CELEX: 62015CC0467
Language: es
Date: 2017-01-18 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Wathelet, presentadas el 18 de enero de 2017.#Comisión Europea contra República Italiana.#Recurso casación — Ayudas de Estado — Ayuda otorgada por la República Italiana a los productores de leche — Régimen de ayudas vinculado al reembolso de la tasa láctea — Decisión condicional — Decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la base del artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero — Reglamento (CE) n.o 659/1999 — Artículo 1, letras b) y c) — Ayuda existente — Nueva ayuda — Conceptos — Modificación de una ayuda existente que incumple un requisito que garantiza la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior.#Asunto C-467/15 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. MELCHIOR WATHELET
      presentadas el 18 de enero de 2017 (
            1
         )
      
         Asunto C‑467/15 P
      
      
         Comisión Europea
      
      
         contra
      
      
         República Italiana
      
      «Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayuda otorgada por la República Italiana a los productores de leche — Régimen de ayudas vinculado al reembolso de la tasa láctea — Decisión condicional adoptada por el Consejo en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero — Incumplimiento de los requisitos de autorización — Ayuda existente — Nueva ayuda — Modificación de una ayuda existente»
      
               1.
            
            
               Mediante el presente recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de junio de 2015, Italia/Comisión (T‑527/13, EU:T:2015:429; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual dicho Tribunal, por un lado, anuló parcialmente la Decisión 2013/665/UE de la Comisión (
                     2
                  ) y, por otro, desestimó el recurso en todo lo demás.
            
         
         I. Marco jurídico
      
      
         A. Reglamento (CE) n.o 659/1999
      
      
               2.
            
            
               Con arreglo al artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999, (
                     3
                  ) se entenderá por «nueva ayuda»«toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes».
            
         
               3.
            
            
               A tenor de lo dispuesto en el artículo 1, letra g), de este Reglamento, se entenderá por «ayuda aplicada de manera abusiva»«la ayuda utilizada por el beneficiario contraviniendo [la] decisión [de aprobación]».
            
         
         
            B. Reglamento (CE) n.o 794/2004
      
      
               4.
            
            
               El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 794/2004, (
                     4
                  ) establece lo siguiente:
               «A efectos de la letra c) del artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 659/1999, se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común. No obstante, un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 % no se considerará modificación de ayudas existentes.»
            
         
         II. Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
      
      
               5.
            
            
               El Tribunal General resumió así los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 8 de la sentencia recurrida:
               
                        «1.
                     
                     
                        Con el fin de que los productores de leche italianos pudieran liquidar la tasa suplementaria de 1386475000 euros adeudada a la Unión Europea por rebasar la cuota lechera atribuida a la República Italiana en las campañas 1995/1996 a 2001/2002, este Estado miembro solicitó al Consejo de la Unión Europea autorización para establecer un régimen de ayudas de Estado, de acuerdo con el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo tercero.
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Mediante la Decisión 2003/530/CE del Consejo, de 16 de julio de 2003, sobre la compatibilidad con el mercado común de una ayuda que la República Italiana se propone conceder a sus productores de leche (DO [2003], L 184, p. 15; en lo sucesivo, “Decisión del Consejo”), el Consejo autorizó a este Estado miembro a “[subrogarse] en el pago a [la Unión] del importe adeudado por dichos productores a [la Unión] en virtud de la tasa suplementaria sobre la leche y los productos lácteos para el período 1995/1996 a 2001/2002” (artículo 1 de la Decisión del Consejo). Asimismo, el Consejo le autorizó a “[que permitiera a los interesados] la devolución de su deuda [con la República Italiana] mediante el pago diferido durante una serie de años sin interés” (artículo 1 de la Decisión del Consejo).
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Esta declaración de compatibilidad estaba sujeta a dos series de condiciones. En primer lugar, el Consejo impuso a las autoridades italianas, por un lado, el deber de declarar al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) el importe de la tasa suplementaria adeudada por los productores de leche y, por otro, el de deducir su deuda pendiente con la Unión y el interés sobre la misma del gasto financiado por el citado FEOGA (artículo 2 de la Decisión del Consejo). En segundo lugar, el Consejo exigió que los productores de leche devolvieran íntegramente su deuda con la República Italiana, por una parte, mediante plazos anuales de la misma cuantía y, por otra, en un período no superior a catorce años, que empezaría a contar el 1 de enero de 2004 (artículo 1 de la Decisión del Consejo).
                     
                  
                        4
                     
                     
                        En este contexto, las autoridades italianas adoptaron el [decreto-legge n. 49, riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari] (Decreto-ley n.o 49, de reforma de la legislación sobre la aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos), de 28 de marzo de 2003 (GURI n.o 75, de 31 de marzo de 2003, p. 4), así como el [decreto ministeriale del 30 luglio 2003, disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all’art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003] (Decreto Ministerial de 30 de julio de 2003 por el que se aprueban disposiciones relativas al pago de la tasa suplementaria adeudada y no liquidada del período de 1995/1996 a 2001/2002, a que se refiere el artículo 10, apartado 34, de la Ley n.o 119/2003) (GURI n.o 183, de 8 de agosto de 2003, p. 33). De la lectura conjunta de ambas normas se desprende que, en esencia, dispusieron que los productores de leche habían de reembolsar a la República Italiana el importe íntegro de la tasa suplementaria de la que ésta se había hecho cargo, sin intereses, mediante plazos anuales de la misma cuantía, a lo largo de un período no superior a catorce años (en lo sucesivo, “sistema de pagos escalonados”).
                     
                  
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                        Tras modificar en diversas ocasiones estas disposiciones, con el fin, en particular, de que los interesados pudieran solicitar el pago de su deuda a plazos a lo largo de un período que podía llegar hasta treinta años, y tras prorrogar por seis meses el pago de la anualidad que vencía el 30 de junio de 2010, las autoridades italianas aprobaron la [legge n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie] (Ley n.o 10, de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.o 225, de 29 de diciembre de 2010, por el que se prorrogan los plazos previstos en las disposiciones legales y las intervenciones urgentes en materia tributaria y de apoyo a las empresas y a las familias), de 26 de febrero de 2011 (GURI n.o 47, de 26 de febrero de 2011, suplemento ordinario n.o 53), que entró en vigor el día siguiente, el 27 de febrero de 2011. Esta norma introdujo, en particular, en el artículo 1 del [Decreto-ley n.o 225], un apartado 12 duodecies, según el cual, “al objeto de hacer frente a la grave crisis que afecta al sector lechero, se aplazan al 30 de junio de 2011 los pagos de los importes con vencimiento el 31 de diciembre de 2010 establecidos en los programas de pago a plazos previstos por el Decreto-ley n.o 49” y normas posteriores (en lo sucesivo, “aplazamiento del pago”).
                     
                  
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                        Las autoridades italianas comunicaron a la Comisión que el “equivalente de subvención” de esta medida se había imputado a la ayuda de minimis prevista para dicho Estado miembro en el anexo del Reglamento (CE) n.o 1535/2007 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas (DO 2007, L 337, p. 35). Según dichas autoridades, esta fórmula benefició a 1291 productores de leche, es decir, el 11,45 % de los 11271 beneficiarios del sistema de pagos escalonados. Además, la ayuda individual obtenida por este concepto se situaba en una horquilla comprendida entre 0,08 y 694,19 euros. Finalmente, para 1187 de los 1291 productores de leche afectados, la ayuda resultó inferior a 100 euros, y para 559 de ellos, inferior a 12 euros.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Mediante la Decisión C(2011) 10055 final, de 11 de enero de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — Aplazamiento del pago de la tasa láctea en Italia, de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea del 10 de febrero de 2012 (DO 2012, C 37, p. 30), la Comisión inició el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2. En primer lugar, indicó, esencialmente, que albergaba dudas acerca de la calificación del aplazamiento del pago, a la vista del artículo 107 TFUE, así como de la compatibilidad de esta medida con el mercado interior. En segundo lugar, expuso que ese aplazamiento del pago constituía un incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en la Decisión del Consejo, que dicho incumplimiento, en la medida en que afectaba a los productores de leche que se habían beneficiado del aplazamiento del pago, transformaba en una nueva ayuda todo el sistema de pagos escalonados instituido por las autoridades italianas, y que tampoco se había determinado la compatibilidad de esta nueva ayuda con el mercado interior.
                     
