CELEX: 52006PC0195
Language: es
Date: 2006-05-04
Title: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos {SEC(2006) 557}

Aviso jurídico importante

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52006PC0195

Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos {SEC(2006) 557}  /* COM/2006/0195 final */  

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 4.5.2006COM(2006) 195 final2006/0066 (COD).Propuesta deDIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOpor la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos(presentada por la Comisión){SEC(2006) 557}EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTA |110 | Motivación y objetivos de la propuesta Las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE coordinan las disposiciones nacionales relativas a los medios de recurso aplicables en caso de infracción de las Directivas sobre contratos públicos. Sin embargo, al no existir normas coordinadas en materia de plazos que puedan aplicarse a los recursos precontractuales, en la mayoría de los Estados miembros se mantienen dispositivos nacionales que no permiten impedir a su debido tiempo la firma de los contratos cuya adjudicación se impugna. Y ello pese a que la firma del contrato casi siempre implica la irreversibilidad de los efectos de la decisión de adjudicación controvertida. Esta situación es aún más preocupante, si cabe, cuando se trata de impedir los contratos ilegales de adjudicación directa, es decir, los contratos celebrados ilegalmente sin publicidad y sin licitación previa. Lo que se pretende con la propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE (las llamadas Directivas «Recursos») es animar a las empresas comunitarias a que liciten en cualquier Estado miembro de la Unión, dándoles la seguridad de que, llegado el caso, podrán entablar recursos eficaces cuando consideren que se lesionan sus intereses en el marco de procedimientos de adjudicación de contratos. Este refuerzo de la eficacia de los recursos precontractuales incitará a los órganos de contratación a dar mejor publicidad a sus contratos y a sacarlos a licitación en beneficio de todas las partes interesadas. |120 | Contexto general En las Directivas «Recursos» se establece una distinción entre, por una parte, los recursos precontractuales, destinados principalmente a corregir a tiempo las infracciones del Derecho comunitario en materia de contratos públicos y, por otra, los recursos postcontractuales, que se limitan, por lo general, a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios. Dada la ausencia de plazos y de dispositivos específicos que permitan suspender a su debido tiempo la firma de un contrato público cuya adjudicación se impugna, la eficacia relativa de los recursos precontractuales varía considerablemente de un Estado miembro a otro. Por otra parte, en caso de celebración ilegal de un contrato de adjudicación directa, las empresas perjudicadas sólo disponen, en realidad, de la posibilidad de entablar un recurso por daños y perjuicios, una fórmula que no permite, en cualquier caso, que se vuelva a someter a licitación el contrato adjudicado ilegalmente. Además, estos recursos tienen un limitado efecto disuasorio sobre los órganos de contratación, máxime si tenemos en cuenta que las empresas que se consideren perjudicadas han de demostrar que tenían buenas oportunidades de obtener el contrato. Así pues, aunque el Tribunal de Justicia haya calificado la celebración ilegal de contratos de adjudicación directa como la infracción «más grave del Derecho comunitario en materia de contratos públicos» (Stadt Halle, asunto C-26/03, apartado 37), las Directivas «Recursos» en vigor no permiten prevenir o corregir de manera eficaz las consecuencias de dicha ilegalidad. En ausencia de acción legislativa a escala comunitaria, persistiría o incluso se agravaría la existencia de situaciones muy dispares entre los Estados miembros en lo que hace a la eficacia de los recursos a disposición de las empresas. Perdurarían así situaciones de inseguridad jurídica e infracciones graves o reiteradas de las Directivas sobre contratos públicos. |130 | Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta La presente propuesta de Directiva tiene por objeto modificar las dos Directivas relativas a los recursos en el ámbito de la contratación pública: i) la Directiva 89/665/CEE, aplicable, en principio, a los contratos de obras, servicios y suministros celebrados por los poderes adjudicadores, actualmente regulados por la Directiva 2004/18/CE; ii) la Directiva 92/13/CEE, aplicable a los contratos de las entidades contratantes que operen en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, actualmente regulados por la Directiva 2004/17/CE (recursos en los llamados sectores «especiales»). Las modificaciones propuestas introducen normas coordinadas destinadas a clarificar y mejorar la eficacia de las disposiciones vigentes sobre los recursos precontractuales entablados en el marco de procedimientos formales de adjudicación de contratos o en el marco de contratos de adjudicación directa. Otras tienen por objeto, por una parte, reorientar el mecanismo corrector que puede activar la Comisión hacia los casos de infracciones graves, y, por otra, derogar dos mecanismos (el de certificación de las entidades contratantes y el de conciliación) aplicables únicamente en los sectores especiales y que no han despertado el interés de las entidades contratantes ni de las empresas afectadas. |140 | Coherencia con las otras políticas y los objetivos de la Unión Lo que se busca con la modificación de las Directivas «Recursos» es, sobre todo, mejorar la eficacia de los recursos a disposición de los operadores económicos en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, que han de ajustarse no sólo a las disposiciones específicas de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, sino también a los principios del Tratado CE, por ejemplo los principios de libre circulación de mercancías, libre prestación de servicios, libertad de establecimiento, y a los principios que de ellos se derivan, como los de igualdad de trato, reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. Además, este objetivo se inscribe plenamente en el del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez imparcial. Por último, la mejora de la eficacia de los recursos nacionales, en particular los referentes a los contratos públicos celebrados ilegalmente por adjudicación directa, se inscribe igualmente en el marco de la política general de la Unión Europea contra la corrupción [véase la Comunicación de la Comisión de 28.5.2003, COM(2003) 317 final]. |.CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |Consulta de las partes interesadas |211 | Métodos y principales sectores de consulta, perfil general de los consultados Se procedió a la consulta de los Estados miembros en el marco del Comité consultivo para los contratos públicos. En el procedimiento de consulta pública y abierta con los operadores económicos y sus representantes (abogados y asociaciones profesionales) mediante cuestionarios en línea (Interactive Policy Making), se presentaron 138 contribuciones. Además, cinco asociaciones profesionales nacionales y europeas presentaron espontáneamente contribuciones escritas. Se llevó a cabo otra consulta con los operadores económicos por medio de un cuestionario dirigido específicamente a una selección representativa de empresas europeas (European Business Test Panel), en la que se recibieron 543 respuestas. En el Comité consultivo para la apertura de la contratación pública se consultó asimismo a expertos no gubernamentales, entre los que figuraban representantes de los operadores económicos. Por último, se consultó a los órganos de contratación por medio de un cuestionario en línea. Se recibieron dieciséis contribuciones. |212 | Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta Las respuestas de los operadores económicos y de sus representantes indican que el funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso en el marco de las Directivas en vigor no siempre permite corregir de manera eficaz el incumplimiento de la normativa comunitaria relativa a los contratos públicos. Existe un amplísimo consenso entre las partes interesadas acerca de la necesidad de mejorar la eficacia de los recursos precontractuales, previendo a tal efecto un plazo suspensivo de tipo «statu quo» entre la notificación de la decisión de adjudicación y la firma de un contrato público, así como normas complementarias destinadas a garantizar su eficacia. Aunque prácticamente nadie niega el grave problema que representan las prácticas ilegales de adjudicación directa por parte de ciertos órganos de contratación, existe disparidad de opiniones entre los Estados miembros y entre los operadores económicos a la hora de encontrar posibles soluciones. Sólo una minoría de Estados miembros y operadores económicos respalda propuestas tendentes a imponer a los órganos de contratación sanciones pecuniarias o controles administrativos previos o de poner a punto un mecanismo de notificación compuesto por autoridades independientes y al que se dirigirían las denuncias de las empresas perjudicadas. La propuesta consistente en imponer la obligación de observar un plazo suspensivo y de garantizar la transparencia antes de la firma de un contrato de adjudicación directa recibe, en general, un mayor respaldo entre las partes interesadas. |213 | Entre el 19 de marzo y el 7 de mayo de 2004 tuvo lugar una consulta en Internet. La Comisión recibió 543 respuestas. Los