CELEX: 52012PC0010
Language: es
Date: 2012-01-25
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos

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		52012PC0010
		
			Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos /* COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS

1.                      
Contexto de la propuesta

La presente exposición de motivos
presenta en detalle el enfoque del nuevo marco jurídico para la protección de
los datos personales en la UE como se establece en la Comunicación COM (2012) 9
final. El marco jurídico consta de dos propuestas legislativas: 
–     
una propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (Reglamento general de protección de datos), y
–     
una propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales por las autoridades competentes
a efectos de la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de
infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, y a la libre
circulación de estos datos. 
La presente exposición de motivos se
refiere a esta última propuesta legislativa. 
La piedra angular de la legislación
vigente de la UE en materia de protección de datos, la Directiva 95/46/CE[1], fue adoptada en
1995 con un doble objetivo: defender el derecho fundamental a la protección de
datos y garantizar la libre circulación de datos personales entre los Estados
miembros. Se complementó con varios instrumentos que establecen normas
específicas sobre protección de datos en el ámbito de la cooperación policial y
judicial en materia penal[2]
(antiguo tercer pilar), incluida la Decisión Marco 2008/977/JAI[3]. 
El Consejo
Europeo invitó a la Comisión a evaluar el funcionamiento de los instrumentos de
la UE en materia de protección de datos y a presentar, en caso necesario,
nuevas iniciativas legislativas y no legislativas[4]. En su resolución
sobre el Programa de Estocolmo, el Parlamento Europeo[5] acogió
favorablemente un régimen general de protección de datos en la UE y, entre
otras cosas, abogó por la revisión de la Decisión Marco. En su Plan de acción
por el que se aplica el programa de Estocolmo[6],
la Comisión subrayó la necesidad de garantizar que el derecho fundamental a la
protección de datos de carácter personal se aplique de forma coherente en el
contexto de todas las políticas de la UE. El Plan de Acción subrayaba que «en
una sociedad global caracterizada por la rapidez del cambio tecnológico, donde
el intercambio de información no conoce fronteras, es especialmente importante
proteger la intimidad. La Unión debe garantizar la aplicación coherente
del derecho fundamental a la protección de datos. Debemos reforzar la
posición de la UE en cuanto a la protección de los datos personales en el
contexto de todas las políticas de la UE, incluida la represión policial y la
prevención de la delincuencia, así como en nuestras relaciones
internacionales.».
En su Comunicación titulada «Un enfoque
global de la protección de los datos personales en la Unión Europea»[7], la Comisión
concluyó que la UE necesita una política más integradora y coherente en materia
del derecho fundamental de la protección de datos de carácter personal. 
La Decisión Marco 2008/977/JAI tiene un
ámbito de aplicación limitado, ya que solo se aplica al tratamiento
transfronterizo de datos y no a las actividades de tratamiento por parte de las
autoridades policiales y judiciales a nivel puramente nacional. Ello puede
crear dificultades a las autoridades policiales y otras autoridades competentes
en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación
policial. No son siempre capaces de distinguir fácilmente entre el tratamiento
meramente nacional y el transfronterizo no de prever si determinados datos
personales pueden convertirse en objeto de un intercambio transfronterizo en
una fase posterior (véase la sección 2). Además, por su naturaleza y contenido,
la Decisión Marco deja un amplio margen de maniobra a los Estados miembros para
transponer sus disposiciones de Derecho interno. Por otra parte, no contiene
ningún mecanismo o grupo consultivo similar al Grupo del artículo 29 que
sustente una interpretación común de sus disposiciones, ni establece
competencias de ejecución de la Comisión a fin de garantizar un enfoque común
en su aplicación. 
El artículo 16, apartado 1, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el principio según el
cual toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter
personal. Además, con el artículo 16, apartado 2, del TFUE, el Tratado de
Lisboa introduce una base jurídica específica para la adopción de normas
relativas a la protección de los datos personales que también se aplica a la
cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. El artículo 8
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra como derecho
fundamental la protección de los datos personales. El artículo 16 del TFUE obliga
al legislador a establecer normas relativas a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, también en los
ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial,
que comprende tanto el tratamiento de datos personales transfronterizo como el
nacional. Ello permitirá que se protejan los derechos y libertades
fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la
protección de los datos personales, garantizando al mismo tiempo el intercambio
de datos personales con fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales.
Todo ello contribuirá a facilitar la cooperación en el ámbito de la lucha
contra la delincuencia en Europa. 
Debido a la naturaleza específica del
ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, en la
Declaración 21[8]
se reconoció que podrían requerirse normas específicas para la protección de
datos de carácter personal y la libre circulación de dichos datos en los
ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación
policial que se basen en el artículo 16 del TFUE.

