CELEX: 62007CJ0222
Language: es
Date: 2009-03-05 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de marzo de 2009.#Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) contra Administración General del Estado.#Petición de decisión prejudicial: Tribunal Supremo - España.#Petición de decisión prejudicial - Artículo 12 CE - Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad - Artículos 39 CE, 43 CE, 49 CE y 56 CE - Libertades fundamentales garantizadas por el Tratado CE - Artículo 87 CE - Ayuda de Estado - Directiva 89/552/CEE - Ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva - Obligación de los operadores de televisión de destinar parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas, reservando el 60 % de dicha financiación a la producción de obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en el Reino de España y que sean mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica española.#Asunto C-222/07.

Asunto C‑222/07
      Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)
      contra
      Administración General del Estado
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
      «Petición de decisión prejudicial — Artículo 12 CE — Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad — Artículos 39 CE, 43 CE, 49 CE y 56 CE — Libertades fundamentales garantizadas por el Tratado CE — Artículo 87 CE — Ayuda de Estado — Directiva 89/552/CEE — Ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva — Obligación de los operadores de televisión de destinar parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y de televisión europeas, reservando el 60 % de dicha financiación a la producción de obras
         cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en el Reino de España y que sean mayoritariamente producidas por la industria
         cinematográfica española»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Libre prestación de servicios
            — Actividades de radiodifusión televisiva — Directiva 89/552/CEE
      (Arts. 12 CE, 39 CE, ap. 2, 43 CE, 49 CE y 56 CE; Directiva 89/552/CEE del Consejo, art. 3)
      2.        Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto
      (Art. 87 CE, ap. 1)
      1.        La Directiva 89/552, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
         Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la Directiva 97/36, y,
         más concretamente, su artículo 3 y el artículo 12 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida adoptada
         por un Estado miembro, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación
         anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya
         lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
      
      En efecto, con independencia de que tal medida esté incluida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, los Estados miembros
         siguen siendo, en principio, competentes para adoptarla, siempre y cuando respeten las libertades fundamentales garantizadas
         por el Tratado.
      
      Ciertamente, tal disposición, en la medida en que se refiere a la obligación de destinar a obras cuya lengua original sea
         una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro el 60 % del 5 % de los ingresos de explotación destinados a la financiación
         anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas, constituye una restricción a varias libertades fundamentales,
         concretamente, a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre circulación de capitales y
         a la libre circulación de trabajadores.
      
      Sin embargo, dicha medida puede estar justificada por el objetivo de defender y promover una o varias lenguas oficiales del
         Estado miembro de que se trate. A este respecto, tal disposición, en la medida en que establece una obligación de invertir
         en películas cinematográficas y para televisión cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro,
         resulta adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo.
      
      Asimismo, no parece que tal medida vaya más allá de lo necesario para alcanzar el citado objetivo. En efecto, tal medida sólo
         afecta, en principio, al 3 % de los ingresos de explotación de los operadores, puesto que tal porcentaje no es desproporcionado
         en relación con el objetivo que se persigue. Por otra parte tal disposición no va más allá de lo necesario para alcanzar el
         objetivo perseguido, por el mero hecho de que no establece criterios para calificar las obras de que se trata de «productos
         culturales». Puesto que la lengua y la cultura están intrínsecamente vinculadas, no puede afirmarse que el objetivo perseguido
         por un Estado miembro, de promover una o varias de sus lenguas oficiales deba ir acompañado necesariamente de otros criterios
         culturales para que pueda justificar una restricción de una de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. Tal
         medida tampoco va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por el mero hecho de que los beneficiarios
         de la financiación de que se trata sean predominantemente empresas productoras de cine establecidas en ese Estado miembro.
         El hecho de que el criterio en el que se basa dicha medida, esto es, el criterio lingüístico, pueda constituir una ventaja
         para las empresas productoras de cine que trabajan en la lengua a que se refiere dicho criterio y que, por tanto, pueden ser,
         de hecho, mayoritariamente originarias del Estado miembro del que esta lengua es una lengua oficial, resulta inherente al
         objetivo perseguido. Tal situación no puede constituir por sí sola una prueba del carácter desproporcionado de dicha medida,
         so pena de vaciar de sentido el reconocimiento, como razón imperiosa de interés general, del objetivo perseguido por un Estado
         miembro de defender y promover una o varias de sus lenguas oficiales.
      
