CELEX: 61956CJ0002
Language: es
Date: 1957-03-20 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1957. # "Geitling" Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. # Asunto 2-56.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      de 20 de marzo de 1957 (
            *1
         )
      En el asunto 2/56,
      
               1)
            
            
               
                  Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert AG, Herringen,
               
                  Bergwerke Essen-Rossenray AG, Essen,
               
                  Bergbau AG Lothringen, Bochum,
               
                  Mülheimer Bergwerksverein, Mülheim/Ruhr,
               
                  Rheinpreussen AG für Bergbau und Chemie, Homberg/Niederrhein,
               
                  Steinkohlenbergwerk Mathias Stinnes AG, Essen,
               
                  Gebr. Stumm GmbH. Zeche Minister Achenbach, Brambauer/W estfalen,
               
                  Hoesch Bergwerks AG, Dortmund,
               
                  Gewerkschaft Ver. Klosterbusch, Herbede/Ruhr,
               
                  Steinkohlenbergwerk Friedrich der Grosse AG, Herne,
               
                  Rheinelbe Bergbau AG, Gelsenkirchen,
               
                  Graf Moltke Bergbau AG, Gelsenkirchen,
               
                  Steinkohlenbergbau Hannover-Hannibal AG, Bochum,
               
                  Bergwerksgesellschaft Walsum mbH, Walsum/Niederrhein,
               
                  Gewerkschaft Sophia Jacoba, Hückelhoven/Aachen,
               
                  Harpener Bergbau AG, Dortmund,
               
                  Monopol Bergbau AG, Kamen,
               
                  Gewerkschaft Alte Haase, Dortmund,
               
                  Gewerkschaft Gottessegen, Dortmund,
               sociedades mineras de la cuenta del Ruhr, agrupadas en el seno de «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH», representadas por esta última, con domicilio social en 4, Frau-Berta-Krupp-Straße, Essen,
            
         
               2)
            
            
               «Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft mbH», con domicilio social en 4, Frau-Berta-Krupp-Straße, Essen, representada por el Sr. Werner von Simson, Abogado ante el Oberlandesgericht de Düsseldorf, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de su Abogado en Capellen,
            
         partes demandantes,
      contra
      
         Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Robert Krawielicki, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Philipp Möhring, Abogado ante el Bundesgerichtshof de Karlsruhe, que designa como domicilio en Luxemburgo, 2, place de Metz,
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación del artículo 8 de la Decisión no 5/56 de la Alta Autoridad, de 15 de febrero de 1956,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      integrado por los Sres.: M. Pilotti, Presidente; Ch. L. Hammes y P.J.S. Serrarens, Presidentes de Sala; L. Delvaux y J. Rueff, Jueces;
      Abogado General: Sr. K. Roemer;
      Secretario: Sr. A. Van Houtte;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      
         (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
      
      Fundamentos de Derecho
      A. EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO
      
               1.
            
            
               Considerando que el recurso se interpuso dentro de plazo y en debida forma; que su admisibilidad no fue impugnada por la demandada en el curso de la fase escrita y no da lugar a objeción de oficio.
            
         
               2.
            
            
               Considerando que en el curso de la fase oral se mantuvo que sólo cabe admitir un recurso si con él se impugna una disposición aislada de una Decisión de conjunto, dado que la anulación parcial transformaría de pleno derecho el resto de la Decisión en una Decisión nueva, lo que iría en contra del artículo 34 del Tratado, que establece, en caso de anulación de una Decisión, la remisión a la Alta Autoridad.
               Considerando que esta objeción carece de fundamento, puesto que, en virtud de lo dispuesto en dicho artículo 34, la sentencia no puede prejuzgar las medidas que está obligada a adoptar la Alta Autoridad para modificar la Decisión, teniendo en cuenta la anulación.
            
         
               3.
            
