CELEX: 62008CJ0406
Language: es
Date: 2010-01-28
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 28 de enero de 2010.#Uniplex (UK) Ltd contra NHS Business Services Authority.#Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Reino Unido.#Directiva 89/665/CEE - Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos - Plazo para recurrir - Fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo para interponer recurso.#Asunto C-406/08.

Asunto C‑406/08
      Uniplex (UK) Ltd
      contra
      NHS Business Services Authority
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division]
      «Directiva 89/665/CEE — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos — Plazo para recurrir — Fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo para interponer recurso»
      Sumario de la sentencia
      1.        Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros
            y de obras — Directiva 89/665/CEE — Plazo para recurrir
      (Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1)
      2.        Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros
            y de obras — Directiva 89/665/CEE — Plazo para recurrir
      (Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1)
      3.        Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros
            y de obras — Directiva 89/665/CEE — Plazo para recurrir
      (Directiva 89/665/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1)
      1.        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos
         públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, exige que el plazo para interponer un
         recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización
         de daños y perjuicios por la infracción de estas normas comience a correr en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera
         haber tenido conocimiento de tal infracción. 
      
      En efecto, el objetivo, señalado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, de garantizar la existencia de recursos
         eficaces contra la infracción de las disposiciones aplicables en materia de adjudicación de contratos públicos sólo puede
         alcanzarse si los plazos establecidos para interponer estos recursos no comienzan a correr antes de la fecha en que el demandante
         tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones. 
      
      Sin embargo, el hecho de que un candidato o licitador tenga conocimiento de que su candidatura u oferta ha sido rechazada
         no le sitúa en condiciones de interponer efectivamente un recurso. El candidato o licitador afectado sólo puede formarse una
         opinión bien fundada sobre la posible existencia de una infracción de las disposiciones aplicables y sobre la oportunidad
         de interponer un recurso después de ser informado de los motivos por los que ha sido excluido del procedimiento de adjudicación
         de un contrato.
      
      (véanse los apartados 30 a 32 y 35 y el fallo)
      2.        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos
         públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, se opone a que un precepto nacional,
         como el controvertido en el litigio principal, permita a un tribunal nacional inadmitir por caducidad un recurso destinado
         a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños
         y perjuicios por la infracción de estas normas, en virtud de la aplicación del criterio, valorado de forma discrecional, de
         que tales recursos deben interponerse sin demora. 
      
      A este respecto, un precepto nacional de acuerdo con el cual sólo se podrá interponer un recurso cuando «se presente sin demora
         y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses», conlleva una incertidumbre. En efecto, no cabe descartar que tal precepto
         faculte a los tribunales nacionales para inadmitir un recurso por caducidad de la acción, aun antes de expirar el plazo de
         tres meses, si consideran que el recurso no se ha interpuesto «sin demora» en el sentido de este precepto. No puede preverse
         el tiempo disponible de un plazo de caducidad cuya duración se deja a la libre discreción del tribunal competente. Por ello,
         un precepto nacional que establece tal plazo no garantiza la adaptación efectiva del Derecho interno a lo dispuesto en la
         Directiva 89/665. 
      
      (véanse los apartados 41 a 43 y el fallo)
      3.        Para cumplir los requisitos del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones
         legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación
         de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, el órgano jurisdiccional
         que conoce del asunto debe, en la mayor medida posible, interpretar las disposiciones nacionales sobre el plazo para interponer
         recurso de forma que se garantice que este plazo sólo empieza a correr a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera
         haber tenido conocimiento de la infracción de las normas aplicables a la adjudicación del contrato público en cuestión. 
      
      Si las disposiciones nacionales de que se trata no permitieran tal interpretación, ese órgano jurisdiccional deberá, haciendo
         uso de sus facultades discrecionales, prorrogar el plazo para interponer recurso de manera que se garantice al demandante
         un plazo equivalente a aquel de que habría dispuesto si el plazo establecido por la normativa nacional hubiera empezado a
         correr a partir de la fecha en que tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la infracción de las normas aplicables a la
         adjudicación de los contratos públicos.
      
      En cualquier caso, si las disposiciones nacionales referentes a los plazos para interponer recurso no pudieran interpretarse
         de conformidad con la Directiva 89/665, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicarlas, con objeto de aplicar
         íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede a los particulares. 
      