                  
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                        En la Decisión [controvertida], la Comisión consideró, como resultado de la comunicación mantenida con las autoridades italianas durante el procedimiento administrativo, que cada una de las dos medidas en cuestión, es decir, el aplazamiento del pago, por un lado, y el sistema de pagos escalonados, por otro, constituía una nueva ayuda, ilegal e incompatible con el mercado interior (artículo 1 de la Decisión [controvertida]). Por consiguiente, ordenó a la República Italiana que recuperara de forma inmediata y efectiva las sumas concedidas a los productores de leche beneficiarios del aplazamiento del pago, más los intereses correspondientes (artículos 2 y 3 de la Decisión [controvertida]).»
                     
                  
         
         III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
      
      
               6.
            
            
               Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 30 de septiembre de 2013, la República Italiana interpuso un recurso de anulación total o parcial de la Decisión controvertida.
            
         
               7.
            
            
               En apoyo de su recurso, la República Italiana invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 3, apartado 7, del Reglamento n.o 1535/2007 y, el segundo, en la infracción del artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento.
            
         
               8.
            
            
               El Tribunal General estimó el segundo motivo formulado por la República Italiana y anuló el artículo 1, apartado 2, de la Decisión controvertida, así como los artículos 2 a 4 de la misma, en la medida en que afectaban, por un lado, al régimen de ayudas mencionado en el artículo 1, apartado 2, y, por otro, a las ayudas individuales otorgadas de acuerdo con dicho régimen, a la vez que desestimó el recurso en todo lo demás.
            
         
               9.
            
            
               A tal efecto, el Tribunal General, en primer lugar, precisó, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, el alcance del segundo motivo, considerando que, aunque las diferentes alegaciones invocadas por la República Italiana en el marco de dicho motivo se basaban en la infracción de una norma distinta, en todas se indicaba también en esencia que la Decisión controvertida carecía de base jurídica válida para poder calificar el sistema de pagos escalonados de ayuda nueva e ilegal y para imponer a la demandante la obligación de recuperar dicha ayuda. En los apartados 40 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que tal argumentación ya se había formulado en la demanda, y que las alegaciones presentadas por la República Italiana en su réplica constituían una ampliación, a la luz del escrito de contestación, de dicha argumentación.
            
         
               10.
            
            
               En segundo lugar, el Tribunal General desestimó, en los apartados 45 a 47 de la sentencia recurrida, la alegación formulada por la República Italiana relativa a la motivación de la Decisión controvertida.
            
         
               11.
            
            
               En tercer lugar, el Tribunal General examinó, en los apartados 49 a 92 de la sentencia recurrida, las alegaciones de la República Italiana relativas al fundamento de la Decisión controvertida.
            
         
               12.
            
            
               En el apartado 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que no era controvertido que, hasta que la Comisión estimó que el sistema de pagos escalonados debía considerarse una nueva ayuda, esta medida constituía un régimen de ayudas existente.
            
         
               13.
            
            
               Si bien consideró, en los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía recurrir al procedimiento previsto por el capítulo IV del Reglamento n.o 659/1999, aplicable a las ayudas abusivas, el Tribunal General estimó, en el apartado 68 de dicha sentencia, que era un hecho acreditado que la Comisión no basó su decisión en las disposiciones del Reglamento n.o 659/1999 correspondientes, sino que consideró que el sistema de pagos escalonados, a causa del aplazamiento del pago, y en la medida en que se aplicaba a los productores de leche que se beneficiaron de ese aplazamiento, había pasado a ser una nueva ayuda. Del mismo modo, el Tribunal General consideró que esa calificación y la de ayuda aplicada de manera abusiva eran excluyentes entre sí, por cuanto, como recuerda el considerando 15 del Reglamento n.o 659/1999, solamente una ayuda ya existente podía dar lugar a una aplicación abusiva.
            
         
               14.
            
            
               Entre las diferentes vías procesales a las que la Comisión tenía la posibilidad de recurrir, el Tribunal General se refirió, en los apartados 69 a 76, a la del procedimiento aplicable a las ayudas ilegales, previsto en el capítulo III del Reglamento n.o 659/1999.
            
         
               15.
            
            
               En el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, en caso de modificación de una ayuda existente, no puede ser calificada de nueva ayuda «toda ayuda existente modificada», sino únicamente la modificación en cuanto tal, mientras que la medida anterior, que se aplicó legalmente, deberá considerarse como ayuda existente o régimen de ayudas existente.
            
         
               16.
            
            
               En el apartado 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal General mencionó una excepción a esta regla, relativa al caso de que la modificación afecte a la propia esencia de la ayuda existente o del régimen de ayudas existente, supuesto en el que dicha medida se transforma completamente en nueva ayuda o en nuevo régimen de ayudas. El Tribunal General precisó, en este mismo apartado, que no existe una modificación esencial si el elemento nuevo puede disociarse claramente de la medida ya existente o si dicho elemento es de naturaleza meramente formal o administrativa.
            
         
               17.
            
            
               El Tribunal General llegó a la conclusión, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, de que, para que la Comisión pueda calificar de nueva ayuda, y, en su caso, de ilegal, no solamente la modificación de una ayuda existente sino también la totalidad de la ayuda existente objeto de esa modificación, debe cumplir el requisito material de demostrar que dicha modificación afecta a la propia esencia de la medida preexistente. Añadió que, en caso de que el Estado miembro de que se trate se muestre disconforme respecto a este punto durante el procedimiento administrativo, alegando, bien que la modificación se disocia claramente de la medida ya existente, bien que reviste un carácter meramente formal o administrativo y no influye en el examen de la compatibilidad de esa medida con el mercado interior, la Comisión debe justificar los motivos por los que le parece que las alegaciones de este Estado miembro son infundadas.
            
         
               18.
            
            
               En los apartados 78 a 80 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la Comisión no había demostrado en la Decisión controvertida que el aplazamiento del pago afectaba a la propia esencia del sistema de pagos escalonados. El Tribunal General concluyó, en los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida, que la Comisión interpretó erróneamente el concepto de nueva ayuda, al recalificar de nueva ayuda ilegal un régimen de ayudas existente sin observar los requisitos materiales enunciados en el Reglamento n.o 659/1999 y que ordenó indebidamente que se recuperaran las ayudas otorgadas en virtud del régimen de ayudas existente.
            
         
               19.
            
            
               En los apartados 83 a 91 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó las alegaciones formuladas por la Comisión que tenían por objeto demostrar que el incumplimiento, por las autoridades italianas, de uno de los requisitos exigidos en la declaración de compatibilidad realizada por el Consejo implicaría, sustancialmente, la recalificación como nueva ayuda ilegal del régimen de ayudas existente.
            
         
               20.
            
            
               A tal efecto, el Tribunal General señaló, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que, cuando la Comisión constata el incumplimiento de una decisión por la que se declara una ayuda o un régimen de ayudas compatible con el mercado interior con determinadas condiciones y opta por ejercer su potestad de control, deberá ceñirse al examen de la nueva ayuda, a menos que demuestre que ésta modificó la propia esencia de una ayuda existente o un régimen de ayudas existente.
            
