CELEX: 52013PC0760
Language: es
Date: 2013-11-04
Title: Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China

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		52013PC0760
		
			Propuesta de REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China /* COM/2013/0760 final - 2013/0370 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
Motivación y objetivos de la propuesta
La presente propuesta se refiere a la
aplicación del artículo 10 del Reglamento (CE) nº 597/2009 del Consejo, de
11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
originarias de países no miembros de la Comunidad Europea.
Contexto general
La presente propuesta se inscribe en el
contexto de la aplicación del Reglamento de base y es el resultado de una
investigación efectuada de acuerdo con los requisitos de fondo y de
procedimiento establecidos en dicho Reglamento.
Disposiciones vigentes en el ámbito de
la propuesta
Mediante el Reglamento (UE)
nº 513/2013 de la Comisión (DO L 152 de 5.6.2013, p. 5) se establecieron
medidas antidumping provisionales para el mismo producto.
Propuesta paralela para imponer medidas
antidumping definitivas.
Coherencia con otras políticas y
objetivos de la Unión
No procede.
2.           RESULTADOS DE LAS
CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
Consulta con las partes interesadas
Se brindó a las partes interesadas
afectadas por el procedimiento la oportunidad de defender sus intereses durante
la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base.
Obtención y utilización de asesoramiento
técnico
No ha sido necesario recurrir a
asesoramiento externo.
Evaluación de impacto
La presente propuesta es el resultado de
la aplicación del Reglamento de base.
El Reglamento de base no prevé ninguna
evaluación general de impacto, pero contiene una lista exhaustiva de
condiciones que deben evaluarse.
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
Resumen de la acción propuesta
El 8 de
noviembre de 2012, la Comisión inició un procedimiento antisubvención relativo
a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular
China
La
investigación constató la concesión de subvenciones al producto afectado, con
el consiguiente perjuicio para la industria de la Unión. Asimismo, determinó
que la imposición de medidas contra las subvenciones no iba en detrimento del
interés de la Unión.
Por tanto, se
propone que el Consejo adopte la propuesta de Reglamento adjunta para
establecer medidas antisubvención definitivas sobre las importaciones de
módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber,
células) originarios de la República Popular China.
La definición del producto sometido a las
medidas no incluye las obleas que inicialmente formaban parte de la investigación.
Esto se debe a que las obleas presentan unas características específicas
distintas de las del producto afectado.
Base jurídica
Reglamento (CE) nº 597/2009 del
Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones
subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea («el
Reglamento de base»).
Principio de subsidiariedad
La propuesta entra dentro del ámbito de
competencia exclusiva de la Unión. Por consiguiente, no se aplica el principio
de subsidiariedad.
Principio de proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de
proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación:
La forma de la medida es la descrita en
el citado Reglamento de base y no deja margen alguno para adoptar decisiones a
nivel nacional.
No son aplicables las indicaciones
relativas a la forma de minimizar y adecuar al objetivo de la propuesta la
carga administrativa y financiera que soportan la Unión, los gobiernos
nacionales, las autoridades regionales y locales, los agentes económicos y los
ciudadanos.
Instrumentos elegidos
Instrumento propuesto: reglamento.
El Reglamento de base no contempla otras
opciones.
4.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS 
La propuesta no tiene ninguna incidencia
en el presupuesto de la UE.
2013/0370 (NLE)
Propuesta de
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL CONSEJO
por el que se establece un derecho
compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de
silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o
procedentes de la República Popular China
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, 
Visto el Reglamento (CE) nº 597/2009 del
Consejo sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de
países no miembros de la Comunidad Europea[1] y, en particular, su artículo 17,
Vista la propuesta presentada por la
Comisión Europea, previa consulta al Comité Consultivo,
Considerando lo siguiente:
1.           PROCEDIMIENTO
1.1.        Inicio
(1)       El 8 de noviembre de
2012, la Comisión Europea («la Comisión») comunicó mediante un anuncio («el
anuncio de inicio») publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea[2] el inicio de un procedimiento antisubvención relativo a las
importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular
China («China» o «el país afectado»).
(2)       El procedimiento
antisubvención se inició a raíz de una denuncia presentada el
26  de septiembre de 2012 por EU ProSun («el
denunciante»), en nombre de productores que,
en este caso, representaban más del 25 %
de la producción total de la Unión de módulos
fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave. La denuncia contenía
indicios razonables de la concesión de subvenciones a dicho producto y del
perjuicio importante resultante. Estas pruebas se consideraron suficientes para
justificar el inicio de un procedimiento. 
(3)       Con
anterioridad al inicio del procedimiento y con arreglo al artículo 10, apartado
7, del Reglamento (CE) nº 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009,
sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países
no miembros de la Comunidad Europea («el Reglamento de base»)[3], la Comisión notificó al Gobierno de la República Popular China
(en lo sucesivo «las autoridades chinas») que había recibido una denuncia
debidamente documentada en la que se alegaba que las importaciones
subvencionadas de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes
clave originarios de la República Popular China estaban causando un perjuicio
importante a la industria de la Unión. Se invitó a las autoridades chinas a
celebrar consultas con objeto de aclarar la situación por lo que se refiere al
contenido de la denuncia y llegar a una solución mutuamente acordada. Estas aceptaron
la oferta de consultas, que se celebraron seguidamente. No se pudo llegar a una
solución mutuamente acordada durante las consultas. No obstante, se tomó debida
nota de las observaciones presentadas por las autoridades chinas en relación
con la no sujeción a derechos compensatorios de los sistemas enumerados en la
denuncia. Tras las consultas se recibieron informaciones de las autoridades
chinas. 
1.2.        Procedimiento
antidumping paralelo
(4)       El 6 de septiembre de
2012, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea[4], el inicio de un procedimiento antidumping relativo a las
importaciones en la Unión de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular
China. 
(5)       El jueves, 6 de junio de
2013, la Comisión, mediante el Reglamento (UE) nº 513/2013[5], estableció un derecho antidumping provisional sobre las
importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes
clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular
China («el Reglamento antidumping provisional»).
(6)       Los
análisis relativos al perjuicio que se llevan a cabo en la presente
investigación antisubvenciones y en la investigación antidumping paralela se
basan en la misma definición de la industria de la Unión, los mismos
productores representativos de la Unión y el mismo período de investigación y,
salvo si se indica lo contrario, conducen a conclusiones idénticas Este
procedimiento se consideró adecuado para racionalizar el análisis del
perjuicio, así como para obtener unos resultados coherentes en ambos
procedimientos. Por este motivo, las observaciones sobre el perjuicio expuestas
en uno de los procedimientos se han tenido también en cuenta en el otro.
1.3.        Registro
(7)       A
raíz de una solicitud del denunciante respaldada por las pruebas necesarias, la
Comisión adoptó, el 1 de marzo de 2013, el Reglamento (UE) nº 182/2013,
por el que, desde el 6 de marzo de 2013, se someten a registro las
importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes
clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular
China. 
(8)       Algunas partes
interesadas alegaron que la decisión de registrar las importaciones era infundada,
ya que no se cumplían las condiciones con arreglo al artículo 24,
apartado 5, del Reglamento de base. Sin embargo, estas alegaciones no se
apoyaron con pruebas, ni se basaron en ellas. En el
momento de adoptar la decisión de registrar las importaciones, la Comisión
disponía de suficientes indicios razonables para justificar la necesidad de
registrarlas, en particular un fuerte incremento, tanto en términos de
importaciones absolutas como en términos de cuota de mercado. Por lo tanto, se
desestimaron estas alegaciones.
1.4.        Partes afectadas por el
procedimiento
(9)       La Comisión informó
oficialmente de la apertura de la investigación a los denunciantes, a otros
productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos de
China, a las autoridades de China y a los importadores conocidos. Se dio a las
partes interesadas la oportunidad de presentar sus opiniones por escrito y de
solicitar una audiencia en el plazo establecido en el anuncio de inicio.
(10)     Teniendo en cuenta el
gran número aparente de productores exportadores, productores de la Unión e
importadores no vinculados, se solicitó a todos los productores exportadores
conocidos y a los importadores no vinculados que se dieran a conocer a la
Comisión y que facilitasen, tal como se indicaba en el anuncio de inicio,
información básica sobre sus actividades relacionadas con el producto afectado
durante el período de investigación, definido más adelante en el considerando
38. Dicha información se solicitó en virtud del artículo 27 del Reglamento de
base para que la Comisión pudiera decidir si era necesario un muestreo y, en
caso afirmativo, seleccionar las muestras. También se consultó a las
autoridades chinas. 
a)   Muestreo de productores exportadores
(11)     Inicialmente, ciento
veintiún productores exportadores / grupos de productores chinos facilitaron la
información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. Las empresas que
cooperaron representan más del 80 % del volumen total de las exportaciones
chinas. Sobre la base de la información proporcionada por los productores
exportadores y de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base, la
Comisión propuso en principio una muestra de siete productores exportadores /
grupos de productores. 
(12)     La muestra seleccionada
de siete grupos de empresas quedó formada por los tres exportadores que
cooperaron y que presentaban el mayor volumen de exportaciones de módulos, los
dos exportadores que cooperaron y que presentaban el mayor volumen de
exportaciones de células y los dos exportadores que cooperaron y que
presentaban el mayor volumen de exportaciones de obleas («wafers»). La muestra
de estos siete grupos de productores exportadores sirvió como base para
determinar el nivel de las subvenciones para estos grupos, así como el nivel de
las subvenciones para todos los productores exportadores que cooperaron y no
estaban incluidos en la muestra, tal como se exige en el artículo 15, apartados
2 y 3, del Reglamento de base. Como se explica en el considerando 46, la
Comisión excluyó las obleas de la definición del producto en la fase definitiva
de la investigación. Algunas empresas se habían incluido en la muestra sobre la
base de un mayor volumen de exportación de obleas. Sin embargo, teniendo en
cuenta que la Comisión ya había investigado estas empresas y verificado los
datos que estas habían proporcionado, así como el hecho de que todas estas
empresas exportaban un volumen significativo de módulos y/o células, no se
consideró necesario modificar la muestra.
(13)     Finalmente, se consideró
que la muestra estaría formada por ocho empresas o grupos de empresas. Esto se
debe a que, si bien inicialmente se había comunicado que Jinko Solar Co. Ltd y
Renesola Jiangsu Ltd estaban vinculadas, luego se estableció que no lo estaban.

b)           Muestreo de los productores de la Unión 
(14)     En
el anuncio de inicio, la Comisión comunicó que había seleccionado
provisionalmente una muestra de productores de la Unión. Se informó de esa
muestra provisional a todos los productores de la Unión conocidos y a las
asociaciones de productores conocidas. Dicha muestra provisional estaba formada
por nueve productores de la Unión, de los aproximadamente doscientos quince de
los que se sabía, antes del inicio de la investigación, que producían el
producto similar, seleccionados sobre la base de los mayores volúmenes de
producción representativos, habida cuenta del volumen de ventas y la ubicación
geográfica, que pudieran investigarse razonablemente en el plazo disponible. Se
veló por que la muestra incluyera productores de la Unión integrados y no
integrados verticalmente. Se invitó asimismo a las partes interesadas a dar a
conocer sus opiniones sobre la muestra provisional. 
(15)     Varias
partes interesadas formularon las siguientes objeciones en relación con la
muestra provisional de productores de la Unión:
i)       Algunas partes alegaron que la
escasa información facilitada sobre la muestra elegida provisionalmente era
insuficiente, por lo que no podían hacer comentarios pertinentes sobre ella. En
particular, criticaban que se hubiera mantenido la confidencialidad sobre la
identidad de los productores de la Unión y solicitaban que se revelara en qué
Estados miembros estaban ubicados los productores incluidos en la muestra, así
como la parte de producción correspondiente en el volumen total de producción
de módulos y células fotovoltaicos, y el porcentaje de producción y ventas
representado por las empresas incluidas en la muestra, individualmente y en su
conjunto. 
ii)       Se discutió el método utilizado
para seleccionar la muestra sobre la base de que «confundía tres etapas
distintas», a saber, el apoyo al inicio de la investigación, la definición de
industria de la Unión y el muestreo. Se argumentó que no estaba claro si la
industria de la Unión se había definido ya en el momento de la selección de la
muestra y, por consiguiente, si la muestra podía considerarse representativa.
Sin una definición de la industria de la Unión en la fase de muestreo, las
partes interesadas no podían comprobar si la muestra provisional era
representativa y, por tanto, si, sobre la base de esa muestra, podía evaluarse
correctamente la situación de la industria de la Unión durante el período de
investigación, tal como se define en el considerando 38. Además, se adujo que
era inadecuado seleccionar la muestra provisional a partir de las respuestas de
los productores de la Unión al examen del apoyo para el inicio de la
investigación.
iii)      También se alegó que la muestra
provisional se había seleccionado únicamente entre las empresas que habían
manifestado su apoyo a la investigación.
iv)      Una parte interesada argumentó que,
al incluirse en la muestra provisional empresas integradas verticalmente, el
volumen de producción de células podía haberse contabilizado dos o tres veces,
lo que arroja dudas sobre la representatividad global de la muestra. Se pidió
que, para los productores integrados verticalmente, solo se contabilizara el
volumen de producción de módulos, no el volumen de células.
v)      La misma parte alegó que los datos
en los que se basaba la selección de la muestra no eran fiables, al menos en
parte, lo que podía incidir en la representatividad de la muestra provisional
en su conjunto.
vi)      Una parte interesada facilitó una
lista que contenía, supuestamente, unos ciento cincuenta productores
adicionales de la Unión que fabricaban el producto similar, alegando que debían
tenerse en cuenta para seleccionar la muestra de productores de la Unión.
(16)     Los argumentos esgrimidos
por dichas partes fueron objeto de las observaciones siguientes: los
productores de la Unión habían solicitado que se salvaguardara la
confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de represalia. De hecho,
varios productores de la Unión habían recibido amenazas reales contra su
negocio tanto en la Unión como fuera de ella. La Comisión consideró que esas
solicitudes estaban suficientemente fundadas para aceptarlas. La revelación de
la ubicación o la parte de producción y ventas de cada uno de los productores
de la Unión seleccionados en la muestra podría conducir fácilmente a su
identificación, por lo que se rechazaron las solicitudes en tal sentido.
(17)     La Comisión no había
«confundido» la determinación del apoyo al inicio de la investigación, la
determinación de la industria de la Unión y la selección de la muestra
provisional, ya que esas fases se llevaron a cabo con independencia una de la
otra y las decisiones al respecto se tomaron por separado. No se demostró hasta
qué punto había afectado a la representatividad de la muestra el uso de los
datos de producción y ventas proporcionados por los productores de la Unión en
el contexto del examen del apoyo al inicio de la investigación. De hecho, en la
fase inicial se había definido provisionalmente la industria de la Unión. Para
establecer con carácter provisional la producción total de la Unión en el
período de investigación, tal como se define en el considerando 38, se utilizó
toda la información disponible sobre los productores de la Unión, incluida la
aportada en la denuncia y los datos recabados de los productores de la Unión y
otras partes antes del inicio de la investigación.
(18)     Para la muestra se
consideró a todos los productores de la Unión que habían respondido a las
preguntas relacionadas con el apoyo al inicio de la investigación,
independientemente de su apoyo, oposición o ausencia de opinión en relación con
la investigación. Por consiguiente, se desestimó dicha alegación.
(19)     La cuestión de la doble o
triple contabilización se consideró al seleccionar la muestra provisional. Se
estimó que, si se excluían la producción y las ventas de células de los
productores de la Unión integrados verticalmente, no se tendría en cuenta la
parte de la producción de células vendida en el mercado libre. Por
consiguiente, se consideró que la exclusión de las ventas de células del
volumen de producción total no conduciría necesariamente a obtener una muestra
más representativa. Además, la representatividad de la muestra no solo se había
establecido sobre la base del volumen de producción, sino también sobre la base
de la distribución geográfica y de una representación equilibrada de
productores integrados y no integrados verticalmente. Se calculó la
representatividad relativa del volumen de producción para cada tipo del
producto similar. Sobre esta base, se consideró que la metodología utilizada
para seleccionar la muestra provisional era razonable y, por consiguiente, la
muestra es representativa de la industria de la Unión del producto investigado
en su conjunto. En consecuencia, se rechazó esta alegación. En cuanto a la
fiabilidad de los datos, la muestra se seleccionó a partir de la información
disponible en el momento de la selección, tal como establece el artículo 27 del
Reglamento de base. Por lo que respecta a la fiabilidad de los datos utilizados
en el apoyo al inicio de la investigación, en el marco de la misma no se
encontraron pruebas de que los datos recogidos antes del inicio presentaran
deficiencias significativas. Por tanto, es razonable asumir que la base sobre
la que se seleccionó la muestra provisional era suficientemente fiable. En
consecuencia, se rechazó esta alegación.
(20)     En relación con la lista
de alrededor de ciento cincuenta productores de la Unión adicionales, debe
señalarse que esta información se presentó bastante después de que venciera el
plazo concedido a las partes interesadas para presentar observaciones sobre la
selección de la muestra provisional y a los productores de la Unión para
comparecer y solicitar su inclusión en ella. Además, la Comisión conocía a unos
treinta productores de la Unión incluidos en esa lista cuando seleccionó la
muestra. Es más, en esa selección se tuvo en cuenta a todos los productores de
la Unión que se habían dado a conocer tras la publicación del anuncio de
inicio. Por tanto, la representatividad de la muestra no ha resultado afectada.
En consecuencia, se rechazó esta alegación.
(21)     A
raíz de los comentarios recibidos, se revisó la composición de la muestra, ya
que había indicios de que una de las empresas seleccionadas no habría estado en
condiciones de colaborar plenamente. Para mantener el nivel de
representatividad de la muestra, se seleccionó un productor de la Unión
adicional. Así pues, la muestra revisada quedó formada por diez empresas,
seleccionadas sobre la base de los mayores volúmenes de producción
representativos de cada nivel de producción –habida cuenta del volumen de
ventas en el mercado de la Unión y de la ubicación geográfica– que pudieran
investigarse razonablemente en el plazo disponible. Tras la exclusión de las
obleas de la definición del producto afectado y, por tanto, del ámbito de la
presente investigación (véanse los considerandos 42 a 46 y 349), la muestra
quedó constituida por ocho empresas. Así, la muestra revisada de productores de
la Unión, expresada como porcentaje del total de la producción de la Unión,
representaba entre el 18 % y el 21 % en relación con los módulos y entre el 17
% y el 24 % en relación con las células, y abarcaba productores integrados y no
integrados verticalmente. Dado que un porcentaje preciso permitiría calcular el
volumen de producción del productor de la Unión adicional antes mencionado y,
por tanto, determinar su identidad, no era posible revelar porcentajes
precisos. 
(22)     Los
productores de la Unión que facilitaron a la Comisión información para la
selección de una muestra en el presente procedimiento antisubvenciones,
coinciden con los productores de la Unión que facilitaron la información
pertinente en la investigación antidumping paralela en curso. Además, todos los
productores de la Unión seleccionados en la muestra final en la investigación
antidumping suministraron la información pertinente en la actual investigación
antisubvenciones que permitió a la Comisión seleccionar la muestra. Por lo
tanto, se consideró adecuado que las muestras finales de los productores de la
Unión fueran idénticas en ambos procedimientos.
(23)     Las autoridades chinas
reiteraron su alegación de que el uso de la confidencialidad en relación con el
nombre de los denunciantes y los productores de la Unión incluidos en la
muestra no está justificada. Como ya se indica en el considerando 9 del
Reglamento provisional, los productores de la Unión habían solicitado que se
salvaguardara la confidencialidad de sus nombres debido al riesgo de
represalias. La Comisión consideró que esas solicitudes estaban suficientemente
fundadas para aceptarlas. La información facilitada a la Comisión para
fundamentar el riesgo de represalias no puede revelarse a terceros, ya que tal
divulgación sería contraria a la finalidad de la solicitud de confidencialidad.
Además, en un caso, en el que, a partir de los datos facilitados por las
autoridades chinas, un productor de la Unión evaluó de nuevo su posición y
reveló su identidad presentando una petición de proceso judicial contra el
Reglamento provisional, ya no existen motivos para divulgar la información
sobre cuya base se concedió el anonimato, puesto que la identidad ya se ha
revelado. 
(24)     Tras la divulgación
final, la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de
Maquinaria y Productos Electrónicos (Commerce for Import and Export of
Machinery and Electronic Products, en lo sucesivo, «CCCME») reiteró los
argumentos sobre el método utilizado para la selección de la muestra
provisional de productores de la Unión. Alega, en particular, que las
instituciones no han tenido en cuenta a ciento veinte productores. La Comisión
ya abordó este asunto en el considerando 9 del Reglamento provisional. Por otra
parte, las instituciones han verificado las actividades de las empresas
enumeradas en dicha lista. Resultó que la lista incluía, sobre todo,
instaladores, distribuidores, importadores vinculados y productores
exportadores de China, Taiwán y la India. Por tanto, el argumento no resultaba
adecuado para demostrar que las instituciones habían pasado por alto un número
significativo de productores de la Unión. Además, la CCCME no ha impugnado la
producción total de la Unión mediante cifras alternativas, ni ha presentado
ninguna prueba de que la representatividad de la muestra hubiera podido verse
afectada, puesto que, aun suponiendo que la Comisión hubiera sabido de su
existencia, ninguno de los supuestos productores adicionales de la Unión
habrían sido incluidos en la muestra.
c)           Muestreo de importadores no vinculados
(25)     De los aproximadamente
doscientos cincuenta importadores no vinculados presentados por el denunciante
con los que se puso en contacto la Comisión, veinte respondieron al formulario
de muestreo adjunto al anuncio de inicio: doce en relación con los módulos y
uno en relación con las células. Además, otras siete partes se dieron a
conocer, pero no comunicaron ni importaciones ni reventas del producto
afectado. La muestra se seleccionó de conformidad con el artículo 27 del
Reglamento de base para cubrir el mayor volumen de importaciones que fuera
representativo y pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible.
Sobre esta base, se seleccionó una muestra de importadores no vinculados
formada por dos importadores para los módulos y un importador para las células,
que representaban entre el 2 % y 5 % del total de importaciones del
país afectado. No obstante, tras la recepción de la respuesta al cuestionario,
resultó evidente que la actividad principal de uno de los tres importadores
residía, de hecho, en las instalaciones solares y no en el comercio del
producto afectado. En cuanto a la actividad de un segundo importador, se
trataba de un importador de módulos y no de un importador de células. No
obstante, la calidad de la información proporcionada en su respuesta al
cuestionario no era suficiente para poder incluir dicha información en el
análisis de los importadores no vinculados.
Además, la investigación reveló que la mayoría de las importaciones del
producto afectado entraron en el mercado de la Unión a través de empresas
vinculadas con productores exportadores de China o a través de instaladores o
promotores de proyectos.
(26)     Tras
la imposición de medidas antidumping provisionales en la investigación
antidumping paralela, la Comisión se puso en contacto con importadores
adicionales que ya habían cooperado en la fase inicial de la investigación
facilitando información básica sobre sus actividades relacionadas con el
producto investigado durante el período de investigación, tal como se
especifica en el anuncio de inicio. El objetivo era determinar si se podía
aumentar el tamaño de la muestra de importadores no vinculados. Seis empresas
calificadas como importadores no vinculados que comerciaban con el producto
afectado (es decir, lo compraban y lo revendían) se presentaron y mostraron su
disposición a seguir cooperando en la investigación. De estas seis, cinco
respondieron dentro del plazo establecido. De las cinco respuestas recibidas,
solo tres eran lo suficientemente completas y permitían una evaluación
significativa. Sobre esta base, se extendió la muestra de importadores no
vinculados, formada ahora por cuatro importadores para los módulos, que
representaban entre un 2 % y 5 % del total de importaciones del país
afectado. Habida cuenta de la estructura de los
importadores no vinculados, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, no se
pudo elaborar una muestra que representase un porcentaje mayor, habida cuenta
de la escasez de recursos a disposición de las instituciones.
d)           Respuestas al cuestionario y verificaciones
(27)     La Comisión envió
cuestionarios a los representantes de China (incluido cuestionarios específicos
para el Banco de Desarrollo de China (China Development Bank), el Banco
de Exportación e Importación de China (Export-Import Bank of China), el
Banco de China (Bank of China), el Banco de Shanghai (Bank of Shanghai)
y el Sinosure, a otras instituciones financieras pertinentes y productores
estatales de polisilicio, vidrio y aluminio que hayan suministrado estas
materias primas a la industria afectada durante el período de investigación, a
los ocho productores exportadores chinos incluidos en la muestra y a los demás
productores exportadores chinos que lo solicitaron, así como a los productores
de la Unión incluidos en la muestra, a los importadores no vinculados incluidos
en la muestra y a los operadores en segmentos anteriores y posteriores de la
cadena de producción (en lo sucesivo, «operadores en sentido ascendente y
descendente») y sus asociaciones que se dieron a conocer en los plazos
establecidos en el anuncio de inicio. La Comisión también se puso en contacto
con una asociación de consumidores representativa.
(28)     Se
recibieron respuestas de las autoridades chinas, de todos los productores
exportadores incluidos en la muestra y de sus empresas vinculadas en China, de
cinco productores exportadores que solicitaron un examen individual, de todos
los productores de la Unión incluidos en la muestra, de todos los importadores
de la Unión no vinculados y de veintiún operadores en sentido ascendente y
descendente y tres de sus asociaciones.
(29)     La
Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para
determinar las subvenciones, el perjuicio resultante y el interés de la Unión.
Se llevaron a cabo visitas de inspección en los locales de los poderes públicos
y las instituciones financieras, las empresas incluidas en la muestra, un
importador no vinculado, dos operadores en sentido ascendente y cuatro
operadores en sentido descendente, asociaciones y consultores independientes
que figuran a continuación: 
a)           Gobierno de la República Popular China
–              
Ministerio de Comercio, Pekín, China.
–              
Huaxia Bank, Pekín, China
–              
China Development Bank, Pekín, China
–              
Export Import Bank of China, Pekín, China
–              
China Export & Credit Insurance
Corporation (Sinosure), Pekín, China
b)           Productores de la Unión
–              
ocho productores de la Unión incluidos en la
muestra
c)           Grupos de productores exportadores (y empresas
vinculadas) en China
–              
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd, China
–              
Delsolar (Wujiang) Ltd. (Wujiang) Co. Ltd,
China
–              
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech C. Ltd, China
–              
JingAo Group, China
–              
Wuxi Suntech Power Co. Ltd, PRC Power Co. Ltd,
China
–              
Yingli Green Energy Holding Company, China
–              
Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd y
Renesola Jiangsu Ltd, China
–              
Jinko Solar Co. Ltd, China
d)         Importador no vinculado de la Unión
–              
IBC SOLAR AG, Bad Staffelstein, Alemania
e)         Operadores en sentido ascendente 
–              
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsthal,
Alemania
–              
WACKER Chemie AG, Burghausen, Alemania
f)         Operadores en sentido descendente 
–              
Juwi Solar GmbH, Worrstadt, Alemania
–              
ValSolar SL, Badajoz, España
–              
Jayme de la Costa, Pedroso, Portugal
–              
Sunedison, Spain Construction, Madrid, España
g)         Asociaciones 
–              
Asociación Europea de la Industria
Fotovoltaica (EPIA), Bruselas, Bélgica
h)         Consultora independiente
–              
Europressedienst, Bonn, Alemania
(30)     Las observaciones presentadas
por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas en cuenta.
(31)     La
Alianza para la energía solar asequible («AFASE»), que representa a los
importadores y a los operadores en sentido ascendente y descendente, puso en
duda la base jurídica de la visita realizada en los locales de
Europressedienst, alegando que una consultora independiente no es una parte
interesada con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base. No obstante,
en la medida de lo posible, las conclusiones deben basarse en datos fiables y
verificables. Europressedienst ha facilitado información relativa a los
indicadores macroeconómicos sobre la base de un contrato. La Comisión realizó
una inspección en sus locales en aras del
principio de buena administración, a fin de verificar la fiabilidad y exactitud
de los datos en los que la Comisión ha basado sus conclusiones.
(32)     Las autoridades chinas
alegaron que se violaron sus derechos de defensa en lo que se refiere al acceso
al expediente disponible para inspección por las partes interesadas, debido a
i) que faltaba información en los expedientes no confidenciales sin que se
mostrara ninguna «justificación suficiente» ni se facilitaran resúmenes
suficientemente detallados, o sin que, excepcionalmente, se indicaran motivos
de la imposibilidad de facilitar el resumen no confidencial; ii) que faltaba la
versión no confidencial de una respuesta al cuestionario completa de un
productor de la Unión; y iii) el carácter excesivo de los plazos para poner a
disposición de las partes interesadas las versiones no confidenciales de las
respuestas al cuestionario de los productores de la Unión.
(33)     i) Por lo que se refiere
a la alegación sobre la falta de información en el expediente público, la parte
interesada no especificó a qué información se refería. ii) Su alegación de que
no se había divulgado la versión no confidencial de una respuesta completa al
cuestionario era incorrecta. iii) En cuanto a los plazos para divulgar las
respuestas no confidenciales a los cuestionarios de los productores de la Unión
incluidos en la muestra, se explicó al interesado que los cuestionarios solo se
incorporaron al expediente no confidencial después de haber comprobado su
exhaustividad y el fundamento de los resúmenes. A fin de garantizar el derecho
de los productores de la Unión al anonimato, también se estableció que las
versiones no confidenciales de los cuestionarios no revelarían la identidad del
productor de la Unión en cuestión. En algunos casos, las versiones no
confidenciales debían ser corregidas en consecuencia por la parte que las
presentaba antes de que se pudieran poder poner a disposición de otras partes
interesadas. 
(34)     En cualquier caso, se
considera que este hecho no afecta en modo alguno los derechos de defensa de
las partes interesadas. La Comisión ha dado a todas las partes interesadas la
oportunidad de responder a su debido tiempo a la información incluida en el
expediente abierto a la inspección, a fin de que sus observaciones, siempre que
estuvieran motivadas y justificadas, pudieran tenerse en consideración antes de
llegar a ninguna conclusión en la investigación. La parte interesada tuvo
muchas oportunidades para presentar sus observaciones en relación con los
cuestionarios de los productores de la Unión incluidos en la muestra, también
tras la divulgación provisional y la final. Por lo tanto, aunque la
comunicación de información y el acceso al expediente accesible para inspección
por las partes interesadas se basan en diferentes disposiciones jurídicas, debe
tenerse en cuenta que las partes interesadas tuvieron numerosas oportunidades
para presentar sus observaciones sobre toda la información facilitada por
cualquier parte en la investigación. En consecuencia, hubo que rechazar esta
alegación. 
(35)     Se informó a todas las partes
interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base se
pretendía recomendar la imposición de derechos compensatorios a las
importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes
clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular
China («la divulgación final»). Se concedió a todas las partes un plazo dentro
del cual podían formular observaciones en relación con la divulgación final. 
(36)     Las observaciones
presentadas por las partes interesadas fueron examinadas y, en su caso, tenidas
en cuenta. 
1.5.        Aceptación de un
compromiso en lo que se refiere a los derechos definitivos
(37)     Tras la divulgación
final, la Comisión recibió una oferta modificada de un compromiso ofrecido por
los productores exportadores junto con la Cámara China de Comercio para la
Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, que abarca
también la investigación antidumping paralela. La Comisión aceptó dicho
compromiso mediante la Decisión 2013/XXX/UE, de XX de noviembre de 2013. 
1.6.        Período de investigación
y período considerado
(38)     La
investigación sobre la subvención y el perjuicio abarcó el período comprendido
entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 («el período de
investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la
evaluación del perjuicio abarcó desde el 1 de enero de 2009 hasta el final del
período de investigación («el período considerado»). 
2.           PRODUCTO AFECTADO Y
PRODUCTO SIMILAR
2.1.        Producto afectado 
(39)     En una primera etapa, el
producto afectado se definió como módulos o paneles fotovoltaicos de silicio
cristalino y células y obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles
fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China. Las células
y obleas tienen un grosor no superior a 400 micrómetros. Actualmente, este
producto está clasificado en los códigos NC ex 3818 00 10,
ex 8501 31 00, ex 8501 32 00,
ex 8501 33 00, ex 8501 34 00,
ex 8501 61 20, ex 8501 61 80,
ex 8501 62 00, ex 8501 63 00,
ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90.
(40)     Están
excluidos de la definición del producto afectado los siguientes tipos de
productos:
–              
los cargadores solares con menos de seis
células, portátiles y que suministran electricidad a aparatos o cargan
baterías,
–              
los productos fotovoltaicos de capa fina,
–              
los productos fotovoltaicos de silicio
cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos
eléctricos cuya función no consista en generar electricidad sino que consuman
la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino
integradas.
2.2.        Producto similar
(41)     La investigación ha
puesto de manifiesto que el producto afectado y el producto producido y vendido
en la Unión por la industria de la Unión tienen unas características físicas,
químicas y técnicas básicas similares, así como los mismos usos finales
básicos. Por lo tanto, se consideraron similares a tenor de lo dispuesto en el
artículo 2, letra c), del Reglamento de base.
2.3.        Alegaciones relativas a
la definición del producto
2.3.1.     Exclusión de las obleas
(42)     Varias
partes interesadas alegaron que las obleas deberían excluirse de la definición
del producto, ya que no comparten las mismas características físicas, químicas
y técnicas básicas que las células y los módulos. A los argumentos presentados
antes de la publicación del Reglamento antidumping provisional se sumaron otros
dos al respecto tras dicha publicación.
(43)     En primer lugar, las
partes interesadas alegaron que las obleas pueden emplearse para otros fines
que la fabricación de células, concretamente para la producción de circuitos
integrados y otros microdispositivos. A este respecto cabe señalar que en el
ámbito de la presente investigación no se incluyen todas las obleas, sino
únicamente las obleas del tipo utilizado en los módulos o paneles
fotovoltaicos de silicio cristalino y las obleas cuyo grosor no es
superior a 400 micrómetros. Si bien es cierto que existen obleas en otras
aplicaciones, la investigación nunca abarcó las que se utilizan en la
fabricación de otros productos, como circuitos integrados. Además, no se
presentó ningún productor, importador o usuario participante en el mercado de
estos otros tipos de obleas alegando que sus obleas serían sometidas a registro
o derechos antidumping provisionales. Por tanto, se confirma que estos otros
tipos de obleas no entran en la definición del producto investigado. Al mismo
tiempo, esto demuestra que las obleas no tienen necesariamente el mismo uso
final que las células y los módulos.
(44)     En segundo lugar, se ha
alegado que las obleas no transformadas no poseen ninguna de las propiedades
eléctricas esenciales que distinguen a las células y los módulos solares de
otros productos. En particular, las obleas no tienen la capacidad de generar
electricidad a partir de la luz solar, que es la función fundamental de las
células y los módulos fotovoltaicos cristalinos.
(45)     De hecho, la
investigación puso de manifiesto que la capacidad de generar electricidad a
partir de la luz solar solo aparece después de que la oblea se transforme en
célula. La conversión es efectuada por células que absorben la luz y la
transforman en electricidad mediante el silicio cristalino. Las células tienen
un contacto positivo-negativo para captar y reenviar la electricidad que
generan. Para ensamblar los módulos, se sueldan las células con alambre plano o
cinta metálica formando cintas y laminándolas entre dos capas. Por lo general,
en la parte superior se utiliza vidrio y en la parte inferior una lámina
polimérica de soporte. Normalmente, se crean marcos para permitir el montaje
sobre el terreno (por ejemplo, en los tejados). El módulo puede disponer o no
de un inversor.
(46)     Debido
a las diferentes características físicas y técnicas básicas definidas durante
la investigación, como, entre otras cosas, la capacidad de generar electricidad
a partir de la luz solar, y sopesados todos los factores, se llegó a la
conclusión de que las obleas debían excluirse de la definición del producto
afectado y, por ende, del ámbito de la presente investigación.
2.3.2.     Características físicas,
químicas y técnicas y usos finales
(47)     Varias
partes interesadas alegaron que la investigación no podía abarcar dos productos
con distintas características físicas, químicas y técnicas, por lo que módulos
y células debían ser objeto de dos investigaciones independientes entre sí.
Además, adujeron que no estaba claro si la investigación abarcaba un solo
producto o dos productos separados, por lo que no les es posible defender
plenamente sus intereses. 
(48)     La producción de células
y módulos constituye un solo proceso de producción con distintas etapas. Las
células determinan las características del producto acabado (es decir, los
módulos). La investigación demostró que la producción de células se dedica
directa y exclusivamente a producir módulos; módulos y células comparten las
mismas características físicas, químicas y técnicas (determinadas por la
materia prima utilizada) y tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se
venden para su integración en sistemas solares fotovoltaicos. El rendimiento de
los módulos depende directamente del rendimiento de las células.
(49)     En
el anuncio de inicio se indicaba claramente que módulos y células constituyen
el producto investigado. Por consiguiente, las partes interesadas tuvieron
todas las oportunidades de defender sus intereses sobre la base del producto
afectado, tal como estaba definido. Por las razones expuestas, se rechazaron
estos argumentos.
2.3.3.     Nomenclatura diferente
(50)     También se alegó que los
módulos y las células no podían considerarse un solo producto porque tienen
códigos NC de ocho dígitos, subpartidas de seis dígitos y partidas SA de cuatro
dígitos. A este respecto, hay que señalar que tanto las células como los
módulos se pueden declarar en la partida arancelaria 8541 40 90,
mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica 8501 son para los
generadores eléctricos en general, no para productos solares en particular. Por
estos motivos, la alegación fue rechazada. 
2.3.4.     Valor añadido de las
células
(51)     Varias partes alegaron
que el valor añadido en el proceso de transformación de las células representa
la mayor parte del valor de un módulo, por lo que las células debían
considerarse un producto separado.
(52)     La investigación reveló
que la producción de células es la parte del proceso de producción más compleja
desde el punto de vista tecnológico. No obstante, también demostró que las dos
etapas del proceso están vinculadas entre sí y que el valor añadido no se
concentra en una etapa concreta del proceso de producción, sino que se
distribuye a lo largo del mismo. Por las razones expuestas, se rechazó este
argumento.
2.3.5.     Mercados comerciales
separados
(53)     Algunas partes
interesadas alegaron que los módulos y las células tienen mercados comerciales
separados y, por tanto, deben tratarse como productos diferentes, lo que
también se deriva del hecho de que muchos productores no están integrados
verticalmente.
(54)     Módulos y células no
pueden considerarse productos separados cuyos precios fluctúan dependiendo solo
de factores del mercado. De hecho, sus precios están estrictamente
interconectados y dependen del precio del polisilicio. Asimismo, como se
explica en el considerando 49, el producto afectado se produce en un único
proceso de producción con varias etapas. El hecho de que algunos productores no
estén integrados verticalmente solo obedece a una decisión empresarial y a
economías de escala, y no invalida tal conclusión. Por las razones expuestas,
hubo que rechazar este argumento.
2.3.6.     Uso final e intercambiabilidad
(55)     Varias partes interesadas
adujeron que módulos y células deben tratarse como productos diferentes, porque
tienen distintos usos finales y no son intercambiables.
(56)     Como se ha indicado
antes, la investigación demostró que el proceso de producción de
células-módulos constituye un único proceso de producción, por lo que no es
aplicable la cuestión de la intercambiabilidad entre distintas etapas de un
único proceso de producción. Además, módulos y células tienen el mismo uso
final, convertir la luz solar en energía eléctrica y, por tanto, no pueden
utilizarse para otras aplicaciones.
2.3.7.     Canales de distribución
(57)     Una parte interesada
alegó que módulos y células no comparten los mismos canales de distribución,
por lo que no deben considerarse un solo producto. La investigación demostró
que módulos y células pueden distribuirse a través de canales de distribución
similares o diferentes. No obstante, el principal criterio para determinar que
se trata de un solo producto es que tienen las mismas características físicas,
químicas y técnicas y los mismos usos finales. Habida cuenta de los
considerandos 47 a 49, se concluyó que la existencia de canales de distribución
diferentes no debía considerarse un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse
este argumento.
2.3.8.     Percepción del consumidor
(58)     Se alegó que módulos y
células son sustancialmente distintos en términos de percepción del consumidor,
por lo que no deben considerarse un solo producto.
(59)     Al igual que antes, el
principal criterio para determinar que se trata de un solo producto es que
tienen las mismas características físicas, químicas y técnicas y los mismos
usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se concluyó que las
diferencias de percepción del consumidor no debían considerarse un elemento
decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.
2.3.9.     Investigaciones
independientes para células y módulos
(60)     Algunas
partes interesadas reiteraron que células y módulos no son un mismo producto y
que, por tanto, deben evaluarse por separado. No obstante, a diferencia de las
obleas, las células y los módulos comparten la misma propiedad básica, es
decir, la capacidad de generar electricidad a partir de la luz solar. Por
tanto, se rechazaron estos argumentos.
(61)     Tras la divulgación
final, un exportador argumentó que, por sí solas, las células no pueden generar
electricidad. Se supone que es necesario integrarlas en módulos para que sean
capaces de hacerlo. Sin embargo, cada célula tiene capacidad, por sí sola, de
generar una energía eléctrica de alrededor de 4 W a partir de la luz
solar. Aunque esa potencia pueda ser insuficiente para la mayoría de las
aplicaciones que requieren el montaje de muchas células en módulos, ello no
significa que una célula no tenga en sí misma la capacidad para generar
electricidad.
(62)     Tras la divulgación
final, un exportador argumentó que las células son no solo un tipo de módulo,
sino que son un producto completamente diferente. En efecto, una célula es el
componente clave de un módulo. Como componente clave, es evidente que una
célula no es un «producto completamente distinto» pues comparte con los módulos
la misma característica básica de generar electricidad a partir de la luz
solar, como se indica en el considerando 60.
(63)     La misma parte argumentó,
además, que al seleccionar las muestras de los productores de la Unión y de los
exportadores chinos se tuvo en cuenta la diferencia entre células y módulos.
Por consiguiente, se deberían haber establecido tipos de derecho distintos para
módulos y células. A este respecto, se confirma que efectivamente se tuvo en
cuenta la diferencia entre módulos y células al seleccionar la muestra de
productores de la Unión y exportadores chinos, como se indica en los
considerandos 10 y 14 del Reglamento antidumping provisional. Sin embargo, esto
solo se hizo para garantizar que las muestras fueran representativas y, por
tanto, no implica que células y módulos no deban considerarse como un único
producto afectado, ni que hubieran debido establecerse tipos de derecho
independientes para células y módulos. De hecho, a la hora de seleccionar la
muestra era conveniente distinguir entre células y módulos a fin de garantizar
que la muestra fuera representativa de todos los tipos de producto. Además, puesto
que existía cierto grado de incertidumbre en relación con la cuestión de si
células y módulos debían considerarse como un único producto o como dos
productos separados, era necesario garantizar la representatividad para los dos
resultados posibles. 
(64)     Varios productores
exportadores alegaron que el hecho de que el compromiso suponga la imposición
de volúmenes y precios mínimos de importación diferentes para células y módulos
parece confirmar que módulos y células son productos distintos que requieren dos
investigaciones diferentes. Sin embargo, unos precios mínimos de importación
distintos solo indican que las células y los módulos pertenecen a grupos de
tipo de producto distintos, que se comercializan a precios diferentes. Por
tanto, es necesario definir precios diferentes a fin de que los precios mínimos
de importación sean significativos.
(65)     Además, el hecho de que
las células y los módulos formen grupos diferentes de tipo de producto no es,
en sí mismo, pertinente para la definición del producto afectado. Para la
definición del producto afectado basta con que los productos compartan las
mismas características básicas y usos finales básicos, como ocurre con los
módulos y las células según se expone en los considerandos 46 y 71,
respectivamente.
(66)     Las autoridades chinas
alegaron que en la evaluación de si células y módulos son un solo producto
afectado no se abordan una serie de criterios definidos por el Órgano de
Apelación en su informe CE – amianto[6]. Estos criterios se utilizan para la definición del «producto
similar», no del producto afectado. En otras palabras, estos criterios deben
utilizarse para definir el producto similar, por ejemplo el producto similar
producido por la industria de la Unión, que luego se compara con el producto
afectado exportado por los productores exportadores chinos. Estos criterios,
por lo tanto, no son pertinentes a la hora de definir el producto afectado. De
cualquier modo, las instituciones observan que la aplicación de los criterios
utilizados en el Informe CE – Amianto a la definición del
producto afectado en el presente caso no daría un resultado diferente. Los
criterios primero y segundo (propiedades, naturaleza y calidad y usos finales)
son idénticos a los criterios relativos a las propiedades físicas, químicas y
técnicas y a los usos finales utilizados en los anteriores considerandos. El
tercer criterio (gustos y hábitos de los consumidores) no es realmente útil en
el presente caso, pues las células son el componente clave de los módulos; por
lo que respecta al cuarto criterio, la clasificación  arancelaria, cabe señalar
que tanto las células como los módulos pueden declararse en la partida
arancelaria 8541 40 90, mientras que las partidas arancelarias de la rúbrica
8501 se destinan a los generadores eléctricos en general, y no a los productos
solares en particular.
(67)     Otras partes interesadas
argumentaron que la aplicación objetiva de los criterios desarrollados por el
Tribunal de Justicia en asuntos anteriores[7] parece conducir a la conclusión de que los módulos y las células
son productos diferentes. A este respecto hay que señalar que el Tribunal no ha
hecho más que indicar una serie de criterios que pueden ser tenidos en cuenta‑,
pero que no es obligatorio utilizarlos en todos en todos los casos, ya que posiblemente,
no todos sean pertinentes. Estos criterios se evaluaron en los considerandos 27
a 39 del Reglamento antidumping provisional, donde se determinó que varios de
ellos no eran pertinentes en el presente caso. En el asunto Brosmann se
utilizaron únicamente los tres criterios que se consideraron pertinentes para
evaluar si diferentes tipos de calzado pertenecían al «producto afectado»
Puesto que las partes interesadas no facilitaron ningún argumento para defender
que una aplicación objetiva de los criterios conduce a la conclusión de que los
módulos y las células son productos distintos, este argumento no puede ser
aceptado.
(68)     Además, cabe recordar que
las células y los módulos tienen los mismos usos finales básicos, es decir, se
venden para ser integrados en sistemas solares fotovoltaicos. El funcionamiento
de los módulos está directamente relacionado con el de las células, como se
indica en el considerando 28 del Reglamento antidumping provisional.
(69)     Una parte interesada
afirmó que, al excluir las obleas de la definición del producto, y debido al
intensivo proceso de transformación necesario para fabricar módulos a partir de
células, el argumento de que las células y los módulos tienen los mismos usos
finales tampoco está fundamentado. También se ha argumentado que la
consideración de que los módulos y las células tienen los mismos usos finales
se basa en la presunción de que las obleas, las células y los módulos tienen un
mismo proceso de producción.
(70)     En primer lugar, que la
evaluación según la cual los módulos y las células tienen los mismos usos
finales se basa en el proceso de producción es una conclusión errónea. Aunque
ambos enunciados figuran efectivamente en el considerando 36 del Reglamento
antidumping provisional, ello no significa que una conclusión se base en el
otro supuesto. La palabra «además» que separa las dos declaraciones deja claro
que la segunda afirmación no se basa en la primera. Por otro lado, las dos
afirmaciones abordan cuestiones diferentes en el apartado «Uso final e intercambiabilidad».
La primera afirmación relacionada con el proceso de producción aborda la
intercambiabilidad, mientras que la segunda aborda el uso final. La hipótesis
subyacente, con arreglo a la cual se considera que el hecho de que los módulos
y las células tengan los mismos usos finales se basa en la presunción de que
las obleas, las células y los módulos tienen un mismo proceso de producción,
es, por tanto, errónea.
(71)     En
cuanto al verdadero uso final de células y módulos, ninguna de las partes interesadas
ha contestado que los módulos y las células se vendan para su integración en
sistemas solares fotovoltaicos. Por lo tanto, queda confirmada la conclusión de
que los módulos y las células tienen un mismo uso final.
2.3.10.   Productos de capa fina
(72)     Una parte interesada
alegó que debían incluirse en la definición del producto afectado los productos
fotovoltaicos de capa fina, ya que comparten las mismas características
físicas, químicas y técnicas básicas y los mismos usos finales básicos.
(73)     Los productos
fotovoltaicos de capa fina están claramente excluidos de la definición del
producto (véase el considerando 40). En efecto, estos productos presentan
características físicas, químicas y técnicas distintas de las del producto
afectado. Se obtienen por un proceso de producción diferente y no a partir de
silicio cristalino, que es la principal materia prima para la producción de
módulos y células. Presentan una eficiencia de conversión más baja y una
potencia de salida menor, por lo que no son adecuados para el mismo tipo de
aplicaciones que el producto afectado. Por las razones expuestas, hubo que
rechazar estos argumentos.
2.3.11.   Productos intermedios
(74)     Se alegó asimismo que las
células son productos intermedios, mientras que los módulos son productos
acabados, por lo que no deben considerarse un solo producto.
(75)     Como se ha indicado
antes, el principal criterio para determinar que se trata de un solo producto
es el hecho de tener las mismas características físicas, químicas y técnicas y
los mismos usos finales. Habida cuenta de los considerandos 47 a 49, se
concluyó que la diferencia entre productos intermedios o acabados no se
considera un elemento decisivo. Por lo tanto, debe rechazarse este argumento.
2.3.12.   Cargadores solares
(76)     Una parte interesada
solicitó que se excluyeran los paneles solares que se dedican exclusivamente a
cargar baterías de 12V, argumentando que tienen un uso final diferente al de
los módulos de conexión a la red, puesto que, al tener una tensión mucho más
baja, son inadecuados para la conexión en red.
(77)     De acuerdo con el anuncio
de inicio, no están incluidos en el producto investigado los cargadores solares
que constan de menos de seis células, son portátiles y suministran electricidad
a aparatos o cargan baterías. Los módulos que constan de más de seis células y
se utilizan exclusivamente para cargar baterías tienen las mismas
características básicas y el mismo rendimiento que los módulos de conexión a la
red. Utilizan una tensión de circuito abierto menor que la que emplean los
módulos de conexión a la red. A pesar de esta diferencia, la investigación
demostró que este tipo de módulos pueden conectarse a la red. La menor tensión
puede compensarse fácilmente aumentando el tamaño y/o el número de las células.
Por tanto, los módulos dedicados a la carga de baterías que constan de más de
seis células entran en la definición del producto afectado.
(78)     Varias partes interesadas
alegaron, además, que la definición de «cargadores solares que constan de menos
de seis células» es demasiado restringida y debería ampliarse a productos de
función similar como los que, siendo de tamaño similar, cuentan con un número
mayor de células más pequeñas.
(79)     También alegaron que es
demasiado restringida la definición de «productos fotovoltaicos de silicio
cristalino que forman parte integrante de aparatos eléctricos», pues solo se
excluye el aparato eléctrico completo, mientras que no quedan necesariamente
excluidos los componentes solares que van a integrarse en los aparatos eléctricos.
(80)     En efecto, un análisis de
las alegaciones presentadas por las diversas partes interesadas han puesto de
manifiesto que es más adecuado definir la exclusión de dichos productos sobre
la base de las normas técnicas que sobre la base del número de células. En
particular, se determinó que las definiciones de la norma «IEC 61730-1
Aplicación clase C» definen más adecuadamente los productos que deberían quedar
excluidos del ámbito de aplicación de las medidas.
(81)     Tras la divulgación
definitiva, se recibieron observaciones relativas a la exclusión basadas en la
norma internacional mencionada anteriormente. Se alegó que, en vez de hacer
referencia a la norma, sería más adecuado definir la exclusión en términos de
potencia y tensión de salida como «módulos o paneles con una tensión de salida
no superior a los 50 V CC y una potencia igual o inferior a
50 W, únicamente para un uso directo como cargadores de batería en
sistemas con las mismas características por lo que se refiere a la tensión y a
la potencia». Esta alegación se pudo aceptar, y la exclusión se ha establecido
finalmente con arreglo a esta definición.
2.3.13.   Módulos solares integrados
en tejados
(82)     Otra parte interesada
alegó que debían excluirse del ámbito de la investigación los módulos solares
integrados en tejados, pues combinan la funcionalidad de un módulo solar con la
de una teja o pizarra. Por tanto, no son directamente intercambiables con un
módulo solar estándar.
(83)     No
obstante, la investigación ha puesto de manifiesto que tanto los módulos
estándar como los módulos solares integrados en el tejado han de cumplir las
mismas normas eléctricas. Además, si bien un módulo solar integrado en el
tejado no puede reemplazarse simplemente con un módulo estándar, sí puede
sustituirse por un módulo estándar más tejas o pizarra. Así pues, estos
productos poseen la misma propiedad técnica básica de generar electricidad a
partir de la luz solar. La funcionalidad añadida (que de lo contrario ofrece el
material del tejado) no se consideró fundamental y no justifica que se excluya
de la definición del producto a los módulos solares integrados en el tejado.
(84)     Tras la divulgación
definitiva, la misma parte interesada argumentó que la ausencia de
intercambiabilidad dual entre los módulos solares integrados en el tejado y los
módulos solares estándar es indicativa de que aquellos deberían excluirse del
ámbito de las medidas, y remite al caso del calzado en general y el
calzado deportivo de tecnología especial («STAF») en particular[8]. No obstante, los motivos de la exclusión del «STAF» eran
numerosos, y la ausencia de doble intercambiabilidad, por sí misma, no fue
considerada una razón suficiente por el Tribunal General en el asunto Brosmann[9], que confirmó que productos tan distintos como el calzado de
ciudad y las botas de senderismo pueden considerarse como un solo producto
afectado en una única investigación antidumping a pesar de sus diferencias.
(85)     Puesto que la parte
interesada sostuvo que el hecho de que en la UE no haya producción y el hecho
de que la parte interesada posea los derechos de propiedad intelectual parecen
confirmar que los módulos solares integrados en el tejado son un producto
innovador y distinto de cualquier otro producto. No obstante, haciendo
referencia de nuevo al asunto sobre el calzado mencionado por la parte
interesada, el Tribunal General declaró en la sentencia Brosmann que ni la
ausencia de la producción de dicho tipo de calzado en la Comunidad ni la
existencia de una patente eran determinantes.[10] En consecuencia, en este asunto, el calzado de tecnología
patentada se consideró como producto afectado.
(86)     La parte interesada
también alegó que los módulos solares integrados en el tejado deben excluirse
de la definición del producto afectado porque se venden a precios considerablemente
más altos que los módulos estándar. Además, en el asunto del calzado, el
calzado deportivo de tecnología especial que superaba un determinado precio se
excluyó de la definición de producto afectado. A este respecto hay que señalar
que un módulo solar integrado en el tejado combina la funcionalidad de un
módulo solar con la de una teja o pizarra, como se ha indicado en considerando
83. Por tanto, una comparación directa de los precios no es pertinente, ya que
el incremento de precio se deriva lógicamente de una funcionalidad añadida.
(87)     Para responder a este
argumento, la parte interesada sostuvo que, sobre la base del mismo, nunca
sería posible alegar las diferencias de precio como indicador adicional que
justifique la exclusión de la definición del producto. No obstante, esta
interpretación es demasiado amplia. Lo que afirma el considerando anterior es,
simplemente, que en el presente caso, en que los módulos integrados en el
tejado combinan la funcionalidad del producto afectado con la de otro producto
(en este caso, tejas o pizarra), el precio no es directamente significativo.
Esto no significa en absoluto que en otros casos las diferencias de precios no
puedan ser un indicador útil para determinar si un producto debe excluirse de
la definición del producto afectado.
(88)     Por último, la parte
interesada sostuvo que a su proveedor de módulos solares integrados en el
tejado debería concedérsele el acceso al compromiso de precios mínimos. Sin
embargo, parece que el exportador chino no cooperó en la investigación, y, como
parte que no cooperó, no puede participar en el compromiso. Por tanto, estas
solicitudes no pueden aceptarse.
2.3.14.   Células monocristalinas y
policristalinas
(89)     Una parte interesada
alegó que en la Unión no se producían células monocristalinas y que sus
exportaciones de células monocristalinas no competían con la industria de la
Unión. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto la existencia de
producción de células monocristalinas en la Unión. Por lo tanto, se rechaza
esta alegación. En cualquier caso, en el asunto Brosmann el Tribunal General
dictaminó que la ausencia de producción en la Comunidad de un tipo concreto de
producto no es un factor decisivo.
2.3.15.   Cláusula de procedencia
(90)     Varias partes interesadas
argumentaron que la ampliación del ámbito de la investigación a los productos
«procedentes» de China, cuando la investigación se había iniciado únicamente
contra los productos originarios de China, no estaba justificada.
(91)     Sin
embargo, los productos procedentes de China ya estaban incluidos en la fase de
inicio. En el punto 5 del anuncio de inicio se invita a las empresas que
importan el producto afectado desde la República Popular China pero consideran
que el origen aduanero de parte de estas exportaciones, o incluso de la
totalidad de las mismas, no es la República Popular China, a que se den a
conocer y aporten la información pertinente a la presente investigación. Así
pues, es evidente que todas las empresas que expiden productos desde China
tuvieron la oportunidad de cooperar en la investigación. Por otro lado, dado
que el producto investigado incorpora con frecuencia componentes y piezas
procedentes de distintos países, también se anunció en el punto 5 del anuncio
de inicio que podrían «adoptarse disposiciones especiales» para abordar esta
cuestión.
(92)     Por tanto, se considera
que todos los agentes económicos afectados fueron debidamente informados de la
posibilidad de que, en su caso, se adoptaran disposiciones especiales con
respecto a los productos expedidos desde China, y se les invitó a que
cooperaran en la investigación. Así pues, el ámbito de la investigación no se
amplió a los «productos procedentes de China», ya que estos estaban incluidos
desde el principio.
(93)     Tras la divulgación, las
partes interesadas argumentaron que, con independencia de lo dispuesto en el
anuncio de inicio al que se refiere el considerando 91, la investigación estaba
limitada a mercancías originarias de China y no evaluaba el impacto de las
procedentes de ese país.
(94)     A este respecto, se
observa que se tomaron las siguientes medidas para garantizar que todas las
mercancías procedentes de China, no solo las originarias de este país, habían
sido evaluadas durante la investigación.
·              
Todas las empresas que enviaron el producto
afectado desde China fueron invitadas a darse a conocer en la investigación,
independientemente del origen de las mercancías.
·              
En el anexo A del anuncio de inicio, se pidió
a los exportadores que comunicaran datos relativos a todos los productos
fabricados por la empresa. Dicha información no se limitaba a las mercancías
originarias de China.
·              
Sobre la base de esa información, que incluía
todas las exportaciones a la UE fuera cual fuera el origen de las mercancías,
se seleccionó una muestra representativa.
·              
Los productores incluidos en la muestra
recibieron un cuestionario dirigido a los «productores que exportan a la Unión
Europea», en el que se hacía referencia a China como «país afectado», no como
país de origen. Por tanto, estaba claro que se investigaban todas las
mercancías, con independencia de su origen.
(95)     Así pues, se concluye que
la investigación abarcaba todas las mercancías originarias o procedentes de
China y que sus conclusiones, concretamente las relativas a las subvenciones y
al perjuicio, se referían a todas las mercancías originarias o procedentes de
China.
(96)     Tras la divulgación
final, las partes interesadas argumentaron que la denuncia solo contenía
indicios razonables en relación con las importaciones de paneles solares
originarios de China, no con mercancías procedentes de este país. A este
respecto debe aclararse que la denuncia abarcaba las mercancías «procedentes de
China» (from the PRC), como puede verse en la página de cobertura sellada,
presentada por el solicitante. Antes de esa página hay otra en el expediente en
la que sí puede leerse «originarios de la República Popular China» (originating
in the People's Republic of China). Sin embargo, esta no formaba parte del
documento presentado por el denunciante, sino que la añadieron como página de
cobertura los servicios de la Comisión utilizando el nombre dado a la
investigación, en vez de utilizar el título de la denuncia. Por tanto, se
considera que la denuncia abarcaba todas las mercancías procedentes de China,
originarias o no de ese país.
(97)     Los productores
exportadores chinos argumentaron además que no podía esperarse razonablemente
que los productores exportadores de terceros países supieran que sus productos
también podían ser objeto de la investigación. A este respecto debe señalarse
que las medidas no se aplican a las mercancías en tránsito en el sentido del
artículo V del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Por
consiguiente, las medidas no afectan a los productores exportadores que no
realizan operaciones en China. Por otro lado, ningún productor exportador de
terceros países ha denunciado que los productos que exporta estén sujetos a las
medidas.
(98)     Los mismos productores
exportadores argumentaron que no se pidió a los productores exportadores de
terceros países que se dieran a conocer, ni se les dio la oportunidad de
demostrar que sus productos no están subvencionados. Las instituciones
consideran que las medidas no afectan a los productores exportadores que no
realizan operaciones en China, pues se considera que si sus mercancías se
expiden desde este país es porque estaban en tránsito. Todos los demás
productores exportadores fueron informados por medio del anuncio de inicio de
que sus operaciones formaban parte de la investigación.
2.3.16.   Conclusión
(99)     En
vista de lo antedicho, el producto afectado se define definitivamente como
módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y células del tipo
utilizado en los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino,
originarios o procedentes de China, a menos que estén en tránsito en el sentido
del artículo V del GATT. Las células tienen un grosor no superior a 400
micrómetros. Actualmente, este producto está clasificado en los códigos NC
ex 8501 31 00, ex 8501 32 00,
ex 8501 33 00, ex 8501 34 00,
ex 8501 61 20, ex 8501 61 80,
ex 8501 62 00, ex 8501 63 00,
ex 8501 64 00 y ex 8541 40 90. 
(100)   Están excluidos de la
definición del producto afectado los siguientes tipos de productos:
–              
los cargadores solares que consten de menos de
seis células, sean portátiles y suministren electricidad a aparatos o carguen
baterías,
–              
los productos fotovoltaicos de capa fina,
–              
los productos fotovoltaicos de silicio
cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos
eléctricos cuya función no consista en generar electricidad sino que consuman
la electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino
integradas.
–              
módulos o paneles con una tensión de salida no
superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W
únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las
mismas características de tensión y potencia. 
3.           SUBVENCIONES
(101)   El
denunciante alegó que China da importantes subvenciones a su industria
fotovoltaica («empresas de energía fotovoltaica») y remite a una serie de
documentos estratégicos y de planificación, así como a la legislación, que son
la base para el apoyo estatal en el sector. La Comisión revisó y analizó los
documentos mencionados en la denuncia, así como la documentación complementaria
presentada por las autoridades chinas y los productores exportadores incluidos
en la muestra durante la investigación y constató que muchos de ellos ponen de
manifiesto que, efectivamente, la industria fotovoltaica en China recibe un
trato preferente en muchos ámbitos.
(102)   Las
autoridades chinas incluyeron la industria fotovoltaica entre los sectores
industriales «estratégicos» en el duodécimo plan quinquenal[11]. También elaboraron un plan específico para la energía
fotovoltaica (en el marco del mencionado duodécimo plan quinquenal), a saber,
el duodécimo plan quinquenal para la industria solar fotovoltaica. En dicho
plan las autoridades chinas expresaron su apoyo a las «empresas de mayor
importancia» [12] y a las «empresas clave»[13], se comprometieron a «promover la aplicación de diversas
políticas de apoyo a la industria fotovoltaica»[14] y a «definir los preparativos generales de las políticas de
apoyo en materia de industria, finanzas, fiscalidad, etc...».[15]. La Decisión nº 40 del Consejo de Estado establece que las
autoridades chinas «apoyarán activamente el desarrollo de las nuevas industrias
energéticas y acelerarán el desarrollo de la energía solar»[16] y ordena a todas las instituciones financieras que solo
proporcionen apoyo crediticio a los proyectos que deben fomentarse (entre los
que se encuentran los proyectos relacionados con la energía fotovoltaica) y se
compromete a aplicar «otras políticas preferenciales a los proyectos que
deben fomentarse[17]. Otra Decisión del Consejo de Estado, de 10 de octubre de 2010,
trata de la ampliación de la «intensidad de la ayuda fiscal y financiera a
las políticas», anima a las instituciones financieras a «ampliar el
apoyo crediticio» y se compromete a «utilizar las políticas de
fiscalidad preferencial, como la de compensación de riesgos»[18] para las nuevas industrias estratégicas, categoría a la que
pertenece la industria de la energía solar fotovoltaica. El Esquema nacional
para el desarrollo científico y tecnológico (2006–2020) (National Outline
for the Medium and Long-term Science and Technology) Developmentse
compromete a poner en primer lugar la financiación estratégica», «animar a
las instituciones financieras a que concedan un apoyo crediticio preferencial a
los principales proyectos nacionales de industrialización en ámbitos
científicos y tecnológicos, animar a las instituciones financieras a que
mejoren y refuercen los servicios financieros prestados a las empresas de alta
tecnología y aplicar las políticas de fiscalidad preferencial para
fomentar el desarrollo de las empresas de alta tecnología»[19]. La Ley china en materia de progreso científico
tecnológico enumera también una serie de medidas de apoyo a las industrias
estratégicas, incluidas las empresas de energía solar fotovoltaica. Indica,
entre otras cosas, que el Estado animará y asesorará a las instituciones
financieras para que apoyen el desarrollo de empresas de alta tecnología y de
tecnologías innovadoras mediante la concesión de préstamos[20], obliga a las instituciones financieras de crédito oficial a que,
al ofrecer servicios financieros[21], den prioridad al desarrollo de empresas de alta tecnología y de
tecnologías innovadoras, prevé bajos tipos de interés y garantía para los
préstamos recibidos por determinadas empresas y ayudas especiales de
las instituciones financieras de crédito oficial a proyectos fomentados por
el Estado[22]. Las aplicaciones prácticas de estas medidas se detallan más
adelante.
3.1.        Observaciones preliminares 
(103)   Tanto las autoridades
chinas como los productores exportadores chinos incluidos en la muestra
enviaron respuestas al cuestionario y aceptaron visitas in situ[23] a fin de comprobar dichas respuestas. 
(104)   Respecto a las autoridades chinas, tras el análisis de las
respuestas al cuestionario, la Comisión envió una carta de deficiencia y una
carta previa a la inspección, seguidas de la subsiguiente correspondencia
relativa a la agenda para la visita de inspección. La Comisión ofreció a las
autoridades chinas un plazo amplio para la preparación y remisión de sus
observaciones cuando así se solicitó y se justificó. De hecho, se concedió una
ampliación sustancial del plazo -de treinta días- a las autoridades chinas para
responder al cuestionario, lo que condujo a un plazo total de 69 días para la
presentación de la respuesta al cuestionario, y veinticinco días para la
respuesta a la carta de deficiencia. Por lo
tanto, las autoridades chinas han tenido, en total, más de tres meses para
presentar la información solicitada por la Comisión.
(105)   Durante
las visitas de inspección in situ al Ministerio chino de Comercio en
Pekín y a cuatro instituciones financieras (China Development Bank, Export
Import Bank de China, Huaxia Bank y Sinosure), la Comisión se esforzó en
comprobar la información proporcionada sobre la base de los documentos de apoyo
utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas, de conformidad
con las disposiciones de los artículos 11 y 26 del Reglamento de base. Al
hacerlo, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que la falta de
información y de documentos de apoyo puestos a disposición por las autoridades
chinas no permitía verificar correctamente la respuesta al cuestionario.
Además, faltaba determinada información, pese a que se había solicitado
específicamente, y determinadas preguntas sencillamente carecían de respuesta.
Por consiguiente, se comunicaron a las autoridades chinas las consecuencias de
la falta de cooperación de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 6, del
Reglamento de base.
(106)   Las
autoridades chinas adujeron también que la Comisión les había impuesto una
carga poco razonable, y que había solicitado información irrelevante e
innecesaria, tanto en el cuestionario como en la posterior carta de
deficiencia. 
(107)   Con
respecto a la información solicitada, cabe señalar que la Comisión únicamente
solicitó la información relativa a las alegaciones contenidas en la denuncia
que consideró necesaria para llegar a unas conclusiones representativas y fue
coherente en sus solicitudes al pedir los mismos datos y la misma información a
lo largo de todo el proceso de investigación y al solicitar a las autoridades
chinas que explicaran la información presentada y sus consecuencias para los
regímenes investigados. Es decir, la Comisión únicamente solicitó la
información necesaria para evaluar la existencia y el nivel de las subvenciones
disponibles para el producto afectado con arreglo a los regímenes de subvención
alegados en la denuncia.
3.2.        Falta de cooperación
(108)   Como ya se ha dicho en el
anterior considerando 106, tras las visitas de inspección in situ, el 23
de mayo de 2013, la Comisión notificó a las autoridades chinas que estaba
considerando aplicar los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28
del Reglamento de base. La Comisión envió dicha carta tras haber llegado a la
conclusión preliminar de que, debido a la falta de información y de pruebas de
las autoridades chinas, no se pudieron verificar adecuadamente las respuestas
al cuestionario antisubvenciones, a la carta de deficiencia y a otras
observaciones formuladas por las autoridades chinas durante el procedimiento
que nos ocupa. Además, se estableció in situ que tanto en la respuesta
al cuestionario como en otras observaciones presentadas posteriormente por las
autoridades chinas se omitió determinada información solicitada específicamente
por la Comisión. Además, determinadas preguntas sencillamente carecían de
respuesta. La posible aplicación de los datos disponibles afectaba a los planes
y proyectos del Gobierno, así como a diversos documentos legislativos y de otro
tipo; créditos a las políticas preferenciales; otras financiaciones, garantías
y seguros; circulares del PBC; seguro de créditos a la exportación y
verificación de Sinosure; programa de demostración Golden Sun; programas
de exenciones y reducciones fiscales directas; programas relativos a la
imposición indirecta y a los aranceles aduaneros; suministro de insumos por una
remuneración inferior a la adecuada: polisilicio, extrusionados de aluminio y
vidrio; y la concesión de derechos de uso del suelo.
(109)   En su carta de 3 de junio
de 2013, las autoridades chinas se oponían a la intención preliminar de la
Comisión de aplicar las disposiciones del artículo 28 del Reglamento de
base, y argumentaban que, en este caso, no se cumplían las condiciones
requeridas para no tener en cuenta la información presentada o incluso «colmar
lagunas de información». 
(110)   Las
autoridades chinas alegaron que las «dudas» relativas a la exactitud de la
información, debidas únicamente a que la Comisión no puede verificar de «forma
totalmente satisfactoria» la información presentada, no deberían dar lugar a
que se ignore dicha información. La Comisión no está de acuerdo con esta
alegación, puesto que no refleja la realidad. Lo cierto es que la Comisión no
«ignoró» ninguna información solo porque no la pudo comprobar durante la visita
de inspección in situ. No obstante, no pudo tener en cuenta el valor
nominal de la información en los casos en los que la información y las
explicaciones que facilitaron las autoridades chinas se consideraron contradictorias
o incompletas en comparación con el resto de la información de que dispone la
Comisión y, además, tampoco se pudieron verificar durante la visita de
inspección in situ. El valor que se da a cada pieza informativa depende
del grado de no cooperación de las autoridades chinas. Se observa asimismo que
la Comisión no presentó objeciones debido al formato en el que se presentó la
información, como alegaron las autoridades chinas, sino que el problema era más
bien la inexactitud o el carácter incompleto de los datos
(111)   Las autoridades chinas
también alegaron que algunos de los datos solicitados por la Comisión suponían
una carga que las autoridades chinas eran incapaces de asumir en la práctica. A
este respecto, cabe señalar que la Comisión solo solicitó la información
(apoyada con indicios razonables) necesaria para comprobar las alegaciones
presentadas por el denunciante y que ofreció a las autoridades chinas un plazo
amplio y suficientes oportunidades para que presentara dicha información. Por
otro lado, la Comisión es plenamente consciente de que, debido al elevado
número de alegaciones detalladas del denunciante en este caso, tuvo que
solicitar una importante cantidad de información de las autoridades chinas. Sin
embargo, como se ha explicado anteriormente (considerandos 104 a 107), la
información solicitada no era excesiva y se concedió tiempo suficiente para
proporcionarla.
(112)   Las autoridades chinas
también señalaron la distinción entre obviar la información presentada y
completar la información recibida con los datos realmente registrados. Aunque
la Comisión es plenamente consciente de esta distinción y actúa conforme a las
disposiciones pertinentes del artículo 28 del Reglamento de base, debe
recordar que, en caso de que la información presentada contradiga otras
informaciones de que dispone la Comisión sobre el mismo asunto, dicha
información no se puede completar. En estos casos (por ejemplo, información
presentada en relación con la propiedad de los bancos), la Comisión tuvo que
determinar qué información es más fiable. Para ello, la Comisión se aseguró de
que la utilización de los datos disponibles no sea punitiva y se base en datos
realmente disponibles.
(113)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no tenía motivos para considerar que no habían
cooperado en este caso, porque ignorara o malinterpretara su obligación de
considerar la «capacidad práctica» de las autoridades chinas para responder a
su solicitud. Según las autoridades chinas, el conjunto de la investigación ha
sido excesivamente gravoso, por lo que la cooperación en general ha sido
imposible, y la Comisión, como autoridad investigadora, se ha negado
repetidamente a colaborar con las autoridades chinas para atenuar tales cargas.
Esta alegación es una interpretación claramente incorrecta de los hechos. La
Comisión, a fin de cumplir con sus obligaciones legales tras la recepción de la
denuncia debidamente documentada y, al mismo tiempo, respetar la jurisprudencia
pertinente de la OMC, únicamente solicitó a las autoridades chinas la
información necesaria para comprobar y evaluar las alegaciones de la denuncia
respaldadas por elementos de prueba suficientes. La Comisión ofreció ayuda a
las autoridades chinas, tanto en la carta de presentación del cuestionario como
en el propio cuestionario. También en la carta de deficiencia, se invitó a las
autoridades chinas a ponerse en contacto con la Comisión en caso de que hubiese
cualquier pregunta relativa a la información solicitada. Además, la Comisión
amplió excepcionalmente los plazos para la presentación de información (véase
el considerando 104). Por otra parte, en la presente investigación, la Comisión
pidió información específica sobre las operaciones de las autoridades chinas
solo por lo que se refiere a los exportadores incluidos en la muestra, no a
todos los productores de paneles solares en China, es decir, redujo al máximo
el volumen potencial de información requerida. La Comisión observa que las
autoridades chinas parecen mezclar argumentos relativos a su capacidad práctica
para proporcionar datos con otras cuestiones. Por ejemplo, en el asunto del papel
fino estucado, cuando ponen en tela de juicio la solicitud de información
supuestamente excesiva de la Comisión a los bancos y las instituciones
financieras, basa su argumento principalmente en la presunta insuficiencia de
la denuncia, alegando que se basa en «determinaciones ilegales». Por lo tanto,
la denuncia de las autoridades chinas parece referirse a la calidad de las
pruebas para el inicio, no a su capacidad práctica de facilitar información. En
efecto, en su carta de 3 de junio de 2013 las autoridades chinas repitieron el
argumento utilizado en presentaciones realizadas anteriormente, de que el
inicio de muchos de los programas no cumplía el umbral probatorio establecido en
el artículo 11, apartado 2, del Acuerdo SMC de la OMC y que, al
iniciar este programa, la Comisión infringió el artículo 11,
apartado 3, del Acuerdo SMC de la OMC. La Comisión ya respondió a estas
alegaciones en una carta y un memorándum a las autoridades chinas, y, puesto
que no se plantearon nuevas alegaciones en la carta de 3 de junio de 2013, no
es necesario abordar las mismas alegaciones por segunda vez en el presente
Reglamento. 
(114)   Las autoridades chinas
reclamaron asimismo que la Comisión no les concedió tiempo suficiente para
rellenar el cuestionario. Esto es, simplemente, incorrecto. Tal como se explica
en el considerando 104, la Comisión concedió a las autoridades chinas
importantes ampliaciones de los plazos, concediéndoles el máximo de tiempo
posible sin que tuviera repercusiones negativas importantes para el cierre
oportuno del caso. El plazo para completar el cuestionario y la respuesta a la
carta sobre las deficiencias fue sensiblemente superior al plazo previsto en el
artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.
(115)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión había ignorado su solicitud de ayuda para determinar
la necesidad relativa de las respuestas al cuestionario con objeto de evitar
conclusiones basadas en los datos disponibles. En su presentación, hacían
referencia al hecho de que habían pedido a la Comisión que explicara el
objetivo de determinada información específica solicitada y las determinaciones
a las que podría dar lugar, a fin de «garantizar que podrían cooperar al máximo
en su capacidad práctica y, al mismo tiempo, proporcionar la información más
esencial». Naturalmente, la Comisión no podía saber las conclusiones a las que
podría conducir la información real antes de disponer de la misma. Las
autoridades chinas también alegan que la Comisión elaboró el cuestionario de
forma que fuera «funcionalmente imposible» completarlo, y luego llevó a cabo
«investigaciones aleatorias». La Comisión rechaza rotundamente estas
alegaciones. Como se ha explicado anteriormente, en el cuestionario solo se
solicitaba la información necesaria para poder llegar a una conclusión.
(116)   Las autoridades chinas
también alegaron que la Comisión insistió en recibir documentos que las
autoridades chinas, por ley, no podían presentar, ni podían obligar a que se
elaborasen, y, en este contexto, hicieron referencia a la legislación
pertinente de la OMC y de la UE, que deja claro que solo debe ignorarse la
información falsa o engañosa y que no tenía capacidad práctica
para proporcionar cierta información, cuya difusión prohíbe estrictamente su
ordenamiento jurídico, por considerarse secreto de Estado u otro tipo de
información. Sostuvo además que las disposiciones pertinentes del Acuerdo
antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la OMC,
que contemplan las formas en que se puede proporcionar información confidencial
a la autoridad investigadora y concederle un «tratamiento confidencial» no son
siempre aplicables si la información la deben facilitar las autoridades de un
tercer país, en este caso las autoridades chinas. Las autoridades chinas
alegaron asimismo que la Comisión entrará en conflicto con el Acuerdo sobre
subvenciones y medidas compensatorias si se niega a reconocer la distinción
jurídica entre la capacidad real de un gobierno de facilitar información cuya
divulgación está jurídicamente prohibida, por una parte, y otros tipos de
información confidencial para las que se puede solicitar trato confidencial en
el curso de una investigación, por otra. 
(117)   La
Comisión no ignoró ninguna información que las autoridades chinas, por el
motivo que fuera, no elaboraron, porque, sencillamente, no se puede ignorar
algo que no se presentó. Por otra parte, en una situación en la que las
autoridades chinas no facilitaron, ni pusieron a disposición de las autoridades
de inspección, determinada información, y la Comisión disponía de información
de carácter similar procedente de otras fuentes (en su mayoría de dominio
público, pero también de productores exportadores que cooperaron o facilitada
por algunos bancos durante las investigaciones sobre el terreno); la Comisión
incluyó esta información en el expediente del caso y la utilizó en su
determinación. La Comisión no está de acuerdo con la alegación de que las
disposiciones del Acuerdo antidumping y el Acuerdo sobre subvenciones y medidas
compensatorias de la OMC que prevén la forma en que se puede facilitar
información confidencial a las autoridades investigadoras y conceder
«tratamiento confidencial» no es aplicable a las autoridades chinas. A este
respecto, las autoridades chinas alegan que los gobiernos deberían estar
sujetos a un patrón de cooperación distinto del de los exportadores y que la
situación de los gobiernos requiere un «mínimo de cortesía» que no es aplicable
a los exportadores. En cuanto a la realización de las investigaciones en
materia de derechos compensatorios, la Comisión no está de acuerdo. Las
autoridades chinas son una de las partes interesadas en el procedimiento para
el cumplimiento del Reglamento de base y, al mismo tiempo, como «miembro
interesado», China está vinculada por las disposiciones y la jurisprudencia de
la OMC. El artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base establece
lo siguiente: «Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria
o no la facilite en los plazos establecidos por el presente Reglamento u
obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse
conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base
de los datos disponibles». El artículo 12.7 del Acuerdo de la OMC sobre
Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC») hace referencia explícita
a las consecuencias de la no cooperación de los gobiernos («Miembro
interesado»): Cuando un Miembro interesado o una
parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite
en un plazo razonable, u obstaculice de forma significativa la investigación,
podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o
negativas, sobre la base de los datos disponibles. Por tanto, si el
país investigador, en este caso la UE, ejerce sus derechos de conformidad con
la OMC en una investigación sobre derechos compensatorios y solicita
información que se considera necesaria para el objetivo de la investigación, los
gobiernos y los exportadores están sujetos a la misma obligación de
cooperación. Durante la investigación, las autoridades chinas hicieron
frecuentemente referencia a las normas sobre confidencialidad como motivo para
no facilitar la información solicitada, por ejemplo, las circulares del PBC,
con fines de verificación. Cabe señalar que, incluso si los poderes públicos
chinos estaban sujetos a impedimentos jurídicos para facilitar la
información, tal y como afirman, siguen estando sujetos a sus obligaciones
en el marco de la OMC para proporcionar la información que se considere
necesaria para la investigación. A este respecto, ni las disposiciones de la
legislación local ni las normas internas de un miembro de la OMC eximen a su
Gobierno del cumplimiento de las obligaciones contraidas en el marco de la OMC
de cooperar con las investigaciones; en estos casos de conflicto, incumbe a las
autoridades chinas proponer maneras para poder conceder acceso a la
información, de forma que esta pueda verificarse adecuadamente. Sin perjuicio
de lo anterior, las autoridades chinas nunca explicaron esta alegación ni
presentaron prueba alguna (por ejemplo, una disposición legal por la que quede
«legalmente prohibido» facilitar la información) a este respecto. 
