CELEX: 61994CC0137
Language: es
Date: 1995-07-13
Title: Conclusiones del Abogado General Elmer presentadas el 13 de julio de 1995. # The Queen contra Secretary of State for Health, ex parte Cyril Richardson. # Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Reino Unido. # Igualdad entre hombres y mujeres - Exención de pago de gastos médicos - Ambito de aplicación material de la Directiva 79/7/CEE - Vínculo con la edad de jubilación - Efectos de la sentencia en el tiempo. # Asunto C-137/94.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. MICHAEL B. ELMER
      presentadas el 13 de julio de 1995 (
            *1
         )
      
               1. 
            
            
               En el presente asunto prejudicial, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la interpretación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (
                     1
                  ) (en lo sucesivo, «Directiva») en relación con una disposición de Derecho nacional que exime a las mujeres de 60 años del pago de la participación en gastos farmacéuticos en el ámbito del suministro de medicamentos gratuitos, cuando los hombres sólo tienen derecho a la citada exención a partir de los 65 años de edad.
            
         Legislación nacional aplicable
      
               2.
            
            
               La letra a) del apartado 1 del artículo 77 de la National Health Service Act 1977 (en lo sucesivo, «Ley de 1977») autoriza al Secretary of State a adoptar reglamentos que prevean el pago de los gastos por el suministro de productos farmacéuticos, medicamentos y aparatos (en lo sucesivo, «participación en gastos farmacéuticos») con arreglo a la Ley. La letra a) del apartado 1 del artículo 83 A, incluido por la Social Security Act 1988, contempla además la posibilidad de establecer normas de exención del pago de la participación en gastos farmacéuticos en favor de determinados grupos de personas. Conforme al apartado 2 del artículo 83 A, estas categorías de personas pueden determinarse especialmente en función de la edad, del tipo de enfermedad que padecen y de los recursos de que disponen.
            
         
               3.
            
            
               En virtud de tales disposiciones, el Secretary of State promulgó el National Health Service, Statutory Instrument no 419 (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989 (en lo sucesivo, «Reglamento de 1989»). Esta normativa exige el pago de una participación fija por el suministro de medicamentos dispensados con receta. El medicamento dispensado es en sí gratuito. Prevé, además, determinadas exenciones del pago de la participación en gastos farmacéuticos. Se deduce de la letra c) del apartado 1 de su artículo 6 que están exentos los hombres que hayan cumplido la edad de 65 años y las mujeres que hayan cumplido la edad de 60 años. Por lo demás, estos límites de edad coinciden exactamente con los previstos por la ley para tener derecho a la pensión de jubilación. Además, quedan exentos del pago de la participación en gastos farmacéuticos los jóvenes y las personas que padecen determinadas enfermedades que la normativa precisa.
            
         Hechos
      
               4.
            
            
               El demandante en el procedimiento principal, Sr. Cyril Richardson, nació el 18 de agosto de 1929. El 9 de marzo de 1993, el Sr. Richardson, que no tenía todavía los 65 años y que, por consiguiente, no cumplía aún el requisito de edad para tener derecho a la pensión de jubilación, dirigió un escrito al Secretary of State for Health, en el que manifestaba su protesta contra la participación en gastos farmacéuticos y, más en concreto, con la diferencia de trato entre hombres y mujeres, dado que las mujeres entre 60 y 64 años de edad estaban exentas, en tanto que los hombres de la misma edad no lo estaban. La reclamación correspondiente fue desestimada mediante escrito de 6 de mayo de 1993.
               Como el 2 de septiembre de 1993, el Sr. Richardson tuvo que pagar en una farmacia un importe de 4,75 UKL (equivalente a 5,55 ECU) en concepto de participación en gastos farmacéuticos, el 3 de noviembre de 1993 interpuso un recurso ante la High Court of Justice, Queen's Bench Division, por el que solicitaba, entre otras cosas, la anulación de las disposiciones controvertidas del Reglamento de 1989 por ser contrarias a la Directiva, así como la reparación del perjuicio.
            
         Sobre las disposiciones pertinentes de la Directiva
      
               5.
            
