CELEX: 52005PC0649
Language: es
Date: 2005-12-15
Title: Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos {SEC(2005) 1629}

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                                    Bruselas, 15.12.2005
                                                    COM(2005) 649 final
                                                    2005/0259 (CNS)
                                       Propuesta de
                            REGLAMENTO DEL CONSEJO
   relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
         resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
                              (presentada por la Comisión)
                                    {SEC(2005) 1629}
ES                                                                                      ES
 ---pagebreak---                                     EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   1.       CONTEXTO DE LA PROPUESTA
   1.1.     Contexto general
   1.1.1.   En la Unión Europea
   En la reunión que celebró en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, el Consejo
   Europeo pidió que, en materia de obligaciones de alimentos, se establecieran normas de
   procedimiento comunes especiales con el fin de simplificar y acelerar la solución de litigios
   transfronterizos y se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el
   reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado
   miembro.
   El Proyecto de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las
   resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, adoptado el 30 de noviembre de 20001,
   aboga por la supresión del procedimiento de exequátur en favor de los acreedores de
   alimentos, que ya se acogen al Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre
   de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de las
   resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, “Bruselas I”)2. Por otra
   parte, este Proyecto indica, de una manera general, que “a veces resultará necesario, e
   incluso indispensable, establecer a nivel europeo un número determinado de normas
   procesales, que constituirán garantías mínimas comunes”, o incluso “orientarse hacia una
   cierta armonización de los procedimientos”. Prevé la adopción de medidas complementarias
   del reconocimiento mutuo mediante las que “se buscaría hacer más eficaz la ejecución, en el
   Estado requerido, de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro”, en
   particular, permitiendo “identificar de forma precisa los datos sobre el patrimonio del deudor
   en el territorio de los Estados miembros” o permitiendo integrar el reconocimiento mutuo
   “en el marco de una mayor cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados
   miembros” y, finalmente, relativas a “la armonización de las normas de conflicto de leyes”.
   El Consejo Europeo reafirmó la pertinencia de este Proyecto en noviembre de 2004 cuando se
   aprobó el “Programa de La Haya”3, en el cual se destaca que “la continuación de la
   aplicación del programa de medidas relativas al reconocimiento mutuo deberá constituir una
   prioridad en los años venideros, para garantizar que quede concluido en 2011”.
   El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de Acción
   común que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y que menciona, por lo que
   se refiere a la cooperación judicial civil, la adopción en 2005 de “propuestas relativas a las
   obligaciones de alimentos”4.
   1
           DO C 12 de 15.01.2001.
   2
           DO L 12 de 16.01.2001.
   3
           DO C 53 de 3.03.2005.
   4
           Documento del Consejo de la Unión Europea n° 9778/2/05 REV 2 JAI 207.
ES                                                    2                                           ES
 ---pagebreak---    1.1.2.    En el plano internacional
   La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado5 también ha iniciado trabajos
   en el ámbito de las obligaciones de alimentos con el fin de modernizar los convenios
   existentes6. Se dedicaron tres reuniones de una comisión especial a la elaboración de un nuevo
   convenio general sobre las obligaciones de alimentos en mayo de 2003, junio de 2004 y abril
   de 2005. Está prevista una cuarta reunión de la comisión especial para junio de 2006, con
   vistas a una posible sesión diplomática durante el primer semestre de 2007. La Comunidad
   Europea participa activamente en estas negociaciones.
   La articulación entre las negociaciones realizadas en La Haya y los trabajos comunitarios
   debe orientarse hacia la búsqueda de sinergias posibles entre los dos ejercicios que no son
   contradictorios, sino coherentes y complementarios, como recordó el Consejo Europeo en el
   Programa de La Haya.
   La Comunidad debe así estar en condiciones de adoptar una estrategia coherente en el marco
   de las negociaciones internacionales y, en paralelo, debe proseguir sus esfuerzos para
   construir en su seno un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia.
   La Conferencia de La Haya representa para la Comunidad un foro internacional que permite
   el desarrollo de una política de cooperación con los terceros países en el ámbito de la justicia
   civil. El espacio de intercambio y de debate que ofrece constituye una fuente de inspiración de
   valor inestimable para el trabajo comunitario. Por otro lado, no se excluye que, en algunos
   ámbitos específicos, las negociaciones de La Haya puedan producir resultados extrapolables a
   la Unión Europea.
   Sin embargo, el nivel de integración entre los Estados miembros con relación a los terceros
   países y la amplitud de los objetivos perseguidos por la Unión Europea hacen necesaria la
   búsqueda de soluciones comunitarias particulares. La cooperación entre los Estados
   miembros, que tienen a su disposición no sólo un sistema más coherente y más completo de
   normas de conflicto de jurisdicciones y de reconocimiento de resoluciones, sino también una
   red judicial europea operativa, puede ciertamente ser más estrecha que con los Estados
   terceros.
   1.2.      Objetivos
   La propuesta se propone suprimir el conjunto de obstáculos que todavía existen para cobrar
   los alimentos en la Unión Europea. Es cierto que no abolirá la precariedad económica y social
   que afecta a algunos deudores y les priva de empleo e ingresos regulares que les impiden
   satisfacer sus obligaciones, pero permitirá crear un entorno jurídico adaptado a las legítimas
   aspiraciones de los alimentistas. Estos últimos deben poder obtener de manera fácil y rápida
   5
           Sitio web: http://www.hcch.net/http://www.hcch.net.
   6
           Convenio de La Haya, de 24 de octubre de 1956, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias
           respecto a menores; Convenio de La Haya, de 15 de abril de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de
           decisiones en materia de obligaciones alimenticias con respecto a menores; Convenio de La Haya, de 2
           de octubre de 1973, sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, que sustituye, en las
           relaciones entre los Estados que son Parte, al de 24 de octubre de 1956; Convenio de La Haya, de 2 de
           octubre de 1973, referente al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las
           obligaciones alimenticias, que sustituye, en las relaciones entre los Estados que son Parte, al de 15 de
           abril de 1958. A esta lista es necesario añadir la Convención de Nueva York, de 20 de junio de 1956,
           sobre la obtención de alimentos en el extranjero, celebrada en el marco de la ONU.
ES                                                        3                                                         ES
 ---pagebreak---    y, casi siempre, sin gastos, un título ejecutivo que pueda circular sin obstáculos por el espacio
   judicial europeo y lograr en concreto el pago regular de las sumas adeudadas.
   Este nuevo ordenamiento jurídico europeo requiere una acción que no se limitará a retocar los
   mecanismos actuales; se adoptarán medidas ambiciosas en todos los ámbitos pertinentes de la
   cooperación judicial civil: competencia internacional, ley aplicable, reconocimiento y
   ejecución, cooperación y supresión de los obstáculos al buen desarrollo de los
   procedimientos. Estas respuestas globales se agruparán, además, en un único Reglamento
   comunitario.
   Tres objetivos guiarán esta acción:
   1.2.1.    Simplificar la vida de los ciudadanos.
   La simplicidad se busca, en primer lugar, en la llevanza de los procedimientos necesarios para
   demostrar el crédito alimentario. Las normas de competencia internacional del Reglamento
   Bruselas I ya ofrecen al acreedor de alimentos la posibilidad de acudir a una autoridad cercana
   a él, pero aún cabe mejorar la situación y disipar algunas ambigüedades. Una vez dictada la
   resolución, hay que adoptar medidas para que goce de la misma fuerza de que goza en el
   Estado miembro de origen sin mediar formalidad alguna. Así se alcanzará el objetivo
   consistente en suprimir las “medidas intermedias”.
   De manera más general, y para cada etapa del proceso de cobro de una pensión de alimentos,
   es necesario ofrecer al alimentista la ayuda y asistencia que le siguen faltando hoy. La
   instauración de mecanismos de cooperación entre los Estados miembros persigue este
   objetivo. En la misma óptica, debe también mencionarse la posibilidad de efectuar las
   gestiones necesarias en el lugar de su residencia habitual, incluso en la fase de ejecución
   propiamente dicha, en particular, para obtener embargos de sueldos o cuentas bancarias, para
   iniciar los mecanismos de cooperación, o para tener acceso a la información que permite
   localizar al deudor y evaluar su patrimonio. Por este motivo está previsto reforzar las
   garantías de acceso a la justicia, mediante un sistema de representación de los intereses de los
   alimentistas por las autoridades centrales de los Estados miembros.
   Finalmente, la simplicidad exige poner fin a la diversidad de fuentes de Derecho en este
   ámbito, ya que en la Unión Europea no existe actualmente un único régimen perfectamente
   armonizado en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones en materia de
   alimentos.
   El Reglamento Bruselas I, en su artículo 71, deja en efecto subsistir “a los convenios en que
   los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia
   judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones”. El último párrafo del mismo
   artículo precisa que “cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren
   parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las
   condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas
   condiciones”. En la “materia particular” de las obligaciones de alimentos, 17 de 25 Estados
   miembros son Parte en el Convenio de La Haya, de 2 de octubre de 1973, referente al
   reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones relativas a las obligaciones alimenticias.
   Por tanto, entre estos Estados miembros, son aplicables las “condiciones” fijadas por el
   Convenio de 1973, anterior al Reglamento Bruselas I.
ES                                                  4                                                ES
 ---pagebreak---    Ahora bien, de acuerdo con el artículo 26 de este Convenio, todo Estado contratante puede
   reservarse el derecho de no reconocer ni declarar ejecutivas una serie de decisiones, en
   particular, las relativas a los alimentos adeudados a adultos o entre colaterales o afines. La
   mayor parte de los Estados miembros que son Parte en el Convenio de 19737 han formulado
   una o más reservas sobre la procedencia de esta disposición, lo que ha dado lugar a contrastes
   en el panorama del reconocimiento y la ejecución de las resoluciones en materia de alimentos.
   Estos disonancias reflejan algunas divergencias entre Estados miembros respecto al concepto
   mismo de alimentos. Las reservas previstas en el Convenio de 1973 dejan libre curso a la
   expresión de estas divergencias. Éstas permiten oponer al reconocimiento de algunas
   resoluciones de alimentos una especie de “cláusula general de orden público”. El orden
   público ya no se utiliza caso por caso, a posteriori; se utiliza de manera general, y a priori,
   por medio de una reserva al Convenio de 1973, que tiene primacía sobre el Derecho
   comunitario.
