CELEX: 62004TJ0495
Language: es
Date: 2008-05-21 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 21 de mayo de 2008.#Belfass SPRL contra Consejo de la Unión Europea.#Contratos públicos de servicios - Procedimiento comunitario de licitación - Error material manifiesto - Concesión a la oferta económicamente más ventajosa - Oferta anormalmente baja - Artículo 139, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 - Excepción de ilegalidad - Pliego de condiciones - Admisibilidad.#Asunto T-495/04.

Asunto T‑495/04
      Belfass SPRL
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Contratos públicos de servicios — Procedimiento comunitario de licitación — Error material manifiesto — Concesión a la oferta económicamente más ventajosa — Oferta anormalmente baja — Artículo 139, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 — Excepción de ilegalidad — Pliego de condiciones — Admisibilidad»
      Sumario de la sentencia
      1.      Contratación pública de las Comunidades Europeas — Procedimiento de licitación
      (Arts. 230 CE, párr. 4, y 241 CE)
      2.      Procedimiento — Alegación de motivos nuevos en el curso del proceso
      [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra c), y 48, ap. 2; Reglamento (CE, Euratom)
            nº 2342/2002 de la Comisión, art. 139, ap. 1]
      3.      Contratación pública de las Comunidades Europeas — Celebración de un contrato mediante licitación
      [Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, arts. 138, ap. 2, y 139, ap. 1]
      4.      Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad
      (Art. 288 CE, párr. 2)
      1.      Puesto que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, el pliego de condiciones no afecta individualmente
         a las empresas licitadoras, las cuales carecen, por tanto, de legitimación para interponer un recurso de anulación, con arreglo
         al artículo 230 CE, párrafo cuarto, contra dicho pliego de condiciones, el Consejo no puede alegar el carácter supuestamente
         impugnable que ese pliego de condiciones tendría para una de las empresas licitadoras con el fin de oponerse al cuestionamiento,
         con carácter incidental, por parte de esta última, de la legalidad de ese documento, en el marco del recurso de anulación
         de la decisión por la que se le excluye de la licitación de que se trata. 
      
      (véase el apartado 44)
      2.      De lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia,
         en relación con el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, se deduce que la demanda que abre el procedimiento debe contener
         la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y que en el curso del proceso no podrán invocarse
         motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante,
         procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa
         o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo éste.
      
      Este es el caso de un motivo basado en la vulneración del artículo 139, apartado 1, del Reglamento nº 2342/2002, sobre normas
         de desarrollo del Reglamento financiero, que prevé que, en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
         de las Comunidades Europeas, si la entidad adjudicadora estima que una oferta es anormalmente baja, antes de rechazarla deberá
         permitir al licitador especificar, es decir, justificar las características de dicha oferta, motivo formulado de manera expresa
         por una demandante únicamente en la fase réplica, ya que, en la fase de demanda, esta demandante reprochó expresamente al
         Consejo que desestimara su oferta, sin ulterior examen, debido a su carácter anormalmente bajo.
      
      (véanse los apartados 87 a 90)
      3.      El artículo 139, apartado 1, del Reglamento nº 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero, establece
         una exigencia fundamental en materia de adjudicación de contratos públicos, que obliga al órgano de contratación a comprobar,
         de forma contradictoria, antes de desestimarla, cualquier oferta que revista un carácter anormalmente bajo, y ello habida
         cuenta de los elementos que la componen.
      
      Cuando el contrato se otorga a la oferta económicamente más ventajosa, esta exigencia no es sólo aplicable al criterio del
         precio de la oferta examinada, sino también a los otros criterios contemplados en el artículo 138, apartado 2, del Reglamento
         nº 2342/2002, en la medida en que permitan determinar un umbral de anomalía por debajo del cual una oferta presentada en el
         marco de la licitación de que se trate resulte sospechosa de ser anormalmente baja, en el sentido del artículo 139, apartado
         1, del Reglamento antedicho.
      
      Por tanto, al desestimar, en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos mediante concesión a la oferta
         económicamente más ventajosa, la oferta de una empresa licitadora, aduciéndose únicamente el carácter excesivamente bajo del
         número total de horas que figuraba en dicha oferta, sin llevar a cabo ninguna comprobación contradictoria, en el sentido del
         referido artículo 139, apartado 1, de esa oferta, con anterioridad a su exclusión automática, el Consejo vulneró la disposición
         antedicha.
      
      (véanse los apartados 98, 100, 103 y 104)
      4.      Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por comportamiento ilícito de sus órganos, con arreglo
         al artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran una serie de requisitos: ilegalidad del comportamiento imputado
         a las instituciones, realidad del perjuicio y existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el
         perjuicio invocado. Toda vez que no se cumple uno de tales requisitos, debe desestimarse el recurso en su totalidad, sin que
         sea necesario examinar los demás requisitos.
      
      Por consiguiente, debe desestimarse una solicitud de indemnización cuando el perjuicio alegado, a saber, la pérdida de un
         contrato comunitario, no es real y cierto, sino hipotético. 
      
      (véanse los apartados 119, 120 y 127 a 129)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      de 21 de mayo de 2008 (*)
      
      «Contratos públicos de servicios – Procedimiento comunitario de licitación – Error material manifiesto – Concesión a la oferta económicamente más ventajosa – Oferta anormalmente baja – Artículo 139, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 – Excepción de ilegalidad – Pliego de condiciones – Admisibilidad»
      En el asunto T‑495/04,
      Belfass SPRL, con domicilio social en Forest (Bélgica), representada por el Sr. L. Vogel, abogado,
      
      parte demandante,
      contra
      Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. B. Driessen y A. Vitro, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto, por una parte, un recurso de anulación de la decisión del Consejo de la Unión Europea de 13 de octubre
         de 2004, por la que se desestiman las dos ofertas presentadas por la demandante en el marco del procedimiento de licitación
         UCA-033/04 y, por otra parte, una pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente sufrido por la demandante como consecuencia
         del comportamiento del Consejo,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),
      integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M. E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe (Ponente), Jueces;
      Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de junio de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1        La adjudicación de los contratos de servicios del Consejo de la Unión Europea se rige por las disposiciones del Título V de
         la primera parte del Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
         financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento financiero»),
         y por las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas
         de desarrollo del Reglamento financiero (DO L 357, p. 1; en lo sucesivo, «normas de desarrollo»). Estas disposiciones siguen
         el modelo de las Directivas comunitarias en la materia, en particular, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio
         de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1),
         de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
         contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
         coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), en sus versiones
         modificadas.
      
      2        El artículo 97 del Reglamento financiero dispone:
      
      «1.      En los documentos de la convocatoria de licitación habrán de definirse y precisarse previamente los criterios de selección
         que permitan valorar la capacidad de los candidatos o licitadores, así como los criterios de adjudicación que permitan valorar
         el contenido de las ofertas.
      
      2.      El contrato podrá ser otorgado por adjudicación, o por concesión a la oferta económicamente más ventajosa.»
      3        El artículo 99 del Reglamento financiero prevé:
      
      «Durante el transcurso de cualquier procedimiento de contratación pública, toda comunicación entre el órgano de contratación
         y los candidatos o licitadores deberá llevarse a cabo en condiciones que garanticen la transparencia e igualdad de trato.
         Esta comunicación no podrá conducir a la modificación de las condiciones del contrato ni de los términos de la oferta inicial.»
      
      4        El artículo 100, apartado 2, del Reglamento financiero dispone:
      
      «2.      El órgano de contratación informará a los candidatos o licitadores no seleccionados de los motivos por los que se hubiere
         desestimado su candidatura u oferta y a los licitadores que hubieren presentado una oferta admisible, siempre y cuando éstos
         lo soliciten por escrito, de las características y ventajas de la oferta seleccionada y del nombre del adjudicatario.
      
      No obstante, podrá omitirse la comunicación de determinados datos en aquellos casos en que pudiere obstaculizar la aplicación
         de las leyes, ser contraria al interés público, causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de empresas públicas
         o privadas o ir en detrimento de una competencia leal entre éstas.»
      
      5        El artículo 101, apartado 1, del Reglamento financiero establece:
      
      «1.      Mientras no se haya firmado el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar al contrato o anular el procedimiento de
         adjudicación, sin que los candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización.»
      
      6        El artículo 122, apartado 2, segundo párrafo, de las normas de desarrollo, en su versión aplicable en el momento de los hechos,
         disponía que la licitación: 
      
      «[...] será restringida, cuando todos los operadores económicos pueden solicitar participar, pero únicamente pueden presentar
         una oferta los candidatos que reúnan los criterios de selección establecidos en el artículo 135, y sean invitados a ello,
         simultáneamente y por escrito, por los órganos de contratación.»
      
