dichas disposiciones (en lo sucesivo,
         «disposiciones controvertidas») se aplican a instalaciones destinadas a la producción de arrabio en bruto o de acero de colada
         continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora.
      
      –        Declare que el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea tienen la obligación de reparar los daños y perjuicios
         sufridos como consecuencia de la adopción de las disposiciones controvertidas;
      
      –        Condene en costas al Parlamento y al Consejo.
      33      En su réplica la demandante solicita además, con carácter subsidiario, que el Tribunal anule en su totalidad la Directiva
         impugnada. 
      
      34      Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal los días 1 y 6 de abril de 2004, el Parlamento y el
         Consejo propusieron respectivamente una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114 del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal. La demandante presentó sus observaciones sobre estas excepciones el 25 de junio de 2004.
      
      35      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de mayo de 2004, la Comisión solicitó, con arreglo al artículo
         115, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, intervenir en el presente procedimiento en apoyo del Parlamento y del Consejo.
         Mediante auto de 24 de junio de 2004, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal admitió dicha intervención. La Comisión
         presentó su escrito de formalización de la intervención limitada a la cuestión de la admisibilidad el 2 de septiembre de 2004,
         de conformidad con el artículo 116, apartado 4, del Reglamento de procedimiento.
      
      36      El Parlamento y el Consejo, en sus excepciones de inadmisibilidad, y la Comisión, en su escrito de formalización de la intervención
         sobre la admisibilidad, solicitan al Tribunal que:
      
      –        Desestime el recurso por inadmisible.
      –        Condene en costas a la demandante. 
      37      Mediante auto del Tribunal de 26 de septiembre de 2005, las excepciones de inadmisibilidad se unieron al examen del fondo
         y se reservó la decisión sobre las costas.
      
      38      El Consejo, en su escrito de contestación, el Parlamento, en su dúplica, y la Comisión en su escrito de formalización de la
         intervención sobre el fondo, solicitan además al Tribunal, con carácter subsidiario, que desestime el recurso por infundado.
      
      39      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera) decidió abrir la fase oral y, en el marco de las diligencias
         de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, instó al Parlamento, al Consejo
         y a la Comisión a responder a preguntas escritas antes de la vista. El Parlamento, el Consejo y la Comisión respondieron a
         dichas preguntas en los plazos impartidos.
      
      40      En la vista de 15 de abril de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales planteadas
         por el Tribunal. 
      
      41      En la vista, oídas las partes, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal General ordenó la suspensión del procedimiento,
         con arreglo al artículo 77, letra a), del Reglamento de Procedimiento, en relación con el artículo 54, párrafo tercero, del
         Estatuto del Tribunal de Justicia, hasta que el Tribunal de Justicia dictase sentencia en el asunto C‑127/07, de lo que se
         tomó nota en el acta de la vista. 
      
      42      Una vez que el Tribunal de Justicia dictó la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros (C‑127/07, Rec. p. I‑9895) el
         16 de diciembre de 2008, se invitó a las partes a presentar sus observaciones respecto de las eventuales consecuencias que
         se desprenden de dicha sentencia en el marco del presente procedimiento. Una vez que las partes presentaron sus observaciones
         en los plazos impartidos, se declaró concluida la fase oral del procedimiento.
      
      43      Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, el Tribunal ordenó la reapertura de la fase oral
         e invitó a las partes a pronunciarse sobre las eventuales consecuencias que deben extraerse en el marco del presente procedimiento
         de esta circunstancia y, en particular, de la entrada en vigor del artículo 263, párrafo cuarto, del Tratado FUE. Una vez
         que las partes presentaron sus observaciones se declaró concluida la fase oral del procedimiento.
      
       Fundamentos de Derecho
      I.      Sobre la admisibilidad de la pretensión de anulación 
      A.      Alegaciones de las partes
      1.      Alegaciones del Parlamento, del Consejo y de la Comisión 
      44      El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, consideran que la petición de anulación parcial de la Directiva impugnada
         es inadmisible. 
      
      45      Según el Parlamento y el Consejo, la Directiva impugnada es una «verdadera directiva» en el sentido del artículo 249 CE, párrafo
         tercero, es decir, un acto de alcance general al que debe adaptarse el Derecho nacional de los Estados miembros y que se aplica
         de manera abstracta a situaciones determinadas objetivamente. Pues bien, a juicio de dichas instituciones, el artículo 230 CE,
         párrafo cuarto, no contempla la posibilidad de que los particulares interpongan un recurso directo contra tal directiva.
      
      46      Además, el Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, consideran que las disposiciones controvertidas no afectan ni
         directa ni individualmente a la demandante, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      47      En lo que respecta al criterio de la afectación directa, el Parlamento y el Consejo sostienen, en esencia, que, a diferencia
         de un reglamento, una «verdadera directiva» no produce directamente efectos jurídicamente vinculantes para la situación jurídica
         de los particulares, ni les impone obligaciones jurídicas antes de que se adopten, a escala nacional o comunitaria, las medidas
         destinadas a su ejecución o que expire el plazo para la adaptación del Derecho interno a sus disposiciones. En consecuencia,
         consideran que tal directiva no puede, por sí sola, afectar directamente a los particulares en el sentido del artículo 230 CE,
         párrafo cuarto. Así, según estas instituciones, las disposiciones controvertidas relativas, en particular, a la expedición
         de los permisos de emisión, los requisitos de seguimiento y de notificación, la elaboración de un PNA así como la asignación
         y concesión de derechos de emisión, no imponen ninguna obligación a la demandante ni modifican su situación jurídica en tanto
         el Derecho interno no se haya adaptado a dichas disposiciones.
      
      48      Por otro lado, el Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, consideran que la Directiva impugnada concede un amplio
         margen de apreciación a los Estados miembros en cuanto a su ejecución mediante medidas de adaptación del Derecho interno,
         en particular en lo que respecta a la elaboración de un PNA con arreglo a su artículo 9, al establecimiento de un porcentaje
         mínimo de derechos de emisión que se deben asignar gratuitamente conforme a su artículo 10, al establecimiento, en virtud
         de su artículo 11, de la cantidad total de derechos de emisión para el período de asignación de que se trate y su asignación
         a los titulares de instalaciones con arreglo a los criterios de su anexo III. 
      
      49      El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate la tesis según la cual la Directiva impugnada priva a la demandante del beneficio
         de los permisos de emisión obtenidos en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa
         a la prevención y al control integrados de la contaminación (DO L 257, p. 26). A su juicio, la Directiva 96/61 no es más que
         un instrumento de coordinación que establece un marco general para los textos legislativos sectoriales y que define, en particular,
         las obligaciones generales de los titulares de explotaciones y las condiciones de autorización (noveno considerando de la
         Directiva 96/61). Sin embargo, según dichas instituciones, esta Directiva no concede derechos de emisión y tampoco constituye
         un fundamento jurídico directo para concederlos. En particular, la propia Directiva 96/61 no establece un límite para las
         emisiones (artículo 18 de la Directiva 96/61).
      
      50      El Parlamento y el Consejo concluyen de las anteriores consideraciones que las disposiciones controvertidas no afectan directamente
         a la demandante. 
      
      51      En lo que respecta al criterio de la afectación individual, el Consejo señala que la Directiva impugnada se aplica de manera
         general y abstracta a todos los operadores que ejercen las actividades mencionadas en el anexo I de dicha Directiva y a todas
         las grandes instalaciones que emiten CO2, incluidas las instalaciones de producción de arrabio o de acero. El Consejo añade que, con arreglo al criterio nº 6 del
         anexo III y al artículo 11, apartado 3, de la Directiva impugnada, los Estados miembros tienen la obligación de facilitar
         el acceso de los nuevos entrantes a los derechos de emisión. Además, desde el 1 de mayo de 2004, la Directiva impugnada se
         aplica a los productores de arrabio o de acero establecidos en los diez Estados miembros que se adhirieron en dicha fecha
         a la Unión y cuyas actividades están igualmente incluidas en el anexo I la referida Directiva.
      
      52      El Parlamento y el Consejo consideran que ni el artículo 175 CE, apartado 1, en tanto fundamento jurídico de las acciones
         de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, ni el artículo 174 CE, imponen al legislador comunitario una obligación de
         tener en cuenta la situación particular de determinados operadores a la hora de adoptar medidas de alcance general. A su juicio,
         tampoco se desprende tal obligación de otra norma jurídica superior, como los principios de proporcionalidad e igualdad de
         trato o los derechos fundamentales. Según el Parlamento y el Consejo, el derecho de un particular a interponer un recurso
         directo ante el juez comunitario no puede deducirse de esta circunstancia, so pena de vaciar de contenido los requisitos establecidos
         en el artículo 230 CE, párrafo cuarto. Añaden que, en todo caso, la demandante no ha demostrado que las disposiciones controvertidas
         hayan dado lugar a «consecuencias dramáticas» en su situación particular hasta el punto de que puedan considerarse contrarias
         a las normas superiores de Derecho invocadas.
      
      53      A este respecto, el Consejo rebate las alegaciones de la demandante basadas en su supuesta afectación particularmente seria
         debido a su condición de mayor productor de acero de Europa, cuya situación es, según la demandante, única debido a su actual
         reestructuración, su margen de beneficios limitado y las considerables reducciones de emisiones de CO2 ya realizadas. El Consejo sostiene que no basta con que algunos operadores se vean más afectados económicamente que sus competidores
         por un acto para que dicho acto les afecte individualmente. Según el Consejo, la demandante se ve afectada por el mero hecho
         de su situación objetiva de productor de arrabio o acero, al igual que cualquier otro productor que se encuentre en la misma
         situación. Asimismo, considera que el hecho de que un acto de alcance general pueda tener repercusiones concretas diferentes
         para los distintos sujetos de derecho a los que se aplique no caracteriza a la demandante frente a los operadores afectados,
         puesto que la aplicación de dicho acto, como la de la Directiva impugnada, se realiza en virtud de una situación objetivamente
         determinada.
      
      54      En lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Directiva impugnada obstaculiza la reestructuración de su grupo
         en la medida en que no permite la transferencia transfronteriza de los derechos de emisión vinculados a las capacidades de
         producción de las instalaciones establecidas en diferentes Estados miembros, el Consejo replica que la demandante no explica
         los motivos por los que es el único operador afectado, siendo así que ella misma menciona el ejemplo de la reestructuración
         en curso de la sociedad Coros. En todo caso, sostiene que la posibilidad eventual de utilizar los derechos de emisión adjudicados
         a instalaciones cerradas pertenece, en gran medida, a la discrecionalidad de los Estados miembros. Así, el Consejo añade que
         cerca de la mitad de los Estados miembros permitieron la transferencia de derechos de emisión de una instalación cerrada a
         una instalación de sustitución a pesar de que, en varios casos, no era posible más que en el interior de un mismo Estado miembro.
         El Consejo, apoyado por la Comisión, sostiene además que, en el ejercicio de su facultad de apreciación, todos los Estados
         miembros optaron por adjudicar gratuitamente a los nuevos entrantes los derechos de emisión que provenían de la reserva, de
         conformidad con el artículo 11, apartado 3, y el criterio nº 6 del anexo III de la Directiva impugnada. Asimismo, según el
         Consejo, aún suponiendo que la demandante no pudiera transferir los derechos de emisión asignados a instalaciones que deban
         cerrarse a otras instalaciones de su grupo, podría, sin embargo solicitar que se le asignasen gratuitamente derechos de emisión
         como consecuencia de la ampliación de las capacidades de las otras instalaciones, puesto que el concepto de «nuevo entrante»,
         en el sentido del artículo 3, letra h), de la Directiva impugnada, incluye la ampliación de una instalación existente. Por
         último, en lo que respecta a las eventuales medidas tempranas de reducción de las emisiones, el Consejo recuerda que, con
         arreglo al criterio nº 7 del anexo III de la Directiva impugnada, un PNA puede tener en cuenta tales medidas y que los Estados
         miembros disponen de cierto margen de maniobra al respecto.
      
      55      Según el Parlamento y el Consejo, la demandante no ha demostrado que, a la luz de la Directiva impugnada, se encontrase en
         una situación análoga a la de las partes demandantes en los asuntos que dieron lugar a las sentencias del Tribunal de Justicia
         de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión (11/82, Rec. p. 207); de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión
         (C‑152/88, Rec. p. I‑2477, apartado 28), y de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo (C‑309/89, Rec. p. I‑1853), así como en
         los asuntos que dieron lugar a las sentencias del Tribunal General de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Millsy otros/Comisión
         (T‑480/93 y T‑483/93, Rec. p. II‑2305, apartado 67), y de 17 de junio de 1998, UEAPME/Consejo (T‑135/96, Rec. p. II‑2335).
         En lo que respecta a la alegación basada en los contratos de suministro de gas a largo plazo que la demandante celebró con
         centrales eléctricas antes de la adopción de la Directiva impugnada, el Consejo considera que en el caso de autos no se cumplen
         los dos requisitos acumulativos recogidos en las sentencias citadas anteriormente para determinar la existencia de una afectación
         individual en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, a saber, por un lado, la existencia de una norma jurídica superior
         que obligue a las instituciones comunitarias a tener en cuenta la situación particular de la demandante respecto de la de
         las demás personas afectadas, y, por otro lado, el hecho de que el acto impugnado impida, en todo o en parte, la ejecución
         de los contratos de que se trate. Añade, que la propia demandante afirma que los gases a que se refieren dichos contratos
         se suministran tanto a sus propias centrales eléctricas como a centrales de terceros. En consecuencia, a juicio del Consejo,
         la demandante podría beneficiarse de los derechos de emisión asignados a las centrales pertenecientes a su grupo o transferirlos
         entre sus diferentes instalaciones de producción. En efecto, según el Consejo, con arreglo al apartado 92 de las Orientaciones
         de la Comisión (véase el apartado 14 anterior), en los casos en que un gas residual de un proceso de producción de una instalación
         se utiliza como combustible en otra, corresponderá al Estado miembro decidir sobre la distribución de derechos entre ambas
         instalaciones. Así, sostiene que el Estado miembro puede optar por asignar derechos de emisión al titular de la instalación
         que transfiere los gases residuales, a saber, en el caso de autos, a un productor de arrabio o de acero, a pesar de que las
         emisiones resultantes de la combustión de dichos gases no se generen por la instalación de producción de acero como tal, sino
         por la central eléctrica. En estas circunstancias, el Consejo considera que la demandante no ha demostrado que la Directiva
         impugnada le impida ejecutar los contratos de suministro de gas de que se trata. En todo caso, considera que el mero hecho
         de que la Directiva impugnada pueda dificultar mediante las medidas de adaptación del Derecho interno la ejecución de dichos
         contratos no permite afirmar que afecte individualmente a la demandante.
      
      56      El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, señalan que la demandante tampoco ha demostrado que pertenezca a una
         categoría cerrada de titulares de explotaciones. Habida cuenta de que la Directiva impugnada constituye una medida de alcance
         general que se aplica a todos los titulares que ejerzan las actividades definidas en su anexo I, sólo se aplica a la demandante
         por su capacidad objetiva de productora de arrabio y de acero, al igual que a cualquier operador que se encuentre en la misma
         situación. En consecuencia, la existencia eventual, en el momento de adopción de la Directiva impugnada, de tan sólo quince
         productos de arrabio o de acero no basta para individualizar a la demandante. Según el Parlamento, tampoco le individualiza
         como destinataria el hecho de que la demandante perteneciese a un «grupo cerrado e identificable» en el momento de adopción
         de la Directiva impugnada o se vea más afectada económicamente que sus competidores. 
      
      57      El Consejo niega el que la demandante pueda convertirse en un «comprador neto de derechos de emisión» debido a su particular
         situación. A este respecto recuerda, en primer lugar, que durante el primer período de asignación los Estados miembros deben
         asignar gratuitamente al menos el 95 % de los derechos de emisión establecidos por el PNA y, al menos, el 90 % durante el
         segundo período de asignación. En segundo lugar, con arreglo al artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva impugnada los
         derechos de emisión pueden transferirse sin restricciones, tanto en el seno del mismo grupo de empresas como a otras personas
         que se encuentren en la Comunidad o en países terceros. En tercer lugar, el Consejo afirma que cada Estado miembro determina
         discrecionalmente el número de derechos de emisión asignados inicialmente teniendo en cuenta una serie de factores y de criterios
         (véanse los apartados 48 y siguientes anteriores). Por último, los mecanismos flexibles del Protocolo de Kioto (véase el apartado
         5 anterior) ofrecen a los productores de arrabio o de acero la posibilidad de convertir los créditos de emisión obtenidos
         gracias a los proyectos en cuestión en derechos de emisión que se pueden utilizar en el régimen para el comercio de derechos
         de emisión. En consecuencia, considera que la demandante puede obtener gratuitamente derechos de emisión para la totalidad
         de sus emisiones.
      
      58      Basándose en estudios, el Consejo, apoyado por la Comisión, rebate la tesis de que los productores de arrabio o de acero se
         encuentran en una «situación de encierro única» debido a la imposibilidad técnica para la industria siderúrgica de reducir
         todavía más las emisiones de CO2. A este respecto, el Consejo alega, en esencia, que existen posibilidades técnicas de reducir tales emisiones en el sector
         siderúrgico, tanto a corto como a largo plazo, que la Comisión aporta un apoyo financiero considerable a las investigaciones
         a tal efecto y que el régimen para el comercio de derechos de emisión ofrece a los productores de arrabio o de acero incentivos
         económicos para reducir todavía más sus emisiones de CO2. 
      
      59      En lo que respecta a la alegación de la demandante de que los productores de arrabio o de acero no pueden repercutir sobre
         sus clientes el eventual incremento de los costes de producción resultante de la necesidad de comprar derechos de emisión,
         el Consejo, apoyado por la Comisión, sostiene que la eventual necesidad para tal productor de comprar derechos de emisión
         dependerá de la cantidad inicial de derechos que el PNA le haya asignado y de sus esfuerzos por reducir las emisiones. A su
         juicio, la propia demandante se refiere al proceso de reestructuración de su grupo y a la reducción del número de sus altos
         hornos hasta el 2010, lo que probablemente reduzca, por sí sólo, las emisiones. Según el Consejo así será particularmente,
         si, de conformidad con el anuncio público de la demandante, sus altos hornos se remplazan por hornos de arco eléctrico, cuyas
         emisiones de CO2 por tonelada de acero producida son más débiles. Añade que, aunque se considere que la demandante deba comprar derechos de
         emisión adicionales, los costes asociados podrán repercutirse, al menos en parte, sobre los consumidores, debido al incremento
         considerable de los precios en el sector del acero que, en su opinión, está en expansión. 
      
      60      El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, concluyen de las anteriores consideraciones que la Directiva impugnada
         no afecta individualmente a la demandante y que, en consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de anulación.
      
      61      Por otro lado, el Parlamento, apoyado por la Comisión, invoca la inadmisibilidad de la pretensión de anulación en la medida
         en que las disposiciones controvertidas no pueden separarse del resto de la Directiva impugnada so pena de vaciarla de contenido.
         En efecto, según el Parlamento, si se suprimieran, por ejemplo, las obligaciones relativas al permiso de emisión de gases
         de efecto invernadero (artículos 4 a 6) y a los PNA (artículo 9), el resultado sería un acto con un contenido completamente
         «contrario».
      
      62      A este respecto, el Parlamento rebate la alegación de la demandante de que el régimen para el comercio de derechos de emisión
         quedará «esencialmente intacto» si se excluye a los productores de arrabio o de acero de su ámbito de aplicación, puesto que
         dicho aspecto no tiene conexión alguna con la cuestión de si la anulación de las disposiciones controvertidas modifica el
         contenido de la parte restante de la Directiva impugnada. Además, según el Parlamento y el Consejo, el intento tardío de la
         demandante, en la fase de réplica y, en consecuencia, contrario a los requisitos del artículo 48, apartado 2, del Reglamento
         de Procedimiento, de modificar sus pretensiones en el sentido de que debe interpretarse en lo sucesivo que su recurso «incluye
         una pretensión de anulación total de la Directiva [impugnada] si no es posible anularla parcialmente» no puede prosperar.
         A juicio de dichas instituciones, esta interpretación no reduce las pretensiones iniciales de la demandante que se referían
         a una «anulación parcial» de la Directiva impugnada, sino que las amplía. Ahora bien, según las referidas instituciones, la
         demandante no ha presentado nuevos elementos de Derecho ni de hecho aparecidos durante el procedimiento, en el sentido del
         artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que puedan justificar la introducción de un nuevo motivo.
      
