CELEX: 62007TO0257
Language: es
Date: 2007-09-28 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Primera Instancia (juez de medidas provisionales) de 28 de septiembre de 2007.#República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Procedimiento sobre medidas provisionales - Policía sanitaria -Reglamento (CE) nº 999/2001 - Erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles - Reglamento (CE) nº 727/2007 - Demanda de suspensión de la ejecución - Fumus boni iuris - Urgencia - Ponderación de los intereses.#Asunto T-257/07 R.

Asunto T‑257/07 R
      República Francesa
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Procedimiento sobre medidas provisionales — Policía sanitaria — Reglamento (CE) nº 999/2001 — Erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles — Reglamento (CE) nº 727/2007 — Demanda de suspensión de la ejecución — Fumus boni iuris — Urgencia — Ponderación de los intereses»
      Sumario del auto
      1.      Agricultura — Política agrícola común — Aplicación — Medidas de protección de la salud humana
      (Art. 174 CE)
      2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris
      
      [Art. 242 CE; Reglamento (CE) nº 999/2001 de la Comisión]
      3.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris
      
      [Art. 242 CE; Reglamento (CE) nº 999/2001 de la Comisión]
      4.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio
            grave e irreparable
      [Art. 242 CE; Reglamento (CE) nº 999/2001 de la Comisión]
      5.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Ponderación de todos
            los intereses en conflicto
      (Art. 242 CE)
      1.      El principio de cautela es, con arreglo al artículo 174 CE, uno de los principios en que se basa la política de la Comunidad
         en el ámbito del medio ambiente, de la que forma parte la protección de la salud de las personas, y se aplica igualmente cuando
         las instituciones comunitarias adoptan, en materia de política agrícola común, medidas de protección de la salud humana.
      
      En virtud de este principio, cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas,
         las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad
         de tales riesgos. En cambio, cuando elementos nuevos modifican la percepción de un riesgo o muestran que ese riesgo puede
         limitarse mediante medidas menos rigurosas que las existentes, corresponde a las instituciones y, en particular, a la Comisión,
         que tiene el poder de iniciativa, velar por que se adapte la normativa a los nuevos datos. De esta forma, las instituciones
         comunitarias podrán efectivamente adoptar medidas menos rigurosas que las existentes, cuando estas medidas puedan limitar
         el riesgo y que elementos nuevos hayan modificado su percepción.
      
      El legislador comunitario dispone de una amplia facultad discrecional en esta materia, en la que debe tomar decisiones de
         naturaleza política, económica y social, y realizar apreciaciones complejas. En este contexto, el control de fondo del juez
         comunitario debe limitarse a examinar si, al ejercer dicha facultad de apreciación, el legislador incurrió en error manifiesto
         o desviación de poder o, también, si éste rebasó manifiestamente los límites de su facultad de apreciación.
      
      (véanse los apartados 60, 61, 66 y 67)
      2.      Para determinar si se cumple el requisito relativo al fumus boni iuris en un asunto como el de autos, en el que se invoca en apoyo del recurso principal una vulneración del principio de cautela
         por parte de la Comisión debido a un error en la apreciación del riesgo, por el hecho de haber adoptado el Reglamento nº 727/2007
         por el que se modifican los anexos I, III, VII y X del Reglamento nº 999/2001, por el que se establecen disposiciones para
         la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), que comporta
         un menor rigor de las medidas de policía sanitaria aplicables al rebaño de ovinos o de caprinos en el que haya sido detectado
         un caso de ETT, ha de efectuarse un examen a primera vista sobre la procedencia de este motivo jurídico y, por tanto, comprobar
         si las alegaciones en relación con la pretendida vulneración son suficientemente serias como para no poder ser desestimadas
         en el marco de la demanda de medidas provisionales.
      
      En la medida en que no puede existir efectivamente un «riesgo cero», el principio de cautela sólo puede aplicarse cuando exista
         un riesgo, y en particular un riesgo para la salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no verificadas científicamente,
         aún no haya podido ser plenamente demostrado. Además, en materia de aplicación del principio de cautela, que se produce por
         definición en un contexto de incertidumbre científica, no cabe exigir que la evaluación de riesgos aporte obligatoriamente
         a las instituciones comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad del riesgo y de la gravedad de los efectos
         perjudiciales potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara.
      
      Ahora bien, cuando pueda considerarse que, al menos a primera vista, subsisten dudas científicas reales, por una parte, respecto
         a la posibilidad de que, entre los agentes responsables de EET de origen animal, otros agentes distintos de la encefalopatía
         espongiforme bovina puedan ser transmisibles al hombre y, por otra parte, respecto a la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras,
         la alegación según la cual los avances de los conocimientos científicos en materia de EET en los pequeños rumiantes no permiten
         modificar la percepción del riesgo que suponen las enfermedades para la salud pública, no carece completamente de fundamento.
         En tales circunstancias, el motivo basado en la vulneración del principio de cautela debido a un error de la Comisión en la
         evaluación del riesgo, justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar únicamente al juez del fondo del asunto.
      
      (véanse los apartados 59, 65, 79, 85 y 86)
      3.      La evaluación científica del riesgo debe permitir a la autoridad competente determinar, en el marco de la gestión del riesgo,
         qué medidas le parecen apropiadas y necesarias para evitar que el riesgo se materialice. Por lo tanto, la pertinencia de la
         estimación del riesgo es determinante a efectos de la apreciación de la gestión de dicho riesgo.
      
      Al adoptar el Reglamento nº 727/2007 por el que se modifican los anexos I, III, VII y X del Reglamento nº 999/2001, por el
         que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes
         transmisibles (EET), la Comisión estableció un menor rigor de las medidas de policía sanitaria aplicables al rebaño de ovinos
         o de caprinos en el que ha sido detectado un caso de EET mediante una primera prueba de diagnóstico rápido.
      
      Pues bien, es posible considerar, al menos a primera vista, que los dictámenes de las autoridades científicas en la materia
         suscitan serias dudas científicas sobre las circunstancias en las que las EET, distintas de la EEB, podrían ser transmisibles
         al hombre y que, según los actuales conocimientos, no es posible descartar que el consumo de carnes y de productos derivados
         de animales infectados por las EET, distintos de la EEB, no supongan un peligro para la salud humana. Además, estos dictámenes
         parecen suscitar serias dudas científicas respecto a la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras destinadas a excluir la
         existencia de casos de EEB, lo que significa que puede ocurrir que carnes y productos procedentes de animales portadores de
         las cepas de EEB no detectadas sean comercializados.
      
      En estas circunstancias, la alegación de la parte demandante según la cual dichas disposiciones no permiten limitar el riesgo
         que presentan las EET para la salud humana y podrían incluso agravarlo no parece, al menos a primera vista, carecer de pertinencia.
         En tales circunstancias, el motivo basado en la vulneración del principio de cautela debido a un error de la Comisión en la
         gestión del riesgo, justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar únicamente al juez del fondo del asunto.
      
      (véanse los apartados 88, 89, 107, 108 y 116)
      4.      La finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva,
         al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara la jurisdicción comunitaria. Para alcanzar este
         objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que la parte
         que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable.
      
      Cuando las autoridades de un Estado miembro encargadas de garantizar el interés general ligado a la protección de la salud
         pública, solicitan la suspensión de la ejecución de disposiciones del Reglamento nº 727/2007 por el que se modifican los anexos I,
         III, VII y X del Reglamento nº 999/2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación
         de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET), que suponen un menor rigor de las medidas de policía sanitaria
         aplicables al rebaño de ovinos o de caprinos en el que haya sido detectado un caso de ETT, debido al riesgo que para la salud
         humana se deriva de su aplicación, procede tomar en consideración, en el marco de la apreciación del requisito de la urgencia,
         el hecho de que los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por dicho Estado miembro en apoyo del fumus boni iuris resultan serios, a la vista de los elementos que obran en poder del juez de medidas provisionales y que de éstos se desprenda,
         en particular, que es posible que carnes o productos derivados de animales infectados por una EET sean entregados para el
         consumo humano.
      
      En tales circunstancias, debe concluirse que, en el caso de autos, se cumple el requisito de la urgencia.
      (véanse los apartados 122, 127, 128 y 133)
      5.      Cuando, en el marco de una demanda de medidas provisionales, el juez de medidas provisionales pondera los diferentes intereses
         concurrentes, le incumbe determinar si la anulación del acto controvertido por el juez que conoce del fondo permitiría invertir
         la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicho acto podría entorpecer
         la plena eficacia de éste en el supuesto de que se desestimara el recurso principal.
      
      A este respecto, en principio, debe atribuirse incontestablemente un carácter preponderante a las exigencias ligadas a la
         protección de la salud pública sobre las consideraciones económicas. De ello se desprende que, cuando sea invocada la existencia
         de un serio riesgo para la salud pública, el juez de medidas provisionales debe inclinarse de manera casi inevitable, pese
         a su soberanía formal en la ponderación de los intereses, en favor de la protección de ésta.
      
      (véanse los apartados 140 y 141)
AUTO DEL JUEZ DE MEDIDAS PROVISIONALES
      de 28 de septiembre de 2007 (*)
      
      «Procedimiento sobre medidas provisionales − Policía sanitaria –Reglamento (CE) nº 999/2001 − Erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles − Reglamento (CE) nº 727/2007
         − Demanda de suspensión de la ejecución − Fumus boni iuris − Urgencia − Ponderación de los intereses»
      
      En el asunto T‑257/07 R,
      República Francesa, representada por la Sra. E. Belliard, el Sr. G. de Bergues y las Sras. R. Loosli y A. During, en calidad de agentes,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. M. Nolin, en calidad de agente,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución del punto 3 del anexo del Reglamento (CE) nº 727/2007 de la
         Comisión, de 26 de junio de 2007, por el que se modifican los anexos I, III, VII y X del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento
         Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas
         encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 165, p. 8), en la medida en que introduce, en el capítulo A del anexo VII
         del Reglamento (CE) nº 999/2001, de 22 de mayo de 2001 (DO L 147, p. 1), el punto 2.3, letra b), inciso iii), el punto 2.3,
         letra d), y el punto 4,
      
      EL JUEZ DE MEDIDAS PROVISIONALES,
      en sustitución del Presidente del Tribunal de Primera Instancia, conforme al artículo 106 del Reglamento de Procedimiento
         y según las decisiones de la sesión plenaria del Tribunal de Primera Instancia de 5 de julio de 2006, de 6 de junio de 2007
         y de 19 de septiembre de 2007,
      
      dicta el siguiente
      Auto
       Marco jurídico
      1        El 22 de mayo de 2001, el Parlamento y el Consejo adoptaron el Reglamento (CE) nº 999/2001 por el que se establecen disposiciones
         para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (DO L 147, p. 1).
      