2.                      
Resultados de la consulta de las partes interesadas y
evaluación de impacto

Esta iniciativa es el resultado de una
amplia consulta con todas las partes interesadas sobre la revisión del actual
marco jurídico para la protección de datos de carácter personal, que incluyó
dos fases de consulta pública:
–     
Del 9 de julio al 31 de diciembre de 2009, la Consulta
sobre el marco jurídico para el derecho fundamental a la protección de datos de
carácter personal. La Comisión recibió 168 respuestas, 127 de personas
físicas, organizaciones y asociaciones empresariales, y 12 de autoridades
públicas. Las respuestas no confidenciales pueden consultarse en el sitio
internet de la Comisión[9].

–     
Del 4 de noviembre de 2010 al 15 de enero de
2011, la Consulta sobre el enfoque global de la Comisión sobre la protección
de datos de carácter personal en la Unión Europea. La Comisión recibió 305
respuestas, de las cuales 54 procedían de ciudadanos, 31 de autoridades
públicas y 220 de organizaciones privadas, especialmente de asociaciones
empresariales y organizaciones no gubernamentales. Las respuestas no
confidenciales pueden consultarse en el sitio internet de la Comisión[10]. 
Habida cuenta de que dichas consultas se
centraron en gran medida en la revisión de la Directiva 95/46/CE, se llevaron a
cabo consultas específicas con los servicios con funciones coercitivas; en
particular, el 29 de junio de 2010 se organizó un seminario con las autoridades
de los Estados miembros sobre la aplicación de las normas de protección de
datos a las autoridades públicas, incluso en el ámbito de la cooperación
judicial en materia penal y la cooperación policial. Además, el 2 de febrero de
2011, la Comisión convocó un seminario con las autoridades de los Estados
miembros para debatir sobre la aplicación de la Decisión Marco 2008/977/JAI del
Consejo y, más en general, cuestiones de protección de datos en el ámbito de la
cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. 
Se consultó a los ciudadanos de la UE
mediante un Eurobarómetro realizado en noviembre-diciembre de 2010[11]. También se
pusieron en marcha varios estudios[12].
El «Grupo del Artículo 29»[13]
emitió varios dictámenes y presentó observaciones útiles a la Comisión[14]. El Supervisor
Europeo de Protección de Datos también emitió un dictamen general sobre los
temas planteados en la Comunicación de la Comisión de noviembre de 2010[15]. 
Mediante su Resolución de 6 de julio de
2011 el Parlamento Europeo aprobó un informe que respaldaba el planteamiento de
la Comisión para reformar el marco de la protección de datos[16]. El 24 de febrero
de 2011, el Consejo de la Unión Europea adoptó las conclusiones en las que
respalda en términos generales la intención de la Comisión de reformar el marco
de la protección de datos, y concuerda con muchos elementos del planteamiento
de la Comisión. El Comité Económico y Social Europeo también apoyó el impulso
general de la Comisión destinado a garantizar una aplicación más coherente de
las normas de protección de datos de la UE en todos los Estados miembros y una
revisión adecuada de la Directiva 95/46/CE[17].
De conformidad con su política «Legislar
mejor», la Comisión realizó una evaluación de impacto de distintas
posibilidades de actuación[18].
La evaluación de impacto se basó en tres objetivos estratégicos: mejorar la
dimensión de mercado interior de la protección de datos, hacer más efectivo el
ejercicio de los derechos de protección de datos por los ciudadanos y crear un
marco global y coherente que abarque todos los ámbitos de competencia de la
Unión, incluida la cooperación policial y judicial en materia penal. Respecto a
este último objetivo en particular, se evaluaron dos opciones estratégicas: una
primera que básicamente amplía el ámbito de aplicación de las normas de
protección de datos en este campo y aborda las carencias y otras cuestiones
planteadas por la Decisión Marco, y una segunda de mayor alcance, con normas muy
prescriptivas y estrictas, que también entrañaría la modificación inmediata de
todos los demás instrumentos del «antiguo tercer pilar». Una tercera opción
«minimalista», basada en gran medida en comunicaciones interpretativas y en
medidas de apoyo político, tales como programas de financiación y herramientas
técnicas, con una mínima intervención legislativa, no se consideró apropiada
para tratar las cuestiones señaladas en este ámbito en relación con la
protección de datos.
Con arreglo a la metodología consolidada
de la Comisión, cada opción fue evaluada, con ayuda de un grupo director
interservicios, en función de su efectividad a la hora de alcanzar los
objetivos estratégicos, su impacto económico en los interesados (también sobre
el presupuesto de las instituciones de la UE), su impacto social y su
incidencia en los derechos fundamentales. No se examinó el impacto en el medio
ambiente. 
El análisis del impacto global llevó al
desarrollo de la opción estratégica preferida, que se ha incorporado en la presente
propuesta. Según la evaluación, su ejecución conducirá a un mayor refuerzo de
la protección de datos en este ámbito, mediante la inclusión, en particular,
del tratamiento de datos a escala nacional, gracias a lo cual también se
logrará una mayor seguridad jurídica para las autoridades competentes en los
ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial. 
El 9 de septiembre de 2011, el Comité de
Evaluación de Impacto (CEI) emitió un dictamen sobre el proyecto de evaluación de
impacto. A raíz del dictamen del CEI, se introdujeron en la evaluación de
impacto, entre otros, los cambios siguientes: 
–     
se aclararon los objetivos del marco jurídico
en vigor (en qué medida se alcanzaron y en qué medida no se lograron), y los
objetivos de la reforma prevista;
–     
en la sección consagrada a la definición de
problemas se añadieron más elementos de prueba y explicaciones/aclaraciones
adicionales.
La Comisión elaboró también un informe de
ejecución relativo a la Decisión Marco 2008/977/JAI, basado en su artículo 29,
apartado 2, que se ha de adoptar formando parte del presente paquete de
protección de datos[19].
Las conclusiones del informe, que se basa en las aportaciones realizadas por
los Estados miembros, también se incluyeron en la preparación de la evaluación
de impacto.

