CELEX: 62017CC0584
Language: es
Date: 2019-11-07 00:00:00
Title: Conclusiones de la Abogada General Sra. J. Kokott, presentadas el 7 de noviembre de 2019.#ADR Center SpA contra Comisión Europea.#Recurso de casación — Cláusula compromisoria — Acuerdos de subvención celebrados en el marco del programa específico “Justicia Civil” para el período 2007‑2013 — Informes de auditoría que cuestionan la subvencionabilidad de ciertos gastos — Decisión de la Comisión Europea de proceder a la recuperación de los importes pagados indebidamente — Artículo 299 TFUE — Facultad de la Comisión de adoptar una decisión que constituye título ejecutivo en el marco de una relación contractual — Competencia del juez de la Unión — Tutela judicial efectiva.#Asunto C-584/17 P.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
   SRA. JULIANE KOKOTT
   presentadas el 7 de noviembre de 2019 (
         1
      )
   Asunto C‑584/17 P
   ADR Center SpA
   contra
   Comisión Europea
   «Recurso de casación — Acuerdos de subvención entre la Comisión y los beneficiarios de las subvenciones — Adopción de una decisión que constituye un título ejecutivo (decisión ejecutiva) conforme al artículo 299 TFUE a efectos de la recuperación de subvenciones concedidas por vía contractual — Facultad de la Comisión para adoptar decisiones unilaterales de recuperación con objeto de cobrar un crédito contractual — Control jurisdiccional — Competencia y facultad de control del juez de la Unión»
   Índice
    
            
               I. Introducción
            
          
            
               II. Marco jurídico
            
          
            
               A. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
            
          
            
               B. Reglamento Financiero de la Unión Europea
            
          
            
               III. Antecedentes del procedimiento de casación
            
          
            
               A. Acuerdos de subvención celebrados
            
          
            
               B. Decisión de recuperación de la Comisión
            
          
            
               C. Procedimiento ante el Tribunal General
            
          
            
               IV. Procedimiento de casación y alegaciones de las partes
            
          
            
               V. Apreciación
            
          
            
               A. Sobre el segundo motivo de casación
            
          
            
               1. Sobre la facultad de la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales
            
          
            
               a) Sobre el artículo 299 TFUE
            
          
            
               b) Sobre el artículo 299 TFUE en relación con los artículos 263 TFUE, 272 TFUE y 274 TFUE
            
          
            
               c) Sobre el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012
            
          
            
               d) Conclusión parcial
            
          
            
               2. Sobre la compatibilidad de la adopción de decisiones que constituyen títulos ejecutivos para cobrar créditos contractuales con los derechos fundamentales de la Unión
            
          
            
               a) Sobre la protección de la confianza legítima
            
          
            
               b) Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva
            
          
            
               1) Sobre la calificación de las decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales como actos susceptibles de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE
            
          
            
               2) Sobre la falta de efecto suspensivo de los recursos de anulación contra decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales
            
          
            
               3) Sobre el modo en que la jurisprudencia del Tribunal General entiende la distinción entre el recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE y los recursos en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE
            
          
            
               i) Sobre los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE contra las decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales
            
          
            
               – Sobre la relevancia del contrato y del Derecho nacional en el marco de un recurso de anulación contra una decisión que constituye un título ejecutivo
            
          
            
               – Sobre el Derecho de la Unión aplicable a los contratos celebrados por la Unión
            
          
            
               – Conclusión
            
          
            
               ii) Sobre la necesidad de examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes en los recursos en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE
            
          
            
               c) Conclusión parcial
            
          
            
               3. Conclusión sobre el segundo motivo
            
          
            
               B. Sobre el primer motivo de casación
            
          
            
               C. Sobre los efectos del carácter fundado del segundo motivo de casación en la sentencia recurrida
            
          
            
               VI. Costas
            
          
            
               VII. Conclusión
            
         
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            ¿Puede la Comisión Europea exigir a sus cocontratantes el pago de sumas adeudadas contractualmente mediante decisiones unilaterales ejecutivas o debe acudir al juez competente en virtud del contrato para obtener un título ejecutivo?
         
      
            2.
         
         
            Esta es la cuestión fundamental que subyace al presente recurso de casación. La cuestión se plantea ante la práctica que de forma creciente observa la Comisión desde hace aproximadamente quince años, especialmente frente a los beneficiarios de subvenciones, de hacer valer sus créditos mediante decisiones unilaterales que constituyen títulos ejecutivos con arreglo al artículo 299 TFUE (en lo sucesivo, «decisiones ejecutivas»). (
                  2
               )
         
      
            3.
         
         
            El tratamiento judicial que se ha de dar a estas decisiones resulta complicado, especialmente debido al reparto de competencias entre el juez de la Unión, que en principio es competente para conocer de recursos de anulación contra actos unilaterales de la Unión, y los jueces de los Estados miembros, que en principio (es decir, en defecto de una cláusula compromisoria) son competentes para conocer de los litigios relativos a los contratos de las instituciones de la Unión.
         
      
            4.
         
         
            Ante tal situación, el Tribunal General ha desarrollado una jurisprudencia compleja y parcialmente contradictoria que diferencia entre actos de la Unión desligados de un contrato, por un lado, y actos de la Unión puramente contractuales, por otro, y distingue entre los recursos de anulación y las demandas contractuales correspondientes.
         
      
            5.
         
         
            En su sentencia de referencia de 20 de julio de 2017, (
                  3
               ) adoptada por una sala ampliada y recurrida mediante el presente recurso de casación, el Tribunal General se propuso ahora emprender una vía de solución uniforme a partir de la jurisprudencia sentada hasta la fecha. Dicha solución consiste esencialmente en reconocer la facultad de la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas frente a sus cocontratantes, pero intentando al mismo tiempo garantizar que tales decisiones, así como los créditos contractuales en que se basan, sean susceptibles de un control judicial lo más amplio posible, aunque sin abandonar la jurisprudencia anterior sobre la estricta diferenciación entre recursos de anulación y demandas contractuales. Pese a la solución propuesta, la tutela judicial sigue planteando problemas.
         
      
            6.
         
         
            Con motivo del presente recurso de casación, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse por primera vez acerca de la cuestión de si la Comisión está facultada para adoptar decisiones ejecutivas con objeto de cobrar créditos contractuales, por un lado, y acerca de la cuestión de las vías de recurso que asisten a los destinatarios de tales decisiones, por otro. Por lo tanto, la resolución que adopte el Tribunal de Justicia será de gran trascendencia para el sistema en su conjunto, lo cual queda especialmente de manifiesto por el hecho de que el Tribunal General actualmente mantenga suspendidos diversos procedimientos en espera de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia sobre el presente recurso de casación. (
                  4
               )
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      A. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
   
   
            7.
         
         
            Los artículos 272 TFUE, 274 TFUE y 299 TFUE disponen lo siguiente:
            «Artículo 272
            El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.
            Artículo 274
            Sin perjuicio de las competencias que los Tratados atribuyen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo, sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales.
            Artículo 299
            Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.
            La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. […]
            […]
            La ejecución forzosa solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. […]»
         
      
      B. Reglamento Financiero de la Unión Europea
   
   
            8.
         
         
            El artículo 79, apartado 2, del Reglamento, aplicable en el presente asunto, (
                  5
               ) (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento n.o 1605/2002 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero n.o 966/2012») (
                  6
               ) tiene el siguiente tenor:
            «Artículo 79
            Ordenación de los cobros
            […]
            2.   La institución podrá formalizar el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados miembros en una decisión que constituirá título ejecutivo a tenor del artículo 299 del TFUE.
            […]»
         
      
      III. Antecedentes del procedimiento de casación
   
   
      A. Acuerdos de subvención celebrados
   
   
            9.
         
         
            En diciembre de 2008, la Comisión celebró tres acuerdos de subvención con determinados consorcios de los que era coordinador la demandante, ADR Center SpA (en lo sucesivo, «ADR»), para el patrocinio de estudios sobre la resolución extrajudicial y la mediación en el ámbito de la justicia civil. (
                  7
               ) Dichos acuerdos de subvención comprendían condiciones especiales (sección I), condiciones generales (sección II) y anexos. (
                  8
               )
         
      
            10.
         
         
            En los acuerdos de subvención se establecía el importe total de los costes subvencionables, así como la subvención que había de pagar la Comisión, que se expresaba en un determinado porcentaje de los costes subvencionables. (
                  9
               ) Con arreglo al artículo I.5 de los acuerdos de subvención, la Comisión debía conceder una prefinanciación a los beneficiarios, mientras que la cantidad restante se debía pagar una vez hubieran finalizado las acciones subvencionadas y los beneficiarios hubieran presentado los informes debidos, y estos últimos hubieran sido aprobados por la Comisión. (
                  10
               )
         
      
            11.
         
         
            El artículo I.9 de los acuerdos de subvención disponía lo siguiente: (
                  11
               )
            «La subvención se regirá por las estipulaciones del acuerdo, por las disposiciones comunitarias aplicables y, subsidiariamente, por la legislación belga en materia de subvenciones.
            Las decisiones de la Comisión relativas a la aplicación de las estipulaciones del acuerdo y las modalidades de su ejecución podrán ser objeto de un recurso de los beneficiarios ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas y, en caso de recurso de casación, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.»
         
      
            12.
         
         
            Con arreglo al artículo II.19.5 de los acuerdos de subvención: (
                  12
               )
            «Los beneficiarios serán informados del hecho de que, en virtud del artículo 256 del Tratado CE [actualmente artículo 299 TFUE], la Comisión podrá formalizar el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados en una decisión que constituirá título ejecutivo. Esta decisión podrá ser recurrida ante el [Tribunal General].»
         
      
            13.
         
         
            De conformidad con el artículo II.20 de los acuerdos de subvención, el coordinador se comprometía a aportar todos los datos concretos solicitados por la Comisión o por cualquier otro organismo externo designado por esta. Asimismo, los beneficiarios aceptaban que la Comisión, bien directamente a través de sus agentes, o bien por mediación de cualquier otro organismo externo que hubiera designado a tal efecto, pudiera realizar una auditoría sobre la utilización que se hiciera de la subvención, y reconocían la facultad de la Comisión de ordenar la recuperación, si procedía, sobre la base de los resultados de dichas auditorías. Por último, los beneficiarios se comprometían a que el personal de la Comisión y las personas externas designadas por esta tuviesen un derecho de acceso adecuado a los lugares y dependencias donde se realizase la acción, así como a toda la información necesaria, inclusive en formato electrónico, para llevar a cabo las auditorías. (
                  13
               )
         
      
      B. Decisión de recuperación de la Comisión
   
   
            14.
         
         
            En 2009 y 2010, la Comisión efectuó pagos de prefinanciación en relación con los tres acuerdos de subvención controvertidos, recibió los correspondientes informes finales y pagó las cantidades restantes en dos de los acuerdos, pero en el tercero reclamó la devolución de una parte de la prefinanciación concedida. (
                  14
               )
         
      
            15.
         
         
            En 2011, la Comisión encargó a una sociedad de auditoría externa una auditoría en las oficinas de ADR con arreglo al artículo II.20 de los acuerdos de subvención, en la que se concluyó que debía rechazarse una parte considerable de los costes declarados, por no ser subvencionables.
         
      
            16.
         
         
            Después de que, en 2011 y 2012, ADR se hubiese pronunciado sobre los borradores iniciales y revisados de los informes, en junio de 2013 la Comisión le comunicó los informes finales de auditoría que habían presentado los auditores externos en abril de 2012, en los que se llegaba a la conclusión de que debían rechazarse gran parte de los costes declarados por no ser subvencionables. La Comisión dio a ADR ocasión, una vez más, para presentar nueva documentación y anunció la pronta emisión de notas de adeudo y la posible recuperación de los importes reclamados. (
                  15
               )
         
      
            17.
         
         
            Una vez que ADR se hubo pronunciado sobre los informes de auditoría, la Comisión le remitió, el 16 de octubre de 2013, tres notas de adeudo pagaderas hasta el 29 de noviembre de 2013, por los importes cuyo reembolso reclamaba en relación con los tres acuerdos de subvención controvertidos. (
                  16
               ) Tras un nuevo intercambio de correspondencia con ADR, el 6 de diciembre de 2013 la Comisión le comunicó que se habían incoado los procedimientos de cobro de las cantidades adeudadas, el 16 de diciembre de 2013 le envió escritos en los que recordaba tales extremos y el 26 de febrero de 2014, escritos de requerimiento; paralelamente, se celebró una reunión más entre la Comisión y ADR el 21 de enero de 2014. (
                  17
               )
         
      
            18.
         
         
            Finalmente, el 27 de junio de 2014, sobre la base del artículo 299 TFUE y del artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, la Comisión adoptó la Decisión C(2014) 4485 final, relativa a la recuperación de la cantidad de 194275,34 euros, como capital adeudado por ADR en ejecución de los acuerdos de subvención, incrementada en 3236 euros en concepto de intereses de demora hasta el 30 de abril de 2014 y en un importe adicional de 21,30 euros por cada día de retraso a partir del 1 de mayo de 2014 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En el artículo 4 de la Decisión impugnada se precisaba, en particular, que esta constituía un título ejecutivo en el sentido del artículo 299 TFUE. (
                  18
               )
         
      
      C. Procedimiento ante el Tribunal General
   
   
            19.
         
         
            Mediante demanda presentada el 30 de agosto de 2014, ADR interpuso recurso ante el Tribunal General en el que solicitaba que se anulase la Decisión impugnada, se condenase a la Comisión al pago inmediato de la cantidad restante que aún se adeudaba en virtud de los acuerdos de subvención por importe de 49172,52 euros y de una indemnización por los daños y perjuicios causados, y se la condenase en costas.
         
      
            20.
         
         
            Por su parte, la Comisión solicitó al Tribunal General que desestimase el recurso por infundado, que desestimase las solicitudes de pago de la cantidad restante adeudada y de la indemnización por inadmisibles y, en cualquier caso, infundadas, y que condenase en costas a ADR.
         
      
            21.
         
         
            En diciembre de 2015, la Comisión inició la ejecución forzosa de la Decisión impugnada. Mediante escrito de 21 de enero de 2016, ADR solicitó al Tribunal General la suspensión de la ejecución forzosa de la Decisión impugnada. Mediante auto de 22 de enero de 2016, el Presidente del Tribunal General ordenó la suspensión de la ejecución forzosa hasta la adopción del auto de medidas provisionales. (
                  19
               )
         
      
            22.
         
         
            Mediante auto dictado en el procedimiento de medidas provisionales el 7 de abril de 2016, el Presidente del Tribunal General desestimó la solicitud de medidas provisionales, al considerar que ADR no había acreditado suficientemente que ni ella, como sociedad de responsabilidad limitada, ni sus socios disponían de medios para atender los requerimientos de pago de la Comisión. (
                  20
               )
         
      
            23.
         
         
            En su sentencia de 20 de julio de 2017, objeto del presente recurso, el Tribunal General declaró admisible, en primer lugar, la solicitud de ADR de que se condenase a la Comisión al pago de la cantidad aún pendiente, pues en su opinión el recurso no constituía únicamente un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE, sino también una demanda contractual sobre la base del artículo 272 TFUE. (
                  21
               ) En cambio, la solicitud de que se condenase a la Comisión a indemnizar a ADR fue desestimada por el Tribunal General por carecer de argumentación que la sustentase y, por tanto, por inadmisible. (
                  22
               ) Por último, en cuanto al fondo del asunto, el Tribunal General desestimó el recurso de ADR y condenó a dicha sociedad a cargar con las costas de la Comisión y la mitad de sus propias costas, y a la Comisión a cargar con la mitad de las costas de ADR.
         
      
      IV. Procedimiento de casación y alegaciones de las partes
   
   
            24.
         
         
            Mediante escrito de 4 de octubre de 2017, ADR interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida.
         
      
            25.
         
         
            ADR solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y la Decisión impugnada de la Comisión, que resuelva definitivamente el litigio y estime los motivos de recurso formulados en primera instancia y que condene en costas a la Comisión.
         
      
            26.
         
         
            La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a ADR.
         
      
            27.
         
         
            Las partes han presentado observaciones escritas en relación con el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia y han participado en la vista oral celebrada el 27 de febrero de 2019.
         
      
      V. Apreciación
   
   
            28.
         
         
            ADR fundamenta sus pretensiones en dos motivos de casación, el primero de ellos referido a la interpretación de los principios de la Unión relativos a la subvencionabilidad de los gastos y el segundo, a la cuestión de la facultad que asiste a la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales. Este segundo motivo, de mayor interés, debe ser analizado en primer lugar.
         
      
      A. Sobre el segundo motivo de casación
   
   
            29.
         
         
            Mediante su segundo motivo de casación, ADR alega que el Tribunal General infringió el artículo 299 TFUE y el artículo 79 del Reglamento Financiero n.o 966/2012 (véase, a continuación, la sección 1), y los derechos fundamentales de la Unión (sección 2), al confirmar la facultad de la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas con objeto de cobrar créditos contractuales.
         
      
      
         1.
       
         Sobre la facultad de la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales
      
   
   
            30.
         
         
            Del apartado 190 de la sentencia recurrida se deduce que, en primera instancia, (
                  23
               ) ADR rebatió la competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada con el argumento de que dicha institución no puede adoptar decisiones ejecutivas en asuntos de materia contractual. En su opinión, para compeler a su cocontratante a cumplir sus obligaciones contractuales de carácter pecuniario, debe obtener un título ejecutivo por vía judicial.
         
      
            31.
         
         
            A continuación, en los apartados 192 a 198 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que la base legal de la Decisión impugnada se halla en el artículo 299 TFUE y en el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, disposiciones que otorgan a la Comisión la facultad de cobrar créditos mediante decisiones ejecutivas, sin diferenciar entre los créditos contractuales y los extracontractuales, de manera que son aplicables a ambos tipos de créditos. (
                  24
               )
         
      
            32.
         
