CELEX: 62003CC0295
Language: es
Date: 2005-04-12
Title: Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 12 de abril de 2005. # Alessandrini Srl y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Plátanos - Importación de países terceros - Reglamento (CE) nº 2362/98 - Certificados de importación de plátanos procedentes de Estados ACP - Medidas del artículo 20, letra d), del Reglamento (CE) nº 404/93 - Responsabilidad extracontractual de la Comunidad. # Asunto C-295/03 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
      presentadas el 12 de abril de 2005 (1)
      
      Asunto C-295/03 P 
      Alessandrini y otros
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
       
      «Recurso de casación – Plátanos – Importación de países terceros – Reglamento (CE) nº 2362/98 – Certificados de importación de plátanos de origen ACP – Medidas del artículo 20, letra d), del Reglamento (CE) nº 404/93 – Responsabilidad extracontractual de la Comunidad»
      I.      Introducción
      1.     El presente recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003, Alessandrini
         y otros/Comisión (asuntos acumulados T‑93/00 y T‑46/01, Rec. p. II‑1635), que desestimó los recursos de anulación interpuestos
         contra unas cartas de la referida Institución por las que se habían denegado las solicitudes de varios importadores tradicionales
         de plátanos de origen latino-americano para utilizar unos certificados de importación de esa fruta procedente de los países
         de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) para importarlas de otros países terceros. 
      
      2.      Se abordan, pues, determinados aspectos de la organización común del mercado del plátano, tal y como resulta de la modificación
         efectuada por el Consejo, en 1998. Dicha modificación, una vez implementada por la Comisión, dio lugar a la supresión de la
         distinción en función del origen (ACP o países terceros), empleada hasta entonces para gestionar los certificados de importación.
         
      
      3.     Ante el juez de instancia las demandantes se quejaban, en concreto, de que las modalidades de desarrollo, adoptadas por la
         Comisión, infringen el acto de base y de que, por lo demás, les habrían ocasionado un perjuicio económico, sin que la Institución
         demandada hubiese decretado las medidas de transición que se imponían.
      
      En el Tribunal de Justicia las recurrentes se limitan a exigir reparación por el daño presuntamente sufrido.
      II.    El marco normativo
      4.     Reglamento (CEE) nº 404/93
      5.     El Reglamento (CEE) nº 404/93 del Consejo, de 13 de febrero de 1993, por el que se instaura la organización común de mercados
         en el sector del plátano,(2) sustituyó en su título IV los diferentes sistemas nacionales por un régimen común de intercambios con otros Estados, a partir
         del 1 de julio de 1993. Hizo una clasificación: los «plátanos comunitarios», cosechados en la Comunidad, los «plátanos procedentes
         de los Estados ACP» y los «plátanos de países terceros distintos de los ACP». Dentro de la segunda categoría, los «plátanos
         tradicionales ACP» correspondían a las cantidades exportadas que no excedían el cupo habitual, mientras que los «plátanos
         no tradicionales ACP» se referían a los que superaban ese tope acostumbrado, tal como se fijaban en anexo al Reglamento nº 404/93.
         
      
      6.     Con arreglo al artículo 17, párrafo primero, del Reglamento nº 404/93, para la importación de plátanos a la Comunidad se exige
         la presentación de un certificado expedido por los Estados miembros a quien lo solicite, cualquiera que sea su lugar de establecimiento
         en la Comunidad, sin perjuicio de lo sancionado en las normas particulares aprobadas para la aplicación de los artículos 18
         y 19. 
      
      7.     El artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 404/93 disponía en su versión original la apertura de un contingente arancelario
         anual de dos millones de toneladas (peso neto) para las importaciones de plátanos de países terceros y de plátanos no tradicionales
         ACP. En el marco de este contingente arancelario, las importaciones de plátanos de países terceros se sujetaban a un gravamen
         de 100 ecus por tonelada y las de plátanos no tradicionales ACP a un derecho arancelario cero. El artículo 18, apartado 2,
         del mismo Reglamento preveía, en su versión original, que los plátanos no tradicionales ACP y los plátanos de países terceros
         importados al margen de dicho contingente estaban sometidos a un canon de 750 ecus y 850 ecus por tonelada, respectivamente.
         
      
      8.     El artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 404/93 realizaba una distribución del contingente arancelario, abriéndolo en
         una proporción del 66,5 % para los operadores que hubieran comercializado plátanos de países terceros o plátanos no tradicionales
         ACP (categoría A), del 30 % para los que lo hubieran hecho con plátanos comunitarios o tradicionales ACP (categoría B) y del
         3,5 % para los establecidos en la Comunidad que hubieran lanzado al mercado plátanos distintos de los comunitarios o tradicionales
         ACP a partir de 1992 (categoría C). 
      
      9.     El artículo 19, apartado 2, del Reglamento nº 404/93 prescribe: 
      «Tomando como base los cálculos hechos por separado para cada una de las categorías de operadores [A y B], cada operador recibirá
         certificados de importación en función de las cantidades medias de plátanos que haya vendido en los últimos tres años de los
         que se tengan datos.» 
      
      10.   Reglamento (CEE) nº 1442/93
      11.   El 10 de junio de 1993 la Comisión aprobó el Reglamento (CEE) nº 1442/93, por el que se regula el régimen de importación de
         plátanos en la Comunidad (3) (en lo sucesivo, «régimen de 1993»). Este régimen estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 1998. 
      
      12.   Con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 1442/93, las autoridades competentes de los Estados miembros debían
         determinar anualmente, para cada operador de las categorías A y B registrado en su territorio, la media de las cantidades
         comercializadas durante los tres años previos al año anterior a aquel para el que se abría el contingente arancelario, desglosadas
         según las funciones ejercidas por el operador de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento. Esta media
         se denominaba «referencia cuantitativa». 
      
      13.   A tenor del artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 1442/93, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2444/94
         de la Comisión, de 10 de octubre de 1994 (DO L 261, p. 3), «las solicitudes de certificados de importación se presentarán
         a las autoridades competentes de los Estados miembros durante los siete primeros días del último mes del trimestre que preceda
         al trimestre para el cual se expidan los certificados.» 
      
