CELEX: 61979CJ0143
Language: es
Date: 1980-05-22
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 22 de mayo de 1980. # Margaret Walsh contra National Insurance Officer. # Petición de decisión prejudicial: National Insurance Commissioner - Reino Unido. # Seguridad Social - Prestaciones de maternidad. # Asunto 143/79.

WALSH
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
                            de 22 de mayo de 1980*
En el asunto 143/79,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por el National Insurance Commissioner de
Londres, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano
jurisdiccional entre
Margaret Walsh
                                        y
National Insurance Officer,
 una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 86 del Reglamento
 (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación
 de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a
 sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE
 05/01, p. 98), y del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de
 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación
 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 (DOL74,p. 1; EE 05/01, p. 156), así como
 del concepto de «trabajador» a efectos de ambos Reglamentos,
   Lengua de procedimiento: inglés.
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                   EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por los Sres.: A. Touffait, Presidente de Sala, P. Pescatore y O. Due,
      Jueces;
     Abogado General: Sr. F. Capotorti;
      Secretario: Sr. A. Rühi, administrador principal;
     dicta la siguiente
                                       Sentencia
     (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                              Fundamentos de Derecho
 1   Mediante resolución de 11 de septiembre de 1979, recibida en el Tribunal de
     Justicia el día 14 del mismo mes, el National Insurance Commissioner de
     Londres planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, seis cuestiones
     relativas a la interpretación y la validez de determinadas disposiciones de los
     Reglamentos (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo
     a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por
     cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO
     L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), y n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972,
    por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
     n° 1408/71 (DO L 74, p. 1;EE 05/01, p. 156). Dichas cuestiones se suscitaron
     en el marco de un litigio sobre las prestaciones de maternidad adeudadas a una
    persona, la Sra. Margaret Walsh, que trabajó tanto en el Reino Unido como en
     la República de Irlanda y que, después de haber dado a luz en Irlanda el 31 de
    julio de 1975, regresó a vivir al Reino Unido el 21 de agosto siguiente.
2   La Sra. Walsh, que, según las informaciones recogidas, parece haber satisfecho
    los requisitos para solicitar las prestaciones de maternidad en Irlanda, no
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  presentó, sin embargo, una solicitud a tal efecto en dicho país. Por el contrario,
  tras su regreso al Reino Unido, se dirigió al Insurance Officer británico, el 3 de
  octubre de 1975, para reclamar las prestaciones de maternidad adeudadas
  conforme a la legislación del Reino Unido. Aunque la Sra. Walsh reunía los
  requisitos de cotización para causar derecho a las prestaciones a tipo reducido,
  el Insurance Officer denegó la solicitud, debido a que no se había presentado
  dentro de los plazos previstos y dicho retraso no estaba justificado.
3 Como consecuencia de la denegación de la reclamación que presentó la Sra.
  Walsh ante un órgano jurisdiccional local, la interesada interpuso un recurso
  ante el National Insurance Commissioner. En el curso del procedimiento ante
  dicha autoridad, surgieron ciertos problemas relativos a la aplicación de la
  normativa comunitaria al caso de autos y el Commissioner pidió al Tribunal de
  Justicia que se pronunciara, con carácter prejudicial, sobre las siguientes
  cuestiones:
  «1)    La persona que satisface los requisitos de cotización de un Estado
         miembro (en el presente asunto, el Reino Unido) para causar derecho a
         prestaciones de maternidad (en el presente asunto, a tipo reducido) que
         cubren todo el período respecto al que se solicita el disfrute de las
         prestaciones de maternidad en dicho Estado, ¿es un trabajador a efectos
         a) del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y
         b) del Reglamento (CEE) n° 574/72,
         a pesar de que, durante dicho período, no ha cotizado ni está obligada a
         hacerlo?
  2) El trabajador que satisface los requisitos de cotización para las prestaciones
       de maternidad (al 100% o a tipo reducido) en virtud de la legislación de
       dos o varios Estados miembros (en el presente asunto, el Reino Unido y la
       Republica de Irlanda), ¿debe ser considerado, a los efectos del artículo 8
       del Reglamento n° 574/72, como "titular de un derecho al disfrute de las
       prestaciones de maternidad" al amparo de dichas legislaciones,
       a) tanto si el trabajador se encuentra excluido del disfrute de estas
           prestaciones en virtud de la legislación de uno o varios de estos
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              Estados miembros, debido a la presentación de la solicitud fuera de
              plazo o a otras razones, como si no, o bien,
         b) únicamente si la solicitud del trabajador puede satisfacerse de hecho
              con arreglo a la legislación de todos estos Estados miembros?
