CELEX: 61994CJ0017
Language: es
Date: 1995-12-07
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 1995. # Procedimento penal entablado contra Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard y Bernard Horgue. # Petición de decisión prejudicial: Tribunal de grande instance de Bergerac - Francia. # Inseminación artificial bovina - Monopolio territorial de ejercicio - restricciones al ejercicio de la profesión de veterinario. # Asunto C-17/94.

Asunto C-17/94 Proceso penalcontraDenis Gervais y otros(Petición de decisión prejudicialplanteada por el juge d'instruction del tribunal de grande instance de Bergerac)
         
            «Inseminación artificial bovina – Monopolio territorial de ejercicio – Restricciones al ejercicio de la profesión de veterinario»
            
               
                  Conclusiones del Abogado General Sr. M.B. Elmer, presentadas el 13 de julio de 1995 
                     
                
               
            
                   
               
               
            
               
                  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de diciembre de 1995  
                     
                
               
            
                   
               
               
            
            Sumario de la sentencia
         
         
                  1..
                  Cuestiones prejudiciales – Admisibilidad – Necesidad de proporcionar al Tribunal de Justicia precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y el régimen normativo
                      
                  (Tratado CE, art. 177) 
         
                  2..
                  Libre circulación de personas – Libertad de establecimiento – Libre prestación de servicios – Disposiciones del Tratado – Directivas 78/1026/CEE y 78/1027/CEE sobre formación de los veterinarios y  reconocimiento recíproco de los diplomas – Inaplicabilidad a situaciones puramente internas de un Estado miembro  (Tratado CE, arts. 52 y 59; Directivas 78/1026/CEE y 78/1027/CEE del Consejo) 
         
                  3..
                  Agricultura – Armonización de las legislaciones – Directivas 77/504/CEE y 87/328/CEE, relativas a la admisión para reproducción de bovinos reproductores de raza selecta, a
                     fin de eliminar los obstáculos zootécnicos a la libre circulación de semen – Ambito de aplicación – Normativa nacional relativa a la práctica de la inseminación artificial y al acceso a la actividad de inseminador – Exclusión  
                  (Directivas 77/504/CEE y 87/328/CEE del Consejo) 
         
                  4..
                  Monopolios nacionales de carácter comercial – Disposiciones del Tratado – Aplicabilidad a un monopolio de prestación de servicios que afecta al ejercicio de la inseminación artificial de bovinos – Requisitos – Apreciación de los hechos que incumbe al Juez nacional  (Tratado CE, art. 37) 
         
         1.
          La información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas
         útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad
         de presentar observaciones. La necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el
         contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos
         de hecho sobre los que se basan tales cuestiones. 
         
         2.
          Los artículos 52 y 59 del Tratado, la Directiva 78/1026, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros
         títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento
         y de libre prestación de servicios, y la Directiva 78/1027, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios, no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado
         miembro como las de nacionales de un Estado miembro que desean ejercer en el territorio de dicho Estado la actividad de inseminador
         sin haber recibido en otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
         
         
         3.
          La Directiva 77/504, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción, y la Directiva 87/328, relativa
         a la admisión para reproducción de bovinos reproductores de raza selecta, no se oponen a una normativa nacional que, por una
         parte, establece un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación artificial en favor de unos centros de inseminación
         y, por otra, subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia de Jefe de centro de inseminación
         o de inseminador y exige como requisito para la expedición de la licencia la presentación de un certificado del director de
         un centro de inseminación artificial autorizado. En efecto, una normativa como ésta no forma parte del ámbito de aplicación
         de dichas Directivas, que pretenden armonizar los requisitos de admisión para la reproducción de los bovinos y de su semen,
         a fin de eliminar los obstáculos zootécnicos a la libre circulación de este último. 
         
         4.
          El artículo 37 del Tratado no se aplica a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio excluya toda inseminación
         artificial con semen de bovinos reproductores efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y
         de las autorizaciones necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares
         del monopolio, a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías creando una discriminación entre
         productos importados y productos de origen nacional en beneficio de estos últimos. No existe tal discriminación cuando todo
         ganadero es libre de solicitar al centro de inseminación del que depende que le proporcione semen procedente del centro de
         producción elegido por él, con independencia de si se encuentra situado en el Estado miembro de que se trate o en el extranjero.
         La cuestión de si el funcionamiento de los centros autorizados conduce en la práctica a crear una discriminación en perjuicio
         del semen importado debe apreciarla el órgano jurisdiccional nacional, a la luz del artículo 30 del Tratado y habida cuenta
         de los hechos pertinentes. 
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)de 7 de diciembre de 1995  (1)
         
         
            
         
               «Inseminación artificial bovina – Monopolio territorial de ejercicio – Restricciones al ejercicio de la profesión de veterinario»
               
            En el asunto C-17/94, 
             que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el juge
            d'instruction del tribunal de grande instance de Bergerac (Francia), destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante
            dicho órgano jurisdiccional contra
            
            
            
             Denis Gervais,  Jean-Louis Nougaillon,  Christian Carrard,  Bernard Horgue, 
            
            
            
            
            
            
            
             una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 37, 52 y 59 del Tratado CE, así como de las Directivas del
            Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción (DO
            L 206, p. 8; EE 03/13, p. 24); 78/1026/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados
            y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento
            y de libre prestación de servicios (DO L 362, p. 1; EE 06/02, p. 49); 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación
            de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios (DO L 362,
            p. 7; EE 06/02, p. 55), y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores
            de raza selecta (DO L 167, p. 54),
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),,
            
             integrado por los Sres.: D.A.O. Edward (Ponente), Presidente de Sala; J.C. Mointinho de Almedia, C. Gulmann, P. Jann y L. Sevón, Jueces; 
            
             Abogado General: Sr. M.B. Elmer;  Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal; 
            
            
            consideradas las observaciones escritas presentadas:
               
               
               ─
                En nombre del Sr. Gervais y otros, por M
               e Philippe Dandine, Abogado de Bergerac, y M. le bâtonnier Philippe Lafarge, Abogado de París; 
               
               
               ─
                en nombre de la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle (CPAEIA), por M
               e Claude Paulmier, Abogado de París; 
               
               
               ─
                en nombre del Gobierno francés, por la Sra. Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques del
               ministère des Affaires étrangéres, y el Sr. Philippe Martinet, secrétarie des affaires étrangères de la misma Dirección, en
               calidad de Agentes; 
               
               
               ─
                en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Marie-José Jonczy y el Sr. José Luis Iglesias Buhigues,
               Consejeros Jurídicos, en calidad de Agentes;   
               
               
            
            
            habiendo considerado el informe para la vista;
            
            oídas las observaciones orales del Sr. Gervais y otros; de la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle;
               del Gobierno francés, y de la Comisión de las Comunidades Europeas, expuestas en la vista de 11 de mayo de 1995;
            
            
            oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de julio de 1995;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          Mediante resolución de 14 de enero de 1994, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de enero siguiente, el juge d'instruction
         del tribunal de grande instance de Bergerac planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, cinco cuestiones prejudiciales
         sobre la interpretación de los artículos 37, 52 y 59 del Tratado CE, así como de las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de
         25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción (DO L 206, p. 8; EE 03/13,
         p. 24); 78/1026/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos
         de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y
         de libre prestación de servicios (DO L 362, p. 1; EE 06/02, p. 49); 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación
         de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios (DO L 362,
         p. 7; EE 06/02, p. 55), y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores
         de raza selecta (DO L 167, p. 54). 
         
         
         2
            
          Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal seguido contra los Sres. Gervais, Nougaillon, Carrard y Horgue
         (en lo sucesivo,  
         inculpados). 
         
         
         3
            
          En marzo de 1992, la Coopérative périgorde agenaise d'élevage et d'insémination artificielle (CPAEIA) [Cooperativa ganadera
         y de inseminación artificial de Périgord y Agen], que se personó como actor civil el 18 de marzo de 1993, presentó ante el
         procureur de la République [Ministerio Fiscal] de Bergerac una denuncia contra los inculpados por práctica ilegal de inseminación
         artificial en su zona exclusiva. 
         
         
         4
            
          A los Sres. Gervais y Nougaillon se les imputa una infracción del párrafo cuarto del artículo 5 de la Ley nº 66-1005, de 28
         de diciembre de 1966, sobre la ganadería (JORF de 29 de diciembre de 1966, p. 11619), por haber practicado, desde 1989 a 1992,
         inseminaciones sin zona de atribución, delito que se sanciona en el artículo 9 de dicha Ley. A los Sres. Carrard y Horgue
         se les imputa haber explotado, en esos mismos años, un centro de inseminación sin autorización, en contra de lo dispuesto
         en el párrafo primero del artículo 5 de dicha Ley, delito que se sanciona en el artículo 9 de la misma. 
         
            
               Derecho nacional
            
         
         5
            
          En Francia, la principal disposición en materia de inseminación artificial de animales es la Ley nº 66-1005. Los párrafos
         primero y segundo del artículo 5 de dicha Ley disponen que la explotación de un centro de inseminación requerirá la autorización
         del Ministro de Agricultura. Dicha norma distingue entre centros dedicados a la producción de semen y centros que efectúan
         la inseminación, pero no excluye que un solo centro desarrolle ambos tipos de actividades a la vez. 
         
         
         6
            
          Puede autorizarse a los centros de inseminación a mantener depósitos de reproductores autorizados, aprovisionados por centros
         de producción; en este caso, proceden por sí mismos a la recogida, el acondicionamiento y la conservación del semen de los
         animales que dependen de dichos depósitos. 
         
         
         7
            
          Con arreglo al párrafo cuarto del artículo 5 de la mencionada Ley, cada centro de inseminación prestará su servicios en una
         zona concreta, dentro de la cual será el único autorizado a intervenir. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley establece
         que toda infracción de los párrafos primero y cuarto del artículo 5 será sancionada con una multa de 6.000 a 20.000 FF. 
         
         
         8
            
          Según el artículo 4 de la Ley, las operaciones de recogida y acondicionamiento del semen sólo podrán ser ejecutadas por los
         titulares de una licencia de Jefe de centro de inseminación o bajo el control de éstos. Por otra parte, sólo los titulares
         de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador pueden llevar a cabo inseminaciones. 
         
         
         9
            
          Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto nº 69-258, de 22 de marzo de 1969, relativo a la inseminación artificial
         (JORF de 23 de marzo de 1969, p. 2948), las operaciones de inseminación artificial, cuando exijan la utilización de animales
         reproductores en monta pública, deberán efectuarse bajo la dirección o el control de centros de inseminación artificial autorizados
         y por personas que sean titulares de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador, o bien bajo el control
         de estas últimas. 
         
         
         10
            
          El artículo 14 de la Orden Ministerial de 17 de abril de 1969 relativa a autorizaciones de funcionamiento de los centros de
         inseminación artificial (JORF de 30 de abril de 1969, p. 4349) precisa que las operaciones de inseminación serán efectuadas
         por personas que sean titulares de una licencia de inseminador, actuando bajo la responsabilidad del Jefe de centro responsable
         del depósito que haya suministrado el semen a los inseminadores. 
         
         
         11
            
          El artículo 9 del Decreto nº 69-258 establece que las licencias de Jefe de centro de inseminación o de inseminador serán expedidas
         por el Ministro de Agricultura. En virtud del artículo 2 de la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1991 relativa a la
         formación de inseminadores y de Jefes de centro y a la atribución de las correspondientes licencias (JORF de 6 de diciembre
         de 1991, p. 15936), podrán expedirse dichas licencias contra presentación de un certificado de aptitud para la especie de
         que se trate y de un certificado firmado por el director de un centro de inseminación. 
         Derecho comunitario
         
         12
            
          Por lo que respecta a la libre circulación de veterinarios y de servicios veterinarios, el artículo 2 de la Directiva 78/1026
         dispone lo siguiente: Cada Estado miembro reconocerá los diplomas, certificados y otros títulos expedidos a los nacionales de los Estados miembros
         por los otros Estados miembros con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027/CEE y enumerados en el artículo 3, [y] les
         dará en su territorio para el acceso a las actividades de los veterinarios y al ejercicio de las mismas, igual efecto que
         a los diplomas, certificados y otros títulos por él expedidos.
         
         
         13
            
          El artículo 1 de la Directiva 78/1027 establece que los Estados miembros subordinarán el acceso a las actividades de los veterinarios
         y el ejercicio de las mismas a la posesión de un diploma, certificado u otro título de veterinario que se ajuste a los requisitos
         establecidos por la Directiva. 
         
         
         14
            
          Por lo que respecta a la armonización de las normas zootécnicas, el artículo 2 de la Directiva 77/504 establece que los Estados
         miembros velarán porque no se prohíban, limiten u obstaculicen por razones zootécnicas ─entre otras actividades─ los intercambios
         intracomunitarios de bovinos de raza selecta para reproducción o de esperma de dichos animales. 
         
         
         15
            
          El artículo 2 de la Directiva 87/328, adoptada en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 77/504, establece
         que un Estado miembro no podrá prohibir, limitar u obstaculizar, entre otras actividades, la admisión a la inseminación artificial
         en su territorio de toros de raza selecta o la utilización de su semen cuando estos toros hayan sido admitidos a la inseminación
         artificial en un Estado miembro basándose en las pruebas efectuadas de conformidad con la Decisión 86/130/CEE de la Comisión,
         de 11 de marzo de 1986, por la que se fijan los métodos de control de los rendimientos y de evaluación del valor genético
         de los animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción (DO L 101, p. 37). 
         
         
         16
            
          El artículo 4 de la Directiva 87/328 obliga a los Estados miembros a velar porque, en los intercambios intracomunitarios,
         el semen de los toros de raza selecta se recoja, se trate y se almacene en un centro de inseminación artificial oficialmente
         autorizado. 
         Las cuestiones prejudiciales
         
         17
            
          El juge d'instruction del tribunal de grande instance de Bergerac, considerando que el resultado de los procedimientos penales
         que se seguían ante él dependía de la interpretación que se diera a los artículos 37, 52 y 59 del Tratado y a las Directivas
         77/504, 78/1026, 78/1027 y 87/328, decidió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes: 
         
         1)
          El artículo 59 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, aplicables
         en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que, en materia
         de inseminación artificial de bovinos, exige como requisito para la concesión de una licencia de inseminador a los veterinarios
         la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado en el que éste certifique
         que el solicitante se halla sometido a su autoridad en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo
         así a los veterinarios la libre prestación de servicios bajo la amenaza de sanciones penales y restringiendo sensiblemente
         al mismo tiempo su actividad, mediante el reconocimiento de un monopolio territorial de ejercicio de la actividad mencionada
         en favor de personas agrupadas en unos  
         centros llamados de inseminación artificial y que no ostentan necesariamente el título de veterinario? 
         
         
         2)
          El artículo 52 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, aplicables
         en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional sobre inseminación
         artificial de bovinos que establece que se otorgarán licencias de inseminador, con ciertos requisitos, a los veterinarios,
         pero prohíbe a éstos el ejercicio de dicha actividad bajo la amenaza de sanciones penales y suprime con ello su libertad de
         establecimiento, a menos que se sometan obligatoriamente a la autoridad de un centro llamado de inseminación artificial, constituido
         por personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario y al cual se le reconoce un monopolio territorial para
         el ejercicio de la mencionada actividad, de modo que, en todo el territorio francés, la libertad de establecimiento de los
         veterinarios no puede ejercerse debidamente si no es a través de la vinculación a un centro? 
         
         
         3)
          Las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para
         reproducción, y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de
         raza selecta, adoptadas con fines de policía sanitaria y que pretenden, según afirman, salvaguardar la libertad de intercambios
         intracomunitaria, ¿deben interpretarse en el sentido de que permiten que una normativa nacional establezca un monopolio territorial
         de ejercicio de la inseminación artificial de naturaleza propiamente económica en favor de unos  
         centros que agrupan a personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario? 
         
         
         4)
          Una normativa nacional que subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia para la inseminación
         artificial de bovinos y que exige como requisito para la concesión de la licencia la presentación de un certificado del director
         de un centro de inseminación artificial autorizado, en el que éste certifique que el solicitante se halla sometido a su autoridad
         en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo o restringiendo de este modo el ejercicio de
         esta actividad por parte de los veterinarios, ya que esta última debe desarrollarse bajo la autoridad del director de un centro
         llamado de inseminación artificial, al que se le ha concedido un monopolio territorial de ejercicio, ¿es compatible con las
         disposiciones pertinentes de las Directivas del Consejo 77/504/CEE y 87/328/CEE, que no prevén restricción alguna ni para
         el establecimiento ni para la actividad de los veterinarios? 
         
         
         5)
          Un monopolio de prestación de servicios como el que establecen la Ley de 28 de diciembre de 1966 sobre la ganadería y sus
         disposiciones de desarrollo, ¿es compatible con los artículos 37 y 59 del Tratado CEE, en la medida en que excluye toda inseminación
         artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y de las autorizaciones necesarias para
         intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio?
         
         Sobre la admisibilidad
         
         18
            
          La Comisión y el Gobierno francés sostienen, con carácter preliminar, que procede declarar la inadmisibilidad de la petición
         de decisión prejudicial, puesto que el Juez remitente se ha limitado a copiar las preguntas que el Abogado de los inculpados
         le había dirigido y a enviarlas al Tribunal de Justicia, sin explicar previamente el contexto fáctico y jurídico en el que
         se inscribe el litigio. 
         
         
         19
            
          Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la información que proporcionan las resoluciones de remisión sirve
         no sólo para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros
         y las demás partes interesadas puedan tener la posibilidad de presentar observaciones (véase, en particular, el auto de 23
         de marzo de 1995, Saddik, C-458/93, Rec. p. I-511, apartado 13). 
         
         
         20
            
          Procede recordar que la necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige
         que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos,
         explique los supuestos de hecho sobre los que se basan tales cuestiones (véase, como más reciente, el auto de 7 de abril de
         1995, Grau Gomis y otros, C-167/94, Rec. p. I-1023, apartado 8). 
         
         
         21
            
          Procede señalar, sin embargo, que, en el caso de autos, las informaciones necesarias aparecen en la resolución de remisión
         y en los autos transmitidos al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional nacional, completados con las respuestas
         de los inculpados a las preguntas que el Tribunal de Justicia les formuló sobre su nacionalidad, sus calificaciones y el lugar
         donde se hallaban establecidas profesionalmente. 
         
         
         22
            
          De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de las cuestiones planteadas. 
         Sobre las cuestiones primera y segunda
         
         23
            
          Mediante sus cuestiones primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine si los artículos 52 y
         59 del Tratado, por una parte, y las Directivas 78/1026 y 78/1027, por otra, se oponen a que un Estado miembro someta el acceso
         a la actividad de inseminador a requisitos como los que establece la normativa francesa. 
         
         
         24
            
          Según reiterada jurisprudencia, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación
         de servicios no pueden aplicarse a actividades cuyos elementos estén contenidos por entero en un solo Estado miembro (véase,
         como más reciente, la sentencia de 16 de noviembre de 1995, Van Buynder, C-152/94, Rec. p. I-0000, apartado 10). 
         
         
         25
            
          En el presente asunto, ha quedado acreditado que los procedimientos penales se dirigen contra nacionales franceses que obtuvieron
         en Francia los diplomas y certificados necesarios para ejercer la profesión de veterinario. Además, se establecieron como
         veterinarios en Francia, mediante la debida inscripción en el colegio profesional correspondiente, y ejercen su actividad
         profesional exclusivamente en dicho país. 
         
         
         26
            
          Por consiguiente, tales situaciones no presentan factor de conexión alguno con ninguna de las situaciones contempladas en
         el Derecho comunitario, de modo que las normas sobre libertad de establecimiento y sobre libre prestación de servicios no
         les son aplicables. 
         
         
         27
            
          En cuanto a las Directivas 78/1026 y 78/1027, una y otra se refieren a la formación de los veterinarios y al reconocimiento
         de sus diplomas. Por lo tanto, no se aplican a una situación en la que el titular de un diploma expedido por el Estado miembro
         del que es nacional pretende utilizar dicho diploma para ejercer actividades de veterinario en dicho Estado miembro. 
         
         
         28
            
          Por consiguiente, procede responder a las cuestiones primera y segunda que ni los artículos 52 y 59 del Tratado ni las Directivas
         78/1026 y 78/1027 se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro como las de nacionales de un Estado miembro
         que desean ejercer en el territorio de dicho Estado la actividad de inseminador sin haber recibido en otro Estado miembro
         la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad. 
         Sobre las cuestiones tercera y cuarta
         
         29
            
          Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente pide que se determine si las Directivas 77/504
         y 87/328 se oponen a una normativa nacional que, por una parte, establece un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación
         artificial en favor de los centros de inseminación y que, por otra parte, subordina el acceso a la actividad de inseminador
         a la expedición de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador y que exige como requisito para la expedición
         de dicha licencia la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado. 
         
         
         30
            
          Los inculpados sostienen que las Directivas 77/504 y 87/328 se oponen a la normativa francesa, que otorga a determinadas empresas
         o personas un derecho exclusivo para la práctica de las actividades de inseminación y que limita el derecho a ejercer tales
         actividades al exigir una autorización previa. 
         
         
         31
            
          No cabe acoger dicha alegación. 
         
         
         32
            
          En efecto, del contenido y de la finalidad de las Directivas 77/504 y 87/328 se deduce que éstas pretenden armonizar los requisitos
         de admisión para la reproducción que se exigen a los bovinos de raza selecta para reproducción y a su semen, a fin de eliminar
         los obstáculos zootécnicos a la libre circulación de semen de bovinos. Sin embargo, dichas Directivas no regulan ni las condiciones
         en que debe desarrollarse la inseminación ni la formación de los inseminadores ni tampoco, por otra parte, la expedición de
         certificados o licencias que permitan acceder a las funciones reglamentadas de inseminador. 
         
         
         33
            
          Procede pues responder a las cuestiones tercera y cuarta que las Directivas 77/504 y 87/328 no se oponen a una normativa nacional
         que, por una parte, establece un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación artificial en favor de unos centros
         de inseminación y, por otra, subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia de Jefe de
         centro de inseminación o de inseminador y exige como requisito para la expedición de la licencia la presentación de un certificado
         del director de un centro de inseminación artificial autorizado. 
         Sobre la quinta cuestión
         
         34
            
          Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber si un monopolio de prestación de servicios
         como el que establece la normativa francesa respeta los artículos 37 y 59 del Tratado, en la medida en que excluye toda inseminación
         artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las de las debidas calificaciones y de las autorizaciones necesarias
         para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio. 
         
         
         35
            
          En cuanto al artículo 37 del Tratado, procede recordar que, en su sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409),
         el Tribunal de Justicia declaró ya que dicho artículo se refiere a los intercambios de mercancías y no puede aplicarse a un
         monopolio de prestación de servicios. 
         
         
         36
            
          Sin embargo, no cabe excluir que un monopolio de prestación de servicios pueda ejercer una influencia indirecta sobre los
         intercambios de mercancías entre los Estados miembros. El Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 28 de junio de 1983,
         Amélioration de l'élevage (271/81, Rec. p. 2057; en lo sucesivo,  
         sentencia Mialocq), en la que ya se examinó la normativa impugnada en el procedimiento principal, que el artículo 37 del Tratado no se aplica
         a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio permita al Estado miembro de que se trate asumir la dirección
         de un sector de la economía nacional, a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías discriminando
         los productos importados en beneficio de los productos de origen nacional. 
         
         
         37
            
          A este respecto, procede recordar que en la sentencia Mialocq, antes citada, apartados 11 y 12, en la que se examinaba la
         misma normativa que se discute en el procedimiento principal, el Tribunal de Justicia declaró que las circunstancias mencionadas
         en la resolución de remisión y las que aparecieron durante el procedimiento desarrollado ante él no bastaban para considerar
         que una normativa de este tipo estableciera indirectamente una monopolización que obstaculizara la libre circulación de mercancías,
         pues todo ganadero era libre de solicitar al centro de inseminación, del que dependía, que le proporcionara semen procedente
         del centro de producción que prefiriera, de Francia o del extranjero. 
         
         
         38
            
          Procede añadir, sin embargo, que la cuestión de si el funcionamiento de los centros autorizados conduce en la práctica a crear
         una discriminación en perjuicio del semen bovino importado debe apreciarse a la luz del artículo 30 del Tratado CE. La apreciación
         de los hechos pertinentes incumbe al órgano jurisdiccional nacional (véase, a este respecto, la sentencia de 5 de octubre
         de 1994, Centre d'insémination de la Crespelle, C-323/93, Rec. p. I-5077, apartado 39). 
         
         
         39
            
          Por lo que respecta al artículo 59 del Tratado, no procede responder a este aspecto de la quinta cuestión, habida cuenta de
         la respuesta que se ha dado a la primera cuestión. 
         
         
         40
            
          Procede pues responder a la quinta cuestión que el artículo 37 del Tratado no se aplica a un monopolio de prestación de servicios,
         aunque dicho monopolio excluya toda inseminación artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones
         y de las autorizaciones necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial
         titulares del monopolio, a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías creando una discriminación
         entre productos importados y productos de origen nacional en beneficio de estos últimos. 
         
         Costas
         41
            
          Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones
         ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
         principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
         las costas. 
         
         En virtud de todo lo expuesto, 
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
         
         
          pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de grande instance de Bergerac mediante resolución de 14 de
         enero de 1994, declara: 
         
            
            1)
             Los artículos 52 y 59 del Tratado CE, la Directiva 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento
            recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar
            el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, y la Directiva 78/1027/CEE del Consejo,
            de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a
            las actividades de los veterinarios, no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro como las de nacionales
            de un Estado miembro que desean ejercer en el territorio de dicho Estado la actividad de inseminador sin haber recibido en
            otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad. 
            
            
            2)
             La Directiva 77/504/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para
            reproducción, y la Directiva 87/328/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para reproducción de bovinos
            reproductores de raza selecta, no se oponen a una normativa nacional que, por una parte, establece un monopolio territorial
            de ejercicio de la inseminación artificial en favor de unos centros de inseminación y, por otra, subordina el acceso a la
            actividad de inseminador a la expedición de una licencia de Jefe de centro de inseminación o de inseminador y exige como requisito
            para la expedición de la licencia la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado.
            
            
            
            3)
             El artículo 37 del Tratado CE no se aplica a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio excluya toda
            inseminación artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y de las autorizaciones
            necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio,
            a condición de que no vulnere el principio de libre circulación de mercancías creando una discriminación entre productos importados
            y productos de origen nacional en beneficio de estos últimos. 
            
            
                  Edward
               
               
                  Moitinho de Almedia 
               
               
                  Gulmann 
               
            
                  Jann
               
               
                  Sevón
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de diciembre de 1995. 
         
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente de la Sala Quinta
               
            
         
         
         
                  R. Grass 
               
               
                  D.A.O. Edward  
               
            
      
      
          1 –
            
             Lengua de procedimiento: francés.