CELEX: 62010CC0115
Language: es
Date: 2011-02-10
Title: Conclusiones del Abogado General Mazák presentadas el 10 de febrero de 2011. # Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. contra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve. # Petición de decisión prejudicial: Fővárosi Bíróság - Hungría. # Política agrícola común - Reglamento (CE) nº 1782/2003 - Ayuda directa nacional complementaria - Requisitos para su concesión. # Asunto C-115/10.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. JÁN MAZÁK
      presentadas el 10 de febrero de 2011 (1)
      
      Asunto C‑115/10
      Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt.
      contra
      Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Bíróság (Hungría)]
      [Política Agrícola Común – Reglamento (CEE) nº 3508/92 – Reglamento (CE) nº 1259/1999 – Reglamento (CE) nº 1782/2003 – Legislación nacional que excluye a los productores incursos en un procedimiento de liquidación de la ayuda nacional complementaria
         vinculada al régimen de pago único por superficie – Determinación de si los Estados miembros pueden establecer requisitos para acogerse a las ayudas nacionales complementarias
         que no son aplicables a la concesión de la ayuda comunitaria correspondiente].
      1.        En la presente petición de decisión prejudicial, el Fővárosi Bíróság (tribunal municipal de Budapest) (Hungría) ha planteado
         cuestiones relativas a la interpretación de los Reglamentos del Consejo (CEE) nº 3508/92 y (CE) nº 1259/1999. (2) Lo ha hecho en el contexto de un recurso contencioso-administrativo contra una resolución administrativa, interpuesto por
         Bábolna Mezőgazdasági Termelő és Fejlesztő Kereskedelmi Zrt. (en lo sucesivo, «Bábolna») contra Mezőgazdasági és Fejlesztő
         és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Oficina de agricultura y desarrollo rural; en lo sucesivo, «Hivatal») en relación
         con una ayuda agrícola nacional complementaria concedida a Bábolna para el año 2004.
      
      I.      Marco jurídico
      2.        El Acta de adhesión (3) dispone en su artículo 23: «el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y tras consultar al Parlamento Europeo,
         podrá efectuar las adaptaciones a las disposiciones de la presente Acta relativas a la Política Agrícola Común [PAC] que resulten
         necesarias como consecuencia de las modificaciones de las normas comunitarias [actualmente normas de la Unión Europea, “UE”].
         Dichas adaptaciones podrán efectuarse antes de la adhesión.»
      
      3.        El artículo 20 de dicha Acta establece que «los actos enumerados en el anexo II de la presente Acta serán objeto de las adaptaciones
         definidas en dicho anexo». En dicho anexo, en el capítulo 6A, denominado «Legislación agraria», el apartado 27, letra b),
         establece una inserción en el Reglamento nº 1259/1999 de los artículos 1 bis a 1 quater. El artículo 1 bis establece la implantación (por etapas) de los pagos directos concedidos en virtud de los regímenes de ayuda a que se refiere
         el artículo 1. El artículo 1 ter permite a los nuevos Estados miembros sustituir los pagos correspondientes a los regímenes de ayuda a que se refiere el artículo
         1 por un pago único o «pago único por superficie». Por último, el artículo 1 quater les permite la posibilidad, siempre que la Comisión lo autorice, de complementar la ayuda directa con una ayuda complementaria
         nacional.
      
      4.        El Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, (4) derogó los Reglamentos nº 3508/92 (5) y nº 1259/1999 (6) a partir del 1 de mayo de 2004. Su artículo 1 indica que el Reglamento nº 1782/2003 establece, entre otras cosas: «[i)] disposiciones
         comunes en relación con los pagos directos efectuados al amparo de los regímenes de ayuda a la renta de la [PAC] y financiados
         por la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) enumerados en el anexo I, salvo
         los contemplados en el Reglamento (CE) nº 1257/1999; [y ii)] una ayuda a la renta para los agricultores […] “régimen de pago
         único”».
      
      5.        En virtud del artículo 2, letra a), del Reglamento nº 1782/2003, «se entenderá por […] “agricultor” toda persona física o
         jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación
         nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad, tal como se establece
         en el artículo 299 [CE], y que ejerza una actividad agraria.»
      
      6.        La Decisión 2004/281/CE del Consejo (7) fue adoptada en virtud del artículo 2, apartado 3, del Tratado de Adhesión y del artículo 23 del Acta de Adhesión. En su
         artículo 1, apartado 5, letra a), esta Decisión establece la inserción después del segundo guión del artículo 1 del Reglamento
         nº 1782/2003 del siguiente guión: «una ayuda a la renta transitoria simplificada para los agricultores de los nuevos Estados
         miembros (“régimen de pago único por superficie” [RPUS])».
      
      7.        El artículo 1, apartado 5, letra c), de dicha Decisión establece, en particular, la inserción en el Reglamento nº 1782/2003
         de un artículo 143 bis en los siguientes términos «Implantación de regímenes de ayuda […] En los nuevos Estados miembros la implantación de las
         ayudas directas se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente programa de incrementos, expresados porcentualmente con relación
         al nivel aplicable en la [Unión] en su composición de 30 de abril de 2004, para dichas ayudas en el momento considerado: [i)] el
         25 % en 2004, [ii)] el 30 % en 2005, [iii)] el 35 % en 2006, [iv)] el 40 % en 2007, [v)] el 50 % en 2008, [vi)] el 60 % en
         2009, [vii)] el 70 % en 2010, [viii)] el 80 % en 2011, [ix)] el 90 % en 2012, [y x)] el 100 % a partir de 2013.»
      