      7        El artículo 128, apartados 1 y 3, de las normas de desarrollo, que tiene por objeto el procedimiento restringido de convocatoria
         de manifestación de interés, en particular, prevé:
      
      «1.      La convocatoria de manifestación de interés constituye un método de preselección de candidatos, a los que se invitará a presentar
         ofertas en futuros procedimientos de licitación restringidos [...];
      
      3.      Con motivo de un determinado contrato, el órgano de contratación podrá invitar a presentar ofertas sea a todos los candidatos
         inscritos en la lista, sea sólo a algunos de ellos, en función de los criterios de selección, objetivos y no discriminatorios,
         consustanciales al contrato.»
      
      8        El artículo 130, apartado 1, de las normas de desarrollo, en su versión aplicable en el momento de los hechos, preveía:
      
      «1.      Los documentos propios de toda de licitación serán:
      a)      la invitación a licitar o negociar;
      b)      el pliego de condiciones adjunto a dicha invitación, en el que figura anejo el pliego de condiciones generales aplicables
         a los contratos;
      
      c)      el modelo de contrato.
      [...]»
      9        El artículo 130, apartado 3, letras a) y b), de las normas de desarrollo, en su versión aplicable en el momento de los hechos,
         establecía:
      
      «3.      En el pliego de condiciones se precisará:
      a)      los criterios de selección y exclusión aplicables al contrato, salvo si se trata de un procedimiento restringido o de los
         procedimientos negociados con publicación previa de un anuncio contemplados en el artículo 127; en estos casos, los criterios
         figurarán únicamente en el anuncio de contrato o de convocatoria de manifestación de interés;
      
      b)      los criterios de adjudicación del contrato y la ponderación relativa de los mismos, si ésta no figura en el anuncio de contrato;
      c)      las especificaciones técnicas contempladas en el artículo 131;
      [...].»
      10      El artículo 138 de las normas de desarrollo, en su versión aplicable en el momento de los hechos, disponía:
      
      «1.      Los contratos podrán ser otorgados de dos formas posibles:
      a)      por adjudicación, en cuyo caso el contrato se otorga a la oferta con el precio más bajo de entre todas las ofertas regulares
         y conformes;
      
      b)      por concesión a la oferta económicamente más ventajosa.
      2.      La oferta económicamente más ventajosa es la que presenta la mejor relación entre la calidad y el precio, teniendo en cuenta,
         en particular, los criterios justificados por el objeto del contrato, tales como el precio propuesto, el valor técnico, el
         carácter estético y funcional, las características medioambientales, el coste de utilización, la rentabilidad, el plazo de
         ejecución o de entrega, el servicio de posventa y la asistencia técnica.
      
      3.      El órgano de contratación precisará, en el anuncio de contrato o en el pliego de condiciones, la ponderación relativa que
         otorga a cada criterio elegido para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
      
      La ponderación relativa del criterio del precio en relación con los demás criterios no deberá neutralizar el criterio de precio
         en la elección del adjudicatario del contrato.
      
      Si en casos excepcionales no es técnicamente posible efectuar una ponderación, en particular, debido al objeto del contrato,
         el órgano de contratación precisará solamente el orden decreciente de importancia en la aplicación de los criterios.»
      
      11      El artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, en su versión aplicable en el momento de los hechos, disponía:
      
      «1.      Si las ofertas presentadas para un determinado contrato parecen anormalmente bajas, el órgano de contratación, antes de rechazarlas
         meramente por esta razón, solicitará por escrito las precisiones que considere convenientes sobre la composición de la oferta,
         que comprobará a continuación contradictoriamente en función de las razones aducidas.
      
      El órgano de contratación podrá tener en cuenta particularmente motivos atinentes:
      a)      a la economía del método de fabricación, de la prestación de servicios o del método de construcción;
      b)      a las soluciones técnicas adoptadas o a las condiciones excepcionalmente favorables a disposición del licitador;
      c)      a la originalidad de la oferta del licitador.»
      12      El artículo 148, apartados 1 y 3, de las normas de desarrollo prevé:
      
      «1.      Durante el desarrollo de un procedimiento de contratación pública, se autorizarán excepcionalmente los contactos entre el
         órgano de contratación y los licitadores en las condiciones previstas en los apartados 2 y 3.
      
      3.      Tras la apertura de las ofertas, en el supuesto de que se solicite aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir manifiestos
         errores materiales en la redacción de la misma, el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de ponerse en contacto
         con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta.»
      
       Hechos que originaron el litigio
      13      El 4 de marzo de 2004, actuando en virtud del Reglamento financiero y de las normas de desarrollo, el Consejo publicó en el
         Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2004, S 45), una licitación, por el procedimiento restringido, cuya referencia es UCA-033/04, para la prestación de servicios
         de limpieza y mantenimiento de dos edificios ocupados por la Secretaría General del Consejo en Bruselas. El contrato comprendía
         dos lotes, cada uno de ellos correspondiente a un lugar específico de ejecución de las prestaciones, a saber, el edificio
         «Woluwé Heights» (lote nº 1) y el edificio «Frère Orban» (lote nº 2).
      
      14      El pliego de condiciones disponía que el criterio de adjudicación elegido era el de la oferta económicamente más ventajosa.
         La evaluación final de las ofertas correspondientes a cada lote debía llevarse a cabo atribuyendo a cada oferta un número
         de puntos calculado del siguiente modo: «Número de puntos “calidad” x 100/índice de precio». La oferta que se considerase
         como la económicamente más ventajosa debía ser aquella que hubiese obtenido, al término de dicha evaluación final, el número
         mayor de puntos, siempre y cuando alcanzase el número mínimo de puntos establecido en la rúbrica «Calidad».
      
      15      Conforme al mismo pliego de condiciones, la calidad de cada oferta debe apreciarse sobre un máximo de 100 puntos y basándose
         en ocho criterios. El octavo criterio, al que correspondía un máximo de 50 puntos, hacía referencia al «Número de horas de
         las prestaciones conforme a los datos de los totales A, B, C y D de la lista del anexo 3».
      
      16      La atribución de los 50 puntos correspondientes a este último criterio se realizaba con arreglo a una base proporcional a
         la diferencia entre, por una parte, el número total de horas anuales propuestas en la oferta evaluada (Ho) y, por otra parte,
         la media del total de horas propuestas, para cada ejercicio anual, en cada una de las ofertas que fueron declaradas admisibles
         (Hm). La media Hm debía calificarse como satisfactoria, atribuyéndosele 40 puntos (es decir, el 80 % del límite máximo de
         50 puntos). En virtud del pliego de condiciones, la superación de dicho umbral Hm, hasta un total de un 12,5 %, suponía la
         atribución de puntos adicionales, siempre dentro del límite máximo de los 50 puntos. En cambio, una disminución con respecto
         a este mismo umbral Hm, superior a un 12,5 %, se veía penalizada con la supresión de puntos hasta un mínimo eliminatorio de
         30 puntos.
      
      17      Asimismo, el pliego de condiciones disponía que la tarifa horaria media de cada oferta no podía, so pena de exclusión, ser
         inferior a la tarifa horaria media establecida por la Union générale belge de nettoyage (en lo sucesivo, «UGBN» para la categoría
         1A, en precios de coste, en vigor en la fecha de presentación de la oferta. El 1 de julio de 2004, dicha tarifa horaria media
         era de 19,6962 euros.
      
      18      El 23 de junio de 2004, se envió a los candidatos el pliego de condiciones relativo a la licitación de que se trata.
      
      19      El 23 de julio de 2004, la demandante, Belfass SPRL, presentó dos ofertas relativas, respectivamente, a cada uno de los dos
         lotes que se iban a adjudicar en el marco de la licitación UCA-033/04. El importe total del precio anual indicado en la oferta
         de la demandante relativa al lote nº 1 era de 234.059,67 euros.
      
      20      Mediante escrito de 13 de octubre de 2004, el Consejo comunicó a la demandante que había desestimado sus dos ofertas por los
         siguientes motivos: «[...] Con respecto al lote [nº] 1, el cálculo de la tarifa horaria media contenida en su oferta da un
         resultado inferior al mínimo de la UGBN establecido en 19,6962 euros a fecha de [1 de julio de 2004]. Con respecto al lote
         [nº] 2, su oferta no ha obtenido, conforme a los criterios mencionados en el pliego de condiciones, el mínimo exigido de puntos
         relativos a la calidad que el comité de evaluación debe atribuir [...].»
      
      21      El 15 de octubre de 2004, la demandante solicitó al Consejo que le enviase información complementaria y detallada sobre las
         razones de la desestimación de su oferta relativa al lote nº 2.
      
