CELEX: 62005CC0467
Language: es
Date: 2007-03-08
Title: Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 8 de marzo de 2007. # Procedimento penal entablado contra Giovanni Dell'Orto. # Petición de decisión prejudicial: Tribunale di Milano - Italia. # Cooperación policial y judicial en materia penal - Decisión marco 2001/220/JAI - Directiva 2004/80/CE- Concepto de "víctima" en el proceso penal - Persona jurídica - Restitución de los bienes aprehendidos en un proceso penal. # Asunto C-467/05.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. JULIANE KOKOTT
      presentadas el 8 de marzo de 2007 1(1)
      
      Asunto C‑467/05
      Giovanni Dell’Orto
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Milano (Italia)]
      «Cooperación policial y judicial en materia penal – Decisión marco 2001/220/JAI – Directiva 2004/80/CE – Concepto de víctima – Devolución del botín aprehendido»I.      Introducción
      1.     En el presente procedimiento debe determinarse si la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa
         al estatuto de la víctima en el proceso penal, (2) en relación con la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, (3) exige que el dinero sustraído le sea devuelto a una sociedad anónima perjudicada en el marco de un proceso penal. En especial,
         se plantea la cuestión de si el concepto de víctima que utiliza la Decisión marco no comprende sólo personas físicas sino
         que se extiende también a personas jurídicas, en contra de la definición de su artículo 1, letra a). El órgano jurisdiccional
         remitente se basa a este respecto en la Directiva, que no contiene ninguna definición de víctima.
      
      II.    Marco legal
      A.      Derecho de la Unión Europea y de las Comunidades Europeas
      2.     Con arreglo al artículo 1, letra a), de la Decisión marco 2001/220, la expresión «víctima» designa a: «la persona física que
         haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente
         causado por un acto u omisión que infrinja la legislación penal de un Estado miembro».
      
      3.     El artículo 2, apartado 1, describe de forma general la consideración que merecen los intereses de la víctima:
      «Los Estados miembros reservarán a las víctimas un papel efectivo y adecuado en su sistema judicial penal. Seguirán esforzándose
         por que las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, y reconocerán sus
         derechos e intereses legítimos en particular en el marco del proceso penal.»
      
      4.     El artículo 9 de la Decisión marco se refiere al derecho a indemnización en el marco del proceso penal:
      «1.      Los Estados miembros garantizarán a la víctima de una infracción penal el derecho a obtener en un plazo razonable y en el
         marco del proceso penal una resolución relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo cuando la legislación
         nacional disponga que, para determinados casos, la indemnización se efectúe por otra vía.
      
      2.      [...]
      3.      Salvo en caso de necesidad absoluta impuesta por el proceso penal, los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y
         aprehendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora.»
      
      5.     El séptimo considerando de la Decisión marco explica la relación con el procedimiento civil:
      «Las medidas de ayuda a las víctimas de delitos, y en particular las disposiciones en materia de indemnización y de mediación,
         no afectan a las soluciones que son propias del proceso civil.»
      
      6.     La Directiva 2004/80 se refiere a la indemnización del Estado a las víctimas de delitos. Contiene normas dirigidas a facilitar
         la indemnización en situaciones transfronterizas. Los principios esenciales se recogen en los dos primeros artículos:
      
      «Artículo 1
      Derecho a presentar una solicitud en el Estado miembro de residencia
      Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya cometido un delito doloso violento en un Estado miembro distinto del
         Estado miembro en donde el solicitante de una indemnización tiene su residencia habitual, éste tendrá derecho a presentar
         la solicitud ante una autoridad o ante cualquier otro organismo de este último Estado miembro.
      
      Artículo 2
      Responsabilidad del pago de la indemnización
      Abonará la indemnización la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se cometió el delito.»
      7.     En contra de la propuesta inicial de la Comisión, finalmente se renunció a una armonización de las normativas de indemnización.
         No obstante, el sexto considerando declara:
      
      «Las víctimas de delitos en la Unión Europea deberían tener derecho a una indemnización justa y adecuada por los perjuicios
         sufridos, con independencia del lugar de la Comunidad Europea en que se haya cometido el delito.»
      
      8.     A este respecto, el artículo 12 de la Directiva 2004/80 establece:
      «1.      Las normas sobre el acceso a una indemnización en situaciones transfronterizas establecidas por la presente Directiva se aplicarán
         basándose en los regímenes de los Estados miembros para la indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos
         en sus respectivos territorios.
      
      2.      Todos los Estados miembros garantizarán que sus normas nacionales establecen la existencia de un régimen de indemnización
         para las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure a las víctimas una indemnización
         justa y adecuada.»
      
      9.     El artículo 17, letra a), hace hincapié en que, independientemente de la Directiva, los Estados miembros pueden adoptar o
         mantener disposiciones más favorables en beneficio de las víctimas de delitos u otras personas afectadas por ellos, siempre
         que dichas disposiciones sean compatibles con la Directiva.
      
      B.      Derecho italiano
      10.   Según parece, el Derecho italiano no ha sido adaptado para recoger expresamente la definición de víctima del artículo 1, letra a),
         de la Decisión marco 2001/220.
      
      11.   Los artículos 262 y 263 del codice di procedura penale italiano regulan la entrega de los objetos aprehendidos en el proceso penal. La decisión de la entrega es competencia básicamente
         del juez penal. Sin embargo, en caso de controversia sobre la propiedad, el juez remite la disputa al juez civil competente.
      
      12.   Por otro lado, en los artículos 74 y ss. y en los artículos 538 y ss. del codice di procedura penale italiano se prevé la decisión sobre la indemnización de la víctima en el proceso penal.
      
      III. Hechos y cuestiones prejudiciales
      13.   Giovanni Dell’Orto fue condenado, junto a otros acusados, mediante sentencia dictada el 4 de mayo de 1999, sobre la base de
         un acuerdo entre las partes y el Ministerio Fiscal («patteggiamento»), a la pena de un año y seis meses de prisión y al pago
         de una multa, con el beneficio de la suspensión condicional de la pena, en relación con los delitos de falsedad en el balance
         de la sociedad, efectuados con el fin de cometer también los delitos de apropiación indebida agravada y financiación ilegal
         de partidos políticos a cargo de la sociedad SAIPEM s.p.a. La sentencia, entretanto, ha adquirido firmeza.
      
      14.   Durante la fase de instrucción preliminar, el señor Dell’Orto transfirió desde una cuenta alemana hasta Italia la cantidad
         de 1.064.069,78 euros que, según informa el órgano jurisdiccional remitente, procedía del dinero objeto de la malversación
         y seguía siendo propiedad de SAIPEM. La cuenta italiana fue embargada de forma cautelar.
      
      15.   La sentencia no contenía ninguna provisión acerca del dinero embargado. Mediante resolución de 3 de diciembre de 1999, a solicitud
         de SAIPEM, se ordenó su restitución a dicha sociedad. A tal fin, el 10 de diciembre de 1999 se retiró el remanente de la cuenta
         y ésta fue cancelada.
      
