CELEX: C2004/094/51
Language: es
Date: 2004-04-17 00:00:00
Title: Asunto C-74/04 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de febrero de 2004 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-208/01 promovido en su contra por Volkswagen AG

17.4.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 94/24
            
         Recurso de casación interpuesto el 16 de febrero de 2004 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-208/01 promovido en su contra por Volkswagen AG
   (Asunto C-74/04 P)
   (2004/C 94/51)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 16 de febrero de 2004 un recurso de casación formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, asistida y representada por el Sr. Walter Mölls, en calidad de agente, asistido por el Dr. Heinz-Joachim Freund, abogado de Fráncfort, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-208/01 promovido en su contra por Volkswagen AG.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que:
   
               1.
            
            
               Anule la sentencia dictada el 3 de diciembre de 2003 por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-208/01 (1).
            
         
               2.
            
            
               Devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia.
            
         
               3.
            
            
               Condene en costas a la parte recurrida.
            
         Motivos y principales alegaciones
   En la mencionada sentencia el Tribunal de Primera Instancia anuló la Decisión 2001/711/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2001, en un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/F-2/36.693 — Volkswagen) (2). En dicha Decisión la Comisión declaró que Volkswagen AG, en contra de lo dispuesto en el artículo 81 CE, había pactado con sus distribuidores precios de reventa vinculantes, entre junio de 1996 y septiembre de 1999. En la Decisión se imponía a Volkswagen una multa de 30,96 millones de euros.
   El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que las directrices enviadas por Volkswagen AG a sus concesionarios alemanes no formaban parte del contrato de concesión, por ser ilegales. Se trata de medidas unilaterales, que no se encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 81 CE.
   Con esta conclusión el Tribunal de Primera Instancia malinterpretó el concepto de acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, e infringió esta disposición.
   A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia impone exigencias demasiado elevadas al conocimiento que las partes de un acuerdo de distribución selectiva deben tener acerca del modo en que dicho acuerdo se aplica y ejecuta en la práctica. Al mismo tiempo confunde tales exigencias con las condiciones determinantes para la legalidad del acuerdo.
   En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia ignora las particularidades de los sistemas de distribución selectiva, que se rigen por un acuerdo marco que ha de ser completado y precisado. La circunstancia de que un acuerdo de este tipo no sea por sí mismo contrario a Derecho en un momento determinado no excluye que pueda llegar a serlo con posterioridad. Por lo que respecta a los concesionarios, por lo general tienen interés en conservar su condición de miembros del sistema de distribución. No cabe esperar que ya en el momento en que se celebra el contrato se opongan sistemáticamente —y, hasta cierto punto, con carácter preventivo— a cualquier directriz posterior que pueda resultar contraria a Derecho, máxime si se tiene en cuenta que en algunos casos puede ser difícil distinguir entre medidas legales o ilegales.
   En opinión de la Comisión, sus conclusiones se ven confirmadas por una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha sido interpretada erróneamente por el Tribunal de Primera Instancia. Además, en el presente caso el comportamiento de las partes (productor y concesionarios) indica claramente que consideraban que las directrices formaban parte del contrato de concesión. Estos hechos demuestran también que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es incorrecto. El mencionado error acerca del concepto de acuerdo llevó al Tribunal de Primera Instancia a considerar tales hechos irrelevantes (en el caso del productor) o a ignorarlos por completo (en el caso de los concesionarios).
   
      (1)  Aún no publicada en la Recopilación.
   
      (2)  DO L 262, p. 14.