CELEX: 62007CJ0101
Language: es
Date: 2008-12-18 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2008.#Coop de France bétail et viande (C-101/07 P) y Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) y otros (C-110/07 P) contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Recurso de casación - Competencia - Mercado de la carne de vacuno - Acuerdo celebrado entre las federaciones nacionales de ganaderos y de mataderos con objeto de suspender las importaciones de carne de vacuno y fijar un precio mínimo de compra - Multas - Reglamento nº 17- Artículo 15, apartado 2 - Consideración del volumen de negocios de las empresas pertenecientes a las federaciones.#Asuntos acumulados C-101/07 P y C-110/07 P.

Asuntos acumulados C‑101/07 P y C‑110/07 P
      Coop de France bétail et viande, anteriormente denominada Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV)
            y otros
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de casación — Competencia — Mercado de la carne de vacuno — Acuerdo celebrado entre las federaciones nacionales de ganaderos y de mataderos con objeto de suspender las importaciones
         de carne de vacuno y fijar un precio mínimo de compra — Multas — Reglamento nº 17 — Artículo 15, apartado 2 — Consideración del volumen de negocios de las empresas pertenecientes a las federaciones»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa
      (Reglamento nº 17 del Consejo; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, art. 4)
      2.        Recurso de casación — Motivos — Motivación insuficiente — Motivación implícita del Tribunal de Primera Instancia — Procedencia
      (Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 51; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 64)
      3.        Competencia — Multas — Importe — Determinación — Volumen de negocios tomado en consideración — Volumen de negocios del conjunto
            de las empresas miembros de una asociación de empresas — Procedencia
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      4.        Competencia — Multas — Decisión por la que se imponen multas a una asociación formada por asociaciones de empresas y a los
            miembros de ésta — Vulneración de los principios non bis in idem y de proporcionalidad
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      1.        Desde el momento en que la Comisión indica expresamente en el pliego de cargos que va a examinar si procede imponer multas
         a las empresas afectadas y expone los principales elementos de hecho y de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de
         una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho de haberla cometido «deliberadamente
         o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las empresas a ser oídas. Al actuar así,
         les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de los hechos como infracción, sino también
         contra la posibilidad de que se les imponga una multa.
      
      Ahora bien, facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas en el momento de presentar sus cargos, antes de
         que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas, equivaldría a anticipar
         de una manera inadecuada la decisión de la Comisión.
      
      (véanse los apartados 47 y 49)
      2.        Para cumplir correctamente con la tarea de valorar los hechos del litigio, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar
         con cuidado todos los documentos que le han sometido las partes y tenerlos en cuenta, incluidos aquellos que se hayan incorporado
         a los autos tras los debates orales en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento con arreglo al artículo
         64 de su Reglamento de Procedimiento.
      
      No obstante, la obligación de motivación no obliga al Tribunal de Primera Instancia a elaborar una exposición que siga exhaustivamente
         y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio, pudiendo la motivación ser implícita siempre que
         permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas controvertidas y al órgano jurisdiccional
         competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control.
      
      (véanse los apartados 74 y 75)
      3.        Cuando los miembros de una asociación de empresas hayan participado activamente en la aplicación de un acuerdo contrario a
         la competencia, pueden tenerse en cuenta los volúmenes de negocios de estos miembros para determinar la sanción, aun cuando
         la asociación de que se trata no tenga la posibilidad de vincular a sus miembros. Tomar en cuenta dichos datos se justifica
         en aquellos casos en que la infracción cometida por una asociación se refiera a las actividades de sus miembros y en que las
         prácticas contrarias a la competencia examinadas sean ejecutadas por la asociación directamente en beneficio de sus miembros
         y en cooperación con ellos, por no tener la asociación intereses objetivos de carácter autónomo con respecto a los de sus
         miembros.
      
      Cualquier otra interpretación sería contraria a la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las sanciones impuestas
         por infracción de las normas comunitarias sobre competencia. En efecto, la facultad de la Comisión de imponer multas de un
         importe adecuado a los autores de las infracciones de que se trate podría, de lo contrario, verse comprometida, en la medida
         en que las asociaciones con un volumen de negocios muy reducido pero que agrupasen, sin poder vincularlas formalmente, a un
         gran número de empresas que conjuntamente realizasen un volumen de negocios elevado, únicamente podrían ser sancionadas con
         multas muy reducidas, aunque las infracciones cometidas pudiesen ejercer una influencia notable en los mercados de referencia.
      
      (véanse los apartados 97 y 98)
      4.        Una decisión por la que la Comisión impone multas a una asociación formada por asociaciones de empresas así como a los miembros
         de ésta, a causa de la participación y del grado de responsabilidad propia de cada una en una infracción de las normas de
         competencia, no vulnera el principio non bis in idem. En efecto, la circunstancia de que estas asociaciones tengan la calidad de miembro de la primera no significa que hayan sido
         sancionadas varias veces por la misma infracción, ya que, al tener personalidades jurídicas independientes, presupuestos separados
         y objetivos que no coinciden siempre, y al llevar a cabo sus acciones en defensa de intereses que les son propios y específicos,
         falta la unidad de los infractores necesaria para la aplicación del principio non bis in idem.
      Esta decisión tampoco vulnera el principio de proporcionalidad aunque la Comisión haya tomado en consideración los volúmenes
         de negocios de los miembros de cada asociación para determinar el límite del 10 % contemplado en el artículo 15, apartado
         2, del Reglamento nº 17. En efecto, los miembros directos o indirectos de las asociaciones sancionadas no están por este hecho
         doblemente sancionados por una misma y única infracción, ya que tomar en consideración dichos volúmenes de negocios no significa
         que se haya impuesto una multa a los miembros de la asociación y ni siquiera, en sí mismo, que la asociación de que se trate
         esté obligada a repercutir sobre sus miembros la carga de la multa.
      
      (véanse los apartados 127 a 130)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 18 de diciembre de 2008 (*)
      
      «Recurso de casación – Competencia – Mercado de la carne de vacuno – Acuerdo celebrado entre las federaciones nacionales de ganaderos y de mataderos con objeto de suspender las importaciones
         de carne de vacuno y fijar un precio mínimo de compra – Multas – Reglamento nº 17– Artículo 15, apartado 2 – Consideración del volumen de negocios de las empresas pertenecientes a las federaciones»
      
      En los asuntos acumulados C‑101/07 P y C‑110/07 P,
      que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 20 y el 19 de febrero de 2007, respectivamente,
      
      Coop de France bétail et viande, anteriormente denominada Fédération nationale de la coopération bétail y viande (FNCBV), con domicilio social en París, representada
         por Me M. Ponsard, avocat, que designa domicilio en Luxemburgo (asunto C‑101/07 P),
      
      Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), con domicilio social en París,
      
      Fédération nationale bovine (FNB), con domicilio social en París,
      
      Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), con domicilio social en París,
      
      Jeunes agriculteurs      (JA), con domicilio social en París,
      
      representados por Mes V. Ledoux y B. Neouze, avocats (asunto C‑110/07 P),
      
      partes demandantes,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Bouquet y X. Lewis, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      República Francesa, representada por el Sr. G. de Bergues y la Sra. S. Ramet, en calidad de agentes,
      
      parte coadyuvante en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka y U. Lõhmus (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de abril de 2008;
      visto el auto de reapertura de la fase oral de 2 de octubre de 2008;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de octubre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante sus recursos de casación, la Coop de France bétail et viande, anteriormente denominada Fédération nationale de coopération
         bétail et viande (en lo sucesivo, «FNCBV») (C‑101/07 P), y la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (en
         lo sucesivo, «FNSEA»), la Fédération nationale bovine (en lo sucesivo, «FNB»), la Fédération nationale des producteurs de
         lait (en lo sucesivo, «FNPL») y los Jeunes agriculteurs (en lo sucesivo, «JA») (C‑110/07 P) solicitan la anulación de la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 13 de diciembre de 2006, FNCBV y otros/Comisión (T‑217/03
         y T‑245/03, Rec. p. II‑4987; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que dicho Tribunal, por un lado, redujo la multa
         que les había impuesto la Comisión de las Comunidades Europeas mediante la Decisión 2003/600/CE, de 2 de abril de 2003, relativa
         a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del tratado CE (asunto COMP/C.38.279/F3 – Carnes de vacuno francesas) (DO
         L 209, p. 12; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), y, por otro lado, desestimó en lo fundamental los recursos interpuestos
         para anular esta Decisión.
      
       Marco jurídico
      2        El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de
         los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01 p. 22), dispone:
      
      «La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de
         mil [euros] a un máximo de un millón de [euros], pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez por ciento del volumen
         de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción
         cuando, deliberadamente o por negligencia:
      
      a)      cometan una infracción [de] las disposiciones del apartado 1 del artículo [81 CE], o del artículo [82 CE], o
      b)      contravengan una obligación impuesta en virtud del apartado 1 del artículo 8.
      Para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta.»
      3        A tenor del punto 5, letra c), de la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices para el cálculo de las multas impuestas
         en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA» (DO 1998,
         C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»):
      
      «En los asuntos en los que participen asociaciones de empresas, es importante que, en la medida de lo posible, sean las empresas
         miembros de tales asociaciones las destinatarias de las decisiones y se les impongan multas individuales.
      
      Cuando este procedimiento no resulte viable (por ejemplo, cuando la asociación cuente con varios miles de empresas miembros),
         y a excepción de los procedimientos con arreglo al Tratado CECA, se impondrá a la asociación una multa global calculada según
         los principios expuestos anteriormente pero equivalente a la totalidad de las multas individuales que hubieran podido ser
         impuestas a cada uno de los miembros de la asociación.»
      
