CELEX: 62005CC0376
Language: es
Date: 2006-09-28
Title: Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas el 28 de septiembre de 2006. # A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) y Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) contra Bayerische Motorenwerke AG (BMW). # Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania. # Competencia - Acuerdo de distribución de vehículos automóviles - Exención por categorías - Reglamento (CE) nº 1475/95 - Artículo 5, apartado 3 - Resolución por el proveedor - Reorganización de la red - Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 - Artículo 4, apartado 1 - Restricciones especialmente graves - Consecuencias. # Asuntos acumulados C-376/05 y C-377/05.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. L.A. GEELHOED
      presentadas el 28 de septiembre de 2006 1(1)
      
      Asuntos acumulados C‑376/05 y C‑377/05
      A. Brünsteiner GmbH
      y
      Autohaus Hilgert GmbH
      contra
      Bayerische Motorenwerke AG (BMW)
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Alemania)]
      «Interpretación del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de
         28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos
         de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles, y del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1400/2002
         de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas
         categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor – Resolución de un contrato de concesión por un proveedor basada en la necesidad de reorganizar toda la red de distribución
         debido a las modificaciones de la normativa comunitaria»
      1.     El presente asunto se centra nuevamente en los problemas relativos a las consecuencias de la extinción de una exención por
         categorías en el sector del automóvil y de la entrada en vigor de una nueva exención. En este asunto también se plantea si
         la entrada en vigor de la nueva exención por categorías puede justificar la resolución de los contratos de distribución existentes
         observando un plazo de preaviso más breve. También se plantea la cuestión de la nulidad.
      
      I.      Marco jurídico
      2.     El considerando 19 del Reglamento (CE) nº 1475/95 (2) tiene el siguiente tenor:
      
      «Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 5 fijan las condiciones mínimas de exención relativas a la duración
         y a la resolución del acuerdo de distribución y de servicio de venta y de postventa, porque, a causa de las inversiones del
         distribuidor para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, la dependencia del
         distribuidor con respecto al proveedor aumenta considerablemente en caso de acuerdos celebrados a corto plazo o rescindibles
         tras un período breve. No obstante, a fin de no entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces,
         procede conferir al proveedor, con carácter extraordinario, el derecho de rescindir el acuerdo en caso de que precise reorganizar
         la totalidad o una parte sustancial de la red. […]»
      
      3.     El artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1475/95, establece:
      «2.      Cuando el distribuidor haya asumido obligaciones de las contempladas en el apartado 1 del artículo 4 para mejorar la estructura
         de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención se aplicará siempre:
      
      […]
      2)      que la duración del acuerdo sea al menos de cinco años o que el plazo de rescisión ordinaria del acuerdo convenido para un
         período indeterminado sea al menos de dos años para las dos partes; este plazo será de al menos un año:
      
      […]
      3.      Las condiciones de exención previstas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de:
      –      el derecho del proveedor a rescindir el acuerdo con un preaviso de al menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una
         parte sustancial o la totalidad de la red,
      
      […]»
      4.     En la Guía explicativa de la Comisión relativa al citado Reglamento, se aborda específicamente esta cuestión en la respuesta
         a la cuestión 16, letra a), que se refiere a la resolución anticipada del contrato de concesión. En resumen, en ella se indica
         que el fabricante de automóviles tiene derecho a resolver anticipadamente el contrato (observando un plazo de preaviso de
         un año), cuando deba reorganizar su red de distribución, o una parte sustancial de la misma; que dicha posibilidad de resolución
         anticipada fue establecida para que el fabricante pudiera adaptar de modo flexible su sistema de distribución; que una reorganización
         puede ser necesaria por diversos motivos, como por ejemplo, el comportamiento de los competidores o la evolución de las circunstancias
         económicas, y que se determinará con arreglo al examen de la organización específica de la red de distribución del fabricante,
         si está afectada una parte «sustancial» de la red, teniendo en cuenta que el término «sustancial» implica un aspecto tanto
         económico como geográfico que puede limitarse a la red de un determinado Estado miembro o a una parte de éste.
      
