CELEX: 62006CJ0399
Language: es
Date: 2009-12-03
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de diciembre de 2009.#Faraj Hassan contra Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea (C-399/06 P) y Chafiq Ayadi contra Consejo de la Unión Europea (C-403/06 P).#Política exterior y de seguridad común (PESC) - Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Reglamento (CE) nº 881/2003 - Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en un lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas - Comité de Sanciones - Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 nº 881/2002 - Recurso de anulación - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control judicial efectivo.#Asuntos acumulados C-399/06 P y C-403/06 P.

Asuntos acumulados C‑399/06 P y C‑403/06 P
      Faraj Hassan
      contra
      Consejo de la Unión Europea y Comisión Europea
      y
      Chafiq Ayadi
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes
         — Reglamento (CE) nº 881/2002 — Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de su inclusión en una lista elaborada
         por un órgano de las Naciones Unidas — Comité de Sanciones — Posterior inclusión en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 — Recurso de anulación — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control judicial efectivo»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Recurso de casación — Interés en ejercitar la acción — Examen de oficio por el Tribunal de Justicia
      2.        Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Obligación de respeto — Requisito de legalidad de todos los actos
            comunitarios, incluidos los actos de ejecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del capítulo VII
            de la Carta de las Naciones Unidas — Respeto garantizado por el juez comunitario
      [Arts. 220 CE y 307 CE; Art. 6 UE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      3.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los
            talibanes — Derecho de defensa — Alcance
      [Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      4.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los
            talibanes — Congelación general y persistente de los fondos, activos y otros recursos económicos de esas personas y entidades
            sin haber oído a éstas — Vulneración del derecho de propiedad
      [Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      1.        El Tribunal de Justicia puede plantear de oficio la falta de interés de una parte para interponer o proseguir un recurso de
         casación, debido a un hecho posterior a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que pueda quitar a ésta su carácter
         perjudicial para el recurrente en casación, y puede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación o que éste carece
         de objeto por tal motivo.
      
      A este respecto, no puede considerarse que la adopción del Reglamento nº 954/2009, que modifica por centésima decimocuarta
         vez el Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
         personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, constituya un hecho posterior a las
         sentencias que desestiman los recursos de anulación dirigidos por dos recurrentes contra ese último Reglamento que pueda dejar
         sin objeto a los recursos presentados contra esas sentencias.
      
      La adopción del Reglamento nº 954/2009, que sustituye retroactivamente al Reglamento nº 881/2002, no equivale a una anulación
         pura y simple del Reglamento controvertido en lo que atañe a los recurrentes, en virtud de la cual éstos han obtenido el único
         resultado que sus recursos podrían procurarles y, por lo tanto, no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie al
         respecto.
      
      (véanse los apartados 58, 61, 62 y 64)
      2.        Los tribunales comunitarios deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos comunitarios
         desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho
         comunitario, control que también se extiende a los actos comunitarios que, como el Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen
         determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin
         Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, se dirige a ejecutar resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del
         capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
      
      (véase el apartado 71)
      3.        Habida cuenta de que, en el marco de la adopción de medidas restrictivas, como las que establece el Reglamento nº 881/2002,
         por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas
         con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, el Consejo no comunicó a los recurrentes los datos utilizados en su
         contra como base de las medidas restrictivas que les fueron impuestas, ni les otorgó el derecho a tomar conocimiento de dichos
         datos en un plazo razonable tras la imposición de tales medidas, los afectados no habían tenido la posibilidad de dar a conocer
         oportunamente su punto de vista a este respecto. Por consiguiente, no se respetó el derecho de defensa de éstos, ni en particular
         su derecho a ser oídos.
      
      Además, al no haber sido informados los recurrentes de los datos utilizados en su contra y habida cuenta de las relaciones
         que existen entre el derecho de defensa y el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo, los afectados tampoco habían podido
         defender sus derechos ante el juez comunitario en relación con tales datos en condiciones satisfactorias, por lo que también
         procede constatar una violación del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.
      
      (véanse los apartados 83 a 86)
      4.        La imposición de medidas restrictivas, como la congelación de fondos, que supone el Reglamento nº 881/2002, por el que se
         imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah
         bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, a determinadas personas, como consecuencia de su inclusión en la lista del anexo I
         de dicho Reglamento, constituye una restricción injustificada de sus derechos de propiedad, dado que el citado Reglamento
         fue adoptado sin ofrecerles garantía alguna de que se les permitiría exponer su caso a las autoridades competentes, y ello
         en unas circunstancias en las que la restricción de sus derechos de propiedad debe calificarse de considerable, habida cuenta
         del alcance general y de la persistencia de las medidas de congelación que les fueron impuestas.
      
      (véanse los apartados 92 y 93)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 3 de diciembre de 2009 (*)
      
      «Política exterior y de seguridad común (PESC) – Medidas restrictivas dirigidas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes
         – Reglamento (CE) nº 881/2002 − Congelación de los fondos y de los recursos económicos de una persona como consecuencia de
         su inclusión en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas − Comité de Sanciones − Posterior inclusión en el
         anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 − Recurso de anulación − Derechos fundamentales − Derecho al respeto de la propiedad,
         derecho a ser oído y derecho a un control judicial efectivo»
      
      En los asuntos acumulados C‑399/06 P y C‑403/06 P,
      que tiene por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         respectivamente el 20 y el 22 de septiembre de 2006,
      
      Faraj Hassan, con domicilio en Leicester (Reino Unido), representado por el Sr. E. Grieves, Barrister, designado por el Sr. H. Miller,
         Solicitor, y posteriormente por el Sr. J. Jones, Barrister, designado por la Sra. M. Arani, Solicitor, (asunto C‑399/06 P),
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. S. Marquardt y M. Bishop y la Sra. E. Finnegan, en calidad de agentes,
      
      Comisión Europea, representada por los Sres. P. Hetsch y P. Aalto, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      partes demandadas en primera instancia,
      apoyados por:
      República Francesa, 
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
      partes coadyuvantes en casación (asunto C‑399/06 P),
      y
      Chafiq Ayadi, con domicilio en Dublín, representado por el Sr. S. Cox, Barrister, designado por el Sr. H. Miller, Solicitor,
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Consejo de la Union Europea, representado por el Sr. M. Bishop y la Sra. E. Finnegan, en calidad de agentes,
      
      parte demandada en primera instancia,
      apoyado por:
      República Francesa, 
      parte coadyuvante en casación,
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
      Comisión Europea, representada por los Sres. P. Hetsch y P. Aalto, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      partes coadyuvantes en primera instancia (asunto C‑403/06 P),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Segunda, y la Sra.
         C. Toader y los Sres. C.W.A. Timmermans (Ponente), K. Schiemann y P. Kūris, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de septiembre de 2009, en el asunto C‑399/06 P;
      vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, los Sres. Hassan (C‑399/06 P) y Ayadi (C‑403/06 P) solicitan la anulación de las sentencias
         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2006, respectivamente, Hassan/Consejo y Comisión
         (T‑49/04; en lo sucesivo, «sentencia recurrida Hassan»), y Ayadi/Consejo (T‑253/02, Rec. p. II‑2139; en lo sucesivo, «sentencia
         recurrida Ayadi») (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»).
      