      4        El artículo 1 del Reglamento nº 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia
         a la producción y al comercio de productos agrícolas (DO 1962, 30, p. 993; EE 08/01, p. 29), establece que los artículos 81 CE
         a 86 CE, así como las disposiciones adoptadas para su aplicación se aplicarán a cualesquiera acuerdos, decisiones y prácticas
         mencionados los artículos 81 CE, apartado 1, y 82 CE relativos a la producción o al comercio de los productos enumerados en
         el anexo I del Tratado CE, en especial los animales vivos y las carnes y los menudos comestibles, sin perjuicio de las disposiciones
         del artículo 2 de este Reglamento.
      
      5        El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento establece lo siguiente:
      
      «El apartado 1 del artículo [81 CE] será inaplicable a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo precedente
         que forman parte integrante de una organización nacional de mercado o que sean necesarios para la realización de los objetivos
         enunciados en el artículo [33 CE]. No se aplicará en particular a los acuerdos, decisiones y prácticas de agricultores, de
         asociaciones de éstos o de asociaciones de estas asociaciones pertenecientes a un solo Estado miembro, en la medida en que,
         sin llevar consigo la obligación de aplicar un precio determinado, afecten a la producción o a la venta de productos agrícolas,
         o a la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrícolas, a menos
         que la Comisión compruebe que la competencia queda de este modo excluida o que los objetivos del artículo [33 CE] son puestos
         en peligro.»
      
       Hechos que originaron el litigio
      6        Los hechos que originaron los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia, tal como se exponen en la sentencia recurrida,
         pueden resumirse como sigue a efectos de la presente sentencia.
      
      7        La recurrente en el asunto C‑101/07 P, la FNCBV, reúne a 300 agrupaciones cooperativas de productores de los sectores de la
         ganadería bovina, porcina y ovina y a una treintena de grupos o empresas de sacrificio y de transformación de carnes en Francia.
      
      8        Las recurrentes en el asunto C‑110/07 P, a saber, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA son sindicatos franceses. La FNSEA es
         el principal sindicato agrario francés. A nivel territorial, se compone de sindicatos locales, agrupados en federaciones o
         uniones departamentales de los sindicatos de explotadores agrícolas (en lo sucesivo, «FDSEA»). Además, la FNSEA agrupa a 33 asociaciones
         especializadas que representan los intereses de cada producción, entre ellas, la FNB y la FNPL. Los JA representa a los agricultores
         de menos de 35 años. Para afiliarse al centro local de los JA, es necesario ser miembro de un sindicato local que pertenezca
         a una FDSEA.
      
      9        Tras el descubrimiento en varios Estados miembros, a partir del mes de octubre de 2000, de nuevos casos de encefalopatía espongiforme
         bovina, conocida como «enfermedad de las vacas locas», y de casos de fiebre aftosa en los rebaños ovinos en el Reino Unido,
         las instituciones comunitarias adoptaron toda una serie de medidas para afrontar la pérdida de confianza de una parte de los
         consumidores que había provocado una disminución del consumo de carne.
      
      10      Por consiguiente, se amplió el ámbito de aplicación de los mecanismos de intervención, destinados a retirar del mercado determinadas
         cantidades de bovinos, con el fin de estabilizar la oferta en relación con la demanda, y se estableció un régimen de compra
         de animales vivos, así como un mecanismo de compra mediante licitación de canales o medias canales, denominado «régimen de
         compra especial». Además, la Comisión autorizó a varios Estados miembros, entre ellos a la República Francesa, a conceder
         subvenciones al sector vacuno.
      
      11      En septiembre y octubre de 2001, las relaciones entre los ganaderos y los mataderos fueron especialmente tensas en Francia
         y los agricultores consideraron insuficientes las medidas citadas. Grupos de ganaderos detuvieron ilegalmente camiones para
         comprobar el origen de la carne transportada y efectuaron bloqueos de mataderos. En ocasiones, tales acciones tuvieron como
         resultado la destrucción de materiales y carnes. Como contrapartida por el desbloqueo de los mataderos, los ganaderos manifestantes
         exigieron compromisos por parte de aquéllos, en particular, la suspensión de las importaciones y la aplicación de una escala
         de precios llamada «escala sindical».
      
      12      En octubre de 2001 se celebraron varias reuniones entre las federaciones representantes de los criadores de ganado vacuno,
         a saber, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, y las federaciones representantes de los mataderos, a saber, la Fédération nationale
         de l’industrie et des commerces en gros des viandes (en lo sucesivo, «FNICGV») y la FNCBV. Al término de una reunión de 24
         de octubre de 2001, organizada a instancias del Ministro de agricultura francés, se cerró entre seis federaciones el accord
         des fédérations des éleveurs et abatteurs sur la grille de prix minimum – vaches de reforme entrée-abattoir (Acuerdo de las
         federaciones de ganaderos y de mataderos sobre la escala de precios mínimos – vacas de desecho entrada al matadero) (en lo
         sucesivo, «Acuerdo de 24 de octubre de 2001»). El 30 de octubre de 2001, la Comisión dirigió un escrito a las autoridades
         francesas solicitando información sobre dicho acuerdo.
      
      13      El acuerdo de 24 de octubre de 2001 constaba de dos partes. La primera era un compromiso de suspensión provisional de las
         importaciones, que no hacía distinciones entre los tipos de carne de vacuno. La segunda consistía en un compromiso de aplicación
         de la escala de precios de compra a la entrada al matadero de las vacas de desecho, esto es, las vacas destinadas a la reproducción
         o a la producción de leche, cuyas modalidades se definían en ese acuerdo. Entre otros elementos, contenía una lista de precios
         por kilogramo de canal para determinadas categorías de vacas y el método de cálculo del precio aplicable a otras categorías
         en función, en particular, del precio de compra especial fijado por las autoridades comunitarias. Dicho acuerdo debía entrar
         en vigor el 29 de octubre de 2001 y aplicarse hasta finales de noviembre de 2001.
      
      14      El 9 de noviembre de 2001, las autoridades francesas respondieron a la solicitud de información de la Comisión de 30 de octubre
         de 2001.
      
      15      El 9 de noviembre de 2001, la Comisión dirigió asimismo a la FNSEA, a la FNB, a la FNPL, a los JA y a la FNICGV una solicitud
         de información, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17. Como la Comisión ignoraba entonces que la FNCBV también era
         signataria del acuerdo de 24 de octubre de 2001, no le dirigió la solicitud. Las cinco federaciones respondieron a esta solicitud
         el 15 y el 23 de noviembre de 2001.
      
      16      El 19 de noviembre de 2001, el Presidente de la FNICGV indicó al Presidente de la FNSEA que se veía obligado a anticipar a
         ese día la fecha final de aplicación del acuerdo de 24 de octubre de 2001, inicialmente prevista para el 30 de noviembre de 2001.
      
      17      El 26 de noviembre de 2001, la Comisión dirigió un escrito de advertencia a las seis federaciones signatarias del acuerdo
         de 24 de octubre de 2001, indicando que los hechos de que tenía conocimiento revelaban la existencia de una infracción de
         las normas comunitarias sobre competencia e invitándolas a comunicar sus observaciones y propuestas a más tardar el 30 de
         noviembre de 2001. En dicho escrito, la Comisión indicaba que, «a falta de propuestas satisfactorias dentro de dicho plazo,
         [tenía] la intención de incoar un procedimiento dirigido a que se [declarase] la existencia de tales infracciones y se [ordenase]
         su cese en el caso de que el acuerdo se hubiese prorrogado, y que podía, llegado el caso, llevar aparejada la imposición de
         multas». Las federaciones contestaron a la Comisión precisando que el acuerdo cesaría el 30 de noviembre de 2001 y que no
         se prorrogaría.
      
      18      El 17 de diciembre de 2001, la Comisión inspeccionó los locales de la FNSEA y la FNB en París, conforme a lo dispuesto en
         el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17, y los locales de la FNICGV en esa misma ciudad, en virtud del artículo 14,
         apartado 2, de dicho Reglamento.
      
      19      El 24 de junio de 2002, la Comisión adoptó un pliego de cargos dirigido a las seis federaciones signatarias del acuerdo de
         24 de octubre de 2001. Éstas presentaron sus observaciones escritas entre el 23 de septiembre y el 4 de octubre de 2002. La
         audiencia de las federaciones tuvo lugar el 31 de octubre de 2002. El 10 de enero de 2003, la Comisión envió a dichas federaciones
         una solicitud de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17. Les solicitaba, en particular, que le facilitasen
         el importe total y el desglose según su origen de los ingresos de cada federación junto con sus balances contables, correspondientes
         a los ejercicios 2001 y 2002, así como el volumen de negocios global y de la producción o sacrificio de ganado vacuno de sus
         miembros directos e indirectos, correspondiente al último ejercicio fiscal disponible. Las federaciones recurrentes contestaron
         mediante escritos de 22, 24, 27 y 30 de enero de 2003.
      
      20      El 2 de abril de 2003, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, cuyas destinatarias son las federaciones recurrentes
         y la FNICGV.
      
      21      A tenor de dicha Decisión, estas federaciones infringieron el artículo 81 CE, apartado 1, al haber celebrado el acuerdo de
         24 de octubre de 2001, que tenía por objeto fijar un precio mínimo de compra de determinadas categorías de ganado vacuno y
         suspender las importaciones de carne de vacuno a Francia, y al haber celebrado, entre finales de noviembre y primeros de diciembre
         de 2001, un acuerdo oral con el mismo objeto, aplicable al vencimiento del acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      22      En los considerandos 135 a 149 de la Decisión controvertida, la Comisión entendía que el acuerdo de 24 de octubre de 2001
         y el acuerdo oral no eran necesarios para alcanzar los objetivos de la política agrícola común enunciados en el artículo 33 CE
         y excluía la aplicación al caso de autos de la excepción prevista en el Reglamento nº 26 a favor de determinadas actividades
         relacionadas con la producción y la comercialización de productos agrícolas. Por otra parte, según la Comisión, los acuerdos
         no figuraban entre los medios previstos en el Reglamento (CE) nº 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que
         se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21), o en los textos de aplicación
         de éste. Por último, la Comisión añadía que las medidas adoptadas no eran proporcionadas a los objetivos supuestamente perseguidos.
      
