CELEX: 51993PC0534
Language: es
Date: 1993-10-27
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se establecen las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Uníon residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES                           EUROPEAS
                                      C0M(93) 534 final
                                      Bruselas, 27 de octubre de 1993
                            Propuesta de
                       DIRECTIVA DEL CONSEJO
       por la que se establecen las modalidades de ejercicio
     del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
   al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión
     residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales
                    (presentada por la Comisión)
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Observaciones generales
1. Alcance del problema
2. Situación jurídica
3. Antecedentes históricos
4. El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE
5. Subsidiariedad y proporcionalidad
II. Comentarios a los artículos
TEXTO DE LA PROPUESTA DE DIRECTIVA
Considerandos
Capxtulo primero: Disposiciones generales
Artxculo 1: Objeto de la Directiva
Artxculo 2: Definiciones
Artxculo 3: Derecho de sufragio activo y de sufragio pasivo
Artículo 4: Voto y candidatura únicos
Artículo 5: Residencia
Artículo 6: Causas de inelegibilidad
Artículo 7: Incapacidad electoral
Artículo 8: Libertad de elección
Capxtulo segundo: Del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo
Artículo 9: Ejercicio del derecho de sufragio activo
Artículo 10: Ejercicio del derecho de sufragio pasivo
Artículo 11: Vías de recurso
Artículo 12: Información
Artículo 13: Intercambios de información
Capxtulo tercero: Disposiciones transitorias y de excepción
Artículo 14: Excepciones
Artículo 15: Disposiciones transitorias
Artículo 16: Cláusula de revisión
Capxtulo cuarto: Disposiciones finales
Artículo 17: Incorporación a la legislación nacional
Artículo 18: Destinatarios
                                                                        U
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                        I. Observaciones generales
                          1. Alcance del problema
Para los ciudadanos de los Estados miembros que han ejercido su derecho
fundamental a trasladarse a otro Estado miembro y residir en él, la
construcción europea ha pasado a ser una realidad vital. Hoy día, cerca
de cinco millones de ciudadanos de la Unión residen en un Estado miembro
del que no son naturales.
Están establecidos en otros Estados miembros alrededor de 130.000
belgas, 40.000 daneses, 290.000 alemanes, 360.000 griegos, 470.000
españoles, 300.000 franceses, 630.000 irlandeses, 1,2 millones de
italianos,   11.000   luxemburgueses,    240.000   neerlandeses,   840.000
portugueses y 400.000 británicos.
El número de ciudadanos europeos que residen en un Estado miembro del
que no son naturales se eleva a unos 541.000 en Bélgica, 27.000 en
Dinamarca, 1,3 millones en Alemania, 50.000 en Grecia, 240.000 en
España, 1,3 millones en Francia, 62.000 en Irlanda, 150.000 en Italia,
105.000 en Luxemburgo, 163.000 en los Países Bajos, 29.000 en Portugal y
aproximadamente 880.000 en el Reino Unidoí 1 )
Con todo, y por lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos,
la igualdad de trato con los nacionales, garantizada por el Derecho
comunitario, no es todavía una realidad.
                           2. Situación jurídica
A partir de 1976, con la primera elección de los miembros del Parlamento
Europeo por sufragio universal y directo, jalón de gran importancia en
la evolución gradual hacia una Europa de los ciudadanos basada en la
democracia, se planteó el problema de cómo garantizar que todos los
ciudadanos de la Unión, y precisamente aquellos que residen en otros
Estados miembros sin haber adquirido su nacionalidad, puedan ejercer
efectivamente su derecho de sufragio activo en estas elecciones. En el
Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los
representantes  en   el   Parlamento   Europeo por    sufragio   universal
directo(2) nada se dice sobre las condiciones exigidas para ser
elector y elegible y, a este respecto, se remite en el apartado 2 de su
artículo 7 a las disposiciones nacionales de los Estados miembros. El
artículo 8 de dicha Acta, única disposición que atañe directamente al
derecho de voto, se limita a prohibir el doble sufragio activo.
Por todo ello, los regímenes nacionales sobre elecciones europeas se
basan en principios muy diversos a la hora de garantizar que todo
ciudadano pueda participar realmente en las elecciones al Parlamento
Europeo:
(1) Fuente: EUROSTAT, Estadísticas demográficas, 1992.
(2) DO ns L 278, de 8 de octubre de 1976. La Decisión de 1 de febrero
    por la que se modifica el Acta (DO n» L 33/15, de 9 de febrero de
    1993) no afecta a los artículos 7 y 8.
                                                                           yfk
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a) El derecho de sufragio activo
Con la salvedad de Irlanda, todos los Estados miembros han adoptado una
solución que, fundamentalmente, se basa en el derecho de sufragio activo
de los nacionales establecidos en el extranjero.
Así, algunos Estados miembros (Dinamarca, Países Bajos y Portugal) sólo
reconocen el derecho de sufragio activo a sus nacionales residentes en
otros Estados miembros.
En Alemania, pueden votar los nacionales que residan en otros Estados
miembros del Consejo de Europa y los que lleven menos de diez años
residiendo en terceros países.
El Reino Unido concede asimismo el derecho de voto a los ciudadanos
británicos que hayan abandonado el país hace menos de 20 años.
En otros Estados miembros (Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia y
Luxemburgo), el derecho de sufragio activo se mantiene incluso para los
nacionales que residan fuera de la Comunidad.
En cuatro Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Países Bajos y Reino
Unido), pueden también votar, aunque en determinadas condiciones, los
residentes procedentes de otros Estados miembros. En Irlanda, estos
ciudadanos deben cumplir los mismos requisitos que los nacionales en
cuanto a sufragio activo; no obstante, los irlandeses que residan en
otro Estado miembro o en un tercer país carecen de derecho de voto.
En los Países Bajos, el derecho de sufragio activo se reconoce a los
residentes que poseen la nacionalidad de otro Estado miembro a menos que
en su Estado de origen se les reconozca el derecho de sufragio activo en
las elecciones al Parlamento Europeo.
En Bélgica pueden votar los nacionales de otros Estados miembros que
lleven inscritos en los registros de población al menos tres años y que,
por mor de su residencia en territorio belga, hayan perdido en su país
de origen el derecho de voto.
A todo esto se añade que los ciudadanos irlandeses y de los países de la
Commonwealth pueden ejercer este derecho en el Reino Unido.
b) El derecho de sufragio pasivo
En diez Estados miembros, el derecho de sufragio pasivo se reserva a los
nacionales, aun cuando residan en otros Estado miembro o en un tercer
país. En Alemania, sólo son elegibles los ciudadanos que posean la
nacionalidad alemana desde al menos un año. En el Reino Unido son
elegibles los ciudadanos británicos, irlandeses y de los países de la
Commonwealth y en Italia son asimismo elegibles los nacionales de otros
Estados miembros aunque no residan en territorio italiano.
c) Causas de privación del derecho de sufragio
Los regímenes de incapacidad electoral e inelegibilidad en los Estados
miembros son muy diversos y reflejan diferentes tradiciones jurídicas.
aa) Incapacidades electorales
Son varias las causas por las que puede privarse a un elector        del
derecho de sufragio activo mediante decisión individual:
En 10 Estados miembros, la incapacidad puede resultar de una condena
penal. Irlanda y Dinamarca constituyen la excepción, aunque en Irlanda,
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las personas internadas legalmente en un establecimiento penitenciario
han de figurar en el censo electoral del lugar en el que residirían si
no se encontraran privadas de libertad. Como siguen siendo titulares del
derecho de voto, los presos pueden ejercer dicho derecho si se
encuentran en libertad el día de las elecciones. En Dinamarca no hay
motivo legal alguno que permita privar a un elector de su derecho de
sufragio activo por causa de sanción penal.
Otros motivos de incapacidad electoral son la indignidad moral en Italia
y l a condena por "corrupt or illegal practice" en el Reino Unido.
En 10 Estados miembros, los mayores de edad sujetos a tutela o cúratela
o los enfermos mentales carecen de derecho de sufragio activo; Italia es
la única excepción. En el Reino Unido, la incapacidad puede resultar del
hecho de que a los enfermos mentales internados en hospitales se les
considera carentes de residencia. En Irlanda, la situación de los
enfermos mentales internados en hospitales se equipara en general a la
de los reclusos. Por el contrario, en Dinamarca, sólo se priva del
derecho de sufragio activo a las personas incapacitadas legalmente.
Las decisiones en materia de incapacidad      electoral  revisten   distinta
importancia en los Estados miembros:
El elector condenado a una sanción penal puede verse privado de su
derecho de sufragio activo de forma automática, por imperativo legal, o
por decisión específica del juez. En Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo    y  Portugal,   la   condena   por   ciertos    delitos    lleva
automáticamente consigo la incapacidad electoral. En el Reino Unido, la
condena a una pena privativa de libertad origina automáticamente la
incapacidad electoral. En cambio, en Alemania y, en ciertos supuestos,
en España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, se exige
resolución específica del juez. En Irlanda, la incapacidad electoral
obedece a que el elector internado en un centro penitenciario se
encuentra privado de su "residencia habitual". Por otro lado, los
regímenes nacionales se pueden clasificar en función de los motivos que
justifican la privación del derecho de sufragio activo. En algunos
Estados miembros (Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino
Unido), la incapacidad electoral está ligada, en principio, a la condena
a determinadas penas mínimas o a tipos concretos de infracción
(delitos). En otros (Alemania, Grecia y Portugal), la privación sólo se
impone, en principio, en caso de comisión de una serie de infracciones
enumeradas en la ley. En Francia y los Países Bajos, la ley enumera, con
carácter excepcional, unos supuestos previstos en el Código penal cuya
comisión puede entrañar la pérdida del derecho de sufragio activo. En
España, la decisión al respecto depende exclusivamente de la libre
apreciación judicial, facultad discrecional de la que, en determinados
supuestos, también disfruta el juez francés, luxemburgués, holandés y
portugués.
En principio, la sujeción a tutela o cúratela, así como el internamiento
de un enfermo mental, entrañan automáticamente la incapacidad electoral.
En el Reino Unido, los enfermos mentales internados pierden su condición
de    residentes. En    Dinamarca,   el   internamiento   en   un    hospital
psiquiátrico no lleva consigo la privación del derecho de sufragio
activo. En España y Portugal, la incapacidad electoral debe declararse
expresamente. En Italia, los mayores de edad sujetos a tutela o cúratela
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poseen el derecho de sufragio activo, pues el legislador ha suprimido
las restricciones antes en vigor reconocidas en la Constitución. En el
Reino Unido, los enfermos mentales pueden ejercer su derecho de voto en
los "intervalos lúcidos".
