CELEX: 62007CJ0369
Language: es
Date: 2009-07-07
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de julio de 2009. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. # Incumplimiento de Estado - Ayudas de Estado - Medidas de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia - Artículo 228 CE - Sanciones pecuniarias - Multa coercitiva - Cantidad a tanto alzado. # Asunto C-369/07.

Asunto C‑369/07
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      República Helénica
      «Incumplimiento de Estado — Ayudas de Estado — Medidas de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia — Artículo 228 CE — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Cantidad a tanto alzado»
      Sumario de la sentencia
      1.        Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de
            la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Condena al pago — Requisito
      (Art. 228 CE, ap. 2)
      2.        Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Aplicación del Derecho nacional — Capacidad de la medida
            elegida para producir el mismo efecto respecto a las condiciones de competencia que una devolución
      [Reglamento (CE) nº 659/99 del Consejo, art. 14, ap. 3]
      3.        Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Procedimientos de recuperación
      (Art. 88 CE, ap. 2)
      4.        Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de
            la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Determinación del importe
      (Art. 228 CE, ap. 2)
      5.        Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de
            la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Multa coercitiva — Cantidad a tanto alzado — Acumulación
            de ambas sanciones
      (Art. 228 CE, ap. 2)
      6.        Recurso por incumplimiento — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara el incumplimiento — Incumplimiento de
            la obligación de ejecutar la sentencia — Sanciones pecuniarias — Imposición del pago de una cantidad a tanto alzado — Facultad
            de apreciación del Tribunal de Justicia
      (Art. 228 CE, ap. 2)
      1.        El Tribunal de Justicia, tras comprobar que un Estado miembro no dio cumplimiento, en el plazo señalado en el dictamen motivado,
         a una sentencia que declaraba un incumplimiento por su parte, puede imponer a dicho Estado miembro el pago de una multa coercitiva
         y/o de una cantidad a tanto alzado con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, párrafo tercero. En lo que respecta a la imposición
         de una multa coercitiva, esta sanción sólo está justificada en la medida en que el incumplimiento como consecuencia de la
         inejecución de una sentencia anterior perdure hasta el examen de los hechos por el Tribunal de Justicia.
      
      En el marco de un procedimiento basado en el artículo 228 CE, le corresponde a la Comisión facilitar al Tribunal de Justicia
         los elementos necesarios para determinar el estado de ejecución de una sentencia por incumplimiento. Dado que en el mencionado
         procedimiento la Comisión ha aportado elementos suficientes que muestran la persistencia del incumplimiento reprochado, corresponde
         al Estado miembro de que se trata impugnar de forma sustancial y detallada esta afirmación y aportar pruebas del cese de la
         infracción.
      
      (véanse los apartados 58, 59, 74 y 75)
      2.        La recuperación de una ayuda de Estado se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del
         Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión.
      
      Si no existen disposiciones comunitarias relativas al procedimiento de recuperación de los importes de ayuda abonados indebidamente,
         la recuperación de esas ayudas económicas debe tener lugar, en principio, con arreglo a las disposiciones pertinentes del
         Derecho nacional.
      
      Un Estado miembro que, en virtud de una decisión de la Comisión, se halle obligado a recuperar ayudas ilegales, es libre de
         elegir los medios por los que ejecutará esta obligación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y eficacia
         del Derecho comunitario. Por lo tanto, en principio, en la medida en que esté prevista por el ordenamiento jurídico nacional
         como mecanismo de extinción de una obligación, una operación de compensación puede constituir un medio apropiado para efectuar
         la recuperación de una ayuda de Estado.
      
      (véanse los apartados 65 a 68)
      3.        Cuando un Estado miembro prevé la recuperación de ayudas ilegales por un medio distinto del pago en efectivo, corresponde
         a dicho Estado miembro transmitir a la Comisión toda la información que le permita a ésta verificar que el medio elegido constituye
         una ejecución adecuada de su decisión por la que se ordena la recuperación de esas ayudas. Por otra parte, el Estado miembro
         debe velar por que las medidas que ha elegido, que deben tener un efecto idéntico a la consistente en la recuperación a través
         de la transferencia de fondos, sean suficientemente transparentes para que la Comisión pueda comprobar que son idóneas para
         eliminar la distorsión de la competencia causada por dichas ayudas dentro del pleno respeto al Derecho comunitario y para
         que puedan ser identificadas como tales por los terceros interesados.
      
      (véanse los apartados 79 a 81)
      4.        Es competencia del Tribunal de Justicia apreciar, en cada asunto, teniendo en cuenta sus características específicas, las
         sanciones pecuniarias que procede imponer. Así, las propuestas de la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia y sólo constituyen
         una referencia útil.
      
      En el ejercicio de su facultad de apreciación en la materia, fijar la multa coercitiva de tal manera que, por una parte, sea
         adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada al incumplimiento declarado y a la capacidad de pago del Estado miembro
         de que se trate. Así, los criterios de base que deben tomarse en consideración para garantizar la naturaleza coercitiva de
         la multa con vistas a la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario son, en principio, la duración de la infracción,
         su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Para aplicar estos criterios, el Tribunal de Justicia
         debe tener en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados y públicos así
         como la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones.
      
      (véanse los apartados 111, 112, 114 y 115)
      5.        El procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, tiene por objeto incitar a un Estado miembro infractor a ejecutar
         una sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento y, por ende, garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario.
         Las medidas previstas en esta disposición, a saber, la multa coercitiva y la suma a tanto alzado tienen ambas este mismo objetivo.
         La aplicación de una u otra de estas medidas depende de la idoneidad de cada una de ellas para cumplir el objetivo perseguido
         en función de las circunstancias del caso concreto. En esas condiciones, no cabe excluir el uso de los dos tipos de sanciones
         previstas.
      
      Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia, en cada caso y en función de las circunstancias concretas del asunto
         del que conoce y en función del grado de persuasión y de disuasión que considere necesario, determinar las sanciones pecuniarias
         apropiadas para garantizar que la sentencia que previamente declaró un incumplimiento se ejecute lo antes posible y prevenir
         la repetición de infracciones análogas del Derecho comunitario. Por lo tanto, en el ejercicio de la facultad de apreciación
         que se le confiere en el ámbito considerado, el Tribunal de Justicia está habilitado para imponer acumulativamente una multa
         coercitiva y una cantidad a tanto alzado.
      
      (véanse los apartados 140 y 143)
      6.        La imposición del pago de una suma a tanto alzado debe depender, en cada caso concreto, del conjunto de elementos pertinentes
         que se refieren tanto a las características del incumplimiento declarado como al comportamiento propio del Estado miembro
         afectado por el procedimiento incoado al amparo del artículo 228 CE. A este respecto, la mencionada disposición confiere al
         Tribunal de Justicia una amplia facultad de apreciación para decidir si procede o no imponer tales sanciones.
      
      Si el Tribunal de Justicia decide imponer el pago de una suma a tanto alzado, le corresponde, en el ejercicio de su facultad
         de apreciación, fijar dicha suma de tal manera que, por una parte, sea adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada
         al incumplimiento declarado, así como a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Entre los factores pertinentes
         a este respecto figuran elementos como el tiempo que duró el incumplimiento desde la fecha en que se dictó la sentencia que
         lo declaró, así como los intereses públicos y privados afectados.
      
      (véanse los apartados 144, 146 y 147)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 7 de julio de 2009 (*)
      
      
      
      Índice
      
      I.     Antecedentes del litigio
      II.   La sentencia Comisión/Grecia
      III. Procedimiento administrativo previo
      IV.   Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      A.     Importes de la ayuda a los que se refiere el recurso
      B.     Indicaciones escritas dadas en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia
      V.     Sobre el incumplimiento
      A.     Sobre el objeto del recurso
      B.     Sobre la ejecución de la sentencia Comisión/Grecia
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      VI.   Sobre las sanciones pecuniarias
      A.     Sobre la pretensión de multa coercitiva
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      a)     Observaciones preliminares
      b)     Sobre la persistencia del incumplimiento
      c)     Sobre la elección de un medio distinto del pago en efectivo
      d)     Sobre la carga de la prueba
      e)     Sobre el importe de ayuda constituido por la inyección de capital
      f)     Sobre el importe de ayuda correspondiente a la tasa denominada «spatósimo»»
      g)     Sobre el importe de la ayuda correspondiente a los arrendamientos de aeropuerto
      h)     Conclusión
      B.     Sobre el importe de la multa coercitiva
      1.     Observaciones preliminares
      2.     Sobre la duración de la infracción
      3.     Sobre la gravedad de la infracción
      4.     Sobre la capacidad de pago del Estado demandado
      5.     Conclusión
      6.     Sobre la fecha en la que surte efecto la multa coercitiva y sobre la periodicidad de ésta
      C.     Sobre la imposición acumulativa de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto alzado
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      a)     Sobre la acumulación de ambas sanciones
      b)     Sobre la pertinencia de la imposición de una suma a tanto alzado
      c)     Sobre la cuantía de la suma a tanto alzado
      VII. Costas
      «Incumplimiento de Estado − Ayudas de Estado – Medidas de ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia – Artículo 228 CE − Sanciones pecuniarias − Multa coercitiva – Cantidad a tanto alzado»
      En el asunto C‑369/07,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 228 CE, el 3 de agosto de 2007,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. E. Righini y por los Sres. I. Hadjiyiannis y D.Triantafyllou, en calidad de agentes, que designa
         domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      República Helénica, representada por la Sra. A. Samoni-Rantou y el Sr. P. Mylonopoulos, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. V. Christianos,
         y P. Anestis, dikigoroi,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts y T. von Danwitz,
         Presidentes de Sala, y los Sres. A. Tizzano y J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta (Ponente), los Sres. K. Schiemann
         y A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader y el Sr. J.-J. Kasel, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
      Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de noviembre de 2008;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de febrero de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión 2003/372/CE de la
         Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a la compañía Olympic Airways (DO
         2003, L 132, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), y del artículo 228 CE, al no haber adoptado las medidas que implica
         la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia (C‑415/03, Rec. p. I‑3875),
         relativa al incumplimiento de las obligaciones que incumben a la República Helénica en virtud del artículo 3 de dicha Decisión.
      
