CELEX: 62001CC0342
Language: es
Date: 2003-04-03
Title: Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas el 3 de abril de 2003. # María Paz Merino Gómez contra Continental Industrias del Caucho SA. # Petición de decisión prejudicial: Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid - España. # Política social - Igualdad de trato entre hombres y mujeres - Permiso de maternidad - Trabajadora cuyo permiso de maternidad coincide con el período de vacaciones anuales de todo el personal establecido en un convenio colectivo en materia de vacaciones anuales. # Asunto C-342/01.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. JEAN MISCHO 
      presentadas el 3 de abril de 2003 (1)
      
      Asunto C‑342/01
      María Paz Merino Gómez
      contra
      Continental Industrias del Caucho, S.A.,
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid)
      «Política social – Igualdad de trato entre hombres y mujeres – Permiso de maternidad – Trabajadora cuyo permiso de maternidad coincide con el período de cierre anual de su centro de trabajo establecido en un
         convenio colectivo en materia de vacaciones anuales»
      I.      Introducción
      1.        ¿Tiene una trabajadora cuyo permiso de maternidad coincide con el período establecido mediante acuerdo colectivo para las
         vacaciones anuales de toda la plantilla derecho a disfrutar íntegramente de sus vacaciones anuales en un período distinto
         del pactado en dicho acuerdo? Éste es el problema que plantea en el presente caso el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid.
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Derecho comunitario
      2.        Para resolver el problema planteado por el órgano jurisdiccional nacional, se solicita al Tribunal de Justicia que interprete
         diversas disposiciones de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos
         de la ordenación del tiempo de trabajo, (2) de la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora
         de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima
         Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), (3) y de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
         trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a
         las condiciones de trabajo. (4)
      
      1.      Directiva 93/104
      3.        El artículo 7 de esta Directiva dispone:
      «Vacaciones anuales
      1.     Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos
         cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas
         en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
      
      2.     El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso
         de conclusión de la relación laboral.»
      
      4.        El artículo 15 de la misma Directiva prevé:
      «Disposiciones más favorables
      La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de aplicar o establecer disposiciones
         legales, reglamentarias o administrativas más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, o
         de favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o acuerdos celebrados entre interlocutores sociales, más favorables
         a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.»
      
      2.      Directiva 92/85
      5.        El artículo 2 de esta Directiva contiene definiciones generales de los conceptos de «trabajadora embarazada», «trabajadora
         que ha dado a luz» y «trabajadora en período de lactancia» a efectos de dicha Directiva.
      
      6.        El artículo 8, apartado 1, de la mencionada Directiva establece:
      «Permiso de maternidad
      1.     Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que las trabajadoras a que se refiere el artículo 2 disfruten de
         un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas, distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo
         a las legislaciones y/o prácticas nacionales.»
      
      7.        El artículo 11 de dicha Directiva dispone:
      «Derechos inherentes al contrato de trabajo
      Como garantía para las trabajadoras a que se refiere el artículo 2 del ejercicio de los derechos de protección de su seguridad
         y salud reconocidos en el presente artículo, se establece lo siguiente:
      
      [...]
      2)      En el caso citado en el artículo 8, deberán garantizarse: 
      a)      los derechos inherentes al contrato de trabajo de las trabajadoras a que hace referencia el artículo 2, distintos de los indicados
         en la siguiente letra b); 
      
      b)      el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada de las trabajadoras a que se refiere el artículo 2.
         
      
      [...]»
      3.      Directiva 76/207
      8.        El artículo 2, apartado 1, de esta Directiva establece:
      «El principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones siguientes, supone la ausencia de toda discriminación
         por razón de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al estado matrimonial o familiar.»
      
      9.        A tenor del artículo 5, apartado 1, de la misma Directiva:
      «La aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones
         de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo.»
      
      B.      Derecho interno
      1.      Legislación aplicable
      10.      El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE nº 75,
         de 29 de marzo de 1995; última modificación de 9 de julio de 2001), establece:
      
      «1.   El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo
         o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.
      