      14.   Reglamento (CE) nº 1637/98
      15.   El Reglamento (CE) nº 1637/98 del Consejo, de 20 de julio de 1998, que modifica el Reglamento nº 404/93 (DO L 210, p. 28),
         introdujo novedades importantes en la organización común de mercados en el sector del plátano con efectos a partir del 1 de
         enero de 1999. En particular, reformó los artículos 16 a 20 del título IV del Reglamento nº 404/93. 
      
      16.   El artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 404/93, en su redacción revisada por el Reglamento nº 1637/98, abría un contingente
         arancelario anual de 2,2 millones de toneladas (peso neto) para las importaciones de plátanos de países terceros y de plátanos
         no tradicionales ACP. Dentro de este contingente arancelario, las importaciones de plátanos de países terceros estaban sujetas
         a la percepción de un derecho de 75 ecus por tonelada y las de plátanos no tradicionales ACP a un derecho nulo. 
      
      17.   El artículo 18, apartado 2, del mismo Reglamento, en su versión enmendada por el Reglamento nº 1637/98, ordenaba un contingente
         arancelario anual adicional de 353.000 toneladas (peso neto) para las importaciones de plátanos de países terceros y de plátanos
         no tradicionales ACP. Los plátanos de países terceros importados en el marco de este contingente arancelario se gravaban con
         un derecho de 75 ecus por tonelada y las importaciones de plátanos no tradicionales ACP con un derecho nulo. 
      
      18.   En virtud del artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, en su versión rectificada por el Reglamento nº 1637/98, la
         Comisión tenía la facultad de acordar medidas sobre los contingentes arancelarios del artículo 18, con arreglo al sistema
         de comité de gestión del artículo 27, incluyendo «las necesarias para facilitar la transición del régimen de importación aplicable
         a partir del 1 de julio de 1993 al régimen introducido mediante el [...] título [IV del Reglamento nº 404/93]». 
      
      19.   Reglamento (CE) nº 2362/98
      20.   El 28 de octubre de 1998 la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 2362/98, por el que se desarrolla el Reglamento nº 404/93
         en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad, (4) cuyo artículo 31 derogó el Reglamento nº 1442/93 a partir del 1 de enero de 1999. Las nuevas normas sobre el tratamiento
         de los certificados de importación en los contingentes arancelarios se encuentran en los títulos I, II y IV del Reglamento
         nº 2362/98 (en lo sucesivo, «régimen de 1999»).
      
      21.   El régimen de 1999 introduce algunas innovaciones respecto al de 1993:
      a)      suprime cualquier distinción basada en las funciones ejercidas por los agentes económicos;
      b)      toma en consideración las cantidades de plátanos importados;
      c)      prevé la gestión de los certificados de importación sin referencia al origen (ACP o países terceros) de los plátanos;
      d)      aumenta los contingentes arancelarios y la cuota atribuida a los nuevos operadores. 
      22.   El artículo 2 del Reglamento nº 2362/98 reparte los contingentes arancelarios y los plátanos tradicionales ACP, contemplados,
         respectivamente, en los artículos 18, apartados 1 y 2, y 16 del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada por el Reglamento
         nº 1637/98, de la siguiente manera:
      
      –       el 92 %, a los operadores tradicionales definidos en el artículo 3; 
      –       el 8 %, a los operadores recién llegados definidos en el artículo 7. 
      23.   El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 2362/98 atribuye a cada operador tradicional, registrado en un Estado miembro,
         por cada año y para el conjunto de los orígenes mencionados en el anexo I de este Reglamento, una cantidad de referencia única, delimitada en función de los plátanos importados durante el periodo de referencia. Según el artículo 4, apartado 2, del mismo
         Reglamento, en el caso de las importaciones llevadas a cabo en 1999, el periodo de referencia estaba constituido por los años
         1994, 1995 y 1996. 
      
      24.   El artículo 6, apartado 1, preceptúa que, «a más tardar el 30 de septiembre de cada año, tras los controles y las comprobaciones
         necesarias, las autoridades competentes determinarán para cada operador tradicional, de conformidad con los artículos 3, 4
         y 5, una cantidad de referencia única provisional, en función de la media de las cantidades de plátanos importados de los
         orígenes mencionados en el anexo I durante el periodo de referencia». La cantidad de referencia se fija sobre la base de una
         media trienal, incluso si el operador no ha realizado importaciones durante parte de ese tiempo. El artículo 6, apartado 2,
         del propio Reglamento obliga a las autoridades competentes a comunicar anualmente a la Comisión la lista de los operadores
         tradicionales registrados y el total de las cantidades de referencia provisionales de estos últimos. 
      
      25.   Las normas para la expedición de los certificados de importación se contienen en los artículos 14 a 22 del Reglamento nº 2362/98.
         
      
      26.   El artículo 14, apartado 1, prevé que, «para los tres primeros trimestres, podrá fijarse, a efectos de la expedición de los
         certificados de importación, una cantidad indicativa, expresada mediante un porcentaje uniforme de las cantidades disponibles
         para cada uno de los orígenes mencionados en el anexo I». 
      
      27.   Con arreglo al artículo 15, apartado 1, «las solicitudes de certificado de importación se presentarán, para cada trimestre,
         a las autoridades competentes del Estado miembro en el que estén registrados los operadores, durante los siete primeros días
         del mes anterior al trimestre para el que vayan a expedirse los certificados». 
      
      28.   El artículo 17 prescribe que, cuando, para un trimestre y uno o varios de los orígenes mencionados en el anexo I, el número
         de solicitudes de certificado sobrepase considerablemente la cantidad indicativa, fijada en aplicación del artículo 14, o
         exceda la disponible, se acordará un porcentaje de reducción aplicable a las solicitudes. 
      
