CELEX: 52013PC0748
Language: es
Date: 2013-10-30
Title: Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia

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		52013PC0748
		
			Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia /* COM/2013/0748 final - 2013/0363 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se refiere a la
aplicación del Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean
objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (en
lo sucesivo, «el Reglamento de base»), en el procedimiento antidumping relativo
a las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia.
Contexto general
La presente propuesta se inscribe en el
contexto de la aplicación del Reglamento de base y es el resultado de una
investigación efectuada de acuerdo con los requisitos de fondo y de
procedimiento establecidos en dicho Reglamento.
Disposiciones vigentes en el ámbito de
la propuesta
Se establecieron medidas provisionales
mediante el Reglamento (UE) nº 490/2013 de la Comisión (DO L 141 de
28.5.2013, p. 6).
Coherencia con otras políticas y
objetivos de la Unión
No procede.
2.           RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
Consulta con las partes interesadas
Se brindó a las partes interesadas
afectadas por el procedimiento la oportunidad de defender sus intereses durante
la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base.
Obtención y utilización de
asesoramiento técnico
No ha sido necesario recurrir a
asesoramiento externo.
Evaluación de impacto
La presente propuesta es el resultado de
la aplicación del Reglamento de base.
El Reglamento de base no prevé una
evaluación general de impacto, pero contiene una lista exhaustiva de
condiciones que deben evaluarse.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
Resumen de la acción propuesta
El 29 de agosto de 2012, la Comisión
inició un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de biodiésel
originario de Argentina e Indonesia
Mediante el Reglamento (UE)
nº 490/2013, de 27 de mayo de 2013, la Comisión estableció derechos
antidumping provisionales sobre estas importaciones.
La propuesta adjunta de Reglamento del
Consejo se basa en las constataciones definitivas que han confirmado la
existencia de un dumping causante de perjuicio y en el hecho de que el
establecimiento de medidas no va en contra del interés general de la Unión.
Por consiguiente, se propone que el
Consejo adopte la propuesta de Reglamento adjunta, que conviene publicar, a más
tardar, el 28 de noviembre de 2013.
Base jurídica
Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo,
de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que
sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.
Principio de subsidiariedad
La propuesta entra dentro del ámbito de
competencias exclusivas de la Unión Europea. Por consiguiente, no se aplica el
principio de subsidiariedad.
Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de
proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación:
La forma de la medida es la descrita en
el citado Reglamento de base y no deja margen alguno para adoptar decisiones a
nivel nacional.
No son aplicables las indicaciones
relativas a la forma de minimizar y adecuar al objetivo de la propuesta la
carga administrativa y financiera que soportan la Unión, los gobiernos
nacionales, las autoridades regionales y locales, los agentes económicos y los
ciudadanos.
Instrumentos elegidos
Instrumento propuesto: Reglamento
No proceden otros instrumentos por la
siguiente razón:
El Reglamento de base no contempla otras
opciones.
4.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS
La propuesta no tiene incidencia alguna
en el presupuesto de la Unión.
2013/0363 (NLE)
Propuesta de
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO
por el que se establece un derecho
antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional
establecido sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e
Indonesia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, 
Visto el Reglamento (CE)
nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la
defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países
no miembros de la Comunidad Europea[1]
(«el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9,
Vista la propuesta presentada por la
Comisión Europea previa consulta al Comité consultivo,
Considerando lo siguiente:
A. PROCEDIMIENTO
1.           Medidas provisionales
(1)       El 27 de mayo de 2013,
la Comisión Europea («la Comisión») decidió imponer un derecho antidumping
provisional sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e
Indonesia («los países afectados») mediante el Reglamento (UE) nº 490/2013[2] («el Reglamento
provisional»).
(2)       El procedimiento se
inició el 29 de agosto de 2012[3]
a raíz de la denuncia presentada en nombre de una serie de productores de la UE
(«los denunciantes») que representan más del 60 % de la producción total
de biodiésel en la Unión. 
(3)       Según lo establecido en
el considerando 5 del Reglamento provisional, la investigación sobre el
dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio
de 2011 y el 30 de junio de 2012 («el período de investigación» o «el PI»). El
análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó
desde el 1 de enero de 2009 hasta el final del PI («el período considerado»).
2.           Tramitación posterior 
(4)       Tras la comunicación de
los hechos y consideraciones esenciales que motivaron la imposición de un
derecho antidumping provisional («la comunicación provisional»), varias partes
interesadas presentaron por escrito sus puntos de vista sobre las conclusiones
provisionales. Se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. 
(5)       La Comisión siguió
recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para
establecer sus conclusiones definitivas. Se tuvieron en cuenta las
observaciones orales y escritas de las partes interesadas y, en su caso, se
modificaron en consecuencia las conclusiones provisionales.
(6)       Luego se informó a todas
las partes de los hechos y consideraciones esenciales que motivaban la
intención de recomendar el establecimiento de un derecho antidumping definitivo
sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia y la
percepción definitiva de los importes garantizados por el derecho provisional
(«la comunicación definitiva»). Se concedió a todas las partes un plazo dentro
del cual podían formular observaciones en relación con la comunicación
definitiva.
(7)       Se analizaron y se
tuvieron en cuenta, cuando fue procedente, las observaciones presentadas por
las partes interesadas. 
B. MUESTREO
(8)       No habiéndose recibido
observaciones relativas al muestreo de los productores exportadores de
Argentina e Indonesia, se confirman las conclusiones provisionales expuestas en
los considerandos 10 a 14 y 16 a 20 del Reglamento provisional.
(9)       Una parte interesada
solicitó información adicional sobre la representatividad de la muestra de
productores de la Unión, tanto en la fase de selección provisional contemplada
en el considerando 23 del Reglamento provisional como en la fase de
selección final contemplada en el considerando 83 de dicho Reglamento.
(10)     La muestra de productores
de la Unión seleccionada provisionalmente estaba constituida por el 32,5 %
de la producción de biodiésel en la Unión durante el PI. A raíz de los
cambios que se explican en el considerando 24 del Reglamento provisional,
la muestra final estaba formada por ocho empresas que comprendían el 27 %
de la producción de la Unión. Por lo tanto, se consideró que la muestra era
representativa de la industria de la Unión. 
(11)     Una parte interesada
señaló que dos productores de la Unión incluidos en la muestra deberían ser
excluidos de ella debido a su relación con productores exportadores argentinos.
La presunta relación fue examinada antes de la imposición de las medidas
provisionales y las conclusiones de la Comisión publicadas en el
considerando 82 del Reglamento provisional. 
(12)     Se volvieron a examinar
todos los presuntos vínculos entre los productores exportadores argentinos y
las dos empresas de la Unión incluidas en la muestra antes mencionadas y no se
observó ningún vínculo directo entre ellos que justificara su exclusión de la
muestra. Por consiguiente, no se modificó la muestra. 
(13)     Otra parte interesada
alegó que el procedimiento utilizado por la Comisión para seleccionar una
muestra de productores de la Unión era erróneo, ya que la Comisión propuso una
muestra antes de iniciar la investigación.
(14)     Se rechaza esta
alegación. La Comisión no seleccionó la muestra final hasta haber iniciado la
investigación y plenamente de conformidad con las disposiciones del Reglamento
de base.
(15)     Al no haberse recibido
otras denuncias u observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en los
considerandos 22 a 25 del Reglamento provisional. 
C. PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO
SIMILAR
1.           Introducción
(16)     Como se establece en el
considerando 29 del Reglamento provisional, el producto afectado se define
provisionalmente como ésteres
monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos obtenidos por síntesis
y/o hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro o incluidos en
mezclas, originarios de Argentina e Indonesia, clasificados actualmente en los
códigos NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710
19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex
3824 90 97, 3826 00 10 y ex 3826 00 90 («el producto afectado» denominado
normalmente «biodiésel»).
2.           Alegaciones
(17)     Un productor exportador
indonesio alegó que, en contra de lo que se afirma en el considerando 34
del Reglamento provisional, el éster metílico de palma (EMP) producido en
Indonesia no es un producto similar al éster metílico de colza (EMC) y otros
biodiéseles producidos en la Unión, o al éster metílico de soja (EMS) producido
en Argentina, debido a que el EMP tiene un punto de obstrucción de filtro en frío
(POFF) muy superior, lo que implica que debe mezclarse antes de utilizarse en
la UE.
(18)     Se rechaza esta
alegación. El EMP producido en Indonesia compite con el biodiésel producido en
la Unión, que no solo es EMC, sino también biodiésel elaborado a partir de
aceite de palma y otras materias primas. El EMP puede utilizarse en toda la
Unión a lo largo de todo el año si se mezcla con otros biodiéseles antes de su
uso, al igual que ocurre con el EMC y el EMS. Por consiguiente, el EMP es
intercambiable con el biodiésel producido en la UE y, por ende, un producto
similar.
(19)     En el
considerando 35 del Reglamento provisional se recoge la alegación de un
productor indonesio según la cual los ésteres metílicos fraccionados deberían
quedar excluidos de la definición del producto objeto de este procedimiento. El
mismo productor mantuvo esta solicitud en sus observaciones sobre la
comunicación provisional, reiterando así su alegación anterior a dicha
comunicación.
(20)     Sin embargo, la industria
de la Unión rechazó esta alegación al exponer que los ésteres metílicos
fraccionados eran biodiésel y deben incluirse en la definición del producto.
(21)     Tras las observaciones
recibidas después de la fase provisional, se confirma la decisión de la
Comisión que figura en el considerando 36 del Reglamento provisional.
Independientemente de que los diversos ésteres metílicos de ácidos grasos
tengan números CAS (Chemical Abstracts Service) distintos, de que se utilicen
diferentes procesos para producir estos ésteres y de que puedan tener
diferentes usos, los ésteres metílicos fraccionados siguen siendo ésteres
metílicos de ácidos grasos y pueden utilizarse como combustible. En vista de
las dificultades para distinguir un éster metílico de ácidos grasos de otro sin
un análisis químico en el punto de importación y de la posibilidad de eludir el
pago de derechos al declarar el biodiésel de EMP como éster metílico
fraccionado producido a partir de aceite de palma, se mantiene el rechazo de
esta alegación. 
(22)     En el
considerando 37 del Reglamento provisional se menciona que un importador
europeo de éster metílico de ácidos grasos derivado de aceite de palmiste
solicitó que las importaciones de este producto fueran objeto de una exención
en razón de un destino especial o que, de lo contrario, se excluyeran de la
definición del producto de este procedimiento.
(23)     La industria de la Unión
presentó observaciones tras la comunicación provisional sobre la concesión de
una exención en razón de un destino especial a las importaciones de éster
metílico de ácidos grasos derivado de aceite de palmiste y la posibilidad de
eludir los derechos propuestos. La industria se opuso a que la Comisión
autorizara el uso de dicho régimen para eximir de los derechos antidumping
debido al carácter fungible del biodiésel; el biodiésel declarado para otros
usos podía utilizarse como combustible, dado que tiene las mismas propiedades
físicas. El éster metílico de ácidos grasos derivado de aceite de palmiste
puede usarse como combustible; el alcohol graso no saturado hecho a partir de
este producto también puede procesarse para producir biodiésel; y el control
que los servicios de aduanas pueden aplicar a las importaciones objeto de una
exención en razón de un destino especial es limitado y la carga económica resultante
del uso de este régimen sigue siendo considerable.
(24)     Tras las consultas sobre
este tema, y en vista de que el biodiésel declarado para no ser utilizado como
combustible tiene las mismas propiedades físicas que el biodiésel para uso como
combustible, no es conveniente conceder una exención en razón de un destino
especial a las exportaciones de éster metílico de ácidos grasos derivado de
aceite de palmiste en el presente caso.
(25)     Un importador alemán
reiteró su solicitud de que un determinado éster metílico de ácidos grasos
derivado de aceite de palmiste, no destinado al uso como combustible en la UE,
quedase excluido de la definición del producto o se le aplicara una exención en
razón de un destino especial. Las observaciones formuladas reiteraron su
posición, que había sido rechazada en la fase provisional, y no se aportaron
nuevas pruebas que pudieran modificar la conclusión de no conceder la exención
por destino especial y de mantener dicho éster dentro de la definición del
producto.
(26)     Un productor exportador
indonesio también se refirió a su solicitud de exención en razón de un destino
especial para los ésteres metílicos fraccionados, y pidió dicha exención para
tales importaciones destinadas a la fabricación de alcoholes grasos saturados.
Según lo ya indicado, todas las solicitudes de exención por destino especial
han sido denegadas, y los argumentos esgrimidos por esta parte interesada no
alteraron esta conclusión. 
3.           Conclusión
(27)     No habiéndose recibido
más observaciones sobre el producto afectado y el producto similar, se confirma
lo expuesto en los considerandos 29 a 39 del Reglamento provisional.
D. DUMPING
1.           Observaciones iniciales
(28)     En
los considerandos 44 y 64 del Reglamento provisional se exponía que los
mercados de biodiésel de Argentina e Indonesia están muy regulados por el
Estado, por lo que se consideró que las ventas nacionales no se realizan en el
curso de operaciones comerciales normales. Debido a ello, el valor normal del
producto similar tuvo que calcularse con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2, apartados 3 y 6, del Reglamento de base. Este valor se
confirma al no haber sido impugnado por ninguna parte interesada.
(29)     El valor normal tanto
para Argentina como para Indonesia se calculó en la fase provisional sobre la
base de los costes de producción reales (y registrados) de las propias empresas
durante el PI, los gastos de venta, generales y administrativos soportados y un
margen de beneficio razonable. En los considerandos 45 y 63 del Reglamento
provisional se señalaba en particular que la Comisión examinaría asimismo la
alegación según la cual los sistemas de tasas diferenciales a la exportación de
Argentina e Indonesia distorsionaban los precios de las materias primas y, por
consiguiente, los costes de producción registrados no reflejaban de forma
razonable los costes relacionados con la fabricación del producto afectado.
(30)     La ulterior investigación
ha demostrado de hecho que los sistemas de tasas diferenciales a la exportación
hacen bajar los precios interiores de los insumos de materias primas tanto en
Argentina como en Indonesia hasta un nivel artificialmente bajo, como se
explica más adelante en los considerandos 35 y siguientes, en el caso de
Argentina, y en el considerando 66, en el caso de Indonesia, por lo que afectan
a los costes de los productores de biodiésel de ambos países. En vista de ello,
se considera conveniente tener en cuenta esta distorsión de los costes de las
principales materias primas a la hora de calcular los valores normales en ambos
países, dada la situación particular de los mercados argentino e indonesio.
(31)     El Tribunal General ha
confirmado[4]
que, cuando los precios de las materias primas están regulados de tal manera
que son artificialmente bajos en el mercado interno, puede suponerse que el
coste de fabricación del producto afectado sufre una distorsión. El Tribunal
General consideró que, en tales circunstancias, las instituciones de la Unión
están facultadas para concluir que una de las partidas de los registros no
puede considerarse razonable y que, por consiguiente, es posible ajustar dicha
partida.