      –        Condene a la República Helénica a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 53.611 euros por cada día de retraso
         en la ejecución de la sentencia Comisión/Grecia, antes citada, relativa a la Decisión impugnada, desde el día en que se dicte
         sentencia en el presente asunto hasta el día en que se haya ejecutado la mencionada sentencia Comisión/Grecia.
      
      –        Condene a la República Helénica a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado, cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad
         diaria de 10.512 euros por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde la fecha en que se dictó
         la sentencia Comisión/Grecia, antes citada, hasta la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto en lo que se refiere
         a la Decisión impugnada.
      
      –        Con carácter subsidiario, si el Tribunal de Justicia comprueba que la recuperación se ha producido efectivamente, condene
         a la República Helénica a pagar a la Comisión una suma a tanto alzado, cuyo importe resultará de multiplicar una cantidad
         diaria de 10.512 euros por el número de días de persistencia de la infracción transcurridos desde la fecha en que se dictó
         la sentencia Comisión/Grecia, antes citada, hasta la fecha en que la República Helénica recupere las ayudas declaradas ilegales
         por la Decisión impugnada.
      
      –        Condene en costas a la República Helénica.
      I.      Antecedentes del litigio
      2        El 11 de diciembre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, cuya parte dispositiva está redactada en los siguientes
         términos:
      
      «Artículo 1
      Se declaran incompatibles con el mercado común, con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado, las ayudas de reestructuración
         concedidas por Grecia a Olympic Airways en las formas siguientes:
      
      a)      garantías crediticias otorgadas a la compañía hasta el 7 de octubre de 1994, en aplicación del artículo 6 de la Ley griega
         nº 96/75, de 26 de junio de 1975;
      
      b)      nuevas garantías crediticias de un importe total de 378 millones de [USD] para los préstamos contraídos antes del 31 de marzo
         de 2001 destinados a la compra de nuevas aeronaves y a las inversiones necesarias para el traslado de Olympic Airways al aeropuerto
         de Spata;
      
      c)      reducción de la carga de las deudas de [Olympic Airways] en un importe de 427.000 millones de [GRD];
      d)      conversión de la deuda de la compañía en capital social por un importe de 64.000 millones de [GRD];
      e)      aportación de capital de 54.000 millones de [GRD], reducida a 40.800 millones de [GRD], en tres tramos de 19.000, 14.000 y
         7.800 millones de [GRD] en los años 1995, 1998 y 1999 respectivamente;
      
      dado que ya no se cumplen las siguientes condiciones, a las que estaba sujeta la aprobación inicial:
      a)      la plena aplicación del plan de reestructuración a fin de alcanzar la viabilidad a largo plazo de la compañía;
      b)      el cumplimiento de los 24 compromisos específicos a los que la aprobación de la ayuda quedaba vinculada, y
      c)      el seguimiento regular de la aplicación de las ayudas de reestructuración.
      Artículo 2
      La ayuda estatal aplicada por Grecia en forma de tolerancia en materia del persistente impago de las cotizaciones a la seguridad
         social, del IVA adeudado por Olympic Aviation que grava los combustibles y recambios, de los arrendamientos pendientes en
         los diferentes aeropuertos, de las tasas aeroportuarias en el aeropuerto internacional de Atenas y en otros aeropuertos, así
         como de la tasa denominada Spatósimo no es compatible con el mercado común.
      
      Artículo 3
      1.      El Estado griego adoptará todas las medidas necesarias para recuperar de la beneficiaria la ayuda por el importe de 14.000 millones
         de dracmas griegas (41 millones de euros) contemplada en el artículo 1 y que es incompatible con el Tratado, así como la ayuda
         a la que hace referencia el artículo 2 y que ha sido puesta a su disposición ilegalmente.
      
      2.      La recuperación se realizará sin más dilación de acuerdo con los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan
         la ejecución inmediata y eficaz de la Decisión. Las sumas que deben recuperarse devengarán intereses desde la fecha en que
         se pusieron a disposición de la beneficiaria hasta su recuperación efectiva. Los intereses se calcularán tomando como base
         el tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente en subvención en el marco de las ayudas con finalidad regional.
      
      Artículo 4
      El Estado griego informará a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión,
         de las medidas adoptadas para ajustarse a la misma.
      
      […]»
      II.    La sentencia Comisión/Grecia
      3        El 24 de septiembre de 2003, la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra la República Helénica, con arreglo
         al artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la ejecución de la Decisión impugnada.
      
      4        En su sentencia Comisión/Grecia, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que:
      
      «La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 3 de la Decisión [impugnada],
         al no haber adoptado en el plazo establecido todas las medidas necesarias para conseguir la devolución de las ayudas consideradas
         ilegales e incompatibles con el mercado común –a excepción de las referidas a las cotizaciones al organismo nacional de la
         seguridad social–, de conformidad con el citado artículo 3.»
      
      III. Procedimiento administrativo previo
      5        El 18 de mayo de 2005, la Comisión envió a la República Helénica un escrito en el que le solicitaba información sobre las
         medidas adoptadas para ejecutar la sentencia Comisión/Grecia, antes citada.
      
      6        En su respuesta de 2 de junio de 2005, dicho Estado miembro indicó que las medidas de recuperación debían emprenderse respecto
         de Olympic Airways y que los procedimientos de recuperación finalizarían al cabo de unos meses gracias a la venta de activos
         y de participaciones de dicha compañía aérea. La República Helénica también precisó que el Tribunal Contencioso-Administrativo
         de Atenas había suspendido la ejecución de la orden de recuperación de la ayuda de 41 millones de euros, contemplada en el
         artículo 1 de la Decisión impugnada, hasta que se resolviera sobre el recurso de anulación interpuesto por Olympic Airways
         contra la mencionada Decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas.
      
      7        Mediante escrito de 8 de julio de 2005, la República Helénica confirmó que los servicios del Gobierno se encontraban en la
         última fase de desarrollo del procedimiento de recuperación de las ayudas en cuestión.
      
      8        Mediante escrito de requerimiento de 18 de octubre de 2005, la Comisión inició el procedimiento previsto en el artículo 228 CE
         por no haberse dado ejecución a la sentencia Comisión/Grecia, antes citada.
      
      9        En su respuesta de 19 de diciembre de 2005, la República Helénica informó a la Comisión de que cuestionaba la afirmación de
         que no se habían notificado las medidas adoptadas para ejecutar esa sentencia. Destacó que las autoridades nacionales habían
         procedido correctamente y sin tardanza a la recuperación de las ayudas objeto de la Decisión impugnada.
      
      10      El 4 de abril de 2006, la Comisión remitió a la República Helénica un dictamen motivado, que fue notificado a dicho Estado
         miembro el 10 de abril de 2006. En ese dictamen, la Comisión instaba a la República Helénica a adoptar las medidas necesarias
         para la ejecución de la sentencia en cuestión en un plazo de dos meses a contar desde la recepción de dicho dictamen. En éste
         se precisaba asimismo que, si la Comisión tuviera que interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo
         228 CE, indicaría los importes de la multa coercitiva y de la cantidad a tanto alzado.
      
      11      La República Helénica respondió al dictamen motivado mediante escrito de 9 de junio de 2006, reiterando las indicaciones proporcionadas
         en los escritos anteriores. Asimismo, destacó la existencia de un recurso contencioso administrativo interpuesto por Olympic
         Airways y alegó dificultades para llevar a cabo los procedimientos nacionales de recuperación de las ayudas controvertidas.
      
      12      En estas circunstancias, la Comisión decidió interponer recurso ante el Tribunal de Justicia.
      
      13      Mediante sentencia de 12 de septiembre de 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Comisión (T‑68/03, Rec. p. II‑2911), el Tribunal
         de Primera Instancia anuló los artículos 2 y 3 de la Decisión impugnada en la medida en que se refieren a la tolerancia en
         materia del persistente impago, por una parte, de las tasas aeroportuarias adeudadas por Olympic Airways al aeropuerto internacional
         de Atenas y, por otra parte, del impuesto sobre el valor añadido que grava el combustible y los recambios adeudado por la
         compañía Olympic Aviation. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en todo lo demás.
      
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      A.      Importes de la ayuda a los que se refiere el recurso
      14      En su escrito de réplica, la Comisión precisó que, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Olympiaki
         Aeroporia Ypiresies/Comisión, antes citada, aún quedaban por recuperar los siguientes importes de ayuda, sin intereses:
      
      –        41 millones de euros con arreglo al artículo 1 de la Decisión impugnada;
      –        2,5 millones de euros en arrendamientos adeudados a determinados aeropuertos;
      –        61 millones de euros por la tasa denominada «spatósimo», y
      –        28,9 millones de euros por la compensación de deudas entre la República Helénica y Olympic Airways o entre determinados aeropuertos
         y la mencionada compañía en concepto de tasas aeroportuarias.
      
