CELEX: 52012PC0280
Language: es
Date: 2012-06-06
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010

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		52012PC0280
		
			/* COM/2012/0280 final - 2012/0150 (COD) */ Not executed
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
La crisis financiera ha puesto a prueba
la capacidad de las autoridades nacionales y de la Unión para gestionar los
problemas de las entidades bancarias. Mientras tanto, los mercados financieros
en la Unión se han integrado de tal manera que las perturbaciones sufridas en
un Estado miembro pueden transmitirse rápidamente a otros.
En este
contexto, la Comisión presentó una Comunicación[1] en octubre
de 2010 preparando el camino a un marco de la Unión para la gestión de la
crisis del sector financiero. Este marco dotaría a las autoridades de los
instrumentos y competencias necesarias para abordar las crisis bancarias de
forma preventiva, salvaguardar la estabilidad financiera y minimizar la
exposición del contribuyente a riesgos de pérdidas por motivos de insolvencia.
A nivel internacional, los líderes del
G-20 han abogado por una «revisión de los regímenes de resolución y de la
legislación sobre quiebras a la luz de la experiencia reciente a fin de
garantizar que permitan una liquidación ordenada de las entidades
transfronterizas complejas y de grandes dimensiones»[2].
En noviembre de 2011 respaldaron en Cannes el documento del Consejo de
Estabilidad Financiera relativo a las características esenciales para unos mecanismos
eficaces de resolución de entidades financieras («Key Attributes of
Effective Resolution Regimes for Financial Institutions»)[3].
En él se exponen los elementos que, de acuerdo con dicho Consejo, deben
caracterizar un sistema de resolución eficaz. Su puesta en práctica
permitiría que las autoridades procedieran a la resolución de entidades
financieras de una forma ordenada y sin exponer a pérdidas al contribuyente de
resultas de problemas de solvencia, manteniendo al mismo tiempo la continuidad
de sus funciones económicas vitales. En junio de 2012, el G 20 se propone
emprender una evaluación del avance en la aplicación de estas disposiciones en
los distintos Estados. 
En junio de 2010, el Parlamento Europeo
adoptó un informe por propia iniciativa sobre las recomendaciones en materia de
gestión de crisis transfronteriza en el sector bancario[4].
En él puso de relieve la necesidad de contar con un marco a escala de la Unión
para gestionar la situación de bancos en situación de crisis financiera y
recomendó avanzar hacia una mayor integración y coherencia en el terreno de los
requisitos y los acuerdos de resolución aplicables a las entidades
transfronterizas. En diciembre de 2010, el Consejo (ECOFIN) adoptó unas
conclusiones[5] que abogaban por la
instauración de un marco de prevención, gestión y resolución de crisis en la
Unión. Las conclusiones subrayan que el marco debe aplicarse a bancos de todos
los tamaños y ha de mejorar la cooperación transfronteriza y estar compuesto
por tres pilares (medidas preparatorias y preventivas, intervención temprana e
instrumentos y competencias de resolución). Su objetivo debe ser «preservar la
estabilidad financiera protegiendo la confianza del público y del mercado; atender,
ante todo, a la prevención y preparación; dotarse de herramientas de resolución
creíbles; actuar con rapidez y determinación; reducir el riesgo moral y reducir
al mínimo posible los costes globales para las arcas públicas, garantizando un
reparto de la carga equitativo entre los accionistas de las entidades
financieras; contribuir a facilitar la resolución de los grupos
transfronterizos; garantizar la seguridad jurídica, y limitar el falseamiento
de la competencia».
Además, un
grupo de alto nivel deberá presentar su informe a la Comisión en el segundo semestre
de 2012 decidiendo si, aparte de las reformas reglamentarias actualmente en
curso en el sector bancario, deberían establecerse reformas estructurales que
fortalecieran la estabilidad financiera y mejoraran la eficiencia y la
protección de los consumidores[6]. Las propuestas del grupo
se evaluarán por separado cuando finalicen los trabajos.
Por último,
el 30 de mayo de 2012, la Comisión indicó que iniciaría un proceso de
«planificación de los principales pasos hacia una unión económica y monetaria
total, lo que supone, entre otras cosas, avanzar hacia una unión bancaria que
comportaría una supervisión financiera integrada y un sistema de garantía de
depósitos único[7]».
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES
INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO
Entre 2008 y 2012, los servicios de la
Comisión organizaron una serie de consultas y debates con expertos y con las
principales partes interesadas acerca del rescate y resolución de los bancos. En
enero de 2011 se publicó, de cara a la celebración de consultas, un documento
de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se describían en detalle
las posibles opciones políticas examinadas por dichos servicios; se trata de la
última consulta pública antes de la adopción de la propuesta. La consulta
finalizó el 3 de marzo de 2011. Respecto a uno de los instrumentos de
resolución, la llamada recapitalización o depreciación de la deuda, en abril de
2012 se organizaron debates específicos con expertos de los Estados miembros,
del sector bancario, del ámbito docente y del jurídico. Las discusiones se
centraron en los parámetros clave del instrumento de depreciación de la deuda,
incluidos, en particular, el elemento desencadenante de la resolución, el
ámbito de aplicación de la recapitalización, su nivel mínimo potencial, la
resolución de grupos y los derechos adquiridos. Los documentos relativos a las
consultas públicas pueden consultarse en el sitio web de la Comisión Europea[8] . 
Sobre esta base, la Comisión ha elaborado
la propuesta legislativa adjunta. Los servicios de la Comisión han realizado
una evaluación del impacto de la propuesta, que puede consultarse en el sitio
web de la Comisión Europea[9].
El Comité de evaluación de impacto (CEI)
expresó sus observaciones en su primer y segundo dictamen en mayo y junio de
2011; tales observaciones se han tenido presentes. Además, el texto de la EI ha
sido actualizado con el fin de reflejar la evolución más reciente en los foros
internacionales, así como la incorporación de los resultados de los debates
sobre el instrumento de recapitalización, que tuvieron lugar en abril de 2012. Concretamente,
la revisión de la EI mejora la presentación del contexto jurídico e
institucional porque pormenoriza las responsabilidades de los supervisores
nacionales y las autoridades de resolución y la relación entre la propuesta de
recapitalización y los requisitos de la futura IV Directiva en materia de
requisitos de capital. El texto de la EI expone mejor el contenido de las
opciones, en particular la relacionada con el instrumento de recapitalización/depreciación
de la deuda. Se han incluido también comentarios sobre el impacto del
instrumento de recapitalización en los costes de financiación de los bancos y
empresas no financieras (PYME). Se ha completado asimismo una sección relativa
a la coherencia de la propuesta con otras propuestas legislativas. Por último,
se han precisado las modalidades de supervisión y evaluación, seleccionando los
indicadores sobre los que es más necesario efectuar un seguimiento.
Las conclusiones de la evaluación de
impacto son las siguientes:
·                        
El marco de resolución bancaria de la Unión
persigue los objetivos de fomento de la estabilidad financiera, reducción del
riesgo moral, protección de los depositantes y los servicios bancarios
esenciales, ahorro de dinero público y protección del mercado interior de
entidades financieras.
·                        
Se espera que el marco tenga repercusiones
sociales positivas: en primer lugar, reduciendo la probabilidad de una crisis
del sistema bancario y evitando las pérdidas de bienestar económico que siguen
a una crisis bancaria; y, en segundo lugar, minimizando la exposición del
contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo prestado a las entidades con
problemas de solvencia.
·                        
Los costes de dicho marco son debidos a un
previsible aumento de los costes de financiación de las entidades debido a la
supresión de la certidumbre implícita de la existencia de apoyo estatal, y a
los costes asociados a los fondos de resolución. Las entidades podrían
trasladar este aumento de costes a los clientes o a los accionistas reduciendo
los tipos de interés de los depósitos, aumentando los tipos aplicados a sus
préstamos y sus comisiones o reduciendo la rentabilidad de sus acciones. Sin
embargo, la acción de la competencia mitigaría una repercusión plena de este
aumento de costes por parte de las entidades. Los beneficios potenciales del
marco en términos de bienestar económico a largo plazo y de reducción de riesgo
de crisis sistémica son sustancialmente superiores a los costes potenciales.
3.           Exposición general: un marco para el
rescate y la resolución
Necesidad de un marco efectivo para el
rescate y la resolución
Los bancos y las empresas de inversión
(denominados en lo sucesivo, «entidades») prestan servicios esenciales a los
ciudadanos, las empresas y la economía en general (tales como custodia de
fondos, concesión de préstamos, puesta a disposición de sistemas de pago). En
gran parte funcionan sobre una base de confianza; pero esta confianza puede
deteriorarse rápidamente si sus clientes y contrapartes consideran que han
perdido la capacidad de cumplir sus obligaciones. En caso de quiebra, los
bancos deberían ser objeto de liquidación con arreglo a los procedimientos de
insolvencia ordinarios. Ahora bien, el alto grado de interdependencia que
existe entre las entidades crea un riesgo de crisis sistémica si en un banco
surgen problemas que repercuten en cascada en el conjunto del sistema. A causa
de este riesgo sistémico y de la importancia que reviste la función económica
desempeñada por las entidades, los procedimientos de insolvencia ordinarios
pueden no resultar adecuados en algunos casos y la ausencia de instrumentos
eficaces para gestionar las entidades en crisis ha requerido demasiadas veces
la utilización de fondos públicos para restablecer la confianza incluso en
entidades relativamente modestas con el objeto de evitar un efecto dominó sobre
otras entidades, perjudicando seriamente la economía real.
Por consiguiente, es necesario un marco
estratégico efectivo para gestionar las quiebras bancarias de manera ordenada y
evitar el contagio de otras entidades. El objetivo de este marco sería dotar a
las autoridades pertinentes de unos instrumentos y competencias comunes y
eficaces con el fin de abordar las crisis bancarias de forma preventiva,
salvaguardando así la estabilidad financiera y reduciendo al mínimo la
exposición a pérdidas de los contribuyentes.
Preparación y prevención, intervención
temprana y resolución
Para ello, las competencias de que deben
disponer las autoridades competentes han de contar con tres elementos: (i) unas
medidas preparatorias y planes para minimizar problemas potenciales
(preparación y prevención[10]); (ii) en caso de
aparición de problemas, unas competencias que permitan detener el deterioro de
la situación del banco en una fase temprana con el fin de evitar su insolvencia
(intervención temprana); (iii) si la insolvencia de una entidad es motivo de
preocupación por lo que respecta a la defensa del interés público general
(definido en los artículos 27 y 28), un medio eficaz para reorganizar o
liquidar el banco de forma ordenada, manteniendo al mismo tiempo sus funciones
esenciales y limitando al máximo la exposición de los contribuyentes a pérdidas
por insolvencia (resolución). Conjuntamente, estas competencias constituyen un
marco eficaz para el rescate y, en su caso, la resolución de las entidades. Como
el riesgo que presenta un determinado banco para la estabilidad financiera no
puede ser previsto de antemano, estas competencias deben estar a disposición de
las autoridades pertinente frente a cualquier banco, con independencia de su
tamaño o ámbito de actividades.
Resolución: un régimen de insolvencia
especial para las entidades
En la mayoría de los países, multitud de
entidades bancarias y no bancarias en dificultades son objeto de procedimientos
de insolvencia ordinarios. Estos procedimientos permiten, bien la
reorganización de la empresa (lo que implica una reducción de su deuda,
acordada con los acreedores), o su liquidación y la asignación de las pérdidas
a los acreedores, o ambas posibilidades. En todos estos casos los acreedores y
los accionistas no son reembolsados en la totalidad. Ahora bien, la experiencia
adquirida de diferentes crisis bancarias indica que la normativa de insolvencia
no siempre es idónea para hacer frente eficazmente a la quiebra de entidades
financieras, ya que no se tiene debidamente en cuenta la necesidad de evitar
perturbaciones en la estabilidad financiera, de mantener los servicios
esenciales o de proteger a los depositantes. Además, los procedimientos de insolvencia
son muy largos y, en el caso de la reorganización, requieren acuerdos y
negociaciones complejos con los acreedores, con el perjuicio potencial que ello
supone para los deudores y los acreedores en términos de retrasos, costes y
resultados. 
La resolución constituye una alternativa
a los procedimientos de insolvencia ordinarios y un medio para reestructurar o
liquidar un banco cuya quiebra podría plantear problemas para el interés
público general (a saber, trastornar la estabilidad financiera, la continuidad
de las funciones esenciales de un banco o la seguridad de sus depósitos, los
activos de los clientes y los fondos públicos)[11]. Por
consiguiente, la resolución debe alcanzar, respecto a las entidades, unos
resultados similares a los de los procedimientos de insolvencia ordinarios, y
tener en cuenta la normativa en materia de ayudas estatales de la Unión en
términos de asignación de pérdidas entre accionistas y acreedores,
salvaguardando al mismo tiempo la estabilidad financiera y limitando la exposición
del contribuyente a pérdidas derivadas del respaldo prestado en caso de
insolvencia. En este proceso debe también garantizarse la seguridad jurídica,
la transparencia y la predecibilidad en cuanto al trato recibido por los
accionistas y los acreedores del banco, y debe preservarse el valor, que, en
caso de quiebra, podría perderse totalmente. Por otro lado, al desaparecer la
seguridad implícita de rescate público de las entidades, la posibilidad de
resolución empujaría a los acreedores no asegurados a evaluar mejor los riesgos
que acarrean sus inversiones. Finalmente, si se vela por que el establecimiento
de los mecanismos nacionales de financiación de las resoluciones se ajuste a la
normativa en materia de ayudas estatales, los objetivos globales del marco de
la resolución podrán cumplirse.
Equilibrio entre la previsibilidad
para los inversores y el margen de discrecionalidad de las autoridades
Para salvaguardar los derechos de
propiedad existentes, un banco debe entrar en el proceso de resolución en un
punto muy próximo a la insolvencia, es decir, cuando esté al borde de la
quiebra. Sin embargo, el juicio relativo al punto de entrada en el proceso de
resolución puede depender de diferentes factores y variables ligados a las
condiciones imperantes en el mercado o a factores idiosincráticos de liquidez o
solvencia, lo que conlleva la necesidad de que la autoridad de resolución
disponga de un cierto margen de discrecionalidad. De igual modo, las medidas
concretas que se adopten en la resolución no deben estar predeterminadas para
un determinado banco sino que deben tomarse sobre la base de las circunstancias
específicas.
Es necesario un marco uniforme para toda
la Unión, dotado de instrumentos, principios y procedimientos similares, al
objeto de propiciar una convergencia suficiente en la forma en que las
autoridades nacionales aplican la resolución. Al elaborar este marco debe
encontrarse un equilibrio entre el margen de discrecionalidad de que deben
disponer los supervisores para reflejar las especificidades de cada caso
particular, la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia
equitativas y la de preservar la integridad del mercado único. Debe confiarse
claramente a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) el cometido de elaborar
directrices y normas técnicas para garantizar una aplicación uniforme de las
competencias de resolución, para participar en la planificación de la
resolución de entidades transfronterizas y para desempeñar el papel de mediador
con carácter vinculante entre las autoridades nacionales en caso de desacuerdo
acerca de la aplicación del marco.
Por último, para que las resoluciones
concluyan con éxito son necesarios fondos suficientes, por ejemplo para emitir
garantías o facilitar préstamos a corto plazo a las partes críticas a fin de
que una entidad objeto de resolución recobre la viabilidad. Estos fondos deben,
como una cuestión de principio, proceder del sector bancario con arreglo a
métodos equitativos y proporcionados y, en la medida de lo posible (teniendo en
cuenta el coste económico) aportados por anticipado. Considerados
conjuntamente, estas medidas garantizarían que, independientemente de la acción
de resolución emprendida, su coste corra fundamentalmente a cargo de las
propias entidades y de sus propietarios e inversores.
Mercado interior - tratamiento de los
grupos transfronterizos
Los grupos transfronterizos están
compuestos por entidades establecidas en Estados miembros diferentes. El marco
de resolución reconoce que la existencia de grupos transfronterizos en Europa
es uno de los motores principales de la integración de los mercados financieros
de la Unión. El marco establece normas particulares para los grupos
transfronterizos que van de la preparación y la prevención (artículos 7, 8, 11,
12 y 15), a la intervención temprana (artículo 25) y la fase de resolución
(artículos 80 a 83). Establece también normas referentes a la transferencia de
activos entre las entidades vinculadas a un grupo en periodos de tensión
financiera (artículos 16 a 22).
Las normas relativas a los grupos se
proponen lograr un equilibrio entre los intereses ligados a la resolución
eficaz de un grupo y la protección de la estabilidad financiera, tanto en los
Estados miembros en los que opera el grupo como en la Unión. Establecer unos
métodos eficaces para la resolución de grupos transfronterizos es la única
manera de lograr la estabilidad financiera en la Unión y de mejorar así el
funcionamiento del mercado único, incluidos los periodos de crisis. Más en
concreto, y sin desatender las salvaguardas que necesitan los Estados miembros
de acogida, si se pretende lograr la resolución rápida y eficaz de un grupo,
reduciendo al mínimo la pérdida de valor para el mismo, es fundamental
reconocer un papel fundamental a la autoridad de resolución a nivel de grupo.
A pesar de la importancia del papel
asignado a la autoridad de resolución a nivel de grupo, los intereses de las
autoridades de resolución de acogida deben ser tenidos en cuenta, y ello a
través de: a) el establecimiento de acuerdos de cooperación entre las
autoridades de resolución mediante la creación de los colegios de autoridades
de resolución; b) el reconocimiento de que, a la hora de tomar decisiones
relativas a los grupos, ha de tenerse en cuenta la estabilidad financiera de
todos los Estados miembros en los que opera el grupo; c) el establecimiento de
un proceso de toma de decisiones en el que todas las autoridades puedan exponer
su parecer, garantizando al mismo tiempo que la decisión relativa a la
resolución del grupo sea única; d) el establecimiento de mecanismos de
resolución de conflictos entre las autoridades de resolución (mediación de la
ABE).
La ABE[12] ejercerá un
papel de mediación con carácter vinculante de conformidad con lo previsto en el
Reglamento n° 1093/2010 (Reglamento de la ABE), en particular su artículo 19.
En este contexto, todas las normas pertinentes de dicho Reglamento se aplican,
incluidos los artículos 38 y 44, apartado 1.
Todos estos mecanismos deberán garantizar
que la resolución de un grupo, o la concesión de apoyo financiero entre
entidades vinculadas, no sean perjudiciales para ninguna parte de los grupos,
así como que se tenga en cuenta la estabilidad financiera del Estado miembro
donde está situada una filial. 
4.           ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
4.1.        Base jurídica
La base jurídica de esta propuesta es el
artículo 114 del TFUE, que permite la adopción de medidas para la aproximación
de las disposiciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el
funcionamiento del mercado interior.
La propuesta armoniza las legislaciones
nacionales en materia de rescate y resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión en la medida necesaria para garantizar que los Estados
miembros dispongan de los mismos instrumentos y procedimientos para abordar
quiebras sistémicas. De este modo, el marco armonizado fomentaría la
estabilidad financiera en el mercado interior garantizando una capacidad mínima
de resolución a las entidades de todos los Estados miembros y facilitando la
cooperación entre autoridades nacionales para hacer frente a la quiebra de
grupos bancarios transfronterizos.
Por consiguiente, el artículo 114 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye la base jurídica
apropiada.
4.2.        Subsidiariedad
Con arreglo al principio de
subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE, en los
ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en
caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel
central ni a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o a los
efectos de la acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión.
Únicamente una intervención a escala de
la Unión puede garantizar que los Estados miembros apliquen medidas compatibles
para ocuparse de las entidades en graves dificultades. Aunque el sector
bancario de la Unión está altamente integrado, los sistemas para afrontar las
crisis bancarias son de carácter nacional y divergen notablemente entre ellos. Actualmente,
muchos sistemas jurídicos nacionales no confieren a las autoridades las
facultades necesarias para liquidar las entidades financieras de forma
ordenada, manteniendo los servicios esenciales para la estabilidad financiera y
minimizando la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo
prestado a entidades con problemas de solvencia. La existencia de divergencias
en las legislaciones nacionales no permite abordar adecuadamente la dimensión
transfronteriza de las crisis, complicando los acuerdos entre el país de origen
y el de acogida.
Además, la existencia de importantes
diferencias en los procedimientos nacionales de resolución podría dar lugar a
riesgos inaceptables para la estabilidad financiera y poner en peligro la
resolución eficaz de los grupos transfronterizos. Como el establecimiento de un
régimen de resolución adecuado a nivel de la Unión requiere una armonización
considerable de las prácticas y procedimientos nacionales, es conveniente que
la Unión sea la encargada de las propuestas legislativas necesarias. Pero como
la resolución de las crisis bancarias está estrechamente relacionada con áreas
no armonizadas de las legislaciones nacionales, tales como el derecho de
quiebras y el derecho de propiedad, una directiva es el instrumento jurídico
más apropiado, dado que es necesaria una transposición que garantice una
aplicación del marco que permita alcanzar los efectos deseados dentro de las
particularidades de cada normativa nacional. 
4.3.        Proporcionalidad 
Conforme al principio de
proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deberán
exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los
Tratados.
En principio, un banco en quiebra debería
estar sujeto a unos procedimientos de insolvencia ordinarios al igual que
cualquier otra empresa. Sin embargo, el sector bancario es distinto a otros
sectores de la economía ya que ejerce funciones esenciales para la economía y
es especialmente vulnerable a las crisis sistémicas. Por ello, la liquidación
de un banco pueden tener consecuencias más graves que la salida del mercado de
otras empresas. Esto puede justificar el recurso a normas y procedimientos
especiales en caso de crisis bancaria. 
Como la importancia sistémica de la
quiebra de un banco no puede preverse con certeza total, la propuesta de marco
de gestión de crisis debe aplicarse en principio a todas las entidades
bancarias, con independencia de su tamaño y complejidad. Si bien es cierto que
la quiebra de una entidad cuyo tamaño, importancia y nivel de interconexión son
de ámbito mundial podría causar perturbaciones importantes en todo el sistema
financiero y repercusiones económicas negativas en una serie de países, también
es evidente que la quiebra simultánea, en un contexto de crisis generalizada,
de muchas entidades pequeñas que constituyen una parte importante del sector
bancario de un país, pueden también tener efectos devastadores sobre la
economía. El marco garantiza que los supervisores y las autoridades de
resolución cuenten con normas especiales y procedimientos para tratar
eficazmente la quiebra o el peligro de quiebra de cualquier banco en
circunstancias de riesgo sistémico. Sin embargo, en el contexto de los planes
de rescate y resolución, las autoridades nacionales tendrán también en cuenta
el riesgo, tamaño y grado de interconexión de un banco y, cuando utilicen los
diferentes instrumentos a su disposición, se asegurarán de que el régimen se
aplique de manera adecuada.
Las disposiciones son por lo tanto
proporcionadas a los objetivos perseguidos. Por otro lado, las limitaciones al
derecho de propiedad que puede implicar el ejercicio de las facultades
propuestas deben ser compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales según
la interpretación del Tribunal Europeo de Justicia. Por esa razón, la
activación de la resolución debe coincidir lo más posible con el momento de la
insolvencia, y el uso de las competencias de resolución debe limitarse a lo
necesario para alcanzar los objetivos de interés general, en particular la
protección de la estabilidad financiera en la Unión.
4.4.        Explicación detallada de
la propuesta
4.4.1.     Objeto y ámbito de
aplicación (artículo 1)
La propuesta aborda la gestión de las
crisis (preparación, rescate y resolución) en relación con todas las entidades
de crédito y algunas empresas de inversión. El ámbito de aplicación de la
propuesta es idéntico al de la Directiva sobre requisitos del capital (DRC)[13],
que armoniza los requisitos prudenciales de las entidades, incluidas las
entidades financieras pertenecientes a un grupo bancario, y las empresas de
inversión. Las empresas de inversión deben incluirse en el marco, dado que,
como ha demostrado el caso de Lehman Brothers, su quiebra puede tener graves
consecuencias sistémicas. Por otro lado, las autoridades de resolución
aplicarán también sus competencias a las sociedades de cartera cuando una o
varias filiales de una entidad de crédito o empresa de inversión cumpla las
condiciones de resolución y cuando sea necesaria la aplicación de los
instrumentos y competencias de resolución respecto a una o varias filiales de
una entidad matriz o respecto al grupo en su conjunto.
4.4.2.     Autoridades de resolución
(artículo 3)
La propuesta requiere que los Estados
miembros confieran competencias de resolución a las autoridades administrativas
públicas para garantizar el logro de los objetivos marco en el tiempo
requerido. La propuesta no especifica la autoridad concreta que será designada
autoridad de resolución, dado que ello no es necesario para garantizar una
resolución efectiva e interferiría con las disposiciones constitucionales y
administrativas de los Estados miembros. Por lo tanto, los Estados miembros
tienen la facultad de designar como autoridad de resolución, por ejemplo, al
banco central, a supervisores financieros, a la autoridad que rige los sistemas
de garantía de depósitos, al Ministerio de Hacienda o a una unidad especial.
Las autoridades responsables de la
resolución habrán de disponer de experiencia y recursos adecuados para
gestionar la resolución de crisis bancarias a nivel nacional y transfronterizo.
Dada la probabilidad de conflictos de intereses, es imperativa la separación de
funciones entre las actividades de resolución y las demás actividades de una
autoridad designada. 
4.4.3.     Planes de rescate y
resolución (artículos 5 a 13)
Una intervención temprana, basada en los
oportunos planes de rescate, puede impedir la agravación de los problemas y
reducir el riesgo de quiebra bancaria. Las entidades deberán elaborar planes de
rescate estableciendo acuerdos y medidas que les permitan adoptar medidas
precoces para restaurar su viabilidad a largo plazo en caso de grave deterioro
de su situación financiera. Los grupos deberán elaborar planes a nivel de grupo
y a nivel de cada entidad componente del mismo. Los supervisores evaluarán y
aprobarán los planes de rescate. 
Los planes permitirán la resolución de
una entidad minimizando la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes
del respaldo prestado a las entidades con problemas de solvencia. Un plan de
resolución, preparado por las autoridades de resolución en cooperación con los
supervisores en coyunturas normales, determinará las opciones con que cuenta la
resolución de la crisis de la entidad en una serie de escenarios diferentes,
con inclusión de la crisis sistémica. Tales planes deberán incluir detalles
relativos a la aplicación de instrumentos de resolución y a las formas de
garantizar la continuidad de las funciones esenciales. Los planes de resolución
del grupo incluirán un plan para el grupo y planes para cada una de sus
entidades componentes.
4.4.4.     Competencias para abordar
o eliminar los obstáculos a la resolución (artículos 14 a 16)
Sobre la base del plan de resolución, las
autoridades de resolución evaluarán si una entidad puede ser objeto de
resolución. Si las autoridades responsables de la resolución detectan
obstáculos significativos que dificultan la resolución de una entidad o grupo,
podrán requerirle que adopte medidas tendentes a facilitar tal resolución. 
Entre tales medidas podrían estar las
siguientes: reducir su complejidad mediante modificaciones de su estructura
legal u operativa con objeto de garantizar que las funciones esenciales puedan
separarse jurídica y económicamente de otras funciones; establecer acuerdos de
servicio para cubrir la realización de funciones esenciales; limitar el riesgo
estableciendo un nivel máximo a nivel individual y agregado; imponer
obligaciones de notificación; limitar las actividades existentes o propuestas o
poner fin a las mismas; restringir o impedir el desarrollo de nuevos productos
o ramos de actividad; y emitir nuevos instrumentos de capital convertibles.
La evaluación de la pertinencia de la
resolución de grupos se basará en un trabajo de coordinación, consulta y evaluación
conjunta realizado entre las autoridades de resolución de grupo y las
autoridades de resolución de las filiales, otras autoridades competentes y la
ABE.
Para garantizar que la evaluación de la
pertinencia de la resolución y la utilización de las competencias de prevención
de las autoridades pertinentes se apliquen uniformemente en todos los Estados
miembros, la ABE desempeñará un papel fundamental. Concretamente, deberá
elaborar proyectos de normas técnicas que determinen los parámetros necesarios para
la evaluación del impacto sistémico de los planes de resolución, así como
proyectos de normas técnicas que especifiquen las cuestiones que han de
examinarse para evaluar la oportunidad de proceder a la resolución de una
entidad o grupo.
4.4.5.     Ayudas financieras dentro
de un grupo (artículos 17-23)
La propuesta se propone solventar algunas
disposiciones jurídicas que en la actualidad restringen la concesión de ayudas
financieras entre entidades del mismo grupo. Las entidades que operen en una
estructura de grupo podrán celebrar acuerdos que contemplen el suministro de
ayuda financiera (en forma de préstamo, concesión de garantías, o suministro de
activos utilizables como garantía en transacciones) a otras entidades del grupo
que sufran dificultades financieras. Esta ayuda financiera precoz podrá atajar
el desarrollo de problemas financieros entre los miembros del grupo. El acuerdo
podrá ser presentado de antemano para su aprobación por la junta de accionistas
de todas las entidades participantes de acuerdo con la normativa nacional y
autorizará a los órganos gestores a proporcionar ayuda financiera en caso
necesario con arreglo a las condiciones del acuerdo. Esto permitiría aumentar
la seguridad jurídica porque se conocería claramente cuándo y de qué forma va a
facilitarse la referida ayuda. Los acuerdos son voluntarios, lo que permitirá a
los grupos bancarios estimar si aquellos redundan en beneficio del grupo (un
grupo puede estar más o menos integrado y perseguir con mayor o menor
determinación una estrategia común) e identificar a las empresas que
participarían en el mismo (puede ser conveniente excluir a las empresas que
realicen actividades de mayor riesgo).
Como mecanismo de salvaguarda, el
supervisor del transmitente estará facultado para prohibir o restringir la
ayuda financiera estipulada en el acuerdo cuando dicha transmisión ponga en
peligro la liquidez o solvencia del transmitente o la estabilidad financiera. 
4.4.6.     Intervención temprana –
administración especial (artículos 23-26)
La propuesta amplía las competencias de
los supervisores a una intervención temprana en los casos en que la situación
financiera o la solvencia de una entidad se esté deteriorando. Las facultades
contempladas en la propuesta complementan a las conferidas a los supervisores
en virtud del artículo 136 de la DRC. Estas competencias no suponen un
menoscabo de los derechos o de los requisitos de procedimiento establecidos de
acuerdo con el derecho de sociedades.
La facultad de intervención temprana
incluye la posibilidad de pedir a la entidad que aplique los acuerdos y medidas
establecidos en el plan de rescate, elaborar un programa de acción común con su
calendario de aplicación, pedir a la dirección que convoque, o convocar
directamente, junta general de accionistas, proponer el orden del día y la
adopción de ciertas decisiones, y pedir a la entidad que establezca un plan de
reestructuración de su deuda con sus acreedores. 
Por otro lado, cuando se considere que la
solvencia de una entidad ha alcanzado un determinado nivel de riesgo, el
supervisor tendrá la facultad de nombrar por un periodo limitado a un
administrador especial. Su principal función será restaurar la situación
financiera de la entidad y una gestión sólida y prudente de sus actividades. El
administrador especial reemplazará a los directivos de la entidad y asumirá
todas sus competencias, sin menoscabo de los derechos de los accionistas
ordinarios. La facultad de nombrar un administrador especial será un elemento
de disciplina para la dirección y los accionistas y un medio de promover
soluciones dentro del sector privado para problemas que, de no resolverse,
podrían llevar a la quiebra de la entidad.
4.4.7.     Condiciones de resolución
(artículo 27)
La propuesta
establece parámetros comunes para la activación de los instrumentos de
resolución. Las autoridades podrán intervenir en caso de insolvencia o casi
insolvencia de una entidad, es decir, cuando, de no tomar ninguna medida, la
entidad sería insolvente de forma inminente. 
Al mismo
tiempo, es necesario garantizar que solo se activen medidas de intervención
cuando esté justificada la interferencia con los derechos de las partes
interesadas. Por lo tanto, deberán aplicarse medidas de resolución únicamente
si la entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra y no se
dispone de ninguna otra solución que permita restablecer la entidad en un plazo
adecuado. Por otra parte, la intervención con medidas de resolución ha de estar
justificada por razones de interés público, en el sentido del artículo 28.
4.4.8.     Principios generales –
Evitación de perjuicios suplementarios para los acreedores (artículo 29) 
El marco establece una serie de
principios generales que las autoridades de resolución deberán respetar. Estos
principios atañen, entre otras cosas, el reparto de las pérdidas y el trato de
los accionistas y los acreedores, así como las consecuencias que la utilización
de los instrumentos podría tener sobre la gestión de la entidad.
El marco establece que, una vez
determinadas en el proceso de valoración (artículo 30), las pérdidas se
distribuirán entre los accionistas y los acreedores de la entidad con arreglo a
una jerarquía de créditos establecida por cada régimen nacional de insolvencia.
No obstante, tal como se ha señalado anteriormente (véase el punto 3), los
regímenes de insolvencia ordinarios no tienen suficientemente en cuenta la
estabilidad financiera u otros imperativos de interés público. Por lo tanto, el
marco de resolución establece determinados principios para el reparto de
pérdidas que deben respetarse, independientemente de lo que disponga cada
régimen nacional de insolvencia. Estos principios son: a) que las pérdidas
deben asignarse en su totalidad, en primer lugar a los accionistas, y a
continuación a los acreedores, y b) que los acreedores de la misma categoría
pueden ser tratados de forma desigual si está justificado por razones de
interés público y, en particular, con el fin de fortalecer la estabilidad
financiera. Estos principios se aplican a todos los instrumentos de resolución.
Además, y por lo que se refiere al instrumento de recapitalización, el marco
establece una jerarquía de créditos más detallada (artículo 43). Esta jerarquía
más detallada complementará y, en caso necesario, sustituirá a la establecida
en cada normativa nacional de insolvencia.
En aquellos casos en que los acreedores
reciban menos en términos económicos que si la entidad hubiera sido liquidada
con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, las autoridades han de
asegurarse de que se les reembolse la diferencia. Esta compensación, caso de
haberla, será abonada por el fondo de resolución. El principio de que las
pérdidas deben asignarse en primer lugar a los accionistas y a continuación a
los acreedores, junto con el hecho de que la acción de resolución debe ser emprendida
antes de recurrir a ayudas financieras públicas extraordinarias, permite en
principio garantizar la consecución del objetivo de minimizar la exposición a
pérdidas de los contribuyentes (artículo 29).
4.4.9.     Valoración (artículo 30) 
La aplicación de los instrumentos y
competencias de resolución está basada en una evaluación del valor real de los
activos y los pasivos de la entidad en peligro de quiebra. A tal fin, el marco
incorpora una valoración basada en el principio del valor de mercado. Esto garantizará
que las pérdidas se reconozcan en el momento en que la entidad entre en un
proceso de resolución. 
La valoración deberá ser efectuada por un
experto independiente, a menos que haya razones de urgencia, en cuyo caso las
autoridades de resolución procederían a una evaluación provisional que,
posteriormente, sería complementada por una valoración definitiva con la
participación de un experto independiente. Las autoridades de resolución han
recibido las competencias necesarias para modificar sus acciones de resolución[14]
de acuerdo con las eventuales discrepancias, caso de existir, entre la
valoración provisional y la definitiva. 
4.4.10.   Competencias e
instrumentos de resolución (artículos 31-64)
Cuando se
satisfagan las condiciones para activar el procedimiento de resolución, las
autoridades responsables de la solución podrán aplicar los siguientes
instrumentos de resolución:
(a)         
la venta de actividades;
(b)         
 la constitución de una entidad puente;
(c)         
la segregación de activos;
(d)         
la recapitalización.
Con el fin de aplicar estos instrumentos,
las autoridades de resolución tendrán la facultad de tomar el control de una
entidad que ha quebrado o se encuentra en graves dificultades, asumir el papel
de los accionistas y directivos, transferir activos y pasivos y ejecutar contratos.
Los instrumentos de resolución pueden
aplicarse por separado o conjuntamente. Todos conllevan un cierto grado de
reestructuración del banco. La reestructuración no viene únicamente de la mano
del instrumento de recapitalización. La segregación de activos debe aplicarse
siempre en conjunción con algún otro instrumento (artículo 32). Cuando proceda,
el uso de cualquiera de los instrumentos de resolución deberá ajustarse al
marco de ayudas estatales de la Unión. A este respecto, todo eventual recurso a
ayudas públicas y/o a la utilización de los fondos de resolución con el fin de
asistir a la resolución de entidades en peligro de quiebra deberá ser
notificado a la Comisión y evaluado de conformidad con las disposiciones en
materia de ayudas estatales del Estado de que se trate al objeto de comprobar
su compatibilidad con el mercado interior.
La propuesta establece un conjunto mínimo
de instrumentos de resolución que todos los Estados miembros habrán de adoptar.
Sin embargo, las autoridades nacionales podrán utilizar, además, instrumentos y
competencias específicamente nacionales para el tratamiento de entidades en
graves dificultades siempre que sean compatibles con los principios y objetivos
del marco de resolución de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y no obstaculicen una resolución de grupo efectiva[15].
Las autoridades nacionales de resolución solo podrán recurrir a los
instrumentos y facultades nacionales si pueden justificar que los instrumentos
del marco de la Unión no les permiten, ni aislada ni conjuntamente, emprender
una acción de resolución efectiva.
La venta de actividades permitirá a las
autoridades de resolución efectuar una venta de la entidad o de la totalidad a
una parte de sus actividades en condiciones comerciales sin requerir el
consentimiento de los accionistas o tener que cumplir exigencias de
procedimiento que se aplicarían en otras circunstancias. En la medida en que
las circunstancias lo permitan, las autoridades responsables de la resolución
deberán poner a la venta la entidad o determinar las líneas de actividad que
han de venderse.
La
constitución de una entidad puente permitirá a las autoridades de resolución
transferir la totalidad o una parte de las actividades de la entidad a una
entidad controlada por el sector público. La entidad puente debe recibir una
autorización de conformidad con la Directiva sobre requisitos de capital y
funcionará como una empresa comercial dentro de los límites prescritos por el
marco de ayudas estatales. La entidad puente operará con carácter temporal,
siendo su objetivo vender la empresa al sector privado cuando las condiciones
del mercado sean adecuadas.
El objetivo
del instrumento de segregación de activos es permitir que las autoridades de
resolución transfieran activos que hayan sufrido algún deterioro o planteen
problemas a una estructura que, en un determinado plazo, permita su gestión y
su saneamiento. Los activos deben transferirse a su valor de mercado o a su
valor económico a largo plazo (de conformidad con el artículo 30) de forma que
las eventuales pérdidas se reconozcan en el momento en que tiene lugar la
transferencia. Con el fin de minimizar la distorsión de la competencia y la
posibilidad de riesgo moral, este instrumento deberá utilizarse únicamente
conjuntamente con algún otro instrumento de resolución.
Instrumento
de recapitalización (artículos 37 a 51)
El
instrumento de recapitalización conferirá a las autoridades de resolución la
facultad de depreciar las deudas no garantizadas de una entidad en graves
dificultades y convertir la deuda en capital. Puede utilizarse para
recapitalizar una entidad en quiebra o en graves dificultades, permitiendo su
reestructuración por las autoridades a lo largo del proceso de resolución y,
una vez efectuada la reorganización y reestructuración, el restablecimiento de
su viabilidad. De esta forma dispondrían de una mayor flexibilidad para hacer
frente a la quiebra de entidades financieras complejas o de grandes
dimensiones. El instrumento vendría acompañado por la destitución de la
dirección responsable de los problemas de la entidad y la aplicación de un plan
de saneamiento. 
Las
autoridades de resolución deben contar con competencias para recapitalizar
todos los pasivos de la entidad. Hay, no obstante, algunos pasivos que estarían
excluidos ex ante (tales como los pasivos garantizados, los depósitos
cubiertos y los pasivos con un vencimiento residual inferior a un mes). Excepcionalmente,
y cuando sea necesario para garantizar las funciones esenciales de la entidad y
el funcionamiento de sus principales líneas de actividad o la estabilidad
financiera (artículo 38), la autoridad de resolución podría excluir los pasivos
procedentes de instrumentos derivados. La aplicación armonizada a nivel de la
Unión de eventuales exclusiones debería llevarse a cabo a través de actos
delegados de la Comisión.
Para aplicar
el instrumento de recapitalización es necesario que las autoridades de
resolución puedan garantizar que las entidades tengan en su balance una
cantidad suficiente de pasivos sobre los que podría ejercerse la competencia de
recapitalización. La cantidad mínima será proporcional y a medida de cada
categoría de entidades en función de su riesgo o de la composición de sus
fuentes de financiación (artículo 39). La aplicación armonizada a nivel de la
Unión de los requisitos mínimos debería llevarse a cabo a través de actos
delegados de la Comisión. Como ejemplo, y sobre la base de datos procedentes de
la reciente crisis financiera y de la realización de simulaciones con modelos,
el porcentaje de pasivos que podrían ser objeto de recapitalización podría ser
igual a un 10 % de los pasivos totales (excluido el capital
reglamentario).
Como se
explica en el punto 4.4.8, los artículos 43 y 44 establecen una jerarquía
pormenorizada que complementa y, si procede, sustituye a la establecida en cada
legislación nacional de insolvencia. En principio, los créditos de los
accionistas deben agotarse antes de los créditos de los acreedores
subordinados. Solo cuando se agoten estos últimos podrán las autoridades de
resolución repercutir las pérdidas en los créditos preferentes (artículos 43 y
44). Sin embargo, podrían darse circunstancias en las que las autoridades de
resolución tengan facultades para intervenir en los derechos de los acreedores
sin haber agotado los de los accionistas. Estas circunstancias son específicas
del instrumento de recapitalización y podrían tener lugar cuando una entidad
objeto de resolución posea un cierto capital residual (según las condiciones de
resolución, una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de
quiebra si ha agotado o mermado de forma sustancial su capital). En este caso,
las autoridades de resolución podrían, una vez asignadas las pérdidas a los
accionistas y reducidos o cancelados la mayoría de los créditos de los
accionistas, convertir en capital los créditos subordinados y, en su caso, los
preferentes. Esta conversión se llevará a cabo de forma que reajuste
fuertemente a la baja los créditos restantes de los accionistas.
4.4.11.   Restricciones en materia
de rescisión de contratos y mecanismos de salvaguarda para las contrapartes
(artículos 68-73 y 77)
Para una
aplicación eficaz de los instrumentos de resolución, es necesario permitir a
las autoridades de resolución que suspendan temporalmente los derechos de los
acreedores y las contrapartes a ejecutar sus créditos y a rescindir, acelerar o
finalizar de otro modo los contratos con una entidad en graves dificultades. Dicha
suspensión temporal, que no se prolongará más allá de las 17 horas del día
hábil siguiente, dará a las autoridades un periodo de tiempo para determinar y
evaluar los contratos que deben transferirse a un tercero solvente, sin el
riesgo de que el valor y el ámbito de aplicación de los contratos financieros
se modifiquen al ejercer las contrapartes sus derechos de rescisión. Las
contrapartes que se mantengan dentro de la entidad en graves dificultades
podrán de nuevo ejercer sus derechos de rescisión al final del periodo de
suspensión. Ahora bien, la transferencia a un tercero solvente no se
considerará un caso de incumplimiento que justifique el ejercicio de los
derechos de rescisión.
Estas
restricciones necesarias de los derechos contractuales se contrarrestan con
mecanismos de salvaguarda para las contrapartes que impiden a las autoridades
la escisión de contratos, derechos o pasivos vinculados: cuando se proceda a
una transferencia parcial de activos, los acuerdos vinculados deberán
transferirse en bloque o no transferirse en absoluto. Entre estos acuerdos cabe
citar: acuerdos de liquidación por compensación, acuerdos de compensación
recíproca, acuerdos de garantía financiera mediante transferencia de títulos,
acuerdos de garantía y acuerdos de financiación estructurada.
4.4.12.   Restricciones relativas a
los procedimientos judiciales (artículos 78 y 77)
De conformidad con el artículo 47 de la Carta de Derechos
Fundamentales, las partes afectadas tienen el derecho a un proceso justo y a un
medio eficaz para recurrir contra las medidas que les afecten. Por lo tanto,
las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la resolución deben
someterse a revisión judicial. Ahora bien, para proteger a través del ejercicio
de las competencias de resolución por parte de las autoridades a terceros que
hubieran adquirido activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de
resolución, y para lograr la estabilidad de los mercados financieros, la
revisión judicial no debe afectar a los actos administrativos o las
transacciones celebradas en virtud de la decisión anulada. Las medidas
correctoras correspondientes a una decisión o acción incorrecta deben limitarse
a una indemnización por el daño ocasionado a las personas afectadas.
Además, es necesario evitar la apertura o
la continuación de otras acciones legales contra un banco que se encuentra ya
en proceso de resolución. A tal efecto, el marco establece que, antes de que el
juez nacional incoe procedimientos de insolvencia en relación con una entidad,
debe notificar a la autoridad de resolución cualquier solicitud en este
sentido; la autoridad de resolución puede entonces decidir, en un plazo de 14
días a partir de la notificación, emprender una acción de resolución respecto a
la entidad afectada. 
4.4.13.   Resolución transfronteriza
(artículos 80-83)
El marco de rescate y resolución tiene
presente el carácter transfronterizo de algunos grupos bancarios y se propone
crear un marco global e integrado de rescate y resolución bancaria en la Unión.

En consecuencia, los planes de rescate y
resolución deben acordarse y ejecutarse para todo el grupo, teniendo en cuenta
las particularidades estructurales de cada grupo y la división entre las
responsabilidades de las autoridades del país de origen y las del país de
acogida. Esto se hará a través de medidas que harán necesaria una mayor
cooperación entre las autoridades nacionales y la aplicación de incentivos para
la adopción de unos planteamientos de grupo en todas las fases de preparación,
rescate y resolución. 
Se establecerán colegios de autoridades
de resolución con una clara función de liderazgo y con la participación de la
Autoridad Bancaria Europea (ABE). La ABE facilitará la cooperación de las
autoridades y actuará de mediador en caso necesario. El objetivo de estos
colegios será coordinar las medidas preparatorias y de resolución entre las
autoridades nacionales a fin de garantizar soluciones óptimas a nivel de la
Unión.
4.4.14.   Relaciones con terceros
países (artículos 84-89)
Teniendo en cuenta que numerosas
entidades y grupos bancarios de la Unión operan en terceros países, un marco
eficaz de resolución de crisis bancarias debe contemplar la cooperación con las
autoridades de terceros países. La propuesta concede a las autoridades de la
Unión las competencias necesarias para apoyar medidas externas de resolución en
el extranjero de un banco extranjero en quiebra haciendo efectivas las
transferencias de sus activos y pasivos localizados en la UE o sometidos a su
jurisdicción. Sin embargo, este apoyo solo se facilitará si las medidas
garantizan un trato equitativo de los depositantes y acreedores del Estado miembro
y no ponen en peligro la estabilidad financiera del mismo. Las autoridades de
resolución de la Unión deberán estar habilitadas para aplicar instrumentos de
resolución a las sucursales nacionales de entidades de terceros países cuando
sea necesaria una resolución aparte por razones de estabilidad financiera o de
protección de los depositantes nacionales. La propuesta contempla que el apoyo
a medidas de resolución en el extranjero se preste cuando las autoridades de
resolución de la UE hayan celebrado un acuerdo de cooperación con la autoridad
de resolución extranjera. Tales acuerdos serán un medio de garantizar la
eficacia de la planificación, adopción de decisiones y coordinación en relación
con los grupos internacionales. 
La ABE deberá impulsar y emprender, de
conformidad con el artículo 33 del Reglamento nº 1093/2010,
negociaciones administrativas marco con autoridades de terceros países, y las
autoridades nacionales deberán celebrar acuerdos bilaterales que, en la medida
de lo posible, concuerden con los acuerdos marco de la ABE. 
4.4.15.   Financiación de la
resolución (artículos 90-99)
La resolución permite distribuir mejor
los costes de la resolución entre los accionistas y los acreedores cuando los
procedimientos de insolvencia se consideran inadecuados a la vista de los
posibles riesgos que pudieran plantear para la estabilidad financiera. Sin
embargo, esto podría no ser siempre suficiente y tener que completarse con una
financiación adicional destinada, por ejemplo, a proporcionar liquidez a un banco
puente. Sobre la base de experiencias anteriores, es necesario establecer unos
mecanismos de financiación alimentados por las propias entidades con el fin de
minimizar la exposición del contribuyente a pérdidas resultantes del respaldo
prestado a entidades con problemas de solvencia. Los artículos 90 a 99
establecen las disposiciones necesarias a tal fin.
El artículo 89 establece la creación de
mecanismos de financiación en cada Estado miembro. Los fines para los que
pueden utilizarse se recogen en el artículo 89, apartado 2, y pueden consistir,
por ejemplo, en garantías de préstamos o contribuciones. Las pérdidas corren
fundamentalmente a cargo de los accionistas y los acreedores, pero no deben
excluirse en principio otros mecanismos de financiación.
El artículo 90 establece las normas que
rigen las contribuciones a los mecanismos de financiación; podrán consistir en
una combinación de contribuciones ex ante, complementada por
contribuciones ex post y, cuando sea necesario, por empréstitos de
entidades financieras o del banco central. Con el fin de garantizar que
determinados fondos estén disponibles en todo momento, y dados los efectos
procíclicos que se le achacan a la financiación ex post, queda fijado un
nivel mínimo de financiación que deberá alcanzarse a lo largo de un periodo de
tiempo de 10 años mediante contribuciones ex ante. El nivel óptimo de
financiación mínimo, fijado sobre la base de modelos, es de un 1 % de los
depósitos cubiertos.
Para reforzar la solidez de los
mecanismos nacionales de financiación, el artículo 97 les reconoce el derecho a
obtener préstamos de sus homólogos de otros Estados miembros. Con el fin de
reflejar el reparto de las competencias entre las diferentes autoridades
nacionales en el marco de la resolución de grupos, el artículo 98 establece
normas relativas a la contribución de los mecanismos nacionales a la
financiación de dicha resolución. Esta contribución se basará en la
anteriormente acordada en el contexto de los planes de resolución del grupo. Los
mecanismos nacionales de financiación, junto con los dispositivos de empréstito
y la mutualización de los mecanismos nacionales en caso de resolución de grupos
transfronterizos (artículo 98) constituyen el sistema europeo de mecanismos de
financiación.
El artículo 99 trata del cometido de los
sistemas de garantía de depósitos (SGD) en el marco de las resoluciones. Los
SGD pueden contribuir a la resolución de dos formas.
En primer lugar, los sistemas de garantía
de depósitos deben encaminarse al objetivo de garantizar un acceso continuo a
los depósitos cubiertos. En la actualidad existen sistemas de garantía de
depósitos en todos los Estados miembros, en aplicación de la Directiva 94/19/CE
y sirven para compensar a los pequeños depositantes hasta un total de
100 000 EUR en concepto de depósitos no disponibles, antes de ser
subrogados en procedimientos de liquidación. Por el contrario, con la
resolución se evita la indisponibilidad de los depósitos cubiertos, lo que es
preferible desde el punto de vista del depositante. Es, por lo tanto, deseable
que el SGD contribuya en una cuantía igual a las pérdidas en que habría
incurrido si hubieran tenido lugar procedimientos de insolvencia ordinarios,
como se refleja en el apartado 1 del artículo 99. Al objeto de disponer de
una financiación suficiente, los sistemas de garantía de depósitos quedan
integrados en la jerarquía de los créditos, quedando clasificados como créditos
no preferentes y no garantizados. La contribución de los SGD debe hacerse en
efectivo para absorber las pérdidas correspondientes a los depósitos cubiertos.