3.                      
ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
3.1.                
Base jurídica

La propuesta se basa en el artículo 16,
apartado 2, del TFUE, que es una nueva base jurídica específica introducida por
el Tratado de Lisboa para la adopción de normas relativas a la protección de
las personas físicas con respecto al tratamiento de datos de carácter personal
por parte de las instituciones, órganos y organismos, y por los Estados
miembros en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión, y de normas relativas a la libre
circulación de estos datos.
La propuesta tiene por objeto garantizar
un nivel uniforme y elevado de protección de los datos en este ámbito,
reforzando así la confianza mutua entre las autoridades policiales y judiciales
de los distintos Estados miembros y facilitando la libre circulación de datos y
la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales.

3.2.                
Subsidiariedad y proporcionalidad 

Con arreglo al principio de
subsidiariedad (artículo 5, apartado 3, del TUE), la Unión solo debe intervenir
en caso de que los objetivos perseguidos no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros por sí solos, sino que puedan alcanzarse
mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala
de la Unión. A la luz de los problemas esbozados anteriormente, el análisis de
subsidiariedad indica la necesidad de adoptar iniciativas a escala de la UE en
los ámbitos policial y de justicia penal por las razones siguientes: 
–     
El derecho a la protección de datos de
carácter personal, consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales y en el artículo 16, apartado 1, del TFUE, requiere el mismo
nivel de protección de datos en toda la Unión. Requiere el mismo nivel de
protección para los datos intercambiados y los datos tratados a escala
nacional.
–     
Existe una necesidad creciente de que los
servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros sometan a
tratamiento e intercambien datos a velocidades cada vez mayores con el fin de
prevenir y luchar contra el terrorismo y la delincuencia transnacionales. En
este contexto, la existencia de normas claras y coherentes en materia de
protección de datos a escala de la UE ayudará a fomentar la cooperación entre
dichas autoridades.
–     
Además, existen retos prácticos a la ejecución
de la legislación de protección de datos y la necesidad de cooperación entre
los Estados miembros y sus autoridades, que tiene que organizarse a escala de
la UE para garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión. En
determinadas situaciones, la UE es la que está en mejores condiciones para
garantizar de forma efectiva y coherente el mismo nivel de protección de los
ciudadanos cuando sus datos personales se transfieren a terceros países. 
–     
Por sí solos los Estados miembros no pueden
mitigar los problemas que se plantean en la situación actual, especialmente los
debidos a la fragmentación de las legislaciones nacionales. Por tanto, existe
una necesidad específica de establecer un marco armonizado y coherente que
permita una adecuada transferencia de datos personales a través de las
fronteras interiores de la UE, al tiempo que se garantiza una protección
efectiva a todas las personas físicas en la UE. 
–     
Es probable que las iniciativas legislativas
de la UE propuestas sean más efectivas que acciones similares adoptadas a nivel
de los Estados miembros debido a la naturaleza y magnitud de los problemas, que
no se circunscriben al ámbito de uno o varios Estados miembros. 
El principio de proporcionalidad requiere
que cualquier intervención tenga una finalidad específica y no vaya más allá de
lo necesario para alcanzar sus objetivos. Este principio ha servido de guía en
la elaboración de la presente propuesta, desde la identificación y evaluación
de las opciones políticas alternativas a la redacción de la propuesta
legislativa.
La Directiva es, por consiguiente, el
mejor instrumento para garantizar en este ámbito la armonización a nivel de la
UE y dejar, al mismo tiempo, a los Estados miembros la flexibilidad necesaria a
la hora de aplicar los principios, las normas y sus exenciones a nivel
nacional. Dada la complejidad de las normas nacionales vigentes relativas a la
protección de datos personales tratados en el ámbito de la cooperación policial
y la cooperación judicial en materia penal, y habida cuenta del objetivo de
armonización global de estas normas por medio de la presente Directiva, la
Comisión tendrá que solicitar a los Estados miembros que faciliten documentos
explicativos que aclaren la relación existente entre los componentes de la
Directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de
transposición, a fin de poder llevar a cabo su tarea de supervisión de la
transposición de la presente Directiva.

