CELEX: 62004TJ0250
Language: es
Date: 2007-09-12
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 12 de septiembre de 2007. # Philippe Combescot contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Función pública - Funcionarios - Desestimación de candidatura - Recurso de anulación - Recurso de indemnización. # Asunto T-250/04.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) 
      de 12 de septiembre de 2007
      Asunto T‑250/04
      Philippe Combescot
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas 
      «Función pública — Funcionarios — Provisión del puesto de Jefe de Delegación en Colombia — Desestimación de candidatura — Recurso de anulación — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Recurso de indemnización»
      Objeto: Recurso en el que se solicita, por una parte, el reconocimiento de la ilicitud de la decisión por la que se rechazó la participación
         del demandante en el concurso para la adjudicación del puesto de Jefe de Delegación en Colombia, la anulación de dicho procedimiento
         de concurso y la anulación de la decisión de adjudicación del mencionado puesto y, por otra parte, el abono de una indemnización
         al demandante por los perjuicios que alega haber sufrido.
      
      Resultado: Se condena a la Comisión a abonar al demandante, Sr. Philippe Combescot, la suma de 3.000 euros en concepto de indemnización
         de daños y perjuicios. Se desestima el recurso en todo lo demás. La Comisión soportará, además de sus propias costas, la mitad
         de las costas en que haya incurrido el demandante. El demandante soportará la mitad de sus propias costas.
      
      Sumario
      1.      Procedimiento — Representación de las partes 
      2.      Funcionarios — Recursos — Interés en ejercitar la acción 
      (Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
      3.      Funcionarios — Recursos — Pretensión de indemnización ligada a una pretensión de anulación 
      (Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
      4.      Funcionarios — Puesto de trabajo vacante — Provisión mediante concurso interno
      5.      Funcionarios — Puesto de trabajo vacante — Examen comparativo de los méritos de los candidatos 
      (Estatuto de los Funcionarios, art. 29, ap. 1)
      6.      Funcionarios — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Requisitos
      1.      Las normas de procedimiento aplicables ante el Tribunal de Primera Instancia no impiden que una de las partes elabore un mandato
         único que cubra diversos asuntos en los que pretenda participar ante dicho Tribunal ni, por consiguiente, que su representante
         presente un mismo mandato en diferentes recursos.
      
      (véase el apartado 19)
      2.      Para que un funcionario jubilado pueda interponer un recurso de anulación contra una decisión de la autoridad facultada para
         proceder a los nombramientos es preciso que siga teniendo un interés personal en la anulación de la decisión impugnada.
      
      No es éste el caso cuando su recurso tiene por objeto la anulación de una decisión por la que se rechazó su participación
         en un concurso para la adjudicación del puesto al que ya no puede optar por estar jubilado y habérsele otorgado una pensión
         de invalidez permanente absoluta con posterioridad a la interposición del recurso.
      
      No obstante, el interesado sigue teniendo interés en solicitar que se formule una valoración sobre la legalidad de la decisión
         por la que se rechazó su participación, en el contexto de su pretensión de obtener una reparación del perjuicio profesional,
         físico y moral que estima haber sufrido a causa del comportamiento de la institución de que se trata.
      
      (véanse los apartados 28, 29 y 33)
      Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 13 de diciembre de 1990, Moritz/Comisión (T‑20/89, Rec. p. II‑769), apartado 18;
         Tribunal de Primera Instancia, 15 de febrero de 1995, Moat/Comisión (T‑112/94, RecFP pp. I‑A 37 y II‑135), apartado 26; Tribunal
         de Primera Instancia, 29 de mayo de 1997, Contargyris/Consejo (T‑6/96, RecFP pp. I‑A‑119 y II‑357), apartado 32
      
      3.      La norma jurisprudencial que establece que la inadmisibilidad de una pretensión de anulación lleva aparejada la inadmisibilidad
         de una pretensión de indemnización estrechamente vinculada a aquélla pretende expresamente evitar que un funcionario que no
         ha impugnado dentro de plazo una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que le resulta lesiva
         eluda la caducidad del recurso interponiendo un recurso por responsabilidad basado en la supuesta ilegalidad de la decisión.
      
      Por lo tanto, esta norma no está destinada a aplicarse en el caso de un funcionario que impugnó dentro de plazo, mediante
         un recurso de anulación, una decisión por la que se rechazaba su participación en un concurso interno, desde el momento en
         que la pretensión de anulación dejó de ser admisible con posterioridad a la presentación del recurso y por una razón independiente
         de su voluntad, a saber, su jubilación. En efecto, la declaración de admisibilidad de la pretensión de indemnización no tiene
         como consecuencia permitir que el recurrente eluda la caducidad del recurso que se habría producido en el caso de que no hubiera
         solicitado dentro de plazo la anulación del acto cuya ilegalidad alega.
      
