CELEX: 62002TJ0228
Language: es
Date: 2006-12-12
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de diciembre de 2006.#Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran contra Consejo de la Unión Europea.#Política exterior y de seguridad común - Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo - Congelación de fondos - Recurso de anulación - Derecho de defensa - Motivación - Derecho a una protección jurisdiccional efectiva - Recurso de indemnización.#Asunto T-228/02.

Asunto T‑228/02
      Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo
         — Congelación de fondos — Recurso de anulación — Derecho de defensa — Motivación — Derecho a una tutela judicial efectiva — Recurso de indemnización»
      
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de diciembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Procedimiento — Decisión que sustituye durante el procedimiento a la decisión impugnada
      2.     Recurso de anulación — Competencia del juez comunitario — Recurso dirigido contra una posición común adoptada en virtud de
            los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea 
      (Art. 230 CE; arts. 15 UE, 34 UE, 35 UE y 46 UE)
      3.     Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas
            y entidades sospechosas de actividades terroristas 
      [Art. 249 CE; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3; Decisión 2005/930/CE del Consejo]
      4.     Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que obliga
            a adoptar medidas restrictivas contra personas y entidades indeterminadas sospechosas de actividades terroristas — Aplicación
            por la Comunidad en ejercicio de facultades propias
      [Arts. 60 CE, 301 CE y 308 CE; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]
      5.     Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas
            y entidades sospechosas de actividades terroristas
      [Posición común 2001/93/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]
      6.     Unión Europea — Política exterior y de seguridad común — Cooperación policial y judicial en materia penal — Obligación de
            cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias
      [Art. 10 CE; Posición común 2001/93/PESC del Consejo, art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo, art. 2, ap. 3]
      7.     Derecho comunitario — Principios — Derecho de defensa — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas
            y entidades sospechosas de actividades terroristas 
      (Posición común 2001/93/PESC del Consejo, art. 1, aps. 4 y 6)
      8.     Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance
      [Art. 253 CE; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]
      9.     Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance 
      [Art. 253 CE; Posición común 2001/93/PESC del Consejo, art. 1, aps. 4 y 6; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo]
      10.   Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones
      [Art. 230 CE, párr. 2; Posición común 2001/93/PESC del Consejo, art. 1, aps. 4 y 6; Reglamento (CE) nº 2580/2001 del Consejo,
            art. 2. ap. 3]
      1.     Cuando se sustituye durante el procedimiento una decisión por otra que tiene el mismo objeto, esta última debe considerarse
         un elemento nuevo que permite que el demandante adapte sus pretensiones y motivos. En efecto, obligar al demandante a interponer
         un nuevo recurso iría en contra de la buena administración de la justicia y de las exigencias de economía procesal. Además,
         sería injusto que, para hacer frente a las críticas contenidas en un recurso contra una decisión presentado ante el juez comunitario,
         la institución afectada pudiera adaptar la decisión impugnada o sustituirla por otra e invocar, durante el procedimiento,
         dicha modificación o sustitución para privar a la otra parte de la posibilidad de hacer extensivas sus pretensiones y motivos
         iniciales a la decisión ulterior o de formular nuevos motivos y pretensiones contra esta última. Lo mismo cabe decir respecto
         al supuesto de un Reglamento que afecta directa e individualmente a un particular y que es sustituido durante el procedimiento
         por otro Reglamento que tiene el mismo objeto.
      
      (véanse los apartados 28 y 29)
      2.     El Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para conocer de un recurso de anulación interpuesto contra una Posición
         común adoptada al amparo de los artículos 15 UE, comprendido en el título V, relativo a la política exterior y de seguridad
         común (PESC), y 34 UE, comprendido en el título VI, relativo a la cooperación policial y judicial en materia penal (JAI) en
         la estricta medida en que se invoque, en apoyo de tal recurso, la inobservancia de las competencias de la Comunidad.
      
      En efecto, no se prevé, en el marco del título V del Tratado UE, relativo a la PESC, ni del título VI del Tratado UE, relativo
         a JAI, ningún recurso de anulación de una Posición común ante el juez comunitario.
      
      En el Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Ámsterdam, las competencias del Tribunal de Justicia se enumeran
         taxativamente en el artículo 46 UE. Pues bien, este artículo no establece ninguna competencia del Tribunal de Justicia en
         el marco de las disposiciones del título V del Tratado UE y, de los artículos 35 UE y 46 UE se desprende que, en el marco
         del título VI del Tratado UE, sólo se prevén vías de recurso para apreciar la validez o nulidad respecto de decisiones marco,
         decisiones y de medidas de aplicación de los convenios previstos, respectivamente, por el artículo 34 UE, apartado 2, letras b),
         c) y d), con exclusión de las Posiciones comunes a que se refiere el artículo 34 UE, apartado 2, letra a).
      
      (véanse los apartados 46 a 49, 52 y 56)
      3.     No se puede negar a los interesados la garantía relativa al respeto del derecho de defensa propiamente dicho, en el contexto
         de la adopción de una decisión de congelación de fondos al amparo del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas
         específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, por la mera razón de
         que ni el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ni los principios
         generales del Derecho comunitario confieren a los particulares derecho alguno a ser oídos antes de la adopción de un acto
         de carácter normativo.
      
      En efecto, aunque es cierto que la Decisión 2005/930, relativa a la aplicación del artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         nº 2580/2001, tiene el mismo alcance general que este Reglamento y, como él, es directamente aplicable en todos los Estados
         miembros, y, por tanto, pese a su título, participa de la misma naturaleza reglamentaria que este acto en el sentido del artículo
         249 CE, no tiene un carácter exclusivamente normativo. Si bien tiene efectos erga omnes, afecta directa e individualmente a las personas que designa por lo demás por su nombre para indicar que deben ser inscritas
         en la lista de personas, grupos y entidades cuyos fondos deben congelarse en aplicación de dicho Reglamento.
      
      (véanse los apartados 95, 97 y 98)
      4.     En el contexto de la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, incumbe a los Estados miembros de la Organización de
         las Naciones Unidas —y, en este caso, a la Comunidad, por medio de la cual han decidido actuar los Estados miembros— determinar
         concretamente las personas, grupos y entidades cuyos fondos deben ser congelados en aplicación de dicha Resolución, de acuerdo
         con las normas de su propio ordenamiento jurídico.
      
      En efecto, por una parte esta Resolución no determinó individualmente las personas, grupos y entidades que deben ser objeto
         de dichas medidas ni estableció normas jurídicas precisas relativas al procedimiento de congelación de fondos, ni las garantías
         o recursos jurisdiccionales que otorguen a las personas y entidades afectadas por tal procedimiento una posibilidad efectiva
         de oponerse a las medidas adoptadas en su contra por los Estados.
      
      Por otra parte, la Comunidad no actúa en virtud de una competencia sometida a la voluntad de la Unión o a la de los Estados
         miembros cuando el Consejo adopta medidas de sanción económica al amparo de los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE.
      
      Puesto que la determinación de las personas, grupos y entidades contemplados en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad
         y la adopción de la medida de congelación de fondos que la acompaña constituye el ejercicio de una facultad propia, que implica
         una apreciación discrecional de la Comunidad, el respeto del derecho de defensa de los interesados se impone, en principio,
         a las instituciones concernidas, en este caso el Consejo, cuando éstas actúan para cumplir la mencionada Resolución. De esto
         se deduce que la garantía del derecho de defensa es plenamente aplicable, en principio, en el contexto de la adopción de una
         decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas
         a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.
      
      (véanse los apartados 101, 102 y 106 a108)
      5.     En el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra
         el terrorismo, el derecho de defensa sólo se ejerce a la luz de los elementos de hecho y de Derecho que pueden condicionar
         la aplicación de la medida en cuestión al interesado, de conformidad con esta normativa.
      
      No obstante, la cuestión del respeto de este derecho en el citado contexto puede plantearse en dos ámbitos:
      El derecho de defensa del interesado debe estar efectivamente garantizado, en primer lugar, en el marco del procedimiento
         nacional que haya terminado con la adopción, por la autoridad nacional competente, de la decisión que se contempla en el artículo
         1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. Es
         esencialmente en el ámbito nacional donde el interesado debe tener ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista
         sobre las pruebas de cargo utilizadas en su contra para fundamentar la decisión en cuestión, con la excepción de las posibles
         limitaciones del derecho de defensa legalmente justificadas en Derecho nacional, en particular, por razones de orden público,
         de seguridad pública o de mantenimiento de las relaciones internacionales.
      
      A continuación, el derecho de defensa del interesado debe garantizarse efectivamente en el marco del procedimiento comunitario
         que lleve a la adopción, por el Consejo, de la decisión de inscribirle o mantenerle en la lista litigiosa, de conformidad
         con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001. En principio, en este contexto, el interesado solamente ha de
         tener ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los requisitos legales de aplicación de la medida comunitaria
         en cuestión, a saber, si se trata de una decisión inicial de congelación de fondos, la existencia de informaciones concretas
         o elementos del expediente que muestren que una autoridad nacional competente adoptó en su contra una decisión que responde
         a la definición que contiene el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931 y, si se trata de una decisión subsiguiente
         de congelación de fondos, la justificación de la permanencia del interesado en la lista litigiosa.
      
      (véanse los apartados 114, 115 y 118 a 120)
      6.     En virtud del artículo 10 CE, las relaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias se rigen por deberes
         recíprocos de cooperación leal. Este principio es de aplicación general y se impone, en particular, en el marco de la cooperación
         policial y judicial en materia penal, regulada en el título VI del Tratado UE, la cual se basa íntegramente en la cooperación
         entre los Estados miembros y las instituciones.
      
      En un caso de aplicación del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas
         de lucha contra el terrorismo, y del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas
         dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, disposiciones que instauran una forma
         de cooperación específica entre el Consejo y los Estados miembros en el marco de la lucha contra el terrorismo, dicho principio
         entraña, para el Consejo, la obligación de ajustarse tanto como sea posible a la apreciación de la autoridad nacional competente,
         al menos cuando se trata de una autoridad judicial, tanto en lo que se refiere a la existencia de «pruebas o indicios serios
         y creíbles» en los cuales se basa su decisión, como en lo que concierne al posible reconocimiento de restricciones de acceso
         a esas pruebas o indicios, legalmente justificadas en Derecho nacional, en particular, por razones de orden público, de seguridad
         pública o de mantenimiento de las relaciones internacionales.
      
      Sin embargo, esas consideraciones sólo son válidas siempre que las pruebas o indicios en cuestión hayan sido sometidas a la
         apreciación de la autoridad nacional competente. Por el contrario, si a lo largo del procedimiento que se desarrolla ante
         él, el Consejo funda su decisión inicial o una decisión subsiguiente de congelación de fondos sobre elementos de información
         o de prueba que le comunican los representantes de los Estados miembros sin haberlos sometido a la apreciación de dicha autoridad
         nacional competente, debe considerarse que se trata de nuevas pruebas de cargo que deben, en principio, ser objeto de una
         comunicación y de una audiencia en el ámbito comunitario, si no lo han sido ya en el ámbito nacional.
      
      (véanse los apartados 123 a 125)
      7.     El principio general de respeto del derecho de defensa requiere que, salvo que se opongan a ello razones imperiosas relacionadas
         con la seguridad de la Comunidad y de sus Estados miembros o con el mantenimiento de sus relaciones internacionales, se comuniquen
         al interesado las pruebas de cargo, en la medida de lo posible al mismo tiempo, o bien tan pronto como sea posible después
         de la adopción de la decisión inicial de congelación de fondos. Con las mismas salvedades, toda decisión subsiguiente de congelación
         de fondos debe, en principio, ir precedida por una comunicación de las nuevas pruebas de cargo y por una audiencia. En cambio,
         el respeto del derecho de defensa no exige que se comuniquen al interesado las pruebas de cargo antes de la adopción de una
         medida inicial de congelación de fondos ni que se oiga automáticamente a éste a posteriori en dicho contexto.
      
      En el caso de una decisión inicial de congelación de fondos, la comunicación de las pruebas de cargo exige, en principio,
         por una parte, que el Consejo comunique al interesado la información concreta o los elementos del expediente que demuestran
         que una autoridad competente de un Estado miembro adoptó en su contra una decisión que responde a la definición del artículo
         1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, así
         como, en su caso, los elementos nuevos resultantes de elementos de información o de prueba que comuniquen al Consejo los representantes
         de los Estados miembros sin haberlos sometido a la apreciación de dicha autoridad nacional competente, y, por otra parte,
         que dicho interesado tenga la ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre esa información o elementos del
         expediente.
      
      En el supuesto de una decisión subsiguiente de congelación de fondos, el respeto del derecho de defensa exige de modo similar,
         por una parte, que se comuniquen al interesado la información o los elementos del expediente que, según el Consejo, justifican
         su permanencia en las listas litigiosas, así como, en su caso, los elementos nuevos mencionados anteriormente, y, por otra
         parte, que dicho interesado tenga la ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre este tema.
      
      (véanse los apartados 125, 126 y 137)
      8.     La garantía relativa a la obligación de motivación que establece el artículo 253 CE también es plenamente aplicable en el
         contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas
         específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.
      
      En principio, la motivación de una medida de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas
         específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, no solamente debe referirse
         a los requisitos legales de aplicación de este Reglamento sino también a las razones por las que el Consejo considera, en
         el ejercicio de su poder discrecional de apreciación, que tal medida debe aplicarse al interesado.
      
      Sin embargo, consideraciones imperiosas que afectan a la seguridad de la Comunidad y de sus Estados miembros o al mantenimiento
         de sus relaciones internacionales pueden oponerse a que se comuniquen a los interesados, con precisión y por extenso, los
         motivos de la decisión inicial o subsiguiente de congelación de sus fondos, al igual que pueden oponerse a que se les comuniquen
         las pruebas de cargo durante el procedimiento administrativo.
      
      (véanse los apartados 109, 146 y 148)
      9.     A menos que consideraciones imperiosas que afectan a la seguridad de la Comunidad y de sus Estados miembros o al mantenimiento
         de sus relaciones internacionales se opongan a ello, y con la salvedad también de la posibilidad de que sólo figuren en la
         versión de la decisión que se publica en el Diario Oficial la parte dispositiva y una motivación general, la motivación de
         una decisión inicial de congelación de fondos contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, sobre
         la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, debe referirse al menos, de manera concreta y específica,
         a informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente de un Estado miembro ha
         adoptado dicha decisión respecto del interesado. La motivación de tal decisión debe indicar, además, las razones por las que
         el Consejo considera, en el ejercicio de su poder discrecional de apreciación, que tal medida debe aplicarse al interesado.
         Además, con las mismas reservas, la motivación de una decisión subsiguiente de congelación de fondos, contemplada en el artículo
         1, apartado 4, de dicha Posición común, debe indicar las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera,
         después de la revisión, que sigue estando justificada la congelación de los fondos del interesado, en su caso basándose en
         nuevos elementos de información o de prueba.
      
      (véanse los apartados 116, 125, 126, 147 y 151)
      10.   El control jurisdiccional de la legalidad de una decisión de congelación de fondos adoptada en virtud del artículo 2, apartado
         3, del Reglamento nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el
         fin de luchar contra el terrorismo, es el previsto en el artículo 230 CE, párrafo segundo, según el cual el juez comunitario
         será competente para pronunciarse sobre los recursos de anulación por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación
         del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder.
      
      A los efectos de este control, y a la luz de los motivos de anulación que alega el interesado o suscitados de oficio, corresponde
         al Tribunal de Primera Instancia comprobar, en particular, que se cumplen los requisitos legales de aplicación del Reglamento
         nº 2580/2001 a un caso concreto, tal como éstos se enuncian en el artículo 2, apartado 3, de este Reglamento y, por remisión,
         bien en el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra
         el terrorismo, bien en el artículo 1, apartado 6, de esta misma norma, según se trate de una decisión inicial o de una decisión
         subsiguiente de congelación de fondos. Esto implica que el control judicial de la legalidad de la decisión en cuestión se
         extiende a la valoración de los hechos y circunstancias que se invocan para justificarla, así como a la comprobación de los
         elementos de prueba y de información sobre los que se fundamenta dicha valoración. El Tribunal de Primera Instancia también
         debe asegurarse que se respeta el derecho de defensa y la exigencia de motivación en relación con el mismo, así como, en su
         caso, la legitimidad de las consideraciones imperiosas excepcionalmente invocadas por el Consejo para desvincularse de esta
         obligación.
      
