CELEX: C1998/340/46
Language: es
Date: 1998-11-07 00:00:00
Title: Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por José Ma Olivares Ramos, Angel Viñas Martín, Paloma Díez Pardo, Carlos Gil Renaux, José Luis Roselló López, Rosario Doménech Cobo, Miguel Lobato González, Eduardo Peña Abizanda, Manuel de Lucas Casas, Eduardo Sorribes Manzana, Ricardo Puente Sala, José Ma Plaza Sánchez, José Ramón Borrell Nivera, Francisco Fernández Ruiz, Rafael García Palencia, Antonio Espino Morcillo, Bonifacio Marín Pérez, Teresa de la Mora, Pablo Amor Echeverri, Luis Montoya Morón, Amador Rodríguez Prieto, Marco Marcos Rodríguez, Emilio López Menchero, Leopoldo Fabra Utray, Gonzalo Molina Igartua, Gonzalo Giménez Andrés, Pedro Tarno Fernández, Manuel Rodríquez Alonso, Ana María Cobos Aguirre, Fernando Truyols Zaforteza, Isabel de Eguía Antolín, Victor Pou Serradell, Lucía Ramón Amat, Joaquín Ferrán Pérez-Portabella, Jesús Suárez Ávila, Pablo Jiménez Fernández, Rosa Quevedo Díez, Ángeles Santos Asenjo, Francisco de Vicente, Carlos Arroyos, Antonio López Peña, Valeriano Díaz García, Alfonso González Finat, Antonio Fernández Avilés, Miguel Abellán López, Ángel González Leiro, Fernando Aragón Morales, Rafael Valls i Pursals, Jesús Garijo, Alexandre Checchi Lang, Rafael Cepas Palanca, Eduardo de la Peña Vega, Antonio Alonso Madero, Jaime Díez-Canseco, Enrique Juaristi Martínez y Pablo Benavides contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto T-115/98)

7.11.98               ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   C 340/23
Andrada Sanz, Pablo FernaÂndez Ruiz, Fabriciano Corchete            no cabría estimarla real ni efectiva, puesto que, tras doce
Vicente, Antonio Oliva EspanÄol, Miguel Alay Marcos,                anÄos de negociaciones, auÂn no se ha alcanzado un acuerdo
Geraldine O'Shea, Ana Luisa Muller, Alfonso Novoa Diz,              sobre el contenido del referido Real Decreto.
Ernesto PeÂrez Carbonell, Alfredo Escribano Martínez,
Soledad Blanco Mangudo, Enrique Rojas de Montis, Joan               Consideran igualmente los demandantes que la deman-
Antoni Salmurri Trintxet, Federica Burel Louberry, Elena            dada va demasiado lejos al retirar la asistencia financiera
Frutos Zamarrón, Rafael Aguirre Unceta, Manuel Parejo               acordada, a sabiendas de que aqueÂllos se encuentran a
Pagador, Pablo Pardo Ortiz, Santiago VaÂzquez Souto, Con-           mitad de un procedimiento pendiente ante los órganos
cepción Sanmartín Quintela, Saturnino DuraÂn Vidal, Luis            jurisdiccionales espanÄoles. Se precisa, a este respecto, que,
Guembe Casi y Alfonso Ruiz de AzuÂa CastanÄo, con domi-             si bien en su decisión, la AFPN afirma que la retirada de
cilio en Bruselas y Luxemburgo, representados por los               la asistencia no implica el desistimiento de las acciones
letrados en ejercicio D. Antonio Creus y DnÄa. BegonÄa              emprendidas, en la praÂctica dicha retirada sí lleva consigo
Uriarte Valiente, del Ilustre Colegio de Abogados de Barce-         dicho desistimiento, al verse privados los demandantes de
lona y Madrid, con domicilio en Bruselas, Av. d'Auder-              la asistencia teÂcnica de su institución.
ghem, no 78.                                                        Alegan los demandantes en uÂltimo lugar el desconoci-
                                                                    miento en el caso de autos del deber de motivación de los
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-            actos.