         
               21.
            
            
               En el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión no podía estimar fundadamente que la inobservancia de tal requisito conllevaba ipso facto la recalificación de esa medida como nueva ayuda, y menos aún considerar ésta ilegal ab initio, y ordenar su recuperación como si se tratara de una ayuda aplicada de forma ilegal y no de una ayuda previamente autorizada.
            
         
               22.
            
            
               A este respecto, el Tribunal General señaló, en el apartado 87 de la sentencia recurrida, que toda ayuda existente se ampara en la decisión de autorización de la que fue objeto, a menos que la Comisión considere que dicha ayuda se ha aplicado de manera abusiva o que su propia esencia ha sido modificada por una nueva ayuda y debe por tanto considerarse, a excepción de esos dos supuestos, legal mientras la Comisión no haya declarado su incompatibilidad con el mercado interior.
            
         
               23.
            
            
               Por otra parte, en el apartado 88 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, habida cuenta de la finalidad perseguida por las condiciones estipuladas en la declaración de compatibilidad, que su incumplimiento posterior podía llevar a la Comisión, mediante una de las vías procesales previstas en el Tratado FUE y en el Reglamento n.o 659/1999, a cuestionar que la medida en cuestión pudiera beneficiarse de la declaración de compatibilidad con el mercado interior, pero no que pudiera o no calificarse de ayuda existente, sin perjuicio de la excepción señalada en el apartado 85 de la sentencia recurrida.
            
         
               24.
            
            
               En los apartados 89 y 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que dicha declaración de incompatibilidad sólo podrá producir efectos de cara al futuro; en caso contrario, ayudas individuales que, antes de que el Estado miembro de que se trate incumpliera sus obligaciones, fueron regularmente otorgadas en virtud de un régimen de ayudas puesto en práctica de forma legal, serían declaradas ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior con carácter retroactivo, lo que equivaldría a una revocación de la decisión que autorizó la ejecución de esas medidas.
            
         
               25.
            
            
               Por otra parte, el Tribunal General consideró, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, que admitir el planteamiento expuesto por la Comisión permitiría que se eludieran los procedimientos establecidos por el legislador con el fin de garantizar, en consonancia con el principio de seguridad jurídica, el control efectivo de las ayudas de Estado.
            
         
               26.
            
            
               Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó por tanto el segundo motivo y desestimó el recurso en todo lo demás.
            
         
         IV. Sobre el recurso de casación
      
      
               27.
            
            
               La Comisión y la República Italiana fueron oídas en la vista celebrada el 10 de noviembre de 2016.
            
         
               28.
            
            
               En apoyo de su recurso de casación, la Comisión aduce tres motivos, basados, respectivamente, i) en la prohibición de examinar de oficio un motivo referido a la legalidad sustancial del acto impugnado; ii) en la infracción del artículo 108 TFUE y del artículo 1 del Reglamento n.o 659/1999 en lo que respecta a los conceptos de nueva ayuda y de ayuda existente; iii) en la infracción del artículo 108 TFUE y de los artículos 4, 6, 7, 14 y 16 del Reglamento n.o 659/1999 en lo que respecta a los procedimientos aplicables a las nuevas ayudas y a las ayudas aplicadas de manera abusiva.
            
         
         A. Sobre el primer motivo, basado en la prohibición de examinar de oficio un motivo referido a la legalidad sustancial del acto impugnado
      
      
         
            1.
          
            Alegaciones de las partes
         
      
      
               29.
            
            
               La Comisión sostiene que, en los apartados 39 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General vulneró el principio dispositivo, e infringió la prohibición de examinar de oficio un motivo referido a la legalidad sustancial de la decisión, el artículo 21 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, artículos de los que se desprende que, en principio, el litigio es determinado y circunscrito por las partes y que el juez de la Unión no puede resolver ultra petita, al examinar de oficio la cuestión de la calificación del sistema de pagos escalonados de ayuda nueva y no existente debido al supuesto carácter no sustancial de la modificación que las autoridades italianas introdujeron al mismo. Considera que, en la demanda presentada al Tribunal General, esta cuestión sólo se planteó, en cuanto al fondo, en la medida en que se refiere a la supuesta infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 794/2004, cuestión que es distinta de aquella a la que se refería el razonamiento del Tribunal General.
            
         
               30.
            
            
               Para el caso de que el Tribunal de Justicia estimara el presente motivo, la Comisión considera que dicho Tribunal no debe limitarse a anular la sentencia recurrida y a desestimar el recurso interpuesto en primera instancia, sino que, en aras de una buena administración de la justicia, para evitar la repetición de graves violaciones del Derecho sustantivo de la Unión y obtener aclaraciones sobre los procedimientos que deben adoptarse para el examen de las ayudas de Estado otorgadas infringiendo los requisitos impuestos en la decisión de compatibilidad, también debería examinar y estimar al menos uno de los otros dos motivos.
            
         
               31.
            
            
               Por su parte, la República Italiana considera infundado este motivo.
            
         
         
            2.
          
            Apreciación
         
      
      
               32.
            
            
               A diferencia de la Comisión, considero que la República Italiana sí ha invocado este motivo en su demanda presentada al Tribunal General.
            
         
               33.
            
            
               En efecto, en la propia redacción del segundo motivo de su recurso ante el Tribunal General, la República Italiana hizo referencia a una alegación basada en la infracción del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999, relativo al concepto de nueva ayuda.
            
         
               34.
            
            
               En el marco de este motivo, la República Italiana alega, en primer lugar, que «no existen pruebas que acrediten que los beneficiarios de la ayuda existente que disfrutaron de la medida controvertida estén obligados a reembolsar no solamente el importe correspondiente a esta medida, sino también el recibido en concepto de la ayuda existente (y, por tanto, sobre la base de la decisión de autorización, los intereses por liquidar en el primer programa de pagos escalonados)» (punto 56 de la demanda presentada al Tribunal General).
            
         
               35.
            
            
               A continuación, la República Italiana reprocha a la Comisión, siempre en el marco de este mismo motivo, una desnaturalización del concepto de «modificación de la ayuda existente» previsto en el artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999 en los términos que se exponen a continuación: «tampoco cabe considerar que la extensión de la decisión de recuperación también a la ayuda existente pueda derivarse legítimamente de que se haya producido una modificación sustancial de esa ayuda, en cuya virtud haya que calificar a las dos medidas como una nueva ayuda única, no notificada a la Comisión y, por ende, ilegal» (punto 57 de la demanda presentada al Tribunal General).
            
         
               36.
            
            
               Por otra parte, la República Italiana añade que «tal conclusión sería el resultado manifiesto de una desnaturalización del concepto de “modificación de la ayuda existente”, pertinente a efectos de la aplicación del artículo 1, letra c), del Reglamento n.o 659/1999» (punto 58 de la demanda presentada al Tribunal General).
            
         
               37.
            
            
               De ello se desprende que, aunque la República Italiana también reprochó a la Comisión en este contexto una motivación insuficiente, criticó a la Comisión por haber calificado el sistema de pagos escalonados como nueva ayuda, sin verificar si se cumplían las condiciones para tal calificación.
            
         
               38.
            
            
               Lo anterior se ve confirmado por el hecho de que la Comisión comprendió claramente la alegación de la República Italiana que la propia Comisión resumió y refutó en su escrito de contestación presentado ante el Tribunal General (puntos 22 y 32 a 36 del escrito de contestación a la demanda presentado al Tribunal General).
            
         
               39.
            
            
               En consecuencia, procede desestimar el primer motivo por infundado.
            
         
         B. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 108 TFUE y del artículo 1 del Reglamento n.o 659/1999 en lo que respecta a los conceptos de nueva ayuda y de ayuda existente
      
      
               40.
            
