CELEX: 62001CJ0034
Language: es
Date: 2003-11-27
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de noviembre de 2003. # Enirisorse SpA contra Ministero delle Finanze. # Petición de decisión prejudicial: Corte suprema di Cassazione - Italia. # Empresas públicas - Atribución a empresas públicas de una parte de una tasa portuaria abonada al Estado - Competencia - Abuso de posición dominante - Ayuda de Estado - Exacción de efecto equivalente - Tributo interno- Libre circulación de mercancías. # Asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01.

Asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01 Enirisorse SpAcontraMinistero delle Finanze(Peticiones de decisión prejudicialplanteadas por la Corte suprema di cassazione)
         
            «Empresas públicas – Atribución a empresas públicas de una parte de una tasa portuaria abonada al Estado – Competencia – Abuso de posición dominante – Ayuda de Estado – Exacción de efecto equivalente – Tributo interno – Libre circulación de mercancías»
            
               
                  Conclusiones de la Abogado General Sra. C. Stix-Hackl, presentadas el 7 de noviembre de 2002 
                     
                
               
            
                   
               
               
            
               
                  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de noviembre de 2003  
                     
                
               
            
                   
               
               
            
            Sumario de la sentencia
         
         
                  1..
                  Ayudas otorgadas por los Estados – Concepto – Medidas destinadas a compensar el coste de las misiones de servicio público asumidas por una empresa – Exclusión – Requisitos – Obligaciones de servicio público claramente definidas – Establecimiento de forma objetiva y transparente de los parámetros que sirven para calcular la compensación – Limitación de la compensación al coste – Ilegalidad de la medida que atribuye a una empresa pública una parte de una tasa – Ilegalidad que afecta únicamente a la parte de la tasa atribuida a la empresa  [Tratado CE, art. 92, ap. 1 (actualmente art. 87 CE, ap. 1, tras su modificación)] 
         
                  2..
                  Ayudas otorgadas por los Estados – Proyectos de ayudas – Prohibición de ejecución antes de la decisión final de la Comisión – Efecto directo – Alcance – Medida no notificada que atribuye a una empresa pública una parte de una tasa – Obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de oponerse a la percepción de la tasa y a la atribución de su producto
                      
                  [Tratado CE, art. 93, ap. 3 (actualmente art. 88 CE, ap. 3)] 
         
                  3..
                  Libre circulación de mercancías – Restricciones cuantitativas – Medidas de efecto equivalente – Artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) – Ámbito de aplicación – Tasa que no constituye un obstáculo prohibido por los artículos 12 o 95 del Tratado (actualmente artículos 25 CE y 90 CE,
                     tras su modificación) – Tasa a la que se aplica automáticamente dicho artículo 30 – Exclusión  
                  [Tratado CE, arts. 12, 30 y 95 (actualmente arts. 25 CE, 28 CE y 90 CE, tras su modificación)] 
         
                  4..
                  Disposiciones fiscales – Tributos internos – Tasa portuaria atribuida a una empresa pública independientemente del servicio prestado por ésta – Inexistencia de discriminación de los productos importados – Procedencia  [Tratado CE, arts. 12, 30 y 95 (actualmente arts. 25 CE, 28 CE y 90 CE, tras su modificación)] 
         
         1.
          La atribución por un Estado miembro a una empresa pública de una parte considerable de una tasa, como la que se cobra en un
         puerto con ocasión de toda carga y descarga de mercancías, así como el cobro de ésta a los usuarios, deben calificarse de
         ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación)
         en la medida en que afecte a los intercambios entre Estados miembros, siempre que no esté vinculada a una misión de servicio
         público claramente definida, y/o el cálculo de la compensación supuestamente necesaria para el cumplimiento de dicha misión
         no haya sido efectuado sobre la base de parámetros previamente definidos de forma objetiva y transparente, para evitar que
         esta compensación confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa pública de que se trate respecto a otras
         empresas competidoras. Para que esto no sea así, es preciso que dicha compensación no supere los costes necesarios para cubrir
         total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los
         ingresos correspondientes y un beneficio razonable. véanse los apartados 31, 32, 35, 39, 40 y 47 y el punto 1 del fallo
         
         2.
          Del efecto directo reconocido a la última frase del artículo 93, apartado 3, del Tratado (actualmente artículo 88 CE, apartado 3)
         se desprende que el carácter inmediatamente aplicable de la prohibición de ejecución prevista en este artículo alcanza a toda
         ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada. Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales proteger los derechos
         de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la prohibición de ejecución
         de las ayudas, extrayendo de este hecho todas las consecuencias, con arreglo a su Derecho nacional, para impedir tanto la
         atribución de una parte de la tasa a las empresas beneficiarias como su cobro. véanse los apartados 42 y 47 y el punto 1 del fallo
         
         3.
          El ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) no incluye el de las
         disposiciones del Tratado relativas a las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana [artículos 12 del Tratado
         (actualmente artículo 25 CE, tras su modificación) y 16 del Tratado (derogado por el Tratado de Amsterdam)], ni el de las
         disposiciones del Tratado relativas a los tributos internos discriminatorios [artículo 95 del Tratado (actualmente artículo
         90 CE, tras su modificación)]. De ello se deduce que si una tasa, como la que se cobra en un puerto con ocasión de toda carga
         y descarga de mercancías, está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 12 o 95 del Tratado, han de aplicarse
         las disposiciones de uno u otro de estos artículos y no las del artículo 30 del Tratado. La eventualidad de que esta tasa
         no constituya un obstáculo prohibido por los mencionados artículos 12 o 95 no implica que las disposiciones de dicho artículo
         30 se le apliquen automáticamente. véanse los apartados 56 y 58
         