resultados de esta consulta están disponibles en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/remedies |Obtención y utilización de asesoramiento técnico |229 | No ha sido necesario recurrir a asesoramiento externo. |230 | Evaluación de impacto Con vistas a la revisión de las Directivas «Recursos», cabe considerar tres grandes alternativas; dos de ellas con sendas variantes según se contemple la modificación de las Directivas o la adopción de una comunicación: 1) Mantenimiento de las Directivas en su estado actual: esta opción consistiría en instar a la Comisión a que incoe procedimientos de infracción para poner remedio a todos los problemas de incompatibilidad con las Directivas «Recursos» que presentan las normativas o prácticas nacionales en este ámbito. Persistirían así las disparidades ya constatadas en la forma en que los Estados miembros extraen consecuencias operativas de los principios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal y sólo se resolverían en parte, y a ritmos muy diferentes según los Estados miembros, los problemas que plantea la práctica conocida como «pronta firma» del contrato, privando así a los operadores económicos de garantías en cuanto a la eficacia de los recursos precontractuales aplicables en los Estados miembros («no level playing field»). Por lo que hace a las adjudicaciones directas ilegales, la mayoría de los Estados miembros no prevén por el momento la puesta a punto de mecanismos de recurso específicos. En la práctica, los potenciales licitadores seguirían sin disponer de otros recursos que los de daños y perjuicios, cuando es cosa sabida que las dificultades inherentes a este tipo de recursos —carga de la prueba, duración y coste de los procedimientos— no animan precisamente a los licitadores a recurrir a ellos, ya que sólo en contadas ocasiones se saldan con resultados positivos. Sin un enfoque coordinado que haga posible instaurar recursos eficaces contra esta práctica ilegal, resulta imposible mejorar la transparencia y la apertura a la competencia de los contratos públicos, privando así a las empresas europeas (incluso las más competitivas) de la oportunidad de licitar por los contratos públicos que se siguen celebrando ilegalmente por adjudicación directa. 2) Instauración de un plazo suspensivo de tipo «statu quo» mediante la modificación de las Directivas o mediante una comunicación en la que se especifiquen las obligaciones de los Estados miembros al respecto: aunque la jurisprudencia del Tribunal de Justicia haya precisado la exigencia de prever un plazo suspensivo razonable para que los licitadores que se consideren perjudicados puedan entablar un recurso útil en una etapa en la que aún sea posible corregir las infracciones, persisten disparidades de enfoque entre los Estados miembros sobre el alcance y el contenido exacto de dicha obligación. Incorporar en una Directiva las consecuencias operativas de una obligación de esta índole permitiría solucionar al mismo tiempo el problema que supone la «pronta firma» del contrato en los procedimientos formales de adjudicación y el de las adjudicaciones directas ilegales, mejorando así la seguridad jurídica de las situaciones contempladas y previendo garantías para una aplicación eficaz del dispositivo. 3) Nuevas prerrogativas conferidas a autoridades independientes mediante la modificación de las Directivas o una comunicación en la que se inste a la instauración de dichas autoridades: los Estados miembros designarían autoridades independientes que dispondrían del poder de notificar a los órganos de contratación los casos más graves de incumplimiento del Derecho comunitario de contratación pública (más en concreto, las adjudicaciones directas ilegales), a fin de instar a estos últimos a corregir motu proprio la infracción constatada. Este mecanismo de notificación presenta ventajas para los licitadores en términos de coste y de anonimato. En cambio, la incertidumbre acerca de los costes administrativos que pudiera generar el funcionamiento de estas autoridades independientes y la oposición expresada por la mayoría de las delegaciones de los Estados miembros en el marco del Comité consultivo para los contratos públicos indujeron a la Comisión a descartar esta solución en favor del establecimiento de un plazo suspensivo. |En el marco del Programa legislativo y de trabajo de la Comisión, ésta procedió a una evaluación de impacto, cuyo informe está disponible en http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/remedies. |ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |305 | Resumen de la acción propuesta En principio, cuando un órgano de contratación concluye un procedimiento formal de adjudicación de conformidad con las Directivas relativas a los contratos públicos, debe suspender la celebración del contrato hasta que haya transcurrido un plazo de al menos diez días civiles a partir de la fecha de notificación de la decisión de adjudicación motivada a los operadores económicos que hayan participado en el procedimiento de adjudicación. Cuando un órgano de contratación considera que puede adjudicar directamente un contrato cuyo importe es superior a los umbrales fijados en las Directivas sobre contratos públicos, debe (excepto en caso de urgencia imperiosa) suspender la celebración del contrato durante un plazo mínimo de diez días civiles, después de haber procedido a darle una publicidad adecuada mediante un anuncio de adjudicación simplificado. Si el órgano de contratación celebra ilegalmente un contrato durante el plazo suspensivo, tal celebración se considera sin efecto. Las consecuencias de dicha ilegalidad sobre los efectos del contrato son extraídas por la instancia de recurso competente, si bien para ello es preciso que un operador económico le someta el asunto dentro de un plazo de prescripción de seis meses a partir de la fecha en que se celebró efectivamente el contrato. El mecanismo corrector se reorienta hacia los casos de infracciones graves y se derogan los mecanismos de certificación y de conciliación, que apenas han sido utilizados. |.310 | Base jurídica Artículo 95 del Tratado CE. |320 | Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad se aplica en la medida en que la propuesta no afecta a un ámbito que sea competencia exclusiva de la Comunidad. |Los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse de manera suficiente mediante una acción de los Estados miembros por los motivos que se exponen a continuación. |321 | Pese a la evolución de la jurisprudencia desde 1999 y a las acciones emprendidas desde entonces por algunos Estados miembros, en particular a raíz de algunos procedimientos de infracción incoados por la Comisión, persisten grandes disparidades entre los Estados miembros en lo tocante a la eficacia de los recursos en el ámbito de los contratos públicos. Además, al no estar garantizada la disponibilidad de recursos eficaces, las empresas comunitarias no se sienten seguras para licitar fuera de sus países de origen. La experiencia de estos últimos años pone de manifiesto que las acciones aisladas emprendidas por algunos Estados miembros —que son, por añadidura, de lo más variopintas— no despejarán esta inseguridad jurídica. |Los objetivos de la propuesta pueden alcanzarse mejor mediante una acción de la Comunidad por los motivos que se exponen a continuación. |324 | Las debilidades que se detectaron durante el procedimiento de consulta se inscriben en el ámbito de aplicación de dos Directivas adoptadas en 1989 y 1992. Las mejoras y aclaraciones aportadas a las disposiciones en vigor de esas Directivas sólo producirían pleno efecto por medio de una Directiva modificativa. La Unión es la mejor situada para alcanzar el objetivo de mejora de la eficacia de los recursos en el ámbito de los contratos públicos que entran dentro del ámbito de aplicación de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. En efecto, de las consultas preparatorias se desprende que el grado de movilización en cuanto a la necesidad de reforzar las disposiciones que permitan garantizar una aplicación eficaz de las Directivas sobre contratos públicos sigue siendo muy diferente de un Estado miembro a otro. De no emprenderse una iniciativa comunitaria en este ámbito, persistirían las disparidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la aplicación correcta de la legislación comunitaria en materia de contratos públicos. |325 | Por lo que hace a las adjudicaciones directas ilegales, la mayoría de los Estados miembros, pese a reconocer la realidad y la gravedad del problema, no ha adoptado ninguna solución eficaz para luchar contra esta práctica. En cuanto al problema de la «pronta firma» del contrato en los procedimientos formales de adjudicación, se observa un consenso entre los representantes de los Estados miembros sobre la necesidad de prever en una directiva modificativa un plazo suspensivo cuyo alcance y modalidades deberán definirse claramente. Además, resulta necesaria una acción legislativa a nivel de la Unión, a fin de establecer un dispositivo claro de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las infracciones más graves del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. |327 | Los Estados miembros conservarán su poder de designar a las instancias responsables de los procedimientos de recurso y de mantener normas procesales nacionales aplicables a tales recursos (respeto de la autonomía procesal de los Estados miembros). La propuesta de Directiva se centra en los dos problemas más importantes que comparten todos los Estados miembros. |La