      2        El artículo 23 del Reglamento nº 999/2001 prevé que, tras haber consultado al Comité científico apropiado sobre cualquier
         cuestión que pudiera afectar a la salud pública, se modificarán o completarán los anexos de este Reglamento, en los que se
         describen detalladamente las medidas para luchar contra las encefalopatías espongiformes transmisibles (en lo sucesivo, «EET»).
      
      3        El 12 de febrero de 2003, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 260/2003 por el que se modifica el Reglamento nº 999/2001
         en lo que se refiere a la erradicación de las EET en animales ovinos y caprinos, así como a las normas para el comercio de
         animales vivos de las especies ovina y caprina, y de embriones de bovinos (DO L 37, p. 7). El Reglamento nº 260/2003 previó,
         a raíz de una recomendación del Comité director científico, medidas de policía sanitaria en los rebaños ovinos y caprinos
         infectados por una EET y, en particular, el sacrificio de todo el rebaño a excepción de los animales genéticamente resistentes.
      
      4        El 12 de enero de 2005, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 36/2005 por el que se modifican los anexos III y X del Reglamento
         nº 999/2001 por lo que se refiere a la vigilancia epidemiológica de las EET en animales bovinos, ovinos y caprinos (DO L 10,
         p. 9). Mediante este Reglamento nº 36/2005, la Comisión introdujo la obligación de practicar una prueba diferenciadora a cada
         caso de EET detectado, tras una primera prueba de diagnóstico rápido, en un rebaño ovino o caprino, con el fin de determinar
         si el animal está afectado de tembladera o de encefalopatía espongiforme bovina (en lo sucesivo, «EEB»).
      
      5        El 26 de junio de 2007, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 727/2007 por el que se modifican los anexos I, III, VII y
         X del Reglamento nº 999/2001 (DO L 165, p. 8).
      
      6        El punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007 tiene el siguiente tenor:
      
      «El anexo VII se sustituye por el texto siguiente:
      “ANEXO VII
      ERRADICACIÓN DE LA [EET]
      CAPÍTULO A
      Medidas tras confirmarse la presencia de EET
      1.      La investigación a que alude el artículo 13, apartado 1, letra b), deberá identificar:
      […]
      b)      en el caso de los animales de las especies ovina y caprina:
      –        todos los rumiantes que no sean animales de las especies ovina y caprina de la explotación del animal en la que se haya confirmado
         la enfermedad,
      
      –        cuando puedan ser identificados, los genitores y, en el caso de las hembras, todos los embriones, los óvulos y los descendientes
         de última generación de la hembra en la que se haya confirmado la enfermedad,
      
      –        todos los demás animales de las especies ovina y caprina de la explotación del animal en que se haya confirmado la enfermedad,
         además de los contemplados en el segundo guión,
      
      –        el posible origen de la enfermedad y la identificación de otras explotaciones en las que haya animales, embriones u óvulos
         que puedan haber resultado infectados por el agente causante de la EET, o haber estado expuestos a los mismos piensos o a
         la misma fuente de contaminación,
      
      –        la circulación de piensos y otros materiales potencialmente contaminados o cualquier otro medio de transmisión que puedan
         haber transmitido el agente de la EET a la explotación de que se trate o desde la misma.
      
      2.      Las medidas previstas en el artículo 13, apartado 1, letra c), deberán comprender, al menos, las siguientes:
      […]
      2.2.      Si se sospecha que se ha producido un caso de EET en un ovino o caprino de una explotación de un Estado miembro, todos los
         demás ovinos y caprinos de esa explotación deberán someterse a una restricción oficial de circulación hasta que se conozcan
         los resultados del examen. Si existen pruebas de que la explotación en la que se encontraba el animal cuando se sospechó la
         EET no es probablemente la explotación en la que el animal podría haber estado expuesto a dicha enfermedad, la autoridad competente
         podrá decidir, según la información epidemiológica disponible, que otras explotaciones o solo la explotación donde tuvo lugar
         la exposición sean sometidas a control oficial.
      
      2.3.      Si se confirma la EET de un ovino o un caprino:
      a)      si los resultados de un ensayo interlaboratorios realizado de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo X,
         capítulo C, punto 3.2, letra c), no permiten descartar una EEB, se procederá al sacrificio y la destrucción completa de todos
         los animales, embriones y óvulos identificados en el estudio mencionado en el punto 1, letra b), guiones segundo a quinto;
      
      b)      si la EEB se descarta, de conformidad con el procedimiento establecido en el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra c), se
         procederá, según la decisión de la autoridad competente:
      
      bien:
      i)      al sacrificio y la destrucción completa de todos los animales, embriones y óvulos identificados en el estudio mencionado en
         el punto 1, letra b), guiones segundo y tercero. Se aplicarán a la explotación las condiciones establecidas en el punto 3,
      
      o bien
      ii)      al sacrificio y la destrucción completa de todos los animales, embriones y óvulos identificados en el estudio mencionado en
         el punto 1, letra b), guiones segundo y tercero, a excepción de:
      
      –        los machos destinados a la reproducción de genotipo ARR/ARR,
      –        las hembras destinadas a la reproducción que presenten al menos un alelo ARR y ningún alelo VRQ, y, si dichas hembras destinadas
         a la reproducción están preñadas en el momento de la investigación, los corderos nacidos, si su genotipo cumple los requisitos
         establecidos en el presente párrafo,
      
      –        los ovinos destinados exclusivamente a ser sacrificados que presenten al menos un alelo ARR,
      –        si lo decide la autoridad competente, los ovinos y caprinos de menos de [tres] meses de edad destinados exclusivamente a ser sacrificados,
      se aplicarán a la explotación las condiciones establecidas en el punto 3;
      o bien
      iii)      un Estado miembro puede decidir no sacrificar y destruir los animales identificados en el estudio mencionado en el punto 1,
         letra b), guiones segundo y tercero, cuando sea difícil reemplazar los ovinos de un determinado genotipo, cuando la frecuencia
         del alelo ARR en la raza o la explotación sea baja, cuando se considere necesario para evitar la endogamia, o teniendo en
         cuenta razonadamente todos los factores epidemiológicos. Se aplicarán a la explotación las condiciones establecidas en el
         punto 4;
      
      c)      no obstante lo dispuesto en la letra b), y únicamente cuando la EET confirmada en una explotación sea un caso de tembladera
         atípica, el Estado miembro podrá decidir aplicar las medidas establecidas en el punto 5;
      
      d)      los Estados miembros podrán decidir:
      i)      sustituir el sacrificio y la destrucción completa de todos los animales, a que hace referencia la letra b), inciso i), por
         el sacrificio para el consumo humano,
      
      ii)      sustituir el sacrificio y la destrucción completa de los animales, a que hace referencia la letra b), inciso ii), por el sacrificio
         para el consumo humano,
      
      siempre que:
      –        los animales sean sacrificados en el territorio del Estado miembro en cuestión,
      –        todos los animales de más de 18 meses de edad o con una dentición de más de dos incisivos definitivos y que hayan sido sacrificados
         para el consumo humano se someterán a análisis para detectar EET, con arreglo a los métodos de laboratorio establecidos en
         el anexo X, capítulo C, punto 3.2, letra b);
      
      e)      se determinará el genotipo de la proteína priónica de los ovinos, hasta un máximo de 50, sacrificados y destruidos o sacrificados
         para el consumo humano, de conformidad con [lo dispuesto en] la letra b), incisos i) y iii).
      
      […]
      4.      Tras la aplicación en una explotación de las medidas establecidas en el punto 2.3, letra b), inciso iii), y por un período
         de dos años de cría a partir de la detección del último caso de EET:
      
      a)      se identificarán todos los ovinos y caprinos de la explotación;
      b)      todos los ovinos y caprinos de la explotación podrán desplazarse únicamente en el territorio del Estado miembro en cuestión
         para su sacrificio para el consumo humano o para ser destruidos; todos los animales mayores de 18 meses y sacrificados para
         el consumo humano se someterán a análisis para detectar EET, con arreglo a los métodos de laboratorio establecidos en el anexo X,
         capítulo C, punto 3.2, letra b);
      
      c)      la autoridad competente velará por que los embriones y los óvulos no salgan de la explotación;
      […]”»
      7        Con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 727/2007, este último entró en vigor el 17 de julio de 2007.
      
       Hechos que originaron el litigio
      8        Las EET son enfermedades neurodegenerativas que afectan a los animales y a los seres humanos, de las que forman parte la EEB
         y la denominada tembladera de la oveja.
      
      9        Las normas establecidas en el Reglamento nº 999/2001, que se aplican a los bovinos y a los pequeños rumiantes (ovinos y caprinos),
         fueron establecidas tomando como hipótesis la existencia de una conexión entre la EEB y la nueva variante de la enfermedad
         de Creutzfeldt-Jakob. En efecto, según su considerando 1, «siguen acumulándose pruebas sobre la similitud del agente de la
         EEB con el responsable de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob».
      
      10      Entre 2003 y 2005, la evolución de los conocimientos científicos y las preocupaciones manifestadas por los Estados miembros
         llevaron a la Comisión a modificar la normativa en materia de lucha contra las EET. La Comisión modificó en varias ocasiones
         el Reglamento nº 999/2001 y adoptó, el 15 de julio de 2005, una « hoja de ruta para las EET» [COM(2005) 322 final], en la
         que anunciaba su intención de proponer medidas con el objeto de revisar y flexibilizar las medidas de erradicación vigentes
         teniendo en cuenta los nuevos instrumentos de diagnóstico disponibles pero garantizando el actual nivel de protección de los
         consumidores.
      
      11      En este documento, la Comisión señaló que las pruebas diferenciadoras practicadas desde enero de 2005 permitían excluir la
         presencia de la EEB en el plazo de unas pocas semanas en la mayoría de los casos de EET, identificados tras una primera prueba
         de diagnóstico rápido. La Comisión indicaba en dicho documento que si se excluía el riesgo de EEB, se eliminaba el riesgo
         para la salud pública y el sacrificio de todo el rebaño podía considerarse desproporcionado sobre la base de razones de salud
         pública. Por consiguiente, la Comisión iba a presentar una propuesta para dejar de imponer la destrucción de las canales de
         animales sacrificados en los rebaños infectados y permitir su utilización para el consumo humano, en caso de resultado negativo
         de las pruebas de diagnóstico rápido de detección.
      
      12      Habiendo solicitado las autoridades francesas el 21 de septiembre de 2005 un dictamen sobre la evolución de la normativa comunitaria
         en el sentido propuesto por el Plan de Trabajo para las EET, la Agence française de sécurité sanitaire des aliments (en lo
         sucesivo, «AFSSA») emitió un dictamen el 15 de mayo de 2006. En este dictamen, se observaba que las propuestas de la Comisión
         mitigaban considerablemente el rigor de la normativa vigente. Teniendo en cuenta la incertidumbre respecto a la fiabilidad
         de las pruebas diferenciadoras y a la transmisibilidad al hombre de cepas de EET distintas de la EEB, la AFSSA se pronunció
         en contra de las propuestas de la Comisión.
      