      8.        Dicha disposición insertó también el artículo 143 ter, denominado «Régimen de pago único por superficie», que establece en su apartado 1: «en la fecha de adhesión como máximo,
         los nuevos Estados miembros podrán decidir sustituir las ayudas directas durante el periodo de aplicación contemplado en el
         apartado 9 por un pago único por superficie que será calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.»
      
      9.        Asimismo, insertó el artículo 143 quater, denominado «Ayudas directas nacionales y ayudas directas [nacionales] complementarias [ADNC]», cuyos apartados 2, 4, 6 y
         7 establecen, entre otras cosas:
      
      «2.      Los nuevos Estados miembros tendrán la posibilidad de complementar, previa autorización de la Comisión, cualquiera de las
         ayudas directas:
      
      […]
      Las ayudas directas totales que el agricultor puede percibir en los nuevos Estados miembros en el marco de los pagos directos
         aplicables después de la adhesión, incluidas todas las [ADNC], no superarán el nivel de ayudas directas que el agricultor
         hubiera tenido derecho a percibir en virtud de los pagos directos que correspondan, en el momento considerado, a los Estados
         miembros de la Comunidad en su composición de 30 de abril de 2004.
      
      […]
      4.      Si un nuevo Estado miembro decide aplicar el régimen de pago único por superficie, podrá conceder ayudas directas nacionales
         complementarias con arreglo a las condiciones que figuran en los apartados 5 y 8.
      
      6.      El nuevo Estado miembro podrá determinar, con arreglo a criterios objetivos y previa autorización de la Comisión, los importes
         de las ayudas nacionales complementarias que vaya a conceder.
      
      7.      La autorización de la Comisión: [i)]  especificará, en caso de que se aplique la letra b) del apartado 2, los regímenes de
         ayudas directas nacionales similares a los de la PAC, [ii)] determinará el nivel que podrán alcanzar las ayudas nacionales
         complementarias, su magnitud y, cuando proceda, las condiciones de concesión de las mismas, [y iii)] deberá ajustarse a las
         modificaciones que sean necesarias en función de la evolución de la [PAC].»
      
      II.    Hechos y cuestiones prejudiciales
      10.      El 28 de mayo de 2004, Bábolna presentó ante las autoridades húngaras una solicitud relativa a un pago único por superficie
         y a una ayuda nacional complementaria vinculada a dicho pago (la ADNC). (8)
      
      11.      Posteriormente, Bábolna inició su proceso de liquidación el 1 de septiembre de 2004, con arreglo a la resolución administrativa
         (Kormányhatározat) 2186/2004 (VII.22.), para llevar a cabo un reajuste y una reestructuración con vistas a una privatización
         satisfactoria. (9)
      
      12.      El 17 de mayo de 2005, la Hivatal accedió parcialmente a la solicitud de Bábolna y acordó concederle la cantidad de 174.410.400 HUF
         en concepto de pago único por superficie (equivalente ahora a unos 626.133 euros) y otra de 70.677.810 HUF en concepto de
         ADNC (equivalente ahora a unos 253.733 euros).
      
      13.      Más adelante, cuando la Hivatal, que actuaba como primera instancia administrativa se percató de que Bábolna había iniciado
         el proceso de liquidación el 1 de septiembre de 2004, modificó su resolución anterior mediante resolución nº 1.026.133.367
         de 11 de abril de 2006 y, de modo simultáneo, acordó concederle la cantidad de 174.406.363 HUF en concepto del pago único
         por superficie (equivalente ahora a unos 626.119 euros) y, en lo relativo a la solicitud de la ADNC para tierras de cultivo,
         desestimó la solicitud y ordenó a Bábolna el reintegro de la cantidad de 15.829.789 HUF (equivalente ahora a unos 56.829 euros)
         que ya le había abonado en este concepto.
      
      14.      La autoridad administrativa se amparó en el artículo 3, apartado 1, letra a), del Decreto del Gobierno (Kormányrendelet) 6/2004,
         de 22 de enero de 2004, según el cual podrán percibir una ayuda las personas jurídicas o sociedades mercantiles desprovistas
         de personalidad jurídica que no estén incursas en un procedimiento de suspensión de pagos, quiebra, convenio con los acreedores
         o liquidación.
      
      15.      Bábolna interpuso recurso contra dicha resolución, solicitando que ésta se sometiera a control jurisdiccional, que se dejara
         sin efecto en la medida en que se ordenaba el reintegro y que se mantuviera en vigor la resolución inicial por la que se accedía
         a la solicitud.
      
      16.      Ante el órgano jurisdiccional remitente, Bábolna alega que la normativa de la UE aplicable al caso de autos no excluye de
         las ayudas a las personas u operadores económicos que estén incursos en un procedimiento de liquidación. El único requisito
         para la ayuda es que la explotación del grupo de productores agrícolas se encuentre en el territorio de la UE, independientemente
         del régimen jurídico que otorgue al solicitante de la ayuda la legislación nacional. La Hivatal se opone a esta interpretación.
      
      17.      Según el órgano jurisdiccional remitente, es necesaria una resolución prejudicial para poder decidir si una sociedad mercantil
         que opera legalmente en un Estado miembro y explota una producción agrícola, pero que está incursa en un procedimiento de
         liquidación (es decir, que de cara al futuro desea cesar su actividad), tiene derecho a percibir la ADNC en el supuesto de
         que cumpla los requisitos prescritos para el pago único por superficie de la Unión, teniendo en cuenta los principios fundamentales
         y los objetivos de la PAC.
      
