CELEX: 52013PC0821
Language: es
Date: 2013-11-27
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales

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		52013PC0821
		
			Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se refuerzan ciertos aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos penales /* COM/2013/0821 final - 2013/0407 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA
PROPUESTA
1.1.        Introducción
1.           La presente propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo pretende reforzar determinados
aspectos del derecho de los sospechosos o acusados en un proceso penal en la Unión
Europea a la presunción de inocencia hasta que sean declarados culpables por
sentencia firme, así como su derecho a estar presentes en su propio juicio.
2.           A tenor del artículo 82,
apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el
reconocimiento mutuo debe ser la piedra angular de la cooperación judicial, en
el sentido de que las resoluciones judiciales adoptadas en un Estado miembro
deben considerarse equivalentes en los demás, y por lo tanto, ejecutables en
toda la UE. La cooperación judicial debe sustentarse en la confianza mutua
entre los distintos sistemas judiciales, por lo que la percepción de que los
derechos de los sospechosos o acusados no son sistemáticamente respetados tiene
un efecto extremadamente perjudicial para la confianza mutua y, por
consiguiente, para la cooperación judicial.
3.           Partiendo de estas
consideraciones, el Programa de Estocolmo[1]
enfatizó la necesidad de reforzar los derechos de las personas en los procesos
penales. En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar
propuestas que configuren una estrategia gradual de refuerzo de los derechos de
los sospechosos o acusados mediante el establecimiento de normas mínimas
comunes sobre el derecho a un juicio justo.
4.           Se han adoptado ya tres
medidas: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los
procesos penales[2];
la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de
2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales[3], y la
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la
asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos
a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un
tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros
y con autoridades consulares durante la privación de libertad[4]. En el
paquete del que forma parte la presente iniciativa figuran además medidas para
la protección en los procesos penales de los sospechosos o acusados vulnerables
y una Directiva sobre la asistencia jurídica gratuita provisional a los
sospechosos o acusados privados de libertad y en los procedimientos de orden de
detención europea.
5.           Además, el 14 de junio
de 2011 la Comisión publicó un Libro Verde sobre la aplicación de la
legislación penal de la UE en el ámbito de la detención con el fin de abrir una
reflexión sobre la forma de reforzar la confianza mutua y la aplicación del
principio de reconocimiento mutuo en materia de detención dentro de los límites
de la competencia de la UE.
6.           El objetivo global del
programa de derechos procesales de la Comisión es garantizar el derecho a un
juicio justo en la Unión Europea. El principio de presunción de inocencia y los
derechos afines contribuyen a la consecución de ese objetivo. Algunos de los
derechos de los sospechosos o acusados en los procesos penales, establecidos en
los últimos años por las citadas Directivas de la UE, como el derecho a la
interpretación y a la traducción, el derecho a la información y el derecho de
asistencia letrada, no constituyen objetivos en sí mismos, sino que convergen
hacia la consecución de un objetivo superior: son instrumentos para materializar
el principio del derecho a un juicio justo. La presunción de inocencia y los
derechos afines contribuyen a ese fin. La persistente conculcación de la
presunción de inocencia en los Estados miembros impediría la plena consecución
del programa de derechos procesales.
7.           Por ese motivo, en el
Programa de Estocolmo, el Consejo requirió expresamente a la Comisión que
actuase en relación con la presunción de inocencia.
8.           En su evaluación de
impacto, la Comisión examinó detenidamente esta cuestión y concluyó que el
refuerzo del derecho fundamental a la presunción de inocencia exigía la
adopción de medidas sobre algunos de sus aspectos. Los objetivos generales de
las medidas ya adoptadas en el ámbito de los derechos procesales penales,
incluido el instrumento clave que es la Directiva sobre el derecho a la
asistencia de letrado, requieren además que se garantice en todos los Estados
miembros de la UE un nivel mínimo de protección del principio de presunción de
inocencia.
9.           La presente propuesta se
basa en el artículo 82, apartado 2, del TFUE. Según establece ese artículo, «en
la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las
sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en
asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el
Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con
arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas
tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos
de los Estados miembros.
Estas normas se referirán a:
a) la admisibilidad mutua de pruebas
entre los Estados miembros;
b) los derechos de las personas
durante el procedimiento penal;
c) los derechos de las víctimas de los
delitos;
d )[…].»
10.         La presente propuesta
contribuirá además a reforzar las garantías jurídicas que amparan a las
personas que son objeto de los procesos instruidos por la Fiscalía Europea. La
reciente propuesta de Reglamento del Consejo[5]
aclara que el sospechoso goza del conjunto de derechos conferidos por el
Derecho de la UE, además de los que dimanan directamente de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»), ejercitables de
conformidad con el Derecho nacional, y se refiere explícitamente al derecho a
la presunción de inocencia. La introducción de normas más estrictas sobre la
presunción de inocencia mediante la presente propuesta refuerza asimismo las
garantías procesales aplicables ante la Fiscalía Europea.
11.         El artículo 6, apartado
3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que los derechos
fundamentales, garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y resultantes de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen
principios generales del Derecho de la UE. El artículo 6, apartado 1, del TUE
dispone que la Unión Europea reconoce los derechos, libertades y principios
enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo valor
jurídico es idéntico al del TFEU y el TUE. La Carta puede hacerse valer ante
los Estados miembros y las instituciones de la UE cuando aplican la legislación
de la UE, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal
en la Unión Europea.
12.         El artículo 47 de la
Carta consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
El artículo 48 garantiza la presunción de inocencia con el mismo sentido y
alcance que el derecho garantizado por el artículo 6, apartado 2, del CEDH[6]. En efecto,
esta disposición establece que toda persona acusada de una infracción penal
debe presumirse inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente
declarada. El artículo 11, apartado 1, de la Declaración Universal de Derechos
Humanos garantiza este principio con una formulación semejante. El artículo 14,
apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[7] contiene
una disposición muy similar.