      29.   El artículo 18 está redactado de la siguiente manera: 
      «1.      En caso de que se fije un porcentaje de reducción para uno o varios orígenes determinados, en aplicación del artículo 17,
         el operador que haya presentado una solicitud de certificado de importación para el citado origen o los citados orígenes tendrá
         la posibilidad de: 
      
      a)      renunciar a la utilización del certificado mediante comunicación dirigida a la autoridad responsable de la expedición de certificados,
         en un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación del Reglamento por el que se fije el porcentaje de reducción;
         en tal caso, la garantía relativa al certificado se liberará de inmediato; o bien 
      
      b)      dentro del límite global de una cantidad igual o inferior a la cantidad no asignada de la solicitud, presentar una o varias
         solicitudes nuevas de certificado para los orígenes respecto a los cuales la Comisión publique cantidades disponibles. Esta
         solicitud se presentará en el plazo indicado en la letra a) y estará supeditada al cumplimiento de todas las condiciones aplicables
         a la presentación de las solicitudes de certificado. 
      
      2.      La Comisión determinará sin demora las cantidades por las que puedan expedirse certificados para el origen o los orígenes
         en cuestión.» 
      
      30.   El artículo 19, apartado 1, precisa que «las autoridades competentes expedirán los certificados de importación a más tardar
         el 23 del último mes de cada trimestre para el trimestre siguiente». 
      
      31.   El artículo 20, apartado 1, decreta que «las cantidades no utilizadas de un certificado se reasignarán a petición propia al
         mismo operador, según el caso, titular o cesionario, con cargo al trimestre siguiente, pero, no obstante, durante el año de
         expedición del primer certificado. La garantía se perderá proporcionalmente a las cantidades no utilizadas.» 
      
      32.   En el título V del propio Reglamento nº 2362/98, se agrupan unas disposiciones transitorias para el año 1999. Según el artículo
         28, apartado 1, las solicitudes de registro para el año 1999 debían presentarse por los operadores a más tardar el 13 de noviembre
         de 1998, acompañadas, en el caso de los operadores tradicionales, de la indicación del total de plátanos efectivamente importados
         durante cada uno de los años del periodo de referencia 1994-1996, de la mención del número de todos los certificados y extractos
         de certificados utilizados para esas importaciones, así como de las referencias de todos los justificantes de pago de los
         derechos. 
      
      33.   El anexo I del Reglamento nº 2362/98 señala la distribución de los contingentes arancelarios contemplados en el artículo 18,
         apartados 1 y 2, del Reglamento nº 404/93 y la cantidad tradicional ACP (857.000 toneladas).
      
      El régimen de 2001
      34.   El Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 216/2001, de 29 de enero de 2001, cuyo artículo 1 reformó los artículos 16 a 20 del
         Reglamento nº 404/93. (5)
      
      35.   Las normas de aplicación del título IV del Reglamento nº 404/93, en su versión modificada, fueron precisadas por el Reglamento
         (CE) nº 896/2001 de la Comisión, de 7 de mayo de 2001, que, a su vez, recoge las de aplicación del Reglamento nº 404/93 en
         lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad. (6) Estas disposiciones rigen desde el 1 de julio de 2001, de acuerdo con el artículo 32 del Reglamento nº 896/2001.
      
      III. Los hechos
      36.   Las demandantes son empresas importadoras de plátanos de origen latinoamericano. Las autoridades nacionales competentes ante
         las que se hallaban registradas como operadores tradicionales (de Italia y, en el caso de London Fruit Ltd, del Reino Unido)
         les atribuyeron cantidades de referencia individuales provisionales para el año 1999. De esta forma consiguieron certificados
         de importación de plátanos de Estados terceros para los tres primeros trimestres de ese año. 
      
      37.   Los hechos que dieron lugar al asunto T‑93/00 se remontan al cuarto trimestre del año 1999, periodo para el que las demandantes
         reclamaron certificados de importación por la parte restante de su cantidad de referencia individual provisional ante las
         autoridades nacionales competentes, que fue admitida dentro de los límites disponibles para la importación de plátanos de
         países terceros. (7)
      
      38.   En cuanto a las solicitudes no satisfechas, las demandantes disfrutaban todavía de la facultad de pedir certificados de importación
         para una cantidad de 308.978,252 toneladas de plátanos tradicionales ACP. (8) Requirieron, pues, certificados de importación de plátanos ACP dentro de los márgenes restantes, conforme al artículo 18,
         apartado 1, del Reglamento nº 2362/98, cuyas cantidades de referencia respectivas se distribuían de la manera siguiente: 
      
      Alessandrini Srl                                              2.050 kg
      Anello Gino di Anello Luigi & Cie Snc                    1.859 kg
      Arpigi SpA                                                       757 kg
      Bestfruit Srl                                                       2.637 kg
      Co-frutta SpA                                               209.392 kg
      Co-frutta Soc. coop. arl.                                      30.207 kg
      Dal Bello Sife Srl                                               1.533 kg
      Frigofrutta Srl                                               2.990 kg
      Garletti Snc                                                        4.419 kg
      London Fruit Ltd                                              286.004 kg
      39.   El 13 de octubre de 1999 las autoridades nacionales competentes expidieron a las demandantes unos certificados de exportación
         de plátanos ACP para la totalidad de la cantidad pretendida, pero, a pesar de sus numerosas gestiones, no lograron abastecerse.
         
      
      40.   Ante esta situación, el 18 de noviembre de 1999, invocando el artículo 232 CE, pidieron a la Comisión que:
      1)      tomara las medidas necesarias que les permitieran aprovechar los certificados del cuarto trimestre expedidos para las importaciones
         de los países ACP en importaciones de plátanos de países latinoamericanos o de otros países terceros;
      
      2)      ordenara, en todo caso, que las garantías correspondientes a los certificados en cuestión se liberaran, puesto que no se empleaban,
         y que su falta de aprovechamiento no era imputable a su titular. 
      
      41.   Al no recibir respuesta a esta reclamación, las hoy recurrentes advirtieron a la Comisión, en un fax de 22 de diciembre de
         1999, de que los certificados en cuestión expiraban el 7 de enero de 2000, instándole a pronunciarse al respecto.
      