         4.
          Si no existe discriminación alguna respecto a los productos procedentes de otros Estados miembros, la medida mediante la que
         un Estado miembro prevé el cobro de un tributo interno, como una tasa portuaria relativa a la carga y descarga de mercancías,
         y la atribución de una parte considerable de los ingresos recaudados con este tributo interno a una empresa pública, sin que
         el importe así atribuido corresponda a un servicio efectivamente prestado por ésta, no infringe las disposiciones del artículo 95
         del Tratado (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación). véanse el apartado 62 y el punto 2 del fallo
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)de 27 de noviembre de 2003  (1)
         
         
            
         
               «Empresas públicas – Atribución a empresas públicas de una parte de una tasa portuaria abonada al Estado – Competencia – Abuso de posición dominante – Ayuda de Estado – Exacción de efecto equivalente – Tributo interno – Libre circulación de mercancías»
               
            En los asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01, 
             que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Corte suprema
            di cassazione (Italia), destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
            
            
            
             Enirisorse SpA 
            
            
            y
            
             Ministero delle Finanze, 
            
            
             una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 12 del Tratado CE (actualmente artículo 25 CE, tras su modificación),
            13 del Tratado CE (derogado por el Tratado de Amsterdam), 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación),
            86 y 90 del Tratado CE (actualmente artículos 82 CE y 86 CE), 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación),
            93 del Tratado CE (actualmente artículo 88 CE) y 95 del Tratado CE (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación),
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),,
            
             integrado por el Sr. P. Jann, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, D.A.O. Edward
            y S. von Bahr (Ponente), Jueces; 
            
             Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;  Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; 
            
            
            consideradas las observaciones escritas presentadas:
               
               
               ─
                en nombre de Enirisorse SpA, por los Sres. G. Guarino y A. Guarino, avvocati; 
               
               
               ─
                en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. G. Aiello, avvocato
               dello Stato; 
               
               
               ─
                en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. V. Di Bucci y la Sra. L. Pignataro-Nolin, en calidad de agentes;
               
               
               
            
            
            habiendo considerado el informe para la vista;
            
            oídas las observaciones orales de Enirisorse SpA, representada por el Sr. L. Malvezzi Campeggi, avvocato; del Gobierno italiano,
               representado por el Sr. G. Aiello, y de la Comisión, representada por el Sr. V. Di Bucci y la Sra. L. Pignataro-Nolin, expuestas
               en la vista de 5 de marzo de 2002;
            
            
            oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de noviembre de 2002;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          Mediante cinco resoluciones de 12 de julio de 2000, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2001, la Corte
         suprema di cassazione planteó, con arreglo al artículo 234 CE, cinco cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los
         artículos 12 del Tratado CE (actualmente artículo 25 CE, tras su modificación), 13 del Tratado CE (derogado por el Tratado
         de Amsterdam), 30 del tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación), 86 y 90 del Tratado CE (actualmente artículos
         82 CE y 86 CE), 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación), 93 del Tratado CE (actualmente artículo
         88 CE) y 95 del Tratado CE (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación). 
         
         
         2
            
          Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Enirisorse SpA (en lo sucesivo,  
         Enirisorse) y el Ministero delle Finanze (Ministerio de Hacienda) acerca del pago de una tasa portuaria que este último le reclama en
         concepto de carga y descarga de mercancías en el puerto de Cagliari, Cerdeña (Italia). 
         
            
               Normativa nacional
            
         
         3
            
          La Ley nº 961, de 9 de octubre de 1967 (GURI nº 272, de 30 de octubre de 1967), estableció las Aziende dei mezzi meccanici
         e dei magazzini (empresas de equipamientos mecánicos y almacenes; en lo sucesivo, conjuntamente,  
         Aziende o, en singular,  
         Azienda) en los puertos de Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Mesina y Savona (Italia). Esta Ley, en su versión modificada por
         la Ley nº 494, de 10 de octubre de 1974 (GURI nº 274, de 21 de octubre de 1974, p. 7190), precisa el estatuto de las Aziende,
         el ámbito en el que desarrollan sus actividades y los medios de que disponen. 
         
         
         4
            
          Las Aziende son entes públicos de carácter económico bajo el control del Ministero della marina mercantile (Ministerio de
         la Marina Mercante) que, en virtud de la Ley nº 961, están encargadas de gestionar los equipamientos mecánicos de carga y
         descarga, las áreas de depósito y otros bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y destinados al tráfico de mercancías.
         También se ocupan de la adquisición, mantenimiento, transformación y mejora de los bienes que gestionan, así como de ejercer
         cualquier otra actividad vinculada a las actividades anteriores. 
         
         
         5
            
          Las Aziende pueden estar autorizadas a prestar otros servicios comerciales relacionados con los puertos, asumir la gestión
         de los equipamientos e instalaciones que no son propiedad del Estado y ejercer las tareas que la ley les encomienda, en otros
         puertos situados dentro de la circunscripción territorial del puerto en el que tengan su sede. 
         
         
         6
            
          Los recursos financieros de que disponen las Aziende para llevar a cabo sus tareas comprenden los ingresos generados por los
         bienes que gestionan, incluidos, según las observaciones del Gobierno italiano, los percibidos por sus actividades comerciales,
         como la carga y descarga de mercancías, así como los fondos que resultan de préstamos u otras operaciones financieras. 
         
         
         7
            
          Todos los gastos inherentes al funcionamiento de los equipamientos son soportados exclusivamente por las Aziende. Sin embargo,
         normalmente el Ministerio de la Marina Mercante se hace cargo de los gastos necesarios para la instalación de nuevos equipamientos,
         aunque las propias Aziende pueden asumir estos gastos si su presupuesto se lo permite. 
         