13.         El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) ha precisado el ámbito de aplicación del artículo 6 del
CEDH, sosteniendo reiteradamente que sus disposiciones se aplican también a la
fase prejudicial del proceso penal[8]
y que los sospechosos o acusados disfrutan de los derechos que les confiere el
artículo 6 ya en los primeros interrogatorios policiales[9]. El
Tribunal ha establecido, además, que estas garantías deben aplicarse a los
testigos que, en realidad, sean sospechosos de algún delito, habida cuenta de
que la calificación formal de la persona es irrelevante[10].
14.         El principio de
presunción de inocencia se ha ido desarrollando a lo largo de los años. El TEDH
sostiene que el artículo 6, apartado 2, del CEDH encierra tres requisitos
esenciales[11]:
el derecho a no ser públicamente presentado como condenado por las autoridades
públicas antes de la sentencia firme[12],
la atribución de la carga de la prueba a la acusación y del beneficio de
cualquier duda razonable al acusado y el derecho del acusado a ser informado de
los cargos que se le imputan. El TEDH reconoce además la existencia de un claro
nexo entre la presunción de inocencia y otros derechos a un juicio justo, en el
sentido de que la vulneración de los segundos compromete ineludiblemente el
primero: se trata del derecho a no autoinculparse, el derecho a no cooperar y
el derecho a guardar silencio[13]
(y a no estar sujeto a prisión preventiva)[14].
15.         El derecho a estar
presente en el propio juicio es uno de los derechos esenciales de la defensa.
En efecto, el derecho del acusado a estar presente en el propio juicio forma
parte del derecho a un juicio justo conforme al artículo 6 del CEDH y a la
interpretación que de este artículo hace el TEDH[15]. La
consolidación de este derecho contribuirá, por consiguiente, a reforzar el
derecho a un juicio justo.
16.         El derecho a ser
informado de la acusación está regulado en la Directiva 2012/13/UE, relativa al
derecho a la información en los procesos penales, por lo que queda al margen de
la presente Directiva. La prisión preventiva es objeto de iniciativas separadas[16], por lo
que tampoco se incluye en la presente Directiva. Los demás aspectos mencionados
del principio de presunción de inocencia se abordan en la presente propuesta.
17.         La presente Directiva
establece los requisitos mínimos que gobiernan, al nivel de la UE, determinados
aspectos del derecho a la presunción de inocencia de los sospechosos o acusados
en consonancia con el Programa de Estocolmo y la jurisprudencia del TEDH.
Propicia así la aplicación de la Carta y, en particular, de sus artículos 6, 47
y 48, desarrollando el artículo 6 del CEDH conforme a la interpretación del
TEDH.
1.2.        Resultados de la
consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto
18.         Los interesados han sido
consultados en repetidas ocasiones.
19.         En 2006, la Comisión
publicó un Libro verde[17]
sobre la presunción de inocencia. A la sazón, once Estados miembros
respondieron a la consulta, y algunos expertos y profesionales independientes
aprovecharon la oportunidad para denunciar la erosión del principio de
presunción de inocencia y subrayar que, especialmente en determinados
procedimientos de instrucción contra no nacionales o no residentes, cada vez
tenía mayor aceptación el principio de «presunción de culpabilidad» en los
sistemas nacionales.
20.         La Comisión ha entrado
además en contacto con los principales interesados y se ha servido de las
consultas correspondientes a las demás iniciativas que configuran el presente
paquete de medidas.
21.         En la reunión del Grupo
de Expertos sobre Política Penal de la UE de
23 de enero de 2013, la Comisión recabó los pareceres de académicos,
profesionales, jueces, abogados y fiscales sobre el tema.
22.         Además, el 19 de febrero
de 2013 se celebró una reunión especialmente dedicada a la presunción de
inocencia con representantes de los Ministerios de Justicia de los Estados
miembros y Croacia.
23.         Junto a todas estas
actividades, el 27 de febrero de 2013 se abrió, en relación con el estudio
realizado para preparar la evaluación de impacto adjunta a la presente
propuesta, una encuesta en línea que se publicó en los sitios web de la DG de
Justicia y de la Red Judicial Europea. Los principales interesados fueron
avisados por correo electrónico de esta encuesta, que suscitó más de 100
respuestas. La encuesta no solo se centraba en la situación jurídica de la
protección de la presunción de inocencia en los Estados miembros, sino también
y, sobre todo, en su aplicación práctica. Los resultados de la encuesta se
incluyeron en el anexo III de la evaluación de impacto que acompaña a la
presente propuesta. La evaluación de impacto, que puede consultarse en [http://ec.europa.eu/governance],
indica que el nivel de garantías que ofrece la legislación de los Estados
miembros es, en general, aceptable, y que no parece existir ningún problema sistémico
en este ámbito. No obstante, las garantías jurídicas deberían mejorarse en
algunos aspectos. Además, la presunción de inocencia se vulnera demasiado a
menudo en la UE.
2.           ASPECTOS JURÍDICOS DE
LA PROPUESTA
2.1.        Disposiciones
específicas
Artículo 1 — Objeto
24.         El objeto de la presente
Directiva es fijar normas mínimas relativas a determinados aspectos del derecho
de los sospechosos o acusados a la presunción de inocencia hasta que sean
declarados culpables por sentencia firme. La presente Directiva abarca los
derechos siguientes: el derecho a no ser presentado como culpable por las
autoridades públicas antes de la sentencia firme, la atribución de la carga de
la prueba a la acusación y el beneficio de toda duda razonable al acusado, el
derecho a la no autoinculpación, el derecho a la no cooperación y el derecho a
guardar silencio. Además, la presente Directiva incluye el derecho a estar
presente en el propio juicio.