      42.   Mediante escrito nº 02418, de 26 de enero de 2000, remitido a la abogada de las demandantes, la Comisión manifestó lo siguiente:
         
      
      «En su escrito de 22 de diciembre de 1999, Vd. hace referencia a las dificultades de ciertos operadores para servirse los
         certificados de importación de plátanos expedidos para el cuarto trimestre de 1999, en particular, para la importación de
         plátanos ACP. 
      
      Conviene señalar, en primer lugar, que los problemas son de carácter fundamentalmente comercial y, por lo tanto, propios de
         las actividades de los operadores económicos. El problema planteado concierne a la búsqueda de socios comerciales para la
         compra y el transporte de ciertos productos y, en especial, en este asunto, de plátanos ACP. Aunque resulte lamentable que
         sus clientes no hayan podido celebrar contratos de abastecimiento de plátanos ACP, esta circunstancia forma parte del riesgo
         comercial normalmente asumido por los operadores.
      
      Por último, se debe señalar que estas dificultades sólo afectan a ciertos operadores cuyas características no se precisan
         y que una intervención de la Comisión podría favorecer a estos operadores en detrimento de otros que asumieron los riesgos
         correspondientes a las obligaciones contraídas.»
      
      43.   Por otro lado, las autoridades nacionales competentes conservaron las garantías constituidas por las demandantes, tras haber
         estimado que los motivos que alegaron para obtener su devolución no eran un caso de fuerza mayor, único supuesto en el que
         cabe contemplar tal devolución. 
      
      44.   Los hechos que dieron lugar al asunto T‑46/01 se remontan al cuarto trimestre del año 2000. Para este periodo, la parte restante
         de la cantidad de referencia individual disponible para cada una de las demandantes se repartía de la manera siguiente: 
      
      Alessandrini Srl                                               5.667 kg
      Anello Gino di Anello Luigi & Cie snc                    5.140 kg
      Arpigi SpA1                                                       5.792 kg
      Bestfruit Srl                                                        7.290 kg
      Co-frutta SpA                                               236.746 kg
      Co-frutta Soc. coop. arl                                      80.301 kg
      Dal Bello Sife Srl                                               4.110 kg
      Frigofrutta Srl                                               8.266 kg
      Garletti Snc                                                        7.329 kg
      London Fruit Ltd.                                              324.124 kg
      45.   Dado que las solicitudes de certificados para los plátanos de países terceros superaban las cantidades sin asignar, la Comisión
         precisó en el Reglamento (CE) nº 1971/2000 (9) las aún disponibles para la importación durante el cuarto trimestre del año 2000. En virtud del anexo de este Reglamento,
         todavía podían expedirse certificados para plátanos tradicionales ACP hasta alcanzar las 329.787,675 toneladas, aunque las
         recurrentes no los recabaron.
      
      46.   El 10 de octubre de 2000 las actoras, invocando el artículo 232 CE, exigieron a la Comisión, con carácter principal, decretar
         medidas, con arreglo al artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, a fin de otorgarles certificados de importación de
         plátanos de países terceros para el cuarto trimestre del año 2000, por la parte restante de las cantidades de referencia individuales
         que se les habían atribuido. Con carácter subsidiario, instaron la indemnización por el lucro cesante derivado de la imposibilidad
         de importar y comercializar esos plátanos.
      
      47.   En un escrito AGR 030905 de 8 de diciembre de 2000, remitido a la abogada de las demandantes, la Comisión rechazó estas peticiones
         en los siguientes términos: 
      
      «En su escrito de 10 de octubre de 2000 Vd. informó a la Comisión de los obstáculos hallados por ciertos operadores para localizar
         plátanos que les permitieran utilizar en el cuarto trimestre la totalidad de las cantidades de referencia, notificadas para
         el año 2000 en el marco del régimen de los contingentes arancelarios de importación. 
      
      Las trabas a las que Vd. alude son de carácter comercial. Desgraciadamente, debe subrayarse que la normativa comunitaria no
         atribuye a la Comisión ninguna competencia en la materia. Por otro lado, Vd. reconoce esta situación al afirmar que los operadores
         que no mantienen relaciones habituales con los productores de plátanos ACP tienen problemas para conseguir las mercancías
         en cuestión. 
      
      Además, Vd. afirma que para los operadores a los que representa resulta inviable hacer uso de la totalidad de las cantidades
         de referencia concedidas.
      
      Desde un punto de vista jurídico, procede señalar que las cantidades de referencia sólo constituyen posibilidades abiertas
         a los operadores, determinadas sobre la base de sus actividades anteriores, en aplicación de los reglamentos comunitarios
         y que sólo confieren a los interesados el derecho a presentar solicitudes para obtener certificados de importación, con el
         fin de efectuar las operaciones comerciales que hayan realizado con los proveedores de los países productores.
      
      Por último, conviene añadir que, de acuerdo con las informaciones que Vd. transmitió a la Comisión, parece que las dificultades
         a las que se refiere no poseen un carácter transitorio, en el sentido de que su origen radique en la transición del régimen
         anterior a 1999 al que se ha aplicado a partir de esta fecha. Por lo tanto, la disposición del artículo 20, letra d), del
         Reglamento [...] nº 404/93 no permite a la Comisión adoptar las medidas concretas que Vd. pide.»
      
      IV.    El recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia
      48.   Las empresas interesadas interpusieron sendos recursos ante el Tribunal de Primera Instancia contra los referidos escritos
         de la Comisión de 26 de enero de 2000 (asunto T‑93/00) y de 8 de diciembre de 2000 (asunto T‑46/01).
      
      49.   Valiéndose de la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 241 CE, aducían en cada uno de los recursos, tres motivos,
         basados en la infracción del Reglamento nº 404/93, en la violación del derecho de propiedad así como de la libre iniciativa
         económica y en el menoscabo del principio de igualdad de trato.
      
      V.      La sentencia impugnada
      50.   La sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003 comenzó analizando la excepción de admisibilidad, invocada
         por la Comisión, por falta de legitimación activa de los recurrentes.
      