      Por último y por lo que se refiere al artículo 12 CE, esta disposición está destinada a aplicarse de manera independiente
         sólo en situaciones reguladas por el Derecho comunitario para las cuales el Tratado no prevea normas específicas contra la
         discriminación. Pues bien, el principio de no discriminación ha sido aplicado, en los ámbitos de la libre circulación de trabajadores,
         del derecho de establecimiento de la libre prestación de servicios y de la libre circulación de capitales, por los artículos
         39 CE, apartado 2, 43 CE, 49 CE y 56 CE, respectivamente. Puesto que, de las consideraciones precedentes, se desprende que
         la medida de que se trata no resulta ser contraria a dichas disposiciones del Tratado, tampoco puede ser considerada contraria
         al artículo 12 CE.
      
      (véanse los apartados 20, 24, 27, 29 a 34 y 36 a 40 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro, que obliga a los operadores
         de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas
         y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas
         oficiales de este Estado miembro no constituye una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica de ese mismo
         Estado miembro.
      
      En efecto, sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente mediante fondos estatales se consideran ayudas en el sentido
         del artículo 87 CE, apartado 1. A este respecto, la distinción que establece esta norma entre las «ayudas otorgadas por los
         Estados» y las ayudas otorgadas «mediante fondos estatales» no significa que todas las ventajas otorgadas por un Estado constituyan
         ayudas, tanto si se financian con fondos estatales como si no, pues su único objeto es incluir en dicho concepto las ventajas
         concedidas directamente por el Estado, así como las otorgadas por medio de un organismo público o privado designado o instituido
         por el Estado.
      
      Pues bien, la ventaja que proporciona dicha medida a la industria cinematográfica del Estado miembro de que se trata no constituye
         una ventaja otorgada directamente por el Estado o por medio de un organismo público o privado, designado o instituido por
         este Estado. Tal ventaja resulta de una normativa general que impone a los operadores de televisión, independientemente de
         que sean públicos o privados, la obligación de destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y de televisión.
      
      Además, en la medida en que tal disposición se aplica a operadores de televisión públicos, la ventaja conferida no depende
         del control ejercido por los poderes públicos sobre tales operadores o de directrices impartidas por estos mismos poderes
         a tales operadores.
      
      (véanse los apartados 43 a 47 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 5 de marzo de 2009 (*)
      
      «Petición de decisión prejudicial – Artículo 12 CE – Prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad – Artículos 39 CE, 43 CE, 49 CE y 56 CE – Libertades fundamentales garantizadas por el Tratado CE – Artículo 87 CE – Ayuda de Estado – Directiva 89/552/CEE – Ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva – Obligación de los operadores de televisión de destinar parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y de televisión europeas, reservando el 60 % de dicha financiación a la producción de obras
         cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en el Reino de España y que sean mayoritariamente producidas por la industria
         cinematográfica española»
      
      En el asunto C‑222/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Supremo,
         mediante resolución de 18 de abril de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de mayo de 2007, en el procedimiento entre
      
      Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA)
      y
      Administración General del Estado,
      en el que participa:
      Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales,
      Radiotelevisión Española (RTVE),
      Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris y
         L. Bay Larsen, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de julio de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), por el Sr. S. Muñoz Machado, abogado, y la Sra. M. Cornejo
         Barranco, procuradora;
      
      –        en nombre de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, por los Sres M.A. Albaladejo y E. Klimt, abogados,
         y el Sr. A. Blanco Fernández, procurador;
      
      –        en nombre de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), por el Sr. J. Suárez Lozano y la
         Sra. M. Benzal Medina, abogados;
      
      –        en nombre del Gobierno español, por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. C. Pochet, en calidad de agente, asistida por Mes A. Berenboom y A. Joachimowicz, avocats;
      
      –        en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. E.-M. Mamouna y O. Patsopoulou, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A.-L. During, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por Sr. F. Arena, avvocato dello
         Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. P.T. Kozek, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. E. Montaguti y los Sres. R. Vidal Puig y T. Scharf, en calidad
         de agentes;
      