      Este control se revela más indispensable cuando constituye la única garantía de procedimiento que permite asegurar un equilibrio
         adecuado entre las exigencias de la lucha contra el terrorismo internacional y la protección de los derechos fundamentales.
         Dado que las limitaciones que inflige el Consejo al derecho de defensa de los interesados deben compensarse con un estricto
         control jurisdiccional independiente e imparcial, el juez comunitario debe poder controlar la legalidad y legitimidad de las
         medidas de congelación de fondos, sin que se le puedan oponer el secreto o la confidencialidad de los elementos de prueba
         y de información utilizados por el Consejo.
      
      (véanse los apartados 153 a 155)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      de 12 de diciembre de 2006 (*)
      
      «Política exterior y de seguridad común – Medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo
         – Congelación de fondos – Recurso de anulación – Derecho de defensa – Motivación – Derecho a una tutela judicial efectiva – Recurso de indemnización»
      
      En el asunto T‑228/02,
      Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran, con domicilio social en Auvers-sur-Oise (Francia), representada por Me  J.-P. Spitzer, abogado, el Sr. D. Vaughan, QC, y Me É. de Boissieu, abogada,
      
      parte demandante,
      contra
      Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. M. Vitsentzatos y M. Bishop, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      apoyado por
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado inicialmente por el Sr. J.E. Collins, y posteriormente por las Sras. R. Caudwell y C. Gibbs, en calidad de agentes,
         asistidas por la Sra. S. Moore, Barrister,
      
      parte coadyuvante en el asunto
      que tiene por objeto inicial, por una parte, un recurso de anulación de la Posición común 2002/340/PESC del Consejo, de 2
         de mayo de 2002, por la que se actualiza la Posición común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha
         contra el terrorismo (DO L 116, p. 75), de la Posición común 2002/462/PESC del Consejo, de 17 de junio de 2002, por la que
         se actualiza la Posición común 2001/931 y se deroga la Posición común 2002/340 (DO L 160, p. 32), así como de la Decisión
         2002/460/CE del Consejo, de 17 de junio de 2002, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CE)
         nº 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra
         el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2002/334/CE (DO L 160, p. 26), en la medida en que la demandante figura en
         la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican dichas disposiciones y, por otra parte, un recurso de indemnización,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
      
      integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de febrero de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Antecedentes del litigio
      1       Se desprende de los autos de que la demandante, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran (Mujahedin-e Khalq en persa),
         se fundó en 1965 con el objetivo de sustituir el régimen del Shah de Irán, y posteriormente el de los mollahs, por un régimen
         democrático. Participó en la fundación, en 1981, del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (NCRI), órgano que se define
         como el «Parlamento en el exilio de la Resistencia» iraní. En el momento de los hechos que dieron lugar al presente litigio,
         estaba compuesta por cinco organizaciones separadas y por una sección independiente que constituía un brazo armado operativo
         en el interior de Irán. Según manifiesta, sin embargo, la demandante y todos sus miembros renunciaron expresamente a cualquier
         actividad militar desde el mes de junio de 2001 y actualmente ya no dispone de estructura armada.
      
      2       Mediante auto de 28 de marzo de 2001, el Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior del Reino Unido,
         en lo sucesivo, «Home Secretary») inscribió a la demandante en la lista de organizaciones proscritas al amparo de la Terrorism
         Act 2000 (Ley de 2000 sobre el terrorismo). La demandante interpuso dos recursos paralelos contra este auto, uno de alzada
         (appeal) ante la Proscribed Organisations Appeal Comisión (Comisión de apelación en materia de organizaciones prohibidas,
         en lo sucesivo, «POAC»), y otro contencioso-administrativo (judicial review) ante la High Court of Justice (England and Wales),
         Queen’s Bench Division (Administrative Court), en lo sucesivo, «High Court»].
      
      3       El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad») aprobó
         la Resolución 1373 (2001) sobre medidas para combatir el terrorismo por todos los medios y, en particular, su financiación.
         El apartado 1, letra c), de esta Resolución dispone, en particular, que todos los Estados congelen sin dilación los fondos
         y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen
         en ellos o faciliten su comisión; de las entidades de propiedad o bajo el control de esas personas, y de las personas y entidades
         que actúen en nombre de esas personas y entidades o bajo sus órdenes.
      
      4       El 27 de diciembre de 2001, al considerar que era necesaria una acción de la Comunidad para la aplicación de la Resolución
         1373 (2001) del Consejo de Seguridad, el Consejo adoptó, en virtud de los artículos 15 UE y 34 UE, la Posición común 2001/930/PESC,
         relativa a la lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 90) y la Posición común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas
         específicas de lucha contra el terrorismo (DO L 344, p. 93).
      
      5       Según el artículo 1, apartado 1, de la Posición común 2001/931, ésta se aplicará «a las personas, grupos y entidades que intervengan
         en actos terroristas que se enumeran en el anexo». El nombre de la demandante no figura en dicha lista.
      
      6       El artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición común 2001/931 define, respectivamente, lo que debe entenderse por «personas,
         grupos y entidades que intervengan en actos terroristas» y por «acto terrorista».
      
      7       A tenor del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, la lista que figura en el anexo se confeccionará sobre
         la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una
         decisión respecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de
         procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer, o de participar, o de facilitar dicho
         acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena por dichos hechos. Se entenderá por
         «autoridad competente» una autoridad judicial, o, cuando las autoridades judiciales no tengan competencia en el ámbito contemplado
         en la materia, una autoridad competente equivalente en dicho ámbito.
      
      8       El artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, establece que los nombres de las personas y entidades que figuran
         en la lista del anexo se revisarán periódicamente, al menos una vez por semestre, con el fin de asegurar que su permanencia
         en la lista está justificada.
      
      9       De conformidad con los artículos 2 y 3 de la Posición común 2001/931, la Comunidad Europea, dentro de los límites y poderes
         que le confiere el Tratado CE, dispondrá la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de
         las personas, grupos y entidades enumerados en el anexo y asegurará que no se ponga a su disposición, ni directa ni indirectamente,
         ningún fondo, activo financiero o recurso económico.
      
      10     Al considerar que era necesario un Reglamento para aplicar, a nivel comunitario, las medidas contempladas en la Posición común
         2001/931, el Consejo adoptó, el 27 de diciembre de 2001, sobre la base de los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, el Reglamento
         (CE) nº 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar
         contra el terrorismo (DO L 344, p. 70). De este Reglamento se desprende que, con la excepción de las excepciones que en él
         se autorizan, deberán congelarse todos los fondos que posean las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades incluidos
         en la lista a la que se refiere su artículo 2, apartado 3. Asimismo, se prohíbe que se pongan fondos o servicios financieros
         a disposición de esas personas, grupos o entidades. El Consejo, por unanimidad, establecerá, revisará y modificará la lista
         de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento, con arreglo a las disposiciones previstas en el artículo
         1, apartados 4 a 6, de la Posición común 2001/931.
      
      11     La lista inicial de las personas, grupos y entidades a las que se aplica el Reglamento nº 2580/2001 se estableció mediante
         la Decisión 2001/927/CE del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, por la que se establece la lista prevista en el apartado
         3 del artículo 2 del Reglamento nº 2580/2001 (DO L 344, p. 83). El nombre de la demandante no figura en la misma.
      
      12     Mediante sentencia de 17 de abril de 2002, la High Court desestimó el recurso de revisión interpuesto por la demandante contra
         el auto del Home Secretary de 28 de marzo de 2001 (véase el precedente apartado 2), por considerar, en esencia, que la POAC
         era el foro adecuado para escuchar los argumentos de la demandante, incluidos los que se basan en la violación del derecho
         a ser oído.
      
      13     El 2 de mayo de 2002, el Consejo adoptó, en virtud de los artículos 15 UE y 34 UE, la Posición común 2002/340/PESC, por la
         que se actualiza la Posición común 2001/931 (DO L 116, p. 75). Su anexo actualiza la lista de personas, grupos y entidades
         a los que se aplica la Posición común 2001/931. El punto 2 de este anexo, titulado «grupos y entidades», incluye, en particular,
         el nombre de la demandante, consignado del siguiente modo:
      
      «Organización Mujahedin-e Khalq (MEK o MKO) [menos el «National Council of Resistance of Iran» (NCRI)] (también denominado
         Ejército de Liberación Nacional de Irán, (NLA, ala militante del MEK), Mujahedin del Pueblo de Irán (PMOI), Consejo Nacional
         de la Resistencia (NCR), Sociedad de Estudiantes Musulmanes de Irán).»
      
      14     Mediante la Decisión 2002/334/CE, de 2 de mayo de 2002, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento
         nº 2580/2001 y por la que se deroga la Decisión 2001/927 (DO L 116, p. 33), el Consejo adoptó una lista actualizada de personas,
         grupos y entidades a las que se aplica el Reglamento antes mencionado. El nombre de la demandante se incluye en esta lista,
         en los mismos términos utilizados en el anexo de la Posición común 2002/340.
      
      15     El 17 de junio de 2002, el Consejo adoptó, por un lado, la Posición común 2002/462/PESC por la que se actualiza la Posición
         común 2001/931 y se deroga la Posición común 2002/340 (DO L 160, p. 32), y, por otro lado, la Decisión 2002/460/CE, relativa
         a la aplicación del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento nº 2580/2001 y por la que se deroga la Decisión 2002/334 (DO
         L 160, p. 26). El nombre de la demandante se mantiene en las listas establecidas respectivamente en la Posición común 2001/931
         y en el Reglamento nº 2580/2001 (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas litigiosas» y, ésta última, «lista litigiosa»).
      
      16     Mediante sentencia de 15 de noviembre de 2002, la POAC desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra
         el auto del Home Secretary de 28 de marzo de 2001 (véase el precedente apartado 2), por considerar, en particular, que nada
         impone una audiencia previa de la demandante ante éste, ya que dicha audiencia es, por lo demás, imposible o inadecuada en
         el marco de una legislación dirigida contra organizaciones terroristas. Según esta misma resolución, el régimen legal de la
         Terrorism Act 2000 prevé una posibilidad leal para que la demandante exponga su punto de vista ante la POAC.
      
      17     Desde entonces, el Consejo adoptó diversas Posiciones comunes y Decisiones para actualizar las listas litigiosas. Las que
         estaban en vigor en la fecha en que terminó la fase oral eran, respectivamente, la Posición común 2005/936/PESC del Consejo,
         de 21 de diciembre de 2005, por la que se actualiza la Posición común 2001/931 y se deroga la Posición común 2005/847/PESC
         (DO L 340, p. 80), y la Decisión 2005/930/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la aplicación del artículo
         2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001 y por la que se deroga la Decisión 2005/848/CE (DO L 340, p. 64). Los actos así
         adoptados continuaron incluyendo el nombre de la demandante en las listas litigiosas.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      18     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2002, la demandante interpuso
         el presente recurso, en el marco del cual solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –       Anule las Posiciones comunes 2002/340 y 2002/462, así como la Decisión 2002/460, en lo que estos actos le conciernen.
      –       En consecuencia, declare que estas Posiciones comunes y esta Decisión no son aplicables respecto de ella.
      –       Condene al Consejo a pagar un euro en concepto del perjuicio sufrido.
      –       Condene en costas al Consejo.
      19     En su escrito de contestación a la demanda, el Consejo solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso en parte por inadmisible y en parte por infundado.
      –       Condene en costas a la demandante.
      20     Mediante auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia, de 12 de febrero de 2003, se admitió, oídas
         las partes, la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Consejo.
         La parte coadyuvante presentó su escrito de formalización de la intervención y solicitó la desestimación del recurso. La demandante
         presentó sus observaciones al mismo en los plazos establecidos.
      
      21     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral y, en el marco
         de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia, invitó a las partes, mediante escrito de la Secretaría de 1 de diciembre de 2005, a presentar sus observaciones
         escritas acerca de las consecuencias que deban extraerse, para el desarrollo del presente recurso, de los nuevos elementos
         que constituyen la derogación y sustitución en diversas ocasiones, desde la interposición de la demanda, de los actos impugnados
         mediante dicho recurso, a saber, las Posiciones comunes 2002/340 y 2002/462 así como la Decisión 2002/460, por actos que siguen
         incluyendo a la demandante en las listas litigiosas.
      
      22     En sus observaciones, presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de diciembre de 2005, el Consejo
         sostiene que no es necesario adoptar una postura en lo que atañe a las Posiciones comunes puesto que, a su juicio, el recurso
         es, en todo caso, inadmisible. En lo referente a las decisiones comunitarias que aplican el Reglamento nº 2580/2001, el Consejo
         estima que «se debe considerar que la demanda se dirige contra la Decisión 2005/848/CE [del Consejo, de 29 de noviembre de
         2005, relativa a la aplicación del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2580/2001 y por la que se deroga la Decisión
         2005/722/CE (DO L 314, p. 46)] o cualquier otra Decisión con el mismo objeto que esté en vigor en la fecha en la que el Tribunal
         de Primera Instancia dicte su sentencia, siempre que esta Decisión afecte a la demandante».
      
      23     En sus observaciones, presentadas en la Secretaría el 2 de enero de 2006, la demandante alega que «debe tenerse en cuenta
         que el presente recurso se dirige contra la Posición común 2005/847/PESC del Consejo, de 29 de noviembre de 2005, [por la
         que se actualiza la Posición común 2001/931 y se deroga la Posición común 2005/725/PESC (DO L 314, p. 41)] y la Decisión 2005/848».
         La demandante adjuntó, además, en anexo a estas observaciones, una serie de documentos nuevos que se incorporaron al expediente.
         Mediante escrito de la Secretaría de 19 de enero de 2006, dichas observaciones y documentos se comunicaron al Consejo, que
         acusó recibo de los mismos el 27 de enero de 2006.
      
      24     Mediante escrito presentado en la Secretaría el 25 de enero de 2006, la demandante formuló observaciones escritas sobre el
         informe para la vista, en las que, en particular, manifiesta que, en lo sucesivo, debe considerarse que el recurso se dirige
         también contra la Posición común 2005/936 y la Decisión 2005/930. En anexo a este escrito añade una serie complementaria de
         nuevos documentos. Se advirtió a las partes que, durante la vista, se adoptaría una decisión acerca de la incorporación de
         dichos anexos a los autos.
      
      25     En la vista de 7 de febrero de 2006 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas orales
         formuladas por el Tribunal de Primera Instancia. Durante esta vista, el Consejo invocó la irregularidad de que la demandante
         presentase nuevos documentos en la Secretaría los días 18 y 25 de enero de 2006 (véanse los precedentes apartados 23 y 24).
         El Consejo añadió que no le es posible adoptar una posición sobre esos documentos en tiempo útil porque se le comunicaron
         tardíamente. El Consejo solicita, por tanto, al Tribunal de Primera Instancia que no admita la incorporación a los autos de
         los documentos en cuestión, o bien que ordene que se reabra la fase escrita del procedimiento para permitirle defender su
         punto de vista por escrito. El Tribunal de Primera Instancia se reservó su pronunciamiento sobre esta pretensión, así como
         sobre la incorporación a los autos de los documentos contemplados en el precedente apartado 24.
      
      26     Al responder a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la demandante declaró que, tal como había reconocido el Consejo
         en sus observaciones presentadas en la Secretaría el 23 de diciembre de 2005 (véase el precedente apartado 22), debe considerarse
         que el presente recurso se dirige contra la Posición común 2005/936 y la Decisión 2005/930, así como, en su caso, contra todos
         los actos en vigor en la fecha en que se dicte la sentencia cuyo objeto sea el mismo que el de la Posición común y la Decisión
         mencionadas y que produzcan idéntico efecto respecto de ella, siempre que le afecten.
      
       Sobre las consecuencias de procedimiento de la derogación y sustitución de los actos inicialmente impugnados
      27     Tal como se desprende del precedente apartado 17, los actos inicialmente impugnados mediante el presente recurso, a saber,
         las Posiciones comunes 2002/340 y 2002/462, así como la Decisión 2002/460 (en lo sucesivo, «Decisión inicialmente impugnada»),
         fueron derogados y sustituidos en diversas ocasiones, después de la presentación de la demanda, por actos que continuaron
         incluyendo el nombre de la demandante en las listas litigiosas. Se trata, al término de la fase oral, de la Posición común
         2005/936 y de la Decisión 2005/930.
      