      2        Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos de anulación interpuestos por
         los Sres. Hassan y Ayadi contra el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas
         medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red
         Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo, por el que se prohíbe la exportación
         de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales
         y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»),
         en la medida en que dicho acto les afecta. El recurso del Sr. Hassan se refería, en particular, al Reglamento controvertido,
         en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2049/2003 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003 (DO L 303, p. 20).
         Mediante la sentencia recurrida Hassan, el Tribunal de Primera Instancia desestimó asimismo la pretensión indemnizatoria presentada
         por el Sr. Hassan.
      
       Antecedentes de los litigios
      3        Los antecedentes de los litigios se expusieron en los apartados 6 a 34 de la sentencia recurrida Hassan y 11 a 49 de la sentencia
         recurrida Ayadi.
      
      4        A efectos de la presente sentencia, pueden resumirse sucintamente como se hace a continuación.
      
      5        El 19 de octubre de 2001, el Comité de Sanciones creado por la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones
         Unidas (en lo sucesivo, «Comité de Sanciones») publicó un apéndice a su lista consolidada, de 8 de marzo de 2001, de las personas
         y de las entidades que debían estar sometidas a la congelación de los fondos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333
         (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (véase el comunicado SC/7180), en la que figura, en particular, el
         nombre del Sr. Ayadi, identificado como una persona asociada con Usamah bin Ladin.
      
      6        El mismo día, la Comisión de las Comunidades Europeas adoptó el Reglamento (CE) nº 2062/2001, de 19 de octubre de 2001, que
         modifica por tercera vez el Reglamento (CE) nº 467/2001 (DO L 277, p. 25). Mediante el Reglamento nº 2062/2001, se incluyó
         el nombre del Sr. Ayadi, junto con otros, en la lista que constituye el anexo I del Reglamento nº 467/2001 del Consejo, de
         6 de marzo de 2001 (DO L 67, p. 1).
      
      7        El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad») adoptó la
         Resolución 1390 (2002), que establece las medidas que deben imponerse con respecto a Usamah bin Ladin, los miembros de la
         organización Al-Qaida así como los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas. Dicha Resolución prevé
         esencialmente, en sus apartados 1 y 2, el mantenimiento de las medidas, en particular, la congelación de fondos, establecidas
         en el apartado 4, letra b), de la Resolución 1267 (1999) y en el apartado 8, letra c), de la Resolución 1333 (2000).
      
      8        Considerando que para aplicar la Resolución 1390 (2002) era necesaria una acción de la Comunidad Europea, el Consejo de la
         Unión Europea aprobó, el 27 de mayo de 2002, la Posición común 2002/402/PESC, por la que se adoptan medidas restrictivas contra
         Usamah bin Ladin, los miembros de la organización Al-Qaida, los talibanes y otros personas, grupos, empresas y entidades asociadas
         a ellos y se derogan las Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC y 2001/771/PESC (DO L 139, p. 4). El
         artículo 3 de la Posición común 2002/402 ordena, en particular, que prosiga la congelación de los fondos y otros activos financieros
         o recursos económicos de las personas, grupos, empresas y entidades a los que se refiere la lista establecida por el Comité
         de Sanciones de conformidad con las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000).
      
      9        Le 27 de mayo de mayo 2002, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido con arreglo los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE.
      
      10      A tenor del cuarto considerando del citado Reglamento, las medidas previstas, entre otras, por la Resolución 1390 (2002) «entran
         en el ámbito de aplicación del Tratado [CE]. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita
         legislación comunitaria a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad».
      
      11      El artículo 1 del Reglamento controvertido define los conceptos de «fondos» y de «congelación de fondos» en términos idénticos,
         en esencia, a los del artículo 1 del Reglamento nº 467/2001. Además, define lo que debe entenderse por «recursos económicos».
      
      12      A tenor del artículo 2 del Reglamento controvertido:
      
      «1.      Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física
         o jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e incluidos en la lista del anexo I.
      
      2.      Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones
         y enumerados en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos.
      
      3.      Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición, directa ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas,
         grupos y entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, de modo
         que las personas, grupos o entidades puedan obtener fondos, mercancías o servicios.»
      
      13      El anexo I del Reglamento controvertido contiene la lista de las personas, entidades y grupos que deben ser objeto de la congelación
         de fondos establecida en el artículo 2 de ese Reglamento. Dicha lista contiene, en particular, el nombre del Sr. Ayadi.
      
      14      Si bien el nombre del Sr. Ayadi sigue inscrito, hasta la fecha, en la citada lista, el texto de la mención que se refiere
         a éste ha sido sustituido en varias ocasiones por reglamentos de la Comisión adoptados sobre la base del artículo 7, apartado
         1, del Reglamento controvertido, que confiere a ésta la competencia de modificar o completar el anexo I de dicho Reglamento.
         
      
      15      El 20 de diciembre de 2002, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1452 (2002), destinada a facilitar el cumplimiento
         de las obligaciones de lucha contra el terrorismo. El apartado 1 de dicha Resolución dispone que los Estados pueden aplicar
         por razones humanitarias determinadas excepciones a la congelación de fondos y de recursos económicos impuesta por las Resoluciones
         1267 (1999) y 1390 (2002), siempre que lo apruebe el Comité de Sanciones.
      
      16      El 17 de enero de 2003, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1455 (2003), destinada a mejorar la aplicación de las
         medidas impuestas en virtud del apartado 4, apartado b), de la Resolución 1267 (1999), del apartado 8, letra c), de la Resolución
         1333 (2000) y de los apartados 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002). Con arreglo al apartado 2 de la Resolución 1455 (2003),
         dichas medidas se volverían a mejorar en el término de doce meses, o antes de esa fecha en caso necesario.
      
      17      Al considerar que para aplicar la Resolución 1452 (2002) era necesaria una acción de la Comunidad, el Consejo adoptó la Posición
         común 2003/140/PESC, de 27 de febrero de 2003, relativa a excepciones a las medidas restrictivas impuestas por la Posición
         común 2002/402 (DO L 53, p. 62). El artículo 1 de esa Posición común 2003/140 dispone que, al aplicar las medidas a que se
         refiere el artículo 3 de la Posición común 2002/402, la Comunidad posibilitará las excepciones que permite la citada Resolución.
      
      18      Le 27 de marzo de 2003, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 561/2003, que modifica, en lo relativo a las excepciones a
         la congelación de fondos y otros recursos económicos, el Reglamento (CE) nº 881/2002 (DO L 82, p. 1). En el cuarto considerando
         del Reglamento nº 561/2003, el Consejo indicó que, vista la Resolución 1452 (2002), era necesario un ajuste de las medidas
         impuestas por la Comunidad.
      
      19      El 12 de noviembre de 2003, el Comité de Sanciones adoptó un apéndice a su lista consolidada de las personas y de las entidades
         que debían estar sometidas a la congelación de fondos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999), 1333 (2000) y 1390 (2002).
         Dicho apéndice incluye, en particular, el nombre del Sr. Hassan, que aparece identificado como persona asociada a la organización
         Al-Qaida.
      