propuesta se ajusta, pues, al principio de subsidiariedad. |Principio de proporcionalidad La propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad por las razones siguientes. |331 | La propuesta de Directiva se limita a prever algunas mejoras o aclaraciones de disposiciones existentes referentes a los recursos precontractuales y únicamente en relación con los contratos por importes superiores a los umbrales fijados en las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, sin exigir una modificación de los sistemas administrativos o jurisdiccionales existentes. Además, el hecho de prever la elaboración posterior de documentos interpretativos para poner remedio a los demás problemas de mal funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso resultantes de una mala interpretación de las disposiciones en vigor por parte de algunos Estados miembros pone de manifiesto hasta qué punto es proporcionado el planteamiento de la Comisión. |332 | La carga que incumbe a las autoridades públicas se limita prácticamente a los costes marginales asociados a la obligación de diferir la firma de un contrato durante un período, en general, de diez días civiles y, en un primer momento, al incremento, en unos pocos puntos porcentuales, del número de recursos en relación con el número de contratos publicados a nivel comunitario. Para la sociedad en general, las ventajas que presenta una mejor aplicación del Derecho comunitario en materia de contratos públicos como consecuencia del efecto disuasorio que tendría la disponibilidad de recursos eficaces se traducirían, sobre todo, en un menor gasto público y en la mejora de la calidad del servicio público, lo que compensaría con creces los costes adicionales a los que se ha hecho referencia. Al no ser necesaria la creación de nuevas estructuras administrativas, también se ha minimizado la carga financiera y administrativa para las autoridades públicas. |Instrumentos elegidos |341 | Instrumento propuesto: Directiva. |342 | Otros instrumentos no habrían sido adecuados por las razones siguientes. La alternativa a una directiva en la que se fije el ámbito y las disposiciones de aplicación de un plazo suspensivo de tipo «statu quo» habría sido la adopción de un documento en el que se interpretara la jurisprudencia del Tribunal. Sin embargo, esta alternativa quedó descartada, pues no podría garantizar la aplicación en todos los Estados miembros de un plazo suspensivo claramente definido y satisfactorio para las distintas situaciones reguladas por las Directivas sobre contratos públicos. En general, la adopción por la Comisión de un documento interpretativo no despejaría las disparidades de interpretación con los Estados miembros, así como entre éstos, acerca del alcance de la jurisprudencia en la que se sustenta la obligación de observar un plazo suspensivo, así como de las modalidades de aplicación de una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria en caso de infracción de esta disposición clave para la eficacia de los recursos precontractuales. |REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS |409 | La propuesta no tiene incidencia en el presupuesto comunitario. |INFORMACIÓN ADICIONAL |510 | Simplificación |511 | La propuesta simplifica el marco legislativo. |512 | La simplificación propuesta pasa por la abolición de los mecanismos de certificación y conciliación aplicables en los sectores especiales (Directiva 92/13/CEE), que apenas se han utilizado. |Cláusula de reexamen/revisión/expiración |531 | La propuesta incluye una cláusula de revisión. |550 | Tabla de correspondencias Los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva, así como una tabla de correspondencias entre la Directiva y dichas disposiciones. |560 | Espacio Económico Europeo La propuesta se refiere a un ámbito pertinente para el EEE y, por lo tanto, debe hacerse extensiva a su territorio. |-  2006/0066 (COD)Propuesta deDIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOpor la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos(Texto pertinente a efectos del EEE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,Vista la propuesta de la Comisión[1],Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[2],Visto el dictamen del Comité de las Regiones[3],De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[4],Considerando lo siguiente:1.  La Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras[5], y la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones[6], se refieren a los procedimientos de recurso en materia de contratos adjudicados por los poderes adjudicadores y por las entidades contratantes, respectivamente. Estas Directivas tienen por objeto garantizar la aplicación efectiva de las Directivas 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[7], y 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales[8].2.  Las consultas con las partes interesadas, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, han puesto de manifiesto una serie de puntos débiles en los mecanismos de recurso existentes en los Estados miembros. Ésta es la razón por la que los mecanismos contemplados en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE no siempre permiten velar por el cumplimiento de las disposiciones comunitarias, en particular en una etapa en la que aún podrían corregirse las infracciones. Así pues, los operadores económicos siguen sin disponer de las garantías de transparencia y no discriminación que se querían establecer mediante estas Directivas. En estas circunstancias, la Comunidad en su conjunto no puede beneficiarse plenamente de los efectos positivos de la modernización y la simplificación de las reglas relativas a la adjudicación de contratos públicos, llevadas a cabo por las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE. Por consiguiente, conviene introducir en las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE las precisiones indispensables que permitan obtener los resultados buscados por el legislador comunitario.3.  Entre los puntos débiles detectados destaca, en particular, la ausencia de plazo que permita entablar un recurso eficaz entre la decisión de adjudicación de un contrato y la celebración de éste, lo que conduce en ocasiones a la «pronta firma» del contrato por parte de los órganos de contratación, deseosos de hacer irreversibles las consecuencias de la decisión de adjudicación controvertida. A fin de poner remedio a esta deficiencia que supone un serio obstáculo a la tutela jurídica efectiva de los candidatos o licitadores interesados, procede establecer un plazo suspensivo mínimo durante el cual se suspende la celebración del contrato en cuestión, independientemente de que ésta se produzca o no en el momento de la firma del contrato.4.  Habida cuenta de la necesidad, reconocida por todas las partes interesadas, de encontrar un equilibrio entre la celeridad de los procedimientos de adjudicación de contratos y la eficacia de los procedimientos nacionales de recurso, procede combinar, por una parte, la obligación de respetar un plazo suspensivo mínimo razonable adaptado a imperativos de tiempo y a las condiciones más o menos complejas en las que tienen lugar algunos procedimientos, y, por otra, la obligación de transmitir, utilizando los medios de comunicación más rápidos de que se disponga, la información indispensable para toda persona que desee interponer un recurso útil. Entre estos datos figuran, en particular, en forma de exposición resumida, los motivos contemplados en las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE.5.  Dado que las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE tienen por objeto modernizar y simplificar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, procede limitar la obligación del plazo suspensivo mínimo a aquellas circunstancias en que otros operadores económicos distintos del licitador que obtiene el contrato puedan alegar razonablemente una infracción de las disposiciones comunitarias aplicables en materia de transparencia y licitación en el ámbito de los contratos públicos.6.  Un plazo suspensivo mínimo de esta índole no debe aplicarse en caso de urgencia extrema o imperiosa a tenor de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE ni a los contratos explícitamente excluidos por estas mismas Directivas.7.  En cambio, habida cuenta de la gravedad reconocida que reviste la práctica de las adjudicaciones directas ilegales, y con el fin de garantizar la tutela jurídica efectiva de todas las personas interesadas, conviene aplicar un plazo suspensivo mínimo e imponer una obligación de transparencia cuando se adjudique directamente un contrato sin publicidad ni licitación previa en virtud de las excepciones previstas en las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE, y, en cualquier caso, cada vez que un órgano de contratación adjudique directamente un contrato cuyo importe supere los umbrales fijados en esas mismas Directivas, sin publicidad ni licitación previa a una persona jurídicamente distinta de ella. La aplicación de este plazo suspensivo, junto con la obligación de transparencia, tal como se contempla en la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-26/03, Stadt Halle[9], debe permitir luchar eficazmente contra los contratos adjudicados ilegalmente de forma directa, una práctica que constituye la infracción más importante del Derecho comunitario en materia de contratos públicos por parte de un órgano de contratación.8.  