         
         8
            
          En 1974 se estableció una tasa sobre la carga y la descarga de mercancías en todos los puertos de Italia, en virtud del Decreto-ley
         nº 47, de 28 de febrero de 1974 (GURI nº 68, de 13 de marzo de 1974, p. 1749; en lo sucesivo,  
         Decreto-ley nº 47/74), que, tras ser modificado, se transformó en la Ley nº 117, de 16 de abril de 1974 (GURI nº 115, de 4 de mayo de 1974, p. 3123).
         Esta tasa se abona a la hacienda pública y es aplicable a las mercancías transportadas tanto por vía marítima como por vía
         aérea.  
         
         
         9
            
          El importe de esta tasa, que no puede exceder de 90 ITL por tonelada métrica de mercancías, es determinado y modificado para
         cada puerto por decreto del Presidente de la República, habida cuenta de la naturaleza de las mercancías y del coste medio
         de gestión de los servicios.  
         
         
         10
            
          Mediante el Decreto-ley nº 47/74, el legislador mantuvo la disposición establecida por la Ley nº 82, de 9 de febrero de 1963,
         por la que se revisaron las tasas y derechos marítimos (GURI nº 52, de 23 de febrero de 1963), que ya preveía la aplicación
         de una tasa sobre las mercancías cargadas, descargadas o en tránsito en los puertos de Génova, Nápoles, Livorno, Civitavecchia,
         Trieste, Savona y Brindisi (Italia). 
         
         
         11
            
          La Ley nº 355, de 5 de mayo de 1976, relativa a la extensión de ciertas ventajas previstas para los organismos portuarios
         a las Aziende de los puertos de Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia y Mesina (GURI nº 147, de 5 de junio de 1976, p. 4382;
         en lo sucesivo,  
         Ley nº 355/76), dispone que las mercancías cargadas y descargadas en estos puertos estarán sujetas a la tasa prevista por la Ley nº 82,
         de 9 de febrero de 1963 (en lo sucesivo,  
         tasa portuaria). Precisa que dos tercios de los ingresos recaudados con esta tasa se destinarán a las Aziende para la realización de sus
         tareas y el tercio restante corresponderá al Estado. 
         
         
         12
            
          El artículo 1 del Decreto del Presidente de la República, de 12 de mayo de 1977, por el que se determinó la tasa establecida
         por la Ley nº 355, de 5 de mayo de 1976 (GURI nº 270, de 4 de octubre de 1977, p. 7175), fija los baremos aplicables al importe
         de la tasa portuaria. Éste oscila entre 15 y 90 ITL por tonelada métrica según las mercancías de que se trate. 
         Litigio principal y cuestiones prejudiciales
         
         13
            
          Enirisorse realizó operaciones de carga y descarga de mercancías nacionales y extranjeras en el puerto de Cagliari por sus
         propios medios personales y materiales, sin utilizar los servicios de la Azienda que opera en este puerto. Tras recibir del
         Ministero delle Finanze varios requerimientos de pago de la tasa portuaria prevista por la Ley nº 355/76, se opuso a dichos
         requerimientos alegando, en particular, la ilegalidad del Decreto del Presidente de la República de 12 de mayo de 1977 desde
         el punto de vista del Derecho comunitario. 
         
         
         14
            
          Desestimadas estas alegaciones por el Tribunale di Cagliari (Italia), Enirisorse apeló ante la Corte d'appello di Cagliari
         (Italia). Tras desestimarse la apelación por sentencia de 11 de marzo de 1998, Enirisorse interpuso recurso de casación. 
         
         
         
         15
            
          Ante la Corte suprema di cassazione, Enirisorse sostuvo que la legislación nacional supone una distorsión de la competencia
         por cuanto la tasa portuaria debe pagarse aunque el operador no se beneficie de las prestaciones de una Azienda, en el presente
         caso, la del puerto de Cagliari. Alega que la legislación es contraria a los artículos 86 y 90 del Tratado. A su juicio, la
         percepción por las Aziende de una parte considerable de la tasa portuaria constituye, además, una ayuda de Estado a efectos
         de los artículos 92 y 93 del mismo Tratado. 
         
         
         16
            
          En las resoluciones de remisión, la Corte suprema di cassazione indica que, según el juez que conoce del fondo, el objetivo
         de la legislación controvertida es compensar a la Administración por los gastos y costes correspondientes a las prestaciones
         públicas relativas a la manipulación de las mercancías. En opinión de este último, dado que los usuarios obtienen ventajas
         generales derivadas de las actividades de la empresa pública, no es necesario el disfrute efectivo de los servicios de manipulación
         prestados por ésta. 
         
         
         17
            
          El órgano jurisdiccional remitente duda de la compatibilidad de la legislación nacional no solamente con las disposiciones
         de Derecho comunitario mencionadas por Enirisorse, sino también con los artículos 12, 13, 30 y 95 del Tratado. 
         
         
         18
            
          En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las cuestiones prejudiciales siguientes: 
         
         1)
          La atribución a una empresa pública ─que opera en el mercado de operaciones portuarias de carga y descarga de mercancías─
         de una parte considerable de un tributo (tasa portuaria de carga y descarga de mercancías) abonado al Estado por operadores
         que no han recibido ningún servicio o prestación de dicha empresa, ¿constituye un derecho especial o exclusivo, o una medida
         contraria a las normas del Tratado y, en particular, a las normas sobre la competencia, con arreglo al artículo 90, apartado
         1, del Tratado?  
         