      22      El 22 de octubre, el Consejo respondió a esta solicitud señalando, en particular, que:
      
      «[...] su oferta, al incluir un número de horas inferior en un 20 % al número de horas media de todas las ofertas, ha sido,
         por tanto, excluida en esta fase, de acuerdo con la fórmula consignada en el página 2».
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      23      Mediante demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de diciembre de 2004, la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      24      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral.
      
      25      El 13 de diciembre de 2006, en respuesta a una solicitud de presentación de documentos realizada el 28 de noviembre de 2006
         por el Tribunal de Primera Instancia en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Consejo dio traslado
         al Tribunal de Primera Instancia del anuncio de licitación y del pliego de condiciones relativos a la licitación UCA-033/04,
         así como del informe de evaluación original (versión no confidencial) referente a dicha licitación.
      
      26      En la vista de 21 de junio de 2007 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas
         por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      27      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare el recurso admisible y fundado.
      –        Anule la decisión del Consejo de 13 de octubre de 2004, de no dar curso favorable a sus dos ofertas presentadas a raíz de
         la licitación UCA-033/04.
      
      –        Condene al Consejo al pago de una indemnización por el perjuicio sufrido, evaluado en 1.481.317,65 euros, más los intereses
         calculados a un tipo del 7 % anual.
      
      –        Condene al Consejo al pago de la totalidad de las costas.
      28      El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso en cuanto respecta al lote nº 2.
      –        Declare infundado el recurso de anulación.
      –        Declare infundada la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.
      –        Condene en costas a la demandante.
       Sobre la admisibilidad del recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2
       Alegaciones de las partes
      29      Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, el Consejo sostiene que el recurso contra la decisión de 13 de
         octubre de 2004, en lo que atañe al lote nº 2, es inadmisible. Afirma que la demandante no cuestiona la decisión de excluirla
         de la licitación en cuanto tal, sino la legalidad de la decisión del Consejo de incluir, en el pliego de condiciones, el criterio
         que dio lugar a su exclusión, es decir, la media del número total de horas propuestas por los licitadores.
      
      30      En la vista, el Consejo precisó que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprendía que una persona que considera
         que, tal como fueron establecidas mediante decisión de la entidad adjudicadora, las características de una licitación son
         discriminatorias en su perjuicio no puede esperar a la notificación de la decisión de adjudicación del contrato de que se
         trate para impugnarla, alegando precisamente el carácter discriminatorio de dichas características, sin menoscabar los objetivos
         de rapidez y eficacia de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las
         disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia
         de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva
         92/50 (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de febrero de 2004, Grossmann Air Service, C‑230/02, Rec. p. I‑1829, apartado 37).
      
      31      Pues bien, el Consejo estima que al haberse enviado el pliego de condiciones de forma individual a los candidatos, y por tanto
         a la demandante, el 23 de junio de 2004, el plazo de dos meses establecido para poder impugnar la legalidad de la decisión
         de incluir en dicho pliego el criterio referido ya había expirado en el momento en que se interpuso el presente recurso.
      
      32      Con carácter principal, la demandante sostiene que un pliego de condiciones no es un acto impugnable, en el sentido del artículo
         230 CE. En efecto, a su juicio, se trata de un acto preparatorio de carácter general y, según jurisprudencia reiterada, un
         acto de este tipo, cualquiera que sea el momento en que entra en juego, nunca puede ser objeto de un recurso de anulación.
         
      
      33      La demandante alega asimismo que un pliego de condiciones se dirige a todas las empresas que, perteneciendo a una categoría
         definida en términos generales y abstractos, desean presentar su candidatura para la obtención de un contrato público. En
         el presente asunto, según la demandante, el pliego de condiciones no era ni una decisión de la que fuera destinataria ni una
         decisión que le afectase directa e individualmente. De ello deduce que únicamente un recurso contra la decisión de adjudicación
         del contrato podía permitirle impugnar la legalidad del criterio incluido en el pliego de condiciones relativo al número total
         de horas propuestas por los licitadores. 
      
      34      Con carácter subsidiario, la demandante invoca, con respecto al pliego de condiciones, la aplicación de la excepción de ilegalidad
         en el sentido del artículo 241 CE. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      35      Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia observa que la posición del Consejo cuestiona la admisibilidad del
         presente recurso en la medida en que, según dicha institución, el recurso, en realidad, se dirige únicamente contra el pliego
         de condiciones, que es un acto impugnable cuya legalidad no se ha cuestionado dentro del plazo establecido. 
      
      36      Sin embargo, procede observar que la anulación que persigue el presente recurso es la de la decisión del Consejo, de 13 de
         octubre de 2004, de no dar curso favorable a las ofertas de la demandante presentadas a raíz de la licitación, y que si la
         demandante cuestiona la legalidad del pliego de condiciones lo hace porque lo considera necesario a efectos del recurso de
         anulación y, por tanto, con carácter incidental. 
      
      37      Por consiguiente, la cuestión que se plantea no es la admisibilidad del recurso de anulación en la medida en que supuestamente
         va dirigido contra el pliego de condiciones, sino la admisibilidad de la excepción de ilegalidad de dicho documento invocada
         en el marco del presente recurso de anulación.
      
      38      Para pronunciarse sobre esta última cuestión, es preciso determinar si un documento de invitación a una licitación, como el
         pliego de condiciones de que se trata, es un acto que, tal como sostiene el Consejo, puede ser objeto de un recurso directo
         con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, y, por consiguiente, si la demandante, basándose en dicha disposición y en
         el plazo de dos meses establecido en su párrafo quinto, debería haber actuado contra el pliego de condiciones. 
      
      39      En virtud del artículo 230 CE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra las decisiones
         de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida
         a otra persona, le afecten directa e individualmente.
      
      40      Según reiterada jurisprudencia, una persona física o jurídica distinta del destinatario de un acto sólo puede alegar su afectación
         individual en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, si resulta afectada por el acto del que se trata debido a ciertas
         cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y,
         por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario del acto (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de
         julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223; de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños
         Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, apartado 36, y de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec.
         p. I‑3425, apartado 45). 
      
      41      En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia estima que no puede considerarse que el pliego de condiciones de que
         se trata afecte a la demandante de forma individual. 
      
      42      Por una parte, el Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a lo que sostiene el Consejo, el hecho de que
         el pliego de condiciones se enviara el 23 de junio de 2004 de forma individual a los candidatos preseleccionados y, por tanto,
         a la demandante, en el marco del procedimiento restringido, no puede individualizar a esta última en el sentido del artículo
         230 CE, párrafo cuarto. En efecto, el pliego de condiciones, al igual que la totalidad de los documentos de licitación adoptados
         en el presente asunto por el Consejo y de los cuales forma parte, se aplica a situaciones objetivamente determinadas y produce
         efectos jurídicos respecto a categorías de personas contempladas de manera general y abstracta. Por tanto, tiene carácter
         general y no puede considerarse que su comunicación individual a las empresas preseleccionadas por el órgano de contratación
         permita individualizar, en el sentido del artículo 230 CE, cuarto párrafo, a cada una de dichas empresas en relación con cualesquiera
         otras personas.
      
      43      Por otra parte, el Consejo se basa erróneamente en la sentencia Grossmann Air Service, citada en el apartado 30 supra, para demostrar que la demandante estaba legitimada para impugnar el pliego de condiciones de que se trata. En efecto, es
         preciso recordar que dicha sentencia del Tribunal de Justicia fue dictada en relación con una cuestión prejudicial relativa
         a la interpretación del artículo 1, apartado 3, y del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665. Pues bien,
         las disposiciones de la Directiva 89/665, en su versión modificada, sólo vinculan a los Estados miembros y no a las instituciones
         comunitarias, circunstancia que el Consejo no cuestiona. Asimismo, tal como el Consejo reconoció durante la vista, es preciso
         señalar que la normativa comunitaria en materia de adjudicación de contratos de servicios por parte de las instituciones comunitarias,
         en la versión aplicable al caso de autos, no contiene ninguna disposición comparable a las recogidas en la Directiva 89/665.
         Por último, el Tribunal de Primera Instancia señala que, contrariamente a los hechos que dieron lugar al litigio principal
         en la sentencia Grossmann Air Service, citada en el apartado 30 supra, en el presente asunto, el criterio que figura en el pliego de condiciones y que ha sido impugnado por la demandante no le
         impidió participar adecuadamente en el procedimiento de adjudicación del contrato de que se trata. Por el contrario, de los
         elementos de los autos se desprende que la demandante, al igual que el resto de los candidatos incluidos en la lista elaborada
         tras la fase de preselección, pudo presentar una oferta relativa al lote nº 2. Por consiguiente, no puede hacerse uso, en
         el marco de un razonamiento por analogía, y a efectos de apreciar la admisibilidad del presente recurso en lo que se refiere
         al lote nº 2, de la interpretación que el Tribunal de Justicia hizo en la sentencia Grossmann Air Service, citada en el apartado
         30 supra, en relación con las disposiciones de la Directiva 89/665, en su versión modificada.
      