      20      El 20 de noviembre de 2003, la Comisión adoptó el Reglamento nº 2049/2003, por el que se modifica por vigesimoquinta vez el
         Reglamento nº 881/2002. Mediante el Reglamento nº 2049/2003, se incluyó el nombre del Sr. Hassan, junto con otros, en la lista
         que constituye el anexo I del Reglamento controvertido.
      
      21      El 30 de enero de 2004, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1526 (2004), que pretende, por una parte, mejorar la
         aplicación de las medidas impuestas en virtud del apartado 4, letra b), de la Resolución 1267 (1999), del apartado 8, letra c),
         de la Resolución 1333 (2000) y de los apartados 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002) y, por otra parte, fortalecer el mandato
         del Comité de Sanciones. Según el apartado 3 de la Resolución 1526 (2004), tales medidas debían intensificarse aún más en
         el término de dieciocho meses, o antes, de ser necesario.
      
      22      El 29 de julio de 2005, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1617 (2005). Ésta establece, entre otras cosas, el mantenimiento
         de las medidas impuestas en el apartado 4, letra b), de la Resolución 1267 (1999), en el apartado 8, letra c), de la Resolución
         1333 (2000), y en los apartados 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002). Con arreglo al apartado 21 de la Resolución 1617 (2005),
         tales medidas debían revisarse diecisiete meses más tarde, o antes, de ser necesario, con miras a la posibilidad de hacerlas
         más estrictas.
      
      23      El Sr. Ayadi sigue figurando en la lista del anexo I del Reglamento controvertido. La mención que se refiere a él ha sido
         sustituida por el Reglamento (CE) nº 1210/2006 de la Comisión, de 9 de agosto de 2006, por el que se modifica por sexagésimo
         séptima vez el Reglamento nº 881/2002 (DO L 219, p. 14).
      
      24      Asimismo, si bien el nombre del Sr. Hassan sigue figurando en la citada lista, la mención que se refiere a él ha sido sustituida
         por el Reglamento (CE) nº 46/2008 de la Comisión, de 18 de enero de 2008, por el que se modifica por nonagésima vez el Reglamento
         nº 881/2002 (DO L 16, p. 11).
      
       Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencias recurridas
      25      Mediante demanda presentada ante la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de febrero de 2004, el Sr. Hassan interpuso
         un recurso de anulación del Reglamento controvertido, dirigido contra el Consejo y la Comisión, y solicitó al Tribunal de
         Primera Instancia que:
      
      –        Con carácter principal, anule, en todo o en parte, el Reglamento controvertido en su versión modificada por el Reglamento
         nº 2049/2003 o únicamente este último Reglamento.
      
      –        Con carácter subsidiario, declare que no le son aplicables el Reglamento controvertido y el Reglamento nº 2049/2003.
      –        Acuerde cuantas medidas estime apropiadas.
      –        Condene en costas al Consejo.
      –        Condene al Consejo a pagarle una indemnización de daños y perjuicios.
      26      En la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, el Sr. Hassan precisó que su recurso sólo se dirigía contra el Reglamento
         controvertido y el Reglamento nº 2049/2003 en la medida en que éstos le afectan directa e individualmente.
      
      27      Mediante demanda presentada ante la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de agosto de 2002, el Sr. Ayadi interpuso
         un recurso de anulación, dirigido contra el Consejo, y solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule el artículo 2 y, en la medida en que se remite al artículo 2, el artículo 4 del Reglamento controvertido.
      –        Con carácter subsidiario, anule la mención que se refiere a él en la lista del anexo I del Reglamento controvertido.
      –        Condene en costas al Consejo.
      28      En la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, el Sr. Ayadi precisó que su recurso sólo se dirigía contra el Reglamento
         controvertido en la medida que éste le afecta directa e individualmente.
      
      29      En el asunto que se refiere al Sr. Ayadi, se admitió la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte así
         como de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de las pretensiones del Consejo.
      
      30      En apoyo de sus pretensiones, el Sr. Hassan invocaba un motivo único basado en la violación de determinados derechos fundamentales
         y del principio general de proporcionalidad. Sus argumentos se referían más concretamente, por una parte, a la vulneración
         del derecho al respeto de la propiedad y al derecho al respeto de la vida privada y familiar, y, por otra parte, a la supuesta
         violación del derecho a ser oído y del derecho a un juicio justo.
      
      31      Por su parte, el Sr. Ayadi fundamentaba sus pretensiones en tres motivos, basados, el primero, en la falta de competencia
         del Consejo para adoptar los artículos 2 y 4 del Reglamento controvertido y en desviación de poder, el segundo, en la vulneración
         de los principios fundamentales de subsidiariedad, de proporcionalidad y de respeto a los derechos fundamentales y el tercero,
         en la existencia de vicios sustanciales de forma.
      
      32      Habida cuenta de que, a excepción de la pretensión de indemnización formulada en el recurso de casación del Sr. Hassan, los
         presentes recursos de casación sólo se refieren a la parte de las sentencias recurridas relativa a los motivos basados en
         la vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes, únicamente se resume a continuación dicha parte de las citadas
         sentencias.
      
      33      Por lo que se refiere a esos motivos, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 91 de la sentencia recurrida
         Hassan y 115 de la sentencia recurrida Ayadi, que, salvo una cuestión jurídica concreta en cada uno de esos asuntos, todas
         las cuestiones jurídicas planteadas por los recurrentes ya habían sido resueltas por sus sentencias de 21 de septiembre de
         2005, Yusuf y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (T‑306/01, Rec. p. II‑3533, apartados 226 a 346; en
         lo sucesivo, «sentencia Yusuf del Tribunal de Primera Instancia»), así como Kadi/Consejo y Comisión (T‑315/01, Rec. p. II‑3649,
         apartados 176 a 291; en lo sucesivo, «sentencia Kadi del Tribunal de Primera Instancia») (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias
         Yusuf y Kadi del Tribunal de Primera Instancia»).
      
