CELEX: 62002TJ0196
Language: es
Date: 2007-09-12
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) de 12 de septiembre de 2007. # MTU Friedrichshafen GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Ayudas de Estado - Ayuda de reestructuración - Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible - Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 - Responsabilidad solidaria. # Asunto T-196/02.

Asunto T‑196/02
      MTU Friedrichshafen GmbH
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Ayudas de Estado — Ayuda de reestructuración — Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible — Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 — Responsabilidad solidaria»
      Sumario de la sentencia
      1.      Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Posibilidad de que la Comisión base su decisión en la información
            disponible — Requisito 
      [Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 5, ap. 2, 10, ap. 3, y 13, ap. 1]
      2.      Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión por la que se declara la incompatibilidad de una ayuda con el mercado
            común y se ordena su devolución — Decisión que impone a una empresa, de la que meramente se presume, sobre la base de la información
            disponible, que se benefició de la ayuda, una obligación solidaria de devolución de un importe determinado — Improcedencia
            
      [Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 13, ap. 1, y 14, ap. 1]
      1.      En materia de ayudas de Estado, la Comisión tiene, en virtud de la jurisprudencia recogida y consagrada por el artículo 13,
         apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] CE, la facultad
         de adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su
         deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información que le haya solicitado a fin de examinar la compatibilidad
         de una ayuda con el mercado común.
      
      Sin embargo, dada la amplitud de la facultad que se le reconoce, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento.
         Estos requisitos se prevén en los artículos 5, apartado 2, 10, apartado 3, y 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999. En
         concreto, si, a pesar de haber recibido el recordatorio que se le ha dirigido, el Estado miembro interesado no hubiere facilitado
         la información solicitada en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la hubiere suministrado de forma incompleta, la
         Comisión requerirá mediante decisión dicha información. Por otro lado, el requerimiento de información debe indicar la información
         solicitada y fijar el plazo pertinente para su entrega. Por último, sólo si un Estado miembro incumple este requerimiento
         de información puede la Comisión dar por concluido el procedimiento y adoptar la decisión por la que se declare la compatibilidad
         o incompatibilidad de la ayuda con el mercado común basándose en la información disponible.
      
      (véanse los apartados 39 a 41)
      2.      El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo
         [88] CE, permite que la Comisión termine un procedimiento de investigación formal relativo a la compatibilidad de una ayuda
         con el mercado común, adoptando una decisión en el sentido del artículo 7 del mismo Reglamento. En particular, la Comisión,
         cuando el Estado miembro de que se trate no le haya proporcionado la información requerida, puede adoptar, sobre la base de
         la información disponible, una decisión por la que se declare la incompatibilidad de la ayuda y ordenar, en su caso, al Estado
         miembro en cuestión que recupere la ayuda de los beneficiarios con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 659/1999.
      
      Sin embargo, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 no permite a la Comisión imponer a una empresa, ni siquiera
         a título solidario, una obligación de devolución de una determinada parte del importe de una ayuda que se haya declarado incompatible,
         cuando la transferencia de recursos estatales de los que podría haberse beneficiado no es sino una hipótesis que la información
         de la que disponía la Comisión no permite ni confirmar ni descartar.
      
      Por otro lado, dado que la decisión de la Comisión impone a una empresa a la que no se ha concedido la ayuda pero se ha beneficiado
         de ella, una obligación, a título solidario, de devolución de una parte de la ayuda, las autoridades nacionales deberán, en
         su caso, reclamársela, sin que puedan pronunciarse sobre la fundamentación de esta obligación solidaria. Esta situación no
         es en absoluto consecuencia necesaria de la aplicación del procedimiento establecido por el Tratado en materia de ayudas de
         Estado, puesto que el Estado miembro que dispensa la ayuda que se ordena recuperar está en todo caso obligado a exigir su
         devolución a sus beneficiarios efectivos bajo la supervisión de la Comisión, sin que sea indispensable que se les mencione
         expresamente en la decisión por la que se ordena la recuperación ni, menos aún, que se precisen los importes que corresponde
         recuperar de cada beneficiario.
      