     3) ¿Debe considerarse que la referencia que se hace en el artículo 8 del
         Reglamento (CEE) n° 574/72 a las «legislaciones de dos o varios Estados
         miembros» a) incluye o b) excluye los Reglamentos de la CEE?
     4) En el caso de un trabajador que puede alegar derechos al disfrute de las
         prestaciones de maternidad en virtud de las legislaciones de dos o varios
         Estados miembros, a efectos del artículo 8 Reglamento (CEE) n° 574/72,
         ¿produce la disposición de dicho artículo según la cual dichas prestaciones
         se conceden exclusivamente al amparo de aquél de los Estados miembros
         en cuyo territorio se haya producido el parto (en el presente asunto, la
         República de Irlanda) el efecto de excluir a la solicitante del disfrute de las
         asignaciones por maternidad en los Estados miembros en los que no se ha
         producido el parto (en el presente asunto, el Reino Unido),
        a) únicamente en relación con el período respecto al cual la solicitante
             puede alegar derechos al disfrute de las prestaciones de maternidad al
             amparo de la legislación del Estado miembro en el.que se ha producido
             el parto, o bien,
        b) en relación con todas las prestaciones de maternidad relativas a dicho
             parto en aquéllos de los Estados miembros en los que éste no se ha
             producido?
    5) ¿Es válido el artículo 8, antes mencionado, y no fue adoptado ultra vires
        en la medida en que produce el efecto de excluir a la solicitante del disfrute
        de las prestaciones de maternidad en los Estados miembros en los que no
        se ha producido el parto?
    6) ¿Son aplicables las disposiciones del artículo 86 del Reglamento (CEE)
        n° 1408/71 relativas al traslado de las solicitudes a las autoridades
        competentes en el caso de una solicitud que, conforme a la legislación de
        un Estado miembro (en el presente asunto, la República de Irlanda) debería
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       haber sido presentada dentro de un plazo determinado ante una autoridad,
       institución u órgano jurisdiccional de dicho Estado, pero no lo fue, sino que
       se presentó fuera de dicho plazo, ante una institución prevista por la Ley
       o ante un órgano jurisdiccional correspondiente de otro Estado miembro
       (en el presente asunto, el Department of Health and Social Security de
       Londres, Reino Unido)?»
4 Mientras que las cuestiones primera, tercera y sexta afectan a disposiciones o
  expresiones de alcance general, las cuestiones segunda, cuarta y quinta se
  refieren a problemas concretos y deben ser examinadas a la luz de los objetivos
  de las prestaciones de que se trata. Por lo tanto, procede abordar estos dos
  grupos de cuestiones sucesivamente.
  Sobre las cuestiones primera, tercera y sexta
5 El problema planteado por la primera cuestión consiste, en realidad, en
  determinar si la expresión «asegurada con carácter obligatorio» contenida en
  la definición del término «trabajador» del inciso ii) de la letra a) del artículo 1
  del Reglamento n° 1408/71 -definición que se aplica también en el marco del
  Reglamento n° 574/72- implica el pago obligatorio de cotizaciones en la época
  en que se produce la contingencia cubierta por el seguro o basta con que, de
  acuerdo con la legislación de que se trate, la persona siga estando asegurada en
  la época en que se produce la contingencia, debido a las cotizaciones pagadas
  con carácter obligatorio, en su condición de trabajador por cuenta ajena,
  durante un período anterior. Este problema se plantea de la misma forma si se
  toma también en consideración el apartado 1 del punto I del Anexo V del
  Reglamento n° 1408/71, el cual, refiriéndose a la disposición antes mencionada
  y a la legislación del Reino Unido, considera trabajador a «cualquier persona
  que esté obligada a cotizar como trabajador por cuenta ajena». En efecto, el
  Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia de 29 de septiembre de 1976,
  Brack (17/76, Rec. pp. 1429 y ss., especialmente p. 1450), que, lejos de
  restringir la definición del término «trabajador», tal como resulta de la letra a)
  del artículo 1 del Reglamento, dicho apartado pretende únicamente precisar el
  alcance del inciso ii) de la misma letra en relación con la legislación británica,
  cuyos modos de gestión o de financiación permiten identificar de esta forma
  a las personas cubiertas por la definición del Reglamento.