      –        en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por el Sr. B. Alterskjær y la Sra. L. Young, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 12 CE y 87 CE y del artículo 3 de
         la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
         reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva
         (DO L 298, p. 23), modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 202,
         p. 60) (en lo sucesivo, «Directiva»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un recurso interpuesto por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (en lo
         sucesivo, «UTECA») contra un Real Decreto que impone a los operadores de televisión la obligación de destinar, por una parte,
         el 5 % de sus ingresos de explotación del año anterior a la financiación de la producción de largometrajes y cortometrajes
         cinematográficos y películas para televisión europeos y, por otra parte, el 60 % de dicha financiación a las obras cuya lengua
         original sea una de las lenguas oficiales del Reino de España.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El vigésimo sexto considerando de la Directiva 89/552 establece:
      
      «[…] que, en un afán de promover activamente una u otra lengua, los Estados miembros serán libres para adoptar reglas más
         detalladas o más precisas, con arreglo a criterios lingüísticos, siempre y cuando dichas reglas sean conformes al Derecho
         comunitario y, en particular, no sean aplicables a la retransmisión de programas originarios de otros Estados miembros».
      
      4        A tenor del séptimo considerando de la Directiva 97/36:
      
      «[…] cualquier marco legislativo relativo a los nuevos servicios audiovisuales debe ser compatible con el principal objetivo
         de la presente Directiva, que es el de crear un marco jurídico para la libre circulación de servicios».
      
      5        El cuadragésimo cuarto considerando de la Directiva 97/36 dispone:
      
      «[…] los Estados miembros tienen la facultad de aplicar a los organismos de radiodifusión televisiva que estén bajo su jurisdicción
         normas más estrictas o más detalladas en los ámbitos regulados por la presente Directiva, incluidas, entre otras, normas relativas
         a la consecución de objetivos de política lingüística […]».
      
      6        El cuadragésimo quinto considerando de la Directiva 97/36 señala:
      
      «[…] el objetivo de apoyar a la producción audiovisual en Europa se puede llevar a cabo dentro de los Estados miembros en
         el marco de la organización de sus servicios de radiodifusión a través, entre otros medios, de la definición de una misión
         de interés público para algunos organismos de radiodifusión, incluida la obligación de contribuir sustancialmente a la inversión
         en la producción europea».
      
      7        El artículo 3, apartado 1, de la Directiva dispone:
      
      «Los Estados miembros tendrán la facultad de exigir a los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción el cumplimiento
         de normas más estrictas o más detalladas en los ámbitos regulados por la presente Directiva.»
      
      8        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva dispone:
      
      «Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con los medios adecuados, para que los organismos de radiodifusión
         televisiva reserven para obras europeas, con arreglo al artículo 6, una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión, con
         exclusión del tiempo dedicado a las informaciones, a manifestaciones deportivas, a juegos, a la publicidad o a los servicios
         de teletexto y a la televenta. Dicha proporción, habida cuenta de las responsabilidades del organismo de radiodifusión televisiva
         para con su público en materia de información, de educación, de cultura y de entretenimiento, deberá lograrse progresivamente
         con arreglo a criterios adecuados.»
      
      9        A tenor del artículo 5 de la Directiva:
      
      «Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con medios apropiados, para que los organismos de radiodifusión televisiva
         reserven, como mínimo, el 10 % de su tiempo de emisión, exceptuando el tiempo dedicado a la información, a manifestaciones
         deportivas, a juegos, a publicidad o a servicios de teletexto y a la televenta o, alternativamente, a elección del Estado
         miembro, el 10 % como mínimo de su presupuesto de programación, a obras europeas de productores independientes de los organismos
         de radiodifusión televisiva. Habida cuenta de las responsabilidades de los organismos de radiodifusión televisiva para con
         su público en materia de información, de educación, de cultura y de entretenimiento, dicha proporción deberá lograrse progresivamente
         mediante criterios apropiados; deberá alcanzarse reservando una proporción adecuada a obras recientes, es decir obras difundidas
         en un lapso de tiempo de cinco años después de su producción.»
      
       Normativa nacional
      10      El Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la
         financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles
         (BOE nº 174, de 20 de julio de 2004, p. 26264), desarrolla de modo parcial la legislación española en materia de televisión
         y cinematografía. Esta legislación se encuentra en la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento
         jurídico español la Directiva 89/552/CEE del Consejo, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
         de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva (BOE nº 166, de 13 de julio de
         1994, p. 22342), que ha sido modificada por la Ley 22/1999, de 7 de junio (BOE nº 136, de 8 de junio de 1999), y por la disposición
         adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (BOE
         nº 164, de 10 de julio de 2001, p. 24904).
      