      16.   El órgano jurisdiccional remitente no ha informado de qué juzgado o tribunal condenó al señor Dell’Orto y decidió sobre la
         restitución del dinero embargado, aunque parece ser que fue él mismo quien resolvió en ambos casos.
      
      17.   La Corte di Cassazione anuló esa medida el 8 de noviembre de 2001, debido a que la restitución del dinero embargado no había
         sido objeto del acuerdo entre las partes y el Ministerio Fiscal. Esto impedía que la restitución se ordenase dentro del proceso
         penal.
      
      18.   Tras otras resoluciones interlocutorias, el órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse ahora, como órgano de ejecución,
         sobre las medidas que deben tomarse en relación con el importe litigioso. A fin de elaborar su decisión, este órgano plantea
         al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
      
      1)      En el marco de un proceso penal, en sentido lato, ¿pueden aplicarse las normas de los artículos 2 y 9 de la Decisión marco
         […] a cualquier parte perjudicada por un delito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Directiva […] o de otras disposiciones de Derecho comunitario?
      
      2)      En el marco de un proceso penal de ejecución posterior a una sentencia definitiva de condena (y, por ende, también a la sentencia
         de aplicación de la pena prevista en el artículo 444 del Código Procesal Penal), ¿pueden aplicarse las normas de los artículos
         2 y 9 de la Decisión marco […] a cualquier parte perjudicada por un delito, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y siguientes de la Directiva […] o de otras disposiciones de Derecho comunitario?
      
      19.   En el proceso intervienen el señor Dell’Orto, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Austria, el Reino Unido y la Comisión.
      IV.    Apreciación
      20.   El órgano jurisdiccional remitente solicita una interpretación de la Decisión marco 2001/220 a la luz de la Directiva 2004/80.
         En concreto, y de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal de Justicia en la sentencia Pupino acerca del principio de la interpretación
         conforme en relación con las decisiones marco, dicho órgano desea interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible,
         a la luz de la letra y de la finalidad de la Decisión marco, para alcanzar el resultado a que se refiere la Decisión marco
         y de esta forma atenerse al artículo 34 UE, apartado 2, letra b). (4) Claramente, el órgano jurisdiccional remitente espera, en el caso presente, estar obligado por la Decisión marco a resolver
         sobre la restitución a la sociedad SAIPEM del dinero aprehendido.
      
      A.      Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
      21.   El Reino Unido considera que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial. El órgano jurisdiccional
         remitente se basa en el artículo 234 CE, pero solicita la interpretación de las disposiciones de una decisión marco, esto
         es, de un acto jurídico con arreglo al artículo 34 UE, apartado 2, letra b). Sin embargo, sólo es posible presentar una petición
         de decisión prejudicial para la interpretación del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 35 UE, apartado 1. Irlanda
         sostiene una opinión similar, si bien estima que el error del órgano jurisdiccional remitente puede ser subsanado, ya que
         una remisión análoga sería admisible conforme al artículo 35 UE.
      
      22.   Tal como ha apuntado Irlanda en la vista, no cabe duda de que no es posible, con el pretexto de plantear cuestiones sobre
         el Derecho comunitario con arreglo al artículo 234 CE, presentar de hecho al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación
         del Derecho de la Unión que sólo son admisibles si concurren los requisitos adicionales del artículo 35 UE. Sin embargo, en
         un contexto de influencia recíproca de ambas normativas, sobre la que aún se ha de discutir, pueden surgir graves dificultades
         prácticas de delimitación al valorar hasta qué punto puede hacer referencia al Derecho de la Unión una cuestión prejudicial
         sobre el Derecho comunitario. Pero éste no es el asunto que ahora nos ocupa.
      
      23.   En cualquier caso, los argumentos del Reino Unido contra la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial
         no resultan convincentes. Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 46 UE, letra b), las disposiciones
         de los Tratados CE, CECA y CEEA relativas a la competencia del Tribunal de Justicia y al ejercicio de dicha competencia, entre
         las que figura el artículo 234 CE, son aplicables a las del título VI del Tratado de la Unión Europea, en las condiciones
         establecidas en el artículo 35 UE. De ello se deduce que el régimen previsto en el artículo 234 CE se aplica a la competencia
         prejudicial del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 35 UE, sin perjuicio de los requisitos establecidos en dicha
         disposición. (5)
      
      24.   Por lo tanto, también las cuestiones prejudiciales sobre el Derecho de la Unión (conforme al artículo 35 UE) son en principio
         peticiones en el sentido del artículo 234 CE. Para la admisibilidad de la petición no puede tener relevancia alguna si el
         órgano jurisdiccional nacional menciona o no expresamente dichas disposiciones, sino que dependerá de si se han observado
         requisitos pertinentes, que para las cuestiones sobre el Derecho de la Unión se extraen específicamente del artículo 35 UE.
      
      25.   En concreto, el requisito del artículo 35 UE que el Reino Unido e Irlanda consideran fundamental consiste en que el Estado
         miembro de que se trate debe reconocer la competencia del Tribunal de Justicia para la resolución de cuestiones prejudiciales
         sobre el Derecho de la Unión. Ninguno de estos dos Estados miembros ha emitido ninguna declaración en este sentido. Sin embargo,
         tal como reconoce Irlanda, no cabe ninguna duda en el caso presente de que el órgano jurisdiccional remitente tiene derecho
         a plantear la cuestión, pues la República Italiana manifestó, mediante una declaración con efectos a partir del 1 de mayo
         de 1999, fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, que aceptaba la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse
         sobre la validez e interpretación de los actos mencionados en el artículo 35 UE según las modalidades previstas en el apartado
         3, letra b), de dicho artículo. (6)
      
      26.   Por otro lado, diversos gobiernos ponen en duda la pertinencia de la petición de decisión prejudicial para la resolución del
         asunto.
      
      27.   Acerca de la necesidad de pertinencia para la resolución del asunto, el Tribunal de Justicia ha declarado, aplicando la jurisprudencia
         sobre el artículo 234 CE al artículo 35 UE, que la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones planteadas con
         carácter prejudicial por los órganos jurisdiccionales nacionales sólo puede descartarse en casos excepcionales, cuando resulte
         evidente que la interpretación solicitada de las disposiciones del Derecho de la Unión mencionadas en dichas cuestiones no
         tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando el problema sea de naturaleza hipotética
         o el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las
         cuestiones planteadas. Salvo en tales supuestos, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse sobre
         las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los actos a que se refiere el artículo 35 UE, apartado 1. (7)
      
      28.   El Gobierno neerlandés objeta que la petición de decisión prejudicial no explica cuáles son las disposiciones del Derecho
         italiano que deben interpretarse conforme a la decisión marco. Dado que hay que descartar una aplicación directa de la decisión
         marco, esta información resulta necesaria.
      
