CELEX: C2001/079/23
Language: es
Date: 2001-03-10 00:00:00
Title: Asunto C-470/00 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo contra la sentencia dictada el 26 de octubre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados T-83/99 a T-85/99, promovidos por el Sr. Ripa di Meana y otros contra el Parlamento Europeo

C 79/12                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      10.3.2001
b)    En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿exige               c)   un banco central nacional,
      el artı́culo 2, apartado 8, primera mitad de la última frase,
      de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de                           d)   un organismo de representación de intereses profe-
      diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las                           sionales establecido por ley,
      disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso               e)   una empresa gestionada con ánimo de lucro parcial-
      en materia de adjudicación de los contratos públicos de                       mente bajo influencia del Estado?
      suministros y de obras, la interpretación de la normativa          2.     En caso de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades
      nacional en el sentido de que el órgano jurisdiccional (el                Europeas respondiese en sentido afirmativo, al menos
      organismo independiente) aclare de oficio, sin que existan                 parcialmente, a la cuestión que se plantea:
      afirmaciones especı́ficas de una de las partes del litigio (y
      más aún sin las correspondientes solicitudes de proposi-                 Las disposiciones que se oponen a una normativa nacional
      ción de prueba), si la licitación objeto del litigio no es un            como la descrita, ¿son inmediatamente aplicables en el
      proyecto autónomo sino tan sólo un proyecto parcial y                    sentido de que las personas obligadas a revelar datos
      — si se respondiese afirmativamente a esto último — si                    pueden invocarlas para evitar la aplicación de normas
      el proyecto global presenta un importe estimado superior                   nacionales contrarias a ellas?
      a 5 millones de euros, o si no cabe tal concepción
      precisamente porque la carga de afirmar y la obligación de
      presentar pruebas, que incumben a una parte, constituyen
      precisamente la diferencia esencial entre el procedimiento
      contradictorio y el procedimiento inquisitivo?
                                                                          Recurso de casación interpuesto el 22 de diciembre de
                                                                          2000 por el Parlamento Europeo contra la sentencia
(1) DO L 395, 1989, p. 33.                                                dictada el 26 de octubre de 2000 por la Sala Cuarta
                                                                          del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                          Europeas, en los asuntos acumulados T-83/99 a T-85/99,
                                                                          promovidos por el Sr. Ripa di Meana y otros contra el
                                                                                                Parlamento Europeo
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                                    (Asunto C-470/00 P)
lución del Verfassungsgerichtshof, Wien, de fecha 12 de
diciembre de 2000, en el asunto entre Rechnungshof                                                  (2001/C 79/23)
y 1. Österreichischer Rundfunk, 2. Wirtschaftskammer
Steiermark, 3. Marktgemeinde Kaltenleutgeben, 4. Land                     En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Niederösterreich, 5. Oesterreichische Nationalbank,                       presentado el 22 de diciembre de 2000 un recurso de casación
6. Stadt Wiener Neustadt, 7. Austrian Airlines, Österrei-                formulado por el Parlamento Europeo, representado por los
           chische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft                        Sres. Antonio Caiola y Guido Ricci, en calidad de agentes, que
                                                                          designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia dictada
                        (Asunto C-465/00)                                 el 26 de octubre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de
                                                                          Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos
                           (2001/C 79/22)                                 acumulados T-83/99 a T-85/99, promovidos por el Sr. Ripa di
                                                                          Meana y otros contra el Parlamento Europeo.
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                          La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
                                                                          Comunidades Europeas que:
resolución del Verfassungsgerichtshof, Wien, dictada el 12 de
diciembre de 2000, en el asunto entre Rechnungshof y                      1.     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
1. Österreichischer Rundfunk, 2. Wirtschaftskammer Steier-                      26 de octubre de 2000 únicamente en relación con los
mark, 3. Marktgemeinde Kaltenleutgeben, 4. Land Niederöste-                      asuntos T-83/99 y T-84/99, Carlo Ripa di Meana y
rreich, 5. Oesterreichische Nationalbank, 6. Stadt Wiener                        Leoluca Orlando contra el Parlamento Europeo.
Neustadt, 7. Austrian Airlines, Österreichische Luftverkehrs-
Aktiengesellschaft, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal de          2.     Declare, en consecuencia, la inadmisibilidad y la falta
Justicia el 28 de diciembre de 2000. El Verfassungsgerichtshof,                  de fundamento de los recursos interpuestos por los
Wien, solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre                    demandantes en primera instancia.
las siguientes cuestiones:
                                                                          3.     Condene a los demandantes en primera instancia a abonar
1.    Las disposiciones de Derecho comunitario, en particular                    la totalidad de las costas de los procedimientos ante el
      aquellas relativas a la protección de datos, ¿deben interpre-             Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.