            
               Considerando que la Decisión impugnada afecta individualmente a cada una de las 19 sociedades mineras, las demandantes citadas en el apartado 1, en cuanto empresas productoras de carbón que tienen derecho a interponer un recurso;
               que la demandante citada en el apartado 2, debe ser considerada como una empresa que ejerce habitualmente una actividad de distribución en el sentido del artículo 80 del Tratado; que dicho artículo, en relación con el artículo 65 del Tratado, le reconoce por consiguiente el derecho a interponer un recurso.
            
         
               4.
            
            
               Considerando, por consiguiente, que se debe declarar la admisibilidad del recurso; que las demandantes pueden invocar todos los motivos del párrafo primero del artículo 33.
            
         B. EN CUANTO AL FONDO
      I. Vicios sustanciales de forma
      
               1.
            
            
               Considerando que las demandantes ven vicios sustanciales de forma en la insuficiencia de motivos que justifiquen el artículo 8 de la Decisión, ya que el error en los motivos equivale, en su opinión, a la inexistencia de motivos.
               Considerando que, según las disposiciones generales de los artículos 5 y 15 del Tratado, la Alta Autoridad debe motivar sus Decisiones mencionando los elementos de hecho de los que depende la justificación legal de la medida y las consideraciones que la condujeron a adoptar su Decisión; que estos motivos deben indicar las razones en las que se basa la Decisión para permitir el control jurisdiccional de la misma.
               Considerando que no se exige sin embargo que la Alta Autoridad discuta todas las objeciones imaginables que pudieran invocarse contra la Decisión.
            
         
               2.
            
            
               Considerando que, de manera general, no era necesario en el caso de autos motivar de manera independiente y exhaustiva el artículo impugnado, en cuanto elemento de una Decisión compleja; que del contexto de todas las declaraciones invocadas en apoyo del conjunto de la Decisión se puede deducir una motivación suficiente.
               Considerando que así sucede en el caso de autos: que la Alta Autoridad señaló en primer lugar que las disposiciones del régimen comercial -la cláusula controvertida entra en dicha categoría- que determinan cuáles son los comerciantes directamente abastecidos contienen un reparto de los clientes y del mercado en el sentido de la letra d) del artículo 4 y del apartado 1 del artículo 65 del Tratado (DO 1956, 6, p. 33); que indicó, después, que dicho régimen comercial se puede autorizar en determinadas condiciones;
               que expuso que las partes del régimen comercial autorizadas respondían a estas condiciones y las razones que apoyaban este criterio (DO 1956, 6, p. 34).
               Considerando que la Alta Autoridad indicó al mismo tiempo por qué motivos estimaba que la cláusula controvertida no reunía dichas condiciones; que esta cláusula tiene por efecto que el comerciante «difiera la compra de combustibles de los productores de otras cuencas» hasta un volumen de 25.000 toneladas, que (de este modo) conduce a una «discriminación» y que «por otra parte tiene carácter más restrictivo de lo que exige el objeto de esta delimitación», que estriba en precisar cuáles son los comerciantes al por mayor admitidos a las compras directas (DO 1956, 6, p. 34);
               que estos motivos deben considerarse suficientes, teniendo en cuenta que ponen de manifiesto de manera clara y completa las consideraciones de hecho y de Derecho en las que se apoya la denegación de la cláusula.
               Considerando que, por lo demás el Tribunal de Justicia no puede compartir la opinión de las demandantes, según la cual las alegaciones de la Alta Autoridad no constituyen motivación regular, puesto que también son aplicables a los criterios que la Alta Autoridad no criticó; que esta opinión es inexacta, aunque sólo sea porque dichos criterios exigen únicamente la compra de determinado tonelaje procedente del conjunto de la Comunidad o de las demandantes, pero no de otras asociaciones de venta determinadas.
               Considerando que, para juzgar si existen vicios sustanciales de forma, no es necesario examinar si las concepciones de la Alta Autoridad se ajustan a Derecho; que lo importante es únicamente que sean lógicamente compatibles con la Decisión adoptada.
            