3.3.                
Resumen de las cuestiones relativas a los
derechos fundamentales

El derecho a la protección de los datos
de carácter personal se establece en el artículo 8 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE, en el artículo 16 del TFUE y en el artículo 8 del CEDH.
Como subrayó el Tribunal de Justicia de la UE[20],
el derecho a la protección de datos de carácter personal no es un derecho
absoluto, sino que se ha de considerar en relación con su función en la
sociedad[21].
La protección de datos está estrechamente vinculada al respeto de la vida
privada y familiar establecido en el artículo 7 de la Carta. Ello se refleja en
el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE, que establece que los
Estados miembros garantizarán la protección de las libertades y de los derechos
fundamentales de las personas físicas, y en particular del derecho a la
intimidad, en lo que respecta al tratamiento de datos personales. 
Otros derechos fundamentales
potencialmente afectados y consagrados en la Carta son la prohibición de
cualquier tipo de discriminación, y en particular la ejercida por razón de
raza, orígenes étnicos, características genéticas, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, discapacidad u orientación sexual
(artículo 21); los derechos del niño (artículo 24) y el derecho a la tutela
judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47).

3.4.                
Exposición detallada de la propuesta
3.4.1.          
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

El artículo 1 define el objeto de la
Directiva, es decir, las normas relativas al tratamiento de datos personales
con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y fija el doble
objetivo de la Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades
fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la
protección de los datos personales, al tiempo que se garantiza un alto nivel de
seguridad pública, y asegurar el intercambio de datos personales entre las
autoridades competentes dentro de la Unión. 
El artículo 2 define el ámbito de
aplicación de la Directiva, que no se limita al tratamiento transfronterizo de
datos, sino que se aplica a todas las operaciones de tratamiento efectuadas por
«autoridades competentes» (tal como se definen en el artículo 3, apartado 14),
a los efectos de la Directiva. La Directiva no se aplica ni al tratamiento en
el ejercicio de una actividad que no esté comprendida en el ámbito de
aplicación del Derecho de la Unión, ni a las operaciones de tratamiento
efectuadas por instituciones, órganos y organismos de la Unión, que están
sujetas al Reglamento (CE) nº 45/2001 y otras normas específicas.
El artículo 3 incluye las definiciones de
los términos utilizados en la Directiva. Mientras que algunas definiciones se
han tomado de la Directiva 95/46/CE y la Decisión Marco 2008/977/JAI, otras se
modifican, complementadas con elementos adicionales o nuevos. Los nuevos
conceptos son los de «violación de datos personales», «datos genéticos» y
«datos biométricos», «autoridades competentes» [sobre la base del artículo 87,
del TFUE y el artículo 2, letra h), de la Decisión Marco 2008/977/JAI], y
«niño», basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del
Niño[22].

