CELEX: 62006TJ0045
Language: es
Date: 2008-09-24
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Octava) de 24 de septiembre de 2008.#Reliance Industries Ltd contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.#Política comercial común - Derechos antidumping - Derechos compensatorios - Expiración de los derechos - Anuncio de inicio de reconsideración - Plazo - Normas de la OMC.#Asunto T-45/06.

Asunto T‑45/06
      Reliance Industries Ltd
      contra
      Consejo de la Unión Europea y
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Política comercial común — Derechos antidumping — Derechos compensatorios — Expiración de los derechos — Anuncio de inicio de reconsideración — Plazo — Normas de la OMC»
      Sumario de la sentencia
      1.      Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Recurso interpuesto contra un anuncio de inicio de reconsideración
            de medidas antidumping o compensatorias sin recurrir contra el Reglamento por el que se establecen medidas definitivas al
            término de la reconsideración — Persistencia del interés en ejercitar la acción
      [Art. 230 CE, párr. 4; Reglamentos (CE) del Consejo nº 384/96, art. 11, ap. 2, y nº 2026/97, art. 18, aps. 1 y 2]
      2.      Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Anuncio de inicio
            de reconsideración de medidas antidumping o compensatorias
      [Art. 230 CE, párr. 4; Reglamentos (CE) del Consejo nº 384/96, art. 11, ap. 2, y nº 2026/97, art. 18, aps. 1 y 2]
      3.      Recurso de anulación — Recurso interpuesto contra el Consejo y la Comisión para que se anule un anuncio de inicio de reconsideración
            de medidas antidumping o compensatorias — Recurso interpuesto contra el Consejo — Inadmisibilidad 
      [Art. 230 CE; Reglamentos (CE) del Consejo nº 384/96, art. 11, ap. 6, y nº 2026/97, art. 22, ap. 2]
      4.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o de subvención por parte de Estados terceros — Procedimiento
            de reconsideración — Normas contenidas en los Acuerdos antidumping y antisubvenciones anexos al Acuerdo OMC de 1994
      [Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, «Código antidumping
            de 1994», art. 11, ap. 3; Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de 1994, art. 21, ap. 3; Reglamentos (CE) del
            Consejo nº 384/96, quinto considerando y art. 11, ap. 2, y nº 2026/97, sexto y séptimo considerandos y art. 18, ap. 1]
      5.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping o de subvención por parte de Estados terceros — Procedimiento
            de reconsideración — Plazo límite para iniciar una reconsideración
      [Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, «Código antidumping
            de 1994», art. 11, ap. 3; Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de 1994, art. 21, ap. 3; Reglamentos (CE) del
            Consejo nº 384/96, art. 11, ap. 2, y nº 2026/97, art. 18, ap. 1]
      1.      Una empresa productora y exportadora de productos contemplados en un anuncio de inicio de reconsideración por la próxima expiración
         de determinadas medidas antidumping o medidas compensatorias conserva su interés en solicitar la anulación de dicho anuncio
         de inicio de reconsideración, aunque esta empresa no haya impugnado en el plazo establecido en el artículo 230 CE, párrafo
         quinto, el reglamento por el que se establecen, respectivamente, unos derechos antidumping o derechos compensatorios definitivos
         a raíz de esta reconsideración.
      
      En efecto, los efectos jurídicos autónomos producidos por los anuncios de inicio de reconsideración, esto es, el mantenimiento
         de las medidas antidumping o las medidas compensatorias que expiran próximamente, no se ven afectados por las nuevas medidas
         impuestas por el Reglamento adoptado a raíz de la reconsideración. En estas circunstancias, la anulación del anuncio de inicio
         de reconsideración puede tener consecuencias jurídicas favorables para tal empresa, en la medida en que le puede servir de
         base para un posible recurso por responsabilidad si el juez comunitario declara este anuncio ilegal. Dicha empresa también
         sigue teniendo interés en solicitar la anulación del anuncio de inicio de reconsideración impugnado para evitar que la ilegalidad
         en que supuestamente incurre no se repita en el futuro. 
      
      (véanse los apartados 37, 39 y 41 a 43)
      2.      Una empresa, identificada en los reglamentos por los que se establecen medidas antidumping y medidas compensatorias como empresa
         productora y exportadora, cuyos compromisos fueron aceptados en el procedimiento administrativo, resulta individualmente afectada,
         en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por los anuncios de inicio de reconsideración de dichas medidas, ya que
         éstas producen además directamente sus efectos en la situación jurídica de la empresa y no dejan ninguna facultad de apreciación
         a las autoridades nacionales encargadas de su aplicación. En consecuencia, dicha empresa está legitimada para solicitar la
         anulación de estos anuncios de inicio de reconsideración, aunque no vayan dirigidos a ella.
      
      (véanse los apartados 45 a 47 y 49)
      3.      Procede declararse la inadmisibilidad, siempre que vaya dirigido contra el Consejo, de un recurso dirigido contra dicha institución
         y contra la Comisión y que tiene por objeto la anulación de un anuncio de inicio de consideración de un reglamento del Consejo
         por el que se establecen derechos antidumping o derechos compensatorios definitivos que expiran próximamente. En efecto, dado
         que, de conformidad con el artículo 11, apartado 6, del Reglamento de base antidumping nº 384/96 y el artículo 22, apartado
         2, del Reglamento nº 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de
         la Comunidad, estos anuncios de inicio de reconsideración son adoptados por la Comisión, un recurso que tiene por objeto la
         anulación de tal anuncio de inicio de reconsideración sólo es admisible en cuanto va dirigido contra dicha institución.
      
      (véanse los apartados 50 y 51)
      4.      De la exposición de motivos del Reglamento de base antidumping nº 384/96, quinto considerando, y del Reglamento nº 2026/97,
         sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad, sexto y séptimo
         considerandos, se desprende que dichos Reglamentos tienen por objeto específicamente incorporar a la legislación comunitaria,
         en la mayor medida posible, las nuevas y detalladas normas contenidas en el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI
         del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio («Código antidumping de 1994») y en el Acuerdo sobre subvenciones
         y medidas compensatorias de 1994, adjuntos como anexos al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio
         (OMC), entre las que se incluyen, en particular, las relativas a la duración y a la reconsideración de las medidas antidumping
         y compensatorias, para asegurar una aplicación adecuada y transparente de dichas normas. Por consiguiente, la Comunidad adoptó
         dichos Reglamentos para cumplir sus obligaciones internacionales derivadas de los Acuerdos antes citados. Así, mediante el
         artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping, se propuso satisfacer las obligaciones específicas que se desprenden
         del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y mediante el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones,
         se propuso satisfacer las obligaciones específicas que se desprenden del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
         
      
      De lo anterior resulta que las disposiciones citadas de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones deben interpretarse,
         en la medida de lo posible, a la luz de las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones.
         
      
      (véanse los apartados 88 a 91)
      5.      El Reglamento de base antidumping nº 384/96 y el Reglamento nº 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas
         originarias de países no miembros de la Comunidad, no contienen disposición alguna que indique explícitamente cuál es el último
         plazo en el que deba iniciarse una reconsideración por expiración de medidas antidumping o compensatorias. Sin embargo, de
         la lógica interna del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 384/96 y del artículo 18, apartado 1, del
         Reglamento nº 2026/97 resulta inequívocamente que tal reconsideración debe iniciarse a más tardar antes de que expire la medida
         a la que se refiere.
      
      Por su parte, los artículos 11, apartado 3, del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre
         Aranceles Aduaneros y Comercio («Código antidumping de 1994») y 21, apartado 3, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias
         de 1994, adjuntos como anexos al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la luz de los
         cuales deben interpretarse, en la medida de lo posible, las disposiciones de los Reglamentos nos 384/96 y 2026/97 antes citados, sólo hacen referencia al plazo en el que el examen debe ser «iniciado» y no pueden ser interpretados
         en el sentido de que obliguen a las partes contratantes a iniciar una reconsideración de las medidas antidumping o compensatorias
         de que se trate a más tardar el día antes de su expiración. Al contrario, una normativa de una parte contratante que permite
         iniciar una reconsideración hasta el último momento en que las medidas a las que se refiere son válidas, debe ser considerada
         conforme con el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
         En efecto, habida cuenta de su finalidad, es preciso que se inicie la reconsideración a más tardar antes de que dichas medidas
         expiren automáticamente. Estas disposiciones imponen un plazo límite para iniciar una reconsideración, ya que hacen referencia
         al momento en que los derechos en cuestión expiran que, en efecto, todavía deben estar aplicándose cuando se inicia esta reconsideración.
         De lo anterior resulta que una reconsideración por la expiración de medidas antidumping o compensatorias iniciada antes de
         la medianoche del último día del período en que las medidas se aplican con normalidad debe ser considerada conforme con el
         artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
      
      Esta conclusión no queda desvirtuada por una supuesta violación, ni, por una parte, del principio de seguridad jurídica, ya
         que el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 384/96 y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento nº 2026/97,
         aunque se interpreten a la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo
         antisubvenciones, establecen claramente y con precisión que la reconsideración de derechos antidumping y compensatorios debe
         iniciarse antes de que éstos expiren, ni, por otra parte, del principio de buena administración, ya que, cuando una institución
         comunitaria dispone de un plazo para realizar un acto determinado, no viola el principio de buena administración si sólo actúa
         el último día del plazo que tiene concedido.
      