      29.   Es jurisprudencia reiterada que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho comunitario que sea eficaz para el
         juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico (y el régimen normativo) en el que se inscriben las cuestiones que
         plantea o que, al menos, explique los presupuestos fácticos sobre los que se basan tales cuestiones. Esta exposición está
         destinada también a permitir que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad
         de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia. Para ello hay que tener en cuenta
         que a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión. (8)
      
      30.   Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente debe exponer el marco jurídico en la extensión que sea necesaria para proporcionar
         una respuesta útil a la cuestión prejudicial. En cambio, no está obligado a demostrar que sea efectivamente posible la interpretación
         conforme que solicita. Según la sentencia Pupino, para la inadmisibilidad de la cuestión no bastan las meras dudas sobre la
         posibilidad de una interpretación del Derecho nacional conforme a la decisión marco, sino que tal imposibilidad ha de ser
         evidente. A falta de tal evidencia, corresponde al juez nacional verificar si, en el asunto principal, es posible una interpretación
         conforme de su Derecho nacional. (9) Esta postura resulta también lógica porque la interpretación del Derecho nacional (incluida la interpretación conforme al
         Derecho de la Unión o al Derecho comunitario) no es función del Tribunal de Justicia en el procedimiento de decisión prejudicial.
      
      31.   En consecuencia, posiblemente hubiera sido útil saber más sobre las disposiciones que el órgano jurisdiccional remitente desea
         interpretar conforme a la Decisión marco, (10) si bien la ausencia de tal información no impide proporcionar una respuesta útil a la cuestión prejudicial.
      
      32.   El Gobierno austriaco va incluso más allá que el Gobierno neerlandés, al alegar que, según el Derecho italiano, en los procedimientos
         de ejecución penal no se puede resolver sobre las pretensiones jurídico-civiles de la víctima. Por eso, estima que la petición
         de decisión prejudicial es de carácter hipotético. Pero tampoco vence este argumento, ya que no hay en él ningún dato que
         fundamente las dudas manifiestas sobre la posibilidad de una interpretación del Derecho nacional conforme a la Decisión marco.
      
      33.   Mayor peso tienen las objeciones del Gobierno irlandés, el cual cuestiona que la Decisión marco 2001/220 pueda tener, desde
         el punto de vista temporal, efectos jurídicos en el proceso principal. La sentencia condenatoria contra el señor Dell’Orto
         data del 4 de marzo de 1999, las cantidades litigiosas fueron embargadas cautelarmente el 29 de diciembre de 1997, y su presunta
         apropiación indebida o malversación sucedió aún antes. Por el contrario, el plazo de transposición de las disposiciones relevantes
         de la Decisión marco no concluyó hasta el 22 de marzo de 2002, y para la Directiva 2004/80, todavía más tarde, el 1 de julio
         de 2005 y el 1 de enero de 2006. Por lo tanto, si la Decisión marco no puede tener, por motivos temporales, efectos jurídicos
         para la restitución del presunto botín, queda excluida una interpretación del Derecho italiano conforme a la Decisión marco,
         por lo que es irrelevante la petición de decisión prejudicial para el litigio principal.
      
      34.   Sin embargo, según mis conclusiones en el asunto Pupino, no se opone a una interpretación conforme el hecho de que los incidentes
         en cuestión tuvieran lugar en un momento anterior a la adopción de la Decisión marco. Según reiterada jurisprudencia, en general,
         se considera que las normas de procedimiento son aplicables a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en
         vigor. (11) Tampoco parece que el Tribunal de Justicia viera, en cuanto a la aplicabilidad temporal, ningún obstáculo para la interpretación
         conforme a la Decisión marco, dado que no entró a discutir ese aspecto en la sentencia Pupino. Al igual que en el asunto Pupino,
         en el proceso principal se tratan cuestiones procesales, a saber, la competencia del órgano jurisdiccional para resolver si
         en el marco de un proceso penal pueden abonarse a una empresa perjudicada los saldos bancarios que hayan sido objeto de medidas
         cautelares. De acuerdo con esto, Irlanda expresó sus dudas durante la vista.
      
      35.   En la medida en que en el presente asunto aún quedan cuestiones por resolver, es posible la aplicación ratione temporis de la Decisión marco 2001/220 al litigio principal.
      
      36.   Una última duda acerca de la pertinencia de la petición prejudicial se refiere a la legalidad de la Decisión marco 2001/220.
         Si la Decisión marco fuese contraria a Derecho y, por tanto, inaplicable, no podría tampoco obligar a que se hiciese una interpretación
         conforme a ella, de manera que las cuestiones sobre la interpretación carecerían de relevancia para el proceso principal.
      
      37.   En este sentido quisiera recordar que en las conclusiones sobre el asunto Pupino ya expresé dudas sobre su base jurídica,
         pero llegué a la conclusión de que el Tribunal de Justicia no debía entrar en ellas de oficio, ya que en ningún caso constituían
         dudas de gran peso. (12) La aprobación de la Decisión marco sobre la base jurídica elegida parece, cuando menos, defendible, por lo que el Tribunal
         de Justicia no se pronunció sobre este extremo en la sentencia Pupino. Puesto que en el presente asunto ni el órgano jurisdiccional
         remitente ni los intervinientes han planteado la cuestión de la base jurídica de la Decisión marco, no hay aquí motivo para
         profundizar de nuevo en este punto.
      
      38.   En estas circunstancias, es admisible la petición de decisión prejudicial.
      B.      Sobre las cuestiones prejudiciales
      39.   Para responder a las cuestiones del órgano jurisdiccional remitente sobre la interpretación de la Decisión marco 2001/220
         a la luz de la Directiva 2004/80, en primer lugar deben determinarse las posibilidades y los límites de la influencia recíproca
         de los actos jurídicos basados en el Tratado CE y en el Tratado de la Unión Europea (véase infra, epígrafe 1). A continuación, habida cuenta del resultado, ha de interpretarse la Decisión marco (epígrafes siguientes, 2 y 3).
      
      1.      La relación entre el Derecho de la Unión y el Derecho comunitario en cuanto a la interpretación
      40.   Sobre todo Irlanda y el Reino Unido se muestran contrarios a tener en cuenta una directiva de Derecho comunitario (adoptada
         posteriormente) al interpretar una decisión marco del Derecho de la Unión. A su juicio, existen dos ordenamientos diferentes
         que deben separarse estrictamente. No se puede negar que esta postura se basa, al menos parcialmente, en argumentos sólidos,
         pero tampoco se puede aceptar plenamente.
      
      41.   En primer lugar debe quedar claro que toda influencia recíproca requiere un margen de interpretación respectivo. Una interpretación
         contra legem sería difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica. (13)
      
      42.   Como argumenta, en especial, el Reino Unido, aun con los márgenes de interpretación aludidos, las distintas competencias del
         Tratado de la Unión Europea y del Tratado CE impiden que puedan trasladarse por vía interpretativa normas de un ordenamiento
         al otro si en este último no existe una base jurídica para ello. En efecto, toda interpretación debe tomar en consideración
         la base jurídica de la norma interpretada, por lo que no puede conducir a un resultado incompatible con esa base jurídica.
      