      34      En el apartado 92 de la sentencia Hassan, así como en el apartado 116 de la sentencia recurrida Ayadi, redactada en términos
         similares, se señala que, en las sentencias Yusuf y Kadi del Tribunal de Primera Instancia, éste declaró, en particular, lo
         que se expone a continuación:
      
      «[…]
      –      desde el punto de vista del Derecho internacional, las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados
         miembros de la [Organización de las Naciones Unidas (ONU)] prevalecen sobre todas las demás obligaciones de Derecho interno
         o de Derecho internacional convencional, incluidas las obligaciones impuestas con arreglo al [Convenio Europeo para la Protección
         de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»)],
         en el caso de los Estados que sean miembros del Consejo de Europa, y las impuestas con arreglo al Tratado CE, en el caso de
         los Estados que sean también miembros de la Comunidad (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 231,
         y Kadi, apartado 181);
      
      –      disfrutan igualmente de dicha primacía las decisiones contenidas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, con arreglo
         a lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf,
         apartado 234, y Kadi, apartado 184);
      
      –      aunque no sea miembro de Naciones Unidas, debe considerarse que las obligaciones impuestas por la Carta de las Naciones Unidas
         vinculan a la Comunidad, al igual que a sus Estados miembros, en virtud de su propio Tratado constitutivo (sentencias [del
         Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 243, y Kadi, apartado 193);
      
      –      por una parte, la Comunidad no puede violar las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a sus Estados miembros
         ni obstaculizar su cumplimiento y, por otra parte, la Comunidad se encuentra obligada, en virtud del propio Tratado que la
         creó, a adoptar en el ejercicio de sus competencias todas las disposiciones necesarias para permitir que sus Estados miembros
         respeten tales obligaciones (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 254, y Kadi, apartado 204);
      
      –      en consecuencia, procede desestimar las alegaciones invocadas contra los Reglamentos impugnados y basadas, por una parte,
         en la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario con respecto al ordenamiento jurídico creado por las Naciones Unidas,
         y, por otra, en la necesidad de incorporar las resoluciones del Consejo de Seguridad al Derecho interno de los Estados miembros,
         de conformidad con las disposiciones constitucionales y con los principios fundamentales de dicho Derecho (sentencias [del
         Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 258, y Kadi, apartado 208);
      
      –      el Reglamento [controvertido], adoptado en vista de la Posición común 2002/402, constituye el cumplimiento, en el ámbito de
         la Comunidad, de una obligación que recae sobre sus Estados miembros, en cuanto miembros de la ONU, de aplicar, eventualmente
         a través de un acto comunitario, las sanciones contra Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y otros individuos,
         grupos, empresas y entidades asociados con ellos que fueron impuestas y posteriormente reforzadas por diversas resoluciones
         del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (sentencias [del Tribunal
         de Primera Instancia] Yusuf, apartado 264, y Kadi, apartado 213);
      
      –      en este contexto, las instituciones comunitarias actuaron en ejercicio de una competencia reglada, de modo que no disponían
         de ningún margen de apreciación autónomo (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 265, y Kadi, apartado 214);
      
      –      conforme a las consideraciones anteriores, ni en Derecho internacional ni en Derecho comunitario resulta aceptable la afirmación
         de que el Tribunal de Primera Instancia es competente para controlar, de modo incidental, la legalidad de las decisiones del
         Consejo de Seguridad o del Comité de Sanciones utilizando como criterio de referencia el nivel de protección de los derechos
         fundamentales reconocido en el ordenamiento jurídico comunitario (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado
         272, y Kadi, apartado 221);
      
      –      por tanto, las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas no están sometidas en principio al control jurisdiccional
         del Tribunal de Primera Instancia y éste no se encuentra autorizado a cuestionar, ni siquiera de modo incidental, su legalidad
         desde el punto de vista del Derecho comunitario; por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia está obligado a interpretar
         y aplicar dicho Derecho, en la medida de lo posible, de tal modo que sea compatible con las obligaciones que la Carta de las
         Naciones Unidas impone a los Estados miembros (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 276, y Kadi,
         apartado 225);
      
      –      no obstante, el Tribunal de Primera Instancia está facultado para controlar, de modo incidental, la legalidad de las resoluciones
         del Consejo de Seguridad controvertidas desde el punto de vista del ius cogens, entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional, incluidos los
         órganos de la ONU, y que no tolera excepción alguna (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 277, y
         Kadi, apartado 226);
      
      –      la congelación de fondos prevista en el Reglamento [controvertido] no vulnera ni el derecho fundamental de los afectados a
         disponer de sus bienes ni el principio general de proporcionalidad, utilizando como criterio de referencia el nivel de protección
         universal de los derechos fundamentales de la persona establecido en el ius cogens (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia], apartados 288 y 289, y Kadi, apartados 237 y 238);
      
      –      dado que las resoluciones del Consejo de Seguridad de que se trata no reconocen un derecho de los afectados a ser oídos por
         el Comité de Sanciones antes de su inscripción en la lista controvertida y que ninguna norma imperativa de las que conforman
         el orden público internacional parece exigir una audiencia de ese tipo en las circunstancias del presente caso, procede desestimar
         las alegaciones basadas en la supuesta vulneración del citado derecho (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf,
         apartados 306, 307 y 321, y Kadi, apartados 261 y 268);
      
      –      en concreto, en estas circunstancias, cuando se discute una medida cautelar que restringe la disponibilidad de los bienes
         de los afectados, el respeto de sus derechos fundamentales no exige que se les comuniquen los hechos o pruebas utilizados
         en su contra, desde el momento en que el Consejo de Seguridad o su Comité de Sanciones estiman que existen razones relacionadas
         con la seguridad de la comunidad internacional que se oponen a ello (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf,
         apartado 320, y Kadi, apartado 274);
      
      –      las instituciones comunitarias tampoco estaban obligadas a oír a los afectados antes de adoptar el Reglamento [controvertido]
         (sentencia Yusuf [del Tribunal de Primera Instancia], apartado 329) o en el contexto de su adopción y aplicación (sentencia
         Kadi [del Tribunal de Primera Instancia], apartado 259);
      
      –      en el marco de un recurso de anulación [como el del caso de autos], el Tribunal de Primera Instancia ejerce un control total
         sobre la legalidad de los Reglamento impugnados en lo que respecta a la observancia por parte de las instituciones comunitarias
         de las reglas de competencia, así como de las reglas de legalidad formal y de los requisitos sustanciales de forma a que está
         sometida su actuación; el Tribunal de Primera Instancia ejerce igualmente un control sobre la legalidad de los Reglamentos
         impugnados desde el punto de vista de las resoluciones del Consejo de Seguridad que dichos Reglamentos pretenden aplicar,
         en particular en lo relativo a la adecuación formal y material del Reglamento a las resoluciones, a la coherencia interna
         y a la proporcionalidad existente entre aquellos y éstas; el Tribunal de Primera Instancia controla también la legalidad de
         los Reglamentos impugnados e, indirectamente, la legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas desde
         el punto de vista de las normas superiores del Derecho internacional que conforman el ius cogens, y en particular de las normas imperativas para la protección universal de los derechos de la persona (sentencias [del Tribunal
         de Primera Instancia] Yusuf, apartados 334, 335 y 337, y Kadi, apartados 279, 280 y 282);
      
      −      en cambio, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia controlar indirectamente la conformidad de las propias resoluciones
         del Consejo de Seguridad controvertidas con los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario;
         tampoco corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar la inexistencia de error en la apreciación de los hechos y
         pruebas que el Consejo de Seguridad tuvo en cuenta para adoptar las medidas decididas por él, y ni siquiera controlar indirectamente
         la oportunidad o la proporcionalidad de tales medidas, salvo en lo que respecta al limitado ámbito que se ha definido en el
         guión anterior (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 338 y 339, y Kadi, apartados 283 y 284);
      