      (véanse los apartados 93, 105, 106, 110, 114 y 117)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
      de 24 de septiembre de 2008 (*)
      
      «Política comercial común – Derechos antidumping – Derechos compensatorios – Expiración de los derechos – Anuncio de inicio de reconsideración – Plazo – Normas de la OMC»
      En el asunto T‑45/06,
      Reliance Industries Ltd, con domicilio social en Mumbai (India), representada por los Sres. I. MacVay y S. Ahmed, Solicitors, R. Thompson, QC, y K.
         Beal, Barrister,
      
      parte demandante,
      contra
      Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J.‑P. Hix, en calidad de agente, asistido por el Sr. G. Berrisch, abogado,
      
      y
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. N. Khan y P. Stancanelli, en calidad de agentes, 
      
      partes demandadas,
      que tiene por objeto la anulación de los siguientes actos:
      –        el anuncio de la Comisión, de 1 de diciembre de 2005, de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas compensatorias
         aplicables a las importaciones de determinado politereftalato de etileno originario, entre otros países, de la India (DO C 304,
         p. 4),
      
      –        el anuncio de la Comisión, de 1 de diciembre de 2005, de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping
         aplicables a las importaciones de determinado tereftalato de polietileno originario de la India, Indonesia, la República de
         Corea, Malasia, Taiwán y Tailandia y una reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones
         de determinado tereftalato de polietileno originario de la República de Corea y de Taiwán (DO C 304, p. 9),
      
      –        el Reglamento (CE) nº 2603/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se establece un derecho compensatorio
         definitivo, se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado politereftalato
         de etileno originarias de la India, Malasia y Tailandia y se da por concluido el procedimiento antisubvenciones relativo a
         las importaciones de determinado politereftalato de etileno originarias de Indonesia, la República de Corea y Taiwán (DO L 301,
         p. 1), el Reglamento (CE) nº 2604/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por el que se establece un derecho antidumping
         definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado politereftalato
         de etileno originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia (DO L 301, p. 21), y la
         Decisión 2000/745/CE de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación
         con los procedimientos antidumping y antisubvención relativos a las importaciones en la Comunidad de determinado politereftalato
         de etileno (PET) originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia (DO L 301, p. 88),
         en la medida en que estos actos deberían aplicarse a la demandante después del 1 de diciembre de 2005,
      
      –        con carácter subsidiario, el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995,
         relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad
         Europea (DO 1996, L 56, p. 1), y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de
         1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO
         L 288, p. 1), 
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Octava),
      integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente), Presidenta, y los Sres. N. Wahl y A. Dittrich, Jueces;
      Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de diciembre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
       Acuerdos antidumping y antisubvenciones de la Organización Mundial del Comercio 
      1        El artículo 11, apartado 3, del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
         y Comercio de 1994 (DO 1994, L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Acuerdo antidumping»), que figura en el anexo 1 A del Acuerdo
         por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), dispone:
      
      «todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su
         imposición […], salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una
         petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a
         dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping.
         El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.» 
      
      2        Asimismo, el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de 1994, que también figura
         en el anexo 1 A del Acuerdo por el que se establece la OMC (DO 1994, L 336, p. 156; en lo sucesivo, «Acuerdo antisubvenciones»),
         establece:
      
      «todo derecho compensatorio definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de
         su imposición […], salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una
         petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a
         dicha fecha, determinen que la subvención del derecho daría lugar a la continuación o la repetición de la subvención y del
         daño. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.» 
      
       Reglamento de base antidumping 
      3        El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra
         las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1;
         en lo sucesivo, «Reglamento de base antidumping»), en su versión aplicable a los hechos del litigio, dispone: 
      
      «Las investigaciones podrán concluir sin el establecimiento de derechos provisionales o definitivos cuando el exportador comunique
         que asume voluntariamente compromisos satisfactorios de revisar sus precios o poner fin a las exportaciones a la zona en cuestión
         a precios de dumping, de modo que la Comisión, previas consultas, se declare convencida de que se eliminará el efecto perjudicial
         del dumping. […]» 
      
      4        El artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping prevé: 
      
      «Las medidas antidumping definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de
         la fecha de conclusión de la última reconsideración del dumping y del perjuicio, salvo que durante la reconsideración se determine
         que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio. Tal reconsideración
         por expiración de medidas se iniciará por iniciativa de la Comisión o a petición de los productores comunitarios o en su nombre
         y la medida seguirá vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración. 
      
      La reconsideración se iniciará si la solicitud contiene elementos de prueba suficientes de que la desaparición de dichas medidas
         podría resultar en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. […]
      
      […]
      Con arreglo al presente apartado, se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio sobre la próxima expiración, en un momento adecuado del último año del período de aplicación de las medidas definidas
         en el presente apartado. Posteriormente, los productores comunitarios podrán presentar una solicitud de reconsideración en
         virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años. También
         será publicado un anuncio comunicando la expiración definitiva de las medidas contempladas en el presente apartado.» 
      
      5        De conformidad con el artículo 11, apartado 6, del Reglamento de base antidumping, «las reconsideraciones mencionadas en el
         presente artículo serán iniciadas por la Comisión previa consulta al Comité consultivo».
      
      6        Según el decimoctavo considerando del Reglamento de base antidumping, «es necesario prever que las medidas [antidumping] dejarán
         de tener efecto en el plazo de cinco años salvo que una nueva investigación ponga de manifiesto la conveniencia de que sean
         mantenidas». 
      
       Reglamento de base antisubvenciones
      7        El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las
         importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 288, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento
         de base antisubvenciones»), establece: 
      
      «Las investigaciones [antisubvenciones] podrán concluir sin la imposición de derechos provisionales o definitivos una vez
         que se reciban compromisos satisfactorios y voluntarios con arreglo a los cuales:
      
      a)      el país de origen o de exportación convenga en eliminar o limitar la subvención o adoptar otras medidas respecto de sus efectos, o
      b)      el exportador convenga en revisar sus precios o en dejar de exportar a la zona concernida los productos que se beneficien
         de la subvención sujeta a medidas compensatorias, de modo que la Comisión, previas consultas, exprese su convencimiento de
         que se elimina el efecto perjudicial de la subvención. Los aumentos de precios estipulados en dichos compromisos no serán
         superiores a lo necesario para compensar la cuantía de la subvención sujeta a medidas compensatorias y deberán ser inferiores
         a la cuantía de la subvención sujeta a medidas compensatorias si ello basta para eliminar el perjuicio sufrido por la industria
         de la Comunidad.» 
      
      8        El artículo 18 del Reglamento de base antisubvenciones tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Las medidas compensatorias definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir
         de la fecha de conclusión de la última reconsideración de la subvención y el perjuicio, a menos que durante la reconsideración
         se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición de la subvención y el perjuicio. La
         reconsideración en el momento de la expiración se abrirá a iniciativa de la Comisión o a petición de la industria de la Comunidad
         o en su nombre, y la medida seguirá en vigor a la espera del resultado de la reconsideración.
      
      2.      En el momento de la expiración de las medidas podrá procederse a su reconsideración si la solicitud contiene pruebas suficientes
         de que la expiración de las medidas probablemente favorecería la continuación o la reaparición de la subvención y el perjuicio.
         […]
      
      […]
      4.      Se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio sobre la inminente expiración, en una fecha adecuada del último año del período de aplicación de las medidas en
         el sentido del presente artículo. Posteriormente, los productores comunitarios podrán presentar una solicitud de reconsideración
         en virtud del apartado 2, a más tardar tres meses antes del final del período de cinco años. También se publicará un anuncio
         comunicando la expiración efectiva de las medidas en virtud de las disposiciones de la presente parte.» 
      
      9        De conformidad con el artículo 22, apartado 2, del Reglamento de base antisubvenciones, «las reconsideraciones mencionadas
         en [el artículo] 18 […] serán iniciadas por la Comisión previa consulta al Comité consultivo».
      
      10      Según el vigesimosegundo considerando del Reglamento de base antisubvenciones, «es necesario prever que las medidas [antisubvenciones]
         deben dejar de tener efecto en el plazo de cinco años salvo que una reconsideración indique la conveniencia de que sean mantenidas». 
      
       Antecedentes del litigio 
      11      La demandante, Reliance Industries Ltd, es una sociedad india que produce, en particular, polietileno tereftalato (en lo sucesivo,
         «PET»). 
      
      12      El 27 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 2603/2000, por el que se establece un derecho compensatorio
         definitivo, se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado PET originarias
         de la India, Malasia y Tailandia y se da por concluido el procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones de determinado
         PET originarias de Indonesia, la República de Corea y Taiwán (DO L 301, p. 1). 
      
      13      El 27 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó igualmente el Reglamento (CE) nº 2604/2000, por el que se establece un derecho
         antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado
         PET originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia (DO L 301, p. 21).
      
      14      En el transcurso del procedimiento previo a la adopción de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, la demandante se comprometió con la Comisión a revisar sus precios, con arreglo al artículo 8, apartado
         1, del Reglamento de base antidumping y al artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. Además, consintió
         en que su compromiso estuviera «sujeto a las disposiciones [del artículo] 11, [apartado] 2 […], del Reglamento de base antidumping
         y [del artículo] 18, apartados 1 y 2, del Reglamento de base antisubvenciones». 
      
      15      El 29 de noviembre de 2000, la Comisión adoptó la Decisión 2000/745/CE, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en
         relación con los procedimientos antidumping y antisubvención relativos a las importaciones en la Comunidad de determinado
         PET originarias de la India, Indonesia, Malasia, la República de Corea, Taiwán y Tailandia (DO L 301, p. 88). 
      
      16      Los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, así como la Decisión 2000/745, fueron publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 30 de noviembre de 2000. De conformidad con el artículo 6 del Reglamento nº 2603/2000, el artículo 4 del Reglamento nº 2604/2000
         y el artículo 2 de la Decisión 2000/745, entraron en vigor el día siguiente al de su publicación, esto es, el 1 de diciembre
         de 2000. 
      
