CELEX: C2005/057/10
Language: es
Date: 2005-03-05 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 11 de enero de 2005, en el asunto C-26/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Naumburg): Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH contra Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna («Directiva 92/50/CEE — Contratos públicos de servicios — Adjudicación sin licitación pública — Adjudicación del contrato a una empresa de economía mixta — Tutela judicial — Directiva 89/665/CEE»)

5.3.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 57/6
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Sala Primera)
   de 11 de enero de 2005
   en el asunto C-26/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Naumburg): Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH contra Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna (1)
   
   («Directiva 92/50/CEE - Contratos públicos de servicios - Adjudicación sin licitación pública - Adjudicación del contrato a una empresa de economía mixta - Tutela judicial - Directiva 89/665/CEE»)
   (2005/C 57/10)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-26/03, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberlandesgericht Naumburg (Alemania), mediante resolución de 8 de enero de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de enero de 2003, en el procedimiento entre Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau GmbH y Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, el Tribunal de Justicia (Sala Primera), integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, E. Juhász (Ponente), M. Ilešič y E. Levits, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado el 11 de enero de 2005 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, a su vez modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de los Estados miembros de garantizar una posibilidad de recurso eficaz y rápido contra las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras se aplica asimismo a las decisiones adoptadas sin un procedimiento formal de contratación pública y con anterioridad a una licitación formal y, en particular, a la decisión que establece si un determinado contrato está o no comprendido dentro del ámbito de aplicación personal y material de la Directiva 92/50, en su versión modificada. Dispone de esta posibilidad de recurso cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener el contrato de que se trate y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción, siempre que exista una manifestación de la voluntad de la entidad adjudicadora que pueda producir efectos jurídicos. Por tanto, los Estados miembros no están autorizados a supeditar la posibilidad de recurso al hecho de que el procedimiento de contratación pública de que se trate haya alcanzado formalmente una determinada fase.
            
         
               2)
            
            
               En el supuesto de que una entidad adjudicadora proyecte celebrar un contrato a título oneroso referente a servicios comprendidos dentro del ámbito de aplicación material de la Directiva 92/50, en su versión modificada por la Directiva 97/52, con una sociedad jurídicamente distinta de ella en cuyo capital participa junto con una o varias empresas privadas, deben aplicarse siempre los procedimientos de contratación pública previstos en dicha Directiva.
            
         
      (1)  DO C 101, de 26.4.2003.