         
            Según ADR, estas apreciaciones del Tribunal General son erróneas, ya que el artículo 299 TFUE, párrafo primero, y el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, que deben interpretarse en sentido estricto, no establecen expresamente que la facultad de adoptar decisiones ejecutivas que allí se reconoce sea válida también para los créditos contractuales.
         
      
            33.
         
         
            Sin embargo, no puede aceptarse esta opinión ni con respecto al artículo 299 TFUE [véase a continuación la letra a)] ni con respecto al artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 [letra c)]. Con todo, del artículo 299 TFUE, en relación con los artículos 263 TFUE, 272 TFUE y 274 TFUE, se deduce que la Comisión solo puede adoptar decisiones ejecutivas con objeto de cobrar créditos contractuales cuando el contrato de que se trate esté sometido a la competencia de los tribunales de la Unión [letra b)].
         
      
      
         a)
       
         Sobre el artículo 299 TFUE
      
   
   
            34.
         
         
            En primer lugar, ni del tenor ni de la situación sistemática o del contexto del artículo 299 TFUE se deduce que los actos que impongan una obligación de pago basada en un contrato estén excluidos del ámbito de aplicación de dicha disposición.
         
      
            35.
         
         
            Conforme a su tenor, el artículo 299 TFUE, párrafo primero, únicamente dispone que los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo (BCE) que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.
         
      
            36.
         
         
            En cambio, el artículo 299 TFUE nada dice en cuanto a la naturaleza de los actos jurídicos a los que reconoce carácter ejecutivo. Lo que se desprende de la situación sistemática en la sección segunda («Procedimientos de adopción de los actos y otras disposiciones») del capítulo 2 («Actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras disposiciones») del título I («Disposiciones institucionales») de la sexta parte («Disposiciones institucionales y financieras») del TFUE, que sigue a la sección primera («Actos jurídicos de la Unión») del mismo capítulo, es que el artículo 299 TFUE es aplicable a todos los actos del Consejo, de la Comisión y del BCE adoptados en el ejercicio de las competencias de la Unión con arreglo al artículo 288 TFUE, integrado en dicha sección primera, y por los que se imponga una obligación de pago.
         
      
            37.
         
         
            A la misma conclusión conduce el hecho de que los contratos de la Unión no figuren entre los actos mencionados en el artículo 288 TFUE y sí se mencionen, en particular, en el artículo 272 TFUE, integrado en la sección quinta («El Tribunal de Justicia de la Unión Europea») del capítulo 1 («Instituciones») del título I de la sexta parte del TFUE.
         
      
            38.
         
         
            De esta manera, es cierto que el artículo 272 TFUE prevé la posibilidad de que, en virtud de una cláusula compromisoria, se atribuya a los jueces de la Unión (
                  25
               ) la competencia para resolver litigios relativos a los contratos de la Unión, mientras que el artículo 280 TFUE, por su parte, dispone que las sentencias de los tribunales de la Unión tendrán fuerza ejecutiva en las condiciones que establece el artículo 299 TFUE. Pero de esto se deduce, al menos en relación con el carácter ejecutivo de los créditos derivados de los contratos de la Unión, que estos no constituyen de por sí títulos ejecutivos a efectos del artículo 299 TFUE. En cambio, de tal posición sistemática no se puede inferir que los créditos derivados de los contratos de la Unión solo puedan hacerse valer por la vía judicial y no mediante actos unilaterales que, por su parte, son ejecutivos con arreglo al artículo 299 TFUE.
         
      
            39.
         
         
            No obstante, ADR alega que el hecho de que el artículo 299 TFUE se refiera únicamente a actos del Consejo, de la Comisión y del BCE evidencia que el carácter ejecutivo consagrado por dicha disposición no está concebido para las decisiones relativas al cobro de los créditos contractuales. Por lo tanto, entiende que solo han de gozar de tal ejecutividad los créditos derivados de decisiones de poder público, que precisamente solo pueden ser adoptadas por dichas instituciones, como por ejemplo las resoluciones sancionadoras de la Comisión en materia de competencia o las sanciones impuestas por el BCE en su actividad de supervisión. Si el legislador hubiese querido que los créditos contractuales fuesen también ejecutivos con arreglo al artículo 299 TFUE, habría declarado el carácter ejecutivo de los actos de todas las instituciones de la Unión, ya que todas ellas celebran contratos a fin de obtener los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
         
      
            40.
         
         
            Este argumento suscita, en primer lugar, la cuestión de si el hecho de que el artículo 299 TFUE solamente mencione los actos del Consejo, la Comisión y el BCE significa que los actos de otras instituciones u otros organismos de la Unión a los que no se hace referencia expresa en el Derecho primario (al contrario, por ejemplo, que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 280 TFUE) realmente no pueden ser títulos ejecutivos a efectos del artículo 299 TFUE. No parece que el Tribunal de Justicia haya respondido hasta la fecha a esta cuestión. (
                  26
               ) No obstante, en el contexto del presente recurso de casación tampoco es necesario resolverla, pues, en cualquier caso, la Comisión es la autora de la Decisión controvertida.
         
      
            41.
         
         
            Por lo tanto, en el presente asunto tampoco es necesario aclarar si el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 se debe interpretar en el sentido de que faculta a todas las instituciones de la Unión en el sentido de dicho Reglamento (
                  27
               ) a formalizar derechos de crédito frente a personas distintas de Estados miembros en decisiones que constituyan títulos ejecutivos a tenor del artículo 299 TFUE (
                  28
               ) y, en caso de ser así, si esto sería compatible con esta disposición. Lo mismo sucede con la cuestión de si los reglamentos relativos al Reglamento Financiero marco de los organismos creados con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y de la Energía Atómica, en particular las agencias descentralizadas de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que también estos organismos pueden adoptar decisiones ejecutivas (
                  29
               ) y si ello sería, en su caso, compatible con el artículo 299 TFUE.
         
      
            42.
         
         
            Por el contrario, en relación con el presente recurso de casación, basta señalar que, aunque los actos de instituciones y organismos de la Unión distintos de los mencionados en el artículo 299 TFUE no puedan ser ejecutivos sin una modificación del Derecho primario, (
                  30
               ) esto no significa que la Comisión no pueda exigir el pago de créditos contractuales por medio de decisiones ejecutivas.
         
      
            43.
         
         
            Así pues, la limitación del artículo 299 TFUE a los actos del Consejo, la Comisión y el BCE podría ser en realidad un indicio de que los redactores tanto de las versiones originales (
                  31
               ) como de las numerosas modificaciones de los Tratados de la Unión estaban pensando más bien en la ejecutividad de los actos típicos de dichas instituciones, como por ejemplo las resoluciones sancionadoras de la Comisión en materia de competencia, y no en la satisfacción unilateral de títulos de crédito derivados de los contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por todas las instituciones de la Unión.
         
      
            44.
         
         
            En cualquier caso, no parece acertado buscar en ello una decisión consciente de los redactores de los Tratados de negar la ejecutividad prevista en el artículo 299 TFUE a las decisiones por las que se declaren ejecutivos los títulos de crédito derivados de los contratos de la Comisión. Como ya he expuesto, (
                  32
               ) de la posición sistemática del artículo 299 TFUE se desprende que este pretende otorgar carácter ejecutivo a todos los actos que adopte la Comisión en ejercicio de sus competencias y que impongan una obligación pecuniaria.
         
      
            45.
         
         
            No obstante, los actos y negocios jurídicos que realiza la Comisión en cumplimiento de las funciones de la Unión, en particular en el ámbito de las subvenciones directas, ya no consisten solamente en la adopción de actos unilaterales, sino que cada vez más implican también la celebración de contratos. No se aprecia indicio alguno de que los redactores del artículo 299 TFUE no considerasen las decisiones de la Comisión dirigidas al cobro de créditos derivados de tales contratos como actos jurídicos que imponen una obligación pecuniaria y que, por tanto, puedan ser ejecutivos en virtud de dicha disposición, siempre que la Comisión pueda invocar una causa fundada que justifique su adopción. En efecto, ni del Derecho de la Unión ni de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros se deduce principio general alguno conforme al cual los créditos derivados de los contratos de la Administración nunca puedan ser cobrados de forma unilateral. (
                  33
               )
         
      
            46.
         
         
            Por otro lado, la necesidad de recuperar las cantidades indebidamente percibidas se fundamenta en la obligación que incumbe a la Comisión en virtud de los artículos 317 TFUE y 325 TFUE de respetar el principio de buena gestión presupuestaria y de combatir toda actividad que afecte a los intereses financieros de la Unión. (
                  34
               ) Esto es indicativo de la intención de los redactores de los Tratados de dotar a la Comisión de instrumentos eficaces para proteger los intereses financieros de la Unión, con independencia de si para el cumplimiento de sus funciones se sirve de modalidades de actuación unilaterales o contractuales.
         
      
            47.
         
         
            De todo ello se deduce que el artículo 299 TFUE constituye la única norma jurídica de carácter general que establece que los actos de la Comisión por los que se imponen obligaciones pecuniarias son ejecutivos y pueden servir de base para la ejecución forzosa. En cambio, en el artículo 299 TFUE no se encuentra indicación alguna sobre el ámbito de aplicación material y los requisitos para la adopción de tales actos. Por lo tanto, de dicha disposición no se puede deducir que no sea aplicable también a las disposiciones que imponen obligaciones pecuniarias de origen contractual.
         
      
      
         b)
       
         Sobre el artículo 299 TFUE en relación con los artículos 263 TFUE, 272 TFUE y 274 TFUE
      
   
   
            48.
         
         
            No obstante, la facultad de adoptar decisiones ejecutivas solo existe en relación con los créditos contractuales si el Tribunal de Justicia es competente para conocer de los litigios derivados del contrato en virtud de una cláusula compromisoria. En caso contrario, la Comisión podría eludir la competencia del juez nacional adoptando una decisión de ese tipo, pues con ello automáticamente se generaría la competencia de los tribunales de la Unión.
         
      
            49.
         
         
            Esta última conclusión se desprende, ante todo, de las normas sobre la ejecutoriedad de una decisión ejecutiva. Con arreglo al artículo 299 TFUE, párrafo cuarto, la ejecución forzosa de tales decisiones solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; las jurisdicciones nacionales únicamente son competentes para el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución. Por otro lado, los Reglamentos de Procedimiento tanto del Tribunal General como del Tribunal de Justicia disponen que la solicitud de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución conforme a lo dispuesto en el artículo 299 TFUE solo será admisible si se formula en un recurso ante el Tribunal General o ante el Tribunal de Justicia. (
                  35
               ) Esto parece difícilmente compatible con la competencia de los tribunales nacionales para conocer del fondo del asunto en relación con dichos actos.
         
      
            50.
         
         
            Por otro lado, tanto en la sentencia recurrida (
                  36
               ) como en su reiterada jurisprudencia, (
                  37
               ) el Tribunal General ha considerado con acierto (
                  38
               ) que una decisión ejecutiva es un acto susceptible de impugnación por su destinatario mediante un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, apartado 4, tanto si dicha decisión haya sido adoptada con objeto de cobrar créditos contractuales como extracontractuales.
         
      
            51.
         
         
            Por lo tanto, la adopción de una decisión ejecutiva fundamenta también automáticamente la competencia del juez de la Unión si dicha decisión tiene por objeto la recuperación de una suma adeudada en virtud de un contrato.
         
      
            52.
         
         
            Con arreglo al artículo 272 TFUE en relación con el artículo 274 TFUE, el juez de la Unión solo es competente para conocer de los litigios sobre contratos de las instituciones de la Unión si en ellos se establece una cláusula compromisoria al efecto. En efecto, tal como indica expresamente el artículo 274 TFUE, los litigios en los que la Unión sea parte no podrán ser sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales si de los Tratados de la Unión no se deduce una competencia para los tribunales de la Unión.
         
      
            53.
         
         
            Por consiguiente, en caso de que un contrato no contenga ninguna cláusula compromisoria, la adopción de la decisión ejecutiva constituiría una elusión del reparto de competencias entre los tribunales de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales y una extensión de las competencias de los primeros más allá de los límites que les impone el Derecho primario, pues se fundamentaría su competencia para conocer de un litigio contractual a pesar de que, conforme a la voluntad de las partes, expresada mediante la omisión de la cláusula compromisoria, han de ser competentes los órganos jurisdiccionales nacionales. (
                  39
               )
         
      
            54.
         
         
            Ahora bien, el artículo 299 TFUE no ofrece fundamento alguno que justifique tal extensión de la competencia de los tribunales de la Unión. En efecto, como ya he expuesto, (
                  40
               ) el sentido y finalidad de esta disposición consiste únicamente en conferir ejecutividad inmediata a los actos adoptados por las instituciones de la Unión con arreglo al artículo 288 TFUE y que imponen una obligación pecuniaria. Por lo tanto, el artículo 299 TFUE implica una simplificación de la ejecución, que está perfectamente justificada a tenor de la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones de las instituciones de la Unión y de proteger los intereses financieros de esta. Sin embargo, a la vista, en particular, del principio de atribución de la Unión, consagrado en los artículos 4 TUE y 5 TUE, dicha simplificación no permite justificar en absoluto un abandono del reparto de competencias entre los tribunales de la Unión y los nacionales que establecen los artículos 272 TFUE y 274 TFUE. (
                  41
               )
         
      
            55.
         
         
            Esta interpretación resulta confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la diferenciación entre los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE y los formulados en materia de contratos con arreglo al artículo 272 TFUE. Conforme a esta diferenciación no sería compatible con los artículos 272 TFUE y 274 TFUE que los tribunales de la Unión, acogiéndose al artículo 263 TFUE, se declarasen competentes para conocer de recursos en que se instase la anulación de actuaciones de carácter estrictamente contractual, pues, cuando el contrato no contuviese ninguna cláusula compromisoria, correrían el riesgo de que su competencia se extendiese más allá de los límites trazados por el artículo 274 TFUE. (
                  42
               ) Por lo tanto, tal como ha recalcado el Tribunal de Justicia, la contraparte de un contrato celebrado por la Comisión no puede alterar unilateralmente el reparto de competencias entre los tribunales de la Unión y los nacionales provocando una decisión desestimatoria de la Comisión a una solicitud suya y calificando después esa desestimación de decisión a efectos del artículo 263 TFUE. (
                  43
               )
         
      
            56.
         
         
            
               A sensu contrario, esto significa que tampoco la Comisión puede alterar unilateralmente el reparto de competencias entre los tribunales de la Unión y los nacionales adoptando una decisión ejecutiva al efecto de cobrar un crédito contractual, decisión que constituiría un acto de la Unión susceptible del recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, aunque el contrato en cuestión no contenga ninguna cláusula compromisoria que atribuya a los tribunales de la Unión la competencia para conocer de los litigios relacionados con las obligaciones contractuales de las partes.
         
      
            57.
         
         
            Es cierto que, en el presente asunto, el Tribunal General, en la sentencia recurrida, no ha declarado expresamente que la Comisión solamente puede adoptar una decisión ejecutiva al efecto de cobrar un crédito contractual cuando el contrato de que se trate contenga una cláusula compromisoria a favor de los tribunales de la Unión. Sin embargo, los acuerdos de subvención controvertidos sí contenían tal cláusula entre sus condiciones especiales. (
                  44
               )
         
      
            58.
         
         
            Por lo tanto, en este caso, no cabe reprochar al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al declarar que las decisiones adoptadas por la Comisión para cobrar créditos contractuales también pueden constituir títulos ejecutivos en el sentido del artículo 299 TFUE.
         
      
      
         c)
       
         Sobre el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012
      
   
   
            59.
         
         
            Tal como el propio Tribunal General ha declarado, (
                  45
               ) el artículo 299 TFUE, por sí solo, no constituye base habilitadora alguna para la adopción de actos que impongan una obligación pecuniaria ejecutoria con arreglo a dicha disposición. Tal base hay que buscarla en otras disposiciones de Derecho primario o de Derecho derivado.
         
      
            60.
         
         
            En el presente caso, la Decisión controvertida fundamenta su base habilitadora en el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, conforme al cual las instituciones podrán «formalizar el devengo de títulos de crédito […] en una decisión que constituirá título ejecutivo a tenor del artículo 299 TFUE». (
                  46
               )
         
      
            61.
         
         
            La cuestión de si esta disposición, formulada en términos generales, faculta a la Comisión, con carácter especial, también para adoptar decisiones dirigidas a la satisfacción de créditos contractuales ha sido respondida por el Tribunal General en el apartado 195 de la sentencia recurrida refiriéndose a la sistemática del Reglamento Financiero n.o 966/2012.
         
      
            62.
         
         
            El Tribunal General expone que el artículo 79, apartado 2, se sitúa en un capítulo titulado «Ingresos» y que, al igual que el capítulo siguiente, «Gastos», se inscribe en el título IV («De la ejecución del presupuesto»), que a su vez está encuadrado en la primera parte («Disposiciones comunes»), del Reglamento Financiero n.o 966/2012. De ello deduce el Tribunal General que los dos capítulos dedicados a los ingresos y los gastos son relevantes no solo para un determinado ámbito de la actuación de la Unión sino para todas las operaciones comprendidas en el presupuesto de la Unión.
         
      
            63.
         
         
            No cabe apreciar error jurídico alguno en estas consideraciones. En particular, no quedan desvirtuadas por el argumento de ADR según el cual no se puede afirmar que el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 faculte implícitamente a la Comisión para adoptar títulos ejecutivos en materia contractual aunque dicha disposición no declare expresamente que sea aplicable también en tal ámbito. En efecto, como acertadamente ha señalado el Tribunal General, el artículo 79, apartado 2, no especifica ni que dicha disposición sea aplicable solamente a créditos extracontractuales ni que se aplique específicamente a los créditos contractuales, lo cual apunta precisamente a favor de su aplicabilidad general.
         
      
            64.
         