      43.   Esto se aplica especialmente a la incorporación de contenidos del Derecho comunitario al Derecho de la Unión, pues el Tratado
         de la Unión Europea, según su artículo 47, no afecta al Tratado CE. Por lo tanto, corresponde al Tribunal de Justicia velar
         por que los actos que, según el Consejo, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado de la Unión no invadan
         las competencias que las disposiciones del Tratado CE atribuyen a la Comunidad. (14)
      
      44.   Si se observan esos límites, los intercambios entre el Derecho comunitario y el Derecho de la Unión Europea se justifican
         por los mismos Tratados, pues la Unión y la Comunidad coexisten como ordenamientos jurídicos distintos pero integrados. (15) Según el artículo 1 UE, párrafo tercero, la Unión tiene su fundamento en las Comunidades Europeas. Conforme al artículo 3 UE,
         párrafo primero, la Unión tendrá un marco institucional único que garantizará la coherencia y la continuidad de las acciones
         llevadas a cabo para alcanzar sus objetivos, dentro del respeto y del desarrollo del acervo comunitario. Por otro lado, el
         artículo 61 CE, letras a) y e), prevé que las medidas del título IV del Tratado CE, junto con las medidas basadas en el título VI
         del Tratado de la Unión Europea, contribuyan a establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia.
      
      45.   En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Pupino que es perfectamente comprensible que los autores
         del Tratado de la Unión Europea hayan considerado necesario prever, en el título VI de dicho Tratado, el recurso a instrumentos
         jurídicos que produzcan efectos análogos a los previstos en el Tratado CE, con objeto de contribuir eficazmente a la consecución
         de los objetivos de la Unión. (16) Lógicamente, lo mismo cabe decir de la actividad legislativa de la Unión. Las técnicas normativas, las propuestas de solución
         y los conceptos que se hayan mostrado válidos en el Derecho comunitario derivado pueden también aplicarse a los actos jurídicos
         del Derecho de la Unión.
      
      46.   Por tanto, partiendo de los elementos tomados del Derecho comunitario debe atribuirse al Derecho de la Unión, en principio,
         el mismo contenido que a aquél. Pero esto sólo es válido en la medida en que no sea contrario al carácter especial del Derecho
         de la Unión, y en concreto, a la exclusión del efecto directo de las decisiones marco. Tampoco por vía de una interpretación
         coherente se pueden diluir las diferencias establecidas en los Tratados entre el Derecho comunitario supranacional y el Derecho
         de la Unión, concebido en mayor medida según el tradicional Derecho internacional público.
      
      47.   En determinadas circunstancias, la estricta separación de las competencias normativas exige incluso la adopción de actos complementarios entre el Derecho de la Unión y el Derecho comunitario. Así, las modificaciones
         del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen con respecto al Sistema de Información de Schengen tienen lugar mediante
         actos paralelos basados respectivamente en el artículo 66 CE y en los artículos 30 UE, apartado 1, letras a) y b), 31 UE,
         letras a) y b), y 34 UE, apartado 2, letra c). (17) Tales actos jurídicos deben interpretarse, de acuerdo con su finalidad común, de manera que se integren perfectamente. En
         este sentido puede resultar adecuado interpretar las definiciones de modo uniforme.
      
      48.   Precisamente en esos supuestos puede ser necesario, en contra de la postura defendida por Irlanda, interpretar el acto más
         antiguo de uno de los ordenamientos jurídicos a la luz de un acto posterior del otro ordenamiento jurídico. Y, a la inversa,
         en tal situación puede ser también conveniente interpretar el acto posterior a la luz del acto anterior, al cual pretende
         complementar.
      
      49.   Por lo tanto, la interpretación de medidas del Derecho de la Unión a la luz del Derecho comunitario es posible, pero deben
         respetarse siempre los límites resultantes de las diferencias entre la Unión y la Comunidad, especialmente en cuanto a sus
         competencias y a los modos de actuación de que disponen.
      
      2.      El concepto de víctima
      50.   Con su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si las personas jurídicas también pueden ser víctimas
         en el sentido de la Decisión marco 2001/220. La cuestión resulta de interés, pues todas las disposiciones pertinentes de la
         Decisión marco, sobre todo los artículos 2 y 9, se aplican sólo en beneficio de las víctimas. Sin embargo, a continuación
         demostraré que la posibilidad de considerar víctimas en el sentido de la Decisión marco a las personas jurídicas es ciertamente
         remota, incluso teniendo en cuenta la Directiva 2004/80.
      
      a)      La Decisión marco 2001/220
      51.   Tal como han destacado todos los intervinientes, SAIPEM no es una víctima en el sentido de la definición que contiene el artículo
         1, letra a), de la Decisión marco 2001/220, pues en esta disposición se restringe el concepto de víctima a las personas físicas.
      
      52.   Irlanda y la Comisión subrayan con acierto que el origen de esta definición se opone a extender el concepto a las personas
         jurídicas. En efecto, la restricción a las personas físicas se realizó deliberadamente desde el principio, de acuerdo con
         la iniciativa portuguesa para la Decisión marco. La Comisión señala que también su Comunicación sobre las víctimas de delitos, (18) anterior a dicha iniciativa, se refería exclusivamente a las personas físicas. El Consejo estudió, durante el procedimiento
         legislativo, la posibilidad de incluir a las personas jurídicas, (19) pero al final no se amplió de ese modo la definición de víctima.
      
      53.   Esta interpretación histórica se opone al argumento que Irlanda expone como imaginable, de considerar a las personas físicas
         que están detrás de cada persona jurídica víctimas del delito del que es perjudicada la persona jurídica. Si se hubiera querido
         proteger también a estas víctimas indirectas, lo lógico habría sido considerar víctimas también a las personas jurídicas.
         Por lo demás, el proceso principal no tiene por objeto las pretensiones de personas físicas indirectamente perjudicadas, sino
         las pretensiones de una persona jurídica directamente perjudicada. Por lo tanto, no se plantea la cuestión de si un perjuicio
         indirecto puede conferir la condición de víctima en el sentido de la Decisión marco 2001/220.
      
      54.   Por otro lado, el hecho de tomar en consideración a las personas físicas que están detrás de la persona jurídica se enfrenta
         a una nueva objeción formulada por el Reino Unido contra la ampliación del concepto de víctima a las personas jurídicas. Este
         Estado miembro sostiene que el objetivo establecido en el artículo 29 UE de ofrecer a los ciudadanos un alto grado de protección
         en un espacio de libertad, de seguridad y de justicia se refiere necesariamente a las personas físicas. Pero eso no puede
         impedir que el legislador de la Unión proteja a las personas jurídicas tanto como a las personas físicas, pues los delitos
         contra personas jurídicas afectan en último término también a personas físicas, es decir, a sus propietarios e incluso a sus
         trabajadores. Además, tales delitos pueden influir en la sensación subjetiva de seguridad de los ciudadanos.
      
      55.   Independientemente de los fines generales propuestos por el título VI del Tratado de la Unión Europea, la limitada definición
         de víctima de la Decisión marco 2001/220 está, en cualquier caso, en consonancia con las demás disposiciones de esta norma
         y los objetivos que persigue.
      