      51.   Aunque cada uno de los escritos impugnados respondía a solicitudes de naturaleza distinta,(10) el juez de instancia consideró que ambos se referían a la posibilidad de que la Comisión acordara medidas con arreglo al
         artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93. La decisión de no ejercer esa facultad afectaba directa e individualmente
         a las destinatarias, porque incidía en sus intereses, modificando sensiblemente su situación jurídica. (11)
      
      52.   Después de desestimar dicha excepción de inadmisibilidad, el Tribunal de Primera Instancia examina los tres motivos alegados
         por las entonces demandantes para fundar la ilegalidad del Reglamento de la Comisión nº 2362/98, que hacen referencia respectivamente:
         a la infracción del texto de base, a saber, el Reglamento del Consejo nº 404/93; a la violación del derecho de propiedad y
         del principio de libertad económica; así como a la inobservancia de la obligación de no discriminación.
      
      53.   La sentencia impugnada rechazó tales motivos, al estimar que las demandantes no habían acreditado un vínculo jurídico directo
         entre los escritos de 26 de enero de 2000 y de 8 de diciembre de 2000, por un lado, y las normas del Reglamento nº 2362/98,
         por otro lado. (12)
      
      54.   Para las demandantes, en virtud del artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, la Comisión debía asumir la imposibilidad
         práctica de abastecerse de plátanos ACP y a permitirles importar otros procedentes de países terceros hasta el tope de sus
         cantidades de referencia individuales no agotadas. (13)
      
      Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia evaluó el amplio margen de discrecionalidad del que goza la Comisión a la hora
         de decretar las «medidas concretas necesarias» para facilitar la transición del régimen de 1993 al de 1999, limitando el control
         de legalidad de su ejercicio a la existencia de un error manifiesto. Según el juez de instancia, no obstante, los perjuicios
         que podían reclamar las demandantes no se derivaron directamente de dicha transición, sino de su incapacidad para aprovisionarse
         de plátanos ACP en el cuarto trimestre de 1999 (en relación con el asunto T‑93/00) o de su negativa a obtener los certificados
         de importación de plátanos ACP referentes al cuarto trimestre de 2000 (en el ámbito del asunto T‑46/01). (14)
      
      En tales circunstancias, la sentencia entendió que la Comisión no se excedió en el ejercicio de su facultad de apreciación
         al rehusar dictar cualquier disposición con arreglo al artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, por lo que desestimó
         enteramente el motivo. (15)
      
      55.   El Tribunal de Primera Instancia reconoció, sin embargo, en cuanto al asunto T‑93/00, que, aun cuando podría entenderse que las demandantes achacan la imposibilidad de encontrar proveedores a la entrada en vigor del régimen
            de  1999, no han demostrado de modo suficiente que la Comisión haya incurrido en un error de apreciación manifiesto al denegarles
         las medidas interesadas en virtud del artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93. (16)
      
      56.   Por último, el juez de instancia estudió las pretensiones de indemnización de las empresas demandantes, por el comportamiento
         ilegal de la Comisión, al haber practicado una gestión unificada de los contingentes arancelarios correspondientes a los países
         terceros y ACP, así como, en particular, de la globalización de las cantidades de referencia y de la ausencia de reacción
         para paliar sus efectos perniciosos.
      
      57.   La sentencia ahora impugnada aceptó la tesis de la Comisión, de que no hay relación de causalidad entre las modificaciones
         resultantes del Reglamento nº 2362/98 y las dificultades de aprovisionamiento de plátanos ACP experimentadas por las demandantes.
         
      
      58.   Para el Tribunal de Primera Instancia, «en el asunto T‑93/00, la causa del perjuicio alegado va unida a la circunstancia de
         que las demandantes no fueron capaces de encontrar proveedores para abastecerse de plátanos ACP en el cuarto trimestre del
         año 1999. En cuanto al asunto T‑46/01, el lucro cesante del que se quejan las demandantes se debe directamente a su falta
         de diligencia. Cuando la cantidad de plátanos de países terceros se agotó, no intentaron obtener certificados de importación
         de plátanos ACP para el cuarto trimestre del año 2000, en las condiciones previstas en el Reglamento nº 1971/2000. Además,
         a pesar de los problemas que encontraron en el cuarto trimestre del año 1999, no buscaron contactos con proveedores de plátanos
         ACP a lo largo del año 2000 que les suministraran en el cuarto trimestre de este año». (17)
      
      VI.    Análisis del recurso de casación interpuesto
      59.   El recurso de casación interpuesto tiene por objeto:
      –       anular la sentencia impugnada en la parte relativa a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios;
      –       condenar a la Comisión a compensar a las recurrentes por los daños sufridos por la no atribución de certificados de importación
         de plátanos de países terceros;
      
      –       condenar a la recurrida a las costas de todo el procedimiento.
      60.   La Institución comunitaria, a su vez, pretende que el recurso se declare inadmisible y, en su defecto, que sea desestimado.
         En caso de anulación parcial de la sentencia impugnada, pide la devolución del expediente al Tribunal de Primera Instancia
         para que se pronuncie sobre el fondo, con imposición de costas siempre para las recurrentes.
      
      61.   La excepción de inadmisibilidad se apoya en la supuesta mutatio litis  operada por las actoras, que, a diferencia de lo perseguido ante el juez de instancia, buscarían ahora que el Tribunal de
         Justicia resuelva directamente la responsabilidad extracontractual de la Comisión.
      
      62.   Habida cuenta de las condiciones en que se plantea este recurso de casación, parece oportuno tratar la admisibilidad de la
         acción de responsabilidad entablada junto con el del fondo del asunto.
      
      63.   Las recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia no haber atendido el conjunto de argumentos expuestos en apoyo
         de su reclamación de resarcimiento, errando, porque, al atribuir el perjuicio que sufrieron a su incapacidad para importar
         plátanos ACP, no reconoció la imposibilidad de conseguir certificados de importación para las cantidades de referencia correspondientes
         a países terceros a las que tenían derecho; si la Comisión, añaden, no hubiese promovido los contingentes arancelarios unificados
         y la globalización de las cantidades de referencia, habrían podido obtener dichos certificados.
      