         II. Violación del Tratado
      a) En general
      Considerando que se invocaron dos motivos basados en la violación del Tratado, a saber la inobservancia de la prohibición de discriminaciones de la letra b) del artículo 4 y la de la prohibición de prácticas colusorias del artículo 65.
      Considerando que el examen de los motivos de las demandantes debe partir de la solicitud de autorización presentada por las mismas, solicitud cuya denegación parcial por la Alta Autoridad constituye el objeto del litigio;
      que esta solicitud reconocía manifiestamente que el acuerdo celebrado por las demandantes citadas en el apartado 1, relativo a «la venta en el interior del mercado común, durante el período del 1 de abril de 1956 al 31 de marzo de 1959, de los combustibles procedentes de sus instalaciones», estaba regulado indudablemente por el apartado 1 del artículo 65 del Tratado;
      que, en su apreciación general de la situación, la Alta Autoridad parte de la existencia de un acuerdo que restringe la competencia, acuerdo que debe examinarse en cuanto a las posibilidades de autorización; que se refiere, acumulativamente, a la prohibición de discriminaciones y a las posibilidades de autorización enumeradas en el apartado 2 del artículo 65;
      que este punto se deduce claramente de las consideraciones expuestas en los motivos de la Decisión no 5/56 o se desprende del Tratado, a saber, que:
      
               —
            
            
               la Decisión se apoya especialmente en los artículos 4 y 65 del Tratado (DO 1956, 6, p. 29);
            
         
               —
            
            
               el régimen comercial, contenido en el acuerdo celebrado el 6 de febrero de 1956 por las demandantes citadas en el apartado 1, se considera como una parte de un acuerdo de venta en común de combustibles (DO 1956, 6, pp. 29, 32 y ss.);
            
         
               —
            
            
               según el apartado 2 del artículo 65, pueden autorizarse los acuerdos de venta en común; de esto se deduce, como demuestran por lo demás las consideraciones generales, que caen en primer lugar bajo la prohibición del apartado 1 del artículo 65 y que están por consiguiente sujetas a autorización.
            
         Considerando que el recurso invoca pues el motivo de infracción basado en una incorrecta aplicación del artículo 65 del Tratado; que la estructura de esta disposición impone que se examine en primer lugar si existe una restricción de la competencia sujeta a autorización (apartado 1 del artículo 65) y después si puede autorizarse esta restricción (apartado 2 del artículo 65).
      b) Infracción del artículo 65 del Tratado
      
               1.
            
            
               ¿Existe una restricción de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 65?
               
                        a)
                     