      (véanse los apartados 47 a 50 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 28 de enero de 2010 (*)
      
      «Directiva 89/665/CEE – Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos – Plazo para recurrir – Fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo para interponer recurso»
      En el asunto C‑406/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la High Court of
         Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Reino Unido), mediante resolución de 30 de julio de 2008, recibida en el
         Tribunal de Justicia el 18 de septiembre de 2008, en el procedimiento entre
      
      Uniplex (UK) Ltd
      y
      NHS Business Services Authority,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), Presidente de la Sala Segunda, en funciones de Presidente de la Sala
         Tercera, y la Sra. P. Lindh y los Sres. A. Rosas, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de septiembre de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Uniplex (UK) Ltd, por el Sr. M. Sheridan, Barrister, y la Sra. A. Stanic, Solicitor;
      –        en nombre de NHS Business Services Authority, por el Sr. R. Williams, Barrister;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. I. Rao, en calidad de agente, asistida por la Sra. K. Smith, Barrister;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y J. Möller, en calidad de agentes;
      –        en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por el Sr. A. Collins, SC; 
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. E. White y M. Konstantinidis, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de octubre de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
         de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación
         de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395,
         p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992 (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo,
         «Directiva 89/665»), en lo relativo a la fecha en que comienza a correr el plazo para interponer recurso en materia de adjudicación
         de contratos públicos. 
      
      2        Esta petición se ha presentado en un litigio entre Uniplex (UK) Ltd (en lo sucesivo, «Uniplex») y el NHS Business Services
         Authority (en lo sucesivo, «NHS»), en relación con la conclusión de un acuerdo marco.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 establece: 
      
      «En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las
         Directivas 71/305/CEE [del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
         contratos públicos de obras (DO L 185, p. 5; EE 17/03, p. 9)], 77/62/CEE [del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación
         de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro (DO 1977, L 13, p. 1; EE 17/01, p. 29)] y 92/50/CEE,
         los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras
         puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los
         artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho
         comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.»
      
      4        A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665:
      
      «Los Estados miembros velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en
         el artículo 1 prevean los poderes necesarios:
      
      a)      para adoptar, lo antes posible y mediante procedimiento de urgencia, medidas provisionales para corregir la infracción o para
         impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, incluidas las medidas destinadas a suspender o a hacer que
         se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato público en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada
         por los poderes adjudicadores;
      
      b)      para anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas
         o financieras discriminatorias contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro
         documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión;
      
      c)      para conceder una indemnización por daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción.»
      5        El artículo 41, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
         sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios
         (DO L 134, p. 114), establece: 
      
      «1.      Los poderes adjudicadores informarán cuanto antes a los candidatos y licitadores sobre las decisiones tomadas en relación
         con la celebración de un contrato marco, con la adjudicación del contrato o con la admisión a un sistema dinámico de adquisición,
         incluidos los motivos por los que hayan decidido renunciar a celebrar un acuerdo marco, a adjudicar un contrato para el que
         se haya efectuado una convocatoria de licitación y volver a iniciar el procedimiento, o a aplicar un sistema dinámico de adquisición;
         esta información se facilitará por escrito en caso de que así se solicite a los poderes adjudicadores.
      
      2.      A petición de la parte interesada, el poder adjudicador comunicará cuanto antes:
      –        a todos los candidatos descartados, las razones por las que se haya desestimado su candidatura;
      –        a todos los licitadores descartados, las razones por las que se haya desestimado su oferta, incluidos, en los casos contemplados
         en los apartados 4 y 5 del artículo 23, los motivos de su decisión de no equivalencia o de su decisión de que las obras, suministros
         o servicios no se ajustan a las prescripciones de rendimiento o a las exigencias funcionales requeridas;
      
      –        a todo licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada,
         así como el nombre del adjudicatario o las partes en el acuerdo marco.
      
      El plazo para llevar a cabo esta comunicación no podrá en ningún caso sobrepasar los quince días a partir de la recepción
         de una solicitud escrita.»
      