      56.   Aunque algunas de las demás disposiciones de la Decisión marco podrían ser aplicadas en principio también a las personas jurídicas
         si éstas fueran consideradas víctimas, existen ciertos elementos en la Decisión marco que, como bien ha señalado la República
         de Austria, benefician exclusivamente a las personas físicas. El artículo 1, letra a), de la Decisión marco 2001/220 se refiere,
         de modo ilustrativo, a perjuicios sufridos por la víctima tales como lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio
         económico, que afectan principalmente sólo a personas físicas. También cabe destacar el artículo 2, apartado 1, según el cual
         las víctimas deben ser tratadas con el debido respeto a su dignidad personal. Asimismo, la mayor protección de las víctimas
         especialmente vulnerables con arreglo al artículo 2, apartado 2, difícilmente se concibe si se trata de personas jurídicas.
         Tampoco pueden trasladarse a las personas jurídicas las normas de protección para la víctima y sus familiares del artículo 8.
      
      57.   Podría haber, a lo sumo, un motivo para incluir a las personas jurídicas en el concepto de víctima, si lo contrario fuera
         incompatible con normas de mayor rango, y en particular con los derechos fundamentales a que hace referencia Irlanda y que
         la Unión Europea respeta, conforme al artículo 6 UE, apartado 2. En este sentido se plantea principalmente la cuestión de
         si la diferencia de trato entre personas físicas y jurídicas es compatible con el principio general de igualdad. Éste exige
         que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera
         idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente. (20)
      
      58.   No obstante, el legislador de la Unión podía limitarse a regular sólo el trato a las personas físicas aun en consideración
         al principio de igualdad. Es cierto que también las personas jurídicas están expuestas a las conductas delictivas, pero la
         definición de víctima del artículo 1, letra a), de la Decisión marco 2001/220 demuestra que los perjuicios sufridos por las
         personas físicas muchas veces van más allá de las pérdidas materiales, adquiriendo con las lesiones físicas o mentales y los
         daños emocionales una dimensión totalmente diferente de los que sufren las personas jurídicas. Además, las personas físicas
         a menudo requieren una mayor protección en el proceso penal que las personas jurídicas, que generalmente cuentan con apoyo
         profesional. Éstas son razones objetivas para que las personas físicas que son víctimas de delitos gocen de un trato de favor.
      
      59.   Por otra parte, debe señalarse que la Decisión marco no impide a los Estados miembros adoptar sus propias medidas para el
         caso en que también haya personas jurídicas que precisen de protección en el proceso penal. (21)
      
      60.   En consecuencia, debe declararse que la Decisión marco 2001/220 no contiene ningún motivo para ampliar más allá de su tenor
         literal la definición de víctima a las personas jurídicas, aun considerando los derechos fundamentales.
      
      b)      La Directiva 2004/80
      61.   En primer lugar cabe señalar, al igual que ha hecho el Reino Unido que, independientemente de la interpretación del concepto
         de víctima, el presente asunto no puede conducir a la aplicación de la Directiva 2004/80. La Directiva sólo prevé una indemnización
         en caso de delito doloso violento, mientras que la suma litigiosa procede de una apropiación indebida o malversación. Además,
         el delito tuvo lugar principalmente, cuando no exclusivamente, en el Estado miembro en que se encontraba la sede de la víctima
         (SAIPEM). Por el contrario, la Directiva regula la indemnización cuando el delito ha tenido lugar en otro Estado miembro.
         Por último, la Directiva permite a los Estados miembros limitar la indemnización a los solicitantes cuyo perjuicio resulte
         de delitos cometidos después del 30 de junio de 2005, mientras que en el presente caso el hecho delictivo se cometió unos
         diez años antes de esa fecha.
      
      62.   No obstante, la Directiva 2004/80 guarda un claro paralelismo con el resto del contenido de la Decisión marco 2001/220, que
         también tiene como finalidad la protección de las víctimas y hace referencia expresa a la Decisión marco en su quinto considerando.
         Tal como afirma la Comisión, ambos actos jurídicos se complementan, al menos en cuanto al objetivo de proteger a las víctimas.
      
      63.   Sin embargo, como bien subrayan el Reino Unido y la Comisión, dichos actos tienen un objeto distinto: por un lado, la Decisión
         marco, versa, por lo que aquí interesa, sobre la indemnización por parte del autor de la infracción, y la Directiva, por otro
         lado, se refiere a la indemnización del Estado.
      
      64.   Por lo tanto, no existe una estrecha relación complementaria entre uno y otro acto. Una interpretación uniforme del concepto
         de víctima no es estrictamente necesaria para su funcionamiento, sino tan solo de interés sistemático: facilitaría, sobre
         todo, la transposición y la aplicación práctica en los Estados miembros. Y la escasa importancia de este interés en realizar
         una interpretación coherente pone en duda que la Directiva 2004/80 pueda justificar, por analogía, una interpretación extensiva
         del concepto de víctima de la Decisión marco 2001/220.
      
      65.   Pero tal interpretación extensiva del concepto de víctima de la Decisión marco 2001/220 tampoco es necesaria en virtud de
         la Directiva 2004/80, ya que de ella no se desprende claramente que considere víctimas a las personas jurídicas.
      
      66.   La Directiva 2004/80, a diferencia de la Decisión marco 2001/220, no contiene ninguna definición expresa de víctima, lo cual
         se explica por su génesis. La propuesta de la Comisión para una directiva sobre la indemnización a las víctimas de delitos
         no sólo tenía por objeto facilitar la indemnización transfronteriza de las víctimas, sino también establecer unas pautas mínimas
         comunes para la indemnización de las víctimas. A este respecto, contenía una definición de víctima que se limitaba a las personas
         físicas y abarcaba únicamente daños personales. (22)
      
      67.   Sin embargo, el Consejo renunció a una armonización de la indemnización a las víctimas. (23) La única regla sobre derechos a indemnización en la Directiva 2004/80 es su artículo 12, según el cual los Estados miembros
         garantizarán una indemnización justa y adecuada para las víctimas de delitos dolosos violentos. Por otro lado, del artículo
         2 se infiere que se trata de una indemnización de la Administración Pública.
      
      68.   El artículo 12 de la Directiva 2004/80, según su tenor literal, puede abarcar a las personas jurídicas, ya que éstas también
         pueden sufrir perjuicios como consecuencia de delitos dolosos violentos cometidos en otros Estados miembros. (24) Por lo tanto, no puede descartarse que el legislador comunitario haya ampliado el círculo de víctimas favorecidas más allá
         de los objetivos iniciales de la propuesta de directiva de la Comisión.
      
      69.   En cambio, el Gobierno neerlandés, el Gobierno austriaco, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión, sostienen que sólo las
         personas físicas pueden ser víctimas de delitos dolosos violentos en el sentido de la Directiva 2004/80. Basan su argumento
         en el hecho de que la limitación a las personas físicas resulta del objetivo consagrado en el primer considerando de suprimir
         los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios; de la sentencia Cowan (25) mencionada en el segundo considerando, que reclama la protección de las personas físicas, y de la referencia a la Decisión
         marco 2001/220 en el quinto considerando, que define a las personas físicas como únicas víctimas posibles. Por lo demás, al
         renunciar a la armonización planteada por la Comisión, el Consejo probablemente no pretendía extender el círculo de los favorecidos
         a las personas jurídicas, más allá de la propuesta de la comisión.
      
