CELEX: C2003/031/07
Language: es
Date: 2003-02-08 00:00:00
Title: Asunto C-392/02: Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 2002 contra el Reino de Dinamarca por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 31/4                  ES                            Diario Oficial de la Unión Europea                                            8.2.2003
obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional                 relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades
entre The Queen y Secretary of State for Health, ex parte: British                Europeas, al no transferir las autoridades danesas el
American Tobacco (Investments) Ltd e Imperial Tobacco Ltd,                        importe de DKK 140 409,60 , en concepto de recursos
con intervención de: Japan Tobacco Inc. y JT International SA,                    propios y de intereses de demora a partir del 20 de
una decisión prejudicial sobre la validez e interpretación de la                  diciembre de 1999.
Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los              —     Condene en costas al Reino de Dinamarca.
Estados miembros en materia de fabricación, presentación y
venta de los productos del tabaco (DO L 194, p. 26), el
Tribunal de Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodríguez
Iglesias, Presidente, los Sres. J.-P. Puissochet, M. Wathelet,
R. Schintgen y C.W.A. Timmermans, Presidentes de Sala, y los
Sres. D.A.O. Edward, A. La Pergola (Ponente), P. Jann y
V. Skouris, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von
Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sr.                   Motivos y principales alegaciones
L.A. Geelhoed; Secretarias: Sras. L. Hewlett, administradora
principal, y M.-F. Contet, administradora, ha dictado el
10 de diciembre de 2002 una sentencia cuyo fallo es el
siguiente:
                                                                            El Código Aduanero regula la relación entre las empresas y las
                                                                            autoridades nacionales que se ocupan de la recaudación de los
1)    El examen de la primera cuestión no ha revelado ningún                recursos propios en nombre de la Comunidad. Por el contrario,
      elemento que pueda afectar a la validez de la Directiva 2001/         la relación entre la Comunidad y los Estados miembros
      37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio             está regulada por las disposiciones relativas al sistema de
      de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales,     financiación comunitaria y, en concreto, por el Reglamento
      reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en           no 1552/89 ( 2) que contiene disposiciones de aplicación de la
      materia de fabricación, presentación y venta de los productos         Decisión del Consejo 94/728/CE, Euratom, así como por las
      del tabaco.                                                           obligaciones de carácter general que derivan del artículo 10
                                                                            CE. El hecho de que se haya constituido un vínculo puramente
2)    El artículo 7 de la Directiva 2001/37 debe interpretarse en el        técnico entre las dos normativas de que se trata, puesto que el
      sentido de que se aplica únicamente a los productos del tabaco        Reglamento no 1552/89, en determinada medida, se remite a
      comercializados en la Comunidad Europea.                              las diversas fases que se siguen, con arreglo al Código
                                                                            Aduanero, para la determinación de una obligación aduanera
( 1) DO C 56 de 02.03.2002.                                                 y las normas para su recaudación, carece de importancia en
                                                                            relación con la cuestión de si la responsabilidad financiera de
                                                                            las autoridades nacionales recae en la Comunidad, cuando se
                                                                            trata de errores por ellas cometidos para la recaudación de los
                                                                            recursos propios. La protección que el Código Aduanero y, en
                                                                            particular, su artículo 220, apartado 2, letra b), atribuye al
                                                                            deudor no puede ser invocada por los Estados miembros
Recurso interpuesto el 8 de noviembre de 2002 contra el                     ante la Comisión, cuando ésta no recauda los importes
Reino de Dinamarca por la Comisión de las Comunidades                       controvertidos. Si un Estado miembro no recauda los recursos
                              Europeas                                      propios, sólo en virtud del artículo 17 del Reglamento no 1552/
                                                                            89 puede quedar dispensado, en determinadas condiciones, de
                                                                            transferir dichos importes a la Comisión.
                        (Asunto C-392/02)
                          (2003/C 31/07)
                                                                            En el período transcurrido entre los años 1996 y 1997, en
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                más de una ocasión, las autoridades danesas admitieron la
presentado el 8 de noviembre de 2002 un recurso contra el                   importación de guisantes mollar congelados de la República
Reino de Dinamarca formulado por la Comisión de las                         Popular de China, sin que se pagaran derechos de aduana, pese
Comunidades Europeas, representada por los Sres. H.P. Hartbig               a que a la empresa de que se trata no se le había concedido la
y G. Wilms, en calidad de agentes, que designa domicilio en                 autorización de importar mercancías con tal exención por
Luxemburgo.                                                                 razón de su destino específico. Además, las autoridades danesas
                                                                            adoptaron posiciones contradictorias, lo que condujo a que la
                                                                            Comisión, a solicitud de las autoridades danesas y de conformi-
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:                           dad con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento
                                                                            (CEE) no 2913/92 ( 3) por el que se aprueba el Código aduanero
—     Declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las                   comunitario, tuviera que comprobar que, a causa del error en
      obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10                que habían incurrido las autoridades danesas, no se podía
      CE y de los artículos 2 y 8 de la Decisión 94/728/CE,                 pretender que el importador pagase el derecho de aduana
      Euratom, del Consejo, de 31 de octubre de 1994 (1)                    correspondiente a algunas de dichas importaciones.