      15      En lo que respecta a este último importe de ayuda, en una respuesta de 26 de noviembre de 2008 a una pregunta escrita formulada
         por el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2008, la Comisión confirmó que la cantidad de 28,9 millones de euros, que
         figuraba en el punto 209 de la Decisión impugnada, no debía ser objeto de recuperación, ya que dicha cantidad no constituía
         en sí misma una ayuda de Estado.
      
      B.      Indicaciones escritas dadas en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia
      16      El 20 de octubre de 2008, con arreglo al artículo 54 bis del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia pidió a la República Helénica que precisara, en particular, conforme
         a qué modalidades y sobre qué fundamento jurídico se habían compensado con deudas del Estado frente a Olympic Airways los
         importes de ayuda que debían recuperarse de esta compañía con arreglo a los artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada.
      
      17      El 31 de octubre de 2008, la República Helénica respondió que un determinado número de deudas de Olympic Airways, incluida
         la devolución del capital contemplado en el artículo 1 de la Decisión impugnada y del saldo de la tasa denominada «spatósimo»,
         así como una factura de la Dirección de Aviación Civil, por importe de 176.802 euros, se habían compensado con las indemnizaciones
         concedidas a la compañía por laudos arbitrales. Sostenía que las indemnizaciones en cuestión fueron concedidas a la mencionada
         compañía por un tribunal arbitral constituido en virtud de una cláusula de arbitraje prevista en el artículo 27 del Decreto
         Legislativo 3560/1956 por el que se validaba el contrato celebrado entre Aristóteles Onassis y el Estado.
      
      18      La República Helénica indicó que el primer laudo arbitral de 6 de diciembre de 2006, 57/2006, relativo al primer recurso interpuesto
         el 20 de marzo de 2006 (en lo sucesivo, «laudo arbitral de 6 de diciembre de 2006»), había concedido a Olympic Airways las
         siguientes indemnizaciones:
      
      –        37.051.392 euros por el abandono prematuro del aeropuerto de Elliniko;
      –        17.996.655 euros por el traslado al nuevo aeropuerto;
      –        75.615.756 euros por los perjuicios sufridos como consecuencia de la construcción de las instalaciones en el aeropuerto internacional
         de Atenas;
      
      –        1.375.707 euros por los perjuicios sufridos como consecuencia del retraso en la construcción de las instalaciones del aeropuerto
         internacional de Atenas, que hizo que Olympic Airways se viera obligada a utilizar las instalaciones del aeropuerto de Elliniko
         y a ocuparse de su mantenimiento;
      
      –        183.300.000 euros por los costes adicionales de funcionamiento del aeropuerto internacional de Atenas, del 29 de marzo de
         2001 al 31 de diciembre de 2005, comparados con los del aeropuerto de Elliniko;
      
      –        88.026.000 euros por los costes especiales de funcionamiento debido al mayor tiempo de espera en el aeropuerto internacional
         de Atenas, comparado con el antiguo aeropuerto, del 29 de marzo de 2001 al 31 de diciembre de 2005;
      
      –        3.753.472 euros por la obligación de cubrir los gastos derivados del peaje de la autopista que debe utilizarse obligatoriamente
         para llegar al aeropuerto de Spata vía Attiki, y
      
      –        250.000.000 de euros por los fondos inmovilizados.
      19      Según la República Helénica, este primer laudo arbitral estimó en 657.118.982 euros el importe total del perjuicio que sufrió
         Olympic Airways y por el que debía ser indemnizada. Como consecuencia de un determinado número de rectificaciones, el importe
         de la indemnización se elevó a 563.896.458 euros, más los intereses legales.
      
      20      La República Helénica subrayó que posteriormente se llevaron a cabo compensaciones de los importes concedidos a Olympic Airways
         en relación con las deudas de ésta para con el Estado. Según expone, entre estas compensaciones figura el reembolso de la
         ayuda contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, así como el pago del saldo de la tasa denominada «spatósimo»
         y de la deuda de 176.802 euros correspondiente a la factura de la Dirección de Aviación Civil contemplada en el artículo 2
         de la Decisión.
      
      21      La República Helénica añadió que, a partir del mes de agosto de 2007, el Estado emitió determinado número de órdenes de pago
         en beneficio de Olympic Airways sobre la base de laudos arbitrales dictados a favor de ésta. Indicó que esos fondos no podrían
         haberse abonado a la sociedad debido a la existencia de deudas de ésta, incluidos los importes de ayuda mencionados. Según
         dicho Estado miembro, la compensación de las deudas de la sociedad con las cantidades que debían abonársele constituía una
         obligación legal de las autoridades tributarias. Señala que la primera orden de pago fue suficiente para saldar íntegramente
         el importe de las deudas de la sociedad con arreglo a la Decisión impugnada (de un importe total de aproximadamente 120 millones
         de euros, intereses incluidos).
      
      22      La República Helénica destacó que la primera orden de pago, relativa a las indemnizaciones concedidas por el laudo arbitral
         de 6 de diciembre de 2006, era el documento 2516/31.8.2007, por un importe de 601.289.003 euros. Considera que esta cantidad
         resulta de la suma de los intereses legales y de la sustracción, de la cantidad total de 612.839.581 euros, de retenciones
         por importe de 11.550.577 euros.
      
      23      La República Helénica observó que las diferentes operaciones de compensación tuvieron lugar a través de los siguientes efectos
         contables:
      
      –        2922 DOY/FAVE, relativo al reembolso (con intereses) del aumento de capital (artículo 1 de la Decisión impugnada), por compensación
         con una fracción equivalente de la orden de pago 2516/31.8.2007, relativa a un importe de 601.289.003 euros;
      
      –        2927 a 2933 y 2940 DOY/FAVE, relativo al pago (con intereses) de los importes en concepto de la tasa denominada «spatósimo»
         (artículo 2 de la Decisión impugnada), por compensación con una fracción equivalente de la orden de pago 2516/31.8.2007, y
      
      –        2926 DOY/FAVE, relativo al pago del arrendamiento debido a la Dirección de Aviación Civil, de un importe de 176.802 euros
         (factura nº 3307/98), por compensación con una fracción equivalente de la orden de pago 2516/31.8.2007.
      
      V.      Sobre el incumplimiento 
      A.      Sobre el objeto del recurso
      24      Con carácter preliminar procede señalar que, a la vista de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Olympiaki Aeroporia
         Ypiresies/Comisión, antes citada, y habida cuenta de las indicaciones dadas por la Comisión sobre el importe de ayuda enunciado
         en el apartado 209 de la Decisión impugnada, el litigio entre las partes sigue refiriéndose a la ejecución del artículo 1
         de la Decisión impugnada (aportación de capital) y de dos de las obligaciones enunciadas en el artículo 2 de la mencionada
         Decisión, a saber, el reembolso de la tasa denominada «spatósimo» y de los arrendamientos adeudados a determinados aeropuertos.
      
      B.      Sobre la ejecución de la sentencia Comisión/Grecia
      1.      Alegaciones de las partes
      25      La Comisión destaca que la República Helénica no ha adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia Comisión/Grecia,
         antes citada.
      
      26      La Comisión recuerda que el único motivo de defensa que puede alegar un Estado miembro que no ha recuperado ayudas ilegales
         es el basado en la imposibilidad absoluta de ejecutar la decisión de recuperación de esas ayudas y que un Estado miembro que,
         al ejecutar una decisión de este tipo, encuentre dificultades imprevistas e imprevisibles, debe someter estos problemas a
         la apreciación de la Comisión.
      
      27      Esta institución sostiene que la República Helénica no ha invocado en ningún momento la imposibilidad absoluta de recuperar
         las ayudas controvertidas, sino únicamente dificultades jurídicas y prácticas. Si bien es cierto que la recuperación debe
         efectuarse con arreglo a los procedimientos previstos por el Derecho nacional, debe garantizarse la ejecución inmediata y
         efectiva de la decisión de que se trate. En efecto, no basta iniciar el procedimiento de recuperación, sino que éste debe
         conducir a resultados concretos.
      
      28      En su escrito de réplica, la Comisión afirma que tuvo conocimiento por primera vez de una operación de restitución de las
         ayudas controvertidas en el escrito de contestación a la demanda de la República Helénica, presentado en el Tribunal de Justicia
         el 23 de octubre de 2007. La Comisión sostiene que dicho Estado miembro nunca había alegado con anterioridad haber recuperado
         las mencionadas ayudas. Las únicas acciones comunicadas a la Comisión habían sido cuantificaciones preliminares de determinadas
         categorías de ayudas y su registro como deudas con el Estado.
      
      29      Dado que no se le dio ninguna explicación al respecto, la Comisión declara que no puede aceptar ni los cálculos de las cantidades
         supuestamente pagadas ni las pruebas aportadas por la República Helénica en relación con la recuperación de las ayudas controvertidas.
      
      30      Sostiene que los documentos aportados para probar la recuperación de la tasa denominada «spatósimo» y de los arrendamientos
         de aeropuerto consistían en una declaración de la Dirección de Aviación Civil, de 2 de octubre de 2007, según la cual esas
         deudas «fueron satisfechas, compensadas o remitidas a las autoridades tributarias competentes para que fueran determinadas
         y cobradas con arreglo al Código de Cobro de Créditos Públicos».
      