   Tales desemejanzas ya no tienen razón de ser en la Unión Europea que, en materia de
   obligaciones de alimentos, ha optado, al más alto nivel político, por la libre circulación de
   resoluciones. Sin embargo, invitan a reflexionar sobre la manera de responder a las
   preocupaciones de los Estados miembros que, en el sistema anterior, habían manifestado el
   deseo de limitar esta circulación.
   1.2.2.   Aumentar la seguridad jurídica
   La armonización de las normas de conflicto de leyes tiene la virtud de permitir a los
   acreedores actuar con pleno conocimiento de causa, sin estar sometidos a la diversidad de los
   sistemas nacionales, lo que garantiza una cierta “previsibilidad jurídica”.
   Por efecto de las normas que determinan la ley aplicable, el tribunal competente dicta una
   resolución basada en las normas de Derecho material que presentan los vínculos más
   estrechos con el asunto. Eso también permite evitar las situaciones más injustas: un acreedor
   de alimentos obtendrá una respuesta adaptada a su situación, sin que tenga que sufrir la
   disparidad de las normas sobre conflicto de leyes.
   Así pues, la norma de conflicto de leyes acompaña y facilita la supresión de las “medidas
   intermedias”, en la fase de reconocimiento: la resolución es menos cuestionable si se dicta de
   acuerdo con una ley designada según normas armonizadas.
   Además, y de manera más directa, las normas sobre la ley aplicable pueden impedir, en
   algunas situaciones, demandas basadas en relaciones alimentarias que no son unánimemente
   aceptadas (entre hermanos, por ejemplo). La norma de conflicto de leyes constituye así una
   “red de seguridad” en un espacio de libre circulación de resoluciones y conforta a los Estados
   miembros que entienden restrictivamente el concepto de obligación de alimentos.
   El objetivo de las normas de conflicto de leyes no consiste en negar estas divergencias;
   tampoco se trata de uniformizar las concepciones, que responden a preocupaciones
   nacionales, ya sean sociales, económicas o culturales, sino de garantizar que no se dictará
   7
           17 Estados miembros: Alemania, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia,
           Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia y
           Suecia.
ES                                                     5                                                     ES
 ---pagebreak---    ninguna resolución con arreglo a una ley desprovista de un vínculo suficiente con la situación
   familiar en cuestión.
   1.2.3.    Garantizar la eficacia y estabilidad del cobro
   Solo la mejora del cobro efectivo de las pensiones de alimentos puede modificar concreta y
   duraderamente la situación actual. Se trata de permitir al acreedor obtener una resolución
   ejecutiva en todo el territorio de la Unión Europea que después pueda acogerse a un sistema
   de ejecución sencillo y armonizado. Se requieren tres requisitos: el primero es generalizar y
   automatizar la ejecución provisional de todas las resoluciones en materia de alimentos. El
   segundo consiste en suprimir las medidas intermedias que posibilitan que una resolución
   dictada en un Estado miembro sea reconocida y ejecutiva en otro Estado miembro. El tercero
   es adoptar un conjunto de medidas relativas a la ejecución propiamente dicha: acceso a la
   información sobre la situación del deudor, instauración de los instrumentos jurídicos que
   permiten proceder a retenciones directas sobre los sueldos y las cuentas bancarias, y refuerzo
   del carácter privilegiado de los créditos alimentarios.
   El conjunto de los objetivos perseguidos por la propuesta se alcanzará garantizando al mismo
   tiempo el pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Unión Europea. Se
   asegurará el equilibrio entre los derechos de los alimentistas y los de los alimentantes, los
   cuales siempre tendrán garantizado, en particular, el derecho a un juicio justo y el derecho a la
   protección de los datos de carácter personal.
   2.        CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS
   La Comisión encargó un estudio sobre el cobro de las deudas de alimentos en los Estados
   miembros de la Unión Europea8.
   Se organizó una primera reunión de expertos, el 3 de noviembre de 2003, a fin de definir los
   principales aspectos que convendría tratar en un futuro Libro Verde relativo a las obligaciones
   de alimentos.
   La Comisión adoptó el Libro Verde sobre las obligaciones de alimentos el 15 de abril de
   20049. Las primeras respuestas fueron objeto de una audiencia pública organizada el 2 de
   junio de 2004. Otras respuestas llegaron posteriormente10.
   Sobre la base de un documento de trabajo preparado por los servicios de la Comisión que
   comprendía tres anteproyectos de propuestas legislativas, se organizó una segunda reunión de
   expertos de los Estados miembros el 12 de mayo de 2005. Esta reunión permitió abordar el
   conjunto de cuestiones relativas a las obligaciones de alimentos en la Unión Europea: ley
   aplicable, competencia internacional, reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las
   resoluciones, armonización de determinadas normas de procedimiento, cooperación entre
   autoridades centrales, acceso a la información, etc.
   8
           Este estudio puede consultarse en el sitio de la Dirección General “Justicia Libertad y Seguridad” en la
           dirección siguiente:
           http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
   9
           COM(2004) 254 final.
   10
           Las respuestas se publican en la siguiente dirección:
           http://europa.eu.int:8082/comm/justice_home/ejn/maintenance_claim/maintenance_claim_ec_en.htm
ES                                                          6                                                       ES
 ---pagebreak---    Con posterioridad, los participantes en esta reunión fueron invitados a presentar a la Comisión
   observaciones escritas sobre el documento de trabajo que comprendía los tres anteproyectos
   de propuestas legislativas.
   La Comisión procedió a un estudio de impacto, que figura adjunto a la presente propuesta.
   Las contribuciones de los expertos consultados, en el marco del Libro Verde y
   posteriormente, se analizaron con este motivo. Se previeron varias opciones: el status quo,
   una acción no legislativa y varias modalidades de iniciativa legislativa de la Comunidad. De
   este estudio se desprende que, para responder a las múltiples dificultades a que se enfrentan
   los acreedores de alimentos, ya sean de carácter jurídico o práctico, la Comunidad debe prever
   una acción de gran envergadura, que abarque todos los ámbitos de acción posibles.
   3.       ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
   3.1.     Base jurídica
   La materia objeto de la presente propuesta se rige por el artículo 65 del Tratado constitutivo
   de la Comunidad Europea y su base jurídica es el artículo 61, letra c), de dicho Tratado.
   El artículo 65 confiere a la Comunidad competencias legislativas relativas a la cooperación
   judicial en las materias civiles que tienen una incidencia transfronteriza, en la medida
   necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior.
   Las medidas aquí previstas se remiten a las mencionadas expresamente en la lista – no
   exhaustiva – del artículo 65: conflictos de jurisdicciones, conflictos de leyes, reconocimiento
   y ejecución de resoluciones, eliminación de los obstáculos al buen desarrollo de los
   procedimientos civiles, fomentando la compatibilidad de las normas procesales civiles.
   Las instituciones comunitarias disponen de un margen de apreciación para determinar si una
   medida es necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. La presente
   propuesta facilita el correcto funcionamiento del mercado interior en la medida en que la
   instauración de un nuevo entorno jurídico destinado a hacer más eficaz el cobro de las deudas
   alimentarias contribuirá a eliminar los obstáculos a la libre circulación de personas que,
   actualmente, sufren de las divergencias subsistentes entre los Estados miembros en materia de
   cobro de las pensiones alimentarias.
   Por lo que se refiere al requisito de la incidencia transfronteriza, la presente propuesta
   contiene medidas cuyo objeto es facilitar la obtención de un título y su ejecución en
   situaciones que incluyen siempre un elemento internacional. Las normas de conflicto de
   jurisdicciones y de conflicto de leyes se refieren, por definición, a situaciones internacionales
   que incluyen elementos jurídicos procedentes de distintos países. Las disposiciones relativas
   al reconocimiento y la fuerza ejecutiva de las resoluciones tienen por objeto posibilitar que
   una resolución dictada en un Estado miembro goce automáticamente de fuerza ejecutiva en
   cualquier otro Estado miembro. Complementan estas disposiciones unas medidas de
   armonización mínima de algunas normas procesales nacionales. Las medidas de ejecución
   previstas en la propuesta tienen por objeto facilitar la ejecución en un Estado miembro de una
   resolución pronunciada en otro Estado miembro. Por último, las disposiciones relativas a la
   cooperación y al intercambio de información funcionan solamente entre dos Estados
   miembros diferentes.
ES                                                 7                                                 ES
 ---pagebreak---    El presente Reglamento se adoptará según el procedimiento previsto en el artículo 67,
   apartado 2, del Tratado, a cuyo tenor el Consejo se pronunciará por unanimidad previa
   consulta al Parlamento Europeo. La Comisión considera, en efecto, que la presente propuesta
   contiene aspectos relativos al Derecho de familia en el sentido del artículo 67, apartado 5,
   segundo guión.
   Esta interpretación se impone jurídicamente, habida cuenta de los estrechísimos vínculos que
   unen la obligación de alimentos al Derecho de familia, pero hay que reconocer que esta
   clasificación no carece de inconvenientes. No tiene suficientemente en cuenta la naturaleza
   híbrida del concepto de obligación de alimentos, que es familiar por sus raíces, pero
   pecuniaria en su aplicación, como cualquier crédito.
   El legislador comunitario ha considerado, por otra parte, que las obligaciones de alimentos
   podían regirse por el régimen de Derecho común en materia de cooperación judicial civil,
   fuera de la esfera del Derecho de familia. El Reglamento Bruselas I, haciendo suya la
   estructura del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, excluye el Derecho de
   familia, pero mantiene las obligaciones de alimentos en su ámbito de aplicación. Por el
   contrario, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
   relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
   materia matrimonial y de responsabilidad parental (en lo sucesivo, “nuevo Reglamento
   Bruselas II”)11, cubre una parte esencial del Derecho de familia (divorcio o responsabilidad
   parental), pero excluye las obligaciones de alimentos. Por último, el Reglamento (CE) n°
   805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se
   establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados12 (en lo sucesivo,
   “Reglamento TEE”) engloba los créditos alimentarios y se adoptó según el procedimiento de
   codecisión.
   La presente propuesta se inscribe evidentemente en un contexto diferente, ya que se consagra
   solamente a las obligaciones de alimentos, que no constituyen, en los demás instrumentos
   citados, más que una parte accesoria de su ámbito de aplicación. Por tanto, la Comisión, por
   respeto al tenor del Tratado, no puede sino constatar que esta propuesta afecta al Derecho de
   familia y que, por tanto, se excluye del procedimiento de codecisión.