En todos los Estados miembros, es el juez el que impone las penas; sin
embargo, las decisiones en materia de tutela, cúratela o internamiento
son a veces competencia de las autoridades administrativas.
En cuanto a la importancia de las resoluciones extranjeras, parece que,
en principio, las condenas penales impuestas por un tribunal extranjero
no pueden entrañar incapacidad electoral en el Estado miembro de origen.
No obstante, el Reino Unido constituye una excepción a esta regla y,
para la normativa británica, el hecho relevante es que la persona se
encuentre en prisión, o en libertad de forma ilegal, y no que la pena
haya sido impuesta por un juez nacional o extranjero.
En la medida en que las resoluciones judiciales en materia civil sean
ejecutivas, conforme al derecho internacional privado estas decisiones
pueden entrañar incapacidad electoral en Alemania y Grecia y, en
determinados supuestos, en Bélgica y Francia. En los Países Bajos, sólo
el juez nacional puede privar a los electores de su derecho de sufragio
activo.
bb) Inelegibilidad
En cuanto a los principios generales, es preciso distinguir entre tres
tipos de régimen de inelegibilidad:
En Bélgica, Italia y los Países Bajos, las causas de inelegibilidad son
idénticas a las de incapacidad electoral.
En otros Estados miembros (Dinamarca, Alemania, Francia y Luxemburgo),
aun aplicándose las mismas causas que en la incapacidad, se prevén
causas específicas de inelegibilidad.
Por fin, hay un tercer grupo de Estados (Grecia, España, Irlanda,
Portugal y Reino Unido) en los que las causas de inelegibilidad se
regulan con independencia de las que motivan la incapacidad electoral.
En Irlanda, la condena penal lleva consigo la inelegibilidad únicamente
durante el período de cumplimiento de una pena privativa de libertad de
más de seis meses impuesta por un tribunal irlandés.
Por lo que al fondo respecta, deben diferenciarse dos soluciones:
Determinadas sanciones penales pueden conllevar la inelegibilidad en
Bélgica, Alemania, Grecia, España, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos y Reino Unido.
Según la legislación alemana, irlandesa, italiana y británica, en
principio son inelegibles las personas declaradas en quiebra y
consideradas indignas, por otros motivos, de ocupar un cargo electivo.
En Dinamarca, son inelegibles los condenados por actos que, en opinión
general, les hagan indignos de ocupar un cargo en el Parlamento Europeo
(o en el danés). El Parlamento danés declara la inelegibilidad derviada
de una condena después de las elecciones, pero ésta no puede alegarse
para impedir que alguien se presente como candidato a las mismas.
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d) Ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo
En todos los Estados miembros, los ciudadanos han de cumplir, antes de
las elecciones, determinados requisitos formales que les permiten
ejercer sus derechos de sufragio activo y pasivo en un término municipal
o circunscripción determinados y para unas elecciones determinadas.
aa) Ejercicio del derecho de sufragio activo
Por lo general, para poder ejercer el derecho de sufragio activo, los
ciudadanos han de figurar en el censo electoral de la circunscripción o
término municipal correspondiente. Por lo que respecta a las condiciones
de inscripción en el censo, cabe diferenciar 4 tipos de régimen:
mientras que en Francia y Grecia se sigue el sistema de inscripción a
solicitud del interesado, en Italia y España la inscripción en el censo
electoral se realiza de oficio. En los demás Estados miembros, salvo
Portugal, se inscribe de oficio a los electores en el censo, pero, con
carácter excepcional, determinadas categorías de personas pueden
inscribirse mediante solicitud a tal fin. En Portugal se aplica, en
principio, el sistema de solicitud individual, pero la administración ha
de inscribir de oficio en la lista electoral a todos los electores de
que tenga constancia.
En varios Estados miembros en los que la inscripción en el censo se
realiza de oficio (Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia,
Luxemburgo y Países Bajos), el censo electoral se elabora, por lo
general, a partir de los datos que figuran en otro registro público, que
suele ser el censo de población o el registro civil. Sin embargo, en
Reino Unido e Irlanda se inscribe de oficio a los electores a partir de
toda la información de utilidad que haya recabado el "registration
officer" y, en concreto, de una encuesta realizada en cada hogar.
Naturalmente, en los Estados miembros en los que la inscripción se
realiza a petición del interesado, los electores han de facilitar a las
autoridades competentes, en el momento en que realicen la solicitud,
toda la información y las pruebas necesarias.
En algunos Estados miembros (Dinamarca, Grecia, España, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y Reino Unido), los censos
electorales se revisan periódicamente. En la mayoría de estos países, el
período de revisión es de un año; en Italia, los censos electorales se
revisan dos veces al año. En Bélgica, Alemania y Países Bajos se
establece un nuevo registro de electores antes de cada elección.
En casi todos los Estados miembros, ha de publicarse la lista de
electores antes de su aprobación definitiva. Bélgica y Países Bajos
constituyen la excepción a esta norma: en ambos países, los electores
tienen derecho a informarse sobre si figuran o no en el censo electoral.
En caso de denegación de la inscripción, los electores de todos los
Estados miembros pueden interponer un recurso. En varios países
(Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Italia, Irlanda, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal y Reino Unido), los electores han de interponer
un recurso administrativo antes de poder dirigirse a los tribunales.
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bb) Ejercicio del derecho de sufragio pasivo
Por lo general, las personas elegibles han de facilitar a la
administración, cuando depositan su candidatura, determinados datos y
pruebas relativos a su situación individual.
                               3. Antecedentes históricos
En 1960, en su proyecto de convenio sobre elección por sufragio
universal d i r e c t o ^ ) , el Parlamento Europeo ya había propuesto que los
Estados miembros reconocieran el derecho de sufragio a sus nacionales
que residieran en otros Estados miembros; no obstante, si el Estado de
residencia permitía ejercer el derecho de sufragio a tales personas,
debía evitarse el doble voto.
Al no recibir este proyecto el visto bueno del Consejo, en 1975 el
Parlamento Europeo elaboró un nuevo proyecto que, pese a todo, nada
decía sobre el derecho de sufragio pasivo de los ciudadanos europeos que
residieran en Estados miembros de los que no fueran nativos. El Consejo
se basó en buena medida en este proyecto al elaborar el Acta de 20 de
septiembre de 1976 relativa a la elección de los representantes en el
Parlamento Europeo por sufragio universal directo.
En 1977, y en su resolución sobre el derecho de voto en las elecciones
directas( 4 ), el Parlamento Europeo había instado a los Estados miembros
para que procuraran que sus ciudadanos que residieran en otros Estados
miembros pudieran ejercer el derecho de sufragio activo en la elección
directa al Parlamento, poniéndose de acuerdo para que tales personas
pudieran votar en el país en el que se encontraran en tal momento (voto
"in loco"). Partiendo de trabajos ya iniciados en la primavera del año
anterior, en febrero de 1978 el Consejo aprobó un informe sobre el voto
"in loco" y, particularmente, sobre su puesta en práctica.
En 1982, y en su proyecto de acta sobre la adopción de determinadas
disposiciones de régimen electoral uniforme para la elección de sus
miembros( 5 ), el Parlamento Europeo había propuesto a los Estados
miembros que reconocieran el derecho de sufragio activo a sus ciudadanos
con independencia de su lugar de residencia, mientras que se tratara de
otro Estado miembro, y que adoptasen las medidas necesarias para
facilitar el ejercicio del sufragio en su país de origen. El Parlamento
había propuesto además que los Estados miembros reconociesen el derecho
de sufragio pasivo a sus ciudadanos, con independencia de su lugar de
residencia, y a los nacionales de otros Estados miembros que llevaran al
menos cinco años residiendo en su territorio. Tras haber debatido en
profundidad este proyecto, el Consejo suspendió su examen en 1983.
En su declaración escrita de 16 de noviembre de 1988í 6 ), el Parlamento
Europeo declaró solemnemente que las Comunidades Europeas debían adoptar
y aplicar, ya a partir de las elecciones de junio de 1989, el principio
según el cual todo ciudadano de los Estados miembros tiene derecho a
presentarse en cualquiera de ellos como candidato a las elecciones al
Parlamento Europeo.
(3)     DO   n2  834, de 2 de junio de 1960, artículo 11.
(4)     DO   ns  C 163/39, de 11 de junio de 1977.
(5)     DO   ns  C 87/61,.de 5 de abril de 1982.
(6)     DO   n2  c 262/222, de 10 de octubre de 1988.
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En 1990, y en vísperas de la conferencia intergubernamental sobre la
Unión Política, España propuso a los demás Estados que se incluyera en
el texto del futuro Tratado una serie de disposiciones sobre ciudadanía
europea y, en concreto, sobre el derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia.
La conferencia de parlamentos de la Comunidad Europea, que se celebró en
Roma del 27 al 30 de noviembre de 1990, pidió asimismo en su declaración
final que la conferencia intergubernamental tomase en consideración la
propuesta de conceder a los ciudadanos europeos el derecho de sufragio
activo y pasivo para las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado
miembro de residencia.
El Consejo Europeo, reunido en Roma los días 14 y 15 de diciembre de
1990, acogió favorablemente la iniciativa española e invitó a la
conferencia intergubernamental a que examinará cómo se podrían incluir
en el texto del Tratado determinados derechos cívicos, en particular el
de participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
En 1991, en sus resoluciones sobre la ciudadanía de la Unión(^) y en
sus observaciones sobre el proyecto de régimen electoral uniforme^),
el Parlamento Europeo reafirmó su postura en la materia.
En el apartado 2 del artículo 8B del Tratado sobre la Unión Europea, en
el que se crea la ciudadanía de la Unión, se reconoce el derecho de sus
ciudadanos a participar en las elecciones europeas en el Estado miembro
en el que residan, aunque no sean nacionales del mismo. El calendario
previsto en el apartado 2 del artículo 8 B fue establecido por la
conferencia intergubernamental partiendo de la hipótesis de que el
Tratado de la Unión entraría en vigor a comienzos de 1993. Desde el
punto de vista político, el plazo que finaliza el 31.12.1993 tenía por
objeto que las modalidades que debía establecer el Consejo se aplicasen
ya en la cuarta elección directa al Parlamento Europeo en 1994, lo que
permitiría a los ciudadanos de la Unión ejercer por primera vez sus
nuevos derechos y adquirir conciencia de la existencia de tal Unión.