      31      En opinión de la Comisión, ese documento no puede constituir una prueba del reembolso en buena y debida forma. En cualquier
         caso, subraya que la parte demandada no presentó documentos justificativos concretos de los movimientos de cuenta que puedan
         confirmar que las cantidades en cuestión fueron abonadas efectivamente. La documentación que acompañaba a la respuesta de
         la República Helénica al dictamen motivado tampoco contenía indicaciones suficientemente precisas sobre la recuperación efectiva
         de los diferentes importes de ayuda.
      
      32      La Comisión señala que las autoridades nacionales le facilitaron posteriormente copias de laudos arbitrales, pero sin documentos
         de apoyo ni explicaciones sobre el modo en que se habían determinado las cantidades concedidas a Olympic Airways. Por consiguiente,
         en su opinión, cabría preguntarse en qué medida los títulos de las indemnizaciones concedidas pueden vincularse realmente
         a las obligaciones del Estado para con dicha sociedad en lo que respecta a la explotación del antiguo aeropuerto de Atenas.
      
      33      La Comisión expresa asimismo dudas acerca de la regularidad de la recuperación invocada. En efecto, según ella, los documentos
         aportados por la parte demandada mencionan bien el pago de la deuda o la compensación de créditos/deudas. Sostiene que, al
         margen de que sólo se produjo una eventual compensación en el mes de octubre de 2007, las autoridades nacionales no demostraron
         por qué motivo el Estado era jurídicamente deudor de Olympic Airways.
      
      34      En opinión de la Comisión, en caso de que el Tribunal de Justicia admita que tuvo lugar la recuperación de los importes de
         ayuda, Olympic Airways no habría podido rembolsar los importes en cuestión sin recibir nuevas subvenciones.
      
      35      La República Helénica alega que el conjunto de los importes de ayudas se recuperó entre los meses de agosto y septiembre de
         2007. El total de las indemnizaciones que el tribunal arbitral concedió a Olympic Airways se compensó con deudas que dicha
         compañía tenía pendientes con el Estado. Sostiene que entre esas deudas que se extinguieron por compensación figuraban los
         saldos pendientes de las ayudas contempladas en la Decisión impugnada.
      
      36      La República Helénica añade que informó a la Comisión desde el mes de marzo de 2006 de que Olympic Airways había interpuesto
         un recurso de indemnización contra el Estado ante el tribunal arbitral y que el 29 de enero de 2008 había enviado a la Comisión,
         a título informativo, copias de los laudos dictados.
      
      37      La República Helénica alega que informó a la Comisión de la evolución de los procedimientos emprendidos para recuperar los
         importes controvertidos. A pesar de la complejidad de las operaciones que debían realizarse, la Comisión no propuso la menor
         ayuda para que se solucionaran de común acuerdo las cuestiones respecto de las cuales el Estado demandado había solicitado
         su cooperación, en particular las relativas a la determinación cuantitativa de las sumas que debían recuperarse y los modos
         de restitución en el tiempo.
      
      38      En lo que atañe al importe de 41 millones de euros que aparece en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la República Helénica
         señala que su recuperación se produjo el 31 de agosto de 2007, incluidos los intereses.
      
      39      En lo que respecta a la tasa denominada «spatósimo», la República Helénica observa que una parte importante de esta tasa se
         había pagado antes de la adopción de la Decisión impugnada, a saber, una cantidad de 22.806.159 euros. Añade que las pruebas
         de este pago fueron remitidas a la Comisión durante el año 2003. Sostiene que el saldo de esta deuda, a saber, un importe
         de 38.192.997 euros, fue determinado por las autoridades tributarias con arreglo al Código de Cobro de Créditos Públicos.
         Asegura que esta cantidad, a la que se suman los intereses por un importe de 11.336.120 euros, fue recuperada el 18 de octubre
         de 2007. Por consiguiente, según dicho Estado miembro, la cantidad total en concepto de la mencionada tasa se elevó a 49.529.117 euros.
      
      40      En relación con el importe de ayuda en concepto de arrendamientos (2.472.719 euros), la República Helénica observa que Olympic
         Airways había pagado la cantidad de 1.818.027 euros en 2006 y que el saldo de la deuda se abonó en 2007.
      
      41      La República Helénica añade que las medidas de reembolso relativas a las cantidades contempladas en la Decisión impugnada
         no constituyen en absoluto nuevas ayudas de Estado y que, en cualquier caso, dichas operaciones no podrían en modo alguno
         ser objeto del presente litigio.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      42      Con el fin de determinar si la República Helénica adoptó las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia Comisión/Grecia,
         antes citada, ha de comprobarse si la compañía beneficiaria restituyó los importes de ayuda que siguen siendo objeto del litigio.
      
      43      En lo que respecta al plazo en el que debía ejecutarse la mencionada sentencia, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia,
         la fecha de referencia para apreciar la existencia de un incumplimiento con arreglo al artículo 228 CE se sitúa al expirar
         el plazo señalado en el dictamen motivado emitido en virtud de esta disposición (véanse las sentencias de 12 de julio de 2005,
         Comisión/Francia, C‑304/02, Rec. p. I‑6263, apartado 30; de 18 de julio de 2006, Comisión/Italia, C‑119/04, Rec. p. I‑6885,
         apartado 27, y de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania, C‑503/04, Rec. p. I‑6153, apartado 19).
      
      44      En el presente asunto consta que, en el momento en que expiró el plazo señalado en el dictamen motivado, es decir, el 10 de
         junio de 2006, la parte demandada no había ejecutado la sentencia Comisión/Grecia, antes citada.
      
      45      En cuanto a la respuesta al dictamen motivado en la que la República Helénica anunció medidas dirigidas a la recuperación
         de diferentes importes de ayuda, indicando al mismo tiempo la existencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto
         por Olympic Airways y destacando dificultades relativas a la cuantificación de los importes que debían devolverse y a las
         complejas modalidades de reembolso, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, un Estado miembro no puede invocar
         disposiciones, prácticas ni situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones
         derivadas del Derecho comunitario (véanse las sentencias Comisión/Alemania, antes citada, apartado 38, y de 10 de enero de
         2008, Comisión/Portugal, C‑70/06, Rec. p. I -1, apartado 22).
      
      46      Asimismo, tampoco cabe estimar la alegación de la República Helénica según la cual el procedimiento de recuperación se vio
         obstaculizado por la falta de colaboración de la Comisión.
      
      47      En efecto, de los artículos 1 a 3 de la Decisión impugnada, por una parte, y de los puntos 206 a 208 de la motivación de la
         mencionada Decisión se desprende con suficiente precisión cuáles son los diferentes importes de ayuda que debían recuperarse.
      
      48      Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que ninguna disposición del Derecho comunitario exige que la Comisión, cuando
         ordena la devolución de una ayuda declarada incompatible con el mercado común, fije el importe exacto de la ayuda que debe
         devolver y que basta con que la decisión de la Comisión incluya indicaciones que permitan a su destinatario determinar por
         sí mismo, sin excesivas dificultades, dicho importe (véanse las sentencias de 12 de octubre de 2000, España/Comisión, C‑480/98,
         Rec. p. I‑8717, apartado 25, y de 18 de octubre de 2007, Comisión/Francia, C‑441/06, Rec. p. I‑8887, apartado 29).
      
      49      En estas circunstancias, la Comisión podía limitarse a insistir en el respeto de la obligación de restitución de los importes
         de ayuda controvertidos y dejar a cargo de las autoridades nacionales competentes la tarea de calcular el importe exacto de
         las cantidades que deben devolverse, incluidos los intereses que deben abonarse sobre las cantidades adeudadas (véanse las
         sentencias España/Comisión, antes citada, apartado 26, y de 14 de febrero de 2008, Comisión/Grecia, C‑419/06, apartado 46).
      
      50      Procede concluir que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE, apartado 1.
      
      VI.    Sobre las sanciones pecuniarias
      51      Las pretensiones de la Comisión sobre la imposición de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto alzado se basan en la
         Comunicación de la Comisión SEC(2005) 1658, de 13 de diciembre de 2005 (DO 2007, C 126, p. 15).
      
      A.      Sobre la pretensión de multa coercitiva
      1.      Alegaciones de las partes
      52      La Comisión propone al Tribunal de Justicia que imponga a la República Helénica una multa coercitiva de 53.611 euros por día
         de retraso en la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, a partir de la fecha en que
         se dicte sentencia en el presente procedimiento y hasta el día en que se ponga fin al incumplimiento declarado.
      
      53      La Comisión considera que dicha multa coercitiva es adecuada a la gravedad y duración de la infracción imputada y tiene en
         cuenta la exigencia de conferir a la sanción un efecto coercitivo y disuasorio. La Comisión afirma que para determinar la
         gravedad de la infracción aplicó un coeficiente de 12, en función de la importancia de las disposiciones comunitarias infringidas
         y de las consecuencias de esta infracción sobre los intereses generales y particulares
      
      54      La Comisión indica que la duración de la infracción hasta el momento de la interposición del recurso fue de 17 meses. No obstante,
         sólo tendrá en cuenta la duración efectiva de la infracción hasta que se dicte la sentencia del Tribunal de Justicia, dejando
         que este Tribunal tome en consideración una duración del incumplimiento más prolongada.
      