tancia que:
Ð declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de
     fecha 10 de noviembre de 1997 por la que niega a los
     demandantes su asistencia financiera y teÂcnica en el          Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por JoseÂ Ma
     asunto relativo a la transferencia de los derechos de          Olivares Ramos, Angel VinÄas Martín, Paloma Díez Pardo,
     pensión adquiridos en el reÂgimen espanÄol de pensiones,       Carlos Gil Renaux, JoseÂ Luis Roselló López, Rosario
     así como de la Decisión de 19 de junio de 1998, por la         DomeÂnech Cobo, Miguel Lobato GonzaÂlez, Eduardo PenÄa
     que se desestima la reclamación formulada por los              Abizanda, Manuel de Lucas Casas, Eduardo Sorribes
     demandantes;                                                   Manzana, Ricardo Puente Sala, JoseÂ Ma Plaza SaÂnchez,
                                                                    JoseÂ Ramón Borrell Nivera, Francisco FernaÂndez Ruiz,
Ð se condene a la Comisión Europea al pago de las cos-              Rafael García Palencia, Antonio Espino Morcillo, Bonifa-
     tas que se deriven del presente procedimiento.                 cio Marín PeÂrez, Teresa de la Mora, Pablo Amor Echeve-
                                                                    rri, Luis Montoya Morón, Amador Rodríguez Prieto,
Motivos y principales alegaciones
                                                                    Marco Marcos Rodríguez, Emilio López Menchero, Leo-
Los demandantes, funcionarios de la Comisión, se oponen             poldo Fabra Utray, Gonzalo Molina Igartua, Gonzalo
a la negativa de la AFPN de prestarles su asistencia finan-         GimeÂnez AndreÂs, Pedro Tarno FernaÂndez, Manuel Rodrí-
ciera y teÂcnica en los litigios entablados ante las instancias     quez Alonso, Ana María Cobos Aguirre, Fernando Truyols
nacionales por razón de la inexistencia en Derecho espanÄol         Zaforteza, Isabel de Eguía Antolín, Victor Pou Serradell,
de los cauces que permitirían transferir al sistema comuni-         Lucía Ramón Amat, Joaquín FerraÂn PeÂrez-Portabella,
tario los derechos de pensión adquiridos al amparo del              JesuÂs SuaÂrez AÂvila, Pablo JimeÂnez FernaÂndez, Rosa Que-
                                                                    vedo Díez, A  Â ngeles Santos Asenjo, Francisco de Vicente,
reÂgimen espanÄol de pensiones. En la decisión de 10 de
noviembre de 1997, arriba mencionada, la Comisión basó              Carlos Arroyos, Antonio López PenÄa, Valeriano Díaz Gar-
su negativa en el estadio avanzado en que se encontraban            cía, Alfonso GonzaÂlez Finat, Antonio FernaÂndez AvileÂs,
las negociaciones con el Estado espanÄol, tendentes a la            Miguel AbellaÂn López, AÂngel GonzaÂlez Leiro, Fernando
adopción de un Real Decreto capaz de colmar el referido             Aragón Morales, Rafael Valls i Pursals, JesuÂs Garijo, Ale-
vacío normativo, así como en el hecho de que el Reino de            xandre Checchi Lang, Rafael Cepas Palanca, Eduardo de
EspanÄa ya ha sido objeto de una condena expresa por                la PenÄa Vega, Antonio Alonso Madero, Jaime Díez-Can-
parte del Tribunal de Justicia por la misma causa.                  seco, Enrique Juaristi Martínez y Pablo Benavides contra
                                                                             la Comisión de las Comunidades Europeas
El presente recurso se fundamenta en la violación del prin-                                (Asunto T-115/98)
cipio de igualdad, al haberse discriminado a los deman-
                                                                                             (98/C 340/46)
dantes frente a otros funcionarios espanÄoles, que, en un
asunto ideÂntico, han podido beneficiarse de la asistencia                       (Lengua de procedimiento: espanÄol)
financiera de la institución unos meses antes, así como
frente a otros funcionarios que, en asuntos similares, tam-         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
bieÂn fueron asistidos por su institución.                          Europeas se ha presentado, el 23 de julio de 1998 un
                                                                    recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Afirman, por otro lado, los demandantes que, en el caso             formulado por JoseÂ Ma Olivares Ramos, Angel VinÄas Mar-
que nos ocupa, la Comisión ha asimilado «asistencia teÂc-           tín, Paloma Díez Pardo, Carlos Gil Renaux, JoseÂ Luis
nica» con la impulsión de las negociaciones con el Estado           Roselló López, Rosario DomeÂnech Cobo, Miguel Lobato
espanÄol. En su opinión, sin embargo, la negociación con            GonzaÂlez, Eduardo PenÄa Abizanda, Manuel de Lucas