Dado que la presente Directiva ha de fijar el plazo suspensivo mínimo considerado indispensable para entablar un recurso eficaz, conviene garantizar la coherencia de las disposiciones correspondientes de las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE, con el fin de no rebajar la eficacia del dispositivo general tendente a garantizar que se pueda entablar un recurso antes de la celebración del contrato.9.  En concreto, en caso de que un Estado miembro exija que la persona que desee utilizar un procedimiento de recurso informe al órgano de contratación, conviene no imponer un plazo mínimo suplementario entre el momento en que esta información se envía al órgano de contratación y el momento en que se entabla el recurso. Así mismo, en caso de que un Estado miembro exija que la persona en cuestión haya entablado en primer lugar un recurso ante el órgano de contratación, conviene que esta misma persona disponga de un plazo mínimo razonable para someter el asunto a la instancia de recurso competente antes de la celebración del contrato, en caso de que desee impugnar la respuesta o la ausencia de respuesta del órgano de contratación.10.  La interposición de un recurso poco tiempo antes de que concluya el plazo suspensivo mínimo no debe tener como efecto privar a la instancia responsable de los procedimientos de recurso del tiempo mínimo indispensable para actuar, en particular para prorrogar el plazo de suspensión de la celebración del contrato. Así pues, conviene prever un plazo suspensivo mínimo autónomo, que empiece a contar a partir del momento en que se somete el asunto a la instancia responsable de los procedimientos de recurso y que, en cualquier caso, permita a ésta última actuar en un plazo breve pero razonable.11.  Por las mismas razones de eficacia del dispositivo general, conviene prever que para la transmisión de la información contemplada y la interposición de los recursos en cuestión se utilicen los medios de comunicación más rápidos, capaces de preservar el efecto útil del plazo suspensivo mínimo y de ofrecer elementos de prueba que acrediten estas comunicaciones. Así, es importante prever en este contexto el envío por fax o por medio electrónico, medios de comunicación que reúnen estas características y combinan, por añadidura, la simplicidad de utilización y un menor coste para todas las partes interesadas.12.  Asimismo, conviene garantizar la coherencia entre, por una parte, los plazos de recurso contra las decisiones de los órganos de contratación por las que se pone fin a la participación de un licitador o candidato en un procedimiento regulado por las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, y, por otra, los plazos suspensivos.13.  Con el fin de garantizar el respeto de unos plazos de recurso eficaces que permitan evitar la «pronta firma» de contratos adjudicados ilegalmente y la adjudicación directa ilegal, práctica que el Tribunal de Justicia ha calificado como la infracción más importante del Derecho comunitario en materia de contratos públicos por parte de un órgano de contratación, conviene prever una sanción efectiva, proporcionada y disuasoria contra cualquier órgano de contratación que incumpla los plazos suspensivos mínimos. En estas circunstancias, dado que las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE disponen que los Estados miembros deben velar por que las decisiones ilegales de los órganos de contratación puedan ser anuladas por las instancias responsables de los procedimientos de recurso, procede disponer que cualquier celebración de un contrato que infrinja estos plazos se considere sin efecto y que la instancia responsable de los procedimientos de recurso extraiga todas las consecuencias que procedan para el contrato ilegal, por ejemplo las relativas a la restitución de las sumas que pudiera haber abonado el órgano de contratación.14.  No obstante, con el fin de garantizar la proporcionalidad de las sanciones impuestas, es conveniente que los Estados miembros ofrezcan a la instancia responsable de los procedimientos de recurso la posibilidad de no volver a poner en cuestión el contrato o de reconocer algunos de sus efectos en el tiempo, siempre que el respeto de algunas exigencias imperiosas o imperativas relativas a un interés general de carácter no económico así lo imponga en las circunstancias excepcionales de que se trate. Por otra parte, la necesidad de garantizar en el tiempo la seguridad jurídica de las decisiones tomadas por los órganos de contratación requiere el establecimiento de un plazo mínimo razonable de prescripción de los recursos destinados a hacer constar la ausencia de efecto de la celebración del contrato y a extraer todas las consecuencias que procedan.15.  El refuerzo de la eficacia de los recursos nacionales gracias a la presente Directiva debe incitar a las personas interesadas a hacer un mayor uso de las posibilidades de recurso por procedimiento de urgencia antes de que se celebre el contrato. En estas circunstancias, procede reorientar el mecanismo corrector hacia los casos de infracciones graves de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos y dejar a la Comisión la facultad de fijar en el Estado miembro en cuestión un plazo de respuesta razonable que tenga mejor en cuenta las circunstancias de que se trate.16.  El sistema voluntario de certificación previsto en la Directiva 92/13/CEE, en virtud del cual las entidades contratantes tienen la posibilidad de hacer constar la conformidad de sus procedimientos de formalización de contratos por medio de exámenes periódicos, apenas se ha utilizado, por lo que no sirve para alcanzar su objetivo: prevenir un número significativo de infracciones del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. Por otra parte, la obligación impuesta a los Estados miembros por la Directiva 92/13/CEE de garantizar la puesta a disposición permanente de organismos acreditados a tal efecto puede representar un coste administrativo de mantenimiento que ya no se justifica habida cuenta de la falta de demanda real por parte de las entidades contratantes. Por estas razones, conviene, pues, suprimir este sistema de certificación.17.  Del mismo modo, el mecanismo de conciliación previsto en la Directiva 92/13/CEE no ha despertado verdadero interés entre los operadores económicos, tanto por el hecho de que no permite obtener por sí solo medidas cautelares vinculantes capaces de impedir a tiempo la celebración ilegal de un contrato, como por su carácter, difícilmente compatible con el respeto de los plazos especialmente breves de los recursos a efectos de medidas cautelares y de anulación de las decisiones ilegales. Además, la eficacia potencial del mecanismo de conciliación se ha visto debilitada por las dificultades encontradas a la hora de elaborar una lista completa y suficientemente amplia de conciliadores independientes de cada Estado miembro, disponibles en todo momento y capaces de abordar las solicitudes de conciliación a muy corto plazo. A la vista de los motivos expuestos, conviene suprimir este mecanismo de conciliación.18.  Procede mantener la obligación impuesta a los Estados miembros de facilitar regularmente información proporcionada con respecto al objetivo perseguido sobre el funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso, siendo el Comité consultivo para los contratos públicos quien debe determinar el alcance y la naturaleza de dicha obligación. En efecto, sólo la puesta a disposición de esta información puede permitir evaluar correctamente los efectos de los cambios introducidos en el marco de la presente Directiva una vez transcurrido un período significativo de aplicación.19.  Procede, por consiguiente, modificar las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE en consecuencia.20.  Dado que, por los motivos antes expuestos, los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos, respetando, en particular, el principio de la autonomía procesal de los Estados miembros.21.  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En concreto, la presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela jurídica efectiva y a un juez imparcial, de conformidad con el artículo 47, párrafos primero y segundo de la Carta.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1 Directiva 89/665/CEELa Directiva 89/665/CEE queda modificada como sigue:1) El artículo 1 queda modificado como sigue:a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:«1. En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(*), los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies de la presente Directiva, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa._________________________(*) DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.».b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:«3. Los Estados miembros velarán para que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción.».c) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes:«4. Los Estados miembros podrán exigir que la persona que desee utilizar un procedimiento de recurso haya informado previamente al poder adjudicador, por fax o por medio electrónico, de la presunta infracción y de su intención de presentar recurso. En tal caso, los Estados miembros velarán por que no se imponga ningún plazo mínimo entre el momento en que esta información se envía al poder adjudicador y el momento en que se entabla el recurso ante la instancia responsable de los procedimientos de recurso.Del mismo modo, los Estados miembros podrán exigir que la persona interesada entable en primer lugar un recurso ante el poder adjudicador. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la interposición de dicho recurso por fax o por medio electrónico conlleve la suspensión inmediata de la posibilidad de proceder a la celebración del contrato.La suspensión automática contemplada en el párrafo segundo finalizará al expirar un plazo que no podrá ser inferior a cinco días laborables a partir del día siguiente a aquél en que el poder adjudicador envió su respuesta por fax o por medio electrónico.5. En caso de recurso relativo a las circunstancias en que se produjeron o no se produjeron los envíos por fax o por medio electrónico contemplados en el apartado 4, la instancia responsable de los procedimientos de recurso, independiente del poder adjudicador, tendrá en cuenta, en particular, todos los elementos de prueba razonables y pertinentes que le sean comunicados por los autores de estos envíos y que acrediten los envíos efectuados y su recepción por sus destinatarios.».2) El artículo 2 queda modificado como sigue:a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:«3. Excepto en los casos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en los artículos 2 bis a 2 septies , los procedimientos de recurso no deberán tener necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos a los que se refieran.».b) Se inserta el apartado 3 bis siguiente:«3 bis. Cuando se someta a una instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a la decisión de adjudicación del contrato o a una decisión posterior a ésta, dicha instancia informará sin demora al poder adjudicador, por fax o por medio electrónico, de la imposibilidad de proceder a la celebración del contrato durante un plazo, determinado por el Estado miembro del que dependa dicha instancia. Este plazo no podrá ser inferior a cinco días laborables a partir del día siguiente al del envío de la información en cuestión. Tras examinar toda la documentación que acompañe el recurso, y si llega a la conclusión de que no hay motivos para prorrogar el plazo de suspensión mencionado, la instancia podrá poner fin en cualquier momento a la prohibición de celebrar el contrato.».c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:«4. Los Estados miembros podrán determinar que la instancia responsable de los procedimientos de recurso, al estudiar si procede adoptar medidas provisionales, pueda tener en cuenta las consecuencias probables de dichas medidas para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como el interés general, y decidir no concederlas cuando las consecuencias negativas pudieran superar sus ventajas.Al hacer uso de la facultad prevista en el párrafo primero, los Estados miembros no podrán entorpecer la aplicación del artículo 2 septies , cuando la celebración del contrato en cuestión se haya realizado incumpliendo el artículo 1, apartado 4, el artículo 2, apartado 3 bis , o de uno de los artículos 2 bis a 2 sexies , o una medida provisional complementaria adoptada por la instancia responsable de los procedimientos de recurso y destinada a prolongar la suspensión de dicha celebración.La decisión de no conceder estas medidas provisionales no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que solicite tales medidas.».d) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:«6. Excepto en los casos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en los artículos 2 bis a 2 septies , los efectos del ejercicio de los poderes contemplados en el apartado 1 del presente artículo en el contrato consecutivo a la adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho nacional.Además, excepto en caso de que la decisión deba anularse antes de conceder los daños y perjuicios, los Estados miembros podrán establecer que, una vez celebrado el contrato de conformidad con el artículo 1, apartado 4, el artículo 2, apartado 3, los artículos 2 bis a 2 septies , los poderes de la instancia responsable de los procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.».e) En el apartado 8, párrafo primero, los términos «jurisdicción en el sentido del artículo 177 del Tratado» se sustituyen por los términos «jurisdicción en el sentido del artículo 234 del Tratado».3) Se insertan los artículos 2 bis a 2 septies siguientes:«Artículo 2 bis1. Los Estados miembros velarán por que las personas contempladas en el artículo 1, apartado 3, dispongan de plazos que garanticen recursos eficaces contra las decisiones tomadas por los poderes adjudicadores, para lo cual adoptarán las disposiciones necesarias que cumplan las condiciones mínimas contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo y en los artículos 2 ter , 2 quater y 2 quinquies .2. La celebración del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación de un contrato público regulado por la Directiva 2004/18/CE no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que se haya comunicado a los licitadores afectados, por fax o por medio electrónico, la decisión de adjudicación del contrato. La comunicación a cada licitador interesado de la decisión de adjudicación irá acompañada de una exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 41, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE.3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en los casos de urgencia contemplados en el artículo 38, apartado 8, de la Directiva 2004/18/CE, los Estados miembros podrán prever que la celebración del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación de un contrato público no pueda tener lugar antes de que expire un plazo de al menos siete días civiles a partir del día siguiente a aquél en que se haya comunicado a los licitadores afectados, por fax o por medio electrónico, la decisión de adjudicación del contrato. Este plazo se prorrogará automáticamente tres días civiles cuando, dentro de dicho plazo, una persona contemplada en el artículo 1, apartado 3, de la presente Directiva notifique al poder adjudicador en cuestión, por fax o por medio electrónico, su intención de interponer un recurso. La comunicación a cada licitador interesado de la decisión de adjudicación irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 41, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE.Los Estados miembros podrán aplicar el párrafo primero cuando se trate de contratos basados en un acuerdo marco a efectos del artículo 1, apartado 5, de la Directiva 2004/18/CE o de contratos adjudicados en el marco de sistemas de adquisición dinámicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 6, de dicha Directiva.4. Los plazos contemplados en los apartados 2 y 3 no se aplicarán en caso de urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, punto 1), letra c), de la Directiva 2004/18/CE.Artículo 2 terLos Estados miembros podrán prever que los plazos contemplados en el artículo 2 bis , apartados 2 y 3, no se apliquen en los siguientes casos:a) cuando se trate de contratos basados en un acuerdo marco concluido con un único operador económico a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE;b) cuando se trate de contratos basados en un acuerdo marco concluido con varios operadores económicos y adjudicados mediante la aplicación de los términos establecidos en el acuerdo marco, sin convocar a las partes a una nueva licitación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 4, párrafo segundo, primer guión, de la Directiva 2004/18/CE;c) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento abierto a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 11, letra a), de la Directiva 2004/18/CE, y el poder adjudicador sólo haya recibido la oferta del licitador al que se adjudica el contrato;d) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento restringido a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 11, letra b), de la Directiva 2004/18/CE, y, a excepción del operador económico al que se adjudica el contrato, todos los operadores económicos invitados a presentar una oferta ya hayan sido objeto de una decisión recurrible del poder adjudicador, por la que se pone fin a su participación en el procedimiento atendiendo a bases distintas a los criterios de adjudicación del contrato en cuestión;e) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento negociado a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 11, letra d), de la Directiva 2004/18/CE, y, a excepción del operador económico al que se adjudica el contrato, todos los operadores económicos consultados que manifestaron su interés por éste ya hayan sido objeto de una decisión recurrible del poder adjudicador, por la que se pone fin a su participación en dicho procedimiento atendiendo a bases distintas a los criterios de adjudicación del contrato en cuestión.Artículo 2 quater1. Cuando los Estados miembros prevean que cualquier recurso contra una decisión de un poder adjudicador tomada en el marco o en relación con un procedimiento de adjudicación de contrato regulado por la Directiva 2004/18/CE debe entablarse antes de que expire un plazo determinado, este plazo no podrá ser inferior a diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que esta decisión del poder adjudicador fue comunicada por fax o por medio electrónico al licitador o candidato interesado. La comunicación a cada licitador o candidato interesado de esta decisión del poder adjudicador irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 41, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE.2. Los Estados miembros que hagan uso de las facultades previstas en el artículo 2 bis , apartado 3, podrán prever que el recurso contemplado en el apartado 1 del presente artículo deba interponerse en un plazo que no podrá ser inferior a siete días civiles a partir del día siguiente