      28     A este respecto procede recordar que, cuando se sustituye durante el procedimiento una decisión por otra que tiene el mismo
         objeto, esta última debe considerarse un elemento nuevo que permite que el demandante adapte sus pretensiones y motivos. En
         efecto, obligar al demandante a interponer un nuevo recurso iría en contra de la buena administración de la justicia y de
         las exigencias de economía procesal. Además, sería injusto que, para hacer frente a las críticas contenidas en un recurso
         contra una decisión presentado ante el juez comunitario, la institución afectada pudiera adaptar la decisión impugnada o sustituirla
         por otra e invocar, durante el procedimiento, dicha modificación o sustitución para privar a la otra parte de la posibilidad
         de hacer extensivas sus pretensiones y motivos iniciales a la decisión ulterior o de formular nuevos motivos y pretensiones
         contra esta última (sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión, 14/81, Rec. p. 749, apartado
         8; de 29 de septiembre de 1987, Fabrique de fer de Charleroi y Dillinger Hüttenwerke/Comisión, 351/85 y 360/85, Rec. p. 3639,
         apartado 11, y de 14 de julio de 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión, 103/85, Rec. p. 4131, apartados 11 y 12; sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 3 de febrero de 2000, CCRE/Comisión, T‑46/98 y T‑151/98, Rec. p. II‑167, apartado 33).
      
      29     En las sentencias de 21 de septiembre de 2005, Yusuf y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (T‑306/01,
         Rec. p. II‑3533, recurrida en casación, en lo sucesivo «sentencia Yusuf», apartado 73), y Kadi/Consejo y Comisión (T‑315/01,
         Rec. p. II‑3649, recurrida en casación, en lo sucesivo «sentencia Kadi», apartado 54), el Tribunal de Primera Instancia declaró
         dicha jurisprudencia aplicable al supuesto de un Reglamento que afecta directa e individualmente a un particular y que es
         sustituido durante el procedimiento por otro Reglamento que tiene el mismo objeto.
      
      30     De acuerdo con esta jurisprudencia, procede, pues, en el caso de autos, estimar la pretensión de la demandante de que se considere
         que su recurso tiene por objeto, en la fecha de terminación de la fase oral del procedimiento, la anulación de la Posición
         común 2005/936 y de la Decisión 2005/930, en la medida en que dichos actos le afecten, y permitir a las partes que reformulen
         sus pretensiones, motivos y alegaciones teniendo en cuenta estos nuevos datos, lo que implica que tienen derecho a formular
         pretensiones, motivos y alegaciones complementarios.
      
      31     En estas circunstancias, procede, por una parte, autorizar la incorporación a los autos de los documentos adjuntos a las observaciones
         de la demandante acerca del informe para la vista presentados en la Secretaría el 25 de enero de 2006 (véase el precedente
         apartado 24), y, por otra parte, desestimar la pretensión del Consejo de que no se admita la incorporación a los autos de
         los documentos en cuestión, ni la de los documentos adjuntos a las observaciones que realizó la demandante en respuesta a
         la pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, presentados en la Secretaría el 18 de enero de 2006 (véanse los precedentes
         apartados 23 y 25). En efecto, estima que la aportación de datos y documentos nuevos y las nuevas proposiciones de prueba
         deben considerarse inherentes al derecho que asiste a las partes de reformular sus pretensiones, motivos y alegaciones teniendo
         en cuenta los nuevos elementos mencionados en los apartados precedentes. En lo que se refiere a la cuestión de si la incorporación
         tardía a los autos de los documentos en cuestión justifica, en el caso de autos, que se reabra la fase escrita del procedimiento
         para garantizar el derecho de defensa (véase el precedente apartado 25), procede remitirse al apartado 182 infra.
      
      32     Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia considera que sólo puede admitirse una pretensión de anulación de un acto existente
         y lesivo. Si bien la demandante puede, tal como se declaró en el precedente apartado 30, reformular sus pretensiones para
         solicitar la anulación de actos que sustituyen, durante el procedimiento, a los actos inicialmente impugnados, esta solución
         no permite el control especulativo de la legalidad de actos hipotéticos aún no adoptados (véase el auto del Tribunal de Primera
         Instancia de 18 de septiembre de 1996, Langdon/Comisión, T‑22/96, Rec. p. II‑1009, apartado 16, y la jurisprudencia que se cita).
      
      33     De esto se deduce que no procede autorizar que la demandante reformule sus pretensiones para impugnar no sólo la Posición
         común 2005/936 y la Decisión 2005/930, sino también, en su caso, todos los actos en vigor en la fecha de pronunciamiento de
         la sentencia que se dicte cuyo objeto sea el mismo que el de éstos y que produzcan idéntico efecto respecto de ella, siempre
         que le afecten (véase el precedente apartado 26).
      
      34     A los efectos del presente recurso, el control jurisdiccional del Tribunal de Primera Instancia alcanzará solamente a los
         actos ya adoptados, todavía en vigor, y que hayan sido impugnados en la fecha de terminación de la fase oral del procedimiento,
         a saber, la Posición común 2005/936 (en lo sucesivo, «Posición común impugnada») y la Decisión 2005/930 (en lo sucesivo, «Decisión
         impugnada») (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados»), aun en el supuesto de que dichos actos hayan sido derogados
         y sustituidos por otros en la fecha de pronunciamiento de esta sentencia.
      
      35     En efecto, en este supuesto, por un lado, la demandante conserva un interés en obtener la anulación de los actos impugnados,
         en la medida en que la derogación de un acto de una institución no es un reconocimiento de su ilegalidad y produce efectos
         ex nunc, a diferencia de una sentencia de anulación en virtud de la cual se elimina dicho acto del ordenamiento jurídico con carácter
         retroactivo y se considera que nunca ha existido. Por otro lado, tal como reconoció el Consejo durante la vista, en caso de
         anulación de los actos impugnados, esta institución estaría obligada, en virtud del artículo 233 CE, a adoptar las medidas
         necesarias para la ejecución de la sentencia, lo que podría conllevar la modificación o supresión, en su caso, de los actos
         que hayan derogado y sustituido los actos impugnados después del término de la fase oral del procedimiento (véase, en este
         sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión,
         T‑481/93 y T‑484/93, Rec. p. II‑2941, apartados 46 a 48).
      
       Sobre la segunda pretensión
      36     Mediante su segunda pretensión, tal como se reformuló durante la vista, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
         que declare que los actos impugnados no son aplicables respecto de ella a causa de la anulación parcial de los mismos a la
         que se refiere la primera pretensión.
      
      37     Es obligado declarar que la segunda pretensión, así enunciada, no tiene ningún alcance independientemente de la primera. Por
         tanto, debe considerarse que carece de objeto.
      
       Sobre la pretensión de anulación de la Posición común impugnada
       Alegaciones de las partes
      38     La demandante sostiene que el presente recurso es admisible puesto que tanto la Posición común impugnada como la Decisión
         impugnada le afectan directa e individualmente y le son lesivas. De manera más concreta manifiesta que el Tribunal de Primera
         Instancia es competente, so pena de denegación de auxilio judicial, para controlar la legalidad de la Posición común en cuestión.
      
      39     Según la demandante, en efecto, los principios del Estado de Derecho, tal como los consagra el artículo 6 UE, apartado 2,
         se imponen a todos los actos de la Unión, incluidos los que se adoptan en el marco de la política exterior y de seguridad
         común (PESC) o de la cooperación policial y judicial en materia penal (comúnmente llamada «Justicia y Asuntos de Interior»)
         (JAI). Puesto que el derecho al juez es uno de los elementos constitutivos de ese Estado de Derecho, como también se desprende
         de los artículos 35 UE y 46 UE y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston,
         222/84, Rec. p. 1651, apartado 18, y de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677,
         apartados 38 y 39), ninguno de esos actos puede escapar al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia y del Tribunal
         de Primera Instancia. A juicio de la demandante, de lo contrario se crearía una zona sin Derecho.
      
      40     En cualquier caso, estima que debe considerarse ilegal el procedimiento legislativo que siguió el Consejo en el caso de autos,
         al igual que el fundamento de la Posición común impugnada sobre las disposiciones relativas a la PESC. A la vista, en particular,
         de la primacía del Derecho comunitario que consagra el artículo 47 UE, el Tribunal de Primera Instancia es competente para
         declarar la ilegalidad que aqueja a un acto adoptado en virtud de la PESC o de la JAI. La demandante invoca, en este sentido,
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1998, Comisión /Consejo (C‑170/96, Rec. p. I‑2763).
      
      41     Considera que dicho procedimiento se caracteriza, en efecto, por la voluntad constante del Consejo, aprovechando la invocación
         de una norma internacional, de sustraerse al imperativo de la protección de los derechos fundamentales y del control democrático,
         legislativo o jurisdiccional, de sus actos, sin tener en cuenta los principios generales del Derecho comunitario. Ahora bien,
         los encargados de la ejecución material de esos actos de la Unión siguen estando sometidos a un control jurisdiccional a la
         luz de los derechos fundamentales.
      
      42     La demandante afirma que el Parlamento Europeo criticó, por lo demás, esta voluntad cuando se le consultó acerca del proyecto
         de Reglamento nº 2580/2001. Señala que ello se deduce, en particular, de la circunstancia de que el Consejo se atribuye a
         sí mismo la competencia de ejecución de dicho Reglamento mediante Decisiones que, por añadidura, parecen carecer de motivación.
      
      43     El Consejo y el Reino Unido, sin discutir que la demandante se halla directa e individualmente afectada por los actos impugnados,
         alegan que el recurso es inadmisible en cuanto se refiere a la Posición común impugnada.
      
      44     Estiman, consecuentemente, que la presente instancia debe limitarse al control de la legalidad de la Decisión impugnada, que
         declara aplicables a la demandante las medidas previstas por el Reglamento nº 2580/2001.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      45     Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (autos de 7 de junio de 2004, Segi y otros/Consejo, T‑338/02,
         Rec. p. II‑1647, recurrido en casación, apartados 40 y siguientes, Gestoras Pro Amnistía y otros/Consejo, T‑333/02, no publicado
         en la Recopilación, recurrido en casación, apartados 40 y siguientes, y de 18 de noviembre de 2005, Selmani/Consejo y Comisión,
         T‑299/04, no publicado en la Recopilación, apartados 52 a 59), debe desestimarse el recurso por ser, en parte, manifiestamente
         inadmisible y, en parte, manifiestamente infundado en cuanto se refiere a la Posición común impugnada.
      
      46     De entrada, se ha de destacar, en efecto, que esta Posición común no es un acto del Consejo adoptado al amparo del Tratado CE
         y sometido, como tal, al control de legalidad previsto en el artículo 230 CE, sino que es un acto del Consejo, compuesto por
         los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, adoptado con arreglo al artículo 15 UE, comprendido en el título V
         del Tratado UE relativo a la PESC, y al artículo 34 UE, comprendido en el título VI del Tratado UE relativo a JAI.
      
      47     Pues bien, es obligado declarar que no se prevé, en el marco del título V del Tratado UE, relativo a la PESC, ni del título VI
         del Tratado UE, relativo a JAI, ningún recurso de anulación de una Posición común ante el juez comunitario.
      
      48     En efecto, en el Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Amsterdam, las competencias del Tribunal de Justicia
         se enumeran taxativamente en el artículo 46 UE.
      
      49     Por una parte, éste no establece ninguna competencia del Tribunal de Justicia en el marco de las disposiciones del título V
         del Tratado UE.
      
      50     Por otra parte, respecto a las disposiciones del título VI del Tratado UE pertinentes en el presente caso, este artículo dispone:
      «Las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del
         Carbón y del Acero y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica relativas a la competencia del
         Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y al ejercicio de dicha competencia sólo serán aplicables a las siguientes
         disposiciones del presente Tratado:
      
      [...]
      b)      disposiciones del título VI, en las condiciones establecidas en el artículo 35 [UE];
      [...]
      d)      apartado 2 del artículo 6 [UE] con respecto a la actuación de las instituciones, en la medida en que el Tribunal de Justicia
         sea competente con arreglo a los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y al presente Tratado;
      
      [...] »
      51     A tenor de las disposiciones pertinentes del artículo 35 UE:
      «1.      El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será competente, con arreglo a las condiciones que establece el presente
         artículo, para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez e interpretación de las decisiones marco y de las
         decisiones, sobre la interpretación de convenios celebrados de conformidad con el presente título y sobre la validez e interpretación
         de sus medidas de aplicación.
      
      […]
      6.      El Tribunal de Justicia será competente para controlar la legalidad de las decisiones marco y de las decisiones en relación
         con los recursos interpuestos por un Estado miembro o la Comisión por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación
         del presente Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder. Los recursos previstos
         en el presente apartado deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir de la publicación de la medida.
      
      […]»
      52     De los artículos 35 UE y 46 UE se desprende que, en el marco del título VI del Tratado UE, sólo se prevén vías de recurso
         para apreciar la validez o nulidad respecto de decisiones marco, decisiones y de medidas de aplicación de los convenios previstos,
         respectivamente, por el artículo 34 UE, apartado 2, letras b), c) y d), con exclusión de las Posiciones comunes a que se refiere
         el artículo 34 UE, apartado 2, letra a).
      
      53     Es preciso destacar, además, que la garantía del respeto de los derechos fundamentales prevista en el artículo 6 UE, apartado
         2, no resulta pertinente en el presente caso, puesto que el artículo 46 UE, letra d), no ofrece ninguna competencia adicional
         al Tribunal de Justicia (auto Segi y otros/Consejo, citado en el apartado 45 supra, apartado 37).
      
      54     Respecto a la falta de un recurso efectivo invocada por la demandante, ésta no puede basar por sí sola una competencia comunitaria
         propia –en el sistema jurídico comunitario basado en el principio de las competencias de atribución, como se desprende del
         artículo 5 UE– respecto de un acto adoptado en un sistema jurídico relacionado pero distinto, a saber, el de los títulos V
         y VI del Tratado UE (véase el auto Segi y otros/Consejo, citado en el apartado 45 supra, apartado 38). La demandante no puede invocar, a este respecto, la sentencia Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, citada
         en el apartado 39 supra. En esa sentencia (apartado 40), el Tribunal de Justicia basó su razonamiento en que el Tratado ha establecido un sistema
         completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones.
         Ahora bien, tal como se ha puesto de manifiesto más arriba, el Tratado UE establece un control jurisdiccional limitado, en
         lo que atañe a los actos adoptados al amparo de sus títulos V y VI, ya que ciertos ámbitos están excluidos de dicho control
         y algunas vías de recurso no están abiertas.
      
      55     No obstante, se debe destacar a este respecto que, sin que proceda examinar la posibilidad de impugnar la validez de una Posición
         común ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, la Posición común impugnada requiere que se adopten actos
         de ejecución comunitarios y/o nacionales para hacerla efectiva. Ahora bien, no se ha alegado que dichos actos de ejecución
         no pueden ser objeto, por sí mismos, de un recurso de anulación, bien ante el juez comunitario bien ante el juez nacional.
         Así, no se ha demostrado que la demandante no disponga de un recurso judicial efectivo, aunque indirecto, contra los actos,
         adoptados en virtud de la Posición común impugnada, que le afectan directamente. Además, en el caso de autos, la demandante
         hizo uso de ese derecho de recurso contra la Decisión impugnada.
      
      56     En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para conocer de un recurso de anulación interpuesto
         contra una Posición común adoptada al amparo de los artículos 15 UE y 34 UE en la estricta medida en que la demandante invoque,
         en apoyo de tal recurso, la inobservancia de las competencias de la Comunidad (auto Selmani/Consejo y Comisión, citado en
         el apartado 45 supra, apartado 56). En efecto, los órganos jurisdiccionales comunitarios son competentes para proceder al examen del contenido
         de un acto adoptado en el marco del Tratado UE con el fin de comprobar si dicho acto afecta a las competencias de la Comunidad
         y para anularlo si resultara que debería haberse basado en una disposición del Tratado CE (véanse, en este sentido, las sentencias
         del Tribunal de Justicia Comisión/Consejo, citada en el apartado 40 supra, apartados 16 y 17, y de 13 de septiembre de 2005, Comisión/Consejo, C‑176/03, Rec. p. I‑7879, apartado 39; autos Segi y
         otros/Consejo y Gestoras Pro Amnistía y otros/Consejo, citados en el apartado 45 supra, apartado 41; véase también, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997, Centro-Com, C‑124/95,
         Rec. p. I‑81, apartado 25).
      