      55      En lo que respecta al importe de la multa coercitiva que ha de imponerse, la Comisión precisa que, si se multiplica la cantidad
         a tanto alzado de base uniforme, fijada en 600 euros, por un factor de 12, correspondiente a la gravedad de la infracción,
         por el coeficiente 1,7, relativo a la duración, –es decir, 0,1 por mes–, y por el coeficiente 4,38 (factor n), que tiene en cuenta la capacidad de pago del Estado demandado, resulta una cantidad de 53.611 euros.
      
      56      La República Helénica considera que, dado que el total de las ayudas de Estado que debían restituirse fue recuperado en un
         plazo razonable, carecen de objeto las pretensiones sobre la imposición de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto
         alzado.
      
      57      Destaca que, en cualquier caso, el importe de la multa coercitiva propuesta es desproporcionado y que deberá reducirse en
         una medida apropiada si el Tribunal de Justicia estima que la República Helénica no ejecutó plenamente la sentencia de 12
         de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada.
      
       2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      a)      Observaciones preliminares
      58      Tras comprobar que la República Helénica no dio cumplimiento a la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes
         citada, en el plazo señalado en el dictamen motivado, el Tribunal de Justicia puede imponer a dicho Estado miembro el pago
         de una multa coercitiva y/o de una cantidad a tanto alzado con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, párrafo tercero.
      
      59      En lo que respecta a la imposición de una multa coercitiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en principio, esta sanción
         sólo está justificada en la medida en que el incumplimiento como consecuencia de la inejecución de una sentencia anterior
         perdure hasta el examen de los hechos por el Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión/Italia,
         apartados 33, 45 y 46, y Comisión/Alemania, apartado 40, antes citadas).
      
      60      Por consiguiente, procede verificar si esto ocurre en el caso de autos.
      
      b)      Sobre la persistencia del incumplimiento
      61      Para determinar si el incumplimiento que se reprocha a la parte demandante perduró hasta el examen de los hechos del caso
         de autos por el Tribunal de Justicia, procede apreciar las medidas que, según el Estado demandado, se adoptaron una vez transcurrido
         el plazo señalado en el dictamen motivado.
      
      62      A este respecto, la República Helénica alega que la recuperación de los importes de ayuda controvertidos se llevo a cabo mediante
         la compensación de deudas y créditos recíprocos entre Olympic Airways y el Estado.
      
      63      Para demostrar que los importes de ayuda se habían restituido a través de dicha operación, la República Helénica presentó
         al Tribunal de Justicia una serie de certificados y de declaraciones, en particular los documentos siguientes:
      
      –        Anexo B. 11 del escrito de contestación a la demanda de la República Helénica (certificado del Ministerio de Economía y Hacienda,
         de 18 de octubre de 2007, relativo a la compensación de deudas determinadas de Olympic Airways).
      
      –        Anexo 2 de la dúplica de la República Helénica (justificante de la situación sobre las deudas con el Estado, del Ministerio
         de Economía y Hacienda, de 29 de enero de 2008).
      
      –        Anexo E.1 de la respuesta a las preguntas escritas del Tribunal de Justicia (nota de 31 de octubre de 2008 sobre el pago de
         deudas, redactada por el mencionado Ministerio a la atención de Olympic Airways).
      
      –        Anexo E. 6, documento nº 16, de la misma respuesta (certificado de dicho Ministerio, de 27 de agosto de 2007, sobre el cobro
         de las retenciones correspondientes a órdenes de pago).
      
      –        Diez efectos contables, de 30 de marzo de 2006 y de 31 de agosto de 2007, mencionados en esa respuesta y titulados «crédito
         de efecto de compensación».
      
      64      En estas circunstancias, es preciso determinar, en primer lugar, si la compensación puede constituir un medio adecuado para
         cumplir con una obligación de reembolso de una ayuda de Estado y, en caso afirmativo, en segundo lugar, si, en el presente
         asunto, dicha compensación se produjo efectivamente.
      
      c)      Sobre la elección de un medio distinto del pago en efectivo
      65      En lo que atañe a la ejecución de la Decisión impugnada y de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada,
         recuérdese que el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que
         se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83, p. 1), establece que la recuperación de
         una ayuda de Estado se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado,
         siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión.
      
      66      Por ello, en su sentencia de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Alemania (C‑209/00, Rec. p. I‑11695, apartado 32), el Tribunal
         de Justicia precisó que, puesto que no existen disposiciones comunitarias relativas al procedimiento de recuperación de los
         importes de ayuda abonados indebidamente, la recuperación de esas ayudas económicas debe tener lugar, en principio, con arreglo
         a las disposiciones pertinentes del Derecho nacional.
      
      67      Por consiguiente, un Estado miembro que, en virtud de una decisión de la Comisión, se halle obligado a recuperar ayudas ilegales,
         es libre de elegir los medios por los que ejecutará esta obligación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance
         y eficacia del Derecho comunitario (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Alemania, antes citada, apartado 34).
      
      68      Por lo tanto, en principio, en la medida en que esté prevista por el ordenamiento jurídico nacional como mecanismo de extinción
         de una obligación, una operación de compensación puede constituir un medio apropiado para efectuar la recuperación de una
         ayuda de Estado.
      
      69      A este respecto, la República Helénica ha subrayado que dicho mecanismo jurídico forma parte de las disposiciones del Código
         Civil griego.
      
      70      En lo que respecta al fundamento material de la compensación alegada, en respuesta a unas preguntas formuladas por el Tribunal
         de Justicia, la parte demandada ha presentado a éste copia del laudo arbitral de 6 de diciembre de 2006, según el cual el
         Estado fue condenado a pagar determinado número de indemnizaciones a Olympic Airways.
      
      71      De dicho laudo se desprende que el tribunal arbitral estimó, en particular, que Olympic Airways había sufrido perjuicios económicos
         por su abandono prematuro del aeropuerto de Elliniko, su traslado obligatorio al nuevo aeropuerto de Spata, la construcción
         de instalaciones en ese aeropuerto, los costes adicionales y especiales de funcionamiento de dicho aeropuerto y por la inmovilización
         de fondos.
      
      72      Por consiguiente, sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias en materia de ayudas de Estado, procede señalar
         que, a los efectos del presente procedimiento, la República Helénica ha demostrado la existencia de un crédito exigible por
         parte de Olympic Airways, que se eleva a 601.289.003 euros, cantidad claramente superior al conjunto de los importes de ayuda
         controvertidos.
      
      73      En estas circunstancias y, habida cuenta de la obligación de devolución establecida en la Decisión impugnada y en la sentencia
         de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, procede examinar si la compensación alegada se efectuó de modo que se
         diera cumplimiento a la mencionada obligación.
      
      d)      Sobre la carga de la prueba
      74      Con carácter preliminar procede señalar que, según la jurisprudencia, en el marco de un procedimiento basado en el artículo
         228 CE, le corresponde a la Comisión facilitar al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para determinar el estado
         de ejecución de una sentencia por incumplimiento (véase la sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, C‑387/97, Rec.
         p. I‑5047, apartado 73).
      
      75      Dado que en el mencionado procedimiento la Comisión ha aportado elementos suficientes que muestran la persistencia del incumplimiento
         reprochado, corresponde al Estado miembro de que se trata impugnar de forma sustancial y detallada esta afirmación y aportar
         pruebas del cese de la infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, antes citada,
         apartado 56).
      
      76      En lo que respecta a las afirmaciones de la Comisión en el presente asunto, procede destacar que ésta rechazó el mecanismo
         de compensación elegido, no sólo en la fase escrita del procedimiento, sino también en la vista. En particular, reiteró que
         las medidas comunicadas por la demandada no bastaban para demostrar la ejecución de la Decisión impugnada y de la sentencia
         de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada.
      
      77      Concretamente, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, la Comisión precisó en la vista que, aun
         suponiendo que, en principio, pueda aceptarse una compensación como tal mecanismo jurídico, debe rechazarse el modo en que
         en el presente asunto se efectuó la compensación alegada.
      
      78      Añade que, aun cuando el tribunal arbitral hubiera adjudicado los importes de indemnización a Olympic Airways con arreglo
         a Derecho, dicha compañía debería disponer de notas de compensación que demuestren que esa operación tuvo lugar efectivamente.
         A este respecto, resulta insuficiente una declaración de que se compensaron los importes de la ayuda en cuestión.
      
      79      Por lo que respecta a la calidad de la prueba relativa a la ejecución de una decisión por la que se exige la recuperación
         de ayudas ilegales, recuérdese que el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando un Estado miembro prevé la recuperación
         de dichas ayudas por un medio distinto del pago en efectivo, corresponde a dicho Estado miembro transmitir a la Comisión toda
         la información que le permita a ésta verificar que el medio elegido constituye una ejecución adecuada de esta decisión (véase
         la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Alemania, antes citada, apartado 40).
      
      80      Asimismo, en el apartado 43 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, si bien el Estado miembro puede recuperar
         las ayudas ilegales de forma distinta a un pago en efectivo, debe velar por que las medidas que ha elegido sean suficientemente
         transparentes para que la Comisión pueda comprobar que son idóneas para eliminar la distorsión de la competencia causada por
         dichas ayudas dentro del pleno respeto al Derecho comunitario.
      
      81      En los apartados 57 y 58 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que tales medidas deben tener un efecto idéntico
         al de un reembolso mediante una transferencia de fondos y que toda medida adoptada para cumplir la obligación de recuperación
         de una ayuda concedida ilegalmente debe ser capaz de restablecer las condiciones de competencia que fueron falseadas mediante
         la concesión de la ayuda ilegal y debe poder ser identificada como tal por la Comisión y el resto de los interesados.
      