Artículo
2 — Ámbito de aplicación
25.         La presente Directiva se
aplica a los sospechosos o acusados en un proceso penal, desde las fases más
tempranas del mismo, es decir, incluso antes de que las autoridades competentes
les hayan notificado que son sospechosos o están acusados de haber cometido una
infracción penal. Se aplica hasta la conclusión de ese proceso, es decir, hasta
que se dicte sentencia firme.
26.         El derecho a la
presunción de inocencia cubre distintas necesidades y niveles de protección
según se trate de personas físicas o jurídicas, conforme reconoce la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el derecho a no autoinculparse[18]. La Directiva tiene en cuenta estas diferencias y, por lo
tanto, se aplica únicamente a las personas físicas.
27.         El derecho de las
personas jurídicas a la presunción de inocencia está protegido por garantías
previstas en las legislaciones nacionales y de la Unión, conforme a la
interpretación de los tribunales y del Tribunal de Justicia, así como en el
CEDH, conforme a la interpretación del TEDH.
28.         Se mantiene y respeta,
por lo tanto, el enfoque gradual de la intervención del Derecho de la Unión,
especialmente en el ámbito de los derechos de las personas en los procesos
penales. Toda iniciativa futura que se considere en este campo dependerá de la
evolución de la legislación nacional y de la jurisprudencia.
Artículo 3 – Presunción de inocencia 
29.         Esta disposición
establece el derecho a la presunción de inocencia.
Artículo 4 – Referencias públicas a la
culpabilidad antes de la condena
30.         El TEDH ha fijado entre
los aspectos básicos del principio de presunción de inocencia el hecho de que
ningún tribunal o funcionario público pueda presentar públicamente a los
sospechosos o acusados como culpables de un delito en tanto no hayan sido
juzgados y condenados mediante sentencia firme[19].
Este principio debería aplicarse además, con arreglo a la jurisprudencia del
TEDH[20],
a la totalidad de las autoridades públicas. Ambas circunstancias podrían
alimentar entre la ciudadanía la convicción de que el sospechoso o acusado es
culpable y prejuzgar el análisis de los hechos por la autoridad judicial.
31.         Este
principio debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de publicar, de
conformidad con las leyes nacionales, las resoluciones que impongan sanciones
como consecuencia de procedimientos administrativos.
Artículo 5 - Carga de la prueba y
fuerza probatoria
32.         La presunción de
inocencia implica que la carga de la prueba recae en la acusación y que toda
duda sobre la culpabilidad debe beneficiar a los sospechosos o acusados (in
dubio pro reo). Presupone, por lo tanto, que la sentencia de un tribunal
debe basarse en las pruebas que se le presenten y no en meras declaraciones o
suposiciones. Todo ello sin perjuicio de la plena independencia judicial para
valorar la culpabilidad del sospechoso o acusado. Además, el TEDH ha admitido
que en ciertos supuestos, específicos y limitados, la carga de la prueba puede
invertirse y trasladarse al acusado. Este artículo refleja el principio del
TEDH[21],
que se considera alcanza el equilibrio adecuado entre el interés público (las
necesidades de la acusación) y el derecho de defensa. La presente Directiva se
entiende sin perjuicio de las posibilidades de que la defensa presente pruebas
de conformidad con las normas nacionales aplicables.
Artículo 6 y artículo 7 - Derecho a no
autoinculparse y a no cooperar y derecho a guardar silencio
33.         Estos dos artículos
establecen el derecho a no autoinculparse y a no cooperar y el derecho a
guardar silencio. El derecho a no ser obligado a testificar contra sí mismo, a
no declararse culpable y a guardar silencio son normas internacionales que
gozan de reconocimiento general y el núcleo de la noción de juicio justo del
artículo 6 del CEDH[22].
Su lógica radica, entre otras cosas, en la protección del acusado frente a una
coerción abusiva de las autoridades, lo que contribuye a evitar errores
judiciales y a cumplir los objetivos del artículo 6 del CEDH. El «grado de
coerción» ejercido sobre los sospechosos o acusados para obligarles a aportar
información relacionada con los cargos que se les imputan no puede aniquilar,
ni siquiera por motivos de seguridad y orden público, la esencia de su derecho
a no autoinculparse y a guardar silencio[23].
Debe en cualquier caso respetarse el artículo 3 del CEDH, relativo a la
prohibición de la tortura, en la interpretación dada por el TEDH.
34.         El derecho a no
autoinculparse tiene por fin primordial respetar la voluntad de los sospechosos
o acusados de guardar silencio y, en particular, presupone que la acusación en
un asunto penal tratará de demostrar los cargos que se imputan a los
sospechosos o acusados sin recurrir a pruebas obtenidas con métodos coercitivos
u opresivos, contra la voluntad de los sospechosos o acusados. Además, el
alcance de ese derecho no se limita a los casos en los que se haya coaccionado
al acusado o en los que la voluntad del acusado haya sido directamente
doblegada de alguna manera[24].
En ese sentido, según el TEDH, el derecho se halla intrínsecamente vinculado a
la presunción de inocencia consagrada en el artículo 6, apartado 2, del CEDH.
35.         Los sospechosos o
acusados deben ser inmediatamente informados de su derecho a permanecer en
silencio, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/13/UE. Dicha
información debe asimismo hacer referencia al contenido del derecho a
permanecer en silencio y a la consecuencias de su renuncia o invocación.
36.         Debe descartarse la
posibilidad de hacer cualquier inferencia de que los sospechosos o acusados
hagan uso de esos derechos. De no ser así, si los sospechosos o acusados
pudieran temer que su falta de cooperación o su silencio fuera a volverse en su
contra en una fase posterior del proceso penal, ese derecho sería meramente
ilusorio. Es este el único modo de garantizar el ejercicio efectivo de estos
derechos por los sospechosos o acusados sin temor a que pueda ser utilizado
contra ellos en una fase posterior. Por lo tanto, la Directiva establece una
salvedad específica e inmediata, a saber, la prohibición del uso de pruebas
obtenidas en violación de esos derechos, salvo en los casos muy excepcionales
en los que esas pruebas no irán en detrimento de la equidad general del proceso[25].