      57     En el caso de autos, en la medida en que la demandante invoca una utilización de procedimiento inadecuado por el Consejo al
         actuar en el ámbito de la Unión en menoscabo de las competencias de la Comunidad, cuya finalidad es privarla de toda protección
         jurisdiccional, el presente recurso es de la competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios.
      
      58     A este respecto, se debe sin embargo declarar que el Consejo, al actuar en el marco de la Unión, lejos de menoscabar las competencias
         de la Comunidad, se apoyó, por el contrario, en las mismas para garantizar la ejecución de la Posición común impugnada. En
         efecto, por una parte, al haberse basado el Consejo en las competencias comunitarias pertinentes, en particular, las que se
         mencionan en los artículos 60 CE y 301 CE, no se le puede reprochar que las haya ignorado. En este sentido, la demandante
         no ha citado ninguna base jurídica pertinente, distinta de las disposiciones efectivamente utilizadas en el caso de autos,
         que haya sido vulnerada violando el artículo 47 UE. Por otra parte, estas mismas disposiciones prevén la adopción previa de
         una Posición común o de una acción común para hacerlas aplicables. De esto resulta que la adopción de una Posición común con
         carácter previo a la ejecución de las competencias comunitarias que se ejercen en el caso de autos pone de manifiesto el respeto
         de dichas competencias y no su infracción. Además, incluso si la utilización de una Posición común al amparo del Tratado UE
         significa que los interesados se ven privados de un recurso jurisdiccional directo ante el juez comunitario, es decir, de
         la posibilidad de impugnar directamente la legalidad de la Posición común impugnada, este resultado no constituye, como tal,
         una inobservancia de las competencias de la Comunidad. Por último, en cuanto a la Resolución del Parlamento de 7 de febrero
         de 2002, en la que éste deplora la elección de una base jurídica correspondiente al Tratado UE para la constitución de la
         lista de personas, grupos o entidades implicados en actos de terrorismo, ha de señalarse que esta crítica se refiere a una
         decisión política y no cuestiona, como tal, la legalidad de la base jurídica elegida o la inobservancia de las competencias
         de la Comunidad (auto Segi y otros/Consejo, citado en el apartado 45 supra, apartado 46).
      
      59     El Tribunal de Primera Instancia, al pronunciarse en el marco del control de legalidad limitado que emana de su competencia
         en virtud del Tratado CE, sólo puede, por tanto, declarar que la Posición común impugnada no vulnera las competencias de la
         Comunidad.
      
      60     Se desprende de cuanto precede que, en la estricta medida en que el Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer
         del presente recurso en cuanto se refiere a la Posición común impugnada, debe desestimarse dicho recurso por ser manifiestamente
         infundado.
      
       Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada
      61     La demandante invoca tres motivos en apoyo de sus pretensiones de anulación de la Decisión impugnada. El primero se compone
         de cinco partes, basadas respectivamente en la vulneración del derecho de defensa, un vicio sustancial de forma, la infracción
         del derecho a la tutela judicial efectiva, la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y un error manifiesto de
         apreciación. El segundo motivo se basa en la vulneración del derecho a sublevarse contra la tiranía y la opresión. El tercer
         motivo está basado en la violación del principio de no discriminación.
      
      62     Se debe examinar en primer lugar el primer motivo.
       Alegaciones de las partes
      63     En el marco del primer motivo, la demandante no impugna ni la legalidad ni la legitimidad de medidas como la congelación de
         fondos establecida en los actos impugnados contra personas, grupos y entidades implicadas en actos de terrorismo, con arreglo
         a la Posición común 2001/931.
      
      64     La demandante sostiene, en cambio, en la primera parte del primer motivo, que la Decisión impugnada viola sus derechos fundamentales
         y, en particular, su derecho de defensa, garantizado por el artículo 6 UE, apartado 2, y por el artículo 6 del Convenio Europeo
         para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), al imponerle graves
         sanciones y causarle un perjuicio considerable, sin oírla antes de su adopción y sin que ni siquiera haya podido manifestar
         oportunamente su punto de vista con posterioridad. Estima que, puesto que dispone de oficinas y de dirigentes conocidos, debería
         haberse convocado y oído a sus representantes antes de inscribirla en la lista litigiosa. En la vista la demandante insistió
         en que ignoraba incluso la identidad de la autoridad nacional autora de la Decisión presuntamente adoptada respecto de ella
         al amparo del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931 y del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001,
         así como las pruebas y la información sobre cuya base se adoptó tal Decisión. Según la demandante, su inclusión en la lista
         litigiosa se efectuó «al parecer, exclusivamente a la vista de documentos proporcionados por el régimen de Teherán».
      
      65     La demandante sostiene, además, en las partes segunda y tercera del motivo, que su inscripción en la lista litigiosa, sin
         audiencia previa y sin la menor indicación de fundamentos de hecho y de Derecho que la justifiquen legalmente infringe también
         la obligación de motivación establecida por el artículo 253 CE así como el derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 1968, Mandelli/Comisión, 3/67, Rec. p. 35, y Johnston, citada en el apartado 39 supra).
      
      66     La demandante afirma asimismo, en la cuarta parte del motivo, que esta inscripción va en contra, además, de la presunción
         de inocencia, que postula el artículo 48, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y cita
         igualmente, a este respecto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de febrero de 1995, Allenet de Ribemont
         (serie A nº 308).
      
      67     La demandante expone, finalmente, en la quinta parte del motivo, que su inscripción en la lista litigiosa se deriva de un
         error manifiesto de apreciación. Estima, en efecto, que de ningún modo se le puede acusar de constituir una organización terrorista.
      
      68     El Consejo y el Reino Unido manifiestan que la Decisión impugnada no vulnera los derechos fundamentales cuya violación se
         alega.
      
      69     En lo que respecta, más en concreto, al derecho a ser oído, el Consejo destaca que la propia demandante manifestó que había
         escrito al Presidente en ejercicio del Consejo, antes de la adopción de la Decisión inicialmente impugnada, para defender
         su causa. El Consejo sostiene que, por tanto, fue oída antes de proceder a la congelación de sus fondos. Invoca, en este sentido,
         el auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 2 de agosto de 2000, «Invest» Import und Export
         e Invest commerce/Comisión (T‑189/00 R, Rec. p. II‑2993, apartado 41), del que se desprende indirectamente que los contactos
         tempranos con las autoridades, la exposición circunstanciada de su punto de vista y el conocimiento de su pretendida inscripción
         en la lista negra conforman un conjunto de circunstancias que satisfacen el derecho a ser oído.
      
      70     Por lo demás, señala que la demandante nunca reanudó el contacto con el Consejo, después de la adopción de la Decisión inicialmente
         impugnada, para lograr una revisión de su caso con el fin de una posible supresión de su nombre de la lista litigiosa.
      
      71     En todo caso, no se desprende del CEDH ni de la Carta de Derechos Fundamentales, instrumento por lo demás no vinculante, ni
         de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, que el respeto del derecho de defensa implique un derecho
         incondicional a ser oído antes de la adopción de una medida de sanción civil o administrativa, como la que se impugna en el
         caso de autos.
      
      72     El Consejo y el Reino Unido también ponen de relieve que parecen posibles las excepciones del derecho general a ser oído en
         el marco de un procedimiento administrativo, al menos en determinados Estados miembros, por razones de interés público, de
         orden público o de mantenimiento de las relaciones internacionales, o incluso cuando el objeto de la Decisión a adoptar se
         frustra o puede frustrarse si se concede el derecho en cuestión. Como ejemplos, el Consejo menciona los Derechos alemán, francés,
         italiano, inglés, danés, sueco, irlandés y belga.
      
      73     El Gobierno del Reino Unido describe, por su parte, el procedimiento especial ante la POAC, en el marco de un recurso contra
         una decisión del Home Secretary de prohibir una organización sospechosa de estar implicada en el terrorismo, en virtud de
         la Terrorism Act 2000. Este procedimiento especial se caracteriza, en particular, por el nombramiento de un abogado especial
         para representar a la parte demandante ante la POAC, que se reúne a puerta cerrada, así como por la posibilidad de que la
         POAC tome en consideración pruebas no comunicadas a esta parte o a su representante legal, por imperativo legal o por razones
         de interés público. Señala que, en el caso de autos, la demandante fue objeto de una decisión de prohibición de este tipo
         (véase el precedente apartado 2), contra la cual interpuso dos recursos paralelos: uno de alzada ante la POAC, y otro contencioso‑administrativo
         ante la High Court. Mediante sentencia de 17 de abril de 2002, la High Court desestimó el recurso contencioso-administrativo
         (véase el precedente apartado 12) y, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2002, la POAC desestimó el recurso de apelación
         (véase el precedente apartado 16).
      
      74     Asimismo, según el Consejo y el Reino Unido, el Derecho comunitario no confiere a la demandante un derecho a ser oída antes
         de su inclusión en la lista litigiosa.
      
      75     Según el Reino Unido, el presente asunto se diferencia del que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de
         junio de 1994, Fiskano/Comisión (C‑135/92, Rec. p. I‑2885), invocada por la demandante, en que la inscripción de la demandante
         en la lista litigiosa no constituye la aplicación a ésta de un procedimiento relativo a un derecho preexistente, sino la adopción
         de una medida legislativa o administrativa por las instituciones comunitarias. Una persona afectada por dichas medidas no
         es parte demandada de un procedimiento y, en consecuencia, simplemente no se plantea la cuestión del derecho de defensa. Sus
         derechos se garantizan mediante la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional, en este caso el Tribunal de Primera
         Instancia al amparo del artículo 230 CE, con el fin de que se compruebe si la normativa en cuestión se adoptó legalmente y/o
         si es aplicable efectivamente a la demandante.
      
      76     El Consejo invoca también, en el mismo sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de septiembre de 1986, AKZO
         Chemie/Comisión (5/85, Rec. p. 2585, apartados 20 y 24), y de 14 de marzo de 2000, Église de scientologie (C‑54/99, Rec. p. I‑1335,
         apartado 20). El Consejo expresa sus dudas, por lo demás, acerca de que los principios jurisprudenciales desarrollados en
         los asuntos de competencia o de defensa comercial puedan aplicarse sin reservas en el presente asunto. A su juicio, la jurisprudencia
         más pertinente en el caso de autos es la que ha admitido que, en el supuesto de una persona que es objeto de una sanción comunitaria
         adoptada a propuesta de una autoridad nacional, el derecho del interesado a ser oído debe garantizarse efectivamente, en primer
         lugar, en el marco de las relaciones entre el interesado y la Administración nacional (auto «Invest» Import und Export e Invest
         commerce/Comisión, citado en el apartado 69 supra, apartado 40).
      
      77     En cuanto al artículo 6 del CEDH, el Consejo subraya que no hay nada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
         Humanos que indique que las garantías previstas por esta disposición deberían haberse aplicado durante el procedimiento administrativo
         que condujo a la adopción de la Decisión impugnada. La congelación de los haberes de la demandante no constituye una sanción
         penal y no puede asimilarse a dicha sanción en virtud de los criterios de gravedad establecidos por el Tribunal Europeo de
         Derechos Humanos (TEDH, sentencias Engel y otros de 8 de junio de 1976, serie A nº 22, Campbell y Fell de 28 de junio de 1984,
         serie A nº 80, y Öztürk de 23 de octubre de 1984, serie A nº 85). Dicho Tribunal ha declarado también que el artículo 6, apartado
         1, del CEDH no se aplica a las fases administrativas de instrucción ante las autoridades administrativas. Solamente está sometido
         a la garantía de un juicio justo el modo en que se utiliza la información recabada durante la instrucción administrativa en
         el procedimiento jurisdiccional (TEDH, sentencia Fayed de 21 de septiembre de 1994, serie A nº 294‑B).
      
      78     El Reino Unido también niega que el artículo 6, apartado 1, del CEDH se refiera a la adopción de medidas legislativas o reglamentarias.
         Esta disposición se aplica solamente, en su opinión, a disputas relativas a derechos y obligaciones de carácter civil y las
         garantías que establece sólo son aplicables en la medida en que exista un litigio que requiera una decisión. Por tanto, estima
         que no confiere a los particulares un derecho a ser oídos antes de la adopción de una normativa que afecta a sus derechos
         de propiedad. En tal caso, los particulares sólo pueden impugnar a posteriori la legalidad de esta normativa o de su aplicación al caso concreto (TEDH, sentencias Lithgow y otros de 8 de julio de 1986,
         serie A nº 102, y James y otros de 21 de febrero de 1986, serie A nº 98).
      
      79     En el caso de autos, según el Reino Unido, el artículo 6, apartado 1, del CEDH no se aplica a la inscripción de la demandante
         en la lista litigiosa ni, por ende, a la congelación de sus haberes. En consecuencia, la demandante no tiene derecho a defender
         sus argumentos antes de la adopción de dichas medidas. Considera, no obstante, que, en el marco de esta misma disposición,
         la demandante disfruta de un derecho de acceso al juez para impugnar la legalidad de la normativa en cuestión. Estima, por
         lo demás, que ésta hizo uso de ese derecho al interponer el presente recurso.
      
      80     En cualquier caso, las medidas adoptadas en el caso de autos, impuestas por la urgencia, no son desproporcionadas en relación
         con el objetivo perseguido y no crean un desequilibrio injusto entre las exigencias impuestas por el interés general y las
         derivadas de la protección de los derechos fundamentales, puesto que el derecho de defensa puede ejercerse una vez adoptadas
         esas medidas.
      
      81     A este respecto, el Consejo y el Reino Unido destacan que la información o la audiencia de la demandante con anterioridad
         a la congelación de sus haberes habría puesto en peligro la realización del importante objetivo de interés publico perseguido
         por el Reglamento nº 2580/2001, que es evitar que los fondos puedan servir para financiar actividades terroristas. En efecto,
         según estas partes, la demandante hubiera podido aprovechar el plazo de que hubiera dispuesto para formular sus observaciones
         para transferir sus fondos fuera de la Unión.
      
      82     El Reino Unido añade que pueden existir razones imperiosas atinentes a la seguridad nacional para no dar traslado al interesado
         de la información y las pruebas sobre cuya base una autoridad competente puede adoptar una decisión por la que se declara
         que una entidad está implicada en el terrorismo.
      
      83     En lo que concierne al incumplimiento que se alega de la obligación de motivación, el Consejo manifiesta que la Decisión impugnada,
         si bien no está específicamente motivada, se limita a actualizar la lista prevista en el Reglamento nº 2580/2001, cuyo artículo
         2, apartado 3, enumera los criterios sobre cuya base se inscribe a personas, grupos y entidades en la lista litigiosa. Dicho
         Reglamento, la Posición común impugnada y la Decisión impugnada, considerados en conjunto en un contexto que la demandante
         conoce bien, cumplen así la obligación de motivación tal como la define la jurisprudencia, dado que las exigencias materiales
         de la lucha contra el terrorismo no son las mismas que se dan en otros ámbitos, como el de la competencia (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C‑350/88, Rec. p. I‑395, apartado 15; véase, en efecto, en
         un contexto de congelación de fondos, el auto «Invest» Import und Export e Invest commerce/Comisión, citado en el apartado 69
         supra, apartado 43).
      
      84     El Consejo considera, además, que la Decisión impugnada no infringe en modo alguno el derecho a la presunción de inocencia.
      85     En cuanto a la alegación de un error manifiesto de apreciación, el Consejo y el Reino Unido estiman que la demandante sostiene
         sin fundamento que no es una organización terrorista y que, por tanto, no se le aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         nº 2580/2001.
      
      86     El Consejo y el Reino Unido recuerdan que, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, la lista litigiosa
         se confecciona sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestran que una autoridad nacional
         competente adoptó una decisión que identifica a personas, grupos y entidades implicados en actividades terroristas. Pues bien,
         la demandante no sostiene, y nada sugiere, que no se la inscribiera en la lista litigiosa sobre la base de una decisión de
         este tipo.
      