      23      Según la Decisión controvertida, la infracción había comenzado el 24 de octubre de 2001 y había durado, al menos, hasta el
         11 de enero de 2002, fecha de vencimiento del último acuerdo local celebrado en virtud del compromiso a escala nacional de
         que la Comisión había tenido conocimiento.
      
      24      Habida cuenta de su naturaleza y de la extensión geográfica del mercado afectado, la infracción fue calificada de muy grave.
         Para determinar el grado de responsabilidad de cada federación recurrente, la Comisión tuvo en cuenta la relación entre el
         importe de las cotizaciones anuales percibidas por la principal federación agrícola, a saber, la FNSEA, y el importe de las
         cotizaciones percibidas por cada una de las otras federaciones. Por lo demás, como la infracción había sido de corta duración,
         la Comisión no aumentó el importe de base atendiendo a este criterio.
      
      25      La Comisión apreció, a continuación, respecto a las federaciones recurrentes, varias circunstancias agravantes:
      
      –      Aumentó en un 30 % el importe de las multas impuestas a la FNSEA, a la FNB y a los JA debido a que sus miembros habían hecho
         uso de la violencia para obligar a las federaciones de mataderos a adoptar el acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      –      Apreció respecto a todas las federaciones recurrentes la circunstancia agravante de que hubieran continuado su acuerdo en
         secreto con posterioridad a su escrito de advertencia de 26 de noviembre de 2001 y les aplicó un incremento del 20 %; y
      
      –      Tuvo en cuenta el papel preponderante supuestamente desempeñado por la FNB en la preparación y la ejecución de la infracción,
         incrementando en un 30 % la multa impuesta a esta federación.
      
      26      Por otra parte, la Comisión tomó en consideración varias circunstancias atenuantes:
      
      –      Habida cuenta del papel pasivo o seguidista desempeñado por la FNPL, disminuyó en un 30 % el importe de la multa impuesta
         a ésta.
      
      –      En lo que respecta a la FNCBV, tuvo en cuenta, en primer lugar, la insistente intervención del Ministro de Agricultura francés
         a favor de la celebración del acuerdo de 24 de octubre de 2001 (reducción del 30 %) y, en segundo lugar, las operaciones ilegales
         de bloqueo de los establecimientos de sus miembros por parte de los agricultores (nueva reducción del 30 %).
      
      27      Además, con arreglo al punto 5, letra b), de las Directrices, la Comisión tuvo en cuenta las circunstancias específicas del
         asunto de que se trata, en particular el contexto económico marcado por la crisis del sector, y redujo en un 60 % el importe
         de las multas resultante de la aplicación de los incrementos y de las reducciones arriba mencionadas.
      
      28      La parte dispositiva de la Decisión controvertida contiene, en particular, las disposiciones siguientes:
      
      «Artículo 1
      La [FNSEA], la [FNB], la [FNPL], los [JA], la [FNICGV] y la [FNCBV] han infringido el [artículo 81 CE, apartado 1,] al celebrar
         el 24 de octubre de 2001 un acuerdo que tenía por objeto suspender las importaciones a Francia de carne de vacuno y fijar
         un precio mínimo para determinadas categorías de animales, y al celebrar oralmente un acuerdo con un objeto similar a finales
         de noviembre y principios de diciembre de 2001.
      
      La infracción comenzó el 24 de octubre de 2001 y produjo sus efectos al menos hasta el 11 de enero de 2002.
      Artículo 2
      Las federaciones contempladas en el artículo 1 pondrán fin inmediatamente a la infracción contemplada en el mencionado artículo,
         si no lo han hecho ya, y se abstendrán en el futuro de todo acuerdo susceptible de tener un objeto o un efecto idéntico o
         similar.
      
      Artículo 3
      Se impondrán las multas siguientes:
      –      FNSEA: 12.000.000 EUR,
      –      FNB: 1.440.000 EUR,
      –      JA: 600.000 EUR,
      –      FNPL: 1.440.000 EUR,
      –      FNICGV: 720.000 EUR,
      –      FNCBV: 480.000 EUR.»
       Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      29      Mediante sendas demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 y el 20 de junio de 2003, la
         FNCBV, por un lado, y la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, por otro, interpusieron dos recursos que tenían por objeto la anulación
         de la Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, la supresión de las multas que les habían sido impuestas o la reducción
         de su importe. Mediante auto de 9 de noviembre de 2004, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso
         interpuesto el 7 de julio de 2003 por la FNICGV.
      
      30      Mediante auto de 6 de noviembre de 2003, se admitió la intervención de la República Francesa en los dos asuntos en apoyo de
         las pretensiones de las federaciones recurrentes. Los dos asuntos se acumularon mediante auto de 3 de abril de 2006.
      
      31      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia:
      
      –      Redujo a 360.000 euros el importe de la multa impuesta a la FNCBV, demandante en el asunto T‑217/03.
      –      Redujo el importe de las multas impuestas a las federaciones demandantes en el asunto T‑245/03 a 9.000.000 de euros para la
         FNSEA, a 1.080.000 euros para la FNB, a 1.080.000 euros para la FNPL y a 450.000 euros para los JA.
      
      –      Desestimó el recurso en todo lo demás.
      –      Condenó a las federaciones demandantes a soportar sus propias costas correspondientes al procedimiento principal y las tres
         cuartas partes de las de la Comisión correspondientes a dicho procedimiento.
      
      –      Condenó a la Comisión a soportar una cuarta parte de sus propias costas correspondientes al procedimiento principal y la totalidad
         de las costas correspondientes a los procedimientos sobre medidas provisionales.
      
      –      Decidió que las costas en que hubiera incurrido la República Francesa, parte coadyuvante, corrieran a su cargo.
       Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      32      Mediante decisión de 29 de enero de 2008, el Tribunal de Justicia ha devuelto el asunto a la Sala Tercera, integrada por el
         Sr. A. Rosas, Presidente de la Sala Tercera, y los Sres. J. Klučka, U. Lõhmus (Ponente) y A. Ó Caoimh y la Sra. P. Lindh,
         Jueces. Al no haber solicitado ninguna de las partes que se oyesen sus observaciones orales, el Tribunal de Justicia ha decidido
         resolver el asunto sin celebrar vista. El Abogado General ha presentado sus conclusiones en audiencia pública el 17 de abril
         de 2008, tras la cual se ha dado por concluida la fase oral.
      
      33      Por impedimento de la Sra. Lindh, la Tercera Sala ha ordenado, oído el Abogado General, la reapertura de la fase oral, con
         arreglo al artículo 61 del Reglamento de Procedimiento, con el fin de sustituirla, en aplicación del artículo 11 sexto, premier párrafo, del Reglamento de Procedimiento, por un Juez siguiendo el orden de la lista mencionada en el artículo 11 quater, apartado 2, del mismo Reglamento, en este caso, el Sr. J.N. Cunha Rodrigues.
      
      34      Tras la vista de 16 de octubre de 2008, en la que el Abogado General ha presentado sus conclusiones, se ha dado por concluida
         la fase oral.
      
       Pretensiones de las partes en el recurso de casación
      35      En el asunto C‑101/07 P, la FNCBV solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –      Anule la sentencia recurrida.
      –      Anule la Decisión controvertida.
      –      Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa, que la sentencia recurrida fijó en 360.000 euros.
      –      En todo caso, condene a la Comisión a cargar con todas las costas correspondientes al procedimiento principal ante el Tribunal
         de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.
      
      36      En el asunto C‑110/07 P, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA solicitan al Tribunal de Justicia que:
      
      –      Anule la sentencia recurrida.
      –      Anule la Decisión controvertida.
      –      Con carácter subsidiario, reduzca el importe de las multas, que la sentencia recurrida fijó en 9.000.000 de euros para la
         FNSEA, en 1.080.000 euros para la FNB, en 1.080.000 euros para la FNPL y en 450.000 euros para los JA.
      
      –      En todo caso, condene a la Comisión a cargar con todas las costas en que han incurrido en los procedimientos ante el Tribunal
         de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.
      
      37      La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que estime los dos recursos de casación y que anule la sentencia recurrida.
      
      38      La Comisión solicita que se desestimen ambos recursos de casación y que se condene a las federaciones recurrentes al pago
         de las costas.
      
       Sobre los recursos de casación
      39      Oídas las partes y el Abogado General, los asuntos C‑101/07 P y C‑110/07 P han sido acumulados por razón de conexión, mediante
         auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de abril de 2007, a efectos de los procedimientos escrito y oral así como
         de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
      
       Motivos de anulación de la sentencia recurrida
      40      En apoyo de su recurso de casación, la FNCBV alega cinco motivos a fin de obtener la anulación de la sentencia recurrida y
         de la Decisión controvertida, de los que algunos constan de varias partes:
      
      –      Mediante el primer motivo, alega el error de Derecho en que, en su opinión, incurrió el Tribunal de Primera Instancia al no
         declarar la vulneración del derecho de defensa que cometió la Comisión en el pliego de cargos (apartados 217 a 225 de la sentencia
         recurrida).
      
      –      Mediante el segundo motivo, aduce que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó determinadas pruebas, a saber:
      –      las notas manuscritas del director de la FNB sobre la reunión de 29 de noviembre de 2001 (apartados 169 a 174 de la sentencia
         recurrida);
      
      –      la declaración del vicepresidente de la FNB a La Vendée Agricole de 4 de diciembre de 2001 (apartado 176 de la sentencia recurrida);
      
      –      la nota de actualidad de la Fédération vendéenne des producteurs de 5 de diciembre de 2001 (apartado 177 de la sentencia recurrida);
      –      la nota de información de la FNPL de 10 de diciembre de 2001 (apartado 179 de la sentencia recurrida), y
      –      determinados pasajes de las notas manuscritas del director de la FNB sobre la reunión del 5 de diciembre de 2001 (apartado
         180 de la sentencia recurrida).
      