      18.      Por consiguiente, dadas las circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente considera que ha surgido la necesidad de aclarar
         si, teniendo en cuenta los objetivos, naturaleza y orientación de la PAC, cabe regular una ayuda nacional complementaria como
         la ADNC de un modo completamente autónomo y con independencia de los principios y normas de la Unión. En otras palabras, solicita
         que se dilucide si el Estado miembro puede establecer para la ADNC requisitos adicionales más estrictos y restrictivos que
         los prescritos para las ayudas por superficie de la Unión.
      
      19.      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Los requisitos para las ayudas [de la Unión] en el ámbito de la PAC (FEOGA) pueden ser diferentes de los requisitos para
         las ayudas nacionales complementarias, es decir, cabe establecer para las ayudas nacionales complementarias requisitos distintos
         y más estrictos que los que regulan las ayudas financiadas a través del FEOGA?
      
      2)      ¿Puede interpretarse el ámbito de aplicación subjetiva, en lo relativo a los perceptores de las ayudas, establecido en el
         artículo 1, apartado 4, del [Reglamento nº 3508/92] y en el artículo 10, letra a), del [Reglamento nº 1259/1999] en el sentido
         de que, desde el punto de vista subjetivo, sólo existen dos requisitos para las ayudas: tendrá derecho a percibir una ayuda
         a) aquel grupo de productores agrícolas (o individuo) b) cuya explotación se encuentre en el territorio [de la Unión]?
      
      3)      ¿Los Reglamentos anteriormente citados pueden interpretarse en el sentido de que un productor agrícola cuya explotación se
         encuentra en el territorio [de la Unión], pero que quiere cesar su actividad en el futuro (después de utilizar la ayuda),
         no tiene derecho a la ayuda?
      
      4)      Sobre la base de los dos Reglamentos anteriormente citados, ¿cómo ha de interpretarse el régimen jurídico otorgado por las
         legislaciones nacionales?
      
      5)      ¿El régimen jurídico otorgado por las legislaciones nacionales incluye el régimen jurídico correspondiente al eventual modo
         del cese de la actividad por el productor agrícola (o grupo de productores)? El Derecho húngaro regula diferentes regímenes
         jurídicos para los posibles supuestos de cese (procedimientos de suspensión de pagos, de quiebra y de liquidación).
      
      6)      ¿Cabe regular de forma distinta y absolutamente independiente los requisitos para solicitar un pago único por superficie [de
         la Unión] y los requisitos para solicitar una ayuda nacional complementaria? ¿Qué relación hay (puede haber) entre los principios,
         sistemática y objetivos de ambos tipos de ayudas?
      
      7)      ¿Puede excluirse de la ayuda nacional complementaria a un grupo (o persona) que, por lo demás, cumple los requisitos para
         el pago único por superficie de la UE?
      
      8)      ¿El ámbito de aplicación del [Reglamento nº 1259/1999] también se extiende, sobre la base de su artículo 1, a las ayudas nacionales
         complementarias, teniendo en cuenta que lo que el FEOGA sólo financia parcialmente se financia consecuentemente mediante una
         ayuda nacional complementaria?
      
      9)      Un productor agrícola cuya explotación, que funciona legal y efectivamente, se encuentra en el territorio de la [Unión], ¿tiene
         derecho a percibir la ayuda nacional complementaria?
      
      10)      Si el Derecho nacional contiene una regulación específica para el procedimiento de cese de las sociedades mercantiles, ¿dicha
         regulación tiene relevancia desde el punto de vista de las ayudas [de la UE] (y de las ayudas nacionales vinculadas a éstas)?
      
      11)      ¿Cabe interpretar la normativa [de la UE] y la normativa nacional relativas al funcionamiento de la PAC en el sentido de que
         dichas normativas han de crear un sistema jurídico complejo, que pueda interpretarse de manera uniforme y que funcione sobre
         la base de principios y requisitos idénticos?
      
      12)      ¿Cabe interpretar el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 4, del [Reglamento nº 3508/92] y del artículo 10, letra a),
         del [Reglamento nº 1259/1999] en el sentido de que, desde el punto de vista de las ayudas, resultan completamente irrelevantes
         tanto la intención del productor agrícola de cesar su actividad en el futuro como el régimen jurídico correspondiente a dicha
         intención?»
      
      III. Apreciación
      20.      Como el Gobierno húngaro y la Comisión propusieron en sus observaciones, las cuestiones prejudiciales deben abordarse conjuntamente,
         no sólo debido a su número, sino también porque las cuestiones se superponen y están lógicamente interrelacionadas. Sin embargo,
         para ayudar al lector de estas conclusiones, he decidido dividir las cuestiones en tres grupos (en lo que respecta al tenor
         literal de cada una de las cuestiones, me remito al punto 19 supra).
      21.      En esencia, la cuestión principal planteada en el presente asunto y el objeto de las dudas del órgano jurisdiccional remitente
         es si las ADNC pueden ser reguladas de manera autónoma y si los Estados miembros pueden establecer requisitos especiales para
         las ADNC (en particular, en lo referente a los destinatarios de la ayuda), más estrictos y rigurosos que los establecidos
         para el régimen de pago único por superficie.
      
