CELEX: 62004CJ0407
Language: es
Date: 2007-01-25
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de enero de 2007. # Dalmine SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Competencia - Práctica colusoria - Mercado de tubos de acero sin soldadura - Protección de los mercados nacionales - Contrato de suministro - Derecho de defensa - Autoinculpación - Pruebas de origen anónimo - Multa - Motivación - Igualdad de trato - Directrices para el cálculo de las multas - Tamaño del mercado pertinente y de la empresa afectada - Circunstancias atenuantes. # Asunto C-407/04 P.

Asunto C‑407/04 P
      Dalmine SpA
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de casación — Competencia — Práctica colusoria — Mercado de tubos de acero sin soldadura — Protección de los mercados nacionales — Contrato de suministro — Derecho de defensa — Autoinculpación — Pruebas de origen anónimo — Multa — Motivación — Igualdad de trato — Directrices para el cálculo de las multas — Tamaño del mercado pertinente y de la empresa afectada — Circunstancias atenuantes»
      Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 12 de septiembre de 2006 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de enero de 2007 
      Sumario de la sentencia
      1.     Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11)
      2.     Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa 
      3.     Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Acceso al expediente — Objeto — Respeto del derecho de defensa
            y del derecho a un proceso equitativo
      4.     Competencia — Procedimiento administrativo — Medios de prueba 
      5.     Recurso de anulación — Objeto — Motivos de una decisión — Exclusión salvo excepción 
      (Art. 230 CE)
      6.     Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      7.     Competencia — Prácticas colusorias — Posición dominante — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Criterios de
            apreciación
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      8.     Recurso de casación — Motivos — Desviación de poder — Concepto 
      (Arts. 220 CE y 230 CE)
      9.     Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A) 
      10.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1A, párr. 6)
      11.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Importe máximo 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      12.   Recurso de casación — Competencia del Tribunal de Justicia 
      (Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      13.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      1.     En el ejercicio de las facultades que tenga atribuidas para garantizar el respeto de la normativa comunitaria en materia de
         competencia, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión, a que le facilite toda
         la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento, pero no puede imponer a dicha empresa
         la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a la Comisión.
      
      Sin embargo, cuando las preguntas a las que tenía que contestar no implicaban reconocer una infracción, una empresa no puede
         invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la Comisión a confesar su participación en una infracción.
      
      (véanse los apartados 34 y 35)
      2.     En materia de competencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa
         afectada haya podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias
         invocados, así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de
         una infracción.
      
      Ahora bien, la interpretación de que se vulneró el derecho de defensa precisamente porque no se conocía el origen de estos
         documentos y la Comisión no demostró la fiabilidad de los mismos podría comprometer la aportación de la prueba cuando deba
         acreditarse que se ha cometido una infracción del Derecho comunitario de la competencia. 
      
      En efecto, la aportación de la prueba en asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario de la competencia se caracteriza
         por el hecho de que los documentos examinados contienen a menudo secretos comerciales u otro tipo de informaciones que no
         pueden revelarse en absoluto o sólo con grandes reservas.
      
      En estas circunstancias, no cabe interpretar el derecho de defensa en el sentido de que los documentos que contengan pruebas
         de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales.
         Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y a las personas que los remitieron
         a la Comisión.
      
      (véanse los apartados 44 y 46 a 48)
      3.     En un procedimiento administrativo en materia de competencia, por una parte, la notificación del pliego de cargos y, por otra,
         el acceso al expediente que permite al destinatario del pliego conocer las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión
         garantizan el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo de la empresa de que se trate.
      
      En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya
         la Comisión en esta fase del procedimiento. Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer valer plenamente su derecho
         de defensa después de la notificación de dicho pliego.
      
      En efecto, si los derechos antes contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, se vería comprometida
         la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la
         empresa estaría en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden
         aún serle ocultadas.
      
      Por consiguiente, cuando no existe indicio alguno de que el hecho de que la Comisión no informara a la empresa afectada durante
         la fase de instrucción de que obraban en su poder algunas actas de determinados interrogatorios realizados en investigaciones
         nacionales pudiera incidir en las posteriores posibilidades de defensa de esta empresa, durante la fase del procedimiento
         administrativo incoada con el envío del pliego de cargos, no cabe afirmar que se hubiera vulnerado el derecho de defensa o
         el derecho a un juicio justo, derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en virtud del artículo 6, apartado
         1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
      
      (véanse los apartados 54 y 58 a 61)
      4.     La legalidad de la comunicación a la Comisión, por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia
         de Derecho de la competencia, de informaciones obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional es una cuestión regulada
         por el Derecho nacional y el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse sobre la legalidad, con
         arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional.
      
      Dado que el principio que prevalece en el Derecho comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio
         relevante para valorar las pruebas aportadas reside en su credibilidad, cuando la remisión de las actas a la Comisión no es
         declarada ilegal por un órgano jurisdiccional nacional, no procede considerar que estos documentos son pruebas inadmisibles
         que deben ser retirados de los autos.
      
      (véanse los apartados 62 y 63)
      5.     No existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso de anulación
         con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos
         obligatorios que puedan afectar a sus intereses. En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos.
      
      Como las comprobaciones que figuran en la Decisión que ataca fueron calificadas por la propia recurrente de motivos reiterativos,
         ésta no puede sostener, de modo alguno, que, a falta de dichas comprobaciones, la Decisión impugnada habría tenido un contenido
         esencialmente distinto ni, por ende, obtener la anulación de la misma.
      
      (véanse los apartados 69 y 70)
      6.     Para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua,
         cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. En particular, en cuanto
         a los acuerdos contrarios a la competencia que se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras, se infringe
         el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
         y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento del mercado.
      
      (véase el apartado 84)
      7.     En la interpretación y aplicación del requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura
         en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia
         de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario frente al de los Estados miembros. Así, están
         comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad
         de comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único
         entre los Estados miembros, en particular, compartimentando los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia
         en el mercado común.
      
      Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre
         un conjunto de elementos de Derecho y de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello
         de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario,
         además, que tal influencia no sea insignificante.
      
      A este respecto, un reparto de los mercados nacionales en la Comunidad puede afectar de manera significativa a las corrientes
         de intercambios entre los Estados miembros.
      
      (véanse los apartados 89 a 91)
      8.     Una desviación de poder existe cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante
         de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer
         frente a las circunstancias del caso.
      
      En la medida en que no se aportó ningún dato que permita respaldar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ejerció
         sus competencias con una finalidad distinta de la enunciada en el artículo 220 CE, a saber, garantizar el respeto del Derecho
         en la interpretación y aplicación del Tratado, no cabe reprocharle tal comportamiento.
      
      (véanse los apartados 99 y 100)
      9.     La gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe determinarse en función de un gran número de
         factores, tales como, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que
         se haya establecido, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo
         15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, una lista taxativa o exhaustiva de criterios que
         deban tenerse en cuenta obligatoriamente.
      
      Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada
         una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio que hayan
         podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones
         de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad.
      
      El punto 1 A de las Directrices precisa que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración
         su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado
         geográfico afectado».
      
      El tamaño del mercado afectado sólo es un factor más a tener en cuenta entre otros para apreciar la gravedad de la infracción
         y fijar el importe de la multa.
      
      La Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación y el método de cálculo delimitado por las Directrices para el cálculo
         de las multas contiene varios rasgos de flexibilidad.
      
      No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente el ejercicio,
         por la Comisión, de dicha facultad de apreciación.
      
      (véanse los apartados 129 a 134)
      10.   Como se recuerda en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, al determinar el importe
         de las multas en función de la gravedad y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a
         calcularlo partiendo de importes basados en el volumen de negocios de las empresas implicadas. En efecto, la Comisión puede
         tener en cuenta el volumen de negocios de la empresa de que se trate, pero no debe atribuirse a dicha cifra una importancia
         desproporcionada en comparación con los demás criterios de apreciación.
      
      Por consiguiente, la Comisión conserva un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en
         función del tamaño de cada empresa. Así pues, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar
         que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de
         las multas reflejen las diferencias existentes entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocio global.
      
      Esta solución es todavía más acertada cuando todas las empresas destinatarias de la Decisión impugnada son de gran dimensión,
         circunstancia que puede llevar a la Comisión a no establecer distinciones entre los importes fijados para las multas de cada
         una de ellas.
      
      (véanse los apartados 141 a 145)
      11.   Sólo el importe final de la multa, y no el importe de base de la misma, debe respetar el límite máximo del 10 % contemplado
         en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
      
      (véase el apartado 146)
      12.   Si bien en el marco de un recurso de casación el Tribunal de Justicia no puede sustituir, por razones de equidad, la apreciación
         del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su plena jurisdicción,
         sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario, el ejercicio
         de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas multas, a una
         discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 81 CE,
         apartado 1.
      
      No obstante, el recurso de casación debe indicar los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica el motivo basado
         en la vulneración del principio de igualdad de trato, so pena de que se declare la inadmisibilidad de dicho motivo.
      
      (véanse los apartados 152 y 153)
      13.   Dado que la infracción controvertida había finalizado o al menos estaba finalizando en el momento en que la Comisión procedió
         a realizar las inspecciones, esta finalización no podía constituir una circunstancia atenuante para fijar el importe de la
         multa.
      
      (véase el apartado 160)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 25 de enero de 2007 (*)
      
      Índice
      
      I.     La Decisión impugnada
      A.     La práctica colusoria
      B.     La duración de la práctica colusoria
      C.     Las multas
      D.     La parte dispositiva de la Decisión impugnada
      II.   El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida
      III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      IV.   Sobre el recurso de casación
      A.     Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de las preguntas formuladas por la Comisión durante la investigación
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      B.     Sobre el segundo motivo, basado en la inadmisibilidad de ciertas pruebas
      1.     El documento del «criterio de reparto»
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Justicia
      2.     Las actas de los interrogatorios de los antiguos directivos de Dalmine
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Justicia
      C.     Sobre el tercer motivo, basado en que se formularon en la Decisión impugnada motivos que no guardan relación alguna con las
         imputaciones notificadas a la recurrente
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      D.     Sobre el cuarto motivo, basado en una desnaturalización de los hechos y en una falta de motivación en cuanto a la infracción
         contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      E.     Sobre el quinto motivo, basado en errores de Derecho, en una desnaturalización de las pruebas y en una falta de motivación
         en cuanto a los efectos de la infracción sobre los intercambios entre los Estados miembros
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      F.     Sobre el sexto motivo, basado en una desviación de poder, en un error de Derecho y en una desnaturalización de los hechos
         en lo que se refiere a la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      G.     Sobre el séptimo motivo, basado en una desviación de poder, en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos
         en lo que se refiere a los efectos de la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      H.     Sobre el octavo motivo, basado en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere al contexto
         económico en el que se inscribe el contrato de suministro entre Dalmine y Corus
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      I.     Sobre el noveno motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación de la gravedad de la infracción
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      J.     Sobre el décimo motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación respecto a la duración de la infracción
         y a las circunstancias atenuantes
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Justicia
      V.     Costas
      «Recurso de casación – Competencia – Práctica colusoria – Mercado de tubos de acero sin soldadura – Protección de los mercados nacionales – Contrato de suministro – Derecho de defensa – Autoinculpación – Pruebas de origen anónimo – Multa – Motivación – Igualdad de trato – Directrices para el cálculo de las multas – Tamaño del mercado pertinente y de la empresa afectada – Circunstancias atenuantes»
      En el asunto C‑407/04 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 24 de septiembre de 2004,
      
      Dalmine SpA, con domicilio social en Dalmine (Italia), representada por los Sres. A. Sinagra y M. Siragusa y la Sra. F. Moretti, avvocati,
      
      parte recurrente,
      y en el que la otra parte en el procedimiento es:
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Whelan y F. Amato, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, E. Juhász, K. Schiemann y M. Ilešič (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
      Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2005;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       Mediante su recurso de casación, la sociedad Dalmine SpA (en lo sucesivo, «Dalmine» o «recurrente») solicita la anulación
         de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión (T‑50/00,
         Rec. p. II‑2395; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la medida en que dicho órgano jurisdiccional desestimó su recurso
         interpuesto contra la Decisión 2003/382/CE de la Comisión, de 8 de diciembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación
         del artículo 81 CE (Asunto IV/E-1/35.860-B Tubos de acero sin soldadura) (DO 2003, L 140, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión
         impugnada»).
      