   Los inconvenientes antes citados podrían evitarse si el Consejo decidiera reintegrar las
   obligaciones de alimentos en el régimen de Derecho común. De acuerdo con el artículo 67,
   apartado 2, segundo guión, del Tratado, el Consejo, por unanimidad y previa consulta al
   Parlamento Europeo, puede efectivamente decidir que todos o parte de los ámbitos cubiertos
   por el título IV de la tercera parte del Tratado se rijan por el procedimiento del artículo 251.
   Por tanto, es posible transferir la materia de las obligaciones de alimentos de la unanimidad a
   la codecisión.
   La Comisión invita al Consejo a adoptar una decisión en este sentido, cosa que sería conforme
   tanto con la naturaleza particular de las obligaciones de alimentos como con el contexto
   legislativo en el que la Comunidad ha intervenido hasta ahora en este ámbito.
   11
           DO L 338 de 23 de diciembre de 2003, pp. 1-29.
   12
           DO L 143 de 30 de abril de 2004, pp. 15-39.
ES                                                     8                                            ES
 ---pagebreak---    3.2.      Proporcionalidad y subsidiariedad
   Los Estados miembros no pueden alcanzar los objetivos de esta propuesta por sí mismos. En
   efecto, las normas de competencia internacional y de conflictos de leyes, así como las normas
   de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones, deben ser uniformes para facilitar el
   funcionamiento del mercado interior. Sólo una acción a escala comunitaria puede garantizar la
   equivalencia de las normas aplicables, como ha sido el caso anteriormente, por ejemplo, con
   el Reglamento Bruselas I. Lo mismo sucede con las normas de cooperación, ya que las
   autoridades centrales designadas deben estar sujetas a las mismas obligaciones de ayuda
   mutua en la Unión Europea.
   La actual propuesta es plenamente conforme con el principio de proporcionalidad, puesto que
   se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos. Las normas de conflicto de
   leyes permiten, en particular, evitar toda armonización del Derecho sustantivo. Por su parte,
   las normas de competencia, de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones implican
   muy pocas consecuencias para las normas procesales internas.
   La forma escogida, el reglamento, se justifica por diversas razones. No puede dejarse a los
   Estados miembros ningún margen de apreciación, no sólo por lo que se refiere a la
   determinación de las reglas de competencia internacional, cuyo objetivo es garantizar la
   seguridad jurídica en beneficio de los ciudadanos y los agentes económicos, sino tampoco por
   lo que respecta al procedimiento de reconocimiento y ejecución, que responde a un
   imperativo de claridad y homogeneidad dentro los Estados miembros. Lo mismo sucede con
   las normas de conflicto de leyes. En efecto, la propuesta establece en esta materia normas
   uniformes para la ley aplicable, que son precisas e incondicionales y no requieren ninguna
   medida de transposición en Derecho nacional. Si, por el contrario, los Estados miembros
   dispusieran de un margen de maniobra para la transposición de estas normas, se volvería a
   introducir la inseguridad jurídica que la presente propuesta precisamente pretende suprimir.
   Por otra parte, el objetivo de transparencia reviste capital importancia en este ámbito y debe
   facilitar una lectura inmediata y uniforme de las normas aplicables en la Comunidad Europea,
   sin que sea necesario buscar las disposiciones del Derecho nacional que transpongan el
   instrumento comunitario, Derecho nacional que, a menudo, será un Derecho desconocido para
   el demandante. Además, mediante la opción del reglamento, el Tribunal de Justicia podrá
   garantizar una aplicación uniforme de sus disposiciones en todos los Estados miembros.
   3.3.      Posición del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.
   El título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por el que se rige la materia
   objeto de la presente propuesta de Reglamento, no se aplica al Reino Unido ni a Irlanda, salvo
   si estos Estados optan por participar en las condiciones definidas por el Protocolo anejo al
   Tratado.
   El título IV del Tratado tampoco es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo que la
   concierne.
ES                                                 9                                                ES
 ---pagebreak---                                                           2005/0259 (CNS)
                                              Propuesta de
                                   REGLAMENTO DEL CONSEJO
        relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
              resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 61, letra c),
   y su artículo 67, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Comisión13,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo14,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     La Unión se fijó como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad,
           seguridad y justicia en cuyo seno se garantice la libre circulación de las personas. Para
           instaurar progresivamente este espacio, la Comunidad Europea debe, en particular,
           adoptar las medidas que dependen del ámbito de la cooperación judicial en materia
           civil que son necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.
   (2)     A este respecto, la Comunidad ya adoptó, entre otras medidas, el Reglamento (CE) n°
           1348/2000 del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros
           de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil16, el
           Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la
           competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
           materia civil y mercantil17, la Decisión nº 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de
           2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil18, el
           Reglamento (CE) n° 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la
           cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito
           de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil19, el Reglamento (CE) n°
           2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el
           reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
   13
           DO C […] de […], p. […].
   14
           DO C […] de […], p. […].
   15
           DO C […] de […], p. […].
   16
           DO L 160 de 30.6.2000, p. 37.
   17
           DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
   18
           DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
   19
           DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.
ES                                                 10                                                ES
 ---pagebreak---         responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/200020, y
        el Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril
        de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no
        impugnados21.
   (3)  El Consejo Europeo reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999
        preconizó el establecimiento de normas de procedimiento comunes especiales para
        simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos referidos, en particular,
        a los créditos alimentarios. También recomendó suprimir las medidas intermedias
        exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una
        resolución dictada en otro Estado miembro.
   (4)  El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un Proyecto de medidas para la aplicación del
        principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y
        mercantil22, común a la Comisión y al Consejo.
   (5)  El Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre
        de 2004, adoptó un nuevo programa, llamado “Programa de La Haya”, titulado:
        “Consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea”.
   (6)  El Consejo y la Comisión adoptaron, los días 2 y 3 de junio de 2005, un Plan de
        Acción común que traduce el Programa de La Haya en acciones concretas y menciona
        la necesidad de adoptar propuestas sobre las obligaciones de alimentos.
   (7)  Debe ser posible que un acreedor de alimentos obtenga fácilmente, en un Estado
        miembro, una resolución que automáticamente revestirá fuerza ejecutiva en cualquier
        otro Estado miembro y cuya ejecución será más fácil y rápida.
   (8)  A fin de alcanzar este objetivo y garantizar a los ciudadanos un mejor acceso a las
        normas jurídicas aplicables, procede agrupar en un único instrumento el conjunto de
        medidas necesarias para el cobro de las obligaciones de alimentos en la Comunidad.
        Por tanto, el presente Reglamento debe incluir disposiciones sobre los conflictos de
        órgano jurisdiccional, los conflictos de leyes, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las
        resoluciones extranjeras, y la cooperación.
   (9)  El ámbito de aplicación del Reglamento debe extenderse a todas las obligaciones de
        alimentos derivadas de las relaciones familiares o de las relaciones que produzcan
        efectos similares, y ello a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores
        de alimentos.
   (10) Las normas relativas a la competencia internacional difieren algo de las actualmente
        aplicables, tal como resultan del Reglamento (CE) n° 44/2001. Con el fin de garantizar
        la mejor defensa posible de los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer
        la buena administración de la justicia en la Unión Europea, estas normas deben
        clarificarse y cubrir en lo sucesivo todos los supuestos en los que exista un vínculo
        suficiente entre la situación de las partes y un Estado miembro. La residencia habitual
        del demandado en un Estado no miembro de la Unión Europea ya no debe ser una
   20
        DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
   21
        DO L 143 de 30.4.2004, p. 15.
   22
        DO C 12 de 15 de enero de 2001.
ES                                              11                                                    ES
 ---pagebreak---         causa de exclusión de las normas comunitarias y, en adelante, ya no debe remitirse a la
        ley nacional.
   (11) Las partes deben poder elegir de común acuerdo el órgano jurisdiccional competente,
        excepto cuando se trate de obligaciones de alimentos respecto de un menor, con el fin
        de asegurar la protección de la “parte débil”.
   (12) Es importante mantener un mecanismo claro y eficaz para resolver los casos de
        litispendencia y conexidad.
   (13) Las normas de conflicto de leyes sólo deben aplicarse a las obligaciones de alimentos
        y no determinar la ley aplicable al establecimiento de las relaciones familiares en las
        que se basan las obligaciones de alimentos.
   (14) La ley del país de la residencia habitual del acreedor de alimentos debe seguir siendo
        predominante, como en los instrumentos internacionales existentes, pero la ley del
        foro debe venir en segundo lugar, ya que a menudo permite, en este ámbito particular,
        resolver los litigios de manera más sencilla, rápida y económica.
   (15) Cuando ninguna de las dos leyes citadas permita al acreedor obtener alimentos del
        deudor, debe seguir siendo posible aplicar la ley de otro país con el que la obligación
        de alimentos presente vínculos estrechos. Puede ser, en particular, pero no solamente,
        el país de la nacionalidad común de las partes.
   (16) Las partes deben estar autorizadas, en determinadas condiciones, a elegir la ley
        aplicable. Así, deben poder elegir la ley del foro para las necesidades de un
        procedimiento. Además, deben poder convenir la ley aplicable mediante acuerdos
        previos al litigio, pero sólo cuando se trate de obligaciones de alimentos que no se
        adeuden a menores ni a adultos vulnerables; por otra parte, su elección debe limitarse a
        la designación de algunas leyes solamente.
   (17) El deudor debe estar protegido contra la aplicación de la ley designada en supuestos en
        que la relación familiar que justifique la obtención de los alimentos no sea
        unánimemente considerada digna de privilegiarse. Tal podría ser el caso, en particular,
        de las relaciones entre colaterales o entre afines, de las obligaciones de alimentos de
        los descendientes respeto de sus ascendientes, o del mantenimiento del deber de
        asistencia tras la disolución del matrimonio.
   (18) Las resoluciones dictadas en un Estado miembro en materia de obligaciones de
        alimentos deben reconocerse y gozar de fuerza ejecutiva en todos los demás Estados
        miembros sin requerirse procedimiento alguno. Con el fin de suprimir toda medida
        intermedia, debe realizarse una armonización mínima de las normas de procedimiento
        que garantice el respeto de las exigencias del juicio justo según normas comunes en
        todos los Estados miembros.