         
         2)
          Con independencia de la cuestión precedente, la atribución a dicha empresa pública de una parte considerable de los ingresos
         recaudados con el tributo, ¿da lugar a un abuso de posición dominante como consecuencia de una medida normativa estatal y
         es, por tanto, contraria a lo dispuesto en el artículo 86, en relación con el artículo 90, del Tratado?  
         
         
         3)
          La atribución a dicha empresa de una parte considerable de dicho tributo, ¿debe considerarse una ayuda de Estado a efectos
         del artículo 92 del Tratado, lo que justifica, por tanto, en caso de que no se notificara a la Comisión o de que ésta decida
         que es incompatible con el mercado común con arreglo al artículo 93, el ejercicio de las facultades atribuidas al juez nacional
         ─según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia─ para garantizar la no aplicación de una ayuda ilegal o incompatible? 
         
         
         4)
          La atribución a dicha empresa pública, desde un primer momento, de una parte considerable de los ingresos recaudados con un
         tributo estatal percibido por o con ocasión de la carga o descarga de mercancías en los puertos, sin que su pago se corresponda
         con ninguna prestación o servicio por parte de dicha empresa, ¿constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho
         de aduana de importación (prohibido por los artículos 12 y 13 del Tratado), un tributo interno que grava los productos de
         los demás Estados miembros superior a los que gravan los productos nacionales similares (artículo 95), o un obstáculo a la
         importación prohibido con arreglo al artículo 30? 
         
         
         5)
          En el caso de que la normativa nacional sea contraria al Derecho comunitario, los aspectos expuestos en las cuestiones anteriores,
         considerados individualmente, ¿afectan al tributo en su totalidad o sólo a la parte atribuida a las Aziende Mezzi Meccanici?
         
         
         
         19
            
          Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 2001, se acordó la acumulación de los asuntos C-34/01
         a C-38/01 a efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la sentencia. 
         Observaciones preliminares
         
         20
            
          Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si la eventual ilegalidad del mecanismo
         de imposición, examinado a la luz de las normas mencionadas en cada una de las cuestiones anteriores, afecta únicamente a
         una parte de este mecanismo, a saber, la atribución a la Azienda de dos tercios de los ingresos recaudados con la tasa controvertida,
         o bien a todo el mecanismo de imposición, incluidas tanto la atribución como el cobro del importe total de esta tasa. Ya que
         la quinta cuestión está relacionada con las cuatro cuestiones anteriores, no se le dará respuesta de forma separada sino,
         en su caso, en el marco de estas últimas. 
         
         
         21
            
          Dado que la medida controvertida en el litigio principal se refiere a la atribución a una empresa, por parte del Estado, de
         una parte de los ingresos recaudados con una tasa, es preciso analizar, en primer lugar, la compatibilidad de tal medida con
         las normas del Tratado sobre ayudas de Estado y, por consiguiente, comenzar respondiendo a la tercera cuestión. 
         Sobre la tercera cuestión
         
         22
            
          Mediante su tercera cuestión, leída a la luz de la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente,
         si la medida mediante la que un Estado miembro atribuye a una empresa pública una parte considerable de una tasa, como la
         tasa portuaria controvertida en el litigio principal, constituye una ayuda de Estado a efectos del artículo 92 del Tratado,
         y si, en caso de que esta medida no se notifique a la Comisión o de que esta última no adopte una decisión sobre la compatibilidad
         de la ayuda con el mercado común con arreglo al artículo 93 de dicho Tratado, este órgano jurisdiccional puede ejercer las
         facultades que se le atribuyen para garantizar que no se aplique una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común. En
         el supuesto de que la medida controvertida constituya una ayuda ilegal o incompatible con el mercado común, dicho órgano jurisdiccional
         desea saber si la ilegalidad o la incompatibilidad se limita a la parte de la tasa atribuida a la empresa pública de que se
         trate, si incluye el cobro a los usuarios de la parte correspondiente del importe así atribuido o si afecta a la tasa en su
         totalidad. 
         
         
         23
            
          Enirisorse y la Comisión sostienen que la atribución de una parte considerable de la tasa portuaria a la Azienda de Cagliari
         constituye una ayuda de Estado. Estiman que se trata de una medida adoptada en favor de una empresa que afecta a los intercambios
         comunitarios. Consideran, además, que la ayuda se otorga mediante fondos estatales y que falsea o amenaza falsear la competencia,
         dado que esta Azienda compite con empresas de otros Estados miembros, como las compañías de navegación, que pretenden realizar
         estas actividades de manipulación por sus propios medios. Por otra parte, alegan que entre los competidores están incluidas
         asimismo las empresas privadas que operan por cuenta de terceros. Añaden que, puesto que en el presente caso la ayuda no se
         notificó a la Comisión, constituye una ayuda ilegal que no puede justificarse por la excepción que prevé el artículo 90, apartado
         2, del Tratado. En consecuencia, el juez nacional debe dejar sin aplicar la ayuda ilegal.  
         
         
         24
            
          El Gobierno italiano considera, por su parte, que la medida controvertida no afecta al comercio entre los Estados miembros,
         habida cuenta del volumen limitado del tráfico en los puertos de que se trata, en particular en el de Portovesme, en Cerdeña
         (Italia), y que, por consiguiente, no constituye una ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado. Este
         Gobierno subraya, además, el objetivo socioeconómico de la tasa portuaria, que es el de garantizar que los cinco puertos de
         que se trata subsistan y se mantengan en funcionamiento. Sostiene que, si los costes del servicio de manipulación debieran
         ser íntegramente soportados por los beneficiarios reales de los servicios, el precio que resultaría, tomando en consideración
         los costes fijos elevados y el tráfico marítimo limitado en estos puertos, sería demasiado elevado para los operadores. Por
         último, aunque dicha tasa debiera considerarse una ayuda de Estado, el Gobierno italiano sostiene que, con arreglo al artículo
         92, apartado 3, letra c), del Tratado, habría que estimarla compatible con el mercado común, ya que se trata de una ayuda
         destinada al desarrollo de ciertas actividades o de ciertas regiones económicas, a efectos de dicha disposición. 
         
