CELEX: 52006PC0016
Language: es
Date: 2006-01-31
Title: Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social

Aviso jurídico importante

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52006PC0016

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 31.1.2006COM(2006) 16 final2006/0006 (COD)Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOpor el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTA 110 Motivación y objetivos de la propuesta El artículo 89 del Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, dispone que sus normas de aplicación se fijarán en otro Reglamento. 120 Contexto general Las normas de coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social se inscriben en el marco de la libre circulación de las personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de los ciudadanos europeos que se desplazan dentro de la UE. Actualmente, la coordinación se lleva a cabo mediante el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su Reglamento de aplicación (CEE) nº 574/72. La función del Reglamento (CE) nº 883/2004 es sustituir al Reglamento (CEE) nº 1408/71. Sin embargo, la aplicación de las nuevas normas de coordinación que establece el Reglamento (CE) nº 883/2004 sólo podrá verificarse cuando haya sido adoptado el reglamento de aplicación correspondiente, en sustitución del Reglamento (CEE) nº 574/72. En cuanto a la forma, el acto legislativo propuesto corresponde al que existe actualmente. En cuanto el fondo, su objetivo es modernizar y simplificar las normas existentes. 130 Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO L 117 de 4.5.2005). Semejanza: tanto el Reglamento (CEE) nº 574/72 como la presente propuesta tienen por objeto establecer las normas de aplicación del Reglamento que coordina los regímenes de seguridad social. Diferencia: la propuesta pretende simplificar y modernizar las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 574/72, reforzando la cooperación entre las instituciones de seguridad social y mejorando los métodos de intercambio de datos entre ellas. 141 Coherencia con otras políticas y con los objetivos de la Unión No procede. CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO Consulta de las partes interesadas 211 Métodos y principales sectores de consulta, perfil general de los consultados La finalidad esencial de la propuesta de Reglamento de aplicación es definir de manera concreta los procedimientos necesarios para poner en práctica los principios del Reglamento de base para los usuarios del Reglamento, los ciudadanos y las instituciones de seguridad social de los Estados miembros. En el ámbito de las pensiones de vejez, por ejemplo, debe especificarse qué trámites ha de realizar un asegurado para pedir la liquidación de su pensión, ante qué institución debe presentar su solicitud cuando ha trabajado en varios Estados miembros, de qué manera van a intercambiar información las instituciones para tomar en consideración la totalidad de su carrera y cómo van a calcular, cada una por su parte, la pensión que le abonen. Para elaborar propuestas concretas sobre la organización más eficaz de la cooperación cotidiana entre las instituciones en provecho de los beneficiarios del Reglamento (CE) nº 883/2004, se han realizado numerosas consultas a expertos en seguridad social en los Estados miembros. Al hacerlo se ha procurado, ante todo, recurrir al nivel de especialización más pertinente, es decir, el de las instituciones de seguridad social. Para ello se han creado varios grupos de trabajo a los que se han asignado los distintos riesgos cubiertos por los regímenes de seguridad social: enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez, desempleo y prestaciones familiares. Además, la Comisión, como encargada de la secretaría de la Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes (CASSTM), de la Comisión técnica y de la Comisión de cuentas en el seno de la CASSTM, está en estrecho contacto con los expertos designados por los Estados miembros para la aplicación de las normas de coordinación. 212 Resumen de las respuestas y forma en que se han tenido en cuenta Se han reunido grupos de trabajo formados por expertos. Un grupo de carácter horizontal, encargado específicamente de emitir propuestas sobre la estructura y el tono general del Reglamento de aplicación, ha presentado un informe resumido informal que incluye una serie de orientaciones. La propuesta sigue la gran mayoría de estas orientaciones. Obtención y utilización de asesoramiento técnico 221 Ámbitos científicos y técnicos pertinentes Seguridad social. 222 Metodología utilizada Grupos de trabajo formados por expertos en seguridad social de los distintos sectores: enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez, desempleo y prestaciones familiares. 223 Principales organizaciones y expertos consultados Se han celebrado numerosas consultas a expertos en seguridad social de los Estados miembros. Al hacerlo se ha procurado, ante todo, recurrir al nivel de especialización más pertinente, es decir, el de las instituciones de seguridad social. Para ello se han creado varios grupos de trabajo a los que se han asignado los distintos riesgos cubiertos por los regímenes de seguridad social: enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez, desempleo y prestaciones familiares. 2249 Asesoramiento recibido y utilizado No se ha mencionado la existencia de riesgos potencialmente graves con consecuencias irreversibles. 225 Es necesario simplificar los procedimientos para los usuarios del Reglamento, las instituciones de seguridad social, las autoridades competentes, los empleadores y los asegurados, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia y aclarar los derechos y las obligaciones de los distintos actores en la coordinación de los regímenes de seguridad social. 226 Medios utilizados para divulgar los dictámenes técnicos Al tratarse de una materia muy técnica y ante el carácter informal del asesoramiento recibido, no está previsto divulgar los informes. 230 Evaluación de impacto El Reglamento de aplicación es el elemento que permitirá a los ciudadanos beneficiarse de los progresos que representa el Reglamento (CE) nº 883/2004. Será preciso esperar a que se adopte el corpus legislativo compuesto por el Reglamento de base y su Reglamento de aplicación para que las normas renovadas puedan producir sus efectos de modernización, simplificación y mejora de los derechos de los ciudadanos. Así, los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 y 574/72 actualmente vigentes serán sustituidos por el Reglamento (CE) nº 883/2004 y su Reglamento de aplicación. No es probable que estos Reglamentos tengan una repercusión negativa particular en comparación con la situación actual en lo que respecta a la carga de trabajo o los costes para las instituciones de seguridad social y las administraciones, los trabajadores o los empleadores. Por el contrario, dado que la finalidad de estas nuevas normas es mejorar el funcionamiento de la coordinación de los regímenes de seguridad social y agilizar los procedimientos en beneficio de todos los usuarios del Reglamento, su adopción constituye una ventaja para estos en comparación con las normas actualmente aplicables. Por el momento es difícil evaluar la ganancia de productividad que acarrearán las nuevas normas para las instituciones de seguridad social, los empleadores —en particular, las PYME— y los asegurados, los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Las medidas propuestas pretenden mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos. Concretamente, al prever medidas para reducir el tiempo que actualmente se necesita para calcular y abonar las pensiones de las personas que han trabajado en varios Estados miembros, la presente propuesta contribuye a mejorar las condiciones de libre circulación en la Unión. Además, estas propuestas se inscriben en el contexto de la administración electrónica, ya que la utilización de medios electrónicos para los intercambios de información entre instituciones de seguridad social es un aspecto esencial de la aceleración de los procedimientos. Por otra parte, en el contexto del plan de acción recientemente adoptado por la CASSTM, todos los Estados miembros reconocen la importancia del uso de herramientas electrónicas para los intercambios de datos entre instituciones. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA 305 Resumen de la acción propuesta La propuesta de Reglamento de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social aspira a completar la modernización y la simplificación de las disposiciones actuales, el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y su Reglamento de aplicación (CEE) nº 574/72. Este instrumento es un elemento esencial al servicio de la libre circulación de las personas en la Unión. Su objetivo es definir los procedimientos de aplicación concreta de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004 para todos los interesados: las personas aseguradas, las instituciones de seguridad social y las autoridades competentes de los Estados miembros. Esta propuesta completa el trabajo de modernización realizado con el Reglamento (CE) nº 883/2004 y persigue mejorar los procedimientos actuales simplificándolos y clarificando las disposiciones existentes en numerosos ámbitos. Así, a través de los procedimientos que han de llevarse a cabo, la propuesta pretende hacer ver con más claridad los derechos y las obligaciones de las distintas partes. Otro de sus objetivos es sacar todas las consecuencias de una cooperación más profunda entre los distintos actores contemplados en el Reglamento (CE) nº 883/2004. El hecho de que ahora el Reglamento (CE) nº 883/2004 sea aplicable a todos los ciudadanos europeos, puesto que cubre asimismo a los no activos, implica la modernización de los modos y procedimientos de cooperación entre las instituciones de seguridad social de los Estados miembros. Se trata, en concreto, de facilitar los trámites para las personas aseguradas y de abreviar el tiempo de respuesta y tramitación de los casos transfronterizos por parte de las instituciones de las distintas ramas de la seguridad social: enfermedad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, pensiones, desempleo y prestaciones familiares. Este objetivo requiere que se haga especial hincapié en la utilización de métodos modernos de intercambio de información. Los intercambios electrónicos de datos entre las instituciones son indispensables para facilitar la transferencia de la información necesaria para que la coordinación funcione y, en particular, para determinar y calcular los derechos de los asegurados. 310 Fundamento jurídico Artículos 42 y 308 del Tratado CE. 320 Principio de subsidiariedad El principio de subsidiariedad se aplica, pues la propuesta no afecta a un ámbito que sea competencia exclusiva de la Comunidad. Los objetivos de la propuesta no pueden alcanzarse suficientemente mediante la acción de los Estados miembros por los motivos que se exponen a continuación. 321 El objetivo pretendido, a saber, la adopción de normas de aplicación de las medidas de coordinación de la seguridad social, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, como ya subrayó expresamente el Reglamento (CE) nº 883/2004 (considerando 45). En efecto, el artículo 42 del Tratado CE dispone que el Consejo debe adoptar, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. Estas disposiciones se presentan en forma de reglamento de coordinación cuyo ámbito de aplicación ha sido ampliado gradualmente a los trabajadores por cuenta propia, a los estudiantes, a los jubilados, a los funcionarios y, desde ahora, a todas las personas aseguradas. Por su naturaleza, este Reglamento únicamente definirá las medidas que necesitan las personas cubiertas para viajar, permanecer o residir en otro Estado miembro sin perder sus derechos a la seguridad social. Para preservar esos derechos, el Reglamento prevé distintas disposiciones que responden a las necesidades específicas en las diferentes ramas de la seguridad social. No obstante, también incluye principios generales que permiten que funcione la coordinación. Entre estos figuran el carácter único de la legislación de aplicación, la asimilación de los hechos y la igualdad de trato. Los Estados miembros deben respetarlos, aunque tienen competencia exclusiva para definir, organizar y financiar sus sistemas nacionales de seguridad social. 323 En las situaciones transfronterizas, ningún Estado puede actuar solo. Los convenios bilaterales existentes han sido sustituidos por el Reglamento de coordinación, que ha permitido así simplificar y conceder el mismo trato a las personas aseguradas, respetando cada una de las legislaciones nacionales de seguridad social aplicables. Los objetivos de la propuesta pueden alcanzarse mejor mediante una acción de la Comunidad por los motivos que se exponen a continuación. 324 La coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social solo tiene sentido a nivel de la Comunidad, ya que tiene su base y su justificación en la libre circulación de las personas en la Unión. 325 Esta normativa afecta a todos y cada uno de los ciudadanos europeos que se desplazan en la Unión, sea por el motivo que sea. 327 Los Estados miembros conservan su competencia exclusiva para determinar, organizar y financiar sus regímenes nacionales de seguridad social. Por tanto, la propuesta cumple el principio de subsidiariedad. Principio de proporcionalidad La propuesta es conforme con el principio de proporcionalidad por los motivos que se exponen a continuación. 331 Los Estados miembros, las autoridades competentes y las instituciones de seguridad social siguen siendo los únicos responsables de la organización y financiación de sus regímenes nacionales de seguridad social. 332 La mejora de los procedimientos y la clarificación de los derechos y obligaciones de los distintos actores pueden suponer un ahorro en los costes administrativos (reembolso de los créditos entre las instituciones de seguridad social) y una respuesta eficaz a las expectativas de los ciudadanos (reducción de los plazos de reembolso o pago de las prestaciones). El refuerzo de la coordinación entre las instituciones es un arma importante para luchar contra los fraudes y abusos. Instrumentos elegidos 341 Instrumento(s) propuesto(s): reglamento 342 Otros medios no serían adecuados por los motivos que se exponen a continuación. Modernización del instrumento legislativo existente, es decir, el Reglamento (CEE) nº 574/72, Reglamento de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que será sustituido por el Reglamento (CE) nº 883/2004. Hemos de recordar que el Reglamento (CEE) nº 1408/71 es un reglamento de coordinación y no de armonización, ya que los Estados miembros tienen competencia exclusiva para organizar y financiar sus sistemas de seguridad social. La elección de un reglamento de coordinación para salvaguardar los derechos de seguridad social de los asegurados que ejercen su derecho a la libre circulación de las personas, consagrado en el Tratado, es proporcional al objetivo perseguido, definido por el legislador en el artículo 42 del Tratado. REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 409 La presente propuesta carece de repercusiones para el presupuesto comunitario. INFORMACIÓN ADICIONAL Simulación, fase piloto y período transitorio 507 La propuesta ha sido o será objeto de un período transitorio. 510 Simplificación 511 La propuesta simplifica el marco normativo y los procedimientos administrativos aplicables a las autoridades públicas (nacionales o europeas), a las entidades y a los particulares. 512 La propuesta queda aligerada por la supresión de anexos. 513 En ella se propone la utilización de métodos electrónicos para intercambiar información y el trabajo con documentos electrónicos a fin de facilitar esos intercambios. 514 Se refuerza la cooperación entre las instituciones de seguridad social para evitar que el peso de los procedimientos recaiga en primer lugar en los asegurados. Asimismo, se aclaran los cometidos de los distintos actores. 560 Espacio Económico Europeo Este proyecto de acto corresponde a un ámbito cubierto por el acuerdo EEE y, por lo tanto, procede extenderlo al Espacio Económico Europeo. 570 Explicación detallada de la propuesta, por capítulo o artículo La propuesta de Reglamento de aplicación sigue la estructura del Reglamento (CE) nº 883/2004: título I: «Disposiciones generales»; título II: «Determinación de la legislación aplicable»; a continuación, el título III contiene las disposiciones particulares aplicables a las distintas categorías de prestaciones: prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladas, prestaciones de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional, subsidios de defunción, prestaciones de invalidez, pensiones de vejez y de supervivencia, prestaciones de desempleo y prestaciones familiares; título IV: «Disposiciones financieras» y título V: «Disposiciones diversas, transitorias y finales». El presente Reglamento de aplicación permitirá aplicar el Reglamento (CE) nº 883/2004. No obstante, ante la necesidad de informar suficientemente a todas las partes interesadas y de no provocar dificultades para la adopción de las cuentas entre las instituciones, se prevé un plazo mínimo de seis meses para la puesta en aplicación de las nuevas disposiciones relativas a la coordinación comunitaria de los regímenes de seguridad social. |-  2006/0006 (COD)Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOpor el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(Texto pertinente a efectos del EEE y de Suiza)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 42 y 308,Visto el Reglamento (CE) nº 883/2004[1] del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social[2], y, en particular, su artículo 89,Vista la propuesta de la Comisión[3],Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[4],De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado[5],Considerando lo siguiente:(1) El Reglamento (CE) nº 883/2004 moderniza las normas de coordinación de los regímenes nacionales de seguridad social de los Estados miembros estableciendo las medidas y los procedimientos de actuación necesarios y velando por su simplificación en beneficio de todos los interesados. Procede adoptar sus normas de aplicación.