      87     El Consejo admite que, a tenor de esta misma disposición, comprueba que las autoridades nacionales respeten los criterios
         fijados por la Unión. Sin embargo, esta comprobación no se refiere a hechos como los que alega la demandante, ni a información
         a veces procedente de fuentes protegidas o de la actividad de servicios especializados de los Estados miembros. Dado el papel
         fundamental que desempeñan en el procedimiento las autoridades nacionales competentes, el Consejo y el Reino Unido estiman
         que la impugnación de los propios hechos que esas autoridades toman en consideración para proponer la inscripción de una persona
         en la lista litigiosa, o la solicitud de que revisen su decisión, sólo puede efectuarse de modo útil a nivel nacional. En
         relación con esto, el Reino Unido subraya que el artículo 7 del Reglamento nº 2580/2001 autoriza a la Comisión para modificar
         el anexo del mismo sobre la base de la información proporcionada por los Estados miembros.
      
      88     Pues bien, el Home Secretary, que es la autoridad competente en la materia en el Reino Unido, desestimó una solicitud de la
         demandante para que se la retirase de la lista de organizaciones prohibidas en virtud de la Terrorism Act 2000. Teniendo en
         cuenta las afirmaciones de la demandante de acuerdo con las cuales, por una parte, estuvo implicada en una lucha legítima
         contra un régimen represivo y, por otra parte, sus actos de resistencia armada se concentraron contra objetivos militares
         en Irán, el Home Secretary declaró que no puede aceptar «derecho alguno a recurrir a actos de terrorismo, cualquiera que sea
         su motivación». Los recursos jurisdiccionales que interpuso la demandante contra esta Decisión fueron desestimados (véase
         el precedente apartado 73).
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      89     Procede comenzar por examinar conjuntamente los motivos basados en la vulneración del derecho de defensa, el incumplimiento
         de la obligación de motivación y la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, que están estrechamente ligados.
         Por una parte, en efecto, la garantía del derecho de defensa contribuye a asegurar el adecuado ejercicio del derecho a una
         tutela judicial efectiva. Por otra parte, existe una relación entre el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo y la obligación
         de motivación. Tal como subraya una reiterada jurisprudencia, la obligación que incumbe a las instituciones comunitarias conforme
         al artículo 253 CE de motivar sus actos no responde solamente a una preocupación formal, sino que tiene por objeto permitir
         al juez comunitario ejercer su control de legalidad y a los interesados conocer las justificaciones de la medida adoptada,
         para poder defender sus derechos y comprobar si el acto está o no fundado (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio
         de 1963, Alemania/Comisión, 24/62, Rec. pp. 129 y ss., especialmente p. 143, y de 10 de mayo de 2005, Italia/Comisión, C‑400/99,
         Rec. p. I‑3657, apartado 22; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Cableuropa y otros/Comisión,
         T‑346/02 y T‑347/02, Rec. p. II‑4251, apartado 225). Así, los interesados sólo pueden sacar verdadero provecho de su recurso
         judicial si tienen un conocimiento exacto del contenido y de los motivos del acto en cuestión (véase, en este sentido, la
         sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 1998, Comisión/Consejo, C‑309/95, Rec. p. I‑655, apartado 18, y sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1999, British Steel/Comisión, T‑89/96, Rec. p. II‑2089, apartado 33).
      
      90     A la vista de los argumentos expuestos con carácter principal por el Consejo y el Reino Unido, el Tribunal de Primera Instancia
         comprobará en primer lugar si los derechos y garantías cuya vulneración invoca la demandante son, en principio, aplicables
         en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos al amparo del Reglamento nº 2580/2001. El Tribunal
         de Primera Instancia determinará, a continuación, el objeto y precisará las limitaciones de esos derechos y garantías en tal
         contexto. Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia se pronunciará sobre la vulneración invocada de los derechos y garantías
         en cuestión en las circunstancias concretas del caso de autos.
      
       Aplicabilidad de las garantías relativas al respeto del derecho de defensa, a la obligación de motivación y al derecho a la
         tutela judicial efectiva en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos al amparo del Reglamento nº 2580/2001
      
      –       Derecho de defensa
      91     Según una jurisprudencia reiterada, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona que
         pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse
         aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate. Este principio exige que toda persona
         a la que se pueda imponer una sanción tenga ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre las pruebas de
         cargo utilizadas para justificar la sanción (véase la sentencia del Tribunal de Justicia Fiskano/Comisión, citada en el apartado
         75 supra, apartados 39 y 40, y la jurisprudencia que se cita).
      
      92     En el caso de autos, la Decisión impugnada, mediante la cual se impone a la demandante una medida individual de sanción económica
         y financiera (congelación de fondos), le es, incuestionablemente, lesiva (véase también el apartado 98 infra). Esta jurisprudencia es, por tanto, pertinente en este asunto.
      
      93     De esta jurisprudencia se deriva que, salvo excepciones (véanse los apartados 127 y siguientes, infra), la garantía del derecho de defensa comporta, en principio, dos aspectos principales. Por un lado, se deben comunicar al
         interesado las pruebas de cargo que se tienen en cuenta para fundar la sanción administrativa propuesta (en los sucesivo,
         «comunicación de las pruebas de cargo»). Por otro lado, debe tener la ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista
         sobre las mismas (en lo sucesivo, «audiencia»).
      
      94     Así entendida, hay que distinguir la garantía del derecho de defensa en el marco del propio procedimiento administrativo de
         la que resulta del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo contra el acto lesivo adoptado, en su caso, al término de
         aquel procedimiento (véase en este sentido la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de abril de 2002, Campolargo/Comisión,
         T‑372/00, RecFP pp. I‑A‑49 y II‑223, apartado 36). Por tanto, no son pertinentes en el marco del presente motivo los argumentos
         del Consejo y del Reino Unido en relación con el artículo 6 del CEDH (véanse los precedentes apartados 77 a 79).
      
      95     Además, no se puede negar a los interesados la garantía relativa al respeto del derecho de defensa propiamente dicho, en el
         contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos al amparo del Reglamento nº 2580/2001, por la mera razón,
         como alegan el Consejo y el Reino Unido (véanse los precedentes apartados 78 y 79) de que ni el CEDH ni los principios generales
         del Derecho comunitario confieren a los particulares derecho alguno a ser oídos antes de la adopción de un acto de carácter
         normativo (véase en este sentido y por analogía la sentencia Yusuf, citada en el apartado 29 supra, apartado 322).
      
      96     Es cierto que la jurisprudencia relativa al derecho a ser oído no puede extenderse al contexto de un procedimiento legislativo
         comunitario que conduce a la adopción de medidas de carácter legislativo que implican una decisión de política económica y
         se aplican con carácter general a los operadores afectados (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de diciembre
         de 1996, Atlanta y otros/CE, T‑521/93, Rec. p. II‑1707, apartado 70, confirmada en casación mediante la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, apartados 31 a 38).
      
      97     Es también cierto que la Decisión impugnada, que mantiene a la demandante en la lista litigiosa después de que aquélla fuera
         inscrita en la misma por la Decisión inicialmente impugnada, tiene el mismo alcance general que el Reglamento nº 2580/2001
         y, como éste, es directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por tanto, pese a su título, participa de la misma
         naturaleza reglamentaria que este acto en el sentido del artículo 249 CE (véanse, por analogía, el auto del Tribunal de Primera
         Instancia de 6 de mayo de 2003, DOW AgroSciences/Parlamento y Consejo, T‑45/02, Rec. p. II‑1973, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia
         que se cita, y la sentencia Yusuf, citada en el apartado 29 supra, apartados 184 a 188).
      
      98     Sin embargo, esta Decisión no tiene un carácter exclusivamente normativo. Si bien tiene efectos erga omnes, afecta directa e individualmente a la demandante, a quien designa por lo demás por su nombre para indicar que debe ser inscrita
         en la lista de personas, grupos y entidades cuyos fondos deben congelarse en aplicación del Reglamento nº 2580/2001. Por tratarse
         de un acto por el que se impone una medida individual de sanción económica y financiera (véase el precedente apartado 92),
         la jurisprudencia citada en el precedente apartado 96 no es, por tanto, pertinente (véase, por analogía, la sentencia Yusuf,
         citada en el apartado 29 supra, apartado 324).
      
      99     Además, deben observarse las diferencias entre el presente asunto y los que originaron las sentencias Yusuf y Kadi, citada
         en el apartado 29 supra, en las que se declaró que las instituciones comunitarias no están obligadas a oír a los interesados en el contexto de la
         adopción y aplicación de una medida análoga a la congelación de fondos pertenecientes a personas y entidades asociadas con
         Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes.
      
      100   Esta solución se justificó, en dichos asuntos, por la circunstancia de que las instituciones comunitarias se habían limitado
         a transponer al ordenamiento jurídico comunitario, tal como estaban obligadas a hacer, ciertas resoluciones del Consejo de
         Seguridad y ciertas decisiones de su Comité de Sanciones que obligaban a congelar los fondos de los interesados, designados
         por sus nombres, sin facultar en absoluto a dichas instituciones para crear, en la fase de ejecución específica de las mismas,
         ningún mecanismo comunitario de examen o de revisión de las situaciones individuales. El Tribunal de Primera Instancia dedujo
         de ello que el principio del Derecho comunitario que reconoce el derecho a ser oído no puede ser aplicado en circunstancias
         en las que la audiencia de los interesados nunca podría llevar a la institución a revisar su postura (sentencias Yusuf, citada
         en el apartado 29 supra, apartado 328, y Kadi, citada en el apartado 29 supra, apartado 258).
      
      101   En cambio, en el presente asunto, si bien es cierto que la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad dispone, en particular,
         en su apartado 1, letra c), que todos los Estados congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos
         económicos de las personas que cometan, o intenten cometer, actos de terrorismo o participen en ellos o faciliten su comisión;
         de las entidades de propiedad o bajo el control de esas personas, y de las personas y entidades que actúen en nombre de esas
         personas y entidades o bajo sus órdenes, lo hace sin ninguna determinación individual de personas, grupos y entidades que
         deben ser objeto de dichas medidas. El Consejo de Seguridad tampoco estableció normas jurídicas precisas relativas al procedimiento
         de congelación de fondos, ni las garantías o recursos jurisdiccionales que otorguen a las personas y entidades afectadas por
         tal procedimiento una posibilidad efectiva de oponerse a las medidas adoptadas en su contra por los Estados.
      
      102   Así, en el contexto de la Resolución 1373 (2001), incumbe a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas
         (ONU) –y, en este caso, a la Comunidad, por medio de la cual han decidido actuar los Estados miembros– determinar concretamente
         las personas, grupos y entidades cuyos fondos deben ser congelados en aplicación de dicha Resolución, de acuerdo con las normas
         de su propio ordenamiento jurídico.
      
      103   En relación con esto, el Consejo sostuvo en la vista, que, en el marco de la aplicación de la Resolución 1373 (2001) del Consejo
         de Seguridad, las medidas que adoptó al amparo de una competencia reglada y que, por esto, gozan del efecto de «primacía»
         que se deriva de los artículos 25 y 103 de la Carta de las Naciones Unidas, son fundamentalmente las que prevén las disposiciones
         materiales del Reglamento nº 2580/2001, que establecen el contenido de las medidas restrictivas a adoptar respecto de las
         personas contempladas en el apartado 1, letra c), de dicha Resolución. En cambio, a diferencia de los actos en cuestión en
         los asuntos que originaron las sentencias Yusuf y Kadi, citadas en el apartado 29 supra, los actos que aplican concretamente esas medidas restrictivas a una u otra persona o entidad, como la Decisión impugnada,
         no resultan del ejercicio de una competencia reglada y, por tanto, no se benefician del efecto de «primacía» en cuestión.
         El Consejo estima que la adopción de esos actos se inscribe más bien en el ejercicio de la amplia facultad de apreciación
         de que dispone en el ámbito de la PESC.
      
      104   El Tribunal de Primera Instancia puede avalar, en esencia, estas consideraciones, con la reserva de las posibles dificultades
         de aplicación del apartado 1, letra c), de la Resolución 1373 (2001) que pueden derivar de la inexistencia, en la actualidad,
         de una definición universalmente aceptada de los conceptos de «terrorismo» y de «acto de terrorismo» en el Derecho internacional
         [véase, a este respecto, el Documento final (A/60/L1) adoptado por la Asamblea General de la ONU el 15 de septiembre de 2005,
         con ocasión de la cumbre mundial para celebrar el sesenta aniversario de esta organización].
      
      105   Por último, el Consejo manifestó en la vista que, en tanto que institución comunitaria autora del Reglamento nº 2580/2001
         y de las Decisiones de aplicación de éste, no considera que esté vinculado por las posiciones comunes adoptadas en el ámbito
         de la PESC por el Consejo en tanto que institución compuesta por representantes de los Estados miembros, aun cuando estima
         normal velar por la coherencia entre sus acciones en virtud de la PESC y en virtud del Tratado CE.
      
      106   El Consejo subraya también, con razón, que la Comunidad no actúa en virtud de una competencia sometida a la voluntad de la
         Unión o a la de los Estados miembros cuando el Consejo adopta, como en el caso de autos, medidas de sanción económica al amparo
         de los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE. Por lo demás, estima que éste es el único punto de vista compatible con la propia
         redacción del artículo 301 CE, según el cual el Consejo decidirá en la materia «por mayoría cualificada a propuesta de la
         Comisión», así como con la redacción del artículo 60 CE, apartado 1, de acuerdo con el cual el Consejo «podrá tomar», con
         arreglo al mismo procedimiento, las medidas urgentes que exija un acto perteneciente al ámbito de la PESC.
      
      107   Puesto que la determinación de las personas, grupos y entidades contemplados en la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad
         y la adopción de la medida de congelación de fondos que la acompaña constituye el ejercicio de una facultad propia, que implica
         una apreciación discrecional de la Comunidad, el respeto del derecho de defensa de los interesados se impone, en principio,
         a las instituciones concernidas, en este caso el Consejo, cuando éstas actúan para cumplir la mencionada Resolución.
      
      108   De esto se deduce que la garantía del derecho de defensa es plenamente aplicable, en principio, en el contexto de la adopción
         de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001.
      
      –       Obligación de motivación
      109   En principio, la garantía relativa a la obligación de motivación que establece el artículo 253 CE también es plenamente aplicable
         en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, lo que, por
         otra parte, no ha sido puesto en duda por ninguna de las partes.
      
      –       Derecho a la tutela judicial efectiva
      110   En cuanto a la garantía relativa al derecho a una tutela judicial efectiva, debe recordarse que, según jurisprudencia consolidada,
         los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico
         comunitario, ya que el derecho a dicha tutela forma parte de los principios generales del Derecho que resultan de las tradiciones
         constitucionales comunes a los Estados miembros y también ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del CEDH (véase la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑0000, apartado 421, y la jurisprudencia
         que se cita).
      
      111   Así sucede, en particular, en relación con las medidas de congelación de fondos de las personas u organizaciones sospechosas
         de actividades terroristas (véase, en este sentido, el artículo XIV de las Líneas directrices sobre los derechos humanos y
         la lucha contra el terrorismo que adoptó el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de julio de 2002).
      
      112   En el marco del presente recurso, la única reserva que expresó el Consejo, en cuanto a la aplicabilidad de principio de esta
         garantía, se refiere a que, según esta institución, el Tribunal de Primera Instancia no es competente para controlar la legalidad
         interna de las disposiciones materiales del Reglamento nº 2580/2001, en la medida en que éstas se adoptaron en virtud de una
         competencia reglada por la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad y que, por consiguiente, gozan del efecto de «primacía»
         que se menciona en el precedente apartado 103.
      
      113   No obstante, no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el fundamento de esta reserva, puesto
         que el presente litigio puede resolverse, como se expondrá más adelante, únicamente sobre la base del control jurisdiccional
         de la legalidad de la Decisión impugnada, respecto del cual ninguna de las partes cuestiona que pertenece a la competencia
         de dicho Tribunal.
      