3.4.2.          
CAPÍTULO II - PRINCIPIOS

El artículo 4 establece los principios
relativos al tratamiento de datos personales, inspirándose en el artículo 6 de
la Directiva 95/46/CE y en el artículo 3 de la Decisión Marco 2008/977/JAI,
aunque adaptándolos al contexto específico de la presente Directiva.
El artículo 5 exige la distinción, en la
medida de lo posible, entre datos de carácter personal de diferentes categorías
de interesados. Se trata de una nueva disposición, que no figura ni en la
Directiva 95/46/CE ni en la Decisión Marco 2008/977/JAI, pero que había sido
propuesta por la Comisión en su propuesta original en relación con la Decisión
Marco[23].
Está inspirada en la Recomendación del Consejo de Europa R (87) 15. Ya existen
normas similares para Europol[24]
y Eurojust[25].
El artículo 6 sobre los diferentes grados
de precisión y fiabilidad refleja el principio 3.2 de la Recomendación del
Consejo de Europa R (87) 15. Existen normas similares para Europol, también
incluidas en la propuesta de la Comisión relativa a la Decisión Marco[26]. 
El artículo 7 establece los fundamentos
para el tratamiento lícito, cuando resulte necesario para la ejecución de una
tarea realizada por una autoridad competente, sobre la base de la legislación
nacional, para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto
el responsable del tratamiento, con el fin de proteger los intereses vitales
del interesado o de otra persona, o para evitar una amenaza inminente y grave
para la seguridad pública. Los demás fundamentos para el tratamiento lícito que
figuran en el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE no son adecuados para el
tratamiento en los ámbitos policial y de la justicia penal. 
El artículo 8 establece una prohibición
general del tratamiento de categorías especiales de datos personales y las
excepciones a esta norma general, inspirándose en el artículo 8 de la Directiva
95/46/CE y añadiendo los datos genéticos, a raíz de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos[27].

El artículo 9 establece la prohibición de
las medidas basadas únicamente en el tratamiento automático de datos personales
si no se autorizan por ley, ofreciendo las garantías apropiadas, de conformidad
con el artículo 7 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.3.          
CAPÍTULO III – DERECHOS DEL INTERESADO

El artículo 10 introduce la obligación de
los Estados miembros de ofrecer información de fácil acceso y comprensión,
inspirada especialmente en el principio 10 de la Resolución de Madrid relativa
a estándares internacionales sobre protección de datos personales y privacidad[28], y obliga a los
responsables del tratamiento a establecer procedimientos y mecanismos para
facilitar el ejercicio de los derechos del interesado. Ello incluye la
obligación de que el ejercicio de los derechos sea en principio gratuito.
En el artículo 11 se especifica la
obligación de los Estados miembros de garantizar la información al interesado.
Estas obligaciones se fundamentan en los artículos 10 y 11 de la Directiva
95/46/CE, sin que distintos artículos distingan si la información se recoge del
interesado o no, y ampliando el espectro de la información que se ha de
facilitar. Este artículo establece excepciones a la obligación de informar,
cuando tales excepciones sean proporcionadas y necesarias en una sociedad
democrática para el ejercicio de las tareas de las autoridades competentes (de
conformidad con el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE y el artículo 17 de la
Decisión Marco 2008/977/JAI). 
El artículo 12 establece la obligación de
los Estados miembros de garantizar el derecho del interesado a acceder a sus
datos personales. Se inspira en el artículo 12, letra a), de la Directiva
95/46/CE, añadiendo nuevos elementos para la información de los interesados
(relativos al periodo de conservación, sus derechos de rectificación, supresión
o restricción y a presentar una reclamación).
El artículo 13 establece que los Estados
miembros podrán adoptar medidas legislativas que restrinjan el derecho de
acceso, si así lo exige la naturaleza específica del tratamiento de datos en
los ámbitos policial y de la justicia penal, y sobre la información del
interesado relativa a una restricción de acceso, de conformidad con el artículo
17, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2008/977/JAI. 
El artículo 14 dispone que, cuando se
restrinja el acceso directo, el interesado debe ser informado de la posibilidad
de recurrir al acceso indirecto a través de la autoridad de control, que debe
ejercer el derecho en su nombre y ha de informar al interesado del resultado de
sus verificaciones.
El artículo 15 sobre el derecho de
rectificación se inspira en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE;
y, por lo que se refiere a las obligaciones en caso de denegación, en el
artículo 18, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI. 
El artículo 16 sobre el derecho de
supresión se inspira en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE y,
por lo que se refiere a las obligaciones en caso de denegación, en el artículo
18, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/977/JAI. Este artículo integra
también el derecho a que se marque el tratamiento en determinados casos,
sustituyendo el término ambiguo «bloqueo», utilizado en el artículo 12, letra
b), de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 18, apartado 1, de la Decisión
Marco 2008/977/JAI. 
El artículo 17 sobre la rectificación,
supresión y restricción del tratamiento en los procedimientos judiciales aporta
precisiones sobre la base del artículo 4, apartado 4, de la Decisión Marco
2008/977/JAI.