         
            El artículo 90 del Reglamento Financiero n.o 966/2012 no permite extraer una conclusión distinta, al establecer que los pagos de la Unión deberán estar respaldados «por la prueba de que la acción correspondiente es conforme con las disposiciones del acto de base o del contrato». Según ADR, esta disposición demuestra que las disposiciones del Reglamento Financiero n.o 966/2012 aplicables en materia de contratos son forzosamente explícitas a este respecto.
         
      
            65.
         
         
            Pero tal argumento no puede prosperar. El artículo 90 del Reglamento Financiero n.o 966/2012 únicamente establece que los pagos de la Unión solo se deben realizar cuando haya constancia de que la medida por la que se desembolsa el dinero es conforme con el acto que prevé dicha medida. Pero dicho acto no debe ser necesariamente un acto jurídico unilateral, (
                  47
               ) sino que puede ser precisamente también un contrato.
         
      
            66.
         
         
            Por lo tanto, el artículo 90 del Reglamento Financiero n.o 966/2012 se limita a mencionar todos los tipos de actos a los que se refiere, de manera que, al igual que el artículo 79, no es una disposición específicamente aplicable en materia contractual o extracontractual, sino una norma general. Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error en el apartado 196 de la sentencia recurrida al declarar que el artículo 90 respalda la interpretación conforme a la cual las disposiciones del título IV del Reglamento Financiero n.o 966/2012 también son aplicables en materia contractual.
         
      
            67.
         
         
            Por lo demás, la interpretación conforme a la cual la facultad de adoptar decisiones ejecutivas que confiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 también es válida para los créditos contractuales se ve confirmada por los antecedentes de dicha disposición. (
                  48
               )
         
      
            68.
         
         
            En efecto, de las notas explicativas de la Comisión sobre la disposición precedente, el artículo 72, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 1605/2002, (
                  49
               ) se desprende que la facultad que allí se confiere a las instituciones de la Unión de formalizar derechos de crédito mediante decisiones ejecutivas se introdujo para dotar de carácter ejecutivo a todas las órdenes de recuperación, y no solo a las emitidas sobre la base de una decisión formal anterior, como por ejemplo una resolución sancionadora en materia de competencia. De esta forma, debía simplificarse expresamente la recuperación de los recursos propios, cuyo cobro por vía judicial se había mostrado excesivamente lento. En consecuencia, en una comunicación de 2002, la Comisión anunció, precisamente en relación con la administración directa de los fondos y, por tanto, de la concesión de subvenciones (precisamente también de carácter contractual), que recurriría de forma preferente a la adopción de títulos ejecutivos de cobro. (
                  50
               )
         
      
            69.
         
         
            De todo ello se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 otorga a la Comisión, también para la recuperación de créditos contractuales, la facultad de adoptar decisiones que constituyan títulos ejecutivos en virtud del artículo 299 TFUE.
         
      
      
         d)
       
         Conclusión parcial
      
   
   
            70.
         
         
            De conformidad con las anteriores consideraciones, procede declarar que el artículo 299 TFUE en relación con el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 otorga a la Comisión la facultad de cobrar créditos contractuales mediante decisiones ejecutivas, siempre que los contratos de que se trate contengan una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 272 TFUE a favor de los tribunales de la Unión. Dado que cada uno de los contratos de subvención controvertidos contenía tal cláusula, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión estaba facultada por las citadas disposiciones para adoptar la Decisión impugnada.
         
      
            71.
         
         
            En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo de casación.
         
      
      
         2.
       
         Sobre la compatibilidad de la adopción de decisiones que constituyen títulos ejecutivos para cobrar créditos contractuales con los derechos fundamentales de la Unión
      
   
   
            72.
         
         
            No obstante, ADR alega que el ejercicio de la facultad de adoptar decisiones ejecutivas para el cobro de todos los títulos de crédito, en el caso de los créditos contractuales, no es compatible con el derecho a la protección de la confianza legítima y a la tutela judicial efectiva que asiste a la otra parte contractual en los contratos de la Comisión.
         
      
            73.
         
         
            Contrariamente a lo que sostiene ADR, de la sentencia aludida del Tribunal de Justicia en el asunto BayWa, mencionada por esta, no se deduce que todas las disposiciones presupuestarias de la Unión deban interpretarse restrictivamente. En efecto, como acertadamente aduce la Comisión, en dicha sentencia el Tribunal de Justicia únicamente declaró que las disposiciones que dan derecho a recibir prestaciones financiadas por los fondos de la Unión deben interpretarse en sentido estricto. (
                  51
               ) Esto es conforme con la destacada importancia que adquiere la protección de los intereses financieros de la Unión, que se manifiesta en el artículo 325 TFUE, en el Convenio relativo a la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas (
                  52
               ) y en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. (
                  53
               )
         
      
            74.
         
         
            No obstante, como acertadamente ha señalado ADR en su réplica, esto no puede llevar a interpretar y ejercer las facultades presupuestarias que asisten a la Comisión para interferir en los derechos de las personas con las que contrata sin la menor consideración a dichos derechos, ya que la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión no puede ir en contra de los derechos fundamentales de la Unión. (
                  54
               )
         
      
            75.
         
         
            En consecuencia, en el presente asunto, procede examinar, por un lado, si la adopción de decisiones que constituyen títulos ejecutivos para cobrar créditos contractuales vulnera el principio de protección de la confianza legítima [letra a)]. Por otro lado, es necesario analizar si la adopción de tales decisiones es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva [letra b)].
         
      
      
         a)
       
         Sobre la protección de la confianza legítima
      
   
   
            76.
         
         
            ADR se remite a las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (
                  55
               ) y Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros, así como a mis conclusiones presentadas en este último asunto, (
                  56
               ) para alegar que el Tribunal de Justicia rechaza la actuación unilateral como poder público de la Comisión en materia contractual.
         
      
            77.
         
         
            En particular, alega que el Tribunal de Justicia, en su sentencia Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, cuestionó la práctica de la Comisión de ejercer unilateralmente sus derechos. Allí subrayó dicho Tribunal que la Comisión, cuando opta por la vía contractual para conceder aportaciones financieras, está obligada a permanecer dentro de ese marco. (
                  57
               ) Por lo tanto, la otra parte contractual no puede esperar que la Comisión abandone dicho marco contractual y actúe frente a ella en ejercicio de sus prerrogativas de poder público.
         
      
            78.
         
         
            En los apartados 199 a 208 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se ha ocupado ampliamente de la sentencia del Tribunal de Justicia Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión y de una sentencia del Tribunal General basada, en cuanto a esta cuestión concreta, en las conclusiones presentadas en el asunto Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros. (
                  58
               ) El Tribunal General concluyó que de dichas sentencias no se puede deducir que el juez de la Unión prohíba a la Comisión el ejercicio de su facultad de adoptar decisiones ejecutivas en materia contractual.
         
      
            79.
         
         
            Esta conclusión no adolece de ningún error de Derecho. En efecto, como acertadamente ha señalado el Tribunal General, este y el Tribunal de Justicia, en las sentencias citadas, solamente se ocuparon de las cuestiones de la naturaleza jurídica y la impugnabilidad de las notas de adeudo (
                  59
               ) remitidas en materia contractual por la Comisión a los deudores con arreglo al artículo 78, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 para requerirles el pago de una deuda antes de proceder al cobro por la vía de apremio o en virtud de un título obtenido judicialmente. (
                  60
               )
         
      
            80.
         
         
            En cambio, en las sentencias citadas, los tribunales de la Unión no se han ocupado de la cuestión de si la Comisión puede acogerse, en materia contractual, a la facultad que le confiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 de formalizar un derecho de crédito mediante una decisión ejecutiva. Esta afirmación es válida también para la sentencia Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros y mis conclusiones presentadas en dicho asunto, en que se trataba de la cuestión de si la Comisión dispone de un margen de apreciación en relación con el reconocimiento de los costes indemnizables de la otra parte contractual. (
                  61
               )
         
      
            81.
         
         
            Sin embargo, las sentencias invocadas por ADR demuestran que el reconocimiento de prerrogativas de poder público a favor de la Comisión, en su condición de parte contractual, cuando menos no se impone de forma manifiesta. En efecto, en dichas sentencias, los tribunales de la Unión parecen partir de un modelo de contrato administrativo en el que ambas partes se encuentran al mismo nivel y la Administración no goza de privilegios unilaterales cuyo ejercicio sería concebido como algo ajeno al contrato.
         
      
            82.
         
         
            Por otra parte, en los Estados miembros de la Unión también rigen planteamientos muy diversos en cuanto a las eventuales prerrogativas de poder público que pueden asistir a la Administración cuando celebra contratos. (
                  62
               ) De esta manera, mientras que el Derecho alemán, por ejemplo, rechaza taxativamente tales prerrogativas, en el Derecho francés no solo se reconoce que la Administración, en el marco del contrat administratif, dispone de facultades de modificación y resolución unilateral, sino también que, para la ejecución de cualquier contrato, incluidos los de naturaleza jurídico-privada, la Administración puede hacer uso de sus prerrogativas generales de poder público de base presupuestaria, como por ejemplo la facultad de emitir por sí misma títulos ejecutivos para el cobro de créditos monetarios. (
                  63
               )
         
      
            83.
         
         
            De estas diferencias de planteamiento en los Estados miembros en cuanto a las prerrogativas de poder público que asisten a la Administración cuando contrata, no se deduce, ciertamente, que la base habilitadora para la adopción de decisiones ejecutivas por la Comisión que contiene el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 no deba considerarse válida también en materia contractual. Ello resultaría contrario a la voluntad del legislador de la Unión, antes mencionada, (
                  64
               ) de extender a todos los créditos de la Comisión y, por tanto, también a los contractuales la posibilidad de cobro unilateral en el ámbito de la recuperación de fondos propios.
         
      
            84.
         
         
            Además, son precisamente las distintas soluciones elegidas por los Estados miembros las que evidencian que no existe ningún principio general conforme al cual la Administración, al celebrar contratos con particulares, nunca pueda ejercer sus prerrogativas generales de poder público o actuar de otra forma frente a la otra parte contractual desde su posición de autoridad. Por lo tanto, tampoco cabe rechazar la facultad de la Comisión de adoptar decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales basándose en los principios generales del Derecho de contratos, pues dichos principios, precisamente por este carácter general, no se aplican a los contratos administrativos. Antes bien, los juristas de los distintos Estados miembros sostienen planteamientos muy diferentes a este respecto. (
                  65
               ) Por último, las diversas disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las facultades unilaterales de la Administración de la Unión cuando celebra contratos indican que el propio legislador de la Unión parece partir de un modelo de contrato administrativo en el que la Administración goza de prerrogativas de poder público. (
                  66
               )
         
      
            85.
         
         
            En cualquier caso, habida cuenta de los muy diferentes modelos de contrato administrativo que se contemplan en las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, es perfectamente posible que los beneficiarios de subvenciones que celebren con la Comisión acuerdos de subvención como los aquí controvertidos no contemplen la posibilidad de que la Comisión requiera el reembolso de los fondos contractualmente concedidos no solo mediante un título obtenido por vía judicial, sino también por medio de decisiones adoptadas unilateralmente en su condición de autoridad pública y que sean directamente ejecutorias, especialmente si se repara en que los contratos de la Comisión generalmente contienen una cláusula compromisoria que atribuye a los tribunales de la Unión o a un tribunal nacional la competencia para conocer de los litigios derivados del contrato. (
                  67
               )
         
      
            86.
         
         
            En tales circunstancias, constituye una infracción del principio de protección de la confianza legítima que la Comisión haga uso de la facultad que le confiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 de adoptar decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales si esta posibilidad no está prevista en una cláusula del contrato en cuestión o de sus condiciones generales o especiales. (
                  68
               ) En efecto, como expuso el Abogado General Cosmas en sus conclusiones presentadas en el asunto Duff y otros, dicho principio exige a las instituciones de la Unión ejercer sus competencias de forma que ello no afecte, de un modo que no pueda ser previsto por una persona diligente, a situaciones y a relaciones jurídicas nacidas con arreglo a la normativa comunitaria. (
                  69
               )
         
      
            87.
         
         
            Es cierto que, como señala acertadamente el Tribunal General en el apartado 207 de la sentencia recurrida, una cláusula contractual que contemple la adopción de decisiones ejecutivas no constituye un fundamento de la facultad de la Comisión para adoptar tales decisiones, pues esta facultad se funda directamente en el artículo 299 TFUE en relación con el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012. Pero también es cierto que tal cláusula cumple la función de advertir a la otra parte contractual de la posibilidad que asiste a la Comisión de recurrir al cobro unilateral de los títulos de crédito, de manera que dicha parte suscriba el contrato con conocimiento de la situación jurídica de que se trata.
         
      
            88.
         
         
            En el presente asunto, cada uno de los acuerdos de subvención controvertidos contenía una cláusula en las condiciones generales que informaba al beneficiario de la posibilidad de que la Comisión formalizase un derecho de crédito mediante una decisión ejecutiva. (
                  70
               )
         
      
            89.
         
         
            Por lo tanto, no se puede reprochar al Tribunal General haberse apartado, en este caso, del principio de protección de la confianza legítima al declarar que la actual jurisprudencia de los tribunales de la Unión no se opone a que la Comisión adopte decisiones ejecutivas con el fin de cobrar créditos contractuales.
         
      
      
         b)
       
         Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva
      
   
   
            90.
         
         
            Acudiendo a otra argumentación, ADR alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la adopción de decisiones ejecutivas en relación con créditos contractuales no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. En su opinión, tales decisiones permiten a la Comisión erigirse en juez y parte frente a la otra parte contractual y privan de todo efecto al recurso a la vía judicial ante la jurisdicción competente.
         
      
            91.
         
         
            Esta argumentación suscita la cuestión de si el Tribunal General podía lícitamente considerar que la adopción de decisiones ejecutivas con el fin de cobrar créditos contractuales no lleva aparejada inherentemente una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que la vía judicial que asiste a la otra parte contractual de la Comisión contra tal decisión satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
         
      
            92.
         
         
            Con arreglo al apartado 190 de la sentencia recurrida, ADR alegó en primera instancia esencialmente que la eficacia del recurso de anulación contra las decisiones ejecutivas adoptadas para cobrar créditos contractuales se vería afectada por la jurisprudencia del Tribunal General según la cual, en el marco de un recurso de anulación, los motivos basados en la violación del contrato y del Derecho nacional aplicable a este son inadmisibles. Por lo tanto, la Comisión podría ejecutar sus créditos frente a la otra parte del contrato sin que se hubiesen examinado aún los derechos contractuales en que se basan.
         
      
            93.
         
         
            El Tribunal General rechazó esta alegación en los apartados 209 a 214 de la sentencia recurrida razonando que el recurso no se basaba únicamente en el artículo 263 TFUE, sino también en el artículo 272 TFUE, por lo que había examinado tanto la legalidad formal de la Decisión impugnada como la fundamentación material de los créditos contractuales de la Comisión frente a ADR en los que se basaba dicha Decisión.
         
      
            94.
         
         
            Por lo tanto, procede esclarecer, a continuación, si el Tribunal General consideró correctamente que la Decisión impugnada constituía un acto susceptible de recurso de anulación (sección 1) para después examinar si vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva el hecho de que el recurso de anulación contra dicha Decisión no tenga automáticamente un efecto suspensivo (sección 2). Por último, se habrá de analizar si el Tribunal General consideró acertadamente que, en el marco de dicho recurso, el juez de la Unión solo debe comprobar la legalidad formal de la Decisión impugnada, mientras que el control de la fundamentación material del crédito en que se basa le compete exclusivamente al juez contractual. Para ello es necesario someter a examen la forma en que el Tribunal General entiende la distinción entre el recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE y los recursos en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE (sección 3).
         
      
      1) Sobre la calificación de las decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales como actos susceptibles de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE
   
   
            95.
         
         
            Como ya se ha indicado, (
                  71
               ) los tribunales de la Unión solo son competentes, con arreglo al artículo 272 TFUE, en relación con el artículo 274 TFUE, para conocer de los litigios relativos a contratos de las instituciones de la Unión si el contrato en cuestión contiene la correspondiente cláusula compromisoria. No obstante, también he señalado (
                  72
               ) que el presente asunto demuestra que los tribunales de la Unión, en el marco del recurso de anulación del artículo 263 TFUE, también pueden conocer de los actos de las instituciones de la Unión en materia de contratos.
         
      
            96.
         
         
            El artículo 272 TFUE no se opone a tal posibilidad. En efecto, ni del tenor ni de la posición sistemática o del sentido y finalidad de esta disposición se desprende que los tribunales de la Unión puedan ser competentes para conocer de litigios relativos a los contratos de las instituciones de la Unión únicamente sobre la referida base. Como ya he expuesto, (
                  73
               ) del artículo 272 TFUE, en relación con el artículo 274 TFUE, solo se deduce que la Comisión no puede alterar unilateralmente el reparto de competencias entre los tribunales de la Unión y los tribunales nacionales adoptando una decisión ejecutiva, de modo que tales decisiones solo se pueden adoptar cuando el contrato de que se trate contiene una cláusula compromisoria a favor de los tribunales de la Unión. Sin embargo, la presencia de dicha cláusula en el presente caso solo significa que es a los tribunales de la Unión, y no a los órganos jurisdiccionales nacionales, a quienes corresponde conocer de los litigios derivados del contrato, y no que los tribunales de la Unión únicamente puedan conocer de dichos litigios en virtud del artículo 272 TFUE.
         
      
            97.
         
         
            No obstante, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando exista un contrato entre el demandante y una de las instituciones, los órganos jurisdiccionales de la Unión solo pueden conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado tiende a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante en su condición de autoridad administrativa. (
                  74
               )
         
      
            98.
         