      5.     El Reglamento nº 1475/95, que con arreglo al artículo 13 tenía vigencia hasta el 30 de septiembre de 2002, fue sustituido,
         con efectos a partir del 1 de octubre de 2002, por el Reglamento (CE) nº 1400/2002. (3)
      
      6.     El considerando 12 del Reglamento nº 1400/2002 tiene el siguiente tenor:
      «Con independencia de la cuota de mercado de las empresas afectadas, el presente Reglamento no abarca los acuerdos verticales
         que contengan determinados tipos de restricciones de graves efectos anticompetitivos (restricciones especialmente graves),
         que en general restringen sensiblemente la competencia, incluso con cuotas de mercado bajas, y que no son indispensables para
         alcanzar los efectos positivos mencionados. Esta norma se aplicará, en particular, a los acuerdos verticales que contengan
         restricciones tales como precios de reventa mínimos o fijos y, con algunas excepciones, restricciones del territorio en el
         que un distribuidor o taller de reparación puede vender servicios o bienes contractuales, o de la clientela a la que puede
         venderlos. Estos acuerdos no se beneficiarán de la exención.»
      
      7.     El artículo 4 de dicho Reglamento regula en detalle esta cuestión estableciendo que la exención no es aplicable a los acuerdos
         verticales que tengan por objeto restricciones enumeradas específicamente en dicho artículo (trece en total), las denominadas
         «restricciones especialmente graves» o restricciones «hardcore».
      
      8.     El artículo 10 de ese nuevo Reglamento, que es una disposición transitoria, establece:
      «La prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 no se aplicará durante el período comprendido entre el 1 de octubre
         de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplan los requisitos
         de exención establecidos en [el presente Reglamento], pero sí los previstos en el Reglamento (CE) nº 1475/95.»
      
      9.     En la Guía explicativa relativa a este Reglamento, la Comisión indica lo siguiente en su respuesta a la cuestión 20:
      «[…] La expiración del Reglamento nº 1475/95, que se producirá el 30 de septiembre de 2002, y su sustitución por un nuevo
         Reglamento no implica en sí que tenga que haber una reorganización de la red. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Reglamento,
         un fabricante de vehículos puede decidir reorganizar considerablemente su red. Para ajustarse al Reglamento nº 1475/95 y,
         por tanto, beneficiarse del período transitorio, los preavisos de resolución de un contrato normal deben darse con dos años
         de antelación, a no ser que se opte por una reorganización o que exista la obligación de pagar una compensación.»
      
      El párrafo cuarto de la respuesta a la cuestión 68 de dicha Guía establece:
      «Si resulta o no necesario reorganizar la red es una cuestión objetiva, y el hecho de que el proveedor considere que esta
         reorganización es necesaria no resuelve el asunto en caso de litigio. En tal supuesto corresponderá al juez o árbitro nacional
         resolver el asunto teniendo en cuenta las circunstancias.»
      
      II.    Hechos, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      A.      Hechos que han dado lugar al procedimiento principal
      10.   En 1996, A. Brünsteiner GmbH (en lo sucesivo, «Brünsteiner») y Autohaus Hilgert GmbH (en lo sucesivo, «Hilgert») celebraron
         sendos contratos de concesión con Bayerische Motorenwerke AG (en lo sucesivo, «BMW»).
      
      11.   Con arreglo al artículo 11.3, BMW puede resolver el contrato observando un plazo de preaviso de veinticuatro meses. El artículo
         11.6 prevé la situación de resolución del contrato por reorganización de la red de distribución. Este último artículo tiene
         el siguiente tenor:
      
      «Si surge la necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución de BMW, BMW estará autorizada
         a resolver el contrato observando un plazo de preaviso de doce meses.
      
      Ello se aplicará también en el caso de que las condiciones-marco jurídicas en que se basa el presente contrato cambien en
         ámbitos esenciales.»
      