      13      Las autoridades francesas se dirigieron de nuevo a la AFSSA, el 22 de junio y el 6 de diciembre de 2006, con el fin de que
         ésta evaluara, de forma exhaustiva, las medidas propuestas por la Comisión. En respuesta a estas preguntas, la AFSSA emitió
         un nuevo dictamen el 15 de enero de 2007, relativo a la evolución de las medidas de policía sanitaria en los rebaños de ovinos
         y caprinos en los que se hubiese detectado un caso de tembladera clásica o atípica.
      
      14      En este dictamen, la AFSSA consideraba que las pruebas diferenciadoras no permitían excluir la presencia de la EEB ni en el
         animal en el que se practicaba la prueba ni, a fortiori, en el rebaño al que pertenecía. Añadía que no podía excluirse la transmisión al hombre de las cepas de EET distintas de la
         EEB. Señalaba, por último, que los productos obtenidos a partir de ovinos y caprinos de rebaños infectados de tembladera clásica,
         sacrificados en las circunstancias descritas por la hoja de ruta de la Comisión, suponían un riesgo adicional para la salud
         pública en lo que se refería a los productos derivados de los únicos ovinos genéticamente resistentes. La AFSSA recomendó,
         en consecuencia, que se mantuviese la normativa vigente en materia de tembladera clásica.
      
      15      A raíz del dictamen de la AFSSA, la Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) un dictamen sobre,
         por una parte, la existencia de nuevos datos disponibles que puedan aportar la prueba de cualquier conexión epidemiológica
         o molecular entre la tembladera clásica o atípica y las EET en el hombre y, por otra parte, la eficacia de los métodos analíticos
         de diferenciación actuales utilizados para un examen más profundo de los casos positivos de EET en los pequeños rumiantes
         y su capacidad para distinguir la EEB de las cepas conocidas de tembladera atípica o clásica.
      
      16      La EFSA y su Grupo Científico sobre los Riesgos Biológicos emitieron un dictamen el 8 de marzo de 2007 que incluía las dos
         conclusiones siguientes:
      
      –        no existen pruebas de conexión epidemiológica o molecular entre la tembladera clásica o la atípica y las EET humanas, y el
         agente de la EEB es el único agente responsable de la EET considerado zoonótico; no obstante, debido a su variedad, no es
         posible descartar actualmente la transmisibilidad al hombre de otros agentes de EET animales;
      
      –        las pruebas de diagnóstico de diferenciación actuales, tal como figuran descritas en la legislación comunitaria y que deben
         ser utilizadas para realizar la distinción entre la tembladera y la EEB, parecen hoy fiables para distinguir la EEB de la
         tembladera clásica y atípica; no obstante, según los conocimientos científicos actuales, ni su sensibilidad diagnóstica ni
         su especificidad pueden ser consideradas perfectas.
      
      17      Mediante escrito de 20 de abril de 2007, dirigido al Director de la EFSA, la Comisión señaló que un atento examen de los dictámenes
         de la AFSSA, de 15 de enero de 2007, y de la EFSA, de 8 de marzo de 2007, había puesto de relieve cierta discrepancia entre
         los dos organismos en cuanto a la apreciación del riesgo relativo al carácter zoonótico potencial de la tembladera. La Comisión
         estimó que esta situación hacía necesaria la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 30, apartado 4, del Reglamento
         (CE) nº 178/2002 del Parlamento y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos
         generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos
         a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1), con el fin o de resolver la discrepancia, o de preparar un documento conjunto
         entre ambos organismos que aclarara las afirmaciones científicas contenidas en las conclusiones. Teniendo en cuenta la importancia
         del tema controvertido para la adopción de una decisión de gestión del riesgo en materia de medidas de erradicación en los
         pequeños rumiantes, la Comisión pidió al Director de la EFSA que aportase su respuesta en el plazo de diez días hábiles desde
         la recepción de su escrito.
      
      18      En este contexto, y apoyándose en el dictamen de la EFSA de 8 de marzo de 2007, la Comisión, el 24 de abril de 2007, sometió
         a votación del Comité permanente de la cadena alimentaria y de la seguridad de los alimentos (CPCASA) un proyecto de Reglamento
         por el que se modifican los anexos I, III, VII y X del Reglamento nº 999/2001. El CPCASA se pronunció en favor de dicho proyecto
         por mayoría cualificada.
      
      19      Mediante escrito de 22 de junio de 2007, el Director de la EFSA informó a la Comisión que, tras consultar a la AFSSA, no existía
         discrepancia alguna de opinión entre ambos organismos.
      
      20      El 26 de junio de 2007, la Comisión adoptó el Reglamento nº 727/2007 que incluye un anexo cuyo punto 3 modifica el anexo VII
         del Reglamento nº 999/2001 (en lo sucesivo, «anexo VII»), relativo a las medidas de erradicación de la EET.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      21      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 2007, la demandante interpuso,
         sobre la base del artículo 230 CE, un recurso que tiene por objeto la anulación del punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007,
         en la medida en que introduce, en el capítulo A del anexo VII, el punto 2.3, letra b), iii), el punto 2.3, letra d), y el
         punto 4, y, con carácter subsidiario, la anulación total del Reglamento nº 727/2007.
      
      22      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 2007, en virtud
         del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento y del artículo 242 CE, la demandante interpuso la presente demanda de medidas
         provisionales con objeto de que se suspendiera la ejecución del punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007, en la medida
         en que introduce, en el capítulo A del anexo VII, el punto 2.3, letra b), iii), el punto 2.3, letra d), y el punto 4 (en lo
         sucesivo, «disposiciones controvertidas»).
      
      23      El 8 de agosto de 2007, la Comisión presentó sus observaciones escritas sobre la demanda de medidas provisionales, en las
         que solicitó que ésta fuese desestimada.
      
      24      En la vista de 5 de septiembre de 2007 se oyeron los informes orales de las partes.
      
       Fundamentos de Derecho
      25      Con arreglo a las disposiciones del artículo 242 CE en relación con el artículo 243 CE, por un lado, y del artículo 225 CE,
         apartado 1, por otro, el Tribunal de Primera Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión
         de la ejecución del acto impugnado u ordenar las medidas provisionales necesarias. Para ello, tiene en cuenta los requisitos
         establecidos en el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, tal como han sido precisados por la jurisprudencia.
      
      26      En este sentido, el juez que conoce de las medidas provisionales podrá ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas
         provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho (fumus boni iuris) y que son urgentes, en el sentido de que para evitar que los intereses de la parte demandante sufran un perjuicio grave e
         irreparable es necesario que tales medidas sean acordadas y surtan efectos desde antes de que se resuelva sobre el procedimiento
         principal. El juez que conoce de las medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses
         en juego (autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2000, Países Bajos/Parlamento y Consejo, C‑377/98 R,
         Rec. p. I‑6229, apartado 41, y de 23 de febrero de 2001, Austria/Consejo, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, apartado 73; auto del
         Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2007, Hungría/Comisión, T‑310/06 R, no publicado en la Recopilación,
         apartado 19).
      
       Sobre el fumus boni iuris
      
       Alegaciones de las partes
      27      La demandante indica que, en el marco de su recurso principal, solicita, con carácter principal, la anulación de las disposiciones
         controvertidas por haber vulnerado la Comisión el principio de cautela tanto en lo que se refiere a la evaluación como a la
         gestión del riesgo.
      
      –       Sobre la evaluación del riesgo
      28      La demandante expone que el punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007 modifica el anexo VII, relativo a las medidas de
         erradicación de la EET y que preveía, en la versión en vigor hasta el 17 de julio de 2007, el saneamiento de los focos de
         tembladera mediante el sacrificio total de caprinos y mediante el sacrificio, en su caso, limitado únicamente a los ovinos
         genéticamente sensibles existentes en los focos ovinos, de forma que los ovinos genéticamente resistentes podían ser conservados.
      
      29      Según la demandante, el anexo VII, actualmente en vigor, distingue las medidas que deben adoptarse en función de los resultados
         de la prueba diferenciadora efectuada tras la confirmación de la presencia de una EET en un ovino o en un caprino.
      
      30      Así, si se confirma la EET de un ovino o de un caprino y que no puede descartarse la EEB, el sacrificio y la destrucción total
         de los animales identificados y considerados de riesgo son obligatorios. Sin embargo, en el supuesto de que se descarte la
         EEB tras los resultados de las pruebas discriminatorias, el punto 2 del capítulo A del anexo VII del Reglamento nº 999/2001
         amplía considerablemente el margen de actuación de los Estados miembros para decidir no sacrificar o destruir los animales
         existentes en la explotación a la que pertenece el ovino o caprino víctima de la tembladera.
      
      31      La demandante añade que la aplicación de las disposiciones controvertidas tendría por consecuencia que ovinos genéticamente
         sensibles y caprinos pertenecientes a una explotación en que se confirmara un caso de tembladera clásica, podrían ser, no
         obstante, mantenidos vivos en dicha explotación o ser sacrificados para el consumo humano.
      
      32      La demandante deduce del considerando 7 del Reglamento nº 727/2007 que esta evolución se basa en dos hipótesis, consistentes,
         por una parte, en que las pruebas diferenciadoras permiten excluir de forma segura la presencia de ESB en los focos contaminados
         por la tembladera clásica, y, por otra parte, en que ésta no es transmisible al hombre y no presenta ningún riesgo para la
         salud de las personas.
      
      33      Basándose en el dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007 y en el de la EFSA de 8 de marzo de 2007, que se reproduce sólo
         parcialmente en el considerando 9 del Reglamento nº 727/2007, la demandante considera que, pese a los avances científicos,
         subsisten dudas respecto a, por una parte, la posibilidad de que, entre los agentes responsables de la EET de origen animal,
         otros agentes distintos del de la EEB puedan transmitirse al hombre y, por otra parte, sobre la fiabilidad de las pruebas
         diferenciadoras.
      
      34      En estas circunstancias, la demandante considera que los avances de conocimientos científicos en materia de EET no permiten
         modificar la percepción del riesgo que supone la tembladera clásica ni justifican la adopción de medidas menos rigurosas de
         vigilancia y de erradicación de esta enfermedad y que la Comisión ha vulnerado, en consecuencia, el principio de cautela al
         cometer un error en la evaluación del riesgo.
      