       Objeto y límites de las garantías relativas al respeto del derecho de defensa, a la obligación de motivación y al derecho
         a la tutela judicial efectiva en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento
         nº 2580/2001
      
      –       Derecho de defensa
      114   En primer lugar, conviene definir el objeto de la garantía del derecho de defensa en el contexto de la adopción de una decisión
         de congelación de fondos en virtud del artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001, distinguiendo según se trate de
         una decisión inicial de congelación de fondos contemplada en el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931 (en
         lo sucesivo, «Decisión inicial de congelación de fondos») o de alguna de las decisiones subsiguientes de mantenimiento de
         la congelación de fondos, adoptadas después de la revisión periódica, que se contemplan en el artículo 1, apartado 6, de esta
         misma Posición común (en lo sucesivo, «decisiones subsiguientes de congelación de fondos»).
      
      115   En este contexto, se debe subrayar en primer lugar, que el derecho de defensa sólo se ejerce a la luz de los elementos de
         hecho y de Derecho que pueden condicionar la aplicación de la medida en cuestión al interesado, de conformidad con la normativa
         pertinente.
      
      116   En el caso de autos, la normativa pertinente está prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001, en cuyos
         términos el Consejo, por unanimidad, establecerá, revisará y modificará la lista de personas, grupos y entidades a los que
         se aplica el presente Reglamento, con arreglo a las disposiciones previstas en el artículo 1, apartados 4 a 6, de la Posición
         común 2001/931. La lista en cuestión debe, pues, confeccionarse, de acuerdo con las disposiciones del artículo 1, apartado
         4, de la Posición común 2001/931, sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que
         una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata
         de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer,
         o de participar, o de facilitar dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, como si se trata de una condena
         por dichos hechos. Se entiende por «autoridad competente» una autoridad judicial o, cuando las autoridades judiciales no tengan
         competencia en el ámbito contemplado en la materia, una autoridad competente equivalente en dicho ámbito. Además, los nombres
         de las personas y entidades inscritas en la lista deben revisarse periódicamente, al menos una vez por semestre, con el fin
         de asegurar que su permanencia en la lista está justificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6,
         de la Posición común 2001/931.
      
      117   Tal como han destacado, con razón, el Consejo y el Reino Unido, el procedimiento que puede terminar con una medida de congelación
         de fondos en virtud de la normativa pertinente se desarrolla, pues, en dos ámbitos, uno nacional y otro comunitario. En un
         primer momento, una autoridad nacional competente, en principio judicial, deberá adoptar, respecto del interesado, una decisión
         que responda a la definición del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931. Si se trata de una decisión de abrir
         investigaciones o procedimientos en relación con un acto terrorista, ésta debe basarse en pruebas o indicios serios y creíbles.
         En un segundo momento, el Consejo, por unanimidad, debe decidir la inclusión del interesado en la lista litigiosa sobre la
         base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que se ha adoptado tal decisión. Posteriormente,
         el Consejo debe garantizar periódicamente, al menos una vez por semestre, que la permanencia del interesado en la lista está
         justificada. A este respecto, la comprobación de que existe una decisión de una autoridad nacional que responde a la mencionada
         definición se revela como un requisito previo esencial para que el Consejo adopte una decisión inicial de congelación de fondos,
         en tanto que la comprobación del seguimiento que se da a esta decisión en el ámbito nacional es indispensable en el contexto
         de la adopción de una decisión subsiguiente de congelación de fondos.
      
      118   Por tanto, la cuestión del respeto del derecho de defensa en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de
         fondos puede plantearse también en estos dos ámbitos (véase, en este sentido y por analogía, el auto «Invest» Import und Export
         e Invest commerce/Comisión, citado en el apartado 69 supra, apartado 40).
      
      119   El derecho de defensa del interesado debe estar efectivamente garantizado, en primer lugar, en el marco del procedimiento
         nacional que haya terminado con la adopción, por la autoridad nacional competente, de la decisión que se contempla en el artículo
         1, apartado 4, de la Posición común 2001/931. Es esencialmente en el ámbito nacional donde el interesado debe tener ocasión
         de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre las pruebas de cargo utilizadas en su contra para fundamentar la decisión
         en cuestión, con la excepción de las posibles limitaciones del derecho de defensa legalmente justificadas en Derecho nacional,
         en particular, por razones de orden público, de seguridad pública o de mantenimiento de las relaciones internacionales (véase,
         en este sentido, TEDH, sentencia Tinnelly & Sons y otros y McElduff y otros c. Reino Unido de 10 de julio de 1998, Recueil des arrêts et décisions,  1998-IV, p. 78).
      
      120   A continuación, el derecho de defensa del interesado debe garantizarse efectivamente en el marco del procedimiento comunitario
         que lleve a la adopción, por el Consejo, de la decisión de inscribirle o mantenerle en la lista litigiosa, de conformidad
         con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001. En principio, en este contexto, el interesado solamente ha de
         tener ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los requisitos legales de aplicación de la medida comunitaria
         en cuestión, a saber, si se trata de una decisión inicial de congelación de fondos, la existencia de informaciones concretas
         o elementos del expediente que muestren que una autoridad nacional competente adoptó en su contra una decisión que responde
         a la definición que contiene el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931 y, si se trata de una decisión subsiguiente
         de congelación de fondos, la justificación de la permanencia del interesado en la lista litigiosa.
      
      121   En cambio, siempre que la decisión en cuestión emane de una autoridad competente de un Estado miembro, el respeto del derecho
         de defensa en el ámbito comunitario sólo requiere normalmente, en esta fase, que el interesado tenga de nuevo ocasión de pronunciarse
         acerca de la oportunidad y la legitimidad de dicha decisión, ya que tales cuestiones sólo pueden impugnarse en el ámbito nacional,
         ante la autoridad en cuestión o, mediante recurso del interesado, ante el órgano jurisdiccional nacional competente. Del mismo
         modo, en principio, no le incumbe al Consejo pronunciarse acerca de la regularidad del procedimiento abierto contra el interesado
         que terminó con la citada decisión, establecido por el Derecho aplicable del Estado miembro, ni acerca del respeto de los
         derechos fundamentales del interesado por las autoridades nacionales. En efecto, dicha facultad pertenece exclusivamente a
         los órganos jurisdiccionales nacionales competentes o, en su caso, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase, por analogía,
         la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de abril de 2003, Le Pen/Parlamento, T‑353/00, Rec. p. II‑1729, apartado
         91, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P,
         Rec. p. I‑6051).
      
      122   En el supuesto de que la medida comunitaria de congelación de fondos se adopte sobre la base de una decisión de una autoridad
         nacional de un Estado miembro adoptada en relación con investigaciones o procedimientos (en lugar de hacerlo sobre la base
         de una decisión de condena), el respeto del derecho de defensa tampoco requiere, en principio, que el interesado tenga la
         ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre si esta decisión está «basada en pruebas o en indicios serios
         y creíbles», como prescribe el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931. En efecto, si bien este elemento constituye
         uno de los requisitos legales de aplicación de la medida en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia estima que sería inadecuado,
         a la luz del principio de cooperación leal contemplado en el artículo 10 CE, someterlo al ejercicio del derecho de defensa
         en el ámbito nivel comunitario.
      
      123   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en virtud del artículo 10 CE, las relaciones entre los Estados
         miembros y las instituciones comunitarias se rigen por deberes recíprocos de cooperación leal (véase la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 16 de octubre de 2003, Irlanda/Comisión, C‑339/00, Rec. p. I‑11757, apartados 71 y 72, y la jurisprudencia
         que se cita). Este principio es de aplicación general y se impone, en particular, en el marco de la JAI, regulada en el título VI
         del Tratado UE, la cual se basa íntegramente en la cooperación entre los Estados miembros y las instituciones (sentencia del
         Tribunal de Justicia de 16 de junio de 2005, Pupino, C‑105/03, Rec. p. I‑5285, apartado 42).
      
      124   En un caso de aplicación del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931 y del artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         nº 2580/2001, disposiciones que instauran una forma de cooperación específica entre el Consejo y los Estados miembros en el
         marco de la lucha contra el terrorismo, el Tribunal de Primera Instancia estima que dicho principio entraña, para el Consejo,
         la obligación de ajustarse tanto como sea posible a la apreciación de la autoridad nacional competente, al menos cuando se
         trata de una autoridad judicial, tanto en lo que se refiere a la existencia de «pruebas o indicios serios y creíbles» en los
         cuales se basa su decisión, como en lo que concierne al posible reconocimiento de restricciones de acceso a esas pruebas o
         indicios, legalmente justificadas en Derecho nacional, en particular, por razones de orden público, de seguridad pública o
         de mantenimiento de las relaciones internacionales (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         18 de septiembre de 1996, Postbank/Comisión, T‑353/94, Rec. p. II‑921, apartado 69, y la jurisprudencia que se cita).
      
      125   Se debe, sin embargo, añadir que esas consideraciones sólo son válidas siempre que las pruebas o indicios en cuestión hayan
         sido sometidas a la apreciación de la autoridad nacional competente a la que se alude en el apartado precedente. Por el contrario,
         si a lo largo del procedimiento que se desarrolla ante él, el Consejo funda su decisión inicial o una decisión subsiguiente
         de congelación de fondos sobre elementos de información o de prueba que le comunican los representantes de los Estados miembros
         sin haberlos sometido a la apreciación de dicha autoridad nacional competente, debe considerarse que se trata de nuevas pruebas
         de cargo que deben, en principio, ser objeto de una comunicación y de una audiencia en el ámbito comunitario, si no lo han
         sido ya en el ámbito nacional.
      
      126   Se desprende de cuanto precede que, en el marco de las relaciones entre la Comunidad y sus Estados miembros, el respeto del
         derecho de defensa tiene un objeto relativamente limitado, en el ámbito del procedimiento comunitario de congelación de fondos.
         En el caso de una decisión inicial de congelación de fondos, exige, en principio, por una parte, que el Consejo comunique
         al interesado la información concreta o los elementos del expediente que demuestran que una autoridad competente de un Estado
         miembro adoptó en su contra una decisión que responde a la definición del artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931,
         así como, en su caso, los elementos nuevos mencionados en el precedente apartado 125, y, por otra parte, que dicho interesado
         tenga la ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre esa información o elementos del expediente. En el
         supuesto de una decisión subsiguiente de congelación de fondos, el respeto del derecho de defensa exige de modo similar, por
         una parte, que se comuniquen al interesado la información o los elementos del expediente que, según el Consejo, justifican
         su permanencia en las listas litigiosas, así como, en su caso, los elementos nuevos mencionados en el precedente apartado
         125, y, por otra parte, que dicho interesado tenga la ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre este
         tema.
      
      127   Al mismo tiempo, se debe sin embargo admitir que pueden contemplarse legítimamente ciertas limitaciones del derecho de defensa,
         así definido en cuanto a su objeto, y que éstas puedan imponerse a los interesados en circunstancias como las del caso de
         autos, en el que se cuestionan medidas restrictivas concretas consistentes en una congelación de fondos y activos financieros
         de personas, grupos y entidades que el Consejo identificó como implicados en actos de terrorismo.
      
      128   Así, el Tribunal de Primera Instancia considera, tal como declaró en la sentencia Yusuf, citada en el apartado 29 supra, y como sostienen el Consejo y el Reino Unido en el caso de autos, que comunicar las pruebas de cargo y oír a los interesados
         antes de adoptar la decisión inicial de congelación de fondos habría podido poner en peligro la eficacia de las sanciones
         y habría resultado por tanto incompatible con el objetivo de interés general perseguido por la Comunidad, de conformidad con
         la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. Una medida inicial de congelación de fondos debe, por su propia naturaleza,
         poder gozar de un efecto de sorpresa y aplicarse con efecto inmediato. Una decisión de este tipo no puede por tanto ser objeto
         de notificación antes de ser aplicada (sentencia Yusuf, citada en el apartado 29 supra, apartado 308; véase también, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Warner en el asunto que
         dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1980, National Panasonic/Comisión, 136/79, Rec. pp. 2033
         y ss., especialmente pp. 2061, 2068 y 2069).
      
      129   Sin embargo, para que los interesados puedan defender sus derechos de manera eficaz, en particular en el marco de un recurso
         jurisdiccional ante el Tribunal de Primera Instancia, es necesario que se le comuniquen las pruebas de cargo, en la medida
         de lo posible al mismo tiempo, o bien lo antes posible, de la adopción de la decisión inicial de congelación de fondos (véase
         también el apartado 139 infra).
      
      130   En este contexto, los interesados también deben tener la posibilidad de solicitar la revisión inmediata de la medida inicial
         de congelación de sus fondos (véanse, en este sentido, en el contexto del contencioso de función pública comunitaria, las
         sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2000, F/Comisión, T‑211/98, RecFP p. I‑A‑107 y II‑471, apartado
         34; de 18 de octubre de 2001, X/BCE, T‑333/99, Rec. p. II‑3021, apartado 183, y Campolargo/Comisión, citada en el apartado
         94 supra, apartado 32). El Tribunal de Primera Instancia reconoce, no obstante, que dicha audiencia a posteriori  no se exige automáticamente en el contexto de una decisión inicial de congelación de fondos, habida cuenta de la posibilidad
         abierta igualmente a los interesados de interponer inmediatamente un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, posibilidad
         que también garantiza el mantenimiento de un equilibrio entre el respeto de los derechos fundamentales de las personas inscritas
         en la lista litigiosa y la necesidad de adoptar medidas preventivas en el marco de la lucha contra el terrorismo internacional
         (véanse, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Warner en el asunto que dio lugar a la sentencia
         National Panasonic/Comisión, citadas en el apartado 128 supra, Rec. p. 2069).
      
      131   Se debe, sin embargo, subrayar que las precedentes consideraciones no son pertinentes en lo que atañe a las decisiones subsiguientes
         de congelación adoptadas por el Consejo en el marco de la revisión periódica, al menos una vez por semestre, de la justificación
         de que los interesados permanezcan en la lista litigiosa, prevista en el artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931.
         En este momento, en efecto, los fondos están ya congelados y, por tanto, ya no es necesario garantizar un efecto sorpresa
         para asegurar la eficacia de las sanciones. Toda decisión subsiguiente de congelación de fondos debe, pues, ir precedida por
         una nueva posibilidad de audiencia y, en su caso, por una nueva comunicación de las pruebas de cargo.
      
      132   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia no puede acoger la tesis que sostuvieron el Consejo y el Reino Unido durante
         la vista, según la cual el Consejo sólo debe oír a los interesados, en el contexto de la adopción de una decisión subsiguiente
         de congelación de fondos, en el medida en que éstos lo soliciten previa y expresamente. En efecto, de conformidad con el artículo
         1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, el Consejo sólo puede adoptar tal decisión después de asegurarse de que está
         justificada la permanencia de los interesados en la lista litigiosa, lo que implica que posibilite que éstos puedan dar a
         conocer oportunamente su punto sobre esta cuestión.
      
      133   A continuación, el Tribunal de Primera Instancia reconoce que, en circunstancias como las del presente asunto, en el que se
         discute una medida cautelar que restringe la disponibilidad de determinadas personas, grupos y entidades, en el marco de la
         lucha contra el terrorismo, razones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Comunidad y de sus Estados miembros, o
         el mantenimiento de sus relaciones internacionales, pueden oponerse a que se comuniquen determinadas pruebas de cargo a los
         interesados, y, por consiguiente, a que se les oiga durante el procedimiento administrativo en relación con dichas pruebas
         (véase, por analogía, la sentencia Yusuf, citada en el apartado 29 supra, apartado 320).
      
      134   Estas limitaciones son acordes con las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, tal como han puesto de
         manifiesto el Consejo y el Reino Unido, después de destacar que en numerosos Estados miembros se admiten excepciones al derecho
         general a ser oído en el marco de un procedimiento administrativo por razones de interés público, de orden público o de mantenimiento
         de las relaciones internacionales, o incluso cuando el objeto de la decisión a adoptar se frustra o puede frustrarse si se
         concede el derecho (véanse los ejemplos que se citan en el precedente apartado 72).
      
      135   Por lo demás, dichas limitaciones se ajustan a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, incluso en
         el contexto más estricto de un proceso penal contradictorio sujeto a las exigencias del artículo 6 del CEDH, admite que, en
         asuntos que afectan a la seguridad nacional y más concretamente en materia de terrorismo, pueden contemplarse ciertas limitaciones
         del derecho de defensa, en particular en lo que atañe a la divulgación de las pruebas de cargo o a las modalidades de acceso
         a los autos (véanse, por ejemplo, las sentencias Chahal c. Reino Unido de 15 de noviembre de 1996, nº 22414/93, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 131, y Jasper c. Reino Unido de 16 de febrero de 2000, nº 27052/95, no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, §§ 51 a 53, y la jurisprudencia que se cita; véase igualmente el artículo IX.3 de las Líneas directrices del Comité de Ministros
         del Consejo de Europa, citadas en el precedente apartado 111).
      