      (véanse los apartados 45, 46 y 48 a 50)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)
      de 12 de septiembre de 2007 (*)
      
      «Ayudas de Estado – Ayuda de reestructuración – Decisión por la que se ordena la recuperación de una ayuda incompatible – Artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 659/1999 – Responsabilidad solidaria»
      En el asunto T‑196/02,
      MTU Friedrichshafen GmbH, con domicilio social en Friedrichshafen (Alemania), representada por los Sres. F. Montag y T. Lübbig, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. V. Kreuschitz, V. Di Bucci y T. Scharf, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación del artículo 3, apartado 2, de la Decisión 2002/898/CE de la Comisión, de 9 de
         abril de 2002, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (DO L 314, p. 75),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta ampliada),
      
      integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka y los Sres. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi
         y N. Wahl, Jueces;
      
      Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;
      
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de mayo de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1        El artículo 87 CE dispone:
      
      «1.      Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a
         los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
         cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
      
      […]»
      2        El artículo 88 CE establece:
      
      «[…]
      2.      Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda
         otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que
         dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma
         determine.
      
      […]»
      3        Con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
         de aplicación del artículo [88] CE (DO L 83, p. 1):
      
      «1.      Cuando obre en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta ayuda ilegal,
         deberá proceder a su examen sin demora.
      
      2.      En caso necesario, la Comisión solicitará información al Estado miembro interesado. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 y en los apartados 1 y 2 del artículo 5.
      
      3.      Si, a pesar de haber recibido el recordatorio a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, el Estado miembro interesado
         no hubiere facilitado la información solicitada en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la hubiere suministrado
         de forma incompleta, la Comisión requerirá mediante decisión dicha información (denominada en lo sucesivo “requerimiento de
         información”). La decisión indicará la información solicitada y fijará el plazo pertinente para su entrega.»
      
      4        El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 prevé:
      
      «El examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión de conformidad con los apartados 2, 3 o 4 del artículo
         4. En el caso de las decisiones de iniciar el procedimiento de investigación formal, el procedimiento se terminará mediante
         una decisión en virtud del artículo 7. Si un Estado miembro incumple un requerimiento de información, esta decisión se adoptará
         basándose en la información disponible.»
      
      5        El artículo 14 del mismo Reglamento dispone:
      
      «1.      Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome
         todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada en lo sucesivo “decisión
         de recuperación”). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho
         comunitario.
      
      […]»
       Hechos que originaron el litigio
      6        Por escrito de 9 de abril de 1998, las autoridades alemanas notificaron a la Comisión la concesión de diversas ayudas económicas,
         en particular por intermediación de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (en lo sucesivo, «BvS»), en favor
         de SKL Motoren- und Systemtechnik GmbH (en lo sucesivo, «SKL-M») y con vistas a su reestructuración. Dado que ya se había
         concedido una parte de estas ayudas, se consideró, a efectos de su registro, que el expediente concernía a una ayuda no notificada
         y se le asignó la referencia NN 56/98.
      
      7        La empresa SKL-M, que, antes de su reestructuración, formaba parte del grupo Lintra Beteiligungsholding GmbH, desarrolla su
         actividad en el sector de la fabricación de motores para buques.
      
      8        Por intermediación de la BvS, se inició en 1997 una relación contractual entre SKL-M y la empresa MTU Friedrichshafen GmbH
         (en lo sucesivo, «MTU» o «demandante»), que opera en el sector de la fabricación de motores diesel de alto rendimiento, para
         la adquisición de la primera de estas empresas por la segunda.
      
      9        El 5 de noviembre de 1997, se alcanzaron dos acuerdos entre MTU y SKL‑M. El primero concedía a MTU una opción de adquisición
         de las acciones de SKL-M, con la posibilidad de comprarlas todas bien por un marco simbólico, hasta el 1 de diciembre de 1999,
         bien por un «precio de compra adecuado», hasta el 31 de diciembre de 2001. El segundo acuerdo (Wechselseitiger Lizenz- und
         Kooperationsvertag zwischen SKL-M und MTU; en lo sucesivo, «WLKV»), que tenía por objeto la creación de una empresa en participación,
         establecía las condiciones para el uso compartido de los conocimientos técnicos de ambas empresas y para el desarrollo, la
         fabricación y la venta de dos nuevos tipos de motores: un motor de gas y un motor de cilindros en línea. El mismo día se celebró
         un tercer acuerdo entre la BvS, el Land de Sajonia-Anhalt y SKL-M para el pago de ayudas a la reestructuración.
      