      63      Por consiguiente, el Parlamento y el Consejo consideran que la pretensión de anulación debe igualmente declararse inadmisible
         por este motivo. 
      
      64      En sus observaciones sobre las consecuencias que deben extraerse de la entrada en vigor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto,
         el Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, sostienen que esta circunstancia no modifica esta apreciación, puesto
         que dicho artículo no es aplicable al presente procedimiento y la Directiva impugnada no es un acto reglamentario en el sentido
         de dicha disposición. 
      
      2.      Alegaciones de la demandante
      65      Con carácter preliminar, la demandante sostiene que, según reiterada jurisprudencia relativa al artículo 230 CE, párrafo cuarto,
         el mero hecho de que la medida impugnada sea una Directiva no basta para declarar la inadmisibilidad de un recurso de anulación.
         En consecuencia, un recurso por el que se solicita la anulación de determinadas disposiciones de una Directiva será admisible
         si dichas disposiciones afectan directa e individualmente a la parte demandante.
      
      66      En lo que respecta al criterio de afectación directa, la demandante sostiene que, incluso si una Directiva requiere, con arreglo
         al artículo 249 CE, párrafo tercero, la adopción de un acto de adaptación del Derecho interno por parte de los Estados miembros
         para producir efectos directos sobre la situación jurídica de los operadores económicos, dicho requisito no basta, por sí
         sólo, para concluir que no se ve afectada directamente en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. De ser así, las
         Directivas no podrían jamás impugnarse por un operador, lo que, a su juicio, es incompatible con la jurisprudencia y el Derecho
         a una protección jurisdiccional efectiva. Según la demandante, cuando una medida comunitaria, incluidas las directivas, no
         deja a los Estados miembros ningún margen de apreciación en cuanto a la obligación que se debe imponer a la demandante, es
         decir, cuando su ejecución es meramente automática, tal demandante está directamente afectado. En efecto, sostiene que las
         instituciones, por la mera elección de la forma del acto adoptado, no pueden privar a la demandante de la protección jurisdiccional
         establecida en el artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      67      La demandante sostiene que, en el caso de autos, las disposiciones controvertidas no dejan a los Estados miembros ningún margen
         de apreciación en cuanto a las obligaciones a imponer a la demandante. 
      
      68      A este respecto, en primer lugar, la demandante señala que, con arreglo al artículo 4 de la Directiva impugnada, los Estados
         miembros deben velar por que, a partir del 1 de enero de 2005, los productores de arrabio o de acero no exploten sus instalaciones
         sin permiso de emisión. A su juicio, los Estados miembros no disponen de ningún margen de apreciación al respecto. Añade que,
         el artículo 27, apartado 1, de la Directiva impugnada no establece más que una posibilidad de exclusión temporal de determinadas
         instalaciones del régimen para el comercio de derechos de emisión hasta el 31 de diciembre de 2007, de lo que se deriva que
         la obligación de obtener un permiso se hizo efectiva, a más tardar, el 1 de enero de 2008. Considera, asimismo, que la posibilidad
         acordada a los Estados miembros en el artículo 27, apartado 2, de la Directiva impugnada, de conceder una exclusión temporal
         entre el 2005 y el 2007 no les otorga ninguna facultad de apreciación y carece de interés práctico debido a sus requisitos
         restrictivos. 
      
      69      En segundo lugar, sostiene que la alegación basada en el amplio margen de apreciación de que disponen los Estados miembros
         en lo que respecta a la elaboración del PNA carece de pertinencia, puesto que la Directiva impugnada distingue claramente
         el permiso (artículo 4) y los derechos de emisión (artículo 9). Añade que la obligación de autorizar las emisiones de CO2 produce, por sí misma, efectos sobre la situación jurídica de la demandante, en la medida en que invalida, en parte, los permisos
         de explotación y los derechos de emisión de CO2 concedidos con arreglo a la Directiva 96/61 que poseía anteriormente para sus instalaciones de producción. En efecto, con
         arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva impugnada, dicho permiso está subordinado a requisitos adicionales en materia
         de seguimiento y notificación así como a la obligación de restituir cada año los derechos de emisión necesarios para cubrir
         las emisiones de CO2 de la instalación afectada. Según la demandante, los Estados miembros no tienen ningún margen de apreciación en cuanto a las
         obligaciones que han de imponérsele a este respecto.
      
      70      En tercer lugar, la demandante afirma que, con arreglo al artículo 9 de la Directiva impugnada en relación con el criterio
         nº 1 de su anexo III, la cantidad total de derechos de emisión asignados para el período de asignación de referencia debe,
         por un lado, ser compatible con la obligación del Estado miembro de limitar sus emisiones, con arreglo a la Decisión 2002/358
         y al Protocolo de Kioto, y, por otro lado, no exceder de la cantidad necesaria para la estricta aplicación de los criterios
         del anexo III de la Directiva impugnada. De ello se desprende, a su entender, que cuando los Estados miembros fijan la cantidad
         total de derechos de emisión a asignar, deben respetar, sin ningún margen de apreciación, el «límite absoluto de derechos
         de emisión». Considera que el apartado 10 de las Orientaciones complementarias de la Comisión, relativo al criterio nº 3 del
         anexo III de la Directiva impugnada, confirma esta interpretación.
      
      71      Por último, en cuarto lugar, sostiene que, en virtud del artículo 12, apartado 3, y del artículo 16 de la Directiva impugnada,
         los Estados miembros tienen la obligación, sin tener facultad alguna de apreciación a este respecto, por un lado, de imponer
         a todo titular la obligación de entregar, a más tardar el 30 de abril de cada año, una cantidad de derechos de emisión correspondiente
         a sus emisiones totales durante el año natural anterior, y, por otro, imponerle sanciones si no respeta dicha obligación.
      
      72      La demandante concluye que las disposiciones controvertidas no dejan a los Estados miembros ningún margen de apreciación en
         cuanto a las obligaciones que le deben imponer y, en consecuencia, dichas disposiciones le afectan directamente en el sentido
         del artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      73      La demandante considera igualmente que las disposiciones controvertidas le afectan individualmente. Sostiene, por un lado,
         que el legislador comunitario tiene la obligación de tener en cuenta las consecuencias graves que se derivan para la situación
         particular de la demandante y, por otro, que forma parte de una categoría cerrada, constituida por un número limitado de productores
         de arrabio o de acero afectados por dichas disposiciones.
      
      74      En primer lugar, según la demandante, la obligación del legislador comunitario de tener en cuenta las consecuencias del acto
         que pretende adoptar sobre la situación de determinados particulares les individualiza (sentencias Piraiki-Patraiki y otros/Comisión,
         citada en el apartado 55 supra, apartado 19; Sofrimport/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 11, y Codorníu/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado20). Dicha obligación puede tener su origen bien en una disposición particular del Tratado CE (sentencia Antillean
         Rice Millsy otros/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 67), bien en otra norma jurídica superior (sentencia UEAPME/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado 90), como el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad de trato y los derechos fundamentales.
      
      75      A este respecto, la demandante sostiene, en esencia, que, por respeto a los principios de proporcionalidad y de igualdad de
         trato, así como de su derecho de propiedad y de su libertad de ejercer una actividad económica, el legislador comunitario
         debería haber tenido en cuenta los graves efectos de la Directiva impugnada sobre su situación particular. Así, considera
         que al no incluir otros sectores en el anexo I de la Directiva impugnada en contra de las propuestas iniciales del Parlamento
         y de la Comisión –en particular los sectores competidores de los metales no férreos y de los productos químicos–, el legislador
         comunitario violó los principios de igualdad de trato y de mantenimiento de una competencia no falseada. Asimismo, vulneró
         el derecho de propiedad, la libertad de establecimiento y la libertad de ejercer una actividad económica de la demandante,
         así como el principio de proporcionalidad, al no tener en cuenta la imposibilidad técnica y económica para los productores
         de arrabio o de acero de reducir todavía más las emisiones de CO2. Considera que, de esta manera, el legislador comunitario impuso a la demandante una carga desproporcionada que pone en peligro
         su existencia, en la medida en que le convierte necesariamente en un «comprador neto de derechos de emisión» sin posibilidad
         de repercutir sobre sus clientes los gastos que se derivan de ello. Alega, además, que las disposiciones controvertidas son
         desproporcionadas en la medida en que no van acompañadas de medidas para suavizar, al menos, sus consecuencias nefastas para
         la demandante, como un mecanismo de control de precios de los derechos de emisión o la posibilidad de su transferencia transfronteriza
         en el seno de un mismo grupo de empresas. Según la demandante, a falta de tal posibilidad de transferencia, que afecta seriamente
         a los esfuerzos de reestructuración de la demandante y su competitividad, la Directiva impugnada vulnera igualmente el derecho
         de propiedad de la demandante y su libertad de establecimiento. La demandante precisa que la restricción inadmisible de su
         libertad de establecimiento, que resulta de la inexistencia en la Directiva impugnada de una norma que permita la transferencia
         transfronteriza de derechos de emisión entre las diferentes instalaciones de un mismo grupo de empresas, no puede relativizarse
         mediante la alegación de que una extensión de capacidades de producción de una instalación puede beneficiarse de las normas
         de asignación para los «nuevos entrantes», puesto que tal beneficio está sometido a la discreción del Estado miembro de acogida
         de que se trate.
      
      76      En segundo lugar, la demandante sostiene que forma parte de una categoría cerrada de empresas particularmente afectada por
         la Directiva impugnada. Añade que, en la Unión de quince Estados miembros, sólo quince empresas o grupos de empresas explotaban
         instalaciones de producción de arrabio o de acero, a saber, la demandante, Corus, ThyssenKrupp, HKM, Riva, Luccini, SSAB,
         Voest Alpine, Salzgitter, Duferco, Rauttaruukki, Fundia, Saint-Gobain, DHS y Neue Maxhütte, a las que se añadieron, desde
         el 1 de mayo de 2004, cinco productores de arrabio o de acero de los diez nuevos Estados miembros, a saber, Ispat Polska,
         Czech Steel Company, Moravia Steel, Dunaferr Dunai y US Steel Košice. Sin embargo, considera que la ampliación de la Unión
         no basta por sí sola para retirar a este grupo la condición de categoría cerrada en el sentido de la jurisprudencia, puesto
         que dicha ampliación estaba prevista por el artículo 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa,
         la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría,
         la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de
         los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L 236, p. 33) antes de la entrada en vigor de la Directiva impugnada.
         Además, la demandante sostiene que la entrada en el mercado de los nuevos entrantes mediante el establecimiento de nuevas
         actividades de altos hornos no es una opción económicamente viable y, por tanto, queda excluida. En efecto, según la demandante,
         tras la entrada en vigor de la Directiva impugnada y habida cuenta de la disminución del número de altos hornos en la Unión
         desde 1975, un nuevo entrante sólo podrá establecerse en el mercado mediante una adquisición.
      
      77      La demandante afirma que la «situación de encierro única» de dicho grupo de productores, que les distingue de los demás, resulta
         del hecho de que, en un futuro previsible, los productores de arrabio o de acero no podrán reducir de manera significativa
         por razones técnicas las emisiones de CO2 de conformidad con los objetivos de la Directiva impugnada, a diferencia de la situación en otros sectores económicos afectados,
         como los sectores del cemento, de la electricidad, del papel y del vidrio. Sostiene que, en consecuencia, los productores
         pertenecientes a este grupo, en realidad, no pueden elegir entre la reducción de las emisiones y la compra de derechos de
         emisión adicionales, de manera que se convertirán necesariamente en «compradores netos de derechos de emisión». Según la demandante,
         en el proceso de producción de acero, la emisión de CO2 es inevitable debido a la utilización de carbón como materia prima y no como combustible. Así, sostiene que no existe una
         solución de sustitución económicamente rentable para disminuir las emisiones de CO2, por ejemplo mediante el empleo de otro combustible como el gas natural. Añade que el perfeccionamiento de la tecnología
         de los altos hornos en términos de rendimiento energético ha alcanzado su límite teórico e implica todavía la emisión de dos
         toneladas de CO2 por tonelada producida de acero. A juicio de la demandante, una reducción suplementaria de las emisiones sólo sería posible
         gracias a un progreso técnico cuyo desarrollo llevaría al menos veinte o treinta años. Considera, sin embargo, que no es posible
         disminuir la producción, puesto que por razones técnicas los altos hornos deben funcionar siempre a un nivel cercano a su
         plena capacidad.
      
      78      La demandante señala, con apoyo de estudios, que, durante aproximadamente los próximos veinticinco años, los titulares de
         altos hornos deberán seguir utilizando las tecnologías existentes, cuyo margen de progresión es muy reducido, puesto que todos
         los intentos de sustitución han fracasado hasta el presente por razones técnicas y/o económicas. Añade que, en contra de lo
         que alega el Consejo, la reducción de emisiones que ha realizado hasta el 2002 no son el resultado de mejoras técnicas, sino
         que se deben principalmente al cierre de cinco altos hornos, al aumento de la capacidad de otras instalaciones, así como a
         la sustitución del mineral de Lorena por el mineral brasileño como materia prima con un mayor rendimiento energético. Sostiene,
         asimismo, que el objetivo de reducción de la demandante para el período comprendido entre el 2008 y el 2012 deberá alcanzarse,
         en particular, mediante cierres de instalaciones acompañados de la transferencia de la producción hacia instalaciones en otros
         Estados miembros.
      
      79      La demandante afirma, además, que el sector del acero es el único de los cuatro sectores incluidos en el anexo I de la Directiva
         impugnada que se enfrenta a la competencia de otros sectores que no están afectados por dicha Directiva, a saber, los metales
         no férreos y las materias plásticas. Añade que esta situación competitiva tan desventajosa para los productores de arrabio
         o de acero se ve agravada por un lado, por una demanda «muy concentrada», en particular la de la industria automovilística,
         y, por otro, por una competencia intensificada proveniente de sectores no afectados por la Directiva impugnada y de productores
         de acero de países terceros, como los Estados Unidos de América, que no están sometidos a las obligaciones resultantes del
         Protocolo de Kioto y que representan el 65 % de la producción mundial. Así, según la demandante, los productores de acero
         europeos no pueden repercutir sobre sus clientes el incremento del coste de la producción causado por la necesidad de adquirir
         derechos de emisión de CO2, puesto que su rentabilidad, ya de por sí reducida, se vería todavía más afectada. A este respecto, sostiene que la competitividad
         de los otros sectores incluidos en el anexo I de la Directiva impugnada es diferente. Por ejemplo, dada la previsión de un
         incremento considerable de los precios de la electricidad, los proveedores de energía tienen la posibilidad de repercutir
         sobre sus clientes todo eventual incremento de sus costes de producción y mejorar considerablemente su rentabilidad.
      
      80      La demandante precisa que, al contrario, incluso el reciente incremento del precio del acero no le permitirá repercutir sobre
         sus clientes el incremento de los costes de producción derivados de la necesidad de adquirir derechos de emisión. Añade que
         este incremento de los precios sólo es el resultado de los costes crecientes de las materias primas y del transporte a escala
         mundial. Ahora bien, a escala mundial, los productores de arrabio o de acero europeos se enfrentan a una fuerte competencia
         por parte de los productores de países terceros, quienes, como los Estados Unidos de América, la Commonwealth de Australia
         y la República de Turquía, no han ratificado el Protocolo de Kioto, o quienes, como la República de la India, la República
         Popular China y la República Federativa de Brasil, han ratificado el Protocolo de Kioto, pero no están obligados, en un primer
         momento, a reducir sus emisiones de CO2 (anexo B del Protocolo de Kioto) o, según el Protocolo de Kioto, sólo tienen la obligación de mantener el nivel actual de
         emisiones, como es el caso de la Federación de Rusia y de Ucrania. En consecuencia, los productores de arrabio o de acero
         europeos son los únicos que incurren en gastos de producción adicionales debidos a la ejecución del Protocolo de Kioto a la
         vez que se enfrentan a una presión competitiva cada vez más fuerte por parte de las importaciones de acero de países terceros
         cuya importancia depende del nivel de precios en el mercado europeo. La demandante añade que, habida cuenta del coste actual
         de 26 euros del derecho de emisión por cada tonelada de CO2 emitida, la producción de una tonelada de acero, que implica la emisión de cerca de dos toneladas de CO2, genera un coste adicional de 52 euros, mientras que el precio del transporte global de una tonelada de acero no supera normalmente
         los 20 euros. La demandante añade que, a diferencia de los productores de arrabio o de acero, se supone que los suministradores
         de energía, en particular los establecidos en Alemania y el Reino Unido, incluyen en los precios de la electricidad el valor
         de los derechos de emisión obtenidos gratuitamente para generar beneficios excepcionales.
      
      81      La demandante concluye de las anteriores consideraciones que los productores de arrabio o de acero establecidos en la Unión
         se encuentran en una «situación de encierro única» que les distingue de los demás. Sostiene que esta situación se ve agravada
         por el hecho de que la Directiva impugnada no establece ni un límite ni un mecanismo de control del precio de los derechos
         de emisión. Según estudios recientes, el precio de los derechos de emisión a que se enfrentan los productores de arrabio o
         de acero para poder emitir una tonelada de CO2 oscila entre 20 y 60 euros o más, siendo así que un precio de 20 euros ya excluye todo beneficio bruto del sector del acero.
      
      82      En tercer lugar, la demandante considera que, al ser sin duda el mayor productor de arrabio y de acero en Europa –con una
         producción de 40 millones de toneladas de acero, seguida por Thyssen-Krupp (17 millones) y Corus (16 millones)– se ve afectada
         de manera particularmente grave por la Directiva impugnada. Afirma que mediante el empleo de su tecnología muy avanzada de
         altos hornos, la demandante ya disminuyó sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el CO2, en una proporción bastante superior al 8 % contemplado por el Protocolo de Kioto, a saber en un 19 % en términos absolutos,
         y en un 24 % en términos relativos (por cada tonelada de acero producida) desde 1990 y, por las razones técnicas mencionadas
         en los apartados 77 y 78 anteriores, no puede seguir reduciendo las emisiones de CO2 de manera significativa. La demandante sostiene además, que en 2002, obtuvo de la explotación de sus altos hornos un beneficio
         bruto de 16 euros y un beneficio neto de 4 euros por cada tonelada de CO2 emitida. De ello resulta, a su juicio, que incluso al precio más bajo, que según la estimación actual es de 20 euros por cada
         derecho de emisión, correspondiente a un coste adicional de 40 euros por cada tonelada de acero, la producción carecería de
         rentabilidad para la demandante hasta tal punto que no le sería posible continuar explotando sus instalaciones en Europa.
      