      Cuestiones prejudiciales primera, sexta, séptima, novena y undécima
      22.      En primer lugar, la definición prevista en las normas de la Unión pertinentes antes citadas indica claramente que por «agricultor»
         se entenderá «toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen
         jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de
         la [UE] […] y que ejerza una actividad agraria». En efecto, como la Comisión señaló, no es accidental que la definición establecida
         en la legislación de la Unión sea tan amplia: su objetivo es abarcar la mayor variedad posible de operadores en el ámbito
         agrícola para que, a efectos de las disposiciones de que se trata, la normativa de la Unión pertinente sea aplicable a la
         totalidad del sector.
      
      23.      El Reglamento nº 1782/2003 fue modificado, a raíz de la adhesión en 2004 de los diez nuevos Estados miembros, mediante la
         Decisión del Consejo (10) –que introdujo en dicho Reglamento un nuevo título IV bis, integrado por tres nuevos artículos: 143 bis, 143 ter y 143 quater, que regulan la implantación de regímenes de ayuda en los nuevos Estados miembros.
      
      24.      El artículo 143 bis regula el sistema de implantación por incrementos («mecanismo de implantación con arreglo a un calendario de incrementos»)
         a todas las ayudas directas en los nuevos Estados miembros. (11)
      
      25.      Del artículo 143 quater, apartado 2, del Reglamento nº 1782/2003 se desprende que los nuevos Estados miembros tendrían la posibilidad de complementar,
         previa autorización de la Comisión, cualquiera de las ayudas directas con arreglo a determinados requisitos. (12)
      
      26.      Hungría decidió sustituir las ayudas directas de la Unión por un pago único por superficie, según se indica en el artículo
         1, apartado 5, de la Decisión del Consejo.
      
      27.      El 18 de mayo de 2004, Hungría presentó su programa en relación con las ADNC, que complementarían o se añadirían a la ayuda
         basada en la superficie prevista con arreglo al régimen de pago único por superficie. Las ADNC se financian íntegramente con
         cargo al presupuesto nacional.
      
      28.      El 29 de junio 2004, mediante la Decisión C(2004) 2295, la Comisión autorizó las ADNC en Hungría con respecto al año 2004.
         El régimen así establecido de las ADNC especificaba su importe, su magnitud y los requisitos para su concesión.
      
      29.      Procede señalar con carácter preliminar que las normas de la Unión pertinentes y el Reglamento nº 1782/2003 en particular
         no regulan los requisitos de concesión de las ADNC.
      
      30.      Dicho Reglamento se limita a indicar en el artículo 143 quater, apartado 6, que el nuevo Estado miembro podrá determinar, con arreglo a criterios objetivos y previa autorización de la Comisión,
         los importes de las ADNC que vaya a conceder. Además, en virtud del artículo 143 quater, apartado 7, la autorización de la Comisión determinará el nivel que podrán alcanzar las ADNC, su magnitud y, cuando proceda,
         las condiciones de concesión de las mismas.
      
      31.      A este respecto, debe recordarse que con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en los campos cubiertos por
         una organización común de mercado, los Estados miembros ya no pueden, en principio, intervenir mediante disposiciones nacionales
         unilaterales. (13) Su competencia legislativa sólo puede ser residual y se limita a las situaciones no contempladas por el régimen de la Unión
         y a los casos en que éste les reconoce competencia de manera explícita. (14)
      
      32.      Además, el Tribunal de Justicia declaró que «ante un Reglamento que establezca una organización común de mercados en un sector
         determinado, los Estados miembros tienen que abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda significar una excepción o infrinja
         dicho Reglamento. Son igualmente incompatibles con una organización común de mercados las normativas que se oponen a su correcto
         funcionamiento, aunque la organización común de mercados no haya regulado de manera exhaustiva la materia de que se trate». (15)
      
      33.      Según el Gobierno húngaro, a falta de normas de la Unión sobre los requisitos para acogerse a las ADNC, los Estados miembros
         pueden establecer requisitos, teniendo en cuenta la autorización de la Comisión y con arreglo a los principios fundamentales
         del Derecho de la UE. (16) El Gobierno húngaro alega que ello también se desprende del artículo 143 quater, apartado 7, del Reglamento nº 1782/2003, que establece que la autorización de la Comisión determinará las condiciones de
         concesión de las ayudas «cuando proceda». Por consiguiente, sostiene que a contrario sensu se desprende que, en principio, es el Estado miembro quien define dichos requisitos.
      
      34.      En cualquier caso, ha de señalarse a este respecto, como hicieron tanto el Gobierno húngaro como la Comisión, que las ADNC
         no se abonan con cargo a los recursos comunitarios (FEOGA), (17) sino con cargo a los presupuestos nacionales de los Estados miembros. Por lo tanto, considero que debe concederse a los nuevos
         Estados miembros un margen de maniobra en lo que respecta a la definición de los requisitos para acogerse a las ADNC.
      
      35.      A este respecto, el Gobierno húngaro sostiene que de ello se sigue que un Estado miembro debe poder establecer requisitos
         especiales (más restrictivos), que limiten el ámbito de los destinatarios de la ayuda, en la medida en que respete los principios
         generales del Derecho de la Unión. (18) Además, el Gobierno húngaro afirma que los criterios para acogerse a las ayudas no están regulados de manera uniforme: algunos
         están establecidos por el Derecho de la Unión y otros, en su caso, por la legislación nacional. Por lo tanto, no es contrario
         al Derecho de la Unión que los requisitos para poder acogerse a las ADNC no sean los mismos que los correspondientes al pago
         único por superficie, de modo que una persona que puede optar al pago único por superficie puede no tener derecho a las ADNC.
      