      –      en este contexto, los afectados no disponen de ninguna vía de recurso jurisdiccional, ya que el Consejo de Seguridad no ha
         estimado oportuno crear un tribunal internacional independiente encargado de juzgar los recursos interpuestos contra las decisiones
         individuales adoptadas por el Comité de Sanciones, tanto en lo relativo a los hechos como a su apreciación jurídica (sentencias
         [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 340, y Kadi, apartado 285);
      
      –      la laguna que se acaba de señalar en el guión anterior en la protección judicial de los demandantes no es en sí contraria
         al ius cogens, ya que, a) el derecho de acceso a los tribunales no constituye un derecho absoluto; b) en el presente caso, la limitación
         del derecho de acceso a los tribunales de los afectados, que es consecuencia de la inmunidad de jurisdicción de que disfrutan
         en principio, dentro del ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, las resoluciones del Consejo de Seguridad
         adoptadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, debe considerarse inherente a dicho derecho; c) dicha
         limitación se justifica tanto por la naturaleza de las decisiones que el Consejo de Seguridad se ve obligado a adoptar en
         virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como por el objetivo legítimo que se persigue, y d) al no existir
         un tribunal internacional competente para controlar la legalidad de los actos del Consejo de Seguridad, la creación de un
         órgano como el Comité de Sanciones y la posibilidad, prevista en la normativa, de dirigirse a él en todo momento para obtener
         la revisión de cualquier caso individual mediante un mecanismo formalizado en el que participan los Gobiernos implicados,
         constituyen otra vía razonable para proteger adecuadamente los derechos fundamentales de los afectados, tal como son reconocidos
         por el ius cogens (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartados 341 a 345, y Kadi, apartados 286 a 290);
      
      –      por tanto, procede desestimar las alegaciones en contra [de los Reglamentos impugnados] basadas en la supuesta vulneración
         del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo (sentencias [del Tribunal de Primera Instancia] Yusuf, apartado 346, y Kadi,
         apartado 291).»
      
      35      En los apartados 95 a 124 de la sentencia recurrida Hassan, el Tribunal de Primera Instancia añadió una serie de consideraciones
         en respuesta a las alegaciones concretas expuestas por el Sr. Hassan en la vista relativas, por una parte, al supuesto rigor
         excesivo de la medida de congelación de todos los fondos y recursos económicos, y, por otra parte, a la supuesta invalidez,
         en el presente caso, de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Primera Instancia en las sentencias Yusuf y Kadi de
         dicho Tribunal, sobre la compatibilidad con el ius cogens de la laguna detectada en la protección jurisdiccional de los afectados que había puesto de manifiesto en esas sentencias.
      
      36      Asimismo, en los apartados 117 a 154 de la sentencia recurrida Ayadi, el Tribunal de Primera Instancia añadió una serie de
         consideraciones a las señaladas en el apartado 34 de la presente sentencia en respuesta a las alegaciones más concretas expuestas
         por el Sr. Ayadi relativas, por una parte, a la supuesta falta de efectividad de las exenciones y de las excepciones a la
         congelación de fondos previstas por el Reglamento nº 561/2003, en particular por lo que atañe al ejercicio de una actividad
         profesional y, por otra parte, a la supuesta invalidez, en el presente caso, de las conclusiones a las que llegó el Tribunal
         de Primera Instancia en las sentencias Yusuf y Kadi sobre la compatibilidad con el ius cogens de la laguna detectada en la protección jurisdiccional de los afectados que había puesto de manifiesto en esas sentencias.
      
      37      El Tribunal de Primera Instancia examinó tales alegaciones y concluyó que éstas no podían rebatir las consideraciones que
         él mismo había realizado sobre las cuestiones jurídicas discutidas en sus sentencias Yusuf y Kadi.
      
      38      En los apartados 126 a 128 de la sentencia recurrida Hassan, el Tribunal de Primera Instancia examinó también las alegaciones
         formuladas por el Sr. Hassan relativas a la violación de su derecho al respeto de la vida privada y familiar y a un menoscabo
         de su reputación, y las desestimó fundamentalmente porque, en virtud del ius cogens, debía considerarse que no había sufrido una intromisión arbitraria en el ejercicio de los derechos afectados.
      
      39      En el mismo sentido, en el apartado 156 de la sentencia recurrida Ayadi, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación,
         que todavía no había sido examinada en sus sentencias Yusuf y Kadi, de que los Estados miembros de la ONU no están obligados
         a aplicar sin cambios las medidas que el Consejo de Seguridad les «invita» a adoptar.
      
      40      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las pretensiones de anulación de los recurrentes por infundadas.
      
      41      Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad de la pretensión de indemnización formulada por el
         Sr. Hassan debido a su imprecisión y añadió que, en vista de los demás datos aportados por éste, dicha pretensión era, en
         cualquier caso, infundada.
      
      42      En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó ambos recursos en su totalidad.
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      43      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de noviembre de 2008, se admitió la intervención de la República
         Francesa y del Reino Unido en apoyo de las pretensiones del Consejo y de la Comisión en el asunto C‑399/06 P. Mediante auto
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2009, se admitió la intervención de la República Francesa en apoyo
         de las pretensiones del Consejo en el asunto C‑403/06 P.
      
      44      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de enero de 2009, el Sr. Ayadi solicitó el beneficio
         de justicia gratuita previsto en el artículo 76 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
      
      45      Mediante auto de 2 de septiembre de 2009, el Tribunal de Justicia accedió a su solicitud.
      
      46      Oídas las partes y el Abogado General, procede acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia, por razón de conexión,
         conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
      
       Pretensiones de las partes en el recurso de casación
      47      Mediante su recurso de casación, el Sr. Hassan solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida Hassan.
      –        Anule el Reglamento controvertido y/o el Reglamento nº 2049/2003, íntegramente o en lo que se refiere a las medidas adoptadas
         que le atañen.
      
      –        Con carácter subsidiario, declare que no le son aplicables dichos Reglamentos.
      –        Acuerde cuantas medidas estime apropiadas el Tribunal de Justicia.
      –        Condene en costas al Consejo.
      –        Condene al Consejo a pagarle una indemnización de daños y perjuicios.
      48      Mediante su recurso de casación, el Sr. Ayadi solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule íntegramente la sentencia recurrida Ayadi.
      –        Declare que los artículos 2 y 4 y el anexo I del Reglamento controvertido son nulos, en la medida en que le afecten directa
         e individualmente.
      
      –        Condene al Consejo a pagar las costas de los procedimientos sustanciados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera
         Instancia.
      
      49      El Consejo y la Comisión piden en los dos asuntos que se desestimen los recursos de casación, salvo los motivos análogos a
         los que el Tribunal de Justicia ya consideró fundados en la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International
         Foundation/Consejo y Comisión (C‑402/05 P y C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351; en lo sucesivo, «sentencia Kadi del Tribunal de Justicia»)
         y que se condene en costas a los recurrentes en la medida en que el Tribunal de Justicia estime oportuno.
      