      83      En cuarto lugar, la demandante sostiene que es el único productor de arrabio y de acero europeo que se enfrenta a un problema
         particular creado por la Directiva impugnada debido a la reestructuración en curso de su grupo destinada a mejorar su competitividad.
         Esta reestructuración, que comenzó con la concentración de 2001 (véase el apartado 30 anterior), es decir, antes de la adopción
         de la Directiva impugnada, incluye el cierre de instalaciones o la reducción de las capacidades de producción menos rentables
         en un Estado miembro y el incremento correspondiente de las capacidades de producción en las instalaciones más rentables establecidas
         en otros Estados miembros. Según la demandante, esta situación es particular en el caso de la demandante y la distingue de
         los demás productores de arrabio o de acero cuyas instalaciones se encuentran en un único Estado miembro. Añade que la única
         excepción es Coros, que tiene instalaciones en el Reino Unido y en los Países Bajos, pero esta empresa ya ha optimizado su
         producción. Pues bien, a juicio de la demandante, la Directiva impugnada compromete gravemente la referida reestructuración
         al no imponer a los Estados miembros la obligación de permitir la transferencia transfronteriza de los derechos de emisión
         de una instalación que debe cerrarse a otras instalaciones establecidas en otros Estados miembros. Así, los Gobiernos belga
         y alemán hicieron saber a la demandante que, en caso de cierre, perdería sus derechos de emisión para las instalaciones establecidas
         en Valonia (Bélgica) y en Bremen (Alemania), de manera que no podría transferir dichos derechos de emisión a sus instalaciones
         establecidas en España o en Francia, en las que había previsto un incremento correspondiente de las capacidades de producción.
         Asimismo, la demandante afirma que el PNA alemán y el artículo 10, apartado 1, primera frase, del Proyecto de Ley alemán sobre
         la asignación de derechos de emisión durante el primer período de asignación establecen la anulación de los derechos de emisión
         en caso de cierre de la instalación, salvo si el titular de la misma crea una nueva instalación en Alemania (y no en otro
         Estado miembro). En el mismo sentido, el PNA francés establece, según la demandante, que el titular de una explotación puede
         conservar los derechos de emisión de una instalación cerrada únicamente si la actividad se transfiere a otra instalación establecida
         en el territorio francés. Así, la demandante alega que se ve obligada a ir en contra de su objetivo de reestructuración y
         de mejora de su competitividad. Sostiene que debe comprar derechos de emisión adicionales para cubrir las capacidades de producción
         inicialmente destinadas a cerrarse y a transferirse a instalaciones establecidas en otros Estados miembros y continuar explotando
         las instalaciones menos rentables con el único fin de no perder los derechos de emisión que ya le han sido asignados.
      
      84      La demandante añade que es igualmente el único operador de todos los sectores incluidos en el anexo I de la Directiva impugnada
         que se enfrenta al problema de la transferencia transfronteriza de las capacidades de producción entre instalaciones establecidas
         en diferentes Estados miembros. Sostiene que este problema no afecta a los sectores del cemento, del vidrio, de la energía
         ni del papel, cuyas instalaciones están implantadas, a diferencia de las instalaciones de producción de acero, bien cerca
         de los clientes, bien en zonas que ofrecen una cantidad suficiente de materias primas. Por consiguiente, para los productores
         de estos sectores, el cierre de una instalación en un Estado miembro y la transferencia de la producción a otro no es una
         opción plausible.
      
      85      No obstante, la demandante sostiene que, a la luz de la libertad de establecimiento, no hay justificación alguna para dejar
         a la discreción de los Estados miembros la cuestión de saber en qué medida son posibles las transferencias transfronterizas
         de las capacidades de producción. Añade que ello es tanto más así cuanto que existen incentivos económicos y políticos considerables
         para que los Estados miembros no permitan tal transferencia de capacidades de producción, incluidos los derechos de emisión
         asociados a las mismas. Por un lado, desde el punto de vista del Estado miembro que asignó inicialmente los derechos de emisión,
         no existe ningún interés en facilitar tal transferencia y perder, en su territorio, tanto las capacidades de producción de
         que se trate y los empleos correspondientes, como los derechos de emisión asignados. Por otro lado, a juicio de la demandante,
         el Estado miembro destinatario de tal transferencia, en particular cuando este Estado es pequeño, no está necesariamente interesado
         en asignar gratuitamente derechos de emisión al nuevo entrante, habida cuenta del riesgo de sobrepasar su límite nacional
         de derechos de emisión e incumplir, en consecuencia, sus obligaciones de reducción con arreglo a la Decisión 2002/358 y al
         Protocolo de Kioto. Considera que, según se desprende del apartado 5 del anexo 4 de las Orientaciones complementarias de la
         Comisión (véase el apartado 14 anterior), el hecho de que la mayoría de los Estados miembros no permita la transferencia transfronteriza
         de derechos de emisión confirma estas reticencias. Sostiene que, en estas Orientaciones, la propia Comisión llama la atención
         sobre esta problemática y pone de relieve que, durante el primer período de asignación, los Estados miembros adoptaron multitud
         de normas relativas a las reservas para los nuevos entrantes, los cierres y las transmisiones, lo que contribuye a la gran
         complejidad y a la falta de transparencia en el mercado interior y corre el riesgo de generar distorsiones de la competencia.
         Según la demandante, la Comisión concluye de estas consideraciones que es necesario contemplar el establecimiento de una reserva
         comunitaria así como una armonización de las normas administrativas aplicables a los nuevos entrantes, a los cierres y a las
         transferencias en el mercado interior (anexo 7 de las Orientaciones complementarias de la Comisión). La demandante invoca
         igualmente un estudio según el cual, habida cuenta del interés de los Estados miembros en conservar los impuestos y los empleos
         vinculados a las instalaciones establecidas en su territorio, es lógico que, en el régimen para el comercio de derechos de
         emisión, retiren los derechos de emisión a las instalaciones cerradas, o al menos, subordinen el mantenimiento de dichos derechos
         de emisión a la apertura de una nueva instalación en su territorio para evitar que el titular de la explotación se vaya del
         país. Pues bien, a juicio de la demandante, de ello puede derivarse una competencia normativa económicamente ineficaz y políticamente
         indeseable entre los Estados miembros para conservar y atraer inversiones. Por estos motivos, dicho estudio llegó a la conclusión
         de que es necesario armonizar, a escala comunitaria, las normas que permitan a las instalaciones conservar sus derechos de
         emisión aún en caso de cierre. En consecuencia, según la demandante, el efecto útil de la libertad de establecimiento sólo
         puede mantenerse mediante la intervención del propio legislador comunitario.
      
      86      En quinto lugar, la demandante estima que la Directiva impugnada le afecta particularmente debido a los contratos a largo
         plazo que le vinculan desde hace tiempo a centrales eléctricas que no pertenecen, en parte, a su grupo, los cuales tienen
         por objeto la distribución del gas de los altos hornos que contienen monóxido de carbono, CO2 y azote con el fin de producir electricidad. La demandante se plantea la cuestión de si, a la luz del artículo 3, letras b)
         y e), de la Directiva impugnada, los derechos de emisión en cuestión deben asignársele a ella o a la central eléctrica. Según
         la demandante, en el caso de que dichos derechos de emisión se asignen a la central eléctrica, la situación de la demandante
         será todavía más grave, puesto que en tal caso tendrá que adquirir los derechos de emisión necesarios en el mercado o, en
         el supuesto de cese de suministro a la central eléctrica, quemar sus gases de altos hornos sin disponer a pesar de ello del
         número correspondiente de derechos de emisión. Añade que de ello resulta una seria desventaja competitiva para la demandante
         respecto de sus competidores que utilizan sus propias centrales eléctricas.
      
      87      Por último, en sexto lugar, la demandante señala que, debido a que las disposiciones controvertidas le afectan particularmente,
         estuvo involucrada estrechamente en el procedimiento legislativo, en particular, durante varias reuniones con representantes
         de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. En este marco se tuvieron en cuenta, en un primer momento, varias objeciones
         formuladas por la demandante que finalmente fueron rechazadas sin ninguna motivación. 
      
      88      En vista de las anteriores consideraciones, la demandante concluye que ha demostrado la existencia de varios elementos propios
         a su caso y que la caracterizan respecto de los demás para que su pretensión de anulación sea declarada admisible con arreglo
         al artículo 230 CE, párrafo cuarto. 
      
      89      En cuanto a la causa de inadmisión propuesta por el Parlamento, relativa la pretensión de anulación parcial de la Directiva
         impugnada, la demandante señala que no solicita la supresión completa de las disposiciones controvertidas, sino únicamente
         que se descarte su aplicación a las instalaciones de producción de arrabio o de acero. En consecuencia, esta petición no implica
         modificación alguna del régimen para el comercio de derechos de emisión para los otros sectores incluidos en al anexo I de
         la Directiva impugnada. En efecto, la demandante sostiene que el ámbito de aplicación de la Directiva impugnada podría bien
         extenderse a otros sectores, como ya se ha propuesto en lo que respecta a los sectores de los metales no férreos y de los
         productos químicos, bien restringirse, sin que ello perjudique ni el funcionamiento ni la propia esencia del régimen para
         el comercio de derechos de emisión. Así, a su juicio, la anulación parcial solicitada sólo tendría como consecuencia la supresión
         de la parte –distinta y claramente definida– del anexo I de la Directiva impugnada, destinada a las instalaciones de producción
         de arrabio o de acero. 
      
      90      Según la demandante, aún considerando que las disposiciones controvertidas no puedan separarse de la Directiva impugnada en
         su conjunto, la pretensión de anulación es, sin embargo, admisible. En efecto, en el caso de que la anulación parcial resulte
         ser imposible, dicha pretensión habrá de entenderse como dirigida a la anulación de la totalidad de la Directiva impugnada.
         Esta apreciación resulta de la necesidad de interpretar las pretensiones a la luz de su contexto y de los objetivos perseguidos
         por la demanda que pretende poner fin a la violación de los derechos fundamentales de la demandante. En caso de que el Tribunal
         no adopte la tesis defendida en el apartado 89 anterior, la demandante solicita, con carácter subsidiario, la anulación completa
         de la Directiva impugnada, lo que es posible todavía tras la presentación de la demanda. 
      
      91      La demandante concluye de las anteriores consideraciones que la pretensión de anulación es admisible.
      
      92      En sus observaciones sobre las consecuencias que deben extraerse de la entrada en vigor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto,
         la demandante alega, en esencia, por un lado, que esta disposición es aplicable al presente procedimiento, y, por otro, que
         la Directiva impugnada constituye, por su contenido, un acto reglamentario en el sentido de dicha disposición, ya que las
         disposiciones controvertidas no dejan ningún margen de apreciación a los Estados miembros en cuanto a su ejecución, lo que
         dispensa a la demandante de la necesidad de demostrar su afectación individual por dicha Directiva.
      
      B.      Apreciación del Tribunal
      93      Con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra las decisiones
         de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida
         a otra persona, le afecten directa e individualmente. 
      
      94      Según reiterada jurisprudencia, el mero hecho de que esta disposición del Tratado no reconozca expresamente la admisibilidad
         de un recuso de anulación interpuesto por un particular contra una directiva en el sentido del artículo 249 CE, párrafo tercero,
         no basta para declarar la inadmisibilidad de dicho recurso. En efecto, las instituciones comunitarias no pueden excluir la
         protección jurisdiccional que el Tratado ofrece a los particulares, por la mera elección de la forma del acto de que se trate,
         aunque dicho acto hubiese revestido la forma de directiva (autos del Tribunal General de 10 de septiembre de 2002, Japan Tobacco
         y JT International/Parlamento y Consejo, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, apartado 28; de 30 de abril de 2003, Villiger Söhne/Consejo,
         T‑154/02, Rec. p. II‑1921, apartado 39; de 6 de septiembre de 2004, SNF/Comisión, T‑213/02, Rec. p. II‑3047, apartado 54,
         y de 25 de abril de 2006, Kreuzer Medien/Parlamento y Consejo, T‑310/03, no publicado en la Recopilación, apartados 40 y 41).
         Asimismo, el mero hecho de que las disposiciones controvertidas formen parte de un acto de alcance general constitutivo de
         una verdadera directiva y no de una decisión adoptada bajo la apariencia de directiva, en el sentido del artículo 249 CE,
         párrafo cuarto, no basta por sí sólo para excluir la posibilidad de que dichas disposiciones puedan afectar directa e individualmente
         a un particular (véanse, en este sentido, los autos Japan Tobacco y JT International/Parlamento y Consejo, antes citado, apartado
         30, y de 6 de mayo de 2003, Vannieuwenhuyze-Morin/Parlamento y Consejo, T‑321/02, Rec. p. II‑1997, apartado 21).
      
      95      En el caso de autos, es preciso señalar que la Directiva impugnada, tanto por su forma como por su contenido, es un acto de
         alcance general que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y que produce efectos jurídicos respecto de categorías
         de personas contempladas de manera general y abstracta, a saber, todos los titulares de instalaciones que ejercen una actividad
         incluida en el anexo I de la Directiva impugnada, incluidas las de producción de arrabio o de acero, entre las que figura
         la demandante.
      
      96      No obstante, ello no excluye que, en determinadas circunstancias, las disposiciones de un acto de alcance general puedan afectar
         directa e individualmente a algunos de ellos (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia, de 16 de mayo
         de 1991, Extramet Industrie/Consejo, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, apartado 13; Codorníu/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado 19, y de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, apartado 36). 
      
      97      Además, conforme a reiterada jurisprudencia, el requisito de que el acto objeto de recurso afecte directamente a una persona
         física o jurídica, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, implica que dicho acto surta efectos directamente en
         la situación jurídica del particular y no deje ninguna facultad de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación,
         por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa comunitaria, sin intervención de otras
         normas intermedias (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, Rec.
         p. I‑6289, apartado 34, y de 22 de marzo de 2007, Regione Siciliana/Comisión, C‑15/06 P, Rec. p. I‑2591, apartado 31).
      
      98      El Tribunal considera oportuno examinar, con carácter principal, si las disposiciones controvertidas afectan individualmente
         a la demandante. Únicamente con carácter subsidiario examinará si, dado el caso, dichas disposiciones afectan directamente
         a la demandante. 
      
      99      Según reiterada jurisprudencia, una persona física o jurídica distinta del destinatario de un acto sólo puede alegar que éste
         le afecta individualmente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, cuando el mismo incida en ella debido a ciertas
         cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y,
         por ello, la individualiza de manera análoga al destinatario del acto (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio
         de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223; Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, citada
         en el apartado 96 supra, apartado 36, y de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, apartado 45). 
      
      100    A la luz de las anteriores consideraciones, procede verificar si las obligaciones que resultan eventualmente de las disposiciones
         controvertidas pueden individualizar a la demandante como destinataria. A este respecto, procede recordar que la demandante
         solicita la anulación, en primer lugar, del artículo 4 de la Directiva impugnada, que establece la necesidad de estar en posesión
         de un permiso de emisión, en segundo lugar, de su artículo 6, apartado 2, letra e), y de su artículo 12, apartado 3, que establecen
         la obligación de entregar los derechos de emisión correspondientes a las emisiones totales de la instalación durante el año
         natural anterior, en tercer lugar, de su artículo 9, en relación con el criterio nº 1 de su anexo III, relativo al establecimiento
         de los PNA y de la supuesta obligación de los Estados miembros de asignar a los titulares de las instalaciones una cantidad
         máxima de derechos de emisión y, en cuarto lugar, de su artículo 16, apartados 2 a 4, relativo a las sanciones en caso de
         incumplimiento de la obligación de entrega, en la medida en que todas estas disposiciones son aplicables a los productores
         de arrabio o de acero en virtud del artículo 2 de la Directiva impugnada, en relación con su anexo I.
      
      101    En apoyo de su alegación de afectación individual por las disposiciones controvertidas, en primer lugar, la demandante alega
         en esencia que el legislador comunitario tenía la obligación, con arreglo a varias normas jurídicas superiores, incluidos
         sus Derechos fundamentales, de tener en cuenta la situación particular de los productores de arrabio o de acero establecidos
         en el mercado interior, y, en particular, de la suya (sentencias Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, citada en el apartado
         55 supra, apartado 19; Sofrimport/Comisión, citada en el apartado 55 supra, apartado 11, y UEAPME/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado 90).
      
      102    A este respecto, procede señalar que no existe ninguna disposición expresa ni específica de rango superior o de Derecho derivado
         que obligase al legislador comunitario, durante el procedimiento de adopción de la Directiva impugnada, a tener especialmente
         en cuenta la situación de los productores de arrabio o de acero, ni aquella de la demandante, respecto de aquella de los operadores
         de los otros sectores industriales incluidos en el anexo I de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de 17 de enero de 2002, Rica Foods/Comisión, T‑47/00, Rec. p. II‑113, apartados 41 y 42; véanse, igualmente, los autos del
         Tribunal de 6 de mayo de 2003, DOW AgroSciences/Parlamento y Consejo, T‑45/02, Rec. p. II‑1973, apartado 47; de 25 de mayo
         de 2004, Schmoldt y otros/Comisión, T‑264/03, Rec. p. II‑1515, apartado 117, y de 16 de febrero de 2005, Fost Plus/Comisión,
         T‑142/03, Rec. p. II‑589, apartados 61 a 65). Así, ni el artículo 174 CE ni el artículo 175 CE, apartado 1, en tanto que bases
         jurídicas para la actividad reglamentaria de la Comunidad en materia de medio ambiente, establecen tal obligación. Además,
         salvo la referencia a sus derechos fundamentales y a determinados principios de Derecho que la amparan, la demandante no invoca
         ninguna norma superior concreta que la designe específicamente o, al menos, que se refiera a los productores de arrabio y
         de acero, capaz de crear tal obligación a su favor.
      
      103    Pues bien, a pesar de que es cierto que a la hora de adoptar un acto de alcance general las instituciones comunitarias deben
         respetar las normas jurídicas superiores, incluidos los derechos fundamentales, la alegación de que tal acto vulnera dichas
         normas o derechos no basta por sí sola para declarar la admisibilidad del recurso de un particular, so pena de vaciar de contenido
         los requisitos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, puesto que la vulneración alegada no le individualiza de un modo análogo
         al del destinatario del acto (véase, en lo que respecta al derecho de propiedad, el auto del Tribunal de 28 de noviembre de
         2005, EEB y otros/Comisión, T‑94/04, Rec. p. II‑4919, apartados 53 a 55; véase igualmente, en este sentido, el auto del Tribunal
         de 29 de junio de 2006, Nürburgring/Parlamento y Consejo, T‑311/03, no publicado en la Recopilación, apartados 65 y 66). En
         este contexto la demandante no puede invocar útilmente la sentencia Codorníu/Consejo, citada en el apartado 55 supra (apartados 20 a 22), en el marco de la cual la admisibilidad del recurso contra el reglamento impugnado resultaba del mero
         carácter individualizador, respecto de las disposiciones impugnadas, de la denominación en cuestión, en base a la cual, la
         parte demandante era, desde hacía tiempo, el único titular de un derecho de marca. 
      
      104    En todo caso, la demandante no ha demostrado que las disposiciones controvertidas, en particular la obligación de poseer un
         permiso de emisión de conformidad con el artículo 4 de la Directiva impugnada, la obligación de entrega recogida en su artículo
         12, apartado 3, en relación con su artículo 6, apartado 2, letra e), así como las sanciones establecidas en el artículo 16,
         apartados 2 a 4, de dicha Directiva, vulneren sus derechos fundamentales y le causen un perjuicio grave que le individualice
         como destinatario respecto de cualquier otro operador afectado por dichas disposiciones (véase, en este sentido, el auto Nürburgring/Parlamento
         y Consejo, citado en el apartado 103 supra, apartado 66). En efecto, dichas disposiciones se aplican, de manera general y abstracta, a todos los operadores incluidos
         en el anexo I de la Directiva impugnada y a situaciones determinadas objetivamente. Por lo tanto, pueden afectar del mismo
         modo la posición jurídica de todos los operadores. 
      
      105    En consecuencia, las alegaciones de la demandante basadas en la obligación que incumbe al legislador comunitario de respetar
         determinados principios generales de Derecho y los derechos fundamentales no permite concluir que las disposiciones controvertidas
         afecten individualmente a la demandante, y por tanto, no es necesario examinar si, a este respecto, dichas disposiciones le
         afectan directamente.
      
      106    En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de la demandante de que forma parte de una categoría cerrada de operadores
         especialmente afectados por las disposiciones controvertidas, por una parte, ha de recordarse que la posibilidad de determinar,
         en el momento de la adopción de la medida impugnada, con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los
         sujetos de Derecho a los que se aplica una medida no implica en absoluto que se deba considerar a estos sujetos individualmente
         afectados por dicha medida, siempre que conste que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación objetiva de Derecho
         o de hecho definida por el acto de que se trate (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 8 de abril de
         2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión, C‑503/07 P, Rec. p. I‑2217, apartado 70, y la jurisprudencia que allí se cita).
         Por otro lado, no basta que determinados operadores se vean más afectados económicamente que otros por un acto de alcance
         general para individualizarles respecto de dichos operadores, mientras que la aplicación de ese acto se efectúe como consecuencia
         de una situación objetivamente determinada (véanse, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de
         1997, Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, apartado 37; los autos del Tribunal General de
         11 de septiembre de 2007, Fels-Werke y otros/Comisión, T-28/07, no publicado en la Recopilación, apartado 60 y la jurisprudencia
         que allí se cita, y de 10 de mayo de 2004, Bundesverband der Nahrungsmittel- und Speiseresteverwertung y Kloh/Parlamento y
         Consejo, T‑391/02, Rec. p. II‑1447, apartado 53, y la jurisprudencia que allí se cita). 
      
