CELEX: C2007/199/26
Language: es
Date: 2007-08-25 00:00:00
Title: Asunto C-227/07: Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia

25.8.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 199/16
            
         Recurso interpuesto el 8 de mayo de 2007 — Comisión de las Comunidades Europeas/República de Polonia
   (Asunto C-227/07)
   (2007/C 199/26)
   Lengua de procedimiento: polaco
   Partes
   
      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Shotter y K. Mojzesowicz, agentes)
   
      Demandada: República de Polonia
   Pretensiones de la parte demandante
   
               —
            
            
               Que se declare que la República de Polonia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva «acceso») (1), y en particular, de sus artículos 4, apartado 1, relativo a la obligación de negociar la interconexión mutua, y 5, apartado 1, párrafo primero, relativo a la facultad que tienen las autoridades nacionales de reglamentación de fomentar y, en su caso, garantizar, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, al no haber adaptado correctamente el Derecho interno a esta Directiva.
            
         
               —
            
            
               Que se condene en costas a la República de Polonia.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva «acceso») establece que los operadores de redes públicas de comunicaciones tendrán el derecho y la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público con vistas a garantizar el suministro de servicios y su interoperabilidad en toda la Comunidad. Asimismo, exige que las autoridades nacionales de reglamentación tengan la facultad de fomentar y, en su caso, garantizar, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva, la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios.
   Por lo que respecta a la República de Polonia, el plazo para la adaptación del Derecho interno a esta Directiva expiró el 30 de abril de 2004, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, en relación con el artículo 54, del Acta de adhesión.
   Con arreglo al Derecho polaco, todos los operadores de redes públicas de comunicaciones están obligados a negociar el acceso y la autoridad nacional de reglamentación puede establecer un plazo para finalizar este tipo de negociaciones. Además, si las partes no alcanzan un acuerdo, la autoridad de reglamentación nacional puede adoptar, a petición de una de las partes, una decisión que sustituya al contrato e imponer de este modo obligaciones a las empresas, con independencia de su posición en el mercado. La Comisión objeta que estas disposiciones de la Ley polaca de telecomunicaciones no cumplen con los requisitos del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva «acceso».
   En lo que se refiere a la introducción en las disposiciones legales de carácter general de una obligación de negociar de buena fe los contratos de acceso, esta solución tiene como consecuencia la imposición de negociar sin comprobar previamente la ausencia de competencia efectiva en el mercado de que se trate y no permite a la autoridad de reglamentación nacional examinar el impacto de la obligación de concesión de acceso sobre la competencia a largo plazo en el mercado ni, por consiguiente, suprimir esta obligación en el caso de que dicha competencia se intensificase.
   En lo que se refiere a la facultad de la autoridad nacional de reglamentación para adoptar una decisión que sustituya al contrato entre las partes, es preciso señalar que el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva «acceso», no puede ejecutarse a través de una disposición legal de carácter general, ya que exige que una autoridad nacional de reglamentación este facultada para actuar únicamente en determinados casos. La facultad conferida a la autoridades nacionales de reglamentación en virtud de la disposición antes citada de la Directiva esta claramente limitada, por una parte, por la referencia a los «objetivos que se establecen en el artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (2) (Directiva marco)», y, por otra parte, por los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva «acceso». Estos límites a la facultad de la autoridad nacional de reglamentación garantizan que ésta sólo actuará en determinadas situaciones bien precisas. Además, únicamente pueden imponerse las obligaciones reglamentarias a las empresas que tengan un peso significativo en el mercado o, con independencia del peso de la empresa en el mercado, en los casos mencionados en el artículo 8, apartado 3, de la Directiva «acceso». De ello se deriva que si la autoridad nacional de reglamentación decide intervenir, esta intervención debe tener como base jurídica las disposiciones de la Directiva, incluso cuando la autoridad nacional de reglamentación decide imponer obligaciones reglamentarias.
   
      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
   
      (2)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), DO L 108, p. 33-50 y edición especial del DO en polaco, capítulo 13, tomo 29, p. 349.