CELEX: C2005/115/29
Language: es
Date: 2005-05-14 00:00:00
Title: Asunto C-136/05: Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas

14.5.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 115/16
            
         Recurso interpuesto el 22 de marzo de 2005 contra el Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-136/05)
   (2005/C 115/29)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 22 de marzo de 2005 un recurso contra el Gran Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Enrico Traversa y Denis Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo.
   La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               —
            
            
               Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 10 CE, al no haber adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 6 de marzo de 2003 en el asunto C-478/01, relativo a la obligación de los agentes de la propiedad industrial de designar como domicilio el de un agente autorizado para realizar una prestación de servicios.
            
         
               —
            
            
               Ordene al Gran Ducado de Luxemburgo que abone a la Comisión una multa coercitiva de 9 100 euros por cada día de retraso que sufra la ejecución de la sentencia dictada en el asunto C-478/01, desde la fecha en que se dicte la sentencia en el presente asunto hasta el día en que se ejecute la sentencia dictada en el asunto C-478/01.
            
         Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
   Motivos y principales alegaciones
   
      En su sentencia dictada el 6 de marzo de 2003 en el asunto C-478/01, el Tribunal de Justicia declaró que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE y 10 CE, respectivamente, «habida cuenta de la obligación de los agentes de la propiedad industrial de designar como domicilio el de un agente autorizado para realizar una prestación de servicios y tomando en consideración que el Gobierno luxemburgués no ha facilitado información sobre las condiciones exactas de aplicación de lo dispuesto en el artículo 85, apartado 2, de la Ley de 20 de julio de 1992, por la que se modifica el régimen de patentes de invención, en relación con los artículos 19 y 20 de la Ley de 28 de diciembre de 1988, relativa al acceso a las profesiones de artesano, comerciante, industrial y a determinadas profesiones liberales.»
   
   Conforme al procedimiento regulado en el artículo 228 CE, la Comisión recordó al Gran Ducado de Luxemburgo, mediante un escrito de 19 de diciembre de 2003, la necesidad de atenerse a las obligaciones derivadas de la sentencia dictada en el asunto C-478/01 y le instó a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses.
   Dado que el citado escrito no tuvo respuesta, la Comisión cursó un dictamen motivado a las autoridades luxemburguesas, mediante otro escrito de 9 de julio de 2004.
   El citado dictamen motivado tampoco tuvo respuesta.
   Puesto que las autoridades luxemburguesas no respondieron ni al escrito de requerimiento ni al dictamen motivado que les había cursado la Comisión, es incuestionable que no han adoptado, hasta la fecha, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el asunto C-478/01.
   Conforme al artículo 228 CE, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase, la Comisión indicará en el escrito de interposición del recurso el importe que considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.
   En el presente caso, la Comisión considera que una multa coercitiva de 9 100 euros diarios se ajusta a la gravedad y a la duración de la infracción y tiene en cuenta la necesidad de dar a la citada multa el efecto disuasorio necesario.