         
            De la actual jurisprudencia de los tribunales de la Unión parece deducirse que, al menos con carácter general, solo dos categorías de actos cumplen estos requisitos:
            
                     –
                  
                  
                     En primer término, los actos que, pese a ser relativos a una relación contractual entre una institución de la Unión y la otra parte contractual, producen sus efectos totalmente en el exterior de dicha relación contractual, como sucede con la exclusión temporal de nuevos contratos y subvenciones de la Unión de una parte contractual que ha infringido el contrato o con la inclusión de dicha parte en una «lista negra» en una base de datos centralizada de las instituciones de la Unión. (
                           75
                        )
                  
               
                     –
                  
                  
                     En segundo término, las decisiones de compensación (
                           76
                        ) y las decisiones ejecutivas (
                           77
                        ) adoptadas con el fin de cobrar créditos contractuales.
                  
               
      
            99.
         
         
            En cuanto a estas últimas, no obstante, ADR alega que ni la Comisión ni el Tribunal General han aclarado en el presente caso en qué sentido la Decisión impugnada producía efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes. Según ADR, lo que es evidente es que los efectos jurídicos de dicha Decisión están asociados a la relación contractual entre las partes.
         
      
            100.
         
         
            Ciertamente, los efectos jurídicos de una decisión ejecutiva adoptada para el cobro de un crédito contractual también se extienden, por razones obvias, a la relación contractual correspondiente, pues con la adopción de tal decisión la Comisión declara, en primer lugar, el importe que en su opinión le adeuda la otra parte contractual en virtud de las obligaciones que le impone el contrato y obliga a esta parte a pagarle ese importe. En segundo lugar, si la decisión adquiere firmeza, bien por no ser recurrida, o bien por no prosperar el recurso, con ella queda establecida la existencia de las correspondientes obligaciones contractuales y ya no sería posible formular ninguna eventual objeción contra ellas. En tercer y último lugar, la ejecución forzosa de la decisión, si prospera, implicará el cumplimiento de las obligaciones contractuales controvertidas.
         
      
            101.
         
         
            Ahora bien, más allá de los efectos jurídicos contractuales, una decisión ejecutiva adoptada por la Comisión en ejercicio de la facultad de poder público que le confiere el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 también produce efectos jurídicos vinculantes que trascienden a la relación contractual entre las partes.
         
      
            102.
         
         
            Como acabo de exponer, (
                  78
               ) según el Tribunal de Justicia, un acto de la Unión que, pese a estar relacionado con un contrato, es susceptible de impugnación mediante el recurso de anulación del artículo 263 TFUE se caracteriza por que produce efectos jurídicos situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y supone el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución contratante no en su condición de parte contractual, sino en su condición general de autoridad administrativa.
         
      
            103.
         
         
            En el caso de una decisión ejecutiva, los dos componentes de esta definición interactúan entre sí en la medida en que el carácter extracontractual de los efectos jurídicos de tal decisión tiene su fundamento en el origen extracontractual y de poder público de estos efectos jurídicos. En efecto, los efectos jurídicos extracontractuales de una decisión ejecutiva consisten en que la Comisión establece la fuerza ejecutiva de un crédito contractual mediante un acto adoptado por ella misma en su condición de poder público. Un efecto jurídico de este tipo se sitúa en el exterior de la relación contractual, pues no se fundamenta (como sucedería, por ejemplo, con la ejecutoriedad que confiere a un crédito contractual un título obtenido judicialmente) en los derechos y obligaciones contractuales de las partes, sino en una facultad general extracontractual que como poder público asiste a la Comisión. (
                  79
               )
         
      
            104.
         
         
            Así lo ha reconocido acertadamente el Tribunal General al señalar, en el apartado 207 de la sentencia recurrida, que la Decisión impugnada constituye un acto que tiende a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la Comisión en su condición de autoridad administrativa, ya que la naturaleza jurídica de dicha Decisión no está definida por los contratos en cuestión, sino por el artículo 299 TFUE y el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012. Por lo tanto, no cabe reprochar al Tribunal General no haber aclarado en qué sentido la Decisión impugnada produce efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes.
         
      
            105.
         
         
            De las consideraciones anteriores se infiere que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General calificó acertadamente la Decisión impugnada de acto de la Unión que ADR debía impugnar por la vía del recurso de anulación del artículo 263 TFUE.
         
      
      2) Sobre la falta de efecto suspensivo de los recursos de anulación contra decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales
   
   
            106.
         
         
            No obstante, ADR considera que el hecho de que un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE contra una decisión ejecutiva adoptada para el cobro de un crédito contractual carezca de efecto suspensivo, aunque la ejecución forzosa de tal decisión contra la otra parte contractual de la Comisión pueda abocarla a la quiebra, constituye una violación de la tutela judicial efectiva.
         
      
            107.
         
         
            De conformidad con el artículo 278 TFUE, los recursos presentados ante los tribunales de la Unión no tienen efecto suspensivo. Sin embargo, el juez de la Unión podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado. De igual manera, como ya he señalado, (
                  80
               ) la ejecución forzosa de un acto por el que se impone una obligación de pago y que constituye un título ejecutivo con arreglo al artículo 299 TFUE puede ser suspendida en virtud de una decisión del juez de la Unión, conforme al artículo 299 TFUE, párrafo cuarto. No en vano, en el presente asunto ADR ha hecho uso de la posibilidad de solicitar tal suspensión, si bien finalmente no ha prosperado. (
                  81
               )
         
      
            108.
         
         
            Según el Tribunal de Justicia, debido a la existencia de esta posibilidad de solicitar medidas provisionales, el hecho de que los recursos interpuestos ante los tribunales de la Unión no tengan automáticamente efecto suspensivo no constituye violación alguna del derecho a una tutela judicial efectiva y plena, ya que la posibilidad de adoptar las medidas provisionales siempre que sea necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución que finalmente se adopte evita que se produzca un vacío en la tutela judicial procurada por los tribunales de la Unión. (
                  82
               )
         
      
            109.
         
         
            La presente argumentación de ADR plantea ahora la cuestión de si, pese a todo, el hecho de que los recursos de anulación contra decisiones ejecutivas adoptadas para el cobro de un crédito contractual carezcan de efecto suspensivo constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, ¿es aceptable en materia contractual la ejecución forzosa de un crédito antes de que se compruebe su existencia efectiva, en los casos en que no se conceda la adopción de medidas cautelares?
         
      
            110.
         
         
            La argumentación de ADR se basa en el hecho de que, en el marco de un contrato y con respecto a un crédito controvertido reclamado por una de las partes, la otra parte normalmente tiene derecho al aplazamiento automático del pago hasta que el tribunal se haya pronunciado en relación con el crédito controvertido. No hay tal aplazamiento, excepcionalmente, cuando la otra parte obtiene medidas cautelares para afianzar el pago reclamado.
         
      
            111.
         
         
            Por lo tanto, en comparación con las demandas de la Comisión con arreglo al artículo 272 TFUE, la adopción de una decisión ejecutiva no solo implica una inversión de la carga de la impugnación en contra de la otra parte contractual, sino que además reduce aún más la efectividad de su tutela judicial. No obstante, tal injerencia en la tutela judicial efectiva está justificada, pues dicha parte contractual ha sido advertida de este riesgo al celebrar el contrato, puede solicitar, con todo, medidas cautelares al Tribunal General y, por último, existe un interés legítimo en la protección eficaz de los intereses financieros de la Unión.
         
      
            112.
         
         
            Por consiguiente, la argumentación de ADR en relación con la ausencia de efecto suspensivo automático del recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE no permite apreciar la existencia de error jurídico alguno en la sentencia recurrida.
         
      
      3) Sobre el modo en que la jurisprudencia del Tribunal General entiende la distinción entre el recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE y los recursos en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE
   
   
            113.
         
         
            Según ADR, el reconocimiento de la facultad de la Comisión de adoptar, para el cobro de créditos contractuales, decisiones ejecutivas susceptibles de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE priva de toda efectividad a la vía judicial ante el tribunal contractual competente.
         
      
            114.
         
         
            Como ya he resumido, (
                  83
               ) el Tribunal General rechazó esta alegación en los apartados 209 a 214 de la sentencia recurrida, razonando que el recurso de ADR no se basaba únicamente en el artículo 263 TFUE, sino también en el artículo 272 TFUE, por lo que no solo había examinado la legalidad formal de la Decisión impugnada, sino también la fundamentación material de los créditos contractuales de la Comisión frente a ADR en que se basaba dicha Decisión.
         
      
            115.
         
         
            Este análisis diferenciado de la argumentación de ADR, por un lado, a efectos del recurso de anulación y, por otro, en relación con una demanda en materia contractual se basa en la presunción, desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal General y expuesta en el apartado 70 de la sentencia recurrida, de que, en el contexto del artículo 263 TFUE, las decisiones ejecutivas solo pueden valorarse a la luz del Derecho de la Unión. En cambio, en el ámbito del artículo 272 TFUE solo cabe invocar la infracción del contrato o del Derecho nacional aplicable a este.
         
      
            116.
         
         
            De ello se deduce, según la jurisprudencia del Tribunal General en que se basa la sentencia recurrida, que en el marco de un recurso de anulación deben desestimarse por inadmisibles todos los motivos que se fundamenten en una infracción de las disposiciones del contrato o del Derecho nacional declarado aplicable en el mismo. Esto significa que, en el contexto de un recurso de anulación contra una decisión ejecutiva, no cabe examinar la fundamentación material de dicha decisión y, por tanto, la cuestión de si realmente existe el crédito contractual invocado por la Comisión. (
                  84
               )
         
      
            117.
         
         
            Si, no obstante, el Tribunal General pretende efectuar tal análisis, antes debe comprobar si el recurso del que conoce puede ser «recalificado» de tal manera que se dirija no solo a la anulación de la Decisión impugnada, sino también a la declaración de que la Comisión no es titular del crédito contractual controvertido. En tal caso, el Tribunal General (tal como aquí ha sucedido) puede entender el recurso como fundamentado no solo en el artículo 263 TFUE, sino también en el artículo 272 TFUE y así examinar los motivos correspondientes al otro tipo de recurso. No obstante, esta recalificación solo es lícita con determinadas condiciones. (
                  85
               )
         
      
            118.
         
         
            En cambio, en defecto de un acto que pueda deslindarse del contrato y, por tanto, considerarse impugnable por separado con arreglo al artículo 263 TFUE, el juez de la Unión, que, conforme a la línea jurisprudencial del Tribunal General controvertida, es el único competente para conocer de los litigios en materia de contratos con arreglo al artículo 272 TFUE, solo podrá examinar los motivos basados en «las violaciones de estipulaciones contractuales o las violaciones del Derecho [nacional] aplicable al contrato». En cambio, en el caso de las acciones en materia contractual sobre la base del artículo 272 TFUE, los «motivos de anulación», es decir, las consideraciones «propias de una relación de Derecho administrativo» o «características de un recurso de anulación», como por ejemplo los vicios de motivación, la violación de los derechos de defensa del demandante o de su derecho a una buena administración, han de declararse inadmisibles. (
                  86
               )
         
      
            119.
         
         
            ADR alega acertadamente que la aplicación de esta jurisprudencia del Tribunal General entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a la otra parte contractual de la Comisión, tanto en relación con los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE [véase el epígrafe i)] como en relación con los litigios en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE [epígrafe ii)].
         
      
      i) Sobre los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE contra las decisiones que constituyen títulos ejecutivos adoptadas para el cobro de créditos contractuales
   
   
            120.
         
         
            La postura del Tribunal General según la cual los derechos contractuales de las partes no pueden ser examinados en el marco del recurso de anulación contra una decisión ejecutiva se basa en dos premisas erróneas de graves consecuencias: por un lado, la de que en el marco de un recurso de anulación solo se pueden examinar las disposiciones del Derecho de la Unión y, por otro, la de que el Derecho aplicable al contrato solo puede ser Derecho nacional.
         
      – Sobre la relevancia del contrato y del Derecho nacional en el marco de un recurso de anulación contra una decisión que constituye un título ejecutivo
   
   
            121.
         
         
            Según parece, el Tribunal General sostuvo por primera vez que los derechos contractuales de las partes no pueden ser examinados en el marco de un recurso de anulación contra una decisión ejecutiva en su sentencia de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión, (
                  87
               ) citada en el apartado 70 de la sentencia recurrida. En dicha sentencia se remitió en primer lugar a una afirmación del Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, (
                  88
               ) según la cual la validez de los actos de las instituciones de la Unión solo se puede apreciar con arreglo al Derecho de la Unión, pues el recurso a normas o conceptos jurídicos del Derecho nacional para apreciar la validez de dichos actos tendría por efecto menoscabar la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión.
         
      
            122.
         
         
            Pero esta afirmación del Tribunal de Justicia se refería a la cuestión de si la validez de un reglamento comunitario podía apreciarse atendiendo al Derecho de un Estado miembro. (
                  89
               ) El Tribunal de Justicia respondió acertadamente en sentido negativo, pues de lo contrario se menoscabaría la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión. Tal situación no es comparable con la situación en que una decisión ejecutiva adoptada al objeto de cobrar un crédito contractual se ha de examinar con arreglo al Derecho nacional aceptado como aplicable por las partes en el contrato.
         
      
            123.
         
         
            En efecto, a diferencia de los reglamentos de la Unión, tal decisión se basa en el Derecho nacional en la medida en que, como Derecho elegido por las partes contractuales, es el pertinente para apreciar la existencia del crédito declarado ejecutivo mediante la decisión. Por otro lado, el Derecho nacional también es el aplicable a las cláusulas de los contratos de que se trate, pues la Comisión no está facultada para declarar ejecutivo un crédito contractual que no exista con arreglo al contrato y al Derecho aplicable a este. Por lo tanto, las cláusulas contractuales y el Derecho nacional constituyen las «normas jurídicas relativas a la ejecución de los Tratados» a efectos del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, de conformidad con las cuales el juez de la Unión debe apreciar la validez de la decisión en el marco del recurso de anulación.
         
      
            124.
         
         
            Por lo tanto, el menoscabo de la unidad y eficacia del Derecho de la Unión que se derivaría de aplicar el Derecho nacional para apreciar la validez de un acto de la Unión, en el caso de una decisión ejecutiva, se deriva de la posibilidad prevista en los artículos 335 TFUE y 340 TFUE de someter los contratos de la Unión (también) a un Derecho nacional elegido por las partes. Se trata de una excepción resultante de un caso especial de imbricación entre el Derecho de la Unión y el Derecho nacional, producto de la ausencia de un Derecho contractual completo en el ámbito de la Unión.
         
      
            125.
         
         
            Por lo tanto, la fórmula desarrollada por el Tribunal General en los apartados 40 y 41 de su sentencia Applied Microengineering/Comisión a partir del tenor del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, y de la sentencia del Tribunal General Internationale Handelsgesellschaft, según la cual, «cuando conozca de un recurso de anulación sobre la base de lo dispuesto en el artículo [263 TFUE], el juez de la Unión deberá apreciar la legalidad del acto impugnado a la vista del [TFUE] o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación y, por tanto, del Derecho de la Unión», (
                  90
               ) no es válida para una decisión ejecutiva adoptada para el cobro de un crédito contractual. (
                  91
               )
         
      – Sobre el Derecho de la Unión aplicable a los contratos celebrados por la Unión
   
   
            126.
         
         
            Procede rechazar también, a la inversa, la tesis del Tribunal General en los apartados 40 y 41 de la sentencia Applied Microengineering/Comisión según la cual el «Derecho aplicable al contrato» solo puede ser Derecho nacional. En efecto, no es cierto que los contratos de las instituciones de la Unión solo se sometan a las disposiciones contractuales y al Derecho nacional elegido por las partes. A dichos contratos son siempre aplicables también las disposiciones generales del Derecho de la Unión, tanto primario como derivado, así como las pertinentes disposiciones especiales del Derecho derivado.
         
      
            127.
         
         
            De esta manera, el Reglamento Financiero n.o 966/2012 y abundantes normas sectoriales, en particular en el ámbito del fomento de la investigación, contienen ya un número significativo de disposiciones aplicables a los contratos de las instituciones de la Unión, en particular a los acuerdos de subvención y a los contratos públicos. (
                  92
               ) Por lo tanto, con arreglo a las normas de desarrollo del Reglamento Financiero n.o 966/2012, dichos contratos deben recoger una cláusula conforme a la cual les es aplicable el Derecho de la Unión, completado, en su caso, por el Derecho nacional elegido en el contrato. (
                  93
               )
         
      
            128.
         
         
            Como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 85 de la sentencia recurrida, por tanto, el Derecho nacional supletorio declarado aplicable por las partes solo pueden ser las normas del Derecho nacional común de contratos y obligaciones elegido, que pueden paliar la eventual inexistencia de tales normas a nivel de la Unión.
         
      – Conclusión
   
   
            129.
         
         
            De todo lo anterior se deduce que es incorrecta la postura del Tribunal General expresada en los apartados 40 y 41 de la sentencia Applied Microengineering/Comisión, según la cual las únicas normas de Derecho que se han de considerar en el marco de un recurso de anulación son las normas del Derecho de la Unión, y el Derecho aplicable al contrato solo puede ser el Derecho nacional.
         
      
            130.
         
         
            Por lo tanto, ya no puede considerarse justificada la idea subyacente a la jurisprudencia del Tribunal General relativa a la diferenciación entre recursos de anulación y causas en materia contractual según la cual el reparto de funciones entre el juez competente para conocer del recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, por un lado, y el juez competente para conocer del litigio en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE, por otro, consiste en que el primero ha de examinar exclusivamente el Derecho de la Unión, y el segundo, exclusivamente el contrato y el Derecho nacional aplicable a este.
         
      
            131.
         
         
            Por otro lado, también es infundada la preocupación de que el examen de las obligaciones contractuales y del Derecho nacional en el marco del recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE contra una decisión ejecutiva pueda hacer superfluo el artículo 272 TFUE o pueda dar lugar a una injerencia en la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. (
                  94
               ) En efecto, como ya se ha expuesto, la decisión ejecutiva requiere la existencia de una cláusula compromisoria que declare incompetentes a los tribunales nacionales. Pero para ello es indispensable, una vez más, el artículo 272 TFUE. (
                  95
               )
         
      
            132.
         