       Normativa nacional
      6        El artículo 47, apartado 7, letra b), de las Public Contract Regulations 2006 (Reglamento de contratación pública; en lo sucesivo,
         «Reglamento de 2006») adoptadas para adaptar al Derecho interno la Directiva 89/665, dispone:
      
      «Sólo se podrá interponer un recurso con arreglo a este artículo cuando: 
      […] 
      b)      el recurso se presente sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que se hayan
         producido los motivos que justifiquen su interposición, a menos que la High Court considere que existen razones fundadas para
         ampliar este plazo.»
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      7        Uniplex, sociedad mercantil domiciliada en el Reino Unido, es la distribuidora exclusiva en dicho Estado miembro de hemostáticos
         fabricados por Gelita Medical BV, sociedad domiciliada en los Países Bajos. 
      
      8        El NHS forma parte del National Health Service, un servicio de sanidad pública del Reino Unido, dependiente del Estado y explotado
         por éste. El NHS es una entidad adjudicadora en el sentido de la Directiva 2004/18. 
      
      9        El 26 de marzo de 2007, el NHS inició un procedimiento restringido de licitación relativo a la celebración de un acuerdo marco
         para el suministro de hemostáticos. El anuncio de licitación se publicó el 28 de marzo de 2007 en el Diario Oficial de la Unión Europea.
      10      El 13 de junio de 2007, el NHS remitió una invitación para presentar ofertas a cinco de los proveedores que habían manifestado
         su interés por este acuerdo marco, entre los que se encontraba Uniplex. Las ofertas debían presentarse antes del 19 de julio
         de 2007. 
      
      11      Los criterios de adjudicación y su ponderación, establecidos en el expediente de licitación enviado a los licitadores, eran
         los siguientes: el precio y los otros factores de rentabilidad, un 30 %; la calidad y aceptabilidad clínica, un 30 %; el mantenimiento
         del producto y la formación, un 20 %; la eficacia y la capacidad del suministro, un 10 %; la gama de productos y su desarrollo,
         un 5 %; los aspectos medioambientales y de sostenibilidad, un 5 %. 
      
      12      Uniplex presentó su oferta el 18 de julio de 2007. 
      
      13      El 22 de noviembre de 2007, el NHS remitió a Uniplex un escrito en el que le informaba de que había decidido celebrar el acuerdo
         marco con tres licitadores. Uniplex fue informada de que no se celebraría con ella el acuerdo marco, al haber obtenido la
         menor puntuación de los cinco licitadores invitados a participar y que habían presentado sus ofertas. En este escrito se recordaban
         los criterios de adjudicación con la ponderación correspondiente, se facilitaban los nombres de los licitadores seleccionados,
         y se indicaban el intervalo de las puntuaciones obtenidas por las ofertas seleccionadas y la puntuación obtenida por la oferta
         de Uniplex. 
      
      14      Según dicho escrito, el intervalo de las puntuaciones otorgadas a las ofertas seleccionadas se situaba entre 905,5 y 971,5,
         mientras que la puntuación concedida a Uniplex era de 568. 
      
      15      El escrito de 22 de noviembre de 2007 informaba asimismo a Uniplex de su derecho a impugnar la resolución de celebrar el acuerdo
         marco en cuestión, del período obligatorio de suspensión de 10 días antes de la conclusión de éste, que se aplicaría a partir
         de la fecha de notificación de dicha resolución, y de su derecho a un informe adicional.
      
      16      Uniplex solicitó dicho informe por correo electrónico con fecha de 23 de noviembre de 2007. 
      
      17      Mediante escrito de 13 de diciembre de 2007, el NHS proporcionó información más detallada sobre la forma en que había valorado
         los criterios de adjudicación en lo referente a las características y ventajas relativas de las ofertas seleccionadas en comparación
         con la oferta de Uniplex. 
      
      18      El citado escrito ponía de manifiesto, en especial, que, por una parte, Uniplex había obtenido una puntuación de cero en el
         criterio del precio y de los otros factores de rentabilidad, ya que había presentado los precios que figuraban en su catálogo.
         Todos los demás licitadores habían propuesto reducciones respecto a su precio de catálogo. Por otra parte, en el criterio
         de la eficacia y capacidad del suministro, todos los licitadores que todavía no estaban activos en el mercado de los hemostáticos
         en el Reino Unido habían obtenido una puntuación de cero en el subcriterio correspondiente a la base de clientes en el Reino
         Unido. 
      