      44      De las consideraciones precedentes resulta que al no afectar individualmente a la demandante el pliego de condiciones de que
         se trata, ésta carecía de legitimación para interponer un recurso de anulación, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto,
         contra dicho pliego de condiciones. Por tanto, el Consejo alega erróneamente el carácter supuestamente impugnable que el pliego
         de condiciones tendría para la demandante con el fin de oponerse al cuestionamiento, por parte de esta última, en el marco
         del presente recurso y con carácter incidental, de la legalidad de ese documento.
      
       Sobre el fondo
       Sobre el recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 1
       Alegaciones de las partes
      45      En apoyo de su recurso de anulación contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 1,
         la demandante formula un motivo único basado en la existencia de un error manifiesto de apreciación.
      
      46      En esencia, la demandante sostiene que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación en la medida en que incumplió
         su obligación de examen atento de su oferta con respecto al lote nº 1.
      
      47      En efecto, contrariamente a la conclusión a la que llegó el Consejo, la demandante sostiene que la tarifa horaria media de
         su oferta ascendía a 22,123 euros y era, por tanto, superior a la tarifa horaria media mínima de 19,6962 euros, establecida
         por la UGBN.
      
      48      Es cierto que la demandante reconoce que este error cometido por el Consejo esta vinculado a un error de adición que se había
         introducido en su oferta en lo que respecta al total de las categorías A, B, C y D (234.059,67 euros en vez de 271.811,67 euros).
      
      49      No obstante, la demandante considera que, en virtud del principio de buena administración, al examinar su oferta, el Consejo
         debería haberse asegurado de que la oferta sometida a su examen no incluía un error material manifiesto de ese tipo, que hubiera
         podido corregir por propia iniciativa.
      
      50      La demandante señala que una mera comprobación de cálculo habría permitido al Consejo darse cuenta de que la tarifa horaria
         correcta era de un importe mínimo de 20,92 euros, tal como se desprende de manera clara y precisa de la página 40 de la oferta.
      
      51      En cualquier caso, la demandante estima que, en la medida en que el referido error era manifiesto y en que su corrección no
         habría modificado ni las condiciones del contrato ni la oferta inicial, el Consejo habría podido, respetando el artículo 99
         del Reglamento financiero, y tal como preveía el artículo 10 del pliego de condiciones de la licitación de que se trata, hacer
         uso de su derecho a ponerse en contacto con ella.
      
      52      La demandante considera que, contrariamente a lo que afirma el Consejo, las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Primera
         Instancia en la sentencia de 8 de mayo de 1996, Adia interim/Comisión (T‑19/95, Rec. p. II‑321, apartado 47), no pueden aplicarse
         al caso de autos. En efecto, la demandante señala que esa sentencia se refería a un error sistemático de cálculo difícilmente
         detectable por parte del órgano de contratación. Ahora bien, la demandante considera que, en el caso de autos, el error de
         que se trata es un mero error de adición de las categorías A, B, C y D, error que el Consejo habría podido fácilmente detectar
         y corregir. 
      
      53      Asimismo, la demandante afirma que el Consejo no puede pretender no haberse dado cuenta de dicho error, ya que el precio total
         correcto, y, por tanto, corregido, figura en las evaluaciones comparativas «ordinaria» y «teórica» de su oferta adjuntas a
         su escrito de contestación a la demanda.
      
      54      Además, la demandante sostiene que el principio general deducido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de julio
         de 1972, Bernardi/Parlamento (90/71, Rec. p. 603, apartado 10), en virtud del cual una parte no puede invocar ante el Tribunal
         de Justicia las irregularidades que pueden haber sido consecuencia de su propio comportamiento, tampoco es aplicable al caso
         de autos. En efecto, la demandante señala que su comportamiento no era doloso y tampoco era la causa del error cometido por
         el Consejo. Asimismo, añade que no tenía ningún interés en que su error, que era, de hecho, un mero error de cálculo involuntario,
         no fuese corregido. 
      
      55      Por lo demás, en repuesta a la argumentación del Consejo, la demandante sostiene que, si la comunicación prevista en el artículo
         100 del Reglamento financiero confiere a los licitadores no seleccionados el derecho a llamar la atención del órgano de contratación
         acerca de la existencia de eventuales errores de apreciación que hubieran podido viciar la evaluación de su oferta, los principios
         de buena administración y de transparencia obligan al órgano de contratación a informar expresamente al destinatario, en dicha
         comunicación, acerca de la existencia de dicho derecho. Pues bien, la demandante estima que el Consejo, en su escrito de 13
         de octubre de 2004, no le informó en modo alguno de la existencia de dicho derecho. A su juicio, ello da lugar a una vulneración
         del principio de igualdad de trato.
      
      56      La demandante deduce de lo anterior que el error cometido por el Consejo en lo que se refiere al cálculo de la tarifa horaria
         media de su oferta relativa al lote nº 1 se debe a que este último no llevó a cabo un examen atento de dicha oferta y que,
         por consiguiente, la decisión final de desestimación de la oferta adolece de un error manifiesto de apreciación particularmente
         grave.
      
      57      El Consejo alega que la tarifa horaria media, tal como se desprende del tenor del pliego de condiciones de la licitación,
         es igual al precio total de la oferta considerada, dividido entre el número total de horas que figura en dicha oferta. Señala
         que esa es la razón por la que se limitó a efectuar el cálculo a partir de ese precio total de referencia de 234.059,67 euros,
         indicado por la demandante en su oferta.
      
      58      El Consejo aduce que no estaba obligada a llevar a cabo una verificación de la suma de las categorías A, B, C y D que figuran
         en la oferta de las demandante y descubrir, en el transcurso de esa operación, que el precio total correcto era 271.811,67 euros,
         en vez de 234.059,67 euros. Asimismo, el Consejo estima que los datos que figuran en las evaluaciones comparativas «ordinaria»
         y «teórica» de la oferta de que se trata, adjuntas a su escrito de contestación, no pueden utilizarse para demostrar que se
         había apercibido de ese error durante la fase de examen de la referida oferta. En efecto, según el Consejo, esas evaluaciones
         no se realizaron, en el presente asunto, hasta el momento de la preparación de su escrito de contestación.
      
      59      El Consejo añade que el órgano de contratación sólo puede tomar la iniciativa de ponerse en contacto con un licitador para
         que se corrijan errores materiales manifiestos. Pues bien, en opinión del Consejo, en el caso de autos, el error era tan poco
         manifiesto que no pudo detectarlo.
      
      60      Además, el Consejo alega el principio general de Derecho, reconocido por el Tribunal de Justicia en la sentencia Bernardi/Parlamento,
         citada en el apartado 54 supra, en virtud del cual una parte no puede invocar ante el Tribunal de Justicia las irregularidades que pueden haber sido la consecuencia
         de su propio comportamiento.
      
      61      Asimismo, el Consejo considera que, aun en el caso de que hubiese debido detectar el error de que trata, le habría resultado
         imposible, sin arriesgarse a vulnerar las disposiciones del artículo 99 del Reglamento financiero y del artículo 148, apartado
         3, de las normas de desarrollo, ponerse en contacto con el licitador para corregir dicho error. En apoyo de esta consideración,
         se basa, en particular, en la sentencia Adia interim/Comisión, citada en el apartado 52 supra.
      62      Por último, el Consejo estima que uno de los objetivos de la comunicación prevista en el artículo 100 del Reglamento financiero,
         que se produce tras la adjudicación del contrato y que precede su firma, es permitir a los licitadores no seleccionados llamar
         la atención del órgano de contratación acerca de la existencia de eventuales errores de apreciación que hubieran viciado la
         evaluación de la oferta. Pues bien, el Consejo señala que la demandante no reaccionó de ningún modo tras recibir el escrito
         de 13 de octubre de 2004 por el que se le informaba de los motivos de la desestimación de su oferta en lo que se refiere al
         lote nº 1.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      63      Es jurisprudencia reiterada que el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay
         que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato mediante concurso y que el control del Tribunal de Primera Instancia
         debe limitarse a comprobar que no existe ningún error grave y manifiesto (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre
         de 1978, Agence européenne d’intérims/Comisión, 56/77, Rec. p. 2215, apartado 20; sentencias del Tribunal de Primera Instancia
         Adia interim/Comisión, citada en el apartado 52 supra, apartado 49, y de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99, Rec. p. II‑2849, apartado 39). 
      