      2.     El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo
         establecido en su caso en los Convenios Colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.
      
      [...]»
      11.      A tenor del artículo 48, apartado 4, del Estatuto de los Trabajadores, en su versión modificada por la Ley 39/1999, de 5 de
         noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras: (5)
      
      «En el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida,
         ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspensión
         se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto [...]»
      
      2.      Convenio colectivo y acuerdo colectivo
      12.      La sociedad Continental Industrias del Caucho, S.A., dedicada a la fabricación de neumáticos, regula las relaciones con sus
         trabajadores a través del convenio colectivo para la industria química. Al regular la suspensión del contrato por maternidad,
         dicho convenio fija en su artículo 46 un período de dieciséis semanas igual al legal. En el artículo 43 del mismo convenio
         se regulan las vacaciones y se fija su duración en treinta días naturales, indicándose que al menos quince días habrán de
         disfrutarse de forma ininterrumpida entre los meses de junio y septiembre.
      
      13.      Por acuerdo colectivo suscrito entre la demandada y los representantes de los trabajadores el 7 de mayo de 2001 (en lo sucesivo,
         «acuerdo colectivo») ‑resultado de una conciliación alcanzada en un procedimiento de conflicto colectivo instado por la representación
         de los trabajadores– se fijaron dos períodos generales para el disfrute de vacaciones de toda la plantilla, uno del 16 de
         julio al 12 de agosto y otro del 6 de agosto al 2 de septiembre, ambos de 2001.
      
      14.      En dicho acuerdo se preveía también que, con carácter excepcional, seis trabajadores podrían disfrutar de vacaciones en el
         mes de septiembre. Para ese turno excepcional se concedía preferencia a los trabajadores que no hubieran podido elegir turno
         el año anterior.
      
      III. Hechos y litigio principal
      15.      La Sra. Merino Gómez presta servicios en la sociedad demandada desde el 12 de septiembre de 1994. Disfrutó de baja maternal
         desde el 5 de mayo de 2001 hasta el 24 de agosto de 2001.
      
      16.      La Sra. Merino Gómez solicitó disfrutar de sus vacaciones anuales desde el 25 de agosto al 21 de septiembre de 2001 o, subsidiariamente,
         desde el 1 al 27 de septiembre de 2001, es decir, en el período siguiente a su baja maternal. Ahora bien, como ya se ha señalado,
         el acuerdo colectivo preveía que, con carácter excepcional, seis trabajadores podrían disfrutar de vacaciones en el mes de
         septiembre, concediéndose preferencia a los trabajadores que no hubieran podido elegir turno el año anterior. La demandante
         había podido elegir turno de vacaciones en el año 2000, de modo que, conforme a dicho acuerdo, no podía disfrutar de vacaciones
         en el período excepcional comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2001.
      
      17.      La sociedad demandada no concedió el período de vacaciones solicitado.
      18.      El 6 de junio de 2001, la Sra. Merino Gómez formuló demanda contra dicha sociedad ante el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid
         para obtener las vacaciones solicitadas.
      
      19.      El juez remitente evoca la jurisprudencia desarrollada por órganos jurisdiccionales españoles acerca de la superposición entre
         los permisos de maternidad y los períodos fijados colectivamente para las vacaciones de la plantilla. Conforme a esta jurisprudencia,
         en estos supuestos la trabajadora no tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones anuales en un período distinto del fijado
         por el acuerdo colectivo alcanzado en la empresa, dado que prevalece el respeto de lo así pactado sobre el derecho individualizado
         a las vacaciones de la trabajadora.
      
      20.      El juez remitente no comparte este criterio e invoca el Derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que,
         a su juicio, confirman el punto de vista de la demandante. Considera necesario solicitar al Tribunal de Justicia, mediante
         el planteamiento de dos cuestiones prejudiciales, que se pronuncie sobre el principio y el alcance de los derechos, tanto
         legales como convencionales, de la Sra. Merino Gómez.
      