                     
                        Considerando que las demandantes no impugnaron en primer lugar que el régimen comercial contenido en su acuerdo constituyera una restricción de la competencia sujeta a autorización; que alegaron por primera vez en su réplica que la cláusula controvertida, como tal, no contenía restricción y que no estaba por consiguiente sujeta a autorización.
                        Considerando que esta alegación puede valer para desarrollar el motivo de infracción del artículo 65 planteado en la demanda, y que no debe considerarse como un motivo de infracción independiente, susceptible de desestimarse por haber sido formulado fuera de plazo, según el artículo 22 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Considerando que no se discute que la totalidad del acuerdo de venta en común de los demandantes, incluido el régimen comercial, estuviera sujeta a autorización; que reparte los clientes y el mercado y que puede restringir o falsear la competencia entre las diferentes empresas agrupadas en el seno de «Geitling»; que si la venta en común, como tal, está sujeta a autorización, igual ocurre en principio con sus modalidades de aplicación y por consiguiente, en el caso de autos, también con la cláusula controvertida;
                        que, en resumen, cualquier limitación del número de comerciantes al por mayor admitidos como primeros clientes restringe o falsea la competencia entre los comerciantes, cualquiera que sea el número de interesados; que, para llegar a esta apreciación, no es necesario examinar los efectos concretos de este régimen comercial en el caso de autos; que esta apreciación se deduce in abstracto del apartado 1 del artículo 65.
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        Considerando que en el caso de autos concurren otros motivos particulares; que la cláusula controvertida y la consiguiente imputación recíproca de las compras de carbón del Ruhr que produce mejoran la situación competitiva del conjunto de las asociaciones de venta del carbón del Ruhr con relación al resto de los productores de la Comunidad y falsean por consiguiente el juego normal de la competencia en el mercado común entre cada una de estas asociaciones y sus competidores; que si la cláusula controvertida falsea y restringe la competencia, ello deriva especialmente de la consiguiente limitación de la competencia en materia de comercialización de los productos de cada asociación de venta del carbón del Ruhr en favor de las otras dos;
                        que la obligación que tiene un comerciante al por mayor, que haya comprado ya 12.500 toneladas a la demandante citada en el apartado 2, de comprar a una de las otras dos asociaciones de venta del carbón del Ruhr -si no lo hace a dicha demandante- las otras 12.500 toneladas de carbón del Ruhr exigidas para satisfacer el criterio controvertido, falsea o restringe la competencia entre las tres asociaciones.
                        Considerando que los acuerdos presentados anteriormente a la Alta Autoridad por las asociaciones «Prásident» y «Mausegatt» a efectos de autorización contenían cláusulas similares (véanse las Decisiones no 6/56 y no 7/56; DO 1956, 6, pp. 47 y 60); que si la Alta Autoridad hubiera autorizado la cláusula controvertida y las cláusulas similares de las otras asociaciones habría aprobado prácticamente en este punto una especie de cartelización de todos los productores de carbón de la cuenca del Ruhr;
                        que la Alta Autoridad pretendía evitar que la competencia se viera falseada y que se efectuara una concentración semejante; que se proponía «garantizar en la presente autorización, mediante limitaciones y condiciones apropiadas, que se salvaguarde la independencia de las tres asociaciones de ventas del carbón del Ruhr y que, en particular, subsista la posibilidad de desarrollar en el seno de cada asociación de venta una política particular de producción y de ventas» (DO 1956, 6, p. 32).
                        Considerando que la conclusión de que la cláusula controvertida falsea y restringe la competencia se deduce de una apreciación puramente jurídica del régimen comercial, sin que sea necesario para ello señalar y apreciar circunstancias económicas.
                        Considerando que la cuestión de si el Tribunal de Justicia está facultado para verificar esta conclusión no se plantea, por consiguiente, en el caso de autos.
                        Considerando que de los razonamientos anteriores se deduce que la cláusula controvertida estaba sujeta a autorización, no únicamente como elemento del conjunto del acuerdo celebrado por las demandantes, sino además como tal.
                     
                  
         
               2.
            
            
               ¿Existe una restricción de la competencia que pueda autorizarse en virtud del apartado 2 del artículo 65?
               
                        a)
                     