      I.      La Decisión impugnada 
      A.      La práctica colusoria 
      2       La Comisión de las Comunidades Europeas dirigió la Decisión impugnada a ocho empresas fabricantes de tubos de acero sin soldadura.
         De estas empresas, cuatro son sociedades europeas (en lo sucesivo, «fabricantes comunitarios»): Mannesmannröhren-Werke AG
         (en lo sucesivo, «Mannesmann»), Vallourec SA (en lo sucesivo, «Vallourec»), Corus UK Ltd (antes British Steel Ltd; en lo sucesivo,
         «Corus») y Dalmine. Las otras cuatro destinatarias de la referida Decisión son sociedades japonesas (en lo sucesivo, «fabricantes
         japoneses»): NKK Corp., Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. y Sumitomo Metal Industries Ltd (en lo sucesivo, «Sumitomo»).
      
      3       Los tubos de acero sin soldadura se utilizan en la industria del petróleo y del gas y comprenden dos grandes categorías de
         productos.
      
      4       La primera de estas categorías es la de los tubos de sondeo, comúnmente denominados «Oil Country Tubular Goods» u «OCTG».
         Dichos tubos pueden venderse sin rosca («tubos lisos») o con rosca. El roscado es una operación destinada a unir los tubos
         OCTG entre sí. Puede efectuarse siguiendo los estándares establecidos por el American Petroleum Institute (API), en cuyo caso
         los tubos roscados de este modo se denominarán «tubos OCTG estándar», o bien aplicando técnicas especiales, por lo general
         patentadas. En este último supuesto se habla de roscas o, eventualmente, de «empalmes de primera calidad» o «premium», en
         cuyo caso los tubos con este tipo de roscas se denominarán «tubos OCTG premium». 
      
      5       La segunda categoría de productos está formada por los tubos de transporte de petróleo y de gas («line pipe»), entre los que
         se encuentran, por una parte, los fabricados con arreglo a normas estándar y, por otra, los producidos a medida en el marco
         de proyectos específicos (en lo sucesivo, «tubos de transporte “proyecto”»). 
      
      6       En noviembre de 1994, la Comisión de las Comunidades Europeas acordó abrir una investigación sobre la existencia de prácticas
         restrictivas de la competencia en relación con estos productos. En diciembre del mismo año, efectuó inspecciones en los locales
         de varias empresas. Entre septiembre de 1996 y diciembre de 1997, la Comisión realizó inspecciones complementarias en los
         locales de Vallourec, Dalmine y Mannesmann. Con ocasión de una inspección llevada a cabo en los locales de Vallourec, el 17
         de septiembre 1996, el Presidente de Vallourec Oil & Gas, Sr. Verluca, hizo ciertas declaraciones (en lo sucesivo, «declaraciones
         del Sr. Verluca»). En una inspección en los locales de Mannesmann en abril de 1997, el director de esta empresa, Sr. Becher,
         también hizo una serie de declaraciones (en lo sucesivo, «declaraciones del Sr. Becher»).
      
      7       Con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los
         artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión envió también una serie de solicitudes
         de información a algunas empresas. Como Dalmine se negó a transmitir parte de la información solicitada, la Comisión le notificó
         el 6 de octubre de 1997 la Decisión relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 11, apartado 5, del Reglamento
         nº 17 (en lo sucesivo, «Decisión de 6 de octubre de 1997»). Dalmine interpuso recurso de anulación contra dicha Decisión,
         que fue declarado manifiestamente inadmisible mediante auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de junio de 1998, Dalmine/Comisión
         (T‑596/97, Rec. p. II‑2383).
      
      8       A la luz de las declaraciones de los Sres. Verluca y Becher y de otros medios de prueba, la Comisión declaró, en la Decisión
         impugnada, que las ocho empresas destinatarias de la misma habían celebrado un acuerdo que, en particular, tenía por objeto
         el respeto de sus respectivos mercados nacionales. Según este acuerdo, todas las empresas renunciaban a vender tubos OCTG
         estándar y tubos de transporte «proyecto» en el mercado nacional de cada una de las demás empresas participantes en dicho
         acuerdo. 
      
      9       El acuerdo se celebró en el marco de las reuniones entre fabricantes comunitarios y japoneses conocidas con el nombre de «Club
         Europa-Japón». 
      
      10     El principio de respeto de los mercados nacionales se designaba con la expresión «Normas básicas» («fundamentals»). La Comisión
         puso de relieve que las Normas básicas habían sido respetadas efectivamente y que, por lo tanto, el acuerdo en cuestión había
         tenido efectos contrarios a la competencia en el mercado común.
      
      11     El acuerdo constaba en total de tres partes: la primera, las Normas básicas sobre el respeto de los mercados nacionales, mencionadas
         supra, que constituyen la infracción establecida en el artículo 1 de la Decisión impugnada; la segunda, la fijación de precios para
         las licitaciones y la fijación de precios mínimos para los «mercados especiales» («special markets»), y la tercera, el reparto
         del resto de los mercados mundiales, a excepción de Canadá y de Estados Unidos, mediante la aplicación de ciertos criterios
         de reparto («sharing keys»). 
      
      12     En cuanto a la existencia de las Normas básicas, la Comisión se basó en un conjunto de indicios documentales, enumerados en
         los considerandos 62 a 67 de la Decisión impugnada, y en el cuadro reproducido en el considerando 68 de la misma. Dicho cuadro
         muestra que la participación del fabricante nacional en los suministros efectuados por los destinatarios de la Decisión impugnada
         en Japón y en el mercado nacional de cada uno de los cuatro fabricantes comunitarios es muy alto. La Comisión deduce de ello
         que, en términos generales, las empresas participantes en el acuerdo respetaban efectivamente los mercados nacionales.
      
      13     Los miembros del Club Europa-Japón se reunieron en Tokio el 5 de noviembre de 1993 para intentar llegar a un nuevo acuerdo
         de reparto de mercados con los fabricantes de América Latina. El contenido del acuerdo alcanzado en esta ocasión se refleja
         en un documento transmitido a la Comisión, el 12 de noviembre de 1997, por un informador ajeno al procedimiento, que, entre
         otras cosas, contiene un «criterio de reparto» (en lo sucesivo, «documento del “criterio de reparto”»).
      
      B.      La duración de la práctica colusoria
      14     A partir de 1977, el Club Europa-Japón se reunía unas dos veces al año, y así siguió haciéndolo hasta 1994.
      15     Sin embargo, la Comisión consideró que, para determinar la cuantía de las multas, procedía situar el comienzo de la práctica
         colusoria en el año 1990, habida cuenta de la existencia, entre 1977 y 1990, de unos acuerdos de autolimitación de las exportaciones
         entre la Comunidad Europea y Japón. Según la Comisión, la infracción terminó en 1995.
      
      C.      Las multas
      16     A efectos de determinar el importe de las multas, la Comisión calificó la infracción de muy grave, dado que el acuerdo tenía
         por objeto el respeto de los mercados nacionales y afectaba así al buen funcionamiento del mercado interior. Sin embargo,
         la Comisión señaló que las ventas de tubos de acero sin soldadura por parte de las empresas destinatarias de la Decisión impugnada
         sólo representaban unos 73 millones de euros anuales en los cuatro Estados miembros afectados. 
      
      17     A la luz de lo anterior, la Comisión fijó el importe de la multa, por la gravedad de la infracción, en 10 millones de euros
         para cada una de las ocho empresas. Al ser todas las empresas de grandes dimensiones, la Comisión estimó que no había motivo
         para hacer distinciones entre los importes fijados para cada una de ellas.
      
      18     Considerando que la infracción era de mediana duración, la Comisión aumentó el importe correspondiente a la gravedad de la
         infracción en un 10 % por año de participación en la misma, para fijar así el importe de base de la multa impuesta a cada
         una de las empresas implicadas. Sin embargo, como el sector de los tubos de acero había sufrido una larga crisis y su situación
         se había deteriorado a partir de 1991, la Comisión redujo dichos importes en un 10 % en atención a las circunstancias atenuantes.
         
      
      19     Por último, con arreglo al punto D 2 de la Comunicación de la Comisión, relativa a la no imposición de multas o a la reducción
         de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación
         sobre la cooperación»), la Comisión aplicó a Vallourec una reducción del 40 % y a Dalmine una reducción del 20 % del importe
         de las multas que les correspondían, a fin de tener en cuenta la cooperación que estas dos empresas habían brindado en el
         procedimiento administrativo.
      
      20     En el artículo 2 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que la celebración de contratos entre los fabricantes comunitarios
         relativos a la venta de tubos lisos en el mercado del Reino Unido constituía una infracción. Sin embargo, no impuso una multa
         adicional por esta infracción al entender que estos contratos sólo eran un medio para la aplicación del principio de respeto
         de los mercados nacionales acordado en el marco del Club Europa-Japón.
      
      D.      La parte dispositiva de la Decisión impugnada 
      21     A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, las ocho empresas destinatarias de la misma «han infringido
         las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, participando […] en un acuerdo que establecía, entre otras cosas,
         el respeto de sus mercados nacionales respectivos de tubos OCTG […] estándar y [tubos de transporte] proyecto sin soldadura».
      
      22     El artículo 1, apartado 2, de esta Decisión indica que la infracción duró desde 1990 hasta 1995 para Mannesmann, Vallourec,
         Dalmine, Sumitomo, Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. y NKK Corp. Por lo que respecta a Corus, esta disposición señala
         que la infracción duró desde 1990 hasta febrero de 1994.
      
      23     Los otros artículos relevantes de la parte dispositiva de la Decisión impugnada tienen el siguiente tenor:
      «Artículo 2 
      1.       [Mannesmann], Vallourec […], [Corus] y Dalmine […] han infringido las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado,
         celebrando, en el marco de la infracción mencionada en el artículo 1, contratos que dieron lugar a un reparto de los suministros
         de tubos OCTG lisos a [Corus] (Vallourec […] a partir de 1994).
      
      2.       Para [Corus], la infracción duró desde el 24 de julio de 1991 hasta febrero de 1994. Para Vallourec […], la infracción duró
         desde el 24 de julio de 1991 hasta el 30 de marzo de 1999. Para Dalmine […], la infracción duró desde el 4 de diciembre de
         1991 hasta el 30 de marzo de 1999. Para [Mannesmann], la infracción duró desde el 9 de agosto de 1993 hasta el 24 de abril
         de 1997.
      
      [...]
      Artículo 4 
      Las multas siguientes se imponen a las empresas enumeradas en el artículo 1, por razón de la infracción establecida en dicho
         artículo:
      
      1.      [Mannesmann] 13 500 000 euros
      2.      Vallourec [...] 8 100 000 euros
      3.      [Corus] 12 600 000 euros
      4.      Dalmine [...] 10 800 000 euros
      5.      Sumitomo [...] 13 500 000 euros
      6.      Nippon Steel [...] 13 500 000 euros
      7.      Kawasaki Steel [...] 13 500 000 euros
      8.      NKK [...] 13 500 000 euros.»
      II.    El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida 
      24     Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, siete de las ocho empresas sancionadas por
         la Decisión impugnada, entre otras, Dalmine, interpusieron sendos recursos. Todas las demandantes solicitaron la anulación
         total o parcial de esta Decisión y, con carácter subsidiario, la anulación de la multa impuesta a cada una de ellas o la reducción
         de su importe.
      