            
               Este motivo contiene dos partes relativas, la primera, al hecho de que la ayuda aplicada infringiendo los requisitos de la autorización era una nueva ayuda y no existente y, la segunda, al hecho de que la tesis del Tribunal General no tuvo en cuenta el equilibrio institucional entre el Consejo y la Comisión.
            
         
         
            1.
          
            Alegaciones de las partes
         
      
      
         
            a)
          
            La Comisión
         
      
      
         i) Observaciones preliminares
      
      
               41.
            
            
               La Comisión sostiene, en esencia, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (
                     5
                  ) se desprende que el mero incumplimiento de las condiciones impuestas en una decisión anterior de compatibilidad de una ayuda implica la existencia de una nueva ayuda y, a falta de nuevos hechos que puedan dar lugar a una apreciación diferente, justifica una nueva decisión de incompatibilidad.
            
         
               42.
            
            
               Según la Comisión, la seguridad jurídica exige determinar con certeza si la medida nacional está cubierta por la decisión de compatibilidad, certeza que sólo podrá adquirirse si la medida en cuestión se ajusta plenamente a la autorización y respeta todas las condiciones que figuran en la misma. Por otra parte, la Comisión señala que, cuando un Estado miembro incumple los requisitos de autorización, la ayuda aplicada no coincide con la autorizada por el Consejo y, en consecuencia, no puede constituir una ayuda existente.
            
         
               43.
            
            
               Además, la Comisión pone de manifiesto que, en caso de incumplimiento de los requisitos impuestos en la decisión de autorización, el Estado miembro de que se trate siempre puede solicitar una nueva decisión de autorización, basándose, en particular, en las modificaciones sobrevenidas en las circunstancias de hecho.
            
         
         ii) Sobre la primera parte
      
      
               44.
            
            
               En primer lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General que considerase erróneamente, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que el sistema de pagos escalonados constituía un régimen de ayudas existente hasta que la Comisión estimó que debía considerarse una nueva ayuda. La Comisión entiende que, al proceder de este modo, el Tribunal General no tuvo en cuenta el carácter objetivo de los conceptos «ayuda existente» y «nueva ayuda».
            
         
               45.
            
            
               En segundo lugar, la Comisión considera que, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal General invocó indebidamente las sentencias de 20 de mayo de 2010, Todaro Nunziatina & C. (C‑138/09, EU:C:2010:291); de 30 de abril de 2002, Government of Gibraltar/Comisión (T‑195/01 y T‑207/01, EU:T:2002:111), y de 16 de diciembre de 2010, Países Bajos y NOS/Comisión (T‑231/06 y T‑237/06, EU:T:2010:525), en apoyo de la consideración según la cual, en caso de modificación de una ayuda existente, no podía ser calificada de nueva ayuda toda ayuda existente modificada, sino únicamente la modificación en cuanto tal.
            
         
               46.
            
            
               En tercer lugar, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, la Comisión reprocha al Tribunal General, por una parte, haber supeditado la calificación como nueva ayuda de una ayuda existente o de un régimen de ayudas existente que hayan sido objeto de una modificación a la demostración por parte de la Comisión de que la modificación afectaba a la esencia misma de la medida preexistente y, por otra, exigido en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que, en caso de impugnación, la Comisión justifique, durante el procedimiento administrativo, las razones por las que le parece que las alegaciones del Estado miembro en cuestión, basadas en el carácter no sustancial de la modificación, son infundadas.
            
         
               47.
            
            
               En cuarto lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General haber extraído conclusiones en cuanto al fondo de una supuesta motivación insuficiente de la Decisión controvertida, siendo así que el Tribunal General ya desestimó, en los apartados 46 y 47 de la sentencia recurrida, la alegación de la República Italiana relativa a la motivación de la Decisión controvertida.
            
         
               48.
            
            
               En quinto lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General haber descrito de forma engañosa su postura sobre si el sistema de pagos escalonados había sufrido una modificación sustancial.
            
         
               49.
            
            
               En sexto lugar, la Comisión considera, por las razones ya expuestas, que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal General en los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida están basadas en premisas de Derecho erróneas.
            
         
               50.
            
            
               En séptimo lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General haber considerado equivocadamente, en el apartado 88 de la sentencia recurrida, que, en caso de incumplimiento de las condiciones asociadas a una declaración de compatibilidad, la Comisión sólo podía cuestionar que la medida en cuestión pudiera beneficiarse de la declaración de compatibilidad con el mercado interior, pero no que pudiera calificarse de ayuda existente, a no ser que demostrara la existencia de una modificación sustancial de la medida de que se trate.
            
         
               51.
            
            
               En octavo lugar, la Comisión considera que, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó de manera errónea la sentencia de 15 de septiembre de 1998, Ryanair/Comisión (T‑140/95, EU:T:1998:201), relativa al incumplimiento de una decisión por la que se aprobó con condiciones una ayuda que debía pagarse por tramos sucesivos. Según la Comisión, de la citada sentencia se desprende que el incumplimiento de una condición de autorización no sólo implica que la ayuda no queda cubierta por la decisión inicial, sino también que los siguientes tramos deben presumirse incompatibles a menos que la Comisión decida establecer una excepción.
            
         
               52.
            
            
               En noveno lugar, la Comisión considera que no se puede equiparar a la revocación de una decisión anterior la apreciación efectuada por el Tribunal General en el apartado 90 de la sentencia recurrida de que determinadas ayudas no corresponden a la que ha sido autorizada. Por consiguiente, la Comisión entiende que, contrariamente a lo que afirma el Tribunal General en el apartado 91 de la sentencia recurrida, no se produjo ninguna elusión del Reglamento n.o 659/1999, ni ninguna violación del principio de seguridad jurídica.
            
         
         
            b)
          
            La República Italiana
         
      
      
               53.
            
            
               En primer lugar, la República Italiana replica que el Tribunal General no se basó en la tesis según la cual la ayuda existente, tal como fue autorizada por el Consejo, incluía el aplazamiento del pago concedido en 2011, sino en aquella según la cual el aplazamiento del pago constituía una nueva ayuda que, al no haber demostrado la Comisión que esta medida había modificado sustancialmente la ayuda existente, no pudo tener influencia alguna sobre la ayuda existente.
            
         
               54.
            
            
               En segundo lugar, la República Italiana considera que la Comisión reprocha erróneamente al Tribunal General no haber extraído las consecuencias de sus propias consideraciones con relación a la posibilidad que se brinda a la Comisión de recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, para que declare que la República Italiana incumplió los requisitos previstos en la decisión de autorización.
            
         
               55.
            
            
               En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación de la Comisión dirigida a demostrar que el Tribunal General no motivó su afirmación en el apartado 76 de la sentencia recurrida según la cual sólo cuando ésta demuestra que un incumplimiento de los requisitos de autorización afecta a la propia esencia de la ayuda autorizada puede prevalerse de sus facultades habituales en materia de nuevas ayudas, la República Italiana alega que la Comisión no tiene en cuenta la norma de que la recuperación de una ayuda existente sólo puede ordenarse cuando ésta deja de serlo, a saber, cuando se convierte, debido a la modificación vinculada a la ayuda existente, en una nueva ayuda. Para que esto suceda, es necesario, según la República Italiana, que la modificación introducida en un régimen de ayudas no sea claramente separable del régimen inicial y, además, que esta modificación afecte a la propia esencia del régimen inicial.
            
         
               56.
            
            
               En cuarto lugar, en lo que atañe a las alegaciones de la Comisión en relación con la calificación de la medida en cuestión de nueva ayuda y no existente, la República Italia subraya que el Tribunal General no afirmó, a diferencia de lo que defiende la Comisión, que, en caso de incumplimiento de los requisitos de autorización, la Comisión sólo podía intervenir si demostraba que el Estado miembro había introducido una modificación sustancial en la ayuda existente.
            