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 6   Tal como destacó también la sentencia de 29 de septiembre de 1976, antes
     mencionada, de algunas disposiciones del Reglamento n° 1408/71 se deduce
     que éste es aplicable a determinados grupos de personas que, en el momento
     en que sobreviene la contingencia, no tienen la condición de «trabajador por
     cuenta ajena» a efectos del Derecho del trabajo. Sería contrario al espíritu de
     estas disposiciones y a uno de los objetivos fundamentales del Reglamento, que
    consiste en garantizar a los trabajadores que se desplacen dentro de la
    Comunidad los derechos y beneficios adquiridos, excluir del ámbito de
    aplicación del Reglamento -dando a la definición del término «trabajador» una
     interpretación restrictiva- cualquier otro caso en el que, de acuerdo con la
     legislación de que se trate, el seguro siga cubriendo los riesgos del asegurado,
    aun cuando éste no esté ya obligado a cotizar.
7   En consecuencia, debe responderse a la primera cuestión que una persona que,
    de acuerdo con la legislación de un Estado miembro, tiene derecho a las
    prestaciones cubiertas por el Reglamento n° 1408/71, en virtud de las
    cotizaciones que estaba obligada a pagar anteriormente, no pierde su condición
    de «trabajador», a efectos de los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72, por el solo
    hecho de que; en el momento de producirse el hecho causante, no cotizaba ni
    estaba obligada a hacerlo.
8   El término «legislación», cuya interpretación se pide mediante la tercera
    cuestión, se encuentra en un gran número de disposiciones de ambos
    Reglamentos. Figura entre las definiciones contenidas en el artículo 1 del
    Reglamento n° 1408/71 a los efectos de la aplicación del Reglamento. Aun
    cuando el problema de interpretación planteado por la cuestión no encuentra
    una respuesta explícita en esta definición, la propia existencia de tal
    disposición general implica que, en la medida de lo posible, la respuesta debe
    basarse en una interpretación uniforme. En su sentencia de 7 de noviembre de
    1973, Śmieja (51/73,« Rec. p. 1213), el Tribunal de Justicia interpretó el
    concepto, tal como figura en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento
    n° 1408/71, en el sentido de que engloba las disposiciones comunitarias
    relativas a la materia tratada en dicho apartado 1. Esta conclusión se basaba,
    entre otras, en la consideración de que los derechos de que se trata derivan a
    menudo no solamente de la legislación nacional, sino de dicha legislación en
    relación con la normativa comunitaria. Esta consideración se aplica igualmente
    al presente asunto. En efecto, la necesidad de prever una norma limitativa tal
    como el artículo 8 del Reglamento n° 574/72 se explica, precisamente, por la
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  . extensión de los derechos del interesado que resultan de otras disposiciones de
    ambos Reglamentos.
9   Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión que la expresión
    «legislaciones de dos o varios Estados miembros», que figura en el artículo 8
    del Reglamento n° 574/72, debe interpretarse en el sentido de que incluye
    también las disposiciones de los Reglamentos comunitarios.
10 La sexta cuestión plantea, fundamentalmente, si la obligación que impone a
    una autoridad de un Estado miembro distinto de aquél en el que se encuentra
    la autoridad competente de trasladar a ésta las solicitudes que se presentan ante
    la primera, tal como se enuncia en la segunda frase del artículo 86 del
    Reglamento n° 1408/71, subsiste, aun cuando la solicitud se presente después
    de la expiración del plazo previsto por la legislación de la autoridad
    competente.
11 Este problema de interpretación tiene su origen en el hecho de que la segunda
    frase del artículo 86 hace referencia a la primera frase de dicho artículo y ésta
    sólo afecta a los supuestos en los que la solicitud se ha presentado dentro de un
    plazo igual al previsto por la legislación de la autoridad competente. Ahora
    bien, el artículo 86 no reconoce a la autoridad que ha recibido la solicitud la
    facultad de examinar su admisibilidad de acuerdo con la legislación de la
    autoridad competente. Corresponde a esta última decidir si la solicitud se
    presentó a tiempo, teniendo en cuenta, a la vez, la norma enunciada en la
    primera frase del artículo 86. En consecuencia, la autoridad que ha recibido la
    solicitud debe trasladarla a la autoridad competente, de conformidad con la
    disposición contenida en la segunda frase de dicho artículo.