      107    Pues bien, es preciso señalar que las disposiciones controvertidas afectan a la demandante principalmente en su capacidad
         objetiva en tanto que titular de instalaciones que producen emisiones de gases de efecto invernadero, de una parte, y en tanto
         que productor de arrabio y de acero, de otra, al igual que a cualquier otro operador o productor de arrabio o de acero cuya
         actividad esté incluida en el anexo I de la Directiva impugnada. En consecuencia, aunque en el momento en que entró en vigor
         la Directiva impugnada la demandante formaba parte de un grupo de tan sólo quince productores de arrabio o de acero que operaban
         en el mercado interior, esta circunstancia no basta por sí sola para individualizarla de un modo análogo al de un destinatario
         respecto del conjunto de los demás operadores que ejercen las actividades en el sentido del anexo I de la Directiva impugnada,
         incluidos los productores de arrabio o de acero del mismo grupo. 
      
      108    Además, incluso si se considera que los productores de arrabio o de acero constituyen un grupo de operadores especialmente
         afectado, todos ellos pueden sufrir las mismas consecuencias jurídicas y fácticas que la demandante debido a una situación
         objetivamente determinada, a saber, la inclusión de su actividad en el anexo I de la Directiva impugnada. Así, la supuesta
         imposibilidad técnica y económica para dichos productores, a diferencia de los operadores de otros sectores industriales,
         de reducir todavía más sus emisiones de gases de efecto invernadero y de repercutir sobre sus clientes los costes adicionales
         en que incurren debido a la compra de derechos de emisión, afecta al sector de la producción de arrabio o de acero en su conjunto
         y de manera idéntica. Asimismo, tras la instauración del régimen para el comercio de derechos de emisión, todos esos productores
         quedaron expuestos, del mismo modo, a la evolución del mercado de derechos de emisión y del mercado de los productos en cuestión,
         y también a la competencia derivada de otros sectores industriales o de productores de arrabio o de acero de países terceros.
         
      
      109    En este contexto, procede desestimar igualmente la tesis de la demandante según la cual los productores de arrabio o acero
         establecidos en el mercado interior constituyen un círculo cerrado de operadores, cuya composición no puede cambiar. A este
         respecto, el Parlamento y el Consejo se refieren acertadamente al incremento del número de productores de arrabio o de acero
         incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva impugnada tras la ampliación de la Unión en 2004, así como a la posibilidad
         de que otros Estados europeos que poseen también un sector siderúrgico se adhieran en el futuro. Además, la demandante no
         ha demostrado que, en el momento en que entró en vigor la Directiva impugnada, dichos productores de arrabio o de acero presentasen
         características particulares que les distinguiesen de cualquier otro productor o nuevo entrante en la medida en que, por ejemplo,
         poseían derechos específicos anteriores (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2008,
         Comisión/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, apartados 71 a 77). En efecto, aún suponiendo que dichos productores dispusieran
         de derechos de emisión concedidos con arreglo a la Directiva 96/61 (véase el apartado 49 anterior), estos supuestos derechos,
         lejos de ser específicos o exclusivos de la propia demandante, habrían beneficiado del mismo modo a todos los operadores que
         ejerciesen las actividades incluidas en el anexo I de dicha Directiva. Por último, el mero hecho de que, según la demandante,
         una entrada en el mercado pertinente no sea posible más que mediante la adquisición de un productor ya establecido, no excluye
         que cambie la identidad de dicho productor o del nuevo entrante que lo adquiere y que se modifique, así, la composición del
         grupo de productores de que se trata.
      
      110    De ello se desprende que los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas, a saber, las obligaciones de autorizar
         las emisiones y entregar los derechos de emisión, las sanciones en caso de incumplimiento de dichas obligaciones, así como
         la supuesta limitación de los derechos de emisión con arreglo al artículo 9 de la Directiva impugnada, afectan del mismo modo
         y debido a una situación determinada objetivamente, la actividad económica y la posición jurídica de los operadores incluidos
         en el anexo I de esta Directiva, incluidos los del sector de la producción del arrabio y del acero. Por tanto, las referidas
         disposiciones no pueden caracterizar la situación fáctica y jurídica de la demandante respecto de los otros operadores, ni,
         en consecuencia, individualizarla de un modo análogo al de un destinatario, de manera que no es necesario examinar si le afectan
         directamente. 
      
      111    En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación basada en el gran tamaño de la demandante, el volumen anual de su producción
         y su incapacidad económica y/o tecnológica individual de reducir todavía más sus emisiones de CO2, procede señalar que la demandante no explica los motivos por los que los productores de arrabio o de acero competidores
         no se exponen a problemas de adaptación y a dificultades análogas en función de su tamaño, de su volumen de producción y de
         sus esfuerzos de reducción de emisiones. En efecto, un operador de menor tamaño y que tenga una producción de arrabio o de
         acero menor que la de la demandante dispondrá necesariamente de una cantidad de derechos de emisión inferior, de manera que,
         proporcionalmente, sus dificultades económicas y/o tecnológicas para reducir sus emisiones deberían ser comparables a las
         de la demandante. Pues bien, con arreglo al anexo I de la Directiva impugnada, las obligaciones que se derivan de las disposiciones
         controvertidas se aplican de manera uniforme y general a todos los titulares de instalaciones cuya producción supere el límite
         indicado, sin distinción de tamaños. Además, el alcance de estas obligaciones depende únicamente de la cantidad de emisiones
         de gases de efecto invernadero que, a falta de prueba en contra, pueden aumentar con el tamaño y con la capacidad de producción
         de la instalación de que se trate, de manera que todos los productores afectados se encuentran en una situación comparable
         (véase, en este sentido, la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, apartado 34). Por lo tanto, la demandante no puede válidamente alegar una afectación particular capaz de individualizarla
         como destinataria, de manera que no es necesario examinar, a este respecto, si le afecta directamente.
      
      112    En cuarto lugar, la demandante no ha demostrado, de manera suficiente, que su supuesta «situación de encierro única», en particular,
         debido a la reestructuración de su grupo, pueda individualizarla respecto de los demás operadores. En efecto, incluso si se
         considera que es el único productor de arabio o de acero establecido en el mercado interior que ha iniciado una reestructuración,
         no se ha demostrado la inexistencia de otros productores pertenecientes a los demás sectores cubiertos por el anexo I de la
         Directiva impugnada que sufran consecuencias análogas debido a la ejecución de dicha Directiva por haber llevado a cabo o
         renunciado a gestiones similares. A este respecto, las alegaciones de la demandante de que las empresas de los otros sectores
         incluidos en el anexo I de la Directiva impugnada no están expuestas a las mismas dificultades que ella son demasiado vagas
         e hipotéticas para excluir que otros productores se vean afectados de manera similar, como los del sector energético, quienes
         tras la liberalización a escala comunitaria fueron objeto de una reestructuración transfronteriza importante.
      
      113    En todo caso, la demandante no ha demostrado que su afectación debido a la supuesta «situación de encierro única» sea imputable
         específicamente a los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas como tales, de manera que le afecten directamente.
         Según las afirmaciones de la propia demandante, esta situación resulta, en esencia, en primer lugar, de la supuesta penuria
         de derechos de emisión asignados gratuitamente por las autoridades estatales, lo que, a su juicio, la transforma en un «comprador
         neto de derechos de emisión», en segundo lugar, del eventual incremento y/o del alto nivel de precios de los derechos de emisión
         disponibles en el mercado, y, en tercer lugar, de la imposibilidad de transmitir en el mercado interior los derechos de emisión,
         asignados a instalaciones que deben cerrarse, a otras instalaciones en las que pretende ampliar la capacidad de producción.
      
      114    Asimismo, suponiendo que la reestructuración alegada sea una característica particular de la demandante, es preciso señalar
         que la supuesta «situación de encierro única» resultante de los aspectos mencionados en el apartado 112 anterior no es imputable
         ni a la obligación de obtener un permiso de emisión con arreglo al artículo 4 de la Directiva impugnada, ni a la obligación
         de entrega de conformidad con su artículo 12, apartado 3, en relación con su artículo 6, apartado 2, letra e), ni a las sanciones
         establecidas en el artículo 16, apartados 2 a 4, de dicha Directiva, sino que constituye, si dicha situación se confirma,
         la consecuencia de la ejecución por los Estados miembros de sus PNA y de las legislaciones pertinentes. Ahora bien, dichos
         Estados disponen, con arreglo los artículos 9, apartado 1, y 11, apartado 1, de la Directiva impugnada, de un amplio margen
         de apreciación en lo que respecta tanto a la atribución de los contingentes de derechos de emisión a los diversos sectores
         industriales como a la asignación y retirada de los derechos de emisión a los titulares individuales, incluso en el caso de
         cierre de una instalación (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 7 de noviembre de 2007, Alemania/Comisión,
         T‑374/04, Rec. p. II‑4431, apartados 102 a 106). 
      
      115    En efecto, el artículo 4 de la Directiva impugnada se limita a someter a cualquier titular que emita gases de efecto invernadero
         a la obligación de obtener un permiso de emisión, sin especificar los requisitos y modalidades de concesión ni de retirada
         de los derechos de emisión, que según la demandante son el origen de sus dificultades de reestructuración. Este razonamiento
         se aplica por analogía a la obligación de entrega establecida en el artículo 12, apartado 3, de la Directiva impugnada, en
         relación con su artículo 6, apartado 2, letra e), y a las sanciones establecidas en el artículo 16, apartados 2 a 4, de dicha
         Directiva, puesto que la demandante no explica los motivos por los que considera que dichas disposiciones presentan algún
         vínculo con las referidas dificultades. En estas circunstancias, el eventual perjuicio sufrido por la demandante debido al
         incremento de los costes de adquisición de los derechos de emisión y/o a una eventual pérdida de derechos de emisión, como
         consecuencia del cierre de una de sus instalaciones y de la retirada de los derechos de emisión correspondientes por las autoridades
         estatales, incluso sustancial y mayor que la de otros operadores, no puede imputarse a las obligaciones derivadas de dichas
         disposiciones para fundamentar su afectación directa en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. 
      
      116    Por último, en la medida en que la demandante impugna igualmente el artículo 9 de la Directiva impugnada, en relación con
         el criterio nº 1 de su anexo III debido a que impone, a su juicio, a los Estados miembros, un «límite absoluto de derechos
         de emisión», basta señalar que, aunque se considerase que esta alegación estuviera fundada, tal límite no afectaría directamente
         a la demandante, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, puesto que no permite identificar, ni siquiera aproximadamente,
         el número de derechos de emisión que las autoridades estatales deben asignar a los diversos sectores industriales, e incluso
         menos a los titulares individuales de explotaciones. Confirma esta afirmación el hecho de que, en el curso del proceso, la
         demandante no pudo precisar ni anticipar, a la luz de la Directiva impugnada y de la Decisión 2002/358, ni la cantidad de
         derechos de emisión que los Estados miembros le asignarán gratuitamente para sus instalaciones de producción establecidas
         en el mercado interior, ni el alcance de la carga eventual que podría sufrir si los referidos derechos fueran insuficientes.
         
      
      117    Por consiguiente, la demandante no ha demostrado que las disposiciones controvertidas le afecten directa e individualmente
         debido a su supuesta «situación de encierro única», que resulta, en particular, de la reestructuración transfronteriza de
         su grupo.
      
      118    En quinto lugar, en lo que respecta a los contratos de suministro de gas a largo plazo que la demandante sostiene haber concluido
         con varias centrales eléctricas antes de la entrada en vigor de la Directiva impugnada, tampoco permiten individualizarla
         a la luz de las disposiciones litigiosas. En efecto, estas disposiciones rigen, de manera general y abstracta, las obligaciones
         de los operadores sometidos al régimen para el comercio de derechos de emisión, sin precisar, no obstante, los requisitos
         y modalidades de concesión o de retirada de los mismos por los Estados miembros (véanse los apartados 112 a 116 anteriores).
         De ello se desprende, en todo caso, que la eventual afectación de la ejecución de los contratos de suministro de gas sólo
         puede resultar de las normas nacionales que rigen la asignación de los derechos de emisión, de manera que, a este respecto,
         la demandante también carece de fundamento para afirmar que se ve directamente afectada. Además, tal como sostiene el Consejo,
         la propia demandante afirma que dichos contratos de suministro de gas se refieren, al menos en parte, a centrales eléctricas
         que pertenecen a su propio grupo de empresas. Así, en la medida en que la actividad de dichas centrales eléctricas entra en
         el ámbito de aplicación del anexo I de la Directiva impugnada al sobrepasar el volumen de producción establecido por dicho
         texto, la demandante dispondrá necesariamente de derechos de emisión para la combustión de los gases de que se trata sobre
         la base de los PNA y de las normas nacionales aplicables. Por último, a pesar de que la producción de energía constituye,
         en principio, una actividad cubierta por el anexo I de la Directiva impugnada, la demandante no ha precisado en qué medida
         dichos contratos de suministro de gas le vinculan a centrales eléctricas terceras, ni ha indicado si éstas pueden obtener
         derechos de emisión por su propia cuenta o los necesitan debido a su inclusión en dicho anexo, ni ha explicado las circunstancias
         en las que una hipotética insuficiencia de derechos de emisión para ellas podría afectar la ejecución de dichos contratos.
         En estas circunstancias, procede concluir que la demandante no ha demostrado que las disposiciones controvertidas le afecten
         directa e individualmente por el hecho de la supuesta afectación de la ejecución de los contratos de suministro de gas a largo
         plazo de que se trata.
      
      119    En sexto lugar, en lo que respecta a la alegación de la demandante, muy poco circunstanciada, de que participó en el procedimiento
         de toma de decisiones que llevó a la adopción de la Directiva impugnada, procede recordar que el hecho de que una persona
         intervenga de un modo u otro en el procedimiento que culmina en la adopción de un acto comunitario sólo permite individualizar
         a esta persona en relación con dicho acto cuando la normativa comunitaria aplicable le concede ciertas garantías de procedimiento.
         Pues bien, a falta de disposición expresa en contra, ni el proceso de elaboración de los actos normativos de alcance general
         ni la naturaleza de los actos de alcance general ni dichos actos en sí mismos exigen, con arreglo a principios generales del
         Derecho comunitario, como el derecho a ser oído, la participación de las personas afectadas, ya que se supone que los intereses
         de éstas los representan los órganos políticos a los que corresponde adoptar dichos actos. En consecuencia, a falta de derechos
         procedimentales expresamente garantizados, sería contrario a la letra y al espíritu del artículo 230 CE permitir a cualquier
         particular, únicamente por haber participado en la preparación de un acto de naturaleza legislativa, interponer después un
         recurso contra dicho acto (véase, en este sentido, el auto del Tribunal, de 14 de diciembre de 2005, Arizona Chemical y otros/Comisión,
         T‑369/03, Rec. p. II‑5839, apartados 72 a 73, y la jurisprudencia citada en ellos).
      
      120    En el caso de autos, es preciso señalar que, por un lado, el procedimiento de elaboración y de adopción de la Directiva impugnada,
         en virtud del artículo 175 CE, apartado 1 y del artículo 251 CE, era un procedimiento de toma de decisiones que implicaba
         la participación conjunta del Consejo y del Parlamento en tanto que legislador comunitario y que desembocó en la adopción
         de una medida de alcance general, sin prever ninguna intervención por parte de los operadores en dicho contexto, y que, por
         otro lado, la demandante no ha alegado ni demostrado la posesión de derechos procedimentales que puedan fundamentar su legitimación
         en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 119 anterior.
      
      121    De ello se desprende que la supuesta participación de la demandante en el proceso de toma de decisiones que llevó a la adopción
         de la Directiva impugnada no le individualiza en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, sin que sea necesario examinar,
         a este respecto, si le afecta directamente.
      
      122    Del conjunto de las anteriores consideraciones resulta que las disposiciones controvertidas no afectan a la demandante ni
         individual, ni directamente, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por lo que debe declararse la inadmisibilidad
         de su pretensión de anulación, sin que sea necesario examinar si las disposiciones controvertidas pueden separarse o no del
         conjunto de la Directiva impugnada.
      
      123    Por lo demás, esta solución no queda desvirtuada por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. En efecto, tal como se ha recordado
         en el apartado 114 anterior, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para la ejecución de la Directiva
         impugnada. En consecuencia, en contra de las alegaciones de la demandante, esta Directiva no puede considerarse, en ningún
         caso, un acto reglamentario que no incluye medidas de ejecución en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. 
      
      II.    Sobre la admisibilidad de la demanda de indemnización
      A.      Alegaciones de las partes
      124    El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, sostienen que la demanda de indemnización también es inadmisible. 
      
      125    Alegan que la petición de la demandante no es conforme a los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento
         de Procedimiento, en la medida en que, por un lado, el daño alegado no es inminente, ni cierto, ni está suficientemente identificado,
         y que, por otro lado, no existe relación de causalidad directa entre la Directiva impugnada y dicho daño. El Parlamento añade
         que la demandante no ha cumplido con su obligación de probar que la elección del legislador comunitario vulnera grave y manifiestamente
         las normas jurídicas superiores invocadas, como el principio de igualdad de trato. Así, considera que no ha demostrado que
         los sectores de la química y del aluminio ocupen el mismo segmento del mercado que el sector del arrabio y del acero y que
         dichos sectores produzcan emisiones directas de CO2 de tal importancia que deberían haber sido incluidos desde el principio en la Directiva impugnada.
      
      126    En lo que respecta a la existencia de un daño, el Consejo sostiene que la Directiva impugnada, a pesar de que en el momento
         en que se interpuso la demanda ya había entrado en vigor, no había tenido el más mínimo efecto directo sobre la actividad
         económica de la demandante y que los eventuales efectos futuros no pueden considerarse como inminentes. Considera, además,
         que la demandante no ha probado la existencia de un daño cierto, puesto que es imposible en esta fase por varios motivos.
         A este respecto, el Parlamento y el Consejo sostienen, en particular, que la supuesta situación de «comprador neto de derechos
         de emisión» de la demandante es únicamente hipotética y no una consecuencia directa, necesaria y cierta de la Directiva impugnada.
      
      127    Según el Consejo, la cuestión de si la demandante se convertirá en un «comprador neto de derechos de emisión» depende de una
         serie de factores desconocidos y que no se han demostrado en el caso de autos, como la cantidad total de los derechos de emisión
         inicialmente asignados por las autoridades nacionales con arreglo a los PNA y los costes de reducción de las emisiones respecto
         del precio de los derechos de emisión en el mercado. Añade que la cantidad total de derechos de emisión asignados depende,
         por su parte, de varios factores, como el objetivo de reducción encomendado al Estado miembro, su eventual intención de comprar
         en el mercado mundial las unidades de emisión previstas por el Protocolo de Kioto, así como su decisión en cuanto a las modalidades
         de repartición entre los diferentes sectores industriales de la reducción necesaria de las emisiones. El Consejo sostiene,
         además, que, cuando los derechos de emisión resulten insuficientes, el impacto de la Directiva impugnada dependerá, habida
         cuenta del gasto de inversión respectivo, de la elección del titular de la explotación, entre, por un lado, la compra de derechos
         de emisión adicionales para cubrir sus emisiones de CO2 y, por otro, la adopción de medidas de reducción de las emisiones. 
      
      128    El hecho de que la Directiva impugnada establezca expresamente, en los criterios nos 3 y 7 de su anexo III, que la cantidad de derechos de emisión debe ser coherente con el potencial, incluido el tecnológico,
         de las actividades de los operadores y que el PNA puede tener en cuenta las medidas tempranas que la demandante afirma haber
         llevado a cabo desde 1990, como las reducciones de emisiones de CO2, confirman, según el Consejo, la inexistencia de un daño cierto. Además, el Consejo recuerda que la demandante puede llevar
         a cabo una transferencia transfronteriza de los derechos de emisión no utilizados entre las instalaciones en el interior de
         su grupo, ya que esta posibilidad se encuentra a la base misma del régimen para el comercio de derechos de emisión.
      