37.         El hecho de que no se
pueda hacer inferencia alguna del ejercicio de esos derechos, no pudiendo
utilizarlo en contra de los sospechosos o acusados en una fase posterior del
proceso penal, no debe impedir a los Estados miembros, a la hora de determinar
la pena concreta, tener en cuenta las actitudes cooperativas.
Artículos 8 y artículo 9 – Derecho a
estar presente en el propio juicio
38.         Si una persona no está
presente en su propio juicio, compromete su derecho de defensa, puesto que no
puede ofrecer al tribunal su versión de los hechos ni presentar las pruebas en
consecuencia, por lo que puede ser declarado culpable sin haber tenido la
oportunidad de refutar el fundamento de la sentencia condenatoria.
39.         El derecho a estar
presente en el propio juicio, o a renunciar a ese derecho tras haber sido
informado del mismo, es indispensable para el ejercicio de los derechos de
defensa.
40.         Según establece el
artículo 7, los Estados miembros deben asegurar que el derecho a estar presente
en el propio juicio se aplica a cualquier juicio en el que se dirima la
culpabilidad del acusado (resoluciones condenatorias y absolutorias). La
presencia de los sospechosos o acusados en ese momento del proceso penal
reviste una importancia particular habida cuenta de sus posibles consecuencias.
41.         El artículo 7 recoge el
derecho, establecido por el TEDH, de que los acusados estén presentes en su
propio juicio, con muy limitadas excepciones de conformidad con la Carta, el
CEDH y el Derecho de la Unión[26].
Siempre que se respeten las condiciones establecidas en el artículo 8, nada
impide que los Estados miembros hagan uso de «procedimientos simplificados»
para la mayoría de los delitos menores más comunes. El artículo 9 establece una
vía de recurso, consistente en la obligación de repetir el juicio[27](conforme a
lo ya establecido por el TEDH), en aquellos casos en los que no se haya
respetado el derecho a estar presente en el propio juicio, 
Artículo 10 – Vías de recurso
42.         Según jurisprudencia
constante del TEDH, la forma más apropiada de reparación de la vulneración del
derecho a un juicio justo dispuesto en el artículo 6, apartado 2, del CEDH
sería asegurar que los sospechosos o acusados se hallen, en la mayor medida
posible, en la situación en la que se hubieran encontrado de no haberse
conculcado sus derechos[28].
Artículo 11 - Compilación de datos
43.         Con el fin de supervisar
y evaluar la eficacia y la eficiencia de la presente Directiva, es preciso que
los Estados miembros compilen datos fiables sobre el ejercicio de los derechos
que en ella se establecen. Entre esos datos figurarán los registrados por las
autoridades judiciales y por las autoridades con funciones coercitivas respecto
de las vías de recurso existentes en caso de vulneración de la presunción de
inocencia y del derecho a estar presente en el juicio.
Artículo 12 - Cláusula de no regresión
44.         Con este artículo se
pretende garantizar que el establecimiento de normas mínimas comunes en virtud
de la presente Directiva no tenga como consecuencia reducir el nivel de
exigencia en determinados Estados miembros y que se mantengan los principios
consagrados en la Carta y en el CEDH. Habida cuenta de que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 82 del TFUE, la presente Directiva establece normas
mínimas, los Estados miembros gozan de total libertad para fijar normas más
estrictas que las acordadas en la presente Directiva.
Artículo 13 – Transposición
45.         Este artículo requiere
que los Estados miembros den aplicación a la Directiva antes del xx/xx/201x y
que, no más tarde de esa misma fecha, remitan a la Comisión el texto de las
disposiciones por las que la incorporan al ordenamiento jurídico nacional. Dada
la simplicidad de las medidas de transposición que deben aplicarse, la Comisión
no requiere documentos explicativos para llevar a cabo su labor de supervisión
de la transposición de la Directiva. Las medidas de transposición notificadas
deberán ser suficientemente explicativas.
Artículo 14 – Entrada en vigor
46.         Este artículo establece
que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2.2.        Principio de
subsidiariedad
47.         Se observan considerables
variaciones en lo que respecta al derecho de presunción de inocencia en la
legislación de los distintos Estados miembros. La jurisprudencia del TEDH pone
de manifiesto que la presunción de inocencia y los demás derechos afines que
garantizan un juicio justo se han conculcado constantemente. Ello desemboca en
una falta de confianza mutua entre las autoridades judiciales de los distintos
Estados miembros de la UE y en la renuencia de estas a cooperar entre sí. La
evaluación de impacto adjunta a la presente propuesta muestra que el TEDH no
garantiza, por sí solo, la plena protección del principio de presunción de
inocencia: algunos aspectos no han sido considerados recientemente o en
profundidad por el TEDH y el procedimiento de recurso ante el TEDH solo
interviene ex post, una vez agotadas todas las vías de recurso internas.
La presente Directiva completará las garantías proporcionadas por el TEDH y
asegurará la protección de la presunción de inocencia desde la incoación del
proceso penal, incluida la posibilidad de servirse de los mecanismos de recurso
de la UE.
48.         Los Estados miembros no
pueden alcanzar, por sí solos, el objetivo de la propuesta, que es fomentar la
confianza mutua. Es preciso recurrir por lo tanto a la intervención de la Unión
Europea, consistente en el establecimiento de unas normas mínimas comunes
aplicables en toda la Unión. Así lo confirma el Programa de Estocolmo, en el
que el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que abordase la cuestión de la
presunción de inocencia. La propuesta aproximará las normas procesales de los
Estados miembros en lo que respecta a determinados aspectos de la presunción de
inocencia y al derecho a estar presente en el propio juicio en los procesos
penales, con el objetivo de fomentar la confianza mutua. La propuesta se ajusta
por tanto al principio de subsidiariedad.