      17      El 2 de marzo de 2005, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 4, del Reglamento de
         base antisubvenciones, un anuncio de la próxima expiración de determinadas medidas antidumping y medidas compensatorias (DO
         C 52, p. 2). El anuncio se refería en particular a los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y a la Decisión 2000/745. En este anuncio, la Comisión recordaba que dichas medidas expirarían el 1
         de diciembre de 2005, salvo que se procediera a reconsiderarlas. La Comisión debía recibir las solicitudes de reconsideración
         a más tardar tres meses antes de la expiración de las medidas de que se trataba.
      
      18      El 30 de agosto de 2005, Polyethylene Terephthalate (PET) Committee of Plastics Europe presentó una solicitud de reconsideración
         en nombre de un grupo de productores representativos de una parte significativa, en este caso más del 90 %, del conjunto de
         la producción comunitaria de determinado PET.
      
      19      El 1 de diciembre de 2005, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, por una parte, el anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas compensatorias aplicables a las
         importaciones de determinado PET originario, entre otros países, de la India (DO C 304, p. 4) y, por otra parte, el anuncio
         de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinado PET
         originario de la India, Indonesia, la República de Corea, Malasia, Taiwán y Tailandia y una reconsideración provisional parcial
         de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinado PET originario de la República de Corea y de Taiwán
         (DO C 304, p. 9) (en lo sucesivo, conjuntamente, «anuncios de inicio de reconsideración impugnados». Los anuncios de inicio
         de reconsideración impugnados se referían a los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, así como a la Decisión 2000/745. 
      
      20      Mediante escrito de 31 de enero de 2006, la demandante expresó a la Comisión, en los términos que se indican a continuación,
         su preocupación por la fecha en que los anuncios de inicio de reconsideración habían sido publicados:
      
      «Con arreglo a las normas de la OMC, […] las medidas antidumping y las medidas compensatorias expiran a más tardar en un plazo
         de cinco años desde la fecha de su imposición, salvo que sean prorrogadas a raíz de una reconsideración iniciada antes de
         su fecha de expiración. Las disposiciones relevantes del Derecho comunitario deben ser interpretadas de conformidad con las
         normas de la OMC. Sin embargo, la Unión Europea desea abrir un procedimiento de reconsideración por expiración de medidas
         antidumping y medidas compensatorias PET el mismo día en que éstas expiraron (esto es, el 1 de diciembre de 2005), y no con
         anterioridad a esa fecha (esto es, a más tardar el 30 de noviembre de 2005), como exigen las normas de la OMC, de modo que
         el período de validez de los Reglamentos de que se trata se prorroga más allá de lo permitido por las normas de la OMC.»
      
      21      Mediante escrito de 3 de febrero de 2006, la Comisión respondió que las reconsideraciones controvertidas habían sido iniciadas
         «con estricta observancia del artículo 11, apartado 2, del [Reglamento de base antidumping] y del artículo 18 del [Reglamento
         de base antisubvenciones]».
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      22      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de febrero de 2006, la demandante interpuso
         el presente recurso. 
      
      23      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral. No se acordó la práctica
         de ninguna de las diligencias de ordenación del procedimiento reguladas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento.
         
      
      24      Mediante escrito de 15 de noviembre de 2007, la demandante envió al Tribunal de Primera Instancia el informe del Órgano de
         Apelación de la OMC de 12 de abril de 2007, relativo a los exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los
         artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina (WT/DS268/AB/RW). Este documento se incorporó a los
         autos y fue notificado al Consejo y a la Comisión. 
      
      25      En la vista, celebrada el 13 de diciembre de 2007, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
         del Tribunal de Primera Instancia.
      
      26      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule los anuncios de inicio de reconsideración impugnados.
      –        Si el Tribunal de Primera Instancia lo estima necesario o conveniente, anule el Reglamento nº 2603/2000, el Reglamento nº 2604/2000
         y la Decisión 2000/745, en la medida en que estos actos deben aplicarse a la demandante después del 1 de diciembre de 2005.
      
      –        Sólo en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia considere, a diferencia de la demandante, que el sentido del artículo
         11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones,
         interpretados correctamente, es distinto del sentido del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y/o del artículo
         21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, anule las referidas disposiciones de los Reglamentos de base.
      
      –        Condene en costas al Consejo y a la Comisión. 
      27      El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso en la medida en que ha sido interpuesto contra él. 
      –        Desestime la excepción de ilegalidad del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado
         1, del Reglamento de base antisubvenciones, propuesta por la demandante con carácter subsidiario, así como su solicitud de
         que se anulen estas disposiciones. 
      
      –        Condene en costas a la demandante. 
      28      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a la demandante.
       Sobre la admisibilidad
       Sobre la admisibilidad de las pretensiones que tienen por objeto la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración
            impugnados y en la medida en que van dirigidas contra el Consejo
       Alegaciones de las partes
      29      El Consejo y la Comisión no niegan que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados son actos impugnables en el sentido
         del artículo 230 CE. Sin embargo, como los anuncios impugnados son actos adoptados por la Comisión, entienden que el recurso
         es inadmisible en la medida en que va dirigido contra el Consejo. 
      
      30      El Consejo también destacó en la vista que el 22 de febrero de 2007 había adoptado el Reglamento (CE) nº 192/2007, por el
         que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado PET originario de la India, Indonesia,
         Malasia, la República de Corea, Tailandia y Taiwán como consecuencia de una reconsideración por expiración y de una reconsideración
         transitoria parcial en virtud del artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento de base antidumping (DO L 59, p. 1), y el Reglamento
         (CE) nº 193/2007, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de PET originario de
         la India tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 18 del Reglamento de base antisubvenciones (DO L 59,
         p. 34). El Consejo entiende que la demandante perdió su interés en ejercitar la acción de anulación de los anuncios de inicio
         de reconsideración impugnados al no haber interpuesto un recurso de anulación contra estos Reglamentos, que mientras tanto
         habían adquirido firmeza.
      
      31      La demandante afirma tener legitimación activa en su calidad de destinataria de los actos impugnados o en su calidad de operadora
         directa e individualmente afectada por dichos actos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002,
         BSC Footwear Supplies y otros/Consejo, T‑598/97, Rec. p. II‑1155, apartado 45). 
      
      32      En cuanto a la supuesta pérdida de su interés en ejercitar la acción, la demandante subraya que el Consejo esperó hasta la
         vista para proponer esta excepción de inadmisibilidad y sostiene que en cualquier caso sigue manteniendo un interés en obtener
         la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración impugnados. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Sobre el interés de la demandante en ejercitar la acción 
      33      Es preciso recordar que la falta de interés en ejercitar la acción constituye una excepción de inadmisibilidad de orden público
         que el juez comunitario puede examinar de oficio (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre
         de 2004, MCI/Comisión, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, apartado 45, y la jurisprudencia citada). 
      
      34      Asimismo debe recordarse que, según jurisprudencia reiterada, un recurso de anulación interpuesto por una persona física o
         jurídica sólo es admisible en la medida en que el demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado (véase
         la sentencia MCI/Comisión, apartado 33 supra, apartado 44, y la jurisprudencia citada). 
      
      35      El interés del demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición,
         so pena de que se declare la inadmisibilidad. El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar la
         acción, hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder procurar,
         por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007,
         Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, apartado 42; véase también, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera
         Instancia de 17 de octubre de 2005, First Data y otros/Comisión, T‑28/02, Rec. p. II‑4119, apartados 35 a 38).
      
      36      Si el interés del demandante en ejercitar la acción desaparece durante el procedimiento, una resolución del Tribunal de Primera
         Instancia sobre el fondo no podrá procurar beneficio alguno a dicho demandante (sentencia Wunenburger/Comisión, apartado 35 supra, apartado 43).
      
      37      En el caso de autos, debe señalarse, por una parte, que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados se refieren a
         las medidas impuestas por los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y la Decisión 2000/745 y, por otra parte, que la demandante es una empresa productora y exportadora
         de productos contemplados en dichos actos. De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping
         y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, la adopción de estos anuncios tuvo por efecto que las
         medidas reconsideradas y que afectan a las exportaciones de la demandante siguieron aplicándose hasta la finalización de dicha
         reconsideración, mientras que, si ésta no se hubiera realizado, habrían expirado cinco años después de su imposición. 
      
      38      De lo anterior resulta que, cuando interpuso su recurso, la demandante tenía interés en ejercitar la acción, ya que los anuncios
         de inicio de reconsideración impugnados le eran lesivos (véase, en este sentido, la sentencia Wunenburger/Comisión, apartado
         35 supra, apartado 44, y la jurisprudencia citada). 
      
      39      Es preciso analizar aún si los Reglamentos nos 192/2007 y 193/2007, que pusieron fin a la reconsideración y que no fueron impugnados por la demandante en el plazo establecido
         en el artículo 230 CE, párrafo quinto, hicieron desaparecer el interés de la demandante en obtener la anulación de los anuncios
         de inicio de reconsideración impugnados.
      
      40      A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que el litigio ha conservado su objeto, ya que los Reglamentos nos 192/2007 y 193/2007 no revocaron formalmente los anuncios de inicio de reconsideración impugnados (véase, en este sentido,
         la sentencia Wunenburger/Comisión, apartado 35 supra, apartado 48).
      
      41      En segundo lugar, debe declararse que los efectos jurídicos producidos por los anuncios impugnados no fueron aniquilados por
         la adopción de los Reglamentos nos 192/2007 y 193/2007. A este efecto, procede recordar que las medidas impuestas por los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y la Decisión 2000/745 siguieron aplicándose, en virtud de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados, hasta la conclusión de la reconsideración. Ahora bien, los efectos jurídicos autónomos producidos por los anuncios
         de inicio de reconsideración impugnados hasta la entrada en vigor de los Reglamentos nos 192/2007 y 193/2007, el 28 de febrero de 2007, no se ven afectados por las nuevas medidas antidumping y compensatorias impuestas
         por dichos Reglamentos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2005, Italia/Comisión,
         C‑400/99, Rec. p. I‑3657, apartado 17). 
      