      11      A tenor del artículo 5, apartado 1, de la Ley 25/1994, en la versión que le dio la Ley 22/1999: 
      
      «1.      Los operadores de televisión deberán reservar el 51 por 100 de su tiempo de emisión anual a la difusión de obras audiovisuales
         europeas.
      
      Para el cumplimiento de esta obligación, deberán destinar como mínimo, cada año, el 5 por 100 de la cifra total de ingresos
         devengados durante el ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación, a la financiación de largometrajes cinematográficos
         y películas para televisión europeas.»
      
      12      Tras la modificación llevada a cabo por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, el artículo 5, apartado 1, párrafo
         segundo, de aquella Ley fue sustituido por las siguientes disposiciones:
      
      «Los operadores de televisión que tengan la responsabilidad editorial de canales de televisión en cuya programación se incluyan
         largometrajes cinematográficos de producción actual, es decir, con una antigüedad menor de siete años desde su fecha de producción,
         deberán destinar, como mínimo, cada año, el 5 por 100 de la cifra total de ingresos devengados durante el ejercicio anterior,
         conforme a su cuenta de explotación, a la financiación anticipada de la producción de largometrajes y cortometrajes cinematográficos
         y películas para televisión europeos, incluidos los supuestos contemplados en el artículo 5.1 de la Ley de fomento y promoción
         de la cinematografía y del sector audiovisual. El 60 por 100 de esta financiación deberá destinarse a producciones cuya lengua
         original sea cualquiera de las oficiales en España.
      
      A estos efectos se entenderá por películas para televisión las obras audiovisuales de características similares a los largometrajes
         cinematográficos, es decir, obras unitarias de duración superior a sesenta minutos con desenlace final, con la singularidad
         de que su explotación comercial no incluye la exhibición en salas de cine; y por ingresos de explotación, los derivados de
         la programación y explotación del canal o canales de televisión que dan origen a la obligación, reflejados en sus cuentas
         de explotación auditadas.
      
      El Gobierno, previa consulta a todos los sectores interesados, podrá establecer reglamentariamente las duraciones exigibles
         para considerar una obra audiovisual como película para televisión.»
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      13      La UTECA impugnó el Real Decreto 1652/2004 ante el Tribunal Supremo. En su demanda, la UTECA solicita la inaplicación tanto
         de dicho Real Decreto como de los artículos de las leyes en las que se basa, al reputar que las obligaciones de inversión
         que imponen vulneran, además de ciertos preceptos de la Constitución española, determinadas disposiciones de Derecho comunitario.
      
      14      A la pretensión de la UTECA se opusieron tanto la Administración General del Estado como la Federación de Asociaciones de
         Productores Audiovisuales Españoles y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, que intervienen
         en defensa de la validez de las disposiciones impugnadas.
      
      15      Al albergar dudas sobre el margen de maniobra del que disponen los Estados miembros para imponer normas más estrictas en los
         ámbitos coordinados por la Directiva, en particular en relación con el artículo 3, apartado 1, de ésta, y sobre la compatibilidad
         de la obligación de reservar el 60 % de la financiación obligatoria a obras cuya lengua original sea una de las lenguas oficiales
         del Reino de España con los artículos 12 CE y 87 CE, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al
         Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      El artículo 3 de la Directiva […] ¿permite a los Estados miembros imponer a los operadores de televisión la obligación de
         destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para
         televisión europeas?
      
      2)      Para el caso de que la respuesta a la cuestión precedente fuera afirmativa, ¿resulta conforme con aquella Directiva y con
         el artículo 12 del Tratado CE, puesto en relación con las demás disposiciones singulares a las que éste se refiere, una norma
         nacional que, además de incluir la obligación de financiación anticipada ya expuesta, reserva el 60 por ciento de dicha financiación
         obligatoria a obras en lengua original española?
      
      3)      La obligación impuesta por una norma nacional a los operadores de televisión de que destinen un porcentaje de sus ingresos
         de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas, de cuya cuantía un 60 por ciento ha de destinarse
         específicamente a obras en lengua original española mayoritariamente producidas por la industria cinematográfica española,
         ¿constituye una ayuda del Estado en beneficio de dicha industria, en el sentido del artículo 87 del Tratado CE?»
      