      136   En las circunstancias del presente asunto estas consideraciones se aplican, ante todo, a las «pruebas o [...] indicios serios
         y creíbles» sobre los que se basa la decisión nacional de apertura de investigaciones o procedimientos, tal como pueda haberlos
         conocido el Consejo, pero es imaginable que las limitaciones de acceso conciernan también al contenido concreto o a la motivación
         particular de dicha decisión, o incluso a la identidad de la autoridad de la que ésta emana. Es incluso posible que, en determinadas
         circunstancias muy específicas, la identificación del Estado miembro o del tercer país en el que una autoridad competente
         adoptó una decisión en relación con una persona, pueda perjudicar la seguridad pública al ofrecer al interesado una información
         sensible que podría utilizar inadecuadamente.
      
      137   Se desprende de cuanto precede que el principio general de respeto del derecho de defensa requiere que, salvo que se opongan
         a ello razones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Comunidad y de sus Estados miembros o con el mantenimiento de
         sus relaciones internacionales, se comuniquen al interesado las pruebas de cargo mencionadas en el precedente apartado 126,
         en la medida de lo posible al mismo tiempo, o bien tan pronto como sea posible después de la adopción de la decisión inicial
         de congelación de fondos. Con las mismas salvedades, toda decisión subsiguiente de congelación de fondos debe, en principio,
         ir precedida por una comunicación de las nuevas pruebas de cargo y por una audiencia. En cambio, el respeto del derecho de
         defensa no exige que se comuniquen al interesado las pruebas de cargo antes de la adopción de una medida inicial de congelación
         de fondos ni que se oiga automáticamente a éste aposteriori en dicho contexto.
      
      –       Obligación de motivación
      138   Según una jurisprudencia reiterada, la obligación de motivar un acto lesivo tiene como finalidad, por una parte, proporcionar
         al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si adolece, en su caso, de algún vicio que
         permita impugnar su validez ante el juez comunitario, y, por otra parte, permitir a éste el ejercicio de su control sobre
         la legalidad de dicho acto (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003, Corus UK/Comisión, C‑199/99 P, Rec.
         p. I‑11177, apartado 145, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P
         a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 462). La obligación de motivación así establecida constituye un principio
         fundamental del Derecho comunitario que sólo puede encontrar excepciones en razón de consideraciones imperiosas (véase la
         sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 2005, Napoli Buzzanca/Comisión, T‑218/02, Rec. p. II‑0000,
         apartado 57, y la jurisprudencia que se cita).
      
      139   En principio, pues, la motivación debe notificarse al interesado al mismo tiempo que el acto lesivo. La falta de motivación
         no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el
         Tribunal de Justicia (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1981, Michel/Parlamento, 195/80, Rec. p. 2861,
         apartado 22, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 463). En efecto, la posibilidad de subsanar la total falta de motivación posteriormente a la presentación de un
         recurso perjudicaría el derecho de defensa del demandante puesto que a éste le quedaría tan sólo la réplica para formular
         sus alegaciones en contra de la motivación que conocería una vez presentado el escrito inicial de interposición del recurso.
         De este modo, se resentiría el principio de igualdad de las partes ante el juez comunitario (sentencias del Tribunal de Primera
         Instancia de 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión, T‑132/03, Rec. p. II‑0000, apartado 33, y Napoli Buzzanca/Comisión,
         citada en el apartado 138 supra, apartado 62).
      
      140   El respeto de la obligación de motivación es tanto más importante cuanto que el interesado no goza de un derecho de audiencia
         previo a la adopción de una decisión inicial de congelación de fondos, ya que constituye la única garantía que permite al
         interesado utilizar oportunamente las vías de recurso a su alcance para impugnar la validez de dicha decisión, al menos después
         de la adopción de la misma (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 2005, Reynolds/Parlamento, T‑237/00,
         Rec. p. II‑0000, apartado 95; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio
         de 1998, British Airways y British Midland Airways/Comisión, T‑371/94 y T‑394/04, Rec. p. II‑2405, apartado 64).
      
      141   Según una jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de
         que se trate y al contexto en el cual éste se adopte. Debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución
         de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional
         competente pueda ejercer su control de legalidad. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias
         de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios
         u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que
         la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la
         motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal,
         sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. En particular,
         un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado permitiéndole comprender
         el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1981, Arning/Comisión,
         125/80, Rec. p. 2539, apartado 13; de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719,
         apartado 63; de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, apartado 87, y de 22 de junio de 2004,
         Portugal/Comisión, C‑42/01, Rec. p. I‑6079, apartado 66; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo
         de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, T‑228/99 y T‑233/99, Rec. p. II‑435, apartados
         278 a 280). Además, el grado de precisión de la motivación de una decisión debe ser proporcionado a las posibilidades materiales
         y a las circunstancias técnicas o de plazo en las que debe dictarse (véase la sentencia Delacre y otros/Comisión, citada en
         el apartado 83 supra, apartado 15, y la jurisprudencia que se cita).
      
      142   En el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, debe apreciarse
         la motivación de la misma, ante todo, a la luz de los requisitos legales de aplicación de este Reglamento a un caso concreto,
         tal como se enuncian en el artículo 2, apartado 3 y, por remisión, bien en el artículo 1, apartado 4, de la Posición común
         2001/931, bien en el artículo 1, apartado 6, de esta misma norma, según se trate de una decisión inicial o de una decisión
         subsiguiente de congelación de fondos.
      
      143   En relación con esto, el Tribunal de Primera Instancia no puede admitir, como sostiene el Consejo, que la motivación pueda
         consistir únicamente en una redacción general y estereotipada, copiada de la redacción del artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         nº 2580/2001 y del artículo 1, apartados 4 o 6, de la Posición común 2001/931. De acuerdo con los principios que se recuerdan
         más arriba, el Consejo debe mencionar los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de su
         Decisión y las consideraciones que le llevaron a adoptarla. La motivación de una medida de esta naturaleza debe, pues, indicar
         las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera que la normativa pertinente es aplicable al interesado
         (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de febrero de 2002, Román Parra/Comisión,
         T‑117/01, RecFP pp. I‑A-27 y II‑121, apartado 31, y Napoli Buzzanca/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 74).
      
      144   Esto implica, en principio, que la motivación de una decisión inicial de congelación de fondos debe referirse, al menos, a
         cada uno de los elementos que se mencionan en el precedente apartado 116, así como, en su caso, a los que se contemplan en
         los precedentes apartados 125 y 126, mientras que la motivación de una decisión subsiguiente de congelación de fondos debe
         indicar las razones específicas y concretas por las que el Consejo considera, después de la revisión, que sigue estando justificada
         la congelación de los fondos del interesado.
      
      145   Se debe añadir que, en el marco de la adopción, por unanimidad, de una medida de congelación de fondos al amparo del Reglamento
         nº 2580/2001, el Consejo no actúa en virtud de una competencia reglada. El artículo 2, apartado 3, del citado Reglamento,
         en relación con el artículo 1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, no puede interpretarse en el sentido de que el Consejo
         está obligado a inscribir en la lista litigiosa a cualquier persona que haya sido objeto de una decisión adoptada por una
         autoridad competente con arreglo a dichas disposiciones. Esta interpretación, sostenida por el Reino Unido durante la vista,
         está confirmada por el artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, al que se remite también el artículo 2, apartado
         3, del Reglamento nº 2580/2001, y de acuerdo con el cual el Consejo debe proceder a una «revisión» periódica, al menos una
         vez por semestre, para asegurarse de que la permanencia de los interesados en la lista litigiosa «está justificada».
      
      146   De esto se desprende que, en principio, la motivación de una medida de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001
         no solamente debe referirse a los requisitos legales de aplicación de este Reglamento sino también a las razones por las que
         el Consejo considera, en el ejercicio de su poder discrecional de apreciación, que tal medida debe aplicarse al interesado.
      
      147   Las consideraciones que se exponen en los precedentes apartados 143 a 146 deben, no obstante, tener en cuenta que una decisión
         de congelación de fondos en virtud del Reglamento nº 2580/2001, al tiempo que inflige una medida individual de sanción económica
         y financiera, participa también de la naturaleza reglamentaria de este acto, tal como se expone en los precedentes apartados
         97 y 98. Por lo demás, la publicación detallada de las imputaciones que se hacen a los interesados podría no solamente entrar
         en conflicto con consideraciones imperiosas de interés general de las que se tratará en el apartado 148 infra sino también perjudicar los intereses legítimos de las personas y entidades en cuestión, en la medida en que puede dañar
         gravemente su reputación. Por tanto, hay que admitir excepcionalmente que sólo deben figurar en la versión de la decisión
         de congelación de fondos que se publica en el Diario Oficial la parte dispositiva y una motivación general del tipo de la
         que se menciona en el precedente apartado 143, si bien la motivación específica y concreta de esta decisión debe formalizarse
         y notificarse a los interesados por cualquier medio adecuado.
      
      148   En circunstancias como las del caso de autos, se debe reconocer además que consideraciones imperiosas que afectan a la seguridad
         de la Comunidad y de sus Estados miembros o al mantenimiento de sus relaciones internacionales pueden oponerse a que se comuniquen
         a los interesados, con precisión y por extenso, los motivos de la decisión inicial o subsiguiente de congelación de sus fondos,
         al igual que pueden oponerse a que se les comuniquen las pruebas de cargo durante el procedimiento administrativo. El Tribunal
         de Primera Instancia se remite, a este respecto, a las consideraciones ya expresadas, en particular, en los precedentes apartados
         133 a 137, en lo que concierne a las limitaciones al principio general de respeto del derecho de defensa que pueden admitirse
         en tal contexto. Estas consideraciones son válidas, mutatismutandis, por cuanto atañe a las restricciones admisibles a la obligación de motivación.
      
      149   En relación con esto, y si bien no es aplicable en las circunstancias del caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia
         considera que hay que inspirarse en las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
         29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir
         libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las
         Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158,
         p. 77, rectificación DO L 229, p. 35, rectificación de la rectificación DO 2005, L 197, p. 34). Ésta establece, en su artículo
         30, apartado 2, que «se comunicarán al interesado, con precisión y por extenso, las razones de orden público, seguridad pública
         o salud pública en las que se base la decisión [que limite la libertad de circulación y residencia de un ciudadano de la Unión
         o un miembro de su familia], a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado».
      
      150   Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 28 de octubre de 1975, Rutili, 36/75, Rec. p. 1219, y de 22
         de mayo de 1980, Santillo, 131/79, Rec. p. 1585), relativa a la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964,
         para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas
         por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO 56, p. 850), derogada por la Directiva 2004/38, y cuyo artículo
         6 era idéntico, en esencia, al artículo 30, apartado 2, de ésta, toda persona protegida por las disposiciones citadas debe
         disfrutar de una doble garantía, consistente en que se le comuniquen las razones de toda medida restrictiva adoptada contra
         ella, a menos que ello sea contrario a la seguridad del Estado, y en que se le abran posibilidades de recurso. Con la misma
         salvedad, esta exigencia implica, en particular, que el Estado de que se trate deberá comunicar al interesado, en el momento
         en que se le notifique la medida restrictiva adoptada contra él, los motivos exactos y completos de la decisión, a fin de
         darle la posibilidad de llevar a cabo eficazmente su defensa.
      
      151   Del conjunto de cuanto precede se deriva que, a menos que consideraciones imperiosas que afectan a la seguridad de la Comunidad
         y de sus Estados miembros o al mantenimiento de sus relaciones internacionales se opongan a ello, y con la salvedad también
         de lo que se declaró en el precedente apartado 147, la motivación de una decisión inicial de congelación de fondos debe referirse
         al menos, de manera concreta y específica, a cada uno de los elementos mencionados en el precedente apartado 116 así como,
         en su caso, a los que se contemplan en los precedentes apartados 125 y 126, e indicar las razones por las que el Consejo considera,
         en el ejercicio de su poder discrecional de apreciación, que tal medida debe aplicarse al interesado. Además, con las mismas
         reservas, la motivación de una decisión subsiguiente de congelación de fondos debe indicar las razones específicas y concretas
         por las que el Consejo considera, después de la revisión, que sigue estando justificada la congelación de los fondos del interesado.
      
      –       Derecho a la tutela judicial efectiva
      152   En lo que se refiere, finalmente, a la garantía relativa al derecho a la tutela judicial efectiva, ésta se asegura efectivamente
         mediante el derecho que asiste a los interesados de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra una
         decisión de congelación de sus fondos, de conformidad con el artículo 230 CE, párrafo cuarto (véase, en este sentido, TEDH,
         sentencia Bosphorus c. Irlanda de 30 de junio de 2005, nº 45036/98, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 165, y decisión Segi y otros y Gestoras pro Amnistía c. los 15 Estados miembros de la Unión Europea de 23 de mayo de 2002,
         nos 6422/02 y 9916/02, Recueil des arrêts et décisions, 2002-V).
      
      153   En este contexto, el control jurisdiccional de la legalidad de una decisión de congelación de fondos adoptada en virtud del
         artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001 es el previsto en el artículo 230 CE, párrafo segundo, según el cual el
         juez comunitario será competente para pronunciarse sobre los recursos de anulación por incompetencia, vicios sustanciales
         de forma, violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder.
      
      154   A los efectos de este control, y a la luz de los motivos de anulación que alega el interesado o suscitados de oficio, corresponde
         al Tribunal de Primera Instancia comprobar, en particular, que se cumplen los requisitos legales de aplicación del Reglamento
         nº 2580/2001 a un caso concreto, tal como éstos se enuncian en el artículo 2, apartado 3 y, por remisión, bien en el artículo
         1, apartado 4, de la Posición común 2001/931, bien en el artículo 1, apartado 6, de esta misma norma, según se trate de una
         decisión inicial o de una decisión subsiguiente de congelación de fondos. Esto implica que el control judicial de la legalidad
         de la decisión en cuestión se extiende a la valoración de los hechos y circunstancias que se invocan para justificarla, así
         como a la comprobación de los elementos de prueba y de información sobre los que se fundamenta dicha valoración, tal como
         reconoció expresamente el Consejo en los escritos que presentó en el asunto que dio lugar a la sentencia Yusuf, citada en
         el apartado 29 supra (apartado 225). El Tribunal de Primera Instancia también debe asegurarse que se respeta el derecho de defensa y la exigencia
         de motivación en relación con el mismo, así como, en su caso, la legitimidad de las consideraciones imperiosas excepcionalmente
         invocadas por el Consejo para desvincularse de esta obligación.
      
      155   En el caso de autos, este control se revela tanto más indispensable cuanto que constituye la única garantía de procedimiento
         que permite asegurar un equilibrio adecuado entre las exigencias de la lucha contra el terrorismo internacional y la protección
         de los derechos fundamentales. Dado que las limitaciones que inflige el Consejo al derecho de defensa de los interesados deben
         compensarse con un estricto control jurisdiccional independiente e imparcial (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 2 de mayo de 2006, Eurofood, C‑341/04, Rec. p. I‑3813, apartado 66), el juez comunitario debe poder controlar
         la legalidad y legitimidad de las medidas de congelación de fondos, sin que se le puedan oponer el secreto o la confidencialidad
         de los elementos de prueba y de información utilizados por el Consejo.
      
      156   A este respecto, hay que subrayar que, si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce que la utilización de información
         confidencial puede resultar indispensable cuando está en juego la seguridad nacional, esto no significa, sin embargo, según
         dicho Tribunal, que las autoridades nacionales escapen a todo control de los tribunales internos con sólo afirmar que el asunto
         afecta a la seguridad nacional y al terrorismo (véase, TEDH, sentencias Chahal c. Reino Unido, citada en el apartado 135 supra, § 131, y la jurisprudencia que se cita, y Öcalan c. Turquía de 12 de marzo de 2003, nº 46221/99, no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 106, y la jurisprudencia que se cita).
      