      42      En estas circunstancias, la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración impugnados puede tener consecuencias jurídicas
         favorables para la demandante, en la medida en que le puede servir de base para un posible recurso por responsabilidad si
         el Tribunal de Primera Instancia declara estos anuncios ilegales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia
         de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión, C‑68/94 y C‑30/95, Rec. p. I‑1375, apartado 74).
      
      43      En tercer lugar, la demandante también sigue teniendo interés en solicitar la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados para evitar que la ilegalidad en que supuestamente incurren no se repita en el futuro (véanse, en este sentido,
         la sentencia Wunenburger/Comisión, apartado 35 supra, apartado 50, y la jurisprudencia citada; la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995, Antillean
         Rice Mills y otros/Comisión, T‑480/93 y T‑483/93, Rec. p. II‑2305, apartado 60). Debe subrayarse a este efecto que la supuesta
         ilegalidad puede repetirse en el futuro con independencia de las circunstancias que han dado lugar al recurso interpuesto
         por la demandante, ya que guarda relación con un error de Derecho cometido por la Comisión al interpretar las disposiciones
         de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones a la luz de las disposiciones correspondientes de los Acuerdos de
         la OMC (véase, en este sentido, la sentencia Wunenburger/Comisión, apartado 35 supra, apartado 52). 
      
      44      De todo lo anterior resulta que la demandante ha mantenido su interés en solicitar la anulación de los anuncios de inicio
         de reconsideración impugnados.
      
      –       Sobre la legitimación activa de la demandante
      45      Dado que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados no van dirigidos a la demandante, procede examinar si, de conformidad
         con el artículo 230 CE, párrafo cuarto, le afectan directa e individualmente. 
      
      46      En primer lugar, procede señalar que la demandante resulta directamente afectada, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo
         cuarto. En efecto, los anuncios de inicio de reconsideración impugnados producen directamente sus efectos en la situación
         jurídica de la demandante y no dejan ninguna facultad de apreciación a las autoridades nacionales encargadas de su aplicación
         (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26 de septiembre de 2000, Starway/Consejo, T‑80/97,
         Rec. p. II‑3099, apartado 61). 
      
      47      En segundo lugar, la demandante también resulta individualmente afectada en el sentido de la referida disposición, ya que
         en los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y en la Decisión 2000/745, objeto de los anuncios de inicio de reconsideración impugnados, aparece
         identificada como una empresa productora y exportadora que durante el procedimiento administrativo ofreció un compromiso que
         fue aceptado posteriormente por la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia BSC Footwear Supplies y otros/Consejo, apartado
         31 supra, apartado 45, y la jurisprudencia citada).
      
      48      En consecuencia, la demandada tiene legitimación activa en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      49      De lo anterior resulta que la demandante está legitimada para solicitar la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados.
      
      –       Sobre la admisibilidad de las pretensiones en la medida en que van dirigidas contra el Consejo 
      50      Procede señalar que el presente recurso, en la medida en que tiene por objeto la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados, sólo es admisible en cuanto va dirigido contra la Comisión, dado que, de conformidad con el artículo 11, apartado
         6, del Reglamento de base antidumping y el artículo 22, apartado 2, del Reglamento de base antisubvenciones, estos anuncios
         fueron adoptados por dicha institución (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 22 de febrero
         de 2001, Lamberts/Mediador y Parlamento, T‑209/00, Rec. p. II‑765, apartados 13 a 9). 
      
      51      En consecuencia, el recurso de anulación de los anuncios de inicio de reconsideración impugnados es inadmisible en la medida
         en que va dirigido contra el Consejo. 
      
       Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, de la Decisión 2000/745, así como del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y
            del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones
       Alegaciones de las partes
      52      El Consejo y la Comisión alegan que el recurso es inadmisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de los Reglamentos
         nos 2603/2000 y 2604/2000, de la Decisión 2000/745, del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. En efecto, sostienen que fue presentado transcurrido el plazo establecido
         en el artículo 230 CE, párrafo quinto. Además, afirman que la demandante no resulta afectada individualmente, en el sentido
         del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18,
         apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones.
      
      53      La demandante alega en primer lugar que los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 deberían haber expirado el 1 de diciembre de 2005. Entiende que los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados prorrogaron el período de validez de estos Reglamentos, de modo que se veía obligada a oponerse también a que estos
         actos fueran mantenidos en vigor (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de
         2006, Ayadi/Consejo, T‑253/02, Rec. p. II‑2139, apartado 77, y Hassan/Consejo y Comisión, T‑49/04, no publicada en la Recopilación,
         apartados 53 a 59). Por consiguiente, no pretende obtener la anulación de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 per se, sino sólo en la medida en que producen efectos para ella después del 1 de diciembre de 2005. La demandante sostiene que,
         en consecuencia, no fue posible interponer el recurso antes de que se publicaran los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados.
      
      54      A continuación, la demandante recuerda que tiene legitimación activa en su calidad de destinataria de los actos impugnados
         o en su calidad de operadora directa e individualmente afectada por el conjunto o cada uno de estos actos (sentencia BSC Footwear
         Supplies y otros/Consejo, apartado 31 supra, apartado 45). 
      
      55      Por último, en la medida en que el recurso tiene por objeto la anulación de determinadas disposiciones de los Reglamentos
         de base antidumping y antisubvenciones, la demandante subraya que formuló estas pretensiones de forma totalmente subsidiaria
         para el caso de que las dos primeras partes de su motivo de fondo fueran desestimadas. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      56      Según reiterada jurisprudencia, los plazos para interponer un recurso de anulación son de orden público y no tienen carácter
         dispositivo ni para los justiciables ni para el juez, ya que se establecen para garantizar la claridad y la seguridad de las
         situaciones jurídicas y para evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 23 de enero de 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, apartado 21; sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 18 de septiembre de 1997, Mutual Aid Administration Services/Comisión, T‑121/96 y T‑151/96, Rec. p. II‑1355,
         apartados 38 y 39).
      
      57      Con arreglo al artículo 230 CE, párrafo quinto, la demandante disponía para interponer su recurso de anulación de un plazo
         de dos meses, que, de conformidad con el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
         Instancia, se ampliaba en un plazo único de diez días. Dado que todos los actos a los que se refieren las pretensiones aquí
         analizadas fueron publicados en el Diario Oficial, el plazo de interposición del recurso debe contarse, en virtud del artículo
         102, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de la
         publicación de los referidos actos. 
      
      58      Habida cuenta de la fecha en que se publicaron los actos de que se trata (véanse los apartados 3, 7 y 16 supra), el recurso, interpuesto el 13 de febrero de 2006, es manifiestamente extemporáneo y, por consiguiente, inadmisible en la
         medida en que tiene por objeto la anulación de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, de la Decisión 2000/745, del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. 
      
      59      La demandante no puede basarse en la sentencia Hassan/Consejo y Comisión, apartado 53 supra. A diferencia del presente asunto, en el asunto que dio lugar a la sentencia Hassan/Consejo y Comisión, apartado 53 supra, la Comisión había modificado un Reglamento del Consejo en virtud de una habilitación específica. En dicho asunto, el Tribunal
         de Primera Instancia declaró que el recurso contra el Reglamento de la Comisión, interpuesto en el plazo fijado en el artículo
         230 CE, párrafo quinto, era también admisible en la medida en que no tenía por objeto la anulación de la versión original
         del Reglamento del Consejo, ya que tal recurso habría sido extemporáneo, sino en la medida en que tenía por objeto la anulación
         de dicho Reglamento del Consejo en su versión modificada por el Reglamento de la Comisión (sentencia Hassan/Consejo y Comisión,
         apartado 53 supra, apartado 56). Sin embargo, en el caso de autos, los anuncios de inicio de reconsideración impugnados no introdujeron ninguna
         modificación en los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, ni en la Decisión 2000/745, ni tampoco en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping
         o en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. 
      
      60      La referencia a la sentencia Ayadi/Consejo, apartado 53 supra, tampoco es pertinente. En dicho asunto, el demandante pretendía obtener la anulación parcial del Reglamento (CE) nº 881/2002
         del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
         personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento
         (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se
         refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de
         Afganistán (DO L 139, p. 9). El Tribunal de Primera Instancia examinó en qué condiciones el Reglamento nº 881/2002, que mantenía
         la congelación de los activos previamente establecida en el Reglamento nº 467/2001, era un mero acto confirmatorio no impugnable,
         o bien un acto «nuevo» que podía ser impugnado por un demandante que no había interpuesto en plazo un recurso contra el Reglamento
         nº 467/2001 (sentencia Ayadi/Consejo, apartado 53 supra, apartados 70 y 71). El Tribunal de Primera Instancia declaró que el recurso interpuesto contra el Reglamento nº 881/2002
         era admisible, tras comprobar que dicho acto había alterado sustancialmente la situación jurídica del demandante. Efectivamente,
         a través del Reglamento nº 881/2002, los fondos del demandante permanecían congelados mientras que, de no existir dicho acto,
         las medidas impuestas por el Reglamento nº 467/2001 habrían dejado de tener efecto (sentencia Ayadi/Consejo, apartado 53 supra, apartado 77). En consecuencia, cabe deducir de la sentencia Ayadi/Consejo, apartado 53 supra, que el presente recurso debe declararse admisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de los anuncios de inicio
         de reconsideración impugnados, en virtud de los cuales se mantienen vigentes las medidas impuestas por los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y la Decisión 745/2000. En cambio, dicha sentencia no avala en absoluto la tesis de que la adopción
         de actos que mantienen vigentes medidas impuestas por actos anteriores, en este caso, los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y la Decisión 745/2000, reabre los plazos para interponer un recurso contra estos últimos actos, que
         ya han adquirido firmeza al no haberse interpuesto un recurso en los plazos fijados en el artículo 230 CE, párrafo quinto.
      