En segundo lugar, si bien los Estados
miembros deben al menos usar los SGD a efectos de proporcionar un efectivo que
garantice un acceso continuo a los depósitos cubiertos, conservan un margen de
discrecionalidad a la hora de financiar la resolución: podrán decidir crear
mecanismos de financiación independientes de los SGD, o utilizar sus SGD
también como mecanismos de financiación, de acuerdo con el artículo 91. De
hecho, existen sinergias entre los sistemas de garantía de depósitos y las
acciones de resolución. Gracias a la existencia de un marco de resolución que
limite el contagio, el número de quiebras bancarias se reducirá y, por ende, el
número de pagos a cargo del SGD. La propuesta, por lo tanto, autoriza a los
Estados miembros a utilizar los SGD para financiar resoluciones, aprovechando
así las economías de escala. Cuando los dos dispositivos estén separados, el
SGD es responsable de la protección de los depositantes cubiertos en la medida
y en las condiciones establecidas en el artículo 99, apartados 1 a 4, mientras
que los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo 91
proporcionarán financiación adicional. Por el contrario, si los Estados
miembros deciden optar por un dispositivo de financiación único, este cubrirá
tanto las pérdidas relativas a los depósitos cubiertos como otros conceptos
contemplados en el artículo 92. En ese caso, el SGD debe ajustarse a todas
las condiciones en materia de contribuciones, empréstitos y mutualización
establecidas en los artículos 93 a 98.
En cualquier caso, si después de que un
SGD aporte su contribución, la entidad finalmente quiebra y el SGD no cuenta
con fondos suficientes para reembolsar a los depositantes, el SGD deberá haber
celebrado los acuerdos necesarios para recaudar de inmediato las cantidades
correspondientes de sus miembros.
Es probable que en la intervención de los
fondos de resolución exista ayuda estatal, independientemente del dispositivo
de financiación vigente a nivel nacional (es decir, un fondo de resolución
independiente del sistema de garantía de depósitos o un sistema de garantía de
depósitos utilizado como un fondo de resolución). 
4.4.16.   Conformidad con los
artículos 290 y 291 del TFUE
El 23 de septiembre de 2009, la Comisión
adoptó sendas propuestas de reglamentos por los que se creaban la ABE, la AESPJ
y la AEVM[16]. A este respecto, la
Comisión desea recordar las declaraciones que efectuó, en relación con los
artículos 290 y 291 del TFUE, con motivo de la adopción de los Reglamentos por
los que se creaban las Autoridades Europeas de Supervisión, según las cuales: «en
lo que atañe al proceso de adopción de normas reglamentarias, la Comisión
subraya el carácter singular del sector de los servicios financieros, derivado
de la estructura Lamfalussy y reconocido explícitamente en la Declaración 39,
aneja al TFUE. No obstante, la Comisión abriga serias dudas sobre si las
limitaciones de su papel en la adopción de actos delegados y medidas de
ejecución se ajustan a los artículos 290 y 291 del TFUE.».
4.4.17.   Modificación de la
Directiva sobre procedimientos de liquidación, de las directivas sobre derecho
de sociedades y del Reglamento sobre la ABE(artículos 104-111)
La Directiva 2001/24/CE contempla la aplicación y
el reconocimiento mutuo de medidas de reorganización o liquidación respecto de
entidades de crédito que tengan sucursales en otros Estados miembros. La Directiva se propone garantizar que una entidad de crédito y
sus sucursales en otros Estados miembros sean objeto de reestructuración o
liquidación de acuerdo con los principios de unidad y universalidad y con
arreglo a un único procedimiento de insolvencia, en el que la entidad de
crédito sea considerada una entidad única. Los principios de unidad y
universalidad de los procedimientos aseguran un trato equitativo de los
acreedores, independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia o
domicilio. Con el fin de garantizar la igualdad de trato de los acreedores también
en los procesos de resolución, la Directiva 2001/24/CE se modifica para ampliar
su ámbito de aplicación a las empresas de inversión e incluir la utilización de
instrumentos de resolución para cualquier entidad cubierta por el régimen de
resolución.
Las
directivas de la Unión sobre el derecho de sociedades contienen normas para la
protección de los accionistas y acreedores, algunas de las cuales pueden
dificultar una reacción rápida por parte de las autoridades de resolución.
La segunda
Directiva sobre el derecho de sociedades requiere que toda ampliación de capital
de una sociedad anónima sea aprobada por la junta general de accionistas,
mientras que la Directiva 2007/36 (Directiva sobre derechos de los accionistas)
requiere que dicha junta se convoque con al menos 21 días de antelación. Sin
embargo, este plazo no permite restablecer rápidamente la situación financiera
de una entidad de crédito mediante una ampliación de su capital. Así, la
propuesta modifica la Directiva sobre derechos de los accionistas para permitir
a la junta general decidir anticipadamente la aplicación de un plazo reducido
de convocatoria de una junta general en la que se decida acerca de una
ampliación de capital en situaciones de emergencia. Dicha autorización formará
parte del plan de rescate. Esto permitirá una acción rápida, preservando al
mismo tiempo las facultades decisorias de los accionistas.
Por otra
parte, las directivas sobre el derecho de sociedades exigen que las
ampliaciones y reducciones de capital, las fusiones y las divisiones estén
supeditadas al acuerdo de los accionistas, y que se apliquen los derechos
preferentes de los accionistas cuando el capital se amplíe mediante
aportaciones en efectivo. Además, la Directiva relativa a las ofertas públicas
de adquisición requiere ofertas obligatorias cuando cualquier persona jurídica
—incluido el Estado— adquiera acciones en una empresa cotizada por encima del
umbral de control (habitualmente, 30 % - 50 %). Para abordar estos
obstáculos la propuesta permite a los Estados miembros derogar las
disposiciones que exijan el consentimiento de acreedores o accionistas o que,
de algún otro modo, dificulten una resolución eficaz y rápida.
Con el fin de
asegurar que las autoridades responsables de la resolución estén representadas
en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera establecido por el Reglamento
(UE) nº 1093/2010 y que la ABE cuente con los conocimientos necesarios
para desarrollar las tareas que le encomienda la presente Directiva, el citado
Reglamento deberá modificarse para incluir a las autoridades nacionales de
resolución, definidas en la presente Directiva, en el concepto de autoridades
competentes, determinado en dicho Reglamento.
4.4.18.   Entrada en vigor
La Directiva entrará en vigor el vigésimo
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.
De acuerdo con la práctica habitual, el
plazo de transposición de la Directiva se fija en 18 meses, es decir, hasta el
31 de diciembre de 2014.
Las disposiciones relativas al
instrumento de recapitalización tienen un período más largo de transposición,
ya que deben aplicarse para el 1 de enero de 2018. Esta fecha tiene presentes
los ciclos de vencimiento de la deuda existente, la necesidad de evitar que se
reduzca el apalancamiento y la necesidad de las entidades de aplicar nuevos
requisitos de capital para 2018.
De conformidad con la Declaración
política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos
explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han
comprometido a adjuntar cuadros de correspondencia a la notificación de sus
medidas de transposición. Esto se debe a la complejidad de la Directiva, que
cubre asuntos diferentes y por ello necesitará probablemente un cierto número
de medidas de ejecución, y también al hecho de que algunos Estados miembros han
adoptado ya normativas que ponen parcialmente en práctica la presente
Directiva.
5.           REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
Las opciones
expuestas tendrán una incidencia en el presupuesto de la Unión. 
Conforme a la presente propuesta la ABE
deberá (i) desarrollar unas 23 normas técnicas y cinco directrices; (ii)
participar en los colegios de autoridades de resolución, tomar decisiones en
caso de desacuerdo y actuar como mediador vinculante y (iii) gestionar el
reconocimiento de los procedimientos de resolución de terceros países de
conformidad con el artículo 85, y celebrar acuerdos marco de cooperación no
vinculantes con terceros países de conformidad con el artículo 88. La
presentación de las normas técnicas tendrá lugar 12 meses después de la entrada
en vigor de la Directiva, prevista entre junio y diciembre de 2013. La
propuesta de la Comisión incluye los cometidos que, a largo plazo, se
encomiendan a la ABE, y que supondrán la asignación de cinco puestos
suplementarios (agentes temporales) a partir de 2014. Además, se prevén 11
expertos nacionales en comisión de servicios que llevarán a cabo cometidos
temporales en 2014 y 2015.
2012/0150 (COD)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
por la que se establece un marco para el
rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión, y por
la que se modifican las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CE del Consejo, las
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y
2011/35/CE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea[17],
Una vez transmitido el proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[18],
Visto el dictamen del Banco Central
Europeo[19],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)              
La crisis financiera que comenzó en 2008 ha
puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados que existe en la Unión
para hacer frente de manera eficaz a los problemas de solidez o el peligro de
quiebra de las entidades de crédito. Estos instrumentos son particularmente
necesarios para evitar llegar a una situación de insolvencia, o para que
cuando, si esta se produce, puedan minimizarse las repercusiones negativas
manteniendo las funciones de importancia sistémica de la entidad en cuestión. Durante
la crisis, estos transtornos constituyeron un factor trascendental que obligó a
los Estados miembros a rescatar a entidades de crédito con fondos públicos.
(2)              
Los mercados financieros de la Unión se
caracterizan por un elevado grado de integración e interconexión, con entidades
de crédito que operan, en gran medida, fuera de las fronteras nacionales. Es
probable que la quiebra de una entidad de crédito transfronteriza afecte a la
estabilidad de los mercados financieros en los distintos Estados miembros en
los que opera. La incapacidad de los Estados miembros de hacerse con el control
de una entidad de crédito en graves dificultades y resolver la crisis evitando
eficazmente un daño sistémico más general puede socavar la confianza mutua de
los Estados miembros y la credibilidad del mercado interior de servicios financieros.
La estabilidad de los mercados financieros es, por lo tanto, una condición
esencial para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.
(3)              
Actualmente, en la Unión Europea no están
armonizados los procedimientos para resolver las crisis de entidades de
crédito. Algunos Estados miembros aplican a las entidades de crédito los mismos
procedimientos que aplican a otras empresas insolventes, adaptándolos en
algunos casos. Existen considerables diferencias de fondo y de procedimiento
entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulan la
insolvencia de las entidades de crédito en los Estados miembros. Asimismo, la
crisis financiera ha puesto de manifiesto que los procedimientos generales en
materia de insolvencia no son siempre apropiados para las entidades de crédito,
dado que no siempre garantizan una celeridad suficiente en la intervención, ni
una continuidad de las funciones básicas de las entidades de crédito, ni la
preservación de la estabilidad financiera.
(4)              
Por lo tanto, se necesita un marco que dote a
las autoridades de los instrumentos necesarios para intervenir con suficiente
antelación y rapidez en una entidad de crédito con problemas de solidez o en
graves dificultades, a fin de garantizar la continuidad de las funciones financieras
y económicas esenciales de la entidad, al tiempo que se minimiza el impacto de
su quiebra en el sistema financiero y se garantiza que los accionistas y los
acreedores asuman las pérdidas correspondientes. Las nuevas competencias deben
permitir a las autoridades mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y
a las operaciones de pago, así como vender partes viables de una empresa,
cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. Estos
objetivos deben ayudar a evitar la desestabilización de los mercados
financieros y minimizar los costes para el contribuyente.
(5)              
Algunos Estados miembros ya han promulgado
cambios legislativos que introducen mecanismos para la resolución de entidades
de crédito en graves dificultades; otros han indicado su intención de
introducir estos mecanismos si no se adoptan a nivel de la Unión. Las
diferencias nacionales en las condiciones, competencias y procesos de
resolución de entidades de crédito pueden constituir barreras para el buen
funcionamiento del mercado interior y obstaculizar la cooperación entre las
autoridades nacionales a la hora de hacer frente al problema que plantean los
grupos bancarios transfronterizos en graves dificultades, especialmente cuando
existen enfoques diferentes que delatan que las autoridades nacionales no
tienen el mismo nivel de control o la misma capacidad para resolver las crisis
de las entidades de crédito. Estas diferencias en los sistemas de resolución
también pueden incidir de modo diferente en los costes de la financiación
bancaria dependiendo del Estado miembro del que se trate, y llevar a un
falseamiento de la competencia entre entidades bancarias. Además, se necesitan
sistemas de resolución eficaces en todos los Estados miembros para garantizar
que las entidades no vean restringido el ejercicio de los derechos de
establecimiento inherentes al mercado único debido a la capacidad financiera de
su Estado miembro de origen para gestionar su quiebra.
(6)              
Estos obstáculos han de ser eliminados;
asimismo, se deben adoptar normas para que no se vean afectadas las
disposiciones del mercado interior. A tal efecto, las normas para la resolución
de entidades se deben someter a unas normas mínimas de armonización.
(7)              
Dado que los Estados miembros no pueden
alcanzar de manera satisfactoria los objetivos de la acción que debe
emprenderse, a saber, la armonización de las normas y los procesos para la
resolución de entidades de crédito, y que, habida cuenta del alcance y los
efectos que supone la quiebra de una entidad para toda la Unión, los objetivos
pueden realizarse mejor a este nivel, la Unión puede adoptar medidas, de
acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede
de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
(8)              
A fin de garantizar la coherencia con la
legislación vigente de la Unión en materia de servicios financieros y el máximo
nivel posible de estabilidad financiera en todo el espectro de entidades, el
sistema de resolución no solo debe aplicarse a las entidades de crédito, sino
también a las empresas de inversión sujetas a los requisitos prudenciales
establecidos por la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de
inversión y de las entidades de crédito[20]. El sistema
también debe aplicarse a las sociedades financieras de cartera, a las
sociedades financieras mixtas de cartera contempladas en la Directiva
2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002,
relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de
seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo[21], y a las sociedades
mixtas de cartera y a entidades financieras, cuando estas últimas sean filiales
de una entidad de crédito o de una empresa de inversión. La crisis ha puesto de
manifiesto que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede
repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo, por lo que puede
incluso tener sus propias consecuencias sistémicas. Por ello, las autoridades
deben disponer de medios eficaces de acción también con respecto a estas
entidades para evitar el contagio y preparar un mecanismo de resolución
coherente para el grupo en su conjunto, dado que la insolvencia de una entidad
vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el
grupo.
(9)              
El uso de los instrumentos y competencias de
resolución establecidos por la presente Directiva podría afectar a los derechos
de los accionistas y los acreedores. En particular, la competencia de las
autoridades para transferir las acciones o los activos, en parte o en su
totalidad, de una entidad a un comprador privado sin el consentimiento de los
accionistas, afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Asimismo,
la competencia de decidir qué pasivos se transfieren de una entidad de crédito
en crisis para garantizar la continuidad de los servicios y evitar efectos
perjudiciales sobre la estabilidad financiera podría implicar un trato desigual
de los acreedores.
(10)          
En el contexto de los planes de rescate y
resolución, y cuando hagan uso de los distintos instrumentos a su disposición,
las autoridades nacionales deben tener en cuenta el nivel de riesgo, el tamaño
y la interconexión de una entidad, así como velar por que el régimen se aplique
de forma adecuada.
(11)          
A fin de garantizar la celeridad necesaria en
la intervención, asegurar la independencia de los agentes económicos y evitar
conflictos de intereses, los Estados miembros deben nombrar autoridades
administrativas públicas para realizar las funciones y tareas relacionadas con
la resolución conforme a la presente Directiva. Los Estados miembros deben
garantizar que estas autoridades de resolución cuenten con los recursos
necesarios. La designación de estas autoridades públicas no debe impedir la
delegación de funciones, bajo responsabilidad de la autoridad de resolución
competente. Sin embargo, no es necesario prescribir la autoridad concreta que
los Estados miembros deben nombrar como autoridad de resolución. Aunque la
armonización de este aspecto podría facilitar la coordinación, también
interferiría considerablemente con los sistemas constitucionales y
administrativos de los Estados miembros. Se puede conseguir un grado de
coordinación suficiente con un requisito menos intrusivo: todas las autoridades
nacionales implicadas en la resolución de entidades deben estar representadas
en colegios de autoridades de resolución, en los que tendrá lugar la
coordinación a escala transfronteriza o de la Unión. Por lo tanto, los Estados
miembros deben tener libertad para elegir qué autoridades deben encargarse de
aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias previstas en
la presente Directiva.
(12)          
A la luz de las consecuencias que la quiebra
de una entidad de crédito o una empresa de inversión puede tener en el sistema
financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible
necesidad de usar fondos públicos para resolver una crisis, los ministros de
finanzas o cualquier otro ministro relevante en los Estados miembros deben
participar activamente, desde un primer momento, en el proceso de gestión y de
resolución de la crisis.
(13)          
Para una resolución eficaz de entidades o
grupos que operan en toda la Unión es necesaria la cooperación entre las
autoridades competentes y las autoridades de resolución en el marco de colegios
de autoridades de supervisión y de resolución, y ello en todas las fases
cubiertas por la presente Directiva, desde la elaboración de los planes de
rescate y resolución hasta la resolución efectiva de la entidad. En caso de
desacuerdo entre las autoridades nacionales en torno a las decisiones que hayan
de adoptarse en relación con entidades en aplicación de la presente Directiva,
la Autoridad Bancaria Europea (ABE) debe desempeñar, en última instancia, un
papel de mediación vinculante. A tal efecto, deben concederse a la ABE
competencias que le permitan ordenar a las autoridades nacionales que emprendan
o se abstengan de emprender determinadas acciones específicas en relación con
lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea
de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE
y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión[22].
(14)          
Con el fin de garantizar un enfoque uniforme y
coherente en los ámbitos regulados por la presente Directiva, la ABE debe
también estar facultada para adoptar directrices y para elaborar normas de regulación
y normas técnicas que a continuación serían respaldadas por la Comisión a
través de actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
(15)          
Al objeto de tratar de manera eficaz a las
entidades en dificultades, las autoridades deben tener competencias para
imponer medidas preparatorias y de prevención.
(16)          
Es esencial que todas las entidades preparen y
actualicen regularmente planes que establezcan medidas que las entidades en
cuestión deben adoptar en diferentes circunstancias o escenarios. Los planes
deben ser minuciosos y estar basados en hipótesis realistas aplicables a una
serie de escenarios sólidos y estrictos. No obstante, la exigencia de preparar
un plan de rescate debe aplicarse de manera proporcionada, de forma que refleje
la importancia sistémica de la entidad o el grupo. En ese sentido, el contenido
necesario también debe tener en cuenta la naturaleza de las fuentes de
financiación de la entidad y el grado en que podría contarse con el apoyo del
grupo. Las entidades deben presentar sus planes a supervisores, que realizarán
una evaluación completa para determinar si son exhaustivos y permitirían
restaurar la viabilidad de una entidad, en el momento oportuno, incluso en
periodos de tensión financiera.
(17)          
Cuando una entidad no presente un plan de
rescate adecuado, los supervisores deben estar facultados para exigirle que
adopte las medidas necesarias a fin de corregir sus deficiencias, por ejemplo
modificando su modelo económico o su estrategia de financiación. Este requisito
podría afectar a la libertad de empresa, garantizado por el artículo 16 de la
Carta de Derechos Fundamentales. La limitación de este derecho fundamental es,
sin embargo, necesaria para cumplir los objetivos de estabilidad financiera y protección
de depositantes y acreedores. Más específicamente, dicha limitación es
necesaria para impulsar la actividad económica de las entidades y evitar que
crezcan en demasía o asuman riesgos excesivos sin poder hacer frente a
eventuales reveses o pérdidas y restaurar su base de capital. La limitación es,
además, proporcionada, pues solo una acción preventiva puede garantizar que se
tomen las debidas precauciones; se cumple, por lo tanto, lo dispuesto en el
artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(18)          
La planificación de la resolución es un
componente esencial de una resolución eficaz. Las autoridades deben disponer de
toda la información necesaria para planificar la forma en que las funciones
esenciales de una entidad o de un grupo transfronterizo pueden aislarse del
resto de actividades y transferirse para garantizar la protección y la
continuidad de dichas funciones. No obstante, la exigencia de preparar un plan
de resolución debe simplificarse de forma que refleje la importancia sistémica
de la entidad o el grupo. 
(19)          
Las autoridades de resolución deben tener la
facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de entidades o
grupos para eliminar impedimentos prácticos a la aplicación de los instrumentos
de resolución y garantizar la resolución de las entidades en cuestión. Dada la
naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental para
mantener la estabilidad financiera que las autoridades tengan la posibilidad de
proceder a la resolución de cualquiera de ellas. Con el fin de respetar el
derecho de libertad de empresa, reconocido por el artículo 16 de la Carta de
Derechos Fundamentales, el margen de apreciación de las autoridades debe
limitarse a lo necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la
entidad con el único objetivo de mejorar las condiciones en que se desarrolla
la resolución. Por otro lado, cualquier medida impuesta con ese fin debería ser
coherente con la legislación de la Unión. Las medidas no deben ser
discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por motivos de nacionalidad, y
deben estar justificadas por la razón imperiosa de responder a motivos de
estabilidad financiera en bien del interés público. A fin de determinar si una
acción ha de adoptarse en aras del interés público, las autoridades
responsables de la resolución deben ser capaces, en nombre de dicho interés, de
conseguir sus objetivos de resolución sin encontrar impedimentos a la
aplicación de los instrumentos de resolución o a su capacidad para ejercer las
competencias que les han sido conferidas. Asimismo, una acción no debe
sobrepasar el mínimo necesario para conseguir los objetivos. A la hora de
determinar las medidas que se han de adoptar, las autoridades responsables de
la resolución deben tener en cuenta las alertas y recomendaciones de la Junta
Europea de Riesgo Sistémico creada por el Reglamento (UE) nº 1092/2010,
relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión
Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico[23].
(20)          
Las medidas propuestas para abordar o eliminar
obstáculos a la resolución de una entidad o un grupo no deben impedir que las
entidades ejerzan el derecho de establecimiento reconocido por el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
(21)          
Los planes de rescate y resolución no deben
presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los
contribuyentes al riesgo de sufrir pérdidas. El acceso a instrumentos de
liquidez proporcionados por los bancos centrales, incluidos los de emergencia,
no debe ser considerado ayuda financiera pública extraordinaria, siempre que la
entidad sea solvente en el momento de la aportación de liquidez, y que esta
última no forme parte de un paquete de ayudas más amplio, que el instrumento
sea objeto de una garantía integral a la que se aplican recortes en la
valoración, en función de su calidad y valor de mercado, que el banco central
cobre al beneficiario un tipo de interés penalizador, que la medida se tome por
iniciativa del propio banco central, y que, en particular, no esté respaldada
por ninguna contragarantía del Estado.
(22)          
En la actualidad existen diversas normas en
las legislaciones nacionales que prohíben que una entidad de un grupo
transfronterizo preste apoyo financiero a otra entidad del mismo grupo. Estas
disposiciones están diseñadas para proteger a los acreedores y accionistas de
cada entidad. Sin embargo, no tienen en cuenta la interdependencia de las
entidades del mismo grupo o el interés del grupo. A nivel internacional, solo
determinados sistemas jurídicos nacionales han recogido el concepto de interés
de grupo en la jurisprudencia o las normas jurídicas. Este concepto tiene en
cuenta, además del interés de cada entidad del grupo por separado, el interés
indirecto que cada entidad de un grupo tiene en la prosperidad del grupo en su
conjunto. Sin embargo, difiere de un Estado miembro a otro y no proporciona la
seguridad jurídica necesaria. Por lo tanto, conviene establecer bajo qué
condiciones pueden transferirse ayudas financieras entre entidades de un grupo
bancario transfronterizo con el fin de garantizar la estabilidad financiera del
grupo en su conjunto. La ayuda financiera entre entidades de un grupo debe ser
voluntaria. Conviene que los Estados miembros no hagan depender el ejercicio
del derecho de establecimiento, ni directa ni indirectamente, de la existencia
de un acuerdo de concesión de ayuda financiera.
(23)          
Con el fin de preservar la estabilidad
financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el
deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que
llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la
resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con
competencias de intervención desde el primer momento, incluida la competencia
de sustituir al órgano de dirección de una entidad por un administrador
especial; esto permitiría ejercer presión sobre la entidad en cuestión para que
adopte medidas tendentes a restaurar su solvencia financiera y/o reorganizar
sus actividades a fin de garantizar su viabilidad desde un primer momento. El
cometido del administrador especial debe ser el de tomar todas las medidas
necesarias y promover soluciones encaminadas a restablecer la situación
financiera de la entidad. La designación del administrador especial no debe,
sin embargo, menoscabar derecho alguno de los accionistas o propietarios, ni
tampoco requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades
nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la
Unión o de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones. Las
facultades de intervención temprana deben incluir las ya especificadas en la
Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su
ejercicio[24] para circunstancias
distintas a las consideradas intervención temprana, así como otras situaciones
consideradas necesarias para restaurar la solvencia financiera de una entidad.
(24)          
El marco de resolución debe disponer que la
incoación de la resolución tenga lugar antes de que la entidad financiera sea
insolvente de acuerdo con su balance y antes de que todo su patrimonio haya
desaparecido. La resolución debe iniciarse cuando una empresa no es ya viable o
corre peligro de dejar de serlo, y otras medidas han resultado insuficientes
para evitar la quiebra. El hecho de que una entidad no cumpla los requisitos de
autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de una resolución,
especialmente si la entidad es o podría resultar aún viable. Debe considerarse
que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra
cuando incumpla o vaya a incumplir los requisitos de capital necesarios para
conservar su autorización por haber incurrido o resultar probable que incurra
en pérdidas que agotarían o mermarían sus fondos propios; o cuando el activo de
la entidad sea o vaya a ser inferior a su pasivo;  o cuando la entidad no pueda
o no vaya a poder hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de éstas, o
cuando la entidad necesite una ayuda financiera pública extraordinaria. La
necesidad de ayudas de urgencia del banco central para crisis de liquidez no
debe ser, por sí sola, una condición que evidencie de forma suficiente que una
determinada entidad no puede o no podrá, a corto plazo, hacer frente al pago de
sus deudas al vencimiento de éstas. A fin de preservar la estabilidad
financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las
garantías estatales sobre instrumentos de liquidez facilitados por los bancos
centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión no deben
poner en marcha el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de
condiciones. En particular, las garantías estatales deben ser aprobadas con
arreglo a lo dispuesto en el marco en materia de ayudas estatales y no deben
formar parte de un paquete de ayuda más amplio, y además el uso de las
garantías debe estar estrictamente limitado en el tiempo. En ambos casos, el
banco debe ser solvente.
(25)          
Las competencias de las autoridades de
resolución deben ser también aplicables a las sociedades de cartera cuando la
sociedad y una de sus filiales se encuentren en graves dificultades o en
peligro de quiebra. Además, incluso si una sociedad de cartera no se encuentra
en graves dificultades o en peligro de quiebra, podrán aplicársele las
competencias de las autoridades de resolución si una o más entidades de crédito
o empresas de inversión filiales cumplen las condiciones de resolución y si la
aplicación de las competencias de resolución respecto a la sociedad de cartera
es necesaria para la resolución de una o más de sus filiales o para la
resolución del grupo en su conjunto.
(26)          
Si una entidad está en graves dificultades o en
peligro de quiebra, las autoridades nacionales deben tener a su disposición un
conjunto mínimo armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Su
utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales
comunes. Una vez la autoridad de resolución haya tomado la decisión de iniciar
la resolución de la entidad, debe prescindirse de los procedimientos de
insolvencia ordinarios. Los Estados miembros deben otorgar a las autoridades de
resolución competencias e instrumentos que se añadirían a los otorgados por la
presente Directiva. El uso de estos instrumentos y competencias debe ajustarse,
sin embargo, a los principios y objetivos recogidos en ella. En particular,
dicho uso no tiene que obstaculizar la resolución efectiva de grupos
transfronterizos y debe garantizar que los accionistas asuman las pérdidas.
(27)          
A fin de evitar riesgos morales, una entidad
insolvente debe poder salir del mercado sin perturbar el sistema,
independientemente de su tamaño y su interconexión. En principio, una entidad
en graves dificultades debe ser liquidada conforme a los procedimientos de
insolvencia ordinarios. Sin embargo, una liquidación realizada conforme a estos
procedimientos puede poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la
prestación de los servicios básicos y afectar a la protección de los
depositantes. En este caso, existe un interés público en la aplicación de
instrumentos de resolución. Los objetivos de la resolución deben ser, por
tanto, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos, mantener
la estabilidad del sistema financiero y reducir el riesgo moral, minimizando la
dependencia de ayudas públicas destinadas a entidades en graves dificultades y
protegiendo a los depositantes.
(28)          
Antes de tomar decisiones acerca del
mantenimiento de la entidad en funcionamiento, debe considerarse siempre la
posibilidad de liquidar la entidad insolvente con arreglo a los procedimientos
de insolvencia ordinarios. Para mantener en funcionamiento las actividades de
una entidad insolvente deben utilizarse, en la medida de lo posible, fondos
privados. Esto puede
conseguirse bien mediante la venta a un comprador del sector privado (o a la
fusión con el mismo) o, una vez efectuada la depreciación de los pasivos de la
entidad o la conversión de su deuda en capital, mediante una recapitalización.
(29)          
Al aplicar los instrumentos de resolución y
ejercer las competencias de resolución, las autoridades responsables deben
asegurarse de que los accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las
pérdidas, que los directivos sean sustituidos, que los costes de la resolución
de la entidad se minimicen y que todos los acreedores de una entidad insolvente
que sean de la misma categoría reciban un trato similar. Cuando el uso de los
instrumentos de resolución implique conceder ayudas estatales, las
intervenciones deberían ser evaluadas conforme a las disposiciones pertinentes
en materia de ayudas estatales. Puede existir ayuda estatal, entre otras cosas,
cuando los fondos de resolución o los fondos de garantía de depósitos
intervienen para respaldar la resolución de las entidades en quiebra.
(30)          
Las limitaciones de los derechos de los
accionistas y acreedores deben ser coherentes con el artículo 52 de la Carta de
Derechos Fundamentales. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben
aplicarse únicamente a las entidades en graves dificultades o en peligro de
quiebra, y solo cuando sea necesario para conseguir la estabilidad financiera
en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando la entidad
no se pueda liquidar conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios
porque se desestabilizaría el sistema financiero, cuando las medidas sean
necesarias para garantizar una transferencia rápida y la continuidad de las
funciones de importancia sistémica y cuando no existan perspectivas razonables
de otras soluciones alternativas procedentes del sector privado, por ejemplo
una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por
terceros con el fin de restablecer totalmente la viabilidad de la entidad.
(31)          
La interferencia con los derechos de propiedad
no debe ser desproporcionada. Ello significa que los accionistas y los
acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que
hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada en el momento en que se
adopta la decisión de proceder a la resolución. En caso de transferencia
parcial de los activos de una entidad objeto de resolución a un comprador
privado o a un banco puente, la parte residual de la entidad objeto de
resolución debe ser liquidada con arreglo a unos procedimientos de insolvencia
ordinarios. Con objeto de proteger a los accionistas y acreedores restantes en
el procedimiento de liquidación de la entidad, los mismos han de tener derecho
a recibir, como pago de sus créditos en el proceso de liquidación, no menos de
lo que se estima que habrían recuperado si toda la entidad hubiera sido
liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.
(32)          
Para proteger el derecho de los accionistas y
acreedores a recibir no menos de lo que habrían recibido en el marco de
procedimientos de insolvencia ordinarios, deben establecerse unas obligaciones
claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la entidad y debe
concederse el tiempo requerido para analizar adecuadamente qué trato habrían
recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos
de insolvencia ordinarios. Ha de existir la posibilidad de comenzar esta
valoración ya en la fase de intervención temprana. Antes de emprender una
acción de resolución, debe llevarse a cabo una estimación del valor de los
activos y pasivos de la entidad y del trato que los accionistas y los
acreedores recibirían con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Tal
valoración debe poder ser objeto de revisión judicial únicamente junto a la
decisión de resolución. Además, debe imponerse la obligación de llevar a cabo,
una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación a
posteriori entre el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el
trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia
ordinarios. Si se determina que los accionistas y los acreedores han recibido,
como pago de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos
de insolvencia ordinarios, deben tener derecho al pago de la diferencia. Contrariamente
a la valoración previa a la acción de resolución, debe disponerse de la
posibilidad de oponerse a esta comparación de forma independiente a la decisión
de resolución. Los Estados miembros deben ser libres de decidir las modalidades
de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas y acreedores. Caso de
existir, la diferencia debe ser abonada a través de los mecanismos de
financiación establecidos de conformidad con la presente Directiva. 
(33)          
Es importante que se reconozcan las pérdidas
en caso de quiebra de una entidad. El principio rector para la valoración de
los activos y pasivos de entidades en graves dificultades debe ser su valor de
mercado en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución, en la
medida en que los mercados funcionen correctamente. Cuando existen verdaderas
alteraciones en los mercados, la valoración puede realizarse conforme al valor
económico a largo plazo, debidamente justificado, de los activos y los pasivos.
Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una
valoración rápida de los activos o de los pasivos de una entidad en graves
dificultades. Esta valoración debe ser provisional y se aplicará hasta el
momento en que se lleve a cabo una valoración independiente.
(34)          
Es necesario actuar con rapidez para mantener
la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez se ha estimado
que una entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra,
las autoridades de resolución no deben demorarse en adoptar medidas adecuadas. La
diversidad de circunstancias en las que puede tener lugar una quiebra, y en
particular la posible urgencia que presente la situación, pueden justificar que
las autoridades de resolución emprendan la acción de resolución sin imponer la
obligación de recurrir primero a las competencias de intervención temprana.
(35)          
Los instrumentos de resolución deben aplicarse
antes de que se produzca una inyección de capital del sector público, o
cualquier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente. Esto, sin
embargo, no debe impedir la utilización, para la financiar la resolución, de
fondos de los sistemas de garantía de depósitos o de los fondos de resolución. A
este respecto, la concesión de ayuda financiera pública extraordinaria o de
fondos de resolución, incluidos los fondos de garantía de depósitos, al objeto
de respaldar la resolución de entidades en peligro de quiebra, debe evaluarse
de conformidad con la normativa en materia de ayudas estatales.
(36)          
Entre los instrumentos de resolución debe
estar la venta de las actividades a un comprador privado, la constitución de
una entidad puente, la segregación de los activos sanos y tóxicos y la
recapitalización de la entidad en graves dificultades.
(37)          
Cuando se hayan utilizado los instrumentos de
resolución para transferir los servicios de importancia sistémica o las
actividades viables de una entidad en graves dificultades a una entidad sana,
como un comprador del sector privado o una entidad puente, la parte residual de
la entidad debe liquidarse en un periodo de tiempo razonable, teniendo en
cuenta la necesidad de que la entidad en situación de quiebra preste servicios
o apoyo que permitan al comprador o a la entidad puente ejercer las actividades
o servicios adquiridos en virtud de dicha transferencia.
(38)          
La venta de las actividades debe permitir a
las autoridades vender la entidad de crédito o una parte de sus actividades a
uno o más compradores sin el consentimiento de los accionistas. Al aplicar este
instrumento, las autoridades deben dar los pasos necesarios para poner a la
venta la mencionada entidad o parte de sus actividades en el marco de un
proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a la vez
maximizar en lo posible el precio de venta.
(39)          
A efectos de proteger el derecho de los
accionistas y los acreedores a no recibir menos de lo que habrían recibido en
el caso de procedimientos de insolvencia ordinarios, cualquier ingreso
procedente de una transferencia parcial de activos debe beneficiar a la entidad
objeto de resolución. En caso de transferencia de todas las acciones o de todos
los activos, derechos y obligaciones de la entidad, todo ingreso procedente de
la transferencia debe beneficiar a los accionistas de la entidad en quiebra. Los
ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados de la quiebra de la
entidad y del proceso de resolución. 
(40)          
Para llevar a cabo sin demora la venta de las
actividades y para proteger la estabilidad financiera, la evaluación del
comprador de una participación cualificada debe realizarse rápidamente, por lo
que es necesaria una excepción respecto a los plazos establecidos por la
Directiva 2006/48/CE.
(41)          
Es probable que la información relativa a la
comercialización de una entidad en situación de quiebra y las negociaciones con
los posibles adquirentes antes de recurrir a la venta de las actividades sea de
importancia sistémica. A fin de garantizar la estabilidad financiera, es
importante que la divulgación de esta información, requerida por la Directiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre
las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado
(abuso del mercado)[25], pueda retrasarse
durante el periodo de tiempo necesario para planificar y estructurar la
resolución de la entidad, conforme a los retrasos permitidos en virtud del
régimen de abuso del mercado.
(42)          
Al tratarse de una entidad controlada por la
autoridad de resolución, una entidad puente debe tener como principal objetivo
garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos para los
clientes de la entidad insolvente y el mantenimiento de las actividades
financieras esenciales. La entidad puente debe volver a funcionar como una
empresa viable y volver al mercado lo antes posible, o liquidarse si no es
viable.
(43)          
La segregación de activos debe permitir a las
autoridades transferir activos improductivos, o cuyo valor se haya deteriorado,
a otra entidad distinta. La segregación de activos solo se debe usar en combinación
con otros instrumentos, a fin de evitar una ventaja competitiva indebida para
la entidad en graves dificultades.
(44)          
Un mecanismo de resolución eficaz debe reducir
al mínimo la posibilidad de que los costes de la resolución de una entidad en
graves dificultades sean asumidos por los contribuyentes. Debe también
garantizar que las entidades importantes y de envergadura sistémica sean objeto
de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de
recapitalización persigue este objetivo garantizando que los accionistas y los
acreedores de la entidad sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte
correspondiente de esos costes. Para ello, el Consejo de Estabilidad Financiera
recomendó que en el marco de resolución se incluyeran competencias estatutarias
de reducción del valor de la deuda como una opción adicional junto con otros
instrumentos de resolución.
(45)          
A fin de garantizar que las autoridades de
resolución tengan la flexibilidad necesaria para asignar las pérdidas a los
acreedores en diversas circunstancias, es conveniente que puedan utilizar el
instrumento de recapitalización, tanto cuando el objetivo sea aplicar el
procedimiento de resolución a la entidad en graves dificultades a la vez que se
mantienen sus actividades, si existen perspectivas realistas de
restablecimiento de la viabilidad, como cuando se transfieran los servicios de
importancia sistémica a una entidad puente y la parte residual de la entidad
deje de operar y sea objeto de liquidación.
(46)          
Cuando se aplique el instrumento de
recapitalización con el objetivo de restaurar el capital de la entidad en
graves dificultades y permitir que la misma siga operando, la resolución a
través de este instrumento siempre debe ir acompañada de la sustitución de la
dirección y la consiguiente reestructuración de la entidad y de sus actividades
de tal forma que se aborden los motivos de su quiebra. Dicha reestructuración
se debe conseguir mediante la aplicación de un plan de reorganización de las
actividades. Cuando proceda, estos planes deben ser compatibles con el plan de
reestructuración que las entidades deben presentar a la Comisión de conformidad
con el marco de ayudas estatales de la Unión. En particular, además de las
medidas tendentes a restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad, el
plan debe incluir medidas que limiten al mínimo las ayudas, organicen el
reparto de la carga y reduzcan el falseamiento de la competencia.
(47)          
No es adecuado recurrir a la recapitalización
cuando se trate de reclamar créditos, en la medida en que estos estén
asegurados, respaldados por activos o por otro tipo de garantía. Sin embargo, a
fin de que esta recapitalización sea eficaz y consiga sus objetivos, resulta
deseable que se pueda aplicar al mayor número posible de pasivos no
garantizados de una entidad en graves dificultades. No obstante, conviene
excluir determinados tipos de pasivos no garantizados del ámbito de aplicación
de este instrumento. Por motivos de interés público y en aras de la eficacia de
la resolución, la recapitalización no debe aplicarse a los depósitos que estén
protegidos en virtud de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo[26], de 30 de mayo de 1994,
relativa a los sistemas de garantía de depósitos, a las deudas con empleados de
la entidad en graves dificultades, o las demandas de índole comercial en
referencia a productos y servicios necesarios para el funcionamiento diario de
la entidad.
(48)          
Los depositantes cuyos depósitos estén
garantizados por el sistema de garantía de depósitos no deben someterse al
instrumento de capitalización. El sistema de garantía de depósitos, sin
embargo, contribuye a la financiación del proceso de resolución en la medida en
que tenga que indemnizar a los depositantes. El ejercicio de la competencia de
recapitalización garantizaría que los depositantes continúen teniendo acceso a
sus depósitos, lo que constituye la principal razón de ser de los sistemas de
garantía de depósitos. No contemplar la participación de esos regímenes en
tales circunstancias constituiría una ventaja injustificada frente al resto de
los acreedores que estarían sujetos al ejercicio de las competencias de la
autoridad de resolución.
(49)          
En general, las autoridades de resolución
deben aplicar el instrumento de recapitalización de manera que se trate de
forma similar a los acreedores y se respete el rango estatutario de las
reclamaciones conforme a la legislación aplicable en casos de insolvencia. Las
pérdidas deben ser absorbidas en primer lugar por los instrumentos de capital
regulador y ser asignadas a los accionistas, bien mediante la cancelación de
acciones o a través de una fuerte dilución. Si estos instrumentos no son
suficientes, debe procederse a una conversión o depreciación de la deuda
subordinada. Finalmente, si las categorías subordinadas se han convertido o
depreciado ya totalmente, debe procederse a una conversión o liquidación de
créditos preferentes.
(50)          
Para evitar que las entidades estructuren sus
pasivos de forma tal que se atente contra la eficacia del instrumento de
recapitalización, es conveniente establecer que las entidades dispongan en todo
momento de un importe agregado de fondos propios, deuda subordinada y pasivos
de rango superior sometidos al instrumento de recapitalización y que no se
consideren fondos propios a efectos de lo dispuesto en las Directivas
2006/48/CE o 2006/49/CE, que sea superior a un determinado porcentaje de los
pasivos totales de la entidad. Las autoridades de resolución deben también
tener la facultad de exigir que este porcentaje se componga total o
parcialmente de fondos propios y deuda subordinada.
(51)          
Los Estados miembros deben garantizar que los
instrumentos de capital adicionales de nivel 1 y nivel 2 absorban plenamente
las pérdidas al llegarse al punto de no viabilidad de la entidad emisora. Por
lo tanto, las autoridades de resolución deben reducir el valor de estos
instrumentos en su totalidad, o convertirlos en instrumentos de capital
ordinario de nivel 1, al llegarse al punto de no viabilidad y antes de que se
adopte cualquier otra medida de resolución. Para ello, por punto de no
viabilidad se entenderá el momento en el que la autoridad nacional competente
determine que la entidad cumple las condiciones para ser sometida a resolución
o el momento en el que la autoridad decida que la entidad deja de ser viable si
no se deprecia el valor de estos instrumentos de capital. El hecho de que los
instrumentos vean depreciado su valor o sean convertidos por las autoridades en
las circunstancias requeridas por la presente Directiva deberá reconocerse
conforme a las condiciones que rigen el instrumento, y en cualquier folleto o
documento de oferta publicado o suministrado en relación con los instrumentos.
(52)          
Al mantener la entidad en funcionamiento, el
instrumento de recapitalización debe maximizar el valor de los créditos de los
acreedores, aumentar la seguridad del mercado y tranquilizar a las
contrapartes. Para tranquilizar a los inversores y las contrapartes del mercado
y reducir al mínimo su impacto, es necesario permitir que el instrumento no se
aplique hasta el 1 de enero de 2018.
(53)          
Las autoridades de resolución deben tener
todas las competencias legales que, en combinaciones diferentes, puedan ejercer
al aplicar los instrumentos de resolución. Se trata de las competencias
necesarias para transferir acciones, activos, derechos o pasivos de una entidad
en graves dificultades a otro ente, que puede ser otra entidad o una entidad
puente; las competencias para amortizar o cancelar acciones, o depreciar o
convertir la deuda de una entidad en dificultades o convertirla en acciones; y
las competencias para sustituir a la dirección e imponer una moratoria temporal
al pago de créditos. Pueden ser necesarias otras competencias adicionales, como
la de exigir la continuidad de los servicios básicos de otras partes del grupo.
(54)          
No es necesario imponer a las autoridades
encargadas de la resolución las modalidades concretas de su intervención en la
entidad insolvente. Las autoridades encargadas de la resolución deben poder
elegir entre asumir el control mediante la intervención directa en la entidad o
a través de una orden ejecutiva, según las circunstancias del caso. Por el
momento no parece que sea preciso imponer un único modelo para lograr una
cooperación eficaz entre los Estados miembros.
(55)          
El marco de resolución debe incluir requisitos
de procedimiento para que las medidas de resolución sean notificadas y
publicadas debidamente. Sin embargo, dado que es probable que la información
obtenida por las autoridades encargadas de la resolución y sus asesores
profesionales durante el proceso de resolución sea sensible, esta información
debe someterse a un régimen de confidencialidad eficaz antes de hacer pública
la decisión sobre la resolución.
(56)          
Las autoridades nacionales deben disponer de
competencias auxiliares para garantizar la eficacia de la transferencia de acciones
o instrumentos de deuda y de activos, derechos y pasivos. Estas competencias
deben incluir la facultad de eliminar los derechos de terceros en relación con
los instrumentos o activos transferidos, de ejecutar contratos y de asegurar la
continuidad de los mecanismos respecto del beneficiario de los activos y
acciones transferidos. Sin embargo, no deben verse afectados los derechos de
los empleados a rescindir un contrato de trabajo. Tampoco debe verse afectado
el derecho de una parte a rescindir un contrato por motivos distintos a la mera
sustitución de la entidad en graves dificultades por la nueva entidad. Las
autoridades encargadas de la resolución también deben tener la competencia
adicional de exigir a la entidad residual que está siendo objeto de liquidación
conforme al procedimiento de insolvencia ordinario que preste los servicios
necesarios para que pueda proseguir sus actividades la entidad a la que se han
transferido activos o acciones en virtud de la aplicación del instrumento de
venta de actividades o de constitución de una entidad puente.
(57)          
De conformidad con el artículo 47 de la Carta
de Derechos Fundamentales, las partes afectadas tienen el derecho a un
procedimiento legal y a un recurso contra las medidas que les afecten. Por lo
tanto, las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la resolución
deben someterse a revisión judicial. Sin embargo, puesto que esta Directiva se
propone dar soluciones a situaciones de máxima urgencia, y como la suspensión
de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculizar la
continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la
presentación de una solicitud de revisión o la emisión de una orden judicial no
pueda suspender la ejecución de las decisiones de resolución. Además, para
proteger a terceros que hayan adquirido activos, derechos o pasivos de la
entidad objeto de resolución en el marco del ejercicio de las competencias de
resolución por parte de las autoridades, y para lograr la estabilidad de los
mercados financieros, la revisión judicial no debe afectar a los actos
administrativos o las transacciones celebradas en virtud de una decisión
anulada. Las medidas de corrección correspondientes a una decisión o acción
incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño sufrido por las
personas afectadas.
(58)          
Para garantizar la eficacia de la resolución,
y con el fin de evitar conflictos de jurisdicción, no deben iniciarse o
proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios contra la entidad en
graves dificultades mientras la autoridad encargada de la resolución esté
ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos para este
fin. También resultaría útil y necesario suspender durante un periodo limitado
las obligaciones contractuales para que la autoridad tenga tiempo de poner en
práctica los instrumentos de resolución.
(59)          
A fin de que las autoridades de resolución, al
transferir activos y pasivos a un comprador del sector privado o a una entidad
puente, tengan el tiempo suficiente para identificar los contratos que hay que
transferir, convendría imponer restricciones proporcionadas a los derechos de
las contrapartes de rescindir, acelerar o finalizar de otro modo los contratos
financieros antes de que se realice la transferencia. Esa restricción es
necesaria para que las autoridades puedan hacerse una imagen fidedigna del
balance de la entidad en graves dificultades, sin los cambios de valor y objeto
que conllevaría un ejercicio de derechos de rescisión a gran escala. A fin de
interferir lo menos posible con los derechos contractuales de las contrapartes,
la restricción de los derechos de rescisión debe aplicarse únicamente en
relación con la acción de resolución, y se deben mantener los derechos de
rescisión derivados de cualquier otro incumplimiento, incluido el impago o la
incapacidad de generar un margen.
(60)          
A fin de respetar las disposiciones legítimas
acordadas en los mercados de capital, en caso de que se transfiera una parte,
pero no la totalidad, de los activos, los derechos y los pasivos de una entidad
en graves dificultades, conviene incluir mecanismos de salvaguardia para evitar
la división de los pasivos, los derechos y los contratos vinculados. Esta
restricción impuesta sobre la selección de contratos vinculados debe hacerse
extensiva a los contratos con la misma contraparte cubiertos por acuerdos de
garantía, acuerdos de garantía financiera mediante transferencia de títulos,
acuerdos de compensación recíproca, acuerdos de liquidación por compensación y
acuerdos de financiación estructurada. Cuando se aplique el mecanismo de
salvaguardia, las autoridades encargadas de la resolución deben estar obligados
a transferir todos los contratos vinculados dentro de un sistema protegido, o
dejarlos todos a la entidad bancaria residual en situación de quiebra. Estas
salvaguardas deben garantizar que no se vea afectado el tratamiento de los
requisitos de capital en relación con los riesgos cubiertos por un acuerdo de
compensación a efectos de la Directiva 2006/48/CE.
(61)          
Cuando las autoridades de resolución se
propongan transferir una serie de contratos vinculados, pero la transferencia
no pueda aplicarse a todos los contratos que comprenden la serie debido a que
determinados derechos u obligaciones cubiertos por los contratos están regidos
por la legislación de un territorio exterior a la Unión, la transferencia no
debe realizarse. Toda transferencia que infrinja esta norma debe ser nula.
(62)          
Aunque garantizar que las autoridades
encargadas de la resolución cuenten con los mismos instrumentos y competencias
facilitará la coordinación de las acciones en caso de quiebra de un grupo
transfronterizo, parece necesario adoptar más acciones para promover la
cooperación y evitar respuestas nacionales fragmentadas. Se debe exigir a las
autoridades de resolución que se consulten entre sí y cooperen en la resolución
de entidades vinculadas, en colegios de autoridades de resolución, de cara a
acordar un mecanismo de resolución de grupo. Se deben crear colegios de
autoridades de resolución integrados en torno al núcleo de los colegios de
autoridades de supervisión existentes mediante la inclusión de autoridades de
resolución de entidades pertenecientes a grupos, con la participación, cuando
proceda, de los Ministerios de Hacienda. En caso de crisis, el colegio de
autoridades de resolución debe servir de foro para el intercambio de
información y la coordinación de las medidas de resolución.