(118)   Además
las autoridades chinas alegaron que la carta previa a la inspección de 25 de
marzo de 2013 no era lo suficientemente detallada ni contenía determinadas
cuestiones específicas que se abordarían durante la visita de inspección sobre
el terreno. A este respecto debe tenerse en cuenta que, si bien no hay ningún
requisito que obligue a la Comisión a enviar una lista con todas las preguntas
que se plantearán durante la verificación sobre el terreno (y la Comisión no
estima oportuno hacerlo), la carta previa a la inspección de 25 de marzo de
2013 contenía una lista muy específica y detallada de las cuestiones y los
documentos que se abordarían, con arreglo al artículo 26, apartado 3,
del Reglamento de base y a las exigencias de la OMC. No obstante, en la carta
se dejaba claro que la lista no era exhaustiva y que, en su caso, se abordarían
otros asuntos y otras pruebas. A este respecto, debería también tenerse en
cuenta que las autoridades chinas no objetaron el contenido de esta carta
previa a la inspección, aunque, por otra parte, se negaron a discutir algunos
puntos planteados explícitamente en la carta, como la información sobre los
principales bancos chinos, la participación del partido comunista chino en la
gestión de determinados bancos o de algunos bancos o el acceso de determinados
bancos a la reserva de divisas de la Administración del Estado para las
Reservas de Divisas, alegando que no estaban preparados para responder a
preguntas sobre estas cuestiones.
(119)   Las autoridades chinas
adujeron asimismo que la Comisión no fue flexible durante la visita de
inspección sobre el terreno y, de hecho, fijó un plazo preclusivo con
respecto a cualquiera de las solicitudes de cambio de las autoridades chinas.
En la misma línea, alegaron que la Comisión no aceptó ninguna de las soluciones
«viables» propuestas por las autoridades chinas en relación con la verificación
en la Oficina Nacional de Estadística y se negaron a ampliar el plazo de
verificación hasta el lunes 22 de abril de 2013 para verificar la Oficina
Nacional de Estadística. Además, los funcionarios de la Comisión iniciaron las
verificaciones con retraso prácticamente cada día hábil porque, según las
autoridades chinas, llegaban tarde. 
(120)   Por
lo que se refiere a las alegaciones anteriormente mencionadas, la Comisión
subraya que el grado de flexibilidad demostrado por sus funcionarios sobre el
terreno ha sido total e incondicional. Los funcionarios de la Comisión han
ofrecido excepcionalmente verificar los documentos y las pruebas que las
autoridades chinas pretendían introducir mucho después del cierre de un
determinado tema, y, en varias ocasiones, incluso fuera del horario habitual de
trabajo. Esto se hizo varias veces, incluso si significaba tener que
desplazarse a una hora muy tardía a otros lugares para verificarlos y/o volver
a instalaciones en las que los funcionarios de la Comisión ya habían estado y
ya habían dado una oportunidad para llevar a cabo la verificación de los
documentos. Lamentablemente, las autoridades chinas no aceptaron la ofertas en
los casos en cuestión, lo que indica claramente que la no presentación de los
documentos solicitados por la Comisión en un horario regular no se debía a
limitaciones de tiempo ni a la falta de voluntad de la Comisión para
verificarlos. En lo relativo al retraso en el inicio de la visita de
inspección, la Comisión observa que los funcionarios se presentaron cada día a
la hora adecuada, pero, que, lamentablemente, algunos retrasos se debieron a
los procedimientos  diarios de registro requeridos por las autoridades chinas
para acceder a las distintas instalaciones que debían verificarse o,
simplemente, a la falta de representantes de las autoridades chinas para
acompañar a los funcionarios a su llegada a las instalaciones para verificar,
lo que suponía largos períodos de espera antes de empezar. La Comisión también
observa que las visitas de inspección se prolongaron cada día más allá de la
jornada normal de trabajo y que fueron las autoridades chinas las que el primer
día cancelaron la sesión de tarde de la visita de inspección porque los
representantes del Ministerio de Tecnología decidieron no participar en la
visita (véase el considerando 122). De hecho, si las autoridades chinas
hubieran aceptado las repetidas ofertas de los funcionarios de la Comisión para
verificar los documentos fuera de la jornada laboral, las visitas habrían
durado más tiempo; que no fuera sí se debió a que las autoridades chinas no
cooperaron plenamente.
(121)   Las
autoridades chinas también rebatieron la práctica de la Comisión de no aceptar
nuevos documentos o pruebas que requieran verificación una vez finalizado el
ejercicio de verificación al que pertenecen. A este respecto debe aclararse que
la Comisión no tiene, ni ha tenido nunca, intención de ignorar la información
facilitada de esta forma directa. La Comisión tuvo en cuenta toda la
información presentada, analizó su calidad (por ejemplo, el extracto de los
estados financieros auditados recibe un trato distinto del que recibe un simple
documento Word o un cuadro Excel con cifras que no cuentan con el respaldo de
ninguna fuente oficial) y le atribuyó la importancia adecuada habida cuenta de
que no pudo verificar esta información durante la visita de inspección sobre el
terreno.
(122)   En
cuanto a los seis documentos[24] que presentaron las autoridades chinas en el curso de la
investigación y cuyo contenido se negaron a discutir durante la inspección in
situ, dichas autoridades alegaron que la Comisión no tiene ninguna base
para aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del
Reglamento de base. También alegaron que la Comisión no ayudó a las autoridades
chinas a comprender el requisito de presentación de estos documentos ni a
demostrar que todos los documentos en cuestión eran pertinentes, a pesar de que
las autoridades chinas habían instado específicamente a la Comisión, antes
del inicio de la verificación, a que les ayudara a comprender el requisito de
presentación de estos documentos y a demostrar que todos estos documentos eran
pertinentes. A este respecto cabe señalar, en primer lugar, que todos los
documentos tratan directamente de la industria afectada[25] y, por lo tanto, su inclusión en el alcance de la verificación
era muy pertinente. En segundo lugar, que el contenido de la carta que las
autoridades chinas enviaron a la Comisión el 11 de abril de 2013 eran distinto
del de la carta de 3 de junio de 2013. De hecho las autoridades chinas
declararon, en su carta de 11 de abril de 2013, que la verificación de los
mencionados documentos queda suspendida a no ser que la Comisión pueda
demostrar de forma convincente en qué medida estos documentos se consideran
pertinentes para la presente investigación, en particular, las supuestas
subvenciones. Puesto que todos estos documentos se refieren directamente a
la industria afectada e incluso a regímenes de subvención específicos, como
préstamos preferenciales o regímenes fiscales preferenciales, como es obvio de
su redacción, la Comisión no vio qué podría añadir para demostrar más su
importancia. Fue sorprendente para la Comisión que las autoridades chinas
parecieron no tener problemas con la pertinencia de estos documentos cuando
estos se presentaron, sino solo cuando la Comisión pidió explicaciones.
(123)   En su carta de 23 de mayo
de 2013, la Comisión declaró que no pudo verificar la mayoría de la información
presentada en relación con la documentación original ni cotejarla con los datos
de origen utilizados para preparar la respuesta de las autoridades chinas en lo
que respecta a la información sobre el mercado financiero y las instituciones
financieras de China. Las autoridades chinas argumentaron que, habida cuenta
del pronunciado carácter general y no específico de los cupos, la Comisión no
dio a las autoridades chinas la oportunidad de formular observaciones útiles y,
por lo tanto, estas no pudieron ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Esto no se corresponde con la realidad. En el cuestionario, la Comisión
formulaba preguntas muy específicas y, en consonancia con la práctica habitual
de muchas autoridades investigadoras, intentó verificar las respuestas de las
autoridades chinas durante la visita de inspección sobre el terreno. 
(124)   En particular, las
autoridades chinas en su respuesta al cuestionario, afirman que los préstamos a
la industria en cuestión representan una parte muy pequeña del total de
préstamos concedidos. Por ejemplo, algunos bancos han descrito en el
correspondiente apéndice al cuestionario que los préstamos concedidos a la
industria afectada representaron menos del 1 % del total de los préstamos.
Durante la verificación las autoridades chinas no fueron capaces de apoyar esta
alegación con pruebas y, simplemente, remitieron a la Comisión a los bancos. 
(125)   La Comisión también
solicitó estadísticas sobre los préstamos a la industria afectada. Las autoridades
chinas alegaron que no guardan este tipo de documentación. Cuando la Comisión
preguntó si las autoridades chinas habían intentado elaborar estas estadísticas
y solicitó esta información de los bancos, el funcionario de la Comisión de
Regulación Bancaria en China presente durante la verificación respondió que no
sabía nada del asunto, porque el responsable de las estadísticas en su
organización era otro departamento. Las autoridades chinas no presentaron
ninguna de las estadísticas solicitadas en el cuestionario y de forma reiterada
durante el procedimiento de subsanación de deficiencias. En la carta previa a
la inspección, la Comisión indicó de nuevo que se abordaría este asunto.
(126)   Con respecto a los bancos,
la Comisión también solicitó información durante la visita de inspección sobre
los riesgos y la evaluación de la situación crediticia, la situación general de
funcionamiento, la situación de la gestión, el nivel del crédito, el uso
financiero, la capacidad de reembolso, el modelo de garantía y cooperación
empresarial entre los bancos y los prestatarios, puesto que las autoridades
chinas presentaron alegaciones relativas a estas cuestiones en su respuesta al
cuestionario. Una vez más, a pesar de que en la carta previa a la inspección se
mencionaban estos temas, las autoridades chinas no fueron capaces de
proporcionar pruebas para apoyar sus propias alegaciones y remitieron a la
Comisión a los bancos.
(127)   En su respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades
chinas presentaron cierta información relativa al porcentaje de propiedad
gubernamental en algunos bancos. Cabe señalar que, en un principio, las
autoridades chinas declararon, en su respuesta al cuestionario, que no disponen
de dicha información, y solo presentaron información a este respecto después de
que la Comisión señalara que, de hecho, el artículo 24 de la Ley de bancos
comerciales exige que los bancos comuniquen dicha información a la Comisión de
Regulación Bancaria. Cuando la Comisión, durante la visita de inspección,
preguntó cuál había sido la fuente de esta información, el funcionario de la
Comisión de Regulación Bancaria presente respondió que no sabía nada, porque el
responsable en su organización de la recopilación de estos datos era otro
departamento. De conformidad con el artículo 2 del «Reglamento provisional
sobre las juntas de supervisores de las grandes instituciones financieras de
propiedad estatal» (Interim Regulations on the Boards of Supervisors in Key
State-owned Financial Institutions) presentado por EXIM Bank en su respuesta
a la carta de deficiencia, el órgano de administración del Consejo de Estado
elaborará la lista de instituciones financieras de propiedad estatal en cuya
junta de supervisores estará representado. Puesto que esta
disposición jurídica hace referencia al órgano de administración para las
juntas de supervisores de las instituciones financieras de propiedad estatal,
parece que las autoridades chinas saben cuáles son las instituciones
financieras de su propiedad. No obstante, la Comisión no pudo comprobar esta
información, ni siquiera identificar la fuente de la información debido a la
falta de cooperación de las autoridades chinas. La información públicamente
disponible indica que, además de los notificados por las autoridades chinas en
su respuesta a la carta de deficiencia[26], existen también otros bancos de propiedad estatal (que
concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra). 
(128)   En su carta de 3 de junio
de 2013, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión, ni en su
cuestionario ni en la carta de deficiencia, «había solicitado pruebas
documentales ni fuentes de datos» y que «ahora, repentinamente, alega falta de
pruebas o de fuentes de datos». Para aclarar las cosas, la Comisión, como otras
autoridades investigadoras, verifica los datos presentados por todas las partes
en el procedimiento y las autoridades chinas eran conscientes de ello, puesto
que la Comisión ya había señalado en su cuestionario y en la carta de
presentación al cuestionario que las respuestas podrían ser objeto de
verificación. Además, en su carta previa a la inspección, la Comisión también
incluyó este tema en particular entre los temas a tratar durante la
verificación[27]. Por tanto, para las autoridades chinas lo sorprendente no fue el
hecho de que la Comisión solicitara pruebas de las declaraciones de dichas
autoridades, sino el procedimiento estándar seguido por la Comisión en todos y
cada uno de los casos.
(129)   Cuando,
durante la verificación, la Comisión pidió a las autoridades chinas que presentaran
una lista con los diez bancos más grandes de China y la cuota de mercado que
representan, la Comisión de Regulación Bancaria respondió que podía presentar
dicha información, pero que no podía responder antes de que se solicitara por
escrito. La Comisión explicó que una pregunta planteada oralmente durante la
visita de inspección tiene la misma validez que las preguntas presentadas por
escrito y subrayó que las autoridades chinas no habían solicitado que se
presentaran por escrito las demás preguntas formuladas oralmente antes de
responderlas. A pesar de esta aclaración, las autoridades no proporcionaron la
información.
(130)   En el cuestionario, la
Comisión había solicitado los documentos que sirvieron de base para la creación
de la Comisión de Regulación Bancaria de China y el establecimiento de su
mandato. Las autoridades chinas presentaron un documento del Congreso Nacional
del Pueblo en el que únicamente se comunicaba la creación de la Comisión de
Regulación Bancaria. Cuando la Comisión preguntó si existen otros documentos en
los que se especifique el mandato y la finalidad de la Comisión de Regulación
Bancaria, el funcionario de la misma que se encontraba presente indicó que hay
muchas otras leyes relativas a la Comisión de Regulación Bancaria, pero que si
la Comisión deseaba obtener estos documentos debería haberlos solicitado antes
de la inspección. Se recuerda que en el cuestionario, la Comisión solicitó a
las autoridades chinas que presentaran los documentos que sirvieron de base
para la creación de la autoridad y el establecimiento de su mandato y que,
por lo tanto, había solicitado estos documentos antes de la inspección.
(131)   Cuando la Comisión
solicitó estadísticas e informes de los bancos que concedieron préstamos a los
exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación,
remitió al artículo 33 de la Ley de la República Popular China sobre la
Regulación y Supervisión de la Banca[28], del que se deriva que la Comisión de Regulación Bancaria recoge
estas estadísticas. El funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria que se
encontraba presente afirmó que primero tenía que solicitar autorización del
servicio jurídico, pero no facilitó ninguna información al respecto antes de
que finalizara la verificación. Es preciso señalar de nuevo que la Comisión
había solicitado esta información en el cuestionario y en la carta de
deficiencia y había indicado en su carta previa a la inspección que las
estadísticas serían una de las cuestiones que se abordarían durante la
verificación.
(132)   Las autoridades chinas
observaron también que las alegaciones de la denuncia en relación con el hecho
de que los bancos chinos sean organismos públicos están basadas solamente en
simples afirmaciones sobre instituciones financieras, que, a su vez, se basan
en determinaciones «ilegales» en el asunto sobre el papel fino estucado. Esta
alegación constituye una interpretación errónea de los hechos en la denuncia.
En la denuncia, el denunciante, además de a la propiedad estatal, hace
referencia, entre otras cosas, a los préstamos proporcionados por los bancos
sobre la base de directivas políticas, a las agencias estatales que dirigen
instituciones financieras para incrementar los créditos y los préstamos a
empresas con vistas a la promoción de nuevas tecnologías y productos
innovadores (incluida la industria fotovoltaica). Las conclusiones del asunto
sobre el papel fino estucado que establecen el carácter de organismo público de
los bancos chinos se basaron también en otros elementos, no solamente en la
propiedad (por ejemplo, la intervención gubernamental y sus directrices a los
bancos para que concedieran préstamos preferenciales a la industria papelera a
través de planes gubernamentales) y estas conclusiones están plenamente en
consonancia con la normativa de la UE y las normas de la OMC. La sentencia
relativa a determinados productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica
también confirmó las conclusiones sobre la situación de los bancos de propiedad
estatal como organismos públicos.
(133)   Las autoridades chinas
también alegaron que no tenían capacidad práctica para proporcionar información
sobre los 3 800 bancos e instituciones financieras que existen en China y
que, en cualquier caso, la Comisión de Regulación Bancaria no mantiene
registros en relación con el porcentaje de propiedad gubernamental de los
bancos. La Comisión no entiende por qué las autoridades chinas se refieren
repetidamente a todos los bancos de China en relación con la propiedad estatal
en los mismos cuando la información solicitada solo se refería explícitamente a
los bancos «con participación directa o indirecta de las autoridades chinas».[29] Tal como se explica en el considerando 127, la alegación de las
autoridades chinas de que la Comisión de Regulación Bancaria (o cualquier otro
organismo gubernamental) no mantiene documentación en relación con su parte de
propiedad en los bancos parece estar en contradicción con varias disposiciones
jurídicas chinas.
(134)   En su carta de 3 de junio
de 2013 las autoridades chinas alegaron de nuevo que no tienen autoridad para
exigir a los «bancos independientes» que entreguen información confidencial y
remitieron a la carta que, supuestamente, se había enviado a los bancos a este
respecto. Es cierto que durante la verificación las autoridades chinas mostraron
el original de la carta destinada a los bancos, pero cuando la Comisión les
pidió que presentaran pruebas que mostraran a qué bancos e instituciones
financieras se había remitido la carta, las autoridades chinas no fueron
capaces de presentar dichas pruebas. Las autoridades chinas también alegaron
que algunas de las instituciones enumeradas en el anexo 7 de la carta de
deficiencia no eran bancos. A este respecto, la Comisión observa que los
productores exportadores incluidos en la muestra comunicaron a la Comisión que
estas instituciones les habían concedido préstamos.
(135)   Las
autoridades chinas alegaron que la Comisión no abordó la cuestión de las
circulares del Banco Popular de China (en lo sucesivo, «PBC») YinFa 2003 y
2004, ni en su cuestionario, ni en las cartas de deficiencia. Se señala que en
la carta previa a la inspección, la Comisión incluyó «circulares, reglamentos y
documentación interna en relación con el reglamento chino sobre los tipos de
interés del PBC» entre las cuestiones que se abordarían durante la
verificación. Es obvio que ambas circulares entran en esta categoría. En su
respuesta a la carta de deficiencia, las autoridades chinas mencionaron incluso
un artículo del sitio web del PBC en el que se hacía referencia a una de las circulares.
Sin embargo, las autoridades chinas no facilitaron ninguna circular del PBC,
sino que únicamente presentaron información del sitio web del PBC que estaba
incompleta en relación con la gobernanza de los tipos de interés de los
préstamos y depósitos en China en comparación con las circulares YinFa 2003 y
2004, ambas accesibles en la red. Hay que señalar también que las autoridades
chinas no se negaron a presentar estos documentos porque no habían preparado
este asunto, sino más bien a causa de la supuesta confidencialidad de las
circulares. Es preciso indicar, a este respecto, que las alegaciones de las
autoridades chinas sobre la confidencialidad de las circulares PBC es
incoherente con sus propias prácticas en este procedimiento. En sus observaciones
sobre la divulgación definitiva, las autoridades chinas presentaron una versión
completa de otra circular PBC para apoyar su alegación de que los préstamos
especiales concedidos por los bancos comerciales de propiedad estatal se habían
suspendido; la confidencialidad alegada en otros puntos no parecía ser un
obstáculo. Con respecto a los extractos del sitio web del PBC, la Comisión tomó
nota de los mismos y no ignoró su contenido. Sin embargo, a fin de disponer de
información completa al respecto, se necesitaba también la información en las
dos circulares, que completaba la información facilitada por las autoridades
chinas.
3.3.        Examen
individual
(136)   Solicitaron el examen
individual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, del
Reglamento de base, seis productores exportadores que cooperaron, a saber, CNPV
Dongying Solar Power Co. Ltd.; Jiangsu Runda PV Co., Ltd.; Kinve Solar Power
Co., Ltd (Maanshan); Phono Solar Technology Co. Ltd.; Shandong Linuo
Photovoltaic Hi-Tech Co. Ltd. y Shandong Linuo Solar Power Holdings Co. Ltd. No
fue posible aceptar la solicitud de examen individual de estas empresas debido
al elevado número de supuestos regímenes de subvención y al tiempo que requiere
la investigación, factores que harían el examen extremadamente oneroso y
podrían impedir la conclusión de la investigación a su debido tiempo. 
 
3.4.        Regímenes específicos
(137)   Sobre la base de la
información contenida en la denuncia, la Comisión recabó información
relacionada con los siguientes regímenes, que presuntamente incluían la
concesión de subvenciones por parte de las autoridades públicas:
i)       Créditos oficiales
preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros
–              
Préstamos oficiales preferenciales
–              
Concesión de líneas de crédito 
–              
Programas de subvenciones de crédito a la
exportación
–              
Garantías y seguros a la exportación para las
tecnologías verdes
–              
Beneficios proporcionados concediendo acceso a
sociedades de cartera en el extranjero y reembolsos de préstamos por los
poderes públicos
ii) Programas de subvenciones
–              
Fondo de desarrollo de la investigación de
productos de exportación
–              
Subvenciones para el desarrollo de «marcas
famosas» y Programa de las principales marcas chinas en el mundo (World Top
Brands Programme)
–              
Fondos para la expansión exterior de las
industrias de la provincia de Guandong
–              
Programa de demostración Golden Sun
iii)      Programas de exenciones y
reducciones fiscales directas
–              
El programa «dos gratis, tres la mitad» para
las empresas con inversión extranjera
–              
Reducción del impuesto sobre sociedades para
empresas con inversión extranjera orientadas a la exportación
–              
Beneficios relacionados con el impuesto sobre
sociedades para empresas con inversión extranjera sobre la base de su
localización geográfica
–              
Reducción fiscal para empresas con inversión
extranjera que adquieren equipos fabricados en China
–              
Compensación de impuestos por actividades de
investigación y desarrollo de empresas con inversión extranjera
–              
Desgravaciones fiscales por la reinversión de
las ganancias de empresas con inversión extranjera en empresas orientadas a la
exportación
–              
Programas tributarios preferenciales para las
empresas con inversión extranjera reconocidas como empresas de alta o
tecnologías innovadoras
–              
Desgravación fiscal para empresas de alta y
tecnologías innovadoras que participan en proyectos determinados
–              
Políticas preferenciales en materia de
impuestos de sociedades para las empresas de la región nordeste
–              
Programas tributarios de la provincia de
Guangdong
iv)      Programas relativos a impuestos
indirectos y aranceles de importación
–              
Exenciones del IVA y reducciones de los
aranceles de importación por la utilización de equipos importados 
–              
Reducciones del IVA en la adquisición de
equipos fabricados en China por parte de empresas con inversión extranjera
–              
Exenciones del IVA y otras tarifas por la
adquisición de activos fijos en el marco del programa de fondos para el
desarrollo del comercio extranjero
v)      Provisión de bienes y servicios
por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la
adecuada
–              
Suministro de polisilicio por parte del
Gobierno a cambio de una remuneración inferior a la adecuada
–              
Suministro de extrusionados de aluminio por
parte del Gobierno a cambio de una remuneración inferior a la adecuada
–              
Suministro de vidrio por parte del Gobierno a cambio
de una remuneración inferior a la adecuada
–              
Suministro de electricidad por parte del
Gobierno
–              
Concesión, por parte del Gobierno, de derechos
de uso del suelo por una remuneración inferior a la adecuada
3.4.1.     Créditos oficiales
preferenciales; otras financiaciones, garantías y seguros
a)           Falta de cooperación y uso de los datos disponibles
–              
Instituciones y mercados financieros en
China
(138)   La Comisión solicitó a las autoridades chinas información
sobre la proporción de préstamos concedidos por los bancos en los que los
poderes públicos chinos son el único accionista o accionista mayoritario, los
bancos en los que tienen una participación pero no son el mayor accionista, los
bancos en los que no son accionistas y los bancos de propiedad extranjera, tanto
a la industria en su conjunto como a la industria afectada por el presente
procedimiento. Las autoridades chinas respondieron que no conservaban registros
de las cantidades y los porcentajes de los préstamos concedidos por los bancos
de propiedad estatal como tampoco registros de los créditos concedidos a la
industria fotovoltaica. Las autoridades chinas no indicaron ninguna fuente
alternativa para obtener esta información.
(139)   La
Comisión adjuntó al cuestionario antisubvenciones inicial, un cuestionario
específico (apéndice A) destinado a los bancos y a las instituciones
financieras, y pidió a las autoridades chinas que lo transmitiera a los bancos
/ las instituciones financieras que concedieron préstamos a la industria
afectada. La finalidad del apéndice A era verificar las alegaciones de la
denuncia en relación con el hecho de que los bancos chinos de propiedad estatal
sean organismos públicos. Entre otras cosas, la Comisión buscaba información
relativa a la estructura del control gubernamental en los mencionados bancos y
la consecución de políticas o intereses gubernamentales con respecto a la
industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y junta de accionistas, actas
de las reuniones de accionistas/directivos, nacionalidad de los accionistas/directivos,
políticas de crédito y evaluación del riesgo con respecto a los préstamos
concedidos a los productores exportadores que cooperaron). En su respuesta al
apéndice A del cuestionario, las autoridades chinas solo incluyeron cinco
bancos (Banco de Desarrollo de China, Exim Bank, Banco de Shanghai, Banco de
China[30] y Huaxia Bank). En la carta de deficiencia, la Comisión repitió
su solicitud de información inicial. Para facilitar la cooperación de las
autoridades chinas, facilitó una lista de bancos e instituciones financieras
que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra y les volvió a
pedir que transmitieran el apéndice A a dichas entidades. No se presentaron
respuestas complementarias del apéndice A junto con la respuesta a la carta de
deficiencia.
(140)   La
Comisión también solicitó información sobre la propiedad estatal en los bancos
y las instituciones financieras. En su respuesta al cuestionario, las
autoridades chinas declararon que no guardan la documentación sobre los
porcentajes de propiedad y no facilitaron ninguna indicación sobre cómo obtener
la información. Cuando la Comisión, en su carta de deficiencia, señaló que es
obligatorio incluir esta información en los estatutos de los bancos y que las
autoridades chinas tienen acceso a ellos en su calidad de accionistas, estas
facilitaron información relativa a la participación en dieciséis bancos. Sin
embargo, excepto por lo que se refiere a cinco bancos, con respecto a los
cuales las autoridades chinas remitieron a los informes anuales como fuente,
dichas autoridades no facilitaron ninguna documentación para apoyar esta
información ni tampoco revelaron la fuente de la misma. Por lo que respecta a
los otros bancos que concedieron préstamos a la industria afectada, las
autoridades chinas no facilitaron ninguna información sobre su porcentaje de
participación. Por lo tanto, la Comisión no pudo comprobar la exactitud ni la
veracidad de los datos presentados en relación con la instituciones financieras
en los bancos y otras instituciones financieras.
(141)   Las autoridades chinas
alegaron que la calificación BB aplicada a los productores exportadores
incluidos en la muestra (a los efectos del préstamo de referencia) es extremadamente
desfavorable y que la Comisión «a la luz de las circunstancias del caso, no
explicó cómo concluyó que esta era la conclusión más exacta o la más razonable.
Las autoridades chinas alegaron también que esta metodología conducía a una
conclusión desfavorable inadmisible. Si bien esta alegación se había
emitido en relación con uno de los asuntos previos (a saber, el asunto sobre el
papel fino estucado) y antes de la divulgación de la información relativa a la
calificación aplicada a los productores exportadores incluidos en la muestra en
el presente procedimiento, es preciso indicar que la Comisión no aplicó «hechos
conocidos adversos» en este asunto, ni en ninguno de los otros asuntos a los
que las autoridades chinas hacían referencia en la documentación. La Comisión
solo extrajo conclusiones apropiadas de los hechos comprobados, que pusieron de
manifiesto la falta de una evaluación del riesgo crediticio adecuada (véanse
los considerandos 175 a 178). Cabe señalar que durante el período de
investigación la industria fotovoltaica china sufrió graves pérdidas y estaba
claro que su situación financiera era extremadamente difícil. Varias
evaluaciones del riesgo crediticio proporcionadas por las empresas incluidas en
la muestra pusieron de manifiesto que la calificación BB para el período
de investigación en conjunto era razonable. De hecho, varias evaluaciones del
riesgo crediticio demuestran claramente que, de hecho, varios de los grupos
eran más o menos insolventes.
–              
Inspecciones en bancos
(142)   En su carta previa a la
inspección, la Comisión preveía verificar los bancos que respondieron al
apéndice A del cuestionario y que habían concedido una amplia proporción de
préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, como el China
Development Bank (Banco de Desarrollo de China), el Export-Import Bank
of China (Banco de Importación/Exportación de China), el Bank of
Shanghai (Banco de Shanghai) y el Huaxia Bank (Banco Huaxia), e
incluyó una lista detallada de las cuestiones que se abordarían durante la
verificación. En el cuestionario inicial destinado a las autoridades chinas, la
Comisión ya había dejado claro que la información facilitada en las respuestas
al cuestionario podría estar sujeta a una verificación in situ. En la
carta previa a la inspección, la Comisión también señaló a las autoridades
chinas que se les pediría el acceso a todos los documentos de apoyo
utilizados para preparar la respuesta fundamentada, incluidos los documentos y
las aplicaciones originales de las fuentes. En cuanto a los otros dos
grandes proveedores de financiación preferencial a los productores exportadores
incluidos en la muestra, o bien no presentaron ninguno de los datos solicitados
(Agricultural Bank of China) o bien se presentó la información en su
nombre, sin posibilidad de verificarla (Bank of China). 
–              
Bank of Shanghai 
(143)   En
su carta previa a la inspección de 25 de marzo de 2013, la Comisión notificó a
las autoridades chinas su intención de verificar el Banco de Shanghai y, a fin
de facilitar la visita de inspección, y, en caso necesario, ofreció ampliar la
visita de inspección hasta el 22 de abril de 2013[31]. En su primera respuesta a la carta previa a la inspección, de 5
de abril, las autoridades chinas no confirmaron si se llevaría a cabo la
verificación del Banco de Shanghai, sino que preguntaron si la Comisión estaría
dispuesta a verificar el Banco de Shanghai en un emplazamiento distinto que el
resto de la verificación (es decir, en Shanghai en vez de en Pekín). Para
facilitar la visita de inspección, la Comisión, de forma excepcional, aceptó
hacerlo; no obstante, pidió a las autoridades chinas que confirmaran la
verificación en Shangai el 9 de abril a más tardar (es decir, tres días hábiles
antes del comienzo de la verificación en Pekín) a fin de que el equipo pudiera
organizar los aspectos prácticos relacionados con este cambio en la
planificación de la verificación. Hasta el 11 de abril (un día hábil antes del
inicio de la verificación) las autoridades chinas no confirmaron que la
verificación al Banco de Shanghai podría tener lugar el 23 o el 24 de abril. El
mismo día, la Comisión comunicó a las autoridades chinas que, debido a la
tardanza en la confirmación, no era posible incluir los cambios en el programa.
Por otra parte, las fechas propuestas por las autoridades chinas (23 o 24 de
abril) eran posteriores al período acordado entre las autoridades chinas y la
Comisión para realizar la verificación, y posteriores, incluso, a la ampliación
del plazo ofrecida por la Comisión. A consecuencia de ello, la Comisión no pudo
verificar la respuesta al apéndice A presentada por el Banco de Shanghai, ni la
información relativa a los préstamos concedidos por este banco a los
productores exportadores incluidos en la muestra. Por consiguiente, la
Comisión, en su carta de 23 de mayo de 2013, comunicó a las autoridades chinas
que tiene intención de considerar la aplicación del artículo 28 del
Reglamento (CE) nº 597/2009 en lo relativo a la información no verificada
presentada por el Banco de Shanghai.
(144)   En
su carta de 3 de junio de 2013, las autoridades chinas alegaron que la
verificación del Banco de Shanghai no se llevó a cabo debido a la poca
flexibilidad de la Comisión, que no propuso fechas alternativas para la
verificación y simplemente rechazó considerar la verificación del Banco de
Shanghai. Estas alegaciones son incorrectas. La Comisión indicó claramente
en su carta previa a la inspección que la propuesta inicial era verificar los
bancos el 17 y el 18 de abril de 2013, con un posible día adicional el 22 de
abril, dejando a elección de las autoridades chinas las fechas adecuadas para
visitar los bancos a lo largo de todo el período de verificación (es decir, una
semana laboral completa más un día adicional). Las autoridades chinas
propusieron fechas para la verificación del Banco de Shanghai fuera de este
plazo, y, además, no lo hicieron hasta un día antes del inicio de la visita de
inspección. En opinión de la Comisión, la flexibilidad ofrecida era más que
suficiente y, contrariamente a la alegación de las autoridades chinas, se
ofrecieron seis días alternativos en total para la verificación dl Banco de
Shanghai.
–              
Hua Xia Bank
(145)   En su carta de 23 de mayo
de 2013, la Comisión explicó a las autoridades chinas que no podía verificar
determinadas partes de la respuesta del Huaxia Bank («Huaxia») al
apéndice A, en concreto, la estructura de participación, la evaluación de la
solvencia crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y
el riesgo de las primas cobradas a distintas industrias, en particular, a la
industria afectada.
(146)   En su respuesta de 3 de
junio de 2013 las autoridades chinas alegaron que Huaxia había explicado la
estructura de participación y proporcionado otros detalles y explicaciones a la
Comisión sobre sus accionistas; explicaron que la evaluación de la solvencia
crediticia de los clientes está protegida por el secreto bancario y por los
acuerdos contractuales entre los bancos y sus clientes.
(147)   Por
lo que se refiere a la estructura de participación, Huaxia indica, en su
respuesta al apéndice A, que no tenía acciones estatales y no
comunicó ninguna información sobre la instituciones financieras, aunque la
Comisión la había solicitado de forma específica en el apéndice A. La
Comisión indicó que esto se contradice con otra información proporcionada por
las autoridades chinas y que Huaxia había admitido que algunos de los
accionistas eran de propiedad estatal y proporcionó un documento redactado en
chino con información al respecto. La información presentada por Huaxia no ha
dejado claro cuál es el porcentaje de propiedad estatal del banco.
(148)   En
cuanto a la evaluación de la solvencia crediticia, la Comisión toma nota de que
el banco pudo presentar este documento en relación con una de las empresas
(después de proteger la identidad de la empresa con algunas modificaciones en
el documento), mientras que en relación con los demás documentos solicitados
alegó que estaban protegidos por el secreto bancario y por los acuerdos
contractuales entre los bancos y sus clientes. Esta discrepancia en los
tratamientos es difícil de comprender.
–              
Export Import Bank of China 
(149)   En su carta de 23 de mayo
de 2013, la Comisión informó a las autoridades chinas de que las respuestas del
Banco de Importación y Exportación de China («EXIM») al apéndice A y a las
cartas de deficiencia no estaban completas y que EXIM no había sido capaz de
presentar determinados documentos solicitados específicamente, como los
estatutos, la Notice of Establishing Export-Import bank of China Issued by
the State Council or Measures for the management of Export Sellers’s Credit for
Hi-Tech products of the Export –Import Bank of China. (Notificación de la
creación del Banco de Importación y Exportación de China del Consejo de Estado
o Medidas para la gestión del crédito a los exportadores con vistas a la
exportación de productos de alta tecnología del Banco de Importación y
Exportación de China). En relación con los estatutos, las autoridades
chinas alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que EXIM, debido a su
política interna, no pudo presentar los estatutos (un documento de gestión
interna), pero remitió a la versión en línea que supuestamente se podría
consultar en el ordenador portátil facilitado por EXIM durante la verificación.
La Comisión tiene sus dudas con respecto a esta explicación, que no parece
tener ningún sentido. Si el documento estaba disponible en línea durante la
verificación, la Comisión no ve ninguna razón por la que no pudo haber sido
presentado, como ya se había solicitado varias veces en el cuestionario, en la
carta de deficiencia y, de nuevo, durante la inspección. De hecho, la
afirmación de que EXIM facilitó el acceso al documento en el ordenador portátil
durante la verificación es incorrecta. EXIM señaló que la Comisión debería
revisar el documento en línea, pero el funcionario de la Comisión explicó que
no tenían acceso a Internet desde los locales en que tenía lugar la
verificación. Además, EXIM ni siquiera proporcionó un enlace a la versión en
línea de los estatutos.
(150)   En cuanto a los otros dos
documentos, EXIM argumentó que no los podían proporcionar debido a su carácter
confidencial y a las normas internas. Fue el propio EXIM que indicó en su
respuesta a la carta de deficiencia que EXIM estaba formado y operaba de
conformidad con la Notificación de la creación del Banco de Importación
y Exportación de China del Consejo de Estado y los estatutos del Banco
de Exportación-Importación de China. Por lo tanto, aunque este documento se
consideró esencial para la verificación de las alegaciones en la denuncia que
afirman que EXIM es un organismo público, la Comisión no tuvo acceso al mismo.
En este contexto, se observa que otra entidad de crédito oficial, a saber, el
Banco de Desarrollo de China, proporcionó un documento similar en relación con
su creación, y que durante la investigación se presentaron también otras notificaciones
del Consejo de Estado. EXIM tampoco respaldó sus alegaciones sobre
confidencialidad con prueba alguna. Además, como se explica en el considerando
117, los gobiernos no pueden simplemente invocar normas internas a fin de
evitar cumplir sus obligaciones con arreglo al Acuerdo SMC y al Reglamento de
base. Lo mismo se aplica a las Measures for the management of Export
Sellers’s Credit for Hi-Tech products of the Export–Import Bank of China  (Medidas
para la gestión del crédito a las ventas de exportación de productos de alta
tecnología del Banco de Importación–Exportación de China) con respecto a las
que EXIM también alegó confidencialidad sin aportar ninguna prueba, negándose
incluso a discutir la finalidad del citado documento.
(151)   EXIM
tampoco fue capaz de facilitar información sobre la composición del Consejo de
Administración y la Junta de Supervisores, repetidamente solicitada, y
argumentó que la composición del Consejo de Administración está cambiando
y que las preguntas de la Comisión en relación con la afiliación al partido
comunista chino de los miembros de la Junta Directiva son preguntas
invasivas e inadecuadas en el contexto de una investigación antisubvenciones.
El hecho de que la composición del Consejo de Administración esté cambiando no
es pertinente a efectos de la presente investigación. Lo que sí es pertinente
es la forma en que el Estado está representado en las juntas directivas del
EXIM; sin embargo, tanto las autoridades chinas como EXIM se negaron a
proporcionar esta información. La Comisión considera además que la afiliación
al partido comunista chino de los altos directivos de EXIM (y de todos los
demás bancos afectados) es esencial para establecer el alcance de la influencia
del Estado en la gestión de los bancos. Con arreglo al acta constitutiva del
partido comunista chino, El Partido debe mantener y mejorar el sistema
económico básico, en el que la participación oficial desempeñe un papel
dominante y diferentes sectores económicos se desarrollen paralelamente [...][32]; por tanto, el examen de la influencia del partido comunista
chino en el EXIM se consideró necesaria e efectos de la presente investigación,
y, en particular, para evaluar el nivel de control estatal en los bancos.
(152)   En relación con las
estadísticas sobre la exportación de diversas categorías de productos que ya se
solicitaban en el cuestionario y que EXIM tiene la obligación legal de
comunicar a la Comisión de Regulación Bancaria de China, las autoridades chinas
alegaron en su carta de 3 de junio de 2013 que necesitaban más tiempo para
preparar esta información. A este respecto, cabe señalar que, puesto que la
Comisión ya solicitó esta información en el cuestionario inicial, las
autoridades chinas tuvieron más de tres meses y medio para prepararla, pero no
fueron capaces de hacerlo. EXIM alegó que este tipo de información podía
encontrarse en los informes anuales; esto, sin embargo, no es correcto. La
información recogida en los informes anuales a que se referían las autoridades
chinas abarca períodos distintos de los correspondientes a la información
solicitada por la Comisión en el cuestionario y durante la visita de
inspección.
(153)   Las autoridades chinas
alegaron con razón que en la respuesta al cuestionario, habían presentado,
entre otras cosas, los importes de los créditos a la exportación para las
exportaciones de productos mecánicos y eléctricos y nuevos productos de alta
tecnología. Cabe señalar que la Comisión nunca ha cuestionado la presentación
de estas cifras. La Comisión cuestionó el hecho de que, cuando intentó
verificar estas cifras durante la visita de inspección, EXIM no fue capaz de
proporcionar ninguna prueba, ni siquiera de explicar la procedencia de las
mismas. Del mismo modo, la Comisión tampoco obtuvo permiso para verificar los
datos sobre la proporción de créditos a la exportación concedidos a la
industria fotovoltaica que las autoridades chinas habían presentado en la
respuesta al cuestionario. Resulta interesante que EXIM no considerara
confidenciales ninguna de estas cifras, pero cuando la Comisión solicitó los
datos de origen para verificarlos, EXIM denegó el acceso a los mismos, alegando
razones de confidencialidad. EXIM aplicó el mismo razonamiento a los importes
de los créditos a la exportación concedidos a los productores incluidos en la
muestra y a productores que cooperaron. Comunicó cifras en su respuesta a la
carta de deficiencia, pero no permitió que la Comisión las verificara, alegando
motivos de confidencialidad. De hecho, no se pudo verificar la gran mayoría de
las estadísticas presentadas por EXIM.
(154)   EXIM también se negó a
explicar y apoyar con pruebas pertinentes las calificaciones de la solvencia
crediticia de los productores exportadores incluidos en la muestra y el
análisis que dio lugar a estas calificaciones.
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China Development Bank («CDB»)
(155)   En su carta de 3 de junio
de 2013 las autoridades chinas indicaron que les preocupaba que la Comisión
hiciera preguntas personales sobre las afiliaciones a un partido político de
los miembros de los Consejos de administración y los altos directivos. Esto no
es correcto. Las preguntas relativas a los vínculos de los miembros del Consejo
de Administración y los altos directivos con el partido comunista chino eran de
carácter puramente técnico y, como se explica en el considerando 151, se
solicitaron como una ayuda para determinar el papel del partido comunista chino
en la economía china.
(156)   Durante la verificación,
la Comisión intentó comprobar la evaluación de la solvencia crediticia de los
productores exportadores incluidos en la muestra. El CDB proporcionó cierta
información de carácter general, pero se negó a revelar cualquier información
relativa a la evaluación de solvencia crediticia de los productores
exportadores incluidos en la muestra, incluido el informe de evaluación y
valoración del riesgo de la industria fotovoltaica. 
(157)   En la respuesta a la carta
de deficiencia, el CDB presentó una cifra relativa a la prima de riesgo
aplicada a la industria en cuestión. Durante la verificación, el CDB corrigió
su respuesta al respecto, pero no facilitó ninguna documentación que apoyara
esta cifra, ni explicación alguna sobre los fundamentos de la misma, pese a las
reiteradas peticiones de la Comisión durante la visita de inspección.
b)         Los bancos chinos de propiedad estatal son organismos
públicos
(158)   El denunciante alega que los bancos comerciales de
propiedad estatal de China son organismos públicos en el sentido del
artículo 2, letra b), del Reglamento de base.
(159)   En
su informe «Estados Unidos – Derechos antidumping y compensatorios definitivos
sobre determinados productos procedentes de China (informe OA)»[33], el Órgano de Apelación de la OMC (OA) definió un organismo
público como una entidad que «posee o ejerce facultades gubernamentales, o que
está dotado de ellas». Con arreglo al informe OA, las pruebas de que un
gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su
comportamiento pueden servir de prueba de que la entidad en cuestión posee
facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para
desempeñar funciones gubernamentales. Si las pruebas muestran que los indicios
de control gubernamental son múltiples, y si también hay pruebas de que dicho
control se ha ejercido de manera significativa, es lícito inferir que la
entidad en cuestión ejerce una autoridad gubernamental[34]. El OA consideró asimismo que los organismos públicos también se
caracterizan por el «desempeño de funciones gubernamentales»[35] que «habitualmente se considerarían parte de la práctica
gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro de que se trate»[36].
(160)   El
siguiente análisis se centra en si los bancos comerciales estatales en cuestión
desempeñan funciones que habitualmente se consideran parte de las funciones
gubernamentales en China y, en caso afirmativo, si ejercen la autoridad pública
al hacerlo. La investigación ha establecido que el mercado financiero chino se
caracteriza por la intervención de las autoridades porque la mayoría de los
bancos son de propiedad estatal. Las autoridades chinas solamente han facilitado
una información muy limitada respecto a la estructura de
participación/propiedad de los bancos de China. Sin embargo, tal como se señala
más adelante, la Comisión reunió la información disponible a fin de llegar a
una conclusión representativa. Al llevar a cabo su análisis sobre si los bancos
son entidades que poseen o están dotadas de autoridad pública o que la ejercen
(organismos públicos), la Comisión también solicitó información relativa no
solamente a la propiedad estatal de los bancos sino también a otras
características como la presencia del Gobierno en la junta directiva, el
control estatal sobre sus actividades, la consecución de políticas o intereses
públicos y sobre si las entidades fueron creadas o no mediante un estatuto.
(161)   De
la información disponible cabe concluir que los bancos de propiedad estatal en
China poseen la mayor parte de la cuota de mercado y son agentes de primer
orden en el mercado financiero chino. De conformidad con la investigación del
Deutsche Bank sobre el sector bancario chino[37], realizada en 2006, la cuota de los bancos de propiedad estatal
puede alcanzar más de 2/3 del mercado chino. Con respecto al mismo tema, el
Examen de las políticas comerciales de China elaborado por la OMC señala que
«el elevado nivel de propiedad estatal es otra característica notable del
sector financiero en China»[38] y «apenas ha habido cambios en la estructura de mercado del
sector bancario de China, que está dominado por los bancos de propiedad
estatal»[39]. Es oportuno señalar que los cinco grandes bancos comerciales de
propiedad estatal —el Agricultural Bank, el Bank of China, el
Construction Bank of China, el Bank of Communications y el
Industrial and Commercial Bank— representan más de la mitad del sector
bancario chino[40]. Las autoridades chinas confirmaron la participación del Estado
en los cinco mayores de propiedad estatal en su respuesta a la carta de
deficiencia.
(162)   La
Comisión también solicitó información relativa a la estructura del control
estatal en los mencionados bancos y la realización de políticas o intereses
públicos con respecto a la industria fotovoltaica (es decir, junta directiva y
junta de accionistas, actas de las reuniones de accionistas/directivos,
nacionalidad de los accionistas/directivos, políticas de crédito y evaluación
del riesgo con respecto a los préstamos concedidos a los productores
exportadores que cooperaron). No obstante, como se ha señalado en el
considerando 139, las autoridades chinas solo facilitaron información muy
limitada a este respecto y no permitieron verificar gran parte de la
información presentada. Por consiguiente, la Comisión tuvo que utilizar los
datos disponibles y  concluyó que los bancos en cuestión están controlados por
el Gobierno a través de la participación, el control administrativo de su
comportamiento «comercial» incluidos los límites impuestos a los tipos de
interés de depósitos y préstamos (véanse los considerandos 164 a 167) y, en
algunos casos, incluso mediante documentos estatutarios[41]. Los datos pertinentes utilizados para llegar a las mencionadas
conclusiones derivan de la información presentada por las autoridades chinas,
los informes anuales de los bancos chinos que fueron presentados por las
autoridades chinas o eran accesibles al público, la información obtenida de la
investigación de 2006 del Deutsche Bank sobre el sector bancario chino[42], el Examen de las políticas comerciales de China de la OMC (2012)[43], el Informe del Banco Mundial «China 2030»[44]o el análisis económico sobre China de la OCDE (2010)[45], la información presentada por los productores exportadores que
cooperaron y la información existente en la denuncia. Por lo que se refiere a
los bancos extranjeros, según fuentes independientes se estima que representan
una parte mínima del sector bancario chino, y, en consecuencia, desempeñan un
papel insignificante en la política de préstamos; de acuerdo con la información
pertinente al respecto, podrían representar tan solo el 2 % del mercado
chino[46]. Otras fuentes públicas de información en este ámbito también
confirman que los bancos chinos, en particular los grandes bancos comerciales,
siguen dependiendo de los accionistas de propiedad estatal y del gobierno para
el reaprovisionamiento de capital cuando existe inadecuación del capital a
resultas de la expansión del crédito[47].
(163)   Con
respecto a los bancos que concedieron préstamos a los productores exportadores
que cooperaron, la mayoría son bancos de propiedad estatal. De hecho, sobre la
base de la información disponible[48] se constató que los bancos de propiedad estatal y otras entidades
de propiedad estatal concedieron la inmensa mayoría de préstamos a los
productores exportadores que cooperaron. Entre ellos figuran los principales
bancos comerciales y entidades de crédito oficial de China, como el China
Development Bank, el EXIM Bank, el Agricultural Bank of China,
el Bank of China, el China Construction Bank y el Industrial
and Commercial Bank of China. 
 Respecto a los restantes bancos de propiedad estatal afectados, la Comisión
solicitó la misma información mencionada anteriormente acerca del control
público y la realización de políticas o intereses públicos en lo relativo a la
industria fotovoltaica. No se facilitó esa información detallada. Por lo tanto,
se concluye que los bancos están controlados por el Gobierno. Este significativo
control se pone de manifiesto, entre otras cosas, por la política del Gobierno
de apoyar a la industria en cuestión, que obliga a los bancos a prestarle un
particular apoyo (véase el considerando 102). Por este motivo, los bancos
comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las
políticas de China deben considerarse organismos públicos.
(164)   Otra señal de participación de
las autoridades chinas en el mercado financiero chino es el papel desempeñado
por el PBC a la hora de establecer los límites específicos sobre la manera en
que se establecen y fluctúan los tipos de interés. En efecto, de la
investigación se desprende que el PBC dispone de normas específicas que regulan
el modo en que fluctúan los tipos de interés en China. De conformidad con la
información disponible, estas normas están establecidas en la Circular del PBC
sobre las cuestiones relativas al ajuste de los tipos de interés sobre los
depósitos y los préstamos-Yinfa (2004) nº 251 («Circular 251»). Las instituciones
financieras han de ofrecer préstamos a tipos que respeten el margen respecto al
tipo de interés de referencia establecido por el PBC. En el caso de préstamos
de bancos comerciales y de préstamos de entidades de crédito oficial
gestionadas comercialmente no existe un límite superior, sino solamente un
límite inferior. En los casos de cooperativas urbanas de crédito y cooperativas
rurales de crédito existen tanto los límites superiores como los inferiores. En
el caso de créditos preferenciales y créditos respecto a los que el Consejo de
Estado tiene normas específicas, los tipos de interés no fluctúan al alza. La
Comisión pidió aclaraciones a las autoridades chinas sobre la definición y la
redacción de la Circular 251, así como sobre la legislación precedente
(Circular del PBC relativa a la ampliación del margen de fluctuación del tipo
de interés de las instituciones financieras – YinFa [2003] nº 250). No
obstante, como se describe en el considerando 135, las autoridades chinas se
negaron a proporcionar esas circulares, lo que impidió que la Comisión
comprobara su contenido y obtuviera explicaciones. Dado que las autoridades
chinas no facilitaron ninguna información pertinente al respecto que pudiera
indicar que la situación había cambiado desde marzo de 2013, cuando la Comisión
concluyó su investigación antisubvenciones sobre los productos siderúrgicos
revestidos de materia orgánica[49], se concluyó que el PBC participa e influye en la fijación de los
tipos de interés de los bancos comerciales de propiedad estatal. Las autoridades chinas no facilitaron
ninguna prueba de que hubiera cambiado la situación constatada ya durante las
investigaciones relativas al papel fino estucado y al acero revestido de
materia orgánica. Por consiguiente, sobre la base de los datos disponibles y de
las demás pruebas citadas anteriormente, se llegó a la conclusión de que la
situación relativa a la metodología para la determinación de los tipos de
interés fue la misma durante todo el período de investigación.
(165)   Los
límites de los tipos de interés sobre los préstamos junto con los límites
impuestos a los tipos de depósito crean una situación en la que los bancos
tienen garantizado el acceso a capital barato (debido al Reglamento sobre los
tipos de depósito) y tienen capacidad para prestar dinero a determinadas
industrias a precios favorables. 
(166)   Los
bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras
cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las
necesidades de la economía nacional[50], proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos[51] o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología de
tecnologías innovadoras[52]. Los bancos están obligados a respetar estas normas. Los
productores exportadores incluidos en la muestra pertenecen a las categorías de
proyectos que deben fomentarse así como a la categoría de industrias de alta y
nueva tecnología. 
(167)   Diversas
fuentes de información independientes sugieren que la intervención del Estado
en el sector financiero chino es sustancial y tiene lugar en la actualidad. Por
ejemplo, en las conclusiones de i) el documento de trabajo de 2006 del FMI se
señalaba que la liberalización del sector bancario en China no está completa y
no refleja adecuadamente el riesgo crediticio[53]; ii) el Informe de 2009 del FMI subrayaba la falta de
liberalización de los tipos de interés en China[54]; iii) el Informe de 2010 del FMI sobre China señalaba que el
coste del capital en China es relativamente bajo, la concesión de créditos está
determinada en ocasiones por factores no relacionados con los precios y la
elevada tasa de ahorro de las empresas se debe en parte al bajo coste de
diversos factores de producción (incluidos el capital y el suelo)[55] y iv) el análisis económico de la OCDE de 2010 dedicado a China[56] y el documento de trabajo nº 747 del Departamento de
economía de la OCDE sobre la reforma del sector financiero en China[57] afirmaban que la propiedad de las instituciones financieras sigue
estando dominada por el Estado, lo que plantea en qué medida las decisiones
crediticias de los bancos se basan en consideraciones puramente comerciales,
mientras que la función tradicional de los bancos parece ser la de organismos
públicos vinculados al Gobierno. 
(168)   Sobre
la base de las pruebas mencionadas, se ha llegado a la conclusión de que los
bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de
las políticas llevan a cabo funciones gubernamentales en nombre de las
autoridades chinas, a saber, la promoción obligatoria de determinados sectores
de la economía en línea con los documentos políticos y estratégicos del Estado.
El amplio control del Gobierno en los bancos de propiedad estatal, así como
otra información sobre las relaciones entre los bancos de propiedad estatal y
el Gobierno (incluida la falta de cooperación de las autoridades chinas a este
respecto) confirma que los bancos están controlados por el Gobierno en el
ejercicio de sus funciones públicas. Las autoridades chinas ejercen un control
significativo sobre los bancos comerciales de propiedad estatal y las entidades
bancarias de fomento de las políticas mediante la persistente participación del
Gobierno en el sector financiero y la obligación de los bancos de propiedad
estatal de seguir las políticas públicas. Por tanto, los bancos comerciales de
propiedad estatal y las entidades bancarias de fomento de las políticas se
consideran organismos públicos, ya que están dotados de autoridad gubernamental
y desempeñan funciones públicas.
c)       Los bancos privados de China reciben consignas y
directrices de las autoridades chinas.
(169)   La
Comisión también analizó si los bancos comerciales privados en China recibían
de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos
preferenciales (subvencionados) a los productores de productos fotovoltaicos en
el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de
base.
–              
Existencia de una política de las
autoridades chinas
(170)   De
la sección anterior sobre la intervención estatal en el sector fotovoltaico (considerando
101) y de las conclusiones descritas a continuación se deriva claramente que
las autoridades chinas aplican una política de concesión de préstamos
preferenciales al sector fotovoltaico, ya que los organismos públicos (bancos
comerciales de propiedad estatal)[58] participan en dicha concesión y ocupan un lugar preponderante en
el mercado, lo que les permite ofrecer tipos de interés inferiores a los del
mercado.
–              
Extensión de la política a los bancos privados
(171)   La Ley de bancos
comerciales [2003] se aplica del mismo modo a los bancos comerciales de
propiedad estatal y a los bancos comerciales privados. Por ejemplo, el artículo
38 de la citada Ley ordena a todos los bancos comerciales (es decir, también a
los privados) establecer los tipos de interés de conformidad con los límites
superior e inferior de tipos de interés fijados por el PBC, y el artículo
34 de la misma Ley ordena a los bancos comerciales que lleven a cabo sus
actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía
nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales
del Estado.
(172)   Varios
documentos de planificación, documentos sobre políticas y normas del Gobierno
se refieren a los préstamos preferenciales concedidos a la industria fotovoltaica.
Por ejemplo, la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2010 para
fomentar el desarrollo de siete nuevos sectores industriales estratégicos
promete ampliar la intensidad de las políticas de apoyo fiscal y financiero a
los sectores industriales estratégicos[59] (entre los que figura la industria fotovoltaica) y anima a las
instituciones financieras a aumentar las ayudas crediticias a estas
industrias y a hacer uso de políticas fiscales preferenciales, como la
compensación de riesgos. También el Esquema nacional para el desarrollo
científico y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020), que considera
la energía solar y las células fotovoltaicas como ámbitos clave y temas de
prioridad[60] se compromete a alentar a las instituciones financieras a que
apoyen con créditos preferenciales los grandes proyectos nacionales de
industrialización científica y tecnológica y encarga a las autoridades que insten
a diversas instituciones financieras y al capital privado a participar en el
desarrollo científico y tecnológico. La Ley china relativa al progreso
científico y tecnológico (Orden nº 82 del Presidente de China)
establece que el Estado animará y asesorará a las instituciones financieras en
el apoyo al desarrollo de industrias de alta y nueva tecnología mediante la
concesión de préstamos y que las instituciones financieras de crédito oficial
deberán dar prioridad al desarrollo de las industrias de alta y nueva
tecnología[61]. Con arreglo a la misma Ley, las instituciones financieras de
crédito oficial, en el ámbito de su actividad empresarial, ofrecen ayuda
especial a las empresas independientes que inician proyectos de innovación
alentada por el Estado[62].
(173)   Además,
los bancos comerciales de propiedad privada también están obligados a respetar
la mencionada limitación de los tipos de interés establecida por el PBC
(considerandos 164 y 165).
(174)   Los extractos anteriores
de leyes y reglamentos pertinentes para el sector bancario indican que la
política de las autoridades chinas de conceder préstamos preferenciales a la
industria fotovoltaica se extiende también a los bancos comerciales privados y,
de hecho, las autoridades chinas les ordenan que lleven a cabo sus
actividades de préstamo de conformidad con las necesidades de la economía
nacional y el desarrollo social y con el espíritu de las políticas industriales
del Estado[63].
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Evaluación del riesgo crediticio
(175)   La
Comisión solicitó a las autoridades chinas información pertinente para valorar
cómo llevan a cabo los bancos chinos la evaluación del riesgo crediticio de las
empresas fotovoltaicas antes de decidir si les conceden o no créditos y
determinar las condiciones de los créditos concedidos. En el apéndice A del
cuestionario, la Comisión solicitaba información sobre la consideración del
riesgo por parte de los bancos en las operaciones de préstamo, la evaluación de
la solvencia crediticia del solicitante, las primas de riesgo que pide el banco
a distintas empresas/industrias de China, los factores que tiene en cuenta el
banco a la hora de evaluar las solicitudes de crédito, la descripción de las
solicitudes de crédito y el proceso de aprobación, etc. Sin embargo, ni las
autoridades chinas ni los bancos individuales identificados en el cuestionario
proporcionaron pruebas al respecto (con una excepción a la que se hace
referencia en el considerando 176). Las autoridades chinas solo dieron
respuestas de carácter general, que no estaban respaldadas por ningún tipo de
prueba de que se llevase a cabo realmente alguna evaluación del riesgo
crediticio.
(176)   Durante las verificaciones de uno de los bancos, la
Comisión pudo examinar una evaluación del riesgo. Parte de esa evaluación del
riesgo crediticio hacía referencia al apoyo público para las empresas de
energía solar así como a los planes estatales para fomentar la industria
fotovoltaica en general y este hecho se reflejaba positivamente en la
calificación crediticia concedida a esta empresa. Éste es un ejemplo de cómo
las políticas públicas (y las subvenciones dirigidas a un determinado sector)
influyen en el proceso de toma de decisiones de los bancos a la hora de tomar
decisiones respecto de las condiciones de financiación para empresas de energía
solar.
(177)   La Comisión también
solicitó información similar a los productores exportadores que cooperaron, e
intentó confirmarla durante las visitas de inspección in situ a los
productores exportadores incluidos en la muestra. La mayoría de productores
exportadores incluidos en la muestra respondieron que los bancos solicitan
determinados documentos y realizan algún tipo de análisis del riesgo crediticio
antes de aprobar los préstamos. Sin embargo, no pudieron respaldar sus
alegaciones con ninguna prueba. Durante la inspección in situ la
Comisión solicitó pruebas de que los bancos habían pedido tales documentos o de
que las empresas los hubieran proporcionado a los bancos, o cualquier otro tipo
de informe elaborado por los bancos que acreditara que se había llevado a cabo
un análisis del riesgo crediticio. No obstante, los grupos de productores
exportadores incluidos en la muestra no fueron capaces de aportar dichas
pruebas, ni ninguna otra prueba en apoyo de sus alegaciones.
(178)   La información relativa a la evaluación del riesgo
crediticio se solicitó repetidamente a las partes interesadas, ya que se
considera crucial debido a, entre otras cosas, la información a que se hace
referencia en el considerando 167.
(179)   En vista de lo anterior,
las conclusiones sobre la evaluación del riesgo crediticio en China son
aplicables a los bancos comerciales de propiedad estatal, a los bancos
comerciales privados y a las instituciones de crédito oficial. En efecto las
pruebas citadas llevan a la conclusión de que, en China, los bancos privados
tienen que seguir las políticas públicas en lo relativo a la concesión de
préstamos, en particular al sector de la energía fotovoltaica, y actuar de la
misma manera que los bancos de propiedad estatal, considerados organismos
públicos en el considerando 168. Por lo tanto, se concluye que los bancos
privados reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para llevar
a cabo funciones normalmente propias del Gobierno, en el sentido del
artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.
(180)   Además,
de las pruebas mencionadas se deriva que, incluso en el caso de que los bancos
de propiedad estatal no se considerasen organismos públicos, se seguiría
considerando que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas para
llevar a cabo funciones normalmente propias de las autoridades públicas, en el
sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del
Reglamento de base.
d)         Distorsiones del mercado financiero chino
(181)   De
la información recogida durante la presente investigación se puede concluir que
la cuota de mercado de los bancos de propiedad estatal asciende a más de dos
tercios del mercado chino. Los cinco grandes bancos de propiedad estatal —el
Banco Agrícola (Agricultural Bank), el Banco de China (Bank of China),
el Banco de la Construcción de China (Construction Bank of China), el
Banco de las Comunicaciones (Bank of Communications)y el Banco
Industrial y Comercial (Industrial and Commercial Bank)— representan a
más de la mitad del sector bancario chino[64]. Además, la participación pública en el Banco de Desarrollo de
China y el Banco de exportación e importación de China es del 100 %. Estos
siete bancos conceden la gran mayoría de préstamos a los ocho productores
exportadores incluidos en la muestra en la investigación sobre los paneles
solares. Esta omnipresente propiedad estatal, combinada con las distorsiones
del mercado financiero chino y con la política de los poderes públicos chinos
de dirigir recursos financieros baratos a determinados sectores industriales
socava la igualdad de condiciones en el comercio internacional y proporciona
una ventaja indebida a los productores chinos.
(182)   Los bancos de la República
Popular China no gozan de total libertad para decidir las condiciones de los
préstamos. Por lo que se refiere a los tipos de interés, están obligados a
mantenerse dentro de los límites establecidos por el Banco Popular de China.
Estos límites, junto con los límites impuestos a los tipos de depósito crean
una situación en la que los bancos tienen garantizado el acceso a capital
barato (debido a la normativa sobre los tipos de depósito) y tienen capacidad
para prestarlo a precios favorables a determinadas industrias. 
(183)   Los
bancos también están sujetos a normas jurídicas que les exigen, entre otras
cosas, llevar a cabo sus actividades crediticias de conformidad con las
necesidades de la economía nacional[65], proporcionar apoyo crediticio a determinados proyectos[66] o dar prioridad al desarrollo de industrias de alta tecnología o
de tecnologías innovadoras[67]. Los bancos están obligados a respetar estas normas. 
(184)   Según
recientes constataciones, determinados grandes bancos comerciales en China
tenían acceso a las reservas de divisas del Estado[68]. Esto hace que disminuyan significativamente sus costes de
capital y este «dinero barato» se utiliza para conceder préstamos en USD y EUR
a las empresas y los proyectos seleccionados de acuerdo con la política de
globalización. Por lo tanto, estos mercados pueden ofrecer condiciones con las
que los bancos comerciales normales no pueden competir.
(185)   Otra
importante distorsión en la financiación de la industria fotovoltaica es la
especial posición privilegiada del Banco de Desarrollo de China («CDB»), que es
el mayor prestamista de esta industria y facilita la mayor parte de los
préstamos y líneas de crédito a los productores exportadores incluidos en la
muestra. El CDB se financia casi exclusivamente mediante la venta de bonos más
que mediante depósitos y es, tras el Ministerio de Hacienda, el segundo mayor
emisor de obligaciones en el país. Este mecanismo especial permite al CDB tener
una autofinanciación económicamente favorable, y, por tanto, es capaz de
ofrecer préstamos en condiciones preferenciales a determinadas industrias[69].
3.4.1.1.  Crédito preferencial
a)       Introducción
(186)   El denunciante alegó que
las autoridades chinas subvencionan a su industria fotovoltaica a través de
préstamos preferenciales y crédito dirigido. 
b)       Base jurídica
(187)   Las siguientes
disposiciones jurídicas prevén préstamos preferenciales en China: Ley de
la República Popular China sobre bancos comerciales (Law of the PRC on
Commercial Banks), Normas generales sobre préstamos, ejecutadas por el
Banco Popular de China (General Rules on Loans, implemented by the People’s
Bank of China ) y Decisión nº 40 del Consejo de Estado sobre la
promulgación y ejecución de las disposiciones temporales para la promoción del
ajuste de las estructuras industriales (Decision No 40 of the of the State
Council on Promulgating and Implementing the Temporary Provisions on Promoting
the Industrial Structure Adjustment)
c)       Conclusiones de la investigación
(188)   Vista la totalidad de las pruebas, se ha llegado a la
conclusión de que la gran mayoría de los préstamos a los grupos de productores
exportadores incluidos en la muestra fueron concedidos por bancos de propiedad
estatal, considerados organismos públicos en el considerando 168 porque están
investidos de poder público y desempeñan funciones del Gobierno. Hay una prueba
más de que esos bancos actúan, en efecto, como una autoridad pública, ya que,
tal como se explica en el considerando 164, el Estado (es decir, el PBC)
interviene claramente en el modo en que los bancos comerciales toman decisiones
sobre los tipos de interés de los préstamos que conceden a las empresas chinas.
En tales circunstancias, las prácticas crediticias de dichas entidades son directamente
atribuibles al gobierno. El que los bancos ejercen la autoridad pública se ve
confirmado asimismo por la forma en que los artículos 7 y 15 de las Normas
Generales sobre préstamos ejecutadas por el PBC, la Decisión nº 40
y el artículo 34 de la Ley de bancos comerciales se aplican en relación
con el cumplimiento las políticas industriales del Gobierno. También existe un
gran número de indicios, apoyados por estudios e informes objetivos, de que
sigue habiendo un gran porcentaje de intervención del Gobierno en el sistema
financiero chino, como ya se explicó en los anteriores considerandos 172 y 178.
Por último, las autoridades chinas no proporcionaron información que permitiera
comprender mejor la relación de los bancos de propiedad estatal con el Gobierno,
como se explica en los considerandos 139 y 140. Por tanto, en el caso de los
préstamos concedidos por bancos comerciales en China, la Comisión concluye que
existe una ayuda financiera para los productores de productos fotovoltaicos en
forma de transferencia directa de fondos del gobierno en el sentido del
artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Además, los mismos datos indican que los bancos de propiedad
estatal (al igual que los privados) reciben una encomienda u orden del
Gobierno, lo que significa que existe una contribución financiera en el sentido
del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.
(189)   A la vista del análisis de
los considerandos 169 a 178, también se ha determinado que los bancos privados
reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de conceder préstamos a
los productores de la industria fotovoltaica y que existe una contribución
financiera en el sentido del artículo 3, punto 1), letra a), incisos i) y (iv),
del Reglamento de base.
(190)   Existe
un beneficio con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, punto 2, y el
artículo 6, letra b), del Reglamento de base, en la medida en que los préstamos
oficiales, o los préstamos concedidos por entidades privadas que reciben consignas
o directrices del Gobierno, se conceden en condiciones más favorables de las
que podría obtener realmente el prestatario en el mercado. Los préstamos no
gubernamentales en China no ofrecen una referencia de mercado adecuada, ya que
se ha constatado que los bancos privados reciben consignas o directrices de las
autoridades chinas y, por lo tanto, se considera que siguen las prácticas de
concesión de préstamos de los bancos de propiedad estatal. Por lo tanto, los
niveles de referencia se han elaborado con el método descrito en los
considerandos 198 a 200. El uso de esta referencia demuestra que se conceden
préstamos al sector de la energía fotovoltaica en términos y condiciones
inferiores a los del mercado.
(191)   La
industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la
Decisión nº 40. La Decisión nº 40 es una Orden del Consejo de Estado, que
es el más alto órgano administrativo de China y en este sentido la decisión es
jurídicamente vinculante para los demás organismos públicos y para los
operadores económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en
«proyectos fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye
una directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra
que las autoridades chinas mantienen una política de fomento y apoyo a grupos
de empresas e industrias como la industria fotovoltaica / nueva industria
energética, clasificada en el Repertorio como una «industria fomentada». Con
respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas» cabe observar
que representan únicamente una parte de la economía china. Además, solamente se
otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas actividades dentro de esos
sectores fomentados. La Decisión nº 40 también establece en su artículo 17 que
los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán de privilegios e
incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda financiera. Por otra parte,
en lo referente a los «proyectos restringidos y eliminados», la Decisión nº 40
faculta a las autoridades estatales a intervenir directamente para regular el
mercado. De hecho, los artículos 18 y 19 establecen que las autoridades
pertinentes deben evitar que las instituciones financieras concedan préstamos a
estos proyectos. De cuanto precede se desprende que la Decisión nº 40
prevé normas vinculantes para todas las instituciones económicas en forma de
directrices sobre la promoción y el apoyo a las industrias fomentadas, una de
las cuales es la industria fotovoltaica.
(192)   Como se explica en el considerando 172, las autoridades
chinas ordenan la concesión de préstamos preferenciales a un número limitado de
industrias y las empresas de energía fotovoltaica constituyen una de estas
industrias. Habida cuenta de todo lo anterior,
resulta evidente que las autoridades solo permiten a las instituciones
financieras conceder préstamos preferenciales a un número limitado de
industrias/empresas que se ajustan a las políticas pertinentes de los poderes
públicos chinos. Sobre la base de los elementos que obran en el expediente y a
falta de cooperación de las autoridades chinas en este asunto, se concluye que
las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no son de disposición
general y, por tanto, son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2),
letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas
presentó pruebas que indicaran que la subvención se había basado en criterios o
condiciones objetivos, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b),
del Reglamento de base.
d)         Conclusiones
(193)   La investigación demostró
que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron
de préstamos preferenciales en el período de investigación.
(194)   Por tanto, la financiación
de la industria fotovoltaica debe considerarse como una subvención.
(195)   En vista de la existencia
de una contribución financiera, de un beneficio para los productores
exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está
sujeta a medidas compensatorias.
e)         Cálculo del importe de la subvención
(196)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
conferido a los receptores de la misma durante el período de investigación. De
conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio
en favor de los receptores se considerará como la diferencia entre la cantidad
que paga por el préstamo de los poderes públicos la empresa que lo recibe y la
que esta pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el
mercado.
(197)   Tal como se explica
anteriormente (considerando 190), dado que los préstamos concedidos por los
bancos chinos reflejan una sustancial intervención del gobierno en el sector
bancario, y no los tipos que cabría encontrar en un auténtico mercado, se ha
elaborado una referencia de mercado utilizando el método descrito más adelante.
Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión
también se ha basado en los datos disponibles a fin de establecer un tipo de
interés de referencia adecuado.
(198)   Para
elaborar una referencia adecuada de los préstamos concedidos en RMB, parece
razonable aplicar los tipos de interés chinos ajustados para reflejar el riesgo
normal del mercado. En efecto, en un contexto en que la situación financiera
actual de los exportadores se ha establecido sobre un mercado distorsionado y
no existe información fiable de los bancos chinos sobre la medida del riesgo y
la determinación de calificaciones de solvencia, es preciso no aceptar sin más
la solvencia crediticia de los exportadores chinos, sino que debe aplicarse un
recargo para tener en cuenta las potenciales repercusiones de las distorsiones
del mercado chino sobre su situación financiera.
(199)   Lo mismo sucede para los
préstamos denominados en moneda extranjera. Los bonos empresariales con
calificación BB y denominaciones pertinentes emitidos durante el período de
investigación se utilizaron como valor de referencia. 
(200)   Respecto
a lo anterior, tal como se explica en los considerandos 138 a 140 se pidió
tanto a las autoridades chinas como a los productores exportadores que
cooperaron que facilitaran información sobre las políticas de préstamo de los
bancos chinos y sobre la manera en que se atribuían los préstamos a los
productores exportadores. Aunque se solicitó en repetidas ocasiones, no se pudo
obtener dicha información. Por consiguiente, vista la falta de cooperación y la
totalidad de los datos disponibles, y de conformidad con las disposiciones del
artículo 28, apartado 6, del Reglamento de base, resulta apropiado considerar
que todas las empresas de China solo podrían recibir el grado más elevado de
bonos que no pertenecen a la categoría de inversión (que es el grado BB en
Bloomberg) y aplicar la prima adecuada que puede esperarse sobre los bonos
emitidos por las empresas que tienen esta calificación al tipo de préstamo
estándar del Banco Popular de China. El beneficio de los productores
exportadores se ha calculado teniendo en cuenta el diferencial de tipo de
interés, expresado como un porcentaje, multiplicado por el saldo vivo del
préstamo, es decir, el interés no pagado durante el período de investigación. A
continuación, esta cuantía se ha repartido sobre el volumen de negocios total
de los productores exportadores que cooperaron.
(201)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Préstamos oficiales preferenciales 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd, China, y empresas vinculadas ||             1,14 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,61 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,25 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,92 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             1,80 % 
             Delsolar (Wujiang) Co. Ltd. y empresas vinculadas ||             0,02 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,84 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,85 % 
3.4.1.2.  Concesión de líneas de
crédito
a)       Introducción
(202)   El denunciante había
alegado que los bancos chinos concedían líneas de crédito desproporcionadas a
los exportadores chinos del producto afectado. La investigación confirmó que,
en efecto, todas las empresas investigadas recibieron importantes líneas de
crédito de los bancos chinos, en la mayor parte de los casos, de forma gratuita
o sujetas a unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado normales
estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y gastos
administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y riesgos.
b)       Conclusiones de la investigación
Las líneas de crédito son una posible forma
de transferencia de fondos
(203)   El informe del grupo
especial «CE-Aeronaves» confirmó que estas líneas de crédito, más allá de las
repercusiones de los préstamos individuales, pueden ser posibles transferencias
directas de fondos con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a),
inciso i), del Reglamento de base y, por lo tanto, contribuciones financieras.
El grupo constató que el beneficio de una posible transferencia de fondos se
deriva de la simple existencia de una obligación de hacer una transferencia
directa de fondos. El grupo también constató que una línea de crédito podría, en
sí misma o por sí misma, suponer una ventaja para la empresa beneficiaria
y, por tanto, podría ser una posible transferencia de fondos independiente de
las transferencias directas de fondos en forma de préstamos individuales[70].
Los bancos emisores de líneas de crédito son
organismos públicos o han recibido una encomienda del Gobierno.
(204)   Concedieron las líneas de
crédito a los productores exportadores incluidos en la muestra los mismos
bancos que habían concedido los préstamos preferenciales descritos. Como se ha
establecido anteriormente, estos bancos son organismos públicos (considerandos
158 a 166) o reciben de las autoridades chinas la encomienda u orden de
conceder financiación en condiciones preferenciales a la industria fotovoltaica
(considerandos 169 a 178). 
(205)   Como se ha explicado
anteriormente (considerandos 158 a 185) el mercado chino está distorsionado por
las legislaciones y prácticas de los bancos de propiedad estatal y se constató
que en la mayoría de los casos, las líneas de crédito fueron proporcionadas libres
de cargas o a cambio de unas tasas muy reducidas. En circunstancias de mercado
normales estas líneas de crédito están sujetas a considerables compromisos y
gastos administrativos que permiten a los bancos compensar los costes y
riesgos.
(206)   El importe del beneficio
está representado por las tasas normalmente aplicables a las líneas de crédito
comerciales concedidas a las empresas de las que los productores exportadores
incluidos en la muestra estaban exentos en la mayoría de los casos. La Comisión
utilizó las tasas aplicadas a la línea de crédito concedida a uno de los
productores exportadores incluidos en la muestra por un banco comercial
extranjero.
(207)   La
industria fotovoltaica pertenece a la categoría fomentada con arreglo a la
Decisión nº 40. La Decisión nº 40 es una Orden del Consejo de Estado, que
es el más alto órgano administrativo chino y en este sentido la decisión es
jurídicamente vinculante para los organismos públicos y los operadores
económicos. La Decisión clasifica los sectores industriales en «proyectos
fomentados, restringidos y eliminados». Esta disposición constituye una
directriz sobre política industrial que, junto con el Repertorio, muestra que
los poderes públicos chinos mantienen una política para fomentar y apoyar a
grupos de empresas e industrias como la industria fotovoltaica / nueva
industria energética, clasificada en el Repertorio como una «industria
fomentada». Con respecto al número de industrias clasificadas como «fomentadas»
cabe observar que representan únicamente una parte de la economía china.
Además, solamente se otorga el estatuto de «fomentadas» a determinadas
actividades dentro de esos sectores fomentados. La Decisión nº 40 también
establece en su artículo 17 que los «proyectos de inversión fomentados» se beneficiarán
de privilegios e incentivos específicos, entre otras cosas, de ayuda
financiera. Por otra parte, en lo referente a los «proyectos restringidos y
eliminados», la Decisión nº 40 faculta a las autoridades estatales a intervenir
directamente para regular el mercado. De hecho, los artículos 18 y 19
establecen que las autoridades pertinentes deben evitar que las instituciones
financieras concedan préstamos a estos proyectos. De cuanto precede se
desprende que la Decisión nº 40 prevé normas vinculantes para todas las
instituciones económicas en forma de directrices sobre la promoción y el apoyo
a las industrias fomentadas, una de las cuales es la industria fotovoltaica.
(208)   Como
se explica en los considerandos 172 y 192, las autoridades chinas ordenan la
concesión de los préstamos preferenciales cuyo suministro de líneas de crédito
es una parte esencial para un limitado número de industrias. Las empresas de
energía fotovoltaica pertenecen a este grupo de industrias y se benefician de
préstamos preferenciales discriminatorios.
(209)   Habida
cuenta de todo lo anterior, resulta evidente que las autoridades solo permiten
a las instituciones financieras conceder líneas de crédito preferenciales a un
número limitado de industrias/empresas que se ajustan a las políticas
pertinentes de los poderes públicos chinos. Sobre la base de los elementos que
obran en el expediente y a falta de cooperación de las autoridades chinas en
este asunto, se concluye que las subvenciones en forma de líneas de crédito
desproporcionadas no son de disposición general y, por tanto, son específicas
en el sentido del artículo 4, apartado 2), letra a), del Reglamento de base.
Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que la
subvención se había basado en criterios o condiciones objetivos, de conformidad
con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.
c)       Conclusiones
(210)   El ejercicio puso de
manifiesto que, en el período de investigación, todos los grupos de productores
exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de líneas de crédito
proporcionadas gratuitamente o a tasas que están por debajo de los valores de
mercado.
(211)   Teniendo en cuenta todo lo
expuesto, la extensión de dichas líneas de crédito a la industria fotovoltaica
debe considerarse como una subvención.
(212)   En vista de la existencia
de una contribución financiera, de un beneficio para los productores
exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está
sujeta a medidas compensatorias.
d)       Cálculo del importe de la subvención
(213)   El suministro de líneas de
crédito libres de cargas o a tasas por debajo de los valores del mercado se
considera una prestación de servicios financieros [artículo 3,
apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base] a cambio de una
remuneración inferior a la adecuada. El importe de la subvención sujeta a
medidas compensatorias se calcula en función del beneficio conferido a los
receptores de la misma durante el período de investigación. Debido a las
distorsiones del mercado descritas en los considerandos 158 a 185, no se pudo
determinar la adecuación de la remuneración por los servicios financieros (en
este caso, la concesión de líneas de crédito) en relación con las condiciones
imperantes en el mercado de China. Por tanto, de conformidad con el artículo 6,
letra d), inciso ii), del Reglamento de base, el beneficio en favor de los
prestatarios se considerará como la diferencia entre la cantidad que la empresa
paga por el suministro de líneas de crédito por los bancos chinos y la que esta
empresa pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera
obtener en el mercado. Las líneas de crédito también podrían considerarse como
una posible transferencia de fondos con arreglo al artículo 3,
apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.
(214)   Uno de los productores
exportadores incluidos en la muestra obtuvo una línea de crédito del banco cuya
sede está establecida en territorio ajeno a la jurisdicción de China y esta
línea de crédito fue objeto de compromiso y comisiones de acuerdo con la
práctica habitual en los mercados financieros mundiales. Aunque fue la filial
china del banco en cuestión la que concedió la línea de crédito, esta se
considera un indicador razonable para un valor de referencia. Se consideró
apropiado utilizar las tasas aplicadas a esta línea de crédito como referencia
de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de
base. 
(215)   El nivel de las tasas
utilizadas como valor de referencia se aplicó a prorrata al importe de cada
línea de crédito en cuestión para obtener el importe de la subvención (previa
deducción de las tasas realmente pagadas). En caso de que la línea de crédito
tuviera una duración superior a un año, se repartió el importe total de la
subvención durante el período de duración de la línea de crédito y se atribuyó
el importe adecuado al período de investigación.
(216)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Concesión de líneas de crédito 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd, y empresas vinculadas ||             1,97 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             2,14 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             1,09 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             1,28 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,92 % 
             Delsolar (Wujiang) Co. Ltd. y empresas vinculadas ||             0,24 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,50 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             2,59 % 
3.4.1.3.  Programas de subvenciones
de crédito a la exportación
(217)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.1.4.  Garantías
y seguros a la exportación para las tecnologías verdes
a)         Introducción
(218)   La denuncia alegaba que la
corporación china de seguros de crédito a la exportación (China Export &
Credit Insurance Corporation), el Sinosure, facilita seguros de crédito a
la exportación en condiciones preferenciales a los productores del producto
afectado, entre otros, mediante un programa denominado Green Express.
Según la denuncia, el seguro de crédito a la exportación de Sinosure ni
siquiera es adecuado para cubrir los costes de funcionamiento y las pérdidas a
largo plazo de este programa.
b)         Falta de cooperación y uso de los datos disponibles
(219)   Como
se indica en los considerandos 104 y 105, la Comisión solicitó información a
las autoridades chinas y a Sinosure en el cuestionario, en la carta de
deficiencia y durante la visita de inspección sobre el terreno, información que
ni las autoridades chinas ni Sinosure facilitaron.