       Motivos invocados en apoyo de los recursos de casación
      50      Mediante su primer motivo, el Sr. Hassan reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho
         en el examen de los motivos que invocó ante dicho órgano jurisdiccional, con respecto a la violación de algunos de sus derechos
         fundamentales, al no haber comprobado directamente si el Consejo de Seguridad dispensaba una protección equivalente a la del CEDH,
         en particular por lo que se refiere a los artículos 6, 8 y 13 de este Convenio y al artículo 1 del Protocolo nº 1 de dicho
         Convenio, y haberse limitado a controlar las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad indirectamente, en virtud del principio
         del ius cogens.
      
      51      Mediante su segundo motivo, el Sr. Hassan reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en un error de Derecho
         al considerar que, dada la esencia misma del derecho de propiedad, la restricción del uso de un bien no era pertinente.
      
      52      Del escrito de réplica del Sr. Ayadi se desprende que, en vista de la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, sólo pretende
         formular ahora dos motivos, basados, el primero, en que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al declarar
         que los órganos jurisdiccionales comunitarios sólo pueden apreciar la legalidad de un acto comunitario que aplica una resolución
         del Consejo de Seguridad en virtud del ius cogens y al no señalar que podía anular dicho acto para garantizar la protección de los derechos fundamentales reconocidos por el
         ordenamiento jurídico de las Naciones Unidas y, el segundo, en que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho
         al no considerar que las partes impugnadas del Reglamento controvertido vulneran los derechos fundamentales del Sr. Ayadi.
      
       Recursos de casación
       Sobre la incidencia del Reglamento (CE) nº 954/2009 en relación con un eventual sobreseimiento
      53      Es preciso señalar que, en virtud del Reglamento (CE) nº 954/2009 por el que se modifica por centesimodecimocuarta vez el
         Reglamento nº 881/2002 (DO L 269, p. 20), las decisiones de inscripción de los Sres. Hassan y Ayadi en la lista del anexo I
         del Reglamento controvertido han sido sustituidas por nuevas decisiones que confirman y modifican dicha inscripción.
      
      54      Según la exposición de motivos del Reglamento nº 954/2009, la Comisión adoptó dicho Reglamento, en vista de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia, y en particular de la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, tras haber comunicado al Sr. Hassan
         y al Sr. Ayadi las razones de su inscripción en dicha lista tal como las expuso el Comité de Sanciones y después de haber
         examinado las observaciones formuladas por éstos sobre dichas razones.
      
      55      En la citada exposición de motivos también se señala que, tras haber examinado atentamente tales observaciones, la Comisión
         estima, habida cuenta del carácter preventivo de la congelación de los fondos y de los recursos económicos, que la inscripción
         de dichas personas en la lista de que se trata está justificada por sus relaciones con la red Al-Qaida.
      
      56      Con arreglo al artículo 2 del Reglamento nº 954/2009, éste entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, el 15 de octubre de 2009, y es aplicable a partir del 30 de mayo de 2002, por lo que se refiere al Sr. Ayadi, y
         del 21 de noviembre, por lo que se refiere al Sr. Hassan.
      
      57      Por lo tanto, se plantea la cuestión de si procede resolver todavía los presentes asuntos, habida cuenta de la revocación
         del Reglamento controvertido y de su sustitución retroactiva, con efecto a partir de las citadas fechas, en lo que atañe a
         los recurrentes, por el Reglamento nº 954/2009.
      
      58      A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia puede plantear de oficio la falta de interés de una parte
         para interponer o proseguir un recurso de casación, debido a un hecho posterior a una sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         que pueda quitar a ésta su carácter perjudicial para el recurrente en casación, y puede declarar la inadmisibilidad del recurso
         de casación o que éste carece de objeto por tal motivo (véase, en particular, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Moser
         Baser India/Consejo, C‑535/06 P, Rec. p. I‑0000, apartado 24 y la jurisprudencia citada). 
      
      59      En el presente caso, el artículo 2 del Reglamento nº 954/2009 establece que éste es aplicable desde la inscripción inicial
         del Sr. Ayadi y del Sr. Hassan en la lista del anexo I del Reglamento controvertido, a saber, respectivamente, desde el 30
         de mayo de 2002 y el 21 de noviembre de 2003.
      
      60      Los Sres. Ayadi y Hassan figuraron en esa lista durante un período de siete y seis años, respectivamente, y, como consecuencia,
         estuvieron sujetos a las medidas restrictivas previstas por el Reglamento controvertido, que el Tribunal de Justicia consideró
         que repercuten significativamente en los derechos y libertades de las personas (véase la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia,
         apartado 375), aunque afirmaron, primero ante el Tribunal de Primera Instancia y posteriormente ante el Tribunal de Justicia,
         en los procedimientos que cubren prácticamente todos esos períodos, que la inscripción de sus nombres en la citada lista era
         ilegal ya que no respetaba sus derechos fundamentales, extremo que actualmente ya no discuten ni el Consejo ni la Comisión,
         en vista de la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia. 
      
      61      El Reglamento nº 954/2009 mantuvo con carácter retroactivo los nombres de los Sres. Hassan y Ayadi en esa misma lista, por
         lo que las medidas restrictivas que de ello se derivan continúan siéndoles aplicables durante el período en el que el Reglamento
         controvertido, en la medida que sus recursos se refieren a él, era aplicable, a pesar de que el objeto de sus recursos era
         obtener la supresión de sus nombres de esa lista. 
      
      62      Por consiguiente, no puede considerarse que la adopción del Reglamento nº 954/2009 constituya un hecho posterior a las sentencias
         recurridas que pueda dejar sin objeto a los recursos de casación.
      
      63      Además, es preciso señalar que el Reglamento nº 954/2009 no es todavía definitivo en cuanto puede ser objeto de un recurso
         de anulación. Por lo tanto, no puede excluirse que, si dicho acto resulta anulado como consecuencia de ese procedimiento,
         el Reglamento controvertido vuelva de nuevo a entrar en vigor en lo que atañe a los recurrentes.
      
      64      Estos elementos confirman que no puede considerarse que la adopción del Reglamento nº 954/2009 equivalga a una anulación pura
         y simple del Reglamento controvertido en lo que atañe a los recurrentes, en virtud de la cual éstos hayan obtenido el único
         resultado que sus recursos podrían procurarles y que, por lo tanto, no sea necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie
         al respecto. Sobre ese particular, el citado Reglamento difiere del acto que fue objeto del auto de 8 de marzo de 1993, Lezzi
         Pietro/Comisión (C‑123/92, Rec. p. I‑809).
      
      65      En tales circunstancias, los recursos de casación no han perdido su objeto y el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre ellos.
      
       Sobre el fondo
      66      Con carácter preliminar, es preciso señalar, en primer lugar, que, en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Sr. Hassan
         desistió expresamente de su motivo relativo a su pretensión de indemnización. Por lo tanto, no procede examinar dicho motivo
         en el marco del presente recurso de casación.
      
      67      En segundo lugar, en cuanto al objeto de los motivos de anulación, debe indicarse que éste se ha de entender en el sentido
         de que se refiere, en lo que atañe respectivamente a cada uno de los recurrentes, al Reglamento controvertido, en su versión
         modificada, en el caso del recurso del Sr. Ayadi, por el Reglamento nº 1210/2006, y, en el caso del recurso del Sr. Hassan,
         por el Reglamento nº 46/2008.
      