3.4.4.          
CAPÍTULO IV – RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO
3.4.4.1.    
SECCIÓN 1 - OBLIGACIONES GENERALES

El artículo 18 describe la obligación del
responsable del tratamiento de ajustarse a lo establecido en la presente
Directiva y garantizar su cumplimiento, incluida la adopción de políticas y
mecanismos a tal efecto.
El artículo 19 establece que los Estados
miembros deben velar por que el responsable del tratamiento cumpla las
obligaciones que emanan de los principios de la protección de datos desde el
diseño y por defecto.
El artículo 20 relativo a los
corresponsables del tratamiento aclara su situación por lo que respecta a su
relación interna.
El artículo 21 aclara la posición y la
obligación de los encargados del tratamiento, inspirándose en parte en el
artículo 17, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, y añadiendo nuevos
elementos, incluido que un encargado que trate datos más allá de las
instrucciones del responsable del tratamiento ha de ser considerado
corresponsable.
El artículo 22, relativo al tratamiento
efectuado bajo la autoridad del responsable y el encargado del tratamiento, se
inspira en el artículo 16 de la Directiva 95/46/CE. 
El artículo 23 introduce la obligación de
que los responsables y encargados del tratamiento conserven la documentación de
todos los sistemas y procedimientos de tratamiento que estén bajo su
responsabilidad.
El artículo 24 se refiere a la
conservación de registros, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la
Decisión Marco 2008/977, al tiempo que aporta nuevas precisiones.
El artículo 25 aclara las obligaciones
del responsable y del encargado del tratamiento en relación con la cooperación
con la autoridad de control. 
El artículo 26 se refiere a los casos en
que es obligatorio consultar a la autoridad de control antes del tratamiento,
inspirado en el artículo 23 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.4.2.    
SECCIÓN 2 - SEGURIDAD DE LOS DATOS

El artículo 27, relativo a la seguridad
del tratamiento, se inspira en el actual artículo 17, apartado 1, de la
Directiva 95/46/CE, relativo a la seguridad del tratamiento, y en el artículo
22 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, por el que se amplían las obligaciones
correspondientes a los encargados del tratamiento, con independencia de su
contrato con el responsable del tratamiento.
Inspirados en la notificación de la
violación de datos personales contemplada en el artículo 4, apartado 3, de la
Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, los
artículos 28 y 29 introducen la obligación de notificar las violaciones de
datos personales, aclarando y separando las obligaciones de notificar a la
autoridad de control (artículo 28) y de comunicar, en determinadas
circunstancias, al interesado (artículo 29). El artículo 29 establece también
exenciones haciendo referencia al artículo 11, apartado 4.

3.4.4.3.    
SECCIÓN 3 - DELEGADO DE PROTECCIÓN DE
DATOS 

El artículo 30 introduce la obligación
para el responsable del tratamiento de designar obligatoriamente a un delegado
de protección de datos que debe cumplir las tareas que figuran en el artículo
32. Cuando varias autoridades competentes actúen bajo la supervisión de una
autoridad central que opere en calidad de responsable del tratamiento, al menos
esta autoridad central debe designar a un delegado de protección de datos. El
artículo 18, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE contemplaba la posibilidad de
que los Estados miembros introdujesen tal requisito en lugar de la obligación
de notificación general establecida en dicha Directiva. 
El artículo 31 establece la función del
delegado de protección de datos.
El artículo 32 establece las tareas del
delegado de protección de datos. 