12 Por lo tanto, procede responder a la sexta cuestión que el artículo 86 del
    Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que cuando una
    solicitud, declaración o recurso se presenta ante una autoridad, una institución
    o un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto de aquél al amparo
    de cuya legislación debe concederse la prestación, dicha autoridad, institución
    u órgano jurisdiccional no es competente para apreciar la admisibilidad de la
    solicitud, declaración o recurso de que se trate. Esta competencia corresponde
    exclusivamente a la autoridad, la institución o el órgano jurisdiccional del
    Estado miembro al amparo de cuya legislación debe concederse la prestación
    y a la que, de todas formas, debe trasladarse la solicitud, declaración o recurso.
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      Sobre las cuestiones segunda, cuarta y quinta
  13 Las cuestiones segunda y cuarta tienen por objeto hacer que se precise el
      ámbito de aplicación del artículo 8 del Reglamento n° 574/72, en relación con
      las prestaciones de maternidad del tipo de las que se trata en el caso de auto,
     y la quinta cuestión se refiere a la validez del artículo 8, tal como lo
      interpretare el Tribunal de Justicia en respuesta a las otras dos cuestiones.
 14 El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 está redactado en los siguientes
     términos:
     «Si un trabajador o un miembro de su familia puede alegar derechos al disfrute
     de prestaciones de maternidad en virtud de las legislaciones de dos o varios
     Estados miembros, estas prestaciones le serán concedidas al amparo,
     exclusivamente, de la legislación de aquél de los Estados miembros en cuyo
     territorio se haya producido el parto o, si el parto no se hubiere producido en
     el territorio de ninguno de ellos, al amparo, exclusivamente, de la legislación
     del Estado miembro a la que ese trabajador haya estado sometido en último
     lugar.»
 15 Esta disposición constituye una norma de aplicación del artículo 12 del
     Reglamento n° 1408/71. Este último artículo, que se titula «No acumulación de
     prestaciones», establece, entre otras cosas, en su apartado 1, que el Reglamento
     «no podrá conferir ni mantener el derecho a beneficiarse de varias prestaciones
    de la misma naturaleza que se relacionen con un mismo período de seguro
    obligatorio». Aun cuando, de acuerdo con su redacción, el artículo 8 del
    Reglamento n° 574/72 es una norma relativa a la Ley aplicable, entra también,
    en consecuencia, en el marco de las disposiciones que, conforme al
    considerando séptimo del Reglamento n° 1408/71, tienen por objeto evitar
    acumulaciones injustificadas.
16 Las prestaciones de que se trata en el procedimiento principal son asignaciones
    concedidas durante un determinado período anterior y posterior al parto. Aun
    cuando la duración de dicho período y la cantidad concedida semanal o
    diariamente varían de un Estado miembro a otro, la concesión de las
    prestaciones descansa en la misma idea de protección de la madre y del niño.
    La mujer debe disfrutar de un período de descanso o de permiso y las
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   asignaciones abonadas sirven para sustituir, al menos de forma parcial, el
   salario que percibiría, en su caso, la mujer durante dicho período.
17 Las cuestiones relativas al ámbito de aplicación del artículo 8 deben
   responderse a la luz de estos objetivos. La acumulación de prestaciones sólo
   se produce en la medida en que una solicitud de prestaciones pueda satisfacerse
   de hecho mediante la aplicación de las legislaciones de dos o varios Estados
   miembros. El dar al artículo 8 una aplicación más amplia podría efectivamente,
   tal como ha señalado acertadamente la Comisión, dar lugar, en casos como el
   del presente asunto, a que la interesada no recibiera asignación alguna. Dicho
   resultado de una norma que prohibe la acumulación sería contrario a los
   objetivos de los Reglamentos. Estas mismas consideraciones y, sobre todo, la
   redacción del artículo 12 del Reglamento n° 1408/71, antes mencionado, juegan
   a favor de la alternativa de la letra a) de la cuarta cuestión, que se refiere al
   problema planteado por las diferencias entre los períodos de prestación
   previstos por las legislaciones de los Estados miembros. Es cierto que esta
   alternativa podría tener como resultado el que una persona que hubiera agotado
   el derecho máximo concedido por el Estado en el que tuvo lugar el parto
   disfrutase, durante un período adicional, de las prestaciones concedidas por
   otra legislación a la que estuvo sometida y que, por razones de protección de
   la madre y del niño, concede un período de descanso más largo. No obstante,
   dicho resultado no puede calificarse de «acumulación injustificada» y, a falta
   de una disposición expresa en este sentido, tampoco puede suponerse que
   quede excluido por el artículo 8 del Reglamento n° 574/72.