(32)     El Tribunal General
concluyó, asimismo, que del artículo 2, apartado 5, párrafo primero,
del Reglamento de base se desprende que los registros de la parte interesada no
sirven como base para calcular el coste normal, si los costes relacionados con
la fabricación del producto investigado no se reflejan de forma razonable en
dichos registros. En tal caso, la segunda frase del párrafo primero establece
que los costes se ajustarán o se establecerán sobre la base de fuentes de
información distintas de tales registros. Esta información puede proceder de
los costes soportados por otros productores o exportadores o, cuando tal
información no esté disponible o no pueda utilizarse, de cualquier otra fuente
razonable de información, incluida la relativa a otros mercados
representativos.
(33)     En los cálculos
provisionales se utilizaron el precio real de compra nacional de soja y el
coste contable real del aceite de palma en bruto para calcular los costes de
producción de los exportadores productores argentinos e indonesios. 
(34)     Dado
que se observó que algunos costes de producción y, en concreto, los costes de
la principal materia prima (soja y aceite de soja en Argentina y aceite de
palma en bruto en Indonesia) estaban distorsionados, estos costes se calcularon
sobre la base de los precios de referencia publicados por las autoridades
competentes de los países afectados. Dichos precios reflejan el nivel de los
precios internacionales.
2.           Argentina
2.1.        Valor normal
(35)     Como ya se ha indicado, la Comisión ha llegado a la
conclusión de que el sistema de tasas diferenciales a la exportación de
Argentina distorsiona los costes de producción de los productores de biodiésel
en ese país. La investigación demostró que durante el PI los impuestos a la
exportación de la materia prima (un 35 % para la soja y un 32 % para
el aceite de soja) eran considerablemente superiores a los impuestos a la
exportación del producto acabado (tipo nominal del 20 % para el biodiésel,
con un tipo real del 14,58 % si se tiene en cuenta una reducción de
impuestos). De hecho, la diferencia entre el impuesto a la exportación de soja
y el del biodiésel era de 20,42 puntos porcentuales, y la existente entre el
aceite de soja y el biodiésel era de 17,42 puntos porcentuales durante el PI.
(36)     Para determinar el nivel
del impuesto a la exportación de soja y aceite de soja, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca argentino publica diariamente los precios FOB de
la soja y el aceite de soja, es decir, «el precio de referencia»[5]. Este precio de referencia refleja el nivel de los precios
internacionales[6] y se utiliza para calcular la cuantía del impuesto a la
exportación que debe pagarse a las autoridades tributarias.
(37)     Los precios interiores
siguen las tendencias de los precios internacionales. La investigación
determinó que la diferencia entre el precio internacional y el precio interior
de la soja y el aceite de soja es el impuesto a la exportación del producto y
otros gastos soportados para exportarlo. El Ministerio de Agricultura argentino
también publica los precios de referencia nacionales de la soja y el aceite de
soja en forma de «precio FAS teórico»[7]. Por tanto, los productores de soja y aceite de soja obtienen el
mismo precio neto, independientemente de que vendan para la exportación o para
el consumo nacional.
(38)     En
conclusión, se observó que los precios interiores de la principal materia prima
utilizada por los productores de biodiésel en Argentina eran artificialmente inferiores
a los precios internacionales debido a la distorsión creada por el sistema del
impuesto a la exportación argentino y, por ende, los costes de la principal
materia prima no se reflejaban de forma razonable en los registros de los
productores argentinos investigados en el sentido del artículo 2,
apartado 5, del Reglamento de base, interpretado por el Tribunal General
de la forma que ya se ha expuesto. 
(39)     Por ello, la Comisión
decidió revisar el considerando 63 del Reglamento provisional y no tener
en cuenta los costes reales de la soja (la principal materia prima que se
compra y se utiliza para producir biodiésel) registrados por las empresas
interesadas en sus cuentas y reemplazarlos por el precio al que dichas empresas
habrían comprado la soja de no existir tal distorsión. 
(40)     A fin de establecer el
coste al que las empresas interesadas habrían comprado la soja en ausencia de
dicha distorsión, la Comisión tomó la media de los precios de referencia de la
soja publicados por el Ministerio de Agricultura argentino para la exportación
FOB Argentina durante el PI[8].
(41)     La asociación de
productores exportadores argentinos (Carbio) y las autoridades argentinas
alegaron que un ajuste de los costes soportados por las empresas con arreglo al
artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base solo es posible cuando
los registros, y no los costes incurridos por las empresas, no reflejan
razonablemente los costes relacionados con la producción y la venta del
producto afectado. Declararon que, en la práctica, la Comisión añadió los
impuestos a la exportación al precio pagado por las empresas al comprar habas
de soja, incluyendo así en los costes de producción una partida que no está
asociada a la producción o la venta del producto afectado. Añadieron que la sentencia
del Tribunal General en el asunto Acron mencionada en el documento de
información[9] se basa en una interpretación errónea del artículo 2.2.1.1
del Acuerdo antidumping de la OMC, está siendo recurrida ante el Tribunal de
Justicia y, en cualquier caso, parte de consideraciones de fondo diferentes de
las del presente caso, dado que los precios de las materias primas en Argentina
no están «regulados», como lo está el precio del gas en Rusia, ni están
distorsionados, sino que se determinan libremente sin ninguna intervención del
Estado; por tanto, no hay una situación particular del mercado en Argentina que
permita a la Comisión aplicar el artículo 2, apartado 5, del
Reglamento de base. Según estas alegaciones, el sistema argentino de tasas
diferenciales a la exportación no es incompatible con las normas comerciales.
Además, Carbio alegó que, dado que los impuestos a la exportación no se
tuvieron en cuenta al fijar el precio de exportación, la Comisión no hizo una
comparación equitativa entre el valor normal calculado (que tiene en cuenta los
impuestos a la exportación) y el precio de exportación (que no tiene en cuenta
los impuestos a la exportación). Alegó también que, al referirse a los precios
internacionales de las habas de soja establecidos en el Chicago Board of Trade
para calcular el valor normal, sin tener en cuenta los beneficios o pérdidas
vinculadas a las actividades de cobertura en este mercado al establecer el
precio de exportación (véase más adelante), la Comisión tampoco hizo una
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación. Por
otra parte, Carbio alegó que, al sustituir simplemente los costes registrados
por las empresas investigadas por un precio internacional, la Comisión no tuvo
en cuenta la ventaja competitiva natural de los productores de Argentina. Por
último, se quejó de que la Comisión no tuviera en cuenta que, en ausencia del
sistema argentino de tasas diferenciales, los precios de las habas de soja en
el Chicago Board of Trade serían muy inferiores. 
(42)     Estas alegaciones deben
desestimarse. A pesar de que los hechos del asunto Acron no son los mismos que
los hechos del presente caso, el Tribunal General estableció el principio de
Derecho según el cual, si los costes asociados con la producción del producto investigado
no se reflejan razonablemente en los registros de las empresas, no sirven como
base para calcular el valor normal. En el asunto Acron, los costes no se
reflejaban razonablemente en los registros de la empresa afectada porque el
precio del gas estaba regulado. En el presente caso se estableció que los
costes asociados con la producción del producto afectado no se reflejan
razonablemente en los registros de las empresas afectadas por ser
artificialmente bajos debido a la distorsión ocasionada por el sistema
argentino de tasas diferenciales. Esto es cierto con independencia de que, en
general, los sistemas de tasas diferenciales puedan o no ser, en sí mismos,
contrarios al Acuerdo de la OMC. Además, la Comisión considera que el Tribunal
General se basó en una interpretación correcta del Acuerdo antidumping. De
hecho, en relación con China y los pollos de engorde[10], el Grupo Especial opinó que, si bien el párrafo 2.1.1 del
artículo 2 establece una presunción de que los libros y registros del
declarante normalmente se utilizarán para calcular el costo de
producción, la autoridad investigadora conserva el derecho a abstenerse de
utilizar esos libros si determina que o bien i) son incompatibles con los PCGA
o ii) no reflejan razonablemente los costos asociados a la producción y venta
del producto considerado. No obstante, al formular esa determinación de
desviarse de la norma, la autoridad investigadora debe exponer sus razones para
hacerlo. En coherencia con esta interpretación, ante la distorsión creada por el
sistema de tasas diferenciales, que crea una situación particular de los
mercados, la Comisión sustituyó los costes registrados por las empresas
afectadas para la compra de las materias primas en Argentina por el precio que
habría sido pagado en ausencia de la distorsión constatada. El hecho de que,
desde un punto de vista puramente numérico, el resultado sea similar no
significa que el método aplicado por la Comisión haya consistido simplemente en
añadir los impuestos a la exportación a los precios de las materias primas. Los
precios internacionales de los productos básicos se establecen en función de la
oferta y la demanda, y no hay pruebas de que el sistema argentino de tasas
diferenciales afecte a los precios del Chicago Board of Trade. Por tanto, todas
las reclamaciones y alegaciones de que, al usar un precio internacional, la
Comisión no hizo una comparación equitativa entre el valor normal y el precio
de exportación son infundadas. Lo mismo es aplicable a la alegación de que la
Comisión no tuvo en cuenta la ventaja competitiva natural de los productores
argentinos, porque la sustitución de los costes registrados por las empresas se
debió al precio anormalmente bajo de la materia prima en el mercado nacional, y
no tanto a una ventaja comparativa. 
(43)     En el
considerando 45 del Reglamento provisional se explica que, puesto que no
se consideraba que las ventas nacionales se realizaran en el curso de
operaciones comerciales normales, el valor normal debía calcularse utilizando
un margen de beneficio razonable del 15 % de conformidad con el
artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base. Algunos
productores exportadores alegaron que el porcentaje utilizado por la Comisión
como beneficio razonable (15 %) para calcular el valor normal resultaba
excesivamente alto y constituía un cambio radical respecto de las prácticas
establecidas en varias otras investigaciones de mercados relacionados con
productos básicos similares (a saber, en las que el margen de beneficio
utilizado era de aproximadamente el 5 %).
(44)     Esta alegación debe
rechazarse. En primer lugar, no es correcto que la Comisión utilice
sistemáticamente un margen de beneficio del 5 % para calcular el valor
normal. Cada situación se examina por sus propios méritos, tomando en cuenta
las circunstancias específicas del caso. Por ejemplo, en el procedimiento
contra el biodiésel de los Estados Unidos de 2009 se utilizaron diversos
márgenes de beneficio, cuya media ponderada era muy superior al 15 %. En
segundo lugar, la Comisión tuvo en cuenta, asimismo, el tipo de interés sobre
los depósitos en Argentina a corto y medio plazo, que gira en torno al
14 % de acuerdo con datos del Banco Mundial. Sin duda, resulta razonable
esperar que el margen de beneficio obtenido al operar en los mercados nacionales
de biodiésel sea más alto que el coste del capital. Además, este beneficio es
incluso inferior al realizado durante el PI por los productores del producto
afectado, a pesar de que ese nivel es resultado de distorsiones en los costes
provocadas por el sistema de tasas diferenciales a la exportación y los precios
nacionales del biodiésel regulados por el Estado. Por ello y por los motivos
antes expuestos, se mantiene que un beneficio del 15 % es una cantidad
razonable que puede obtener una industria que requiere mucho capital y es
relativamente nueva en Argentina.
(45)     Tras la comunicación
definitiva, Carbio y las autoridades argentinas alegaron que i) la referencia a
los niveles de beneficios en los Estados Unidos era injustificada; ii) la
referencia al tipo deudor a medio plazo carece de lógica, nunca se ha utilizado
en el pasado y, si fuera necesaria, no debe hacerse al tipo argentino, ya que
las inversiones se realizaron en dólares estadounidenses junto con entidades
extranjeras; iii) el beneficio efectivamente percibido por los productores
argentinos no pudo tenerse en cuenta debido a la situación particular del
mercado; y iv) comparativamente, el objetivo de beneficio de la industria de la
Unión se fijó en el 11 %. 
(46)     Estas alegaciones deben
desestimarse. La Comisión consideró que un margen de beneficio del 15 %
era razonable para la industria del biodiésel en Argentina que, en ese país y
durante el período de investigación, era todavía una industria joven y con gran
necesidad de capital. La referencia al margen de beneficio en el caso de los
Estados Unidos se hizo para refutar la alegación de que la Comisión utiliza
sistemáticamente un 5 % de margen de beneficio al calcular el valor
normal. La alusión al tipo deudor a medio plazo tampoco tenía el propósito de
establecer un valor de referencia, sino de poner a prueba el carácter razonable
del margen utilizado. Lo mismo se aplica al beneficio efectivamente percibido
por las empresas incluidas en la muestra. Por otra parte, puesto que la
finalidad de calcular el valor normal es diferente del cálculo del margen de
beneficio para la industria de la Unión en ausencia de importaciones objeto de
dumping, la comparación entre ambos no es pertinente. Por lo tanto, se confirma
el considerando 46 del Reglamento provisional.
(47)     Un productor exportador
elabora biodiésel en parte en sus propias instalaciones y en parte mediante un
acuerdo de transformación con un productor independiente. Este productor
exportador pidió que se volviese a calcular su coste de producción utilizando
la media ponderada de su propio coste de producción y del coste de producción
de su empresa asociada en lugar de la utilizada por la Comisión en la fase
provisional. Esta solicitud se analizó y se consideró justificada, por lo que
el coste de producción de esta empresa se volvió a calcular en consecuencia.
(48)     La Comisión recibió otras
alegaciones de menor importancia de algunas empresas, pero perdieron actualidad
tras el cambio de la metodología para calcular el valor normal que se explica
más arriba. Por tanto, se confirman las conclusiones provisionales expuestas en
los considerandos 40 a 46 del Reglamento provisional, con las
modificaciones que se explican más arriba.
2.2.        Precio de exportación 
(49)     En el
considerando 49 del Reglamento provisional se explica que, cuando las
ventas de exportación se realizaron a través de empresas comerciales vinculadas
situadas dentro de la Unión, se ajustó el precio de exportación, así como el
beneficio correspondiente al comerciante vinculado, de conformidad con el
artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base. A efectos de este
cálculo, se consideró razonable un nivel de beneficio del 5 % para el
comerciante vinculado establecido en la Unión. Dos productores exportadores
alegaron que un margen de beneficio del 5 % para el comerciante vinculado
establecido en la Unión era demasiado alto en el comercio de productos básicos
y que debería usarse un porcentaje más bajo (hasta un 2 % dependiendo de
las empresas) o no utilizarse margen alguno.
(50)     No se presentaron pruebas
que demostraran esta alegación. En tales condiciones, se confirma el nivel de
beneficio del 5 % para los comerciantes vinculados establecidos en la UE.
