CELEX: C2003/158/20
Language: es
Date: 2003-07-05 00:00:00
Title: Asunto C-189/03: Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2003 contra el Reino de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades Europeas

5.7.2003                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           C 158/11
Recurso de casación interpuesto el 25 de abril de 2003                    progresiva y degenerativa de su patología. Por otro lado, el
por el Sr. A. Nardone contra la sentencia dictada el 26 de                Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que el
febrero de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de                       recurrente goza en la actualidad del derecho a una pensión de
Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el                       invalidez permanente parcial, que tiene un efecto determinado
asunto T-59/01, promovido por el Sr. A. Nardone contra                    sobre el cálculo de su pensión de jubilación.
           la Comisión de las Comunidades Europeas
                       (Asunto C-181/03 P)
                         (2003/C 158/19)
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 25 de abril de 2003 un recurso de casación                  Recurso interpuesto el 5 de mayo de 2003 contra el Reino
formulado por el Sr. A. Nardone, representado por el                      de los Países Bajos por la Comisión de las Comunidades
Sr. J.R. Iturriagagoitia y la Sra. K. Delvolvé, abogados, contra la                                    Europeas
sentencia dictada el 26 de febrero de 2003 por la Sala Primera
del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
                                                                                                  (Asunto C-189/03)
en el asunto T-59/01, promovido entre el Sr. A. Nardone y la
Comisión de las Comunidades Europeas. La parte recurrente
solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas                                       (2003/C 158/20)
que:
Con carácter principal:
—     Declare el recurso admisible y fundado.                             En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                          presentado el 5 de mayo de 2003 un recurso contra el
—     Anule en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal          Reino de los Países Bajos formulado por la Comisión de las
      de Primera Instancia el 26 de febrero de 2003 en el                 Comunidades Europeas, representada por W. Wils, en calidad
      asunto T-59/01.                                                     de agente.
Con carácter subsidiario:
                                                                          La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—     Anule la decisión explícita de la autoridad facultada para
      proceder a los nombramientos de 15 de diciembre de                  —     Declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido
      2000, en la medida en que desestima la reclamación                        las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
      del recurrente de 23 de mayo de 2000, relativa al                         49 CE y de las Directivas 89/49/CEE (1) y 92/51/CEE (2),
      reconocimiento de la pensión de invalidez con arreglo                     relativas al sistema general de reconocimiento de forma-
      al artículo 78, párrafo segundo, del Estatuto de los                      ciones profesionales, al haber adoptado, en relación con
      Funcionarios.                                                             la Ley sobre empresas de seguridad y agencias de
                                                                                investigación privadas, disposiciones que establecen que:
—     En la medida en que sea necesario, anule la decisión
      explícita de la AFPN de 20 de marzo de 2000, por cuanto
      desestima la petición del recurrente de 18 de noviembre                   —     las empresas que quieran prestar servicios en el
      de 1999, relativa al reconocimiento de la pensión de                            territorio de los Países Bajos deben disponer de
      invalidez con arreglo al artículo 78, párrafo segundo, del                      una autorización, sin tomar en consideración las
      Estatuto de los Funcionarios.                                                   obligaciones que el prestador de servicios extranjero
                                                                                      debe cumplir en el Estado miembro en el que
                                                                                      está establecido y exigiendo un pago por dicha
En cualquier caso:                                                                    autorización,
—     Se pronuncie sobre las costas conforme a las disposiciones
      aplicables del Reglamento de Procedimiento.                               —     los directores de dichas empresas de seguridad deben
                                                                                      disponer también de una autorización que entraña
                                                                                      costes,
Motivos y principales alegaciones
                                                                                —     el personal de la empresa debe estar en posesión de
El recurrente rebate la apreciación del Tribunal de Primera                           un diploma otorgado por un organismo neerlandés,
Instancia según la cual aquél no cumplía los requisitos                               al tiempo que a los instaladores de alarmas se
acumulativos que exige el artículo 13 del anexo VIII del                              les imponen requisitos relativos a su formación
Estatuto de los Funcionarios para tener derecho a una pensión                         profesional sin tener en cuenta los conocimientos
de invalidez. En efecto, por un lado, no podía invocar sus                            adquiridos en otros Estados miembros.
derechos en 1981, fecha de su dimisión, debido a su ignorancia
en cuanto a su estado de salud a causa de la naturaleza                   —     Condene en costas al Reino de los Países Bajos.
 ---pagebreak--- C 158/12               ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                           5.7.2003
Motivos y principales alegaciones                                              La obligación de pago por la expedición de tal documento
                                                                               constituye, además, una carga financiera complementaria
                                                                               incompatible con el artículo 49 CE.