      64      Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148 de las normas de desarrollo, tras la apertura de las ofertas, en el
         supuesto de que se solicite aclaración sobre una oferta o si hubiere que corregir manifiestos errores materiales en la redacción
         de la misma, el órgano de contratación podrá excepcionalmente tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el licitador.
      
      65      En el caso de autos, es preciso comprobar si el error material cometido por la demandante, a saber, un error de adición que
         se había introducido en su oferta en lo que respecta al total de las categorías A, B, C y D (234.059,67 euros en vez de 271.811,67 euros),
         era un error material manifiesto del que el Consejo tendría que haberse apercibido.
      
      66      A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que el modo de cálculo de la tarifa horaria de
         la oferta de los licitadores no requería que el Consejo procediese a calcular de nuevo la suma de las categorías A, B, C y
         D. En efecto, no se cuestiona que dicho cálculo de la tarifa horaria media deba efectuarse a partir del precio total de la
         oferta y del número total de horas de prestación propuestas, tal como figuran en la oferta del demandante.
      
      67      En segundo lugar, no es posible considerar, como hace la demandante, que la tarifa horaria correcta de su oferta ascendía
         a un importe mínimo de 20,92 euros, importe que, según la demandante, figuraba de forma clara y precisa en la página 40 de
         la oferta y que, a la luz de ello, el Consejo tendría que haberse planteado la existencia de un error de cálculo probable
         en la tarifa horaria media de dicha oferta. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia observa que dicho importe, indicado
         en la página 40 de la oferta de la demandante, estaba incluido dentro de la categoría E, que hacía referencia de forma expresa
         a la tarifa horaria de los trabajos complementarios, realizados, si el Consejo así lo solicitaba, por el personal de limpieza
         «los días laborables (de lunes a viernes) entre las 6 h 00 y las 22 h 00». Por tanto, el importe de la tarifa horaria mencionada,
         que ascendía a 22,92 euros, se refería a un tipo de prestaciones específicas, a saber, los trabajos complementarios, que,
         por consiguiente, son prestaciones distintas de las contempladas en las categorías A, B, C y D. 
      
      68      En tercer lugar, contrariamente a lo que alega la demandante, no puede considerarse que los cuadros de evaluación «ordinaria»
         y «teórica», presentados por el Consejo como anexo a su escrito de contestación en el presente asunto, demuestren que éste
         último tenía conocimiento del error cometido por la demandante. En efecto, de los escritos del Consejo se desprende claramente
         que éste elaboró los referidos cuadros con el fin de utilizarlos durante el presente procedimiento judicial. Además, el Tribunal
         de Primera Instancia señala que la demandante no ha demostrado lo contrario.
      
      69      De todos modos, contrariamente a lo que alega la demandante, el Tribunal de Primera Instancia considera que no puede reprochársele
         al Consejo que no le informara, en la fase de la comunicación prevista en el artículo 100 del Reglamento financiero, de su
         derecho a llamar la atención del órgano de contratación acerca de eventuales errores de apreciación que hubieran podido viciar
         la evaluación de su oferta. En efecto, conforme a la jurisprudencia, a falta de disposición expresa de Derecho comunitario,
         no puede reconocerse la existencia de una obligación general, por parte de las autoridades administrativas o jurisdiccionales
         de la Comunidad, de informar a los justiciables sobre las posibilidades de recurrir, así como de las condiciones en que pueden
         materializarlas (auto del Tribunal de Justicia de 5 de marzo de 1999, Guérin automobiles/Comisión, C‑153/98 P, Rec. p. I‑1441,
         apartado 15, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de febrero de 2000, ADT Projekt/Comisión, T‑145/98, Rec.
         p. II‑387, apartado 210). Pues bien, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que el artículo 100 del
         Reglamento financiero no prevé de forma expresa una obligación de ese tipo. 
      
      70      En cualquier caso, es preciso señalar que, una vez que la demandante recibió el escrito del Consejo de 13 de octubre de 2004,
         si bien tomó la iniciativa de solicitar aclaraciones sobre las razones de la desestimación de su oferta relativa al lote nº 2,
         no formuló ninguna observación referente a la existencia de un error manifiesto de calculo en su oferta relativa al lote nº 1.
      
      71      De las consideraciones precedentes se desprende que el error material cometido por la demandante no era manifiesto, en el
         sentido del artículo 148, apartado 3, de las normas de desarrollo. Por tanto, no cabe reprochar al Consejo que no se apercibiera
         de dicho error y que, posteriormente, no corrigiera o, en todo caso, no se pusiera en contacto con la demandante para permitirle
         rectificar el referido error.
      
      72      Por consiguiente, el motivo único, basado en un error manifiesto de apreciación supuestamente cometido por el Consejo en la
         decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 1, carece de fundamento. En consecuencia, debe
         desestimarse el recurso de anulación interpuesto contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere
         al lote nº 1.
      
       Sobre el recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2
       Alegaciones de las partes
      73      En apoyo de su recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2, la demandante
         formula tres motivos basados respectivamente en la vulneración del principio general de buena administración, en un error
         manifiesto de apreciación y en la vulneración del principio de no discriminación. Además, en la réplica, la demandante alega
         un cuarto motivo, basado en que, al no haberse puesto en contacto con ella antes de excluir su oferta, el Consejo vulneró
         lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo.
      
      74      La demandante sostiene, en esencia, que los tres primeros motivos, basados respectivamente en la vulneración del principio
         general de buena administración, del principio de no discriminación y en un error manifiesto de apreciación, tienen como fundamento
         el hecho de que su oferta relativa al lote nº 2 fue desestimada de forma automática, sin ulterior examen, por el único motivo
         de que el número total de horas de trabajo que figuraba en dicha oferta era inferior en más de un 12,5 % a la media del número
         total de horas propuestas en las ofertas recibidas.
      
      75      En primer lugar, la demandante considera que, por motivos similares, el criterio de selección relativo a la media del número
         total de horas propuestas que figura en el pliego de condiciones, en el que se basó el Consejo para desestimar su oferta sin
         ulterior examen, vulnera el principio de buena administración y adolece de un error manifiesto de apreciación. En efecto,
         dicho criterio, a su entender, da preferencia a las ofertas que prevén una cantidad de horas de prestaciones superior a lo
         que es realmente necesario y que, en consecuencia, son más costosas. 
      
      76      A este respecto, en primer lugar, la demandante afirma que el referido criterio empleado por el Consejo no permite evaluar
         de forma objetiva aquello que es necesario para llevar a cabo las prestaciones requeridas. Por una parte, la demandante recuerda
         que desde el 1 de enero de 1998, ella se encargaba, con plena satisfacción por parte del Consejo, de la limpieza y el mantenimiento
         del edificio al que se refería el lote nº 2, y ello sobre la base de una cantidad total de horas equivalente a la que figura
         en su oferta. Pues bien, aunque reconoce que el Consejo no podía tomar en consideración dicha experiencia, la demandante estima
         que ésta permite simplemente demostrar, de forma objetiva, que el número total de horas necesario para realizar las prestaciones
         requeridas, en condiciones como mínimo equivalentes, era inferior al de la oferta finalmente seleccionada y, por consiguiente,
         que el criterio aplicado por el Consejo fomentaba una sobreestimación de dicha cantidad de horas.
      
      77      Por otra parte, la demandante estima que la evaluación de la importancia de las prestaciones requeridas no puede razonablemente
         depender de las ofertas de los propios licitadores, ya que éstos pueden tener interés, tras haberse concertado, en aumentar
         artificialmente la cantidad de prestaciones ofrecidas. Por último, según la demandante, la cantidad de horas de trabajo no
         puede erigirse en el principal criterio a la hora de apreciar la calidad del trabajo que ha de realizarse. En relación con
         este último aspecto, la demandante señala que si ella hubiese aumentado artificialmente el número de horas propuestas en su
         oferta, ésta no habría sido automáticamente desestimada.
      
      78      En segundo lugar, la demandante alega que el Consejo no puede invocar el hecho de que, si bien la oferta del adjudicatario
         era un 3,7 % más cara que la suya, en ella se proponía un número de horas superior en un 25,2 % a lo propuesto en su oferta.
         En efecto, por una parte, la demandante reitera su observación de que el número total de horas propuestas por el adjudicatario
         era superior al número de horas que efectivamente se necesitan para realizar, satisfaciendo los requisitos de calidad requeridos,
         el trabajo previsto en el pliego de condiciones. Por tanto, a juicio de la demandante, como consecuencia de dicha sobreestimación
         de las prestaciones ofrecidas por el adjudicatario, se causa un perjuicio al Consejo y a la colectividad que lo financia.
         Por otra parte, la demandante añade que, en realidad, el licitador seleccionado no presta la totalidad del número de horas
         que figura en su oferta, lo cual, a su entender, confirma que el número de horas que éste había propuesto no se correspondía
         con lo que era necesario para realizar la limpieza de los locales a los que se refiere el lote nº 2.
      