      –      Mediante el tercer motivo, alega el error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia al evaluar la prueba de
         la participación de la FNCBV en el acuerdo oral, debido a que:
      
      –      dicho Tribunal cometió un error de Derecho en la calificación jurídica de la participación de dicha federación en este acuerdo; y
      –      existe contradicción de motivos en la sentencia recurrida entre el reconocimiento de dicha participación y el hecho de que
         se hubiera hecho uso de la violencia contra dicha federación.
      
      –      Mediante el cuarto motivo, alega, con carácter subsidiario, que el acuerdo de 24 de octubre de 2001 y el acuerdo oral no son
         contrarios a la competencia. A su juicio, el Tribunal de Justicia cometió un error de Derecho al calificar el acuerdo de 24
         de octubre de 2001 de contrario a la competencia y al no tener en cuenta los efectos de la prórroga de dicho acuerdo.
      
      –      Mediante el quinto motivo, alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho en la aplicación el artículo
         15, apartado 2, del Reglamento nº 17,
      
      –      al incumplir su obligación de motivación, y
      –      al basarse en una fundamentación contradictoria.
      41      Además, con el fin de obtener la anulación parcial de la sentencia recurrida y la reducción del importe de la multa que se
         le impuso, la FNCBV aduce un sexto motivo consistente en el error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia
         al aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
      
      42      En apoyo de su recurso de casación, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA invocan los cuatro motivos siguientes:
      
      –      Mediante el primer motivo, alegan una desnaturalización de las pruebas debida a que el Tribunal de Primera Instancia no tomó
         en consideración dos documentos esenciales que demuestran que el acuerdo de 24 de octubre de 2001 no se había prorrogado más
         allá del 30 de noviembre de 2001 (apartados 159 a 190 de la sentencia recurrida).
      
      –      Mediante el segundo motivo, alegan una vulneración del derecho de defensa, ya que el Tribunal de Primera Instancia consideró
         que la motivación de la Comisión había sido suficientemente clara y precisa (apartados 217 a 227 de la sentencia recurrida).
      
      –      Mediante el tercer motivo, invocan la infracción del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, en la medida en que el
         Tribunal de Primera Instancia, para considerar que las multas impuestas por la Comisión no rebasaban el límite fijado por
         esta disposición, tomó en consideración el volumen de negocios acumulado de los miembros de las federaciones recurrentes (apartados
         312 a 334 de la sentencia recurrida).
      
      –      Mediante el cuarto motivo, alegan que el Tribunal de Primera Instancia vulneró la norma sobre prohibición de multiplicidad
         de las sanciones y el principio de proporcionalidad de las mismas al imponer una multa distinta a cada una de las federaciones,
         incluyendo en el cómputo el volumen de negocios acumulado de sus miembros (apartados 340 a 346 de la sentencia recurrida).
      
       Sobre el primer motivo alegado por la FNCBV y sobre el segundo motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, relativos
            al error de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al rechazar que la Comisión hubiera vulnerado el derecho
            de defensa en el pliego de cargos
      43      Mediante su primer y su segundo motivo respectivamente, la FNCBV, por un lado, y la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, por otro,
         alegan que en el pliego de cargos la Comisión se había limitado a indicar los principales elementos de hecho y de Derecho
         que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho
         de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, cuando, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia,
         debería haber señalado que la posible multa se calcularía tomando en cuenta el volumen de negocios de sus miembros.
      
      44      No cabe estimar estos dos motivos.
      
      45      Se desprende, en efecto, del apartado 219 de la sentencia recurrida que el argumento según el cual la Comisión debería haber
         mencionado en el pliego de cargos que iba a tener en cuenta el volumen de negocios de los miembros de las federaciones recurrentes
         para determinar el importe de la posible multa ya fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia y que éste lo rechazó
         justificadamente en el apartado 224 de esa sentencia con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en
         los apartados 222 y 223 de dicha sentencia.
      
      46      Así, el Tribunal de Primera Instancia indicó en el apartado 221 de la sentencia recurrida que la Comisión, al adoptar la Decisión
         controvertida, había tenido en cuenta las cifras de negocios de los miembros de base de las federaciones recurrentes para
         verificar que los importes de las multas impuestas respetasen el límite del 10 % fijado por el artículo 15, apartado 2, del
         Reglamento nº 17.
      
      47      Ahora bien, como destacó el Tribunal de Primera Instancia, se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en
         el momento de presentar sus cargos, facilitar indicaciones sobre el nivel de las multas previstas antes de que las empresas
         hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada
         la decisión de la Comisión (sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80,
         Rec. p. 1825, apartado 21).
      
      48      En apoyo de su motivo, la FNCBV y la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA alegan, además, que la obligación de la Comisión de indicar
         en el pliego de cargos cómo se calculará la posible multa resulta aún más clara al considerar que la Comisión había cambiado
         el método utilizado habitualmente para calcular las multas, circunstancia que el Tribunal de Primera Instancia reconoció en
         el apartado 237 de la sentencia recurrida. En la medida en que dichas federaciones no habían podido prever tal cambio de método
         y no habían podido por tanto defenderse a este respecto, el Tribunal de Primera Instancia debería haber reconocido la vulneración
         del derecho de defensa cometida por la Comisión en su pliego de cargos.
      
      49      No obstante, como recuerda el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 218 de la sentencia recurrida, según reiterada
         jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde el momento en que la Comisión indica expresamente en el pliego de cargos que
         va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas y expone los principales elementos de hecho y de Derecho
         que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción y el hecho
         de haberla cometido deliberadamente o por negligencia, dicha institución cumple su obligación de respetar el derecho de las
         empresas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo contra la calificación de
         los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa (véase, en particular, en este
         sentido, la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02
         P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 428).
      
      50      En cuanto a la consideración del volumen de negocios de los miembros de las federaciones recurrentes para el cálculo de las
         multas, basta observar que una práctica de ese tipo por parte de la Comisión no es nueva y que los órganos jurisdiccionales
         comunitarios la admiten (véanse, en particular, las sentencias de 16 de noviembre de 2000, Finnboard/Comisión, C‑298/98 P,
         Rec. p. I‑10157, apartado 66, y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión, T‑39/92
         y T‑40/92, Rec. p. II‑49, apartado 139). Contrariamente a lo alegado por las federaciones recurrentes, no había habido por
         tanto, por parte de la Comisión, un cambio de método que justificara una indicación especial a este respecto en el pliego
         de cargos.
      
      51      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho cuando declaró que la Comisión no había
         vulnerado el derecho de defensa de la FNCBV ni el de la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA por no haber indicado, en el pliego
         de cargos, que tenía la intención de tomar en consideración el volumen de negocios de sus miembros para verificar que se respetaba
         el límite máximo de 10 % fijado por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
      
      52      En consecuencia, procede desestimar por infundados el primer motivo alegado por la FNCBV y el segundo motivo alegado por la
         FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA.
      
       Sobre el segundo motivo alegado por la FNCBV, relativo a la desnaturalización de determinadas pruebas por el Tribunal de Primera
            Instancia
      53      Mediante su segundo motivo, la FNCBV sostiene que las comprobaciones fácticas efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia
         adolecen de inexactitud material en la medida en que alteró manifiestamente el sentido, el contenido o el alcance de los elementos
         presentados ante él. Según dicha federación, un examen completo de los autos, situados en su contexto, debería haber llevado
         al Tribunal de Primera Instancia a considerar que ella no se había sumado a la prórroga oral y en secreto del acuerdo de 24
         de octubre de 2001 más allá de la fecha de vencimiento de éste.
      
      54      Los documentos que, a juicio de la FNCBV, fueron desvirtuados por el Tribunal de Primera Instancia son los siguientes:
      
      –        las notas manuscritas del director de la FNB sobre la reunión de 29 de noviembre de 2001 (apartados 169 a 174 de la sentencia
         recurrida);
      
      –        otros documentos que confirman que las recurrentes se pusieron de acuerdo oralmente, a saber, la declaración del vicepresidente
         de la FNB de 4 de diciembre de 2001 a La Vendée Agricole y una nota de actualidad de la Fédération vendéenne des producteurs de 5 de diciembre de 2001 (apartados 176 y 177 de la
         sentencia recurrida);
      
      –        pasajes de la nota de información de la FNPL de 10 de diciembre de 2001 (apartado 179 de la sentencia recurrida), y
      –        pasajes de las notas manuscritas del director de la FNB sobre la reunión de 5 de diciembre de 2001 (apartado 180 de la sentencia
         recurrida).
      
      55      En sustancia, la FNCBV reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber alterado el sentido de cada uno de estos documentos
         y, por consiguiente, haber efectuado una apreciación inexacta del alcance de los hechos del asunto.
      
      56      La Comisión sostiene que, mediante su motivo, la recurrente intenta poner en entredicho el valor probatorio que el Tribunal
         de Primera Instancia otorgó a dichos documentos.
      
      57      En su escrito de réplica, la FNCBV rechaza haber puesto en duda la comprobación de los hechos del Tribunal de Primera Instancia.
         Según esta federación, «la comprobación de los hechos tiene por objeto la reconsideración de los mismos como tales o de su
         apreciación, mientras que la desnaturalización es una modificación del contenido de los elementos de prueba, una falta de
         consideración de sus aspectos esenciales o una falta de consideración de su contexto».
      
      58      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, se deriva de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero,
         del Estatuto del Tribunal de Justicia que el Tribunal de Primera Instancia, por una parte, es el único competente para determinar
         los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran
         en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha
         comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un
         control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias en Derecho que de ella haya deducido el Tribunal de Primera
         Instancia (véanse, en particular, las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173,
         apartado 51, y de 22 de mayo de 2008, Evonik Degussa/Comisión y Consejo, C‑266/06 P, apartado 72).
      
      59      Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar
         las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia haya admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se
         hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables
         en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia
         que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso
         de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (véanse,
         en particular, las sentencias antes citadas General Motors/Comisión, apartado 52, y Evonik Degussa/Comisión y Consejo, apartado 73).
      