      IV.    Fundamentos de Derecho
      A.      Primera cuestión prejudicial
      21.      La primera cuestión prejudicial es del siguiente tenor:
      «¿Cuando unos acuerdos colectivos establecidos entre la empresa y los representantes de los trabajadores fijan las fechas
         de disfrute de vacaciones para la totalidad de la plantilla y esas fechas resultan coincidentes con las de baja maternal de
         una trabajadora, el art. 7.1 de la Directiva 93/104, el artículo 11.2.a) de la Directiva 92/85 y el artículo 5.1 de la Directiva
         76/207, garantizan el derecho de esta trabajadora a disfrutar sus vacaciones anuales en período distinto del pactado y no
         coincidente con el de su baja maternal?»
      
      22.      En contra de la jurisprudencia nacional evocada, el juez remitente invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa
         al artículo 7 de la Directiva 93/104, (6) al artículo 8 de la Directiva 92/85 (7) y a la Directiva 76/207. (8)
      
      23.      Según el juez remitente, de dicha jurisprudencia se desprende que el principio de igualdad de trato y de no discriminación
         de la mujer por razón de su embarazo o lactancia implica que una trabajadora debe tener derecho a disfrutar de sus vacaciones
         anuales en un período distinto no coincidente con el de su permiso de maternidad, si este permiso coincide con las vacaciones
         anuales previamente fijadas por acuerdo colectivo entre la empresa y la representación de los trabajadores. Admitir la superposición
         de ambos descansos supondría la anulación de uno de ellos, en este caso, de las vacaciones anuales.
      
      24.      En opinión del juez remitente, no es obstáculo para llegar a esta conclusión el hecho de que se haya fijado previamente por
         acuerdo colectivo el período de vacaciones de toda la plantilla. Para respetar la normativa comunitaria que garantiza el principio
         de igualdad de trato y de no discriminación y el derecho al disfrute de vacaciones anuales, dicho acuerdo debería contemplar
         la especial situación en la empresa de las trabajadoras embarazadas, garantizando el doble derecho a descanso maternal y a
         vacaciones. Basándose en la sentencia Lewen, (9) el juez remitente considera que, al no hacerlo, dicho acuerdo vulneró la normativa comunitaria aplicable.
      
      25.      La Sra. Merino Gómez, los Gobiernos español e italiano y la Comisión proponen que se responda afirmativamente a la primera
         cuestión.
      
      26.      La Sra. Merino Gómez alega que las Directivas 93/104, 92/85 y 76/207 garantizan que el permiso de maternidad no pueda confundirse con las vacaciones
         anuales ni quedar absorbido por éstas. Estima que la protección del derecho a la maternidad debe prevalecer sobre cualquier
         pacto colectivo. La confusión con otro derecho, como es el de las vacaciones anuales, vulnera su derecho fundamental a la
         maternidad. La prohibición de la discriminación por razón de sexo pertenece a los principios fundamentales cuya efectividad
         debe quedar garantizada en toda interpretación.
      
      27.      El Gobierno español, cuyo punto de vista coincide en gran medida con el del juez remitente, alega que las Directivas 93/104, 92/85 y 76/207 garantizan
         el derecho de una trabajadora a disfrutar de sus vacaciones anuales en un período distinto del pactado mediante acuerdo colectivo
         y no coincidente con el de su baja maternal.
      
      28.      El Gobierno italiano afirma que su Derecho nacional, tanto a través de su interpretación jurisprudencial como de su adaptación a lo dispuesto
         en las directivas comunitarias, ha resuelto en sentido favorable a las trabajadoras la cuestión de la acumulación de las vacaciones
         anuales a los permisos de maternidad. De ahí el interés del Estado italiano en que la resolución que se dicte garantice la
         homogeneidad del trato dispensado a los trabajadores y de los costes que corren a cargo de las empresas en la Unión Europea.
      
      29.      Si bien comparto las afirmaciones antes resumidas, me adhiero particularmente al razonamiento de la Comisión, más detallado,
         que se expone a continuación.
      