       Sobre los motivos de los recurrentes relativos a la vulneración por el Reglamento controvertido de sus derechos fundamentales
      68      Procede examinar los motivos invocados por los recurrentes en apoyo de sus recursos de casación mediante los cuales reprochan
         al Tribunal de Primera Instancia que desestimara sus motivos, basados en la violación, por el Reglamento controvertido, de
         sus derechos fundamentales.
      
      69      En las sentencias recurridas, basándose en las sentencias Yusuf y Kadi, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en esencia,
         que de los principios que rigen la articulación de las relaciones entre el ordenamiento jurídico internacional creado por
         las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario se desprende que el Reglamento controvertido, en la medida en que
         se dirige a aplicar una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones
         Unidas, que no deja ningún margen al respecto, no puede ser objeto de control jurisdiccional en cuanto a su legalidad interna
         salvo en lo que atañe a su compatibilidad con las normas del ius cogens y disfruta, por lo tanto, con esta salvedad, de inmunidad jurisdiccional (sentencias recurridas Hassan, apartado 92, y Ayadi,
         apartado 116).
      
      70      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró, basándose de nuevo en las sentencias Yusuf y Kadi, que la legalidad
         del Reglamento controvertido, también por lo que se refiere a los motivos invocados por los recurrentes que se basan en la
         violación de sus derechos fundamentales, únicamente puede ser examinada desde el punto de vista del ius cogens, entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional, incluidos los
         órganos de la ONU, y que no tolera excepción alguna (sentencias recurridas Hassan, apartado 92, y Ayadi, apartado 116).
      
      71      Pues bien, de los apartados 326 y 327 de la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia resulta que esta tesis constituye un error
         de Derecho. En efecto, en virtud de las competencias que les confiere el Tratado, los tribunales comunitarios deben garantizar
         un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos comunitarios desde el punto de vista de los derechos
         fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario, control que también se extiende
         a los actos comunitarios, como el Reglamento controvertido, destinados a aplicar resoluciones aprobadas por el Consejo de
         Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
      
      72      El Tribunal de Justicia concluyó, en el apartado 328 de su sentencia Kadi, que, habida cuenta de que los motivos de casación
         de los recurrentes a este respecto resultan fundados, procedía anular en este punto las sentencias Yusuf y Kadi del Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      73      Además, el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 330 de su sentencia Kadi que, dado que en la siguiente parte de las
         sentencias Yusuf y Kadi, relativa a los derechos fundamentales específicos invocados por los demandantes, el Tribunal de Primera
         Instancia se limitó a examinar la legalidad del Reglamento controvertido únicamente desde el punto de vista de las normas
         del ius cogens, a pesar de que debía proceder a un examen, en principio completo, desde el punto de vista de los derechos fundamentales
         que forman parte de los principios generales del Derecho comunitario, procedía anular igualmente la siguiente parte de dichas
         sentencias Yusuf y Kadi.
      
      74      De lo antedicho se desprende que, dado que las sentencias recurridas se apoyan, como se ha recordado en los apartados 57 y
         58 de la presente sentencia, en los mismos fundamentos jurídicos que las sentencias Yusuf y Kadi del Tribunal de Primera Instancia,
         las sentencias recurridas adolecen del mismo error de Derecho y, por lo tanto, deben anularse, por esos mismos motivos, en
         la misma medida en que éstos contienen la respuesta del Tribunal de Primera Instancia a los motivos que los recurrentes basan
         en la violación de algunos de sus derechos fundamentales.
      
      75      Esta conclusión no se desvirtúa por la circunstancia de que, en los apartados 95 a 125 de la sentencia recurrida Hassan y
         en los apartados 117 a 155 de la sentencia recurrida Ayadi, se expusieran determinadas consideraciones en respuesta a las
         alegaciones más específicas formuladas por los recurrentes, dado que el Tribunal de Primera Instancia concluyó que tales consideraciones
         demuestran que los fundamentos jurídicos de las sentencias Yusuf y Kadi, y, en consecuencia, de las sentencias recurridas,
         eran acertados.
      
      76      Por último, procede señalar que, en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Sr. Hassan admitió que la alegación, formulada
         ante el Tribunal de Primera Instancia y desestimada por éste, relativa a la supuesta violación de su derecho al respeto de
         la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 del CEDH, no había sido retomada en su recurso de casación. En tales
         circunstancias, no procede examinarla.
      
      77      Así pues, los motivos de casación de los recurrentes resultan fundados, por lo que procede anular las sentencias recurridas.
      
       Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia
      78      Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso
         de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver definitivamente el
         litigio, cuando su estado así lo permita.
      
      79      En el presente caso, el Tribunal de Justicia estima oportuno resolver definitivamente sobre los recursos de anulación del
         Reglamento controvertido que interpusieron los recurrentes, pues su estado así lo permite.
      
      80      En primer lugar, procede apreciar la fundamentación de las alegaciones formuladas por los recurrentes en cuanto a la violación
         de su derecho de defensa que, en su opinión, llevaban consigo las medidas de congelación de fondos tal como se las impuso
         el Reglamento controvertido, en particular en lo que respecta al derecho a ser oído y al derecho a un control jurisdiccional
         efectivo.
      
      81      A este respecto, procede señalar que es pacífico entre las partes que las circunstancias concretas en que se incluyeron los
         nombres de los recurrentes en la lista de personas y entidades a las que se aplican las medidas restrictivas, recogida en
         el anexo I del Reglamento controvertido, son idénticas a aquellas en las que se habían inscrito en dicha lista los nombres
         de los afectados en los asuntos que dieron origen a la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia.
      
      82      Pues bien, en vista de esas circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 334 de la sentencia Kadi, que
         la violación del derecho de defensa, y en particular del derecho a ser oído y del derecho a un control jurisdiccional efectivo
         del respeto de éstos, era manifiesta.
      
      83      En el apartado 348 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia consideró asimismo que, habida cuenta de que el Consejo
         no comunicó a los recurrentes los datos utilizados en su contra como base de las medidas restrictivas que les fueron impuestas,
         ni les otorgó el derecho a tomar conocimiento de dichos datos en un plazo razonable tras la imposición de tales medidas, los
         afectados no habían tenido la posibilidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista a este respecto. El Tribunal de
         Justicia concluyó en el citado apartado que no se habían respetado el derecho de defensa de éstos, ni en particular su derecho
         a ser oídos.
      
      84      Esta conclusión se impone también en los presentes asuntos, y por las mismas razones, por lo que debe declararse que no se
         respetó el derecho de defensa de los recurrentes.
      
      85      Además el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 349 de su sentencia Kadi, que, al no haber sido informados los recurrentes
         de los datos utilizados en su contra y habida cuenta de las relaciones que existen entre el derecho de defensa y el derecho
         a un recurso jurisdiccional efectivo, mencionadas en los apartados 336 y 337 de la citada sentencia, los afectados tampoco
         habían podido defender sus derechos ante el juez comunitario en relación con tales datos en condiciones satisfactorias, por
         lo que también procede constatar una violación del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.
      
