CELEX: 52015PC0151
Language: es
Date: 2015-04-07
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE _x000b_del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro _x000b_en forma de pago de intereses

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		52015PC0151
		
			Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses /* COM/2015/0151 final - 2015/0076 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
Tras la adopción de la Directiva 2003/48/CE
del Consejo, la Directiva sobre el ahorro, y con el fin de preservar la
igualdad de condiciones para los agentes económicos, la UE firmó sendos
acuerdos con Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, relativos al
establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva. Los
Estados miembros también firmaron acuerdos con los territorios dependientes del
Reino Unido y de los Países Bajos.
Más recientemente también se ha reconocido a
nivel internacional la importancia del intercambio automático de información
como instrumento para combatir el fraude fiscal y la evasión fiscal
transfronterizos mediante la plena transparencia fiscal y la cooperación entre
las administraciones tributarias en todo el mundo. La Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recibió del G-20 el mandato de
elaborar una norma única internacional relativa al intercambio automático de
información sobre cuentas financieras. La Norma Internacional fue presentada
por el Consejo de la OCDE en julio de 2014.
A raíz de la adopción de una propuesta de
actualización de la Directiva sobre el ahorro, la Comisión adoptó, el 17 de
junio de 2011, una Recomendación relativa a un mandato para entablar
negociaciones con Suiza, Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San Marino con objeto
de actualizar los acuerdos de la UE con dichos países en consonancia con la
evolución internacional y garantizar que todos ellos siguiesen aplicando
medidas equivalentes a las vigentes en la UE. El 14 de mayo de 2013, el Consejo
llegó a un acuerdo sobre el mandato de negociación al concluir que las
negociaciones deben estar en consonancia con la evolución registrada
recientemente a escala mundial, en concreto el acuerdo para fomentar el
intercambio automático de información como norma internacional.
En su Comunicación de 6 de diciembre de 2012,
relativa a un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y
la evasión fiscal, la Comisión destacó la necesidad de promover enérgicamente
el intercambio automático de información como la futura norma europea e
internacional de transparencia e intercambio de información en materia fiscal.
Sobre la base de una propuesta presentada por
la Comisión en junio de 2013, el Consejo adoptó, el 9 de diciembre de 2014, la
Directiva 2014/107/UE, que modifica la Directiva 2011/16/UE y por la que la
obligatoriedad del intercambio automático de información entre las autoridades
tributarias de la UE se hace extensiva a toda una serie de elementos
financieros de conformidad con la Norma Internacional. La modificación
garantiza un enfoque coherente, homogéneo y completo, a escala de la Unión,
para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en el
mercado interior.
El 18 de marzo
de 2015 la Comisión adoptó una propuesta de derogación de la Directiva
2003/48/CE, pues la Directiva 2014/107/UE tiene por lo general un ámbito
de aplicación más amplio que aquella y dispone que, en caso de solapamiento del
ámbito de aplicación, prevalece sobre ella.
Para minimizar
los costes y las cargas administrativas tanto para las administraciones
tributarias como para los agentes económicos, es fundamental velar por que la
modificación del actual Acuerdo sobre el ahorro con Suiza esté en consonancia
con la evolución a escala internacional y de la UE. Ello aumentará la
transparencia fiscal en Europa y sentará la base jurídica para aplicar la Norma
Internacional de la OCDE relativa al intercambio automático de información en
las relaciones entre Suiza y la UE. 
Habida cuenta
de los requisitos constitucionales suizos a efectos de la ratificación, para
que Suiza pueda iniciar los procedimientos de diligencia debida en enero de
2017, y los primeros intercambios en el marco de la Norma Internacional antes
de septiembre de 2018, el Protocolo modificativo debería firmarse en mayo de
2015 a más tardar. Así, todos los Estados miembros podrían beneficiarse lo
antes posible de la cooperación a que Suiza se ha comprometido a nivel
internacional.
2.           RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
El Protocolo
modificativo aplica la Norma Internacional de la OCDE en las relaciones entre
los Estados miembros de la UE y Suiza. Las distintas partes interesadas ya
fueron consultadas en diversas ocasiones durante la elaboración de dicha Norma.
Los Estados
miembros de la UE también han sido consultados e informados durante la
negociación entre la Comisión y Suiza. La Comisión informó al Consejo Europeo
en sus reuniones de marzo y diciembre de 2014 sobre la situación de las
negociaciones desarrolladas con ese país en el ámbito del ahorro. 
La Comisión
también ha consultado al nuevo grupo de expertos en materia de intercambio
automático de información sobre cuentas financieras, que proporciona
asesoramiento para que la legislación de la UE sobre el intercambio automático
de información en materia de imposición directa esté armonizada de manera
efectiva con la Norma Internacional para el intercambio automático de
información sobre cuentas financieras elaborada por la OCDE y sea plenamente
compatible con ella. En él participan representantes de organizaciones del
sector financiero y organizaciones que luchan contra la evasión y la elusión
fiscales.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
La base
jurídica de la presente propuesta es el artículo 115 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), leído en relación con su artículo
218, apartado 5 y apartado 8, párrafo segundo. La base jurídica sustantiva es
el artículo 115 del TFUE. 
El artículo 1
del Protocolo modificativo adjunto a la presente propuesta de Decisión del
Consejo modifica el título del Acuerdo vigente para que refleje mejor su
contenido, tras la modificación que obra el citado Protocolo. 
El artículo 2
sustituye los actuales artículos y anexos por un nuevo conjunto de
disposiciones que incluye 11 artículos, un anexo I que refleja el Estándar
Común Información de la OCDE que forma parte de la Norma Internacional, un
anexo II que plasma secciones importantes de los Comentarios de la OCDE sobre
la Norma Internacional y un anexo III que enumera las autoridades competentes
de Suiza y de cada Estado miembro.
Los nuevos
artículos reflejan los artículos del modelo de acuerdo de la OCDE para las autoridades
competentes a efectos de la aplicación de la Norma Internacional, con pequeñas
adaptaciones para tener en cuenta el contexto jurídico particular de un acuerdo
de la UE. En el artículo 1 no figura ninguna definición de Número de
Identificación Fiscal (NIF), dado que ya hay una definición en la sección
VIII.E.5, del anexo I. El artículo 5 incluye todo un conjunto de disposiciones
sobre el intercambio de información previa petición que siguen el texto más
reciente del modelo de convenio tributario de la OCDE. El artículo 6 contiene
un conjunto más detallado de disposiciones sobre protección de datos. El
artículo 7 prevé una fase adicional de consulta antes de que cualquier Estado
miembro o Suiza proceda a suspender el Acuerdo. El artículo 8 introduce disposiciones
sobre las modificaciones del Acuerdo, incluido un mecanismo rápido para la
aplicación provisional por una de las Partes Contratantes de las modificaciones
de la Norma Internacional, sujeta al consentimiento de la otra Parte. El
artículo 9 recoge íntegramente las disposiciones del artículo 15 del Acuerdo
antes de su modificación por el Protocolo en cuestión, ya que los negociadores
de las Partes Contratantes acordaron no introducir modificación alguna en
dichas disposiciones, que se refieren a la fiscalidad de las empresas y no se
ven influidas por la Norma Internacional. El artículo 11 precisa el ámbito de
aplicación territorial.
El anexo I
sigue tanto el Estándar Común de Información de la OCDE como el anexo I de la
Directiva sobre cooperación administrativa. El anexo II aplica partes
fundamentales de los Comentarios sobre ese Estándar y se corresponde con el
anexo II de la Directiva sobre cooperación administrativa. Las pequeñas
desviaciones de los anexos I y II respecto a la Directiva sobre cooperación
administrativa se justifican por la readaptación del texto al Estándar Común de
Información la NCI de la OCDE solicitada por los negociadores suizos. Cabe
indicar las siguientes modificaciones:
1. En la
sección I.D, la referencia a la comunicación del lugar de nacimiento se
readapta al Estándar Común.
2. Se
reintroduce la sección I.A, relativa a los seguros que la legislación impide de
forma efectiva vender a residentes de un «territorio sujeto a comunicación de
información». A fin de evitar los riesgos de abuso de esa exención, al final
del Protocolo modificativo se incluye la correspondiente declaración conjunta.
3. Todas las
opciones pertinentes previstas en los Comentarios sobre el Estándar Común de
Información de la OCDE y en la Directiva sobre cooperación administrativa se
han dejado a la discreción de cada uno de los Estados miembros y Suiza y no se
imponen directamente en el Acuerdo. En cambio, cuando los Estados miembros o
Suiza hayan ejercido alguna opción concreta deberán notificárselo mutuamente y
a la Comisión. Esta obligación se entiende como una garantía para la correcta
aplicación de la definición alternativa de «entidad vinculada» en relación con
la opción sobre nuevas cuentas de clientes actuales.
4. Las
definiciones de «organización internacional» y «banco central» de la sección
VIII.B.3 y 4 han sido readaptadas al Estándar Común de Información para que
también puedan aplicarse en el contexto de la exención del enfoque de
transparencia («look-through») aplicable a las entidades no financieras (ENF)
pasivas en la sección VIII.D.9.c.
5. En el anexo
II, la definición de «residencia de las instituciones financieras» se adapta a
los Comentarios sobre el Estándar Común de Información para abarcar los casos
en que la residencia de otra «institución financiera» deba determinarse, por
ejemplo, en el caso del enfoque de transparencia aplicable a las ENF pasivas.
El artículo 3
del Protocolo modificativo contiene disposiciones sobre la entrada en vigor y
la aplicación. Aborda cuestiones relacionadas con la transición del Acuerdo
existente al Acuerdo modificado, en lo que respecta a las solicitudes de
información, los créditos disponibles a los beneficiarios efectivos de la
retención a cuenta, los pagos finales de la retención a cuenta por Suiza a los
Estados miembros y el intercambio final de información en el marco del
procedimiento de comunicación voluntaria.
El artículo 4
incluye un Protocolo sobre salvaguardias adicionales relacionadas con el
intercambio de información previa petición, que Suiza incluye en sus tratados
tributarios. El texto especifica que no se impide realizar intercambios de
información sobre la base de una solicitud de grupo. El Protocolo sobre
salvaguardias adicionales está en consonancia con los términos de referencia
del Foro Mundial para el intercambio de información previa petición.
El artículo 5
enumera las lenguas en las que se firma el Protocolo modificativo.
El Acuerdo
revisado se completa con cuatro declaraciones conjuntas de las Partes
Contratantes y una declaración unilateral de Suiza.
La primera
declaración conjunta se refiere a la fecha prevista de entrada en vigor del
Acuerdo revisado. La segunda y tercera declaraciones conjuntas establecen un
vínculo, respectivamente, con los Comentarios sobre la Norma Internacional y
con el artículo 26 del modelo de convenio tributario de la OCDE sobre la renta
y sobre el patrimonio. La cuarta declaración conjunta tiene por objeto evitar
una interpretación incorrecta de la sección III.A del anexo I y establece un
mecanismo de notificación mutua de los casos en que la aplicación de dicha
exención pueda estar justificada. La quinta es una declaración unilateral de
Suiza.
4.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS
La propuesta
no conlleva repercusión presupuestaria alguna.
5.           ELEMENTOS FACULTATIVOS
2015/0076 (NLE)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
relativa a la celebración, en nombre de
la Unión Europea, del Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad
Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas
equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE 
del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro 
en forma de pago de intereses
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 115, leído en relación con su
artículo 218, apartado 6, letra b), y con su artículo 218, apartado 8, párrafo
segundo,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo[1],
Considerando lo siguiente:
(1)       De conformidad con la
Decisión 2015/XXX/UE del Consejo, el Protocolo modificativo del Acuerdo entre
la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al establecimiento de
medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en
materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de
intereses fue firmado el [...] 2015, a reserva de su celebración en una fecha
posterior.
(2)       El texto del Protocolo
modificativo consensuado en las negociaciones refleja debidamente las
directrices de negociación formuladas por el Consejo, ya que adapta el Acuerdo
para tener en cuenta los últimos acontecimientos a escala internacional en
relación con el intercambio automático de información, a saber, la Norma
Internacional para el intercambio automático de información fiscal sobre
cuentas financieras elaborada por la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE). La Unión, sus Estados miembros y la Confederación Suiza han
participado activamente en la labor de la OCDE. El texto del Acuerdo, tal y
como queda modificado por el Protocolo en cuestión, constituye la base jurídica
para la aplicación de la Norma Internacional en las relaciones entre la Unión y
la Confederación Suiza.
(3)       Conviene aprobar el
Protocolo modificativo en nombre de la Unión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Unión, el
Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las
previstas en la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los
rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
El texto del Protocolo modificativo se
adjunta a la presente Decisión.
Artículo
2
El Presidente del Consejo designará a la
persona facultada para proceder en nombre de la Unión a la notificación
prevista en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo modificativo, a fin de
expresar el consentimiento de la Unión en obligarse en virtud del mismo
Protocolo.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO C [...] de [...], p. [...].
Protocolo modificativo del
Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza relativo al
establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva
2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro
en forma de pago de intereses
Protocolo por el que se modifica
el                                                                                                     

 «Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las
previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de
los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses», denominado en lo
sucesivo «Acuerdo»
LA UNIÓN EUROPEA 
y
LA CONFEDERACIÓN SUIZA, denominada en lo
sucesivo «Suiza»,
denominadas en lo sucesivo «la Parte
Contratante» o «las Partes Contratantes»,
Con vistas a la aplicación de la Norma de
Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras de la OCDE,
denominada en lo sucesivo «Norma Internacional», en un marco de cooperación que
tenga en cuenta los intereses legítimos de ambas Partes Contratantes;
Considerando que las Partes Contratantes
tienen una larga y estrecha relación con respecto a la asistencia mutua en
asuntos fiscales, en particular en relación con la aplicación de medidas
equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia
de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses, y
desean mejorar el cumplimiento fiscal internacional reforzando esa relación;
Considerando que las Partes Contratantes
desean celebrar un acuerdo para mejorar el cumplimiento fiscal internacional
basado en el intercambio automático de información recíproco, sujeto a una
determinada confidencialidad y otras medidas de protección, incluidas
disposiciones que limiten la utilización de la información intercambiada;
Considerando que el artículo 10 del
Acuerdo en la forma anterior a su modificación mediante el presente Protocolo
modificativo, que establece actualmente que el intercambio de información
previa petición se limite a las conductas que constituyan fraude fiscal y actos
similares, debe adaptarse a la norma de la OCDE sobre transparencia e
intercambio de información en el ámbito fiscal;
Considerando que las Partes Contratantes
aplicarán sus respectivas leyes y prácticas en materia de protección de datos
al tratamiento de los datos personales intercambiados de conformidad con el
Acuerdo en su versión modificada por el presente Protocolo modificativo y se comprometen
a notificarse sin demora injustificada toda modificación del contenido de
dichas leyes y prácticas;
Considerando que los Estados miembros y
Suiza disponen de: i) salvaguardias adecuadas para mantener la confidencialidad
de la información recibida en virtud del Acuerdo en su versión modificada por
el presente Protocolo modificativo y limitar su uso a los fines y por las
personas o autoridades encargadas de la determinación, recaudación o cobro de
los impuestos, los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos
impuestos, la resolución de los recursos relativos a los mismos o la
supervisión de lo anterior, así como a otros fines autorizados, y ii) la
infraestructura necesaria para una relación eficaz en materia de intercambio de
información (incluidos procesos establecidos para garantizar intercambios de
información oportunos, precisos, seguros y confidenciales, comunicaciones
eficaces y fiables, y capacidades para resolver rápidamente las cuestiones y
preocupaciones relacionadas con los intercambios o las solicitudes de
intercambio y para gestionar las disposiciones del artículo 4 del Acuerdo
en su versión modificada por el presente Protocolo modificativo);
Considerando que las categorías de
«instituciones financieras obligadas a comunicar información» y de «cuentas
sujetas a comunicación de información» en el ámbito del Acuerdo, en su versión
modificada por el presente Protocolo modificativo, van dirigidas a limitar las
oportunidades de que los contribuyentes eviten que se comunique información a
ellos referida mediante una transferencia de sus activos a «instituciones
financieras» o mediante la inversión en productos financieros fuera del ámbito
del Acuerdo, en su versión modificada por el presente Protocolo modificativo.
No obstante, se deben excluir de su ámbito de aplicación algunas cuentas e
«instituciones financieras» que presentan un bajo riesgo de utilización para la
evasión fiscal. Por lo general, no deben incluirse umbrales, ya que se pueden
eludir con facilidad dividiendo las cuentas en diferentes «instituciones
financieras». La información financiera que es obligatorio transmitir e
intercambiar se refiere no solo a todos los ingresos pertinentes (intereses,
dividendos y tipos similares de rentas), sino también a los saldos en cuentas y
los ingresos derivados de la venta de «activos financieros» con el objeto de
hacer frente a situaciones en las que el contribuyente intente ocultar un
patrimonio que en sí mismo represente ingresos o activos sobre los cuales se
hayan evadido impuestos. Por consiguiente, el proceso de comunicación de
información con arreglo al Acuerdo, en su versión modificada por el presente
Protocolo modificativo, es necesario y proporcionado para permitir que las
administraciones tributarias de los Estados miembros y Suiza identifiquen a los
contribuyentes en cuestión de manera correcta e inequívoca, administren y
ejecuten su normativa tributaria en situaciones transfronterizas, evalúen la
probabilidad de que se haya producido una evasión fiscal y eviten investigaciones
adicionales innecesarias,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
Artículo 1
El título del Acuerdo se sustituirá por
el título siguiente:
«Acuerdo entre la Unión Europea y la
Confederación Suiza relativo al intercambio automático de información sobre
cuentas financieras para mejorar el cumplimiento fiscal internacional».