         
               57.
            
            
               En cualquier caso, la República Italiana alega que, si la nueva medida constituye a su vez una ayuda ilegal, la Comisión puede adoptar una decisión que prohíba la aplicación de dicha medida, o, en caso de que la medida ya se hubiera aplicado, ordenar la recuperación de la ayuda, restableciendo de este modo las condiciones en que se autorizó la ayuda.
            
         
               58.
            
            
               La República Italiana se opone asimismo a la alegación de la Comisión según la cual, con independencia de si una ayuda existente se ha aplicado o no legalmente, el incumplimiento de uno de los requisitos de autorización impuestos en la decisión de autorización transforma la totalidad de la medida preexistente en una nueva ayuda. Basándose en la sentencia de 13 de junio de 2013, HGA y otros/Comisión (C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, apartados 29 y 30), este Estado miembro sostiene que el Tribunal de Justicia adopta un razonamiento diferente en su jurisprudencia.
            
         
         
            2.
          
            Apreciación de la primera parte del segundo motivo
         
      
      
               59.
            
            
               En el presente asunto, consta que la modificación introducida en la medida preexistente autorizada por el Consejo constituye una nueva ayuda ilegal; el Tribunal General resolvió sobre dicho punto, lo que no ha sido impugnado ante el Tribunal de Justicia. En consecuencia, la cuestión que ocupa un lugar central en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia es si esta modificación transforma la totalidad de la ayuda existente modificada en una nueva ayuda y en qué condiciones. ¿Es automático o es necesario que la modificación sea sustancial e inseparable de la medida preexistente? (
                     6
                  )
            
         
               60.
            
            
               En otras palabras, ¿debe considerarse que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que la transformación de la ayuda existente en nueva ayuda estaba supeditada a que se demostrase que la modificación afectaba a la medida preexistente de manera sustancial, así como que no podía disociarse de la misma, demostración que la Comisión no realizó en el presente asunto?
            
         
         
            a)
          
            ¿Qué dice la jurisprudencia?
         
      
      
         i) Sentencia Heineken Brouwerijen (91/83 y 127/83)
      
      
               61.
            
            
               La primera sentencia que atrae mi atención es la sentencia de 9 de octubre de 1984, Heineken Brouwerijen (91/83 y 127/83, EU:C:1984:307, apartados 19 a 22), en la que el órgano jurisdiccional remitente preguntó al Tribunal de Justicia sobre la prohibición, prevista en el artículo 93, apartado 3, última frase, del Tratado, de ejecutar las medidas proyectadas antes de que los procedimientos previstos en los apartados 2 y 3 hayan dado lugar a una decisión definitiva. El órgano jurisdiccional remitente preguntaba si esta prohibición de ejecución se aplicaba a un proyecto de ayuda notificado regularmente en su versión inicial, pero modificado posteriormente sin que se hubiera informado a la Comisión de ello y si, en este caso, la prohibición se aplicaba únicamente a la parte de la ayuda establecida mediante esta modificación.
            
         
               62.
            
            
               A tenor del apartado 20 de dicha sentencia, «como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, en particular, en su auto de 20 de septiembre de 1983, Comisión/República Francesa (171/83 R, Rec. 1983, p. 2621), el artículo 93, apartado 3, última frase, constituye la salvaguardia del mecanismo de control establecido por este artículo, el cual, a su vez, es esencial para garantizar el funcionamiento del mercado común. La prohibición de ejecución que establece dicho artículo trata de garantizar que los efectos del régimen de ayudas no se produzcan antes de que la Comisión haya tenido un plazo razonable para examinar a fondo el proyecto y para iniciar en su caso el procedimiento contemplado en el apartado 2 del mismo artículo».
            
         
               63.
            
            
               El Tribunal de Justicia concluye, en el apartado 21 de esta sentencia, que «la prohibición en cuestión se aplica al régimen de ayudas en su totalidad y a su versión finalmente aprobada por las autoridades nacionales. Si el proyecto inicial ha sido modificado, el artículo 93, apartado 3, última frase, [del Tratado] se aplicará por lo tanto al proyecto modificado. Cuando el proyecto se haya notificado sin que la Comisión haya formulado objeciones al mismo, pero el Estado miembro de que se trate introduzca modificaciones sin informar a la Comisión, dicha disposición se opone a la ejecución del régimen de ayudas en su totalidad. Sólo podrá ser de otra manera en el caso de que la supuesta modificación constituya en realidad una medida de ayuda distinta que debiera ser objeto de una apreciación separada y que no puede, por lo tanto, influir en la apreciación que la Comisión ya ha realizado en relación con el proyecto inicial» (la cursiva es mía).
            
         
         ii) Sentencia Italia/Comisión (C‑261/89)
      
      
               64.
            
            
               En el asunto que dio lugar a la sentencia de 3 de octubre de 1991, Italia/Comisión (C‑261/89, EU:C:1991:367, apartados 2 a 4 y 20 a 23), la Comisión autorizó las ayudas previstas por la República Italiana, e invitó al Gobierno italiano a no conceder más ayudas hasta finales de 1988, fuese bajo la forma que fuese, al grupo participado por el Estado en cuestión del sector del aluminio, pero, el 18 de septiembre de 1987, las autoridades italianas autorizaron al EFIM (Ente partecipazione e finanziamenti industrie manifatturiere) a efectuar una emisión de obligaciones a cargo del Estado cuyos rendimientos se dedicarían, hasta 100000 millones de liras italianas (LIT) (aproximadamente 52 millones de euros), a la financiación de inversiones en las sociedades Aluminia (70000 millones de LIT) y Compagnia Sarda Alluminio (en lo sucesivo, «Comsal»; 30000 millones de LIT — aproximadamente 15,5 millones de euros).
            
         
               65.
            
            
               En el apartado 20 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «por lo que se refiere a la alegación de que la Comisión, para lograr que se declarase la infracción de la Decisión anterior, habría debido interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia, debe señalarse en primer lugar que, cuando la Comisión examina la compatibilidad de una ayuda de Estado con el mercado común, debe tener en cuenta todos los datos pertinentes, incluyendo en su caso el contexto ya valorado en una Decisión anterior así como las obligaciones que la citada Decisión pudo imponer a un Estado miembro. En el caso de autos, no cabe reprochar a la Comisión haber enjuiciado la nueva ayuda en el marco del conjunto de las ayudas a la industria del aluminio, como lo hizo, por otra parte, el propio Gobierno italiano en sus observaciones presentadas a lo largo del procedimiento administrativo previo» (la cursiva es mía).
            
         
               66.
            
            
               En el apartado 21 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «además, el procedimiento de. examen de las ayudas con arreglo al apartado 2 del artículo 93 [del Tratado] permite apreciar cualquier nuevo dato de hecho que pueda modificar el juicio de la Comisión, a la vista de la finalidad de las nuevas ayudas así como de la totalidad de las circunstancias económicas del caso en el momento de concederse las ayudas».
            
         
               67.
            
            
               A tenor del apartado 22 de dicha sentencia, «procede declarar que, en el caso de autos, el Gobierno italiano no ha presentado en ningún momento del procedimiento datos nuevos que permitan modificar el juicio que ya había efectuado la Comisión en su Decisión de 17 de diciembre de 1986. Sin exponer ningún argumento, se limitó a solicitar que las nuevas ayudas fueran apreciadas a la luz de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE».
            
         
               68.
            