      86      Esta misma conclusión se impone también en los presentes asuntos en relación con el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo
         de los recurrentes, por lo que debe señalarse que, en el caso de autos, no se respetó ese derecho fundamental de los Sres.
         Hassan y Ayadi.
      
      87      Asimismo, es preciso señalar que en los presentes recursos no se ha puesto remedio a esta violación. En efecto, como el Consejo
         mantiene una posición de principio según la cual el juez comunitario no puede verificar ningún dato de esta naturaleza, dicha
         institución no ha aportado dato alguno al efecto (véase, por analogía, la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, apartado
         350). Además, aunque haya tomado en consideración, en el marco de los presentes recursos, las tesis de la sentencia Kadi del
         Tribunal de Justicia, es necesario indicar que el Consejo no dio ninguna indicación en cuanto a los datos utilizados en contra
         de los recurrentes.
      
      88      Así pues, el Tribunal de Justicia no puede sino hacer constar que no se encuentra en condiciones de controlar la legalidad
         del Reglamento controvertido en lo que respecta a los recurrentes, de modo que procede concluir que, por este motivo igualmente,
         no se ha respetado en el presente caso el derecho fundamental a un recurso jurisdiccional efectivo de que disfrutan los recurrentes
         (véase, por analogía, la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, apartado 351).
      
      89      Por lo tanto, es preciso declarar que, en lo que atañe a los recurrentes, el Reglamento controvertido fue adoptado sin ofrecer
         garantía alguna sobre la comunicación de los datos utilizados en su contra ni sobre la audiencia de los recurrentes a este
         respecto, de modo que procede concluir que dicho Reglamento se adoptó en el marco de un procedimiento en el que no se respetó
         el derecho de defensa de los recurrentes, lo que tuvo también como consecuencia una violación del principio de tutela judicial
         efectiva (véase, por analogía, la sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, apartado 352).
      
      90      Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que procede considerar fundados los motivos invocados por los Sres. Hassan
         y Ayadi en apoyo de sus recursos de anulación del Reglamento controvertido en los que se invoca una violación de su derecho
         de defensa, y en particular del derecho a ser oídos y del principio de tutela judicial efectiva (véase, por analogía, la sentencia
         Kadi del Tribunal de Justicia, apartado 353).
      
      91      Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las alegaciones relativas a la violación del derecho al respeto de la propiedad
         que implican las medidas de congelación impuestas en virtud del Reglamento controvertido, el Tribunal de Justicia declaró,
         en el apartado 366 de su sentencia Kadi, que las medidas restrictivas impuestas por ese Reglamento son restricciones del derecho
         de propiedad que, en principio, podrían resultar justificadas.
      
      92      Sin embargo, consta que, en lo que atañe a los Sres. Hassan y Ayadi, el Reglamento controvertido fue adoptado sin ofrecerles
         garantía alguna de que se les permitiría exponer su caso a las autoridades competentes, y ello en unas circunstancias en las
         que la restricción de sus derechos de propiedad debe calificarse de considerable, habida cuenta del alcance general y de la
         persistencia de las medidas de congelación que les fueron impuestas (véase, por analogía, la sentencia Kadi del Tribunal de
         Justicia, apartado 369).
      
      93      Por lo tanto, procede concluir que, en las circunstancias de los presentes asuntos, la imposición a los Sres. Hassan y Ayadi
         de las medidas restrictivas establecidas por el Reglamento controvertido, como consecuencia de su inclusión en la lista del
         anexo I de dicho Reglamento, constituye una restricción injustificada de sus derechos de propiedad (véase, por analogía, la
         sentencia Kadi del Tribunal de Justicia, apartado 370).
      
      94      Por consiguiente, las alegaciones de los recurrentes relativas a una violación del derecho fundamental al respeto de la propiedad
         son fundadas.
      
      95      En tales circunstancias, ya no es necesario examinar las alegaciones del Sr. Hassan que se refieren a la supuesta violación
         de su derecho al respeto de la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 del CEDH.
      
      96      De todas las consideraciones expuestas resulta que debe anularse el Reglamento controvertido, en lo que atañe a los recurrentes,
         teniendo en cuenta las precisiones expuestas en el apartado 67 de la presente sentencia en cuanto a la versión de dicho Reglamento
         a la que se refieren los recursos respectivos de los recurrentes.
      
       Costas
      97      En virtud del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de
         casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, dicho Tribunal decidirá sobre las costas.
         El artículo 69 del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento,
         dispone en su apartado 2 que la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra
         parte. El apartado 4, párrafo primero, del citado artículo 69 establece que los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes
         en el litigio soportarán sus propias costas.
      
      98      Como los recursos de casación de los Sres. Hassan y Ayadi deben ser estimados y el Reglamento controvertido ha de anularse
         en lo que a ellos respecta y dentro de los límites descritos en el apartado 67 de la presente sentencia, procede condenar
         al Consejo a soportar sus propias costas y, además, las costas en que hayan incurrido los Sres. Hassan y Ayadi, tanto en primera
         instancia como en los presentes procedimientos de casación, conforme a lo solicitado por los recurrentes.
      
      99      El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas, tanto en el procedimiento de primera instancia
         como en los de casación.
      
      100    La República Francesa cargará con sus propias costas en los procedimientos de casación.
      
      101    La Comisión cargará con sus propias costas tanto en el procedimiento de primera instancia como en el procedimiento de casación
         en el asunto relativo al Sr. Hassan. Además, la Comisión cargará con sus propias costas en el asunto relativo al Sr. Ayadi,
         tanto por lo que se refiere a su intervención ante el Tribunal de Primera Instancia como al procedimiento sustanciado ante
         el Tribunal de Justicia.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
      1)      Anular las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de julio de 2006, Hassan/Consejo
            y Comisión (T‑49/04) y Ayadi/Consejo (T‑253/02).
      2)      Anular, en lo que atañe al Sr. Hassan, el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen
            determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin
            Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo, por el que se prohíbe
            la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación
            de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 46/2008
            de la Comisión, de 18 de enero de 2008.
      3)      Anular, en lo que atañe al Sr. Ayadi, el Reglamento nº 881/2002, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1210/2006
            de la Comisión, de 9 de agosto de 2006.
      4)      Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y, además, con las costas en que hayan incurrido los
            Sres. Hassan y Ayadi, tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos de casación.
      5)      El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargará con sus propias costas, tanto en el procedimiento de primera instancia
            en el asunto relativo al Sr. Ayadi como en los presentes procedimientos de casación.
      6)      La República Francesa cargará con sus propias costas en los procedimientos de casación.
      7)      La Comisión Europea cargará con sus propias costas tanto en el procedimiento de primera instancia como en el procedimiento
            de casación en el asunto relativo al Sr. Hassan. Además, la Comisión Europea cargará con sus propias costas en el asunto relativo
            al Sr. Ayadi, tanto por lo que se refiere a su intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
            como al procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.