      61      De todo lo anterior resulta que el recurso sólo es admisible en la medida en que tiene por objeto la anulación de los anuncios
         de inicio de reconsideración impugnados y se dirige contra la Comisión. 
      
       Sobre la excepción de ilegalidad
       Alegaciones de las partes
      62      La demandante alega, en su escrito de réplica, que las pretensiones que tienen por objeto la anulación de los Reglamentos
         nos 2603/2000 y 2604/2000, de la Decisión 2000/745, del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones también podrían haberse formulado como un recurso basado en el artículo
         241 CE, para que tales medidas fueran declaradas ilegales.
      
      63      En su dúplica, la Comisión sostiene que la excepción de ilegalidad basada en el artículo 241 CE, que fue invocada por primera
         vez en la réplica, debe ser declarada inadmisible con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
         Entiende que el recurso se basa exclusivamente en el artículo 230 CE. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      64      Debe señalarse que la demandante no propuso expresamente una excepción de ilegalidad en su recurso. Sin embargo, en la medida
         en que la excepción de ilegalidad formulada en la réplica se refiere a la legalidad del artículo 11, apartado 2, del Reglamento
         de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, dicha excepción debe ser considerada
         como una ampliación de la tercera parte del motivo único invocado en el recurso, que cuestiona concretamente la legalidad
         de dichas disposiciones (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de noviembre de 2004,
         Ferriere Nord/Comisión, T‑176/01, Rec. p. II‑3931, apartado 136). 
      
      65      En cambio, el escrito de interposición del recurso no contiene ninguna alegación sobre la legalidad de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, ni de la Decisión 2000/745. En estas circunstancias, en la medida en que la excepción de ilegalidad
         se refiere a la legalidad de dichos actos, no puede ser considerada como una ampliación de una alegación ya formulada en el
         recurso. Además, esta excepción de ilegalidad no se basa en ningún elemento de Derecho o de hecho que se hubiera revelado
         durante el procedimiento, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2005, Common Market Fertilizers/Comisión, T‑134/03 y T‑135/03, Rec. p. II‑3923,
         apartado 51). 
      
      66      En consecuencia, la excepción de ilegalidad sólo es admisible en la medida en que se refiere a la legalidad del artículo 11,
         apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones. 
      
       Sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento
       Alegaciones de las partes
      67      La Comisión sostiene que el recurso no es suficientemente claro y que no cumple los requisitos establecidos en el artículo
         44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento. A su juicio, la afirmación de la demandante en la que está basado
         todo el recurso, esto es, el hecho de que los Acuerdos de la OMC exijan que toda reconsideración por expiración se inicie
         a más tardar un día antes de la finalización del plazo de cinco años, no viene respaldada por ninguna explicación. Además,
         la Comisión alega que dicha afirmación sólo hace referencia a la supuesta ilegalidad de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados. Sostiene que el recurso no contiene ninguna alegación sobre la legalidad de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000, ni de la Decisión 2000/745.
      
      68      La demandante replica que su argumentación expuesta en el recurso es suficientemente clara, permitiendo al Consejo y a la
         Comisión defenderse y al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control de legalidad (sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 3 de febrero de 2005, Chiquita Brands y otros/Comisión, T‑19/01, Rec. p. II‑315).
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      69      Habida cuenta de lo comprobado en el apartado 61 supra, la alegación de que el recurso carece de claridad debe examinarse sólo en la medida en que tiene por objeto la anulación
         de los anuncios de inicio de reconsideración impugnados. 
      
      70      Procede recordar que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable a los procedimientos
         ante el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo
         44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento, las demandas deben contener, en particular, la indicación
         del objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados. Estos elementos deben ser suficientemente
         claros y precisos para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie
         sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración
         de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y
         de Derecho en los que se basa dicho recurso resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del
         propio texto de la demanda (sentencia Chiquita Brands y otros/Comisión, apartado 68 supra, apartado 64; véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de marzo de 2006, Service station Veger/Comisión, T‑238/99,
         no publicado en la Recopilación, apartado 28, y la jurisprudencia citada).
      
      71      En el caso de autos, el recurso cumple los requisitos antes mencionados. En efecto, identifica con suficiente claridad el
         objeto del litigio, las pretensiones y el motivo invocado en apoyo de las pretensiones. A excepción de las alegaciones sobre
         la ilegalidad de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y de la Decisión 2000/745, cuya insuficiencia ha dado lugar a la inadmisibilidad parcial de la excepción
         de ilegalidad (véase el apartado 69 supra), el recurso contiene además los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que la demandante se basa para demostrar
         que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados son ilegales. 
      
      72      En consecuencia, procede desestimar, en esta medida, las alegaciones de inadmisibilidad que la Comisión formuló con arreglo
         al artículo 44 del Reglamento de Procedimiento. 
      
       Sobre el fondo
      73      El motivo único de la demandante se basa en el retraso con que se inició la reconsideración de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y de la Decisión 2000/745. El motivo consta de tres partes. La primera se basa en la infracción del
         artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones,
         interpretados de conformidad con las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones. La segunda
         parte hace referencia a la violación del principio de seguridad jurídica. La tercera, formulada con carácter subsidiario,
         se basa en la ilegalidad del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del
         Reglamento de base antisubvenciones.
      
       Sobre la primera parte, basada en la infracción del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
            18, apartado 1, de Reglamento de base antisubvenciones, interpretados de conformidad con las disposiciones correspondientes
            de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones
       Alegaciones de las partes
      74      Tras señalar que la Comunidad debe ejercer sus competencias respetando el Derecho internacional (sentencias del Tribunal de
         Justicia de 24 de noviembre de 1992, Poulsen y Diva Navigation, C‑286/90, Rec. p. I‑6019, apartado 9, y de 24 de noviembre
         de 1993, Mondiet, C‑405/92, Rec. p. I‑6133, apartado 12; conclusiones del Abogado General Léger en el asunto que dio lugar
         a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1998, Bettati, C‑341/95, Rec. p. I‑4355, punto 33), la demandante
         recuerda que de la sentencia Bettati antes citada, apartado 20, resulta que los textos de Derecho comunitario deben interpretarse,
         en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando dichos textos tienen por objeto precisamente
         la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad. A su juicio, se trata de la obligación llamada «Bettati».
         La primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad sobre las disposiciones de Derecho comunitario derivado
         impone efectivamente interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania, C‑61/94, Rec. p. I‑3989, apartado 52). 
      
      75      La demandante entiende que, por consiguiente, las disposiciones de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones
         deben ser interpretadas de conformidad con los Acuerdos antidumping y antisubvenciones. Además, alega que el Tribunal de Primera
         Instancia ha admitido expresamente que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping debe interpretarse a
         la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de junio de
         2001, Euroalliages/Comisión, T‑188/99, Rec. p. II‑1757, apartado 44; véase, también, la sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 27 de enero de 2000, BEUC/Comisión, T‑256/97, Rec. p. II‑101, apartados 66 y 67). 
      
      76      La demandante añade que, en el caso de autos, ni el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping, ni el artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones especifican la fecha límite en la que deba iniciarse la reconsideración
         de medidas antidumping y compensatorias. Sin embargo, dado que los Reglamentos de base tienen como finalidad expresa la adaptación
         del Derecho comunitario a los acuerdos de la OMC (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Petrotub y Republica/Consejo,
         C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, apartados 53 a 57), entiende que debe considerarse que las disposiciones en cuestión de los Reglamentos
         de base tienen el mismo significado que las correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones.
      
      77      Ahora bien, del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
         se desprende que toda reconsideración por expiración de medidas debe iniciarse antes de la finalización del período de cinco
         años a contar de la imposición de los derechos antidumping o compensatorios. En consecuencia, la demandante entiende que,
         en este caso, la reconsideración debería haberse iniciado a más tardar el 30 de noviembre de 2005. Además, a tenor del artículo
         12, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 22, apartado 7, del Acuerdo antisubvenciones, toda decisión de iniciar
         una reconsideración debe ser objeto de un aviso público. Teniendo en cuenta que los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados fueron publicados el 1 de diciembre de 2005, no fueron publicados, como establecen los Acuerdos antidumping y antisubvenciones,
         antes de la fecha de expiración de las medidas a las que se refieren. Según la demandante, de lo anterior resulta que los
         anuncios de inicio de reconsideración impugnados infringen el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping
         y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, interpretados a la luz del artículo 11, apartado 3,
         del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones. Por consiguiente, la demandante sostiene
         que los derechos y compromisos derivados de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y de la Decisión 2000/745 expiraron el 1 de diciembre de 2005.
      
      78      En su escrito de réplica, la demandante alega, en primer lugar, basándose fundamentalmente en la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia y en los informes del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y del Órgano de Apelación de la OMC, que el
         significado de la expresión «antes de esa fecha» debe determinarse teniendo en cuenta su contexto general y su significado
         en el lenguaje común y fijándose en la fecha en que se celebraron los Acuerdos antidumping y antisubvenciones en 1994. 
      
      79      Según la demandante, varios diccionarios publicados en la época en que se firmaron los Acuerdos antidumping y antisubvenciones,
         así como diversos diccionarios publicados más tarde, confirman que, durante el período de 1994 hasta hoy, el significado coherente
         y lógico de la palabra «fecha» es el de la fecha del calendario. 
      
      80      Asimismo, la demandante sostiene que las otras versiones auténticas (es decir, las versiones francesa y española), que deben
         tenerse en cuenta para interpretar los Acuerdos de la OMC (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2001,
         Schieving-Nijstad y otros, C‑89/99, Rec. p. I‑5851), confirman esta postura. Estas otras versiones emplean las palabras «date»
         y «fecha», que, a la luz del significado dado a estos términos en los diccionarios de francés y español, hacen referencia
         a una fecha del calendario, más que a un momento específico.
      