Artículo 2
Los artículos 1 a 22, así como los
anexos, se sustituirán por el texto siguiente:
«Artículo 1
Definiciones
1. A los efectos del presente acuerdo (“Acuerdo”), se entenderá
por:
a) “Unión Europea”: la Unión tal como se establece en el Tratado
de la Unión Europea, que incluye los territorios en los que se aplica el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones previstas por
dicho Tratado;
b) “Estado miembro”: uno de los Estados miembros de la Unión
Europea;
c) “Suiza”: el territorio de la Confederación Suiza, tal como se
define en su legislación de conformidad con el Derecho internacional;
d) “autoridades competentes de Suiza y los Estados miembros”: las
autoridades enumeradas en el anexo III; este anexo será parte integrante del
presente Acuerdo; la lista de “autoridades competentes” que figura en el
anexo III podrá modificarse mediante simple notificación a la otra Parte
Contratante por Suiza, en el caso de la autoridad mencionada en la letra a) de
dicho anexo, y por la Unión Europea, en el caso de las demás autoridades
mencionadas en la letra b) a ac) del mismo;
e) “institución financiera de un Estado miembro”: i) toda
“institución financiera” residente en un Estado miembro, con exclusión de las
sucursales de dicha “institución financiera” ubicadas fuera del Estado miembro
en cuestión, y ii) toda sucursal de una “institución financiera” no residente
en el Estado miembro en cuestión, si la sucursal está ubicada en el mismo;
f) “institución financiera suiza”: i) toda “institución
financiera” residente en Suiza, con exclusión de las sucursales de dicha
“institución financiera” ubicadas fuera de Suiza, y ii) toda sucursal de una
“institución financiera” no residente en Suiza, si la sucursal está ubicada en
dicho país;
g) “institución financiera obligada a comunicar información”: toda
“institución financiera de un Estado miembro” o “institución financiera suiza”,
según el contexto, que no sea una “institución financiera no obligada a
comunicar información”;
h) “cuenta sujeta a comunicación de información”: una “cuenta de
un Estado miembro sujeta a comunicación de información” o una “cuenta suiza
sujeta a comunicación de información”, según el contexto, a condición de que
haya sido identificada como tal en aplicación de los procedimientos de
diligencia debida, de conformidad con los anexos I y II, establecidos en
dicho Estado miembro o en Suiza;
i) “cuenta de un Estado miembro sujeta a comunicación de
información”: una “cuenta financiera” abierta en una “institución financiera
suiza obligada a comunicar información” y cuya titularidad corresponda a una o
varias personas de un Estado miembro que sean “personas sujetas a comunicación
de información” o a una “ENF pasiva” en la que una o varias de las “personas
que ejercen el control” sean “personas de un Estado miembro sujetas a
comunicación de información”;
j) “cuenta suiza sujeta a comunicación de información”: una
“cuenta financiera” abierta en una “institución financiera de un Estado miembro
obligada a comunicar información” y cuya titularidad corresponda a una o varias
personas suizas que sean “personas sujetas a comunicación de información” o a
una “ENF pasiva” en la que una o varias de las “personas que ejercen el
control” sean “personas suizas sujetas a comunicación de información”;
k) “persona de un Estado miembro”: una persona física o “entidad”
identificada como residente en un Estado miembro por una “institución
financiera suiza obligada a comunicar información” con arreglo a procedimientos
de diligencia debida conformes con los anexos I y II, o el caudal relicto
de un causante residente en un Estado miembro;
l) “persona suiza”: una persona física o “entidad” identificada
como residente en Suiza por una “institución financiera de un Estado miembro
obligada a comunicar información” con arreglo a procedimientos de diligencia
debida conformes con los anexos I y II, o el caudal relicto de un causante
residente en Suiza.
2. Todo término entrecomillado no definido de otro modo en el
presente Acuerdo se entenderá con arreglo al significado que tenga en ese
momento, i) en el caso de los Estados miembros, en la Directiva 2011/16/UE del
Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la
fiscalidad, o, cuando proceda, en la legislación nacional del Estado miembro
que aplique el Acuerdo, y ii) en el caso de Suiza, en su legislación nacional,
siendo este significado coherente con el establecido en los anexos I y II.

Todo término
no definido de otro modo en el presente Acuerdo o en los anexos I o II, a
menos que el contexto exija otra cosa o que las “autoridades competentes” de un
Estado miembro y de Suiza acuerden un significado común, conforme a lo
dispuesto en el artículo 7 (autorizado por la legislación nacional), se entenderá
con arreglo al significado que tenga en ese momento en la legislación del
territorio en cuestión que aplique el presente Acuerdo, i) en el caso de los
Estados miembros, en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, o, cuando proceda, en
la legislación nacional del Estado miembro de que se trate, y ii) en el caso de
Suiza, en su legislación nacional, prevaleciendo el significado que tenga en la
legislación fiscal aplicable del territorio en cuestión (Estado miembro o
Suiza) sobre el significado que se dé al término en virtud de otras leyes
aplicables en dicho territorio.
Artículo 2

Intercambio
automático de información con respecto a las cuentas sujetas a comunicación de
información 
1. Con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo y a reserva
de las normas de comunicación de información y diligencia debida contempladas
en los anexos I y II, que serán parte integrante del presente Acuerdo, la
“autoridad competente” de Suiza intercambiará cada año con cada una de las
“autoridades competentes” de los Estados miembros, y cada una de las
“autoridades competentes” de los Estados miembros intercambiará cada año con la
“autoridad competente” de Suiza, de forma automática, la información obtenida
en virtud de dichas normas y especificada en el apartado 2. 
2. La información que será objeto de intercambio, en el caso de un
Estado miembro, con respecto a cada “cuenta suiza sujeta a comunicación de
información”, y, en el caso de Suiza, con respecto a cada “cuenta de un Estado
miembro sujeta a comunicación de información”, será la siguiente: 
a) el nombre, domicilio, NIF y lugar y fecha de nacimiento (en el
caso de una persona física) de cada “persona sujeta a comunicación de
información” que sea “titular de la cuenta” y, en el caso de una “entidad”, que
sea “titular de la cuenta” y que, tras la aplicación de procedimientos de
diligencia debida conformes con los anexos I y II, sea identificada como
“entidad” con una o varias “personas que ejercen el control” que sean “personas
sujetas a comunicación de información”, el nombre, domicilio y NIF de la
“entidad” y el nombre, domicilio, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada
“persona sujeta a comunicación de información”; 
b) el número de cuenta (o elemento funcional equivalente en
ausencia de número de cuenta); 
c) el nombre y el número de identificación (si lo hubiera) de la
“institución financiera obligada a comunicar información”; 
d) el saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un “contrato
de seguro con valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades”, el “valor
en efectivo” o el valor de rescate) al final del año civil considerado o de
otro período de referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en
dicho año o período, en el momento de su cancelación; 
e) en el caso de una “cuenta de custodia”: 
i) el importe bruto total en concepto de intereses, el importe
bruto total en concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de
otras rentas, generados en relación con los activos depositados en la cuenta,
pagados o anotados en cada caso en la cuenta (o en relación con la cuenta)
durante el año civil u otro período de referencia pertinente; y
ii) los ingresos brutos totales derivados de la venta o
amortización de “activos financieros” pagados o anotados en la cuenta durante
el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la “institución
financiera obligada a comunicar información” actuase como custodio, corredor,
agente designado o como representante en cualquier otra calidad para el
“titular de la cuenta”;
f) en el caso de una “cuenta de depósito”, el importe bruto total
de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro
período de referencia pertinente; y 
g) en el caso de una cuenta no descrita en el apartado 2, letras
e) o f), el importe bruto total pagado o anotado al “titular de la cuenta” en
relación con la misma durante el año civil u otro período de referencia
pertinente del que la “institución financiera obligada a comunicar información”
sea el obligado o el deudor, incluido el importe total correspondiente a
amortizaciones efectuadas al “titular de la cuenta” durante el año civil u otro
período de referencia pertinente. 
Artículo 3

Plazos y modalidades del intercambio
automático de información 
1. A efectos del intercambio de información a que se refiere el
artículo 2, el importe y la caracterización de los pagos efectuados en
relación con una “cuenta sujeta a comunicación de información” podrán
determinarse de conformidad con los principios de la legislación fiscal del
territorio (Estado miembro o Suiza) que intercambie la información. 
2. A efectos del intercambio de información a que se refiere el
artículo 2, la información intercambiada deberá especificar la moneda en
la que se denomina cada importe.
3. Por lo que respecta al artículo 2, apartado 2, deberá
intercambiarse información en relación con el primer año a partir de la entrada
en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX] y todos los años
siguientes, y el intercambio de información tendrá lugar en los nueve meses
siguientes al final del año civil al que se refiere la información. 
4. Las “autoridades competentes” intercambiarán automáticamente la
información contemplada en el artículo 2 según un estándar común de
información en lenguaje extensible de marcado (XML). 
5. Las “autoridades competentes” acordarán uno o varios métodos de
transmisión de datos, incluidas normas de cifrado. 
Artículo 4
Colaboración en materia de cumplimiento y
ejecución
La “autoridad competente” de un Estado
miembro notificará a la “autoridad competente” de Suiza, y la “autoridad
competente” de Suiza notificará a la “autoridad competente” de un Estado
miembro, cuando la “autoridad competente” (notificante) mencionada en primer lugar
tenga razones para creer que se ha comunicado por error información incorrecta
o incompleta con arreglo al artículo 2 o que existe un incumplimiento, por
parte de una “institución financiera obligada a comunicar información”, de los
requisitos de información y los procedimientos de diligencia debida aplicables
de conformidad con los anexos I y II. La “autoridad competente” notificada
adoptará todas las medidas adecuadas disponibles con arreglo a su legislación
nacional para subsanar los errores o el incumplimiento descritos en la
notificación.
Artículo 5
Intercambio de información previa
petición
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 y en cualquier
otro acuerdo que prevea el intercambio de información previa petición entre
Suiza y cualquiera de los Estados miembros, las “autoridades competentes” de
Suiza y de un Estado miembro intercambiarán, previa petición, información que,
previsiblemente, guarde relación con la aplicación de las disposiciones del
presente Acuerdo o con la administración y ejecución de las leyes nacionales en
relación con los impuestos de toda clase y denominación aplicados en nombre de
Suiza y de los Estados miembros, o de sus subdivisiones políticas o autoridades
locales, en la medida en que la fiscalidad en virtud de esas leyes nacionales
no sea contraria a un acuerdo de doble imposición aplicable entre Suiza y el
Estado miembro de que se trate. 
2. En ningún caso las disposiciones del apartado 1 del
presente artículo y del artículo 6 se interpretarán en el sentido de que
imponen a Suiza o a un Estado miembro la obligación de: 
a) adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación o
práctica administrativa de Suiza o de dicho Estado miembro; 
b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base
de la legislación o en el ejercicio de la práctica administrativa normal de
Suiza o de dicho Estado miembro; 
c) suministrar información que revele secretos comerciales,
industriales, profesionales, procedimientos comerciales o informaciones cuya
comunicación sea contraria al orden público.
3. En caso de que un Estado miembro o Suiza solicite información
en calidad de territorio requirente de conformidad con el presente artículo,
Suiza o el Estado miembro que actúe como territorio requerido utilizará sus
medidas de recopilación de información para obtener la información solicitada,
aunque dicho territorio requerido pueda no precisar de tal información para sus
propios fines fiscales. La obligación contenida en la frase anterior está
sujeta a las limitaciones del apartado 2, pero tales limitaciones no
podrán interpretarse en ningún caso en el sentido de que autorizan al
territorio requerido a negarse a facilitar información exclusivamente por el
hecho de que esta no reviste interés nacional. 
4. No podrá interpretarse, en ningún caso, que las disposiciones
del apartado 2 autorizan a Suiza o a un Estado miembro a negarse a facilitar
información exclusivamente por el hecho de que la información obre en poder de
un banco u otra entidad financiera, un representante o una persona que actúe en
calidad de intermediario o agente fiduciario, o porque esté relacionada con la
participación en el capital de una persona.
5. Las “autoridades competentes” acordarán los formularios
estándar que se utilizarán, así como uno o varios métodos de transmisión de
datos, incluidas normas de cifrado.
Artículo 6 
Confidencialidad y protección de datos de
carácter personal
1. Toda información obtenida por un territorio (Estado miembro o
Suiza) en virtud del presente Acuerdo se considerará confidencial y deberá
protegerse de la misma manera que la obtenida en virtud de la legislación
nacional de ese territorio y, en la medida necesaria para la protección de los
datos personales, de conformidad con la legislación nacional aplicable y las
salvaguardias que pueda especificar el territorio que proporcione la
información, según lo requiera su Derecho interno.
2. En cualquier caso, dicha información podrá ser revelada
únicamente a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos
administrativos o de supervisión) encargadas de la determinación, recaudación o
cobro de los impuestos de ese territorio (Estado miembro o Suiza), de los
procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos impuestos o de la
resolución de los recursos relativos a los mismos o de la supervisión de lo
anterior. Únicamente esas personas o autoridades podrán utilizar la
información, y solo para los fines señalados en la frase anterior. No obstante
lo dispuesto en el apartado 1, podrán revelar la información en un procedimiento
público ante un tribunal o en una decisión judicial que tenga relación con
dichos impuestos. 
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la
información que reciba un territorio (Estado miembro o Suiza) podrá ser
utilizada para otros fines cuando ello sea factible de conformidad con la
legislación del territorio que la facilite (Suiza o un Estado miembro) y la
“autoridad competente” de ese territorio autorice dicho uso. La información que
un territorio (Suiza o un Estado miembro) proporcione a otro territorio (Estado
miembro o Suiza) podrá ser transmitida por este último a un tercer territorio
(otro Estado miembro), previa autorización de la autoridad competente del
territorio mencionado en primer lugar, del que procediera la información. La
información facilitada por un Estado miembro a otro Estado miembro de
conformidad con las disposiciones pertinentes de aplicación en el Derecho
interno de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la cooperación
administrativa en el ámbito de la fiscalidad, podrá transmitirse a Suiza,
previa autorización de la “autoridad competente” del Estado miembro del que
procediera la información.
4. Cada “autoridad competente” de un Estado miembro o de Suiza
notificará inmediatamente a la otra “autoridad competente”, es decir, a la de
Suiza o a la del Estado miembro específico, toda infracción del deber de
confidencialidad o no aplicación de salvaguardias, así como las sanciones y
medidas correctoras impuestas en consecuencia.
Artículo 7
Consultas y suspensión del Acuerdo
1. En caso de dificultades en la aplicación o interpretación del
presente Acuerdo, cualquiera de las “autoridades competentes” de Suiza o de un
Estado miembro podrá solicitar la celebración de consultas entre la “autoridad
competente” de Suiza y una o varias de las “autoridades competentes” de los
Estados miembros, a fin de elaborar medidas adecuadas que garanticen el
cumplimiento del presente Acuerdo. Esas “autoridades competentes” notificarán
inmediatamente a la Comisión Europea y a las “autoridades competentes” de los
demás Estados miembros los resultados de sus consultas. Por lo que respecta a
las cuestiones de interpretación, la Comisión Europea podrá tomar parte en las
consultas a petición de cualquiera de las “autoridades competentes”.
2. Si la consulta se refiere a un incumplimiento significativo de
las disposiciones del presente Acuerdo, y el procedimiento descrito en el
apartado 1 no ofrece una solución adecuada, la “autoridad competente” de
un Estado miembro o de Suiza podrá suspender el intercambio de información en
virtud del presente Acuerdo en relación con Suiza o un Estado miembro
específico, respectivamente, notificándolo por escrito a la otra “autoridad
competente” afectada. Dicha suspensión tendrá efecto inmediato. A efectos del
presente apartado, un incumplimiento significativo comprende, entre otras
cosas, el incumplimiento de las disposiciones en materia de confidencialidad y
protección de datos del presente Acuerdo, un incumplimiento, por parte de la
“autoridad competente” de un Estado miembro o de Suiza, de la obligación de
proporcionar información oportuna o adecuada conforme a lo dispuesto en el
presente Acuerdo o la consideración de una “entidad” como “institución
financiera no obligada a comunicar información” o de una cuenta como “cuenta
excluida” de un modo que ponga en peligro los objetivos del Acuerdo.
Artículo 8
Modificaciones
1. Las Partes Contratantes se consultarán mutuamente en cada
ocasión en que se adopte una modificación importante, a nivel de la OCDE, de
cualquiera de los elementos de la Norma Internacional o, si las Partes
Contratantes lo estimaran necesario, con el fin de mejorar el funcionamiento
técnico del presente Acuerdo o de evaluar y reflejar otros desarrollos
internacionales. Las consultas se celebrarán en el plazo de un mes a partir de
la solicitud de una de las Partes Contratantes o tan pronto como sea posible en
los casos urgentes.
2. Sobre la base de tales contactos, las Partes Contratantes
podrán consultarse a fin de examinar la conveniencia de introducir
modificaciones en el presente Acuerdo.
3. A efectos de las consultas mencionadas en los apartados 1 y 2,
cada Parte Contratante informará a la otra Parte Contratante de los posibles
acontecimientos que pudieran afectar al correcto funcionamiento del presente
Acuerdo. En esto se incluye también cualquier acuerdo pertinente entre una de
las Partes Contratantes y un tercer Estado.
4. Una vez realizadas las consultas, el presente Acuerdo podrá ser
modificado mediante un protocolo o un nuevo acuerdo entre las Partes
Contratantes.
5. Cuando una Parte Contratante haya aplicado una modificación,
adoptada por la OCDE, de la Norma Internacional y desee realizar el
correspondiente cambio en los anexos I y/o II del presente Acuerdo, lo
notificará a la otra Parte Contratante. En el plazo de un mes a partir de la
notificación, tendrá lugar un procedimiento de consulta entre las Partes
Contratantes. No obstante lo dispuesto en el apartado 4, cuando las Partes
Contratantes alcancen un consenso en el marco de este procedimiento de consulta
sobre las modificaciones que deben introducirse en los anexos I y/o II del
presente Acuerdo, y durante el período de tiempo necesario para la aplicación
de la modificación mediante una enmienda formal del Acuerdo, la Parte Contratante
que haya solicitado el cambio podrá aplicar provisionalmente la versión
revisada de los anexos I y/o II del presente Acuerdo, aprobada mediante el
procedimiento de consulta, a partir del primer día del mes de enero del año
siguiente al de la celebración del mencionado procedimiento.
Se considerará
que una Parte Contratante ha aplicado una modificación, adoptada por la OCDE,
de la Norma Internacional:
a) en el caso de los Estados miembros: cuando la modificación se
haya incorporado a la Directiva 2011/16/UE del Consejo, relativa a la
cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad;
b) en el caso de Suiza: cuando la modificación se haya incorporado
a un acuerdo celebrado con un tercer Estado o a la legislación nacional.
Artículo 9
Pagos de dividendos, intereses y cánones
entre sociedades
1. En Suiza y en los Estados miembros, sin perjuicio de la
aplicación de disposiciones nacionales o basadas en acuerdos sobre la
prevención del fraude o abuso, los dividendos pagados por las filiales a las
sociedades matrices no serán objeto de imposición en el Estado de origen
cuando:
- la sociedad
matriz mantenga una participación directa mínima del 25 % del capital de
la filial durante al menos dos años, y
- una de las
sociedades esté domiciliada a efectos fiscales en uno de los Estados miembros y
la otra sociedad esté domiciliada a efectos fiscales en Suiza, y
- ningún
convenio sobre doble imposición con un tercer Estado establezca que alguna de
las sociedades está domiciliada a efectos fiscales en el tercer Estado en
cuestión, y
- las dos
sociedades estén sujetas al impuesto de sociedades y no estén exentas del
mismo, y la forma societaria adoptada por ambas sea la sociedad de capital [1].