      60      Además, es importante recordar que una desnaturalización de los hechos debe deducirse manifiestamente de los documentos que
         obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véanse, en particular,
         las sentencias antes citadas General Motors/Comisión, apartado 54, y Evonik Degussa/Comisión y Consejo, apartado 74).
      
      61      En el caso de autos, la FNCBV no alega que la lectura hecha por el Tribunal de Primera Instancia de los diferentes documentos
         que cita adolezca de inexactitud material. Reprocha, en especial, a dicho Tribunal no haber tenido en cuenta los aspectos
         esenciales de los documentos y no haberlos situado en su contexto. Procede observar que, so pretexto de «desnaturalización»,
         la FNCBV discute en realidad la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia del contenido de los documentos.
      
      62      Por otra parte, se desprende manifiestamente de los aspectos que se discuten de la sentencia recurrida que el Tribunal de
         Primera Instancia no procede a una lectura del contenido de los documentos de que se trata, sino a una interpretación de los
         mismos. En los apartados 169 a 180 de dicha sentencia, rebatidos por la FNCBV, el Tribunal de Primera Instancia examina en
         efecto los diferentes documentos e indicios, los sitúa en su contexto, los interpreta y determina el valor probatorio de cada
         uno de ellos. En el apartado 185 de dicha sentencia, deduce de estos elementos que la Comisión demostró de modo jurídicamente
         satisfactorio que el acuerdo de 24 de octubre de 2001 se había seguido aplicando.
      
      63      Siendo el Tribunal de Primera Instancia el único competente para interpretar los elementos de prueba y determinar su valor
         probatorio, el motivo es inadmisible.
      
       Sobre el tercer motivo alegado por la FNCBV, relativo a un error de Derecho en cuanto a la apreciación de la prueba de la
            participación de esta federación en el acuerdo oral
      64      Mediante su tercer motivo, dividido en dos partes, la FNCBV sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error
         de Derecho en el apartado 185 de la sentencia recurrida al considerar probado que ella se había sumado al acuerdo oral. Según
         esta federación, el Tribunal de Primera Instancia podía condenarla por su participación en este acuerdo, no sobre la base
         de una presunción, sino demostrando su adhesión clara a un acuerdo con los ganaderos, en un contexto caracterizado por la
         expresión de la voluntad unilateral de los mismos de aplicar la escala de precios mínimos de compra como reivindicación sindical.
      
      65      Mediante la primera parte de este motivo, la FNCBV alega que el Tribunal de Primera Instancia efectuó una interpretación jurídica
         errónea de los elementos utilizados para demostrar la presunta voluntad de esta federación de prolongar el acuerdo de 24 de
         octubre de 2001, los cuales no demuestran su voluntad real de continuar aplicando la escala de precios mínimos de compra y
         la suspensión de las importaciones tras el vencimiento del acuerdo de 24 de octubre de 2001. Dicha federación menciona:
      
      –        las notas manuscritas de los cuadernos del director de la FNB sobre la reunión de 29 de noviembre de 2001 y la de 5 de diciembre
         de 2001 (apartados 172 y 180 de la sentencia recurrida);
      
      –        el correo electrónico de 6 de diciembre de 2001 dirigido por un representante de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants
         agricoles de Bretaña a los presidentes de las FDSEA de su región (apartado 178 de la sentencia recurrida);
      
      –        la nota de información de la FNPL de 10 de diciembre de 2001 (apartado 179 de la sentencia recurrida);
      –        una nota de la FDSA de Vendée de 18 de diciembre de 2001 (apartado 182 de la sentencia recurrida), y
      –        documentos que relatan acciones locales (apartados 183 a 189 de la sentencia recurrida).
      66      En la medida en que la FNCBV pretende cuestionar la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia,
         al discutir en esencia el hecho de que los elementos recogidos en los apartados 169 a 184 de la sentencia recurrida sean suficientes
         para demostrar su conformidad con la prórroga de la aplicación del acuerdo controvertido más allá de final de mes de noviembre
         de 2001, procede declarar inadmisible la primera parte de este motivo ya que tiene por objeto un nuevo examen de las apreciaciones
         de hecho para el que, como ha sido recordado en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia carece
         de competencia en el marco de un recurso de casación.
      
      67      Mediante la segunda parte de su tercer motivo, la FNCBV plantea una contradicción de motivos en la sentencia recurrida en
         cuanto el Tribunal de Primera Instancia estimó que esta federación había participado en el acuerdo oral y, al mismo tiempo,
         consideró demostrado que el comportamiento que se le reprochaba resultaba de la presión unilateral de los ganaderos. A juicio
         de la FNCBV, mediante esta última observación, el Tribunal de Primera Instancia reconoció en los apartados 279 y 289 de la
         sentencia recurrida el carácter unilateral de las acciones violentas de los ganaderos.
      
      68      Procede asimismo desestimar esta segunda parte del tercer motivo alegado por la FNCBV, al basarse en una lectura de la sentencia
         recurrida que no tiene en cuenta el contexto en el que se insieren las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia, a
         saber, que la Comisión tuvo en cuenta circunstancias agravantes con el fin de incrementar las multas impuestas a determinadas
         federaciones de ganaderos como la FNSEA, la FNB y los JA.
      
      69      En efecto, no cabe reprochar al Tribunal de Primera Instancia que la sentencia recurrida adolezca en este caso una contradicción
         en su fundamentación, ya que las circunstancias agravantes mencionadas en los apartados 279 y 289 de dicha sentencia entraron
         únicamente en cuenta después de que el grado y las condiciones de participación de cada federación afectada en el acuerdo
         oral hubieran sido determinadas sobre la base de las pruebas examinadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
         169 a 184 de la misma sentencia, y tales pruebas son objeto de las alegaciones de la primera parte del presente motivo, que
         ha sido desestimado en el apartado 66 de la presente sentencia. Habida cuenta de dichas pruebas, el Tribunal de Primera Instancia
         podía, sin incurrir en absoluto en contradicción como ha señalado el Abogado General en el punto 92 de sus conclusiones, afirmar
         la existencia de un acuerdo en el caso de autos, poniendo además de relieve el ejercicio de determinados actos de presión
         o de coerción por parte de los ganaderos.
      
      70      Procede, por tanto, desestimar el tercer motivo alegado por la FNCBV en parte por inadmisible y en parte por infundado.
      
       Sobre el primer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, relativo a la desnaturalización de las pruebas debida
            a que el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración dos documentos esenciales que demuestran que el acuerdo de
            24 de octubre de 2001 no se había prorrogado más allá del 30 de noviembre de 2001, y a una falta de motivación a este respecto
      71      Mediante su primer motivo, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA alegan que el Tribunal de Primera Instancia desvirtuó las pruebas
         que demostraban que, cuando se retomaron los precios fijados por la escala de precios mínimos de compra en los acuerdos locales
         posteriores al 30 de noviembre de 2001, ello fue consecuencia, no de un acuerdo de voluntades de las federaciones signatarias
         del acuerdo de 24 de octubre de 2001, sino de la presión sindical que habían ejercido los agricultores sobre los mataderos
         a nivel local.
      
      72      Según dichas federaciones, tal fue el caso de un documento enviado por fax el 11 de diciembre de 2001 por uno de los directores
         de la FNB a una federación departamental que contenía la escala de precios mínimos de compra, acompañada de la advertencia
         «atención, esta escala no ha sido reconducida mediante acuerdo», y de un comunicado de 12 de diciembre de 2001 de la Fédération
         régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Bretaña en el que se indicaba que «las FDSEA bretonas, considerando inaceptable
         la evolución actual del precio de los grandes bovinos, informan a los ganaderos que han iniciado una acción de presión sindical
         sobre los compradores con el fin de que se restablezcan los precios equivalentes a los del mes de noviembre».
      
      73      Ahora bien, según la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, el hecho de que en la sentencia recurrida no se haga alusión a los dos
         documentos mencionados en el apartado precedente, que estas federaciones transmitieron al Tribunal de Primera Instancia tras
         la vista de 17 de mayo de 2006, indica que dicho Tribunal no lo tuvo en absoluto en cuenta. Sostienen que estos dos documentos
         demuestran que las federaciones de ganaderos ya no estaban ligadas por el acuerdo de 24 de octubre de 2001 y que, en consecuencia,
         los productores sólo podían obtener los precios que figuran en la escala de precios mínimos de compra establecida en dicho
         acuerdo mediante presión sindical ejercida a nivel local. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia, al no examinar los
         dos documentos de que se trata, incumplió su obligación de motivación y la sentencia recurrida adolece por tanto de un vicio
         de nulidad por esta causa.
      
      74      Es cierto que para cumplir correctamente con la tarea de valorar los hechos del litigio, el Tribunal de Primera Instancia
         debe examinar con cuidado todos los documentos que le han sometido las partes y tenerlos en cuenta, incluidos aquellos que,
         como en este caso, se incorporaron a los autos tras los debates orales en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento
         con arreglo al artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento. Es asimismo cierto que, en la sentencia recurrida, el Tribunal
         de Primera Instancia omitió mencionar los dos documentos controvertidos, a saber, el fax de 11 de diciembre de 2001 y el comunicado
         de 12 de diciembre de 2001.
      
      75      No obstante, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación no obliga al Tribunal de Primera Instancia a elaborar
         una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio, pudiendo
         la motivación ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas
         controvertidas y al órgano jurisdiccional competente disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 25 de octubre 2001, Italia/Consejo, C‑120/99, Rec. p. I‑7997, apartado 28, y Aalborg Portland
         y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 372).
      
