CELEX: 62004CJ0441
Language: es
Date: 2006-02-23
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de febrero de 2006. # A-Punkt Schmuckhandels GmbH contra Claudia Schmidt. # Petición de decisión prejudicial: Landesgericht Klagenfurt - Austria. # Libre circulación de mercancías - Artículos 28 CE y 30 CE - Medidas de efecto equivalente - Venta a domicilio - Venta de joyas de plata - Prohibición. # Asunto C-441/04.

Asunto C‑441/04
      A-Punkt Schmuckhandels GmbH
      contra
      Claudia Schmidt
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Landesgericht Klagenfurt)
      «Libre circulación de mercancías — Artículos 28 CE y 30 CE — Medidas de efecto equivalente — Venta a domicilio — Venta de joyas de plata — Prohibición»
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 23 de febrero de 2006 
      Sumario de la sentencia
      Libre circulación de mercancías — Restricciones cuantitativas — Medidas de efecto equivalente — Métodos de comercialización
      (Arts. 28 CE y 30 CE)
      El artículo 28 CE no se opone a una disposición nacional por la que un Estado miembro prohíbe en su territorio la venta y
         la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio cuando esta disposición se aplica a todos los operadores implicados,
         siempre que afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los
         productos procedentes de otras Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si la aplicación
         de la disposición nacional puede impedir el acceso al mercado de productos procedentes de otros Estados miembros o dificultar
         este acceso más de lo que dificulta el acceso al mercado de los productos nacionales y, si éste es el caso, verificar si la
         medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general o por uno de los objetivos enumerados en el artículo 30 CE,
         y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.
      
      (véanse el apartado 30 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 23 de febrero de 2006 (*)
      
      «Libre circulación de mercancías – Artículos 28 CE y 30 CE – Medidas de efecto equivalente – Venta a domicilio – Venta de joyas de plata – Prohibición»
      En el asunto C‑441/04,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Landesgericht
         Klagenfurt (Austria), mediante resolución de 13 de agosto de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de octubre de
         2004, en el procedimiento entre
      
      A-Punkt Schmuckhandels GmbH
      y
      Claudia Schmidt,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.‑P. Puissochet y U. Lõhmus (Ponente), Jueces;
      Abogado General: Sr. P. Léger;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones escritas presentadas:
      –       en nombre de la Sra. Schmidt, por el Sr. A. Seebacher, Rechtsanwalt;
      –       en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. C. Pesendorfer, en calidad de agente;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. B. Schima, en calidad de agente;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE.
      2       Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad A‑Punkt Schmuckhandels GmbH (en lo sucesivo, «A‑Punkt»)
         y la Sra. Schmidt, dirigido a conseguir que ésta cesase en su actividad de venta de joyas de plata a domicilio. 
      
       Marco jurídico nacional
      3       El artículo 57, apartado 1, del Código austriaco por el que se regulan las profesiones artesanales, comerciantes e industriales
         (Gewerbeordnung, BGBl., 194/1994; en lo sucesivo, «GewO») prohíbe la venta y la recogida de pedidos a domicilio de determinadas
         mercancías, en particular, joyas de plata, en los siguientes términos:
      
      «Se prohíben las visitas a particulares con objeto de obtener pedidos relacionados con la venta de complementos alimentarios,
         venenos, medicamentos, accesorios médicos, relojes de metales preciosos, productos de oro, plata o platino, joyas y piedras
         preciosas, armas y municiones, artículos de pirotecnia, productos cosméticos, lápidas, monumentos funerarios y sus accesorios,
         así como coronas y otras decoraciones funerarias. Se prohíben también los actos promocionales, incluidas las reuniones de
         promoción y de asesoramiento relacionados con estas mercancías, organizados en domicilios privados y dirigidos a particulares,
         con independencia de que el acto promocional haya sido organizado por el operador económico o por un tercero [...]»
      
       El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
      4       La Sra. Schmidt dirige una empresa con domicilio social en Alemania. Ejerce el comercio ambulante de joyas en el territorio
         de la Unión Europea, visitando a particulares en sus hogares. Les vende joyas de plata y recoge los pedidos relativos a las
         mismas. El precio de venta unitario de dichas joyas no excede de 40 euros.
      