      19      El 28 de enero de 2008, Uniplex remitió al NHS un escrito de requerimiento, en el que alegaba varias infracciones de los preceptos
         del Reglamento de 2006. Uniplex afirmaba en dicho escrito que el plazo para interponer recurso no empezaba a correr hasta
         el 13 de diciembre de 2007. Uniplex solicitó al NHS que respondiera antes del 13 de febrero de 2008, pero añadió que, si el
         NHS consideraba que dicho plazo no empezaba a correr a partir de aquella fecha, el NHS debería responder, a más tardar, el
         6 de febrero de 2008. 
      
      20      Mediante escrito de 11 de febrero de 2008, el NHS informó a Uniplex de que se había producido un cambio en las circunstancias.
         Se había descubierto que la oferta de Assut (UK) Ltd no era admisible y B. Braun UK Ltd, que había quedado en cuarta posición
         en la fase de valoración de las ofertas, había sido incluida en el acuerdo marco en sustitución de Assut (UK) Ltd. 
      
      21      El NHS respondió al escrito de requerimiento de Uniplex mediante escrito de 13 de febrero de 2008, en el que refutaba las
         diversas alegaciones formuladas por Uniplex. En este escrito, el NHS afirmaba además, con carácter preliminar, que los hechos
         en que se fundaba la reclamación de Uniplex no eran posteriores al 22 de noviembre de 2007, fecha en la que se le notificó
         la resolución de no incluirla en el acuerdo marco. El NHS manifestó que el 22 de noviembre de 2007 era la fecha a partir de
         la cual comenzaba a correr el plazo para interponer recurso, a efectos de lo dispuesto en el artículo 47, apartado 7, letra b),
         del Reglamento de 2006. 
      
      22      Uniplex respondió mediante escrito de 26 de febrero de 2008. En dicho escrito, reiteró que el plazo para recurrir en virtud
         del Reglamento de 2006 sólo empezaba a correr a partir del 13 de diciembre de 2007. 
      
      23      El 12 de marzo de 2008, Uniplex interpuso un recurso ante la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division,
         con objeto, en particular, de que se declarase que el NHS había vulnerado las normas aplicables en materia de contratación
         pública y de obtener el resarcimiento correspondiente. 
      
      24      La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
         de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «Cuando un operador económico impugna mediante un recurso interpuesto ante un tribunal nacional la adjudicación de un acuerdo
         marco realizada por una entidad adjudicadora a raíz de un procedimiento de contratación pública en el que dicho operador ha
         participado y que debía llevarse a cabo con arreglo a la Directiva 2004/18 (y a las disposiciones nacionales de adaptación
         a esta Directiva) y solicita, en el marco de dicha acción, que se declare el incumplimiento de las disposiciones en materia
         de contratación pública y se conceda una indemnización de daños y perjuicios en relación con el procedimiento y la adjudicación
         mencionados: 
      
      1)      A la luz de los artículos 1 y 2 de la Directiva 89/665 y del principio jurídico comunitario de equivalencia, de la exigencia
         legal comunitaria de tutela judicial efectiva o del principio de efectividad, y habida cuenta de cualesquiera otros principios
         pertinentes del Derecho comunitario, ¿debe interpretarse una norma nacional como el artículo 47, apartado 7, letra b), del
         Reglamento de 2006, que dispone que la acción debe ejercitarse sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses
         a contar desde la fecha en que se hayan producido los motivos que justifiquen su ejercicio, a menos que el tribunal considere
         que existen razones fundadas para ampliar este plazo, en el sentido de que confiere un derecho individual e incondicional
         al licitador contra la entidad adjudicadora de modo que el plazo para ejercitar la acción por la que se impugnen la licitación
         y la adjudicación comience a correr bien a partir de la fecha en que el licitador haya tenido o debiera haber tenido conocimiento
         de que en el procedimiento de contratación pública y en la adjudicación se ha vulnerado la normativa comunitaria en materia
         de contratación pública, bien a partir de la fecha del incumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de contratación
         pública? 
      