      12.   En septiembre de 2002, BMW declaró la resolución, con efectos a 30 de septiembre de 2003, de todos los contratos de concesión
         de su red europea de distribución. Fundamentó esta medida aduciendo que el Reglamento nº 1400/2002, que entraba en vigor el
         1 de octubre de 2002, entrañaba serias modificaciones jurídicas y estructurales para la industria del automóvil, que obligaba
         a BMW a reorganizar su red de distribución.
      
      13.   A raíz de lo anterior, BMW celebró nuevos contratos acordes con lo dispuesto en el Reglamento nº 1400/2002 y con efectos a
         partir del 1 de octubre de 2003 con la mayor parte de sus anteriores concesionarios.
      
      14.   Sin embargo, no se celebraron nuevos contratos con Brünsteiner y con Hilgert. Estas empresas presentaron una demanda en la
         que impugnaban la validez de la resolución alegando que debía respetarse el plazo de preaviso de dos años. En consecuencia,
         solicitaron que se declarase que el contrato de concesión seguía existiendo después del 30 de septiembre de 2003 hasta el
         30 de septiembre de 2004.
      
      15.   El tribunal de apelación, el Oberlandesgericht München, desestimó la demanda. Este órgano jurisdiccional consideró que las
         modificaciones que implicaba la adopción del Reglamento nº 1400/2002 hacían necesaria una reorganización de la red de distribución.
         Una serie de disposiciones restrictivas de la competencia, que hasta entonces estaban exentas por el Reglamento nº 1475/95,
         iban a constituir restricciones especialmente graves con arreglo al artículo 4 del nuevo Reglamento, de modo que, sin la resolución
         con efectos a 30 de septiembre de 2003, quedaría extinguida la exención, con efectos a 1 de octubre de 2003, respecto a todas
         las cláusulas restrictivas de la competencia contenidas en los contratos de concesión de BMW. Según el Oberlandesgericht München,
         no cabía exigir a BMW que aceptase una situación jurídica –ni siquiera hasta el 30 de septiembre de 2004, fecha en la que
         tendría efectos la resolución ordinaria– en la que o bien existiría un contrato residual, es decir, un contrato sin cláusulas
         restrictivas de la competencia, o no existiría contrato alguno, porque el contrato existente habría de considerarse nulo.
      
      16.   Brünsteiner y Hilgert interpusieron ante el Bundesgerichtshof un recurso de casación en el que siguen ejercitando su acción
         declarativa.
      
      17.   El Bundesgerichtshof (Sala de defensa de la competencia) estimó que era necesario plantear dos cuestiones prejudiciales. A
         este respecto se indica que, aunque con arreglo a una interpretación restrictiva, basada en las guías explicativas de la Comisión,
         la necesidad de reorganización no puede justificarse por la mera entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002, sino sólo por
         circunstancias económicas, también puede afirmarse que la entrada en vigor de la nueva exención por categorías tiene consecuencias
         en la configuración material de los sistemas de distribución en el sector del automóvil, de modo que no sólo circunstancias
         económicas, sino también jurídicas, pueden exigir una reorganización de dichos sistemas.
      
      18.   En este contexto, se señala que el Reglamento nº 1400/2002 ha entrañado una necesidad, hasta entonces desconocida, de introducir
         modificaciones en los sistemas de distribución en ese sector, dado que la combinación, extendida hasta la fecha, de distribución
         exclusiva y selectiva ya no está exenta. Los fabricantes han debido optar por uno de esos sistemas. Además, para poder seguir
         disfrutando de una exención por categorías, han tenido que desligar la distribución y el servicio de venta y posventa, que
         hasta entonces estaban necesariamente unidos, y ha desaparecido la exclusividad de marca.
      