(220)   La
Comisión solicitó el marco institucional y los documentos pertinentes que
regulan la actividad de Sinosure como el asegurador de crédito a la exportación
oficial del Estado. Las autoridades chinas presentaron solo una nota publicada
conjuntamente con el Ministerio de Comercio y Sinosure en 2004, pero no
presentaron ningún otro documento pertinente, incluido, por ejemplo, el
denominado Plan 840 incluido en la nota del Consejo de Estado de 27 de mayo de
2009[71]. 
(221)   Por
lo que se refiere a la verificación de las respuestas al cuestionario y el
anexo 1 en relación con Sinosure, la Comisión no pudo obtener varios de
los documentos solicitados in situ, ni pudo verificar una serie de
elementos sobre el terreno. En particular, Sinosure no presentó la información
ni las pruebas solicitadas por la Comisión que figuran a continuación: a) los
estados financieros de 2012, que, al parecer, todavía no están disponibles en
el sitio web de Sinosure; b) la documentación pertinente relativa al seguro de
crédito a la exportación con dos exportadores que cooperaron, incluidos los
contratos, las evaluaciones del riesgo, la correspondencia y pruebas del pago
de las primas; c) información específica sobre los altos directivos designados
por el Consejo de Estado; d) pruebas relativas a los elementos y las ventajas
que se enumeran en la nota conjunta del Ministerio de Comercio y Sinosure de
2004, incluidos datos sobre la aprobación de la limitación, la flexibilidad
tarifaria y el descuento dentro del intervalo flotante de la prima; e) pruebas
relativas a los costes de funcionamiento y los beneficios a largo plazo de la
actividad consistente en seguros de crédito a la exportación; f) pruebas
relativas a la evaluación de la situación del mercado en el sector
fotovoltaico.
(222)   La
Comisión tampoco pudo verificar una serie de elementos incluidos en la
respuesta al cuestionario en relación con las actividades de Sinosure, en
particular, sus respuestas en relación con la evaluación del riesgo, el
establecimiento real de la prima y el proceso de aplicación y aprobación, habida
cuenta de la negativa de Sinosure a debatir los contratos específicos con los
exportadores que cooperaron incluidos en la muestra. Sinosure también fue
incapaz de presentar aclaraciones o documentos justificativos en relación con
algunas incoherencias que había detectado la Comisión en las cifras u otros
elementos recogidos en su cuestionario y en sus respuestas a la carta de
deficiencia.
(223)   Las
autoridades chinas y Sinosure intentaron justificar esta falta de cooperación
sobre la base de los problemas de confidencialidad durante la visita de
inspección y en la carta de las autoridades chinas de 3 de junio de 2013. A
este respecto, la carta previa a la inspección y la posterior correspondencia
electrónica dejó claro que la Comisión exigía que la verificación fuera
significativa y que, obviamente, tomaría todas las precauciones necesarias para
proteger la información confidencial presentada o facilitada simplemente para
su inspección, de acuerdo con la obligación legal de preservar esta información
que garantizan las estrictas normas de la UE correspondientes. Con respecto a
los documentos que Sinosure intentó presentar mucho después de que finalizara
la visita de inspección, cuya adecuada verificación por la Comisión no
permitió, estos no pueden tenerse en cuenta ya que fueron especialmente
preparados para la investigación y la Comisión no pudo verificar la
documentación en que se basaron dichos documentos.
(224)   Debido a esta falta de
cooperación de las autoridades chinas y de Sinosure, la Comisión no pudo
verificar una serie de aspectos relacionados con la concesión de seguros de
crédito a la exportación, por parte de Sinosure, a los productores exportadores
del producto afectado incluidos en la muestra. Por tanto, algunas de las
conclusiones de la Comisión se basan en la información disponible en el
expediente de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.
c)         Sinosure es un organismo público
(225)   La investigación puso de
manifiesto que Sinosure es un organismo público a tenor del artículo 2, letra
b), del Reglamento de base y de la jurisprudencia pertinente de la OMC[72], pues posee o
ejerce poder público o está investida del mismo.  En particular, las
autoridades chinas ejercen un control significativo sobre Sinosure[73] y esta ejerce el
poder público en el desempeño de sus funciones públicas.
(226)   La Comisión señala que la
actividad de seguros de crédito a la exportación que realiza Sinosure está
integrada en el sector financiero general, donde está establecido que la
intervención de los poderes públicos interfiere directamente y distorsiona el
normal funcionamiento del mercado financiero en China (véanse los considerandos
185 y siguientes).
(227)   Sinosure desempeña
funciones públicas en su papel como única institución oficial de seguros de
crédito a la exportación de China. Por consiguiente, se encuentra en una
posición monopolística en el mercado de seguros de crédito a la exportación. La
empresa confirmó que dicho mercado no es un mercado abierto, aunque hay algunos
competidores internacionales que realizan negocios indirectamente en China.
(228)   Los poderes públicos
tienen la plena propiedad de Sinosure, sobre la que ejercen pleno control
financiero. Sinosure es de propiedad enteramente estatal: el Consejo de Estado
es su propietario al 100 %. El capital registrado de
4 000 000 000 RMB proviene del fondo de riesgo del seguro de
crédito a la exportación, en consonancia con el presupuesto financiero estatal.
Por otro lado, el Estado inyectó 20 000 000 000 RMB en 2011 a
través de China Investment Corporation, el fondo soberano de inversión de
China.[74]
En sus estatutos se establece que el departamento competente en materia de
negocio es el Ministerio de Hacienda y que a su examen y aprobación debe
presentar la empresa los informes financieros y contables, así como el informe
presupuestario.
(229)   Con respecto al control de
los poderes públicos, Sinosure, siendo de propiedad enteramente estatal, carece
de consejo de administración. En cuanto a la junta de supervisores, todos sus
miembros son nombrados por el Consejo de Estado y desempeñan sus funciones
conforme al reglamento provisional sobre las juntas de supervisores de las
grandes instituciones financieras de propiedad estatal. En el informe anual de
la empresa de 2011 figura como presidente de Sinosure el secretario del Comité
del Partido, y la mayoría de los altos directivos son también miembros del
Comité del Partido. Dado que Sinosure se negó a presentar más información sobre
los altos directivos, cabe concluir que la dirección emana directamente de los
poderes públicos, que nombran directamente a los miembros de la junta de
supervisores y a los altos directivos. Sobre esta base, Sinosure está
manifiestamente bajo el control de las autoridades chinas.
(230)   El desempeño de funciones
y políticas estatales por parte de Sinosure es tan manifiesto y explícito que
puede concluirse que la empresa es una expresión directa del propio gobierno.
El informe anual de 2011 de Sinosure contiene varias declaraciones a este
respecto:  en él (p. 4) se dice que Sinosure desempeñó de forma proactiva la
función de una agencia de crédito a la exportación, con un buen comienzo en el
primer año del período del duodécimo plan quinquenal, y que el avance de la
reforma de la empresa reforzó su función como agencia de crédito a la
exportación; también se expone (p. 5) que en la conferencia del Comité Central
del Partido Comunista de China sobre economía se hizo hincapié en esa función y
se hicieron exigencias claras en cuanto a seguros de crédito que demarcaron la
vía de crecimiento de la empresa; que en 2011 Sinosure implementó las
estrategias, decisiones y disposiciones del Comité Central del Partido
Comunista de China y del Consejo de Estado, así como las políticas estatales
sobre diplomacia, comercio exterior, industria y finanzas, desarrolló
plenamente su función estratégica y consiguió un rápido crecimiento (p. 11);
además, el informe señala que Sinosure ejecutó plenamente la política estatal
de disposiciones especiales para el seguro de financiación de la exportación de
grandes equipos completos y cumplió las obligaciones que le impuso el Estado
(p. 11).
(231)   El
marco institucional y otros documentos emitidos por las autoridades chinas
conforme a los cuales opera Sinosure demuestran igualmente que funciona como un
organismo público y que está investida de poder para ejecutar políticas
estatales. La «Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción
del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de
crédito a la exportación» (Notice on the Implementation of the Strategy of
Promoting Trade through Science and Technology by Utilising Export Credit
Insurance, Shang Ji Fa[2004] nº 368 de 26 de julio de 2004) fue
emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure en 2004 y sigue
rigiendo las actividades de esta última. Entre los objetivos de la citada
Comunicación está el de promover la exportación de alta y nueva tecnología y de
productos de gran valor añadido haciendo un mayor uso del seguro de crédito a
la exportación. En la Comunicación se ordena explícitamente a Sinosure que
apoye a las industrias exportadoras clave que se especifican en el directorio
de productos chinos de alta y nueva tecnología de 2006. En ese directorio se
incluyen entre los productos elegibles las células y los módulos de energía
solar, por lo que puede considerarse que reciben apoyo directo de Sinosure. En
la Comunicación se establecen las siguientes ventajas: un «canal verde», es
decir, un apoyo específico para los productos incluidos en el repertorio, que
han de obtener la aprobación en un plazo de cinco días si se cumplen las
condiciones de aseguramiento, así como los límites de aprobación para el seguro
con prioridad; velocidad en la tramitación de las solicitudes, que debe
concluirse en los tres meses siguientes a la recepción de los documentos de
solicitud; y flexibilidad de tasas, consistente en el descuento máximo para la
tasa de prima dentro del intervalo flotante de Sinosure. La Comunicación prevé
asimismo que las autoridades de comercio locales y regionales adopten medidas
adicionales para apoyar a los productos incluidos en el directorio. Además,
exige a Sinosure que confeccione el modelo de suscripción basándose en la
política industrial nacional y en las características de las exportaciones de productos
de alta y nueva tecnología y que apoye a la innovación y a las industrias de
I+D que reciben un apoyo especial del Estado.
(232)   La
Comisión tiene conocimiento de otros documentos que demuestran que Sinosure
aplica directamente políticas estatales que benefician, entre otros, a los
productores exportadores. El denominado Plan 840 se detalla en la
Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009[75]. Ese nombre hace referencia a la utilización de
84 000 000 000 USD como seguro a la exportación, una de las seis
medidas iniciadas en 2009 por el Consejo de Estado para estabilizar la demanda
de exportaciones en respuesta a la crisis mundial y al consiguiente aumento en
la demanda de seguros de crédito a la exportación. Entre esas seis medidas se
incluyen una mejor cobertura de los seguros de crédito a la exportación, la
provisión a corto plazo de este tipo de seguros por un valor de
84 000 000 000 USD en 2009 y una reducción de la tasa de la
prima. Como única institución suscriptora de seguros de crédito a la
exportación, Sinosure figura como ejecutora del plan. En cuanto a la reducción
de la tasa de la prima, se exigió a Sinosure que hiciera que la tasa media del
seguro de crédito a la exportación a corto plazo se redujera un 30 % sobre la
base de la tasa media global de 2008.
(233)   El
llamado Plan 421 se incluyó en la «Comunicación sobre las cuestiones
relativas a la implementación de disposiciones especiales para la financiación
de seguros a la exportación de grandes equipos completos» (Notice on the
issues to implement special arrangements for financing of insurance on the
export of large complete sets of equipment), emitida conjuntamente por el
Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda el 22 de junio de 2009. Fue
también una medida importante en apoyo de la política de «globalización» china
en respuesta a la crisis financiera mundial de 2009, con
42 100 000 000 USD de seguros de financiación en apoyo a la
exportación de grandes equipos completos. Sinosure y algunas otras instituciones
financieras gestionarían y aportarían los fondos. Las empresas contempladas por
ese documento podrían disfrutar de medidas financieras preferenciales, incluido
el seguro de crédito a la exportación. Debido a la falta de cooperación de los
poderes públicos chinos, la Comisión no ha podido recabar más detalles sobre la
aplicación de esta Comunicación. En ausencia de pruebas que lo refuten, la
Comisión tiene razones para creer que los equipos fotovoltaicos y el sector
fotovoltaico también se incluyen en ese documento.
(234)   Entre
otros documentos que demuestran el apoyo estatal a la provisión de seguros de
créditos a la exportación a corto plazo están dos relativos al aumento del
apoyo financiero a las industrias estratégicas emergentes. Así, la Decisión del
Consejo de Estado sobre la aceleración del fomento y el desarrollo de las
industrias estratégicas emergentes, Guo Fa [2010] nº 32 de 18 de octubre
de 2010, en su apartado 7(C), anima a las instituciones financieras a que
incrementen su apoyo financiero. En las directrices de ejecución para el
desarrollo de las industrias estratégicas emergentes, emitidas conjuntamente
por todas las entidades responsables (a saber, la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencias, el
Ministerio de Industria y Tecnología de Información, el Ministerio de
Protección Medioambiental, el Ministerio de Hacienda, la Administración Fiscal
del Estado, la Administración General de Aduanas, la Administración General de
Supervisión de la Calidad y la Oficina de Inspección de los Derechos de
Propiedad Industrial e Intelectual), Guo Fa [2011] nº 310 de 21 de
octubre de 2011, se habla explícitamente del apoyo activo a estas industrias
por medio, entre otras cosas, del seguro de crédito a la exportación. Estas
industrias estratégicas emergentes se centran en productos, tecnologías y
servicios para el desarrollo del mercado internacional en el ámbito
aeroespacial y de la fabricación de productos de alta tecnología, o para
fomentar la tecnología patentada nacional y los productos estándar de estas
industrias destinados a la exportación. Por consiguiente, en ausencia de
pruebas en contrario, hay razones para creer que también el producto afectado y
los exportadores incluidos en la muestra se consideran parte de las industrias
emergentes y tienen derecho a los correspondientes beneficios. 
(235)   Sobre la base de estos
elementos, la Comisión concluye que Sinosure es un organismo público, pues está
investida de poder público para ejecutar políticas estatales, está
manifiestamente bajo el control del gobierno y ejerce funciones públicas.
d)         Base jurídica
(236)   Las
bases jurídicas de este programa son las siguientes: la «Comunicación sobre la
aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y
la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación» (Notice on
the Implementation of the Strategy of Promoting Trade through Science and
Technology by Utilising Export Credit Insurance, Shang Ji Fa[2004]
nº 368 de 26 de julio de 2004), emitida conjuntamente por el Ministerio de
Comercio y Sinosure; el «Directorio de exportación de productos chinos de alta
y nueva tecnología de 2006» (Export Directory of Chinese High and New
Technology Products of 2006); el denominado Plan 840, detallado en
la Comunicación del Consejo de Estado de 27 de mayo de 2009; el llamado Plan
421, incluido en la «Comunicación sobre las cuestiones relativas a la
implementación de disposiciones especiales para la financiación de seguros a la
exportación de grandes equipos completos» (Notice on the issues to implement
special arrangements for financing of insurance on the export of large complete
sets of equipment), emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y
el Ministerio de Hacienda el 22 de junio de 2009; y la «Decisión sobre la
aceleración del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas
emergentes» (Cultivation and development of the State Council on
Accelerating Emerging industries of strategic decision, Guo Fa
[2010] nº 32 de 18 de octubre de 2010), emitida por el Consejo de Estado, con
sus directrices de ejecución (Guo Fa [2011] nº 310 de 21 de octubre
de 2011).
e)         Conclusiones de la investigación
(237)   Puesto que Sinosure es un
organismo público investido de poder público que ejecuta leyes y planes
estatales, la provisión de seguros de crédito a la exportación a productores
del producto afectado constituye una contribución financiera en forma de
posible transferencia directa de fondos de los poderes públicos a tenor del
artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base.
(238)   También la rebaja
practicada por las autoridades locales de parte de la prima abonada por los
productores exportadores constituye una transferencia directa de fondos en
forma de subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i),
del Reglamento de base.
(239)   Existe
un beneficio a tenor del artículo 3, punto 2, y del artículo 6, letra c), del
Reglamento de base en la medida en que Sinosure ofrece una cobertura de seguro
de crédito a la exportación en términos más favorables de los que se podrían
obtener en el mercado, o bien una cobertura de seguro que de otro modo no
estaría disponible en el mercado. El beneficio adicional a tenor del artículo
3, punto 2, que recibe el productor exportador es la rebaja en metálico de
parte de la prima del seguro que se abona a Sinosure practicada por algunas
autoridades locales de los lugares donde están establecidos algunos productores
exportadores.
(240)   En
la Comunicación de 2004 se enumera toda la gama de beneficios conferidos por
Sinosure o las autoridades locales a las empresas incluidas en el directorio de
2006 y que cumplen las políticas nacionales. La investigación puso de
manifiesto que los acuerdos de seguro celebrados entre Sinosure y los
productores exportadores incluidos en la muestra, junto con las rebajas de
parte de la prima concedidas por las autoridades locales, son un claro reflejo
de estos beneficios. El tratamiento rápido (green express) consiste en
la simplificación y aceleración del proceso para establecer la cobertura y
tramitar los siniestros, evaluando rápidamente las pérdidas y efectuando con
celeridad los pagos. 
(241)   La investigación demostró
asimismo que las medidas adoptadas en respuesta a la crisis financiera de 2009
y detalladas en el Plan 840 y el Plan 421, y más adelante en las
medidas de 2011 a favor de las industrias estratégicas emergentes,
proporcionaron beneficios sustanciales a los productores exportadores. Estas
medidas aumentaron la cobertura de seguro disponible y redujeron aún más la
prima cobrada por Sinosure, a pesar de la difícil situación económica y de los
riesgos mucho más elevados que corría Sinosure al ofrecer su seguro, como queda
plenamente plasmado en la cobertura ofrecida por Sinosure a los productores
exportadores. En particular, la investigación demostró que las condiciones y la
prima cobrada en los años pertinentes del período de investigación
permanecieron sustancialmente invariables o se mejoraron, a pesar del aumento
de las reclamaciones por impago abonadas por Sinosure y de la situación de
marcado deterioro en el sector fotovoltaico. 
(242)   Con
respecto a la existencia de un beneficio, la Comisión examinó en primer lugar
hasta qué punto las primas de Sinosure cubrían el coste del seguro de crédito a
la exportación a corto plazo. Sinosure basó sus argumentos en la letra j) del
anexo I del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («SMC») de la
OMC, según la cual se considera una subvención a la exportación «prohibida», a
tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo, la creación
de sistemas de seguro de crédito a la exportación a tipos de primas
insuficientes para cubrir a largo plazo los costes y pérdidas de funcionamiento
de esos sistemas. En su respuesta al cuestionario, Sinosure hacía simplemente
referencia a las ganancias y las pérdidas de los últimos cinco años y concluía
que, puesto que en general tuvo beneficios durante ese período, la provisión de
seguro de crédito a la exportación a corto plazo a los productores exportadores
no constituyó una subvención a tenor del Acuerdo SMC de la OMC. Como se ha
explicado anteriormente (véanse los considerandos 221 y 222), la Comisión pidió
a Sinosure que le suministrara información y pruebas concretas sobre la
rentabilidad a largo plazo de sus actividades de seguro de crédito a la
exportación, incluidos los ingresos por primas y los costes y pérdidas de
funcionamiento del sistema conforme al Acuerdo SMC de la OMC. Sin embargo,
Sinosure no aportó los documentos y las pruebas solicitados durante la
inspección, e insistió en los datos sobre la rentabilidad global mostrados en
sus informes anuales auditados.
(243)   La Comisión señala que,
aun basándose simplemente en los informes anuales de Sinosure sin poder
verificar las cifras y los elementos que contienen, no podría concluir que
Sinosure haya obtenido beneficios a largo plazo en su división de seguros de
crédito a la exportación, que corresponde a los sistemas a los que se refiere
la citada letra j). Sinosure realiza una serie de actividades aparte del seguro
de crédito a la exportación y las cifras y los datos incluidos en el informe
anual están consolidados y corresponden a todas estas actividades, sin un
desglose preciso de cada una de ellas. De algunos de los informes anuales (pero
no del último) se desprende que el seguro de crédito a la exportación a corto
plazo es con mucho la actividad más importante de Sinosure, aunque no están
disponibles porcentajes concretos. Dado que Sinosure se negó a proporcionar la
información y las pruebas solicitadas con respecto únicamente a esta última
actividad, lo cual es necesario para efectuar el análisis del «sistema»
conforme a la letra j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC, la Comisión ha
tenido que basar sus conclusiones en las pruebas disponibles en el expediente.
(244)   Primeramente, la Comisión
señala que, de acuerdo con el artículo 11 de los estatutos de Sinosure, la
empresa funciona en equilibrio. Esto significa que, según sus estatutos,
Sinosure no pretende maximizar sus beneficios, sino que ha de tender meramente
al equilibrio conforme a su función como única aseguradora oficial del crédito
a la exportación en China. Como se ha explicado más arriba, el contenido del
expediente ha demostrado que el entorno jurídico y estratégico en el que
funciona Sinosure exige que la empresa ejecute las políticas y los planes
estatales, en cumplimiento de su mandato de función pública. Entre las
industrias y empresas seleccionadas con apoyo específico del Estado, los
productores exportadores tuvieron pleno acceso al seguro de crédito a la
exportación ofrecido por Sinosure a primas preferenciales incluso después de la
crisis mundial de 2009, y aun cuando el sector fotovoltaico experimentó una
crisis sin precedentes también durante el período de investigación. Así pues,
Sinosure proporciona una cobertura de seguro de disponibilidad ilimitada para
el sector fotovoltaico y la prima extremadamente baja que ofrece no refleja los
riesgos reales que se corren al asegurar las exportaciones en este sector.
Sobre la base de todos estos elementos del expediente, podría ya concluirse que
no puede descartarse que las tasas de prima cobradas por Sinosure sean
probablemente inadecuadas para cubrir sus operaciones a largo plazo y, de
hecho, probablemente lo sean.
(245)   A
falta de cooperación por parte de Sinosure, la Comisión tuvo incluso en cuenta
elementos adicionales que fundamentaran esta conclusión. Las pruebas
públicamente disponibles ya muestran de manera explícita que Sinosure funciona,
de hecho, en situación de pérdidas de explotación a largo plazo[76]. La Comisión analizó también las cifras pertinentes de la cuenta
de resultados contenida en los informes anuales de Sinosure correspondientes a
los años 2006 a 2011 y presentados por la empresa para justificar las cifras de
rentabilidad indicadas en su respuesta al cuestionario. Estas cifras muestran
que Sinosure incluyó una pérdida significativa de explotación a largo plazo en
sus actividades aseguradoras combinadas, que excluyen los ingresos de
inversiones y otros. Más concretamente, cada año desde 2006 a 2011 (con la
única excepción de 2010) las indemnizaciones abonadas son ya (casi) iguales o
(muy) superiores a las primas netas cobradas por Sinosure. Si también se restan
de las primas netas los gastos de explotación y los gastos por comisiones, el
resultado es una pérdida aún mayor. Las cifras ponen de manifiesto que, a pesar
de una modesta ganancia en 2010, la pérdida de explotación de las operaciones
de seguros en ese período en general  es significativa. De los informes anuales
se desprende que las principales fuentes de ingresos globales de Sinosure son
los ingresos de inversiones y otros, que no son pertinentes para evaluar la
viabilidad de su sistema de seguros de crédito a la exportación. Puesto que el
seguro de crédito a la exportación a corto plazo constituye la principal
actividad empresarial de Sinosure, en ausencia de pruebas que indiquen lo
contrario se concluye que Sinosure ha sufrido una pérdida a largo plazo
significativa a causa de su sistema de seguro de crédito a la exportación.  En
vista de que Sinosure genera pérdidas con su sistema de seguro de crédito a la
exportación, la existencia de beneficio se determina comparando las primas
abonadas por los productores exportadores con las que están disponibles en el
mercado. Sinosure es la única aseguradora oficial de crédito a la exportación
y, por tanto, controla por completo el mercado nacional. En ausencia de un
punto de referencia comercial para este tipo de instrumentos en China, y dado
que el mercado financiero de ese país está distorsionado por la intervención
estatal, es razonable utilizar un punto de referencia fuera de China, a saber,
las primas cobradas en una situación de mercado normal. Sobre esta base, como
se describe en la próxima sección sobre el cálculo del importe de la
subvención, las primas están por debajo de las tasas de mercado y se confiere,
pues, un beneficio.
(246)   Las subvenciones
mencionadas están supeditadas a la cuantía de las exportaciones a tenor del
artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, pues no pueden
obtenerse sin exportar. Además, son también específicas a tenor del artículo 4,
apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que el acceso está limitado a
determinadas empresas. Las células y los módulos solares figuran explícitamente
en el directorio de productos de alta y nueva tecnología de 2006, lo que
constituye la condición para disfrutar del tratamiento preferente establecido
en la Comunicación de 2004. Por otro lado, uno de los principales objetivos de
Sinosure es implementar las políticas y los planes nacionales, incluido el
duodécimo plan quinquenal sobre el sector fotovoltaico. El Plan 840 y el
Plan 421 también benefician al sector fotovoltaico, entre algunos otros
señalados en esos planes (véanse los considerandos 232 y 233). El sector
fotovoltaico se considera asimismo una de las industrias fomentadas conforme a
la Decisión nº 40 y otros documentos de planificación y actos legislativos
(véanse los considerandos 207 y 208). Igualmente, esta industria entra en la
categoría de «industrias estratégicas emergentes», que goza de una serie de
beneficios de acuerdo con las políticas estatales (véase el considerando 102).
La mayoría de los productores exportadores tienen también la categoría de
empresas de alta y nueva tecnología, lo que les confiere una serie de ventajas
merced a las políticas estatales que las fomentan.
(247)   Por
tanto, es evidente que los beneficios concedidos por Sinosure o por las
autoridades locales al rebajar parte de la prima del seguro no están disponibles
para todos los sectores industriales ni todas las empresas, sino que se
restringen a los sectores y las empresas que cumplen específicamente las
políticas estatales de apoyo pertinentes y los documentos en que estas se
basan. La Comisión concluye que los beneficios concedidos por Sinosure o por
las autoridades locales a los productores del producto afectado son específicos
a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además,
dado que no hay pruebas que apunten a que la subvención se base en criterios o
condiciones objetivos según el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento
de base, el beneficio también es específico en este sentido.
f)          Conclusión
(248)   La investigación demostró
que seis grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se
beneficiaron del seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure
durante el período de investigación.
(249)   La provisión del seguro de
crédito a la exportación por parte de Sinosure a la industria fotovoltaica debe
considerarse una subvención, en la medida en que las tasas de las primas están
por debajo de los valores de mercado.
(250)   En vista de la existencia
de una contribución financiera, de un beneficio para los productores
exportadores y de la especificidad, se considera que esta subvención está
sujeta a medidas compensatorias.
g)         Cálculo del importe de la subvención
(251)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. El cálculo del beneficio es similar a la situación
relativa a las garantías de préstamo. De conformidad con el artículo 6, letra
c), del Reglamento de base, el beneficio conferido a la empresa receptora se
considera igual a la diferencia entre el importe de la prima que paga por el
seguro de crédito a la exportación proporcionado por Sinosure y el importe de
la prima que abonaría por un seguro de crédito a la exportación comparable que
pudiera obtener en el mercado.
(252)   Puesto que el seguro de
crédito a la exportación a corto plazo que ofrece Sinosure es el resultado de
objetivos estratégicos públicos, y dado que Sinosure se encuentra en una
situación de monopolio en el mercado nacional debido a su función como única
agencia oficial de crédito a la exportación, se ha deducido una referencia de
mercado apropiada siguiendo el método que se describe más adelante. Además,
debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas y Sinosure, la Comisión
también ha recurrido a los datos disponibles a fin de establecer una prima de
mercado adecuada para el seguro que se proporciona a los productores del sector
fotovoltaico.
(253)   La
Comisión cree que la referencia más adecuada con respecto a la cual se dispone
de información son las tasas de prima aplicadas por el Export-Import Bank
(«Banco de Exportación e Importación») de los Estados Unidos de América. Según
información públicamente disponible[77], el Banco de Exportación e Importación es la agencia oficial de
crédito a la exportación de la administración federal de los EE. UU., y es
autárquico. Entre las actividades del Banco de Exportación e Importación están
el seguro de crédito a la exportación, las garantías de capital de explotación
y las garantías de préstamo (financiación de compradores). Su misión es crear
puestos de trabajo y fomentar el empleo en los EE. UU. apoyando las
exportaciones del país a compradores internacionales. El Banco de Exportación e
Importación actúa como corporación pública del Congreso de los Estados Unidos.
Existen, por tanto, similitudes con Sinosure, por lo que se considera que el
Banco de Exportación e Importación es una institución de referencia adecuada. 
(254)   La prima de referencia se
ha calculado en relación con las tarifas reales aplicadas a las exportaciones a
países de la OCDE por pólizas globales con una cobertura del 90 % del
importe asegurado y una duración de ciento veinte días. La prima real es el
promedio mediano correspondiente a las cinco categorías de compradores
extranjeros, en función de su solvencia y riesgo de impago. Esto representa la
referencia más próxima disponible para calcular la prima que los fabricantes
del producto afectado tendrían que pagar en el mercado.
(255)   El importe del beneficio
se ha calculado utilizando la información suministrada por las autoridades
chinas y se refiere a los importes de Sinosure cubiertos por el seguro de
crédito a la exportación y las tarifas abonadas en el período de investigación
por ese seguro. No se ha utilizado la información aportada por las empresas
cooperantes en relación con Sinosure porque era evidente que la de las
autoridades chinas era más completa (por ejemplo, no todas las empresas
informaron de su póliza con Sinosure en el cuestionario ni la declararon
durante la inspección in situ).
(256)   Con respecto al pago de
parte de la prima de seguro por parte de las autoridades locales, el beneficio
se calcula como el nivel de rebajas y subvenciones en favor de las empresas
incluidas en la muestra durante el período de investigación.
(257)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Garantías y seguros a la exportación 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,58 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,95 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Solar Group y empresas vinculadas ||             0,71 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,50 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,39 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,63 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
3.4.1.5.  Beneficios proporcionados
concediendo acceso a sociedades de cartera en el extranjero y reembolsos de
préstamos por los poderes públicos
(258)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.2.     Programas de subvenciones
3.4.2.1.  Fondo de desarrollo de la
investigación de productos de exportación
(259)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.2.2.  Subvenciones para el
desarrollo de marcas famosas y programa de las principales marcas chinas en el
mundo
(260)   La Comisión descubrió que
algunos productores exportadores incluidos en la muestra se habían beneficiado
de estos regímenes durante el período de investigación. Sin embargo, dada la
poca cuantía de los beneficios recibidos y su efecto insignificante en el
margen de subvención, la Comisión no consideró necesario analizar la sujeción
de tales regímenes a medidas compensatorias.
3.4.2.3.  Fondos para la expansión
exterior de las industrias de la provincia de Guandong
(261)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.2.4.  Programa de demostración
Golden Sun
a)      Introducción
(262)   En la denuncia se alegaba 
que los fabricantes del producto afectado recibieron subvenciones en el marco
del programa de demostración Golden Sun aplicado por los poderes
públicos de China en julio de 2009.  Contenía indicios razonables de que cuatro
de los exportadores incluidos en la muestra habían recibido subvenciones
directas por el producto afectado en el marco de este programa. Además,
mostraba que uno de los exportadores incluidos en la muestra había sido
seleccionado como proveedor del producto afectado para el 70 % de la
capacidad total instalada por los explotadores de proyectos (es decir, empresas
que producen y venden la electricidad generada con los sistemas fotovoltaicos)
en 2011. La denuncia contenía también información que apuntaba a que la
financiación en el marco del programa Golden Sun no se asignaba de
manera transparente y competitiva a los explotadores de proyectos.
b)      Falta de cooperación y uso de los
datos disponibles
(263)   La Comisión pidió a las
autoridades chinas información sobre el programa Golden Sun en el
cuestionario, en la carta de deficiencias y durante la inspección in situ,
pero las autoridades chinas no la proporcionaron, como se indica con más
detalle en los considerandos 104 y 105. 
(264)   Por
lo que respecta a la información solicitada en el cuestionario y en la carta de
deficiencias, las autoridades chinas mantuvieron con persistencia que este
programa de subvenciones no iba dirigido a los fabricantes del producto
afectado. En consecuencia, dejaron sin respuesta varias de las preguntas
relativas al programa y a los beneficios para los fabricantes del producto
afectado, contestando «no aplicable». Tampoco presentaron todos los actos
legislativos, reglamentos, directrices administrativas y demás documentos
solicitados en el cuestionario, sino que se limitaron a proporcionar únicamente
la base jurídica principal.
(265)   Al comienzo de la sesión
de verificación del programa Golden Sun, la Comisión pidió a las
autoridades chinas que presentaran todos los anexos de la base jurídica
principal ya aportada y que indicaran si tenían intención de proporcionar
documentos oficiales adicionales relativos al programa. Las autoridades chinas
suministraron los anexos solicitados, pero contestaron que no tenían intención
de presentar ningún documento adicional. La Comisión les mostró entonces un
documento presupuestario sobre los proyectos reales financiados y los
correspondientes importes concedidos en el marco de este programa, documento
emitido por el Ministerio de Hacienda y presentado por los exportadores
cooperantes (documento del Ministerio de Hacienda nº 965 [2010], de 2 de
diciembre de 2010). Los apéndices de ese documento muestran que uno de los
exportadores incluidos en la muestra recibió una financiación sustancial del
programa para sus propios proyectos y como proveedor de los equipos elegibles
para varios proyectos financiados por el programa Golden Sun. Los representantes
del Ministerio de Hacienda presentes en la inspección conocían el documento
mostrado, y la Comisión les pidió que presentaran todos los documentos
presupuestarios similares publicados por el Ministerio de Hacienda que
correspondieran a los años de implementación del programa Golden Sun.
Aunque los citados representantes se manifestaron de acuerdo con presentar esos
documentos a la Comisión, nunca lo hicieron.
(266)   La Comisión mostró también
al Ministerio de Comercio los documentos presupuestarios relativos al programa Golden
Sun publicados por el departamento local de hacienda de una provincia y un
municipio y que suministró otro de los exportadores cooperantes, y pidió a las
autoridades chinas que aportaran documentos similares pertinentes (es decir,
publicados por las provincias o los municipios) en relación con el programa.
Las autoridades chinas respondieron que no tenían esos documentos, ya que
concernían a provincias o municipios, y que por tanto no podían presentarlos.
(267)   En su carta de 3 de junio
de 2013, las autoridades chinas reiteraron su postura de que el programa Golden
Sun no va dirigido a los fabricantes del producto afectado, y aclararon que
si tales fabricantes se beneficiaron de este programa, lo hicieron en su
calidad de explotadores de proyectos de centrales eléctricas, y no como
fabricantes de paneles solares, pues únicamente los explotadores de proyectos
pueden recibir subvenciones en el marco del programa. En esa carta se alega
también que la Comisión solo pidió tres documentos explícitamente nombrados,
que las autoridades chinas le facilitaron. Esa alegación es incorrecta, pues la
Comisión solicitó en la inspección documentos presupuestarios específicos
emitidos por el Ministerio de Hacienda (mencionados también expresamente en la
carta de la Comisión de 23 de mayo de 2013) y por los departamentos locales en
los que estaban ubicados los productores exportadores (en referencia a
documentos concretos presentados por los productores exportadores), documentos
que las autoridades chinas decidieron no suministrar.
(268)   La Comisión pidió también
información específica sobre los desembolsos del programa Golden Sun
recibidos por un exportador cooperante incluido en la muestra, habiendo este
suministrado el producto afectado y recibido directamente los fondos de los
poderes públicos. Una vez más, las autoridades chinas no fueron capaces de
aclarar la situación ni de dar detalle alguno durante la inspección,
limitándose a ponerse en contacto con el asesor jurídico de la empresa, quien supuestamente
explicó que se había aclarado la situación con los funcionarios de la Comisión
en el transcurso de la inspección, lo cual no era del todo cierto. En los
considerandos 276 y 278 se dan más detalles sobre la situación. Como se
especifica más en profundidad en los considerandos 275 a 278, la investigación
determinó que, de hecho, los productores cooperantes incluidos en la muestra se
beneficiaron de subvenciones en el marco del programa Golden Sun, y
también concretamente en relación con el suministro del producto afectado. La
posición de las autoridades chinas según la cual este programa no fomenta la
producción del producto afectado fue refutada indiscutiblemente por las pruebas
y los hechos verificados en la investigación.
(269)   Ante
esta falta de cooperación por parte de las autoridades chinas, la Comisión no
pudo verificar varios aspectos cruciales del programa Golden Sun y de
los beneficios reales conferidos a los fabricantes del producto afectado. Ello
también se debió a que las autoridades chinas no presentaron todos los
documentos pertinentes solicitados, concretamente los documentos
presupuestarios sobre los créditos Golden Sun emitidos por el Ministerio
de Hacienda para los años de implementación del programa. Por consiguiente,
algunas conclusiones de la investigación se basan en los mejores datos
disponibles en el expediente, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento
de base.
c)      Base jurídica
(270)   La principal base jurídica
la constituyen los documentos siguientes: «Comunicación sobre la implementación
del programa de demostración Golden Sun» (Notice concerning the
Implementation of the Golden Sun Demonstration Programme) de 16 de julio de
2009, y su documento adjunto de «Medidas provisionales para la gestión del
fondo de asistencia financiera del programa de demostración Golden Sun»
(Golden Sun Demonstration programme Interim Measures for Financial
Assistance Fund Management), expediente CaiJian nº 397 [2009],
publicados por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Ciencias y el Consejo
Nacional de la Energía; «Circular relativa a la implementación eficaz de las
asignaciones del programa de demostración Golden Sun» (Circular
regarding the Successful implementation to Assignments to The Golden Sun
Demonstration Programme), expediente nº 718 [2009]; «Circular relativa a la
realización eficaz del programa de demostración Golden Sun 2010» (Circular
regarding the Successful Fulfilment of the Golden Sun Demonstration Programme
2010), expediente nº 622 [2010]; «Circular sobre instrucciones relativas a
los índices presupuestarios de las subvenciones financieras para los costes de
construcción del programa de demostración Golden Sun 2010» (Circular
on Instructions on Finance Subsidy Budget Indexes for Construction Costs
to The Golden Sun Demonstration Programmes), expediente nº 965 [2010] de 2
de diciembre de 2010, emitida por el Ministerio de Hacienda; «Circular relativa
a la distribución del objetivo presupuestario para las subvenciones fiscales
asignadas a los programas Golden Sun 2011» (Circular with
respect to Distribution of the Budgetary Target for the Fiscal Subsidy
Appropriated for The Golden Sun Programmes), expediente JCJ nº 336
de 1 de septiembre de 2011, emitida por el Departamento de Hacienda de Hebei; y
«Circular relativa a la distribución del objetivo presupuestario para las
subvenciones fiscales asignadas a los programas Golden Sun 2011» (Circular
with respect to Distribution of the Budgetary Target for the Fiscal Subsidy
Appropriated for The Golden Sun Programmes), expediente HCJ nº 135
de 8 de noviembre de 2011, emitida por la Oficina Municipal de Hacienda de
Hengshui.
d)      Conclusiones de la investigación
(271)   El programa Golden Sun
se creó en 2009 para promover el progreso tecnológico y el desarrollo a escala
de la industria de sistemas solares fotovoltaicos descentralizados. Las
autoridades responsables del programa a nivel central son el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Ciencias y el Consejo Nacional de la Energía. En la
«Comunicación sobre la implementación del programa de demostración Golden
Sun» se enumeran una serie de criterios para poder optar a los fondos en el
marco del programa, como son: a) que las empresas estén incluidas en el plan
local de implementación de proyectos de demostración Golden Sun; b) que
tengan una capacidad instalada no inferior a 300 kWh; c) que tengan un
período de construcción no superior a un año y un período de funcionamiento no
inferior a veinte años; d) que los propietarios de los proyectos fotovoltaicos
tengan un activo total de 100 000 000 RMB como mínimo y un capital de por lo
menos el 30 % de los costes de inversión; e) que los fabricantes de los
sistemas integrados y equipos clave empleados en los proyectos de generación
fotovoltaica se seleccionen mediante procedimientos de licitación.  Los
proyectos subvencionables pueden recibir de los poderes públicos hasta el
50 % de los costes totales de inversión, tope que se incrementa al
70 % para propietarios de proyectos situados en zonas remotas sin una red
eléctrica establecida. 
(272)   En cuanto al
procedimiento, las empresas que desean recibir financiación en el marco del
programa deben presentar su solicitud y los documentos de apoyo a la autoridad
pública correspondiente. Los departamentos de hacienda, tecnología y energía a
nivel provincial responsables de la organización del programa transmiten un
informe de síntesis conjunto al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de
Ciencias y al Consejo Nacional de la Energía, que son los encargados de
examinar los proyectos provinciales con respecto a los programas técnicos y las
condiciones de construcción, así como lo relacionado con la financiación y
otros aspectos. Tras la aprobación final por los poderes públicos, el
Ministerio de Hacienda asigna los fondos directamente al propietario del proyecto,
conservando los documentos pertinentes de aprobación y desembolso.
(273)   En
la práctica, los explotadores de proyectos presentan una solicitud de
financiación a los poderes públicos después de haber celebrado un contrato con
los proveedores del equipo fotovoltaico elegible (concretamente el producto
afectado). Según la legislación pertinente, los proveedores del equipo
fotovoltaico elegible se seleccionan mediante procedimientos de licitación. Sin
embargo, las autoridades chinas no aclararon cómo ejercen su poder discrecional
a la hora de seleccionar a los explotadores de proyectos para los planes
locales de implementación de los proyectos de demostración Golden Sun,
ni cómo estos explotadores de proyectos seleccionan a su vez al proveedor del
equipo fotovoltaico elegible. Ni las autoridades chinas ni las partes
interesadas demostraron que el proceso de selección fuera abierto, transparente
y no discriminatorio, pues no aportaron la documentación pertinente. No hay
indicio alguno de que se adquirieran equipos fotovoltaicos extranjeros. Una
parte sustancial del equipo fotovoltaico elegible fue suministrado por un solo
productor cooperante incluido en la muestra. Sobre la base de los datos
fácticos disponibles, las instituciones concluyen, por tanto, que el programa Golden
Sun se utilizó para crear una demanda artificial de los productos de los
productores chinos seleccionados que fabrican el producto afectado. Si los
poderes públicos consideran que el proyecto es elegible, se supone que han de
concederle la financiación. 
(274)   El programa Golden Sun
confiere una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), y
punto 2, del Reglamento de base en forma de transferencia de fondos de las
autoridades chinas mediante subvenciones a los productores del producto
afectado.
(275)   En
particular, la investigación determinó que varios productores cooperantes
incluidos en la muestra recibieron directamente subvenciones en el marco del
programa Golden Sun para la instalación en sus locales de generadores
solares. Estas subvenciones abonadas a los productores cooperantes incluidos en
la muestra compensan parte de los costes en los que de otro modo tendrían que
incurrir, por lo que están directamente relacionadas con el producto afectado.
(276)   Además,
la investigación determinó asimismo que los productores cooperantes incluidos
en la muestra se beneficiaron de la financiación en el marco de este programa
para suministrar el producto afectado a explotadores de proyectos no
vinculados. En particular, durante la inspección in situ se descubrió
que un productor exportador cooperante incluido en la muestra había recibido
directamente de las autoridades chinas una suma única sustancial por los
cuarenta proyectos financiados en el marco del programa Golden Sun a los
que había suministrado el producto afectado. Dicho productor exportador
cooperante incluido en la muestra no había informado de ese importe en su
respuesta al cuestionario. La Circular del Ministerio de Hacienda de 2010
muestra que este exportador cooperante fue seleccionado para suministrar el
producto afectado a varios explotadores de proyectos no vinculados del sector
tanto privado como público. La Comisión trató de obtener información de las
autoridades chinas con respecto a este pago directo al exportador cooperante
incluido en la muestra, pues el artículo 13 de las medidas provisionales sobre
el programa Golden Sun incluidas en la Comunicación de 2009 exige
específicamente que las subvenciones se abonen directamente al explotador del
proyecto (es decir, no al proveedor del equipo fotovoltaico), aspecto este que
las autoridades chinas confirmaron explícitamente en la inspección. Como se ha
indicado antes, las autoridades chinas no supieron dar ninguna explicación
durante la inspección de por qué un exportador incluido en la muestra había
recibido financiación directa. En su carta de 3 de junio de 2013, las
autoridades chinas limitan sus observaciones a uno solo de los cuarenta
proyectos, exponiendo simplemente que existía un acuerdo financiero entre el
explotador del proyecto y el productor exportador cooperante incluido en la
muestra, dado que aquel no disponía de fondos suficientes para pagar a este y,
por tanto, acordaron que la subvención se abonara directamente al productor
exportador cooperante incluido en la muestra. Dado que esta explicación sin
fundamento y en exceso concisa solo se refiere a un proyecto en el que
participa el exportador cooperante incluido en la muestra, de los cuarenta
proyectos que se enumeran en el documento del Ministerio de Hacienda, no basta
en absoluto para que la Comisión pueda aclarar la situación.
(277)   El exportador cooperante
incluido en la muestra intentó justificar en su carta de 24 de junio de 2013 el
no haber incluido el pago directo relacionado con los cuarenta proyectos en
cuestión aduciendo que se trataba de una subvención de «usuario» para el
explotador del proyecto, y no para el proveedor. Este exportador confirmó que
había recibido la suma única directa en relación con los suministros a los
cuarenta proyectos enumerados en la Circular del Ministerio de Hacienda y
añadió que los poderes públicos pueden transferir fondos directamente al
proveedor con el fin de garantizar que estas subvenciones se utilicen
exclusivamente para los sistemas fotovoltaicos autorizados y de facilitar el
control. Sin embargo, el exportador centró su respuesta en un solo proyecto
sobre el que se había recogido documentación in situ e ignoró los otros
treinta y nueve por los que recibió financiación directa del programa Golden
Sun.  Aunque el exportador demostró que los fondos destinados a este
proyecto concreto se habían anotado como cuenta por cobrar y no como prepago de
una subvención pública, no se aportó ninguna prueba más de que ni este ni
ningún otro proyecto se llevaran realmente a cabo, en especial de que se
hubiera realizado el suministro del producto afectado por el que se habían
recibido los fondos. Su explicación tampoco arrojó luz sobre la incongruencia
de los pagos públicos directos con las normas de desarrollo pertinentes citadas
más arriba, según las cuales las autoridades chinas transfieren normalmente los
fondos al explotador del proyecto, no al proveedor del equipo.
(278)   La
Comisión considera que la explicación de las autoridades chinas con respecto al
acuerdo financiero entre el exportador cooperante incluido en la muestra y el
explotador del proyecto no es convincente, pues resulta extraño que dos partes
privadas puedan decidir por sí solas llegar a un acuerdo que implica una
actuación de los poderes públicos (a saber, un pago directo de estos al
proveedor no obstante lo dispuesto en el artículo 13 de la Comunicación de
2009), sin que dichos poderes hayan participado en él o siquiera estén al
corriente. Las autoridades chinas no aportaron pruebas ni observaciones sustanciales
sobre este aspecto de los pagos directos a proveedores y decidieron limitar su
respuesta a un único proyecto anónimo de los cuarenta realizados por los
exportadores cooperantes incluidos en la muestra. Las explicaciones de este
exportador tampoco dicen nada acerca de las observaciones de las autoridades
chinas, sobre la difícil situación financiera del explotador de un proyecto que
las autoridades chinas no especifican. Por otro lado, lo que el exportador
señala respecto a la posibilidad de un pago directo y el razonamiento en que se
basa no encuentra confirmación en otras fuentes ni en lo declarado por las
autoridades chinas.
(279)   A la vista de las
observaciones limitadas y contradictorias presentadas por las autoridades
chinas y el exportador cooperante incluido en la muestra, el único punto en
común y la conclusión que puede extraerse es que el pago directo de la suma
única por parte de las autoridades chinas al exportador cooperante incluido en
la muestra fue necesario para asegurarse de que dicho exportador recibiera los
fondos, pues habría un riesgo de impago debido a las dificultades financieras
del explotador del proyecto. El hecho es que el exportador cooperante incluido
en la muestra no supo explicar cómo había utilizado la suma única pagada por
los poderes públicos, si finalmente se suministró el equipo fotovoltaico a los
explotadores de proyectos y cuál fue el precio, de haberlo, que estos pagaron. 
Ante la ausencia de otras pruebas disponibles en el expediente o razonablemente
a disposición de la Comisión de otra manera, se concluye, conforme al artículo
28 del Reglamento de base, que el pago de una suma única al exportador
cooperante constituye una subvención directa a tenor del artículo 3, punto 1,
letra a), inciso i), del Reglamento de base.   
(280)   La Comisión concluye,
además, que las subvenciones abonadas a los proveedores del producto afectado,
bien como explotadores de proyectos, bien como proveedores de equipos
fotovoltaicos a explotadores de proyectos no vinculados, confieren un beneficio
a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. Como explotadores de
proyectos, la financiación en el marco del programa Golden Sun permite a
los productores del producto afectado ahorrar costes de instalación de
generadores solares en sus locales. Como proveedores de equipos fotovoltaicos a
explotadores de proyectos no vinculados, los productores del producto afectado
se quedan directamente con la financiación concedida en el marco del programa Golden
Sun, sin necesidad de que suministren efectivamente los equipos, o bien
quedan con ella protegidos del riesgo de impago de los explotadores de
proyectos no vinculados.   En este último caso, los productores del producto
afectado obtienen un pago que de otro modo no habrían recibido del explotador
del proyecto no vinculado.
(281)   Este
régimen de subvención es también específico a tenor del artículo 4,
apartado 2, letra a), del Reglamento de base, dado que la propia
legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita el acceso
a este régimen a determinados explotadores de proyectos que cumplen los
diversos criterios establecidos en la legislación y, de modo más general, a los
que operan en el sector de la energía solar. Por otro lado, dado que ni la
selección del proveedor de equipos fotovoltaicos ni la selección de los
explotadores de proyectos se basan en un proceso competitivo abierto,
transparente y no discriminatorio, y que las autoridades chinas realizan pagos
directos a los proveedores de equipos fotovoltaicos, el sistema es también
específico por ser solo determinados proveedores de equipos fotovoltaicos los
que de facto pueden beneficiarse de él. El programa no cumple el
requisito de no especificidad del artículo 4, apartado 2, letra b), del
Reglamento de base, dado que las condiciones de subvencionabilidad y los
criterios de selección reales para que las empresas sean incluidas en los
planes locales de implementación de proyectos y para que se seleccionen los
proyectos finales en función de los distintos aspectos técnicos y financieros
no son objetivos y no se aplican de manera automática.
e)      Conclusión
(282)   El programa Golden Sun
constituye una subvención específica en forma de transferencia directa de
fondos. La investigación determinó que algunos de los exportadores cooperantes
incluidos en la muestra se habían beneficiado de esta subvención.
f)       Cálculo del importe de la
subvención
(283)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Programa de demostración Golden Sun 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,24 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,09 % 
             JA Group ||             0,00 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,02 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,05 % 
3.4.3.     Programas de exenciones y
reducciones fiscales directas
3.4.3.1.  El programa «dos gratis,
tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera
a)      Introducción
(284)   El denunciante alegó la
existencia de legislación concreta que data de 1991 y que fomenta la inversión
extranjera en China, a saber, la «Ley del impuesto sobre sociedades con
inversión extranjera y sociedades extranjeras» (Foreign Invested Enterprise
and Foreign Enterprise Income Tax Law). Entre los beneficios para las
empresas con inversión extranjera existe un programa de subvención denominado
«dos gratis, tres la mitad», que ofrece una exención fiscal directa completa
para los dos primeros años de rentabilidad de ese tipo de empresas y la mitad
del tipo impositivo sobre la renta aplicable para los tres años siguientes. 
(285)   El programa «dos gratis,
tres la mitad» existe también, con una variante diferente, para las empresas
reconocidas como empresas de nueva y alta tecnología situadas en determinadas
zonas designadas. Los beneficios dentro de esta variante del programa pueden
también aplicarse después de 2013. La investigación determinó que uno de los
exportadores cooperantes (Yingli Hainan) gozó de estos beneficios en el marco
del programa desde 2011, con una exención fiscal total en 2011 y 2012 y una
reducción del 50 % del tipo impositivo en los tres años siguientes.
(286)   La
Comisión trató de verificar este programa durante la inspección realizada con
las autoridades chinas. Sin embargo, estas no aportaron información sobre esta
variante del programa «dos gratis, tres la mitad». En su carta de 3 de junio de
2013, las autoridades chinas argumentaron que en la denuncia no había
alegaciones sobre este programa y que este no es sustitutivo de la variante del
programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera
que se alega en la denuncia y que se aplica sin limitaciones geográficas. La
Comisión toma nota de las explicaciones dadas por las autoridades chinas y
entiende que este programa fiscal es formalmente distinto al programa «dos
gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera. No obstante,
dado que sus beneficios continúan tras la expiración alegada del régimen para
las empresas con inversión extranjera, la mecánica, la naturaleza y los efectos
de sus beneficios son los mismos que los que ofrece el programa para las
empresas con inversión extranjera y que ha comunicado uno de los exportadores
cooperantes incluidos en la muestra, considera que guarda una estrecha relación
con el programa «dos gratis, tres la mitad» para las empresas con inversión
extranjera, como continuación del mismo programa, y que debe someterse a
medidas compensatorias. A este respecto, la Comisión señala que el artículo 10,
apartado 1, del Reglamento de base permite investigar cualquier «supuesta
subvención» indicada por el denunciante y no hace referencia a cualquier
«supuesto programa de subvención». Puesto que, en este caso, ambos programas
implican la misma subvención, a saber, condonación de los ingresos del impuesto
sobre sociedades, la Comisión está autorizada a investigarlos como una única
subvención.
b)      Base jurídica
(287)   La base jurídica de este
programa es el artículo 8 de la Ley del impuesto sobre sociedades con inversión
extranjera y el artículo 72 de las «Normas de desarrollo de la Ley del
impuesto sobre sociedades con inversión extranjera y sociedades extranjeras de
la República Popular China» (Implementation Rules of the Income tax Law of
the People’s Republic of China of Foreign-Invested Enterprises and Foreign
Enterprises). Según las autoridades chinas, se puso término al programa con
la adopción, el 16 de marzo de 2007, de la «Ley del impuesto sobre sociedades»
(Enterprise Income Tax Law) de 2008 en la 5ª Sesión del Décimo Congreso
Nacional del Pueblo de la República Popular China, en particular su artículo
57, con una eliminación gradual de sus beneficios hasta el final de 2012. 
(288)   La base jurídica del
programa especial «dos gratis, tres la mitad» es el Decreto nº 40 [2007],
es decir, la «Comunicación del Consejo de Estado sobre la aplicación de
regímenes preferenciales provisionales al impuesto sobre sociedades en favor de
empresas de alta tecnología establecidas en zonas económicas especiales y en el
nuevo distrito de Shanghai Pudong» (Notice of the State Council on
the Implementation of Transitional Preferential Policies on Income Tax for
High-tech Enterprise Set up in Special Economic Zone and Shanghai Pudong New
District),sobre la base del artículo 57, apartado 3, de la Ley del
impuesto sobre sociedades de la República Popular China, junto con las «Medidas
administrativas para la determinación de las empresas de alta y nueva
tecnología» (Administrative Measures for the determination of High and New
Technology Enterprises).
c)      Conclusiones de la investigación
(289)   Solo están exentas del
impuesto sobre sociedades las empresas de producción con inversión extranjera
que tienen programado funcionar durante un período no inferior a diez años. La
exención comienza a partir del año en que la empresa empieza a obtener
beneficios y se mantiene los dos primeros años, siguiéndole una reducción del
50 % de los tipos impositivos aplicables durante los tres años siguientes.

(290)   En la variante especial,
las empresas subvencionables deben además estar reconocidas como empresas de
nueva y alta tecnología, con la correspondiente certificación administrativa,
es decir, deben ser empresas con un núcleo de propiedad industrial e
intelectual que también cumplan las condiciones del artículo 93 de las
Normas de desarrollo de la Ley del impuesto sobre sociedades de la República
Popular China.
(291)   Toda empresa que desee
beneficiarse de este régimen debe presentar a la Administración Fiscal del
Estado el formulario de declaración del impuesto sobre sociedades anual, junto
con sus apéndices y estados financieros. Estas prácticas se aplican igualmente
a la variante especial.
(292)   Las autoridades chinas
argumentaron que este programa se ha ido eliminando progresivamente desde la
entrada en vigor de la Ley del impuesto sobre sociedades de 2008 y que sus
beneficios estuvieron disponibles hasta el final de 2012. Las autoridades
chinas también afirmaron que no existe ningún programa de sustitución para las
empresas con inversión extranjera, y que el trato fiscal a las mismas es ahora
idéntico al de otros sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. La Comisión
señala que este programa tributario ha conferido beneficios durante el período
de investigación, pues varios productores del sector fotovoltaico se han
beneficiado de él durante dicho período.  Por otro lado, no puede descartarse
que siga siendo posible recibir beneficios conforme a este programa, o que se
disponga de un programa sustitutivo similar o se promulgue uno en el futuro.  De
hecho, como se ha explicado anteriormente, la investigación demostró que
existen otras variantes del programa «dos gratis, tres la mitad» de las que
siguen beneficiándose los fabricantes de paneles solares.  Por tanto, se
considera que este programa debe continuar estando sujeto a medidas
compensatorias. 
(293)   La variante especial fue
utilizada por un exportador cooperante, a saber, Yingli Green Energy.
d)      Conclusión
(294)   Este programa constituye
una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y
punto 2, del Reglamento de base, en forma de una condonación de ingresos
públicos que confiere un beneficio a las empresas receptoras.
(295)   Este régimen de subvención
es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento
de base, dado que la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad
otorgante limita el acceso a este régimen a determinadas empresas que se
consideran empresas con inversión extranjera y que cumplen los criterios
específicos establecidos en la legislación pertinente.
(296)   Por consiguiente, debe
considerarse que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias. 
(297)   Con respecto a la
variante, debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto ,
letra a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, en forma de
condonación de ingresos públicos que confiere un beneficio a las empresas
receptoras.
(298)   El régimen de subvención
es específico a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de
base, dado que la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante
limita el acceso a este régimen a determinadas empresas e industrias
clasificadas como fomentadas, como las pertenecientes a la industria
fotovoltaica. El régimen es también específico a tenor del artículo 4, apartado
3, del Reglamento de base, pues la subvencionabilidad se limita a determinadas
regiones.
(299)   Por consiguiente, debe
considerarse que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.
e)      Cálculo del importe de la
subvención
(300)   El
importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función
del beneficio que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma
durante el período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por
el receptor es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el
tipo impositivo normal, tras deducir lo pagado con el tipo impositivo
preferencial reducido. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan
en las cifras de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a
2011. Como la declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no
estaba disponible en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la
muestra, se tomaron las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio
imponible 2011. 
(301)   De conformidad con el
artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el mencionado importe de la
subvención (numerador) se asignó al volumen de negocios total de los
productores exportadores cooperantes durante el período de investigación, ya
que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue
concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o
transportadas.
(302)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Programa «dos gratis, tres la mitad» 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,31 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,35 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,47 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,00 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             1,03 % 
3.4.3.2.  Desgravación del impuesto
sobre sociedades para empresas con inversión extranjera orientadas a la
exportación
(303)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.3.3.  Beneficios relacionados con
el impuesto sobre sociedades para empresas con inversión extranjera sobre la
base de su localización geográfica
(304)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.3.4.  Desgravación fiscal para
empresas con inversión extranjera que adquieren equipos fabricados en China
(305)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.3.5.  Compensación de impuestos
por actividades de investigación y desarrollo de empresas con inversión
extranjera
a)      Introducción
(306)   El denunciante alegó que
las empresas con inversión extranjera tienen derecho a regímenes fiscales
preferenciales para sus actividades de I+D, con una compensación de impuestos
del 150 % aplicable a sus gastos si estos se han incrementado como mínimo
un 10 % con respecto al año anterior.
(307)   Las autoridades chinas
refutaron que este régimen había concluido con la promulgación de la Ley del
impuesto sobre sociedades de 2008 y que no había un período de eliminación
gradual. Sin embargo, varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra
informaron de que se habían beneficiado de un programa similar conforme a la
Ley del impuesto sobre sociedades de 2008, lo que demuestra que el programa de
compensación preferencial de los costes de I+D para las empresas con inversión
extranjera fue sustituido por un programa específico en 2008. Las autoridades
chinas no aportaron más información sobre la compensación de impuestos del
150 % ni en sus respuestas al cuestionario ni en la respuesta a la carta
de deficiencias.
b)      Base jurídica
(308)   La base jurídica de este
programa la constituyen el artículo 30, apartado 1, de la Ley del impuesto
sobre sociedades y el artículo 95 de las «Normas de desarrollo de la Ley
del impuesto sobre sociedades de la República Popular China» («Normas de
desarrollo del impuesto sobre sociedades», Regulations on the Implementation
of Enterprise Income Tax Law), junto con las «Medidas administrativas para
la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología» (Administrative
Measures for the Determination of High and New Technology Enterprises, Guo
Ke Fa Huo [2008] nº 172), y el artículo 93 de las Normas de desarrollo
del impuesto sobre sociedades, junto con la «Comunicación de la Administración
Fiscal del Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre
sociedades de las empresas de alta y nueva tecnología» (Enterprises Income
Tax Payment of High and New Technology Enterprises, Guo Shui Han
[2008] nº 985).
(309)   De acuerdo con dicho
artículo 95, se concederá una desgravación adicional del 50 % de los
gastos en I+D según el punto 1 del artículo 30 en relación con los gastos de
productos de alta y nueva tecnología, de manera que estén sujetos a una
amortización basada en el 150 % de los costes de activos intangibles. 
c)      Conclusiones de la investigación
(310)   Como
se ha indicado anteriormente, las autoridades chinas no proporcionaron ninguna
información relevante sobre este régimen en sus respuestas al cuestionario ni a
la carta de deficiencias. Este régimen fue ya sometido a medidas compensatorias
en la investigación sobre el papel fino estucado[78] y en la investigación sobre productos siderúrgicos revestidos
de materia orgánica[79]. De hecho, las disposiciones jurídicas pertinentes demuestran que
este régimen proporciona un beneficio que se limita a las empresas reconocidas
formalmente como empresas de alta y nueva tecnología. Estas empresas han de
incurrir en gastos de I+D para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos productos
y nuevas artes. Las empresas elegibles pueden compensar un 50 % adicional
de sus gastos en I+D respecto del impuesto sobre sociedades. También los gastos
de los activos intangibles de I+D dan a las empresas elegibles el derecho a una
deducción del 150 % de los costes reales que afronten.
(311)   La investigación determinó
que las empresas que se benefician de este régimen deben presentar su
declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El
importe real del beneficio se consigna tanto en la declaración de impuestos
como en el anexo V. Solo las empresas que han obtenido el certificado oficial
que las reconoce como empresas de alta y nueva tecnología tienen derecho a
beneficiarse de este régimen.
d)      Conclusión
(312)   Este régimen constituye
una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y punto
2, del Reglamento de base, en forma de una condonación de ingresos públicos que
confiere un beneficio a las empresas receptoras.
(313)   Esta
subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del
Reglamento de base, pues la propia legislación limita la aplicación del régimen
a determinadas empresas que han sido reconocidas formalmente como empresas de
alta y nueva tecnología e incurren en gastos de I+D para desarrollar nuevas
tecnologías, nuevos productos y nuevos oficios. 
(314)   Por
consiguiente, debe considerarse que esta subvención está sujeta a medidas
compensatorias.
e)      Cálculo del importe de la
subvención
(315)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por los
receptores es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo
impositivo normal, tras restar lo ya pagado con la deducción adicional del
50 % de los gastos reales en I+D para los proyectos aprobados. Los
importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras de la
declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2011. Como la
declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no estaba disponible
en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, se tomaron
las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio imponible 2011.
(316)   De conformidad con el
artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base, el mencionado importe de la
subvención (numerador) se asignó al volumen de negocios total de los
productores exportadores cooperantes durante el período de investigación, ya
que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue
concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o
transportadas.
(317)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Compensación de impuestos por actividades de investigación y desarrollo 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,10 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,49 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,02 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,29 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,33 % 
3.4.3.6.  Desgravaciones fiscales por
la reinversión de las ganancias de empresas con inversión extranjera en
empresas orientadas a la exportación
(318)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.3.7.  Programas tributarios
preferenciales para las empresas con inversión extranjera reconocidas como
empresas de alta o nueva tecnología
(319)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa, pues se beneficiaron del
nuevo programa que reemplazó este tratamiento preferencial. Los detalles se
discuten en el punto 3.4.4.8.
3.4.3.8.  Desgravación fiscal para
empresas de alta y nueva tecnología que participan en proyectos designados
a)      Introducción
(320)   Este programa permite a
una empresa reconocida como empresa de alta y nueva tecnología disfrutar de un
tipo impositivo reducido del 15 %, frente al tipo normal del 25 %. La
UE ha considerado que este programa está sujeto a medidas compensatorias en la
investigación sobre el papel fino estucado y en la investigación sobre productos
siderúrgicos revestidos de materia orgánica, y así lo han considerado
también las autoridades de los Estados Unidos. 
b)      Base jurídica
(321)   La
base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28, apartado 2, de la
Ley del impuesto sobre sociedades, junto con las Medidas administrativas para
la determinación de las empresas de alta y nueva tecnología (Guo Ke Fa Huo
[2008] nº 172), y el artículo 93 de las Normas de desarrollo del impuesto
sobre sociedades, junto con la «Comunicación de la Administración Fiscal del
Estado sobre las cuestiones relativas al pago del impuesto sobre sociedades de
las empresas de alta y nueva tecnología» (Notice of the State Administration
of Taxation on the issues concerning Enterprises Income Tax Payment of High and
New Technology Enterprises, Guo Shui Han [2008] nº 985).
c)      Conclusiones de la investigación
(322)   Este régimen se aplica a
las empresas de alta y nueva tecnología, que necesitan el apoyo fundamental del
Estado. Estas empresas han de tener derechos de propiedad industrial e
intelectual básicos independientes y deben cumplir una serie de requisitos: i)
sus fabricantes han de estar incluidos en los ámbitos de productos de alta
tecnología con apoyo estatal clave;  ii) los gastos totales en I+D deben
corresponder a una determinada proporción de los ingresos totales por ventas;
iii) los ingresos procedentes de los productos de alta y nueva tecnología deben
corresponder a una determinada proporción de los ingresos totales por ventas;
iv) el personal de I+D debe corresponder a una determinada proporción de la
plantilla total; v) deben cumplir los demás requisitos de las Medidas
administrativas de 2008 para la determinación de las empresas de alta y nueva
tecnología.
(323)   Las empresas que se
benefician de este régimen deben presentar su declaración del impuesto sobre
sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se
consigna tanto en la declaración de impuestos como en el anexo V. 
d)      Conclusión
(324)   Por consiguiente, este
régimen debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, punto 1, letra
a), inciso ii), y punto 2, del Reglamento de base, ya que existe una
contribución financiera en forma de condonación de ingresos públicos que
confiere un beneficio a las empresas receptoras. El beneficio para el receptor
es igual al ahorro fiscal obtenido en virtud del programa con arreglo al
artículo 3, punto 2, del Reglamento de base.
(325)   La
subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del
Reglamento de base, ya que se limita a las empresas que reciben la
certificación de empresas de nueva y alta tecnología y que cumplen todos los
requisitos de las Medidas administrativas de 2008. Por otro lado, ni la
legislación ni la autoridad otorgante han establecido ningún criterio objetivo
de elegibilidad para este régimen, que además no es automático, con arreglo al
artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.
(326)   Por consiguiente, debe
considerarse que este régimen está sujeto a medidas compensatorias.
e)      Cálculo del importe de la
subvención
(327)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. Se considera que el beneficio obtenido por el
receptor es el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo
impositivo normal, tras deducir lo pagado con el tipo impositivo preferencial
reducido. Los importes sujetos a medidas compensatorias se basan en las cifras
de la declaración tributaria de las empresas correspondiente a 2011. Como la
declaración tributaria auditada del ejercicio fiscal 2012 no estaba disponible
en ninguno de los exportadores cooperantes incluidos en la muestra, se tomaron
las cifras correspondientes a la totalidad del ejercicio imponible 2011.
(328)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
             Desgravación fiscal para empresas de alta y nueva tecnología que participan en proyectos designados 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,31 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,42 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,35 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,13 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,86 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,00 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
3.4.3.9.  Política preferencial en
materia de impuesto sobre sociedades para las empresas de la región nordeste
(329)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.3.10.          Programas
tributarios de la provincia de Guangdong
(330)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.4.     Programas relativos a
impuestos indirectos y aranceles de importación
3.4.4.1.  Exenciones del IVA y
reducciones de los aranceles de importación por la utilización de equipos
importados
a)      Introducción
(331)   Este programa establece
una exención del IVA y de los aranceles de importación sobre las importaciones
de bienes de equipo utilizados en la producción, en favor de empresas con
inversión extranjera o empresas nacionales. Para beneficiarse de la exención,
el equipo no debe estar incluido en una lista de equipos no subvencionables y
la empresa solicitante ha de obtener un certificado de proyecto fomentado por
el Estado expedido por las autoridades chinas o por la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma de conformidad con la legislación pertinente en materia de
inversión, fiscalidad y aduanas. Este programa se sometió a medidas
compensatorias en los procedimientos antisubvención relativos al papel fino
estucado y a los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica.
b)      Base jurídica
(332)   La base jurídica de este
programa la constituyen la «Circular del Consejo de Estado sobre la adaptación
de los regímenes fiscales relativos a las importaciones de bienes de equipo» (Circular
of the State Council on Adjusting Tax Policies on Imported Equipment), Guo
Fa nº 37/1997; la «Comunicación del Ministerio de Hacienda, de la
Administración General de Aduanas y de la Administración Fiscal del Estado
sobre la adaptación de determinados regímenes preferenciales de derechos de
importación» (Notice of the Ministry of Finance, the General Administration
of Customs and the State Administration of Taxation on the Adjustment of
Certain Preferential Import Duty Policies); el «Anuncio nº 43 del
Ministerio de Hacienda, de la Administración General de Aduanas y de la
Administración Fiscal del Estado (2008)» (Announcement of the Ministry of
Finance, the General Administration of Customs and the State Administration of
Taxation [2008] No. 43); la «Comunicación nº 316 2006 de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, de 22 de febrero de 2006, sobre los
asuntos pertinentes relativos a la gestión de la carta de confirmación sobre
los proyectos realizados con financiación nacional o extranjera cuyo desarrollo
fomenta el Estado» (Notice of the NDRC on the relevant issues concerning the
Handling of Confirmation letter on Domestic or Foreign-funded Projects
encouraged to develop by the State, No. 316 2006 of 22 February 2006);
y el «Repertorio de artículos de importación respecto de los que ni las
empresas con inversión extranjera ni las empresas nacionales pueden disfrutar
de una exención de derechos» (Catalogue on Non-duty-exemptible Articles of
importation for either FIEs or domestic enterprises), de 2008.
c)      Conclusiones de la investigación
(333)   Se considera que este
programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de
ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, punto 1,
letra a), inciso ii), ya que las empresas con inversión extranjera y otras
empresas nacionales subvencionables están exentas del pago del IVA u otras
tarifas que de otro modo tendrían que abonar. Por consiguiente, otorga un
beneficio a las empresas receptoras a tenor del artículo 3, punto 2, del
Reglamento de base. El programa es específico a tenor del artículo 4, apartado
2, letra a), del Reglamento de base, pues la legislación en virtud de la cual
actúa la autoridad otorgante limita su acceso a empresas que invierten dentro
de determinadas categorías de negocio definidas exhaustivamente por la
legislación y pertenecientes a la categoría fomentada o a la categoría
restringida B del «Repertorio de orientación para las industrias de inversión
extranjera y transferencia de tecnología» (Catalogue for the guidance of
industries for foreign investment and technology transfer), o bien a
aquellas que se ajustan al «Repertorio de industrias, productos y tecnologías
clave cuyo desarrollo fomenta el Estado» (Catalogue of key industries,
products and technologies the development of which is encouraged by the State).
Además, no existen criterios objetivos para limitar la subvencionabilidad en el
marco de este programa ni pruebas concluyentes para establecer que la
subvencionabilidad es automática de conformidad con el artículo 4, apartado 2,
letra b), del Reglamento de base.
d)      Cálculo del importe de la
subvención
(334)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. Se considera que el beneficio concedido a los
receptores es la exención del IVA y los derechos sobre los bienes de equipo
importados. Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo
cubriera el período de investigación, el beneficio recibido se amortizó según
la vida útil del equipo de acuerdo con los procedimientos contables ordinarios
de la empresa.
(335)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
               Exenciones del IVA y reducciones de los aranceles de importación por la utilización de equipos importados 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,24 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,44 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,38 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,35 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,78 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,07 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,63 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
3.4.4.2.  Reducciones del IVA en la
adquisición de equipos fabricados en China por parte de empresas con inversión
extranjera
a)      Introducción
(336)   Este programa establece
una exención del IVA por la adquisición de equipos de fabricación nacional por
parte de empresas con inversión extranjera. Para poder beneficiarse de esta
exención, el equipo no debe estar incluido en la lista de equipos no
subvencionables y su valor no debe superar un determinado umbral. Este programa
se examinó en los procedimientos antisubvención relativos al papel fino
estucado y a los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica.

b)      Base jurídica
(337)   La base jurídica la constituyen
las «Medidas provisionales para la administración de las desgravaciones
fiscales por la adquisición de equipos de fabricación nacional por parte de
empresas con inversión extranjera» (Provisional Measures for the
Administration of Tax Refunds for Purchases of Domestically-manufactured
Equipment by FIEs); las «Medidas de prueba para la administración de las
desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos fabricados en China para
proyectos con inversión extranjera» (Trial Measures for Administration of
Tax Rebate from the Purchase of Chinese-made Equipment for Foreign-invested
Projects ); y la «Comunicación del Ministerio de Hacienda y de la
Administración Fiscal del Estado sobre la cancelación del régimen de
desgravaciones por los equipos de fabricación nacional adquiridos por empresas
con inversión extranjera» (Notice of the Ministry of Finance and the
State Administration of Taxation on the Cancellation of the Rebate Policy for
Domestic Equipment Purchased by Foreign-invested Enterprises).
c)      Conclusiones de la investigación 
(338)   Las autoridades chinas
alegaron en su respuesta al cuestionario antisubvención que este programa se
había suspendido con efectos a partir del 1 de enero de 2009 y se remitían a la
Circular del Ministerio de Hacienda y de la Administración Fiscal del Estado
sobre la suspensión del régimen de desgravaciones por la adquisición de equipos
de fabricación nacional por parte de empresas con inversión extranjera (Circular
of the Ministry of Finance and the State Administration of Taxation on the
Discontinuation of the Rebate Policy on the Purchase of Domestically
Manufactured Equipment by Foreign Investment Enterprises, CAISHUI{2008}
nº 176). Sin embargo, la investigación demostró que varios
productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de este
régimen durante el periodo de investigación. Esos exportadores incluidos en la
muestra presentaron información detallada sobre este régimen, indicando incluso
el importe del beneficio recibido. Teniendo esto en cuenta, se concluyó que las
autoridades chinas no habían proporcionado información exacta sobre este
programa y que, como demuestra la situación de algunos productores
exportadores, dicho programa continúa. 
(339)   Puesto que las autoridades
chinas no aportaron ninguno de los datos solicitados, la Comisión se basó en la
información  suministrada por los productores exportadores incluidos en la
muestra.
(340)   Se considera que este
programa proporciona una contribución financiera en forma de condonación de
ingresos por parte de las autoridades chinas, a tenor del artículo 3, punto 1,
letra a), inciso ii), ya que las empresas con inversión extranjera están
exentas del pago del IVA, que de otro modo tendrían que abonar. Por
consiguiente, otorga un beneficio a las empresas receptoras a tenor del
artículo 3, punto 2, del Reglamento de base. El programa es específico a tenor
del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, pues la
legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita su acceso
a las empresas con inversión extranjera que adquieren equipos de fabricación
nacional y pertenecen a la categoría fomentada o a la categoría restringida B
del «Repertorio de industrias con financiación extranjera» (Catalogue of
Foreign-funded Industries), figurando el equipo adquirido en el mercado
nacional en el «Repertorio de industrias, productos y tecnologías clave cuyo
desarrollo fomenta el Estado». Además, las «Medidas de prueba para la
administración de las desgravaciones fiscales por la adquisición de equipos
fabricados en China para proyectos con inversión extranjera» y la Comunicación
del Ministerio de Hacienda limitan el beneficio a las empresas con
inversión extranjera que pertenecen a la categoría fomentada según el
«Repertorio de orientación para las industrias de inversión extranjera» (Guiding
Catalogue of foreign invested industries) o el «Repertorio de industrias
con inversión extranjera ventajosas en las regiones central y occidental de
China» (Catalogue of advantageous foreign-invested industries in the Central
and Western regions in China.). Además, no existen criterios
objetivos para limitar la subvencionabilidad en el marco de este programa ni
pruebas concluyentes para establecer que la subvencionabilidad es automática de
conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.
Este programa es además específico de conformidad con el artículo 4,
apartado 4, letra b), del Reglamento de base, ya que está
condicionado a la utilización de productos nacionales con preferencia a los
importados.
d)      Cálculo del importe de la
subvención
(341)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. Se considera que el beneficio concedido a los
receptores es el importe del IVA exento sobre los bienes de equipo nacionales.
Para garantizar que el importe sujeto a medidas compensatorias solo cubriera el
período de investigación, el beneficio recibido se amortizó según la vida del
equipo de acuerdo con la práctica habitual de la industria.
(342)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
               Reducciones del IVA en la adquisición de equipos fabricados en China por parte de empresas con inversión extranjera 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,07 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,03 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,15 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,05 % 
3.4.4.3.  Exenciones del IVA y otras
tarifas por la adquisición de activos fijos en el marco del programa de fondos
para el desarrollo del comercio extranjero
(343)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.5.     Provisión de bienes y
servicios por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración
inferior a la adecuada
3.4.5.1.  Suministro de polisilicio
por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la
adecuada
(344)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.5.2.  Suministro de extrusionados
de aluminio por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración
inferior a la adecuada
(345)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa. 
3.4.5.3.  Suministro de vidrio por
parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la
adecuada
(346)   La investigación confirmó
que las empresas incluidas en la muestra no habían recibido beneficios durante
el período de investigación en el marco del programa.
3.4.5.4.  Suministro de electricidad
por parte de los poderes públicos
a)      Introducción
(347)   El denunciante alegó que
algunos productores chinos de polisilicio se habían beneficiado de un
suministro eléctrico abaratado por debajo de una remuneración adecuada.
b)      Conclusiones de la investigación
(348)   La investigación determinó
que muchos de los productores exportadores incluidos en la muestra tenían un
productor de polisilicio vinculado dentro de su grupo empresarial. Se descubrió
que uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, a
saber, LDK Solar, recibía con regularidad subvenciones significativas de las
tarifas eléctricas por parte de la Oficina Financiera de la zona económica de
Xin Yu. Aunque, en este caso, la empresa no se benefició directamente de una
tarifa eléctrica inferior a la normal del mercado, las reducciones significativas
ofrecidas por la Oficina Financiera de la zona económica de Xin Yu acabaron
generando una situación en la que la empresa recibía los beneficios de un
suministro eléctrico barato, lo que funcionalmente equivale a un suministro de
los poderes públicos a precios inferiores a los de mercado.  En cualquier caso,
aun considerando esa rebaja como una subvención, la medida está estrechamente
relacionada con la alegación del denunciante y entra en el ámbito de la
investigación. De hecho, la empresa en cuestión del grupo LDK recibió un
reembolso casi total de las tarifas de electricidad pagaderas en el período de
investigación.
(349)   El grupo LDK Solar
recibió, a través de su productor de polisilicio vinculado, una contribución
financiera a tenor del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), del
Reglamento de base, pues los poderes públicos locales le proporcionaron
subvenciones de las tarifas eléctricas, o a tenor del artículo 3, punto 1,
letra a), inciso i). Ello constituye una contribución financiera de los poderes
públicos en forma de suministro de bienes distintos de la infraestructura
general, a tenor del Reglamento de base. Alternativamente, constituye una
transferencia directa de fondos.
(350)   LDK Solar recibió un
beneficio a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base en la medida
en que los poderes públicos le suministraron electricidad a cambio de una
remuneración inferior a la adecuada. Se ha determinado que, merced a las
subvenciones de las tarifas eléctricas, este exportador estaba efectivamente
sujeto a una tasa inferior a la disponible de un modo general. La transferencia
directa de fondos confiere un beneficio, ya que constituye una subvención no
reembolsable que no está disponible en el mercado.
(351)   La subvención en forma de
suministro barato de electricidad por medio de una rebaja a uno de los
productores incluidos en la muestra es específica a tenor del artículo 4,
apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que las subvenciones de las
tarifas eléctricas solo se han abonado a LDK. La subvención es además
regionalmente específica para determinadas empresas de la zona económica de Xin
Yu. Ni LDK ni las autoridades chinas cooperaron facilitando información sobre
esta subvención, de modo que las conclusiones expuestas se extrajeron sobre la
base de los datos disponibles. 
c)      Cálculo del importe de la
subvención
(352)   El importe de la
subvención equivale al importe de la rebaja durante el período de
investigación.
(353)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
               Electricidad a cambio de una remuneración inferior a la adecuada 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             0,00 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             2,45 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             0,00 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,00 % 
3.4.5.5.  Concesión de derechos de
uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada
a)      Introducción
(354)   El denunciante alegó que
los productores chinos del producto afectado obtienen derechos de uso del suelo
de las autoridades chinas por una remuneración inferior a la adecuada, ya que
los poderes públicos nacionales o locales no conceden esos derechos conforme a
los principios de mercado. 