2. En Suiza y en los Estados miembros, sin perjuicio de la
aplicación de disposiciones nacionales o basadas en acuerdos sobre la
prevención del fraude o abuso, los pagos de intereses y cánones efectuados
entre sociedades asociadas o sus establecimientos permanentes no serán objeto
de imposición en el Estado de origen cuando:
- dichas
sociedades hayan estado afiliadas mediante una tenencia directa mínima del
25 % durante al menos dos años, o estén controladas por una tercera
sociedad que haya mantenido directamente una participación mínima del 25 %
del capital de ambas sociedades durante al menos dos años, y
- una de las
sociedades esté domiciliada a efectos fiscales o un establecimiento permanente
esté radicado en un Estado miembro y la otra sociedad esté domiciliada a
efectos fiscales u otro establecimiento permanente esté radicado en Suiza, y
- ningún
convenio sobre doble imposición con un tercer Estado establezca que alguna de
las sociedades está domiciliada a efectos fiscales o alguno de los
establecimientos permanentes está radicado en el tercer Estado en cuestión, y
- todas las
sociedades estén sujetas al impuesto de sociedades, sin estar exentas en
particular de los pagos de intereses y cánones, y la forma societaria adoptada
por cada una sea la sociedad de capital [1].
3. Los acuerdos sobre doble imposición existentes entre Suiza y
los Estados miembros que prevean un tratamiento fiscal más favorable de los
pagos de dividendos, intereses y cánones no se verán afectados.
Artículo
10
Denuncia del Acuerdo
Cualquiera de las Partes Contratantes
podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra
Parte Contratante. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a
la expiración del plazo de doce meses siguiente a la fecha de la notificación
de denuncia. En caso de denuncia, toda la información recibida con anterioridad
en virtud del presente Acuerdo seguirá siendo confidencial y sujeta a lo
dispuesto en el artículo 6 del presente Acuerdo.
Artículo 11 
Ámbito de aplicación territorial
El presente Acuerdo se aplicará, por un
parte, a los territorios de los Estados miembros en los que sea aplicado el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en las condiciones previstas
por dicho Tratado y, por otra, a Suiza.
ANEXO I 
Estándar Común de Información y
Diligencia Debida en materia de información sobre cuentas financieras (“Estándar Común de Información”) 
Sección I: Requisitos generales sobre
comunicación de información 
A. Con sujeción a lo
dispuesto en los apartados C a E, toda “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá comunicar a la “autoridad competente” de su
territorio (Estado miembro o Suiza) la siguiente información relativa a cada
una de las “cuentas sujetas a comunicación de información” de dicha
institución: 
1. el
nombre, domicilio, territorio o territorios de residencia (Estado miembro o
Suiza), NIF, así como, en el caso de una persona física, el lugar y fecha de
nacimiento de cada “persona sujeta a comunicación de información” que sea
“titular de la cuenta” y, en el caso de una “entidad” que sea “titular de la
cuenta” y que, tras la aplicación de los procedimientos de diligencia debida
conformes con las secciones V, VI y VII, sea identificada como “entidad” con
una o varias “personas que ejercen el control” que sean “personas sujetas a
comunicación de información”, el nombre, domicilio, territorio o territorios
(un Estado miembro, Suiza u otro territorio) de residencia y NIF de la
“entidad”, así como el nombre, domicilio, territorio o territorios (Estado
miembro o Suiza) de residencia, NIF y fecha y lugar de nacimiento de cada
“persona sujeta a comunicación de información”; 
2. el
número de cuenta (o elemento funcional equivalente en ausencia de número de
cuenta); 
3. el
nombre y el número de identificación (si lo hubiera) de la “institución
financiera obligada a comunicar información”; 
4. el
saldo o valor de la cuenta (incluido, en el caso de un “contrato de seguro con
valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades”, el “valor en efectivo” o
el valor de rescate) al final del año civil considerado o de otro período de
referencia pertinente o, en caso de cancelación de la cuenta en dicho año o
período, en el momento de su cancelación; 
5. en el caso de una “cuenta
de custodia”: 
a) el
importe bruto total en concepto de intereses, el importe bruto total en
concepto de dividendos y el importe bruto total en concepto de otras rentas,
generados en relación con los activos depositados en la cuenta, pagados o
anotados en cada caso en la cuenta (o en relación con la cuenta) durante el año
civil u otro período de referencia pertinente; y 
b) los
ingresos brutos totales derivados de la venta o amortización de “activos
financieros” pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro
período de referencia pertinente en el que la “institución financiera obligada
a comunicar información” actuase como custodio, corredor, agente designado o
como representante en cualquier otra calidad para el “titular de la cuenta”; 
6. en el caso de una “cuenta de depósito”, el importe bruto total
de intereses pagados o anotados en la cuenta durante el año civil u otro
período de referencia pertinente; y 
7. en el
caso de una cuenta no descrita en el apartado A, puntos 5 o 6, el importe bruto
total pagado o anotado al “titular de la cuenta” en relación con la misma
durante el año civil u otro período de referencia pertinente en el que la
“institución financiera obligada a comunicar información” sea el obligado o el
deudor, incluido el importe total correspondiente a amortizaciones efectuadas
al “titular de la cuenta” durante el año civil u otro período de referencia
pertinente. 
B. La información comunicada deberá especificar la moneda en la que
se denomina cada importe. 
C. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario
comunicar los NIF ni la fecha de nacimiento relativos a cada “cuenta sujeta a
comunicación de información” que sea una “cuenta preexistente” si los NIF o la
fecha de nacimiento no se encuentran en los registros de la “institución
financiera obligada a comunicar información” y ni la legislación nacional ni
ningún instrumento jurídico de la Unión Europea exigen que dicha institución
los recopile (en su caso).
Sin embargo, las “instituciones financieras obligadas a comunicar información”
tratarán, dentro de lo razonable, de obtener los NIF y la fecha de nacimiento
relativos a “cuentas preexistentes” a más tardar al final del segundo año civil
siguiente al año en el que se hayan identificado “cuentas preexistentes” como
“cuentas sujetas a comunicación de información”. 
D. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario
comunicar el NIF si el Estado miembro pertinente, Suiza u otro territorio de
residencia no lo expiden. 
E. No obstante lo dispuesto en el apartado A.1, no será necesario
comunicar el lugar de nacimiento salvo que la “institución financiera obligada
a comunicar información” deba obtenerlo y comunicarlo en virtud de la
legislación nacional y la información esté disponible en los datos susceptibles
de búsqueda electrónica que mantiene la “institución financiera obligada a
comunicar información”. 
Sección II: Requisitos generales sobre
diligencia debida 
A. Se considerará que una cuenta es una “cuenta sujeta a
comunicación de información” a partir de la fecha en que se la identifique como
tal de acuerdo con los procedimientos de diligencia debida de las secciones II
a VII y, salvo que se disponga otra cosa, deberá comunicarse información
respecto de tal cuenta anualmente en el año civil siguiente a aquel al que se
refiere la información. 
B. El saldo o valor de una cuenta se determinará el último día del
año civil o de cualquier otro período de referencia pertinente. 
C. Cuando el umbral de saldo o valor deba determinarse el último día
de un año civil, dicho saldo o valor deberá determinarse el último día del
período de referencia que termine ese día o en ese año civil. 
D. Cada Estado miembro o Suiza podrá permitir que las “instituciones
financieras obligadas a comunicar información” utilicen proveedores de
servicios para cumplir las obligaciones de comunicación de información y
diligencia debida impuestas a dichas instituciones tal como establece la
legislación nacional, aunque esas obligaciones seguirán siendo responsabilidad
de las “instituciones financieras obligadas a comunicar información”. 
E. Cada Estado miembro o Suiza podrá permitir que las “instituciones
financieras obligadas a comunicar información” apliquen a “cuentas
preexistentes” los procedimientos de diligencia debida para “cuentas nuevas” y
a “cuentas de menor valor” los procedimientos de diligencia debida para “cuentas
de mayor valor”. Cuando un
Estado miembro o Suiza permita que se utilicen en “cuentas preexistentes”
procedimientos de diligencia debida para “cuentas nuevas”, seguirán aplicándose
las normas aplicables en general a las “cuentas preexistentes”.
Sección III: Diligencia debida respecto
de cuentas preexistentes de persona física 
Se aplicarán
los siguientes procedimientos a fin de identificar las “cuentas sujetas a
comunicación de información” entre las “cuentas preexistentes de persona
física”. 
A. Cuentas no sujetas a revisión, identificación o comunicación de
información. Una “cuenta
preexistente de persona física” que sea un “contrato de seguro con valor en
efectivo” o un “contrato de anualidades” no estará sujeta a revisión,
identificación o comunicación de información, a condición de que a la
“institución financiera obligada a comunicar información” se le impida de forma
efectiva por ley vender tal contrato a los residentes de un “territorio sujeto
a comunicación de información”.
B. Cuentas de menor valor. Se aplicarán los siguientes procedimientos respecto
de las “cuentas de menor valor”. 
1.
Domicilio. Si la “institución financiera obligada a comunicar información”
tiene registrado en sus archivos un domicilio actualizado de la persona física
“titular de la cuenta”, basado en “pruebas documentales”, dicha institución
podrá considerar a dicha persona física como residente a efectos fiscales del
Estado miembro, Suiza u otro territorio en el que esté ubicado el domicilio a
los efectos de determinar si dicha persona física “titular de la cuenta” es una
“persona sujeta a comunicación de información”. 
2.
Búsqueda en archivos electrónicos. Si la “institución financiera obligada a
comunicar información” no se basa en un domicilio actualizado de la persona
física “titular de la cuenta” atendiendo a “pruebas documentales” como se
determina en el apartado B.1, deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda
electrónica que posea respecto de cualquiera de los siguientes indicios y
aplicar el apartado B, puntos 3 a 6: 
a)
identificación del “titular de la cuenta” como residente de un “territorio
sujeto a comunicación de información”; 
b)
dirección postal o domicilio actual (incluido un apartado de correos) en un
“territorio sujeto a comunicación de información”; 
c) uno o
varios números de teléfono en un “territorio sujeto a comunicación de
información” y ningún número de teléfono en Suiza o en el Estado miembro de la
“institución financiera obligada a comunicar información”, según el contexto; 
d)
órdenes permanentes (excepto las relativas a “cuentas de depósito”) de
transferencia de fondos a una cuenta abierta en un “territorio sujeto a
comunicación de información”; 
e) un
poder notarial de representación vigente o una autorización de firma a favor de
una persona domiciliada en un “territorio sujeto a comunicación de
información”; o 
f)
instrucciones de retención de correspondencia o una dirección para la recepción
de correspondencia en un “territorio sujeto a comunicación de información” en
caso de que la “institución financiera obligada a comunicar información” no
tenga ninguna otra dirección en sus archivos para el “titular de la cuenta”. 
3. Si en
la búsqueda electrónica no se descubre ninguno de los indicios enumerados en el
apartado B.2, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se produzca un
cambio de circunstancias a raíz del cual se asocien uno o varios indicios con
la cuenta o hasta que la cuenta se convierta en una “cuenta de mayor valor”. 
4. Si en
la búsqueda electrónica se descubre alguno de los indicios enumerados en el
apartado B.2, letras a) a e), o si se produce un cambio de circunstancias a
raíz del cual se asocien uno o varios indicios con la cuenta, la “institución
financiera obligada a comunicar información” deberá considerar al “titular de la
cuenta” como residente a efectos fiscales de cada “territorio sujeto a
comunicación de información” respecto del cual se haya encontrado algún
indicio, salvo que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de
dicho apartado sea aplicable a esa cuenta. 
5. Si en
la búsqueda electrónica se descubre una instrucción para la retención de
correspondencia o una dirección para la recepción de correspondencia y no se ha
encontrado ninguna otra dirección ni ningún otro indicio enumerado en el
apartado B.2, letras a) a e), para el “titular de la cuenta”, la “institución
financiera obligada a comunicar información” deberá llevar a cabo, en el orden
más adecuado para las circunstancias, la búsqueda en los archivos en papel que
se describe en el apartado C.2 o procurar obtener del “titular de la cuenta”
una declaración o “pruebas documentales” para determinar la residencia a
efectos fiscales de dicho “titular de la cuenta”. Si con la búsqueda en papel
no se consigue establecer ningún indicio y no prospera el intento de obtener la
declaración o las “pruebas documentales”, la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá comunicar a la “autoridad competente” de su
Estado miembro o Suiza, en función del contexto, que la cuenta no está documentada.

6. A
pesar del hallazgo de indicios conforme al apartado B.2, una “institución
financiera obligada a comunicar información” no tendrá que tratar al “titular de una cuenta” como residente de un “territorio sujeto a comunicación de información”
si: 
a) la información del “titular de la cuenta” incluye
una dirección postal o un domicilio actualizados en el “territorio sujeto a
comunicación de información”, uno o varios números de teléfono en ese
“territorio sujeto a comunicación de información” (y ningún número de teléfono
en Suiza o en el Estado miembro de la “institución financiera obligada a
comunicar información”, según el contexto) u órdenes permanentes (relativas a
“cuentas financieras” distintas de “cuentas de depósito”) de transferencia de
fondos a una cuenta abierta en un “territorio sujeto a comunicación de
información”, y la “institución financiera obligada a comunicar información”
obtiene, o ha revisado previamente y conserva en sus archivos: 
i. una
declaración del “titular de la cuenta” del territorio o territorios de
residencia (un Estado miembro, Suiza u otros territorios) de dicho titular que
no incluya dicho “territorio sujeto a comunicación de información”; y 
ii.
“pruebas documentales” que establezcan la condición del “titular de la cuenta”
como no sujeto a comunicación de información. 
b) la información del “titular de la cuenta” incluye
un poder notarial de representación o una autorización de firma vigentes a
favor de una persona domiciliada en ese “territorio sujeto a comunicación de información”,
y la “institución financiera obligada a comunicar información” obtiene, o ha
revisado previamente y conserva en sus archivos: 
i. una declaración del “titular de la cuenta” del
territorio o territorios de residencia (un Estado miembro, Suiza u otros
territorios) de dicho titular que no incluya dicho “territorio sujeto a
comunicación de información”; o 
ii. “pruebas documentales” que establezcan la
condición del “titular de la cuenta” como no sujeto a comunicación de
información. 
C. Procedimientos de revisión reforzada de las “cuentas de mayor
valor”. Se aplicarán los
siguientes procedimientos de revisión reforzada respecto de las “cuentas de mayor valor”. 
1.
Búsqueda en archivos electrónicos. Respecto de las “cuentas de mayor valor”, la “institución financiera obligada a comunicar
información” deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que
mantenga para hallar cualquiera de los indicios descritos en el apartado B.2. 
2.
Búsqueda en archivos en papel. Si las bases de datos susceptibles de búsqueda
electrónica de la “institución financiera obligada a comunicar información”
contienen campos para la inclusión y captura de toda la información descrita en
el apartado C.3, no será necesario proceder a la búsqueda en los archivos en papel.
Si las bases de datos electrónicas no recogen toda esa información, la
“institución financiera obligada a comunicar información” también deberá
revisar, respecto de las “cuentas de mayor valor”, el fichero maestro actual
del cliente y, en la medida en que no estén incluidos en él, los siguientes
documentos asociados a la cuenta que dicha institución haya obtenido en los
últimos cinco años para hallar cualquiera de los indicios descritos en el
apartado B.2: 
a) las
“pruebas documentales” más recientes recopiladas en relación con la cuenta; 
b) el
contrato o la documentación de apertura de cuenta más reciente; 
c) la
documentación más reciente obtenida por la “institución financiera obligada a
comunicar información” en aplicación de los “procedimientos denominados
'conozca a su cliente' conforme a la legislación contra el blanqueo de
capitales” o con otro propósito regulador; 
d) todo
poder notarial de representación o autorización de firma vigentes; y 
e) toda
orden permanente (excepto las relativas a “cuentas de depósito”) de
transferencia de fondos vigente. 
3. Excepción en los casos en los que las bases de
datos contengan suficiente información. La “institución financiera obligada a
comunicar información” no tendrá que proceder a la búsqueda en los archivos en
papel descrita en el apartado C.2 cuando su información susceptible de búsqueda
electrónica incluya lo siguiente: 
a) el
estatuto del “titular de la cuenta” respecto de su residencia; 
b) el
domicilio y la dirección postal del “titular de la cuenta” que consten en los
archivos de la “institución financiera obligada a comunicar información”; 
c) los
números de teléfono del “titular de la cuenta”, en su caso, que consten en los
archivos de la “institución financiera obligada a comunicar información”; 
d) en el
caso de las “cuentas financieras” distintas de las “cuentas de depósito”, si
existen órdenes permanentes de transferencia de fondos de la cuenta a otra
cuenta (incluida una cuenta de otra sucursal de la “institución financiera
obligada a comunicar información” o de otra “institución financiera”); 
e) si
existe una dirección para la recepción de correspondencia o una instrucción
para la retención de correspondencia actual para el “titular de la cuenta”; y 
f) si
existe algún poder notarial de representación o una autorización de firma en
relación con la cuenta. 
4.
Consulta al gestor personal sobre su conocimiento de hecho. Además de las
búsquedas en archivos electrónicos y en papel descritas en los apartados C.1 y
C.2, la “institución financiera obligada a comunicar información” deberá tratar
como “cuenta sujeta a comunicación de información” toda “cuenta de mayor valor”
asignada a un gestor personal (incluidas las “cuentas financieras” agregadas a
esa “cuenta de mayor valor”) si el gestor personal conoce de hecho que el
“titular de la cuenta” es una “persona sujeta a comunicación de información”. 
5.
