CELEX: 61979CJ0808
Language: es
Date: 1980-06-26 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1980. # Fratelli Pardini SpA. # Petición de decisión prejudicial: Tribunale civile e penale di Lucca - Italia. # Robo de certificados de exportación. # Asunto 808/79.

PARDINI
             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                          de 26 de junio de 1980 '
En el asunto 808/79,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por el Presidente del Tribunale di Lucca,
destinada a obtener, en el procedimiento pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional nacional en el marco de un recurso por el que se solicita la
anulación y la sustitución de un título nominativo, instado por
Fratelli Pardini SpA,
una decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez del apartado 7 del
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la Comisión, de 17 de enero de
 1975, por el que se establecen disposiciones comunes del régimen de
certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los
productos agrícolas (DO L 25, p. 10),
                     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
  Lengua de procedimiento: italiano.
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    Abogado General: Sr. G. Reischl;
     Secretario: Sr. A. Van Houtte;
    dicta la siguiente
                                      Sentencia
    (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                             Fundamentos de Derecho
 1  Mediante resolución de 28 de noviembre de 1979, recibida en el Tribunal de
    Justicia el 3 de diciembre siguiente, el Presidente del Tribunale di Lucca
    planteó, con carácter prejudicial, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE,
    dos cuestiones relativas a la interpretación y a la validez del apartado 7 del
    artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la Comisión, de 17 de enero
    de 1975, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del
    régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada
    para los productos agrícolas (DO L 25, p. 10). Dicho apartado 7 dispone que
    los duplicados eventualmente expedidos en caso de pérdida de los certificados
    no pueden presentarse a efectos de realizar las operaciones de importación y
    exportación.
2   Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento iniciado por
    una empresa italiana que se declara víctima de un robo, entre otras cosas, de un
    certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución, relativo a
    12.500 toneladas de sémola de trigo duro, y que tiene por objeto que se anule
    y se sustituya el certificado robado para poder efectuar la exportación al
    amparo del nuevo documento solicitado en las mismas condiciones que las
    previstas en el certificado robado.
3   A tenor del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29
    de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados
    en el sector de los cereales (DO L 281, p. 1 ; EE 03/09, p. 13), toda importación
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  a la Comunidad o exportación fuera de la misma de los productos mencionados
  estará sujeta a la presentación de un certificado válido en toda la Comunidad
  y cuya expedición estará subordinada a la prestación de una fianza como
  garantía de la obligación de importar o de exportar mientras dure el período de
  validez del certificado. Del duodécimo considerando del Reglamento citado se
  desprende que el sistema de expedición de certificados debe permitir a las
  autoridades competentes «seguir de manera permanente el movimiento de los
  intercambios, con objeto de poder apreciar la evolución del mercado y aplicar,
  en su caso, las medidas previstas en el [...] Reglamento que fueran necesarias».
  Además, cuando la exacción reguladora o la restitución se fijen con antelación,
  dicha fijación, con arreglo al artículo 12 del Reglamento, se consignará sobre
  el certificado que sirva de justificante de la misma. De ello se deduce que los
  certificados de fijación anticipada pueden adquirir una gran importancia
  cuando el tipo de la exacción reguladora o de la restitución aplicable el día de
  la operación difiera sensiblemente del tipo fijado con antelación.
4 El apartado 2 del artículo 12 prevé que el período de validez de los certificados
  y demás modalidades de aplicación de dicho artículo quedarán establecidos con
  arreglo al procedimiento llamado del Comité de Gestión. De conformidad con
  dicha disposición y con las correspondientes de los Reglamentos relativos a
  otros productos agrícolas, la Comisión adoptó el citado Reglamento n° 193/75,
  cuyo apartado 7 de su artículo 17 dispone lo siguiente:
  «En caso de pérdida del certificado o del extracto del certificado, los
  organismos emisores, con carácter excepcional, podrán expedir al interesado
  un duplicado de dichos documentos, extendido y visado, como los documentos
  originales y conteniendo claramente la mención "duplicado" en cada ejemplar.