      70.   En efecto, aunque el tenor literal de la Directiva 2004/80 permite extender el concepto de víctima a las personas físicas
         y jurídicas, existen numerosas razones para restringirlo a las primeras. Precisamente por no ser necesario en el presente
         caso establecer definitivamente el alcance del concepto de víctima de la Directiva, éste no puede conducir a una extensión
         del concepto de víctima de la Decisión marco 2001/220 más allá del tenor literal de la definición.
      
      71.   Tampoco el artículo 17 de la Directiva 2004/80, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, puede justificar una ampliación
         del concepto de víctima a las personas jurídicas. Como bien apuntan Austria, Italia, los Países Bajos, el Reino Unido y la
         Comisión, esta disposición concede a los Estados miembros la posibilidad de adoptar normativas nacionales más generosas, de
         manera que les está permitido considerar víctimas también a las personas jurídicas. Pero eso no significa que estén obligados a ello.
      
      72.   Por lo tanto, son víctimas a efectos de la Decisión marco 2001/220, aun considerando la Directiva 2004/80, exclusivamente
         las personas físicas.
      
      3.      La aplicación del artículo 9 de la Decisión marco 2001/220 en un proceso de ejecución penal
      73.   Con la segunda cuestión el órgano jurisdiccional remitente desea saber si durante el proceso de ejecución penal siguen asistiendo
         a la víctima los derechos que le reconocen los artículos 2 y 9 de la Decisión marco 2001/220. Dado que, a la vista de la respuesta
         a la primera cuestión, no estamos ante una víctima en el sentido de la Decisión marco, algunos de los intervinientes consideran
         que esta cuestión es de naturaleza meramente hipotética.
      
      74.   Sin embargo, el Tribunal de Justicia se ha declarado en repetidas ocasiones competente, con arreglo al artículo 234 CE, para
         pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales relativas a disposiciones comunitarias en situaciones en las que los hechos del
         procedimiento principal se situaban fuera del ámbito de aplicación del Derecho comunitario, pero en las que dichas disposiciones
         de este Derecho habían sido declaradas aplicables por el Derecho nacional o por meras disposiciones contractuales. (26) El mismo criterio debería valer para las disposiciones del Derecho de la Unión.
      
      75.   En el caso presente no se puede descartar que el Derecho italiano contemple en principio un concepto de víctima más amplio,
         de modo que también las personas jurídicas puedan disfrutar de la protección procesal con que cuentan las personas físicas
         para hacer valer sus derechos como víctimas. Un argumento a favor de esta hipótesis es que el concepto de víctima del artículo
         1, letra a), de la Decisión marco 2001/220 no ha sido expresamente transpuesto al Derecho italiano, (27) y también la circunstancia de que las leyes italianas pertinentes no parecen utilizar ningún concepto específico de víctima. (28)
      
      76.   En caso de que el Derecho italiano prevea una aplicación uniforme de estas disposiciones con independencia de si las víctimas
         son personas físicas o jurídicas, las exigencias de la Decisión marco sobre el proceso de ejecución pueden ser de interés
         para el órgano jurisdiccional remitente. En consecuencia, el Tribunal de Justicia debe responder también a esta cuestión.
      
      77.   Su contenido se refiere a la interpretación del artículo 9, apartados 1 y 3, de la Decisión marco, que regula la indemnización
         a las víctimas y la restitución de sus propiedades.
      
      78.   Resulta manifiesto que el órgano jurisdiccional remitente parte de la base de que estamos ante un caso de restitución. A este
         respecto el artículo 9, apartado 3, prevé que, salvo en caso de necesidad absoluta impuesta por el proceso penal, los objetos
         restituibles pertenecientes a la víctima y aprehendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora.
      
      79.   Se trata de una devolución de dinero que supuestamente fue transferido a las cuentas bancarias del autor de la infracción.
         Por ello, parece posible que, en contra de lo expuesto por el órgano jurisdiccional remitente, ese dinero no permaneciera
         en la propiedad de SAIPEM. Por lo tanto, no debe pasarse por alto la posibilidad de una indemnización a la víctima. En este
         sentido, con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220, los Estados miembros garantizarán a la víctima
         de una infracción penal el derecho a obtener en un plazo razonable y en el marco del proceso penal una resolución relativa
         a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo cuando la legislación nacional disponga que, para determinados
         casos, la indemnización se efectúe por otra vía. Aquí no debe declararse de forma definitiva cuáles son los tipos de derechos
         que comprende el concepto de indemnización. No obstante, es evidente que los daños patrimoniales sí están comprendidos, sobre
         todo porque el artículo 1, letra a), menciona expresamente los perjuicios económicos como ejemplo de perjuicios sufridos por
         la víctima.
      
      80.   A diferencia de la primera cuestión, no se percibe aquí ninguna influencia de la Directiva 2004/80 para la interpretación.
         Esta Directiva tiene por objeto la indemnización a las víctimas por parte del Estado, renunciando a una armonización detallada,
         por lo que no contiene ninguna norma sobre la indemnización por el autor de la infracción ni sobre la restitución a la víctima
         de los objetos aprehendidos durante las actuaciones. Tampoco se refiere al proceso penal, pues la indemnización del Estado
         a las víctimas tiene lugar normalmente en un proceso distinto, de naturaleza jurídico-pública.
      
      a)      La indemnización
      81.   En cuanto a la indemnización, con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220, los Estados miembros garantizarán
         a la víctima de una infracción penal el derecho a obtener en un plazo razonable y en el marco del proceso penal una resolución
         relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción, salvo cuando la legislación nacional disponga que, para
         determinados casos, la indemnización se efectúe por otra vía.
      
      82.   En consecuencia, debe reconocerse a las víctimas el derecho a hacer efectiva, en el marco del proceso penal, una resolución
         relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción. Sin embargo, este marco está sujeto a una reserva: en ciertos
         supuestos, los Estados miembros pueden disponer que la indemnización se realice por otra vía. Pero esto no significa que tengan
         plena libertad en la definición del marco en que se haya de indemnizar a las víctimas, sino sólo que en determinados casos
         es posible la aplicación de otro procedimiento. En general, las víctimas han de tener libertad para obtener una resolución
         en el marco del proceso penal.
      
      83.   La finalidad de la vinculación del proceso penal con la resolución relativa a la indemnización es evitar a la víctima las
         cargas y riesgos de un nuevo proceso judicial. En la medida en que el proceso penal aclare determinadas cuestiones o pueda
         aclararlas sin grandes dificultades, se estarán reconociendo los intereses legítimos de las víctimas con arreglo al artículo
         2, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220, siempre que el órgano jurisdiccional penal los haga efectivos de forma inmediata
         mediante la correspondiente resolución.
      
      84.   Este objetivo se habría alcanzado en el proceso principal si ya se hubiera resuelto con motivo de la sentencia penal sobre
         la indemnización a SAIPEM en la medida de lo posible.
      