Ya antes de la entrada en vigor del Tratado, la Comisión aprobó en su
reunión de 23 de junio de 1993, a petición del Consejo y del Parlamento,
el proyecto de propuesta de directiva por la que se establecen las
modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en el
Estado miembro de residencia (SEC (93)1021 final). Conforme a la
decisión de la Comisión, este documento de trabajo se remitió al Consejo
y al Parlamento Europeo. Sobre la base del mismo, el Consejo y el
Parlamento iniciaron, entre julio y octubre de 1993, una serie de
trabajos informales sobre la aplicación del apartado 2 del artículo 8B
del Tratado, con el fin de garantizar que, en las elecciones al
Parlamento Europeo de junio de 1994, los ciudadanos de la Unión puedan
ejercer efectivamente su derecho de sufragio activo y pasivo en el
Estado miembro en el que residan, aunque no sean nacionales del mismo.
La presente propuesta de Directiva tiene en cuenta los resultados de los
trabajos previos realizados en el seno del Consejo y del Parlamento
Europeo.
(7) Resolución de 14 de junio de 1991; DO ne c 183/473, de 15 de julio
    de 1991; Resolución de 21 de noviembre de 1991, DO na c 326/205, de
    16 de diciembre de 1991.
(8) Resolución de 10 de octubre de 1991, DO ns c 280/141 de 28 de
    octubre de 1991.
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            4. El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE
El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, tal como quedó modificado por el Título II del Tratado de la
Unión Europea, reconoce a los ciudadanos de la Unión el derecho al
sufragio activo y pasivo en su Estado miembro de residencia en las
mismas condiciones que los nacionales del mismo y dispone que, previa
consulta al Parlamento Europeo, el Consejo establecerá las modalidades
de ejercicio de tales derechos antes del 31.12.1993.
a) El apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE tiene por objeto
garantizar a todos los ciudadanos de la Unión el ejercicio efectivo de
sus derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo, reforzar aún más la legitimación democrática de esta cámara y
reducir el déficit democrático que tantas veces se ha denunciado en
relación con la Comunidad. Por añadidura, estos derechos permitirán a
los ciudadanos de la Unión manifestar en común su sentimiento de
participación en la construcción europea, salvaguardando en todo momento
sus identidades nacionales respectivas.
En consecuencia, es preciso cerciorarse de que los ciudadanos de la
Unión disfruten de la mayor libertad posible en materia de sufragio
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y de que el
ejercicio de tales derechos sólo quede sujeto a las condiciones que se
consideren estrictamente necesarias.
b) Dado que en el apartado 2 del artículo 8B del Tratado se reconoce el
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo en el Estado miembro de residencia, sin que este derecho
sustituya al derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de
origen, es importante garantizar la libertad de elección de los
ciudadanos de la Unión en cuanto al lugar de voto o de presentación de
la candidatura. Por otra parte, ha de velarse para evitar cualquier
abuso de esta libertad mediante la duplicación de votos o de
candidaturas.
c) Sin perjuicio del procedimiento electoral uniforme previsto en el
apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE, y respetando la diversidad
de regímenes electorales de los Estados miembros, el apartado 2 del
artículo 8 B de dicho Tratado no trata de armonizar de forma global y
uniforme las legislaciones nacionales en esta materia, sino que tiene
por objeto eliminar concretamente el requisito de nacionalidad que, en
la mayor parte de Estados miembros, impide que los ciudadanos de la
Unión puedan ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que residen
pero cuya nacionalidad no tienen. A tal fin, y en aplicación del
principio de igualdad y no discriminación, los ciudadanos quedarán
sujetos a las mismas condiciones que los electores nacionales.
La necesidad de respetar el principio de igualdad entre nacionales y no
nacionales lleva a concluir que no debe interferirse más de lo
estrictamente necesario en la legislación electoral de los Estados
miembros. Así, la directiva es la forma más apropiada para un acto de
esta índole al respetar al máximo el papel de los Parlamentos
nacionales.
d) Al tomar como base el apartado 2 del artículo tíB del Tratado CE, el
único objetivo de esta Directiva es establecer, sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE ni en las
normas de aplicación del mismo, las modalidades de ejercicio del derecho
de sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión en las
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia,
cuando no son nacionales del mismo. Por tanto, en la presente Directiva
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no se regulan aspectos relacionados con la elaboración               de un
procedimiento electoral uniforme previsto en el apartado 3 del artículo
138 del     Tratado    CEÍ^).  Cabe   recordar  que   existen   diferencias
sustanciales entre los procedimientos previstos a estos efectos:
decisión unánime del Consejo a propuesta de la Comisión, conforme al
apartado 2 del artículo 8B; iniciativa del Parlamento Europeo, decisión
unánime del Consejo y adopción por los Estados miembros con arreglo a
sus respectivos requisitos constitucionales, conforme al apartado 3 del
artículo 138.
                    5. Subsidiariedad y proporcionalidad
Siendo de competencia exclusiva de la Comunidad, la presente propuesta
de Directiva tiene por objeto el oportuno respeto de las obligaciones
que para la Comisión se derivan del párrafo segundo del apartado 2 del
artículo 8 B. En un espíritu de subsidiariedad y proporcionalidad, la
Comisión propone que las modalidades previstas en el párrafo segundo del
apartado 2 del artículo 8 B adopten la forma de directiva, limitándose
su contenido a lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo
expuesto en dicho precepto del Tratado CE.
                       II. Comentarios a los artículos
                     Artxculo 1: Objeto de la Directiva
El artículo 1 define el ámbito de aplicación de la presente Directiva,
teniendo en cuenta el objeto del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado
CE.
1. El apartado 1 precisa que la presente Directiva se ocupa tan sólo de
los ciudadanos de la Unión que residan en un Estado miembro del que no
sean nacionales y de su derecho a participar en la elección de los
representantes    de    dicho  Estado   en   el  Parlamento   Europeo;   en
consecuencia, este texto no tiene por objeto armonizar de forma global
los regímenes electorales de los Estados miembros. De ello se desprende
que la presente Directiva no afecta, en concreto, a las disposiciones
nacionales sobre derecho de sufragio activo y sufragio pasivo de los
nacionales en su Estado miembro de origen, por ejemplo, de los franceses
en Francia o de los ciudadanos británicos en el Reino Unido, ni de los
ciudadanos que la Unión no nativos que no residan en el Estado miembro
en el que ejercen su derecho de voto o de presentación de candidatura,
como ocurriría con un francés que resida en Francia y se presente
candidato en Italia. Lo mismo cabe afirmar de los derechos de sufragio
activo y pasivo de los que no sean ciudadanos de la Unión, por ejemplo
los nativos de países independientes de la Commonwealth establecidos en
el Reino Unido.
 (9) El procedimiento electoral uniforme abarca fundamentalmente la forma
     de sufragio, las actividades preliminares y, en concreto, la
     formación de listas de candidatos, desarrollo de la votación,
     fijación de la fecha de las elecciones y método de recuento de
     votos. Por el contrario, el derecho de sufragio activo y pasivo se
     refiere únicamente a las condiciones que han de cumplirse para ser
     elector o elegible, como son la ciudadanía, la mayoría de edad
     electoral y las causas de privación de este derecho, así como las
     condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de
     sufragio activo y pasivo en unas elecciones determinadas (por
     ejemplo, inscripción en el censo electoral de una circunscripción).
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2. El segundo apartado especifica que la presente Directiva no afecta a
las disposiciones    de   los Estados miembros que establezcan       las
condiciones que permiten a sus propios ciudadanos ejercer en ellos sus
derechos de sufragio activo y pasivo en la elección de sus propios
representantes en el Parlamento Europeo, aunque dichas personas residan
fuera del territorio de dichos Estados.
Dado que el apartado 2 del artículo 8 del Tratado CE garantiza el
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo en el Estado miembro de residencia sin que ello sustituya al
derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de origen, el
apartado 2 consagra el respeto de la libertad de elección de los
ciudadanos de la Unión en cuanto al Estado miembro en cuyas elecciones
europeas deseen participar, siempre que conserven dichos derechos en su
Estado miembro de origen.
                        Artículo 2: Definiciones
1. Para garantizar la coherencia con el Acta de 20 de septiembre de
1976 relativa a las elecciones de los representantes en el Parlamento
Europeo por sufragio universal directo, el apartado 1 del artículo 2
define el concepto de "elecciones al Parlamento Europepo", según aparece
en el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, remitiéndose al
artículo 1 de dicha Acta.
2. Para mantener la coherencia con el ámbito de aplicación territorial
del Acta de 20 de septiembre de 1976 definido en sus artículos 2 y 15,
apartado 2, y en los anexos, el territorio electoral debe definirse por
remisión a las disposiciones adoptadas en función de dicha Acta por los
Estados miembros. En consecuencia, para determinar si una parte concreta
del territorio nacional de un Estado miembro o un país o territorio de
ultramar que pertenezca a un Estado miembro pertenecen o no al
territorio electoral, se estará exclusivamente a lo dispuesto en el Acta
de 20 de septiembre de 1976 y a las disposiciones adoptadas en función
de la misma por los Estados miembros.
3. Para definir el Estado miembro de residencia, el apartado 3 de este
artículo hace uso de los mismos elementos que el apartado 2 del
artículo 8 B del Tratado CE. En cambio, el apartado 4 define el concepto
de Estado miembro de origen conforme al criterio de nacionalidad.
4. En lo esencial, los apartados 5 y 6 definen los conceptos de elector
y elegible comunitario por remisión al artículo 3 de la presente
Directiva.
5. La definición de censo electoral del apartado 7 del artículo 2 no
tiene en absoluto por objeto modificar, sino abarcar los diferentes
tipos de registros oficiales de electores existentes actualmente en los
Estados miembros, con independencia de su método de elaboración
(inscripción de oficio o a instancia del interesado) y actualización (de
forma permanente o no, revisión periódica o elaboración antes de cada
una de las elecciones. La definición comprende asimismo la situación
específica de determinados Estados miembros que, sin elaborar un censo
electoral concreto, hacen constar la condición de elector en su censo de
población. Este apartado no excluye que el censo electoral pueda
subdividirse en función de diferentes categorías de electores.