      Entienden que el objetivo primordial de su acción radicaba en poner de relieve que el Reglamento nº 2362/98 constituía la
         fuente directa de los perjuicios que se les habían irrogado.
      
      64.   Critican, por último, los apartados 56 y 58 de la sentencia impugnada –en los que se condensan las pretensiones de las partes–,
         en la medida en que, faltando a la verdad, insinúan que los daños experimentados son imputables a los escritos de 26 de enero
         de 2000 y de 8 de diciembre de 2000.
      
      65.   La Comisión propugna la inadmisión del recurso en su conjunto, ya que se limita a la reclamación de reparación, sin cuestionar
         la declaración del Tribunal de Primera Instancia, sobre la ilegalidad denunciada del Reglamento nº 2362/98. 
      
      66.   En cuanto a la anulación parcial de la sentencia impugnada, la Comisión sostiene que las recurrentes confunden ciertos aspectos
         del daño alegado –a saber, el hecho de no haber agotado sus cantidades de referencia– con el vínculo de causalidad exigido
         entre dicho daño y el comportamiento presuntamente ilegal que lo provoca.
      
      67.   En lo tocante a la queja sobre la deficiente redacción de los apartados 56 y 58 de la sentencia de instancia, la Comisión
         considera que resumen de forma correcta el contenido del debate entre las partes a la luz de las alegaciones evacuadas, tanto
         por escrito como en la vista oral.
      
      68.   La Comisión expone también que, si el juez a quo hubiese estimado que la demanda indemnizatoria se basaba exclusivamente en los dos escritos en cuestión, cuya legalidad había
         reconocido con anterioridad, no se habría ocupado del vínculo de causalidad, ya que, a falta de comportamiento ilícito imputable,
         no habría responsabilidad.
      
      69.   Las recurrentes centran su estrategia en demostrar que el Tribunal de Primera Instancia, al tratar sus pretensiones de resarcimiento,
         debió haber examinado la legalidad del Reglamento nº 2362/98, pues no sólo contravenía los términos del Reglamento del Consejo
         nº 404/93, sino que además infringía el derecho fundamental a la propiedad y al libre ejercicio de una actividad económica,
         así como el principio de no discriminación.
      
      70.   Al referirse a la violación de la obligación contenida en el artículo 20, letra d), del Reglamento nº 404/93, sostienen que
         el cambio de régimen introducido en 1999 redujo sus posibilidades de avituallamiento de plátanos procedentes de países terceros
         por la totalidad de sus cantidades de referencia.
      
      71.   La sentencia recurrida, tras achacar al comportamiento de las demandantes el perjuicio que sufrieron, evita comprobar la veracidad
         de sus alegaciones acerca de que la imposibilidad de encontrar proveedores de plátanos ACP era tributaria de las modalidades
         de aplicación del régimen de 1999. En efecto, el fallo de primera instancia describe con corrección las causas próximas de
         los daños económicos ocasionados a las recurrentes, a saber, la incapacidad para lograr el suministro y los certificados de
         importación, en los últimos trimestres de los ejercicios de 1999 y de 2000 respectivamente. Sin embargo, no se pronuncia sobre
         la causa remota de semejantes disfunciones: las consecuencias provocadas en la práctica comercial de los operadores por el
         Reglamento nº 2362/98. 
      
      72.   El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado, en relación con la noción de un juicio justo, que el artículo 6, apartado
         1, del Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 1950, no exige a los órganos jurisdiccionales una respuesta detallada a cada
         uno de los argumentos esgrimidos por los litigantes. No obstante, cuando, en función de las características de cada contencioso,
         un motivo o una excepción estén formulados de manera clara y precisa, se apoyen en pruebas fehacientes y sean determinantes
         para el resultado del pleito, no puede faltar la justificación, pues de otro modo se crearía desconcierto sobre tales argumentos,
         en particular, sobre si se ha olvidado tratarlos, si se han desestimado y sobre todo las razones que han llevado a una u otra
         solución. (18)
      
      73.   Los escritos de demanda, además de poner de manifiesto la supuesta invalidez del Reglamento nº 2362/98, explican la repercusión
         de esa norma en la actividad económica del sector y en la capacidad de las empresas tradicionalmente importadoras de plátanos
         de países terceros para abastecerse de fruta de origen ACP.
      
      74.   Según las recurrentes, la introducción de la gestión unificada de los contingentes arancelarios, así como la globalización
         de las cantidades de referencia, habrían mantenido la posición privilegiada de la que disfrutaban los importadores de plátanos
         ACP, reforzándola. Mientras que, con arreglo al régimen de 1993, los operadores especializados en países terceros accedían
         libremente al mercado del plátano ACP, el nuevo sistema les obliga a usar de sus cantidades de referencia.
      
      75.   A su parecer, el que más de un tercio de la cantidad de plátanos tradicionales ACP no se haya utilizado prueba que el nuevo
         mecanismo favorece a los operadores ACP, en perjuicio de los importadores de países terceros. 
      
      76.   Las explicaciones de las recurrentes, no destacan por su claridad ni por su carácter persuasivo. Parece que las nuevas modalidades
         de puesta en común de las cantidades de referencia y de gestión unificada de los contingentes arancelarios provocaron un trasvase
         de demanda de importación de los plátanos ACP hacia los de países terceros, agotándose prematuramente el contingente de esta
         última categoría.
      
      Las recurrentes no proporcionan mayor información sobre la naturaleza de las dificultades que sortearon al intentar abastecerse
         de plátanos ACP en el cuarto trimestre de 1999. En el apartado 33 de la sentencia impugnada consta que las actoras, «a pesar
         de sus numerosas gestiones», no pudieron aprovisionarse de plátanos ACP.
      