      25     En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia:
      –       Anuló el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la medida en que establecía que la infracción imputada en este
         artículo a Dalmine había comenzado antes del 1 de enero de 1991. 
      
      –       Fijó en 10.080.000 euros el importe de la multa impuesta a Dalmine.
      –       Desestimó el recurso en todo lo demás.
      –       Declaró que cada parte cargaría con sus propias costas.
      III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      26     En su recurso de casación, Dalmine solicita al Tribunal de Justicia que:
      –       Anule la sentencia recurrida.
      –       Anule la Decisión impugnada.
      –       Con carácter subsidiario, anule o reduzca la multa impuesta en el artículo 4 de la Decisión impugnada.
      –       Además, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie de nuevo,
         basándose en la resolución del Tribunal de Justicia.
      
      –       Condene a la Comisión al pago de las costas causadas ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal de Primera Instancia.
      27     La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación por ser parcialmente inadmisible y, en cualquier
         caso, infundado y que condene en costas a la recurrente.
      
      IV.    Sobre el recurso de casación
      28     Dalmine formula básicamente ocho motivos para obtener la anulación de la sentencia recurrida y de la Decisión impugnada, tres
         de los cuales se refieren a defectos procesales, dos a una serie de errores cometidos con respecto a la infracción declarada
         en el artículo 1 de la Decisión impugnada y, por último, tres a algunos errores que afectan a la infracción declarada en el
         artículo 2 de dicha Decisión.
      
      29     Además, Dalmine invoca dos motivos relacionados con el importe de la multa impuesta.
      A.      Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de las preguntas formuladas por la Comisión durante la investigación 
      1.      Alegaciones de las partes
      30     Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho y vulneró el derecho de defensa al estimar
         legítimas las preguntas formuladas por la Comisión en el curso de su investigación. Así pues, se vulneró el derecho de la
         recurrente a no declarar contra sí misma. 
      
      31     Dalmine centra este motivo en la pregunta 1, letra d), que figura en el anexo 1 de la Decisión de 6 de octubre de 1997, cuyo
         tenor es el siguiente: «En relación con las reuniones, respecto a las cuales ustedes no logran encontrar la documentación
         correspondiente, describan el objeto de las reuniones, las decisiones adoptadas, el tipo de documentos recibidos antes y después
         de esas reuniones, los criterios de reparto de mercados (“sharing keys”) discutidos y/o acordados por zonas geográficas y
         su vigencia, y los precios discutidos y/o acordados por zonas geográficas y su vigencia, indicando la clase a la que pertenecían
         (“Target Price”, “Winning Price” – “WP”, “Proposal Price” – “PP”, “Rock Bottom Prices” – “RBP”)».
      
      32     La Comisión recuerda que el derecho a no declarar contra uno mismo sólo es aplicable cuando se trata de solicitudes de información
         que obligan al destinatario, so pena de multa, a dar una respuesta. Ahora bien, la referida pregunta 1, letra d), no era una
         de las preguntas a las que la Decisión de 6 de octubre de 1997 reclamaba una respuesta so pena de multa.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      33     Para determinar si el Tribunal de Primera Instancia cometió los errores reprochados, es necesario remitirse a la jurisprudencia
         relativa al alcance de las facultades de la Comisión en los procedimientos de investigación previa y en los procedimientos
         administrativos, habida cuenta del derecho de defensa.
      
      34     Según dicha jurisprudencia, la Comisión tiene la potestad de obligar a una empresa, en su caso mediante decisión, a que le
         facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento, pero no puede imponer a
         dicha empresa la obligación de dar respuestas que impliquen admitir la existencia de una infracción cuya prueba incumbe a
         la Comisión (sentencias de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec. p. 3283, apartados 34 y 35; de 7 de enero de
         2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123,
         apartados 61 y 65, y de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión, C‑65/02 P y C‑73/02 P, Rec. p. I‑6773, apartado 49).
      
      35     Ahora bien, como ha señalado el Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, en el caso de autos se desprende de la
         parte dispositiva de la Decisión de 6 de octubre de 1997 que Dalmine no estaba obligada a responder a la pregunta 1, letra d),
         citada en el apartado 31 de la presente sentencia. En estas circunstancias, como declaró el Tribunal de Primera Instancia
         en los apartados 45 y 46 de la sentencia recurrida, Dalmine no puede invocar válidamente su derecho a no ser forzada por la
         Comisión a confesar su participación en una infracción.
      
      36     De ello se deduce que debe desestimarse el primer motivo.
      B.      Sobre el segundo motivo, basado en la inadmisibilidad de ciertas pruebas
      1.      El documento del «criterio de reparto»
      a)      Alegaciones de las partes
      37     Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que el documento del «criterio de reparto» era admisible
         como prueba de cargo y, actuando de este modo, vulneró el Derecho comunitario, en particular, el derecho de defensa. Dado
         que este documento fue remitido a la Comisión por un tercero desconocido, no pudo comprobarse su autenticidad. Además, la
         Comisión tampoco conocía la identidad del autor de dicho documento.
      
      38     Dalmine observa que, para que pueda declararse la admisibilidad de un documento anónimo como medio de prueba, debe haberse
         demostrado a la parte acusada de que se trate que dicho documento es relevante y fiable. Entiende que los documentos anónimos
         pueden, en su caso, justificar la apertura de un procedimiento de instrucción, pero que no pueden constituir la base de la
         acusación. 
      
      39     A continuación, Dalmine alega que la sentencia recurrida es contradictoria, puesto que el Tribunal de Primera Instancia declaró,
         por una parte, que las alegaciones formuladas por Dalmine podían ser relevantes para apreciar la credibilidad del documento
         en cuestión, pero, por otra parte, no examinó a fondo esta credibilidad. 
      
      40     Por último, Dalmine estima que el Tribunal de Primera Instancia debería haber verificado si existían razones imperiosas para
         que la Comisión no revelara la identidad de su informante. 
      
      41     En primer lugar, la Comisión recuerda que el principio que prevalece es el de la libre aportación de las pruebas. A su juicio,
         no cabe negar la admisibilidad ni la utilización de un documento, sino sólo su credibilidad. Ahora bien, Dalmine no impugnó
         específicamente ante el Tribunal de Primera Instancia la credibilidad del documento del «criterio de reparto». Se limitó a
         defender que este documento no era admisible ni utilizable y hasta admitió que determinadas partes del mismo eran corroboradas
         por otros medios de prueba.
      
      42     A continuación, la Comisión afirma estar vinculada por un deber de secreto cuando una persona le pide que no revele su identidad.
      43     Por último, la Comisión alega que, aunque se admitiera que no podía utilizarse el documento del «criterio de reparto», ello
         no es motivo para cuestionar la validez de la Decisión impugnada, ya que se trata de un documento de poca importancia en la
         estructura general de dicha Decisión.
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
      44     El respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya podido dar a
         conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados, así como
         sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción (sentencias
         de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 10; de 6 de abril
         de 1995, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, C‑310/93 P, Rec. p. I‑865, apartado 21, y Aalborg Portland y otros/Comisión,
         antes citada, apartado 66). 
      
      45     En primer lugar, procede señalar que Dalmine tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el documento del «criterio de reparto»
         y de formular sus alegaciones sobre la fuerza probatoria de este documento, teniendo en cuenta el origen anónimo del mismo.
      
      46     En la medida en que la recurrente sostiene esencialmente que se vulneró el derecho de defensa precisamente porque no se conocía
         el origen de este documento y la Comisión no le demostró la fiabilidad del mismo, es preciso observar que tal interpretación
         del derecho de defensa podría comprometer la aportación de la prueba cuando deba acreditarse que se ha cometido una infracción
         del Derecho comunitario de la competencia.
      
      47     En efecto, la aportación de la prueba en asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario de la competencia se caracteriza
         por el hecho de que los documentos examinados contienen a menudo secretos comerciales u otro tipo de informaciones que no
         pueden revelarse en absoluto o sólo con grandes reservas.
      
      48     En estas circunstancias, no cabe interpretar el derecho de defensa en el sentido de que los documentos que contengan pruebas
         de cargo han de ser descartados automáticamente como medio de prueba cuando ciertos datos deben permanecer confidenciales.
         Esta confidencialidad puede aplicarse también a la identidad de los autores de los documentos y a las personas que los remitieron
         a la Comisión.
      
      49     Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente:
      «72.      El principio que prevalece en Derecho comunitario es el de la libre aportación de la prueba y el único criterio pertinente
         para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad […]. […] 
      
      73.      En consecuencia, aunque las alegaciones de Dalmine puedan ser oportunas a efectos de enjuiciar la credibilidad y, en consecuencia,
         el valor probatorio del documento del criterio de reparto, no procede considerar que este último sea una prueba inadmisible
         que deba ser retirada de los autos.»
      
      50     Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia indicó en el apartado 73, antes citado, de la sentencia recurrida que podía
         resultar necesario tener en cuenta, al apreciar la credibilidad del documento del «criterio de reparto», el origen anónimo
         del mismo. 
      
      51     Procede concluir que no se incurrió en ningún error de Derecho al apreciar la admisibilidad y utilidad del referido documento
         como medio de prueba.
      
      52     Por último, la recurrente no puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia no haber revelado en mayor medida su examen
         de la credibilidad del documento de que se trata y no haber comprobado si existían razones imperiosas para que la Comisión
         no revelara la identidad de su informante. Como las alegaciones de Dalmine se referían a la inadmisibilidad de dicho documento
         como medio de prueba, el Tribunal de Primera Instancia podía limitarse a responder a las mismas. 
      
      53     A la luz de todo lo anterior, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.
      2.      Las actas de los interrogatorios de los antiguos directivos de Dalmine
      a)      Alegaciones de las partes
      54     Dalmine alega que, al declarar admisibles las actas de los interrogatorios de algunos de sus antiguos directivos, las cuales
         se redactaron en el marco de las investigaciones realizadas por el fiscal de Bergamo (Italia), el Tribunal de Primera Instancia
         vulneró el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, derecho reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
         en virtud del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
         Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
      
      55     Por una parte, Dalmine entiende que la Comisión tenía que haberle informado con mayor prontitud y, en cualquier caso, antes
         de notificarle el pliego de cargos, ya que la Comisión tenía estas actas en su poder.
      
      56     Por otra parte, Dalmine sostiene que dicha institución sólo podía utilizar estos documentos para decidir si debía o no incoar
         un procedimiento. A este respecto, subraya que los documentos en cuestión eran actas provisionales redactadas en el marco
         de un procedimiento penal, por lo que todavía no se había acreditado su credibilidad.
      
      57     La Comisión recuerda que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 17, puede «recabar todas las informaciones
         que considere necesarias de los Gobiernos y autoridades competentes de los Estados miembros» y que, por consiguiente, en toda
         lógica, debe poder utilizar tales informaciones. Señala que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que ni
         él ni la Comisión eran competentes para pronunciarse sobre la procedencia legítima de estas informaciones a la luz del Derecho
         nacional que regula el desarrollo de las investigaciones realizadas por las autoridades italianas. 
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Justicia
      58     En cuanto a la cuestión de si la Comisión tenía que haber informado a Dalmine con mayor prontitud, incluso antes de notificarle
         el pliego de cargos, ya que las actas controvertidas obraban en su poder, procede recordar que, por una parte, la notificación
         del pliego de cargos y, por otra, el acceso al expediente que permite al destinatario del pliego conocer las pruebas que figuran
         en el expediente de la Comisión garantizan precisamente el derecho de defensa y el derecho a un juicio justo, derechos que
         invoca la recurrente en este motivo. 
      
      59     En efecto, la empresa afectada es informada mediante el pliego de cargos de todos los elementos esenciales en los que se apoya
         la Comisión en esta fase del procedimiento (sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
         C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 315 y 316,
         y Aalborg Portland y otros/Comisión, antes citada, apartados 66 y 67). Por consiguiente, la empresa afectada sólo puede hacer
         valer plenamente su derecho de defensa después de la notificación de dicho pliego (sentencia de 21 de septiembre de 2006,
         Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, Rec. p. I‑0000, apartados
         47 y 50). 
      