(63)          
La resolución de los grupos transfronterizos
debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de procedimientos que tengan en
cuenta, por un lado, la urgencia de la situación y encuentren soluciones
eficaces, justas y rápidas para el grupo en su conjunto y, por otro, la
necesidad de proteger la estabilidad financiera en todos los Estados miembros
en los que opera el grupo. Las diferentes autoridades de resolución deben
intercambiar sus puntos de vista en el colegio de autoridades de resolución.
Las acciones de resolución propuestas por la autoridad de resolución a nivel de
grupo deben ser preparadas y debatidas por las diferentes autoridades nacionales
de resolución en el contexto de los planes de resolución de grupo. Los colegios
de autoridades de resolución deben integrar las posiciones de las autoridades
de resolución de todos los Estados miembros en los que opera el grupo con el
fin de facilitar, siempre que sea posible, unas decisiones conjuntas rápidas.
Las acciones de resolución emprendidas por la autoridad de resolución a nivel
de grupo han de tener siempre en cuenta el impacto en la estabilidad financiera
de los Estados miembros en los que opera el grupo. Para garantizar esta última,
las autoridades de resolución del Estado miembro en el que está establecida una
filial deben tener la posibilidad de oponerse a las decisiones de la autoridad
de resolución a nivel de grupo, no sólo en cuanto a la oportunidad de las
acciones y las medidas de resolución, sino también a la necesidad de proteger
la estabilidad financiera en dicho Estado miembro. Cualquier controversia
acerca de, entre otras cosas, si está suficientemente protegida la estabilidad
financiera en todos los Estados miembros en los que el opera el grupo, debe ser
resuelta por la ABE. La ABE debe garantizar, en particular, que la decisión de
resolución finalmente adoptada tenga en cuenta los intereses de protección de
la estabilidad financiera tanto en la Unión como en los Estados miembros en los
que opera el grupo.
(64)          
El hecho de crear un plan de resolución de
grupo facilitaría una resolución coordinada, lo que probablemente redundaría en
los mejores resultados para todas las entidades de un grupo. El plan de
resolución de grupo debe ser propuesto por la autoridad de resolución a nivel
de grupo y ser vinculante para los miembros del colegio de autoridades de
resolución. Las autoridades nacionales de resolución que no estén de acuerdo
con el plan deben tener la posibilidad de llevar el asunto ante la ABE. Partiendo
de una evaluación que analizaría si es necesario que un Estado miembro adopte
una acción independiente por razones de estabilidad financiera nacional, y
teniendo en cuenta las repercusiones de tal acción en la estabilidad financiera
de otros Estados miembros, y también la maximización del valor del grupo en su
conjunto, es preciso que la ABE cuente con las competencias necesarias para
resolver eventuales discrepancias.
(65)          
Como parte de un plan de resolución de grupo,
se recomienda a las autoridades nacionales que apliquen el mismo instrumento a
todas las entidades jurídicas que cumplan las condiciones de resolución. Las
autoridades nacionales no deben tener la facultad de oponerse a instrumentos de
resolución aplicados a nivel de grupo que competan a la autoridad responsable
de la resolución del grupo, por ejemplo la aplicación del instrumento de banco
puente a la entidad matriz, la venta de activos de la entidad de crédito
matriz, o la conversión de la deuda de la entidad matriz. Las autoridades
responsables de la resolución a nivel de grupo también deben tener la facultad
de aplicar el instrumento del banco puente a nivel de grupo (lo que podría
suponer, cuando proceda, medidas para el reparto de la carga) a fin de
estabilizar un grupo en su conjunto. La propiedad de las filiales puede
transferirse al banco puente de cara a una venta posterior, bien globalmente o
por separado, cuando las condiciones del mercado sean las adecuadas. Asimismo,
la autoridad responsable de la resolución a nivel de grupo debe tener la
facultad de recurrir a la recapitalización a nivel de la entidad matriz.
(66)          
Para llevar a cabo una resolución eficaz de
entidades y grupos que operen a nivel internacional son necesarios acuerdos de
cooperación entre la Unión y las autoridades de resolución de terceros países. La
cooperación resultará más fácil si los sistemas de resolución de terceros
países se basan en los principios y enfoques comunes que está desarrollando el
Consejo de Estabilidad Financiera y el G-20. En este sentido, la ABE debe
impulsar y emprender, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento
nº 1093/2010, negociaciones administrativas marco con autoridades de
terceros países, y las autoridades nacionales deben celebrar acuerdos
bilaterales que, en la medida de lo posible, concuerden con los acuerdos marco
de la ABE. El desarrollo de estos acuerdos de cooperación celebrados entre
autoridades nacionales responsables de gestionar las quiebras de empresas multinacionales
debe ser un medio para garantizar que la planificación, la toma de decisiones y
la coordinación resulten eficaces en lo que atañe a los grupos internacionales.
Debe encomendarse también a la ABE el reconocimiento de las medidas adoptadas
por las autoridades de terceros países. Los Estados miembros deben ser
responsables de la ejecución de las decisiones de reconocimiento de la ABE.
(67)          
La cooperación debe producirse tanto entre las
filiales de grupos de la Unión o de terceros países como entre las sucursales
de entidades de la Unión o de terceros países. Las filiales de grupos de
terceros países son empresas establecidas en la Unión, por lo que están
plenamente sometidas al Derecho de la Unión, incluidos los instrumentos de
resolución contemplados en la presente Directiva. Sin embargo, es necesario que
los Estados miembros puedan también aplicar los instrumentos de resolución a
sucursales de entidades que tengan su sede principal en terceros países, si el
reconocimiento y la aplicación a una sucursal de procedimientos de terceros
países pudiera poner en peligro la estabilidad del sistema financiero de la
Unión, o cuando los depositantes de la Unión no recibieran un trato igualitario
en comparación con los depositantes de terceros países. Por estas razones, es
necesario que la ABE tenga la facultad de rechazar, previa consulta de las
autoridades nacionales de resolución, el reconocimiento de los procedimientos
de terceros países con respecto a sucursales de entidades de terceros países en
la Unión.
(68)          
Existen circunstancias en las que la eficacia
de los instrumentos de resolución puede depender de la disponibilidad de
financiación a corto plazo para la entidad o para la entidad puente, del hecho
de que se ofrezcan garantías a los posibles compradores o de que se proporcione
capital a la entidad puente. A pesar del papel que desempeñan los bancos
centrales a la hora de proporcionar liquidez al sistema financiero, incluso en
periodos de tensión, es importante que los Estados miembros establezcan
mecanismos de financiación para evitar que los fondos necesarios para estos
fines provengan de los presupuestos nacionales. Debe ser el sector financiero,
en su conjunto, el que financie la estabilización del sistema financiero.
(69)          
Como norma general, las contribuciones se deben
recaudar del sector antes de la aplicación de cualquier operación de resolución
y con independencia de ella. Cuando estos fondos recaudados con anterioridad no
sean suficientes para cubrir las pérdidas o los costes incurridos para ejecutar
los mecanismos de financiación, se deberán recaudar más contribuciones para
asumir costes o pérdidas adicionales.
(70)          
Para alcanzar una masa crítica y evitar los
efectos procíclicos que surgirían si, en un contexto de crisis sistémica, los
mecanismos de financiación tuvieran que basarse únicamente en contribuciones ex
post, es indispensable que se prevea un determinado nivel de recursos
financieros ex ante a disposición de dichos mecanismos. 
(71)          
Con el fin de garantizar un cálculo equitativo
de las contribuciones y proporcionar incentivos para operar con arreglo a
modelos menos arriesgados, las contribuciones a los mecanismos nacionales de
financiación deben tener en cuenta el grado de riesgo asumido por las entidades
de crédito.
(72)          
Garantizar la resolución efectiva de entidades
financieras en quiebra es para la Unión un componente fundamental de la
realización del mercado interior. La quiebra de tales entidades tiene
repercusiones, no sólo en la estabilidad financiera de los mercados en los que
opera directamente, sino también la de todo el mercado financiero de la Unión. Con
la realización del mercado interior en el sector de los servicios financieros
ha quedado reforzada la interacción de los diversos sistemas financieros
nacionales. Las entidades pasan a operar fuera de su Estado miembro de
establecimiento y entran en relaciones de interdependencia a través de los
mercados interbancarios o de otros que, por su naturaleza, tienen carácter
paneuropeo. Garantizar una financiación efectiva de la resolución de estas
entidades, y ello en unas condiciones igualitarias para todos los Estados
miembros, es algo que redunda en interés, no solo de los Estados miembros en
los que actúan, sino también de todos los Estados miembros en general, porque
constituye un medio para garantizar unas condiciones de competencia en pie de
igualdad y para mejorar el funcionamiento del mercado financiero único de la
Unión. Con el establecimiento de un sistema europeo de mecanismos de
financiación se garantiza que todas las entidades que operan en la Unión puedan
acogerse a mecanismos de financiación de resoluciones igualmente eficaces y que
se preserve la estabilidad del mercado único.
(73)          
Con el fin de aumentar la resistencia del
sistema europeo de mecanismos de financiación, y en consonancia con el
principio que requiere que la financiación corra a cargo fundamentalmente de
los operadores económicos y no de los presupuestos públicos, los mecanismos
nacionales deben tener la posibilidad de prestarse fondos unos a otros en caso
de necesidad.
(74)          
Si bien los mecanismos financieros se
instituyen a nivel nacional, en el contexto de una resolución de grupo deben
ser mutualizados. Cuando una acción de resolución garantice que los
depositantes sigan teniendo acceso continuo a sus depósitos, los sistemas de
garantía de depósitos a los que está afiliada una entidad objeto de resolución
debe hacerse responsable, hasta una cantidad igual a los depósitos cubiertos,
de las pérdidas que hubieran tenido que soportar si la entidad hubiera sido
liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.
(75)          
Además de garantizar el reembolso de los
depositantes o el acceso continuo a los depósitos cubiertos, los Estados
miembros deben conservar un margen de discrecionalidad para decidir si los
sistemas de garantía de depósitos han de utilizarse también como dispositivos
de financiación de otras acciones de resolución. Esta flexibilidad no debe
utilizarse de manera que ponga en peligro la financiación de los sistemas de
garantía de depósitos o la función de garantizar el reembolso de los depósitos
cubiertos. 
(76)          
En caso de que los depósitos se transfieran a
otra entidad en el contexto de la resolución de una entidad de crédito, los
depositantes no deben estar asegurados más allá del nivel de cobertura previsto
en la Directiva 94/19/CE. Por lo tanto, las reclamaciones relativas a los
depósitos remanentes en la entidad de crédito objeto de la resolución deben
limitarse a la diferencia entre los fondos transferidos y el nivel de cobertura
establecido en la Directiva 94/19/CE. En caso de que los depósitos transferidos
sean superiores al nivel de cobertura, el depositante no podrá reclamar al
sistema de garantía los depósitos que queden en la entidad de crédito objeto de
resolución.
(77)          
La constitución de los mecanismos de
financiación integrantes del sistema europeo de mecanismos de financiación
establecido en la presente Directiva debe garantizar la coordinación del uso de
los fondos disponibles a nivel nacional para resoluciones. 
(78)          
Las normas técnicas de los servicios
financieros deben garantizar una armonización coherente y una protección
adecuada de los depositantes, inversores y consumidores de la Unión. Como
organismo con conocimientos muy especializados, sería eficiente y adecuado
confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y
de ejecución que no impliquen decisiones políticas para su presentación a la
Comisión.
(79)          
La Comisión debe adoptar, a través de actos
delegados adoptados con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea y a lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento
(UE) nº 1093/2010, los proyectos de normas técnicas de regulación
elaborados por la ABE.
(80)          
            La Comisión debe estar facultada
para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea con el fin de: especificar las definiciones
de «funciones esenciales» y «ramos de actividad principales», especificar las
circunstancias en las que una entidad se encuentra en graves dificultades o en
peligro de quiebra, especificar las circunstancias en que se debe aplicar el
instrumento de segregación de activos, especificar los pasivos excluidos del
ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización, especificar las
circunstancias en las que es necesario el instrumento de recapitalización para
garantizar la continuidad de las funciones esenciales y los ramos principales
de actividad, especificar los criterios para la determinación del importe
mínimo de pasivos admisibles exigidos a las entidades a efectos del instrumento
de recapitalización, especificar las circunstancias en que, en aplicación del
instrumento de recapitalización, las acciones existentes deben ser canceladas y
los pasivos deben ser convertidos en acciones, especificar las circunstancias
en las que no deben reconocerse los procedimientos de resolución de terceros
países, precisar las condiciones en las que debe considerarse que el nivel
fijado para los mecanismos de financiación se ha desviado de manera
significativa del nivel inicial, adoptar criterios encaminados a adaptar la
contribución a los mecanismos de financiación al perfil de riesgo de las
entidades, definir las obligaciones destinadas a garantizar el pago efectivo de
las contribuciones a los mecanismos de financiación y especificar las
condiciones para el préstamo mutuo entre mecanismos nacionales de financiación.
Reviste particular importancia que la Comisión celebre las oportunas consultas
durante sus trabajos preparatorios, en particular a expertos.
(81)          
Es conveniente que, en determinados casos, la
ABE promueva en primer lugar la convergencia de la prácticas de las autoridades
nacionales a través de directrices y que más adelante se faculte a la Comisión
para adoptar actos delegados sobre la base de la convergencia desarrollada en
aplicación de las directrices de la ABE. 
(82)          
La Comisión, al preparar y elaborar los actos
delegados, debe velar por la transmisión temprana e ininterrumpida de la
información sobre los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al
Consejo.
(83)          
El Parlamento Europeo y el Consejo deben tener
un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación para presentar
objeciones al acto delegado. Conviene prever que el Parlamento Europeo y el
Consejo puedan informar a las otras instituciones de que no tienen la intención
de formular objeciones.
(84)          
En la Declaración relativa al artículo 290 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), aneja al Acta Final de la
Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa, la
Conferencia tomó nota de la intención de la Comisión de seguir consultando a
expertos nombrados por los Estados miembros para la elaboración de sus
proyectos de actos delegados en el ámbito de los servicios financieros,
conforme a su práctica establecida.
(85)          
La Comisión debe también estar
facultada para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de
ejecución, de conformidad con el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de
la UE y con el artículo 15 de Reglamento (UE) nº 1093/2010. Debe confiarse
a la ABE la redacción de normas técnicas de ejecución para su presentación a la
Comisión.
(86)          
La Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de abril de 2010, relativa al saneamiento y liquidación de
entidades de crédito[27] contempla el
reconocimiento mutuo y la ejecución en todos los Estados miembros de decisiones
relativas al saneamiento o la liquidación de entidades de crédito con
sucursales en Estados miembros distintos de aquel en el que tienen su sede; la Directiva
garantiza que todos los activos y pasivos de la entidad de crédito, independientemente
del país en que se encuentren, sean tratados en un proceso único en el Estado
miembro de origen y que los acreedores de los Estados de acogida recibirán el
mismo trato que los acreedores del Estado miembro de origen; a fin de lograr
una resolución eficaz, la Directiva 2001/24/CE debe también aplicarse en caso
de que se apliquen instrumentos de resolución, tanto a las entidades de crédito
como a otras entidades cubiertas por el mecanismo de resolución; por
consiguiente, la Directiva 2001/24/CE debe modificarse en consecuencia.
(87)          
Las directivas de la Unión sobre Derecho de
sociedades contienen normas obligatorias para la protección de los accionistas
y acreedores de las entidades de crédito que entran en su ámbito de aplicación.
En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con
rapidez, estas normas pueden suponer un obstáculo para una actuación eficaz,
por lo que se debe prever la aplicación de competencias e instrumentos de
resolución y de excepciones. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica
para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y
precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se den
las condiciones para poner en marcha un proceso de resolución. La utilización
de los instrumentos de resolución presupone la observancia de los objetivos y
las condiciones de resolución recogidos en la presente Directiva. 
(88)          
La segunda Directiva del Consejo 77/91/CEE, de
13 de diciembre de 1976, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las
garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el
párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los
intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la
sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital[28],
contiene normas sobre el derecho de los accionistas a decidir sobre la
ampliación o la reducción de capital, sobre su derecho a participar en
cualquier nueva emisión de acciones en contrapartida a aportaciones en
efectivo, sobre la protección del acreedor en caso de reducción del capital y
la convocatoria de una junta de accionistas en caso de pérdida importante de
capital. Estas normas pueden obstaculizar la actuación rápida de las autoridades
responsables de la resolución y hay que contemplar excepciones a los mismos.
(89)          
La Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a las fusiones de las sociedades
anónimas[29], establece normas sobre,
entre otros aspectos, la aprobación de fusiones por parte de la junta general
de cada una de las empresas implicadas en la fusión, sobre las condiciones
relativas al proyecto de fusión, el informe de la dirección y de los expertos,
y sobre la protección de los acreedores. La Sexta Directiva 82/891/CEE del
Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del
artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas[30],
contiene normas similares sobre la escisión de sociedades anónimas. La
Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de
2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital[31]
prevé normas similares sobre las fusiones transfronterizas de sociedades de
capital. Hay que contemplar excepciones a estas directivas para permitir a las
autoridades encargadas de la resolución actuar con rapidez.
(90)          
La Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas publicas de
adquisición[32], contiene una
disposición que obliga a poner en marcha una oferta pública de adquisición para
todas la acciones de la empresa a un precio equitativo, según se define en la
Directiva, si alguien adquiere, directa o indirectamente, por si solo o de
manera concertada con otros, un determinado porcentaje de acciones de dicha
empresa, definido por la legislación nacional, que le confiere el control de la
misma. La finalidad de la oferta pública de adquisición obligatoria es proteger
a los accionistas minoritarios en caso de cambio de control de la entidad. Sin
embargo, la perspectiva de una obligación tan costosa puede disuadir a los
posibles inversores de la entidad afectada, lo que complicaría a las
autoridades encargadas de la resolución el ejercicio de todos sus poderes de
resolución. Se deben contemplar excepciones a la norma relativa a la oferta
pública de adquisición obligatoria, en la medida en que sea necesario para la
aplicación de las competencias de resolución, mientras que después del periodo
de resolución esta norma debe aplicarse a cualquiera que adquiera el control en
la entidad afectada.
(91)          
La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de julio de 2007[33], sobre el ejercicio de
determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, trata de los
derechos de procedimiento de los accionistas en relación con las juntas
generales. La Directiva 2007/36/CE determina, entre otras cosas, el periodo
mínimo para anunciar la convocatoria de la junta general y el contenido de la
convocatoria. Estas normas pueden obstaculizar la actuación rápida de las
autoridades responsables de la resolución y conviene contemplar excepciones a
esta Directiva. Antes de la resolución, puede ser necesario aumentar con
rapidez el capital cuando la entidad no cumpla o exista la posibilidad de que
no cumpla los requisitos de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Además, un
aumento de capital pueda restaurar la situación financiera y evitar que se
alcance el umbral para la resolución. En estas situaciones debe contemplarse la
posibilidad de convocar una junta general con un periodo de convocatoria
reducido. Sin embargo, los accionistas deben conservar el poder decisorio en
cuanto a acortar o alargar el periodo de convocatoria de la junta general. Se
debe contemplar una excepción a la Directiva 2007/36/CE para el establecimiento
de este mecanismo.
(92)          
Con el fin de asegurar que las autoridades
responsables de la resolución estén representadas en el Sistema Europeo de
Supervisión Financiera establecido por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y
que la ABE cuente con los conocimientos necesarios para desarrollar las tareas
que le encomienda la presente Directiva, debe modificarse el citado Reglamento
para incluir a las autoridades nacionales de resolución, definidas en la
presente Directiva, en el concepto de autoridades competentes, determinado en
dicho Reglamento. Esta asimilación entre las autoridades de resolución y las
autoridades competentes de acuerdo con el Reglamento n° 1093/2010 está en
consonancia con las funciones encomendadas a la ABE de conformidad con el
artículo 25 del Reglamento nº 1093/2010 de contribuir y participar
activamente en el desarrollo y coordinación de los planes de rescate y
resolución y de facilitar la resolución de entidades en peligro de quiebra y,
en particular, de los grupos transfronterizos.
(93)          
A fin de velar por que las entidades, aquellos
que controlan de manera efectiva su actividad y los miembros del órgano de
dirección de las entidades cumplan las obligaciones que se derivan de la presente
Directiva y por que todos ellos sean objeto de un trato similar en toda la
Unión, procede obligar a los Estados miembros a prever sanciones y medidas
administrativas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las
sanciones y medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben
satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los
destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción
o medida, la publicación de las sanciones o medidas, las principales facultades
sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas.
(94)          
La presente Directiva debe abordar tanto las
sanciones como las medidas administrativas, a fin de abarcar todas las acciones
aplicadas tras la comisión de una infracción al objeto de evitar futuras
infracciones, con independencia de que sean calificadas de sanción o medida con
arreglo al Derecho nacional.
(95)          
La presente Directiva debe entenderse sin
perjuicio de las disposiciones de la legislación de los Estados miembros en
relación con las sanciones penales.
(96)          
De conformidad con la Declaración política
común de los Estados miembros y de la Comisión de 28 de septiembre de 2011,
relativa a los documentos explicativos[34], los
Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus
medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o
varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una
directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición.
Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la
transmisión de tales documentos está justificada.
(97)          
            La presente Directiva respeta los
derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y especialmente el
derecho a la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio
justo y el derecho de defensa.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:
TÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y AUTORIDADES
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece normas y
procedimientos para el rescate y la resolución de:
(a)         
las entidades de crédito y las empresas de
inversión;
(b)         
las entidades financieras que sean filiales de
una entidad de crédito o una empresa de inversión, o de una empresa contemplada
en las letras (c) y (d) y queden cubiertas por la supervisión consolidada de la
empresa matriz, de conformidad con el título V, capítulo 2, sección 2,
subsección I, de la Directiva 2006/48/CE;
(c)         
 las sociedades financieras de cartera, las
sociedades financieras mixtas de cartera, las sociedades mixtas de cartera; 
(d)         
las sociedades financieras de cartera matrices
de un Estado miembro, las sociedades financieras de cartera matrices de la Unión,
las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado miembro y
las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión;
(e)         
y las sucursales de entidades que tengan su
sede en países no pertenecientes a la Unión, conforme a las condiciones
específicas establecidas en la presente Directiva.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva se
entenderá por:
(1)              
«resolución»: la reestructuración de una
entidad al objeto de garantizar la continuidad de sus funciones esenciales,
preservar la estabilidad financiera y restablecer la viabilidad de toda la
entidad o de parte de la misma;
(2)              
«entidad de crédito»: una entidad de crédito
según la definición del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE;
(3)              
«empresa de inversión»: una empresa de
inversión según la definición del artículo 3, apartado 1, letra b), de la
Directiva 2006/49/CE, sometida al requisito de capital inicial especificado en
el artículo 9 de dicha Directiva;
(4)              
«entidad financiera»: toda entidad financiera
comprendida en la definición del artículo 4, apartado 5, de la Directiva
2006/48/CE;
(5)              
«filial»: una filial según la definición del
artículo 4, apartado 13, de la Directiva 2006/48/CE;
(6)              
«empresa matriz»: una empresa matriz según la
definición del artículo 4, apartado 12, de la Directiva 2006/48/CEE;
(7)              
«base consolidada»: supervisión efectuada
sobre la base de la situación financiera consolidada de un grupo sujeto a
supervisión consolidada de conformidad con el título V, capítulo 2, sección 2,
subsección 1, de la Directiva 2006/48/CE, o subconsolidación de conformidad con
el artículo 73, apartado 2, de dicha Directiva;
(8)              
«sociedad financiera de cartera»: una entidad
financiera cuyas empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades
o entidades financieras, al menos una de las cuales deberá ser una entidad, y
que no sea una sociedad financiera mixta de cartera en el sentido del artículo
2, apartado 15, de la Directiva 2002/87/CE;
(9)              
«sociedad financiera mixta de cartera»: una
sociedad financiera mixta de cartera según la definición del artículo 2,
apartado 15, de la Directiva 2002/87/CE;
(10)          
«sociedad mixta de cartera»: una sociedad
mixta de cartera conforme a la definición recogida en el artículo 4, apartado
20, de la Directiva 2006/48/CE, o una sociedad mixta de cartera según la
definición recogida en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva
2006/49/CE;
(11)          
«sociedad financiera de cartera matriz en un
Estado miembro»: una sociedad financiera de cartera que no es filial de una
entidad autorizada en el mismo Estado miembro o de una sociedad financiera de
cartera o una sociedad financiera mixta de cartera constituida en el mismo
Estado miembro;
(12)          
«sociedad financiera de cartera matriz de la
Unión»: una sociedad financiera de cartera matriz que no es filial de una entidad
de crédito autorizada en un Estado miembro o de otra sociedad financiera de
cartera o sociedad financiera mixta de cartera establecida en un Estado
miembro;
(13)          
«sociedad financiera mixta de cartera matriz
en un Estado miembro»: una sociedad financiera mixta de cartera que no es
filial de una entidad autorizada en el mismo Estado miembro o de una sociedad
financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera constituida en
el mismo Estado miembro;
(14)          
«sociedad financiera mixta de cartera matriz
de la Unión»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz que no es filial
de una entidad de crédito autorizada en un Estado miembro o de otra sociedad
financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera establecida en un
Estado miembro;
(15)          
«objetivos de resolución»: los objetivos
especificados en el artículo 26, apartado 2;
(16)          
«sucursal»: una sucursal según la definición
recogida en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2006/48/CE;
(17)          
«autoridad de resolución»: una autoridad
designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 3;
(18)          
«instrumento de resolución»: la venta de
actividades, la constitución de una entidad puente, la segregación de activos o
la recapitalización de la deuda;
(19)          
«competencia de resolución»: una competencia
contemplada en el artículo 56, apartado 1;
(20)          
«autoridad competente»: una autoridad
competente según la definición recogida en el artículo 4, apartado 4, de la
Directiva 2006/48/CE o como se define en el artículo 3, apartado 3, letra c),
de la Directiva 2006/49/CE;
(21)          
«ministerios competentes»: los ministerios de
hacienda u otros ministerios responsables de las decisiones económicas,
financieras y presupuestarias, según las competencias nacionales;
(22)          
«control»: la relación existente entre una
empresa matriz y una filial, prevista en el artículo 1 de la Directiva
83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona
física o jurídica y una empresa;
(23)          
«entidad»: una entidad de crédito o una
empresa de inversión;
(24)          
«dirección»: las personas que efectivamente
dirigen la actividad de la entidad de crédito, en el sentido del artículo 11 de
la Directiva 2006/48/CE;
(25)          
«grupo»: una empresa matriz y sus filiales;
(26)          
«ayuda financiera pública extraordinaria»:
ayudas estatales según el sentido del artículo 107, apartado 1, del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, proporcionada con el fin de
preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de una
entidad;
(27)          
«entidad de grupo»: una entidad jurídica que
forma parte de un grupo;
(28)          
«plan de rescate»: un plan elaborado y seguido
por una entidad de conformidad con el artículo 5;
(29)          
«funciones esenciales»: actividades, servicios
y operaciones cuyo cese podría perturbar la economía o los mercados financieros
de uno o más Estados miembros;
(30)          
«ramos de actividad principales»: ramos de
actividad y servicios asociados que representan importantes fuentes de
ingresos, beneficios o valor de franquicia para una entidad;
(31)          
«supervisor en base consolidada»: una
autoridad competente responsable de la supervisión en base consolidada según la
definición recogida en el artículo 4, apartado 48, de la Directiva 2006/48/CE;
(32)          
«fondos propios»: los fondos propios en el
sentido del capítulo 2 del Título V de la Directiva 2006/48/CE.
(33)          
«condiciones de resolución»: las condiciones
especificadas en el artículo 27, apartado 1;
(34)          
«acción de resolución»: la decisión de
proceder a la resolución de una entidad de conformidad con el artículo 27,
la aplicación de un instrumento de resolución a una entidad o el ejercicio de
una o más competencias de resolución en relación con la misma;
(35)          
«plan de resolución»: un plan elaborado para
una entidad por parte de la autoridad de resolución competente de conformidad
con el artículo 9;
(36)          
«resolución de grupo»:
(a)         
bien la aplicación de una acción de resolución
a una empresa matriz o entidad objeto de supervisión en base consolidada, o
(b)         
la coordinación de la aplicación de
instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de resolución por
parte de las autoridades de resolución en relación con entidades de grupo que
cumplen las condiciones necesarias para la adopción de medidas de resolución;
(37)          
«plan de resolución de grupo»: un plan de
resolución de grupo elaborado de conformidad con los artículos 11 y 12;
(38)          
«autoridad de resolución a nivel de grupo»: la
autoridad de resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el
supervisor en base consolidada;
(39)          
«colegio de autoridades de resolución»: un
colegio establecido de conformidad con el artículo 80 para desempeñar las
tareas establecidas por los artículos 12, 13 y 83;
(40)          
«procedimiento de insolvencia ordinario»: un
procedimiento de insolvencia colectivo que conlleva el abandono total o parcial
de actividades de un acreedor y el nombramiento de un liquidador, es
normalmente aplicable a entidades conforme a la legislación nacional y puede
aplicarse específicamente a tales entidades o en general a cualquier persona
física o jurídica;
(41)          
«instrumentos de deuda», contemplados en las
letras (d), (i), (l) y (m) del artículo 56: obligaciones y otras formas de
deuda transferible, así como cualquier instrumento que crea o reconoce una
deuda y los instrumentos que dan derecho a adquirir instrumentos de deuda;
(42)          
«entidad matriz en un Estado miembro»: una
entidad de crédito matriz en un Estado miembro, como se define en el artículo
4, apartado 14, de la Directiva 2006/48/CE, o una sociedad de inversión matriz
en un Estado miembro, como se define en el artículo 3, letra f), de la
Directiva 2006/49/CE;
(43)          
«entidad matriz de la Unión»: una entidad de
crédito matriz de la Unión según la definición recogida en el artículo 4,
apartado 16, de la Directiva 2006/48/CE, o una empresa de inversión matriz de
la Unión según la definición recogida en el artículo 3, letra g), de la
Directiva 2006/49/CE;
(44)          
«requisitos de fondos propios»: los requisitos
del artículo 75 de la Directiva 2006/48/CE;
(45)          
«colegios de supervisión»: colegios de
supervisores establecidos conforme al artículo 131 bis de la Directiva
2006/48/CE;
(46)          
«marco de ayudas estatales comunitarias»: el
marco establecido por los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea y los reglamentos desarrollados o adoptados conforme al
artículo 107 o al artículo 106, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea;
(47)          
«liquidación», la realización de los activos
de una entidad;
(48)          
«segregación de activos»: una transferencia
efectuada por una autoridad de resolución, en el ejercicio de la competencia de
transferencia, de activos y derechos de una entidad que cumple las condiciones
de resolución a una entidad de gestión de activos de conformidad con el artículo
36;
(49)          
«instrumento de recapitalización»: el
ejercicio por parte de una autoridad de resolución de las competencias de
reducción del valor y conversión de los pasivos de una entidad que cumple las
condiciones de resolución de conformidad con el artículo 37;
(50)          
«venta de actividades»: la transferencia, por
una autoridad de resolución, de instrumentos de propiedad, o de activos,
derechos o pasivos, de una entidad que cumpla las condiciones de resolución a
un comprador que no sea una entidad puente, de conformidad con el artículo 32;
(51)          
«instrumento de la entidad puente»: la
competencia de transferir activos, derechos o pasivos de una entidad que cumple
las condiciones de resolución a una entidad puente de conformidad con el
artículo 34;
(52)          
            «entidad puente»: una entidad
jurídica que pertenece en su totalidad a una o más autoridades públicas (entre
las que puede estar la autoridad de resolución) y cuya constitución responde al
objetivo de recibir todos o parte de los activos, derechos o pasivos de una
entidad objeto de resolución con el fin de desarrollar todos o parte de sus
servicios y actividades;
(53)          
«instrumentos de propiedad»: acciones,
instrumentos que confieren propiedad en mutuas, instrumentos que son
convertibles en acciones o instrumentos de propiedad o dan el derecho a su
adquisición, e instrumentos que representan intereses en acciones o
instrumentos de propiedad;
(54)          
«competencias de transferencia»: las
competencias especificadas en el artículo 56, apartado 1, letras (c), (d) o
(e), para transferir acciones, otros instrumentos de propiedad, instrumentos de
deuda, activos, derechos o pasivos, o una combinación de estos instrumentos, de
una entidad objeto de resolución a un beneficiario;
(55)          
«entidad de contrapartida central»: una
entidad jurídica que se interpone entre las contrapartes a efectos del comercio
efectuado en uno o más mercados financieros y que se convierte en el comprador
de todos los vendedores y el vendedor de todos los compradores;
(56)          
«derivados»: instrumentos financieros
enumerados en el anexo I, sección C, puntos 4 a 10 de la Directiva 2004/39/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo[35];
(57)          
«competencias de depreciación y conversión»:
las competencias especificadas en el artículo 56, apartado 1, letras (f) a (l);
(58)          
«pasivo garantizado»: un pasivo en el que el derecho
a cobro del acreedor está garantizado por un derecho sobre los activos, la
pignoración, la prenda o acuerdos de garantía, incluidos los derivados de
acuerdos con compromiso de recompra y otros acuerdos de garantía mediante
transferencia de títulos;
(59)          
«instrumentos de capital adicional de nivel
1»: los instrumentos de capital que cumplen los requisitos de fondos propios
con arreglo al artículo 57, letra c) bis de la Directiva
2006/48/CE;
(60)          
«importe agregado»: el importe global por el
que la autoridad de resolución ha calculado que deben depreciarse o convertirse
los pasivos admisibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41, apartado
1;
(61)          
«instrumentos de capital ordinario de nivel
1»: los instrumentos de capital que cumplen los requisitos de fondos propios de
conformidad con el artículo 57, letra (a) de la Directiva 2006/48/CE;
(62)          
«pasivos admisibles»: pasivos de una entidad
que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de
depreciación, de conformidad con el artículo 38, apartado 2;
(63)          
«sistema de garantía de depósitos»: un
sistemas de garantía de depósitos instituido y oficialmente reconocido por un
Estado miembro de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 94/19/CE;
(64)          
«instrumentos de nivel 2»: los instrumentos de
capital que cumplen los requisitos de fondos propios con arreglo al artículo
56, letras f) y h) de la Directiva 2006/48/CE;
(65)          
«instrumentos de capital pertinentes», a
efectos de lo dispuesto en el capítulo III, secciones 5 y 6, los
instrumentos de capital adicional de nivel 1 y nivel 2;
(66)          
«coeficiente de conversión»: el factor que
determina el número de acciones ordinarias en el que se convierten los pasivos
de una categoría dada, en relación con un único instrumento de la categoría en
cuestión o con una unidad de valor específica de un derecho de crédito;
(67)          
«acreedor afectado»: un acreedor que reclama
sus derechos respecto a deudas que han sido reducidas o convertidas mediante el
ejercicio de las competencias de depreciación o de conversión;
(68)          
«accionista afectado»: un accionista cuyas
acciones han sido canceladas mediante el ejercicio de la competencia a que se
refiere el artículo 56, apartado 1, letra (j);
(69)          
«autoridad apropiada»: la autoridad del Estado
miembro, contemplada en el artículo 54, responsable de efectuar, conforme a la
normativa nacional, las comprobaciones contempladas en el artículo 51, apartado
1;
(70)          
«entidad matriz pertinente»: una entidad
matriz en un Estado miembro, una entidad matriz de la Unión, una sociedad
financiera de cartera, una sociedad financiera mixta de cartera, una sociedad
mixta de cartera, una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado
miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la Unión, una sociedad
financiera mixta de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad
financiera mixta de cartera matriz de la Unión a la que se aplica el
instrumento de recapitalización;
(71)          
«receptor»: la entidad a la que se transfieren
las acciones, otros instrumentos de propiedad, instrumentos de deuda, activos,
derechos o pasivos, o una combinación de instrumentos a partir de una entidad
objeto de resolución;
(72)          
«día hábil»: cualquier día distinto del
sábado, domingo y cualquier día que sea festivo en el Estado miembro de origen
de la entidad;
(73)          
«derecho de rescisión»: derecho a rescindir un
contrato en caso de incumplimiento, según lo estipulado en el contrato; incluye
cualquier derecho relacionado con la aceleración, liquidación o compensación de
obligaciones o cualquier otra disposición relacionada que suspenda, modifique o
extinga una obligación de una parte del contrato a realizar un pago;
(74)          
«entidad objeto de resolución»: una entidad,
una entidad financiera, una sociedad financiera de cartera, una sociedad
financiera mixta de cartera, una sociedad mixta de cartera, una sociedad
financiera de cartera matriz en un Estado miembro, una sociedad financiera de
cartera matriz de la Unión, una sociedad financiera mixta de cartera matriz en
un Estado miembro o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión
a la que se aplica la acción de resolución; 
(75)          
«filial nacional», una entidad establecida en
un Estado miembro y que es filial de una entidad o sociedad financiera de
cartera de un tercer país;
(76)          
«empresa matriz de la Unión»: una entidad
matriz de la Unión, una sociedad financiera de cartera matriz de la Unión o una
sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión;
(77)          
«entidad de un tercer país», una entidad cuya
sede social está establecida en un tercer país y que, en virtud de la
legislación de éste, dispone de autorización o licencia para desarrollar las actividades
recogidas en el anexo I de la Directiva 2006/48/CE o en la sección A del anexo
I de la Directiva 2004/39/CE;
(78)          
«procedimiento de resolución de un tercer
país», una acción conforme a la normativa de un tercer país que está encaminada
a gestionar la quiebra de una entidad de un tercer país y que es comparable, en
cuanto a sus resultados, con las acciones de resolución reguladas por la
presente Directiva;
(79)          
«sucursal nacional», la sucursal de una
entidad de un tercer país establecida en un Estado miembro;
(80)          
«autoridad pertinente de un tercer país»: la
autoridad de un tercer país responsable de desarrollar funciones comparables a
las de las autoridades de resolución o las autoridades competentes contempladas
en la presente Directiva;
(81)          
«mecanismo de financiación de grupo»: el
mecanismo o mecanismos de financiación del Estado miembro o de la autoridad de
resolución a nivel de grupo;
(82)          
«transacción de respaldo mutuo»: una
transacción realizada entre dos entidades de un grupo con el fin de transferir,
en su totalidad o en parte, el riesgo generado por otra transacción realizada
entre una de estas entidades del grupo y un tercero;
(83)          
«garantía dentro de un grupo»: un contrato por
el que una entidad de grupo garantiza las obligaciones de otra entidad del
grupo ante un tercero.
Cuando esta Directiva se refiera al
Reglamento (UE) nº 1093/2010, las autoridades de resolución, a efectos de dicho
Reglamento, serán consideradas autoridades competentes en el sentido del
artículo 4, apartado 2, de ese Reglamento.
La Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados de conformidad con el artículo 103 al objeto de
especificar las definiciones de «funciones esenciales» y «ramos de actividad
principales» indicadas en los puntos (29) y (30) con el fin de garantizar una
aplicación uniforme de la presente Directiva. 
Artículo 3
Designación de las autoridades
responsables de la resolución
1.           Cada Estado miembro
designará una o varias autoridades de resolución capacitadas para aplicar los
instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución.
2.           Las autoridades de
resolución serán autoridades administrativas públicas.
3.           Las autoridades de
resolución podrán ser las autoridades competentes de la supervisión a efectos
de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, los bancos centrales, los
ministerios u otras administraciones públicas, siempre y cuando los Estados
miembros adopten las normas y disposiciones necesarias para evitar conflictos
de intereses entre las funciones de supervisión establecidas por las Directivas
2006/48/CE y 2006/49/CE y las funciones de las autoridades de resolución
conforme a la presente Directiva. En particular, los Estados miembros velarán
por que en las autoridades competentes, los bancos centrales, los ministerios u
otras administraciones públicas se establezca una separación entre la función
de resolución y las funciones de supervisión o de otra índole de la autoridad
competente.
4.           Cuando la autoridad de
resolución y la autoridad competente a efectos de la Directiva 2006/48/CE sean
entidades diferentes, los Estados miembros exigirán que cooperen estrechamente
en la preparación, la planificación y la aplicación de las decisiones de
resolución.
5.           Cuando la autoridad
designada de conformidad con el apartado 1 no sea el ministerio competente en
un Estado miembro, toda decisión de la autoridad designada conforme a la
presente Directiva se adoptará en consulta con el ministerio competente.
6.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades designadas de conformidad con el
apartado 1 tengan los conocimientos, los recursos y la capacidad operativa
necesarios para aplicar las medidas de resolución, y sean capaces de ejercer
sus competencias con la celeridad y la flexibilidad necesarias para lograr los
objetivos de resolución.
7.           Cuando un Estado miembro
designe a más de una autoridad para aplicar los instrumentos de resolución y
ejercer las competencias de resolución repartirá las funciones y
responsabilidades claramente entre estas autoridades, garantizará la adecuada
coordinación entre ellas y designará una única autoridad como autoridad de
contacto a efectos de cooperación y coordinación con las autoridades
pertinentes de los Estados miembros.
8.           Los Estados miembros
informarán a la ABE de la autoridad nacional o autoridades nombradas como
autoridades de resolución y autoridad de contacto y, cuando proceda, de sus
funciones y responsabilidades específicas. La ABE publicará la lista de estas
autoridades de resolución.
TÍTULO II
PREPARACIÓN
Capítulo I
Planificación del rescate y la resolución
Sección 1
Disposiciones generales
Artículo 4
Obligaciones simplificadas para
determinadas entidades
1.                      
Vista la incidencia que, debido a la
naturaleza de sus actividades, a su tamaño o a su interconexión con otras
entidades o con el sistema financiero en general, podría tener la quiebra de
una entidad en los mercados financieros, en otras entidades o en las
condiciones de financiación, los Estados miembros se asegurarán de que las
autoridades competentes y las autoridades de resolución determinen en qué
medida se aplicarán a las entidades los factores que se citan a continuación:
(a)         
el contenido y los pormenores de los planes de
rescate y resolución previstos en los artículos 5, 7, 9 y 11;
(b)         
el contenido y los pormenores de la
información exigida de las entidades de conformidad con el artículo 5, apartado
5 y con los artículos 10 y 11. 
2.                      
La Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados de conformidad con el artículo 103 al objeto de
especificar los criterios contemplados en el apartado 1 y destinados a evaluar,
de conformidad con el apartado 1, el impacto de la quiebra de una entidad en
los mercados financieros, en otras entidades y en las condiciones de
financiación.
3.           Las autoridades
competentes y de resolución informarán a la ABE de cómo han aplicado a las
entidades en su jurisdicción el requisito contemplado en el apartado 1. La ABE
informará a la Comisión el 1 de enero de 2018 a más tardar, sobre la aplicación
de la obligación contemplada en el apartado 1. En particular, la ABE informará
a la Comisión de si se producen divergencias en relación con la aplicación de
esta obligación a nivel nacional.
Sección 2
Planificación del rescate
Artículo 5
Planes de rescate
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que cada entidad elabore y mantenga un plan de rescate que
contemple, a través de medidas adoptadas por la dirección de la entidad o por
una entidad de grupo, la restauración de su situación financiera tras un
deterioro importante. Los planes de rescate serán considerados una medida de
gobernanza, conforme al significado del artículo 22 de la Directiva 2006/48/CE.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las entidades actualizan sus planes de rescate al menos
anualmente, o después de un cambio en la estructura jurídica u organizativa de
la entidad, sus actividades o su situación financiera que pudiera afectar
significativamente al plan de rescate o que requiera cambios en el mismo. Las
autoridades competentes podrán exigir a las entidades que actualicen sus planes
de rescate con más frecuencia.
3.           Los planes de rescate no
presupondrán el acceso a ayudas financieras públicas extraordinarias ni la
recepción de las mismas, pero incluirán un análisis de cómo y cuándo podría la
entidad solicitar, si procede, los servicios de bancos centrales en situaciones
de tensión y las garantías disponibles.
4.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los planes de rescate incluyan la información enumerada en la
sección A del anexo.
5.           Las autoridades
competentes velarán por que las entidades incluyan en sus planes de rescate
condiciones y procedimientos apropiados para garantizar la aplicación oportuna
de acciones de rescate, así como una amplia gama de opciones para dicho
rescate. Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas ensayen
sus planes de rescate frente a distintos escenarios hipotéticos de tensión
financiera de intensidad diferente, por ejemplo fenómenos que afectan a todo el
sistema, situaciones de tensión específicas de las distintas entidades
jurídicas, o transtornos a nivel de grupo. 
6.           La ABE, en consulta con
la JERS, desarrollará proyectos de normas técnicas que especifiquen una serie
de escenarios que se emplearían a efectos de lo dispuesto en el apartado 5
del presente artículo, de conformidad con el artículo 25, apartado 3, del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
7.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas que regulen la información que se debe recoger en
el plan de rescate contemplado en el apartado 4.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 6
Evaluación de los planes de rescate
1.           Los Estados miembros
exigirán a las entidades que presenten sus planes de rescate a las autoridades
competentes para su revisión.
2.           Las autoridades
competentes revisarán estos planes y evaluarán la medida en que cada plan
satisface los requisitos establecidos en el artículo 5 y los siguientes
criterios:
(a)         
que la aplicación de las disposiciones
propuestas en el plan pueda restaurar la viabilidad y la solidez financiera de
la entidad, teniendo en cuenta las medidas preparatorias que la entidad haya
adoptado o tenga previsto adoptar;
(b)         
que el plan o las opciones específicas puedan
aplicarse de forma efectiva en caso de tensiones financieras sin afectar
seriamente al sistema financiero, incluido el caso en que otras entidades hayan
aplicado planes de rescate en el mismo periodo.
3.           Cuando las autoridades
competentes concluyan que hay deficiencias en el plan de rescate, o posibles
impedimentos para su aplicación, notificarán a la entidad su evaluación y le
exigirán que presente, en el plazo de tres meses, un plan revisado que demuestre
cómo se han abordado estas deficiencias o impedimentos.
4.           Si la entidad no
presenta un plan de rescate revisado, o si la autoridad competente determina
que el plan revisado no soluciona adecuadamente las deficiencias o impedimentos
potenciales detectados en su evaluación original, las autoridades competentes
exigirán a la entidad que adopte cualquier medida que considere necesaria para
garantizar la eliminación de las deficiencias o impedimentos. Además de las
medidas que se puedan exigir conforme al artículo 136 de la Directiva
2006/48/CE, las autoridades competentes podrán, en particular, exigir a la
entidad que adopte medidas para:
(a)         
facilitar la reducción del perfil de riesgo de
la entidad;
(b)         
permitir la adopción puntual de medidas de
recapitalización;
(c)         
realizar cambios en la estrategia de la
empresa;
(d)         
modificar la estrategia de financiación para
mejorar la solidez de los ramos de actividad principales y de las operaciones
esenciales;
(e)         
realizar cambios en la estructura de
gobernanza de la entidad.
5.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas de regulación especificando los asuntos que la
autoridad competente debe evaluar a efectos de la evaluación contemplada en el
apartado 2 del presente artículo.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 7
Planes de rescate de grupo
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las empresas matrices o entidades objeto de supervisión en
base consolidada en virtud de los artículos 125 y 126 de la Directiva
2006/48/CE elaboren y presenten al supervisor en base consolidada un plan de
rescate para el grupo, incluidas las empresas contempladas en las letras (c) y
(d) del artículo 1, así como un plan de rescate para cada entidad que
forme parte del grupo.
2.           El supervisor en base
consolidada transmitirá los planes de rescate del grupo a las autoridades
competentes referidas en el artículo 131 bis de la Directiva 2006/48/CE
y a la ABE.
3.           El plan de rescate del
grupo contemplará la estabilización del grupo en su conjunto o de cualquier
entidad del grupo que se encuentre en situaciones de tensión a fin de corregir
o eliminar las causas que la hubieran provocado y restablecer la situación
financiera del grupo o de la entidad en cuestión.
El plan de rescate del grupo incluirá
disposiciones para garantizar la coordinación y la coherencia de las medidas
que debe adoptar la empresa matriz o la entidad objeto de supervisión en base
consolidada y a las empresas contempladas en las letras (c) y (d) del
artículo 1, así como de las medidas que deben adoptarse a nivel de cada
entidad.
4.           El plan de rescate del
grupo incluirá, para todo el grupo y para cada una de sus entidades, los
elementos y disposiciones previstos en el artículo 5. También incluirá, cuando
proceda, disposiciones para un posible apoyo financiero dentro del grupo,
adoptadas de conformidad con cualquier acuerdo de ayuda financiera para el
grupo que se haya celebrado de conformidad con el artículo 16.
5.           El supervisor en base
consolidada se asegurará de que la empresa matriz de la entidad objeto de
supervisión consolidada contemplada en el apartado 1 facilite distintas
opciones de rescate que recojan medidas para hacer frente a los escenarios
hipotéticos citados en el artículo 5, apartado 5. 
Para cada uno de los escenarios, el plan de
rescate del grupo determinará si existen obstáculos para la aplicación de las
medidas de rescate dentro del grupo, y si existen impedimentos importantes de
índole práctica o jurídica para la inmediata transferencia de fondos propios o
el reembolso de pasivos o activos dentro del grupo.
6.           El órgano de dirección
de la empresa matriz o la entidad objeto de supervisión consolidada contemplada
en el apartado 1 y el órgano de dirección de las entidades que forman parte del
grupo aprobarán el plan de rescate antes de presentarlo al supervisor en base
consolidada.
Artículo 8
Evaluación de los planes de rescate de
grupo
1.           El supervisor en base
consolidada revisará el plan de rescate del grupo, incluidos los planes de
rescate de las distintas entidades que forman el grupo, y evaluará en qué
medida satisface los requisitos y criterios establecidos en los artículos 6 y
7. Esta evaluación se realizará de acuerdo con el procedimiento establecido en
el artículo 6 y lo dispuesto en el presente artículo.
El supervisor en base consolidada llevará a
cabo la revisión y la evaluación del plan de rescate del grupo, incluidos los
planes de rescate de las distintas entidades que forman el grupo, en consulta y
cooperación con las autoridades competentes a las que se refiere el artículo
131 bis de la Directiva 2006/48/CE. La revisión y la evaluación del plan
de rescate del grupo de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la
presente Directiva y, si fuera necesario, la solicitud de adopción de las
medidas señaladas en el artículo 6, apartado 4, de la presente Directiva,
adoptarán la forma de decisiones conjuntas de las autoridades contempladas en
el artículo 131 bis de la Directiva 2006/48/CE.
2.           Las autoridades competentes
procurarán alcanzar la decisión conjunta en un plazo de cuatro meses.
Si las autoridades competentes no adoptaran
la decisión conjunta en el plazo de cuatro meses, el supervisor en base
consolidada adoptará su propia decisión sobre la revisión y la evaluación del
plan de rescate del grupo, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, o
sobre las medidas requeridas por el artículo 6, apartado 4. La decisión se
expondrá en un documento que contenga el dictamen plenamente justificado y
atenderá a las observaciones y reservas manifestadas por las demás autoridades
competentes a lo largo del periodo de cuatro meses. El supervisor en base
consolidada notificará la decisión a la empresa matriz de la entidad sujeta a
supervisión consolidada y a las demás autoridades competentes.