            
               La Directiva fue adoptada en virtud del artículo 235 del Tratado CE y, según su artículo 1, contempla «la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la Seguridad Social y otros elementos de protección social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social».
               De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, la Directiva se aplica:
               
                        «a)
                     
                     
                        a los regímenes legales que aseguren una protección contra los siguientes riesgos:
                        
                                 —
                              
                              
                                 enfermedad,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 invalidez,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 vejez,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 accidente laboral y enfermedad profesional,
                              
                           
                                 —
                              
                              
                                 desempleo;
                              
                           
                  
                        b)
                     
                     
                        a las disposiciones relativas a la ayuda social, en la medida en que estén destinadas a completar los regímenes contemplados en la letra a) o a suplirlos.»
                     
                  Según el apartado 1 del artículo 4, el principio de igualdad de trato supone:
               «[...] la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente [...] particularmente en lo relativo a:
               
                        —
                     
                     
                        el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
                     
                  [...]»
               Según lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 7, la Directiva no obsta a la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación «la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación, y las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones».
            
         Las cuestiones prejudiciales
      
               6.
            
            
               Mediante resolución de 5 de mayo de 1994, la High Court of Justice planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones siguientes:
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Pertenece al ámbito de aplicación del artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE la exención del pago de la participación en gastos farmacéuticos reconocida en favor de diversas categorías de personas, conforme al apartado 1 del artículo 6 del National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989, Statutory Instrument No 419, o de determinadas personas de edad, conforme a la letra c) del apartado 1 del artículo 6 de dicha norma?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es aplicable la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 79/7/CEE en las circunstancias del presente caso?
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        En caso de infracción de la Directiva 79/7/CEE, ¿puede alegarse el efecto directo de esta Directiva en apoyo de una demanda de indemnización de daños y perjuicios relativa a períodos anteriores a la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia, interpuesta por personas que no hayan iniciado un procedimiento judicial ni hayan presentado una reclamación equivalente con anterioridad a dicha fecha?»
                     
                  
         La primera cuestión
      
               7.
            
            
               Mediante su primera cuestión, el órgano a quo plantea si el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva se aplica a un régimen como el descrito en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989, el cual exime del pago de la participación en gastos farmacéuticos a determinadas personas. La cuestión es, en otras palabras, si se trata de un régimen legal que asegure una protección contra los riesgos de enfermedad, vejez, etc.
            
         
               8.
            
            
               En apoyo de la tesis según la cual el apartado 1 del artículo 3 se aplica a este tipo de régimen, el Sr. Richardson y la Comisión sostienen que existe en el presente caso una relación directa y efectiva entre la prestación y los riesgos enumerados en el apartado 1 del artículo 3, ya que se trata de un régimen legal cuya finalidad es proteger contra el riesgo de enfermedad. Según el Sr. Richardson, éste es al mismo tiempo un régimen que protege a las personas de edad de las consecuencias económicas derivadas de la vejez.
            
         
               9.
            
            
               El Reino Unido mantiene que la disposición nacional no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, pues el objetivo de este régimen es la protección de la salud y no proporcionar una cobertura de Seguridad Social. Además, no concurre el requisito de la relación entre la prestación y la protección contra uno de los riesgos enumerados en el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, por cuanto que se trata de una prestación que se concede a un grupo muy amplio de personas en mal estado de salud y no de un régimen especial para las personas de edad.
            
         
               10.
            
            
               Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una prestación debe constituir total o parcialmente un régimen legal de protección contra uno de los riesgos enumerados en el apartado 1 del artículo 3, o una forma de ayuda social que tenga el mismo objetivo para poder entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva. (
                     2
                  )
            
         
               11.
            
            
               La exención contemplada en el Reglamento de 1989 fue introducida en aplicación de la Ley de 1977. Por consiguiente, se cumple el requisito según el cual debe tratarse de un régimen legal, dado que el fundamento jurídico de la exención es la Ley de 1977 y que la prestación se concede en las condiciones establecidas por la Ley, sin necesidad de una apreciación individual y discrecional de las necesidades del destinatario.
            
         
               12.
            