      60     Como el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente en el apartado 83 de la sentencia recurrida, si los derechos antes
         contemplados se extendieran al período anterior al envío del pliego de cargos, como propone la recurrente, se vería comprometida
         la eficacia de la investigación de la Comisión, dado que, ya durante la primera fase de la investigación de la Comisión, la
         empresa estaría en condiciones de identificar las informaciones conocidas por la Comisión y, en consecuencia, las que pueden
         aún serle ocultadas.
      
      61     Por lo demás, no existe indicio alguno de que el hecho de que la Comisión no informara a Dalmine durante la fase de instrucción
         de que dichas actas obraban en su poder pudiera incidir en las posteriores posibilidades de defensa de esta empresa, durante
         la fase del procedimiento administrativo incoada con el envío del pliego de cargos (véase, por analogía, la sentencia Nederlandse
         Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 48 a 50 y 56). 
      
      62     A continuación, en lo que se refiere a la admisibilidad de dichas actas como medios de prueba, procede señalar, como hizo
         el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 86 de la sentencia recurrida, que la legalidad de la comunicación a la Comisión,
         por parte de un fiscal nacional o de las autoridades competentes en materia de Derecho de la competencia, de informaciones
         obtenidas en aplicación del Derecho penal nacional es una cuestión regulada por el Derecho nacional. Además, como recordó
         el Tribunal de Primera Instancia en ese mismo apartado, el órgano jurisdiccional comunitario no es competente para pronunciarse
         sobre la legalidad, con arreglo al Derecho nacional, de un acto adoptado por una autoridad nacional (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 3 de diciembre de 1992, Oleificio Borelli/Comisión, C‑97/91, Rec. p. I‑6313, apartado 9).
      
      63     En cuanto a la utilización de estas informaciones por la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente
         en el apartado 90 de la sentencia recurrida que las alegaciones de Dalmine sólo podían referirse a la «credibilidad y, en
         consecuencia, al valor probatorio de los testimonios de sus directivos y no a su admisibilidad en el presente procedimiento».
         En efecto, como se ha señalado al examinar la primera parte del presente motivo, el principio que prevalece en el Derecho
         comunitario es el de la libre aportación de las pruebas y el único criterio relevante para valorar las pruebas aportadas reside
         en su credibilidad. Por consiguiente, como la remisión de las actas controvertidas no fue declarada ilegal por un órgano jurisdiccional
         italiano, no procede considerar que estos documentos eran pruebas inadmisibles que debían ser retirados de los autos.
      
      64     En consecuencia, también debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.
      65     De lo anterior se deduce que procede desestimar el segundo motivo en su totalidad.
      C.      Sobre el tercer motivo, basado en que se formularon en la Decisión impugnada motivos que no guardan relación alguna con las
            imputaciones notificadas a la recurrente 
      1.      Alegaciones de las partes
      66     Dalmine recuerda que había reprochado a la Comisión que ésta se hubiera referido en la Decisión impugnada a hechos ajenos
         a las infracciones y susceptibles de perjudicarle ya que las informaciones así reveladas podían ser utilizadas por terceros.
         En particular, Dalmine menciona las comprobaciones de la Comisión relativas a las prácticas colusorias en mercados situados
         fuera de la Comunidad y a la fijación de precios. 
      
      67     Dalmine entiende que, al desestimar sus alegaciones sobre este punto, el Tribunal de Primera Instancia pasó por alto el artículo
         21 del Reglamento nº 17, según el cual la Comisión debe tener en cuenta el interés legítimo de las empresas en que no se divulguen
         sus secretos comerciales.
      
      68     Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que el destinatario de una decisión no puede impugnar,
         en el marco de un recurso de anulación, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos jurídicos
         obligatorios que puedan afectar a sus intereses. La Comisión entiende que, en el caso de autos, Dalmine no demostró cómo los
         motivos impugnados pueden producir tales efectos.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      69     Habida cuenta de que Dalmine solicitó al Tribunal de Primera Instancia que anulara los motivos reiterativos de la Decisión
         impugnada, ese Tribunal declaró con razón, en el apartado 134 de la sentencia recurrida, que «es suficiente con señalar al
         respecto que no existe ninguna norma jurídica que permita al destinatario de una decisión impugnar, en el marco de un recurso
         de anulación con arreglo al artículo 230 CE, algunos de los motivos de la misma, a menos que dichos motivos produzcan efectos
         jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 22 de marzo de 2000, CocaCola/Comisión, asuntos acumulados T‑125/97 y T‑127/97, Rec. p. II‑1733, apartados 77 y 80 a 85).
         En principio, la motivación de una decisión no puede producir tales efectos. En el caso de autos, la demandante no ha demostrado
         cómo pueden producir efectos capaces de modificar su situación jurídica los motivos impugnados».
      
      70     Si bien es cierto que de este modo el Tribunal de Primera Instancia no examinó si la Comisión tenía derecho a divulgar, en
         la Decisión impugnada, información relativa a las prácticas colusorias en mercados situados fuera de la Comunidad y a la fijación
         de precios, procede señalar que, aun en el supuesto de que la divulgación de esta información por la Comisión fuera contraria
         a su obligación de respetar los secretos comerciales de Dalmine, no es menos cierto que tal irregularidad sólo podría haber
         dado lugar a la anulación de la Decisión impugnada si se hubiera acreditado que, a falta de dicha irregularidad, la referida
         Decisión habría tenido un contenido distinto (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie
         y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartado 91, y de 18 de septiembre
         de 2003, Volkswagen/Comisión, C‑338/00 P, Rec. p. I‑9189, apartados 163 y 164). Ahora bien, como las comprobaciones que figuran
         en la Decisión impugnada relativas a las prácticas colusorias en mercados situados fuera de la Comunidad y a la fijación de
         precios fueron calificadas por la recurrente de motivos reiterativos, ésta no puede sostener, de modo alguno, que, a falta
         de dichas comprobaciones, la Decisión impugnada habría tenido un contenido esencialmente distinto.
      
      71     En consecuencia, procede desestimar igualmente el tercer motivo.
      D.      Sobre el cuarto motivo, basado en una desnaturalización de los hechos y en una falta de motivación en cuanto a la infracción
            contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada 
      1.      Alegaciones de las partes
      72     Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber desnaturalizado los hechos y haber motivado insuficientemente la determinación
         del objeto de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la comprobación de sus efectos y la asimilación
         de una eventual infracción no puesta en práctica, o sin efectos negativos apreciables sobre la competencia, a una infracción
         puesta plenamente en práctica.
      
      73     Dalmine recuerda que había alegado ante el Tribunal de Primera Instancia que la práctica colusoria en cuestión no tenía por
         objeto el reparto de los mercados nacionales. Entiende que dicho Tribunal consideró erróneamente que Dalmine sólo pretendía
         señalar la falta de efecto apreciable sobre la competencia. Así, la sentencia adolece de una falta de motivación.
      
      74     Dalmine afirma que, además, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos, porque no comprobó, a la luz de los
         motivos invocados por Dalmine, los datos aportados por la Comisión sobre el objeto de la práctica colusoria. En particular,
         el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las declaraciones efectuadas por Vallourec, Mannesmann, Dalmine y Corus durante
         la fase de investigación, así como el cuadro de suministros de los miembros del Club Europa-Japón que figura en el considerando
         68 de la Decisión impugnada.
      
      75     La Comisión sostiene que las alegaciones formuladas por Dalmine ante el Tribunal de Primera Instancia no se referían a la
         cuestión de si la Comisión había probado la existencia de un acuerdo que tuviera por objeto restringir la competencia, sino
         a la cuestión de si dicha institución había acreditado la ejecución de este acuerdo y los efectos del mismo sobre la competencia
         y el mercado. 
      
      76     Por otra parte, la Comisión señala que Dalmine se limitó a impugnar ante el Tribunal de Primera Instancia la fuerza probatoria
         del documento del «criterio de reparto» y de las declaraciones de uno de sus antiguos directivos, el Sr. Biasizzo, pero que
         no negó el valor probatorio de los demás elementos utilizados por la Comisión. Por consiguiente, Dalmine no puede sostener
         que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado estos medios de prueba, ya que no le instó a pronunciarse sobre
         los mismos. En consecuencia, la Comisión entiende que procede declarar la inadmisibilidad de las imputaciones basadas en la
         supuesta desnaturalización de los hechos.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      77     La recurrente no puede alegar que el Tribunal de Primera Instancia no respondió a sus alegaciones de que el acuerdo no tenía
         por objeto el reparto de los mercados nacionales.
      
      78     A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia mencionó en el apartado 136 de la
         sentencia recurrida que, según Dalmine, el acuerdo entre los destinatarios de la Decisión impugnada «no se refería a los mercados
         de los países comunitarios». En los apartados siguientes de esa sentencia dio varias precisiones sobre estas alegaciones de
         la recurrente. Así, en los apartados 138 y 139 de dicha sentencia reprodujo la conclusión de la Comisión de que «los fabricantes
         de tubos de acero se encontraban en una posición preeminente en sus respectivos mercados nacionales» y explicó que «Dalmine
         sostiene que la Comisión habría llegado a una conclusión muy distinta si se hubiera ceñido a analizar la situación existente
         en el mercado de productos pertinente». 
      
      79     A continuación, el Tribunal de Primera Instancia indicó claramente que, según sus apreciaciones, el acuerdo pretendía el reparto
         de los mercados nacionales de los fabricantes comunitarios. Así pues, en el apartado 152 de la sentencia recurrida, recordó
         que «la Comisión se basó en la Decisión impugnada en un conjunto de pruebas referidas al objeto del acuerdo denunciado cuya
         pertinencia no discute Dalmine, en particular en las declaraciones sucintas pero explícitas del Sr. Verluca». En lo que se
         refiere a la declaración del Sr. Biasizzo, cuyo valor probatorio niega Dalmine (véase el apartado 76 de la presente sentencia),
         el Tribunal de Primera Instancia, después de citar otro medio de prueba en el apartado 153 de la sentencia recurrida, concretamente,
         la declaración del Sr. Jachia de que existía un acuerdo «para respetar las zonas pertenecientes a los diferentes operadores»,
         declaró, en el apartado 155 de la misma sentencia, que la declaración del Sr. Biasizzo corrobora «las declaraciones del Sr.
         Verluca en cuanto a la existencia del acuerdo de reparto de mercados nacionales descrito por este último (véase, a este respecto,
         la sentencia [del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2004,] JFE Engineering y otros/Comisión, [T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00
         y T‑78/00, Rec. p. II‑2501], apartados 309 y siguientes)».
      
      80     En sus declaraciones de 17 de septiembre de 1996, analizadas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia JFE Engineering
         y otros/Comisión, antes citada, el Sr. Verluca afirmó que los mercados nacionales de los participantes en el acuerdo «disfrutaban
         de una protección» en lo que respecta a los tubos OCTG estándar y a los tubos de transporte «proyecto» (a excepción del mercado
         offshore del Reino Unido, que estaba «semiprotegido»). El 18 de diciembre de 1997, con ocasión de un interrogatorio durante
         una nueva inspección, el Sr. Verluca declaró que «los mercados francés, alemán e italiano tenían la consideración de mercados
         nacionales. El [Reino Unido] tenía un estatuto particular (véase mi declaración de 17 de septiembre de 1996)». 
      
      81     De lo anterior se desprende que la sentencia recurrida no adolece de la falta de motivación invocada por la recurrente.
      82     A la luz de las pruebas antes contempladas, mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de su declaración de
         que la práctica colusoria tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales, tampoco cabe acoger la alegación de la recurrente
         basada en una desnaturalización de los hechos. En particular, la recurrente no explica por qué era errónea la lectura que
         el Tribunal de Primera Instancia hizo de las declaraciones de los Sres. Verluca y Jachia, que habían afirmado de forma expresa
         que el acuerdo tenía por objeto el reparto de varios mercados nacionales en la Comunidad.
      