      79      En segundo lugar, la demandante sostiene que el criterio de selección utilizado es discriminatorio en la medida en que conduce
         a descartar automáticamente, sin ulterior examen, ofertas objetivamente ventajosas para el Consejo desde un punto de vista
         presupuestario y perfectamente satisfactorias desde un punto de vista cualitativo.
      
      80      En tercer lugar, la demandante sostiene que el Consejo vulneró lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas
         de desarrollo. En efecto, la demandante considera que, antes de descartar su oferta, habida cuenta del carácter anormalmente
         bajo del número total de horas de prestaciones propuestas, el Consejo habría debido llevar a cabo una comprobación contradictoria
         de dicha oferta, en las condiciones establecidas por el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo. Asimismo, según
         la demandante, de la jurisprudencia se desprende que la exclusión automática de ofertas anormalmente bajas está prohibida
         cuando dicha exclusión se basa en la aplicación de un criterio matemático (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio
         de 1989, Fratelli Costanzo, 103/88, Rec. p. I‑1839).
      
      81      El Consejo recuerda que, según la jurisprudencia, la concesión de un contrato al licitador que haya presentado la oferta económicamente
         más ventajosa no implica que la oferta seleccionada sea necesariamente la menos cara.
      
      82      El Consejo añade que la convocatoria regular de licitaciones tiene, en particular, como objetivo demostrar que es posible
         hacerlo mejor o hacer más. En un mercado competitivo, la media del número total de horas propuestas por el conjunto de los
         licitadores constituye con toda probabilidad, a su entender, una estimación sólida y fiable de los medios que se requieren
         para garantizar la buena ejecución del servicio desde un punto de vista cualitativo. En efecto, en opinión del Consejo, con
         un número más elevado de horas dedicadas a la limpieza, se obtiene un mayor grado de calidad. Pues bien, en el caso de autos,
         el Consejo señala que, si bien el adjudicatario había presentado una oferta que era un 3,7 % más cara que la de la demandante,
         en cambio, aquél proponía un 25,2 % más de horas de trabajo que la demandante. Además, el Consejo observa que, mientras que
         el criterio del precio suponía un 50 % de la calificación en la evaluación de las ofertas, el criterio impugnado relativo
         al número total de horas propuestas sólo equivalía a un 25 % del número total de puntos que había que atribuir. Por consiguiente,
         en su opinión, la oferta del adjudicatario era económicamente más ventajosa y los servicios de la demandante eran mucho más
         caros. Asimismo, el Consejo afirma que las fichas de control del personal del adjudicatario demuestran que las prestaciones
         realizadas se ajustan a las obligaciones derivadas del tenor del contrato. 
      
      83      Con respecto a las alegaciones de la demandante relativas a un riesgo de concertación entre los licitadores, ya que estos
         podrían ponerse de acuerdo entre ellos para aumentar artificialmente la cantidad de prestaciones, el Consejo le insta a que,
         en caso de que disponga de pruebas sobre esta circunstancia, se ponga en contacto con las autoridades encargadas de la competencia.
      
      84      Con respecto al tercer motivo, basado en la vulneración del principio de no discriminación, el Consejo replica que dicho principio
         le prohibía tener en cuenta la calidad de los servicios anteriormente prestados por la demandante a la hora de llevar a cabo
         la adjudicación.
      
      85      Por último, el Consejo sostiene que el cuarto motivo, basado en la vulneración del artículo 139, apartado 1, de las normas
         de desarrollo, al haber sido formulado por la demandante en la fase de réplica, es un nuevo motivo que debe, por tanto, declararse
         inadmisible. En cualquier caso, el Consejo estima que la oferta de la demandante no era anormalmente baja. En efecto, el Consejo
         afirma, en esencia, que el respeto del procedimiento contradictorio, en caso de oferta anormalmente baja, tal como está previsto
         en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, sólo es obligatorio por lo que respecta al precio de dicha oferta.
         Pues bien, el Consejo observa que, si bien la demandante proponía en su oferta un número total de horas inferior en un 25,2 %
         a la oferta del adjudicatario, su precio era tan sólo inferior en un 3,7 % al propuesto por este último. Por consiguiente,
         el Consejo estima que los servicios de la demandante eran mucho más caros que los del adjudicatario. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      86      Antes de examinar el fundamento del recurso de anulación contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que
         se refiere al lote nº 2, es preciso, en primer lugar, pronunciarse acerca de la admisibilidad del cuarto motivo, basado en
         la vulneración de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo.
      
      –       Sobre la admisibilidad del cuarto motivo, basado en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las
         normas de desarrollo
      
      87      Según reiterada jurisprudencia, de lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del
         Tribunal de Primera Instancia, en relación con el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, se deduce que la demanda que
         abre el procedimiento debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados, y que
         en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan
         aparecido durante el procedimiento. No obstante, procede declarar la admisibilidad de un motivo que constituye una ampliación
         de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que presenta un estrecho vínculo
         con éste (sentencias del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 1982, Amylum/Consejo, 108/81, Rec. p. 3107, apartado
         25, y de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento, 306/81, Rec. p. 1755, apartado 9; sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 17 de diciembre de 1997, Moles García Ortuzar/Comisión, T‑216/95, RecFP pp. I‑A-403 y II‑1083, apartado 87). 
      
      88      Asimismo, según la jurisprudencia, del artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo se desprende que si la entidad
         adjudicadora estima que una oferta es anormalmente baja, antes de rechazarla deberá permitir al licitador especificar, es
         decir, justificar las características de dicha oferta (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2005,
         TQ3 Travel Solutions Belgium/Comisión, T‑148/04, Rec. p. II‑2627, apartado 49). 
      
      89      En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia observa que, en el apartado 17 de su demanda, la demandante alega, en
         particular, en apoyo de su recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2,
         una vulneración del principio general de buena administración, del principio de no discriminación y un error manifiesto de
         apreciación, en la medida en que su oferta fue desestimada, sin ulterior examen, por el único motivo de que el número total
         de horas de trabajo que figuraba en dicha oferta era inferior en más de un 12,5 % a la media del número total de horas propuestas.
         Asimismo, en el apartado 26 de su demanda, la demandante sostiene que la aplicación de dicho criterio es discriminatoria en
         la medida en que equivale a desestimar de oficio, sin ulterior examen, ofertas objetivamente más ventajosas. De ello se desprende
         que la demandante, ha reprochado expresamente al Consejo, en la fase de demanda, que desestimara su oferta, sin ulterior examen,
         debido a su carácter anormalmente bajo. 
      
      90      De las consideraciones anteriores se deriva que si bien el cuarto motivo, basado en la vulneración del artículo 139, apartado
         1, de las normas de desarrollo, tan sólo ha sido formulado por la demandante de manera expresa en la fase de réplica, constituye,
         no obstante, una ampliación de los tres motivos enunciados en la demanda que abre el procedimiento, y tiene un estrecho vínculo
         con ellos. Por tanto, procede declarar la admisibilidad de dicho motivo.
      
      –       Sobre la fundamentación del recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2
      91      Como se ha señalado en el apartado 89 supra, los tres motivos formulados en la fase de demanda, basados respectivamente en la vulneración del principio de buena administración,
         en un error manifiesto de apreciación y en una vulneración del principio de no discriminación tienen, en esencia, como finalidad
         demostrar que el Consejo incurrió en error al no instar a la demandante, con anterioridad a la exclusión automática de su
         oferta como consecuencia del carácter anormalmente bajo del número de horas que proponía y de conformidad con el principio
         de comprobación contradictoria previsto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, a darle una justificación
         que permitiese aportar la prueba de la seriedad de dicha oferta. Por consiguiente, procede examinar de entrada el cuarto motivo,
         basado en la vulneración del artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo. 
      
      92      A este respecto, procede, en primer lugar, determinar si el concepto de oferta anormalmente baja hace tan sólo referencia,
         como sostiene el Consejo, al criterio del precio de la oferta examinada por el órgano de contratación o si, como, en esencia,
         afirma la demandante, dicho concepto también se refiere a otros criterios de evaluación de las ofertas. 
      