   (19) Una vez pronunciada en un Estado miembro, una resolución en materia de
        obligaciones de alimentos debe poder ejecutarse rápida y eficazmente en cualquier
        otro Estado miembro. En particular, debe ser posible efectuar retenciones en la fuente
        sobre sueldos y cuentas bancarias de los deudores en beneficio de los acreedores de
        alimentos.
ES                                              12                                               ES
 ---pagebreak---    (20) Los documentos públicos con fuerza ejecutiva y los acuerdos entre partes que sean
        ejecutivos en un Estado miembro deben asimilarse a las resoluciones.
   (21) Hay que establecer autoridades centrales en los Estados miembros en aras de la
        cooperación, tanto en general como en casos particulares, para facilitar el cobro de las
        obligaciones de alimentos. Deben intercambiar información al objeto de localizar a los
        deudores y evaluar sus bienes y recursos, respetando plenamente el conjunto de las
        exigencias relativas a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de
        los datos de carácter personal, de acuerdo con Directiva 95/46/CE del Parlamento
        Europeo y el Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las
        personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
        circulación de estos datos23.
   (22) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y cumple los principios
        reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
        Europea. En particular, tiene por objeto garantizar el pleno respeto de la vida privada y
        familiar, la protección de datos de carácter personal, el respeto de los derechos del
        menor y las garantías de la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e
        imparcial, de conformidad con los artículos 7, 8, 24 y 47 de la Carta.
   (23) De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de
        junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las
        competencias de ejecución atribuidas a la Comisión24, procede aprobar las medidas
        necesarias para la ejecución del presente Reglamento por el procedimiento consultivo
        previsto en el artículo 3 de dicha Decisión.
   (24) El presente Reglamento debe sustituir a los instrumentos comunitarios anteriormente
        adoptados en el mismo ámbito. También debe prevalecer sobre los otros instrumentos
        internacionales aplicables en la materia entre los Estados miembros, a fin de unificar y
        simplificar las normas jurídicas vigentes.
   (25) Dado que los objetivos de la acción considerada, a saber la aplicación de una serie de
        medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimentarios en la
        Unión Europea, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados
        miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la
        Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
        consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de
        proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo
        necesario para alcanzar estos objetivos.
   (26) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y
        de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
        Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han anunciado su deseo de participar en
        la adopción y aplicación del presente Reglamento.
   (27) De acuerdo con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo
        al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   23
        DO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50.
   24
        DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
ES                                              13                                                ES
 ---pagebreak---           Dinamarca no participa en la aprobación del presente Reglamento y, por tanto, no
          queda vinculada por éste ni sujeta a su aplicación.
   HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
                                            Capítulo I
                         Ámbito de aplicación y definiciones
                                             Artículo 1
                                        Ámbito de aplicación
   1.       El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de las
            relaciones familiares o de relaciones que, en virtud de la ley que les sea aplicable,
            produzcan efectos similares.
   2.       En el presente Reglamento, se entenderá por “Estado miembro” todos los Estados
            miembros, salvo Dinamarca [Reino Unido e Irlanda].
                                             Artículo 2
                                            Definiciones
   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
   (1)    “órgano jurisdiccional”: cualquier autoridad competente de los Estados miembros en
          materia de obligaciones de alimentos;
   (2)    “juez”: el juez o el titular de competencias equivalentes a las del juez en materia de
          obligaciones de alimentos;
   (3)    “resolución”: cualquier resolución adoptada en materia de obligaciones de alimentos
          por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la
          denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de
          ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del
          proceso.
   (4)    “documento público con fuerza ejecutiva”:
            a)    un documento redactado o registrado formalmente como documento público
                  con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones de alimentos y cuya
                  autenticidad:
                  (i)   se refiera a la firma y al contenido del documento público con fuerza
                        ejecutiva, y
ES                                               14                                               ES
 ---pagebreak---                  (ii)  haya sido declarada por una autoridad pública u otra autoridad autorizada
                       al efecto por el Estado miembro de origen; o
           b)    un convenio celebrado con autoridades administrativas o autenticado por éstas
                 en materia de obligaciones de alimentos.
   (5)   “Estado miembro de origen”: el Estado miembro en el cual se dictó la resolución que
         debe ejecutarse;
   (6)   “Estado miembro de ejecución”: el Estado miembro en el que se solicita la ejecución
         de la resolución;
   (7)   “órgano jurisdiccional de origen”: el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que
         debe ejecutarse;
   (8)   “acreedor”: toda persona física a quien se adeudan o se alega se adeudan los
         alimentos;
   (9)   “deudor”: toda persona física que debe o a quien se reclaman los alimentos.
                                           Capítulo II
                                         Competencia
                                             Artículo 3
                                        Competencia general
   Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados
           miembros:
           a)    el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia
                 habitual, o
           b)    el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia
                 habitual, o
           c)    el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa al
                 estado de las personas, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos
                 sea accesoria de esta acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la
                 nacionalidad de una de las partes, o
           d)    el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción relativa a la
                 responsabilidad parental, según lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
                 2201/2003, cuando la demanda relativa a la obligación de alimentos sea
                 accesoria de esta acción.
ES                                               15                                               ES
 ---pagebreak---                                                 Artículo 4
                                      Prórroga de la competencia
   1.       Si las partes, de las que al menos una tiene su residencia habitual en el territorio de
            un Estado miembro, han convenido que sea un órgano jurisdiccional o los órganos
            jurisdiccionales de un Estado miembro quienes conozcan de los litigios suscitados o
            que puedan suscitarse en materia de obligaciones de alimentos, será competente este
            órgano jurisdiccional u órganos jurisdiccionales de este Estado miembro. Esta
            competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.
   2.       Tal convenio atributivo de competencia deberá celebrarse por escrito. Toda
            comunicación realizada por medios electrónicos que permita consignar de manera
            duradera el acuerdo se considerará que tiene forma escrita.
   3.       Cuando tal convenio sea celebrado por partes de las que ninguna tenga su residencia
            habitual en el territorio de un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de los
            demás Estados miembros no podrán conocer de tal litigio mientras el órgano
            jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales designados no hayan declinado su
            competencia.
   4.       El presente artículo no es aplicable a un litigio relativo a una obligación de alimentos
            respecto de un menor de dieciocho años.
                                                Artículo 5
                       Competencia basada en la comparecencia del demandado
   Además de los casos donde su competencia se derive de los artículos 3 y 4, será competente el
   juez de un Estado miembro ante el que el demandado comparezca. Esta regla no será
   aplicable si la comparecencia tuviera por objeto impugnar la competencia o si existe otro
   órgano jurisdiccional exclusivamente competente en virtud del artículo 4.
                                                Artículo 6
                                       Competencias residuales
   Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los
   artículos 3 a 5, lo serán los órganos jurisdiccionales siguientes:
            a)     los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nacionalidad común del
                   acreedor y el deudor; o
            b)     cuando se trate de obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges, los
                   órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe la
                   última residencia habitual común de los cónyuges, si esta residencia habitual
                   aún lo era menos de un año antes de la interposición de la demanda.
ES                                                  16                                               ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 7
                                             Litispendencia
   1.       Cuando se presenten varias demandas referentes a la misma obligación de alimentos
            ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes, el órgano
            jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar suspenderá de oficio el
            procedimiento hasta que se determine la competencia del primero.
   2.       Cuando el tribunal al que se acudió en primer lugar se declarare competente, el
            tribunal al que se haya acudido en segundo lugar se inhibirá en favor de aquél.
                                               Artículo 8
                                               Conexidad
   1.       Cuando demandas conexas estuvieran pendientes ante tribunales de Estados
            miembros diferentes, el órgano jurisdiccional al que se haya acudido en segundo
            lugar podrá suspender el procedimiento.
   2.       Cuando tales demandas estuvieran pendientes en primera instancia, el órgano
            jurisdiccional al que se haya acudido en segundo lugar también podrá inhibirse, a
            petición de una de las partes, siempre que el órgano jurisdiccional al que se hubiere
            acudido en primer lugar fuera competente para conocer de dichas demandas y que su
            ley permita su acumulación.
   3.       Se considerarán conexas, a efectos del presente artículo, las demandas vinculadas
            entre sí por una relación tan estrecha que sea oportuno tramitarlas y juzgarlas al
            mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser irreconciliables si los
            asuntos fueran juzgados separadamente.
                                               Artículo 9
                                  Recurso a un órgano jurisdiccional
   A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un
   litigio:
            a)    desde la fecha en que se haya presentado el escrito de interposición de la
                  demanda o un documento equivalente, siempre que posteriormente el
                  demandante no haya omitido adoptar las medidas que debía para que se le
                  notificara o trasladara al demandado, o
            b)    si dicho documento debe notificarse o trasladarse antes de su presentación al
                  órgano jurisdiccional, desde la fecha en que lo reciba la autoridad encargada de
                  la notificación o traslado, siempre que posteriormente el demandante no haya
ES                                                 17                                              ES
 ---pagebreak---                   omitido adoptar las medidas necesarias para que el documento se presente al
                  órgano jurisdiccional.
                                              Artículo 10
                                  Medidas provisionales y cautelares
   Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado
   miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, aunque, en virtud del presente
   Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro sea competente para conocer
   del fondo.
                                              Artículo 11
                                    Verificación de la competencia
   El órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se haya sometido un asunto sobre el
   que no tenga competencia a tenor del presente Reglamento declarará su incompetencia de
   oficio.
                                           Capítulo III
                                     Legislación aplicable
                                              Artículo 12
                   Falta de efecto sobre la existencia de las relaciones familiares
   Las disposiciones del presente capítulo sólo determinarán la ley aplicable a las obligaciones
   de alimentos y no afectarán a la ley aplicable a ninguna de las relaciones contempladas en el
   artículo 1.
                                              Artículo 13
                                            Normas básicas
   1.       Las obligaciones de alimentos se regirán por la ley del país en que el acreedor tenga
            su residencia habitual.
   2.       Se aplicará la ley del foro:
            a)    cuando en virtud de la ley designada de conformidad con el apartado 1 el
                  acreedor no pueda obtener alimentos del deudor, o
ES                                                18                                              ES
 ---pagebreak---             b)    cuando el acreedor lo solicite y se trate de la ley del país en que el deudor tenga
                   su residencia habitual.