      83     Por último, tampoco cabe acoger la alegación de la recurrente de que el artículo 81 CE no puede interpretarse en el sentido
         de que una infracción no puesta en práctica o sin efectos negativos apreciables sobre la competencia pueda asimilarse a una
         infracción plenamente puesta en práctica. 
      
      84     En efecto, según jurisprudencia reiterada, para la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de
         los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el
         juego de la competencia (sentencias de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartados
         122 y 123, así como Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 491). En particular, en cuanto a
         los acuerdos contrarios a la competencia que, como en el caso de autos, se manifiestan durante las reuniones de empresas competidoras,
         el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se infringe el artículo 81 CE, apartado 1, cuando esas reuniones tienen por objeto
         impedir, restringir o falsear el juego de la competencia y pretenden, de este modo, organizar artificialmente el funcionamiento
         del mercado (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartados 508 y 509). Por las razones
         expuestas por el Abogado General en los puntos 134 a 137 de sus conclusiones, sería inadecuado matizar esta jurisprudencia
         en el sentido propuesto por la recurrente. 
      
      85     De todo lo anterior resulta que procede desestimar el cuarto motivo.
      E.      Sobre el quinto motivo, basado en errores de Derecho, en una desnaturalización de las pruebas y en una falta de motivación
            en cuanto a los efectos de la infracción sobre los intercambios entre los Estados miembros 
      1.      Alegaciones de las partes
      86     Según Dalmine, no se demostró que la práctica colusoria sancionada en el artículo 1 de la Decisión impugnada tuviera una incidencia
         negativa en el comercio intracomunitario. A este respecto, Dalmine observa que la Comisión no logró acreditar, ni el Tribunal
         de Primera Instancia comprobar, que el objeto de la práctica colusoria fuera el reparto de los mercados nacionales y señala
         que, aunque se hubiera demostrado que dicha práctica colusoria se refería a tal reparto, los mercados tenían un nivel de interpenetración
         tan elevado que no se podían compartimentar. Afirma que la apreciación divergente del Tribunal de Primera Instancia no está
         suficientemente motivada y que, además, no contiene ninguna valoración de la situación del mercado comunitario.
      
      87     A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia se basó acertadamente en la jurisprudencia según la cual no es necesario
         probar la existencia efectiva de un perjuicio a los intercambios intracomunitarios para que el artículo 81 CE resulte aplicable,
         pues basta con demostrar que el acuerdo puede producir potencialmente tal efecto.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      88     Las alegaciones de Dalmine coinciden en buena medida con los argumentos, desestimados en el marco del cuarto motivo, que esta
         parte recurrente esgrimió para reprochar al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera examinado la cuestión de si el acuerdo
         tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales y que hubiera asimilado una infracción no puesta en práctica, o sin
         efectos negativos apreciables sobre la competencia, a una infracción puesta plenamente en práctica. 
      
      89     En cualquier caso, de una reiterada jurisprudencia resulta que en la interpretación y aplicación del requisito relativo a
         los efectos sobre el comercio entre Estados miembros, que figura en los artículos 81 CE y 82 CE, ha de tomarse como punto
         de partida el objetivo de este requisito, que es determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación
         del Derecho comunitario frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho
         comunitario todo acuerdo y toda práctica que puedan afectar a la libertad de comercio entre los Estados miembros de tal manera
         que puedan malograr la consecución de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular, compartimentando
         los mercados nacionales o alterando la estructura de la competencia en el mercado común (sentencias de 31 de mayo de 1979,
         Hugin/Comisión, 22/78, Rec. p. 1869, apartado 17, y de 25 de octubre de 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99, Rec. p. I‑8089,
         apartado 47). 
      
      90     Para poder incidir sobre el comercio entre los Estados miembros, una decisión, un acuerdo o una práctica, cuando concurre
         un conjunto de elementos de Derecho y de hecho, deben permitir prever con un grado suficiente de probabilidad que pueden ejercer
         una influencia directa o indirecta, real o potencial, en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y ello
         de manera que pudiera hacer temer que podrían obstaculizar la realización de un mercado único entre Estados miembros. Es necesario,
         además, que tal influencia no sea insignificante (sentencias de 28 de abril de 1998, Javico, C‑306/96, Rec. p. I‑1983, apartado
         16; de 21 de enero de 1999, Bagnasco y otros, C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135, apartado 47, y Ambulanz Glöckner, antes
         citada, apartado 48).
      
      91     Por consiguiente, tras haber constatado que el acuerdo tenía por objeto el reparto de los mercados nacionales en la Comunidad,
         el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente, en el apartado 157 de la sentencia recurrida, que el acuerdo tenía
         el efecto potencial de incidir sobre el comercio entre los Estados miembros. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha
         declarado que un reparto de los mercados nacionales en la Comunidad puede afectar de manera significativa a las corrientes
         de intercambios entre los Estados miembros (véase la sentencia Ambulanz Glöckner, antes citada, apartados 48 y 49).
      
      92     En consecuencia, también procede desestimar el quinto motivo.
      F.      Sobre el sexto motivo, basado en una desviación de poder, en un error de Derecho y en una desnaturalización de los hechos
            en lo que se refiere a la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada
      1.      Alegaciones de las partes
      93     Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber descrito correctamente el acto ilícito contemplado en el artículo
         2 de la Decisión impugnada. Entiende que ese Tribunal reformuló esta Decisión, intentando darle legitimidad jurídica sobre
         la base de un dato débil, en concreto, la supuesta ilegalidad de los contratos de suministro celebrados entre Corus y, respectivamente,
         Dalmine, Vallourec y Mannesmann.
      
      94     Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia intentó presentar el acto ilícito mencionado en el artículo 2 de la Decisión
         impugnada como constitutivo de una infracción autónoma del artículo 81 CE, cuando dicho acto tenía simplemente por objeto
         la ejecución de las Normas básicas. Tal interpretación del tenor de la Decisión impugnada implica una desviación o un exceso
         de poder y una desnaturalización de dicha Decisión. Además, se basa en una presentación errónea del mercado de los productos
         de que se trata.
      
      95     Por otra parte, Dalmine señala que el Tribunal de Primera Instancia indicó de forma expresa que la afirmación de la Comisión
         reproducida en el considerando 164 de la Decisión impugnada era errónea. Ahora bien, en vez de anular la Decisión impugnada
         en este punto, el Tribunal de Primera Instancia la reformuló, lo cual también constituye una desviación de poder.
      
      96     Por último, Dalmine subraya que la interpretación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia de la relación entre los
         artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada tuvo consecuencias ventajosas para los fabricantes japoneses, que, al no ser declarados
         culpables de la supuesta infracción distinta contemplada en el artículo 2 de esta Decisión, se beneficiaron de una reducción
         de la multa.
      
      97     La Comisión alega que los contratos de suministro celebrados entre Corus y, respectivamente, Dalmine, Vallourec y Mannesmann
         son considerados en la Decisión impugnada como constitutivos de una infracción distinta del artículo 81 CE, por lo que son
         objeto de un artículo específico en la parte dispositiva de esta Decisión. Además, al ordenar a las empresas destinatarias
         poner fin a las «infracciones citadas», el artículo 3 de dicha Decisión indica claramente que se trata de infracciones distintas.
      
      98     La Comisión concluye que el Tribunal de Primera Instancia no se excedió en el ejercicio de sus competencias ni desnaturalizó
         la Decisión impugnada. Entiende que dicho Tribunal tampoco reformuló la definición del mercado de los productos de que se
         trata. Asimismo, la Comisión observa que, aunque el Tribunal de Primera Instancia hubiera anulado, de alguna manera, el considerando
         164 de esta Decisión, ello no habría tenido ninguna repercusión en la validez del artículo 2 de dicha Decisión.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      99     En la medida en que la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido en una desviación de poder, procede
         recordar que existe tal comportamiento cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante
         de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer
         frente a las circunstancias del caso (sentencias de 14 de mayo de 1998, Windpark Groothusen/Comisión, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873,
         apartado 52, y de 10 de marzo de 2005, España/Consejo, C‑342/03, Rec. p. I‑1975, apartado 64). 
      
      100   Ahora bien, la recurrente no aportó ningún dato que permita respaldar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia
         ejerció sus competencias con una finalidad distinta de la enunciada en el artículo 220 CE, a saber, garantizar el respeto
         del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado.
      
      101   Por lo demás, el presente motivo parte de la premisa de que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó la Decisión impugnada
         al calificar la infracción contemplada en el artículo 2 de esta Decisión de infracción autónoma, y no de una mera puesta en
         práctica de la infracción enunciada en el artículo 1 de dicha Decisión.
      
      102   Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia no procedió a tal desnaturalización de la Decisión impugnada. Como señaló la
         Comisión, el propio hecho de que la infracción, consistente en la celebración de los contratos de suministro controvertidos,
         es objeto de un artículo específico en la parte dispositiva de la Decisión impugnada demuestra que dicha Decisión la calificó
         de infracción distinta del artículo 81 CE. Además, en el artículo 3 de la Decisión impugnada se ordena a las empresas designadas
         en los artículos 1 y 2 poner fin a las «infracciones citadas en dichos artículos», siendo ésta una redacción que indica claramente
         que se trata de infracciones distintas.
      
      103   Por último, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo que extraer otras consecuencias
         de sus comprobaciones respecto al considerando 164 de la Decisión impugnada.
      
      104   En lo que se refiere a dicho considerando, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 244 y 245 de la sentencia
         recurrida:
      
      «244.          […], procede señalar, a los efectos oportunos, que la afirmación de la Comisión, que figura en la primera frase del considerando
         164 de la Decisión impugnada, en el sentido de que los contratos de suministro, que constituyen la infracción contemplada
         en su artículo 2, sólo constituían un medio para la aplicación de la infracción a la que se refiere su artículo 1, es exagerada,
         ya que la segunda infracción tenía, además de ello, otros objetivos y efectos contrarios a la competencia, conexos pero diferentes.
         En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado en su sentencia JFE Engineering y otros/Comisión, [antes citada],
         (apartados 569 y siguientes), que la Comisión no respetó el principio de igualdad de trato al no tener en cuenta la infracción
         contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada a efectos de determinar el importe de las multas impuestas a los fabricantes
         europeos, a pesar de que el objeto y los efectos de dicha infracción sobrepasaban su contribución a la perennidad del acuerdo
         Europa-Japón (véase, en particular, el apartado 571 de dicha sentencia). 
      
      245.      Aunque la desigualdad de trato a la que se refiere el apartado anterior ha servido para justificar la reducción de la cuantía
         de las multas impuestas a las demandantes japonesas, el error en el análisis subyacente no justifica la anulación del artículo
         2 de la Decisión impugnada ni la de su artículo 1 en el marco del presente recurso.»
      
      105   Como ha señalado el Abogado General en los puntos 213 a 216 de sus conclusiones, la declaración del Tribunal de Primera Instancia
         en el apartado 244 de la sentencia recurrida sólo significaba que la Comisión consideró erróneamente que no procedía imponer
         una multa adicional por la infracción enunciada en el artículo 2 de la Decisión impugnada, por entender que dichos contratos
         no eran más que un medio para aplicar el principio de respeto de los mercados nacionales acordado en el marco del Club Europa-Japón
         (véase el apartado 20 de la presente sentencia). Por lo tanto, esta apreciación del Tribunal de Primera Instancia no tiene
         ninguna consecuencia para la propia declaración, en el artículo 2 de la Decisión impugnada, de que se cometió la referida
         infracción y no justifica en absoluto la anulación de dicho artículo.
      