      Ese dato –que sugiere ausencia de negligencia en las empresas afectadas– debió incitar al Tribunal de Primera Instancia a
         indagar la verosimilitud de las demás explicaciones relativas al origen de los perjuicios y, en su caso, a apreciar la invalidez
         del Reglamento nº 2362/98.
      
      77.   Si se acepta, siquiera sea a efectos dialécticos, que las recurrentes desplegando una sensata diligencia, no hallaron proveedores
         de plátanos ACP para el cuarto trimestre de 1999, puede excusarse que, cara al último trimestre del ejercicio siguiente, desistieran
         de reanudar esfuerzos tan inútiles.
      
      78.   Ténganse presente, además, los inconvenientes que plantea demostrar un hecho negativo, como la falta de una expectativa razonable
         de localizar un socio comercial en un momento determinado.
      
      79.   Deduzco, pues, que en el asunto T‑93/00 y también, aunque con una solidez más débil, en el asunto T‑46/01 las recurrentes
         habían alegado un motivo suficientemente claro y pertinente, que merecía del juez de instancia, al menos, una desestimación
         expresa.
      
      80.   Al no haber obrado así, la sentencia impugnada incurre en un error de derecho, consistente en una quiebra de uno de los requisitos
         de un juicio justo. Estimo, por tanto, que debe ser anulada en la medida en que, en el apartado 108, se limitó a reputar como
         causa exclusiva del perjuicio invocado la conducta de las recurrentes, sin considerar las consecuencias de la aplicación del
         nuevo régimen instaurado tras la entrada en vigor del Reglamento nº 2362/98.
      
      VII. Examen del fondo del asunto
      81.   De conformidad con el artículo 54 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, «si se estimare el recurso de casación, el Tribunal
         de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver
         él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia
         para que este último resuelva». Uno de los supuestos a los que se aplica la posibilidad que ofrece este precepto es el del
         error in iudicando, siempre que el relato de los hechos resulte completo y suficiente para juzgar en definitiva y no proceda la práctica de prueba
         alguna. Así parece haberlo entendido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque nunca ha expresado la razón por la
         que el estado del litigio le permite resolverlo por sí mismo, limitándose a afirmar lacónicamente, por ejemplo, que «así sucede
         en este caso». (19) En suma, procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo, cuando de los autos se deduzca que el litigio está
         listo para ser juzgado, para lo que conviene analizar, siquiera someramente, los principales elementos de la acción de indemnización
         interpuesta por las demandantes y, a los efectos de este asunto, conocer los motivos concretos de anulación esgrimidos contra
         el Reglamento nº 2362/98. Por lo demás, para proteger los derechos procesales de las demandantes, se invitó a las partes a
         concentrar su argumentación, durante la vista oral, en la eventual invalidez del citado Reglamento.
      
      82.   Pues bien, las recurrentes invocan, por remisión a lo alegado en el marco de la excepción de ilegalidad que formularon en
         primera instancia, tres motivos distintos de anulación.
      
      83.   En su opinión, el Reglamento nº 2362/98 sería ilegal, no sólo por contradecir el Reglamento nº 404/93, tal y como resulta
         de su modificación por el Reglamento nº 1637/98 (primer motivo de anulación), sino también por violar los derechos fundamentales
         de propiedad y de libre iniciativa económica (segundo motivo), así como el principio de igualdad de trato (tercer motivo).
      
      84.   En el marco del primer motivo de anulación mencionado, denuncian, por un lado, la fijación del trienio 1994-1996 como referencia
         para la atribución de las cuotas.
      
      85.   La elección del periodo litigioso incide en el cálculo de los montantes individuales autorizados, puesto que a cada operador
         se le concede la cuota correspondiente según la media de sus importaciones durante los tres ejercicios considerados. Sin embargo,
         la pretensión indemnizatoria deducida en este procedimiento se basa en la imposibilidad de obtener certificados de importación
         por las cantidades otorgadas a las recurrentes, como reconoció en la vista del recurso de casación su representación procesal.
         El debate sobre las modalidades del reparto previo de las cantidades de referencia es ajena a la cuestión de autos. Procede,
         por lo tanto, desestimar esta alegación por falta manifiesta de pertinencia. 
      
      86.   Por otro lado, las recurrentes critican la adopción del método de gestión unificada de los contingentes arancelarios que,
         junto con la globalización de las cantidades de referencia, habrían servido para reforzar la posición privilegiada de los
         importadores de plátanos ACP. 
      
      87.   Según la Comisión, el carácter único del contingente favorece los intercambios e incrementa la libertad de los operadores.
         Al no distinguir entre importadores de plátanos ACP y de plátanos de países terceros, ofrece a unos y a otros la posibilidad
         de abastecerse de fruta de cualquier procedencia.
      
      88.   Basta con señalar que el artículo 19 del Reglamento nº 404/93, modificado, confiere a la Comisión un amplio margen de discrecionalidad
         para desarrollar la normativa de base, con la única salvedad de que el método elegido tenga en cuenta las corrientes comerciales
         tradicionales. Por lo demás, el artículo 20, letra e), del mismo texto modificado le exige tomar las medidas imprescindibles
         para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados por la Comunidad, de conformidad con el artículo
         228 del Tratado.
      
      89.    Recuérdese que, en materia agrícola, la Comisión está facultada para aprobar todas las normas necesarias o útiles para la
         ejecución de la normativa de base, siempre que respeten los criterios de validez pertinentes. (20)
      
      90.   Pues bien, nada de lo aducido por las recurrentes hace pensar que, al elegir el método de gestión conciliando los objetivos
         asignados, la Institución comunitaria haya sobrepasado manifiestamente los límites de la facultad de apreciación que le otorgó
         el Consejo.
      
      91.   En segundo lugar, las recurrentes denuncian que la imposibilidad de obtener certificados de importación para plátanos de países
         terceros supuso una violación de su derecho de propiedad y de libre iniciativa económica.
      