      35      La Comisión sostiene que, a diferencia de la EEB, que se considera hoy la única EET transmisible al hombre, no existen pruebas
         de conexión (epidemiológica o molecular) entre el agente de la tembladera y las EET humanas, como se desprende de numerosos
         dictámenes científicos recientes y de documentos procedentes de organizaciones internacionales especializadas. La tembladera
         no puede, por tanto, ser considerada o equiparada a una zoonosis.
      
      36      De la posición formulada en los dictámenes de la AFSSA de 15 de enero de 2007 y de la EFSA de 8 de marzo de 2007, invocados
         por la demandante en su demanda de medidas provisionales, se desprende, según la Comisión, que el riesgo de transmisión de
         agentes responsables de EET de origen animal, distintos del de la EEB en el hombre, constituye un riesgo puramente hipotético
         por lo que no puede aplicarse el principio de cautela.
      
      37      A este respecto, la Comisión recuerda que, a tenor del artículo 7 del Reglamento nº 178/2002, el principio de cautela deberá
         aplicarse cuando subsistan dudas científicas y las medidas adoptadas en virtud de este principio deberán ser proporcionadas.
      
      38      En su sentencia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo (T‑13/99, Rec. p. II‑3305), el Tribunal de Primera
         instancia precisó los requisitos de aplicación del principio de cautela en Derecho comunitario, al considerar que no puede
         constituir una motivación válida para una medida preventiva una concepción del riesgo puramente hipotética y sólo puede adoptarse
         tal medida preventiva cuando el riesgo resulte suficientemente documentado, a la vista de los datos científicos disponibles.
         De dicha sentencia, se deduce que debe existir un cierto grado de probabilidad de que se produzcan los efectos perjudiciales
         que se persigue evitar mediante la adopción de la medida de que se trate, habida cuenta de que el nivel de riesgo no puede
         situarse en un nivel de «riesgo cero».
      
      39      Por lo que se refiere a la oposición de la demandante respecto a la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras, la Comisión
         señala que éstas son el resultado de trabajos del laboratorio comunitario de referencia para las EET y de su grupo de científicos
         y expertos en la clasificación de cepas, trabajos que han permitido corroborar una metodología analítica rápida basada en
         pruebas bioquímicas para diferenciar la EEB de la tembladera.
      
      40      La demandada recuerda que, en enero de 2005, modificó el Reglamento nº 999/2001 introduciendo la obligación de aplicar estas
         pruebas diferenciadoras a cada caso «señalado» de EET que se detectara en un rebaño de ovinos o caprinos, con el fin de determinar
         los casos de EEB. Destaca que las medidas menos rigurosas previstas en el Reglamento nº 727/2007 sólo fueron adoptadas por
         tanto dos años después de la introducción de estas pruebas, habida cuenta de la observación durante dos años de la eficacia
         y el análisis de sus resultados.
      
      41      En estas circunstancias, tras haber observado que el dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007 se limitaba a reproducir
         un dictamen emitido el 15 de mayo de 2006, la Comisión alega que el hecho de que la AFSSA estimara en el año 2006 que las
         pruebas no permitían descartar la presencia de EEB no entra en contradicción con el hecho de que, en 2007, y sobre la base
         de los resultados de estas pruebas, la EFSA haya podido afirmar que estas pruebas son seguras.
      
      42      Por lo que se refiere a la última frase de las conclusiones de la EFSA relativas a estas pruebas, se explica, según la Comisión,
         porque, por naturaleza, ninguna prueba biológica puede considerarse «perfecta». A este respecto, la Comisión añade que cada
         resultado, cuya interpretación sea difícil, es objeto de un examen conjunto ante el grupo de expertos científicos mencionado
         anteriormente en el apartado 39, y, si es necesario, se llevan a cabo exámenes adicionales. Si tras estos exámenes adicionales,
         los resultados carecen aún de valor probatorio, la muestra dudosa se somete, según la Comisión, a una prueba mediante la utilización
         de ratones vivos que permita afirmar, con certeza, la naturaleza de la cepa de EET de que se trate.
      
      43      Para la Comisión, la ejecución de este riguroso procedimiento en su conjunto, permite disminuir fuertemente e, incluso eliminar
         completamente, la incertidumbre inicial inherente a las pruebas biológicas, debiendo recordarse, por lo demás, que estas pruebas
         no constituyen en sí mismas una medida de salud pública sino un instrumento técnico que permite diferenciar rápidamente la
         EEB de la tembladera.
      
      44      En estas circunstancias, la Comisión considera que no está fundada la postura de las autoridades francesas tendente a imponer
         un nivel de «riesgo cero» a efectos de la aplicación del principio de cautela.
      
      –       Sobre la gestión del riesgo
      45      La demandante alega que las medidas menos rigurosas de erradicación de las EET establecidas por las disposiciones controvertidas
         no permiten limitar el riesgo que presentan las EET para la salud humana y podrían incluso agravarlo.
      
      46      Añade que la sustitución de las obligaciones de sacrificio y destrucción preexistentes por una facultad de conservar rebaños
         o de sacrificar animales para utilizarlos seguidamente como carne para el consumo humano no resulta una medida proporcionada.
         Según el dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007, no existe actualmente medida alguna que permita sustituir el sacrificio
         y la destrucción de los animales sensibles procedentes de rebaños infectados.
      
      47      Además, la demandante sostiene que las pruebas de diagnóstico rápido, practicadas en las canales de animales sacrificados
         para el consumo humano en las circunstancias descritas en el punto 2.3, letra d), y en el punto 4 del capítulo A del anexo VII,
         son insuficientes para detectar el conjunto de animales infectados por una EET, en la medida en que se llevan a cabo a partir
         de una toma realizada en el sistema central nervioso y únicamente en los animales con más de 18 meses o con una dentición
         de más de dos incisivos definitivos.
      
      48      Además, en el supuesto de que los animales procedentes de un rebaño infectado sean mantenidos vivos en la explotación, las
         medidas de vigilancia sólo se aplicarían durante un período de dos años. La demandante subraya que, de esta forma, animales
         presentes en una explotación en el momento en que se haya detectado en ésta un caso de EET podrán, transcurrido el plazo de
         dos años y si ningún otro caso ha sido identificado, ser sacrificados y destinados al consumo humano sin haber sido sometidos
         a pruebas.
      
      49      La demandante afirma que, en el marco del sistema establecido por las disposiciones controvertidas, es previsible que algunos
         animales serán destinados al consumo humano aunque estén infectados por EET no detectadas. Pues bien, según los conocimientos
         actuales, no es posible descartar que el consumo de carnes y de productos procedentes de animales infectados por las EET suponga
         un peligro para la salud humana.
      
      50      Por último, el aumento del riesgo sanitario generado por las disposiciones controvertidas no puede, según la demandante, justificarse
         por el beneficio que se espera que éstas producirán. En este sentido, afirma la demandante, el coste que supone mantener las
         disposiciones anteriores resulta sólo ligeramente superior al coste total de la aplicación de los requisitos y modalidades
         previstas por las disposiciones controvertidas y resulta muy bajo en relación con el coste del conjunto de medidas de control
         de las EET. Por consiguiente, dicho coste no resulta desproporcionado en relación con el objetivo de la protección de la salud
         humana.
      
      51      En estas circunstancias, la demandante considera que la Comisión ha vulnerado el principio de cautela al cometer un error
         en la gestión del riesgo.
      
      52      La Comisión recuerda que las medidas adoptadas hasta el momento en el marco del Reglamento nº 999/2001 constituyen medidas
         dirigidas a luchar contra la EEB, y no contra otras EET como la tembladera, y que, a la vista de la eficacia de estas medidas
         así como de una nítida mejora de la situación, esta institución adoptó, en 2005, la iniciativa de llevar a cabo una estrategia
         global relativa a la EEB. En el marco de dicha estrategia, se han adoptado ya varias medidas en aras de suavizar el rigor
         de las disposiciones anteriores, y las medidas criticadas por las autoridades francesas relativas a la política de sacrificio
         en caso de EET en pequeños rumiantes también se incluyen dentro de esta estrategia.
      
      53      Por lo que se refiere a los requisitos de edad (animales con más de 18 meses) o de dentición (con dos incisivos definitivos),
         previstos desde el año 2002 en la normativa comunitaria a efectos del sometimiento a las pruebas de detección, la Comisión
         subraya que las autoridades francesas hasta ahora nunca habían criticado dichos requisitos. La Comisión observa que es muy
         poco probable la detección del «prión» a nivel cerebral en los animales de menos de 18 meses o con menos de dos incisivos
         definitivos y que la inutilidad de las pruebas para animales más jóvenes ha sido claramente confirmada por la AFSSA en un
         dictamen de 20 de julio de 2006.
      
      54      La Comisión recuerda que el Reglamento nº 727/2007 modifica las medidas de policía sanitaria aplicables a los rebaños infectados
         de EET que habían sido instauradas en el Reglamento nº 260/2003, cuando aún no se disponía de las pruebas diferenciadoras.
         Desde la entrada en vigor, en enero de 2005, de la obligación de proceder a pruebas diferenciadoras en todos los casos de
         EET detectados, ninguna prueba diferenciadora ha podido descubrir algún caso de EEB en los pequeños rumiantes, pese al elevado
         número de pruebas practicadas (2377 en los ovinos y 339 en los caprinos).
      
      55      Por lo que se refiere al período de vigilancia intensiva limitado a dos años a contar desde la aparición del último caso de
         EET, es muy poco probable que los animales infectados no sean detectados durante este período. Esto supone, según la Comisión,
         que durante los dos años ninguno de los animales sacrificados deberá presentar una infección.
      
      56      La demandada alega que el riesgo invocado por las autoridades francesas, de que se utilicen para el consumo carnes y productos
         potencialmente peligrosos, existía también antes de la adopción del Reglamento nº 727/2007 y ha sido tenido en cuenta en el
         marco de la gestión del riesgo.
      
      57      El porcentaje de 50 %, utilizado por la demandante para determinar la proporción de animales infectados y no detectados por
         las pruebas efectuadas en el momento del sacrificio, se refiere a la totalidad de EET, de las que solamente la EEB constituye
         una zoonosis. Por lo que se refiere a esta última, y tomando como hipótesis que la EEB puede afectar a los ovinos, hipótesis
         extremadamente improbable pero basada en el principio de cautela, un informe de la EFSA, adoptado el 25 de enero de 2007,
         calcula el riesgo en 0,3/0,5 casos de EEB por cada 10.000 animales sacrificados.
      