      129    El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, señalan que la demandante no ha conseguido demostrar que la ejecución
         de la Directiva impugnada le generará gastos adicionales, como los gastos del personal encargado de la vigilancia de las emisiones
         de CO2 y de la elaboración de informes, puesto que dichas obligaciones ya se imponen en virtud de la Directiva 96/61. El Consejo
         sostiene que las alegaciones de la demandante relativas a los costes derivados de la contratación de personal adicional y
         de la pérdida de beneficios futuros son demasiado vagas e imprecisas para constituir una prueba de un daño futuro. Asimismo,
         considera que las eventuales pérdidas de cuotas de mercado o de beneficios no son ciertas y dependen de factores desconocidos
         e independientes de la Directiva impugnada, por ejemplo, de la evolución del precio del arrabio y del acero y del de los productos
         competidores.
      
      130    Según el Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión, la demandante tampoco ha demostrado la existencia de una relación
         de causalidad entre la Directiva impugnada y el supuesto daño futuro causado. Consideran que, habida cuenta del margen de
         apreciación reservado a los Estados miembros, la Directiva impugnada no puede como tal causar directamente un daño a la demandante,
         puesto que éste sólo puede resultar de las normas de adaptación del Derecho nacional y, en particular, de la asignación de
         los derechos de emisión. 
      
      131    La demandante considera que su demanda de indemnización es conforme a los requisitos del artículo 44, apartado 1, letra c),
         del Reglamento de Procedimiento y que, por tanto, debe admitirse.
      
      B.      Apreciación del Tribunal
      132    Procede recordar que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, en relación con el artículo 53, párrafo primero, del Estatuto
         del Tribunal de Justicia y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, las demandas deben contener
         la indicación del objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente
         clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal General se pronuncie sobre el recurso,
         en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia,
         es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los
         que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del propio texto de
         la demanda. Más concretamente, para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños
         supuestamente causados por una institución comunitaria deberá contener los elementos que permitan identificar el comportamiento
         que la demandante reprocha a la institución, las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho
         comportamiento y el perjuicio que alega haber sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio (sentencias del
         Tribunal de 3 de febrero de 2005, Chiquita Brands y otros/Comisión, T‑19/01, Rec. p. II‑315, apartados 64 y 65; de 10 de mayo
         de 2006, Galileo International Technology y otros/Comisión, T‑279/03, Rec. p. II‑1291, apartados 36 y 37; de 13 de diciembre
         de 2006, Abad Pérez y otros/Consejo y Comisión, T‑304/01, Rec. p. II‑4857, apartado 44, y de 13 de diciembre de 2006, É.R.y
         otros/Consejo y Comisión, T‑138/03, Rec. p. II‑4923, apartado 34; auto del Tribunal de 27 de mayo de 2004, Andolfi/Comisión,
         T‑379/02, no publicado en la Recopilación, apartados 41 y 42). 
      
      133    El Tribunal considera que la demanda reúne los requisitos de forma y que procede desestimar las alegaciones del Parlamento
         y del Consejo a este respecto, puesto que la mayoría de ellas se refiere a la apreciación del fundamento de la demanda de
         indemnización y no a su admisibilidad. En efecto, en la demanda, la demandante aportó suficientes elementos que permiten identificar
         el comportamiento que se reprocha al legislador comunitario, los motivos por los que considera que existe una relación de
         causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio sufrido, así como la naturaleza y la eventual amplitud de dicho perjuicio,
         además, tales elementos permitieron al Parlamento y al Consejo defenderse útilmente al respecto, presentando alegaciones destinadas,
         en realidad, a demostrar que la demanda de indemnización carece de fundamento.
      
      134    En lo que respecta al supuesto comportamiento ilegal del Parlamento y del Consejo, es preciso señalar que la demandante formuló,
         con arreglo a los requisitos establecidos por la jurisprudencia, (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000,
         Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, apartados 39 y siguientes, y de 12 de julio de 2005, Comisión/CEVA
         y Pfizer, C‑198/03 P, Rec. p. I‑6357, apartados 61 y siguientes), alegaciones detalladas con objeto de demostrar una violación
         suficientemente caracterizada de varias normas –incluso de normas jurídicas superiores– que confieren derechos a los particulares,
         como el principio de igualdad de trato y la libertad de establecimiento.
      
      135    En lo que respecta al perjuicio, procede señalar, con carácter preliminar, que, habida cuenta de las circunstancias en el
         momento en que se presentó la demanda, dicho perjuicio debía necesariamente presentar un carácter futuro, puesto que los ordenamientos
         jurídicos nacionales todavía no se habían adaptado a la Directiva impugnada y los Estados miembros todavía no habían comenzado
         a elaborar sus PNA y sus legislaciones referidas al primer período de asignación. Además, habida cuenta del margen de apreciación
         de los Estados miembros en cuanto a la ejecución del régimen para el comercio de los derechos de emisión en los territorios
         en los que se aplican sus PNA (véase el apartado 116 anterior), la demandante no podía precisar la extensión exacta de dicho
         perjuicio futuro en el momento de interponer la demanda. Pues bien, en tales circunstancias particulares, a las que se refiere
         la demandante, no es indispensable determinar, en tanto que requisito de admisibilidad, el alcance exacto del perjuicio y,
         menos todavía, cifrar el importe de la indemnización solicitada, lo cual es, en todo caso, posible hasta el momento de la
         réplica, siempre que la parte demandante invoque tales circunstancias e indique los elementos que permitan apreciar la naturaleza
         y el alcance del perjuicio, y la parte demandada pueda, en consecuencia, defenderse (véanse, en este sentido, los autos del
         Tribunal Andolfi/Comisión, citado en el apartado 132 supra, apartados 48 y 49, y la jurisprudencia que allí se cita, y de 22 de julio de 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Consejo
         y Comisión, T‑376/04, Rec. p. II‑3007, apartado 55). 
      
      136    Procede señalar, a continuación, que la demandante formuló de manera suficiente elementos que caracterizan su perjuicio futuro,
         incluidos su naturaleza, su alcance y sus diferentes componentes, para cumplir con los requisitos del artículo 44, apartado
         1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. En efecto, la demandante se refirió, en primer lugar, en su demanda, al daño
         resultante de los costes adicionales generados por la contratación de personal para ejercer las actividades de seguimiento
         y notificación con arreglo a los artículos 14 y 15 de la Directiva impugnada. Además, en sus alegaciones sobre las excepciones
         de inadmisibilidad, la demandante formuló una estimación cifrada concreta de dichos costes adicionales. En segundo lugar,
         la demandante alegó un perjuicio tanto material como moral resultante de la pérdida de partes del mercado y del atentado contra
         su reputación en materia medioambiental, causadas por el hecho de no incluir los sectores competidores de los metales no férreos
         y de los productos químicos en el ámbito de aplicación de la Directiva impugnada. En tercer lugar, la demandante invocó, apoyándose
         en estimaciones numéricas (véanse los apartados 80 y 81 anteriores), la producción de un perjuicio por su situación de «comprador
         neto de derechos de emisión» y del incremento previsible de los costes de dichos derechos de emisión capaz de anular su margen
         bruto de beneficios. En cuarto lugar, la demandante solicitó la reparación del lucro cesante resultante de la imposibilidad
         de llevar a cabo su estrategia de reestructuración transfronteriza. De ello se desprende que, en el caso de autos, se cumplen
         los requisitos mínimos relativos a la identificación del perjuicio.
      
      137    Por último, respecto de la relación de causalidad entre el comportamiento ilegal y el perjuicio, la demandante sostiene con
         suficiente precisión, con arreglo a la lógica de su razonamiento, que el Estado miembro no dispone de un margen de apreciación
         en cuanto a la adaptación de su Derecho interno a las disposiciones controvertidas y a las obligaciones que se desprenden
         de las mismas para los operadores y que, en consecuencia, cualquier perjuicio eventual que sufra es imputable al comportamiento
         supuestamente ilegal del legislador comunitario. A este respecto, no pueden admitirse las alegaciones del Parlamento, del
         Consejo y de la Comisión de que la demandante debería haber «establecido» o «probado» dicha relación de causalidad para que
         se declare la admisibilidad de la demanda, puesto que tal apreciación corresponde al examen del fundamento de dicha demanda
         y no de su admisibilidad.
      
      138    A la luz de las anteriores consideraciones, procede desestimar las excepciones de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento
         y el Consejo en la medida en que se refieren a la demanda de indemnización. 
      
      III. Sobre la fundamentación de la demanda de indemnización
      A.      Sobre los requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad 
      139    De reiterada jurisprudencia se desprende que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por comportamiento
         ilícito de sus órganos, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran una serie de requisitos:
         la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del perjuicio y la existencia de una relación de
         causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado [véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre
         de 2006, Agraz y otros/Comisión, C‑243/05 P, Rec. p. I‑10833, apartado 26, y la jurisprudencia que allí se cita; las sentencias
         del Tribunal General de 16 de noviembre de 2006, Masdar (UK)/Comisión, T‑333/03, Rec. p. II‑4377, apartado 59; Abad Pérez
         y otros/Consejo y Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 97; y É.R. y otros/Consejo y Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 99, y de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión, T‑259/03, no publicada en la , apartado 37].
      
      140    Habida cuenta del carácter acumulativo de estos requisitos, la demanda debe desestimarse en su totalidad en el supuesto de
         que no se cumpla uno de tales requisitos (véase, en este sentido, las sentencias Abad Pérez y otros/Consejo y Comisión, citada
         en el apartado 132 supra, apartado 99, y É.R. y otros/Consejo y Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 101, y la jurisprudencia que allí se cita).
      
      141    En lo que respecta al primero de estos requisitos, es necesario demostrar la violación suficientemente caracterizada de una
         norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencia Bergaderm y Goupil/Comisión, citada en
         el apartado 134 supra, apartado 42). En cuanto al requisito de que la violación sea suficientemente caracterizada, el criterio decisivo para poder
         considerar que se cumple es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución comunitaria de que se trate,
         de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Únicamente cuando dicha institución sólo dispone de un margen de apreciación
         considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho comunitario puede bastar para demostrar
         la existencia de una violación suficientemente caracterizada (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2002,
         Comisión/Camar y Tico, C‑312/00 P, Rec. p. I‑11355, apartado 54; sentencias del Tribunal General de 12 de julio de 2001, Comafrica
         y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99, Rec. p. II‑1975, apartado 134; Abad
         Pérez y otros/Consejo y Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 98, y É.R. y otros/Consejo y Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 100).
      
      142    En primer lugar, procede apreciar el fundamento de los motivos de ilegalidad invocados por la demandante a la luz de los criterios
         mencionados en el apartado 141 anterior. 
      
      143    A este respecto, procede precisar en el contexto del caso de autos que una eventual violación suficientemente caracterizada
         de las normas jurídicas debe basarse en la inobservancia manifiesta y grave de los límites de la amplia facultad de apreciación
         de que dispone el legislador comunitario en el ejercicio de las competencias en el ámbito medioambiental con arreglo a los
         artículos 174 CE y 175 CE (véanse, en este sentido y por analogía, por un lado, las sentencias del Tribunal General de 1 de
         diciembre de 1999, Boehringer/Consejo y Comisión, T‑125/96 y T‑152/96, Rec. p. II‑3427, apartado 74, y de 10 de febrero de
         2004, Afrikanische Frucht-Compagnie/Consejo y Comisión, T‑64/01 y T‑65/01, Rec. p. II‑521, apartado 101, y la jurisprudencia
         que allí se cita, y, por otro lado, las sentencias del Tribunal General de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo,
         T‑13/99, Rec. p. II‑3305, apartado 166, y de 26 de noviembre de 2002, Artegodan/Comisión, T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 a T‑85/00,
         T‑132/00, T‑137/00 y T‑141/00, Rec. p. II‑4945, apartado 201). En efecto, el ejercicio de dicha facultad discrecional implica,
         por un lado, la necesidad para el legislador comunitario de anticipar y de evaluar evoluciones ecológicas, científicas, técnicas
         y económicas complejas e inciertas, y, por otro lado, la ponderación y la elección por dicho legislador entre diferentes objetivos,
         principios e intereses recogidos en el artículo 174 CE (véanse, en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de
         14 de julio de 1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95, Rec. p. I‑4301, apartados 36 y 37; de 15 de diciembre de 2005, Grecia/Comisión,
         C‑86/03, Rec. p. I‑10979, apartado 88, y Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, apartados 57 a 59; véase igualmente, por analogía, la sentencia Chiquita Brands y otros/Comisión, citada en el apartado 132 supra, apartado 228). Ello se traduce, en la Directiva impugnada, en el establecimiento de una serie de objetivos y de objetivos
         menores parcialmente contradictorios (véanse, en este sentido, las sentencias Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada
         en el apartado 42 supra, apartados 28 a 33; y Alemania/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartados 121 a 125 y 136 a 139). 
      
      144    En consecuencia, procede verificar si la supuesta violación de las normas jurídicas invocadas por la demandante consiste en
         la inobservancia manifiesta y grave de los límites de la amplia facultad de apreciación de que disponía el legislador comunitario
         para la adopción de la Directiva impugnada. 
      
      145    Habida cuenta de que las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de los dos primeros motivos de ilegalidad se confunden
         en gran medida, procede examinar éstos conjuntamente. 
      
      B.      Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del derecho de propiedad, de la libertad de ejercer una
            actividad económica y del principio de proporcionalidad
      1.      Alegaciones de las partes
      146    La demandante sostiene que las disposiciones controvertidas vulneran su derecho de propiedad y su libertad de ejercer una
         actividad económica, los cuales constituyen derechos fundamentales garantizados por el Derecho comunitario, según confirman
         los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000
         en Niza (DO C 364, p. 1). En efecto, según la demandante, las medidas obligatorias que subordinan la «utilización de la propiedad»
         a determinados requisitos pueden limitar el ejercicio del derecho de propiedad y, cuando dichas medidas privan a un particular
         de dicho ejercicio, vulneran la esencia misma de dicho derecho.
      
      147    La demandante considera que las disposiciones controvertidas vulneran, de manera desproporcionada, la esencia de su derecho
         de propiedad y de su libertad de ejercer una actividad económica al obligarle a explotar sus instalaciones en circunstancias
         económicamente inviables. Por un lado, sostiene que dichas circunstancias convierten a la demandante en un «comprador neto
         de derechos de emisión» (véanse los apartados 75 y 77 anteriores), puesto que, a pesar de los esfuerzos realizados en el pasado
         y a diferencia de los operadores de otros sectores, le es imposible reducir todavía más sus emisiones de CO2 en un futuro cercano (véanse los apartados 77 y 78 anteriores). Por otro lado, habida cuenta de las circunstancias particulares
         de la competencia en el sector siderúrgico (véase el apartado 79 anterior), la demandante sostiene que tampoco puede repercutir
         el incremento de sus costes de producción sobre sus clientes (véase el apartado 80 anterior). Afirma que, en consecuencia,
         produce con pérdidas y debe seguir explotando las instalaciones no rentables e insuficientes en el mercado interior, o bien
         cerrarlas y transferirlas a países que no impongan obligaciones de reducción de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto.
      
      148    En su réplica, la demandante precisa que la Directiva impugnada produce una distorsión de la competencia por tres motivos.
         En primer lugar, si bien la industria comunitaria está sometida a la obligación de reducir las emisiones de CO2, lo que aumenta los costes de producción, los costes de producción de los países terceros permanecen iguales, o incluso disminuyen
         debido a proyectos que se inscriben en el marco del mecanismo para el desarrollo «limpio» establecido en el Protocolo de Kioto
         (véase el apartado 5 anterior). En segundo lugar, en el mercado interior, el incremento de los costes de producción varía
         debido a las divergencias entre los objetivos nacionales de reducción de las emisiones y entre las políticas nacionales de
         asignación de derechos de emisión. En tercer lugar, sólo la producción de determinados sectores, entre los que figura el acero,
         está incluida en el régimen para el comercio de derechos de emisión. Ahora bien, según la demandante, todos los productos
         deberían verse afectados de la misma manera, proporcionalmente a la cantidad de CO2 emitida y teniendo en cuenta tanto el proceso de producción como el ciclo de vida del producto de que se trate.
      
      149    La demandante considera que la Directiva impugnada no es capaz de incitar a los titulares de las instalaciones a reducir sus
         emisiones. Por un lado, sostiene que no fomenta la innovación técnica, puesto que no contempla que las nuevas instalaciones
         obtengan derechos de emisión en función de sus necesidades efectivas, lo que incita a los productores a continuar explotando
         instalaciones no rentables. Por otro lado, según la demandante, la Directiva impugnada no recompensa la reducción de emisiones
         ni los esfuerzos de reducción considerables realizados por el sector siderúrgico europeo en el pasado. Añade que, al contrario,
         el cierre de una instalación ineficaz da lugar a la pérdida de los derechos de emisión asignados, puesto que dichos derechos
         de emisión no se pueden transmitir a instalaciones establecidas en otro Estado miembro (véanse los apartados 83 a 85 anteriores).
         Se disuade así a los productores de arrabio o de acero de reducir sus emisiones o de transferir su producción a instalaciones
         más eficaces y, por tanto, más favorables para el medio ambiente. Además, en lo que respecta a esta infracción grave de su
         derecho de propiedad, de su libertad de ejercer una actividad económica y de su libertad de establecimiento, la demandante
         pone en duda que pueda alcanzarse el objetivo de la Directiva impugnada de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
         y de proteger el medio ambiente. En lo que respecta al sector siderúrgico, debido a la explotación continua de instalaciones
         ineficaces y a la transferencia de la producción de acero a países terceros, es probable, a juicio de la demandante, que no
         pueda realizarse ninguna reducción de las emisiones en su totalidad.
      
      150    Según la demandante, de las anteriores consideraciones que demuestran la vulneración de su derecho de propiedad, de su libertad
         de ejercer una actividad económica y de su libertad de establecimiento, resulta que las disposiciones controvertidas vulneran
         igualmente el principio de proporcionalidad. En virtud de este principio, la legalidad de los actos y de las medidas comunitarias
         está subordinada a la condición de que dichos actos y medidas sean apropiados y necesarios para la realización de los objetivos
         perseguidos legítimamente con la normativa en cuestión. Asimismo, el artículo 5 CE, párrafo tercero, exige que los actos jurídicos
         de la Comunidad no excedan de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado CE. Además, cuando se ofrezca una elección
         entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y las obligaciones impuestas no deberán ser desproporcionadas
         con respecto a los objetivos perseguidos. Sin embargo, según la demandante, la inclusión de las instalaciones de producción
         de arrabio bruto o de acero en el anexo I de la Directiva impugnada fue desde el principio ineficaz para contribuir a la realización
         de los objetivos de la Directiva impugnada de reducción de las emisiones y de protección del medio ambiente y las disposiciones
         controvertidas imponen a la demandante una obligación pesada y desproporcionada, que pone en peligro su propia existencia
         (véanse los apartados 147 a 149 anteriores).
      
      151    El Parlamento y el Consejo niegan que la Directiva impugnada afecte, de manera desproporcionada, el derecho de propiedad y
         la libertad de ejercer una actividad económica de la demandante. Aunque se considere que las obligaciones derivadas de la
         misma para la demandante son restricciones en este sentido, dichas instituciones sostienen que no pueden calificarse de vulneración
         desmesurada e intolerable de tales derechos respecto del objetivo de interés general perseguido por la Directiva impugnada
         y por el régimen para el comercio de derechos de emisión, a saber, la protección del medio ambiente.
      