a aquél en que la decisión del poder adjudicador se comunicó por fax o por medio electrónico al licitador o candidato interesado.Este plazo se prorrogará automáticamente tres días civiles cuando una persona contemplada en el artículo 1, apartado 3, notifique, dentro de ese plazo, al poder adjudicador de que se trate, por fax o por medio electrónico, su intención de interponer un recurso.La comunicación a cada licitador o candidato interesado de la decisión del poder adjudicador irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 41, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE.Artículo 2 quinquiesEn caso de recurso relativo a las circunstancias en que se ha producido o no se ha producido la comunicación por fax o por medio electrónico contemplada en los artículos 2 bis y 2 quater , la instancia de recurso tendrá en cuenta, en particular, todos los elementos de prueba razonables y pertinentes que le sean comunicados por el poder adjudicador en relación con el envío efectuado por este último y con la recepción de este envío por el licitador o el candidato interesado.Artículo 2 sexies1. Los Estados miembros garantizarán la eficacia de los recursos por procedimiento de urgencia y de anulación contemplados en el artículo 1 y en el artículo 2, apartado 1, letras a) y b), contra los contratos adjudicados directamente de forma ilegal, en las condiciones enunciadas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.2. Cuando un poder adjudicador considere que, a la vista del Derecho comunitario aplicable, puede no iniciar un procedimiento formal consistente en medidas de publicidad y de licitación previa para la adjudicación de un contrato público cuyo importe sea superior al umbral correspondiente de la Directiva 2004/18/CE, este poder adjudicador deberá, antes de la celebración del contrato en cuestión, adoptar las dos medidas siguientes:a) adoptar una decisión de adjudicación que no produzca ningún efecto contractual y que sea recurrible a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Directiva;b) publicar un anuncio que garantice un grado de publicidad adecuado y que contenga como mínimo la información mencionada en el anexo de la presente Directiva.La publicación de un anuncio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, apartado 4, y en el artículo 36 de la Directiva 2004/18/CE cumplirá las condiciones previstas en la letra b) del presente apartado.3. La celebración del contrato consecutiva a la decisión de adjudicación del contrato contemplado en el apartado 2 sólo podrá tener lugar al expirar un plazo mínimo de diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que el anuncio mencionado en el apartado 2, letra b), empezó a ser objeto de la publicidad requerida.4. Los apartados 2 y 3 no serán aplicables en caso de urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/18/CE ni a los contratos explícitamente excluidos según los artículos 12 a 18 de dicha Directiva.Artículo 2 septies1. Los Estados miembros garantizarán el respeto, por una parte, de los plazos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en el artículo 2 bis , apartados 2 y 3, y, por otra, del artículo 2 sexies , en las condiciones enunciadas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.2. La celebración de un contrato que se haya producido incumpliendo las disposiciones contempladas en el apartado 1 se considerará sin efecto.3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán prever que los contratos en cuya celebración se hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1 produzcan algunos efectos entre las partes interesadas o frente a terceros, una vez transcurrido un plazo de prescripción que no podrá ser inferior a seis meses a partir de la fecha efectiva de celebración.La excepción prevista en el párrafo primero también podrá aplicarse cuando, en el marco de un recurso destinado a hacer constar y extraer todas las consecuencias que procedan de una celebración que incumpla las disposiciones contempladas en el apartado 1, una instancia de recurso independiente del poder adjudicador constate que el respeto de ciertas exigencias imperiosas o imperativas relativas a un interés general de carácter no económico impone, en el caso en cuestión, no poner en causa algunos efectos de dicho contrato.4. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en caso de que en la celebración de un contrato se hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1, cuando concurran las circunstancias contempladas en el apartado 3 o cuando un poder adjudicador alegue urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, letra c), de la Directiva 2004/18/CE, pese a que no se reúnan todas las condiciones previstas en esa disposición.Dichas sanciones tendrán un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.Los Estados miembros notificarán a la Comisión estas disposiciones a más tardar el [ dieciocho meses después de la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea] , y cualquier modificación posterior que les afecte, lo antes posible.».4) El artículo 3 queda modificado como sigue:a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:«1. La Comisión podrá invocar el procedimiento previsto en los apartados 2 a 5 cuando considere que se ha cometido una infracción grave de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos durante un procedimiento de adjudicación de contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/18/CE.2. La Comisión notificará al Estado miembro y al poder adjudicador de que se trate las razones por las cuales considera que se ha cometido una infracción grave y solicitará su corrección.Concederá al Estado miembro en cuestión un plazo de respuesta razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso.».b) En el apartado 3, la frase de introducción se sustituye por el texto siguiente:«Dentro del plazo contemplado en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate comunicará a la Comisión:».5) El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:« Artículo 41. Los Estados miembros comunicarán cada año a la Comisión información sobre el funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso que se desarrollaron durante los años civiles anteriores. La Comisión determinará, en consulta con el Comité consultivo para los contratos públicos, el objeto y la naturaleza de dicha información.2. Antes de la expiración de un período de seis años a partir del [dieciocho meses después de la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea) , la Comisión, en consulta con el Comité consultivo para los contratos públicos, reexaminará la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las modificaciones que juzgue necesarias.».6) El texto que figura en el anexo I de la presente Directiva se añade como anexo.Artículo 2 Directiva 92/13/CEELa Directiva 92/13/CEE queda modificada como sigue:1) El artículo 1 queda modificado como sigue:a) El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:«1. En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*), los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades contratantes puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos 2 a 2 septies , cuando dichas decisiones hayan violado el Derecho comunitario en materia de formalización de contratos o las normas nacionales de transposición de dicho Derecho.____________________(*) DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.».b) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:«3. Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta violación.».c) Se añaden los apartados 4 y 5 siguientes:«4. Los Estados miembros podrán exigir que la persona que desee utilizar un procedimiento de recurso haya informado previamente a la entidad contratante, por fax o por medio electrónico, de la presunta violación y de su intención de presentar recurso. En tal caso, los Estados miembros velarán por que no se imponga ningún plazo mínimo entre el momento en que esta información se envía a la entidad contratante y el momento en que se entabla el recurso ante la instancia responsable de los procedimientos de recurso.Del mismo modo, los Estados miembros podrán exigir que la persona interesada entable en primer lugar un recurso ante la entidad contratante. En tal caso, los Estados miembros velarán por que la interposición de dicho recurso por fax o por medio electrónico conlleve la suspensión inmediata de la posibilidad de proceder a la celebración del contrato.La suspensión automática contemplada en el párrafo segundo finalizará al expirar un plazo que no podrá ser inferior a cinco días laborables a partir del día siguiente a aquél en que la entidad contratante envió su respuesta por fax o por medio electrónico.5. En caso de recurso relativo a las circunstancias en las se produjeron o no se produjeron los envíos por fax o por medio electrónico contemplados en el apartado 4, la instancia responsable de los procedimientos de recurso, independiente de la entidad contratante, tendrá en cuenta, en particular, todos los elementos de prueba razonables y pertinentes que le sean comunicados por los autores de estos envíos y que acrediten los envíos efectuados y su recepción por sus destinatarios.».2) El artículo 2 queda modificado como sigue:a) El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:«3. Excepto en los casos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en los artículos 2 bis a 2 septies , los procedimientos de recurso no deberán tener necesariamente efectos suspensivos automáticos en los procedimientos de formalización de contratos públicos a