2.3.      Principio de proporcionalidad
49.         La propuesta se ajusta al
principio de proporcionalidad en el sentido de que se limita al mínimo
requerido para alcanzar el objetivo fijado a escala europea y no excede de lo
necesario a tal efecto. La propuesta únicamente trata de algunos aspectos de la
presunción de inocencia más directamente relacionados con el funcionamiento de
los instrumentos de reconocimiento mutuo y con la cooperación policial y
judicial en materia penal. Se circunscribe, además, a las personas físicas.
Ello responde al enfoque gradual de la intervención de la UE en el ámbito de
los derechos procesales en materia penal y a la necesidad de una intervención
proporcionada.
3.           REPERCUSIONES
PRESUPUESTARIAS
50.         La presente propuesta no
tiene incidencia en el presupuesto de la UE.
2013/0407 (COD)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
por la que se refuerzan ciertos aspectos
de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el propio juicio
en los procesos penales
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2, letra b),
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[29],
Visto el dictamen del Comité de las
Regiones[30],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)       La finalidad de la
presente Directiva consiste en reforzar el derecho a un juicio justo en los
procesos penales estableciendo unas normas mínimas relativas a ciertos aspectos
de la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el juicio.
(2)       Mediante el establecimiento
de normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los
sospechosos o acusados, la presente Directiva debería reforzar la confianza de
los Estados miembros en los sistemas de justicia penal de los otros Estados
miembros y contribuir de este modo a facilitar el reconocimiento mutuo de las
resoluciones judiciales en materia penal. Dichas normas mínimas comunes
deberían suprimir también los obstáculos a la libre circulación de los
ciudadanos en el territorio de los Estados miembros.
(3)       El Programa de Estocolmo[31] enfatizó
la necesidad de reforzar los derechos de las personas en los procesos penales.
En su punto 2.4, el Consejo Europeo invitó a la Comisión a presentar propuestas
que configuren una estrategia gradual de refuerzo de los derechos de los
sospechosos o acusados. El programa de derechos procesales de la UE está
concebido como un todo indisociable, de manera que solo se percibirán
plenamente sus beneficios cuando todos sus componentes se hayan puesto en
práctica.
(4)       En el Programa de
Estocolmo, el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que examinara nuevos
aspectos de los derechos procesales mínimos de los sospechosos y acusados, y
que estudiara la necesidad de abordar otras cuestiones, por ejemplo la
presunción de inocencia, a fin de fomentar una mejor cooperación en ese ámbito.
(5)       Se han adoptado ya tres
medidas: la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[32], la
Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[33] y la
Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[34].
(6)       La presente Directiva
únicamente debe aplicarse a los procesos penales. No son objeto de la presente
Directiva los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
competencia, comercio, fiscalidad y servicios financieros, así como las
investigaciones de las autoridades administrativas en relación con tales
procedimientos, ni los procesos civiles. 
(7)       A fin de salvaguardar el
derecho a un juicio justo, la presente Directiva deberá facilitar la aplicación
práctica del derecho a la presunción de inocencia y sus distintos aspectos, así
como y del derecho a estar presente en el propio juicio.
(8)       La presente Directiva
debe aplicarse a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido una
infracción penal en cualquier fase del proceso, es decir, incluso antes de que
las autoridades competentes de un Estado miembro les hayan comunicado, mediante
notificación oficial u otra vía, su condición de sospechosas o acusadas, hasta
la conclusión del proceso.
(9)       La presente Directiva
reconoce las diferencias entre las necesidades y los niveles de protección de
determinados aspectos del derecho a la presunción de inocencia de las personas
físicas y jurídicas. La protección de ese derecho, referido a las personas
físicas, se refleja en abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
reconocido que los derechos que dimanan de la presunción de inocencia no
amparan a las personas jurídicas en idéntica medida que a las personas físicas.
(10)     Dado el grado actual de
desarrollo de las legislaciones nacionales y de la jurisprudencia, tanto
nacional como del Tribunal de Justicia, resulta prematuro legislar al nivel de
la Unión sobre la presunción de inocencia de las personas jurídicas.
(11)     La protección del derecho
de las personas jurídicas a la presunción de inocencia debe fundamentarse en
las garantías legales existentes y en la jurisprudencia, cuya evolución
determinará en el futuro la necesidad de una intervención de la Unión.
(12)     A efectos de la presente
Directiva, por «autoridades con funciones coercitivas o judiciales» se
entenderán las autoridades públicas que, en cumplimiento de la legislación
nacional, ejercen sus competencias en el ámbito de los procesos penales.
(13)     Se conculca la presunción
de inocencia cada vez que alguna resolución judicial o declaración pública de
las autoridades judiciales o de otras autoridades públicas presenta a los
sospechosos o acusados como condenados sin que estos hayan sido previamente
declarados culpables conforme a la ley.
(14)     La carga de la prueba
recae en la acusación y toda duda debe beneficiar al acusado. Se vulnerará, por
lo tanto, la presunción de inocencia cuando la carga de la prueba se traslade
de la acusación a la defensa, sin perjuicio de los posibles poderes de
investigación de oficio de los tribunales ni de la plena independencia judicial
en la valoración de la culpabilidad del sospechoso o acusado.
(15)     Sin embargo, en algunos
casos, el traslado de la carga de la prueba a la defensa no debería ser
incompatible con la presunción de inocencia, siempre que se garanticen ciertas
salvaguardias: debe asegurarse que las presunciones de facto o de
iure se mantengan dentro de unos límites razonables que tengan en cuenta la
importancia de los intereses que se ventilan y que sean refutables, por ejemplo
mediante nuevas pruebas sobre circunstancias atenuantes o en caso de fuerza
mayor.
(16)     El derecho a no
autoinculparse y a no cooperar es un aspecto importante de la presunción de
inocencia. No se debe forzar a los sospechosos o acusados, al solicitarles que
hagan una declaración o que respondan a preguntas, a que aporten pruebas o
documentos o proporcionen información que pueda abocar a su autoinculpación.