      19.   Si, antes de que expirara el período transitorio, no se adaptaban los contratos ya existentes, o no se resolvían y se celebraban
         nuevos contratos, las cláusulas restrictivas de la competencia devendrían nulas. Esto podría suponer que, dentro de un sistema
         de distribución, existiera una situación jurídica doble, en la que los concesionarios que no hubieran aceptado las modificaciones
         tendrían una posición más libre que los demás concesionarios de la red. El Bundesgerichtshof está de acuerdo con el órgano
         jurisdiccional de apelación en que ésta no es una situación deseable.
      
      20.   Por otro lado, el tribunal remitente se encuentra ante el problema de que si, con independencia de la cuestión de la validez
         de la resolución y del momento en el que surta efectos, el contrato de concesión, en todo caso, no podía seguir vigente tras
         la expiración del período transitorio, la primera cuestión prejudicial ya no es de hecho relevante. Por tanto, se plantea
         la siguiente cuestión:
      
      –      si debe interpretarse imperativamente el artículo 4 del nuevo reglamento, en cuanto a sus efectos, de modo que los contratos
         que no hayan sido resueltos en tiempo oportuno o no hayan sido adaptados, tras la expiración del período transitorio, el 1
         de octubre de 2003, han devenido por definición nulos;
      
      –      o bien, si puede ser que los contratos no resueltos en tiempo oportuno mantienen su validez, también con la entrada en vigor
         del nuevo reglamento, hasta que hayan transcurrido los dos años correspondientes al plazo de preaviso.
      
      B.      Cuestiones prejudiciales
      21.   El Bundesgerichtshof planteó, en consecuencia, las siguientes cuestiones prejudiciales:
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, [párrafo primero], [primer] guión, del [Reglamento nº 1475/95], en el sentido
         de que la necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución y el derecho del proveedor,
         sujeto a lo anterior, a resolver los contratos con los concesionarios de su red de distribución con un preaviso de un año,
         pueden derivarse también del hecho de que, a resultas de la entrada en vigor del [Reglamento nº 1400/2002], se ha hecho necesario
         introducir profundas modificaciones en el sistema de distribución practicado hasta entonces por el proveedor y sus concesionarios,
         basado en el [Reglamento nº 1475/95] y que disfruta de una exención en virtud del mismo?
      
      2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 4 del [Reglamento nº 1400/2002] en el
         sentido de que los acuerdos restrictivos de la competencia contenidos en un contrato de concesión que, con arreglo al citado
         Reglamento, constituyen en sí restricciones especialmente graves (“lista negra” de cláusulas prohibidas), excepcionalmente
         no han dado lugar, al término del período transitorio de un año previsto en el artículo 10 del Reglamento (el 30 de septiembre
         de 2003), a la caducidad de la exención, respecto a todas las estipulaciones del contrato restrictivas de la competencia,
         de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, si este contrato fue celebrado durante el período de vigencia del [Reglamento
         nº 1475/95], se ajustaba a los criterios establecidos en el mismo y disfrutaba de una exención en virtud de dicho Reglamento?
      
      ¿Se aplicará en cualquier caso lo anterior si la nulidad, derivada del Derecho comunitario, de todas las estipulaciones contractuales
         restrictivas de la competencia tiene como consecuencia, con arreglo al Derecho nacional, la nulidad de todo el contrato de
         concesión?»
      
      C.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      22.   Brünsteiner, Hilgert, BMW y la Comisión han presentado observaciones escritas. También han presentado observaciones orales
         en la vista de 7 de septiembre de 2006.
      
      III. Apreciación
      A.      Primera cuestión prejudicial
      23.   Por lo que se refiere a la primera cuestión, seré breve. Esta cuestión coincide con la undécima cuestión planteada en el asunto
         Vulcan Silkeborg, en el que presenté mis conclusiones de 27 de abril de 2006 y en el que el Tribunal de Justicia ha dictado
         su sentencia recientemente. (4)
      
      24.   Me remito, por tanto, para la respuesta a la primera cuestión, a los apartados 53 a 66 de dicha sentencia.
      25.   En resumen, en ella se declara lo siguiente:
      –       La nueva normativa de exención por categorías ha introducido modificaciones sustanciales en relación con la anterior, es más
         estricta que la anterior.
      