      82      Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia debe comprobar si, con las pruebas presentadas, la República
         Helénica ha demostrado que ejecutó la Decisión impugnada y la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada,
         en lo que atañe a las tres categorías de ayuda que siguen siendo objeto del recurso.
      
      e)      Sobre el importe de ayuda constituido por la inyección de capital
      83      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Decisión impugnada, en relación con el artículo 1 de dicha Decisión, la República
         Helénica debía recuperar de Olympic Airways un importe de 41 millones de euros en concepto de dicha aportación.
      
      84      Dado que la República Helénica ha alegado haber reembolsado dicho importe a través de una operación de compensación, ha de
         comprobarse si puede considerarse que los documentos presentados demuestran el cumplimiento de esa obligación, con arreglo
         a los principios enunciados en los apartados 79 a 81 de la presente sentencia.
      
      85      A este respecto, en particular, la parte demandada ha presentado una nota de 31 de octubre de 2008, dirigida por el Ministerio
         de Economía y Hacienda a la atención de Olympic Airways.
      
      86      Del tenor de esa nota se desprende que «la deuda de 41.085.840 euros, que fue determinada con arreglo al Código de Cobro de
         Créditos Públicos, y que resulta de la obligación de devolver el aumento de capital abonado a la compañía el 9 de octubre
         de 1998, fue satisfecha íntegramente (en capital e intereses) el 31 de agosto de 2007, a través del efecto de compensación
         nº 2922, que compensó un importe que, de otro modo, la administración tributaria habría debido pagar a Olympic Airways en
         concepto de una deuda del Estado que figura en la orden de pago nº 2516, de 31 de agosto de 2007», emitida por la República
         Helénica en favor de Olympic Airways por un importe de 601.289.003 euros sobre la base del laudo arbitral de 6 de diciembre
         de 2006.
      
      87      Además, en relación con el crédito de Olympic Airways frente a la República Helénica y derivado del mencionado laudo arbitral,
         ésta confirmó que las autoridades nacionales también estaban obligadas a compensar las deudas de esa compañía con el importe
         que debía abonársele.
      
      88      El Tribunal de Justicia considera que, con dicho documento, la parte demandada ha demostrado la devolución del importe de
         ayuda constituido por la inyección de capital.
      
      f)      Sobre el importe de ayuda correspondiente a la tasa denominada «spatósimo»»
      89      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Decisión impugnada, la República Helénica debía recuperar de Olympic Airways,
         en particular, la ayuda constituida por la tolerancia mostrada con respecto al persistente impago por parte de dicha compañía
         de la tasa para la modernización y el desarrollo de los aeropuertos, denominada «spatósimo», de un importe total de 60.999.156 EUR
         (apartado 208 de la Decisión).
      
      90      Aunque la parte demandada haya alegado que devolvió una parte de ese importe ‑a saber, la cantidad de 22.806.158 euros– antes
         de la adopción de la Decisión impugnada, ha de observarse que, aun cuando dicha devolución hubiera tenido lugar antes de que
         se dictara la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, en cualquier caso, la República Helénica no
         ha aportado pruebas que sostengan dicha afirmación.
      
      91      En efecto, por lo que respecta al escrito de la Dirección de Aviación Civil de 2 de octubre de 2007, que figura en el anexo B.15
         del escrito de contestación a la demanda de la República Helénica, en el que se mencionan los pagos por parte de Olympic Airways
         de un importe total de 22.806.158 euros en concepto de pago de la tasa denominada «spatósimo», procede observar que dicho
         escrito demuestra que, el 24 de septiembre de 1999, Olympic Airways abonó un importe de 3.445.793 euros y, el 29 de junio
         de 2001, un importe de 19.360.365 euros.
      
      92      Ahora bien, con independencia de que los pagos alegados hubieran tenido lugar mucho antes de la interposición del recurso
         en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, en relación con el cual el
         Tribunal de Justicia declaró que no se había ejecutado la Decisión impugnada, ha de observarse que el mencionado escrito de
         2 de octubre de 2007 se limita a afirmar que Olympic Airways abonó efectivamente esos importes, de modo que no puede constituir
         una prueba de la devolución de la ayuda.
      
      93      Por último, tampoco pueden constituir una prueba suficiente los justificantes de pago de los importes mencionados en el escrito
         del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de 26 de junio de 2003, dirigido a la Comisión y que figura en el anexo B.19
         del escrito de contestación a la demanda. En lo que atañe a los resguardos de pago emitidos por Olympic Airways, anejos a
         dicho escrito, ha de señalarse que, como observó la Comisión, en ninguno de esos documentos figura, en la casilla correspondiente,
         el sello del banco que supuestamente recibió el pago. Además, los documentos presentados tienen fecha del mes de junio de
         2001 y ninguno lleva la fecha de 24 de septiembre de 1999, en la cual, según el mencionado escrito de 2 de octubre de 2007,
         se abonó una parte del importe total de 22.806.158 euros.
      
      94      Es preciso concluir que el Estado demandado no ha aportado la prueba de la devolución de la cantidad de 22.806.158 euros en
         concepto de la ayuda correspondiente a la tasa denominada «spatósimo».
      
      95      En lo que respecta al importe restante de dicha tasa (38.192.997 euros), la República Helénica ha presentado al Tribunal de
         Justicia, concretamente, la mencionada nota del Ministerio de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 2008, dirigida a Olympic
         Airways.
      
      96      Del tenor de dicha nota se desprende que las deudas de «spatósimo» de Olympic Airways correspondientes al período contemplado
         en la Decisión controvertida «fueron satisfechas íntegramente el 31 de agosto de 2007 a través de los efectos de compensación
         nº 2927, nº 2928, nº 2929, nº 2930, nº 2931, nº 2932, nº 2933 y nº 2940, que compensaron un importe que, de otro modo, la
         administración tributaria habría debido pagar a Olympic Airways en concepto de una deuda del Estado a su favor que figura
         en la orden de pago nº 2516/31/agosto de 2007».
      
      97      El Tribunal de Justicia considera que, con este documento, la parte demandada ha aportado la prueba de la devolución del importe
         restante de la tasa denominada «spatósimo».
      
      98      De cuanto precede resulta que la República Helénica no ha demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho que Olympic
         Airwais haya reembolsado un importe de ayuda de 22.806.158 euros correspondiente a la tasa denominada «spatósimo».
      
      g)      Sobre el importe de la ayuda correspondiente a los arrendamientos de aeropuerto
      99      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Decisión impugnada, la República Helénica debía recuperar de Olympic Airways
         la ayuda constituida por el impago de los arrendamientos de aeropuerto por un importe de 2,46 millones de euros (apartado
         206 de dicha Decisión).
      
      100    En lo que respecta a las modalidades de recuperación de ese elemento de ayuda, en su escrito de contestación a la demanda,
         la República Helénica, por una parte, declara haber procedido a la recuperación de una cantidad de 1.818.027 euros y, por
         otra, remite, en particular, a la información aportada en respuesta al dictamen motivado, según la cual habían sido objeto
         de determinado número de rectificaciones y de compensaciones cuatro facturas emitidas por la Dirección de Aviación Civil por
         un importe total de 1.087.141 euros.
      
      101    Obsérvese, a este respecto, como señaló el Abogado General en los puntos 54 a 56 de sus conclusiones, que en la documentación
         facilitada por la República Helénica –a saber, las facturas de la Dirección de Aviación Civil, los documentos rectificativos
         y las nuevas facturas que sustituían a las anteriores, así como las declaraciones relativas a las compensaciones entre las
         deudas y créditos recíprocos de Olympic Airways y de la Dirección de Aviación Civil– no figuran con la precisión requerida
         las formas de devolución de los arrendamientos de aeropuerto adeudados, además de que los cuadros facilitados sobre el tema
         presentan determinado número de incoherencias en cuanto a los importes de las diferentes facturas y a los períodos de que
         se trata.
      
      102    Por consiguiente, no puede considerarse que dicha documentación sea capaz de demostrar la recuperación alegada.
      
      103    Procede examinar asimismo la ejecución de la Decisión impugnada en lo que respecta a la liquidación de otras dos facturas
         de la Dirección de Aviación Civil.
      
      104    En primer lugar, en lo que atañe al importe de 176.082 euros, correspondiente a la factura nº 3307/98 de la Dirección de Aviación
         Civil, del tenor de la mencionada nota del Ministerio de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 2008, dirigida a Olympic
         Airways, se desprende que dicha cantidad «fue satisfecha íntegramente el 31 de agosto de 2007 a través del efecto de compensación
         nº 2926 (de un importe total de 352.808 euros en principal e intereses), que compensó un importe que, de otro modo, la administración
         tributaria habría debido pagar a Olympic Airways en concepto de una deuda del Estado a su favor que figura en la orden de
         pago nº 2516/31/agosto de 2007».
      
      105    El Tribunal de Justicia considera que con este documento la parte demandada ha aportado prueba de la devolución del importe
         de ayuda en cuestión, relativo a una parte de los arrendamientos de aeropuerto.
      
      106    En segundo lugar, en lo concerniente a la devolución de un importe de 478.606 euros, correspondiente a la factura nº 4175/99
         de la Dirección de Aviación Civil, ha de observarse, como destacó el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, que
         los documentos aportados por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda –es decir, el Decreto Ministerial
         de 2 de octubre de 2007 sobre la compensación, un escrito de la Dirección de Aviación Civil dirigido a Olympic Airways, de
         17 de octubre de 2007, que incluye en anexo un desglose detallado de las cantidades objeto de compensación y un escrito de
         la mencionada Dirección dirigido a Olympic Airways, de 19 de octubre de 2007, en el que consta la compensación en virtud de
         dicho Decreto por lo que respecta a la factura nº 4175/99 más los intereses correspondientes– constituyen prueba suficiente
         del reembolso de dicha cantidad en concepto de los arrendamientos de aeropuerto.
      