   3.       Cuando ninguna de las leyes designadas de conformidad con los apartados anteriores
            permita al acreedor obtener alimentos del deudor y cuando resulte del conjunto de las
            circunstancias que la obligación de alimentos presenta estrechos vínculos con otro
            país, en particular el de la nacionalidad común del acreedor y el deudor; en este caso
            se aplicará la ley del país con que la obligación de alimentos presente vínculos
            estrechos.
                                                Artículo 14
                                             Elección de la ley
   Sin perjuicio del artículo 13, el acreedor y el deudor podrán:
            a)     designar la ley del foro a efectos de un procedimiento, expresamente o de
                   cualquier otra manera inequívoca en el momento de la interposición de la
                   demanda;
            b)    convenir la ley aplicable en cualquier momento y por escrito, salvo cuando se
                   trate de una obligación de alimentos a favor de un menor de dieciocho años o
                   de un adulto que, a causa de una alteración o insuficiencia de sus facultades
                   personales, no esté en situación de proveer a sus intereses (en lo sucesivo,
                   “adulto vulnerable”), y siempre que no se designe más que una de las leyes
                   siguientes:
                   i)     su ley nacional común en el momento de la designación;
                   ii)    la ley del país de su residencia habitual común o del país en que el
                          acreedor o el deudor tengan su residencia habitual en el momento de la
                          designación;
                   iii)   la ley aplicable a sus relaciones patrimoniales en el momento de la
                          designación cuando se trate de una obligación de alimentos entre dos
                          personas que estén o hayan estado unidas en matrimonio o por una
                          relación que, de acuerdo con la ley que les sea aplicable, produzca
                          efectos similares.
                                                Artículo 15
                         Inaplicación de la ley designada a petición del deudor
   1.       Cuando se trate de obligaciones de alimentos que no sean a favor de menores,
            adultos vulnerables, o entre cónyuges o excónyuges, el deudor podrá oponer a la
            reclamación del acreedor la inexistencia de obligación de alimentos a su cargo en
            virtud de su ley nacional común o, a falta de nacionalidad común, de la ley del país
            en que tenga su residencia habitual.
ES                                                  19                                                ES
 ---pagebreak---    2.        Cuando se trate de obligaciones de alimentos entre cónyuges o excónyuges, el
             deudor podrá oponer a la reclamación del acreedor la inexistencia de obligación de
             alimentos a su cargo en virtud de la ley del país con el que el matrimonio presente los
             vínculos más estrechos.
                                               Artículo 16
                                           Institución pública
   El derecho de una institución pública a solicitar el reembolso de la prestación proporcionada
   al acreedor se sujetará a la ley que regule la institución.
                                               Artículo 17
                                       Ámbito de la ley aplicable
   1.        La ley aplicable a una obligación de alimentos determinará en particular:
           (a)     la existencia y alcance de los derechos del acreedor, y contra quién puede
                   ejercerlos;
           (b)     la medida en que el acreedor puede solicitar alimentos retroactivamente;
           (c)     el método de cálculo y ajuste de la obligación de alimentos;
           (d)     la prescripción y los plazos para ejercitar una acción ;
           (e)     el derecho de la institución pública que proporcionó alimentos al acreedor de
                   obtener el reembolso de su prestación y los límites de la obligación del deudor.
   2.        Con independencia del contenido de la ley aplicable, deben tenerse en cuenta las
             necesidades del acreedor y los recursos del deudor en la determinación del importe
             de la prestación alimentaria.
                                               Artículo 18
                             Aplicación de la ley de un Estado no miembro
   La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque sea la de un Estado no
   miembro.
ES                                                  20                                               ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 19
                                               Remisión
   1.       Sin perjuicio del apartado 2, cuando el presente Reglamento imponga la aplicación
            de la ley de un país, se referirá a las normas jurídicas vigentes en este país, con
            exclusión de las normas de Derecho internacional privado.
   2.       Cuando el presente Reglamento imponga la aplicación de la ley de un Estado no
            miembro y las normas de Derecho internacional privado de este Estado designen la
            ley de otro país, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto aplicará su ley
            interna.
                                              Artículo 20
                                             Orden público
   Sólo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente
   Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro.
   No obstante, la aplicación de una disposición de la ley de un Estado miembro designada por el
   presente Reglamento no podrá excluirse sobre esta base.
                                              Artículo 21
                                        Sistemas no unificados
   Cuando un Estado incluya varias unidades territoriales con normas propias en materia de
   obligaciones de alimentos, cada unidad territorial se considerará como un país a efectos de la
   determinación de la ley aplicable según el presente Reglamento.
                                           Capítulo IV
                               Normas procesales comunes
                                              Artículo 22
                                        Notificación o traslado
   1.       En un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, el escrito
            de interposición de la demanda o documento equivalente se notificará o trasladará al
            demandado por uno de los métodos siguientes:
            a)    notificación o traslado personal, con acuse de recibo firmado por el destinatario
                  y con la fecha de la recepción;
ES                                                21                                                ES
 ---pagebreak---       b)     notificación o traslado personal mediante documento firmado por la persona
             competente que procedió a la notificación o traslado, especificando que el
             destinatario ha recibido el documento o que se ha negado a recibirlo sin ningún
             motivo legítimo, así como la fecha de notificación o traslado;
      c)     notificación o traslado por correo postal, con acuse de recibo firmado y
             reenviado por el destinatario y con la fecha de la recepción;
      d)     notificación o traslado por medios electrónicos como fax o correo electrónico,
             con acuse de recibo firmado y reenviado por el destinatario y con la fecha de la
             recepción.
   2. El demandado dispone de un plazo que no puede ser inferior a 30 días para preparar
      su defensa a partir de la recepción del documento notificado o trasladado de acuerdo
      con el apartado 1.
   3. Los Estados miembros informarán a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir
      de la entrada en vigor del presente Reglamento, de los métodos de notificación y
      traslado aplicables. Comunicarán a la Comisión cualquier modificación aportada a
      esta información.
      La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
                                         Artículo 23
                              Verificación de la admisibilidad
   1. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio
      de un Estado miembro distinto de aquel donde se ejercitó la acción, el órgano
      jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento mientras no se demuestre que
      se ha puesto al demandado en situación de recibir el escrito de interposición de la
      demanda o documento equivalente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
      o que se ha hecho todo lo necesario para ello.
   2. Cuando no comparezca el demandado que tenga su residencia habitual en el territorio
      de un Estado no miembro, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el
      procedimiento mientras no se demuestre que se ha puesto al demandado en situación
      de recibir el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con
      tiempo suficiente para preparar su defensa o que se ha hecho todo lo necesario para
      ello.
   3. El artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la
      notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en
      materia civil o mercantil, se aplicará si el escrito de interposición de la demanda o
      documento equivalente ha debido transmitirse en cumplimiento del citado Convenio.
ES                                           22                                               ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 24
                                         Resolución y reexamen
   1.       Cuando el demandado no ha comparecido y
            a)    no se demuestre que haya recibido el escrito de interposición de la demanda o
                  documento equivalente, o
            b)    no haya podido impugnar la deuda alimentaria por fuerza mayor o debido a
                  circunstancias extraordinarias, sin que medie culpa por su parte,
            podrá dictarse una resolución, pero el demandado tendrá derecho a solicitar su
            reexamen al órgano jurisdiccional de origen.
   2.       El plazo para solicitar el reexamen empezará a correr el día en que se demuestre que
            el demandado tuvo conocimiento de la resolución y pudo actuar y, a más tardar, el
            día en que la autoridad competente de ejecución le informara de esta resolución. Este
            plazo no podrá ser inferior a 20 días.
   3.       La solicitud de reexamen suspenderá todas las medidas de ejecución emprendidas en
            un Estado miembro.
                                            Capítulo V
                          Fuerza ejecutiva de las resoluciones
                                              Artículo 25
                                            Fuerza ejecutiva
   Una resolución dictada en un Estado miembro y que sea ejecutiva en ese Estado miembro será
   reconocida y gozará de fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin necesidad de que otra
   declaración le reconozca fuerza ejecutiva y sin que sea posible oponerse a su reconocimiento.
                                              Artículo 26
                                         Ejecución provisional
   Una resolución dictada en un Estado miembro será automáticamente ejecutiva de pleno
   Derecho no obstante los eventuales recursos previstos por el Derecho nacional. No podrá
   exigirse la provisión de una garantía.
ES                                                 23                                             ES
 ---pagebreak---                                           Capítulo VI
                                            Ejecución
                                             Artículo 27
                                     Procedimiento de ejecución
   Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el procedimiento de ejecución de las
   resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regulará por el Derecho del Estado miembro
   de ejecución.
                                             Artículo 28
                                            Documentos
   La parte que solicita, en un Estado miembro, el reconocimiento o la ejecución de una
   resolución dictada en otro Estado miembro presentará una copia conforme de ésta que reúna
   los requisitos de autenticidad necesarios, así como un certificado expedido por la autoridad
   competente utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I del presente
   Reglamento.
   Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán exigir la traducción.
                                             Artículo 29
                                     Asistencia jurídica gratuita
   El solicitante que, en el Estado de origen, hubiere obtenido, total o parcialmente, asistencia
   jurídica gratuita o una exención de las costas y gastos gozará, en el procedimiento de
   ejecución, de la asistencia más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho
   del Estado miembro de ejecución.
                                             Artículo 30
                                          Fianza y depósito
   A la parte que solicite la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro
   Estado miembro no podrá exigírsele fianza ni depósito alguno, sea cual fuere su
   denominación, ni por su condición de extranjero, ni por no estar domiciliado o no ser
   residente en el Estado miembro.
ES                                                24                                              ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 31
                                   Legalización o formalidad similar
   No se exigirá legalización ni formalidad alguna por lo que se refiere a los documentos
   contemplados en el artículo 28.
                                               Artículo 32
                                  Ausencia de revisión sobre el fondo
   1.       En ningún caso la resolución dictada en un Estado miembro podrá ser objeto de una
            revisión sobre el fondo en otro Estado miembro durante un procedimiento de
            ejecución.
   2.       No obstante, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá
            decidir, por iniciativa propia, limitar la ejecución de la resolución del órgano
            jurisdiccional de origen a solamente una parte del crédito alimentario, si la ejecución
            sobre el total tuviera por efecto perjudicar a una parte inembargable de los bienes del
            deudor, según la ley del Estado miembro de ejecución.