      76      Ahora bien, por lo que se refiere a la apreciación de si el acuerdo de 24 de octubre de 2001 había sido renovado oralmente
         y en secreto más allá del 30 de noviembre de 2001, el Tribunal de Primera Instancia examinó detalladamente, en los apartados
         164 a 184 de la sentencia recurrida, a la luz de los argumentos alegados por las federaciones recurrentes, los documentos
         sobre los que la Comisión se había basado para adoptar la Decisión controvertida y cuyo valor probatorio se discutía por las
         federaciones recurrentes. En particular, el Tribunal de Primera Instancia consideró que del tenor de los documentos examinados
         en los apartados 169 a 184 de la sentencia recurrida se derivaba la certeza, tal como sostenía la Comisión, que durante las
         reuniones de 29 de noviembre y 5 de diciembre de 2001 se decidió prorrogar el acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      77      Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia destacó, en los apartados 186 y 187 de la sentencia recurrida, que las federaciones
         de ganaderos habían seguido aplicando en secreto el acuerdo de 24 de octubre de 2001 y habían adoptado a la vez una estrategia
         de comunicación con el fin de afirmar públicamente que el acuerdo no se prorrogaba y de solicitar la aplicación de los precios
         de la escala como reivindicación sindical.
      
      78      En estas condiciones, procede desestimar por infundado el primer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA.
      
       Sobre el cuarto motivo alegado por la FNCBV, relativo al carácter no contrario a la competencia del acuerdo de 24 de octubre
            de 2001 y del acuerdo oral
      79      Mediante su cuarto motivo, formulado con carácter subsidiario, la FNCBV alega que el Tribunal de Primera Instancia debería
         haber declarado que el acuerdo de 24 de octubre de 2001 no era contrario a la competencia dado el contexto económico en el
         que se había celebrado y que ese Tribunal debería haber procedido al análisis de los posibles efectos de la prórroga de dicho
         acuerdo.
      
      80      La FNCBV sostiene que, para apreciar el carácter contrario a la competencia del acuerdo de 24 de octubre de 2001, el Tribunal
         de Primera Instancia debería haber tenido en cuenta el contexto económico. Según esta federación, el asunto era de gran particularidad
         en el sentido de que el sector de que se trata se encontraba en una situación económica totalmente excepcional que había llevado
         a las autoridades comunitarias a establecer un sistema de intervención para comprar las canales de carne y permitir la subsistencia
         de los ganaderos.
      
      81      A juicio de la FNCBV, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que la Comisión no estaba
         obligada a probar la prórroga del acuerdo de 24 de octubre de 2001 a partir del examen de los efectos de ésta sobre los precios
         aplicados durante el período de que se trata. A este respecto, la FNCBV solicita al Tribunal de Justicia que declare la falta
         de efecto de esta prórroga debido a que los diferentes mataderos no respetaron la escala de precios mínimos de compra en las
         regiones. A este fin, la FNCBV presenta unos cuadros que incluyen los precios aplicados por los mataderos de las distintas
         regiones de Francia y que supuestamente demuestran que los precios aplicados realmente variaban de una región a otra y, en
         su mayoría, eran inferiores a los precios fijados por dicha escala tras la suspensión del acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      82      Este motivo no puede acogerse ya que se basa en una lectura equivocada de los apartados 81 a 93 de la sentencia recurrida.
      
      83      En efecto, en primer lugar, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia observó que el compromiso
         de suspensión de las importaciones establecido en el acuerdo de 24 de octubre de 2001 tenía por objeto compartimentar el mercado
         nacional francés restringiendo así el juego de la competencia en el mercado único. El Tribunal de Primera Instancia consideró,
         en los apartados 84 y 85 de dicha sentencia, que las federaciones que habían celebrado este acuerdo habían acordado una escala
         de precios mínimos de compra, de la que se comprometían a garantizar el respeto, limitando el margen de negociación comercial
         de los ganaderos y mataderos y falseando la formación de los precios en dichos mercados.
      
      84      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 86 a 92 de la sentencia recurrida, el contexto
         en el que se celebró el acuerdo de 24 de octubre de 2001. A este respecto, dicho Tribunal tuvo en cuenta tanto la especificidad
         de los mercados agrícolas a los que se aplican con determinadas excepciones las normas comunitarias sobre competencia, como
         los requisitos de hecho y de Derecho para la aplicación de este acuerdo en una situación de crisis del sector bovino.
      
      85      Así pues, el Tribunal de Primera Instancia observó que los precios fijados para una parte sustancial de las vacas eran sensiblemente
         más altos que los precios de intervención fijados por la Comisión. Dicho Tribunal también consideró que el Reglamento (CE)
         nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE
         a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21), invocado por las federaciones
         recurrentes, no podía aplicarse en el caso de autos ya que la producción de los miembros de las federaciones de ganaderos
         rebasaba ampliamente el límite pertinente de 30 % del mercado, por encima del cual este Reglamento no permite disfrutar de
         la exención por categoría establecida a favor de los acuerdos verticales.
      
      86      De este examen de la sentencia recurrida resulta que, contrariamente a las alegaciones de la FNCBV, el Tribunal de Primera
         Instancia tomó en consideración el contexto económico del acuerdo de 24 de octubre de 2001 para determinar su carácter contrario
         a la competencia.
      
      87      Por otra parte, se deriva de una jurisprudencia consolidada que, para aplicar el artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración
         de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear
         el juego de la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64
         y 58-64, Rec. pp. 429 y ss., especialmente p. 496, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
         C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 491).
      
      88      En el caso de autos, al haber declarado que quedaba probado el carácter contrario a la competencia del acuerdo de 24 de octubre
         de 2001, el Tribunal de Primera Instancia consideró justificadamente en el apartado 93 de la sentencia recurrida que la Comisión
         no estaba obligada a investigar los efectos concretos de las medidas establecidas en este acuerdo sobre el juego de la competencia.
         Habiendo asimismo quedado probada la prórroga de dicho acuerdo con posterioridad al 30 de noviembre de 2001 sobre la base
         de indicios documentales, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al considerar que no era necesario
         que esta prórroga se demostrara también a partir del examen de sus efectos sobre los precios aplicados durante el período
         de que se trata.
      
      89      Por tanto, procede desestimar por infundado el cuarto motivo alegado por la FNCBV.
      
       Sobre el tercer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA y sobre el quinto motivo alegado por la FNCBV, relativos
            al error de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al aplicar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
      90      Mediante su tercer motivo, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, apoyados por la República Francesa, alegan que el Tribunal
         de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que el límite de las multas fijado en el artículo 15, apartado
         2, del Reglamento nº 17 se podía calcular teniendo en cuenta el volumen de negocios de sus miembros y no el de cada federación.
         Las federaciones recurrentes sostienen que ello constituye un cambio radical en relación con la exigencia precisa, objetiva
         y justificada, establecida por la jurisprudencia, de que la consideración del volumen de negocios de los miembros de una asociación
         de empresas para el cálculo de este límite queda sujeta al requisito de que dicha asociación pueda, en virtud de sus normas
         internas, obligar a sus miembros. Con carácter subsidiario, la República Francesa añade que, al no disponer las federaciones
         recurrentes de la facultad de vincular a sus miembros, el Tribunal de Primera Instancia no debería haber admitido que se tuviera
         en cuenta el volumen de negocios de estos últimos para el cálculo del límite de la multa fijado en dicha disposición sin dilucidar
         si el acuerdo de 24 de octubre de 2001 había tenido efectivamente una influencia sobre el mercado de la carne de vacuno.
      
      91      Mediante la primera parte de su quinto motivo, la FNCBV alega que un cambio de jurisprudencia como éste, que no se acompaña
         de motivación suficiente, es contrario al principio de seguridad jurídica en la medida en que las empresas afectadas no podrían
         distinguir los supuestos en que el límite de 10 % fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 se evalúe en
         relación al volumen de negocios de una asociación de empresas de aquellos en los que se evalúe respecto de la suma de volúmenes
         de negocios de los miembros de esta asociación.
      
      92      Es preciso señalar que el tercer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA y la primera parte del quinto motivo
         alegado por la FNCBV se basan en una premisa incorrecta que ha sido rechazada justificadamente por el Tribunal de Primera
         Instancia en los apartados 316 a 319 de la sentencia recurrida.
      
      93      Es en efecto cierto que, como recordó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 317 de dicha sentencia, el límite máximo
         de 10 % fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 puede ser calculado, según reiterada jurisprudencia, teniendo
         en cuenta el volumen de negocios alcanzado por el conjunto de las empresas miembros de una asociación de empresas, al menos
         cuando esta asociación pueda vincular a sus miembros. Sin embargo, como señaló el Tribunal de Primera Instancia en el apartado
         siguiente de la sentencia recurrida, esta jurisprudencia no excluye que en casos especiales pueda tomarse como referencia
         el volumen de negocios de los miembros de una asociación aunque ésta no esté formalmente habilitada para vincular a sus miembros.
      
      94      La FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA alegan, no obstante, que en la jurisprudencia más reciente, a saber, en el apartado 66
         de la sentencia Finnboard/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia ha excluido claramente la consideración del volumen
         de negocios de los miembros de una asociación de empresas si ésta no dispone de la capacidad de vincular a sus miembros.
      
      95      Esta lectura de dicha sentencia no puede acogerse.
      
      96      En efecto, como ha señalado el Abogado General en el apartado 53 de sus conclusiones, resulta del contexto del apartado 66
         de la sentencia Finnboard/Comisión, antes citada, que las empresas miembros de la asociación a la que la Comisión había impuesto
         una multa no estaban implicadas en la comisión de la infracción. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia ha considerado
         que, cuando se trate de imponer una multa a una asociación de empresas cuyo volumen de negocios propio no guarde relación
         con su tamaño o con la influencia que ejerza en el mercado, la Comisión puede tener en cuenta los volúmenes de negocios de
         las empresas miembros de esta asociación para determinar una sanción que sea disuasiva, pero para ello se requiere que dicha
         asociación tenga, en virtud de sus normas internas, la posibilidad de vincular a sus miembros.
      