      58      En conclusión, la Comisión considera que, sobre la base del establecimiento de una estrategia de lucha contra las EET y, en
         particular, al imponer que se retiren los materiales de riesgo especificados, al imponer una vigilancia de las EET generalizada
         en el seno de la Unión Europea y al imponer una vigilancia activa de las EET en todos los rebaños infectados durante dos años,
         ha realizado una gestión adecuada del riesgo.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales
      –       Observaciones preliminares
      59      Para determinar si se cumple en el caso de autos el requisito relativo al fumus boni iuris, ha de efectuarse un examen a primera vista sobre la procedencia de los motivos jurídicos invocados por la demandante en apoyo
         del recurso principal y, por tanto, comprobar si las alegaciones en relación con la pretendida vulneración, en el caso de
         autos, del principio de cautela por la Comisión, son suficientemente serias como para no poder ser desestimadas en el marco
         de la presente demanda de medidas provisionales [véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de
         19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, apartado 26, y auto del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, apartado 132].
      
      60      Como ya ha declarado el Tribunal de Primera Instancia, el principio de cautela es, con arreglo al artículo 174 CE, uno de
         los principios en que se basa la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, de la que forma parte la protección
         de la salud de las personas, y se aplica igualmente cuando las instituciones comunitarias adoptan, en materia de política
         agrícola común, medidas de protección de la salud humana (sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, apartado 38 supra, apartado 114). La existencia de dicho principio ha sido reconocida por una consolidada jurisprudencia (véase la jurisprudencia
         a la que alude la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartado 115).
      
      61      En virtud del principio de cautela, ha de admitirse que, cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para
         la salud de las personas, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre
         plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos (sentencias del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998, Reino Unido/Comisión,
         C‑180/96, Rec. p. I‑2265, apartado 99, y National Farmers’Union y otros, C‑157/96, Rec. p. I‑2211, apartado 63). En cambio,
         cuando elementos nuevos modifican la percepción de un riesgo o muestran que ese riesgo puede limitarse mediante medidas menos
         rigurosas que las existentes, corresponde a las instituciones y, en particular, a la Comisión, que tiene el poder de iniciativa,
         velar por que se adapte la normativa a los nuevos datos (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006, Agrarproduktion
         Staebelow, C‑504/04, Rec. p. I‑679, apartado 40).
      
      62      Asimismo, procede destacar que el Reglamento nº 178/2002 contiene un artículo 7, titulado «Principio de cautela», cuyo tenor
         literal es el siguiente:
      
      «1.      En circunstancias específicas, cuando, tras haber evaluado la información disponible, se observe la posibilidad de que haya
         efectos nocivos para la salud, pero siga existiendo incertidumbre científica, podrán adoptarse medidas provisionales de gestión
         del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, en espera de disponer
         de información científica adicional que permita una determinación del riesgo más exhaustiva.
      
      2.      Las medidas adoptadas con arreglo al apartado 1 serán proporcionadas y no restringirán el comercio más de lo requerido para
         alcanzar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, teniendo en cuenta la viabilidad técnica
         y económica y otros factores considerados legítimos para el problema en cuestión. Estas medidas serán revisadas en un plazo
         de tiempo razonable, en función de la naturaleza del riesgo observado para la vida o la salud y del tipo de información científica
         necesaria para aclarar la incertidumbre y llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva.»
      
      63      En el presente caso, procede recordar que, habida cuenta de la magnitud del riesgo que constituyen determinadas EET para la
         salud humana y animal, y tras haber recabado dictámenes científicos relativos a medidas para reducir el riesgo potencial para
         los seres humanos y los animales derivado de la exposición a productos procedentes de animales infectados, el Parlamento y
         el Consejo adoptaron el Reglamento nº 999/2001 por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la
         erradicación de las EET en los animales bovinos, ovinos y caprinos. El Reglamento nº 999/2001, cuya base jurídica está constituida
         por el artículo 152 CE, apartado 4, letra b ) «se refiere directamente a la salud pública» (considerandos 2, 3 y 4 del Reglamento
         nº 999/2001).
      
      64      El punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007 modifica el anexo VII que determina cómo debe aplicarse el principio del sacrificio
         de los animales considerados constitutivos de riesgo, impuesto por el artículo 13, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 999/2001,
         y las derogaciones que pueden ser aportadas a dicho principio.
      
      65      Las partes están de acuerdo en que las disposiciones controvertidas suponen un menor rigor de las medidas de policía sanitaria
         aplicables al rebaño de ovinos o de caprinos en el que haya sido detectado un caso de ETT. En el supuesto de que la EEB pueda
         descartarse mediante pruebas diferenciadoras, los Estados miembros disponen en adelante de la facultad de sustituir el sacrificio
         y completa destrucción de los animales por su mantenimiento en la explotación, bajo vigilancia, o por su sacrificio para el
         consumo humano acompañado de la realización de pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de EET, en las circunstancias
         previstas en el Reglamento nº 727/2007.
      
      66      Como ha sido expuesto anteriormente en el apartado 61, las instituciones comunitarias podrán efectivamente adoptar medidas
         menos rigurosas que las existentes, cuando estas medidas puedan limitar el riesgo y que elementos nuevos hayan modificado
         su percepción.
      
      67      Además, procede recordar que, según la jurisprudencia, el legislador comunitario dispone de una amplia facultad discrecional
         en una materia como la del presente caso, en la que debe tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y realizar
         apreciaciones complejas. En este contexto, el control de fondo del juez comunitario debe limitarse a examinar si, al ejercer
         dicha facultad de apreciación, el legislador incurrió en error manifiesto o desviación de poder o, también, si éste rebasó
         manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (sentencia Agrarproduktion Staebelow, citada en el apartado 61 supra, apartado 36, y sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartado 166).
      
      68      En el caso de autos, la demandante alega que la Comisión vulneró el principio de cautela al cometer un error tanto en la evaluación
         como en la gestión del riesgo.
      
      –       Sobre la evaluación del riesgo
      69      La demandante sostiene que los nuevos elementos invocados por la Comisión no permiten modificar la percepción del riesgo tenido
         en cuenta en el Reglamento nº 999/2001 y que dicha institución vulneró, en consecuencia, el principio de cautela al cometer
         un error en la evaluación del riesgo.
      
      70      La Comisión no parece negar que, en el contexto de la aplicación del principio de cautela, una evaluación del riesgo era un
         requisito previo a la adopción de las disposiciones controvertidas. En sus escritos, precisa incluso que esta evaluación del
         riesgo debe, por una parte, incluir una actividad científica y, por otra, permitir que se determine el nivel de riesgo considerado
         inaceptable, dejando claro que la realización de una evaluación científica de riesgos es un requisito previo a la adopción
         de «cualquier medida».
      
      71      De los autos se desprende que el carácter serio de las alegaciones de la demandante en cuanto al error cometido por la Comisión
         en la evaluación del riesgo debe ser apreciado principalmente a la luz del dictamen de la EFSA y de su Grupo Científico sobre
         los Riesgos Biológicos de 8 de marzo de 2007, en el que se basan esencialmente el Reglamento nº 727/2007, y, más concretamente,
         las disposiciones controvertidas.
      
      72      A este respecto, es necesario señalar que el considerando 9 del Reglamento nº 727/2007 se refiere expresamente a las conclusiones
         del dictamen antes citado, pero oculta una parte del mismo que parece poner en tela de juicio el doble postulado en el que
         se basan las disposiciones controvertidas, a saber, la falta de transmisibilidad al hombre de las EET distintas de la EEB
         y la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras.
      
      73      En el dictamen de que se trata, la EFSA y su Grupo Científico sobre los Riesgos Biológicos indicaron que «no existen pruebas
         de conexión epidemiológica o molecular entre la tembladera clásica o la atípica y las EET humanas» y que «las pruebas de diagnóstico
         de diferenciación actuales, tal como figuran descritas en la legislación comunitaria y que deben ser utilizadas para realizar
         la distinción entre la tembladera y la EEB, parecen hoy fiables para distinguir la EEB de la tembladera clásica y atípica»,
         pero ambas consideraciones van acompañadas por dos observaciones, formuladas en forma de restricciones, con las que parecen
         formar un todo indisociable, que debe ser necesariamente apreciado en su conjunto, para comprender de forma completa el alcance
         de la respuesta científica aportada por los expertos a las preguntas de la Comisión.
      
      74      En este sentido, además de las consideraciones antes citadas, la EFSA y su grupo de expertos precisaron claramente que «debido
         a su variedad, no es posible actualmente descartar la transmisibilidad al hombre de otros agentes de EET animales» y que,
         por lo que respecta a las pruebas diferenciadoras, «según los conocimientos científicos actuales, ni su sensibilidad diagnóstica
         ni su especificidad pueden ser consideradas perfectas».
      
      75      Es preciso destacar que la Comisión no sólo eliminó, sin justificarlo, en el Reglamento nº 727/2007, una parte de las conclusiones
         de la EFSA, sino que reprodujo de forma inexacta la parte de las conclusiones que ha mantenido. Mientras que la EFSA y su
         Grupo Científico sobre los Riesgos Biológicos señalaron que las pruebas diferenciadoras «parecen» hoy fiables para distinguir
         la EEB de la tembladera clásica y atípica, la Comisión indica en el considerando 9 del Reglamento nº 727/2007 que dichas pruebas
         «son» fiables.
      
      76      Además, mientras que el dictamen de la EFSA de 8 de marzo de 2007 constituye, a primera vista, la única evaluación científica
         concreta sirvió de base para adoptar las disposiciones controvertidas, la demandante aportó a los autos varios dictámenes
         de la AFSSA, de los cuales uno, con fecha de 15 de enero de 2007, expresa las mismas restricciones y las mismas dudas respecto
         al doble postulado de la Comisión en cuyo origen se encuentra la adopción de dichas disposiciones. Habiendo sido interrogada
         la Comisión, por escrito de 20 de abril de 2007, sobre la existencia de una contradicción entre los dictámenes de que se trata,
         el Director de la EFSA afirmó de forma clara que existía una total convergencia entre los puntos de vista de ambas organizaciones,
         conclusión que fue ignorada por los miembros del CPCASA que debieron pronunciarse sobre el proyecto de Reglamento modificativo
         desde el 24 de abril de 2007, antes incluso de que transcurriera el plazo de respuesta concedido por la Comisión al Director
         de la EFSA.
      
      77      En tales circunstancias, no parece fundada la existencia de un «consenso» en la comunidad científica sobre la falta de transmisibilidad
         al hombre de las EET de origen animal distintas de la EEB, invocada por la Comisión.
      
      78      Su afirmación según la cual el principio de cautela no puede aplicarse en el caso de autos, habida cuenta del carácter «puramente
         hipotético» del riesgo de transmisión al hombre de agentes responsables de EET de origen animal, distintos de la EEB, y de
         la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras tampoco parece, al menos a primera vista, justificada.
      
      79      Procede recordar que, en la medida en que no puede existir efectivamente un «riesgo cero», el principio de cautela sólo puede
         aplicarse, por tanto, cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la salud humana, que, sin estar basado en meras
         hipótesis no verificadas científicamente, aún no haya podido ser plenamente demostrado. Además, en materia de aplicación del
         principio de cautela, que se produce por definición en un contexto de incertidumbre científica, no cabe exigir que la evaluación
         de riesgos aporte obligatoriamente a las instituciones comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad del riesgo
         y de la gravedad de los efectos perjudiciales potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara (sentencia Pfizer
         Animal Health/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartados 142 y 146).
      