La ABE podrá, por propia iniciativa, ayudar a
las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
3.           Cualquier autoridad
competente que no esté de acuerdo con la evaluación del plan de rescate del
grupo o con cualquier acción que la empresa matriz o la entidad tengan que
adoptar como resultado de la evaluación, de conformidad con el artículo 6,
apartados 2 y 4, de la presente Directiva, podrá remitir el asunto a la ABE, de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. El asunto no
se podrá remitir a la ABE una vez finalizado el periodo de cuatro meses o tras
la adopción de una decisión conjunta.
4.           La ABE adoptará su
decisión en el plazo de un mes, y el plazo de cuatro meses mencionado en el
apartado 3 será considerado como el plazo para la conciliación en el sentido
del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
5.           Si alguna de las
autoridades competentes ha remitido el asunto a la ABE, de conformidad con el
apartado 3, el supervisor en base consolidada aplazará su decisión a la espera
de la decisión que esta Autoridad pueda adoptar. El supervisor tomará una
decisión conforme a la decisión de la ABE. 
Sección 3
Planificación de la resolución
Artículo 9
Planes de resolución
1.           Las autoridades de
resolución, en consulta con las autoridades competentes, elaborarán un plan de
resolución para cada entidad que no forme parte de un grupo objeto de
supervisión consolidada de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Directiva
2006/48/CE. El plan de resolución dispondrá las acciones de resolución que las
autoridades competentes y de resolución podrían tomar si la entidad cumple con
las condiciones de resolución.
2.           El plan de resolución
deberá tener en cuenta una serie de escenarios posibles, entre ellos que el
fenómeno de quiebra sea de carácter idiosincrático o que se produzca en un
momento de inestabilidad financiera general o a causa de factores que afectan a
todo el sistema. El plan de resolución no asumirá ayudas financieras públicas
extraordinarias aparte de los mecanismos de financiación establecidos con
arreglo al artículo 91. 
3.           Los planes de resolución
se revisarán y se actualizarán, en su caso, al menos anualmente o después de
cualquier cambio material en la estructura jurídica u organizativa de la
entidad, sus actividades o su situación financiera que pueda disminuir
significativamente la eficacia del plan.
4.           El plan de resolución
establecerá las opciones para aplicar a la entidad los instrumentos y las competencias
de resolución contemplados en el Título IV. En él se recogerá:
(a)         
un resumen de los elementos fundamentales del
plan;
(b)         
un resumen de los cambios más importantes
acaecidos en la entidad desde el archivo del último expediente de información;
(c)         
una demostración de cómo las funciones
esenciales y los ramos de actividad principales podrían separarse jurídica y
económicamente de otras funciones, en la medida en que sea necesario, para
asegurar la continuidad en caso de quiebra de la entidad;
(d)         
una estimación del plazo de ejecución de cada
aspecto importante del plan;
(e)         
una descripción detallada de la evaluación de
la resolución llevada a cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13;
(f)           
una descripción de las medidas necesarias, en
virtud del artículo 14, para abordar o eliminar obstáculos a la resolución que
se hayan detectado en la evaluación llevada a cabo con arreglo al artículo 13;
(g)         
una descripción de los procesos para
determinar el valor y la posibilidad de comercialización de las funciones
esenciales, de los ramos de actividad principales y de los activos de la
entidad;
(h)         
una descripción detallada de las disposiciones
establecidas para asegurar que la información requerida, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 11, esté actualizada y a disposición de las autoridades
encargadas de la resolución en cualquier momento;
(i)           
una explicación, por parte de la autoridad de
resolución, de la forma en que se financiarán las opciones de resolución sin
contar con ninguna ayuda financiera pública extraordinaria alguna;
(j)           
una descripción detallada de las diferentes
estrategias de resolución que puedan aplicarse en función de los diferentes
escenarios posibles;
(k)         
una descripción de las interdependencias
esenciales;
(l)           
un análisis del impacto del plan sobre otras
entidades del grupo;
(m)       
una descripción de las opciones para proteger
los derechos de acceso a los sistemas de pago, compensación y otras
infraestructuras;
(n)         
un plan de comunicación con los medios de
comunicación y con el público.
5.           La Autoridad Bancaria
Europea, en consulta con la JERS, desarrollará proyectos de normas técnicas de
regulación que especifiquen una serie de escenarios para la posibilidad de
quiebra a efectos de lo dispuesto en el apartado 2.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 10
Información a efectos de los planes de
resolución
1.           Los Estados miembros
garantizarán que las autoridades de resolución tengan la facultad de exigir a
las entidades el suministro de toda la información necesaria para elaborar y
poner en práctica los planes de resolución. En concreto, las autoridades de
resolución tendrán la capacidad de exigir, entre otros datos, la información y
el análisis especificados en la sección B del anexo.
2.           Las autoridades
competentes de los Estados miembros correspondientes deberán cooperar con las
autoridades de resolución para verificar si una parte o la totalidad de la
información a que se refiere el apartado 1 ya se encuentra disponible. Cuando
dicha información esté disponible, las autoridades competentes la facilitarán a
las autoridades de resolución.
3.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de ejecución sobre modelos de formularios,
plantillas y procedimientos para esta comunicación de información.
La ABE presentará estos proyectos de normas
técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.
Se otorga autoridad a la Comisión para
adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el primer párrafo, de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 11
Planes de resolución de grupo
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución elaboren planes de resolución de
grupo. Los planes de resolución de grupo incluirán tanto un plan de resolución
a nivel de empresa matriz o entidad objeto de supervisión en base consolidada,
de conformidad con el artículo 125 y 126 de la Directiva 2006/48/CE, como
planes de resolución para las distintas entidades filiales, elaborados conforme
al artículo 9 de la presente Directiva. Los planes de resolución de grupo
incluirán también planes para la resolución de las sociedades contempladas en
el artículo 1, letras (c) y (d), y planes para la resolución de la entidades
con sucursales en otros Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2001/24/CE.
2.           El plan para la
resolución de grupo deberá elaborarse a partir de la información facilitada con
arreglo al artículo 10.
3.           El plan para la
resolución de grupo deberá:
(a)         
establecer las acciones que han de emprenderse
para la resolución del grupo en su conjunto o de una parte del mismo, incluidas
las filiales individualmente consideradas, y ello tanto mediante acciones de
resolución que afecten a las sociedades contempladas en el artículo 1, letra
(d), a las empresas matrices y a las entidades filiales, como a través de
acciones de resolución coordinadas respecto a las entidades filiales, en los
escenarios hipotéticos contemplados en el artículo 9, apartado 2;
(b)         
examinar en qué medida los instrumentos y las
competencias de resolución pueden aplicarse y ejercerse de forma coordinada en
entidades del grupo situadas dentro de la Unión, incluidas las medidas para
facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de ramos de
actividad específicos o actividades gestionadas por varias entidades del grupo
o entidades particulares del grupo, así como identificar cualquier obstáculo
potencial a una resolución coordinada;
(c)         
cuando un grupo incluya entidades constituidas
en terceros países, establecer acuerdos para la cooperación y coordinación con
las autoridades correspondientes de dichos terceros países;
(d)         
determinar medidas, incluida la separación
jurídica y económica de las funciones particulares o de los ramos de actividad
necesarios para facilitar la resolución de grupo cuando se cumplan las
condiciones de resolución;
(e)         
determinar la forma de financiar las acciones
de resolución de grupo y, cuando sea conveniente, establecer principios para
compartir responsabilidades en dicha financiación entre fuentes de financiación
radicadas en diferentes Estados miembros. El plan no asumirá ayudas financieras
públicas extraordinarias aparte de los mecanismos de financiación establecidos
con arreglo al artículo 91. Estos principios se establecerán sobre la base de
criterios equitativos y equilibrados y tendrán en cuenta, en particular, el
impacto económico de la resolución en los Estados miembros afectados y la
distribución de las competencias de supervisión entre las diferentes
autoridades competentes.
Artículo 12
Requisitos y procedimiento para los
planes de resolución de grupo
1.           Las empresas matrices y
las entidades sujetas a supervisión consolidada conforme a los artículos 125 y
126 de la Directiva 2006/48/CE deberán presentar la información requerida a la
autoridad de resolución a nivel de grupo conforme al artículo 11 de la presente
Directiva. Esta información deberá referirse a la empresa matriz o a la entidad
sometida a supervisión en base consolidada y a todas las entidades jurídicas
que formen parte del grupo. Las entidades sujetas a supervisión consolidada
conforme a los artículos 125 y 126 de la Directiva 2006/48/CE deberán presentar
también la información requerida por el artículo 11 de la presente Directiva
respecto a las sociedades a que se refiere el artículo 1, letras (c) y
(d).
La autoridad de resolución a nivel de grupo
transmitirá la información facilitada con arreglo a este apartado a la ABE, a
las autoridades de resolución de las entidades filiales, a las autoridades
competentes contempladas en los artículos 130 y 131 bis de la
Directiva 2006/48/CE y a las autoridades de resolución de los Estados miembros
donde estén establecidas las sociedades a que se refiere el artículo 1,
letras (c) y (d).
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución a nivel de grupo, actuando
conjuntamente con las autoridades de resolución a que se refiere el segundo
párrafo del apartado 1, en colegios de autoridades de resolución, y en consulta
con las autoridades competentes pertinentes, elaboren y mantengan planes de
resolución de grupo. Las autoridades de resolución a nivel de grupo podrán,
según crean conveniente, involucrar en la elaboración y mantenimiento de planes
de resolución de grupo a autoridades de resolución de terceros países en los
que el grupo haya creado filiales o sociedades financieras de cartera o
sucursales significativas contempladas en el artículo 42 bis de la
Directiva 2006/48/CE.
3.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los planes de resolución de grupo sean revisados y
actualizados, al menos una vez al año, o después de cualquier cambio en la
estructura jurídica u organizativa de la entidad o del grupo, que concierna a
sus actividades o su situación financiera y que pueda tener importantes efectos
sobre los planes o requerir una modificación de los mismos.
4.           El plan de resolución de
grupo deberá ser el resultado de una decisión conjunta entre la autoridad de
resolución a nivel de grupo y las otras autoridades de resolución competentes. Las
autoridades de resolución deberán adoptar una decisión conjunta en un plazo de
cuatro meses a partir de la fecha de transmisión por parte de la autoridad de
resolución a nivel de grupo de la información contemplada en el segundo párrafo
del apartado 1.
Si las autoridades de resolución no llegaran
a la referida decisión conjunta en un plazo de cuatro meses, la autoridad de
resolución a nivel de grupo adoptará su propia decisión. La decisión se
presentará en un documento que recoja una motivación razonada de la misma y las
opiniones y reservas expresadas por las demás autoridades competentes a lo
largo del periodo de cuatro meses. La autoridad de resolución a nivel de grupo
comunicará la decisión a las empresas matrices o a la entidad sujeta a
supervisión en base consolidada y a las demás autoridades de resolución.
La ABE podrá, por propia iniciativa, ayudar a
las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
5.           Una autoridad de
resolución que esté en desacuerdo con cualquier elemento del plan de resolución
de grupo podrá remitir el asunto a la ABE, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. El asunto no se podrá remitir a
la ABE una vez finalizado el periodo de cuatro meses o tras la adopción de una
decisión conjunta.
6.           La ABE adoptará una
decisión en el plazo de un mes, y se considerará que el plazo de cuatro meses
es el periodo de conciliación en el sentido de dicho Reglamento. Toda decisión
ulterior de la autoridad de resolución a nivel de grupo deberá cumplir con la
decisión de la ABE.
7.           Si alguna de las
autoridades de resolución correspondientes hubiera remitido el asunto a la ABE,
de conformidad con el apartado 5, la autoridad de resolución a nivel de grupo
aplazará su decisión a la espera de la decisión que la ABE pueda adoptar.
Capítulo II
Evaluación de la pertinencia de la resolución y
competencias de prevención 
Artículo 13
Evaluación de la pertinencia de la
resolución
1.           Los Estados miembros
garantizarán que las autoridades de resolución evalúen, en consulta con las
autoridades competentes, en qué medida puede procederse a la resolución de las
entidades y grupos sin recabar ayuda financiera pública extraordinaria al
margen de los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo
91. Se considerará que puede llevarse a cabo la resolución de una entidad o
grupo si resulta factible y creíble que la autoridad de resolución proceda,
bien a su liquidación, con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios,
o a su resolución, aplicando los diferentes instrumentos y ejerciendo las
distintas competencias de resolución, sin que se produzcan consecuencias
adversas significativas para los sistemas financieros (incluida la eventualidad
de inestabilidad financiera general o la existencia de factores que afectan a
todo el sistema) del Estado miembro en el que se encuentra la entidad; deberá
tenerse en cuenta la economía o la estabilidad financiera de ese o de cualquier
otro Estado miembro o de la Unión y plantearse como objetivo garantizar la
continuidad de las funciones esenciales desarrolladas por la entidad o grupo,
bien separándolas fácil y prontamente de otras funciones, o por otros medios. 
2.           Para llevar a cabo la
evaluación de la resolución contemplada en el apartado 1, las autoridades de
resolución deberán examinar, como mínimo, los aspectos especificados en la
sección C del anexo.
3.           La ABE elaborará, en
consultas con la JERS, proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de
especificar los factores que han de examinarse a efectos de la evaluación de la
resolución de entidades o grupos contemplada en el apartado 2. La ABE
presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación en el
plazo de doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Directiva.
4.           Se delegan en la
Comisión los poderes para adoptar los proyectos de normas técnicas de
regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el
procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº
1093/2010.
Artículo 14
Competencias para abordar o eliminar
obstáculos a la resolución
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, en el marco de una evaluación de la resolución llevada a
cabo con arreglo a lo dispuesto por el artículo 13, si una autoridad de
resolución decide que existen impedimentos potenciales importantes que
obstaculizan la resolución de una entidad, dicha autoridad notificará su
decisión a dicha entidad por escrito.
2.           En el plazo de cuatro
meses desde la fecha de recepción de una notificación realizada en virtud del
apartado 1, la entidad propondrá a la autoridad de resolución medidas para
abordar o eliminar los obstáculos señalados en la notificación. La autoridad de
resolución, en consultas con la autoridad de resolución, evaluará si dichas
medidas van a reducir o eliminar de forma efectiva los obstáculos en cuestión.
3.           Cuando la autoridad de
resolución determine que las medidas propuestas por una entidad, con arreglo a
lo establecido en el apartado 2, no permitirán reducir ni eliminar de forma
efectiva los obstáculos, establecerá, en consultas con las autoridades
competentes, unas medidas alternativas para conseguir dicho objetivo e
informará a la entidad de dichas medidas por escrito.
4.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 3, entre las medidas establecidas por una autoridad de
resolución podrán estar, cuando sea necesario y proporcionado para reducir o
eliminar los obstáculos que impiden la resolución en cuestión, las siguientes:
(a)         
exigir a la entidad que elabore acuerdos de
servicios (ya sea entre entidades dentro del grupo o con terceros) para
garantizar las funciones o servicios económicos esenciales;
(b)         
exigir a la entidad que limite sus riesgos
individuales y globales máximos;
(c)         
imponer obligaciones de información específica
o regular relevante para llevar a cabo la resolución;
(d)         
exigir a la entidad que se deshaga de activos
específicos;
(e)         
exigir a la entidad que limite o que cese
determinadas actividades existentes o propuestas;
(f)           
restringir o evitar el desarrollo o la venta
de nuevos ramos de actividad o productos;
(g)         
exigir cambios en las estructuras jurídicas u
operativas de la entidad con el fin de reducir su complejidad y de garantizar
que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y económicamente de
otras funciones mediante la aplicación de los instrumentos de resolución;
(h)         
exigir a una empresa matriz la constitución de
una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad
financiera de cartera matriz de la Unión;
(i)           
exigir a una empresa matriz, o a la sociedad
contemplada en el artículo 1, letras (c) y (d), la emisión de los instrumentos
de deuda o los préstamos citados en el artículo 39, apartado 2;
(j)           
cuando una entidad sea la filial de una
sociedad mixta de cartera, exigir que la sociedad mixta de cartera constituya
una sociedad financiera de cartera separada para controlar la entidad, si ello
fuera necesario para facilitar la resolución de la entidad y evitar la
aplicación de los instrumentos y competencias de resolución especificados en el
título IV con un efecto adverso en la parte no financiera del grupo.
5.           Las autoridades de
resolución no fundamentarán una decisión con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 en obstáculos provenientes de factores que escapen al control de la
entidad, incluida la capacidad operativa y financiera de la autoridad de
resolución.
6.           Las notificaciones que
se realicen en virtud de los apartados 1 o 3 deberán cumplir con los requisitos
siguientes:
(a)         
justificar los motivos para la evaluación o
decisión de que se trate;
(b)         
indicar de qué forma la evaluación o
determinación cumple con los requisitos para la aplicación proporcionada
establecida en el artículo 9.
7.           Antes de determinar
cualquier medida de las contempladas en el apartado 3, las autoridades de
resolución deberán considerar debidamente el efecto potencial de estas medidas
sobre la estabilidad del sistema financiero en otros Estados miembros.
8.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar las medidas
contempladas en el apartado 4 y las circunstancias en que deba aplicarse
cada una de ellas.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 15
Competencias para reducir o eliminar
obstáculos a la resolución: tratamiento de grupo
1.           Las autoridades de
resolución a nivel de grupo y las autoridades de resolución de las filiales, en
consultas con las autoridades competentes, se consultarán mutuamente en el
colegio de autoridades de resolución y tomarán todas las medidas apropiadas
para alcanzar una decisión conjunta en relación con la aplicación de las
medidas determinadas conforme a lo establecido en el artículo 14, apartado 3.
2.           La autoridad de
resolución a nivel de grupo, en cooperación con el supervisor en base
consolidada y la ABE de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del
Reglamento (UE) nº 1093/2010, elaborará un informe, que enviará a la
empresa matriz o a la entidad sometida a la supervisión en base consolidada y a
las autoridades de resolución de las filiales. El informe, preparado en
consulta con las autoridades competentes, analizará los impedimentos
importantes que obstaculizan la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución
y el ejercicio de las facultades de resolución en relación con el grupo. El
informe también recomendará cualquier medida que, desde el punto de vista de
las autoridades, sea necesaria o apropiada para eliminar dichos impedimentos.
3.           En el plazo de cuatro
meses después de la fecha de recepción de dicha notificación, la empresa matriz
o la entidad objeto de supervisión consolidada podrá remitir observaciones y
proponer medidas a la autoridad de resolución a nivel de grupo para solucionar
los impedimentos señalados en el informe.
4.           La autoridad de
resolución a nivel de grupo comunicará cualquier medida propuesta por la
empresa matriz o por la entidad sometida a supervisión consolidada al
supervisor en base consolidada, a la ABE y a las autoridades de resolución de
las filiales. Las autoridades de resolución a nivel de grupo y las autoridades
de resolución de las filiales, en consulta con las autoridades competentes,
harán cuanto esté en su mano para alcanzar una decisión conjunta en el colegio
de autoridades de resolución relativa a la identificación de los impedimentos
importantes y, si fuera necesario, a la evaluación de las medidas propuestas
por las empresas matrices o por la entidad objeto de supervisión consolidada y
a las medidas requeridas por las autoridades para abordar o eliminar los
impedimentos.
5.           La decisión conjunta se
adoptará en el plazo de cuatro meses desde el envío del informe. Dicha decisión
estará motivada y se redactará en un documento facilitado por la autoridad de
resolución a nivel de grupo a las empresas matrices o a la entidad objeto de
supervisión consolidada.
Por propia iniciativa, la ABE podrá ayudar a
las autoridades de resolución a llegar a un acuerdo de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
6.           Si no se pudiera
alcanzar una decisión conjunta en el plazo de cuatro meses desde la fecha de
envío del informe citado en los apartados 1 o 2, la autoridad de resolución a
nivel de grupo adoptará su propia decisión sobre las medidas adecuadas a
aplicar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, apartado 3, en
relación con el grupo en su conjunto.
La decisión se presentará rigurosamente
motivada y atenderá a las observaciones y reservas manifestadas por las demás
autoridades de resolución a lo largo del periodo de cuatro meses. La decisión
será transmitida por la autoridad de resolución a nivel de grupo a la empresa
matriz o a la entidad objeto de supervisión consolidada.
La decisión a que se refiere el primer
párrafo se considerará vinculante y será aplicada por las autoridades
competentes en el Estado miembro considerado. 
Si, al final del periodo de cuatro meses,
alguna de las autoridades de resolución implicadas hubiera remitido el asunto a
la ABE de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010,
la autoridad de resolución a nivel de grupo aplazará su decisión en espera de
la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con el artículo 19,
apartado 3, de dicho Reglamento. La ABE adoptará una decisión en el plazo de un
mes, y se considerará que el plazo de cuatro meses es el periodo de
conciliación en el sentido de dicho Reglamento. Toda decisión ulterior de la
autoridad de resolución a nivel de grupo deberá atenerse a lo expresado en la
decisión de la ABE. El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el
periodo de cuatro meses o haberse adoptado una decisión conjunta.
Capítulo III
Ayuda financiera dentro de un grupo
Artículo 16
Acuerdo de ayuda financiera dentro de
un grupo
1.           Los Estados miembros
velarán por que una entidad matriz en un Estado miembro, o una entidad matriz
de la Unión, o una sociedad contemplada en las letras (c) y (d) del
artículo 1, y sus filiales que sean entidades o sociedades financieras
cubiertas por la supervisión de la empresa matriz, puedan suscribir un acuerdo
para prestar ayuda financiera a otra parte del acuerdo que experimente
dificultades financieras, siempre y cuando se cumplan las condiciones
establecidas en el presente capítulo.
2.           El acuerdo podrá:
(a)     cubrir a una o varias filiales del
grupo y contemplar una ayuda financiera de la empresa matriz a sus filiales, de
las filiales a la empresa matriz, entre filiales del grupo que sean parte del
acuerdo, o una combinación de las mismas; 
(b)     contemplar una ayuda financiera en
forma de préstamo, la concesión de garantías, el suministro de activos para uso
como garantía en una transacción entre el beneficiario del apoyo financiero y
un tercero, o una combinación de lo anterior.
3.           Si, con arreglo a las
condiciones del acuerdo, una filial acuerda prestar ayuda financiera a la
empresa matriz, el acuerdo incluirá un acuerdo recíproco por parte de la
empresa matriz de prestar ayuda financiera a la filial.
4.           El acuerdo especificará
la contrapartida a pagar, o establecerá los principios para el cálculo de la
contrapartida, para cualquier transacción realizada conforme a aquel.
5.           El acuerdo solo podrá
celebrarse si, en el momento en que se realiza la propuesta de acuerdo, ninguna
de las partes incumple, o existe la posibilidad de que incumpla, a juicio de la
autoridad de supervisión, cualquiera de los requisitos de la Directiva
2006/48/CE en relación con el capital o la liquidez o presenta riesgo
insolvencia.
6.           Los Estados miembros se
asegurarán de que cualquier derecho, reclamación o acción derivados del acuerdo
puedan ser ejercidos exclusivamente por las partes del acuerdo, con la
exclusión de terceros.
Artículo 17
Revisión de la propuesta de acuerdo
por parte de los supervisores y mediación 
1.           La empresa matriz y las
entidades objeto de supervisión consolidada conforme a los artículos 125 y 126
de la Directiva 2006/48/CE presentarán al supervisor en base consolidada una
solicitud de autorización de cualquier propuesta de acuerdo de ayuda financiera
de grupo. La solicitud contendrá el texto de la propuesta de acuerdo e
identificará las entidades del grupo que se proponen como partes.
2.           El supervisor en base
consolidada concederá la autorización si las condiciones de la propuesta de
acuerdo son coherentes con las condiciones para conceder apoyo financiero
establecidas en el artículo 19.
3.           El supervisor en base
consolidada remitirá sin demora la solicitud a las autoridades competentes de
cada filial que propone ser parte del acuerdo.
4.           Las autoridades
competentes harán todo lo posible para alcanzar una decisión conjunta sobre si
las condiciones de la propuesta de acuerdo son coherentes con las condiciones
para conceder apoyo financiero establecidas en el artículo 19 en un plazo de
cuatro meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte del
supervisor en base consolidada. La decisión conjunta se expondrá en un
documento que contenga la decisión plenamente motivada, que el supervisor en
base consolidada remitirá al solicitante.
5.           Si las autoridades
competentes no llegaran a una decisión conjunta en un plazo de cuatro meses, el
supervisor en base consolidada adoptará su propia decisión respecto a la
solicitud. La decisión se presentará en un documento que recoja la motivación
detallada de la misma y las opiniones y reservas expresadas por las demás
autoridades competentes a lo largo del periodo de cuatro meses. El supervisor
en base consolidada notificará la decisión al solicitante y a las demás
autoridades competentes.
6.           Si, al final del periodo
de cuatro meses, alguna de las autoridades competentes interesadas ha remitido
el asunto a la Autoridad Bancaria Europea de conformidad con el
artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, el supervisor en base
consolidada aplazará su decisión en espera de la decisión que la ABE pueda
adoptar de conformidad con el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y
la adoptará con arreglo a la misma. El periodo de cuatro meses se considerará
el plazo para la conciliación en el sentido del citado Reglamento. La ABE
adoptará su decisión en el plazo de un mes. El asunto no se remitirá a la ABE
tras haber finalizado el periodo de cuatro meses o haberse adoptado una
decisión conjunta.
Artículo 18
Aprobación de la propuesta de acuerdo
por parte de los accionistas
1.           Los Estados miembros
pueden requerir que cualquier propuesta de acuerdo que haya sido autorizada por
las autoridades competentes sea sometida a la aprobación de la junta de
accionistas de cada entidad del grupo que proponga ser parte del acuerdo. En
este caso, el acuerdo será válido solo para las partes cuyo acuerdo haya sido
aprobado por la junta de accionistas.
2.           Si los Estados miembros
recurren a la opción expuesta en el apartado 1, requerirán que, con
arreglo al acuerdo de ayuda financiera del grupo, los accionistas de cada
entidad del grupo que sea parte del acuerdo autoricen al correspondiente órgano
de dirección a que se hace referencia en el artículo 11 de la Directiva
2006/48/CE a adoptar una decisión por la que la entidad proporcione ayuda
financiera conforme a las condiciones del acuerdo y a las condiciones
establecidas en el presente capítulo. Para las transacciones específicas
realizadas de conformidad con el acuerdo no se requerirá más aprobación por
parte de los accionistas ni más reuniones suplementarias.
3.           El órgano de dirección
de cada entidad que sea parte de un acuerdo informará cada año a los
accionistas del desarrollo del acuerdo y de la aplicación de cualquier decisión
adoptada en virtud del mismo.
Artículo 19
Condiciones para la ayuda financiera
de grupo
1.           La ayuda financiera solo
se podrá prestar en el marco de un acuerdo de ayuda financiera de grupo,
siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
(a)         
que exista una posibilidad razonable de que la
ayuda prestada resuelva las dificultades financieras de la entidad receptora de
la misma;
(b)         
que la prestación de la ayuda financiera tenga
el objetivo de preservar o restaurar la estabilidad financiera del grupo en su
conjunto;
(c)         
que la ayuda financiera se proporcione a
título oneroso;
(d)         
que, a juzgar por la información en poder del
órgano de dirección al adoptar la decisión de conceder la ayuda financiera,
resulte razonablemente probable que el préstamo será reembolsado o que la
cantidad correspondiente a la ayuda será pagada, a un precio justo, por la
entidad receptora;
(e)         
que la ayuda financiera no ponga en peligro la
liquidez ni la solvencia de la entidad que la presta y que, por ende, no
suponga una amenaza para su estabilidad financiera;
(f)           
que la entidad que facilita la ayuda cumpla,
en el momento de facilitarla y posteriormente, con los requisitos de fondos
propios y con cualquier requisito impuesto en virtud del artículo 136, apartado
2, de la Directiva 2006/48/CE.
2.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas de ejecución especificando las condiciones
expuestas en el apartado 1.
La ABE presentará estos proyectos de normas
técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.
Se otorga autoridad a la Comisión para
adoptar las normas técnicas de ejecución presentadas por la ABE de conformidad
con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 20
Decisión de facilitar apoyo financiero
La decisión de facilitar apoyo financiero
según dispone el acuerdo será tomada por el órgano de dirección de la entidad
que facilita el apoyo financiero con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11
de la Directiva 2006/48/CE. Esta decisión habrá de motivarse e indicar el
objetivo del apoyo financiero propuesto. En concreto, la decisión deberá:
(a)     indicar cómo el apoyo financiero preserva
o restaura la estabilidad financiera del grupo en su conjunto;
(b)     garantizar que el apoyo financiero
no supera la capacidad financiera de la entidad jurídica que lo facilita;
(c)     asegurar que la entidad que facilita
el apoyo financiero seguirá cumpliendo con los requisitos de fondos propios y
con cualquier requisito impuesto por el artículo 136, apartado 2, de la
Directiva 2006/48/CE.
Artículo 21
Derecho de oposición de las
autoridades competentes
1.           Antes de prestar apoyo
en virtud de un acuerdo de ayuda financiera de grupo, el órgano de dirección de
una entidad que se propone facilitar ayuda financiera deberá informar a las
autoridades competentes. La notificación deberá incluir los detalles de la
ayuda propuesta.
2.           Si no se cumplen las
condiciones para la ayuda financiera de grupo, las autoridades competentes
podrán prohibir o restringir la concesión de la ayuda financiera contemplada en
el artículo 19 en el plazo de dos días a partir de la fecha de recepción de la
notificación. En caso de prohibir o restringir la ayuda financiera, las
autoridades deberán justificar su decisión.
3.           Las autoridades
competentes deberán informar inmediatamente de su decisión de prohibir o
restringir la concesión de ayuda financiera a la ABE, al supervisor en base consolidada
y a las autoridades competentes identificadas en el artículo 131 bis de
la Directiva 2006/48/CE.
4.           Cuando
el supervisor en base consolidada o las autoridades competentes responsables de
la entidad que recibe la ayuda tengan objeciones relativas a la decisión de
prohibir o restringir la ayuda financiera, deberán trasladar el asunto a la ABE
y solicitar su asistencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 del
Reglamento 1093/2010. En tal caso, la ABE podrá actuar con arreglo a las
competencias que le confiere dicho artículo. No obstante el
límite temporal establecido por el artículo 39, apartado 1, del Reglamento
1093/2010, la ABE adoptará las decisiones en virtud del artículo 19,
apartado 3, de dicho Reglamento en el plazo de 48 horas.
5.           En caso de que las
autoridades competentes no prohíban ni restrinjan la ayuda financiera en el
periodo indicado en el apartado 2, esta podrá ser facilitada de acuerdo con las
condiciones comunicadas a las autoridades competentes.
Artículo 22
Divulgación
1.                      
Los Estados miembros garantizarán que las
entidades que hayan suscrito un acuerdo de ayuda financiera de grupo, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, hagan pública una descripción del
acuerdo y los nombres de las entidades participantes en el mismo y que
actualicen dicha información al menos una vez al año.
Serán de aplicación los artículos 145 y 149
de la Directiva 2006/48/CE.
2.                      
la ABE elaborará proyectos de normas técnicas
de regulación para especificar la forma y el contenido de la descripción a que
se refiere el apartado 1. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de
normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.
3.                      
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación a que se refiere el
párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
TÍTULO III
INTERVENCIÓN TEMPRANA
Artículo 23
Medidas de intervención temprana
1.       Cuando una entidad no cumpla los
requisitos de la Directiva 2006/48/CE, o resulta probable que los infrinja, los
Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes tengan a su
disposición, no solo las medidas a que se refiere el artículo 136 de dicha
Directiva sino también, cuando proceda, las siguientes:
(a)         
exigir a la dirección de la entidad que
aplique uno o varios de los procedimientos y medidas establecidos en el plan de
rescate;
(b)         
exigir a la dirección de la entidad que
examine la situación, determine las medidas necesarias para superar los
problemas encontrados y elabore un programa de actuación para resolver dichos
problemas y un calendario de ejecución;
(c)         
exigir a la dirección de la entidad que
convoque o, si la dirección no cumpliera con este requisito, convocar
directamente la junta de accionistas de la entidad, proponer el orden del día y
la adopción de determinadas decisiones;
(d)         
exigir a la dirección de la entidad que
destituya y sustituya a uno o varios miembros del consejo de administración o
directores ejecutivos, si se determina que dichas personas no son aptas para
cumplir sus obligaciones de conformidad con el artículo 11 de la Directiva
2006/48/CE;
(e)         
exigir a la dirección de la entidad que
elabore un plan para la negociación de la reestructuración de la deuda con una
parte o con la totalidad de sus acreedores;
(f)           
recabar, también mediante inspecciones in
situ, toda la información necesaria para preparar la resolución de la
entidad, incluida la realización de una evaluación de sus activos y pasivos;
(g)         
tomar contacto con posibles compradores con el
fin de preparar la resolución de la entidad, sin perjuicio de las condiciones
establecidas en el artículo 33, apartado 2, y las disposiciones de
confidencialidad establecidas en el artículo 77. 
2.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación con el objeto de garantizar una
aplicación coherente de las medidas contempladas en el apartado 1 del
presente artículo. 
La ABE presentará estos proyectos de normas
técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Directiva.
Se otorga autoridad a la Comisión para
adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el primer párrafo, de
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 24
Administrador especial
1.           Los Estados miembros
garantizarán que, en los casos en los que exista un deterioro significativo de
la situación financiera de una entidad o cuando se hayan infringido gravemente
disposiciones legislativas, reglamentarias o estatutarias, y las medidas
tomadas de conformidad con el artículo 23 no sean suficientes para poner fin a
este deterioro, las autoridades competentes puedan designar a un administrador
especial para sustituir a la dirección de la entidad. Las autoridades
competentes harán público el nombramiento de un administrador especial. Los
Estados miembros garantizarán que el administrador especial cuente con la
cualificación, la capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñar sus
funciones.
2.           El administrador
especial dispondrá de plenos poderes para la gestión de la entidad, de acuerdo
con los estatutos de esta y con la legislación nacional, incluida la facultad
de desempeñar cualquier función administrativa para la gestión de la entidad. Sin
embargo, las competencias del administrador especial se limitarán a convocar la
junta general de accionistas de la entidad y proponer los puntos del día,
previo acuerdo de la autoridad competente.
3.           El administrador
especial tendrá el deber estatutario de adoptar todas las medidas necesarias y
aportar soluciones para subsanar la situación financiera de la entidad y
restaurar la gestión saneada y prudente de sus actividades y organización. Cuando
sea necesario, este deber primará sobre cualquier otro deber de gestión en
virtud de los estatutos de la entidad o la legislación nacional, en la medida
en que sean incompatibles. Las soluciones incluirán una ampliación de capital,
la reorganización de la estructura de propiedad de la entidad o la toma de participación
por parte de entidades viables desde el punto de vista financiero y
organizativo.
4.           Las autoridades
competentes podrán establecer limitaciones a la actuación del administrador
especial o requerir que algunas de sus acciones deban someterse a su acuerdo
previo. Las autoridades competentes podrán destituir en cualquier momento al
administrador especial.
5.           Los Estados miembros
exigirán que el administrador especial elabore informes destinados a la
autoridad competente que lo hubiera designado, sobre la situación económica y
financiera de la entidad y sobre su actuación en el desempeño de sus funciones,
a intervalos regulares establecidos por las autoridades competentes y al inicio
y al final de su mandato.
6.           El administrador
especial estará en su cargo un año como máximo. Este periodo se podrá renovar,
de forma excepcional, siempre y cuando se sigan cumpliendo las condiciones para
designar a un administrador especial. Las autoridades competentes deberán
determinar si las condiciones son adecuadas para mantener a un administrador
especial y justificarán dicha decisión a los accionistas.
7.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados 1 a 6, la designación del administrador especial no
menoscabará los derechos que el Derecho de sociedades nacional o de la Unión
reconoce a accionistas o propietarios.
8.           El nombramiento de un
administrador especial no se reconocerá como factor que exija la ejecución a
efectos de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[36],
ni como un procedimiento de insolvencia en el sentido de la Directiva 98/26/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo[37].
Artículo 25
Coordinación de las medidas de
intervención temprana y nombramiento de un administrador especial para los
grupos
1.           Cuando se cumplan las
condiciones para la imposición de los requisitos contemplados en el artículo 23
de la presente Directiva o para el nombramiento de un administrador especial en
virtud del artículo 24 de la misma, en relación con una entidad matriz o
entidad objeto de supervisión consolidada de conformidad con los artículos 125
y 126 de la Directiva 2006/47/CE, o con cualquiera de sus filiales, la
autoridad competente que se proponga adoptar cualquier medida en virtud de
dichos artículos informará de sus intenciones al resto de las autoridades
competentes del colegio de supervisores y a la ABE.
2.           El supervisor en base
consolidada y el resto de autoridades competentes considerarán si es necesario
adoptar las medidas contempladas en el artículo 23 o nombrar a un administrador
especial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 en relación con otras
entidades del grupo, y la conveniencia de coordinar las medidas que se vayan a
adoptar. El supervisor en base consolidada y otras autoridades pertinentes
sopesarán si existen medidas alternativas con más probabilidades de restablecer
la viabilidad de las entidades individuales y preservar la solvencia financiera
del grupo en su conjunto. En los casos en los que más de una autoridad
competente se proponga nombrar a un administrador especial para una entidad
vinculada a un grupo, las autoridades considerarán si es más apropiado nombrar
al mismo administrador especial para todas las entidades implicadas o para la
totalidad del grupo, con el fin de facilitar las soluciones que corregirán la
solvencia financiera del grupo en su conjunto.
La evaluación adoptará la forma de decisión
conjunta del supervisor en base consolidada y las demás autoridades
competentes. La decisión conjunta se adoptará en un plazo de cinco días desde
la fecha de notificación contemplada en el apartado 1. La decisión conjunta se
expondrá y motivará en un documento facilitado por el supervisor en base
consolidada a la empresa matriz o a la entidad objeto de supervisión
consolidada.
3.           La ABE podrá, por propia
iniciativa, ayudar a las autoridades competentes a llegar a un acuerdo, de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
4.           Si las autoridades
competentes no alcanzaran una decisión conjunta en un plazo de cinco días, el
supervisor en base consolidada y las autoridades competentes responsables de
supervisar las filiales podrán adoptar las decisiones correspondientes.
5.           La decisión de cada
autoridad competente deberá motivarse. La decisión tendrá en cuenta las
opiniones y reservas de las demás autoridades competentes, expresadas durante
el periodo de cinco días, así como el impacto potencial de la decisión en la
estabilidad financiera de los demás Estados miembros. El supervisor en base
consolidada comunicará las decisiones a la empresa matriz o a la entidad objeto
de supervisión consolidada, y las autoridades competentes respectivas a las
filiales.
Si al final del periodo de cinco días alguna
de las autoridades competentes correspondientes hubiera remitido el asunto a la
ABE, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, el
supervisor en base consolidada y las demás autoridades competentes aplazarán su
decisión a la espera de la decisión que la ABE pueda adoptar de conformidad con
el artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento, y la adoptarán con arreglo a
la misma. El periodo de cinco días se considerará el periodo de conciliación en
el sentido del citado Reglamento. La ABE adoptará su decisión en el plazo de
cinco días. El asunto no se remitirá a la ABE tras haber finalizado el periodo
de cinco días o haberse adoptado una decisión conjunta.
6.           Antes de adoptar sus
propias decisiones de conformidad con el apartado 4, las autoridades
competentes consultarán a la ABE. La decisión tendrá en cuenta el parecer de la
ABE y deberá motivar cualquier desviación significativa respecto del mismo.
TÍTULO IV
RESOLUCIÓN
Capítulo I
Objetivos, condiciones y principios generales
Artículo 26
Objetivos de resolución
1.           Al aplicar los
instrumentos o ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución
tendrán presentes los objetivos de ésta y seleccionarán los instrumentos o
competencias que mejor se encaminen a los objetivos fijados según las
circunstancias del caso.
2.           Los objetivos de la
resolución a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
(a)         
mantener la continuidad de las funciones
esenciales;
(b)         
evitar repercusiones negativas importantes
sobre la estabilidad financiera, previniendo el contagio y manteniendo la
disciplina de mercado;
(c)         
proteger los fondos públicos minimizando la
dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias;
(d)         
evitar toda destrucción de riqueza innecesaria
y minimizar el coste de la resolución;
(e)         
proteger a los depositantes cubiertos por la
Directiva 94/19/CE y a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE;
(f)           
proteger los fondos y los activos de los
clientes.
3.           Sin perjuicio de las
diferentes disposiciones de la presente Directiva, los objetivos de resolución
son de importancia equivalente; las autoridades de resolución los ponderarán
convenientemente según la naturaleza y las circunstancias de cada caso. 
Artículo 27
Condiciones de resolución
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución emprendan acciones de resolución
en relación con una entidad contemplada en el artículo 1, letra (a), únicamente
si se cumplen todas las condiciones siguientes:
(a)         
que la autoridad competente o de resolución
determine que la entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de
quiebra;
(b)         
teniendo en cuenta el calendario y otras
circunstancias pertinentes, que no existan perspectivas razonables de que otras
medidas alternativas del sector privado o de supervisión, aparte de la acción
de resolución emprendida en relación con la entidad, puedan impedir la quiebra
de la entidad en un plazo de tiempo razonable;
(c)         
que la acción de resolución sea necesaria para
el interés público de conformidad con el apartado 3.
2.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 1, letra (a), se considera que una entidad está en
graves dificultades o en peligro de quiebra si se produce una o varias de las
circunstancias siguientes:
(a)         
que la entidad haya infringido o existan
elementos objetivos que indiquen que infringirá, en un futuro cercano, los
requisitos de capital necesarios para conservar su autorización, de forma tal
que resulte justificada su retirada por parte de la autoridad competente, por
haber incurrido la entidad, o ser probable que incurra, en pérdidas que
agotarían o mermarían sustancialmente sus fondos propios;
(b)         
que el activo de la entidad sea inferior a su
pasivo, o existan elementos objetivos que indiquen que lo será en un futuro
cercano;
(c)         
que la entidad no pueda hacer frente al pago
de sus deudas al vencimiento de éstas, o existan elementos objetivos que
indican que no podrá en un futuro cercano;
(d)         
que la entidad necesite ayuda financiera
pública extraordinaria, excepto cuando, a fin de preservar la estabilidad
financiera, requiera alguno de los elementos siguientes:
(i)      una garantía estatal para respaldar
instrumentos de liquidez concedidos por los bancos centrales de acuerdo con las
condiciones estándar de los mismos (el instrumento debe ser objeto de una
garantía integral a la que se aplican recortes en la valoración, en función de
su calidad y valor de mercado y el banco central debe cobrar al beneficiario un
tipo de interés penalizador); o
(ii)      una garantía estatal sobre los
pasivos de nueva emisión con el fin de solventar un trastorno serio de la
economía de un Estado miembro.
En los dos casos mencionados en los puntos
(i) y (ii), las medidas de garantía se limitarán a las entidades financieras
solventes, no formarán parte de un paquete de ayudas más amplio, estarán
supeditadas a autorización en virtud de las normas sobre ayudas estatales, y se
utilizarán durante un período máximo de tres meses. 
3.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 1, letra (c), una acción de resolución se considerará
como de interés público si gracias a ella se alcanzan, de forma proporcionada,
uno o varios de los objetivos de resolución expuestos en el artículo 26,
mientras que una liquidación de la entidad o empresa matriz a través de los
procedimientos de insolvencia ordinarios no permitirían alcanzar en la misma
medida los citados objetivos.
4.           Para promover la
convergencia de las prácticas de supervisión y resolución, la ABE emitirá
directrices, según lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) nº
1093/2010, respecto a la interpretación de las circunstancias en las que se
considera que una entidad está en graves dificultades o en peligro de quiebra. La
ABE desarrollará estas directrices a más tardar en la fecha mencionada en el
artículo 115, apartado 1, primer párrafo, de la presente Directiva.
5.           Teniendo en cuenta, si
así procede, la experiencia adquirida en la aplicación de las directrices de la
ABE, la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 103
con el fin de especificar las circunstancias en que ha de considerarse que una
entidad se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra. 
Artículo 28
Condiciones para la resolución de
entidades financieras y sociedades de cartera
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución puedan adoptar una acción de
resolución en relación con una entidad financiera o una empresa contemplada en
el artículo 1, letra (b), cuando se cumplan las condiciones previstas en el
artículo 27, apartado 1, tanto en lo relativo a la entidad financiera o empresa
como a la entidad matriz objeto de supervisión consolidada. 
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución emprendan una acción de
resolución respecto a una sociedad contemplada en el artículo 1, letras (c) o
(d), cuando se cumplan las condiciones previstas en el artículo 27, apartado 1,
tanto en lo relativo a la mencionada sociedad como a una o varias filiales que
sean entidades.
3.           Cuando las filiales de
una sociedad mixta de cartera estén directa o indirectamente en poder de una
sociedad financiera de cartera intermedia, los Estados miembros velarán por que
las acciones de resolución tomadas a efectos de resolución del grupo se apliquen
a la sociedad financiera de cartera intermedia, y no a la sociedad mixta de
cartera.
4.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3, y como excepción a lo dispuesto en el
apartado 1, aunque una sociedad contemplada en el artículo 1, letras (c) o
(d) no cumpla las condiciones establecidas en el artículo 27, apartado 1, las
autoridades de resolución podrán emprender una acción de resolución respecto a
la misma cuando una o varias de las filiales que sean entidades cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 27, apartados (1), (2) y (3), y siempre
que la acción respecto a la sociedad sea necesaria para la resolución de una o
varias filiales que sean entidades, o para la resolución del grupo en su
conjunto.
Artículo 29
Principios generales que rigen la
resolución
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, al aplicar los instrumentos y ejercer las competencias de
resolución, las autoridades de resolución tomen todas las medidas oportunas
para garantizar que la acción de resolución se ajuste a los principios
siguientes:
(a)         
que los accionistas de la entidad objeto de
resolución asuman las primeras pérdidas;
(b)         
que los acreedores de la entidad objeto de
resolución asuman pérdidas después de los accionistas, de acuerdo con el orden
de prioridad de los créditos establecido por la Directiva;
(c)         
que sean sustituidos los altos directivos de
la entidad objeto de resolución;
(d)         
que los altos directivos de la entidad objeto
de resolución soporten, de acuerdo con el Derecho civil o penal, pérdidas en
consonancia con la responsabilidad en que incurran por la quiebra de la
entidad;
(e)         
excepto cuando la presente Directiva ordene
otra cosa, que los acreedores de la misma categoría sean tratados de una forma
justa y equitativa;
(f)           
que los acreedores no sufran más pérdidas que
las que habrían sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los
procedimientos de insolvencia ordinarios.
2.           Cuando una entidad sea
una entidad de grupo, las autoridades de resolución aplicarán los instrumentos
de resolución y ejercerán las competencias de resolución de forma que se
minimice el impacto sobre las entidades filiales y sobre el grupo en su
conjunto y se reduzcan en la medida de lo posible los efectos perjudiciales
sobre la estabilidad financiera de la Unión y, en particular, de los países en
los que opera el grupo.
3.           Al aplicar los
instrumentos y ejercer las competencias de resolución, los Estados miembros
velarán por que se ajusten, en su caso, al Marco de ayudas estatales de la
Unión.
Capítulo II
Valoración
Artículo 30
Valoración preliminar
1.           Antes de emprender una
acción de resolución, y teniendo particularmente en cuenta lo dispuesto en los
artículos 31, 34, 36, 41, 42 y 65, las autoridades de resolución se asegurarán
de que una persona independiente tanto de las autoridades públicas, incluida la
autoridad de resolución, como de la entidad, efectúe una valoración ecuánime y
realista del activo y el pasivo de la entidad. La autoridad de resolución
respaldará esta valoración. Cuando la urgencia o las circunstancias del caso no
hagan posible una valoración independiente, las autoridades de resolución
podrán llevar a cabo la valoración del activo y el pasivo de la entidad.
2.           Si procede, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el Marco de ayudas estatales de la Unión, la
valoración exigida en el apartado 4 se basará en supuestos prudentes y
realistas, por ejemplo en lo relativo a las tasas de impago y a la magnitud de
las pérdidas, y su objetivo será el de evaluar el valor de mercado del activo y
el pasivo de la entidad en graves dificultades o en peligro de quiebra, de
forma que cualquier pérdida que pueda producirse sea constatada en el momento
en que se aplican los instrumentos de resolución. Sin embargo, si el mercado de
un activo o pasivo específico no está funcionando convenientemente, la
valoración podrá reflejar el valor económico a largo plazo del activo o del
pasivo. En la valoración no se preverá la aportación de ayudas públicas
extraordinarias para la entidad, independientemente de que en la práctica se
concedan o no.
3.           La valoración se
completará con la siguiente información según figura en la contabilidad y los
registros contables de la entidad:
(a)         
un balance actualizado y un informe de la
situación económica y financiera de la entidad;
(b)         
un documento que aporte un análisis y una estimación
del valor de los activos;
(c)         
la lista de pasivos pendientes que figura en
la contabilidad y los registros de la entidad, indicando los créditos
correspondientes y el nivel de prioridad con arreglo a la normativa vigente en
materia de insolvencia;
(d)         
la lista de los activos en poder de la entidad
por cuenta de terceros que tengan derechos de propiedad sobre dichos activos.
4.           La valoración recogerá
la subdivisión de los acreedores por categorías según su nivel de prioridad con
arreglo a la normativa vigente en materia de insolvencia, así como una
estimación del trato que cabría esperar para cada categoría en un procedimiento
de liquidación.
5.           Cuando, debido a la
urgencia de la circunstancias del caso, no sea posible cumplir los requisitos
establecidos en los apartados 3 y 4, la valoración, efectuada por una persona
independiente o por una autoridad de resolución, se ajustará a los requisitos
establecidos en el apartado 2. Esta valoración se considerará provisional hasta
que la autoridad de resolución haya llevado a cabo una valoración que se ajuste
a todos los requisitos expuestos en el presente artículo. La valoración
definitiva podrá llevarse a cabo por separado o conjuntamente con la evaluación
a que se refiere el artículo 66.
6.           La valoración formará parte
integrante de la decisión de aplicar un instrumento de resolución o de ejercer
una competencia de resolución. No será objeto de revisión judicial separada;
estará sujeta a revisión judicial únicamente en conjunción con la decisión que
se tome de conformidad con el artículo 78.