(2) La organización de una cooperación más eficaz y estrecha entre las instituciones de seguridad social es un factor esencial para que las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004 puedan hacer uso de sus derechos en los menores plazos y las mejores condiciones posibles.(3) La utilización de los medios electrónicos permite un intercambio rápido y fiable de datos entre las instituciones de los Estados miembros. El tratamiento electrónico de estos datos va a contribuir a acelerar los procedimientos para las personas interesadas. Por otra parte, estas pueden beneficiarse de todas las garantías ofrecidas por las disposiciones comunitarias de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y la libre circulación de esos datos.(4) La disponibilidad de los datos de contacto, incluidos los electrónicos, de las entidades de los Estados miembros que pueden intervenir en la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004, en un formato que permita su actualización inmediata, va a facilitar los intercambios entre las instituciones de los Estados miembros. Esta opción de dar prioridad a la pertinencia de los datos puramente objetivos y a su disponibilidad inmediata para los ciudadanos es una importante simplificación que introduce el presente Reglamento.(5) El refuerzo de determinados procedimientos va a suponer más seguridad jurídica y más transparencia para los usuarios del Reglamento (CE) nº 883/2004. En particular, es de esperar que la fijación de plazos comunes para cumplir determinadas obligaciones o la definición de fases administrativas contribuya a aclarar y estructurar las relaciones entre las personas aseguradas y las instituciones.(6) Los Estados miembros, sus autoridades competentes o las instituciones de seguridad social tienen la posibilidad de acordar procedimientos más ágiles y arreglos administrativos que les resulten más eficaces y adecuados para las especificidades de sus respectivos sistemas de seguridad social. Sin embargo, estos arreglos no deben afectar a los derechos de las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004.(7) La complejidad inherente del sector de la seguridad social impone que se exija a todas las instituciones de los Estados miembros un esfuerzo especial a favor de las personas aseguradas para no penalizar a las que no hayan transmitido sus solicitudes o determinados datos a la institución habilitada para tramitar la solicitud con arreglo a las normas y los procedimientos del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento.(8) A la hora de determinar la institución competente, es decir, aquella cuya legislación es aplicable o a la que le corresponde abonar determinadas prestaciones, las instituciones de varios Estados miembros deben examinar la situación objetiva de la persona asegurada y de los miembros de su familia. Para que durante los indispensables intercambios entre instituciones la persona interesada quede protegida, conviene disponer su afiliación provisional a un régimen de seguridad social.(9) Muchos de los procedimientos y medidas que contempla el presente Reglamento tienen el propósito de dar más transparencia a los criterios que deben aplicar las instituciones de los Estados miembros con arreglo al Reglamento (CE) nº 883/2004. Estas precisiones son el resultado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de las decisiones de la Comisión administrativa y de más de treinta años de experiencia en la aplicación de la coordinación de los regímenes de seguridad social en el marco de las libertades fundamentales consagradas en el Tratado.(10) La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 a todas las personas aseguradas, incluidas las no activas, requiere ciertas normas y procedimientos específicos para estas personas, sobre todo para definir la legislación aplicable para el cómputo de los períodos ocupados en la educación de los hijos por parte de personas que nunca han ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en los distintos Estados miembros en los que han residido.(11) Otros procedimientos deben reflejar la necesidad de un reparto equilibrado de las cargas entre los Estados miembros. En particular, en el seguro de enfermedad, estos procedimientos deben tener en cuenta la situación, por una parte, de los Estados miembros que sufragan los costes de acogida de las personas aseguradas poniendo a su disposición su sistema sanitario y, por otra, de los Estados miembros cuyas instituciones sufren la carga financiera de las prestaciones en especie percibidas por sus asegurados en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen.(12) Dentro del marco específico del Reglamento (CE) nº 883/2004, es preciso aclarar las condiciones de cobertura de los gastos derivados de las prestaciones de enfermedad en especie que constituyan «cuidados programados», es decir, la asistencia que una persona va a buscar a otro Estado miembro distinto de aquel en el que está asegurada o tiene su residencia. Se establecen las obligaciones de la persona asegurada en lo tocante a la solicitud de autorización previa, así como las obligaciones de la institución con respecto al paciente en cuanto a las condiciones de autorización. También conviene determinar las consecuencias para la cobertura financiera de la asistencia recibida en otro Estado miembro al amparo de una autorización.(13) Para preservar la confianza en los intercambios y para que los regímenes de seguridad social de los Estados miembros cumplan su obligación de realizar una gestión correcta, es esencial adoptar procedimientos más radicales para reducir los plazos de pago de los créditos entre las instituciones de los Estados miembros. Por ello, es indicado reforzar los procedimientos de pago de los créditos en los ámbitos de las prestaciones de enfermedad y desempleo.(14) Dado que los regímenes de seguridad social cubiertos por el Reglamento (CE) nº 883/2004 se basan en la solidaridad de todos los asegurados, han de establecerse mecanismos para hacer más eficaz el cobro de créditos derivados de prestaciones indebidas o de cotizaciones no abonadas. Los procedimientos de asistencia mutua entre las instituciones deben definirse siguiendo la línea de lo dispuesto en la Directiva 76/308/CEE del Consejo, de 15 de mayo de 1976, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinadas exacciones, derechos, impuestos y otras medidas[6], a fin de proteger mejor los intereses financieros de los Estados miembros organizando la cooperación, particularmente entre las administraciones fiscales.(15) La información de las personas aseguradas sobre sus derechos y obligaciones es un elemento esencial de una relación de confianza con las autoridades competentes y las instituciones de los Estados miembros.(16) Dado que el objetivo de la acción pretendida, a saber, la adopción de medidas de coordinación que garanticen el ejercicio efectivo de la libre circulación de las personas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a las dimensiones y los efectos de esta acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar este objetivo.(17) El presente Reglamento ha de sustituir al Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad[7].HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:Título I - Disposiciones generalesCapítulo I – DefinicionesArtículo 1Definiciones1. Para los fines del presente Reglamento se aplicarán las definiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004.2. Además de las definiciones mencionadas en el apartado 1, se entenderá por:a) «punto de acceso», la entidad designada por la autoridad competente de un Estado miembro que tenga la función de enviar y recibir por vía electrónica los datos necesarios para la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento a través de la red común en la que esos datos se intercambien entre las instituciones competentes de ese Estado miembro y las instituciones competentes o el punto de acceso de otros Estados miembros;b) «organismo de enlace», la entidad designada por la autoridad competente de un Estado miembro, para una o varias de las ramas de la seguridad social citadas en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 883/2004, que pueda responder a las peticiones de información y de asistencia de las instituciones de los Estados miembros y a la que estos puedan dirigirse, en particular, para asuntos relacionados con el título IV del presente Reglamento;c) «documento», un conjunto de datos, cualquiera que sea su soporte, identificados por la Comisión administrativa, que puedan ser intercambiados por vía electrónica y cuya comunicación sea necesaria para el funcionamiento del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento;d) «mensaje electrónico estandarizado», todo documento estructurado según el formato definido por la Comisión administrativa para el intercambio de información entre las instituciones de los Estados miembros;e) «transmisión por vía electrónica», la transmisión mediante equipos electrónicos de tratamiento de datos (incluida la compresión digital), por cable, radio, procedimientos ópticos o cualquier otro procedimiento electromagnético;f) «Comisión técnica», la comisión contemplada en el artículo 73 del Reglamento (CE) nº 883/2004;g) «Comisión de cuentas», la comisión contemplada en el artículo 74 del Reglamento (CE) nº 883/2004.Capítulo II – Disposiciones relativas a la cooperación y a los intercambios de datosArtículo 2 Alcance y modalidades de los intercambios entre instituciones1. Las instituciones de los Estados miembros se comunicarán todos los datos necesarios para establecer y determinar los derechos y las obligaciones de las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004 y, en particular, para fijar el importe correcto de las prestaciones y cotizaciones de seguridad social.2. Cuando una persona asegurada haya transmitido por error datos, documentos o solicitudes a una institución distinta de la designada con arreglo al presente Reglamento, la primera institución deberá retransmitirlos de inmediato a la institución designada con arreglo al presente Reglamento, indicando la fecha en la que fueron presentados inicialmente. Esta fecha será válida ante la última institución.3. La comunicación de datos entre las instituciones de los Estados miembros se efectuará directamente o a través del punto de acceso o del organismo de enlace.4. Cuando la comunicación de datos se realice a través del punto de acceso o del organismo de enlace, se considerará que este o aquel cumplen el cometido y la función de la institución requerida en ese Estado miembro en lo que respecta a los plazos de respuesta a las solicitudes que se le dirigen.Artículo 3 Alcance y modalidades de los intercambios entre beneficiarios e instituciones1. Toda persona cubierta por el Reglamento (CE) nº 883/2004 deberá comunicar a la institución competente todos los datos o justificantes necesarios para definir su situación o la de su familia y sus derechos y obligaciones, para mantener estos y para determinar la legislación aplicable y sus obligaciones con respecto a esa legislación.En particular, cuando una disposición legislativa prevea que el importe de las prestaciones ha de fijarse teniendo en cuenta la existencia de miembros de la familia distintos de los hijos, para que se tomen en consideración esos miembros de la familia, la persona asegurada deberá presentar un certificado relativo a los miembros de su familia que residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en el que se encuentra la institución encargada de liquidar las prestaciones.2. El Estado miembro que recopile datos con arreglo a su legislación o en la situación prevista en el artículo 52 garantizará a las personas interesadas un derecho de acceso y de rectificación de esos datos, respetando las disposiciones comunitarias de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales y con la libre circulación de esos datos.3. Las instituciones del Estado miembro competente comunicarán la información y expedirán los documentos necesarios a las personas aseguradas.4. La institución competente de un Estado miembro que envíe directamente cualquier documento que implique una decisión sobre los derechos de una persona se reside o se encuentra en el territorio de otro Estado miembro pedirá acuse de recibo, cualquier que sea el soporte o el modo de envío. El acuse de recibo podrá hacerse en cualquier soporte o medio.5. A falta de prueba de envío de una decisión contemplada en el apartado 4, no podrán invocarse contra los beneficiarios los plazos de caducidad o prescripción de los derechos adquiridos en virtud del Reglamento (CE) nº 883/2004.6. Cuando esté debidamente establecida la fecha de envío de una decisión prevista en el apartado 4, tal decisión de la autoridad competente podrá hacerse valer ante el interesado en el plazo de un mes a partir de esa fecha. No obstante, si la legislación del Estado miembro que haya adoptado la decisión establece un plazo más largo, se aplicará este plazo.7. En cualquier caso, la persona interesada dispondrá de las vías de recurso y de los procedimientos que disponga la legislación aplicable por la institución que haya tomado la decisión.8. La Comisión administrativa definirá las normas prácticas de aplicación de esta disposición en los casos en que las decisiones se envíen a las personas interesadas por vía electrónica.Artículo 4Formato y modo de los intercambios de datos1. La Comisión administrativa determinará el contenido de los documentos y la estructura de los mensajes electrónicos estandarizados.2. La transmisión de los datos entre instituciones, puntos de acceso u organismos de enlace se efectuará por vía electrónica en un entorno seguro común que garantice la confidencialidad y la protección de los intercambios de datos.3. En sus comunicaciones con los beneficiarios, las instituciones competentes utilizarán preferentemente técnicas electrónicas.Artículo 5Valor jurídico de los documentos y justificantes emitidos en otro Estado miembro1. Los documentos emitidos por la institución de un Estado miembro que acrediten la situación de una persona a los efectos de la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento y los justificantes emitidos por las autoridades, incluidas las fiscales, de otro Estado miembro, podrán hacerse valer ante las instituciones de los demás Estados miembros mientras no sean retirados o invalidados por la autoridad o la institución competente del Estado miembro en el que hayan sido emitidos.2. En caso de duda sobre el fundamento del documento o la exactitud de los hechos en que se basa su contenido, la institución del Estado miembro que lo reciba se dirigirá a la institución emisora para pedirle las aclaraciones necesarias y, si procede, la retirada del documento.3. A falta de acuerdo entre las instituciones afectadas en el mes siguiente a la petición de la institución que recibió el documento, se podrá acudir a la Comisión administrativa de conformidad con el artículo 76, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 883/2004, para que esta concilie las posturas en los seis meses siguientes a su consulta.Artículo 6Aplicación provisional de una legislación y pago provisional de prestaciones1. Cuando se precisen contactos entre las instituciones o las autoridades competentes de dos o más Estados miembros para disipar una incertidumbre sobre la legislación que ha de aplicarse, la persona interesada quedará provisionalmente sujeta:a) a la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce en él una parte de su actividad o sus actividades, o si no ejerce actividad por cuenta ajena ni propia;b) a la legislación del Estado miembro en el que haya presentado una solicitud de afiliación en primer lugar, en los demás casos.2. Cuando haya divergencia de pareceres entre las instituciones o las autoridades competentes de dos o más Estados miembros sobre la determinación de la institución que ha de servir las prestaciones, el interesado que podría optar a prestaciones si no hubiese discrepancia disfrutará provisionalmente de las prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución del lugar de residencia o, si no reside en el territorio de uno de los Estados miembros afectados, de las prestaciones previstas por la legislación que aplique la institución ante la que se haya presentado la solicitud en primer lugar.3. Cuando se determine que la legislación aplicable no es la del Estado miembro en el que se produjo la afiliación provisional o que la institución que pagó las prestaciones provisionalmente no era la institución competente, se considerará que la institución que sea identificada como competente lo es a partir de la fecha de la afiliación provisional o del primer pago provisional de las prestaciones en cuestión.4. En caso necesario, la institución competente regularizará la situación financiera de la persona interesada con relación a las cotizaciones y prestaciones en virtud de lo previsto en los artículos 71 y 72 y, si procede, con arreglo a los artículos 73 a 82.Artículo 7Obligación de liquidación provisional1. La institución que no disponga de todos los elementos necesarios para calcular