      80      En el caso de autos, la Comisión no parece negar que el dictamen de la EFSA de 8 de marzo de 2007 cumple los requisitos de
         excelencia, independencia y transparencia exigidos a los dictámenes científicos (véase, por lo que se refiere a dichos requisitos,
         la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartado 159). El dictamen de que se trata incluye no sólo las respuestas aportadas a las dos preguntas formuladas por la
         Comisión, sino que también contiene una explicación científica detallada subyacente a las conclusiones expresadas y que permitía
         a la institución decidir si debían adoptarse las medidas. Igualmente, el dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007 parece
         responder a los requisitos antes aludidos.
      
      81      Pues bien, en el dictamen de la EFSA de 8 de marzo de 2007, se precisa claramente lo siguiente:
      
      «En conclusión, no existen actualmente datos científicos que permitan considerar zoonótico un agente responsable de EET distinto
         del agente de la EEB. No obstante, subsisten serias dudas científicas en cuanto a si los agentes responsables de EET en su
         totalidad pueden sobrepasar la barrera de la transmisión al hombre en condiciones naturales.»
      
      82      Además, el Grupo de Expertos Científicos sobre los Riesgos Biológicos recordó igualmente un dictamen de la EFSA de enero de
         2007 cuyo tenor era el siguiente: 
      
      «La realización [de las pruebas diferenciadoras] en el marco de la vigilancia de los pequeños rumiantes ha contribuido a mejorar
         la precisión de las estimaciones prevalentes. Sin embargo, frente a este escenario optimista, el grupo científico BIOHAZ ha
         reconocido que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diferenciadoras no habían sido evaluadas de forma experimental,
         por razones logísticas, y que factores de confusión potenciales, como por ejemplo la infección al mismo tiempo en un solo
         animal de tembladera y de EEB, quedaban aún pendientes por estudiar.»
      
      83      Por otra parte, resulta difícilmente concebible que el Grupo de Expertos Científicos sobre los Riesgos Biológicos de la EFSA,
         al redactar su conclusión sobre la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras, pudiera ignorar la consideración aducida por
         la Comisión en sus escritos sobre el hecho de que, por naturaleza, ninguna prueba biológica puede considerarse «perfecta».
      
      84      La institución demandada no ha aportado, por lo demás, ninguna apreciación numérica sobre la eficacia de las pruebas diferenciadoras
         y ha admitido, durante la vista, una dificultad debida a una falta de fuerza estadística. Las alegaciones de la Comisión sobre
         la neutralización del riesgo relacionado con la existencia de posibles falsificaciones negativas derivadas del hecho de la
         aplicación de pruebas adicionales en caso de resultado difícil de interpretar, justifican un examen exhaustivo que no puede
         efectuarse en el marco del presente procedimiento de medidas provisionales.
      
      85      Por lo tanto, puede considerarse que, al menos a primera vista, los dos dictámenes anteriormente citados ponen de relieve
         que, pese a ciertos avances de los conocimientos científicos, subsisten dudas científicas reales, por una parte, respecto
         a la posibilidad de que, entre los agentes responsables de EET de origen animal, otros agentes distintos de la EEB puedan
         ser transmisibles al hombre y, por otra parte, respecto a la fiabilidad de las pruebas diferenciadoras.
      
      86      Si se sigue en el presente procedimiento el mismo criterio que en la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el
         apartado 38 supra, habida cuenta del conjunto de los elementos obrantes en autos y de los debates que tuvieron lugar en la vista, resulta que
         la alegación de la demandante, según la cual los avances de los conocimientos científicos en materia de EET en los pequeños
         rumiantes no permiten modificar la percepción del riesgo que suponen las enfermedades para la salud pública, no carece completamente
         de fundamento. En tales circunstancias, el motivo basado en la vulneración del principio de cautela debido a un error de la
         Comisión en la evaluación del riesgo, justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar únicamente al juez del fondo
         del asunto.
      
      –       Sobre la gestión del riesgo
      87      La demandante alega que las medidas menos rigurosas de erradicación de las EET instauradas por las disposiciones controvertidas
         no permiten limitar el riesgo que presentan las EET para la salud humana y podrían incluso agravarlo. Actuando así, la Comisión
         vulneró, según la demandante, el principio de cautela al cometer un error en la gestión del riesgo.
      
      88      Procede recordar que la evaluación científica del riesgo debe permitir a la autoridad competente determinar, en el marco de
         la gestión del riesgo, qué medidas le parecen apropiadas y necesarias para evitar que el riesgo se materialice (sentencia
         Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 38 supra, apartado 163). En este sentido, la pertinencia de la estimación del riesgo es determinante a efectos de la apreciación de
         la gestión de dicho riesgo.
      
      89      Como se ha expuesto, las disposiciones controvertidas suponen un menor rigor de las medidas de policía sanitaria aplicables
         al rebaño de ovinos o de caprinos en el que ha sido detectado un caso de EET mediante una primera prueba de diagnóstico rápido.
         En el supuesto de que la EEB haya podido ser descartada mediante las pruebas diferenciadoras, el sacrificio y la destrucción
         completa del resto de ovinos y caprinos presentes en la explotación y, cuando puedan ser identificados, de los genitores del
         animal en que la enfermedad haya sido confirmada así como los descendientes de última generación de la hembra en la que se
         haya confirmado la enfermedad, constituyen sólo una medida facultativa. En lugar de esta medida, la autoridad competente podrá:
      
      –        ordenar que se proceda al sacrificio inmediato para el consumo humano del resto de ovinos y caprinos presentes en la explotación
         y, cuando puedan ser identificados, de los genitores del animal en que la enfermedad haya sido confirmada así como los descendientes
         de última generación de la hembra en la que se haya confirmado la enfermedad, debiendo ser sometidos a pruebas de diagnóstico
         rápido de detección de la presencia de EET los animales de más de 18 meses de edad o con una dentición de más de dos incisivos
         definitivos [punto 2.3, letra d), del capítulo A del anexo VII];
      
      –        cuando se cumplan los requisitos mencionados en el punto 2.3, letra b), inciso iii), del capítulo A del anexo VII, mantener
         en la misma explotación todos los ovinos y caprinos de ésta con prohibición de desplazarse hacia otra explotación ganadera
         durante un período de dos años a partir de la confirmación del último caso de EET, período durante el cual estos animales
         pueden ser enviados al matadero y sus canales entregadas para el consumo humano, debiendo los animales de más de 18 meses
         de edad, ser previamente sometidos a pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de EET (punto 4 del capítulo
         A del anexo VII).
      
      90      En este sentido, las nuevas disposiciones establecidas por la Comisión se basan en la realización anterior y posterior de
         pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de una EET.
      
      91      Con carácter anterior, dichas pruebas se insertan en el programa de vigilancia de los ovinos y caprinos introducido por el
         Reglamento (CE) nº 270/2002 de la Comisión, de 14 de febrero de 2002, por el que se modifican el Reglamento (CE) nº 999/2001,
         en lo referente a los materiales especificados de riesgo y al control epidemiológico de las EET y el Reglamento (CE) nº 1326/2001
         en lo referente a la alimentación animal y a la comercialización de animales de las especies ovina y caprina y sus productos
         (DO L 45, p. 4).
      
      92      Procede destacar que este programa no afecta a la totalidad de animales destinados al consumo humano, sino que se basa en
         un muestreo. Las pruebas de diagnóstico rápido de detección sólo se practican en una parte de animales sacrificados para el
         consumo y dan lugar, en caso de reacción positiva, a la práctica de pruebas diferenciadoras que permiten, según la Comisión,
         distinguir entre un animal que padece la tembladera y un animal que padece la EEB y que determinan las opciones de que dispone
         la autoridad competente en materia de policía sanitaria.
      
      93      Ha quedado acreditado que las pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de una EET se realizan exclusivamente
         sobre tejidos del sistema central nervioso extraídos del animal de que se trate. La demandante señala, sin que la Comisión
         le contradiga en este punto, que ha sido científicamente demostrado que en el caso de la EEB y de la tembladera clásica en
         los pequeños rumiantes, el prión patógeno sólo se acumula en proporciones detectables en los tejidos del sistema central nervioso
         ulteriormente, pero puede encontrarse presente desde la más temprana edad en ciertos tejidos periféricos que no han sido extraídos.
         En el dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007, se indica claramente que un «resultado negativo realizado en el óbex no
         permite en absoluto garantizar el carácter infeccioso de un pequeño rumiante respecto a la EEB o a la tembladera», especialmente
         cuando el animal es portador de un genotipo sensible.
      
      94      La demandante invoca igualmente en apoyo de su demanda un dictamen de la AFSSA de 13 de junio de 2007, en el que se indica
         que, sobre la base de datos recabados en Francia respecto a los ovinos, «ha sido demostrado que las pruebas en el óbex sólo
         consiguen detectar alrededor de un 50 % de los animales infectados en los rebaños afectados, el otro 50 % corresponde a animales
         en incubación portadores de infecciones en sus órganos linfoides». La Comisión no ha rebatido en sus escritos esta observación
         de la AFSSA y simplemente ha indicado que el porcentaje alegado debía ser «considerado con prudencia» y que afecta a la totalidad
         de las EET de las que sólo la EEB constituye una zoonosis. 
      
      95      Con carácter posterior, las pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de una EET van a determinar la comercialización
         de carnes y productos derivados de animales que proceden ellos mismos de un rebaño en que un caso de EET ha sido detectado
         y en el cual, según la Comisión, la EEB puede descartarse mediante una prueba diferenciadora.
      
      96      De las disposiciones controvertidas resulta, en efecto, que los animales, incluidos los ovinos genéticamente sensibles y los
         caprinos, que pertenezcan a una explotación en la que un caso de EET haya sido confirmado, pueden en adelante ser sacrificados
         para el consumo humano, mientras que en el marco jurídico anterior al Reglamento nº 727/2007, tendrían que haber sido sacrificados
         y destruidos.
      
      97      Entre estos animales, algunos de ellos pueden ser sacrificados para el consumo humano, sin ser objeto de una prueba de diagnóstico
         rápido de detección de la presencia de EET, ya que no responden a los criterios para el sometimiento a dicha prueba, y ser,
         sin embargo, portadores de agentes infecciosos, como ha sido expuesto en los apartados 92 y 93 anteriormente.
      