      107    Por consiguiente, la Decisión impugnada ha sido ejecutada en lo que respecta a la liquidación de las dos facturas mencionadas
         de la Dirección de Aviación Civil por un importe total de 654.688 euros.
      
      108    De los elementos anteriores se desprende que la República Helénica no ha demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho
         que Olympic Airways haya reembolsado el importe total de ayuda correspondiente a los arrendamientos de aeropuerto.
      
      h)      Conclusión
      109    Del conjunto de las consideraciones que preceden resulta que la República Helénica no ha demostrado de modo suficiente con
         arreglo a Derecho que Olympic Airways haya restituido una parte de la tasa denominada «spatósimo» (véase el apartado 94 anterior)
         y una parte de los arrendamientos de aeropuerto (véase el apartado 102 anterior).
      
      110    En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que la condena de la República Helénica al pago de una multa coercitiva
         constituye un medio económico apropiado para incitarla a adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento señalado
         y para garantizar la ejecución completa de la Decisión impugnada y de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia,
         antes citada.
      
      B.      Sobre el importe de la multa coercitiva
      1.      Observaciones preliminares
      111    Es preciso recordar que es competencia del Tribunal de Justicia apreciar en cada asunto, teniendo en cuenta sus características
         específicas, las sanciones pecuniarias que procede imponer (véanse las sentencias de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia,
         antes citada, apartado 86, y de 14 de marzo de 2006, Comisión/Francia, C‑177/04, Rec. p. I‑2461, apartado 58).
      
      112    Así, las propuestas de la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia y sólo constituyen una referencia útil. Del mismo modo,
         directrices como las contenidas en las Comunicaciones de la Comisión no vinculan al Tribunal de Justicia, sino que contribuyen
         a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación de dicha institución (véase la sentencia
         Comisión/Portugal, antes citada, apartado 34).
      
      113    En lo que respecta a la imposición de una multa coercitiva, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicha sanción debe
         determinarse en función del grado de persuasión necesario para que el Estado miembro que no ejecute una sentencia de incumplimiento
         modifique su comportamiento y ponga fin al incumplimiento declarado (véase la sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia,
         antes citada, apartado 91).
      
      114    Corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su facultad de apreciación en la materia, fijar la multa coercitiva
         de tal manera que, por una parte, sea adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada al incumplimiento declarado
         y a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate (véanse las sentencias de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España,
         C‑278/01, Rec. p. I‑14141, apartado 41; de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, apartado 103, antes citada, y de 14 de marzo
         de 2006, Comisión/Francia, antes citada, apartado 61).
      
      115    Así, en el marco de la apreciación del Tribunal de Justicia, los criterios de base que deben tomarse en consideración para
         garantizar la naturaleza coercitiva de la multa con vistas a la aplicación uniforme y efectiva del Derecho comunitario son,
         en principio, la duración de la infracción, su gravedad y la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate. Para aplicar
         estos criterios, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre
         los intereses privados y públicos así como la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones
         (véanse las sentencias antes citadas de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, apartado 104; de 14 de marzo de 2006, Comisión/Francia,
         apartado 62, y Comisión/Portugal, apartado 39).
      
      2.      Sobre la duración de la infracción
      116    Corresponde al Tribunal de Justicia determinar la duración de la infracción. Esta duración debe evaluarse teniendo en cuenta
         el momento en el que el Tribunal de Justicia aprecia los hechos y no la fecha en la que la Comisión interpone su recurso ante
         él (véanse las sentencias antes citadas de 14 de mazo de 2006, Comisión/Francia, apartado 71, y Comisión/Portugal, apartado 45).
      
      117    En estas circunstancias, dado que la República Helénica no ha podido demostrar que ha puesto fin efectivamente al incumplimiento
         de su obligación de ejecutar plenamente la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, procede considerar
         que dicho incumplimiento perdura desde hace más de cuatro años, lo que constituye un lapso de tiempo considerable.
      
      3.      Sobre la gravedad de la infracción
      118    En relación con este apartado, procede subrayar, como destacó el Abogado General en el punto 72 de sus conclusiones, el carácter
         fundamental de las disposiciones del Tratado CE en materia de ayudas de Estado.
      
      119    En efecto, las normas objeto de la Decisión impugnada y de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada,
         constituyen la expresión de una de las misiones esenciales conferida a la Comunidad Europea en virtud del artículo 2 CE, a
         saber, el establecimiento de un mercado común y la promoción de un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados
         económicos. Esta misión también aparece enunciada en el artículo 3 CE, apartado 1, letra g), según el cual la acción de la
         Comunidad implicará un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior.
      
      120    La importancia de las disposiciones comunitarias infringidas en el presente asunto se refleja especialmente en el hecho de
         que, con la devolución de una ayuda de Estado concedida ilegalmente, se elimina la distorsión de la competencia causada por
         la ventaja competitiva proporcionada por la ayuda y que, por efecto de esta devolución, el beneficiario pierde la ventaja
         de la que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de abril
         de 1995, Comisión/Italia, C‑350/93, Rec. p. I‑699, apartado 22, y de 29 de abril de 2004, Alemania/Comisión, C‑277/00, Rec.
         p. I‑3925, apartado 75).
      
      121    Ha de añadirse que el control de las ayudas de Estado concedidas a operadores de transporte aéreo es de considerable importancia,
         ya que el mercado en cuestión es transfronterizo por su propia naturaleza.
      
      122    En cuanto al incumplimiento declarado en el presente asunto, procede señalar que los importes de ayuda respecto de cuya restitución
         la parte demandada no ha aportado pruebas sólo constituyen una parte relativamente pequeña en relación con la cantidad total
         que es objeto de la Decisión impugnada y de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada.
      
      4.      Sobre la capacidad de pago del Estado demandado
      123    En lo que respecta a la propuesta de la Comisión de multiplicar el importe de base por un coeficiente específico aplicable
         a la República Helénica, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que este método de cálculo constituye
         un instrumento apropiado para reflejar la capacidad de pago del Estado afectado manteniendo al mismo tiempo una diferencia
         razonable entre los distintos Estados miembros (véanse las sentencias antes citadas de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia,
         apartado 88; Comisión/España, apartado 59; de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, apartado 109, y de 14 de marzo de 2006,
         Comisión/Francia, apartado 75).
      
      5.      Conclusión
      124    A la vista de cuanto precede, el Tribunal de Justicia considera apropiada la imposición de una multa coercitiva de 16.000 euros.
      
      6.      Sobre la fecha en la que surte efecto la multa coercitiva y sobre la periodicidad de ésta
      125    Habida cuenta de las consideraciones que preceden en lo tocante a la falta de pruebas sobre la devolución de dos elementos
         de ayuda –a saber, por una parte, de la tasa denominada «spatósimo» y, por otra, de los arrendamientos de aeropuerto (véanse
         los apartados 94 y 102 de la presente sentencia), el Tribunal de Justicia estima apropiado que se retrase un mes a partir
         de la fecha en que se dicte la presente sentencia el momento en que haya de surtir efectos la multa coercitiva, para permitir
         al Estado demandante demostrar que ha puesto fin al incumplimiento.
      
      126    En cuanto a la periodicidad de dicha multa, procede imponer a la parte demandada una multa coercitiva sobre una base diaria.
      
      127    A la vista del conjunto de los elementos expuestos, procede condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión, en la
         cuenta «Recursos propios de la Comunidad Europea», una multa coercitiva de un importe de 16.000 euros por día de retraso en
         la ejecución de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes
         citada, una vez transcurrido un mes desde que se dicte la presente sentencia y hasta que se ejecute la mencionada sentencia
         de 12 de mayo de 2005.
      
      C.      Sobre la imposición acumulativa de una multa coercitiva y de una cantidad a tanto alzado
      1.      Alegaciones de las partes
      128    La Comisión alega que, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia debe imponer tanto una multa coercitiva como una cantidad
         a tanto alzado. Estima que la imposición de una cantidad a tanto alzado es esencial, ya que cada ejecución tardía de una sentencia
         del Tribunal de Justicia vulnera los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en particular en materia de ayudas de
         Estado. En este ámbito, la ejecución de una decisión de la Comisión y, con mayor motivo, la de una sentencia del Tribunal
         de Justicia que declara la falta de aplicación de tal decisión en forma de recuperación de ayudas financieras concedidas ilegalmente,
         debería ser inmediata y efectiva.
      
      129    En lo que respecta a la anulación parcial de la Decisión impugnada por el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión observa
         que esta circunstancia no afecta a la determinación del importe de la cantidad a tanto alzado.
      
      130    La Comisión subraya que la cantidad propuesta no es excesiva. En efecto, sostiene que han transcurrido al menos dos años desde
         la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, sin que haya habido una recuperación efectiva de las ayudas
         de que se trata. Aun cuando el Tribunal de Justicia admitiera que la restitución de las cantidades en cuestión se produjo
         entre los meses de agosto y octubre de 2007, una recuperación de ayudas que tiene lugar cinco años después de la decisión
         inicial y más de dos años después de la sentencia del Tribunal de Justicia no puede considerarse en ningún caso conforme con
         las obligaciones que incumben al Estado afectado.
      