      106   Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede desestimar el sexto motivo.
      G.      Sobre el séptimo motivo, basado en una desviación de poder, en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos
            en lo que se refiere a los efectos de la infracción contemplada en el artículo 2 de la Decisión impugnada 
      1.      Alegaciones de las partes
      107   Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al considerar que el contrato de suministro celebrado
         entre Dalmine y Corus restringía la competencia en el mercado de tubos lisos y tubos roscados del Reino Unido. El Tribunal
         de Primera Instancia consideró erróneamente que, a raíz de la celebración de este contrato, Dalmine se había retirado en la
         práctica del mercado de tubos lisos y roscados del Reino Unido. A este respecto, Dalmine subraya que, en cualquier caso, no
         podía acceder al mercado de tubos OCTG premium en el Reino Unido porque no tenía la licencia preceptiva.
      
      108   Dalmine insiste en que su contrato de suministro con Corus se aplica a los tubos lisos, esto es, un producto ajeno al mercado
         relevante. Por consiguiente, no cabe considerarlo como una modalidad de ejecución del supuesto acuerdo de reparto de los mercados
         nacionales contemplado en el artículo 1 de la Decisión impugnada. Dalmine alega que, al contrario, este contrato se basa en
         una lógica comercial legal. 
      
      109   Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia entendió acertadamente que Dalmine podría haber obtenido una licencia
         que le permitiera comercializar los tubos OCTG premium en el mercado del Reino Unido si esto le hubiera parecido interesante,
         pero que la celebración del contrato de suministro en cuestión hizo que no existiera tal interés, por lo que Dalmine fue eliminada
         como potencial competidor.
      
      110   La Comisión añade que, si no hubiera existido dicho contrato de suministro, Dalmine también podría haber tenido interés en
         vender más tubos OCTG estándar en dicho mercado. Por otra parte, precisa que Dalmine ya vendía en el Reino Unido tubos OCTG
         estándar para los que no precisaba ninguna licencia y que su alegación de que no tenía acceso al mercado del Reino Unido carecía
         por tanto de fundamento.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      111   En el apartado 179 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo la siguiente lectura, en sí no contradicha
         por la recurrente, de los contratos de suministro contemplados en el artículo 2 de la Decisión impugnada:
      
      «[…] Tomados en su conjunto, dichos contratos reparten, al menos a partir del 9 de agosto de 1993, los tubos lisos que Corus
         necesitaba entre los otros tres fabricantes europeos (40 % para Vallourec, 30 % para Dalmine y 30 % para Mannesmann). Por
         otra parte, cada uno de los contratos prevé que el precio pagado por Corus por los tubos lisos se calculará mediante una fórmula
         matemática que tiene en cuenta el precio obtenido por ésta por sus tubos roscados.»
      
      112   Tomando en consideración estas cláusulas de los contratos de suministro, no procede acoger la argumentación de la recurrente,
         dirigida esencialmente a demostrar que no existe relación alguna, en cuanto a los efectos de estos contratos sobre la competencia,
         entre los tubos lisos, por una parte, y los tubos roscados, por otra. A este respecto, lejos de haber desnaturalizado los
         hechos, el Tribunal de Primera Instancia expuso de forma convincente, en el apartado 181 de la sentencia recurrida, los efectos
         contrarios a la competencia que los contratos de suministro tienen, no sólo en el mercado de tubos lisos, sino también en
         el de tubos roscados, en los siguientes términos: 
      
      «Los tres competidores comunitarios de Corus, mediante sus respectivos contratos, quedaban atados de tal forma que desaparecía
         cualquier competencia efectiva o potencial por su parte en el mercado nacional de aquélla, que como contrapartida sacrificaba
         su libertad de aprovisionamiento. Así, si bajaban las ventas de tubos roscados de Corus los tres suministradores de tubos
         lisos vendían menos. Por otra parte, el margen de beneficio que obtenían éstos por las ventas de tubos lisos pactadas también
         se reducía en función del precio obtenido por Corus por sus tubos roscados y podía incluso transformarse en pérdida. En estas
         circunstancias, era inconcebible en la práctica que los tres fabricantes mencionados intentasen competir realmente con Corus
         en el mercado británico de tubos roscados, sobre todo en materia de precios […].»
      
      113   En la medida en que la recurrente presenta la celebración de su contrato de suministro con Corus como una actividad comercial
         lógica y legal, basta señalar que el Tribunal de Primera Instancia refutó debidamente esta alegación en el apartado 181, antes
         citado, de la sentencia recurrida y en el apartado 185 de dicha sentencia, según el cual, «si no hubiesen existido los contratos
         de suministro, los fabricantes europeos afectados distintos de Corus habrían tenido, en condiciones normales y abstracción
         hecha de las Normas básicas, un interés comercial real, o al menos potencial, en competir con ella en el mercado británico
         de tubos roscados y en competir entre sí para suministrar tubos lisos a Corus».
      
      114   Por último, en lo que se refiere a la alegación de la recurrente de que no tenía acceso al mercado del Reino Unido, sobre
         todo porque en dicho país no tenía licencia para vender tubos OCTG premium, basta con remitirse al análisis, totalmente correcto,
         que el Tribunal de Primera Instancia hizo en el apartado 186 de la sentencia recurrida:
      
      «En cuanto a las alegaciones de Dalmine sobre las dificultades que en la práctica le impedían vender directamente tubos OCTG
         premium y estándar en el mercado británico, tales dificultades no bastan para demostrar que, si no hubiera existido el contrato
         de suministro que celebró con Corus y, a continuación, con Vallourec, nunca podría haber vendido el producto en cuestión en
         dicho mercado. En efecto, en el supuesto de que las condiciones del mercado británico de tubos OCTG hubiesen evolucionado
         positivamente, no puede descartarse la obtención por parte de Dalmine de una licencia que le habría permitido comercializar
         tubos roscados “premium” en dicho mercado o un aumento de su producción de tubos OCTG estándar destinados al mismo. De lo
         que se desprende que, al firmar el contrato de suministro en cuestión, la demandante aceptó en la práctica limitaciones a
         su política comercial […].»
      
      115   A la luz de todo lo anterior, procede desestimar el séptimo motivo.
      H.      Sobre el octavo motivo, basado en errores de Derecho y en una desnaturalización de los hechos en lo que se refiere al contexto
            económico en el que se inscribe el contrato de suministro entre Dalmine y Corus
      1.      Alegaciones de las partes
      116   Dalmine impugna la apreciación del Tribunal de Primera Instancia de que las cláusulas del contrato de suministro celebrado
         con Corus son por naturaleza ilícitas.
      
      117   A este respecto, Dalmine explica, entre otras cosas, la lógica comercial del contrato en cuestión, recuerda la importante
         fuerza negociadora que Corus tiene en comparación con los proveedores potenciales y reitera su afirmación de que en el mercado
         del Reino Unido vendía de forma totalmente marginal tubos OCTG estándar y que en dicho mercado no vendía en absoluto tubos
         OCTG premium.
      
      118   La Comisión entiende que en este motivo se reproducen las alegaciones formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia para
         impugnar el carácter anticompetitivo de algunas cláusulas del contrato de suministro celebrado entre Dalmine y Corus, de modo
         que este motivo es inadmisible.
      
      119   La Comisión sostiene que, en cualquier caso, la argumentación de la recurrente carece de todo fundamento. En particular, señala
         que los intereses comerciales y la fuerza negociadora de una de las partes no pueden influir en el carácter ilícito de un
         contrato contrario al artículo 81 CE.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      120   Como se desprende de los apartados 111 a 113 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró de forma suficientemente
         motivada, con razón y sin desnaturalizar los hechos que los contratos de suministro contemplados en el artículo 2 de la Decisión
         impugnada podían afectar al comercio entre los Estados miembros y producían el efecto de impedir, restringir o falsear el
         juego de la competencia dentro del mercado común. Por consiguiente, la recurrente no puede impugnar la apreciación del Tribunal
         de Primera Instancia de que las cláusulas de estos contratos eran por naturaleza ilícitas.
      
      121   En la medida en que la recurrente invoca ciertos intereses comerciales y la fuerza negociadora de una de las partes en estos
         contratos, procede señalar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 229 y 230 de sus conclusiones, que estas imputaciones
         no fueron formuladas de forma expresa ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que deben ser declaradas inadmisibles
         en el marco del presente recurso de casación (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli
         Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartado 59, y de 8 de julio de 1999, Hercules Chemicals/Comisión, C‑51/92 P,
         Rec. p. I‑4235, apartado 58). Por otra parte, estas imputaciones no pueden prosperar de modo alguno. La apreciación de si
         un comportamiento es conforme con el artículo 81 CE, apartado 1, debe hacerse en su contexto económico (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 66, y de 13 de julio de
         2006, Comisión/Volkswagen, C‑74/04 P, Rec. p. I‑3173, apartado 45). Sin embargo, las alegaciones de la recurrente, aun suponiendo
         que estén fundadas, no pueden probar que el contexto económico excluía cualquier posibilidad de competencia eficaz (véase,
         por analogía, la sentencia de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, apartado 127).
      
      122   Por consiguiente, también debe desestimarse el octavo motivo.
      I.      Sobre el noveno motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación de la gravedad de la infracción
      1.      Alegaciones de las partes
      123   Dalmine alega que la gravedad de la infracción reprochada debe apreciarse en función del tamaño del mercado pertinente, ya
         que es el único parámetro estrictamente objetivo. Sostiene que una apreciación de la gravedad de la infracción que no tenga
         en cuenta este criterio objetivo es ilógica y basada en elementos que no constan en la jurisprudencia, en el Reglamento nº 17
         o en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
         y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las
         multas»). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente que el tamaño del mercado afectado sólo
         era un factor más a tener en cuenta entre otros para calcular la multa. 
      
      124   A continuación, Dalmine formula alegaciones dirigidas a demostrar que, contrariamente a lo que afirma el Tribunal de Primera
         Instancia, la Comisión no respetó los criterios fijados en las Directrices para el cálculo de las multas, concretamente, la
         naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado y la dimensión del mercado geográfico afectado.
         Concluye que la supuesta infracción no puede calificarse de «muy grave». Además, el Tribunal de Primera Instancia no motivó
         debidamente esta calificación. Dalmine entiende que dicho Tribunal se limitó a tomar nota de las apreciaciones de la Comisión,
         sin pronunciarse sobre su pertinencia ni fundamento.
      
      125   Por último, Dalmine reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta el tamaño individual de las empresas
         destinatarias de la Decisión impugnada. Considera contrario a cualquier criterio, de Derecho o en equidad, que se le imponga
         la misma sanción que, por ejemplo, a Nippon Steel, cuyo volumen de negocios anual es mucho mayor que el suyo. Por otra parte,
         entiende que el carácter desproporcionado de la multa que le ha sido impuesta queda demostrado por el hecho de que el importe
         de base de la multa equivale al 16 % de sus ventas de los productos de que se trata a nivel mundial en 1998, al 38 % de las
         realizadas en el mercado comunitario y al 95 % de las efectuadas en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido durante el
         período en el que se le imputa la infracción.
      
      126   La Comisión recuerda en primer lugar que, según las Directrices para el cálculo de las multas, el tamaño del mercado afectado
         no es más que uno de los elementos que deben tomarse en consideración para apreciar la gravedad de la infracción.
      
      127   A continuación, la Comisión alega que se aplicaron correctamente los criterios establecidos en estas Directrices. En particular,
         explica que un cártel puede calificarse de «infracción muy grave», por la naturaleza de la infracción o porque afecta a una
         parte significativa del mercado común, aunque verse sobre un producto cuyas ventas no representen un volumen de negocios especialmente
         importante en dicho mercado.
      
      128   Por último, la Comisión subraya que de las Directrices para el cálculo de las multas resulta que la imposición de multas distintas
         en función del volumen de negocios de las empresas implicadas no es obligatoria, sino facultativa.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      129   Según jurisprudencia reiterada, la gravedad de las infracciones del Derecho comunitario de la competencia debe determinarse
         en función de un gran número de factores, tales como, las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance
         disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta
         obligatoriamente (sentencias Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 465, y de 28 de junio de
         2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 241).
      