3.4.5.          
CAPÍTULO V – TRANSFERENCIA DE DATOS
PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

El artículo 33 establece los principios
generales para las transferencias de datos a terceros países u organizaciones
internacionales en el ámbito de la cooperación policial y la cooperación
judicial en materia penal, incluidas las transferencias ulteriores. Este
artículo aclara que las transferencias a terceros países sólo podrán llevarse a
cabo si son necesarias para la prevención, la investigación, la detección o el
enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales. 
El artículo 34 establece que se pueden
realizar transferencias a cualquier tercer país en relación con el cual la
Comisión haya adoptado una decisión de adecuación, con arreglo al Reglamento
…./../201X o, más específicamente, en el ámbito de la cooperación policial y la
cooperación judicial en materia penal, o, en ausencia de tales decisiones,
cuando se den las garantías apropiadas. Mientras no existan decisiones de
adecuación, la Directiva garantiza que las transferencias pueden seguir
llevándose a cabo, siempre que existan las garantías y excepciones adecuadas.
Además, la Directiva fija los criterios que deberán tenerse en cuenta para que
la Comisión evalúe si existe o no un nivel adecuado de protección y entre ellos
se incluyen expresamente el Estado de Derecho, el recurso jurisdiccional y la
supervisión independiente. El artículo contempla también la posibilidad de que
la Comisión evalúe el nivel de protección que ofrece un territorio o un sector
de tratamiento en un tercer país. Establece también que, en el ámbito de
aplicación de la presente Directiva, será aplicable una decisión general de
adecuación adoptada con arreglo a los procedimientos establecidos en el
artículo 38 del Reglamento general de protección de datos. Alternativamente, la
Comisión puede adoptar una decisión de adecuación exclusivamente a los fines de
la presente Directiva.
El artículo 35 define las garantías
apropiadas que se necesitan antes de efectuar transferencias internacionales,
en ausencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Estas garantías
pueden ser invocadas mediante un instrumento jurídicamente vinculante, como un
acuerdo internacional. Alternativamente, el responsable del tratamiento puede,
sobre la base de una evaluación de las circunstancias que concurran en la transferencia,
concluir que existen.
El artículo 36 especifica las excepciones
para la transferencia de datos, inspirándose en el artículo 26 de la Directiva
95/46/CE y el artículo 13 de la Decisión Marco 2008/977/JAI.
El artículo 37 obliga a los Estados
miembros a disponer que el responsable del tratamiento informe al destinatario
de toda restricción al tratamiento y tome todas las medidas razonables para
garantizar que los destinatarios de los datos personales en el tercer país u
organización internacional cumplen estas restricciones.
El artículo 38 establece explícitamente
mecanismos de cooperación internacional para la protección de los datos
personales entre la Comisión y las autoridades de control de terceros países,
en particular aquellos que se considere que ofrecen un nivel de protección
adecuado, teniendo en cuenta la Recomendación de la OCDE relativa a la
cooperación transfronteriza en la aplicación de las legislaciones que protegen
la privacidad, de 12 de junio de 2007. 
CAPÍTULO VI – AUTORIDADES NACIONALES DE
CONTROL

3.4.5.1.    
SECCIÓN 1 - INDEPENDENCIA

Sobre la base del artículo 28, apartado
1, de la Directiva 95/46/CE y el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/977/JAI,
que amplía la misión de las autoridades de control para que contribuyan a la
aplicación coherente de la Directiva en toda la Unión, el artículo 39 obliga a
los Estados miembros a crear autoridades de control, que pueden ser la creada
en virtud del Reglamento general de protección de datos.
El artículo 40, que aplica la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE[29], aclara las
condiciones para la independencia de las autoridades de control, inspirado
también en el artículo 44 del Reglamento (CE) nº 45/2001[30]. 
El artículo 41 establece las condiciones
generales aplicables a los miembros de la autoridad de control, en aplicación
de la jurisprudencia pertinente[31]
e inspirado también en el artículo 42, apartados 2 a 6, del Reglamento (CE) nº
45/2001.
El artículo 42 establece las normas
relativas a la creación de la autoridad de control, incluidas las condiciones
de sus miembros, que han de establecer los Estados miembros por ley.
El artículo 43, relativo al secreto
profesional de los miembros y el personal de la autoridad de control, sigue lo
dispuesto en el artículo 28, apartado 7, de la Directiva 95/46/CE y el artículo
25, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/977/JAI.

3.4.5.2.    
SECCIÓN 2 - FUNCIONES Y PODERES

El artículo 44 establece la competencia
de las autoridades de control, sobre la base del artículo 28, apartado 6, de la
Directiva 95/46/CE y el artículo 25, apartado 1, DE la Decisión Marco
2008/977/JAI. Cuando ejercen su función jurisdiccional, los órganos
jurisdiccionales están exentos de la supervisión por parte de la autoridad de
control, aunque no de la aplicación de las normas sustantivas en materia de
protección de datos. 
El artículo 45 establece la obligación de
los Estados miembros de disponer las funciones de la autoridad de control,
especialmente la admisión a trámite y la investigación de las reclamaciones y
el fomento de la sensibilización de la opinión pública sobre riesgos, normas,
garantías y derechos. Cuando se deniegue o restrinja el acceso directo, una
función propia de las autoridades de control en el contexto de la presente
Directiva es el ejercicio del derecho de acceso por cuenta de los interesados y
de verificación de la licitud del tratamiento de datos. 
El artículo 46 establece los poderes de
la autoridad de control, basándose en el artículo 28, apartado 3, de la
Directiva 95/46/CE y el artículo 25, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco
2008/977/JAI. Inspirado en el artículo 28, apartado 5, de la Directiva
95/46/CE, el artículo 47 obliga a las autoridades de control a elaborar
informes anuales de actividad.