(355)   Las autoridades chinas
alegaron que existe un mercado del suelo normalizado y debidamente competitivo
en el que los derechos de uso del suelo deben comercializarse públicamente de
acuerdo con la legislación aplicable. Asimismo, las autoridades chinas
declararon que los terrenos industriales y comerciales deben obtenerse por
compensación del uso en un mercado abierto mediante licitación, subasta y
competencia y que, sea cual sea el número de ofertas o el precio inicial, el
precio que finalmente se paga es representativo del precio de mercado que se
determina en función de la oferta y la demanda en el mercado libre. Las
autoridades chinas alegaron también que la transferencia de los derechos de uso
del suelo no implicará que en el anuncio de la misma mediante licitación,
subasta y oferta de precios se incluyan restricciones que puedan afectar a la
competencia leal.
(356)   Las
autoridades chinas no proporcionaron datos sobre los precios reales de los
derechos de uso del suelo ni sobre los precios iniciales del suelo fijados por
los poderes públicos. La información que aportaron con respecto a las
transferencias de derechos de uso del suelo, según se les solicitó en el
cuestionario, era incompleta. Cuando corrigieron su respuesta inicial al
cuestionario durante la inspección, confirmaron que algunas de las
transferencias indicadas estuvieron sujetas a un procedimiento de licitación.
Sin embargo, no dieron dato alguno sobre el número de ofertas ni sobre la
diferencia entre el precio inicial y el precio final, como se pedía en el
cuestionario.
(357)   Durante la inspección, la
Comisión pidió a las autoridades chinas pruebas que respaldaran su afirmación
de que las transferencias de derechos de uso del suelo en China se realizan
mediante licitación, oferta de precios o subasta. Se observa que, de
conformidad con el artículo 11 de las «Disposiciones sobre la asignación de
derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación,
subasta y oferta de precios» (Provisions on Assignment of the State-owned
Construction Land Use Right through Bid Invitation, Auction and Quotation),
la autoridad pública responsable emite un anuncio público siempre que tiene
lugar un procedimiento de licitación, subasta u oferta de precios. Sobre esa
base, la Comisión pidió todos los anuncios públicos de las transferencias
sujetas a tales procedimientos, a fin de recabar y verificar la información
solicitada en el cuestionario. Las autoridades chinas no proporcionaron dichos
anuncios, alegando que ya no existían. En consecuencia, la Comisión no pudo
verificar la información sobre las transferencias de derechos de uso del suelo
de los productores exportadores incluidos en la muestra.
(358)   La Comisión informó a las
autoridades chinas de su intención de aplicar lo dispuesto en el artículo 28
del Reglamento (CE) nº 597/2009 con respecto a este régimen de subvención,
y dado que las autoridades chinas, en su respuesta a la carta de la Comisión de
23 de mayo de 2013, no dieron una explicación satisfactoria ni aportaron
ninguna prueba nueva al respecto, la Comisión tuvo que basarse en los mejores
datos disponibles, en este caso la información presentada por los productores
exportadores incluidos en la muestra y otros datos públicamente accesibles.
(359)   La
Comisión también solicitó a las autoridades chinas su opinión sobre posibles
referencias, dando por supuesto que no existe un precio de mercado del suelo en
China. Aunque solo era un supuesto y en modo alguno un resultado o conclusión
en el momento en que se remitió el cuestionario a las autoridades chinas, estas
expresaron la opinión de que esta suposición era falsa y no aportaron ningún
dato concreto sobre posibles referencias. Las
autoridades chinas se limitaron a declarar que, en la medida en que debiera
emplearse una referencia, esta la constituirían los precios que las industrias
chinas no favorecidas tendrían que pagar por un suelo similar. Puesto que no
revelaron qué industrias no son «favorecidas» ni informaron de los precios que
estas pagan por el suelo industrial en China, la Comisión no pudo evaluar si
estos constituían una referencia adecuada. A este respecto se señala que, en
las investigaciones anteriores sobre el papel fino estucado y los productos
siderúrgicos revestidos de materia orgánica, la Comisión determinó que la
provisión de derechos de uso del suelo a estas industrias tampoco respeta los
principios de mercado.
b)      Base jurídica
(360)   La provisión de derechos
de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la «Ley de
gestión del suelo de la República Popular China» (Land Administration Law of
the People's Republic of China).
c)      Conclusiones de la investigación
(361)   Con arreglo al artículo 2
de la Ley de gestión del suelo, todo el suelo es propiedad del Estado, puesto
que la Constitución china y las disposiciones jurídicas pertinentes establecen
que pertenece colectivamente al pueblo chino. No se autoriza la venta de
tierras, aunque, con arreglo a la legislación, pueden asignarse derechos de uso
del suelo. Las autoridades estatales pueden asignar esos derechos mediante
licitación, oferta de precios o subasta pública.  
(362)   Los productores
exportadores cooperantes facilitaron información relativa a los terrenos que
ocupan, así como a la mayoría de los contratos o certificados correspondientes
a los derechos de uso del suelo, mientras que las autoridades chinas
proporcionaron muy poca información sobre los precios de esos derechos.
(363)   Como se ha indicado antes,
las autoridades chinas alegaron que los derechos de uso del suelo en China se
asignan mediante licitación, subasta y competencia. También se recoge así en el
artículo 137 de la «Ley de derechos reales de la República Popular China» (Real
Right Law of the People's Republic of China).
(364)   Sin embargo, se observó que el sistema descrito por las
autoridades chinas no siempre funciona igual en la práctica. Durante las
inspecciones realizadas en los productores exportadores incluidos en la
muestra, se presentaron a la Comisión algunas de las comunicaciones emitidas
por las autoridades pertinentes en relación con los derechos de uso del suelo
transferibles. Mientras que en una de esas comunicaciones se establece
específicamente que los compradores potenciales de esos derechos deben
pertenecer a la industria fotovoltaica[80], en otra se limita el precio fijado inicialmente por las
autoridades y no se permite que sea el mercado el que determine el precio.[81] Las propias subastas no parecían ofrecer una competencia real,
pues en muchos de los ejemplos examinados en las inspecciones in situ de
los productores exportadores solo una empresa presentaba su oferta (únicamente
el fabricante de productos fotovoltaicos incluido en la muestra) y, por tanto,
su oferta de apertura (el valor fijado por la oficina de gestión de fincas
local) constituía el precio final por metro cuadrado.

(365)   Las pruebas citadas
contradicen la alegación de las autoridades chinas de que los precios pagados
por los derechos de uso del suelo en China son representativos del precio de
mercado determinado por la libre oferta y la libre demanda, y de que la
transferencia de esos derechos no implicará que en el anuncio de la misma
mediante licitación, subasta y oferta de precios se incluyan restricciones que
puedan afectar a la competencia leal. También se descubrió que algunos
productores exportadores incluidos en la muestra recibieron reembolsos de las
autoridades locales para compensar los precios (ya bajos) que pagaron por los
derechos de uso del suelo.
(366)   Además de los precios
reducidos, algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra
recibieron otros fondos relacionados con la adquisición de los derechos de uso
del suelo que redujeron aún más el precio real pagado por ellos. 
(367)   Las
conclusiones del procedimiento confirman que la situación en relación con el
suministro y la adquisición de suelo en China no está clara y es poco
transparente y que a menudo los precios son fijados de manera arbitraria por
las autoridades. Las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de
evaluación del suelo urbano, según el cual, al fijar el precio de terrenos
industriales, se debe tener en cuenta, entre otros criterios, la política
industrial[82].
(368)   También la información
independiente públicamente accesible sugiere que en China los terrenos se
suministran por debajo de los precios normales del mercado.[83]
d)      Conclusión
(369)   Conforme
a lo anteriormente expuesto, la concesión de derechos de uso del suelo por
parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención a tenor del
artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), y punto 2, del Reglamento de base,
en forma de provisión de bienes que confiere un beneficio a las empresas
receptoras. Como se explica en los considerandos 364 a 367, no existe un mercado
operativo del suelo en China y con el recurso a una referencia externa (véase
el considerando 372) se demuestra que el importe abonado por los
exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo
está muy por debajo del tipo normal del mercado.
Además, los reembolsos efectuados por las autoridades locales constituyen
transferencias directas de fondos que confieren un beneficio, pues no son
subvenciones reembolsables y no están disponibles en el mercado. La subvención
es específica con arreglo al artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del
Reglamento de base, ya que el acceso a los terrenos industriales está limitado
a las empresas pertenecientes a determinados sectores, en este caso el sector
fotovoltaico,  solamente algunas transacciones se sometieron a procedimientos
de licitación, los precios eran a menudo fijados por las autoridades y las
prácticas de los poderes públicos en este ámbito no son claras ni
transparentes. La situación relativa al suelo en China se examina también en el
documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional, que confirma que la
concesión de derechos de uso del suelo a las industrias chinas no respeta las
condiciones de mercado[84].
(370)   Por consiguiente, se
considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias. 
e)      Cálculo del importe de la
subvención
(371)   Dado
que se concluyó que la situación en China con respecto a los derechos de uso
del suelo no está sujeta a las leyes del mercado, no parece que exista ninguna
referencia privada en China. Así pues, no es posible proceder a un ajuste de
los costes o de los precios. en este país. En tales circunstancias se considera
que no existe un mercado en China y, de conformidad con el artículo 6, letra
d), inciso ii), del Reglamento de base, se recurre a una referencia externa
para medir la cuantía del beneficio. Puesto que las autoridades chinas no
cooperaron ni presentaron ninguna propuesta de referencia externa, la Comisión
tuvo que recurrir a los datos disponibles a fin de establecer una referencia
externa adecuada. A este respecto, se consideró apropiado utilizar información
del territorio aduanero diferenciado de Taiwán como referencia adecuada. Esta información se utilizó también en las anteriores
investigaciones relativas al papel fino estucado y a los productos
siderúrgicos revestidos de materia orgánica.
(372)   La
Comisión considera que los precios del suelo en Taiwán ofrecen la mejor
variable de sustitución con respecto a las zonas de China en las que están
establecidos los productores exportadores cooperantes. La mayoría de los
productores exportadores están establecidos en las zonas desarrolladas con un
PIB elevado de provincias con alta densidad de población.
(373)   El importe de la
subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en función del beneficio
que se determina ha sido conferido a los receptores de la misma durante el
período de investigación. Dicho beneficio se calcula teniendo en cuenta la
diferencia entre el importe realmente abonado por cada empresa por los derechos
de uso del suelo (deducidos los reembolsos efectuados por las autoridades
locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del
valor de referencia de Taiwán. 
(374)   Para efectuar este
cálculo, la Comisión utilizó el precio medio del suelo por metro cuadrado
fijado en Taiwán, corregido para tener en cuenta la depreciación de la moneda y
la evolución del PIB a partir de las fechas de los respectivos contratos de
cesión de los derechos de uso del suelo. La información sobre los precios de
los terrenos industriales se consultó en el sitio web del Departamento de
Industria del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán. La depreciación
monetaria y la evolución del PIB de Taiwán se calcularon sobre la base de las
tasas de inflación y la evolución del PIB per cápita a precios actuales en USD
en Taiwán publicadas por el Fondo Monetario Internacional en sus Perspectivas
de la Economía Mundial, 2011. De conformidad con el artículo 7, apartado 3,
del Reglamento de base, este importe de la subvención (numerador) se asignó al
período de investigación, tomando en consideración la duración normal del
derecho de uso del suelo industrial, es decir, cincuenta años. Este importe se
asignó a continuación al volumen de negocios total de las ventas realizadas
durante el período de investigación por los productores exportadores
cooperantes, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones
y no fue concedida en función de las cantidades fabricadas, producidas,
exportadas o transportadas. 
(375)   El tipo de la subvención
establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación
para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:
               Derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada 
             Empresa/Grupo ||             Tipo de la subvención 
             Wuxi Suntech Power Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,31 % 
             Yingli Green Energy Holding Company y empresas vinculadas ||             0,77 % 
             Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd y empresas vinculadas ||             0,65 % 
             JingAo Group y empresas vinculadas ||             1,31 % 
             Jiangxi LDK Solar Hi-tech Co. Ltd y empresas vinculadas ||             4,28 % 
             Delsolar (Wujiang) Ltd y empresas vinculadas ||             0,32 % 
 Renesola Zhejiang Ltd             Renesola Jiangsu Ltd ||             1,73 % 
             Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas ||             1,66 % 
3.5.        Observaciones
de las partes después de la divulgación definitiva de la información
(376)   Las autoridades chinas
objetaron que parte de la información contenida en el documento de divulgación
definitiva fue citada por algunos medios y partes interesadas tras la
divulgación. A este respecto hay que señalar que la Comisión no hizo público el
documento. Sin embargo, no está en su poder controlar la actuación de varios
cientos de partes interesadas que recibieron el documento de divulgación. Si
algunas partes decidieron hacer público el documento de divulgación o
manifestar su opinión al respecto, la Comisión no tuvo manera de impedírselo.
3.5.1.     Observaciones de las
autoridades chinas sobre supuestos enunciados erróneos en el documento de
divulgación definitiva
(377)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no había cumplido el requisito de «amplia oportunidad»
del artículo 12.1 del Acuerdo SMC. Según ellas, las extensas ampliaciones de
plazos concedidas por la Comisión para responder al cuestionario (como se detalla
en el considerando 104) no bastaban para ese propósito. Las autoridades chinas
alegaron además que el «plazo prudencial» según el artículo 12.7 del Acuerdo
SMC constituiría también esa «amplia oportunidad» conforme al artículo 12.1 del
Acuerdo SMC para todos los demás documentos de tipo cuestionario. También
alegaron que solo pudieron contactar con los productores exportadores incluidos
en la muestra una vez que esta se había finalizado y que, por tanto, el tiempo
concedido para responder entre la recepción del cuestionario y la decisión
sobre la constitución de la muestra no fue válido. Alegaron que el deseo de la
Comisión de terminar la investigación rápidamente imperó sobre el requisito no
negociable de conceder una amplia oportunidad conforme al citado artículo 12.1.
La Comisión está en desacuerdo con estas alegaciones, pues hizo todo lo que
pudo por conceder el máximo plazo posible a las autoridades chinas para que
presentaran las respuestas al cuestionario y a la carta de deficiencias.
Asimismo, se les advirtió de que podrían presentar los documentos solicitados
hasta la fecha de la inspección. La Comisión no impidió a las autoridades
chinas que presentaran información a lo largo del procedimiento y les recordó
en varias ocasiones la posibilidad de solicitar audiencias en las que podrían
presentar su información y sus puntos de vista.  Debe señalarse que ninguna
información presentada por las autoridades chinas durante el procedimiento se
rechazó por razones de plazo. La alegación de las autoridades chinas de que el
tiempo concedido para responder entre la recepción del cuestionario y la
decisión de constitución de la muestra fue inútil no es correcta. Una gran
parte del cuestionario se refería al nivel general de subvención de la
industria o el producto afectado y en modo alguno estuvieron las autoridades
chinas limitadas por la decisión de constitución de la muestra para recabar
información de carácter general. Lo que es más importante, tras la selección de
la muestra las autoridades chinas dispusieron aún de cuarenta y tres días para
recoger información específica sobre los productores exportadores incluidos en
la muestra. La Comisión actuó de conformidad con el artículo 12.1 del Acuerdo
SMC y dio a las autoridades chinas amplia oportunidad para presentar todas las
pruebas que consideraran pertinentes, teniendo presente que tal obligación no
puede ser de carácter indefinido, a fin de garantizar la compleción a tiempo de
la investigación.
(378)   Las
autoridades chinas alegaron también que la Comisión solicitó inicialmente
información detallada sobre productores exportadores no incluidos en la
muestra, información que no era «necesaria» a efectos de la investigación, que
se basa en el muestreo. A este respecto cabe señalar que, en el momento de
enviar el cuestionario destinado a las autoridades chinas, la decisión sobre si
se aplicaría el muestreo en este procedimiento no era definitiva.  Después de
que la Comisión recibiera las respuestas de muestreo de los productores
exportadores chinos y se hiciera evidente el alto grado de cooperación por
parte de los exportadores, y una vez que quedó claro que los exportadores
incluidos en la muestra cooperarían respondiendo adecuadamente a sus
cuestionarios, la Comisión no insistió en que los productores exportadores no
incluidos en la muestra aportaran información específica de sus empresas acerca
de la subvención. La Comisión no está de acuerdo, pues, con este argumento.
(379)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión afirmaba erróneamente en el documento de divulgación
definitiva que las autoridades chinas habían omitido cierta información en la
respuesta al cuestionario y en escritos ulteriores. Esto no es correcto. Como
ya señaló la Comisión en su carta de 23 de mayo de 2013 dirigida a las
autoridades chinas, estas no aportaron la información solicitada con respecto a
las instituciones financieras de propiedad estatal, los documentos relativos a
Sinosure y a la provisión de seguros de crédito a la exportación, los
documentos relativos al programa de demostración Golden Sun y la
información sobre la concesión de derechos de uso del suelo.
(380)   Según las autoridades
chinas, la Comisión no aplicó los datos disponibles como mecanismo para
completar la información ausente, tal como prescriben los grupos especiales y
el sistema de solución de diferencias de la OMC[85], y, en lugar de eso, hizo deducciones desfavorables de un modo
punitivo y siguió infringiendo las disposiciones del Acuerdo SMC. Las
autoridades chinas alegaron además que la Comisión no hizo uso de los datos
disponibles únicamente para reemplazar la información que pudiera faltar, sino
como base específica de todas sus conclusiones sobre la subvención, haciendo
caso omiso de la importante cantidad de información facilitada por ellas y por
las instituciones financieras en cuestión, casi siempre argumentando esa
supuesta falta de respuestas perfectas o de demostración de cada cifra. No es
esto lo que hizo la Comisión. Se tuvo en cuenta y analizó toda la información,
en especial los planes y la legislación que aportaron las autoridades chinas, y
las conclusiones se basaron en estos documentos tal como ellas los facilitaron,
siempre que se pusieron a disposición de la Comisión y que se comprobó su
exactitud.  Las frecuentes citas a estos documentos en apoyo de las
conclusiones son un ejemplo del tratamiento dado por la Comisión a la
información presentada por las autoridades chinas. La Comisión explica
claramente en el considerando 110 las únicas situaciones en las que no tomó en
consideración la información presentada tal cual.
(381)   Las autoridades chinas
alegaron también que la Comisión se contradecía a sí misma cuando en el
documento de divulgación definitiva afirmaba que en esta investigación  pedía
información específica de transacciones únicamente en relación con los
exportadores incluidos en la muestra, mientras que en otra parte del mismo
documento decía que el cuestionario dirigido a los poderes públicos no se
limita a los exportadores incluidos en la muestra. No es cierto. La Comisión no
hizo declaraciones contradictorias. Como ya se ha explicado en el considerando
378, la Comisión limitó su petición inicial de información específica de las
empresas a los productores exportadores incluidos en la muestra una vez tomada
la decisión de aplicar el muestreo. Sin embargo, para determinar la sujeción a
medidas compensatorias de los supuestos sistemas de subvención, pidió también
otra información distinta de la relativa a los productores exportadores
incluidos en la muestra, por ejemplo relacionada con los mercados financieros
en China o el mercado de derechos de uso del suelo. Por eso se menciona que el
cuestionario destinado a los poderes públicos no se limita a los exportadores
incluidos en la muestra.
(382)   Las autoridades chinas
alegaron asimismo que la Comisión parece pasar por alto el hecho de que la
información no puede rechazarse simplemente por no ponerse a su disposición
para inspección. No es así como la Comisión ha tratado la información en este
procedimiento. La no disponibilidad para inspección no fue en ninguna ocasión
la única razón para no aceptar esa información íntegramente. Sin embargo, esa
información no pudo aceptarse tal cual cuando la información contenida en el
expediente la contradecía y las autoridades chinas no aportaban ningún tipo de
prueba en su apoyo.
(383)   Según las autoridades
chinas, en el apartado 85 del documento de divulgación definitiva (reproducido
en el considerando 117) la Comisión «reconocía» que no controlan a las
instituciones bancarias y financieras ni pueden obligarlas a facilitar
información. Debe señalarse que la Comisión no tiene conocimiento de tal
afirmación y, tras examinar el texto del considerando, no parece que así sea. 
(384)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión parecía coincidir con ellas en que las leyes
nacionales no pueden ser suplantadas en el caso de una investigación por los
requisitos del Reglamento antidumping de base de la UE ni el Acuerdo SMC. El
nexo que establecen las autoridades chinas con el hecho de no facilitar
información supuestamente confidencial no es correcto. La Comisión argumentó
(considerando 117) que las disposiciones de la legislación local o las normas
internas de un miembro de la OMC no la eximen del cumplimiento de las
obligaciones contraídas en el marco de la OMC de cooperar con las
investigaciones y, en casos de conflicto, incumbe a las autoridades chinas
proponer maneras para poder conceder acceso a la información, de forma que esta
pueda verificarse adecuadamente. Las autoridades chinas se refirieron a la
situación en la que un funcionario bancario proporcionó una evaluación de
riesgo crediticio a una empresa incluida en la muestra como ejemplo para
sugerir una forma de verificar información supuestamente limitada y declararon
que la Comisión no se dio aún por satisfecha. Por el contrario, como queda
claro en el texto del considerando 148, la Comisión no discrepó de la
verificación de este documento en concreto y tuvo plenamente en cuenta esta
información en sus conclusiones. No obstante, se trató de una situación excepcional
que, desgraciadamente, no se reprodujo en relación con la mayor parte de la
información de carácter similar solicitada en este procedimiento.
(385)   A este respecto, las
autoridades chinas siguieron alegando que estaba previsto que los documentos internos
confidenciales de los bancos fueran información pertinente conforme al Acuerdo
SMC, y que su no presentación no podía llevar a la aplicación de los datos
disponibles. La Comisión considera que este argumento es demasiado
generalizador y no ve cómo puede realizarse una inspección apropiada (siguiendo
los debidos procedimientos de confidencialidad aplicables) en todos los casos
si sencillamente se ocultan esos documentos (incluidos los relativos a
transacciones con los clientes). En ausencia de inspecciones, es posible que
haya que utilizar los datos disponibles para llenar las lagunas en la recogida
de datos.
(386)   Las autoridades chinas
alegaron repetidamente que la carta previa a la inspección no contenía
cuestiones específicamente relacionadas con la inspección y se remitían a la
carta de la Comisión de 23 de mayo de 2013. Sin embargo, la Comisión, en el
apartado 86 del documento de divulgación definitiva (reproducido en el
considerando 118), afirmaba que la carta previa a la inspección de 25 de marzo
de 2013 contenía una lista muy específica y detallada de las cuestiones y los
documentos que se tratarían durante la inspección, en plena consonancia con el
artículo 26, apartado 3, del Reglamento de base y con los requisitos de la OMC.
La ausencia de una lista de cuestiones específicas, cuya inclusión no tiene
fundamento ni en el Reglamento de base ni en las normas de la OMC, no es excusa
para que las autoridades chinas no puedan cooperar plenamente durante la
inspección.
(387)   Las autoridades chinas alegaron
que la Comisión mostró una falta absoluta de flexibilidad durante la
inspección. Esto es malinterpretar los hechos y la situación antes y durante la
inspección. Como ya se explicó en los apartados 88 a 90 del documento de
divulgación definitiva (considerandos 120 a 122), el grado de flexibilidad
mostrado por la Comisión fue total e incondicional. Desgraciadamente, los
intentos de las autoridades chinas de aportar información que no pudo
verificarse en el marco de las inspecciones in situ supusieron que esa
información no pudiera cotejarse y recibir el peso de un documento verificado.
Las autoridades chinas recordaron también a la Comisión el asunto de la OMC del
grupo especial CE-Salmón, según el cual la determinación de si un
documento es «verificable» no siempre depende solo de la posibilidad de
realizar exámenes in situ, y alegaron que la Comisión no puede rechazar
información simplemente porque no esté disponible en las inspecciones. La
Comisión señala que a la información que no puede verificarse in situ
para comprobar su fiabilidad y exactitud puede dársele menos peso del que se le
habría dado si se hubiera verificado adecuadamente, y que eso es lo que pasó
algunas veces en este caso. 
(388)   Las autoridades chinas
rebatieron la supuesta práctica de la Comisión de no aceptar nuevos documentos
o pruebas que requieran verificación una vez finalizado el ejercicio de
verificación al que pertenecen. Como ya se explicó en el apartado 89 del
documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 121), esto
no es ni ha sido nunca así. Es verdad que la Comisión normalmente no puede
aceptar como documentos probatorios de verificación aquellos que se presentan
cuando ha terminado el ejercicio de verificación y es prácticamente imposible
verificarlos, pero nada impide a las autoridades chinas presentarlos por
escrito, algo que de hecho hicieron también en este caso.
(389)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no explicó la razón por la que solicitaba los seis
documentos a los que se refiere el considerando 122, por lo que no se permitió
su inspección. Las autoridades chinas ya hicieron esta alegación en su carta de
3 de junio de 2013 y a ella respondió enteramente la Comisión en el
considerando 122. Debe señalarse una vez más que todos estos documentos se
referían a la industria afectada e incluso a regímenes de subvención
particulares, como regímenes de préstamos preferenciales o regímenes fiscales
preferenciales.  Por tanto, sus nombres y su contenido evidenciaban su
pertinencia con respecto a la investigación.[86] Sin embargo, las autoridades chinas sencillamente se negaron a
responder a ninguna pregunta a este respecto durante la inspección, aduciendo
como única razón la presunta irrelevancia del documento para el procedimiento. 
(390)   Las
autoridades chinas alegaron que no podían facilitar justificantes de la
información proporcionada en la respuesta al cuestionario acerca de los
porcentajes de los préstamos concedidos a la industria afectada, pues esa
información está en poder de los bancos, que son entidades independientes y no
departamentos de las autoridades chinas, de modo que la Comisión tendría que
acudir a ellos para verificar las cifras. Las autoridades chinas se remitieron
a lo dispuesto en la Ley de bancos comerciales, según la cual los bancos han de
funcionar de conformidad con la ley (artículo 4) y ni las administraciones
locales, ni los departamentos públicos de ningún nivel, ni las organizaciones
públicas ni los particulares pueden interferir en su funcionamiento (artículo
5). El hecho es que las autoridades chinas hicieron una afirmación en su
respuesta al cuestionario que no pudieron en absoluto fundamentar. Tampoco los
bancos que la Comisión intentó inspeccionar supieron apoyar esta información
con ningún tipo de dato. Si esto hubiera de considerarse una práctica
aceptable, la parte investigada no tendría más que hacer una afirmación en
favor de su causa que la autoridad investigadora tendría que aceptar sin
posibilidad de verificar si se corresponde con la realidad. Esto reviste aún
más importancia si se tiene en cuenta que esta información concreta contradice
otros datos del expediente. La Ley de bancos comerciales contiene otros
artículos que obligan a los bancos a realizar sus préstamos en función de las
necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y conforme al
espíritu de las políticas industriales del Estado (artículo 34). Como bien
señalan las autoridades chinas, los bancos deben realizar sus actividades de
negocios de conformidad con la ley, es decir, que han de cumplir también lo
dispuesto en el artículo 34 de la Ley de bancos comerciales. Por tanto, esta
supuesta línea de separación entre los poderes públicos y los bancos no se
fundamentaba en los hechos.
(391)   Las autoridades chinas
alegaron que proporcionaron toda la información en su poder acerca de la
propiedad de los bancos. Igualmente alegaron que las cifras aportadas sobre la
propiedad de los bancos son las cifras oficiales de la Comisión de Regulación
Bancaria de China y, por consiguiente, no hay razón para creer que la
información por ellas aportada sea falsa o engañosa ni que sea de aplicación lo
dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de base. Además, las autoridades
chinas declararon desconocer en qué basaba la Comisión la afirmación contenida
en el apartado 95 (reproducida en el considerando 127) del documento de
divulgación definitiva, según la cual la información públicamente accesible
sugiere la existencia de otros bancos de propiedad estatal que ofrecen
préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, es decir,
otros distintos de los indicados por las autoridades chinas en su respuesta a
la carta de deficiencias. Estas alegaciones no pudieron aceptarse. Debe
señalarse que las autoridades chinas alegaron inicialmente en su respuesta al
cuestionario que carecían de información sobre su propiedad de los bancos. Solo
proporcionaron cierta información a este respecto después de que la Comisión
expusiera en su carta de deficiencias que, de conformidad con la legislación
china, están obligadas a recabar esa información. Durante la inspección, el
funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria de China se negó a
proporcionar pruebas que fundamentaran las cifras sobre la propiedad de los
bancos y a facilitar la fuente de información, cuya procedencia no explicó.
Debe tenerse en cuenta también que las autoridades chinas no cuestionaron el
hecho de que por lo menos otros cinco bancos nombrados por la Comisión en el
documento de divulgación definitiva (véase la nota del considerando 127) son de
propiedad estatal.
(392)   Las autoridades chinas
discreparon de lo afirmado en el apartado 97 del documento de divulgación
definitiva (reproducido en el considerando 129), a saber, que la Comisión de
Regulación Bancaria de China se negó a responder a la pregunta sobre los diez
mayores bancos de China porque no se formuló por escrito, y alegaron que la
Comisión malinterpretó los hechos, ya que la principal razón por la que no se
respondió a esa pregunta fue que, al no estar en la carta previa a la inspección,
necesitaban tiempo para preparar una respuesta. En realidad son las autoridades
chinas las que malinterpretan los hechos sobre esta cuestión. La Comisión no
insistió en obtener una respuesta inmediata, pero la Comisión de Regulación
Bancaria de China se negó incluso a considerar la cuestión, con el pretexto de
que la pregunta no se había formulado por escrito con antelación. Si la razón
era la falta de tiempo para preparar la respuesta, las autoridades chinas
podían haberla presentado más adelante durante la inspección o por correo
electrónico (en cuyo caso la Comisión no habría podido verificarla), como hizo
con otros documentos. Pero no lo hicieron.
(393)   Las autoridades chinas
alegaron que proporcionaron todos los documentos relativos al establecimiento y
al mandato de la Comisión de Regulación Bancaria de China que la Comisión
solicitaba en el cuestionario y que, puesto que la Comisión no planteó ninguna
cuestión a este respecto en la carta de deficiencias, ni incluyó estos
documentos en la lista de documentos que deben presentarse antes de que
comience la inspección, que figura en el anexo 2 de dicha carta, no se
sintieron obligadas a proporcionar ningún documento más. No es cierto. La
Comisión pidió todos los documentos que constituyeron la base del
establecimiento y del mandato de la Comisión de Regulación Bancaria de China,
pero las autoridades chinas solo aportaron algunos.  La Comisión supo por lo
declarado por el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria de China que
existían otros documentos relacionados. De hecho, la respuesta de las
autoridades chinas a este respecto contenida en el cuestionario fue incompleta
y engañosa, pues las autoridades chinas (la Comisión de Regulación Bancaria de
China) conocían obviamente la existencia de esos otros documentos, como admitió
la Comisión de Regulación Bancaria de China durante la inspección in situ.
(394)   Las autoridades chinas
alegaron que, en el transcurso de la inspección, la Comisión no pidió realmente
estadísticas e informes de los bancos que concedieron préstamos a los
exportadores incluidos en la muestra durante el período de investigación.
Alegaron que la Comisión solo pidió el informe estadístico de 2012 presentado a
la Comisión de Regulación Bancaria de China por el Banco de China y, para
atender a esta petición, el funcionario de la Comisión de Regulación Bancaria
de China tuvo que consultar a los servicios jurídicos pertinentes debido a las
obligaciones de confidencialidad. Esto no es correcto. Durante la inspección,
la Comisión reiteró la petición contenida en el cuestionario y en la carta de
deficiencias de que se aportaran las estadísticas de todos los bancos que
concedieron préstamos a los exportadores incluidos en la muestra[87].
(395)   Las autoridades chinas
alegaron también que la referencia que hace el denunciante en la denuncia al
asunto del papel fino estucado, en el que la Comisión, basándose en
deducciones desfavorables, determinó que los bancos comerciales de propiedad
estatal actuaban como organismos públicos, es una aseveración sin fundamento
que carece de contexto con respecto a la naturaleza y la existencia de una
subvención concedida a los productores exportadores del producto afectado y no
puede considerarse prueba suficiente de la existencia de una contribución
financiera de los poderes públicos o un organismo público a tenor del artículo
11.2 del Acuerdo SMC. En primer lugar, debe señalarse que las conclusiones del
asunto del papel fino estucado no se basaron en deducciones
desfavorables sino en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28
del Reglamento de base, y no hay ninguna sentencia posterior que confirme la
alegación de las autoridades chinas según la cual la conclusión de la Comisión
a este respecto se basa en un uso incorrecto de los datos disponibles. Por el
contrario, la Comisión llegó a conclusiones similares con respecto a los bancos
comerciales de propiedad estatal en otro asunto antisubvención relacionado con
importaciones procedentes de China de productos siderúrgicos revestidos de
materia orgánica, y también otras autoridades investigadoras, concretamente
los Estados Unidos, en una conclusión apoyada por el Órgano de Apelación de la
OMC, han llegado a la conclusión de que los bancos comerciales chinos de
propiedad estatal son organismos públicos.[88]
(396)   Las autoridades chinas
siguieron alegando que la Comisión había pedido información de todos los bancos
establecidos en China y que no tenían capacidad práctica para proporcionar
información sobre más de tres mil ochocientos bancos. La Comisión discrepa de
esta alegación y vuelve a remitirse a la carta de deficiencias, en la que, a
raíz de la respuesta de las autoridades chinas al cuestionario, se limitaba el
alcance de la información solicitada únicamente a los bancos en los que las
autoridades chinas son partícipes directas o indirectas[89].
(397)   Las autoridades chinas
alegaron asimismo que la afirmación de la Comisión de que tuvo en cuenta el
resumen de las circulares del PBC del sitio web presentado durante la
inspección es incorrecta, como demuestra el apartado 133 del documento de
divulgación definitiva (reproducido en el considerando 164). Esto no es
correcto. El considerando 164 no contradice el contenido de los extractos del
sitio web. Lo tiene en cuenta, pero también se basa en el contenido real de la
Circular, cuya exactitud, de hecho, nunca ha sido puesta en duda hasta la fecha
por las autoridades chinas.
(398)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión había extraído fuera de contexto algunos términos y
frases de varios documentos, había malinterpretado otros y había intentado
reunirlos todos con el fin de determinar que las autoridades chinas promueven
la industria que fabrica el producto afectado o que los bancos comerciales de
propiedad estatal son organismos públicos. Argumentan que una lectura íntegra
de estos documentos (planes, esbozos y decisiones) demostraría que las
conclusiones de la Comisión carecen de base jurídica y no se fundamentan en
pruebas. Esto no es correcto. La Comisión analizó y consideró todos los
documentos, incluidos los mencionados en el considerando 102 en su totalidad,
exactamente de la manera que defienden las autoridades chinas. 
(399)   En
cuanto a la Decisión nº 40, las autoridades chinas alegaron que en el
documento de divulgación definitiva la Comisión citaba fragmentos fuera de
contexto para distorsionar su significado correcto. Según las autoridades
chinas, otras disposiciones de la Decisión nº 40 dejan claro que su
finalidad es fomentar el uso de fuentes de energía renovables, y no clasificar
a los módulos y las células solares como objetivo de una política de fomento
prevista, tal como sugiere la Comisión. No es cierto que la referencia de la
Comisión al texto del artículo V de la Decisión nº 40 se hiciera fuera de
contexto. La Comisión no discute si una de las finalidades era o no fomentar el
uso de fuentes de energía renovables. El hecho es que el Consejo de Estado
identificaba en la Decisión nº 40 la industria de energías nuevas y la
energía solar como sectores prioritarios y, por tanto, incluidos en la
categoría de proyectos fomentados del Repertorio de orientación para la
reestructuración industrial. Atendiendo a los artículos 17, 18 y 19
de la Decisión nº 40, las instituciones financieras solo pueden conceder
préstamos a las industrias o empresas pertenecientes a esta categoría. Esto es
un indicio claro de que la industria fotovoltaica que fabrica, entre otras
cosas, módulos y células se considera prioritaria.
(400)   Las autoridades chinas
alegaron que en el texto de la Decisión del Consejo de Estado de 10 de octubre
no se hace mención alguna a los módulos o las células solares ni a la industria
fotovoltaica y que, si se ha estimulado el apoyo presupuestario, ha sido en
relación con los objetivos centrados en el uso de energías alternativas, que no
afectan al desarrollo de la producción de módulos y células en general. La
Comisión discrepa. Debe señalarse que esta Decisión del Consejo de Estado no
parece tener como único objetivo el fomento del uso de fuentes de energía
alternativas. De su título (Decisión del Consejo de Estado sobre la aceleración
del fomento y el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes) y de su
contenido (entre otros el artículo 1, apartados 1 y 2, y el artículo 2,
apartado 2) se desprende claramente que el propósito es apoyar el desarrollo de
industrias escogidas (en este caso, las industrias estratégicas emergentes). Lo
confirma el hecho de que los objetivos fijados en esta Decisión se refieren
directamente a los resultados y el rendimiento de las industrias estratégicas emergentes
(artículo 2, apartado 3). Asimismo existe un nexo claro en la Decisión entre
las industrias estratégicas emergentes y la industria fotovoltaica que produce,
entre otras cosas, módulos y células solares. En primer lugar, no cabe duda de
que la industria fotovoltaica constituye un segmento de la industria de
energías alternativas a la que se refiere el artículo 2 de la Decisión, que el
Estado debe por tanto fomentar y desarrollar. En segundo lugar, los productores
exportadores incluidos en la muestra pertenecen a la categoría de industrias de
alta tecnología que menciona el artículo 2, apartado 2, de la Decisión.
Del mismo modo, el duodécimo plan quinquenal incluye a la industria de la
energía solar entre las industrias estratégicas, al igual que el duodécimo plan
quinquenal sobre el sector fotovoltaico confirma que la Decisión del Consejo de
Estado ha incluido a la industria fotovoltaica en el importante campo de las
industrias estratégicas emergentes que el país desarrollará en el futuro.[90]
(401)   De
acuerdo con las autoridades chinas, la Comisión citó el plan científico y
tecnológico a medio y largo plazo, pero no se remitió a puntos concretos en los
que este documento establezca que las empresas de alta tecnología incluyen a
aquellas que producen módulos y células o a la industria fotovoltaica en
general. Según las autoridades chinas, los objetivos del esbozo se centran en
el desarrollo de fuentes de energía alternativas para reducir la dependencia de
los combustibles fósiles. La Comisión discrepa. La mayoría de los productores
exportadores incluidos en la muestra investigados habían obtenido certificados
de empresas de alta y nueva tecnología y, sobre esta base, se beneficiaron de
las subvenciones cuya concesión se limitaba a ese tipo de empresas (por
ejemplo, exenciones fiscales). Los exportadores incluidos en la muestra
utilizaron los mismos programas de apoyo individual que se mencionan en este
plan.
(402)   Las
autoridades chinas alegaron que la afirmación de la Comisión según la cual la
Ley china relativa al progreso científico y tecnológico enumera una serie de
medidas para apoyar a las industrias estratégicas, incluida la industria solar
fotovoltaica, no se basa en los hechos y que la citada ley no menciona a la
industria fotovoltaica ni a las industrias estratégicas, por lo que no existe
base para afirmar que el producto afectado se incluye en el ámbito de
aplicación de dicha ley. Esto no es correcto. Esa afirmación se basa en los
artículos 18 y 34 de la citada ley. Según su artículo 18, el Estado deberá
animar y orientar a las instituciones financieras para que apoyen el desarrollo
de las industrias de alta y nueva tecnología. De conformidad con su artículo
34, las instituciones financieras orientadas a las políticas deberán ofrecer
una ayuda especial a los proyectos de empresas fomentados por el Estado. La
industria fotovoltaica entra en la categoría de industrias de alta y nueva
tecnología y en la de empresas cuyos proyectos son fomentados por el Estado.
Además, el artículo 17 de esa ley contempla políticas fiscales preferenciales
para, entre otras, las entidades participantes en proyectos incluidos en planes
científicos y tecnológicos nacionales. Del considerando 401 se desprende que
los proyectos de empresas de la industria fotovoltaica entran en ese ámbito. En
conclusión, hay por lo menos tres indicios claros de que la industria
fotovoltaica y las empresas que fabrican y exportan el producto afectado se
incluyen en el ámbito de aplicación de esa ley.
(403)   Las
autoridades chinas alegaron además que la Comisión había otorgado a los planes,
las decisiones y las leyes de China un efecto y un valor jurídicos idénticos,
lo cual es contrario a los principios de interpretación jurídica, a la Ley
china sobre legislación y a los argumentos reiterados de las autoridades
chinas. De acuerdo con las autoridades chinas, la referencia al plan quinquenal
general y al plan quinquenal específico del sector fotovoltaico no tiene base
jurídica, pues no se aportó prueba material alguna de que los planes fueran
jurídicamente vinculantes. Esto no es correcto, ya que la alegación de las
autoridades chinas de que los planes no son vinculantes no se apoya en ninguna
otra prueba del expediente. Al contrario, el texto del plan, tal como lo
presentaron las autoridades chinas en la respuesta al cuestionario, dice
claramente que fue deliberado y aprobado por el Congreso Nacional del Pueblo y
que tiene fuerza de ley. [91] En sus observaciones a la divulgación definitiva, las autoridades
chinas declararon que, según la Ley china sobre legislación (Legislation Law
of China), la Constitución, las leyes, la legislación administrativa, los
reglamentos locales y las normas constituyen la legislación del país. Dado que
el plan tiene fuerza de ley y que las autoridades chinas confirmaron que las
leyes constituyen la legislación de China, la Comisión llegó a la conclusión de
que el plan es, de hecho, vinculante. Según la explicación dada por las
autoridades chinas durante la inspección, los planes quinquenales sectoriales y
regionales se derivan del plan quinquenal general, por lo que la Comisión no
tenía razón para abordar el plan quinquenal sobre el sector fotovoltaico
(2011-2015) de modo diferente al plan quinquenal general. 
(404)   Las autoridades chinas
citaron las directrices publicadas por la Comisión sobre
reembolsos/devoluciones como ejemplo de documento no vinculante similar en el
contexto de la UE. La Comisión supone que las autoridades chinas se refieren a
la Comunicación de la Comisión relativa a la devolución de derechos antidumping
(DO C 127 de 29.5.2002, p. 10). De hecho, no es exacto calificar a estas
directrices de no vinculantes, ya que obligan a la Comisión en la medida en que
no infrinjan normas superiores. La Comisión determinó que los planes chinos
eran jurídicamente vinculantes. Sin embargo, aun asumiendo hipotéticamente que
no fuera así, es evidente que los planes nacionales, sectoriales y regionales,
emanando como emanan de los niveles más altos de los poderes públicos y
exponiendo la política de estos con respecto al desarrollo económico e
industrial, tendrían un valor probatorio elevado en cuanto a la naturaleza
vinculante de facto de sus objetivos declarados. Asimismo, es obvio que
los poderes públicos podrían invocarlos para recriminar a las entidades que no
los estuvieran poniendo correctamente en ejecución. Por consiguiente, seguirían
siendo muy pertinentes para determinar la intervención estatal en la economía y
la dirección y el control de determinadas industrias.
3.5.2.     Observaciones de las
partes acerca de los préstamos a las políticas preferentes y otras
financiaciones, garantías y seguros 
(405)   Las autoridades chinas
alegaron que el hecho de que no respondieran al apéndice A no debería
significar que se recurriera a los datos disponibles conforme al artículo 28
del Reglamento de base. En su opinión, si la Comisión hubiera querido realmente
verificar las alegaciones contenidas en la denuncia según las cuales los bancos
chinos de propiedad estatal son organismos públicos, no habría necesitado
cargar los cuestionarios con preguntas relativas a datos internos,
confidenciales y sobre transacciones concretas de los bancos, muchos de los
cuales no son en absoluto de propiedad estatal. A este respecto, las
autoridades chinas se remitían a la información sobre préstamos individuales
concedidos por el banco a los productores exportadores incluidos en la muestra.
La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. El propósito de la
información solicitada en el apéndice A era verificar si los bancos chinos son
organismos públicos y si reciben consignas y directrices de los poderes
públicos. Con excepción de la información sobre préstamos individuales, las
autoridades chinas no especificaron qué otra información solicitada consideran
que no es pertinente a esos efectos.
(406)   Debe recordarse que con
las preguntas del apéndice A se buscaba información sobre la propiedad de los
bancos, la composición de la junta directiva y la junta de accionistas, las
actas de las reuniones de accionistas/directivos, los lazos entre la alta
dirección y las autoridades estatales, el desglose sectorial de los préstamos,
las políticas de préstamo y la evaluación del riesgo con respecto a los
préstamos concedidos a los productores exportadores cooperantes. Las
autoridades chinas alegaron que, para extraer conclusiones sobre el carácter de
organismos públicos, esa petición era manifiestamente irrazonable y la
información solicitada excesivamente amplia.  También alegaron que el umbral
para determinar si una entidad es o no un organismo público debe fijarse antes
incluso de solicitar esa información. La Comisión no está de acuerdo. A la
vista de los elevados niveles establecidos por el Órgano de Apelación de la OMC
en DS 379[92], es precisa toda la información solicitada, incluidas las
conclusiones sobre el alcance de la participación estatal en el sistema
financiero. Por ejemplo, puede probarse que las entidades no actúan de manera
comercial si se demuestra que reciben consignas y directrices, combinado con
indicios de injerencia estatal. En cualquier caso, debe señalarse que, una vez
que se contó con la cooperación de los productores exportadores incluidos en la
muestra, la Comisión decidió limitar la información solicitada sobre los
préstamos a estas empresas y no hizo inferencia alguna de que las autoridades chinas
no proporcionaran la información solicitada inicialmente sobre los préstamos
individuales. Sin embargo, el resto de la información solicitada seguía siendo
pertinente para la investigación. En cuanto a la alegación de las autoridades
chinas de que no habían podido aportar parte de la información del apéndice A,
debe señalarse que se negaron a proporcionar los apéndices A en su totalidad,
con la excepción de algunos bancos. Teniendo en cuenta lo antedicho, se
concluyó que las autoridades chinas no habían aportado en un plazo razonable el
resto de la información solicitada. 
(407)   Las autoridades chinas,
invocando el informe del Órgano de Apelación de la OMC Estados Unidos —
Acero laminado en caliente (apartado 99)[93], argumentaron que no tenían capacidad en la práctica para
satisfacer las peticiones de información irrazonables de la Comisión y que el
hecho de que esta no hubiera abordado esta cuestión ni puesto en relación las
diversas peticiones con las determinaciones fácticas a las que se referían significaba
que la Comisión no había actuado de buena fe. Aunque el asunto mencionado se
refiere a la cooperación de los exportadores en un caso de antidumping, la
Comisión acepta que, en el caso de los cuestionarios dirigidos a los poderes
públicos en relación con derechos compensatorios, es necesario encontrar un
equilibrio entre la información solicitada y la capacidad de responder en la
práctica. Sin embargo, este equilibrio debe encontrarse teniendo en cuenta
todos los hechos. Las determinaciones relativas a la condición de organismo
público de los bancos de propiedad estatal chinos ya se hicieron en los asuntos
del papel fino estucado y los productos siderúrgicos revestidos de
materia orgánica y en este caso el denunciante aportó indicios razonables
suficientes para demostrar que los bancos de propiedad estatal seguían siendo
organismos públicos. Por consiguiente, las autoridades chinas tendrían que
haber contado con una investigación llena de datos si hubieran deseado rebatir
esta alegación. Lamentablemente, las autoridades chinas siguieron haciendo
alegaciones, por ejemplo que tenían poca o ninguna información sobre la
propiedad estatal de los bancos (un factor muy pertinente en la determinación
del carácter de organismo público), que sugerían que no estaban haciendo todo
lo que estaba en su mano y que estaban negando el acceso a la información
necesaria. Esta es una de las circunstancias limitadas en las que se puede
aplicar el artículo 12.7 del Acuerdo SMC (según el informe de grupo
especial de la OMC[94]). Además, si bien la Comisión era consciente de que sus
peticiones de información eran, por necesidad, bastante extensas, la
cooperación es un proceso recíproco y la reacción inicial de las autoridades
chinas consistió simplemente en pedir explicaciones sobre las determinaciones
fácticas con las que guardaban relación las peticiones de información (algo que
no puede determinarse con antelación), en lugar de proponer formas de
satisfacerlas de una manera razonable.
(408)   Por lo que respecta a la
inspección del Banco de Shanghai, las autoridades chinas alegaron que el hecho
de que no se llevara a cabo no es razón suficiente para recurrir a los datos
disponibles y que, en cualquier caso, fue por culpa de la propia Comisión por
lo que no se realizó. En respuesta a esto, la Comisión señala que los hechos
con respecto a la organización de la inspección del Banco de Shanghai se
describen en los apartados 111 y 112 del documento de divulgación definitiva
(reproducidos en los considerandos 143 y 144). No se produjeron cambios en los
hechos relativos a esa inspección y la Comisión no comparte la interpretación
que hacen las autoridades chinas de estos hechos, de modo que mantiene que hizo
todo lo que pudo para que se efectuara la inspección, pero que no fue posible
debido a las obstrucciones por parte de las autoridades chinas. Estas invocan
el informe de grupo especial de la OMC[95] en el que se concluye que la ausencia de una inspección in
situ no agota las posibilidades de verificación de documentos. Sin embargo,
en la presente investigación, las autoridades chinas informaron a la Comisión
de la disponibilidad del banco para la inspección solo un día laborable antes
de que comenzara la inspección de las autoridades chinas (tras haberse ya
ampliado el plazo para esta confirmación), cerrando así toda posibilidad de
inspección in situ, pues ya se habían hecho planes que no podían
modificarse. En estas circunstancias, se concluye que las autoridades chinas no
hicieron todo lo que estaba en su mano y la Comisión no ve de qué manera las
comprobaciones que permite una inspección in situ podrían haberse
reproducido por otros medios.
(409)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no puede desechar la información proporcionada por el
HuaXia Bank con respecto a su estructura de propiedad porque no sea ideal en
todos los aspectos. La Comisión señala que la razón de que no aceptara esta
información no fue que no fuera ideal en todos los aspectos. Como ya se ha
explicado en el considerando 147, el HuaXia Bank no reveló información alguna
sobre la propiedad estatal hasta la inspección, aunque la Comisión ya le
solicitó esa información en el cuestionario inicial. Después de que la Comisión
apuntara que el HuaXia Bank tenía partícipes de propiedad estatal, el banco
presentó una hoja con información de una fuente desconocida y además
contradictoria con otros datos del expediente. No fue posible aceptar esa
información.
(410)   Con
respecto a la decisión del HuaXia Bank de proporcionar únicamente algunas de
las evaluaciones de solvencia crediticia indicadas en el considerando 148, las
autoridades chinas alegaron que la Comisión había recibido una explicación
razonable de por qué no pudieron aportarse las demás evaluaciones. La Comisión
no está de acuerdo. Puesto que la carta previa a la inspección decía claramente
que esos documentos iban a ser objeto de la inspección, no resultó
satisfactoria la explicación de que los dos informes de evaluación del riesgo
eran competencia de otras ramas del Banco y los empleados responsables no
estaban disponibles en ese momento. Además, las autoridades chinas esgrimen el
argumento, reiterado en otras partes de sus observaciones, de que la
información no podía aportarse atendiendo a la confidencialidad de los
clientes. La Comisión señala que, en el marco de sus investigaciones sobre
derechos compensatorios, existen disposiciones para el tratamiento de la
información confidencial[96] y que, en cualquier caso, la mayoría de sus peticiones, sobre
esta y otras cuestiones, consistían en inspeccionar, no en copiar la información.
Por lo demás, la Comisión señala que una aplicación estricta del principio de
«confidencialidad del cliente» podría hacer imposible la verificación de mucha
información pertinente en las investigaciones sobre derechos compensatorios. En
tales situaciones, no resultaría posible cotejar las respuestas de los
exportadores acerca de muchas cuestiones ni realizar inspecciones aleatorias de
los beneficiarios de determinados sistemas en los casos en que los exportadores
no cooperaran o en que la investigación se llevara a cabo por agregación.
(411)   Las
autoridades chinas alegaron que el Banco EXIM cooperó plenamente en la
investigación y que algunos de los documentos solicitados por la Comisión no
pudieron aportarse por razón de normas internas, secreto de Estado,
confidencialidad u otras leyes. Por tanto, el hecho de que no se aporten estos
documentos no puede hacer que se recurra a los datos disponibles. De
conformidad con la Ley de bancos comerciales, los funcionarios del Banco EXIM
no pudieron presentar estos documentos durante la inspección. A este respecto,
y en contra de lo supuesto por la Comisión, el Reglamento de base y el Acuerdo
SMC no pueden suplantar a las leyes soberanas de China. Las autoridades chinas
también alegaron que las cuestiones relacionadas con la afiliación de los altos
funcionarios a partidos políticos son irrelevantes y preocupantes para ellas.
La Comisión discrepa. Si bien las normas de la OMC (en las que se basa en gran
medida el Reglamento de base) no pueden suplantar a las leyes nacionales, ello
no impide que la Comisión haga sus deducciones cuando esas leyes nacionales
parecen oponerse a peticiones razonables de información. Además, el hecho es
que, aunque el Banco EXIM dio algunas respuestas al apéndice A, se negó a
aportar datos o pruebas que fundamentaran esa información. Por tanto, tal
información tiene un carácter meramente de declaración oral, sin el apoyo de
documentos por escrito verificados. Si hubiera que aceptar esta práctica, el
Banco EXIM podría haber aportado prácticamente cualquier información y la
autoridad investigadora habría tenido que aceptarla sin poder evaluar su
exactitud. Las preguntas sobre las afiliaciones a partidos políticos y la
presencia de unidades del partido comunista chino dentro del Banco EXIM (o
cualquier otro banco relacionado con este asunto) son muy pertinentes para
determinar el grado de influencia estatal en la gestión de los bancos, visto el
papel particular que desempeña el partido comunista chino dentro de la
Constitución china.  Además de la justificación de esas preguntas que la
Comisión ya ofrece en el considerando 151, debe señalarse también que, según el
acta de constitución del partido comunista chino, toda organización, incluidas
las empresas comerciales privadas, debe establecer organizaciones primarias del
partido si en ella hay un mínimo de tres empleados afiliados. Esas
organizaciones del partido garantizan y supervisan la implementación de los
principios y las políticas del partido y del Estado y apoyan a los accionistas,
la junta directiva, la junta de supervisores y los directivos en el ejercicio
de sus funciones y sus competencias de conformidad con la ley[97]. La Ley de empresas de la República Popular China (Company Law
of the PRC) obliga a todas las empresas del país a establecer una
organización del partido comunista chino dentro de su estructura organizativa
para que lleve a cabo actividades del partido[98]. Puesto que puede demostrarse que el
partido comunista chino está relacionado con las autoridades chinas y con el
funcionamiento de todo tipo de empresas e instituciones de China, es legítimo
hacer preguntas sobre las afiliaciones a partidos políticos.
(412)   En cuanto a la inspección
del CDB, las autoridades chinas hicieron la misma alegación relacionada con las
preguntas sobre las afiliaciones políticas de la dirección y sobre el papel del
partido comunista chino en el Banco. A este respecto, la Comisión se remite a
las justificaciones expuestas en los considerandos 151 y 411. Las autoridades
chinas alegaron que el CDB no pudo presentar los informes de evaluación del
riesgo crediticio solicitados por razones de confidencialidad y que aportó una
plantilla de calificación crediticia y un ejemplo concreto de evaluación del
riesgo crediticio con el nombre de la empresa concreta tachado. Debe señalarse
que la plantilla de calificación crediticia y la calificación crediticia de una
empresa anónima de un sector desconocido no son prueba de la evaluación del
riesgo crediticio de uno de los exportadores incluidos en la muestra, que es lo
que pidió la Comisión. Por lo que respecta a las cuestiones de
confidencialidad, la Comisión se remite a la explicación dada en el
considerando 410.
(413)   Las autoridades chinas
alegaron que la conclusión de la Comisión según la cual los bancos comerciales
de propiedad estatal son organismos públicos no es coherente con el artículo
1.1 del Acuerdo SMC, ya que la Comisión no basó su determinación en ningún tipo
de prueba ni aportó un análisis razonado y adecuado para determinar que la
participación de los poderes públicos en el sector financiero chino es tan
marcada que obliga a los bancos a seguir políticas preferenciales. La Comisión
no está de acuerdo en lo fundamental con esta alegación. La información
independiente mencionada en los considerandos 162 a 168 pone de manifiesto que
los bancos aplican las políticas preferenciales, algo que también evidencian
diversos planes, leyes y documentos estratégicos chinos a los que se refiere el
considerando 102. La Comisión examinó, analizó y citó una serie de documentos
publicados por organizaciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial, el
FMI y la OCDE, en todos los cuales se concluye que el sector bancario chino
está sujeto a intervenciones significativas del Estado, sobre todo en lo que
respecta a receptores privilegiados de préstamos y fijación de tipos de
interés. 
(414)   Las autoridades chinas
cuestionan la pertinencia de varios de los documentos utilizados por la
Comisión como los mejores datos disponibles para determinar la condición de
organismo público de los bancos comerciales de propiedad estatal. Como
observación preliminar hay que destacar que la Comisión tuvo que recurrir a los
mejores datos disponibles debido únicamente a la falta de cooperación de las
autoridades chinas y a su negativa a proporcionar la información solicitada.
(415)   Las
autoridades chinas alegaron que el informe de investigación del Deutsche Bank
que la Comisión cita en el considerando 161 describe una situación histórica en
China y no sirve como base positiva para evaluar el sector bancario chino siete
años después.  En primer lugar, las autoridades chinas se equivocan al alegar
que el informe sirve de base para evaluar la situación «siete años después». El
informe es de 2007 y el período de investigación, que es el período pertinente
para la evaluación del sector bancario chino a efectos del presente
procedimiento, comienza en 2011. Por tanto, el informe se refiere a la
situación cuatro años antes del período pertinente. En segundo lugar, el
informe del Deutsche Bank no es el único documento en el que la Comisión basa
sus conclusiones, sino que constituye únicamente un punto de partida de su
análisis del sector bancario chino y de su estructura de propiedad en
particular. En tercer lugar, el resto de la información a la que recurrió la
Comisión para determinar la estructura de propiedad del sector bancario chino
(informes y documentos de trabajo de la OMC, el FMI y la OCDE) está en
consonancia con las conclusiones del informe del Deutsche Bank. En este
contexto debe señalarse que las propias autoridades chinas proporcionaron un
mínimo de la información solicitada repetidas veces a este respecto y que en
realidad nunca cuestionaron las conclusiones sobre el grado de propiedad
estatal en el sector bancario y de injerencia del Estado en el sistema bancario
sobre una base fáctica.
(416)   Las
autoridades chinas cuestionan asimismo la referencia de la Comisión al informe
del examen de la política comercial de la OMC correspondiente a 2012, alegando
que la afirmación de que, en general, hubo pocos cambios en la estructura de
mercado del sector bancario chino se hizo en comparación con el anterior
período de examen en 2010. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación.
De hecho, en su documento de divulgación definitiva, la Comisión citó en el
mismo considerando los informes de los exámenes de la política comercial de la
OMC correspondientes a 2010 y 2012 para demostrar que poco había cambiado en
dos años. En el informe de 2010 se decía que el alto grado de propiedad estatal
era otra característica del sector financiero en China, y el informe de 2012
confirmaba que poco había cambiado a este respecto. Las autoridades chinas
citaron también fragmentos del informe de 2012, en los que se basaron para
alegar que el informe contradecía la evaluación de la Comisión expuesta en el
considerando 161. Esta alegación no pudo aceptarse. Ninguno de los fragmentos
del informe reproducidos por las autoridades chinas en sus observaciones a la
divulgación definitiva contradice o siquiera pone en duda la evaluación de la
Comisión contenida en el considerando 161.
(417)   Las autoridades chinas
alegaron también que las conclusiones expuestas por la Comisión en el
considerando 162 carecen de pruebas reales, ya que la Comisión (además del
informe del Deutsche Bank y los informes de los exámenes de la política
comercial de la OMC) se refería simplemente al informe del Banco Mundial y al
estudio económico, etc., sin aportar ninguna explicación razonada y adecuada
para fundamentar sus conclusiones. Esta alegación no pudo aceptarse. A este
respecto cabe señalar que en el informe del Banco Mundial se expone, entre
otras cosas, lo siguiente: a pesar de los impresionantes avances en la
reforma y perfeccionamiento del sector financiero logrados en las últimas tres
décadas, el sistema financiero chino sigue estando reprimido y sufriendo
desequilibrios estructurales fundamentales; el sistema actual, caracterizado
por el dominio de los bancos de propiedad estatal, una acentuada intervención
del Estado y un control de los tipos de interés, ha resultado notablemente
eficaz para movilizar el ahorro y asignar capital a sectores estratégicos
durante el despegue económico de China; paralelamente, el control directo o
indirecto de  las instituciones financieras debe dejar paso a una organización
basada estrictamente en los valores del mercado; esto supondría un banco
central autónomo que adoptaría operaciones del mercado abierto y aplicaría
tipos de interés, más que límites de crédito, para gestionar la liquidez; para
guiar su actividad de préstamo, los bancos comerciales seguirían principios
comerciales y harían análisis de solvencia crediticia, en lugar de obedecer a
las señales de los poderes públicos; estos han participado intensamente en las
operaciones comerciales de las instituciones financieras, bien como
propietarios de participaciones, bien por influencia indirecta, debido
principalmente a su fuerte dependencia de los créditos de los bancos
comerciales para alcanzar los objetivos de sus políticas. En el estudio
económico de la OCDE de 2012 sobre China se describen las políticas del PBC
sobre el tipo de interés mínimo en los préstamos y el tipo de interés máximo en
los depósitos como elementos que desincentivan a los bancos para poner un
precio adecuado al riesgo y que son contraproducentes para la competencia en el
sector bancario, y ello con la finalidad de salvaguardar la rentabilidad del
sector bancario de propiedad predominantemente estatal.
(418)   Las autoridades chinas
alegaron además que la determinación de la Comisión según la cual el PBC
participa e influye en la fijación de los tipos de interés por parte de los
bancos comerciales de propiedad estatal carece de un razonamiento adecuado y de
base fáctica. A este respecto, las autoridades chinas declararon que la Comisión
debería haber sabido que en julio de 2013 se abolieron los tipos de interés
mínimos en los préstamos. En primer lugar debe señalarse que la Comisión no
analizó la situación del mercado bancario en China en julio de 2013, pues no
era pertinente para la investigación. En segundo lugar, es incorrecto alegar
que la determinación de la Comisión carece de un razonamiento adecuado y de una
base fáctica. En las circulares pertinentes se dice con claridad que el PBC
fija límites a los tipos de interés en los préstamos y en los depósitos. En
tercer lugar, el estudio económico de la OCDE de 2010 sobre China que se cita
en el considerando 162 también confirma la existencia de esos límites.
(419)   Las
autoridades chinas alegaron que la Comisión sabía que las circulares, en
especial las del 8 de junio y el 8 de julio de 2012, emitidas tras las
conclusiones sobre el papel fino estucado, habían modificado de manera
significativa la práctica del PBC en relación con los tipos de interés. Esto
es incorrecto. La Comisión no podía saber si la práctica había cambiado o en
qué medida lo había hecho, ya que las autoridades chinas se negaron a aportar
esas circulares. Incluso los resúmenes procedentes de los sitios web del PBC
presentados durante la inspección y que, según alegan erróneamente las
autoridades chinas, la Comisión ignoró por completo, confirman que siguen
existiendo esos límites. 
(420)   Las autoridades chinas
alegaron igualmente que no parecía que la Comisión hubiera basado su conclusión
en los datos disponibles reales, que contradicen la información histórica que
posee, y que en su lugar puso en las autoridades chinas la carga de la prueba
de que las circunstancias examinadas durante el asunto de los productos
siderúrgicos revestidos de materia orgánica habían cambiado. Vista la
explicación dada en los considerandos 415 a 419, es evidente que esta alegación
es incorrecta.  No hay datos en el expediente que contradigan las conclusiones
de la Comisión y estas no se basaron únicamente en información histórica, sino
en pruebas reales derivadas de toda la información pertinente para el período
de investigación.
(421)   Las autoridades chinas
alegaron que los cuatro puntos esgrimidos por la Comisión en el considerando
166 son incorrectos y carecen de una evaluación jurídica apropiada.
Argumentaron que la referencia al artículo 34 de la Ley de bancos comerciales,
según el cual los bancos deben realizar sus actividades de préstamo conforme a
las necesidades de la economía nacional, es completamente neutra. No está muy
claro qué quieren decir las autoridades chinas con el término «neutra», pero,
según los planes, los documentos estratégicos y las leyes que se citan en el
considerando 102, el desarrollo de la industria fotovoltaica y el apoyo
financiero y de otro tipo a dicha industria parecen formar parte de las
necesidades de la economía nacional china. Atendiendo al apoyo financiero
fomentado y expresado en esos documentos, es evidente que los bancos apoyarán a
las empresas pertenecientes a la industria fotovoltaica. En relación con la conclusión
de que los bancos están sujetos a normas legales que les exigen ofrecer apoyo
crediticio a proyectos fomentados, para la cual la Comisión se basó en el texto
de la Decisión nº 40 del Consejo de Estado, las autoridades chinas
alegaron que está totalmente fuera de lugar, pues la Decisión no afirma ni
indica que la industria solar constituya un proyecto fomentado. También esta
alegación es incorrecta. El considerando 399 deja claro que la industria solar
pertenece a la categoría de industrias o proyectos fomentados. Las autoridades
chinas hicieron una alegación similar con respecto a la Ley china relativa al
progreso científico y tecnológico y a la conclusión de la Comisión de que dicha
ley exige a los bancos que den prioridad al desarrollo de industrias de alta y
nueva tecnología y de que los productores incluidos en la muestra entran dentro
de esa categoría de alta tecnología. Según las autoridades chinas, la Comisión
no hizo un análisis jurídico acerca de si la industria solar de producción de
módulos y células, descrita como industria de alta tecnología, entra en el
ámbito de aplicación de esa ley. Esto no es correcto. La Comisión estableció un
nexo claro entre la categoría de industrias de alta tecnología y la industria
solar productora de módulos y células. Esto se explica con detalle en el
considerando 402.
(422)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no se apoyaba en pruebas reales al afirmar que la
participación estatal en el sector financiero chino es sustancial y continua.
Cuestionaron las pruebas citadas por la Comisión y alegaron que el informe del
FMI de 2009, en el que se destaca la falta de liberalización de los tipos de
interés, no es pertinente, pues los tipos de interés se han liberado por
completo en China. Esto no es correcto. Las pruebas contenidas en el expediente
confirman que la liberalización de los tipos de interés en China no se ha
terminado, como confirmaron también los funcionarios del PBC presentes durante
la inspección. Con respecto al informe por país del FMI correspondiente a 2010
al que se remite la Comisión, las autoridades chinas alegaron que la Comisión
había ignorado por completo las conclusiones del FMI sobre la liberalización
del sector financiero. No es cierto. La Comisión no ignoró ninguna conclusión
del informe del FMI que fuera pertinente. Las conclusiones del FMI a las que se
refieren las autoridades chinas en sus observaciones no contradicen ninguna de
las conclusiones de la Comisión acerca de la participación estatal en el sector
financiero chino y en absoluto las relativas a la propiedad estatal o a la
política de tipos de interés en los préstamos y los depósitos. El hecho de que
el informe dijera que en los últimos años se habían hecho en China avances en
el desarrollo de un sistema financiero más basado en el mercado no significa
que dijera que en China existe realmente un sistema financiero basado en el
mercado. En relación con los estudios de la OCDE citados por la Comisión, las
autoridades chinas alegaron que no puede concluirse que los bancos no funcionan
con independencia en China basándose en una frase sobre la ausencia de un
avance significativo en la liberalización del sector bancario. A este respecto
debe señalarse que la Comisión nunca extrajo ninguna conclusión basándose en
«una frase», sino, como se ha demostrado en el texto que antecede, en varios
documentos elaborados por organizaciones internacionales independientes.
(423)   Las autoridades chinas
alegaron que el análisis de la Comisión sobre la determinación de la condición
de organismo público es completamente erróneo y que la conclusión expuesta en
el considerando 168 no es coherente con la interpretación que el Órgano de
Apelación de la OMC hace del término «organismo público» en el informe Estados
Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados
productos procedentes de China. Un productor exportador alegó también que
el razonamiento de la Comisión para determinar la condición de organismo
público es «jurídicamente erróneo». Las autoridades chinas alegaron que la
Comisión no había establecido que los bancos comerciales de propiedad estatal
estuvieran investidos de poder público y lo ejercieran, como tampoco habían
establecido: i) que las funciones en cuestión que supuestamente realizan los
bancos comerciales de propiedad estatal sean las que desempeñan los poderes
públicos en general, es decir, funciones públicas en primera instancia; ii) las
características que los bancos comerciales de propiedad estatal tienen en común
con los poderes públicos, aparte de la de tener participaciones, algo que
tampoco quedó establecido con respecto a todos los bancos comerciales de
propiedad estatal; y iii) que todos los bancos comerciales de propiedad
estatal  tengan la necesaria autoridad pública y la ejerzan o estén investidos
del poder para desempeñar las funciones públicas en cuestión. Estas alegaciones
tuvieron que desestimarse. La Comisión se remite a su análisis de esta cuestión
contenido en los considerandos 158 a 167. Los préstamos se mencionan en la
definición de subvención conforme al artículo 3, punto 1, letra a),
inciso i), del Reglamento de base como una función de los poderes públicos. En
la presente investigación, los bancos comerciales de propiedad estatal reciben
instrucciones, a través de planes y otros documentos estratégicos, para que
promuevan determinados sectores, entre ellos el fotovoltaico. Sobre la base de
los datos disponibles, se concluyó también que en China existe una sustancial
propiedad estatal de los bancos y que los poderes públicos ejercen un control
considerable sobre los bancos comerciales de propiedad estatal. Dado que las
autoridades chinas no proporcionaron la información solicitada sobre la
propiedad estatal de los bancos comerciales de propiedad estatal, la Comisión
basó sus conclusiones en los hechos disponibles. Así pues, la Comisión concluye
que los bancos comerciales de propiedad estatal actúan como instrumento de los
poderes públicos desempeñando una función pública al aplicar a determinados
sectores las políticas de préstamo preferencial de las autoridades chinas.
(424)   Las
autoridades chinas alegaron asimismo que la Comisión no había establecido que
los bancos privados en China recibieran consignas o directrices ni, en
particular, que las autoridades chinas dieran de forma explícita y afirmativa
delegaciones, órdenes, responsabilidades o poderes a los bancos privados y a
los bancos comerciales de propiedad estatal para que concedieran préstamos
preferenciales. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. Como se
explica en los considerandos 170 a 173, existe en China una política estatal
que ofrece préstamos preferenciales a la industria fotovoltaica. Los bancos
privados están obligados a aplicar esa política estatal. Las autoridades
chinas, a través de la Ley de bancos comerciales, instruyó a todos los bancos
chinos para que realizaran sus actividades de préstamo en función de las
necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y conforme al
espíritu de las políticas industriales del Estado. Estas necesidades y estas políticas
industriales del Estado se establecen, entre otros, en diversos planes y
documentos estratégicos, y la concesión de préstamos preferenciales a
determinadas industrias, como la industria fotovoltaica, forma parte de ellos.
Las autoridades chinas alegaron también que el artículo pertinente de la Ley de
bancos comerciales se había sacado de contexto y que dicho artículo no
demuestra explícitamente que las autoridades chinas hayan dado a ningún banco
comercial delegación, orden, responsabilidades ni autoridad alguna. La Comisión
no está de acuerdo con que se haya sacado de contexto el artículo 34, como ya
se ha explicado en el considerando 390, y considera que dicha disposición da a
todos los bancos de China una instrucción clara y jurídicamente vinculante.
Tampoco está de acuerdo con la alegación de las autoridades chinas de que los
documentos que se citan en el considerando 102 como prueba de los préstamos
preferenciales a la industria fotovoltaica constituyen una base jurídica
inadecuada. Esto se explica con detalle en los considerandos 399 a 403.
(425)   Un productor exportador
alegó que la Comisión no había demostrado que los bancos de propiedad
extranjera en China recibieran consignas y directrices de las autoridades
chinas. Hubo que rechazar esta alegación. La Comisión demostró que todos los
bancos de propiedad privada en China reciben consignas y directrices (véanse,
entre otros, los considerandos 169 a 172 y 424), y los bancos de propiedad
extranjera pertenecen a esta categoría. 
(426)   Con respecto a la
determinación relativa a las consignas y las directrices, las autoridades
chinas alegaron también que la Comisión había sacado conclusiones basadas en la
evaluación del riesgo crediticio de un exportador incluido en la muestra
aportada por un banco y que las había aplicado a todos los bancos de China,
haciendo así deducciones desfavorables a este respecto. Debe señalarse que
tanto las autoridades chinas como los bancos se negaron a proporcionar ninguna
otra evaluación del riesgo crediticio de otros productores exportadores
incluidos en la muestra. Puesto que se vio obligada a este respecto a recurrir
a los datos disponibles y la evaluación del riesgo crediticio mencionada
anteriormente constituye los mejores datos disponibles, la Comisión basó
parcialmente sus conclusiones en dicha evaluación. Sin embargo, hay que
insistir en que las conclusiones se basaron en los datos disponibles, y no en
deducciones desfavorables.
(427)   Las autoridades chinas
refutaron la evaluación de la Comisión sobre la distorsión del mercado
financiero chino aduciendo que era «jurídicamente errónea». Alegaron que no hay
ninguna prueba correspondiente al período de investigación que indique que los
bancos comerciales de propiedad estatal constituyen dos tercios del mercado
financiero chino. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación. En
ausencia de la información sobre la propiedad en el sector bancario que se
pidió repetidas veces a las autoridades chinas, sin éxito, la Comisión recurrió
a los datos disponibles. La Comisión se remitió a este respecto al informe del
Deutsche Bank, según el cual los bancos comerciales de propiedad estatal
representan más de dos tercios del mercado financiero chino. Así lo corroboran
también las pruebas de los documentos de la OMC, el FMI, la OCDE y el Banco
Mundial, que confirman que la presencia estatal en el sector bancario chino no
cambió de manera significativa en el período de investigación. Las autoridades
chinas alegaron también que la afirmación de la Comisión acerca de los tipos de
interés (a saber, que los bancos están obligados a mantenerse dentro de los
límites fijados por el PBC) es incorrecta, ya que el tipo de interés mínimo en
los préstamos fue completamente abolido. Esto no es correcto. Es cierto que las
autoridades chinas alegaron en sus observaciones que los tipos de interés
mínimos en los préstamos se habían abolido en julio de 2013, pero esto ocurrió
más de un año después del período de investigación. También es correcto decir
que los topes sobre los tipos de interés en los depósitos siguen aplicándose.
Por consiguiente, la conclusión de la Comisión de que los bancos no son
totalmente libres para decidir las condiciones de préstamo (por lo menos en lo
que al período de investigación se refiere) es correcta y se apoya en las pruebas
contenidas en el expediente. Las autoridades chinas también discutieron las
conclusiones de la Comisión expuestas en los considerandos 183 a 188 basándose
en la supuesta falta de pertinencia de varios planes, documentos estratégicos y
leyes que citaba la Comisión. La Comisión no está de acuerdo con esta alegación
y se remite a los considerandos 399 a 403, donde explica por qué son
pertinentes estos documentos en relación con esas conclusiones. Las autoridades
chinas afirmaron también que la conclusión de la Comisión de que se concedía a
algunos bancos acceso a las reservas de divisas de la Administración Estatal de
Divisas está fuera de lugar, ya que las pruebas a las que se remitía la
Comisión solo mencionaban al Banco EXIM y al CDB, y explicaron que los
préstamos alimentados por estas reservas se conceden únicamente a empresas de
propiedad estatal. La Comisión no está de acuerdo. Las pruebas solo ponen de
manifiesto que, al comienzo del programa, estaba únicamente disponible para las
entidades bancarias de fomento de las políticas CDB y EXIM, pero también
mencionan un gran préstamo del Banco de China, lo que indica que la restricción
inicial se había eliminado.  Tampoco es exacta la alegación de que las pruebas
ponen claramente de manifiesto que los préstamos solo se conceden a empresas de
propiedad estatal como Sinopec. En realidad, en ellas se constata la
preferencia por las grandes empresas de propiedad estatal, pero no se indica
que la concesión de los préstamos se limitara a ellas. En cualquier caso, vista
la envergadura del Banco EXIM y el CDB y su influencia en el mercado financiero
chino, aunque el programa se limitara a ellos, esto supondría una distorsión
importante del mercado financiero en su conjunto.
(428)   También
alegaron las autoridades chinas que la Comisión no había establecido la
especificidad con respecto a los préstamos preferenciales y que su análisis de
la especificidad es jurídicamente incoherente, pues no establecía si la
Decisión nº 40 se refería a proyectos o a empresas. Según las autoridades
chinas, debido a la gama extremadamente amplia de sectores económicos e
industrias que abarca la Decisión nº 40, este documento no limita
explícitamente el acceso a la supuesta subvención a determinadas empresas, como
exige que se establezca la jurisprudencia de la OMC. La Comisión no está de
acuerdo con esta alegación. En lo que atañe a los
proyectos fomentados, debe recordarse que abarcan únicamente determinadas
actividades en un número limitado de sectores industriales y que esta
categorización, que se aplica solamente a un subgrupo de empresas en China, no
puede considerarse de naturaleza general y no específica. La Comisión
consideró que esta era la interpretación más razonable a falta de cualquier
otra explicación (y documentos justificativos) de cómo aplicaban las
autoridades chinas la noción de «industria fotovoltaica», por ejemplo a efectos
de la Decisión nº 40 y del Repertorio de orientación para la
reestructuración industrial relacionado. Además, como se explica en
el considerando 102, la industria solar fotovoltaica también pertenece a la
categoría de industrias estratégicas definida en el duodécimo plan quinquenal,
merced a lo cual disfruta del acceso a una financiación preferencial, como
queda patente en las referencias a leyes y a varios documentos estratégicos y
de planificación contenidas en ese considerando. 
(429)   Las
autoridades chinas alegaron también que Comisión no había establecido la
existencia de un beneficio en relación con los préstamos preferenciales, ya que
el recurso a una referencia externa para establecer la existencia de beneficio
no encontraba apoyo en las conclusiones de la Comisión. Según las autoridades
chinas, la Comisión no tenía base alguna para aplicar la calificación BB, pues
no aportó ninguna prueba de que esta fuera una calificación crediticia que, con
mayor probabilidad que cualquier otra, no estuviera distorsionada, y cuya
aplicación refleja las ilícitas deducciones desfavorables hechas en contra del
artículo 12.7 del Acuerdo SMC. Hubo que rechazar esta alegación. Dadas las distorsiones y la ausencia de una evaluación
adecuada de la solvencia crediticia o del riesgo de los productores
exportadores incluidos en la muestra por parte de los bancos prestamistas, la
Comisión no podía tomar la calificación crediticia (de tener alguna) de los
productores exportadores individuales tal cual. En este caso, la calificación
BB no es una deducción desfavorable, ni es desfavorable para los productores
exportadores, pues es la mejor calificación del grado de no inversión del
mercado.
(430)   El denunciante alegó que
la Comisión debería haber utilizado una calificación crediticia menos favorable
que la BB para establecer la referencia respecto de algunos productores
exportadores que se encontraban en una situación financiera especialmente mala.
Por las razones explicadas en el considerando 429, la Comisión consideró que la
calificación BB (grado de no inversión) reflejaba adecuadamente la situación
financiera de los productores exportadores incluidos en la muestra durante el período
de investigación.
(431)   El denunciante pidió
también que la Comisión revelara el cálculo del recargo de los préstamos en
moneda china. La Comisión explicó la metodología en el apartado 169 del
documento de divulgación definitiva (reproducido en el considerando 198). En
consonancia con la metodología aplicada en los procedimientos del papel fino
estucado y los productos siderúrgicos revestidos de materia orgánica, la
Comisión ajustó los tipos de interés chinos sumando la diferencia entre los
intereses de los bonos de mejor calificación y de los bonos BB negociados en
los mercados durante el período de investigación.
(432)   Un productor exportador
alegó que la Comisión, para establecer el beneficio derivado de los préstamos
preferenciales, debería comparar los tipos de interés de los préstamos
concedidos a industrias «favorecidas» con los de los préstamos concedidos a
industrias «no favorecidas». Visto el análisis del mercado financiero realizado
por la Comisión (considerandos 181 a 185), hubo que rechazar esta alegación.
Teniendo en cuenta las distorsiones establecidas, los tipos de interés del
mercado financiero chino no se consideran fiables. 
(433)   Las autoridades chinas
alegaron también que, en relación con los préstamos en euros y en dólares
estadounidenses, la Comisión no debería recurrir a la referencia externa, ya
que uno de los elementos fundamentales en los que basaba su análisis de las
distorsiones, a saber, las limitaciones de los tipos de interés aplicadas por
el PBC, no existe para esos préstamos. Hubo que rechazar esta alegación. Las
limitaciones aplicadas por el PBC a los tipos de interés son solo uno de los
elementos fundamentales que la Comisión utilizó en su análisis del mercado
financiero chino. Como se explica en los considerandos 180 a 184, había varias
distorsiones más que justificaban por sí solas el uso de una referencia externa
también en relación con los préstamos en euros y en dólares estadounidenses.
(434)   Varios exportadores y las
autoridades chinas alegaron que los acuerdos entre exportadores y determinados
bancos de propiedad estatal (denominados en esta sección «los acuerdos») no son
equivalentes a líneas de crédito ni constituyen una contribución financiera,
pues el banco no se obliga ni compromete a conceder financiación en el futuro
conforme a términos y condiciones concretos. También se refieren a las
conclusiones del grupo especial CE-Aeronaves, según las cuales la «mera
posibilidad» de que los poderes públicos puedan transferir fondos si se cumple
una condición predefinida no ha de bastar para demostrar la existencia de una
contribución financiera. Asimismo, citan la declaración del grupo especial
según la cual el acuerdo contractual debe en y por sí mismo invocarse y ser
capaz de conferir un beneficio al receptor que esté separado y sea
independiente del beneficio que pueda conferirse con una futura transferencia
de fondos.