      –       Los proveedores no tienen la obligación, sino la posibilidad de incluir determinadas cláusulas restrictivas de la competencia
         en sus contratos.
      
      –       La entrada en vigor de la nueva exención por categorías no supone por sí sola que deba reorganizarse la red de distribución.
      –       Sin embargo, habida cuenta de las sustanciales modificaciones incorporadas en el nuevo régimen de exenciones, esto puede ser
         un motivo para que el fabricante adapte sus contratos con el fin de garantizar que éstos puedan seguir disfrutando de una
         exención con arreglo al nuevo reglamento, especialmente en relación con las cláusulas que, con arreglo al Reglamento nº 1475/95,
         estaban exentas, y ahora se consideran «hardcore» en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002.
      
      –       Precisamente debido a estas modificaciones sustanciales, el Reglamento nº 1400/2002 establece, en el artículo 10, un período
         transitorio.
      
      –       Por tanto, el fabricante puede adaptar sus contratos, pero también pueden existir situaciones en las que decida adoptar cambios
         más amplios, de modo que pueda hablarse de una reorganización en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95.
         Tal reorganización puede ser necesaria, por ejemplo, para desligar la combinación de un sistema selectivo y exclusivo y que,
         de este modo, sólo se mantenga o bien un sistema de distribución selectivo o bien un sistema de distribución exclusivo, con
         el fin de disfrutar de la nueva exención por categorías.
      
      26.   El Tribunal de Justicia terminó su razonamiento con el siguiente fallo:
      «[…] La entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 […] no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución
         de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo,
         en función de la organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario
         que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido
         de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si
         éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.»
      
      27.   De este fallo del Tribunal de Justicia se deriva claramente, en mi opinión, que el juez nacional puede examinar si las consecuencias
         económicas de la entrada en vigor del nuevo Reglamento son de tal naturaleza que la necesidad de reorganizar la red de distribución
         debe atribuirse a dicha entrada en vigor por sí sola. Además, el criterio establecido en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento
         nº 1475/95 respecto a la resolución de un contrato con un plazo de preaviso más breve sigue plenamente vigente. Esto quiere
         decir que debe probarse que existe efectivamente una necesidad de reorganización de toda la red de distribución o de una parte
         sustancial de la misma. En este contexto puede plantearse la cuestión de si una reorganización durante la cual se modificaron
         aproximadamente el 90 % de los contratos de concesión puede considerarse una reorganización de toda la red de distribución
         o de una parte sustancial de la misma. Por supuesto, corresponde al juez nacional apreciar si concurren los presupuestos de
         hecho necesarios para la aplicación de la citada disposición.
      
      B.      Segunda cuestión prejudicial
      28.   Mediante la segunda cuestión prejudicial se pregunta, en esencia, cuáles son los efectos de un contrato existente que no haya
         sido adaptado o no haya sido resuelto en el plazo oportuno y que contenga restricciones especialmente graves, en el sentido
         del artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002, especialmente si se tiene en cuenta que, con arreglo al Derecho nacional, esta
         circunstancia probablemente entraña la nulidad de todo el contrato de concesión.
      
      29.   Todas las partes que presentaron observaciones estiman que un contrato que incluye «restricciones del artículo 4» no puede
         disfrutar de una exención por categorías una vez expirado el período transitorio. Brünsteiner y Hilgert consideran, sin embargo,
         que la invalidez de dichas «restricciones del artículo 4» no implica automáticamente la nulidad de todo el contrato. Es posible
         tener un contrato de distribución que no tenga cláusulas restrictivas de la competencia. Según ellos, sólo puede considerarse
         que un contrato es totalmente nulo con arreglo al Derecho nacional, siguiendo una interpretación conforme con el Derecho comunitario,
         cuando el proveedor ha querido adaptar el contrato a la nueva situación jurídica y la otra parte se ha negado sin alegar motivos
         serios.
      