      10      Pese a que MTU renunció finalmente a hacer uso de la opción prevista en el primer acuerdo mencionado y, por tanto, a la compra
         de SKL-M, dada la incertidumbre jurídica que generaban las ayudas anteriormente abonadas por la República Federal de Alemania
         a esta última empresa, SKL-M y MTU siguieron cooperando en el marco del WLKV.
      
      11      El 15 de junio de 2000, MTU se acogió al artículo 5 del WLKV para que se le reconociera el derecho a utilizar con carácter
         exclusivo frente a terceros los conocimientos técnicos contemplados por el WLKV, entre los que se incluyen los derechos de
         propiedad industrial o las solicitudes de registro referentes a estos derechos que existieran en esa fecha. En contrapartida
         de este derecho, SKL-M percibió, para cubrir los gastos de desarrollo y con arreglo al presupuesto pactado en el anexo I del
         WLKV, una remuneración en forma de pago único de 4,31 millones de marcos alemanes (DEM) por los motores de gas y 2,4 millones
         de DEM por los motores de cilindros en línea, lo que alcanza un total de 6,71 millones de DEM (3,43 millones de euros). SKL-M
         disponía también, en virtud del artículo 5 del WLKV, de la posibilidad de utilizar sus propios conocimientos técnicos, incluidos
         los transferidos a MTU, con independencia de los derechos de propiedad intelectual antes citados.
      
      12      En julio de 2000, se llevó a cabo el inventario de los conocimientos técnicos, que se pusieron a disposición de MTU, con el
         consiguiente pago por ésta del importe previsto en el WLKV a SKL-M.
      
      13      Tras el examen preliminar de la información proporcionada por las autoridades alemanas, la Comisión, al considerar que las
         medidas controvertidas planteaban serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, comunicó por escrito de
         8 de agosto de 2000 a dichas autoridades su decisión de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2.
         Esta decisión, en la que la Comisión invitaba a las partes interesadas a presentar observaciones, se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO 2001, C 27, p. 5). En esta misma decisión, la Comisión preguntaba también a las autoridades alemanas si MTU se había beneficiado
         o podía llegar a beneficiarse de las ayudas concedidas a SKL-M (apartado 103 de la decisión de incoación del procedimiento
         de investigación formal).
      
      14      En dicho escrito y en el resumen que lo acompañaba, la Comisión exponía, en particular, que MTU no había sido nunca la propietaria
         legal de SKL-M y que el primer acuerdo, citado en el apartado 9 supra, sólo le concedía una opción, sin que pudiera asegurarse en aquel momento, según la información proporcionada por las autoridades
         alemanas, que ésta hubiera sido efectivamente ejercitada por MTU. La Comisión indicaba además que, en junio de 2000, MTU había
         dado por concluida la cooperación con SKL-M en el marco del WLKV. La Comisión hacía constar que, no obstante, MTU había venido
         ejerciendo el control operativo sobre SKL-M desde noviembre de 1997. Asimismo, expresaba sus dudas sobre el hecho de que MTU
         hubiera sido elegida sobre la base de un procedimiento comparable a una licitación abierta. Llegaba a la conclusión de que
         MTU podía haberse beneficiado o llegar a beneficiarse en el futuro de las ayudas estatales concedidas a SKL-M de diversas
         maneras: en primer lugar, de forma directa, si resultara que parte de esas ayudas se había destinado a fines que eran más
         del interés de MTU que de SKL-M, y, en segundo lugar, por medio del WLKV, gracias a la opción de que disfrutaba MTU de adquirir
         a un precio fijo todos los conocimientos técnicos creados por SKL-M antes y durante la cooperación, en el caso de que hiciera
         uso de esa opción y de que el precio no reflejase el valor actual o previsto de dichos conocimientos en el mercado.
      
      15      El 1 de septiembre de 2000 se inició un procedimiento de insolvencia en contra de SKL-M.
      
      16      Los días 16 de octubre de 2000, 6 de abril de 2001 y 17 de octubre de 2001, la República Federal de Alemania comunicó sus
         observaciones sobre la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal. Ninguna otra parte interesada presentó
         directamente observaciones ante la Comisión.
      