      30.      La Comisión señala acertadamente que, para dar respuesta a la cuestión planteada, es necesario, ante todo, examinar la naturaleza del
         derecho que se reivindica. Así, el punto de partida de su análisis es el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104, relativa
         a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, que, al objeto de regular el derecho de los trabajadores a
         vacaciones anuales, establece que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos
            cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas [...]».
      31.      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza y alcance de este derecho en su sentencia BECTU, (10) en la que declaró que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 impone a los Estados miembros una obligación clara
         y precisa. Además, se trata de una obligación que no admite excepción alguna, puesto que el artículo 17 de tal Directiva enumera
         con carácter taxativo las disposiciones que pueden ser objeto de excepciones establecidas por los Estados miembros o los interlocutores
         sociales, sin que dicho artículo 7 figure entre ellas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia llegó a la siguiente conclusión:
      
      «De lo anterior se deduce que el derecho de cada trabajador a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio
         del Derecho social comunitario de especial importancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación
         por parte de las autoridades nacionales competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente
         por la propia Directiva 93/104.» (11)
      
      32.      Por lo tanto, las vacaciones anuales constituyen un derecho del trabajador que tiene carácter absoluto y no admite excepción
         ni limitación alguna, de modo que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104, conforme al cual los Estados miembros
         han de adoptar las medidas necesarias «de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones
         y/o prácticas nacionales», debe interpretarse en el sentido de que los regímenes nacionales han de respetar, en todo caso,
         tal derecho fundamental. (12)
      
      33.      El hecho de que, a tenor del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/104, el período mínimo de vacaciones anuales no pueda
         ser sustituido por una compensación financiera es una prueba más de que las vacaciones anuales retribuidas constituyen un
         derecho absoluto. Se trata del derecho a un descanso real y efectivo que debe permitir al trabajador recuperarse físicamente,
         conforme a los objetivos de protección de la seguridad y la salud del trabajador perseguidos por la Directiva.
      
      34.      Como corolario de todos los aspectos antes mencionados del derecho a un período mínimo de vacaciones anuales retribuidas,
         el Tribunal de Justicia ha señalado (13) que, según el quinto considerando de la Directiva 93/104, «la mejora de la seguridad, de la higiene y de la salud de los
         trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico».
         De tal circunstancia se deriva que el derecho a las vacaciones anuales no admite excepción alguna por motivos económicos.
      
      35.      Por lo que respecta al derecho al permiso de maternidad, el artículo 8 de la Directiva 92/85 impone a los Estados miembros
         la obligación de adoptar las medidas necesarias para que las trabajadoras embarazadas, las trabajadoras que hayan dado a luz
         y las trabajadoras en período de lactancia «disfruten de un permiso de maternidad de como mínimo catorce semanas ininterrumpidas,
         distribuidas antes y/o después del parto, con arreglo a las legislaciones y/o prácticas nacionales».
      
      36.      Se trata aquí también de un derecho absoluto que no admite excepciones ni limitaciones y que, conforme a lo declarado por
         el Tribunal de Justicia, pretende garantizar un período mínimo de descanso a la trabajadora, no sólo en aras de la protección
         de su condición biológica, sino también para permitirle ocuparse de su hijo durante el período que sigue al parto.
      
      37.      En el presente caso, la trabajadora disfrutó de un permiso de maternidad en virtud del derecho absoluto que le reconoce la
         Directiva 92/85 y, dado que tal período coincide con el pactado para las vacaciones anuales de la plantilla, quedó privada
         de su derecho a las vacaciones anuales; en consecuencia, se le negó un derecho absoluto del que, conforme a la Directiva 93/104,
         debe disfrutar todo trabajador por el hecho de serlo.
      
      38.      Además, la propia Directiva 92/85 impone expresamente a los Estados miembros, en su artículo 11, número 2, letra a), la obligación
         de garantizar a las trabajadoras los derechos inherentes al contrato de trabajo durante el permiso de maternidad.
      