      92.   En la organización común del mercado del plátano, las cantidades de referencia no significan más que una autorización para
         poder importar. Aunque tanto el derecho de propiedad como el de libre ejercicio de una actividad profesional forman parte
         de los principios generales del derecho comunitario, no se erigen en prerrogativas absolutas, sino que han de entenderse en
         relación con su función en la sociedad. Por consiguiente, cabe imponerles restricciones, en especial, en el marco de una organización
         común de mercados, siempre y cuando tales restricciones respondan a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad
         y no constituyan una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. (21)
      
      93.   La implantación del contingente comunitario y de sus normas de reparto no cuestionan el derecho de propiedad de los operadores
         de plátanos de países terceros, pues ninguno puede reivindicar tal derecho de propiedad sobre una cuota de mercado que ostentaba
         en un momento anterior al nacimiento de una organización común de mercados, puesto que dicha cuota de mercado únicamente representa
         una posición económica momentánea expuesta a los imprevistos de un cambio de circunstancias.
      
      94.   Un operador tampoco puede prevalerse de un derecho adquirido ni siquiera de una confianza legítima en el mantenimiento de
         una situación existente, pues las Instituciones comunitarias en el marco de su facultad de apreciación, ejercida dentro de
         los cánones permitidos, están en condiciones de alterarla. (22)
      
      95.   Nada de lo alegado por las recurrentes permite deducir que la actuación de la Comisión haya conculcado el núcleo mismo de
         los derechos fundamentales invocados.
      
      96.   En tercer y último lugar, las recurrentes denuncian que el sistema instaurado por el Reglamento produce discriminación entre
         los importadores que se abastecían tradicionalmente en los países terceros y los que lo hacían en países ACP, en menoscabo
         de los primeros.
      
      97.    Sin analizar en detalle esta alegación, cabe rechazarla, porque las recurrentes no han explicado la incidencia que la supuesta
         desigualdad de trato tuvo en el nacimiento de la obligación de resarcimiento que reclaman.
      
      98.   En resumen, ninguna de las alegaciones de las recurrentes es capaz de demostrar la invalidez del Reglamento nº 2362/98, lo
         que dispensa de examinar si concurren los demás requisitos de una acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
      
      VIII. Costas
      99.   A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
         artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Pese a la
         anulación de la sentencia impugnada, la acción de las recurrentes debe desestimarse en cuanto al fondo. Procede, pues, condenarlas
         al pago de todas las costas.
      
      IX.    Conclusión
      100. A la vista de todo lo expuesto, sugiero al Tribunal de Justicia que:
      1)      Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003, Alessandrini y otros/Comisión (asuntos acumulados
         T‑93/00 y T‑46/01).
      
      2)      Desestime la acción.
      3)      Condene en costas a las recurrentes.
      1 –	 Lengua original: español.
      
      2  –	DO L 47, p.1.
          
      
      3  –	DO L 142, p. 6.
      
      4  –	DO L 293, p. 32.
      
      5  –	DO L 31, p. 2.
      
      6  –	DO L 126, p. 6.
      
      7  –	Publicados en el anexo del Reglamento (CE) nº 1824/1999 de la Comisión, de 20 de agosto de 1999, que modifica el Reglamento
         (CE) nº 1623/1999 por el que se fijan las cantidades relativas a la importación de plátanos en la Comunidad en el marco de
         los contingentes arancelarios y de la cantidad de plátanos tradicionales ACP, para el cuarto trimestre de 1999 (DO L 221,
         p. 6).
      
      8  –	Cantidad indicada en el Reglamento (CE) nº 1998/1999 de la Comisión, de 17 de septiembre de 1999, relativo a la expedición
         de certificados de importación de plátanos en el ámbito de los contingentes arancelarios y de plátanos tradicionales ACP para
         el cuarto trimestre de 1999 y a la presentación de nuevas solicitudes (DO L 247, p. 10).
      
      9  –	Reglamento de la Comisión, de 18 de septiembre de 2000, relativo a la expedición de certificados de importación de plátanos
         en el ámbito de los contingentes arancelarios y de plátanos tradicionales ACP para el cuarto trimestre de 2000 y a la presentación
         de nuevas solicitudes (DO L 235, p. 10).
      
      10  –	En el primero, las ahora recurrentes pedían destinar sus certificados a la importación de plátanos de países terceros
         en el cuarto trimestre de 1999 y que se liberaran las garantías correspondientes no utilizadas (apartado 34 de la sentencia
         impugnada); en el segundo, que se les expidiesen certificados para importar plátanos de países terceros para el cuarto trimestre
         de 2000, por las cantidades de referencia individuales restantes o, en caso contrario, que se indemnizara el lucro cesante
         (apartado 41 de la sentencia impugnada).
      
      11  –	Apartado 65 de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
      
      12  –	Ibidem, apartado 81.
      
      13  –	Ibidem, apartado 83.
      
      14  –      Ibidem, apartados 86 a 95.
      
      15  –      Ibidem, apartados 91, 96 y 97. 
      
      16  –	Ibidem,  apartado 92. Sin cursiva en el original.
      
      17  –	Ibidem, apartado 108.
      
      18  –	Véanse las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994, Ruiz Torija c. España (serie
         A, nº 303 A), apartados 29 y 30, e Hiro Balani c. España (serie A, nº 303 B), apartados 27 y 28.
      
      19  –	Sentencias de 20 de febrero de 1992, Parlamento/Hanning (C‑345/90 P, Rec. p. I‑949 y ss., especialmente p. I‑989); y de
         15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555) apartado 55.
      
      20  –	Sentencias de 17 de octubre de 1995, Países Bajos/Comisión (C‑478/93, Rec. p. I‑3081), apartado 31; y de 30 de septiembre
         de 2003, Alemania/Comisión (C‑239/01, Rec. p. I‑10333), apartado 55.
      
      21  –	Sentencias de 11 de julio de 1989, Schräder (265/87, Rec. p. 2237), apartado 15; y de 13 de julio de 1989, Wachauf (5/88,
         Rec. p. 2609), apartado 18.
      
      22  –	Sentencia de 28 de octubre de 1982, Faust/Comisión (52/81, Rec. p. 3745), apartado 27.