CELEX: C2003/171/57
Language: es
Date: 2003-07-19 00:00:00
Title: Asunto T-144/03: Recurso interpuesto el 28 de abril de 2003 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. Nadine Schmit

19.7.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          C 171/33
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                      las condiciones ofertadas por Caja Cantabria con las
por Sniace, S.A., con domicilio en Madrid, España, represen-                  ofertas recibidas por otras dos entidades de crédito
tada por el letrado en ejercicio D. José Luis Baró Fuentes.                   privadas y su cotejación con las directrices establecidas
                                                                              por la Comisión en su Comunicación a los Estados
                                                                              Miembros de 13 de noviembre de 1993, llevan a concluir
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia                 que el préstamo participativo fue otorgado en condiciones
que:                                                                          de mercado.
—     anule el artículo 1 de la Decisión de 11 de diciembre de           3.   Violación de los principios de confianza legítima y de
      2002 en la parte en que menciona que España ha                          proporcionalidad. Se alega a este respecto, en primer
      concedido una ayuda estatal en favor de Sniace, S.A. por                lugar, que tanto la legalidad del régimen general existente
      un importe de 7 388 258 euros;                                          en España respecto a la concesión de préstamos participá-
                                                                              tivos a empresas en reconversión, como el cumplimiento
—     con carácter subsidiario, mantenga el artículo 1 de la                  de las exigencias formales requeridas por el Director de
      Decisión de 11 de diciembre de 2002 en la parte que                     Ayudas de Estado (aportación de la prueba documental
      menciona que la ayuda estatal es compatible con el                      de que el préstamo fue otorgado en condiciones de
      mercado común;                                                          mercado), así como las garantías dadas por éste para
                                                                              archivar el expediente, suscitaron en la demandante una
                                                                              esperanza fundada de que el procedimiento administra-
—     condene a la parte demandada a pagar la totalidad de las                tivo terminaría, o bien con el archivo de las actuaciones
      costas.                                                                 sin procedimiento de investigación, o bien con una
                                                                              decisión que declarase que el préstamo no podía ser
                                                                              considerado ayuda de Estado. En segundo lugar, la
                                                                              demandante concluye que la duración del procedimiento
Motivos y principales alegaciones                                             de investigación (más de 58 meses) y los medios que la
                                                                              Comisión ha invertido para examinar una operación
                                                                              comercial que no presenta ninguna complejidad técnica
La sociedad demandante en el presente procedimiento se                        rebasan los límites de lo que es normalmente apropiado
opone a la calificación como ayuda otorgada por los Estados                   y necesario en operaciones de este tipo.
o mediante fondos estatales de un contrato de préstamo
subordinado y participativo, de un importe de                            4.   En último lugar, la sociedad demandante alega la violación
12 020 242 Euros, celebrado con Caja Cantabria, conjunta-                     de sus derechos de la defensa, y, en concreto, del secreto
mente con un acuerdo de liquidez, en el que se preveía la                     profesional protegido por el artículo 287 CE, en la medida
posibilidad de movilizar los derechos del crédito derivados del               en que la Comisión remitió la respuesta de las autoridades
préstamo mediante su representación en valores negociables.                   españolas a su primera solicitud de información (incluidas
                                                                              las observaciones de la demandante) a los abogados de
                                                                              la empresa cuya denuncia dio origen al inicio del
En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca los                        procedimiento de investigación.
siguientes motivos y principales argumentos:
1.    Interpretación errónea del concepto de Ayudas otorgadas
      por los Estados o mediante fondos estatales, del ar-
      tículo 87 CE, apartado 1. En primer lugar, la demandante
      cuestiona que la Comisión haya acreditado en su Decisión
      final que los fondos movilizados por Caja Cantabria
      para financiar el préstamo participativo a Sniace fueran           Recurso interpuesto el 28 de abril de 2003 contra la
      «fondos estatales». Se subraya, a este respecto, que Caja          Comisión de las Comunidades Europeas por la Sra. Nadine
      Cantabria es una entidad de crédito constituida jurídica-                                       Schmit
      mente como empresa privada, regida como tal por el
      Derecho privado. Sus fondos no proceden del Estado sino                                  (Asunto T-144/03)
      que son fondos privados que proceden de particulares y
      empresas. En el caso de autos Caja Cantabria actuó como
      un inversor privado que coloca su capital en función de                                   (2003/C 171/57)
      la rentabilidad a un plazo más o menos corto. Se afirma,
      en segundo lugar, que la decisión de financiar a Sniace                            (Lengua de procedimiento: francés)
      revistió un carácter estrictamente comercial, siendo adop-
      tada en función de criterios de rentabilidad de la opera-
      ción, sin que las autoridades públicas intervinieran en la
      decisión técnica o comercial de concesión del préstamo.            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                         Europeas se ha presentado el 28 de abril de 2003 un recurso
2.    Error manifiesto de apreciación en la aplicación del               contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
      principio del inversor privado en una economía de                  por la Sra. Nadine Schmit, con domicilio en Ispra (Italia),
      mercado. Según la demandante el análisis detallado de las          representada por M es Pierre-Paul Van Gehuchten y Pierre
      condiciones del préstamo, junto con la comparación de              Jadoul, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- C 171/34               ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                          19.7.2003
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia             La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:                                                                      que:
—     Anule la desestimación expresa por parte de la Comisión,
      de 11 de julio de 2002, BSS01 MS CDL/GS/MSG D (02)                  —     Anule la Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de
      no 6779, de la solicitud formulada por la demandante                      2002 por la que se considera que las medidas de apoyo a
      con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto no D/                las cooperativas agrarias por las cuales sólo éstas pueden
      256/02.                                                                   distribuir combustible a terceros no socios sin límite
                                                                                acogiéndose al régimen fiscal ventajoso y contenidas en
—     Anule, si fuera necesario, la negativa a hacer constar el                 el Real Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de medidas
      nuevo recurso administrativo previo de la demandante                      urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del
      en el registro.                                                           transporte, no son ayudas en el sentido del artículo 87.1
                                                                                del Tratado CE;
—     Condene en costas a la Comisión.