las autoridades nacionales de una norma que permita la              Casas, Eduardo Sorribes Manzana, Ricardo Puente Sala,
transferencia de los derechos a pensión no puede conside-           JoseÂ Ma Plaza SaÂnchez, JoseÂ Ramón Borrell Nivera, Fran-
rarse «asistencia teÂcnica», en el sentido del artículo 24 del      cisco FernaÂndez Ruiz, Rafael García Palencia, Antonio
Estatuto, ya que dicha negociación se enmarca dentro de             Espino Morcillo, Bonifacio Marín PeÂrez, Teresa de la
las obligaciones que incumben a la Comisión en virtud del           Mora, Pablo Amor Echeverri, Luis Montoya Morón,
artículo 155 del Tratado, y que, aun cuando dicha impul-            Amador Rodríguez Prieto, Marco Marcos Rodríguez, Emi-
sión pudiera considerarse «asistencia teÂcnica», quod non,          lio López Menchero, Leopoldo Fabra Utray, Gonzalo
 ---pagebreak--- C 340/24              ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    7.11.98
Molina Igartua, Gonzalo GimeÂnez AndreÂs, Pedro Tarno                  cada en forma de comunicación a los Estados miem-
FernaÂndez, Manuel Rodríquez Alonso, Ana María Cobos                   bros y terceros interesados, en el DO C 147 de 13 de
Aguirre, Fernando Truyols Zaforteza, Isabel de Eguía                   mayo de 1998;
Antolín, Victor Pou Serradell, Lucía Ramón Amat,
Joaquín FerraÂn PeÂrez-Portabella, JesuÂs SuaÂrez Avila, Pablo     Ð condene a la Comisión al pago a la CompanÄía Trasme-
JimeÂnez FernaÂndez, Rosa Quevedo Díez, A      Â ngeles Santos         diterraÂnea S.A. de la totalidad de las costas que se
Asenjo, Francisco de Vicente, Carlos Arroyos, Antonio                  deriven del procedimiento.
Lopez PenÄa, Valeriano Díaz García, Alfonso GonzaÂlez
Finat, Antonio FernaÂndez AvileÂs, Miguel AbellaÂn López,          Motivos y principales alegaciones
AÂ ngel GonzaÂlez Leiro, Fernando Aragón Morales, Rafael
                                                                   La demandante, una companÄía adjudicataria del concurso
Valls i Pursals, JesuÂs Garijo, Alexandre Checchi Lang,            puÂblico relativo al servicio de navegaciones de intereÂs
Rafael Cepas Palanca, Eduardo de la PenÄa Vega, Antonio            puÂblico entre puertos peninsulares y puertos de las Islas
Alonso Madero, Jaime Díez-Canseco, Enrique Juaristi                Baleares, puertos de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla,
Martínez y Pablo Benavides, con domicilio en Bruselas y            impugna la decisión de la Comisión de abrir el procedi-
Luxemburgo, representados por los letrados en ejercicio            miento contemplado en el art. 93.2 del Tratado CE, por
D. Antonio Creus y DnÄa. BegonÄa Uriarte Valiente, del Ilus-       entender que la contraprestación percibida del Estado por
tre Colegio de Abogados de Barcelona y Madrid, con                 la prestación de los servicios objeto de la adjudicación
domicilio en Bruselas, Av. d'Auderghem, no 78.                     podría ser constitutiva de una ayuda de Estado, en el sen-
                                                                   tido del art. 92 del mismo texto.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que:                                                     La demandante imputa, en primer lugar, a la demandada
                                                                   una interpretación errónea del concepto comunitario de
Ð declare la nulidad de las Decisiones de la Comisión de           ayuda de Estado. En su opinión, en el presente caso no se
     fecha 13 y 19 de noviembre de 1997 por las que retira         da la necesaria afectación del comercio entre Estados
     a los demandantes la asistencia financiera en el asunto       miembros, dado que, en aplicacion del art. 6 del regla-
     relativo a la transferencia de los derechos de pensión        mento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre
     adquiridos en el reÂgimen espanÄol de pensiones, así          de 1992, por el que se aplica el principio de la libre pres-
     como de la Decisión de la AFPN de 19 de junio de              tación de servicios a los transportes marítimos dentro de
     1998, por la que se desestima la reclamación formu-           los Estados miembros (1), el cabotaje insular es un sector
     lada por los demandantes;                                     que, por lo que a EspanÄa se refiere, sólo se abriraÂ a la
                                                                   competencia el 1 de enero de 1999. La demandante se pre-
Ð se condene a la Comisión Europea al pago de las cos-
                                                                   gunta, a este respecto, cómo un Estado puede incumplir
     tas que se deriven del presente procedimiento.