—    Motivos primero y segundo: autorizaciones obligatorias
     para las empresas y su personal
                                                                         —     Cuarto motivo: reconocimiento de la formación profe-
                                                                               sional
     El requisito de autorización para la prestación de servicios
     por una empresa de seguridad privada que quiere prestar                   En el reglamento neerlandés se exige el diploma «Alge-
     servicios en los Países Bajos constituye una restricción a                meen Beveiligingsmedewerker» expedido por un orga-
     la libre prestación de servicios de las empresas afectadas.               nismo neerlandés para los miembros del personal de las
     Tal restricción sólo está justificada si existe una razón                 empresas de seguridad. Además, se exige determinada
     imperiosa de interés general, si dicho interés no está                    formación a los «instaladores de alarmas» sin que se
     garantizado en el Estado miembro en el que está estable-                  tengan en cuenta los diplomas conseguidos en otros
     cida la empresa y si la medida nacional no va más allá de                 Estados miembros. En dicho reglamento no se prevé
     lo necesario para conseguir el objetivo perseguido.                       expresamente un procedimiento para el reconocimiento
                                                                               de los diplomas obtenidos y la formación adquirida para
     Sin embargo, por lo que se refiere, en primer lugar, a la                 el ejercicio de las profesiones de que se trata en otros
     idoneidad de la medida para la consecución del objetivo                   Estados miembros. El reglamento objeto de litigio no
     de interés general perseguido, que podría ser la protección               parece incluir disposición alguna que se refiera a los
     de los destinatarios de los servicios, no existen elementos               mecanismos de reconocimiento de la formación profesio-
     que permitan concluir que la obligación de disponer de                    nal, como están establecidos en la correspondiente legisla-
     una autorización, como la existente en los Países Bajos,                  ción nacional. Esta situación es incompatible con el
     constituya una medida adecuada.                                           Derecho comunitario, en especial con la Directiva 89/48/
                                                                               CEE y la Directiva 92/51/CEE que establecen, conjunta-
     Además, el reglamento neerlandés no tiene en cuenta los                   mente, un sistema general de reconocimiento de la
     requisitos que el prestador de servicios extranjero ya debe               formación profesional adquirida en otros Estados miem-
     cumplir en su Estado miembro de establecimiento, en                       bros.
     especial, cuando ya dispone de una autorización para
     ejercer sus actividades en dicho Estado miembro.
                                                                         (1 ) DO 1989, L 19, p. 16.
                                                                         (2 ) DO 1992, L 209, p. 25.
     Por otro lado, el sistema de autorización entraña costes
     para las empresas extranjeras. Dichos costes constituyen
     una carga financiera complementaria para las empresas
     extranjeras que ya están obligadas, en su país de origen, a
     solicitar una autorización y a abonar los importes asocia-
     dos a ésta. Los costes anteriormente mencionados tam-
     bién parecen incompatibles con el artículo 49 CE.
     Al igual que la obligación de las empresas de disponer de           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     una autorización, el requisito de que los directivos deban          lución de la Labour Court, de fecha 14 de abril de 2003,
     obtener un permiso especial tampoco parece constituir               en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     una medida adecuada que pueda estar justificada por una                                         McKenna
     de las razones invocadas por las autoridades neerlandesas.
     En cualquier caso, dado que la propia empresa debe
     obtener una autorización en los Países Bajos, el requisito                                 (Asunto C-191/03)
     de que los directivos deban disponer de un permiso
     constituye una medida doble innecesaria. Por tanto, el                                       (2003/C 158/21)
     permiso especial exigido a los directivos es contrario al
     principio de proporcionalidad y, en consecuencia, al
     artículo 49 CE.
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
—    Tercer motivo: documento de identidad                               sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                         resolución de la Labour Court, dictada el 14 de abril de 2003,
     Las empresas extranjeras están obligadas a garantizar que           en el asunto entre North Western Health Board y Margaret
     los empleados que han sido destinados a los Países Bajos            McKenna, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
     desde el Estado de establecimiento dispongan de un                  12 de mayo de 2003. La Labour Court solicita al Tribunal de
     documento de identidad expedido por las autoridades                 Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     neerlandesas. Este requisito también es aplicable en caso
     de prestaciones de servicios temporales. Dado que el                1.    ¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la
     personal desplazado ya debe estar en posesión, con                        Directiva 76/207 (1) un régimen de baja por enfermedad
     arreglo a la normativa comunitaria, de un carnet de                       que depara a las trabajadoras que sufren enfermedades
     identidad o de un pasaporte, no es proporcionado exigir                   relacionadas con el embarazo el mismo trato que a los
     un documento de identidad.                                                trabajadores que sufren enfermedades patológicas?