                                               Artículo 33
                               Denegación o suspensión de la ejecución
   La denegación o la suspensión, total o parcial, de la ejecución de la resolución del órgano
   jurisdiccional de origen sólo podrá decidirse, a petición del deudor, si:
            a)    el deudor alega nuevas circunstancias o circunstancias que el órgano
                  jurisdiccional de origen desconocía cuando dictó su resolución;
            b)    el deudor solicitó el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de
                  origen de acuerdo con el artículo 24 y aún no se ha adoptado ninguna nueva
                  resolución;
            c)    el deudor ya ha pagado su deuda;
            d)    el derecho a obtener la ejecución de la resolución del órgano jurisdiccional ha
                  prescrito total o parcialmente;
            e)    la resolución del órgano jurisdiccional de origen es incompatible con una
                  resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o que reúne las
                  condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro de
                  ejecución.
ES                                                 25                                               ES
 ---pagebreak---                                          Artículo 34
                         Orden de retención automática mensual
   1. A petición del acreedor, el órgano jurisdiccional de origen podrá expedir una orden
      de retención automática mensual destinada, en otro Estado miembro, al empleador
      del deudor o a la entidad bancaria donde el deudor sea titular de una cuenta bancaria.
      La orden de retención automática mensual gozará en el Estado miembro destinatario
      de la misma fuerza ejecutiva que la resolución, de conformidad con lo dispuesto en
      los artículos 25 y 26.
   2. Solo podrá expedirse una orden de retención automática mensual si la resolución ha
      sido notificada o trasladada al demandado por uno de los métodos contemplados en
      el artículo 22.
   3. La solicitud y la orden de retención automática mensual se ajustarán a los
      formularios cuyos modelos figuran en el Anexo III del presente Reglamento.
   4. La orden de retención automática mensual será notificada por el órgano
      jurisdiccional de origen, por carta certificada con acuse de recibo:
      a)     al empleador del deudor o a una entidad bancaria donde el deudor sea titular de
             una cuenta corriente, y
      b)     a más tardar cinco días después, al deudor, con la resolución del órgano
             jurisdiccional de origen y la nota informativa conforme con el formulario cuyo
             modelo figura en el anexo III bis del presente Reglamento.
   5. A partir de la recepción de una orden de retención automática mensual, el
      destinatario procederá a la primera retención. Si se encuentra en la imposibilidad
      absoluta de efectuar estas retenciones, informará de ello al órgano jurisdiccional de
      origen a más tardar en el plazo de los 30 días siguientes al acuse de recibo o a la
      última retención.
   6. Cuando se haya dictado una orden de retención automática en su contra, el deudor
      deberá informar al acreedor y al órgano jurisdiccional de origen de todo cambio de
      empleador o de cuenta bancaria.
                                         Artículo 35
                    Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria
   1. Un acreedor podrá pedir al órgano jurisdiccional que conoce del fondo que dicte una
      orden de embargo temporal de una cuenta bancaria situada en otro Estado miembro,
      destinada a la entidad bancaria en que el deudor sea titular de una cuenta. La
      solicitud y la orden de embargo temporal de una cuenta bancaria se ajustarán a los
      formularios cuyos modelos figuran en el anexo IV del presente Reglamento.
ES                                           26                                              ES
 ---pagebreak---    2.      El órgano jurisdiccional resolverá en el plazo de ocho días sobre la solicitud del
           acreedor, sin advertir al deudor de la presentación de esta solicitud y sin darle la
           posibilidad de ser oído. Dictará la orden de embargo temporal cuando considere que
           la solicitud del acreedor no es manifiestamente infundada y que existe un grave
           riesgo de incumplimiento por parte del deudor.
   3.      La orden de embargo temporal:
           a)     se notificará por el órgano jurisdiccional, por carta certificada con acuse de
                  recibo, a la entidad bancaria donde el deudor sea titular de una cuenta
                  corriente;
           b)     tendrá como efecto, a partir de la recepción, prohibir todo movimiento en la
                  cuenta bancaria que pudiera imposibilitar el pago por su titular del importe
                  determinado por la orden de embargo temporal.
   4.      El acreedor y el deudor serán avisados por el órgano jurisdiccional de la expedición
           de una orden de embargo temporal por carta certificada con acuse de recibo, una vez
           esta orden haya producido el efecto descrito en el apartado 3, letra b).
   5.      El deudor podrá solicitar la anulación de la orden de embargo temporal ante el
           órgano jurisdiccional que la dictó, el cual resolverá en el plazo de 8 días. El órgano
           jurisdiccional podrá estimar su solicitud, en su caso, exigiendo al deudor que preste
           una garantía.
   6.      La orden de embargo temporal dejará de producir efectos en cuanto el órgano
           jurisdiccional ordene su anulación o si no ha sido resuelta en el plazo de 8 días y, a
           más tardar, cuando dicte una resolución sobre el fondo. La orden de embargo
           temporal también podrá sustituirse por una orden de retención automática mensual en
           cuanto se dicte la resolución sobre el fondo, si el acreedor así lo solicitó, de
           conformidad con el artículo 34.
           La decisión que pone fin a la orden de embargo temporal será notificada por el
           órgano jurisdiccional a la entidad bancaria, por carta certificada con acuse de recibo.
                                             Artículo 36
                                Prelación de los créditos alimentarios
   Los créditos alimentarios tienen preferencia sobre las demás deudas del deudor, incluidas las
   derivadas de los gastos de ejecución de las resoluciones.
ES                                                27                                               ES
 ---pagebreak---                                            Capítulo VII
              Documentos públicos con fuerza ejecutiva y acuerdos
                                               Artículo 37
                     Fuerza ejecutiva de los documentos públicos y de los acuerdos
   Los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y ejecutivos en un Estado
   miembro, así como los acuerdos entre partes con fuerza ejecutiva en un Estado miembro serán
   reconocidos y gozarán de la misma fuerza ejecutiva que las resoluciones, de conformidad con
   el artículo 25.
                                               Artículo 38
             Ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y de los acuerdos
   1.        Las disposiciones del capítulo VI serán aplicables, en la medida necesaria, al
             reconocimiento y la ejecución de los documentos públicos con fuerza ejecutiva y
             acuerdos entre partes con fuerza ejecutiva. La autoridad competente del Estado
             miembro donde un documento público o un acuerdo entre partes sea ejecutivo
             expedirá, a petición de toda parte interesada, un certificado del documento utilizando
             el formulario cuyo modelo figura en el anexo II del presente Reglamento.
   2.        El acreedor de alimentos que desee acogerse a las disposiciones de los artículos 34 y
             35 podrá dirigirse al órgano jurisdiccional del lugar de su residencia habitual.
                                           Capítulo VIII
                                           Cooperación
                                               Artículo 39
                                         Autoridades centrales
   1.        Cada Estado miembro designará a una o más autoridades centrales encargadas de
             asistirle en la aplicación del presente Reglamento y precisará sus atribuciones
             territoriales o materiales.
   2.        Cuando un Estado miembro haya designado a varias autoridades centrales, en
             principio las comunicaciones se dirigirán directamente a la autoridad central
             competente. Si una comunicación va dirigida a una autoridad central no competente,
ES                                                 28                                               ES
 ---pagebreak---             ésta se encargará de transmitirla a la autoridad central competente y de informar de
            ello al expedidor.
   3.       Los Estados miembros notificarán a la Comisión en el plazo de seis meses a partir de
            la entrada en vigor del presente Reglamento:
            a)     los nombres, direcciones y modos de comunicación de las autoridades centrales
                   designadas de acuerdo con el presente artículo;
            b)     las lenguas aceptadas para las comunicaciones dirigidas a las autoridades
                   centrales.
            Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación de dichos
            datos.
            La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
                                                Artículo 40
                                          Funciones generales
   Las autoridades centrales comunicarán la información sobre las legislaciones y
   procedimientos nacionales en materia de obligación de alimentos y adoptarán medidas para
   mejorar la aplicación del presente Reglamento y reforzar su cooperación. Con este fin, se hará
   uso de la red judicial europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión
   2001/470/CE.
                                                Artículo 41
                           Cooperación en el marco de asuntos específicos
   1.       Las autoridades centrales cooperarán en asuntos determinados para lograr los
            objetivos contemplados por el presente Reglamento. Con este fin, adoptarán, por
            iniciativa propia o por medio de las autoridades públicas u otros organismos, toda
            medida conveniente para:
            a)     recabar e intercambiar información:
                   (i)   sobre la situación del acreedor y del deudor, recurriendo, en particular, a
                         los artículos 44 a 47;
                   (ii)  sobre todo procedimiento pendiente;
                   (iii) sobre toda resolución dictada;
            b)     proporcionar información y asistencia a los acreedores implicados en un
                   procedimiento en su territorio;
ES                                                  29                                               ES
 ---pagebreak---       c)    facilitar la conclusión de convenios entre acreedores y deudores, recurriendo a
            la mediación o a otros medios, y facilitar a tal efecto la cooperación
            transfronteriza.
   2. Cuando así lo solicite, un acreedor que resida habitualmente en un Estado miembro
      estará representado por:
      a)    la autoridad central del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el
            órgano jurisdiccional que conoce de una demanda en materia de obligación de
            alimentos; o
      b)    la autoridad central del Estado miembro de ejecución.
      A efectos del presente apartado, la representación comprende el conjunto de
      gestiones que permiten obtener una resolución, así como el cobro efectivo de un
      crédito alimentario.
                                        Artículo 42
                                    Método de trabajo
   1. Todo acreedor, ya actúe directamente o por medio de la autoridad central del Estado
      miembro donde reside habitualmente, podrá presentar ante una autoridad central de
      un Estado miembro una solicitud de asistencia en virtud del artículo 41.
      El acreedor podrá presentar su solicitud ante el órgano jurisdiccional del lugar de su
      residencia habitual, el cual adoptará las medidas necesarias para garantizar su
      transmisión y su ejecución, en relación con la autoridad central del Estado miembro
      del que dependa.
   2. La demanda de asistencia se acompañará de toda la información disponible que
      pueda facilitar la ejecución.
   3. Sin perjuicio del apartado 4, la asistencia prestada por las autoridades centrales, por
      las autoridades públicas y otros organismos de acuerdo con el artículo 41, así como
      por las personas designadas por estas autoridades, será gratuita.
   4. Podrá pedirse al acreedor una participación en los gastos de representación
      ocasionados de acuerdo con el artículo 41, apartado 2. No obstante, no podrá pedirse
      contribución alguna a un acreedor que, en el Estado miembro donde reside
      habitualmente, cumpla lo requisitos para obtener la asistencia jurídica gratuita.