los que se refieran.».b) Se inserta el apartado 3 bis siguiente:«3 bis. Cuando se someta a una instancia independiente de la entidad contratante un recurso referente a la decisión de adjudicación del contrato o a una decisión posterior a ésta, dicha instancia informará sin demora a la entidad contratante, por fax o por medio electrónico, de la imposibilidad de proceder a la celebración del contrato, durante un plazo determinado por el Estado miembro del que dependa dicha instancia. Este plazo no podrá ser inferior a cinco días laborables a partir del día siguiente al del envío de la información en cuestión. Tras examinar toda la documentación que acompañe el recurso, y si llega a la conclusión de que no hay motivos para prorrogar el plazo de suspensión mencionado, la instancia podrá poner fin en cualquier momento a la prohibición de celebrar el contrato.».c) El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:«4. Los Estados miembros podrán determinar que la instancia responsable de los procedimientos de recurso, al estudiar si procede adoptar medidas cautelares, pueda tener en cuenta las consecuencias probables de dichas medidas para todos los intereses que puedan verse perjudicados, así como el interés general, y decidir desestimarlas cuando las consecuencias negativas pudieran superar a sus ventajas.Al hacer uso de la facultad prevista en el párrafo primero, los Estados miembros no podrán entorpecer la aplicación del artículo 2 septies , cuando la celebración del contrato en cuestión se haya realizado incumpliendo el artículo 1, apartado 4, el artículo 2, apartado 3 bis , o uno de los artículos 2 bis a 2 sexies , o una medida cautelar complementaria adoptada por la instancia responsable de los procedimientos de recurso y destinada a prolongar la suspensión de dicha celebración.La decisión desestimatoria de estas medidas cautelares no prejuzgará los demás derechos reivindicados por la persona que solicite tales medidas.».d) El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:«6. Excepto en los casos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en los artículos 2 bis a 2 septies , los efectos del ejercicio de las facultades contempladas en el apartado 1 del presente artículo sobre un contrato subsiguiente a una adjudicación se determinarán con arreglo al Derecho nacional.Además, excepto en el caso de que la decisión deba anularse antes de conceder la indemnización por daños y perjuicios, un Estado miembro podrán disponer que, una vez celebrado el contrato de conformidad con el artículo 1, apartado 4, el artículo 2, apartado 3, los artículos 2 bis a 2 septies , los poderes de la instancia responsable de los procedimientos de recurso se limiten a conceder la indemnización por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una violación.».e) En el apartado 9, párrafo primero, los términos «jurisdicción en el sentido del artículo 177 del Tratado» se sustituyen por los términos «jurisdicción en el sentido del artículo 234 del Tratado».3) Se insertan los artículos 2 bis a 2 septies siguientes:«Artículo 2 bis1. Los Estados miembros velarán por que las personas contempladas en el artículo 1, apartado 3, dispongan de plazos que garanticen recurso eficaces contra las decisiones tomadas por las entidades contratantes, para lo cual adoptarán las disposiciones necesarias que cumplan las condiciones mínimas contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo y en los artículos 2 ter , 2 quater y 2 quinquies .2. La celebración del contrato subsiguiente a la decisión de adjudicación de un contrato público regulado por la Directiva 2004/17/CE no podrá tener lugar antes de que expire un plazo de al menos diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que se haya comunicado a los licitadores afectados, por fax o por medio electrónico, la decisión de adjudicación del contrato. La comunicación a cada licitador interesado de la decisión de adjudicación irá acompañada de una exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2004/17/CE.3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en los casos en que se apliquen los plazos reducidos más breves contemplados en el artículo 45, apartado 8, de la Directiva 2004/17/CE, los Estados miembros podrán prever que la celebración del contrato subsiguiente a la decisión de adjudicación de un contrato público no pueda tener lugar antes de que expire un plazo de al menos siete días civiles a partir del día siguiente a aquél en que se haya comunicado a los licitadores afectados, por fax o por medio electrónico, la decisión de adjudicación del contrato. Este plazo se prorrogará automáticamente tres días civiles cuando, dentro de dicho plazo, una persona contemplada en el artículo 1, apartado 3, de la presente Directiva notifique a la entidad contratante en cuestión, por fax o por medio electrónico, su intención de interponer un recurso. La comunicación a cada licitador interesado de la decisión de adjudicación irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2004/17/CE.Los Estados miembros podrán aplicar el párrafo primero cuando se trate de contratos basados en un acuerdo marco a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, y en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Directiva 2004/17/CE , o de contratos adjudicados en el marco de sistemas de adquisición dinámicos a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 5, y en el artículo 15 de dicha Directiva.4. Los plazos contemplados en los apartados 2 y 3 no se aplicarán en caso de urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 3, letra d), de la Directiva 2004/17/CE.Artículo 2 ter1 . Los Estados miembros podrán prever que los plazos contemplados en el artículo 2 bis , apartados 2 y 3, no se apliquen en los casos siguientes:a) cuando se trate de contratos basados en un acuerdo marco en el intervenga un solo operador económico y formalizados de conformidad con el artículo 14, apartado 2, y el artículo 40, apartado 3, letra i), de la Directiva 2004/17/CE;b) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento abierto a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, letra a), de la Directiva 2004/17/CE, y la entidad contratante sólo haya recibido la oferta del licitador al que se adjudica el contrato;c) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento restringido a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, letra b), de la Directiva 2004/17/CE, y, a excepción del operador económico al que se adjudica el contrato, todos los operadores económicos invitados a presentar una oferta ya hayan sido objeto de una decisión recurrible de la entidad contratante, por la que se pone fin a su participación en el procedimiento atendiendo a bases distintas a los criterios de adjudicación del contrato en cuestión;d) cuando se trate de contratos adjudicados en el marco de un procedimiento negociado a tenor de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 9, letra c), de la Directiva 2004/17/CE, y, a excepción del operador económico al que se adjudica el contrato, todos los operadores económicos consultados que manifestaron su interés por dicho procedimiento ya hayan sido objeto de una decisión recurrible de la entidad contratante, por la que se pone fin a su participación en el procedimiento atendiendo a bases distintas a los criterios de adjudicación del contrato en cuestión.Artículo 2 quater1 . Cuando los Estados miembros prevean que cualquier recurso contra una decisión de una entidad contratante tomada en el marco o en relación con un procedimiento de formalización de contrato regulado por la Directiva 2004/17/CE debe entablarse antes de que expire un plazo determinado, este plazo no podrá ser inferior a diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que esta decisión de la entidad contratante fue comunicada por fax o por medio electrónico al licitador o candidato interesado. La comunicación a cada licitador o candidato interesado de esta decisión de la entidad contratante irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2004/17/CE.2. Los Estados miembros que hagan uso de las facultades previstas en el artículo 2 bis , apartado 3, podrán prever que el recurso contemplado en el apartado 1 del presente artículo deba interponerse en un plazo que no podrá ser inferior a siete días civiles a partir del día siguiente a aquél en que esta decisión de la entidad contratante se comunicó por fax o por medio electrónico al licitador o candidato interesado.Este plazo se prorrogará automáticamente tres días civiles cuando una persona contemplada en el artículo 1, apartado 3, notifique, dentro de ese plazo, a la entidad contratante de que se trate, por fax o por medio electrónico, su intención de interponer un recurso.La comunicación a cada licitador o candidato interesado de esta decisión de la entidad contratante irá acompañada de la exposición resumida de los motivos pertinentes contemplados en el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2004/17/CE.Artículo 2 quinquiesEn caso de recurso relativo a las circunstancias en que se ha producido o no se ha producido la comunicación por fax o por medio electrónico contemplada en los artículos 2 bis y 2 quater , la instancia de recurso tendrá en cuenta, en particular, todos los elementos de prueba razonables y pertinentes que le sean comunicados por la entidad contratante en relación con el envío efectuado por esta última y con la recepción de este envío por el licitador o candidato interesado.Artículo 2 sexies1. Los Estados miembros garantizarán la eficacia de los recursos por procedimiento