(17)     Debe limitarse la
coerción ejercida para compeler al sospechoso o acusado a facilitar
información. Para determinar si la coerción no vulnera esos derechos, deben
tenerse en cuenta los factores siguiente, a la luz del conjunto de
circunstancias del caso: la naturaleza y el grado de la coerción con que se han
obtenido las pruebas, el peso del interés público en la investigación y en el
castigo del delito en cuestión, la existencia de las garantías pertinentes en
el proceso y el uso dado al material obtenido de tal forma. No obstante, el
grado de coerción ejercido sobre los sospechosos o acusados para compelerles a
aportar información relacionada con los cargos que se les imputan no puede
aniquilar, ni siquiera por motivos de seguridad y de orden público, la esencia
de su derecho a no autoinculparse y a guardar silencio.
(18)     El derecho a no
autoinculparse y a no cooperar no debe extenderse, en los procesos penales, al
material que pueda obtenerse del sospechoso o acusado mediante el ejercicio
legítimo de los poderes coercitivos, pero que tenga entidad independiente de la
voluntad de los sospechosos o acusados, como el material obtenido con arreglo a
una orden judicial o el material respecto del que exista una obligación legal
de retención o entrega a petición de la autoridad, como las muestras de
aliento, sangre orina y tejidos corporales para el análisis del ADN. 
(19)     El derecho a guardar
silencio es un aspecto importante de la presunción de inocencia. Debe servir
como protección frente a la autoinculpación.
(20)     El derecho a no
autoinculparse y a no cooperar y el derecho a guardar silencio deben aplicarse
a los aspectos pertinentes para la infracción de cuya comisión se sospecha o
acusa a la persona y no, por ejemplo, a las cuestiones relacionadas con su
identificación personal.
(21)     El derecho a un juicio
justo es uno de los principios básicos en una sociedad democrática. El derecho
del acusado a estar presente se basa en ese derecho y debe garantizarse en toda
la Unión.
(22)     No obstante, el derecho
del acusado a estar presente en el juicio no es absoluto. Bajo determinadas
condiciones, el acusado podrá, expresa o tácitamente, pero siempre de forma
inequívoca, renunciar a ese derecho.
(23)     Bajo determinadas
condiciones claramente definidas que aseguren el respeto efectivo del derecho a
un juicio justo, debería poder celebrarse un juicio que concluya con una
declaración de culpabilidad o inocencia en ausencia del sospechoso o
acusado.
(24)     La presente Directiva no
debe regular las formas ni los métodos, incluidos los requisitos procesales,
utilizados para alcanzar los resultados especificados en lo que atañe al
derecho a estar presente en el propio juicio, objeto del Derecho interno de los
Estados miembros.
(25)     Al considerar si la forma
en que se notifica la información es suficiente para garantizar que la persona
tenga conocimiento del juicio, también podrá prestarse especial atención, en su
caso, a la diligencia con que el interesado recibe la información que se le
remite.
(26)     El principio de eficacia
del Derecho de la Unión exige que los Estados miembros implanten vías adecuadas
y eficaces de recurso en caso de vulneración de algún derecho otorgado a las
personas físicas por el Derecho de la Unión. Toda vía adecuada de recurso
existente en caso de vulneración de alguno de los principios establecidos en la
presente Directiva debería surtir, en la medida de lo posible, el efecto de
colocar al sospechoso o acusado en la situación en que se hubiese encontrado de
no haberse producido tal violación.
(27)     Con el fin de supervisar
y evaluar la eficacia de la presente Directiva, es preciso que los Estados
miembros compilen datos fiables sobre la aplicación de los derechos que en ella
se establecen. Esos datos deben incluir la información registrada por las
autoridades judiciales y los servicios con funciones coercitivas en relación
con el recurso disponible en el supuesto de que se vulnere alguno de los
aspectos de la presunción de inocencia establecidos en la presente Directiva y
se viole el derecho a estar presente en el propio juicio.
(28)     La presente Directiva
promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, incluidos
la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a
la libertad y a la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el
derecho a la integridad de la persona, los derechos del menor, la integración
de las personas discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un
juez imparcial, la presunción de inocencia y los derechos de la defensa.
(29)     Dado que la presente
Directiva fija normas mínimas, los Estados miembros pueden ampliar los derechos
en ella establecidos con el fin de proporcionar un nivel más elevado de
protección. Ese nivel superior de protección no debe constituir un obstáculo al
reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, que esas mismas normas
mínimas se destinan a facilitar. El nivel de protección nunca debe ser inferior
al dispensado por las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea y por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, según la interpretación que de ellas
hace la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
(30)     Habida cuenta de que los
objetivos de la presente Directiva, a saber, fijar un conjunto de normas
mínimas comunes acerca de determinados aspectos del derecho
a la presunción de inocencia y del derecho a estar presente en el propio juicio
en los procesos penales, no pueden ser alcanzados en grado
suficiente por los Estados miembros pero, habida cuenta de la escala de la
medida, pueden conseguirse mejor al nivel de la Unión, esta podrá adoptar
medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5
del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva se limita a
lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(31)     [De conformidad con los
artículos 3 y 4 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y
aplicación de la presente Directiva] O [De conformidad con los artículos 1 y 2
del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto
al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados
miembros no participan en la adopción de la presente Directiva, y no están
vinculados por ella ni sujetos a su aplicación][35].
(32)        De conformidad con los artículos
1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de
la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca
no participa en la adopción de la presente Directiva y no está vinculada por
ella ni sujeta a su aplicación.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:
CAPÍTULO 1
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1
Objeto
La presente Directiva establece normas
mínimas relativas a:
a)           determinados aspectos del
derecho a la presunción de inocencia en los procesos penales;
b)           el derecho a estar presente en
el propio juicio en los procesos penales.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplica a las personas
físicas sospechosas o acusadas en procesos penales hasta la conclusión final de
esos procesos.