(51)     Tras la comunicación
definitiva, Carbio sostuvo que un margen de beneficio del 5 % era demasiado
elevado para el comercio de productos básicos, y aludió a un estudio específico
realizado por KPMG y presentado a la Comisión el 1 de julio de 2013, tras la
comunicación del Reglamento provisional. La Comisión consideró que las
conclusiones del estudio no eran fiables debido a las limitaciones propias del
análisis mencionado en el propio estudio, que dieron lugar a la selección de un
número limitado de empresas comerciales, la mitad de las cuales no vendían
productos agrícolas. Por lo tanto, las pruebas facilitadas no se consideran
concluyentes. En consecuencia, se confirma el margen del 5 % de beneficio
para los operadores comerciales vinculados en la UE. 
(52)     Un productor exportador
objetó que, al determinar el precio de exportación, la Comisión no tuvo en
cuenta los denominados «resultados de cobertura», es decir, las pérdidas o
ganancias del productor al vender y comprar contratos de futuros de aceite de
soja en el Chicago Board of Trade. Esta empresa insistió en que la cobertura es
un elemento necesario del negocio del biodiésel debido a la volatilidad del
precio de la materia prima, y que los ingresos netos del vendedor de biodiésel
no consisten solamente en el precio que paga el comprador, sino también en el
beneficio (o pérdida) de las operaciones de cobertura subyacentes.
(53)     Esta alegación debe
rechazarse, ya que el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base
establece claramente que el precio de exportación será el precio realmente
pagado o por pagar por el producto cuando sea exportado, independientemente de
cualesquiera ganancias o pérdidas vinculadas a prácticas de cobertura, a pesar
de que estén relacionadas con el producto.
(54)     Al no haberse recibido
otras observaciones sobre los precios de exportación, se confirman los
considerandos 47 a 49 del Reglamento provisional, con los cambios
mencionados más arriba.
2.3.        Comparación 
(55)     En el
considerando 53 del Reglamento provisional se explica que, cuando las
ventas de exportación se realizaron a través de empresas comerciales vinculadas
situadas fuera de la Unión, la Comisión examinó si dichos operadores
comerciales vinculados debían ser tratados como un agente que trabaja sobre la
base de una comisión, y, de ser así, se realizó un ajuste de conformidad con el
artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base para
tener en cuenta un margen teórico recibido por el comerciante. 
(56)     Una empresa alegó que el
margen de beneficio utilizado por la Comisión para el comerciante vinculado
establecido fuera de la UE como margen teórico era demasiado alto y que sería
más razonable un margen de beneficio más reducido.
(57)     La Comisión estudió
detenidamente las alegaciones presentadas por el productor exportador, pero
concluyó que, en vista de las amplias actividades que llevan a cabo los comerciantes
vinculados, un margen de beneficio del 5 % resulta razonable. Por
consiguiente, debe rechazarse esta alegación.
(58)     En ausencia de otras
observaciones en relación con la comparación, se confirma lo expuesto en los
considerandos 50 a 55 del Reglamento provisional.
2.4.        Márgenes de dumping
(59)     Todos los productores
exportadores argentinos que cooperaron solicitaron que, si se debía imponer un
derecho antidumping sobre las importaciones de biodiésel procedentes de
Argentina, fuera un único derecho para todos ellos, basado en la media
ponderada de los derechos antidumping de todos los productores exportadores
incluidos en la muestra. En apoyo de esta petición alegaron que todos los
productores incluidos en la muestra tienen vínculos comerciales o de otro tipo
entre ellos, producen, venden, prestan o intercambian biodiésel entre ellos, y
a menudo el producto de diversas empresas se carga y se expide a la UE
conjuntamente en el mismo buque marítimo, de modo que las autoridades aduaneras
ya no pueden identificar y distinguir el producto de cada uno de ellos. Estas
circunstancias especiales harían impracticable la imposición de derechos para
cada productor.
(60)     A pesar de que esta
petición procede de todos los productores exportadores, incluidos aquellos que
tienen un margen de dumping inferior al margen medio ponderado, y a pesar de
que implicaría una simplificación para las autoridades aduaneras, esta petición
debe rechazarse. De hecho, las presuntas dificultades prácticas no deben
utilizarse como excusa para establecer excepciones a lo dispuesto en el
Reglamento de base, a menos que resulte inevitable. En el presente caso, la
práctica de las empresas consistente en intercambiar, prestarse o mezclar de
cualquier otra forma el producto afectado no hace que resulte imposible imponer
derechos por separado en el sentido del artículo 9, apartado 6, del
Reglamento de base.
(61)     Tres empresas solicitaron
que sus nombres se incluyeran en la lista de productores exportadores
cooperantes a fin de beneficiarse del derecho antidumping de las empresas
cooperantes no incluidas en la muestra, en lugar del derecho residual para
«todas las demás empresas».
(62)     Dos de las tres empresas
ya producían biodiésel para el mercado nacional o mediante acuerdos de
transformación para otros productores exportadores durante el PI, pero no
exportaban por sí mismas a la UE. La tercera empresa no producía biodiésel
durante el PI, ya que su planta aún se encontraba en construcción en ese
momento.
(63)      La Comisión estima que
las tres empresas antes mencionadas no cumplen las condiciones para ser
consideradas productor exportador cooperante, no solo en el caso de la empresa
que no producía biodiésel en absoluto durante el PI, sino también en el de las
empresas que cooperaron con la investigación y presentaron un formulario de
muestra, ya que en su respuesta dejaron claro que producían para el mercado
nacional para terceros, pero no exportaban biodiésel a la UE en su propio
nombre.
(64)     Por ello, esta solicitud
debe rechazarse, y el derecho antidumping «residual» debe aplicarse a estas
tres empresas.
(65)     Teniendo en cuenta los
ajustes aplicados al valor normal y al precio de exportación conforme a lo
expuesto anteriormente, y a falta de otras observaciones, el cuadro que figura
en el considerando 59 del Reglamento provisional se sustituye por el
siguiente cuadro, y los márgenes de dumping definitivos, expresados como
porcentaje del precio CIF en la frontera de la Unión, no despachado de aduana,
son los siguientes: 
             Empresa ||             Margen de dumping 
             Louis Dreyfus Commodities S.A. ||             46,7 % 
             Grupo «Renova» (Molinos Río de la Plata S.A., Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., y Vicentin S.A.I.C.) ||             49,2 % 
             Grupo «T6» (Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A.) ||             41,9 % 
             Otras empresas que cooperaron ||             46,8 % 
             Todas las demás empresas ||             49,2 % 
3.           Indonesia
3.1.        Valor normal 
(66)     Como se indica en los
considerandos 28 a 34, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el
sistema de tasas diferenciales a la exportación de Indonesia distorsiona los
costes de producción de los productores de biodiésel de ese país y, por ende,
los costes de producción y venta de dicho producto no se reflejan de forma
razonable en los registros de los productores indonesios investigados. 
(67)     Por ello, la Comisión
decidió revisar el considerando 63 del Reglamento provisional y no tener
en cuenta los costes reales del aceite de palma en bruto, la principal materia
prima que se compra y se utiliza para producir biodiésel, registrados por las
empresas interesadas en sus cuentas y reemplazarlos por el precio al que esas
empresas habrían comprado el aceite de palma en bruto de no existir dicha
distorsión. 
(68)     La
investigación ha confirmado que el precio del aceite de palma en bruto
comercializado en el interior del país es muy inferior al precio de referencia
«internacional» y que la diferencia se acerca mucho al impuesto a la
exportación de este producto. Puesto que el
sistema de tasas diferenciales a la exportación limita las posibilidades para
exportar aceite de palma en bruto, grandes cantidades de aceite permanecen en
el mercado nacional, lo que hace que bajen los precios nacionales de este
producto. En este caso se da una situación particular del mercado.
(69)     Durante el PI, el tipo
del impuesto a la exportación de biodiésel variaba entre el 2 y el 5 %. En
el mismo período, las exportaciones de aceite de palma en bruto tenía un
impuesto a la exportación de entre el 15 y el 20 %, en tanto que el
impuesto a la exportación de aceite de palma refinado, blanqueado y desodorizado
se situaba entre el 5 y el 18,5 %. Los diferentes tipos impositivos se
aplican al intervalo correspondiente de precios de referencia (que siguen las
tendencias del mercado internacional y no tienen nada que ver con diferencias
de calidad). El impuesto aplicable al fruto de palma aceitera no varía y es del
40 %.
(70)     Por
los motivos antes mencionados, se revisa el considerando 63 del Reglamento
provisional, y el coste de la principal materia prima (aceite de palma en
bruto) registrado por las empresas interesadas se ha sustituido, en virtud del
artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, por el precio de
exportación de referencia (HPE)[11] del aceite de palma en bruto publicado por las autoridades
indonesias, que se basa a su vez en los precios internacionales publicados (en
Rotterdam, Malasia e Indonesia). Este ajuste se hace respecto al aceite de
palma en bruto comprado por las empresas vinculadas y no vinculadas. Se acepta
el coste del aceite de palma en bruto de producción propia dentro de la misma
entidad jurídica, ya que no se han encontrado pruebas de que este aceite se vea
afectado por la distorsión. 
(71)     Todos los productores
exportadores de Indonesia y el Gobierno de este país alegan que la sustitución
de los costes del aceite de palma en bruto registrados por las empresas por el
precio de exportación indonesio de referencia de dicho producto no está
permitida por las normas de la OMC ni por el artículo 2, apartado 5,
del Reglamento de base y, por tanto, es ilegal. A este respecto, el Gobierno de
Indonesia alegó que la Comisión trataba equivocadamente a este país como si no
fuera una economía de mercado. Los argumentos de las empresas pueden resumirse
como sigue. En primer lugar, la Comisión no ha demostrado ninguna razón para
apartarse de los costes reales registrados, ni que dichos costes no reflejen
razonablemente los costes asociados con la producción del producto afectado,
sino que únicamente ha declarado que los costes registrados son artificialmente
bajos en comparación con los precios internacionales y, por tanto, deben ser
sustituidos. Esto es contrario a las normas de la OMC, según las cuales la
condición para determinar si un coste en concreto puede utilizarse para
calcular los costes de producción es que esté asociado con la producción y la
venta del producto, y no si refleja razonablemente el valor de mercado. En
segundo lugar, aunque el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de
base permita aparentemente un ajuste, su aplicación se limitaría a las
situaciones en las que el Estado interfiere directamente en el mercado fijando
precios o regulando su fijación a un nivel artificialmente bajo. Sin embargo,
en este caso particular, la Comisión alega que el precio interior del aceite de
palma en bruto, en lugar de estar regulado por el Estado, es artificialmente
bajo debido simplemente al impuesto a la exportación que se aplica a ese
producto. Aunque esto fuera cierto, cualquier efecto del sistema del impuesto a
la exportación en el precio interior solo puede considerarse accidental o meramente
secundario. En tercer lugar, la Comisión se basa indebidamente en la sentencia
Acron para justificar la legalidad del ajuste relativo al aceite de palma en
bruto. Esta sentencia es actualmente objeto de recurso y no puede, por tanto,
tomarse como precedente. En cualquier caso, las circunstancias de hecho en el
asunto Acron eran diferentes, porque se refieren a una situación en la que, a
diferencia de los precios del aceite de palma en bruto en Indonesia, que son
fijados libremente en el mercado, los precios del gas estaban regulados por el
Estado. Por último, el Gobierno de Indonesia alegó que el ajuste del artículo
2, apartado 5, se hacía exclusivamente para aumentar los márgenes de dumping
debido a las diferencias de imposición.
(72)     La alegación de que el
ajuste con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base
es ilegal con arreglo a las normas de la OMC o de la Unión debe ser
desestimada. El Reglamento de base ha transpuesto el acuerdo antidumping de la
OMC y, por tanto, se considera que todas sus disposiciones, y en particular el
artículo 2, apartado 5, son coherentes con las obligaciones de la
Unión de conformidad con el Acuerdo antidumping. A este respecto, cabe recordar
que el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base es aplicable tanto a las
economías de mercado como a las que no son tales. Como ya se indicó en el
considerando 42, el Tribunal General estableció en el asunto Acron el principio
de Derecho de que, si los costes asociados con la producción del producto
investigado no se reflejan razonablemente en los registros de las empresas, no
sirven como base para calcular el valor normal y pueden ser sustituidos por
costes que reflejen los precios fijados por las fuerzas de mercado de
conformidad con el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base. El
hecho de que el asunto Acron se refiera a precios que estaban regulados por el
Estado no puede, sin embargo, interpretarse en el sentido de que impida a la
Comisión aplicar el artículo 2, apartado 5, con respecto a otros
tipos de intervenciones estatales que falseen, directa o indirectamente, un
determinado mercado al hacer descender los precios a un nivel artificialmente
bajo. En relación con China y los pollos de engorde, el Grupo Especial ha
llegado recientemente a una conclusión similar al interpretar el artículo
2.2.1.1 del Acuerdo antidumping. En el presente caso, la Comisión ha
considerado que los costes asociados con la producción del producto afectado no
se reflejan razonablemente en los registros de las empresas afectadas por ser
artificialmente bajos debido al sistema indonesio de tasas diferenciales. Por
tanto, estaba plenamente justificado el que la Comisión ajustara los costes del
aceite de palma en bruto con arreglo al artículo 2, apartado 5, del
Reglamento de base. En relación con la alegación del Gobierno indonesio, cabe
señalar que el ajuste del artículo 2, apartado 5, se basa en la diferencia
demostrada entre el precio interior y el precio internacional del aceite de
palma en bruto, y no en diferencias de imposición.
(73)     Dos productores
exportadores indonesios alegaron que la Comisión no ha podido demostrar que el
precio del aceite de palma en bruto indonesio esté distorsionado. Sostienen que
el supuesto del que parte la Comisión de que el sistema de tasas diferenciales
limita las posibilidades de exportar aceite de palma en bruto, ocasionando la
presencia de mayores cantidades de aceite de palma en bruto en el mercado
interior y, por tanto, haciendo bajar los precios interiores, es incorrecto
objetivamente, ya que el aceite de palma en bruto se exporta en gran medida (el
70 % de la producción total). En cualquier caso, incluso si el mercado
interior del aceite de palma se considerase distorsionado por virtud de las
tasas diferenciales, también lo estaría el precio HPE, puesto que se basa en
los precios internacionales de exportación, que incluyen los impuestos a la
exportación. Por tanto, el precio HPE del aceite de palma en bruto no puede
utilizarse como valor de referencia adecuado para ajustar el coste del aceite
de palma en bruto. 
(74)     A pesar de que el aceite
de palma en bruto se exporta desde Indonesia en grandes cantidades, la
investigación ha revelado que su precio interior es artificialmente bajo en
comparación con los precios internacionales. Es más, la diferencia constatada
se aproxima al impuesto de exportación aplicado. Por tanto, es razonable
concluir que el bajo precio interior es el resultado de una distorsión por
efecto del sistema de tasas diferenciales. Además, los precios internacionales
de los productos básicos, incluido el aceite de palma en bruto, se determinan
en función de la oferta y la demanda, lo que refleja la dinámica de las fuerzas
del mercado. No se ha aportado prueba alguna de que las fuerzas del mercado se
hayan visto distorsionadas por el sistema indonesio de tasas diferenciales. Por
tanto, se rechaza la alegación de que el precio HPE es un criterio de
referencia inadecuado.