      97      Por lo tanto, como ha señalado la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia estaba en lo cierto al considerar que cuando,
         como en el caso de autos, los miembros de una asociación de empresas hayan participado activamente en la aplicación de un
         acuerdo contrario a la competencia, pueden tenerse en cuenta los volúmenes de negocios de estos miembros para determinar la
         sanción, aun cuando la asociación de que se trata, a diferencia de la situación contemplada en el apartado 66 de la sentencia
         Finnboard/Comisión, antes citada, no tenga la posibilidad de vincular a sus miembros. Por consiguiente, en el apartado 319
         de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró con razón que tomar en cuenta dichos datos se justifica
         en «aquellos casos en que la infracción cometida por una asociación se refiera a las actividades de sus miembros y en que
         las prácticas contrarias a la competencia examinadas sean ejecutadas por la asociación directamente en beneficio de sus miembros
         y en cooperación con ellos, por no tener la asociación intereses objetivos de carácter autónomo con respecto a los de sus
         miembros».
      
      98      Además, cualquier otra interpretación sería contraria a la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las sanciones impuestas
         por infracción de las normas comunitarias sobre competencia. En efecto, como destacó con razón el Tribunal de Primera Instancia
         en el apartado 318 de la sentencia recurrida, la facultad de la Comisión de imponer multas de un importe adecuado a los autores
         de las infracciones de que se trate podría, de lo contrario, verse comprometida, en la medida en que las asociaciones con
         un volumen de negocios muy reducido pero que agrupasen, sin poder vincularlas formalmente, a un gran número de empresas que
         conjuntamente realizasen un volumen de negocios elevado, únicamente podrían ser sancionadas con multas muy reducidas, aunque
         las infracciones cometidas pudiesen ejercer una influencia notable en los mercados de referencia.
      
      99      Contrariamente a lo que sostiene la FNCBV, resulta claramente de los apartados 318 a 325 de la sentencia recurrida que el
         Tribunal de Primera Instancia motivó suficientemente la sentencia sobre esta cuestión.
      
      100    Las federaciones recurrentes también alegan que, en los apartados 320 a 323 de la sentencia recurrida, con objeto de descartar
         en el caso de autos la aplicación de la jurisprudencia reiterada relativa a los supuestos en que el límite máximo de 10 %
         del volumen de negocios fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 deba calcularse en relación al volumen
         de negocios alcanzado por el conjunto de las empresas miembros de una asociación, el Tribunal de Primera Instancia retuvo
         cuatro criterios a partir de los hechos del asunto concreto que calificó de «circunstancias específicas». Según dicho Tribunal,
         se trata de los casos en los que la asociación de empresas en cuestión tenga como misión primordial defender y representar
         los intereses de sus miembros, el acuerdo contrario a la competencia se refiera a la actividad de los miembros de dicha asociación
         y no a la de la propia asociación, tal acuerdo se haya celebrado en beneficio de los miembros de la asociación y éstos hayan
         cooperado con la práctica contraria a la competencia de que se trate.
      
      101    Pues bien, según la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, por una parte, tres de estos criterios están naturalmente presentes en
         el caso de una asociación de empresas. Por otra parte, los acuerdos locales y las acciones de determinados grupos de ganaderos
         que se mencionan en el apartado 323 de la sentencia recurrida no prueban la cooperación del conjunto de miembros activos de
         estas federaciones en el mercado de la carne de vacuno, sino que demuestran únicamente la cooperación entre algunos de ellos.
         Así pues, a juicio de las federaciones, la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia no se justifica por
         un vínculo objetivo entre dichas federaciones y el conjunto de sus miembros y no se basa en una participación indirecta de
         dichos miembros en la práctica contraria a la competencia de que se trata en el presente litigio.
      
      102    Estos argumentos se basan en una lectura incorrecta de la sentencia recurrida y no pueden acogerse.
      
      103    En efecto, en el apartado 319 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia identificó nuevas circunstancias específicas,
         aplicables a los casos de infracciones cometidas por las asociaciones de empresas, que se añaden a las que ya había reconocido
         la jurisprudencia. En cambio, en los apartados 320 a 323 de la sentencia recurrida, ese Tribunal examinó si en el caso de
         autos las federaciones recurrentes se encontraban en esas circunstancias específicas para decidir si el límite máximo de 10 %
         fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 debía determinarse más bien en función del volumen de negocios
         de sus miembros que en función del de las federaciones.
      
      104    Cabe señalar, por una parte, que la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA no discuten las observaciones que hizo sobre ellos el
         Tribunal de Primera Instancia en los apartados 230 a 322 de la sentencia recurrida y, por otra parte, tal como se ha recordado
         en el apartado 59 de la presente sentencia, que la apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye, salvo en el supuesto
         de desnaturalización de tales hechos y pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia
         en el marco de un recurso de casación (véase la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561,
         apartado 22, y de 13 de marzo de 2008, Comisión/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑0000, apartado 57). Ahora bien, en el caso
         de autos no se ha invocado ante el Tribunal de Justicia una desnaturalización de los hechos.
      
      105    Según la FNCBV, dos de los cuatro elementos acumulativos exigidos fijados por el Tribunal de Primera Instancia no se cumplen
         en su caso. Esta federación alega, en primer lugar, que la firma del acuerdo de 24 de octubre de 2001 no presentaba ningún
         interés para sus miembros ya que contenía la estipulación de precios mínimos aconsejados para la compra de ganado. Este acuerdo
         no era por tanto contrario al interés de dichos miembros. Además, a juicio de la FNCBV, la firma de tal acuerdo no había permitido
         desbloquear los mataderos ya que los bloqueos continuaron, como demuestra el expediente de la Comisión. La FNCBV opina que
         el escaso número de acuerdos locales invocados por la Comisión confirma la falta de interés de los miembros de dicha federación
         por la firma del acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      106    En segundo lugar, según la FNCBV, la autonomía de sus intereses respecto a los de sus miembros se manifiesta no solamente
         por el hecho de que no dispone de la facultad de vincular a sus miembros, sino también por el número limitado de acuerdos
         locales posteriores al acuerdo de 24 de octubre de 2001.
      
      107    Este argumento no puede acogerse.
      
      108    En efecto, al ser la apreciación de los hechos de la competencia exclusiva del Tribunal de Primera Instancia, no le corresponde
         al Tribunal de Justicia verificar si el Tribunal de Primera Instancia declaró justificadamente en el apartado 322 de la sentencia
         recurrida que el acuerdo de 24 de octubre de 2001 se había celebrado directamente en beneficio de los miembros de base de
         la FNCBV y, en el apartado 323 de dicha sentencia, que este acuerdo se había llevado a la práctica, en particular, mediante
         la conclusión de acuerdos locales entre federaciones departamentales y sindicatos agrícolas locales, por un lado, y empresas
         de sacrificio, por otro.
      
      109    La FNCBV sostiene además que ni la Comisión ni el Tribunal de Primera Instancia demostraron que no fuera posible hacer destinatarias
         de las decisiones de la Comisión a las empresas miembros de las federaciones recurrentes para que las multas se impusieran
         individualmente a estos miembros. Según la FNCBV, se desprende del apartado 5, letra c), de las Directrices que sólo cuando
         sea imposible imponer multas individuales a los miembros de una asociación de empresas, la Comisión puede imponer una multa
         a la propia asociación, equivalente a la totalidad de las multas que habría impuesto a los miembros de ésta. En la medida
         en que la Comisión o el Tribunal de Primera Instancia no intentaron motivar la utilización de los volúmenes de negocios acumulados
         de los miembros de las federaciones recurrentes para el cálculo del importe de las multas impuestas a las mismas, la sentencia
         recurrida está, a juicio de la FNCBV, viciada de ilegalidad y debería anularse.
      
      110    Ha de señalarse que esta alegación relativa a la infracción del apartado 5, letra c), de las Directrices ha sido formulada
         por la FNCBV por primera vez en la fase de casación. Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento,
         aplicable en materia de casación de conformidad con el artículo 118 del mismo Reglamento, ello constituye un motivo nuevo,
         inadmisible puesto que no se funda en razones de hecho o de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
      
      111    De ello se sigue que el tercer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA y la primera parte del quinto motivo
         alegado por la FNCBV deben desestimarse por ser en parte inadmisibles y en parte no fundados.
      
      112    Mediante la segunda parte de su quinto motivo, la FNCBV alega que los motivos invocados en los apartados 320 y siguientes
         de la sentencia recurrida están en contradicción con los que se desarrollan en los apartados 341 y siguientes de la misma
         sentencia, relativos a la aplicación de la norma de prohibición de multiplicidad de las sanciones.
      
      113    Según la FNCBV, en el apartado 341 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo hincapié en la firma,
         la participación, la responsabilidad, el papel individual e incluso en la aplicación del acuerdo de 24 de octubre de 2001
         por las federaciones recurrentes para justificar el hecho de que la sanción se impusiera a éstas y no a sus miembros. En cambio,
         en los apartados 320 y siguientes de esa sentencia, se pone de relieve este acuerdo no se refería a la actividad de las federaciones
         recurrentes, que las medidas adoptadas no les afectaban, que dicho acuerdo se celebró directamente en beneficio de los miembros
         de dichas federaciones y, por último, que este mismo acuerdo fue aplicado por los miembros de dichas federaciones.
      
      114    Así pues, a juicio de la FNCBV, el Tribunal de Primera Instancia desarrolló dos motivaciones contradictorias con objeto, en
         el primer caso, de sostener que las federaciones recurrentes tuvieron un papel directo y activo en la celebración y la aplicación
         del acuerdo de 24 de octubre de 2001 y, en el segundo caso, de afirmar que estas federaciones sólo fueron el vector transparente
         de la acción de sus miembros.
      
      115    Además, siempre a juicio de la FNCBV, al admitir en el apartado 341 de la sentencia recurrida la participación individual
         de las federaciones recurrentes en las infracciones sancionadas por la Decisión controvertida, el Tribunal de Primera Instancia
         reconoció implícitamente que la consideración del volumen de negocios de sus miembros para el cálculo del límite máximo de
         10 % del volumen de negocios contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 no estaba justificada en el caso
         de autos.
      