       Sobre las cuestiones primera y segunda
      16      Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta
         fundamentalmente si procede interpretar la Directiva y, más concretamente, su artículo 3 y el artículo 12 CE en el sentido
         de que se oponen a una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga
         a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas
         cinematográficas y para televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera
         de las oficiales de dicho Estado miembro.
      
      17      En primer lugar, procede señalar que la Directiva no contienen ninguna disposición que regule la cuestión de saber en qué
         medida un Estado miembro puede obligar a los operadores de televisión a destinar una parte de sus ingresos de explotación
         a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para la televisión europeas o cuya lengua original sea una de
         las oficiales de dicho Estado miembro. En particular, los artículos 4 y 5 de la Directiva no se refieren a dicho supuesto.
      
      18      Por otro lado, en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros están facultados, por lo que se
         refiere a los organismos de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción, para prever normas más estrictas o más detalladas
         en los ámbitos regulados por dicha Directiva. Sin embargo, tal competencia debe ejercerse respetando las libertades fundamentales
         garantizadas por el Tratado (véanse, en ese sentido, las sentencias de 28 de octubre de 1999, ARD, C‑6/98, Rec. p. I‑7599,
         apartado 49, y de 17 de julio de 2008, Corporación Dermoestética, C‑500/06, Rec. p. I-0000, apartado 31).
      
      19      Por último, procede recordar que la Directiva no lleva a cabo una armonización completa de las normas relativas a los ámbitos
         a los que se aplica, sino que establece disposiciones mínimas que deben cumplir las emisiones procedentes de la Comunidad
         Europea y destinadas a ser captadas dentro de la misma (en este sentido, véanse las sentencias de 9 de febrero de 1995, Leclerc-Siplec,
         C‑412/93, Rec. p. I‑179, apartados 29 y 44, y de 9 de julio de 1997, De Agostini y TV-Shop, C‑34/95 a C‑36/95, Rec. p. I‑3843,
         apartado 3).
      
      20      De todo lo anterior se desprende que, con independencia de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida
         en el procedimiento principal, esté incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva, los Estados miembros siguen siendo,
         en principio, competentes para adoptarla, siempre y cuando respeten las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado.
      
      21      En estas circunstancias, procede examinar si dicha medida respeta estas libertades fundamentales.
      
      22      En el caso de una disposición adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, en la medida
         en que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y para televisión europeas, la información proporcionada al Tribunal de Justicia no contiene
         ningún elemento que permita afirmar que tal medida constituye, en la práctica, una restricción a alguna de las libertades
         fundamentales garantizadas por el Tratado.
      
      23      Por lo demás, procede señalar que de la lectura combinada de los considerandos séptimo y cuadragésimo quinto de la Directiva
         97/36 se desprende que el objetivo principal de ésta es crear un marco jurídico para la libre circulación de servicios, mencionado
         al mismo tiempo, entre otros, el objetivo de «apoyar a la producción audiovisual en Europa», que se puede llevar a cabo, en
         particular, mediante «la obligación de contribuir sustancialmente a la inversión en la producción europea».
      
      24      En cambio, en el caso de una disposición como la controvertida en el procedimiento principal, en la medida en que se refiere
         a la obligación de destinar a obras cuya lengua original sea una de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro el 60 %
         del 5 % de los ingresos de explotación destinados a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión
         europeas, dicha medida constituye, como ha señalado la Abogado General en los puntos 78 a 87 de sus conclusiones, una restricción
         a varias libertades fundamentales, concretamente, a la libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a
         la libre circulación de capitales y a la libre circulación de trabajadores.
      
      25      Sin embargo, tal restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado puede estar justificada por razones
         imperiosas de interés general, siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no vaya más
         allá de lo necesario para lograrlo (sentencia de 13 de diciembre de 2007, United Pan-Europe Communications Belgium y otros,
         C‑250/06, Rec. p. I‑11135, apartado 39 y jurisprudencia citada).
      
      26      Según el Gobierno español, la disposición controvertida en el procedimiento principal se basa en razones culturales de defensa
         del multilingüismo español.
      
      27      A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha reconocido que constituye una razón imperiosa de interés
         general el objetivo perseguido por un Estado miembro de defender y promover una o varias de sus lenguas oficiales (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 28 de noviembre de 1989, Groener, C‑379/87, Rec. p. 3967, apartado 19, y United Pan-Europe
         Communications Belgium y otros, antes citada, apartado 43).
      