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6. Dado que la fecha en la que electores y elegibles deben cumplir los
requisitos establecidos en materia de sufragio activo y pasivo no es la
misma en todos los Estados miembros, el apartado 8 del artículo 2
renuncia a toda armonización, introduciendo el concepto de día de
referencia, que se define por remisión a la normativa del Estado miembro
de residencia. Como no se trata de aproximar los regímenes electorales
de los Estados miembros, la definición se hace asimismo extensiva a la
situación de aquellos que establecen diversos días de referencia.
7. Al definir el concepto de declaración formal, el apartado 9 del
artículo 2, renunciando a aproximar los regímenes de los Estados
miembros, se refiere a las distintas formas de declaración existentes en
ellos. Así, puede tratarse de una "statutory declaration" en la
legislación   británica   o   de   una   "eidesstattliche  Versicherung"
(declaración jurada) en la alemana. Según esta definición, lo esencial
es, en primer lugar, que la declaración pueda depositarse ante la
autoridad competente a que se refieren los artículos 9 y 10 de la
presente Directiva. Además, debe tratarse de una declaración que, en
caso de inexactitud, pueda dar lugar a las sanciones previstas para el
supuesto en la legislación del Estado miembro de residencia. Se pedirá a
los Estados miembros que, al incorporar este texto a sus legislaciones,
precisen la forma en la que deberá hacerse esta declaración.
             Artículo 3: Derecho de sufragio activo y pasivo
En el marco establecido por el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 8 B
del Tratado CE, el artículo 3 establece las condiciones de ejercicio del
derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de residencia.
El día en que deben cumplirse las condiciones exigidas para ser elector
o elegible podrá ser, según la legislación de dicho Estado, bien el de
las elecciones, bien cualquier otro día de referencia. Naturalmente,
para determinar si los días de referencia para ejercer el derecho de
sufragio activo y pasivo son idénticos, se estará a lo dispuesto por
cada uno de los Estados miembros.
1. Teniendo en cuenta que el párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8
del Tratado CE define el concepto de ciudadanía de la Unión y que en la
Declaración relativa a la nacionalidad de un Estado miembro, aneja al
Tratado de la Unión Europea, se explica esta definición, la letra a)
del artículo 3 remite pura y simplemente al párrafo 2 del apartado 1 del
artículo 8 del Tratado CE. De esta manera, el artículo 3 tiene en cuenta
el hecho de que las normas sobre adquisición y posesión de nacionalidad
en los Estados miembros no se derivan del Tratado CEE, sino del
ordenamiento nacional de cada uno de ellos.
De ello se desprende, en particular, que la determinación de la
nacionalidad de los originarios de países y territorios de ultramar, en
el sentido del apartado 3 del artículo 227 del Tratado, corresponde
exclusivamente a la legislación del Estado miembro con el que dichos
territorios mantengan lazos particulares. En consecuencia, las personas
originarias de tales países y territorios que posean la nacionalidad de
un Estado miembro en virtud de su legislación pero residan en otro,
tendrán en este último el derecho de sufragio activo y pasivo. Así,
corresponde a cada Estado miembro señalar quiénes deben considerarse
nacionales del mismo, si ello es necesario para aplicar la presente
Directiva.
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Por el contrario, la presente Directiva no regula la situación de los
originarios de países y territorios de ultramar que carezcan de la
nacionalidad de un Estado miembro, ni tampoco la de aquellos que residan
en el Estado miembro metropolitano aun cuando posean su nacionalidad.
Esta norma sólo se refiere al derecho de sufragio activo y pasivo en un
Estado miembro distinto de aquel cuya nacionalidad se posee.
2. En el marco de lo previsto por el párrafo 1 del apartado 2 del
artículo 8 B del Tratado CE, el apartado 3 lleva a la práctica el
principio   de   igualdad    entre   electores    nacionales   y   electores
comunitarios y, al mismo tiempo, el principio de mínima interferencia en
los regímenes electorales de los Estados miembros, según los cuales las
demás condiciones exigidas para ejercer el sufragio activo se centran en
la mayoría de edad electoral y la residencia.
Aparte del requisito de ciudadanía de la Unión, el de residencia en el
Estado miembro en el que debe votarse constituye el segundo elemento
clave de la garantía que ofrece el apartado 2 del artículo 8 B del
Tratado CE. Este requisito pone de manifiesto el vínculo entre el
derecho de libre circulación y el de residencia previsto en el artículo
8 A del Tratado. Dado que este último no precisa el concepto de
residencia, frente al de ciudadanía, no hay necesidad de definirla de
forma uniforme en la presente Directiva. Por ello, los artículos 3 y 5
omiten tal definición, lo que permite el respeto absoluto del principio
de igualdad de condiciones entre los electores nacionales, por un lado,
y los comunitarios, por otro. Al mismo tiempo, la Directiva no afecta en
modo alguno a los regímenes electorales de los Estados miembros a este
respecto.
La mayoría de edad electoral se alcanza actualmente en todos los Estados
miembros a los 18 años; en cambio, la edad mínima para presentarse
candidato oscila entre los 18 y los 25 años.
En cambio, el artículo 3 no afecta a las condiciones administrativas
exigidas en los Estados miembros para que un elector puede ejercer su
derecho de voto en un municipio o circunscripción determinados en las
elecciones de que se trate, o para que un elegible pueda presentar su
candidatura en una lista o en una ciscunscripción determinadas con
ocasión de unas elecciones concretas. Estas condiciones tienen por
objeto garantizar una preparación y un desarrollo adecuados de las
actividades electorales y consisten esencialmente en la necesidad de
residir en la circunscripción o municipio de voto y, en su caso, en un
plazo mínimo de residencia. Lo mismo cabe afirmar de los requisitos
administrativos que deben cumplir los candidatos y que afectan, en
concreto, a la forma de designación, necesidad de demostrar determinados
pormenores   y  plazos    de   presentación    de   las   candidaturas.   Se
sobreentiende que todo elector o elegible comunitario que desee
participar efectivamente en las elecciones europeas en su Estado miembro
de residencia debe acatar las disposiciones nacionales aplicables en la
materia a los nativos del mismo.
3. En cuanto a la importancia del régimen de ineligibilidad e
incapacidad electoral, el artículo 3 dispone que los ciudadanos de la
Unión no pueden ser electores o elegibles en su Estado miembro de
residencia sin tener su nacionalidad en caso de haberse visto privados
de los derechos de sufragio activo y pasivo; en cuanto a las normas de
fondo, remite a lo dispuesto en los artículos 6 y 7.
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4. En algunos Estados miembros, los ciudadanos nacionalizados por
naturalización sólo son elegibles cuando ha transcurrido un periodo
mínimo desde que adquirieron la nacionalidad, por ejemplo, un año. Por
consiguiente, el principio de igualdad entre elegibles nacionales y
comunitarios exige que los ciudadanos de la Unión que hayan adquirido la
nacionalidad de su Estado miembro de origen por naturalización y residan
en otro Estado miembro (por ejemplo, un francés de origen marroquí
residente en Alemania) deben cumplir, mutatis mutandis, este requisito.
En consecuencia, debe presumirse que los ciudadanos cumplen este
requisito en su Estado miembro de residencia cuando haya transcurrido
este mismo período mínimo desde que adquirieron la nacionalidad de su
Estado miembro de origen.
                  Artículo 4: Voto y candidatura únicos
1. Como se trata de elegir a los miembros de una institución
comunitaria única, el apartado 1 de este artículo tiene por objeto
evitar que se abuse de la libertad de opción en cuanto al Estado miembro
en que desea votarse, garantizada por el apartado 2 del artículo 1 y por
el artículo 8, mediante una duplicación de voto. Este apartado consagra
el principio de prohibición del doble voto, tal y como figura
actualmente en el artículo 8 del Acta de 20 de septiembre de 1976. En
los artículos 8 y 13 se define el procedimiento de aplicación de este
principio.
2. Como se trata de elegir a los miembros de una institución única,
debe asimismo evitarse que los elegibles comunitarios se presenten
candidatos simultáneamente en diversos Estados miembros. Dado que, por
lo general, los elegibles comunitarios, por residir fuera de su Estado
miembro de origen, no se ven privados de su derecho de sufragio pasivo
en dicho Estado y que algunos Estados miembros reconocen el derecho de
sufragio pasivo a ciudadanos de la Unión que no residan en ellos, no
debe descartarse el riesgo de dobles candidaturas. Para interferir lo
menos posible en el régimen electoral de los Estados miembros, el
apartado 2 del artículo 4 no afecta a las disposiciones nacionales en
materia de doble candidatura dentro de cada Estado miembro. Por lo
demás, es evidente que este apartado sólo tiene por objeto evitar que un
candidato se presente por varios Estados miembros en unas mismas
elecciones. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 4 no obsta para
que, en las próximas elecciones, el candidato se presente por su Estado
miembro de residencia y, en las siguientes, por su Estado miembro de
origen.
                          Artículo 5: Residencia
El artículo 11 vuelve a tomar la condición de residencia en el sentido
previsto en la letra b) del artículo 3 en materia de derecho de
sufragio activo y pasivo. Así, el artículo 5 evita toda definición
uniforme e, indirectamente, remite al concepto de residencia definido en
el régimen electoral de Estado miembro de residencia. Las normas
electorales de los Estados miembros presentan grandes diferencias en
este terreno, exigiendo que se tenga la residencia habitual o el
domicilio en el territorio electoral o bien que se permanezca en él de
forma habitual o que se esté inscrito en el censo de población.
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En caso de que la legislación del Estado miembro exija que se pruebe un
período mínimo de residencia en el territorio electoral, el objetivo del
artículo 5 es eliminar toda discriminación de electores y elegibles
comunitarios que pueda derivarse del hecho de que, en la práctica, a los
no nacionales puede resultarles difícil cumplir este requisito y a los
nacionales bastante fácil. En consecuencia, en el artículo 5 se asimila
el periodo de residencia en otros Estados miembros, por ejemplo, en el
de origen, al de residencia en el Estado miembro donde vaya a votarse.