         
            Finalmente, la forma de entender la diferenciación entre los recursos de anulación y las causas en materia contractual que subyace a la sentencia recurrida tampoco se justifica por el hecho de que, en el recurso de anulación, el juez no pueda dirigir instrucciones a la Comisión ni colocarse en su lugar, como en los litigios en materia contractual. (
                  96
               ) En efecto, la anulación, en el marco del artículo 263 TFUE, de una decisión ejecutiva por la inexistencia del crédito contractual en que se basa tiene las mismas consecuencias que la declaración de que la Comisión no es titular de tal crédito en el marco del artículo 272 TFUE. Si, además, el demandante desea solicitar que se adopten otras medidas frente a la Comisión, junto a su pretensión de anulación de la decisión ejecutiva, formulada con arreglo al artículo 263 TFUE, siempre puede presentar también una solicitud dirigida a la adopción de tales medidas con arreglo al artículo 272 TFUE.
         
      
            133.
         
         
            De todo ello se infiere que la validez de una decisión ejecutiva adoptada al objeto de cobrar un crédito contractual, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, debe apreciarse tanto a la luz del Derecho de la Unión en general como de las disposiciones contractuales y de todas las demás disposiciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional aplicables al contrato. De esta manera, en el marco de tal recurso, el juez de la Unión debe examinar tanto la legalidad formal como la legalidad material de la Decisión impugnada, por lo que su apreciación se extiende, en particular, también a la cuestión de la fundamentación del crédito contractual invocado. El Tribunal General ha efectuado a veces ese examen en el pasado. (
                  97
               )
         
      
            134.
         
         
            En cambio, el planteamiento seguido en la sentencia recurrida, según el cual la otra parte contractual de la Comisión debe interponer tanto un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE como una demanda en virtud del artículo 272 TFUE a fin de obtener una valoración integral de la decisión ejecutiva por parte del juez de la Unión, constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva, complicando innecesariamente el acceso a la justicia.
         
      
            135.
         
         
            En efecto, por un lado, se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el juez de la Unión, en el marco de un recurso contra la decisión ejecutiva con arreglo al artículo 263 TFUE, no examina la legalidad material de esta, es decir, la cuestión de si existe siquiera el título de crédito declarado ejecutivo mediante ella.
         
      
            136.
         
         
            Por otro lado, constituye una violación del derecho a la tutela judicial efectiva exigir a la otra parte contractual de la Comisión que presente contra la decisión ejecutiva tanto un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE como una demanda en virtud del artículo 272 TFUE, sin que exista, como acabo de exponer, justificación alguna para tal exigencia. En concreto, con ello se dificulta desmesuradamente a las partes con las que contrata la Comisión el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos, (
                  98
               ) máxime cuando los demandantes, debido a la complejidad de la jurisprudencia del Tribunal General a este respecto, normalmente corren el riesgo de que sus pretensiones sean declaradas inadmisibles por no haber ejercitado, erróneamente, el tipo de acción adecuado. (
                  99
               )
         
      
      ii) Sobre la necesidad de examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes en los recursos en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE
   
   
            137.
         
         
            Tal como acertadamente recalcó el Tribunal General en el apartado 211 de la sentencia recurrida, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el derecho a un juez imparcial que consagra el artículo 47 de la Carta solo está garantizado cuando este juez tiene competencia para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para el litigio de que conoce. (
                  100
               )
         
      
            138.
         
         
            Sin embargo, el Tribunal General no satisface esta exigencia en los litigios en materia contractual con arreglo al artículo 272 TFUE cuando aplica la jurisprudencia controvertida en el caso de autos relativa a la diferenciación entre recursos de anulación y demandas contractuales, citada en el apartado 70 de la sentencia recurrida y determinante para el sentido de esta. En efecto, como ya se ha expuesto, dicha jurisprudencia parte de la idea de que el juez de la Unión, en los recursos en materia contractual, no puede examinar ningún motivo basado en la infracción del Derecho de la Unión y, en particular, de los derechos fundamentales de la Unión. (
                  101
               )
         
      
            139.
         
         
            Pero como ya he observado, es totalmente desacertado afirmar que los contratos de las instituciones de la Unión solo se someten a las disposiciones del propio contrato y a las del Derecho nacional declarado aplicable por las partes. (
                  102
               ) Por otro lado, carece de todo fundamento la tesis del Tribunal General según la cual las instituciones de la Unión solo se someten a los derechos fundamentales de la Unión y a otras obligaciones de poder público en virtud del Derecho de la Unión cuando adoptan actos unilaterales, pero no cuando celebran contratos. (
                  103
               ) En efecto, es incuestionable que las instituciones de la Unión se hallan sujetas a tales obligaciones tanto si se sirven de instrumentos unilaterales como de instrumentos contractuales para el cumplimiento de sus funciones. En particular, según se desprende del artículo 51 de la Carta, esta se aplica con carácter general a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, sin diferenciar en función de la forma de actuación elegida en cada caso. Lo contrario significaría permitir a las instituciones de la Unión eludir su sujeción a los derechos fundamentales a base de «actuar en el marco del Derecho privado». (
                  104
               )
         
      
            140.
         
         
            Esto ha sido confirmado, aun de forma implícita, por el propio Tribunal de Justicia, cuando, en litigios en materia contractual, ha examinado los argumentos basados en la violación del derecho a la buena administración. (
                  105
               )
         
      
            141.
         
         
            En cambio, el Tribunal General ha intentado integrar dichos argumentos dentro del principio general de la buena fe en el cumplimiento de los contratos que rige en materia contractual para así ver fundamentadas en el contrato o en el Derecho nacional aplicable a este las correspondientes obligaciones de las instituciones de la Unión. (
                  106
               ) Si bien esto demuestra que el Tribunal General es consciente de la dificultad de negar la sujeción de las instituciones de la Unión a tales obligaciones cuando celebran contratos, fundamentarlas en simples principios del Derecho contractual, como el de buena fe, no es más que una solución de emergencia. Con ello se mantiene, en el fondo, la injustificada hipótesis de que las instituciones de la Unión, en su actuación contractual, son equiparables a los particulares con quienes contratan y, por tanto, solo se sujetan a los principios generales del Derecho contractual y no a las obligaciones de poder público que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.
         
      
            142.
         
         
            Según la jurisprudencia del Tribunal General controvertida en el presente asunto, las instituciones de la Unión están sujetas a los derechos fundamentales y a otras obligaciones de poder público en virtud del Derecho de la Unión «únicamente en lo que respecta al ejercicio de sus responsabilidades administrativas». (
                  107
               ) Sin embargo, no alcanzo a entender por qué razón la celebración de contratos no puede estar comprendida en el ejercicio de las responsabilidades administrativas de dichas instituciones, ya que, al contrario que los particulares con quienes contratan, las instituciones de la Unión actúan siempre en el ejercicio de sus competencias administrativas.
         
      
            143.
         
         
            La propia Comisión, por otra parte, ha sostenido con vehemencia, en el presente procedimiento de casación, que no le puede ser negada la facultad de acogerse a las prerrogativas de poder público que le reconoce el Derecho de la Unión, aun en materia contractual, para proceder al cobro de créditos pecuniarios, pues esto significaría, a sensu contrario, que en materia contractual tampoco estaría sujeta a sus obligaciones de poder público generales, como por ejemplo el derecho de acceso a los documentos y, en general, los derechos fundamentales. En cualquier caso, negar la naturaleza de poder público de la Comisión cuando celebra contratos carece de todo fundamento.
         
      
            144.
         
         
            Además, la aplicación de la jurisprudencia en cuestión del Tribunal General conduce a resultados totalmente inadmisibles. Por ejemplo, la obligación de motivación solo incumbiría a las instituciones de la Unión al reclamar la devolución de una subvención cuando esta hubiera sido concedida en virtud de una decisión unilateral, pero no si se hubiera concedido por contrato. (
                  108
               ) De igual manera, la otra parte contractual solo podría reprochar a la institución de la Unión, por ejemplo, el incumplimiento del deber de motivación o la violación de los derechos de defensa si las cláusulas del contrato recogiesen estos derechos y obligaciones, (
                  109
               ) pero nunca en caso contrario. (
                  110
               ) Esto implicaría la posibilidad de que las instituciones de la Unión eludiesen las obligaciones que les impone el Derecho primario concediendo las subvenciones por contrato y no mediante decisiones unilaterales, y no incluyendo en dichos contratos ninguna obligación de motivación a su cargo ni derechos de defensa a favor de la otra parte contractual.
         
      
            145.
         
         
            El Tribunal General ha fundamentado su postura según la cual el demandante, en un litigio en materia contractual, no puede invocar las obligaciones que el Derecho de la Unión impone a las instituciones de la Unión, en particular, aludiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la diferencia entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. (
                  111
               ) Conforme a dicha jurisprudencia, la mera invocación de normas jurídicas no derivadas del contrato no puede llevar aparejada una modificación del tipo de responsabilidad y, por tanto, de la competencia judicial para conocer de un litigio. Sin embargo, de esta doctrina no se desprende que las instituciones de la Unión no estén sujetas a las obligaciones que les impone el derecho de la Unión en materia contractual y que las otras partes contractuales no puedan invocarlas.
         
      
            146.
         
         
            Por otro lado, la jurisprudencia del Tribunal General según la cual las instituciones de la Unión solo están sometidas a los derechos fundamentales y demás obligaciones de poder público en el marco de su actuación unilateral y no cuando celebran contratos probablemente se desarrolló inicialmente a partir de la idea de que la invocación de una infracción de dichas obligaciones en el contexto de litigios en materia contractual era inoperante («inopérant»), ya que en cualquier caso tal infracción no podía afectar a la existencia de los derechos contractuales de las partes. (
                  112
               )
         
      
            147.
         
         
            Pero se trata de un planteamiento incorrecto, ya que las infracciones de los derechos fundamentales y de otras obligaciones de poder público de la administración contratante en litigios en materia contractual en modo alguno pueden ser por sí mismas inoperantes. Por el contrario, como el propio Tribunal de Justicia ya ha reconocido, tales infracciones pueden incidir perfectamente en derechos contractuales de las partes. (
                  113
               ) Además, la jurisprudencia relativa a violaciones de los derechos de defensa demuestra que la invocación de una infracción, en general, no es en modo alguno inadmisible solo porque dicha infracción no se refleje necesariamente en la parte dispositiva de la sentencia. (
                  114
               ) Por último, la mera constatación de una infracción ya tiene de por sí un efecto de reparación para el demandante y un efecto disciplinario para la Administración. (
                  115
               )
         
      
            148.
         
         
            Para terminar, la postura del Tribunal General según la cual, en el marco del artículo 272 TFUE, el juez contractual no debe examinar los motivos basados en la violación de derechos fundamentales y de otras obligaciones de poder público de las instituciones de la Unión es incompatible con el reparto de las competencias judiciales que establecen los artículos 263 TFUE, 272 TFUE y 274 TFUE.
         
      
            149.
         
         
            De este modo, según el Tribunal de Justicia, en caso de un contrato entre el demandante y una institución de la Unión, solo excepcionalmente pueden considerarse los actos de la Unión susceptibles de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, pues de lo contrario los tribunales de la Unión correrían el riesgo de hacer superfluo el artículo 272 TFUE y, si el contrato no contuviese una cláusula compromisoria, de extender su competencia más allá de los límites definidos en el artículo 274 TFUE. (
                  116
               ) Por lo tanto, como ya he expuesto, solo las decisiones de compensación, las decisiones que constituyen títulos ejecutivos y los actos que producen sus efectos íntegramente fuera de la relación contractual pueden considerarse impugnables mediante un recurso de anulación del artículo 263 TFUE. (
                  117
               )
         
      
            150.
         
         
            Como expuso el Abogado General Cruz Villalón en las conclusiones presentadas en el asunto Lito Maieftiko Gynaikologiko Kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, el ámbito de los actos impugnables con arreglo al artículo 263 TFUE es en materia contractual más estricto que en otros ámbitos, pues en ese contexto, para que un acto sea impugnable, no basta con producir efectos jurídicos vinculantes para su destinatario. (
                  118
               ) Así, por ejemplo, las notas de adeudo con las que se requiere a una parte contractual el pago de una deuda, que deviene así pagadera, (
                  119
               ) los informes de auditoría en los que se constatan las irregularidades cometidas en el uso de las subvenciones y las obligaciones de pago que se derivan de ellas, (
                  120
               ) o las decisiones de rescindir unilateralmente el contrato (
                  121
               ) no constituyen en materia contractual actos susceptibles de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE. (
                  122
               )
         
      
            151.
         
         
            Aunque esto parece justificado en la medida en que la otra parte contractual dispone de una vía de recurso ante el juez contractual competente contra los actos relativos a contratos que no se consideran impugnables con arreglo al artículo 263 TFUE, esta «excepción de recurso paralelo» (
                  123
               ) solo funciona en la medida en que dicha vía de recurso es también efectiva, lo que significa que el juez contractual competente debe disponer de la competencia para examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para el litigio de que conoce. (
                  124
               )
         
      
            152.
         
         
            Esta postura ha resultado confirmada implícitamente también por la respuesta de la Comisión a una pregunta que le formuló el Tribunal de Justicia en la vista oral celebrada en el presente procedimiento de casación. A la pregunta de cómo se puede verificar el respeto de los derechos fundamentales en los recursos en materia contractual si los motivos basados en ello, en opinión del Tribunal General, son inadmisibles, la Comisión respondió que tales motivos siempre pueden examinarse en el marco del recurso de anulación. Sin embargo, esto significaría que no solo las decisiones ejecutivas de la Comisión, sino todos los actos de las instituciones de la Unión frente a las otras partes contractuales deben considerarse actos impugnables con arreglo al artículo 263 TFUE para garantizar que dichas partes cuenten con una vía de recurso efectiva. Ahora bien, tal conclusión sería totalmente incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los actos de las instituciones de la Unión en materia contractual, a excepción de las decisiones ejecutivas, no pueden considerarse impugnables precisamente con arreglo al artículo 263 TFUE. (
                  125
               )
         
      
            153.
         
         
            Por consiguiente, además del contrato y de las disposiciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional subsidiario específicamente aplicables a los contratos, el juez contractual competente debe poder examinar también todos los motivos basados en la infracción por las instituciones de la Unión de los derechos fundamentales y otras obligaciones de poder público que incumben a estas en virtud del Derecho de la Unión. (
                  126
               )
         
      
            154.
         
         
            Esta conclusión es tanto más acertada cuanto que los actos en cuestión, como, por ejemplo, la inspección de la contabilidad de la otra parte contractual, la suspensión unilateral de los pagos, la rescisión unilateral del contrato o la determinación unilateral de los importes que se han de reembolsar por medio de notas de adeudo por las que el crédito deviene exigible, aunque desde el punto de vista jurisdiccional se califiquen de contractuales, corresponden muchas veces al ejercicio de facultades unilaterales de las instituciones de la Unión conferidas, bien por disposiciones legales, o bien por cláusulas contractuales estándar que no se pueden negociar individualmente. (
                  127
               )
         
      
            155.
         
         
            De este modo se explica, por otro lado, por qué las otras partes contractuales de las instituciones de la Unión tienden a calificar de recursos de anulación, con frecuencia, los recursos interpuestos contra dichos actos. En congruencia con la solución aquí propuesta, tal recurso no debería nunca declararse inadmisible porque el demandante imputase a la institución de la Unión la infracción de derechos fundamentales u otras obligaciones de poder público o por formular otros motivos que, conforme a la actual jurisprudencia del Tribunal General, se consideren «característicos de un recurso de anulación». (
                  128
               ) y (
                  129
               )
         
      
      
         c)
       
         Conclusión parcial
      
   
   
            156.
         
         
            De todo lo anterior se deduce que el ejercicio de la facultad de la Comisión de adoptar decisiones que constituyen títulos ejecutivos al efecto de cobrar créditos contractuales no es contrario al principio de protección de la confianza legítima si la otra parte contractual, como sucede en el presente caso, fue informada en el contrato de la existencia de tal posibilidad.
         
      
            157.
         
         
            En cambio, sí que vulnera el derecho de la otra parte contractual de la Comisión a la tutela judicial efectiva obligar a dicha parte a que interponga contra la decisión ejecutiva, para obtener un examen completo de la validez de esta decisión, tanto un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE como una demanda contractual con arreglo al artículo 272 TFUE.
         
      
            158.
         
         
            De igual manera, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que la otra parte contratante, en el marco de un recurso en materia contractual en virtud del artículo 272 TFUE, no pueda reprochar a la institución de la Unión contratante ninguna infracción de los derechos fundamentales de la Unión o de otras obligaciones de poder público impuestas por el Derecho de la Unión.
         
      
      
         3.
       
         Conclusión sobre el segundo motivo
      
   
   
            159.
         
         
            En consecuencia, procede declarar que el segundo motivo de casación es, en parte, fundado: el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida, que, en el marco de un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE contra una decisión que constituye un título ejecutivo, solo pueden examinarse los motivos y alegaciones que se propongan cuestionar la legalidad de la Decisión impugnada a la luz del Tratado UE o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, es decir, basándose en el Derecho de la Unión, mientras que, en el marco de un recurso formulado con arreglo al artículo 272 TFUE, solo pueden examinarse motivos y alegaciones que denuncien infracciones de los acuerdos de subvención o del Derecho nacional aplicable a estos.
         
      
      B. Sobre el primer motivo de casación
   
   
            160.
         
         
            En su primer motivo de casación, ADR alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al basar su sentencia en una interpretación excesivamente estricta y, en definitiva, desproporcionada respecto del principio conforme al cual la Unión solo puede subvencionar los gastos efectivamente realizados. (
                  130
               )
         
      
            161.
         
         
            De esta manera, ADR reprocha al Tribunal General no haber tenido suficientemente en cuenta que había llevado a buen término los proyectos subvencionados, lo cual contradice la propia intención expresada por la propia Comisión y por el Parlamento Europeo de facilitar en el futuro las cosas para los beneficiarios de subvenciones prestando más atención a los resultados obtenidos que a la justificación de los costes incurridos.
         