      28      Como ha señalado la Abogado General en el punto 91 de sus conclusiones, el legislador comunitario también ha reconocido la
         legitimidad de tal objetivo, como demuestran el vigésimo sexto considerando de la Directiva 89/552 y el cuadragésimo cuarto
         considerando de la Directiva 97/36.
      
      29      Pues bien, una disposición adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, en la medida
         en que establece una obligación de invertir en películas cinematográficas y para televisión cuya lengua original sea cualquiera
         de las oficiales de dicho Estado miembro, resulta adecuada para garantizar la consecución de tal objetivo.
      
      30      Asimismo, no parece que, en las circunstancias del procedimiento principal, tal medida vaya más allá de lo necesario para
         alcanzar el citado objetivo.
      
      31      En efecto, al imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar a obras cuya lengua original sea cualquiera
         de las oficiales del Estado miembro de que se trata el 60 % del 5 % de los ingresos de explotación destinados a la financiación
         anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas, una disposición adoptada por un Estado miembro, como
         la controvertida en el procedimiento principal, afecta, en definitiva, al 3 % de los ingresos de explotación de dichos operadores.
         Pues bien, la información proporcionada al Tribunal de Justicia no contiene ningún elemento que permita afirmar que tal porcentaje
         es desproporcionado en relación con el objetivo que se persigue.
      
      32      Por otra parte y en contra de lo que afirma la Comisión de las Comunidades Europeas, una disposición adoptada por un Estado
         miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido,
         por el mero hecho de que no establece criterios para calificar las obras de que se trata de «productos culturales».
      
      33      En efecto, estando la lengua y la cultura intrínsecamente vinculadas, tal y como recuerda, en particular, la Convención sobre
         la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada en la Conferencia General de la UNESCO,
         celebrada en París el 20 de octubre de 2005 y aprobada en nombre de la Comunidad, mediante la Decisión 2006/515/CE, del Consejo,
         de 18 de mayo de 2006 (DO L 201, p. 15), que, en el párrafo décimo quinto de su preámbulo, enuncia que «la diversidad lingüística
         es un elemento fundamental de la diversidad cultural», no pude afirmarse que el objetivo perseguido por un Estado miembro,
         de promover una o varias de sus lenguas oficiales deba ir acompañado necesariamente de otros criterios culturales para que
         pueda justificar una restricción de una de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. Por lo demás, la Comisión
         no ha podido precisar, en este procedimiento, cuáles deberían ser estos criterios en concreto.
      
      34      Una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, tampoco va más allá de lo
         necesario para alcanzar el objetivo perseguido por el mero hecho de que los beneficiarios de la financiación de que se trata
         sean predominantemente empresas productoras de cine establecidas en ese Estado miembro.
      
      35      En efecto, como ha indicado la Abogado General en el punto 110 de sus conclusiones, el criterio empleado por tal medida es
         un criterio lingüístico.
      
      36      Pues bien, el hecho de que tal criterio pueda constituir una ventaja para las empresas productoras de cine que trabajan en
         la lengua a que se refiere dicho criterio y que, por tanto, pueden ser, de hecho, mayoritariamente originarias del Estado
         miembro del que esta lengua es una lengua oficial, resulta inherente al objetivo perseguido. Tal situación no puede constituir
         por sí sola una prueba del carácter desproporcionado de la medida controvertida en el procedimiento principal, so pena de
         vaciar de sentido el reconocimiento, como razón imperiosa de interés general, del objetivo perseguido por un Estado miembro
         de defender y promover una o varias de sus lenguas oficiales.
      
      37      Por último y por lo que se refiere al artículo 12 CE, cuya interpretación solicita asimismo el tribunal remitente y que consagra
         el principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad, procede recordar que esta disposición está destinada
         a aplicarse de manera independiente sólo en situaciones reguladas por el Derecho comunitario para las cuales el Tratado no
         prevea normas específicas contra la discriminación (sentencia de 11 de enero de 2007, Lyyski, C‑40/05, Rec. p. I‑99, apartado
         33 y jurisprudencia citada).
      