definitivamente el importe de una prestación o cotización efectuará una liquidación provisional de la prestación o cotización.2. Deberá realizarse un nuevo cálculo de la prestación o de la cotización en el momento en que se faciliten los justificantes a la institución afectada.Capítulo III – Otras disposiciones generales de aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004ARTÍCULO 8 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS ENTRE DOS O MÁS ESTADOS MIEMBROS1. Las disposiciones del presente Reglamento sustituirán a las de los acuerdos relativos a la aplicación de los convenios contemplados en el artículo 8 del Reglamento (CE) nº 883/2004, con excepción de los acuerdos relativos a convenios previstos en el anexo II del Reglamento (CE) nº 883/2004, siempre que las disposiciones de dichos acuerdos figuren en el anexo 1 del presente Reglamento.2. Los Estados miembros podrán celebrar entre ellos, en caso necesario, acuerdos relativos a la aplicación de los convenios previstos en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, siempre que tales acuerdos no vulneren los derechos de los beneficiarios.Artículo 9Otros procedimientos entre instituciones1. Dos o más Estados miembros, o sus autoridades o instituciones competentes, podrán acordar procedimientos distintos de los que se establecen en los títulos II a IV, siempre que tales procedimientos no vulneren los derechos de los beneficiarios.2. Los acuerdos celebrados a tal fin se pondrán en conocimiento de la Comisión administrativa y se enumerarán en el anexo 1 del presente Reglamento.Artículo 10No acumulación de prestacionesCuando determinadas prestaciones debidas en virtud de la legislación de dos o más Estados miembros sean reducidas, suspendidas o suprimidas mutuamente, las cuantías que no se abonarían en caso de aplicarse estrictamente las cláusulas de reducción, suspensión o supresión contenidas en la legislación de los Estados miembros afectados se dividirán por el número de prestaciones sujetas a reducción, suspensión o supresión.Artículo 11Elementos necesarios para la determinación de la residencia1. A la hora de resolver las dificultades de las instituciones de varios Estados miembros para determinar la residencia de una persona cubierta por el Reglamento (CE) nº 883/2004, estas instituciones establecerán de común acuerdo el centro de interés de la persona interesada teniendo en cuenta los siguientes elementos de hecho:a) la duración y continuidad de la estancia;b) la situación familiar y, en particular, el lugar de escolarización de los niños y los lazos familiares;c) cuando se trate de un trabajador, el hecho de disponer de un empleo estable;d) la voluntad de la persona, según se desprenda de todas las circunstancias, y, concretamente, las razones que le movieron a desplazarse;e) el Estado miembro en el que la persona esté sujeta al impuesto por el conjunto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de estos.2. Cuando la aplicación de los criterios enunciados en el apartado 1 no permita que las instituciones lleguen a un acuerdo, la voluntad expresada por la persona interesada se considerará determinante para establecer su lugar de residencia.Artículo 12Totalización de los períodos1. A los efectos de la aplicación del artículo 6 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución competente se dirigirá a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeta anteriormente la persona asegurada para recabar la comunicación de los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo esa legislación.2. Los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro se añadirán a los cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro cuando ello sea necesario para la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones, a condición de que no se superpongan.3. Cuando algún período de seguro o de residencia cubierto en el marco de un seguro obligatorio bajo la legislación de un Estado miembro coincida con un período de seguro cubierto en el marco de un seguro voluntario o facultativo continuado bajo la legislación de otro Estado miembro, sólo se computará el período cubierto en el marco del seguro obligatorio.4. Cuando un período de seguro o de residencia distinto de un período asimilado cubierto bajo la legislación de un Estado miembro coincida con un período asimilado en virtud de la legislación de otro Estado miembro, sólo se computará el período distinto de un período asimilado.5. Los períodos asimilados en virtud de las legislaciones de dos o más Estados miembros sólo serán computados por la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el asegurado con carácter obligatorio en último lugar antes del período de que se trate. En el caso de que el asegurado no haya estado sometido con carácter obligatorio a la legislación de ningún Estado miembro con anterioridad al período de que se trate, este será computado por la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el asegurado con carácter obligatorio por primera vez después de dicho período.6. Cuando no se pueda determinar de modo preciso en qué época se han cubierto ciertos períodos de seguro o de residencia bajo la legislación de un Estado miembro, se dará por supuesto que esos períodos no se superponen a períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, y se tendrán en cuenta en la medida en que sea útil computarlos.Artículo 13Normas de conversión de los períodos de seguroCuando los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro se expresen en unidades diferentes de las utilizadas por la legislación de otro Estado miembro, la conversión necesaria a efectos de la totalización se efectuará según las normas siguientes:a) un día equivaldrá a ocho horas, y a la inversa;b) cinco días equivaldrán a una semana, y a la inversa;c) veintidós días equivaldrán a un mes, y a la inversa;d) tres meses o trece semanas o sesenta y seis días equivaldrán a un trimestre, y a la inversa;e) para convertir las semanas en meses, y a la inversa, se convertirán las semanas y los meses en días;f) la aplicación de los puntos a) a e) no podrá dar lugar a que se compute, por el conjunto de los períodos de seguro cubiertos en un año civil, un total superior a doscientos sesenta y cuatro días o cincuenta y dos semanas o doce meses o cuatro trimestres.Cuando los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro se expresen en meses, los días que correspondan a una fracción de mes, conforme a las normas de conversión enunciadas en el párrafo primero, se considerarán un mes entero.Título II – Determinación de la legislación aplicableArtículo 14Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) nº 883/20041. A los efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el criterio para determinar si la actividad que va a realizar un trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro es «similar» a la actividad por cuenta propia ejercida normalmente será la naturaleza real de la actividad, y no la calificación de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia que le dé el otro Estado miembro.2. A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el trabajador ejercerá «una parte sustancial» de su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en un Estado miembro cuando ejerza en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta ajena o propia, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades. La parte de la actividad ejercida en un Estado miembro no será nunca sustancial cuando sea inferior al 25 % del conjunto de las actividades ejercidas por el trabajador en volumen de negocios, en tiempo de trabajo o en remuneraciones o ingresos laborales.3. A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, el «centro de interés» de las actividades de un trabajador por cuenta propia se determinará teniendo en cuenta todos los elementos que componen sus actividades profesionales y, en particular, el lugar donde se encuentre la sede fija y permanente de las actividades del interesado, el carácter habitual o la duración de las actividades que ejerza, el Estado miembro en el que el interesado esté sujeto al impuesto por el conjunto de sus ingresos, cualquiera que sea la fuente de estos, y la voluntad del interesado, según se desprenda de todas las circunstancias.4. Cuando una persona ejerza su actividad asalariada en dos o más Estados miembros por cuenta de un empleador establecido fuera del territorio de la Unión y resida en un Estado miembro sin ejercer en él una actividad sustancial, quedará sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia.Artículo 15Procedimiento para la aplicación del artículo 11, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004Cuando un funcionario ejerza su actividad en un Estado miembro distinto del Estado competente, la institución competente informará de ello previamente a la institución designada de ese otro Estado miembro.Artículo 16Procedimiento para la aplicación del artículo 12 del Reglamento (CE) nº 883/20041. El empleador que, en aplicación del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, envíe a un trabajador para que realice un trabajo por su cuenta en otro Estado miembro informará de ello previamente, cuando sea factible, a la institución competente del Estado miembro cuya legislación siga siendo aplicable. Esta institución informará a la institución designada del Estado miembro a donde sea enviado el trabajador.2. El trabajador por cuenta propia que, en aplicación del artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, se desplace a otro Estado miembro para ejercer una actividad informará de ello previamente, cuando sea factible, a la institución competente del Estado miembro cuya legislación siga siendo aplicable. Esta institución informará a la institución designada del Estado miembro a donde se desplace el trabajador por cuenta propia para ejercer su actividad.Artículo 17Procedimiento para la aplicación del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 883/20041. La persona que ejerza actividades en dos o más Estados miembros informará de ello a la institución designada del Estado miembro en el que resida. Esta institución transmitirá esta información a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en los que se ejerza una actividad.2. En las situaciones contempladas en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, las instituciones designadas de los Estados miembros en cuestión determinarán de común acuerdo la legislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, y en el artículo 14, apartados 2 y 3, del presente Reglamento.3. La legislación aplicable se determinará en el plazo de un mes a partir de la transmisión de la información a la institución designada del lugar de residencia de la persona asegurada conforme al apartado 1. Mientras no haya sido determinada la legislación aplicable, la persona interesada estará sujeta provisionalmente a la legislación determinada conforme al artículo 6, apartado 1.La institución competente del Estado miembro cuya legislación se declare aplicable en el procedimiento de concertación entre las instituciones afectadas previsto en el apartado 2 informará de ello inmediatamente al interesado.Artículo 18Procedimiento para la aplicación del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 883/2004Los agentes auxiliares ejercerán el derecho de opción previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 883/2004 en el momento de celebrar el contrato de servicios. La autoridad facultada para celebrar ese contrato informará a la institución designada del Estado miembro por cuya legislación haya optado el agente auxiliar.Artículo 19 Información de las personas aseguradas1. La institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable informará a la persona interesada y, en su caso, a su empleador o sus empleadores, de las obligaciones que se deriven de esa legislación. Asimismo, les prestará la ayuda necesaria para efectuar los trámites que la legislación imponga.2. Cuando lo solicite la persona interesada o el empleador, la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable en virtud de una disposición del título II del Reglamento (CE) nº 883/2004 certificará que esa legislación es aplicable e indicará, si procede, hasta qué fecha y en qué condiciones.Artículo 20Cooperación entre instituciones1. Las instituciones previstas en el artículo 17, apartado 1, comunicarán a la institución competente del Estado miembro cuya legislación sea aplicable a una persona toda la información necesaria para determinar las cotizaciones a cuyo pago estén obligados esa persona o sus empleadores en virtud de dicha legislación.2. La institución competente del Estado miembro cuya legislación pase a ser aplicable a una persona informará a la institución del Estado miembro a cuya legislación estuvo sujeta la persona en último lugar, indicando la fecha en la que comience a aplicarse esa legislación.Artículo 21Obligaciones del empleador1. El empleador de un trabajador deberá cumplir las obligaciones que imponga la legislación aplicable al trabajador, incluida la de abonar las cotizaciones que esa legislación establezca.2. El empleador que no esté establecido en el Estado miembro cuya legislación sea aplicable, por una parte, y el trabajador por cuenta ajena, por otra, podrán llegar a un acuerdo para que el trabajador cumpla, por cuenta del empleador, las obligaciones de este referentes al pago de cotizaciones. El empleador deberá comunicar este acuerdo a la institución competente de ese Estado miembro.Título III – Disposiciones particulares aplicables a las distintas categorías de prestacionesCapítulo I – Prestaciones de enfermedad, de maternidad y de paternidad asimiladasArtículo 22Disposiciones generales de aplicación1. Las autoridades competentes velarán por que se informe a las personas aseguradas de los procedimientos y las condiciones de cobertura de los gastos de las prestaciones en especie cuando estas se perciban en el territorio de un Estado miembro distinto del de la institución competente o del lugar de residencia.2. Los artículos 25 y 26 no afectarán a la aplicación de las disposiciones nacionales de un Estado miembro que permitan una cobertura financiera de los gastos de las prestaciones en especie más favorable que la derivada del Reglamento (CE) nº 883/2004 en las situaciones contempladas en el apartado 1.3. Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes, podrán convenir otros procedimientos y normas para la aplicación de los artículos 25, 26 y 27. Sin embargo, los acuerdos celebrados a tal fin no deberán producir efectos desfavorables para las condiciones y los importes de cobertura financiera de las prestaciones en especie de las personas interesadas que resultarían de la aplicación del presente Reglamento. Tales acuerdos se comunicarán a la Comisión administrativa.4. Cuando la legislación nacional supedite el derecho a las prestaciones contempladas en el presente capítulo a la condición de titular de pensión, se tendrá en cuenta exclusivamente la pensión debida por una institución de ese Estado miembro.Artículo 23Régimen aplicable en caso de pluralidad de regímenes en el Estado miembro de residencia o de estanciaSi la legislación del lugar de residencia o de estancia incluye varios regímenes de seguro de enfermedad, maternidad o paternidad, las normas aplicables en virtud del artículo 17, del artículo 19, apartado 1, y de los artículos 20, 22, 24, 26 y 27 del Reglamento (CE) nº 883/2004 serán las de la legislación relativa al régimen general de los trabajadores por cuenta ajena.Artículo 24Residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente1. A los efectos de la aplicación del artículo 17 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la persona asegurada o los miembros de su familia deberán inscribirse en la institución del lugar de residencia presentando un documento que acredite su derecho a las prestaciones en especie con cargo al Estado miembro competente.Este documento será expedido por la institución competente, en su caso, a la vista de los datos facilitados por el empleador. Si la persona asegurada o los miembros de su familia no presentan dicho documento, la institución del lugar de residencia se dirigirá a la institución competente para obtener la información necesaria.2. La institución del lugar de residencia informará a la institución competente de toda inscripción a la que haya procedido con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.3. El presente artículo se aplicará mutatis mutandis a las personas contempladas en los artículos 22, 24, 25 y 26 del Reglamento (CE) nº 883/2004.Artículo 25 Estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competenteA) Procedimiento y alcance del derecho1. A los efectos de la aplicación del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 883/2004, antes de salir del territorio del Estado miembro en que resida, la persona asegurada solicitará a su institución competente que le facilite el documento acreditativo de su derecho a las prestaciones en especie.Los titulares de pensiones o los miembros de su familia contemplados en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 dirigirán su solicitud a la institución del lugar de residencia, la cual, en su caso, la transmitirá a la institución que sufrague los gastos de las prestaciones en especie servidas al titular de pensión en el Estado miembro de residencia.2. Si, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, necesita desde el punto de vista médico prestaciones en especie durante su estancia, la persona asegurada presentará el documento mencionado en el apartado 1 al proveedor de asistencia del Estado miembro de estancia, que le aplicará las disposiciones que le afectarían si estuviera sujeta al régimen previsto en el artículo 23 del presente Reglamento en el Estado miembro de estancia.Si la persona asegurada no dispone de dicho documento, la institución del lugar de estancia se dirigirá a la institución competente para obtener la información necesaria.3. Las prestaciones en especie contempladas en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 serán las que deban facilitarse en el Estado miembro de estancia, según la legislación de este, para que la persona asegurada no se vea obligada a regresar a su lugar de residencia antes de lo previsto a fin de recibir el tratamiento que requiera su estado de salud.4. Los apartados 1 y 3 se aplicarán mutatis mutandis a los miembros de la familia de la persona asegurada.B) Procedimiento y normas de cobertura o reembolso de las prestaciones en especie5. Si ha sufragado efectivamente, en su totalidad o en parte, los costes de las prestaciones en especie percibidas al amparo del artículo 19 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la persona asegurada dirigirá su solicitud de reembolso a la institución del lugar de estancia. Esta le reembolsará directamente el importe de los gastos que corresponda a las prestaciones con arreglo a los límites y las condiciones de la tarifa de su legislación.6. Si el reembolso de estos gastos no se ha solicitado directamente a la institución del lugar de estancia, la institución competente reembolsará a la persona interesada los gastos ocasionados conforme a las tarifas de reembolso aplicadas por la institución del lugar de estancia.La institución del lugar de estancia deberá facilitar las indicaciones necesarias sobre esas tarifas a la institución competente que lo pida.Si la legislación del Estado miembro de estancia no prevé tarifas de reembolso, la institución competente podrá efectuar el reembolso según las tarifas que aplique, sin que sea necesaria la conformidad de la persona asegurada.7. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, párrafo primero, la institución competente podrá proceder al reembolso de los gastos ocasionados según las tarifas de reembolso que aplique, a condición de que la persona asegurada haya dado su conformidad para que le apliquen esta disposición y de que la legislación permita el reembolso de esos gastos.8. Cuando se trate de gastos importantes, la institución competente podrá abonar a la persona asegurada un anticipo adecuado en el momento en que esta le presente la solicitud de reembolso.Artículo 26Cuidados programadosA) Procedimiento de autorización1. Para los titulares de pensiones y los miembros de sus familias distintos de los contemplados en el artículo 27, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución del Estado miembro a la que corresponda asumir los gastos derivados de las prestaciones en especie percibidas en el Estado miembro de residencia se considerará institución competente para conceder la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004.2. A los efectos de la aplicación del artículo 20, apartado 1, y del artículo 27, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando la persona no resida en el territorio del Estado miembro competente, la institución del lugar de residencia solicitará la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 a la institución competente. La institución del lugar de residencia indicará los motivos que la mueven a pedir esa autorización para la persona interesada, en particular los mencionados en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004.A falta de respuesta en quince días naturales a partir de la fecha de envío, se considerará que la autorización ha sido concedida por la institución competente.La institución del lugar de residencia dará la autorización a la persona interesada en nombre de la institución competente.En todo momento del procedimiento de autorización, la institución competente conservará la facultad de someter al interesado a un reconocimiento por un médico elegido por ella en el Estado miembro de estancia o de residencia.3. El procedimiento previsto en el apartado 2 no será aplicable cuando las prestaciones en especie de que se trate sean de carácter vital. En tal caso, la institución del lugar de residencia concederá la autorización previa contemplada en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004 en nombre de la institución competente, que será informada inmediatamente por la institución del Estado del lugar de residencia.La institución competente tendrá que aceptar los diagnósticos y las opciones terapéuticas relativas a la necesidad de una asistencia de carácter vital emitidas por médicos autorizados por la institución del lugar de residencia que expida la autorización.4. La persona interesada transmitirá la autorización a la institución del lugar de estancia. Esta informará a la institución del lugar de residencia de la persona asegurada sobre la evolución de su estado de salud cuando desde el punto de vista médico resulte necesario completar el tratamiento. La institución del lugar de residencia transmitirá inmediatamente esta información a la institución competente.B) Cobertura financiera de las prestaciones en especie en el marco de cuidados programados5. Cuando se conceda una autorización, la institución competente cubrirá los gastos según la tarifa más elevada. Por consiguiente, si las tarifas de la institución del lugar de estancia son inferiores, para esas prestaciones en especie, a las de la institución competente, la persona asegurada podrá pedir a esta que le abone el complemento, dentro del límite de sus tarifas.C) Cobertura de los gastos de viaje y estancia en el contexto de cuidados programados6. En caso de que la institución competente conceda una autorización, quedará garantizada la cobertura financiera de los gastos de viaje y estancia indisociables del tratamiento de la persona según la legislación que aplique la institución competente, para la persona en cuestión y, en caso necesario, para un acompañante.D) Miembros de la familia7. Lo dispuesto en los apartados 1 a 6 se aplicará mutatis mutandis a los miembros de la familia de una persona asegurada.Artículo 27 Prestaciones en metálico relativas a una incapacidad laboral en caso de estancia o residencia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competenteA) Procedimiento que debe seguir la persona asegurada1. Para percibir las prestaciones en metálico relativas a una incapacidad laboral en virtud del artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la persona asegurada deberá pedir al médico del Estado miembro de residencia que haya certificado su estado de salud que cumplimente el documento destinado a acreditar su incapacidad laboral.2. La persona asegurada transmitirá el documento cumplimentado, en los tres días laborables siguientes a la certificación médica:a) a la institución del lugar de residencia, si la persona ejerce en ese lugar una actividad profesional;b) a la institución competente, en los demás casos.3. La transmisión del documento contemplado en los apartados 1 y 2 no dispensará a la persona asegurada de cumplir las obligaciones impuestas por la legislación aplicable, en particular con respecto a su empleador.4. Cuando la persona asegurada reanude su trabajo, lo señalará a la institución competente, que, en su caso, informará a la institución del lugar de residencia.B) Procedimiento que debe seguir la institución del Estado miembro de residencia5. A petición de la institución competente o en los casos previstos en el apartado 2, letra a), la institución del lugar de residencia dispondrá, de ser necesario, un reconocimiento médico de la persona asegurada, como si estuviese asegurada a su amparo. La institución del lugar de residencia remitirá a la institución competente, en los tres días laborables siguientes a la fecha del reconocimiento, los datos del informe del médico que lo haya efectuado, que indicarán la duración probable de la incapacidad laboral.6. La institución del lugar de residencia procederá posteriormente, en caso necesario, al control administrativo o médico de la persona asegurada, como si estuviera asegurada a su amparo. Tan pronto compruebe que el interesado puede reanudar el trabajo, lo comunicará sin demora a la institución competente, indicando la fecha en la que finalice la incapacidad laboral. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 10, la notificación dirigida al interesado tendrá el valor de una decisión adoptada en nombre de la institución competente.7. Cuando la institución competente lo solicite, la institución del lugar de residencia deberá proceder a un reconocimiento de la persona asegurada por un médico elegido por la institución competente.C) Procedimiento que debe seguir la institución competente8. La institución competente abonará las prestaciones en metálico directamente a la persona interesada y lo pondrá en conocimiento de la institución del lugar de residencia. No obstante, si la institución del lugar de residencia abona las prestaciones en metálico por cuenta de la institución competente, esta informará al interesado de sus derechos. Asimismo, comunicará a la institución del lugar de residencia el importe de las prestaciones en metálico, las fechas en las que deban abonarse y la duración máxima de su concesión, conforme a lo dispuesto en la legislación del Estado competente.9. A los efectos de la aplicación del artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, las indicaciones del certificado de incapacidad laboral expedido a una persona asegurada en otro Estado miembro sobre la base del diagnóstico del médico que le asista podrán hacerse valer ante la institución competente, a no ser que exista un comportamiento abusivo.10. Si la institución competente decide denegar las prestaciones en metálico por no haberse sometido la persona asegurada a las formalidades previstas en la legislación del Estado miembro de residencia, o comprueba por un médico de su elección que la persona asegurada puede reanudar el trabajo, le notificará su decisión y, simultáneamente, la pondrá en conocimiento de la institución del lugar de residencia.D) Procedimiento en caso de estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente11. Las disposiciones de los apartados 1 a 10 se aplicarán mutatis mutandis cuando la persona asegurada se encuentre en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente.Artículo 28Aplicación del artículo 28 del Reglamento (CE) nº 883/20041. El artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicará asimismo a los beneficiarios de una pensión de invalidez. Por «continuación del tratamiento» se entenderá el seguimiento de la enfermedad hasta que finalice.2. Por «tratamiento» se entenderá toda prestación médica efectuada con el fin de proteger, mantener o restablecer la salud de las personas.3. El artículo 28, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicará mutatis mutandis al trabajador fronterizo en situación de desempleo total, así como a los miembros de su familia, cuando el Estado miembro competente no figure en la lista del anexo III del Reglamento (CE) nº 883/2004.Artículo 29Cotizaciones de los titulares de pensiones1. Cuando la institución contemplada en el artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 tenga en cuenta, en aplicación del artículo 5 del mismo Reglamento, las pensiones o rentas adquiridas en virtud de la legislación de uno o más Estados miembros diferentes, sólo tomará en consideración para determinar la base de cálculo de las cotizaciones los importes de las pensiones o rentas efectivamente pagadas a la persona interesada.2. El importe de las cotizaciones retenidas sobre las pensiones o rentas en cuestión no podrá superar en ningún caso el importe que debería cotizar una persona con los mismos ingresos obtenidos en el Estado miembro contemplado en el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 883/2004.Artículo 30Aplicación del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 883/20041. A los efectos de la aplicación del artículo 34 del Reglamento (CE) nº 883/2004, las prestaciones para cuidados de larga duración no se considerarán tratamientos con arreglo a la definición del artículo 28, apartado 2, del presente Reglamento, sino cuidados de mantenimiento o de ayuda para la vida cotidiana de la persona interesada, en función de su grado de autonomía.2. La institución del lugar de residencia informará a la persona interesada de la existencia de una norma de no acumulación y de las condiciones en que se aplique a las prestaciones para los cuidados de larga duración de que se trate. No obstante, la aplicación de estas normas deberá garantizar a la persona que no resida en el territorio del Estado miembro competente el derecho a un importe de la prestación al menos igual al que podría percibir si residiera en ese Estado miembro.3. En su caso, la Comisión administrativa adoptará las medidas de aplicación del presente artículo.Artículo 31Medidas particulares de aplicación1. Las disposiciones del título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 relativas a las prestaciones en especie no se aplicarán a las personas que tengan derecho a prestaciones en especie exclusivamente en virtud de un régimen especial aplicable a los funcionarios de un Estado miembro mencionado en el anexo 2 del presente Reglamento.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el artículo 23 del Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicará a toda persona que perciba al mismo tiempo una pensión en virtud de un régimen aplicable a los funcionarios de un Estado miembro mencionado en el anexo 2 y una pensión en virtud de la legislación de otro Estado miembro.3. La Comisión administrativa adoptará las medidas de aplicación práctica de los apartados 1 y 2.Capítulo II – Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionalesArtículo 32 Derecho a las prestaciones en especie y en metálico en caso de residencia o estancia en un Estado miembro distinto del Estado miembro competenteA los efectos de la aplicación del artículo 36, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, se aplicarán mutatis mutandis los procedimientos definidos en los artículos 24 a 27 del presente Reglamento .Artículo 33Cuidados programadosLa institución competente no podrá denegar la autorización prevista en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 a un trabajador por cuenta ajena o propia víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional que disfrute de las prestaciones a cargo de esa institución cuando el tratamiento oportuno para su estado no pueda serle dispensado en el Estado miembro en el que reside en un plazo justificable desde el punto de vista médico, habida cuenta de su estado de salud en ese momento y de la evolución probable de la enfermedad.Artículo 34Cooperación entre instituciones en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente1. Cuando un accidente de trabajo ocurra o cuando una enfermedad profesional sea diagnosticada por primera vez en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro competente, la declaración del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional deberá efectuarse con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente, sin perjuicio, en su caso, de las disposiciones legales vigentes en el territorio del Estado miembro donde haya ocurrido el accidente de trabajo o donde haya sido diagnosticada por primera vez la enfermedad profesional, que seguirán siendo aplicables en tal caso. Esta declaración se remitirá a la institución competente y una copia de la misma será enviada a la institución del lugar de residencia o de estancia.2. La institución del Estado miembro en cuyo territorio haya ocurrido el accidente de trabajo o haya sido diagnosticada por primera vez la enfermedad profesional comunicará a la institución competente los certificados médicos expedidos en dicho territorio y, a solicitud de ésta, le facilitará todos los datos oportunos.3. Cuando, en caso de accidente ocurrido durante el desplazamiento dentro del territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, proceda realizar una investigación en el territorio del primer Estado miembro, la institución competente podrá designar a tal efecto un investigador, informando de ello a las autoridades de este Estado miembro. Estas autoridades prestarán su colaboración al investigador y, en particular, designarán a una persona para asistirle en la consulta de los atestados y demás documentos relacionados con el accidente.4. Al término del tratamiento, se remitirá a la institución competente un informe detallado, acompañado de los oportunos certificados médicos sobre las consecuencias permanentes del accidente o de la enfermedad y, en particular, sobre el estado actual de la víctima así como sobre la curación o la consolidación de las lesiones. La institución del lugar de residencia o la del lugar de estancia, según el caso, pagarán los honorarios correspondientes, con arreglo a las tarifas que apliquen y con cargo a la institución competente.5. A solicitud de la institución del lugar de residencia o de la institución del lugar de estancia, según el caso, la institución competente le notificará la decisión que determine la fecha de la curación o de la consolidación de las lesiones, así como, en su caso, la decisión de conceder una renta.Artículo 35 Impugnación del carácter profesional del accidente o de la enfermedad1. En los casos mencionados en el artículo 36, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando la institución competente entienda que no procede aplicar la legislación sobre accidentes de trabajo o sobre enfermedades profesionales, lo comunicará inmediatamente a la institución del lugar de residencia o del lugar de estancia que haya servido las