CELEX: 62015CN0349
Language: es
Date: 2015-07-10 00:00:00
Title: Asunto C-349/15: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Castellón (España) el 10 de julio de 2015 — Banco Popular Español S.A./Elena Lucaciu y Cristian Laurentiu Lucaciu

14.9.2015   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 302/23
            
         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de Castellón (España) el 10 de julio de 2015 — Banco Popular Español S.A./Elena Lucaciu y Cristian Laurentiu Lucaciu
   (Asunto C-349/15)
   (2015/C 302/29)
   Lengua de procedimiento: español
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Audiencia Provincial de Castellón
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Recurrente: Banco Popular Español S.A.
   
      Recurrido: Elena Lucaciu y Cristian Laurentiu Lucaciu
   
      Cuestiones prejudiciales
   
   
               1)
            
            
               ¿Es compatible la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula declarada nula por abusiva con los artículos 6, apartado ,1 y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1)?
            
         
               2)
            
            
               En el caso de que se considere compatible dicha limitación de los efectos con la normativa de la Unión Europea, concretamente con los artículos 6, apartado ,1 y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, por la buena fe de los círculos implicados y el riesgo de graves trastornos:
               
                           a)
                        
                        
                           ¿Qué se entiende por trastornos graves justificativos de la limitación de efectos?
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ¿Debe estar acreditado debidamente el riesgo de trastornos graves en el procedimiento judicial en que se invoque o, por el contrario puede ser suficiente la genérica apreciación por el tribunal de dicho riesgo, sin datos concretos en qué fundar la misma?
                        
                     
         
      (1)  DO L 25, p. 29