   5. Cada autoridad central sufragará sus propios gastos.
ES                                          30                                                ES
 ---pagebreak---                                         Artículo 43
                                        Reuniones
   1. Con el fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, las autoridades
      centrales se reunirán periódicamente.
   2. La convocatoria de estas reuniones se efectuará de acuerdo con la Decisión
      2001/470/CE relativa a la creación de una red judicial europea en materia civil y
      mercantil.
                                        Artículo 44
                                 Acceso a la información
   1. Las autoridades centrales darán acceso a la información que permita facilitar el cobro
      de las deudas alimentarias en las condiciones previstas en el presente capítulo. Se
      proporcionará la siguiente información a fin de alcanzar los objetivos siguientes:
      a)    localización del deudor;
      b)    evaluación del patrimonio del deudor, en particular, el importe y la naturaleza
            de sus ingresos;
      c)    identificación del empleador del deudor;
      d)    identificación de las cuentas bancarias de las que el deudor sea titular.
   2. Los datos mencionados en el apartado 1 comprenderán al menos aquellos de que
      dispongan las administraciones y autoridades competentes, en los Estados miembros,
      en los ámbitos siguientes:
      a)    impuestos y tributos;
      b)    seguridad social, incluida la percepción de las cotizaciones sociales de los
            empleadores de trabajadores por cuenta ajena;
      c)    registros de población;
      d)    registros de propiedad;
      e)    matriculación de los vehículos de motor;
      f)    bancos centrales.
   3. El acceso a la información mencionada en el presente artículo no podrá nunca dar
      lugar al establecimiento de nuevos ficheros en un Estado miembro.
ES                                          31                                               ES
 ---pagebreak---                                          Artículo 45
                              Transmisión de la información
   1. Un acreedor podrá acudir a la autoridad central requirente del Estado miembro donde
      resida habitualmente por medio del órgano jurisdiccional del lugar de su residencia
      habitual, el cual remitirá su solicitud si la considera conforme con los requisitos
      previstos en el presente capítulo.
   2. Para presentar una solicitud de comunicación de información entre autoridades
      centrales se utilizará el formulario cuyo modelo figura en el anexo V del presente
      Reglamento.
   3. La solicitud destinada a obtener los datos contemplados en el artículo 44, apartado 1,
      letra a), podrá presentarse en cualquier momento. La solicitud destinada a obtener los
      datos contemplados en el artículo 44, apartado 1, letras b), c) y d), podrá interponerse
      cuando el acreedor pueda presentar un certificado de resolución en virtud del artículo
      28, o un certificado de documento en virtud del artículo 38, apartado 1.
   4. Además del formulario citado en el apartado 1, la autoridad central requerida podrá
      solicitar a la autoridad central requirente la presentación de documentos adicionales
      con el fin de lograr uno de los objetivos contemplados en el artículo 44, apartado 1.
   5. Se presentará la traducción de los documentos adicionales, salvo si el Estado
      miembro requerido dispensa este requisito. Los Estados miembros informarán a la
      Comisión, a más tardar seis meses tras la entrada en vigor del presente Reglamento,
      de su decisión de exigir o no las traducciones en virtud del presente apartado.
      La Comisión pondrá esta información a disposición del público.
      Si la solicitud de comunicación de información se hace a iniciativa de un acreedor
      que haya obtenido asistencia jurídica gratuita total o parcial, la traducción la hará la
      autoridad requirente, sin gastos para el acreedor.
   6. La información será comunicada por las autoridades requeridas a las autoridades
      requirentes. Si la autoridad requerida no puede facilitar la información, informará sin
      demora a la autoridad requirente, precisándole las razones de la imposibilidad.
                                         Artículo 46
                                   Uso de la información
   1. La autoridad central requirente que reciba una información la comunicará sin demora
      al órgano jurisdiccional que le transmitiera la solicitud de acuerdo con el artículo 45,
      apartado 1. La autoridad central requirente destruirá la información después de
      comunicársela al órgano jurisdiccional.
   2. La información comunicada de acuerdo con el presente Reglamento no podrá ser
      utilizada sino por un órgano jurisdiccional y solamente para facilitar el cobro de las
ES                                           32                                                ES
 ---pagebreak---             deudas alimentarias. No obstante, un órgano jurisdiccional podrá transmitir esta
            información, sin revelarla al acreedor, a las autoridades competentes para notificar o
            trasladar un documento judicial o extrajudicial, así como a las autoridades
            competentes para proceder a la ejecución de una resolución. Estas autoridades
            destruirán la información en cuanto hayan hecho uso de ella.
   3.       Un órgano jurisdiccional sólo podrá conservar una información comunicada de
            acuerdo con el presente Reglamento mientras la necesite para facilitar el cobro de un
            crédito alimentario. El plazo de conservación no podrá exceder de un año.
                                              Artículo 47
                                        Información al deudor
   La autoridad central requerida advertirá al deudor de:
            a)    la información que comunicó y de la forma en que la obtuvo;
            b)    la identidad de los destinatarios de dicha información;
            c)    las condiciones en que esta información puede utilizarse en virtud del presente
                  Reglamento;
            d)    los derechos y vías de recurso a disposición del deudor de acuerdo con la
                  legislación interna adoptada con arreglo a la Directiva 95/46/CE;
            e)    datos de contacto de la autoridad de control establecida, con arreglo a la
                  Directiva 95/46/CE, tanto en el Estado miembro de que depende la autoridad
                  central requirente, como en el Estado miembro de que depende la autoridad
                  central requerida,
   a menos que la autoridad central demandante le haya indicado, en la solicitud presentada de
   acuerdo con el artículo 45, apartado 2, que esta advertencia al deudor podría perjudicar al
   cobro efectivo de un crédito alimentario, en cuyo caso, la autoridad central requerida diferirá
   la advertencia al deudor por un período de tiempo que no excederá de sesenta días.
                                           Capítulo IX
                             Disposiciones generales y finales
                                              Artículo 48
                           Relaciones con otros instrumentos comunitarios
   1.       En materia de obligaciones de alimentos, el presente Reglamento sustituirá al
            Reglamento (CE) n° 44/2001 y al Reglamento (CE) n° 805/2004.
ES                                                 33                                              ES
 ---pagebreak---    2.       El artículo 19 del Reglamento (CE) n° 1348/2000 no se aplicará en materia de
            obligaciones de alimentos.
   3.       Sin perjuicio del apartado 2, el presente Reglamento no afectará a la aplicación del
            Reglamento (CE) n° 1348/2000 y del Reglamento (CE) n° 1206/2001.
                                              Artículo 49
                                       Relaciones con otros instrumentos
   El presente Reglamento prevalecerá, entre los Estados miembros, sobre los convenios y
   Tratados que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento y en los que sean
   Parte los Estados miembros.
                                              Artículo 50
                                      Modificación de los anexos
   Cualquier modificación de los anexos del presente Reglamento seguirá el procedimiento
   consultivo contemplado en el artículo 51, apartado 2.
                                              Artículo 51
                                                Comité
   1.       La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los
            Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
   2.       Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el procedimiento
            consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE, respetando lo
            dispuesto en su artículos 7, apartado 3.
                                              Artículo 52
                                        Disposición transitoria
   1.       Las disposiciones del presente Reglamento solo se aplicarán a los procedimientos
            incoados, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados y a los
            acuerdos celebrados posteriormente a su entrada en aplicación.
   2.       No obstante:
            a)    los artículos 12 a 21 sobre la ley aplicable se aplicarán a los procedimientos
                  pendientes en la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento si todas
                  las partes lo aceptan expresamente o de cualquier otra manera inequívoca;
ES                                                34                                             ES
 ---pagebreak---            b)     los artículos 27 a 36 sobre la ejecución se aplicarán a las resoluciones y actos
                  auténticos declarados ejecutivos de acuerdo con el Reglamento (CE) n°
                  44/2001 o certificados como títulos ejecutivos europeos de acuerdo con el
                  Reglamento (CE) n° 805/2004 en la fecha de entrada en vigor del presente
                  Reglamento;
           c)     los artículos 39 a 47 sobre la cooperación se aplicarán a todo procedimiento
                  pendiente en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
                                             Artículo 53
                                          Entrada en vigor
   1.      El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
   2.      El presente Reglamento se aplicará a partir del 1 de enero de 2009, salvo el artículo
           22, apartado 3, el artículo 39 y el artículo 45, apartado 5, que se aplicarán a partir de
           la entrada en vigor.
   El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
   cada Estado miembro.
   Hecho en Bruselas, el
                                                Por el Consejo
                                                El Presidente
ES                                                35                                                 ES
 ---pagebreak---                                              ANEXOS
                                             ANEXO I
       CERTIFICADO DE UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE
                                          ALIMENTOS
      (Artículo 28 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
   reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
                                          de alimentos25)
   1. Estado miembro:
   AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
   MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
   2. Órgano jurisdiccional
   2.1. Nombre:
   2.2. Calle y número/apartado de correos:
   2.3. Localidad y código postal
   3. Demandante:
   3.1. Nombre:
   3.2. Calle y número/apartado de correos:
   3.3. Localidad y código postal
   3.4. País:
   3.5.Tel. (*) :
   3.6.Correo electrónico (*):
   4. Demandado
   4.1. Nombre:
   4.2. Calle y número/apartado de correos:
   4.3. Localidad y código postal:
   25
           DO L……
ES                                               36                                              ES
 ---pagebreak---    4.4. País:
   4.5. Tel. (*):
   4.6.Correo electrónico (*):
   (*) Opcional
   5. Resolución
   5.1. Importe del crédito alimentario
   Moneda: □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
   □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
   □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
   □ Zloty polaco □ Otra (precisar)…………………………….
   5.2. Periodicidad de los pagos
   5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................
   5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................
   En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez:
   5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el importe si no es idéntico al importe de la
   deuda alimentaria indicado al apartado 5.1):
   Una vez a la semana.............................................................
   Una vez al mes.................................................................
   Otra (precisar).................................................................