  Los duplicados no podrán presentarse con el fin de realizar operaciones de
  importación o de exportación.»
5 Junto a esta disposición controvertida, es oportuno citar, a efectos del presente
  asunto, el apartado 1 del artículo 20 del mismo Reglamento, el cual establece:
  «Cuando la importación o la exportación no pueda efectuarse durante el
  período de validez del certificado por causa de fuerza mayor, el organismo
  competente del Estado miembro emisor del certificado decidirá, a petición del
  titular, o bien que se anule la obligación de importar o de exportar, quedando
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     libre la fianza, o bien que se prorrogue el período de validez del certificado por
     el plazo que se estime necesario en razón de la circunstancia alegada.
     [••·]
     La eventual prórroga del certificado será objeto de un visado por parte del
     organismo emisor que figurará en el certificado y, en su caso, en sus extractos
    y adaptaciones necesarias.»
 6   A este respecto también procede recordar la sentencia de 3 0 de enero de 1974,
    Kampffmeyer (158/73,« Rec. p. 101) donde, respondiendo a cuestiones
    prejudiciales planteadas en el marco de un litigio relativo a la liberación de la
    garantía en caso de pérdida de un certificado, el Tribunal de Justicia declaró
    que «la pérdida de un certificado de importación constituye un caso de fuerza
    mayor a efectos del artículo 18 del Reglamento n° 1373/70 [disposición
    correlativa al artículo 20 del Reglamento n° 193/775] cuando se produce a
    pesar de haber adoptado el titular del certificado todas las precauciones que se
    deben esperar de un comerciante prudente y diligente». Por lo tanto es evidente
    que, si el titular no puede llevar a cabo la operación a raíz de una pérdida del
    certificado sobrevenida en tales circunstancias, puede obtener la liberación de
    la fianza. Además puede, según las normas generales, obtener un nuevo
    certificado con una nueva fijación anticipada, en su caso, pero en tal supuesto,
    al tipo aplicable el día en que se presente la solicitud del nuevo certificado.
    Sobre la interpretación del apartado 7 del artículo 17
7   La primera cuestión planteada por el Juez de remisión es la siguiente:
    «Los párrafos primero y segundo del apartado 7 del artículo 17 del Reglamento
    CEE n° 193/75 ¿deben interpretarse en el sentido de que un exportador a quien
    hayan robado un certificado de exportación, válido para toda la Comunidad,
    con fijación anticipada del importe de la restitución, no puede ya solicitar ni
    obtener un nuevo título ni un documento equivalente, expedido por una
    autoridad nacional, que le permita realizar las operaciones de exportación antes
    o después de la expiración del período de validez del título robado, sufriendo
    de este modo la pérdida integral de las restituciones fijadas con antelación en
    base a dicho título?»
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8   La demandante en el litigio principal alega que el apartado 7 del artículo 17 del
   Reglamento n° 193/75 regula exclusivamente la situación de un operador que,
   habiendo perdido el certificado, no quiere cumplir las obligaciones que se
   derivan de él y pretende además obtener la liberación de la fianza. Por el
   contrario, el caso del operador que quiere efectuar la operación a pesar de
   haber perdido el certificado no se contempla más que en el artículo 20 del
   Reglamento y únicamente de modo general, sin que exista ninguna regulación
   específica para dicho caso.
9  El propio tenor de los artículos de que se trata permite desestimar este
   argumento. En efecto, del artículo 20 se desprende claramente que éste no se
   refiere a la expedición de un duplicado o de un nuevo certificado que pueda
   presentarse para realizar la operación en las mismas condiciones que las
   previstas en el certificado perdido. La única disposición relativa a la expedición
   de dichos documentos es, por el contrario, el apartado 7 del artículo 17, cuyo
   párrafo segundo establece expresamente que los duplicados, expedidos con
   arreglo al párrafo primero, no podrán presentarse para realizar operaciones de
   importación o de exportación.