            
               Debe además tratarse de un régimen. Este término no encierra, a mi juicio, ninguna exigencia especial. En efecto, resulta difícil encontrar una expresión más neutra. En particular, no cabe suponer que esta expresión implique que la prestación debe integrarse en un conjunto legal más amplio con fines de Seguridad Social. La colocación formal por los Estados miembros de una prestación en el marco de una ley de uno u otro tipo no puede tener incidencia sobre los derechos de los particulares conferidos por el Derecho comunitario. (
                     3
                  ) Consideraciones de técnica legislativa, política u otras —y en ocasiones parece que incluso el azar— pueden determinar la colocación en un tipo u otro de ley de una disposición legislativa que conceda a los particulares un beneficio determinado. No es posible deducir directamente de su colocación la naturaleza precisa de una disposición; para determinarla es necesario efectuar un análisis exhaustivo de la disposición de que se trata. (
                     4
                  )
            
         
               13.
            
            
               A este propósito, el requisito necesario y suficiente, a mi juicio, es que la prestación legal proteja contra uno de los riesgos enumerados en esta disposición; por este motivo, la apreciación que debe realizarse conforme al apartado 1 del artículo 3 debe tener en cuenta ab initio la prestación concreta. Sólo cuando la prestación de que se trate sea parte integrante de una prestación global de rango superior debe tenerse en cuenta esta última. Una exención como la contenida en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989 no parece ser parte integrante de una prestación global, sino que, por el contrario, implica un beneficio distinto y claramente delimitado para las personas de edad, jóvenes y personas aquejadas de determinadas enfermedades previstas específicamente, que reciben medicamentos prescritos con receta y que, a falta de este régimen, habrían pagado una participación en gastos farmacéuticos.
            
         
               14.
            
            
               El Tribunal de Justicia ha interpretado el apartado 1 del artículo 3 en el sentido de que esta disposición se aplica a cualquier prestación que, en sentido amplio, asegure una protección contra uno de los riesgos antes mencionados, (
                     5
                  ) incluidas la enfermedad y la vejez. Las modalidades de pago de esta prestación no son decisivas, pero el régimen debe estar directa y efectivamente vinculado con la protección contra cualquiera de los riesgos enumerados en esta disposición. (
                     6
                  )
            
         
               15.
            
            
               En la sentencia Smithson, el Tribunal de Justicia observó que este requisito no se cumple en el caso de un régimen cuya finalidad es conceder a personas cuyos ingresos reales sean inferiores a un umbral determinado una prestación especial destinada a que puedan hacer frente a determinados gastos de vivienda. (
                     7
                  ) Según la sentencia Jackson y Cresswell, tampoco está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva una prestación que es parte integrante de un régimen general de ayuda a las personas desfavorecidas, cuyos recursos sean inferiores a determinado importe, y destinada a que puedan hacer frente a sus necesidades. (
                     8
                  ) En tales supuestos, se trata de un régimen general dé ayuda en función de los ingresos, y no de los regímenes especialmente destinados a asegurar a personas contra las consecuencias, por ejemplo, de la enfermedad o de la vejez. (
                     9
                  )
            
         
               16.
            
            
               Por el contrario, la prestación a que se refiere el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989 tiene por finalidad eximir a determinadas categorías de personas, que necesitan medicamentos dispensados con receta, del pago de la participación en gastos farmacéuticos que debe satisfacerse por la compra de tales medicamentos. Los medicamentos dispensados con receta se destinan en general a tratar, atenuar o prevenir una enfermedad. La enfermedad es, pues, un requisito sine qua non de la exención del pago de la tasa. Por consiguiente, cabe suponer que este régimen protege contra el riesgo de enfermedad y está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva.
            
         
               17.
            
            
               Es irrelevante que el régimen se aplique simplemente a determinadas categorías de personas aquejadas de una enfermedad, esto es, a los jóvenes y a las personas de edad, así como a personas que sufren ciertas enfermedades enumeradas aparte, habida cuenta de que, como se ha indicado anteriormente, las modalidades de pago de esta prestación no son decisivas para su calificación de acuerdo con la Directiva. (
                     10
                  ) Carece igualmente de importancia que se trate de una exención de gastos, y no de una prestación en metálico, ya que en uno y otro caso el particular obtiene una ventaja de orden económico.
            
         
               18.
            
            
               En conclusión, considero que procede responder a la primera cuestión de la High Court que el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que un régimen como el establecido por el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989, que exime del pago de la participación en gastos farmacéuticos a determinadas categorías de personas, y, en especial, a determinadas personas de edad, pertenece al ámbito de aplicación de la Directiva.
            
         La segunda cuestión
      
               19.
            
            
               Mediante su segunda cuestión, el órgano de remisión pretende en realidad que el Tribunal de Justicia precise su interpretación de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva según la cual la Directiva, no obsta a la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación la fijación de la edad de jubilación y las consecuencias que puedan derivarse de ellas para otras prestaciones.
            
         
               20.
            
            
               El Sr. Richardson sostiene que la letra a) del apartado 1 del artículo 7 no es aplicable a un régimen como el que resulta del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989, ya que no existe un vínculo necesario y objetivo entre la prestación y la edad legal de jubilación.
            
         
               21.
            
            
               La Comisión opina que el Tribunal de Justicia ha definido ya los elementos de interpretación necesarios y, por tanto, pide a éste que se atenga a esta definición.
            
         
               22.
            
            
               El Reino Unido alega que la aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 no debe implicar una relación necesaria entre la edad de jubilación y otra prestación en sentido estricto, y que tan sólo debe poder exigirse una relación razonable y proporcionada. El Reino Unido subraya a este respecto que los gastos de medicamentos representan una contribución importante a la financiación del gasto público en medicamentos. El total de los gastos en medicamentos del Family Health Service ascendía en 1991/1992 a 2,3 miles de millones de UKL-(que equivalen a 2,7 miles de millones de ECU), en tanto que la participación en gastos farmacéuticos correspondiente al período 1993/1994 ha supuesto unos ingresos de 278 millones de UKL (que equivalen a 325 millones de ECU).
            
         
               23.
            
            
               El Tribunal de Justicia tuvo ocasión de pronunciarse en el pasado acerca del contenido de la disposición de excepción contenida en la letra a) del apartado 1 del artículo 7. (
                     11
                  ) De esta jurisprudencia se deduce que la citada disposición, por constituir una excepción a un principio general del Derecho Comunitario, debe interpretarse de forma estricta. (
                     12
                  ) Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que la segunda frase de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 se refiere únicamente a las discriminaciones que estén necesaria y objetivamente vinculadas a la diferencia en cuanto a la edad de jubilación. (
                     13
                  ) En consecuencia, la discriminación debe ser objetivamente necesaria para proteger el equilibrio financiero del régimen de pensiones de jubilación o del sistema de Seguridad Social o para garantizar la coherencia entre el régimen de pensiones de jubilación y el régimen de las demás prestaciones. (
                     14
                  )
            
         
               24.
            
            
               En cuanto al requisito relativo a la protección del equilibrio financiero dentro del régimen de pensiones, el Tribunal de Justicia ha precisado, en su sentencia Thomas y otros, antes citada, (
                     15
                  ) que la concesión de prestaciones incluidas en regímenes no contributivos a personas que sufren determinadas contingencias, sin tener en cuenta el derecho de dichas personas a una pensión de vejez conforme a los períodos de cotización cubiertos no ejerce una influencia directa sobre el equilibrio financiero.
            
         
               25.
            
            
               La exención del pago de la participación en gastos farmacéuticos contemplada en el apartado 1 del artículo 6 no guarda relación con la amplitud del derecho a la pensión de jubilación ni con la financiación de este sistema de pensiones. El hecho de suprimir la discriminación carece pues, a mi juicio de incidencia sobre el equilibrio financiero dentro del sistema de pensiones.
            
         
               26.
            
            
               Por lo que respecta al requisito relativo a la protección del equilibrio financiero del régimen de Seguridad Social en su totalidad, el Tribunal de Justicia se ha centrado, en la sentencia Thomas y otros, antes citada, sobre la cuestión de si la concesión de la prestación daría lugar a una acumulación de prestaciones. (
                     16
                  )
            
         
               27.
            
            
               En estas circunstancias, considero que para hacer uso de la excepción no basta que una supresión de la discriminación determine un aumento de los gastos globales en lo que se refiere a los regímenes no contributivos. Por el contrario, el punto decisivo es si la imposibilidad de prevalerse de la excepción determina que el beneficiario tiene derecho a percibir diversas prestaciones que cubren de hecho las mismas necesidades del destinatario. En el presente caso no se ha aportado dato alguno que permita pensar que una supresión de la discriminación implicaría una acumulación de prestaciones como la mencionada.
            