      131    La Comisión explica que para determinar la gravedad del incumplimiento no se basó en las diferentes categorías de ayuda ni
         en las cantidades que debían recuperarse, sino en sus efectos negativos sobre los operadores económicos y en función de la
         importancia de las disposiciones del Tratado sobre ayudas de Estado. El hecho de que cinco años después de la adopción de
         la Decisión impugnada las medidas tomadas por la República Helénica aún no hayan dado como resultado la recuperación de los
         importes de ayuda que allí se mencionan constituye una infracción grave del Derecho comunitario.
      
      132    En cualquier caso, la Comisión considera que, aun cuando el Tribunal de Justicia estimara que se han devuelto los importes
         de ayuda, la cantidad a tanto alzado debe aplicarse hasta la fecha en que se produzca la devolución íntegra de esos importes.
      
      133    En cuanto al importe de la cantidad a tanto alzado que debe imponerse, la Comisión estima que un cálculo que parta de un importe
         de 200 euros por día se adapta a la gravedad del incumplimiento y tiene en cuenta la necesidad de dar a esta cantidad un efecto
         disuasorio. Si se multiplica dicho importe por un factor de 12, correspondiente a la gravedad de la infracción, y por el coeficiente
         4,38, que toma en consideración la capacidad económica de dicho Estado, se obtiene un total de 10.512 euros.
      
      134    La República Helénica estima que, en cualquier caso, la aplicación acumulada de sanciones previstas en el artículo 228 CE
         es desproporcionada, en particular si se tiene en cuenta el hecho de que las sanciones en cuestión persiguen el mismo objetivo,
         a saber, el cumplimiento por parte del Estado miembro afectado y la aplicación efectiva del Derecho comunitario mediante el
         empleo de una presión económica para que se ponga fin a la infracción de que se trate. Por consiguiente, las medidas deben
         elegirse por separado y no acumulativamente, en función de cuál de las dos sanciones sea la más apropiada.
      
      135    La República Helénica alega asimismo que por punto de partida para calcular las sanciones previstas en el artículo 228 CE
         debe entenderse la fecha de expiración del plazo señalado en el dictamen motivado y no la de la sentencia del Tribunal de
         Justicia que declara la infracción.
      
      136    La República Helénica destaca que la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, tuvo
         lugar en un tiempo razonable, a ver, dos años después de que se dictara y un año después de que expirara el plazo señalado
         en el dictamen motivado. Añade que también deberían tenerse en cuenta las dificultades técnicas del expediente y la falta
         de colaboración de la Comisión en el marco de la aplicación de la Decisión impugnada.
      
      137    La República Helénica sostiene que la determinación de la gravedad de la infracción está directamente relacionada con el importe
         de las ayudas que deben recuperarse, ya que del importe de éstas dependen las consecuencias de la infracción de la normativa
         comunitaria sobre los intereses públicos y privados. Considera evidente que cuanto menor sea el importe de la ayuda, más limitada
         es la repercusión sobre la perturbación de la libre competencia en el sector de los transportes aéreos. Por consiguiente,
         alega que la gravedad del incumplimiento es menor, ya que el Tribunal de Primera Instancia estimó que el pago de determinadas
         cantidades que figuran en la Decisión impugnada era conforme con el Derecho comunitario.
      
      138    La República Helénica añade que el mercado interior en el ámbito considerado no puede resultar afectado por Olympic Airlines,
         dado que ésta no sucedió a Olympic Airways. En efecto, esta compañía, que no desarrolla actividades de vuelo desde el año
         2003, únicamente desempeña funciones en el sector de la asistencia en tierra, de modo que, en su opinión, no existe una distorsión
         de la competencia en el sector de los transportes aéreos.
      
      139    Por último, si el Tribunal de Justicia estimara necesario imponer una cantidad a tanto alzado, la República Helénica considera
         que el importe propuesto por la Comisión es desmesurado y debe reducirse convenientemente.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      a)      Sobre la acumulación de ambas sanciones
      140    Con carácter preliminar, recuérdese que el procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, tiene por objeto incitar
         a un Estado miembro infractor a ejecutar una sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento y, por ende, garantizar
         la aplicación efectiva del Derecho comunitario, y que las medidas previstas en esta disposición, a saber, la multa coercitiva
         y la suma a tanto alzado tienen ambas este mismo objetivo (véase la sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, antes
         citada, apartado 80).
      
      141    Por lo tanto, en los apartados 81 y 82 de la mencionada sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que la aplicación de una
         u otra de estas medidas depende de la idoneidad de cada una de ellas para cumplir el objetivo perseguido en función de las
         circunstancias del caso concreto y que, en esas condiciones, no cabe excluir el uso de los dos tipos de sanciones previstas.
      
      142    Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia, en cada caso y en función de las circunstancias concretas del asunto
         del que conoce y en función del grado de persuasión y de disuasión que considere necesario, determinar las sanciones pecuniarias
         apropiadas para garantizar que la sentencia que previamente declaró un incumplimiento se ejecute lo antes posible y prevenir
         la repetición de infracciones análogas del Derecho comunitario (véanse las sentencias antes citadas de 12 de julio de 2005,
         Comisión/Francia, apartado 97, y de 9 de diciembre de 2008, Comisión/Francia, C‑121/07, Rec. p. I‑0000, apartado 59).
      
      143    Por lo tanto, en el ejercicio de la facultad de apreciación que se le confiere en el ámbito considerado, el Tribunal de Justicia
         está habilitado para imponer acumulativamente una multa coercitiva y una cantidad a tanto alzado.
      
      b)      Sobre la pertinencia de la imposición de una suma a tanto alzado
      144    Recuérdese que la imposición del pago de una suma a tanto alzado debe depender, en cada caso concreto, del conjunto de elementos
         pertinentes que se refieren tanto a las características del incumplimiento declarado como al comportamiento propio del Estado
         miembro afectado por el procedimiento incoado al amparo del artículo 228 CE (véase la sentencia de 9 de diciembre de 2008,
         Comisión/Francia, antes citada, apartado 62). A este respecto, la mencionada disposición confiere al Tribunal de Justicia
         una amplia facultad de apreciación para decidir si procede o no imponer tales sanciones (véase el apartado 63 de dicha sentencia).
      
      145    En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que el conjunto de los elementos jurídicos y fácticos que rodean
         el incumplimiento declarado constituye un indicador de que la prevención efectiva de que en el futuro se repitan infracciones
         análogas del Derecho comunitario requiere la adopción de una medida disuasoria, como la imposición del pago de una suma a
         tanto alzado (véase la sentencia de 9 de diciembre de 2008, Comisión/Francia, antes citada, apartado 69).
      
      c)      Sobre la cuantía de la suma a tanto alzado
      146    Si el Tribunal de Justicia decide imponer el pago de una suma a tanto alzado, le corresponde, en el ejercicio de su facultad
         de apreciación, fijar dicha suma de tal manera que, por una parte, sea adecuada a las circunstancias y, por otra, proporcionada
         al incumplimiento declarado, así como a la capacidad de pago del Estado miembro de que se trate (véase la sentencia Comisión/España,
         antes citada, apartado 41).
      
      147    Entre los factores pertinentes a este respecto figuran elementos como el tiempo que duró el incumplimiento desde la fecha
         en que se dictó la sentencia que lo declaró, así como los intereses públicos y privados afectados (véanse las sentencias antes
         citadas de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, apartado 114, y de 9 de diciembre de 2008, Comisión/Francia, apartado 64).
      
      148    Las circunstancias que deben tenerse en cuenta resultan, en particular, de las consideraciones que figuran en los apartados
         117 a 122 de la presente sentencia, relativas a la duración y a la gravedad del incumplimiento.
      
      149    Sobre la base de esos elementos, el Tribunal de Justicia considera que una justa apreciación de las circunstancias específicas
         del caso de autos permite fijar en 2 millones de euros la cuantía de la suma a tanto alzado que debe abonar la República Helénica.
      
      150    Por consiguiente, procede condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta
         «Recursos propios de la Comunidad Europea», una suma a tanto alzado de 2 millones de euros.
      
      VII. Costas
      151    A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Helénica
         y haber sido declarado el incumplimiento, procede condenar en costas a esta última.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
      1)      Declarar que, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Decisión 2003/372/CE de
            la Comisión, de 11 de diciembre de 2002, relativa a la ayuda concedida por el Estado griego a la compañía Olympic Airways,
            y del artículo 228 CE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en que expiró el plazo señalado en el dictamen motivado,
            las medidas que implica la ejecución de la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia (C‑415/03), relativa a la devolución
            de las ayudas declaradas ilegales e incompatibles con el mercado común, con arreglo al artículo 3 de dicha Decisión.
      2)      Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad
            Europea», una multa coercitiva de un importe de 16.000 euros por día de retraso en la ejecución de las medidas necesarias
            para dar cumplimiento a la sentencia de 12 de mayo de 2005, Comisión/Grecia, antes citada, una vez transcurrido un mes desde
            que se dicte la presente sentencia y hasta que se ejecute la mencionada sentencia de 12 de mayo de 2005.
      3)      Condenar a la República Helénica a pagar a la Comisión de las Comunidades Europeas, en la cuenta «Recursos propios de la Comunidad
            Europea», una suma a tanto alzado de 2 millones de euros.
      4)      Condenar en costas a la República Helénica.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: griego.