CAPÍTULO 2
Derecho a la presunción de inocencia
Artículo 3
Presunción de inocencia
Los
Estados miembros garantizarán que se presume la inocencia de los sospechosos o
acusados hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.
Artículo 4
Referencias públicas a la culpabilidad antes de la condena
Los Estados miembros velarán por que,
antes de la condena firme, las autoridades públicas no presenten a los
sospechosos o acusados como condenados.
Artículo 5
Carga de la prueba y fuerza probatoria 
1.           Los Estados miembros
velarán por que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los
sospechosos o acusados recaiga en la acusación. Esta disposición se entiende
sin perjuicio de los poderes de investigación de oficio del órgano
jurisdiccional que conoce del asunto.
2.           Los Estados miembros
velarán por que toda presunción que traslade la carga de la prueba a los
sospechosos o acusados tenga la importancia suficiente para justificar una
excepción a este principio y sea refutable.
Para refutar
la presunción, basta que la defensa aporte pruebas suficientes que susciten una
duda razonable sobre la culpabilidad de los sospechosos o acusados.
3.           Los Estados miembros
velarán por que, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto valore
la culpabilidad del sospechoso o acusado y exista una duda razonable sobre su
culpabilidad, este sea absuelto.
Artículo 6
Derecho a no autoinculparse y a no cooperar
1.           Los Estados miembros
garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a no autoinculparse
y a no cooperar en cualquier proceso penal.
2.           El derecho establecido
en el apartado 1 no se extenderá al uso, en los procesos penales, de material
que pueda recabarse de los sospechosos o acusados mediante el uso legítimo de
los poderes coercitivos, pero que tenga entidad independientemente de la
voluntad de los sospechosos o acusados.
3.           El ejercicio del derecho
a no autoinculparse y a no cooperar no se usará en contra de los sospechosos o
acusados en una fase posterior del proceso y no se considerará una
corroboración de los hechos.
4.           Las pruebas obtenidas en
vulneración del presente artículo serán inadmisibles, salvo si su uso no
menoscaba la equidad global del proceso.
Artículo 7
Derecho  a guardar silencio
1.           Los Estados miembros
garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a guardar silencio
cuando les interrogue la policía, otra autoridad con funciones coercitivas o
las autoridades judiciales en relación con la infracción penal de cuya comisión
sean sospechosos o acusados.
2.           Los Estados miembros
informarán inmediatamente a los sospechosos o acusados de su derecho a guardar
silencio, explicándoles el contenido de este derecho y las consecuencias de su
renuncia e invocación.
3.           El ejercicio del derecho
a guardar silencio no se usará en contra de los sospechosos o acusados en una
fase posterior del proceso y no se considerará una corroboración de los hechos.
4.           Las pruebas obtenidas en
vulneración del presente artículo serán inadmisibles, salvo si su uso no
menoscaba la equidad global del proceso.
CAPÍTULO 3
Derecho a estar presente en el propio juicio
Artículo 8
Derecho a estar presente en el propio juicio
1.           Los Estados miembros
garantizarán que los sospechosos o acusados tengan derecho a estar presentes en
su propio juicio.
2.           Los Estados miembros
podrán prever la posibilidad de que el órgano jurisdiccional que conozca del
asunto decida sobre la culpabilidad en ausencia del sospechoso o acusado,
siempre que este,
a)         a su debido tiempo:
i)          bien haya sido citado en persona y, por lo tanto,
informado de la fecha y el lugar previstos para el juicio, bien haya recibido
efectivamente, por otros medios, información oficial de la fecha y el lugar previstos
para el juicio, de forma que pueda determinarse sin lugar a dudas que tenía
conocimiento de la celebración prevista del juicio;
y
ii)         haya sido informado de que podía dictarse una
resolución si no comparecía ante el tribunal;
o
b)         teniendo conocimiento del juicio previsto, hubiera
otorgado mandato a un letrado designado por él mismo o por el Estado, para que
le representara en juicio, y haya sido, efectivamente, defendido por dicho
letrado en el juicio,
3.           Si no se cumplen las
condiciones establecidas en el apartado 2, los Estados miembros podrán proceder
a la ejecución de la resolución contemplada en dicho apartado si, tras serle
trasladada dicha resolución y ser expresamente informado de su derecho a
repetir el juicio o a interponer un recurso de apelación, con derecho a
participar en el proceso y a que se evalúe nuevamente el fondo del asunto
(incluido el examen de nuevas pruebas), lo que puede desembocar en la
revocación de la resolución original, el interesado:
a) declara expresamente que no impugna la resolución,
o
b) no solicita la repetición del juicio ni interpone un recurso de
apelación dentro del plazo establecido.
Artículo 9
Derecho a la repetición del juicio
Los Estados miembros velarán por que,
cuando los sospechosos o acusados no estén presentes en el juicio a que se
refiere el artículo 8, apartado 1, sin que se cumplan las condiciones fijadas
en el artículo 8, apartados 2 y 3, el interesado tenga derecho a la celebración
de un nuevo juicio en el que tendrá derecho a estar presente, que permita una
nueva apreciación del fondo del asunto, incluido el examen de nuevas pruebas, y
pueda desembocar en la revocación de la resolución original.
CAPÍTULO 4
Disposiciones generales y finales
Artículo 10
Vías de recurso
1.           Los Estados miembros
velarán por que, en caso de vulneración de los derechos establecidos en la
presente Directiva, los sospechosos o acusados dispongan de vías efectivas de
recurso.
2.           Esas vías de recurso
tendrán, en la medida de lo posible, el efecto de colocar a los sospechosos o
acusados en la situación que hubiesen ocupado de no haberse producido la
vulneración, con miras a preservar el derecho a un  juicio justo y el derecho
de defensa.