   5.3. Indización
   Si el importe indicado en el apartado 5.2.3 es objeto de una indización, indicar el tipo de
   indización:
   Indización aplicable a partir del
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
ES                                                                  37                         ES
 ---pagebreak---                                                     ANEXO II
        CERTIFICADO DE UN DOCUMENTO EN MATERIA DE OBLIGACIÓN DE
                                                  ALIMENTOS
      (Artículo 38 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
   reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
                                                  de alimentos26)
   1. Estado miembro:
   AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
   MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
   2. Tipo de documento:
   2.1. Documento público con fuerza ejecutiva ......................... □
   expedido por (identidad y lugar):
   el (fecha):
   2.2. Acuerdo entre partes..................... □
   celebrado en (lugar):
   el (fecha):
   3. Acreedor
   3.1. Nombre:
   3.2. Calle y número/apartado de correos:
   3.3. Localidad y código postal:
   3.4. País:
   3.5. Tel. (*):
   3.6. Correo electrónico (*):
   26
           DO L……
ES                                                      38                                       ES
 ---pagebreak---    4. Deudor
   4.1. Nombre:
   4.2. Calle y número/apartado de correos :
   4.3. Localidad y código postal
   4.4. País
   4.5. Tel. (*) :
   4.6. Correo electrónico (*) :
   (*) Opcional
   5. Contenido del documento
   5.1. Importe del crédito alimentario
   Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
   □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
   □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
   □ Zloty polaco □ Otra (precisar)…………………………….
   5.2. Periodicidad de los pagos
   5.2.1. Suma íntegramente pagada en una única vez............................
   5.2.2. Suma parcialmente pagada en una única vez..........................
   En este caso, indique el importe del pago efectuado en una única vez:
   5.2.3. Suma pagada periódicamente (precisar el importe si no es idéntico al importe del
   crédito alimentario indicado en el apartado 5.1):
   Una vez a la semana.............................................................
   Una vez al mes.................................................................
   Otra (a precisar).................................................................
   5.3. Indización
   Si el importe indicado en el apartado 5.2.3 es objeto de una indización, indicar el tipo de
   indización:
   Indización aplicable a partir del
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
ES                                                                 39                          ES
 ---pagebreak---                                             ANEXO III
                     ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL
      (Artículo 34 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
   reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
                                          de alimentos27)
   1. Estado miembro:
   AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
   MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
   2. Órgano jurisdiccional
   2.1. Nombre:
   2.2. Calle y número/apartado de correos :
   2.3. Localidad y código postal:
   3. Demandante:
   3.1. Nombre:
   3.2. Calle y número/apartado de correos :
   3.3.Localidad y código postal
   3.4. País:
   3.5. Tel. (*):
   3.6. Correo electrónico (*):
   3.7. Datos bancarios
   Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
   Código de Identificación Bancaria (BIC):
   27
           DO L……
ES                                               40                                              ES
 ---pagebreak---    4. Deudor
   4.1. Nombre:
   4.2. Calle y número/apartado de correos:
   4.3. Localidad y código postal .
   4.4. País:
   4.5.Tel. (*):
   4.6. Correo electrónico (*):
   (*) Opcional
   5. Solicitud de retención automática
   5.1. Fecha de la resolución que determina el importe del crédito alimentario:
   5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente:
   Moneda : □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
   □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
   □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
   □ Zloty polaco □ Otra (precisar)…………………………….
   5.3. Indización
   Si el importe indicado en el apartado 5.2. es objeto de una indización, indicar el tipo de
   indización:
   Indización aplicable a partir del
   5.4. Destinatario
   5.4.1. Banco del deudor:
   Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
   Código de Identificación Bancaria (BIC):
   5.4.2. Empleador del deudor:
ES                                             41                                             ES
 ---pagebreak---    6. Orden de retención
      Se desestima la solicitud de retención automática.
      Se da orden a:
   (destinatario indicado en el apartado 5.4)
   de retener, todos los meses,    en la remuneración      en la cuenta bancaria:
   (deudor mencionado en el apartado 4)
   la suma de:
   (importe determinado en el apartado 5.2)
   en favor de:
   (solicitante mencionado en el apartado 3).
   Si le resulta imposible efectuar estas retenciones, debe informar de ello al órgano
   jurisdiccional mencionado en el apartado 2, en un plazo de 30 días a partir de la
   recepción del presente documento o a partir de la última retención efectuada (art. 33, ap.
   5 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
   reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
   de alimentos).
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
ES                                               42                                              ES
 ---pagebreak---                                               ANEXO III bis
      NOTA INFORMATIVA PARA EL DEUDOR CONTRA EL QUE SE HA DICTADO
                    UNA ORDEN DE RETENCIÓN AUTOMÁTICA MENSUAL
    (Apartado 34, apartado 4, letra b) del Reglamento (…) del Consejo relativo a la competencia,
       la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en
                                   materia de obligación de alimentos28)
   1. Reexamen
   Se ha dictado en su contra una orden de retención automática. Esta orden y la resolución del
   órgano jurisdiccional de origen le han sido notificadas al mismo tiempo que esta nota
   informativa.
   Tiene derecho a solicitar el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de origen si
   no ha comparecido ante él y:
           a) si no ha recibido el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente,
           o
           b) si no ha podido impugnar el crédito alimentario por causa de fuerza mayor o debido a
           circunstancias extraordinarias, sin mediar culpa por su parte.
   Tiene derecho a solicitar el reexamen en el plazo de .............. días, a partir del día de
   recepción de la presente nota informativa.
   2. Ejecución
   Si no tiene derecho a solicitar el reexamen de la resolución del órgano jurisdiccional de origen
   de conformidad con el apartado 1, o si no quiere solicitarlo, pero se opone a la ejecución de
   esta resolución, podrá acudir a las autoridades competentes del Estado donde se desarrolla la
   ejecución de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (…) del Consejo relativo a la
   competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la
   cooperación en materia de obligaciones de alimentos.
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
   28
             DO L …
ES                                                   43                                             ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO IV
            ORDEN DE EMBARGO TEMPORAL DE UNA CUENTA BANCARIA
      (Artículo 35, apartado 1 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley
    aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de
                                     obligaciones de alimentos29)
   1. Estado miembro:
   AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
   MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
   2. Órgano jurisdiccional
   2.1. Nombre:
   2.2. Calle y número/apartado de correos:
   2.3. Localidad y código postal:
   3. Demandante:
   3.1. Nombre:
   3.2. Calle y número/apartado de correos:
   3.3. Localidad y código postal:
   3.4. País:
   3.5. Tel. (*):
   3.6. Correo electrónico (*):
   4. Deudor
   4.1. Nombre:
   4.2. Calle y número/apartado de correos:
   4.3. Localidad y código postal:
   29
           DO L……
ES                                                44                                               ES
 ---pagebreak---    4.4. País:
   4.5. Tel. (*):
   4.6. Correo electrónico (*):
   (*) Opcional
   5. Solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria
   5.1. Razones de la solicitud (explicar los riesgos graves de incumplimiento por parte del
   deudor):
   5.2. Importe de la suma que debe retenerse mensualmente:
   Moneda: □ Euro □ [Libra esterlina] □ Libra chipriota □ Corona checa
   □ Corona estonia □ Forint húngaro □ Lira maltesa □ Lats letón
   □ Litas lituano □ Corona eslovaca □ Corona sueca □ Tolar esloveno
   □ Zloty polaco □ Otra (precisar)…………………………….
   5.3. Destinatario (Banco del deudor)
   5.3.1. Entidad bancaria
   5.3.2. Número de Cuenta Bancaria Internacional (IBAN):
   6. Orden de embargo temporal de una cuenta bancaria
       Se deniega la solicitud de embargo temporal de una cuenta bancaria.
       Se ordena a:
   (destinatario indicado en el apartado 5.3)
   prohibir, en la cuenta bancaria de:
   (deudor mencionado en el apartado 4)
   todo movimiento que tuviera por consecuencia reducir el saldo acreedor de la cuenta
   más allá del importe de:
   (importe determinado en el apartado 5.2)
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
ES                                              45                                           ES
 ---pagebreak---                                              ANEXO V
                    SOLICITUD DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
       (Artículo 45 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el
      reconocimiento y la ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligación de
                                             alimentos30)
   1. Estado miembro.
   AT □ BE □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ [IE □] IT □ LT □ LU □ LV □
   MT □ NL □ PL □ PT □ SE □ SI □ SK □ [UK □]
   2. Solicitante:
   2.1. Autoridad central requirente
   2.1.1. Nombre:
   2.1.2. Calle y número/apartado de correos:
   2.1.3. Localidad y código postal:
   2.1.4. Tel.:
   2.1.5. Correo electrónico:
   2.2. Actuando a petición del órgano jurisdiccional siguiente:
   2.2.1. Nombre:
   2.2.2. Calle y número/apartado de correos:
   2.2.3. Localidad y código postal:
   2.2.4. Tel.:
   2.2.5. Correo electrónico:
   30
            DO L……
ES                                               46                                              ES
 ---pagebreak---    3. Destinatario - Autoridad central requerida
   3.1. Nombre:
   3.2. Calle y número/apartado de correos:
   3.3.Localidad y código postal:
   3.4. País:
   3.5. Tel.:
   3.6. Correo electrónico:
   4. Información solicitada
   4.1. Deudor concernido:
   4.1.1. Nombre:
   4.1.2. Última dirección conocida:
   4.1.3. Más información útil (descripción, nombre de un empresario anterior, dirección de
   miembros de la familia, referencias de un vehículo propiedad del deudor, referencias de un
   edificio propiedad del deudor):
   Fotografía adjunta................................. .......................
   4.2. Datos buscados
   4.2.1. Dirección del deudor........................... .... .................
   4.2.2. Identidad del empleador del deudor ............................
   4.2.3. Referencias de una cuenta bancaria del deudor….............
   4.2.4. Evaluación del patrimonio del deudor..........................
   4.2.5. Importe de los ingresos del deudor..............................
   5. Documentos requeridos para la información mencionada en los apartados 4.2.2 a 4.2.5
   (adjuntar una copia)
   5.1. Resolución ……………………………………………………………
   5.2. Documento público ............................................. .........
   5.3. Acuerdo entre partes ................................................ .. .
ES                                                               47                           ES
 ---pagebreak---    IMPORTANTE (artículo 47 del Reglamento … del Consejo relativo a la competencia, la ley
   aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de
   obligación de alimentos):
   El deudor no debe ser informado de la transmisión de los datos antes de que la
   autoridad central requirente informe a la autoridad central requerida
   El deudor podrá ser informado de la transmisión de los datos
   Fecha:
   Firma y/o sello de la autoridad competente:
ES                                               48                                               ES