      152    En consecuencia, sostienen que el primer y segundo motivos deben desestimarse por infundados.
      
      2.      Apreciación del Tribunal
      153    Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien el derecho de propiedad y el libre ejercicio de una actividad económica
         forman parte de los principios generales del Derecho comunitario, estos principios no aparecen, sin embargo, como prerrogativas
         absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse
         restricciones al derecho de propiedad y al libre ejercicio de una actividad económica, siempre y cuando estas restricciones
         respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan, habida cuenta del objetivo
         perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (véanse,
         en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 2005, Alessandrini y otros/Comisión, C‑295/03 P,
         Rec. p. I‑5673, apartado 86, y la jurisprudencia que allí se cita, y la sentencia Chiquita Brands y otros/Comisión, citada
         en el apartado 132 supra, apartado 220).
      
      154    En lo que respecta, más concretamente, a la supuesta vulneración del derecho de propiedad, procede señalar que, salvo la alegación
         muy general de que las disposiciones controvertidas tienen como consecuencia que la demandante no podría ni siquiera explotar,
         de manera rentable, sus instalaciones de producción de acero establecidas en el mercado interior, la demandante no ha precisado
         en qué medida se vulnera efectivamente, o se vacía de contenido, su derecho de propiedad relativo a determinados bienes corporales
         e incorporales que forman parte de sus medios de producción, debido a la aplicación o a la adaptación del Derecho interno
         a dichas disposiciones. La demandante tampoco ha indicado cuáles de dichas instalaciones de producción están particularmente
         afectadas por las disposiciones controvertidas ni por qué motivos existe tal afectación habida cuenta de la situación individual
         de cada una de estas instalaciones en el territorio en que están establecidas y a la luz del PNA pertinente. A este respecto,
         la demandante se ha limitado a alegar vagamente que no puede cerrar determinadas instalaciones ineficaces y no rentables,
         para no perder los derechos de emisión asignados a las mismas, sin explicar en qué medida esta falta de eficacia y de rentabilidad
         y las dificultades económicas que resultan son imputables específicamente a la aplicación de las disposiciones controvertidas
         como tales. Ahora bien, según sus propias afirmaciones, estas dificultades económicas ya existían mucho antes de la operación
         de concentración de 2001 (véase el apartado 30 anterior) y fueron uno de los motivos económicos de la misma.
      
      155    Por otro lado, en lo que respecta a la supuesta vulneración del derecho de propiedad y de la libertad de ejercer una actividad
         económica en su conjunto, la demandante no logró explicar, ni en sus escritos ni en la vista, de manera plausible y en base
         a pruebas concretas, cómo y en qué medida, podía convertirse en un «comprador neto de derechos de emisión» cuyos costes no
         podría repercutir sobre sus clientes, debido a la ejecución de la Directiva impugnada. En efecto, la demandante no alegó que
         durante el primer período de asignación, finalizado en el 2007, había tenido que comprar derechos de emisión adicionales debido
         a una eventual insuficiencia de derechos de emisión en una de sus instalaciones de producción establecidas en el mercado interior.
         Al contrario, en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, la demandante reconoció haber vendido, en 2006, el excedente
         de derechos de emisión en el mercado y que obtuvo un beneficio de 101 millones de euros, de lo que se dejó constancia en el
         acta de la vista. Por tanto, queda excluido que, en su conjunto, las disposiciones controvertidas generen necesariamente consecuencias
         financieras negativas que vulneren el derecho de propiedad de la demandante y su libertad de ejercer una actividad económica.
         
      
      156    Además, procede señalar que la demandante alegó, en el marco de su demanda de indemnización, que algunas de sus instalaciones
         de producción en el mercado interior sufrieron pérdidas debido a la aplicación de las disposiciones controvertidas y no aportó
         cifras precisas sobre la evolución de la rentabilidad de dichas instalaciones desde que el régimen de comercio de derechos
         de emisión está en funcionamiento. La demandante tampoco aportó precisiones sobre, por un lado, la manera en que cada una
         de dichas instalaciones se adaptó a los distintos objetivos de reducción de emisiones en los Estados miembros de que se trata,
         algunos de los cuales, como el Reino de España, prevén la posibilidad de aumentar las emisiones con arreglo a la Decisión
         2002/358 y del plan de reparto de cargas, y, por otro lado, sobre la cuestión de si el contingente de derechos de emisión
         a los que tenía derecho para sus instalaciones sobre la base de los distintos PNA era suficiente o no. Por último, aún suponiendo
         que los distintos PNA y los objetivos nacionales de reducción pudieran vulnerar los derechos de la demandante, ésta no alegó
         ni demostró que esta vulneración fuese imputable a las disposiciones controvertidas como tales y no a la legislación interna
         adoptada por los Estados miembros en el ejercicio de su margen en la adaptación de su Derecho interno a la Directiva impugnada,
         con arreglo al artículo 249 CE, párrafo tercero.
      
      157    En lo que respecta a la alegación de la demandante de que los productores de acero son incapaces de reducir más su emisiones
         de CO2 por motivos técnicos y económicos, basta señalar que el criterio nº 3 del anexo III de la Directiva impugnada obliga a los
         Estados miembros a tener en cuenta, en la determinación de la cantidad de derechos de emisión a asignar, el potencial, incluido
         el potencial tecnológico, de reducción de las emisiones de las actividades sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión
         (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto en el que recayó la sentencia Arcelor
         Atlantique et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, punto 57). De ello se desprende que, a la hora de asignar los derechos de emisión a los diferentes sectores industriales así
         como a los titulares de las instalaciones de dichos sectores, los Estados miembros deben tomar en consideración el potencial
         de reducción de todos los sectores y titulares de explotaciones, incluidos los del sector siderúrgico y de los productores
         de arrabio o de acero. Además, según el criterio nº 7 del anexo III de la Directiva impugnada «el [PNA] podrá contener medidas
         tempranas [de reducción de emisiones]», de manera que los Estados miembros tienen, al menos, la facultad de tener en cuenta
         los esfuerzos de reducción realizados en el sector y por los titulares de las explotaciones de que se trata. En consecuencia,
         no puede imputarse a las disposiciones controvertidas la eventual falta de consideración suficiente de esta capacidad de reducción
         por el Estado miembro, en el marco de su legislación de ejecución de la Directiva impugnada.
      
      158    En estas circunstancias, queda excluido que las disposiciones controvertidas vulneren el derecho de propiedad de la demandante
         y su libertad de ejercer una actividad profesional o que esta supuesta vulneración pueda causarle un daño. Por tanto, procede
         concluir que la demandante no ha demostrado una violación suficientemente caracterizada, ni una restricción desproporcionada
         de estos derechos por las disposiciones controvertidas, ni que esta supuesta violación pueda ser la causa del daño que alega
         haber sufrido. 
      
      159    Además, en la medida en que la demandante invoca una violación del principio de proporcionalidad como motivo autónomo de ilegalidad,
         resulta de las consideraciones que figuran en los apartados 154 a 158 anteriores que no ha demostrado la existencia de la
         carga pesada y desproporcionada que pretende haber sufrido. Del mismo modo, sin que sea necesario examinar los fundamentos
         de las alegaciones relativas a los fallos de funcionamiento del régimen para el comercio de derechos de emisión (véanse los
         apartados 149 y 150 anteriores), es preciso desestimar por carecer manifiestamente de fundamento la alegación principal de
         la demandante de que la participación de los productores de acero, en tanto que probados grandes emisores industriales de
         CO2, es inútil o inapropiada para contribuir al objetivo principal de la Directiva impugnada, que es proteger el medio ambiente
         mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por último, en todo caso, la demandante no ha demostrado
         que el régimen para el comercio de derechos de emisión como tal sea manifiestamente inapropiado para alcanzar el objetivo
         de la reducción de las emisiones de CO2 ni que el legislador comunitario haya sobrepasado así de manera manifiesta y grave los límites de su amplia facultad de apreciación.
         
      
      160    En consecuencia, procede desestimar por infundados los motivos de ilegalidad basados en la violación suficientemente caracterizada
         del derecho de propiedad, de la libertad de ejercer una actividad económica y del principio de proporcionalidad.
      
      C.      Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato
      1.      Alegaciones de las partes
      161    La demandante sostiene que las disposiciones controvertidas violan el principio de igualdad de trato.
      
      162    Afirma, por un lado, que los sectores competidores de los metales no férreos y de los productos químicos están excluidos del
         ámbito de aplicación de la Directiva impugnada sin ninguna justificación objetiva, siendo así que producen emisiones de CO2 comparables, o incluso superiores, a las del sector siderúrgico. A este respecto, la demandante niega que la inclusión en
         el régimen para el comercio de derechos de emisión del sector de los productos químicos que cuenta con numerosas instalaciones
         dé lugar a un incremento considerable de la carga administrativa. A su juicio, la necesidad de un esfuerzo administrativo
         adicional no puede justificar como tal una distorsión grave de la competencia como la existente en el caso de autos. Añade
         que, con arreglo a la propuesta inicial, deberían haberse incluido, al menos, las grandes instalaciones de fabricación de
         productos químicos de base, con emisiones considerables. En lo que respecta a la exclusión del sector de los metales no férreos,
         como el aluminio (decimoquinto considerando de la Directiva impugnada), la demandante considera que el Parlamento y el Consejo
         no han aportado siquiera una justificación para esta diferencia de trato. Por último, sostiene que no se ha impuesto ninguna
         medida a dichos sectores competidores para atenuar las mencionadas distorsiones de la competencia. Por otro lado, según la
         demandante, el hecho de tratar el sector siderúrgico y los otros sectores cubiertos por el anexo I de la Directiva impugnada
         del mismo modo sin justificación objetiva, viola el principio de igualdad de trato, puesto que dichos sectores se encuentran
         en situaciones diferentes. En efecto, a su juicio, la «situación de encierro única» de los productores de arrabio o de acero
         (véanse los anteriores apartados 76 y siguientes) les distingue de los otros sectores y les coloca en una posición de «perdedor
         natural» entre todos los participantes en el régimen para el comercio de derechos de emisión.
      
      163    En la réplica, la demandante precisa que los sectores de los metales no férreos y de los productos químicos son comparables
         al sector siderúrgico y que existe una relación de competencia entre ambos sectores, como confirma la práctica de la Comisión
         en materia de concentraciones. Así, según la demandante, los grandes constructores de automóviles reemplazan cada vez más
         el acero por aluminio para las «piezas externas», como el motor, el capó y las puertas. Afirma, además, que en el mercado
         de las bebidas sin alcohol, las latas de aluminio y las botellas de plástico reemplazan cada vez más las latas de acero. Añade
         que el mero hecho de que la cantidad total de emisiones de CO2 del sector siderúrgico sea superior a la de los sectores del aluminio y del plástico no basta, por sí sólo, para diferenciar
         ambos sectores, dado que otros sectores con un nivel de emisiones inferior al de los productos químicos, a saber, el sector
         del vidrio, de los productos cerámicos y de los materiales de construcción, así como el sector del papel y de la impresión,
         están igualmente incluidos en el anexo I de la Directiva impugnada. En efecto, sostiene que el Parlamento propuso la inclusión
         en la Directiva impugnada de las «instalaciones de producción y de tratamiento de aluminio» y de la «industria química» debido
         a que dichos sectores son comparables. Por último, a juicio de la demandante, el hecho de que el sector del aluminio esté
         afectado por la Directiva impugnada debido al incremento del precio de la electricidad no basta para distinguirlo del sector
         del acero, el cual también sufre las mismas consecuencias. 
      
      164    Según la demandante, el artículo 24 de la Directiva impugnada no puede invocarse en este contexto. A su juicio, la inclusión
         unilateral, en virtud de dicha disposición, de otras actividades e instalaciones en el régimen para el comercio de derechos
         de emisión es únicamente una facultad y no una obligación para los Estados miembros y está sometida a la aprobación de la
         Comisión en función de diferentes criterios. De todos modos, la demandante sostiene que una eventual inclusión, incierta,
         de los sectores competidores del sector siderúrgico por los Estados miembros sólo es posible desde el 2008 y, en consecuencia,
         no puede remediar la violación del principio de igualdad de trato durante el primer período de asignación. Por último, considera
         que no existe una justificación objetiva de dicha desigualdad de trato, puesto que las disposiciones controvertidas no son
         necesarias ni proporcionadas al objetivo perseguido de protección del medio ambiente.
      
      165    En la vista y en sus observaciones sobre las consecuencias que se deben sacar de la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine
         y otros, citada en el apartado 42 supra, la demandante reiteró y completó sus alegaciones en cuanto a la violación del principio de igualdad de trato. 
      
      166    El Parlamento, el Consejo y la Comisión solicitan que se desestime el presente motivo puesto que, a su juicio, el Tribunal
         de Justicia ya se pronunció definitivamente en este sentido en la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada
         en el apartado 42 supra. 
      2.      Apreciación del Tribunal
      167    Con carácter preliminar, procede recordar que el presente motivo de ilegalidad, basado en la violación suficientemente caracterizada
         del principio de igualdad de trato, se divide en dos partes, a saber, por un lado, el trato supuestamente desigual de situaciones
         comparables y, por otro, el trato supuestamente igual de situaciones diferentes.
      
      168    En lo que respecta a la primera parte, procede referirse a los apartados 25 y siguientes de la sentencia Arcelor Atlantique
         et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, en la que el Tribunal de Justicia se pronunció como sigue:
      
      «Sobre el trato diferente de situaciones comparables 
      25       La vulneración del principio de igualdad de trato a causa de un trato diferente implica que las situaciones en cuestión son
         comparables, habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan.
      
      26       Los elementos que caracterizan distintas situaciones y, de este modo, su carácter comparable, deben apreciarse, en particular,
         a la luz del objeto y la finalidad del acto comunitario que establece la distinción de que se trata. Además, deben tenerse
         en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias
         [del Tribunal de Justicia] de 27 de octubre de 1971, Rheinmühlen Dusseldorf, 6/71, Rec. p. 823, apartado 14; de 19 de octubre
         de 1977, Ruckdeschel y otros, 117/76 y 16/77, Rec. p. 1753, apartado 8; de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C‑280/93,
         Rec. p. I‑4973, apartado 74, así como de 10 de marzo de 1998, T. Port, C‑364/95 y C‑365/95, Rec. p. I‑1023, apartado 83).
      
      27       En el presente caso, la validez de la Directiva [impugnada] debe apreciarse respecto a la inclusión del sector siderúrgico
         en su ámbito de aplicación y a la exclusión de dicho ámbito de los sectores químico y de los metales no férreos, a los que
         […] pertenecen respectivamente los sectores del plástico y del aluminio.
      
      28       En virtud de su artículo 1, la Directiva [impugnada] tiene por objeto establecer un régimen […] para el comercio de derechos
         de emisión. Según se desprende de los apartados 4.2 y 4.3 del Libro Verde [, de 8 de marzo de 2000, sobre el comercio de los
         derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea], mediante esta Directiva, la Comunidad pretendía instaurar
         dicho régimen en el ámbito de las empresas y, por tanto, referido a las actividades económicas.
      
      29       Según su quinto considerando, la Directiva [impugnada] tiene por objetivo establecer este régimen a fin de contribuir al cumplimiento
         de los compromisos contraídos por la Comunidad y sus Estados miembros en virtud del Protocolo de Kioto, que persigue la reducción
         de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas
         en el sistema climático y cuyo objetivo último es la protección del medio ambiente. 
      
      30       La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, al que pertenece el acto legislativo de que se trata en el asunto
         principal y uno de cuyas finalidades principales es la protección del medio ambiente, tiene como objetivo, según el artículo
         174 CE, apartado 2, alcanzar un nivel de protección elevado y se basa en particular en los principios de cautela y de acción
         preventiva y de quien contamina paga (véanse las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 5 de mayo de 1998, Nacional Framers’
         Union y otros, C‑157/96, Rec. p. I‑2211, apartado 64, y de 1 de abril de 2008, Parlamento y Dinamarca/Comisión, C‑14/06 y
         C‑295/06, Rec. p. I-1649, apartado 75 y jurisprudencia citada).
      
      […]
      34       De ello resulta que, en relación con el objeto de la Directiva [impugnada], con los objetivos de ésta referidos en el apartado
         29 de la presente sentencia, así como con los principios en que se basa la política de la Comunidad en el ámbito del medio
         ambiente, las diferentes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero procedentes de una actividad económica se encuentran,
         en principio, en una situación comparable, dado que toda emisión de gases de efecto invernadero puede contribuir a la producción
         de interferencias peligrosas en el sistema climático y que cualquier sector de la economía que emita tales gases puede contribuir
         al funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión.
      
      35       Además, procede subrayar, por un lado, que el vigesimoquinto considerando de la Directiva [impugnada] expone que las políticas
         y las medidas deben aplicarse a todos los sectores económicos de la Unión Europea, a fin de producir reducciones de emisiones
         sustanciales, y, por otro lado, que el artículo 30 de la Directiva [impugnada] prevé que ha de efectuarse un reexamen con
         objeto de incluir otros sectores dentro del ámbito de aplicación de ésta.
      
      36       De ello se sigue que, en lo que atañe a la comparabilidad de los sectores de que se trata respecto a la Directiva [impugnada],
         la eventual existencia de una relación de competencia entre estos sectores no puede constituir un criterio determinante […].
      
      37       Tampoco es esencial para apreciar la comparabilidad de estos sectores […] la cantidad de CO2 emitida por cada uno de éstos, habida cuenta en particular de los objetivos de la Directiva [impugnada] y del funcionamiento
         del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se describen en los apartados 31 a 33 de la presente sentencia.
      
      38       Por tanto, los sectores de la siderurgia, químico y de los metales no férreos se hallan, a efectos del examen de la validez
         de la Directiva [impugnada] en relación con el principio de igualdad de trato, en una situación comparable, al tiempo que
         reciben un trato diferente.
      
      Sobre una desventaja resultante de un trato diferente de situaciones comparables
      39       […] Para que pueda achacarse al legislador comunitario haber vulnerado el principio de igualdad de trato, es necesario que
         éste haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas personas respecto
         de otras (véanse las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 13 de julio de 1962, Klöckner-Werke y Hoesch/Alta Autoridad,
         17/61 y 20/61, Rec. pp. 615 y ss., especialmente p. 652; de 15 de enero de 1985, Finsider/Comisión, 250/83, Rec. p. 131, apartado
         8, así como de 22 de mayo de 2003, Connect/Austria, C‑462/99, Rec. p. I‑5197, apartado 115).
      
      […]
      42       La sujeción de determinados sectores […] al régimen […] de comercio de derechos de emisión implica, para los titulares afectados,
         por un lado, la obligación de poseer un permiso de emisión de gases de efecto invernadero y, por otro lado, la obligación
         de entregar una cantidad de derechos de emisión correspondiente a las emisiones totales de sus instalaciones en un período
         determinado, so pena de sanciones pecuniarias. Si las emisiones de una instalación exceden de las cantidades asignadas en
         el marco de un plan nacional de asignación de derechos de emisión al titular correspondiente, éste está obligado a obtener
         derechos de emisión adicionales recurriendo al régimen de comercio de derechos de emisión.
      
      43       En cambio, tales obligaciones jurídicas, que tienen por objeto la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
         no existen en el plano comunitario para los titulares de instalaciones no comprendidas en el anexo I de la Directiva [impugnada].
         Por consiguiente, la inclusión de una actividad económica en el ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada] crea, para
         los titulares afectados, una desventaja frente a los que ejercen actividades no incluidas en dicho ámbito.
      
      44       Aun suponiendo que […] la sujeción a tal régimen no implicara necesariamente y sistemáticamente, consecuencias económicas
         desfavorables, no cabe negar la existencia de una desventaja por este único motivo, dado que la desventaja que ha de tomarse
         en consideración respecto al principio de igualdad de trato puede también manifestarse a través de una influencia sobre la
         situación jurídica de la persona afectada por una diferencia de trato.
      
      45       Por otra parte, […] la desventaja sufrida por los titulares de instalaciones pertenecientes a los sectores sometidos a la
         Directiva [impugnada] no puede compensarse mediante medidas nacionales no determinadas por el Derecho comunitario.
      
      Sobre la justificación de la diferencia de trato 
      46       No obstante, el principio de igualdad de trato no resultará vulnerado en tanto se justifique la diferencia de trato entre
         el sector de la siderurgia, por un lado, y los sectores químico y de los metales no férreos, por otro.
      
