CELEX: C2007/095/07
Language: es
Date: 2007-04-28 00:00:00
Title: Asunto C-524/04: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue (Libertad de establecimiento — Libre circulación de capitales — Impuesto sobre sociedades — Intereses de un préstamo abonados a una sociedad vinculada que reside en otro Estado miembro o en un país tercero — Calificación de los intereses como beneficios distribuidos — Coherencia del sistema tributario — Evasión fiscal)

28.4.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 95/5
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de marzo de 2007 [petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (Chancery Division) — Reino Unido] — Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue
   (Asunto C-524/04) (1)
   
   (Libertad de establecimiento - Libre circulación de capitales - Impuesto sobre sociedades - Intereses de un préstamo abonados a una sociedad vinculada que reside en otro Estado miembro o en un país tercero - Calificación de los intereses como beneficios distribuidos - Coherencia del sistema tributario - Evasión fiscal)
   (2007/C 95/07)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Órgano jurisdiccional remitente
   High Court of Justice (Chancery Division)
   Partes en el procedimiento principal
   
      Demandante: Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation
   
      Demandada: Commissioners of Inland Revenue
   Objeto
   Petición de decisión prejudicial — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretación de los artículos 43 CE, 49 CE y 56 CE — Legislación fiscal nacional — Posibilidad de que una sociedad con domicilio social en el territorio nacional deduzca, a efectos impositivos, los intereses pagados por un préstamo concedido por su sociedad matriz — Situación diferente en función del Estado donde la sociedad matriz tenga su domicilio social
   Fallo
   
               1)
            
            
               El artículo 43 CE se opone a una legislación de un Estado miembro que restringe la facultad de una sociedad residente de deducir a efectos fiscales los intereses de un préstamo financiero concedido por una sociedad matriz, directa o indirecta, residente en otro Estado miembro o por una sociedad residente en otro Estado miembro controlada por tal sociedad matriz, sin sujetar a dicha restricción a una sociedad residente que haya obtenido el préstamo de una sociedad también residente, excepto si, por un lado, dicha legislación se basa en un examen de elementos objetivos y verificables que permiten identificar la existencia de un montaje puramente artificial con fines exclusivamente fiscales al establecer la posibilidad de que el contribuyente pueda presentar, en su caso, y sin estar sujeto a restricciones administrativas excesivas, elementos relativos a los motivos comerciales subyacentes a la transacción de que se trata y, por otro lado, si, demostrada la existencia de tal montaje, la referida legislación sólo califica dichos intereses como beneficios distribuidos en la medida en que superen lo que se habría acordado en condiciones de libre competencia.
            
         
               2)
            
            
               Una legislación de un Estado miembro como la mencionada en la primera cuestión no está comprendida en el artículo 43 CE cuando se aplica a una situación en la que una sociedad residente obtiene un préstamo de una sociedad residente en otro Estado miembro o en un tercer país que no controla a la sociedad prestataria y cuando estas dos sociedades están controladas, directa o indirectamente, por una sociedad vinculada común que reside en un tercer país.
            
         
               3)
            
            
               A falta de normativa comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los justiciables, incluida la calificación de las demandas presentadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales por quienes hayan sido perjudicados. No obstante, dichos órganos están obligados a garantizar que los justiciables disponen de un cauce procesal efectivo que les permita obtener la devolución del impuesto indebidamente recaudado y de las cantidades pagadas a dicho Estado miembro o retenidas por éste en relación directa con tal impuesto. Por lo que respecta a otros perjuicios sufridos por una persona por una infracción del Derecho comunitario imputable a un Estado miembro, éste está obligado a reparar los daños causados a los particulares en las condiciones recogidas en el apartado 51 de la sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du Pêcheur y Factortame (C-46/93 y C-48/93), sin que esto excluya que, con arreglo al Derecho nacional, el Estado pueda incurrir en responsabilidad en virtud de requisitos menos restrictivos.
               Cuando la legislación de un Estado miembro constituya un obstáculo a la libertad de establecimiento prohibido por el artículo 43 CE, el órgano jurisdiccional remitente, para determinar el perjuicio indemnizable, puede comprobar si los perjudicados han actuado con una diligencia razonable para evitar el perjuicio o reducir su importancia, y, si, en especial, han ejercitado en tiempo oportuno todas las acciones que en Derecho les correspondían. No obstante, para evitar que el ejercicio de los derechos que el artículo 43 CE confiere a los particulares sea imposible o excesivamente difícil, el órgano jurisdiccional remitente puede determinar si la aplicación de dicha legislación, en relación, en su caso, con las disposiciones pertinentes de los convenios para evitar la doble imposición, hubiera conducido, en cualquier caso, al fracaso de las pretensiones de las demandantes en el litigio principal ante la Administración tributaria del Estado miembro de que se trate.
            
         
      (1)  DO C 67, de 5.3.2005.