 ---pagebreak--- 8.2.2003              ES                           Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 31/5
La fijación del momento en que la determinación (comproba-               La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
ción) debería haber hecho posible que, con arreglo al artí-
culo 10 del Reglamento no 1552/89, se estableciera el plazo
dentro del cual los recursos propios de que se trata debían ser          —    declare que:
acreditados en la cuenta de la Comisión. El incumplimiento de
dicho plazo genera la obligación de pagar intereses de demora                 a)    al no haber adoptado las medidas necesarias para
con arreglo al artículo 11 del Reglamento no 1552/89,                               asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le
obligación que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia                    incumben en virtud de los artículos 4, 9 y 13 de la
subsiste sin que sea necesario verificar por qué razón dicho                        Directiva 75/442/CEE (1), modificada por la Direc-
plazo no ha sido respetado.                                                         tiva 91/156/CEE (2), al no haber tomado las medidas
                                                                                    necesarias para garantizar que los residuos proce-
( 1) DO L 293 de 12.11.1994, p. 9.,                                                 dentes de la instalación porcina ubicada en el lugar
( 2) De 29.5.1989, DO L 155 de 7.6.1989, p. 1.,                                     denominado «El Pago de la Media Legua» sean
( 3) De 12.10.1992, DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.                                   eliminados o valorizados sin poner en peligro la
                                                                                    salud humana ni perjudicar al medio ambiente y por
                                                                                    no contar dicha instalación con la autorización
                                                                                    exigida por la Directiva, ni efectuar los controles
                                                                                    periódicos necesarios a dichas instalaciones;
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Bundesarbeitsgericht, de fecha 27 de junio                         b)    al no haber realizado una evaluación de impacto
de 2002, en el asunto entre Gerard Merida y República                               previa a la construcción o modificación de este
                     Federal de Alemania                                            proyecto, contrariamente a lo exigido por los artí-
                                                                                    culos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/
                      (Asunto C-400/02)                                             CEE ( 3), en su versión original o modificada por la
                                                                                    Directiva 97/11 (4);
                        (2003/C 31/08)
                                                                              c)    al no haber realizado los estudios hidrológicos
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                           necesarios en la zona afectada por la contaminación,
sido sometida una petición e decisión prejudicial mediante                          conforme exigen los artículos 3, letra b); 5, apar-
resolución del Bundesarbeitsgericht, dictada el 27 de junio                         tado 1; y 7 de la Directiva 80/68/CEE (5);
de 2002, en el asunto entre Gerard Merida y República Federal
de Alemania, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
el 12 de noviembre de 2002. El Bundesarbeitsgericht solicita                  d)    al no someter las aguas residuales urbanas de la
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes                       aglomeración de Vera a un tratamiento más riguroso
cuestiones:                                                                         que el descrito en el artículo 4, conforme lo exige el
                                                                                    artículo 5, apartado 2, de la Directiva 91/271/
                                                                                    CEE ( 6);
«¿Constituye una vulneración del artículo 39 CE el hecho de
que para la determinación de la base de cálculo de la ayuda
económica transitoria, en el caso del artículo 4, apartado 1,                 e)    al no declarar la Rambla de Mojácar como zona
letra b), del TV SozSich, deba tomarse como referencia el                           vulnerable, en contra de lo dispuesto por el artí-
impuesto ficticio sobre los rendimientos del trabajo personal                       culo 3, apartados 1, 2 y 4, de la Directiva 91/676/
previsto en el Derecho alemán [artículo 4, apartado 3, letra b),                    CEE ( 7);
párrafo segundo, del TV SozSich], si el antiguo trabajador
reside en otro país y está sujeto a tributación en el mismo?»
                                                                              el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
                                                                              incumben en virtud de las mencionadas Directivas;
                                                                         —    que condene en costas al Reino de España.
Recurso interpuesto el 19 de noviembre de 2002 contra
el Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas
                      (Asunto C-416/02)                                  Motivos y principales alegaciones
                        (2003/C 31/09)
                                                                         —    Los incumplimientos a)-c) están vinculados con la
                                                                              construcción y funcionamiento de una explotación por-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  cina intensiva, situada en un lugar denominado «El pago
presentado el 19 de noviembre de 2002 un recurso contra el                    de la Media Legua», en el término municipal de Vera,
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-                    provincia de Almeria. Las autoridades españolas recono-
des Europeas, representada por el Sr. Gregorio Valero Jordana,                cen que dicha instalación porcina es ilegal y carece de
miembro de su servicio jurídico, que designa domicilio en                     licencia municipal, por lo que ha de considerarse que no
Luxemburgo.                                                                   cuenta con la autorización exigida en virtud del artículo 9