(75)     Un productor exportador,
del que se descubrió que no realizaba ventas nacionales representativas
(considerando 60 del Reglamento provisional), alegó que la Comisión había
realizado incorrectamente la prueba de representatividad al utilizar las ventas
de cada empresa vinculada, en lugar de las ventas totales de todas las empresas
incluidas en el grupo. No obstante, reconoce que este presunto error no tuvo
repercusiones en los resultados provisionales respecto a él. Cabe recordar en
relación con este productor exportador que ninguna empresa vinculada aprobó de
forma individual la prueba de representatividad. Así pues, aun cuando esta
alegación tuviera fundamento, resulta evidente que una prueba de
representatividad basada en la totalidad de las ventas nacionales de todas las
empresas vinculadas no podía tener repercusiones en los resultados
provisionales, como reconoce este productor exportador. No habiéndose recibido
más observaciones, se confirma lo expuesto en los considerandos 60 a 62
del Reglamento provisional.
(76)     Una parte alegó que, en
relación con el considerando 63 del Reglamento provisional, se habían exagerado
los gastos de venta, generales y administrativos en su caso. Tras examinar esta
alegación, se observó que en el cálculo del valor normal se habían incluido los
gastos de venta, generales y administrativos correspondientes tanto a las
ventas nacionales como a las ventas de exportación. Por consiguiente, se
hicieron las correcciones necesarias para utilizar los gastos de venta,
generales y administrativos correspondientes únicamente a las ventas
nacionales.
(77)     Una parte cuestionó el
cálculo del valor normal y, en particular, la elección del método contemplado
en el artículo 2, apartado 6, mencionado en el considerando 65
del Reglamento provisional. El artículo 2, apartado 6, establece tres
métodos alternativos para calcular los gastos de venta, generales y
administrativos y los beneficios cuando no pueden utilizarse los datos
registrados por la empresa. Esta parte alegó que estos tres métodos deben
examinarse en el orden en el que se presentan y que, por consiguiente, debe
considerarse en primer lugar la aplicación de los métodos contemplados en el
artículo 2, apartado 6, letras a) y b). 
(78)     Mientras que el
Reglamento provisional parecía abordar únicamente la metodología contemplada en
el artículo 2, apartado 6, letra c), en los siguientes considerandos se
expone por qué en este caso no son aplicables los métodos de las letras a)
y b) de esta disposición.
(79)     El artículo 2,
apartado 6, letra a), no es aplicable debido a que no se
establecieron cuantías reales para las empresas indonesias (y argentinas)
incluidas en la muestra, ya que no habían realizado ventas en el curso de
operaciones comerciales normales. Por tanto, no existen datos sobre las
cuantías reales de otros exportadores o productores (incluidos en la muestra)
para aplicar el artículo 2, apartado 6, letra a).
(80)     El
artículo 2, apartado 6, letra b), no era aplicable, ya que todas las
empresas indonesias (y argentinas) incluidas en la muestra no tienen ventas de
productos de la misma categoría general de productos que las realizadas en el
curso de operaciones comerciales normales. 
(81)     En relación con el
artículo 2, apartado 6, letra b), esta parte alegaba asimismo
que el Reglamento de base no es conforme con la reglamentación de la
Organización Mundial del Comercio en la medida en que el artículo 2,
apartado 6, letra b), establece la obligación de que las ventas se
realicen en el curso de operaciones comerciales normales. Sin embargo, como se
indica en el considerando 72, el Reglamento de base ha transpuesto el acuerdo
antidumping de la OMC y, por tanto, se considera que todas sus disposiciones,
incluido el artículo 2, apartado 6, son coherentes con las
obligaciones de la Unión con arreglo a dicho Acuerdo, y que las ventas en el
curso de operaciones comerciales normales son plenamente conformes. 
(82)     Por consiguiente, se
confirma la elección del artículo 2, apartado 6, letra c), para
utilizar cualquier otro método razonable con el fin de calcular el margen de
beneficio.
(83)     Además, varias partes
consideraron excesivo el margen de beneficio del 15 % utilizado para
calcular el valor normal. Alegan que el Reglamento provisional no explica la
forma en que la Comisión ha calculado este 15 % y, por ello, suponen que
la Comisión tomó este porcentaje del margen de beneficio utilizado para el
cálculo de perjuicios. Señalan que, en varios otros casos relacionados con
productos básicos, la Comisión utilizó márgenes de beneficios en torno al
5 %. Varias partes propusieron utilizar el margen de beneficios empleado
en el caso del bioetanol originario de los Estados Unidos. Una parte propuso
asimismo que se utilizara un margen de beneficio inferior correspondiente a sus
ventas de una mezcla de biodiésel con diésel mineral. Además, el Gobierno de
Indonesia alegó que era redundante sustituir el coste del aceite de palma en
bruto con arreglo al artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base utilizando
al mismo tiempo un margen de beneficio del 15 % de conformidad con el
artículo 2, apartado 6, letra c), que reflejaría el margen de beneficio de un
mercado sin distorsión.
(84)     En primer lugar, no es
correcto que la Comisión utilice sistemáticamente un margen de beneficio del
5 % para calcular el valor normal. Cada situación se examina por sus
propios méritos, tomando en cuenta las circunstancias específicas del caso. Por
ejemplo, en el procedimiento contra el biodiésel de los Estados Unidos de 2009
se utilizaron diversos márgenes de beneficio, cuya media ponderada era muy
superior al 15 %. En segundo lugar, dado que el tipo de interés sobre los
depósitos a corto y medio plazo en Indonesia gira en torno al 12 % de
acuerdo con datos del Banco Mundial, parece razonable esperar que el margen de
beneficio al operar en el mercado nacional de biodiésel sea superior al coste
del capital. En tercer lugar, independientemente de que las ventas de una
mezcla de biodiésel y diésel mineral formen parte o no de la misma categoría de
productos, el artículo 2, apartado 6, letra b), del Reglamento de
base establece, como ya se ha indicado en el considerando 80, que dichas
ventas deben realizarse en el curso de operaciones comerciales normales. En
vista de que las ventas nacionales de biodiésel no se realizan en el curso de
operaciones comerciales normales, las ventas de la mezcla de biodiésel y diésel
mineral no se consideran, mutatis mutandis, realizadas en el curso de
tales operaciones. Por ello y por los motivos antes expuestos, un 15 % es
una cantidad razonable que puede obtener una industria que requiere mucho
capital y es relativamente nueva en Indonesia. El argumento del Gobierno de
Indonesia en relación con un efecto redundante no puede aceptarse, porque el
ajuste de los costes contemplado en el artículo 2, apartado 5, y el beneficio
razonable con arreglo al artículo 2, apartado 6, letra c), son dos asuntos
claramente distintos. Se confirma, por tanto, lo expuesto en el
considerando 65 del Reglamento provisional.
(85)     Una de las partes alegó
que, dado que el precio HPE del aceite de palma en bruto incluye los costes de
transporte internacional y la finalidad del ajuste de su precio interior al
nivel del precio internacional es conseguir un precio interior no
distorsionado, el precio HPE de este producto debería ajustarse a la baja para
excluir los costes de transporte. 
(86)     Esta alegación debe
rechazarse. La Comisión está considerando una serie de alternativas para
seleccionar un precio más adecuado que deba ser utilizado como precio de
referencia internacional. Hay que recordar que las propias autoridades
indonesias utilizan el precio HPE como valor de referencia para calcular el
nivel mensual de los derechos de exportación. Por tanto, el precio HPE con
arreglo a la definición de las autoridades indonesias se consideró el precio de
referencia internacional más adecuado para establecer el nivel de distorsión de
los costes de producción de biodiésel en Indonesia.
(87)     Dos partes afirmaron que
la Comisión no tuvo en cuenta que solo fabrican biodiésel procedente a partir
de materias primas distintas del aceite de palma en bruto, a saber, destilado
de ácido graso de palma, aceite de palma refinado o estearina de palma
refinada. Por no tener en cuenta el uso que hacen las partes de la materia
prima real para la producción de biodiésel, el ajuste relativo al aceite de
palma en bruto descrito en el considerando 70 se aplicó a la materia prima
equivocada y, por tanto, dio lugar a una cuantía indebida del valor normal
calculado.
(88)     Estas alegaciones deben
desestimarse. Hay que señalar que la Comisión solo sustituyó el coste del
aceite de palma en bruto comprado, tanto a proveedores vinculados como no
vinculados, para la producción de biodiésel. En relación con subproductos como
el destilado de ácido graso de palma, el aceite de palma refinado o la
estearina de palma refinada, que proceden de la transformación de aceite de
palma en bruto comprado y también se procesan ulteriormente para producir
biodiésel, no se realizaron ajustes. 
(89)     Tres partes alegaron que
la Comisión no había reconocido que su compra de aceite de palma en bruto de
empresas vinculadas debe ser objeto del mismo trato que la producción interna y
que, por tanto, no debe aplicarse ningún ajuste de conformidad con el
artículo 2, apartado 5 (como se explica en el considerando 70). Las
partes alegan que las transacciones dentro del grupo se realizaron en
condiciones de plena competencia y que, por tanto, no deben ajustarse y
sustituirse por un precio internacional. Además, un productor exportador alegó
que el valor normal debe calcularse sobre una base mensual durante el PI. 
(90)     Como el precio de
transferencia interno no puede considerarse fiable, es práctica normal de la
Comisión verificar si las transacciones entre partes vinculadas se han
realizado efectivamente en condiciones de plena competencia. Para hacerlo, la
Comisión compara el precio entre empresas vinculadas con el precio de mercado
subyacente. Dado que el precio del mercado interior subyacente está
distorsionado, la Comisión no puede realizar dicha verificación. Por
consiguiente, tiene que sustituir este precio poco fiable por un precio
razonable que sería aplicable con plena competencia en condiciones normales de
mercado. En este caso, el precio internacional. En cuanto a la solicitud de
cálculos mensuales para el valor normal calculado, la información facilitada y
verificada no era suficientemente detallada para permitir dicho cálculo. Por
tanto, se rechazaron ambas alegaciones.
(91)     La industria de la Unión
alegó que el coste del aceite de palma en bruto de producción propia dentro de
la misma entidad jurídica debe también ajustarse con arreglo al
artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, pues también se
ve afectado por los sistemas de tasas diferenciales. 
(92)     Esta alegación debe
rechazarse. Mientras las materias primas circulan a lo largo del proceso
de producción de biodiésel en distintas fases de refinado y transformación, los
costes de estas fases de producción pueden considerarse fiables, pues se
efectúan dentro de la misma entidad jurídica, y no se plantea la cuestión de
los precios de transferencia no fiables según lo descrito anteriormente.
(93)     Un productor exportador
alegó que la Comisión debería haber deducido los denominados ajustes de precios
del valor normal calculado. Esta alegación no puede aceptarse. El valor normal
calculado se calculó sobre la base de los costes. Por tanto, sería inadecuado hacer
ajustes atendiendo a  consideraciones de precios.
3.2.        Precio de exportación 
(94)     Una parte cuestionó el
cálculo del precio de exportación, alegando que deberían tenerse en cuenta las
ganancias y pérdidas de cobertura y que el tratamiento contable de dichas
pérdidas y ganancias en el caso del biodiésel no es coherente. 
(95)     La alegación según la
cual deben tenerse en cuenta las ganancias y pérdidas de cobertura debe
rechazarse. El artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base
establece claramente que el precio de exportación será el precio realmente
pagado o por pagar por el producto cuando sea exportado, independientemente de
cualesquiera ganancias o pérdidas vinculadas a prácticas de cobertura, a pesar
de que estén relacionadas con el producto. Por tanto, se confirma el método
mencionado en los considerandos 66 y 67 del Reglamento provisional.
(96)     La Comisión reconoce que
en la fase provisional se dio un tratamiento contable incoherente a las
ganancias y pérdidas de cobertura del biodiésel de una parte. Esta alegación se
acepta y se han efectuado las correcciones necesarias. 
(97)     En relación con el
considerando 68 del Reglamento provisional, una parte alegó que el margen
de beneficio del 5 % utilizado para las empresas comerciales vinculadas
establecidas en la Unión constituye un rendimiento del capital excesivo y
exagera los beneficios que los comerciantes no vinculados obtienen normalmente
con las ventas de biodiésel. Afirma que un rendimiento de capital típico
corresponde a un margen de beneficio de entre el 1,3 y el 1,8 %.
(98)     En vista de la falta de
cooperación de los importadores no vinculados y de que las empresas comerciales
son empresas de servicios sin inversiones significativas de capital, lo que
hace irrelevante la alegación basada en el rendimiento del capital, la Comisión
rechaza esta alegación y estima que un margen de beneficio del 5 % resulta
razonable en el presente caso. Por tanto, se confirma lo expuesto en el
considerando 68 del Reglamento provisional.
(99)     En relación con el considerando 69
del Reglamento provisional, una parte alegó que el recargo por doble
contabilización de la cantidad de biodiésel debía añadirse al precio de
exportación, ya que tan solo aplica la legislación italiana.
(100)   Aun cuando la Comisión
aceptara esta alegación y añadiera el recargo al precio de exportación, el
mismo debería volver a deducirse en virtud del artículo 2,
apartado 10, letra k), a fin de comparar el precio de exportación con
el mismo valor normal, teniendo en cuenta las diferencias que afectan la
comparabilidad entre precios. Dado que en Indonesia no existe un recargo por
doble contabilización del biodiésel, el precio de exportación más alto
existente en Italia no sería directamente comparable. Por tanto, se rechaza
esta alegación y se confirma el considerando 69 del Reglamento
provisional. 
(101)   Tras la comunicación
definitiva, esta parte reiteró su alegación. No obstante, no se presentaron
argumentos adicionales sustanciales que alterasen la evaluación de la Comisión.
Por lo tanto, se sigue confirmando el considerando 69 del Reglamento
provisional.
(102)   Tras la comunicación
definitiva, varios productores exportadores pidieron que la Comisión prestase
atención a presuntos errores materiales en los cálculos del dumping. Se
examinaron dichas alegaciones y, en su caso, se efectuaron correcciones de los
cálculos. 
3.3.        Comparación 
(103)   No habiéndose recibido
ninguna observación en relación con la comparación, se confirma lo expuesto en
los considerandos 70 a 75 del Reglamento provisional.