10 En segundo lugar, la demandante en el litigio principal afirma que el apartado
   7 del artículo 17 no prevé el caso de robo. Según la demandante, el Derecho
    italiano establece una distinción entre la pérdida, la sustracción -comprendida
   en ella el robo- y la destrucción y, bajo este punto de vista, el Derecho italiano
   coincide con el de otros Estados miembros. Como todos los ordenamientos
   jurídicos contemplan la reproducción de documentos y reconocen a sus copias
   un efecto esencialmente igual al del título original, el apartado 7 del artículo
    17 tiene, en su opinión, un carácter excepcional y, por lo tanto, debe ser objeto
   de interpretación restrictiva. Además, desde el punto de vista del control, el
   caso de un robo no implica el mismo riesgo que una pérdida propiamente
   dicha, porque el robo se pone en conocimiento de la policía mediante una
   denuncia, la cual abre a su vez una investigación.
11 El término «pérdida», a los efectos del apartado 7 del artículo 17, debe
    interpretarse teniendo en cuenta la función que dicho apartado cumple en el
   sistema comunitario de los certificados. Según éste, la presentación efectiva del
   certificado se requiere no solamente para realizar cualquier operación, sino
   también para liberar la fianza (apartados 2 y 3 del artículo 17). Si dicho
   certificado se ha perdido después de realizar la operación, el duplicado
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     extendido con arreglo al apartado 7 del artículo 17y visado por el despacho en
     el que se hayan cumplimentado las formalidades aduaneras, permite obtener la
     liberación de la fianza. Del mismo modo, en caso de robo ocurrido después de
    que la operación se haya realizado, la posesión de un certificado es necesaria
    para poder liberar la fianza. Por lo tanto, no hay razón para no incluir dicho
    caso en el ámbito de aplicación del párrafo primero del apartado 7 del artículo
     17. Si bien la expedición de un duplicado, que únicamente sirve para liberar la
    fianza, no puede dar lugar a una duplicidad en su utilización, la situación sería
    totalmente distinta en el caso de un duplicado que pudiera servir para realizar
    la propia operación. No cabe descartar que la operación se haya realizado ya
    en base al certificado perdido. Si la operación aún no se ha realizado y si el
    período de validez aún no ha expirado, en principio el certificado perdido sigue
    pudiendo presentarse en toda la Comunidad para realizar la operación. Por tal
    motivo, el párrafo segundo del apartado controvertido prohibe proceder a la
    operación en base a un duplicado. El problema se presenta del mismo modo
    para un certificado robado. Por lo tanto, procede interpretar el segundo párrafo,
    en función de su finalidad, en el sentido de que incluye el caso de robo.
 12 Procede responder, por lo tanto, a la primera cuestión que el apartado 7 del
    artículo 17 del Reglamento n° 193/75 debe interpretarse en el sentido de que
    un exportador a quien haya sido robado un certificado de exportación o de
    fijación anticipada no puede conseguir un nuevo título o documento
    equivalente que le permita realizar las operaciones de exportación en las
    condiciones previstas en el certificado robado.
    Sobre la validez del apartado 7 del artículo 17
13 En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional
    de remisión solicita al Tribunal de justicia que se pronuncie sobre la siguiente
    cuestión:
    «El apartado 7 del artículo 17 del citado Reglamento n° 193/75, que establece
    una sanción muy grave para el operador que, sin culpa por su parte, se haya
    visto desposeído de un certificado de exportación ¿es compatible con el
    principio de proporcionalidad considerado a la luz de la jurisprudencia del
    Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, teniendo en cuenta el hecho
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   de que el Reglamento impugnado es un Reglamento de la Comisión y no un
   Reglamento del Consejo de Ministros de la CEE?»