      (véanse los apartados 38 a 40)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 15 de diciembre de 1966, Schreckenberg/Comisión (59/65, Rec. pp. 785 y ss., especialmente
         p. 797); Tribunal de Justicia, 12 de diciembre de 1967, Collignon/Comisión (4/67, Rec. pp. 469 y ss., especialmente p. 480);
         Tribunal de Justicia, 22 de octubre de 1975, Meyer-Burckhardt/Comisión (9/75, Rec. p. 1171), apartado 11; Tribunal de Justicia,
         7 de octubre de 1987, Schina/Comisión (401/85, Rec. p. 3911), apartados 10 y 13; Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989,
         Bossi/Comisión (346/87, Rec. p. 303), apartados 31 y 34; Tribunal de Primera Instancia, 6 de abril de 2006, Camós Grau/Comisión
         (T‑309/03, Rec. p. II‑1173), apartado 76
      
      4.      Unas comunicaciones al personal que no constituyen directrices internas que una institución estaría obligada a respetar, sino
         meros documentos preparatorios, consultivos u orientativos, carentes de fuerza vinculante, no pueden ser invocadas por la
         institución para justificar la aplicación a un funcionario de un requisito de participación en un concurso interno establecido
         en tales comunicaciones.
      
      Resulta por tanto ilegal una decisión por la que se rechazó la participación de un funcionario en un concurso interno para
         la adjudicación de un puesto directivo de nivel intermedio basándose en el incumplimiento de un requisito mencionado en un
         documento interno preparatorio, pero no establecido en la normativa aplicable o en la convocatoria para proveer plaza vacante.
      
      (véanse los apartados 59, 64 y 66)
      5.      Compete a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos apreciar si un candidato cumple los requisitos exigidos
         en una convocatoria para proveer plaza vacante, y tal apreciación sólo puede impugnarse en caso de error manifiesto. Cuando
         una convocatoria para proveer plaza vacante exige a los candidatos una experiencia profesional adicional en ámbitos relacionados
         con el puesto de trabajo vacante, corresponde a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos apreciar si la experiencia
         adicional es adecuada para dicho puesto de trabajo.
      
      (véase el apartado 71)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de julio de 1989, Kerzmann/Tribunal de Cuentas (198/87, Rec. p. 2083)
      6.      Para que la Comunidad incurra en responsabilidad extracontractual es preciso no sólo que el comportamiento imputado a las
         instituciones sea ilegal, sino también que el demandante haya sufrido un daño real y que exista una relación de causalidad
         entre ese comportamiento y el perjuicio alegado.
      
      Para que se reconozca tal relación de causalidad es necesario, en principio, que se aporte la prueba de una relación directa
         y cierta de causa a efecto entre la ilegalidad cometida por la institución comunitaria de que se trate y el perjuicio alegado.
      
      En el contexto específico de un concurso, la relación de causalidad se considera cierta cuando la ilegalidad cometida por
         una institución comunitaria ha privado con certeza a una persona no necesariamente de la adjudicación del puesto de trabajo
         de que se trate, a la que el interesado nunca podrá demostrar haber tenido derecho, sino de unas serias posibilidades de ser
         nombrado para dicho puesto, con el consiguiente perjuicio material para el interesado, consistente en una pérdida de ingresos.
         Cuando, en las circunstancias del caso, resulte enormemente probable que el respeto de la legalidad hubiera llevado a la institución
         comunitaria de que se trate a adjudicar el puesto al interesado, la incertidumbre teórica que aún subsiste sobre el resultado
         que habría tenido un procedimiento desarrollado regularmente no puede impedir la reparación del perjuicio material real sufrido
         por el interesado al impedírsele participar en el concurso para el puesto de trabajo que con toda probabilidad podría haber
         obtenido.
      
      (véanse los apartados 92, 95 y 96)
      Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 9 de febrero de 1994, Latham/Comisión (T‑82/91, RecFP pp. I‑A‑15 y II‑61), apartado
         72; Tribunal de Primera Instancia, 24 de abril de 2001, Pierard/Comisión (T‑172/00, RecFP pp. I‑A‑91 y II‑429), apartado 34;
         Tribunal de Primera Instancia, 5 de octubre de 2004, Sanders y otros/Comisión (T‑45/01, Rec. p. II‑3315), apartados 149 y
         150; Tribunal de Primera Instancia, 5 de octubre de 2004, Eagle y otros/Comisión (T‑144/02, Rec. p. II‑3381), apartados 148
         y 149; Tribunal de Primera Instancia, 9 de noviembre de 2004, Montalto/Consejo (T‑116/03, RecFP pp. I‑A‑339 y II‑1541), apartado 125