3.4.        Márgenes de dumping
(104)   Teniendo en cuenta los
ajustes aplicados al valor normal y al precio de exportación conforme a lo
expuesto en los considerandos anteriores, y a falta de otras observaciones, los
márgenes de dumping definitivos, expresados como porcentaje del precio cif en
la frontera de la Unión, derechos no pagados, son los siguientes: 
             Empresa || Margen de dumping 
 PT. Ciliandra Perkasa, Yakarta || 8,8 % 
 PT. Musim Mas, Medan || 18,3 % 
 PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan || 16,8 % 
 PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan y PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan || 23,3 % 
 Otras empresas que cooperaron || 20,1 % 
 Todas las demás empresas || 23,3 % 
E. PERJUICIO
1.           Producción de la Unión e
industria de la Unión
(105)   El
Reglamento provisional definía en sus considerandos 80 a 82 la industria
de la Unión y confirmó que tres empresas fueron excluidas de esta definición
debido a su dependencia de las importaciones de los países afectados, es decir,
a que importaban una cantidad mucho mayor de biodiésel de estos países que la que
producían ellas mismas.
(106)   Otras dos empresas fueron
excluidas de la definición de industria de la Unión por no haber producido
biodiésel durante el período de investigación.
(107)   Tras la publicación del
Reglamento provisional se recibieron observaciones en las que se pedía que
otras empresas fueran excluidas de la definición de industria de la Unión por
importar biodiésel de los países afectados y también debido a su relación con
productores exportadores de Argentina e Indonesia, lo que las protegería de las
consecuencias negativas del dumping.
(108)   Se
rechazan estas alegaciones. Una vez analizada la alegación de relaciones entre
los productores exportadores y la industria de la Unión, se descubrió que una
sociedad de cartera detentaba participaciones en un productor exportador
argentino y un productor de la Unión. 
(109)   En primer lugar, se
observó que estas empresas competían abiertamente entre sí para obtener los
mismos clientes en el mercado de la Unión, lo que demuestra que esta relación
no tenía repercusión alguna en las prácticas comerciales del productor
exportador argentino o del productor de la Unión.
(110)   Tras la comunicación
definitiva, una parte interesada solicitó información sobre la conclusión de la
Comisión de que los exportadores argentinos y la industria de la Unión compiten
por los mismos clientes en el mercado europeo. La investigación de los
productores de la Unión y la de los exportadores argentinos pusieron de
manifiesto este hecho, y no se han aportado pruebas que justifiquen las
alegaciones de que los exportadores argentinos y los productores de la Unión
habían acordado no competir en las ventas de biodiésel a los usuarios finales.
El número de usuarios finales es relativamente pequeño y está compuesto
principalmente por las grandes refinerías de petróleo, que compran tanto a
productores de la Unión como a importadores.
(111)   En segundo lugar, se
constató que el principal centro de interés del productor de la Unión
mencionado en el considerando 108 se encontraba en esta última, en particular
su producción y las actividades de venta relacionadas con esta, así como las
actividades de investigación. Debido a ello, se concluyó que esta relación no
era razón para excluir a esta empresa de la definición de la industria de la
Unión contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), del
Reglamento de base. 
(112)   El hecho de que una parte
de la industria de la Unión haya venido importando biodiésel de los países
afectados tampoco es en sí mismo razón suficiente para cambiar la definición de
industria de la Unión. Como se expone en el Reglamento provisional, las
importaciones de la industria de la Unión procedentes de los países afectados
se efectuaron en defensa propia. Por otra parte, se observó que el centro de
interés de algunos productores de la Unión que importaban de los países
afectados seguía siendo la Unión, pues estas empresas producían un volumen
mayor que el que importaban y sus funciones de investigación se llevaban a cabo
en la Unión.
(113)   Una parte interesada alegó
que la industria de la Unión debería incluir asimismo a aquellas empresas que
compraban biodiésel para mezclarlo con diésel mineral, ya que también estas
mezclas constituían el producto afectado. Se rechaza esta alegación. El
producto afectado es biodiésel puro o incluido en una mezcla. Por consiguiente,
los productores del producto afectado son productores de biodiésel y no las
empresas que mezclan el biodiésel con diésel mineral. 
(114)   Por tanto, se confirma la
definición de la industria de la Unión que figura en los considerandos 80
a 82 del Reglamento provisional, así como el volumen de producción durante el
PI indicado en el considerando 83 de dicho Reglamento.
2.           Consumo de la Unión
(115)   Tras la comunicación
provisional, la industria de la Unión hizo una pequeña corrección a sus ventas
en 2009, ajustando así el consumo de la Unión durante ese año. Esta corrección
no modifica la tendencia ni las conclusiones sacadas de los datos que figuran
en el Reglamento provisional. A continuación se presenta el cuadro 1
corregido. No habiéndose recibido observaciones, se confirma lo expuesto en los
considerandos 84 a 86 del Reglamento provisional.
 Consumo de la Unión || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Toneladas || 11 151 172 || 11 538 511 || 11 159 706 || 11 728 400 
 Índice 2009 = 100 || 100 || 103 || 100 || 105 
Fuente:
Eurostat, datos de la industria de la Unión.
3.           Evaluación acumulativa
de los efectos de las importaciones de los países afectados
(116)   En los
considerandos 88 a 90 del Reglamento provisional, la Comisión señaló que
se cumplían las condiciones para la evaluación acumulativa de los efectos de
las importaciones originarias de Argentina e Indonesia. Una parte interesada
impugnó esta afirmación, alegando que el EMP de Indonesia no competía con el
biodiésel producido en la Unión en pie de igualdad con el EMS originario de
Argentina, y que el EMP era más barato que el biodiésel producido en la Unión,
ya que la materia prima era más barata que la materia prima disponible en la
Unión.
(117)   Se rechazan estas
alegaciones. El EMS y el EMP se importan a la Unión y también se producen en
ella, y se mezclan con EMC y otros biodiéseles producidos en la Unión antes de
venderse o mezclarse con diésel mineral. Los mezcladores tienen la opción de
comprar biodiéseles de diferentes materias primas y orígenes para producir su
producto final en función del mercado y las condiciones climáticas a lo largo
del año. El EMP se vende en mayores cantidades durante los meses de verano y en
cantidades más pequeñas durante los meses de invierno, pero aun así compite con
el EMC y el biodiésel producido en la Unión y el EMS originario de Argentina.
(118)   Por tanto, se confirma lo
expuesto en el considerando 90 del Reglamento provisional.
4.           Volumen, precios y cuota
de mercado de las importaciones objeto de dumping procedentes de los países
afectados
(119)   Una parte interesada
cuestionó los datos sobre las importaciones que figuran en el cuadro 2 del
Reglamento provisional y declaró que las importaciones originarias de Indonesia
eran muy inferiores a las presentadas en dicho cuadro. Los datos sobre
importaciones del cuadro 2 se basan en datos de Eurostat, que fueron
verificados cuidadosamente y considerados correctos, y concuerdan con los datos
obtenidos de los exportadores indonesios. El biodiésel es un producto
relativamente reciente, y los códigos aduaneros aplicables a las importaciones
de biodiésel han cambiado en los últimos años. Por ello, cuando se extraen
datos de Eurostat deben utilizarse los códigos vigentes en ese momento a fin de
garantizar que la información sea correcta. Ello explica por qué los datos
extraídos por la parte interesada son incompletos y muestran unas importaciones
inferiores al conjunto de datos completos que se presenta en el cuadro 2.
(120)   Dado el pequeño cambio del
consumo de la Unión que figura en el cuadro 1, la cuota de mercado de
Argentina en 2009 que aparece en el cuadro 2 también ha variado
ligeramente, en tanto que los datos de Indonesia no han sufrido modificación
alguna. Ello no modifica las tendencias de los datos ni las conclusiones
derivadas de ellas. A continuación se presenta la cuota de mercado corregida.
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Importaciones procedentes de Argentina ||   ||   ||   ||   
 Cuota de mercado || 7,7 % || 10,2 % || 12,7 % || 10,8 % 
 Índice 2009 = 100 || 100 || 135 || 167 || 141 
Fuente: Eurostat.
5.           Subcotización de precios
(121)   Como se indica en los
considerandos 94 a 96 del Reglamento provisional, para determinar la
subcotización de precios, el precio de las importaciones procedentes de
Argentina e Indonesia se comparó con el precio de venta de la industria de la
Unión, utilizando datos de las empresas incluidas en la muestra. En esta
comparación, el biodiésel importado por la industria de la Unión para su
reventa no se incluyó en los cálculos de la subcotización de precios. 
(122)   Algunas partes interesadas
señalaron que el método utilizado, al tratarse de una comparación del punto de
obstrucción de filtro en frío («POFF»), no era el mismo que el utilizado en una
investigación antidumping anterior sobre el biodiésel procedente de los Estados
Unidos, en la que la comparación se basaba en la materia prima.
(123)   A diferencia de los
productores exportadores de Argentina e Indonesia, la industria de la Unión no
vende biodiésel producido a partir de una única materia prima, sino que mezcla
varias materias primas para producir el biodiésel final que vende. El cliente
final no conoce la composición de lo que compra ni le preocupa, siempre que el
producto cumpla el POFF exigido. Lo importante para los clientes es el POFF,
independientemente de la materia prima utilizada. En estas condiciones, se
consideró adecuado en este procedimiento basar la comparación de precios en el
POFF.
(124)   En el caso de las
importaciones de Indonesia, que presentan un POFF de 13 °C o superior, se
hizo un ajuste equivalente a la diferencia de precio entre las ventas de la
industria de la Unión de biodiésel con un POFF de 13 °C y sus ventas de
biodiésel con un POFF de 0 °C, a fin de comparar el biodiésel con un POFF
de 13 °C y superior procedente de Indonesia con el biodiésel con un POFF
de 0 °C producido y mezclado en la UE. Un productor exportador indonesio
señaló que la industria de la Unión vende el biodiésel con un POFF de
13 °C en pequeñas cantidades por transacción, y que esos precios deberían
compararse con transacciones de cantidades similares de biodiésel con un POFF
de 0 °C. Al inspeccionar las transacciones de biodiésel con un POFF de
0 °C de una cantidad similar por transacción, se observó que la diferencia
de precio coincidía con la diferencia obtenida utilizando todas las transacciones
de biodiésel con un POFF de 0 °C, registrándose diferencias de precio por
encima y por debajo de la diferencia media de precios. Así pues, no se observó
un cambio respecto a la subcotización de precios que figura en el
considerando 97 del Reglamento provisional.
(125)   Un productor exportador
indonesio solicitó que la Comisión revelase el número de control del producto
(NCP) completo de las mezclas vendidas por la industria de la Unión, es decir,
los porcentajes de cada materia prima en la venta hecha por la industria de la
Unión de su propia producción. Dado que la comparación a efectos de la
evaluación del perjuicio se hizo únicamente sobre la base del POFF, esta
solicitud fue denegada.
(126)   Una parte interesada alegó
que existía una diferencia de precios entre el biodiésel que cumplía los
criterios establecidos en la Directiva sobre energías renovables («biodiésel
certificado») y el biodiésel que no lo hacía. Señaló que las importaciones
procedentes de Indonesia no estaban certificadas con arreglo a la Directiva y
que el precio cotizado por biodiésel certificado era superior, por lo que debía
hacerse un ajuste.
(127)   Se rechazó esta alegación.
Casi todas las importaciones procedentes de Indonesia durante el PI estaban
certificadas con arreglo a la Directiva. En cualquier caso, los Estados
miembros no transpusieron los criterios de sostenibilidad contemplados en la
Directiva a su legislación nacional hasta 2012, de modo que, durante la mayor
parte del PI, el hecho de que el biodiésel estuviera certificado o no con arreglo
a la Directiva carecía de importancia.
(128)   Tras la comunicación
definitiva, un productor exportador indonesio hizo una observación sobre los
cálculos de la subcotización de los precios y alegó que las importaciones de
EMP procedentes de Indonesia deben compararse con todas las ventas de la
industria de la Unión. De hecho, el cálculo de la subcotización comparó las
ventas de EMP de Indonesia con todas las ventas de la industria de la Unión con
un POFF de 0 °C, aumentando el precio de las importaciones indonesias de
EMP en un factor calculado comparando las ventas de la industria de la Unión
con un POFF de 0 °C con las ventas de esta misma industria con un POFF de
13 °C. Por tanto, se rechaza esta alegación. La alegación de la misma
parte interesada de que los cálculos del perjuicio incluyeron el producto
importado es objetivamente incorrecta y, por tanto, se rechaza. En cualquier
caso, el biodiésel importado y el biodiésel producido en la UE se mezclaban y
vendían al mismo precio que las mezclas que no incluían biodiésel importado.
(129)   Un productor exportador
indonesio también impugnó el cálculo de los costes posteriores a la
importación. Sin embargo, estos costes fueron verificados como los costes
reales de la importación de biodiésel menos los costes de entrega al destino
final, y no es necesario cambio alguno. 
6.           Indicadores
macroeconómicos
(130)   Como se indica en el
considerando 101 del Reglamento provisional, se analizaron los siguientes
indicadores macroeconómicos sobre la base de los datos recibidos
correspondientes a toda la industria de la Unión: producción, capacidad de
producción, utilización de la capacidad, volumen de ventas, cuota de mercado,
crecimiento, empleo, productividad, magnitud del margen de dumping y
recuperación con respecto a prácticas de dumping pasadas.
(131)   Tras la comunicación
provisional, la industria de la Unión indicó que los datos de capacidad que se
habían utilizado en el cuadro 4 del Reglamento provisional incluían
capacidad que no se había desmantelado, pero que no se encontraba en un estado
que permitiera la producción de biodiésel durante el PI o años anteriores. Esta
capacidad se identificó como «capacidad no utilizada», que no debe incluirse en
la capacidad disponible para su uso. Así pues, las cifras de utilización de la
capacidad del cuadro 4 se subestimaron. Tras un minucioso examen de los
datos presentados nuevamente, se aceptaron estos y se incluyeron en el
cuadro 4 que figura a continuación. La tasa de utilización de la
capacidad, que se cifraba entre el 43 y el 41 % en el Reglamento
provisional, ahora varía entre el 46 y el 55 %. La industria de la Unión
corrigió asimismo los datos de producción correspondientes a 2009, que figuran
en el siguiente cuadro:
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Capacidad de producción (toneladas) || 18 856 000 || 18 583 000 || 16 017 000 || 16 329 500 
 Índice 2009 = 100 || 100 || 99 || 85 || 87 
 Volumen de producción (toneladas) || 8 729 493 || 9 367 183 || 8 536 884 || 9 052 871 
 Índice 2009 = 100 || 100 || 107 || 98 || 104 
 Utilización de la capacidad || 46 % || 50 % || 53 % || 55 % 
 Índice 2009 = 100 || 100 || 109 || 115 || 120 
(132)   En el
considerando 103 del Reglamento provisional se analizaban los datos
anteriores sobre la utilización de la capacidad y se señalaba que la producción
había aumentado, al tiempo que la capacidad se había mantenido estable. Con los
datos revisados, la producción aumenta, pero la capacidad utilizable disminuyó
durante el mismo período, lo que indica que la industria de la Unión estaba
reduciendo la capacidad disponible ante el incremento de las importaciones
procedentes de Argentina e Indonesia, respondiendo así a las señales del
mercado. Estos datos revisados ahora concuerdan más con las declaraciones
públicas de la industria y los productores de la Unión, en las que se señalaba
que durante el período objeto de examen se había suspendido la producción en
varias plantas y que la capacidad que se había instalado no estaba disponible
inmediatamente para su uso o únicamente lo estaría con importantes nuevas
inversiones.