prestaciones en especie, que pasarán a ser consideradas, en tal supuesto, correspondientes al seguro de enfermedad2. Tan pronto como tome una decisión definitiva al respecto, la institución competente la comunicará inmediatamente a la institución del lugar de residencia o a la institución del lugar de estancia que haya servido las prestaciones en especie. Esta seguirá sirviendo las prestaciones en especie en virtud del seguro de enfermedad, si el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia tiene derecho a ellas, y en el supuesto de que se no se trate de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. En el caso contrario, las prestaciones en especie de que haya disfrutado el interesado en virtud del seguro de enfermedad pasarán a ser consideradas, desde la primera certificación médica del accidente o la enfermedad, prestaciones por accidente de trabajo o por enfermedad profesional.Artículo 36 Procedimiento en caso de exposición al riesgo de enfermedad profesional en varios Estados miembros1. En el supuesto a que se refiere el artículo 38 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la declaración de la enfermedad profesional se remitirá bien a la institución competente en materia de enfermedad profesional del Estado bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en último lugar una actividad susceptible de provocar la enfermedad de que se trate, bien a la institución del lugar de residencia, que trasmitirá la declaración a la mencionada institución competente.Si esta institución constata que el interesado ha ejercido en último lugar, bajo la legislación de otro Estado miembro, una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional, transmitirá la declaración y los documentos que la acompañen a la institución correspondiente de ese Estado miembro.2. Cuando la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en último lugar una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional constate que la víctima o sus supérstites no cumplen las condiciones exigidas por dicha legislación, dicha institución transmitirá sin demora a la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido antes la víctima una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional la declaración con todos los documentos que la acompañen, incluidos los diagnósticos y los informes de los reconocimientos médicos que haya realizado la primera institución, así como una copia de la decisión a que se refiere el párrafo segundo.Al mismo tiempo, notificará su decisión a la persona asegurada, indicándole los motivos en que se funda la denegación de las prestaciones, las vías y plazos de recurso y la fecha en que se haya transmitido el expediente a la institución del Estado miembro bajo cuya legislación ejerció la persona asegurada anteriormente una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional de que se trate.3. En caso necesario, según el mismo procedimiento, se podrá llegar hasta la institución correspondiente del Estado miembro bajo cuya legislación haya ejercido la víctima en primer lugar una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional.Artículo 37 Intercambio de información entre instituciones y pago de anticipos en caso de recurso contra una decisión denegatoria1. En caso de recurso contra una decisión denegatoria adoptada por la institución de uno de los Estados miembros bajo cuya legislación haya ejercido la víctima una actividad susceptible de originar la enfermedad profesional, esta institución deberá informar de ello a la institución a la que haya sido transmitida la declaración, según el procedimiento previsto en el artículo 36, apartado 2, y notificarle, ulteriormente, la decisión definitiva que se adopte.2. Si existe un derecho a las prestaciones en virtud de la legislación aplicada por la institución a la que se haya transmitido la declaración, esta institución abonará anticipos cuya cuantía será determinada, en su caso, previa consulta a la institución contra cuya decisión haya sido interpuesto recurso. Esta última institución reembolsará el importe de los anticipos pagados si, como consecuencia del recurso, resulta obligada a abonar las prestaciones. Esta cuantía será entonces deducida del importe de las prestaciones debidas al interesado, con arreglo al procedimiento que se establece en el artículo 71.Artículo 38 Agravación de una enfermedad profesionalEn los casos contemplados en el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 883/2004, el solicitante deberá facilitar a la institución del Estado miembro ante la que haga valer derechos a prestaciones todos los datos relativos a las prestaciones que le hayan sido concedidas anteriormente por la enfermedad profesional de que se trate. Esta institución podrá dirigirse a cualquier otra institución que haya sido competente con anterioridad para obtener los datos que estime necesarios.Artículo 39Apreciación del grado de incapacidad en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional sobrevenidos anterior o posteriormente1. A los efectos de la aplicación del artículo 40, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando una incapacidad laboral anterior o posterior haya sido provocada por un accidente ocurrido mientras el interesado se hallaba sometido a la legislación de un Estado miembro que no distinga según el origen de la incapacidad laboral, la institución competente en relación con la incapacidad laboral anterior o posterior o el organismo designado por la autoridad competente del Estado miembro en cuestión deberán facilitar, a solicitud de la institución competente de otro Estado miembro, información sobre el grado de incapacidad laboral anterior o posterior, así como, en lo posible, datos que permitan determinar si tal incapacidad se debe a un accidente de trabajo, según la definición de la legislación que aplique la institución del segundo Estado miembro.En tal caso, la institución competente tendrá en cuenta el grado de incapacidad originado por esos casos anteriores o posteriores, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique, a la hora de reconocer el derecho y determinar la cuantía de las prestaciones.Artículo 40Presentación y tramitación de las solicitudes de rentas o de asignaciones suplementarias1. Para percibir una renta o una asignación suplementaria con arreglo a la legislación de un Estado miembro cuando residan en el territorio de otro Estado miembro, el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia o sus supérstites habrán de presentar una solicitud a la institución competente o a la institución de su lugar de residencia, que la transmitirá a la institución competente. La solicitud deberá ir acompañada de los justificantes requeridos y redactarse conforme a lo dispuesto en la legislación que aplique la institución competente.2. La institución competente notificará su decisión al solicitante directamente o a través del organismo de enlace del Estado competente y enviará copia de esta decisión al organismo de enlace del Estado miembro en cuyo territorio resida el solicitante.Artículo 41 Medidas particulares de aplicaciónLas disposiciones del título III, capítulo 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004 relativas a las prestaciones en especie no se aplicarán a las personas que tengan derecho a prestaciones en especie exclusivamente en virtud de un régimen especial aplicable a los funcionarios de un Estado miembro mencionado en el anexo 2 del presente Reglamento.Capítulo III – Subsidios de defunciónArtículo 42 Solicitud de subsidios de defunciónA los efectos de la aplicación de los artículos 42 y 43 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la solicitud de subsidios de defunción deberá dirigirse a la institución del lugar de residencia del solicitante.Capítulo IV – Prestaciones de invalidez y pensiones de vejez y de supervivenciaArtículo 43 Cálculo de la prestación1. Para calcular el importe teórico y el importe real de la prestación con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, serán aplicables las normas establecidas en el artículo 12, apartados 3, 4 y 5, del presente Reglamento.2. Cuando determinados períodos de seguro voluntario o facultativo continuado no se hayan computado en virtud del artículo 12, apartado 3, del presente Reglamento, la institución del Estado miembro bajo cuya legislación se hayan cubierto calculará el importe correspondiente a esos períodos con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique. El importe real de la prestación, calculado con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, se aumentará en el importe que corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado.3. La institución de cada Estado miembro calculará, con arreglo a la legislación que aplique, el importe adeudado que corresponda a los períodos de seguro voluntario o facultativo continuado que, en virtud del artículo 53, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) nº 883/2004, no esté sujeto a las cláusulas de supresión, de reducción o de suspensión de otro Estado miembro.Artículo 44Cómputo de los períodos de educación de los hijosSin perjuicio de la competencia del Estado miembro que se determine en virtud de lo dispuesto en el título II del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución del Estado miembro en el que haya residido el beneficiario de la pensión durante el período más largo en los doce meses siguientes al nacimiento del hijo deberá computar los períodos de educación del hijo en otro Estado miembro, siempre que la legislación de otro Estado miembro no sea aplicable a la persona interesada por el ejercicio de un empleo o de una actividad por cuenta propia.Artículo 45Solicitud de prestacionesA) Presentación de la solicitud de prestaciones en virtud del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/20041. Para percibir prestaciones en virtud del artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el solicitante presentará una solicitud a la institución del Estado miembro a cuya legislación estaba sujeto en el momento en que sobrevino la incapacidad laboral seguida de invalidez o la agravación de esta invalidez.2. Si se han concedido prestaciones de enfermedad en metálico, la fecha de expiración del período de concesión de estas prestaciones deberá considerarse, en su caso, la fecha de presentación de la solicitud de pensión.3. En el caso contemplado en el artículo 47, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución a la que haya estado afiliado en último lugar el interesado comunicará a la institución inicialmente deudora de las prestaciones el importe y la fecha de efectos de las prestaciones debidas en virtud de la legislación que aplique. A partir de esa fecha, las prestaciones adeudadas antes de la agravación de la invalidez quedarán suprimidas o serán reducidas hasta la cuantía del complemento previsto en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004.B) Presentación de otras solicitudes de prestaciones4. En las situaciones distintas de la prevista en el artículo 44, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el solicitante presentará una solicitud a la institución de su lugar de residencia, si ha estado sujeto en algún momento a la legislación que esta institución aplique, o a la del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto en último lugar, en los demás casos.5. La fecha de presentación de la solicitud tendrá validez ante todas las instituciones interesadas.6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, si el solicitante no ha indicado en su solicitud todos los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de los demás Estados miembros a pesar de habérsele pedido expresamente que lo haga, la fecha en la que el solicitante complete su solicitud inicial o presente una nueva solicitud se considerará la fecha de presentación de la solicitud para la institución que aplique la legislación en cuestión, salvo que esta legislación contenga disposiciones más favorables.7. Una solicitud de prestaciones dirigida a la institución de un Estado miembro implicará automáticamente la liquidación concomitante de las prestaciones en virtud de las legislaciones de todos los Estados miembros afectados cuyas condiciones cumpla el solicitante.No obstante, esta liquidación concomitante no tendrá lugar en caso de que, con arreglo al artículo 50, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el solicitante haya pedido que se difiera la liquidación de las prestaciones que se habrían adquirido en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros.Artículo 46Documentos e indicaciones que el solicitante debe adjuntar a la solicitud1. El solicitante presentará una solicitud conforme a lo dispuesto en la legislación que aplique la institución mencionada en el artículo 45, apartados 1 y 4, y adjuntará los justificantes necesarios. El solicitante indicará la institución o las instituciones de seguro de invalidez, vejez o muerte (pensiones) de cualquier Estado miembro a las que haya estado afiliada la persona asegurada o, cuando se trate de un trabajador por cuenta ajena, el empleador o los empleadores que le hayan dado ocupación en el territorio de cualquier Estado miembro, presentando los certificados pertinentes que obren en su poder.2. Si, con arreglo a lo previsto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el solicitante pide que se difiera la liquidación de las prestaciones de vejez a que tendría derecho según la legislación de uno o varios Estados miembros, deberá precisar en virtud de qué legislación solicita el aplazamiento de la liquidación de las prestaciones.Artículo 47Tramitación de las solicitudes por las institucionesA) Institución instructora1. Las solicitudes de prestaciones serán tramitadas por la institución a la que hayan sido dirigidas o retransmitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 45, apartados 1 o 4. Esta institución se denominará en lo sucesivo «institución instructora».B) Tramitación de las solicitudes de prestaciones en aplicación del artículo 44 del Reglamento (CE) nº 883/20042. En el caso contemplado en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora transmitirá todos los datos del interesado a la institución a la que este haya estado afiliado anteriormente, la cual a su vez tramitará el expediente.3. Los artículos 48 a 52 no serán aplicables a la tramitación de las solicitudes contempladas en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 883/2004.C) Tramitación de otras solicitudes de prestaciones4. En las situaciones distintas de la prevista en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora transmitirá inmediatamente las solicitudes de prestaciones a todas las instituciones interesadas para que puedan tramitarlas al mismo tiempo y de inmediato. Les comunicará los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación que aplica, adjuntando, en su caso, los certificados que presente el solicitante.5. Cada una de las demás instituciones interesadas comunicará a la institución instructora los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación que aplique. Salvo en el caso previsto en el artículo 46, apartado 2, del presente Reglamento, cada institución le indicará también el importe de la prestación nacional contemplada en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 883/2004, si el derecho a las prestaciones se adquirió teniendo en cuenta únicamente el derecho nacional.6. La institución instructora transmitirá a todas las instituciones interesadas todos los datos que haya obtenido. Sobre la base de estos, cada una de las instituciones interesadas procederá a calcular los importes teórico y real de las prestaciones con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, y comunicará estos importes a la institución instructora.7. Cuando la institución instructora, sobre la base de los datos señalados en el apartado 5, constate que procede aplicar lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, o en el artículo 57, apartados 2 o 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, lo comunicará inmediatamente a las otras instituciones afectadas.8. Para que el solicitante pueda ejercer el derecho al aplazamiento previsto en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora le comunicará todos los datos de que disponga para darle a conocer las consecuencias de la liquidación concomitante de las prestaciones a las que puede aspirar. El solicitante dirigirá cualquier posible solicitud de aplazamiento de liquidación a la institución instructora, que la transmitirá inmediatamente a la institución afectada.Artículo 48Comunicación de las decisiones al solicitante1. Cada una de las instituciones notificará al solicitante, con arreglo a las disposiciones que aplique, la decisión de liquidación que haya adoptado. Todas las decisiones indicarán las vías y los plazos de recurso aplicables. Se transmitirá una copia de cada decisión a la institución instructora. Al recibo de la copia de todas las decisiones, la institución instructora notificará al solicitante, en la lengua de este y conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, una nota recapitulativa de estas decisiones. Asimismo, transmitirá esta nota recapitulativa a las demás instituciones afectadas.2. La nota recapitulativa que haya sido notificada al solicitante con arreglo al artículo 3, apartado 4, deberá considerarse como una nueva decisión susceptible de recurso.Artículo 49Determinación del grado de invalidez1. En caso de que sea aplicable lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora será la única facultada para decidir con respecto al estado de invalidez del solicitante. La institución instructora tomará esta decisión tan pronto como pueda determinar si el solicitante reúne las condiciones que la legislación aplicada por ella exige para tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en los artículos 6 y 51 del Reglamento (CE) nº 883/2004. Notificará sin demora esta decisión a las demás instituciones afectadas.Si no se reúnen las condiciones para adquirir el derecho que fija la legislación que esta institución aplique, salvo las relativas al estado de invalidez, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6 y 51 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora lo comunicará inmediatamente a la institución competente del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el solicitante en último lugar. Esta institución estará facultada para decidir sobre el estado de invalidez del solicitante, siempre que este reúna las condiciones que la legislación aplicada por ella exige para tener derecho a las prestaciones. Notificará sin demora esta decisión a las demás instituciones afectadas.En caso necesario, en las mismas condiciones, se podrá llegar, para la adquisición del derecho, hasta la institución competente en materia de invalidez del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el solicitante en primer lugar.2. En caso de que no sea aplicable lo dispuesto en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, para determinar el grado de invalidez, cada institución estará facultada para disponer que un médico de su elección examine al solicitante. No obstante, la institución de un Estado miembro tomará en consideración los documentos e informes médicos y los datos administrativos recogidos por la institución de cualquier otro Estado miembro como si hubieran sido establecidos en su propio Estado miembro.3. Cuando el examen médico se realice en un Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia del interesado, los gastos de desplazamiento y estancia correspondientes deberán ser sufragados por la institución que disponga el examen médico.Artículo 50Pagos provisionales y anticipos de las prestaciones1. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento, toda institución que, durante la tramitación de una solicitud de prestaciones, compruebe que el solicitante tiene derecho a una prestación nacional en virtud de la legislación que aplica, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 883/2004, pagará inmediatamente esta prestación. Este pago se considerará provisional si el importe concedido puede verse afectado por el resultado del procedimiento de tramitación de la solicitud.2. Si no se puede pagar al solicitante ninguna prestación con carácter provisional en virtud del apartado 1 pero, según los datos recibidos, existe un derecho a las prestaciones con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución instructora le abonará un anticipo recuperable de una cuantía lo más cercana posible a la que probablemente vaya a liquidarse en aplicación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004.3. La institución obligada a abonar prestaciones provisionales en virtud de los apartados 1 o 2 informará de ello inmediatamente al solicitante, advirtiéndole expresamente de que la medida adoptada tiene carácter provisional y de que solo la decisión de liquidación que siga será recurrible.Artículo 51Nuevo cálculo de las prestaciones1. En caso de nuevo cálculo de las prestaciones en aplicación del artículo 48, apartados 3 y 4, del artículo 50, apartado 4, y del artículo 59, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004, será aplicable mutatis mutandis el artículo 50 del presente Reglamento .2. En caso de nuevo cálculo, supresión o suspensión de la prestación, la institución que haya adoptado esta decisión la notificará inmediatamente al interesado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 3, apartados 4 a 7, e informará a todas las instituciones con respecto a las cuales el interesado tenga algún derecho.Artículo 52Medidas destinadas a acelerar la liquidación de las prestaciones1. Cuando pase a ser aplicable a una persona la legislación de un Estado miembro, el organismo designado por la autoridad competente de ese Estado miembro transmitirá al organismo designado del Estado miembro cuya nacionalidad posea la persona todos los datos de identificación de la misma, incluido el número de identificación que le asigne la institución competente en materia de pensiones del primer Estado miembro, así como el nombre de dicha institución competente. Comunicará también a este organismo cualquier otra información que pueda facilitar y acelerar la ulterior liquidación de las pensiones.2. Para la aplicación del apartado 1, los apátridas y los refugiados, así como las personas que nunca hayan estado sujetas a la legislación del Estado miembro cuya nacionalidad poseen, se considerarán nacionales del Estado miembro a cuya legislación hayan estado sujetos en primer lugar.3. Las instituciones afectadas procederán, a instancia del interesado o de la institución a que este se halle afiliado en ese momento, a la reconstrucción de su carrera, a partir, lo más tarde, de la fecha que anteceda en un año a aquella en que el interesado cumplirá la edad preceptiva para tener derecho a la pensión.4. La Comisión administrativa adoptará las normas de aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.Artículo 53Medidas de coordinación en un Estado miembro1. Si la legislación nacional incluye normas para determinar la institución responsable de la liquidación de la pensión, estas normas se aplicarán teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de ese Estado miembro.2. Si la legislación nacional incluye normas de coordinación entre los regímenes especiales aplicables a los funcionarios y el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena, estas normas no se verán afectadas por lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 883/2004 ni en el presente Reglamento.Capítulo V – Prestaciones de desempleoArtículo 54 Cálculo de las prestaciones1. A los efectos de la aplicación del artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución competente del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeta la persona interesada durante su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia comunicará a la institución del lugar de residencia, a solicitud de esta, todos los datos necesarios para calcular las prestaciones de desempleo y, en particular, el importe del salario o de los ingresos profesionales percibidos.2. A los efectos de la aplicación del artículo 62 del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando el trabajador contemplado en el artículo 65, apartado 5, de dicho Reglamento, que no sea un trabajador fronterizo, no haya tenido nunca la condición de trabajador por cuenta ajena sujeto a la legislación del Estado miembro de residencia, las prestaciones de desempleo se calcularán sobre la base del salario usual correspondiente, en ese Estado miembro, a un empleo equivalente o análogo al que haya ejercido en último lugar en el territorio de otro Estado miembro.3. A los efectos de la aplicación del artículo 62 del Reglamento (CE) nº 883/2004 y no obstante lo dispuesto en el artículo 63 del mismo Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones varía según el número de los miembros de la familia tendrá en cuenta también a los miembros de la familia del interesado que residan en otro Estado miembro, como si residiesen en el Estado miembro competente. Esta disposición no se aplicará si, en el Estado miembro de residencia de los miembros de la familia, otra persona tiene derecho a prestaciones de desempleo para cuyo cálculo se toman en consideración esos miembros de la familia.Artículo 55Condiciones y límites para la conservación del derecho a las prestaciones para un desempleado que se desplaza a otro Estado miembro1. Para poder acogerse a lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento (CE) nº 883/2004, el desempleado que se desplace a otro Estado miembro informará a la institución competente antes de su partida y le pedirá un documento que acredite que sigue teniendo derecho a las prestaciones en las condiciones establecidas en el artículo 64, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004.Esta institución le informará de las obligaciones que le afectan y le transmitirá dicho documento, en el que figurarán:a) la fecha en la que el desempleado haya dejado de estar a disposición de los servicios de empleo del Estado competente;b) el plazo concedido, con arreglo al artículo 64, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, para la inscripción como solicitante de empleo en el Estado miembro al que el desempleado se haya desplazado;c) el período máximo durante el cual puede conservarse el derecho a las prestaciones, con arreglo al artículo 64, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 883/2004;d) los hechos que puedan modificar el derecho a las prestaciones.2. El desempleado se inscribirá como solicitante de empleo en los servicios de empleo del Estado miembro al que se desplace con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, y transmitirá a la institución de este Estado miembro el documento mencionado en el apartado 1. En su defecto, la institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado se dirigirá a la institución competente para obtener la información necesaria.3. Los servicios de empleo del Estado miembro al que el desempleado se haya desplazado para buscar un empleo le informarán de sus obligaciones.4. La institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado comunicará inmediatamente a la institución competente la fecha de inscripción del desempleado en los servicios de empleo y su nuevo domicilio.Durante el período en el que el desempleado tenga derecho a conservar las prestaciones, esa institución transmitirá cada mes a la institución competente la información pertinente sobre la evolución de la situación del desempleado y, en particular, le indicará si sigue inscrito en los servicios de empleo y si se atiene a los procedimientos de control organizados.5. La institución del lugar al que se haya desplazado el desempleado ejercerá su control sobre él directa o indirectamente como si se tratase de un desempleado beneficiario de prestaciones concedidas en virtud de la legislación aplicada por ella. Tan pronto como tenga conocimiento de que se ha producido alguno de los hechos a que se refiere el apartado 1, letra d), dicha institución lo comunicará a la institución competente.6. Las autoridades competentes o las instituciones competentes de dos o más Estados miembros podrán definir en común un conjunto de medidas destinadas a favorecer la búsqueda de empleo de los desempleados que se desplazan a uno de estos Estados miembros en virtud del artículo 64 del Reglamento (CE) nº 883/2004.Artículo 56Personas desempleadas que residen en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente1. Cuando, de conformidad con el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el desempleado decida inscribirse como solicitante de empleo al mismo tiempo en el Estado miembro de residencia y en el Estado miembro en el que ha ejercido su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, informará de ello prioritariamente a la institución y a los servicios de empleo de su lugar de residencia.A petición de los servicios de empleo del Estado miembro en el que haya ejercido su última actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, los servicios de empleo del lugar de residencia transmitirán los datos pertinentes relativos a la inscripción y a la búsqueda de empleo por el desempleado.2. Cuando el derecho a las prestaciones esté vinculado al cumplimiento de determinadas obligaciones por el desempleado en virtud de la legislación del Estado miembro de residencia, se tendrán en cuenta los posibles compromisos del desempleado respecto a los servicios de empleo del otro Estado miembro. El desempleado deberá comunicar a la institución de su lugar residencia el calendario y la naturaleza de estos compromisos.3. A los efectos de la aplicación del artículo 65, apartado 5, letra b), del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el trabajador en último lugar indicará a la institución del lugar residencia, a petición de esta, si el trabajador tiene derecho a las prestaciones en virtud del artículo 64 del Reglamento (CE) nº 883/2004.Capítulo VI – Prestaciones familiaresArtículo 57 Normas de prioridad en caso de acumulaciónA los efectos de la aplicación del artículo 68, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuando la residencia de los hijos no permita determinar el orden de prioridad, cada Estado miembro interesado calculará el importe de las prestaciones incluyendo a los hijos que no residan en su territorio. La institución competente del Estado miembro cuya legislación disponga el importe de las prestaciones más elevado concederá este importe íntegro. La institución competente del otro Estado miembro le reembolsará la mitad de dicho importe, dentro del límite del importe previsto por la legislación de este último Estado miembro.Artículo 58 Normas aplicables cuando la persona esté sujeta sucesivamente a la legislación de varios Estados miembros durante un mismo período o una parte de período1 Si una persona a Estado sujeta sucesivamente a la legislación de dos Estados miembros durante un mes civil, sean cuales sean los plazos para el pago de las prestaciones familiares que establezca la legislación de estos Estados miembros, la institución que haya abonado las prestaciones familiares en aplicación de la primera legislación aplicada durante el período considerado asumirá este pago hasta el final del mes en curso.2 Esta institución comunicará a la institución del otro Estado miembro la fecha en la que deje de pagar las prestaciones familiares en cuestión.Artículo 59Procedimiento para la aplicación de los artículos 67 y 68 del Reglamento (CE) nº 883/20041. La solicitud de concesión de prestaciones familiares se dirigirá prioritariamente:a) a la institución del Estado miembro de empleo, cuando exista un derecho a las prestaciones en virtud de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia y el cónyuge del solicitante no tenga derecho a las prestaciones en virtud de una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en otro Estado miembro;b) en los demás casos, a la institución del lugar de residencia de los hijos o, si estos residen en diferentes Estados miembros, a la institución de uno de sus lugares de residencia.2. La institución destinataria con arreglo al apartado 1 examinará la solicitud teniendo en cuenta los datos detallados facilitados por el solicitante y adoptará, cuando sea necesario, una decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables habida cuenta de todos los elementos de hecho y de Derecho que caractericen la situación de la familia del solicitante. Informará de ello al solicitante y le abonará provisionalmente las prestaciones establecidas por la legislación que aplique.3. La decisión provisional sobre las normas de prioridad aplicables se dirigirá a cada una de las instituciones del otro Estado miembro o de los otros Estados miembros cuya legislación dé, en su caso, derecho a las prestaciones. Estas instituciones dispondrán de un mes a partir de la fecha de envío de la decisión provisional para impugnarla o pedir datos complementarios.Una vez expirado ese plazo, la decisión de la institución destinataria con arreglo al apartado 1 podrá hacerse valer ante las instituciones afectadas. Sobre esta base, cada una de estas instituciones efectuará un cálculo del importe de las prestaciones adeudadas al beneficiario y lo comunicará a la institución destinataria con la mayor brevedad.4. La institución destinataria con arreglo al apartado 1 dirigirá al solicitante la decisión relativa al orden de prioridad para la concesión de las prestaciones acompañada del cálculo de estas efectuado por las instituciones afectadas.5. La institución que haya abonado prestaciones con carácter provisional por un importe superior al que finalmente le corresponda se dirigirá a la institución prioritaria para recuperar la diferencia según el procedimiento que se establece en el artículo 71.Artículo 60Procedimiento para la aplicación del artículo 69 del Reglamento (CE) nº 883/2004Para la aplicación del artículo 69 del Reglamento (CE) nº 883/2004, si la institución competente comprueba que no existe un derecho en virtud de lo dispuesto por la legislación que aplica, transmitirá inmediatamente la solicitud, acompañada de todos los documentos y datos necesarios, a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya Estado sujeta por más tiempo la persona interesada. En caso necesario, en las mismas condiciones, se podrá llegar hasta la institución del Estado miembro bajo cuya legislación haya cubierto el interesado el más corto de sus períodos de seguro o de residencia.Título IV – Disposiciones financierasCapítulo I – Reembolso de las prestaciones en aplicación del artículo 35, apartado 1, y del artículo 41, del Reglamento (CE) nº 883/2004Sección 1 – Reembolso de las prestaciones sobre la base de los gastos realesArtículo 61 Principios1. A los efectos de la aplicación del artículo 35, apartado 1, y del artículo 41 del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución competente reembolsará el importe real de las prestaciones en especie servidas a la institución que las haya facilitado, conforme a lo que figure en la contabilidad de esta última institución, salvo en caso de aplicación del artículo 62 del presente Reglamento.2. A los efectos de la aplicación del apartado 1, se considerará institución competente la institución del lugar de residencia de los miembros de la familia que no residan en el mismo Estado miembro que la persona asegurada, en los casos