7.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar, a efectos de
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, así como del
artículo 66, los criterios que se presentan a continuación:
(a)         
en qué circunstancias es independiente una
persona, tanto de la autoridad de resolución como de las entidades, y
(b)         
en qué circunstancias puede considerarse que
no es posible una valoración por una persona independiente;
(c)         
la metodología para evaluar el valor de
mercado de los activos y pasivos de la entidad en graves dificultades o en
peligro de quiebra;
(d)         
las circunstancias en que puede considerarse
que no funciona correctamente el mercado de un determinado activo o pasivo;
(e)         
la metodología para evaluar el valor económico
a largo plazo de los activos y pasivos de la entidad en graves dificultades o
en peligro de quiebra.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el primer párrafo,
de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Capítulo III
Instrumentos de resolución
Sección I
Principios generales
Artículo 31
Principios generales de los
instrumentos de resolución
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución dispongan de competencias para
aplicar los instrumentos de resolución a una entidad, una entidad financiera o
una sociedad contemplada en el artículo 1, letras c) y d), que cumpla las
condiciones aplicables para su resolución.
2.           Los instrumentos de
resolución a que se refiere el apartado 1 son los siguientes:
(a)     la venta de actividades;
(b)     la constitución de una entidad
puente;
(c)     la segregación de activos;
(d)     la recapitalización.
3.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 4, las autoridades de resolución podrán aplicar los
instrumentos de resolución de forma aislada o combinada.
4.           Las autoridades de
resolución podrán aplicar el instrumento de segregación de activos únicamente
en conjunción con otro instrumento.
5.           Cuando se apliquen los
instrumentos de resolución mencionados en las letras (a), (b) o (c) del segundo
párrafo, transfiriendo con ellos de forma parcial activos, derechos o pasivos
de una entidad objeto de resolución, la parte residual de la entidad desde
donde se transfirieron los activos, derechos o pasivos se someterá a
liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios en un plazo
de tiempo apropiado y teniendo en cuenta la necesidad de tal entidad de prestar
servicios o prestar el respaldo contemplado en el artículo 58, al objeto de que
el receptor de la transferencia siga ejerciendo las actividades o servicios
adquiridos en virtud de la misma.
6.           Los Estados miembros
velarán por que las disposiciones nacionales en materia de insolvencia
relativas a la nulidad o la inoponibilidad de actos legales que perjudiquen a
los acreedores no se apliquen a la transferencia de activos, derechos o pasivos
de una entidad objeto de resolución a otra entidad a través de la aplicación de
un instrumento de resolución o del ejercicio de una competencia de resolución.
7.           No se impedirá que los
Estados miembros confieran competencias adicionales a las autoridades de
resolución, competencias que estas podrán ejercer cuando una entidad cumpla las
condiciones de resolución, siempre que tales competencias adicionales no
obstaculicen efectivamente la resolución de grupo y sean compatibles con los
objetivos de resolución y los principios generales que rigen la resolución,
recogidos en los artículos 26 y 29. 
Sección 2
Instrumento de venta de actividades
Artículo 32
Instrumento de venta de actividades
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución tengan competencias para
transferir a un comprador que no sea una entidad puente:
(a)         
acciones u otros instrumentos de propiedad de
una entidad objeto de resolución;
(b)         
todos los activos, derechos o pasivos o determinados
activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución;
(c)         
cualquier combinación de los activos, derechos
o pasivos de una entidad objeto de resolución, o todos ellos,
La transferencia contemplada en el párrafo
primero se realizará sin necesidad de obtener el consentimiento de los
accionistas de la entidad objeto resolución o de terceros diferentes del
comprador, y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos por
el derecho de sociedades o por la normativa en materia de valores mobiliarios
que en otras circunstancias se deberían cumplir.
2.           Las transferencias a las
que hace referencia el apartado 1 se efectuarán en condiciones de mercado
teniendo en cuenta las circunstancias específicas y de conformidad con la
normativa de ayudas estatales de la Unión.
3.           En caso de transferencia
parcial de los activos de la entidad, los importes recibidos de resultas de la
transferencia redundarán en beneficio de la entidad objeto de resolución. 
Cuando todas las acciones u otros
instrumentos de propiedad sean transferidos, o cuando todos los activos,
derechos y pasivos de la entidad sean transferidos, los importes recibidos de
resultas de la transferencia redundarán en beneficio de los accionistas de la
entidad objeto de resolución, que han perdido sus derechos.
Los Estados miembros calcularán los importes
a que se refiere el apartado 2 del presente artículos descontando los
gastos, administrativos o de otro tipo, ocasionados en el marco del proceso de
resolución, e incluyendo los costes y gastos derivados de los mecanismos de
financiación contemplados en el artículo 92.
4.           Las autoridades de
resolución tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que la
transferencia se realice en condiciones de mercado, como dispone el
apartado 2 del presente artículo, y que se ajuste a la valoración ecuánime
y realista realizada de conformidad con el artículo 30, teniendo en cuenta las
circunstancias específicas del caso.
5.           Al aplicar el
instrumento de venta de actividades, la autoridades de resolución podrán
ejercer la competencia de transferencia más de una vez con el fin de hacer
transferencias complementarias de acciones u otros instrumentos de propiedad o,
en su caso, de activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución.
6.           Tras la aplicación del
instrumento de venta de actividades, las autoridades de resolución podrán, con
el acuerdo del comprador, ejercer sus competencias de transferencia de acciones
u otros instrumentos de propiedad o, en su caso, de activos, derechos o pasivos
transferidos al comprador, para devolver la propiedad a la entidad objeto de
resolución.
7.           El comprador deberá
disponer de la autorización oportuna para desarrollar las actividades o
servicios adquiridos merced a una transferencia efectuada con arreglo al apartado
1.
8.           No obstante lo dispuesto
en el artículo 19, apartado 1 de la Directiva 2006/48, cuando la
transferencia de acciones u otros instrumentos de propiedad merced a la
aplicación del instrumento de venta de actividades resulte en la obtención o el
incremento de una participación cualificada del tipo mencionado en el artículo
19, apartado 1, de la Directiva 2006/48, las autoridades competentes llevarán a
cabo la evaluación contemplada en dicho artículo en un plazo tal que no retrase
el uso del instrumento de la venta de actividades ni impida que la acción de
resolución logre los objetivos de resolución que se propone.
9.           Las transferencias
efectuadas merced al instrumento de venta de actividades en las que se
transfiera solo una parte de los activos, derechos o pasivos de una entidad
objeto de resolución, se ajustarán a las cláusulas de salvaguarda en materia de
transferencias parciales de propiedad recogidas en la capítulo V.
10.         A efectos de ejercer los
derechos de prestación de servicios o establecerse en otro Estado miembro de
conformidad con la Directiva 2006/48/CE o la Directiva 2004/39/CE, se entenderá
que el comprador constituye una continuación de la entidad objeto de resolución
y que podrá proseguir ejerciendo los derechos anteriormente ejercidos por ella
en relación con los activos, derechos o pasivos transferidos, incluidos los
derechos de participación y acceso a los sistemas de pago, compensación y
liquidación.
11.         Los accionistas o
acreedores de la entidad objeto de resolución y los terceros cuyos activos,
derechos o pasivos no sean objeto de transferencia no podrán reclamar derecho
alguno respecto a los activos, derechos o pasivos transferidos.
Artículo 33
La venta de actividades: requisitos de
procedimiento
1.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el apartado 3, al aplicar el instrumento de venta de actividades a
una entidad, la autoridad de resolución pondrá a la venta la mencionada entidad
o los activos, derechos y pasivos que se proponga transferir, o tomará las
disposiciones oportunas para dicha venta. Podrán ponerse a la venta
separadamente lotes de derechos, activos o pasivos.
2.           Sin perjuicio del Marco
de ayudas estatales de la Unión, cuando proceda, la venta mencionada en el
apartado 1 se ajustará a los criterios siguientes:
(a)         
será tan transparente como sea posible, habida
cuenta de las circunstancias y, en particular, de la necesidad de mantener la
estabilidad financiera;
(b)         
no favorecerá o discriminará a ninguno de los
posibles compradores;
(c)         
estará libre de todo conflicto de intereses;
(d)         
no concederá ventaja indebida alguna a ningún
posible comprador;
(e)         
tendrá en cuenta la necesidad de aplicar
rápidamente la acción de resolución;
(f)           
se propondrá maximizar, en la medida de lo
posible, el precio de venta de los activos y pasivos considerados.
Los principios recogidos en el presente
apartado no impedirán que la autoridad de resolución tome contacto con
compradores potenciales concretos.
La divulgación de la puesta a la venta de la
entidad, normalmente exigida por el apartado 6, artículo 1, de la Directiva 2003/6/CE,
podrá retrasarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 2,
de dicha Directiva.
3.           Las autoridades de
resolución podrán aplicar el instrumento de venta de actividades sin necesidad
de cumplir los requisitos establecidos en el apartado 1 cuando determinen
que el cumplimiento de tales requisitos podría perjudicar a uno o más de los
objetivos de resolución, en particular si se cumplen las siguientes
condiciones:
(a)         
que la autoridad de resolución considere que
existe un peligro real para la estabilidad financiera provocado o agravado por
la quiebra de la entidad objeto de la resolución, y
(b)         
que el cumplimiento de los citados requisitos
pueda disminuir la eficacia de dicha venta a la hora de hacer frente a dicho
peligro o perseguir el objetivo de resolución mencionado en el artículo 26,
apartado 2, letra (b).
4.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de especificar las
circunstancias que constituyen un peligro real y los hechos que determinan la
eficacia de la venta, expuestos en el apartado 3, letras (a) y (b).
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el primer párrafo,
de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Sección 3
Instrumento de constitución de una entidad puente
Artículo 34
Constitución de una entidad puente
1.           Para hacer efectivo el
instrumento de constitución de una entidad puente, los Estados miembros
garantizarán que las autoridades de resolución tengan la facultad de transferir
todos los activos, derechos o pasivos, o determinados activos, derechos o
pasivos de una entidad objeto de resolución y cualquier combinación de dichos
activos, derechos o pasivos, a una entidad puente, sin necesidad de obtener el
consentimiento de los accionistas de la entidad objeto resolución o de
terceros, y sin tener que cumplir los requisitos de procedimiento exigidos por
el derecho de sociedades o por la normativa en materia de valores mobiliarios
que en condiciones normales deberían cumplir.
2.           Excepto en el caso de
que el instrumento de recapitalización se aplique con la finalidad especificada
el artículo 37, apartado 2, letra (b), a efectos del instrumento de
constitución de una entidad puente se entenderá por esta última una entidad
jurídica que pertenece total o parcialmente a una o más autoridades públicas
(entre las que puede estar la autoridad de resolución) y que es creada con el
propósito de desarrollar alguna de las funciones de una entidad objeto de
resolución o de mantener todos o parte de los activos o pasivos de la misma.
La aplicación del instrumento de
recapitalización a efectos de lo dispuesto en el artículo 37, apartado 2, letra
(b) no deberá obstaculizar la capacidad de la autoridad de resolución de
controlar la entidad puente en la medida necesaria para llevar a cabo la
resolución y de alcanzar sus objetivos.
3.           Al aplicar este
instrumento, la autoridad de resolución se asegurará de que el valor total de
los pasivos transferidos a la entidad puente no supere el de los derechos y
activos transferidos desde la entidad objeto de resolución o procedentes de
otras fuentes. 
4.           Al aplicar el
instrumento de constitución de una entidad puente, una autoridad de resolución
podrá transferir los activos, derechos o pasivos de la entidad que considere
conveniente para la consecución de uno o más de los objetivos de resolución.
5.           Al aplicar este
instrumento, las autoridades de resolución podrán:
(a)         
transferir derechos, activos o pasivos de la
entidad objeto de resolución a una entidad puente en más de una ocasión; y
(b)         
devolver los derechos, activos o pasivos de la
entidad puente a la entidad objeto de resolución, siempre que se den las
condiciones que se especifican en el apartado 6;
(c)         
transferir los derechos, activos o pasivos
desde la entidad puente a un tercero.
6.           Las autoridades de
resolución devolverán los derechos, activos o pasivos desde la entidad puente a
la entidad objeto de resolución únicamente en una de las circunstancias
siguientes:
(a)         
cuando la posibilidad de devolver los
derechos, activos o pasivos conste expresamente en el instrumento merced al
cual se haya realizado la trasferencia a que se refiere el apartado 5, letra
(a);
(b)         
cuando los derechos, activos o pasivos no
formen parte (o no se ajusten a las condiciones) de las categorías de derechos,
activos o pasivos que se especifican en el instrumento merced al cual se haya
realizado la trasferencia a que se refiere el apartado 5, letra (a).
En cualquiera de los casos contemplados en
las letras (a) y (b), la devolución debe realizarse en los plazos y ajustarse a
cualesquiera otras condiciones que figuren a tal efecto en dicho instrumento.
7.           Las transferencias
efectuadas merced al instrumento de constitución de la entidad puente en las
que se transfiera solo parte de los activos, derechos o pasivos de una entidad
objeto de resolución, se ajustarán a las cláusulas de salvaguarda en materia de
transferencias parciales de propiedad recogidas en el capítulo IV.
8.           A efectos de ejercer los
derechos de prestación de servicios o establecerse en otro Estado miembro de
conformidad con la Directiva 2006/48/CE o la Directiva 2004/39/CE, se entenderá
por entidad puente una continuación de la entidad objeto de resolución que
podrá proseguir ejerciendo los derechos anteriormente ejercidos por ella en
relación con los activos, derechos o pasivos transferidos, incluidos los derechos
de participación y acceso a los sistemas de pago, compensación y liquidación.
9.           Los accionistas o
acreedores de la entidad objeto de resolución y los terceros cuyos activos,
derechos o pasivos no sean transferidos a la entidad puente no podrán reclamar
derecho alguno respecto a la entidad puente o su patrimonio.
Artículo 35
Funcionamiento de la entidad puente 
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que el funcionamiento de la entidad puente responda a las
siguientes disposiciones:
(a)         
que el contenido de los documentos
constitutivos de la entidad puente lo establezca la autoridad de resolución;
(b)         
que dicha autoridad nombre al consejo de
administración de la entidad puente, apruebe las remuneraciones y determine las
distintas responsabilidades;
(c)         
que la entidad puente sea habilitada, conforme
a lo previsto en la Directiva 2006/48/CE o la Directiva 2004/39/CE, según
proceda, y haya obtenido la autorización que exige la normativa nacional
aplicable para ejercer las actividades o servicios que ha adquirido merced a la
aplicación del artículo 56 de la presente Directiva;
(d)         
que dicha entidad puente cumpla los requisitos
y se someta a la supervisión que disponen la Directiva 2006/48/CE, la Directiva
2006/49/CE y la Directiva 2004/39/EC, según proceda.
2.           Sin perjuicio de las
restricciones impuestas por las normas de competencia nacionales o de la Unión,
los directivos gestionarán la entidad puente planteándose como objetivo la
venta de la entidad y de sus activos, derechos o pasivos a uno o varios
compradores del sector privado cuando las condiciones sean propicias y en el
plazo especificado en el apartado 5.
3.           La autoridad de
resolución pondrá fin a las actividades de una entidad puente en cuanto se
produzca alguna de las eventualidades siguientes:
(a)         
la fusión de la entidad puente con otra
entidad;
(b)         
la adquisición de la mayoría del capital de la
entidad puente por un tercero;
(c)         
la asunción de la totalidad o la mayor parte
de sus activos, derechos o pasivos por otra persona;
(d)         
la expiración del periodo especificado en el
apartado 5 o, en su caso, en el apartado 6.
4.           En sus tentativas de
venta de la entidad puente o de los activos o pasivos, los Estados miembros
velarán por que la entidad o los activos o pasivos pertinentes se pongan a la
venta de una forma abierta y transparente, y que no se favorezca a ninguno de
los compradores potenciales ni se ejerza discriminación entre ellos.
La venta se efectuará en condiciones de
mercado, habida cuenta de las circunstancias específicas y de conformidad con
el Marco de ayudas estatales de la Unión.
5.           Si no se produce ninguna
de las situaciones mencionadas en el apartado 3, letras (a), (b) o (c), la
autoridad de resolución pondrá fin al funcionamiento de la entidad puente al
finalizar el periodo de dos años siguiente a la fecha en que hubiera tenido
lugar la última transferencia efectuada desde una entidad objeto de resolución
merced al instrumento de constitución de una entidad puente.
6.           La autoridad de
resolución podrá ampliar el periodo citado en el apartado 5 por un máximo de
tres periodos adicionales de un año, siempre que:
(a)         
se prevea que mediante la ampliación se
producirá alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado 3, letras
(a), (b) o (c); o
(b)         
la ampliación sea necesaria para garantizar la
continuidad de los servicios bancarios o financieros esenciales.
7.           Cuando se ponga fin a
las actividades de una entidad puente al darse alguna de las circunstancias
mencionadas en el apartado 3, letras (c) y (d), la entidad será disuelta y
liquidada.
Los eventuales importes generados por el cese
de las actividades de las entidad puente, contemplado en el apartado 3,
redundarán en beneficio de la entidad objeto de resolución.
Los Estados miembros calcularán los importes
netos de los gastos, administrativos o de otro tipo ocasionados en el marco del
proceso de resolución.
8.           Si la entidad puente se
utiliza para la transferencia de activos y pasivos de más de una entidad, la
obligación contemplada en el apartado 7 se aplicará a la liquidación de los
activos y pasivos transferidos desde cada una de las entidades, y no a la
entidad puente en sí.
Sección 4
Instrumento de segregación de activos
Artículo 36
Segregación de activos
1.           Para hacer efectivo el
instrumento de segregación de activos, los Estados miembros garantizarán que
las autoridades de resolución tengan la facultad de transferir activos,
derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a una entidad de gestión
de activos.
2.           A efectos de la
segregación de activos, por entidad de gestión de activos se entenderá una
entidad jurídica que pertenezca íntegramente a una o varias autoridades
públicas, entre las que podrá figurar la autoridad de resolución.
3.           La autoridad de
resolución designará gestores de activos que administrarán los activos
transferidos a la entidad de gestión de activos con el fin de maximizar su
valor a través de una eventual venta o de otro modo que garantice la
liquidación ordenada de la actividad.
4.           Las autoridades de
resolución podrán ejercer la facultad de llevar a cabo transferencias de
activos, mencionada en el apartado 1, solo si el mercado de tales activos es de
naturaleza tal que su liquidación con arreglo a los procedimientos de
insolvencia ordinarios podría influir negativamente en el mercado financiero.
5.           Al aplicar el
instrumento de segregación de activos, las autoridades de resolución
determinarán el contravalor de los activos transferidos a la entidad de gestión
de activos de conformidad con los principios establecidos en el artículo 30 y
con el Marco de ayudas estatales de la Unión.
6.           Las autoridades de
resolución podrán:
(a)         
transferir activos, derechos o pasivos de la
entidad objeto de resolución a una entidad de gestión de activos en más de una
ocasión; devolver los activos, derechos o pasivos desde la entidad de gestión
de activos a la entidad objeto de resolución, siempre que se den las
condiciones que se especifican en el apartado 7.
7.           Las autoridades de
resolución devolverán los derechos, activos o pasivos desde la entidad de
gestión de activos a la entidad objeto de resolución únicamente en una de las
circunstancias siguientes:
(a)         
cuando la posibilidad de devolver los
derechos, activos o pasivos conste expresamente en el instrumento merced al
cual se haya realizado la trasferencia a que se refiere el apartado 6, letra
(a);
(b)         
cuando los derechos, activos o pasivos no
formen parte (o no se ajusten a las condiciones) de las categorías de derechos,
activos o pasivos que se especifican en el instrumento merced al cual se haya
realizado la trasferencia a que se refiere el apartado 6, letra (a).
En cualquiera de los casos contemplados en
las letras (a) y (b), la devolución debe realizarse en los plazos y ajustarse a
cualesquiera otras condiciones que figuren a tal efecto en dicho instrumento.
8.           Las transferencias entre
la entidad objeto de resolución y la entidad de gestión de activos se ajustarán
a las cláusulas de salvaguarda en materia de transferencias parciales de
propiedad, recogidas en la presente Directiva.
9.           Los accionistas y
acreedores de la entidad objeto de resolución y los terceros cuyos activos,
derechos o pasivos no sean transferidos a la entidad de gestión de activos no
podrán reclamar derecho alguno respecto a la entidad de gestión de activos, su
patrimonio o sus directivos.
10.         Los cometidos de los
gestores de activos designados de conformidad con el apartado 3 no supondrán
obligaciones ni responsabilidades para con los accionistas de la entidad objeto
de resolución, y no se les exigirá responsabilidad alguna ante ellos por haber
tomado o no determinadas medidas en el desempeño de sus funciones, reales o
atribuidas, a no ser que el acto o su omisión constituya una negligencia o
infracción graves con arreglo a la legislación nacional.
11.         De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, la ABE emitirá
directrices destinadas a promover la convergencia de las prácticas de
supervisión y resolución respecto a la determinación, como se contempla en el
apartado 4 del presente artículo, de cuándo podría la liquidación de los
activos o pasivos con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios
influir negativamente en el mercado financiero. La ABE desarrollará estas
directrices a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 115,
apartado 1, primer párrafo, de la presente Directiva.
12.         Teniendo en cuenta, en su
caso, la experiencia adquirida en la aplicación de las directrices de la ABE,
la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 103
con el fin de especificar las circunstancias en las que la liquidación de los
activos o pasivos con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios
podría influir negativamente en el mercado financiero.
Sección 5
El instrumento de recapitalización 
Subsección 1
Objetivo y ámbito de aplicación de la
recapitalización
Artículo 37
Recapitalización
1.           Para hacer efectivo el
instrumento de recapitalización, los Estados miembros se asegurarán de que las
autoridades de resolución tengan las competencias de resolución especificadas
en el artículo 56, apartado 1, letras (f) a (l).
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución puedan aplicar el instrumento
de recapitalización para alguno de los siguientes objetivos:
(a)         
recapitalizar una entidad que se ajuste a las
condiciones de resolución en un grado tal que le permita de nuevo responder a
las condiciones a que está supeditada su autorización, así como continuar las
actividades a las que le autoriza la Directiva 2006/48/CE o la Directiva
2004/39/CE;
(b)         
convertir en acciones o reducir el principal
de los débitos o los instrumentos de deuda transferidos a una entidad puente
con el fin de proporcionar capital a esta.
3.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución únicamente puedan aplicar el
instrumento de recapitalización a los efectos mencionados en el apartado 2, letra
(a) si existen perspectivas realistas de que dicho instrumento, en conjunción
con las medidas ejecutadas de acuerdo con el plan de reorganización de las
actividades exigido por el artículo 47, además de lograr los objetivos de
resolución pertinentes, restablezca la solidez financiera y la viabilidad a
largo plazo de la entidad en cuestión.
Si no se cumpliera la condición indicada en
el primer párrafo, los Estados miembros aplicarán cualquiera de los
instrumentos de resolución que figuran en el artículo 31, apartado 2,
letras (a), (b) y (c) y el instrumento de recapitalización que figura en el
apartado 2, letra (b) del presente artículo, según proceda.
Artículo 38
Ámbito de aplicación de la
recapitalización
1.           Los Estados miembros
velarán por que el instrumento de recapitalización pueda aplicarse a todos los
pasivos de una entidad que, de conformidad con el apartado 2, no estén
excluidos del ámbito de aplicación de dicho instrumento.
2.           Las autoridades de
resolución no ejercerán sus competencias de depreciación y conversión cuando se
trate de los siguientes pasivos:
(a)         
depósitos garantizados en virtud de la
Directiva 94/19/CE;
(b)         
pasivos garantizados; 
(c)         
pasivos resultantes de la posesión por la
entidad de activos o dinero de clientes, o de la existencia de una relación
fiduciaria entre la entidad (como fideicomisario) y otra persona (como
beneficiario);
(d)         
pasivos con un plazo de vencimiento inicial
inferior a un mes;
(e)         
pasivos contraídos con:
(i)      empleados, en relación con
salarios, pensiones u otras remuneraciones fijas devengadas, excepto tratándose
de remuneraciones variables de cualquier tipo;
(ii)      acreedores comerciales, por el
suministro a la entidad de bienes y servicios fundamentales para el desarrollo
cotidiano de sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías de la
información y los suministros públicos de carácter básico y el alquiler,
mantenimiento y limpieza de locales;
(iii)     administraciones fiscales o de la
seguridad social, siempre que tales pasivos tengan carácter preferente de
acuerdo con la normativa de insolvencia aplicable.
El apartado 2,
letras (a) y (b) no impedirán que las autoridades de resolución ejerzan sus
competencias, cuando así proceda, respecto a la parte de un pasivo garantizado
o de un pasivo al que se hubiera prestado una garantía que exceda el valor de
los activos, la pignoración, la prenda o la garantía que constituyen su
contraparte. Los Estados miembros podrán dispensar del cumplimiento de esta
disposición a las obligaciones garantizadas, según el sentido del artículo 22,
apartado 4, de la Directiva 86/611/CEE[38].
La letra (c) del apartado 2 no impedirá que
las autoridades de resolución ejerzan estas competencias, si procede, respecto
a cualquier importe de un depósito que supera la cobertura prevista en dicha
Directiva.
3.           Al aplicar el
instrumento de recapitalización, las autoridades de resolución podrán excluir
de las competencias de depreciación de la deuda y conversión los pasivos
surgidos de derivados no contemplados en el apartado 2, letra (d), si
consideran que dicha exclusión es necesaria o conveniente para lograr alguno o
varios de los objetivos mencionados en el artículo 26, apartado 2, letras (a) y
(b). 
4.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 103
al objeto de especificar:
(a)         
las categorías específicas de pasivo cubiertas
por el apartado 2, letra (d); 
(b)         
las circunstancias en las que la exclusión es
necesaria o conveniente para lograr alguno o varios de los objetivos
específicos mencionados en el artículo 26, apartado 2, letras (a) y (b),
teniendo en cuenta los factores siguientes:
(i)      el
impacto sistémico de la liquidación de posiciones de derivados al objeto de
aplicar el instrumento de depreciación de la deuda;
(ii)      la incidencia de la aplicación del
instrumento de depreciación de la deuda sobre el funcionamiento de una entidad
de contrapartida central, cuando se trate de pasivos generados por derivados
cuya compensación corre a cargo de la propia entidad de contrapartida central; y
(iii)     tratándose de pasivos generados
por derivados, la incidencia de la aplicación del instrumento de depreciación
de la deuda sobre la gestión del riesgo de tales derivados por las
contrapartes.
Subsección 2
Requisitos mínimos de los pasivos admisibles
Artículo 39
Requisitos mínimos de los pasivos a
los que se aplican las competencias de depreciación y conversión 
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las entidades mantengan en todo momento un importe agregado
suficiente de fondos propios y de pasivos admisibles, expresado porcentualmente
con respecto al pasivo total de la entidad que no cumple las condiciones para
considerarse fondos propios con arreglo al Título V, capítulo 2, sección 1 de
la Directiva 2006/48/CE, o al capítulo IV de la Directiva 2006/49/CE.
2.           Los instrumentos de
deuda subordinada y los préstamos subordinados que no puedan considerarse
capital adicional de nivel 1 o de nivel 2 podrán incluirse en el importe
agregado de pasivos admisibles contemplado en el apartado 1 sólo si cumplen las
siguientes condiciones:
(a)         
que hayan sido emitidos y plenamente
desembolsados;
(b)         
que los instrumentos no sean adquiridos por:
(i)      la entidad o sus filiales;
(ii)      una empresa en la que la entidad
posea una participación, en forma de propiedad directa o mediante vínculo de
control, del 20% o más de los derechos de voto o del capital;
(c)         
que la adquisición del instrumento no haya
sido financiada directa o indirectamente por la entidad;
(d)         
que los instrumentos no estén respaldados o
garantizados por una entidad que forme parte del mismo grupo que la entidad;
(e)         
que los instrumentos tengan un periodo de
vencimiento inicial de al menos un año.
3.           El importe mínimo
agregado contemplado en el apartado 1 se determinará con arreglo a los
criterios siguientes:
(a)         
la necesidad de garantizar la resolución de la
crisis de la entidad mediante la aplicación de los instrumentos de resolución,
incluida, cuando proceda, la recapitalización, de forma que se cumplan los
objetivos de resolución; 
(b)         
la necesidad de garantizar que, cuando
proceda, la entidad cuente con los pasivos admisibles suficientes para que, si
se aplica el instrumento de recapitalización, pueda restablecerse el
coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad a un nivel
suficiente para mantener la confianza del mercado en la entidad y permitir a esta
seguir cumpliendo las condiciones a que está supeditada su autorización y
proseguir las actividades a las que le autoriza la Directiva 2006/48/CE o la
Directiva 2006/49/CE;
(c)         
el tamaño, tipo de empresa y perfil de riesgo
de la entidad; 
(d)         
la medida en que el sistema de garantía de
depósitos puede contribuir a la financiación de la resolución de conformidad
con el artículo 99;
(e)         
la medida en que la quiebra de la entidad
tendría un efecto adverso en la estabilidad financiera debido, por ejemplo, al
fenómeno de contagio como consecuencia de su interconexión con otras entidades
o con el resto del sistema financiero.
4.           Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40, las entidades se ajustarán a los requisitos
establecidos en el apartado 2 del presente artículo con carácter individual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
40, los pasivos en poder de otras entidades que formen parte del grupo deberán
excluirse del importe agregado contemplado en el apartado 1 del presente
artículo.
5.           Las autoridades de
resolución exigirán y comprobarán que las entidades mantengan el importe
agregado mencionado en el apartado 1, y tomarán decisiones de conformidad con
el apartado 4 durante el proceso de elaboración y mantenimiento de los planes
de resolución. 
6.           La autoridades de resolución
informarán a la ABE del importe mínimo que hubieran determinado para cada
entidad sometida a su jurisdicción. La ABE informará a la Comisión, a más
tardar el 1 de enero de 2018, sobre la aplicación del requisito contemplado en
el apartado 1. En particular, la ABE informará a la Comisión de si se producen
divergencias en relación con la aplicación de esta obligación a nivel nacional.

7.           La Comisión adoptará, a
través de actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 103, medidas
que especifiquen los criterios establecidos en las letras (a) a (e) del
apartado 3, incluyendo posibles referencias a las distintas categorías de
entidades y a los porcentajes correspondientes.
Artículo 40
Aplicación de requisitos mínimos a los
grupos
1.           Las autoridades de
resolución podrán decidir aplicar el requisito mínimo establecido en el
artículo 39, apartados (1) y (3), sobre una base consolidada a los grupos que
sean objeto de supervisión consolidada, siempre que se cumplan las condiciones
siguientes:
(a)         
que el porcentaje a que se refiere el artículo
39, apartado 1) se calcule sobre la base del nivel consolidado de pasivos y de
fondos propios que tiene el grupo;
(b)         
que la empresa matriz o la sociedad
contemplada en el artículo 1, letras c) o d), emitan los instrumentos de deuda
o los préstamos a que se refiere el artículo 39, apartado 2;
(c)         
que la empresa matriz o la sociedad
contemplada en el artículo 1, letras (c) o (d), distribuya de manera adecuada y
proporcional, en forma de créditos, los fondos recogidos a través de la emisión
de los instrumentos de deuda o préstamos a que se refiere el artículo 39,
apartado 2, entre las entidades filiales;
(d)         
que cada entidad que sea filial, cumpla con el
requisito mínimo establecido en el artículo 39, apartado 1; sin embargo, a modo
de excepción a lo dispuesto en el artículo 39, apartado 4, segundo párrafo, los
pasivos que obren en poder de la empresa matriz o de una sociedad contemplada
en el artículo 1, letras c) o d), se incluirán en el importe agregado de fondos
propios y pasivos admisibles que la filial debe mantener de conformidad con el
artículo 39, apartado 1;
(e)         
que cuando la autoridad de resolución a nivel
de grupo u otra autoridad competente, según el caso, aplique el instrumento de
recapitalización a la empresa matriz o a una sociedad contemplada en el
artículo 1, letras c) o d), las autoridades de resolución de las filiales
aplicarán el instrumento de recapitalización, en primer lugar, a los pasivos de
las filiales frente a la empresa matriz o una sociedad contemplada en el artículo
1, letras c) o d), según el caso, antes de aplicarlo, si fuera necesario, a
otros pasivos admisibles de la filial.
2.           Cuando tomen decisiones
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades de resolución
tendrán en cuenta la manera en que el grupo estructura sus operaciones y, en
particular, la medida en que la financiación, la liquidez y el riesgo se
gestionan de forma centralizada.
3.           Las autoridades de
resolución adoptarán la decisión de aplicar el requisito mínimo sobre una base
consolidada en virtud del apartado 1 del presente artículo durante el proceso
de elaboración y mantenimiento de los planes de resolución con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 9 de la presente Directiva. Tratándose de grupos que
sean objeto de supervisión consolidada con arreglo a los artículos 125 y 126 de
la Directiva 2006/48/CE, las autoridades de resolución adoptarán la decisión de
aplicar el requisito mínimo sobre una base consolidada de conformidad con el
procedimiento establecido en el artículo 12 de la presente Directiva.
Subsección 3
Aplicación del instrumento de recapitalización
Artículo 41
Evaluación del importe de la
recapitalización
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, al aplicar el instrumento de recapitalización, las
autoridades de resolución apliquen una valoración que se ajuste a los
requisitos del artículo 30 para calcular el importe agregado que debe
utilizarse para reducir o convertir los pasivos admisibles.
2.           Cuando las autoridades
de resolución apliquen el instrumento de recapitalización a efectos de lo
dispuesto en el artículo 3, apartado 2, el cálculo mencionado en el apartado 1
fijará el importe en que deben reducirse los pasivos admisibles con el fin de
restablecer el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad objeto
de resolución y el importe que la autoridad de resolución considere necesario
para mantener la confianza del mercado en la entidad y permitir a esta cumplir
las condiciones necesarias para su autorización y proseguir las actividades a
las que le autoriza la Directiva 2006/48/CE o la Directiva 2004/39/CE.
3.           Las autoridades de
resolución establecerán y mantendrán disposiciones que garanticen que el
cálculo y la evaluación se basan en unos datos relativos a los activos y
pasivos de la entidad objeto de resolución tan completos y actualizados como
sea posible.
Artículo 42
Trato de los accionistas
1.           Los Estados miembros
garantizarán que, al aplicar el instrumento de recapitalización, las
autoridades de resolución tomen, en relación con los accionistas, una de las
medidas siguientes, o ambas:
(a)         
cancelar las acciones existentes;
(b)         
ejercer la competencia mencionada en el
artículo 56, apartado 1, letra (h), al objeto de convertir pasivos admisibles
en acciones de la entidad objeto de resolución a una tasa de conversión que
reajuste fuertemente a la baja el valor de las acciones existentes.
2.           Las acciones a que se
refiere el apartado 1 se aplican a los accionistas cuyas acciones hayan
sido emitidas u otorgadas en alguna de las circunstancias siguientes:
(a)         
con motivo de la conversión de instrumentos de
deuda en acciones, conforme a las condiciones contractuales de los instrumentos
de deuda originales, al producirse un hecho anterior o simultáneo a cuando la
autoridad de resolución juzgó que la entidad cumplía las condiciones de
resolución;
(b)         
con motivo de la conversión de los
instrumentos de capital pertinentes en instrumentos de capital ordinario de
nivel 1 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52.
3.           Al considerar qué acción
tomar en relación con el apartado 1, las autoridades de resolución tendrán
en cuenta: el importe probable de las pérdidas en relación con los activos
antes de recurrir al instrumento de recapitalización, al objeto de garantizar
que la acción emprendida en relación con los accionistas guarde proporción con
la reducción del valor del capital, la valoración efectuada con arreglo a los
artículos 30 y 31, y en particular la probabilidad de que los accionistas
hubieran recuperado capital si la entidad hubiera sido liquidada sobre la base
de dicha valoración.
4.           Cuando las autoridades
de resolución apliquen el instrumento de recapitalización, será de aplicación
lo dispuesto en los artículos 30 y 31. 
5.           La ABE desarrollará
directrices, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE)
nº 1093/2010, sobre las circunstancias en las que resultaría apropiado
emprender cada una de las acciones del apartado 1, teniendo en cuenta los
factores especificados en el apartado 2 del presente artículo. La ABE
desarrollará estas directrices a más tardar en la fecha mencionada en el
artículo 115, apartado 1, primer párrafo, de la presente Directiva.
6.           Teniendo en cuenta, en
su caso, la experiencia adquirida en la aplicación de las directrices de la
ABE, la Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el
artículo 103 a fin de especificar las circunstancias en las que serían
adecuadas las acciones mencionadas en el apartado 1, teniendo en cuenta
los factores contemplados en el apartado 2 del presente artículo.
Artículo 43
Jerarquía de los derechos de crédito
1.           Los Estados miembros
velarán por que, al aplicar el instrumento de recapitalización, las autoridades
de resolución ejerzan las competencias de depreciación y de conversión de
acuerdo con las disposiciones siguientes:
(a)         
los instrumentos de capital ordinario de nivel
1 se deprecian en primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y hasta el
límite de su capacidad, y las acciones correspondientes son canceladas de
acuerdo con el artículo 42;
(b)         
únicamente en el caso de que la depreciación
efectuada de conformidad con la letra (a) y (b) sea inferior al importe
agregado, las autoridades reducirán a cero el importe principal de los
instrumentos de capital adicional de nivel 1 que constituyen pasivos y los
instrumentos de nivel 2, de acuerdo con la subsección 2;
(c)         
únicamente en el caso de que la reducción
total de los pasivos de conformidad con las letras (a) y (b) sea inferior al
importe agregado, las autoridades reducirán el importe principal de la deuda
subordinada que no es capital adicional de nivel 1 o 2 en la medida necesaria
para obtener, en combinación con la depreciación a que se refiere las letras
(a) y (b), el importe agregado;
(d)         
únicamente en el caso de que la reducción
total de los pasivos de conformidad con las letras (a), (b) o (c) sea inferior
al importe agregado, las autoridades reducirán el importe principal o el
importe pendiente de los pasivos admisibles que constituyen la deuda restante
(de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38) de rango superior, en la
medida necesaria para obtener, en combinación con la depreciación a que se
refieren las letras (a), (b) o (c), el importe agregado;
2.           Al ejercer las
competencias de depreciación y de conversión de conformidad con el apartado 1,
letras (c) y (d), las autoridades de resolución asignarán las pérdidas que
representa el importe agregado de forma equitativa entre los pasivos del mismo
rango reduciendo el importe principal o el importe pendiente de tales pasivos
en un grado proporcional a su valor.
3.           Las autoridades de
resolución reducirán el importe principal del instrumento o procederán a su
conversión de acuerdo con las condiciones que figuran en el apartado 1, letras
(c) y (d), antes de ejercer las competencias de depreciación y conversión de
los pasivos mencionados en el apartado 1, letra (d), cuando dichas condiciones
no se hayan aplicado al emitir una entidad instrumentos diferentes a los
contemplados en el apartado 1, letra (b), con arreglo a algunas de las
condiciones siguientes:
(a)         
la reducción del importe principal del
instrumento por cualquier motivo vinculado a la situación financiera, la
solvencia o el nivel de fondos propios de la entidad;
(b)         
la conversión de los instrumentos en acciones
u otros instrumentos de propiedad por los motivos anteriormente citados.
4.           Cuando se haya reducido
el importe principal de un instrumento, aunque no a cero, antes de aplicar el
instrumento de recapitalización, en virtud de disposiciones como la mencionada
en el apartado 3, letra (a), o de conformidad con el apartado 3, las
autoridades de resolución ejercerán las competencias de depreciación y de
conversión sobre el importe residual de dicho principal de conformidad con el
apartado 1.
Artículo 44
Derivados
1.           Los Estados miembros
velarán por que cuando las autoridades de resolución ejerzan las competencias
de depreciación y de conversión de pasivos surgidos de derivados, lo hagan de
conformidad con el presente artículo.
2.           Cuando las transacciones
se efectúen en el marco de un acuerdo de compensación, las autoridades de
resolución determinarán los pasivos originados por dichas transacciones en
términos netos y de conformidad con las condiciones del acuerdo.
3.           Las autoridades de
resolución determinarán el valor de los pasivos surgidos de derivados con
arreglo a: 
(a)         
unos métodos apropiados para determinar el valor
de las distintas categorías de derivados, incluidas las transacciones
efectuadas en el marco de acuerdos de compensación; 
(b)         
unos principios para establecer el momento
exacto en que debe establecerse el valor de una posición de derivados.
4.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas de regulación especificando los métodos y los
principios contemplados en el apartado 3, letras (a) y (b), al evaluar los
pasivos resultantes de derivados.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
del presente apartado, de conformidad con el procedimiento establecido en los
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 45
Coeficiente de conversión de la deuda
en acciones
1.           Los Estados miembros
garantizarán que, cuando procedan a una reestructuración de deuda ejerciendo la
competencia mencionada en el artículo 56, apartado 1, letra (h), para convertir
los pasivos admisibles en acciones ordinarias u otros instrumentos de
propiedad, las autoridades de resolución podrán aplicar un coeficiente de
conversión diferente para diferentes clases de pasivo, de acuerdo con uno de
los principios establecidos en los apartados 2 y 3, o con ambos.
2.           El coeficiente de
conversión representará una compensación adecuada de los acreedores afectados
por las pérdidas sufridas como consecuencia del ejercicio de la competencia de
depreciación y de conversión.
3.           El coeficiente de
conversión aplicable a los pasivos de rango superior será mayor que el
aplicable a los subordinados, cuando sea conveniente reflejar la prioridad de
los pasivos de rango superior en las liquidaciones efectuadas de acuerdo con la
normativa de insolvencia vigente.
4.           La ABE elaborará
directrices, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) nº
1093/2010, sobre la fijación de coeficientes de conversión. La ABE desarrollará
estas directrices a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 115,
apartado 1, primer párrafo, de la presente Directiva.
Las directrices indicarán, en particular,
cómo puede darse compensación a los acreedores afectados aplicando el
coeficiente de conversión, así como los coeficientes de conversión relativos
que mejor reflejen la prioridad de los pasivos de rango superior con arreglo a
la normativa de insolvencia.
Artículo 46
Medidas de rescate y reorganización
que complementan la recapitalización
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, cuando las autoridades de resolución apliquen el instrumento
de recapitalización, se tomen medidas para garantizar que se instituya y
ejecute un plan de reorganización de actividades de conformidad con el artículo
47.
2.           Entre las medidas
contempladas por el apartado 1 cabe citar la designación de un administrador
con la misión de elaborar y ejecutar el plan de reorganización de actividades
exigido por el artículo 47.
Artículo 47
Plan de reorganización de actividades
1.           Los Estados miembros
exigirán que, en el plazo de [un mes] después de la aplicación a una entidad
del instrumento de recapitalización de conformidad con el artículo 37,
apartado 2, letra (a), el administrador designado con arreglo al artículo
46 elabore y presente a la autoridad de resolución, a la Comisión y a la ABE un
plan de reorganización de actividades que se ajuste a los requisitos de los
apartados 2 y 3 del presente artículo. Cuando sea aplicable el Marco de las
ayudas estatales de la Unión, los Estados miembros se asegurarán de que el plan
es compatible con el plan de reestructuración que la entidad está obligada a
presentar a la Comisión con arreglo a dicho Marco. 
2.           El plan de
reorganización de actividades expondrá las medidas encaminadas a restablecer la
viabilidad a largo plazo de la entidad o de parte de sus actividades a lo largo
de un plazo de tiempo razonable que no superará los dos años. Estas medidas se
basarán en supuestos realistas acerca de la situación económica y financiera de
los mercados en los que operará la entidad.
El plan de reorganización de actividades
tendrá en cuenta, entre otras cosas, las perspectivas presentes y futuras de
los mercados financieros y reflejará las hipótesis más optimista y más
pesimista. Las pruebas de resistencia deberán realizarse sobre una serie de
posibles escenarios, entre ellos un supuesto de varios elementos de tensión
combinados y un supuesto de recesión mundial prolongada. Las conclusiones
deberán cotejarse con referencias apropiadas de todo el sector.
3.           En el plan de
reorganización de actividades se incluirán los elementos siguientes:
(a)         
un diagnóstico pormenorizado de los factores y
problemas que hayan causado las graves dificultades o el peligro de quiebra, y
de las circunstancias que hayan propiciado esta situación;
(b)         
una descripción de las medidas que vayan a
adoptarse para restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad;
(c)         
un calendario para la ejecución de tales
medidas.
4.           Entre las medidas
encaminadas a restablecer la viabilidad a largo plazo pueden encontrarse las
siguientes:
(a)         
 la reorganización
de las actividades de la entidad;
(b)         
el cese de las actividades con pérdidas;
(c)         
la reestructuración de las actividades
existentes que puedan hacerse competitivas;
(d)         
la venta de activos o de ramos de actividad.
5.           En el plazo de un mes a
partir de la presentación del plan de reorganización de actividades, la
autoridad de resolución evaluará la probabilidad de que, si se ejecuta el plan,
se restablezca la viabilidad a largo plazo de la entidad.
Si la autoridad de resolución considerase que
el plan puede lograr su objetivo, procederá a su aprobación.
6.           Si la autoridad de
resolución no está segura de que el plan logrará su objetivo, comunicará sus
dudas al administrador y le exigirá que lo modifique con el fin de disiparlas.
7.           En el plazo de dos
semanas a partir de la recepción de esta comunicación, el administrador
presentará a la autoridad de resolución un plan modificado para su aprobación. La
autoridad de resolución evaluará el plan modificado y, en el plazo de una
semana, comunicará al administrador si considera que, con las modificaciones,
el plan resolvería las dudas planteadas o si sería necesaria una modificación
suplementaria.
8.           El administrador
ejecutará el plan de reorganización como haya acordado la autoridad de
resolución y presentará a esta informes semestrales acerca del avance en su
ejecución.
9.           Si fuera necesario para
lograr el objetivo señalado en el apartado 2, el administrador revisará el plan
y presentará esta revisión a la autoridad de resolución para su aprobación.
10.         La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
(a)         
los elementos que, de conformidad con el
apartado 3, deban incluirse en el plan de reorganización de actividades; y
(b)         
el contenido de los informes contemplados en
el apartado 8.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Subsección 4
Instrumento de recapitalización: Disposiciones
complementarias
Artículo 48
Efecto de la recapitalización
1.           Los Estados miembros
velarán por que, cuando una autoridad de resolución ejerza una competencia
contemplada en el artículo 56, apartado 1, letras (f) a (l), la reducción del
importe principal o pendiente adeudado, la conversión o la cancelación, surta
efecto y sea vinculante de forma inmediata para la entidad objeto de resolución
y para los acreedores y accionistas afectados.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que se lleven a cabo todas las tareas administrativas y de
procedimiento necesarias para hacer efectivo el ejercicio de las competencias
mencionadas en el artículo 56, apartado 1, letras (f) a (l), incluidos:
(a)         
la modificación de todos los registros
pertinentes; 
(b)         
a exclusión de la cotización oficial o la
retirada del mercado de acciones o instrumentos de deuda; 
(c)         
la admisión a cotización oficial en el mercado
de nuevas acciones.
3.           Cuando una autoridad de
resolución reduzca a cero, en virtud de las competencias mencionadas en el
artículo 56, apartado 1, letra (g), el importe principal o el importe pendiente
de un pasivo, este o cualesquiera obligaciones o reclamaciones derivadas del
mismo que no hayan vencido en el momento en que se ejercen dichas competencias,
se considerarán liberados a todos los efectos, y no podrán computarse en
posibles procedimientos ulteriores de la entidad objeto de resolución o de otra
entidad que la suceda en una eventual liquidación posterior.
4.           Cuando una autoridad de
resolución reduzca en parte, pero no totalmente, el importe principal o el
importe pendiente de un pasivo, en virtud de las competencias mencionadas en el
artículo 56, apartado 1, letra (g),
(a)         
el pasivo se liberará en la misma medida en
que se reduce el importe; 
(b)         
el instrumento o acuerdo que haya creado el
pasivo inicial seguirá vigente respecto a la parte residual del importe
principal o del importe pendiente, sin perjuicio de cualquier modificación de
los intereses pagaderos al objeto de reflejar la reducción del principal, o de
cualquier modificación de las condiciones que pudiera adoptar la autoridad de
resolución en virtud de las competencias mencionadas en el artículo 56,
apartado 1, letra (m).
Artículo 49
Eliminación de los obstáculos de
procedimiento que impiden la recapitalización
1.           Cuando proceda, los
Estados miembros exigirán a las entidades que mantengan en todo momento un
capital social autorizado suficiente para que, llegado el caso en que la
autoridad de resolución ejerza las competencias mencionadas en el artículo 56,
apartado 1, letras (f), (g) y (h) respecto a una entidad o sus filiales, esta
no se vea incapacitada para emitir una cantidad suficiente de nuevas acciones o
instrumentos de propiedad con el fin de que la conversión de pasivo en acciones
ordinarias u otros instrumentos de propiedad pueda llevarse a cabo de forma
efectiva.
2.           Las autoridades de
resolución evaluarán si es conveniente imponer el requisito contemplado en el
apartado 1 a una entidad concreta en el contexto del desarrollo y gestión de su
plan de resolución, teniendo en cuenta, en particular, las acciones de
resolución contempladas en este. Si el plan de resolución prevé una eventual
aplicación del instrumento de recapitalización, las autoridades se asegurarán
de que el capital social autorizado sea suficiente para cubrir el importe
agregado a que se refiere el artículo 41.
3.           Los Estados miembros
exigirán a las entidades que garanticen que no existen impedimentos de
procedimiento derivados de sus acuerdos constitutivos o sus estatutos que
dificulten la conversión de pasivo en acciones ordinarias u otros instrumentos
de propiedad (por ejemplo derechos preferentes de los accionistas, o la
obligación de obtener su consentimiento para una ampliación de capital).
4.           Este apartado se
entenderá sin perjuicio del conjunto de las modificaciones aportadas a las
Directivas 77/91/CE, 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2000/56/CE, 2007/36/CE y
2011/35/UE, recogidas en el Título VIII de la presente Directiva.
Artículo 50
Reconocimiento contractual de la
recapitalización
1.           Los Estados miembros
exigirán a las entidades que, entre las disposiciones contractuales aplicables
a los pasivos admisibles y a los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y
nivel 2 regulados por una normativa de un Estado no miembro de la Unión, se
incluya una cláusula por la cual el acreedor o parte del acuerdo que dé origen
a los pasivos reconozca que a estos podrían serles aplicadas las competencias
de depreciación y de conversión, y se comprometa a acatar cualquier reducción
del importe principal o del importe adeudado y cualquier conversión o
cancelación derivada del ejercicio de tales competencias por parte de una
autoridad de resolución.
2.           Si una entidad no
incluyese entre las disposiciones contractuales aplicables a unos pasivos dados
la cláusula contemplada en el apartado 1, tal incumplimiento no impedirá que la
autoridad de resolución ejerza las competencias de depreciación y de conversión
en relación con dicha entidad.
3.           La Comisión podrá
adoptar, a través de actos delegados adoptados con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 103, medidas que especifiquen el contenido de la cláusula exigida por
el apartado 1 del presente artículo.
