CELEX: C2002/323/32
Language: es
Date: 2002-12-21 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de noviembre de 2002 en el asunto C-352/01: Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España ("Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva 98/8/CE")

21.12.2002                ES                         Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           C 323/23
Consejo, de 24 de julio de 1990 (DO L 202, p. 46), el Tribunal                República Francesa (agentes: Sres. G. de Bergues y D. Colas y
de Justicia (Sala Segunda), integrado por el Sr. C. Gulmann, en               la Sra. C. Isidoro), que tiene por objeto que se declare que la
funciones de Presidente de la Sala Segunda, y el Sr. V. Skouris               República Francesa ha incumplido las obligaciones que le
y la Sra. N. Colneric (Ponente), Jueces; Abogado General:                     incumben en virtud de la Directiva 97/11/CE del Consejo, de
Sr. A. Tizzano; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario                   3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/
adjunto, ha dictado el 7 de noviembre de 2002 una sentencia                   337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de
cuyo fallo es el siguiente:                                                   determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
                                                                              ambiente (DO L 73, p. 5), al no haber adoptado todas
1)     Los artículos 3 y 5 del Reglamento (CEE) n o 881/92 del                las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
       Consejo, de 26 de marzo de 1992, relativo al acceso al mercado         necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la citada
       de los transportes de mercancías por carretera en la Comunidad,        Directiva, o al no haber informado a la Comisión acerca de tales
       que tengan como punto de partida o de destino el territorio de         disposiciones, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta), integrado por
       un Estado miembro o efectuados a través del territorio de uno o        los Sres. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, R. Schintgen,
       más Estados miembros, y el artículo 14 del Reglamento (CEE)            C. Gulmann (Ponente), V. Skouris y J.N. Cunha Rodrigues,
       no 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo           Jueces; Abogado General: Sr. A. Tizzano; Secretaria:
       al aparato de control en el sector de los transportes por carretera,   Sra. M.-F. Contet, administradora, ha dictado el 7 de noviembre
       tanto en su versión inicial como en la resultante del Reglamento       de 2002 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
       (CE) no 2135/98 del Consejo, de 24 de septiembre de 1998,
       no permiten a una empresa de transportes por carretera                 1)    Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligacio-
       establecida en un Estado miembro, que alquila vehículos sin                  nes que le incumben en virtud de la Directiva 97/11/CE del
       conductor a una empresa de transportes por carretera establecida             Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica
       en otro Estado miembro, hacer que sea el arrendatario quien                  la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las
       utilice su propia licencia comunitaria ni conservar la gestión de            repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
       los discos de tacógrafo de los vehículos alquilados.                         sobre el medio ambiente, al no haber adoptado, en el plazo
                                                                                    señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y
2)     El artículo 2, número 1, de la Directiva 84/647/CEE del                      administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo estable-
       Consejo, de 19 de diciembre de 1984, relativa a la utilización               cido en el artículo 1, puntos 7 y 11, de dicha Directiva.
       de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de
       mercancías por carretera, en su versión modificada por la              2)    Condenar en costas a la República Francesa.
       Directiva 90/398/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1990,
       debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la posible
       aplicación del artículo 4 de la misma Directiva, los vehículos         (1 ) DO C 331 de 24.11.2001.
       alquilados sin conductor deben estar matriculados en el Estado
       miembro donde se halle establecida la empresa de transportes
       por carretera arrendataria.
( 1) DO C 227 de 11.8.2001. DO C 275 de 29.9.2001.
                                                                                       SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                                                          (Sala Primera)
                                                                                                 de 7 de noviembre de 2002
          SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                              en el asunto C-352/01: Comisión de las Comunidades
                              (Sala Sexta)                                                 Europeas contra Reino de España ( 1)
                     de 7 de noviembre de 2002                                («Incumplimiento de Estado — Falta de adaptación del
                                                                                         Derecho interno a la Directiva 98/8/CE»)
en el asunto C-348/01: Comisión de las Comunidades
              Europeas contra República Francesa (1)
                                                                                                         (2002/C 323/32)
(«Incumplimiento de Estado — Directiva 97/11/CE —
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos                                       (Lengua de procedimiento: español)
          públicos y privados sobre el medio ambiente»)
                            (2002/C 323/31)                                   En el asunto C-352/01, Comisión de las Comunidades Euro-
                                                                              peas (agente: Sr. G. Valero Jordana) contra Reino de España
                    (Lengua de procedimiento: francés)                        (agente: Sra. L. Fraguas Gadea), que tiene por objeto que se
                                                                              declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales,
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la          reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)           Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                              16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de
                                                                              biocidas (DO L 123, p. 1), o, en cualquier caso, al no haber
En el asunto C-348/01, Comisión de las Comunidades Euro-                      comunicado dichas disposiciones a la Comisión, el Reino de
peas (agentes: Sr. G. zur Hausen y Sra. J. Adda) contra                       España ha incumplido las obligaciones que le incumben en
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virtud de dicha Directiva, el Tribunal de Justicia, integrado por            Una Directiva no puede por sí sola crear obligaciones a cargo de un
los Sres. M. Wathelet (Ponente), Presidente de Sala, P. Jann y               particular y, por consiguiente, no puede ser invocada como tal frente