18 En consecuencia procede responder a las cuestiones segunda y cuarta que el
   artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido de que se
   aplica sólo en la medida en que una solicitud de la interesada pueda
   satisfacerse de hecho mediante la aplicación de las legislaciones de dos o
   varios Estados miembros y únicamente en relación con el período respecto al
   cual la solicitante puede alegar derechos al disfrute de las prestaciones al
   amparo de la legislación mencionada en dicho artículo.
19 La duda sobre la validez del artículo 8, que se expresa en la quinta cuestión,
   afecta únicamente al supuesto de que dicho artículo tuviera por efecto excluir
   a la solicitante del disfrute de las prestaciones en un Estado miembro distinto
   de aquél en el que tuvo lugar el parto. Esta cuestión se explica por las dudas
   que expresó el órgano jurisdiccional remitente, en las cuestiones segunda y
                                                                                 589
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     cuarta, sobre la interpretación del artículo 8. Ahora bien, a este respecto,
     teniendo en cuenta las soluciones adoptadas en las respuestas dadas a dichas
     cuestiones, el supuesto contemplado se produciría solamente en los casos en
     que las demás disposiciones del Reglamento n° 1408/71 hubieran conducido,
     al no recurrir al artículo 12 de dicho Reglamento ni al artículo 8 del
     Reglamento n° 574/72, a acumulaciones de prestaciones manifiestamente
     injustificadas.
 20 En consecuencia, puede responderse a esta cuestión que el examen de las
     cuestiones planteadas no ha revelado elementos que puedan poner en duda la
     validez del artículo 8 del Reglamento n° 574/72.
     Costas
    Los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de las Comunidades
    Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no
    pueden ser objeto de reembolso; dado que el procedimiento tiene, para las
    partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
    jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
    En virtud de todo lo expuesto,
                   EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
    pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el National Insurance
    Commissioner, mediante resolución de 11 de septiembre de 1979, declara:
    1) Los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de
         1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los
         trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro
         de la Comunidad, y 574/71 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por
590
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   el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento
   n° 1408/71, deben interpretarse en el sentido de que una persona que,
   de acuerdo con la legislación de un Estado miembro, tiene derecho a
   las prestaciones cubiertas por el Reglamento n° 1408/71, en virtud de
   las cotizaciones que estaba obligada a pagar anteriormente, no pierde
   su condición de «trabajador», a efectos de los dos Reglamentos
   mencionados, por el solo hecho de que, en el momento de producirse
   el hecho causante, no cotizaba ni estaba obligada a hacerlo.
2) La expresión «legislaciones de dos o varios Estados miembros» que
   figura en el artículo 8 del Reglamento n° 574/72, debe interpretarse en
   el sentido de que incluye también las disposiciones de los Reglamentos
   comunitarios.
3) El artículo 86 del Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el
   sentido de que cuando una solicitud, declaración o recurso se presente
   ante una autoridad, una institución o un órgano jurisdiccional de un
   Estado miembro distinto de aquél al amparo de cuya legislación debe
   concederse la prestación, dicha autoridad, institución u órgano
   jurisdiccional no es competente para apreciar la admisibilidad de la
   solicitud, declaración o recurso de que se trate. Esta competencia
   corresponde exclusivamente a la autoridad, la institución o el órgano
   jurisdiccional del Estado miembro al amparo de cuya legislación debe
   concederse la prestación y a la que, de todas formas, debe trasladarse
   la solicitud, declaración o recurso.
4) El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido
   de que se aplica sólo en la medida en que una solicitud de la interesada
    puede satisfacerse de hecho mediante la aplicación de las legislaciones
    de dos o varios Estados miembros y únicamente en relación con el
    período respecto al cual la solicitante puede alegar derechos al disfrute
    de las prestaciones al amparo de la legislación mencionada en dicho
    artículo.
                                                                          591
 ---pagebreak---                         SENTENCIA DE 22.5.1980 - ASUNTO 143/79
    5) El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado elementos que
        puedan poner en duda la validez del artículo 8 del Reglamento
        n° 574/72.
    Touffait                       Pescatore                                     Due
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de mayo de 1980.
    El Secretario                                   El Presidente de la Sala Segunda
    A. Van Houtte                                                         A. Touffait
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