(133)   Varias partes interesadas
cuestionaron los datos revisados sobre capacidad y utilización de la capacidad.
Sin embargo, ninguna parte interesada presentó una alternativa. La revisión se
basa en datos revisados sobre la capacidad proporcionados por el denunciante,
que abarcan toda la industria de la Unión. Los datos revisados fueron cotejados
con datos públicos relativos, en particular, a la capacidad no utilizada, así
como a la capacidad de los productores que cesaron sus actividades como
consecuencia de las dificultades financieras. Como antes se explicó en el capítulo
6 (indicadores macroeconómicos), los datos revisados proporcionan una
información más precisa sobre la capacidad disponible para producir biodiésel
durante el período considerado que el conjunto de datos inicialmente aportado y
publicado en el Reglamento provisional.
(134)   Una parte interesada
señaló que la industria de la Unión no había sufrido perjuicios, pues los
volúmenes de producción habían aumentado al ritmo del consumo. Esta alegación
se rechaza, ya que otros indicadores importantes señalan claramente la
existencia de perjuicios, en particular la pérdida de cuota de mercado a manos
de las importaciones de los países afectados y la reducción de la tendencia de
rentabilidad, lo que dio lugar a pérdidas.
(135)   Otra parte interesada
alegó que la industria de la Unión no había sufrido perjuicios si se comparan
las tendencias únicamente entre 2011 y el PI, por oposición a la comparación de
las tendencias durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el
final del PI («el período considerado»). Dado que el PI incluye la mitad de
2011, una comparación entre 2011 y el IP no arroja resultados precisos. Aparte
de ello, para que una comparación sea significativa es necesario examinar las
tendencias pertinentes para evaluar los perjuicios durante un período
suficientemente largo, como se hizo en el presente caso. Por tanto, se rechaza
este argumento. 
(136)   La misma parte interesada
señaló que la Comisión no había publicado el valor total de las ventas de la
industria de la Unión en el Reglamento provisional y solicitó que se publicara
dicha cifra. Sin embargo, se examinaron todos los factores pertinentes
mencionados en el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, lo
que permitió evaluar plenamente el perjuicio. Se recopiló y verificó el valor de
las ventas de las empresas incluidas en la muestra, que eran representativas
del conjunto de la industria de la Unión.
(137)   Esta parte interesada
señaló igualmente que la industria de la Unión pudo crear empleo y, por
consiguiente, no sufrió un efecto negativo durante el período de investigación.
(138)   Sin embargo, como se
expone en el considerando 106 del Reglamento provisional, esta industria
con grandes necesidades de capital no requiere mucha mano de obra. Por ello,
una pequeña variación de las cifras puede provocar grandes movimientos en los
datos indexados. El aumento del empleo total no compensa los perjuicios
sufridos por la industria de la Unión que muestran otros indicadores.
(139)   No habiéndose recibido más
observaciones, se confirma lo expuesto en los considerandos 103 a 110
del Reglamento provisional.
7.           Indicadores
microeconómicos
(140)   Como se señala en el
considerando 102 del Reglamento provisional, se analizaron los siguientes
indicadores microeconómicos sobre la base de datos verificados en los
productores de la Unión incluidos en la muestra: precios medios por unidad, coste unitario, costes laborales,
existencias, rentabilidad, flujo de caja, inversiones, rendimiento de las
inversiones y capacidad de reunir capital.
(141)   No habiéndose, pues,
recibido las observaciones pertinentes, se confirman los considerandos 111
a 117 del Reglamento provisional.
8.           Conclusión sobre el
perjuicio
(142)   Varias partes refutaron la
conclusión sobre el perjuicio que figura en el Reglamento provisional por considerar
que entre 2011 y el PI varios indicadores parecen haber mejorado. Si bien es
cierto que algunos indicadores mostraron una tendencia alcista entre 2011 y el
PI (por ejemplo, la producción y las ventas), la industria no estaba en
condiciones de repercutir los aumentos de coste durante este período, como se
indica en el considerando 111 del Reglamento provisional. Ello dio lugar a
un empeoramiento de la situación de la industria, que sufrió pérdidas del
0,2 % en 2011 y del 2,5 % en el PI. Por ello se considera que, aun
cuando el análisis del perjuicio se limitara al período entre 2011 y el PI, la
industria aún habría sufrido un perjuicio importante.
(143)   No habiéndose recibido más
observaciones, se confirma lo expuesto en los considerandos 118 a 120
del Reglamento provisional.
F. CAUSALIDAD
1.           Efecto de las
importaciones objeto de dumping
(144)   Una parte interesada alegó
que las importaciones procedentes de Argentina no podían ser causa de
perjuicio, ya que el volumen de las importaciones se mantuvo estable desde 2010
hasta el final del PI y descendió ligeramente desde 2011 hasta el final del
mismo período.
(145)   Estos datos provienen del
cuadro 2 del Reglamento provisional y son exactos. Sin embargo, el
análisis de la Comisión va desde el inicio del período considerado hasta el
final del PI y muestra que las importaciones han aumentado en un 48 % y su
cuota de mercado se ha incrementado en un 41 %. Asimismo, como se explica
en el considerando 90 del Reglamento provisional, se tomaron en cuenta no
solo las importaciones procedentes de Argentina, sino también las provenientes
de Indonesia. 
(146)   Esta misma parte
interesada señala que una comparación de precios de un año a otro muestra que
los precios de las importaciones procedentes de Argentina aumentaron a un ritmo
mayor que los precios de venta de la industria de la Unión. No obstante, los
precios de las importaciones procedentes de Argentina eran inferiores a los de
la industria de la Unión, lo que explicaría por qué los precios de la Unión no
podían aumentar con tanta rapidez.
(147)   A falta de otras
observaciones relativas a los efectos de las importaciones objeto de dumping,
se confirma lo expuesto en los considerandos 123 a 128 del Reglamento
provisional.
2.           Efecto de otros factores
2.1.        Importaciones procedentes
de terceros países con excepción de los países afectados
(148)   No habiéndose recibido
observaciones, se confirma la conclusión según la cual las importaciones de
otros países no causaron perjuicio, como se establece en el
considerando 129 del Reglamento provisional.
2.2.        Importaciones procedentes
de los países afectados que no son objeto de dumping
(149)   Tras la aplicación del
artículo 2, apartado 5, como se menciona en los considerandos 38 y 70 del
presente Reglamento, no se observaron importaciones procedentes de los países
afectados que no fueran objeto de dumping. Por ello, se revisa en consecuencia
lo expuesto en el considerando 130 del Reglamento provisional. 
2.3.        Otros productores de la
Unión
(150)   No habiéndose recibido
observaciones, se confirma lo expuesto en el considerando 131 del
Reglamento provisional.
2.4.        Importaciones realizadas
por la industria de la Unión
(151)   Como se indica en los
considerandos 132 a 136 del Reglamento provisional, la industria de
la Unión importó cantidades considerables de biodiésel de los países afectados
durante el período considerado, y hasta el 60 % del total de las
importaciones durante el PI provenían de esos países.
(152)   Una parte interesada alegó
que esas importaciones, lejos de ser en defensa propia, formaban parte de una
«estrategia a largo plazo minuciosamente concebida» de la industria de la Unión
para invertir en Argentina y adquirir biodiésel en ese país.
(153)   También alegaba que nunca
ha existido una justificación económica para importar aceite de soja en la UE
con el fin de convertirlo en biodiésel, y que solo en Argentina resulta
económicamente viable procesar aceite de soja y exportar el biodiésel
resultante.
(154)   Estas alegaciones deben
desestimarse. No se ha presentado prueba alguna de dicha «estrategia a largo
plazo», y esta ha sido negada por la industria de la Unión. Resulta evidente
que, si la estrategia de la Unión fuese complementar su producción de biodiésel
con la producción en Argentina y la importación del producto acabado, resultaría
absurdo e ilógico presentar una denuncia contra dichas importaciones.
(155)   Una de las partes
interesadas repitió que las importaciones de biodiésel hechas por la industria
de la Unión en defensa propia, formaban parte en realidad de una estrategia
comercial a largo plazo. Esta alegación, que no se justificó, es rechazada.
Aparte de meras alegaciones, no se presentó prueba alguna de tal estrategia.
Asimismo, parece ilógico que los productores de la Unión afectados apoyen la
denuncia y, en algunos casos, hayan aumentado su capacidad en la UE al mismo
tiempo que tienen una estrategia para cubrir sus necesidades de producción con
importaciones.
(156)   La misma parte interesada
alegó que la cuota de mercado de la industria de la Unión debe calcularse incluyendo
las importaciones realizadas en defensa propia. Esta alegación se rechazó, ya
que los cálculos de la cuota de mercado deben reflejar las ventas de la
industria de la Unión de mercancías de producción propia, y no sus actividades
comerciales con el producto acabado efectuadas ante unos volúmenes cada vez
mayores de importaciones objeto de dumping.
(157)   Asimismo, la industria de
la Unión demostró en años anteriores que la importación de aceite de soja —y
aceite de palma— para convertirlo en biodiésel es económicamente viable. La
parte interesada no ha presentado pruebas que demuestren lo contrario. La
importación del producto acabado solo resulta económicamente viable gracias al
efecto distorsionador de las tasas diferenciales a la exportación, que hacen
que el biodiésel exportado sea más barato que la materia prima.
(158)   Una parte interesada
señaló que estas importaciones habían provocado perjuicios tan solo debido a
que la industria de la Unión tenía la capacidad de mezclar el EMS de Argentina
y el EMP de Indonesia con biodiésel producido en la Unión para su reventa a los
refinadores de diésel. Esta alegación carece de fundamento. La mezcla es una
simple operación que muchas empresas comerciales pueden hacer en sus depósitos
de almacenamiento. No se presentaron pruebas que demostraran que únicamente los
productores de la Unión pueden realizar esta mezcla, por lo que se rechazó esta
alegación.
(159)   Un productor exportador
indonesio alegó además que las importaciones por la industria de la Unión no se
efectuaron en defensa propia, y comparó los datos del año civil 2011 con los
datos del período de investigación, que contiene seis meses del mismo año. Una
comparación entre ambos períodos no resulta precisa, ya que no es posible
dividir el PI en dos mitades. Por ello, se rechaza este argumento.
(160)   No habiéndose recibido
ninguna observación más sobre las exportaciones de la industria de la Unión, se
confirma lo expuesto en los considerandos 132 a 136 del Reglamento
provisional.
2.5.        Capacidad de la industria
de la Unión
(161)   En los
considerandos 137 a 140 del Reglamento provisional se señala que la
utilización de la capacidad de la industria de la Unión fue muy baja durante
todo el período considerado, pero que la situación de las empresas incluidas en
la muestra se deterioró durante dicho período, en tanto que su utilización de
la capacidad no disminuyó en la misma medida.
(162)   Por ello, la conclusión
provisional fue que la baja utilización de la capacidad, al ser una
característica constante, no fue responsable de los perjuicios sufridos por la
industria de la Unión.
(163)   Una parte interesada hizo
una observación sobre los datos que figuran en el Reglamento provisional y
señaló que, incluso de no haberse realizado importación alguna, la utilización
de la capacidad de la industria de la Unión solo habría sido del 53 %
durante el PI. Asimismo, destacó el aumento de la capacidad de producción desde
2009 hasta el final del PI, que dio lugar a una reducción de la utilización de
la capacidad durante el período considerado.
(164)   No obstante, esta parte
interesada no presentó pruebas que demostraran que esta baja utilización de la
capacidad provocó un perjuicio capaz de romper el nexo causal entre las
importaciones objeto de dumping y el deterioro de la situación de la industria
de la Unión. Los costes fijos representan tan solo una pequeña parte
(aproximadamente un 5 %) del total de los costes de producción, lo que
indica que la baja utilización de la capacidad solo fue un factor de perjuicio,
pero no uno determinante. Asimismo, una de las razones de esta baja utilización
de capacidad es que la industria de la Unión importaba el producto acabado
debido a la situación particular del mercado. 
(165)   Por otra parte, tras la
inclusión de los datos revisados sobre capacidad y utilización, la industria de
la Unión redujo su capacidad durante el período considerado y aumentó la
utilización de la capacidad del 46 al 55 %, lo que indica que la
utilización de la capacidad de la industria de la Unión habría sido significativamente
superior al 53 % antes mencionado sin las importaciones objeto de dumping.
(166)   Tras la comunicación
definitiva, varias partes interesadas pusieron en duda la conclusión de que la
baja utilización de la capacidad no hubiese sido el factor decisivo del
perjuicio. Se alegó que los costes fijos en la industria del biodiésel eran
mucho más elevados que la pequeña proporción antes indicada. Sin embargo, no
aportaron pruebas en apoyo de esta alegación, por lo que se rechazó. En
cualquier caso, los costes fijos no guardan relación con los índices de
utilización de la capacidad. La verificación de las empresas de la muestra
ofreció una relación entre el coste fijo y el coste total de producción de
entre un 3 % y un 10 % durante el período de investigación.
(167)   También se alegó a este
respecto que el exceso de capacidad de la industria de la Unión era tan
importante que, incluso en ausencia de importaciones, no podría ser bastante
rentable. No se presentó ninguna prueba de esta alegación y el hecho de que la
industria de la Unión fuera rentable en 2009 con una baja utilización de la
capacidad parece indicar que, en ausencia de importaciones objeto de dumping,
su rentabilidad sería aún mayor.
(168)   Además, se alegó que la
reducción de la capacidad de la industria de la Unión fue por sí sola causa de
perjuicio debido a los costes del cierre de fábricas y de las reducciones de la
capacidad de las instalaciones que siguieron funcionando. Esta alegación no se
justificó, ni se presentaron pruebas de que los costes de reducir la capacidad
o cerrar plantas o empresas enteras implicasen cantidades significativas.
(169)   Por último, se alegó en
relación con la capacidad que cualquier empresa que aumentase su capacidad de
producción de biodiésel durante el período considerado adoptaría una decisión
comercial irresponsable. No se presentó ninguna prueba de esta alegación.
Además, el hecho de que algunas empresas hayan podido aumentar su capacidad
frente a las crecientes importaciones objeto de dumping de biodiésel desde Argentina
e Indonesia pone de manifiesto la demanda de sus productos concretos en el
mercado.
(170)   Los indicadores
macroeconómicos revisados muestran igualmente que, durante el período, las
empresas dejaron de usar capacidades, y al final del PI comenzaron un proceso
de cierre de plantas que ya no eran viables. Los aumentos de capacidad en
algunas empresas también se deben a la ampliación de las plantas de biodiésel
de «segunda generación», que producen a partir de aceites usados o aceites
vegetales hidrogenados. Por ello, la industria de la Unión se encontraba, y se
encuentra aún, en un proceso de racionalización de su capacidad para satisfacer
la demanda de la Unión. 