      36.      En mi opinión, no hay que olvidar –como reconocieron tanto el Gobierno húngaro como la Comisión– que las ADNC persiguen en
         esencia compensar con carácter optativo los posibles efectos negativos de la ayuda a tanto alzado en determinados sectores
         y atenuar en cierta medida el mecanismo de implantación con arreglo a un calendario de incrementos.
      
      37.      En efecto, los requisitos relativos a las ADNC no deben dar lugar a una discriminación arbitraria entre los candidatos que
         ya cumplen los requisitos para la concesión de la ayuda. En consecuencia, la Comisión sostiene correctamente que, una vez
         que ha autorizado un programa nacional, el Estado miembro no puede decidir aplicar otros requisitos adicionales.
      
      38.      De ello resulta que, en lo que respecta a las ADNC, los Estados miembros pueden establecer requisitos como los plazos para
         presentar las solicitudes, importes, otras sanciones y obligaciones adicionales. Sin embargo, de las disposiciones controvertidas
         se desprende que la aplicación de dichos requisitos depende de la autorización otorgada por la Comisión en virtud del artículo
         143 quater del Reglamento nº 1782/2003 y no es menos cierto que dichos requisitos deben ser compatibles con los principios fundamentales
         del régimen de ayudas.
      
      39.      La Comisión añadió a este respecto que dichos requisitos pueden definirse para todas las ADNC, dividiéndolas bien por sector
         (leche, carne de oveja, carne de vaca y cabra, arroz, cultivos herbáceos, tabaco) bien de manera general (persona física o
         persona jurídica).
      
      40.      Consta en autos que el programa nacional húngaro, autorizado por la Comisión, no contenía ningún requisito con arreglo al
         cual las ayudas sólo podían concederse a personas jurídicas o sociedades sin personalidad jurídica que no estén incursas en
         un procedimiento de suspensión de pagos, quiebra, convenio con los acreedores o liquidación.
      
      41.      Según la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional alberga dudas sobre si es compatible con la legislación
         de la Unión que un agricultor perciba un pago único por superficie con arreglo a las normas de Derecho de la Unión –es decir,
         con independencia de su régimen jurídico actual– y se le deniegue la ADNC correspondiente porque está incurso en un procedimiento
         de liquidación.
      
      42.      A mi juicio, dicho agricultor debe cumplir efectivamente dos conjuntos diferentes de normas, en función del origen de los
         fondos de la ayuda agrícola.
      
      43.      A diferencia de lo que alega el Gobierno húngaro, considero que las ADNC no deben ser tratadas de manera totalmente independiente,
         sino que deben considerarse como parte integrante del régimen de ayudas agrícolas de la Unión.
      
      44.      A este respecto, ha de señalarse que la definición del concepto de «agricultor» en los Reglamentos nº 1259/1999, nº 3508/92
         y nº 1782/2003 es aplicable a todas las normas jurídicas de que se trata, incluidas las relativas a los requisitos de las ADNC.
      
      45.      En efecto, la ayuda de la Unión y la ayuda nacional correspondiente constituyen de hecho un único programa, caracterizado
         por objetivos comunes y principios fundamentales que son mutuamente compatibles.
      
      46.      A este respecto, fue el propio Gobierno húngaro el que reconoció que la PAC es un régimen jurídico complejo que funciona con
         arreglo a un único conjunto de principios fundamentales.
      
      47.      Por consiguiente, si bien es cierto que están facultados para establecer determinados requisitos con respecto a las ADNC,
         no lo es menos que: i) los Estados miembros deben respetar el concepto de «agricultor»; ii) los requisitos relativos a las
         ADNC dependen de la autorización de la Comisión, (19) y, por último, iii) dichos requisitos deben ser, en cualquier caso, compatibles con los principios fundamentales del régimen
         de ayudas.
      
      Cuestiones prejudiciales segunda, cuarta, quinta y décima
      48.      Es evidente que algunas de las cuestiones planteadas se refieren expresamente al concepto de «agricultor» que figura en el
         artículo 1, apartado 4, del Reglamento nº 3508/92 y en el artículo 10 del Reglamento nº 1259/1999 (y el artículo 2, letra a),
         del Reglamento nº 1782/2003, que lo sustituyó).
      
      49.      Por una parte, el Gobierno húngaro admite que de dichas disposiciones se deduce que los Estados miembros no pueden limitar
         el alcance de dicho concepto mediante la imposición de una forma jurídica determinada. Sin embargo, por otra, dicho Gobierno
         alega que la expresión «régimen jurídico que otorgue la legislación nacional» no debe interpretarse en el sentido de que incluye
         la situación de un grupo de agricultores y sus miembros que son objeto de una forma de cese de la actividad. A este respecto,
         el Gobierno húngaro sostiene también que el requisito establecido por la legislación nacional –con arreglo al cual sólo las
         personas que no están incursas en ninguna forma de cese de la actividad pueden acogerse a las ayudas– se ajusta a los principios
         de no discriminación y proporcionalidad.
      
      50.      A mi juicio, en lo que atañe al «régimen jurídico que otorgue la legislación nacional», «régimen jurídico» es por definición
         «la identidad jurídica de una persona u organismo como una sociedad o sociedad colectiva». Sin embargo, el régimen jurídico
         de un agricultor está expresamente excluido de las características que definen el término «agricultor» previstas en los Reglamentos
         antes citados. De hecho, de una lectura de las disposiciones pertinentes se desprende que dichas disposiciones subrayan que
         las características sustantivas de la definición del concepto de «agricultor» son el hecho i) de que la «explotación [del
         agricultor] esté situada en el territorio de la [UE]» y ii) que el agricultor «ejerza una actividad agraria».
      