      116    La República Francesa considera que la afirmación del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 343 de la sentencia recurrida,
         según la cual la Decisión controvertida no había impuesto ninguna sanción a los miembros de base de las federaciones recurrentes,
         está en contradicción con el hecho de motivar, en el apartado 319 de la misma sentencia, que se tomara en consideración el
         volumen de negocios de estos miembros para el cálculo del límite máximo de 10 % por el hecho de que el acuerdo de 24 de octubre
         de 2001 se había celebrado directamente en beneficio de dichos miembros y en cooperación con los mismos.
      
      117    Estas presuntas contradicciones en la fundamentación se basan en una lectura errónea de la sentencia recurrida. Por esta causa,
         la segunda parte del quinto motivo alegado por la FNCBV no puede acogerse.
      
      118    En efecto, procede afirmar que, para decidir si el límite máximo fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
         debía calcularse en relación al volumen de negocios del conjunto de los miembros de las federaciones recurrentes, el Tribunal
         de Primera Instancia comprobó, en los apartados 320 a 323 de la sentencia recurrida, si estas últimas se hallaban en las circunstancias
         específicas identificadas en el apartado 319 de dicha sentencia, es decir, si la infracción cometida por las federaciones
         se refería a las actividades de sus miembros y si las prácticas contrarias a la competencia de que se trata habían sido ejercidas
         por dichas federaciones directamente en beneficio de sus miembros y en cooperación con ellos. En este ejercicio de verificación,
         el Tribunal de Primera Instancia tuvo que analizar la misión de las federaciones recurrentes, determinar la actividad que
         había sido objeto del acuerdo de 24 de octubre de 2001 así como los beneficiarios del mismo y examinar sus modalidades de
         aplicación.
      
      119    En cambio, en los apartados 341 a 345 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo relativo
         a la vulneración por parte de la Comisión del principio de prohibición de multiplicidad de las sanciones. A este respecto,
         por una parte, el Tribunal de Primera Instancia observó que la sanción impuesta a cada federación recurrente se había decidido
         a causa de la participación y de la responsabilidad propia de cada una en la infracción, ya que todas las federaciones recurrentes
         habían participado, aunque con intensidades e implicaciones diferentes. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consideró
         que la Decisión controvertida no había sancionado varias veces a las mismas entidades ni a las mismas personas por los mismos
         hechos, puesto que no imponía sanciones a los miembros de base directos o indirectos de estas federaciones.
      
      120    Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no vició su sentencia de una contradicción en su fundamentación cuando, sobre
         la base de su razonamiento, concluyó, en el apartado 324 de la sentencia recurrida que, para calcular el límite máximo de
         10 % contemplado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, estaba justificado tomar como referencia los volúmenes
         de negocios de los miembros de base de las federaciones recurrentes y, en el apartado 344 de la misma sentencia, que no había
         identidad de infractores, en la medida en que la Decisión controvertida no había sancionado varias veces a las mismas entidades
         o a las mismas personas por los mismos hechos.
      
      121    De lo que antecede se sigue que la segunda parte del quinto motivo alegado por la FNCBV debe desestimarse por infundada.
      
      122    Por consiguiente, el tercer motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA y el quinto motivo alegado por la FNCBV
         deben desestimarse en su totalidad.
      
       Sobre el cuarto motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA, relativo a la vulneración de la norma de prohibición
            de multiplicidad de las sanciones y del principio de proporcionalidad de éstas por cuanto el Tribunal de Primera Instancia
            impuso a cada una de las federaciones una multa distinta tomando como referencia los volúmenes de negocios acumulados de sus
            miembros comunes
      123    Mediante su cuarto motivo, la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA defienden que el Tribunal de Primera Instancia no podía, sin
         vulnerar los principios de prohibición de multiplicidad de las sanciones y de proporcionalidad de las mismas y sin contradecirse,
         imponer multas distintas a la FNSEA y a cada una de sus tres subfederaciones, cuyos miembros activos en el mercado de la carne
         de vacuno son comunes. El Tribunal de Primera Instancia habría debido observar que ninguna de las cuatro federaciones tenía
         intereses autónomos respecto a los de sus miembros comunes y a los de las tres otras federaciones y no habría debido validar
         el método de cálculo del importe de las multas aplicado por la Comisión a cada una de las federaciones, que se basaba en los
         volúmenes de negocios acumulados de dichos miembros.
      
      124    Dichas federaciones alegan que el Tribunal de Primera Instancia, para justificar la multiplicidad de sanciones, tomó en consideración
         a cada una de las cuatro federaciones recurrentes en el contexto general, es decir, como personas jurídicas distintas que
         tienen sus propios presupuestos e intereses que les son propios. En cambio, para justificar que no se rebasaba el límite,
         habría debido tomar en consideración a cada una de estas federaciones en el contexto particular de la celebración del acuerdo
         de 24 de octubre de 2001, es decir, como federaciones que habían actuado las cuatro con un único y mismo interés, el de sus
         miembros comunes activos en el mercado de la carne de vacuno. Las cuatro federaciones recurrentes opinan que se podía imponer
         una sanción a una sola federación, o bien a la FNSEA o bien a la FNB, que reúnen cada una la totalidad de los miembros comunes,
         teniendo en cuenta la capacidad financiera de dichos miembros, y que la sanción impuesta a las otras tres federaciones habría
         debido tener únicamente en cuenta el importe de sus propios ingresos.
      
      125    La República Francesa considera que, en la medida en que los miembros de base de las cuatro federaciones recurrentes pueden
         ser comunes a varias de ellas, el Tribunal de Primera Instancia sobreestimó la influencia económica de estas federaciones.
         Por tanto, el hecho de tener en cuenta los volúmenes de negocios de los miembros de cada una de las cuatro federaciones recurrentes
         para calcular el límite máximo de las multas impuestas a dichas federaciones lleva necesariamente a imponerles una multa desproporcionada.
      
      126    Estos argumentos, que ya fueron alegados en primera instancia por las mismas federaciones recurrentes, fueron desestimados
         por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 340 a 346 de la sentencia recurrida.
      
      127    En efecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en primer lugar, la jurisprudencia según la cual la aplicación del principio
         non bis in idem está supeditada a un triple requisito de identidad de los hechos, unidad de infractor y unidad de interés jurídico protegido,
         principio que prohíbe sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito a fin de proteger el
         mismo bien jurídico, y observó que en el caso de autos la Comisión había sancionado a las federaciones recurrentes a causa
         de la participación y del grado de responsabilidad propia en la infracción de cada una de estas federaciones.
      
      128    El Tribunal de Primera Instancia consideró, a continuación, que la circunstancia de que la FNB, la FNPL y los JA sean miembros
         de la FNSEA no significa que estas federaciones hayan sido sancionadas varias veces por la misma infracción, al tener dichas
         federaciones personalidades jurídicas independientes, presupuestos separados, así como objetivos que no coinciden siempre,
         y al llevar a cabo sus acciones sindicales respectivas en defensa de intereses que les son propios y específicos.
      
      129    Por último, con arreglo a su jurisprudencia, según la cual el hecho de tomar en consideración los volúmenes de negocios de
         los miembros de una asociación de empresas cuando se determine el límite del 10 % no significa imponer una multa a éstos y
         ni siquiera, en sí mismo, que la asociación de que se trate esté obligada a repercutir sobre sus miembros la carga de la multa
         (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia CB y Europay/Comisión, antes citada, apartado 139), el Tribunal de Primera
         Instancia declaró, en el apartado 343 de la sentencia recurrida, que como los empresarios agrícolas individuales que son miembros
         indirectos de las federaciones demandantes no habían sido sancionados por la Decisión impugnada, el hecho de que los miembros
         de base de la FNB, de la FNPL y de los JA fueran también miembros de la FNSEA no impedía a la Comisión sancionar individualmente
         a cada una de estas federaciones.
      
      130    Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia concluyó justificadamente, en el apartado 344 de la sentencia recurrida,
         que no se vulneró el principio non bis in idem por falta de identidad de infractores, y que no hubo violación del principio de proporcionalidad al no haber sido doblemente
         sancionados los miembros directos o indirectos de las federaciones recurrentes por una misma y única infracción.
      
      131    De lo anterior se sigue que el cuarto motivo alegado por la FNSEA, la FNB, la FNPL y los JA debe desestimarse por infundado.
      
       Sobre el sexto motivo alegado por la FNCBV, dirigido a la reducción del importe de la multa que le fue impuesta
      132    Mediante su sexto motivo, la FNCBV reprocha al Tribunal haber infringido el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17,
         al fijar una multa en su contra por 360.000 euros, ya que esta suma corresponde a cerca del 20 % de su volumen de negocios,
         a saber el total de sus ingresos, cuando dicha disposición establece el límite máximo de la multa que puede imponerse en un
         10 % del volumen de negocios de las empresas infractoras.
      
      133    Sin embargo, al fundarse este motivo en la premisa según la cual la Comisión no podía legítimamente tomar en consideración
         el volumen de negocios de los miembros de las federaciones recurrentes para verificar si el importe de la multa impuesta excedía
         el límite máximo de 10 % del volumen de negocios fijado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, debe rechazarse
         este motivo por ser la premisa incorrecta por las razones expuestas en los apartados 92 a 111 de la presente sentencia.
      
      134    Al haber sido desestimados todos los motivos formulados por las federaciones recurrentes, procede desestimar el recurso de
         casación en su totalidad.
      
       Costas
      135    Con arreglo al artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las
         costas cuando el recurso de casación no sea fundado. A tenor del artículo 69, apartado 2, de este Reglamento, también aplicable
         al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así
         lo hubiera solicitado la otra parte.
      
      136    Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas a las federaciones recurrentes, y al haber sido desestimados los motivos
         formulados por éstas, procede condenarlas en costas.
      
      137    La República Francesa cargará con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
      1)      Desestimar los recursos de casación.
      2)      Condenar en costas a la Coop de France bétail et viande, anteriormente denominada Fédération nationale de la coopération bétail
            et viande (FNCBV), a la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), a la Fédération nationale bovine
            (FNB), a la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) y a los Jeunes agriculteurs (JA).
      3)      La República Francesa cargará con sus propias costas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.