CELEX: 62018CA0725
Language: es
Date: 2020-01-30 00:00:00
Title: Asunto C-725/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 30 de enero de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad (Procedimiento prejudicial — Artículo 56 TFUE — Artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo — Libre prestación de servicios — Impuesto que grava las operaciones bursátiles concluidas o ejecutadas en un Estado miembro — Diferencia de trato en perjuicio de destinatarios de servicios que recurren a intermediarios profesionales no residentes — Restricción — Justificación)

27.4.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 137/18
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 30 de enero de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof — Bélgica) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad
      (Asunto C-725/18) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Artículo 56 TFUE - Artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo - Libre prestación de servicios - Impuesto que grava las operaciones bursátiles concluidas o ejecutadas en un Estado miembro - Diferencia de trato en perjuicio de destinatarios de servicios que recurren a intermediarios profesionales no residentes - Restricción - Justificación)
      (2020/C 137/23)
      Lengua de procedimiento: neerlandés
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Grondwettelijk Hof
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Demandante: Anton van Zantbeek VOF
      
         Demandada: Ministerraad
      
         Fallo
      
      El artículo 56 TFUE y el artículo 36 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la normativa de un Estado miembro que establece un impuesto que grava las operaciones bursátiles concluidas o ejecutadas por orden de un residente de dicho Estado miembro por un intermediario profesional no residente, que conlleva una restricción a la libre prestación de los servicios de esos intermediarios profesionales, siempre que esa normativa ofrezca a tal ordenante y a dichos intermediarios profesionales facilidades —tanto en cuanto a las obligaciones declarativas vinculadas a ese impuesto como a su pago— que limiten esa restricción a lo que es necesario para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la citada normativa.
      
         (1)  DO C 44 de 4.2.2019.