      51.      A pesar de la exclusión anterior, subsiste la cuestión de si «un método de liquidación de un agricultor» (o un grupo de agricultores)
         –o su intención de cesar la actividad en el futuro– es legalmente pertinente para la concesión de la ayuda de la Unión y la
         ayuda nacional correspondiente. Esta cuestión debe plantearse reconociendo que la liquidación de una sociedad mercantil (por
         ejemplo) devolviendo la licencia u otro método de cese de actividad con arreglo a la legislación nacional no son más que meros
         métodos para poner fin a la identidad jurídica de un agricultor (o, cuando así lo prevea la normativa nacional, de cambiarla).
      
      52.      Considero que, mientras que dicho método no haya sido legalmente finalizado y, en consecuencia, no se haya producido ninguno
         de los hechos jurídicos que dan lugar a la liquidación del agricultor, éste continúa existiendo legalmente y su identidad
         jurídica permanece esencialmente inalterada. Además, su concepción subjetiva del negocio (por ejemplo, su intención de cesar
         la actividad) no puede modificar nada a este respecto. Ello se debe a que dicha intención en este contexto no es una circunstancia
         prevista por la ley que entrañe la liquidación del agricultor o afecte a su régimen jurídico y, en consecuencia, le provoque
         la pérdida de su derecho a solicitar ayudas agrícolas.
      
      53.      Además, si se tiene en cuenta la definición del concepto de «agricultor» del artículo 1, apartado 4, del Reglamento nº 3508/92
         y el artículo 10 del Reglamento nº 1259/1999 (y el artículo 2, letra a), del Reglamento nº 1782/2003, que lo sustituyó), no
         cabe deducir del tenor de dicha definición que el concepto de «agricultor» no incluye las personas físicas o jurídicas que
         son legalmente identificables como agricultores que han iniciado un procedimiento jurídico destinado a su liquidación, pero
         que, por lo demás, cumplen las características que definen dicho concepto. Para que dichas personas puedan ser excluidas de
         dicho concepto, sería necesario establecer expresamente que los agricultores incursos en procedimientos de suspensión de pagos,
         quiebra, convenio con los acreedores o liquidación no tienen derecho a obtener ayudas agrícolas como las del litigio principal.
         Dicha formulación no se encuentra en las disposiciones controvertidas y considero que no es posible sobreentenderla adoptando
         una interpretación amplia de las mismas.
      
      54.      Asimismo, de los puntos 43 a 47 supra (y de las consideraciones anteriores a dichos puntos) se desprende que los Estados miembros deben tener en cuenta la definición
         de «agricultor» en el marco de la implantación de las ADNC.
      
      55.      Además, en virtud de los principios fundamentales del programa de ayudas, los Estados miembros deben garantizar la coherencia
         de la concesión de ayudas directas y no pueden discriminar en función del régimen jurídico de los agricultores. (20)
      
      56.      Estoy de acuerdo con la Comisión en que, habida cuenta de la finalidad de las ADNC (compensación de los efectos negativos
         potenciales de la ayuda a tanto alzado en determinados sectores), dichas ayudas deben concederse a todos los agricultores
         que pueden acogerse a los pagos únicos por superficie, con arreglo a los Reglamentos nº 3508/92, nº 1259/1999 y nº 1782/2003.
         Cualquier otra interpretación daría lugar a que determinados agricultores fueran privados de las ventajas del régimen de compensación
         (las ADNC), lo que ocasionaría en la práctica una aplicación discriminatoria. Como he señalado antes, aunque los Estados miembros
         tienen derecho a establecer determinados requisitos con respecto a las ADNC, no es menos cierto que deben respetar el concepto
         de «agricultor».
      
      Cuestiones prejudiciales tercera, octava y duodécima
      57.      En relación con lo señalado anteriormente, es evidente que la normativa de la Unión sobre ayudas agrícolas no contiene ninguna
         disposición que excluya a un agricultor de la posibilidad de acogerse a la ayuda porque tenga la intención de cesar su actividad.
         Por lo tanto, un agricultor que haya cesado su actividad antes de percibir la ayuda sigue teniendo derecho a percibir ayudas
         directas siempre que cumpla los requisitos pertinentes en el momento de la presentación de su solicitud (21) (dicho esto, incluso el Gobierno húngaro reconoció que las solicitudes de ayuda deben valorarse en función de las circunstancias
         fácticas y jurídicas existentes en el momento de la presentación de la solicitud).
      
      58.      Considero que una norma nacional con arreglo a la cual una sociedad en procedimiento de liquidación no puede percibir bajo
         ninguna circunstancia una ADNC puede tener una repercusión sustancial en los principios en los que se basan las ayudas agrícolas
         de la Unión. En efecto, su aplicación práctica puede, de hecho, ir acompañada de una restricción adicional a la posibilidad
         de acogerse a las ayudas y puede establecer potencialmente requisitos que sean incompatibles con el Derecho de la Unión.
      
      59.      La Comisión señala acertadamente que la definición establecida en el Derecho de la Unión –con arreglo a la cual el legislador
         comunitario se tomó expresamente la molestia de establecer un ámbito de aplicación amplio mediante la utilización de la expresión
         «persona física o jurídica»– demuestra que dicha definición es aplicable con independencia del régimen jurídico conferido
         al grupo o a sus miembros por el Derecho nacional. En lo que respecta al régimen de ayudas agrícolas, el legislador de la
         Unión llama la atención de los Estados miembros sobre una cuestión esencial, ya que subraya que no pueden restringir el abanico
         de agricultores que potencialmente pueden acogerse a las ayudas invocando su régimen jurídico otorgado por el Derecho nacional.
         En efecto, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional verificar si en el litigio principal Bábolna había cesado efectivamente
         sus actividades antes de presentar su solicitud de ayuda.
      