      30.   Comparto la opinión de que cuando un contrato cumple los requisitos establecidos en el Reglamento nº 1475/95 para obtener
         una exención por categorías, pero tras la expiración del período transitorio previsto en el artículo 10 Reglamento nº 1400/2002
         aún contiene disposiciones que, con arreglo al artículo 4 del nuevo Reglamento, constituyen restricciones graves, dicho contrato
         en su conjunto no puede disfrutar de la exención por categorías.
      
      31.   Por lo que a esto se refiere, el tenor del artículo 4 es claro. A diferencia, por ejemplo, del artículo 5 del Reglamento nº 1400/2002,
         en el que se establece que la exención «no se aplicará a ninguna de las siguientes obligaciones contenidas en los acuerdos
         verticales», el artículo 4 dispone que «la exención no se aplicará a los acuerdos verticales que […]»
      
      32.   También el tenor del artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002 es inequívoco. El período transitorio abarca un año. Hasta el
         final de dicho período, es decir, el 30 de septiembre de 2003, los contratos ya existentes que cumplan los requisitos de exención
         con arreglo al Reglamento nº 1475/95, incluidas las restricciones que eventualmente se hayan establecido en ellos y que ahora
         se consideran especialmente graves, aún pueden disfrutar de la excepción a la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1.
         Después, no.
      
      33.   Hasta la fecha mencionada, los operadores económicos tenían la posibilidad, si querían disfrutar de la nueva exención, de
         adaptar sus contratos y/o de realizar una reorganización.
      
      34.   Como ya se deduce de la respuesta a la primera cuestión, corresponde al juez nacional apreciar si nos encontramos ante una
         reorganización de la red de distribución o de una parte sustancial de la misma y, en relación con lo anterior, si era aplicable
         el plazo de preaviso de un año. Si de esta apreciación se deriva que no concurren los requisitos establecidos en el Reglamento
         nº 1475/95 para la aplicación del plazo de preaviso más breve y, por tanto, que debía aplicarse el plazo de preaviso de dos
         años, corresponderá al juez nacional determinar qué efectos sigue teniendo el contrato de concesión.
      
      35.   En ningún caso puede interpretarse lo dispuesto en el Reglamento nº 1400/2002 de modo que, excepcionalmente, se pueda seguir
         disfrutando de la exención un año más, aparte del año del período transitorio.
      
      36.   Por tanto, dicho contrato no puede beneficiarse de la exención por categorías y las cláusulas restrictivas de la competencia
         previstas en él deberán examinarse con arreglo al artículo 81 CE.
      
      37.   Con carácter subsidiario, indico que actualmente es aplicable el Reglamento (CE) nº 1/2003. (5) Esto supone que si un contrato no pudiera beneficiarse de una exención por categorías, el juez podrá examinar si en el caso
         concreto concurren los requisitos del artículo 81 CE, apartado 3. Es cierto que una exención por categorías ofrece a los operadores
         económicos un «puerto seguro», pero esto no excluye que un contrato, si no concurren los requisitos de una exención por categorías,
         pudiera cumplir lo previsto en el artículo 81 CE, apartado 3. No sería razonable, habida cuenta de la idea que subyace en
         el hecho de excluir expresamente de la exención por categorías los contratos que prevean determinadas cláusulas, que el juez
         nacional, al realizar su apreciación, aunque se trate de un año, llegase a otra conclusión. Esto supone que dichas cláusulas
         son nulas con arreglo al artículo 81 CE, apartado 2. Tal vez cabe una apreciación diferente, en virtud del artículo 81 CE,
         apartado 3, en el caso de las cláusulas restrictivas de la competencia que no estén expresamente excluidas de la exención
         por categorías. Por lo demás, ninguna de las partes solicitó al juez nacional esta apreciación. BMW no lo hizo porque vio
         en la nueva exención por categorías un motivo para realizar una reorganización. Las dos empresas demandantes tampoco porque
         solicitan que se mantenga la relación contractual, si fuera necesario sin las cláusulas restrictivas de la competencia. No
         parece existir controversia sobre la posibilidad de acogerse a una exención individual.
      