      98      Sólo están sometidos, en efecto, a las pruebas de diagnóstico rápido de detección de la presencia de EET los animales con
         más de 18 meses de edad o con más de dos incisivos, teniendo en cuenta que este segundo requisito sólo se menciona para el
         supuesto de sacrificio inmediato previsto en el punto 2.3, letra d), del capítulo A del anexo VII y que ha sido, según las
         explicaciones dadas por la Comisión en la vista, eliminado en el caso del sacrificio que se efectúe durante el período de
         vigilancia de dos años previsto en el punto 4 del capítulo A del anexo VII.
      
      99      Estos requisitos, de edad y de dentición, se basan en el grado de probabilidad de detección del prión patógeno a nivel cerebral,
         que sólo se acumula en proporciones detectables en los tejidos del sistema central nervioso ulteriormente. En la medida en
         que las pruebas de que se trata sólo permiten detectar la enfermedad en un estado avanzado, parece posible concluir que, a
         primera vista, animales sometidos a las pruebas e infectados pueden no ser detectados si no presentan una acumulación suficiente
         del prión patógeno en el sistema nervioso central.
      
      100    Cabe recordar que la Comisión no rebate seriamente el dictamen de la AFSSA, de 13 de junio de 2007, en el que dicho organismo
         estima que 50 % de los ovinos infectados por EET no son detectados por las pruebas practicadas en el momento de sacrificarlos.
      
      101    Además, a la luz de la lectura del punto 2.3, letra b), inciso iii), en relación con el punto 4 del capítulo A del anexo VII,
         resulta que ovinos y caprinos presentes en una explotación en la que un caso de EET ha sido detectado, pueden ser mantenidos
         vivos en ésta y ser sacrificados para el consumo humano, transcurrido el plazo de dos años sin ser sometidos a una prueba
         de detección de EET.
      
      102    Esta afirmación debe ser apreciada a la luz del dictamen de la AFSSA de 15 de enero de 2007 según el cual el riesgo de infección
         por las EET de un animal procedente de un rebaño afectado por la tembladera clásica es de 20 a 600 veces más elevado que el
         riesgo de infección por las EET de un animal procedente de la población general, siendo este riesgo aún mayor para los animales
         genéticamente sensibles. Si bien la Comisión ha señalado, acertadamente, durante la vista que el comité de expertos de la
         AFSSA califica de exagerada la apreciación numérica de que se trata, no ha rebatido, sin embargo, la afirmación del principio
         sobre la existencia de un riesgo incrementado de infección en la situación anteriormente descrita.
      
      103    La Comisión se contenta con alegar que la probabilidad de que los animales infectados no sean detectados durante el período
         de dos años es extremadamente baja, ya que «esto significa que, durante estos dos años, ninguno de los animales que serán
         sacrificados deberá presentar una infección».
      
      104    Sin embargo, ha quedado acreditado que todos los animales sacrificados para el consumo humano no son objeto de una prueba
         de diagnóstico rápido que permita detectar una EET.
      
      105    Por otra parte, procede destacar que la Comisión admite, en sus escritos, que la tembladera tiene un período de incubación
         variable que depende de diversos factores entre los cuales se encuentran el patrimonio genético del huésped y la cepa del
         agente causal. De los informes orales expuestos en la vista, se deduce que la duración de la incubación puede ser superior
         a dos años, al aludir la Comisión a una «media de dos años» mientras que la demandante evalúa entre cuatro y cinco años dicha
         duración.
      
      106    En estas circunstancias, no carece completamente de fundamento la afirmación de la demandante según la cual es previsible
         que, en el marco del sistema establecido por las disposiciones controvertidas, algunos animales serán utilizados para el consumo
         humano aunque estén infectados por EET no detectadas.
      
      107    Pues bien, como se ha expuesto, es posible considerar, al menos a primera vista, que los dictámenes de la AFSSA de 15 de enero
         de 2007 y de la EFSA de 8 de marzo de 2007 suscitan serias dudas científicas sobre las circunstancias en las que las EET,
         distintas de la EEB, podrían ser transmisibles al hombre. Según los actuales conocimientos, no es posible descartar que el
         consumo de carnes y de productos derivados de animales infectados por las EET, distintos de la EEB, no supongan un peligro
         para la salud humana.
      
      108    Además, los dos dictámenes antes citados parecen suscitar serias dudas científicas respecto a la fiabilidad de las pruebas
         diferenciadoras, lo que significa que puede ocurrir que carnes y productos procedentes de animales portadores de las cepas
         de EEB no detectadas sean comercializados, lo cual implica un peligro real para la salud humana.
      
      109    En sus escritos, la Comisión sostiene que la hipótesis de que la EEB pueda darse en los ovinos es «altamente improbable».
      
      110    Sin embargo, procede destacar que el considerando 6 del Reglamento nº 727/2007 menciona «la detección en 2005 de [EEB] en
         una cabra y de tres casos inhabituales de EET en ovejas, en los que no pudo descartarse que se tratase de EEB». Durante la
         vista, la Comisión precisó que los tres casos de que se trata estaban siendo analizados y que no era posible, en esta fase
         del procedimiento, deducir ninguna conclusión definitiva.
      
      111    La Comisión aportó igualmente un dictamen de la EFSA de 25 de enero de 2007, que calcula el riesgo en 0,3/0,5 casos de EEB
         por cada 10.000 animales sacrificados, únicamente por lo que se refiere a los ovinos. Como subraya acertadamente la demandante,
         esta estimación debe ser puesta en relación, a efectos de medir su alcance exacto, con la totalidad de la población ovina
         en la Comunidad, que la demandante calcula en 67 millones de animales individuales.
      
      112    En cualquier caso, cabe observar que el riesgo para la salud humana que supone la presencia de EEB en los pequeños rumiantes
         está claramente reconocido en el punto 2.3, letra a), del capítulo A del anexo VII que prevé, si se confirma la EET de un
         ovino o un caprino y que no puede descartarse la EEB, el sacrificio y la destrucción completa, en particular, de todos los
         ovinos y caprinos presentes en la explotación y, cuando puedan ser identificados, de los genitores del animal en que la enfermedad
         haya sido confirmada así como los descendientes de última generación de la hembra en la que se haya confirmado la enfermedad.
      
      113    La Comisión subraya, por último, que el riesgo de que se utilicen para el consumo carnes procedentes de animales infectados
         por una EET no constituye un riesgo nuevo, puesto que éste existía ya, antes de la adopción del Reglamento nº 727/2007, y
         además ha sido tenido en cuenta en el marco de la gestión del riesgo.
      
      114    Aparte de que esta observación contradice la propia afirmación de la demandada según la cual la posición de las autoridades
         francesas tiende a imponer un nivel de «riesgo cero» en aplicación del principio de cautela, parece que la situación anterior
         existente a la adopción del Reglamento nº 727/2007 no puede ser comparada, en términos de riesgo para la salud humana, a la
         que resulta de la aplicación de las disposiciones controvertidas.
      
      115    En efecto, procede señalar que, a la falta de carácter sistemático del programa de vigilancia de ovinos y de caprinos previsto
         en el Reglamento nº 270/2002 y a la posibilidad de entregar para el consumo humano carnes y productos procedentes de animales
         genéticamente resistentes, debe añadirse la comercialización de todo un conjunto de carnes y productos derivados de animales
         procedentes de rebaños afectados por una EET y portadores de un genotipo sensible que, en el sistema anterior al instaurado
         por el Reglamento nº 727/2007, habrían sido sacrificados y destruidos.
      
      116    En conclusión, la alegación de la demandante según la cual las disposiciones controvertidas no permiten limitar el riesgo
         que presentan las EET para la salud humana y podrían incluso agravarlo no parece, al menos a primera vista, carecer de pertinencia.
         En tales circunstancias, el motivo basado en la vulneración del principio de cautela debido a un error de la Comisión en la
         gestión del riesgo, justifica un examen exhaustivo que corresponde realizar únicamente al juez del fondo del asunto.
      
       Sobre la urgencia
       Alegaciones de las partes
      117    La demandante solicita la suspensión de la ejecución de las disposiciones controvertidas, debido a un perjuicio grave e irreparable
         para la salud pública que puede resultar de la aplicación de las mismas. A este respecto, señala que, a partir del 17 de julio
         de 2007 podían comercializarse carnes y productos derivados del sacrificio de rebaños infectados por EET no detectados, lo
         que supone un peligro para la salud humana.
      
      118    Añade que, si bien la realización del perjuicio no es segura, el grado de probabilidad de que se produzca el daño es suficiente
         para justificar la concesión de la medida provisional solicitada.
      
      119    La Comisión señala que las autoridades francesas solicitan una suspensión de la ejecución de las disposiciones controvertidas
         sobre la base de un supuesto riesgo para la salud pública resultante de la aplicación de dichas disposiciones y, en particular,
         del hecho de que carnes y productos procedentes de animales que hayan contraído una EET distinta de la EEB, puedan ser comercializados
         para el consumo.
      
      120    Indica que, aparte de que esta situación ya existe actualmente, procede recordar que no existe, actualmente, ninguna prueba
         de transmisión al hombre de la tembladera y que las pruebas diferenciadoras no sólo son fiables, sino que forman parte de
         todo un conjunto de medidas.
      
      121    Al actuar así, la Comisión considera que el riesgo de perjuicio grave e irreparable invocado por las autoridades francesas
         es de naturaleza hipotética y no puede, por tanto, justificar las medidas solicitadas.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales
      122    Procede recordar que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura
         decisión definitiva, al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara la jurisdicción comunitaria
         (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1996, Alemania/Comisión, C‑399/95 R, Rec. p. I‑2441, apartado
         46). Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin
         de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable [auto del Presidente
         del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, apartado 94]
      
      123    Incumbe a la parte que alega un daño grave e irreparable probar su existencia. Aunque no se exige, a este respecto, una certeza
         absoluta de que se producirá el daño y basta una mera probabilidad suficiente de que ocurra, no es menos cierto que el demandante
         sigue teniendo la obligación de probar los hechos sobre los que supuestamente se basa la eventualidad de dicho daño (autos
         del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1993, Alemania/Consejo, C‑280/93 R, Rec. p. I‑3667, apartado 34, y del Presidente
         del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2001, Comisión/NALOO, C‑180/01 P‑R, Rec. p. I‑5737, apartado 53).
      
      124    En el caso de autos, las autoridades francesas encargadas de garantizar el interés general ligado a la protección de la salud
         pública, solicitan la suspensión de la ejecución de las disposiciones controvertidas, debido al riesgo que para la salud humana
         se deriva de su aplicación.
      
      125    Como alega la demandante, sin que la Comisión la contradiga en este punto, la situación a la que se ha aludido anteriormente,
         deberá ser apreciada en relación con la importancia de los flujos intracomunitarios de carnes de pequeños rumiantes.
      
      126    A este respecto, ha quedado acreditado que, desde el 17 de julio de 2007 y en todo el territorio europeo, pueden ser sacrificados
         para el consumo humano ovinos, incluidos animales portadores de un genotipo sensible, así como caprinos procedentes de un
         rebaño en el que haya sido detectado un caso de EET.
      