(435)   Con respecto a las
conclusiones del grupo especial CE-Aeronaves, la Comisión señala que no
son exhaustivas en lo que se refiere al alcance de las líneas de crédito o
acuerdos similares y no son determinantes de la interpretación que haga la
Comisión del Reglamento de base en este caso. No obstante, la Comisión no
discrepa de las conclusiones del grupo especial, sino de su aplicación a la
presente investigación por parte de las autoridades chinas. Los acuerdos
normalmente establecen que el banco de propiedad estatal preste hasta la
cantidad máxima de dinero fijada, a veces en combinación con posibles mejoras
en el rendimiento de la empresa en cuestión. Así, por un lado, el texto de los
acuerdos puede contener obligaciones textualmente menos explícitas o
automáticas sobre los términos y las condiciones del futuro préstamo que
algunos tipos de acuerdos de línea de crédito. En ocasiones se complementan con
acuerdos de préstamo o crédito aparte. Sin embargo, se ha observado que los
préstamos conforme a estos acuerdos se realizan normalmente en términos muy
similares, por no decir idénticos. Por otro lado, los acuerdos contienen una
serie de cláusulas que van mucho más allá del lenguaje normal de los acuerdos
de crédito y que suponen la creación por el banco en cuestión de un mecanismo
de apoyo garantizado. La Comisión considera que, en estos casos, las cláusulas
por escrito de los acuerdos no son necesariamente concluyentes, ya que las
«obligaciones» o los «compromisos» de transferir fondos pueden expresarse por
escrito o de otra forma y su existencia debe determinarse atendiendo a todos
los datos del expediente.
(436)   Sobre esta base, la
naturaleza exacta de los compromisos o las obligaciones de los bancos de
propiedad estatal conforme a los acuerdos dependen de cuanto se expone a
continuación.
a)           El texto de los acuerdos:
la Comisión observa que las cláusulas de los principales acuerdos en los
que participan grandes bancos de propiedad estatal y productores exportadores
concretos son en general similares. Los acuerdos establecen una relación
estrecha entre el banco y el exportador con respecto a una transferencia de
fondos. En ellos se dispone la transferencia de la cantidad de dinero fijada, a
veces sujeta al cumplimiento de algunas condiciones relacionadas con el
rendimiento y la calificación crediticia. Los acuerdos otorgan a la empresa el
derecho a un «trato favorable» al solicitar un préstamo, frente a aquellas que
no han firmado tales acuerdos. Algunos de los importes de la posible
financiación son enormes en comparación con la cifra anual de negocios de las
empresas. El crédito prometido a los exportadores incluidos en la muestra
ascendía a más de tres veces su cifra anual de negocios. Además, en los
acuerdos se dispone que el banco debe ofrecer dar firme apoyo al desarrollo de
la empresa de que se trate. En ellos se hace referencia a un asociamiento
estratégico estable a largo plazo entre el banco y la empresa; a la prioridad
que el banco ha de dar a los proyectos de construcción clave de la empresa,
ofreciéndole apoyo financiero estable a largo plazo con respecto a la
adquisición y reorganización de activos y a la formación fundamental de cada
unidad de negocio, proyecto de mejora técnica, proyecto de globalización y
demás actividades; y a la ayuda que ha de prestar a la empresa para formular
una planificación de desarrollo a medio y largo plazo en virtud de sus ventajas
profesionales, institucionales y de rendimiento. Los acuerdos mencionan
asimismo su conformidad con la política macroeconómica e industrial nacional.
Por consiguiente, parece que el apoyo estratégico dado a la empresa, junto con
el «trato favorable» otorgado por los acuerdos, hacen que sea muy probable que
la empresa opte automáticamente a la obtención de los préstamos amparados por
los acuerdos.
b)           La naturaleza y los
objetivos de los prestamistas: los prestamistas son bancos de
propiedad estatal, cuya condición de organismo público ha quedado establecida,
u otros bancos con respecto a los cuales se ha establecido que reciben
consignas y directrices de los poderes públicos y actúan, por tanto, como
instrumento de las autoridades chinas. También se ha comprobado que conceden
préstamos a tipos muy por debajo de los del mercado. Por ejemplo, algunos
acuerdos hacen referencia a la ventaja de financiación del banco y a su apoyo a
la industria de alta tecnología, con prioridad para el desarrollo con concesión
pública.
c)           La actitud de los poderes
públicos con respecto al prestatario: los prestatarios pertenecen a
las industrias estratégicas emergentes, como se muestra en el considerando 102.
d)           El grado de cooperación de
los poderes públicos en la investigación: los proveedores de las líneas de
crédito (bancos de propiedad estatal y bancos que reciben consignas y
directrices de los poderes públicos) no cooperaron plenamente en la
investigación, de modo que las conclusiones a ellos relativas se han extraído
sobre la base de los datos disponibles.
e)           La percepción que tienen los
mercados de los acuerdos: las empresas parecen valorar estos acuerdos como
prueba de que cuentan con el respaldo del Estado y anuncian públicamente su
celebración para emitir una señal positiva a los mercados y a los posibles
inversores. Por ejemplo, Yingli Solar emitió el 9 de julio de 2010 un
comunicado de prensa en el que anunciaba un acuerdo de cooperación estratégica
con el CDB, conforme al cual este preveía conceder líneas de crédito con un
importe agregado máximo de 36 000 000 RMB para apoyar al grupo Yingli
y sus filiales. El responsable financiero de Yingli declaraba que el acuerdo
elevaba a un nuevo nivel la cooperación de las dos partes y se mostraba
confiado en que daría al grupo la capacidad de aprovechar unas oportunidades
que le permitirían afianzar su liderazgo en la industria fotovoltaica.  El 26
de enero de 2011, Jinko Solar definía el crédito de
50 000 00 000 RMB del Banco de China como un acuerdo de
cooperación estratégica que afianzaría su posición como líder en la fabricación
de productos solares. El comunicado de prensa continuaba diciendo que, gracias
al apoyo financiero a largo plazo del Banco de China, la empresa confiaba en
obtener resultados excelentes en 2011 y en alcanzar sus objetivos de crecimiento
a largo plazo.  El 14 de abril de 2010 se informaba de que Trina Solar tenía
previsto utilizar el acuerdo de crédito con el CDB por valor
4 400 000 000 USD para la expansión del mercado. Todos estos
anuncios sugieren que los productores exportadores en cuestión ven los acuerdos
como una fuente de financiación segura, no incierta.
f)            Funcionamiento de los
acuerdos: los productores exportadores obtuvieron numerosos
préstamos individuales, es decir, que los acuerdos condujeron a una verdadera
transferencia de fondos, normalmente a tipos bastante por debajo de los del
mercado.
(437)   Sobre la base de todas las
pruebas, se concluye que los bancos ofrecen los acuerdos como parte de una
estrategia de los poderes públicos para promover la industria fotovoltaica y que
los exportadores en cuestión tienen estos acuerdos en gran valor, con
independencia de que realmente se transfieran fondos o no. Ello contradice los
argumentos de las partes según los cuales no tienen un valor efectivo. Aunque
los acuerdos tienen las características de líneas de crédito normales, van más
allá de los términos y las condiciones de estas y constituyen asociaciones
estratégicas efectivas entre organismos públicos y empresas para aplicar la
política de los poderes públicos. A este respecto, funcionan como un mecanismo
de apoyo o garantía del Estado que mejora la posición de mercado de los
exportadores en cuestión y les permite expandir su capacidad y sus resultados
con la certeza de que recibirán la financiación necesaria. En ausencia de ese apoyo
o esa garantía, es evidente que los mercados percibirían que los exportadores
se encuentran en una posición más débil. En consecuencia, podrían considerarse
una posible transferencia de fondos o una prestación de servicios financieros.
Una «garantía» tan valiosa tendría algún valor en el mercado y, como mínimo,
implicaría el pago de una tasa sustancial. En vista de lo antedicho, los
acuerdos confieren también un beneficio que, como dice el grupo especial CE-Aeronaves,
está separado y es independiente del beneficio que pueda conferirse con una
futura transferencia de fondos, debido, entre otras cosas, a la potencial
obligación de pago de los poderes públicos. Son algo más que una simple
«promesa de proporcionar» financiación «barata»[99] y colocan a sus receptores en una situación claramente mejor de
la que tendrían en ausencia de un acuerdo.
(438)   El importe del beneficio
se estableció sobre la base de las comisiones cobradas por la línea de crédito
obtenida por uno de los productores exportadores incluidos en la muestra. Esta
línea de crédito fue concedida por un banco cuya sede se encuentra en una
jurisdicción financiera distinta de China y presenta todos los elementos de las
líneas de crédito comerciales disponibles en los mercados financieros mundiales
y de otros acuerdos existentes en el sector comercial. Debe apuntarse también
que esta línea de crédito no se diferencia básicamente en sus condiciones de
las demás líneas de crédito comerciales obtenidas por los productores
exportadores incluidos en la muestra en las que se cobran comisiones, en
especial las de bancos extranjeros. En vista de este análisis, se trata de una
referencia conservadora, pues las pruebas indican que los acuerdos son en
realidad más valiosos para las empresas como medida autónoma que una línea de
crédito estándar. Sin embargo, la Comisión consideró que las comisiones
exigidas servían de variable de sustitución razonable para las que serían
pagaderas conforme a los acuerdos.
(439)   Las autoridades chinas
alegaron también que los bancos que celebraron los acuerdos con los
exportadores incluidos en la muestra no eran organismos públicos ni recibían
consignas de los poderes públicos para actuar como tales. Hubo que rechazar
esta alegación. Los bancos de que se trata son los mismos que daban
financiación preferencial y en los considerandos 159 a 168 y 169 a 180 la
Comisión explica con detalle por qué se considera que son organismos públicos y
que reciben consignas y directrices de las autoridades chinas.
(440)   Las autoridades chinas
alegaron que la afirmación de la Comisión según la cual las líneas de crédito,
en circunstancias de mercado normales, están sujetas a importantes comisiones
de compromiso y administración no tiene fundamento, pues esas comisiones solo
se aplican a las «líneas de crédito comprometidas».  Hubo que rechazar esta
alegación. Como se expone en el considerando anterior, la línea de crédito
utilizada como referencia no se diferencia básicamente en sus condiciones de
las demás líneas de crédito comerciales obtenidas por los productores
exportadores incluidos en la muestra, también de bancos situados fuera de
China. Además, uno de los bancos que celebró varios acuerdos de ese tipo con
productores exportadores incluidos en la muestra parece cobrar comisiones
similares a sus clientes extranjeros[100].
(441)   Las
autoridades chinas alegaron también que la Comisión no había aportado pruebas
que apoyaran su afirmación de que la provisión de líneas de crédito por parte
de los poderes públicos (es decir, los acuerdos) formaba parte de los préstamos
preferenciales. Esto no es correcto. La provisión de líneas de crédito es la
parte estándar de la financiación proporcionada por los bancos a las empresas,
mientras que los acuerdos constituyen medidas aparte y distintas que entran en
el ámbito de los préstamos preferenciales. Como se expone en el considerando
102, las autoridades chinas establecen en una serie de leyes y documentos
estratégicos y de planificación la financiación preferencial de la industria
fotovoltaica. Además, se concedieron muchos préstamos conforme a estos
acuerdos, lo que muestra claramente que forman parte integrante de la
financiación preferencial de la industria fotovoltaica. 
(442)   Un productor exportador
alegó que la provisión de líneas de crédito no es una subvención específica.
Hubo que rechazar esta alegación. Como se explica en el considerando 441, la
provisión de líneas de crédito forma parte integrante de los préstamos
preferenciales y, por tanto, se le aplica igualmente el análisis de la
especificidad contenido en los considerandos 191, 192, 209 y 428. 
(443)   Según el denunciante, la
Comisión debería haber establecido un margen de subvención por la utilización
de créditos de compradores de exportaciones, dado que el Banco EXIM se negó a
cooperar. La Comisión debería haber utilizado la información que figura en la
denuncia y en las conclusiones del Ministerio de Comercio de los EE. UU.
sobre un caso del sector fotovoltaico similar. Esta alegación no pudo
aceptarse. La Comisión estudió las alegaciones de la denuncia, pero no encontró
prueba alguna de que los productores exportadores incluidos en la muestra se
beneficiaran de esas medidas durante el período de investigación. Debe tenerse
presente que los períodos de investigación del asunto de los EE. UU. y del
asunto que nos ocupa fueron diferentes.
3.5.3.     Observaciones de las
partes relativas a las garantías y los seguros de exportación para las
tecnologías verdes
(444)   Con respecto a los
documentos solicitados por la Comisión en la inspección, mencionados en los
considerandos 220 y 221, las autoridades chinas alegaron que no se había
aclarado cuándo se solicitó el Plan 840, que los estados financieros de
2012 de Sinosure no estaban disponibles en el momento de la inspección y que la
información sobre las empresas incluidas en la muestra era confidencial y, en
cualquier caso, los contratos pertinentes no se encontraban en la sede de
Sinosure. La Comisión se remite a las explicaciones dadas en los considerandos
219, 220 y 223, que abordan todos estos argumentos. En cuanto al Plan 840,
la Comisión añade que solicitó todos los documentos pertinentes relativos a la
actividad de Sinosure y el supuesto programa de subvención que beneficiaba a
los exportadores incluidos en la muestra y que este Plan 840 es
ciertamente pertinente para sus conclusiones, junto con los demás documentos
especificados en el considerando 236, según fundamentan las explicaciones dadas
en el considerando 232. Por lo que se refiere a los estados financieros de 2012
de Sinosure, la Comisión pidió las cuentas de prueba de 2012 si no estaban
terminados los estados financieros correspondientes, pero Sinosure también se
negó a facilitarlas.
(445)   Las autoridades chinas
alegaron también que no existen pruebas jurídicas ni fácticas que fundamenten
la conclusión de que la industria fotovoltaica es una «industria estratégica»,
y que esto sería fruto de una presunción. La Comisión se remite a la
explicación del considerando 231 y recuerda que este punto fue verificado
específicamente por las autoridades chinas durante la inspección. Con respecto
a la alegación similar relativa al Plan 840, al Plan 421 y a
las medidas de apoyo a las industrias estratégicas emergentes, así como a la
alegación de que estos planes no son vinculantes, la Comisión se remite a las
explicaciones dadas en los considerandos 232 y 234 respectivamente.   Además,
señala que las autoridades chinas no presentaron estos documentos ni los
discutieron con ella y que no hay pruebas en el expediente que demuestren que
las conclusiones de la Comisión no son correctas.
(446)   Las autoridades chinas y
un exportador incluido en la muestra alegaron que las rebajas y subvenciones
para el pago de las primas del seguro de crédito a la exportación concedidas
por las autoridades locales se habían sometido a medidas compensatorias de
manera ilícita, pues no se había establecido que constituyeran subsidios a
tenor del Acuerdo SMC de la OMC. La Comisión se remite a su análisis de las
conclusiones de la investigación, y en particular a los considerandos 239 y
247. La Comisión señala, además, que esas rebajas y subvenciones están
interrelacionadas de manera inextricable con el sistema de seguro de crédito a
la exportación, ya que su reembolso es consecuencia del pago de la prima a
Sinosure conforme a la política principal de seguro de crédito a la
exportación. En fin, estas rebajas entran también en el ámbito de aplicación de
la Comunicación [2004] nº 368 emitida por el Ministerio de Comercio y
Sinosure, que establece que las autoridades públicas regionales y locales deberán
seguir haciendo esfuerzos conjuntos para aplicar medidas de apoyo adicionales a
los productos incluidos en el Repertorio y a las empresas de alta y nueva
tecnología de cara al seguro de crédito a la exportación.
(447)   Las autoridades chinas
cuestionaron también la conclusión relativa a la letra j) del anexo I del
Acuerdo SMC de la OMC según la cual el sistema de seguro de crédito a la
exportación a corto plazo de Sinosure funcionaba con tipos de prima inadecuados
para cubrir las pérdidas y los costes de funcionamiento a largo plazo del
sistema. Para ello citaban la jurisprudencia del grupo especial de la OMC Estados
Unidos — Algodón americano (Upland) y daban explicaciones sobre diversos
conjuntos de cifras y argumentos contenidos en los informes anuales de Sinosure.
También cuestionaron la referencia que hace la Comisión al artículo 11 de los
estatutos de Sinosure y al artículo del bufete Stewart and Stewart. La Comisión
reitera todos los argumentos esgrimidos en los considerandos 242 a 245 y
recuerda que sus conclusiones se basan en los mejores datos disponibles en el
expediente debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas, que le
impidieron obtener la información pertinente que había solicitado. Para extraer
sus conclusiones, la Comisión tuvo en cuenta una serie de elementos y de
pruebas contenidos en el expediente, entre ellos los estatutos de Sinosure y el
artículo del bufete Stewart and Stewart. La Comisión considera que, si bien
ninguno de estos elementos es determinante por sí mismo, junto con todos los
demás sí son pertinentes para hacer su determinación. En cuanto a la
jurisprudencia Estados Unidos — Algodón americano (Upland), la Comisión
la ha tenido plenamente en cuenta en sus conclusiones y las citas que de ella
hacen las autoridades chinas son, en efecto, muy pertinentes.
(448)   Para cuestionar el
análisis que hace la Comisión en el considerando 245, las autoridades chinas
presentan un cuadro con cifras extraído de la cuenta de resultados de los
informes anuales de Sinosure correspondientes al período 2006-2011,
públicamente disponibles, y concluyen que es evidente que las primas recibidas
fueron más altas que los costes de funcionamiento del sistema. En primer lugar,
la Comisión señala que el cuadro facilitado por las autoridades chinas no
incluye la fila pertinente sobre los importes de las comisiones pagadas por
Sinosure, sino únicamente los gastos de funcionamiento. En segundo lugar, las
cifras muestran de manera indiscutible que ningún año, de 2006 a 2011, con
excepción de 2010, los importes de la prima neta fueron superiores a los de los
siniestros netos más los gastos de funcionamiento, aun ignorando los pagos de
comisiones que las autoridades chinas omitieron. Se incluye 2011, que abarca
parcialmente el período de investigación, y el importe de la pérdida es
bastante considerable en algunos años (por ejemplo, en 2008). En tercer lugar,
la Comisión señala que las autoridades chinas han indicado para 2010 un importe
desproporcionadamente bajo de siniestros netos liquidados (las primas abonadas
son veinte veces superiores a los siniestros liquidados), algo que no queda
reflejado en el informe anual de ese año. El importe indicado por las
autoridades chinas en relación con 2010 se basa en ajustes masivos a
posteriori relativos al recobro de siniestros y a cambios en las reservas
de siniestros pendientes, que solo aparecen en el informe anual de 2011 con
referencia a 2010. Estos ajustes parecen tener carácter extraordinario y
anormal y solo se plasman en el informe del año siguiente. La Comisión señala
asimismo que, con respecto a 2011, las autoridades chinas han indicado los
importes incluidos en el informe anual de 2011. La Comisión considera que es
difícil conciliar los ajustes subsiguientes con la situación real, sobre todo
ante la falta de cooperación y de explicaciones adicionales por parte de las
autoridades chinas o Sinosure en el transcurso de la investigación. Según el
grupo especial Estados Unidos — Algodón americano (Upland), como lo
citan las propias autoridades chinas, «la referencia a "largo plazo",
del punto j), alude a un período de duración suficiente para asegurar un examen
objetivo que permita apreciar el programa cabalmente evitando que se
atribuya una importancia exagerada a cualquier experiencia única o atípica de
determinado día, mes, trimestre, semestre, año u otro período de tiempo
específico» [énfasis añadido]. La Comisión considera que el período
2006-2011 constituye un plazo suficientemente largo y Sinosure sufrió pérdidas
en cada año de ese período. Con respecto a la situación de 2010, o bien debe
considerarse única o atípica si se tienen en cuenta las cifras ajustadas del
informe anual de 2011 y, por tanto, de importancia limitada, o bien deben
tomarse en consideración como pertinentes las cifras ordinarias sin ajustes del
informe anual de 2010, que muestran que el resultado está ligeramente por
encima del punto de equilibrio. Dadas las pérdidas significativas de otros
años, esto confirma la conclusión de la Comisión de que Sinosure se encontró,
en general, en una posición de pérdida a largo plazo durante el período
2006-2011. Además, aunque se consideraran representativos los datos de 2010, el
hecho sigue siendo que Sinosure registró pérdidas en cinco de los seis años que
van de 2006 a 2011. Los demás cuadros y conjuntos de cifras presentados por las
autoridades chinas para refutar las conclusiones de la Comisión sobre la letra
j) del anexo I del Acuerdo SMC de la OMC no son conciliables con otros datos
del expediente ni son verificables. En cualquier caso, no demuestran por sí
mismos que Sinosure alcanzara un equilibrio en su sistema de seguro de crédito
a la exportación a corto plazo durante el período 2006-2011.
(449)   En cuanto a la referencia
para el cálculo del beneficio, las autoridades chinas consideran que el
establecimiento de una referencia fuera del país no es conforme con el Acuerdo
SMC, pero no aportan ningún argumento que justifique su alegación. La Comisión
se remite a la explicación dada en el considerando 245.
(450)   Las autoridades chinas y
un exportador cooperante incluido en la muestra cuestionaron la referencia
utilizada aduciendo que la Comisión no había justificado por qué: i) basó el
cálculo de la prima en los datos bancarios del Banco de Exportación e
Importación de los EE. UU.; ii) utilizó Italia como país importador en
lugar de Alemania, que representa el mayor mercado de exportación del producto
afectado; iii) tomó un período de ciento veinte días y no de sesenta o menos
días; iv) no utilizó el cálculo de la prima de las exportaciones directas, sino
el del seguro de créditos de instituciones financieras a compradores de
exportaciones. Con respecto a i), la Comisión se remite al considerando 253.
Por lo que se refiere a ii), la Comisión cree que Italia representa un
equilibrio correcto entre el país de la UE con el menor riesgo y los países de
la UE con riesgos mucho más elevados y, en consecuencia, primas mucho más
altas, que también constituyen mercados para el producto afectado. En cuanto a
iii), en ausencia de una simulación específica basada en un período de noventa
días en el sitio web del Banco de Exportación e Importación, la Comisión
considera que un período de ciento veinte días es el más apropiado para
representar los términos de las ventas durante el período de investigación. Por
lo que respecta a iv), la Comisión no pudo obtener una simulación para calcular
la prima de las exportaciones directas y consideró que esta referencia
reflejaba la situación general de riesgo en el país de adquisición.
(451)   Un exportador cooperante
incluido en la muestra alegó que había contratado un seguro de crédito a la
exportación para alguna de sus exportaciones, pero que había pagado primas de
seguro normales y no disfrutaba del programa Green Express ni de ningún
otro trato beneficioso alegado por el denunciante. En ausencia de pruebas que
demuestren esta alegación, la Comisión se remite a sus conclusiones sobre el
programa expuestas en la sección 3.4.1.4 del presente Reglamento. En cuanto al
programa Green Express, la Comisión se remite a su conclusión del
considerando 240 y señala que este programa constituye un aspecto concreto del
sistema de seguro de crédito a corto plazo de Sinosure y que sus conclusiones
no se limitan a este aspecto, sino que se refieren al sistema en su conjunto.
3.5.4.     Programa de demostración Golden
Sun
(452)   Las autoridades chinas
argumentan que este programa ofrece subvenciones a «sistemas solares
fotovoltaicos descentralizados», no a los productores/exportadores del producto
afectado, y que los criterios pertinentes de la legislación no van dirigidos a
los productores de módulos y células. A este respecto, alegaron que, para
demostrarlo, habían proporcionado la documentación pertinente sobre el
programa, incluso en coordinación con las empresas incluidas en la muestra.
Tres exportadores cooperantes incluidos en la muestra alegaron que se trata de
una «subvención de usuario» y no confiere un beneficio al producto afectado,
por lo que no debe someterse a medidas compensatorias a tenor del artículo 1,
apartado 1, y el artículo 3, punto 1, del Reglamento de base, del artículo VI:3
del GATT 1994 y del artículo 19.1 del Acuerdo SMC de la OMC. Estos exportadores
se referían a la Decisión de la UE en el asunto sobre el biodiésel originario
de los Estados Unidos [considerando 97 del Reglamento (CE) nº 194/2009 de
la Comisión, DO L 67 de 12.3.2009, p. 50] y a la jurisprudencia de la OMC en
los asuntos Estados Unidos-Barras de plomo (apartados 6.50, 6.53, 6.56 y
6.57 del informe del grupo especial), Canadá-Medidas que afectan a la
exportación de aeronaves civiles (apartado 9.112 del informe del grupo
especial), Brasil-Programa de financiación de las exportaciones para
aeronaves (apartado 7.24 del informe del grupo especial) y Canadá-Medidas
que afectan a la exportación de aeronaves civiles (apartados 157 y 159 del
informe del Órgano de Apelación).
(453)   La
Comisión se remite a las conclusiones de la investigación y, en particular, a
los considerandos 243 a 246 del presente
Reglamento, donde se dan explicaciones exhaustivas sobre los argumentos
mencionados y se confirma que la determinación es coherente con las
disposiciones pertinentes y con la jurisprudencia citada por las autoridades
chinas y los exportadores cooperantes incluidos en la muestra. La Comisión
reitera que las subvenciones en el marco del programa están directamente
relacionadas con el producto afectado, pues los «sistemas solares fotovoltaicos
descentralizados» elegibles incluyen específicamente el suministro de módulos y
células como parte importante de los proyectos y, por tanto, el nexo entre el
beneficio conferido por los poderes públicos y el producto afectado es directo
e inextricable. Como también se ha especificado particularmente en los
considerandos 244 y 245, la investigación confirmó que las autoridades chinas
habían realizado pagos directos a varios exportadores cooperantes incluidos en
la muestra (al objeto de instalar paneles solares para generar energía de uso
propio, también en el proceso de fabricación del producto afectado) que
utilizan, entre otros, módulos y células solares de fabricación propia. También
se estableció que los pagos directos a exportadores en su calidad de
proveedores del producto afectado a terceros explotadores de proyectos son, de
hecho, contrarios a lo dispuesto en la legislación pertinente y que las
autoridades chinas no habían aportado pruebas para aclarar la situación (véanse
los considerandos 245 y 246). La explicación limitada que dieron las
autoridades chinas y el exportador cooperante incluido en la muestra de que la
transferencia directa de fondos, que infringe la legislación china, fue
necesaria debido a la difícil situación financiera del explotador del proyecto
y para garantizar que las subvenciones solo se emplearían en sistemas
fotovoltaicos autorizados indica claramente que, en ausencia de esta
transferencia directa de los poderes públicos, el exportador cooperante
incluido en la muestra, en su calidad de proveedor, no habría podido recibir
pago alguno por el producto afectado suministrado y los poderes públicos no
habrían podido garantizar que la subvención se utilizara con el fin previsto.
Desde este punto de vista, y a falta de otras pruebas, deben considerarse estos
pagos como una subvención directa de las autoridades chinas al fabricante del
producto afectado, que de otro modo no habría recibido pago alguno por el
suministro del producto afectado (suponiendo que este suministro tuviera
realmente lugar, de lo que no hay ninguna prueba en el expediente). Sobre esta
base, la Comisión cree que los argumentos esgrimidos por las autoridades chinas
y los exportadores cooperantes incluidos en la muestra carecen de fundamento
jurídico.
(454)   Las autoridades chinas
alegaron también que, con respecto a las situaciones en las que los beneficios
del programa guardaban relación con el suministro del producto afectado a
explotadores de proyectos vinculados, la Comisión estaba obligada a realizar un
análisis de la transferencia para establecer este punto, y citaban la decisión
de la OMC en el asunto Estados Unidos-Madera blanda IV (apartados 141 y
142 del informe del Órgano de Apelación). La Comisión se remite a las
explicaciones dadas en los considerandos 244 a 246 y en el considerando 352
para desestimar esta alegación. Por otro lado, ante la falta de cooperación de
las autoridades chinas y de las partes interesadas, la Comisión no estaba en
posición de realizar un análisis de la transferencia. Por tanto, no se trata de
una cuestión de transferencia y la jurisprudencia de la OMC citada no es
pertinente en esta situación, ya que los fondos se pagaron directamente a los
fabricantes del producto afectado y están directamente relacionados con el
suministro, entre otras cosas, del producto afectado. Dado que estos pagos eran
subvenciones no reembolsables, existe una contribución financiera (una transferencia
directa de fondos) y la Comisión tiene derecho a suponer que confieren un
beneficio a los receptores (los productores), en ausencia de pruebas de otros
usos hechos de las sumas en cuestión. Si los pagos en el marco de este programa
hubieran sido hechos por los poderes públicos a terceros explotadores de
proyectos y el equipo se hubiera adquirido a un valor de mercado justo, no
habría habido un beneficio para los exportadores en cuestión. Sin embargo, en
una situación en las que los pagos se hacen a los productores exportadores, los
importes utilizados por estas empresas para instalar paneles solares confieren
un beneficio, pues las libera de los costes que de otro modo les habría
supuesto este proceso. Si el productor exportador no es capaz de demostrar que
una parte de la subvención se ha transferido a terceros usuarios, se supone,
sobre la base de los datos disponibles, que dicha parte confiere al exportador
un beneficio como una subvención general que favorece las actividades de la
empresa en su conjunto. Así ocurre en el presente caso.
(455)   Dos exportadores
cooperantes incluidos en la muestra alegaron que el programa Golden Sun
no es específico, ya que los requisitos pertinentes de la legislación china son
objetivos y todas las empresas que los cumplan pueden beneficiarse del programa
y a él pueden optar todas las empresas, sean o no fabricantes del producto
afectado. La Comisión se remite a su conclusión sobre la especificidad del
considerando 247, donde muestra que las condiciones y los criterios de
selección no son objetivos ni se aplican de manera automática. Los criterios
pertinentes exigidos confirman que el programa se limita exclusivamente al
subconjunto de empresas que los cumplen, en concreto aquellas con una
importante capacidad instalada de 300 kWh como mínimo y unos activos
mínimos de 100 000 000 RMB. Los criterios de selección se refieren
también a la necesidad de que las empresas receptoras estén incluidas en el
plan local de implementación del proyecto de demostración Golden Sun y
la investigación estableció que la inclusión en estos planes locales depende de
una decisión discrecional de las autoridades competentes, que ni es
transparente ni está basada en criterios objetivos. La Comisión añade que los
«sistemas solares descentralizados» elegibles dependen de la fabricación y el
suministro de equipos generadores solares que, en su mayor parte, se componen
de módulos y células.  Por tanto, en contra de lo argumentado por los
exportadores incluidos en la muestra, este programa es también específico en la
medida en que solo los productores de sistemas solares o, en otras palabras,
los fabricantes del producto afectado, pueden optar en la práctica a los
beneficios que confiere, bien directamente en su calidad de propietarios de
proyectos, bien indirectamente en su supuesta calidad de proveedores del
producto afectado a los propietarios de proyectos. Por consiguiente, teniendo
también en cuenta la falta de cooperación de las autoridades chinas, que no
facilitaron todos los documentos presupuestarios solicitados por la Comisión
(véanse los considerandos 234 a 239), se concluye que este programa es
específico también de facto a tenor del artículo 4, apartado 2, letra
c), del Reglamento de base, ya que son principalmente los fabricantes del
producto afectado los que de hecho se benefician directa o indirectamente de
él. La subvención también la utilizan un número limitado de empresas (los
fabricantes del producto afectado), o es utilizada predominante o
desproporcionadamente por ellas, pues, aun formando solo un subconjunto de los
supuestos receptores potenciales, parecen recibir toda la financiación.
3.5.5.     Programas de exenciones y
reducciones fiscales directas
3.5.5.1.  El programa «dos gratis,
tres la mitad» para las empresas con inversión extranjera
(456)   Las autoridades chinas
insisten en su argumento de que el programa relativo a las empresas con
inversión extranjera finalizó en 2013. La Comisión señala que el período de
investigación finalizó mucho antes de 2013 y que, por tanto, los beneficios
concedidos conforme al programa durante el período de investigación pueden ser
objeto de medidas compensatorias. Así lo confirmó la investigación, que
descubrió beneficios conferidos durante el período de investigación en el marco
de este programa a varios exportadores cooperantes incluidos en la muestra. Los
beneficios conferidos con arreglo al programa, aunque este terminara en 2013,
se mantienen en el futuro.
(457)   Las
autoridades chinas y un exportador cooperante incluido en la muestra alegaron
además que la variante para empresas de alta y nueva tecnología no puede
someterse a medidas compensatorias sobre la base del artículo 10, apartado 1,
del Reglamento de base, pues no figuraba en la denuncia. La Comisión se remite
al considerando 286, donde refuta al detalle este argumento. También recuerda
que las autoridades chinas decidieron no cooperar durante la investigación en
relación con la variante del programa. Además de estos elementos, la Comisión
señala que la denuncia enumera otros sistemas preferenciales de impuestos
directos para empresas de alta y nueva tecnología que se suman a la variante
«dos gratis, tres la mitad» para empresas con inversión extranjera (sección
4.2.5.1 de la denuncia), bien las desgravaciones fiscales para empresas de alta
y nueva tecnología (sección 4.2.5.9 de la denuncia), bien los programas
fiscales preferenciales para empresas con inversión extranjera reconocidas como
empresas de alta y nueva tecnología (sección 4.2.5.8 de la denuncia). Por
consiguiente, puede considerarse que este programa guarda también una relación
muy estrecha con uno de estos supuestos programas fiscales o con ambos, en
cuanto que concede una reducción del tipo impositivo directo y se dirige
específicamente al mismo grupo de empresas de alta y nueva tecnología
beneficiarias. Una vez más, si las autoridades chinas hubieran cooperado, la
Comisión habría podido evaluar adecuada y exhaustivamente todos los elementos
relativos al nexo con los programas que se alega en la denuncia y llenar las
lagunas de información que existen en esta, al estar basada en los indicios
razonables de que dispone el denunciante. En vista de estos argumentos, la
Comisión reitera que la sujeción de este programa a medidas compensatorias está
en plena consonancia con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento de base,
pues esta disposición permite que se investigue toda «supuesta subvención»
detectada por el denunciante, no solo un programa concreto. En este caso, la
supuesta subvención, consistente en la condonación de ingresos fiscales
públicos y dirigida al mismo tipo de beneficiarios, es común a todos los
programas en cuestión.
(458)   Con respecto al cálculo
del importe de la subvención, dos exportadores cooperantes incluidos en la
muestra argumentaron que la Comisión había utilizado erróneamente las cifras de
todo el año contenidas en la declaración anual del impuesto sobre sociedades de
2011, a pesar de que el período de investigación abarca la mitad de 2011 y la
mitad de 2012, y que ello va en contra del método de cálculo indicado en la
sección E, letra a), inciso ii), de las Directrices para el cálculo del
importe de la subvención en las investigaciones en materia de derechos
compensatorios (DO C 394 de 17.12.1998, p. 6) publicadas por la Comisión.
Uno de estos exportadores alegó además que, puesto que en el momento de la
inspección no estaba disponible la declaración del impuesto de todo el año
2012, la Comisión debería haber basado el cálculo para ese año en las
declaraciones trimestrales del impuesto sobre sociedades relativas a la primera
mitad de 2012 recopiladas in situ, o en los cuadros de ganancias y
pérdidas correspondientes a 2012, que muestran que la empresa se encontraba en
situación de pérdida.
(459)   La
Comisión se remite al considerando 300 y reitera la importancia de que el
cálculo del beneficio se base en declaraciones de impuestos finales auditadas
de un determinado ejercicio fiscal. Añade que la liquidación final de la
declaración fiscal de 2011 durante el período de investigación hace que todo
beneficio reclamado en la declaración sea definitivo, lo que subraya la
corrección de su enfoque. La Comisión no puede
basar su cálculo en declaraciones de impuestos trimestrales, pues en ellas se
refleja la situación corriente provisional en el momento de la presentación y,
por definición, no tienen en cuenta la situación consolidada final del
ejercicio fiscal anual. El objetivo de estas declaraciones es garantizar
liquidez a los poderes públicos en el caso de que se deban provisionalmente
impuestos, pero solo reflejan la situación parcial en el momento de la
presentación. Puede muy bien darse el caso de que, si la empresa obtiene un
beneficio sustancial en los dos últimos trimestres del año que compensen con
creces las pérdidas de los trimestres iniciales, declare un beneficio imponible
en la declaración de impuestos final. Por tanto, si bien las declaraciones de
impuestos provisionales de 2012 ofrecen una indicación parcial de la situación
del exportador en el momento de su presentación y explican por qué la Comisión
las recopiló, su pertinencia no es absoluta, pues no puede descartarse que la
situación al término del ejercicio fiscal, plasmada en la declaración final,
sea completamente diferente. En cuanto a los cuadros de ganancias y pérdidas
correspondientes a 2012, la Comisión señala que la contabilidad financiera no
siempre se corresponde con la contabilidad fiscal y puede ocurrir que la
obligación de declarar elementos de ingresos y pérdidas a efectos de impuestos
directos difiera sustancialmente de las obligaciones de declaración a efectos
contables. También puede haber ajustes a efectos fiscales que no se plasmen por
entero en las cuentas financieras. En resumen, el hecho de que una empresa se
encuentre en situación de pérdida en sus cuentas financieras no significa necesariamente
que esté en la misma situación de pérdida en su declaración de impuestos final.
Basándose en estos argumentos, la Comisión confirma que el cálculo de la
subvención en relación con sistemas de impuestos directos debe necesariamente
basarse en las cifras definitivas que aparecen en la declaración final del
impuesto sobre sociedades auditada, y no en declaraciones fiscales periódicas o
en estados contables definitivos o de prueba.
3.5.5.2.  Compensación de impuestos
por actividades de investigación y desarrollo de empresas con inversión
extranjera
(460)   Las autoridades chinas
alegaron tener noticia por primera vez de que la Comisión somete a medidas
compensatorias un programa de I+D que no es un programa de sustitución del
programa de I+D para empresas con inversión extranjera al que se refiere la
denuncia. Se basan en argumentos similares a los esgrimidos con respecto al
programa anterior según se explica en el considerando 457 y aducen que el
sometimiento de este programa a medidas compensatorias infringe los artículos
11 y 13 del Acuerdo SMC de la OMC. Alegan que el programa de I+D para empresas
con inversión extranjera finalizó en 2008 y que el nuevo programa de I+D
incluido en la nueva Ley china del impuesto sobre sociedades no es un
programa sustitutivo, pues no se refiere a las empresas con inversión
extranjera ni exige que el gasto en I+D sea un 10 % más elevado que el año
anterior. 
(461)   La Comisión señala que las
autoridades chinas no aportaron información sobre este programa en su respuesta
al cuestionario ni a la carta de deficiencias y que este programa ya estuvo
sometido a medidas compensatorias en investigaciones anteriores (véase el
considerando 310). Sin embargo, la Comisión señala asimismo que este programa
se discutió con las autoridades chinas durante la inspección y que se
recogieron como documentos probatorios las disposiciones de desarrollo
pertinentes (presentadas también por uno de los exportadores incluidos en la
muestra). Por consiguiente, la alegación de las autoridades chinas de que era
la primera vez que se les informaba del posible sometimiento de este programa a
medidas compensatorias es infundada, visto también que varios exportadores
cooperantes incluidos en la muestra, con los que las autoridades chinas
coordinaron su respuesta, informaron de este programa en sus respuestas al
cuestionario. Las autoridades chinas eran plenamente conscientes de ello, pues
examinaron varias veces el expediente no confidencial. Las conclusiones de la
investigación demuestran que este programa puede someterse a medidas
compensatorias (considerandos 310 a 314). La Comisión añade que este programa
es claramente sustitutivo del programa anterior dirigido a las empresas con
inversión extranjera, dada la estrecha relación puesta de manifiesto por la forma
y el importe idénticos del beneficio fiscal (compensación fiscal adicional
deducible de la base imponible), la misma ratio y la misma situación subyacente
(costes elegibles por actividades de I+D), con ligeras variaciones.  Estas
ligeras variaciones se pusieron en consonancia con la reforma de la nueva Ley
del impuesto sobre sociedades en 2008, pero la naturaleza y el fondo del
programa siguen siendo básicamente iguales. La Comisión se remite también a los
argumentos sobre la norma para el inicio de una investigación expuestos en el
considerando 457.
(462)   Las
autoridades chinas y un exportador cooperante incluido en la muestra alegaron
que este programa no es específico, pues la Comisión no ha demostrado que la
obtención del certificado de empresa de alta y nueva tecnología esté limitado a
determinadas empresas. La Comisión se remite a su explicación del considerando
313 y de los considerandos 321 y 325 en relación con otro programa fiscal para
las empresas de alta y nueva tecnología. Añade que las normas de desarrollo
para la aplicación de este programa (véase el considerando 321) confirman la
conclusión sobre la especificidad basada en que las empresas de alta y nueva
tecnología son las únicas en los sectores apoyados por las políticas estatales
que pueden obtener el certificado correspondiente conforme a los repertorios y
directrices estatales pertinentes. Por ejemplo, solo pueden obtener este
certificado las empresas que participan en un proyecto de I+D prescrito en los
ámbitos de alta y nueva tecnología con apoyo estatal clave y en las directrices
de prioridades actuales de desarrollo en sectores clave de la industria de alta
tecnología de 2007 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma , o en
actividades de I+D incluidas en el ámbito de la Comunicación nº 6 [2006]
del Consejo de Estado, sobre la aplicación de las diversas políticas de apoyo
para el esbozo del desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo
(2006-2020). Por tanto, es evidente que este programa fiscal se limita a las
empresas concretas de los sectores y las actividades de I+D pertinentes con
apoyo de las autoridades chinas, incluidas las del sector fotovoltaico
fomentado.
(463)   Con respecto al cálculo
del importe de la subvención, dos exportadores cooperantes incluidos en la
muestra argumentaron que la Comisión había utilizado erróneamente las cifras de
su declaración anual del impuesto sobre sociedades de 2011, cuando el período
de investigación abarca la mitad de 2011 y la mitad de 2012, y que ello va en
contra del método de cálculo indicado en la sección E, letra a),
inciso iii), de las Directrices para el cálculo del importe de la
subvención en las investigaciones en materia de derechos compensatorios
publicadas por la Comisión en 1998. La Comisión se remite a todos los argumentos
expuestos en el considerando 459, que son igualmente pertinentes para
desestimar la alegación relativa a este programa. Por otro lado, la Comisión
señala que la pretendida anotación de compensación fiscal de pérdidas en el
ejercicio fiscal 2012 tiene poca o ninguna relevancia, ya que una desgravación
fiscal puede trasladarse otros cinco ejercicios fiscales adicionales y
compensarse con cualquier ingreso imponible declarado en los cinco ejercicios
siguientes. Por tanto, aunque la Comisión aceptara que estas empresas
efectuaron una compensación fiscal de pérdidas en el ejercicio 2012 o estuviera
disponible la declaración de impuestos definitiva auditada de 2012 y esta
presentara una compensación fiscal de pérdidas (que no es el caso), seguiría
teniendo en cuenta los beneficios en el marco de este programa, pues no puede
descartarse que los beneficios de la desgravación fiscal acumulados en 2012 se
utilizaran tan pronto como la empresa declarara ingresos imponibles en
cualquiera de los cinco ejercicios fiscales siguientes.
3.5.5.3.  Desgravación fiscal para
empresas de alta y nueva tecnología que participan en proyectos designados
(464)   Las autoridades chinas y
un exportador cooperante argumentaron que este programa no es específico, que
el análisis de la especificidad no está basado en los hechos, que los
requisitos para obtener el reconocimiento como empresa de alta y nueva
tecnología deben considerarse criterios objetivos y que las condiciones que
rigen la elegibilidad para conseguir la subvención y para acceder al programa
son automáticas. Con respecto a la conclusión de especificidad relativa a la
limitación de este programa y de la compensación fiscal para empresas de alta y
nueva tecnología que realizan actividades de I+D, la Comisión se remite a la
explicación dada en los considerandos 321 y 325, así como al considerando 462,
igualmente aplicable a este programa. La Comisión reitera que las medidas de
desarrollo y los documentos enumerados anteriormente muestran que la aplicación
de este programa y el reconocimiento como empresa de alta y nueva tecnología,
lejos de estar abiertos a todas las empresas y basarse en criterios objetivos,
se limitan a determinados sectores y empresas que reciben apoyo de las
autoridades chinas conforme a criterios que no parecen ni objetivos ni neutros.
La elegibilidad para obtener beneficios en el marco de este programa tampoco es
automática, sino que depende de la concesión del certificado de empresa de alta
y nueva tecnología, que se emite siguiendo el procedimiento discrecional de las
autoridades competentes y no es, por tanto, automático.
(465)   Un exportador cooperante
alegó que la Comisión hizo un cálculo erróneo del beneficio obtenido con la
subvención de este programa, ya que utilizó la declaración tributaria auditada
de 2011 estando disponibles las declaraciones del primer y segundo trimestres
de 2012, que se facilitaron en la inspección, y que, en cualquier caso, la
Comisión podría haber solicitado una copia de la declaración anual del impuesto
sobre sociedades definitiva de 2012 tan pronto como esta hubiera estado
disponible. Este exportador argumentó también que, si se utiliza la declaración
tributaria de 2011 para calcular el beneficio de la subvención, debería
emplearse la cifra de negocios de 2011 y no la del período de investigación. La
Comisión se remite a la explicación dada en el considerando 459. La Comisión
señala además que, en su carta previa a la inspección dirigida a los
exportadores incluidos en la muestra, entre ellos el exportador en cuestión, pedía
específicamente el original de las declaraciones tributarias completas de los
ejercicios fiscales que abarca el período de investigación y los tres
ejercicios anteriores. Por consiguiente, este exportador cooperante podría y
debería haber presentado la declaración de 2012 tan pronto como hubiera estado
disponible, y la Comisión señala que no lo hizo ni siquiera cuando envió sus
observaciones al documento de divulgación. Con respecto al argumento de que la
Comisión debería utilizar la cifra de negocios de 2011 para calcular el
beneficio, la Comisión señala que el importe del beneficio de la declaración
tributaria de 2011 se considera un reflejo razonable de la situación en el
período de investigación, sobre todo teniendo en cuenta que los impuestos de
2011 eran pagaderos en el período de investigación (mes) y que en el momento de
la inspección no estaban disponibles los datos correspondientes a 2012. En
cualquier caso, la Comisión no puede utilizar denominadores diferentes para
medir subvenciones diferentes, pues de lo contrario las cifras porcentuales no
serían comparables y la coherencia del cálculo no estaría garantizada. Por
último, la Comisión añade que carece de cifras verificadas correspondientes a
la cifra de negocios de 2011 y solo dispone de las correspondientes al período
de investigación.
3.5.6.     Observaciones de las
partes sobre la concesión de derechos de uso del suelo a cambio de una
remuneración inferior a la adecuada
(466)   Las autoridades chinas
alegaron que la Comisión no determinó la especificidad con arreglo al artículo
2, apartados 1 y 2, del Acuerdo SMC, ni tampoco fundamentó claramente su
determinación de la especificidad en pruebas positivas, como requiere el
artículo 2, apartado 4, de dicho Acuerdo. Según las autoridades chinas, la Comisión
no aportó ninguna prueba fáctica de cuáles son esas determinadas industrias a
las que se conceden derechos de uso del suelo a tipos preferenciales y tampoco
la base jurídica para afirmar que la industria productora de módulos y células
forma parte de esas industrias.  Un productor exportador formuló una alegación
similar. Estas alegaciones tuvieron que desestimarse. La Comisión ha citado en
el considerando 364 ejemplos de comunicaciones sobre derechos de uso del suelo
en los que las autoridades pertinentes limitaban a la industria fotovoltaica el
conjunto de compradores potenciales al precio fijado y establecían límites de
precios a los derechos de uso del suelo adquiridos por los productores
exportadores incluidos en la muestra. En ausencia del resto de la información
solicitada a las autoridades chinas, y dado el apoyo estatal a la industria
fotovoltaica, junto con la asignación discrecional y sin transparencia de los
derechos de uso del suelo, la Comisión consideró que esta información establece
la existencia de especificidad. 
(467)   Las autoridades chinas y
varios productores exportadores alegaron que la referencia para los derechos de
uso del suelo elegida por la Comisión no es adecuada. Las autoridades chinas
alegaron también que la Comisión no hizo todo lo que pudo para detectar una
referencia que se aproximara a las condiciones del mercado que predominarían en
ausencia de la distorsión, como exige la decisión del grupo especial de la OMC Estados
Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados
productos procedentes de China[101]. Hubo que rechazar esta alegación. La
Comisión, de hecho, revisó en detalle varios indicadores y estableció
comparaciones entre Taiwán y China en su conjunto, y cada una de las provincias
chinas afectadas. Tras realizar este análisis, la Comisión consideró que Taiwán
era una referencia adecuada teniendo en cuenta toda la información que obra en
el expediente, a saber: i) el nivel de desarrollo económico y la estructura
económica comparables existentes en Taiwán y en la gran mayoría de las
provincias y ciudades chinas en las que están establecidos los productores
exportadores cooperantes; ii) la proximidad física de China y Taiwán; iii) el
alto grado de desarrollo de las infraestructuras industriales en Taiwán y en
las provincias chinas; iv) los fuertes lazos económicos y el intenso comercio
transfronterizo entre Taiwán y China; v) la densidad de población similar entre
las provincias chinas en cuestión y Taiwán; vi) la semejanza entre el tipo de
suelo y las transacciones utilizadas para construir la referencia pertinente en
Taiwán y en China; y vii) las características demográficas, lingüísticas y
culturales comunes entre Taiwán y China. Por otro lado, la mayoría de las
provincias de que se trata se consideran de las principales provincias
manufactureras de China. Si bien el PIB per cápita de estas provincias y
ciudades no es idéntico al de Taiwán, ha aumentado rápidamente en los últimos
años hasta casi alcanzarlo. Además, datos recientes indican que tanto China en
su conjunto como las provincias y ciudades en cuestión registran un índice de
crecimiento del PIB mucho mayor que Taiwán, lo que significa que se están
aproximando muy rápido. No obstante, es importante señalar que la comparación
precisa entre el PIB de una economía no de mercado (China) y el PIB de una
economía de mercado consolidada (Taiwán) no es un elemento decisivo, puesto que
es normal que el PIB sea menos elevado en una economía no de mercado. Por otra
parte, otros muchos factores, como las normas de planificación o la política
medioambiental, pueden influir en la oferta y la demanda de suelo industrial.
La verdadera cuestión es saber cuáles serían las «condiciones reinantes en el
mercado» en relación con los derechos de uso del suelo en las provincias chinas
de que se trata en presencia de una economía de mercado en funcionamiento y,
atendiendo a todas las pruebas, se concluye que serían muy parecidas a las de
Taiwán.
3.5.7.     Otras observaciones
(468)   El denunciante alegó que
la Comisión debería desvelar los sistemas de subvención adicionales
descubiertos en la investigación y establecer también márgenes de subvención
para esos sistemas no mencionados en la denuncia. A este respecto debe
señalarse que la Comisión investigó todas las subvenciones que cumplían los
requisitos legales para el inicio de una investigación.
(469)   El denunciante alegó que
la Comisión debería haber establecido un margen de subvención en relación con
el suministro de polisilicio a cambio de una remuneración inferior a la
adecuada basándose en la información contenida en la denuncia y en las
conclusiones del Ministerio de Comercio de los EE. UU. sobre un caso del
sector fotovoltaico similar. La Comisión investigó este programa y, basándose
en la información recibida de productores exportadores incluidos en la muestra
y de las autoridades chinas, concluyó que no hubo beneficios de este programa
durante el período de investigación, principalmente porque los precios de
importación del polisilicio fueron inferiores a los cobrados por los
proveedores chinos. Debe tenerse presente que los períodos de investigación del
asunto de los EE. UU. y del asunto que nos ocupa fueron diferentes.
(470)   El denunciante alegó
también que la Comisión debería haber establecido un margen de subvención en
relación con el abastecimiento de electricidad a cambio de una remuneración
inferior a la adecuada. Hubo que rechazar esta alegación. La Comisión no
encontró pruebas suficientes de que los productores exportadores incluidos en
la muestra, a excepción de LDK, se beneficiaran de una abastecimiento
preferencial de electricidad en el período de investigación.
(471)   Las autoridades chinas
alegaron que la metodología de cálculo de la Comisión daba lugar a una
duplicación en los cálculos de los márgenes antidumping y antisubvención. Según
las autoridades chinas, la Comisión debería haber deducido de los márgenes de
dumping el margen de subvención calculado para el programa de seguro de crédito
a la exportación, pues se trata de una subvención a la exportación. Las
autoridades chinas alegaron también que la Comisión debería haber deducido de
los márgenes de dumping los márgenes de subvención calculados sobre la base de
referencias fuera del país. Arguyeron que parte del dumping calculado basándose
en el valor normal del país análogo es realmente la misma subvención sometida a
medidas compensatorias en la investigación antisubvención
paralela. Ninguna de estas alegaciones tendría efecto alguno en las
medidas resultantes, ya que en el presente caso los derechos combinados están
limitados por el margen de perjuicio. Las autoridades chinas confirmaron este
aspecto en sus observaciones al documento de divulgación definitiva. Por
consiguiente, no se consideró necesario abordar el fondo de estas alegaciones.
3.6.        Importe de las
subvenciones sujetas a medidas compensatorias
(472)   De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de base, los importes de las
subvenciones sujetas a medidas compensatorias, expresados ad valorem,
para las empresas investigadas son los que se indican en el siguiente cuadro:
 Productor exportador || Margen de subvención definitivo 
 Wuxi Suntech Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd || 4,9 % 
 Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co., Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % 
 Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % 
 JingAo Solar Co., Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Shanghai Jinglong Solar Energy Technology Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd || 5,0 % 
 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd || 11,5 % 
 Delsolar (Wujiang) Co. Ltd || de minimis 
 Renesola Zhejiang Ltd Renesola Jiangsu Ltd || 4,6 % 
 Jinko Solar Co. Ltd y empresas vinculadas || 6,5 % 
 Otras empresas que cooperaron (anexo 1) || 6,4 % 
 Las demás empresas || 11,5 % 
(473)   Con arreglo al artículo
15, apartado 3, del Reglamento de base, el margen total de subvención para las
empresas que cooperaron y que no fueron incluidas en la muestra se calcula a
partir del margen total medio ponderado de subvención establecido para las
empresas cooperantes incluidas en la muestra, es decir, el 6,4 %.
(474)   Dado el alto nivel de
cooperación de los productores exportadores chinos, el derecho para «las demás
empresas» se fijó al nivel del derecho más elevado impuesto a las empresas que
se incluyeron en la muestra o que cooperaron en la investigación,
respectivamente. El derecho para «las demás empresas» se impondrá a las
empresas que no cooperaron en la investigación. 
4.           PERJUICIO
4.1.        Definición de industria
de la Unión y producción de la Unión 
(475)   El
producto similar lo fabricaban doscientos quince productores en la Unión. Estos
constituyen la industria de la Unión a tenor de lo dispuesto en el
artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base, y a ellos se hará
referencia  en lo sucesivo como «la industria de la Unión». Las instituciones
verificaron las alegaciones de las partes interesadas según las cuales ese
número es mayor; esta verificación puso de manifiesto que los supuestos
productores adicionales eran en su mayor parte productores exportadores,
importadores vinculados a ellos, distribuidores e instaladores. 
(476)   Para establecer la
producción total de la Unión durante el período de investigación se utilizó
toda la información disponible sobre la industria de la Unión, en concreto la
información incluida en la denuncia, los datos macroeconómicos proporcionados
por Europressedienst, una empresa de consultoría independiente («la
consultora»), y las respuestas al cuestionario verificadas de los productores
de la Unión incluidos en la muestra, ya que no se disponía de información
pública completa sobre la producción. Dado que los módulos y las células se
importan en la Unión bajo partidas arancelarias que abarcan productos no
contemplados en la presente investigación y que los volúmenes de importación se
indican en toneladas, no se pudo utilizar Eurostat para determinar los
volúmenes y valores de importación, que se basaron en los datos proporcionados
por la consultora. Siempre que fue posible, los datos de la consultora se
cotejaron con las fuentes públicas disponibles y con las respuestas verificadas
al cuestionario.
(477)   Sobre esta base, la
producción total de la Unión se estimó en unos 4 GW para los módulos y
2 GW para las células durante el período de investigación.
(478)   Como se indica en el
considerando 21, se seleccionaron para la muestra nueve productores de la
Unión, que representan entre el 18 % y el 21 % de la producción total
de módulos y entre el 17 % y el 24 % de la producción total de
células en la Unión. 
(479)   Varias partes se opusieron
al hecho de que se utilizaran los datos proporcionados por la consultora para
determinar, entre otras cosas, la producción de la Unión, la capacidad de
producción de la Unión y otros indicadores macroeconómicos de perjuicio
relativos a la industria de la Unión y los datos de importación. Estas partes
pusieron en duda la independencia de la consultora alegando que estaba
vinculada al denunciante. También pidieron que se explicara en qué se había
basado la Comisión para seleccionar a la consultora y cuestionaron que
estuviera capacitada para recabar datos económicos sobre el sector
fotovoltaico. A este respecto se alegó que la Comisión debería haber basado sus
conclusiones en datos procedentes de otras fuentes disponibles, en particular
centros de investigación conocidos. Por último, para refutar la fiabilidad de
los datos presentados por la consultora, AFASE hizo referencia al documento Best
Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases
concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU (Las mejores
prácticas para la presentación de pruebas económicas y para la recogida de
datos en casos relacionados con la aplicación de los artículos 101 y 102 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE] y en casos de fusiones). 
(480)   Por lo que respecta a los
supuestos vínculos entre la consultora y el denunciante, las partes interesadas
no presentaron prueba alguna que mostrara la existencia de tales vínculos.
Tampoco la investigación puso de manifiesto ninguna prueba de que las
relaciones fueran más allá de lo puramente comercial. Tras la divulgación
final, una parte interesada alegó que había indicios de que las pruebas
razonables aportadas en la denuncia por la industria de la Unión denunciante se
basaban en datos proporcionados por la misma consultora. Aunque se reconoce que
las conclusiones sobre algunos indicadores eran en efecto similares a las
pruebas aportadas en la denuncia, esto no quiere necesariamente decir que se
establecieran sobre la base de una única fuente. A este respecto, la denuncia
presenta las diversas fuentes utilizadas. Por lo tanto, se desestimaron estas
alegaciones. 
(481)   La
Comisión consideró apropiado recurrir a una consultora en la presente
investigación, al no disponer de otras fuentes públicamente accesibles que
aportaran los datos macroeconómicos necesarios que abarcaran todo el mercado de
la Unión, así como datos de importación. Antes de seleccionar a
Europressedienst, la Comisión evaluó su metodología para la recogida de los
datos pertinentes y su capacidad para proporcionar los datos necesarios por
separado para cada tipo de producto y con respecto a todo el período
considerado.
(482)   Además,
los datos proporcionados por la consultora se cotejaron durante la
investigación con otras fuentes disponibles siempre que fue posible, y se confirmaron. 
A este respecto cabe señalar que existen en el mercado varias empresas de
investigación especializadas en la elaboración de estadísticas del sector
fotovoltaico y que las cifras que presentan casi nunca son idénticas. Esto se
debe a que resulta difícil para cualquier centro de investigación calcular
cifras precisas y, por tanto, los indicadores del mercado fotovoltaico se
basarán siempre en estimaciones, con independencia del centro que proporcione
la cifra. En este contexto, el ejercicio de cotejo realizado por la Comisión
consistió en comparar las tendencias de los datos recibidos de la consultora
con las de los mismos datos publicados por otras empresas de investigación, el
Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión y la European Photovoltaic
Industry Association («EPIA», Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica)
sobre los mismos temas, cuando estaban disponibles. El cotejo no arrojó
diferencias significativas y las tendencias de los indicadores cotejados fueron
similares. Así pues, las conclusiones provisionales antidumping no solo se
basaron en los datos proporcionados por la consultora, sino también en el
análisis y la evaluación que de estos datos hizo la propia Comisión. Además,
como se ha indicado en el considerando 8, tras la imposición de las medidas
antidumping provisionales se llevó a cabo una inspección en los locales de la
consultora. La Comisión realizó una comprobación in situ en los locales
de la consultora para verificar la fiabilidad de la metodología y de los datos
suministrados. La comprobación in situ se efectuó como continuación del
cotejo de los datos por la Comisión y para obtener garantías adicionales de la
fiabilidad y la calidad de los datos y de la metodología relacionada. La
inspección in situ se consideró apropiada en aplicación del principio de
buena administración, aun cuando esos datos los suministraba una consultora, y
no una parte interesada. El resultado fue que la Comisión quedó aún más
convencida de la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora.
(483)   Una
parte alegó que no se había explicado con suficiente detalle la metodología de
cotejo empleada por la Comisión y pidió que se revelaran las otras fuentes
utilizadas para el cotejo. Esta parte argumentó además que, en cualquier caso,
la metodología no era válida, en la medida en que comparaba tendencias de
varias fuentes, y no valores absolutos. 
(484)   En cuanto a las otras
fuentes utilizadas para cotejar los datos proporcionados por la consultora, se
trata de los informes publicados por el JRC y por la EPIA acerca de los mismos
temas. Por lo que respecta a la comparación de los datos con otras fuentes,
cabe señalar que no solo mostraron tendencias similares, sino también
magnitudes similares. Por consiguiente, se concluyó que la metodología empleada
era apropiada y se rechazaron las alegaciones a este respecto.
(485)   La principal actividad de
la consultora consiste en recoger datos relacionados con el sector fotovoltaico
y desarrollar una base de datos actualizada de las empresas activas en el
mercado fotovoltaico. Estos datos se publican en revistas especializadas del
sector fotovoltaico y son también utilizados por empresas concretas para las
que la consultora realiza estudios especializados. La base de datos
desarrollada por Europressedienst se actualiza regularmente y se publica
sucesivamente. Además, la consultora cuenta con varios años de experiencia en
el sector. En concreto, su metodología consiste en recoger, cotejar y agregar
la información utilizando diversas fuentes disponibles en el mercado. Para ello
recaba los datos por medio de cuestionarios normalizados que envía a las
empresas enumeradas en la base de datos o por teléfono, sobre todo en el caso
de los productores de la Unión, o con ocasión de ferias especializadas, en el
caso de los productores de terceros países. Cuando no puede obtener información
por los canales mencionados, Europressedienst comprueba los informes
financieros de las empresas del sector fotovoltaico o coopera voluntariamente
con otros centros de investigación para obtener o cotejar los datos. Se
verificó que la consultora utiliza estas fuentes en su actividad diaria. A la
luz de lo antedicho se consideró apropiado recurrir a los servicios de
Europressedienst en la presente investigación y, por tanto, se rechazaron las
alegaciones de las partes a este respecto.
(486)   En cuanto al documento de
las mejores prácticas para la presentación de pruebas económicas publicado por
el servicio competente de la Comisión («las mejores prácticas»), deben hacerse
las observaciones que se exponen a continuación. En primer lugar, se trata de
un documento que no compromete a la Comisión, pues no ha sido adoptado por el
Colegio, sino que ha sido publicado por el servicio competente con el fin de
dar recomendaciones a las partes sobre la manera de presentar pruebas
económicas. En segundo lugar, las mejores prácticas se refieren a la
presentación de análisis y datos económicos en investigaciones sobre
competencia con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE y en casos de fusiones.
Las normas aplicables, los estándares de prueba y las competencias de
investigación de la Comisión en esos asuntos de competencia no pueden
compararse con las investigaciones de defensa del comercio, a las que se aplica
un conjunto totalmente diferente de normas. 
(487)   Varias partes cuestionaron
la metodología de la consultora alegando que no alcanzaba niveles científicos
reconocidos. Sin embargo, como se ha mencionado en el considerando 481, se
evaluó la metodología y se cotejaron y verificaron los datos resultantes,
considerándose que estaban en consonancia con otros datos publicados y que, por
tanto, eran razonablemente fiables. Varias cuestiones
concretas planteadas por algunas partes interesadas se aclararon bilateralmente
y se incluyeron en el expediente de libre acceso de la investigación para que
las partes interesadas pudieran examinarlas.
(488)   La CCCME argumentó que la
metodología de agregación de datos no estaba clara. Esta alegación fue
rechazada, pues la información pertinente se puso a disposición de todas las
partes interesadas en el expediente de libre acceso para que pudieran
examinarla.
(489)   Tras la divulgación final,
varias partes interesadas reiteraron sus preocupaciones sobre la selección de
la consultora por la Comisión y sobre la calidad de los datos proporcionados. A
este respecto se alegó que los datos pueden encargarse y comprarse a la
consultora de manera ad hoc para satisfacer necesidades específicas de
los clientes potenciales, de modo que pueden no ser objetivos. Además, la CCCME
refutó que los datos recogidos por la consultora pudieran considerarse pruebas
reales a tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, pues en gran
medida se basaban en supuestos y estimaciones. Además se alegó que no estaban
suficientemente apoyados en pruebas del expediente y que no tenían un carácter
afirmativo, objetivo y verificable.
(490)   Con respecto a estas
alegaciones cabe remitirse a los considerandos 481 y 482, en los que se
facilita información adicional sobre la selección de la consultora. Por otro
lado, hay que señalar que la Comisión contrató a la consultora basándose en la
mejor información disponible en ese momento y con total observancia del
reglamento financiero de la Comisión aplicable al procedimiento. Además, hay
que recordar que la capacidad de la consultora para proporcionar todos los
datos necesarios en el debido momento era de gran importancia, pues la Comisión
tenía que cumplir los plazos obligatorios para la publicación de las
conclusiones provisionales de la investigación en curso. 
(491)   Por lo que respecta a la
calidad de los datos proporcionados y a si podían considerarse pruebas reales a
tenor del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, como se ha explicado en
el considerando 482, se examinó la metodología de la consultora para recoger
los datos y se consideró de calidad suficiente. Además, según se indica en el
mismo considerando, los datos proporcionados por la consultora fueron cotejados
con los de otras fuentes, siempre que fue posible, y considerados razonablemente
exactos. Por último, hay que señalar que la consultora posee una base de datos
que se actualiza regularmente y que es independiente de las necesidades y
peticiones de los clientes. La misma base de datos se utiliza para agregar y
elaborar estadísticas del sector fotovoltaico para diversos clientes, por lo
que debe rechazarse la alegación de que los datos no eran objetivos. 
(492)   Tras la divulgación final,
una parte interesada alegó que la Comisión no había revelado las fuentes, la
metodología empleada y las empresas con las que la consultora había cooperado
para compilar los datos macroeconómicos suministrados. Otra parte interesada
reiteró que la metodología aplicada por la consultora sugiere resultados
inexactos. Varias partes interesadas pidieron información adicional acerca de
la metodología empleada por la consultora, como los promedios de respuesta a
los cuestionarios y entrevistas, la proporción de datos recogidos por medio de
cada canal, la manera de verificarlos, las aproximaciones o supuestos
utilizados para generar los datos, el número de empresas con respecto a las
cuales se hicieron aproximaciones y, como mínimo, un intervalo del número de
empleados de la consultora.
(493)   En relación con estas
alegaciones, cabe señalar que, tras las conclusiones provisionales, la Comisión
facilitó a las partes interesadas la metodología y las fuentes utilizadas por
la consultora para agregar los datos y abordó cuestiones concretas de las
partes interesadas a este respecto tras la divulgación provisional antidumping.
Las peticiones adicionales de información formuladas por las partes interesadas
en cuestión tras la divulgación final se consideran atendidas con la
información facilitada tras la imposición de los derechos provisionales, en la
medida en que lo permitieron las limitaciones de confidencialidad. Además hay
que subrayar que la Comisión verificó in situ la forma en que la
consultora había recogido y agregado los datos y los supuestos subyacentes
pertinentes en que se había basado la agregación. Los resultados de esa
verificación fueron satisfactorios y la Comisión se convenció de la
razonabilidad de los supuestos subyacentes y de la calidad de los datos
proporcionados por la consultora. Por otro lado, las partes no cuestionaron los
datos como tales. 
(494)   Tras la divulgación final,
otra parte pidió explicaciones por lo que respecta al número de productores de
la Unión considerado por la consultora para recoger los datos y a la
coincidencia entre estos y los aproximadamente doscientos quince productores de
la Unión conocidos para la Comisión. A este respecto hay que aclarar que los
productores de la Unión considerados por la consultora son en gran parte los
mismos que los que representan a la industria de la Unión en esta
investigación, según se indica en el considerando 475.

(495)   Tras la divulgación final,
una parte alegó que la Comisión había realizado el análisis del perjuicio de
manera incoherente, pues se habían tomado por separado los módulos y las
células, mientras que los cálculos relativos al perjuicio y al margen de
subvención se habían hecho como media ponderada para los módulos y las células
juntos. A este respecto cabe señalar que, aunque los indicadores se mostraban
separadamente para cada tipo de producto, las conclusiones relativas a cada
indicador se referían al producto investigado en su conjunto. También hay que
recordar que los módulos y las células constituyen un único producto y que, por
tanto, los márgenes de subvención y el nivel de eliminación del perjuicio se
establecieron sobre esta base. Así pues, se rechazó la alegación.
(496)   Por último, otra parte
alegó que el cálculo de los valores de los indicadores macroeconómicos durante
el período de investigación se basó erróneamente en un simple promedio de los
años 2011 y 2012, método este que no sería objetivo y daría resultados que no
reflejarían la realidad durante el período de investigación. Debe aclararse que
solo se utilizó un simple promedio de los datos cuando las tendencias en los
períodos afectados eran similares. Si las tendencias eran diferentes, la
metodología se adaptó en consecuencia atendiendo a la realidad del mercado. La
parte en cuestión no argumentó en qué medida los resultados de la metodología
empleada no reflejaban la realidad del mercado. Por tanto, se desestimaron
estas alegaciones.
4.2.        Determinación del mercado
pertinente de la Unión
(497)   Parte de la industria de
la Unión está integrada verticalmente y una parte importante de su producción
se destina a un uso cautivo, en especial la producción de células.
(498)   Para establecer si la
industria de la Unión sufrió o no un perjuicio importante y determinar el
consumo y otros indicadores económicos, se examinó si debía tenerse en cuenta,
y en qué medida, la utilización posterior de la producción de la industria de
la Unión del producto similar (uso cautivo).
(499)   Para proporcionar un
panorama lo más completo posible de la situación de la industria de la Unión,
se analizaron datos sobre la totalidad de la actividad relacionada con el
producto similar y, posteriormente, se determinó si la producción estaba
destinada a un uso cautivo o al mercado libre. 
(500)   Se llegó a la conclusión
de que debían ser examinados en relación con la actividad total (incluyendo el
uso cautivo de la industria) los siguientes indicadores económicos relativos a
la industria de la Unión: consumo, volumen de ventas, producción, capacidad de
producción, utilización de la capacidad, crecimiento, inversiones, existencias,
empleo, productividad, flujo de caja, rendimiento de la inversión, capacidad de
obtener capital y magnitud del importe de las subvenciones sujetas a medidas
compensatorias. Esto es así porque la investigación demostró que esos
indicadores podían examinarse razonablemente con referencia a la actividad
global, ya que la producción destinada a un uso cautivo resultaba igualmente
afectada por la competencia de las importaciones del país afectado. En lo
sucesivo se hará referencia al conjunto formado por el mercado cautivo y el
mercado libre como «el mercado total».
(501)   En cuanto a la
rentabilidad, el análisis se centró en el mercado libre, pues se concluyó que
los precios del mercado cautivo no siempre reflejaban precios de mercado y no
repercutían en este indicador. 
(502)   Varias partes argumentaron
que debería haberse evaluado por separado el perjuicio para el mercado cautivo
y el perjuicio para el mercado libre. Una parte arguyó que los datos relativos
a las células destinadas a un uso cautivo deberían haberse excluido de la
evaluación del perjuicio, pues las importaciones subvencionadas no les
afectaban.
(503)   La
investigación demostró que los productores de la Unión integrados verticalmente
se vieron forzados a importar productos subvencionados (células) y a dejar de
fabricar estos productos a un coste por encima del precio de importación,
debido a la presión ejercida sobre los precios por las importaciones
subvencionadas. Por otro lado, la investigación también puso de manifiesto que
el mercado libre y el mercado cautivo presentaban las mismas tendencias en los
precios, lo que demostraba que las importaciones en cuestión les afectaban por
igual. 
(504)   Tras la divulgación final,
varias partes reiteraron que la Comisión no había ofrecido un análisis adecuado
y razonado del mercado cautivo ni había explicado por qué no se había llevado a
cabo un análisis aparte. Una parte alegó que no se había informado de la
magnitud de la producción de la Unión destinada a un uso cautivo. Además, se
alegó que el considerando 106 del Reglamento antidumping provisional, en el que
se concluye que los precios del mercado cautivo no siempre reflejaban precios
de mercado, contradice las conclusiones expuestas en el considerando 503 del
presente Reglamento, según el cual el mercado libre y el mercado cautivo
presentaban tendencias de precios similares.
(505)   En primer lugar hay que
señalar que el considerando 105 del Reglamento antidumping provisional expone
las razones por las que se consideró apropiado examinar los indicadores de
perjuicio (salvo la rentabilidad) en relación con la actividad total de la
industria de la Unión, incluido el uso cautivo. A este respecto debe
recordarse, como se expone en ese mismo considerando, que la investigación puso
de manifiesto que la producción destinada a un uso cautivo resultaba igualmente
afectada por la competencia de las importaciones procedentes de China, algo que
las partes interesadas no refutaron. Por tanto, hubo que rechazar la alegación
de que no se habían dado explicaciones de por qué no se había realizado un
análisis aparte. Igualmente, y como se desprende de esta conclusión, también
hubo que desestimar la alegación de que debería haberse realizado un análisis
aparte del mercado cautivo. 
(506)   En segundo lugar, aunque,
sobre la base de lo antedicho, la magnitud de la producción de la Unión
destinada a un uso cautivo no se consideró un elemento esencial, cabe señalar
que la producción de células de la Unión destinada a un uso cautivo representó
en torno a la mitad de la producción total en el período de investigación.
Finalmente, debe aclararse que el hecho de que los precios del mercado cautivo
no reflejaran los del mercado libre no contradice necesariamente el hecho de
que ambos siguieran tendencias similares, pues pueden seguir estando a niveles
diferentes o los movimientos de precios pueden ser más o menos pronunciados y
presentar así un panorama diferente. A la vista de lo que antecede se
rechazaron las alegaciones sobre el mercado cautivo.
(507)   Las partes en cuestión no
aportaron ninguna información que pudiera restar validez a esta conclusión. Por
tanto, se rechazaron las alegaciones a este respecto.
4.3.        Consumo de la Unión
(508)   El consumo de la Unión
comprendía el volumen total de importaciones del producto afectado y el volumen
total de ventas del producto similar en la Unión, incluidas las destinadas a un
uso cautivo. No se disponía de datos completos sobre las ventas totales de la
industria de la Unión en el mercado de la Unión. Además, las importaciones en
la Unión estaban registradas bajo partidas arancelarias que abarcaban otros
productos no sujetos a la presente investigación y los volúmenes de importación
indicados por Eurostat venían expresados en toneladas. Por consiguiente, no se
pudo recurrir a Eurostat para determinar los volúmenes y valores de
importación. Así, el consumo de la Unión se basó en los datos aportados por la
consultora mencionada y cotejados con fuentes públicas, como investigaciones de
mercado y estudios públicamente accesibles, así como con las respuestas
verificadas al cuestionario. 
(509)   El
consumo de la Unión evolucionó como sigue:
Cuadro 1-a:
Consumo de módulos en la Unión (en MW)
             ||             2009 ||             2010 ||             2011 ||             Período de investigación 
             Mercado total ||             5 465 ||             12 198 ||             19 878 ||             17 538 
             Índice (2009= 100) ||             100 ||             223 ||             364 ||             321 
Fuente: Europressedienst 
Cuadro 1-b
Consumo de células en la Unión (en MW)
             ||             2009 ||             2010 ||             2011 ||             Período de investigación 
             Mercado total ||             2 155 ||             3 327 ||             4 315 ||             4 021 
             Índice (2009= 100) ||             100 ||             154 ||             200 ||             187 
Fuente: Europressedienst
(510)   En
el período considerado, entre 2009 y el período de investigación, el consumo
total de la Unión aumentó un 221 % en relación con los módulos y un
87 % en relación con las células, pero durante el período de investigación
disminuyó en comparación con 2011. En términos generales, el consumo en la
Unión del producto investigado experimentó un crecimiento significativo en
comparación con su nivel de 2009. 
(511)   Una parte interesada
argumentó que los datos sobre el consumo de la Unión del producto investigado
varían mucho en función de la fuente utilizada. Según esta parte, solo pueden
obtenerse datos fiables sobre la base de la información recabada de
instituciones o centros de investigación especializados. En vista de las
explicaciones y conclusiones expuestas en los considerandos 481 a 483 acerca de
la fiabilidad de los datos proporcionados por la consultora utilizados en la
presente investigación, se rechazó este argumento. 
(512)   La misma parte arguyó que
el consumo de la Unión no debía determinarse simplemente añadiendo las
capacidades de producción de módulos disponibles en la Unión, y que más bien
debía deducirse de ellas el consumo de módulos de los propios proyectos de la
industria de la Unión. Este argumento fue rechazado, pues el consumo de módulos
se determinó sobre la base de las últimas capacidades instaladas en la Unión.
Es esta una práctica común para determinar el consumo de módulos. En cuanto a
las células, el consumo se determinó sobre la base de la producción de módulos
de la Unión.
(513)   Otra parte argumentó que
la metodología descrita por la consultora admite la dificultad de establecer
cifras fiables sobre el consumo. También se argumentó que los datos de
importación y las ventas de exportación de la industria de la Unión se basaban
en estimaciones inverificables o en datos incompletos y que el cotejo de la Comisión
no bastaba para extraer la conclusión de que esos datos fueran efectivamente
fiables y exactos. 
(514)   Como ya se ha mencionado
en los considerandos 481 y 482, la Comisión verificó en una inspección in
situ la calidad de los datos y los métodos empleados para recogerlos y
consideró que dichos métodos eran apropiados y que los resultados eran exactos
y razonablemente fiables. Por consiguiente, se desestimó esta alegación. 
4.4.        Importaciones procedentes
del país afectado
4.4.1.     Volumen y cuota de mercado
de las importaciones procedentes del país afectado
(515)   Las
importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionaron como se
muestra en los cuadros que figuran a continuación. Las cifras solo se indican
en índices e intervalos, por razones de confidencialidad. La razón es que las
importaciones realizadas por el productor exportador con respecto a las cuales
no se halló ninguna subvención, según se indica en el considerando 472, se han
deducido de las importaciones totales procedentes de China.
Cuadro 2-a
Importaciones de módulos procedentes de China (en MW)
   || 2009 || 2010 || 2011 || Período de investigación 
 Volumen de las importaciones procedentes de China Índice (2009= 100) || 100 || 251 || 462 || 408 
 Cuota de mercado en el mercado total || 60 % - 65 % || 68 % - 73 % || 75 %-80 % || 78 % - 83 % 
Fuente: Europressedienst
Cuadro 2-b
Importaciones de células procedentes de China (en MW)
   || 2009 || 2010 || 2011 || Período de investigación 
 Volumen de las importaciones procedentes de China Índice (2009= 100) || 100 || 273 || 491 || 506 
 Cuota de mercado en el mercado total || 5 % - 10 % || 12 % - 17 % || 17 % - 22 % || 22 % - 27 % 
Fuente: Europressedienst
(516)   Durante
el período considerado, los volúmenes importados en la Unión procedentes del
país afectado registraron un notable aumento, del 300 % en el caso de los
módulos y de más del 400 % en el caso de las células. Se produjo así un
incremento significativo de la cuota de mercado de las importaciones del país
afectado en la Unión. Más en concreto, las cuotas de mercado de las
importaciones procedentes del país afectado aumentaron del 60-65 % al
78-83 % en el caso de los módulos y del 5-10 % al 22-27 % en el
de las células. En términos generales, las importaciones del producto afectado
procedentes de China aumentaron de forma significativa en volumen y en cuota de
mercado entre 2009 y el período de investigación.
(517)   Cabe
señalar que el aumento de las importaciones procedentes del país afectado fue
mucho mayor que el aumento del consumo del producto afectado en la Unión. Por
consiguiente, los productores exportadores pudieron beneficiarse del consumo
creciente de la Unión y su posición en el mercado se reforzó merced al aumento
de sus cuotas de mercado.
(518)   Una parte interesada
argumentó que los datos sobre los volúmenes de importación del producto investigado
varían mucho en función de la fuente utilizada. Según esta parte, solo pueden
obtenerse datos fiables sobre la base de la información recabada de
instituciones o centros de investigación especializados. En vista de las
explicaciones y conclusiones expuestas en los considerandos 481 a 483 acerca de
la fiabilidad de los datos utilizados en la presente investigación, se rechazó
este argumento.
(519)   Tras la divulgación final,
una parte interesada cuestionó la metodología empleada para determinar el valor
total de importación desde China, alegando que se había basado en transacciones
realizadas a nivel cif, derechos no pagados, y que, por tanto, es dudoso que
estas transacciones se destinaran al consumo de la Unión. Con respecto a esta
alegación hay que aclarar que el valor total de importación desde China
facilitado por la consultora no se utilizó ni en las conclusiones y que en la
investigación solo se determinaron los volúmenes y los precios de importación.
Como la parte interesada en cuestión no refutó la metodología para determinar
los precios de importación como tal, hay que remitirse a las conclusiones
pertinentes de los considerandos 520 a 528. Así pues, se rechazó la alegación. 
4.4.2.     Precios de las
importaciones y subcotización de precios
(520)   El
precio medio de las importaciones en la Unión procedentes del país afectado
evolucionó como sigue:
Cuadro 3-a
Precio de importación de los módulos procedentes de China (en
EUR/kW)
   || 2009 || 2010 || 2011 || Período de investigación 
 Precios de importación || 2 100 || 1 660 || 1 350 || 764 
 Índice (2009= 100) || 100 || 79 || 64 || 36 
Fuente: Europressedienst y respuestas
verificadas al cuestionario de muestreo
Cuadro 3-b
Precio de importación de las células procedentes de China (en
EUR/kW)
   || 2009 || 2010 || 2011 || Período de investigación 
 Precios de importación || 890 || 650 || 620 || 516 
 Índice (2009= 100) || 100 || 73 || 70 || 58 
Fuente: Europressedienst y respuestas
verificadas al cuestionario
(521)   El precio medio de las
importaciones procedentes de China cayó de forma significativa durante el
período considerado por lo que respecta a los módulos y las células. En cuanto
a los módulos, disminuyó un 64 %, pasando de 2 100 EUR/kW en 2009 a
764 EUR/kW en el período de investigación. Del mismo modo, el precio medio
de importación de las células procedentes de China cayó un 42 %, pasando
de 890 EUR/kW a 516 EUR/kW. 