      39.      En el mismo sentido, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207, relativa a la aplicación del principio de igualdad
         de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales,
         y a las condiciones de trabajo, dispone que «la aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones
         de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones,
         sin discriminación por razón de sexo».
      
      40.      El Tribunal de Justicia recordó la importancia de este principio en su sentencia Thibault, (14) en la que declaró que:
      
      «El principio de no discriminación exige que la trabajadora, que en virtud del contrato de trabajo sigue estando vinculada
         al empresario durante su permiso de maternidad, no se vea privada de sus condiciones de trabajo que se aplican tanto a los
         trabajadores de sexo femenino como a los de sexo masculino y que derivan de dicha relación laboral.»
      
      41.      En el presente caso, es indiscutible que un derecho tan fundamental como el derecho a un período mínimo de vacaciones anuales
         retribuidas, que debe garantizarse a todos los trabajadores, es un derecho inherente al contrato de trabajo y debe quedar
         garantizado en cualquier situación. Si se produce, como en el caso de la Sra. Merino Gómez, una superposición entre el permiso
         de maternidad y el período pactado con carácter general para las vacaciones anuales de la plantilla, habrá que tomar las medidas
         necesarias para que la trabajadora pueda disfrutar de la totalidad de sus vacaciones anuales en otro momento.
      
      42.      Como la Comisión recuerda también acertadamente, el Tribunal de Justicia ha considerado que los períodos de descanso por maternidad
         deben asimilarse a los períodos trabajados, puesto que, de no ser así, se discriminaría a las trabajadoras en su condición
         de tales. (15)
      
      43.      Para concluir, el último aspecto de la primera cuestión planteada por el juez a quo versa sobre la naturaleza de la norma que se encuentra en el origen de la controversia, a saber, el acuerdo colectivo resultante
         de la conciliación alcanzada en un procedimiento de conflicto colectivo instado por la representación de los trabajadores.
         A este respecto, debe señalarse que tal acuerdo regula exclusivamente los períodos de vacaciones anuales de la plantilla,
         así como sus posibles excepciones, sin contemplar otros aspectos de la relación laboral. El hecho de que el mencionado acuerdo
         se haya alcanzado aisladamente, sin tener en cuenta situaciones específicas como la de las trabajadoras a las que se haya
         concedido un permiso de maternidad y no puedan disfrutar de vacaciones anuales en el período pactado por coincidir éste con
         dicho permiso, puede explicar la existencia de esta situación discriminatoria, que priva a la trabajadora del derecho fundamental,
         e inherente a su condición de trabajadora, de disfrutar de vacaciones anuales.
      
      44.      Como señala también acertadamente la Comisión, es evidente que el acuerdo colectivo controvertido debe también respetar el
         principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que atañe a las condiciones de trabajo inherentes al contrato.
         En su sentencia Lewen, (16) el Tribunal de Justicia afirmó efectivamente:
      
      «Es preciso recordar, en primer lugar, que, por tener carácter imperativo, la prohibición de discriminación entre trabajadores
         masculinos y femeninos no sólo se impone a la acción de las autoridades públicas, sino que también se extiende a todos los
         convenios destinados a regular colectivamente el trabajo por cuenta ajena, así como a los contratos entre particulares (véanse,
         en particular, las sentencias de 7 de febrero de 1991, Nimz, C‑184/89, Rec. p. I‑297, apartado 11, y de 9 de septiembre de
         1999, Krüger, C‑281/97, Rec. p. I‑5127, apartado 20). Dicha prohibición se aplica igualmente a los actos unilaterales de un
         empleador en relación con sus empleados.»
      
      45.      Soy plenamente consciente de que los permisos de maternidad pueden ocasionar graves problemas de organización a las empresas
         o a las administraciones, especialmente cuando son de pequeñas dimensiones. Estimo incluso que, como señaló el Gobierno alemán
         en otro asunto, (17) incumbe a las mujeres una obligación de lealtad para con su empleador que les exige tomar en consideración estos problemas.
      