      127    En el presente asunto, procede tomar en consideración, en el marco de la apreciación del requisito de la urgencia, el hecho
         de que los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por la demandante en apoyo del fumus boni iuris resultan serios, a la vista de los elementos que obran en poder del juez de medidas provisionales.
      
      128    Por consiguiente, procede considerar que, desde el 17 de julio de 2007, es posible que carnes o productos derivados de animales
         infectados por una EET sean entregados para el consumo humano.
      
      129    Ha de señalarse que dos organismos especializados e independientes han concluido recientemente que si bien no existen pruebas
         de conexión epidemiológica o molecular entre la tembladera clásica o la atípica y las EET humanas, y que el agente de la EEB
         es el único agente responsable de la EET considerado zoonótico, no obstante, debido a su variedad, no es posible descartar
         actualmente la transmisibilidad al hombre de otros agentes de EET animales. En estas circunstancias, el consumo de carnes
         y de productos derivados de un animal infectado por las EET, distintas de la EEB, supone un peligro potencial para la salud
         humana.
      
      130    Los dictámenes emitidos por ambos organismos hacen constar reales dudas científicas en cuanto a la fiabilidad de la prueba
         diferenciadora, que permite supuestamente distinguir la EEB de la tembladera. Pues bien, el consumo de carnes y de productos
         derivados de un animal infectado por la EEB supone un peligro real para el hombre.
      
      131    Si bien, como subraya la Comisión, el riesgo para la salud pública que supone la existencia en el mercado de carnes y productos
         procedentes de animales infectados por una EET existía ya antes de la adopción de las disposiciones controvertidas, este riesgo,
         sin embargo, ha aumentado objetivamente tras la entrada en vigor de estas últimas, debido a que la comercialización de todo
         un conjunto de carnes y de productos derivados de animales procedentes de rebaños afectados por una EET que, en el sistema
         anterior al establecido por el Reglamento nº 727/2007, tendrían que haber sido sacrificados y destruidos.
      
      132    Cabe destacar que, en un dictamen de 13 de junio de 2007, la AFSSA señala que, en el marco de una estimación que determina
         sólo un orden de magnitud, la aplicación de las disposiciones controvertidas ha conducido, en 2006, a la entrega para el consumo
         humano de al menos 1000 canales francesas portadoras de cantidades considerables de focos infecciosos.
      
      133    En tales circunstancias, debe concluirse que, en el caso de autos, se cumple el requisito de la urgencia.
      
       Sobre la ponderación de intereses
       Alegaciones de las partes
      134    La demandante recuerda que, aunque el mantenimiento de la normativa actual tiene un coste, éste no resulta desproporcionado
         en relación con las consideraciones de salud pública, mientras que la aplicación de las disposiciones controvertidas podría
         causar un perjuicio grave e irreparable a la salud de las personas.
      
      135    Pues bien, de la jurisprudencia resulta que la ponderación de los intereses en conflicto sólo puede llevar a reconocer la
         preeminencia de la protección de la salud pública contra un riesgo mortal, que en absoluto puede ser excluido en el estado
         actual de los conocimientos científicos, respecto de consideraciones de índole económico (auto del Tribunal de Justicia de
         12 de julio de 1996, Reino Unido/Comisión, C‑180/96 R, Rec. p. I‑3903, apartados 90 a 93).
      
      136    La demandante añade que la anulación, en su caso, de las disposiciones controvertidas por el juez del fondo del asunto no
         permitirá invertir la situación que habrá provocado su aplicación inmediata.
      
      137    Por consiguiente, la demandante considera que la ponderación de los intereses justifica la suspensión de la ejecución de las
         disposiciones controvertidas.
      
      138    La Comisión se opone a las afirmaciones de la demandante respecto a la utilización para el consumo humano de carnes y productos
         potencialmente peligrosos y sostiene que el mantenimiento de la medida del sacrificio y de la destrucción de la totalidad
         del rebaño con la exclusión de los animales resistentes ya no está justificado por los avances científicos y resulta contrario
         al principio de proporcionalidad.
      
      139    Estima que las nuevas disposiciones del Reglamento nº 999/2001 otorgan una mayor libertad a los ganaderos, sin poner en tela
         de juicio el nivel de seguridad actual para la salud del consumidor, y que, en tales circunstancias, la ponderación de los
         intereses en conflicto se inclina manifiestamente por la aplicación de las medidas impugnadas.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales
      140    Cuando, en el marco de una demanda de medidas provisionales, el juez de medidas provisionales pondera los diferentes intereses
         concurrentes, le incumbe determinar si la anulación, en su caso, del acto controvertido por el juez que conoce del fondo permitiría
         invertir la situación provocada por su ejecución inmediata y, al contrario, si la suspensión de la ejecución de dicho acto
         podría entorpecer la plena eficacia de éste en el supuesto de que se desestimara el recurso principal (autos Comisión/Atlantic
         Container Line y otros, citados anteriormente en el apartado 59 supra, apartado 50, y Reino Unido/Comisión, en el apartado 135 supra, apartado 89).
      
      141    A este respecto, procede recordar que, en principio, debe atribuirse incontestablemente un carácter preponderante a las exigencias
         ligadas a la protección de la salud pública sobre las consideraciones económicas, (véase el auto del Presidente del Tribunal
         de Primera Instancia de 30 de junio de 1999, Alpharma/Consejo, T‑70/99 R, Rec. p. II‑2027, apartado 152 y la jurisprudencia
         allí citada). De ello se desprende que, cuando sea invocada la existencia de un serio riesgo para la salud pública, el juez
         de medidas provisionales debe inclinarse de manera casi inevitable, pese a su soberanía formal en la ponderación de los intereses,
         en favor de la protección de ésta (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 11
         de abril de 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consejo, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, apartado 122).
      
      142    En sus escritos, la Comisión no invoca consideraciones económicas que se opongan a la pretensión de suspensión formulada por
         la demandante, pero alega, de nuevo, haber demostrado que la aplicación de las disposiciones controvertidas no tiene por consecuencia
         la utilización para el consumo humano de carnes y de productos potencialmente peligrosos y que el mantenimiento del sacrificio
         y de la destrucción de la totalidad del rebaño, resulta, según los conocimientos científicos actuales, desproporcionado.
      
      143    Sin embargo, procede recordar que los argumentos fácticos y jurídicos presentados por la demandante en apoyo del fumus boni iuris resultan, a la vista de los elementos que obran en poder del juez de medidas provisionales, sólidos y que se ha concluido
         anteriormente que existe un riesgo serio de perjuicio grave e irreparable para la salud de las personas.
      
      144    Como señala acertadamente la demandante, la suspensión de las disposiciones controvertidas no podrá entorpecer la plena eficacia
         de éstas en el supuesto de que se desestime el recurso principal, puesto que ello sólo supondría aplazar simplemente sus efectos
         en el tiempo. Sin embargo, la aplicación efectiva e inmediata de las disposiciones controvertidas tiene por consecuencia la
         utilización para el consumo humano de carnes y productos potencialmente peligrosos y una contaminación posible de los consumidores,
         situación ésta que una anulación de las disposiciones controvertidas por el juez del fondo no podría remediar.
      
      145    Por lo que se refiere a la consideración relativa a la mayor libertad concedida a los ganaderos, la Comisión precisó en la
         vista que estos últimos atravesaban graves dificultades para reconstituir sus rebaños con animales resistentes y que el menor
         rigor de las medidas de policía sanitaria introducido por las disposiciones controvertidas iba, en la práctica, a permitir
         garantizar un mayor cumplimiento por los ganaderos de la obligación de denunciar en casos clínicos y evitar así de forma eficaz
         el «riesgo de escape».
      
      146    Cabe, sin embargo, destacar que la propia Comisión subraya que la posibilidad de mantener vivos los animales en una explotación
         en la cual se haya detectado un caso de EET se acompaña de una vigilancia intensiva de dicha explotación durante dos años,
         situación que es seguramente rigurosa para el ganadero y que no permite, a priori, evitar de forma eficaz el «riesgo de escape».
      
      147    La ventaja puramente hipotética aducida así por la Comisión no puede ser preponderante respecto al daño grave, en términos
         de salud pública de la población, que la aplicación efectiva inmediata de las disposiciones controvertidas puede provocar
         y que no podría remediarse en el supuesto de que estimara, posteriormente, el recurso principal.
      
      148    La ponderación de los intereses en juego no puede, por lo tanto, inclinarse en favor de la desestimación de la medida de suspensión
         de la ejecución, como solicita la Comisión.
      
      149    En conclusión, dado que se cumplen los requisitos para conceder la suspensión de la ejecución de las disposiciones controvertidas,
         procede estimar la demanda de medidas provisionales.
      
      150    La Comisión estima que una de las medidas impugnadas por las autoridades francesas, esto es, la limitación de la vigilancia
         intensiva a dos años, no se aplicará efectivamente hasta dentro de dos años y que, por tanto, no hay ninguna razón para proceder
         a su suspensión.
      
      151    Sin embargo, debe observarse que la medida consistente en mantener animales en una explotación en la que se haya detectado
         un caso de EET, con prohibición de salir hacia otra explotación ganadera durante un período de dos años a partir de la confirmación
         del último caso de EET, tal como se prevé en los puntos 2.3, letra b), inciso iii), y 4 del capítulo A del anexo VII, se aplica
         plenamente desde el 17 de julio de 2007. Teniendo en cuenta que los animales de que se trata pueden, durante este período
         de dos años, ser enviados al matadero y sus canales ser entregadas para el consumo humano y la incertidumbre relativa a la
         duración del procedimiento principal, deberá suspenderse, hasta que recaiga la sentencia en el asunto principal, la aplicación
         del punto 3 del anexo del Reglamento nº 727/2007, en la medida en que introduce, en el capítulo A del anexo VII, no sólo el
         punto 2.3, letra d), sino también el punto 2.3, letra b), inciso iii), y el punto 4.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL JUEZ DE MEDIDAS PROVISIONALES
      resuelve:
      1)      Suspender hasta que recaiga la sentencia en el asunto principal, la aplicación del punto 3 del anexo del Reglamento (CE) nº 727/2007
            de la Comisión, de 26 de junio de 2007, por el que se modifican los anexos I, III, VII y X del Reglamento (CE) nº 999/2001
            del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación
            de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles, en la medida en que introduce, en el capítulo A del anexo VII
            del Reglamento (CE) nº 999/2001, de 22 de mayo de 2001, el punto 2.3, letra b), inciso iii), el punto 2.3, letra d), y el
            punto 4.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 28 de septiembre de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Juez
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                      M. Vilaras
            
         * Lengua de procedimiento: francés.