         
               28.
            
            
               En lo que se refiere al requisito de la coherencia entre el sistema de pensiones de jubilación y otras prestaciones, procede recordar que la letra a) del apartado 1 del artículo 7, debe interpretarse de forma restrictiva por constituir una excepción a un principio fundamental del Derecho comunitario. En consecuencia, el requisito de que exista un vínculo necesario y objetivo (
                     17
                  ) debe interpretarse en el sentido de que no basta a este respecto que personas que han cumplido la edad normal de jubilación experimenten, por regla general, una disminución de ingresos y, por lo tanto, tengan una necesidad creciente de prestaciones de carácter complementario. No existe una relación necesaria entre la edad normal de jubilación y el hecho de que una persona abandone efectivamente el mercado de trabajo. (
                     18
                  ) Así pues, no existe una relación objetivamente necesaria entre la edad normal de jubilación y el nivel de ingresos efectivos de una persona, ni a fortiori las necesidades de medicamentos del interesado. En cambio, opino que esta excepción permite a los Estados miembros hacer coincidir la percepción efectiva de la pensión de jubilación con la concesión de otra prestación o con la supresión de su pago. El inicio del disfrute real de la pensión de jubilación implica una modificación objetiva de la situación del interesado, que es legítimo tener en cuenta para la concesión de prestaciones de Seguridad Social.
            
         
               29.
            
            
               En el presente caso, la exención del pago de la participación en gastos farmacéuticos ha sido supeditada al cumplimiento de una edad determinada que, por lo demás, coincide con la edad normal de jubilación, y no con la percepción efectiva por el solicitante de la pensión de jubilación. Asimismo, debe atribuirse importancia al hecho de que la exención beneficie además a grupos distintos de los jubilados. Considero por ello que el vínculo objetivo y necesario entre la exención y la edad de jubilación, exigido en la letra a) del apartado 1 del artículo 7, no concurre en el presente caso.
            
         
               30.
            
            
               En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión que la segunda frase de la letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que esta excepción no se aplica a un régimen como el que resulta del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989.
            
         La tercera cuestión
      
               31.
            
            
               Mediante la tercera cuestión se plantea en realidad al Tribunal de Justicia si debe limitarse el efecto directo de la Directiva al período posterior a la sentencia que el Tribunal de Justicia dicte en el asunto presente. (
                     19
                  )
            
         
               32.
            
            
               El Reino Unido solicitó al Tribunal de Justicia que limitara los efectos en el tiempo de su sentencia, por existir confianza legítima, ya que la Comisión no reaccionó ante un escrito de 11 de junio de 1985 por el que el Secretary of State, de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva, notificó a la Comisión el régimen de exención. Además, el Reino Unido aduce la dificultad de verificar los datos de hecho en que se basan las solicitudes de devolución que pudieran presentarse.
            
         
               33.
            
            
               El Sr. Richardson y la Comisión sostienen, por el contrario, que no hay razón para pronunciarse en este sentido, ya que la sentencia del Tribunal de Justicia no supondrá en el presente caso ninguna perturbación del Derecho comunitario y que ninguna de las Instituciones comunitarias ha generado con su comportamiento una situación de confianza legítima en el Reino Unido. La eventual pasividad de la Comisión no basta para constituir tal comportamiento. Consecuencias financieras no pueden justificar por sí solas una limitación en el tiempo de los efectos de una sentencia.
            
         
               34.
            