(522)   En términos generales, el
precio del producto afectado registró un descenso significativo entre 2009 y el
período de investigación.
(523)   Un importador cooperante
no vinculado alegó que los precios de importación deberían haberse establecido
sobre la base de sus importaciones en la Unión del producto afectado, según
había informado de ellas durante la investigación. Sin embargo, los datos
proporcionados por este importador durante la investigación no representaban
más que una fracción de las importaciones totales en la Unión, de modo que
sobre esa base no podían extraerse conclusiones razonables con respecto al
precio medio de importación de todas las importaciones procedentes de China
durante todo el período considerado, que abarca varios años. En consecuencia,
se rechazó esta alegación. 
(524)   Otra parte alegó que no se
había explicado la metodología empleada para determinar los precios, en
particular la manera de fusionar y conciliar los datos procedentes de diversas
fuentes. También se argumentó que los costes de importación deberían haberse
basado en la información verificada que se había recabado durante la
investigación, y no en estimaciones. 
(525)   Se considera que la
metodología facilitada a las partes interesadas es lo bastante completa como
para comprender el modo en que se han establecido las cifras. En cuanto a los
costes de «importación», debe aclararse que se hizo un ajuste a los precios
sobre el terreno para llegar a los precios cif. La estimación realizada se
confirmó con los datos recogidos durante la investigación.
(526)   Para determinar la
subcotización de los precios durante el período de investigación, se compararon
los precios de venta medios ponderados por tipo de producto que los productores
de la Unión incluidos en la muestra cobraban a clientes no vinculados en el
mercado de la Unión, ajustados al precio franco fábrica, con los
correspondientes precios medios ponderados por tipo de producto de las
importaciones de los productores exportadores chinos cooperantes cobrados al
primer cliente independiente en el mercado de la Unión, establecidos a partir
del precio cif con los ajustes pertinentes para tener en cuenta los costes
posteriores a la importación, es decir, trámites aduaneros, manipulación y
carga. Se utilizaron los costes medios posteriores a la importación de los
importadores de módulos incluidos en la muestra, si tales datos estaban
disponibles.
(527)   Se
compararon los precios de transacciones para cada tipo particular en la misma fase
comercial, con los debidos ajustes en caso necesario, tras deducir
bonificaciones y descuentos. El resultado de la comparación, expresado en
porcentaje del volumen de negocios de los productores de la Unión incluidos en
la muestra durante el período de investigación, arrojó una media ponderada de
los márgenes de subcotización que osciló entre el 19,8 % y el 37,5 %
en relación con los módulos, entre el 12,6 % y el 53,8 % en relación
con las células y entre el 19,8 % y el 37,5 % en términos generales
en relación con el producto afectado.
(528)   Debe
tenerse en cuenta que con respecto a un productor exportador incluido en la
muestra se calculó una subcotización de precios negativa en relación con las
células. Sin embargo, dado que las cantidades exportadas no eran
significativas, no puede considerarse un dato representativo. Por otro lado,
otro productor exportador incluido en la muestra cuestionó la fuente utilizada
para el ajuste de monocélulas a multicélulas, pero sin fundamentar su
argumento. De hecho, no puso en duda el ajuste en sí ni aportó datos o pruebas
nuevos, por lo esta alegación fue rechazada. 
4.5.        Situación económica de la
industria de la Unión
4.5.1.     Generalidades
(529)   De
conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento de base, la Comisión
examinó todos los índices y factores económicos pertinentes relacionados con la
situación de la industria de la Unión. Como se
indica en los considerandos 14 a 22, se utilizó el muestreo para examinar el
posible perjuicio sufrido por la industria de la Unión.
(530)   A efectos del análisis del
perjuicio, la Comisión estableció una distinción entre indicadores de perjuicio
macroeconómicos y microeconómicos. Analizó los indicadores macroeconómicos para
el período considerado sobre la base de los datos obtenidos de la consultora
independiente, cotejados siempre que fue posible con otras fuentes disponibles,
y de las respuestas al cuestionario verificadas de los productores de la Unión
incluidos en la muestra. Su análisis de los indicadores microeconómicos se basó
en las respuestas al cuestionario verificadas de los productores de la Unión
incluidos en la muestra.
(531)   A
efectos de la presente investigación, se tomó como base la información relativa
a todos los productores de la Unión del producto similar para evaluar los
siguientes indicadores macroeconómicos: producción, capacidad de producción,
utilización de la capacidad, volumen de ventas, cuota de mercado, crecimiento,
empleo, productividad, magnitud del importe de las subvenciones sujetas a
medidas compensatorias y recuperación respecto de prácticas de dumping
anteriores. 
(532)   Se utilizó la información
relativa a todos los productores de la Unión del producto similar para evaluar
los siguientes indicadores microeconómicos: precios unitarios medios, coste
unitario, costes laborales, inventarios, rentabilidad, flujo de caja,
inversiones, rendimiento de las inversiones y capacidad de reunir capital.
(533)   Una
parte interesada alegó que las condiciones de mercado del producto afectado
diferían entre Estados miembros, por lo que el análisis del perjuicio debería
efectuarse con respecto a cada Estado miembro por separado. Esta alegación no
estaba fundamentada. Además, la investigación no reveló ninguna circunstancia
concreta que justificara un análisis del perjuicio por Estado miembro. Por
consiguiente, se desestimó dicha alegación. 
(534)   Algunas partes
cuestionaron la fiabilidad global de los indicadores macroeconómicos de
perjuicio empleados por la Comisión para la presente investigación. Arguyeron
que las tendencias establecidas para varios de estos indicadores divergían de
las que se habían establecido para esos mismos indicadores en relación con los
productores de la Unión incluidos en la muestra. Se referían, en particular, a
la producción de la Unión, la productividad, las ventas, los costes laborales
medios y el empleo. 
(535)   Los indicadores
macroeconómicos se establecieron en relación con todos los productores de la
Unión. Si se recogen los mismos datos en relación con productores de la Unión
concretos o con un grupo de productores de la Unión en particular (es decir,
los productores de la Unión incluidos en la muestra), las tendencias no son
necesariamente idénticas, pues, por ejemplo, el peso de cada empresa
considerada no se tiene en cuenta en la comparación. Por tanto, los resultados
del ejercicio de comparación de los indicadores macroeconómicos respecto de
todos los productores de la Unión y respecto de los productores de la Unión
incluidos en la muestra no son necesariamente significativos y no permiten
extraer la conclusión de que el uno o el otro conjunto de datos no sean
fiables. En cualquier caso, al comparar las tendencias de los indicadores
macroeconómicos de la industria de la Unión con las de los mismos indicadores
consolidados de los productores de la Unión incluidos en la muestra se observan
diferencias en relación con varios indicadores, como son la producción, la
capacidad de producción, los volúmenes de ventas, el empleo y la productividad
de la industria de la Unión entre 2011 y el período de investigación.  Por lo
que respecta a todos esos indicadores, los productores de la Unión incluidos en
la muestra tuvieron mejores resultados que la industria de la Unión en general.
La razón es que, durante el período de investigación, muchos productores de la
Unión no incluidos en la muestra cesaron la producción o se declararon
insolventes, lo que repercutió negativamente en el indicador macroeconómico
calculado a escala de la Unión. Por tanto se desestimaron estas alegaciones.
(536)   Una parte interesada alegó
que la conclusión expuesta en el considerando 153 del Reglamento antidumping
provisional, según la cual el análisis de la situación de la industria de la
Unión mostraba una clara tendencia a la baja de los principales indicadores de
perjuicio, se basaba en datos proporcionados por la consultora. A este respecto
hay que aclarar, por un lado, que los indicadores macroeconómicos que presentan
los cuadros 4-a a 6-c del Reglamento antidumping provisional se basaban en
datos obtenidos de la consultora y cotejados, siempre que fue posible, con
otras fuentes disponibles. Por otro lado, los indicadores microeconómicos que
presentan los cuadros 7-a a 11-c del Reglamento antidumping provisional se
basaban en datos obtenidos de los productores de la Unión incluidos en la
muestra y verificados in situ por la Comisión. También debe tenerse
presente que los factores determinantes de la situación de perjuicio de la
industria de la Unión, como son los niveles de rentabilidad de dicha industria
y los precios medios de venta en la Unión, así como los cálculos de la
subcotización de precios, se basaban en los datos obtenidos de los productores
de la Unión incluidos en la muestra y de los productores exportadores, según se
verificaron in situ. Por tanto se rechazó esta alegación.
4.5.2.     Indicadores
macroeconómicos
4.5.2.1.  Producción, capacidad de
producción y utilización de la capacidad
(537)   Durante el período considerado, la producción, la capacidad de producción y la utilización de la
capacidad totales de la Unión evolucionaron como sigue:
 Cuadro 4-a 
 Módulos: producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad (MW) 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de producción || 2 155 || 3 327 || 4 315 || 4 021 
 Índice (2009=100) || 100 || 154 || 200 || 187 
 Capacidad de producción || 4 739 || 6 983 || 9 500 || 9 740 
 Índice (2009=100) || 100 || 147 || 200 || 206 
 Utilización de la capacidad || 45 % || 48 % || 45 % || 41 % 
Fuente: Europressedienst
 Cuadro 4-b 
 Células: producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad (MW) 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de producción || 1 683 || 2 376 || 2 723 || 2 024 
 Índice (2009=100) || 100 || 141 || 162 || 120 
 Capacidad de producción || 2 324 || 3 264 || 3 498 || 3 231 
 Índice (2009=100) || 100 || 140 || 151 || 139 
 Utilización de la capacidad || 72 % || 73 % || 78 % || 63 % 
Fuente: Europressedienst
(538)   La producción global de módulos en la Unión, que aumentó
un 87 % durante el período considerado, alcanzó su nivel más alto en 2011
y disminuyó posteriormente durante el período de investigación. Esta producción
creció a un ritmo mucho más lento que el consumo, que en el mismo período se
multiplicó por más de tres. Durante el período considerado y ante el
significativo aumento del consumo, los productores de la Unión duplicaron su
capacidad de producción de módulos. Sin embargo, a pesar de niveles elevados de
producción, el índice de utilización de la capacidad de la industria de la
Unión decreció cuatro puntos porcentuales, alcanzando solo el 41 % durante
el período de investigación. 
(539)   La
producción de células de la Unión, que aumentó un 20 % en términos
generales durante el período considerado, alcanzó un pico en 2011 y disminuyó
posteriormente durante el período de investigación. Siguió la tendencia del
consumo de la Unión, con un incremento más lento hasta 2011 y un descenso más
acusado en el período de investigación. En consonancia con la evolución del
consumo en la Unión, la industria de la Unión incrementó su capacidad en un
51 % hasta 2011, para reducirla después durante el período de
investigación. En conjunto, la capacidad aumentó un 39 % durante el período considerado.
El índice de utilización de la capacidad creció hasta 2011, año en que alcanzó
un pico del 78 %, y luego disminuyó durante el período de investigación en 15
puntos porcentuales. En general, la utilización de la capacidad de la industria
de células de la Unión decreció durante el período considerado, alcanzando un
63 % durante el período de investigación.
(540)   Por tanto, la industria de
la Unión amplió su capacidad en respuesta al aumento del consumo. Sin embargo,
los niveles de producción de la industria de la Unión aumentaron a un ritmo
mucho más lento que el consumo, lo que condujo a una disminución de los índices
de utilización de la capacidad para el producto afectado durante el período
considerado. 
(541)   AFASE alegó que se habían
sobrestimado el volumen de producción establecido para los módulos y las
células en el considerando 537 y la capacidad de producción de la industria de
la Unión establecida para los módulos y células en el mismo considerando, y
facilitó datos procedentes de otras fuentes (EPIA, IMS y BNEF) que muestran
volúmenes más bajos. Estas cifras son las que se indican en el considerando
537.
(542)   El
volumen de producción establecido en el considerando 537 se basa en información
relativa tanto a empresas que cotizan en bolsa como a empresas que no cotizan.
La evolución de la producción de la Unión descrita en el considerando 537 está,
además, en consonancia con la evolución del consumo de la Unión a que se
refiere el considerando 509. Por el contrario, los datos proporcionados por AFASE
sobre volúmenes de producción mostraban tendencias diferentes con respecto al
consumo de la Unión, tal como se ha establecido en el considerando 509 y con
las estadísticas sobre consumo de la Unión publicadas por la EPIA.
(543)   En cuanto a la capacidad de
producción, la investigación reveló que las conclusiones que figuran en el
considerando 537 incluían las capacidades de producción de las empresas que se
habían declarado en quiebra o habían dejado de producir durante el período de
investigación y no habían vendido sus  instalaciones y maquinaria de producción
y, por lo tanto, podían reanudar la producción rápidamente. Del mismo modo,
como se ha mencionado anteriormente en el considerando 542, las cifras
mencionadas en el considerando 537 incluían datos de empresas que no cotizan en
bolsa. 
(544)   Por último, se
contrastaron y verificaron los datos proporcionados por la consultora
independiente y se constató que eran razonablemente exactos. Sobre la base de
lo anteriormente expuesto, no se consideró que los datos proporcionados por
AFASE a partir de otras fuentes disponibles fueran necesariamente
contradictorios con las conclusiones del Reglamento antidumping provisional. 
(545)   En
cualquier caso, el hecho de aceptar las cifras facilitadas por AFASE no incidiría
en la conclusión general de que la industria de la Unión ha sufrido un
perjuicio importante, ya que la tendencia de estos indicadores, a saber, la
producción y la capacidad de producción de la Unión, sería incluso más
pronunciada.
(546)   Un importador no vinculado
que cooperó alegó que el volumen de producción, la capacidad de producción y la
utilización de la capacidad deberían haberse establecido únicamente sobre la
base de los datos de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Sin
embargo, puesto que se trata de indicadores macroeconómicos, deben establecerse
a escala de todos los productores de la Unión, a fin de ofrecer un panorama
válido y completo de la situación de la industria de la Unión. Por consiguiente
se desestimó esta alegación.
(547)   Tras la divulgación final,
una parte pidió a la Comisión que aclarara cómo había calculado la consultora
la producción anual de la Unión. Otra parte pidió a la Comisión que diera más
explicaciones acerca de la conciliación de los diferentes datos disponibles en
relación con la capacidad total de producción de la Unión. Otra parte sugirió
que la producción y la capacidad de producción totales de la Unión deberían
haberse obtenido de los productores de la Unión incluidos en la muestra, pues
el resultado habría sido más fiable. A este respecto, se alegó que lo datos
públicamente accesibles eran imprecisos debido a su carácter confidencial y que
cualquier centro de investigación o consultora tenía que basar su análisis en
una serie de estimaciones y supuestos.
(548)   Debe aclararse que la
producción anual de la Unión se calculó a partir de las cifras comunicadas a la
consultora por los productores de la Unión. Cuando no pudo obtenerse la
producción anual de un determinado productor de la Unión en un año concreto,
esta se estimó aplicando el índice de utilización de la capacidad del año
previo a la nueva capacidad de producción de ese año. Las instituciones
compararon además la cifra obtenida por la consultora con las cifras
comunicadas en las respuestas de la industria de la Unión a los cuestionarios
sobre la situación antes del inicio. Ambas cifras son similares.
(549)   Con respecto a la petición
de explicaciones adicionales acerca de la conciliación de los diferentes datos
disponibles sobre la capacidad de producción de la Unión, debe señalarse que
esta información ya se facilitó en el expediente abierto a la inspección de las
partes interesadas. Por tanto, se rechazó esta solicitud.
(550)   Por último, la producción
y la capacidad de producción de la Unión son indicadores macroeconómicos y, por
tanto, deben establecerse a escala de toda la industria de la Unión, y no de
los productores de la Unión incluidos en la muestra. 
(551)   Tras la divulgación final,
una parte argumentó que la metodología empleada para recoger los datos de
producción (principalmente entrevistas y visitas a los lugares de producción)
no permitía obtener resultados fiables debido al carácter confidencial de esos
datos y a la consiguiente reticencia de las empresas a desvelarlos. Por consiguiente,
esa metodología no puede considerarse adecuada. Lo confirmaba, supuestamente,
el hecho de que, aunque la consultora utilizó un número mucho mayor de
productores de la Unión que el que tuvo en cuenta la Comisión durante el examen
de la situación en la fase de inicio, el volumen total de producción
determinado por la consultora es inferior al establecido por la Comisión con el
fin de examinar la situación. Esta parte alegó también que, en consecuencia, la
información relacionada con este indicador de perjuicio no puede considerarse
prueba real a tenor del artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. 
(552)   En
primer lugar hay que aclarar que el número de productores tomados en
consideración por la consultora, por un lado, y por la Comisión, por otro, fue
en gran medida el mismo y que, por tanto, hubo que rechazar el argumento de que
los resultados no eran coherentes. Además, debe recordarse que los datos
recogidos por la consultora fueron cotejados, siempre que fue posible, con los
de otras fuentes, y que las estimaciones se consideraron suficientemente
fiables. Por consiguiente, se confirma que la información sobre los datos de
producción facilitada por la consultora se considera prueba real a tenor del
artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. 
4.5.2.2.  Volúmenes de ventas y cuota
de mercado 
(553)   Durante
el período considerado, el volumen de ventas y la cuota de mercado de la
industria de la Unión evolucionaron como sigue:
 Cuadro 5-a 
 Módulos: volumen de ventas y cuota de mercado (en MW) 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de ventas en el mercado de la Unión || 1 037 || 1 890 || 2 683 || 2 357 
 Índice (2009=100) || 100 || 182 || 259 || 227 
 Cuota de mercado || 19 % || 15 % || 13 % || 13 % 
Fuente: Europressedienst
 Cuadro 5-b 
 Células: volumen de ventas y cuota de mercado (en MW) 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de ventas del mercado total || 1 470 || 1 913 || 2 245 || 1 545 
 Índice (2009=100) || 100 || 130 || 153 || 105 
 Cuota de mercado || 68 % || 57 % || 52 % || 38 % 
Fuente: Europressedienst
(554)   Durante el período
considerado, el volumen de ventas de módulos se incrementó un 127 %. No
obstante, en el contexto de un aumento del consumo del 221 %, esto se tradujo
en un descenso de la cuota de mercado de la industria de la Unión, que pasó del
19 % en 2009 al 13 % durante el período de investigación. Con respecto a
las células, las ventas de la industria de la Unión solo crecieron de forma
marginal un 5 %, mientras el consumo se incrementaba un 87 %, lo que dio como
resultado una reducción de la cuota de mercado, que pasó del 68 % en 2009
al 38 % durante el período de investigación. En
respuesta al aumento del consumo, las ventas de módulos y células de la
industria de la Unión crecieron, pero mucho menos que las importaciones
procedentes del país afectado. Así pues, la industria de la Unión no pudo
beneficiarse del aumento del consumo. Como consecuencia, durante el período
considerado disminuyeron las cuotas de mercado de módulos y células.
(555)   Una parte interesada alegó
que la cuota de mercado de la industria de la Unión para los módulos ya era de
solo un 19 % en 2009, y que una disminución de 6 puntos porcentuales
durante el período considerado no puede considerarse un perjuicio. 
(556)   La reducción de la cuota
de mercado en 6 puntos porcentuales durante el período considerado ha de
entenderse en el contexto de un aumento del consumo de la Unión de más del
200 % durante el mismo período en relación con los módulos. Tal como se ha
mencionado anteriormente, incluso en el supuesto de un aumento del consumo, la
industria de la Unión no pudo aumentar su volumen de ventas en consecuencia y
sufrió pérdidas de cuota de mercado. Por consiguiente, hubo que rechazar este
argumento.
(557)   Una parte argumentó que la
metodología empleada para recoger los datos de ventas (principalmente
entrevistas y visitas a los lugares de producción) no permitía obtener
resultados fiables debido al carácter confidencial de esos datos y a la
consiguiente reticencia de las empresas a desvelarlos. Por consiguiente, esa
metodología no puede considerarse adecuada. Del mismo modo, esos datos no
pueden considerarse pruebas reales a tenor del artículo 8, apartado 1, del
Reglamento de base. Como se ha mencionado en el considerando 482, los datos
recogidos por la consultora fueron cotejados, siempre que fue posible, con los
de otras fuentes, y las estimaciones se consideraron suficientemente fiables.
Por consiguiente, se confirma que la información sobre los datos de ventas 
facilitada por la consultora se considera prueba real a tenor del
artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base.
4.5.2.3.  Empleo y productividad 
(558)   Durante
el período considerado, el empleo y la productividad evolucionaron como sigue: 
 Cuadro 6-a 
 Módulos: empleo y productividad 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Número de empleados || 11 779 || 15 792 || 17 505 || 16 419 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 134 || 149 || 139 
 Productividad (kw/empleado) || 183 || 211 || 247 || 245 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 115 || 135 || 134 
 Fuente: Europressedienst Cuadro 6-b 
 Células: empleo y productividad 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Número de empleados || 5 281 || 5 937 || 5 641 || 4 782 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 112 || 107 || 91 
 Productividad (kW/empleado) || 319 || 400 || 483 || 423 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 126 || 151 || 133 
Fuente: Europressedienst
(559)   El empleo para los módulos
aumentó entre 2009 y el período de investigación en un 39 %, mientras que
disminuyó un 9 % en el caso de las células. Sin embargo, se observa que el
empleo aumentó hasta 2011 y luego disminuyó durante el período de investigación
en el caso de los módulos. En el caso de las células, aumentó hasta 2010 y
luego disminuyó durante 2011 y el período de investigación. La productividad
total mostró tendencias positivas en el caso de los módulos y las células, ya
que aumentó en un 34 % y un 33 % respectivamente. En parte, esto se debe a
los esfuerzos de la industria de la Unión para responder a la presión de las
importaciones subvencionadas procedentes de China. 
(560)   Por
consiguiente, en consonancia con el descenso de la producción de módulos de la
Unión entre 2011 y el período de investigación, el empleo en el caso de los
módulos también disminuyó durante el mismo período. En el caso de las células,
el empleo aumentó hasta 2010 y luego disminuyó en 2011 y en el período de
investigación, mientras que la producción de células de la Unión creció con
fuerza hasta 2011 y luego empezó a caer.
(561)   Tras la divulgación final,
una parte alegó que la metodología empleada para determinar el empleo total en
la Unión durante el período considerado era incorrecta. Según esta parte, si no
se conocía la tasa de empleo de un productor de la Unión concreto, se tomaba el
promedio de los productores de la Unión para los que sí se disponía de esa
información. Hubo que rechazar esta alegación, pues la metodología para
determinar el empleo total era diferente: si no se disponía de los datos de
empleo de un productor de la Unión concreto, se hacía una estimación de la
cifra a partir de los datos del año o los años anteriores de la misma empresa.
Como se ha mencionado en el considerando 482, esta metodología fue verificada y
considerada razonable. Así pues, se rechazó la alegación.
4.5.2.4.  Magnitud del importe de las
subvenciones sujetas a medidas compensatorias y recuperación de los efectos de
las subvenciones o el dumping anteriores
(562)   Todos
los márgenes de subvención se sitúan significativamente por encima del nivel de
minimis. Dado el volumen y los precios de las importaciones procedentes del
país afectado, cabe considerar que el impacto de la magnitud del importe de las
subvenciones sujetas a medidas compensatorias sobre la industria de la Unión
fue considerable.
(563)   Dado
que este es el primer procedimiento antisubvenciones relativo al producto
afectado, no hay datos disponibles para evaluar los posibles efectos de las
prácticas anteriores de dumping o subvención.
4.5.3.     Indicadores
microeconómicos
4.5.3.1.  Precios y factores que
afectan a los precios
(564)   Los
precios medios de venta de los productores de la Unión incluidos en la muestra
a clientes no vinculados en la Unión evolucionaron como sigue en el período
considerado.
 Cuadro 7-a 
 Módulos: precios medios de venta en la Unión 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Precios medios de venta en la Unión, en el mercado libre (EUR/kW) || 2 198,75 || 1 777,15 || 1 359,35 || 1 030,83 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 81 || 62 || 47 
 Coste de producción (EUR/kW) || 2 155,02 || 1 599,44 || 1 400,13 || 1 123,60 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 74 || 65 || 52 
 Fuente: respuestas verificadas al cuestionario. Cuadro 7-b || 
 Células- precios de venta medios en la Unión || 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI || 
 Precios medios de venta en la Unión, en el mercado libre (EUR/kW) || 1 525,09 || 1 160,99 || 777,62 || 474,91 || 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 76 || 51 || 31 || 
 Coste de producción (EUR/kW) || 1 647,10 || 1 021,67 || 1 057,56 || 745,61 || 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 62 || 64 || 45 || 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
(565)   Durante
el período considerado, los precios de venta bajaron considerablemente, en
concreto un 53 % en el caso de los módulos y un 69 % en el caso de
las células. Descendieron de forma constante durante todo el período
considerado, pero el descenso fue especialmente acusado durante el período de
investigación, cuando se hundieron a niveles insostenibles. A lo largo del período
considerado, los costes de producción disminuyeron un 48 % con relación a los
módulos y un 55 % con relación a las células. La industria de la Unión no pudo
beneficiarse ni de sus continuos esfuerzos por mejorar su rentabilidad ni de la
repercusión del descenso del coste de la principal materia prima, el
polisilicio. Ello se debió principalmente a la creciente presión sobre los
precios de las importaciones subvencionadas, que afectaron de forma negativa a
los precios de venta de la industria de la Unión, induciendo descensos de estos
superiores incluso a las ganancias de eficiencia. Así se refleja en la
tendencia negativa de la rentabilidad de la industria de la Unión, que se
describe en el considerando 579. En general, se registró un descenso significativo
del precio medio de venta y de los costes de producción del producto similar,
con un devastador efecto para la rentabilidad de la industria de la Unión. 
(566)   Una parte interesada
refutó la conclusión de que la disminución de los precios medios de venta
tuviera un efecto devastador en la rentabilidad de la industria de la Unión.
Alegó que los costes medios de la industria de la Unión también disminuyeron y
que, por lo tanto, una disminución de precios es natural. Sin embargo, como se
describe en el considerando 565, la investigación puso de manifiesto que los
precios de venta de la industria de la Unión disminuyeron incluso más que los
costes medios de producción y, por lo tanto, esta disminución de los costes no
se reflejó en la rentabilidad de la industria de la Unión. Se confirma, por
tanto, que la disminución del precio de venta de la industria de la Unión tuvo
un efecto devastador en su rentabilidad, por lo que se desestimaron las
alegaciones a este respecto. 
(567)   Otra parte refutó la
conclusión del considerando 138 del Reglamento antidumping provisional, según
la cual los precios llegaron a niveles insostenibles durante el período de
investigación, alegando que esto deberían decidirlo las fuerzas del mercado. La
misma parte se opuso a la conclusión expuesta en ese mismo considerando de que
la industria de la Unión no pudo beneficiarse del descenso de los costes debido
a la presión ejercida por las importaciones subvencionadas. A este respecto,
las instituciones señalan lo siguiente: con la expresión «niveles
insostenibles» se hace referencia a que la industria de la Unión estaba
vendiendo con pérdidas y, por tanto, no podía sobrevivir a largo plazo. La
cuestión de si el nivel de precios es sostenible depende, pues, únicamente de
la relación entre costes de producción y precios. Al decir que «no pudo
beneficiarse del descenso de los costes» se hace referencia al hecho de que los
costes disminuyeron menos rápidamente que los precios. Las pruebas presentadas
en el considerando 138 del Reglamento antidumping provisional respaldan ambos
enunciados. Por tanto, hubo que rechazar este argumento.
4.5.3.2.  Costes laborales
(568)   Durante
el período considerado, los costes laborales medios de los productores de la
Unión incluidos en la muestra evolucionaron como sigue:
 Cuadro 8-a 
 Módulos: costes laborales medios por empleado 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Costes laborales medios por empleado (EUR) || 38 194 || 40 793 || 41 781 || 42 977 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 107 || 110 || 113 
Fuente: respuestas verificadas al
  cuestionario.
 Cuadro 8-b || 
 Células: costes laborales medios por empleado || 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI || 
 Costes laborales medios por empleado (EUR) || 49 677 || 49 357 || 49 140 || 49 350 || 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 99 || 99 || 99 || 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
(569)   Entre
2009 y el período de investigación, los costes laborales medios por empleado
con relación a los módulos registraron un aumento constante total del
13 %. En lo que se refiere a las células, los costes laborales medios se
mantuvieron estables durante el período considerado, salvo un ligero descenso
del 1 % entre 2009 y 2010, y luego de nuevo estables hasta el período de
investigación. El aumento general del coste de la mano de obra puede explicarse
en parte por el aumento simultáneo de la productividad (módulos y células) y la
evolución de la inflación. 
(570)   Una parte interesada alegó
que no ha habido inflación durante el período considerado y que, por lo tanto,
el incremento global de los costes laborales no podía deberse a este factor. 
(571)   En contraste con lo
alegado por la parte en cuestión, la investigación puso de manifiesto que hubo
inflación durante el período considerado y que el hecho de que el aumento de
los costes laborales se limitara a los módulos puede explicarse por la
inflación y el incremento de la productividad. 
(572)   Una parte interesada alegó
que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió al incremento de
los costes laborales y al descenso paralelo de la productividad. Sin embargo,
hay que señalar, en primer lugar, que el coste laboral permaneció estable en el
caso de las células y que la productividad aumentó tanto en el caso de las
células como en el de los módulos. Por tanto, el incremento en este último caso
puede explicarse por el aumento de la productividad. Además, la investigación
demostró que los costes laborales no representan una parte significativa del
coste de producción, como ya se indicó en el considerando 203 del
Reglamento antidumping provisional. Por tanto, hubo que rechazar este
argumento. 
4.5.3.3.  Existencias
(573)   Durante
el período considerado, los niveles de existencias de los productores de la
Unión incluidos en la muestra evolucionaron como sigue: 
 Cuadro 9-a Módulos: existencias || 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Existencias de cierre (en kW) || 28 612 || 40 479 || 74 502 || 65 415 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 141 || 260 || 229 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
 Cuadro 9-b 
 Células: existencias 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Existencias de cierre (en kW) || 16 995 || 23 829 || 76 889 || 68 236 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 140 || 452 || 402 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
(574)   Durante
el período considerado, las existencias aumentaron considerablemente, en
concreto un 129 % en el caso de los módulos y un 302 % en el caso de
las células. Por lo que respecta a los módulos, las existencias registraron un
aumento constante, alcanzando niveles muy altos en 2011 (160 %), si bien
disminuyeron en el período de investigación, pero permanecieron en niveles muy
altos en comparación con el principio del período considerado. En cuanto a las
células, la evolución fue aún más acusada, con un aumento de las existencias
superior al 350 % entre 2009 y 2011. Del mismo modo, las existencias
disminuyeron durante el período de investigación, pero permanecieron en niveles
muy altos en comparación con el principio del período considerado.
(575)   La
investigación mostró que, dada la desfavorable situación existente, los
productores de la Unión tenderían a mantener unas existencias limitadas del
producto similar, basando su producción en los pedidos. Por lo tanto, el
aumento de las existencias del producto similar durante el período considerado
no es un factor relevante para establecer si la industria de la Unión sufrió
algún perjuicio importante.
(576)   Una parte argumentó que la
presentación del valor de las existencias en el considerando 141 del Reglamento
antidumping provisional era engañosa, ya que las existencias se expresaban en
kW en lugar de en MW, a diferencia del volumen de producción de la industria de
la Unión. 
(577)   El hecho de que las
existencias se expresen en kW o en MW se considera irrelevante en la
determinación de si la industria de la Unión sufrió o no un perjuicio
importante. Por tanto, se rechazó la alegación presentada.
(578)   Tras la divulgación final,
varias partes alegaron que las existencias deberían haberse determinado para el
conjunto de la industria de la Unión y que las cifras de solo diez productores
de la Unión no eran representativas. Debe aclararse que las existencias se
consideraban un indicador microeconómico y que, por tanto, debían establecerse
sobre la base de la información recabada empresa por empresa, en este caso de
la muestra de productores de la Unión considerada representativa del conjunto
de la industria de la Unión. Por tanto se rechazó esta alegación.
4.5.3.4.  Rentabilidad, flujo de
caja, inversiones y rendimiento de las inversiones, y capacidad para obtener
capital 
(579)   Durante
el período considerado, la rentabilidad y el flujo de caja evolucionaron como
sigue:
 Cuadro 10-a 
 Módulos: rentabilidad y flujo de caja 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Rentabilidad de las ventas en la Unión a clientes no vinculados (% del volumen de ventas) || 2 % || 10 % || -3 % || -9 % 
 Flujo de caja || 13 % || 10 % || 12 % || 3 % 
Fuente: respuestas verificadas al
  cuestionario.
 Cuadro 10-b || 
 Células: rentabilidad y flujo de caja || 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI || 
 Rentabilidad de las ventas en la Unión a clientes no vinculados (% del volumen de ventas) || -8 % || 12 % || -36 % || -57 % || 
 Flujo de caja || 75 % || 52 % || -0,3 % || -46 % || 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
(580)   La rentabilidad de los
productores de la Unión incluidos en la muestra se determinó expresando el
beneficio neto antes de impuestos obtenido en las ventas del producto similar a
clientes no vinculados de la Unión como porcentaje del volumen de negocios de
estas ventas. 
(581)   Durante el período
considerado, la rentabilidad en relación con el producto similar disminuyó de
forma acusada y arrojó pérdidas. Cayó en 11 puntos porcentuales en el caso de
los módulos y en 49 puntos porcentuales en el caso de las células. 
(582)   La rentabilidad del
producto similar aumentó entre 2009 y 2010, pero después disminuyó de forma
significativa en 2011, cuando la industria de la Unión registró pérdidas, y
todavía decreció más durante el período de investigación. Las pérdidas fueron
especialmente importantes en el caso de las células. 
(583)   La tendencia del flujo de
caja neto, que es la capacidad de los productores de la Unión incluidos en la
muestra para autofinanciar sus actividades, también siguió una tendencia
negativa entre 2009 y el período de investigación. Así, en relación con los
módulos, se registró un descenso de 10 puntos porcentuales: tras un ligero
aumento en 2011, la disminución más importante tuvo lugar entre 2011 y el
período de investigación. El declive del flujo de caja en el caso de las
células fue más acusado que en el caso de los módulos y alcanzó niveles
significativamente negativos durante el período de investigación. Por lo tanto,
el flujo de caja del producto similar disminuyó durante el período considerado.
(584)   Las
cifras que figuran a continuación representan la evolución de las inversiones y
el rendimiento de las inversiones de los productores de la Unión incluidos en
la muestra en relación con el mercado total durante el período considerado:
 Cuadro 11-a Módulos: inversiones y rendimiento de las inversiones || 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Inversiones (EUR) || 12 081 999 || 50 105 017 || 64 643 322 || 32 730 559 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 415 || 535 || 271 
 Rendimiento de las inversiones || -15 % || 19 % || -15 % || -17 % 
Fuente: respuestas verificadas al
cuestionario.
 Cuadro 11-b 
 Células: inversiones y rendimiento de las inversiones 
   || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Inversiones (EUR) || 31 448 407 || 34 451 675 || 10 234 050 || 6 986 347 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 110 || 33 || 22 
 Rendimiento de las inversiones || -4 % || 10 % || -20 % || -19 % 
Fuente: respuestas verificadas al cuestionario.
(585)   El cuadro anterior muestra
que la industria de la Unión incrementó sus inversiones en relación con los
módulos en un 171 % entre 2009 y el período de investigación,  lo que
obedeció principalmente a adiciones de la capacidad significativas. No
obstante, durante el mismo período, la industria de la Unión redujo sus
inversiones un 78 % en relación con las células; las inversiones se
efectuaron principalmente en I+D, así como en la mejora y el mantenimiento de
la tecnología y los procesos de producción con vistas a mejorar la eficiencia.
Dado que la industria de la Unión no podía permitirse realizar inversiones
adicionales con relación a las células durante el período considerado, el nivel
de inversiones durante el período de investigación fue más bien bajo. Como las
inversiones se financiaban básicamente con el flujo de caja y préstamos
intragrupo, el descenso del flujo de caja tuvo una repercusión inmediata en el
nivel de las inversiones. 
(586)   El rendimiento de la
inversión se expresó como el beneficio en porcentaje del valor contable neto de
esta. El rendimiento de la inversión del producto similar siguió tendencias
negativas parecidas a los demás indicadores de rendimiento financiero entre
2009 y el período de investigación para los tres tipos de productos. En el caso
de las células, si bien se registró un aumento en 2009 y 2010, el rendimiento
de la inversión disminuyó de forma significativa en 2011, alcanzando niveles
negativos. En el caso de los módulos, el rendimiento de la inversión se situó
en niveles negativos durante todo el período considerado, excepto en 2010,
cuando aumentó al 19 %. En general, disminuyó durante el período considerado,
con un – 17 % en el período de investigación en el caso de las células, es
decir un 1 %, si bien se mantuvo en niveles significativamente negativos,
a saber – 19 %. El rendimiento global de la inversión para el producto similar
siguió una tendencia negativa durante el período considerado. 
(587)   Para analizar la capacidad
de obtener capital se consideró el mercado total y se constató un deterioro
constante de la capacidad de la industria de la Unión para generar efectivo
para el producto similar y, por consiguiente, un debilitamiento de la situación
financiera de la industria de la Unión.
(588)   Una de las partes
interesadas alegó que las cifras de inversión antes mencionadas eran demasiado
bajas en comparación con la capacidad de producción de la industria de la Unión
como se indica en el considerando 538. En apoyo de esta alegación la parte dijo
tener conocimiento de que la inversión realizada por un productor de la Unión
en aumentos de la capacidad tuvo un coste mucho más elevado. La parte en
cuestión concluyó que, por consiguiente, la capacidad de producción de la
industria de la Unión debía haberse sobrestimado. Cabe señalar que esta
alegación no se apoyaba en prueba alguna, en particular por lo que respecta a
la inversión realizada por el productor de la Unión en cuestión. En cambio, las
cifras de inversión que figuran en el Reglamento antidumping provisional se
basaban en información real y verificada de los productores de la Unión
incluidos en la muestra. Debe observarse que esta alegación se basaba también
en la comparación entre las inversiones totales de los productores de la Unión
incluidos en la muestra y la capacidad total de producción del conjunto de la
industria de la Unión, base que no puede considerarse apropiada para la
comparación, pues no se tuvieron en cuenta las inversiones totales del conjunto
de la industria de la Unión. Así pues, hubo que rechazar este argumento. 
4.5.3.5.  Conclusión sobre el
perjuicio
(589)   El
análisis de la situación de la industria de la Unión mostró una clara tendencia
a la baja de los principales indicadores del perjuicio. En el contexto de un
aumento general del consumo, la producción global de módulos y células se
incrementó en el período considerado. Aunque el volumen de ventas aumentó, la
cuota de mercado de la industria de la Unión se contrajo en el período de
investigación debido al mayor aumento del consumo durante el período
considerado. El precio medio de venta registró un acusado descenso durante todo
el período considerado, repercutiendo negativamente en todos los indicadores de
rendimiento financiero, como rentabilidad, flujo de caja, rendimiento de las
inversiones y capacidad para obtener capital.
(590)   Durante
el período considerado aumentó el volumen global de ventas de la industria de
la Unión. No obstante, este aumento fue acompañado de un impresionante descenso
del precio medio de venta. 
(591)   Durante el período
considerado, las importaciones procedentes de la China correspondientes a las
partes interesadas aumentaron en términos de volumen y cuota de mercado. Al
mismo tiempo, los precios de importación registraron un descenso continuo, lo
que socavó de forma significativa el precio medio de venta de la industria de
la Unión en el mercado de la Unión. 
(592)   Varias partes interesadas
adujeron que la industria de la Unión y, en concreto, los productores de la
Unión incluidos en la muestra habían obtenido buenos resultados. Se alegó que
la evolución de determinados indicadores de perjuicio, en particular el volumen
de producción, la capacidad de producción, las ventas y el empleo y hasta la
rentabilidad en el caso de algunos productores incluidos en la muestra, habían
aumentado y no mostraban indicios de un perjuicio sustancial. No confirmaron
estas alegaciones los resultados de la investigación, que mostraron claras
tendencias a la baja de muchos indicadores de perjuicio, relevantes para
concluir que la industria de la Unión había sufrido un perjuicio sustancial.
(593)   En
vista de lo anterior, la investigación confirmó, en particular, el hecho de que
los precios de venta son inferiores a los costes de producción, lo cual tiene
un efecto negativo en la rentabilidad de la industria de la Unión, alcanzando
niveles negativos durante el período de investigación. Se concluye que si las
importaciones subvencionadas siguieran entrando en el mercado de la Unión, las
pérdidas para la industria de la Unión podrían dar lugar a la interrupción
permanente de toda producción de la Unión del producto similar. Así parece
confirmarlo la evolución durante y después del período de investigación. En
efecto, algunas empresas se han declarado insolventes o han cesado la producción
de forma temporal o permanente. 
(594)   Habida
cuenta de lo anterior, se llega a la conclusión de que la industria de la Unión
sufrió un perjuicio importante de conformidad con lo establecido en el artículo
8, apartado 4, del Reglamento de base.
5.           CAUSALIDAD 
5.1.        Introducción
(595)   De conformidad con el
artículo 8, apartados 5 y 6, del Reglamento de base, se examinó si el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión fue causado por las
importaciones subvencionadas originarias del país afectado. Además, se
analizaron también otros factores conocidos, distintos de las importaciones
subvencionadas, que podrían haber dañado a la industria de la Unión, a fin de
garantizar que cualquier perjuicio causado por estos factores no se atribuyera
a las importaciones subvencionadas.
(596)   Algunas partes interesadas
alegaron que las condiciones de mercado del producto afectado variaban entre
Estados miembros, por lo que el análisis de la causalidad debía efectuarse para
cada Estado miembro por separado. 
(597)   El tamaño del mercado de
los Estados miembros está determinado en cierta medida por los sistemas de
apoyo nacionales. La investigación reveló, sin embargo, que la demanda no
depende exclusivamente de los sistemas de apoyo. Dependiendo de la ubicación
geográfica (exposición solar) y del precio de la electricidad en un lugar
determinado, los paneles solares parecen haber alcanzado la paridad de red
(esto es, cuando el coste de producir energía solar equivale al coste de
producir energía convencional), o haberse aproximado a ella, lo que significa
que determinadas decisiones de inversión se toman independientemente de los
sistemas de apoyo. Por consiguiente, no pudo establecerse que las condiciones
del mercado dependan exclusivamente de los sistemas de apoyo, por lo que se
rechazó esta alegación. 
(598)   Varias partes interesadas
alegaron que el análisis de la causalidad no separaba, distinguía ni
cuantificaba los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas de
los efectos de otros factores conocidos que perjudican al mismo tiempo a la
industria de la Unión. Por otra parte, se alegó que la Comisión no había
llevado a cabo un análisis colectivo de estos otros factores conocidos. 
(599)   En respuesta a esta
alegación debe señalarse que la Comisión, según práctica establecida, examinó
en primer lugar si existía un nexo causal entre las importaciones
subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y, en
segundo lugar,  si alguno de los otros factores conocidos había roto el nexo
causal establecido entre el perjuicio importante sufrido por la industria de la
Unión y las importaciones subvencionadas. En este análisis, los efectos de los
demás factores conocidos en la situación de la industria de la Unión se
evaluaron, distinguieron y separaron de los efectos perjudiciales de las
importaciones subvencionadas a fin de garantizar que los perjuicios causados
por dichos factores no se atribuían a dichas importaciones. Se constató que
ninguno de ellos había tenido un impacto significativo en la situación de la
industria, en caso de haber tenido alguno, que pudiera cambiar el hecho de que
el perjuicio importante evaluado debe atribuirse a las importaciones
subvencionadas. Por las razones expuestas, se rechaza este argumento. 
(600)   Tras la divulgación final,
varias partes interesadas reiteraron los argumentos expuestos. A este respecto,
se alegó que la Comisión debería establecer explícitamente, mediante una
explicación razonada y adecuada, que el perjuicio causado por factores
distintos de las importaciones subvencionadas no se atribuye a estas
importaciones. 
(601)   En esta investigación se
llegó a la conclusión, tras examinar todos los hechos, de que las importaciones
subvencionadas por sí solas habían causado un perjuicio importante a la industria
de la Unión. A este respecto no fue posible cuantificar los efectos de otros
factores y, por tanto, se llevó a cabo una estimación cualitativa conforme a
los considerandos 164 a 222 del Reglamento antidumping provisional. En
conclusión, se confirmó que la causa del perjuicio importante sufrido por la
industria de la Unión fueron las importaciones subvencionadas. De hecho, se
consideró que otros factores tuvieron efectos limitados en la evolución
negativa de la industria de la Unión. Cabe señalar que, de conformidad con el
artículo 8, apartados 5 y 6, del Reglamento de base, no se impone
ninguna obligación en cuanto a la forma de los análisis de la atribución y no
atribución que deben llevarse a cabo. Al contrario, según el artículo 8, apartados
5 y 6, del Reglamento de base, esos análisis deben realizarse de manera que
puedan diferenciarse los efectos perjudiciales de las importaciones
subvencionadas y distinguirse de los causados por otros factores. La
investigación no puso de manifiesto ninguna prueba de que los demás factores
conocidos que pudieran haber contribuido al perjuicio sufrido, en conjunto o
por separado, rompieran el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y
el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Habida cuenta del
análisis anterior, se confirmó que los demás factores conocidos no fueron de
tal naturaleza como para modificar la conclusión de que el perjuicio importante
sufrido por la industria de la Unión debe atribuirse a las importaciones
subvencionadas. Por las razones expuestas, se rechazaron estos argumentos. 
(602)   Algunas partes interesadas
alegaron que los sistemas nacionales de apoyo, la exposición solar y los
precios de la electricidad (incluidas las tarifas reglamentarias) difieren de
un Estado miembro a otro y que existen, además, distintos segmentos de mercado
en cada mercado (instalaciones residenciales de menos de 40 kW,
instalaciones comerciales e industriales de 40 kW a 1 MW e
instalaciones del segmento del mercado de servicios públicos de 1 MW a
10 MW). En vista de lo cual alegaban que el análisis de la causalidad
debería realizarse por separado para cada uno de los Estados miembros, por un
lado, y para los segmentos a gran escala y residenciales, por otro.
(603)   Tras la divulgación final,
algunas partes interesadas reiteraron su alegación de que el análisis de la
causalidad debería hacerse por Estado miembro, pero no proporcionaron nuevos
argumentos o pruebas al respecto. 
(604)   La investigación puso de
manifiesto que las ventas y los precios de las importaciones son similares en
toda la Unión. Puede considerarse, por lo tanto, que existe un mercado para el
producto investigado. La investigación tampoco demostró que los productores de
cada Estado miembro o región concentraran sus actividades en este mercado
específico, ni que las importaciones subvencionadas se concentraran en un
Estado miembro o en una región. Por otro lado, ninguna de las partes
interesadas argumentó que hubiera que analizar la subvención y el perjuicio por
Estado miembro, lo que no obstante sería una condición previa para realizar por
separado un análisis de la causalidad por Estado miembro. La investigación no
reveló ninguna prueba de que este hubiera sido un enfoque adecuado, en
particular teniendo en cuenta que los precios del producto considerado a escala
de la Unión eran similares en toda la Unión. Además hay que señalar que la
exposición solar puede variar en diferentes regiones de un mismo Estado
miembro, por ejemplo el sur de Francia tiene más exposición solar que el norte,
o diferentes regiones de un mismo Estado miembro pueden tener diferentes
sistemas de apoyo (por ejemplo en Bélgica) y que, por tanto, la incidencia de
tales factores en la demanda puede variar de una región a otra dentro de un
mismo Estado miembro. No obstante, las diferencias en el marco regulador de
cada Estado miembro o región y las diferentes condiciones, como la exposición
solar, no justifican un análisis de la causalidad por separado y, por
consiguiente, un análisis por separado del perjuicio y la subvención. Así pues,
se rechazó esta alegación. 
(605)   Otra parte interesada
sostuvo que, si bien otros factores son pertinentes, los sistemas nacionales de
apoyo deben seguir siendo el principal factor para determinar la demanda. La
misma parte también impugnó que la paridad de red se alcanzara en al menos
algunos lugares, alegando que los precios de los módulos habían aumentado desde
el período de investigación, mientras que los precios de la electricidad se
habían reducido. Argumentó, además, que, en cualquier caso, al menos en algunos
Estados miembros, las condiciones reglamentarias, económicas y técnicas no
permiten la conexión a la red y que, por consiguiente, para dichos Estados
miembros es irrelevante si se alcanza o no la paridad de red. Sin embargo, esta
parte no aportó ninguna prueba en apoyo de estas alegaciones. En cualquier
caso, los argumentos anteriores confirman que la situación con respecto a los
sistemas de apoyo nacionales y a la paridad de red pueden variar, en cierta
medida, entre Estados miembros. Sin embargo, ninguno de los datos presentados
era de tal naturaleza que justificara un análisis por Estado miembro. Por
tanto, se rechazaron estas alegaciones.
(606)   Tras la divulgación final,
la misma parte interesada reiteró su alegación y proporcionó cierta información
que supuestamente mostraba las diferentes condiciones de mercado por Estado
miembro y por segmento. Sin embargo, la información presentada no pudo
considerarse decisiva, ya que consistía en una presentación de power point sin
pruebas de apoyo y, por tanto, no demostraba que estuviera justificado un
análisis aparte por Estado miembro. Por tanto, se desestimó la alegación de
dicha parte.
(607)   Sobre esta base, se
concluyó que un análisis de la causalidad por Estado miembro o región y por
segmento no se correspondería con la realidad del mercado. 
(608)   Las
autoridades chinas alegaron que la Comisión había realizado el análisis de la
causalidad de manera incoherente, pues el análisis del perjuicio se había hecho
por separado para los módulos y las células, mientras que el análisis de la
causalidad no distinguía entre tipos de productos. A este respecto cabe señalar
que, aunque los indicadores de perjuicio se mostraban separadamente para cada
tipo de producto, las conclusiones relativas a cada indicador se referían al
producto investigado en su conjunto. También hay que recordar que los módulos y
las células constituyen un único producto y que, por tanto, el análisis de la
causalidad se efectuó sobre esta base. Por lo tanto, se rechazó la alegación.
5.2.        Efecto de las
importaciones subvencionadas 
(609)   La
investigación puso de manifiesto que las importaciones subvencionadas
procedentes de China aumentaron drásticamente durante el período considerado y
que su volumen se incrementó en casi un 300 % para los módulos y un
400 % para las células y su cuota de mercado aumentó del [60 % -
65 %] en 2009 al [78 % - 83 %] en el período de investigación
para los módulos y del [5 % - 10 %] en 2009 al [22 % -
27 %] en el período de investigación para las células. Se confirma, por
tanto, que el volumen de las importaciones y la cuota de mercado del producto
afectado registraron un incremento considerable durante el período considerado.
Hubo una clara coincidencia en el tiempo entre el aumento de las importaciones
subvencionadas y la pérdida de cuota de mercado de la industria de la Unión. La
investigación también estableció, como se menciona en el considerando 527, que
las importaciones subvencionadas subcotizaron los precios de la industria de la
Unión durante el período de investigación. 
(610)   La
investigación demostró que los precios de las importaciones subvencionadas
disminuyeron un 64 % en el caso de los módulos y un 42 % en el caso
de las células durante el período considerado y condujeron a un aumento de la
subcotización. Ante esta presión de los precios, la industria de la Unión
emprendió un considerable esfuerzo para reducir los costes de producción. A
pesar de sus esfuerzos, los precios excepcionalmente bajos de las importaciones
chinas forzaron a la industria de la Unión a bajar aún más sus precios de
venta, que alcanzaron niveles no rentables. Así pues, la rentabilidad de la
industria de la Unión experimentó un drástico descenso durante el período
considerado, llegando a registrarse pérdidas en el período de investigación. 
(611)   Teniendo
en cuenta lo anterior, se concluye que la presencia de importaciones chinas y
el aumento de la cuota de mercado de las importaciones subvencionadas
procedentes de China a precios que subcotizaban constantemente los de la
industria de la Unión han tenido un papel decisivo en el perjuicio importante
sufrido por la industria de la Unión, lo que se refleja especialmente en su
difícil situación financiera y en el deterioro de la mayoría de los indicadores
de perjuicio. 
(612)   Una parte interesada
rechazó que hubiera una correlación suficiente entre las importaciones
subvencionadas del producto afectado procedentes de China y el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión. Se alegó que esto se justificaba,
por una parte, por el hecho de que, entre 2009 y 2010, el margen de beneficio
de la industria de la Unión para las células aumentó considerablemente (de
tener pérdidas a obtener un beneficio del 12 %), mientras que los precios
de las importaciones chinas eran un 36 % más baratos que los precios de la
industria de la Unión y duplicaban su cuota de mercado durante el mismo
período. Por otra parte, entre 2010 y 2011, pese a un aumento del consumo, las
importaciones chinas solo ganaron 6 puntos porcentuales de cuota de mercado,
mientras que la industria de la Unión registró pérdidas del 36 %. Esta
parte alegó, además, que, por lo que se refiere al período de investigación, si
bien las importaciones de células procedentes de otros terceros países se situaron
al mismo nivel de precios que las importaciones chinas, ganaron una mayor cuota
de mercado, que se corresponde con la pérdida de cuota de mercado de la
industria de la Unión. 
(613)   La investigación puso de
manifiesto que se produjo un aumento constante de cuota de mercado china para
los módulos y las células durante el período considerado (17 puntos
porcentuales para los módulos y otros 17 para las células). De hecho, como se
ha mencionado en el considerando 609, las importaciones subvencionadas procedentes
de China aumentaron significativamente, mientras que los precios de importación
disminuyeron. Al mismo tiempo, la industria de la Unión perdió cuota de mercado
durante el período considerado y, como se indica en los considerandos 589 a
593, todos los principales indicadores de perjuicio mostraron una tendencia
negativa. Por lo tanto, se confirma que hay una clara coincidencia en el tiempo
entre el aumento de las importaciones subvencionadas y la pérdida de cuota de
mercado de la industria de la Unión. 
(614)   Esta correlación temporal
se estableció para todos los tipos de producto por separado. Además, el
análisis del impacto de las importaciones en el margen de beneficio de la
industria de la Unión por separado para cada uno de los años del período considerado
no conduce a resultados significativos, ya que no es necesario establecer para
cada año por separado la existencia de subvención y de perjuicio importante,
así como un nexo causal entre ambos. La correlación entre las importaciones
subvencionadas y el perjuicio importante se demuestra suficientemente al
analizar la evolución durante todo el período considerado.
(615)   Hay que señalar también
que la rentabilidad de la industria de la Unión es uno de los factores que se
mencionan en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento de base que
deben investigarse al examinar los efectos de las importaciones subvencionadas
sobre la situación de la industria de la Unión. El mero hecho de que la
industria de la Unión fuera rentable durante un año determinado no significa
necesariamente que dicha industria no sufriera un perjuicio importante. Por
otra parte, la pérdida de la cuota de mercado de la industria de la Unión no
tiene por qué corresponder exactamente al incremento de la cuota de mercado de
las importaciones subvencionadas para establecer un nexo causal entre el
perjuicio y las importaciones subvencionadas. Por último, otros factores, como
las importaciones de otros terceros países o la evolución del consumo que
podían haber incidido en la situación de perjuicio de la industria de la Unión
se han examinado y se han abordado por separado en los considerandos 619 a 732.
(616)   La
coincidencia entre el aumento de las importaciones subvencionadas en cantidades
significativas, que subcotizaron los precios de la industria de la Unión, y la
situación cada vez más precaria de la industria de la Unión es un claro
indicador de la causalidad en el presente caso, tal como se establece en los
considerandos 609 a 611. Se rechazaron, pues, las alegaciones con respecto a la
falta de correlación entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión.
(617)   Tras la divulgación final,
la misma parte interesada siguió refutando el análisis de la causalidad
aduciendo que la rentabilidad de la industria de la Unión no se había analizado
específicamente para determinados años (sobre todo 2010), sino para todo el
período considerado. 
(618)   A este respecto cabe
señalar que no pueden extraerse conclusiones válidas sobre la causalidad aislando
un año en concreto del período considerado e ignorando la evolución de la
industria de la Unión durante todo el período considerado y sus correlaciones
con la evolución de las importaciones subvencionadas. Un análisis de ese tipo
solo ofrecería un panorama parcial y no permitiría extraer conclusiones
razonables. Por consiguiente, la tasa de rentabilidad que impulsó otros
indicadores financieros alcanzados por la industria de la Unión durante 2010
fue elevada debido al aumento especialmente acentuado del consumo de la Unión,
impulsado por unos sistemas de apoyo muy generosos que permitieron a la
industria de la Unión registrar su mayor incremento de ventas ese mismo año,
pero solo de manera temporal y en cualquier caso de forma no sostenible para
este tipo de industria. Así pues, hubo que rechazar este argumento.
5.3.        Incidencia de otros
factores 
5.3.1.     Importaciones procedentes
de otros terceros países 
(619)   El
volumen de las importaciones de módulos procedentes de otros terceros países
durante el período considerado se incrementó un 19 %, mientras que la
cuota de mercado disminuyó del 18,4 % al 6,8 % durante ese mismo
período. Taiwán es el segundo mayor exportador después de China.
(620)   El volumen de las
importaciones de células procedentes de otros terceros países aumentó un
186 % durante el período considerado, lo que se tradujo en un incremento
de la cuota de mercado, que pasó del 24 % en 2009 al 36 % en el
período de investigación. En lo que se refiere a las células, Taiwán es el segundo
importador más importante después de China y sus volúmenes de importación y
cuotas de mercado sobrepasan con mucho las de otros terceros países, aunque
siguen estando por debajo de las de China.
(621)   Los
precios de importación de módulos y células procedentes de terceros países eran
de media más altos que el precio unitario medio de las importaciones
procedentes de China. La información disponible sobre las importaciones
procedentes de Taiwán indica que el precio medio de importación de los módulos
era más alto que el precio medio de importación de China, mientras que en el
caso de las células dicho precio se situaba en el mismo rango que el precio
medio de importación de China. No obstante, al no disponerse de información
detallada de precios por tipos de productos, únicamente cabe utilizar la
comparación de precios a partir de las medias como indicación, sin que sea
posible extraer de ahí conclusiones firmes. Durante todo el período considerado
aumentó permanentemente el volumen de las importaciones de células procedentes
de Taiwán, que consiguieron así una mejora de su cuota de mercado de unos 14
puntos porcentuales. Por lo tanto, aunque se reconoce que las importaciones de
células procedentes de Taiwán han contribuido al perjuicio sufrido por la
industria de la Unión, no puede concluirse que rompieran el nexo causal entre
las importaciones subvencionadas procedentes de China y el perjuicio sufrido
por la industria de la Unión, ya que el volumen de importaciones de células
procedentes de la República Popular China fue ligeramente superior al de las
importaciones procedentes de Taiwán. En cuanto a los precios, aunque los
precios medios indicativos sean de la misma magnitud, no puede sacarse ninguna
conclusión sobre esta base, ya que no se dispone de información sobre los tipos
específicos de las células importadas. No obstante, en general, para el
producto investigado, a pesar del incremento de la cuota de mercado, los
volúmenes fueron más bajos que los de China y los niveles de precios en general
más altos, excepto para las células durante el período de investigación. Sobre
esta base y teniendo en cuenta, en particular, los volúmenes y las cuotas de
mercado de las importaciones procedentes de otros terceros países, así como sus
niveles de precios, que por término medio son similares o superiores a los de
la industria de la Unión, cabe concluir provisionalmente que las importaciones
procedentes de terceros países no rompen el nexo causal entre las importaciones
subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión.
(622)   Varias partes interesadas
presentaron observaciones tras la divulgación final con respecto a las
conclusiones relativas a las importaciones procedentes de otros terceros
países. Sin embargo, estas partes no presentaron información nueva ni pruebas
de apoyo que pudieran alterar las conclusiones provisionales pertinentes. 
(623)   Estas partes subrayaron,
en particular, el volumen de las importaciones de células procedentes de
Taiwán. Sin embargo, en términos absolutos, el volumen de las importaciones del
producto afectado procedente de Taiwán (1 132 MW) solo representa una
parte muy pequeña (menos del 5 %) del consumo global de la Unión
(21 559 MW) y en comparación con las importaciones procedentes de
China (15 005 MW). Por consiguiente, las importaciones procedentes de
Taiwán contribuyeron solo de una manera, si acaso, marginal al perjuicio de la
industria de la Unión y no rompieron el nexo causal.
Cuadro 12
Importaciones y cuotas de mercado
de otros terceros países 
 MÓDULOS || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de las importaciones procedentes de los demás terceros países (MW) || 1 003 || 1 702 || 1 385 || 1 195 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 169 || 138 || 119 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de los demás terceros países || 18,4 % || 14,0 % || 7,0 % || 6,8 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 2 385,34 || 1 852,23 || 1 430,90 || 1 218,41 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 
 Volumen de las importaciones procedentes de Taiwán (MW) || 49 || 144 || 140 || 135 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 294 || 286 || 276 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Taiwán || 0,9 % || 1,2 % || 0,7 % || 0,8 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 2 102,04 || 1 659,72 || 1 350,00 || 1 125,93 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 79 || 64 || 54 
 Volumen de las importaciones procedentes de los Estados Unidos (MW) || 140 || 180 || 51 || 60 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 129 || 36 || 43 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de los Estados Unidos || 2,6 % || 1,5 % || 0,3 % || 0,3 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 2 400,00 || 1 872,22 || 1 431,37 || 1 233,33 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 
 Volumen de las importaciones procedentes del resto de Asia (MW) || 720 || 1,140 || 1,029 || 879 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 158 || 143 || 122 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes del resto de Asia || 13,2 % || 9,3 % || 5,2 % || 5,0 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 2 400,00 || 1 870,18 || 1 440,23 || 1 229,81 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 
 Volumen de las importaciones procedentes del resto del mundo (MW) || 94 || 238 || 165 || 121 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 253 || 176 || 129 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes del resto del mundo || 1,7 % || 2,0 % || 0,8 % || 0,7 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 2 404,26 || 1 869,75 || 1 442,42 || 1 231,40 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 60 || 51 
Fuente: Europressedienst
 CÉLULAS || 2009 || 2010 || 2011 || PI 
 Volumen de las importaciones procedentes de los demás terceros países (MW) || 510 || 884 || 1 100 || 1 457 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 173 || 216 || 286 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de los demás terceros países || 23,7 % || 26,6 % || 25,5 % || 36,2 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 1 166,67 || 1 072,40 || 751,82 || 553,88 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 92 || 64 || 47 
 Volumen de las importaciones procedentes de Taiwán (MW) || 235 || 400 || 540 || 997 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 170 || 230 || 424 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Taiwán || 10,9 % || 12,0 % || 12,5 % || 24,8 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 948,94 || 1 100,00 || 670,37 || 514,54 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 116 || 71 || 54 
 Volumen de las importaciones procedentes de los Estados Unidos (MW) || 40 || 40 || 40 || 33 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 100 || 100 || 83 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de los Estados Unidos || 1,9 % || 1,2 % || 0,9 % || 0,8 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 1 350,00 || 1 050,00 || 825,00 || 636,36 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 61 || 47 
 Volumen de las importaciones procedentes de Japón (MW) || 60 || 154 || 170 || 145 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 257 || 283 || 242 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes de Japón || 2,8 % || 4,6 % || 3,9 % || 3,6 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 1 350,00 || 1 051,95 || 829,41 || 641,38 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 61 || 48 
 Volumen de las importaciones procedentes del resto del mundo (MW) || 175 || 290 || 350 || 282 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 166 || 200 || 161 
 Cuota de mercado de las importaciones procedentes del resto del mundo || 8,1 % || 8,7 % || 8,1 % || 7,0 % 
 Precio medio de importación (EUR/kW) || 1 348,57 || 1 051,72 || 831,43 || 638,30 
 (Índice 2009 = 100) || 100 || 78 || 62 || 47 
Fuente: Europressedienst
5.3.2.     Importaciones no
subvencionadas procedentes de China 
(624)   Las importaciones no
subvencionadas procedentes de China se analizaron detalladamente y se constató
que no tenían repercusiones significativas en la situación de la industria de
la Unión que pudieran romper el nexo causal establecido entre las importaciones
subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria de la Unión.
5.3.3.     Evolución del consumo de
la Unión 
(625)   Como se ha indicado en el considerando 509, el consumo de
módulos en la Unión aumentó un 221 % y el de células un 87 % durante
el período considerado. Alcanzó un pico en 2011 y cayó durante el período de
investigación, pero se mantuvo muy por encima del nivel de 2009, a comienzos
del período considerado. La industria de la Unión no pudo beneficiarse de ese
aumento del consumo, ya que su cuota de mercado descendió del 19 % al 13 % en
relación con los módulos y del 68 % al 38 % en relación con las células durante
el mismo período. Paralelamente, la cuota de mercado de China registró un
drástico aumento hasta 2011 y después se mantuvo estable en un nivel
significativamente alto durante el período de investigación, cuando el consumo
descendió. Por tanto, visto que, a pesar de la disminución del consumo de la
Unión durante el período de investigación, las importaciones subvencionadas
procedentes de China mantuvieron su cuota de mercado (módulos) o la aumentaron
(células) en detrimento de la industria de la Unión durante el período
considerado, no puede concluirse que esa disminución del consumo fuera tal que
llegase a romper el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el
perjuicio sufrido por la industria de la Unión.
Por otra parte, la investigación puso de manifiesto que puesto que la capacidad
de la industria de la Unión era, en cualquier caso, muy inferior a los niveles
de consumo, la disminución del consumo en el período de investigación no podía
haber influido en la situación de perjuicio de la industria de la Unión.
(626)   Basándose
en la información disponible es difícil establecer hasta qué punto la demanda
está impulsada por los sistemas de apoyo de los Estados miembros. En efecto,
como se señala en el considerando 632, existe una diversidad de sistemas de
apoyo y la interacción entre estos y la demanda es muy compleja, por lo que
resulta difícil cuantificar su impacto. Con todo, las pruebas disponibles
indican asimismo que aun sin sistemas de apoyo seguirá habiendo demanda de
energía solar y que incluso crecerá a lo largo del tiempo, si bien a menores
niveles que los alcanzados con ellos. En este contexto, varias partes
interesadas adujeron que la paridad de red ya se había alcanzado totalmente o
en parte en algunas regiones de la Unión.
(627)   Una parte interesada alegó
que las importaciones procedentes de China no reflejan el aumento total del
consumo y que, si bien en el caso de los módulos la industria de la Unión
perdió cuota de mercado entre 2009 y 2010, siguió aumentando su rentabilidad
durante el mismo período. Por otro lado, se señaló que, en 2009, cuando las
importaciones de células de China ocupaban solo el 8 % de la cuota de
mercado, la industria de la Unión seguía perdiendo un 8 %. 
(628)   Como
ya se ha mencionado en los considerandos 609 a 616, a pesar de la disminución
del consumo de la Unión en el período de investigación, las importaciones
subvencionadas procedentes de China o bien mantuvieron su cuota de mercado
(módulos) o bien la aumentaron (células) en detrimento de la industria de la
Unión durante el período considerado. Por consiguiente, no puede concluirse que
la disminución del consumo baste para romper el nexo causal entre las
importaciones subvencionadas y el perjuicio sufrido por la industria de la
Unión. Por otra parte, la investigación puso de manifiesto que, puesto que la
capacidad de la industria de la Unión era, en cualquier caso, muy inferior a
los niveles de consumo, la disminución del consumo en el período de
investigación no podía haber influido en la situación de perjuicio de la
industria de la Unión. En consecuencia, se rechazó esta alegación. 
(629)   Otra parte interesada
discrepó de que la demanda en la Unión vaya a seguir existiendo incluso en
ausencia de los sistemas nacionales de apoyo. Esta parte argumentó que existe
una correlación entre la demanda y los sistemas de apoyo y que, en ausencia de
tales sistemas, los proyectos en el sector fotovoltaico ya no serían rentables
y, por lo tanto, la demanda de paneles solares también desaparecería. No
obstante, la parte no facilitó pruebas que pudiesen
rebatir las conclusiones mencionadas en el considerando 626. A falta de nuevas
informaciones a este respecto, se rechazó esta alegación.
(630)   Tras la divulgación final,
las autoridades chinas argumentaron que el hecho de que, en cualquier caso, la
capacidad de la industria de la Unión no satisfaga la demanda de la Unión es
irrelevante, pues el volumen de ventas de módulos de la industria de la Unión
disminuyó en consonancia con el descenso del consumo, y reiteraron que la
reducción del consumo entre 2011 y el período de investigación causó el
perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Si bien es cierto
que entre 2011 y el período de investigación el consumo de la Unión disminuyó y
el volumen de ventas de módulos se redujo con una tendencia similar, ello ha de
ponerse en relación con la evolución de los precios chinos subvencionados, que
subcotizaron significativamente los precios de la industria de la Unión,
forzándola a vender con pérdidas. A este respecto debe recordarse, como se
menciona en el considerando 111 del Reglamento antidumping provisional, que las
importaciones procedentes de China o bien mantuvieron su cuota de mercado
(módulos) o bien la aumentaron (células) en un momento en que el consumo
disminuía. Al mismo tiempo, los precios de importación chinos bajaron
significativamente y subcotizaron de forma sustancial los precios de venta de
la industria de la Unión. En consecuencia, se rechazó esta alegación.
5.3.4.     Las tarifas reguladas como
principal ejemplo de los sistemas de apoyo
(631)   Varias partes interesadas
alegaron que la causa del perjuicio sufrido por la industria de la Unión
residía en las reducciones de las tarifas reguladas («TR») aplicadas por los
Estados miembros. Dichas reducciones habrían conducido, supuestamente, a una
disminución de las instalaciones solares y a un descenso de la demanda del
producto investigado en el mercado de la Unión, causando con ello un perjuicio
importante a la industria de la Unión. 
(632)   Para apoyar la generación de energías renovables, los
Estados miembros han introducido sistemas de tarifas reguladas, sistemas de
cupo con certificados verdes que se venden en el mercado, ayudas a la inversión
e incentivos fiscales. En algunos Estados miembros se concede también apoyo de
los Fondos Estructurales de la UE. Los instrumentos de apoyo que se aplican con
más frecuencia en el sector de la energía solar son las tarifas reguladas. El análisis de la Comisión se centró en este tipo de sistema de
apoyo.
(633)   Las tarifas reguladas
constituyen un instrumento de apoyo financiero para el cumplimiento de los
objetivos nacionales obligatorios en materia de uso de energías renovables
establecidos en la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables. El nivel de apoyo y el modo de funcionamiento
de las tarifas reguladas varían de unos Estados miembros a otros. Mediante las
tarifas reguladas, los operadores de la red están obligados a comprar energía
solar a precios que garanticen a los productores (normalmente, los propietarios
de las instalaciones solares) la recuperación de los costes y la obtención de
unas tasas de rendimiento razonables. Las tarifas reguladas, como los demás
sistemas de apoyo, están además sujetas en la mayoría de los casos al control
de las ayudas estatales de conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE,
que garantizan la ausencia de sobrecompensación para los productores de
electricidad
(634)   A pesar de las diferencias
nacionales, pueden observarse tres fenómenos en la evolución de las tarifas
reguladas en la Unión: i) la reducción de los tipos de las tarifas reguladas,
ii) la suspensión del sistema de dichas tarifas en su conjunto (España), y iii)
la introducción, a escala de los Estados miembros, de umbrales de capacidad
(«umbrales») para las instalaciones susceptibles de recibir financiación y de
umbrales generales de nueva capacidad instalada cada año con apoyo.
Aparentemente los umbrales se introdujeron sobre todo en 2012 y, por
consiguiente, lo más probable es que no tuvieran ningún efecto sobre el consumo
durante el período de investigación. Así pues, el análisis se centró en las
recientes suspensiones de las tarifas reguladas en España y en sus reducciones
en la mayoría de los Estados miembros. Se analizó si esta circunstancia había
repercutido en la demanda en el mercado de la Unión y si podía haber provocado
el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Se consideró a
este respecto que la repercusión de la evolución de las tarifas reguladas en la
demanda de módulos era representativa también de la situación con relación a
las células. En efecto, dado que las células son indispensables para la
producción de los módulos y no se utilizan en otros procesos de producción, un
descenso en la demanda de módulos desencadena automáticamente un descenso en la
demanda de células. 
(635)   Si
bien la investigación confirmó el nexo entre la evolución de las tarifas
reguladas y el consumo, también estableció que el descenso del consumo entre
2011 y el período de investigación no contribuye a romper el nexo causal entre
las importaciones subvencionadas procedentes de China y el perjuicio importante
sufrido por la industria de la Unión, tal como se ha descrito en detalle en el
considerando 625. En efecto, la investigación demostró que, mientras la
situación de la industria de la Unión se había deteriorado, los productores
exportadores fueron capaces de mantener sus elevadas cuotas de mercado en
relación con los módulos (80 %) e incluso incrementarlas ligeramente en
relación con las células (del 20 % en 2011 al 22 % durante el período de
investigación). Además, cabe señalar que el precio medio de los módulos cobrado
por la industria de la Unión cayó un 53 % durante el período considerado,
principalmente debido al significativo incremento de las importaciones
subvencionadas y a la importante presión sobre los precios que estas ejercieron
en el mercado de la Unión. Por tanto, la pérdida de rentabilidad sufrida por la
industria de la Unión no puede atribuirse primordialmente a los recortes de las
tarifas reguladas.
(636)   Por
tanto, se reconoce que la demanda de energía solar generada por los sistemas de
tarifas reguladas y las recientes suspensiones (por ejemplo, en España) y
reducciones de estos sistemas en otros Estados miembros redujeron el consumo
del producto investigado durante el período de investigación, contribuyendo así
posiblemente al perjuicio de la industria de la Unión. Con todo, la disminución
del consumo durante el período de investigación no fue suficiente como para
romper el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio
sufrido por la industria de la Unión.
(637)   Varias partes interesadas
argumentaron que los recortes de las tarifas reguladas restaron atractivo a las
oportunidades de inversión solar y redujeron así la demanda del producto
afectado en la Unión. 
(638)   Aunque
la investigación demostró la existencia de un vínculo entre el nivel de las
tarifas reguladas y el nivel de las inversiones en la industria solar, también
puso de manifiesto que esta dependencia es menor en las regiones con elevada
exposición solar, en las que la producción de energía solar es más eficiente, y
en las regiones en las que el precio de la electricidad es elevado. De hecho,
mostró que, a pesar de la suspensión del sistema de TR, se sigue invirtiendo
(por ejemplo, en España). Además, la investigación demostró que las oportunidades
de inversión en energía solar seguían siendo atractivas incluso con unas
tarifas reguladas más bajas. Por ello, esta
alegación fue rechazada. 
(639)   Varias partes alegaron que
la evolución de las tarifas reguladas ejercía una fuerte presión a la baja
sobre los precios y, por tanto, sobre la rentabilidad de la industria de la
Unión. Una parte interesada alegó que solo se había examinado el impacto del
desarrollo de las tarifas reguladas en la demanda y que también se debería
haber analizado el impacto en los precios. En este mismo contexto, varias
partes interesadas argumentaron que la mayoría de los Estados miembros
aplicaron grandes recortes ya en 2010, ejerciendo así una presión a la baja
sobre los precios de los módulos.
(640)   Con
respecto a esta alegación debe señalarse que los Estados miembros aplicaron los
recortes de las tarifas reguladas en diferentes momentos y a diferentes ritmos,
lo que hace bastante difícil dibujar un panorama general de toda la Unión. Con
independencia del momento en que los tipos de las tarifas reguladas alcanzaran
niveles muy bajos, el descenso significativo de los precios y la rentabilidad
de la Unión durante el período considerado no puede explicarse exclusiva o
principalmente por la reducción de las tarifas reguladas. En primer lugar,
según la información recabada en relación con Alemania e Italia, que en
conjunto representaban en torno al 75 % del consumo de la Unión en 2011,
la caída de los precios medios de venta fue más pronunciada que el descenso de
los tipos de las tarifas reguladas durante el período de investigación. En
segundo lugar, las pruebas recogidas muestran que, en el caso de algunos países
como Italia, incluso en un contexto de tipos de tarifas reguladas muy
generosos, la industria de la Unión tuvo que reducir significativamente sus
precios. Por último, durante el período de investigación  la industria de la
Unión tuvo que vender a precios por debajo de su coste de producción, debido
sobre todo a que los productores exportadores chinos ocupaban el 80 % del
consumo de la Unión y, por tanto, tenían poder para influir en el mecanismo de
fijación de precios.
(641)   La
investigación determinó también que, hasta 2011, el aumento de los tipos de las
tarifas reguladas y la reducción de los precios de los módulos en la Unión
hicieron extremadamente atractiva la inversión en energía solar, pues los
inversores obtenían tasas muy elevadas de rentabilidad. Esto dio lugar a un
gran número de inversiones y, por ende, a una demanda elevada de paneles
solares. Como consecuencia del aumento de la demanda se incrementó
significativamente el importe total de las tarifas reguladas, de modo que la
mayoría de los Estados miembros revisaron a la baja sus sistemas
correspondientes para evitar, entre otras cosas, que aumentaran los costes de
la electricidad. Esto demuestra que los recortes de las tarifas reguladas
pueden haber sido también el resultado del descenso de los precios, y no a la
inversa. En consecuencia, se rechazó esta alegación. 
(642)   Tras la divulgación final,
una parte alegó que había una contradicción entre el considerando 640, según el
cual la evaluación de la demanda en relación con la Unión en su conjunto
resulta difícil, y el considerando 608, en el que se asegura que un análisis de
la causalidad por Estado miembro no arrojaría resultados significativos. A este
respecto hay que señalar que en la evaluación expuesta en el
considerando 640 se hace referencia a la dificultad de obtener un panorama
general de la evolución de las tarifas reguladas en relación con el conjunto de
la Unión y no a la demanda de la Unión, como alega la parte interesada. De ello
se deduce que no existe contradicción entre los dos considerandos y, por tanto,
se rechazó la alegación.
(643)   Tras la divulgación final,
una parte alegó que, aun en un contexto de tipos elevados de las tarifas
reguladas, el precio de los módulos puede disminuir significativamente debido
al desarrollo tecnológico, las economías de escala, las reducciones de costes y
la creciente capacidad de producción mundial. Con respecto a esta alegación
debe señalarse que los productores italianos tuvieron que reducir sus precios
por debajo del coste de producción incluso cuando los tipos de las tarifas
reguladas eran elevados. Si bien los factores mencionados anteriormente pueden haber
influido en efecto en los costes medios, no bastan para explicar por qué los
productores de la Unión tuvieron que reducir sus precios por debajo del coste
de producción. Así pues, se concluyó que fueron las importaciones
subvencionadas procedentes de China las que empujaron los precios hasta niveles
insostenibles y se rechazó esta alegación.
(644)   Tras la divulgación final,
una parte alegó que la conclusión expuesta en el considerando 641, a saber, que
los recortes de las tarifas reguladas pueden haber sido también el resultado
del descenso de los precios, y no a la inversa, no se fundamenta con pruebas.
(645)   Hay que señalar que las
conclusiones expuestas en el considerando 641 se basaron en la información
disponible durante la investigación y que el escenario descrito se consideró,
de hecho, razonable dadas las circunstancias de este mercado específico. Por
tanto, se rechazó este argumento.
(646)   Tras la divulgación final,
una parte expresó su desacuerdo con la conclusión de que fueran las importaciones
subvencionadas las que ejercieran sobre los productores de la Unión una presión
a la baja en los precios y alegó que, por el contrario, fueron los recortes de
las tarifas reguladas los que forzaron a los productores de la Unión a reducir
sus precios. La misma parte reiteró que, al reducirse las tarifas reguladas,
los precios de los sistemas fotovoltaicos disminuyeron paralelamente, de modo
que los costes afrontados por los desarrolladores de proyectos no aumentaron y
ello acabó causando la presión en los precios ejercida sobre los productores de
la Unión. 
(647)   Dado que se no se aportó
ninguna prueba concluyente en apoyo de estas alegaciones, la Comisión mantuvo
su análisis y sus conclusiones según se exponen en los considerandos 640 y 641.

(648)   La misma parte alegó que
los mercados se mueven en función de cómo evolucionan las tarifas reguladas y
presentó datos relativos al número de instalaciones fotovoltaicas en 2012 y
2013 en el Reino Unido. La información suministrada por esta parte consistía en
una publicación de las autoridades del Reino Unido basada en las entradas
semanales del Central FiT Register (CFR, registro central de tarifas
reguladas) de este país. Debe tenerse en cuenta que esa información se refiere
en su mayor parte a un período fuera del período de investigación y a un solo
Estado miembro, cuando la presente investigación se centra en la situación del
mercado de la Unión en su conjunto. En cualquier caso, no se pone en duda que
los niveles de las tarifas reguladas influyen en la demanda, pues la
rentabilidad de las inversiones en lugares con menor radiación solar depende de
esos niveles. Sin embargo, para demostrar que el nivel al que estaban fijadas
las tarifas reguladas durante el período de investigación fue el causante del
perjuicio, las partes interesadas tendrían que haber demostrado que un
incremento de precios de los productores de la Unión hasta el nivel no
perjudicial habría significado que no hubieran podido vender el producto
afectado, dado que las inversiones en sistemas fotovoltaicos no habrían sido
viables a esos precios. No se facilitaron pruebas en este sentido. Por tanto,
se rechazó este argumento.
(649)   Varias partes alegaron
que, siendo bajos los tipos de las tarifas reguladas, las inversiones en
proyectos fotovoltaicos solo eran económicamente viables con paneles solares de
precio reducido importados de China. Se argumentó, pues, que los recortes de
las tarifas reguladas causaron el perjuicio importante a la industria de la
Unión. Otra parte argumentó que el nivel del tipo de las tarifas reguladas
influye en el mecanismo de fijación de precios de los módulos.