      93      Según la jurisprudencia, puesto que las obligaciones que prevé el artículo 29, apartado 5, de la Directiva 71/305/CEE del
         Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
         (DO L 185, p. 5; EE 17/03, p. 9), el artículo 37, apartado 1, de la Directiva 92/50 y el artículo 30, apartado 4, de la Directiva
         93/37 son sustancialmente idénticas a las que impone el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, las consideraciones
         que siguen son asimismo válidas en lo que atañe a la interpretación de esta última disposición (véase, por analogía, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2001, Lombardini y Mantovani, C‑285/99 y C‑286/99, Rec. p. I‑9233, apartado 50).
         
      
      94      Además, debe señalarse que, en el apartado 67 de la sentencia Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 93 supra, el Tribunal de Justicia declaró que constaba que el artículo 30, apartado 4, de la Directiva 93/37/ no definía el concepto
         de oferta anormalmente baja ni determinaba, a fortiori, el modo de cálculo de un umbral de anomalía. En ese mismo asunto, el Abogado General consideró que el concepto de oferta anormalmente
         baja no era un concepto abstracto, sino un concepto muy preciso, que debía determinarse para cada contrato en función del
         objeto específico que constituía su prestación (conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto
         en el que recayó la sentencia Lombardini y Mantovani, Rec. p. I‑9235, citada en el apartado 93 supra, apartados 32 y 35).
      
      95      En el caso de autos, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia observa que ni en el Reglamento financiero ni en las
         normas de desarrollo se recoge ninguna definición del umbral de anomalía ni del concepto de oferta anormalmente baja, en el
         sentido del artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo. Por otra parte, de lo dispuesto en ese mismo artículo no
         se desprende de forma expresa que el concepto de oferta anormalmente baja no pueda aplicarse a otros criterios distintos del
         precio.
      
      96      Por consiguiente, para definir el ámbito de aplicación ratione materiae del concepto de oferta anormalmente baja, en el sentido del artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, es preciso,
         en primer lugar, basarse en el objetivo perseguido por dicha disposición. 
      
      97      Como se ha recordado en el apartado 88 supra, en virtud de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, si la entidad adjudicadora estima que
         una oferta es anormalmente baja, antes de rechazarla deberá permitir al licitador especificar, es decir, justificar las características
         de dicha oferta. Más concretamente, de la jurisprudencia se desprende que es fundamental que cada licitador sospechoso de
         haber presentado una oferta anormalmente baja disponga de la facultad de alegar oportunamente su punto de vista al respecto,
         ofreciéndosele para ello la posibilidad de aportar todo tipo de justificaciones sobre los diferentes componentes de su oferta
         en un momento en el que tenga conocimiento no sólo del umbral de anomalía aplicable a la correspondiente licitación y del
         hecho de que su oferta haya parecido anormalmente baja, sino también de los puntos precisos que hayan suscitado las dudas
         de la entidad adjudicadora (sentencia Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 93 supra, apartado 53). El Tribunal de Justicia declaró, en la misma ocasión, que el hecho de que tuviese lugar ese debate contradictorio
         efectivo constituía una exigencia fundamental, cuyo fin es evitar la arbitrariedad de la entidad adjudicadora y garantizar
         una sana competencia entre las empresas (sentencia Lombardini y Mantovani, citada en el apartado 93 supra, apartado 57).
      
      98      De las consideraciones anteriores se deriva que el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo establece una exigencia
         fundamental en materia de adjudicación de contratos públicos, que obliga al órgano de contratación a comprobar, de forma contradictoria,
         antes de desestimarla, cualquier oferta que revista un carácter anormalmente bajo, y ello habida cuenta de los elementos que
         la componen.
      
      99      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en virtud del artículo 97, apartado 2, del Reglamento financiero,
         el contrato podrá ser otorgado por adjudicación, o por concesión a la oferta económicamente más ventajosa y que, con respecto
         a este segundo modo de otorgamiento, el artículo 138, apartado 2, de las normas de desarrollo prevé que la oferta seleccionada
         será la que presente la mejor relación entre la calidad y el precio, teniendo en cuenta, en particular, los criterios justificados
         por el objeto del contrato, tales como el precio propuesto, el valor técnico, el carácter estético y funcional, las características
         medioambientales, el coste de utilización, la rentabilidad, el plazo de ejecución o de entrega, el servicio de posventa y
         la asistencia técnica.
      
      100    Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, cuando el contrato se otorga a la oferta económicamente más ventajosa,
         la exigencia fundamental a la que se hace referencia en el apartado 98 supra no es sólo aplicable al criterio del precio de la oferta examinada, sino también a los otros criterios contemplados en el
         artículo 138, apartado 2, de las normas de desarrollo, en la medida en que permitan determinar un umbral de anomalía por debajo
         del cual una oferta presentada en el marco de la licitación de que se trate resulte sospechosa de ser anormalmente baja, en
         el sentido del artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo.
      
      101    En segundo lugar, debe apreciarse si, en el caso de autos, habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Consejo estaba
         obligado, como sostiene la demandante, a respetar el procedimiento de comprobación contradictoria, según lo dispuesto en el
         artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo.
      
      102    A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que el modo de otorgamiento del contrato de que se trata era el de
         la concesión a la oferta económicamente más ventajosa. Asimismo, ha quedado acreditado que, entre los criterios tenidos en
         cuenta, el relativo a la media del número total de horas propuestas se refería al aspecto cualitativo de la oferta de la demandante
         y constituía uno de los diferentes componentes de la oferta en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 97 supra. Por último, conforme a las disposiciones del pliego de condiciones mencionadas en el apartado 16 supra, el antedicho criterio permitía determinar un umbral de anomalía por debajo del cual la oferta de que se tratase resultaba
         excluida de forma automática. 
      
      103    Pues bien, según se desprende del tenor del escrito del Consejo de 22 de octubre de 2004, y tal como el Consejo confirmó expresamente
         en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la oferta de la demandada fue desestimada sobre
         la base de este último criterio, aduciéndose únicamente el carácter excesivamente bajo del número total de horas que figuraba
         en dicha oferta. Asimismo, es preciso señalar que el Consejo no llevó a cabo ninguna comprobación contradictoria, en el sentido
         de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo, de la oferta de la demandante, con anterioridad
         a su exclusión automática.
      
      104    En tales circunstancias, el Consejo vulneró lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las normas de desarrollo.
      
      105    Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, tal como alega el Consejo en su escrito de dúplica, si bien el número
         total de horas propuesto por la demandante era inferior en un 25,2 % al del adjudicatario, su precio era, en cambio, inferior
         en un 3,7 % al de ese mismo adjudicatario. En efecto, de nuevo basta señalar que, tal como se desprende del escrito del Consejo
         de 22 de octubre de 2004, que la exclusión de la oferta de la demandante se debió únicamente al carácter excesivamente bajo
         del número total de horas que figuraba en dicha oferta. 
      
      106    De los razonamientos precedentes se deriva que el cuarto motivo, basado en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 139,
         apartado 1, de las normas de desarrollo, es fundado.
      
      107    Por consiguiente, sin que sea preciso pronunciarse sobre el carácter fundado de los tres primeros motivos formulados en apoyo
         del recurso de anulación, procede anular la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2.
      
       Sobre la pretensión de indemnización
       Alegaciones de las partes
      108    La demandante estima que la desestimación injusta de sus dos ofertas por parte del Consejo le ha causado un perjuicio y solicita
         la indemnización de dicho perjuicio que evalúa, al multiplicar el precio anual de su oferta por la duración del contrato (tres
         años), en 1.481.317,65 euros, más los intereses calculados a un tipo del 7 % anual.
      
      109    Por lo que respecta a la existencia de una falta, la demandante sostiene que el Consejo cometió incontestablemente una falta
         grave y manifiesta, por una parte, en relación con el lote nº 1, al no verificar la exactitud de su oferta y, por otra parte,
         en relación con el lote nº 2, al vulnerar las disposiciones del Reglamento financiero y de las normas de desarrollo.
      
      110    Por lo que respecta a la realidad del daño, la demandante alega que la desestimación irregular de sus dos ofertas constituye
         un lucro cesante considerable que pone en peligro su propia supervivencia.
      
      111    Por una parte, con carácter subsidiario, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia, que en caso de que no estuviese
         convencido de sus pretensiones en relación con la indemnización del daño sufrido como consecuencia de la desestimación de
         sus dos ofertas, le asigne, de forma inmediata una indemnización de 500.000 euros. Por otra parte, propone al Tribunal de
         Primera Instancia que, antes de pronunciarse de forma definitiva sobre el importe del daño, designe un experto contable que
         calcule el beneficio directo e indirecto que habría obtenido si se le hubiesen adjudicado los dos contratos.
      