      38.   En la situación del procedimiento principal, si hubiera sido ilícita la resolución declarada en el plazo de preaviso más breve,
         podría ser que Brünsteiner y Hilgert fueran las partes perjudicadas.
      
      39.   Está claro que BMW tiene, sin más, la facultad de (re)organizar su red de distribución y determinar cómo y con quién quiere
         celebrar contratos de concesión, pero la resolución previa de los contratos existentes debe realizarse con arreglo a lo dispuesto
         en el artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1475/95. (6)
      
      40.   Si se considera, en la hipótesis de que el contrato se haya resuelto fuera de plazo (porque no se trataba de una reorganización),
         que las disposiciones de éste que sean contrarias al artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002 son nulas y que, por este motivo,
         los contratos también son nulos con arreglo al Derecho nacional, caben en principio dos soluciones para atenuar los daños
         de los distribuidores perjudicados. O bien BMW decide celebrar un nuevo contrato que cumpla los requisitos del nuevo Reglamento
         o bien los distribuidores, en este caso Brünsteiner y Hilgert, deben ser indemnizados por la resolución del contrato declarada
         en un plazo tan breve. También corresponde al juez nacional resolver esta cuestión con arreglo al Derecho nacional.
      
      41.   Al mismo tiempo, señalo que la alegación de BMW, expuesta en sus observaciones escritas y defendida en la vista oral, en el
         sentido de que la Comisión no está facultada para incluir en sus exenciones por categorías una disposición relativa a la observancia
         de plazos de preaviso, no es admisible, porque dicha alegación impugna la validez de una disposición de los reglamentos de
         exención por categorías. Dado que el juez remitente sólo solicita la interpretación de esas disposiciones, las partes no están
         facultadas para impugnar, en el transcurso de un procedimiento prejudicial, la validez de dichas disposiciones. (7)
      
      IV.    Conclusión
      42.   Sobre la base de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas
         por el Bundesgerichtshof del siguiente modo:
      
      «1)      La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del
         apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector
         de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el
         sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de
         junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos
         de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles. Sin embargo, en función de la organización
         específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran cambios
         de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde
         a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto
         de elementos concretos del litigio del que conocen.
      
      2)      Las disposiciones establecidas en contratos que no hayan sido resueltos en tiempo oportuno y que sean contrarias al Reglamento
         nº 1400/2002 quedan extinguidas en todo caso tras el período transitorio y son nulas. Que este hecho tenga como consecuencia
         la nulidad de todo el contrato de concesión es una cuestión que debe dirimirse con arreglo al Derecho nacional. Sin embargo,
         en ningún caso puede admitirse que un contrato que no haya sido resuelto en tiempo oportuno con arreglo al artículo 5, apartado
         3, del Reglamento nº 1475/95 mantenga su validez tras la expiración del período transitorio.»
      
      1 –	Lengua original: neerlandés.
      
      2 –	Reglamento de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
         a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145,
         p. 25).
      
      3 –	Reglamento de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE
         a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203,
         p. 30).
      
      4 –	Sentencia de 7 de septiembre de 2006 (C‑125/05, Rec. p. I‑0000).
      
      5 –	Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas
         en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1, p. 1).
      
      6 –	Si BMW sólo en un momento posterior decide la reorganización, naturalmente con observancia de lo dispuesto en el artículo
         3, apartado 5, del Reglamento nº 1400/2002.
      
      7 –	Véase la sentencia de 9 de diciembre de 1965, Singer et Fils (44/65, Rec. p. 1148). Véanse, por ejemplo, las sentencias
         de 6 de julio de 2000, ATB y otros (C‑402/98, Rec. p. I‑5501), y de 12 de febrero de 2004, Slob (C‑236/02, Rec. p. I‑1861).