                     
                        Considerando que la Alta Autoridad justifica su negativa a autorizar la cláusula controvertida en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65, por la razón de que el criterio exigido para la calificación de comerciante al por mayor tiene carácter más restrictivo de lo que exige el objeto de esta delimitación (DO 1956, 6, p. 34);
                        que, por otra parte, el conjunto de los motivos de la Decisión pone de manifiesto que la cláusula, en cuanto elemento del régimen comercial y por consiguiente del acuerdo de venta en común sujeto a autorización, se examinó y apreció especialmente desde el punto de vista de si podía contribuir a la mejora de la distribución de los combustibles (DO 1956, 6, p. 30) y si era necesaria, teniendo en cuenta particularmente las condiciones propias de la industria del carbón (DO 1956, 6, p. 31).
                        Considerando que las demandantes exponen a este respecto que la cláusula era necesaria en el marco del régimen comercial para establecer la calificación de comerciante al por mayor con derecho a compras directas, dado que esta calificación sólo se garantiza si el comerciante da salida, en idénticas condiciones de flete, de transporte y de almacenamiento, a un tonelaje importante de combustibles de la misma clase, en el caso de autos 25.000 toneladas de carbón del Ruhr;
                        que mantienen que esta aptitud del comerciante aún se ve incrementada si, mediante la imputación prevista, se le da la posibilidad de calificarse como mayorista en otras asociaciones que distribuyan los mismos productos;
                        que pretenden que esta elección atinada de comerciantes es esencial para una mejora notable en la distribución de los productos de las demandantes y que se atiene por consiguiente al objeto del apartado 2 del artículo 65.
                        Considerando que la cláusula controvertida y en particular la imputación recíproca que prevé de las cantidades compradas a otras asociaciones de venta del carbón del Ruhr, conduce todo lo más a mejorar la distribución de todo el carbón del Ruhr; que en virtud del régimen comercial, esta labor se confía a determinadas organizaciones comunes a las tres asociaciones de venta.
                        Considerando que, al autorizar determinados órganos y mecanismos comunes, la Alta Autoridad de hecho tuvo en cuenta, en la medida permitida por el Tratado, y especialmente por el artículo 65, las condiciones naturales del conjunto de las minas de carbón del Ruhr que alegan las demandantes;
                        que estos órganos garantizan, en gran medida, el respeto de los intereses que las demandantes pretenden asegurar mediante la aplicación de la cláusula controvertida, a saber la publicidad a favor del carbón del Ruhr (Ruhrkohlenberatungsgesellschaft; DO 1956, 6, p. 31) y el equilibrio en caso de escasez (Oficina Común; DO 1956, 6, p. 71).
                        Considerando, sin embargo, que según la Decisión no 5/56 de la Alta Autoridad, cada una de las asociaciones de ventas de reciente creación debe perseguir una política independiente de distribución; que su régimen comercial sólo es susceptible de autorización, en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65, si mejora la distribución de la producción propia de cada una de las asociaciones.
                        Considerando que la cláusula controvertida no reúne esta condición puesto que, para delimitar los comerciantes al por mayor, prevé la imputación recíproca de las cantidades compradas a las otras asociaciones de ventas, lo cual, como se expuso anteriormente, no es necesario para la mejora de la distribución de la producción propia de cada una de las asociaciones; que es, por consiguiente, más restrictiva de lo que exige su objeto; que esta apreciación resulta directamente del texto de la cláusula controvertida y no de una apreciación de la situación económica, que puede escapar al control de este Tribunal de Justicia.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Considerando que no procede que este Tribunal de Justicia decida sobre si la cláusula habría podido autorizarse solamente en caso de que se hubiera exigido la compra de 25.000 toneladas de «Geitling» y de que no hubiera superado la medida necesaria para una mejora notable en la distribución de sus productos;
                        que, en cualquier caso, la Alta Autoridad no estaba obligada a modificar el contenido de un acuerdo que se le había presentado, para hacer que pudiera ser autorizado.
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        Considerando, por consiguiente, que al negarse a autorizar la cláusula controvertida, la demandada no infringió el artículo 65 del Tratado.
                     
                  
         c) Discriminación
      Considerando que, para motivar su negativa a autorizar la parte controvertida del régimen comercial, la Alta Autoridad alega también que dicha cláusula establece una discriminación tanto entre los productores de la Comunidad como entre determinados grupos de comerciantes.
      Considerando que las demandantes ven una violación del Tratado en el hecho de que 1) la Alta Autoridad ignoró de manera patente la relación existente entre la letra b) del artículo 4 y el artículo 65 y 2) que además aplicó erróneamente el artículo 4.
      