            
               Por último, de conformidad con el apartado 23 de dicha sentencia, «de ahí se sigue que, una vez que la Comisión, al adoptar la Decisión controvertida, no había apreciado ningún dato nuevo que le permitiera enjuiciar si las citadas ayudas podían acogerse a la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, tenía motivos para fundamentar su Decisión en las apreciaciones que ya efectuó en la Decisión precedente así como en el incumplimiento de la condición que impuso en la misma» (la cursiva es mía).
            
         
         iii) Sentencia Italia/Comisión (C‑47/91)
      
      
               69.
            
            
               Cabe mencionar asimismo la sentencia de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión (C‑47/91, EU:C:1994:358, apartados 24 a 26), cuyo apartado 24 indica que «cuando considera una ayuda individual de la cual se afirma que fue concedida en ejecución de un régimen previamente autorizado, la Comisión no puede de entrada examinarla directamente en relación con el Tratado. Debe limitarse, antes de iniciar cualquier procedimiento, a controlar, en primer lugar, si la ayuda se halla cubierta por el régimen general y respeta los requisitos impuestos en la Decisión por la que se aprueba éste. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría, al examinar cada ayuda individual, revocar su Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas, la cual presuponía ya un examen con arreglo al artículo 92 del Tratado. Se pondrían en peligro con ello los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica tanto para los Estados miembros como para los operadores económicos, ya que la Comisión podría revisar en cualquier momento las ayudas individuales que se ajustaran rigurosamente a la Decisión por la que se aprueba el régimen de ayudas» (la cursiva es mía).
            
         
               70.
            
            
               En el apartado 25, el Tribunal de Justicia continúa diciendo que «si la Comisión, después de efectuar un examen limitado de los puntos antes expuestos, llegara a la conclusión de que la ayuda individual se ajusta a su Decisión por la que se aprueba el régimen, dicha ayuda deberá considerarse ayuda autorizada y, por consiguiente, ayuda existente. Por lo tanto, la Comisión no podrá ordenar su suspensión, ya que el apartado 3 del artículo 93 del Tratado sólo le confiere esta facultad con respecto a las ayudas nuevas» (la cursiva es mía). (
                     7
                  )
            
         
         iv) Sentencia España/Comisión (C‑36/00)
      
      
               71.
            
            
               La última sentencia (y la más reciente) a la que me gustaría referirme es la sentencia de 21 de marzo de 2002, España/Comisión (C‑36/00, EU:C:2002:196), cuyo apartado 24 indica que «cuando la Comisión comprueba que una ayuda, de la que se afirma que ha sido concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado previamente, no cumple los requisitos previstos en su Decisión de autorización de dicho régimen y no está, por tanto, cubierta por ésta, dicha ayuda debe considerarse nueva». (
                     8
                  )
            
         
               72.
            
            
               El Tribunal de Justicia añade, en el apartado 25 de la misma sentencia, que «si un Estado miembro, al conceder una ayuda con arreglo a un régimen autorizado previamente, no respeta los requisitos a los que la Comisión ha sometido dicho régimen en su Decisión de autorización, dado que la ayuda abonada constituye una ayuda nueva, la Comisión tiene la obligación de iniciar el procedimiento especial previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero […]». (
                     9
                  )
            
         
         
            b)
          
            Aplicación al caso de autos
         
      
      
               73.
            
            
               De la jurisprudencia antes examinada se desprende que, al citar, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia reiterada que, como se ha visto, autoriza a la Comisión a basar su nueva decisión en las apreciaciones efectuadas en la decisión anterior y en el incumplimiento de los requisitos impuestos en la misma, el Tribunal General pasa por alto el hecho de que, para el Tribunal de Justicia, el incumplimiento de estos requisitos era suficiente en sí mismo para fundamentar una nueva decisión, de incompatibilidad esta vez, para la ayuda previamente autorizada, y ello en el marco del examen de las ayudas nuevas y ciertamente no de las ayudas existentes.
            
         
               74.
            
            
               De esta jurisprudencia se desprende que si la Comisión comprueba que una ayuda concedida sobre la base de un régimen autorizado previamente deja de satisfacer los requisitos previstos en la decisión de aprobación del régimen y, en consecuencia, ya no se ajusta a tal decisión, dicha ayuda debe considerarse como una nueva ayuda. En otras palabras, el incumplimiento de los requisitos impuestos en una decisión anterior de compatibilidad transforma la ayuda autorizada en nueva ayuda y, a falta de nuevos hechos que puedan dar lugar a una apreciación diferente, justifica una nueva decisión de incompatibilidad.
            
         
               75.
            
            
               Por otra parte, me parece que este enfoque se ajusta al sistema de control preventivo de los proyectos de ayudas nuevas, establecido en el Tratado. (
                     10
                  ) Una ayuda sólo podrá ser calificada de existente si se cumplen los requisitos de compatibilidad.
            
         
               76.
            
            
               En consecuencia, soy de la opinión (al igual que la Comisión) de que, por definición, una ayuda aplicada incumpliendo los requisitos de compatibilidad impuestos por la Comisión o, como sucede en el presente asunto, por el Consejo, es diferente de la medida autorizada por la institución competente, que, por lo tanto, deja de ser una ayuda existente y pierde la calidad de autorizada.
            
         
               77.
            
            
               Por lo tanto, en una situación como la del presente asunto, no es necesario cuestionar ni el carácter sustancial de las modificaciones ni su carácter separable.
            
         
               78.
            
            
               Los hechos del presente asunto y los supuestos examinados durante la vista permiten ilustrar los principios aquí expuestos.
            
         
               79.
            
            
               Es preciso recordar que la ayuda autorizada por el Consejo, a saber, la autorización para que la República Italiana se subrogase en el pago a la Unión del importe adeudado por sus productores de leche a [la Unión] en virtud de la tasa suplementaria sobre la leche y los productos lácteos para el período 1995/1996 a 2001/2002, se supeditaba, en particular, al requisito de que dichos productores de leche devolvieran íntegramente su deuda a la República Italiana mediante plazos anuales de la misma cuantía, sin intereses y en un período no superior a catorce años, que empezaría a contar el 1 de enero de 2004.
            
         
               80.
            
            
               Tras la autorización del Consejo, Italia concedió de forma unilateral un aplazamiento al 30 de junio de 2011 del plazo fijado para el pago de los importes con vencimiento el 31 de diciembre de 2010.
            
         
               81.
            
            
               Asimismo, cabe recordar que, con arreglo al artículo 1, letra b), del Reglamento n.o 659/1999, existen cinco categorías diferentes de ayudas existentes: i) ayudas (o regímenes de ayudas) «históricas», esto es, en vigor en un Estado miembro antes de su adhesión y que continúan existiendo después de su entrada en la Unión; ii) ayudas individuales (o regímenes de ayudas) autorizadas por la Comisión o por el Consejo; iii) situaciones relativas a las consecuencias de la falta de acción de la Comisión en su examen de las nuevas ayudas; iv) ayudas detectadas por la Comisión tras la expiración del plazo de prescripción de la acción (de diez años, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999), y, por último, v) medidas de financiación, exenciones, ventajas fiscales, etc., concedidas a los operadores económicos y/o a los sectores que, tras la liberalización del comercio, dejan de ser compatibles con el respeto de las normas de competencia y el régimen de las ayudas de Estado.
            
         
               82.
            
            
               Como ha señalado la Comisión, para las categorías i), iv) y v), basta en principio con observar la fecha de concesión de la ayuda, por lo que la Comisión no deberá examinar su contenido como tal. Sin embargo, para una ayuda de la categoría ii), como la controvertida en el presente asunto, y iii), la Comisión deberá comprobar su contenido a fin de asegurar que esta ayuda corresponde efectivamente a la autorizada, por sí misma o por el Consejo. Si esto fuera así, la ayuda será existente; en caso contrario, se tratará ipso facto de una nueva ayuda.
            
         
               83.
            