      5       El 18 de diciembre de 2003, la Sra. Schmidt organizó una «reunión de joyas» en un domicilio particular de Klagenfurt, en Austria.
         A raíz de esta reunión, A‑Punkt, que ejerce una actividad competidora, inició un procedimiento judicial contra la Sra. Schmidt
         ante el Landesgericht Klagenfurt, con objeto de conseguir el cese de la actividad de ésta, al estar prohibida por el artículo
         57, apartado 1, de la GewO.
      
      6       La Sra. Schmidt se opone a las pretensiones de la demandante en el asunto principal, alegando que el artículo 57 de la GewO
         es contrario a la libre circulación de mercancías, tal como está prevista en el artículo 28 CE. Subraya, en particular, que
         la venta a domicilio de joyas de plata es lícita tanto en Alemania como en Italia y en el Reino Unido.
      
      7       En estas circunstancias, el Landgericht Klagenfurt decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las
         siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Deben interpretarse los artículos 28 CE y 30 CE en el sentido de que garantizan la libertad de la parte demandada para comercializar,
         en el marco de sus actividades profesionales, joyas de plata mediante visitas a particulares para vender y recoger pedidos
         de esas joyas?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿constituye una restricción a la libre circulación de mercancías en el sentido de los artículos
         28 CE y 30 CE la normativa de un Estado miembro que prohíbe la comercialización de joyas de plata mediante visitas a particulares
         dirigidas a la venta y recogida de pedidos de tales joyas?
      
      3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda pregunta, una normativa nacional que prohíbe la comercialización de joyas de
         plata mediante visitas a particulares dirigidas a la venta y recogida de pedidos de tales joyas, infringiendo los artículos
         28 CE y 30 CE, ¿es contraria al derecho de una persona a comercializar joyas de plata mediante este sistema?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      8       Mediante sus tres cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia,
         si los artículos 28 CE y 30 CE se oponen a una disposición nacional, como el artículo 57 de la GewO, que prohíbe la venta
         y la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio.
      
      9       Con carácter preliminar, procede constatar que el artículo 57 de la GewO tiende a excluir un método de comercialización para
         este tipo de joyas. Además, el procedimiento principal tiene su origen en una situación en que una persona que dirige una
         empresa cuyo domicilio social se encuentra en Alemania organiza una venta de joyas a domicilio en Austria. En estas circunstancias,
         el régimen nacional que prohíbe la venta de joyas a domicilio entra en el ámbito de la libre circulación de mercancías.
      
      10     La Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso
         de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372, p. 31; EE 15/06, p. 131) tiene por finalidad
         armonizar parcialmente las normas en materia de protección de los consumidores respecto de determinados métodos de comercialización,
         entre los que se encuentran las ventas celebradas en el contexto de una visita realizada a un particular por un comerciante.
      
      11     Sin que sea necesario analizar profundamente el grado de armonización realizado por dicha Directiva, consta que los Estados
         miembros tienen la facultad, sobre la base del artículo 8 de la misma, de adoptar o mantener disposiciones dirigidas a garantizar
         una protección a los consumidores mayor que la prevista en dicha Directiva.
      
      12     Tal como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros pueden establecer o mantener una prohibición,
         total o parcial, de celebración de contratos fuera de los establecimientos comerciales (véanse las sentencias de 16 de mayo
         de 1989, Buet y EBS, 382/87, Rec. p. 1235, apartado 16, y de 14 de marzo de 1991, Di Pinto, C‑361/89, Rec. p. I‑1189, apartado 21).
         Esta facultad debe, sin embargo, ejercerse respetando el principio fundamental de la libre circulación de mercancías, que
         halla su expresión en la prohibición, recogida en el artículo 28 CE, de las restricciones cuantitativas a la importación y
         de toda medida de efecto equivalente entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2004,
         Karner, C‑71/02, Rec. p. I‑3025, apartado 34).
      
      13     El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre la compatibilidad con el artículo 28 CE de diversas disposiciones nacionales
         que regulan los métodos de comercialización (véase, en particular, la sentencia de 26 de mayo de 2005, Burmanjer y otros,
         C‑20/03, Rec. p. I‑4133, apartado 22).
      
