CELEX: 62014TN0669
Language: es
Date: 2014-09-15 00:00:00
Title: Asunto T-669/14: Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2014  — Trioplast Industrier/Comisión

17.11.2014   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 409/50
            
         Recurso interpuesto el 15 de septiembre de 2014 — Trioplast Industrier/Comisión
   (Asunto T-669/14)
   2014/C 409/72
   Lengua de procedimiento: inglés
   
      Partes
   
   
      Demandante: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Suecia) (representante: T. Pettersson, abogado)
   
      Demandada: Comisión Europea
   
      Pretensiones
   
   La parte demandante solicita al Tribunal General que:
   
               1.
            
            
               Anulación
               
                           —
                        
                        
                           Anule el escrito de la Comisión Europea de 3 de julio de 2014 en el asunto COMP/38354 — Sacos industriales — Trioplast Industrier AB.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Anule o reduzca el importe de los intereses de demora de 6 74  033,32 EUR impuestos a la demandante mediante dicho escrito.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Condene a la Comisión a reembolsar a la demandante los gastos, por importe de 4  686,64 EUR, en que ha incurrido por la constitución de una garantía para el pago de dichos intereses de demora.
                        
                     
         
               2.
            
            
               Con carácter subsidiario, se conceda a la demandante, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la Unión expuestas en el recurso, por:
               
                           —
                        
                        
                           Todo o parte del importe de los intereses de demora.
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Los gastos, por importe de 4  686,64 EUR, en que ha incurrido la demandante por la constitución de una garantía para el pago de dichos intereses de demora.
                        
                     
         
               3.
            
            
               Se conceda a la demandante una indemnización, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, por los daños sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la Unión relativas al período en el que la Comisión no liberó o redujo el importe de la garantía bancaria a raíz de la sentencia del Tribunal General dictada en el asunto T-40/06, por los gastos realizados con el fin de establecer una garantía por importe de 22  783,90 EUR o una parte de este importe.
            
         
               4.
            
            
               Imponga el pago de intereses sobre toda cantidad reconocida.
            
         
               5.
            
            
               Condene en costas a la Comisión.
            
         
      Motivos y principales alegaciones
   
   En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca seis motivos.
   
               1.
            
            
               Primer motivo, basado en la falta de base legal del escrito de la Comisión
               
                           —
                        
                        
                           La Decisión de la Comisión de 30 de noviembre de 2005, en su versión modificada por la Decisión de 7 de diciembre de 2005, en el asunto COMP/38354 — Sacos industriales — Trioplast Industrier AB (en lo sucesivo, «Decisión de 2005»), no constituía una base válida para exigir a la demandante el pago de intereses de demora porque no precisaba el importe exacto e incondicional de la multa impuesta a la demandante. Además, esta Decisión fue anulada por el Tribunal General mediante la sentencia de 13 de septiembre de 2010, Trioplast Industrier AB/Comisión, T-40/06 (en lo sucesivo, «sentencia de 2010»), en la medida en que impuso una multa a la demandante.
                        
                     
         
               2.
            
            
               Segundo motivo, basado en un vicio sustancial de forma y en incompetencia
               
                           —
                        
                        
                           El escrito de la Comisión constituye una decisión que ha sido adoptada ilegalmente por un miembro de la DG Presupuesto que no tenía facultad para tomar dicha decisión en nombre de la Comisión. No puede considerarse que el escrito de la Comisión simplemente dé efectos a una decisión anterior y que, como tal, constituya una medida de ejecución. Al contrario, puesto que ni la Decisión de 2005 ni la sentencia de 2010 determinan el importe que debía abonar la demandante, el escrito de la Comisión es una decisión que determina el importe concreto de la multa. Para que surta efectos jurídicos vinculantes, dicha decisión sólo puede ser adoptada por el colegio de comisarios.
                        
                     
         
               3.
            
            
               Tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica y del principio de individualización de las penas
               
                           —
                        
                        
                           Al exigir a la demandante que abone los intereses impugnados, la Comisión la sanciona de facto por una situación derivada de su violación anterior del principio de seguridad jurídica y del principio de individualización de las penas. La Comisión aún no ha subsanado esta violación.
                        
                     
         
               4.
            
            
               Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE
               
                           —
                        
                        
                           La Comisión ha infringido lo dispuesto en el artículo 266 TFUE al no dar cumplimiento a la sentencia de 2010. El escrito de la Comisión prueba su decisión final de no adoptar una nueva decisión formal que especifique el importe exacto que debe pagar la demandante, a pesar de la obligación que tenía de hacerlo conforme a la sentencia de 2010. En consecuencia, dicho escrito es una declaración definitiva y final que muestra que la Comisión no va a dar cumplimiento a las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 266 TFUE.
                        
                     
         
               5.
            
            
               Quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
               
                           —
                        
                        
                           La Comisión ha violado el principio de proporcionalidad al exigir a la demandante el pago de intereses de demora por una multa cuyo importe nunca estuvo claro y que fue anulada totalmente, sin que la Comisión adoptara una nueva decisión final sobre el importe de la multa que debía abonar la demandante. Los objetivos de las normas que facultan a la Comisión para exigir el pago de intereses de demora en otros asuntos no se cumplen en el presente asunto. Con carácter subsidiario, es cuando menos desproporcionado imponer un tipo de interés de naturaleza sancionadora cuando la demandante no ha podido evitar este coste debido a la actuación de la propia Comisión.
                        
                     
         
               6.
            
            
               Sexto motivo, basado en el error de Derecho en que ha incurrido la Comisión al denegar la liberación de la garantía bancaria de la demandante como consecuencia de la sentencia de 2010
               
                           —
                        
                        
                           Mediante la sentencia citada, el Tribunal General anuló la Decisión de 2005, que imponía originalmente el pago de multas, dejando a la Comisión sin una base jurídica contra la demandante en tanto no adoptara una nueva decisión. Al oponerse a la liberación de la garantía bancaria tras la sentencia de 2010, la Comisión incumplió dicha sentencia. Este error de Derecho ha causado directamente a la demandante gastos adicionales por el mantenimiento de dicha garantía. Con carácter subsidiario, la Comisión, inmediatamente después de haberse dictado la sentencia, debería haber reducido por lo menos el importe de dicha garantía al máximo fijado por el Tribunal General.