      47       Una diferencia de trato está justificada cuando se basa en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando está en relación
         con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión, y esta diferencia es proporcionada al objetivo
         perseguido por dicho trato (véanse, en este sentido, las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 5 de julio de 1977, Bela-Mühle
         Bergmann, 114/76, Rec. p. 1211, apartado 7; de 15 de julio de 1982, Edeka Zentrale AG, 245/81, Rec. p. 2745, apartados 11
         y 13; de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, Rec. p. I‑973, apartados 68 y 71, y de 23 de marzo de 2006, Unitymark
         y North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, Rec. p. I‑2689, apartados 53, 63, 68 y 71).
      
      48       Dado que se trata de un acto legislativo comunitario, corresponde al legislador comunitario acreditar la existencia de criterios
         objetivos expuestos como justificación y aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que éste pueda verificar
         la existencia de dichos criterios (véanse, en este sentido, las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 19 de octubre de
         1977, Moulins et Huilieries de Pont-à-Mousson y Providence agricole de la Champagne, 124/76 y 20/77, Rec. p. 1795, apartado
         22, y de 10 de marzo de 1998, Alemania/Consejo, antes citada, apartado 71).
      
      […]
      57       El Tribunal de Justicia ha reconocido al legislador comunitario, en el ejercicio de las competencias que se le confieren,
         una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y
         cuando debe realizar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase la sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C‑344/04,
         Rec. p. I‑403, apartado 80). Además, cuando ha de reestructurar o crear un sistema complejo, puede recurrir a un enfoque por
         etapas (véanse, en este sentido, las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 29 de febrero de 1984, Rewe-Zentrale, 37/83,
         Rec. p. 1229, apartado 20; de 18 de abril de 1991, Assurances du crédit/Consejo y Comisión, C‑63/89, Rec. p. I‑1799, apartado
         11, y de 13 de mayo de 1997, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑233/94, Rec. p. I‑2405, apartado 43) y proceder, en particular,
         en función de la experiencia adquirida.
      
      58       No obstante, incluso con esta facultad, el legislador comunitario está obligado a basar su elección en criterios objetivos
         y apropiados en relación con la finalidad perseguida por la legislación en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias
         [del Tribunal de Justicia] de 15 de septiembre de 1982, Kina/CEE, 106/81, Rec. p. 2885, apartados 22 y 23, y Sermide, antes
         citada, apartado 28), teniendo en cuenta todos los elementos de hecho, así como los datos técnicos y científicos disponibles
         en el momento de adoptar el acto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia [del Tribunal de Justicia] de 14 de
         julio de 1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95, Rec. p. I‑4301, apartado 51).
      
      59       En el ejercicio de su facultad de apreciación, el legislador comunitario, además del objetivo principal de protección del
         medio ambiente, debe tener plenamente en cuenta los intereses que concurran (véanse, en relación con medidas en materia de
         agricultura, las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 10 de marzo de 2005, Tempelman y van Schaijk, C‑96/03 y C‑97/03,
         Rec. p. I‑1895, apartado 48, y de 12 de enero de 2006, Agrarproduktion Staebelow, C‑504/04, Rec. p. I‑679, apartado 37). En
         lo que atañe al examen de los imperativos relacionados con las distintas medidas posibles, procede estimar que, si bien la
         importancia de los objetivos perseguidos puede justificar consecuencias económicas negativas para determinados operadores,
         aunque éstas sean considerables (véanse, en este sentido, las sentencias [del Tribunal de Justicia] de 13 de noviembre de
         1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartados 15 a 17, y de 15 de diciembre de 2005, Grecia/Comisión, C‑86/03,
         Rec. p. I‑10979, apartado 96), el ejercicio de la facultad de apreciación del legislador comunitario no ha de producir resultados
         manifiestamente menos adecuados que los derivados de otras medidas igualmente apropiadas para estos objetivos.
      
      60       En el presente caso, consta, por un lado, que el régimen de comercio de derechos de emisión introducido por la Directiva [impugnada]
         es un régimen nuevo y complejo cuyos establecimiento y funcionamiento podrían haberse visto perturbados por la implicación
         de un número de participantes demasiado elevado y, por otro lado, que la delimitación inicial del ámbito de aplicación de
         la Directiva [impugnada] obedeció al objetivo de alcanzar una masa crítica de participantes necesaria para la instauración
         de este régimen.
      
      61       Habida cuenta de la novedad y la complejidad de dicho régimen, la delimitación inicial del ámbito de aplicación de la Directiva
         [impugnada] y el enfoque progresivo adoptado, que se basa en particular en la experiencia adquirida durante la primera fase
         de su aplicación, con objeto de no perturbar la implantación de este régimen, entraban dentro del margen de apreciación de
         que disponía el legislador comunitario.
      
      62       A este respecto, procede señalar que, si bien éste podía legítimamente basarse en dicho enfoque progresivo para introducir
         el régimen de comercio de derechos de emisión, está obligado, en particular a la vista de los objetivos de la Directiva [impugnada]
         y de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, a proceder al reexamen de las medidas instauradas, especialmente
         en lo que atañe a los sectores comprendidos en la Directiva [impugnada], en intervalos razonables, como, por lo demás, prevé
         el artículo 30 de esta Directiva.
      
      63       No obstante, […] el margen de apreciación de que dispone el legislador comunitario para la adopción de un enfoque progresivo
         no podía eximirle, respecto al principio de igualdad de trato, de recurrir, para la determinación de los sectores que consideraba
         adecuado incluir desde el principio en el ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada], a criterios objetivos basados
         en los datos técnicos y científicos disponibles en el momento de la adopción de ésta.
      
      64       Por lo que respecta, en primer lugar, al sector químico, de la génesis de la Directiva [impugnada] se desprende que éste comprende
         un número particularmente elevado de instalaciones, a saber, alrededor de 34.000, no sólo en relación con las emisiones que
         producen, sino también en relación con el número de instalaciones actualmente incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva
         [impugnada], que asciende a unas 10.000.
      
      65       Por consiguiente, la inclusión de este sector en el ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada] habría aumentado considerablemente
         la complejidad administrativa del régimen de comercio de derechos de emisión, de modo que no cabría excluir la posibilidad
         de una perturbación del funcionamiento de este régimen en el momento de su puesta en práctica a causa de dicha inclusión.
         Además, el legislador comunitario podía estimar que las ventajas de la exclusión del sector en su totalidad en el comienzo
         de la puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emisión prevalecían sobre las ventajas de su inclusión para
         alcanzar el objetivo de la Directiva [impugnada]. De ello resulta que el legislador comunitario demostró de modo suficiente
         con arreglo a Derecho que se basó en criterios objetivos para excluir la totalidad del sector químico del ámbito de aplicación
         de la Directiva [impugnada] en la primera fase de la puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emisión.
      
      66       La alegación […] según la cual la inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada] de las empresas de dicho
         sector que emitieran una cantidad de CO2 superior a un determinado umbral no habría supuesto problemas desde el punto de vista administrativo no desvirtúa la anterior
         apreciación.
      
      […]
      69       Habida cuenta de lo anterior y visto el enfoque progresivo en que se basa la Directiva [impugnada] en la primera fase de la
         aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión, el trato diferente del sector químico frente al siderúrgico puede
         considerarse justificado.
      
      70       En segundo lugar, por lo que respecta al sector de los metales no férreos, […] [a la hora de] elaborar y adoptar la Directiva
         [impugnada], […] las emisiones directas de este sector ascendieron en 1990 a 16,2 millones de toneladas de CO2, mientras que el sector de la siderurgia emitió 174,8 millones de toneladas.
      
      71       Teniendo en cuenta su intención de delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada] para no perturbar la viabilidad
         administrativa del régimen de comercio de derechos de emisión en su fase inicial mediante la implicación de un número demasiado
         elevado de participantes, el legislador comunitario no estaba obligado a recurrir a un único medio consistente en la introducción,
         para cada sector de la economía que emitiera CO2, de un umbral de emisión a fin de alcanzar el objetivo perseguido. Así, en circunstancias como las que concurrieron en la
         adopción de la Directiva [impugnada], el legislador comunitario, al introducir este régimen, podía válidamente delimitar el
         ámbito de aplicación de ésta mediante un enfoque sectorial, sin sobrepasar los límites de la facultad de apreciación de que
         disponía.
      
      72       La diferencia entre los niveles de emisiones directas de los dos sectores en cuestión es tan sustancial que el trato diferente
         de tales sectores puede considerarse justificado, en la primera fase de aplicación del régimen de comercio de derechos de
         emisión y visto el enfoque progresivo en que se basa la Directiva [impugnada], sin que el legislador comunitario tenga que
         tomar en consideración necesariamente las emisiones indirectas atribuibles a los distintos sectores.
      
      73       En consecuencia, procede declarar que el legislador comunitario no vulneró el principio de igualdad de trato tratando de modo
         diferente situaciones comparables al excluir del ámbito de aplicación de la Directiva [impugnada] los sectores químico y de
         los metales no férreos.»
      
      169    Puesto que los motivos de la sentencia del Tribunal de Justicia antes citada dan una respuesta completa a la primera parte
         del presente motivo de ilegalidad, basado en la falta de justificación de la diferencia de trato entre el sector siderúrgico
         y los sectores de los metales no férreos y de los productos químicos, procede desestimar esta parte por infundada. 
      
      170    En lo que respecta a la segunda parte, basada en la falta de justificación del trato igual acordado al sector siderúrgico
         y a los otros sectores incluidos en el anexo I de la Directiva impugnada, siendo así que, a diferencia de estos sectores,
         el sector siderúrgico es, según la demandante, un «perdedor natural» que se encuentra en una «situación de encierro única»,
         basta señalar que, desde el punto de vista del objetivo general de protección del medio ambiente mediante la reducción de
         las emisiones de gases de efecto invernadero y del principio de quien contamina paga, todos estos sectores se encuentran en
         una situación comparable (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada
         en el apartado 42 supra, apartados 29 a 38). Además, de los apartados 112 a 116 anteriores resulta que la demandante no ha demostrado que el sector
         siderúrgico se encuentre en una situación particular que la distinga de los otros sectores incluidos en el anexo I de la Directiva
         impugnada (véanse igualmente, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro en el asunto en el que
         recayó la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, punto 57).
      
      171    Por consiguiente, debe desestimarse en su totalidad el motivo de ilegalidad basado en la violación suficientemente caracterizada
         del principio de igualdad de trato por carecer de fundamento.
      
      D.      Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada de la libertad de establecimiento
      1.      Alegaciones de las partes 
      172    La demandante sostiene que las disposiciones controvertidas vulneran gravemente su libertad de establecimiento con arreglo
         al artículo 43 CE, párrafo primero.
      
      173    Según la demandante, la prohibición de limitar la libertad de establecimiento no se aplica únicamente a las medidas estatales,
         sino que, en tanto que principio jurídico, vincula también a la Comunidad. En efecto, a su entender, los artículos 39 CE y
         43 CE, pretenden aplicar el principio fundamental establecido en el artículo 3 CE, apartado 1, letra c), según el cual, para
         alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará la supresión, entre los Estados miembros,
         de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios. Señala además, que las instituciones comunitarias están
         también obligadas a respetar la libertad de intercambios, principio fundamental del mercado común del que se deriva la libertad
         de establecimiento. La demandante señala que el artículo 43 garantiza que las empresas puedan elegir libremente, según criterios
         económicos, la localización de su producción en el mercado común. Asimismo, sostiene que esta libertad fundamental prohíbe
         la creación de obstáculos en el Estado miembro de origen para impedir la deslocalización de empresas a otro Estado miembro,
         so pena de vaciar de contenido los derechos garantizados por el artículo 43.
      
      174    Pues bien, a juicio de la demandante, las disposiciones controvertidas vulneran el derecho de la demandante a transferir su
         producción de una instalación menos rentable situada en un Estado miembro a una instalación más rentable en otro Estado miembro,
         al no garantizar la transmisión concomitante de los derechos de emisión asignados a la capacidad de producción que debe ser
         cerrada y transferida (véanse los apartados 149 y siguientes anteriores). Así pues, afirma que, sin ninguna justificación
         objetiva al respecto, debe seguir explotando capacidades de producción menos rentables con el único objetivo de no perder
         dichos derechos de emisión. Según la demandante esta restricción de su libertad de establecimiento es desproporcionada dado
         el carácter inapropiado de la Directiva impugnada para alcanzar el objetivo perseguido de protección del medio ambiente (véase
         el apartado 149 anterior) y dada la importancia fundamental del ejercicio de la libertad de establecimiento para la realización
         del mercado interior.
      
      175    El Parlamento y el Consejo solicitan que se desestime el presente motivo. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal
      176    Mediante el presente motivo la demandante sostiene, en esencia, que, a la luz de la libertad de establecimiento en el sentido
         del artículo 43 CE, en relación con el artículo 3 CE, apartado 1, letra c), la amplia facultad de apreciación del legislador
         comunitario con arreglo a los artículos 174 CE y 175 CE (véase el apartado 143 anterior) está limitada hasta tal punto que
         no pudo renunciar legalmente a solventar por sí mismo la problemática de la libre transferencia transfronteriza de los derechos
         de emisión en el seno de un grupo de empresas en el marco de la Directiva impugnada, adoptada en virtud del artículo 175 CE,
         apartado 1, en lugar de reservar a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para la adaptación de su Derecho interno
         a la referida Directiva, lo que ha dado lugar a la adopción de normas nacionales divergentes que pueden crear obstáculos ilegales
         a la libertad de establecimiento. 
      
      177    A este respecto, procede señalar que según reiterada jurisprudencia las instituciones comunitarias, al igual que los Estados
         miembros, deben respetar las libertades fundamentales, como la libertad de establecimiento, que sirven para lograr uno de
         los objetivos esenciales de la Comunidad, en particular el de la realización del mercado interior consagrado en el artículo
         3 CE, apartado 1, letra c) (véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1984, Rewe-Zentrale,
         37/83, Rec. p. 1229, apartado 18). 
      
      178    Sin embargo, de esta obligación general no se desprende que el legislador comunitario esté obligado a regular la materia en
         cuestión de manera que la normativa comunitaria aporte una solución exhaustiva y definitiva a determinados problemas que se
         plantean bajo el prisma de la realización del mercado interior o que lleve a cabo una armonización completa de las legislaciones
         nacionales con el fin de evitar todos los obstáculos imaginables a los intercambios intracomunitarios, en particular, cuando
         dicha normativa adopta la forma de directiva en el sentido del artículo 249 CE, párrafo tercero. Cuando el legislador ha de
         reestructurar o crear un sistema complejo, como el régimen para el comercio de derechos de emisión, puede recurrir a un enfoque
         por etapas (véase, en este sentido, la sentencia Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, citada en el apartado 42 supra, apartado 57) y llevar a cabo tan sólo una armonización progresiva de las legislaciones nacionales de que se trate, puesto
         que la ejecución de tales medidas es generalmente difícil, ya que supone, por parte de las instituciones comunitarias competentes,
         la elaboración de normas comunes a partir de disposiciones nacionales diversas y complejas conformes a los objetivos definidos
         por el Tratado CE con el acuerdo de la mayoría cualificada de los miembros del Consejo [véanse, en este sentido, las sentencias
         del Tribunal de Justicia Rewe-Zentrale, citada en el apartado 177 supra, apartado 20; de 18 de abril de 1991, Assurances du crédit/Consejo y Comisión, C‑63/89, Rec. p. I‑1799, apartado 11; de 13
         de mayo de 1997, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑233/94, Rec. p. I‑2405, apartado 43; de 17 de junio de 1999, Socridis, C‑166/98,
         Rec. p. I‑3791, apartado 26, y de 13 de julio de 2006, Sam Mc Cauley Chemists (Blackpool) y Sadja, C‑221/05, Rec. p. I‑6869,
         apartado 26]. Tal es el caso igualmente de la normativa comunitaria en materia de protección del medio ambiente en virtud
         de los artículos 174 CE y 175 CE.
      
      179    Además, es preciso recordar que, por un lado, en virtud del artículo 249 CE, párrafo tercero, las directivas únicamente vinculan
         al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, a la vez que deja a las autoridades nacionales
         la elección de la forma y de los medios, lo que implica un margen de apreciación necesario de dicho Estado para definir las
         medidas de adaptación del Derecho interno (véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de enero de
         2008, Promusicae, C‑275/06, Rec. p. I‑271, apartado 67), y que, por otro lado, el trigésimo considerando de la Directiva impugnada
         se refiere al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 CE, párrafo segundo. En virtud de dicho principio,
         en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva la Comunidad sólo intervendrá en la medida en que los objetivos de
         la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse
         mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario. Pues bien, de los artículos 174 CE
         a 176 CE resulta que, en materia de protección del medio ambiente, las competencias de la Comunidad y de los Estados miembros
         son compartidas. En consecuencia, la normativa comunitaria en este ámbito no pretende alcanzar una armonización completa y
         el artículo 176 CE prevé la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas de mayor protección siempre que sean compatibles
         con el Tratado y se notifiquen a la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril
         de 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe, C‑6/03, Rec. p. I‑2753, apartado 27, y la jurisprudencia que allí se cita). 
      
      180    De conformidad con estos principios, la Directiva impugnada no contempla una armonización completa a escala comunitaria de
         los requisitos que sustentan el establecimiento y el funcionamiento del régimen para el comercio de derechos de emisión. En
         efecto, a condición de que cumplan las disposiciones del Tratado CE, los Estados miembros disponen de un amplio margen de
         apreciación en cuanto a la ejecución de dicho régimen, en particular en el marco de la elaboración de sus PNA y de sus decisiones
         autónomas de asignación de derechos de emisión con arreglo al artículo 9, apartado 1, y al artículo 11, apartado 1, de la
         Directiva impugnada (sentencia Alemania/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartados 102 a 106). Por consiguiente, el mero hecho de que el legislador comunitario deje sin respuesta una cuestión particular
         incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva impugnada y de una libertad fundamental, de manera que corresponda a los
         Estados miembros regular dicha cuestión en el ejercicio de su margen de apreciación, de conformidad con las normas superiores
         de Derecho comunitario, no justifica, por sí sólo, que dicha omisión se califique de contraria a las normas del Tratado CE
         [véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 9 de octubre de 2001, Países Bajos/Parlamento y Consejo (C‑377/98, Rec. p. I‑7079, I‑7084), puntos 87 y 88)].
         Ello es tanto más cierto cuanto que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar el efecto útil de las directivas,
         en virtud de su deber de cooperación leal con arreglo al artículo 10 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 8 de septiembre de 2005, Yonemoto, C‑40/04, Rec. p. I‑7755, apartado 58), lo que implica igualmente que deben
         interpretar el Derecho interno a la luz de los objetivos y principios en que se basa la Directiva en cuestión (véase, en lo
         que respecta al principio de interpretación a la luz de una directiva, la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio
         de 2007, Kofoed, C‑321/05, Rec. p. I‑5795, apartado 45).
      
      181    Por otro lado, tanto el legislador comunitario, cuando adopta una directiva, como los Estados miembros, cuando adaptan su
         Derecho interno a dicha directiva, tienen la obligación de respetar los principios generales de Derecho comunitario. Así,
         según reiterada jurisprudencia, las exigencias derivadas de la protección de los principios generales reconocidos en el ordenamiento
         jurídico comunitario, entre los que figuran los derechos fundamentales, vinculan también a los Estados miembros cuando aplican
         la normativa comunitaria, de lo que resulta que estos últimos están obligados, en lo posible, a aplicar dicha normativa de
         modo que no se menoscaben tales exigencias (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2006, Parlamento/Consejo,
         C‑540/03, Rec. p. I‑5769, apartado 105, y la jurisprudencia que allí se cita; véase, igualmente, en este sentido, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C‑101/01, Rec. p. I‑12971, apartados 84 a 87). 
      