      81      En apoyo de su alegación de que la palabra «fecha» del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21,
         apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones debe entenderse en el sentido de que se refiere a un día del calendario, la demandante
         invoca también la sentencia de la Court of Appeal (England & Wales) [tribunal de apelación (Inglaterra y País de Gales), Reino
         Unido] en el asunto Trow v. Ind Coope ([1967] 2 All England Law Reports 900). 
      
      82      Además, la demandante alega que, en su anuncio sobre la próxima expiración de las medidas impuestas por los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000 y la Decisión 2000/745, de 2 de marzo de 2005, la propia Comisión había invitado a los productores
         a remitir por escrito una solicitud de reconsideración «a partir de la fecha de publicación del presente anuncio y, a más
         tardar, tres meses antes de la fecha que figura en el cuadro». Sostiene que la fecha especificada en dicho anuncio era el
         1 de diciembre de 2005, y no un momento determinado del 1 de diciembre de 2005.
      
      83      Según la demandante, el uso de la palabra «fecha» para hacer referencia a una fecha del calendario, y no a un punto o momento
         específico en el tiempo, es también coherente con el tenor del Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio
         de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124, p. 1), y en particular
         con su artículo 4, apartados 2 y 3, y con su artículo 5, apartado 2. La demandante alega que, en el Derecho comunitario, se
         considera generalmente que la palabra «fecha» se refiere a una fecha del calendario, y no a un momento determinado de un día
         del calendario (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 1973, Münch, 139/73, Rec. p. 1287, apartado 10;
         de 28 de septiembre de 1994, Coloroll Pension Trustees, C‑200/91, Rec. p. I‑4389, apartados 48 y 59, y de 18 de junio de 2002,
         España/Comisión, C‑398/00, Rec. p. I‑5643; auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de enero de 2001, Confindustria y
         otros/Comisión, T‑126/00, Rec. p. II‑85, apartados 12 y 14, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero
         de 2002, Rudolph/Consejo y Comisión, T‑187/94, Rec. p. II‑367, apartado 65). Añade que, cuando un acto todavía puede realizarse
         «a» una fecha determinada del calendario, la disposición legislativa relevante utiliza la expresión «a más tardar antes del
         […]», mientras que la expresión «antes del […]» implica que dicho acto debe necesariamente iniciarse antes de que termine
         el día del calendario inmediatamente anterior [véanse el artículo 102 CE, apartado 2, el artículo 116 CE, apartados 1 a 3,
         y el artículo 121 CE, apartados 3 y 4; véase, también, la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 2006, P & O
         European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión, C‑442/03 P y C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, apartado 28].
         
      
      84      En segundo lugar, la demandante subraya que su interpretación de la palabra «fecha» es coherente con el contexto legislativo
         del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, que tienen
         por objeto crear una excepción específica a la regla general, según la cual las medidas de que se trate expiran transcurrido
         un período máximo de cinco años. Alega que, efectivamente, la Comunidad interpreta siempre de forma estricta las excepciones
         a sus propias reglas. Afirma que su interpretación es también coherente con el objeto y la finalidad de estas disposiciones
         de los Acuerdos examinados. El inicio de una reconsideración por expiración prorroga la legalidad de medidas de defensa comercial
         que, de otro modo, habrían expirado cinco años después de su imposición. La demandante señala que su interpretación de la
         expresión «antes de esa fecha» favorece la seguridad jurídica y la buena administración, ya que los importadores saben, antes
         de la fecha de expiración prevista para las medidas antidumping o compensatorias, que, de hecho, éstas se mantienen vigentes
         y pueden por consiguiente adaptar su comportamiento. De seguir la tesis de la Comisión, habría sido suficiente publicar los
         anuncios de inicio de reconsideración el 1 de diciembre de 2005 a las 23.59 para informar a los operadores económicos de que
         productos importados, que pocos minutos más tarde pasarían por la aduana nacional, seguirían sujetos al día siguiente a un
         derecho antidumping, cuando estos operadores esperaban que las medidas antidumping expirarían al final del período de cinco
         años. Según la demandante, los Acuerdos antidumping y antisubvenciones tienen por objeto evitar la confusión y la incertidumbre
         que tal situación conllevaría, ya que exigen que los anuncios de inicio de reconsideración se publiquen al menos antes de
         la fecha en que las medidas antidumping relevantes tienen que expirar.
      
      85      En tercer lugar, la demandante explicó en la vista que su interpretación del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping
         y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones fue confirmada por el propio Órgano de Apelación de la OMC en
         su informe de 12 de abril de 2007, relativo a los exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos
         tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina (WT/DS268/AB/RW). A este efecto, se refiere al apartado 163
         de dicho informe, que dispone lo siguiente:
      
      «El párrafo 3 del artículo 11 dispone que un derecho antidumping será suprimido “en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición”, salvo que se determine “que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping”. Según el
         Órgano de Apelación, esta disposición actúa como una “norma imperativa con una excepción” [referencia en pie de página al
         informe del Órgano de Apelación sobre el examen por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, número 104]. Existe
         además la prescripción adicional de que el examen por extinción sea iniciado por la autoridad investigadora por propia iniciativa o a raíz de una petición hecha por la rama de producción nacional “antes
         de esa fecha”, es decir, antes del quinto aniversario del establecimiento de la orden de imposición de derechos antidumping.»
         
      
      86      La Comisión sostiene que no se desprende del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping, ni del artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, interpretados a la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping
         y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, respectivamente, que una reconsideración por expiración de medidas
         antidumping o compensatorias deba iniciarse a más tardar la víspera de la expiración de las medidas de que se trate. A su
         juicio, estas disposiciones exigen únicamente que se inicie la reconsideración antes de la medianoche del último día del período
         en que las medidas que deban examinarse se apliquen con normalidad.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Observaciones preliminares
      87      Según jurisprudencia reiterada, teniendo en cuenta su naturaleza y su espíritu, los Acuerdos de la OMC no forman parte en
         principio de las normas respecto a las cuales el juez comunitario controla la legalidad de los actos de las instituciones
         comunitarias con arreglo al artículo 230 CE, párrafo primero (sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 1999,
         Portugal/Consejo, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartado 47, y Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 53). 
      
      88      Sin embargo, en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco
         de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos de la OMC, corresponderá
         al juez comunitario controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC (sentencias
         del Tribunal de Justicia Portugal/Consejo, apartado 87 supra, apartado 49; Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 54, y de 27 de septiembre de 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, Rec. p. I‑7723, apartado 30).
      
      89      A este respecto, de la exposición de motivos del Reglamento de base antidumping (quinto considerando) y del Reglamento de
         base antisubvenciones (sexto y séptimo considerandos) se desprende que dichos Reglamentos tienen por objeto específicamente
         incorporar a la legislación comunitaria, en la mayor medida posible, las nuevas y detalladas normas de los Acuerdos antidumping
         y antisubvenciones, entre las que se incluyen, en particular, las relativas a la duración y a la reconsideración de las medidas
         antidumping y compensatorias, para asegurar una aplicación adecuada y transparente de dichas normas (véanse, en este sentido,
         la sentencia Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 55, y la sentencia BEUC/Comisión, apartado 75 supra, apartado 66).
      
      90      Por consiguiente, la Comunidad adoptó los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones para cumplir sus obligaciones
         internacionales derivadas de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones. Así, mediante el artículo 11, apartado 2, del Reglamento
         de base antidumping, se propuso satisfacer las obligaciones específicas que se desprenden del artículo 11, apartado 3, del
         Acuerdo antidumping y mediante el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, se propuso satisfacer
         las obligaciones específicas que se desprenden del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones (véase, en este sentido,
         la sentencia Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 56). 
      
      91      De lo anterior resulta que las disposiciones citadas de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones deben interpretarse,
         en la medida de lo posible, a la luz de las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones
         (véanse, en este sentido, las sentencias Bettati, apartado 74 supra, apartado 20, y Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 57; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia BEUC/Comisión, apartado 75 supra, apartado 67; Euroalliages/Comisión, apartado 75 supra, apartado 44, y de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, apartado 138).
      
      –       Sobre la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del
         Reglamento de base antisubvenciones a la luz, respectivamente, del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del
         artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
      
      92      En el marco de la presente parte, la demandante sostiene que se desprende del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base
         antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, interpretados a la luz del artículo 11,
         apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, respectivamente, que los
         anuncios de inicio de reconsideración impugnados se adoptaron fuera de plazo.
      
      93      A este respecto, procede declarar, en primer lugar, que los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones no contienen
         disposición alguna que indique explícitamente cuál es el último momento en el que deba iniciarse una reconsideración por expiración
         de medidas antidumping o compensatorias. Sin embargo, de la lógica interna del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del
         Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones resulta inequívocamente
         que tal reconsideración debe iniciarse a más tardar antes de que expire la medida a la que se refiere.
      
      94      En efecto, por una parte, el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18,
         apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones establecen que las medidas antidumping o las medidas compensatorias expirarán
         «cinco años después de su imposición […] salvo que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir
         a una continuación o a una reaparición» del dumping o de la subvención y el perjuicio y, por otra parte, estas disposiciones
         precisan que las medidas seguirán en vigor a la espera del resultado de la reconsideración. Además, el decimoctavo considerando
         del Reglamento de base antidumping y el vigesimosegundo considerando del Reglamento de base antisubvenciones explican que
         las medidas antidumping y antisubvenciones dejan de tener efecto en el plazo de cinco años «salvo que una reconsideración
         indique la conveniencia de que sean mantenidas». Según el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base
         antidumping y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, una reconsideración se refiere pues a medidas
         «en vigor» que, en su caso, son «mantenidas», lo que implica necesariamente que tal reconsideración se inicie antes de que
         dichas medidas expiren. 
      