Efectos del hallazgo de indicios. 
a) Si en
la revisión reforzada de las “cuentas de mayor valor” descrita en el apartado C
no se descubre ninguno de los indicios enumerados en el apartado B.2 y no se
determina que su titular es una “persona sujeta a comunicación de información”
conforme al apartado C.4, no será necesaria ninguna otra medida hasta que se
produzca un cambio de circunstancias que provoque que se asocien uno o varios
indicios con la cuenta. 
b) Si en
la revisión reforzada de las “cuentas de mayor valor” descrita en el apartado C
se descubre alguno de los indicios enumerados en el apartado B.2, letras a) a
e), o si se produce un cambio posterior de circunstancias a raíz del cual se
asocien uno o varios indicios con la cuenta, la “institución financiera
obligada a comunicar información” deberá tratar la cuenta como “cuenta sujeta a
comunicación de información” respecto de cada “territorio sujeto a comunicación
de información” en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo
que opte por aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado
sea aplicable a esa cuenta. 
c) Si en
la revisión reforzada de las “cuentas de mayor valor” descrita en el apartado C
se descubren instrucciones para la retención de correspondencia o una dirección
para la recepción de correspondencia y no se ha encontrado ninguna otra
dirección ni ningún otro indicio enumerado en el apartado B.2, letras a) a e),
para el “titular de la cuenta”, la “institución financiera obligada a comunicar
información” deberá obtener de dicho titular una declaración o “pruebas
documentales” para determinar su residencia a efectos fiscales. Si no puede
obtener la declaración o las “pruebas documentales”, la “institución financiera
obligada a comunicar información” deberá comunicar a la “autoridad competente”
de su Estado miembro o Suiza, en función del contexto, que la cuenta no está
documentada. 
6. Si la “cuenta preexistente de persona física” no es una
“cuenta de mayor valor” a 31 de diciembre del año anterior a la entrada en
vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX], pero a la conclusión de un
año civil posterior ha pasado a serlo, la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá llevar a cabo los procedimientos de revisión
reforzada descritos en el apartado C respecto de dicha cuenta en el año civil
siguiente al año en el que la cuenta se convierta en una “cuenta de mayor
valor”. Si basándose en esa revisión se identifica la cuenta como
“cuenta sujeta a comunicación de información”, la “institución financiera
obligada a comunicar información” deberá comunicar anualmente la información
exigida sobre dicha cuenta relativa al año en el que se identifique como
“cuenta sujeta a comunicación de información” y a los años siguientes, a menos
que el “titular de la cuenta” deje de ser una “persona sujeta a comunicación de
información”. 
7. Una
vez que una “institución financiera obligada a comunicar información” aplique
los procedimientos de revisión reforzada descritos en el apartado C a una
“cuenta de mayor valor”, no estará obligada a volver a aplicar dichos
procedimientos, excepto la consulta al gestor personal descrita en el apartado
C.4, a la misma “cuenta de mayor valor” en años posteriores a menos que la
cuenta no esté documentada, en cuyo caso la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá volver a aplicarlos anualmente hasta que la
cuenta esté documentada. 
8. Si se
produce un cambio de circunstancias relativo a una “cuenta de mayor valor” a
raíz del cual se asocien con la cuenta uno o varios de los indicios descritos
en el apartado B.2, la “institución financiera obligada a comunicar
información” deberá tratar la cuenta como “cuenta sujeta a comunicación de
información” respecto de cada “territorio sujeto a comunicación de información”
en relación con el cual se haya encontrado algún indicio, salvo que opte por
aplicar el apartado B.6 y una de las excepciones de dicho apartado sea
aplicable a esa cuenta. 
9. Las
“instituciones financieras obligadas a comunicar información” deberán poner en
práctica procedimientos para garantizar que los gestores personales
identifiquen los cambios de circunstancias de una cuenta. Por ejemplo, si se
notifica a un gestor personal que el “titular de la cuenta” tiene una nueva
dirección postal en un “territorio sujeto a comunicación de información”, la
“institución financiera obligada a comunicar información” tendrá que considerar
la nueva dirección como un cambio de circunstancias y, si opta por aplicar el
apartado B.6, tendrá que obtener la documentación pertinente del “titular de la
cuenta”. 
D. La revisión de las “cuentas preexistentes de mayor valor de
persona física” deberá finalizarse en el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX]. La revisión de
las “cuentas preexistentes de menor valor de persona física” deberá finalizarse
en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del Protocolo
modificativo firmado el [XXXX].
E. Toda “cuenta preexistente de persona física” que se haya
identificado como “cuenta sujeta a comunicación de información” de conformidad
con la presente sección deberá tratarse como “cuenta sujeta a comunicación de
información” en todos los años siguientes, a menos que el “titular de la
cuenta” deje de ser una “persona sujeta a comunicación de información”. 
Sección IV: Diligencia debida para
cuentas nuevas de persona física 
Se aplicarán los siguientes procedimientos
con el objeto de identificar las “cuentas sujetas a comunicación de
información” entre las “cuentas nuevas de persona física”. 
A. En relación con las “cuentas nuevas de persona física”, en el
momento de la apertura de la cuenta, la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá obtener una declaración, que podrá formar parte
de la documentación de apertura de cuentas, que le permita determinar la
residencia a efectos fiscales del “titular de la cuenta” y confirmar la
credibilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha
institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la
documentación recopilada con arreglo a “procedimientos denominados 'conozca a
su cliente' conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. 
B. Si la declaración establece que el “titular de la cuenta” es
residente a efectos fiscales de un “territorio sujeto a comunicación de
información”, la “institución financiera obligada a comunicar información”
deberá tratar la cuenta como “cuenta sujeta a comunicación de información” y la
declaración deberá incluir también el NIF para dicho “territorio sujeto a
comunicación de información” (sujeto a lo dispuesto en el apartado D de la
sección I) y la fecha de nacimiento del “titular de la cuenta”. 
C. Si se produce un cambio de circunstancias relativo a una “cuenta
nueva de persona física” a raíz del cual la “institución financiera obligada a
comunicar información” sepa o tenga motivos para saber que la declaración
original es incorrecta o no fiable, la “institución financiera obligada a
comunicar información” no podrá contar con la declaración original y deberá
obtener una declaración válida que establezca la residencia a efectos fiscales
del “titular de la cuenta”. 
Sección V: Diligencia debida para cuentas
preexistentes de entidad 
Se aplicarán los siguientes procedimientos con el
objeto de identificar las “cuentas sujetas a comunicación de información” de
entre las “cuentas preexistentes de entidad”. 
A. Cuentas de entidad no sujetas a revisión, identificación o
comunicación de información.
A menos que la “institución financiera obligada a
comunicar información” opte por otro criterio, bien respecto de todas las
“cuentas preexistentes de entidad”, bien por separado respecto de cualquier
grupo de tales cuentas identificado claramente, las “cuentas preexistentes de
entidad” cuyo saldo o valor agregado no exceda de 250 000 USD o un
importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o
Suiza a 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigor del Protocolo
modificativo firmado el [XXXX] no tendrán que ser objeto de revisión,
identificación o comunicación de información como “cuentas sujetas a
comunicación de información” hasta que su saldo o valor agregado exceda de
dicha cantidad el último día de cualquier año civil posterior. 
B. Cuentas de entidad sujetas a revisión. Deberá someterse a revisión
de conformidad con los procedimientos establecidos en el apartado D toda
“cuenta preexistente de entidad” cuyo saldo o valor agregado exceda de
250 000 USD o un importe equivalente denominado en la moneda nacional
de cada Estado miembro o Suiza a 31 de diciembre del año anterior a la entrada
en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX] y toda “cuenta preexistente
de entidad” que, a 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigor del
Protocolo modificativo firmado el [XXXX], no exceda de dicha cantidad pero cuyo
saldo o valor agregado exceda de dicha cantidad el último día de cualquier año
civil posterior. 
C. Cuentas de entidad sujetas a comunicación de información. Respecto de las “cuentas preexistentes
de entidad” descritas en el apartado B, únicamente se tratarán como “cuentas
sujetas a comunicación de información” las cuentas cuya titularidad corresponda
a una o varias “entidades” que sean “personas sujetas a comunicación de
información” o a “ENF pasivas” en las que una o varias de las “personas que
ejercen el control” sean “personas sujetas a comunicación de información”. 
D. Procedimientos de revisión para identificar “cuentas de entidad” sujetas a comunicación de información. En relación con las “cuentas
preexistentes de entidad” descritas en el apartado B, las “instituciones
financieras obligadas a comunicar información” deberán aplicar los siguientes
procedimientos de revisión para determinar si la titularidad de la cuenta
corresponde a una o varias “personas sujetas a comunicación de información” o a
“ENF pasivas” en las que una o varias de las “personas que ejercen el control”
son “personas sujetas a comunicación de información”: 
1. Determinación de si la “entidad” es una “persona sujeta a
comunicación de información”. 
a)
Revisar la información que conserven con fines reglamentarios o de relación con
el cliente (incluida la información recopilada con arreglo a “procedimientos
denominados 'conozca a su cliente' conforme a la legislación contra el blanqueo
de capitales”) para determinar si la información indica que el “titular de la
cuenta” es residente en un “territorio sujeto a comunicación de información”. A
estos efectos, la información indicativa de que el “titular de la cuenta” es
residente en un “territorio sujeto a comunicación de información” incluye el
lugar de constitución o un domicilio en un “territorio sujeto a comunicación de
información”. 
b) Si la
información indica que el “titular de la cuenta” es residente en un “territorio
sujeto a comunicación de información”, la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá tratar la cuenta como “cuenta sujeta a
comunicación de información” a menos que obtenga una declaración del “titular
de la cuenta” o determine justificadamente, basándose en la información de la
que disponga o que sea pública, que el “titular de la cuenta” no es una
“persona sujeta a comunicación de información”. 
2. Determinación de si la “entidad” es una “ENF
pasiva” en la que una o varias “personas que ejercen el control” son “personas
sujetas a comunicación de información”. En relación con el “titular de una
cuenta preexistente de entidad” (incluidas las “entidades” que sean “personas
sujetas a comunicación de información”), la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá determinar si el “titular de la cuenta” es una
“ENF pasiva” en la que una o varias “personas que ejercen el control” son
“personas sujetas a comunicación de información”. En caso de que alguna de las
“personas que ejercen el control” de una “ENF pasiva” sea una “persona sujeta a
comunicación de información”, la cuenta deberá tratarse como una “cuenta sujeta
a comunicación de información”. Para llevar a cabo estas determinaciones, la
“institución financiera obligada a comunicar información” deberá seguir las
indicaciones del apartado D.2, letras a) a c), en el orden que resulte más
adecuado para las circunstancias. 
a) Determinación de si el “titular de la cuenta” es
una “ENF pasiva”. Con el fin de determinar si el “titular de la cuenta” es una
“ENF pasiva”, la “institución financiera obligada a comunicar información”
deberá obtener una declaración del “titular de la cuenta” para establecer su
condición, a menos que tenga información en su poder o que sea pública sobre la
base de la cual pueda determinar justificadamente que el “titular de la cuenta”
es una “ENF activa” o una “institución financiera” distinta de la “entidad de
inversión” descrita en el apartado A.6.b) de la sección VIII que no sea una
“institución financiera” de un “territorio participante”. 
b) Determinación de las “personas que ejercen el
control” del “titular de una cuenta”. Con el fin de determinar las “personas
que ejercen el control” del “titular de una cuenta”, la “institución financiera
obligada a comunicar información” podrá basarse en información recopilada y
conservada con arreglo a “procedimientos denominados 'conozca a su cliente'
conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. 
c) Determinación de si una “persona que ejerce el
control” de una “ENF pasiva” es una “persona sujeta a comunicación de
información”. Con el fin de determinar si una “persona que ejerce el control”
de una “ENF pasiva” es una “persona sujeta a comunicación de información”, la
“institución financiera obligada a comunicar información” podrá basarse en: 
i. información obtenida y conservada con arreglo a
“procedimientos denominados 'conozca a su cliente' conforme a la legislación
contra el blanqueo de capitales” en el caso de una “cuenta preexistente de
entidad” cuya titularidad corresponda a una o varias ENF cuyo saldo o valor
agregado no exceda de 1 000 000 USD o un importe equivalente
denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza; o 
ii. una declaración del “titular de la cuenta” o de
esa “persona que ejerce el control” del territorio o territorios (Estado
miembro, Suiza u otros territorios) en los que la “persona que ejerce el
control” sea residente a efectos fiscales. 
E. Plazos de revisión y procedimientos adicionales aplicables a las
“cuentas preexistentes de entidad”. 
1. La
revisión de las “cuentas preexistentes de entidad” cuyo saldo o valor agregado
exceda de 250 000 USD o un importe equivalente denominado en la
moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza a 31 de diciembre del año
anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX]
deberá concluirse en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor.

2. La
revisión de las “cuentas preexistentes de entidad” cuyo saldo o valor agregado
no exceda de 250 000 USD o un importe equivalente denominado en la
moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza a 31 de diciembre del año
anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX],
pero exceda de dicho importe a 31 de diciembre de un año posterior, deberá
concluirse en el año civil siguiente al año en el que el saldo o valor agregado
de la cuenta exceda de dicho importe. 
3. Si se produce un cambio de
circunstancias relativo a una “cuenta preexistente de entidad” a raíz del cual
la “institución financiera obligada a comunicar información” sepa o tenga
motivos para saber que la declaración o cualquier otra documentación asociada a
una cuenta es incorrecta o poco fiable, dicha institución deberá volver a
determinar la condición de la cuenta de conformidad con los procedimientos
establecidos en el apartado D. 
Sección VI: Diligencia debida para
cuentas nuevas de entidad 
Se aplicarán
los siguientes procedimientos con el objeto de identificar las “cuentas sujetas
a comunicación de información” de entre las “cuentas nuevas de entidad”. 
A. Procedimientos de
revisión para identificar “cuentas de entidad” sujetas a comunicación de
información. En relación con las “cuentas nuevas de entidad”, las
“instituciones financieras obligadas a comunicar información” deberán aplicar
los siguientes procedimientos de revisión para determinar si la titularidad de
la cuenta corresponde a una o varias “personas sujetas a comunicación de
información” o a “ENF pasivas” en las que una o varias de las “personas que
ejercen el control” son “personas sujetas a comunicación de información”: 
1. Determinación de si la “entidad” es una “persona sujeta a
comunicación de información”. 
a) Obtener una declaración, que podrá formar parte de
la documentación de apertura de cuentas, que permita que la “institución
financiera obligada a comunicar información” determine la residencia o
residencias a efectos fiscales del “titular de la cuenta” y confirme la
credibilidad de tal declaración sobre la base de la información que dicha
institución haya obtenido en la apertura de la cuenta, incluida toda la
documentación recopilada con arreglo a “procedimientos denominados 'conozca a
su cliente' conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales”. Si la
“entidad” certifica que no tiene residencia a efectos fiscales, la “institución
financiera obligada a comunicar información” podrá basarse en la dirección de
la oficina principal de la “entidad” para determinar la residencia del “titular
de la cuenta”. 
b) Si la declaración indica que el “titular de la
cuenta” es residente en un “territorio sujeto a comunicación de información”,
la “institución financiera obligada a comunicar información” deberá tratar la
cuenta como “cuenta sujeta a comunicación de información”, a menos que
determine justificadamente, basándose en información de que disponga o que sea
pública, que el “titular de la cuenta” no es una “persona sujeta a comunicación
de información” en relación con dicho “territorio sujeto a comunicación de
información”. 
2. Determinación de si la “entidad” es una “ENF
pasiva” en la que una o varias “personas que ejercen el control” son “personas
sujetas a comunicación de información”. En relación con el “titular de una
cuenta nueva de entidad” (incluidas las “entidades” que sean “personas sujetas
a comunicación de información”), la “institución financiera obligada a
comunicar información” deberá determinar si el “titular de la cuenta” es una
“ENF pasiva” en la que una o varias “personas que ejercen el control” son
“personas sujetas a comunicación de información”. En caso de que alguna de las
“personas que ejercen el control” de una “ENF pasiva” sea una “persona sujeta a
comunicación de información”, la cuenta deberá tratarse como una “cuenta sujeta
a comunicación de información”. Para llevar a cabo estas determinaciones, la
“institución financiera obligada a comunicar información” deberá seguir las
indicaciones del apartado A.2, letras a), b) y c), en el orden que resulte más
adecuado para las circunstancias. 
a) Determinación de si el “titular de la cuenta” es
una “ENF pasiva”. Con el fin de determinar si el “titular de la cuenta” es una
“ENF pasiva”, la “institución financiera obligada a comunicar información”
deberá basarse en una declaración del “titular de la cuenta” para establecer su
condición, a menos que tenga información en su poder o que sea pública, sobre
la base de la cual pueda determinar justificadamente que el “titular de la
cuenta” es una ENF activa o una “institución financiera” distinta de la
“entidad de inversión” descrita en el apartado A.6.b) de la sección VIII que no
sea una “institución financiera” de un “territorio participante”. 
b) Determinación de las “personas que ejercen el control”
del “titular de una cuenta”. Con el fin de determinar las “personas que ejercen
el control” del “titular de una cuenta”, la “institución financiera obligada a
comunicar información” podrá basarse en información recopilada y conservada con
arreglo a “procedimientos denominados 'conozca a su cliente' conforme a la
legislación contra el blanqueo de capitales”. 
c) Determinación de si una “persona que ejerce el
control” de una “ENF pasiva” es una “persona sujeta a comunicación de
información”. Con el fin de determinar si una “persona que ejerce el control”
de una “ENF pasiva” es una “persona sujeta a comunicación de información”, la
“institución financiera obligada a comunicar información” podrá basarse en una
declaración del “titular de la cuenta” o de esa “persona que ejerce el
control”. 
Sección
VII: Normas especiales de diligencia debida 
Al aplicar
los procedimientos de diligencia debida anteriormente descritos, serán de
aplicación las siguientes normas adicionales: 
A. Confianza en las declaraciones y las “pruebas documentales”. Una “institución financiera obligada a
comunicar información” podrá no basarse en una declaración o en “pruebas
documentales” si sabe o tiene motivos para saber que la declaración o las
“pruebas documentales” son incorrectas o no fiables. 
B. Procedimientos alternativos aplicables a las “cuentas
financieras” cuyos titulares sean personas físicas beneficiarias de un
“contrato de seguro con valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades” y
a los “contratos colectivos de seguro con valor en efectivo” o “contratos
colectivos de anualidades”.
Una “institución financiera obligada a comunicar información” podrá suponer que
una persona física (distinta del titular) beneficiaria de un “contrato de
seguro con valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades” que reciba una
prestación por fallecimiento no es una “persona sujeta a comunicación de
información” y podrá dar a dicha “cuenta financiera” un tratamiento distinto
del de las “cuentas sujetas a comunicación de información” excepto si dicha
institución sabe de hecho, o tiene motivos para saber, que el beneficiario es
una “persona sujeta a comunicación de información”. Una “institución financiera
obligada a comunicar información” tendrá motivos para saber que un beneficiario
de un “contrato de seguro con valor en efectivo” o de un “contrato de
anualidades” es una “persona sujeta a comunicación de información” si la
información recopilada por dicha institución y relacionada con el beneficiario
contiene indicios descritos en el apartado B de la sección III. Si una
“institución financiera obligada a comunicar información” sabe de hecho, o
tiene motivos para saber, que el beneficiario es una “persona sujeta a
comunicación de información”, dicha institución deberá seguir los procedimientos
del apartado B de la sección III. 