      182    El Tribunal considera que estos principios se aplican por analogía a las libertades fundamentales del Tratado CE. En efecto,
         si bien la Directiva impugnada, y en particular su artículo 9, apartado 1, y su artículo 11, letra 1, deja a los Estados miembros
         un margen de apreciación, éste es, en principio, suficientemente amplio para permitirles aplicar las reglas de dicha Directiva
         en un sentido conforme a las exigencias que se desprenden de la protección de los Derechos fundamentales y de las libertades
         del Tratado CE. Además, puesto que la ejecución de la Directiva impugnada está sometida al control de los tribunales nacionales,
         corresponde a dichos tribunales plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial según los requisitos establecidos
         en el artículo 234 CE si encuentran dificultades relativas a la interpretación o a la validez de dicha Directiva (véase, en
         este sentido y por analogía, la sentencia Parlamento/Consejo, citada en el apartado 181 supra, apartados 104 y 106).
      
      183    En consecuencia, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no sólo interpretar
         su Derecho nacional de conformidad con la Directiva impugnada, sino también procurar que la interpretación de ésta que tomen
         como base no entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico comunitario, con los
         otros principios generales del Derecho comunitario o con las libertades fundamentales del Tratado CE, como la libertad de
         establecimiento (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia Lindqvist, citada en el apartado
         181 supra, apartado 87; de 26 de junio de 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, C‑305/05, Rec. p. I‑5305, apartado
         28, y Promusicae, citada en el apartado 179 supra, apartado 68).
      
      184    De todas las consideraciones anteriores resulta que, cuando una directiva reserva a los Estados miembros un margen de apreciación
         que les permite respetar plenamente las normas del Tratado CE y los principios generales de Derecho comunitario, no puede
         reprocharse al legislador comunitario el no haber resuelto de manera exhaustiva y definitiva en el marco de dicha directiva
         determinada problemática que entra dentro del ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento. 
      
      185    En el caso de autos, el Tribunal considera oportuno examinar, a la luz de las anteriores consideraciones, si los Estados miembros
         pueden interpretar la Directiva impugnada y adaptar su Derecho interno a la misma, de conformidad con la libertad de establecimiento
         recogida en el artículo 43 CE (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2003, Österreichischer
         Rundfunk y otros, C‑465/00, C‑138/01 y C‑139/01, Rec. p. I‑4989, apartados 68 y 91, y de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos,
         C‑482/01 y C‑493/01, Rec. p. I‑5257, apartados 109 y 110).
      
      186    Según sostiene la demandante, la Directiva impugnada no establece una norma específica que ofrezca a los titulares de las
         instalaciones sometidas al régimen para el comercio de derechos de emisión la posibilidad de transmitir como consecuencia
         del cierre de una instalación el contingente de los derechos de emisión asignados a la misma a otra instalación establecida
         en otro Estado miembro y que pertenezca al mismo grupo de empresas. 
      
      187    Sin embargo, del artículo 12, apartado 1, en relación con el artículo 3, letras a) y g), de la Directiva impugnada resulta
         que «los Estados miembros velarán por que los derechos de emisión puedan transferirse entre […] personas [físicas o jurídicas]
         en la Comunidad». Además, el artículo 12, apartado 2, de la Directiva impugnada dispone que «los Estados miembros velarán
         por que se reconozcan los derechos de emisión expedidos por una autoridad competente de otro Estado miembro a efectos del
         cumplimiento de las obligaciones de un titular [de entregar los derechos de emisión no utilizados] en virtud del apartado
         3» de dicho artículo. De ello se desprende que, por un lado, con arreglo al objetivo recogido en el quinto considerando de
         la Directiva impugnada, que menciona la creación de un «mercado europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
         eficaz», el mercado establecido por la Directiva impugnada tiene una dimensión comunitaria y que, por otro lado, dicho mercado
         se basa en el principio de la libre transferencia transfronteriza de derechos de emisión entre personas físicas o jurídicas.
         
      
      188    En efecto, la inexistencia de una libre transferencia transfronteriza de derechos de emisión en el sentido del artículo 12,
         apartados 2 y 3, en relación con el artículo 3, letra a), de la Directiva impugnada, perturbaría gravemente la eficacia y
         el funcionamiento del régimen para el comercio de derechos de emisión en el sentido del artículo 1 de la Directiva impugnada.
         Por este motivo, el artículo 12, apartado 2, de la Directiva impugnada, impone a los Estados miembros la obligación general
         de «velar» por que dicha libertad se haga efectiva en el marco de la legislación nacional pertinente. Al contrario, es preciso
         señalar que la Directiva impugnada no establece una limitación en cuanto a la transferencia transfronteriza de derechos de
         emisión entre personas jurídicas de un mismo grupo de empresas, independientemente de su domicilio económico y/o social en
         el mercado interior. Por tanto, a la luz de las disposiciones de la Directiva impugnada citadas anteriormente, no puede concluirse
         que ésta incluya una restricción ilegal de las libertades fundamentales del Tratado CE, incluida la libertad de establecimiento,
         o que incite a los Estados miembros a no respetar dichas libertades.
      
      189    Al contrario, tal como afirma la propia demandante en sus escritos, la problemática que ella misma plantea tiene su origen
         en las normas, en parte divergentes, adoptadas por los Estados miembros con objeto de adaptar su Derecho interno a la Directiva
         impugnada, sin que este enfoque pueda imputarse a ninguna de sus disposiciones, ni siquiera a las disposiciones controvertidas.
         A este respecto, procede recordar que los Estados miembros tienen la obligación de elegir, en el marco de la libertad que
         les reconoce el artículo 249 CE, párrafo tercero, las formas y los medios más adecuados para garantizar el efecto útil de
         las directivas (sentencia Yonemoto, citada en el apartado 180 supra, apartado 58) y aplicar su Derecho nacional de manera conforme a dichas directivas y a las libertades fundamentales del Tratado CE,
         como la libertad de establecimiento (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias Lindqvist, citada en el apartado
         181 supra, apartado 87, y Promusicae, citada en el apartado 179 supra, apartado 68). 
      
      190    En consecuencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si las normativas nacionales pertinentes, en las
         que se origina la imposibilidad para la demandante de transferir libremente los contingentes de los derechos de emisión entre
         sus instalaciones establecidas en diferentes Estados miembros, son conformes o no a la libertad de establecimiento recogida
         en el artículo 43 CE, procede concluir que tal restricción de dicha libertad no puede imputarse a la Directiva impugnada por
         el mero hecho de que no prohíbe explícitamente tal práctica de los Estados miembros. Con mayor motivo, a este respecto, no
         se puede considerar al legislador comunitario responsable de haber sobrepasado, de manera manifiesta y grave, los límites
         de su facultad de apreciación con arreglo al artículo 174 CE, en relación con el artículo 43 CE.
      
      191    En estas circunstancias, no es preciso examinar el fundamento de las alegaciones formuladas por las partes en cuanto a la
         posibilidad eventual de que la demandante se beneficie de las normas nacionales que conceden a todo nuevo entrante un acceso
         gratuito a los derechos de emisión de la reserva. En efecto, si bien el artículo 11, apartado 3, en relación con el criterio
         nº 6, de la Directiva impugnada exige a los Estados miembros que tengan en cuenta la necesidad de abrir el acceso a los derechos
         de emisión a los nuevos entrantes, la Directiva impugnada no impone el establecimiento de una reserva como tal. Así, la eventual
         insuficiencia de dicho acceso para compensar por las pérdidas de derechos de emisión resultantes del cierre de una instalación
         tampoco puede imputarse al legislador comunitario.
      
      192    Por consiguiente, procede desestimar por infundado el motivo de ilegalidad basado en una violación suficientemente caracterizada
         de la libertad de establecimiento.
      
      E.      Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de seguridad jurídica
      1.      Alegaciones de las partes
      193    La demandante sostiene que las disposiciones controvertidas violan el principio de seguridad jurídica. Alega que la legislación
         comunitaria, incluidas las directivas, debe ser cierta, clara y precisa y su aplicación previsible por el justiciable para
         que pueda conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar sus disposiciones en consecuencia. A su juicio, estos
         requisitos se imponen con particular rigor cuando se trata de una normativa que puede dar lugar a consecuencias económicas.
      
      194    Según la demandante, las disposiciones controvertidas violan el principio de seguridad jurídica por dos motivos. Sostiene
         que, por un lado, a falta de un límite o de un mecanismo de control del precio de los derechos de emisión establecidos por
         la Directiva impugnada, la demandante, en tanto que «comprador neto de derechos de emisión» debido a su incapacidad de reducir
         las emisiones de CO2, está obligada a comprar derechos de emisión a «precios completamente imprevisibles», que se estima son de entre 20 y 60 euros
         por cada derecho de emisión (véanse los apartados 80 y siguientes anteriores). Por otro lado, afirma que la Directiva impugnada
         no establece una norma que garantice la transferencia de los derechos de emisión, inicialmente asignados a una instalación
         que debe cerrarse, a una instalación del mismo grupo establecida en otro Estado miembro. Ahora bien, según la demandante,
         a los Estados miembros les interesa anular los derechos de emisión asignados a instalaciones destinadas a ser cerradas, puesto
         que dichos cierres les permiten reducir todavía más sus emisiones de CO2 para alcanzar su objetivo de reducción con arreglo a la Decisión 2002/358. Añade que, la inseguridad jurídica que resulta
         de ello le impide planificar sus operaciones a largo plazo y progresar en su estrategia de reestructuración, que consiste
         en transferir la producción a instalaciones más rentables. Habida cuenta de que esta estrategia de reestructuración era el
         motivo de la operación de concentración de 2001 (véase el apartado 30 anterior), la demandante considera que la Directiva
         impugnada viola igualmente el principio de protección de la confianza legítima. En la réplica, la demandante precisa que toda
         planificación a largo plazo de sus inversiones y de sus proyectos económicos es imposible debido, en particular, a las variaciones
         a que se verán sometidos los objetivos y las medidas de reducción de los distintos Estados miembros. A su juicio, el incremento
         sustancial del precio de los derechos de emisión de CO2 confirma esta incertidumbre. Así, afirma que entre febrero del 2005 y marzo del 2006, el precio de los derechos de emisión
         de CO2 aumentó alrededor de 6 euros hasta superar los 26 euros. Además, no se puede determinar la futura asignación de derechos de
         emisión, en particular para el segundo período de asignación.
      
      195    El Parlamento y el Consejo solicitan que se desestime el presente motivo. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal 
      196    Mediante el presente motivo, la demandante sostiene, en esencia, que las disposiciones controvertidas no son suficientemente
         claras ni precisas en la medida en que implican una carga económica considerable para ella, que hace imposible que planifique
         sus decisiones económicas. A este respecto, sostienen que el legislador comunitario debería haber establecido, por un lado,
         un límite o un mecanismo de control de los precios de los derechos de emisión y, por otro, una norma particular que garantice
         la transferencia transfronteriza de los derechos de emisión entre las distintas instalaciones de un mismo grupo de empresas.
      
      197    En la medida en que la demandante reitera, en el marco de la segunda parte del motivo, su alegación relativa a la supuesta
         vulneración de la libertad de establecimiento, resulta de las consideraciones desarrolladas en los apartados 176 a 192 anteriores
         que esta alegación tampoco puede prosperar en lo que respecta a la supuesta violación suficientemente caracterizada del principio
         de seguridad jurídica. Por tanto, procede desestimar por infundada la segunda parte del presente motivo.
      
      198    En lo que respecta a la primera parte del presente motivo procede recordar, en primer lugar, la jurisprudencia según la cual
         el principio de seguridad jurídica exige, en particular, que las normas jurídicas sean claras, precisas y previsibles en cuanto
         a sus efectos, en particular cuando puedan entrañar consecuencias desfavorables para los individuos y las empresas (véase,
         en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2005, VEMW y otros, C‑17/03, Rec. p. I‑4983, apartado
         80, y la jurisprudencia que allí se cita).
      
      199    A este respecto, procede señalar, a continuación, que la Directiva impugnada no establece ninguna disposición que regule el
         alcance de las consecuencias económicas que pueden derivarse tanto de la eventual insuficiencia de derechos de emisión asignados
         a una instalación como del precio de dichos derechos de emisión, ya que este precio está exclusivamente determinado por las
         fuerzas del mercado creado como consecuencia del establecimiento del régimen para el comercio de derechos de emisión que,
         en virtud del artículo 1 de la Directiva impugnada, pretende «fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una
         forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente». Pues bien, habida cuenta de las consideraciones recogidas
         en los apartados 178 a 184 anteriores, el legislador comunitario no tenía la obligación de adoptar disposiciones específicas
         a este respecto y limitar, así, el margen de apreciación de los Estados miembros en cuanto a la adaptación de su Derecho interno
         a la Directiva impugnada. 
      
      200    Al contrario, una normativa comunitaria sobre el precio de los derechos de emisión podría oponerse al objetivo principal de
         la Directiva impugnada, a saber, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante un régimen para el
         comercio de derechos de emisión eficaz, en el cual el coste de las emisiones y de las inversiones realizadas para la reducción
         de las mismas se determinará esencialmente mediante los mecanismos de mercado (quinto considerando de la Directiva impugnada).
         De ello resulta que, en caso de que los derechos de emisión sean insuficientes, el incentivo de los titulares a reducir o
         no sus emisiones de gases de efecto invernadero dependerá de una decisión económica compleja adoptada teniendo en cuenta,
         en particular, por un lado, el precio de los derechos de emisión disponibles en el mercado y, por otro, los costes de las
         eventuales medidas de reducción de las emisiones que puedan tener por objeto reducir la producción o invertir en medios de
         producción más eficaces en términos de rendimiento energético (vigésimo considerando de la directiva impugnada; véase, igualmente,
         en este sentido, la sentencia Alemania/Comisión, citada en el apartado 114 supra, apartados 132 y siguientes). 
      
      201    En tal sistema, el legislador comunitario no puede regular con carácter previo el incremento de los costes de las emisiones,
         y, en consecuencia, del precio de los derechos de emisión, que depende de una serie de parámetros económicos, sin reducir,
         o incluso eliminar, los incentivos económicos que constituyen el fundamento de su funcionamiento y perturbar, así, la eficacia
         del régimen para el comercio de derechos de emisión. Además, el establecimiento de tal sistema, incluidas sus premisas económicas,
         para el respeto de las obligaciones resultantes del Protocolo de Kioto, pertenece al amplio margen de apreciación de que dispone
         el legislador comunitario con arreglo al artículo 174 CE (véase el apartado 143 anterior) y constituye en sí una elección
         legítima y apropiada del mismo, cuyo fundamento no cuestiona la demandante. 
      
      202    Por otro lado, apoyándose en esta legítima elección, el legislador comunitario basó el régimen para el comercio de derechos
         de emisión sobre la premisa de que, con arreglo al artículo 9, apartado 1, y al artículo 11, apartado 1, de la Directiva impugnada,
         corresponde a los Estados miembros decidir sobre la cantidad total de derechos que corresponde asignar y la asignación individual
         de dichos derechos de emisión a las instalaciones establecidas en su territorio con arreglo a sus PNA y en el ejercicio del
         margen de apreciación que se les ha reservado a estos efectos (véase, en este sentido, la sentencia, Alemania/Comisión, citada
         en el apartado 114 supra, apartado 102 a 106). Además, esta decisión está únicamente sometida a un control previo reducido por parte de la Comisión,
         con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva impugnada, a la luz, en particular, de los criterios recogidos en su
         anexo III (auto del Tribunal de 30 de abril de 2007, EnBW Energie Baden-Württemberg/Comisión, T‑387/04, Rec. p. II‑1195, apartados
         104 y siguientes). En consecuencia, las variaciones a que se someterán los objetivos y las medidas de reducción de emisiones
         de los distintos Estados miembros, que resultan de sus obligaciones en virtud del Protocolo de Kioto, tal como se reflejan
         en el Plan de reparto de cargas establecido por la Decisión 2002/358, y, por consiguiente, la incertidumbre en cuanto al volumen
         de la cantidad total y de las cantidades individuales de derechos de emisión que corresponde asignar a los distintos sectores
         industriales y a los titulares individuales sobre la base de los distintos PNA, no son imputables a las disposiciones controvertidas
         como tales. 
      
      203    Por último, la demandante no rebate, de manera específica, la claridad y la precisión de las demás disposiciones controvertidas
         a fin de demostrar que no pudo determinar sin ambigüedad los derechos y obligaciones que se desprenden de los mismos. En efecto,
         la necesidad de poseer un permiso de emisión con arreglo al artículo 4 de la Directiva impugnada, la obligación de entrega
         en el sentido de su artículo 6, apartado 2, letra e), en relación con su artículo 12, apartado 3, así como las sanciones establecidas
         por el artículo 16, apartados 2 a 4, de dicha Directiva, constituyen disposiciones suficientemente claras, precisas y previsibles
         en cuanto a sus efectos, cuyo alcance efectivo depende únicamente de la cantidad de los derechos de emisión gratuitos puestos
         a disposición de los titulares de las explotaciones o del precio de los derechos de emisión disponibles en el mercado. Pues
         bien, en lo que respecta a este último aspecto, procede recordar que la falta de previsibilidad de la evolución del mercado
         constituye un elemento inherente e indisociable del mecanismo económico que caracteriza el régimen para el comercio de derechos
         de emisión que está sometido a las reglas clásicas de la oferta y la demanda que caracterizan a un mercado libre y competitivo
         con arreglo a los principios consagrados en el artículo 1 CE, en relación con el séptimo considerando de la Directiva impugnada,
         así como los artículos 2 CE y 3 CE, apartado 1, letras c y g). Por consiguiente, este aspecto no puede calificarse de contrario
         al principio de seguridad jurídica so pena de desvirtuar los propios fundamentos económicos del régimen para el comercio de
         derechos de emisión tal como han sido establecidos por la Directiva impugnada de conformidad con las normas del Tratado CE.
      
      204    En estas circunstancias, la falta de una norma específica en la Directiva impugnada que establezca un límite o un mecanismo
         de control del precio de los derechos de emisión no puede calificarse de incumplimiento grave y manifiesto de los límites
         de la facultad discrecional del legislador comunitario.
      
      205    En consecuencia, debe desestimarse el presente motivo por infundado.
      
      206    Del conjunto de las anteriores consideraciones resulta que la demandante no ha demostrado que, al adoptar la Directiva impugnada,
         el legislador comunitario cometió una ilegalidad, o una violación suficientemente caracterizada de una norma de Derecho que
         tenga por objeto conferirle derechos. De ello se desprende que debe desestimarse la demanda de indemnización sin que sea necesario
         pronunciarse sobre los demás requisitos en los que se basa la responsabilidad extracontractual de la Comunidad ni sobre la
         causa de inadmisión planteada por el Consejo en cuanto a determinados anexos de la réplica.
      
       Costas
      207    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede
         condenarla en costas conforme a las pretensiones del Parlamento y del Consejo.
      
      208    En virtud del artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan
         como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. En consecuencia, al haber coadyuvado en apoyo del Parlamento
         y del Consejo, la Comisión soportará sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Condenar a Arcelor SA a soportar sus propias costas, así como las del Parlamento Europeo y las del Consejo de la Unión Europea.
      3)      La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
      
               J. Azizi 
            
            
               Cremona 
            
            
               Frimodt Nielsen
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de marzo de 2010.
      Firmas
      Índice
      
      Marco jurídico
      I.     Normas del Tratado CE
      II.   Directiva impugnada
      Hechos y procedimiento
      Fundamentos de Derecho
      I.     Sobre la admisibilidad de la pretensión de anulación
      A.     Alegaciones de las partes
      1.     Alegaciones del Parlamento, del Consejo y de la Comisión
      2.     Alegaciones de la demandante
      B.     Apreciación del Tribunal
      II.   Sobre la admisibilidad de la demanda de indemnización
      A.     Alegaciones de las partes
      B.     Apreciación del Tribunal
      III. Sobre la fundamentación de la demanda de indemnización
      A.     Sobre los requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad
      B.     Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del derecho de propiedad, de la libertad de ejercer una
         actividad económica y del principio de proporcionalidad
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal
      C.     Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal
      D.     Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada de la libertad de establecimiento
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal
      E.     Sobre la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de seguridad jurídica
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal
      Costas
      * Lengua de procedimiento: inglés.