      38      Pues bien, el principio de no discriminación ha sido aplicado, en los ámbitos de la libre circulación de trabajadores, del
         derecho de establecimiento de la libre prestación de servicios y de la libre circulación de capitales, por los artículos 39 CE,
         apartado 2, 43 CE, 49 CE y 56 CE, respectivamente (véanse, por lo que respecta al artículo 39 CE, apartado 2, la sentencia
         Lyyski, antes citada, apartado 34; por lo que se refiere al artículo 49 CE, la sentencia de 11 de diciembre de 2003, AMOK,
         C‑289/02, Rec. p. I‑15059, apartado 26, y, por lo que se refiere a los artículos 43 CE y 56 CE, la sentencia de 10 de enero
         de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros, C‑222/04, Rec. p. I‑289, apartado 99).
      
      39      Puesto que, de las consideraciones precedentes, se desprende que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida
         en el procedimiento principal, no resulta ser contraria a dichas disposiciones del Tratado, tampoco puede ser considerada
         contraria al artículo 12 CE.
      
      40      Por consiguiente, procede responder a las cuestiones primera y segunda que la Directiva y, más concretamente, su artículo
         3 y el artículo 12 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida adoptada por un Estado miembro, como
         la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos
         de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas y, más concretamente,
         el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
      
       Sobre la tercera cuestión
      41      Mediante su tercera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente pregunta fundamentalmente si el artículo 87 CE
         debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento
         principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original
         sea cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado miembro, constituye una ayuda del Estado en beneficio de la industria
         cinematográfica de ese mismo Estado miembro.
      
      42      Procede recordar que, según una jurisprudencia reiterada, la calificación de ayuda exige que se cumplan todos los requisitos
         previstos en el artículo 87 CE; en concreto, en primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos
         estatales; en segundo lugar, esta intervención debe poder afectar a los intercambios entre los Estados miembros; en tercer
         lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario, y, en cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia (sentencia
         de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, apartados 74 y 75 y jurisprudencia
         citada).
      
      43      Más concretamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que sólo las ventajas concedidas directa o indirectamente
         mediante fondos estatales se consideran ayudas en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1. En efecto, la distinción que
         establece esta norma entre las «ayudas otorgadas por los Estados» y las ayudas otorgadas «mediante fondos estatales» no significa
         que todas las ventajas otorgadas por un Estado constituyan ayudas, tanto si se financian con fondos estatales como si no,
         pues su único objeto es incluir en dicho concepto las ventajas concedidas directamente por el Estado, así como las otorgadas
         por medio de un organismo público o privado designado o instituido por el Estado (sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra,
         C‑379/98, Rec. p. I‑2099, apartado 58 y jurisprudencia citada).
      
      44      Pues bien, la ventaja que proporciona una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento
         principal, a la industria cinematográfica de dicho Estado miembro no constituye una ventaja otorgada directamente por el Estado
         o por medio de un organismo público o privado, designado o instituido por este Estado.
      
      45      En efecto, tal ventaja resulta de una normativa general que impone a los operadores de televisión, independientemente de que
         sean públicos o privados, la obligación de destinar una parte de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada
         de películas cinematográficas y de televisión.
      
      46      Además, en la medida en que una disposición adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal,
         se aplica a operadores de televisión públicos, la ventaja conferida no depende del control ejercido por los poderes públicos
         sobre tales operadores o de directrices impartidas por estos mismos poderes a tales operadores (véase, por analogía la sentencia
         de 2 de febrero de 1988, Kwekerij van der Kooy y otros/Comisión, 67/85, 68/85 y 70/85, Rec. p. 219, apartado 37).
      
      47      Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido
         de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores
         de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas
         y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas
         oficiales de ese Estado miembro no constituye una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica de ese mismo
         Estado miembro.
      
       Costas
      48      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      1)      La Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
            reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva,
            modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997, y, más concretamente, su
            artículo 3 y el artículo 12 CE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una medida adoptada por un Estado miembro,
            como la controvertida en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos
            de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el
            60 % de dicho 5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales de dicho Estado miembro.
      2)      El artículo 87 CE debe interpretarse en el sentido de que una medida adoptada por un Estado miembro, como la controvertida
            en el procedimiento principal, que obliga a los operadores de televisión a destinar el 5 % de sus ingresos de explotación
            a la financiación anticipada de películas cinematográficas y de televisión europeas y, más concretamente, el 60 % de dicho
            5 % a obras cuya lengua original sea cualquiera de las lenguas oficiales de este Estado miembro no constituye una ayuda del
            Estado en beneficio de la industria cinematográfica de ese mismo Estado miembro.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.