                                                                   un reglamento que no le es aplicable.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   En segundo lugar, la demandante alega que la Comisión
                                                                   ha interpretado erróneamente las Directrices comunitarias
Los motivos y principales alegaciones son los ya invocados
                                                                   sobre ayudas de Estado al transporte marítimo (2), al basar
en el asunto T-114/95 Rodríguez PeÂrez y otros/Comisión.
                                                                   esencialmente la calificación del contrato de autos como
                                                                   ayuda de Estado en la duración supuestamente excesiva
                                                                   del mismo y en la no publicación del concurso en condi-
                                                                   ciones adecuadas. En su opinión, las Directrices ni siquiera
Recurso interpuesto el 23 de julio de 1998 por CompanÄía           contemplan una obligación estricta de convocar un con-
TrasmediterraÂnea, S.A. contra la Comisión de las Comuni-          curso puÂblico para adjudicar un contrato de servicio
                        dades Europeas                             puÂblico en el aÂmbito del transporte marítimo, de manera
                                                                   que la elección del meÂtodo para adjudicar el contrato a
                      (Asunto T-116/98)                            una companÄía corresponde exclusivamente al Estado. Para
                         (98/C 340/47)                             la demandante la publicidad dada al contrato de autos
                                                                   debe considerarse adecuada, en la medida en que se realizó
             (Lengua de procedimiento: espanÄol)                   con arreglo a normas de aplicación general, iguales para
                                                                   todos los licitadores y suficientes, de acuerdo con una
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades             legislación espanÄola que responde a los principios comuni-
Europeas se ha presentado, el 23 de julio de 1998 un               tarios establecidos por las Directivas comunitarias en
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas             materia de contratación puÂblica. Por otro lado, y por lo
formulado por la sociedad CompanÄía TrasmediterraÂnea,             que respecta a la duración del contrato, la misma parte
S.A., con domicilio social en Madrid, representada por los         considera que las autoridades espanÄolas han respetado el
letrados en ejercicio D. Antonio Creus, del Ilustre Colegio        plazo de cinco anÄos, fijado con caraÂcter meramente orien-
de Abogados de Barcelona y por DnÄa. BegonÄa Uriarte, del          tativo por las Directrices, ya que el contrato no estaraÂ
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, con domicilio en            sujeto en su primer anÄo de vigencia al reglamento no 3577/
78, Av. d'Auderghem, Bruselas.                                     92, por la que el plazo de seis anÄos se desglosa en la praÂc-
                                                                   tica en un anÄo maÂs cinco.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Ins-
tancia que:                                                        Se invoca igualmente como motivo de anulación la infrac-
                                                                   ción del art. 90,2 el Tratado, en la medida en que la su-
Ð declare la nulidad de la Decisión de la Comisión, de             puesta ayuda de Estado que centra el caso de autos debe
     18 de febrero de 1998, de abrir el procedimiento de           contemplarse como una compensación por la prestación
     examen de ayudas de estado del artículo 93.2, publi-          de un servicio puÂblico por la demandante, en su calidad de