CELEX: C2005/106/01
Language: es
Date: 2005-04-30 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 10 de marzo de 2005, en el asunto C-196/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contra Organismos Tilepikoinonion Elloados AE («Política social — Trabajadores y trabajadoras — Artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) — Directiva 75/117/CEE — Igualdad de retribución — Directiva 76/207/CEE — Igualdad de trato — Puestos de trabajo en régimen laboral a tiempo parcial — Exclusión de la integración en el personal estatutario — Cálculo de la antigüedad — Carga de la prueba»)

30.4.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 106/1
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Primera)
   de 10 de marzo de 2005
   en el asunto C-196/02 (petición de decisión prejudicial planteada por el Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi contra Organismos Tilepikoinonion Elloados AE (1)
   
   («Política social - Trabajadores y trabajadoras - Artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) - Directiva 75/117/CEE - Igualdad de retribución - Directiva 76/207/CEE - Igualdad de trato - Puestos de trabajo en régimen laboral a tiempo parcial - Exclusión de la integración en el personal estatutario - Cálculo de la antigüedad - Carga de la prueba»)
   (2005/C 106/01)
   Lengua de procedimiento: griego
   En el asunto C-196/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Eirinodikeio Athinon (Grecia), mediante resolución de 13 de mayo de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de mayo de 2002, en el procedimiento entre Vasiliki Nikoloudi y Organismos Tilepikoinonion Elloados AE, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas (Ponente), A. La Pérgola, S. von Bahr y K. Schiemann, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 10 de marzo de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               El Derecho comunitario, en particular el artículo 119 del Tratado CE (los artículos 117 a 120 del Tratado CE han sido sustituidos por los artículos 136 CE a 143 CE) y la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que no constituye una discriminación directa por razón de sexo que perjudique a las mujeres la existencia y aplicación, en sí mismas, de una disposición como el artículo 24a, apartado 2, letra a), del Estatuto General del Organismos Tilepikoinonion Ellados, que reserva sólo a las trabajadoras del servicio de limpieza y, por tanto, únicamente a las mujeres, la contratación por tiempo indefinido para trabajar a tiempo parcial. No obstante, excluir, a continuación, la posibilidad de formar parte del personal estatutario haciendo referencia, de modo aparentemente neutro en cuanto al sexo del trabajador, a una categoría de trabajadores que, en virtud de una normativa nacional con fuerza de ley, esté integrada exclusivamente por mujeres, constituye una discriminación directa por razón de sexo en el sentido de la Directiva 76/207. Para que no exista discriminación directa por razón de sexo, el elemento característico de la categoría a la que pertenece el trabajador excluido debe poder situar a este trabajador en una situación objetivamente diferente, respecto a su integración en el personal estatutario, de la de quienes estén incluidos.
            
         
               2)
            
            
               En el supuesto de que resulte errónea la premisa según la cual sólo las trabajadoras a tiempo parcial del servicio de limpieza están excluidas de la posibilidad de formar parte del personal estatutario, y siempre que las disposiciones de los convenios colectivos de empresa de 27 de noviembre de 1987 y de 10 de mayo de 1991 afecten a un número muy superior de mujeres que de hombres, la exclusión que establecen respecto a la integración en el personal estatutario del personal laboral que trabaje a tiempo parcial constituye una discriminación indirecta. Semejante situación es contraria al artículo 3 de la Directiva 76/207, a menos que la diferencia de trato entre esos trabajadores y quienes trabajan a jornada completa se justifique por factores ajenos a toda discriminación por razón de sexo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si es así en el caso del que conoce.
            
         
               3)
            
            
               Cuando afecte a un número muy superior de trabajadoras que de trabajadores, la exclusión total del empleo a tiempo parcial en relación con el cálculo de la antigüedad constituye una discriminación indirecta por razón de sexo contraria a la Directiva 76/207, a menos que esta exclusión se explique por factores objetivamente justificados y ajenos a toda discriminación por razón de sexo. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si ése es el caso. Un cómputo proporcional del empleo a tiempo parcial, al realizar dicho cálculo, también es contrario a esta Directiva, a menos que el empresario pruebe que está justificado por factores cuya objetividad dependa, en particular, de la finalidad perseguida por la consideración de la antigüedad y, si se tratase de un reconocimiento de la experiencia adquirida, de la relación entre la naturaleza de la función desempeñada y la experiencia que el ejercicio de esta función proporciona después de un determinado número de horas de trabajo efectuadas.
            
         
               4)
            
            
               Cuando un empleado alega que se ha vulnerado el principio de igualdad de trato en su perjuicio y presenta hechos que permiten presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, el Derecho comunitario, en particular la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, debe interpretarse en el sentido de que corresponde a la parte demandada probar que no se ha vulnerado dicho principio.
            
         
      (1)  DO C 169, de 13.7.2002.