previstos en el artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 883/2004, y la institución del lugar de residencia del pensionista y de los miembros de su familia, en los casos contemplados en el artículo 27, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 883/2004.3. Cuando la cuantía real de las prestaciones a que se refiere el apartado 1 no se refleje, en parte o en su totalidad, en la contabilidad de la institución que las ha abonado, la cuantía que habrá de reembolsarse se determinará sobre la base de un tanto alzado establecido a partir de todas las referencias pertinentes obtenidas de los datos disponibles. La Comisión administrativa evaluará los elementos que han de servir para calcular el tanto alzado y fijará su cuantía.4. No se podrán utilizar para estos reembolsos tarifas superiores a las que sean aplicables a las prestaciones en especie servidas a las personas aseguradas sujetas a la legislación aplicada por la institución que haya servido las prestaciones a que se refiere el apartado 1.5. Lo dispuesto en el apartado 1 será aplicable mutatis mutandis al reembolso de las prestaciones en metálico abonadas con arreglo al artículo 27, apartado 8, segunda frase.Sección 2 – Reembolso a tanto alzado de las prestacionesArtículo 62 Identificación de los Estados miembros afectados1. Los Estados miembros contemplados en el artículo 35, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004, cuyas estructuras jurídicas o administrativas no hacen adecuada la práctica del reembolso basado en el gasto real se indican en el anexo 3 del presente Reglamento.2. Un Estado miembro podrá renunciar a aplicar el método del reembolso a tanto alzado siempre que esta renuncia empiece a surtir efectos al comienzo de un año civil. En tal caso, el Estado miembro estará obligado a informar a la Comisión administrativa del cambio a más tardar al final del mes de junio del año anterior a aquel en cuyo curso el cambio deba tener efectos.3. Para los Estados miembros enumerados en el anexo 3 del presente Reglamento, el importe de las prestaciones en especie servidas a los miembros de la familia que no residan en el mismo Estado miembro que la persona asegurada, en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) nº 883/2004, y a los pensionistas y los miembros de sus familias, en virtud del artículo 22, del artículo 24, apartado 1, y de los artículos 25 y 26, del Reglamento (CE) nº 883/2004, será reembolsado por las instituciones competentes a las instituciones que hayan servido las prestaciones con arreglo a un tanto alzado establecido para cada año civil. La cuantía de ese tanto alzado deberá ser lo más próxima posible a los gastos reales.Artículo 63Método de cálculo de los importes a tanto alzado1. Para cada Estado miembro deudor, el tanto alzado para un año civil será igual a la suma de los productos obtenidos multiplicando el coste anual medio por persona según distintas categorías de edad por el número de personas que deban tenerse en cuenta en cada categoría de edad, y aplicando al resultado una reducción.TANTO ALZADO = | [pic] |Significado de los símbolos utilizados en esta fórmula:- El índice de suma i (valores i = 1, 2 y 3) representa las tres categorías de edad consideradas para el cálculo del tanto alzado:i = 1: personas menores de 20 añosi = 2: personas de edades comprendidas entre 20 y 64 añosi = 3: personas de 65 años o más.- El coeficiente X (número comprendido entre 0 y 1) representa la reducción considerada, con arreglo a la definición del apartado 4.- Yi representa el coste medio anual de las personas de la categoría de edad i, según la definición del apartado 2.- Zi representa el número medio de personas de la categoría de edad i que ha de considerarse, con arreglo a la definición del apartado 3.2. El coste medio anual por persona (Yi) en la categoría de edad i se obtendrá dividiendo los gastos anuales correspondientes al total de las prestaciones en especie servidas por las instituciones del Estado miembro acreedor a todas las personas de la categoría de edad en cuestión sujetas a su legislación y residentes en su territorio por el número medio anual de personas de esa categoría de edad. En este cálculo se incluirán los gastos al amparo del régimen contemplado en el artículo 23.3. Para cada Estado miembro deudor, el número medio de personas (Zi) de la categoría de edad i será igual al número de personas sujetas a la legislación de ese Estado miembro y que puedan acogerse por cuenta de este a las prestaciones en especie del Estado miembro acreedor.El número de personas que deban tenerse en cuenta se determinará a partir de un inventario llevado a tal efecto por la institución del lugar de residencia, sobre la base de los justificantes de los derechos de los interesados facilitados por la institución competente.4. La reducción que se aplicará al tanto alzado será, en principio, del 15 % (X = 0,15). Esta reducción será del 20 % (X = 0,20) cuando el Estado miembro competente figure en el anexo IV del Reglamento (CE) nº 883/2004.5. La Comisión administrativa establecerá los métodos y las normas para determinar los elementos de cálculo del tanto alzado a que se refieren los apartados anteriores.Artículo 64Notificación de los costes medios anualesEl coste medio anual por persona de cada categoría de edad correspondiente a un año determinado se comunicará a la Comisión de cuentas a más tardar el 30 de junio del segundo año siguiente al año en cuestión. De no transmitirse en este plazo, se tomará el coste medio anual por persona del año anterior.Los costes medios anuales se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.Sección 3 – Disposiciones comunesArtículo 65 Procedimiento de reembolso entre institucionesLos reembolsos previstos en los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) nº 883/2004 entre las instituciones de los Estados miembros se efectuarán a través del organismo de enlace.Artículo 66Plazos de presentación y pago de los créditos1. Los créditos establecidos a partir de los gastos reales deberán presentarse a más tardar seis meses después de que finalice el semestre civil durante el cual se hayan servido las prestaciones.2. Los créditos establecidos a tanto alzado para un año civil deberán presentarse en los seis meses siguientes al mes durante cual se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea los costes medios de ese año.3. Los créditos presentados con posterioridad a los plazos indicados en los apartados 1 y 2 no se tomarán en consideración.4. Los créditos serán comprobados y pagados por la institución deudora antes de que finalice un período de seis meses sucesivo al final del semestre civil durante cual hayan sido presentados. En su caso, la institución deudora comunicará a la institución acreedora, antes de que finalicen estos seis meses, su decisión de rechazar determinados gastos.5. Las impugnaciones sobre la naturaleza y el importe de un crédito deberán resolverse a más tardar un año después de que finalice el semestre civil durante el cual haya sido presentado el crédito. Una vez transcurrido este plazo, el crédito en cuestión se considerará pagadero.Artículo 67Intereses de demora1. Desde el final del período de seis meses mencionado en el artículo 66, apartado 4, se aplicará un interés a los créditos no pagados. Este interés se calculará sobre la base del tipo de referencia aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación. Se aplicará el tipo de referencia vigente el primer día natural del mes de vencimiento del pago. Este tipo se incrementará en dos puntos porcentuales a partir del final del período de un año mencionado en el artículo 66, apartado 5.2. La Comisión administrativa fijará el método y la base para el cálculo de los intereses.Artículo 68Cierre de la contabilidad anual1. La Comisión administrativa determinará la situación de los créditos para cada año civil, con arreglo al artículo 72, letra g) del Reglamento (CE) nº 883/2004, sobre la base del informe de la Comisión de cuentas. Para ello, los organismos de enlace notificarán a la Comisión de cuentas, en los plazos y conforme a las normas que esta fije, el importe de los créditos presentados, liquidados o impugnados (por parte de los acreedores) y el de los créditos recibidos, pagados o impugnados (por parte de los deudores).2. La Comisión administrativa podrá proceder a cualquier clase de comprobación de utilidad para controlar los datos estadísticos y contables que sirvan para determinar la situación anual de los créditos prevista en el apartado 1, a fin de cerciorarse, entre otras cosas, de la conformidad de esos datos con las normas fijadas en el presente título.Capítulo II – Reembolso de las prestaciones de desempleo en aplicación del artículo 65 del Reglamento (CE) nº 883/2004Artículo 69 Reembolso de las prestaciones de desempleoDe no producirse el acuerdo previsto en el artículo 65, apartado 8, del Reglamento (CE) nº 883/2004, la institución del lugar de residencia dirigirá a la institución del Estado miembro a cuya legislación haya estado sujeto el beneficiario en último lugar la solicitud de reembolso de las prestaciones de desempleo con arreglo al artículo 65, apartados 6 y 7, del Reglamento (CE) nº 883/2004, en un plazo de seis meses a partir del último pago de las prestaciones de desempleo cuyo reembolso se solicite. La solicitud indicará la cuantía de las prestaciones abonadas durante los períodos de tres o cinco meses contemplados en el artículo 65, apartados 6 o 7, del Reglamento (CE) nº 883/2004, el período por el que se pagaron estas prestaciones y los datos de identificación del desempleado.Cuando estas cantidades sean objeto de discusión entre las instituciones afectadas, serán aplicables, mutatis mutandis, las disposiciones del artículo 66, apartados 4 y 5, del presente Reglamento.Capítulo III – Restitución de prestaciones percibidas en exceso, recuperación de pagos provisionales, compensación y asistencia en materia de cobroSección 1 – PrincipiosArtículo 701. A los efectos de la aplicación del artículo 84 del Reglamento (CE) nº 883/2004 y en el marco que este define, el cobro de los créditos se efectuará, siempre que sea posible, mediante compensación, tanto entre las instituciones acreedoras, en adelante denominadas «entidades requirentes» y las instituciones deudoras, denominadas «entidades requeridas», como con respecto a la persona asegurada, con arreglo a lo que disponen los artículos 71 y 72 del presente Reglamento.Cuando el crédito no haya podido cobrarse, en todo o en parte, mediante la compensación mencionada en el párrafo primero, los importes que quede a deber el beneficiario se cobrarán en virtud de los artículos 73 a 82.2. El organismo de enlace deberá considerarse la entidad requerida para las solicitudes que se le dirijan.Sección 2 – CompensaciónArtículo 71 Prestaciones en metálico indebidas o percibidas en exceso1. Si ha pagado a un beneficiario de prestaciones una cantidad superior a la debida, la institución de un Estado miembro, en las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación que aplique, pedirá a la institución de cualquier otro Estado miembro que deba prestaciones al mismo beneficiario la retención, sobre las sumas pagaderas a este, de la cantidad pagada en exceso. Esta última institución practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique, como si se tratase de una cantidad pagada en exceso por ella misma, y transferirá la cantidad retenida a la institución acreedora.2. A efectos de la aplicación del artículo 6, a más tardar dos meses después de que se haya determinado la legislación aplicable o la institución responsable del pago de las prestaciones, la institución que haya pagado prestaciones en metálico con carácter provisional efectuará un cálculo del importe que le debe la institución competente. Cuando el beneficiario o su empleador hayan pagado cotizaciones con carácter provisional, estas cantidades se tendrán en cuenta para establecer ese importe.La institución competente que deba prestaciones al beneficiario retendrá de los importes adeudados al interesado la suma correspondiente al pago provisional. La institución deudora practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique y transferirá inmediatamente la cantidad retenida al organismo acreedor.3. Cuando una persona asegurada haya recibido asistencia social en un Estado miembro dentro de un período durante el cual tenía derecho a prestaciones con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, el organismo que le haya prestado la asistencia podrá, si tiene títulos legalmente admisibles sobre las prestaciones debidas a la persona asistida, pedir a la institución de cualquier otro Estado miembro que deba prestaciones a dicha persona la retención, sobre las sumas que abone a la misma, de la cantidad gastada en la asistencia.Esta disposición se aplicará, mutatis mutandis, al miembro de la familia de una persona asegurada que haya recibido asistencia en el territorio de un Estado miembro dentro de un período durante el cual la persona tenía derecho a prestaciones, por ese miembro de su familia, con arreglo a la legislación de otro Estado miembro.La institución acreedora comunicará a la institución deudora el cálculo del importe que se le deba. Esta practicará la retención en las condiciones y dentro de los límites fijados para tales compensaciones en la legislación que aplique y transferirá inmediatamente la cantidad retenida al organismo acreedor.4. En los casos contemplados en los apartados 2 y 3, la institución competente comunicará a la persona asegurada un informe sobre su situación en el que figuren los importes adeudados o percibidos en exceso con arreglo a la legislación que aplique.Artículo 72Cotizaciones indebidas o percibidas en excesoA efectos de la aplicación del artículo 6, la institución que haya percibido cotizaciones con carácter provisional de una persona asegurada o de su empleador solo procederá a reembolsar los importes de que se trate a las personas que los hayan pagado después de haber preguntado a la institución competente los importes que se le deberían en aplicación del artículo 6, apartado 3.Sección 3 – CobroArtículo 73 Solicitudes de información1. A petición de la entidad requirente, la entidad requerida le comunicará los datos que le sean útiles para el cobro de un crédito.Para procurarse esta información, la entidad requerida ejercerá los poderes previstos por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables al cobro de créditos similares originados en su propio Estado miembro.2. En la solicitud de información se indicarán el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso relativa a la persona a la que se refiera la información que se vaya a facilitar, así como la naturaleza y la cuantía del crédito en relación con el cual se hace la solicitud.3. La entidad requerida no estará obligada a transmitir información que no pueda haber obtenido para el cobro de créditos similares originados en su Estado miembro.4. La entidad requerida informará a la entidad requirente de los motivos que se opongan a que la petición de información sea atendida.Artículo 74Notificación1. A petición de la entidad requirente, la entidad requerida procederá a notificar al destinatario, según las normas jurídicas vigentes para la notificación de los actos correspondientes en su propio Estado miembro, todos los actos y decisiones, comprendidos los judiciales, relativos a un crédito o a su cobro, que emanen del Estado miembro de la entidad requirente.2. En la solicitud de información se indicarán el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso relativa al destinatario, la naturaleza y el objeto del acto o la decisión que se vaya a notificar y, cuando proceda, el nombre, la dirección y cualquier otra información a la que la entidad requirente normalmente tenga acceso relativa al deudor y al crédito al que se refieran el acto o la decisión, así como cualquier otra información que pueda ser de utilidad.3. La entidad requerida informará sin demora a la entidad requirente del curso dado a la petición de notificación y, en particular, de la fecha en la que la decisión o el acto se hayan transmitido al destinatario.Artículo 75Petición de cobro1. La petición de cobro de cotizaciones o la petición de restitución de prestaciones indebidas o pagadas en exceso que dirija la entidad requirente a la entidad requerida deberá ir acompañada de un ejemplar oficial o una copia conforme del título que permita su ejecución, emitido en el Estado miembro de la entidad requirente y, en su caso, del original o de una copia conforme de otros documentos necesarios para el cobro.2. La entidad requirente sólo podrá formular una petición de cobro:a) si el crédito o el título que permite su ejecución no son impugnados en el Estado miembro, con excepción de los casos en que se aplique el artículo 78, apartado 2, párrafo segundo;b) cuando haya puesto en práctica, en su Estado miembro, los procedimientos de cobro pertinentes que puedan ejercerse sobre la base del título mencionado en el apartado 1, y las medidas adoptadas no logren el pago íntegro del crédito.3. La petición de cobro indicará:a) el nombre, la dirección y cualquier otra información de utilidad para identificar a la persona interesada o al tercero que posea sus activos;b) cualquier información de utilidad para identificar a la entidad requerida;c) el título que permita su ejecución, emitido en el Estado miembro de la entidad requirente;d) la naturaleza y cuantía del crédito, incluidos el capital principal, los intereses y otras sanciones, multas y gastos debidos, en las monedas de los Estados miembros de ambas entidades;e) la fecha de notificación del título al destinatario por la entidad requirente o la entidad requerida;f) la fecha a partir de la cual y el plazo durante el cual es posible la ejecución según las normas jurídicas vigentes en el Estado miembro de la entidad requirente;g) cualquier otra información de utilidad.4. La petición de cobro contendrá además una declaración de la entidad requirente que confirme que se cumplen los requisitos del apartado 2.5. La entidad requirente comunicará a la entidad requerida, tan pronto como tenga conocimiento de ella, toda la información útil relacionada con el caso que haya motivado la petición de cobro.Artículo 76 Título que permite la ejecución del cobro1. El título que permita la ejecución del cobro del crédito se reconocerá directamente y se tratará automáticamente como un instrumento que permite la ejecución de un crédito de la entidad requerida.