Un Estado miembro o Suiza
tendrá la facultad de autorizar a las “instituciones financieras obligadas a
comunicar información” a tratar una “cuenta financiera” que constituya la
participación de un miembro en un “contrato colectivo de seguro con valor en
efectivo” o “contrato colectivo de anualidades” como una “cuenta financiera”
que no es una “cuenta sujeta a comunicación de información” hasta la fecha en
la que un importe sea pagadero al empleado/titular de certificado o
beneficiario, si la “cuenta financiera” que constituye la participación de un
miembro en un “contrato colectivo de seguro con valor en efectivo” o “contrato
colectivo de anualidades” cumple los siguientes requisitos:
a)   el “contrato colectivo de seguro con valor en
efectivo” o “contrato colectivo de anualidades” se ha emitido a un empleador y
cubre a veinticinco o más empleados/titulares de certificados;
b)   los empleados/titulares de certificados tienen
derecho a recibir cualquier valor contractual relativo a sus participaciones y
a designar beneficiarios de la prestación pagadera al fallecimiento del
empleado; y
c)   el importe total pagadero a cualquier
empleado/titular de certificado o beneficiario no excede de
1 000 000 USD o un importe equivalente denominado en la moneda
nacional de cada Estado miembro o Suiza.
Por “contrato colectivo de
seguro con valor en efectivo” se entiende un “contrato de seguro con valor en
efectivo” que: i) ofrece cobertura a personas físicas asociadas a través de un
empleador, asociación profesional, sindicato u otra asociación o grupo; y ii)
cobra una prima por cada miembro del grupo (o miembro de una categoría del
grupo) que se determina sin tener en cuenta las características de salud
individuales distintas de la edad, el sexo y el hábito de fumar del miembro (o
categoría de miembro) del grupo. 
Por “contrato colectivo de anualidades” se entiende un
“contrato de anualidades” en virtud del cual los acreedores son personas
físicas asociadas a través de un empleador, asociación profesional, sindicato u
otra asociación o grupo.
Antes de la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX], los Estados miembros comunicarán a Suiza, y Suiza comunicará a la
Comisión Europea, si han hecho uso de la facultad prevista en el presente
apartado. La Comisión Europea podrá coordinar la transmisión de la comunicación
de los Estados miembros a Suiza y transmitirá la comunicación de Suiza a todos
los Estados miembros. Todo nuevo cambio en el ejercicio de esta facultad por un
Estado miembro o Suiza se comunicará de la misma manera.
C. Normas para la agregación del saldo de cuentas y para la
conversión de moneda. 
1.
Agregación de “cuentas de personas físicas”. Para determinar el saldo o valor
agregado de las “cuentas financieras” cuyo titular es una persona física, la
“institución financiera obligada a comunicar información” deberá agregar todas
las cuentas que la persona mantenga en la propia institución o en las
“entidades vinculadas”, pero solo en la medida en que los sistemas informatizados
de la “institución financiera obligada a comunicar información” vinculen las
“cuentas financieras” por referencia a un elemento de datos, como el número de
cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las
cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el
presente apartado, a cada titular de una “cuenta financiera” conjunta se le
atribuirá el saldo o valor íntegro de la “cuenta financiera” conjunta. 
2.
Agregación de “cuentas de entidades”. Para determinar el saldo o valor agregado
de las “cuentas financieras” cuyo titular es una entidad, la “institución
financiera obligada a comunicar información” deberá considerar todas las
“cuentas financieras” que la entidad mantenga en la propia institución o en las
“entidades vinculadas”, pero solo en la medida en que los sistemas
informatizados de la “institución financiera obligada a comunicar información”
vinculen las cuentas por referencia a un elemento de datos, como el número de
cliente o el NIF, y permitan la agregación de los saldos o valores de las
cuentas. Para la aplicación de los requisitos de agregación descritos en el
presente apartado, a cada titular de una “cuenta financiera” conjunta se le
atribuirá el saldo o valor íntegro de la “cuenta financiera” conjunta. 
3. Norma
especial de agregación aplicable a los gestores personales. Para determinar el
saldo o valor agregado de las “cuentas financieras” que posee una persona a fin
de determinar si una “cuenta financiera” es una “cuenta de mayor valor”, la
“institución financiera obligada a comunicar información” también deberá
agregar aquellas cuentas respecto de las cuales un gestor personal sepa o tenga
razones para saber que, directa o indirectamente, son propiedad de dicha
persona, están bajo su control o han sido creadas por ella (excepto si esa
persona interviene en calidad de fiduciario). 
4.
Inclusión del equivalente en otras monedas en todos los importes. Se entenderá
que todos los importes denominados en dólares estadounidenses o en la moneda nacional
de cada Estado miembro o Suiza incluyen los importes equivalentes en otras
monedas, según determine la legislación nacional. 
Sección VIII: Definiciones de términos 
Los
siguientes términos tendrán el significado que se indica a continuación: 
A. Institución financiera obligada a comunicar información 
1. Por
“institución financiera obligada a comunicar información” se entiende toda
“institución financiera de un Estado miembro” o “institución financiera suiza”,
según el contexto, que no sea una “institución financiera no obligada a
comunicar información”. 
2. Por
“institución financiera de un territorio participante” se entiende: i) toda
“institución financiera” residente en un “territorio participante”, con
exclusión de las sucursales de dicha “institución financiera” ubicadas fuera
del “territorio participante” en cuestión, y ii) toda sucursal de una
“institución financiera” no residente en un “territorio participante”, si la
sucursal está ubicada en el “territorio participante” en cuestión. 
3. Por
“institución financiera” se entiende una “institución de custodia”, una
“institución de depósito”, una “entidad de inversión” o una “compañía de
seguros específica”. 
4. Por
“institución de custodia” se entiende toda “entidad” que posee “activos financieros”
por cuenta de terceros como parte importante de su actividad económica. Una
“entidad” posee “activos financieros” por cuenta de terceros como parte
importante de su actividad económica cuando su renta bruta atribuible a la
tenencia de “activos financieros” y a los servicios financieros conexos es
igual o superior al 20 % de la renta bruta obtenida por la “entidad” durante el
más corto de los siguientes períodos: i) el período de tres años concluido el
31 de diciembre (o el último día de un ejercicio contable que no se corresponda
con el año civil) anterior al año en el que se realiza la determinación; o ii)
el tiempo de existencia de la “entidad”. 
5. Por
“institución de depósito” se entiende toda “entidad” que acepta depósitos en el
curso ordinario de su actividad bancaria o similar. 
6. Por
“entidad de inversión” se entiende toda “entidad”: 
a) cuya actividad económica principal consiste en la
realización de una o varias de las siguientes actividades u operaciones en
nombre o en favor de un cliente: 
i. operaciones con instrumentos del mercado monetario
(cheques, letras, certificados de depósito, derivados, etc.); cambio de
divisas; instrumentos de los mercados cambiario y monetario e instrumentos
basados en índices; valores negociables; o negociación de futuros de productos
básicos; 
ii. gestión de inversiones colectivas e individuales;
u 
iii. otras formas de inversión, administración o
gestión de “activos financieros” o dinero en nombre de terceros; 
o 
b) cuya
renta bruta es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o
negociación en “activos financieros”, si la “entidad” es gestionada por otra
“entidad” que es a su vez una “institución de depósito”, una “institución de
custodia”, una “compañía de seguros específica” o una “entidad de inversión”
descrita en el apartado A.6.a). 
Se considera que una
“entidad” tiene por actividad económica principal la realización de una o
varias de las actividades descritas en el apartado A.6.a), o que su renta bruta
es atribuible principalmente a la inversión, reinversión o negociación en
“activos financieros” a efectos del apartado A.6.b), cuando su renta bruta
atribuible a las actividades en cuestión es igual o superior al 50 % de la
renta bruta obtenida por la “entidad” durante el más corto de los siguientes
períodos: i) el período de tres años concluido el 31 de diciembre del año
anterior al año en el que se realiza la determinación; o ii) el tiempo de
existencia de la entidad. La expresión “entidad de inversión” no incluye las
“entidades” que son “ENF activas” por cumplir cualquiera de los criterios
indicados en el apartado D.9, letras d) a g). 
El presente apartado se
interpretará de forma coherente con la definición de “institución financiera”
expresada en términos similares en las Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional. 
7. Por
“activos financieros” se entiende los valores mobiliarios (por ejemplo, las
participaciones en el capital de sociedades, las participaciones en el capital
o en los beneficios de sociedades de personas o fideicomisos que tienen
numerosos socios o cotizan en mercados de valores reconocidos; los pagarés,
bonos y obligaciones y otros títulos de deuda), las participaciones en
sociedades de personas, los productos básicos, los swaps (por ejemplo, los
swaps de tipos de interés, los swaps de divisas, los swaps de base, los
acuerdos sobre tipos de interés máximos o mínimos, los swaps de productos
básicos, los swaps ligados a acciones, los swaps de índices de acciones y los
acuerdos similares), los “contratos de seguro” o los “contratos de
anualidades”, o cualquier instrumento (con inclusión de las opciones y los
contratos de futuros o a plazo) ligado a un valor mobiliario, una participación
en una sociedad de personas, un producto básico, un swap, un “contrato de seguro”
o un “contrato de anualidades”. La expresión “activos financieros” no incluye
el interés directo, no ligado a una deuda, en bienes inmobiliarios. 
8. Por
“compañía de seguros específica” se entiende toda “entidad” que sea una
compañía de seguros (o la sociedad de control de una compañía de seguros) que
ofrece un “contrato de seguro con valor en efectivo” o un “contrato de
anualidades”, o que está obligada a efectuar pagos en relación con los mismos. 
B. Institución financiera no obligada a comunicar información 
1. Por “institución
financiera no obligada a comunicar información” se entiende toda “institución
financiera” que es: 
a) una
“entidad estatal”, una “organización internacional” o un “banco central”,
excepto en relación con un pago derivado de una obligación fruto de una
actividad financiera comercial del tipo de las realizadas por una “compañía de
seguros específica”, una “institución de custodia” o una “institución de
depósito”; 
b) un
“fondo de pensiones de participación amplia”, un “fondo de pensiones de
participación restringida”, un “fondo de pensiones” de una “entidad estatal”,
de una “organización internacional” o de un “banco central”, o un “emisor
autorizado de tarjetas de crédito”; 
c)
cualquier otra “entidad” que presente un bajo riesgo de utilización para evadir
un impuesto, tenga características esencialmente similares a las de cualquiera
de las “entidades” descritas en el apartado B.1, letras a) y b), y esté
definida en la legislación nacional como “institución financiera no obligada a comunicar
información” y, en el caso de los Estados miembros, esté contemplada en el
artículo 8, apartado 7 bis, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo,
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y se
comunique a Suiza, y, en el caso de Suiza, se comunique a la Comisión Europea,
siempre que la consideración de tal “entidad” como “institución financiera no
obligada a comunicar información” no sea contraria a los objetivos del presente
Acuerdo; 
d) un
“instrumento de inversión colectiva exento”; o 
e) un
fideicomiso en la medida en que el fiduciario de este sea una “institución
financiera obligada a comunicar información” que comunique toda la información
exigida a tenor de la sección I respecto de todas las “cuentas sujetas a comunicación
de información” del fideicomiso. 
2. Por “entidad estatal” se entiende la administración
de un Estado miembro, Suiza u otro territorio, toda subdivisión política de un
Estado miembro, Suiza u otro territorio (se incluyen aquí, para evitar dudas, los
Estados federados, provincias, condados o municipios), o cualquier organismo o
agencia institucional que pertenezca en su totalidad a un Estado miembro, Suiza
u otro territorio o a cualquiera de los entes mencionados (constituyendo cada
uno de ellos una “entidad estatal”). Están incluidas en esta categoría las
partes integrantes, entidades controladas y subdivisiones políticas de un
Estado miembro, Suiza u otro territorio. 
a) Se
entiende por “parte integrante” de un Estado miembro, Suiza u otro territorio
cualquier persona, organización, agencia, departamento, fondo, organismo u otro
órgano, cualquiera que sea su denominación, que sea una autoridad estatal de un
Estado miembro, Suiza u otro territorio. Los ingresos netos de la autoridad
estatal deberán abonarse en la cuenta de esta o en otras cuentas del Estado
miembro, Suiza u otro territorio, sin que ninguna parte pueda contabilizarse en
beneficio de un particular. No se consideran parte integrante las personas
físicas que son monarcas, funcionarios o administradores cuando actúan a título
personal o privado. 
b) Por
“entidad controlada” se entiende una “entidad” que es formalmente diferente del
Estado miembro, Suiza u otro territorio o que constituye en algún otro sentido
una entidad jurídica aparte, siempre que: 
i. la
“entidad” esté controlada o sea propiedad, en su totalidad, de una o varias
“entidades estatales”, directamente o a través de una o varias entidades
controladas; 
ii. los
ingresos netos de la “entidad” se abonen en la cuenta de esta o en las cuentas
de una o varias “entidades estatales”, sin que ninguna parte de dichos ingresos
pueda contabilizarse en beneficio de un particular; y 
iii. los
activos de la “entidad” se atribuyan en el momento de su disolución a una o
varias “entidades estatales”. 
c) No se considera que los ingresos revierten en
beneficio de particulares si estos son los beneficiarios de un programa
público, y las actividades del programa se llevan a cabo para la población en
general y el bienestar común, o bien guardan relación con la gestión de alguna
instancia de la administración. No obstante lo anterior, se considera que los
ingresos revierten en beneficio de particulares si son fruto de la utilización
de una “entidad estatal” para la realización de una actividad comercial, como
una actividad bancaria comercial, que ofrezca servicios financieros a
particulares. 
3. Por “organización internacional” se entiende toda
organización internacional u organismo o agencia institucional perteneciente en
su totalidad a la organización. Esta categoría comprende todas las
organizaciones intergubernamentales (incluidas las supranacionales): 1) que
están formadas principalmente por gobiernos; 2) que tienen efectivamente un
acuerdo de sede o un acuerdo similar en lo esencial con el Estado miembro,
Suiza u otro territorio; y 3) cuyos ingresos no revierten en beneficio de
particulares. 
4. Por “banco central” se entiende una institución
que, por ley o normativa estatal, es la principal autoridad, distinta del
gobierno del propio Estado miembro, Suiza u otro territorio, emisora de
instrumentos destinados a circular como medios de pago. Dicha institución puede
incluir una agencia institucional independiente del gobierno del Estado
miembro, Suiza u otro territorio, que puede ser o no propiedad total o parcial
del Estado miembro, Suiza o del otro territorio. 
5. Por “fondo de pensiones de participación amplia” se
entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer prestaciones por
jubilación, incapacidad o fallecimiento, o cualquier combinación de estas, a
beneficiarios que sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos)
de uno o varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a
condición de que el fondo: 
a) no
tenga ningún beneficiario con derecho a más del 5 % de los activos del
fondo; 
b) esté
sujeto a la normativa del Estado y facilite información a la administración
tributaria; y 
c) cumpla
al menos uno de los requisitos siguientes: 
i. que el
fondo esté globalmente exento de impuestos sobre los rendimientos de la
inversión, o que dichos rendimientos estén sujetos a tributación diferida o
tributen a un tipo reducido, por su condición de plan de jubilación o de
pensiones; 
ii. que
el fondo obtenga al menos el 50 % de las aportaciones totales —distintas de las
transferencias de activos a partir de otros planes descritos en el apartado B,
puntos 5, 6 y 7, o a partir de cuentas de jubilación y pensión descritas en el
apartado C.17.a)— de los empleadores promotores; 
iii. que
la distribución o el reintegro de cantidades a partir del fondo solo esté
autorizado en caso de producirse hechos específicos relacionados con la
jubilación, la incapacidad o el fallecimiento —con excepción de las rentas
distribuidas para su inversión en otros fondos de pensiones descritos en el apartado
B, puntos 5, 6 y 7, o cuentas de jubilación y pensión descritas en el
apartado C.17.a)—, o que la distribución o el reintegro de cantidades antes de
tales hechos específicos dé lugar a penalizaciones; o 
iv. que
las aportaciones de los empleados al fondo (con exclusión de ciertas
aportaciones compensatorias autorizadas) estén limitadas en función de los
ingresos percibidos por el empleado, o bien que no puedan exceder anualmente de
50 000 USD o un importe equivalente denominado en la moneda nacional de
cada Estado miembro o Suiza, aplicando las normas de agregación de cuentas y de
conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. 
6. Por “fondo de pensiones de participación
restringida” se entiende un fondo establecido con la finalidad de ofrecer
prestaciones por jubilación, incapacidad o fallecimiento a beneficiarios que
sean o hayan sido empleados (o personas designadas por estos) de uno o
varios empleadores como contrapartida de servicios prestados, a condición de
que: 
a) el
fondo tenga menos de 50 partícipes; 
b) los
promotores del fondo sean uno o varios empleadores que no sean “entidades de
inversión” ni “ENF pasivas”; 
c) las
aportaciones al fondo de empleados y empleadores —con exclusión de las
transferencias de activos a partir de las cuentas de jubilación y pensión
descritas en el apartado C.17.a)— estén limitadas en función de los ingresos
percibidos por el empleado y la remuneración abonada al empleado,
respectivamente; 
d) los
partícipes que no sean residentes del territorio (Estado miembro o Suiza) en el
que está establecido el fondo no tengan derecho a más del 20 % de los activos
del fondo; y 
e) el
fondo esté sujeto a la normativa del Estado y facilite información a la
administración tributaria. 
7. Por “fondo de pensiones de una entidad estatal, una
organización internacional o un banco central” se entiende un fondo establecido
por una “entidad estatal”, una “organización internacional” o un “banco
central” con la finalidad de ofrecer prestaciones por jubilación, incapacidad o
fallecimiento a sus beneficiarios o partícipes que sean o hayan sido empleados
(o personas designadas por estos), o que no sean ni hayan sido empleados, si
las prestaciones ofrecidas a tales beneficiarios o partícipes son la
contrapartida de servicios personales prestados a la “entidad estatal”, la
“organización internacional” o el “banco central”. 