      46.      Sin embargo, debo señalar que el acuerdo colectivo de que se trata en el presente caso permite que, con carácter excepcional,
         seis trabajadores disfruten de sus vacaciones en septiembre. Para este turno excepcional de vacaciones se concede preferencia
         a los trabajadores que el año anterior no pudieron elegir las fechas de disfrute de sus vacaciones.
      
      47.      En consecuencia, podría haberse previsto una excepción análoga en favor de las trabajadoras que hayan dado a luz sin por ello
         perturbar en exceso el funcionamiento de la empresa.
      
      48.      Por todos estos motivos, llego a la conclusión de que ha de responderse a la primera cuestión del siguiente modo:
      «Cuando unos acuerdos colectivos establecidos entre la empresa y los representantes de los trabajadores fijan las fechas de
         disfrute de vacaciones para la totalidad de la plantilla y esas fechas resultan coincidentes con las de baja maternal de una
         trabajadora, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104, el artículo 11, número 2, letra a), de la Directiva 92/85
         y el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207 garantizan el derecho de esta trabajadora a disfrutar de sus vacaciones
         anuales en período distinto del pactado y no coincidente con el de su baja maternal.»
      
      B.      Segunda cuestión prejudicial
      49.      La segunda cuestión prejudicial es del siguiente tenor:
      «De responderse positivamente a la pregunta anterior, ¿el contenido material del derecho al disfrute de vacaciones anuales,
         comprende exclusivamente las 4 semanas de descanso referidas en el artículo 7.1 de la Directiva 93/104, o se extiende a los
         30 días naturales establecidos por la legislación nacional, artículo 38.1 del Real Decreto Legislativo 1/95 Estatuto de los
         Trabajadores?»
      
      50.      El juez remitente recuerda que la trabajadora dispone, en virtud de la legislación nacional, de un período de permiso de maternidad
         superior en dos semanas al mínimo fijado en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 92/85 y que la normativa nacional le
         reconoce también el derecho a disfrutar de treinta días naturales de vacaciones, es decir, dos días más que las cuatro semanas
         (veintiocho días) previstas en el artículo 7 de la Directiva 93/104.
      
      51.      Dado que el Derecho nacional, en su adaptación al Derecho comunitario, mejora lo dispuesto por éste, el juez remitente estima
         que debe reconocerse a la trabajadora el derecho a un total de treinta días naturales de vacaciones, previsto por la legislación
         nacional y refrendado por el convenio colectivo aplicable.
      
      52.      Para el Gobierno español, el contenido material del derecho al disfrute de vacaciones anuales se extiende a los treinta días naturales establecidos
         por la legislación española en el artículo 38, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto
         refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
      
      53.      El Gobierno italiano subraya que el hecho de que la respuesta a la primera cuestión se inspire en el principio de no discriminación por razón
         de sexo debe conducir a que se aplique el Derecho español para regular las vacaciones.
      
      54.      En consecuencia, propone que se responda que el contenido del derecho al disfrute de vacaciones anuales así reconocido es
         el establecido para los demás trabajadores por cada normativa nacional.
      
      55.      La Comisión  estima que el Tribunal de Justicia respondió a esta cuestión en su reciente sentencia Finalarte y otros (18) en la que, tras haber recordado que la Directiva 93/104 sólo establece disposiciones mínimas en lo que a la duración de las
         vacaciones retribuidas se refiere y que su artículo 15 concede a los Estados miembros la facultad de adoptar disposiciones
         más favorables a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, declaró que corresponde a cada Estado miembro
         determinar la duración de las vacaciones retribuidas que resulte necesaria en función del interés general.
      
      56.      En consecuencia, la Comisión propone que se responda que cuando un Estado miembro, en el ejercicio de la facultad que le confieren
         los artículos 7, apartado 1, y 15 de la Directiva 93/104, ha ampliado el período de disfrute de las vacaciones anuales retribuidas
         en su legislación nacional, será esta última la que resulte de aplicación a los trabajadores de dicho Estado miembro.
      