      130   Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada
         una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento de la práctica colusoria, el beneficio que hayan
         podido obtener de esta práctica, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones
         de este tipo representan para los objetivos de la Comunidad (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Musique
         Diffusion française y otros/Comisión, apartado 129, y Dansk Rørindustri y otros/Comisión, apartado 242).
      
      131   El punto 1 A de las Directrices para el cálculo de las multas precisa que «a la hora de evaluar la gravedad de la infracción
         ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar)
         y la dimensión del mercado geográfico afectado».
      
      132   Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente, en
         el apartado 259 de la sentencia recurrida, que el tamaño del mercado afectado sólo era un factor más a tener en cuenta entre
         otros para apreciar la gravedad de la infracción y fijar el importe de la multa.
      
      133   A continuación, en lo que se refiere a la argumentación de Dalmine de que el Tribunal de Primera Instancia confirmó erróneamente
         y sin motivación suficiente la aplicación por la Comisión de las Directrices para el cálculo de las multas y la calificación
         de la infracción de «muy grave», procede recordar que la Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación y que el
         método de cálculo delimitado por las Directrices para el cálculo de las multas contiene varios rasgos de flexibilidad (sentencia
         de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión, C‑308/04 P, Rec. p. I‑0000, apartados 46 y 47).
      
      134   No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia apreció correctamente el ejercicio,
         por la Comisión, de dicha facultad de apreciación (sentencia SGL Carbon/Comisión, antes citada, apartado 48).
      
      135   A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia resumió acertadamente, en los apartados
         263 a 265 de la sentencia recurrida, la aplicación que la Comisión hizo de los criterios establecidos en las Directrices para
         el cálculo de las multas: 
      
      «263.          […] en el considerando 161 de la Decisión impugnada, para fundamentar su calificación de la infracción contemplada en el artículo
         1 de la Decisión impugnada como “muy grave”, la Comisión se basó principalmente, en la naturaleza del comportamiento ilícito
         de todas las empresas. A este respecto, invocó la naturaleza gravemente contraria a la competencia y perjudicial para el buen
         funcionamiento del mercado interior del acuerdo de reparto de mercados objeto de sanción, el carácter deliberado de la actuación
         ilícita, y el carácter secreto e institucionalizado del sistema instaurado para restringir la competencia. La Comisión tuvo
         también en cuenta en dicho considerando 161 el hecho de que “los cuatro Estados miembros en cuestión representan la mayoría
         del consumo de [tubos] OCTG y de [tubos de transporte] sin soldadura en la Comunidad y, por tanto, representan un mercado
         geográfico amplio”.
      
      264.      En cambio, la Comisión señaló, en el considerando 160 de la Decisión impugnada, que “el impacto concreto de la infracción
         en el mercado es limitado”, porque los dos productos específicos a los que afecta, esto es, los tubos OCTG estándar y los
         tubos de transporte “proyecto”, sólo representaban un 19 % del consumo comunitario de tubos OCTG y de tubos de transporte
         sin soldadura y porque, debido al progreso tecnológico, los tubos soldados podían cubrir una parte de la demanda de tubos
         sin soldadura.
      
      265.      Así pues, en el considerando 162 de la Decisión impugnada, la Comisión, tras haber clasificado esta infracción en la categoría
         de infracciones “muy graves”, apoyándose en los factores enumerados en el considerando 161, tuvo en cuenta el volumen relativamente
         reducido de las ventas de los productos en cuestión por parte de los destinatarios de la Decisión impugnada en los cuatro
         Estados miembros afectados (73 millones de euros al año). Dicha referencia al tamaño del mercado afectado concuerda con la
         apreciación del considerando 160 de la Decisión impugnada sobre el limitado impacto de la infracción en el mercado. La Comisión
         decidió, pues, fijar el importe calculado en función de la gravedad en sólo 10 millones de euros. Pues bien, las Directrices
         para el cálculo de las multas prevén en principio, un importe “de más de 20 millones [de euros]” para una infracción incluida
         en dicha categoría.»
      
      136   El análisis efectuado por la Comisión, resumido supra, indica que se tuvieron en cuenta los tres criterios enumerados en el punto 1 A de las Directrices para el cálculo de las
         multas con el fin de determinar la gravedad de la infracción. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia señaló acertadamente,
         en el apartado 260 de la sentencia recurrida, «que, aunque la Comisión no haya invocado de forma expresa las Directrices en
         la Decisión impugnada, procedió a determinar el importe de la multa impuesta a la demandante aplicando el método de cálculo
         que en dichas Directrices se había impuesto».
      
      137   En los apartados 266 a 271 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia analizó «si el método seguido por la
         Comisión y que ha sido […] descrito [en los apartados 263 a 265 de la misma sentencia] es ilegal, a la vista de las alegaciones
         presentadas por Dalmine», en los siguientes términos:
      
      «267.          En lo que se refiere a las alegaciones de Dalmine relativas a los mercados de referencia, procede señalar que los considerandos
         35 y 36 de la Decisión impugnada definen los mercados geográficos de que se trata tal como deberían ser en circunstancias
         normales, sin tener en cuenta los acuerdos ilícitos que tenían por objeto o efecto su escisión artificial. Seguidamente se
         deduce de la Decisión impugnada, considerada en su totalidad, y en particular de sus considerandos 53 a 77, que el comportamiento
         de los fabricantes japoneses y europeos en cada mercado nacional o, en algunos casos, en el mercado de una determinada región
         del mundo se regía por normas específicas, distintas según el mercado de que se tratase, y que eran el resultado de las negociaciones
         comerciales desarrolladas en el seno del Club Europa-Japón. 
      
      268.      Así pues, procede desestimar por carecer de pertinencia las alegaciones de Dalmine sobre los pequeños porcentajes de los mercados
         mundial y europeo de tubos OCTG estándar y de tubos de transporte “proyecto” que representaban las ventas de los ocho destinatarios
         de la Decisión impugnada. En efecto, lo que hace que la Decisión impugnada considere que la infracción contemplada en su artículo
         1 es “muy grave” es el hecho de que tuviera como objeto y, al menos en parte, como efecto, la exclusión de cada una de las
         empresas destinatarias de los mercados nacionales de las demás, incluidos los mercados de los cuatro Estados miembros de las
         Comunidades europeas con un mayor consumo de tubos de acero.
      
      269.      A este respecto, carece de pertinencia la argumentación de Dalmine en cuanto a lo reducido de las ventas de tubos OCTG estándar
         y a la importancia de los tubos soldados como productos que competían con los tubos de transporte “proyecto” en su propio
         mercado nacional, ya que su participación en la infracción de reparto de mercados es consecuencia del compromiso asumido por
         ella de no vender en otros mercados los productos a los que se refiere la Decisión impugnada. Así pues, aun suponiendo que
         las circunstancias invocadas por la demandante estuviesen acreditadas con arreglo a Derecho, no invalidarían la conclusión
         a la que llegó la Comisión en cuanto a la gravedad de la infracción cometida por Dalmine. 
      
      270.      Procede señalar, por otra parte, que el hecho, invocado por Dalmine, de que la infracción contemplada en el artículo 1 de
         la Decisión impugnada sólo se refiera a dos productos concretos, que son los tubos OTCG estándar y los tubos de transporte
         “proyecto”, y no a todos los tubos OCTG y de transporte, fue mencionado explícitamente por la Comisión en el considerando
         160 de la Decisión impugnada como un factor que limitaba el impacto concreto de la infracción en el mercado (véase el apartado
         264 supra). Del mismo modo, la Comisión se refiere, en dicho considerando 160, a la creciente competencia de los tubos soldados (véase
         también el apartado 264 supra). Debe reconocerse, por tanto, que la Comisión ya tuvo en cuenta estos elementos a la hora de valorar la gravedad de la infracción
         en la Decisión impugnada.
      
      271.      A la vista de lo anteriormente expuesto, procede considerar que la reducción, mencionada en el apartado 265 supra, del importe calculado en función de la gravedad a un 50 % de la cantidad mínima que se establece normalmente en el caso de
         una infracción “muy grave” tiene debidamente en cuenta el limitado impacto de la infracción en el mercado en el presente asunto.»
      
      138   Procede señalar que, mediante las consideraciones anteriores, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció de forma razonable
         y coherente sobre los factores esenciales tenidos en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción y respondió de manera
         suficiente en Derecho a las alegaciones formuladas por Dalmine. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal
         de Primera Instancia no se limitó a tomar nota de las apreciaciones de la Comisión, sino que examinó detalladamente la cuestión
         suscitada por Dalmine de si la Comisión había considerado correctamente los efectos de la infracción sobre el mercado relevante,
         con el fin de valorar la gravedad de la misma. Además, con su apreciación de que la infracción mencionada en el artículo 1
         de la Decisión impugnada era de todos modos «muy grave», ya que tenía como objeto y, al menos en parte, como efecto, la exclusión
         de cada una de las ocho empresas destinatarias de la Decisión impugnada de los mercados nacionales de las demás, el Tribunal
         de Primera Instancia insistió acertadamente en la importante gravedad intrínseca de las infracciones que consisten en repartir
         los mercados nacionales en la Comunidad.
      
      139   Por lo demás, como el Tribunal de Primera Instancia también señaló con razón, el impacto limitado que la infracción tuvo en
         el mercado en el caso de autos ya se tomó en consideración de forma adecuada, toda vez que la Comisión fijó el importe de
         la multa en función de la gravedad de la infracción en sólo 10 millones de euros.
      
      140   Mediante su última imputación formulada en el marco del presente motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia
         no haber tenido en cuenta el tamaño individual de las empresas destinatarias de la Decisión impugnada.
      
      141   Ahora bien, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, al determinar el importe de las multas en función de la gravedad
         y de la duración de la infracción correspondiente, la Comisión no está obligada a calcularlo partiendo de importes basados
         en el volumen de negocios de las empresas implicadas. En efecto, la Comisión puede tener en cuenta el volumen de negocios
         de la empresa de que se trate, pero no debe atribuirse a dicha cifra una importancia desproporcionada en comparación con los
         demás criterios de apreciación (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes citada, apartados 255 y 257).
      
      142   El punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el cálculo de las multas es conforme con esta jurisprudencia. Establece
         que «podrá resultar conveniente ponderar, en determinados casos, los importes fijados […] para tomar en consideración el peso
         específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia, sobre todo
         cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción de la misma
         naturaleza». 
      
      143   El Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente en el apartado 282 de la sentencia recurrida que el uso de los términos
         «en determinados casos» y «sobre todo» en dicho párrafo de las Directrices para el cálculo de las multas muestra que la ponderación
         en función del tamaño individual de las empresas no es una etapa de cálculo que la Comisión se haya impuesto sistemáticamente,
         sino un margen de flexibilidad que se reserva para los asuntos en los que sea necesario, en función sobre todo de las circunstancias
         del asunto. Por otra parte, esta facultad de apreciación se desprende también de la expresión «podrá resultar conveniente»
         de ese mismo párrafo.
      
      144   En el apartado 283 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia dedujo correctamente de estas consideraciones
         que «la Comisión conserva un cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de ponderar las multas en función del
         tamaño de cada empresa. Así pues, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar que, en
         el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas
         reflejen las diferencias existentes entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocio global […]».
      
      145   Esta apreciación es todavía más acertada si se tiene en cuenta que todas las empresas destinatarias de la Decisión impugnada
         eran de gran dimensión, circunstancia que llevó a la Comisión a no establecer distinciones entre los importes fijados para
         las multas de cada una de ellas (véase considerando 165 de la Decisión impugnada). A este respecto, el Tribunal de Primera
         Instancia declaró de forma pertinente lo siguiente:
      
      «284.          […] Dalmine rechaza dicho análisis y señala que es una de las empresas más pequeñas de entre las destinatarias de la Decisión
         impugnada, puesto que su volumen de negocios en 1998 fue de sólo 667 millones de euros. Debe reconocerse, en efecto, que existía
         una diferencia significativa en el volumen de negocios global, sin diferenciación por productos, entre Dalmine y la mayor
         de las empresas en cuestión, que era Nippon [Steel Corp.], cuyo volumen de negocios en 1998 fue de 13.489 millones de euros.
      