8. Por “emisor autorizado de tarjetas de crédito” se
entiende una “institución financiera” que cumple los siguientes requisitos: 
a) la
“institución financiera” tiene condición de “institución financiera” únicamente
porque es un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos solo cuando un
cliente hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con la
tarjeta y el excedente no es reembolsado inmediatamente al cliente; y 
b) la “institución financiera” aplica, a partir de la fecha de
entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX] o desde antes de
esa fecha, métodos y procedimientos destinados bien a impedir que un cliente
haga sobrepagos que excedan de 50 000 USD o un importe equivalente
denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza, bien a
garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe le sea
reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las normas de
agregación de cuentas y de conversión de moneda expuestas en la sección VII,
apartado C.  A estos
efectos, el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos
acreedores que incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos
acreedores derivados de la devolución de mercancías. 
9. Por
“instrumento de inversión colectiva exento” se entiende una “entidad de
inversión” regulada como instrumento de inversión colectiva, siempre y cuando
la titularidad de todas las participaciones en el instrumento de inversión
colectiva corresponda a personas físicas o “entidades” que no sean “personas
sujetas a comunicación de información”, o se ejerza a través de ellas, con
excepción de las “ENF pasivas” en las que las “personas que ejercen el control”
son “personas sujetas a comunicación de información”. 
Una “entidad de inversión”
que esté regulada como instrumento de inversión colectiva no dejará de ser
“instrumento de inversión colectiva exento” con arreglo al apartado B.9 por el
mero hecho de haber emitido acciones al portador en forma física si cumple las
siguientes condiciones: 
a) el instrumento de inversión colectiva no ha emitido ni emite
acciones al portador en forma física después del 31 de diciembre del año
anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX]; 
b) el
instrumento de inversión colectiva retira todas esas acciones en el momento de
su rescate; 
c) el
instrumento de inversión colectiva aplica los procedimientos de diligencia
debida establecidos en las secciones II a VII y comunica toda la información
que ha de comunicarse respecto de todas esas acciones en el momento en que se
presentan para su rescate o para algún otro pago; y 
d) el instrumento de inversión colectiva ha establecido métodos y
procedimientos para garantizar que tales acciones se rescaten o inmovilicen lo
antes posible, y en todo caso en un plazo de dos años tras la entrada en vigor
del Protocolo modificativo firmado el [XXXX]. 
C. Cuenta financiera 
1. Por “cuenta financiera” se entiende una cuenta abierta en una
“institución financiera”, comprendidas las “cuentas de depósito”, las “cuentas
de custodia”, y: 
a) en el
caso de una “entidad de inversión”, toda participación en capital o en deuda en
la “institución financiera”; no obstante lo anterior, el término “cuenta
financiera” no incluye ninguna participación en capital o deuda en una
“entidad” que sea una “entidad de inversión” exclusivamente por: i) asesorar a
un cliente y actuar en nombre de este, o ii) gestionar carteras para un
cliente, y actuar en nombre de este, para fines de inversión, gestión o
administración de “activos financieros” depositados en nombre del cliente en
una “institución financiera” distinta de la “entidad” considerada; 
b) en el
caso de las “instituciones financieras” no descritas en el apartado C.1.a),
toda participación en capital o deuda en la “institución financiera”, si el
tipo de participación en cuestión se determinó con objeto de eludir la
comunicación de información de conformidad con la sección I; y 
c) los
“contratos de seguro con valor en efectivo” y los “contratos de anualidades”
ofrecidos por una “institución financiera”, o que esta mantenga, distintos de
las rentas vitalicias, inmediatas, intransferibles y no ligadas a inversión,
emitidas a una persona física, que monetizan una pensión o una prestación por
incapacidad vinculadas a una cuenta que sea una “cuenta excluida”. 
El término “cuenta
financiera” no incluye las cuentas que sean “cuentas excluidas”. 
2. Por “cuenta de depósito” se entiende toda cuenta
comercial, cuenta corriente, cuenta de ahorro o cuenta a plazo, u otra cuenta
identificada mediante un certificado de depósito, de ahorro, de inversión o de
deuda, o un instrumento similar, abierta en una “institución financiera” en el
curso ordinario de su actividad bancaria o similar. Las “cuentas de
depósito” comprenden también las cantidades que posea una compañía de seguros
con arreglo a un contrato de inversión garantizada o un acuerdo similar para el
pago o anotación en cuenta de los correspondientes intereses. 
3. Por “cuenta de custodia” se entiende una cuenta
(distinta de un “contrato de seguro” o un “contrato de anualidades”) en la que
se deposita uno o varios “activos financieros” en beneficio de un tercero. 
4. Por “participación en el capital” se entiende, en
el caso de las sociedades de personas que sean “instituciones financieras”,
tanto una participación en el capital como en los beneficios de la sociedad de
personas. En el caso de un fideicomiso con naturaleza de “institución financiera”,
se considera que posee una “participación en el capital” cualquier persona a la
que se considere fideicomitente o beneficiario de la totalidad o de una parte
del fideicomiso, o cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo
último sobre el fideicomiso. Las “personas sujetas a comunicación de
información” tendrán la consideración de beneficiarias de un fideicomiso si
tienen derecho a percibir, directa o indirectamente (por ejemplo a través de un
agente designado) una distribución obligatoria, o pueden percibir, directa o
indirectamente, una distribución discrecional con cargo al fideicomiso. 
5. Por “contrato de seguro” se entiende un contrato
(distinto de los “contratos de anualidades”) conforme al cual el emisor acuerda
pagar un importe en caso de que se materialice una contingencia especificada
que entrañe un fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad o riesgo
patrimonial. 
6. Por “contrato de anualidades” se entiende un
contrato en virtud del cual el emisor acuerda efectuar pagos durante un período
determinado total o parcialmente por referencia a la esperanza de vida de una o
varias personas físicas. Esta expresión designa igualmente los contratos
considerados “contratos de anualidades” conforme a la ley, normativa o práctica
del territorio (Estado miembro, Suiza u otro territorio) en el que se formalizó
el contrato, y en virtud de los cuales el emisor acuerda efectuar pagos durante
un determinado número de años. 
7. Por “contrato de seguro con valor en efectivo” se
entiende un “contrato de seguro” (distinto de los contratos de reaseguro entre
dos compañías aseguradoras) que tiene un “valor en efectivo”. 
8. Por “valor en efectivo” se entiende la mayor de las
cantidades siguientes: i) el importe que tenga derecho a percibir el tomador
del seguro como consecuencia del rescate o la resolución del contrato
(determinado sin computar la posible reducción en concepto de penalización por
rescate o préstamo sobre la póliza), y ii) el importe que el tomador del seguro
pueda tomar en préstamo en virtud del contrato o con relación al mismo. No
obstante lo anterior, la expresión “valor en efectivo” no comprende los
importes pagaderos por razón de un “contrato de seguro”: 
a)
exclusivamente con motivo del fallecimiento de una persona física asegurada en
un contrato de seguro de vida; 
b) en
concepto de prestación por daños personales o enfermedad u otra prestación
indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo
asegurado; 
c) en
concepto de devolución de una prima pagada anteriormente (menos el coste de los
gastos de seguro, con independencia de que se hayan aplicado o no) por un
“contrato de seguro” (distinto de un contrato de anualidades o de seguro de
vida ligado a una inversión) debido a la cancelación o resolución del contrato,
a una merma de exposición al riesgo durante la vigencia del contrato, o a un
nuevo cálculo de la prima por rectificación de la notificación o error similar;

d) en
concepto de dividendos del tomador de la póliza (distintos de los dividendos a
la terminación del contrato), siempre y cuando los dividendos guarden relación
con un “contrato de seguro” en el que las únicas prestaciones pagaderas sean
las descritas en el apartado C.8.b); o 
e) en
concepto de devolución de prima anticipada o depósito de prima por un “contrato
de seguro” en el que la prima es pagadera con una periodicidad mínima anual, si
el importe de la prima anticipada o el depósito de prima no excede de la
siguiente prima anual que haya de abonarse con arreglo al contrato. 
9. Por “cuenta preexistente” se entiende:
a) una “cuenta financiera” que se mantenga abierta en
una “institución financiera obligada a comunicar información” a 31 de diciembre
del año anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX]; 
b) un Estado miembro o Suiza tendrá la facultad de
ampliar el significado del término “cuenta preexistente” para que incluya
también toda “cuenta financiera” de un titular, con independencia de la fecha
de apertura de la cuenta, si:
i.    el “titular de la cuenta” también tiene en la
“institución financiera obligada a comunicar información”, o en una “entidad
vinculada” dentro del mismo territorio (Estado miembro o Suiza) que la
“institución financiera obligada a comunicar información”, una “cuenta
financiera” que es una “cuenta preexistente” con arreglo al apartado C.9.a);
ii.   la “institución financiera obligada a comunicar
información”, y, si ha lugar, la “entidad vinculada” del mismo territorio
(Estado miembro o Suiza) que esta, trata las dos “cuentas financieras” antes
mencionadas, y cualesquiera otras “cuentas financieras” del titular que tengan
la consideración de “cuentas preexistentes” con arreglo a la presente letra b),
como una sola “cuenta financiera” a efectos del cumplimiento de los requisitos
de conocimiento establecidos en la sección VII, apartado A, y de la
determinación del saldo o valor de cualquiera de las “cuentas financieras”
cuando aplica los umbrales fijados para las cuentas;
iii.  en lo que se refiere a las “cuentas financieras”
sujetas a los “procedimientos denominados 'conozca a su cliente' conforme a la
legislación contra el blanqueo de capitales”, la “institución financiera
obligada a comunicar información” está autorizada a dar cumplimiento a dichos
procedimientos para la “cuenta financiera” basándose en los resultados de la
aplicación de los mencionados procedimientos a la “cuenta preexistente”
descrita en el apartado C.9.a); y
iv.  la apertura de la “cuenta financiera” no requiere
que el titular presente información nueva, adicional o modificada como cliente,
excepto para los fines del presente Acuerdo. 
Antes de la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX], los Estados miembros comunicarán a Suiza, y Suiza comunicará a la
Comisión Europea, si han hecho uso de la facultad prevista en la presente
letra. La Comisión Europea podrá coordinar la transmisión de la comunicación de
los Estados miembros a Suiza y transmitirá la comunicación de Suiza a todos los
Estados miembros. Todo nuevo cambio en el ejercicio de esta facultad por un
Estado miembro o Suiza se comunicará de la misma manera.
10. Por “cuenta nueva” se entiende una “cuenta financiera”
abierta en una “institución financiera obligada a comunicar información” a
partir de la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX] o
después de dicha fecha, a menos que sea tratada como “cuenta preexistente” de
conformidad con la definición ampliada de “cuenta preexistente” del apartado
C.9. 
11. Por
“cuenta preexistente de persona física” se entiende una “cuenta preexistente”
cuyo titular o titulares son una o varias personas físicas. 
12. Por
“cuenta nueva de persona física” se entiende una “cuenta nueva” cuyo titular o
titulares son una o varias personas físicas. 
13. Por
“cuenta preexistente de entidad” se entiende una “cuenta preexistente” cuyo
titular o titulares son una o varias “entidades”. 
14. Por “cuenta de menor valor” se entiende una “cuenta
preexistente de persona física” con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre
del año anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX] que no excede de 1 000 000 USD o un importe equivalente
denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o de Suiza. 
15. Por “cuenta de mayor valor” se entiende una “cuenta
preexistente de persona física” con un saldo o valor agregado a 31 de diciembre
del año anterior a la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX] o de cualquier año posterior que excede de 1 000 000 USD
o un importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado
miembro o de Suiza. 
16. Por
“cuenta nueva de entidad” se entiende una “cuenta nueva” cuyo titular o
titulares son una o varias “entidades”. 
17. Por “cuenta excluida” se
entiende cualquiera de las cuentas siguientes: 
a) una cuenta de jubilación o pensión que cumple los
requisitos siguientes: 
i. la
cuenta está sujeta a la legislación aplicable a las cuentas personales de
jubilación o forma parte de un plan de jubilación o de pensiones registrado o
regulado que ofrece prestaciones de jubilación o pensión (incluidas
prestaciones por incapacidad o fallecimiento); 
ii. la
cuenta goza de una fiscalidad favorable (es decir, los ingresos en la cuenta,
que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos de
la renta bruta del “titular de la cuenta” o tributan a un tipo reducido, o los rendimientos de
la inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o
tributan a un tipo reducido); 
iii. debe
comunicarse información sobre la cuenta a la administración tributaria; 
iv. los
reintegros de la cuenta están supeditados a que se alcance una edad de
jubilación especificada, a una incapacidad o al fallecimiento, o están sujetos
a penalización si se realizan antes de materializarse esos hechos; y 
v. bien
i) las aportaciones anuales no pueden exceder de 50 000 USD o un
importe equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o
Suiza, bien ii) la aportación máxima a la cuenta a lo largo de toda la vida no
puede exceder de 1 000 000 USD o un importe equivalente
denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza, aplicándose en
cada caso las normas de agregación de cuentas y de conversión de moneda
establecidas en la sección VII, apartado C. 
Una “cuenta financiera” que, por lo demás, cumpla el requisito
establecido en el apartado C.17.a).v. no dejará de cumplir dicho requisito por
el mero hecho de poder recibir activos o fondos transferidos de una o varias
“cuentas financieras” que cumplan lo dispuesto en el apartado C.17, letras a) o
b), o transferidos de uno o varios fondos de pensiones que cumplan los
requisitos de los apartados B.5, B.6 o B.7. 
b) una cuenta que cumple los
requisitos siguientes: 
i. la
cuenta está sujeta a la legislación aplicable a los instrumentos de inversión para
fines distintos de la jubilación y se negocia regularmente en un mercado de
valores reconocido, o la cuenta está sujeta a la legislación aplicable a los
instrumentos de ahorro para fines distintos de la jubilación; 
ii. la
cuenta goza de una fiscalidad favorable (es decir, los ingresos en la cuenta,
que de lo contrario tendrían que tributar, son deducibles o están excluidos de
la renta bruta del “titular de la cuenta” o tributan a un tipo reducido, o los rendimientos de
la inversión que produce la cuenta están sujetos a tributación diferida o
tributan a un tipo reducido); 
iii. los
reintegros de la cuenta están supeditados al cumplimiento de criterios
específicos relacionados con la finalidad de la cuenta de inversión o ahorro
(por ejemplo, la oferta de prestaciones educativas o médicas), o están sujetos
a penalización si se realizan antes de que se cumplan tales criterios; y 
iv. las
aportaciones anuales no pueden exceder de 50 000 USD o un importe
equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza,
aplicándose a estos efectos las normas de agregación de cuentas y de conversión
de moneda expuestas en la sección VII, apartado C. 
Una “cuenta financiera” que,
por lo demás, cumpla el requisito establecido en el apartado C.17.b) iv. no
dejará de cumplir dicho requisito por el mero hecho de poder recibir activos o
fondos transferidos de una o varias “cuentas financieras” que cumplan lo
dispuesto en el apartado C.17, letras a) o b), o transferidos de uno o varios
fondos de pensiones que cumplan los requisitos de los apartados B.5, B.6 o B.7;

c) un contrato de seguro de vida cuyo período de
cobertura finaliza antes de que el asegurado cumpla 90 años, siempre que el
contrato cumpla los siguientes requisitos: 
i. que las primas periódicas, que no son decrecientes
con el tiempo, sean pagaderas con una periodicidad anual como mínimo durante el
período de vigencia del contrato o bien hasta que el asegurado cumpla
90 años, si este segundo período es más corto; 
ii. que el contrato no tenga un valor al que pueda
acceder persona alguna (mediante reintegro, préstamo u otro medio) sin
resolución del contrato; 
iii. que el importe pagadero con motivo de la
cancelación o resolución del contrato (excluida la prestación por
fallecimiento) no pueda exceder del importe agregado de las primas abonadas
conforme al contrato, menos la suma de los gastos por fallecimiento,
enfermedad, accidente u otros motivos (con independencia de que se hayan
aplicado o no) por el período o períodos de vigencia del contrato y todos los
importes abonados con anterioridad a la cancelación o resolución del contrato;
y 
iv. que el cesionario del contrato no mantenga este
por razón de su valor; 
d) una cuenta cuya titularidad exclusiva corresponde a
un caudal relicto, si la documentación de la cuenta incluye una copia del
testamento o certificado de defunción del causante; 
e) una cuenta establecida en conexión con cualquiera
de los hechos siguientes: 
i. una sentencia o mandato judicial; 
ii. una venta, intercambio o arrendamiento de bienes
inmuebles o muebles, siempre que la cuenta cumpla los requisitos siguientes: 
- que los fondos de la cuenta procedan exclusivamente del depósito
de un pago a cuenta, como garantía de ejecución, de cuantía suficiente para
garantizar una obligación directamente relacionada con la operación, o de un
pago similar, o procedan de un “activo financiero” depositado en la cuenta en
conexión con la venta, intercambio o arrendamiento de los bienes; 
- que la
cuenta se haya abierto y se utilice exclusivamente como garantía de ejecución
de la obligación del comprador de pagar el precio de la compra de los bienes,
de la obligación del vendedor de pagar cualquier pasivo contingente, o de la
obligación del arrendador o del arrendatario de pagar cualquier daño de los
bienes arrendados, de conformidad con el contrato de arrendamiento; 
- que los
activos de la cuenta, incluidas las rentas generadas por ella, se vayan a pagar
o distribuir de otro modo en beneficio del comprador, el vendedor, el
arrendador o el arrendatario (si ha lugar, en cumplimiento de la obligación de
tal persona) en el momento de la venta, intercambio o cesión de los bienes o de
la terminación del arrendamiento; 
- que la
cuenta no sea una cuenta de margen o similar abierta en conexión con la venta o
intercambio de un “activo financiero”; y 
- que la
cuenta no esté asociada con una cuenta de las descritas en el apartado C.17.f);

iii. la obligación asumida por una “institución
financiera” que gestiona un préstamo garantizado por bienes inmuebles de apartar
una porción de un pago para destinarla exclusivamente a facilitar el pago
ulterior de impuestos o seguros relacionados con los bienes inmuebles; 
iv. la obligación asumida por una “institución
financiera” de facilitar exclusivamente el pago ulterior de impuestos; 
f) una “cuenta de depósito” que cumple los requisitos siguientes: 
i. la cuenta existe exclusivamente porque un cliente
hace un pago que excede del saldo adeudado por operaciones con una tarjeta de
crédito u otro mecanismo de crédito renovable y el excedente no es reembolsado
inmediatamente al cliente; y 
ii. la “institución financiera” aplica, a partir de la
fecha de entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX] o desde
antes de esa fecha, métodos y procedimientos destinados bien a impedir que un
cliente haga sobrepagos que excedan de 50 000 USD o un importe
equivalente denominado en la moneda nacional de cada Estado miembro o Suiza,
bien a garantizar que todo sobrepago de un cliente que exceda de dicho importe
le sea reembolsado en un plazo de 60 días, aplicando en cada caso las normas de
conversión de moneda expuestas en la sección VII, apartado C; a estos efectos,
el sobrepago realizado por el cliente no se refiere a saldos acreedores que
incluyan cargos controvertidos, pero sí incluye los saldos acreedores derivados
de la devolución de mercancías; 
g) cualquier otra cuenta que presente un bajo riesgo
de utilización para evadir un impuesto, tenga características esencialmente
similares a las de cualquiera de las cuentas descritas en el apartado C.17,
letras a) a f), y esté definida en la legislación nacional como “cuenta
excluida” y, en el caso de los Estados miembros, esté contemplada en el
artículo 8, apartado 7 bis, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo,
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y se
comunique a Suiza, y, en el caso de Suiza, se comunique a la Comisión Europea,
siempre que la consideración de tal cuenta como “cuenta excluida” no sea
contraria a los objetivos del presente Acuerdo. 