            
               En el presente asunto, la República Italiana concedió el aplazamiento del pago a los beneficiarios de la ayuda que había sido autorizada por el Consejo y modificó, para los mismos beneficiarios, el cuadro de pagos escalonados, que era uno de los requisitos de la autorización de la ayuda impuesto por el Consejo.
            
         
               84.
            
            
               En consecuencia, considero que la medida así modificada se convierte ipso facto en una nueva ayuda, dado que ya no entra dentro de la definición de ayuda existente establecida en el Reglamento de aplicación, que impone el requisito de que la ayuda corresponda a la que ha sido autorizada. Si deja de corresponder a la ayuda autorizada, dejará simplemente de tratarse de una ayuda existente. (
                     11
                  )
            
         
               85.
            
            
               Durante la vista, se mencionó el supuesto de que aunque el Consejo sólo hubiera autorizado la ayuda en cuestión para los productores de leche establecidos en Italia, la República Italiana hubiera añadido a los productores de leche sicilianos al mismo régimen. En este caso, la ayuda concedida a los productores sicilianos constituiría, con toda certeza, una nueva ayuda, pero iría más allá del objeto de la ayuda autorizada y afectaría a otros beneficiarios. Por lo tanto, la ayuda autorizada seguiría siendo una ayuda existente, puesto que los requisitos impuestos por el Consejo seguirían aplicándose a todos los beneficiarios de la ayuda autorizada. Sólo constituiría una nueva ayuda la ampliación a Sicilia.
            
         
               86.
            
            
               Lo anterior se ajusta perfectamente a la filosofía del sistema de control de las ayudas de Estado, tal como lo prevé el Tratado FUE: es importante para el buen funcionamiento, la claridad, la transparencia y la eficacia de dicho sistema que las ayudas existentes sean únicamente aquellas medidas efectivamente autorizadas y no las que han sido modificadas.
            
         
               87.
            
            
               De ello se desprende que el Tribunal General cometió un error de Derecho en su interpretación de los artículos 108 TFUE y 1 del Reglamento n.o 659/1999, en lo relativo a los conceptos de «nueva ayuda» y de «ayuda existente», en la medida en que consideró, en esencia, que la ayuda objeto de la Decisión controvertida seguía siendo una ayuda existente, puesto que había sido autorizada inicialmente por el Consejo, a petición de la República Italiana, mediante la Decisión 2003/530, y ello aun cuando Italia no había respetado uno de los dos requisitos acumulativos a los que el Consejo había supeditado dicha autorización y, en particular, el relativo a la devolución íntegra por los beneficiarios de su deuda con la República Italiana mediante pagos anuales de la misma cuantía, por un lado, y en un período no superior a catorce años, que empezaría a contar el 1 de enero de 2004, por otra.
            
         
               88.
            
            
               En consecuencia, el Tribunal General declaró erróneamente que la Comisión sólo habría podido considerar dicha ayuda así modificada como nueva ayuda, más que como una ayuda existente, si hubiera demostrado que la modificación afectaba a la ayuda de manera sustancial o que no podía disociarse de la misma.
            
         
               89.
            
            
               De lo anterior se desprende que debe estimarse la primera parte del segundo motivo.
            
         
         
            3.
          
            Segunda parte
         
      
      
         
            a)
          
            Alegaciones de las partes
         
      
      
               90.
            
            
               La Comisión sostiene, en esencia, que la sentencia del Tribunal General tiene indebidamente en cuenta que el sistema de pagos escalonados fue autorizado por el Consejo.
            
         
               91.
            
            
               La República Italiana responde que el Tribunal General no declaró de ningún modo que la medida impugnada estuviera cubierta por la decisión de autorización de que fue objeto. La República Italiana entiende que, por el contrario, el Tribunal General confirmó la Decisión controvertida en cuanto declaraba la ilegalidad de la ayuda en cuestión y ordenaba la recuperación de la misma.
            
         
               92.
            
            
               Por otra parte, la República Italiana indica que el artículo 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.o 659/1999 pone en pie de igualdad los regímenes de ayuda y las ayudas individuales autorizados por la Comisión y aquellos autorizados por el Consejo, al considerarlos ambos ayudas existentes. Según la República Italiana, el Tribunal General efectuó también dicha constatación en la sentencia recurrida.
            
         
         
            b)
          
            Apreciación
         
      
      
               93.
            
            
               Estoy de acuerdo con la Comisión en que la sentencia recurrida tiene indebidamente en cuenta el hecho de que el sistema de pagos escalonados fue autorizado por el Consejo en virtud de las facultades extraordinarias que le atribuye el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero.
            
         
               94.
            
            
               Una decisión adoptada en virtud de tales facultades extraordinarias debe ser objeto de una interpretación restrictiva y no puede interpretarse de manera que comprenda las ayudas que no se corresponden plenamente con la que ha sido autorizada por el Consejo. En consecuencia, la interpretación del Tribunal General según la cual convendría considerar como ayudas existentes las ayudas otorgadas incumpliendo los requisitos impuestos por el Consejo, salvo si se demostrase que el incumplimiento de estos requisitos afecta a la propia esencia de las ayudas aprobadas, es errónea.
            
         
               95.
            
            
               Por otra parte, mientras que el Consejo puede utilizar las facultades extraordinarias que le atribuye el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero, la Comisión, que no dispone de una facultad de apreciación tan amplia como la que se atribuye al Consejo, sólo puede comprobar el respeto de los requisitos de autorización impuestos por el Consejo. En efecto, la Comisión debe suponer que el respeto de estos requisitos impuestos por el Consejo en el marco de sus facultades extraordinarias es de una importancia esencial, sin modulaciones ni excepciones. Además, no puede, cuando una autorización se basa en la facultad de apreciación extraordinaria que se reconoce al Consejo, efectuar una nueva apreciación.
            
         
               96.
            
            
               En su caso, las autoridades italianas habrían podido solicitar al Consejo que adoptase una nueva decisión y que autorizase el régimen resultante del aplazamiento decidido en 2011. No lo hicieron y la Comisión no podía sustituir al Consejo.
            
         
               97.
            
            
               En consecuencia, incluso admitiendo que la tesis del Tribunal General tenga una cierta validez en el caso de las ayudas autorizadas con condiciones por la propia Comisión, estas consideraciones no pueden ser invocadas cuando las ayudas han sido autorizadas por el Consejo.
            
         
               98.
            
            
               Por lo tanto, debe estimarse asimismo la segunda parte del segundo motivo y, por consiguiente, el segundo motivo en su totalidad, lo que tiene como consecuencia que debe anularse la sentencia recurrida.
            
         
         
            C. Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 108 TFUE y de los artículos 4, 6, 7, 14 y 16 del Reglamento n.o 659/1999 en lo que respecta a los procedimientos aplicables a las nuevas ayudas y a las ayudas aplicadas de manera abusiva
      
      
         
            1.
          
            Alegaciones de las partes
         
      
      
               99.
            
            
               La Comisión reprocha al Tribunal General que tras admitir, en un primer momento, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que el incumplimiento, por un Estado miembro, de los requisitos de autorización también constituía una manera de aplicación abusiva, hubiera excluido, en el apartado 68 de dicha sentencia, que las disposiciones relativas a las ayudas aplicadas de manera abusiva fueran pertinentes, basándose en el hecho de que la Comisión no había fundamentado su decisión en dichas disposiciones y en la consideración de que los conceptos de nueva ayuda y de ayuda aplicada de manera abusiva eran mutuamente excluyentes.
            
         
               100.
            