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el título que permita la ejecución del cobro podrá, cuando proceda y con arreglo a las disposiciones vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida, ser homologado, reconocido, completado o sustituido por un título que permita su ejecución en el territorio de dicho Estado miembro.Las autoridades competentes procurarán finalizar las formalidades de homologación, reconocimiento, complemento o sustitución en un plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la petición de cobro, excepto en los casos en que sea de aplicación el párrafo tercero. Si el título está correctamente redactado, no podrán negarse a realizar esas formalidades. En caso de que se rebase el plazo de tres meses, la entidad requerida informará a la entidad requirente de los motivos de este rebasamiento.Cuando alguna de estas formalidades dé lugar a la impugnación del crédito o del título que permita la ejecución del cobro expedido por la entidad requirente, será de aplicación el artículo 78.Artículo 77Modalidades y plazos de pago1. El cobro se efectuará en la moneda del Estado miembro de la entidad requerida. La entidad requerida transferirá a la entidad requirente la totalidad de la suma del crédito que haya cobrado.2. La entidad requerida, si lo permiten las disposiciones reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en su Estado miembro y tras haber consultado a la entidad requirente, podrá conceder al deudor un plazo para el pago o autorizar un pago fraccionado. Los intereses percibidos por la autoridad requerida como consecuencia de este aplazamiento del pago se transferirán también a la autoridad requirente.A partir del momento en que el título que permita la ejecución del cobro del crédito haya sido directamente reconocido u homologado, reconocido, completado o sustituido de conformidad con el artículo 76, se cobrarán intereses de demora con arreglo a las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida, que se transferirán asimismo a la entidad requirente.Artículo 78Impugnación del crédito o del título que permita la ejecución del cobro1. Si, durante el procedimiento de cobro, el interesado impugna el crédito o el título que permita la ejecución de su cobro emitido en el Estado miembro de la entidad requirente, entablará su acción ante la instancia competente del Estado miembro de la entidad requirente, con arreglo a las normas jurídicas vigentes en este último. Esta acción deberá ser notificada a la entidad requerida por la entidad requirente. Además, podrá notificarla a la entidad requerida el interesado.2. Tan pronto como haya recibido la notificación a la que se refiere el apartado 1, ya sea de la entidad requirente o del interesado, la entidad requerida suspenderá el procedimiento de ejecución a la espera de la decisión de la instancia competente en la materia, a menos que exista una solicitud en contrario formulada por la entidad requirente de conformidad con el párrafo segundo. Si lo considera necesario, podrá recurrir a medidas cautelares para garantizar el cobro, cuando las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en su Estado miembro lo permitan para créditos similares.No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la entidad requirente podrá, con arreglo a las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en su Estado miembro, pedir a la entidad requerida el cobro de un crédito impugnado, siempre que las leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida lo permitan. Si el resultado de la impugnación resulta favorable al deudor, la entidad requirente deberá reembolsar cualquier importe cobrado, junto con las compensaciones debidas, con arreglo a la legislación vigente en el Estado miembro de la entidad requerida.3. Cuando la impugnación afecte a las medidas de ejecución adoptadas en el Estado miembro de la entidad requerida, la acción se entablará ante la instancia competente de este Estado miembro, con arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias.4. Cuando la instancia ante la que se haya entablado la acción, con arreglo al apartado 1, sea un tribunal judicial o administrativo, la decisión de este tribunal, cuando sea favorable a la entidad requirente y permita el cobro del crédito en el Estado miembro de la entidad requirente, constituirá el «título que permite la ejecución», y el cobro del crédito se efectuará en virtud de esta decisión.Artículo 79Límites de la asistencia1. La entidad requerida no estará obligada:a) a prestar la asistencia que establecen los artículos 73 a 78 si, debido a la situación del deudor, el cobro del crédito puede causar graves dificultades económicas o sociales en su Estado miembro, siempre que las disposiciones legales o reglamentarias y las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida permitan esta medida para créditos nacionales análogos;b) a prestar la asistencia que establecen los artículos 73 a 78, cuando la petición inicial con arreglo a los artículos 73 a 75 se refiera a créditos de más de cinco años, a contar desde el momento en que se haya establecido el título ejecutivo que permita el cobro con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias o a las prácticas administrativas vigentes en el Estado miembro de la entidad requirente, hasta la fecha de la petición. Sin embargo, en caso de que se impugnen el crédito o el título, el plazo empezará a contar a partir del momento en que el Estado requirente determine que el crédito o el título ejecutivo que permita el cobro ya no pueden impugnarse.Artículo 80Medidas cautelaresA solicitud motivada de la entidad requirente, la entidad requerida adoptará medidas cautelares para garantizar el cobro de un crédito cuando así lo permitan las disposiciones legales o reglamentarias vigentes en el Estado miembro de la entidad requerida.Para la aplicación del párrafo primero se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones y los procedimientos contemplados en los artículos 73 a 75 y en el artículo 77.Artículo 81Gastos1. No se reclamarán gastos de ejecución cuando el crédito se cobre por el método de compensación previsto en los artículos 71 y 72.2. La entidad requerida cobrará a la persona interesada, además, todos los gastos derivados del cobro con arreglo a los artículos 73 a 77 y 81, y conservará su importe, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias de su Estado miembro que sean aplicables a créditos análogos.3. Los Estados miembros renunciarán recíprocamente al reintegro de los gastos que resulten de la asistencia mutua que se presten en aplicación de lo establecido en el Reglamento (CE) nº 883/2004 o en el presente Reglamento.4. Para cobros que presenten una dificultad particular y se caractericen por unos gastos muy elevados, las entidades requirentes y las entidades requeridas podrán acordar normas de reembolso específicas para cada caso.5 La autoridad competente del Estado miembro de la entidad requirente deberá sufragar a la autoridad competente del Estado miembro de la entidad requerida todos los gastos realizados y todas las pérdidas sufridas por actuaciones que se reconozcan como injustificadas con respecto a la realidad del crédito o a la validez del título emitido por la entidad requirente.Título V – Disposiciones diversas, transitorias y finalesArtículo 82 Control administrativo y médico1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, cuando un beneficiario de prestaciones contempladas en los capítulos I, II y IV del título III se halle o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde se encuentre la institución deudora, el reconocimiento médico será efectuado, a solicitud de esta institución, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario según las normas establecidas en la legislación que esta última institución aplique. En tal caso, las constataciones hechas por la institución del lugar de estancia o de residencia tendrán validez ante la institución deudora.Si la institución del lugar de estancia o de residencia debe proceder, en virtud del artículo 82 del Reglamento (CE) nº 883/2004, a un reconocimiento médico, lo hará con arreglo a las disposiciones de la legislación que aplique. A falta de estas, pedirá a la institución deudora que le indique las disposiciones a que haya de ajustarse.La institución deudora conservará la facultad de disponer que, a continuación, un médico designado por ella reconozca al beneficiario. No obstante, únicamente se podrá invitar al beneficiario a ir al Estado miembro de la institución deudora a condición de que esté apto para efectuar ese desplazamiento sin perjuicio para su salud y de que la institución deudora sufrague los gastos de viaje y estancia correspondientes.2. Cuando un beneficiario de prestaciones contempladas en los capítulos I, II y IV del título II se halle o resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde se encuentre la institución deudora, el control administrativo será ejercido, a solicitud de esta institución, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario. La institución deudora comunicará a la institución del lugar de estancia o residencia los puntos a los que deberá referirse el control administrativo. De no ser así, la institución del lugar de estancia o residencia efectuará el control según las normas establecidas en su legislación.La institución del lugar de estancia o residencia deberá presentar un informe a la institución deudora que haya solicitado el control.Artículo 83Notificaciones1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los datos de contacto de las entidades contempladas en el artículo 1, letras m), q) y r), del Reglamento (CE) nº 883/2004, y en el artículo 1, letras a) y b), del presente Reglamento, así como de las instituciones designadas previstas en el título II del presente Reglamento.2. Las entidades a que se refiere el apartado 1 deberán disponer de identidad electrónica en forma de un código de identificación y una dirección electrónica.3. La Comisión administrativa establecerá las condiciones, incluidos el formato común y el modelo, de las notificaciones de los datos de contacto referidos en el apartado 1.4. En el anexo 4 del presente Reglamento figura la base de datos accesible al público que recoge la información contemplada en el apartado 1.5. Los Estados miembros actualizarán permanentemente la información prevista en el apartado 1.Artículo 84 Documentos1. La Comisión administrativa establecerá los modelos, formularios y formatos de los documentos necesarios para la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.Las instituciones competentes los pondrán a disposición de las personas cubiertas por el presente Reglamento.2. En sus relaciones mutuas, las autoridades competentes o las instituciones de dos o más Estados miembros podrán llegar a acuerdos sobre documentos simplificados o intercambios de datos simplificados. Tales acuerdos se comunicarán a la Comisión administrativa.Artículo 85Información1. La Comisión administrativa elaborará la información necesaria para dar a conocer a los interesados sus derechos y las formalidades administrativas que han de cumplir para hacerlos valer. Se dará prioridad a la divulgación de información por vía electrónica mediante su puesta en línea en sitios web accesibles al público. La Comisión administrativa se encargará de su actualización periódica.2. El Comité consultivo previsto en el artículo 75 del Reglamento (CE) nº 883/2004 podrá emitir dictámenes y recomendaciones para mejorar la información y su divulgación.3. Los Estados miembros velarán por que se ponga a disposición de las personas cubiertas por el Reglamento (CE) nº 883/2004 la información necesaria para que conozcan los cambios que introducen el Reglamento (CE) nº 883/2004 y el presente Reglamento y puedan hacer valer sus derechos.4. Las autoridades competentes velarán por que sus instituciones estén informadas de todas las disposiciones comunitarias, legislativas o no, incluidas las decisiones de la Comisión administrativa, y las apliquen en los ámbitos y las condiciones del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento.Artículo 86Conversión de monedasPara la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento, el tipo de cambio entre dos monedas será el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.Artículo 87EstadísticasLas autoridades competentes elaborarán estadísticas sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 883/2004 y del presente Reglamento y las transmitirán a la secretaría de la Comisión administrativa. Esos datos serán recopilados y organizados conforme al programa y al método definidos por la Comisión administrativa. La Comisión divulgará esta información.Artículo 88Modificación de los anexosLos anexos 1, 2, 3 y 4 del presente Reglamento y los anexos I, VI, VII, VIII y IX del Reglamento (CE) nº 883/2004 podrán ser modificados mediante un reglamento de la Comisión a petición del Estado miembro o de los Estados miembros interesados o de sus autoridades competentes, previo acuerdo unánime de la Comisión administrativa.Artículo 89Disposiciones transitoriasLas disposiciones del artículo 87 del Reglamento (CE) nº 883/2004 se aplicarán a las situaciones cubiertas por el presente Reglamento.Artículo 90Derogación1. El Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo queda derogado a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.No obstante, el Reglamento (CEE) nº 574/72 seguirá en vigor y se mantendrán sus efectos jurídicos en lo relativo:a) al Reglamento (CE) nº 859/2003 del Consejo, de 14 de mayo de 2003, por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 y del Reglamento (CEE) nº 574/72 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas[8], mientras este Reglamento no sea derogado o modificado;b) al Reglamento (CEE) nº 1661/85 del Consejo, de 13 de junio de 1985, por el que se establecen las adaptaciones técnicas de la normativa comunitaria en materia de seguridad social de los trabajadores migrantes en lo que se refiere a Groenlandia[9], mientras este Reglamento no sea derogado o modificado;c) al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo[10], al Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra[11] y a otros acuerdos que contengan referencias al Reglamento (CEE) nº 574/72, mientras tales acuerdos no sean modificados en función del presente Reglamento.2. Las referencias al Reglamento (CEE) nº 574/72 en la Directiva 98/49/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la protección de los derechos de pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Comunidad[12], se entenderán hechas al presente Reglamento.Artículo 91Disposiciones finalesEl presente Reglamento entrará en vigor a los seis meses del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.Hecho en Bruselas, elPor el Parlamento Europeo Por el ConsejoEl Presidente El PresidenteANEXO 1Disposiciones de aplicación de convenios bilaterales mantenidos en vigor y nuevas disposiciones de aplicación de convenios bilaterales(artículo 8, apartado 1, y artículo 9, apartado 2)ANEXO 2Regímenes especiales aplicables a los funcionarios(artículos 31 y 41)A. Regímenes especiales aplicables a los funcionarios a los que no se aplica lo dispuesto en el título III, capítulo 1, del Reglamento (CE) nº 883/2004 en relación con las prestaciones en especie1. AlemaniaVersorgungssystem für Beamte (régimen del seguro de enfermedad de los funcionarios)2. EspañaMutualismo administrativo (régimen especial aplicable a los funcionarios, las fuerzas armadas y la administración de justicia)B. Regímenes especiales aplicables a los funcionarios a los que no se aplica lo dispuesto en el título III, capítulo 2, del Reglamento (CE) nº 883/2004 en relación con las prestaciones en especie1. AlemaniaUnfallfürsorge für Beamte (régimen del seguro de accidentes de los funcionarios)ANEXO 3Estados miembros que reembolsan a tanto alzado los costes de las prestaciones(artículo 62, apartado 1)ANEXO 4Autoridades e instituciones competentes, instituciones del lugar de residencia y de estancia, puntos de acceso, instituciones y organismos designados por las autoridades competentes(artículo 84, apartado 4) [1] Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004); corrección de errores (DO L 200 de 7.6.2004).[2] DO L 166 de 30.4.2004, p. 1; corrección de errores publicada en el DO L 200 de 7.6.2004, p. 1.[3] DO C de , p. .[4] DO C de , p. .[5] DO C de , p. .[6] DO L 73 de 19.3.1976, p. 18; Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2001/44/CEdel Consejo, de 15 de junio de 2001 (DO L 175 de 28.6.2001, p. 7).[7] DO L 74 de 27.3.1972, p. 1; Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 647/2005 (DO L 28 de 30.1.1997.).[8] DO L 124 de 20.5.2003, p. 1.[9] DO L 160 de 20.6.1985, p. 7.[10] DO L 1 de 31.1.1994, p. 1.[11] DO L 114 de 30.4.2002, p. 6; Acuerdo modificado en último lugar por la Decisión nº 2/2003 del Comité mixto UE-Suiza (DO L 187 de 26.7.2003, p. 55).[12] DO L 209 de 25.7.1998, p. 46.