D. Cuenta sujeta a comunicación de información 
1. Por “cuenta sujeta a comunicación de información” se entiende
una cuenta cuya titularidad corresponde a una o varias “personas sujetas a
comunicación de información” o a una “ENF pasiva” en la que una o varias de las
“personas que ejercen el control” son “personas sujetas a comunicación de
información”, a condición de que haya sido determinada como tal en aplicación
de los procedimientos de diligencia debida que se describen en las secciones II
a VII. 
2. Por “persona sujeta a comunicación de información” se entiende
una “persona de un territorio sujeto a comunicación de información” distinta
de: i) una sociedad de capital cuyo capital social se negocie regularmente en
uno o varios mercados de valores reconocidos; ii) una sociedad de capital que
sea una “entidad vinculada” de una sociedad de capital descrita en el inciso
i); iii) una “entidad estatal”; iv) una “organización internacional”; v) un
“banco central”; o vi) una “institución financiera”. 
3. Por “persona de un territorio sujeto a comunicación de
información” se entiende una persona física o “entidad” que reside en un
“territorio sujeto a comunicación de información” conforme a la legislación
tributaria de este último, o el caudal relicto de un causante residente en un
“territorio sujeto a comunicación de información”. En este sentido, una
“entidad”, ya sea una sociedad de personas, una sociedad de personas de
responsabilidad limitada o un instrumento jurídico similar, que carezca de
residencia a efectos fiscales, será tratada como residente en el territorio en
el que esté situado su lugar de administración efectiva. 
4. Por “territorio sujeto a comunicación de información” se
entiende Suiza con respecto a un Estado miembro o un Estado miembro con
respecto a Suiza en el contexto de la obligación de facilitar la información
especificada en la sección I. 
5. Por “territorio participante” con respecto a un Estado miembro
o Suiza se entiende:
a) cualquier Estado miembro con respecto a la comunicación de
información a Suiza, o
b) Suiza con respecto a la comunicación de información a un Estado
miembro, o
c) cualquier otro territorio: i) con el cual el Estado miembro
pertinente o Suiza, en función del contexto, haya celebrado un acuerdo en
virtud del cual ese otro territorio deba facilitar la información especificada
en la sección I, y ii) que esté identificado en una lista publicada por el
Estado miembro o Suiza y notificada a Suiza o a la Comisión Europea;
d) con respecto a los Estados miembros, cualquier otro territorio:
i) con el cual la Unión Europea haya celebrado un acuerdo en virtud del cual
ese otro territorio deba facilitar la información especificada en la sección I,
y ii) que esté identificado en una lista publicada por la Comisión Europea. 
6. Por “personas que ejercen el control” se entiende las personas
físicas que controlan una “entidad”. En el caso de un fideicomiso, este término
designa al fideicomitente o fideicomitentes, al fiduciario o fiduciarios, al
protector o protectores (si los hubiera), al beneficiario o beneficiarios o a
una o varias categorías de beneficiarios, y a toda otra persona o personas
físicas que en última instancia tengan el control efectivo sobre el
fideicomiso; y, en el caso de una relación jurídica distinta del fideicomiso,
el término designa a las personas que desempeñan una función equivalente o
similar. La expresión “personas que ejercen el control” debe interpretarse de
forma coherente con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional. 
7. La abreviatura “ENF” designa a toda “entidad” que
no es una “institución financiera”. 
8. Por “ENF pasiva” se entiende: i) una ENF que no es una “ENF
activa”; o ii) una “entidad de inversión” descrita en el apartado A.6.b) que no
es una “institución financiera de un territorio participante”. 
9. Por “ENF
activa” se entiende cualquier ENF que cumple alguno de los criterios
siguientes: 
a) menos del 50 % de la renta
bruta obtenida por la ENF durante el año civil precedente u otro período de
referencia pertinente para la comunicación de información es renta pasiva, y
menos del 50 % de los activos poseídos por la ENF durante el año civil
precedente u otro período de referencia pertinente para la comunicación de
información son activos que generan renta pasiva o cuya tenencia tiene por
objeto la generación de renta pasiva; 
b) el capital social de la ENF se
negocia regularmente en un mercado de valores reconocido, o bien la ENF es una
“entidad vinculada” a una “entidad” cuyo capital se negocia regularmente en un
mercado de valores reconocido; 
c) la ENF es una “entidad
estatal”, una “organización internacional” o un “banco central” o una “entidad”
perteneciente en su totalidad a uno o varios de los anteriores; 
d) las actividades de la ENF
consisten sustancialmente en la tenencia (total o parcial) de las acciones en
circulación de una o varias filiales que desarrollan una actividad económica
distinta de la de una “institución financiera”, o en la prestación de servicios
a dichas filiales y en su financiación, si bien una “entidad” no será
considerada ENF activa si opera (o se presenta) como un fondo de inversión,
como en los casos de un fondo de inversión privado, un fondo de capital riesgo,
un fondo de compra con financiación ajena o como un instrumento de inversión
cuyo objeto sea adquirir o financiar sociedades y mantener después una
participación en su activo fijo con fines de inversión; 
e) la ENF no tiene aún actividad
económica ni la ha tenido anteriormente, pero invierte capital en activos con
la intención de llevar a cabo una actividad distinta de la de una “institución
financiera”, siempre y cuando la ENF no pueda acogerse a esta excepción una vez
transcurrido un plazo de 24 meses contados a partir de su constitución inicial;

f) la ENF no ha sido una
“institución financiera” en los últimos cinco años y se encuentra en proceso de
liquidación de sus activos o de reorganización con vistas a continuar o
reiniciar una actividad distinta de la de “institución financiera”; 
g) la actividad principal de la
ENF consiste en la financiación y cobertura de las operaciones realizadas con
“entidades vinculadas” que no sean “instituciones financieras”, o en nombre de
tales “entidades”, y la ENF no presta servicios de financiación o cobertura a
ninguna “entidad” que no sea una “entidad vinculada”, siempre que la actividad
económica principal de cualquier grupo de “entidades vinculadas” de estas
características sea distinta de la de una “institución financiera”; o 
h) la ENF cumple todos los requisitos
siguientes: 
i. está establecida y opera en su territorio de residencia (Estado
miembro, Suiza u otro territorio) exclusivamente con fines religiosos,
benéficos, científicos, artísticos, culturales, deportivos o educativos; o está
establecida y opera en su territorio de residencia (un Estado miembro, Suiza u
otro territorio) como organización profesional, asociación de promoción de
intereses comerciales, cámara de comercio, organización sindical, organización
agrícola u hortícola, asociación cívica u organización exclusivamente dedicada a
la promoción del bienestar social; 
ii. está exenta del impuesto sobre la renta en su territorio de
residencia (Estado miembro, Suiza u otro territorio); 
iii. no tiene accionistas o socios que sean beneficiarios
efectivos o propietarios de su renta o de sus activos; 
iv. la legislación aplicable del territorio de residencia de la
ENF (Estado miembro, Suiza u otro territorio) o sus documentos de constitución
impiden la distribución de rentas o activos de la ENF a particulares o
entidades no benéficas, o su utilización en beneficio de estos, excepto en el
desarrollo de la actividad benéfica de la ENF, o como pago de una
contraprestación razonable por servicios recibidos, o como pago de lo que
constituiría un precio justo de mercado por las propiedades adquiridas por la
ENF; y 
v. la legislación aplicable del territorio de residencia de la ENF
(Estado miembro, Suiza u otro territorio) o sus documentos de constitución
exigen que, tras la liquidación o disolución de la ENF, todos sus activos se
distribuyan a una “entidad estatal” u otra organización sin ánimo de lucro, o
se reviertan a la administración del territorio de residencia de la ENF (Estado
miembro, Suiza u otro territorio) o de una subdivisión política del mismo. 
E. Disposiciones diversas 
1. Por
“titular de la cuenta” se entiende la persona registrada o identificada como
titular de una “cuenta financiera” por la “institución financiera” que mantiene
la cuenta. Las personas distintas de una “institución financiera” que sean
titulares de una “cuenta financiera” en beneficio o por cuenta de otra persona
como representante, custodio, agente designado, signatario, asesor de
inversiones, o como intermediario, no tendrán la consideración de titulares de
la cuenta a los efectos del presente anexo, consideración que sí tendrá dicha
otra persona. En el caso de un “contrato de seguro con valor en efectivo” o de
un “contrato de anualidades”, el “titular de la cuenta” es cualquier persona
con derecho a disponer del “valor en efectivo” o a modificar el beneficiario del
contrato. En caso de que ninguna persona pueda disponer del “valor en efectivo”
ni modificar el beneficiario del contrato, el “titular de la cuenta” es toda
persona designada como propietaria en el contrato y toda persona con derecho
adquirido a percibir pagos en virtud del contrato. Al vencimiento de un
“contrato de seguro con valor en efectivo” o de un “contrato de anualidades”,
se considerará “titular de la cuenta” a toda persona que tenga derecho a
percibir un pago por razón del contrato. 
2. Por
“procedimientos denominados 'conozca a su cliente' conforme a la legislación
contra el blanqueo de capitales” se entiende los procedimientos de diligencia
debida respecto del cliente de una “institución financiera obligada a comunicar
información”, aplicables por razón de las disposiciones relativas a la lucha
contra el blanqueo de capitales o requisitos similares a los que está sujeta la
“institución financiera obligada a comunicar información”. 
3. Por
“entidad” se entiende una persona jurídica o instrumento jurídico, como una
sociedad de capital, una sociedad de personas, un fideicomiso o una fundación. 
4. Una
“entidad” es una “entidad vinculada” a otra “entidad” si una de las dos
“entidades” controla a la otra, o ambas “entidades” están sujetas a un control
común. A estos efectos, el control incluye la participación directa o indirecta
en más del 50 % del capital de una “entidad” y la posesión de más del
50 % de los derechos de voto en la misma. Un Estado miembro o Suiza tendrá
la facultad de definir una “entidad” como “entidad vinculada” a otra “entidad”
si: a) una de las dos “entidades” controla a la otra; b) ambas “entidades”
están sujetas a un control común; o c) ambas “entidades” son “entidades de
inversión” contempladas en el apartado A.6.b), están bajo la misma dirección y
dicha dirección cumple las obligaciones de diligencia debida aplicables a
dichas “entidades de inversión”. A estos efectos, el control incluye la
participación directa o indirecta en más del 50 % del capital de una
“entidad” y la posesión de más del 50 % de los derechos de voto en la misma. 
Antes de la
entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el [XXXX], los Estados
miembros comunicarán a Suiza, y Suiza comunicará a la Comisión Europea, si han
hecho uso de la facultad prevista en el presente apartado. La Comisión Europea podrá coordinar la
transmisión de la comunicación de los Estados miembros a Suiza y transmitirá la
comunicación de Suiza a todos los Estados miembros. Todo nuevo cambio en el
ejercicio de esta facultad por un Estado miembro o Suiza se comunicará de la
misma manera.
5. Por
“NIF” se entiende el Número de Identificación Fiscal de un contribuyente (o su
equivalente funcional de no existir Número de Identificación Fiscal). 
6. Por
“prueba documental” se entiende cualquiera de las siguientes: 
a) un
certificado de residencia emitido por un organismo del Estado autorizado al
efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la misma, o una entidad
local) del territorio (Estado miembro, Suiza u otro territorio) en el que el
beneficiario alega tener su residencia; 
b)
respecto de una persona física, cualquier identificación válida emitida por un
organismo del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u
órgano de la misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la
persona y que se utilice habitualmente a efectos de identificación; 
c)
respecto de una “entidad”, toda documentación oficial emitida por un organismo
del Estado autorizado al efecto (por ejemplo, una administración u órgano de la
misma, o una entidad local) en la que conste el nombre de la “entidad” y la
dirección de su sede en el territorio (Estado miembro, Suiza u otro territorio)
en el que la “entidad” alegue tener su residencia o el territorio (Estado
miembro, Suiza u otro territorio) de constitución de la “entidad”; 
d)
cualquier estado financiero auditado, informe crediticio de un tercero,
declaración concursal o informe de un regulador del mercado de valores. 
En relación con las “cuentas preexistentes de
entidad”, un Estado miembro o Suiza tendrá la facultad de autorizar a las
“instituciones financieras obligadas a comunicar información” a emplear como
prueba documental cualquier clasificación de los archivos de la institución
respecto al “titular de la cuenta” que se haya determinado sobre la base de un
sistema de codificación estándar en el sector, que haya sido registrada por la
“institución financiera obligada a comunicar información” con arreglo a sus
prácticas comerciales normales para la aplicación de los “procedimientos
denominados 'conozca a su cliente' conforme a la legislación contra el blanqueo
de capitales” (excepto para fines tributarios) y que haya sido establecida por
la “institución financiera obligada a comunicar información” antes de la fecha
utilizada para clasificar la “cuenta financiera” como “cuenta preexistente”, a
condición de que la “institución financiera obligada a comunicar información”
no sepa ni tenga razones para saber que esa clasificación es incorrecta o no es
fiable. Por “sistema de codificación estándar en el sector” se entiende un
sistema de codificación empleado para clasificar empresas por tipo de actividad
para fines no tributarios.
Antes de la entrada en vigor del Protocolo modificativo firmado el
[XXXX], los Estados miembros comunicarán a Suiza, y Suiza comunicará a la
Comisión Europea, si han hecho uso de la facultad prevista en el presente
apartado. La Comisión Europea podrá coordinar la
transmisión de la comunicación de los Estados miembros a Suiza y transmitirá la
comunicación de Suiza a todos los Estados miembros. Todo nuevo cambio en el
ejercicio de esta facultad por un Estado miembro o Suiza se comunicará de la
misma manera.
Sección IX: Aplicación
efectiva 
Cada Estado miembro y
Suiza deberán dotarse de normas y procedimientos administrativos que garanticen
la aplicación efectiva y el cumplimiento de los procedimientos de comunicación
de información y de diligencia debida antes expuestos, en particular: 
1. normas para impedir que las “instituciones
financieras” u otras personas o intermediarios adopten prácticas tendentes a
eludir los procedimientos de comunicación de información y diligencia debida; 
2. normas que obliguen a las “instituciones
financieras obligadas a comunicar información” a conservar registros de las
medidas adoptadas y las pruebas empleadas para aplicar los procedimientos a que
se ha hecho referencia, y medidas adecuadas para obtener dichos registros; 
3. procedimientos administrativos para
verificar el cumplimiento, por las “instituciones financieras obligadas a
comunicar información”, de los procedimientos de comunicación de información y
diligencia debida; procedimientos administrativos aplicables con una
“institución financiera obligada a comunicar información” cuando se notifiquen
cuentas indocumentadas; 
4. procedimientos administrativos que
garanticen que las “entidades” y las cuentas definidas en la legislación
nacional como “instituciones financieras no obligadas a comunicar información”
y “cuentas excluidas”, respectivamente, sigan presentando un bajo riesgo de
utilización para evadir un impuesto; y 
5. disposiciones ejecutivas efectivas para
hacer frente a los incumplimientos. 
ANEXO II
Normas adicionales sobre
comunicación de información y diligencia debida para la información sobre
cuentas financieras
1. Cambio de circunstancias
Por “cambio de
circunstancias” se entiende, en particular, todo cambio que dé lugar a la
inclusión de nueva información sobre la condición de una persona o de
información que no concuerde con la condición asignada a dicha persona.
Asimismo, se considera cambio de circunstancias toda inclusión de nueva
información o modificación de la información existente respecto del “titular de
una cuenta” (incluida la adición de un nuevo titular o la sustitución u otro
cambio del “titular de la cuenta”) y toda inclusión de nueva información o
modificación de la información existente respecto de las cuentas asociadas a la
cuenta considerada (debiendo aplicarse las normas de agregación de cuentas
descritas en el apartado C, puntos 1, 2 y 3, de la sección VII del anexo I) si
tal modificación o inclusión de información afecta a la condición del “titular
de la cuenta”. 
Si una
“institución financiera obligada a comunicar información” se ha basado en la
prueba de domicilio descrita en el apartado B.1 de la sección III del anexo I y
se produce un cambio de circunstancias a raíz del cual dicha “institución
financiera” sabe o tiene razones para saber que la prueba documental (u otra
documentación equivalente) original es incorrecta o no es fiable, la “institución
financiera obligada a comunicar información” deberá obtener, a más tardar el
último día del año civil considerado u otro período de referencia pertinente, o
90 días naturales después de la notificación o descubrimiento de ese cambio de
circunstancias, una declaración y nuevas “pruebas documentales” que le permitan
determinar la(s) residencia(s) a efectos fiscales del “titular de la cuenta”.
Si la “institución financiera obligada a comunicar información” no puede
obtener la declaración y las nuevas “pruebas documentales” en ese plazo, deberá
aplicar el procedimiento de búsqueda en archivos electrónicos descrito en el
apartado B, puntos 2 a 6, de la sección III del anexo I.
2. Declaración para “cuentas nuevas de entidad”
En lo que se refiere a las “cuentas nuevas de
entidad”, la “institución financiera obligada a comunicar información” solo
podrá basarse, para determinar si una “persona que ejerce el control” de una
“ENF pasiva” es una “persona sujeta a comunicación de información”, en una
declaración del “titular de la cuenta” o de la “persona que ejerce el control”.
