CELEX: C2000/233/35
Language: es
Date: 2000-08-12 00:00:00
Title: Asunto C-223/00: Petición de decisión prejudicial presentada mediante resolución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala Primera, Sección Primera, de fecha 10 de mayo de 1999, en el asunto entre Director-Geral del Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) y Partex — Companhia Portuguesa de Serviços, SA

C 233/18                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       12.8.2000
Recurso interpuesto el 5 de junio de 2000 contra el Reino                relación con el objetivo. Pues bien, la obligación de comunicar
de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas                  para cada inscripción documentos de los que ya dispone la
                                                                         Junta del Colegio Profesional provincial (por ejemplo, el tı́tulo)
                        (Asunto C-222/00)                                es una carga adicional cuya imposición resulta contraria
                                                                         al artı́culo 22, apartado 4, de la Directiva cuando hayan
                                                                         transcurrido menos de 12 meses desde la fecha de expedición
                          (2000/C 233/34)                                de tales documentos. Por lo demás, la normativa belga no
                                                                         puede exigir el pago de un derecho de inscripción de 6 000 BEF
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             a cargo del arquitecto establecido en un Estado miembro
presentado el 5 de junio de 2000 un recurso contra el Reino              distinto de Bélgica que se inscriba en el «registro especial», ya
de Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades                 que el artı́culo 22, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva
Europeas, representada por el Sr. Bernard Mongin, miembro                exige claramente que dicha inscripción se haga sin gastos
del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, que designa como           adicionales. Esta normativa resulta asimismo contraria al
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez                artı́culo 49 CE.
de la Cruz, miembro de ese mismo Servicio, Centre Wagner,
Kirchberg.                                                               (Sobre el segundo motivo, basado en la aplicación del principio
                                                                         de «prestación única»)
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
de Justicia que:                                                         El Gobierno belga alega que este principio ya no se aplica; no
                                                                         obstante, consta que una mera circular —que, por lo demás,
1.    Declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las                  no fue nunca comunicada a la Comisión— no es suficiente
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             para poner término a la inseguridad jurı́dica que resulta de la
      85/384/CEE (1),                                                    inexistencia de una norma imperativa sobre este extremo.
      —     al mantener en vigor un procedimiento que supedita
                                                                         (Sobre el tercer motivo, basado en la negativa de inscripción
            la inscripción en el «registro especial» de arquitectos
                                                                         por no haberse observado el principio de incompatibilidad
            que prestan servicios, previsto en el artı́culo 22,
                                                                         entre las profesiones de arquitecto y de empresario)
            apartado 1 de la citada Directiva, de un arquitecto
            legalmente establecido en otro Estado miembro, al
            requisito de que presente los documentos enumera-            La Directiva no se opone a que un Estado miembro declare la
            dos en el artı́culo 22, apartado 3, incluso cuando           profesión de arquitecto incompatible con la de empresario o
            tales documentos ya hayan sido comunicados en                comerciante en materiales de construcción e imponga esta
            una versión con menos de 12 meses de antigüedad,            limitación a los arquitectos que estén establecidos en otro
            y de que pague los gastos de inscripción en el              Estado miembro y presten servicios en el primer Estado
            registro,                                                    miembro. No obstante, para imponer la observancia de esta
                                                                         incompatibilidad, la Administración dispone de medios menos
      —     al mantener en vigor un procedimiento que impide             gravosos que el de exigir la modificación de los Estatutos de la
            a los arquitectos establecidos en Estados miembros           sociedad del arquitecto. A ese respecto, la consulta del
            distintos de Bélgica efectuar varias prestaciones de         convenio celebrado entre el promotor y el arquitecto deberı́a
            servicios simultáneas en el territorio belga,               ser suficiente.
      —     y al supeditar la inscripción en el registro de             (1) DO L 223 de 21.8.1985, p. 15; EE 06/03, p. 9.
            prestaciones de servicios de un arquitecto estableci-
            do en un Estado miembro y que desee efectuar una
            prestación de servicios en Bélgica a la modificación
            de los Estatutos de la sociedad a la que pertenezca
            dicho arquitecto, sin haber comprobado previamen-
            te que el mismo estaba en condiciones de observar
            en Bélgica la normativa belga que prohı́be la acumu-
            lación de las actividades de arquitecto y de empresa-       Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
            rio.                                                         lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala Prime-
                                                                         ra, Sección Primera, de fecha 10 de mayo de 1999, en el
2.    Condene en costas al Reino de Bélgica.                             asunto entre Director-Geral del Departamento para os
                                                                         Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) y Partex —
                                                                                    Companhia Portuguesa de Serviços, SA
Motivos y principales alegaciones
                                                                                                (Asunto C-223/00)
(Sobre el primer motivo, basado en que la inscripción no tiene                                   (2000/C 233/35)
carácter cuasi automático)
                                                                         Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
La notificación de la prestación de servicios no debe estar            sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
sujeta a requisitos desproporcionados o que no guarden                   resolución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala Primera,
 ---pagebreak--- 12.8.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 233/19
Sección Primera, dictada el 10 de mayo de 1999, en el asunto           1)     ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de
entre Director-Geral del Departamento para os Assuntos do                      la Directiva 93/37/CEE (1), la previsión de cláusulas de
Fundo Social Europeu (DAFSE) y Partex — Companhia                              anuncios de licitación para la adjudicación de contratos
Portuguesa de Serviços, SA, y recibida en la Secretarı́a del                   públicos que impidan la participación de empresas que
Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2000. El Supremo Tribunal                no adjunten a sus ofertas justificaciones del precio
Administrativo solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie,              indicado, por un valor por lo menos igual al 75 % del
con carácter prejudicial, sobre la correcta interpretación de las            valor mı́nimo exigido?