            
               La Comisión, basándose en el considerando 15 y en el artículo 16 del Reglamento n.o 659/1999, alega que las nuevas ayudas y las ayudas aplicadas de manera abusiva producen efectos similares, lo que justifica que se sometan a procedimientos similares, salvo en lo tocante al requerimiento de recuperación, que se limita al procedimiento relativo a una nueva ayuda. Según la Comisión, puesto que en el litigio ante el Tribunal General no se trataba de la aplicación de un requerimiento de recuperación establecido en el artículo 11, apartado 2, de este Reglamento, el error que la Comisión pudo cometer al calificar la ayuda de nueva y no aplicada de manera abusiva sería un error inocente, carente de toda consecuencia jurídica, puesto que todos los requisitos procesales aplicables a las ayudas aplicadas de manera abusiva se habrían seguido en el presente asunto. Por consiguiente, la Comisión entiende que un error de este tipo en la calificación de la ayuda no puede dar lugar a la anulación de la Decisión controvertida, en la medida en que ésta se refiere al régimen de ayudas previsto en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión controvertida y a las ayudas individuales concedidas con arreglo a dichas ayudas.
            
         
               101.
            
            
               La República Italiana responde que, aunque las facultades de que dispone la Comisión son análogas en el marco del procedimiento relativo a una nueva ayuda y del relativo a las ayudas aplicadas de manera abusiva, el resultado de estos dos procedimientos no es necesariamente el mismo. Este Estado miembro subraya que la imposibilidad de adoptar un requerimiento provisional de recuperación en el marco del procedimiento de control de las ayudas aplicadas de manera abusiva está motivada por el hecho de que se trata de una ayuda previamente aprobada por la Comisión, y que precisamente por este motivo, en el marco del procedimiento relativo a una ayuda aplicada de manera abusiva, sobre todo cuando se trata de una ayuda aplicada por un Estado miembro de manera abusiva, la intervención de la Comisión debería tener como finalidad principal vincular la medida a la autorización inicial, esto es, imponer una modificación, y no suprimir la ayuda. Cualquier otro planteamiento sería contrario al principio de confianza legítima y, por lo tanto, al artículo 14, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.o 659/1999.
            
         
         
            2.
          
            Apreciación
         
      
      
               102.
            
            
               A este respecto, basta con afirmar que el Tribunal General no declaró en la sentencia recurrida que la aplicación del sistema de pagos escalonados resultaba abusiva, sino que se limitó a considerar que «dado que el aplazamiento del pago se concedió infringiendo la Decisión del Consejo, la Comisión estaba facultada, en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo primero, para determinar si, debido a tal incumplimiento, procedía o no considerar que el sistema de pagos escalonados autorizado por el Consejo se había ejecutado de forma abusiva» (apartado 66 de la sentencia recurrida; la cursiva es mía).
            
         
               103.
            
            
               En efecto, el hecho de que el Tribunal General haya reconocido, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que el concepto de ayuda aplicada de manera abusiva incluía asimismo el supuesto del incumplimiento, por un Estado miembro, de requisitos impuestos en la decisión de aprobación, no modifica en nada esta constatación.
            
         
               104.
            
            
               Por tanto, procede desestimar la alegación de la Comisión, puesto que el Tribunal General no calificó el sistema de pagos escalonados de ayuda aplicada de manera abusiva.
            
         
         
            D. Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida
      
      
               105.
            
            
               Teniendo en cuenta que el Tribunal General ya ha desestimado los otros motivos de recurso presentados en primera instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio desestimando el recurso en primera instancia en su totalidad, con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
            
         
         V. Costas
      
      
               106.
            
            
               Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Procede condenar a la República Italiana a cargar con las costas de ambas instancias, al haberlo solicitado la Comisión y haber perdido en esencia aquélla el proceso.
            
         
         VI. Conclusión
      
      
               107.
            
            
               Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
               
                        –
                     
                     
                        Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 24 de junio de 2015, en el asunto T‑527/13, República Italiana contra Comisión, por cuanto esta última anuló, por una parte, el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2013/665/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — concedida por Italia (aplazamiento del pago de la tasa láctea en Italia) y, por otra, los artículos 2 a 4 de esta decisión en la medida en que afectan, por un lado, al régimen de ayudas mencionado en su artículo 1, apartado 2, y, por otro, a las ayudas individuales otorgadas de acuerdo con dicho régimen de ayudas.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Desestime el recurso de casación en todo lo demás.
                     
                  
                        –
                     
                     
                        Desestime el recurso interpuesto en primera instancia y condene a la República Italiana a cargar con las costas de ambas instancias.
                     
                  
         (
            1
         )	Lengua original: francés.
      (
            2
         )	Decisión de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — concedida por Italia (aplazamiento del pago de la tasa láctea en Italia) (DO 2013, L 309, p. 40; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
      (
            3
         )	Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1).
      (
            4
         )	Reglamento de la Comisión de 21 de abril de 2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 2004, L 140, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 286, p. 3).
      (
            5
         )	Sentencias de 3 de octubre de 1991, Italia/Comisión, (C‑261/89, EU:C:1991:367), apartados 2 a 4 y 20 a 23; de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión, (C‑47/91, EU:C:1994:358), apartados 24 a 26, y de 21 de marzo de 2002, España/Comisión, (C‑36/00,EU:C:2002:196), apartados 22 a 25, así como el auto de 22 de marzo de 2012, Italia/Comisión (C‑200/11 P, EU:C:2012:165), apartado 26.
      (
            6
         )	En consecuencia, en el presente asunto no debe abordarse la cuestión de si, por un lado, en la sentencia de 20 de marzo de 2014, Rousse Industry/Comisión, (C‑271/13 P, EU:C:2014:175), apartados 30 a 39, el Tribunal de Justicia estableció o no (indirectamente) como criterio pertinente la «modificación sustancial» de la medida preexistente para hacer de esta modificación una ayuda nueva y, por otra parte, en qué medida son compatibles la sentencia de 26 de octubre de 2016, DEI y Comisión/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797), que rechazó claramente el enfoque del Tribunal General basado en dicho concepto, y la sentencia de 20 de marzo de 2014, Rousse Industry/Comisión (C‑271/13 P, EU:C:2014:175), en la que el Tribunal de Justicia parece haber validado el razonamiento del Tribunal General en la sentencia recurrida, basado en la comprobación del carácter sustancial de la modificación introducida a una ayuda existente. Es preciso observar que, en la sentencia de 2016, el Tribunal de Justicia no se refiere a la sentencia de 2014. Las dos sentencias fueron dictadas en salas compuestas por tres jueces, sin conclusiones del Abogado General.
      (
            7
         )	En dicho apartado 25, el Tribunal de Justicia se refiere al apartado 83 de su sentencia de 16 de mayo de 2002, ARAP y otros/Comisión (C‑321/99 P, EU:C:2002:292).
      (
            8
         )	El Tribunal de Justicia cita la sentencia de 5 de octubre de 1994, Italia/Comisión (C‑47/91, EU:C:1994:358), apartados 24 a 26.
      (
            9
         )	El Tribunal de Justicia cita la sentencia de 4 de febrero de 1992, British Aerospace y Rover/Comisión (C‑294/90, EU:C:1992:55), apartado 13.
      (
            10
         )	Véanse las sentencias de 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, EU:C:1973:152), apartado 2, y de 12 de febrero de 2008, CELF y ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79), apartado 37.
      (
            11
         )	Desde el momento en que el beneficiario ha hecho frente regularmente a los pagos previstos en el esquema de plazos anuales establecidos por el Consejo, no ha tenido lugar ninguna consecuencia diferente de las previstas por el Consejo en su decisión. En consecuencia, no hay ningún motivo que justifique la recuperación. Por el contrario, si el beneficiario ha obtenido una prórroga y, por lo tanto, ha dejado de respetar el plan de devolución de catorce años, éste ha obtenido algo adicional a lo autorizado por el Consejo. Por consiguiente, la totalidad se convierte en una nueva ayuda.