(171)   No habiéndose recibido
ninguna otra observación sobre las capacidades de la industria de la Unión, se
confirma lo expuesto en los considerandos 137 a 140 del Reglamento
provisional.
2.6.        Falta de acceso a las
materias primas e integración vertical
(172)   No habiéndose recibido
ninguna observación sobre al acceso a las materias primas, se confirma lo
expuesto en los considerandos 141 y 142 del Reglamento provisional.
2.7.        Doble contabilización
(173)   Los considerandos 143
a 146 del Reglamento provisional responden a la alegación según la cual el
sistema de «doble contabilización», por el que el biodiésel producido a partir
de aceites usados se cuenta dos veces a la hora de cumplir las obligaciones de
mezcla existentes en algunos Estados miembros, causó perjuicios a la industria
de la Unión o al menos a aquellos productores de la Unión que producen
biodiésel a partir de aceites vírgenes.
(174)   Una parte interesada
mencionó una observación hecha por un productor de la Unión en el sentido de
que durante 2011 perdió ventas a manos de otros productores que producían
biodiésel que podía beneficiarse de la doble contabilización.
(175)   Sin embargo, el efecto
negativo para este productor fue limitado, temporal y únicamente pertinente
para una parte del período de investigación, ya que el Estado miembro en que la
empresa está situada solo adoptó el régimen de doble contabilización en
septiembre de 2011. En vista de que los resultados financieros de las empresas
incluidas en la muestra comenzaron a empeorar a partir de septiembre de 2011 y
de que esta empresa estaba incluida en ella, la doble contabilización no puede
considerarse una fuente de perjuicio.
(176)   Habida cuenta de que la
industria de la Unión está compuesta tanto por empresas que producen biodiésel
a partir de aceites usados que se benefician de la doble contabilización en
algunos Estados miembros como por empresas que producen biodiésel a partir de
aceites vírgenes, las variaciones de la demanda se mantienen dentro de la
industria de la Unión. Debido a la limitada oferta de aceites usados necesarios
para producir biodiésel que puedan acogerse a la doble contabilización, lograr
un aumento importante de la producción de dicho biodiésel resulta difícil. Por
consiguiente, aún existe una fuerte demanda de biodiésel de primera generación.
Durante el período de investigación no se descubrieron importaciones
significativas de biodiésel que pudiera beneficiarse de la doble
contabilización, lo que confirma que el régimen de doble contabilización
modifica la demanda dentro de la industria de la Unión y no genera demanda de
importaciones. La Comisión no recibió de esta parte interesada datos que
demostraran que el biodiésel que puede acogerse a la doble contabilización
hubiera causado una disminución del precio del biodiésel producido a partir de
aceites vírgenes durante el período considerado. De hecho, los datos muestran
que dicho biodiésel tiene un pequeño sobreprecio respecto al biodiésel
elaborado con aceites vírgenes, cuyo precio está vinculado al diésel mineral.
(177)   El empeoramiento de los
resultados de la industria de la Unión, que está compuesta por ambos tipos de
productores, no puede atribuirse al régimen de doble contabilización vigente en
algunos Estados miembros. En particular, el hecho de que las empresas incluidas
en la muestra que producen biodiésel que puede acogerse a la doble
contabilización también muestren una disminución del rendimiento, como se
menciona en el considerando 145 del Reglamento provisional, indica que
toda la industria sufre el perjuicio provocado por las importaciones objeto de
dumping.
(178)   Varias partes interesadas
argumentaron tras la comunicación definitiva que las cantidades de biodiésel
sujetas a doble contabilización se habían subestimado. No obstante, las
cantidades de biodiésel con doble contabilización disponibles en el mercado de
la UE eran limitadas en relación con las ventas totales de biodiésel durante el
período investigado. Asimismo, si en un Estado miembro hay un régimen de doble
contabilización en vigor, el biodiésel que puede incluirse en el mismo ha sido
producido en la UE y, en consecuencia, la demanda permanece dentro de la
industria de la Unión. No se aportaron nuevas pruebas que pudieran modificar
esta conclusión.
(179)   No habiéndose recibido
ninguna observación nueva sobre los factores reglamentarios, se confirma lo
expuesto en los considerandos 143 a 146 del Reglamento provisional.
2.8.        Otros factores
reglamentarios
(180)   Los considerandos 147
a 153 del Reglamento provisional abordan las alegaciones presentadas por las
partes interesadas que señalan que las restricciones existentes en los Estados
miembros, como los sistemas de cuotas y regímenes fiscales, se diseñaron para
limitar las importaciones de los países afectados, lo que implica que los
posibles perjuicios sufridos por la industria de la Unión, en particular en
algunos Estados miembros, no podían deberse a las importaciones.
(181)   Estas alegaciones se
rechazaron provisionalmente, entre otras cosas, porque las importaciones objeto
de dumping de los países afectados están presentes en la mayoría de los Estados
miembros. Aparte de ello, tras su entrada en un Estado miembro, estas
importaciones podían transportarse y venderse en los demás Estados miembros. 
(182)   Una parte interesada
destacó la pequeña cantidad de biodiésel argentino despachado por los controles
aduaneros franceses en 2011 y la pequeña cantidad de importaciones a Alemania
declaradas en el mismo período.
(183)   En primer lugar, como ya
se ha explicado, el biodiésel despachado por aduana en un Estado miembro puede
venderse en otro Estado miembro, por lo que dichos datos carecen de fiabilidad.
En segundo lugar, las empresas de Francia y Alemania incluidas en la muestra
pudieron acreditar la competencia de precios entre su producción y sus
importaciones de los países afectados, así como el perjuicio que sufrieron como
consecuencia de ello. 
(184)   Otra parte interesada
señaló que la retirada de los regímenes en beneficio de la industria del
biodiésel en muchos Estados miembros redujo los ingresos de las empresas
productoras de biodiésel durante el período considerado, lo que produjo el
perjuicio. Esta parte apunta en particular a la retirada gradual de los
incentivos fiscales en Francia y a los impuestos sobre los «combustibles
verdes» en Alemania.
(185)   Sin embargo, no existe una
coincidencia manifiesta en el tiempo entre estos cambios y el deterioro de los
resultados financieros de la industria de la Unión. Muchos de estos incentivos
iban dirigidos a los usuarios de biodiésel, no a los fabricantes, y la mayoría
de ellos siguieron vigentes durante el PI. No se han presentado pruebas que
demuestren que los cambios de las políticas de los Estados miembros, que han
adoptado requisitos obligatorios de mezcla, hayan causado perjuicio a la
industria de la Unión.
(186)   Un productor exportador
indonesio aludió a la investigación en curso de la Dirección General de
Competencia sobre la presunta comunicación de precios distorsionados a la
cotización Platts de petróleo y biocombustibles por determinadas partes, y
pidió que el objeto de dicha investigación se considerase como una posible
causa de perjuicio. Esta alegación fue denegada, ya que la investigación está
en curso y no se han publicado conclusiones.
(187)   A falta de nuevas
observaciones sobre las políticas de los Estados miembros, se confirma lo
expuesto en los considerandos 147 a 153 del Reglamento provisional.
3.           Conclusión sobre la
causalidad
(188)   Las importaciones del
producto afectado procedentes de los países afectados fueron objeto de dumping
y redujeron las ventas de la industria de la Unión. Existe una clara
coincidencia temporal entre el aumento de los volúmenes de las importaciones
objeto de dumping y el deterioro de la situación de la industria de la Unión.
Las importaciones objeto de dumping competían directamente con la producción de
la industria de la Unión y, como consecuencia de ello, esta última perdió
rentabilidad y cuota de mercado durante el período considerado. Aunque es
posible que otros factores aparte de los ya mencionados hayan afectado de
alguna manera los resultados de la industria de la Unión, lo cierto es que las
importaciones objeto de dumping de los países afectados causan perjuicios a la
industria de la Unión.
(189)   No se presentaron nuevas
pruebas para cambiar la conclusión según la cual el efecto de otros factores,
considerados individual o colectivamente, no fue capaz de romper el vínculo
causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio sufrido por la
industria de la Unión. No habiéndose presentado otras observaciones relativas a
la causalidad, se confirma lo expuesto en los considerandos 154 a 157 del Reglamento
provisional. 
G. INTERÉS DE LA UNIÓN
1.           Interés de la industria
de la Unión
(190)   A falta de observaciones
sobre la situación de la industria de la Unión, se confirma lo expuesto en los
considerandos 159 a 161 del Reglamento provisional.
2.           Interés de los
importadores y operadores comerciales no vinculados
(191)   Un productor exportador
indonesio alegó que los derechos propuestos tendrían un efecto negativo en los
importadores y operadores comerciales, pero no presentó pruebas para justificar
su alegación. De hecho, la alegación de los importadores y operadores sostenía
lo contrario, es decir, que el derecho se repercutiría a los usuarios y
consumidores por medio de precios más altos, lo que probablemente no tendría
efecto alguno para los importadores y operadores comerciales. 
(192)   No se recibieron
observaciones de importadores u operadores comerciales de biodiésel tras la
publicación de las medidas provisionales. 
(193)   No habiéndose recibido
ninguna observación más sobre el interés de los importadores u operadores
comerciales no vinculados, se confirma lo expuesto en los
considerandos 162 y 163 del Reglamento provisional.
3.           Interés de los usuarios
y los consumidores
(194)   Un productor exportador
indonesio señaló que los derechos propuestos harían aumentar el precio del
biodiésel y, por consiguiente, reducirían el incentivo para que los
consumidores adquieran vehículos que utilizan biocombustibles.
(195)   Se rechaza esta alegación.
La principal aplicación del biodiésel consiste en ser mezclado con diésel
mineral para su venta a los consumidores, de modo que no tengan que comprar un
vehículo especial que utilice exclusivamente biocombustibles.
(196)   Si bien es cierto que
aumentaría el precio del elemento de biodiésel si este último se importara de
Argentina o Indonesia, como se indica en el Reglamento provisional, dado que el
porcentaje de biodiésel presente en el diésel que se vende a los consumidores
es reducido, el aumento de precio también sería bajo e imperceptible para los
consumidores.
(197)   El posible efecto de las
medidas en el precio final del diésel para el consumidor, que sería bajo, como
se ha señalado, no irá en detrimento de los objetivos de la Directiva sobre
energías renovables.
(198)   Ningún usuario o
consumidor, o grupo o asociación representante de los usuarios o consumidores,
presentó observaciones sobre el Reglamento provisional.
(199)   No habiéndose recibido
ninguna observación más sobre el interés de los consumidores, se confirma lo
expuesto en los considerandos 164 a 166 del Reglamento provisional.
4.           Interés de los
proveedores de materias primas
(200)   No habiéndose recibido
observaciones sobre el interés de los proveedores de materias primas, se
confirma lo expuesto en los considerandos 167 a 169 del Reglamento
provisional.
5.           Conclusión sobre el
interés de la Unión 
(201)   No se recibieron
observaciones que hicieran cambiar el análisis de los intereses de la Unión que
se recoge en el Reglamento provisional y, por consiguiente, el interés de la
Unión sigue exigiendo que se impongan medidas. Por tanto, se confirma lo
expuesto en los considerandos 170 y 171 del Reglamento provisional.
H. MEDIDAS ANTIDUMPING
DEFINITIVAS
1.           Nivel de eliminación del
perjuicio
(202)   Varias partes interesadas
rebatieron el uso del objetivo de beneficio del 15% para la industria de la
Unión, contemplado en el considerando 175 del Reglamento provisional, por
considerarlo excesivamente alto para la industria del biodiésel de la Unión.
(203)   Sin embargo, la mayoría de
estas partes interesadas propusieron a continuación que se sustituyera el
objetivo de beneficio del 15 % por otro dato procedente de otro período u
otras investigaciones, sin explicar por qué un período o una investigación
sería más adecuado que otro.
(204)   Como se expone en el
Reglamento provisional, el margen de beneficio del 15 % era el beneficio,
expresado en porcentaje del volumen de negocios, que la industria de la Unión
obtuvo sin importaciones objeto de dumping entre 2004 y 2006. Este fue el
último período en que se obtuvieron beneficios en ausencia de importaciones
objeto de dumping, ya que estas siempre han estado presentes en el mercado de
la Unión desde 2006, primero procedentes de los Estados Unidos y, después, de
Argentina e Indonesia. 
(205)   Sin embargo, el mercado de
biodiésel de la Unión ha madurado considerablemente desde el período 2004-2006
en muchos aspectos. Entre 2004 y 2006, las importaciones objeto de dumping
tenían una cuota de mercado insignificante y el volumen de otras importaciones
también era reducido. Durante el PI, las importaciones objeto de dumping tenían
una cuota de mercado del 19 %. Durante el período 2004-2006, la industria
de la Unión estaba formada por 40 empresas, y ahora esta cifra ha aumentado a
más de 200, lo que ha incrementado la competencia.
(206)   Entre 2004 y 2006, el
consumo aumentó considerablemente de 2 millones de toneladas métricas a 5
millones de toneladas métricas, en tanto que, en el período considerado, el
consumo tan solo aumentó ligeramente, y la utilización de la capacidad, que era
del 90 % entre 2004 y 2006, fue del 55% durante el PI.
(207)   Debido a ello, se
considera oportuno tener en cuenta la evolución del mercado antes descrita y
ajustar el objetivo de beneficio en consecuencia a fin de reflejar el beneficio
que la industria de la Unión podría esperar obtener en las condiciones de
mercado actuales.
(208)   Por ello, en lugar de
utilizar el beneficio expresado en porcentaje, se ha calculado el beneficio
real durante estos tres años en euros por tonelada métrica. En cada año se ha
tomado este valor para reflejar los precios de 2011 y luego se ha sacado una
media. Expresado en porcentaje del volumen de negocios, el objetivo de
beneficio de la industria de la Unión durante el PI es del 11,0 %.
(209)   Por ello, el margen de
eliminación del perjuicio se ha recalculado utilizando este porcentaje.
(210)   Tras la comunicación
definitiva y en relación con el cálculo del margen de perjuicio, una parte
interesada sostuvo que el derecho de importación del 5,1 % al que está
sujeto el aceite de palma RBD importado en la UE debe eliminarse de los costes
de producción de los productores de la UE. Este argumento se rechaza, porque
este derecho representa un coste para los productores de la UE que importan
aceite de palma y, por tanto, debe tenerse en cuenta.
(211)   Un productor exportador
indonesio impugnó el cálculo del objetivo de beneficio de la industria de la
Unión y la utilización de los datos de 2004 a 2006, y luego sugirió que se
calculase el objetivo de beneficio utilizando solamente el año 2004. Sin embargo,
la investigación anterior, que tuvo por objeto las importaciones procedentes de
los Estados Unidos, determinó que una media de los tres años era más exacta que
utilizar únicamente 2004. No se presentaron argumentos que llevasen a una
conclusión diferente.