      60.      Como conclusión, de todas las consideraciones anteriores se desprende que debe considerarse que las ADNC constituyen una parte
         integrante del régimen de ayudas agrícolas de la Unión, que se basa en un único conjunto de principios fundamentales y reviste
         las características de un programa determinado.
      
      61.      Por consiguiente, la legislación de la Unión y la legislación nacional sobre el funcionamiento de la PAC establecen un régimen
         jurídico complejo, que debe interpretarse de manera uniforme y que funciona con arreglo a un único conjunto de principios
         (es decir, uno que es aplicable a todos los aspectos de la PAC) y requisitos. La concesión de ayudas de la Unión en el marco
         de la PAC (los pagos únicos por superficie) y de las ADNC correspondientes no puede estar sujeta a requisitos diferentes,
         a menos que dichos requisitos hayan sido autorizados previamente por una decisión de la Comisión. En su decisión, la Comisión
         autoriza los principios, objetivos y estructura del programa de ayudas nacionales. Un grupo (o persona) que cumpla los requisitos
         del pago único por superficie de la Unión no puede excluirse de las ADNC si el programa nacional autorizado por la Comisión
         no contenía una norma en ese sentido. Todo agricultor cuya explotación opere de manera legal y efectiva en el territorio de
         la UE tiene derecho a percibir las ADNC compatibles con las normas pertinentes de Derecho de la Unión.
      
      62.      El concepto de régimen jurídico otorgado por la legislación nacional, en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento
         nº 3508/92 y del artículo 10, letra a), del Reglamento nº 1259/1999, debe interpretarse en sentido amplio, de modo que el
         ámbito de aplicación subjetiva sea lo más amplio posible, sin tener en cuenta el régimen jurídico que un determinado agricultor
         posea con arreglo a las normas nacionales. Una forma de liquidación de un agricultor (o un grupo de agricultores) no puede
         afectar, en el litigio principal, a su régimen jurídico (a efectos de los artículos anteriores) si el agricultor opera de
         manera legal y efectiva en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, con independencia de los procedimientos jurídicos
         que haya iniciado con vistas a su liquidación.
      
      63.      La intención de un agricultor determinado de cesar su actividad en el futuro carece de pertinencia en el momento en que debe
         valorarse si cumple los requisitos para acogerse a la ayuda. Ni la intención de un determinado agricultor de cesar su actividad
         en el futuro, ni el régimen jurídico resultante son pertinentes para la aplicación de los Reglamentos nº 3508/92, nº 1259/1999
         y nº 1782/2003. Por último, el Reglamento nº 1259/1999 es aplicable también a las ADNC.
      
      IV.    Conclusión
      64.      En consecuencia, considero que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Bíróság deben responderse del siguiente modo:
      
      «–      Cuestiones primera, sexta, séptima, novena y undécima: la legislación comunitaria y la legislación nacional sobre el funcionamiento
         de la Política Agrícola Común (PAC) establecen un régimen jurídico complejo, que debe interpretarse de manera uniforme y que
         funciona con arreglo a un único conjunto de principios (es decir, uno que es aplicable a todos los aspectos de la PAC) y requisitos.
         La concesión de ayudas comunitarias en el marco de la PAC (los pagos únicos por superficie) y de las Ayudas Directas Nacionales
         Complementarias (ADNC) correspondientes no puede estar sujeta a requisitos diferentes, a menos que dichos requisitos hayan
         sido autorizados previamente por una decisión de la Comisión. En su decisión, la Comisión autoriza los principios, objetivos
         y estructura del programa de ayudas nacionales. Un grupo (o persona) que cumpla los requisitos del pago único por superficie
         de la Unión no puede excluirse de las ADNC si el programa nacional autorizado por la Comisión no contenía una norma en ese
         sentido. Todo agricultor cuya explotación opere de manera legal y efectiva en el territorio de la UE tiene derecho a percibir
         las ADNC compatibles con las normas pertinentes de Derecho de la Unión.
      
      –      Cuestiones segunda, cuarta, quinta y décima: El concepto de régimen jurídico otorgado por la legislación nacional, en el sentido
         del artículo 1, apartado 4, del Reglamento (CEE) nº 3508/92 del Consejo, de 27 de noviembre de 1992, por el que se establece
         un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios, y del artículo 10, letra a), del
         Reglamento nº 1259/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables
         a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común, debe interpretarse en sentido amplio, de modo
         que el ámbito de aplicación subjetiva sea lo más amplio posible, sin tener en cuenta el régimen jurídico que un determinado
         agricultor posea con arreglo a las normas nacionales. Una forma de liquidación de un agricultor (o un grupo de agricultores)
         no puede afectar, en el litigio principal, a su régimen jurídico (a efectos de los artículos anteriores) si el agricultor
         opera de manera legal y efectiva en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, con independencia de los procedimientos
         jurídicos que haya iniciado con vistas a su liquidación.
      
      –      Cuestiones tercera, octava y duodécima: La intención de un agricultor determinado de cesar su actividad en el futuro carece
         de pertinencia en el momento en que debe valorarse si cumple los requisitos para acogerse a la ayuda. Ni la intención de un
         determinado agricultor de cesar su actividad en el futuro, ni el régimen jurídico resultante son pertinentes para la aplicación
         de los Reglamentos nº 3508/92 y nº 1259/1999, ni del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003,
         por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola
         común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican otros Reglamentos. Por último,
         el Reglamento nº 1259/1999 es aplicable también a las ADNC.»
      