normas de Derecho comunitario, en particular:
                                                                        2)     ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de
—     de los artı́culos 5, apartado 4, y 7, apartado 2, del                    la Directiva 93/37/CEE la previsión de un mecanismo de
      Reglamento (CEE) no 2950/83 (1) del Consejo, de 17 de                    incremento automático del umbral de anomalı́a de las
      octubre de 1983, sobre aplicación de la Decisión 83/516/               ofertas que deben someterse a verificación de congruen-
      CEE, (2) referente a las funciones del Fondo Social Euro-                cia, basado en un criterio casuı́stico y en una media
      peo, y                                                                   aritmética, de tales caracterı́sticas que no permite a los
                                                                               empresarios conocer preventivamente tal umbral?
—     del artı́culo 5 de la Decisión 83/516/CEE del Consejo, de
      17 de octubre de 1983, sobre las funciones del Fondo              3)     ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de
      Social Europeo,                                                          la Directiva 93/37/CEE la previsión de un procedimiento
                                                                               contradictorio anticipado, sin que la empresa que haya
con el fin de determinar si la decisión de certificación, para la            presentado una oferta anómala tenga la posibilidad de
que es competente el DAFSE, en el caso de que considere no                     hacer valer sus razones después de la apertura de plicas y
razonables ciertos gastos y los certifique sólo parcialmente (es              antes de la adopción de la medida de exclusión?
decir, la parte en que la certificación es negativa), impide a la
Comisión aprobar los pagos relativos a los gastos que no               4)     ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de
han sido certificados por el órgano competente del Estado                     la Directiva 93/37/CEE la previsión que la entidad
miembro.                                                                       adjudicadora pueda adoptar en consideración a justifica-
                                                                               ciones que hagan referencia exclusivamente a la economı́a
                                                                               del procedimiento de construcción, o a las soluciones
(1) DO L 289 de 22.10.1983, p. 1; EE 05/04, p. 22.
(2) DO L 289 de 22.10.1983, p. 38; EE 05/04, p. 26.                            técnicas que se hayan adoptado, o a las condiciones
                                                                               excepcionalmente favorables de que disfrute el licitador?
                                                                        5)     ¿Se opone a la aplicación del artı́culo 30, apartado 4, de
                                                                               la Directiva 93/37/CEE la exclusión de justificaciones
                                                                               relativas a elementos cuyos valores mı́nimos puedan ser
                                                                               señalados por catálogos oficiales?
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
lución del Consiglio di Stato, Sezione IV, de fecha 7 de               (1) Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
                                                                            coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
marzo de 2000, en el asunto entre Cavalleri Ottavio                         contratos públicos de obras (DO L 199, de 9.8.1993, p. 54).
SpA, que actúa en su propio nombre y en calidad de
representante de la asociación temporal de empresas con
Anselmi Cave Ghiaia Srl, y ANAS — Ente Nazionale per
le Strade, y Lauro Cantieri Valsesia SpA, que actúa en su
propio nombre y en calidad de representante de la
       asociación temporal de empresas con IOS SpA
                        (Asunto C-225/00)                               Recurso interpuesto el 9 de junio de 2000 contra el Reino
                                                                        de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas
                          (2000/C 233/36)
                                                                                                (Asunto C-230/00)
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Consiglio di Stato, Sezione IV, dictada el 7 de                                   (2000/C 233/37)
marzo de 2000, en el asunto entre Cavalleri Ottavio SpA, que
actúa en su propio nombre y en calidad de representante de la          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
asociación temporal de empresas con Anselmi Cave Ghiaia Srl,           presentado 9 de junio de 2000 un recurso contra el Reino de
y ANAS — Ente Nazionale per le Strade, y Lauro Cantieri                 Bélgica formulado por la Comisión de las Comunidades
Valsesia SpA, que actúa en su propio nombre y en calidad de            Europeas, representada por el Sr. H. van Lier, Consejero Jurı́di-
representante de la asociación temporal de empresas con IOS            co del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agente, asistido por los
SpA, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 5 de      Sres. H. van der Woude y T.E.M. Chellingsworth, Abogados de
junio de 2000. El Consiglio di Stato, Sezione IV, solicita al           Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes              despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio
cuestiones:                                                             Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner, Kirchberg.