      95      En segundo lugar, procede examinar si una interpretación del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base
         antidumping y del artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones en consonancia con las disposiciones correspondientes
         de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones exige que una reconsideración por expiración de medidas antidumping o compensatorias
         sea abierta, como sostiene la demandante, a más tardar el día anterior a la expiración de las medidas objeto de dicha reconsideración.
         
      
      96      Es preciso recordar que el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
         establecen que todo derecho antidumping y compensatorio definitivo «será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años
         contados desde la fecha de su imposición […], salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha […] determinen»
         que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping o de la subvención y del daño. Estas
         disposiciones precisan que «el derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen».
      
      97      En primer lugar, las partes están de acuerdo en que las medidas afectadas por los anuncios de inicio de reconsideración impugnados
         debían expirar, a falta de reconsideración, el 1 diciembre de 2005, a medianoche. La demandante sostiene que, en el presente
         caso, la reconsideración debía haberse iniciado «antes de esa fecha», esto es, a más tardar el 30 de noviembre de 2005.
      
      98      Debe señalarse que el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
         sólo hacen referencia al plazo en el que el examen debe ser «iniciado». No establecen ninguna obligación sobre la publicación
         de los anuncios de inicio de reconsideración. Ahora bien, cuando en una fecha determinada se publica una medida de la Comisión
         en el Diario Oficial de la Unión Europea, puede considerarse que se tomó la propia medida a más tardar la víspera del día de publicación. Como en este caso se publicaron
         los anuncios de inicio de reconsideración impugnados el 1 de diciembre de 2005, la Comisión tomó la decisión de iniciar dicho
         examen necesariamente a más tardar el 30 de noviembre de 2005 y, por tanto, en cualquier caso, dentro del plazo previsto en
         el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
      
      99      En segundo lugar, suponiendo que la fecha para iniciar una reconsideración con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Acuerdo
         antidumping y al artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones sea la fecha de publicación del anuncio correspondiente,
         es preciso analizar si estas disposiciones de los citados Acuerdos reclaman efectivamente que sean interpretadas como hace
         la demandante, en el sentido de que una reconsideración debe iniciarse a más tardar el día anterior a la fecha en que expiran
         las medidas a que se refiere (véase, en este sentido, la sentencia BEUC/Comisión, apartado 75 supra, apartado 68).
      
      100    A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 31, apartado 1, de la Convención de Viena sobre el Derecho
         de los Tratados de 23 de mayo de 1969, un tratado de Derecho internacional, como los Acuerdos antidumping y antisubvenciones,
         «deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto
         de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin».
      
      101    Esta regla de interpretación es la que aplica el juez comunitario cuando debe interpretar una norma comunitaria. Así, el Tribunal
         de Justicia ha declarado reiteradamente que, para interpretar una disposición de Derecho comunitario, han de tenerse en cuenta
         a la vez sus términos, su contexto y sus objetivos (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1984, St. Nikolaus
         Brennerei, 337/82, Rec. p. 1051, apartado 10; de 17 de octubre de 1995, Leifer y otros, C‑83/94, Rec. p. I‑3231, apartado
         22, y de 30 de julio de 1996, Bosphorus, C‑84/95, Rec. p. I‑3953, apartado 11).
      
      102    Es preciso señalar en primer lugar que, como resulta de los diccionarios a los que se refiere la demandante en su réplica,
         el término «fecha» tiene distintas acepciones como, entre otras, «el día del mes» (New Shorter Oxford Dictionary, 1993) pero también «el momento en que algo debe producirse» (New Shorter Oxford Dictionary, 1993). Por consiguiente, el significado literal del término «fecha» no se refiere necesariamente a un día del calendario,
         sino que este término también puede ser empleado para indicar un momento preciso en el tiempo. 
      
      103    A continuación, en cuanto al contexto en el que se inscriben el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y el artículo
         21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones y en cuanto al objetivo de estas disposiciones, procede recordar en primer lugar
         que el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994,
         anterior al Acuerdo antidumping y adoptado en nombre de la Comunidad por la Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre
         de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979
         (DO 1980, L 71, p. 1; EE 11/12, p. 38), no fijaba un período determinado de aplicación de los derechos antidumping. Su artículo
         9 disponía únicamente que «un derecho “antidumping” sólo [permanecería] en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios
         para contrarrestar el “dumping” que [estuviera] causando daño». El artículo 4, apartado 9, del Acuerdo relativo a la interpretación
         y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, aprobado en nombre
         de la Comunidad en la Decisión 80/271, tenía una disposición similar para los derechos compensatorios.
      
      104    El objetivo del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
         consiste en suprimir automáticamente los derechos de que se trate cinco año después de su imposición, salvo que se inicie
         una reconsideración. Efectivamente, como la Comisión subraya acertadamente en sus escritos, la cláusula que prevé la posibilidad
         de que derechos existentes sigan aplicándose una vez iniciada una reconsideración por expiración de medidas antidumping y
         compensatorias y que figura en el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y en el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo
         antisubvenciones fue introducida durante las negociaciones de la Ronda Uruguay para compensar la introducción de la cláusula
         denominada «de supresión automática», en virtud de la cual las medidas antidumping y compensatorias expiran automáticamente
         cinco años después de su imposición. 
      
      105    En este contexto y teniendo en cuenta el objeto del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado
         3, del Acuerdo antisubvenciones, es preciso que se inicie la reconsideración a más tardar antes de que las medidas antidumping
         y compensatorias expiren automáticamente. Estas disposiciones imponen un plazo límite para iniciar una reconsideración, ya
         que hacen referencia al momento en que los derechos en cuestión expiran. En efecto, los derechos a los que se refiere la reconsideración
         todavía deben estar aplicándose cuando se inicia la reconsideración.
      
      106    En consecuencia, los términos «antes de esa fecha» que figuran en el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y en
         el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones no pueden ser interpretados en el sentido de que obliguen a las partes
         contratantes a iniciar una reconsideración de las medidas antidumping o compensatorias de que se trate a más tardar el día
         antes de su expiración. Al contrario, teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados 102 a 105 supra, una normativa de una parte contratante que permite iniciar una reconsideración hasta el último momento en que las medidas
         a las que se refiere son válidas, debe ser considerada conforme con el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y
         el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
      
      107    No puede acogerse la alegación de la demandante basada en el informe del Órgano de Apelación de la OMC de 12 de abril de 2007,
         relativo a los exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos
         procedentes de la Argentina (WT/DS268/AB/RW). 
      
      108    Por una parte, el informe citado no hacía referencia a la interpretación de los términos «antes de esa fecha» del artículo
         11, apartado 3, del Acuerdo antidumping. En efecto, de conformidad con el punto 160 del informe, la cuestión planteada trataba
         de la «determinación de probabilidad de dumping, para aplicar las recomendaciones y resoluciones del [Órgano de Solución de
         Diferencias]».
      
      109    Por otra parte, en la medida en que el punto 163 recuerda en un obiter dictum que una reconsideración debe iniciarse «“antes de esa fecha”, es decir, antes del quinto aniversario del establecimiento
         de la orden de imposición de derechos antidumping», es preciso observar que este extracto no es más que una paráfrasis de
         un punto de otro informe del Órgano de Apelación al que se hace referencia en una nota en pie de página, esto es, el punto
         104 del informe del Órgano de Apelación de 9 de enero de 2004, relativo al examen por extinción de los derechos antidumping
         sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón (WT/DS244/AB/R), que establece
         que «se inicie un examen antes de la expiración [del] plazo de cinco años contados desde la fecha de imposición del derecho».
         Por consiguiente, en este punto no se afirma, en absoluto, que una reconsideración deba iniciarse a más tardar el día anterior
         a la fecha en que las medidas vigentes expiran. En cambio, al hacer referencia a la necesidad de iniciar la reconsideración
         antes de la expiración del plazo de cinco años contados desde la fecha de imposición del derecho, dicho punto confirma que
         una normativa de una parte contratante que permite iniciar una reconsideración hasta el último momento en que las medidas
         a las que se refiere son válidas, debe ser considerada conforme con el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y
         el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
      
      110    De todo lo anterior resulta que una reconsideración iniciada antes de la medianoche del último día del período en que las
         medidas se aplican con normalidad debe ser considerada conforme con el artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y
         el artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones.
      
      111    Habida cuenta de que en el caso de autos consta que los derechos antidumping y compensatorios objeto de reconsideración debían
         expirar, a falta de esta reconsideración, el 1 de diciembre de 2005, a medianoche, debe entenderse que dicha reconsideración,
         de la que las partes interesadas fueron informadas a través de la publicación de los anuncios impugnados en el Diario Oficial,
         el 1 de diciembre de 2005, fue iniciada en el plazo previsto a tal efecto en el artículo 11, apartado 2, párrafo primero,
         del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, interpretados a
         la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, respectivamente.
      
      112    No puede desvirtuarse esta conclusión con la alegación de la demandante de que la reconsideración debía iniciarse, por motivos
         de seguridad jurídica y buena administración, a más tardar el día anterior a la expiración de las medidas de que se trata.
      
      113    Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica constituye un principio fundamental
         del Derecho comunitario que exige, particularmente, que una normativa sea clara y precisa, con el fin de que los justiciables
         puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencias del
         Tribunal de Justicia de 13 de febrero de 1996, Van Es Douane Agenten, C‑143/93, Rec. p. I‑431, apartado 27, y de 14 de abril
         de 2005, Bélgica/Comisión, C‑110/03, Rec. p. I‑2801, apartado 30).
      
      114    Ahora bien, del análisis anterior resulta que el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base antidumping
         y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones, aunque se interpreten a la luz del artículo 11, apartado
         3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, establecen claramente y con precisión
         que la reconsideración de derechos antidumping y compensatorios debe iniciarse antes de que éstos expiren. 
      
