CELEX: 62013CN0410
Language: es
Date: 2013-07-19 00:00:00
Title: Asunto C-410/13: Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) el 19 de julio de 2013 — UAB «Baltlanta» /Lietuvos valstybė (Estado de Lituania), representado por el Ministro de Agricultura de la República de Lituania

28.9.2013   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 284/2
            
         Petición de decisión prejudicial planteada por el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) el 19 de julio de 2013 — UAB «Baltlanta»/Lietuvos valstybė (Estado de Lituania), representado por el Ministro de Agricultura de la República de Lituania
   (Asunto C-410/13)
   2013/C 284/02
   Lengua de procedimiento: lituano
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Vilniaus apygardos administracinis teismas
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: UAB «Baltlanta»
   
      Demandada: Lietuvos valstybė (Estado de Lituania), representado por el Ministro de Agricultura de la República de Lituania
   
      Cuestiones prejudiciales
   
   
               1)
            
            
               ¿Ha de interpretarse el artículo 38 del Reglamento no 1260/1999, (1) mediante el que se establece la obligación de los Estados miembros de informar a la Comisión Europea de la evolución de los procedimientos administrativos y judiciales y de cooperar con ella, en el sentido de que exige que los Estados miembros informen a la Comisión Europea sobre todos los litigios relativos a los actos o a las omisiones de las autoridades de ejecución, intermedias, de gestión o de pago, en relación con la evaluación de una solicitud, con la selección, con la adopción de la decisión sobre la intervención o con la ejecución del proyecto?
            
         
               2)
            
            
               ¿Debe interpretarse el artículo 19 del Reglamento no 2792/1999 (2) en el sentido de que exige que los Estados miembros establezcan regímenes de ayuda y habiliten fondos, de acuerdo con la Comisión Europea, para aquellos casos en los que los órganos jurisdiccionales conozcan de un litigio relativo a los actos o a las omisiones de las autoridades de ejecución, intermedias, de gestión o de pago, en relación con la evaluación de una solicitud, con la selección, con la adopción de la decisión sobre la intervención o con la ejecución del proyecto?
            
         
               3)
            
            
               ¿Deben interpretarse las secciones 6 y 7 de la Decisión de la Comisión COM(2006) 3424, que establece las Directrices relativas al cierre de las intervenciones (2000-2006) con cargo a los Fondos Estructurales, en el sentido de que obligan a los Estados miembros a informar a la Comisión Europea sobre todos los litigios relativos a los actos o a las omisiones de las autoridades de ejecución, intermedias, de gestión o de pago, en relación con la evaluación de una solicitud, con la selección, con la adopción de la decisión sobre la intervención o con la ejecución de un proyecto y a decidir si la operación debe ser retirada total o parcialmente del programa y/o sustituida por otra, etcétera, o si debe mantenerse en él, o a tomar otras medidas para garantizar una adecuada ejecución de la decisión relativa a la intervención una vez hayan concluido los procedimientos judiciales?
            
         
               4)
            
            
               ¿Es compatible con la obligación de los Estados miembros establecida por el artículo 38 del Reglamento no 1260/1999 de informar a la Comisión Europea de la evolución de los procedimientos administrativos y judiciales y de cooperar con ella, con el artículo 19 del Reglamento no 2792/1999 y con los requisitos de las secciones 6 y 7 de la Decisión de la Comisión COM(2006) 3424, que establece las Directrices relativas al cierre de las intervenciones (2000-2006) con cargo a los Fondos Estructurales el hecho de que, en el asunto de que conoce el órgano jurisdiccional nacional, no se hayan adoptado disposiciones concretas que determinen las funciones de las correspondientes autoridades estatales cuando existan litigios relativos a los actos o a las omisiones de las autoridades de ejecución, intermedias, de gestión o de pago, en relación con la evaluación de una solicitud, con la selección, con la adopción de la decisión sobre la intervención o con la ejecución del proyecto, es decir, que no se haya adoptado ninguna disposición que establezca que las correspondientes autoridades estatales tienen la obligación de informar a la Comisión Europea de los procedimientos judiciales en curso y de adoptar medidas para que se reserven los fondos previstos para la intervención controvertida hasta que se resuelva definitivamente la cuestión de la intervención?
            
         
      (1)  Reglamento no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (DO L 161, p. 1).
   
      (2)  Reglamento no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (DO L 337, p. 10).