      
            162.
         
         
            Este razonamiento no puede prosperar.
         
      
            163.
         
         
            En primer lugar, se ha de señalar que, en su recurso de casación, ADR no cuestiona las apreciaciones de los hechos en que basó su razonamiento el Tribunal General en relación con la falta de subvencionabilidad de determinados gastos. Por otro lado, estas apreciaciones de los hechos se sustraen, en cualquier caso, al control por parte del Tribunal de Justicia en el trámite de casación, a no ser que se hayan desnaturalizado los elementos de prueba presentados ante el Tribunal General o que la inexactitud material de dichas apreciaciones se desprenda de los documentos aportados a los autos, (
                  131
               ) lo cual no ocurre en el caso de autos.
         
      
            164.
         
         
            Por lo tanto, se trata de aclarar únicamente si el Tribunal General, pese a los hechos en virtud de los cuales confirmó la falta de subvencionabilidad de los gastos controvertidos, debió haber considerado que estos eran subvencionables al constar que ADR llevó a buen término las acciones subvencionadas.
         
      
            165.
         
         
            Procede responder negativamente a esta cuestión. En efecto, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia, el principio conforme al cual, en materia de ayudas financieras, la Unión solo puede subvencionar los gastos efectivamente asumidos significa que el hecho de que entretanto se haya completado la acción subvencionada no influye en la obligación del beneficiario de justificar la utilización de las cantidades que le hayan sido atribuidas. (
                  132
               ) Por lo tanto, cuando los costes declarados por el beneficiario no puedan ser verificados, a la Comisión no le queda otra opción que proceder a la recuperación de la ayuda en la cuantía de los importes no justificados, y no puede renunciar a tal recuperación en atención a consideraciones de proporcionalidad. (
                  133
               )
         
      
            166.
         
         
            En el presente asunto, el Tribunal General declaró que los costes relativos a dos peritos fueron correctamente declarados como no subvencionables, ya que se ha acreditado que uno de ellos, en un día en el que ADR declaró costes en relación con uno de los proyectos controvertidos, estuvo trabajando en otro proyecto. Ante este indicio concreto de que la imputación de los gastos en cuestión no se correspondía con la realidad, ADR no ha aportado las pruebas necesarias para demostrar que se trataba de un error aislado. Al contrario, las reservas del auditor se vieron confirmadas por otros aspectos, como el desajuste temporal de los pagos y la falta de justificantes. (
                  134
               ) Por último, ninguno de los demás argumentos formulados por ADR en contra de los informes de los auditores pudo desvirtuar las conclusiones de estos informes. (
                  135
               )
         
      
            167.
         
         
            Por todo ello, el Tribunal General llegó a la conclusión de que la culminación de la acción con buenos resultados alegada por ADR no bastaba para admitir los costes controvertidos como subvencionables si no se cumplían los demás requisitos de subvencionabilidad. (
                  136
               )
         
      
            168.
         
         
            De estas consideraciones no puede inferirse error jurídico alguno. En particular, no cabe reprochar al Tribunal General haber efectuado una interpretación excesivamente estricta del principio conforme al cual la Unión solo puede subvencionar los gastos efectivamente realizados. Por el contrario, aplicó correctamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, cuando no se presentan pruebas de la efectiva realización de los gastos, no basta la prueba de que un proyecto se ha realizado para justificar la concesión de una subvención específica.
         
      
            169.
         
         
            En tales circunstancias, no es necesario entrar a analizar la distinción que hace la Comisión entre las subvenciones, con las que se pretende posibilitar al beneficiario el desarrollo de una actividad de importancia estratégica para la Unión, y los contratos públicos, en virtud de los cuales se presta un servicio a cambio de una contraprestación, distinción cuya pertinencia cuestiona ADR en el presente asunto. Tampoco es preciso examinar la cuestión debatida entre las partes en cuanto a la medida en que finalmente la Comisión o la misma ADR utilizaron y aprovecharon los resultados del proyecto ejecutado.
         
      
            170.
         
         
            Por último, la anterior conclusión tampoco se ve desvirtuada por el hecho, aludido por ADR, de que la Comisión y el Parlamento, al redactar el nuevo Reglamento 2018/1046, (
                  137
               ) hayan expresado su voluntad de prestar mayor atención a los resultados de los pagos en el ámbito de las ayudas financieras (
                  138
               ) ni de que esta intención se refleje efectivamente en las disposiciones del Reglamento 2018/1046, (
                  139
               ) pues es evidente que estas disposiciones aún no son aplicables al presente asunto.
         
      
            171.
         
         
            De las anteriores consideraciones se infiere que el primer motivo de casación debe ser desestimado.
         
      
      C. Sobre los efectos del carácter fundado del segundo motivo de casación en la sentencia recurrida
   
   
            172.
         
         
            Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un error de Derecho del Tribunal General no conduce a la anulación de la sentencia recurrida si el fallo resulta correcto por otros motivos de Derecho. (
                  140
               )
         
      
            173.
         
         
            Pues bien, en el presente asunto se cumple tal condición. En la sentencia recurrida, el propio Tribunal General expuso las razones que sustentan el fallo, a pesar del error jurídico antes (
                  141
               ) constatado.
         
      
            174.
         
         
            En efecto, si bien el Tribunal General, en los apartados 71 a 80 de la sentencia recurrida, calificó incorrectamente los motivos y alegaciones de ADR como «motivos contractuales», propios de los recursos interpuestos conforme al artículo 272 TFUE, y no como «motivos de anulación», propios de un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, a continuación dividió su análisis de dichos motivos y alegaciones en un examen para el artículo 272 TFUE, dentro del cual solo se ocupó de los «motivos contractuales» (apartados 81 a 188 de la sentencia recurrida), y un examen respecto del artículo 263 TFUE, dentro del cual abordó únicamente los «motivos de anulación» (apartados 189 a 218 de la sentencia recurrida).
         
      
            175.
         
         
            En cualquier caso, en el marco de este análisis dividido, el Tribunal General consideró finalmente todos los motivos y alegaciones formulados por ADR y comprobó su justificación en Derecho. A este respecto, procede recordar especialmente que el Tribunal General, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, declaró que el primer reproche de ADR dentro de su segundo motivo de casación, según la cual la Comisión comunicó a ADR los informes finales de auditoría con un retraso excesivo, vulnerando así el principio de buena administración y los derechos de defensa de ADR, (
                  142
               ) pretendía fundamentar las pretensiones de ADR tanto en el ámbito del artículo 272 TFUE como en el ámbito del artículo 263 TFUE.
         
      
            176.
         
         
            A continuación, el Tribunal General examinó dicho reproche, en los apartados 172 a 184 de la sentencia recurrida, primero dentro de su valoración del recurso a la luz del artículo 272 TFUE para, después, en los apartados 215 a 218 de la sentencia recurrida, examinar de nuevo la argumentación de ADR dentro de su examen del recurso a la luz del artículo 263 TFUE.
         
      
            177.
         
         
            Por lo tanto, si bien el Tribunal General, desde el punto de vista estructural, llevó a cabo su comprobación partiendo de una separación estricta entre los motivos de anulación y los contractuales, cometiendo con ello un error de Derecho, en la práctica esta separación no incidió, en el presente caso, en la admisibilidad de los motivos de ADR ni en su examen en cuanto al fondo.
         
      
            178.
         
         
            Por otra parte, ADR no ha demostrado ni ha alegado siquiera que el análisis separado de sus argumentos en el ámbito de un recurso con arreglo al artículo 272 TFUE, por un lado, y en el ámbito de un recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, por otro, haya dado lugar en este caso a una valoración incompleta de sus alegaciones en primera instancia ante el Tribunal General.
         
      
            179.
         
         
            Además, con excepción de las que fueron objeto del segundo motivo de casación, ADR no ha impugnado, o en cualquier caso no ha impugnado con éxito, las apreciaciones del Tribunal General sobre la fundamentación de sus motivos y alegaciones, como demuestra el resultado del análisis del primer motivo de casación. (
                  143
               )
         
      
            180.
         
         
            Por lo tanto, el error de Derecho antes (
                  144
               ) constatado no ha afectado a la parte dispositiva de la sentencia recurrida, de modo que, a pesar de su carácter fundado, el segundo motivo de casación no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia.
         
      
      VI. Costas
   
   
            181.
         
         
            Conforme al artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
         
      
            182.
         
         
            A tenor del artículo 138, apartado 3, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.
         
      
            183.
         
         
            En el presente asunto, han prosperado las pretensiones de la Comisión en el sentido de que procede desestimar el recurso de casación, al ser correcta, como acabo de exponer, por otras razones jurídicas, la parte dispositiva de la sentencia recurrida, pese al error de Derecho constatado.
         
      
            184.
         
         
            Sin embargo, el segundo motivo de casación, que constituye la parte principal del recurso, debe considerarse fundado, precisamente por dicho error de Derecho.
         
      
            185.
         
         
            En tales circunstancias, cabe resolver que ADR cargue con dos terceras partes de sus propias costas y con dos terceras partes de las costas de la Comisión, y que la Comisión cargue con un tercio de sus propias costas y con un tercio de las costas de ADR.
         
      
      VII. Conclusión
   
   
            186.
         
         
            En virtud de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
            
                     1)
                  
                  
                     Desestime el recurso de casación.
                  
               
                     2)
                  
                  
                     Condene a ADR Center SpA a cargar con dos tercios de sus propias costas y con dos tercios de las de la Comisión Europea.
                  
               
                     3)
                  
                  
                     Condene a la Comisión a cargar con un tercio de sus propias costas y con un tercio de las de ADR Center.
                  