14 Procede señalar, con carácter preliminar, que las disposiciones reglamentarias
   de referencia no pueden entenderse en el sentido de imponer al operador, en
   caso de pérdida del certificado, una «sanción» propiamente dicha. Se trata, en
   realidad, de apreciar las consecuencias que el legislador comunitario ha
   vinculado al hecho de la pérdida de un certificado, sean cuales sean sus causas
   en cada caso y con independencia de la responsabilidad que eventualmente
   pueda incumbir al operador interesado. A este respecto, en la misma
   formulación literal de su cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión indica
   las dos consideraciones que le llevan a dudar de la validez de la disposición
   controvertida: el problema de la proporcionalidad y el de los posibles límites
   de la facultad que el Reglamento atribuye a la Comisión.
15 En lo que respecta a este último aspecto, la demandante en el litigio principal
   establece una distinción entre el derecho a efectuar una operación de
   importación o de exportación y el documento que sirve para acreditar dicho
   derecho. A su juicio, el primero está regulado por los Reglamentos del
   Consejo, mientras que estos últimos facultan a la Comisión para regular las
   cuestiones de forma y las modalidades de aplicación relativas al documento.
   A este respecto, según la demandante, es significativo comprobar que, para
   delegar en la Comisión la competencia de regular el período de validez de los
   certificados se ha considerado necesario hacerlo en términos explícitos. La
   Comisión no tiene, pues, competencia para disponer que la pérdida del
   documento implica la extinción del derecho.
16 El apartado segundo del artículo 12 del Reglamento n° 2727/75 del Consejo
   establece que «el período de validez de los certificados y demás modalidades
   de aplicación del presente artículo quedarán establecidos con arreglo al
   procedimiento previsto en el artículo 26» (procedimiento llamado del Comité
   de Gestión). De este texto se desprende que el Consejo ha atribuido a la
   Comisión una amplia facultad con vistas a poner en práctica el sistema de
   certificados introducido por dicho artículo 12. De ello se deduce, sobre todo,
   que el período de validez de los certificados sólo constituye un ejemplo de las
   modalidades que la Comisión puede adoptar. Por otra parte, la función que el
   apartado primero del artículo 12 atribuye a los certificados no permite
   establecer distinción entre el derecho a realizar la operación y el documento
                                                                               643
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     que sólo sirve de soporte a ese derecho. El primer apartado subordina en
     principio toda operación con países terceros a la presentación de un certificado
     para poner a las autoridades competentes en situación de seguir
     permanentemente el movimiento de los intercambios. Por añadidura, en caso
     de fijación anticipada, el mismo apartado atribuye al certificado la función de
     servir de justificante de la fijación anticipada. Teniendo en cuenta esta función
     esencial del documento mismo, el control de su utilización adquiere una
     importancia particular. Si la norma controvertida resulta necesaria para
     garantizar un control eficaz, no procede pues suponer que la Comisión haya
     sobrepasado sus competencias al adoptarla.
 17 Para determinar si la disposición impugnada es compatible con el principio de
    proporcionalidad, hay que analizar en primer lugar los objetivos de la
    normativa controvertida. Como el Tribunal de Justicia ha tenido ya la ocasión
    de subrayar refiriéndose al régimen de la fianza, es necesario que las
    autoridades encargadas de la gestión de las organizaciones comunes de
    mercados dispongan de regulaciones precisas sobre las importaciones y las
    exportaciones futuras. Si dicho objetivo exige que el cumplimiento de la
    obligación de exportar o de importar de conformidad con los certificados
    expedidos se garantice por los medios apropiados, supone también la necesidad
    de velar por que los certificados se empleen solamente para las operaciones
    cubiertas por los mismos. En el caso de certificados con fijación anticipada,
    esta necesidad es tanto más imperiosa cuanto que una doble utilización de
    dichos certificados puede suponer ventajas injustificadas para los operadores
    y, por lo tanto, gravosas cargas financieras para la Comunidad.
18 A este respecto, la prohibición recogida en el apartado 7 del artículo 17, de
    proceder a la operación sobre la base de meros duplicados, constituye una
    medida al mismo tiempo simple y eficaz. Por el contrario, esta prohibición
    implica para los operadores el riesgo de perder, incluso sin culpa por su parte,
    las ventajas vinculadas a los certificados originales.