         
         25
            
          Para responder a la cuestión planteada, es preciso examinar si se cumplen los distintos requisitos relativos al concepto de
         ayuda de Estado enunciados en el artículo 92, apartado 1, del Tratado.  
         
         
         26
            
          En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. La tasa portuaria cumple este requisito,
         ya que las cantidades abonadas a las Aziende, que representan una parte considerable de esta tasa, proceden del presupuesto
         del Estado y constituyen por tanto fondos estatales. 
         
         
         27
            
          En segundo lugar, la intervención del Estado debe poder afectar al comercio entre Estados miembros. 
         
         
         28
            
          A este respecto, procede recordar que no existe un umbral o porcentaje por debajo del cual pueda considerarse que los intercambios
         entre Estados miembros no se ven afectados. En efecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente
         modesto de la empresa beneficiaria no excluyen  
          a priori  la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros (véase la sentencia de 24 de julio de 2003,
         Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, Rec. p. I-0000, apartado 81). En los asuntos principales, la posibilidad
         de una repercusión en los intercambios resulta tanto más probable cuanto que la tasa portuaria se atribuye a una empresa establecida
         en un puerto y se paga por compañías de navegación, en el marco de la carga y descarga de mercancías, cualquiera que sea su
         procedencia.  
         
         
         29
            
          En tercer lugar, la ayuda debe poder considerarse una ventaja otorgada a la empresa beneficiaria y, en cuarto lugar, esta
         ventaja debe falsear o amenazar falsear la competencia. 
         
         
         30
            
          A este respecto, procede recordar que se consideran ayudas las intervenciones que, bajo cualquier forma, puedan favorecer
         directa o indirectamente a las empresas o que deban considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera
         obtenido en condiciones normales de mercado (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 84).
         
         
         
         31
            
          No obstante, en la medida en que una intervención estatal deba considerarse una compensación que representa la contrapartida
         de las prestaciones efectuadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de
         forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja económica y que, por tanto, dicha intervención no tiene el
         efecto de situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención
         no está sujeta al artículo 92, apartado 1, del Tratado. No obstante, para que a tal compensación no se le aplique, en un caso
         concreto, la calificación de ayuda de Estado, debe cumplirse una serie de requisitos (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium
         Magdeburg, antes citada, apartados 87 y 88). 
         
         
         32
            
          En primer lugar, la empresa beneficiaria de la ayuda debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de
         servicio público y éstas deben estar claramente definidas (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes
         citada, apartado 89). 
         
         
         33
            
          A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de su jurisprudencia no se desprende que la explotación de cualquier
         puerto comercial constituya una gestión de un servicio de interés económico general (véase la sentencia de 17 de julio de
         1997, GT-Link, C-242/95, Rec. p. I-4449, apartado 52). Dicha actividad no conlleva necesariamente el cumplimiento de misiones
         de servicio público.  
         
         
         34
            
          Pues bien, procede señalar que del expediente enviado al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente no resulta
         que se haya encomendado a las Aziende una misión de servicio público ni,  
          a forfitiori , que ésta haya sido claramente definida.  
         
         
         35
            
          En segundo lugar, los parámetros en que se basa el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva
         y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto
         a las empresas competidoras (sentencia Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 90). 
         
         
         36
            
          A este respecto, el Gobierno italiano indica que la atribución de una parte considerable de la tasa portuaria a las Aziende,
         que se añade a las tarifas aplicadas por estas últimas, es necesaria para mantener estas tarifas a un nivel que los operadores
         puedan soportar. Además, dicha atribución permite mantener en funcionamiento los puertos de que se trata. 
         
         
         37
            
          Sin embargo, estas indicaciones no bastan para satisfacer el requisito antes mencionado. En particular, no aclaran en qué
         consiste exactamente el supuesto servicio público ni si incluye únicamente las operaciones de carga y descarga en los puertos
         de que se trata o si también comprende prestaciones como las relativas a la seguridad de la atracada. Por otra parte, las
         observaciones del Gobierno italiano tampoco aportan precisiones sobre los costes de estos servicios ni sobre la evaluación
         de la compensación supuestamente necesaria. 
         
         
         38
            
          Por el contrario, de la resolución de remisión del asunto C-34/01 y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
         por Enirisorse y por la Comisión se desprende que el importe de los ingresos recaudados con la tasa portuaria atribuido a
         las Aziende no refleja los costes realmente efectuados por estas últimas con motivo de la prestación de sus servicios de carga
         y descarga, ya que este importe está vinculado al volumen de mercancías transportadas por el conjunto de los usuarios y conducidas
         a los puertos de que se trata. El importe atribuido depende por tanto del grado de actividad del puerto o los puertos de que
         se trate. 
         
         
         39
            
          Pues bien, dicho sistema no satisface la exigencia según la cual la compensación no puede superar el nivel necesario para
         cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta
         los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones (véase la sentencia Altmark
         Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, apartado 92). 
         
         
         40
            
          De todo cuanto antecede resulta que, si una medida relativa a la atribución a una empresa pública, por un Estado miembro,
         de una parte considerable de una tasa, como la tasa portuaria, no está vinculada a una misión de servicio público claramente
         definida y/o si no se cumplen los demás requisitos relativos a la intervención estatal, precisados en la sentencia Altmark
         Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, antes citada, y recordados en los apartados 32 a 35 de la presente sentencia, dicha
         medida debe calificarse de ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado, en la medida en que afecte
         a los intercambios entre Estados miembros.  
         