(650)   Debe señalarse que el
coste de un módulo al que un proyecto seguiría siendo económicamente viable
varía entre Estados miembros o regiones en función de muchos factores como las
tarifas reguladas, otros incentivos reglamentarios, la exposición solar, los
precios de la electricidad convencional, etc. Además, la investigación puso de
manifiesto que las instalaciones actuales dependen cada vez menos de las tarifas
reguladas, ya que es probable que con determinados tipos de instalaciones se
alcance la paridad de red fotovoltaica en varias regiones de Europa, como
ocurre en una gran parte de Italia, España, Portugal, el sur de Francia y
Grecia. Por tanto, se rechazaron las alegaciones a este respecto.
(651)   Una parte interesada alegó
que la Comisión no había investigado si la industria de la Unión no había
sabido anticipar que los sistemas de apoyo públicos se retirarían o reducirían
bruscamente. No se presentaron argumentos en apoyo de esta alegación. Sin
embargo, debe señalarse que, según las pruebas reunidas, no hay información que
indique que la industria de la Unión reaccionara a las señales del mercado (a
saber, la evolución del consumo) y otros datos disponibles (es decir, reducción
de los sistemas de apoyo) de manera poco razonable. En consecuencia, se rechazó
esta alegación. 
(652)   Una parte interesada
argumentó que los recortes de las tarifas reguladas causaron el declive de los
precios de la industria de la Unión, debido a que las inversiones solo habían
sido viables a los precios chinos asequibles. Las pruebas reunidas muestran de
hecho solo un ligero descenso en las ventas de la industria de la Unión durante
el período de investigación, en contra de lo que cabría esperar si los
proyectos fotovoltaicos hubieran sido viables únicamente con módulos chinos. En
cambio, las ventas de módulos de la industria de la Unión aumentaron hasta 2011
y disminuyeron ligeramente en el período de investigación, siguiendo la misma
tendencia que el consumo. En consecuencia, se rechazó esta alegación.
(653)   Una parte interesada
argumentó que el descenso de las tarifas reguladas forzó a los productores de
la Unión a bajar sus precios para mantener el interés de los inversores en la energía
fotovoltaica y seguir desarrollando la demanda y el crecimiento. 
(654)   La investigación puso de
manifiesto que la industria de la Unión se vio obligada a reducir sus precios
principalmente debido a la presión de las importaciones subvencionadas y no a
los recortes de las tarifas reguladas. Así lo indica el hecho de que el
descenso más significativo de los precios de la industria de la Unión se
produjera en 2010 y 2011, antes de que se efectuaran los mayores recortes de
las tarifas reguladas. De hecho, el aumento de las importaciones subvencionadas
procedentes de China, al subcotizar de forma significativa los precios de la
industria de la Unión, forzó a esta a reducir sus precios a niveles cada vez
más bajos. Por las razones expuestas, se rechazó este argumento.
(655)   Otra parte interesada
argumentó que las conclusiones expuestas en los considerandos 174 y 175
del Reglamento antidumping provisional, según las cuales los cambios de las
tarifas reguladas no rompían el nexo causal, carece de base fáctica y jurídica
y no es coherente con el artículo 8, apartado 5, del Reglamento de base, pues
la Comisión no evaluó el nivel de perjuicio causado por las reducciones de las
tarifas reguladas y consideró que la caída significativa del precio de la
industria de la Unión había sido consecuencia únicamente de las importaciones
chinas subvencionadas. La misma parte alegó que el descenso del precio de los
módulos y las células fue un fenómeno mundial y no se debió a la presión
ejercida por las importaciones chinas.
(656)   Con respecto a la
alegación de que la Comisión no evaluó el nivel de perjuicio causado por los
recortes de las tarifas reguladas hay que remitirse a los considerandos 628 y
629 y a los considerandos 640 y 641, en los que la Comisión concluye que ni el
descenso de la demanda ni el impacto de las tarifas reguladas sobre los precios
de la Unión son tales como para romper el nexo causal entre el perjuicio
sufrido por la industria de la Unión y las importaciones subvencionadas
procedentes de China, con independencia de si pudieron ser causados, y en qué
medida, por los recortes de las tarifas reguladas. Por consiguiente, se rechazó
la alegación de que las conclusiones de la Comisión no tenían una base fáctica.
Por lo que respecta a la alegación de que el descenso en el precio de los
módulos y las células fue un fenómeno de carácter mundial, hay que remitirse a
los considerandos 619 a 621, en los que se evalúan los volúmenes y los precios
de importación en la Unión desde países distintos de China. Si bien hubo en
efecto una tendencia mundial a la baja en los precios de los módulos y las
células, los precios de las importaciones subvencionadas procedentes de China
exacerbaron esa tendencia hasta niveles deficitarios. Por ello, esta alegación
fue rechazada.
(657)   En resumen, las tarifas
reguladas fueron un factor importante para el desarrollo del mercado
fotovoltaico en la Unión y su existencia influyó en la evolución del consumo
del producto investigado. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que
el consumo no se redujo significativamente, a pesar de importantes recortes en
las tarifas reguladas y que la disminución de los precios de la Unión no se
debió principalmente a estos recortes. Por consiguiente, puede concluirse que
la evolución de las tarifas reguladas no es tal para romper el nexo causal
entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio importante sufrido por la
industria de la Unión. 
5.3.5.     Otras ayudas financieras
concedidas a la industria de la Unión
(658)   Algunas partes interesadas
alegaron que el perjuicio sustancial sufrido por la industria de la Unión se
debió a un descenso de las ayudas financieras concedidas a la misma. En apoyo
de esta alegación, se aportó información sobre las subvenciones concedidas a
uno de los productores de la Unión antes del período considerado (entre 2003 y
2006). 
(659)   Las pruebas aportadas no
pusieron de manifiesto la existencia de ningún nexo entre el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión y cualquier supuesta subvención
recibida por uno de los productores de la Unión durante el período anterior al
considerado. Además, al tratarse de una información de fecha anterior al
período considerado, resulta irrelevante. Por tanto, no pudo establecerse
ningún nexo entre cualquier supuesta subvención recibida por la industria de la
Unión y el perjuicio importante sufrido. Por ello, la alegación fue rechazada. 
5.3.6.     Exceso de capacidad
(660)   Se alegó que el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión se debió a un exceso de
capacidad en el mercado de la Unión y en el mercado en general. Se adujo
también que el exceso de capacidad del mercado mundial había conducido a la
consolidación de la industria de la Unión que está teniendo lugar y que
cualquier perjuicio sufrido era consecuencia de un exceso de instalaciones de
producción. Más aún, algunas partes interesadas alegaron que el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión estaba vinculado a una
sobreexpansión autoinfligida de la capacidad de la industria de la Unión. En
cambio, otras partes interesadas argumentaron que ese perjuicio se debió a que
la industria de la Unión no había realizado las inversiones necesarias para la
creación de capacidad.
(661)   Si bien la industria de la
Unión aumentó de hecho su capacidad de producción, el volumen de producción
total no cubrió los crecientes niveles de consumo del mercado de la Unión
durante el período considerado. Así pues, el aumento de la capacidad de
producción fue razonable y siguió la evolución del mercado, es decir, el aumento
del consumo. Por consiguiente, no puede considerarse una causa del perjuicio
sufrido. 
(662)   Del mismo modo, sobre esta
base, el argumento de que la industria de la Unión no invirtió en la expansión
de la capacidad no se confirmó durante la investigación. Al contrario, como se
ha mencionado anteriormente, durante todo el período considerado la industria
de la Unión aumentó su capacidad de forma progresiva y dispuso de un exceso de
capacidad, lo que demuestra su capacidad de responder a la demanda adicional.
Así pues, hubo que rechazar esta alegación. 
(663)   Algunas partes interesadas
adujeron que todos los operadores del mercado, incluidos los de los sectores en
sentido ascendente y descendente, se encontraban en una situación difícil
debido al exceso de capacidad del mercado mundial y al resultante cambio del
mercado. A este respecto, se argumentó que el producto investigado se había
convertido en una materia prima, cuyos precios no podían fijar ya los
productores individuales, sino que estaban sometidos a la demanda y la oferta
mundiales. Se alegó que fue esta situación la causa del perjuicio importante
sufrido por la industria de la Unión, y no las importaciones subvencionadas.
(664)   La investigación confirmó
la existencia de un exceso de capacidad en el mercado mundial, originada
principalmente en China. Por lo que se refiere al cambio del mercado que
supuestamente había convertido el producto investigado en una materia prima,
eso no justificaría un comportamiento desleal en materia de precios ni unas
prácticas comerciales desleales. A este respecto, hay que señalar que la
industria de la Unión lleva produciendo y vendiendo el producto investigado más
de veinte años, mientras que la industria china del producto afectado no se
desarrolló hasta tiempos recientes (aproximadamente a mediados del pasado
decenio), atraída sobre todo por las tarifas reguladas y por otros incentivos
políticos de la Unión y el consiguiente aumento de la demanda. Por las razones
expuestas, se rechazaron estos argumentos.
(665)   Una parte interesada alegó
que el exceso de capacidad condujo a una racionalización de precios. A este
respecto debe señalarse, por un lado, que el exceso de capacidad condujo de
hecho a una situación de competencia a la baja y a la contención de los precios
de la industria de la Unión, que de media superó la reducción de los costes de
producción. Por otro lado, los aumentos de la capacidad por parte de la
industria de la Unión obedecieron a la evolución del mercado y se consideraron
razonables. Además, el incremento de la capacidad de producción de células fue
menor que el de módulos. Por tanto, se desestimó la alegación a este respecto. 
(666)   Otra parte interesada
alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debe a que esta
solo se centra en inversiones especializadas y no invierte lo necesario en
nuevas capacidades y reducciones de costes. Tampoco esta alegación pudo
confirmarse con los resultados de la investigación, que puso de manifiesto que
la industria de la Unión aumentó su capacidad y su eficiencia de producción
durante el período considerado. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.
(667)   Por otro lado, una parte
interesada argumentó que la industria de la Unión aumentó su capacidad de
producción a pesar de unos índices de utilización de la capacidad que ya eran
bajos, lo que condujo a un perjuicio autoinfligido. Este argumento se basaba,
no obstante, en una comparación entre la tendencia de las inversiones de los
productores de la Unión incluidos en la muestra y la tendencia de la
utilización de la capacidad de la industria de la Unión en su conjunto, lo cual
no constituye una base de comparación adecuada. Además, la investigación
demostró que la industria de la Unión no había ampliado sus capacidades de
producción en una escala excesiva con respecto a la evolución del consumo de la
Unión, de modo que se rechazó este argumento. 
(668)   Asimismo, las pruebas
reunidas indican que, merced a las inversiones en nueva maquinaria, la
industria de la Unión pudo reducir su coste de producción y hacerse más
competitiva en cuanto a los costes. Así pues, hubo de rechazarse esta
alegación. 
(669)   Tras la divulgación final,
algunas partes interesadas cuestionaron que el aumento de capacidad de la
industria de la Unión fuera razonable y obedeciera a la evolución del mercado
y, en particular, a la evolución del consumo de la Unión. Sin embargo, por lo
que respecta a los módulos, la capacidad de producción se incrementó un
106 %, mientras que el consumo de la Unión aumentó un 221 % durante
el período considerado, es decir, más del doble. Por lo que respecta a las
células, la capacidad de producción se incrementó un 39 %, mientras que el
consumo de la Unión aumentó un 87 % durante el período considerado. Esto
demuestra que el aumento de la capacidad fue sustancialmente inferior al del
consumo y, por consiguiente, no puede considerarse irrazonable, dado que nunca
hubo un exceso de capacidad en la Unión. Además, el análisis de si el aumento
de capacidad fue razonable no debe realizarse año por año, sino que ha de tener
en cuenta la tendencia durante todo el período considerado. Así, el aumento de
la capacidad solo será plenamente operativo transcurrido un cierto tiempo
después de realizar la inversión y el análisis aislado de un solo año puede
ofrecer un panorama distorsionado. Por tanto, se rechazó este argumento.
5.3.7.     Repercusión de los precios
de la materia prima 
(670)   Varias partes interesadas
alegaron que el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión
estaba vinculado a la evolución de los precios del polisilicio, la principal
materia prima para la producción de obleas. Se argumentó que la industria de la
Unión había celebrado contratos de suministro a largo plazo y a precio fijo, lo
que le impidió beneficiarse de la disminución de precio del polisilicio durante
el período considerado.
(671)   La investigación demostró
que, aunque la industria de la Unión había celebrado contratos de suministro de
polisilicio a largo plazo, en la mayoría de los casos se habían renegociado las
condiciones para tener en cuenta la evolución del precio del polisilicio, de
forma que los precios de contrato alcanzaron niveles próximos a los precios del
mercado al contado y en ocasiones incluso más bajos.
(672)   Algunas partes interesadas
argumentaron que la industria de la Unión, o por lo menos parte de ella, no
pudo beneficiarse del descenso de los precios del polisilicio durante el
período investigado debido a contratos a largo plazo para el suministro de
materia prima. Estas partes alegaron que las renegociaciones o resoluciones de
los contratos a largo plazo de la producción de polisilicio u obleas dieron
lugar a penalizaciones. En apoyo de este argumento presentaron artículos de
prensa según los cuales algunos productores de la Unión tenían litigios o habían
resuelto sus contratos. Algunas partes presentaron información que
supuestamente confirmaba que los contratos a largo plazo no eran renegociables.

(673)   El polisilicio es la
principal materia prima para los productores de obleas. La investigación puso
de manifiesto que los precios del polisilicio aumentaron en 2008, alcanzando un
máximo aproximado de 500 USD/kg, pero disminuyeron de nuevo en 2009 hasta
llegar a 50-55 USD/kg al final de ese año, con una ligera tendencia al
alza en 2010 y a principios de 2011. Los precios cayeron significativamente
durante el período de investigación, hasta los 30 USD/kg (JRC: Scientific
and Policy Reports, «PV Status Report 2012»). Debe señalarse que las
repercusiones de los precios del polisilicio en la industria de la Unión solo
pudieron ser más bien marginales, pues cualquier efecto del coste de producción
de las células y los módulos se diluyó a lo largo de la cadena de valor.
Además, los artículos de prensa mencionados se referían a acontecimientos
posteriores al período de investigación, que no afectaron a la situación de la
industria de la Unión en cuestión durante este período y que, por tanto, no
pueden ser tenidos en cuenta. Puede confirmarse que la industria de la Unión
pudo efectivamente renegociar no solo los precios de los contratos a largo
plazo, sino incluso cualquier penalización contractual relacionada con dichos
contratos. 
(674)   Una de las partes
interesadas argumentó además que bastaba con que algunos productores de la
Unión se hubieran visto afectados por los contratos a largo plazo y que la
situación de la industria de la Unión en su conjunto era irrelevante. Alegó que
el aumento de los costes no tiene por qué afectar a todos los operadores por
igual. Con esta argumentación se olvida la conclusión de que, en relación con
la industria de la Unión en general, los precios medios del polisilicio no
fueron en muchos casos superiores a los precios del mercado ni a los precios de
entrega inmediata y que, por tanto, no se consideró pertinente la cuestión de
si unos costes más elevados afectaban a todos o solo a unos pocos operadores.
Por tanto, se rechaza este argumento.
(675)   Otra parte interesada
pidió que la Comisión separara, distinguiera y cuantificara los efectos de cada
factor que tuviera repercusiones en la situación de la industria de la Unión y
alegó, en particular, que el efecto de la caída significativa de los precios
del polisilicio debía abordarse por separado. A este respecto se argumentó que
fue el descenso de los precios del polisilicio, más que la presión ejercida
sobre los precios por las importaciones chinas, lo que causó el descenso de los
precios de venta. Por lo que respecta a la industria de la Unión, sus precios
medios de venta bajaron mucho más que el coste medio de producción, en el que
podría influir el descenso de los precios de la materia prima. Por tanto, se
rechaza este argumento.
(676)   Tras la divulgación final,
algunas partes interesadas reiteraron que la repercusión del descenso de los
precios del polisilicio en el coste de la industria de la Unión no fue limitado
ni diluido a lo largo de la cadena de valor, como se concluía en la
investigación. Sin embargo, como ya se ha mencionado en el considerando 255, el
polisilicio es la principal materia prima para los productores de obleas, de modo
que cualquier repercusión en el coste de producción de células o módulos se
consideró diluido en la cadena de valor. Las partes interesadas no aportaron
ninguna prueba que pudiera restar validez a esta conclusión. Es más, la
investigación puso de manifiesto que la bajada de los precios del polisilicio a
lo largo del período considerado se plasmó en el coste medio de producción de
células y módulos de la industria de la Unión incluida en la muestra, que
disminuyó a un nivel similar al de los precios del polisilicio. Una parte
interesada cuestionó el impacto de las supuestas penalizaciones que la
industria de la Unión tuvo que pagar por la renegociación de los contratos con
sus proveedores. A este respecto no puede descartarse que algunos productores
hayan tenido que pagar penalizaciones por cancelar contratos de suministro de
obleas durante el período considerado. Sin embargo, la Comisión no encontró
prueba alguna de que estas penalizaciones pudieran haber tenido un efecto sobre
la situación de la industria de la Unión en su conjunto, ni de que fueran
representativas. Tampoco la parte interesada en cuestión aportó ninguna prueba
en este sentido. Si bien no puede descartarse por completo que las
penalizaciones pudieran haber tenido un cierto impacto negativo en un número
limitado de productores de la Unión, el impacto global sobre la industria de la
Unión fue, a lo sumo, marginal y no podría haber roto el nexo causal entre las
importaciones subvencionadas y el perjuicio importante sufrido por la industria
de la Unión en su conjunto. Así pues, hubo que rechazar estos argumentos.
(677)   Otra parte interesada
alegó que el descenso de los precios de venta del producto investigado en la
Unión se debió en parte a la reducción del precio del polisilicio. Sin embargo,
hay que señalar a este respecto que la investigación puso de manifiesto que las
importaciones procedentes de China estaban subvencionadas y subcotizaban
sustancialmente los precios de la industria de la Unión. Así pues, el descenso
de los precios va más allá de la reducción de los costes de producción, que
puede explicarse por el descenso de los precios de la materia prima. Si el
descenso de los precios se debiera simplemente a la bajada de los precios de la
materia prima, la industria de la Unión no se habría visto obligada a reducir
sus precios de venta por debajo de sus costes de producción. Por consiguiente,
debe rechazarse esta alegación. 
(678)   Otra parte interesada
reiteró que el litigio de un productor de la Unión tras el período de
investigación podría haber afectado por lo menos a la situación de este
productor ya durante dicho período. Sin embargo, esta parte no explicó cómo y
en qué medida algo que ocurrió después del período de investigación podría
haber tenido un efecto en la situación de este productor durante dicho período.
Tampoco la investigación encontró prueba alguna que mostrara tales efectos. Por
consiguiente, hubo que rechazar esta alegación.
(679)   La misma parte interesada
cuestionó estas conclusiones, ya que, supuestamente, no se habían presentado
pruebas. Sin embargo, las conclusiones de la investigación se basaron en hechos
y pruebas reales, de las que se pusieron versiones no confidenciales a
disposición de todas las partes interesadas. 
(680)   Por estas razones, se
concluyó que, aunque es posible que algunos productores concretos de la Unión
se vieran afectados por los contratos a largo plazo, la industria de la Unión,
en su conjunto, no sufrió a causa de esos contratos y pudo beneficiarse
plenamente del descenso de precio de la materia prima. Por tanto, no se
consideró que los contratos a largo plazo rompieran el nexo causal entre las
importaciones subvencionadas y el perjuicio importante sufrido por la industria
de la Unión. 
5.3.8.     Perjuicio autoinfligido:
repercusión de la automatización, tamaño, economías de escala, consolidación,
innovación, rentabilidad e importaciones de la industria de la Unión
(681)   Algunas
partes interesadas alegaron que el perjuicio sufrido por la industria de la
Unión se debió al alto grado de automatización del proceso de producción. Se
argumentó que los productores a pequeña escala se encontraban en desventaja
respecto a los grandes productores integrados verticalmente y que, por tanto,
no podía atribuirse a las importaciones subvencionadas ningún perjuicio que
hubieran sufrido. En este contexto, se argumentó asimismo que, en cualquier
caso, el tamaño de la industria de la Unión era, en general,  pequeño y, por
tanto, no podía beneficiarse de economías de escala. 
(682)   La
investigación demostró que también los productores a pequeña escala del mercado
de la Unión tenían altamente automatizados sus procesos de producción, lo que
influía de forma positiva en sus costes de producción. Muchos productores de la
Unión estaban especializados en una parte del proceso de producción (células o
módulos) y, mediante la especialización, aumentaban su competitividad para el
tipo concreto de producto que fabricaban. Por tanto, hubo de rechazarse el
argumento de que el alto grado de automatización había causado el perjuicio
sufrido por la industria de la Unión. 
(683)   Algunas partes interesadas
alegaron que la presión sobre los precios había conducido a la consolidación de
la industria de la Unión y de la industria china, siendo esto último
precisamente la causa del perjuicio importante sufrido por la industria de la
Unión. No obstante, la investigación demostró que la consolidación fue más bien
consecuencia de las importaciones subvencionadas y de prácticas comerciales
desleales. Además, esas partes no aportaron ninguna prueba de en qué medida el
proceso de consolidación había sido la causa del perjuicio sufrido. 
(684)   Se
alegó asimismo que la falta de integración vertical de la industria de la Unión
había sido la causa del perjuicio sufrido. En general, en unas condiciones de
mercado normales, los productores integrados verticalmente tendrían más
seguridad en su cadena de suministro. No obstante, la investigación demostró
que la parte de la industria de la Unión, que estaba integrada verticalmente,
no había podido aprovechar plenamente esta ventaja debido a la presión
extremadamente alta sobre los precios ejercida por las importaciones
subvencionadas. Más aún, la industria de la Unión, incluidos los productores
integrados verticalmente, no pudo aprovechar plenamente los altos índices de
utilización de la capacidad para obtener economías de escala debido a las
importaciones subvencionadas. Además, la investigación no demostró la
existencia de ninguna correlación entre integración vertical y mejores índices
de rentabilidad, al haberse alterado esta correlación por la elevada presión
sobre los precios. 
(685)   Algunas partes interesadas
argumentaron que la industria de la Unión había mostrado carencias en la
innovación técnica, así como en inversiones en nueva tecnología. No obstante,
la investigación no halló ninguna prueba objetiva que confirmara tales
alegaciones. Al contrario, demostró que la mayoría de las inversiones
efectuadas por la industria de la Unión se destinaron a nueva maquinaria y a I
+ D y que no había diferencias tecnológicas significativas entre los productos
de distintas partes del mundo.
(686)   Una parte interesada alegó
que el perjuicio importante se debió a la mala ejecución de proyectos
(proyectos fracasados). Hay que señalar al respecto que este argumento no se
fundamentó. Además, cualquier proyecto fracasado podría considerarse más bien
consecuencia de las importaciones subvencionadas. Por lo tanto, hubo que
rechazar este argumento.
(687)   Algunas partes interesadas
alegaron que la industria de la Unión no había sido capaz de racionalizar sus
costes a tiempo para responder a la evolución del mercado mundial. Otras
adujeron que los costes laborales y generales eran más altos en la Unión que en
China.
(688)   La investigación puso de
manifiesto que el coste de producción de la industria de la Unión fue
disminuyendo constantemente durante el período considerado. La productividad
aumentó para los módulos y las células. Como se ha mencionado antes, debido al
repentino aumento de las importaciones subvencionadas procedentes de China y a
la importante presión que estas ejercieron sobre los precios en el mercado de
la Unión, la industria de la Unión no pudo beneficiarse de las reducciones de
coste. 
(689)   Cabe señalar que, en
relación con las materias primas (polisilicio) y la maquinaria empleada, los
productores exportadores de China no disfrutaban de ninguna ventaja
comparativa, ya que ambas se importaban mayoritariamente de la Unión. Los
costes laborales y generales, incluidos los costes de amortización,
representaban por término medio menos del 10 % del coste total de un
módulo en el período de investigación, por lo que se consideró que no habían
desempeñado un papel significativo. Los costes de la electricidad representaban
por término medio menos del 1 % del coste total de un módulo en el período
de investigación, por lo que se consideró que no habían desempeñado un papel
significativo. Además, la alegación de que los productores chinos estaban
utilizando equipos punteros no se fundamentó.
(690)   Es más, se alegó que algunos
productores de la Unión adquirían células o módulos del país afectado y los
revendían como suyos en el mercado de la Unión. El perjuicio resultante de
estas operaciones no debía atribuirse a las importaciones subvencionadas. Sin
embargo, la investigación demostró que las importaciones del producto afectado
procedentes de la industria de la Unión eran de naturaleza complementaria y
limitadas en volumen en comparación con la producción total de la Unión y, por
tanto, su efecto sería, si acaso, marginal y no podría considerarse suficiente
para romper el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el
perjuicio sufrido por la industria de la Unión. 
(691)   Por tanto, para afrontar
la tendencia a la baja de los precios de las importaciones procedentes de
China, la industria de la Unión tuvo que realizar grandes esfuerzos para
racionalizar sus costes de producción. A pesar de ello, la racionalización de
los costes no pudo reflejarse en el precio de venta debido a la significativa
subcotización ejercida por las importaciones subvencionadas. 
(692)   Algunas partes interesadas
alegaron que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a que
esta carecía de suficientes economías de escala. Se argumentó que los
productores a pequeña escala se encontraban en desventaja respecto a los
grandes productores integrados verticalmente y que, por tanto, no podía
atribuirse a las importaciones subvencionadas ningún perjuicio que hubieran
sufrido. Otra parte interesada argumentó que la automatización del proceso de
producción es costosa y que ello hace aún más importantes las economías de
escala para reducir el coste de la producción.
(693)   La investigación puso de
manifiesto que la industria de la Unión, incluidos los grandes productores
integrados verticalmente, no pudo aprovechar plenamente los altos índices de
utilización de la capacidad para obtener economías de escala, debido a las
importaciones subvencionadas. En cualquier caso, la investigación no puso de
manifiesto ninguna correlación entre dimensiones, integración vertical y
mejores tasas de rentabilidad, al haber alterado esta correlación la elevada
presión ejercida sobre los precios por las importaciones subvencionadas. La
investigación demostró que el beneficio de las economías de escala ya no existía
en un mercado en el que los índices de utilización eran bajos, lo cual también
era cierto en relación con los productores chinos. Por tanto, se rechazaron
estos argumentos. 
(694)   Por otro lado, una parte
interesada alegó que los inversores y los bancos no financiarían proyectos si
el fabricante de módulos fuera demasiado pequeño, pues los grandes productores
ofrecen mejores garantías y son más «bancarizables». En otras palabras, los
inversores y los bancos son reticentes a financiar proyectos relacionados con
la energía fotovoltaica que utilicen módulos fabricados en la Unión. Sin
embargo, la investigación puso de manifiesto que la posible preferencia de los
inversores y los bancos por financiar a productores chinos con mayores
capacidades de producción es consecuencia de la distorsión creada en el mercado
de la Unión por las importaciones subvencionadas. Como se ha mencionado
anteriormente, el tamaño de las líneas de producción no desempeña papel alguno
si los índices de utilización siguen siendo bajos. Por tanto, se rechazó este
argumento. 
(695)   Una parte interesada alegó
que la industria de la Unión tenía una estructura de costes desfavorable en
comparación con sus competidores chinos, pues estos disfrutan de menores costes
laborales, de electricidad y de amortización, y además poseen equipos punteros.
Sin embargo, la parte en cuestión no fue capaz de aportar información o pruebas
nuevas que pudieran restar validez a las conclusiones de la investigación a
este respecto. En particular, la alegación de que los productores chinos
estaban utilizando equipos punteros se abordó en las conclusiones del
considerando 203 del Reglamento antidumping provisional, en el que se dice que
los productores exportadores de China no disfrutaban de ninguna ventaja
comparativa, en particular porque la maquinaria y los equipos se importaban de
la Unión Europea. Por tanto, se rechazaron las alegaciones anteriores.
(696)   Otra parte alegó que los
productores chinos disfrutaban de una ventaja comparativa con respecto a los
precios del polisilicio y a las economías de escala, con el resultado de un
coste menor de la maquinaria. Esta parte no aportó información ni pruebas
nuevas a este respecto. Por tanto, la alegación de esta parte fue desestimada. 
(697)   Es más, una parte
interesada alegó que algunos productores de la Unión adquirían células o
módulos del país afectado y los revendían como suyos en el mercado de la Unión.
Esa parte pidió que el perjuicio resultante de esas transacciones no se
atribuyera a las importaciones subvencionadas. Sin embargo, la investigación
demostró que las importaciones del producto afectado procedentes de la
industria de la Unión eran de naturaleza complementaria y limitadas en volumen
en comparación con la producción total de la Unión y, por tanto, su efecto
sería, si acaso, marginal y no podría considerarse suficiente para romper el
nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio sufrido por
la industria de la Unión. 
(698)   Un importador no vinculado
argumentó que debía tenerse en cuenta en el análisis el aumento del número de
trabajadores. Con respecto a esta alegación debe señalarse que el empleo
aumentó entre 2009 y 2011 en el caso de los módulos, para luego descender
durante el período de investigación. En el caso de las células, el empleo
aumentó hasta 2010 y luego disminuyó en 2011 y aún más en el período de
investigación. Hay que apuntar que, por lo que respecta a los módulos, el
empleo siguió la tendencia de la producción de la Unión. En cuanto a las
células, dado que las importaciones chinas incrementaron su cuota de mercado
durante todo el período, en detrimento de la industria de la Unión, esta no
pudo beneficiarse como se esperaba del aumento del consumo. Por tanto, el
descenso del empleo en 2011 y en el período de investigación corresponde a
empresas que o bien se declararon en concurso de acreedores o bien dejaron de
producir células.
(699)   Tras la divulgación final,
una parte interesada reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de la
Unión se debió a la pequeña escala y a la falta de economías de escala. Como ya
se ha explicado en el considerando 682 y en los considerandos 195 y 196
del Reglamento antidumping provisional, incluso en el mercado mundial, el
tamaño y, por tanto, el beneficio de las economías de escala no pueden seguir
desempeñando un papel siendo los índices de utilización en general bajos y
habiendo un enorme exceso de capacidades en todo el mundo. En consecuencia,
hubo que rechazar esta alegación. 
(700)   Además, la misma parte
reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la
incapacidad de esta para obtener ventajas en los costes. Esta parte alegó que
ello se debía, en particular, al hecho de que la mayoría de los productores de
la Unión estaban integrados verticalmente. Sin embargo, no aportó información
adicional alguna sobre en qué medida podría influir negativamente en la
estructura de los costes el hecho de que los productores estén integrados
verticalmente. En consecuencia, debió rechazarse esta alegación.
(701)   Por las razones expuestas,
hubo que rechazar todos los argumentos anteriormente mencionados.
5.3.9.     Competencia de productos
fotovoltaicos de capa fina y otras tecnologías fotovoltaicas
(702)   Algunas partes interesadas
alegaron que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la
competencia de productos fotovoltaicos de capa fina y de otras tecnologías
fotovoltaicas, que son intercambiables y tienen el mismo uso final. También se
alegó que los productos de capa fina estaban compitiendo con el producto investigado
especialmente en relación con los sistemas montados en el suelo y los sistemas
comerciales o industriales para azoteas, que constituyen una parte sustancial
del mercado de la energía fotovoltaica total de la Unión. 
(703)   La
investigación demostró que los productos fotovoltaicos de capa fina se producen
a partir de diferentes materias primas y no utilizan obleas de silicio
cristalino. En general, presentan una eficiencia de conversión mucho más baja y
una potencia de salida menor que los módulos de silicio cristalino. Como
consecuencia, no pueden utilizarse en zonas restringidas, como las azoteas, es
decir, no son totalmente intercambiables con el producto afectado. La
investigación puso de manifiesto que, aunque los productos fotovoltaicos de capa
fina son más baratos que el producto investigado, ocupan una cuota limitada del
mercado solar de la Unión durante el período considerado. De ahí que, aunque
pueda haber alguna competencia entre los productos de capa fina y el producto
afectado, esa competencia se considere marginal.
(704)   Tras la divulgación final,
una parte interesada reiteró que la competencia de los productos de capa fina
fue probablemente la causante del perjuicio sufrido por la industria de la
Unión. A este respecto, la parte argumentó que, en Alemania, la cuota de
mercado de los productos de capa fina en el mercado solar total fue sustancial
durante la mayor parte del período de investigación y solo disminuyó hacia el
final de este período.
(705)   La investigación puso, en
efecto, de manifiesto que los precios medios de los productos de capa fina son
inferiores a los del producto investigado. 
(706)   Sin embargo, como se
explica en el considerando 703, los productos de capa fina presentan una
eficiencia de conversión mucho menor y una potencia de salida más baja que los
módulos de silicio cristalino y, por tanto, la competencia entre estos dos
productos, de haberla, no podría contribuir al perjuicio de la industria de la
Unión, pues los módulos de silicio cristalino constituyen la tecnología
dominante en el mercado solar de la Unión. En el informe de 2012 del JRC sobre
la situación del sector fotovoltaico se apunta que, como consecuencia de la
caída de los precios del polisilicio, los productos de capa fina perdieron
cuota de mercado en favor de los módulos de silicio cristalino durante los
últimos años. 
(707)   Por las razones expuestas,
se rechazaron estos argumentos. 
5.3.10.   La crisis financiera y sus
efectos
(708)   Se alegó que la crisis
financiera y la recesión económica habían tenido un efecto negativo en el
acceso a la financiación por parte de la industria de la Unión y habían sido la
causa del perjuicio sufrido por esta.
(709)   La capacidad de la
industria de la Unión para obtener capital disminuyó de forma significativa
durante el período considerado. Como la industria solar es intensiva en
capital, la capacidad para obtenerlo es crucial. La recesión económica tuvo un
impacto indudable en la situación de la industria de la Unión. No obstante, la
investigación demostró que, a pesar del crecimiento del mercado de la Unión
entre 2009 y 2011, la situación de la industria de la Unión se deterioró debido
a las importaciones subvencionadas procedentes de China, que subcotizaron
fuertemente los precios de venta de la industria de la Unión. Por consiguiente,
se concluyó que los efectos potenciales de la crisis financiera se agravaron
por el aumento de las importaciones subvencionadas procedentes de China y que
el carácter limitado del acceso a la financiación se debió en gran parte al
clima negativo del mercado, a la situación y a las perspectivas de la industria
de la Unión como consecuencia de las importaciones subvencionadas. 
(710)   También se examinó si el
perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a que esta no supo
encontrar la financiación apropiada mientras era rentable. La investigación
puso de manifiesto que, por ejemplo en 2010, la industria de la Unión siguió
siendo rentable y que el nivel de inversión aumentó con respecto a los módulos
y las células un 315 % y un 10 %, respectivamente, en comparación con
2009. Dado que la industria fotovoltaica requiere mucho capital, es de esperar
que la industria de la Unión busque constantemente financiación para
incrementar su rentabilidad y competir con las desleales importaciones subvencionadas.
Por consiguiente, se concluye que la falta de acceso a la financiación fue la
consecuencia, y no la causa, de la situación distorsionada.
(711)   Tras la divulgación final,
una parte interesada reiteró que deberían separarse y distinguirse los efectos
perjudiciales de la crisis financiera y no atribuirse a las importaciones
subvencionadas. Esta parte hizo referencia a la información públicamente
disponible según la cual por lo menos un productor de la Unión percibía que la
crisis financiera era la principal causante de su situación de perjuicio. La
presente investigación basó sus conclusiones en datos específicos de las
empresas, que van mucho más allá de las declaraciones públicas de empresas
concretas. Así pues, la declaración pública a la que se hizo referencia no
puede restar validez a las conclusiones de que aunque la crisis financiera tuvo
un cierto efecto en la situación de la industria de la Unión, no podría romper
el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el perjuicio importante
sufrido por dicha industria. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.
(712)   Otra parte interesada
alegó que debía tenerse en cuenta el diferente acceso a la financiación de la
industria de la Unión y los productores exportadores chinos. Esta parte alegó
que este fue uno de los principales factores que causaron el perjuicio
importante sufrido por la industria de la Unión, y no las importaciones
subvencionadas. Sin embargo, se ha determinado que el acceso preferencial de
una serie de productores exportadores chinos a la financiación distorsiona el
mercado y puede ser una de las razones principales por las que estos pueden
exportar el producto afectado a precios subvencionados. Por tanto, este factor
no puede romper el nexo causal entre las importaciones subvencionadas y el
perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión. Por consiguiente, se
desestimó esta alegación.
(713)   Sobre esta base, se
concluyó que, aunque la crisis financiera tuvo un cierto efecto en la situación
de la industria de la Unión, no podría romper el nexo causal entre las
importaciones subvencionadas y el perjuicio sufrido por dicha industria. Por
tanto, se rechazaron estos argumentos.
5.3.11.   Resultados de exportación
de la industria de la Unión
(714)   Varias partes interesadas
alegaron que las ventas de exportación de la industria de la Unión disminuyeron
de forma significativa durante el período considerado y, en especial, entre
2009 y 2011 en el caso de los módulos, y entre 2009 y el primer trimestre de
2012 en el caso de las células, y que este fue el motivo del perjuicio sufrido
por la industria de la Unión. 
(715)   En todo caso, como se
muestra en el cuadro que sigue, los volúmenes de exportación de módulos
siguieron siendo significativos a pesar de un ligero descenso en el período de
investigación y los niveles medios de precios durante el período de
investigación estuvieron por encima de los costes medios de los módulos durante
todo el período considerado. Por consiguiente, no pudo ser esta la causa del
perjuicio sufrido por la industria de la Unión. En el caso de las células, el
volumen de las exportaciones solo representó el 12 % del volumen total de la
producción de células. Por tanto, a pesar de los bajos precios durante el
período de investigación, estos solo pudieron tener un efecto limitado en la
situación de la industria de la Unión. Deben rechazarse, por tanto, los
argumentos al respecto.
Cuadro 13-a
Módulos
               ||               2009 ||               2010 ||               2011 ||               PI 
               Volumen de exportaciones de módulos (en MW) ||               989 ||               1 279 ||               1 157 ||               1 148 
               (Índice 2009 = 100) ||               100 ||               129 ||               117 ||               116 
               Precio medio de exportación (EUR/kW) ||               2 500 ||               1 900 ||               1 470 ||               1 230 
               (Índice 2009 = 100) ||               100 ||               76 ||               59 ||               49 
Fuente: Europressedienst
Cuadro 13-b
Células
               ||               2009 ||               2010 ||               2011 ||               PI 
               Volumen de exportaciones de células (en MW) ||               62 ||               320 ||               315 ||               238 
               (Índice 2009 = 100) ||               100 ||               516 ||               508 ||               384 
               Precio medio de exportación (EUR/kW) ||               1 350 ||               1 050 ||               830 ||               640 
               (Índice 2009 = 100) ||               100 ||               78 ||               61 ||               47 
Fuente: Europressedienst
(716)   Por estas razones, se
concluyó que la repercusión de los resultados de exportación de la industria de
la Unión no fue tal que contribuyera al perjuicio importante sufrido por esta.
Por lo tanto, se desestimaron los argumentos de las partes en este sentido. 
5.3.12.   Descubrimiento de
yacimientos de gas de esquisto en la Unión Europea
(717)   Una
parte interesada alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se
debió al descubrimiento de yacimientos de gas de esquisto en la Unión y que la
perspectiva de un aumento de la producción de gas barato en la Unión había
reducido las inversiones públicas y privadas en proyectos de energías
renovables.
(718)   La investigación demostró
que el consumo del producto investigado aumentó de forma sustancial durante
todo el período considerado, como ya se ha mencionado en el considerando 509.
Además, la investigación no halló ninguna prueba objetiva de que el perjuicio
sufrido por la industria de la Unión se debiera al descubrimiento de
yacimientos de gas de esquisto en la Unión Europea. Por consiguiente se rechazó
esta alegación. 
5.3.13.   El Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE)
(719)   La misma parte interesada
alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a las
bajas inversiones en producción de energía solar resultantes de los bajos
precios de mercado de los derechos de emisión de CO2 del Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la Unión Europea. 
(720)   No obstante, no se
facilitó ninguna prueba y la investigación no sacó a la luz hechos que
confirmaran estas alegaciones. Al contrario, demostró que el consumo del
producto investigado aumentó de forma considerable durante el período
considerado. Por las razones expuestas, se rechazó esta alegación. 
5.3.14.   Decisiones de gestión
(721)   Algunas partes interesadas
alegaron que el perjuicio importante sufrido por al menos uno de los
productores de la Unión se había debido a decisiones de gestión poco acertadas.
Estas alegaciones se basaban en las cuentas anuales, en la información
contenida en una carta enviada por un accionista de la empresa a los demás
accionistas y en un artículo de prensa.
(722)   Ninguna información del
expediente demostró que las decisiones de gestión de la empresa en cuestión
fueran inusuales o imprudentes o tuvieran repercusión alguna sobre el conjunto
de la industria de la Unión. Por lo tanto, se rechazaron los argumentos al
respecto. 
5.3.15.   Otras políticas
gubernamentales
(723)   Una parte interesada alegó
que el perjuicio sustancial sufrido por la industria de la Unión había sido
causado por otras políticas gubernamentales, como las políticas en materia de
energías renovables, las políticas encaminadas a estimular la innovación, las
políticas de reducción de los trámites burocráticos, las políticas de
facilitación del comercio y las normativas de acceso a la red eléctrica, ya que
esas políticas beneficiaban a los productores exportadores. Sin embargo, aunque
es cierto que algunas de las políticas citadas podían facilitar las
importaciones procedentes de otros terceros países y el crecimiento global de
la industria solar, también beneficiaban a la industria de la Unión. Además, no
significaban que las importaciones en la Unión debieran hacerse a precios
subvencionados perjudiciales. Por lo tanto, se rechazaron los argumentos en
este sentido. 
5.3.16.   Otros argumentos
(724)   Una parte interesada alegó
que el perjuicio sufrido por la industria de la Unión se debió a la desventaja
precursora y a la falta de apoyo político de la Comisión Europea en años
anteriores. Esta parte alegó también que, además de los sistemas nacionales de
apoyo, también son factores importantes del mercado la población, el PIB, el
consumo de electricidad, las oportunidades de financiación y la capacidad de
conexión a la red. Sin embargo, no pudo fundamentar sus alegaciones, que, en consecuencia,
fueron rechazadas. 
(725)   Tras la divulgación final,
la misma parte interesada reiteró que el perjuicio sufrido por la industria de
la Unión se debió a la desventaja precursora. Sin embargo, ni analizó ni
fundamentó esta alegación, por lo que hubo de ser rechazada.
5.4.        Evaluación acumulativa de
los demás factores que contribuyeron al perjuicio
(726)   La investigación puso de
manifiesto que también pudieron contribuir al perjuicio los siguientes
factores. Las importaciones del producto afectado procedentes de Taiwán; la
reducción del nivel de las tarifas reguladas; los contratos a largo plazo para
el suministro de polisilicio de una serie de productores de la Unión; y la
crisis económica y financiera.
(727)   Como se ha mostrado en las
secciones 5.3.1 y 5.3.7, la posible contribución de las importaciones
procedentes de Taiwán y de los contratos a largo plazo para el suministro de
polisilicio de un número limitado de productores de la Unión es, a lo sumo,
marginal, pues cualquier impacto se diluyó a lo largo de la cadena de valor. 
(728)   Con respecto a la crisis
económica y financiera, la investigación demostró que la principal razón de las
dificultades de la industria de la Unión para acceder al capital necesario para
las inversiones fueron las importaciones subvencionadas, que impidieron a dicha
industria vender sus productos a precios rentables cuando el mercado de la
Unión mostraba elevadas tasas de crecimiento (2009-2011).
(729)   En cuanto a las tarifas
reguladas, las terceras partes no fueron capaces de demostrar que sus niveles
durante el período de investigación fueran tan bajos que impidieran a los
productores de la Unión vender el producto afectado a precios no perjudiciales.
Las instituciones opinan que las reducciones de los niveles de las tarifas
reguladas pueden explicar un descenso de la demanda, pues ya no serían viables
las inversiones en determinados lugares. Sin embargo, las tarifas reguladas no
pueden romper el nexo causal, ni siquiera unidas a otros factores que
contribuyeron al perjuicio, pues continuaron a un nivel con el que, de no ser
por las importaciones subvencionadas, los productores de la Unión podrían haber
vendido sus productos a precios no perjudiciales.
(730)   Por consiguiente, aunque
se evalúe el efecto acumulativo de los cuatro factores que posiblemente
contribuyeron al perjuicio, no se rompe el nexo causal entre la subvención y el
perjuicio. 
5.5.        Conclusión sobre la
causalidad 
(731)   La investigación ha puesto
de manifiesto la existencia de un nexo causal entre el perjuicio importante
sufrido por la industria de la Unión y las importaciones subvencionadas
procedentes de China. Se analizaron otras posibles causas de perjuicio, como
las importaciones procedentes de otros terceros países, las importaciones no
subvencionadas procedentes de China, el consumo, las tarifas reguladas, otros
apoyos financieros concedidos a la industria de la Unión, el exceso de
capacidad, la repercusión de los precios de la materia prima, el perjuicio
autoinfligido, la competencia de los productos de capa fina, la crisis
financiera y sus efectos, los resultados de exportación de la industria de la
Unión, el descubrimiento de yacimientos de gas de esquisto en la Unión Europea,
las decisiones de gestión, el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la
Unión Europea y otras políticas gubernamentales, y no pareció que ninguna de
esas causas pudiera romper el nexo causal establecido entre las importaciones
subvencionadas procedentes de China y el perjuicio importante sufrido por la
industria de la Unión. 
(732)   Todos
los efectos de los factores de perjuicio distintos de las importaciones
subvencionadas se analizaron individual y colectivamente. Por tanto, se
concluye que la evaluación acumulativa de todos los factores que pueden haber
tenido un efecto sobre la situación de perjuicio de la industria de la Unión (a
saber, las importaciones procedentes de terceros países, las tarifas reguladas,
los precios de la materia prima y la crisis financiera) no explica el perjuicio
sufrido por dicha industria, en particular en cuanto a los bajos precios y las
pérdidas financieras resultantes de la penetración de importaciones a bajo
precio y en cantidades importantes del producto afectado procedentes de China.
Habida cuenta de este análisis, que ha distinguido y separado debidamente los
efectos de todos los factores conocidos sobre la situación de la industria de
la Unión y los efectos perjudiciales de las importaciones subvencionadas, se
concluyó que había un nexo causal entre las importaciones subvencionadas procedentes
de China y el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión durante
el período de investigación.
6.           INTERÉS DE LA UNIÓN
6.1.        Observaciones
preliminares 
(733)   De conformidad con el
artículo 31 del Reglamento de base, se examinó si, a pesar de las
conclusiones sobre las subvenciones perjudiciales, existen razones de peso para
concluir que en este caso la adopción de medidas compensatorias es contraria al
interés de la Unión. A tal fin, de conformidad con el artículo 31, apartado 1,
del Reglamento de base, el análisis del interés de la Unión se basó en una
estimación de los diversos intereses implicados, incluidos los de la industria
de la Unión, las empresas de los mercados ascendentes y descendentes del sector
fotovoltaico, los importadores y los usuarios del producto afectado.
(734)   Unos
150 operadores se dieron a conocer tras la apertura de la investigación
antidumping paralela y se tuvieron debidamente en cuenta en el marco de la
presente investigación. Se enviaron cuestionarios específicos a los
importadores no vinculados, a los operadores en sentido ascendente (incluidos
los productores de materia prima y los proveedores de equipos de producción del
producto investigado), a los operadores en sentido descendente (incluidos los
promotores de proyectos y los instaladores) y a la BEUC (una organización de
consumidores). Tres asociaciones que representaban a varios operadores del
sector fotovoltaico (industria de la Unión, operadores en sentido ascendente y
operadores en sentido descendente) presentaron información.
(735)   Se
alegó que la evaluación del interés de la Unión no se basaba en un número
representativo de operadores. 
(736)   La Comisión se puso en
contacto con los distintos operadores de la manera que se expone a
continuación.
(737)   En
lo que se refiere a los operadores en sentido ascendente y descendente, como se
menciona en el considerando 734, la Comisión envió cuestionarios
específicos a unos ciento cincuenta operadores, incluidos los importadores no
vinculados que se habían presentado al iniciarse la investigación, que tuvieron
así oportunidad de aportar los datos pertinentes a la Comisión. Se recibieron
veintiuna respuestas al cuestionario. Además, en la investigación se tuvieron
en cuenta no solo las respuestas a los cuestionarios, sino también los
comentarios y las observaciones verificables y debidamente fundamentados
presentados por las partes interesadas dentro de los plazos, sin importar si
dichas partes habían respondido o no al cuestionario. En particular, la AFASE
transmitió a la Comisión observaciones en nombre de sus miembros y operadores
del sector fotovoltaico, que también se analizaron.
(738)   En lo que concierne a los
importadores no vinculados, como se menciona en el considerando 25, la Comisión
se puso en contacto con los doscientos cincuenta importadores no vinculados
dados a conocer por el denunciante y seleccionó una muestra provisional, de
conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base, para cubrir el
mayor volumen de importaciones representativo que podía investigarse
razonablemente en el plazo disponible. Sin embargo, solo una de las empresas
seleccionadas provisionalmente pudo de hecho confirmarse, tras la verificación,
como importador no vinculado. En una fase posterior de la investigación, se
invitó a seguir cooperando en la investigación a otros quince importadores no
vinculados que habían presentado un formulario de muestreo en la fase de
inicio, pero que no fueron incluidos en la muestra. Seis de ellos se mostraron
de acuerdo y recibieron un cuestionario y, de las cinco respuestas recibidas,
tres se consideraron suficientemente completas. Así pues, la muestra definitiva
de importadores no vinculados comprende cuatro importadores no vinculados que
representan del 2 % al 5 % de las importaciones del producto
afectado. En cuanto a ese porcentaje tan bajo, debe tenerse presente que la
mayoría de las importaciones del producto afectado en la Unión no tienen lugar
a través de importadores no vinculados.
(739)   En resumen, el análisis
del interés de la Unión se basó en la siguiente información: 
–              
las respuestas al cuestionario recibidas de
ocho productores de la Unión incluidos en la muestra y cuatro importadores no
vinculados incluidos en la muestra , así como las respuestas al cuestionario
específico recibidas de ocho operadores en sentido ascendente y trece
operadores en sentido descendente (siete desarrolladores de proyectos o
instaladores y seis proveedores de servicios activos en el sector
fotovoltaico), de los ciento cincuenta que se dieron a conocer tras el inicio y
recibieron cuestionarios específicos; 
–              
los datos verificados en las inspecciones in
situ realizadas en los locales de ocho productores de la Unión, un
importador no vinculado, dos operadores en sentido ascendente, cuatro
operadores en sentido descendente (desarrolladores de proyectos o instaladores)
y una asociación (véanse el considerando 17 del Reglamento antidumping
provisional y el considerando 29 del presente Reglamento);
–              
los datos sobre el interés de la Unión
presentados por otras partes interesadas, en especial asociaciones, y los datos
públicamente accesibles sobre la evolución del mercado fotovoltaico en Europa,
en particular: Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017 (Panorama del
mercado mundial de la energía fotovoltaica en el período 2013-2017), de la
EPIA. 
6.2.        Interés de la industria
de la Unión
(740)   Durante el período de
investigación, la industria de la Unión empleaba directamente a unas
21 000 personas en los ámbitos de la producción y la venta del producto
similar. 
(741)   La investigación demostró
que la industria de la Unión ha sufrido un perjuicio importante causado por las
importaciones subvencionadas procedentes del país afectado durante el período
de investigación. Hay que recordar que varios indicadores de perjuicio
mostraron una tendencia negativa durante el período considerado. En particular,
los indicadores del perjuicio relacionados con los resultados financieros de
los productores de la Unión que cooperaron, como son la rentabilidad, el flujo
de caja y el rendimiento de las inversiones, se vieron seriamente afectados. De
hecho, los productores de módulos y células de la Unión registraron pérdidas en
2011 y durante el período de investigación. En consecuencia, varios productores
de la Unión se vieron obligados a cerrar sus instalaciones de producción,
mientras que otros tuvieron que afrontar procedimientos de insolvencia. De no
aplicarse las medidas, parece muy probable que la situación económica de la
industria de la Unión siga deteriorándose.
(742)   Se
prevé que el establecimiento de medidas compensatorias restablezca unas
condiciones comerciales justas en el mercado de la Unión, que permitan a su
industria adaptar los precios del producto similar de modo que reflejen los
costes de producción y mejorar así su rentabilidad. Cabe esperar, asimismo,
que, gracias a la imposición de medidas compensatorias, la industria de la
Unión pueda recobrar al menos parte de la cuota de mercado que perdió durante
el período considerado, con un efecto positivo en su situación financiera en
general. Además, podría mejorar su acceso al capital e invertir más en I+D e
innovación en el mercado fotovoltaico. Por último, la investigación también
señaló una posible reanudación de la actividad empresarial de los productores
de la Unión que se vieron obligados a cesar la producción debido a la presión
de las importaciones chinas. En general, en este contexto, no solo se
asegurarían los 21 000 puestos de trabajo existentes en la industria de la
Unión (durante el período de investigación), sino que sería razonable prever
una nueva expansión de la producción y un crecimiento del empleo.
(743)   De no imponerse medidas,
se esperan más pérdidas de cuota de mercado y un nuevo deterioro de la
rentabilidad de la industria de la Unión. Esto daría lugar a una situación
insostenible a corto y medio plazo. En consecuencia, además del gran número de
productores de la Unión que ya se han visto obligados a abandonar el mercado,
otros productores podrían enfrentarse a procedimientos de insolvencia, lo que
podría conducir a corto o medio plazo a una probable desaparición de la
industria de la Unión, con un importante impacto negativo sobre los puestos de
trabajo existentes.
(744)   Algunas partes interesadas
cuestionaron que la industria de la Unión pudiera beneficiarse de las medidas
compensatorias, argumentando que: i) las medidas reducirían la demanda de
productos fotovoltaicos en la Unión y, por tanto, la industria de la Unión no
podría aumentar sus ventas, ii) las fábricas de la industria de la Unión son de
pequeñas dimensiones y, por consiguiente, esta industria no es capaz de
satisfacer la demanda de determinados tipos de instalaciones, como las
comerciales de azotea y las grandes instalaciones montadas en el suelo; iii)
los productores de la unión no son «bancarizables»; iv) la imposición de
derechos a las células incrementará de facto el coste de producción de
los productores de módulos de la Unión y hará estos productos menos atractivos;
v) en caso de que las importaciones chinas se reduzcan de forma significativa,
lo más probable es que los productores de otros terceros países se aprovechen
de esa reducción de importaciones procedentes de China.
(745)   En cuanto a la alegación
de que las medidas reducirían la demanda de productos fotovoltaicos en la Unión
y, por tanto, la industria de la Unión no podría aumentar sus ventas, debe
señalarse que las partes no fueron capaces de aportar ninguna prueba
verificable de la existencia de un nexo directo entre la imposición de medidas
y el descenso de la demanda de productos fotovoltaicos, en la que, como se ha
demostrado, han influido durante años diversos factores.
(746)   En respuesta a la
alegación de que las fábricas de la industria de la Unión son de pequeñas
dimensiones y, por consiguiente, esta industria no es capaz de satisfacer la
demanda de determinados tipos de instalaciones, como las comerciales de azotea
y las grandes instalaciones montadas en el suelo, debe señalarse que la
investigación puso de manifiesto que la industria de la Unión tiene capacidad
para suministrar instalaciones comerciales e industriales (entre 40 KW y
1 MW) e instalaciones del segmento de mercado de servicios públicos (entre
1 MW y 10 MW). Además, la investigación no demostró que no pudieran
utilizarse en un mismo proyecto productos suministrados por fabricantes
diferentes. En consecuencia, se rechazó esta alegación. 
(747)   El argumento de que la
industria de la Unión no se beneficiaría de las medidas porque los productores
de la Unión no son «bancarizables» y los fondos de inversiones no aceptarían
financiar proyectos con módulos fabricados en la UE no fue fundamentado. En
cualquier caso, se espera que la imposición de las medidas restaure condiciones
justas de mercado que permitan a los inversores, en particular del sector
bancario, confiar en la capacidad de la industria de la Unión de desarrollar
proyectos viables. Por estos motivos, el argumento fue rechazado. 
(748)   En
cuanto a la alegación de que la imposición de derechos a las células
incrementará de facto el coste de producción de los productores de
módulos de la Unión y hará estos productos menos atractivos para los
consumidores, si bien no se descarta que pueda haber una cierta subida de
precios a raíz de la imposición de los derechos, también debe tenerse presente
que, según las fuentes públicamente disponibles, la tendencia de precios de los
módulos y las células es a la baja. Así, aun cuando el precio de las células
podría aumentar como consecuencia de las medidas, la tendencia general de los
precios a la baja resultaría en unos costes menores de los módulos. Los
productores en cuestión pueden también decidir proveerse de células en la
Unión, y no ya en China. Por último, se espera que la imposición de las medidas
incremente la utilización de la capacidad de los productores de células de la
Unión, aumentando así sus economías de escala y, por ende, reduciendo los
costes. En consecuencia, se rechazó esta alegación. 
(749)   El
argumento de que, en caso de que las importaciones chinas se reduzcan de forma
significativa a raíz de la imposición de las medidas, lo más probable es que se
aprovechen de ello los productores de otros terceros países, y no la industria
de la Unión, no fue confirmado por la investigación. La investigación no reveló
ningún indicio claro de que los demás terceros países fueran a dirigir
directamente sus exportaciones de forma masiva al mercado de la Unión, en
particular si se tiene en cuenta la probable expansión de los mercados de otros
terceros países, concretamente en Asia, según pronostican fuentes públicamente
disponibles. Por último, nada indica que, incluso si las importaciones
procedentes de otros terceros países aumentaran a consecuencia de la caída de
las importaciones chinas, la industria de la Unión no sería capaz de competir
con las importaciones de esos países.
(750)   En
respuesta a la divulgación final, algunas partes argumentaron que no es
realista esperar la emergencia de una industria de la Unión fabricante de
módulos y células que sea sostenible, ya que no hay ningún inversor sensato
dispuesto a invertir en unos productores de la Unión que supuestamente adolecen
de una estructura de costes desfavorable y, por tanto, no pueden producir a
precios competitivos. La investigación no confirmó que la industria de la Unión
adoleciera de una estructura de costes desfavorable, como se explica en los
considerandos 202 y 203 del Reglamento antidumping provisional. Por
consiguiente, la ausencia de importaciones subvencionadas y una utilización más
amplia de las capacidades generarían economías de escala y permitirían la
emergencia de una industria de la Unión sostenible. Por todo lo que antecede,
se rechazó este argumento.
(751)   Una parte argumentó que la
demanda en la Unión se mueve en función de la evolución de las tarifas
reguladas y que el rendimiento de las inversiones que esperan los inversores
está vinculado a esa evolución. En particular, se alegó que, si los precios
suben en la Unión como consecuencia de los derechos y las tarifas reguladas no
responden consecuentemente a esa subida, la demanda disminuirá y la industria
de la Unión no se beneficiará de las medidas impuestas. 
(752)   En
respuesta a esta alegación, debe señalarse que, a pesar de la correlación entre
el nivel de las tarifas reguladas y la demanda de instalaciones fotovoltaicas,
las pruebas recogidas durante la investigación indican que la futura demanda
dependerá cada vez menos de las tarifas reguladas y otros sistemas de apoyo, ya
que es probable que la paridad de red fotovoltaica haya sido alcanzada por
determinados tipos de instalaciones en varios lugares de la Unión. Por otro
lado, el rendimiento previsto de las inversiones debe basarse en precios de
mercado equitativos. Por último, aunque no se descarta que los precios puedan
subir algo a consecuencia de la imposición de las medidas, debe señalarse que
las fuentes públicamente disponibles indican que la tendencia general de los
precios es a la baja. Por tanto, se rechazó el argumento presentado.
(753)   Las partes interesadas
señalaron que, debido a que la demanda de paneles solares se mueve en función
de los sistemas de apoyo, en particular las tarifas reguladas, y del nivel de
precios de la electricidad para el consumidor final (que determina la paridad
de red), la elasticidad de precios de la demanda puede ser muy elevada. Si bien
es cierto que un incremento neto de los precios puede conducir a una reducción
importante de la demanda debido a la naturaleza del mercado, como señalan las
partes interesadas, debe rechazarse ese argumento pues es muy improbable que
las medidas causen importantes incrementos de los precios, por las razones que
se exponen a continuación. En primer lugar, todas las fuentes disponibles
confirman que continuará la marcada reducción de los precios del producto
afectado registrada durante todo el período de investigación y desde el período
de investigación hasta ahora. En segundo lugar, el efecto económico del
compromiso aceptado por la Comisión es que los productores exportadores chinos
suministrarán el producto afectado a un precio mínimo de importación inferior a
60 c/W, muy por debajo del precio que se observó durante el período de
investigación, a un volumen que se corresponde aproximadamente con su actual
cuota de mercado. Con ese nivel de precios, es muy poco probable que la demanda
caiga de forma significativa, pues dicho nivel garantiza una demanda suficiente
tanto con el nivel actual de ayuda proporcionado por los sistemas de apoyo como
con los niveles actuales de paridad de red. Por otro lado, se espera que el
precio de la electricidad para los consumidores finales aumente y que el precio
del producto afectado disminuya. Por medio de una fórmula de indexación, el
compromiso garantiza que las ulteriores reducciones de precio del producto
afectado se tengan en cuenta para el precio mínimo de importación. Así pues,
hubo que rechazar estos argumentos.
(754)   Varias partes interesadas
argumentaron que el interés de la industria de la Unión no es significativo, ya
que el valor añadido generado por las industrias en sentido ascendente y
descendente es mucho más importante que el valor añadido creado por la
industria de la Unión en la cadena de valor de la energía fotovoltaica. No se
discute el argumento de que los diversos segmentos del sector fotovoltaico
tienen distinto valor añadido. La investigación determinó que la industria de
la Unión ha sufrido un perjuicio importante causado por las prácticas de
comercio desleales. De hecho, algunos productores de la Unión ya se han visto
forzados a cerrar y, en ausencia de medidas, es seguro que la situación seguirá
deteriorándose. Como todos los segmentos del sector fotovoltaico están
estrechamente interrelacionados, la desaparición de la producción de la Unión
iría en detrimento de todo el sector fotovoltaico, haciéndolo totalmente
dependiente de fuentes de suministro externas. Por tanto, y por razones de
seguridad del suministro, se rechazó este argumento.
(755)   En respuesta a la
divulgación final, una parte interesada reiteró la alegación de que el mayor
valor añadido generado por las industrias en sentido ascendente y descendente,
en comparación con el generado por la industria de la Unión del producto
afectado, es pertinente para determinar si han de imponerse derechos
compensatorios. A este respecto se confirma que, al evaluar el interés de la
Unión, las instituciones sopesaron las consecuencias positivas y negativas que
podían tener los derechos para los diversos operadores económicos. Mientras que
el impacto en las industrias en sentido ascendente y descendente será limitado,
las medidas ofrecerán a la industria de la Unión la posibilidad de recuperarse
de las subvenciones perjudiciales.
(756)   Una parte cuestionó el
número de puestos de trabajo que se garantizarán con la imposición de las
medidas. Alegó que la industria de la Unión emplea a unas seis mil personas, y
no a veinticinco mil, como se indica en el considerando 229 del Reglamento
antidumping provisional. 
(757)   Sin embargo, no se aportó
ninguna prueba en apoyo de esta alegación, que, por consiguiente, fue
desestimada. Es preciso aclarar que, en vista de la exclusión de las obleas de
la definición del producto, el empleo en la industria de la Unión fue de unas
veintiuna mil personas durante el período de investigación. Las partes
interesadas no aportaron ninguna prueba de que el número de empleados en la
industria de la Unión hubiera cambiado de forma significativa después del
período de investigación.
(758)   En conclusión, la
investigación demostró que la industria de la Unión sufrió un perjuicio
importante causado por las importaciones subvencionadas procedentes de China,
al ser incapaz de recuperar la inversión con unas ventas rentables. Se espera
que la imposición de medidas restablezca unas condiciones comerciales justas en
el mercado de la Unión, que permitan a la industria de la Unión competir en
igualdad de condiciones. El probable descenso de las importaciones procedentes
de China ha de permitir a la industria de la Unión aumentar sus ventas en la
Unión y, de ese modo, utilizar mejor las capacidades de producción disponibles
a corto plazo. A su vez, esto puede generar economías de escala. Si bien es
posible que los precios del producto similar aumenten en un corto espacio de
tiempo debido a las medidas, es probable que la tendencia general a la baja de
los precios se mantenga merced, por un lado, a la disminución del coste de
producción del producto investigado y, por otro, a la presión competitiva de
los productores de terceros países, que también competirían en el mercado de la
Unión.
(759)   Por lo tanto, se concluye
que la imposición de medidas compensatorias definitivas redundaría en beneficio
de la industria de la Unión.
6.3.        Interés de los
importadores no vinculados
(760)   Como se menciona en el
considerando 26, se examinó la situación de los importadores incluidos en la
muestra.
(761)   En general, durante el
período de investigación, la actividad de los cuatro importadores no vinculados
que cooperaron en relación con el producto afectado osciló entre el 60 % y
el 100 % de su actividad total. Además, los cuatro importadores no
vinculados que cooperaron recibieron de China entre el 16 % y el
100 % de todas sus importaciones de módulos, y solo uno de ellos las
recibió exclusivamente del país afectado. La rentabilidad de los cuatro
importadores no vinculados  que cooperaron en relación con el producto
investigado fue por término medio de un 2,3 % en el período de
investigación.
(762)   Se invocó el argumento de
que la imposición de medidas sobre el producto afectado repercutiría de forma
negativa en la actividad comercial de los importadores. En primer lugar, el
establecimiento de derechos no debería tener como resultado la eliminación de
todas las importaciones procedentes de China. En segundo lugar, aunque cabe
esperar que la imposición de medidas tenga un efecto negativo sobre la
situación financiera de los importadores que solo importan de China, dado el
posible aumento de las importaciones procedentes de otros terceros países, los
importadores que se abastecen en China podrían modificar sus fuentes de
abastecimiento.
(763)   Una parte interesada
argumentó que la repercusión de los derechos en los importadores no vinculados
se había subestimado, pues no existen fuentes de suministro alternativas que
pudieran reemplazar de inmediato a las importaciones chinas del producto
afectado si se impusieran los derechos, y alegó asimismo que resulta difícil
cambiar de fuente de suministro, dado que la principal producción está asentada
en China y los costes adicionales serían significativos. 
(764)   A este respecto, hay que
recordar que la imposición de medidas no debería conducir a la desaparición de
las importaciones del producto afectado procedentes de China. La investigación
puso de manifiesto que el posible descenso de las importaciones procedentes de
China repercutiría principalmente en los importadores que se abastecen del
producto afectado exclusivamente en China, lo cual solo ocurre con uno de los
cuatro importadores no vinculados que cooperaron. En cuanto al impacto de las
medidas en la situación financiera de los importadores no vinculados, no se
descartó que pueda ser negativo, pero se concluyó que dependerá en gran medida
de su capacidad para encontrar otras fuentes de suministro o de repercutir por
lo menos parte del posible aumento de precios en sus clientes. Para los
operadores que importan el producto también de otros fuentes distintas de China
o que importan otros productos además del producto afectado, el impacto
negativo será más limitado. Por consiguiente, la Comisión considera que, a
pesar de que probablemente habrá un impacto negativo para los importadores del
producto afectado, este será, por término medio, limitado.
(765)   Un importador no vinculado
argumentó que, antes de aceptar productos de un nuevo proveedor, se necesita
tiempo de trabajo y una inversión financiera significativos. A este respecto se
alegó en respuesta a la divulgación final que se habían facilitado al equipo de
la inspección in situ pruebas pertinentes del largo período de tiempo
que ha de invertir un importador en ensayos del producto antes de tomar la
decisión de recibir suministros de un exportador en particular. 
(766)   Debe reconocerse que el
establecimiento de una nueva relación entre un importador y un proveedor puede
conllevar costes e inversiones de tiempo adicionales (por ejemplo, para ensayar
el producto). Sin embargo, esto no contradice la necesidad de recuperar la
competencia leal en el mercado Al mismo tiempo, el cambio de proveedores parece
ser un riesgo normal calculado en la actividad profesional de un importador y
guarda relación con el hecho de que el mercado fotovoltaico está madurando y experimenta,
por tanto, cambios constantes (por ejemplo concursos de acreedores o fusiones),
que exigen dar paso a nuevos proveedores. Por otro lado, puede suponerse que
los nuevos tipos de módulos que llegan al mercado de manera constante (por
ejemplo, con nuevas características de eficiencia) también requieren ensayos. A
este respecto, el ensayo de nuevos productos (incluso los provenientes del
mismo proveedor) parece ser una actividad normal más que inusual. En
consecuencia, se rechaza el argumento.
(767)   En respuesta a la
divulgación final, dos partes reiteraron la alegación de que no se había tomado
adecuadamente en consideración el interés de los importadores no vinculados.
Una parte alegó que la falta de las versiones no confidenciales de las respuestas
al cuestionario de los importadores cooperantes adicionales no permitió a las
partes hacer una evaluación adecuada. Cuestionó la evaluación de la Comisión
sobre la posibilidad de que aumentaran las importaciones en la Unión
procedentes de otros terceros países, lo que permitiría a los importadores
cambiar de proveedores, según el supuesto de que los mercados de otros terceros
países están en expansión. Para ello, la parte alegó que ese supuesto está en
contradicción con las conclusiones del considerando 749, en el que se
argumentaba que las importaciones de otros terceros países no serían masivas.
Otra parte cuestionó si la Comisión había respetado el principio de no
discriminación, pues en su evaluación se había dado más prominencia a los
productores de la Unión que a otros operadores.
(768)   En primer lugar, se
confirma que la versión no confidencial de las respuestas a los cuestionarios
recibidos tras la publicación del Reglamento antidumping provisional por los
importadores cooperantes adicionales se incluyeron en el expediente para que
pudieran consultarlas las partes interesadas. En segundo lugar, no hay
contradicción entre el supuesto de que las importaciones procedentes de otros
terceros países puedan aumentar en respuesta a la reducción de las importaciones
procedentes de China y que ese aumento no sería masivo en vista de la creciente
demanda mundial de instalaciones fotovoltaicas. Al mismo tiempo, puesto que se
espera que la industria de la Unión retome parte de la cuota de mercado
anteriormente ocupada por los productos de China, no puede descartarse una
cierta pérdida de negocio para los importadores no vinculados. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que se espera que el mercado fotovoltaico siga creciendo
globalmente a largo plazo, pues la paridad de red se alcanza cada vez en más
sitios. Por último, debe aclararse que, como en todas las investigaciones de
defensa del comercio, mientras que la situación de la industria de la Unión se
evaluó para determinar si sufrió un perjuicio importante a causa de las
importaciones subvencionadas, en el contexto del análisis del interés de la
Unión el interés de la industria de la Unión se evaluó del mismo modo que el de
otros operadores económicos, incluidos los importadores  no vinculados. También
debe aclararse que la investigación para determinar si la industria de la Unión
sufrió un perjuicio importante se rige concretamente por el artículo 8,
apartado 4, del Reglamento de base, en el que se establecen los factores
mínimos que han de examinarse en tal investigación. El interés de la Unión solo
se analiza una vez que se ha determinado la subvención perjudicial de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de base. Tras ese análisis se
consideró que el probable impacto negativo de las medidas sobre algunos
importadores, en particular aquellos cuya única fuente de suministro es China,
no superaba a los beneficios para la industria de la Unión ni a los beneficios
que una competencia leal tendría a medio y largo plazo para el mercado
fotovoltaico de la Unión.
(769)   En consecuencia, se
concluye que el establecimiento de medidas en los niveles propuestos puede
tener alguna incidencia negativa en la situación de los importadores no
vinculados del producto afectado.
6.4.        Interés de los operadores
en sentido ascendente
(770)   La actividad principal de
los operadores en sentido ascendente es la producción de la materia prima y la
producción e ingeniería de los equipos de fabricación del producto investigado.
Se recibieron ocho respuestas a los cuestionarios de los operadores en sentido
ascendente. Se llevaron a cabo dos visitas de inspección a un productor de
materia prima y a un productor de equipos de fabricación.
(771)   En general, durante el
período de investigación, la actividad con respecto al producto investigado de
los ocho operadores en sentido ascendente que cooperaron varió en función de su
actividad total y solo en el caso de una empresa que cooperó ascendió al
100 % de su actividad, mientras que en el caso de las demás osciló entre
el 6 % y el 80 %. Por término medio, la actividad relacionada con el producto
afectado representó, en el período de investigación, en torno al 41 % de la
actividad total de los operadores en sentido ascendente que cooperaron. En
términos de empleo, los ocho operadores en sentido ascendente que cooperaron
emplearon a unas 4 200 durante el período de investigación. La
rentabilidad varió de un segmento a otro y de una empresa a otra y osciló entre
tasas elevadas y una rentabilidad ligeramente negativa. La investigación demostró
que los operadores con una rentabilidad negativa fueron víctimas de la
deteriorada situación de la industria de la Unión, ya que algunos de los
clientes que perdieron eran productores de la Unión del producto investigado, y
de la disminución del consumo. No obstante como consecuencia de la exclusión de
las obleas de la definición del producto, los productores de la Unión que
fabrican este producto han de beneficiarse de la imposición de derechos, pues
se espera que la industria de la Unión aumente su producción de células y
módulos. 
(772)   Los operadores en sentido
ascendente de la Unión vendieron en la Unión, China y otros terceros países. En
el período de investigación, el reparto de las ventas fue, por término medio,
de aproximadamente el 20 % en la Unión, casi del 50 % en China y en
torno al 30 % en otros terceros países.
(773)   Algunas partes del sector
en sentido ascendente alegaron que la imposición de medidas compensatorias
afectaría a su actividad comercial de forma negativa, ya que China era su principal
mercado de exportación. Se argumentó que el establecimiento de las medidas
conduciría a una importante reducción de las importaciones en la Unión del
producto afectado procedentes de China y, como resultado, China limitaría sus
importaciones de polisilicio y equipos de producción procedentes de la Unión.
Como consecuencia, los operadores en sentido ascendente de la Unión se verían
supuestamente obligados a reducir su actividad comercial y, por tanto, el
empleo. 
(774)   Cabe señalar en primer
lugar que el objetivo del derecho no es eliminar las importaciones chinas del
producto afectado, sino restablecer unas condiciones de competencia leales. Por
tanto, las importaciones chinas deberían seguir abasteciendo en cierta medida
el mercado de la Unión, pero a precios leales. Además, la investigación
demostró que los operadores en sentido ascendente de la Unión están presentes
en distintos mercados nacionales de todo el mundo y, por tanto, no dependen de
forma exclusiva de las exportaciones a China. Por tanto, es razonable suponer
que, en el mercado fotovoltaico mundial, los operadores en sentido ascendente
de la Unión probablemente puedan compensar una posible disminución de las
exportaciones a China con exportaciones a otros mercados, que, de acuerdo con
los estudios de mercado públicamente disponibles, se espera que crezcan. En
cualquier caso, el mercado fotovoltaico chino se enfrenta ya a un exceso
significativo de capacidad de producción y, por tanto, es dudoso que los
productores de maquinaria de la Unión puedan vender muchos más equipos de
fabricación a corto y medio plazo en China.
(775)   Las partes interesadas
argumentaron que la mayoría de los insumos de la energía fotovoltaica en la
cadena de valor proceden de la Unión y que dicha situación ventajosa podría
desaparecer si se imponen las medidas. En respuesta a la divulgación final, una
parte señaló que las medidas en este caso podrían dar lugar a la imposición de
otras medidas por parte de China a los productos de la Unión.
(776)   A este respecto, se espera
que las importaciones chinas sigan abasteciendo el mercado de la Unión incluso
cuando se apliquen los derechos. Además, varias fuentes públicamente accesibles
del sector fotovoltaico, como el Global Market Outlook for Photovoltaics
2013-2017 de la EPIA, pronostican que la posible contracción de la demanda en
la Unión será solo a corto plazo (en 2013 y 2014), ya que el consumo aumentará
en la Unión en los próximos años. Por otro lado, la eliminación de las
prácticas comerciales desleales permitirá probablemente generar un crecimiento
sostenible a medio y largo plazo en el mercado fotovoltaico de la Unión, del
que se han de beneficiar todos los operadores de la Unión. Por último, en
cuanto al argumento de una posible represalia de China en respuesta a las medidas
en este caso, hay que recordar que este país, como cualquier otro miembro de la
OMC, puede recurrir a investigaciones de defensa del comercio solo en
circunstancias justificadas y que cualquier investigación de ese tipo debe
cumplir normas estrictas de la OMC. La Comisión hace un seguimiento de esas
investigaciones para asegurarse de que se respetan las normas de la OMC. Por
tanto, se rechazó la alegación presentada.
(777)   Algunas partes refutaron
el argumento según el cual la reducción de las exportaciones a China de los
operadores en sentido ascendente del sector fotovoltaico de la Unión podría
compensarse con las exportaciones a otros mercados, argumentando que los
derechos reducirán la demanda mundial del producto. 
(778)   A
este respecto debe señalarse, en primer lugar, que no se espera que las
importaciones chinas cesen por completo a consecuencia de los derechos. Además,
la información recabada en el curso de la investigación no estableció ninguna
correlación entre la evolución de las importaciones procedentes de China en el
mercado de la Unión y las exportaciones chinas a otros mercados. Por otro lado,
las fuentes públicamente disponibles, como el Global Market Outlook for
Photovoltaics 2013-2017 de la EPIA, prevén que el mercado fotovoltaico mundial
crecerá en los próximos años. Por lo que respecta al mercado chino, hay
indicios de que el consumo nacional aumentará sustancialmente en China (como
indica, por ejemplo, la EPIA). En vista de lo expuesto anteriormente, no se
espera que las exportaciones de los operadores en sentido ascendente de la
Unión a China caigan significativamente como consecuencia de la imposición de
las medidas.
(779)   También debe tenerse
presente que la contracción de la demanda de la Unión en 2013 y 2014 podría
tener un impacto negativo en los operadores en sentido ascendente. Sin embargo,
esto no puede relacionarse, por lo menos no en su mayor parte, con los
derechos. Por otro lado, por lo que respecta a los productores de la Unión que
fabrican maquinaria para la industria fotovoltaica, debido a la gran capacidad
disponible en China, no es probable que sus exportaciones a este país puedan
aumentar de forma significativa, aun cuando los productores chinos
incrementaran su volumen de producción. Por último, la información recogida
durante la investigación indicaba que los productores de maquinaria podrían
verse afectados también por el duodécimo plan quinquenal chino para la
industria solar fotovoltaica, que prevé que para 2015 el 80 % del equipo
de fabricación de células provenga de China. Si este cambio se consigue
respetando las normas de la OMC, las posibilidades de los productores de
maquinaria de la Unión de competir en el mercado chino se verán aún más
limitadas. Por tanto se rechazó el argumento esgrimido. 
(780)   En respuesta a la
divulgación final, las autoridades chinas argumentaron que el duodécimo plan
quinquenal para la industria solar fotovoltaica no ofrece más que algunos
principios orientativos generales de naturaleza no vinculante, pues no se
prevén competencias para garantizar su cumplimiento, y que, por consiguiente,
no deben considerarse un indicio de que se limitará la posibilidad de que los
fabricantes de maquinaria de la Unión compitan en el mercado chino. A este
respecto debe señalarse que las  autoridades chinas incluyeron la
industria fotovoltaica entre las industrias estratégicas del duodécimo plan
quinquenal y además elaboraron un plan específico para la industria solar
fotovoltaica. En dicho plan, las autoridades chinas expresaron su apoyo a «las
empresas de mayor importancia» y a «las empresas clave» y se
comprometieron a «promover la aplicación de diversas políticas de apoyo al
sector fotovoltaico» y a «definir los preparativos generales de las
políticas de apoyo en materia de industria, finanzas, fiscalidad, etc.».
Además, el plan
que contiene directrices fundamentales que la industria china debe seguir
durante el período de cinco años marca profundamente el
paisaje empresarial, tanto dentro de China como en los países que hacen
negocios con este país. Considerando lo que antecede, existen
claros indicios de que el plan restringe la libertad de elección de los
fabricantes chinos de células y la presión competitiva de los productores de
equipo de fabricación de la Unión que exportan al mercado chino. Por tanto, se
rechazó este argumento.
(781)   Un productor de materia
prima que cooperó cuestionó el pronóstico de que otros mercados compensarían el
descenso de producción del mercado chino, vista la gran capacidad de producción
instalada en China, difícilmente disponible en otra parte. Se rechaza este
argumento, pues no hay indicio alguno de ese supuesto descenso de producción en
el mercado chino.
(782)   Una parte interesada
cuestionó el número de empleados de los operadores en sentido ascendente que se
cita en el considerando 236 del Reglamento antidumping provisional. Debe
aclararse que la cifra de cuatro mil doscientos empleados no se refiere a todo
el sector, sino solo a los operadores en sentido ascendente que cooperaron,
como son los fabricantes de equipos y los proveedores de polisilicio, en cuyas
respuestas al cuestionario está basada. 
(783)   En vista de lo anterior,
se concluye que el impacto de las medidas compensatorias en los productores de
maquinaria no sería significativo, mientras que el impacto en el proveedor de
materia prima podría ser negativo a corto plazo debido a la posible reducción
de sus ventas a China. 
6.5.        Interés de los operadores
en sentido descendente
(784)   La
actividad principal de los operadores en sentido descendente se desarrolla principalmente
en los ámbitos del desarrollo de proyectos, el marketing, las comunicaciones y
las instalaciones fotovoltaicas. Se recibieron trece respuestas a los
cuestionarios de los operadores en sentido descendente, es decir, siete
operadores cuya actividad está directamente relacionada con el producto similar
(a saber, los desarrolladores de proyectos y los instaladores) y seis
proveedores de servicios en el sector de la energía fotovoltaica (logística,
transporte, relaciones públicas, etc.), es decir, operadores  cuya actividad no
está directamente relacionada con el producto investigado. Las respuestas al
cuestionario incluían la respuesta recibida de un importador no vinculado, que
resultó ser un operador en sentido descendente, ya que su principal actividad
es la instalación (véase el considerando 25).