Dado que el artículo 5 sólo se ocupa de los requisitos que deben
cumplirse para ser titular del derecho de sufragio activo y pasivo en el
Estado miembro de residencia, lo dispuesto en su primer párrafo no
afecta en modo alguno a las condiciones concretas que regulen en cada
Estado miembro el ejercicio de tales derechos en un término municipal o
circunscripción determinados en las elecciones de que se trate y que,
normalmente, exigen un período mínimo de residencia en dicho término
municipal o circunscripción.
                  Artículo 6: Causas de inelegibilidad
1. El artículo 6 sólo se ocupa de la inelegibilidad, es decir, las
causas por las que los ciudadanos de la Unión, debido a una resolución
individual en materia penal o civil, no pueden ser legalmente elegidos.
Por el contrario, el régimen de incompat ib i1idades, regulado actualmente
por los artículos 5 y 6 del Acta de 20 de septiembre de 1976, sólo se
refiere a la imposibilidad legal de acumular el mandato de diputado
europeo con otros cargos. Este régimen está previsto en el procedimiento
electoral uniforme a que se refiere el apartado 3 del artículo 138 del
Tratado CE, por lo que no se ve afectado por lo prevenido en esta
Directiva.
2. Dado que la inelegibilidad puede obedecer a una decisión concreta en
materia penal o civil adoptada por las autoridades judiciales o
administrativas de los Estados miembros de origen o de residencia, y que
a falta de convenios internacionales, tales decisiones judiciales no
suelen ser ejecutivas en el Estado miembro de residencia, el artículo 6
establece un principio de acumulación de los regímenes de inelegibilidad
de ambos. Tal solución no es incompatible con el principio comunitario
de no discriminación; en efecto, como se trata de impedir los riesgos de
falseamiento que podrían plantearse de la falta de armonización entre
los regímenes de inelegibilidad vigentes en los Estados miembros, puede
considerarse que este sistema se inscribe en las "modalidades" que
incumbe determinar al Consejo conforme al apartado 2 del artículo 8 B
del Tratado.
Desde el punto de vista material, la acumulación se justifica para
evitar que una persona privada de su derecho de sufragio pasivo en su
Estado miembro, normalmente por mor de una decisión dictada por el juez,
pueda recobrar este derecho por el mero hecho de residir en otro Estado
miembro. La posibilidad de que un ciudadano de la Unión privado de su
derecho de sufragio pasivo en su Estado miembro de origen pudiera
presentarse candidato en el de residencia y hacer en él campaña
electoral no sólo debe preocupar a este último, sino también al Estado
de origen. Para salvaguardar la reputación del Parlamento Europeo, debe
evitarse que un ciudadano de la Unión privado de su derecho de sufragio
pasivo pueda presentarse o hacer campaña para las elecciones al mismo.
Es evidente que el riesgo de atentado contra la honorabilidad del
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Parlamento es más acentuado y conspicuo por lo que al sufragio pasivo
se refiere; en consecuencia, el apartado 1 del artículo 6 establece un
régimen de inelegibilidad que obliga al Estado miembro de residencia a
reconocer toda posible privación de tal derecho en el Estado miembro de
origen.
Cierto es que los regímenes nacionales de incapacidad electoral son muy
distintos entre sí, pero el principio de acumulación se inspira en la
idea de que todos ellos respetan, cada uno a su manera, los principios
generales del Estado de Derecho, así como el principio democrático, por
lo que nada se opone a que el Estado miembro de residencia reconozca una
decisión de privación de derechos decretada en el Estado de origen.
3. Para llevar a la práctica el sistema de acumulación previsto en el
apartado 1, el apartado 2 del artículo 10 obliga al Estado miembro de
residencia a exigir al ciudadano interesado que, al presentar su
candidatura, adjunte un certificado de su Estado miembro de origen en el
que se haga constar que no es inelegible en dicho Estado o que las
autoridades administrativas no tienen constancia de tal inelegibilidad.
El apartado 2 del artículo 6 obliga al Estado miemnro de residencia a
declarar inadmisible cualquier candidatura que no vaya acompañada de
dicho certificado. Como el apartado 2 del artículo 10 establece una
condición formal, el apartado 2 del artículo 6 prevé asimismo un control
puramente formal que, en la mayoría de Estado miembros, se realizará
antes de las elecciones. Con todo, este apartado no modifica en modo
alguno el régimen de causas de inelegibilidad de algunos Estados
conforme al cual el control sólo puede realizarse después de las
elecciones.   Dada   la   importancia    política  de  las   causas   de
inelegibilidad, parece conveniente que, en la medida de lo posible, la
declaración de inadminisbilidad de la candidatura se dicte antes de la
apertura de la campaña electoral.
                    Artículo 7: Incapacidad electoral
Dado que el riesgo de atentado a la reputación del Parlamento Europeo es
mucho menos acentuado en materia de sufragio activo que pasivo, el
artículo 7 establece unos principios menos rigurosos que los del
artículo 6.
1. El Estado miembro de residencia es libre de aceptar o no la
privación del derecho de sufragio activo que haya podido adoptarse en el
Estado miembro de origen. En consecuencia, es también libre de exigir o
no al elector comunitario que manifieste que no se le ha privado de su
derecho de voto en su Estado miembro de origen al efectuar la
declaración a que a que se refiere el apartado 3 del artículo 9.
2. Los Estados miembros que apliquen el sistema de acumulación que
autoriza el apartado 1 pueden poner en conocimiento del Estado miembro
de origen la declaración a que se refiere el apartado anterior. No
obstante, el Estado miembro de residencia sólo enviará los datos
realmente necesarios para llevar a la práctica lo previsto en el primer
apartado. En cambio, el Estado miembro de residencia está obligado a
responder al de origen y facilitarle toda la información que considere
pertinente y de que disponga en condiciones normales. Para proteger
estos datos personales y respetar el principio de proporcionalidad, el
Estado miembro de origen sólo enviará al de residencia los datos
estrictamente necesarios paea llevar a la práctica el sistema de
acumulación. En este mismo sentido, el Estado miembro de residencia no
podrá dar a los datos que se le hayan enviado otra finalidad que la aquí
prevista. El Estado miembro de residencia que haya optado por el sistema
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de acumulación adoptará todas las medidas pertinentes para impedir al
interesado que vote, bien cancelando su inscripción del censo electoral,
bien evitando que llegue efectivamente a votar.
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de origen, por iniciativa
propia, podrá enviar al de residencia todos los datos que estime
necesarios para que este último tenga conocimiento de la privación del
derecho de sufragio activo decretada en el primero. En tal caso, el
Estado miembro de residencia no estará obligado a responder.
                    Artículo 8: Libertad de elección
1. A fin de respetar la libertad de opción relativa al Estado miembro
en que desea votarse, el apartado 1 del artículo 8 dispone que el
elector comunitario sólo puede inscribirse en el censo electoral del
Estado miembro de residencia si ha manifestado previamente su voluntad
de manera inequívoca. La trascendencia de la manifestación de voluntad
se deriva, sobre todo, de su efecto sobre el derecho de sufragio activo
en el Estado miembro de origen. El elector comunitario que opte por
votar en su Estado miembro de residencia renuncia al mismo tiempo a
ejercer su derecho en el de origen. Resultaría inadmisible que ello
pudiera ocurrir sin una petición previa del interesado.
2. En los Estados miembros en que el voto es obligatorio, los electores
comunitarios que, haciendo uso de su libertad de votar en el Estado
miembro que deseen, se hayan inscrito en el censo electoral del Estado
miembro de residencia quedarán sujetos a esta misma obligación en virtud
del apartado 2 del artículo 8, y ello para salvaguardar el principio de
igualdad entre electores nacionales y comunitarios.
          Artículo 9: Ejercicio del derecho de sufragio activo
1. El apartado 1 del artículo 9 se ocupa del plazo establecido para
presentar ante la autoridad competente del Estado miembro de residencia
la petición de inscripción en el censo electoral; se trata de interferir
lo menos posible en el régimen electoral de los Estados miembros que, a
este respecto, muestran grandes diferencias.
En aquellos Estados en los que se realiza una revisión periódica del
censo electoral, los electores comunitarios podrán solicitar su
inscripción durante este período. Fuera del mismo, no será posible
solicitar la inscripción, salvo en casos excepcionales y en las mismas
condiciones previstas para los ciudadanos nacionales.
En los Estados en los que el censo electoral se elabora normalmente
antes de las elecciones, lo que suele hacerse de oficio, los electores
comunitarios deberán disfrutar de un plazo adecuado para solicitar su
alta en el censo antes de su cierre. Los Estados miembros deberán fijar
dicho plazo al incorporar la Directiva a sus legislaciones nacionales
teniendo en cuenta, por un lado, los intereses legítimos de los
electores y, por otro, el interés del buen desarrollo administrativo de
las elecciones.
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2. El apartado 2 del artículo 9 trata de las pruebas que el elector
comunitario debe presentar en apoyo de su solicitud de inscripción y, a
este respecto, remite a las mismas condiciones aplicables a los
electores nacionales. Sin embargo, para evitar el doble voto, es
necesario que los electores comunitarios presenten otro tipo de pruebas.
Como se trata de facilitar en lo posible el ejercicio del sufragio
activo en el Estado miembro de residencia, las pruebas deben limitarse a
las estrictamente necesarias. Además, el régimen de prueba debe partir
del principio de confianza en las declaraciones hechas por los
ciudadanos interesados. Por este motivo, este apartado exige sólo al
interesado que presente una declaración formal que contenga un limitado
número de pormenores que permitan al Estado miembro de origen
identificarle sin problemas y adoptar las medidas pertinentes para
evitar el doble voto.
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de residencia es libre de
exigir o no un determinado número de pruebas suplementarias bien con
objeto de llevar a la práctica lo previsto en el artículo 7, bien para
facilitar   la identificación, bien para verificar el período de
residencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 5.
4. En un espíritu de respeto a la libertad de opción de los electores
comunitarios en cuanto al Estado miembro en el que desean votar, así
como al régimen electoral de cada Estado miembro, el apartado 4 del
artículo 9 elimina trámites burocráticos inútiles en beneficio de los
interesados y, al mismo tiempo, facilita la tarea de los Estados
miembros que actualizan periódicamente sus censos electorales.
          Artículo 10: Ejercicio del derecho de sufragio pasivo
1. El apartado 1 del artículo 10 regula las pruebas que debe adjuntar
el elegible comunitario al presentar la declaración de candidatura y, a
este respecto, remite a las mismas condiciones que deben cumplir los
elegibles nacionales. Sin embargo, para evitar la doble candidatura, el
artículo 10 exige que los candidatos comunitarios presenten ciertas
pruebas específicas que, empero, deben limitarse a las estrictamente
necesarias. Este apartado se ordena igual que el apartado 2 del artículo
9.