      14     Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar
         directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario debe considerarse una medida de efecto equivalente
         a las restricciones cuantitativas y, por ello, está prohibida por dicho artículo (véanse, en particular, las sentencias de
         11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5; de 19 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑420/01, Rec. p. I‑6445,
         apartado 25, y Karner, antes citada, apartado 36).
      
      15     No obstante, en la sentencia de 24 de noviembre de 1993, Keck y Mithouard (C‑267/91 y C‑268/91, Rec. p. I‑6097, apartado 16),
         el Tribunal de Justicia precisó que las disposiciones nacionales que limiten o prohíban ciertas modalidades de venta no obstaculizan
         el comercio entre los Estados miembros en el sentido de la jurisprudencia Dassonville siempre que dichas disposiciones, por
         una parte, se apliquen a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad en el territorio nacional, y por otra, que
         afecten del mismo modo, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los procedentes
         de otros Estados miembros (véanse también las sentencias de 13 de enero de 2000, TK‑Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, apartado
         23; de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, Rec. p. I‑14887, apartado 68; Karner, antes citada,
         apartado 37, y Burmanjer y otros, antes citada, apartado 24).
      
      16     Posteriormente, el Tribunal de Justicia ha calificado de disposiciones que regulan las modalidades de venta, en el sentido
         de la sentencia Keck y Mithouard, antes citada, las disposiciones relativas a determinados métodos de comercialización (véanse,
         en particular, las sentencias de 2 junio de 1994, Tankstation ’t Heukske y Boermans, C‑401/92 y C‑402/92, Rec. p. I‑2199,
         apartados 12 a 14; TK‑Heimdienst, antes citada, apartado 24, y Burmanjer y otros, antes citada, apartados 25 y 26).
      
      17     Tal como resulta del apartado 9 de la presente sentencia, el régimen nacional de prohibición de venta a domicilio de que se
         trata se refiere a una forma de comercialización. Es cuestión pacífica que no tiene por finalidad regular los intercambios
         de mercancías entre los Estados miembros. Sin embargo, sólo puede eludir la prohibición del artículo 28 CE si cumple los dos
         requisitos a que se ha hecho referencia en el apartado 15 de la presente sentencia.
      
      18     En cuanto al primer requisito, parece que el artículo 57 de la GewO se aplica a todos los operadores afectados que ejercen
         su actividad en el territorio austriaco, con independencia de su nacionalidad. Así, se cumple el primer requisito enunciado
         en la sentencia Keck y Mithouard, antes citada.
      
      19     Respecto del segundo requisito, consta que el régimen de prohibición de venta de joyas a domicilio no realiza ninguna distinción
         en función del origen de los productos en cuestión.
      
      20     A continuación, debe verificarse si la prohibición general de vender y recoger pedidos de joyas de plata mediante visitas
         a domicilio no dificulta el acceso al mercado de los productos afectados procedentes de otros Estados miembros más de lo que
         lo dificulta a los productos nacionales.
      
      21     Una disposición nacional como la controvertida en el asunto principal puede, en principio, restringir el volumen total de
         ventas de los productos objeto de litigio en el Estado miembro afectado y puede, por consiguiente, afectar al volumen de las
         ventas de esos productos procedentes de otros Estados miembros Sin embargo, tal constatación no basta para calificar a la
         disposición de que se trata de medida de efecto equivalente (véanse, en particular, la sentencia Keck y Mithouard, antes citada,
         apartado 13, y la sentencia de 20 de junio de 1996, Semeraro Casa Uno y otros, C‑418/93 a C‑421/93, C‑460/93 a C‑462/93, C‑464/93,
         C‑9/94 a C‑11/94, C‑14/94, C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 y C‑332/94, Rec. p. I‑2975, apartado 24).
      
      22     Ciertamente, como señala la Comisión de las Comunidades Europeas, la venta a domicilio de joyas de escaso valor puede parecer
         más adecuada y más eficaz que su venta en el marco de una estructura comercial fija. En efecto, para los operadores económicos
         especializados en joyas de ese valor, la venta en el marco de una estructura comercial fija puede ocasionar costes proporcionalmente
         muy elevados.
      