(785)   En
el considerando 242 del Reglamento antidumping provisional se determinó que, en
general, la actividad de los operadores en sentido descendente (instaladores y
desarrolladores de proyectos) en relación con el producto investigado presenta
variaciones en comparación con su actividad total. De promedio, representó el
41 % durante el período de investigación. La rentabilidad de los operadores que
cooperaron en relación con el producto investigado fue por término medio de un
11 % en el período de investigación. En términos de empleo, los siete
operadores en sentido descendente que cooperaron emplearon en el período de
investigación a unas 550 personas
(786)   Varias partes interesadas
cuestionaron la representatividad de los datos relativos a los operadores en
sentido descendente sobre volumen de negocios, rentabilidad y empleo obtenidos
por la Comisión a partir de las respuestas a los cuestionarios de siete
operadores en sentido descendente. AFASE presentó una «encuesta» realizada
entre sus miembros (instaladores) con el fin de ilustrar que, para la mayoría
de los instaladores, la actividad fotovoltaica constituye su fuente primaria de
ingresos. AFASE alegó además que los operadores en sentido descendente, en
particular los instaladores, en contra de las conclusiones del considerando 242
del Reglamento antidumping provisional, obtendrían solamente márgenes de
beneficio de un dígito que no les permitirían absorber derecho alguno. 
(787)   Por lo que respecta a la
representatividad de los datos utilizados en el Reglamento antidumping
provisional, la Comisión utilizó todos los datos aportados por los operadores
en sentido descendente que cumplimentaron el cuestionario específico, así como
las observaciones presentadas por AFASE, según se explica en el considerando
737. 
(788)   En cuanto a la alegación
de que la actividad fotovoltaica constituye una fuente primaria de ingresos
para los instaladores, un análisis más detallado de las respuestas a los
cuestionarios presentadas por los siete operadores en sentido descendente
(instaladores y desarrolladores de proyectos) confirmó que la actividad
directamente relacionada con el producto similar investigado representó por
término medio en torno al 42 % de la actividad total de estos operadores,
mientras que la rentabilidad equivalió al 11 % por término medio. Sin
embargo, si se tienen también en cuenta sus actividades (no relacionadas
directamente con el producto investigado), su importancia global aumenta
sustancialmente en el caso de tres de los siete operadores. Por consiguiente,
la relación correspondiente iría de un 45 % a un 100 % durante el
período de investigación. Además, en el caso de los siete operadores
(instaladores y desarrolladores de proyectos), la rentabilidad de la actividad
fotovoltaica, incluidas las actividades no directamente relacionadas con el
producto investigado, sería del 9 % por término medio. En relación con el
empleo, cabe decir que la actividad fotovoltaica, incluidas las actividades no relacionadas
directamente con el producto investigado, habría empleado a seiscientos sesenta
equivalentes a tiempo completo durante el período de investigación en el
conjunto de los siete operadores. Aparte de las instalaciones y los proyectos
fotovoltaicos, estos operadores también trabajaron en instalaciones de energía
eólica y en la producción de equipos eléctricos. 
(789)   Se considera que cualquier
impacto de las medidas en los operadores en sentido descendente debe evaluarse
fundamentalmente en relación con su actividad directamente relacionada con el
producto investigado, que en el período de investigación alcanzó una
rentabilidad del 11 % por término medio. Sin embargo, incluso si se
evaluara sobre la base de la actividad fotovoltaica global no relacionada directamente
con el producto investigado, las conclusiones no cambiarían significativamente,
ya que, en conjunto, los diversos factores tomados en consideración,
concretamente la rentabilidad y la posibilidad de absorber parte del derecho,
no varían de forma significativa (la rentabilidad disminuye por término medio
del 11 % al 9 %). En respuesta a la divulgación final, una parte en
cuyos locales la Comisión había llevado a cabo una inspección cuestionó la
representatividad de la conclusión sobre la rentabilidad de los instaladores y
desarrolladores, que, por lo que a ella se refiere, estaría supuestamente
basada en una única transacción. No se acepta este argumento, pues la Comisión
calculó la rentabilidad de los operadores en sentido descendente basándose en
todos los datos presentados por estos en sus respuestas a los cuestionarios.
(790)   Por lo que se refiere a la
encuesta realizada por la AFASE entre sus miembros, debe señalarse en primer
lugar que todos los operadores tuvieron ocasión de darse a conocer al inicio de
la investigación y de responder al cuestionario específico diseñado para los
operadores en sentido descendente, en el que se les pedía información para
evaluar cómo les afectarían los derechos. En segundo lugar, en esa encuesta no
se facilitaba la identidad de los instaladores, lo cual no permitió verificar,
por ejemplo, la pertinencia y la fiabilidad de los datos aportados. En tercer
lugar, mientras que una serie de preguntas de la encuesta se referían a la
capacidad de los instaladores para absorber los posibles derechos, no se hacía
referencia alguna en la encuesta a los beneficios obtenidos por los
instaladores durante el período de investigación, perdiéndose así un elemento
importante para evaluar el impacto de las medidas. En consecuencia, no pudieron
extraerse conclusiones válidas de la encuesta presentada. 
(791)   Se
invocó el argumento de que las medidas no redundaban en el interés de la Unión
porque incrementarían el precio de los módulos, lo que disuadiría a los
usuarios y consumidores finales de realizar instalaciones. Por consiguiente,
los operadores en sentido descendente tendrían muchos menos pedidos y se verían
obligados a reducir su actividad comercial. Esta evaluación se basaba en un
estudio realizado por Prognos sobre las posibles pérdidas de puestos de
trabajo, que se presentó durante la investigación. Dicho estudio prevé que, de
imponerse derechos, peligrarían la gran mayoría de los puestos de trabajo del
mercado fotovoltaico de la Unión. El estudio utiliza una estimación de la EPIA,
según la cual el número total de puestos de trabajo directos en 2011 en todas
las fases del mercado de la energía fotovoltaica de la Unión, incluidos los
productores, importadores y operadores en sentido ascendente y descendente, era
de 265 000. Tomando como punto de partida dicha estimación del empleo
directo, el estudio de Prognos concluyó que, de esos 265 000 puestos de
trabajo, se perderían hasta 242 000 en tres años, dependiendo del nivel de
los derechos. La mayoría de las pérdidas de puestos se producirían
supuestamente en el mercado descendente, que en 2011, según Prognos, empleaba a
unas 222 000 personas.
(792)   La
investigación no confirmó la hipótesis anterior y señaló que el número de
empleos directos que había en el mercado fotovoltaico de la Unión en 2011,
durante el período de investigación y en 2012 era mucho menor.
(793)   Para empezar, la
investigación planteó dudas sobre la exactitud del número total de puestos de
trabajo directos en el sector estimados por la EPIA. En particular, en la visita
de verificación a la EPIA se observó que los datos subyacentes que habían
llevado a estimar esa cifra de 265 000 puestos eran imprecisos y no
permitían llegar a tal conclusión. De hecho, la información obtenida en la
visita indica que la estimación de esa cifra de empleo directo en 2011 podía
tener un margen de error de hasta el 20 %. Además, incluía el empleo en
otros países europeos no pertenecientes a la Unión, así como el empleo
relacionado con el producto de capa fina, que está excluido del ámbito de la
presente investigación. 
(794)   Se aclara que el margen de
error del 20 % del número total de puestos de trabajo directos estimado
por la Asociación Europea de la energía fotovoltaica, que puede aplicarse al
alza o a la baja, se puso de manifiesto durante la inspección en la EPIA.
Demuestra lo difícil que resulta evaluar cifras precisas sobre el empleo en el
sector en sentido descendente, pues las fuentes de datos son pocas y a menudo
contradictorias. 
(795)   A pesar de estas dudas,
aunque se utilice la estimación original del empleo para analizar el efecto de
las medidas, deben hacerse las observaciones siguientes. La estimación
corresponde al empleo en la industria fotovoltaica europea en 2011, por lo que
se correlaciona con el elevado número de instalaciones fotovoltaicas en la
Unión en ese año (aproximadamente 20 GW). Es razonable suponer que, dada la
reducción del número de instalaciones, unos 17,5 GW en el período de
investigación y 15 GW en 2012, disminuyó en consecuencia el número de puestos de
trabajo, en especial en los operadores en sentido descendente, que está
relacionado de forma directa con el nivel de instalaciones. A este respecto, la
prensa especializada de difusión pública indicó que en Alemania, el mayor
mercado nacional, entre 2011 y 2012 el empleo en el sector fotovoltaico pasó de
128 000 a 100 000 puestos de trabajo, incluidos los correspondientes
a los productores. Además, la investigación arrojó serias dudas de que esos
datos incluyeran solo puestos de trabajo a tiempo completo activos únicamente
en la industria fotovoltaica. A este respecto, la investigación puso de
manifiesto que, en especial en el mercado descendente (instalaciones), la
actividad fotovoltaica constituye por lo general solo una parte de una
actividad comercial mucho más amplia, que se centra en las instalaciones
eléctricas y de calefacción, la fontanería, etc. 
(796)   A la vista de lo anterior,
es probable que la imposición de medidas conduzca a un aumento de los precios
del producto investigado en la Unión, lo que posiblemente genere menos
instalaciones fotovoltaicas a corto plazo. En cualquier caso, el empleo en este
sector del mercado solo puede verse afectado negativamente de forma limitada,
por las razones que se exponen a continuación. En primer lugar, al menos entre
algunos instaladores, la actividad relacionada con la industria fotovoltaica
solo constituye una parte de su actividad principal y además es estacional. Los
instaladores deben ser capaces, por tanto, de realizar otras actividades en
caso de reducción de la demanda de instalaciones fotovoltaicas. Al ser
legalmente vinculantes en los Estados miembros los objetivos relativos a las
energías renovables y a la eficiencia energética convenidos a escala de la
Unión, es de esperar que la reducción de la demanda de instalaciones solares se
traduzca en un aumento de la demanda de otras formas de electricidad de origen
renovable y de eficiencia energética. Muchos de los empleados en el sector
descendente disponen probablemente de las cualificaciones necesarias para
beneficiarse del aumento de la demanda en estos sectores vecinos. En segundo
lugar, dados los beneficios existentes en los operadores en sentido descendente
(véase el considerando 785), los instaladores deben ser capaces de absorber
parte de los aumentos de precio, limitando así el efecto sobre los precios
finales y sobre la demanda de instalaciones fotovoltaicas.
(797)   Independientemente del
establecimiento de derechos, las previsiones públicamente disponibles en cuanto
a la demanda de instalaciones fotovoltaicas indican una probable contracción de
la misma en 2013, con instalaciones anuales comprendidas entre 9,8 GW y 16,5 GW
en ese año, que, en cualquier caso, podría tener una repercusión negativa en el
número de puestos de trabajo del mercado descendente.
(798)   Por último, hay que
señalar que es probable que este aumento de los precios de los equipos
fotovoltaicos ocurriese en cualquier caso, ya que la producción china que
abastece el mercado de la Unión genera muchas pérdidas, y esa situación es insostenible.

(799)   Por
lo que respecta a la pérdida de puestos de trabajo, la información recabada
durante la investigación confirmó que el sector descendente había estado
perdiendo puestos de trabajo como consecuencia de una contracción de la demanda
de instalaciones fotovoltaicas en la Unión de aproximadamente 5 GW entre
2011 y 2012. Esta pérdida de puestos de trabajo no puede relacionarse con las
medidas, pues refleja la evolución del mercado. Además, está previsto que la
demanda siga contrayéndose en 2013 y 2014, lo que muy probablemente resultará
en más destrucción de empleo en el sector fotovoltaico. Una evolución semejante
de la demanda la habían previsto ya importantes centros de investigación antes
del inicio de la investigación, por lo que esa pérdida de puestos de trabajo no
puede atribuirse a la imposición de las medidas.
(800)   La
industria de la Unión presentó un estudio realizado por una consultora privada,
PriceWaterHouseCoopers («PWC»), acerca del posible impacto de las medidas en el
empleo relacionado con el sector fotovoltaico. El estudio de PWC hacía
referencia a un estudio anterior de otra consultora, Prognos, en el que se
preveía una gran pérdida de puestos de trabajo en el mercado fotovoltaico como
consecuencia de la imposición de las medidas, estudio que fue presentado por la
AFASE antes de que se impusieran los derechos antidumping provisionales y que
se aborda en el considerando 791. En el estudio de PWC se criticaba el estudio
de Prognos señalando que el total de puestos de trabajo perdidos que indicaba
Prognos superaba de hecho el número total de puestos de trabajo existentes en
el sector fotovoltaico de la Unión. En cuanto al impacto de los derechos en el
mercado de la Unión, PWC llegaba a conclusiones opuestas a las de Prognos, y
preveía un impacto neto positivo en el empleo de la Unión y unos beneficios que
predominaban sobre los posibles efectos negativos de los derechos (por ejemplo
en la demanda). 
(801)   La AFASE argumentó que la
Comisión no desveló la fuente del margen de error del 20 % en relación con
los empleos directos del sector fotovoltaico calculado para 2011 por la EPIA. 
(802)   Este margen de error, que
se puede aplicar hacia arriba o hacia abajo, se puso de manifiesto durante la
inspección en la EPIA. Demuestra lo difícil que resulta determinar las cifras
exactas del empleo en el sector descendente, ya que existen pocas fuentes de
datos y a menudo contradictorias. 
(803)   En respuesta  a la
divulgación final, algunas partes alegaron que el análisis de la Comisión
callaba el hecho de que los derechos no harían sino fomentar la pérdida de
puestos de trabajo resultante de un menor número de instalaciones fotovoltaicas
después de 2011. Se argumentó que esa pérdida de puestos de trabajo, en
particular en el sector en sentido descendente, está estrechamente relacionada
con el hecho de que los instaladores fotovoltaicos dependen de las
instalaciones solares. Además, la AFASE criticó a la Comisión por no haber
tenido adecuadamente en cuenta la encuesta que realizó entre sus miembros y una
encuesta similar realizada por la Solar Trade Association del Reino Unido, que
supuestamente ilustraba esa dependencia. 
(804)   Con respecto al supuesto
silencio de la Comisión acerca de la repercusión de los derechos en el empleo,
hay que remitirse a los considerandos 799 y 800, en los que se abordan las
alegaciones sobre el impacto de las medidas en el empleo del sector
fotovoltaico y se reconoce que efectivamente podrían tener repercusiones a
corto plazo en el empleo del sector en sentido descendente. 
(805)   En cuanto a la encuesta
realizada por la AFASE y la Solar Trade Association del Reino Unido, hay que
decir que, en respuesta a la divulgación final, se facilitó la identidad de las
empresas participantes en las entrevistas. Sin embargo, las encuestas eran
deficientes, puesto que, por ejemplo, algunas respuestas eran incompletas. El
análisis de las encuestas puso de manifiesto lo que sigue. Por lo que respecta
a la encuesta de la AFASE, debe señalarse en primer lugar que la mayoría de los
cincuenta instaladores que respondieron a la entrevista declararon operar
exclusivamente en el mercado fotovoltaico. Quince de los cincuenta instaladores
declararon realizar también otras actividades, por ejemplo en instalaciones de
calefacción, eléctricas y, en cierta medida, eólicas. En cuanto a la encuesta
del Reino Unido, veintiuna de las treinta y una empresas británicas que
respondieron a la entrevista realizaban también actividades fuera del sector
fotovoltaico. El resultado demuestra que, por lo que se refiere a casi la mitad
de los desarrolladores de proyectos e instaladores, la conclusión del
considerando 247 del Reglamento antidumping provisional sobre la capacidad para
realizar otras actividades relacionadas, por ejemplo, con instalaciones
eléctricas o de calefacción, fontanería y otras instalaciones de energías
renovables, es correcta. Sin embargo, debe reconocerse que esta capacidad quizá
exista en menor grado de lo que se suponía en el Reglamento antidumping
provisional. Por consiguiente, su efecto mitigador en la pérdida de empleo
puede ser menos importante de lo que se había supuesto inicialmente. En segundo
lugar, algunos de los operadores encuestados por la AFASE y la Solar Trade
Association del Reino Unido utilizaron productos fabricados en la Unión y
algunos tienen previsto comprar productos no chinos tras las medidas, a fin de
evitar un incremento de los precios. Así pues, se espera que su dependencia de
las importaciones chinas y la repercusión de las medidas sean reducidas, ya que
pueden acceder a los productos europeos fabricados en la Unión. En tercer
lugar, la estimación del impacto de las medidas en los negocios de todos los
operadores encuestados no permitía extraer conclusiones firmes, pues su
evaluación era muy diversa. Algunas empresas ni siquiera eran capaces de
evaluar ese impacto. En cuarto lugar, también las respuestas obtenidas en la
encuesta del Reino Unido acerca del número de proyectos fotovoltaicos que
corrían riesgo de cancelación en caso de imponerse los derechos oscilaban entre
«no muchos» y «todos ellos». Algunos operadores no eran capaces de hacer una
estimación. Por último, ninguna de las encuestas contenía la pregunta sobre la
rentabilidad de los operadores económicos entrevistados, que es importante para
evaluar la posible absorción de un incremento de precios, de haberlo, a
consecuencia de la imposición de un derecho.
(806)   Varias partes alegaron que
para los instaladores no es fácil cambiar sus actividades o pasarse a las
instalaciones de otras energías renovables, dado que las tecnologías y los
conocimientos técnicos varían mucho. Por tanto, si se impusieran los derechos,
abandonarían el negocio. Tras la divulgación final, esta alegación fue
reiterada por una parte interesada, arguyendo que los instaladores habían
invertido muchos recursos en la especialización fotovoltaica, por ejemplo en
formación específica, lo que demostraría que su principal foco de atención es
el sector fotovoltaico y que no podrían pasarse con facilidad a otras
actividades. 
(807)   Esta argumento no se fundamentó
suficientemente, pues no se demostró qué conocimientos precisos tendría que
adquirir un instalador ni cuán difícil y oneroso resulta obtenerlos. Al margen
de esto, las instituciones reconocen que los instaladores han desarrollado un
saber hacer propio de la instalación de módulos fotovoltaicos. Sin embargo, el
desarrollo de este saber hacer es relativamente reciente y se suma a la pericia
primaria de los instaladores, constituida por las instalaciones eléctricas y de
calefacción, la fontanería, etc. También se desarrolló en respuesta a una
práctica desleal, a saber, la afluencia masiva de importaciones objeto de
dumping procedentes de China. Con independencia de las aptitudes especializadas
de los empleados de los instaladores, el argumento debe examinarse
paralelamente al análisis efectuado en los considerandos 792 a 800 acerca de la
situación del empleo en el sector en sentido descendente, que podría sufrir un
impacto negativo a corto plazo, pero que, merced a un comercio sostenible,
experimentaría un incremento a medio y largo plazo en el caso de los
instaladores. Por tanto, se rechazó este argumento.
(808)   Varias partes interesadas
se mostraron en desacuerdo con la capacidad de los operadores en sentido
descendente para absorber incluso parcialmente el posible incremento de los
precios. Este argumento estaba insuficientemente fundamentado, impidiendo
estimar en qué medida era exacta esta alegación. La rentabilidad de los
operadores en sentido descendente que cooperaron y están relacionados directamente
con el producto afectado se estimó en torno a un 11 % de media, lo que
deja a los operadores en cuestión la posibilidad de absorber por lo menos en
parte el posible incremento de precios, de haberlo. En este contexto hay que
recordar que la tendencia general de los precios es a la baja. 
(809)   En respuesta a la
divulgación final, algunas partes reiteraron la alegación de que había un
riesgo grave de que la demanda de productos solares en la Unión se contrajera a
consecuencia de las medidas, lo cual, según estas partes, es un argumento en
contra de las mismas. Una parte argumentó que la energía solar tiene
actualmente una elasticidad de la demanda elevada y que un incremento del
precio de los productos solares, por pequeño que fuera, resultaría en una fuerte
contracción de la demanda. Esta parte estimaba que un derecho compensatorio en
el orden del 30 % podría contraer más la demanda en 8 GW, mientras
que un derecho del 50 % lo haría en 10 GW. En el mismo sentido, la
AFASE hacía referencia al estudio realizado por un analista del mercado en el
que también se prevé una contracción de la demanda de hasta 2 GW en 2013
como consecuencia de un derecho del 50 %, es decir, una contracción de
mucha menor magnitud. 
(810)   Aunque las partes
presentaron durante la investigación distintas hipótesis de contracción además
de las mencionadas, ninguna contenía resultados comparables. Si bien no puede
descartarse que los derechos generen una contracción de la demanda de
instalaciones fotovoltaicas, resulta difícil cuantificar ese efecto, en vista
de los diversos elementos que influyen en el atractivo de estas instalaciones
en la Unión. Además, aun cuando tal contracción se produjera a corto plazo, se
espera que los beneficios a medio y largo plazo resultantes de un comercio leal
predominen sobre la repercusión negativa a corto plazo. Por último, la propia
AFASE reconoció que la evaluación del nexo directo entre la demanda y los
derechos solo podría hacerse una vez aplicados los derechos. Por tanto, se
rechazó este argumento.
(811)   Como se señala en el
considerando 784, se recibieron seis respuestas al cuestionario de seis
proveedores de servicios en el sector fotovoltaico (logística, transporte,
relaciones públicas, etc.), es decir, operadores cuya actividad no está
directamente relacionada con el producto investigado. Se consideró que estas
respuestas proporcionaban indicios sobre la importancia relativa de la
actividad relacionada con el sector fotovoltaico respecto de la actividad total
de los operadores en cuestión que cooperaron. A pesar de algunas deficiencias
en las respuestas, los datos de los cuestionarios permitieron determinar que la
actividad de estos operadores relacionada con el sector fotovoltaico era
marginal con respecto a su actividad total. De hecho, la actividad relacionada
con el sector fotovoltaico solo representó por término medio en torno al
5 % de la cifra de negocios total y al 8 % del empleo total. La
rentabilidad media fue del 7 % aproximadamente. Sin embargo, debe
señalarse que los datos sobre la rentabilidad no eran completos, pues no todos
los operadores dieron información a este respecto. Por
consiguiente, se concluyó que no es probable que las medidas tengan un impacto
significativo en la situación económica de los proveedores de servicios del sector
fotovoltaico.
(812)   A la vista de lo expuesto,
se concluye que el impacto de los derechos antidumping sobre los operadores en
sentido descendente sería negativo pero limitado, ya que la contracción de las
instalaciones sería mayor que en la hipótesis alternativa de inexistencia de
tales derechos prevista por importantes centros de estudios y considerando que
los derechos no pueden ser absorbidos por dichos operadores. A pesar de la
posible reducción de la demanda de instalaciones fotovoltaicas, los instaladores
deben ser capaces de realizar otras actividades, ya sea relacionadas con otras
fuentes de energías renovables o con su propia actividad principal, como se ha
señalado anteriormente. Se concluyó que, a la luz de los datos proporcionados,
no es probable que las medidas tengan un impacto significativo en la situación
económica de los proveedores de servicios del sector fotovoltaico. 
6.6.        Interés de los usuarios
finales (consumidores)
(813)   No hubo ninguna
observación de partes que representen directamente los intereses de los
usuarios finales, como asociaciones de consumidores. En este caso, se han
tomado como referencia dos tipos de usuarios finales: los consumidores
(hogares) y otros usuarios finales (por ejemplo, instituciones o inversores).
La investigación puso de manifiesto que solo en torno a una cuarta parte de las
instalaciones fotovoltaicas existentes en la Unión (las pequeñas instalaciones
de azotea) eran encargadas por los consumidores. Las demás instalaciones
(industriales y comerciales, montadas sobre tierra, de escala mucho mayor) se
destinaban a otros usuarios finales.
(814)   Varias partes alegaron
que, en caso de que se impusieran medidas, los consumidores sufrirían un
aumento de precio de los módulos fotovoltaicos. Si bien cabe esperar que los
precios de los módulos fotovoltaicos en el mercado de la UE suban algo, es
probable que los consumidores y otros usuarios finales se vean afectados solo
de manera limitada, pues la investigación puso de manifiesto que el precio de
un módulo representa hasta el 50 % de los costes totales de una instalación
fotovoltaica. A la vista de los márgenes de beneficio obtenidos por los
desarrolladores de proyectos y los instaladores, es razonable asumir que puedan
absorber al menos en parte, y por tanto mitigar, un posible aumento de precio
de los módulos para el consumidor. Sobre la base de las pruebas disponibles, se
concluye que unas medidas con el nivel de derechos propuesto serán absorbidas
al menos en parte por la cadena de suministro y, por tanto, no conducirán
necesariamente a unos precios más altos para los consumidores minoristas.
(815)   Hay que señalar además
que, de no imponerse derechos, la probable desaparición de la industria de la
Unión podría dejar a los consumidores con una sola fuente de suministro de
módulos en el futuro. En este escenario, los productores exportadores chinos
estarían en condiciones de reforzar aún más su ya muy fuerte posición en el
mercado, lo que podría conducir a un aumento de precios a corto o medio plazo
en detrimento de los consumidores y usuarios finales. En cualquier caso, como
se ha indicado antes, es probable que de todos modos se produzca un aumento de
precios, dado que la producción china genera pérdidas.
(816)   Algunas partes alegaron
que la imposición de los derechos provocaría una subida del precio del producto
investigado. En consecuencia, habría un declive de la demanda de instalaciones
fotovoltaicas, pues serían demasiado caras para los consumidores y no
resultarían lo bastante atractivas para otros inversores. 
(817)   Como ya se ha mencionado
en el considerando 752, aunque puede haber una subida temporal de precios como
consecuencia de la imposición de las medidas, la tendencia general de los
precios es a la baja, según confirman varias fuentes públicas. Por lo tanto, se
rechaza este argumento. Si bien resulta difícil cuantificar de una manera
exacta el posible incremento de precios derivado de las medidas y la posible
contracción de la demanda consiguiente, deben recordarse varios elementos. En
primer lugar, el producto investigado constituye hasta un 50 % del coste
total de una instalación fotovoltaica y, por tanto, el derecho puede absorberse
por lo menos en parte. En segundo lugar, es probable que la competencia de la
industria de la Unión con los productores de terceros países ya presentes en el
mercado de la Unión mantenga bajos los precios. Al mismo tiempo, la industria
de la Unión debería poder conseguir mejores resultados financieros gracias a
las economías de escala resultantes de una mejor utilización de las fábricas y
un menor coste de producción. En tercer lugar, la demanda de instalaciones
fotovoltaicas está correlacionada no solo con los niveles de precios del
producto investigado, sino también con el nivel de las tarifas reguladas. Con
unos niveles de demanda actualmente bajos en comparación con los alcanzados en
2011 y el período de investigación, se espera que las tarifas reguladas no se
reduzcan con tanta rapidez como en el período considerado, lo que permitirá que
siga invirtiéndose en proyectos fotovoltaicos. Por tanto, se rechazó el
argumento.
(818)   En respuesta a la
divulgación final, una parte refutó el razonamiento expuesto. Alegó que la
tendencia a la baja de los precios no podrá mantenerse tras la imposición de
las medidas. La parte reiteró que las medidas representan un incremento
significativo de los costes que no puede compensarse por entero con la
reducción de costes o con las importaciones procedentes de terceros países.
Además, insistió en que la industria de la Unión no será capaz de realizar
nuevas inversiones en fábricas y maquinaria y en que los operadores en sentido
descendente poco pueden absorber si su beneficio es del 11 %. Por último,
no hay pruebas que indiquen que las tarifas reguladas puedan compensar el
incremento de precios.
(819)   Debe recordarse que, en
contra de lo que dice esta alegación, no se espera que el incremento de precios
resultante de las medidas pueda compensarse por completo, sino más bien que es
posible que las medidas causen un incremento de precios de carácter temporal
(véase el considerando 247 del Reglamento antidumping provisional). De hecho,
ese incremento de precios puede derivarse de la diferencia entre los precios
chinos subvencionados y los precios de productos no chinos. No obstante, la
información reunida durante la investigación permite afirmar que el posible
incremento de los precios puede ser absorbido en parte por una serie de
factores en vista de las ganancias del 11 % por término medio en el sector
en sentido descendente. Por último, con respecto a la alegación de que no hay
pruebas que indiquen que las tarifas reguladas podrían compensar el incremento
de precios, es razonable suponer que estas tarifas se irán ajustando en
consonancia con la evolución de los precios de los proyectos.
(820)   Una parte alegó que desde
marzo de 2013 el precio de los módulos ha aumentado un 20 %  en la Unión y
que desde ese año existe una carencia grave de existencias. Este argumento no
se fundamentó y, por el contrario, las fuentes públicas de información confirman
una estabilidad relativa de los precios en el segundo trimestre de 2013.
Incluso aunque esa información fuera correcta, no haría sino reflejar el hecho
de que, a raíz del registro de las importaciones, se ha repercutido en el
precio el riesgo de un posible derecho compensatorio. Por tanto, se rechazó
este argumento. 
(821)   Otra parte alegó que los
proyectos fotovoltaicos no generarían rendimientos para los inversores si el
descenso de las tarifas reguladas no se correlacionara con una reducción de los
costes de los proyectos, en especial los precios de los módulos, pues
representan una parte importante de los costes de un proyecto dado. En este
sentido se alegó que los derechos pondrían en tela de juicio la viabilidad de
muchos proyectos fotovoltaicos, ya que harían aumentar el precio. 
(822)   Como se ha mencionado en
el considerando 752, la tendencia general de los precios del producto
investigado parece ser a la baja. Por otro lado, la importancia de las tarifas
reguladas con respecto al mercado está disminuyendo, pues es probable que se
alcance la paridad de red en varias regiones. Por estas razones se rechaza el
argumento de que el precio de los módulos pueda tener un impacto negativo en
los proyectos fotovoltaicos, en especial en su viabilidad. 
(823)   Una parte interesada
presentó un modelo interno para demostrar que los derechos pondrían en peligro
la viabilidad de muchos proyectos fotovoltaicos. 
(824)   Este modelo no permitía
cuantificar adecuadamente en qué medida podría disminuir el atractivo de la
inversión en instalaciones fotovoltaicas (por ejemplo, rendimiento de la
inversión) si aumentaran los precios del producto investigado. No obstante, el
supuesto empleado en ese modelo, según el cual todo derecho se repercutiría en
los usuarios finales o los consumidores, es improbable si se atiende a los
márgenes de beneficio de los operadores en sentido descendente. Además, la
decisión de inversión no se basa únicamente en el precio de los módulos, sino
que depende de otros muchos factores, entre ellos la existencia de un marco
general favorable a las instalaciones fotovoltaicas en un país determinado, el
grado de apoyo y el precio de la electricidad (con vistas a la paridad de red).
Por tanto, se rechazó este argumento.
(825)   Considerando lo expuesto,
se concluye que el establecimiento de medidas tendría, en general, una
incidencia limitada en los consumidores y otros usuarios finales, y que eso
sería independiente de la función que desempeñan los sistemas nacionales de
apoyo de estímulo de la demanda de instalaciones fotovoltaicas. Si los sistemas
de apoyo nacionales se adaptan a un aumento de precios de los paneles solares
(por ejemplo, mediante tarifas reguladas más elevadas), el efecto sobre los
consumidores puede ser inexistente.
6.7.        Otros argumentos
(826)   Algunas partes interesadas
argumentaron que la industria de la Unión no es capaz de abastecer al mercado
de la Unión de las cantidades necesarias, por lo que, si se imponen derechos
compensatorios, se correrá un grave riesgo de escasez en la UE, que podría
conducir a un aumento adicional del precio del producto afectado.
(827)   La investigación concluyó
que este argumento estaba injustificado. La industria de la Unión ha
infrautilizado sus capacidades de producción desde 2009. En el período de
investigación, el índice de utilización de la capacidad de producción de
módulos ascendió al 41 %, con una capacidad adicional disponible de unos
5,7 GW, y el índice de utilización de la capacidad de producción de
células fue del 63 %, con una capacidad adicional disponible de unos
1,2 GW. Por lo tanto, gracias a la capacidad disponible, la industria de
la Unión podría competir por una parte adicional del mercado a corto plazo.
También es razonable suponer que, a medio plazo, la industria de la Unión
ampliará su capacidad de producción, lo que le permitirá obtener economías de
escala y, por ende, reducir aún más los precios. Además, hay otras fuentes de
suministro en el mundo, que están presentes en el mercado de la Unión y que
podrán competir en dicho mercado en caso de una disminución de las
importaciones de productos chinos. La investigación puso de manifiesto que,
durante el período de investigación, la capacidad disponible de producción no
china fuera de la Unión ascendía a 5,6 GW en el caso de los módulos y a 6 GW en
el caso de las células. Se concluyó, por tanto, que la capacidad disponible
total de la Unión y de terceros productores fuera de esta es suficiente para
completar a corto plazo la disminución potencial de las importaciones chinas, a
la luz de la demanda de instalaciones fotovoltaicas en la UE prevista para 2013
por los principales centros de investigación, como la EPIA (entre 9,8 GW y 16,5
GW) y 2014 (9 GW y 17,1 GW). 
(828)   Aunque se ha aplicado un
supuesto más conservador sobre la capacidad de producción de la Unión (véase el
considerando 545), la capacidad disponible entre la Unión y los terceros países
bastaría para complementar a corto plazo el potencial descenso de las
importaciones chinas. También es razonable suponer que, a medio plazo, la
industria de la Unión ampliará su capacidad de producción para lograr economías
de escala, lo que a su vez permitiría reducir aún más los precios. Por lo
tanto, se rechazó esta alegación.
(829)   Algunas partes
argumentaron asimismo que el establecimiento de derechos sobre el producto
afectado dificultaría el desarrollo del mercado fotovoltaico en Europa y, en
consecuencia, no se alcanzarían los objetivos de la Estrategia Europa 2020
relativos a las fuentes renovables de energía y a la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero en la UE.
(830)   Para empezar, los
objetivos para 2020 no dependen exclusivamente de la energía solar. Son
igualmente importantes otras energías verdes, como la eólica, la biomasa, la
hidráulica, etc. Aun cuando no se ha asignado ningún porcentaje concreto a la
energía solar en los objetivos para 2020, no se prevé que un número ligeramente
menor de instalaciones fotovoltaicas suponga un aumento del coste general de la
Agenda 2020. Además, el precio de los paneles solares es solo uno de muchos
factores que son vitales para el desarrollo de la industria fotovoltaica en la
Unión. Son también importantes un marco legal y financiero favorable a escala
nacional y de la Unión, un mejor acceso a la financiación para los proyectos de
energías renovables y la inversión en I + D. Por lo que respecta a la
financiación de inversiones solares, el establecimiento de derechos mejorará la
situación de la industria de la Unión y del sector fotovoltaico en su conjunto.
Como resultado, probablemente mejore también el acceso al capital tanto de la
industria de la Unión como de los inversores en el sector fotovoltaico. Por
último, se recuerda que el objetivo del derecho no es eliminar las
importaciones chinas, sino restablecer una competencia justa. Si el precio del
producto afectado subiera, la prueba de los beneficios obtenidos en el mercado
en sentido descendente permite asumir que ese aumento de precio sería absorbido
en parte por los operadores de dicho mercado. Por tanto, el precio de los
módulos no aumentaría de forma significativa para los consumidores y usuarios
finales y la demanda de instalaciones solares podría mantenerse en los niveles
previstos.
(831)   Considerando lo expuesto,
se concluye que el establecimiento de medidas no tendría, en general, una
incidencia negativa destacada en otras políticas de la Unión.
6.8.        Conclusión sobre el
interés de la Unión
(832)   Los efectos positivos
generales para la industria de la Unión superan la probable repercusión
negativa para otros operadores del mercado fotovoltaico, incluidos los usuarios
finales (consumidores). 
(833)   Habida cuenta de cuanto
antecede, se concluye que, según la información disponible acerca del interés
de la Unión, no existen razones convincentes contra la imposición de medidas
definitivas sobre las importaciones del producto afectado originarias de China.
7.           MEDIDAS COMPENSATORIAS
DEFINITIVAS
(834)   A la vista de las
conclusiones alcanzadas con respecto a las subvenciones, el perjuicio, la
causalidad y el interés de la Unión, se considera que deben establecerse
medidas compensatorias definitivas para evitar que las importaciones
subvencionadas sigan perjudicando a la industria de la Unión.
7.1.        Nivel de eliminación del
perjuicio
(835)   Con el fin de determinar
el nivel de estas medidas, se tuvieron en cuenta los márgenes de subvención
constatados y el importe del derecho necesario para eliminar el perjuicio
sufrido por los productores de la Unión, sin sobrepasar los márgenes de
subvención determinados.
(836)   Al calcular la cuantía del
derecho necesario para contrarrestar los efectos de la subvención perjudicial,
se pensó que cualquier medida que se adoptara debía permitir a la industria de
la Unión sufragar los costes de producción y obtener unos beneficios antes de
impuestos que esta industria pudiese alcanzar razonablemente en condiciones
normales de competencia, es decir, sin importaciones subvencionadas, por las
ventas de un producto similar en la Unión. De acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal General, ese beneficio es el obtenido al comienzo del período
considerado, es decir, antes de que aumentaran las importaciones
subvencionadas. Por tanto, el beneficio previsto se estableció en el 8 %
sobre la base del beneficio medio ponderado obtenido por la industria de la UE
en 2009 y 2010 con los módulos y las células, cuando resultaron rentables. 
(837)   Tras la divulgación final,
la industria de la Unión alegó que debería utilizarse como nivel de
rentabilidad razonablemente alcanzable en ausencia de importaciones
subvencionadas la rentabilidad de 2010, en lugar del margen de beneficio medio
correspondiente a 2009 y 2010. A este respecto se argumentó que la rentabilidad
no fue suficiente en 2009 y que las circunstancias en ambos años fueron
claramente distintas, dada sobre todo la evolución del consumo en 2010, que
alivió los efectos de las subvenciones ese año. En relación con esto debe
señalarse que, a la hora de determinar el nivel de eliminación del perjuicio,
no importa si el margen de beneficio medio obtenido por la industria de la
Unión fue «suficiente». El nivel de eliminación del perjuicio debería basarse
en el beneficio que puede obtenerse razonablemente en ausencia de importaciones
subvencionadas. La práctica de las autoridades investigadoras es considerar que
este nivel se ha alcanzado al comienzo del período considerado. Esta
metodología resultaba inadecuada en este caso, ya que la industria de la Unión
tuvo pérdidas con las ventas de células al comienzo del período considerado, en
2009, de modo que se consideró más fiable basar la determinación del nivel de
eliminación del perjuicio en el margen de beneficio medio del primer y segundo
año del período considerado. A este respecto se consideró también irrelevante
que las circunstancias fueran diferentes en estos dos años.
(838)   Otra parte reiteró que
deberían establecerse beneficios previstos diferentes en relación con los
módulos y con las células, pues estos tipos de productos mostraron tendencias
distintas durante el período considerado. Si bien se mostraron los indicadores
por separado para cada tipo de producto, las conclusiones relativas a cada
indicador se refieren al producto investigado en su conjunto. También hay que
recordar que los módulos y las células constituyen un único producto y que, por
tanto, los márgenes de subvención y el nivel de eliminación del perjuicio se
establecieron sobre esta base.
(839)   Con arreglo a esta base,
se calculó un precio del producto similar que no fuera perjudicial para la
industria de la Unión. El precio no perjudicial se obtuvo añadiendo el margen
de beneficio antes citado del 8 % al coste de producción durante el
período de investigación de los productores de la Unión incluidos en la
muestra.
(840)   A continuación se
determinó el necesario incremento del precio a partir de la comparación del
precio de importación medio ponderado de los productores exportadores de China
incluidos en la muestra y que cooperaron, tal como se estableció para los
cálculos de la subcotización de precios, debidamente ajustado por lo que se
refiere a los gastos de importación y los derechos de aduana, con el precio
medio ponderado no perjudicial del producto similar vendido por los productores
de la Unión incluidos en la muestra en el mercado de la Unión durante el
período de investigación. Las posibles diferencias resultantes de esta
comparación se expresaron después en porcentaje de la media ponderada de los
valores cif de importación.
(841)   Una parte argumentó que
las ventas de los productores de la Unión incluidos en la muestra se centraban
en el mercado de gama alta, como el sector residencial y del pequeño comercio,
que atraía tarifas reguladas más altas, y sugería que los precios de venta de
la industria de la Unión se ajustaran en consecuencia. Debe aclararse que esta
alegación no sería decisiva para el cálculo del margen de perjuicio, pues la
investigación demostró que los productores de la Unión no eran rentables.
7.2.        Medidas definitivas
(842)   A la vista de lo anterior,
se considera que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento de base,
debe imponerse un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de
módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber,
células) originarios o procedentes de China al nivel del margen de subvención o
de perjuicio que sea inferior, con arreglo a la norma de aplicación del derecho
más bajo. En el caso que nos ocupa, el tipo del derecho debe fijarse, en
consecuencia, al nivel del margen de subvención constatado. 
(843)   Dado el alto nivel de
cooperación de los productores exportadores chinos, el derecho para las demás
empresas se fijó al nivel del derecho más elevado impuesto a las empresas que
se incluyeron en la muestra o cooperaron en la investigación, respectivamente.
El derecho para «las demás empresas» se impondrá a las empresas que no cooperaron
en la investigación.
(844)   En el caso de las empresas
chinas que cooperaron y que no fueron incluidas en la muestra, enumeradas en el
anexo, el tipo de derecho definitivo es la media ponderada de los tipos de las
empresas incluidas en la muestra.
(845)   En vista de lo
anteriormente expuesto, los tipos a los que se impondrán estos derechos se
establecen como sigue: 
 Nombre de la empresa || Margen de subvención || Margen de perjuicio || Derecho compensatorio 
 Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd || 4,9 % || 46,3 % || 4,9 % 
 Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % || 41,8 % || 6,3 % 
 Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % || 48,2 % || 3,5 % 
 JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd   || 5,0 % || 56,5 % || 5,0 % 
 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd || 11,5 % || 58,2 % || 11,5 % 
 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd || 11,5 % || 58,2 % || 11,5 % 
 Delsolar (Wujiang) Co. Ltd || de minimis || 64,9 % || 0,0 % 
 Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd || 4,6 % || 80,1 % || 4,6 % 
 Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD || 6,5 % || 60,1 % || 6,5 % 
 Empresas enumeradas en el anexo || 6,4 % || 51,1 % || 6,4 % 
 Las demás empresas || 11,5 % || 80,1 % || 11,5 % 
(846)   Estas medidas
compensatorias definitivas se establecen en forma de derechos ad valorem.
(847)   Los tipos del derecho
compensatorio individual de las empresas que se especifican en el presente
Reglamento se determinaron a partir de las conclusiones de la presente
investigación. Reflejan, por tanto, la situación constatada durante la
investigación con respecto a dichas empresas. Así pues, estos tipos de derecho
(por oposición al derecho nacional aplicable a «todas las demás empresas») son
aplicables exclusivamente a las importaciones de productos originarios del país
afectado y producidos por las empresas y, por lo tanto, por las entidades
jurídicas específicas mencionadas. Los productos importados fabricados por
cualquier otra empresa no mencionada específicamente en el artículo 1 con su
nombre y dirección, incluidas las entidades relacionadas con las empresas
mencionadas específicamente, no pueden beneficiarse de estos tipos y deben
estar sujetos al tipo de derecho aplicable a «todas las demás empresas». 
(848)   Toda solicitud de
aplicación de un tipo de derecho compensatorio individual (por ejemplo, a raíz
de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de
producción o de venta) deberá dirigirse inmediatamente a la Comisión[102] junto con toda la
información pertinente, en particular toda modificación de las actividades de
la empresa relacionadas con la producción o las ventas en el mercado interno y
de exportación, derivada, por ejemplo, del cambio de nombre o del cambio de las
entidades de producción y de venta. En su caso, el presente Reglamento se
modificará en consecuencia para actualizar la lista de empresas que se
benefician de tipos de derecho individuales. 
(849)   A fin de velar por la
oportuna ejecución del derecho compensatorio, el nivel de derecho residual debe
aplicarse no solo a los productores exportadores que no cooperaron, sino
también a los productores que no exportaron a la Unión durante el período de
investigación.
(850)   Las medidas se imponen
para que los productores de la Unión puedan recuperarse del efecto perjudicial
de la subvención. Cualquier desequilibrio inicial entre el posible beneficio
para los productores de la Unión y el coste para otros operadores económicos de
esta podría compensarse con un aumento o el reinicio de la producción en la
Unión. Sin embargo, la hipótesis de un aumento de la producción en la Unión
puede no estar en consonancia con la evolución de un mercado de naturaleza
volátil. El consumo de módulos en la Unión aumentó un 264 % entre 2009 y
2011, para bajar 43 puntos porcentuales en el período de seis meses comprendido
entre 2011 y el período de investigación. La volatilidad es aún más
sorprendente si se observa el período de 2006 a 2011, en el que el consumo de
módulos en la Unión aumentó de menos de 1 GW a casi 20 GW, es decir,
un incremento del 2 000 % aproximadamente en solo cinco años. Se
espera que esta volatilidad continúe y los pronósticos publicados por las
asociaciones empresariales muestran diferencias del 100 % o superiores
entre las diversas hipótesis, incluso para el período a medio plazo que va de
2014 a 2015.
(851)   Por estas razones, se
considera apropiado, en tales circunstancias excepcionales, limitar la duración
de las medidas a un período de solo dos años.
(852)   Este
período debería bastar para que los productores de la Unión aumentaran o
reiniciaran su producción, sin poner en especial peligro la situación de otros
operadores económicos de la Unión. Se considera que el período de dos años será
el más adecuado para determinar si la imposición de las medidas ha tenido el
efecto de aumentar la producción europea y, por ende, de contrarrestar los
efectos negativos sobre otros agentes económicos de la Unión.
(853)   Tras la divulgación final,
un productor de la Unión esgrimió el argumento de que dos años es un plazo
demasiado breve para recuperarse del perjuicio sufrido. Además, se argumentó
que con un período de solo dos años los productores de la Unión no podrían
presentar planes de negocio para el ejercicio en curso y el siguiente. A este
respecto debe señalarse que las medidas durarán hasta diciembre de 2015, tiempo
que debería ser suficiente para que los productores de la Unión presenten sus
planes de negocio hasta 2015.
(854)   Por otro lado, el
productor de la Unión no cuestionó las razones por las que la duración se había
limitado a dos años, en concreto la volatilidad del mercado. Incluso se
congratuló explícitamente de la posibilidad de revisión en caso de que fuera
necesario modificar las medidas por cambios en la situación del mercado. Puesto
que la probabilidad de que en dos años cambien las circunstancias del mercado
es de hecho elevada en este mercado de naturaleza volátil, se considera
apropiado limitar las medidas a dos años desde el principio.
(855)   Tras la divulgación final,
el denunciante argumentó que dos años no bastan para invertir en producción,
haciendo referencia al considerando 852. Sin embargo, dada la gran
capacidad disponible en la industria de la Unión, la producción puede
aumentarse utilizando mejor las capacidades de producción existentes, algo que
sería factible sin inversiones adicionales significativas.
(856)   El denunciante argumentó
además que la imposición de derechos compensatorios definitivos por un período
de dos años es insuficiente para que la industria de la Unión se recupere de
los efectos perjudiciales de las prácticas anteriores de subvención. Sin
embargo, la imposición de derechos compensatorios no debe atender únicamente a
los intereses de la industria de la Unión, sino que ha de equilibrar el
beneficio potencial de los productores de la Unión y el coste para otros
agentes económicos de la Unión. Sobre esta base, se mantiene la decisión de
limitar las medidas a dos años.
(857)   Se informó a todas las
partes interesadas de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base
se pretendía recomendar la imposición de un derecho compensatorio definitivo a
las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de
células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio
cristalino, originarios o procedentes de China («la divulgación final»). Se
concedió a todas las partes un plazo de tiempo para formular observaciones en
relación con la divulgación final.
(858)   Se analizaron y se
tuvieron en cuenta las observaciones orales y escritas pertinentes presentadas
por las partes interesadas. 
7.3.        Registro y retroactividad
(859)   Como se señala en el
considerando 7, el 1 de marzo de 2013, la Comisión adoptó el Reglamento (UE)
nº 182/2013, por el que se someten a registro, a partir del 6 de marzo de
2013, las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y
componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la
República Popular China.
(860)   El registro de las
importaciones a efectos de defensa contra las importaciones objeto de dumping
se dio por concluido a partir del 6 de junio de 2013, mediante el Reglamento
antidumping provisional. En relación con la actual investigación
antisubvenciones y a la vista de las conclusiones precedentes, debe ponerse
también fin al registro de las importaciones a efectos de la investigación
antisubvención de acuerdo con el artículo 24, apartado 5, del Reglamento de
base.
(861)   Por lo que respecta a una
posible aplicación retroactiva de las medidas compensatorias, deben evaluarse
los criterios expuestos en el artículo 16, apartado 4, del Reglamento de base.
De conformidad con dicho artículo, podrá percibirse un derecho compensatorio
definitivo sobre productos que se hayan despachado a libre práctica noventa
días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales,
pero no con anterioridad a la apertura de la investigación. 
(862)   En este caso, no se han
aplicado medidas compensatorias provisionales. Como consecuencia, se decide que
el derecho compensatorio definitivo no se percibirá con carácter retroactivo.
8.           FORMA DE LAS MEDIDAS
(863)   Tras la adopción de las
medidas antidumping provisionales, en la investigación antidumping paralela[103], un grupo de
productores exportadores que cooperaron, incluidas sus empresas vinculadas en
China y en la Unión Europea, junto con la Cámara de Comercio China para la
Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos, propusieron
un compromiso conjunto sobre los precios con arreglo al artículo 8, apartado 1,
del Reglamento antidumping de base[104].
La oferta del compromiso fue apoyada también por las autoridades chinas. La Comisión examinó la oferta de compromiso
y, por medio de la Decisión 2013/423/UE[105]
, la aceptó. 
(864)   A raíz de la Decisión
2013/423/UE, los productores exportadores presentaron, junto con la CCME, una
notificación para modificar su oferta de compromiso inicial. Solicitaron la
revisión del compromiso a fin de tener en cuenta la exclusión de las obleas de
la definición del producto como se describe en los considerandos 46 y 99.
Además, varios exportadores más solicitaron, dentro del plazo fijado en el
artículo 8, apartado 2, del Reglamento antidumping de base, que se les
incluyera en el compromiso.
(865)   El mismo grupo de productores
exportadores, junto con la CCCME, en el plazo especificado en el
artículo 13, apartado 2 del Reglamento de base[106], solicitaron que
la Comisión aceptara los términos de dicho compromiso a fin de eliminar
cualquier efectos perjudicial también de las importaciones subvencionadas.
Mediante la Decisión 2013/XXX/UE, la Comisión aceptó dicha oferta en relación
con los derechos definitivos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
Artículo 1
1.           Por el presente
Reglamento se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las
importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de
células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio
cristalino (células de espesor no superior a 400 micrómetros), actualmente
clasificados en los códigos NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex
8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501
64 00 y ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00
41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49,
8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501
62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40
90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 y 8541 40 90 39) y originarios o
procedentes de la República Popular China, a menos que estén en tránsito a
tenor del artículo V del GATT.
Están excluidos de la definición del producto
afectado los siguientes tipos de productos:
–              
los cargadores solares que consten de menos de
seis células, sean portátiles y que suministren electricidad a aparatos o
cargan baterías,
–              
los productos fotovoltaicos de capa fina,
–              
los productos fotovoltaicos de silicio
cristalino que formen parte integrante de manera permanente de aparatos eléctricos
cuya función no consista en generar electricidad sino que consuman la
electricidad generada por las células fotovoltaicas de silicio cristalino
integradas,
–              
módulos o paneles con una tensión de salida no
superior a 50 V CC y una potencia de salida no superior a 50 W
únicamente para uso directo como cargadores de baterías en sistemas con las
mismas características de tensión y potencia.
2.           El tipo del derecho
compensatorio definitivo aplicable al precio neto franco en frontera de la
Unión, no despachado de aduana, del producto descrito en el apartado 1 y
fabricado por las empresas enumeradas a continuación será el siguiente:
 Empresa || Tipo del derecho || Código TARIC adicional 
 Wuxi Suntech Power Co., Ltd Suntech Power Co., Ltd Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd; Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd || 4,9 % || B796 
 Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd || 6,3 % || B797 
 Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd || 3,5 % || B791 
 JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd   || 5,0 % || B794 
 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd || 11,5 % || B793 
 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd || 11,5 % || B927 
 Delsolar (Wujiang) Co. Ltd || 0 % || B792 
 Renesola Jiangsu Ltd Renesola Zhejiang Ltd || 4,6 % || B921 
 Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD || 6,5 % || B845 
 Empresas enumeradas en el anexo || 6,4 % ||   
 Las demás empresas || 11,5 % || B999[107] 
3.           Salvo disposición en
contrario, se aplicarán las disposiciones vigentes en materia de derechos de
aduana.
Artículo 2
1.           Las importaciones
declaradas para despacho a libre práctica de los productos clasificados
actualmente con los códigos NC ex 8541 40 90 (códigos TARIC 8541 40 90 21, 8541
40 90 29, 8541 40 90 31 y 8541 40 90 39) facturados por empresas cuyos compromisos
haya aceptado la Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión 2013/XXX/UE[108]
quedarán exentas del derecho antisubvención impuesto por el artículo 1 si se
cumplen las condiciones siguientes:
a)       una
empresa incluida en el anexo de la Decisión 2013/XXX/UE
fabricó, expidió y facturó los productos mencionados, directamente o a través
de su empresa vinculada también incluida en el anexo de la Decisión2013/XXX/UE, bien a sus empresas vinculadas en
la Unión que actúan como importadoras y despachan las mercancías a libre
práctica en la Unión, bien al primer cliente independiente que actúa como
importador y despacha las mercancías a libre práctica en la Unión;
b)      dichas
importaciones van acompañadas de una factura de compromiso consistente en una
factura comercial que incluya, como mínimo, los elementos y la declaración que
se establecen en el anexo 2 del presente Reglamento;
c)       dichas
importaciones van acompañadas de un certificado de compromiso para la
exportación conforme al anexo 3 del presente Reglamento; y
d)      las
mercancías declaradas y presentadas a las autoridades aduaneras se corresponden
exactamente con la descripción que figura en la factura de compromiso.
2.           Se originará una deuda
aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre
práctica:
a)       cuando
se establezca, con respecto a las importaciones descritas en el
apartado 1, que no se cumple una o más de las condiciones recogidas en
dicho apartado, o
b)      cuando la
Comisión retire su aceptación del compromiso con arreglo al artículo 13,
apartado 9, del Reglamento (CE) nº 597/2009 por medio de un reglamento o
una decisión que haga referencia a transacciones concretas y declare nulas las
facturas de compromiso correspondientes.
Artículo 3
Las empresas cuyos compromisos sean aceptados por la
Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión 2013/XXX/UE y que estén sujetas a determinadas
condiciones específicas en dicha Decisión, también expedirán una factura por
las transacciones que no estén exentas de los derechos antisubvención. Dicha
factura será una factura comercial que contendrá, como mínimo, los datos
estipulados en el anexo 4 del presente Reglamento.
Artículo 4
Se pone fin al registro de las
importaciones impuesto por el Reglamento (UE) nº 182/2013 de la Comisión,
por el que se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de
silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o
procedentes de la República Popular China.
Artículo 5
El presente Reglamento entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea. Estará en vigor durante un período de dos años.
El
presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
ANEXO 1
 Nombre de la empresa || Código TARIC adicional 
 Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd || B801 
 Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd || B802 
 Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc. Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc. CSI Cells Co. Ltd CSI Solar Power (China) Inc. || B805   
 Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd || B807 
 CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD || B808 
 CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd || B809   
 Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd || B810 
 ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd || B811 
 ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD || B812   
 CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd || B813 
 CSG PVtech Co. Ltd || B814 
 DCWATT POWER Co. Ltd || B815 
 Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd || B816 
 EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD || B817 
 Era Solar Co. Ltd || B818 
 ET Energy Co. Ltd ET Solar Industry Limited || B819   
 GD Solar Co. Ltd || B820 
 Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd || B822 
 Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd || B824 
 Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd || B825 
 Hanwha SolarOne Co. Ltd || B929 
 Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd || B826 
 Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd || B827 
 HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD || B828 
 Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd || B829 
 Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd || B830 
 Jiangsu Green Power PV Co. Ltd || B831 
 Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd || B832 
 Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B833 
 Jiangsu Runda PV Co. Ltd || B834 
 Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd || B835   
 Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd || B836 
 Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B837     
 Jiangsu Sinski PV Co. Ltd || B838 
 Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd || B839 
 Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd || B840 
 Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd || B841 
 Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd || B842     
 Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd || B844 
 Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd || B795 
 Juli New Energy Co. Ltd || B846 
 Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd || B847 
 Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) || B849 
 GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd || B850            
 Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd || B851   
 Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd || B852 
 Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd || B853 
 LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD NICE SUN PV CO. LTD || B854   
 Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd || B857 
 Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd || B858 
 Ningbo Osda Solar Co. Ltd || B859 
 Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd || B860 
 Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd || B861 
 Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd || B862 
 Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd. || B863 
 Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd || B864 
 Perlight Solar Co. Ltd || B865 
 Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd || B866   
 RISEN ENERGY CO. LTD || B868 
 SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD || B869 
 SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD || B870   
 BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd Shanghai BYD Co. Ltd || B871   
 Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd || B872   
 Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd || B873   
 Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD || B875     
 Jiangsu ST-Solar Co. Ltd Shanghai ST-Solar Co. Ltd || B876   
 Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd || B877 
 Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd || B878 
 Leshan Topray Cell Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Shenzhen Topray Solar Co. Ltd || B880     
 Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd Sopray Energy Co. Ltd || B881   
 Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD || B882 
 TDG Holding Co. Ltd || B884 
 Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd || B885   
 Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd || B886 
 Winsun New Energy Co. Ltd || B887 
 Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd || B889 
 Wuxi Saijing Solar Co. Ltd || B890 
 Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd || B892 
 Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd || B893 
 Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Xi’an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd || B896     
 Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd Xi’an LONGi Silicon Materials Corp. || B897   
 Years Solar Co. Ltd || B898 
 Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd || B899   
 Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd || B900 
 Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd || B901 
 Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd || B902 
 Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd || B904 
 Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd || B905 
 Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd || B906     
 Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd || B907 
 Zhejiang Koly Energy Co. Ltd || B908 
 Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd || B909 
 Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd || B910 
 Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd || B911 
 Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd || B912 
 Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd || B913 
 Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd || B914   
 Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd || B916 
 Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd || B917   
 Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD || B918 
 Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd || B919 
 ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD || B920 
 Zhongli Talesun Solar Co. Ltd || B922 
 ZNSHINE PV-TECH CO. LTD || B923 
 Zytech Engineering Technology Co. Ltd || B924 
ANEXO 2
En la factura comercial que acompañe las
ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías objeto del compromiso
constarán los siguientes datos:
1.         El encabezamiento «FACTURA
COMERCIAL QUE ACOMPAÑA A LAS MERCANCÍAS OBJETO DE UN COMPROMISO».
2.         El nombre de la empresa que
expide la factura comercial.
3.         El número de la factura
comercial.
4.         La fecha de expedición de la
factura comercial.
5.         El código TARIC adicional con
arreglo al cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías
correspondientes a la factura. 
6.         La descripción exacta de las
mercancías, en lenguaje comprensible, y:
–              
el número de código del producto (NCP),
–              
las especificaciones técnicas del NCP,
–              
el número de código del producto de la empresa
(CPE),
–              
el código NC,
–              
la cantidad (en unidades expresadas en
vatios).
7.         La descripción de las
condiciones de venta, incluidos:
–              
el precio por unidad (vatios),
–              
las condiciones de pago aplicables,
–              
las condiciones de entrega aplicables,
–              
los descuentos y las reducciones totales.
8.         El nombre de la empresa que
actúa de importador a la cual la empresa expide directamente la factura.
9. El nombre del responsable de la
empresa que ha expedido la factura y la siguiente declaración firmada:
«El abajo firmante certifica que la venta
para la exportación directa a la Unión Europea de las mercancías que figuran en
la presente factura se realiza en el ámbito y de acuerdo con las condiciones
del compromiso ofrecido por [EMPRESA] y que ha sido aceptado por la Comisión
Europea mediante la Decisión 2013/XX/UE.
Declaro que la información que figura en la presente factura es completa y
correcta.»
ANEXO 3
CERTIFICADO DE COMPROMISO PARA LA
EXPORTACIÓN
En el certificado de compromiso para la
exportación, que la CCCME expedirá para cada factura comercial que acompañe las
ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías objeto del
compromiso, constarán los siguientes datos:
1.         El nombre, dirección, número
de fax y teléfono de la Cámara de Comercio China para la Importación y
Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (CCCME).
2.         El nombre de la empresa
mencionada en el anexo de la Decisión 2013/XX/UE
de la Comisión que expide la factura comercial.
3.         El número de la factura
comercial.
4.         La fecha de expedición de la
factura comercial.
5.         El código TARIC adicional con
arreglo al cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías
correspondientes a la factura.
6.         La descripción exacta de las
mercancías, incluidos:
·              
el número de código del producto (NCP),
·              
la especificación técnica de las mercancías y
el número de código del producto de la empresa (CPE) (si procede),
·              
el código NC.
7.         La cantidad exacta en unidades
exportadas expresada en vatios.
8.         El número y la fecha de
expiración del certificado (a los tres meses de la expedición del mismo).
9.         El nombre del responsable de
la CCCME que haya expedido la factura comercial y la siguiente declaración
firmada:            
«El abajo firmante certifica que este certificado se concede para la
exportación directa a la Unión Europea de las mercancías enumeradas en la
factura comercial que acompaña a las ventas sujetas al compromiso y que el
certificado se expide en el ámbito y de acuerdo con las condiciones del
compromiso ofrecido por [empresa] y que ha sido aceptado por la Comisión
Europea mediante la Decisión 2013/XX/UE de
la Comisión. Declara que la información suministrada en este certificado es
correcta y que la cantidad contemplada en el mismo no supera el límite del
compromiso.»
10. La fecha.
11. La firma y el sello de la CCCME.
ANEXO 4
En la factura comercial que acompañe las
ventas de la empresa a la Unión Europea de las mercancías sujetas a derechos
antisubvención constarán los siguientes datos:
1.         El encabezamiento «FACTURA
COMERCIAL QUE ACOMPAÑA A MERCANCÍAS SUJETAS A DERECHOS ANTIDUMPING Y
COMPENSATORIOS».
2.         El nombre de la empresa que
expide la factura comercial.
3.         El número de la factura
comercial.
4.         La fecha de expedición de la
factura comercial.
5.         El código TARIC adicional con
arreglo al cual se despacharán en la frontera de la UE las mercancías
correspondientes a la factura. 
6.         La descripción exacta de las
mercancías, en lenguaje comprensible, y:
–              
el número de código del producto (NCP),
–              
las especificaciones técnicas del NCP,
–              
el número de código del producto de la empresa
(CPE),
–              
el código NC,
–              
la cantidad (en unidades expresadas en
vatios).
7.         La descripción de las
condiciones de venta, incluidos:
–              
el precio por unidad (vatios),
–              
las condiciones de pago aplicables,
–              
las condiciones de entrega aplicables,
–              
los descuentos y las reducciones totales.
8.         El nombre y la firma del
responsable de la empresa que haya expedido la factura comercial.
[1]               DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
[2]               DO C 340 de 8.11.2012, p. 13.
[3]               DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
[4]               DO C 269 de 6.9.2012, p. 5.
[5]               DO L 152 de 5. 6.2013, p. 5.
[6]               Informe del Órgano de Apelación: Comunidades
Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos que
contienen amianto, WT/DS135/AB/R, adoptado el 5 de abril de 2001.
[7]               Asunto T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd y otros
contra Consejo; asunto T-314/06 Whirlpool Europe contra Consejo.
[8]               Calzado con la parte superior de cuero procedentes de
la República Popular China y de Vietnam, Reglamento (CE) nº 553/2006
de la Comisión, de 23 de marzo de 2006 (provisional) y
                Reglamento (CE)
nº 1472/2006 del Consejo, de 5 de octubre de 2006 (definitivo).
[9]               Asunto T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd. contra
Consejo de la Unión Europea, punto 133.
[10]             Asunto T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd. contra
Consejo de la Unión Europea, punto 135.
[11]             Capítulo 10, sección 1, del duodécimo plan quinquenal: «En
el nuevo sector energético, el acento está en el desarrollo de [....] uso de la
energía solar, la producción de electricidad fotovoltaica y fototérmica».
[12]             Sección III.ii.1 del duodécimo plan quinquenal para la
industria fotovoltaica.
[13]             Sección III.iii.1 del duodécimo plan quinquenal para la
industria fotovoltaica.
[14]             Sección III.ii.3 del duodécimo plan quinquenal para la
industria fotovoltaica.
[15]             Sección VI.i del duodécimo plan quinquenal para la
industria fotovoltaica.
[16]             Capítulo sobre Orientación y Prioridades de la
Restructuración Industrial, artículo 5, de la Decisión nº 40 del Consejo
de Estado, relativa a la promulgación y ejecución de las disposiciones
temporales para la promoción del ajuste estructural industrial.
[17]             Capítulo III, artículo 17, de la Decisión nº 40 del
Consejo de Estado sobre la promulgación y ejecución de las disposiciones
temporales para la promoción del ajuste estructural industrial.
[18]             Artículos 7.1 y 7.3 de la Decisión del Consejo
de Estado, de 10 de octubre de 2010, relativa al fomento del desarrollo de siete
nuevos sectores industriales estratégicos.
[19]             Sección VII, capítulos 1 y 5, del Esquema
nacional para el desarrollo científico y tecnológico a medio y largo plazo
(2006–2020).
[20]             Artículo 18 de la Ley china en materia de progreso
científico y tecnológico.
[21]             Ibídem.
[22]             Artículo 34 de la Ley china relativa al progreso
científico y tecnológico.
[23]             Excepto por lo que se refiere a determinadas instituciones
financieras estatales.
[24]             Esquema nacional para el desarrollo científico y
tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020); Repertorio de productos de alta
tecnología de China para exportación; Directorio de productos chinos de alta
tecnología  y de tecnología innovadora; Ley china relativa al progreso
científico y tecnológico (Orden nº 82 del Presidente de China); Normativa
provisional sobre el plan de gestión de la ciencia y la tecnología nacionales y
Medida provisional sobre el proyecto para un plan de gestión de la ciencia y la
tecnología nacionales.
[25]             Por ejemplo, el Esquema nacional para el desarrollo científico
y tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020) identifica la industria solar
como un ámbito clave y prevé concederle prioridad absoluta en lo que
respecta a la financiación pública, o animar a las instituciones
financieras a que concedan un apoyo crediticio preferencial a los grandes
proyectos nacionales científicos y tecnológicos de industrialización, –o
sugiere algunas políticas fiscales preferenciales a las que, efectivamente, se
acogieron los productores exportadores que participaron en la muestra. El
repertorio de productos de alta tecnología de China para exportación y el
directorio de productos chinos de alta tecnología  y de tecnología innovadora
tienen también una gran relevancia para la industria fotovoltaica, ya que la
mayor parte de los productores exportadores incluidos en la muestra son
titulares del certificado de empresa de alta tecnología y de tecnologías
innovadoras. En cuanto a la legislación china sobre los avances científicos y
tecnológicos, –entre otras cosas obliga a las instituciones financieras de
crédito oficial a dar prioridad a las industrias de alta y nueva tecnología,
entre las que se encuentra la industria fotovoltaica. La normativa provisional
sobre el plan de gestión de la ciencia y la tecnología nacionales y la medida provisional
sobre el proyecto para un plan de gestión de la ciencia y la tecnología
nacionales también están, en ambos casos, directamente relacionados con la
organización y el funcionamiento de algunos proyectos fotovoltaicos.
[26]             Por ejemplo, China Bohai Bank, Guangdong Development
Bank, Huishang Bank, Bank of Shanghai, y Shenzhen Development Bank.
[27]             Carta previa a la
inspección, de 25 de marzo de 2013, página 7. «La Comisión recabará
explicaciones en relación con la información solicitada en el apéndice A del
cuestionario. Durante la inspección se plantearán cuestiones relacionadas con
las letras a) a r) del Apéndice A». Letra g) del Apéndice A: Enumerar a todos y
cada uno de los accionistas del banco o la institución financiera que posea,
como mínimo, un 1 % de las acciones o del valor de la empresa y enumerar
las actividades de estos accionistas en el cuadro Excel del Apéndice A–1.
[28]             Artículo 33de la Ley
de la República Popular China sobre la Regulación y Supervisión de la Banca: la autoridad de regulación bancaria, en caso de que deba ejercer sus
funciones, tendrá la facultad de exigir a las instituciones financieras del
sector bancario que, de conformidad con los reglamentos pertinentes, presenten
sus balances, sus beneficios u otros estados financieros; informes estadísticos
e información sobre las operaciones empresariales y de gestión; y los informes
de auditoría elaborados por censores de cuentas reconocidos.
[29]             Carta previa a la inspección, de 30 de enero de 2013;
pregunta C-III-A-A.
[30]             No lo rellenó el Banco de China, sino las autoridades
chinas en su nombre.
[31]             Inicialmente, la visita de inspección estaba prevista
entre el 15 y el 19 de abril de 2013.
[32]             Preámbulo del Acta constitutiva del Partido Comunista
de China.
[33]             Documento WT/DS379/AB/R, 11 de marzo de 2011.
[34]             Apartado 317 del informe OA.
[35]             Apartado 290 del informe OA.
[36]             Apartado 297 del informe OA.
[37]             http://www.dbresearch.com/prod/dbr_internet_en-prod/prod0000000000204417.pdf.
[38]             Documento WT/TPR/S/230 p. 79,
abril de 2010.
[39]             Documento WT/TPR/S/264 p. 122, julio de 2012.
[40]             Ibídem.
[41]             El artículo 15 de los estatutos del Banco de
Desarrollo de China dispone que la finalidad del CDB es, entre otras cosas,
«contribuir a la estrategia de desarrollo a medio y largo plazo de la economía
nacional». Otros estados financieros del CDB relativos al ejercicio 2011
establecen que «el Banco y sus filiales (en conjunto, «el Grupo») tienen como
objetivo reforzar la competitividad de China y mejorar el nivel de vida de sus
ciudadanos en apoyo de las estrategias y las políticas estatales clave a medio
y largo plazo, a través de sus préstamos, inversiones, valores y actividades de
arrendamiento financiero a medio y largo plazo» y « en respuesta a la petición
del Estado de fomentar la "globalización" de las empresas nacionales»;
también establecen que« En respuesta a la petición del Estado de fomentar la
«globalización» de las empresas nacionales, el Grupo también se dedica a una
amplia gama de actividades centradas en la cooperación internacional».
[42]             Deutsche Bank Research, El sector bancario chino: a
punto para la próxima fase, 7 de diciembre de 2006.
[43]             China Trade Policy Review WT/TPR/S/264,
p. 122, considerando 98.
[44]             China 2030, Construcción de una sociedad moderna,
armoniosa y creativa, Banco Mundial y Centro de desarrollo de la
Investigación del Consejo de Estado, China, pp. 28-29 y 125. 
[45]             Análisis económico de la
OCDE: China 2010, p. 55: «el principal objetivo de los tipos de
interés mínimos en los préstamos y los topes sobre los tipos de interés en
depósitos del Banco de la República Popular China es salvaguardar la
rentabilidad del sector bancario, predominantemente de propiedad estatal. En la
práctica, con la progresiva ampliación del margen entre los préstamos de
referencia y los tipos de depósito, el Banco de la República Popular China, ha
transmitido parte de los costes de la reestructuración bancaria a prestatarios
y ahorradores chinos, aunque esta laguna decreció en el período 2008-2009. Sin
embargo, los tipos de referencia debilitan los incentivos para que los bancos
comerciales cobren el riesgo adecuadamente y dificultan la competencia en el
sector bancario».
[46]             Información obtenida del informe de 2006 del Deutsche Bank
sobre el sector bancario chino, pp. 3-4. 
[47]             Información procedente del China Monetary Report, segundo
trimestre de 2010, del Grupo de Análisis de la Política Monetaria del Banco
Popular de China, de 5 de agosto de 2010, p. 10. 
[48]             Información facilitada por las autoridades chinas,
información extraída de los estatutos de Asociación y los informes anuales de
determinados bancos e información recopilada en internet (por ejemplo, http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42380.pdf).
[49]             Considerando 169 del Reglamento de Ejecución (UE) n
° 215/2013 del Consejo, de 11 de marzo de 2013.
[50]             Ley de la República Popular China sobre bancos comerciales
(artículo 34).
[51]             Decisión nº 40 del Consejo de Estado sobre la
promulgación y ejecución de las «Disposiciones temporales para la promoción del
ajuste estructural industrial».
[52]             Ley de la República Popular China relativa al progreso
científico y tecnológico. (Orden nº 82).
[53]             Documento de trabajo del FMI «Progress in China's Banking
Sector Reform: Has Bank Behaviour Changed?», WP/06/71, marzo de 2006, (véanse
pp. 3 a 4, 13 y 18 a 20). 
[54]             Documento de trabajo del FMI «Interest Rate Liberalization
in China», WP/09/171, agosto de 2009 (véanse pp. 3 a 4 y 21 a 23).
[55]             Informe del FMI por país, República Popular China, 2010,
consulta artículo IV, nº 10/238, julio de 2010, (véanse pp. 22, 24, 28 y
29).
[56]             Análisis económico de China en 2010, OCDE, febrero de 2010
(véase el capítulo 3, pp. 71, 73 a 81 y 97). 
[57]             «Reformas del sector financiero chino», Documento de
trabajo del departamento de economía de la OCDE, nº 747, ECO/WKP (2010) 3,
1 de febrero de 2010 (véanse pp. 2, 8 a 15 y 36). 
[58]             Véase la conclusión sobre los organismos públicos en el
considerando 53.
[59]             Artículo VII de la Decisión del Consejo de Estado,
de 10 de octubre de 2010, relativa al fomento del desarrollo de siete nuevos
sectores industriales estratégicos.
[60]             Esquema nacional para el desarrollo científico y
tecnológico a medio y largo plazo (2006-2020) (National Outline for Medium
and Long-term Science and Technology Development , 2006-2020), sección III,
capítulo 1.
[61]             Ley china relativa al progreso científico y tecnológico
(Orden nº 82 del Presidente de la República Popular China) (Law of the
PRC on Scientific and Technological Progress, Order N.82 of the President of
the PRC), artículo 18.
[62]             Ley china relativa al progreso científico y tecnológico
(Orden nº 82 del Presidente de la República Popular China) (Law of the
PRC on Scientific and Technological Progress, Order N.82 of the President of
the PRC), artículo 34.
[63]             Artículo 34 de la Ley de bancos comerciales.
[64]             Documento WT/TPR/S/264 p. 122, julio de 2012.
[65]             Ley de la República Popular China sobre bancos comerciales
(artículo 34).
[66]             Decisión nº 40 del Consejo de Estado sobre la
promulgación y ejecución de las disposiciones temporales para la promoción del
ajuste estructural industrial.
[67]             Ley de la República Popular China relativa al progreso
científico y tecnológico (Orden nº 82).
[68]             http://english.caixin.com/2012-04-19/100381773.html.
[69]             El regulador bancario chino (la CRBC) decidió que los
bancos comerciales de China pueden comprar bonos del CDB (solo es aplicable a
los bonos del CDB) y asignar una ponderación nula a dichos activos. Esto
implica que, en realidad, si son titulares de estos bonos, los bancos no están
obligados a depositar ningún capital frente a estos activos en concepto de
prevención; este hecho incide sobre el acceso del banco al capital y permite
acceder al dinero barato. El rendimiento de los bonos CDB suele ser superior a
los tipos de depósito de referencia e inferior al tipo de los préstamos; como resultado,
los bancos comerciales chinos pueden ganar dinero con la compra de bonos CDB
sin riesgo. Dado que esta es una fuente de ingresos constante, los bancos
pueden prestar a determinadas industrias con tipos preferenciales porque
compensarán la pérdida de beneficios a través del mecanismo descrito.
[70]             Informe del grupo especial «Comunidades Europeas y
determinados Estados miembros — Medidas que afectan al comercio de grandes
aeronaves civiles», WT/dS316/R (30.6.2010), apartados  7.735 – 7.738.
[71]             http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm

[72]             Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos de
América — Derechos antidumping y compensatorios (China), apartado 317.
[73]             Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos de
América — Derechos antidumping y compensatorios (China), apartado 318.
[74]             Fuentes:
http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation y http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526.
[75]             http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm
[76]             http://www.stewartlaw.com/Article/ViewArticle/608
Según el artículo Stewart and Stewart: How trade rules can help level the
export financing playing field: New developments and a path forward for 2013:
Sinosure, que es la agencia oficial china de seguro de crédito a la
exportación, funciona con una pérdida acumulativa significativa para los
poderes públicos, lo que indica que su apoyo está igualmente muy subvencionado,
y si se examinan sus informes anuales de 2002 a 2011, se observa una pérdida de
explotación acumulativa de 3 300 000 000 RMB.
[77]             Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/US-Exim_Bank
[78]             Considerando 116 del Reglamento de Ejecución (UE)
n° 452/2011 del Consejo, de 6 de mayo de 2011, por el que se
establece un derecho antisubvención definitivo sobre las importaciones de papel
fino estucado originario de la República Popular China, DO L 128 de
14.5.2011.
[79]             Considerando 226 del Reglamento de Ejecución (UE)
n° 215/2013 del Consejo, de 11 de marzo de 2013, por el que se establece
un derecho compensatorio sobre las importaciones de determinados productos
siderúrgicos revestidos de materia orgánica originarios de la República Popular
China, DO L 73 de 15.3.2013.
[80]             Anuncio de convocatoria de ofertas para la asignación de
derechos de uso industrial de suelo urbanizable de propiedad estatal en
Yangzhou (fincas nos 2008G017, 2008G018 y 2008G019), Oficina
Municipal de Recursos del Suelo de Yangzhou, 30 de enero de 2008.
[81]             Artículo 7 de la «Comunicación sobre la transferencia de
derechos de uso de suelo de propiedad estatal  (2009-02) en Tianwei» (Notice
on transferring of state-owned Land Use Right (2009-02) in Tianwei),
emitida por la Oficina de Gestión del Suelo de la Ciudad de Baoding.
[82]             Considerando 116 del Reglamento de Ejecución (UE)
nº 215/2013 del Consejo, de 11 de marzo de 2013.
[83]             George E. Peterson: «Land leasing and land sale as an
infrastructure-financing option» (El arrendamiento financiero y la venta de
terrenos como opción para la financiación de infraestructuras), Banco Mundial,
Policy Research Working Paper 4043 de 7 de noviembre de 2006; An End to
China’s Imbalances (El fin de los desequilibrios de China), documento de
trabajo del Fondo Monetario Internacional (WP/12/100), abril de 2012, p. 12.
[84]             An End to China’s Imbalances (El fin de los
desequilibrios de China), documento de trabajo del Fondo Monetario
Internacional (WP/12/100), abril de 2012, p. 12.
[85]             Informe OA México-Arroz, apartados 289 y 293.
Informe de grupo especial China-Acero magnético de grano orientado,
apartados 7.296 y 7.302.
[86]             
[87]             Las estadísticas de los bancos se solicitaban en la
sección III.A.A del cuestionario inicial, en la página 4 del anexo 1 de la
carta de deficiencias y en la página 7 de la carta previa a la inspección.
[88]             Véase la nota a pie de página 28.
[89]             Please kindly provide the information as already
requested in the questionnaire, in any event at least those where the GOC
has direct or indirect shareholdership (Preséntese la
información ya solicitada en el cuestionario y, como mínimo, la relativa a
los bancos en los que las autoridades chinas son partícipes directas o
indirectas).
[90]             Prefacio del duodécimo plan quinquenal para la industria
fotovoltaica.
[91]             Duodécimo plan quinquenal para el desarrollo económico y
social de la República Popular China, parte XVI y capítulo 61.
[92]             Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos —
Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos
procedentes de China.
[93]             Informe del Órgano de Apelación Estados Unidos — Acero
laminado en caliente, apartado 99.
[94]             Informe del grupo especial Estados Unidos — Derechos
antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos
procedentes de China, apartado 16.9. 
[95]             Informe de grupo especial CE-Salmón, apartado
7.358.
[96]             Artículo 29 del Reglamento (CE) n° 597/2009 del
Consejo, de 11 de junio de 2009, DO L 188 de 18.7.2009. 
[97]             Artículo 32 del acta de constitución del partido comunista
chino.
[98]             Artículo 19 de la Ley de empresas de la República Popular
China, http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/11/content_21898292.htm
[99]             Grupo especial CE-Aeronaves, apartado 7.743.
[100]            Según http://www.chinaafricarealstory.com/2011/08/china-development-banks-3-billion-line.html,
los
términos de la línea de crédito del CDB difieren en sus dos plazos. El
primer tramo de 1 500 000 000 USD tendrá una madurez de veinte
años, con un período de gracia de cinco años. El tipo de interés será a seis
meses LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate) más un margen del
2,95 %, con una comisión de compromiso del 1 % y una comisión por
adelantado del 0,25 %. Los términos del segundo tramo de
1 500 000 000 USD son quince años de madurez, con un período de
gracia de cinco años, un tipo de interés a seis meses LIBOR y un margen del
2,28 %, y probablemente con las mismas comisiones.
[101]            Informe del grupo especial Estados Unidos — Derechos
antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos
procedentes de China, apartado 10.187.
[102]            Comisión Europea, Dirección General de Comercio, Dirección
H, B-1049 Bruselas.
[103]            Reglamento (UE) nº 513/2013, DO L 152 de 5.6.2013, p.
5.
[104]            DO L 343 de 22.12.2009, p. 2.
[105]            DO L 209 de 3.8.2013, p. 26.
[106]            Reglamento (CE) nº 597/2009 del Consejo, de 11 de
junio de 2009, DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.
[107]            Las empresas enumeradas en el anexo II del Reglamento de
Ejecución (UE) nº XXX/2013 antidumping paralelo tendrán el código TARIC
adicional mencionado en dicho anexo II.
[108]            Véase la página XX del
presente Diario Oficial.