2. Para llevar a la práctica el sistema de acumulación en materia de
sufragio pasivo previsto en el artículo 6, el apartado 2 del artículo 10
prevé que el elegible comunitario, para que se admita su candidatura,
debe presentar un certificado emitido por las autoridades competentes de
su Estado miembro de origen en el que conste que no está incurso en
ninguna causa de inelegibilidad en el mismo. Si procede, sobre todo a
falta de información centralizada, dicho Estado miembro puede limitarse
a certificar que a las autoridades competentes del mismo no les consta
dicha causa. Se sobreentiende que compete a cada Estado miembro
determinar las autoridades competentes a efectos del apartado 2 y, en
particular, determinar el papel que los consulados pueden desempeñar en
este terreno.
3. Conforme al apartado 3, el Estado miembro de residencia puede exigir
al interesado que presente un número limitado de pruebas suplementarias
que tengan por objeto, bien facilitar su identificación, bien verificar
las condiciones de elegibilidad a que se refiere el último párrafo del
artículo 3.
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                      Artxculo 11: Vías de recurso
1. El procedimiento de información a los ciudadanos interesados,
previsto en el apartado 1, tiene por objeto que éstos puedan elevar, en
su caso, el recurso a que se refiere el apartado 2. Dado que este
apartado deja a los Estados miembros en libertad para elegir la forma
que debe adoptar esta información, puede tratarse de una comunicación
individual o bien aprovecharse la publicación del censo electoral. No
obstante, el interesado debe estar en condiciones de tomar oportunamente
nota del contenido de la misma.
2. En aplicación del principio de igualdad de condiciones entre
nacionales y no nacionales, el apartado 2 dispone que los elegibles
comunitarios   podrán  presentar, si procede,      los mismos    recursos
electorales que los nacionales del Estado miembro de residencia.
                        Artículo 12: Información
Dado que electores y elegibles comunitarios deben cumplir las mismas
condiciones que los nacionales y determinados requisitos específicos,
sobre todo en materia de prueba, el artículo 12 tiene por objeto que las
autoridades competentes informen de ello oportunamente a tales personas
para que, en su caso, éstas puedan ejercer su derecho de sufragio activo
y pasivo en el Estado miembro de su residencia. La disposición deja a
los Estados miembros entera libertad para determinar la forma más
adecuada para facilitar tal información.
                Artículo 13: Intercambios de información
Para evitar trámites burocráticos inútiles, el artículo 13 introduce un
mecanismo de intercambio de información entre Estados miembros para
impedir, en la medida de lo posible, el doble voto y la doble
candidatura a que se refiere el artículo 4. A tal fin, el Estado miembro
de residencia estará obligado a facilitar al de origen información
relativa a los ciudadanos de este último que se hayan inscrito en su
censo electoral o vayan a presentar sus candidaturas.
En cuanto al contenido, la información debe basarse en los datos
facilitados por los interesados en sus propias declaraciones formales.
Para proteger los datos personales de los ciudadanos de la Unión y
respetar el principio de proporcionalidad, la información facilitada no
debe contener más que los datos precisos para llevar a la práctica el
contenido del artículo 4 y sólo puede utilizarse para este fin.
Para que el mecanismo de intercambio de información sea eficaz, los
datos deberán enviarse en un plazo adecuado antes de las elecciones. No
obstante, hay que ser conscientes de que los plazos impuestos en los
Estados miembros en materia de inscripción en el censo electoral y
presentación de candidaturas siguen siendo muy diferentes entre sí.
Conforme a la información enviada por el Estado miembro de residencia,
el Estado de origen adoptará, al amparo de su régimen electoral vigente,
las medidas pertinentes para evitar, en la medida de lo posible, el
doble voto y la doble candidatura de sus nacionales. Considerando la
riqueza de regímenes electorales y tradiciones políticas de los Estados
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miembros, el artículo 13 autoriza bien los controles preventivos antes
de las elecciones (por ejemplo, la exclusión del censo electoral), bien
los controles represivos a posteriori (por ejemplo, sanciones penales),
bien una combinación de ambos.
                        Artxculo 14: Excepciones
1. Los problemas específicos que, a tenor del párrafo segundo del
apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, pueden justificar el
establecimiento de excepciones en un Estado miembro se derivan, sobre
todo, de una proporción particularmente elevada de nacionales de otros
Estados miembros. Actualmente, esta proporción se sitúa, en promedio,
entre un 0,3% y un 6% del total de ciudadanos de la Unión que residen en
ella. Sólo hay un Estado miembro en el que la proporción de residentes
comunitarios en edad de votar supera con mucho la media apreciada en
otros Estados miembros, situándose en torno al 29% del conjunto del
electorado.
Ante la situación actual, en el apartado 1 se establece un umbral del
20% por encima del cual se autoriza al Estado miembro de que se trate a
establecer las excepciones previstas en las letras a) y b ) . El
porcentaje se calcula a partir de los datos estadísticos relativos al
conjunto de ciudadanos de la Unión con mayoría de edad electoral que, en
la fecha indicada, residan en dicho Estado miembro.
Dado que las modalidades previstas en el apartado 2 del artículo 8 B del
Tratado deben fijarse "sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3
del artículo 138 y en las normas adoptadas para su aplicación", el
artículo 14 precisa que la presente Directiva no afecta a la facultad de
los Estados miembros de adoptar las medidas pertinentes en materia de
procedimiento electoral. A falta de otras disposiciones que se adopten
en aplicación del apartado 3 del artículo 138 del Tratado, la presente
Directiva, así como el Acta de 20 de septiembre de 1976 sobre elección
de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal
directo (vid. su artículo 7.2) se entienden sin perjuicio de las
disposiciones que cada Estado miembro haya adoptado o prevea hacerlo en
materia de procedimiento electoral, sobre todo, respecto de la
constitución de listas de candidatos.
Según las letras a) y b) del apartado 1, las posibilidades de excepción
se limitan a la obligación de exigir a los electores y elegibles
comunitarios que demuestren un período mínimo de residencia en el Estado
miembro en que vaya a votarse. En cuanto al sufragio pasivo, se ha
considerado que dicho período no debe superar el doble del período de
legislatura del Parlamento Europeo; por lo que respecta al sufragio
activo, el período mínimo de residencia puede ser igual al período de
legislatura del Parlamento Europeo, como máximo.
En todo caso, debe garantizarse que los electores y elegibles
comunitarios que no puedan votar o presentarse candidatos en su Estado
miembro de origen, por razón de su residencia en otro Estado miembro o
de la duración de la misma, puedan ejercer su derecho de sufragio activo
o pasivo en su Estado miembro de residencia sin estar obligados a
presentar prueba de la misma.
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2. Por otro lado, los problemas específicos de un Estado miembro
determinado que, según el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 8
B del Tratado CEE, justifican la adopción de disposiciones de excepción
pueden obedecer al hecho de que, en algunos Estados miembros, los
nacionales de otros ya disfrutan del derecho de sufragio activo no sólo
en las elecciones al Parlamento Europeo, sino en las elecciones
nacionales.
En determinado Estado miembro, los ciudadanos de otro limítrofe no
tienen la consideración de extranjeros y, desde 1948, disfrutan del
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales y
locales y, desde 1979, en las elecciones al Parlamento Europeo, y todo
ello en las mismas condiciones formales y materiales que los propios
nacionales.
En este Estado limítrofe, desde 1935 toda persona nacida en ese otro
Estado miembro no tiene la consideración de extranjero. A esto se añade
que la Constitución se ha modificado de forma que el legislador puede
conceder el derecho de voto en las elecciones generales a los residentes
no nacionales. Conforme a ello, la Ley electoral de 1985 dispone que los
ciudadanos de este Estado miembro y, según un criterio de reciprocidad,
los nacionales de los demás Estados miembros tienen el derecho de
sufragio activo en las elecciones nacionales. En cuanto a las elecciones
al Parlamento Europeo, desde 1977 los ciudadanos procedentes de ese otro
Estado, así como los nacionales de todos los demás Estados miembros,
tienen derecho de voto.
Por todo ello, los ciudadanos de estos dos Estados miembros residentes
en el territorio del otro figuran en los censos electorales para las
elecciones al Parlamento Europeo elaborados en dichos Estados. El censo
para las elecciones europeas se elabora de oficio partiendo de los
censos nacionales de ambos Estados.
En tales circunstancias, está justificado que los nacionales de estos
dos Estados miembros que residan en el territorio del otro Estado
respectivo queden exentos de los trámites específicos previstos en los
artículos 6 a 13 de la presente Directiva.
3. La clásula de excepción del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado
de la Unión Europea sólo afecta a las modalidades de ejercicio de los
derechos que se garantizan en las elecciones europeas, pero no a la
garantía propiamente dicha. Por este motivo, toda excepción debe estar
sujeta a revisión, razón por la que el apartado 2 de este artículo
establece un régimen de informes periódicos.
Para que la Comisión, garante del Tratado, pueda verificar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, es
imprescindible que los Estados miembros que establezcan las excepciones
le faciliten toda la información justificativa precisa. En concreto, los
Estados que se acojan a la excepción prevista en el apartado 1 deberán
facilitar a la Comisión los datos estadísticos pertinentes.
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                 Artículo 15: Disposiciones transitorias
Dado lo apretado del calendario preciso para llevar a la práctica el
contenido de esta Directiva en las cuartas elecciones directas al
Parlamento Europeo, es indispensable establecer una serie de medidas
transitorias para solventar problemas concretos de determinados Estados
miembros.
1. Teniendo en cuenta que, en algunos Estados miembros, los ciudadanos
de la Unión o de otros Estados miembros disfrutan ya del derecho de
sufragio activo y, en consecuencia, pueden ya inscribirse en el censo
electoral, incluso antes de la entrada en vigor de la presente
Directiva, deben respetarse sus derechos adquiridos y, así, disponer que
tal inscripción no se vea afectada por el presente texto. Los ciudadanos
afectados no tendrán que presentar ni la petición prevista en el
artículo 8 ni las pruebas específicas a que se refiere el artículo 9. En
virtud del apartado 4 del artículo 9, esta situación podrá mantenerse
después de las cuartas elecciones al Parlamento Europeo si la
legislación nacional vigente lo permite.