               1)
            
            
               Considerando que, en apoyo de la ignorancia de la relación existente entre la letra b) del artículo 4 y el artículo 65, las demandantes pretenden que las disposiciones del artículo 65 excluyen, como lex specialis, las disposiciones fundamentales de la letra b) del artículo 4;
               que, sin embargo, no es éste el caso;
               que la letra b) del artículo 4 y el artículo 65 del Tratado regulan, cada uno en su ámbito de aplicación, diferentes aspectos de la vida económica;
               que estos dos artículos no se excluyen, ni se anulan recíprocamente; que sirven para lograr los objetivos de la Comunidad; que a este respecto son, por consiguiente, complementarios;
               que, en determinados casos, sus disposiciones pueden contemplar hechos que justifiquen una aplicación concomitante y concurrente de dichos artículos;
               que ello es especialmente cierto cuando, como en el caso de autos, la cláusula controvertida tiene un carácter más restrictivo de lo que exige el objeto del régimen comercial, de manera que no sólo no es susceptible de autorización en virtud del artículo 65, sino que también puede implicar una discriminación en el sentido de la letra b) del artículo 4.
               Considerando por consiguiente que, al invocar la letra b) del artículo 4 en apoyo de su Decisión, la Alta Autoridad no ha violado el Tratado.
            
         
               2)
            
            
               Considerando que la Alta Autoridad señaló acertadamente que la cláusula controvertida podía implicar discriminaciones.
               
                        a)
                     
                     
                        Considerando que una discriminación entre productores es concebible y posible, tal como admite con acierto la Alta Autoridad.
                        Considerando que, a través de la cláusula controvertida, las demandantes tienen en cuenta las compras efectuadas por los mayoristas en las otras dos asociaciones, mientras que entre dichas asociaciones y las demandantes debería jugar la misma competencia que opone estas últimas a los demás productores de la Comunidad cuyas ventas no cuentan para ellas;
                        que este procedimiento constituye una discriminación indirecta en el sentido de que incita a los compradores a abastecerse preferentemente de los productores de carbón del Ruhr, en detrimento del resto de los productores de la Comunidad.
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        Considerando que, además, los hechos del presente asunto ponen de manifiesto que existe discriminación entre comerciantes;
                        que, según la cláusula, los comerciantes -que son compradores en el sentido de la letra b) del artículo 4— que logren vender un mismo volumen de 12.500 toneladas de «Geitling» son tratados de manera desigual, sin motivo suficiente, dependiendo de que compren además 12.500 toneladas de «Prásident» o de «Mausegatt»; que estos comerciantes corren el peligro de verse desfavorecidos, razón por la cual hay discriminación.
                        Considerando que por lo tanto carece de fundamento el motivo basado en la vulneración de las disposiciones en materia de discriminación.
                        Considerando que, procede, por consiguiente, desestimar el recurso.
                     
                  
         C. COSTAS
      Considerando que, a tenor del artículo 60 del Reglamento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas; que procede, por consiguiente, condenar en costas a las demandantes.
       
            
               Vistos los autos;
               oídas las observaciones orales de las partes;
               oídas las conclusiones del Abogado General;
               vistos los artículos 4, 5, 15, 33, 34, 65 y 80 del Tratado;
               visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia;
               visto el Reglamento del Tribunal de Justicia, así como el Reglamento del Tribunal de Justicia sobre costas judiciales;
               EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
               desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide:
            
          
               
                  Desestimar el recurso de anulación del artículo 8 de la Decisión no 5/56 de la Alta Autoridad, de 15 de febrero de 1956.
               
             
               
                  Condenar en costas a las partes demandantes.
               
             
               
                  
                     
                        
                           Pilotti
                        
                        
                           Hammes
                        
                        
                           Serrarens
                        
                     
                     
                        
                           Delvaux
                        
                        
                           Rueff
                        
                     
                     Pronunciada por el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, a 20 de marzo de 1957.
                     Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de marzo de 1957.
                     
                        
                           Pilotti
                        
                        
                           Hammes
                        
                        
                           Serrarens
                        
                     
                     
                        
                           Delvaux
                        
                        
                           Rueff
                        
                        
                           El Presidente
                           M. Pilotti
                        
                     
                     
                        
                           El Juez Ponente
                           Ch.L. Hammes
                        
                        
                           El Secretario
                           A. Van Houtte
                        
                     
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: alemán.