      17      Por escrito de 19 de septiembre de 2001, la Comisión remitió un requerimiento a las autoridades alemanas en el que instaba
         a éstas a proporcionar la información necesaria para la apreciación de la compatibilidad de las ayudas concedidas a SKL-M,
         con arreglo al artículo 10 del Reglamento nº 659/1999. En este escrito, la Comisión señalaba, en particular, que la información
         de que disponía no le permitía determinar si una parte de las ayudas concedidas a SKL-M se había utilizado más en interés
         de MTU que de SKL-M, ni comprobar si MTU había ejercitado la opción que le permitía adquirir a un precio fijo los conocimientos
         técnicos desarrollados por SKL-M antes y durante la aplicación del WLKV y si el precio pagado reflejaba su valor de mercado
         actual o previsto. La Comisión recordaba que, de no proporcionarse esta información, adoptaría la decisión final sobre la
         base de la información disponible. Instaba también a las autoridades alemanas a que remitieran el escrito de requerimiento
         al potencial beneficiario de las ayudas.
      
      18      El 9 de noviembre de 2001, la Comisión recordó a las autoridades alemanas que si no atendían el requerimiento de información,
         la decisión se adoptaría sobre la base de la información disponible, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento
         nº 659/1999.
      
      19      Mediante escritos de 23 de enero, 26 de febrero y 11 de marzo de 2002, las autoridades alemanas respondieron al requerimiento
         de información. 
      
      20      Asimismo, por escrito de 5 de marzo de 2002, remitieron a la Comisión las observaciones de MTU acerca de la decisión de incoación
         del procedimiento de investigación formal, en las que se hacía referencia, en particular, a la utilización de los conocimientos
         técnicos y al precio pagado por MTU a SKL-M, en cumplimiento del WLKV.
      
      21      El 9 de abril de 2002, la Comisión adoptó la Decisión 2002/898/CE, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania a SKL-M
         (DO L 314, p. 75; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). 
      
      22      En los fundamentos de la Decisión impugnada, bajo la rúbrica «Evaluación de la ayuda», la Comisión llegó a la conclusión,
         por un lado, de que las ayudas a la reestructuración abonadas a SLK-M no cumplían los requisitos impuestos por las Directrices
         comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO 1994, C 368, p. 12) y, por
         otro lado, de que la República Federal de Alemania no había facilitado datos suficientes para descartar que MTU se hubiera
         beneficiado de forma indirecta, a través del WLKV, de la ayuda recibida por SKL-M para compensar las pérdidas en la fase de
         reestructuración. A este respecto, la Comisión destacó que el precio de cesión de los conocimientos técnicos que abonó MTU
         a SKL-M, calculado sobre la base de los costes de desarrollo estimados en 1997, era inferior en 5,30 millones de DEM a los
         costes de desarrollo en que había incurrido realmente SKL-M. Puesto que las autoridades alemanas no habían facilitado datos
         objetivos sobre el valor de mercado real o estimado de dichos conocimientos, la Comisión consideró que las ayudas a la reestructuración
         concedidas en favor de SKL-M, que podían haberse destinado a compensar, al menos parcialmente, las pérdidas derivadas del
         desarrollo de los conocimientos técnicos, podían haber redundado más en el interés de MTU que en el de SKL-M y que esta última
         empresa, controlada por el Estado, había debido asumir un riesgo económico que no se ajustaba al principio del inversor que
         actúa en condiciones de mercado. Conforme se expone en el considerando 86 de la Decisión impugnada, la transferencia de los
         conocimientos técnicos podría equivaler, por tanto, a una transferencia de fondos estatales a MTU por un importe de hasta
         5,30 millones de DEM.
      
      23      La parte dispositiva de la Decisión impugnada precisa, en el artículo 1, que las ayudas estatales concedidas por las autoridades
         alemanas a SKL-M por un importe de 67,017 millones de DEM (34,26 millones de euros) son incompatibles con el mercado común
         y, en el artículo 3, apartado 2, que del importe total que deben reclamar las mencionadas autoridades 5,30 millones de DEM
         (2,71 millones de euros) debe recuperarse de SKL-M y MTU, en tanto que responsables solidarios.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      24      Éste es el contexto en el que la demandante, mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
         el 28 de junio de 2002, interpuso el presente recurso con arreglo al artículo 230 CE.
      