               
      (
         1
      )	Lengua original: alemán.
   (
         2
      )	Sobre ese período, véase más adelante el punto 68 de las presentes conclusiones.
   (
         3
      )	Sentencia del Tribunal General de 20 de julio de 2017, ADR Center/Comisión (T‑644/14, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2017:533).
   (
         4
      )	Véanse los asuntos ADR Center/Comisión (T‑364/15), y Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (T‑191/16). Por otro lado, ante el Tribunal de Justicia está pendiente actualmente el asunto Inclusion Alliance for Europe/Comisión (C‑378/16 P), en el que se plantean las mismas cuestiones que en el presente recurso de casación, así como el asunto SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P), en que se suscitan cuestiones relacionadas con ellas.
   (
         5
      )	Véase inicialmente el artículo 72, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), y actualmente el artículo 100, apartado 2, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).
   (
         6
      )	DO 2012, L 298, p. 1. Los acuerdos de subvención de que aquí se trata se celebraron en diciembre de 2008, es decir, aún durante la vigencia del Reglamento n.o 1605/2002 (véase el punto 9 de las presentes conclusiones), y la remisión que en los acuerdos de subvención se hacía al Derecho de la Unión aplicable era de carácter claramente dinámico (véase el punto 11 de las presentes conclusiones), de manera que al entrar en vigor el Reglamento Financiero n.o 966/2012, este también devino aplicable. En cualquier caso, la Decisión impugnada se adoptó el 27 de junio de 2014 y, por tanto, ya bajo la vigencia del Reglamento Financiero n.o 966/2012 (véase el punto 18 de las presentes conclusiones), por lo que este es el pertinente a este respecto. Esto es coherente con el principio según el cual la disposición que constituye la base jurídica de un acto y que faculta a la institución de la Unión para adoptarlo debe estar en vigor en el momento de la adopción del acto: véase la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros (C‑361/14 P, EU:C:2016:434), apartado 40.
   (
         7
      )	Apartados 2, 3, 6 y 9 de la sentencia recurrida.
   (
         8
      )	Apartado 12 de la sentencia recurrida.
   (
         9
      )	Apartados 5, 8 y 11 de la sentencia recurrida.
   (
         10
      )	Apartado 14 de la sentencia recurrida.
   (
         11
      )	Apartado 15 de la sentencia recurrida.
   (
         12
      )	Apartado 17 de la sentencia recurrida.
   (
         13
      )	Apartado 18 de la sentencia recurrida.
   (
         14
      )	Apartados 19 a 21 de la sentencia recurrida.
   (
         15
      )	Apartados 22 a 31 de la sentencia recurrida.
   (
         16
      )	Apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida.
   (
         17
      )	Apartados 37 a 40 de la sentencia recurrida.
   (
         18
      )	Apartados 41 y 42 de la sentencia recurrida y anexo 33 de la demanda en primera instancia.
   (
         19
      )	Véase el auto del presidente del Tribunal General de 7 de abril de 2016, ADR Center/Comisión (T‑644/14 R, no publicado, EU:T:2016:201), apartados 10 a 12.
   (
         20
      )	Auto del presidente del Tribunal General de 7 de abril de 2016, ADR Center/Comisión (T‑644/14 R, no publicado, EU:T:2016:504:201), apartados 26 y ss.
   (
         21
      )	Apartados 53 a 62 de la sentencia recurrida.
   (
         22
      )	Apartados 63 a 67 de la sentencia recurrida.
   (
         23
      )	El Tribunal General, acertadamente, no expuso ninguna objeción al hecho de que ADR no rebatiese la competencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada hasta la réplica. En efecto, la cuestión de la competencia del autor del acto debe ser examinada de oficio por el juez de la Unión, por lo que se puede plantear en cualquier fase del procedimiento; véase la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE (C‑577/15 P, EU:C:2016:947), apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada.
   (
         24
      )	Consideraciones similares, aunque sin más examen, se encuentran ya en sentencias anteriores del Tribunal General; véanse las sentencias de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión (T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287), apartados 94 y 95; de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartado 39, y de 4 de julio de 2017, Systema Teknolotzis/Comisión (T‑234/15, EU:T:2017:461), apartado 91; véase también la sentencia de 13 de junio de 2019, Synergy Hellas/Comisión (T‑244/18, no publicada, EU:T:2019:409), apartado 40.
   (
         25
      )	El artículo 272 TFUE se refiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en general. Con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General es competente para conocer en primera instancia de los recursos mencionados en el artículo 272 TFUE.
   (
         26
      )	Parece que únicamente el Tribunal General ha declarado, en sus autos de 19 de octubre de 2010, Nencini/Parlamento (T‑431/10 R, no publicado, EU:T:2010:441), apartado 19; de 19 de mayo de 2015, Costa/Parlamento (T‑197/15 R, no publicado, EU:T:2015:294), apartado 26, y de 16 de febrero de 2017, Gollnisch/Parlamento (T‑624/16 R, no publicado, EU:T:2017:94), apartados 51 y 52, que el Parlamento, al contrario que el Consejo, la Comisión y el BCE, no goza de competencias para adoptar decisiones ejecutivas con arreglo al artículo 299 TFUE. En cambio, el Tribunal General no se ha pronunciado (véase el punto 41 de las presentes conclusiones) sobre la cuestión del eventual fundamento competencial en el artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, cuyo precedente se halla en el Reglamento n.o 1605/2002 (véase la nota 5 de las presentes conclusiones). En su resolución sobre el recurso de casación en el último asunto citado, T‑624/16 R, el Tribunal de Justicia dejó sin responder, por razones de admisibilidad, un argumento que planteaba la cuestión de la competencia del Parlamento para adoptar decisiones ejecutivas; véase el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 6 de julio de 2017, Gollnisch/Parlamento [C‑189/17 P(R), no publicado, EU:C:2017:528], apartados 46 y 47. Del artículo 68 de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 19 de mayo y de 9 de julio de 2008, por la que se establecen medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (DO 2009, C 159, p. 1), solo se desprende que el secretario general cursa instrucciones con vistas a la reintegración de cantidades percibidas indebidamente por los diputados, pero no si para ello deben o pueden adoptarse decisiones ejecutivas. Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia solo parece haberse ocupado también de asuntos en que el Parlamento había decidido que una cantidad había sido indebidamente percibida y había remitido la correspondiente nota de adeudo al diputado en cuestión, pero no había adoptado decisiones ejecutivas; véanse, por ejemplo, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2011, Nencini/Parlamento [C‑530/10 P(R), no publicado, EU:C:2011:729], apartados 3 y 4; la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartados 16, 17, 22 y 23, y el auto de 21 de mayo de 2019, Le Pen/Parlamento (C‑525/18 P, no publicado, EU:C:2019:435), apartados 13 y 14. Véase igualmente el auto de este día en el asunto Le Pen/Parlamento (C‑38/19).
   (
         27
      )	Con arreglo al artículo 2, letra b), del Reglamento Financiero n.o 966/2012, por «institución», a los efectos de dicho Reglamento, se entiende el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), pero no el BCE. Véase, asimismo, el artículo 2, punto 67, del posterior Reglamento 2018/1046, así como el artículo 1, apartado 2, del anterior Reglamento n.o 1605/2002 en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1081/2010 (DO 2010, L 311, p. 9); en cambio, en la versión original del Reglamento n.o 1605/2002, faltaban el Consejo Europeo, que no se constituyó como institución de la Unión hasta el Tratado de Lisboa, y el SEAE, creado en 2010.
   (
         28
      )	El artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, al igual que la disposición que le sucedió, el artículo 100, apartado 2, del Reglamento 2018/1046 (véase la nota 5 de las presentes conclusiones), suscita ciertas dudas, ya que, si bien su párrafo primero dispone sin limitación alguna que «la institución» podrá formalizar el devengo de títulos de crédito a cargo de personas distintas de los Estados miembros en una decisión que constituirá título ejecutivo a tenor del artículo 299 TFUE, su párrafo segundo establece que, en circunstancias excepcionales, la Comisión podrá adoptar asimismo una decisión ejecutoria en beneficio de otras instituciones, a petición de estas, con respecto a reclamaciones relacionadas con el personal al que se aplica el Estatuto. El artículo 85, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, sobre las normas de desarrollo del Reglamento Financiero (DO 2012, L 362, p. 1), aclara incluso que, en circunstancias excepcionales, «instituciones […] que no sean las mencionadas en el artículo 299 TFUE» podrán pedir a la Comisión que adopte una decisión ejecutoria. A primera vista, al menos, no se explica para qué son necesarias estas disposiciones si, en cualquier caso, el artículo 79, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento Financiero n.o 966/2012 ya confiere a todas las instituciones en el sentido de dicho Reglamento (véase la nota 27 de las presentes conclusiones) la facultad de adoptar por sí mismas decisiones ejecutivas. No obstante, la disposición precedente del artículo 79, apartado 2, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, el artículo 72, apartado 2, del Reglamento n.o 1605/2002 (véase la nota 5 de las presentes conclusiones), no contenía ninguna norma análoga al artículo 79, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Financiero n.o 966/2012, ni tampoco se encontraba ninguna disposición similar en las normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 que recogía el Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 (DO 2002, L 357, p. 1).
   (
         29
      )	Si bien el artículo 62, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) n.o 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento Financiero n.o 966/2012 (DO 2013, L 328, p. 42), y actualmente el artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento 2018/1046 (DO 2019, L 122, p. 1), prevén la posibilidad de ejecución forzosa para recuperar créditos, no está claro si las propias agencias descentralizadas pueden adoptar decisiones ejecutivas al efecto. En cambio, las agencias ejecutivas de la Comisión muy probablemente no están autorizadas para ello, ya que la facultad le está reservada a la Comisión: véase, en cuanto a la Agencia Ejecutiva de Investigación, el auto de 12 de septiembre de 2018, Holistic Innovation Institute/REA (C‑241/17 P, no publicado, EU:C:2018:704), apartado 4.
   (
         30
      )	Con respecto al BCE, por ejemplo, simultáneamente a su creación por el Tratado de Maastricht, en el artículo 108 A CE, apartado 2 (posteriormente artículo 110 CE, apartado 2), se hacía una remisión expresa según la cual el artículo 192 CE (posteriormente artículo 256 CE), es decir, la disposición precedente del artículo 299 TFUE, era aplicable también a los reglamentos y decisiones del BCE. En cambio, la posterior inclusión del BCE en el artículo 299 TFUE por el Tratado de Lisboa fue de carácter meramente técnico.
   (
         31
      )	Artículo 92 CECA, artículo 192 CE (1957) y artículo 164 Euratom.
   (
         32
      )	Véase el punto 36 de las presentes conclusiones.
   (
         33
      )	Véanse más adelante los puntos 82 y 84 de las presentes conclusiones.
   (
         34
      )	Véase en este sentido también la sentencia de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado 65.
   (
         35
      )	Véase el artículo 161, apartado 1, en relación con el artículo 156, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, así como el artículo 165, apartado 1, en relación con el artículo 160, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
   (
         36
      )	En la sentencia recurrida, el Tribunal General no ha analizado la admisibilidad del recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE contra la Decisión impugnada, pero implícitamente da por aceptada dicha admisibilidad; véanse los apartados 61 y 68 de la sentencia recurrida.
   (
         37
      )	Véanse, en particular, las sentencias del Tribunal General de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión (T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287), apartado 93; de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartado 38; de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión (T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652), apartado 45; de 4 de julio de 2017, Systema Teknolotzis/Comisión (T‑234/15, EU:T:2017:461), apartado 90, y de 13 de junio de 2019, Synergy Hellas/Comisión (T‑244/18, no publicada, EU:T:2019:409), apartado 40.
   (
         38
      )	Véanse los puntos 95 a 105 de las presentes conclusiones.
   (
         39
      )	Al margen de las consideraciones expuestas en el punto 49 de las presentes conclusiones, este argumento sería válido aun asumiendo la postura del Tribunal General en la sentencia recurrida, contraria a la que defiendo en las presentes conclusiones (véanse, más adelante, los puntos 113 a 136), según la cual el control de legalidad de una decisión ejecutiva adoptada para cobrar un crédito contractual se puede dividir en el examen de la legalidad formal de dicha decisión por parte del juez que conoce del recurso de anulación, por un lado, y el examen de la legalidad material de la misma decisión por parte del juez contractualmente competente, por otro. En efecto, si, en defecto de cláusula compromisoria, este último es el juez nacional, la disgregación de la competencia judicial entre el juez de la Unión, competente para el control de la legalidad formal de la Decisión impugnada, y el juez nacional, competente para conocer de los derechos contractuales en que se basa dicha Decisión, sería incompatible con las exigencias de la tutela judicial efectiva, ya que se dificultaría sensiblemente al demandante el ejercicio de sus derechos. Así lo ha reconocido correctamente (aunque de forma implícita) el Tribunal General en los apartados 209 a 214 de la sentencia recurrida.
   (
         40
      )	Véanse los puntos 36 y 44 de las presentes conclusiones.
   (
         41
      )	Sería preciso aclarar de forma paralela si las instituciones de la Unión pueden adoptar decisiones de compensación que puedan ser impugnadas conforme a la actual jurisprudencia, por ejemplo mediante el recurso de anulación del artículo 263 TFUE (véase la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/CCRE, C‑87/01 P, EU:C:2003:400, apartados 42 y 45 y parte dispositiva, así como las sentencias del Tribunal General de 8 de octubre de 2008, Helkon Media/Comisión, T‑122/06, no publicada, EU:T:2008:418, apartados 46 a 52; de 6 de octubre de 2015, Technion y Technion Research & Development Foundation/Comisión, T‑216/12, EU:T:2015:746, apartado 53, y de 14 de noviembre de 2017, Alfamicro/Comisión, T‑831/14, no publicada, EU:T:2017:804, apartados 191 a 193), cuando el contrato de que se trata no contiene una cláusula compromisoria a favor de los tribunales de la Unión. Así pues, a la luz, por un lado, de la protección de los intereses financieros de la Unión, resulta difícilmente justificable negar a las instituciones de la Unión, en defecto de una cláusula compromisoria, la posibilidad de compensación y obligarlas a seguir desembolsando fondos de la Unión a favor de un deudor moroso o insolvente. Por otro lado, en atención al reparto de las competencias entre los tribunales de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales y del derecho a la tutela judicial efectiva, no parece fácil fundamentar en una decisión de compensación la competencia del juez de la Unión a pesar de que la competencia para el control de la legalidad del título de crédito controvertido le corresponda a un juez nacional. En cualquier caso, en tal situación habría que considerar que la compensación solo tiene efectos prácticos y no efectos jurídicos, lo que significa que una eventual firmeza de la decisión de compensación no prejuzgaría la cuestión de la fundamentación o de la existencia del derecho de crédito de las partes en que se basa dicha decisión.
   (
         42
      )	Sentencias de 11 de julio de 1985, Maag/Comisión (43/84, EU:C:1985:328), apartado 26; de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 19, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado 49.
   (
         43
      )	Sentencia de 11 de julio de 1985, Maag/Comisión (43/84, EU:C:1985:328), apartado 26.
   (
         44
      )	Véase el punto 11 de las presentes conclusiones. Según las alegaciones formuladas por la Comisión en la vista oral del presente procedimiento, en su práctica interna solo adopta decisiones ejecutivas para cobrar créditos contractuales cuando los contratos de que se trata contienen una cláusula compromisoria a favor de los tribunales de la Unión.
   (
         45
      )	Véase el auto del Tribunal General de 27 de octubre de 2014, Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Comisión (T‑703/14 R, no publicado, EU:T:2014:914), apartado 19.
   (
         46
      )	Véase el punto 18 de las presentes conclusiones, así como los apartados 41 y 192 de la sentencia recurrida y los fundamentos jurídicos citados al principio de la Decisión impugnada (anexo 33 de la demanda en primera instancia).
   (
         47
      )	El concepto de «acto de base», de conformidad con el artículo 2, letra d), inciso i), del Reglamento Financiero n.o 966/2012, designa un reglamento, una directiva o una decisión en el sentido del artículo 288 TFUE en la aplicación del TFUE y del Tratado Euratom y, con arreglo al inciso ii) de la misma disposición, a los actos del Consejo en la aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea («Disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión y disposiciones específicas relativas a la política exterior y de seguridad común»).
   (
         48
      )	Sobre el recurso a los antecedentes de una disposición como método interpretativo, véanse las sentencias de 22 de octubre de 2009, Zurita García y Choque Cabrera (C‑261/08 y C‑348/08, EU:C:2009:648), apartado 57, y de 3 de octubre de 2013, Confédération paysanne (C‑298/12, EU:C:2013:630), apartado 27, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/España (Planes de gestión de residuos) (C‑642/18, EU:C:2019:682), puntos 38 y ss.
   (
         49
      )	Véase la nota 5 de las presentes conclusiones.
   (
         50
      )	Véase la página 20 de la Comunicación de la Comisión de 3 de diciembre de 2002, «Mejora de la recaudación de los créditos comunitarios derivados de la gestión directa y compartida de los gastos comunitarios», COM(2002) 671 final, disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0671:FIN:ES:PDF; véase también Beysen, E.: «Theorie und Praxis der Rückforderung vertraglicher Finanzhilfen durch die Europäische Kommission», Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (EWS) 4/2008, pp. 120 y ss.
   (
         51
      )	Véase la sentencia de 6 de mayo de 1982, BayWa y otros (146/81, 192/81 y 193/81, EU:C:1982:146), apartado 10.
   (
         52
      )	Convenio de 26 de julio de 1995, basado en el artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, C 316, p. 48).
   (
         53
      )	DO 2017, L 198, p. 29.
   (
         54
      )	Véanse en este sentido, por analogía, las sentencias de 29 de marzo de 2012, Belvedere Costruzioni (C‑500/10, EU:C:2012:186), apartado 23, y de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B. (C‑42/17, en lo sucesivo, sentencia Taricco II, EU:C:2017:936), apartado 52.
   (
         55
      )	Sentencia de 9 de septiembre de 2015 (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 21.
   (
         56
      )	Sentencia de 17 de marzo de 2005, Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros (C‑294/02, EU:C:2005:172), apartado 95, y mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros (C‑294/02, EU:C:2004:549), puntos 167 a 171.
   (
         57
      )	Sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 21.
   (
         58
      )	Sentencia del Tribunal General de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartado 68.
   (
         59
      )	Esta expresión, utilizada hasta la fecha en las versiones españolas de las sentencias de los tribunales de la Unión, procede del artículo 71, apartado 2, del Reglamento n.o 1605/2002; en cambio, desde el Reglamento Financiero n.o 966/2012 se utiliza en la versión española la expresión «solicitud de pago». Sin embargo, en las versiones francesa e inglesa de dichos Reglamentos se utilizan invariablemente las expresiones «note de débit» y «debit note», respectivamente.
   (
         60
      )	Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartados 15, 23 y 24, y la sentencia del Tribunal General de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartados 66 a 69.
   (
         61
      )	Véase la sentencia de 17 de marzo de 2005, Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros (C‑294/02, EU:C:2005:172), apartado 95, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/AMI Semiconductor Belgium y otros (C‑294/02, EU:C:2004:549), puntos 167 a 171.
   (
         62
      )	Sobre los distintos modelos de contrato administrativo que existen en los Estados miembros de la Unión, véanse los estudios comparados de Noguellou, R., y Stelkens, U.: Droit comparé des contrats publics/Comparative law on public contracts, Bruylant, Bruselas, 2010.
   (
         63
      )	Véanse el artículo L.252 A del Livre des procédures fiscales; los artículos 112 y ss. del Decreto n.o 2012‑1246, de 7 de noviembre de 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, y los artículos R.2342‑4, R.3342‑8‑1 y R.4341‑4 del Code général des collectivités territoriales. Véase Galati, D.: Les actes émis par l’administration en vue du recouvrement de ses créances non fiscales et non domaniales — Éléments de contentieux administratif et financier, tesis doctoral, Universidad de Lille 2, 2001; Chapus, R.: Droit administratif général, Montchrestien, París, 15.a ed., 2001, pp. 470 y ss., n.o 641, y Gaudemet, Y.: «Exécution forcée et puissance publique: les prérogatives de la puissance publique pour requérir l’exécution», Revue des contrats 1/2005, pp. 133 y ss.
   (
         64
      )	Véase el punto 68 de las presentes conclusiones.
   (
         65
      )	Véase, a este respecto, ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure, Book IV — Contracts, pp. 143 y ss., especialmente puntos 2, 3 y 8, disponible en http://www.reneual.eu/index.php/projects-and-publications/reneual-1‑0.
   (
         66
      )	Véase más adelante el punto 153 de las presentes conclusiones.
   (
         67
      )	Con arreglo al artículo 201, apartado 2, letra j), y al punto 16.4, letra d), del anexo I del Reglamento 2018/1046 [anteriormente artículos 138, apartado 4, letra d), y 180, apartado 1, párrafo segundo, inciso ii), del Reglamento n.o 1268/2012], los convenios de subvención y los proyectos de contrato público de las instituciones de la Unión deben establecer la jurisdicción contenciosa.
   (
         68
      )	Véase en este sentido también la sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión (T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652), apartados 57 a 59. La postura según la cual, ante las diferentes tradiciones administrativas de los Estados miembros y considerando la jurisprudencia de los tribunales de la Unión, es necesario advertir a la otra parte contractual, antes de la celebración del contrato, de la posibilidad de que la Comisión adopte decisiones ejecutivas ha sido también defendida de forma convincente en la doctrina: véase Beysen, E.: «Theorie und Praxis der Rückforderung vertraglicher Finanzhilfen durch die Europäische Kommission», Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht (EWS) 4/2008, p. 120 (especialmente pp. 128 y 129), y Puffer-Mariette, J.‑C. y Seyr, S.: «Die Verträge der europäischen Verwaltung vor dem Unionsrichter», en Hess, B., Jayme, E. y Mansel, H.‑P.: Europa als Rechts- und Lebensraum, Liber amicorum für Christian Kohler, Gieseking, Bielefeld, 2018, p. 441 (especialmente pp. 455 y 456).