      285.      No obstante, la Comisión ha subrayado en su escrito de contestación a la demanda, sin que Dalmine haya manifestado su oposición,
         que esta última no es una pequeña o mediana empresa. En efecto, la Recomendación 96/280/CE de la Comisión, de 3 de abril de
         1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DO L 107, p. 4), vigente cuando se adoptó la Decisión impugnada,
         indica, en particular, que tales empresas deben emplear a menos de 250 personas y tener un volumen de negocios anual que no
         exceda de 40 millones de euros o un balance anual que no exceda de 27 millones de euros. En la Recomendación 2003/361/CE de
         la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124, p. 36), estos
         dos últimos límites máximos se han revisado al alza, quedando fijados en 50 millones y 43 millones de euros, respectivamente.
         
      
      286.      El Tribunal de Primera Instancia no dispone de cifras relativas al número de empleados de Dalmine ni a su balance anual, pero
         debe señalarse que su volumen de negocios en 1998 era más de diez veces superior al límite previsto en las sucesivas recomendaciones
         de la Comisión en relación con dicho criterio. Por lo tanto, procede considerar, a partir de los datos aportados al Tribunal
         de Primera Instancia, que la Comisión no incurrió en ningún error al hacer constar, en el considerando 165 de la Decisión
         impugnada, que todas las empresas destinatarias de la Decisión impugnada eran de gran dimensión.»
      
      146   En la medida en que la recurrente invoca igualmente, para demostrar que la multa es desproporcionada, el hecho de que el importe
         de base de la multa equivale al 16 % de sus ventas de los productos de que se trata a nivel mundial en 1998, al 38 % de las
         realizadas en el mercado comunitario y al 95 % de las efectuadas en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido durante el
         período en el que se le imputa la infracción, procede recordar que el límite máximo del 10 % contemplado en el artículo 15,
         apartado 2, del Reglamento nº 17 se refiere al volumen de negocios global de la empresa afectada y que sólo el importe final
         de la multa impuesta debe respetar el límite anteriormente mencionado (sentencias Dansk Rørindustri y otros/Comisión, antes
         citada, apartado 278, y SGL Carbon/Comisión, antes citada, apartado 82). Dado que Dalmine no se opuso a la afirmación realizada
         en el apartado 287 de la sentencia recurrida de que el importe de la multa impuesta en la Decisión impugnada, es decir, 10,8 millones
         de euros, sólo representaba alrededor del 1,62 % de su volumen de negocios a nivel mundial, que en 1998 que fue de 667 millones
         de euros, no puede alegar que existe una desproporción manifiesta entre dicha multa y el tamaño de su empresa.
      
      147   Habida cuenta de que no puede acogerse ninguna de las imputaciones formuladas por la recurrente, procede desestimar el noveno
         motivo.
      
      J.      Sobre el décimo motivo, basado en errores de Derecho y en una falta de motivación respecto a la duración de la infracción
            y a las circunstancias atenuantes
      1.      Alegaciones de las partes
      148   Dalmine alega que se debería haber tenido en cuenta algunas circunstancias atenuantes, como el hecho de que su papel en la
         comisión de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada fue pasivo y de escasa importancia y la circunstancia
         de que interrumpió la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión. Aunque la Comisión no tenía que considerar
         automáticamente estas circunstancias, debería haber indicado las razones por las cuales no redujo el importe de la multa por
         este motivo. Según Dalmine, el Tribunal de Primera Instancia debería haber señalado y sancionado esta falta de motivación.
      
      149   Por otra parte, Dalmine entiende que de la segunda circunstancia atenuante invocada resulta que la duración de la infracción
         cometida por Dalmine fue menor y que la sentencia recurrida es contradictoria a este respecto.
      
      150   Por último, Dalmine sostiene que se vulneró el principio de igualdad de trato porque su cooperación durante el procedimiento
         administrativo no fue apreciada del mismo modo que la de Vallourec.
      
      151   La Comisión recuerda que, en materia de multas, el Tribunal de Primera Instancia tiene competencia jurisdiccional plena y
         que, en el caso de autos, dicho Tribunal empleó esta competencia correctamente al detallar en la sentencia recurrida las razones
         por las cuales no podían acogerse las circunstancias atenuantes aducidas por Dalmine. En los apartados de que se trata de
         dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que Dalmine no puso fin a la infracción a raíz de
         la intervención de la Comisión y que el grado de cooperación prestada por Dalmine no era equivalente al de Vallourec.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Justicia
      152   En primer lugar, por lo que afecta a la supuesta discriminación entre Dalmine y Vallourec al fijar la multa, procede recordar
         que, si bien en el marco de un recurso de casación el Tribunal de Justicia no puede sustituir, por razones de equidad, la
         apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de
         su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho comunitario,
         el ejercicio de la referida competencia, no obstante, no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de dichas
         multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios
         al artículo 81 CE, apartado 1 (sentencias de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión, C‑291/98 P, Rec. p. I‑9991, apartados
         96 y 97, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 617). 
      
      153   No obstante, el recurso de casación debe indicar los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica el motivo basado
         en la vulneración del principio de igualdad de trato, so pena de que se declare la inadmisibilidad de dicho motivo (sentencia
         Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 618).
      
      154   En el caso de autos, como se ha recordado en el apartado 19 de la presente sentencia, la Comisión aplicó a Vallourec una reducción
         del 40 % y a Dalmine una reducción del 20 % del importe de las multas que les habían sido impuestas, a fin de tener en cuenta
         que estas dos empresas habían cooperado con la Comisión en el procedimiento administrativo.
      
      155   Procede señalar que, en la medida en que la recurrente impugna la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, formulada
         en el apartado 344 de la sentencia recurrida, de que «[…], aunque las respuestas facilitadas por Dalmine fueron de cierta
         utilidad para la Comisión, no hicieron más que confirmar, y ello de forma menos concreta y explícita, determinadas informaciones
         que ya le había proporcionado Vallourec a través de las declaraciones del Sr. Verluca», su argumentación es de carácter fáctico,
         de modo que debe desestimarse por inadmisible. En consecuencia, en el marco del presente recurso de casación, no incumbe al
         Tribunal de Justicia controlar la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia hizo en el apartado 345 de la sentencia
         recurrida de que «las informaciones proporcionadas a la Comisión por Dalmine antes de que le enviase el [pliego de cargos]
         no son comparables a las que proporcionó Vallourec y no bastan para justificar una reducción de la multa impuesta a Dalmine
         superior al 20 % que se le otorgó por abstenerse de impugnar los hechos. En efecto, aunque la falta de impugnación de los
         hechos pudo facilitar significativamente la tarea de la Comisión, no puede decirse lo mismo en relación con las informaciones
         proporcionadas por Dalmine antes del envío del [pliego de cargos]».
      
      156   Por otra parte, en lo que se refiere a las alegaciones de la recurrente sobre su papel pasivo y de escasa importancia en la
         comisión de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada, el Tribunal de Primera Instancia se remitió
         en el apartado 327 de la sentencia recurrida al análisis realizado en los apartados 280 a 297 de la misma sentencia, análisis
         según el cual
      
      «288.          […] procede recordar […] que las alegaciones de Dalmine sobre la escasa importancia de las ventas de tubos OCTG estándar y
         la importancia de la competencia que los tubos soldados planteaban a los tubos de transporte “proyecto” en su propio mercado
         nacional no son pertinentes, ya que su participación en la infracción consistente en un acuerdo de reparto de mercados se
         deriva de su compromiso de no vender los productos en cuestión en otros mercados […]. Así pues, aun suponiendo que los hechos
         alegados por la demandante estuviesen acreditados con arreglo a Derecho, no invalidarían la conclusión a la que llegó la Comisión
         en cuanto a la gravedad de la infracción cometida por Dalmine.
      
      […] 
      290.      En la medida en que Dalmine es el único miembro italiano del Club Europa-Japón, debe reconocerse que su participación en dicho
         acuerdo bastó para extender el ámbito de aplicación geográfica del mismo al territorio de un Estado miembro de la Comunidad.
         En consecuencia, procede señalar que las repercusiones a nivel comunitario de su participación en la infracción no fueron
         despreciables. En efecto, a la hora de valorar las repercusiones concretas de la participación de Dalmine en el mercado de
         los productos contemplados en el artículo 1 de la Decisión impugnada, dicha circunstancia es mucho más pertinente que la mera
         comparación del volumen de negocios global de cada empresa.
      
      […]
      294.      Del mismo modo, en lo que se refiere a la alegación de que Dalmine desempeñó un papel pasivo en la concertación, lo que constituye
         una circunstancia atenuante conforme al primer guión del punto 3 de las Directrices para el cálculo de las multas, procede
         señalar que la sociedad en cuestión no niega haber participado en las reuniones del Club Europa-Japón. […]
      
      295.      En el presente asunto, Dalmine ni siquiera alega que su participación en las reuniones del Club Europa-Japón fuese más esporádica
         que la de los demás miembros de dicho Club, lo que […] podría haber servido eventualmente para justificar la aplicación de
         una reducción en su caso […]. Además, no invoca ninguna prueba ni circunstancia concreta que demuestre que su actitud en dichas
         reuniones fue meramente pasiva o seguidista. Al contrario, como ya se ha mencionado en el apartado 290 supra, lo único que llevó a incluir el mercado italiano en el acuerdo de reparto de mercados fue su presencia en el Club Europa-Japón.
         […]»
      
      157   Dado que este análisis no adolece de ningún error de Derecho, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que
         el papel desempeñado por Dalmine en la comisión de la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada no
         era de escasa importancia ni pasivo o seguidista, por lo que a este respecto no debía tenerse en cuenta ninguna circunstancia
         atenuante. 
      
      158   Por último, en lo que se refiere a la supuesta interrupción de la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión,
         el Tribunal de Primera Instancia observó con razón en los apartados 328 y 329 de la sentencia recurrida «que la “interrupción
         de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión”, mencionada en el punto 3 de las Directrices para el
         cálculo de las multas, sólo puede lógicamente constituir una circunstancia atenuante si existen motivos para suponer que fueron
         las intervenciones en cuestión las que incitaron a las empresas afectadas a poner fin a sus comportamientos contrarios a la
         competencia» y «que no cabe aplicar una reducción del importe de la multa por este concepto en el caso de que la infracción
         ya hubiese finalizado antes de la fecha de las primeras intervenciones de la Comisión o en el caso de que las empresas ya
         hubiesen tomado la decisión definitiva de interrumpirla antes de dicha fecha». 
      
      159   En el caso de autos, como se ha expuesto en el apartado 6 de la presente sentencia, la Comisión decidió abrir una investigación
         en noviembre de 1994 y efectuó las primeras inspecciones en diciembre de 1994. 
      
      160   En los apartados 331 y 332 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la infracción que había
         dado lugar a la multa impuesta a Dalmine, concretamente, la infracción contemplada en el artículo 1 de la Decisión impugnada,
         había finalizado o al menos estaba finalizando en el momento en que la Comisión procedió a realizar las inspecciones de 1
         y 2 de diciembre de 1994. Por consiguiente, concluyó acertadamente que esta finalización no podía constituir una circunstancia
         atenuante para fijar el importe de la multa.
      
      161   De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el décimo motivo.
      162   Como no puede acogerse ninguno de los motivos invocados por Dalmine, procede desestimar su recurso de casación.
      V.      Costas
      163   Con arreglo al artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las
         costas cuando el recurso de casación no sea fundado. A tenor del artículo 69, apartado 2, de este Reglamento, también aplicable
         al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así
         lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas a Dalmine y al haber sido desestimados
         los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
      1)      Desestimar el recurso de casación. 
      2)      Condenar en costas a Dalmine SpA. 
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.