2. Merced al apartado 2 del artículo 15, los Estados miembros en los
que la inscripción en el censo electoral debe normalmente realizarse
durante un período concreto del año deben adoptar           las medidas
pertinentes   para  permitir   a   los electores   comunitarios  ejercer
efectivamente su derecho de sufragio activo en el Estado miembro de
residencia en las elecciones europeas de junio de 1994.
3. El apartado 3 de este artículo se refiere a los problemas técnicos
de los Estados miembros que no elaboran un censo electoral concreto,
sino que hacen mención de la condición de elector en el censo general de
población. El procedimiento previsto en el apartado 3 no afecta al
principio de libre elección del Estado miembro en el que desea votarse
ni al principio expuesto en el apartado 1 del artículo 8.
4. Como quiera que la legislación de determinados Estados miembros
establece un procedimiento      interno escalonado de designación de
candidatos de los partidos y grupos políticos, que este procedimiento
suele desarrollarse durante más de un año y que los partidos políticos
lo habrán ya iniciado, o incluso concluido, antes del 1 de febrero de
1994, debe disponerse que los Estados miembros puedan considerar válidos
los procedimientos ya seguidos y las decisiones adoptadas en este
ámbito.
                    Artículo 16: Cláusula de revisión
Vista la complejidad de los problemas técnicos planteados por la
aplicación del apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, sobre todo
los mecanismos de intercambio de información previstos en los artículos
7 y 13, tras las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, la
Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe
relativo a la experiencia adquirida en la aplicación de la presente
Directiva y, si procede, propondrá las pertinentes modificaciones. En su
caso, el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, decidirá por
unanimidad sobre las eventuales modificaciones propuestas por la
Comisión.
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          Artículo 17: Incorporación a la legislación nacional
Para que la presente Directiva se aplique ya con ocasión de las cuartas
elecciones directas al Parlamento Europeo, en junio de 1994, el apartado
1 del artículo 17 establece un plazo de incorporación de una brevedad
ciertamente excepcional.
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                    PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO
     por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de
     sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo
 por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro
                        del que no sean nacionales
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, modificado por el
Tratado de la Unión Europea, y en particular el apartado 2 de su
artículo 8 B,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando que la Unión Europea constituye una nueva etapa en el
proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos
de Europa; que dicha Unión tiene la misión de organizar de manera
coherente y solidaria las relaciones entre los pueblos de los Estados
miembros y que, entre sus objetivos fundamentales, se cuenta el de
reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de
sus Estados miembros creando una ciudadanía de la Unión;
Considerando que, a tal fin, las disposiciones del Título II del Tratado
de la Unión Europea, por las que se modifica el Tratado CEE con objeto
de establecer la Comunidad Europea, crean una ciudadanía de la Unión en
beneficio de todos los nacionales de los Estados miembros, a los que se
reconoce, como tales, un conjunto de derechos de libre ejercicio;
Considerando que el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro de residencia,
garantizado por el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE, supone
una aplicación del principio que prohibe la discriminación entre
nacionales y no nacionales y es el corolario del derecho de libre
circulación y residencia consagrado en el artículo 8 A;
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE sólo
trata de la posibilidad de ejercer el derecho de sufragio activo y
pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo, sin perjuicio de la
aplicación práctica del apartado 3 del artículo 138 del Tratado CE, que
prevé el establecimiento de un procedimiento uniforme en todos los
Estados miembros para tales elecciones; que la finalidad de dicho
precepto es, en esencia, la de suprimir el requisito de nacionalidad que
actualmente se exige en la mayoría de Estados miembros para ejercer
tales derechos;
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Considerando que la aplicación del apartado 2 del artículo 8 B del
Tratado CE no implica la armonización de los regímenes electorales de
los Estados miembros y que, además, para observar el principio de
proporcionalidad expuesto en el párrafo tercero del artículo 3 B del
Tratado CE, el contenido de la normativa comunitaria en esta materia no
debe superar lo estrictamente necesario para cumplir el objetivo
previsto en el apartado 2 del artículo 8 B de dicho texto;
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE tiene por
objeto que todos los ciudadanos de la Unión, tengan o no la nacionalidad
de su Estado miembro de residencia, puedan ejercer en él en igualdad de
condiciones su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al
Parlamento Europeo; que, en consecuencia, es necesario que dichas
condiciones y, en particular, las relativas a la duración y prueba del
período de residencia aplicables a los no nacionales, sean iguales que
las aplicables, en su caso, a los nacionales del Estado miembro de que
se trate;
Considerando que el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE garantiza
el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo en el Estado miembro de residencia sin que ello sustituya al
derecho correspondiente en el Estado miembro de origen del ciudadano
europeo; que debe respetarse la libertad de opción de los ciudadanos de
la Unión respecto al país en cuyas elecciones europeas desean
participar, velando por que no se abuse de este derecho por mor de un
doble voto o una doble candidatura;
Considerando que, según el apartado 2 del artículo 8 B del Tratado CE,
toda excepción a las reglas generales de la presente Directiva debe
estar justificada por problemas específicos de algún Estado miembro y
que, por su propia naturaleza, toda cláusula de excepción debe estar
sujeta a revisión; que este tipo de problemas específicos se plantean,
por ejemplo, cuando la proporción de ciudadanos de la Unión que residen
en un Estado miembro sin tener su nacionalidad y han alcanzado la
mayoría de edad electoral supera sensiblemente la media; que un
porcentaje del 20% de tales ciudadanos respecto del conjunto del
electorado justificaría la adopción de disposiciones de excepción
basadas en el criterio de duración del período de residencia;
que la ciudadanía de la Unión tiene por objeto integrar mejor a los
ciudadanos de ésta en su país de acogida y que, en este sentido,
responde a las intenciones de los autores del Tratado evitar toda
polarización entre listas de candidatos nacionales y no nacionales; que
este riesgo de polarización afecta especialmente a un Estado miembro en
el que el porcentaje de ciudadanos de la Unión no nacionales en edad de
votar supera el 20% del conjunto de ciudadanos de la Unión con mayoría
de edad electoral residentes en él y que, por consiguiente, es
imprescindible que se autorice a este Estado miembro a establecer
disposiciones especiales respecto a la composición de las listas de
candidatos, respetando lo dispuesto en el artículo 8 B del Tratado CEE;
que debe tenerse en cuenta el hecho de que, en determinados Estados
miembros, los nacionales de otros Estados miembros que residen en
aquéllos gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones
generales y que, en consecuencia, pueden flexibilizarse los trámites
previstos en la presente Directiva.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
                    Capítulo I: Disposiciones generales
                                 Articulo 1
1. La presente Directiva establece las modalidades según las cuales los
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean
nacionales podrán ejercer en éste el derecho de sufragio activo y pasivo
en las elecciones al Parlamento Europeo.
2. Lo     dispuesto   en  la presente Directiva     no  afectará  a  las
disposiciones de cada Estado miembro en relación con el derecho de
sufragio activo y pasivo de sus nacionales residentes fuera de su
territorio electoral.
                                 Artículo 2
En la presente Directiva, se entenderá por:
(1) "elecciones al Parlamento Europeo" la elección por sufragio
universal directo de los representantes en el Parlamento Europeo de los
pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad Europea, de conformidad
con el Acta relativa a la elección de los representantes en el
Parlamento Europeo por sufragio universal directo^ 1 );
(2) "territorio electoral" el territorio de un Estado miembro en el que,
conforme al Acta relativa a la elección de los representantes en el
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, y según el régimen
electoral de tal Estado miembro, el pueblo de este último vaya a elegir
a sus representantes en el Parlamento Europeo;
(3) "Estado miembro de residencia" el Estado miembro en el que reside el
ciudadano de la Unión sin haber adquirido su nacionalidad;
(4) "Estado miembro de origen" el Estado miembro cuya nacionalidad posea
el ciudadano de la Unión;
(5) "elector comunitario" todo ciudadano de la Unión que, conforme a lo
dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio activo en
las elecciones al Parlamento Europeo en su Estado miembro de residencia;
(6) "elegible comunitario" todo ciudadano de la Unión que, conforme a lo
dispuesto en la presente Directiva, tenga derecho de sufragio pasivo en
su Estado miembro de residencia;
(7) "censo electoral" el registro oficial de todos los electores con
derecho de sufragio activo en una circunscripción o término municipal,
elaborado o actualizado por la autoridad competente conforme a la
normativa electoral del Estado miembro de residencia;
(8) "día de referencia" el día en el que los ciudadanos de la Unión
deban cumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral del
Estado miembro de residencia para considerarse electores o elegibles;
(9) "declaración formal" el acto emanado del interesado cuya inexactitud
será sancionable.
 (1) DO nfi L 278, de 8.10.1976, pág. 5.
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                               Artículo 3
Toda persona que, en el día de referencia,
a)  sea ciudadano de la Unión según lo previsto en el párrafo segundo
    del apartado 1 del artículo 8 del Tratado, y
b)  sin haber    adquirido  la nacionalidad    del Estado miembro     de
    residencia, cumpla las condiciones a las que la legislación de este
    último supedite el derecho de sufragio activo y pasivo de sus
    nacionales,
tendrá derecho de sufragio activo y pasivo en el Estado miembro de
residencia en las elecciones al Parlamento Europeo, siempre que no haya
sido privada de esos derechos en virtud de los artículos 6 y 7.
Si, para ser elegibles, los nacionales del Estado miembro de residencia
deben poseer su nacionalidad desde un período mínimo, se considerará que
cumplen dicha condición los ciudadanos de la Unión que posean la
nacionalidad de un Estado miembro desde ese mismo período.
                               Artículo 4
1. El elector comunitario ejercerá su derecho de sufragio activo en el
Estado miembro de residencia o en el Estado miembro de origen. Nadie
podrá votar más de una vez en las mismas elecciones.
2. Nadie podrá ser candidato en más de un Estado miembro en las mismas
elecciones.
                               Artículo 5
Si, para ser electores o elegibles, los nacionales del Estado miembro de
residencia deben acreditar un período mínimo de residencia en el
territorio electoral, se presumirá que cumplen este requisito los
electores y elegibles comunitarios que hayan residido durante un período
equivalente en otros Estados miembros. Esta disposición se aplicará sin
perjuicio de las condiciones específicas relativas al período de
residencia en una circunscripción electoral o término municipal
determinados.