      25      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta ampliada) decidió iniciar la fase oral.
      
      26      En la vista de 10 de mayo de 2007 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas
         por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      27      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule el artículo 3, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la medida en que en él se le impone la restitución, en tanto
         que responsable solidaria, de un importe de 5,30 millones de DEM (2,71 millones de euros).
      
      –        Condene en costas a la Comisión.
      28      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso por infundado.
      –        Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
      29      En apoyo de su recurso de anulación, la demandante invoca esencialmente dos motivos. Mediante el primero se censuran deficiencias
         de motivación y errores de Derecho que han llevado a apreciar la concurrencia, en lo que a la demandante respecta, de los
         requisitos constitutivos de una ayuda de Estado. El segundo motivo se basa en la aplicación errónea del artículo 13, apartado
         1, del Reglamento nº 659/1999 y en la vulneración de la garantía procesal que exige un examen correcto e imparcial de los
         hechos.
      
      30      La Comisión estima infundados ambos motivos.
      
      31      Procede examinar en primer lugar el segundo motivo, basado en la aplicación errónea del artículo 13, apartado 1, del Reglamento
         nº 659/1999 y en la vulneración de la garantía procesal que exige un examen correcto e imparcial de los hechos.
      
       Alegaciones de las partes
      32      La demandante observa que, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, la Comisión puede adoptar una
         decisión final sobre la base de la información disponible cuando el Estado miembro de que se trate incumpla un requerimiento
         de información. Sin embargo, la demandante considera que en el presente caso, en contra de lo que se afirma en la Decisión
         impugnada, la Comisión disponía, en la fecha en que adoptó esta Decisión, de toda la información necesaria. Por consiguiente,
         estima que la Comisión ha incurrido en error al limitarse a basar la Decisión impugnada en «la información disponible», en
         el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, y a referirse, en particular, al escrito de 9 de enero
         de 2002 del administrador de la insolvencia de SKL-M, pese a que las autoridades alemanas no habían hecho suyo el contenido
         de este documento.
      
      33      Asimismo, la demandante afirma que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 21 de marzo
         de 2001, Métropole télévision/Comisión, T‑206/99, Rec. p. II‑1057, apartado 57), la Comisión está obligada a examinar, detenida
         e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate. Sin embargo, a juicio de la demandante, la Comisión
         desechó información y tuvo sólo en cuenta los datos que le eran desfavorables. La demandante añade que si la Comisión albergaba
         dudas acerca de sus indicaciones, podía haberse dirigido al Gobierno federal o a la propia demandante para obtener, por ejemplo,
         un informe pericial.
      
      34      La demandante es también de la opinión de que contradice los principios del Estado de Derecho y de buena administración el
         que la Comisión obligue a una empresa a devolver un importe determinado con precisión sin demostrar previamente que se le
         ha abonado al amparo de una ayuda que se ha declarado incompatible con el mercado común. Cuestiona, de este modo, la competencia
         de la Comisión para adoptar el artículo 3, apartado 2, de la Decisión impugnada, dado que, a su juicio, la Comisión no puede
         reclamar una ayuda más que a su beneficiario. La demandante observa que el Reglamento nº 659/1999 no admite la existencia
         de una responsabilidad solidaria, que, por lo demás, no puede reconocerse en un procedimiento administrativo sometido al principio
         del Estado de Derecho sin base jurídica expresa. La demandante sostiene, por último, que carecen de pertinencia en el presente
         asunto los argumentos que la Comisión basa en el reconocimiento de responsabilidad solidaria en multas impuestas a empresas
         participantes en acuerdos contrarios a la competencia.
      
      35      La Comisión afirma que adoptó la Decisión impugnada sobre la base de los datos que constaban en el expediente y que no disponía
         de información válida acerca de la ventaja de la que podría haber disfrutado MTU ni sobre el valor de mercado de los conocimientos
         técnicos de que se trata. Subraya, a este respecto, que MTU reconoció implícitamente en sus observaciones, transmitidas por
         las autoridades alemanas el 5 de marzo de 2002, que los costes de desarrollo de los conocimientos técnicos superaban el valor
         de mercado de los prototipos. En consecuencia, la Comisión estima que la Decisión impugnada se adoptó correctamente sobre
         la base de los únicos datos que constaban en el expediente.
      