(212)   Tras la comunicación
definitiva, los denunciantes alegaron que el objetivo de beneficio del
15 % propuesto en la fase provisional debía mantenerse. No obstante, los
argumentos de los denunciantes no se refieren al objetivo de beneficio que debe
establecerse, es decir, el beneficio obtenido por la industria de la Unión en
ausencia de importaciones objeto de dumping. Por tanto, se rechaza su
argumentación.
(213)   No habiéndose recibido
ninguna otra observación sobre el nivel de eliminación del perjuicio, se
confirma la metodología descrita en los considerandos 176 a 177 del
Reglamento provisional.
2.           Medidas definitivas
(214)   A la vista de las
conclusiones obtenidas en lo referente al dumping, al perjuicio, a la
causalidad y al interés de la Unión, y de conformidad con el artículo 9,
apartado 4, del Reglamento de base, deben imponerse derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones del producto afectado al nivel del menor
entre los márgenes de dumping y de perjuicio, conforme a la norma del derecho
inferior.
(215)   Se
han determinado tipos de derecho antidumping comparando los márgenes de
eliminación del perjuicio y los márgenes de dumping. En consecuencia, los tipos
del derecho antidumping definitivo, expresados como porcentaje del precio CIF
en la frontera de la Unión, no despachado de aduana, son los siguientes:
 País || Empresa || Margen de dumping || Margen de perjuicio || Tipo de derecho antidumping 
 Argentina || Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires || 41,9 % || 22,0 % || 22,0 % (216,64 EUR) 
   || Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires || 46,7 % || 24,9 % || 24,9 % (239,35 EUR) 
   || Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahía Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda || 49,2 % || 25,7 % || 25,7 % (245,67 EUR) 
   || Otras empresas que cooperaron || 46,8 % || 24,6 % || 24,6 % (237,05 EUR) 
   || Todas las demás empresas || 49,2 % || 25,7 % || 25,7 % (245,67 EUR) 
 Indonesia || PT. Ciliandra Perkasa, Yakarta || 8,8 % || 19,7 % || 8,8 % (76,94 EUR) 
   || PT. Musim Mas, Medan || 18,3 % || 16,9 % || 16,9 % (151,32 EUR) 
   || PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan || 16,8 % || 20,5 % || 16,8 % (145,14 EUR) 
   || PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, y PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan || 23,3 % || 20,0 % || 20,0 % (174,91 EUR) 
   || Otras empresas que cooperaron || 20,1 % || 18,9 % || 18,9 % (166,95 EUR) 
   || Todas las demás empresas || 23,3 % || 20,5 % || 20,5 % (178,85 EUR) 
(216)   Sin embargo, como el
derecho antidumping se aplicará también a las mezclas que incluyen biodiésel
(en proporción a su contenido en peso de biodiésel), así como al biodiésel
puro, es más preciso y más adecuado para la correcta aplicación del derecho por
parte de las autoridades aduaneras de los Estados miembros expresar el derecho
como un importe fijo en euros por tonelada neta y aplicar dicho importe al
biodiésel puro importado o a la proporción de biodiésel del producto mezclado.
(217)   El considerando 183
del Reglamento provisional señala que las importaciones de biodiésel de los
países afectados estaba sometido a registro, de modo que, de ser necesario, los
derechos podrían cobrarse hasta noventa días antes de la fecha de imposición de
las medidas provisionales.
(218)   Este cobro de derechos
sobre productos registrados solo se puede llevar a cabo si se cumplen las
condiciones establecidas en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento
de base. Tras comprobar las estadísticas sobre importaciones realizadas después
del registro, no se observó un nuevo aumento considerable de las importaciones
antes de la imposición de las medidas provisionales, sino una reducción
significativa. Por ello, no se cumplen dichas condiciones y no se cobrarán
derechos sobre las importaciones registradas.
(219)   Los tipos de derecho
antidumping especificados en el presente Reglamento con respecto a las empresas
concretas se han establecido a partir de las conclusiones de la presente
investigación. Reflejan, por tanto, la situación constatada durante la
investigación con respecto a dichas empresas. Estos tipos de derecho (en
comparación con el derecho de ámbito nacional aplicable a «todas las demás
empresas») son, por lo tanto, aplicables exclusivamente a las importaciones del
producto afectado originario de los países afectados y producido por las
empresas y, consiguientemente, por las personas jurídicas específicas
mencionadas. Los productos importados producidos por cualquier otra empresa no
mencionada expresamente en la parte dispositiva del presente Reglamento,
incluidas las entidades vinculadas a las mencionadas específicamente, no pueden
beneficiarse de estos tipos y deben estar sujetos al tipo de derecho aplicable
a «todas las demás empresas».
(220)   Toda solicitud de
aplicación de un tipo de derecho antidumping para una empresa concreta (por
ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas
entidades de producción o de venta) debe dirigirse inmediatamente a la Comisión[12] junto con toda la
información pertinente, en particular la relativa a cualquier modificación de
las actividades de la empresa relacionadas con la producción, las ventas en el
mercado nacional y las ventas de exportación que ataña, por ejemplo, a ese
cambio de nombre o ese cambio en las entidades de producción y venta. Si
procede, el Reglamento se modificará en consecuencia actualizando la lista de
empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales.
(221)   Se
informó a todas las partes de los hechos y consideraciones esenciales que
motivaban la intención de recomendar el establecimiento de un derecho
antidumping definitivo sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina e Indonesia y la percepción definitiva de los importes garantizados
por el derecho provisional («la comunicación definitiva»). Se concedió a todas
las partes un plazo dentro del cual podían formular observaciones en relación
con la comunicación definitiva. 
(222)   Se analizaron y se
tuvieron en cuenta las observaciones orales y escritas pertinentes presentadas
por las partes interesadas.
3.           Compromisos 
(223)   Dos productores
exportadores indonesios ofrecieron compromisos de precios similares conforme al
artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. Cabe señalar que, dadas las
grandes variaciones de precios de la materia prima, se considera que el
producto no es apto para un compromiso relativo a un precio fijo. En este
contexto, ambas empresas propusieron que los precios mínimos de importación (en
lo sucesivo, PMI) fuesen indizados periódicamente en relación con las
fluctuaciones de los precios del aceite de palma en bruto mediante la
aplicación de un coeficiente al coste de esta materia prima.
(224)   En relación con las ofertas
de dos productores exportadores, se observa que para establecer un PMI indizado
de forma significativa deben tenerse en cuenta los numerosos parámetros
adicionales que desempeñan un papel importante y ha de demostrarse la
volatilidad del mercado del biodiésel. Se trata de un mercado muy volátil, y el
sector del biodiésel está bajo la influencia de diversos factores adicionales,
como la complejidad del sistema comercial del biodiésel, la diferencia de
precios entre gasóleo y biodiésel, la volatilidad y evolución de los mercados
de los aceites vegetales y la interdependencia de los diversos tipos de aceites
vegetales, así como la evolución del tipo de cambio USD/EUR. Estos factores
exigirían una indización muy compleja, múltiple y diaria, para considerarse
adecuadamente. Por consiguiente, la mera indización solo de los precios del
aceite de palma en bruto con carácter mensual se considera inadecuada y no
alcanzará el resultado deseado.
(225)   Además, se señalaron
importantes riesgos de compensación cruzada con respecto a estos exportadores
indonesios y sus clientes, debido a que, además de biodiésel, también se
exportan a la UE otros productos, así como debido a la práctica usual en este
sector de los préstamos e intercambios de biodiésel, aceite de palma en bruto u
otros productos entre las empresas.
(226)   Por tanto, los factores
antes mencionados hacen que la aplicación efectiva y el control de los
compromisos sean sumamente costosos, por no decir imposibles. En consecuencia,
por las razones expuestas anteriormente, no pueden aceptarse estas ofertas de
compromisos.
4.           Percepción definitiva de
los derechos antidumping provisionales
(227)   Tras la comunicación
definitiva, una parte interesada alegó que en la fase provisional se habían
producido algunos errores materiales en el cálculo de los márgenes de dumping y
que, en ausencia de tales errores, los márgenes de dumping habrían sido
mínimos. Por consiguiente, la citada parte interesada solicitó que no se
percibieran derechos antidumping provisionales. Esta alegación debe rechazarse
debido a que el derecho antidumping definitivo es claramente superior al
derecho provisional.
(228)   Teniendo en cuenta los
márgenes de dumping constatados y el nivel del perjuicio causado a la industria
de la Unión, los importes garantizados por el derecho antidumping provisional
establecido mediante el Reglamento provisional deben percibirse
definitivamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
Artículo 1
1.           Se establece un derecho
antidumping definitivo con respecto a las importaciones de ésteres
monoalquílicos de ácidos grasos y/o gasóleos parafínicos obtenidos por síntesis
y/o hidrotratamiento, de origen no fósil, en estado puro o incluido en mezclas,
clasificados actualmente en los códigos NC ex 1516 20 98 (códigos TARIC 1516 20
98 21, 1516 20 98 29 y 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (códigos TARIC 1518 00 91
21, 1518 00 91 29 y 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (código TARIC 1518 00 95 10),
ex 1518 00 99 (códigos TARIC 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 y 1518 00 99 30), ex
2710 19 43 (códigos TARIC 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 y 2710 19 43 30), ex
2710 19 46 (códigos TARIC 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 y 2710 19 46 30), ex
2710 19 47 (códigos TARIC 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 y 2710 19 47 30), 2710
20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97 (códigos TARIC 3824 90 97 01, 3824
90 97 03 y 3824 90 97 04), 3826 00 10 y ex 3826 00 90 (códigos TARIC 3826 00 90
11, 3826 00 90 19 y 3826 00 90 30), originarios de Argentina e Indonesia.
2.           El tipo del derecho
antidumping definitivo aplicable al producto descrito en el apartado 1 y
fabricado por las empresas enumeradas a continuación será el siguiente:
 País || Empresa || Tipo de derecho EUR por tonelada neta || Código TARIC adicional 
 Argentina || Aceitera General Deheza S.A., General Deheza, Rosario; Bunge Argentina S.A., Buenos Aires || 216,64 || B782 
   || Louis Dreyfus Commodities S.A., Buenos Aires || 239,35 || B783 
   || Molinos Río de la Plata S.A., Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.F.I.C.I. y A., Bahía Blanca; Vicentin S.A.I.C., Avellaneda || 245,67 || B784 
   || Otras empresas que cooperaron: Cargill S.A.C.I., Buenos Aires; Unitec Bio S.A., Buenos Aires; Viluco S.A., Tucumán || 237,05 || B785 
   || Todas las demás empresas || 245,67 || B999 
 Indonesia || PT. Ciliandra Perkasa, Yakarta || 76,94 || B786 
   || PT. Musim Mas, Medan || 151,32 || B787 
   || PT. Pelita Agung Agrindustri, Medan || 145,14 || B788 
   || PT. Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan, y PT. Wilmar Nabati Indonesia, Medan || 174,91 || B789 
   || Otras empresas que cooperaron: PT. Cermerlang Energi Perkasa, Yakarta || 166,95 || B790 
   || Todas las demás empresas || 178,85 || B999 
3.           El derecho antidumping
sobre las mezclas se aplicará en proporción al contenido total, en peso, de
ésteres monoalquílicos de ácidos grasos o gasóleos obtenidos por síntesis y/o
de hidrotratamiento, de origen no fósil (contenido de biodiésel).
4.           En caso de que las
mercancías resulten dañadas antes del despacho a libre práctica y, en
consecuencia, el precio pagado o pagadero se calcule proporcionalmente a
efectos de determinar el valor en aduana, de conformidad con el
artículo 145 del Reglamento (CEE) nº 2454/93[13], el importe del
derecho antidumping, calculado sobre la base de los importes indicados
anteriormente, se reducirá mediante prorrateo del precio pagado o pagadero.
5.           Salvo disposición en
contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos
de aduana.
Artículo 2
Deben percibirse de manera definitiva los
importes garantizados por el derecho antidumping provisional establecido con
arreglo al Reglamento (UE) nº 490/2013 de la Comisión sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina e Indonesia.
Artículo 3
Si un nuevo productor exportador de
Argentina o Indonesia presenta a la Comisión pruebas suficientes de que:
— no exportó a la Unión el producto
descrito en el artículo 1, apartado 1, durante el período de
investigación (del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012),
— no está vinculado a ninguno de los
exportadores o productores de Argentina o Indonesia que están sujetos a las
medidas impuestas por el presente Reglamento,
— exportó efectivamente el producto
afectado a la Unión después del período de investigación en el que se basan las
medidas, o contrajo una obligación contractual irrevocable de exportar una
cantidad significativa a la Unión,
podrá modificarse el artículo 1,
apartado 2, añadiendo el nuevo productor exportador a la lista de empresas
que cooperaron no incluidas en la muestra y, en consecuencia, sujetas al tipo
de derecho medio ponderado del país de que se trate.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
El
presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 343 de 22.12.2009, p. 51. 
[2]               DO L 141 de 28.5.2013, p. 6.
[3]               DO C 260 de 29.8.2012, p. 8.
[4]               Véase, por ejemplo, la sentencia en el asunto
T-235/08, de 7 de febrero de 2013 (Acron OAO y Dorogobuzh OAO/Consejo).
[5]               Resolución 331/2001 del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
[6]               Se considera que el principal mercado que determina
el precio internacional de la soja y el aceite de soja es el Chicago Board of
Trade.
[7]               El precio FAS teórico se calcula deduciendo del
precio oficial FOB todos los costes incluidos en el proceso de exportación.
[8]               http://64.76.123.202/site/agricultura/precios_fob_-_exportaciones/index.php
[9]               Sentencia en el asunto T-235/08, de 7 de febrero de
2013 (Acron OAO y Dorogobuzh OAO/Consejo).
[10]             Informe del Grupo Especial, China – Medidas en
materia de derechos antidumping y compensatorios sobre los productos de pollo
de engorde procedentes de los Estados Unidos (WT/DS427/R, adoptado el 25 de
septiembre de 2013), apartado 7.164.
[11]             Las autoridades indonesias establecen cada mes el
precio HPE desde septiembre de 2011; este precio corresponde a la media de la
información sobre precios del mes precedente a partir de diversas fuentes: i)
CIF Rotterdam, ii) CIF Malasia y iii) el mercado regulado de productos básicos
de Indonesia. El precio HPE se basa en las mismas fuentes, pero en régimen FOB.
En la parte del PI anterior a septiembre de 2011 (julio a agosto de 2011) solo
se utilizó como referencia el precio de Rotterdam para calcular el HPE del
aceite de palma en bruto. 
[12]             Comisión Europea, Dirección General de Comercio,
Dirección H, 1049 Bruselas, Bélgica.
[13]             Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de
2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se
establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).