   (
         69
      )	Conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en el asunto Duff y otros (C‑63/93, EU:C:1995:170), punto 25.
   (
         70
      )	Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
   (
         71
      )	Véase el punto 52 de las presentes conclusiones.
   (
         72
      )	Véase el punto 50 de las presentes conclusiones.
   (
         73
      )	Véanse los puntos 48 a 56 de las presentes conclusiones.
   (
         74
      )	Sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 20; auto de 29 de septiembre de 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión (C‑102/14 P, no publicado, EU:C:2016:737), apartado 55, y sentencia de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado 50.
   (
         75
      )	Véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal General de 10 de abril de 2013, GRP Security/Tribunal de Cuentas (T‑87/11, no publicada, EU:T:2013:161), apartados 18 y 40 y ss., y de 8 de marzo de 2018, Rose Vision/Comisión (T‑45/13 RENV y T‑587/15, no publicada, EU:T:2018:124), apartados 16 y ss. y 201 y ss. (en este caso, en relación con el artículo 340 TFUE, apartado 2; recurso de casación pendiente en el asunto C‑346/18 P); véase también el auto del Tribunal General de 19 de septiembre de 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), apartados 12 y 38 y ss.; recurso de casación pendiente en el asunto C‑730/18 P.
   (
         76
      )	Véase la jurisprudencia citada en la nota 41 de las presentes conclusiones.
   (
         77
      )	Véase el punto 50 de las presentes conclusiones, así como la jurisprudencia citada en la correspondiente nota 37.
   (
         78
      )	Véase el punto 97 de las presentes conclusiones.
   (
         79
      )	Véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 4 de julio de 2017, Systema Teknolotzis/Comisión (T‑234/15, EU:T:2017:461), apartado 91.
   (
         80
      )	Véase el punto 49 de las presentes conclusiones.
   (
         81
      )	Véanse los puntos 21 y 22 de las presentes conclusiones.
   (
         82
      )	Véase en este sentido el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 1996, Alemania/Comisión (C‑399/95 R, EU:C:1996:193), apartado 46 y jurisprudencia citada.
   (
         83
      )	Véase el punto 93 de las presentes conclusiones.
   (
         84
      )	Como se desprende, en particular, de los apartados 70, 71, 77, 78, 80 y 188 de la sentencia recurrida; véanse también las sentencias del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartados 40 y ss., y de 16 de marzo de 2016, Hydrex/Comisión (T‑45/15, no publicada, EU:T:2016:151), apartados 24, 25, 49 y 50; el auto del Tribunal General de 21 de abril de 2016, Inclusion Alliance for Europe/Comisión (T‑539/13, no publicado, EU:T:2016:235), apartados 90 y ss.; recurso de casación pendiente en el asunto C‑378/16 P, y la sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión (T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652), apartados 40 y ss.
   (
         85
      )	Véanse los apartados 57 y ss. de la sentencia recurrida y las sentencias del Tribunal General de 6 de octubre de 2015, Technion y Technion Research & Development Foundation/Comisión (T‑216/12, EU:T:2015:746), apartados 52 y ss., y de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión (T‑184/15, no publicada, EU:T:2016:652), apartados 60 y ss.; véanse también las sentencias del Tribunal General de 19 de septiembre de 2001, Lecureur/Comisión (T‑26/00, EU:T:2001:222), apartados 37 y ss.; de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartados 57 y ss., y de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartados 40 y ss.
   (
         86
      )	Véanse los autos del Tribunal General de 10 de abril de 2008, Imelios/Comisión (T‑97/07, no publicado, EU:T:2008:105), apartado 33; de 12 de octubre de 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (T‑353/10, EU:T:2011:589), apartados 36 y ss., y de 13 de enero de 2014, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión (T‑134/12, no publicado, EU:T:2014:31), apartado 50, y las sentencias del Tribunal General de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartado 47; de 9 de noviembre de 2016, Trivisio Prototyping/Comisión (T‑184/15, no publicado, EU:T:2016:652), apartado 119, y de 20 de mayo de 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA (T‑104/18, no publicado, EU:T:2019:345), apartados 46 y ss. y 66 y ss. Tal diferenciación entre «motivos relativos al contrato» y «motivos de nulidad» muestra paralelo con la diferenciación propia del Derecho administrativo francés entre el «contencioso subjetivo» en el marco de recursos en materia contractual y el «contencioso objetivo» o «contencioso de legalidad» en el marco de los recursos de anulación («recurso por ejercicio abusivo de competencias»). Esta diferenciación no impide, sin embargo, en el Derecho procesal administrativo francés que el juez examine plenamente, en el marco de los recursos en materia contractual, la legalidad de las resoluciones administrativas clasificadas como contractuales y, por tanto, no impugnables por la vía del recurso de anulación; véase Chapus, R.: Droit du contentieux administratif, Montchrestien, París, 13.a ed., 2008, pp. 210 y 211, n.o 229; p. 237, n.o 263, y pp. 732 y 733, n.o 827; y Folliot, L.: Pouvoirs des juges administratifs et distinction des contentieux en matière contractuelle, tesis doctoral, Universidad de París II, 1994, pp. 605 y ss. y 610. Esta consideración vale hoy tanto más cuanto que contencioso objetivo y contencioso subjetivo se hallan en los últimos años cada vez más próximos en el Derecho procesal administrativo francés; véase, en particular, Glaser, E.: «Les habits neufs du juge du contrat», AJDA 6/2011, pp. 310 y ss. A la inversa, en el Derecho procesal administrativo francés el juez puede, en el marco de un recurso contra un título ejecutivo emitido por la Administración para el cobro de un crédito contractual (véase al respecto el punto 63 de las presentes conclusiones), examinar tanto la legalidad formal del título como la existencia del crédito controvertido (véanse el art. 117 del Decreto n.o 2012‑1246 de 7 de noviembre de 2012, relativo a la gestión del presupuesto y contabilidad públicos, así como el art. L.1617‑5 1.o del Código General de las Corporaciones Territoriales. Véase también Chapus, R.: Droit administratif général, Montchrestien, París, 15.a ed. 2001, pp. 470 y ss., n.o 641, y Cheynel, B.: «The contestation of the orders to pay issued for the recovery of illegal State aids declared incompatible by the Commission», Concurrences 4/2018, art. n.o 88144, pp. 236 y ss.).
   (
         87
      )	T‑387/09, EU:T:2012:501, apartados 40 y 41.
   (
         88
      )	11/70, EU:C:1970:114, apartado 3.
   (
         89
      )	Véase la sentencia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114), apartados 1 a 3.
   (
         90
      )	El subrayado es mío.
   (
         91
      )	Por lo demás, la decisión ejecutiva no es el único ejemplo de un acto de la Unión cuya validez se ha de examinar también sobre la base de disposiciones contractuales en el marco del recurso de anulación; véase, por ejemplo, el caso de una decisión de excluir temporalmente de nuevos contratos y subvenciones de la Unión a una parte contractual que ha incumplido un contrato, en la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2013, GRP Security/Tribunal de Cuentas (T‑87/11, no publicada, EU:T:2013:161), apartados 18 y 55 y ss., en particular los apartados 62 a 66.
   (
         92
      )	Véase un supuesto de aplicación, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal General de 20 de mayo de 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA (T‑104/18, no publicada, EU:T:2019:345), apartado 55.
   (
         93
      )	Véanse los artículos 138, apartado 4, letra c), y 180, apartado 1, párrafo segundo, letra i), del Reglamento n.o 1268/2012 [actualmente artículo 201, apartado 2, letra i), y punto 16.4, letra c), del anexo I del Reglamento 2018/1046]. La única excepción es la correspondiente a los acuerdos de subvención celebrados con organizaciones internacionales, así como determinadas operaciones inmobiliarias.
   (
         94
      )	El Tribunal de Justicia teme que se produzcan estas consecuencias en el caso de que, junto a las decisiones ejecutivas, accedan al recurso de anulación también otros actos de la Unión que guarden alguna relación con contratos: véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 19.
   (
         95
      )	Véanse los puntos 48 a 56 y 96 de las presentes conclusiones.
   (
         96
      )	Véanse los apartados 56 y 62 de la sentencia recurrida y jurisprudencia citada, así como la sentencia de 26 de febrero de 2015, Planet/Comisión (C‑564/13 P, EU:C:2015:124), apartado 23, y mis conclusiones presentadas en el asunto Planet/Comisión (C‑564/13 P, EU:C:2014:2352), puntos 19 y ss.
   (
         97
      )	Véanse las sentencias del Tribunal General de 21 de septiembre de 2011, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisión (T‑34/08, no publicada, EU:T:2011:504); de 28 de marzo de 2012, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisión (T‑296/08, no publicada, EU:T:2012:162); de 13 de septiembre de 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisión (T‑73/08, no publicada, EU:T:2013:433), y de 12 de diciembre de 2013, Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Comisión (T‑171/08, no publicada, EU:T:2013:639). Es cierto que los actos impugnados en dichos asuntos no son decisiones ejecutivas, sino decisiones de la Comisión por las cuales no se reconocían parcialmente los costes de las otras partes contractuales; sin embargo, esta situación es comparable a la de adopción de una decisión ejecutiva con el fin de satisfacer un crédito contractual.
   (
         98
      )	Véase, sobre este componente del derecho a la tutela judicial efectiva en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de mayo de 2010, Club Hotel Loutraki y otros (C‑145/08 y C‑149/08, EU:C:2010:247), apartados 72 a 74 y 80.
   (
         99
      )	Con respecto a tales casos, véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartados 40 y ss., y de 16 de marzo de 2016, Hydrex/Comisión (T‑45/15, no publicada, EU:T:2016:151), apartados 24 y ss., así como el auto del Tribunal General de 21 de abril de 2016, Inclusion Alliance for Europe/Comisión (T‑539/13, no publicado, EU:T:2016:235), apartados 90 y ss.; recurso de casación pendiente en el asunto C‑378/16 P.
   (
         100
      )	Sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 49.
   (
         101
      )	Véase el punto 118 de las presentes conclusiones.
   (
         102
      )	Véanse los puntos 126 a 128 de las presentes conclusiones.
   (
         103
      )	Véase la sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2009, Comisión/Burie Onderzoek en Advies (T‑179/06, no publicada, EU:T:2009:171), apartado 118, y el auto del Tribunal General de 8 de febrero de 2010, Alisei/Comisión (T‑481/08, EU:T:2010:32), apartado 95; véanse también las sentencias del Tribunal General de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión (T‑116/11, EU:T:2013:634), apartado 245; de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartado 120; de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión (T‑166/17, no publicada, EU:T:2019:26), apartado 51; recurso de casación pendiente en el asunto C‑273/19 P, y de 20 de mayo de 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA (T‑104/18, no publicada, EU:T:2019:345), apartados 66 a 74.
   (
         104
      )	Véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en el asunto Commune de Millau y SEMEA/Comisión (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946), punto 88.
   (
         105
      )	Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Commune de Millau y SEMEA/Comisión (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008), apartados 95 a 109 (aun formalmente en el marco de una demanda de responsabilidad extracontractual, en último término se trataba de derechos contractuales: véanse los puntos 85 y 86 de mis conclusiones presentadas en el asunto Commune de Millau y SEMEA/Comisión, C‑531/12 P, EU:C:2014:1946), así como la sentencia de 11 de junio de 2015, EMA/Comisión (C‑100/14 P, no publicada, EU:C:2015:382), apartado 123, donde se contradice el apartado 245 de la sentencia del Tribunal General de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión (T‑116/11, EU:T:2013:634).
   (
         106
      )	Véanse los apartados 170 a 178 de la sentencia recurrida, así como las sentencias del Tribunal General de 18 de noviembre de 2015, Synergy Hellas/Comisión (T‑106/13, EU:T:2015:860), apartados 65 a 72; de 5 de octubre de 2016, European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/EACEA (T‑724/14, no publicada, EU:T:2016:600), apartados 84 y 85; de 4 de mayo de 2017, Meta Group/Comisión (T‑744/14, no publicada, EU:T:2017:304), apartados 187 a 193 y 205 a 210; de 14 de noviembre de 2017, Alfamicro/Comisión (T‑831/14, no publicada, EU:T:2017:804), apartados 166 a 168 y 175 a 179; de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión (T‑166/17, no publicada, EU:T:2019:26), apartado 51; recurso de casación pendiente en el asunto C‑273/19 P, y de 28 de febrero de 2019, Ateknea Solutions Catalonia/Comisión (T‑69/16, no publicada, EU:T:2019:121), apartados 98, 125 y 126.
   (
         107
      )	Véase la jurisprudencia citada en la nota 103 de las presentes conclusiones.
   (
         108
      )	Véase, expresamente, la sentencia del Tribunal General de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartado 122; en sentido similar, también el auto del Tribunal General de 10 de mayo de 2004, Musée Grévin/Comisión (T‑314/03 y T‑378/03, EU:T:2004:139), apartado 83.
   (
         109
      )	Véase la sentencia del Tribunal General de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartados 73 y 79 y ss.
   (
         110
      )	Véanse las sentencias del Tribunal General de 25 de mayo de 2004, Distilleria Palma/Comisión (T‑154/01, EU:T:2004:154), apartado 46; de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión (T‑116/11, EU:T:2013:634), apartado 275, y de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartado 120, así como el auto del Tribunal General de 15 de febrero de 2016, InAccess Networks Integrated Systems/Comisión (T‑82/15, no publicado, EU:T:2016:90), apartado 60, y la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2016, European Children’s Fashion Association e Instituto de Economía Pública/EACEA (T‑724/14, no publicada, EU:T:2016:600), apartado 89.
   (
         111
      )	Véase la referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de mayo de 2009, Guigard/Comisión (C‑214/08 P, no publicada, EU:C:2009:330), apartado 43, en el auto del Tribunal General de 8 de febrero de 2010, Alisei/Comisión (T‑481/08, EU:T:2010:32), apartado 94, citado a su vez en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartado 40, que abrió el camino para la línea jurisprudencial en cuestión en el presente asunto.
   (
         112
      )	Véase, fundamentalmente, la sentencia del Tribunal General de 3 de junio de 2009, Comisión/Burie Onderzoek en Advies (T‑179/06, no publicada, EU:T:2009:171), apartados 116 a 118, así como el auto del Tribunal General de 8 de febrero de 2010, Alisei/Comisión (T‑481/08, EU:T:2010:32), apartado 95, basado en ella, y las sentencias del Tribunal General de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartado 90; de 13 de junio de 2012, Insula/Comisión (T‑246/09, no publicada, EU:T:2012:287), apartado 274; de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión (T‑116/11, EU:T:2013:634), apartados 245, 252 y 253; de 12 de julio de 2016, Comisión/Thales développement et coopération (T‑326/13, no publicada, EU:T:2016:403), apartados 73 y 74; de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión (T‑166/17, no publicada, EU:T:2019:26), apartado 51; recurso de casación pendiente en el asunto C‑273/19 P, y de 20 de mayo de 2019, Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA (T‑104/18, no publicada, EU:T:2019:345), apartados 66 a 74. El hecho de que, a lo que parece, el propio Tribunal de Justicia, en dos asuntos, también haya querido formular una argumentación similar (sentencias de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, apartado 104, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, apartado 76) no debería ser inconveniente para apartarse de ella de aquí en adelante.
   (
         113
      )	Véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Commune de Millau y SEMEA/Comisión (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008), apartados 95 a 109, así como mis conclusiones presentadas en el asunto Commune de Millau y SEMEA/Comisión (C‑531/12 P, EU:C:2014:1946), puntos 84 a 91 (aun formalmente en el marco de una demanda de responsabilidad extracontractual, en último término se trataba de derechos contractuales); en sentido similar, también la sentencia del Tribunal General de 17 de junio de 2010, CEVA/Comisión (T‑428/07 y T‑455/07, EU:T:2010:240), apartado 91.
   (
         114
      )	Véase la sentencia de 14 de junio de 2018, Makhlouf/Consejo (C‑458/17 P, no publicada, EU:C:2018:441), apartado 42 y jurisprudencia citada.
   (
         115
      )	Véanse en este sentido, por analogía, las sentencias de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), apartados 67 a 73, y de 6 de marzo de 1979, Simmenthal/Comisión (92/78, EU:C:1979:53), apartado 32, así como la sentencia del Tribunal General de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE (T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275), apartado 95.
   (
         116
      )	Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 19.
   (
         117
      )	Véanse los puntos 97 y 98 de las presentes conclusiones.
   (
         118
      )	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:110), puntos 46 a 60, en relación con la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartado 20.
   (
         119
      )	Véanse la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:562), apartados 23 a 25; el auto de 29 de septiembre de 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión (C‑102/14 P, no publicado, EU:C:2016:737), apartados 56 a 61, y la sentencia de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartados 50 a 52 y 58.
   (
         120
      )	Véanse los autos del Tribunal General de 8 de febrero de 2010, Alisei/Comisión (T‑481/08, EU:T:2010:32), apartados 51 a 55; de 14 de junio de 2012, Technion y Technion Research & Development Foundation/Comisión (T‑546/11, no publicado, EU:T:2012:303), apartados 49 y 50, y de 15 de febrero de 2016, InAccess Networks Integrated Systems/Comisión (T‑82/15, no publicado, EU:T:2016:90), apartados 41 a 46.
   (
         121
      )	Véase la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2013, GRP Security/Tribunal de Cuentas (T‑87/11, no publicada, EU:T:2013:161), apartado 30.
   (
         122
      )	En materia extracontractual, en cambio, las notas de adeudo, por ejemplo, se consideran directamente impugnables con arreglo al artículo 263 TFUE: véase la jurisprudencia citada en el punto 26 de las presentes conclusiones, así como la sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2018, Terna/Comisión (T‑387/16, EU:T:2018:699), apartados 28 a 36; recurso de casación pendiente en el asunto C‑812/18 P; véase, de manera similar, en relación con una factura, el auto del Tribunal General de 8 de marzo de 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA (T‑573/10, no publicado, EU:T:2012:114), apartados 36 y 37.
   (
         123
      )	Sobre el concepto de «excepción de recurso paralelo», véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión (C‑506/13 P, EU:C:2015:110), punto 4 y notas 4 y 48.
   (
         124
      )	Sobre ese requisito, véase el punto 137 de las presentes conclusiones.
   (
         125
      )	Véase el punto 149 de las presentes conclusiones.
   (
         126
      )	No obsta a esta consideración el hecho de que el juez contractual competente pueda ser un juez nacional, pues es obvio que los órganos jurisdiccionales nacionales pueden remitir a los tribunales de la Unión cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión en virtud del artículo 267 TFUE.
   (
         127
      )	Véanse, a este respecto, las alegaciones de las demandantes en las sentencias del Tribunal General de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión (T‑116/11, EU:T:2013:634), apartados 246 a 249, y de 28 de febrero de 2019, Ateknea Solutions Catalonia/Comisión (T‑69/16, no publicada, EU:T:2019:121), apartado 124, así como las disposiciones de los acuerdos de subvención aquí controvertidos citadas en el punto 13 de las presentes conclusiones.
   (
         128
      )	Véase el punto 118 de las presentes conclusiones.
   (
         129
      )	En este sentido, por ejemplo, los autos del Tribunal General de 31 de agosto de 2011, IEM/Comisión (T‑435/10, no publicado, EU:T:2011:410), apartados 37 a 46, y de 15 de febrero de 2016, InAccess Networks Integrated Systems/Comisión (T‑82/15, no publicado, EU:T:2016:90), apartados 51 a 63.
   (
         130
      )	Véanse sobre este principio las sentencias de 19 de enero de 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisión (C‑240/03 P, EU:C:2006:44), apartados 69, 76, 78, 86 y 97; de 28 de febrero de 2013, Portugal/Comisión (C‑246/11 P, no publicada, EU:C:2013:118), apartado 102, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartados 65 a 68; véanse además del apartado 93 de la sentencia recurrida y las sentencias del Tribunal General de 22 de mayo de 2007, Comisión/IIC (T‑500/04, EU:T:2007:146), apartado 94, y de 24 de octubre de 2014, Technische Universität Dresden/Comisión (T‑29/11, EU:T:2014:912), apartado 71.
   (
         131
      )	Véase el auto de 30 de enero de 2019, Verein Deutsche Sprache/Comisión (C‑440/18 P, no publicado, EU:C:2019:77), apartado 9 y jurisprudencia citada.
   (
         132
      )	Sentencias de 19 de enero de 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisión (C‑240/03 P, EU:C:2006:44), apartado 78, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado 68.
   (
         133
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartados 65 a 70.
   (
         134
      )	Véanse los apartados 97 a 115 de la sentencia recurrida, sobre el tercer motivo formulado en primera instancia.
   (
         135
      )	Véanse los apartados 117 a 155 de la sentencia recurrida, sobre el cuarto motivo formulado en primera instancia.
   (
         136
      )	Apartados 107, 108 y 111 y apartados 156 y 157 de la sentencia recurrida.
   (
         137
      )	Véase el punto 5 de las presentes conclusiones.
   (
         138
      )	Véase la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, de 14 de septiembre de 2016, COM(2016) 605 final, procedimiento 2016/0282(COD), en particular pp. 3, 4 y 31 (considerando 57), así como el informe de las Comisiones de Presupuestos y de Control Presupuestario del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2017, procedimiento 2016/0282A(COD), disponible en https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1492977&l=fr&t=E.
   (
         139
      )	Véanse, en particular, el considerando 56 y los artículos 33, 125 y 181 del Reglamento 2018/1046.
   (
         140
      )	Véanse las sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154), apartados 47 a 49; de 29 de marzo de 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Comisión (C‑352/09 P, EU:C:2011:191), apartado 136, y de 7 de junio de 2018, Ori Martin/Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C‑463/17 P, EU:C:2018:411), apartado 24.
   (
         141
      )	Véase el punto 159 de las presentes conclusiones.
   (
         142
      )	Sobre el desarrollo cronológico de los hechos, véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
   (
         143
      )	Véase el punto 171 de las presentes conclusiones.
   (
         144
      )	Véase el punto 159 de las presentes conclusiones.