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Reglamento de 27 de noviembre de 1992, por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados
         regímenes de ayuda comunitarios (DO L 355, p. 1) y Reglamento de 17 de mayo de 1999, por el que se establecen las disposiciones
         comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la [PAC] (DO L 160, p. 113).
      
      3 –	Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
         República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la
         República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO
         2003, L 236, p. 33).
      
      4 –	Reglamento de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda
         directa en el marco de la [PAC] y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican
         los Reglamentos (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999,
         (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 y (CE) nº 2529/2001 (DO L 270, p. 1, en su versión corregida, DO 2004,
         L 94, p. 70).
      
      5 –	Sin embargo, el Reglamento nº 1782/2003 precisó que el Reglamento nº 3508/92 seguirá aplicándose a las solicitudes de pagos
         directos respecto a los años naturales anteriores a 2005 y que cualquier referencia a los Reglamentos derogados se considerará
         realizada al nuevo Reglamento.
      
      6 –	El Reglamento nº 1782/2003 derogó este Reglamento. Sin embargo, dejó claro que «los artículos 2 bis y 11 del Reglamento (CE) nº 1259/99 y, a los efectos de aplicación de dichos artículos, el anexo de dicho Reglamento seguirán
         siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2005. Por otra parte, los artículos 3, 4 y 5 y, a los efectos de la aplicación
         de dichos artículos, el anexo del Reglamento (CE) nº 1259/1999 seguirán siendo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2004».
      
      7 –	Decisión de 22 de marzo de 2004 sobre la adaptación del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa,
         la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría,
         la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de
         los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, después de la reforma de la [PAC] (DO L 93, p. 1) (en lo sucesivo,
         «Decisión del Consejo»).
      
      8 –	El Gobierno húngaro explicó que Bábolna es una sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital es mayoritariamente propiedad
         del Estado. El resto del capital es propiedad de una autoridad local.
      
      9 –	La resolución administrativa 2295/2005 (XII.23.) y el posterior acuerdo de la junta general de Bábolna pusieron fin al
         proceso de liquidación el 31 de enero de 2006.
      
      10 –	En relación con dicha Decisión, véase la sentencia de 23 de octubre de 2007, Polonia/Consejo (C‑273/04, Rec. p. I‑8925).
         El Tribunal de Justicia desestimó el recurso interpuesto por Polonia (apoyada por Letonia, Lituania y Hungría), que impugnaba
         la ampliación del mecanismo de implantación con arreglo a un calendario de incrementos a todos los pagos directos a los agricultores
         de los nuevos Estados miembros, y consideró que dicha Decisión era una adaptación necesaria del Acta de adhesión y no vulneraba
         los principios de igualdad de trato y buena fe.
      
      11 –	El mecanismo de implantación con arreglo a un calendario de incrementos fue establecido, entre otras cosas, porque la situación
         agrícola en los nuevos Estados miembros era radicalmente diferente de la existente en los antiguos. Por consiguiente, se justificaba
         una aplicación gradual de la ayuda comunitaria, sobre todo de la ayuda procedente de los regímenes de ayuda directa, con el
         fin de no perturbar la necesaria reestructuración continua del sector agrícola de los nuevos Estados miembros.
      
      12 –	Los nuevos Estados miembros conservaron dicha posibilidad también con arreglo al Reglamento (CE) nº 73/2009. El Reglamento
         nº 1782/2003 fue derogado y sustituido por el Reglamento nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009 (DO L 30, p. 16).
      
      13 –	Véase la sentencia de 29 de junio de 1978, Dechmann (154/77, Rec. p. 1573), apartado 16.
      
      14 –	Véanse las sentencias de 18 de septiembre de 1986, Comisión/Alemania (48/85, Rec. p. 2549), apartado 12, y de 25 de marzo
         de 2004, Industrias de Deshidratación Agrícola (C‑118/02, Rec. p. I‑3073), apartado 19.
      
      15 –	Véanse las sentencias de 8 de enero de 2002, Denkavit (C‑507/99, Rec. p. I‑169), apartado 32; de 18 de abril de 2002, Bélgica/Comisión
         (C‑332/00, Rec. p. I‑3609), apartado 29, e Industrias de Deshidratación Agrícola, citada en la nota 14, apartado 20.
      
      16 –	El Gobierno húngaro hace referencia a la jurisprudencia citada en la nota 13.
      17 –	Con la excepción, quizá, de los programas de desarrollo rural que se implantan mediante cofinanciación.
      
      18 –	El Gobierno húngaro se remite en este sentido a la sentencia de 4 de junio de 2009, JK Otsa Talu (C‑241/07, Rec. p. I‑4323),
         apartado 48.
      
      19 –	Con arreglo al artículo 143 quater del Reglamento nº 1782/2003.
      
      20 – 	Ello se desprende, en particular, del artículo 143 quater, apartado 2, del Reglamento nº 1782/2003.
      
      21 –	En efecto, por lo que se refiere a los pagos únicos por superficie (a diferencia de las ayudas agrícolas, que exigen el
         ejercicio de una actividad determinada durante un período de tiempo concreto, por ejemplo, la cría de ganado durante al menos
         seis meses) el hecho de si se cumplen los requisitos exigidos se verifica en el momento de la presentación de la solicitud.