      115    Además, la demandante no aporta ningún otro dato concreto en apoyo de su tesis de que el respeto del principio de seguridad
         jurídica exige que la publicación de un anuncio de inicio de reconsideración se produzca a más tardar el día antes de que
         expiren las medidas que deban ser examinadas. Tampoco ha demostrado, y ni siquiera alegado, que el 30 de noviembre de 2005
         hubiera realizado ventas para su exportación a la Comunidad por haber comprendido, tras leer el Diario Oficial de aquel día,
         que las medidas objeto de reconsideración iban a expirar el 1 de diciembre de 2005 a medianoche.
      
      116    Por consiguiente, procede desestimar la alegación basada en la violación del principio de seguridad jurídica. 
      
      117    Por último, en cuanto a la alegación de que se vulnera el principio de buena administración, es preciso considerar que, cuando
         una institución comunitaria dispone de un plazo para realizar un acto determinado, no viola el principio de buena administración
         si sólo actúa el último día del plazo que tiene concedido.
      
      118    Pues bien, en el caso de autos, los anuncios de inicio de reconsideración impugnados fueron publicados el último día del plazo
         establecido en el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado
         1, del Reglamento de base antisubvenciones, interpretados a la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y
         del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones, respectivamente (véanse los apartados 110 y 111 supra). Por consiguiente, no cabe imputar a la Comisión que haya violado el principio de buena administración.
      
      119    De lo anterior resulta que la primera parte del primer motivo no está fundada. 
      
       Sobre la segunda parte, basada en una violación del principio de seguridad jurídica 
       Alegaciones de las partes 
      120    La demandante recuerda que el principio de seguridad jurídica exige que, cuando el Derecho comunitario impone a los particulares
         obligaciones formuladas de forma ambigua, toda ambigüedad sea resuelta a favor del particular (sentencias del Tribunal de
         Justicia de 9 de julio de 1981, Gondrand Frères, 169/80, Rec. p. 1931, apartado 17; de 22 de febrero de 1989, Comisión/Francia
         y Reino Unido, 92/87 y 93/87, Rec. p. 405, apartado 22, y Van Es Douane Agenten, apartado 113 supra, apartado 27). Alega que este imperativo de seguridad jurídica se impone con rigor especial cuando se trata de un acto que
         puede implicar consecuencias financieras, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones
         que se les imponen (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de enero de 1997, Opel Austria/Consejo, T‑115/94,
         Rec. p. II‑39, apartado 124, y la jurisprudencia citada). 
      
      121    La demandante considera que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado 1, del
         Reglamento de base antisubvenciones, interpretados en consonancia con las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping
         y antisubvenciones, no son ambiguos. Sin embargo, entiende que, si el Tribunal de Primera Instancia considera que las disposiciones
         de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones de que se trata son ambiguas o inciertas, esta ambigüedad o incertidumbre
         debe resolverse, de conformidad con el principio de seguridad jurídica, en favor de la interpretación que le sea más favorable
         de entre aquellas que pueden identificarse (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Petrotub y Republica,
         apartado 76 supra, apartados 56 a 60, y de 23 de septiembre de 2003, BGL, C‑78/01, Rec. p. I‑9543, apartados 71 y 72).
      
      122    Según la demandante, de lo anterior resulta que, en el presente asunto, la fecha límite para iniciar la reconsideración era
         el 30 de noviembre de 2005. En consecuencia, entiende que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados, publicados
         el 1 de diciembre de 2005, son ilegales.
      
      123    La Comisión responde que ni el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping, ni el artículo 18, apartado 1,
         del Reglamento de base antisubvenciones adolecen de ambigüedad alguna que deba resolverse en beneficio de la demandante. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      124    Del análisis realizado en el marco de la primera parte resulta que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping
         y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones demuestran claramente que una reconsideración de derechos
         antidumping y compensatorios puede iniciarse hasta el momento en que éstos expiran. Lo mismo ocurre cuando estas disposiciones
         son interpretadas a la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo
         antisubvenciones, respectivamente.
      
      125    En estas circunstancias, tampoco puede acogerse la segunda parte. 
      
       Sobre la tercera parte, basada en la ilegalidad del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
            18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones 
       Alegaciones de las partes
      126    La demandante se remite a la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo (C‑69/89, Rec. p. I‑2069),
         de la que resulta, a su juicio, que el juez comunitario controla la legalidad de los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones
         con respecto a los Acuerdos antidumping y antisubvenciones, ya que, al adoptar los Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones,
         la Comunidad tiene el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC (sentencias del Tribunal
         de Justicia Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 53 a 57, y de 1 de marzo de 2005, Van Parys, C‑377/02, Rec. p. I‑1465, apartados 39 y 40; sentencia Shanghai Teraoka
         Electronic/Consejo, apartado 91 supra, apartado 138). A este respecto, la demandante se refiere en sus escritos a la obligación denominada «Nakajima».
      
      127    La demandante entiende que de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones se desprende que, cuando las medidas antidumping
         y compensatorias expiran, toda reconsideración debe ser iniciada «antes de esa fecha», esto es, con anterioridad a la fecha
         de expiración, y no a una hora determinada del día en que expiran. Alega que, en este punto, la Comisión no aplicó correctamente
         los Acuerdos de la OMC, ya que, en su escrito de 3 de febrero de 2006, esta institución meramente confirmó que, en el caso
         de autos, la fecha de expiración de las medidas de que se trata y la fecha de inicio de la reconsideración eran idénticas.
      
      128    Aunque el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base
         antisubvenciones no pudieran ser interpretados de conformidad con las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping
         y antisubvenciones y aunque la interpretación de los Reglamentos de base propuesta por la Comisión en su escrito de 3 de febrero
         de 2006 fuera la que normalmente debiera aceptarse, lo que la demandante niega, procede declarar, según ella, que el artículo
         11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones son
         ilegales por su incompatibilidad con las disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones.
      
      129    En su réplica, la demandante alega que la obligación Nakajima no se limita a la obligación de interpretar el Derecho comunitario
         de conformidad con los Acuerdos de la OMC. En efecto, entiende que el Tribunal de Primera Instancia ha declarado en varias
         ocasiones que la legalidad de las medidas comunitarias puede ser examinada a la luz de los Acuerdos de la OMC (sentencias
         Euroalliages/Comisión, apartado 75 supra, apartado 57, y Chiquita Brands y otros/Comisión, apartado 68 supra, apartado 117 a 126). 
      
      130    La Comisión sostiene que el control realizado por el Tribunal de Justicia de la legalidad de un acto comunitario antidumping
         con respecto a las normas de la OMC está basado en el principio de interpretación coherente «en la medida de lo posible» (sentencia
         Petrotub y Republica/Consejo, apartado 76 supra, apartado 57). En consecuencia, entiende que no existe diferencia alguna entre lo que la demandante denomina la obligación
         Bettati y la obligación Nakajima. La Comisión alega que, en el caso de autos, si las disposiciones de que se trata de los
         Reglamentos de base antidumping y antisubvenciones no pueden interpretarse de conformidad con los Acuerdos antidumping y antisubvenciones,
         la demandante no puede invocar la contradicción existente entre el Derecho comunitario y las normas de la OMC como motivo
         para anular esas disposiciones.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      131    Del análisis realizado en el marco de la primera parte resulta que los anuncios de inicio de reconsideración impugnados, publicados
         en el Diario Oficial el día en que expiraban las medidas a las que se referían, cumplen los requisitos establecidos en el
         artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones,
         interpretados a la luz del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones,
         respectivamente.
      
      132    La presente parte, formulada como una excepción de ilegalidad, no puede ser acogida. En efecto, está basada en una hipótesis
         que no resulta confirmada en el caso de autos, concretamente, que el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping
         y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones no se prestan a una interpretación conforme con las
         disposiciones correspondientes de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones.
      
      133    Por consiguiente, la última parte tampoco está fundada.
      
      134    Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, el recurso debe desestimarse.
      
       Costas
      135    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que se han desestimado los motivos de la demandante, procede condenarla
         en costas, con arreglo a lo solicitado por el Consejo y la Comisión.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Condenar en costas a Reliance Industries Ltd.
      
               Martins Ribeiro
            
            
               Wahl
            
            
               Dittrich
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de septiembre de 2008.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     La Presidenta
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M.E. Martins Ribeiro
            
         
      Índice
      
      Marco jurídico
      Acuerdos antidumping y antisubvenciones de la Organización Mundial del Comercio
      Reglamento de base antidumping
      Reglamento de base antisubvenciones
      Antecedentes del litigio
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre la admisibilidad
      Sobre la admisibilidad de las pretensiones que tienen por objeto la anulación de los anuncios de inicio de reconsideración
         impugnados y en la medida en que van dirigidas contra el Consejo
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre el interés de la demandante en ejercitar la acción
      – Sobre la legitimación activa de la demandante
      – Sobre la admisibilidad de las pretensiones en la medida en que van dirigidas contra el Consejo
      Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que tiene por objeto la anulación de los Reglamentos nos 2603/2000 y 2604/2000,
         de la Decisión 2000/745, así como del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado
         1, del Reglamento de base antisubvenciones
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la excepción de ilegalidad
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el fondo
      Sobre la primera parte, basada en la infracción del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
         18, apartado 1, de Reglamento de base antisubvenciones, interpretados de conformidad con las disposiciones correspondientes
         de los Acuerdos antidumping y antisubvenciones
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Observaciones preliminares
      – Sobre la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo 18, apartado 1, del
         Reglamento de base antisubvenciones a la luz, respectivamente, del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo antidumping y del
         artículo 21, apartado 3, del Acuerdo antisubvenciones
      
      Sobre la segunda parte, basada en una violación del principio de seguridad jurídica
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la tercera parte, basada en la ilegalidad del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base antidumping y del artículo
         18, apartado 1, del Reglamento de base antisubvenciones
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Costas
      * Lengua de procedimiento: inglés.