19 Es evidente que la única posibilidad de existencia simultánea de diversos
    documentos relativos a una misma operación que pueden presentarse para
    realizarla debe ir acompañada de un sistema de control. Si bien es verdad que
    todas las legislaciones nacionales prevén, como la demandante en el litigio
    principal lo subraya, sanciones penales muy graves en caso de fraude, la
    eficacia de tales sanciones depende precisamente de la eficacia del control que
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    permite comprobar el fraude. Por añadidura, la doble utilización de un
    certificado no siempre procede necesariamente de una intención fraudulenta,
    sino que también puede deberse a un fallo del sistema de control interno de la
    sociedad titular del certificado. Igualmente, la imposición a la empresa que
    solicita un duplicado del certificado perdido o robado de una fianza
   complementaria, como propone la demandante en el litigio principal, tampoco
   suprime la necesidad de un control previo a la liberación de tal fianza.
20 Por lo que respecta a los métodos de control, la Comisión señala que, en cada
   caso en que se hubiera expedido un duplicado que pudiera servir para realizar
    la operación, habría que proceder a comprobaciones referentes, en casi todos
    los Estados miembros, a decenas de millares de expedientes y, en todo caso, a
   un período que se extiende desde el día de la emisión del certificado hasta seis
   meses después de su fecha de expiración. Desde hace diez años la Comisión y
    los Estados miembros están discutiendo la posibilidad de establecer otros
   métodos de control, sin haber encontrado ningún sistema que ofrezca garantías
   suficientes contra el riesgo de la doble utilización.
21 En tales circunstancias, hay que examinar la situación de los operadores a la
   luz de la normativa vigente. El riesgo que soportan deriva, en primer lugar, del
   sistema de fijación anticipada que ha sido creado en interés del comercio y que
   normalmente ofrece a los operadores considerables ventajas. Si, solicitando la
   fijación anticipada, los operadores se benefician de dichas ventajas, está
   justificado en tal caso que soporten los inconvenientes derivados de la
   necesidad que tiene la Comunidad de evitar cualquier abuso. Sobre todo, está
   justificado esperar que los titulares de los certificados tengan el mayor cuidado
   posible con ellos y que se aseguren contra los riesgos que no puedan excluirse,
   en la misma medida en que se aseguran contra otros riesgos comerciales.
22 En virtud de todo lo expuesto, el riesgo soportado por los operadores a raíz de
   lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del Reglamento n° 193/75 no es
   desproporcionado en relación con las exigencias de control.
23 Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que el examen de la
   disposición impugnada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda
   afectar a su validez.
                                                                                  645
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    Costas
24 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Italiana y por la
    Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones
    ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el
    procedimiento tiene para el demandante en el litigio principal, el carácter de un
    incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste
    resolver sobre las costas.
    En virtud de todo lo expuesto,
                         EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
    pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del Tribunale
    di Lucca mediante resolución de 28 de noviembre de 1979, declara:
    1) El apartado 7 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la
        Comisión, de 17 de enero de 1975, por el que se establecen
        disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de
        importación, de exportación y de fijación anticipada para los
        productos agrícolas, debe interpretarse en el sentido de que un
        exportador a quien hayan robado un certificado de exportación o de
        fijación anticipada no puede obtener un nuevo certificado ni
        documento equivalente que le permita realizar las operaciones de
        exportación en las condiciones previstas en el certificado robado.
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2) EI examen de la disposición controvertida no ha puesto de manifiesto
    ningún elemento que pueda afectar a su validez.
Kutscher      O'Keeffe    Touffait    Mertens de Wilmars        Pescatore
Mackenzie Stuart          Bosco              Koopmans                Due
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1980.
El Secretario                                               El Presidente
A. Van Houtte                                                 H. Kutscher
                                                                       647