      2)      En cualquier caso, ¿cómo debe aplicar entonces un tribunal nacional i) el requisito de que la acción se ejercite sin demora
         y ii)  la facultad discrecional de ampliación del plazo de caducidad nacional para el ejercicio de la acción?» 
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      25      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide, en esencia, si el artículo 1 de la
         Directiva 89/665 exige que el plazo para interponer un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación
         de los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de dichas normas comienza
         a correr a partir de la fecha de infracción de las mismas o a partir de la fecha en que el demandante conoció o debiera haber
         conocido tal infracción. 
      
      26      La Directiva 89/665 tiene por objeto garantizar la existencia de recursos eficaces en caso de infracción del Derecho comunitario
         en materia de contratos públicos o de las normas nacionales de adaptación a dicho Derecho, con el fin de garantizar la aplicación
         efectiva de las directivas sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. La citada Directiva
         no contiene, sin embargo, disposición alguna que se refiera específicamente a los requisitos en materia de plazos en relación
         con los recursos que pretende establecer. Corresponde, pues, al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro definir
         dichos requisitos (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C‑470/99, Rec. p. I‑11617, apartado 71).
      
      27      La regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
         confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las decisiones de las entidades adjudicadoras no debe privar de efecto
         útil a la Directiva 89/665 (véase la sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apartado 72). 
      
      28      Desde este punto de vista, procede comprobar si, a la luz de la finalidad de dicha Directiva, una normativa nacional como
         la que es objeto del procedimiento principal menoscaba los derechos que el Derecho comunitario confiere a los particulares
         (véase la sentencia Universale-Bau, antes citada, apartado 73). 
      
      29      A este respecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 impone a los Estados miembros la obligación
         de garantizar que las decisiones ilícitas adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz
         y lo más rápidamente posible (véase la sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apartado 74).
      
      30      Sin embargo, el hecho de que un candidato o licitador tenga conocimiento de que su candidatura u oferta ha sido rechazada
         no le sitúa en condiciones de interponer efectivamente un recurso. Tal información es insuficiente para permitir al candidato
         o licitador descubrir la posible existencia de una ilegalidad que pueda fundamentar un recurso. 
      
      31      El candidato o licitador afectado sólo puede formarse una opinión bien fundada sobre la posible existencia de una infracción
         de las disposiciones aplicables y sobre la oportunidad de interponer un recurso después de ser informado de los motivos por
         los que ha sido excluido del procedimiento de adjudicación de un contrato. 
      
      32      De ello resulta que el objetivo de garantizar la existencia de recursos eficaces contra la infracción de las disposiciones
         aplicables en materia de adjudicación de contratos públicos, señalado en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665,
         sólo puede alcanzarse si los plazos establecidos para interponer estos recursos no comienzan a correr antes de la fecha en
         que el demandante tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la alegada infracción de dichas disposiciones (véase, en este
         sentido, la sentencia Universale-Bau, apartado 78). 
      
      33      Esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/18, vigente en
         el momento de los hechos del litigio principal, exige a las entidades adjudicadoras que informen a los candidatos y licitadores
         excluidos de las razones de la resolución que les afecta. Tales preceptos están en consonancia con un régimen de plazos de
         caducidad en virtud del cual éstos comienzan a correr a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber tenido
         conocimiento de la alegada infracción de las disposiciones aplicables en materia de adjudicación de contratos públicos.
      
      34      Esta misma conclusión se ve reforzada también por las modificaciones introducidas en la Directiva 89/665 por la Directiva
         2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE
         y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación
         de contratos públicos (DO L 335, p. 31), si bien el plazo de adaptación del Derecho interno a esta Directiva concluyó después
         de producirse los hechos del litigio principal. En efecto, el artículo 2 quater de la Directiva 89/665, introducido por la Directiva 2007/66, establece que la decisión de la entidad adjudicadora se comunicará
         a cada licitador o candidato, acompañada de la exposición resumida de las razones pertinentes, y que los plazos para interponer
         recurso sólo expiran tras un cierto número de días posteriores a esta comunicación. 
      
      35      Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión en el sentido de que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665
         exige que el plazo para interponer un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los
         contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas normas comience a correr
         en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera haber tenido conocimiento de tal infracción. 
      