      tarse de modo que se oponen a una normativa nacional
      que obliga a un organismo estatal a recopilar y comunicar
      datos sobre ingresos a los efectos de publicar los nombres          Motivos y principales alegaciones
      y los ingresos de empleados de
                                                                          El Parlamento Europeo alega tres motivos de casación: dos
      a)    un ente territorial,                                          relativos a la admisibilidad y otro relativo al fondo del asunto,
                                                                          que consta de varios puntos y se basa en varios argumentos
      b)    un organismo de radiodifusión de Derecho público,           jurı́dicos. Los motivos mencionados son los siguientes:
 ---pagebreak--- 10.3.2001              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 79/13
(a)  Sobre la inadmisibilidad: El Parlamento critica, ante todo,       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
     la calificación por el Tribunal de Primera Instancia de la
     carta de 19 de noviembre de 1998 de los dos Vicepresi-
     dentes italianos del Parlamento Europeo como «solicitud
     de adhesión de los recurrentes». Dicha solicitud de              —    declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 31 de
     adhesión fue realizada, según el Tribunal, por cuenta de             octubre de 2000, que declara que las normas españolas
     los recurrentes. El Parlamento estima que se trata de una              sobre deducción de la cuota del impuesto de sociedades
     afirmación apodı́ctica, que carece de motivación y que no            por la realización de inversiones en el exterior constituyen
     está fundada ni en normas jurı́dicas aplicables, ni en la             una ayuda incompatible con el mercado común y prohi-
     práctica.                                                             bida por el artı́culo 4.c) del Tratado CECA,
(b) Igualmente sobre la admisibilidad: El Parlamento contesta
     también que el Tribunal de Primera Instancia calificara           —    condene en costas a la Institución demandada.
     como decisión el escrito de 4 de febrero de 1999 de la
     Junta de Cuestores. Se trata, en efecto, de una mera
     comunicación realizada por los Cuestores del Parlamento
     Europeo simplemente a tı́tulo de información y por
     cortesı́a y que, en cualquier caso, se limita a insistir en la
     situación existente, que los diputados interesados cono-         Motivos y principales alegaciones
     cı́an ya perfectamente. Por lo demás, los demandantes, a
     la vista de la naturaleza informal y atı́pica de la solicitud
     remitida a los Cuestores, se situaron al margen de
     cualquier regla aplicable o de cualquier procedimiento            —    Infracción del procedimiento legalmente establecido y de
     (como el previsto en el artı́culo 27, apartado 2, de la                los principios de seguridad juridica, audiencia y confianza
     Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los              legı́tima: Al no haber adoptado la decisión en el plazo
     diputados del Parlamento Europeo).                                     fijado por el artı́culo 6.5 de la Decisión 2496/96/CECA,
                                                                            la Comisión ha vulnerado el procedimiento fijado por la
                                                                            citada Decisión, que le sirve de fundamento. La decisión
(c)  Por último, sobre el fondo: El Parlamento Europeo                     recurrida, además, vulnera la confianza legitima suscitada
     considera equivocada la apreciación del Tribunal de                   tanto en el Estado miembro destinatario como en las
     Primera Instancia cuando en relación con sus alegaciones              empresas afectadas por ella. Una vez finalizados los actos
     señala, invirtiendo la carga de la prueba e incurriendo,              preparatorios, la Comisión no dictó resolución en el
     por ello, en un vicio de procedimiento, que el Parlamento              plazo legal de tres meses: transcurridos varios años desde
     «no ha demostrado que [los demandantes] tuvieran un                    que terminó el plazo para adoptar una resolución, puede
     conocimiento exacto del acto de modificación más de                  considerarse legı́tima la confianza suscitada en que las
     seis meses antes de la presentación de la solicitud» y llega          medidas cuestionadas no se consideraban contrarias al
     a la conclusión de que «[éstos] presentaron su solicitud              Tratado a resultas de la investigación iniciada en 1997.
     de adhesión al sistema provisional de pensión en el plazo
     previsto por la modificación del Anexo II».
                                                                       —    Vulneración del artı́culo 15 del Tratado CECA por falta
                                                                            de motivación del cambio de criterio y de la incidencia
                                                                            que la norma tiene en la competitividad de los productos
                                                                            nacionales exportados.
                                                                       —    Aplicación indebida del artı́culo 4 c) del Tratado CECA:
Recurso interpuesto el 29 de diciembre de 2000 contra la                    Inexistencia de ayuda o subvención en el sentido de dicho
Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de                       precepto: Identificar sin más el concepto de ayuda de
                              España                                       dicho precepto con el que contiene el artı́culo 87 CE
                                                                            puede dar lugar a situaciones incoherentes dado que los
                                                                            efectos que aquél impone son absolutos e incondicionales.
                       (Asunto C-501/00)                                    El Tratado CECA prohı́be las ayudas de forma automática,
                                                                            por el hecho de ingresar en la CECA; no exige valorar sus
                         (2001/C 79/24)                                     efectos sobre la competencia; no regula ni concibe las
                                                                            ayudas existentes pues todas, anteriores y posteriores,
                                                                            están prohibidas de la misma manera. Por ello, la
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                jurisprudencia del Tribunal y el código de áyudas citado,
presentado el 29 de diciembre de 2000 un recurso contra la                  permiten afirmar que las ayudas prohibidas por el
Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el                      artı́culo 4 c) son ayudas directas, sean o no especı́ficas
Reino de España, representado por el Sr. Santiago Ortiz                    para empresas CECA. Las medidas de los Estados miem-
Vaamonde, Abogado del Estado, que designa como domicilio                    bros que produzcan efectos indirectos o reflejos sobre la
en Luxemburgo el de la Embajada de España, 4-6, boulevard                  competencia quedan sujetas a preceptos distintos, en
E. Servais.                                                                 particular el artı́culo 67 del Tratado CECA.