         
         41
            
          El órgano jurisdiccional remitente desea saber, por otra parte, si en tal caso debe considerarse incompatible solamente la
         atribución de una parte de la tasa portuaria a la empresa de que se trata o si todo el mecanismo de imposición, incluido el
         cobro a los usuarios de la parte correspondiente al importe así atribuido, debe declararse incompatible con las exigencias
         del artículo 92 del Tratado. 
         
         
         42
            
          Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del efecto directo reconocido a la última frase del artículo 93,
         apartado 3, del Tratado se desprende que el carácter inmediatamente aplicable de la prohibición de ejecución prevista en este
         artículo alcanza a toda ayuda que haya sido ejecutada sin haber sido notificada (véase la sentencia de 21 de noviembre de
         1991, Féderation nationale du commerce extérieur des produits alimentaires y Syndicat national des négociants et transformateurs
         de saumon, C-354/90, Rec. p. I-5505, apartado 11). Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales proteger los derechos
         de los justiciables frente a un posible incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de la prohibición de ejecución
         de las ayudas, extrayendo de este hecho todas las consecuencias, conforme a su Derecho nacional, tanto en lo que atañe a la
         validez de los actos que conllevan la ejecución de las medidas de ayuda controvertidas, como a la devolución de las ayudas
         económicas concedidas (véase, en particular, la sentencia de 16 de diciembre de 1992, Lornoy y otros, C-17/91, Rec. p. I-6523,
         apartado 30). 
         
         
         43
            
          En cuanto al concepto de ayuda de Estado, el Tribunal de Justicia ha declarado que no sólo incluye determinadas exacciones
         parafiscales, en función del destino de los ingresos recaudados con esas exacciones (véase, en particular, la sentencia Lornoy
         y otros, antes citada, apartado 28), sino también la propia recaudación de una contribución que constituye una exacción parafiscal
         (véase la sentencia de 27 de octubre de 1993, Scharbatke, C-72/92, Rec. p. I-5509, apartado 20). 
         
         
         44
            
          De una jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia resulta asimismo que, cuando el modo de financiación de la ayuda,
         en particular a través de cotizaciones obligatorias, forme parte integrante de la medida de ayuda, el examen de esta última
         por la Comisión debe necesariamente tomar en consideración este modo de financiación (véase la sentencia de 21 de octubre
         de 2003, Van Calster y otros, asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Rec. p. I-0000, apartado 49). 
         
         
         45
            
          En consecuencia, no solamente la atribución de una parte de la tasa portuaria a la empresa de que se trata, sino también el
         cobro a los usuarios de la parte correspondiente al importe así atribuido, puede constituir una ayuda de Estado incompatible
         con el mercado común y, si esta ayuda no ha sido notificada, el órgano jurisdiccional remitente debe tomar todas las medidas
         necesarias, con arreglo a su Derecho nacional, para impedir tanto la atribución de una parte de la tasa a las empresas beneficiarias
         como su cobro. 
         
         
         46
            
          No obstante, el eventual carácter ilegal del cobro y de la atribución de una parte de la tasa, a saber, la parte transferida
         a la Azienda, no afecta al resto de la tasa abonada a la hacienda pública. 
         
         
         47
            
          Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión, en relación con la quinta cuestión, que: 
         
         
         ─
             Una medida por la que un Estado miembro atribuye a una empresa pública una parte considerable de una tasa, como la tasa portuaria
            controvertida en el litigio principal, debe calificarse de ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado,
            en la medida en que afecte a los intercambios entre Estados miembros, siempre que: 
         
         
         ─
          la atribución de la tasa no esté vinculada a una misión de servicio público claramente definida, y/o 
         
         
         
         ─
          el cálculo de la compensación supuestamente necesaria para el cumplimiento de dicha misión no haya sido efectuado sobre la
         base de parámetros previamente definidos de forma objetiva y transparente, para evitar que esta compensación confiera una
         ventaja económica que pueda favorecer a la empresa pública de que se trate respecto a otras empresas competidoras. 
         
         
         
         
         
         ─
             No solamente la atribución de una parte de la tasa a la empresa pública, sino también el cobro a los usuarios de la parte
            correspondiente al importe así atribuido, puede constituir una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Si esta
            ayuda no ha sido notificada, el órgano jurisdiccional remitente debe tomar todas las medidas necesarias, con arreglo a su
            Derecho nacional, para impedir tanto la atribución de una parte de la tasa a las empresas beneficiarias como su cobro. 
         
         
         
         ─
             El eventual carácter ilegal del cobro y de la atribución de la tasa sólo afecta a la parte de los ingresos recaudados con
            la tasa que es transferida a la empresa pública de que se trata y no afecta a la tasa en su totalidad. 
         
         
         Sobre las cuestiones primera y segunda
         
         48
            
          Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
         fundamentalmente, si el hecho de que un Estado atribuya a una empresa pública una parte considerable de una tasa, como la
         tasa portuaria controvertida en el litigio principal, constituye, a efectos del artículo 90, apartado 1, del Tratado, una
         medida que puede dar lugar a un abuso de posición dominante contraria al artículo 86 de éste y a la que no puede aplicarse
         la excepción prevista en el artículo 90, apartado 2, de dicho Tratado. 
         
         
         49
            
          El órgano jurisdiccional remitente duda de la compatibilidad de un mecanismo de imposición como el controvertido en el litigio
         principal no solamente con las normas sobre la competencia aplicables a las ayudas de Estado, que constituyen el objeto de
         la tercera cuestión, examinada anteriormente, sino también con las aplicables a las empresas, recogidas en los artículos 86
         y 90 del Tratado. 
         