3. Residencia de las “instituciones financieras”
Una “institución
financiera” es “residente” en un Estado miembro, Suiza u otro “territorio
participante” si está sujeta a la jurisdicción de ese Estado miembro, Suiza u
otro “territorio participante” (es decir, si el “territorio participante” puede
imponer a la “institución financiera” la obligación de comunicar información).
En general, cuando una “institución financiera” es residente en un Estado
miembro, Suiza u otro “territorio participante” a efectos fiscales, está sujeta
a la jurisdicción de dicho Estado miembro, Suiza u otro “territorio
participante” y es, por tanto, una “institución financiera de un Estado
miembro”, una “institución financiera suiza” o una “institución de otro
territorio participante”. En el caso de los fideicomisos que son “instituciones
financieras” (con independencia de si son o no residentes en un Estado miembro,
Suiza u otro “territorio participante” a efectos fiscales), se considera que el
fideicomiso está sujeto a la jurisdicción de un Estado miembro, Suiza u otro
“territorio participante” si uno o varios de sus fiduciarios son residentes en
el Estado miembro, Suiza u otro “territorio participante”, excepto si el
fideicomiso comunica a otro “territorio participante” (Estado miembro, Suiza u
otro “territorio participante”) por tener en este su residencia a efectos
fiscales, toda la información exigida en virtud del presente Acuerdo u otro
acuerdo por el que se aplique la Norma Internacional respecto de las “cuentas
sujetas a comunicación de información” mantenidas por el fideicomiso. No
obstante, cuando una “institución financiera” (distinta de un fideicomiso) no
tiene residencia a efectos fiscales (por ejemplo, porque se la considera
fiscalmente transparente, o porque está situada en un territorio en el que no
hay impuesto sobre la renta), se considera que está sujeta a la jurisdicción de
un Estado miembro, Suiza u otro “territorio participante” y es, por tanto, una
“institución financiera” del Estado miembro, Suiza u otro “territorio
participante” si:
a) está constituida con arreglo a la legislación del Estado
miembro, Suiza u otro “territorio participante”;
b) su lugar de administración (incluida su administración
efectiva) se encuentra en el Estado miembro, Suiza u otro “territorio
participante”; o
c) está sujeta a supervisión financiera en el Estado miembro,
Suiza u otro “territorio participante”.
Las “instituciones financieras” (que no sean fideicomisos) residentes
en dos o más “territorios participantes” (Estado miembro, Suiza u otro
“territorio participante”) estarán sujetas a las obligaciones de comunicación
de información y diligencia debida del “territorio participante” en el que
mantengan su “cuenta o cuentas financieras”.
4. Mantenimiento de cuentas
En general, la
“institución financiera” que mantiene una cuenta se determinará como sigue:
a) en el caso de “cuentas de custodia”, la “institución
financiera” que tiene la custodia de los activos de la cuenta (estaría incluida
en este caso una “institución financiera” que tenga a su nombre activos del
“titular de una cuenta” en la institución);
b) en el caso de “cuentas de depósito”, la “institución
financiera” que está obligada a efectuar pagos en relación con la cuenta
(excluidos los agentes de una “institución financiera”, con independencia de
que estos sean o no “instituciones financieras”);
c) en el caso de participaciones en el capital o la deuda de una
“institución financiera” que constituyan una “cuenta financiera”, la propia
“institución financiera”;
d) en el caso de los “contratos de seguro con valor en efectivo” o
los “contratos de anualidades”, la “institución financiera” que está obligada a
efectuar pagos en relación con el contrato.
5. Fideicomisos que son “ENF pasivas”
Una “entidad”
como una sociedad de personas, una sociedad de personas de responsabilidad
limitada o un instrumento jurídico similar que carezca de residencia a efectos
fiscales, de conformidad con el apartado D.3 de la sección VIII del anexo I,
será tratada como residente en el territorio en el que esté situado su lugar de
administración efectiva. A estos efectos, una persona jurídica o un instrumento
jurídico se considera “similar” a una sociedad de personas o una sociedad de
personas de responsabilidad limitada cuando no tiene trato de unidad imponible
en un “territorio sujeto a comunicación de información” según la legislación
fiscal de ese territorio. No obstante, para evitar la comunicación repetida de
información (dado que el concepto de “personas que ejercen el control” tiene un
significado muy amplio en el caso de los fideicomisos), no se podrá considerar
que un fideicomiso que sea una “ENF pasiva” es un instrumento jurídico similar.
6. Dirección de la sede de una “entidad”
Uno de los
requisitos descritos en el apartado E.6.c) de la sección VIII del anexo I es
que, en el caso de las “entidades”, la documentación oficial incluya la
dirección de la sede de una “entidad” en el Estado miembro, Suiza u otro
territorio en el que la “entidad” alegue tener su residencia o el Estado
miembro, Suiza u otro territorio de constitución de la “entidad”. La dirección
de la sede de una “entidad” es, en general, la del lugar en el que está situado
su lugar de administración efectiva. No se considera dirección de la sede de
una “entidad” la dirección de una “institución financiera” en la que la
“entidad” mantenga una cuenta, como tampoco un apartado de correos o una
dirección utilizada exclusivamente para la recepción de correspondencia,
excepto que tal dirección sea la única utilizada por la “entidad” y que figure
como la dirección del domicilio social de la “entidad” en los documentos de
constitución de esta. Tampoco se considera dirección de la sede de una
“entidad” una dirección que se facilita con la instrucción de retener toda la
correspondencia dirigida a esa dirección.
ANEXO III
LISTA DE AUTORIDADES COMPETENTES DE LAS
PARTES CONTRATANTES
Las “autoridades competentes” a efectos
del presente Acuerdo son:
a) en Suiza: Le chef du Département fédéral des
finances ou son représentant autorisé / Der Vorsteher oder die Vorsteherin des
Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung
bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la
persona autorizzata a rappresentarlo;a) en Suiza, Le chef du Département
fédéral des finances ou son représentant autorisé / Der Vorsteher oder die
Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder
ihrer Vertretung bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale
delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo; 

b) en el Reino de Bélgica: De Minister
van Financiën/Le Ministre des Finances o un representante autorizado; 
c) en la República de Bulgaria:
Изпълнителният
директор на
Националната
агенция за
приходите o un
representante autorizado;
d) en la República Checa: Ministr financí
o un representante autorizado;
e) en el Reino de Dinamarca:
Skatteministeren o un representante autorizado;
f) en la República Federal de Alemania:
Der Bundesminister der Finanzen o un representante autorizado;
g) en la República de Estonia:
Rahandusminister o un representante autorizado;
h) en la República Helénica:
Υπουργός
Οικονομικών o un representante
autorizado;
i) en el Reino de España: El Ministro de
Economía y Hacienda o un representante autorizado;
j) en la República Francesa: Le Ministre
chargé du budget o un representante autorizado;
k) en la República de Croacia: Ministar financija o un representante autorizado;
l) en Irlanda: The Revenue Commissioners o un
representante autorizado;
m) en la República Italiana: Il Capo del
Dipartimento per le Politiche Fiscali o un representante autorizado;
n) en la República de Chipre: Υπουργός Οικονομικών o un representante autorizado;
o) en la República de Letonia: Finanšu
ministrs o un representante autorizado;
p) en la República de Lituania: Finansų
ministras o un representante autorizado;
q) en el Gran Ducado de Luxemburgo: Le
Ministre des Finances o un representante autorizado;
r) en la República de Hungría: A
pénzügyminiszter o un representante autorizado;
s) en la República de Malta: Il-Ministru
responsabbli għall-Finanzi o un representante autorizado;
t) en el Reino de los Países Bajos: De Minister
van Financiën o un representante autorizado;
u) en la República de Austria: Der
Bundesminister für Finanzen o un representante autorizado;
v) en la República de Polonia: Minister
Finansów o un representante autorizado;
w) en la República Portuguesa: O Ministro
das Finanças o un representante autorizado;
x) en Rumania: Președintele
Agenției Naționale de Administrare Fiscală o un representante
autorizado;
y) en la República de Eslovenia: Minister
financií o un representante autorizado;
z) en la República Eslovaca: Minister
financií o un representante autorizado;
aa) en la República de Finlandia:
Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un representante autorizado;
ab) en el Reino de Suecia: Chefen för
Finansdepartementet o un representante autorizado;
ac) en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los
territorios europeos de cuyas relaciones exteriores sea responsable el Reino
Unido: the Commissioners of Inland Revenue o sus representantes autorizados, y
la autoridad competente en Gibraltar, designada por el Reino Unido de
conformidad con el Régimen acordado relativo a las autoridades de Gibraltar en
el contexto de los instrumentos de la UE y de la CE y Tratados conexos,
notificado a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Europea, de
19 de abril de 2000, una copia del cual será remitida por la Secretaría General
del Consejo de la Unión Europea a Suiza, y el cual se aplicará al presente
Acuerdo.
[1] En lo que concierne a Suiza, la
expresión “sociedad de capital” cubre:
- société
anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima,
- société à responsabilité
limitée/Gesellschaft mit beschrànkter Haftung/società a responsabilità
limitata,
- société en commandite par
actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.».
Artículo 3
Entrada en vigor y aplicación
1. El presente Protocolo modificativo será ratificado o aprobado
por las Partes Contratantes con arreglo a sus propios procedimientos. Las
Partes Contratantes se notificarán mutuamente la conclusión de estos
procedimientos. El Protocolo modificativo entrará en vigor el primer día de
enero siguiente a la última notificación. 
2. En relación con el intercambio de información previa petición,
el intercambio de información establecido en el presente Protocolo modificativo
será aplicable a las solicitudes presentadas a partir de la fecha de su entrada
en vigor en el caso de la información que se refiera a ejercicios fiscales que
comiencen a partir del primer día de enero del año de entrada en vigor del
presente Protocolo modificativo. El artículo 10 del Acuerdo en la forma
anterior a su modificación por el presente Protocolo modificativo se seguirá
aplicando salvo que sea aplicable el artículo 5 del Acuerdo en su versión
modificada por el presente Protocolo modificativo. 
3. Las reclamaciones de personas físicas de conformidad con el artículo 9
del Acuerdo en la forma anterior a su modificación por el presente Protocolo
modificativo no se verán afectadas tras la entrada en vigor de dicho Protocolo.
4. Suiza establecerá el saldo al término del período de aplicación
del Acuerdo en la forma anterior a su modificación por el presente Protocolo
modificativo, efectuará el último pago a los Estados miembros y comunicará la
información recibida de los agentes pagadores establecidos en Suiza, de
conformidad con el artículo 2 del Acuerdo en la forma anterior a su
modificación por el presente Protocolo modificativo, por lo que se refiere al
último año de aplicación del Acuerdo en la forma anterior a su modificación por
el presente Protocolo modificativo, o a cualquier año anterior, si procede. 
Artículo 4
El Acuerdo se complementa con un
Protocolo con el contenido siguiente:
«Protocolo del Acuerdo entre la Unión
Europea y la Confederación Suiza relativo al intercambio automático de
información sobre cuentas financieras para mejorar el cumplimiento fiscal
internacional.
Con motivo de la firma del presente
Protocolo modificativo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza, los
abajo firmantes debidamente autorizados han acordado las siguientes
disposiciones, que serán parte integrante del Acuerdo en su versión modificada
por el presente Protocolo modificativo:
1.     Se entiende que solo se solicitará un intercambio de
información en virtud del artículo 5 del presente Acuerdo una vez que el
Estado requirente (Estado miembro o Suiza) haya agotado todas las fuentes
habituales de información disponibles en el marco del procedimiento tributario
interno.
2.     Se entiende que, al presentar una solicitud de información
con arreglo al artículo 5 del presente Acuerdo, la “autoridad competente”
del Estado requirente (Estado miembro o Suiza) proporcionará a la “autoridad
competente” del Estado requerido (Suiza o un Estado miembro) la siguiente
información:
i)      la identidad de la persona sometida a examen o
investigación;
ii)     el período de tiempo sobre el que se solicita la
información;
iii)    declaración acerca de la información solicitada, incluidos
el carácter de la misma y la forma en que el Estado requirente desea recibir la
información del Estado requerido;
iv)    propósito fiscal para el cual se solicita la información;
v)     si se conoce, nombre y dirección de cualquier persona que
se crea que está en posesión de la información solicitada.
3.     Se entiende que la referencia a la “pertinencia previsible”
pretende permitir en la mayor medida posible el intercambio de información en
virtud del artículo 5 del presente Acuerdo y, al mismo tiempo, aclarar que
los Estados miembros y Suiza no pueden emprender “investigaciones aleatorias” o
solicitar información que probablemente no sea pertinente para los asuntos
fiscales de un contribuyente dado. Si bien el apartado 2 contiene
importantes requisitos procedimentales destinados a evitar que se lleven a cabo
investigaciones aleatorias, la interpretación de los incisos i) a v) del
apartado 2 no debe impedir el intercambio efectivo de información. La
norma de la “pertinencia previsible” puede cumplirse tanto en el marco de
asuntos relacionados con un contribuyente (identificado por su nombre o de otro
modo) o varios contribuyentes (identificados por sus nombres o de otro modo). 
4.     Se entiende que el presente Acuerdo no incluye el
intercambio espontáneo de información.
5.     Se entiende que, en el caso de un intercambio de
información en virtud del artículo 5 del presente Acuerdo, siguen siendo
aplicables las normas de procedimiento administrativo relativas a los derechos
de los contribuyentes previstas en el Estado requerido (Estado miembro o
Suiza). Asimismo, se entiende que esas disposiciones tienen por objeto
garantizar al contribuyente un procedimiento equitativo y no impedir o retrasar
indebidamente el proceso de intercambio de información.».
Artículo 5
Lenguas
El presente Protocolo modificativo se
redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata, danesa,
eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara,
inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa,
rumana y sueca, siendo cada una de estas versiones lingüísticas igualmente
auténtica.
 
A
actualizar en todas las lenguas
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios
abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
A
actualizar en todas las lenguas
Hecho en [XXXX] el [XX] de [XXXX] de
[XXXX].
A
actualizar en todas las lenguas
Por la Unión Europea
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
Declaraciones de las Partes Contratantes:
Declaración
conjunta de las Partes Contratantes sobre la entrada en vigor del Protocolo
modificativo
Las Partes Contratantes declaran que esperan que los
preceptos constitucionales de Suiza y los preceptos del Derecho de la Unión
Europea sobre celebración de acuerdos internacionales se cumplan a tiempo para
que el Protocolo modificativo pueda entrar en vigor el primer día de enero de
2017. Adoptarán todas las medidas que estén a su alcance para lograr este
objetivo.
Declaración
conjunta de las Partes Contratantes sobre el Acuerdo y los anexos
Las Partes Contratantes convienen, en lo que respecta
a la aplicación del Acuerdo y los anexos, en que los Comentarios al Modelo de
Acuerdo entre Autoridades Competentes y el Estándar Común de Información de la
OCDE deben ser una fuente de ilustración o interpretación con el fin de
garantizar la coherencia en la aplicación.
Declaración
conjunta de las Partes Contratantes sobre el artículo 5 del Acuerdo
Las Partes Contratantes convienen, en lo que respecta
a la aplicación del artículo 5 relativo al intercambio de información
previa petición, en que el comentario sobre el artículo 26 del Modelo de
Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la OCDE debe ser
fuente de interpretación.
Declaración
conjunta de las Partes Contratantes sobre la sección III.A del anexo I del
Acuerdo
Las Partes
Contratantes convienen en que examinarán la pertinencia práctica de la sección
III.A del anexo I, que establece que los “contratos de seguro con valor en
efectivo” preexistentes y los “contratos de anualidades” preexistentes no
estarán sujetos a revisión, identificación o comunicación de información, a
condición de que a la “institución financiera obligada a comunicar información”
se le impida de forma efectiva por ley vender tales contratos a los residentes
de un “territorio sujeto a comunicación de información”. 
Las Partes Contratantes interpretan
conjuntamente que, con arreglo a la sección III.A del anexo I, a la
“institución financiera obligada a comunicar información” se le impide de forma
efectiva por ley vender “contratos de seguro con valor en efectivo” y
“contratos de anualidades” a residentes de un “territorio sujeto a comunicación
de información” únicamente cuando la legislación de la UE y nacional de los
Estados miembros o la legislación suiza aplicables a una “institución
financiera obligada a comunicar información” residente en un “territorio
participante” (Estado miembro o Suiza) no solo impiden de forma efectiva por
ley a la institución vender “contratos de seguro con valor en efectivo” o
“contratos de anualidades” en un “territorio sujeto a comunicación de
información” (Suiza o un Estado miembro), sino que también le impiden de forma efectiva
por ley vender esos tipos de contratos a residentes de ese “territorio sujeto a
comunicación de información” en cualquier otra circunstancia.
En este contexto, cada Estado miembro
informará a la Comisión Europa, que, a su vez, lo notificará a Suiza, de los
casos en que a las “instituciones financieras obligadas a comunicar
información” en Suiza se les impida por ley vender dichos contratos a sus
residentes sobre la base de la legislación de la UE y nacional de dicho Estado
miembro aplicable. En consecuencia, Suiza notificará a la Comisión Europea,
que, a su vez, informará a los Estados miembros, los casos en que a las
“instituciones financieras obligadas a comunicar información” de uno o varios
Estados miembros se les impida por ley vender dichos contratos a residentes
suizos sobre la base de la legislación suiza. Estas notificaciones se harán con
anterioridad a la entrada en vigor del Protocolo modificativo en relación con
la situación legal prevista a partir de la entrada en vigor. En ausencia de
dicha notificación, se considerará que la legislación del “territorio sujeto a
comunicación de información” no impide de forma efectiva, en una o varias
circunstancias, a las “instituciones financieras obligadas a comunicar
información” vender “contratos de seguro con valor en efectivo” o “contratos de
anualidades” a los residentes de ese territorio. Siempre que la legislación del
territorio de la “institución financiera obligada a comunicar información” no
impida de forma efectiva a las “instituciones financieras obligadas a comunicar
información” vender “contratos de seguro con valor en efectivo” o “contratos de
anualidades” a residentes del “territorio sujeto a comunicación de
información”, la sección III.A del anexo I no se aplicará a las
“instituciones financieras obligadas a comunicar información” y “contratos”
pertinentes.
Declaración de
Suiza sobre el artículo 5 del Acuerdo
La delegación suiza ha informado a la
Comisión Europea de que Suiza no intercambiará información en relación con una
solicitud basada en datos obtenidos ilegalmente. La Comisión Europea ha tomado
nota de la posición de Suiza.