            
               Según jurisprudencia reiterada, los efectos de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia a un acto jurídico, no se limitan al período posterior al pronunciamiento de la sentencia. La interpretación del Tribunal de Justicia aclara simplemente el significado y alcance de un acto jurídico tal como debe o debería haberse entendido desde el momento de su entrada en vigor. Corresponde únicamente al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la limitación ratione temporis de una sentencia, (
                     20
                  ) pero sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio de seguridad jurídica, verse inducido a pronunciarse en este sentido. (
                     21
                  ) En el marco de un examen exhaustivo del asunto, el Tribunal de Justicia concede una especial importancia a la cuestión de si la decisión representa una evolución del Derecho comunitario (
                     22
                  ) y si, debido a la actitud de una Institución comunitaria o a declaraciones efectuadas por la Institución, los medios interesados han podido estimar razonablemente que no existía violación del Derecho comunitario, (
                     23
                  ) al igual que atribuye una importancia particular a las consecuencias prácticas de una eventual decisión de no restringir en el tiempo los efectos de una sentencia. (
                     24
                  )
            
         
               35.
            
            
               Las consecuencias financieras de una sentencia para el Estado miembro no pueden justificar por sí solas tal limitación. (
                     25
                  )
            
         
               36.
            
            
               La pasividad de la Comisión respecto de la notificación realizada por las autoridades del Reino Unido con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva tampoco constituye una justificación suficiente en este sentido. (
                     26
                  ) Los derechos que ostentan los particulares en virtud del Derecho comunitario se basan en el contenido de las normas y no en el posible comportamiento de la Comisión. La facultad discrecional de la Comisión en lo que se refiere a la apertura de un procedimiento basado en el artículo 169 del Tratado CE (
                     27
                  ) debe por lo demás extenderse también a un procedimiento de notificación del tipo previsto en la Directiva.
            
         
               37.
            
            
               Por último, la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia en materia de aplicación del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva hace desaparecer en todo caso la confianza legítima que un Estado miembro hubiera podido tener. (
                     28
                  )
            
         
               38.
            
            
               Por consiguiente, no cabe limitar en el tiempo los efectos de la sentencia que se dicte y propongo, por tanto, que se responda a la tercera cuestión que en el presente caso no procede limitar los efectos en el tiempo de la sentencia, de forma que el efecto directo de la Directiva puede ser invocado igualmente en apoyo de una demanda de indemnización de daños y perjuicios relativa a períodos anteriores a la fecha de la sentencia por personas que no hayan iniciado una acción judicial ni hayan presentado una reclamación equivalente antes de dicha fecha.
            
         Conclusión
      
               39.
            
            
               En atención a la totalidad de las consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas mediante resolución de 5 de mayo de 1994 por la High Court of Justice, Queen's Bench Division, en los siguientes términos:
               
                        «1)
                     
                     
                        El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que un régimen como el establecido por el apartado 1 del artículo 6 de las National Health Service, Statutory Instrument No 419 (Charges for Drugs and Appliances) Regulations 1989, que exime del pago de la participación en gastos farmacéuticos a determinadas categorías de personas, y, en especial, a determinadas personas de edad, pertenece al ámbito de aplicación de la Directiva.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        La letra a) del apartado 1 del artículo 7 de la Directiva 79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que esta excepción no es aplicable a un régimen como el previsto en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento de 1989, antes citado.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        No procede limitar los efectos en el tiempo de la presente sentencia, de forma que el efecto directo de la Directiva 79/7/CEE puede ser invocado igualmente en apoyo de una demanda de indemnización de daños y perjuicios relativa a períodos anteriores a la fecha de la sentencia del Tribunal de Justicia por personas que no hayan iniciado una acción judicial ni hayan presentado una reclamación equivalente antes de dicha fecha.»
                     