       Sobre la segunda cuestión
      36      La segunda cuestión consta de dos partes. La primera se refiere a la interpretación de la Directiva 89/665 en relación con
         la exigencia, impuesta por la normativa nacional, de que el recurso debe interponerse sin demora. La segunda tiene por objeto
         los efectos que se derivan de esta Directiva respecto a la facultad discrecional reconocida a los tribunales nacionales para
         prorrogar los plazos del recurso. 
      
       Sobre la primera parte de la segunda cuestión
      37      En la primera parte de la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 89/665
         debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un precepto, como el artículo 47, apartado 7, letra b), del Reglamento
         de 2006, exija que el recurso se interponga sin demora. 
      
      38      Como se recuerda en el apartado 29 de la presente sentencia, el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 impone a los
         Estados miembros la obligación de garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas
         de manera eficaz y lo más rápidamente posible. Para cumplir el objetivo de celeridad perseguido por esta Directiva, se permite
         que los Estados miembros impongan plazos de recurso con objeto de obligar a los operadores económicos a impugnar en plazos
         breves las medidas preparatorias o las decisiones de trámite adoptadas durante el procedimiento de adjudicación de un contrato
         (véanse, en este sentido, las sentencias Universale-Bau y otros, antes citada, apartados 75 a 79; de 12 de febrero de 2004,
         Grossmann Air Service, C‑230/02, Rec. p. I‑1829, apartados 30 y 36 a 39, y de 11 de octubre de 2007, Lämmerzahl, C‑241/06,
         Rec. p. I‑8415, apartados 50 y 51). 
      
      39      El objetivo de celeridad perseguido por la Directiva 89/665 debe realizarse en Derecho nacional con respeto a las exigencias
         de seguridad jurídica. Con este fin, los Estados miembros tienen la obligación de establecer un régimen de plazos suficientemente
         preciso, claro y previsible para permitir que los particulares conozcan sus derechos y obligaciones (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania, C‑361/88, Rec. p. I‑2567, apartado 24, y de 7 de noviembre de 1996,
         Comisión/Luxemburgo, C‑221/94, Rec. p. I‑5669, apartado 22).
      
      40      Por otra parte, el objetivo de celeridad perseguido por la Directiva 89/665 no permite a los Estados miembros prescindir del
         principio de efectividad, de acuerdo con el cual las normas de aplicación de los plazos de caducidad nacionales no deben hacer
         imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos de los interesados al amparo del Derecho comunitario, principio
         que subyace al objetivo de eficacia del recurso, expresado en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva. 
      
      41      Un precepto nacional, como el artículo 47, apartado 7, letra b), del Reglamento de 2006, de acuerdo con el cual sólo se podrá
         interponer un recurso cuando «se presente sin demora y, en cualquier caso, en el plazo de tres meses», conlleva una incertidumbre.
         En efecto, no cabe descartar que tal precepto faculte a los tribunales nacionales para inadmitir un recurso por caducidad
         de la acción, aun antes de expirar el plazo de tres meses, si consideran que el recurso no se ha interpuesto «sin demora»
         en el sentido de este precepto. 
      
      42      Como sostiene la Abogado General en el punto 69 de sus conclusiones, no puede preverse el tiempo disponible de un plazo de
         caducidad cuya duración se deja a la libre discreción del tribunal competente. Por ello, un precepto nacional que establece
         tal plazo no garantiza la adaptación efectiva del Derecho interno a lo dispuesto en la Directiva 89/665. 
      
      43      Se desprende de lo que antecede que procede responder a la primera parte de la segunda cuestión en el sentido de que el artículo
         1, apartado 1, de la Directiva 89/665 se opone a que un precepto nacional, como el controvertido en el litigio principal,
         permita a un tribunal nacional inadmitir por caducidad un recurso destinado a que se declare la infracción de las normas de
         adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por la infracción de estas normas,
         en virtud de la aplicación del criterio, valorado de forma discrecional, de que tales recursos deben interponerse sin demora.
         
      
       Sobre la segunda parte de la segunda cuestión
      44      En la segunda parte de la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, qué efectos se derivan
         de la Directiva 89/665 respecto a la facultad discrecional reconocida al tribunal nacional para prorrogar los plazos del recurso.
         