Artículo 11
Recopilación de datos
Los Estados miembros comunicarán a la
Comisión, a no más tardar el [...] y, en lo sucesivo, cada tres años, datos que
pongan de manifiesto la aplicación de los derechos establecidos en la presente
Directiva.
Artículo 12
Cláusula de no regresión
Ninguna disposición de la presente
Directiva se interpretará en el sentido de que limita o deroga los derechos o
garantías procesales reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales, el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales y otras disposiciones pertinentes del Derecho internacional o de
los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que garanticen un nivel de
protección más elevado.
Artículo 13
Transposición
1.           Los Estados miembros
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar
[dieciocho meses después de la publicación de la misma]. Notificarán
inmediatamente a la Comisión el texto de tales disposiciones.
Las disposiciones adoptadas por los Estados
miembros contendrán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas
de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
determinarán la forma de dicha referencia. 
2.           Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 14
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Artículo 15
Destinatarios
Los destinatarios de la presente
Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                           Por
el Consejo
El Presidente                                                  El
Presidente
[1]               DO C 115 de
4.5.2010, p. 1.
[2]               DO L 280 de
26.10.2010, p. 1.
[3]               DO L 142 de
1.6.2012, p. 1.
[4]               DO L 294 de
6.11.2013, p.1.
[5]               Propuesta
de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea,
COM(2013) 534 final de 17.7.2013.
[6]               DO
C 303 de 14.12.2007, p. 30. Explicaciones sobre la Carta de los Derechos
Fundamentales.
[7]               STNU,
999. 171. El PIDCP es un convenio internacional sobre derechos civiles y
políticos abierto a la firma en virtud de la Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. Ya ha sido ratificado, de
modo que es vinculante en Derecho internacional para todos los Estados miembros
de la UE.
[8]               Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz
/ Turquía, petición nº 36391/02, apartado 50.
[9]               Ídem, apartado 52.
[10]             Sentencia de 14 de octubre de 2008 en el asunto Brusco/Francia,
petición nº 1466/07, apartado 47.
[11]             Sentencia de 6 de diciembre de 1988 en el asunto Barberà, Messegué y Jabardo/España, peticiones nº 10588/83, 10589/83 y
10590/83. Véase también la sentencia de 10 de febrero de 1995 en el asunto Allenet
de Ribemont/Francia, petición nº 15175/89.
[12]             Sentencia de 25 de marzo de 1983 Minelli/Suiza, petición nº 8660/79.
[13]             Sentencia de 25 de febrero de 1993 Funke/Francia, petición nº 10828/84, sentencia de 8 de
febrero de 1996 Murray/Reino Unido, petición nº 18731 y sentencia de 17
de diciembre de 1996 Saunders/Reino Unido, petición nº 19187/91.
[14]             Excepto cuando el interés público justifique una
excepción al principio del derecho a la libertad. Véase la sentencia de 26 de
noviembre de 2010, Kudla v.
Poland, petición nº 30210/96.
[15]             Sentencia de 12 de febrero de 1985, Colozza/Italia, petición nº 9024/80.
[16]             COM(2011)
327 final de 14.6.2011. Los temas del Libro Verde eran la prisión preventiva y
el reconocimiento mutuo de las resoluciones de libertad vigilada y penas
sustitutivas. La Comisión recibió 81 respuestas de los Estados miembros, la
sociedad civil y las ONG. En el sitio web de la Comisión se ha publicado un
resumen de las respuestas. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. Véase también la Decisión Marco
2009/829/JAI, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados
miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las
resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión
provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20).
[17]             COM(2006)
174 final de 26.4.2006.
[18]             Véanse,
entre otros, los asuntos C-301/04 P Comisión/SGL Carbon [2006], REC I-5915, y T-112/98 Mannesmannröhren-Werke / Comisión [2001] ECR
II-732.
[19]             Véase
Minelli/Suiza.
[20]             Véase Allenet de Ribemont/Francia.
[21]             Véanse,
entre otros, los asuntos del TEDH Salabiaku/Francia (sentencia de
7.10.1988, petición 10519/83), Barberà, Messegué y Jabardo/España, Telfner/Austria
(sentencia de 20.3.2001, petición 33501/96).
[22]             Véanse,
entre otros, los asuntos del TEDH  Funke/Francia, Murray/Reino Unido,
Saunders/Reino Unido, Heaney y McGuiness/Irlanda (sentencia de 21.12.2000,
petición 34720/97), Jalloh/Alemania (sentencia de 11.7.2006, petición 54810/00).
[23]             Véase
Heaney y McGuiness/Irlanda, apartados 55 y 58.
[24]             Sentencia
de 5 de noviembre de 1992 en el asunto Allan/Reino Unido, petición nº
48539/99, apartado 50.
[25]             Véase
Allan/Reino Unido, apartado 42.
[26]             Véase la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de
26 de febrero de 2009 (DO L 81 de 27.3.2009, p. 81).
[27]             Colozza/Italia.
[28]             Véase
Teteriny/Rusia
(sentencia de 30.6.2005, petición nº 11931/03, apartado 56), Jeličić
/ Bosnia y Herzegovina (sentencia de 31.10.2006, petición nº
41183/02, apartado 53), y Mehmet
y Suna Yiğit / Turquía (sentencia de 17.7.2007, petición nº
52658/99, apartado 47), y  Salduz / Turquía, apartado 72.
[29]             DO C de, p. .
[30]             DO C de, p. .
[31]             DO
C 115 de 4.5.2010, p. 1.
[32]             Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de octubre de 2010 , relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
[33]             Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de mayo de 2012 , relativa al derecho a la información en los
procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1).
[34]             Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013 , sobre el derecho a la asistencia de letrado
en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de
detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el
momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con
autoridades consulares durante la privación de libertad
(DO L 294
de 6.11.2013, p. 1).
[35]             La
redacción final de este considerando de la Directiva dependerá de la posición
que el Reino Unido e Irlanda adopten, de conformidad con las disposiciones del
Protocolo nº 21.