      112    Por lo que respecta a la existencia de una relación de causalidad entre la falta y el daño soportado, la demandante considera
         que, en virtud del principio de equivalencia de condiciones, el Tribunal de Primera Instancia debe examinar si habría sufrido
         un daño idéntico en caso de que el Consejo no hubiese cometido ninguna falta. A este respecto, alega que, al haber excluido
         automáticamente el Consejo sus dos ofertas, no es posible, en estas circunstancias, proceder a dicho examen del daño.
      
      113    Según la demandante, debido a que el Consejo no adjuntó a su escrito de contestación a la demanda el informe de evaluación
         original, al Tribunal de Primera Instancia no le resulta posible controlar el razonamiento del Consejo y comprobar sobre que
         base hubieran podido quedar excluidas sus ofertas de la licitación controvertida, aunque el Consejo no hubiese cometido ninguna
         falta.
      
      114    Con respecto al lote nº 1, el Consejo estima que no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación. Añade que, incluso
         en el supuesto de que se le considerase responsable de un error de ese tipo, la demandante no ha demostrado ni el carácter
         grave y manifiesto de dicho error, ni la realidad del daño, ni la existencia de una relación de causalidad entre ellos.
      
      115    Con respecto al lote nº 2, el Consejo considera que no ha vulnerado los principios de buena administración y de no discriminación,
         ni incurrido en un error manifiesto de apreciación. Añade que, incluso en el supuesto de que se le considerase responsable
         de dicha vulneración, la demandante no ha demostrado ni el carácter grave y manifiesto de dicho error, ni la realidad del
         daño, ni la existencia de una relación de causalidad entre ellos.
      
      116    Sostiene que, contrariamente a lo que alega la demandante, los criterios de atribución de puntos, en lo que al lote nº 2 se
         refiere, sin duda alguna le han permitido proceder a la evaluación de la oferta de esta última. En efecto, el Consejo recuerda
         que el 75 % de esos puntos se atribuían basándose en cálculos fundados en los datos presentados por los licitadores, mientras
         que el 25 % restante se atribuían basándose en una evaluación.
      
      117    Por último, apoyándose en una evaluación «ordinaria» (descrita por el Consejo como aquella «basada en el expediente efectivamente
         presentado por la demandante, suponiendo que ésta no hubiese sido excluida de la licitación») y en una evaluación «teórica»
         (descrita por el Consejo como aquella «basada en la atribución a la demandante [del número de puntos máximo atribuido] al
         mejor licitador dentro de cada criterio, salvo cuando el criterio se base en datos matemáticos contenidos en la oferta»),
         el Consejo pretende demostrar, en cuanto se refiere tanto al lote nº 1 como al lote nº 2, que las ofertas de la demandante
         no habrían obtenido el primer puesto y que, por consiguiente, en el caso de autos, no se cumple el requisito de la realidad
         del daño.
      
      118    En cualquier caso, tanto con respecto al lote nº 1 como con respecto al lote nº 2, el Consejo considera que, incluso en el
         supuesto, que considera totalmente improbable, de que el Tribunal de Primera Instancia acogiese la pretensión de indemnización
         de la demandante, la indemnización solicitada por esta última tendría que volverse a calcular, limitándose al beneficio neto
         anual que demostrase que pudiese obtener del contrato de que se trata.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      119    De una reiterada jurisprudencia se desprende que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por
         comportamiento ilícito de sus órganos, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurran una serie
         de requisitos: ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, realidad del perjuicio y existencia de una relación
         de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre
         de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de
         julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T‑175/94, Rec. p. II‑729, apartado 44; de 16 de octubre de 1996,
         Efisol/Comisión, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, apartado 30, y de 11 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑267/94, Rec.
         p. II‑1239, apartado 20). 
      
      120    Toda vez que no se cumple uno de tales requisitos, debe desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar
         los demás requisitos (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión, C‑146/91, Rec.
         p. I‑4199, apartados 19 y 81, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de febrero de 2002, Förde-Reederei/Consejo
         y Comisión, T‑170/00, Rec. p. II‑515, apartado 37). 
      
      121    Aunque la demandante alega un derecho a obtener una indemnización basado en el perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia
         de la desestimación de sus dos ofertas conjuntamente consideradas, es preciso examinar su pretensión de indemnización diferenciando
         la decisión de 13 de octubre de 2004 según se refiera, por una parte, al lote nº 1 y, por otra parte, al lote nº 2.
      
       Sobre la pretensión de indemnización por lo que respecta al lote nº 1
      122    Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, las pretensiones de reparación de un perjuicio deben desestimarse en
         la medida en que tengan una relación estrecha con las pretensiones de anulación que, a su vez, hayan sido desestimadas (véase
         la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de julio de 2002, Arne Mathisen/Consejo, T‑340/99, Rec. p. II‑2905, apartado
         134, y la jurisprudencia allí citada). 
      
      123    Al haberse desestimado la pretensión de anulación con respecto al lote nº 1 como consecuencia de la inexistencia de la ilegalidad
         alegada por la demandante y al tener la solicitud de indemnización una estrecha relación con dicha pretensión, procede desestimar
         dicha solicitud de indemnización en lo que atañe al lote nº 1.
      
       Sobre la pretensión de indemnización por lo que respecta al lote nº 2
      124    El Tribunal de Primera Instancia señala que la demandante solicita una indemnización equivalente a los importes que habría
         facturado al Consejo si se le hubiese adjudicado el contrato, y, en consecuencia, concretamente, el lote nº 2. Debe interpretarse
         que dicha solicitud no tiene como fundamento la pérdida de una oportunidad de celebrar el contrato, sino la pérdida del propio
         contrato.
      
      125    Sin embargo, la demandante no prueba en modo alguno que, de no haberse producido la ilegalidad constatada por lo que respecta
         al lote nº 2, hubiera obtenido con toda certeza el contrato en lo que atañe a dicho lote. Únicamente sostiene que, al no haber
         adjuntado el Consejo su informe de evaluación original a sus pretensiones, no es posible comprobar por qué motivos habrían
         podido excluirse sus ofertas de la licitación controvertida, aun en el caso de que el Consejo no hubiese cometido ninguna
         falta. 
      
      126    Pues bien, en relación con este último aspecto, al haber presentado el Consejo, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal
         de Primera Instancia, el informe de evaluación original, del cual se dio traslado a la demandante, el Tribunal de Primera
         Instancia debe declarar que esta última, aunque no se hubiese producido la ilegalidad constatada en el apartado 106 supra, no habría obtenido de todas formas la adjudicación del contrato por lo que respecta al lote nº 2. En efecto, en el informe
         de evaluación original presentado por el Consejo, la oferta de la demandante estaba clasificada en la octava y última posición.
         
      
      127    De las consideraciones anteriores se desprende que el perjuicio alegado por la demandante por lo que respecta al lote nº 2,
         a saber, la pérdida del propio contrato, no es real y cierto, sino hipotético, de forma que no puede ser objeto de indemnización,
         lo cual es, en sí mismo, suficiente para desestimar la solicitud de indemnización. Además, a mayor abundamiento, no existe
         indicio alguno, y la demandante tampoco ha presentado ninguno, de que como consecuencia de la ilegalidad constatada hubiese
         perdido siquiera una oportunidad de obtener el contrato.
      
      128    En consecuencia, procede desestimar la pretensión de indemnización de la demandante por lo que respecta al lote nº 2. 
      
      129    Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que la pretensión de indemnización debe desestimarse en su totalidad.
         
      
       Costas
      130    A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una
         y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.
         En el caso de autos, procede decidir que cada parte abone sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      decide:
      1)      Anular la decisión del Consejo de la Unión Europea de 13 de octubre de 2004, por la que se desestiman las ofertas de Belfass
            SPRL en el marco del procedimiento de licitación UCA-033/04 en la medida en que dicha decisión desestima la oferta de Belfass
            en cuanto respecta al lote nº 2.
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Cada parte cargará con sus propias costas.
      
               Vilaras 
            
            
                Martins Ribeiro 
            
            
                Jürimäe
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de mayo de 2008.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     M. Vilaras
            
         
      Índice
      
      Marco jurídico
      Hechos que originaron el litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre la admisibilidad del recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el fondo
      Sobre el recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 1
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote nº 2
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre la admisibilidad del cuarto motivo, basado en la vulneración de lo dispuesto en el artículo 139, apartado 1, de las
         normas de desarrollo
      
      – Sobre la fundamentación del recurso contra la decisión de 13 de octubre de 2004, en la medida en que se refiere al lote
         nº 2
      
      Sobre la pretensión de indemnización
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la pretensión de indemnización por lo que respecta al lote nº 1
      Sobre la pretensión de indemnización por lo que respecta al lote nº 2
      Costas
      * Lengua de procedimiento: francés.