                  
         (
            *1
         )	Lengua original: danés.
      (
            1
         )	DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174.
      (
            2
         )	Véanse las sentencias de 24 de junio de 1986, Drake (150/85, Rec. p. 1995), apartada 21; de 4 de febrero de 1992, Smitnson (C-243/90, Rec. p. I-467), apartado 12, y de 16 de julio de 1992, Jackson y Cressweíl (asuntos acumulados C-63/91 y C-64/91, Rec. p. I-4737), apartado 15.
      (
            3
         )	A este respecto, cabe remitirse a la sentencia de 27 de marzo de 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973), apartado 11, y a la sentencia de la misma fecha, Scrivner (122/84, Rec. p. 1027), apartado 18, que no obstante versaban sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
      (
            4
         )	Si la colocación formal revistiera importancia, podría llegar a pensarse que se trata de un régimen de Seguridad Social a efectos de la Directiva, habida cuenta de que la Social Security Act 1988 es la base jurídica que permite la exención.
      (
            5
         )	Véase la sentencia Drake, antes citada en la nota 2, aparta-do 23.
      (
            6
         )	Véanse las sentencias citadas en la nota 2, Smithson, apartado 14, y Jackson y Cresswell, apartado 16.
      (
            7
         )	Sentencia antes citada en la nota 2.
      (
            8
         )	Sentencia antes citada en la nota 2.
      (
            9
         )	En la sentencia Drake, antes citada en la nota 2, apartado 24, el Tribunal de Justicia ha subrayado que la invalidez era la condición de base para el pago de la prestación.
      (
            10
         )	Véase la sentencia Smithson, antes citada en la nota 2, apartado 14.
      (
            11
         )	Véanse, en especial, las sentencias de 7 de julio de 1992, Equal Opportunities Commission (C-9/91, Rec. p. I-4297), y de 30 de marzo de 1993, Thomas y otros (C-328/91, Rec. p. I-1247).
      (
            12
         )	Véase la sentencia Thomas y otros, antes citada en la nota 11, apartado 8.
      (
            13
         )	Véase la sentencia Thomas y otros, antes citada en la nota 11.
      (
            14
         )	Véase la sentencia Thomas y otros, antes citada en la nota 11, apartados 12, 15 y 16.
      (
            15
         )	Véase el apartado 14. El asunto se refería a la denegación de solicitudes de concesión de una «severe disablement allowance» y de una «invalid care allowance» presentadas por personas que continuaban trabajando tras haber cumplido a edad normal de jubilación para las mujeres.
      (
            16
         )	Véase el punto 15.
      (
            17
         )	Véase la sentencia Thomas y otros, antes citada en la nota 11, apartado 20.
      (
            18
         )	Véase la sentencia de 26 de febrero de 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723), apartado 38.
      (
            19
         )	Según la sentencia de 24 de marzo de 1987, McDermott y Cotter (286/85, Rec. p. 1453), apartado 16, el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva que prohibe la discriminación en razón del sexo, tiene efecto directo.
      (
            20
         )	Véanse, a modo de ejemplo, las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot (24/86, Rec. p. 379); de 17 de mayo de 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889), y de 26 de abril de 1994, Roquette y Frères (C-228/92, Rec. p. I-1445).
      (
            21
         )	Véase, a modo de ejemplo, las sentencias antes citadas en la nota 20, Blaizot, apartado 28, y Barber, apartado 41.
      (
            22
         )	Véase, a modo de ejemplo, la citada sentencia Blaizot, apartado 31.
      (
            23
         )	Véanse, a modo de ejemplo, la sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455), apartados 72 y 73; sentencia Blaizot, antes citada en la nota 20, apartados 32 y 33; sentencia Barber, antes citada en la nota 20, apartado 43, y sentencia de 16 de julio de 1992, Legros y otros (C-163/90, Rec. p. I-4625), apartados 31, 32 y 33.
      (
            24
         )	Véanse, a modo de ejemplo, la sentencia Defrenne, antes citada en la nota 23, apartado 74, y Blaizot, antes citada en la nota 20, apartado 34.
      (
            25
         )	Véase, a modo de ejemplo, la sentencia de 31 de marzo de 1992, Dansk Denkavit y Poulsen Trading (C-200/90, Rec. p. I-2217), apartados 20, 21 y 22.
      (
            26
         )	Esta notificación constituye a lo sumo una indicación de la postura de las autoridades británicas en lo que atañe al ambito de aplicación de la Directiva 79/7.
      (
            27
         )	Véase, a modo de ejemplo, la sentencia de 17 de mayo de 1990, Sonito y otros (C-87/89, Rec. p. I-1981), apartado 6.
      (
            28
         )	En lo que atañe a ta pertinencia de una jurisprudencia posterior, cabe remitirse a las sentencias de 11 de marzo de 1981, Worringham y Humphreys (69/80, Rec. p. 767), apartado 33; de 27 de mayo de 1981, Essevi y Salengo (asuntos acumulados 142/80 y 143/80, Rec. p. 1413), apartado 34, así como la sentencia Dansk Denkavit y Poulsen Trading, antes citada en la nota 25, apartado 21.