      23     Sin embargo, el hecho de que un método de comercialización sea más eficaz y más económico no es un elemento suficiente para
         afirmar que la disposición nacional que lo prohíbe entra en la prohibición prevista en el artículo 28 CE. En efecto, tal disposición
         sólo constituye una medida de efecto equivalente si la exclusión del método de comercialización de que se trata afecta en
         mayor medida a los productos procedentes de otros Estados miembros que a los productos nacionales.
      
      24     A este respecto, consta que la prohibición controvertida en el asunto principal no afecta a todas las formas de comercialización
         de las mercancías afectadas, sino sólo a una de ellas, y no excluye, por consiguiente, la posibilidad de vender dichas mercancías
         en el territorio nacional mediante otros métodos.
      
      25     Sin embargo, los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia no le permiten determinar con certeza si la prohibición
         de venta a domicilio prevista en el artículo 57 de la GewO afecta en mayor medida a la comercialización de los productos procedentes
         de Estados miembros distintos de Austria que a la de los productos procedentes de ese Estado miembro. En estas circunstancias,
         corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si se cumple este requisito, concretamente, a la luz de las consideraciones
         desarrolladas en los apartados 20 a 24 de la presente sentencia.
      
      26     Si, tras este examen, ese órgano jurisdiccional constata que la prohibición del artículo 57 de la GewO afecta en mayor medida
         a los productos procedentes de otros Estados miembros que a los productos nacionales en lo que se refiere al acceso al mercado
         nacional, corresponde a éste determinar si esta prohibición se justifica por un objetivo de interés general en el sentido
         de la jurisprudencia iniciada con la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe, «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), o
         por uno de los objetivos enumerados en el artículo 30 CE, y si es necesaria y proporcionada a la realización de tal objetivo.
      
      27     A este respecto, la protección de los consumidores puede justificar la prohibición controvertida en el asunto principal, si
         reúne dos requisitos: que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de
         lo necesario para alcanzarlo.
      
      28     Tal apreciación deberá tener en cuenta el nivel de protección de los consumidores conforme a la Directiva 85/577, en el ámbito
         de la venta y recogida de pedidos de los productos de que se trata.
      
      29     En el marco de este control, deberán también tenerse en cuenta las particularidades de la venta a domicilio de joyas de plata,
         concretamente el riesgo potencialmente más elevado de que el consumidor sea inducido a error debido a la falta de información,
         a la imposibilidad de comparar los precios o a la insuficiencia de garantías insuficientes en lo que respecta a la autenticidad
         de estas joyas, así como a la mayor presión psicológica de compra cuando la venta se organiza en un contexto privado.
      
      30     A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones planteadas que, en lo que se refiere a
         la libre circulación de mercancías, el artículo 28 CE no se opone a una disposición nacional por la que un Estado miembro
         prohíbe la venta y la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio en su territorio cuando tal disposición se aplica
         a todos los operadores implicados, siempre que afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los
         productos nacionales y a la de los procedentes de otros Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar
         si, a la vista de las circunstancias del asunto principal, la aplicación de la disposición nacional puede impedir el acceso
         al mercado de los productos procedentes de otros Estados miembros o dificultar este acceso más que lo que lo dificulta a los
         productos nacionales y, si éste es el caso, verificar si la medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general
         en el sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a este concepto o por uno de los objetivos enumerados
         en el artículo 30 CE, y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.
      
       Costas
      31     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a una disposición nacional por la que un Estado miembro prohíbe la venta y la recogida
            de pedidos de joyas de plata a domicilio cuando esta disposición se aplica a todos los operadores implicados, siempre que
            afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los productos
            procedentes de otras Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si, teniendo en cuenta las
            circunstancias del asunto principal, la aplicación de la disposición nacional puede impedir el acceso al mercado de productos
            procedentes de otros Estados miembros o dificultar este acceso más de lo que dificulta el acceso al mercado de los productos
            nacionales y, si éste es el caso, verificar si la medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general en el
            sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a este concepto o por uno de los objetivos enumerados en el
            artículo 30 CE, y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.