      36      La Comisión añade que en el presente caso, conforme a los principios que rigen el procedimiento en materia de ayudas de Estado,
         sólo la República Federal de Alemania disfrutaba de todos los derechos que se reconocen a las partes. Por lo tanto, en la
         Decisión impugnada lo determinante son las indicaciones que proporcionó este Estado. La Comisión observa que aun cuando el
         beneficiario potencial o efectivo pueda participar en el procedimiento de investigación, no se le reconoce ningún derecho
         a que dicha institución le permita verificar los datos comunicados por el Estado miembro. Remitiéndose a la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia (sentencia de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, C‑74/00 P y C‑75/00 P,
         Rec. p. I‑7869, apartado 84), la Comisión subraya que no se han vulnerado los derechos de MTU, puesto que ésta no hizo uso
         de la posibilidad de presentar observaciones durante el procedimiento de investigación de la ayuda controvertida.
      
      37      Por otro lado, la Comisión señala que los datos de que disponía en la fecha en que adoptó la Decisión impugnada no le permitían
         pronunciarse en contra de una sola empresa. En consecuencia, debía imponer a SKL-M y a MTU, a título solidario, la obligación
         de devolver dicha ayuda.
      
      38      A juicio de la Comisión, esta responsabilidad solidaria no puede suscitar dudas a la luz del Derecho comunitario. De hecho,
         se ha reconocido la existencia de esta responsabilidad en el ámbito del Derecho de la competencia, pese a no estar expresamente
         prevista en ningún texto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Metsä-Serla y otros/Comisión,
         T‑339/94 a T‑342/94, Rec. p. II‑1727, apartados 42 y siguientes). Por lo tanto, nada impide que se adopte un enfoque análogo
         en un procedimiento relativo a ayudas de Estado.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      39      El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 retoma y consagra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que reconoce
         a la Comisión la facultad de adoptar una decisión basándose en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado
         miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información que le haya solicitado a fin
         de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990,
         Francia/Comisión, «Boussac», C‑301/87, Rec. p. I‑307, apartados 19 y 22, y de 13 de abril de 1994, Alemania y Pleuger Worthington/Comisión,
         C‑324/90 y C‑342/90, Rec. p. I‑1173, apartado 26).
      
      40      Sin embargo, dada la amplitud de la facultad que se le reconoce, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento,
         antes de adoptar una decisión de este tipo (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de octubre de 2005, Freistaat
         Thüringen/Comisión, T‑318/00, Rec. p. II‑4179, apartado 73). Estos requisitos se prevén en los artículos 5, apartado 2, 10,
         apartado 3, y 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
      
      41      En concreto, el artículo 10, apartado 3, del Reglamento nº 659/1999 establece que, «si, a pesar de haber recibido el recordatorio
         a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, el Estado miembro interesado no hubiere facilitado la información solicitada
         en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la hubiere suministrado de forma incompleta, la Comisión requerirá mediante
         decisión dicha información». Por otro lado, con arreglo a la última frase de esta disposición, el requerimiento de información
         debe indicar «la información solicitada» y fijar «el plazo pertinente para su entrega». Por último, con arreglo al artículo
         13, apartado 1, del mismo Reglamento, sólo «si un Estado miembro incumple» este requerimiento de información puede la Comisión
         dar por concluido el procedimiento y adoptar la decisión por la que se declare la compatibilidad o incompatibilidad de la
         ayuda con el mercado común «basándose en la información disponible».
      
      42      Son éstas las apreciaciones que deben prevalecer a la hora de examinar si la Comisión estaba facultada en el presente caso,
         con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, para adoptar la Decisión impugnada y, en particular, para
         imponer a MTU la obligación de devolver, en tanto que responsable solidaria, una parte de la ayuda concedida a SKL-M, sobre
         la base de la información de la que disponía.
      
      43      En primer lugar, del desarrollo del procedimiento administrativo, esbozado en los apartados 13 a 20 supra, se desprende que la Comisión, al adoptar la Decisión impugnada sobre la base de la información disponible, respetó los requisitos
         de procedimiento establecidos en un primer momento por la jurisprudencia y retomados posteriormente por los artículos 10,
         apartado 3, y 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999.
      