         
         50
            
          Si bien es cierto que la circunstancia de que la atribución a una empresa pública por el Estado de una parte considerable
         de una tasa constituya una ayuda de Estado no excluye que esta atribución pueda igualmente dar lugar a un abuso de posición
         dominante por parte de dicha empresa, contrario a los artículos 86 y 90 del Tratado, es preciso subrayar que las únicas imputaciones
         formuladas en los asuntos principales se refieren a los efectos que se derivan para la competencia del cobro y de la atribución
         por el Estado de la tasa portuaria. 
         
         
         51
            
          No se ha señalado ninguna otra repercusión en la competencia, en particular, no se ha invocado ningún perjuicio para la competencia
         que resulte de un comportamiento de la propia empresa pública. 
         
         
         52
            
          En estas circunstancias, no procede responder a las cuestiones primera y segunda, relativas a la aplicación de las normas
         sobre la competencia previstas en los artículos 86 y 90 del Tratado. 
         Sobre la cuarta cuestión
         
         53
            
          Mediante su cuarta cuestión, en relación con la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide,
         esencialmente, si la medida por la que un Estado miembro prevé el cobro de una tasa, como la tasa portuaria controvertida
         en el litigio principal, y la atribución a una empresa pública de una parte considerable de los ingresos recaudados con esta
         tasa, sin que el importe así atribuido corresponda a un servicio efectivamente prestado por dicha empresa, constituye una
         exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana de importación o de exportación contrario al artículo 12 del Tratado,
         un tributo interno discriminatorio contrario al artículo 95 del mismo Tratado, o un obstáculo a la importación prohibido con
         arreglo al artículo 30 de dicho Tratado, y si la eventual infracción del Derecho comunitario afecta a dicha tasa en su totalidad.
          
         
         
         54
            
          Este órgano jurisdiccional considera, en efecto, que el cobro de una parte considerable de la tasa portuaria sin que el importe
         así recaudado corresponda a un servicio efectivamente prestado por la empresa pública beneficiaria de este importe puede constituir
         un obstáculo a las importaciones contrario al artículo 30 del Tratado.  
         
         
         55
            
          El órgano jurisdiccional remitente precisa que no ignora que el artículo 30 del Tratado no se aplica en materia de exacciones
         parafiscales cuando otras disposiciones de éste son aplicables, a saber, el artículo 12, relativo a las exacciones de efecto
         equivalente a un derecho de aduana, o el artículo 95, relativo a los tributos internos. Subraya que, sin embargo, las sentencias
         del Tribunal de Justicia en este ámbito han tratado casos en que las exacciones parafiscales controvertidas implicaban, al
         menos en la práctica, una discriminación entre productos nacionales y productos importados, lo que, a su juicio, no sucede
         en los asuntos principales. En estas circunstancias, este órgano jurisdiccional se pregunta si el artículo 30 del Tratado
         puede resultar aplicable. 
         
         
         56
            
          A este respecto, procede recordar que según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el ámbito de aplicación del
         artículo 30 del Tratado no incluye el de las disposiciones del Tratado relativas a las exacciones de efecto equivalente a
         los derechos de aduana [artículos 12 del Tratado y 16 del Tratado CE (derogado por el Tratado de Amsterdam)] ni el de las
         disposiciones del Tratado relativas a los tributos internos discriminatorios (artículo 95 del Tratado) (en este sentido, véanse
         en particular, las sentencias de 22 de marzo de 1977, Iannelli & Volpi, 74/76, Rec. p. 557, apartado 9; de 11 de marzo de
         1992, Compagnie commerciale de l'Ouest y otros, asuntos acumulados C-78/90 a C-83/90, Rec. p. I-1847, apartado 20, y Lornoy
         y otros, antes citada, apartado 14). 
         
         
         57
            
          El Tribunal de Justicia ha precisado que procede verificar, en primer lugar, si las disposiciones de los artículos 12 o 95
         del Tratado son aplicables a una medida como las descritas en los asuntos que dieron lugar a las sentencias antes citadas
         Compagnie commerciale de l'Oest y otros y Lornoy y otros, y que sólo en el caso de que la respuesta fuese negativa procedería
         examinar, en segundo lugar, si esta medida se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 30 del Tratado
         (véanse las sentencias antes citadas Compagnie commerciale de l'Ouest y otros, apartado 21, y Lornoy y otros, apartado 15).
         
         
         
         58
            
          Pues bien, no procede distinguir entre el presente asunto y los examinados anteriormente por el Tribunal de Justicia. Si se
         pone de manifiesto que la tasa portuaria está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 12 o 95 del Tratado,
         han de aplicarse las disposiciones de uno u otro de estos artículos y no las del artículo 30 del mismo Tratado. La eventualidad
         de que esta tasa no constituya un obstáculo prohibido por los mencionados artículos 12 o 95 no implica que las disposiciones
         de dicho artículo 30 se apliquen automáticamente a la referida tasa, contrariamente al supuesto mencionado por el órgano jurisdiccional
         remitente.  
         
         
         59
            
          Por otra parte, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones relativas a las exacciones de efecto
         equivalente y las relativas a los tributos internos discriminatorios no son aplicables acumulativamente, de modo que, en el
         régimen del Tratado, un mismo tributo no puede pertenecer simultáneamente a ambas categorías (véanse, en particular, la sentencia
         de 23 de abril de 2002, Nygård, C-234/99, Rec. p. I-3657, apartado 17, y la jurisprudencia allí citada, así como la sentencia
         de 19 de septiembre de 2002, Tulliasiamies y Siilin, C-101/00, Rec. p. I-7487, apartado 115). 
         