      85.   Sin embargo, la Comisión argumenta con razón que la Decisión marco 2001/220 no regula la inclusión de la resolución en el
         proceso penal nacional. Así, la Decisión marco permitiría que el órgano jurisdiccional resolviera en primer lugar acerca de
         la pena y, en un proceso posterior, decidiera acerca de la indemnización por parte del autor de la infracción basándose en
         los datos obtenidos en el proceso penal. Sin embargo, en ese caso debería garantizarse que tal resolución posterior recayera
         en un plazo razonable, con arreglo al artículo 9, apartado 1.
      
      86.   Tal como destacan, sobre todo, los Países Bajos, a falta de una regulación expresa en la Decisión marco 2001/220, la posibilidad
         de que esto sea efectivamente así dependerá del Derecho nacional. Si éste, aun interpretado a la luz de la Decisión marco,
         no permite tras la condena del autor de la infracción una resolución relativa a la indemnización, los órganos jurisdiccionales
         deberán dictarla anteriormente o junto con dicha sentencia, en función de lo que disponga el Derecho interno.
      
      87.   Por lo demás, considero que no se puede exigir que se mantenga durante todo el proceso de ejecución penal el derecho a una
         resolución relativa a la indemnización de la víctima. Si fuera así, estaríamos expuestos a que se interpusiera la correspondiente
         acción años después de que se aclararan judicialmente los hechos delictivos. Al margen de la posible prescripción de la acción,
         esto no sólo sería contrario al plazo razonable para la resolución relativa a la indemnización con arreglo al artículo 9,
         apartado 1, de la Decisión marco 2001/220, sino que sería contrario al fin de la norma, pues se perderían las ventajas de
         una resolución del mismo órgano jurisdiccional acerca de la pena y de la indemnización adoptada de forma simultánea o al menos,
         próxima en el tiempo.
      
      88.   Además, serían frecuentes los procesos en que no se respetase la Decisión marco ni durante el proceso que conduce a la sentencia
         condenatoria ni en la propia sentencia. Para ilustrarlo, valga el siguiente ejemplo: la sentencia condenatoria data de 1999,
         cuando la Decisión marco aún no había sido adoptada y, por lo tanto, no podía obligar al órgano jurisdiccional competente
         a resolver en la misma sentencia sobre la indemnización ni a aclarar los hechos necesarios. Si en esos casos no ha recaído
         una resolución relativa a la indemnización hasta ese momento, no podría prevalecer una futura resolución en este orden sobre
         la que se hubiera obtenido en un proceso civil.
      
      89.   En consecuencia, el artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220 no se opone a una resolución relativa a la indemnización
         de la víctima en un plazo razonable y en el marco de un proceso penal, si bien tampoco la exige.
      
      b)      La restitución de la propiedad
      90.   Para la restitución de la propiedad es relevante el artículo 9, apartado 3, de la Decisión marco 2001/220. Según esta norma,
         salvo en caso de necesidad absoluta impuesta por el proceso penal, los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y
         aprehendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora.
      
      91.   Este precepto, al contrario que el artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220, relativo a la indemnización, no
         prevé resolución alguna sobre la propiedad de la víctima, por lo cual la Comisión entiende que la disposición sólo será aplicable
         cuando no haya controversia sobre la propiedad. Al igual que el Gobierno austriaco, la Comisión considera que la controversia
         sobre la propiedad tiene naturaleza jurídico-civil, de modo que, con arreglo al séptimo considerando, no entra en el ámbito
         de aplicación de la Decisión marco.
      
      92.   Con su referencia al séptimo considerando de la Decisión marco 2001/220 la Comisión y Austria pasan por alto que en él se
         habla sólo del proceso civil, no del Derecho civil. Considerar que la Decisión marco deja al margen las cuestiones civiles,
         entraría en contradicción con la resolución relativa a la indemnización por parte del autor de la infracción que prevé el
         artículo 9, apartado 1. Tal resolución es, por lo general, de naturaleza jurídico-civil.
      
      93.   Al margen de esto, es cierto que el artículo 9, apartado 3, de la Decisión marco 2001/220 no prevé ninguna resolución sobre
         la propiedad. Esta norma, por tanto, se refiere en principio a la restitución de la propiedad no discutida; por ejemplo, a
         los bienes de la víctima aprehendidos a efectos probatorios. Como bien subraya el Gobierno irlandés, el artículo 9, apartado
         3, de la Decisión marco 2001/220 tan solo concreta el derecho fundamental a la propiedad.
      
      94.   Por otro lado, la restitución no puede verse impedida por cualquier controversia sobre la propiedad. Por ejemplo, cuando en
         el marco del proceso penal se haya declarado con carácter firme y a efectos del mismo procedimiento a quién pertenece la propiedad,
         por ejemplo, en el caso de objetos robados, a fin de posibilitar una condena por robo, tal declaración también debe ser relevante
         para la restitución. Sólo así se satisface la exigencia del artículo 2, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220 de reconocer
         los intereses legítimos de las víctimas en el marco del proceso penal. Una declaración sobre los hechos que baste para condenar
         a un delincuente debe también ser relevante cuando se trate de juzgar la restitución de la propiedad de la víctima.
      
      95.   En cambio, la víctima no puede reclamar la devolución de la propiedad controvertida si el proceso penal no ha conducido a
         la correspondiente declaración. A este respecto, los Estados miembros tienen libertad para dejar a los órganos jurisdiccionales
         del orden civil la resolución de la controversia sobre la propiedad. La única cuestión que podría plantearse aquí es si la
         Decisión marco 2001/220 obliga al órgano jurisdiccional a dictar las resoluciones pertinentes si no son estrictamente necesarias
         para resolver la causa penal. Sin embargo, en el caso presente la cuestión carece de relevancia, pues todas las declaraciones
         en este sentido han sido efectuadas en la sentencia condenatoria del Sr. Dell’Orto o ya no pueden realizarse.
      
      96.   Por consiguiente, se ha de declarar que, con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Decisión marco 2001/220, debe procederse
         a la inmediata devolución a la víctima de los bienes aprehendidos, si no existe controversia sobre la propiedad de la víctima
         o si ha sido declarada con carácter firme en el proceso penal.
      
      V.      Conclusión
      97.   De acuerdo con estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia responder del siguiente modo a las cuestiones que se
         le plantean en la petición de decisión prejudicial:
      
      «1)      Son víctimas en el sentido de la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de
         la víctima en el proceso penal, exclusivamente las personas físicas, y ello habida cuenta, asimismo, de la Directiva 2004/80/CE
         del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la indemnización a las víctimas en delitos.
      
      2)      El artículo 9, apartado 1, de la Decisión marco 2001/220 no se opone a una resolución relativa a la indemnización de la víctima
         en un plazo razonable y en el marco de un proceso penal, si bien tampoco la exige.
      
      3)      Con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Decisión marco 2001/220, debe procederse a la inmediata devolución a la víctima
         de los bienes aprehendidos si no existe controversia sobre la propiedad de la víctima o si ha sido declarada con carácter
         firme en el proceso penal.»
      
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	DO L 82, p. 1.
      
      3 –	DO L 261, p. 15 (versiones lingüísticas de la UE 15).
      