Capítulo IV
Depreciación de los instrumentos de
capital
Artículo 51
Obligación de depreciar los
instrumentos de capital
1.           Los Estados miembros
exigirán que, antes de emprender una acción de resolución, las autoridades de
resolución ejerzan sin demora la competencia de depreciación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 52 respecto a los instrumentos de capital pertinentes
emitidos por una entidad cuando se verifique una o más de las circunstancias
siguientes:
(a)         
que la autoridad apropiada compruebe que la
entidad se ajusta a las condiciones de resolución;
(b)         
que la autoridad apropiada compruebe que, a no
ser que se ejerza la competencia en relación con los instrumentos de capital
pertinentes, la entidad dejará de ser viable;
(c)         
que en un Estado miembro se tome la decisión
de conceder ayuda pública extraordinaria a la entidad o empresa matriz, y la
autoridad apropiada efectúe la comprobación de que, sin la citada reducción o
conversión, la entidad dejaría de ser viable;
(d)         
que se reconozca que los instrumentos de
capital pertinentes cumplen con carácter individual y en base consolidada las
obligaciones sobre fondos propios, y que la autoridad apropiada del Estado
miembro del supervisor en base consolidada efectúe la comprobación de que, a no
ser que se ejerza la competencia de depreciación en relación con dichos
instrumentos, el grupo consolidado dejará de ser viable.
2.           Cuando una autoridad
apropiada efectúe la comprobación contemplada en el apartado 1, informará
sin demora, si fuera distinta, a la autoridad de resolución responsable de la
entidad en cuestión.
3.           Antes de efectuar la
comprobación contemplada en el apartado 1, letra (d) del presente artículo en
relación con una entidad que emite instrumentos de capital pertinentes que se
considera cumplen con carácter individual y en base consolidada las
obligaciones sobre fondos propios, la autoridad apropiada cumplirá los requisitos
de información y consulta que figuran en el artículo 52.
4.           Las autoridades de
resolución darán cumplimiento a la obligación contemplada en el apartado 1
independientemente de si además aplican un instrumento de resolución o ejercen
cualquier otra competencia de resolución en relación con la entidad
considerada.
Artículo 52
Disposiciones para la depreciación de
los instrumentos de capital
1.           Al cumplir los
requisitos recogidos en el artículo 51, las autoridades de resolución ejercerán
la competencia de depreciación de forma que se produzcan los resultados
siguientes:
(a)         
que los instrumentos de capital ordinario de
nivel 1 se deprecien en primer lugar de forma proporcional a las pérdidas y
hasta el límite de su capacidad;
(b)         
que el importe principal de los instrumentos
de capital pertinentes se reduzca a cero;
(c)         
que la reducción a cero del importe principal
sea permanente;
(d)         
que, por lo que se refiere al titular del
instrumento de capital pertinente, no subsistan pasivos en relación con este
último, excepto cuando se trate de pasivos ya devengados o de pasivos
resultantes de daños y perjuicios surgidos con motivo de la revisión judicial
de la legalidad del ejercicio de la competencia de depreciación;
(e)         
que no se pague indemnización alguna al
titular de los instrumentos de capital pertinentes, excepto si se ajusta a lo
dispuesto en el apartado 4.
Lo dispuesto en la letra (d) no impedirá que
sean emitidos instrumentos de capital ordinario de nivel 1 para un titular de
instrumentos de capital pertinentes de conformidad con el apartado 2.
2.           Las autoridades de
resolución podrán acompañar el ejercicio de la competencia a que se refiere el
artículo 51, apartado 1, de la obligación de las entidades de emitir
instrumentos de capital ordinario de nivel 1 para los titulares de los instrumentos
de capital pertinentes que sean objeto de depreciación de conformidad con el
apartado 1, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
(a)         
que estos instrumentos de capital ordinario de
nivel 1 sean emitidos por la entidad contemplada en el apartado 1 o por una
entidad matriz de la entidad;
(b)         
que estos instrumentos de capital ordinario de
nivel 1 sean emitidos con anterioridad a cualquier emisión de instrumentos de
propiedad por parte de dicha entidad a efectos de aportación de fondos propios
por parte del Estado o una entidad estatal;
(c)         
que estos instrumentos de capital ordinario de
nivel 1 sean asignados y transferidos sin demora después del ejercicio de la
competencia de depreciación.
(d)         
que el tipo de conversión que determina el
número de instrumentos de capital ordinario de nivel 1 que se emiten respecto a
cada instrumento de capital pertinente se ajuste a los principios establecidos
en el artículo 45 y en directrices que elabore la ABE con arreglo al artículo
45, apartado 5.
3.           A efectos de la emisión
de instrumentos de capital ordinario de nivel 1, contemplada en el apartado 2,
las autoridades de resolución podrán exigir a las entidades que mantengan en
todo momento la necesaria autorización previa para emitir el correspondiente
número de instrumentos de capital ordinario de nivel 1.
4.           Cuando una entidad se
ajuste a las condiciones de resolución y la autoridad de resolución decida
aplicar a aquella un instrumento de resolución, cumplirá la obligación
contemplada en el apartado 51, apartado 1, antes de aplicar el citado
instrumento.
5.           Los Estados miembros
ordenarán a las entidades que se aseguren de que el ejercicio de la competencia
de depreciación por parte de las autoridades de resolución con arreglo al
artículo 51, apartado 1, no produzca un incumplimiento o una aparición de
crédito en el marco de los instrumentos de capital pertinentes.
6.           Con el fin de garantizar
una aplicación uniforme del apartado 5, la ABE y la AEVM elaborarán
conjuntamente proyectos de normas técnicas de regulación para precisar el
concepto de «aparición de crédito» a efectos de lo dispuesto en dicho apartado.
La ABE y la AEVM presentarán a la Comisión
los proyectos de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el primer párrafo
del presente apartado, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento
(UE) nº 1093/2010 y de los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº
1095/2010.».
Artículo 53
Depreciación o conversión
contractuales de instrumentos de capital
Siempre que las condiciones contractuales
surtan efecto cuando la autoridad efectúe la comprobación contemplada en el
artículo 51, apartado 1, el requisito a que se refiere el artículo 51,
apartado 1, no se aplicará a los instrumentos de capital pertinentes si
las condiciones de dichos instrumentos se ajustan a las siguientes criterios:
(a)                   
que las condiciones contractuales del
instrumento de capital pertinente estipulen que el importe principal del
instrumento se reducirá a cero, o que el instrumento se convertirá en uno o mas
instrumentos de capital ordinario de clase 1 de forma automática cuando una
autoridad apropiada efectúe la comprobación contemplada en el artículo 51,
apartado 1;
(b)                   
que la reducción del importe principal del
instrumento de capital pertinente, o la conversión de dicho instrumento en uno
o más instrumentos de capital ordinario de clase 1, se ajuste a las condiciones
establecidas en el artículo 52, apartado 1;
(c)                   
que las condiciones del instrumento de capital
pertinente establezcan que el instrumento se convertirá en uno o más
instrumentos de capital ordinario de clase 1, que el tipo de conversión quede
fijado en dichos términos y que se ajusta a los principios establecidos en el
artículo 45 y a las directrices que elabore la ABE con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45, apartado 5.
Artículo 54
Autoridades responsables de la
comprobación
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades responsables de efectuar las comprobaciones
contempladas en el artículo 51, apartado 1, sean las especificadas en el
presente artículo.
2.           Cuando se reconozca que
los instrumentos de capital pertinentes cumplen con carácter individual las obligaciones
sobre fondos propios impuestas por el artículo 52 de la Directiva 2006/48, la
autoridad responsable de efectuar la comprobación mencionada en el artículo 51,
apartado 1, de la presente Directiva, será la autoridad competente o la
autoridad de resolución del Estado miembro en el que la entidad haya recibido
la autorización de conformidad con lo dispuesto en el Título II de la Directiva
2006/48/CE.
3.           Cuando una entidad que
es una filial emite instrumentos de capital pertinentes a los que se reconoce
que cumplen con carácter individual y en base consolidada las obligaciones
sobre fondos propios, las autoridades responsables de efectuar las
comprobaciones contempladas en el artículo 53, apartado 1, serán las
siguientes:
(a)         
la autoridad competente o la autoridad de
resolución del Estado miembro en el que la entidad que ha emitido estos
instrumentos haya sido establecida con arreglo al Título II de la Directiva
2006/48/CE será responsable de efectuar las comprobaciones contempladas en el
artículo 51, apartado 1, letras (a), (b) o (c) de la presente Directiva;
(b)         
la autoridad competente o la autoridad de
resolución del Estado miembro del supervisor en base consolidada o la autoridad
competente que lleva a cabo la subconsolidación será responsable de efectuar la
comprobación contemplada en el artículo 51, apartado 1, letra (d).
Artículo 55
Aplicación consolidada: procedimiento
de comprobación
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, antes de efectuar las comprobaciones contempladas en el
artículo 51, apartado 1, letras (a), (b), (c) o (d) en relación con una entidad
que emite instrumentos de capital pertinentes a los que se reconoce que cumplen
con carácter individual y en base consolidada las obligaciones sobre fondos
propios, las autoridades apropiadas cumplirán los requisitos siguientes:
(a)         
toda autoridad apropiada que se esté
planteando proceder a alguna de las comprobaciones contempladas en el artículo
51, apartado 1, letras (a), (b) o (c) lo notificará sin demora al supervisor en
base consolidada;
(b)         
toda autoridad apropiada que se esté
planteando proceder a alguna de las comprobaciones contempladas en el artículo
51, apartado 1, letras (a), (b), (c) o (d), lo notificará sin demora a la
autoridad competente responsable de cada entidad que ha emitido los instrumentos
de capital pertinentes sobre los que debe ejercerse la competencia de
depreciación en caso de que, efectivamente, efectuara tales comprobaciones.
2.           Las autoridades
apropiadas deberán acompañar la notificación a que se refiere el apartado 1 de
una explicación de las razones por las que se está planteando proceder a la
comprobación en cuestión.
3.           Después de efectuar una
notificación con arreglo al apartado 1, la autoridad apropiada, en consulta con
las autoridades competentes notificadas, deberá evaluar los siguientes
aspectos:
(a)         
si existe una medida alternativa al ejercicio
de la competencia de depreciación de conformidad con el artículo 51, apartado
1;
(b)         
en caso de existir dicha medida alternativa,
si se puede aplicarse;
(c)         
si fuera posible aplicar la medida
alternativa, si existen perspectivas realistas de que, en un plazo adecuado,
podría solventar las circunstancias que, de otro modo, requerirían efectuar la
comprobación a que se refiere el artículo 51, apartado 1.
4.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 3 del presente artículo, se entiende por medidas
alternativas las medidas de intervención temprana a que se refiere el artículo
23 de la presente Directiva, las medidas contempladas en el artículo 136,
apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE, o la transferencia de fondos o de
capital de la empresa matriz.
5.           Cuando, de conformidad
con el apartado 3, la autoridad apropiada y las autoridades competentes evalúen
que hay una o varias medidas alternativas que pueden aplicarse y que
producirían los resultados a que se refiere la letra (c) de dicho apartado, se
asegurarán de que se apliquen tales medidas.
6.           Cuando, de conformidad
con el apartado 3 del presente artículo, la autoridad apropiada y las
autoridades competentes concluyan en su evaluación que no existen medidas
alternativas que pudieran producir los resultados a que hace referencia la
letra (c) de dicho apartado, la autoridad apropiada decidirá si la comprobación
a que se refiere el artículo 51, apartado 1, es apropiada.
7.           Las autoridades de
resolución deberán cumplir sin demora los requisitos de los apartados 1 a 6,
teniendo debidamente en cuenta la urgencia de las circunstancias.
Capítulo V
Competencias de resolución
Artículo 56
Competencias generales
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución dispongan de las competencias
necesarias para aplicar los instrumentos de resolución. En particular, las
autoridades de resolución dispondrán de las siguientes competencias de
resolución, que podrán ejercer de forma aislada o conjunta:
(a)         
exigir a cualquier persona que facilite toda
la información necesaria para que la autoridad de resolución tome sus
decisiones y prepare la acción de resolución, incluidas las actualizaciones y
datos complementarios de los planes de resolución;
(b)         
adquirir el control de la entidad objeto de
resolución y ejercer todos los derechos reconocidos a los accionistas o
propietarios de la misma;
(c)         
transferir acciones y otros instrumentos de
propiedad emitidos por la entidad objeto de resolución;
(d)         
transferir instrumentos de deuda emitidos por
la entidad objeto de resolución;
(e)         
transferir a otra persona determinados
derechos, activos o pasivos de la entidad objeto de resolución;
(f)           
depreciar los instrumentos contemplados en el
artículo 51 o convertirlos en acciones u otros instrumentos de propiedad de la
entidad objeto de resolución o de una entidad matriz objeto de resolución;
(g)         
reducir, incluso a cero, el importe principal
o el importe pendiente debido de los pasivos admisibles de una entidad objeto
de resolución;
(h)         
convertir pasivos admisibles de una entidad
objeto de resolución en acciones u otros instrumentos de propiedad ordinarios
de tal entidad, de una entidad matriz pertinente o de una entidad puente a la
que se transfieran activos, derechos o pasivos de la entidad;
(i)           
cancelar instrumentos de deuda emitidos por la
entidad objeto de resolución;
(j)           
cancelar acciones y otros instrumentos de
propiedad de la entidad objeto de resolución;
(k)         
exigir a la entidad objeto de resolución que
emita nuevas acciones, otros instrumentos de propiedad u otros instrumentos de
capital (incluidas las acciones preferentes y los instrumentos convertibles
contingentes);
(l)           
exigir la conversión de instrumentos de deuda
que contengan un plazo contractual de conversión en las circunstancias
previstas en el artículo 51;
(m)       
modificar o alterar el vencimiento de los
instrumentos de deuda emitidos por la entidad objeto de resolución o modificar
los intereses pagaderos por tales instrumentos, incluida la suspensión de pagos
durante un periodo limitado;
(n)         
cesar o sustituir a los altos directivos de
una entidad objeto de resolución.
2.           Los Estados miembros
tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que, cuando apliquen los
instrumentos y ejerzan las competencias de resolución, las autoridades de
resolución no estarán obligadas a cumplir los requisitos que se exponen a
continuación, que en condiciones normales serían aplicables en virtud de la
normativa nacional, contractual o de otro tipo:
(a)         
requisito de obtención de la aprobación o
consentimiento de cualquier persona, pública o privada, incluidos los
accionistas o acreedores de la entidad objeto de resolución;
(b)         
requisito de procedimiento consistente en
notificar a cualquier persona.
En particular, los Estados miembros velarán
por que las autoridades de resolución puedan ejercer las competencias
contempladas en el presente artículo a pesar de cualquier restricción o
exigencia de consentimiento respecto a la transferencia de los instrumentos
financieros, derechos, activos o pasivos pertinentes que en condiciones
normales serían aplicables.
La letra (b) del presente apartado se
entenderá sin perjuicio de los requisitos recogidos en el artículo 75 y de
cualquier obligación de información derivada del Marco de ayudas estatales de
la Unión.
Artículo 57
Competencias auxiliares a la de
transferencia
1.           Los Estados miembros
garantizarán que, cuando ejerzan una competencia de transferencia, las
autoridades de resolución estén habilitadas para:
(a)         
disponer que la transferencia considerada se
efectúe libre de cualquier pasivo o gravamen que pese sobre los instrumentos
financieros, derechos, activos o pasivos transferidos;
(b)         
suprimir los derechos de adquirir más acciones
u otros instrumentos de propiedad;
(c)         
interrumpir la admisión a negociación en un
mercado regulado (de acuerdo con el artículo 4, apartado 14, de la Directiva
2004/39/CE) o la admisión a cotización oficial (de acuerdo con la Directiva
2001/34/CE);
(d)         
disponer que el receptor sea considerado como
si fuera la entidad objeto de resolución por lo que se refiere a cualquier
obligación contraída, cualquier contrato o acuerdo celebrado o cualquier acción
realizada por la entidad objeto de resolución;
(e)         
exigir a la entidad objeto de resolución o al
receptor que proporcione a la otra parte información y asistencia;
(f)           
cancelar o modificar las condiciones de un
contrato del que sea parte la entidad de crédito objeto de resolución, o
constituirse como parte en lugar del cesionario;
(g)         
ejecutar los contratos celebrados por una
filial, cuando las obligaciones creadas por tales contratos estuvieran
garantizadas o de algún modo avaladas por la empresa matriz, no obstante los
eventuales derechos contractuales a rescindir, liquidar o acelerar los
contratos teniendo únicamente como motivo la insolvencia o la situación
financiera de la empresa matriz, siempre que tal garantía o aval, y todos los
activos y pasivos vinculados, hayan sido transferidos al receptor y asumidos
por él, o la autoridad de resolución confiera de algún otro modo una protección
adecuada a dichas obligaciones.
2.           Las autoridades de
resolución ejercerán las competencias recogidas en el apartado 1, letras (a) a
(g), solo cuando la autoridad lo considere necesario para garantizar la
efectividad de una acción de resolución o para lograr uno o varios objetivos de
resolución.
3.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, al ejercer una competencia de transferencia, o la de
depreciación de la deuda, las autoridades de resolución tengan la facultad de
tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la efectividad de
la acción de resolución, así como que el receptor pueda explotar las
actividades transferidas. Estas medidas de garantía de la continuidad deben, en
particular, asegurar:
(a)         
la continuidad de los contratos celebrados por
la entidad objeto de resolución de forma que el receptor asuma los derechos y
las obligaciones de la entidad objeto de resolución derivados de cualquier
instrumento financiero, derecho, activo o pasivo transferido, y sustituya a la
entidad objeto de resolución (de forma expresa o implícita) en todos los
documentos contractuales pertinentes;
(b)         
la sustitución de la entidad objeto de
resolución por el receptor en cualquier procedimiento jurídico relativo a
cualquier instrumento financiero, derecho, activo o pasivo transferido.
4.           Las competencias
recogidas en el apartado 1, letra (d) y en el apartado 3, letra (b) no
afectarán:
(a)         
al derecho de un empleado de la entidad objeto
de resolución a poner fin a un contrato de empleo; 
(b)         
a la facultad de la parte de un contrato de
ejercitar sus derechos con arreglo al mismo, incluido el derecho a rescisión,
cuando las condiciones del contrato lo permitan a causa de un acto u omisión
imputables a la entidad objeto de resolución con anterioridad a la
transferencia en cuestión, o al receptor después de la misma.
5.           Cuando una autoridad de
resolución determine que se cumplen las condiciones de resolución, o aplique un
instrumento, o ejerza una competencia de resolución, la acción de resolución en
sí no será motivo para que parte alguna pueda:
(a)         
ejercer un derecho o facultad de rescindir,
acelerar o declarar un incumplimiento o una aparición de crédito en virtud de
un contrato o acuerdo del que sea parte la entidad objeto de resolución; 
(b)         
tomar posesión o ejercer un control sobre
cualquier bien de la entidad objeto de resolución; 
(c)         
influir sobre los derechos contractuales de la
entidad objeto de resolución.
El primer párrafo no menoscabará el derecho
de una persona a tomar las medidas mencionadas en las letras (a), (b) y (c), si
tal derecho surge de un incumplimiento o situación que no es la acción de
resolución ni el resultado del ejercicio de una competencia de resolución
contemplada en el presente artículo.
Artículo 58
Competencia para exigir servicios e
infraestructuras 
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución dispongan de competencias para
exigir a una entidad objeto de resolución, incluso en los casos en que se
someta a procedimientos de insolvencia ordinarios, y a una entidad que forma
parte del mismo grupo, que faciliten al receptor los servicios e infraestructuras
necesarios para que este pueda desarrollar de forma efectiva las actividades
que le sean transferidas.
2.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución dispongan de competencias para
hacer cumplir las obligaciones impuestas, de conformidad con el
apartado 1, por las autoridades de resolución en otros Estados miembros a
entidades vinculadas establecidas en su territorio.
3.           Los servicios e
infraestructuras mencionados en los apartados 1 y 2 quedan limitados a
servicios e infraestructuras operativos, y no incluyen ningún tipo de respaldo
financiero.
4.           Los servicios e
infraestructuras facilitados de conformidad con los apartados 1 y 2 lo serán
con arreglo a:
(a)         
las mismas condiciones, cuando los servicios e
infraestructuras hubieran sido facilitados por la entidad objeto de resolución
inmediatamente antes de la acción de resolución;
(b)         
condiciones de mercado, cuando no se verifique
lo contemplado en la letra (a).
5.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de especificar los
servicios e infraestructuras necesarios para que el receptor pueda desarrollar
de forma efectiva las actividades que le sean transferidas. 
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el primer párrafo
del presente apartado, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento
(UE) nº 1093/2010.
Artículo 59
Competencia para ejecutar acciones de
resolución por otros Estados miembros
1.           Los Estados miembros
garantizarán que, cuando una transferencia de acciones, de otros instrumentos
de propiedad, o de activos, derechos o pasivos, incluya activos situados en un
Estado miembro diferente del Estado de la autoridad de resolución, o derechos y
pasivos sometidos a la jurisdicción de un Estado miembro diferente al Estado de
dicha autoridad, la transferencia surtirá efecto en este otro Estado miembro o
bajo su jurisdicción.
2.           Los Estados miembros
facilitarán a la autoridad de resolución que haya realizado o tenga la
intención de realizar la transferencia toda la asistencia que cabe
razonablemente esperar, con el fin de lograr que las acciones u otros
instrumentos de propiedad, los activos, derechos o pasivos se transfieran al
receptor con todos los requisitos exigidos por la normativa nacional.
3.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los acreedores y terceros afectados por la transferencia de
activos, derechos o pasivos mencionada en el apartado 1 no puedan impedir,
cuestionar o eludir tal transferencia en virtud de alguna disposición de la
normativa del Estado miembro donde se encuentren los activos, o de la normativa
aplicable a los activos o los pasivos.
4.           Cuando una autoridad de
resolución de un Estado miembro (denominado en lo sucesivo «Estado miembro A»)
ejerza las competencias de depreciación o de conversión, particularmente en
relación con los instrumentos de capital de conformidad con el artículo 51, y
los pasivos admisibles o los instrumentos de capital pertinentes de la entidad
objeto de resolución incluyan:
(a)         
instrumentos o pasivos regulados por la
normativa de un Estado miembro diferente del de la autoridad de resolución que
haya ejercido las competencias de depreciación o de conversión de la deuda
(denominado en lo sucesivo «Estado miembro B»,
(b)         
pasivos respecto de acreedores del Estado
miembro B,
el Estado miembro B se asegurará de que el
importe principal de tales pasivos o instrumentos se reduzca, o los pasivos o
instrumentos se conviertan, mediante el ejercicio de las competencias de
depreciación o de conversión de la deuda de la autoridad de resolución del
Estado miembro A.
5.           Los Estados miembros
velarán por que los acreedores afectados por el ejercicio de las competencias
de depreciación o de conversión de la deuda a que se hace referencia en el
apartado 4 no puedan cuestionar la reducción del importe principal del
instrumento o pasivo ni su conversión, según proceda, invocando disposición
alguna del Estado miembro B.
6.           Cada Estado miembro se
asegurará de que los aspectos que se exponen a continuación se determinen con
arreglo a la normativa del Estado miembro de la autoridad de resolución:
(a)         
el derecho de acreedores y terceros a
cuestionar por la vía judicial, de acuerdo con el artículo 78, la transferencia
de activos, derechos o pasivos contemplada en el apartado 1 del presente
artículo, si están situados en su territorio o regulados por su normativa;
(b)         
el derecho de los acreedores a cuestionar por
la vía judicial, de acuerdo con el artículo 78, la reducción del importe
principal o la conversión de un instrumento o pasivo comprendido en el apartado
4, letras (a) o (b), del presente artículo;
(c)         
las cláusulas de salvaguarda aplicables, según
dispone el capítulo V, a las transferencias parciales de los activos, derechos
o pasivos mencionados en el apartado 1, si están situados en su territorio o
regulados por su normativa.
Artículo 60
Competencia para solicitar
transferencias de bienes situados en terceros países
Los Estados miembros velarán por que,
cuando la acción de resolución les lleve a tomar medidas en relación con bienes
situados en terceros países o derechos y pasivos regulados por la legislación
de un tercer país, las autoridades de resolución podrán exigir que:
(a)                   
el administrador, depositario u otra persona
que ejerza el control de la entidad objeto de resolución y el receptor tomen
todas las medidas necesarias para hacer que la transferencia surta efecto;
(b)                   
el administrador, depositario u otra persona
que ejerza el control de la entidad objeto de resolución guarden los activos o
derechos del receptor, o liberen a este de sus obligaciones, hasta que surta
efecto la transferencia; 
(c)                   
los gastos en que hubiera incurrido el receptor
al efectuar alguna de las acciones requeridas por las letras (a) o (b) se
sufraguen con los activos de la entidad objeto de la resolución.
Artículo 61
Competencia para suspender
determinadas obligaciones
1.           Los Estados miembros
garantizarán que las autoridades de resolución dispongan de competencias para
suspender las obligaciones de pago o entrega en relación con cualquier contrato
del que sea parte una entidad desde la publicación del anuncio de suspensión
exigido por el artículo 75, apartado 7, hasta las 17 horas del día hábil
siguiente al de publicación.
2.           Toda suspensión en
virtud del apartado 1 no se aplicará a depósitos admisibles según el
sentido de la Directiva 94/19/CE.
Artículo 62
Competencia para restringir la
ejecución de garantías
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución dispongan de la competencia
para restringir, durante el periodo limitado que la autoridad considere
necesario para lograr los objetivos de resolución, el derecho de los acreedores
garantizados de una entidad objeto de resolución de ejecutar la garantía
respecto a cualquier activo de dicha entidad.
2.           Las autoridades de
resolución no ejercerán la competencia contemplada en el apartado 1 respecto a
la garantía de una contraparte central por los activos pignorados por la
entidad objeto de resolución en concepto de cobertura o garantía.
3.           Cuando se aplique el
artículo 72, las autoridades de resolución garantizarán que cualquier
restricción impuesta de conformidad con la competencia mencionada en el
apartado 1 se aplique de forma equitativa a todas las entidades vinculadas
que sean objeto de una determinada acción de resolución.
4.           La Comisión adoptará, a
través de actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 103, medidas
que especifiquen el plazo durante el que podrá restringirse la ejecución de
determinadas categorías de garantía.
Artículo 63
Competencia para suspender
temporalmente los derechos de rescisión
1.           De conformidad con el
artículo 77, los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de
resolución tengan la competencia de suspender los derechos de rescisión de que
pudiera gozar cualquier parte en virtud de un contrato financiero celebrado con
una entidad en graves dificultades, cuando la única causa de tal rescisión sea
la acción emprendida por una autoridad de resolución; la suspensión surtirá
efecto a partir de la notificación del anuncio contemplado en el artículo 74,
apartados 5 y 6, hasta las 17 horas del día hábil siguiente al de la
notificación como máximo.
A efectos de lo dispuesto en este apartado,
el horario aplicable será el del Estado miembro de origen de la entidad objeto
de resolución.
2.           Cuando una autoridad de
resolución haga uso de la competencia contemplada en el apartado 1 de suspender
los derechos de rescisión, hará todos los esfuerzos razonables para garantizar
que se satisfagan todas las obligaciones en materia de garantías, coberturas y
obligaciones de liquidación de la entidad en peligro de quiebra derivadas de
los contratos financieros durante el período de suspensión.
3.           Una persona podrá
ejercer el derecho de rescisión en virtud de un contrato financiero antes del
final del periodo mencionado en el apartado 1 siempre que la autoridad de
resolución le notifique que los derechos y pasivos cubiertos por los acuerdos
de compensación no serán transferidos a otra entidad.
4.           Cuando una autoridad de
resolución utilice la competencia contemplada en el apartado 1 de suspender los
derechos de rescisión, tales derechos podrán ejercerse una vez expire el
período de suspensión en las condiciones que se exponen a continuación: 
(a)         
si los derechos y pasivos cubiertos por un
acuerdo financiero han sido transferidos a otra entidad, o se ha aplicado el
instrumento de recapitalización a la entidad objeto de resolución a los fines
contemplados en el artículo 37, apartado 2, letra (b):
(i)      una persona no podrá ejercer los
derechos de rescisión como resultado de la acción de resolución en ninguno de
los casos cubiertos por el artículo 77, apartado 1;
(ii)      una
persona podrá ejercer los derechos de rescisión que le reconozca el contrato en
caso de producirse algún incumplimiento posterior del receptor, si el contrato
ha sido transferido a otra entidad, o por la entidad cuando se ha aplicado el
instrumento de recapitalización;
(b)         
si los derechos y pasivos cubiertos por el
acuerdo financiero permanecen en la entidad objeto de resolución, y la
autoridad de resolución no aplica el instrumento de recapitalización de
conformidad con el artículo 37, apartado 2, letra (b), a dicha entidad, una
persona podrá ejercer inmediatamente los derechos de rescisión que le reconozca
el contrato.
5.           Las autoridades
competentes o las autoridades de resolución podrán exigir a una entidad que
mantenga registros detallados de los contratos financieros cuando consideren
que hay una posibilidad real de que la entidad cumpla las condiciones de
resolución.
6.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 1, serán contratos financieros los acuerdos y
contratos que se citan a continuación:
(a)         
contratos sobre valores, lo que incluiría:
(i)      los contratos para la compra, venta
o préstamo de un valor, un grupo de valores o un índice de valores;
(ii)      una opción sobre un valor, un
grupo de valores o un índice de valores;
(iii)     una operación de recompra o
recompra inversa de dicho valor, grupo o índice;
(b)         
contratos sobre materias primas, lo que
incluiría:
(i)      los contratos de compra o venta de
una materia prima con entrega posterior; 
(ii)      una
opción sobre materias primas;
(c)         
los contratos a plazo y de futuros, incluidos
los contratos (distintos de los contratos sobre materias primas) para la
compra, venta o transferencia de una materia prima o de un bien de otro tipo,
un servicio, un derecho o interés, a un precio fijado y en una fecha futura,
(d)         
los acuerdos de recompra en relación con
valores;
(e)         
los acuerdos de swap, lo que incluiría:
(i)      los swaps, las opciones, los
acuerdos a plazo o de futuros sobre tipos de interés; acuerdos al contado o
acuerdos sobre divisas, metales preciosos o materias primas; acuerdos de swap
sobre moneda; los índices de acciones o las acciones; los índices de deuda o la
deuda; los índices de materias primas o las materias primas; el clima, las
emisiones o la inflación;
(ii)      acuerdos
de swap sobre el rendimiento total, los diferenciales o el crédito,
(iii)     cualquier acuerdo o transacción
que sea similar a uno de los acuerdos recogidos en los incisos (i) o (ii) que
sea objeto de negociación recurrente en los mercados de swaps o de
derivados;
(f)           
los acuerdos marco sobre cualquiera de los
contratos y acuerdos recogidos en las letras (a) a (e).
7.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas de regulación especificando, a efectos del
apartado 6, los siguientes elementos:
(a)         
la información sobre contratos financieros que
debe figurar en los registros detallados;
(b)         
las circunstancias en las que debe imponerse
la obligación de facilitar esta información.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 64
Ejercicio de las competencias de
resolución
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, al objeto de emprender acciones de resolución, las
autoridades de resolución puedan ejercer un control sobre la entidad objeto de
resolución que les permita:
(a)         
disponer de todas las competencias de los
miembros o accionistas, directivos y agentes de la entidad objeto de resolución
al objeto de administrar esta y gestionar sus actividades y servicios; 
(b)         
administrar y tener a su disposición los
activos y propiedades de la entidad objeto de resolución.
El control a que se refiere el primer párrafo
será ejercido por la autoridad de resolución directamente o, de forma
indirecta, por una persona designada por dicha autoridad, tal como un
administrador o un administrador especial.
2.           Los Estados miembros
velarán asimismo por que las autoridades de resolución puedan emprender una
acción de resolución a través de una orden ejecutiva, de acuerdo con las
competencias y procedimientos administrativos nacionales, sin ejercer un
control sobre la entidad.
3.           Las autoridades de
resolución decidirán en cada caso si es procedente llevar a cabo la acción de
resolución a través de los medios especificados en los apartados 1 o 2, en
función de los objetivos de resolución y de los principios generales que rigen
la resolución, de las circunstancias específicas de la entidad en cuestión y de
la necesidad de facilitar la resolución efectiva de grupos transfronterizos.
Capítulo VI
Medidas de salvaguarda
Artículo 65
Trato de accionistas y acreedores en
caso de transferencias parciales y aplicación del instrumento de
recapitalización 
1.           Una vez aplicados los
instrumentos de resolución, en particular a los fines del artículo 67, los
Estados miembros se asegurarán de que:
(a)         
cuando las autoridades de resolución transfieran
solo de forma parcial los activos, derechos o pasivos de la entidad, los
accionistas y acreedores cuyos créditos no hayan sido transferidos reciban como
pago de dichos créditos al menos lo mismo que habrían recibido si la entidad
hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia
ordinarios inmediatamente antes de la transferencia.
(b)         
cuando las autoridades de resolución apliquen
el instrumento de recapitalización, los accionistas y acreedores cuyos créditos
hayan sido objeto de depreciación o conversión en acciones reciban como pago de
dichos créditos al menos lo mismo que habrían recibido si la entidad hubiera
sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios
inmediatamente antes de la depreciación o conversión. 
Artículo 66
Valoración 
A efectos del artículo 65, los Estados
miembros velarán por que la valoración la realice una persona independiente,
una vez efectuadas las transferencias parciales, la depreciación o la
conversión. Esta valoración será distinta de la valoración efectuada de
conformidad con el artículo 30, a menos que sustituya a la valoración
provisional llevada a cabo de conformidad con el artículo 30, apartado 5. La
valoración podrá ser efectuada por la autoridad que se encarga de los
procedimientos de insolvencia ordinarios con arreglo a los cuales se lleva a
cabo la liquidación de la entidad, en el marco de tales procedimientos o en
procedimiento separado, con arreglo a la normativa nacional. 
2.           La valoración deberá
determinar:
(a)         
el trato que los accionistas y acreedores
habrían recibido si a la entidad que ha sido objeto de transferencia parcial,
depreciación o conversión se hubieran aplicado procedimientos de insolvencia
ordinarios inmediatamente antes de la transferencia, depreciación o conversión;
(b)         
el trato que efectivamente han recibido,
reciben o puedan recibir los accionistas y acreedores en el caso de liquidación
de la entidad;
(c)         
si hay alguna diferencia entre el trato a que
hace referencia la letra (a) y el trato a que se refiere la letra (b).
3.           La valoración se
ajustará a las disposiciones y la metodología establecidas en el artículo 30,
apartados (1) a (5), y deberá:
(a)         
suponer que a la entidad que ha sido objeto de
transferencia parcial, depreciación o conversión se hubieran aplicado procedimientos
de insolvencia ordinarios inmediatamente antes de la transferencia,
depreciación o conversión;
(b)         
suponer que la transferencia o transferencias
parciales de derechos, activos o pasivos, o la depreciación o conversión no se
han realizado;
(c)         
descartar cualquier concesión de ayuda pública
extraordinaria a la entidad.
Artículo 67
Salvaguarda de accionistas y
acreedores 
1.           Los Estados miembros
velarán por que, si la valoración efectuada de acuerdo con el artículo 66
determina que los accionistas y acreedores contemplados en el artículo 65,
apartado 2, han recibido menos, como pago de sus créditos, que lo que habrían
recibido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos
de insolvencia ordinarios, tendrán derecho al pago de la diferencia por la
autoridad de resolución. 
2.           Los Estados miembros
escogerán los mecanismos y modalidades de ejecución para el pago. 
Artículo 68
Salvaguarda de las contrapartes en
transferencias parciales
1.           Los Estados miembros
velarán por que las medidas de protección que se exponen en este capítulo se
apliquen en las circunstancias siguientes:
(a)         
cuando una autoridad de resolución transfiera
parte pero no todos los bienes, los derechos o los pasivos de una entidad a
otra entidad o de una entidad puente o entidad de gestión de activos a otra
persona; 
(b)         
cuando una autoridad de resolución ejerza las
competencias contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra (f).
2.           Los Estados miembros
garantizarán una protección adecuada a las siguientes disposiciones y a las
contrapartes de las mismas:
(a)         
acuerdos de garantía, en virtud de las cuales
una persona tiene, a título de garantía, un interés real o contingente en la
propiedad o los derechos que puedan ser objeto de transferencia,
independientemente de que dicho interés esté respaldado por una propiedad o
unos derechos específicos o por una garantía variable o disposición similar;
(b)         
disposiciones de garantía financiera mediante
transferencia de títulos, según las cuales la garantía que cubre o asegura el
cumplimiento de determinadas obligaciones se traduce en una transferencia del
total de la propiedad de los activos de la parte que aporta la garantía a la
que la obtiene, disponiendo que esta última transferirá dichos activos si las
obligaciones se cumplen;
(c)         
acuerdos de compensación recíproca, por las
cuales dos o más derechos u obligaciones que se adeudan un banco y la
contraparte pueden compensarse mutuamente;
(d)         
acuerdos de compensación, por los cuales una
serie de derechos u obligaciones puede convertirse en una deuda única neta; quedan
incluidos aquí los acuerdos de liquidación de cierre, en los cuales, si se
produce un factor desencadenante (independientemente de cuándo o cómo se
defina), las obligaciones de las partes se aceleran para ser ejecutables
inmediatamente o extinguirse y, en cualquier caso, para convertirse o ser
sustituidas por una deuda única neta;
(e)         
acuerdos de financiación estructurada,
incluidas las titulizaciones y las obligaciones garantizadas, lo que supone la
concesión de valores a una parte del acuerdo o a un fideicomisario, agente o
representante y su posesión por este.
El tipo de protección adecuado para las
categorías de disposiciones recogidas en las letras (a) a (e), a efectos de lo
dispuesto en el presente apartado, queda especificado en los artículos 70 a 73,
y estará sujeto a las restricciones recogidas en los artículos 61, 62 y 77.
3.           Lo dispuesto en el
apartado 2 se aplicará independientemente del número de partes implicadas en
las disposiciones, e independientemente de si éstas:
(a)         
son creadas por contratos, fideicomisos u
otros medios, o surgen de forma automática por aplicación de la normativa; 
(b)         
en todo o en parte, son el fruto de la
normativa de una jurisdicción diferente o están regidos por ella.
4.           A través de los actos de
delegación adoptados con arreglo al artículo 103, la Comisión establecerá
medidas que especifiquen los tipos de disposiciones incluidos en el ámbito del
apartado 2, letras (a) a (e) del presente artículo.
Artículo 69
Protección de los acuerdos de garantía
financiera, de compensación recíproca y de compensación por «netting»
Los Estados miembros garantizarán que se
preste una protección adecuada a los acuerdos de garantía financiera mediante
transferencia de títulos, a los acuerdos de compensación recíproca y a los
acuerdos de compensación por «netting», con el fin de evitar la transferencia
de parte, pero no la totalidad, de los derechos y pasivos protegidos por alguno
de estos acuerdos celebrados por la entidad y otra persona, así como la
modificación o rescisión de derechos y pasivos protegidos por tales acuerdos,
merced al uso de competencias auxiliares.
A efectos de lo dispuesto en el primer
párrafo, los derechos y pasivos se considerarán protegidos por estos acuerdos
si las partes de los acuerdos tienen la posibilidad de compensar recíprocamente
o compensar por «netting» estos derechos y pasivos.
Artículo 70
Protección de los acuerdos de garantía
Los Estados miembros velarán por que se
preste una protección adecuada a los pasivos garantizados por un acuerdo de
garantía con el fin de impedir alguna de las situaciones siguientes:
(a)                   
la transferencia de los activos que
constituyen la garantía de los pasivos, a no ser que se transfieran también los
pasivos y el beneficio de la garantía;
(b)                   
la transferencia de unos pasivos garantizados,
a no ser que se transfiera también el beneficio de la garantía;
(c)                   
la transferencia del beneficio, a no ser que
se transfieran también los pasivos garantizados;
(d)                   
la modificación o rescisión de un acuerdo de
garantía merced al uso de competencias auxiliares, si el efecto de dicha
modificación o rescisión es que los pasivos pierden su garantía.
Artículo 71
Protección de los acuerdos de
financiación estructurada
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que se preste una protección adecuada a los acuerdos de
financiación estructurada con el fin de impedir alguna de las situaciones
siguientes:
(a)         
la transferencia de parte, pero no de la
totalidad, de los activos, los derechos y los pasivos que constituyan la
totalidad o una parte de un acuerdo de financiación estructurada del que sea
parte la entidad de crédito objeto de resolución; 
(b)         
la rescisión o modificación, merced al uso de
competencias auxiliares, de la propiedad, los derechos y los pasivos que
constituyen la totalidad o una parte de un acuerdo de financiación estructurada
del que es parte la entidad objeto de resolución.
2.           Las protecciones
recogidas en el apartado 1 no se aplicarán cuando lo que se trate o no de
transferir, rescindir o modificar sea únicamente activos, derechos o pasivos
ligados a depósitos.
Artículo 72
Transferencias parciales: protección
de los sistemas de negociación, compensación y liquidación
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que la transferencia, la cancelación o la modificación no afecten
al funcionamiento o a las normas de los sistemas cubiertos por la Directiva
98/26/CE, cuando la autoridad de resolución:
(a)         
transfiera parte pero no todos los activos,
los derechos o los pasivos de una entidad a otra entidad; 
(b)         
utilice las competencias contempladas en el
artículo 57 para cancelar o modificar las condiciones de un contrato del que
sea parte la entidad objeto de resolución, o para sustituir como parte a un
receptor.
2.           En particular, la
transferencia, cancelación o modificación no podrá revocar una orden de
transferencia infringiendo el artículo 5 de la Directiva 98/26/CE; ni podrá
modificar o anular la exigibilidad de las órdenes de transferencia o las
compensaciones por «netting», de conformidad con los artículos 3 y 5 de la
Directiva 98/26/CE, ni tampoco la utilización de fondos, valores o instrumentos
de crédito, de conformidad con su artículo 4, ni la protección de la garantía
constituida, de conformidad con su artículo 9.
Artículo 73
Activos, derechos y pasivos sometidos
a la jurisdicción de un territorio fuera de la Unión
Cuando una autoridad de resolución se
proponga transferir o transfiera todos los activos, los derechos y los pasivos
de una entidad a otra entidad, pero la transferencia no pueda aplicarse a
determinados activos porque se encuentran fuera de la Unión, o a determinados
derechos o pasivos por estar sometidos a la jurisdicción de un territorio fuera
de la Unión, la autoridad de resolución no continuará con la transferencia o,
si ya la hubiera ordenado, será nula y la totalidad de los activos, los
derechos y los pasivos cubiertos por las disposiciones pertinentes contempladas
en el artículo 69, apartado 2, no serán transferidos desde o hacia la entidad
objeto resolución.
Capítulo VII
Requisitos de procedimiento 
Artículo 74
Requisitos de notificación
1.           Los Estados miembros
exigirán al órgano de dirección de una entidad que, cuando considere que dicha
entidad se encuentre en graves dificultades o en peligro de quiebra, según el
sentido del artículo 27, apartado 2, lo notifique a la autoridad competente.
2.           Las autoridades
competentes informarán a las autoridades de resolución de cualquier medida que
ordenen tomar a una entidad en cumplimiento del artículo 22 de la presente
Directiva o del artículo 136, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE.
3.           Cuando una autoridad
competente considere que, en relación con una entidad, se cumplen las
condiciones señaladas en el artículo 27, apartado 1, letras (a) y (b), lo
comunicará sin demora a las autoridades siguientes:
(a)         
a la autoridad de resolución de dicha entidad,
si ambas autoridades son diferentes;
(b)         
al banco central, si es una entidad diferente;
(c)         
cuando proceda, a la autoridad de resolución a
nivel de grupo;
(d)         
a los ministerios competentes;
(e)         
si la entidad es objeto de supervisión
consolidada con arreglo al Título V, capítulo 4, sección 1 de la Directiva
2006/48/CE, al supervisor en base consolidada.
4.           Cuando reciba una
comunicación de la autoridad competente con arreglo al apartado 3 del presente
artículo, la autoridad de resolución evaluará si se cumplen las condiciones
establecidas en el artículo 27 en relación con la entidad en cuestión.
5.           La decisión por la cual
quede establecido que se cumplen las condiciones de resolución en relación con
la citada entidad se hará constar en un anuncio que contendrá la información
siguiente:
(a)         
las razones que justifican la decisión; 
(b)         
la acción que la autoridad de resolución tiene
la intención de emprender.
La acción a que se refiere la letra (b) puede
ser una acción de resolución, una solicitud de liquidación, la designación de
un administrador o cualquier otra medida que se ajuste a la normativa nacional
de insolvencia aplicable.
La autoridad o autoridades responsables de
tal decisión informarán a la entidad considerada. La notificación a que se
refiere el presente apartado podrá tomar la forma de la notificación pública
contemplada en el apartado 6.
6.           Cuando la autoridad de
resolución emprenda una acción de resolución, la dará a conocer públicamente y
tomará las medidas razonables para notificarla a todos los accionistas y
acreedores conocidos afectados por el ejercicio de la competencia de
resolución, en particular a los pequeños inversores. Las medidas especificadas
en el artículo 75, apartado 4, se considerarán medidas razonables a efectos de
lo dispuesto en el presente apartado.
7.           Una autoridad de
resolución publicará un anuncio que especificará las modalidades y la duración
de la suspensión de conformidad con el procedimiento especificado en el
artículo 75, apartado 4, cuando ejerza las competencias de resolución, y
en particular:
(a)         
la competencia, con arreglo al artículo 61, de
suspender las obligaciones de pago o de entrega;
(b)         
la competencia, con arreglo al artículo 63, de
suspender los derechos de rescisión.
8.           la ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de especificar los
procedimientos, el contenido y las condiciones que han de cumplir:
(a)         
las notificaciones contempladas en los
apartados 1 a 5;
(b)         
el anuncio de suspensión contemplado en el
apartado 7.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero
de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 75
Obligaciones de procedimiento de las
autoridades de resolución
1.           Los Estados miembros
velarán por que, una vez tomada una acción de resolución, las autoridades de
resolución se ajusten, tan pronto como sea razonablemente posible, a los
requisitos impuestos por los apartados 2, 3 y 4.
2.           La autoridad de
resolución notificará a la entidad objeto de resolución y a la ABE acerca de la
acción de resolución.
La notificación a que se refiere el presente
apartado incluirá una copia de cualquier orden o instrumento fruto del
ejercicio de las competencias consideradas, e indicará la fecha en la que
surtirán efecto las acciones de resolución.
3.           La notificación a que se
refiere el apartado 2 incluirá una copia de cualquier orden o instrumento fruto
del ejercicio de las competencias consideradas, e indicará la fecha en la que
surtirán efecto el instrumento o las competencias.
4.           La autoridad de
resolución publicará o garantizará la publicación de la copia de la orden o
instrumento por el que se tome la acción de resolución, o un anuncio en el que
se resuman los efectos de la acción de resolución, y en particular los efectos
sobre los pequeños inversores, de la forma que se indica a continuación:
(a)         
en su sitio web oficial;
(b)         
en el sitio web de la autoridad competente (si
es diferente de la autoridad de resolución ) o en el de la ABE;
(c)         
en el sitio web de la entidad objeto de la
resolución; 
(d)         
cuando las acciones u otros instrumentos de
propiedad de la entidad objeto de resolución se admitan a negociación en un
mercado regulado, por los mismos medios utilizados para la divulgación de la
información regulada acerca de la entidad de conformidad con artículo 21,
apartado 1, de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[39].
5.           La autoridad de
resolución se asegurará de que los documentos probatorios de los instrumentos a
que se refiere el apartado 4 se envíen a los accionistas y acreedores conocidos
de la entidad objeto de resolución.
Artículo 76
Confidencialidad
1.           Los requisitos de
secreto profesional obligarán a las siguientes personas:
(a)         
las autoridades de resolución;
(b)         
las autoridades competentes y la ABE;
(c)         
los ministerios competentes;
(d)         
los empleados y antiguos empleados de las
autoridades mencionadas en las letras (a) y (b);
(e)         
los administradores especiales designados de
conformidad con el artículo 24;
(f)           
los posibles adquirentes con los que tomen
contacto las autoridades competentes o a los que recurran las autoridades
resolución, independientemente de si tal contacto o recurso se toma como paso
previo a un recurso al instrumento de venta de las actividades, y sin tener en
cuenta si resulta en una adquisición;
(g)         
los auditores, contables, asesores jurídicos y
profesionales, evaluadores y demás expertos que actúen por cuenta de las
autoridades de resolución o de los posibles adquirentes mencionados en la letra
(f);
(h)         
los organismos que administren los sistemas de
garantía de depósitos;
(i)           
los bancos centrales y otras autoridades
involucradas en el proceso de resolución;
(j)           
cualesquiera otras personas que presten o
hayan prestado servicios a las autoridades de resolución.
2.           Sin perjuicio del
carácter general de los requisitos mencionados en el apartado 1, las personas
contempladas en este tendrán prohibido divulgar la información confidencial
recibida en el transcurso de sus actividades profesionales, u obtenida de una
autoridad de resolución en el ejercicio de sus funciones, a ninguna persona o
autoridad a no ser que sea de forma resumida o colectiva, de modo que no puedan
identificarse las distintas entidades, o que se cuente con el acuerdo expreso y
previo de la autoridad de resolución.
3.           Los requisitos de
confidencialidad de los apartados 1 y 2 del presente artículo no impedirán que
las autoridades de resolución, incluidos sus empleados, intercambien
información con otras autoridades de resolución, autoridades competentes o
bancos centrales de la Unión, así como con la ABE o, de conformidad con el
artículo 90, autoridades de terceros países que desempeñen funciones equivalentes
a las de las autoridades de resolución, con el fin de planificar o efectuar una
acción de resolución. 
4.           Lo dispuesto en el
presente artículo no prejuzgará los casos regulados por el Derecho penal.
5.           La ABE desarrollará
proyectos de normas técnicas de ejecución especificando cómo ha de facilitarse
la información de forma resumida o colectiva a efectos de lo dispuesto en el
apartado 2.
La ABE presentará estos proyectos de normas
técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el primer párrafo del
presente apartado, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº
1093/2010.
Capítulo VIII
Derecho de recurso y exclusión de
otras acciones
Artículo 77
Exclusión de los derechos de rescisión
y compensación en la resolución
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las contrapartes de un contrato financiero en el sentido del
artículo 63, celebrado inicialmente con la entidad objeto de resolución, no
puedan ejercer los derechos de rescisión en virtud de ese contrato o los
derechos conferidos por una cláusula walk-away, a no ser que la acción
de resolución consista en la venta de actividades o la constitución de una
entidad puente y que los derechos y los pasivos cubiertos por el contrato
financiero no se transfieran a un tercero o a una entidad puente, según sea el
caso.
A efectos del presente apartado, se entenderá
por cláusula walk-away la que incluye una disposición en un contrato
financiero que suspende, modifica o extingue la obligación de la parte no
incumplidora a efectuar un pago, o impide la aparición de tal obligación, que
aparecería de no existir esa disposición.
2.           Los Estados miembros
velarán por que los acreedores de la entidad objeto de resolución no puedan
ejercer derechos estatutarios de compensación, a no ser que la acción de
resolución consista en la venta de actividades o la constitución de una entidad
puente y que los derechos y los pasivos cubiertos por el contrato financiero no
se transfieran a un tercero o a una entidad puente, según sea el caso.