de urgencia y de anulación contemplados en el artículo 1 y en el artículo 2, apartado 1, letras a), b) y c), contra los contratos adjudicados directamente de forma ilegal, en las condiciones enunciadas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.2. Cuando una entidad contratante considere que, a la vista del Derecho comunitario aplicable, puede no iniciar un procedimiento formal consistente en medidas de publicidad y de licitación previa para la formalización de un contrato público cuyo importe sea superior al umbral correspondiente de la Directiva 2004/17/CE, esta entidad contratante deberá, antes de la celebración del contrato en cuestión, adoptar las dos medidas siguientes:a) adoptar una decisión de adjudicación que no produzca ningún efecto contractual y que sea recurrible a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente Directiva;b) publicar un anuncio que garantice un grado de publicidad adecuado y que contenga como mínimo la información mencionada en el anexo de la presente Directiva.La publicación de un anuncio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Directiva 2004/17/CE cumplirá las condiciones previstas en la letra b) del presente apartado.3. La celebración del contrato subsiguiente a la decisión de adjudicación del contrato contemplado en el apartado 2 sólo podrá tener lugar al expirar un plazo mínimo de diez días civiles a partir del día siguiente a aquél en que el anuncio mencionado en el apartado 2, letra b), empezó a ser objeto de la publicidad requerida.4. Los apartados 2 y 3 no serán aplicables en caso de urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 3, letra d), de la Directiva 2004/17/CE, ni a los contratos explícitamente excluidos según los artículos 19 a 26 de dicha Directiva.Artículo 2 septies1. Los Estados miembros garantizarán el respeto, por una parte, de los plazos previstos en el artículo 1, apartado 4, y en el artículo 2 bis , apartados 2 y 3, y, por otra, del artículo 2 sexies , en las condiciones enunciadas en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo.2. La celebración de un contrato que se haya producido incumpliendo las disposiciones contempladas en el apartado 1 se considerará sin efecto.3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán prever que los contratos en cuya celebración se hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1 produzcan algunos efectos entre las partes interesadas o frente a terceros, una vez transcurrido un plazo de prescripción que no podrá ser inferior a seis meses a partir de la fecha efectiva de celebración.La excepción prevista en el párrafo primero también podrá aplicarse cuando, en el marco de un recurso destinado a hacer constar y extraer todas las consecuencias que procedan de una celebración que incumpla las disposiciones contempladas en el apartado 1, una instancia de recurso independiente de la entidad contratante constate que el respeto de ciertas exigencias imperiosas o imperativas relativas a un interés general de carácter no económico impone, en el caso en cuestión, no poner en causa algunos efectos de dicho contrato.4. Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en caso de que en la celebración de un contrato se hayan incumplido las disposiciones contempladas en el apartado 1, cuando concurran las circunstancias contempladas en el apartado 3 o cuando una entidad contratante alegue urgencia imperiosa a tenor de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 3, letra d), de la Directiva 2004/17/CE, pese a que no se reúnan todas las condiciones previstas en esa disposición.Dichas sanciones tendrán un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio.Los Estados miembros notificarán a la Comisión estas disposiciones a más tardar el [ dieciocho meses después de la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea] , y cualquier modificación posterior que les afecte, lo antes posible.».4) Se suprimen los artículos 3 a 7.5) El artículo 8 queda modificado como sigue:a) Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:«1. La Comisión podrá invocar los procedimientos previstos en los apartados 2 a 5 cuando considere que se ha cometida una violación grave de las disposiciones comunitarias en materia de contratos públicos durante un procedimiento de formalización de contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/17/CE o en lo que respecta al artículo 27, letra a), de dicha Directiva, para las entidades contratantes a las que se aplica esta disposición.2. La Comisión notificará al Estado miembro y a la entidad contratante de que se trate las razones que le hayan inducido a pensar que se ha cometido una violación grave y solicitará que ésta sea corregida por los medios adecuados.Concederá al Estado miembro de que se trate un plazo de respuesta razonable teniendo en cuenta las circunstancias del caso.».b) En el apartado 3, la frase de introducción se sustituye por el texto siguiente:«Dentro del plazo contemplado en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate comunicará a la Comisión:».6) Se suprimen los artículos 9 a 11.7) El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:«Artículo 121. Los Estados miembros comunicarán cada año a la Comisión información sobre el funcionamiento de los procedimientos nacionales de recurso que se desarrollaron durante los años civiles anteriores. La Comisión determinará, en consulta con el Comité consultivo para los contratos públicos, el objeto y la naturaleza de dicha información.2. Antes de la expiración de un período de seis años a partir del [dieciocho meses después de la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea] la Comisión, en consulta con el Comité consultivo para los contratos públicos, reexaminará la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las modificaciones que juzgue necesarias.».8) El texto que figura en el anexo II de la presente Directiva se añade como anexo.Artículo 3 Transposición1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [dieciocho meses después de la fecha de publicación de la presente Directiva en el Diario Oficial de la Unión Europea] . Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.Artículo 4 Entrada en vigorLa presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .Artículo 5 DestinatariosLos destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.Hecho en Bruselas, el […]Por el Parlamento Europeo Por el ConsejoEl Presidente El Presidente[…] […]ANEXO I«ANEXOInformación mínima que habrá de figurar en el anuncio contemplado en el artículo 2 sexies , apartado 2, letra b)-  nombre, dirección y punto(s) de contacto del poder adjudicador;-  denominación del contrato por parte del poder adjudicador;-  tipo de contrato (obras/suministro/servicios) y lugar de ejecución, entrega o prestación;-  breve descripción del contrato;-  clasificación CPV (vocabulario común de contratos públicos);-  valor total final del contrato adjudicado;-  fecha de la decisión de adjudicación del contrato;-  justificación de la opción de no iniciar el procedimiento formal consistente en medidas de publicidad y licitación previa para la adjudicación de un contrato público cuyo importe supere el umbral correspondiente de la Directiva 2004/18/CE, con referencia al caso o casos correspondientes del artículo 31 de dicha Directiva, o cualquier otra justificación conforme al Derecho comunitario aplicable;-  nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato;-  indicación precisa de la instancia responsable de los procedimientos de recurso y plazos de introducción de los recursos;-  servicio del que puede recabarse información acerca de la introducción de los recursos.».ANEXO II«ANEXOInformación mínima que habrá de figurar en el anuncio contemplado en el artículo 2 sexies , apartado 2, letra b)-  nombre, dirección y punto(s) de contacto de la entidad contratante;-  denominación del contrato por parte de la entidad contratante;-  tipo de contrato (obras/suministro/servicios) y lugar de ejecución, entrega o prestación;-  breve descripción del contrato;-  clasificación CPV (vocabulario común de contratos públicos);-  valor total final del contrato adjudicado;-  fecha de la decisión de adjudicación del contrato;-  justificación de la opción de no iniciar el procedimiento formal consistente en medidas de publicidad y licitación previa para la adjudicación de un contrato público cuyo importe supere el umbral correspondiente de la Directiva 2004/17/CE, con referencia al caso o casos correspondientes del artículo 40, apartado 3, de dicha Directiva, o cualquier otra justificación conforme al Derecho comunitario aplicable;-  nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato;-  indicación precisa de la instancia responsable de los procedimientos de recurso y plazos de introducción de los recursos;-  servicio del que puede recabarse información acerca de la introducción de los recursos.».[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][1] DO C […] de […], p. […].[2] DO C […] de […], p. […].[3] DO C […] de […], p. […].[4] DO C […] de […], p. […].[5] DO L 395 de 30.12.1989, p. 33. Directiva modificada por la Directiva 92/50/CEE (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).[6] DO L 76 de 23.3.1992, p. 14. Directiva modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.[7] DO L 134 de 30.4.2004, p. 114. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 2083/2005 de la Comisión (DO L 333 de 20.12.2005, p. 28).[8] DO L 134 de 30.4.2004, p. 1. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 2083/2005.[9] Recopilación 2005, p. I-1, apartado 39.