      157   El Tribunal de Primera Instancia considera que aquí también conviene inspirarse en las disposiciones de la Directiva 2004/38.
         De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el precedente apartado 150, esta Directiva establece,
         en su articulo 31, apartado 1, que las personas afectadas por la misma tendrán acceso a las vías de recurso judiciales y,
         en su caso, administrativas, del Estado miembro de acogida para impugnar una decisión adoptada contra ellas por razones de
         orden público, de seguridad pública o de salud pública. Además, a tenor del artículo 31, apartado 3, de esta Directiva, el
         procedimiento de recurso permitirá el examen de la legalidad de la decisión, así como de los hechos y circunstancias en que
         se basa la medida propuesta.
      
      158   La cuestión de si se puede informar a la demandante y/o a sus abogados acerca de los elementos de prueba y de información
         cuya confidencialidad se alega, o bien si la comunicación de éstos debe reservarse exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia,
         mediante un procedimiento específico pendiente de desarrollar de manera que proteja los intereses públicos afectados al tiempo
         que proporcione al interesado un grado suficiente de protección jurisdiccional, es una cuestión distinta respecto de la cual
         no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia adopte una posición en el marco del presente recurso (véase, no obstante,
         TEDH, sentencias Chahal c. Reino Unido, citada en el apartado 135 supra, §§ 131 y 144; Tinnelly & Sons y otros y McElduff y otros c. Reino Unido, citada en el apartado 119 supra, §§ 49, 51, 52 y 78; Jasper c. Reino Unido, citada en el apartado 135 supra, §§ 51 a 53, y Al-Nashif c. Bulgaria de 20 de junio de 2002, nº 50963/99, no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, §§ 95 a 97, así como el artículo IX.4 de las Líneas directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa citadas en
         el precedente apartado 111).
      
      159   Por último, hay que admitir que el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación respecto de los elementos que hay
         que tener en cuenta para tomar medidas de sanción económica y financiera al amparo de los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE,
         en virtud de una Posición común adoptada en virtud de la PESC. Puesto que el juez comunitario no puede sustituir la valoración
         que efectúa el Consejo de las pruebas, hechos y circunstancias que justifican la adopción de tales medidas, por la suya propia,
         el control del Tribunal de Primera Instancia acerca de la legalidad de las decisiones de congelación de fondos debe limitarse
         a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia
         de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder. Este control limitado se aplica, en particular, a la valoración
         de las consideraciones de oportunidad sobre las que se basan dichas decisiones (véase el precedente apartado 146 y, en este
         sentido, TEDH, sentencias Leander c. Suecia de 26 de marzo de 1987, serie A nº 116, § 59, y Al-Nashif c. Bulgaria, citada
         en el apartado 158 supra, §§ 123 y 124).
      
       Aplicación al caso de autos
      160   El Tribunal de Primera Instancia destaca, en primer lugar, que la normativa pertinente, a saber, el Reglamento nº 2580/2001
         y la Posición común 2001/931 a la que éste se remite, no prevé explícitamente ningún procedimiento de notificación de las
         pruebas de cargo y de audiencia de los interesados, bien sea con anterioridad o simultáneamente a la adopción de una decisión
         inicial de congelación de sus fondos o, cuando se trata de la adopción de las decisiones subsiguientes, para que se les retire
         de la lista litigiosa. A lo sumo se indica, en el artículo 1, apartado 6, de la Posición común 2001/931, que «los nombres
         de las personas y entidades que figuran en la lista del anexo se revisarán periódicamente, al menos una vez por semestre,
         con el fin de asegurar que su permanencia en la lista está justificada» y, en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento nº 2580/2001,
         que «el Consejo […] revisará y modificará la lista […] con arreglo a las disposiciones previstas en [el] apartado[…] 6 del
         artículo I de la Posición común 2001/931».
      
      161   A continuación, el Tribunal de Primera Instancia constata que, en ningún momento antes de la interposición del presente recurso,
         se comunicaron a la demandante las pruebas de cargo. Ésta subraya, con razón, que tanto la decisión inicial de congelación
         de sus fondos como las decisiones subsiguientes, inclusive la Decisión impugnada, ni siquiera mencionan las «informaciones
         concretas» o los «elementos del expediente» que demuestran que una autoridad nacional competente adoptó en su contra una decisión
         que justifica su inscripción en la lista litigiosa.
      
      162   Así, aunque la demandante hubiera sabido de la inminencia de su inscripción en la lista litigiosa, e incluso si hubiera tomado
         la iniciativa de contactar con el Consejo para intentar evitar la adopción de dicha medida (véase el precedente apartado 69),
         no conocía las pruebas concretas de cargo que habían sido tenidas en cuenta para fundamentar la sanción propuesta y, por tanto,
         no podía dar a conocer oportunamente su punto de vista a este respecto. En estas circunstancias, no puede acogerse el argumento
         del Consejo según el cual oyó a la demandante antes de proceder a la congelación de sus fondos.
      
      163   Las consideraciones precedentes, destinadas a comprobar el respeto del derecho de defensa, también son aplicables, mutatismutandis, a la comprobación del cumplimiento de la obligación de motivación.
      
      164   En el caso de autos, ni la Decisión impugnada ni la Decisión 2002/334, a la que actualiza, satisfacen la exigencia de motivación
         tal como quedó definida anteriormente, puesto que se limitan a exponer, cada una en su respectivo segundo considerando, que
         «conviene» adoptar una lista actualizada de personas, grupos y entidades a las que se aplica el Reglamento nº 2580/2001.
      
      165   No solamente la demandante no pudo dar a conocer oportunamente su punto de vista ante el Consejo, sino que, al faltar cualquier
         indicación, en la Decisión impugnada, de los motivos específicos y concretos que la justifican, tampoco tuvo la oportunidad
         de hacer prosperar su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, dadas las relaciones, ya puestas de manifiesto, que existen
         entre la garantía del derecho de defensa, la que emana de la obligación de motivación y la del derecho a un recurso judicial
         efectivo. En relación con esto, se debe recordar que la jurisprudencia considera actualmente que la posibilidad de subsanar
         la total falta de motivación posteriormente a la presentación de un recurso infringe el derecho de defensa (véase el precedente
         apartado 139).
      
      166   Es más, ni los escritos de las diferentes partes en el litigio ni los elementos del expediente presentados al Tribunal de
         Primera Instancia permiten que éste ejerza su control jurisdiccional puesto que ni siquiera está en condiciones de determinar
         con certeza, al término de la fase oral, cuál es la decisión nacional a la que se refiere el artículo 1, apartado 4, de la
         Posición común 2001/931, sobre la que se basa la Decisión impugnada.
      
      167   En su recurso, la demandante se limita a sostener que se la inscribió en la lista litigiosa «exclusivamente a la vista de
         documentos proporcionados por el régimen de Teherán». En su escrito de réplica añade, en particular, que «nada le permitió
         […] conocer las razones de hecho de su inscripción» en la lista litigiosa, que «también se le privó de toda posibilidad de
         acceder a su expediente» y que «los motivos de la inscripción [son] muy claramente diplomáticos».
      
      168   En sus escritos de contestación a la demanda y de dúplica, el Consejo se abstuvo de pronunciarse acerca de esta cuestión.
      169   En su escrito de formalización de la intervención, el Reino Unido destacó que «la demandante no sostiene, y nada hace pensar,
         que no se la inscribió en el anexo sobre la base de una [decisión adoptada por una autoridad competente que señala a la demandante
         en tanto que implicada en actividades terroristas]». Por lo demás, parece que se desprende de este mismo escrito que, a juicio
         del Reino Unido, la Decisión en cuestión es la del Home Secretary de 28 de marzo de 2001, confirmada por la Decisión del citado
         Home Secretary de 31 de agosto de 2001, posteriormente, mediante recurso contencioso-administrativo, por la sentencia de la
         High Court de 17 de abril de 2002 y finalmente, mediante recurso de apelación, por Decisión de la POAC de 15 de noviembre
         de 2002.
      
      170   En sus observaciones a propósito del escrito de formalización de la intervención, la demandante no refutó específicamente,
         ni siquiera comentó, dichas observaciones del Reino Unido. A la luz de los motivos y argumentos generales de la demandante
         y, más concretamente, de sus alegaciones reproducidas en el precedente apartado 167, no se puede, sin embargo, apoyar pura
         y simplemente la tesis del Reino Unido. Durante la vista, la demandante reiteró, además, que no sabe cuál es la autoridad
         competente de la que emana la decisión nacional que le afecta, ni tampoco sobre la base de qué elementos e informaciones precisos
         se adoptó dicha decisión.
      
      171   Asimismo, durante la vista, al responder a las cuestiones planteadas por el Tribunal de Primera Instancia, el Consejo y el
         Reino Unido no lograron dar una respuesta coherente a la cuestión de cuál es la decisión nacional sobre cuya base se adoptó
         la Decisión impugnada. Según el Consejo, se trata exclusivamente de la Decisión del Home Secretary, tal como fue confirmada
         por la POAC (véase el precedente apartado 169). Según el Reino Unido, la Decisión impugnada no se basa solamente en dicha
         Decisión, sino también en otras decisiones nacionales, sin más especificaciones, adoptadas por autoridades competentes en
         otros Estados miembros.
      
      172   Por tanto, se debe declarar que el Tribunal de Primera Instancia no está en condiciones de ejercer su control sobre la legalidad
         de la Decisión impugnada ni siquiera al término de la fase oral.
      
      173   En conclusión, el Tribunal de Primera Instancia declara que la Decisión impugnada no está motivada y que se adoptó en el marco
         de un procedimiento en cuyo desarrollo no se respetó el derecho de defensa de la demandante. Además, el mencionado Tribunal
         no está en condiciones, ni siquiera en esta fase del procedimiento, de proceder al control jurisdiccional de la legalidad
         de esta Decisión.
      
      174   Estas consideraciones entrañan inevitablemente la anulación de la Decisión impugnada, en cuanto afecta a la demandante, sin
         que sea necesario pronunciarse, en el marco de la pretensión de anulación, acerca de las dos últimas partes del primer motivo
         ni sobre los demás motivos y alegaciones del recurso.
      
       Sobre la pretensión de indemnización
       Alegaciones de las partes
      175   La demandante no aportó ningún elemento de hecho o de Derecho en apoyo de su pretensión de que se condene al Consejo a pagarle
         un euro como reparación del perjuicio que supuestamente sufrió. Ni el Consejo, ni la parte coadyuvante adoptaron una postura
         sobre esta pretensión en sus escritos ni durante la vista.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      176   Conforme al artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá indicar el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos
         invocados. Esta indicación ha de ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa
         y el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso, en su caso, sin apoyarse en otras informaciones. Con el fin de garantizar
         la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que
         los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente
         y comprensible, en el propio tenor de la demanda (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de febrero de
         2005, Chiquita Brands y otros/Comisión, T‑19/01, Rec. p. II‑315, apartado 64, y la jurisprudencia que se cita).
      
      177   Para atenerse a estos requisitos, toda demanda que tenga por objeto la reparación de los daños causados por una institución
         comunitaria debe contener los elementos que permitan identificar el comportamiento que la demandante reprocha a la institución,
         las razones por las que estima que existe una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio que alega haber
         sufrido, así como el carácter y el alcance de dicho perjuicio (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de
         10 de julio de 1997, Guérin automobiles/Comisión, T‑38/96, Rec. p. II‑1223, apartados 42 y 43, y Chiquita Brands y otros/Comisión,
         citada en el apartado 176 supra, apartado 65, y la jurisprudencia que se cita). En cambio, una demanda que tenga por objeto obtener una indemnización indeterminada
         carece de la necesaria precisión, por lo que deberá considerarse que no ha lugar a su admisión (sentencia Chiquita Brands
         y otros/Comisión, citada en el apartado 176 supra, apartado 66).
      
      178   Más en concreto, una demanda de indemnización de un perjuicio moral, ya sea con carácter simbólico o con el fin de obtener
         una verdadera indemnización, debe precisar la naturaleza del perjuicio alegado en relación con el comportamiento reprochado
         a la institución demandada, así como la valoración global, aunque sólo sea aproximada, de dicho perjuicio (véase la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 1999, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, apartado
         81, y la jurisprudencia que se cita).
      
      179   En el caso de autos, debe entenderse que la pretensión de indemnización deducida en el recurso tiene efectivamente por objeto
         la reparación de un perjuicio moral, ya que éste se estima en la cuantía simbólica de un euro. No es menos cierto que la demandante
         no precisa ni la naturaleza y carácter de ese perjuicio moral ni, sobre todo, identifica el comportamiento o comportamientos
         presuntamente ilegales del Consejo que, a su modo de ver, causan este perjuicio. Pues bien, no le incumbe al Tribunal de Primera
         Instancia buscar e identificar, entre las diferentes imputaciones que se alegan para sostener la pretensión de anulación,
         aquel o aquellos que la demandante quiere esgrimir como fundamento de su solicitud de indemnización. Tampoco corresponde al
         Tribunal de Primera Instancia conjeturar y comprobar si existe una relación de causalidad entre el o los comportamientos a
         que se refieren esas imputaciones y el perjuicio moral que se alega.
      
      180   En estas circunstancias, la pretensión de indemnización deducida en el recurso carece de la más elemental precisión y debe,
         por tanto, declararse inadmisible, con mayor motivo por cuanto que la demandante ni siquiera intentó subsanar este defecto
         en su réplica.
      
      181   También se deduce de esto que no es necesario pronunciarse, en el marco de la pretensión de indemnización, acerca de los motivos
         y argumentos que invoca la demandante en apoyo de su recurso de anulación y que no han sido todavía examinados por el Tribunal
         de Primera Instancia (véase el precedente apartado 174).
      
       Sobre la pretensión de que se reabra la fase escrita del procedimiento
      182   Las consideraciones que han conducido al Tribunal de Primera Instancia a anular la Decisión impugnada, en cuanto afecta a
         la demandante, no se fundan en absoluto en los nuevos documentos que ésta presentó en la Secretaría el 18 y el 25 de enero
         de 2006 (véanse los precedentes apartados 23 y 24). Por tanto, si bien dichos documentos se incorporaron a los autos (véase
         el precedente apartado 31), deben considerarse desprovistos de toda pertinencia en relación con la presente sentencia. No
         procede, dadas las circunstancias, estimar la solicitud del Consejo de que se reabra la fase escrita del procedimiento (véase
         el precedente apartado 25).
      
       Costas
      183   A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas
         o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte. En
         las circunstancias del caso de autos, procede decidir que el Consejo cargará con sus propias costas y con cuatro quintos de
         las costas de la demandante.
      
      184   A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros
         que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      decide:
      1)      Declarar el recurso en parte inadmisible y en parte infundado, en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Posición
            común 2005/936/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC y se
            deroga la Posición común 2005/847/PESC.
      2)      Anular, en cuanto afecta a la demandante, la Decisión 2005/930/CE del Consejo, de 21 de diciembre de 2005, relativa a la aplicación
            del artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2580/2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas
            personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión 2005/848/CE.
      3)      Desestimar la pretensión de indemnización por inadmisible.
      4)      El Consejo cargará con sus propias costas y con cuatro quintos de las costas de la demandante.
      5)      El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará sus propias costas.
      
               Pirrung 
            
            
                Forwood 
            
            
                Papasavvas
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2006.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         E. Coulon                                                       J. Pirrung
      
      Índice
      
      Antecedentes del litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre las consecuencias de procedimiento de la derogación y sustitución de los actos inicialmente impugnados
      Sobre la segunda pretensión
      Sobre la pretensión de anulación de la Posición común impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Aplicabilidad de las garantías relativas al respeto del derecho de defensa, a la obligación de motivación y al derecho a la
         tutela judicial efectiva en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos al amparo del Reglamento nº 2580/2001
      
      – Derecho de defensa
      – Obligación de motivación
      – Derecho a la tutela judicial efectiva
      Objeto y límites de las garantías relativas al respeto del derecho de defensa, a la obligación de motivación y al derecho
         a la tutela judicial efectiva en el contexto de la adopción de una decisión de congelación de fondos en virtud del Reglamento
         nº 2580/2001
      
      – Derecho de defensa
      – Obligación de motivación
      – Derecho a la tutela judicial efectiva
      Aplicación al caso de autos
      Sobre la pretensión de indemnización
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la pretensión de que se reabra la fase escrita del procedimiento
      Costas
      
      * Lengua de procedimiento: francés.