      
      45      En el ámbito de las disposiciones nacionales que adaptan el Derecho interno a una directiva, los órganos jurisdiccionales
         nacionales están obligados a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva
         de que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue (véanse las sentencias de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann,
         14/83, Rec. p. 1891, apartado 26, y de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑8835, apartado 113).
      
      46      En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional nacional dar a las disposiciones internas que establecen el plazo
         de caducidad, en la mayor medida posible, una interpretación conforme con el objetivo de la Directiva 89/665 (véanse, en este
         sentido, las sentencias de 27 de febrero de 2003, Santex, C‑327/00, Rec. p. I‑1877, apartado 63, y Lämmerzahl, antes citada,
         apartado 62).
      
      47      Con el fin de satisfacer las exigencias contenidas en la respuesta a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional que conoce
         del asunto debe, en la mayor medida posible, interpretar las disposiciones nacionales sobre el plazo para interponer recurso
         de forma que se garantice que este plazo sólo empieza a correr a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debiera haber
         tenido conocimiento de la infracción de las normas aplicables a la adjudicación del contrato público en cuestión. 
      
      48      Si las disposiciones nacionales de que se trata no permitieran tal interpretación, ese órgano jurisdiccional deberá, haciendo
         uso de sus facultades discrecionales, prorrogar el plazo para interponer recurso de manera que se garantice al demandante
         un plazo equivalente a aquel de que habría dispuesto si el plazo establecido por la normativa nacional hubiera empezado a
         correr a partir la fecha en que tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la infracción de las normas de adjudicación de
         los contratos públicos. 
      
      49      En cualquier caso, si las disposiciones nacionales referentes a los plazos para interponer recurso no pudieran interpretarse
         de conformidad con la Directiva 89/665, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicarlas, con objeto de aplicar
         íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede a los particulares (véanse, en este sentido, las
         sentencias, antes citadas, Santex, apartado 64, y Lämmerzahl, apartado 63). 
      
      50      Por lo tanto, procede responder a la segunda parte de la segunda cuestión que la Directiva 89/665 impone al órgano jurisdiccional
         nacional la obligación de, haciendo uso de sus facultades discrecionales, prorrogar el plazo para interponer recurso de forma
         que se garantice al demandante un plazo equivalente a aquel de que habría dispuesto si el plazo previsto por la normativa
         nacional aplicable hubiera comenzado a correr a partir de la fecha en que tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la infracción
         de las normas de adjudicación de los contratos públicos. Si las disposiciones nacionales referentes a los plazos para interponer
         recurso no pudieran interpretarse de conformidad con la Directiva 89/665, el órgano jurisdiccional nacional deberá abstenerse
         de aplicarlas, con objeto de aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar los derechos que éste concede a los particulares.
         
      
       Costas
      51      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación
            de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso
            en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva
            92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, exige que el plazo para interponer un recurso destinado a que se declare la
            infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización de daños y perjuicios por
            la infracción de estas normas comience a correr en la fecha en que el demandante haya tenido o debiera haber tenido conocimiento
            de tal infracción. 
      2)      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 92/50, se opone a que un precepto
            nacional, como el controvertido en el litigio principal, permita a un tribunal nacional inadmitir por caducidad un recurso
            destinado a que se declare la infracción de las normas de adjudicación de los contratos públicos o a obtener una indemnización
            de daños y perjuicios por la infracción de estas normas, en virtud de la aplicación del criterio, valorado de forma discrecional,
            de que tales recursos deben interponerse sin demora. 
      3)      La Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 92/50, impone al órgano jurisdiccional nacional la obligación
            de, haciendo uso de sus facultades discrecionales, prorrogar el plazo para interponer recurso de forma que se garantice al
            demandante un plazo equivalente a aquel de que habría dispuesto si el plazo previsto por la normativa nacional aplicable hubiera
            comenzado a correr a partir de la fecha en que tuvo o debiera haber tenido conocimiento de la infracción de las normas de
            adjudicación de los contratos públicos. Si las disposiciones nacionales referentes a los plazos para interponer recurso no
            pudieran interpretarse de conformidad con la Directiva 89/665, en su versión modificada por la Directiva 92/50, el órgano
            jurisdiccional nacional deberá abstenerse de aplicarlas, con objeto de aplicar íntegramente el Derecho comunitario y tutelar
            los derechos que éste concede a los particulares. 
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.