      4 –	Sentencia de 16 de junio de 2005, Pupino (C‑105/03, Rec. p. I‑5285), apartado 43. Respecto a esta declaración del Tribunal
         de Justicia cabe señalar que en las traducciones alemana e inglesa de la sentencia inicialmente se utilizó erróneamente el
         término «interpretación conforme a la directiva», que no es adecuado para referirse a decisiones marco. Este error de traducción
         ha sido subsanado posteriormente.
      
      5 –	Sentencia Pupino (citada en la nota 5), apartado 19. Véanse también las sentencias de 27 de febrero de 2007, Gestoras Pro
         Amnistía y otros/Consejo (C‑354/04 P, Rec. p. I‑0000), apartado 54, y Segi y otros/Consejo (C‑355/04 P, Rec. p. I‑0000), apartado 54.
      
      6 –	Información relativa a la fecha de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (DO L 114, p. 56).
      
      7 –	Sentencia Pupino (citada en la nota 5), apartados 29 y 30, y la jurisprudencia allí citada relativa al artículo 234 CE.
      
      8 –	Sentencia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Rec. p. I‑0000),
         apartados 26 a 28, y mis conclusiones de 13 de julio de 2006, presentadas en dicho asunto, punto 33, y la jurisprudencia citada
         en ellos.
      
      9 –	Sentencia Pupino (citada en la nota 5), apartado 48.
      
      10 –	Véase el punto 79 infra.
      11 –	Conclusiones de 11 de noviembre de 2004 presentadas en el asunto Pupino (citado en la nota 5), punto 43, que cita las sentencias
         de 12 de noviembre de 1981, Salumi y otros (212/80 a 217/80, Rec. p. 2735), apartado 9; de 6 de julio de 1993, CT Control
         (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión (C‑121/91 y C‑122/91, Rec. p. I‑3873), apartado 22; de 7 de septiembre de 1999, De Haan
         (C‑61/98, Rec. p. I‑5003), apartados 13 y 14, y de 1 de julio de 2004, Tsapalos y Diamantakis (C‑361/02 y C‑362/02, Rec. p. I‑6405),
         apartado 19.
      
      12 –	Citadas en la nota 12, puntos 48 a 52.
      
      13 –	Sentencia Pupino (citada en la nota 5), apartados 44 y 47.
      
      14 –	Sentencias de 12 de mayo de 1998, Comisión/Consejo (Transitvisa) (C‑170/96, Rec. p. I‑2763), apartado 16, y de 13 de septiembre
         de 2005, Comisión/Consejo (Derecho penal del medio ambiente) (C‑176/03, Rec. p. I‑7879), apartado 39.
      
      15 –	Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de septiembre de 2005, Yusuf y Al Barakaat International Foundation/Consejo
         y Comisión (T‑306/01, Rec. p. II‑3533), apartado 156.
      
      16 –	Citada en la nota 5, apartado 36.
      
      17 –	Véanse, por ejemplo, la Decisión 2004/201/JAI y el Reglamento (CE) nº 378/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativo
         a los procedimientos para modificar el Manual Sirene (DO L 64, pp. 5 y 45).
      
      18 –	La Comisión se refiere a su Comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social – Víctimas de
         delitos en la Unión Europea – Normas y medidas [COM (1999) 349 final].
      
      19 –	Resultado de los trabajos del Grupo «Cooperación en material penal», de los días 19 y 20 de junio de 2000 (Documento del
         Consejo 9720/00, de 26 de junio de 2000, p. 3, nota 3), e Informe del Grupo «Cooperación en material penal», de 11 de julio
         de 2000 (Documento del Consejo 10387/00, de 14 de julio de 2000, p. 7, nota 1).
      
      20 –	Sentencias de 20 de septiembre de 1988, España/Consejo (203/86, Rec. p. 4563), apartado 25; de 17 de julio de 1997, SAM
         Schiffahrt y Stapf (C‑248/95 y C‑249/95, Rec. p. I‑4475), apartado 50; de 13 de abril de 2000, Karlsson y otros (C‑292/97,
         Rec. p. I‑2737), apartado 39; de 12 de marzo de 2002, Omega Air y otros (C‑27/00 y C‑122/00, Rec. p. I‑2569), apartado 79;
         de 9 de septiembre de 2003, Milk Marque y National Farmers’ Union (C‑137/00, Rec. p. I‑7975), apartado 126; de 9 de septiembre
         de 2004, España/Comisión (C‑304/01, Rec. p. I‑7655), apartado 31, y de 14 de diciembre de 2004, Swedish Match (C‑210/03, Rec.
         p. I‑11893), apartado 70.
      
      21 –	Por lo demás, tampoco contiene disposiciones que puedan legitimar la discriminación de las personas jurídicas por parte
         de los Estados miembros. En este sentido, la Decisión marco 2001/220 se diferencia de la regulación discutida en mis conclusiones
         de 8 de septiembre de 2005, Parlamento/Consejo (reagrupación familiar) (sentencia de 27 de junio de 2006, C‑540/03, Rec. p. I‑5769),
         puntos 99 y ss., que parecía justificar una transposición contraria a los derechos fundamentales.
      
      22 –	COM(2002) 562 final (DO 2003, C 45E, pp. 69 y ss.).
      
      23 –	Véase el documento de opciones de la Presidencia, Documento del Consejo 7752/04, de 26 de marzo de 2004, para la sesión
         del Consejo del 30 de marzo de 2004, y el proyecto de ahí resultante, el Documento del Consejo 8033/04, de 5 de abril de 2004.
      
      24 –	Véase, por ejemplo, la sentencia de 9 de diciembre de 1997, Comisión/Francia (C‑265/95, Rec. p. I‑6959).
      
      25 –	Sentencia de 2 de febrero de 1989 (186/87, Rec. p. 195), apartado 19.
      
      26 –	Sentencias de 17 de julio de 1997, Leur-Bloem (C‑28/95, Rec. p. I‑4161), apartado 27, y Giloy (C‑130/95, Rec. p. I‑4291),
         apartado 23; véanse también las sentencias de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska-Bscher (C‑231/89, Rec. p. I‑4003), apartado
         24; de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C‑297/88 y C‑197/89, Rec. p. I‑3763), apartado 36; de 11 de enero de 2001, Kofisa Italia
         (C‑1/99, Rec. p. I‑207), apartado 21; de 17 de marzo de 2005, Feron (C‑170/03, Rec. p. I‑2299), apartado 11, y de 16 de marzo
         de 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, Rec. p. I‑2505), apartado 15.
      
      27 –	Véase el Documento de la Comisión SEC(2004) 102, p. 3, http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/criminal/doc/sec_2004_0102_fr.pdf.
         Se trata del anexo, disponible sólo en lengua francesa, al informe de la Comisión en virtud del artículo 18 de la Decisión marco
         del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal [COM(2004) 54 final, de 16 de
         abril de 2004].
      
      28 –	Podríamos estar hablando de los artículos 74 y ss. y los artículos 538 y ss. del italiano codice di procedura penale en cuanto a la indemnización de la víctima en el proceso penal, así como de los artículos 262 y 263 del mismo texto en cuanto
         a la restitución de los objetos aprehendidos.