                               Artículo 6
1. Todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro sin tener
su nacionalidad y que, por resolución individual en materia civil o
penal, haya sido privado del derecho de sufragio pasivo en virtud, bien
de la legislación del Estado miembro de residencia, bien de la del
Estado miembro de origen, quedará privado del ejercicio de ese derecho
en el Estado miembro de residencia en las elecciones al Parlamento
Europeo.
2. Se declararán inadmisibles las candidaturas de los ciudadanos de la
Unión a las elecciones del Parlamento Europeo en el Estado miembro de
residencia que no puedan presentar el certificado a que se refiere el
apartado 2 del artículo 10.
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                                Artxculo 7
1. El Estado miembro de residencia podrá verificar que los ciudadanos
de la Unión que hayan manifestado la voluntad de ejercer en ese Estado
su derecho de sufragio activo no han sido privados de dicho derecho en
el Estado miembro de origen por resolución individual en materia civil o
penal.
2. A efectos de la aplicación del apartado 1 del presente artículo, el
Estado miembro de residencia podrá notificar al Estado miembro de origen
la declaración a que se refiere el artículo 8. Con este mismo fin, la
información pertinente y normalmente disponible procedente del Estado de
origen se remitirá en la forma y en los plazos adecuados; dicha
información sólo podrá incluir las indicaciones estrictamente necesarias
para la aplicación del presente artículo y no podrá utilizarse para
ninguna otra finalidad. Si la información transmitida contradice el
contenido de la declaración, el Estado miembro de residencia tomará las
medidas oportunas para impedir el ejercicio del sufragio activo por el
interesado.
3. El Estado miembro de origen podrá transmitir además, en la forma y
en los plazos adecuados, al Estado miembro de residencia toda
información necesaria para la aplicación del presente artículo.
                                Artículo 8
1. El elector comunitario ejercerá su derecho de sufragio activo en el
Estado miembro de residencia si ha manifestado su voluntad de hacerlo.
2. Si en el Estado miembro de residencia el voto es obligatorio, la
obligación se extenderá a los electores comunitarios que hayan
manifestado su voluntad de votar.
        Capítulo II: Del ejercicio del derecho de sufragio activo
                                 y pasivo
                               Artículo 9
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que, con
suficiente antelación a las elecciones, puedan ser inscritos en el censo
electoral los electores comunitarios que hayan manifestado su voluntad
en tal sentido.
2. Para inscribirse en el censo electoral, el elector comunitario
deberá adjuntar las mismas pruebas que el elector nacional. Deberá
presentar, además, una declaración formal en la que conste:
a)       su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del
        Estado miembro de residencia,
b)      en su caso, el término municipal o la circunscripción del Estado
        miembro de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en
        último lugar, y
c)      que sólo ejercerá su derecho de sufragio activo en el Estado
        miembro de residencia.
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 3. El Estado miembro de residencia podrá, además, exigir que el elector
comunitario
a)       manifieste en la declaración a que se refiere el apartado 2 no
         estar privado del derecho de sufragio activo en el Estado
         miembro de origen,
b)       presente un documento de identidad no caducado,
c)       indique a partir de qué fecha reside en el Estado de que se
         trate o en otro Estado miembro.
4. Los electores comunitarios que hayan sido inscritos en el censo
electoral permanecerán inscritos en el mismo, en las mismas condiciones
que los electores nacionales, hasta que soliciten su exclusión o se
proceda de oficio a su exclusión por haber dejado de cumplir los
requisitos exigidos para el ejercicio del derecho de sufragio activo.
                                Artículo 10
1. El elegible comunitario deberá adjuntar a su declaración de
candidatura las mismas pruebas que el candidato nacional. Además, el
elegible comunitario deberá presentar una declaración formal en la que
consten:
a)       su nacionalidad y su domicilio en el territorio electoral del
        Estado miembro de residencia,
b)      que no se presenta simultáneamente como candidato en las
        elecciones al Parlamento Europeo en otro Estado miembro y,
c)      en su caso, el término municipal o la circunscripción del Estado
        miembro de origen en cuyo censo electoral estuvo inscrito en
        último lugar.
2. Al presentar su candidatura, el elegible comunitario deberá aportar
asimismo una declaración en la que las autoridades administrativas
competentes del Estado de origen certifiquen que no está privado del
derecho de sufragio pasivo en dicho Estado.
3. El Estado miembro de residencia podrá exigir, además, que el
elegible comunitario presente un documento de identidad no caducado.
También podrá exigir que este último indique a partir de qué fecha es
nacional de un Estado miembro.
                               Artículo 11
1. El Estado miembro de residencia informará a los interesados acerca
del resultado que haya obtenido su petición de inscripción en el censo
electoral o acerca de la resolución sobre la admisibilidad de su
candidatura.
2. En caso de denegación de la inscripción en el censo electoral o de
rechazo de su candidatura, el interesado podrá interponer los recursos
que la legislación del Estado miembro de residencia reserve, en los
mismos supuestos, a los electores y elegibles nacionales.
                               Artículo 12
El Estado miembro de residencia informará en tiempo y forma a los
electores y elegibles comunitarios acerca de las condiciones y
modalidades del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en
dicho Estado.
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                               Artículo 13
Los Estados miembros intercambiarán la información necesaria para la
aplicación del artículo 4. Para ello, el Estado miembro de residencia
transmitirá al Estado miembro de origen, basándose en la declaración
formal a que se refieren los artículos 9 y 10, dentro de un plazo
apropiado antes de la votación, las informaciones relativas a los
nacionales de este último Estado inscritos en el censo electoral o que
hayan presentado su candidatura. El Estado miembro de origen adoptará
las medidas adecuadas para evitar el voto doble y la candidatura doble
de sus nacionales.
                Capítulo III: Disposiciones transitorias
                             y de excepción
                               Artículo 14
1. Si, al 1 de enero de 1993, la proporción de ciudadanos de la Unión
en edad de votar residentes en un Estado miembro sin poseer la
nacionalidad del mismo supera el 20% del conjunto de ciudadanos de la
Unión con mayoría de edad electoral y residentes en él, dicho Estado
miembro, apartándose de lo dispuesto en la presente Directiva, podrá:
a)  reservar el derecho de sufragio activo a los electores comunitarios
    que lleven residiendo en dicho Estado miembro un período mínimo que
    no podrá ser superior a cinco años;
b)  reservar el derecho de sufragio pasivo a los elegibles comunitarios
    que lleven residiendo en dicho Estado miembro un período mínimo que
    no podrá ser superior a diez años.
Estas disposiciones se entienden sin perjuicio de las medidas que los
Estados miembros consideren pertinente adoptar en materia de composición
de listas de candidatos y que, en particular, tengan por objeto
facilitar la integración de los ciudadanos de la Unión no nacionales.
No obstante, los requisitos de residencia    mínima antes previstos no
podrán aplicarse a los electores y elegibles  comunitarios que, en razón
de su residencia fuera de su Estado miembro  de origen o de la duración
de la misma, carezcan de derecho de sufragio activo o pasivo en él.
2. Si, al 1 de febrero de 1994, los nacionales de un Estado miembro
residentes en otro tienen también en este último derecho de voto en las
elecciones para el Parlamento nacional y pueden inscribirse, a tal
efecto, en el censo electoral en idénticas condiciones que los electores
nacionales, ese Estado miembro podrá, por vía de excepción, abstenerse
de aplicar a sus nacionales los artículos 6 a 13 de la presente
Directiva.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 1997 y, posteriormente, 18 meses
antes de cada elección al Parlamento Europeo, la Comisión presentará al
Consejo y al Parlamento Europeo un informe en el que se examinará si
persisten los motivos que hayan justificado la concesión, a los Estados
miembros de que se trate, de una excepción con arreglo al apartado 2 del
artículo 8 B del Tratado y, en su caso, propondrá que se efectúen las
adaptaciones pertinentes.
Los Estados miembros que adopten las disposiciones de excepción
previstas en el apartado 1 presentarán a la Comisión todos los datos
justificativos precisos.
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                               Artículo 15
En las cuartas elecciones al Parlamento       Europeo  se aplicarán  las
disposiciones específicas siguientes:
1. Los ciudadanos de la Unión que, al 15 de febrero de 1994, tengan ya
el derecho de sufragio activo en el Estado miembro de residencia y que
figuren en el censo electoral de dicho Estado no estarán sujetos a los
trámites que establece el artículo 9.
2. Los Estados miembros en los que el censo electoral se haya elaborado
antes del 15 de febrero de 1994, adoptarán las medidas necesarias para
que los electores comunitarios que deseen ejercer en ellos su derecho de
sufragio activo puedan inscribirse en el censo electoral dentro de un
plazo apropiado antes del día de la votación.
3. Los Estados miembros que, sin elaborar censo electoral específico,
hagan constar la condición de elector en el censo general de población
y en los que el voto no sea obligatorio, podrán aplicar también este
régimen a los electores comunitarios que figuren en dicho censo y que,
tras haber sido informados individualmente de sus derechos, no
manifiesten su voluntad de ejercer su derecho de sufragio activo en el
Estado miembro de origen. Transmitirán a las autoridades del Estado
miembro de origen el documento en que dichos electores manifiesten su
intención de votar en el Estado miembro de residencia.
4. Los Estados miembros en los que el procedimiento interno de
designación de los candidatos de los partidos y grupos políticos se
regule por    ley, podrán disponer que sigan siendo válidos los
procedimientos iniciados, con arreglo a la citada legislación, antes del
1 de febrero de 1994, así como las decisiones adoptadas a este respecto.
                   Capítulo VI: Disposiciones finales
                               Artículo 16
La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo antes del
31 de diciembre de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la
presente Directiva con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo
de junio de 1994. Conforme a la información que reciba, el Consejo, por
unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta con el
Parlamento Europeo, podrá adoptar las disposiciones por las que se
modifique la presente Directiva.
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                               Artículo 17
A más tardar el 1 de febrero de 1994, los Estados miembros
instrumentarán    las    disposiciones    legales,   reglamentarias  y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas
incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
                               Artículo 18
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
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                                                               COM(93) 534 final
                                                   DOCUMENTOS
ES                                                                               06
                                      N° de catálogo : CB-CO-93-572-ES-C
                                                             ISBN 92-77-60274-0
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
1^2985 Luxemburgo