A. Rosas, Jueces; Abogado General: Sr. J. Mischo; Secretario:                a él.
Sr. R. Grass, ha dictado el 7 de noviembre de 2002 una
sentencia cuyo fallo es el siguiente:
                                                                             (1 ) DO C 245 de 1.9.2001.
1)     Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
       que le incumben en virtud de la Directiva 98/8/CE del
       Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998,
       relativa a la comercialización de biocidas, al no haber adoptado
       dentro del plazo señalado las disposiciones legales, reglamenta-
       rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha            AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
       Directiva.
2)     Condenar en costas al Reino de España.                                                            (Sala Quinta)
( 1) DO C 317 de 10.11.2001.                                                                      de 3 de octubre de 2002
                                                                             en el asunto C-273/01 (petición de decisión prejudicial
              AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA                                  planteada por el Tribunale di Bari): Walter Ferro contra
                            (Sala Tercera)                                                          Giovanni Santoro (1)
                      de 24 de octubre de 2002                               («Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
en el asunto C-233/01 (Petición de decisión prejudicial del                  — Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los
Giudice di pace di Palermo): Riunione Adriatica di Sicurtà                   derechos de los Estados Miembros en lo referente a los
                SpA (RAS) contra Dario Lo Bue (1)                            agentes comerciales independientes — Aplicabilidad a los
                                                                                                  corredores de comercio»)
(«Artículo 104, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
— Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE — Libertad de
                                                                                                       (2002/C 323/34)
tarifas — Posibilidad de invocar una Directiva frente a un
                              particular»)
                                                                                              (Lengua de procedimiento: italiano)
                           (2002/C 323/33)
                   (Lengua de procedimiento: italiano)                       (Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la
                                                                             «Recopilación de Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
(Traducción provisional; la traducción definitiva se publicará en la                                Comunidades Europeas»)
      «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia»)
En el asunto C-233/01, que tiene por objeto una petición
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,            En el asunto C-273/01, que tiene por objeto una petición
por el Giudice di pace di Palermo (Italia), destinada a obtener,             dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE,
en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre               por el Tribunale di Bari (Italia), destinada a obtener, en el
Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (RAS) y Dario Lo Bue, una                  marco del litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 8,                 entre Walter Ferro y Giovanni Santoro, una decisión prejudicial
apartado 3, de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de                 sobre la interpretación de la Directiva 86/653/CEE del Consejo,
julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las                   de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas            derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes
al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro              comerciales independientes (DO L 382, p.17), así como con
de vida, y a su ejercicio (DO L 228, p. 3; EE 06/01, p. 143), en             carácter subsidiario, de los artículos 52 y 59 del Tratado CE
su versión resultante de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de              (actualmente, artículos 43 CE y 49 CE, tras su modificación),
18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones                 el Tribunal de Justicia (Sala Quinta), integrado por los
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro                Sres. P. Jan (Ponente), Presidente de Sala, D.A.O. Edward,
directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican                A. La Pergola, M. Wathelet y A. Rosas, Jueces; Abogado
las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de                 General: Sr. M.F.G. Jacobs, Secretario: Sr. R. Grass, ha dictado
seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), y de los             el 3 de octubre de 2002 un auto resolviendo lo siguiente:
artículos 29 y 39 de la Directiva 92/49, el Tribunal de Justicia
(Sala Tercera), integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente            Las disposiciones de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de
de Sala, la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues                     diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de
(Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. S. Alber; Secretario:                los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales
Sr. R. Grass; informado el órgano jurisdiccional remitente de                independientes, deben interpretarse en el sentido de que no se aplican
que el Tribunal de Justicia tiene intención de resolver mediante             a una normativa nacional que supedita el derecho a una retribución
auto motivado, con arreglo al artículo 104, apartado 3, de                   de una persona que ejerce la profesión de corredor de comercio a su
su Reglamento de Procedimiento; habiéndose instado a los                     inscripción en un registro establecido a tal efecto.
interesados a los que se refiere el artículo 20 del Estatuto CE
del Tribunal de Justicia para que, en su caso, presentaran sus               (1 ) DO C 289 de 13.10.2001.
observaciones sobre el particular, ha dictado el 24 de octubre
de 2002 un auto resolviendo lo siguiente: