CELEX: 31999D0226
Language: es
Date: 1998-07-01 00:00:00
Title: 1999/226/CECA: Decisión de la Comisión de 1 de julio de 1998 relativa a las ayudas previstas por la región Friul-Venecia Julia en favor de la empresa siderúrgica Servola SpA [notificada con el número C(1998) 1941] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

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31999D0226

1999/226/CECA: Decisión de la Comisión de 1 de julio de 1998 relativa a las ayudas previstas por la región Friul-Venecia Julia en favor de la empresa siderúrgica Servola SpA [notificada con el número C(1998) 1941] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)  

Diario Oficial n° L 083 de 27/03/1999 p. 0069 - 0071

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 1998 relativa a las ayudas previstas por la región Friul-Venecia Julia en favor de la empresa siderúrgica Servola SpA [notificada con el número C(1998) 1941] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (1999/226/CECA)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,Vista la Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (1), y, en particular, el apartado 5 de su artículo 6,Tras instar a las partes interesadas sus observaciones y, habida cuenta de estas últimas (2),Considerando lo que sigue:I Por carta de 28 de junio de 1996, la Comisión comunicó a las autoridades italianas su decisión de incoar el procedimiento previsto por el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión n° 3855/91/CECA de la Comisión (sustituida el 1 de enero de 1997 por la Decisión n° 2496/96 CECA, en lo sucesivo «las Directrices sobre ayudas») en relación con una parte de las ayudas que la región autónoma de Friuli tenía intención de conceder a la empresa siderúrgica Servola SpA (en lo sucesivo «Servola»).De los datos en posesión de la Comisión, que tenían como fuente principal las declaraciones efectuadas por las autoridades italianas en las cartas de información remitidas, se desprendía lo siguiente:En aplicación del Proyecto de ley regional n° 166, aprobado por la Junta el 22 de mayo de 1995, la región autónoma de Friul-Venecia Julia se proponía ayudar a Servola a fin de que esta empresa pudiera adecuar sus instalaciones de Trieste a la legislación medioambiental vigente. La ayuda preveía la concesión de una aportación de capital de 8 500 millones de liras italianas para inversiones medioambientales evaluadas en unos 37 900 millones de liras. En principio, las inversiones se destinaban a la reducción de las emisiones de humo y polvo, a la protección acústica y al saneamiento del agua.Tras haber analizado las ayudas y las inversiones notificadas, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión n° 3855/91/CECA, dado que una parte de las inversiones, valorada en 10 000 millones de liras italianas y que según la información facilitada iban dirigidas al «saneamiento ambiental del polvo de la acería, molinete del polvo de trasvase del hierro fundido en acería y limpieza de torpedos», se destinaba fundamentalmente a instalaciones que habían empezado a funcionar en el bienio 1991-1992.Teniendo en cuenta que las normas medioambientales para cuyo respecto se preveían inversiones por valor de 10 000 millones de liras italianas se habían adoptado en julio de 1990, no se cumplía la condición prevista en el artículo 3 de la Decisión mencionada según la cual sólo pueden autorizarse las ayudas en favor de las instalaciones que lleven en servicio, como mínimo, desde dos años antes de la entrada en vigor de las disposiciones medioambientales en cuestión.Por otra parte, la Comisión albergaba serias dudas respecto de la compatibilidad con el mercado común de buena parte de las demás inversiones notificadas, por valor de 4 000 millones de liras italianas, destinadas a la reducción del polvo y a la protección acústica gracias a la nueva pavimentación de las calles y plazas dentro del polígono industrial. La Comisión consideraba que este tipo de intervención no podía considerarse admisible en virtud del artículo 3 de la mencionada Decisión, dado que las calles y plazas del recinto de la empresa siderúrgica no parecían corresponder al concepto de instalaciones del artículo citado.La Comisión decidió no plantear objeciones en relación con las ayudas previstas en relación con los 23 940 millones de liras italianas restantes.II La Comisión instó al Gobierno italiano a presentarle sus observaciones en relación con el procedimiento incoado e informó a los demás Estados miembros y terceros interesados mediante la publicación de la decisión de incoación procedimiento.Por carta de 17 de octubre de 1996, la BISPA (British Iron and Steel Producers Association) comunicó sus observaciones a la Comisión, quien a su vez las remitió al Gobierno italiano por carta de 23 de diciembre de 1996.En dichas observaciones, la BISPA respaldaba la incoación del procedimiento decidida por la Comisión. En particular, mantenía que no se podía autorizar ninguna ayuda destinada a las instalaciones creadas en el bienio 1991-1992 puesto que las normas medioambientales estaban vigentes desde 1990. Por lo que respecta a las ayudas para la pavimentación de las calles y plazas, no estaban destinadas a instalaciones, según la definición del artículo 3 de las Directrices de ayuda, ya que según la interpretación la Comisión, sólo podía entenderse por instalaciones la maquinaria y el equipo.Así pues, BISPA solicitaba a la Comisión que declarase las ayudas en cuestión incompatibles con el mercado común del carbón y el acero, con arreglo a la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA.III En respuesta a la incoación del procedimiento y a las observaciones remitidas por los terceros interesados, el Gobierno italiano, mediante carta de 20 de octubre de 1997, tras haber tomado nota de la posición de la Comisión, redefinió las inversiones subvencionables mencionadas en la notificación, así como las ayudas previstas, declarando, por un lado, que retiraría aquéllas a las que se oponía la Comisión, por valor de 14 000 millones de liras italianas, y solicitando, por otro, autorización para conceder ayudas por valor de 7 200 millones de liras dirigidas a las inversiones que no habían dado lugar a objeciones en la decisión de incoación del procedimiento.Por otro lado, de la información facilitada se desprende que algunas de las inversiones notificadas permitirán lograr una mejora significativa de la protección ambiental. Así ocurre, concretamente con la instalación «Still» para la limpieza de aguas residuales (lograr de un nivel de NH3 de 5 mg/l de H2S de 0,2 mg/l y 1 mg/l respectivamente) y asimismo con el proyecto de desempolvado primario de las instalaciones de aglomeración (polvos de 25 mg/m3 óxidos de nitrógeno (Nox) de 250 mg/m3, siendo el límite fijado por la normativa italiana de 50 mg/m3 y 400 mg/Nox, respectivamente).Por consiguiente, el Gobierno italiano solicitaba autorización para conceder ayudas por un importe equivalente a 7 200 millones de liras italianas destinadas a otras inversiones para la protección ambiental a las que la Comisión no se había opuesto con motivo de la inoación del procedimiento, y que ascendían a 23 940 millones de liras italianas (3).A tal respecto, la Comisión observa que cuando una empresa siderúrgica decide aplicar normas para la protección del medio ambiente más estrictas que las fijadas por la normativa nacional a fin de obtener un incremento de la ayuda prevista en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al medio ambiente, el inversor está obligado a demostrar, entre otras cosas, que la decisión de respetar estas normas más estrictas que exigen inversiones adicionales ha sido adoptada voluntariamente, o sea, que existe una solución menos costosa con arreglo a las prescripciones mínimas de protección ambiental impuestas por las disposiciones nacionales.Por otro lado, contrariamente al método de cálculo aplicado por Italia, según el cual, el incremento de la ayuda previsto en las Directrices se calcula sobre la totalidad de la inversión medioambiental, la Comisión considera que, a la luz de dichas Directrices, el incremento puede aplicarse exclusivamente a aquella parte de la inversión medioambiental que rebasa la inversión necesaria para cumplir las normas medioambientales mínimas.Ahora bien, de la información remitida se desprende que, en el presente caso, las inversiones medioambientales cuyo importe rebasa el requerido por la empresa para cumplir las normas previstas por la legislación italiana en la materia, equivalen a 17 200 millones de liras italianas, desglosadas de la siguiente forma: para el desempolvado de la instalación de aglomeración, un gasto de 8 000 millones de liras italianas en vez de 1 500 millones; para las instalaciones ecológicas para conquería, unos gastos por valor de 9 000 millones de liras italianas en vez de 2 000; para las instalaciones ecológicas destinadas a eliminar el polvo de las cintas transportadoras, así como del silo de almacenamiento del carbón y de los demás minerales 1 000 millones de liras italianas de inversiones adicionales y, por último, para la reducción del porcentaje de NH3 en las aguas utilizadas para el ciclo productivo 800 millones de liras italianas de inversiones adicionales.En el presente caso, la magnitud del importe de los gastos adicionales en concepto de inversiones en favor del medio ambiente que rebasan las requeridas por la empresa para cumplir las normas mínimas previstas por la ley se justifica, principalmente, por el hecho de que la planta siderúrgica en cuestión está ubicada en el centro urbano de la ciudad de Trieste, lo que ha inducido a Servola a llevar a cabo inversiones muy superiores a las que hubiesen bastado para respetar las normas medioambientales vigentes.Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se debe concluir que, dado que Servola hubiera podido limitar el importe de la mayoría de las inversiones notificadas sin dejar de respetar las normas medioambientales previstas por la legislación italiana, no se puede aceptar el importe de las ayudas propuestas. Contrariamente a lo que opinan las autoridades italianas, el incremento propuesto no puede basarse en la totalidad de las inversiones, sino únicamente en la parte que excede la inversión necesaria para el respeto de las normas mínimas. Así pues, globalmente, la ayuda estatal no podrá superar los 6 171 millones de liras italianas, es decir, 5 160 millones de ayuda (equivalente al 30 % de 17 200 millones en concepto de inversiones), más 1 011 millones de ayuda (correspondientes al 15 % de los restantes 6 740 millones en concepto de inversiones).Por último, la Comisión observa que en el presente caso se podrá autorizar algún otro incremento de la ayuda, en particular, si está relacionado con la prevista para las PYME ya que, a 31 de diciembre de 1997, Servola contaba con 746 empleados.IV Tras tomar nota de la decisión irrevocable de las autoridades italianas de retirar las ayudas a las que la Comisión se había opuesto en su decisión de incoación del procedimiento, la presente Decisión se había opuesto en su decisión de incoación del procedimiento, la presente Decisión se aplica únicamente a las restantes intervenciones financieras estatales que habían obtenido el beneplácito de la Comisión, al haber sido consideradas compatibles con las normas comunitarias medioambientales en vigor en el momento de la notificación,HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:Artículo 1 Las medidas de ayuda estatal para inversiones relacionadas con la mejora del medio ambiente proyectadas por la región de Friul-Venecia Julia en favor de Servola SpA por un importe máximo bruto de 6 171 millones de liras italianas son compatibles con el mercado común del carbón y el acero.Artículo 2 En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, Italia informará a la Comisión de la magnitud de las ayudas efectivas concedidas a Servola SpA, a fin de permitirle comprobar que no se ha rebasado el importe indicado.Artículo 3 El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.Hecho en Bruselas, el 1 de julio de 1998.Por la ComisiónKarel VAN MIERTMiembro de la Comisión(1) DO L 338 de 28. 12. 1996, p. 42.(2) DO C 273 de 19. 9. 1996, p. 4.(3) Proyecto de base 37 940Inversiones excluidas - 14 000 Total = 23 940.