      44      Al menos en tres ocasiones instó la Comisión a las autoridades alemanas a que le proporcionaran la información necesaria para
         verificar la compatibilidad de las ayudas controvertidas con el mercado común. No dejó de indicar «la información solicitada»
         ni de fijar «el plazo pertinente para su entrega». Por último, la Comisión recordó también a las autoridades alemanas que
         si no cumplían el requerimiento de información en un plazo de diez días, la decisión se adoptaría sobre la base de la información
         disponible.
      
      45      En segundo lugar, debe recordarse que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 permite que la Comisión termine
         un procedimiento de investigación formal adoptando una decisión en el sentido del artículo 7 del mismo Reglamento. En particular,
         la Comisión, cuando el Estado miembro de que se trate no le haya proporcionado la información requerida, puede adoptar, sobre
         la base de la información disponible, una decisión por la que se declare la incompatibilidad de la ayuda y ordenar, en su
         caso, al Estado miembro en cuestión que recupere la ayuda de los beneficiarios con arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 659/1999.
      
      46      Sin embargo, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 no permite a la Comisión imponer a una empresa, ni siquiera
         a título solidario, una obligación de devolución de una determinada parte del importe de una ayuda que se haya declarado incompatible,
         cuando la transferencia de recursos estatales de los que podría haberse beneficiado no es sino una hipótesis.
      
      47      Por un lado, como se deriva de las conclusiones de la Decisión impugnada, contenidas en particular en el considerando 88,
         la Comisión se limitó a declarar que «la información disponible no permite descartar» que MTU, con motivo de la adquisición
         de conocimientos técnicos en condiciones que se presumen ventajosas, se hubiera beneficiado de una transferencia de recursos
         de la empresa subvencionada SKL-M.
      
      48      Por lo tanto, la obligación que impone la Decisión impugnada de devolver la ayuda a título solidario se deriva de una hipótesis
         que la información de la que disponía la Comisión no permite ni confirmar ni descartar.
      
      49      Por otro lado, dado que la Decisión impugnada impone a la demandante, a título solidario, una obligación de devolución de
         una parte de la ayuda, las autoridades nacionales deberán reclamársela si SKL-M no puede devolverla, sin que puedan pronunciarse
         sobre la fundamentación de esta obligación solidaria.
      
      50      Esta situación no es en absoluto consecuencia necesaria de la aplicación del procedimiento establecido por el Tratado CE en
         materia de ayudas de Estado, puesto que el Estado miembro que dispensa la ayuda que se ordena recuperar está en todo caso
         obligado a exigir su devolución a sus beneficiarios efectivos bajo la supervisión de la Comisión, sin que sea indispensable
         que se les mencione expresamente en la decisión por la que se ordena la recuperación ni, menos aún, que se precisen los importes
         que corresponde recuperar de cada beneficiario.
      
      51      En consecuencia, en una situación como la del presente caso la Comisión no puede basarse en el artículo 13, apartado 1, del
         Reglamento nº 659/1999 para imponer a MTU, en la Decisión impugnada, la obligación de devolver a título solidario una parte
         de la ayuda concedida a SKL-M.
      
      52      Por consiguiente, sin que sea necesario examinar el otro motivo invocado por la demandante, el artículo 3, apartado 2, de
         la Decisión impugnada debe ser anulado en la medida en que impone a ésta la devolución, como responsable solidaria, de un
         importe de 2,71 millones de euros.
      
       Costas
      53      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones
         de la Comisión, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)
      decide:
      1)      Anular el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 2002/898/CE de la Comisión, de 9 de abril de 2002, relativa a la ayuda estatal
            concedida por Alemania a SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH, en la medida en que impone a MTU Friedrichshafen GmbH la
            devolución, a título solidario, de un importe de 2,71 millones de euros.
      2)      Condenar a la Comisión a cargar con las costas en que haya incurrido MTU Friedrichshafen y con sus propias costas.
      
               Legal 
            
            
               Wiszniewska-Białecka 
            
            
               Vadapalas
            
         
               Moavero Milanesi 
            
             
            
                     Wahl
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de septiembre de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     H. Legal
            
         * Lengua de procedimiento: alemán.