                                                                          —     condene en costas a la Comisión Europea.
Motivos y principales alegaciones
La demandante es un funcionario al servicio de la demandada.
Su recurso tiene por objeto la desestimación de una solicitud             Motivos y principales alegaciones
de incorporación de determinados documentos a su expediente
personal y de una solicitud de comunicación de escritos
supuestamente difamatorios que la atañen. En apoyo de su
recurso, invoca una supuesta violación de la dignidad igual de            Las asociaciones demandantes en el presente litigio, las mismas
mujeres y de hombres en el trabajo, cuya salvaguarda confirma             que en el asunto T-95/03 Asociación de Estaciones de Servicio
el artículo 31 de la Carta de los derechos fundamentales de la            de Madrid y Federación Catalana de Estaciones de Servicio (1),
Unión Europea, derivada de la circunstancia de que la deman-              impugnan la negativa de la Comisión a considerar ayudas de
dada no adoptó las medidas necesarias para garantizar la                  Estado las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 10/200
protección de la demandante contra los supuestos ataques por              por las que se permite sólo a las Cooperativas agrarias, y no a
parte de otros funcionarios al servicio de la demandada que,              otras Cooperativas que también disfrutan de la condicion de
según la demandante, constituyen un acoso moral. Invoca                   especialmente protegidas, distribuir gasoleo B a terceros no
además la infracción de los artículos 25, 26 y 45 del Estatuto,           socios sin límite alguno y sin que ello suponga la pérdida de
el incumplimiento de la obligación de motivación y la violación           las ventajas fiscales que se reconocen a las Cooperativas
de los derechos de defensa.                                               especialmente protegidas. Según la decisión recurrida, las
                                                                          medidas objeto del litigio no constituyen ayudas públicas, en
                                                                          la medida en que las mismas se justificarían por la naturaleza
                                                                          o la economía del sistema fiscal.
Recurso interpuesto el 15 de abril de 2003 por la                         En apoyo de sus pretensiones, las demandantes alegan que la
                                                                          demandada ha incurrido en diversos errores de apreciación y
Asociación de Empresarios de Estaciones de Sercicio de
la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de                        de Derecho:
Estaciones de Servicio contra la Comisión de las Comuni-
                         dades Europeas                                   —     al liberar al Gobierno español de la obligación que le
                                                                                incumbe de justificar las medidas de autos con base en la
                       (Asunto T-146/03)                                        naturaleza del sistema fiscal. De hecho, la decisión
                                                                                impugnada no refleja ninguno de los argumentos avanza-
                                                                                dos por dicho Gobierno (la necesidad de avanzar en la
                         (2003/C 171/58)
                                                                                liberalización del sector de combustibles, como medida
                                                                                estructural de respuesta al incremento del precio del
                 (Lengua de procedimiento: español)                             crudo y a la depreciación del Euro frente al dólar).
                                                                          —     al considerar que el Real Decreto-Ley 10/2000 es cohe-
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                          rente con la naturaleza del sistema fiscal y basar dicha
europeas se ha presentado el 15 de abril de 2003 un recurso                     coherencia en un análisis del régimen fiscal aplicable a las
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                        cooperativas, que se califica de incompleto y erroneo.
por la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de
la Comunidad de Madrid y la Federación Catalana de Estaciones
de Servicio, con domicilio en Madrid y Barcelona, respectiva-             —     al no estimar que las medidas objeto del litigio son
mente, representadas por los letrados en ejercicio D.                           constitutivas de ayudas de Estado.