Artículo 78
Derecho a oponerse a una resolución
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que todas las personas afectadas por la decisión de incoación de
los procedimientos de conformidad con el artículo 74, apartado 5, o por una
decisión de las autoridades de resolución de incoar una acción de resolución,
puedan pedir una revisión judicial de tal decisión.
2.           El derecho a revisión
judicial mencionado en el apartado 1 estará sujeto a las restricciones
siguientes:
(a)         
la presentación de una solicitud de revisión
judicial o de una medida provisional no conllevará ninguna suspensión
automática de los efectos de la decisión impugnada; 
(b)         
la decisión de la autoridad de resolución será
ejecutable de forma inmediata y no estará sujeta a ninguna orden de suspensión
adoptada por un tribunal; 
(c)         
la revisión se limitará a uno o varios de los
aspectos siguientes:
–              
la legalidad de la decisión mencionada en el
apartado 1, incluida la revisión de si se cumplen o no las condiciones de
resolución;
–              
la legalidad de la forma en que se haya
llevado a ejecución dicha decisión; y
–              
la idoneidad de toda eventual indemnización;
(d)         
la anulación de la decisión de una autoridad
de resolución no afectará a los actos administrativos u operaciones posteriores
realizadas por la autoridad de resolución de que se trate y basadas en la
decisión de la autoridad de resolución anulada, cuando ello resulte necesario
para proteger el interés de terceros que, de buena fe, hubieran comprado
activos, derechos y pasivos de la entidad objeto de resolución como resultado
del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades de
resolución. Las modalidades correctoras de una decisión o acción incorrecta de
las autoridades de resolución se limitará a una indemnización por las pérdidas
sufridas por la parte reclamante de resultas de la decisión o acción.
Artículo 79
Restricciones relativas a otros
procedimientos judiciales
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que no se incoen procedimientos de insolvencia ordinarios con
arreglo a la normativa nacional respecto a una entidad objeto de resolución o
una entidad respecto a la cual se ha considerado que se ajusta a las condiciones
de resolución.
2.           A efectos del apartado
1, los Estados miembros se asegurarán de que:
(a)         
a las autoridades competentes y a las
autoridades de resolución les sea notificada cualquier solicitud de incoación
de procedimientos de insolvencia ordinarios con relación a una entidad,
independientemente de si es objeto de resolución o de si se ha hecho pública la
decisión mencionada en el artículo 74, apartado 6; 
(b)         
no pueda tomarse una decisión acerca de esta
solicitud a no ser que el tribunal haya recibido confirmación de que las
notificaciones a que hace referencia la letra (a) se han efectuado y concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
(i)      que la autoridad de resolución haya
notificado al tribunal que no tiene la intención de emprender ninguna acción de
resolución en relación con la entidad; 
(ii)      que haya expirado un plazo de 14
días desde la fecha en que se efectuaron las notificaciones a que se refiere la
letra (a).
3.           Sin perjuicio de
cualquier restricción a la ejecución de la garantía impuesta con arreglo al
artículo 63 o al apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros velarán
por que, si fuera necesario para una aplicación efectiva de los instrumentos y
competencias de resolución, las autoridades de resolución podrán pedir al
tribunal competente que suspenda, durante un periodo de duración proporcional a
la importancia del objetivo perseguido, cualquier acción o procedimiento
judicial de la que sea o pase a ser parte la entidad objeto de resolución.
Título v
Resolución de grupo
Artículo 80
Colegios de autoridades de resolución
1.           Las autoridades de
resolución a nivel de grupo instituirán colegios de autoridades de resolución
que desempeñen los cometidos contemplados en los artículos 11, 15 y 83, y,
cuando así proceda, garantizarán su cooperación y coordinación con las
autoridades de resolución de terceros países.
En particular, los colegios de autoridades de
resolución constituirán un marco en el que la autoridad de resolución a nivel
de grupo, las demás autoridades de resolución y, cuando así proceda, las
autoridades competentes y los supervisores en base consolidada, puedan
desempeñar los cometidos siguientes:
(a)         
el intercambio de información pertinente para
el desarrollo de planes de resolución de grupos, para la aplicación de
competencias de preparación y prevención de los grupos y para la resolución de
grupos;
(b)         
el desarrollo de planes de resolución de
grupos con arreglo al artículo 11;
(c)         
la evaluación de la posibilidad de resolución
de grupos con arreglo al artículo 13;
(d)         
el ejercicio de competencias para abordar o
eliminar los obstáculos que impidan la resolución de grupos con arreglo al
artículo 15;
(e)         
las decisiones sobre la necesidad de
establecer un plan de resolución de un grupo, de conformidad con el artículo
83;
(f)           
la propuesta de acuerdos de planes de
resolución de grupos, de conformidad con el artículo 83;
(g)         
la coordinación de la comunicación pública de
estrategias y planes de resolución de grupos;
(h)         
la coordinación del uso de los mecanismos de
financiación establecidos en el Título VII.
2.           La autoridad de
resolución a nivel de grupo, las autoridades de resolución de cada Estado
miembro en el que esté establecida una filial cubierta por la supervisión
consolidada y la ABE serán miembro del colegio de autoridades de resolución.
Cuando la empresa matriz de una o varias
entidades sea una sociedad contemplada en el artículo 1, letra (d), la
autoridad de resolución del Estado miembro donde esté establecida la sociedad
será miembros del colegio de autoridades de resolución.
Cuando las autoridades de resolución que son
miembros del colegio de autoridades de resolución no sean los ministerios
competentes, estos últimos serán, junto a las autoridades de resolución,
miembros de los colegios de autoridades de resolución, y podrán asistir a
reuniones de los mismos, en particular cuando los asuntos que se vayan a
debatir tengan implicaciones para los fondos públicos.
Cuando una empresa matriz o una entidad
establecida en la Unión cuente con entidades filiales situadas en terceros
países, las autoridades de resolución de dichos terceros países podrán ser
también invitados, previa petición de la autoridad de resolución a nivel de
grupo, a participar como observadores, en el colegio de autoridades de
resolución, siempre que se sometan a obligaciones de confidencialidad
equivalentes a las del artículo 76.
3.           Los organismos públicos
que participen en los colegios trabajarán en estrecha colaboración. La
autoridad de resolución a nivel de grupo coordinará todas las actividades de
los colegios de autoridades de resolución y presidirá todas sus reuniones. La
autoridad de resolución a nivel de grupo mantendrá a todos los miembros del
colegio y a la ABE plenamente informados, por anticipado, de la organización de
dichas reuniones, de las principales cuestiones que se vayan a tratar y de las
actividades que se vayan a examinar. La autoridad de resolución a nivel de
grupo decidirá qué autoridades y ministerios deben participar en reuniones o
actividades concretas del colegio, según las necesidades específicas. La
autoridad de resolución a nivel de grupo también mantendrá a todos los miembros
del colegio puntualmente informados de las acciones y las decisiones adoptadas
en las reuniones o de las medidas tomadas.
La decisión de la autoridad de resolución a
nivel de grupo atenderá a la pertinencia, para las citadas autoridades, de las
cuestiones que se vayan a tratar, de la actividad que vaya a planificarse o
coordinarse y de las decisiones que se vayan a adoptar, y en particular a la
incidencia potencial en la estabilidad del sistema financiero de los Estados
miembros afectados.
4.           La ABE contribuirá a
promover y supervisar el correcto, coherente y efectivo funcionamiento de los
colegios de autoridades de resolución. Para ello, podrá participar en reuniones
o actividades concretas, según considere pertinente, pero no dispondrá de
derecho de voto.
5.           La autoridad de
resolución a nivel de grupo, después de consultar a las demás autoridades de
resolución, establecerá normas y procedimientos por escrito para el buen
funcionamiento del colegio de autoridades de resolución.
6.           No obstante lo dispuesto
en el apartado 2, a efectos de la realización de los cometidos contemplados en
el apartado 1, segundo párrafo, letra (e), la autoridad de resolución o las
autoridades de cada Estado miembro en el que esté establecida una filial
participarán en las reuniones o actividades del colegio de autoridades de
resolución.
7.           No obstante lo dispuesto
en el apartado 2, a efectos de la realización de los cometidos contemplados en
el apartado 1, segundo párrafo, letras (f) y (h), la autoridad de resolución o
las autoridades de cada Estado miembro en el que esté establecida una filial
que se ajusta a las condiciones de resolución participarán en las reuniones o
actividades del colegio de autoridades de resolución.
8.           Las autoridades de
resolución a nivel de grupo no podrán instituir colegios de autoridades de
resolución si otros grupos o colegios desempeñan las mismas funciones y
realizan los mismos cometidos especificados en el presente artículo, siempre
que se ajusten a todas las condiciones y procedimientos fijados en la presente
sección. En ese caso, toda referencia a los colegios de autoridades de
resolución de la presente Directiva se considerará hecha a tales grupos o
colegios.
9.           La ABE elaborará
proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el funcionamiento
operativo de los colegios de autoridades de resolución a la hora de desempeñar
los cometidos recogidos en los apartados 1, 3, 5, 6 y 7.
La ABE presentará a la Comisión los proyectos
de normas técnicas de regulación en el plazo de doce meses a partir de la fecha
de entrada en vigor de la presente Directiva.
Se delegan en la Comisión los poderes para
adoptar las normas de regulación a que se refiere el párrafo primero de
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 81
Colegios de autoridades de resolución
europeos
1.           Cuando una entidad o una
empresa matriz de un tercer país cuente con dos o más entidades filiales
establecidas en la Unión, las autoridades de resolución de los Estados miembros
en los que estén establecidas dichas filiales nacionales en la Unión
instituirán, a no ser que se hayan establecido disposiciones del tipo expuesto
en el artículo 89, un colegio de autoridades de resolución europeo.
2.           El colegio de
autoridades de resolución europeo desempeñará las funciones y cometidos
expuestos en el artículo 80, en relación con las entidades filiales nacionales.
3.           Cuando las entidades
filiales nacionales pertenezcan a una sociedad financiera de cartera
establecida en la Unión de conformidad con el artículo 143, apartado 3, tercer
párrafo, de la Directiva 2006/48/CE, el colegio de autoridades de resolución
europeo estará presidido por la autoridad de resolución del Estado miembro en
el que esté situado el supervisor en base consolidada a efectos de la
supervisión consolidada contemplada en dicha Directiva.
Cuando no sea aplicable el primer párrafo,
los miembros del colegio de autoridades de resolución europeo elegirán y nombrarán
al presidente.
4.           Sin perjuicio del
apartado 3 del presente artículo, los colegios de autoridades de resolución
europeos funcionará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81.
Artículo 82
Intercambio de información
Las autoridades de resolución se
facilitarán mutuamente toda la información pertinente para el ejercicio de sus
tareas conforme a la presente Directiva. 
Las autoridades de resolución deberán
comunicar toda la información pertinente cuando les sea pedida. En particular,
la autoridad de resolución a nivel de grupo transmitirá puntualmente a las
autoridades de resolución de los demás Estados miembros toda la información
pertinente para facilitarles el ejercicio de los cometidos recogidos en el
artículo 80, apartado 1, párrafo segundo, letras (b) a (h).
La información intercambiada con arreglo
al presente artículo también podrá serlo con los ministerios competentes.
Artículo 83
Resolución de grupo
1.           Cuando una autoridad
competente juzgue o se le notifique, de conformidad con el artículo 74,
apartado 3, que una entidad filial en un grupo se encuentra en graves
dificultades o en peligro de quiebra, notificará sin demora a la autoridad de
resolución a nivel de grupo, si fuera diferente, y a las autoridades de
resolución que sean miembros del colegio de autoridades de resolución para el
grupo en cuestión, la siguiente información:
(a)         
la decisión relativa a las graves dificultades
o el peligro de quiebra de la entidad;
(b)         
las acciones de resolución u otras medidas de
insolvencia que la autoridad de resolución considere apropiadas para la
entidad.
2.           Cuando reciba la
notificación contemplada en el apartado 1, la autoridad de resolución a nivel
de grupo evaluará, en consulta con los demás miembros del colegio de
autoridades de resolución pertinente, las posibles repercusiones de la quiebra
de la entidad considerada, o de la acción de resolución y demás medidas
notificadas de conformidad con el apartado 1, letra (b), en el grupo o en
entidades filiales de otros Estados miembros.
3.           Si, tras consultar con
las demás autoridades de resolución según dispone el apartado 2, la autoridad
de resolución a nivel de grupo considera que la quiebra de la entidad
considerada, o la acción de resolución y demás medidas notificadas de
conformidad con el apartado 1, letra (b), no tendrían repercusiones negativas
en el grupo o en las entidades filiales de otros Estados miembros, la autoridad
de resolución responsable de dicha entidad podrá emprender la acción de
resolución o las demás medidas que haya notificado de conformidad con el
apartado 1, letra (b).
4.           Si, tras consultar con
las demás autoridades de resolución según dispone el apartado 2, la autoridad
de resolución a nivel de grupo considera que la quiebra de la entidad
considerada, o la acción de resolución y demás medidas notificadas de
conformidad con el apartado 1, letra (b), tendrían repercusiones negativas en
el grupo o en entidades filiales de otros Estados miembros, dicha autoridad
propondrá, en un plazo no superior a 24 horas después de la recepción de la
notificación contemplada en el apartado 1, un plan de resolución de grupo y lo
presentará al colegio de autoridades de resolución.
5.           Los planes de resolución
de grupo contemplados en el apartado 4:
(a)         
expondrán las acciones de resolución que
deberían emprender las autoridades de resolución pertinentes en relación con la
empresa matriz de la Unión o con determinadas entidades de grupo al objeto de
preservar el valor del grupo en su conjunto, minimizando tanto el impacto sobre
la estabilidad financiera de los Estados miembros en los que opera el grupo
como el uso de ayudas financieras públicas extraordinarias;
(b)         
especificarán cómo deberán coordinarse las
acciones de resolución;
(c)         
establecerán un plan de financiación. El plan
de financiación tendrá en cuenta los principios de responsabilidad compartida
de conformidad con el artículo 11, apartado 3, letra (e).
6.           Cuando algún miembro del
colegio de autoridades de resolución disienta del plan de resolución de grupo
propuesto por la autoridad de resolución a nivel de grupo y considere necesario
adoptar acciones o medidas independientes, además de las propuestas en el plan,
en relación con una entidad o grupo por razones de estabilidad financiera,
podrá poner el asunto en conocimiento de la ABE en el plazo de 24 horas, de
conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
7.           No obstante lo dispuesto
en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1093/2010 la ABE
tomará una decisión en el plazo de 24 horas. Toda acción o medida ulterior de
la autoridad de resolución deberá atenerse a lo expresado en la decisión de la
ABE.
8.           Cuando una autoridad de
resolución a nivel de grupo juzgue o se le notifique, de conformidad con el
artículo 74, apartado 3, que una empresa matriz de la Unión de la que es
responsable se encuentra en graves dificultades o en peligro de quiebra,
notificará sin demora a las autoridades de resolución que sean miembros del
colegio de autoridades de resolución de grupo en cuestión la información
mencionada en el apartado 1, letras (a) y (b) del presente artículo. A efectos
de lo dispuesto en el apartado 1, letra (b), del presente artículo, las
acciones de resolución podrán incluir un plan de resolución de grupo
establecido de acuerdo con el apartado 5 del presente artículo.
9.           Las autoridades llevarán
a cabo sin demora todas las acciones expuestas en los apartados 2 a 8, teniendo
debidamente en cuenta la urgencia de la situación.
10.         En todo caso, cuando un
plan de resolución de grupo no se lleve a cabo y las autoridades de resolución
emprendan acciones de resolución en relación con entidades filiales, dichas
autoridades colaborarán estrechamente con los colegios de autoridades de
resolución a fin de lograr una estrategia de resolución coordinada para todas
las entidades en graves dificultades o en peligro de quiebra.
11.         Las autoridades de
resolución que emprendan cualquier acción de resolución en relación con
entidades de grupo informarán de forma regular y completa al colegio de
autoridades de resolución acerca de dichas acciones o medidas y del progreso de
las mismas.
TÍTULO VI
RELACIONES CON TERCEROS PAÍSES
Artículo 84
Acuerdos con terceros países
1.           La Comisión podrá
presentar propuestas al Consejo, bien a petición de un Estado miembro o por
iniciativa propia, para la negociación de acuerdos con uno o más terceros
países en relación con las modalidades de cooperación entre las autoridades de
resolución en la planificación y el proceso de resolución de entidades y
empresas matrices, especialmente en lo que respecta a las situaciones
siguientes:
(a)         
cuando una entidad filial nacional esté
establecida en los Estados miembros; 
(b)         
cuando una entidad de un tercer país posea una
sucursal significativa en los Estados miembros; 
(c)         
cuando una entidad matriz o una sociedad
contemplada en el artículo 1, letras c) y d), establecida en los Estados
miembros, posea una o más filiales en terceros países; 
(d)         
cuando una entidad establecida en los Estados
miembros posea una o varias sucursales significativas en uno o más terceros
países.
2.           Los acuerdos
contemplados en el apartado 1 tendrán por objeto, en particular, garantizar el
establecimiento de mecanismos y sistemas de cooperación entre las autoridades
de resolución para la ejecución de algunas o todas las tareas y el ejercicio de
alguna o todas las competencias indicadas en el artículo 89.
Artículo 85
Reconocimiento de los procedimientos
de resolución de terceros países 
1.           Mientras no se celebre
un acuerdo internacional con un tercer país de conformidad con el artículo 84,
o si el asunto en cuestión no está regido por dicho acuerdo, serán de
aplicación las disposiciones que figuran a continuación.
2.           Con excepción de lo
dispuesto en el artículo 86, la ABE reconocerá, los procedimientos de
resolución de terceros países respecto a una entidad de un tercer país que:
(a)         
posea una sucursal nacional; 
(b)         
posea activos, derechos o pasivos situados en
un Estado miembro o regidos por la legislación del mismo.
3.           El reconocimiento por la
ABE de los procedimientos de resolución de terceros países, de conformidad con
el apartado 2, conllevará la obligación de las autoridades nacionales de
resolución de dar efecto a dichos procedimientos en su territorio. 
4.           La decisión de la EBA de
reconocer los procedimientos de resolución de terceros países será puesta en
práctica por las autoridades de resolución. A tal efecto, los Estados miembros
se asegurarán de que las autoridades de resolución tengan, como mínimo,
competencias para, sin tener que designar a un funcionario o administrador de
acuerdo con la normativa nacional de insolvencia y sin necesidad de ninguna
orden, aprobación o consentimiento de un tribunal o de procedimiento judicial
alguno:
(a)         
ejercer las competencias de transferencia de:
–              
activos de la entidad de un tercer país
situados en su Estado miembro, o regidos por la legislación del mismo;
–              
derechos o pasivos de la entidad de un tercer
país, contabilizados por la sucursal nacional en su Estado miembro, o regidos
por la legislación del mismo, o cuyos créditos sean reivindicables con arreglo
a tal legislación.
(b)         
efectuar (o exigir a otra persona que tome
medidas para efectuar), una transferencia de acciones o instrumentos de
propiedad en una filial establecida en el Estado miembro de designación.
Artículo 86
Derecho a
rehusar los procedimientos de resolución de terceros países
1.           Tras consultar las
autoridades nacionales de resolución, la ABE rehusará reconocer, de conformidad
con el artículo 85, apartado 2, los procedimientos de resolución de
terceros países, cuando considere que:
(a)         
los procedimientos de resolución del tercer
país tendrían un efecto perjudicial sobre la estabilidad financiera del Estado
miembro donde está basada la autoridad de resolución, o influirían adversamente
en la estabilidad financiera de otro Estado miembro;
(b)         
que la acción de resolución independiente con
arreglo al artículo 87 en relación con una sucursal nacional sea necesaria para
lograr uno o varios objetivos de resolución;
(c)         
que los acreedores y, en especial, los
depositantes que estén situados o puedan recibir pagos en un Estado miembro, no
recibirían un trato igual que los acreedores de un tercer país si se sometieran
a procedimientos de resolución de dicho tercer país.
2.           La Comisión
especificará, a través de actos delegado adoptados con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 103, las circunstancias a que se refiere el apartado 1, letras
(a) y (b), del presente artículo.
Artículo 87
Resolución de sucursales de entidades
de terceros países establecidas en la Unión
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución cuenten con las competencias
necesarias para emprender, en relación con una sucursal nacional, una acción de
resolución independiente de todo procedimiento de resolución de un tercer país
en relación con la entidad del tercer país considerada.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las autoridades de resolución puedan ejercer las competencias
contempladas en el apartado 1, letra (b) de dicho artículo, cuando la autoridad
de resolución considere que es necesario emprender una acción de resolución por
razones de interés público y se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:
(a)         
que la sucursal ya no cumpla, o sea probable
que no cumpla, las condiciones que impone la normativa nacional para la
obtención de autorización y el funcionamiento en el Estado miembro, y que no
haya perspectivas de que otra medida del sector privado, de supervisión o del
tercer país considerado restablecería la conformidad de la sucursal o impediría
su quiebra en un plazo de tiempo adecuado;
(b)         
que la entidad del tercer país esté, o pueda
estar, en la imposibilidad de liquidar sus obligaciones frente a los acreedores
nacionales, o las obligaciones creadas o registradas por la sucursal en el
momento de su vencimiento, y que conste a la autoridad de resolución que no se
ha incoado ni se va a incoar un procedimiento de insolvencia o de resolución
del tercer país en relación con tal entidad;
(c)         
que la autoridad pertinente del tercer país
haya iniciado procedimientos de resolución en relación con la entidad del
tercer país, o haya notificado a la autoridad de resolución su intención de
iniciarlos, y se produzca algunas de las circunstancias especificadas en el
artículo 86.
3.           Cuando una autoridad de
resolución emprenda una acción de resolución independiente en relación con una
sucursal nacional, tomará en consideración los objetivos de resolución y
adoptará la acción de resolución teniendo en cuenta los siguientes principios y
necesidades, si resultan procedentes:
(a)         
los principios recogidos en el artículo 29;
(b)         
los requisitos relativos a la aplicación de
los instrumentos de resolución del Título IV, capítulo II.
Artículo 88
Cooperación con las autoridades de
terceros países
1.           Mientras no se celebre
un acuerdo internacional con terceros países de conformidad con el artículo 84,
y en la medida en que el asunto no esté regido por dicho acuerdo, serán de
aplicación las disposiciones que figuran a continuación.
2.           La ABE celebrará
acuerdos marco de cooperación no vinculantes con las autoridades pertinentes de
terceros países que se exponen a continuación:
(a)         
cuando una entidad filial nacional esté
establecida en la Unión, las autoridades pertinentes del tercer país en el que
esté establecida la empresa matriz o una sociedad contemplada en el artículo 1,
letras (c) y (d);
(b)         
cuando una entidad de un tercer país opere una
sucursal significativa en la Unión, la autoridad pertinente del tercer país en
el que esté establecida dicha entidad;
(c)         
cuando una entidad matriz o una sociedad
contemplada en el artículo 1, letras (c) y (d), establecida en la Unión,
disponga de una o varias filiales en terceros países, las autoridades
pertinentes de los terceros países en los que estén establecidas dichas
filiales;
(d)         
cuando una entidad establecida en la Unión
tenga una o varias sucursales significativas en uno o varios terceros países,
las autoridades pertinentes de los terceros países en los que estén
establecidas dichas sucursales.
Los acuerdos de cooperación contemplados en
el presente apartado pueden aplicarse a entidades consideradas aisladamente o a
grupos de entidades. 
3.           Los acuerdos marco de
cooperación contemplados en el apartado 1 establecerán disposiciones y
procedimientos para que las autoridades participantes cooperen desempeñando
algunos o la totalidad de los cometidos y ejerciendo algunas o la totalidad de
las competencias que se exponen a continuación en relación con las entidades
contempladas en el apartado 1, letras (a) a (d) o con los grupos que incluyan
dichas entidades:
(a)         
desarrollo de planes de resolución de
conformidad con los artículos 9 y 12, y requisitos equivalentes según lo
dispuesto en la normativa de los terceros países considerados;
(b)         
evaluación de la posibilidad de resolución de
tales entidades y grupos de conformidad con el artículo 13, y requisitos
similares según lo dispuesto en la normativa de los terceros países
considerados;
(c)         
aplicación de las competencias para abordar o
eliminar obstáculos que impiden la resolución de conformidad con los artículos
14 y 15, y competencias similares según lo dispuesto en la normativa de los
terceros países considerados;
(d)         
aplicación de medidas de intervención
tempranas de acuerdo con el artículo 23, y competencias similares según lo
dispuesto en la normativa de los terceros países considerados; 
(e)         
aplicación de los instrumentos de resolución y
ejercicio de las competencias de resolución, y competencias similares según lo
dispuesto en la normativa de los terceros países considerados.
4.           Las autoridades
competentes o las autoridades de resolución celebrarán, cuando proceda,
acuerdos de cooperación no vinculantes en consonancia con los acuerdos marco de
la ABE con las autoridades pertinentes de terceros países que se indican en el
apartado 2.
5.           Los acuerdos de
cooperación celebrados, de conformidad con el presente apartado, entre las
autoridades de resolución de Estados miembros y de terceros países, deberá
incluir disposiciones sobre los siguientes aspectos:
(a)         
el intercambio de información necesario para
la elaboración y gestión de los planes de resolución;
(b)         
la consulta y cooperación para el desarrollo
de planes de resolución, incluidos los principios para el ejercicio de las
competencias contempladas en los artículos 87 y 88, y competencias similares
según lo dispuesto en la normativa de los terceros países considerados;
(c)         
el intercambio de información necesario para
la aplicación de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las
competencias de resolución, y competencias similares según lo dispuesto en la
normativa de los terceros países considerados;
(d)         
alerta temprana y consulta de las partes del
acuerdo de cooperación antes de adoptar cualquier acción significativa en
virtud de la presente Directiva o de la normativa de terceros países en
relación con la entidad o grupo a que se aplica el acuerdo;
(e)         
la coordinación de la comunicación pública,
cuando se trate de acciones de resolución conjuntas;
(f)           
las disposiciones y procedimientos de
intercambio de información y cooperación respecto a lo contemplado en las
letras (a) a (e), incluido, si procede, el establecimiento y puesta en marcha
de grupos de gestión de crisis.
6.           Los Estados miembros
notificarán a la ABE todo acuerdo de cooperación que las autoridades de
resolución y las autoridades competentes hayan concluido en virtud del presente
artículo.
Artículo 89
Confidencialidad
1.           Los Estados miembros
velarán por que las autoridades de resolución, las autoridades competentes y
los ministerios competentes intercambien información confidencial con las
autoridades pertinentes de terceros países solo si se cumplen las condiciones
siguientes:
(a)         
que las autoridades de los terceros países
estén sometidas a unas normas y requisitos en materia de secreto profesional al
menos equivalentes a las impuestas por el artículo 76;
(b)         
que la información sea necesaria para el
desarrollo, por parte de las autoridades pertinentes del tercer país, de las
funciones que les impone su normativa nacional, que han de ser comparables a
las de la presente Directiva.
2.           Cuando la información
confidencial se origine en otro Estado miembro, las autoridades de resolución o
las autoridades competentes no podrán transmitirla a autoridades pertinentes de
terceros países a no ser que se cumplan las disposiciones siguientes:
(a)         
que la autoridad pertinente del Estado miembro
donde se origine la información (la «autoridad de origen») esté de acuerdo con
dicha transmisión;
(b)         
que la información se transmita sólo a los
efectos autorizados por la autoridad de origen.
3.           A efectos de lo
dispuesto en el presente artículo, la información se considerará confidencial
cuando esté sujeta a los requisitos de confidencialidad vigentes en el Derecho
de la Unión.
TÍTULO VII
SISTEMA EUROPEO DE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
Artículo 90
Sistema europeo de mecanismos de
financiación
El sistema europeo de mecanismos de
financiación consistirá en:
(a)         
mecanismos de financiación nacionales
establecidos de conformidad con el artículo 91;
(b)         
préstamos entre mecanismos de financiación
nacionales, según dispone el artículo 97; 
(c)         
la mutualización de los mecanismos de
financiación nacionales en el caso de una resolución a nivel de grupo, según lo
dispuesto en el artículo 98.
Artículo 91
Obligación de establecer mecanismos de
financiación para los procedimientos de resolución
1.           Los Estados miembros
establecerán mecanismos de financiación para garantizar la aplicación efectiva,
por parte de la autoridad de resolución, de los instrumentos y competencias de
resolución. Los mecanismos de financiación se emplearán exclusivamente de
conformidad con los objetivos de resolución y los principios establecidos en
los artículos 26 y 29.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los mecanismos de financiación cuenten con unos recursos
financieros adecuados.
3.           A efectos de lo
dispuesto en el apartado 2, los mecanismos de financiación dispondrán de:
(a)         
la competencia de recaudar contribuciones ex
ante según se expone en el artículo 94, con vistas a alcanzar el nivel
fijado por el artículo 93; 
(b)         
la competencia de incrementar las
contribuciones extraordinarias ex post, según dispone el artículo 95, y 
(c)         
la competencia de contraer empréstitos y otras
formas de ayuda, según se especifica en el artículo 96.
Artículo 92
Uso de los mecanismos de financiación
en los procedimientos de resolución
1.           Al aplicar los
instrumentos de resolución, las autoridades de resolución podrán usar los
mecanismos de financiación establecidos de conformidad con el artículo 91 con
los objetivos siguientes:
(a)         
garantizar los activos o los pasivos de la
entidad objeto de resolución, de sus filiales, de una entidad puente o de una
entidad de gestión de activos;
(b)         
realizar préstamos a la entidad objeto de
resolución, a sus filiales, a una entidad puente o a una entidad de gestión de
activos;
(c)         
adquirir activos de la entidad objeto de la
resolución;
(d)         
hacer contribuciones a una entidad puente;
(e)         
realizar una combinación de las acciones
mencionadas en las letras (a) a (e).
Los mecanismos de financiación podrán
emplearse para adoptar las acciones mencionadas en los puntos (a) a (e),
también con respecto al comprador en el contexto de la venta de actividades. 
2.           Los Estados miembros
garantizarán que las pérdidas, costes y otros gastos derivados de la
utilización de los instrumentos de resolución sean asumidos en primera
instancia por los accionistas y los acreedores de la entidad objeto de
resolución. Únicamente si se agotan los recursos de los accionistas y
acreedores, correrán a cargo de los mecanismos de financiación las pérdidas,
costes y otros gastos derivados de la utilización de los instrumentos de
resolución.
Artículo 93
Nivel de financiación
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, en un período no superior a 10 años después de la entrada en
vigor de la presente Directiva, los recursos financieros de los mecanismos de
financiación alcancen al menos un 1 % del importe de los depósitos de
todas las entidades de crédito autorizadas en su territorio que estén
garantizados por la Directiva 94/19/CE.
2.           En este período inicial
a que se refiere el apartado 1, las contribuciones de los mecanismos de
financiación, recaudadas conforme a lo dispuesto en el artículo 94, se
escalonarán de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado
como objetivo.
Los Estados miembros podrán prorrogar el
período inicial por un periodo máximo de cuatro años en caso de que los
mecanismos de financiación realicen acumuladamente desembolsos superiores al
0,5 % de los depósitos cubiertos.
3.           Si, pasado el periodo
inicial a que se refiere el apartado 1, los recursos financieros disponibles
disminuyen por debajo del nivel fijado como objetivo en el apartado 2, las
contribuciones recaudadas de conformidad con el artículo 94 se reanudarán hasta
alcanzar dicho nivel. Si los recursos financieros disponibles ascienden a menos
de la mitad del nivel fijado como objetivo, las contribuciones anuales no serán
inferiores a un 0,25 % de los depósitos cubiertos.
Artículo 94
Contribuciones ex ante
1.           Con el fin de alcanzar
el nivel fijado como objetivo en el artículo 93, los Estados miembros velarán
por que las contribuciones se recauden de las entidades autorizadas de su
territorio al menos una vez al año.
2.           Las contribuciones se
calcularán de conformidad con las normas siguientes:
(a)         
Si un Estado miembro se ha acogido a la opción
prevista en el artículo 99, apartado 5, de la presente Directiva, de utilizar
los fondos del sistema de garantía de depósitos a efectos de lo dispuesto en el
artículo 92 de la presente Directiva, la contribución relativa de cada entidad
corresponderá a la proporción que represente su pasivo, excluidos los fondos
propios y los depósitos garantizados de conformidad con la Directiva 94/19/CE,
en los pasivos totales, excluidos los fondos propios y los depósitos
garantizados de conformidad con la Directiva 94/19/CE, de todas las entidades
autorizadas en el territorio del Estado miembro.
(b)         
Si un Estado miembro no se ha acogido a la
opción prevista en el artículo 99, apartado 5, de la presente Directiva, de
utilizar los fondos del sistema de garantía de depósitos a efectos de lo
dispuesto en el artículo 92, la contribución relativa de cada entidad
corresponderá a la proporción que represente su pasivo total, excluidos los
fondos propios, en los pasivos totales, excluidos los fondos propios, de todas
las entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro.
(c)         
Las contribuciones calculadas como disponen
las letras a) y b) se adaptarán proporcionalmente al perfil de riesgo de las
entidades, de acuerdo con los criterios adoptados con arreglo al apartado 7 del
presente artículo.
3.           Los recursos financieros
disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como
objetivo en el artículo 93 podrán incluir compromisos de pago íntegramente
respaldados por garantías de activos de bajo riesgo libres de cargas por
derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de
las autoridades de resolución para los fines especificados en el artículo 92. La
parte de compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe
total recaudado con arreglo al presente artículo.
4.           Los Estados miembros se
asegurarán de que la obligación de pagar las contribuciones establecidas en el
presente artículo sea ejecutiva con arreglo al Derecho nacional, y de que las
contribuciones sean íntegramente desembolsadas.
Los Estados miembros establecerán las
oportunas obligaciones en materia de reglamentación, contabilidad, información,
etc., con el fin de garantizar el pago íntegro de las contribuciones. Los
Estados miembros asegurarán también la existencia de medidas que comprueben
debidamente el correcto pago de las contribuciones. Los Estados miembros
garantizarán medidas para impedir la evasión, el fraude y el abuso.
5.           Los importes recaudados
de conformidad con el presente artículo se utilizarán únicamente para los fines
previstos en el artículo 92 de la presente Directiva y, en caso de que los
Estados miembros se hayan acogido a la opción prevista en el artículo 99,
apartado 5, de la presente Directiva, para los fines contemplados en el
artículo 92 de la misma o para el reembolso de los depósitos garantizados por
la Directiva 94/19/CE.
6.           Las cantidades recibidas
de la entidad objeto de resolución o de la entidad puente, así como los
intereses u otros ingresos de inversiones y cualquier otro beneficio, serán
destinados a los mecanismos de financiación.
7.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 103
al objeto de especificar el concepto de ajuste de las contribuciones en función
del perfil de riesgo de las entidades, de conformidad con el apartado 2,
letra (c), del presente artículo, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:
(a)         
el nivel de riesgo de la entidad, con
inclusión de la importancia de sus actividades comerciales, los riesgos no
contabilizados en el balance y su grado de apalancamiento;
(b)         
la estabilidad y variedad de las fuentes de
financiación de la empresa;
(c)         
la situación financiera de la entidad;
(d)         
la probabilidad de que la entidad sea objeto
de resolución;
(e)         
el grado en que la entidad se ha beneficiado
con anterioridad de ayudas estatales;
(f)           
la complejidad de la estructura de la entidad
y la pertinencia de su resolución, y
(g)         
su importancia sistémica para el mercado en
cuestión.
8.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 103
al objeto de:
(a)         
precisar las obligaciones de registro,
contabilidad, información, etc., contempladas en el apartado 4 y destinadas a
garantizar el pago efectivo de las contribuciones;
(b)         
especificar las medidas a que se refiere el
apartado 4, a fin de permitir una adecuada comprobación del correcto pago de
las contribuciones;
(c)         
especificar las medidas a que se refiere el
apartado 4, a fin de impedir la evasión, el fraude y el abuso.
Artículo 95
Contribuciones extraordinarias ex post
1.           Cuando los recursos
financieros disponibles no sean suficientes para cubrir las pérdidas, los
costes o los demás gastos ocasionados por la utilización de los mecanismos de
financiación, los Estados miembros garantizarán la recaudación de
contribuciones extraordinarias ex post de los organismos autorizados en
su territorio con el fin de cubrir las necesidades adicionales. Estas
contribuciones extraordinarias se asignarán entre las entidades de acuerdo con
las normas establecidas en el artículo 94, apartado 2.
2.           Las disposiciones del
artículo 94, apartados 4 a 8, se aplicarán a las contribuciones recaudadas con
arreglo al presente artículo.
Artículo 96
Recursos de financiación alternativos
Los Estados miembros velarán por que, en
caso de que los importes recaudados de conformidad con el artículo 94 no sean
suficientes para cubrir las pérdidas, los costes u otros gastos ocasionados por
la utilización de los mecanismos de financiación y de que las contribuciones
extraordinarias previstas en el artículo 95 no estén disponibles de forma
inmediata, los mecanismos de financiación de su jurisdicción estén habilitados
para contraer empréstitos u otras formas de apoyo procedente de entidades
financieras, del banco central o de otros terceros.
Artículo 97
Préstamos entre mecanismos de
financiación
1.           Los Estados miembros
velarán por que, en caso de que los importes recaudados de conformidad con el
artículo 94 no sean suficientes para cubrir las pérdidas, los costes u otros
gastos ocasionados por la utilización de los mecanismos de financiación y de
que las contribuciones extraordinarias previstas en el artículo 95 no estén
disponibles de forma inmediata, los mecanismos de financiación bajo su
jurisdicción estén habilitados para tomar fondos prestados de otros mecanismos
de financiación de la Unión.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los mecanismos de financiación bajo su jurisdicción tengan la
obligación de contratar préstamos con otros mecanismos de financiación de la
Unión en las circunstancias especificadas en el apartado 1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo
primero, un mecanismo nacional de financiación no estará obligado a prestar
fondos a otro cuando su autoridad de resolución considere que no dispondría de
fondos suficientes para hacer frente a la financiación de una eventual
resolución previsible en un futuro próximo. En cualquier caso, no estaría
obligado a prestar más de la mitad de los fondos de que disponga en el momento
en que se realiza la solicitud de préstamo.
3.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 103
al objeto de especificar las condiciones que deben cumplirse para que un
mecanismo de financiación pueda recibir préstamos de otros, así como las
condiciones aplicables a los préstamos y, en particular, los criterios para
evaluar si dispondría de fondos suficientes para hacer frente a la financiación
de una eventual resolución previsible en un futuro próximo, el período de
reembolso y el tipo de interés aplicable.
Artículo 98
Mutualización de los mecanismos
nacionales de financiación en el caso de resoluciones de grupo
1.           Los Estados miembros
velarán por que, en el caso de resoluciones de grupo, contempladas en el
artículo 83, cada mecanismo nacional de financiación de cada una de las
entidades que forman parte de un grupo contribuya a la financiación de la
resolución de grupo de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
2.           A efectos del apartado
1, la autoridad de resolución a nivel de grupo, en consulta con las autoridades
de resolución de las entidades que forman parte del grupo, establecerá, si
fuera necesario antes de emprender cualquier acción de resolución, un plan de
financiación que determine cuáles son las necesidades financieras totales para
financiar la resolución de grupo, así como las formas que podrá adoptar esta
financiación. 
3.           Entre las formas de
financiación a que se hace referencia en el apartado 2, podrán figurar:
(a)         
contribuciones de los mecanismos nacionales de
financiación de las entidades que forman parte del grupo;
(b)         
empréstitos u otras formas de apoyo procedente
de las entidades financieras o del banco central.
El plan de financiación pasará a formar parte
del plan de resolución del grupo, tal como se especifica en el artículo 83. El
plan de financiación establecerá la contribución de cada mecanismo nacional de
financiación.
4.           Siempre que se cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 2 del presente artículo y en el
artículo 83, los Estados miembros establecerán normas y procedimientos para
garantizar que cada mecanismo nacional de financiación bajo su jurisdicción
realice su contribución al plan de financiación inmediatamente después de que
las autoridades de resolución reciban una solicitud de la autoridad de
resolución a nivel de grupo.
5.           A efectos del presente
artículo, los Estados miembros se asegurarán de que los mecanismos de
financiación de grupo estén habilitados, en las condiciones establecidas en el
artículo 96, para contraer empréstitos u otras formas de apoyo procedente de
entidades financieras, del banco central o de otros terceros, hasta constituir
la suma total requerida para financiar la resolución del grupo, de conformidad
con el plan de financiación a que se refiere el apartado 2.
6.           Los Estados miembros se
asegurarán de que cada mecanismo nacional de financiación bajo su jurisdicción
garantice cualquier empréstito contraído por el mecanismo de financiación de
grupo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4. La garantía de
cada mecanismo nacional de financiación no superará la parte de su participación
en el plan de financiación establecido con arreglo al apartado 2.
7.           Los Estados miembros
velarán por que cualquier ingreso o beneficio derivado de la utilización de los
mecanismos de financiación beneficie al conjunto de mecanismos nacionales de
financiación nacionales en función de su contribución a la financiación del
procedimiento de resolución, según establece el apartado 2.
8.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 103
al objeto de especificar:
(a)         
la forma y el contenido del plan de
financiación contemplado en el apartado 2;
(b)         
las modalidades de pago de contribuciones al
plan de financiación, contempladas en el apartado 3;
(c)         
las modalidades de las garantías a que se
refiere el apartado 5;
(d)         
los criterios para determinar cuándo han
finalizado todas las acciones resolución.
Artículo 99
Utilización de los sistemas de
garantía de depósitos en el contexto de la resolución
1.           Los Estados miembros
velarán por que, cuando las autoridades de resolución emprendan una acción de
resolución, y siempre que esta acción garantice a los depositantes la
continuidad del acceso a sus depósitos, el sistema de garantía de depósitos al
que esté afiliada la entidad se haga responsable, hasta una cantidad igual a
los depósitos cubiertos, de las pérdidas que habría tenido que soportar si la
entidad hubiera sido liquidada de acuerdo con los procedimientos de insolvencia
ordinarios.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, con arreglo a la legislación nacional aplicable a los procedimientos
de insolvencia ordinarios, los sistemas de garantía de depósitos se consideren
del mismo rango que los créditos no preferentes y no garantizados.
3.           Los Estados miembros
velarán por que la determinación del importe de que se haga responsable el sistema
de garantía de depósitos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo se ajuste a las condiciones establecidas en el artículo 30,
apartado 2.
4.           La contribución del
sistema de garantía de depósitos a efectos de lo dispuesto en el apartado 1
se hará en efectivo.
5.           Además, los Estados
miembros podrán disponer que los recursos financieros disponibles de los
sistemas de garantía de depósitos establecidos en su territorio puedan
utilizarse a efectos de lo dispuesto en el artículo 92, apartado 1, a condición
de que los sistemas de garantía de depósitos cumplan, si así procede, las
disposiciones establecidas en los artículos 93 a 98.
6.           Los Estados miembros
velarán por que el sistema de garantía de depósitos cuente con disposiciones
que garanticen que, después de efectuar el sistema de garantía de depósitos una
contribución conforme a los apartados 1 o 5, y en caso de que los depositantes
de la entidad necesiten ser reembolsados, los miembros del sistema puedan
facilitar de inmediato al sistema las cantidades que deben abonarse.
7.           Cuando los Estados
miembros hagan uso de la posibilidad prevista en el apartado 5 del presente
artículo, los sistemas de garantía de depósitos se considerarán mecanismos de
financiación a efectos del artículo 91. En ese caso, los Estados miembros
podrán abstenerse de establecer mecanismos de financiación independientes.
8.           Cuando un Estado miembro
haga uso de la posibilidad prevista en el apartado 5, para el uso de los
recursos financieros disponibles del sistema de garantía de depósitos deberán
aplicarse las normas de prioridad que se exponen a continuación..
Si, de forma simultánea, se solicitara hacer
uso de los recursos financieros disponibles del sistema de garantía de
depósitos a efectos de lo dispuesto en el artículo 92 o en el apartado 1 del
presente artículo, y para el reembolso a los depositantes según lo dispuesto en
la Directiva 94/19/CE, pero tales recursos fueran insuficientes para satisfacer
todas estas solicitudes, se dará prioridad al reembolso a los depositantes con
arreglo a la Directiva 94/19/CE y a las acciones especificadas en el apartado 1
del presente artículo, por encima de los pagos efectuados a los fines previstos
en el artículo 92 de la presente Directiva.
9.           Cuando los depósitos
admisibles de una entidad objeto de resolución se transfieran a otra entidad a
través del instrumento de venta de actividades o de constitución de una entidad
puente, los depositantes no podrán reclamar crédito alguno ante el sistema de
garantía de depósitos, en virtud de la Directiva 94/19/CE, por partes no
transferidas de los depósitos que obran en la entidad objeto de resolución,
siempre que el importe de los fondos transferidos sea igual o superior al nivel
de cobertura agregado fijado en el artículo 7 de la Directiva 94/19/CE.
TÍTULO VIII
SANCIONES
Artículo 100
Sanciones y medidas administrativas
1.           Los Estados miembros
velarán por que, en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales
adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva, se impongan las sanciones y
medidas administrativas apropiadas, y se asegurarán de que estas sean
ejecutadas. Las sanciones y medidas serán eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
2.           Los Estados miembros se
asegurarán de que, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas a
las entidades financieras y la empresas matrices de la Unión, puedan aplicarse
sanciones a los miembros de la dirección y a cualesquiera otras personas que,
de acuerdo con la legislación nacional, sean responsables del citado
incumplimiento.
3.           Se otorgará a las
autoridades de resolución y a las autoridades competentes todas las facultades
de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al ejercer sus
facultades sancionadoras, las autoridades de resolución y las autoridades
competentes cooperarán estrechamente para garantizar que las sanciones o
medidas ofrezcan los resultados deseados y coordinarán su actuación en los
casos transfronterizos.
Artículo 101
Disposiciones específicas 
1.           El presente artículo se
aplicará en las circunstancias siguientes:
(a)         
cuando una entidad o empresa matriz no
elabore, mantenga y actualice los planes de rescate y los planes de rescate de
grupo, infringiendo los artículos 5 o 7;
(b)         
cuando una entidad no notifique a sus
autoridades competentes la intención de prestar apoyo financiero de grupo,
infringiendo el artículo 22;
(c)         
cuando una entidad o empresa matriz no
facilite toda la información necesaria para la elaboración de planes de
resolución, infringiendo el artículo 10; 
(d)         
cuando la dirección de una entidad no notifique
a la autoridad competente sus graves dificultades o su peligro de quiebra,
infringiendo el artículo 73, apartado 1.
2.           Sin perjuicio de las
competencias de las autoridades competentes o de las autoridades de resolución
en virtud de otras disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros
velarán por que, en los casos contemplados en el apartado 1, entre las medidas
y sanciones administrativas aplicables se encuentren al menos las siguientes:
(a)         
una declaración pública que indique la persona
física o jurídica responsable y la naturaleza de la infracción;
(b)         
la imposición de una prohibición temporal de
ejercer funciones en entidades a alguno de los miembros de la dirección de la
entidad o empresa matriz o a cualquier otra persona física que se considere
responsable;
(c)         
si se trata de una persona jurídica, sanciones
pecuniarias administrativas de hasta el 10 % de su volumen de negocios
total en el ejercicio anterior; cuando la persona jurídica sea una filial de
una empresa matriz, el volumen de negocios total anual pertinente será el
volumen de negocios total anual resultante de las cuentas consolidadas de la
empresa matriz última en el ejercicio anterior;
(d)         
si se trata de una persona física, sanciones
pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR o, en los Estados
miembros en los que el euro no sea la moneda oficial, el valor correspondiente
en la moneda nacional en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva;
(e)         
sanciones pecuniarias administrativas de hasta
el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas
gracias al incumplimiento, en caso de que puedan determinarse.
Artículo 102
Aplicación efectiva de sanciones y
ejercicio de las competencias sancionadoras por parte de las autoridades
competentes 
Los Estados miembros velarán por que, a
la hora de determinar el tipo de las sanciones o medidas administrativas y el
nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes
tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, y en particular:
(a)                   
la gravedad y duración de la infracción;
(b)                   
el grado de responsabilidad de la persona
física o jurídica responsable;
(c)                   
la solidez financiera de la persona física o
jurídica responsable, reflejada en el volumen de negocios total de la persona
jurídica responsable o en los ingresos anuales de la persona física
responsable;
(d)                   
la importancia de los beneficios obtenidos o
las pérdidas evitadas por la persona física o jurídica responsable, en la
medida en que puedan determinarse;
(e)                   
las pérdidas para terceros causadas por la infracción,
en la medida en que puedan determinarse;
(f)                     
el nivel de cooperación de la persona física o
jurídica responsable con la autoridad competente;
(g)                   
las infracciones anteriores de la persona
física o jurídica responsable.
TÍTULO IX
COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN
Artículo 103
Ejercicio de la delegación
1.           Se confieren a la Comisión
competencias para adoptar actos delegados de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente artículo.
2.           Las competencias para adoptar actos
delegados se otorgan por tiempo indefinido a partir de la fecha prevista en el
artículo 116.
3.           La delegación de competencias a
que se refieren los artículos 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 y 98 podrá ser
revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. La
decisión de revocación pondrá término a la delegación de competencias que en
ella se especifiquen. Surtirá efecto al día siguiente de la publicación de la
decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que
se especificará en dicha decisión. Los actos delegados ya en vigor seguirán
siendo válidos.
4.           Tan pronto como adopte un acto
delegado, la Comisión lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al
Consejo.
5.           Un acto delegado adoptado con
arreglo a los artículos 2, 4, 28, 37, 39, 43, 86, 94, 97 y 98 entrará en vigor
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones
en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto en cuestión a
tales entidades o que, antes de la expiración de dicho plazo, ambas hayan
comunicado a la Comisión su intención de no formular objeciones. Este plazo se
podrá prorrogar dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo.
TÍTULO X
MODIFICACIONES DE LAS DIRECTIVAS 77/91/CEE,
82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE y del Reglamento (UE) Nº 1093/2010
Artículo 104
Modificación de la Directiva 77/91/CEE
En el artículo 41 de la Directiva
77/91/CE se añade el siguiente apartado 3:
«3. Los Estados
miembros velarán por que los artículos 17.1, 25.1, 25.3, 27.2, párrafo
primero, 29, 30, 31 y 32 de la presente Directiva no se apliquen en caso de
utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos que establece el
Título IV de la Directiva XX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*)
[Directiva en materia de rescate y resolución], siempre y cuando se cumplan las
condiciones necesarias para aplicar los objetivos de resolución contemplados en
el artículo 27 de la Directiva XX/XX/UE y las condiciones de resolución
contempladas en el artículo 28 de dicha Directiva.
_______
(*) DO L de …… .… , p. …».
Artículo 105
Modificación de la Directiva
82/891/CEE
El artículo 1, apartado 4, de la
Directiva 82/891/CEE se sustituye por el texto siguiente:
«4. Se aplicará
el artículo 1, apartado 2, y los artículos 3 y 4 de la
Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*).