         
         60
            
          En el caso de autos, dado que la tasa portuaria no se cobra con ocasión de la importación o en razón de ésta y no está destinada
         exclusivamente a financiar actividades que beneficien a los productos nacionales, no se le aplican las disposiciones del artículo
         12 del Tratado (véase la sentencia Lornoy y otros, antes citada, apartados 17 y 18). No obstante, al aplicarse a todas las
         mercancías cargadas o descargadas en el puerto de que se trata, la tasa portuaria puede constituir un tributo interno a efectos
         del artículo 95 del Tratado. En la medida en que no implica discriminación alguna respecto a los productos importados, como
         se desprende de las resoluciones de remisión, esta tasa no es contraria a las disposiciones del artículo 95 del Tratado, incluido
         su cobro y su atribución.  
         
         
         61
            
          La sentencia de 15 de diciembre de 1993, Ligur Carni y otros (asuntos acumulados C-277/91, C-318/91 y C-319/91, Rec. p. I-6621),
         mencionada por el órgano jurisdiccional remitente, no contradice el razonamiento anterior, ya que en el asunto que dio lugar
         a esta sentencia no se preguntó al Tribunal de Justicia si el posible obstáculo estaba comprendido en el ámbito de aplicación
         de los artículos 12 o 95 del Tratado, o en el del artículo 30 del mismo Tratado, y no tuvo necesidad de examinar esta cuestión.
         En efecto, la cuestión controvertida de este asunto era la prohibición impuesta a un importador de carnes frescas de efectuar
         por sus propios medios el transporte y el reparto de sus mercancías en el territorio de un municipio, a menos que pagase a
         una empresa local que poseía una concesión exclusiva sobre la manipulación en el matadero municipal, el transporte y el reparto
         de dichas mercancías, el importe correspondiente a los servicios prestados (véase la sentencia Ligur Carni y otros, antes
         citada, apartado 33). Por tanto, los importes impugnados se pagaban directamente a una empresa y, a diferencia de las cantidades
         controvertidas en el litigio principal, no constituían una tasa abonada al Estado. 
         
         
         62
            
          Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión que una tasa como la tasa portuaria
         controvertida en el litigio principal constituye un tributo interno a efectos del artículo 95 del Tratado al que no se aplican
         las disposiciones de los artículos 12 y 30 de este mismo Tratado. Si no existe discriminación alguna respecto a los productos
         procedentes de otros Estados miembros, la medida mediante la que un Estado miembro prevé el cobro de dicha tasa y la atribución
         de una parte considerable de los ingresos recaudados con esta tasa a una empresa pública, sin que el importe así atribuido
         corresponda a un servicio efectivamente prestado por ésta, no infringe las disposiciones del referido artículo 95.    En consecuencia, no procede responder a la quinta cuestión en el contexto de la cuarta cuestión. 
         
         Costas
         64
            
          Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia,
         no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de
         un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
         
         En virtud de todo lo expuesto, 
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
         
         
          pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Corte suprema di cassazione mediante resoluciones de 12 de julio de
         2000, declara: 
         
            
            1)
             Una medida por la que un Estado miembro atribuye a una empresa pública una parte considerable de una tasa, como la tasa portuaria
            controvertida en el litigio principal, debe calificarse de ayuda de Estado a efectos del artículo 92, apartado 1, del Tratado
            CE (actualmente artículo 87 CE, apartado 1, tras su modificación), en la medida en que afecte a los intercambios entre Estados
            miembros, siempre que: 
            
            
            ─
             la atribución de la tasa no esté vinculada a una misión de servicio público claramente definida, y/o 
            
            
            
            ─
             el cálculo de la compensación supuestamente necesaria para el cumplimiento de dicha misión no haya sido efectuado sobre la
            base de parámetros previamente definidos de forma objetiva y transparente, para evitar que esta compensación confiera una
            ventaja económica que pueda favorecer a la empresa pública de que se trate respecto a las empresas competidoras. 
            
             No solamente la atribución de una parte de la tasa a la empresa pública, sino también el cobro a los usuarios de la parte
               correspondiente al importe así atribuido, puede constituir una ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Si esta
               ayuda no ha sido notificada, el órgano jurisdiccional nacional debe tomar todas las medidas necesarias, con arreglo a su Derecho
               nacional, para impedir tanto la atribución de una parte de la tasa a las empresas beneficiarias como su cobro.    El eventual carácter ilegal del cobro y de la atribución de la tasa portuaria sólo afecta a la parte de los ingresos recaudados
               con la tasa que es transferida a la empresa pública y no afecta a la tasa en su totalidad.  
            
            
            2)
             Una tasa como la tasa portuaria controvertida en el litigio principal constituye un tributo interno a efectos del artículo
               95 del Tratado CE (actualmente artículo 90 CE, tras su modificación) al que no se aplican las disposiciones de los artículos
               12 y 30 del Tratado CE (actualmente, artículos 25 CE y 28 CE, tras su modificación). Si no existe discriminación alguna respecto
               a los productos procedentes de otros Estados miembros, la medida mediante la que un Estado miembro prevé el cobro de dicha
               tasa y la atribución de una parte considerable de los ingresos recaudados con esta tasa a una empresa pública, sin que el
               importe así atribuido corresponda a un servicio efectivamente prestado por ésta, no infringe las disposiciones del referido
               artículo 95.  
            
            
                  Jann
               
               
                  Timmermans 
               
               
                  Rosas 
               
            
                  Edward
               
               
                  von Bahr
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 2003. 
         
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente
               
            
         
         
         
                  R. Grass 
               
               
                  V. Skouris  
               
            
      
      
          1 –
            
             Lengua de procedimiento: italiano.