CELEX: 62018CN0119
Language: es
Date: 2018-02-13 00:00:00
Title: Asunto C-119/18: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 13 de febrero de 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U. / Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

7.5.2018   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 161/34
            
         Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 13 de febrero de 2018 — Telefónica Móviles España S.A.U. / Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
   (Asunto C-119/18)
   (2018/C 161/38)
   Lengua de procedimiento: español
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Recurrente: Telefónica Móviles España S.A.U.
   
      Recurrido: Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
   
      Cuestiones prejudiciales
   
   
               1)
            
            
               ¿El artículo 6.1 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (1) admite una interpretación según la cual puede un Estado miembro exigir a los operadores de telecomunicaciones una aportación financiera anual como la contemplada en el art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española con la finalidad de contribuir a la financiación de la Corporación RTVE en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como la supresión de la publicidad y la renuncia a contenidos de pago o acceso teniendo en cuenta las siguientes circunstancias concurrentes[?]:
               
                           —
                        
                        
                           Que no se ha justificado por esa nueva regulación legal ni acreditado en el ejercicio correspondiente que haya existido dicho impacto positivo, directo o indirecto, para dichas empresas,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           Que esa aportación se fija en el 0,9 % de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, y no sobre los ingresos derivados de la prestación de los servicios audiovisuales y por publicidad, sobre el incremento que se haya producido sobre los mismos o el beneficio que la actividad genera. Y ello en tanto en cuanto dicha aportación constituye una exacción prevista en el art. 5 de la Ley 8/2009 en su redacción originaria y puede no estar justificada en relación con el servicio audiovisual de que se trata, resultando el fundamento de la desestimación de las solicitudes de devolución de ingresos indebidos y rectificación de las autoliquidaciones formuladas por la recurrente en la resolución impugnada en el presente recurso contencioso-administrativo.
                        
                     
         
               2)
            
            
               ¿Es proporcionada dicha aportación que se exige a las empresas de telecomunicaciones que operan en España en el ámbito superior al de una Comunidad Autónoma en atención a la forma de cálculo establecida en el art. 5 de la Ley 8/2009 a la que se ha hecho referencia en los términos exigidos por el art. 6.1 de la Directiva 2002/20/CE?
            
         
               3)
            
            
               ¿Es transparente dicha aportación exigida conforme al art. 5 de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la corporación de Radio y Televisión Española si no se conoce la actividad concreta que presta la Corporación de Radio Televisión de España en concepto de servicio universal o servicio público en los términos exigidos por el art. 6.1 y Anexo de la Directiva 2002/20/CE?
            
         
      (1)  
         DO 2002, L 108, p. 21