________
(*) DO L 110 de 29.4.2011,
p. 1.».
Artículo 106
Modificaciones de la Directiva
2001/24/CE
La Directiva 2001/24/CE queda modificada
como sigue:
1.           En el artículo 1 se
añaden los apartados 3 y 4 siguientes:
«3. La presente
Directiva también se aplicará a las empresas de inversión, definidas en el
artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (*), y a sus sucursales establecidas en Estados miembros
distintos a aquellos en los que tienen su sede.
4. En caso de
aplicación de los instrumentos de resolución y de ejercicio de las competencias
de resolución previstos por la Directiva XX/XX/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo (**), las disposiciones de la presente Directiva también se aplicarán a
las entidades financieras, empresas y empresas matriz incluidas en el ámbito de
aplicación de la Directiva XX/XX/UE. 
__________
(*) DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
(**) DO L de …… .… , p. …».
2.           En el artículo 2, el
séptimo guión se sustituye por el texto siguiente:
«medidas de saneamiento»: las medidas
encaminadas a preservar o restablecer la situación financiera de una entidad de
crédito que puedan afectar a los derechos preexistentes de terceras partes,
incluidas las medidas que supongan la posibilidad de suspender pagos, suspender
medidas de ejecución o reducir créditos; estas medidas incluyen la aplicación
de los instrumentos de resolución y el ejercicio de las competencias de
resolución previstas por la Directiva XX/XX/UE;».
Artículo 107
Modificación de la Directiva
2002/47/CE
En el artículo 7 de la Directiva
2002/47/CE se añade el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis. El apartado 1 no
se aplicará a toda eventual restricción del efecto de una liquidación por
compensación impuesta en virtud del artículo 77 de la Directiva xx/xx/EU o por el ejercicio de la
facultad de imponer una suspensión temporal por parte de la autoridad de
resolución, de conformidad con el artículo 63 de dicha Directiva.
__________
(*) DO L de …… .… , p. …».
Artículo 108
Modificación de la Directiva
2004/25/CE
En el artículo 4, apartado 5, de la
Directiva 2004/25/CE, se añade el siguiente párrafo tercero:
Los Estados miembros velarán por que el
artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva no se apliquen en caso de
utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos que establece el
Título IV de la Directiva XX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*)
[Directiva en materia de rescate y resolución]. 
_________
(*) DO L de …… .… , p. …».
Artículo 109
Modificación de la Directiva
2005/56/CE
En el artículo 3 de la Directiva
2005/56/CE se añade el apartado 4 siguiente:
«4.       Los
Estados miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique a la
sociedad o sociedades que sean objeto de utilización de los instrumentos,
competencias y mecanismos que establece el Título IV de la Directiva XX/XX/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo (*) [Directiva en materia de rescate y
resolución]. 
_________
(*) DO L de …… .… , p. …».
Artículo 110
Modificaciones de la Directiva
2007/36/CE
La Directiva 2007/36/CE queda modificada
como sigue:
1.           En el artículo 1 se
añade el siguiente apartado 4:
«4. Los Estados
miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique en caso de
utilización de los instrumentos, competencias y mecanismos que establece el
Título IV de la Directiva XX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*)
[Directiva en materia de rescate y resolución]. 
___________
(*) DO L de …… .… , p. …».
2.           En el artículo 5, se
añaden los apartados 5 y 6 siguientes:
«5. Los Estados
miembros garantizarán que a los efectos de la Directiva XX/XX/UE [Directiva en
materia de rescate y resolución], la junta general podrá decidir por una
mayoría de dos tercios de los votos válidamente emitidos que se convoque una
junta general para decidir sobre una ampliación de capital en un plazo inferior
al fijado en el apartado 1 del presente artículo, siempre y cuando esta junta
no se celebre en un plazo de diez días a partir de la convocatoria, se cumplan
las condiciones de los artículos 23 o 24 de la Directiva XX/XX/UE (intervención
temprana) y la ampliación de capital sea necesaria para evitar las condiciones
de resolución establecidas en el artículo 24 de la dicha Directiva.
6. A efectos de lo
dispuesto en el apartado 5, no se aplicará el artículo 6, apartados 3
y 4, ni el artículo 7, apartado 3».
Artículo 111
Modificación de la Directiva
2011/35/UE
En el artículo 1 de la Directiva
2011/35/UE se añade el siguiente apartado 4:
"4. Los
Estados miembros velarán por que la presente Directiva no se aplique a la
sociedad o sociedades que sean objeto de utilización de los instrumentos,
competencias y mecanismos que establece el Título IV de la Directiva XX/XX/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo (*) [Directiva en materia de rescate y
resolución]. 
________
(*) DO L de …… .… , p. …».
Artículo 112
Modificación del Reglamento (UE)
nº 1093/2010
El Reglamento (UE) nº 1093/2010 queda
modificado como sigue:
1.                      
En el artículo 4, el punto 2) se sustituye por
el texto siguiente:
«2) «autoridades competentes»:
(i)      las autoridades competentes según
se definen en las Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2007/64/CE y a las que se
hace referencia en la Directiva 2009/110/CE,
(ii)     en relación con las Directivas
2002/65/CE y 2005/60/CE, las autoridades competentes para garantizar el
cumplimiento de los requisitos de dichas Directivas por parte de las entidades
de crédito y financieras,
(iii)     en el caso de los sistemas de
garantía de depósitos, los organismos que administran dichos sistemas de
conformidad con la Directiva 94/19/CE, o en caso de que el funcionamiento del
sistema de garantía de depósitos sea administrado por una sociedad privada, la
autoridad pública que supervise dichos sistemas, en virtud de dicha Directiva, y
(iv)    en relación con la Directiva .../...
[Directiva en materia de rescate y resolución], las autoridades de resolución
según la definición de dicha Directiva.
_________
(*) DO L de …… .… , p. …».
2.                      
En el artículo 40, apartado 6, se añade el
siguiente párrafo segundo:
«Con el fin de actuar en el ámbito de
aplicación de la Directiva XX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*)
[Directiva en materia de rescate y resolución], el miembro de la Junta de
Supervisores a que se refiere el apartado 1, letra b), podrá, en su caso, estar
acompañado por un representante de la autoridad de resolución en cada Estado
miembro, sin derecho a voto».
_________
(*) DO L de …… .… , p. …».
TÍTULO XI
DISPOSICIONES FINALES 
Artículo 113
Comité de Resolución de la ABE
La ABE creará un comité interno
permanente, de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 1093/2010
a los efectos de la presente Directiva. Este comité interno estará compuesto al
menos por las autoridades de resolución a que se refiere el artículo 3 de la
presente Directiva. 
A efectos de la presente Directiva, la
ABE cooperará con la AEVM y con la AESPJ en el marco del Comité Mixto de las
Autoridades Europeas de Supervisión, creado con arreglo al artículo 54 del
Reglamento (UE) nº 1093/2010.
Artículo 114
Revisión
El 1 de junio de 2018 a más tardar, la
Comisión efectuará una revisión general de la aplicación de la presente
Directiva y considerará la necesidad de introducir modificaciones, y en
particular: 
(a)         
sobre la base del informe de la ABE previsto
en el artículo 39, apartado 6, la necesidad de modificaciones destinadas a
minimizar las divergencias a nivel nacional; este informe, junto con cualquier
eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al
Consejo;
(b)         
sobre la base del informe de la ABE previsto
en el artículo 4, apartado 3, la necesidad de modificaciones destinadas a
minimizar las divergencias a nivel nacional; este informe, junto con cualquier
eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al
Consejo.
Artículo 115
Transposición
1.                      
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a
más tardar el 31 de diciembre de 2014, las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de
dichas disposiciones.
Los Estados miembros aplicarán dichas
disposiciones a partir del 1 enero de 2015.
Sin embargo, aplicarán las disposiciones
adoptadas al objeto de cumplir lo dispuesto en el Título IV, capítulo III,
sección 5, a partir del 1 de enero de 2018 a más tardar.
2.                      
Cuando los Estados miembros adopten dichas
disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de esa referencia.
3.                      
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
y a la ABE el texto de las principales disposiciones jurídicas que se adopten a
nivel nacional dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Artículo
116
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Artículo 117
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva
serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
ANEXO
SECCIÓN A
Información que se debe incluir en los planes de
rescate
El plan de rescate contendrá la siguiente
información:
(1)                   
un resumen de los elementos fundamentales del
plan, del análisis estratégico y de la capacidad total de recuperación; 
(2)                   
un resumen de los cambios importantes de la
entidad desde el plan de rescate aprobado más recientemente;
(3)                   
un plan de comunicación y divulgación que
describa cómo se propone gestionar la empresa cualquier posible reacción
negativa de los mercados;
(4)                   
una serie de medidas en materia de capital y
liquidez necesarias para asegurar la continuidad y la financiación de las
funciones y los ramos de actividad esenciales de la entidad;
(5)                   
una estimación del plazo de ejecución de cada
aspecto importante del plan;
(6)                   
una descripción detallada de cualquier
obstáculo importante a una ejecución eficaz y oportuna del plan, incluida una
consideración del impacto sobre el resto del grupo, los clientes y las
contrapartes;
(7)                   
determinación de las funciones esenciales;
(8)                   
una descripción detallada de los procesos para
determinar el valor y la capacidad de comercialización de las operaciones, los
activos de la entidad y los ramos de actividad principales;
(9)                   
una descripción detallada de cómo se integra
el plan de rescate en la estructura de gobernanza de la entidad, así como las
políticas y procedimientos que rigen la aprobación del plan de rescate y la
identificación de las personas de la organización responsables de elaborar y
aplicar el plan;
(10)               
disposiciones y medidas para conservar o
restaurar los fondos propios de la entidad;
(11)               
disposiciones y medidas para garantizar que la
entidad cuente con un acceso adecuado a fuentes de financiación de emergencia,
incluyendo las fuentes de liquidez potenciales, una evaluación de las garantías
disponibles y una evaluación de la posibilidad de transferir liquidez entre los
ramos de actividad y las entidades del grupo, a fin de garantizar que pueda seguir
adelante con sus actividades y cumplir sus obligaciones en la fecha de su
vencimiento;
(12)               
disposiciones y medidas para reducir el riesgo
y el apalancamiento;
(13)               
disposiciones y medidas para la
reestructuración del pasivo;
(14)               
disposiciones y medidas para la reestructuración
de los ramos de actividad;
(15)               
disposiciones y medidas necesarias para
mantener el acceso continuo a las infraestructuras de los mercados financieros;
(16)               
disposiciones y medidas necesarias para
mantener el funcionamiento de los procesos operativos de la entidad, incluyendo
las infraestructuras y los servicios de las tecnologías de la información;
(17)               
disposiciones preparatorias para facilitar la
venta de activos o ramos de actividad en un momento adecuado para la
restauración de la solidez financiera;
(18)               
otras acciones o estrategias de gestión para
restaurar la solidez financiera y el efecto financiero previsto de estas
acciones o estrategias;
(19)               
medidas preparatorias que la entidad ha
adoptado ya o tenga intención de adoptar para facilitar la aplicación del plan
de rescate, incluidas las necesarias para permitir la recapitalización de la
entidad en el momento oportuno.
SECCIÓN B
Información que las autoridades de resolución pueden
exigir a las entidades para la elaboración y el mantenimiento de los planes de
resolución
Las autoridades de resolución pueden
exigir a las entidades que, para la elaboración y el mantenimiento de los
planes de resolución, presenten la siguiente información:
(1)                   
una descripción detallada de la estructura
organizativa de la entidad, que incluya una lista de todas las entidades
jurídicas; 
(2)                   
identificación del titular directo y del
porcentaje de derechos de voto y de derechos distintos del derecho de voto de
cada entidad jurídica;
(3)                   
la ubicación, la jurisdicción de constitución,
la concesión de licencia y los principales directivos de cada entidad jurídica;
(4)                   
una correlación de las operaciones esenciales
y los ramos de actividad principales de la entidad, incluidos los principales
activos y los pasivos relacionados con estas operaciones y ramos de actividad,
con referencia a las entidades jurídicas;
(5)                   
una descripción detallada de los componentes
del pasivo de la entidad y de todas sus entidades jurídicas, con un desglose,
como mínimo, por tipos e importes de deuda a corto y largo plazo y por pasivos
garantizados, no garantizados y subordinados;
(6)                   
un desglose de los pasivos de la entidad que
sean admisibles;
(7)                   
una relación de los procesos necesarios para
determinar para quién ha constituido la entidad una garantía, la persona que es
titular de la garantía y la jurisdicción bajo la que se encuentra la garantía;
(8)                   
una descripción de los riesgos no
contabilizados en el balance de la entidad y sus entidades jurídicas, incluida
la asignación a sus operaciones esenciales y ramos de actividad principales;
(9)                   
las coberturas esenciales de la entidad,
incluyéndose un desglose por entidad jurídica;
(10)               
identificación de las contrapartes principales
o más críticas de la entidad, así como un análisis del impacto de la quiebra de
las principales contrapartes en la situación financiera de la entidad;
(11)               
cada uno de los sistemas en los que la entidad
realice importantes transacciones en número o en valor, incluida la asignación
a las entidades jurídicas, a las operaciones esenciales y a los ramos de
actividad principales de la entidad;
(12)               
cada uno de los sistemas de pago, compensación
o liquidación de los que la entidad sea miembro, directa o indirectamente,
incluida una correlación con las entidades jurídicas, las operaciones
esenciales y los ramos de actividad principales de la entidad;
(13)               
un inventario y una descripción detallados de
los principales sistemas de información de gestión, incluidos los destinados a
la gestión del riesgo, la contabilidad y la notificación financiera y
reglamentaria de la entidad, con una asignación a las entidades jurídicas, a
las operaciones esenciales y a los ramos de actividad principales de la
entidad;
(14)               
identificación de los propietarios de los
sistemas a que se hace referencia en la letra m), de los acuerdos de nivel de
servicio relacionados y de cualquier sistema informático o licencia, incluida
la asignación a las entidades jurídicas, las operaciones esenciales y los ramos
de actividad principales de la entidad;
(15)               
identificación de las entidades jurídicas y un
esquema de sus interrelaciones, precisando las interconexiones e
interdependencias que las unen, particularmente en materia de:
–              
empleo de personal, instalaciones y sistemas
comunes o compartidos;
–              
disposiciones en materia de capital,
financiación o liquidez;
–              
riesgos de crédito, existentes o potenciales;
–              
acuerdos de garantía cruzada, acuerdos de
garantía recíproca, disposiciones en materia de incumplimiento cruzado y
acuerdos de compensación entre filiales;
–              
transferencia de riesgos y acuerdos de
respaldo mutuo; acuerdos sobre nivel de servicio;
(16)               
la autoridad de supervisión y de resolución de
cada entidad jurídica;
(17)               
el principal responsable del plan de
resolución de la entidad, así como los responsables, si fueran diferentes, de
las distintas entidades jurídicas, las operaciones esenciales y los ramos de
actividad principales;
(18)               
una descripción de los mecanismos con los que
cuenta la entidad para garantizar que, en caso de resolución, la autoridad de
resolución tenga toda la información que considere necesaria para aplicar los
instrumentos y competencias de resolución;
(19)               
todos los acuerdos suscritos por las entidades
y sus entidades jurídicas con terceras partes cuya rescisión pueda venir
provocada por la decisión de las autoridades de aplicar un instrumento de
resolución y si las consecuencias de dicha rescisión podrían afectar a la
aplicación del instrumento de resolución;
(20)               
una descripción de las posibles fuentes de
liquidez para respaldar la resolución;
(21)               
información sobre los gravámenes que pesan
sobre los activos, los activos líquidos, las actividades no contabilizadas en
el balance, las estrategias de cobertura y las prácticas de registro.
SECCIÓN C
Cuestiones que la autoridad de resolución debe
evaluar al valorar la resolución de una entidad
Al evaluar la oportunidad de proceder a
una resolución, la autoridad de resolución tomará en consideración los factores
que se exponen a continuación:
(1)                   
el grado en que la entidad o el grupo pueden
asignar los ramos de actividad principales y las operaciones esenciales a
entidades jurídicas;
(2)                   
la compatibilidad entre las estructuras jurídicas
y corporativas con respecto a los ramos de actividad principales y las
operaciones esenciales;
(3)                   
el grado en que existen mecanismos para
proporcionar personal básico, infraestructura, financiación, liquidez y capital
para ayudar y mantener los ramos de actividad principales y las operaciones
esenciales;
(4)                   
el grado en que los acuerdos de servicio que
la entidad o el grupo mantiene son plenamente ejecutables en caso de resolución
de la entidad o del grupo;
(5)                   
el grado en que la estructura de gobernanza de
la entidad o del grupo es adecuada para gestionar y garantizar el cumplimiento
de las políticas internas de la entidad o del grupo con respecto a sus acuerdos
sobre nivel de servicio;
(6)                   
el grado en que la entidad o el grupo cuentan
con un proceso para transferir a terceras partes los servicios prestados en
virtud de acuerdos sobre nivel de servicio, en caso de segregación de las
funciones esenciales o de los ramos de actividad principales;
(7)                   
el grado en que existen planes de contingencia
para garantizar la continuidad del acceso a los sistemas de pago y de
liquidación;
(8)                   
la adecuación de los sistemas de información
de gestión para garantizar que las autoridades de resolución pueden recopilar
información precisa y completa sobre los ramos de actividad principales y las
operaciones esenciales a fin de permitir una rápida toma de decisiones;
(9)                   
la capacidad de los sistemas de información de
gestión de proporcionar la información esencial para una resolución eficaz de
la entidad o del grupo en cualquier momento, incluso en condiciones que cambien
rápidamente;
(10)               
el grado en que la entidad o el grupo han
probado sus sistemas de información de gestión en escenarios de tensión
definidos por la autoridad de resolución;
(11)               
el grado en que la entidad o el grupo pueden
garantizar la continuidad de sus sistemas de información de gestión, tanto para
la entidad afectada como para la nueva entidad, en caso de que las operaciones
esenciales y los ramos de actividad principales sean separados del resto de
operaciones y ramos de actividad;
(12)               
el grado en que la entidad o el grupo han
creado procesos adecuados para proporcionar a las autoridades de resolución la
información necesaria para identificar a los depositantes y los importes
cubiertos por los sistemas de garantía de depósitos;
(13)               
en el caso de que el grupo utilice garantías a
nivel interno, el grado en que estas garantías se ofrecen a condiciones de
mercado y la solidez de los sistemas de gestión del riesgo relativos a estas
garantías;
(14)               
cuando el grupo lleve a cabo transacciones de
respaldo mutuo, la medida en que estas transacciones se realizan en condiciones
de mercado y la solidez de los sistemas de gestión del riesgo relativos a estas
transacciones;
(15)               
la medida en que el uso de garantías dentro
del grupo o de transacciones de respaldo mutuo aumenta el contagio dentro del
grupo;
(16)               
el grado en que la estructura jurídica del
grupo impide la aplicación de los instrumentos de resolución como consecuencia
del número de entidades jurídicas, de la complejidad de la estructura del grupo
o de la dificultad a la hora de asignar los ramos de actividad a las entidades
del grupo;
(17)               
el importe o porcentaje de pasivos admisibles
de la entidad;
(18)               
cuando la evaluación se refiera a una sociedad
mixta de cartera, el grado en que la resolución de las entidades del grupo que sean
entidades o entidades financieras podría afectar a la parte no financiera del
grupo;
(19)               
la existencia de acuerdos de nivel de
servicios y su solidez.;
(20)               
si las autoridades de terceros países cuentan
con los instrumentos de resolución necesarios para respaldar las acciones de
resolución emprendidas por las autoridades de resolución de la Unión, y las
posibilidades de una acción coordinada entre las autoridades de la Unión y las
de terceros países;
(21)               
la viabilidad de utilizar instrumentos de
resolución de forma que se cumplan los objetivos de resolución, dados los
instrumentos disponibles y la estructura de la entidad;
(22)               
la medida en que la estructura del grupo
permite que la autoridad de resolución proceda a la resolución de todo el grupo
o de una o varias de sus entidades sin que se produzcan repercusiones negativas
significativas, directas o indirectas, sobre el sistema financiero, la
confianza de los mercados o la economía, y teniendo como objetivo maximizar el
valor del grupo en su conjunto;
(23)               
los medios y disposiciones que podrían
facilitar la resolución en el caso de grupos que tengan filiales establecidas
en diferentes jurisdicciones;
(24)               
la credibilidad del uso de los instrumentos de
resolución; deben utilizarse de tal forma que cumplan los objetivos de
resolución, atendiendo a las posibles repercusiones en los acreedores, las
contrapartes, los clientes y el personal, así como a las posibles acciones que
pudieran adoptar las autoridades de terceros países;
(25)               
la posibilidad de evaluar debidamente el
impacto de la resolución de la entidad en el sistema financiero y en la
confianza de los mercados financieros puede ser debidamente evaluado;
(26)               
la posibilidad de que la resolución de la
entidad tenga repercusiones negativas significativas, directas o indirectas,
sobre el sistema financiero, la confianza de los mercados o la economía;
(27)               
la posibilidad de contener el contagio a otras
entidades financieras o a los mercados financieros a través de la aplicación de
los instrumentos y competencias de resolución;
(28)               
la posibilidad de que la resolución de la
entidad tenga un efecto significativo en el funcionamiento de los sistemas de
pago y liquidación.
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.           MARCO DE LA
PROPUESTA
              1.1.    Denominación de la propuesta
              1.2.    Ámbito(s) de actuación afectado(s) en
la estructura GPA/PPA
              1.3.    Naturaleza de la propuesta
              1.4.    Objetivo(s)
              1.5.    Justificación de la propuesta
              1.6.    Duración e incidencia financiera
              1.7.    Modo(s) de gestión previsto(s)
2.           MEDIDAS DE
GESTIÓN
              2.1.    Disposiciones en materia de seguimiento
e informes
              2.2.    Sistema de gestión y de control
              2.3.    Medidas de prevención del fraude y de
las irregularidades
3.           INCIDENCIA
FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA
              3.1.    Rúbrica(s) del marco financiero
plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)
              3.2.    Incidencia estimada en los gastos
              3.2.1. Resumen de la incidencia estimada en los gastos
              3.2.2. Incidencia estimada en los créditos de operaciones
              3.2.3. Incidencia estimada en los créditos de carácter administrativo
              3.2.4. Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente
              3.2.5. Contribución de terceros a la financiación
              3.3.    Incidencia estimada en los ingresos
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
1.           MARCO DE LA PROPUESTA 
1.1.        Denominación de la
propuesta 
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y
empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE,
82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE y 2011/35/CE
del Consejo y el Reglamento (UE) nº 1093/2011
1.2.        Ámbito(s)
de actuación afectado(s) en la estructura GPA/PPA[40]

Mercado interno – Mercados financieros
1.3.        Naturaleza de la
propuesta 
ý La propuesta se refiere a una acción
nueva
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria[41]
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a la prolongación de una acción existente
¨ La propuesta/iniciativa se refiere
a una acción reorientada hacia una nueva acción.
1.4.        Objetivos
1.4.1.     Objetivo(s)
estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la
propuesta/iniciativa 
·              
Mantener la solidez financiera y la confianza
en los bancos, garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos,
evitar el contagio de los transtornos;
·              
minimizar las pérdidas para la sociedad en su
conjunto y en particular para el contribuyente, proteger a los depositantes y
reducir el riesgo moral;
·              
reforzar el mercado interior de servicios
financieros, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de competencia
equitativas (condiciones iguales para todos los participantes a la hora de
competir en los mercados financieros de la UE).
1.4.2.     Objetivo(s) específico(s)
y actividad(es) GPA/PPA afectada(s) 
Objetivos específicos:
A la luz de los objetivos generales
anteriormente expuestos, se persiguen los objetivos específicos siguientes:
Preparación y prevención:
·              
aumentar la preparación de los supervisores y
bancos ante situaciones de crisis, y
·              
permitir la resolución de todos los bancos
Intervención temprana:
·              
mejorar las prácticas de intervención temprana
de los supervisores
Resolución bancaria:
·              
garantizar la resolución oportuna y rigurosa
de los bancos
·              
garantizar la seguridad jurídica de la
resolución bancaria
Gestión de crisis transfronterizas:
·              
fomentar una cooperación eficaz de las
autoridades en operaciones de resolución transfronteriza
Financiación:
·              
asegurar la existencia de fondos de origen
privado para la financiación de la resolución de bancos en quiebra
1.4.3.     Resultado(s) e incidencia
esperados
Especifíquense
los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios o
la población destinataria.
La propuesta de marco de gestión de crisis a
escala de la Unión se propone impulsar la estabilidad financiera, reducir el
riesgo moral y proteger a los depositantes, los servicios bancarios esenciales
y el dinero de los contribuyentes. Se propone además proteger y desarrollar el
mercado interior de las entidades financieras.
Las ventajas que conllevaría la instauración
de este marco se derivan en primer lugar de la menor probabilidad de una crisis
sistémica en el sector bancario y de la prevención de una caída del PIB después
de la crisis. En segundo lugar, el marco de resolución bancaria tiene por
objeto reducir la posibilidad de que el dinero de los contribuyentes vuelva a
utilizarse en una crisis potencial para el rescate de bancos. El coste de una
eventual crisis bancaria debe ser asumido en primer lugar por los accionistas y
los acreedores del banco. Como consecuencia de ello, el coste de financiación
de la deuda de los Estados miembros debería también disminuir a consecuencia de
la desaparición de la garantía implícita de la deuda de los bancos por parte
del Estado.
1.4.4.     Indicadores de resultados
e incidencia 
Especifíquense
los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
Como las quiebras bancarias no pueden
predecirse, y es de esperar que puedan evitarse, no es posible instaurar un
seguimiento regular de las resoluciones partiendo del análisis de cómo se
gestionan en la realidad tales quiebras. Con todo, sería posible llevar un
seguimiento de algunas de las medidas utilizando los siguientes indicadores:
·              
Número de colegios de autoridades de
resolución constituidos.
·              
Número de planes de rescate y resolución
presentados y aprobados por las autoridades de resolución y los colegios de
autoridades de resolución.
·              
Número de casos en que las autoridades de
resolución han solicitado ajustes en el funcionamiento de los bancos (y grupos
de bancos).
·              
Número de mecanismos de financiación
intragrupo instaurados.
·              
Número de bancos a los que se exige una
capacidad mínima de absorción de pérdidas (capital + deuda susceptible de
rescate).
·              
Capacidad global de absorción de pérdidas de
los bancos en los Estados miembros y en la Unión.
·              
Número de bancos en proceso de resolución.
·              
Número de casos de aplicación de diferentes
instrumentos y competencias de resolución (venta de actividades, entidad
puente, recapitalización).
·              
Coste de la resolución bancaria a nivel de
Estado miembro y a nivel agregado de la UE (en millones de euros) (el coste
incluye el rescate, la recapitalización, la contribución de los sistemas de
garantía de depósitos o del marco de resolución, otros costes).
Las partes interesadas proponen y apoyan la
participación de la ABE en todas las fases del proceso de rescate y resolución
de los bancos, incluso si el Reglamento de la ABE no confiere a ésta
competencias en los procesos de resolución. Según su participación, la ABE
podría desempeñar tareas de control conexas. La transposición de la nueva
legislación de la Unión Europea se supervisará con arreglo al Tratado de
Funcionamiento de la Unión,
1.5.        Justificación de la
propuesta
1.5.1.     Necesidad(es) que deben
satisfacerse a corto o largo plazo 
 La crisis financiera ha puesto a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar los problemas de las entidades bancarias. Los mercados financieros y de la Unión se han integrado en una medida tal que las perturbaciones sufridas en un país pueden transmitirse rápidamente a las empresas y mercados de otros Estados miembros. A nivel internacional, los líderes del G-20 han abogado por una «revisión de los regímenes de resolución y de la legislación sobre quiebras a la luz de la experiencia reciente a fin de garantizar que permitan una liquidación ordenada de las entidades transfronterizas complejas y de grandes dimensiones»[42]. En la cumbre de Pittsburgh, celebrada el 25 de septiembre de 2009, se comprometieron a cooperar con el fin de « …crear instrumentos más poderosos para garantizar que las grandes empresas multinacionales asuman la responsabilidad de los riesgos que toman», y, más en concreto, a «desarrollar instrumentos de resolución y marcos para la resolución efectiva de los grupos financieros con objeto de mitigar las repercusiones de la quiebra de entidades financieras y reducir el riesgo moral en el futuro». En Seúl, en noviembre de 2010, el G-20 aprobó el informe del Consejo de Estabilidad Financiera sobre las entidades financieras de importancia sistémica[43], que recomendaba que «todas las jurisdicciones deberán emprender las reformas jurídicas necesarias para garantizar que disponen de un régimen de resolución que hará viable la resolución de cualquier entidad financiera sin exponer al contribuyente al riesgo de sufrir pérdidas derivadas de ayudas en favor de su solvencia, protegiendo al mismo tiempo funciones económicas esenciales mediante mecanismos que permitan a los accionistas y a los acreedores ordinarios y no garantizados absorber pérdidas según su rango». En octubre de 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera adoptó las «características esenciales» de los mecanismos de resolución de entidades financieras[44] que, según este Consejo, deben caracterizar todo sistema de resolución eficaz. Su puesta en práctica permitiría que las autoridades procedieran a la resolución de entidades financieras de una forma ordenada y sin exponer a pérdidas al contribuyente de resultas de problemas de solvencia, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de sus funciones económicas vitales.   
1.5.2.     Valor añadido de la
intervención de la Unión
 Con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5, apartado 3, del TFUE, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión. Únicamente una intervención a escala de la Unión puede garantizar que los Estados miembros apliquen medidas compatibles para ocuparse de los bancos en graves dificultades. Aunque el sector bancario de la Unión está altamente integrado, los sistemas para afrontar las crisis bancarias son de carácter nacional. Actualmente, muchos sistemas jurídicos nacionales no confieren a las autoridades las facultades necesarias para liquidar las entidades financieras de forma ordenada, manteniendo los servicios esenciales para la estabilidad financiera y sin gastar el dinero del contribuyente. La existencia de legislaciones nacionales divergentes no permite abordar adecuadamente la dimensión transfronteriza de las crisis, y los acuerdos para la cooperación del Estado de acogida son insuficientes. Unas opciones limitadas para la resolución de las crisis bancarias aumentan la posibilidad de riesgo moral y generan la expectativa de que los bancos de grandes dimensiones, complejos e interconectados vuelvan a necesitar la ayuda financiera del sector público en caso de problemas. Por consiguiente, es evidente que los Estados miembros no pueden lograr un marco eficaz para el rescate y la resolución en un mercado integrado, debiendo establecerse dicho marco a nivel de la Unión. Conforme al principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no deberán exceder de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados. La presente propuesta está encaminada a mantener la solidez financiera y la confianza en los bancos, a minimizar las pérdidas para el contribuyente y a reforzar el mercado interior de servicios financieros, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones de competencia equitativas. Ello requiere la convergencia de las legislaciones nacionales a fin de dotar a las autoridades de un conjunto coherente de instrumentos de gestión y resolución de las crisis bancarias. Únicamente una acción a nivel de la Unión puede permitir el logro de este objetivo. Las disposiciones son proporcionadas a los objetivos perseguidos. Las limitaciones al derecho de propiedad que puede implicar el ejercicio de las facultades propuestas son compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas restricciones se limitan en la medida necesaria a fin de alcanzar un objetivo de interés general, a saber, el mantenimiento de la estabilidad financiera de la Unión. La resolución de las crisis bancarias está estrechamente relacionada con áreas no armonizadas de las legislaciones nacionales, tales como el derecho de quiebras y el derecho de propiedad. Por consiguiente, una directiva es el instrumento jurídico apropiado, dado que la transposición es necesaria para garantizar una aplicación del marco que permita alcanzar el efecto deseado, dentro de las particularidades del derecho nacional aplicable. 
1.5.3.     Principales conclusiones
extraídas de experiencias similares anteriores
No procede.
1.5.4.     Compatibilidad y posibles
sinergias con otros instrumentos pertinentes
El marco de gestión de crisis tiene una relación directa con el sistema
de garantía de depósitos de la Unión. Actualmente se está debatiendo en el
Consejo y el Parlamento la modificación de la Directiva aplicable, la Directiva
94/19/CE. La sinergia entre los fondos de los sistemas de garantía de depósitos
y las medidas de resolución bancaria es muy significativa, especialmente en lo
tocante a cuestiones de financiación. Cuando esté vigente un marco capaz de
detener los contagios, los recursos de los sistemas de garantía de depósitos
únicamente tendrán que financiar, en un primer momento, las crisis de un número
reducido de bancos. Por el contrario, si no se dispone de medidas de resolución
y se producen fenómenos de contagio por todo el sistema financiero, las
cantidades de dinero que el sistema deberá aportar en un Estado miembro serán
es considerablemente superiores.
La propuesta tiene también una relación estrecha con la Directiva
sobre requisitos de capital (DRC), que establece requisitos prudenciales de
los bancos y de las empresas de inversión. Las recientes modificaciones
introducidas en la Directiva 2008/57/CE se proponen aumentar la cantidad y la
calidad del capital en poder de los bancos, de tal modo que puedan absorber de
forma efectiva las pérdidas eventuales. Las exigencias de liquidez tienen como
objetivo garantizar que los bancos tengan liquidez incluso en periodos de
tensión y que sus pasivos se ajusten a una estructura que proporcione más
estabilidad. Todas estas medidas harán del sector bancario un medio más seguro
y disminuirán las probabilidades de quiebra bancaria y la necesidad de
intervenciones públicas. A pesar de todas estas medidas, no debe excluirse en
el futuro la posibilidad de quiebra de bancos. Por ello, es preciso desarrollar
un marco jurídico complementario (rescate y resolución de bancos) que garantice
un mantenimiento de la estabilidad incluso en los escenarios más negativos.
1.6.        Duración e incidencia
financiera
¨ Propuesta/iniciativa de duración
limitada
–     
¨  Propuesta/iniciativa en vigor desde el
[DD/MM]AAAA hasta el [DD/MM]AAAA 
–     
¨  Incidencia financiera desde AAAA hasta
AAAA 
ý Propuesta de duración
ilimitada
–     
Ejecución: fase de puesta en marcha desde 2013
hasta 2015
–     
y pleno funcionamiento a partir de 2015
1.7.        Modo(s) de gestión
previsto(s)[45] 
¨ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión 
¨ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
–     
¨  agencias ejecutivas 
–     
ý  organismos creados por las Comunidades[46]
–     
¨  organismos nacionales del sector
público / organismos con misión de servicio público 
–     
¨  personas a quienes se haya encomendado
la ejecución de acciones específicas de conformidad con el título V del Tratado
de la Unión Europea y que estén identificadas en el acto de base pertinente a
efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento financiero 
¨ Gestión compartida con los Estados miembros 
¨ Gestión descentralizada con terceros países 
¨ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense)
Si se indica más
de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de
observaciones.
Observaciones 
-
2.           MEDIDAS DE GESTIÓN
2.1.        Disposiciones en materia
de seguimiento e informes
Especifíquense la
frecuencia y las condiciones.
El artículo 81 del Reglamento por el que se crea la Autoridad
Bancaria Europea (ABE) exige que la Comisión publique, a más tardar el 2 de
enero de 2014, y a continuación cada tres años, un informe general sobre la experiencia
adquirida del funcionamiento de la ABE. Con este fin, la Comisión publicará un
informe general que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo.
2.2.        Sistema de gestión y de
control
2.2.1.     Riesgo(s) definido(s) 
 Por lo que se refiere a la utilización legal, económica, eficiente y efectiva de los créditos derivados de la propuesta, se prevé que la propuesta no dará lugar a la aparición de nuevos riesgos no cubiertos en la actualidad por un marco de control interno de la ABE. 
2.2.2. Método(s) de control previsto(s)
-
2.3.        Medidas de prevención
del fraude y de las irregularidades 
Especifíquense
las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y
cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicarán a la ABE sin
restricciones las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1073/1999 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999,
relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF).
La ABE se adherirá al Acuerdo Interinstitucional, de 25 de mayo de
1999, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión
de las Comunidades Europeas relativo a las investigaciones internas de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y adoptará inmediatamente las
disposiciones adecuadas, que se aplicarán a todo su personal.
Las decisiones de financiación y los acuerdos y los instrumentos
de aplicación de ellos resultantes dispondrán de manera explícita que el Tribunal
de Cuentas y la OLAF podrán efectuar, si es necesario, controles in situ
de los beneficiarios de fondos desembolsados por la ABE, así como del personal
responsable de su asignación.
Los artículos 64 y 65 del Reglamento por el que se crea la Autoridad
Bancaria Europea (ABE) establecen las disposiciones relativas a la ejecución y
el control de su presupuesto y las normas financieras aplicables.
3.           INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA
3.1.        Rúbrica(s) del marco
financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 
·      Líneas presupuestarias de gasto existentes
En el orden de las rúbricas del marco financiero
plurianual y las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución 
 Número [Descripción............] || Disoc. / no disoc. ([47])   || de países de la AELC[48]   || de países candidatos[49]   || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento financiero 
   || 12.0402.01 ABE – Subvenciones con arreglo a los títulos 1, 2 y 3 || Disoc. || Sí || No || No || No 
·      Nuevas líneas presupuestarias solicitadas
En el orden de las rúbricas del marco financiero
plurianual y las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del marco financiero plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución 
 Número [Rúbrica.............] || Disoc. / no disoc. || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento financiero 
   || [XX.YY.YY.YY]   ||   || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO || SÍ/NO 
3.2.        Incidencia estimada en
los gastos 
3.2.1.     Resumen de la incidencia
estimada en los gastos
En millones EUR (al tercer decimal)
 Rúbrica del marco financiero plurianual: || 1 bis. || Competitividad para el crecimiento y el empleo 
 DG: MARKT ||   ||   || Año 2013[50]   || Año 2014 || Año 2015 ||   ||   || TOTAL 
  Créditos de operaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 12.0402.01 || Compromisos || (1) || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Pagos || (2) || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Créditos de carácter administrativo financiados mediante  ingresos procedentes de tasas ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria ||   || (3) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL de los créditos para la DG MARKT || Compromisos || =1+1a +3 || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Pagos || =2+2a+3 || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Pagos || (5) || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados mediante ingresos procedentes de tasas || (6) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL de los créditos para la RÚBRICA 1 BIS del marco financiero plurianual || Compromisos || =4+ 6 || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Pagos || =5+ 6 ||   || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
Observaciones
En millones EUR (al tercer decimal)
   ||   ||   || Año 2013[51]   || Año 2014 || Año 2015 ||   ||   || TOTAL 
 TOTAL de los créditos para las RÚBRICAS 1 a 5 del marco financiero plurianual || Compromisos || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
 Pagos || 0 || 1,080 || 999 ||   ||   ||   ||   || 2,079 
3.2.2.     Incidencia estimada en
los créditos de operaciones 
–     
¨  La propuesta/iniciativa no exige la
utilización de créditos de operaciones 
–     
ý  La propuesta/iniciativa exige la
utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:
 Indíquense los objetivos y los resultados ò ||   ||   || Año 2012 || Año 2013 || Año 2014 || Año 2015 || TOTAL || 
 ||
 Tipo[52]   || Coste medio || Resultado || Coste total || Resultado || Coste total || Resultado || Coste total || Resultado || Coste total || Resultado || Coste total || 
 1. Objetivos de preparación y prevención: –                         aumentar la preparación de supervisores y bancos ante situaciones de crisis, y –                         permitir la resolución de todos los bancos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Número de normas técnicas y directrices || numérico ||   || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 517 || 1 || 200 || 12     || 717 || 
 Subtotal del objetivo específico nº 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 517 || 1 || 200 || 12 || 717 || 
 2. Objetivo de intervención temprana: –                         mejorar las prácticas de intervención temprana de los supervisores ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Número de normas técnicas y directrices || numérico ||   || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 47 || 0 || 0 || 1 || 47 || 
 Subtotal del objetivo específico nº 2 ||   || 0 ||   || 0 || 1 || 47 || 0 || 0 || 1 || 47 || 
 3. Objetivos de la resolución bancaria: –                         garantizar la oportuna y rigurosa resolución de los bancos –                         garantizar la seguridad jurídica de la resolución bancaria ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Número de normas técnicas y directrices || numérico ||   || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 470 || 4 || 799 || 14 || 1,269 || 
 Subtotal del objetivo específico nº 3 ||   || 0 || 0 || 0 || 10 || 470 || 4 || 799 || 14 || 1,269 || 
 4. Objetivo de la gestión transfronteriza de crisis: - fomentar una cooperación eficaz de las autoridades en operaciones de resolución transfronteriza ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   || 
 Número de normas técnicas y normas de ejecución || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 47 || 0 || 0 || 1 || 47 || 
 Subtotal del objetivo específico nº 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 47 || 0 || 0 || 1 || 47 || 
 COSTE TOTAL[53]   ||   || 0 ||   || 0 || 23 || 1,081 || 5 || 999 || 28 || 2,080 || 
3.3.        Rúbrica(s) del marco
financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 
·      Líneas presupuestarias de gasto existentes 
No procede
·      Nuevas líneas presupuestarias solicitadas 
No procede
Incidencia estimada en los créditos de
carácter administrativo
3.3.1.1.  Resumen 
–     
ý  La propuesta/iniciativa no exige la
utilización de créditos administrativos 
–     
¨  La propuesta/iniciativa exige la
utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:
3.3.1.2.  Necesidades estimadas de
recursos humanos
–     
ý  La propuesta no exige la utilización
de recursos humanos 
–     
¨  La propuesta/iniciativa exige la
utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:
Observaciones:
No se necesitarán recursos humanos y
administrativos suplementarios en la DG MARKT como resultado de la propuesta.
3.3.2.     Compatibilidad con el
marco financiero plurianual vigente 
–     
ý  La propuesta es compatible con el
marco financiero plurianual vigente.
–     
¨  La propuesta/iniciativa implicará la
reprogramación de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.
–     
¨  La propuesta/iniciativa requiere la
aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero
plurianual[54].
3.3.3.     Contribución de terceros 
–     
¨  La propuesta/iniciativa no prevé la
cofinanciación por terceros 
–     
ý  La propuesta prevé la cofinanciación
que se estima a continuación:
Créditos (en
millones EUR, tres cifras decimales)
   || Año 2013 || Año 2014 || Año 2015 ||   ||   || Total 
 Contribución del Estado miembro (60 % de los costes totales) || 0 || 1,620 || 1,498 ||   ||   ||   ||   || 3,119 
3.4.        Incidencia estimada en
los ingresos 
–     
ý  La propuesta no tiene incidencia
financiera en los ingresos.
–     
¨  La propuesta/iniciativa tiene la
incidencia financiera que se indica a continuación:
–                   
¨         en los recursos propios 
–                   
¨         en ingresos diversos 
Anexo de la ficha financiera
legislativa de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades
de crédito y empresas de inversión, y por la que se modifican las Directivas
77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE
y 2011/35/CE del Consejo y el Reglamento (UE) nº 1093/2010
Los gastos derivados de las tareas
desempeñadas por la ABE han sido calculados en lo relativo a los gastos de
personal (título 1), y también al Título 2.
Por lo que concierne al calendario de la
propuesta, se supone que la Directiva entrará en vigor entre junio y diciembre
de 2013. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas en los 12 meses
siguientes a la fecha de entrada en vigor, por lo que se espera que los
trabajos comiencen ya en enero de 2014. El personal adicional ha sido calculado
para la elaboración de 23 normas técnicas y 5 directrices e incluyen las
tareas conexas en relación con el reconocimiento de los procedimientos de
resolución de terceros países, la finalización de acuerdos marco de cooperación
no vinculantes con terceros países, el seguimiento de los trabajos en curso, la
participación en colegios y la función de mediación vinculante a cargo de la
ABE. La propuesta de la Comisión incluye los cometidos que, a largo plazo, se encomiendan
a la ABE, y que supondrán la asignación de cinco puestos suplementarios
(agentes temporales) a partir de 2014. Además, se prevén 11 expertos nacionales
en comisión de servicios que llevarán a cabo cometidos temporales en 2014 y
2015.
Otros supuestos:
·      un coeficiente de ponderación salarial para Londres de 1,28;
·      debido a la complejidad de las normas técnicas y de las
directrices y al trabajo derivado de las tareas conexas anteriormente citadas,
se prevé que, como promedio, una norma técnica o directriz requerirá 1,15
personas/año. Así pues, 23 normas técnicas y cinco directrices requerirán 32
personas/año en 2014 y 2015;
·      unos costes de formación estimados en 1 000 EUR por EJC al
año;
·      unos costes de misión estimados en 10 000 EUR, sobre la base
del proyecto de presupuesto de 2012 para misiones por EJC;
·      los costes de la contratación (desplazamiento, hotel,
reconocimiento médico, instalación y otras asignaciones, costes de mudanza,
etc.) se estiman en 12 700 EUR, sobre la base de lo previsto por este concepto,
por persona, en el proyecto de presupuesto para 2012.
En el cuadro siguiente se expone de forma
más precisa el método de cálculo del aumento del presupuesto para los tres
próximos años. 
 Tipo de coste || Cálculo || Importe (en millones de euros) 
   ||   || 2013 || 2014 || 2015 || Total 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 Título 1: Gastos de personal ||   ||   ||   ||   ||   
   ||   ||   ||   ||   ||   
 11 Sueldos y dietas ||   ||   ||   ||   ||   
 - para agentes temporales || =5*127*1,28 || 0   || 813   || 813   || 1,626 
 - para expertos nacionales en comisión de servicios || =11*73*1,28 || 0 || 1,028 || 1,028   || 2,056   
 - para agentes contractuales ||   || 0 || 0 || 0 || 0 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 12 Gastos derivados de la contratación || =16*12,7 || 0 || 203 || 0 || 203 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 13 Gastos de misión || =16*10 || 0 || 160 || 160 || 320 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 15 Formación || =16*1 || 0 || 16 || 16 || 32 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 Total del Título 1: Gastos de personal ||   || 0 || 2,220 || 2,017 || 4,237 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 Título 2: infraestructura y gastos de funcionamiento || =16*30 || 0 || 480 || 480 || 960 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 Título 3: Gastos operativos ||   || 0 || 0 || 0 || 0 
   ||   ||   ||   ||   ||   
 Total ||   || 0 || 2,700 || 2,497 || 5,197 
 contribución comunitaria (40 %) ||   || 0 || 1,080 || 999 || 2,078 
 contribución del Estado miembro (60 %) ||   || 0 || 1,620 || 1,498 || 3,119 
El cuadro siguiente presenta la plantilla
propuesta para los cinco puestos de agente temporal:
 Tipo de función y grado || Puestos temporales 
   ||   
 AD 8 || 1 
 AD 7 || 1 
 AD 6 || 1 
 AD 5 || 2 
   ||   
 Total AD || 5 
[1]               COM (2010) 579 final
[2]               Declaración de los líderes del G-20 realizada en la
Cumbre sobre los mercados financieros y la economía mundial, abril de 2009.
[3]               http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf         
[4]               (2010/2006(INI))
[5]               17006/1/10
[6]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/group_of_experts/index_en.htm#High-level_Expert_Group
[7]               http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_en.pdf
[8]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/index_en.htm               
[9]               http://ec.europa.eu/internal_market/bank/index_en.htm               
[10]             «Prevención» en este contexto significa eliminar la
posibilidad de quiebras desordenadas que pudieran provocar inestabilidad financiera,
aunque no la supresión de la quiebra en sí.
[11]             Si las autoridades establecen que la estabilidad
financiera y los contribuyentes no corren peligro, puede permitirse que un
banco (o una parte del mismo) quiebre de acuerdo a procedimientos ordinarios. 
[12]             Con el fin de garantizar que las autoridades de
resolución estén representadas en la ABE y para mitigar los posibles conflictos
de intereses, el Reglamento 1093/2010 se modifica para incluir las autoridades
nacionales de resolución en el concepto de autoridades competentes creado por
el Reglamento.
[13]             Directiva 2006/48/CE relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio y Directiva 2006/49/CE
sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de
crédito.
[14]             Por ejemplo las autoridades de resolución pueden
proceder a una retrocesión o a una nueva transferencia de activos o pasivos
transferidos a una entidad puente.
[15]             En este sentido, un instrumento que permitiera
delimitar partes dentro de una entidad no sería compatible con el marco.
[16]             COM(2009) 501, COM(2009) 502, COM(2009) 503.
[17]             DO C de , p.
[18]             DO C de , p.
[19]             DO C de , p.
[20]             DO L 177 de 30.6.2006, p. 2011.
[21]             DO L 35 de 11.2.2003, p. 1.
[22]             DO L de …… .… , p. …
[23]             DO L 331
de 15.12.2010, p. 1.
[24]             DO L 177
de 30.6.2006, p. 1.
[25]             DO L 96 de 12.4.2003,
p. 16.
[26]             DO L 135 de 31.5.1994, pp. 5–14.
[27]             DO L 125
de 5.5.2001, p. 15.
[28]             DO L 26 de 31.1.1977,
p. 1.
[29]             DO L 110 de 29.4.2011,
p. 1.
[30]             DO L 378 de
31.12.1982, p. 47.
[31]             DO L 310 de
25.11.2005, p. 1.
[32]             DO L 142 de 30.4.2004,
p. 12.
[33]             DO L 184 de 14.7.2007,
p. 17.
[34]             DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
[35]             Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del
Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se
deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo - DO L 145 de 30.4.2004, p. 1
[36]             DO L 168 de 27.6.2002, p. 43.
[37]             DO L 166 de 11.6.1998,
p. 45.
[38]             Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre
de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM), DO L 375 de 31.12.1985, p. 3, modificada en último lugar
por la Directiva 2008/18/CE.
[39]             DO L 390
de 31.12.2004, p. 38.
[40]             GPA: gestión por actividades; PPA: presupuestación
por actividades.
[41]             Tal como se contempla en el artículo 49, apartado 6,
letra a) o b), del Reglamento financiero.
[42]             Declaración de los líderes del G-20 realizada en la
Cumbre sobre los mercados financieros y la economía mundial, abril de 2009.
[43]             «Reducing the moral hazard posed by systemically
important financial institutions» (Reducción del riesgo moral que plantean las
entidades financieras de importancia sistémica) - http://www.financialstabilityboard.org/press/pr_101111a.pd                
[44]             http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf         
[45]             Las explicaciones sobre los modos de gestión y las
referencias al Reglamento financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[46]             Tal como se contemplan en el artículo 185 del
Reglamento financiero.
[47]             Disoc. = créditos disociados / no disoc. = créditos
no disociados.
[48]             AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. 
[49]             Países candidatos y, en su caso, países candidatos
potenciales de los Balcanes Occidentales.
[50]             El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
[51]             El año N es el año de comienzo de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
[52]             Los resultados son los productos y servicios
ofertados (p. ej., número de intercambios de estudiantes financiados, número de
km. de carretera construidos, etc.)
[53]             Los créditos asignados a los distintos objetivos
incluyen también los gastos generales, que son proporcionales a los gastos de
personal directos.
[54]             Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo
Interinstitucional.