      57.      Propongo al Tribunal de Justicia que responda en el mismo sentido que ambos Gobiernos y la Comisión.
      58.      Una vez que un Estado miembro ha optado por que la duración de las vacaciones anuales supere la duración mínima prevista en
         la Directiva, las empresas deben garantizar esta duración tanto a las mujeres como a los hombres, so pena de violar el principio
         de igualdad de trato.
      
      59.      Reducir la duración de las vacaciones anuales de las mujeres que hayan disfrutado de un permiso de maternidad durante el período
         de vacaciones colectivo infringiría también el artículo 11, número 2, letra a), de la Directiva 92/85, que exige que se garanticen
         a aquéllas los derechos inherentes al contrato de trabajo.
      
      60.      No obstante, propongo al Tribunal de Justicia que no responda exactamente en los mismos términos que la Comisión, que se refiere
         a un Estado miembro «en uso de la facultad que le confieren los artículos 7, apartado 1, y 15 de la Directiva 93/104/CE».
         En efecto, los Estados miembros pueden ampliar la duración de las vacaciones anuales no en virtud de la facultad que les concede
         dicha Directiva, sino en virtud de su competencia para adoptar la legislación laboral que les parezca más indicada. La Comunidad
         ha intervenido únicamente para establecer prescripciones mínimas en el marco de esta Directiva.
      
      61.      En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que dé la siguiente respuesta a la segunda cuestión:
      «El contenido material del derecho al disfrute de vacaciones anuales comprende, en tal caso, la totalidad del período previsto
         por la legislación nacional.»
      
      V.      Conclusión
      62.      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas
         por el Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid del siguiente modo:
      
      «1)      Cuando unos acuerdos colectivos establecidos entre la empresa y los representantes de los trabajadores fijan las fechas de
         disfrute de vacaciones para la totalidad de la plantilla y esas fechas resultan coincidentes con las de baja maternal de una
         trabajadora, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados
         aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, el artículo 11, número 2, letra a), de la Directiva 92/85/CEE del Consejo,
         de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
         trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo
         al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), y el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 76/207/CEE del Consejo,
         de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se
         refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, garantizan el
         derecho de esta trabajadora a disfrutar de sus vacaciones anuales en período distinto del pactado y no coincidente con el
         de su baja maternal.
      
      2)      El contenido material del derecho al disfrute de vacaciones anuales comprende, en tal caso, la totalidad del período previsto
         por la legislación nacional.»
      
      1 –	 Lengua original: francés.
      
      2  –	DO L 307, p. 18.
      
      3  –	DO L 348, p. 1.
      
      4  –	DO L 39, p. 40; EE 05/02, p. 70.
      
      5  –	BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1999.
      
      6  –	Sentencia de 26 de junio de 2001, BECTU (C‑173/99, Rec. p. I‑4881).
      
      7  –	Sentencia de 27 de octubre de 1998, Boyle y otros (C‑411/96, Rec. p. I‑6401).
      
      8  –	Sentencia de 30 de abril de 1998, Thibault (C‑136/95, Rec. p. I‑2011). 
      
      9  –	Sentencia de 21 de octubre de 1999 (C‑333/97, Rec. p. I‑7243).
      
      10  –	Citada en la nota 6.
      
      11  –      Ibidem, apartado 43.
      
      12  –	Ibidem, apartado 53.
      
      13  –	Ibidem, apartado 59.
      
      14  –	Citada en la nota 8, apartado 29.
      
      15  –	Sentencia Lewen, citada en la nota 9, apartados 41 y 42.
      
      16  –	Ibidem, apartado 26.
      
      17  –	Véase la sentencia de 27 de febrero de 2003, Busch (C‑320/01, aún no publicada en la Recopilación).
      
      18  –	Sentencia de 25 de octubre de 2001 (asuntos acumulados C‑49/98, C‑50/98, C‑52/98 a C‑54/98 y C‑68/98 a C‑71/98, Rec. p. I‑7831),
         apartado 58.