CELEX: C2005/281/30
Language: es
Date: 2005-11-12 00:00:00
Title: Asunto C-365/05 P: Recurso de casación interpuesto el 28 de septiembre de 2005 por la Sra. Dorte Schmidt-Brown contra la sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contra Comisión de las Comunidades Europeas

12.11.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 281/15
            
         Recurso de casación interpuesto el 28 de septiembre de 2005 por la Sra. Dorte Schmidt-Brown contra la sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-365/05 P)
   (2005/C 281/30)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 28 de septiembre de 2005 un recurso de casación formulado por la Sra. Dorte Schmidt-Brown, representada por los Sres. Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis y Etienne Marchal, abogados, contra la sentencia dictada el 5 de julio de 2005 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   
                
            
            
               Decida anular en su totalidad la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) el 5 de julio de 2005 en el asunto T-387/02, Dorte Schmidt-Brown contra Comisión de las Comunidades Europeas.
            
         
                
            
            
               Pronuncie una nueva resolución, mediante l que
            
         
                
            
            
               anule la decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2002, en la medida en que deniega a la demandante la asistencia financiera solicitada para permitirle a ésta cubrir la totalidad de los gastos de defensa que tuvo que soportar para obtener el reconocimiento y la indemnización de los daños morales, profesionales y materiales sufridos como consecuencia de las difamaciones verbales y escritas proferidas por Eurogramme Ltd.
            
         
                
            
            
               condene a la parte demandada al pago de las costas de la primera instancia y del recurso de casación.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia examinó de forma ilegal si, en el caso de autos, se había incumplido lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto en perjuicio de la recurrente, sin tener en cuenta la decisión adoptada por el Vice-Presidente de la Comisión, Neil Kinnock, tras examinar de nuevo la solicitud de ayuda y de asistencia de 15 de enero de 2002, de estimar tal petición.
   Se le notificó dicha decisión mediante escritos de 16 y 22 de mayo de 2003.
   De este modo, el Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración todas las circunstancias del caso de autos y, más en particular, las decisiones adoptadas por la Comisión, después de que la demandante presentara una querella ante la High Court of Justice (England & Wales), las medidas tomadas por el Vice-Presidente de la Comisión, Neil Kinnock, tras examinar de nuevo si la solicitud de asistencia presentada por la demandante el 15 de enero de 2002 era fundada, y las medidas adoptadas por el Presidente para restablecer el honor y la dignidad de ésta entre sus compañeros de la DG Eurostat y ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.
   Además, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al limitar su examen a la aplicabilidad del artículo 24, párrafo primero, del Estatuto, cuando en el presente caso también tendría que haber examinado la legalidad de la decisión impugnada a la luz de lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, del Estatuto.