3.4.6.          
CAPÍTULO VII - COOPERACIÓN Y COHERENCIA

El artículo 48 introduce normas sobre la
asistencia mutua obligatoria, mientras que el artículo 28, apartado 6, punto 2,
de la Directiva 95/46/CE simplemente establecía una obligación general de
cooperar, sin especificar más.
El artículo 49 establece que el Consejo
Europeo de Protección de Datos, establecido por el Reglamento general de
protección de datos, también ejerce sus funciones en relación con las
actividades de tratamiento en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Con el fin de proporcionar apoyo complementario, la Comisión solicitará el
asesoramiento de representantes de las autoridades de los Estados miembros
competentes para la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de
infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, así como de
representantes de Europol y Eurojust, por medio de un grupo de expertos en los
aspectos relacionados con la función coercitiva de la protección de datos. 

3.4.7.          
CAPÍTULO VIII – RECURSOS, RESPONSABILIDAD
Y SANCIONES

Inspirado en el artículo 28, apartado 4,
de la Directiva 95/46/CE, el artículo 50 establece el derecho de todo
interesado a presentar una reclamación ante una autoridad de control, y se
refiere a cualquier infracción de la Directiva en relación con el reclamante.
Asimismo especifica los organismos, organizaciones o asociaciones que pueden
presentar una reclamación en nombre del interesado y también en caso de
violación de datos personales, con independencia de la reclamación de un
interesado.
El artículo 51 se refiere al derecho a un
recurso judicial contra una autoridad de control. Se basa en la disposición
general del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 95/46/CE y establece
expresamente que el interesado puede ejercitar acciones judiciales para obligar
a la autoridad de control a actuar a raíz de una reclamación.
Basado en el artículo 22 de la Directiva
95/46/CE y en el artículo 20 de la Decisión Marco 2008/977/JAI, el artículo 52
se refiere al derecho a un recurso judicial contra un responsable o encargado
del tratamiento. 
El artículo 53 introduce normas comunes
aplicables a los procedimientos judiciales, incluidos los derechos de los
organismos, organizaciones o asociaciones de representar a los interesados ante
los órganos jurisdiccionales, y el derecho de las autoridades de control a
ejercitar acciones jurisdiccionales. La obligación de los Estados miembros de
garantizar la celeridad de las acciones se inspira en el artículo 18, apartado
1, de la Directiva 2000/31/CE sobre comercio electrónico[32].
El artículo 54 obliga a los Estados
miembros a establecer el derecho de indemnización. Inspirado en el artículo 23
de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 19, apartado 1, de la Decisión Marco
2008/977/JAI, amplía este derecho a los perjuicios causados por los encargados
del tratamiento y aclara la responsabilidad de los corresponsables y
coencargados.
El artículo 55 obliga a los Estados
miembros a establecer normas relativas a las sanciones, a sancionar las
infracciones de la Directiva, y a garantizar su aplicación.

3.4.8.          
CAPÍTULO IX – ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE
EJECUCIÓN

El artículo 56 contiene disposiciones
normalizadas para el ejercicio de las delegaciones en consonancia con el
artículo 290 del TFUE. Ello permite al legislador delegar en la Comisión los
poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o
modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo (actos
cuasi legislativos). 
El artículo 57 contiene la disposición
relativa al procedimiento del comité necesario para la atribución de
competencias de ejecución a la Comisión en los casos en que, de conformidad con
el artículo 291 del TFUE, se requieran condiciones uniformes de ejecución de
los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Es de aplicación el
procedimiento de examen.

3.4.9.          
CAPÍTULO X - DISPOSICIONES FINALES

El artículo 58 deroga la Decisión Marco
2008/977/JAI. 
El artículo 59 establece que se mantienen
inalteradas las disposiciones específicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por parte de autoridades competentes a efectos de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales en actos de la Unión adoptados antes de la fecha
de adopción de la presente Directiva que regulen el tratamiento de datos
personales o el acceso a los sistemas de información establecidos en el ámbito
de aplicación de la misma.
El artículo 60 aclara la relación de la
presente Directiva con los acuerdos internacionales celebrados anteriormente
por los Estados miembros en los ámbitos de la cooperación judicial en materia
penal y de la cooperación policial.
El artículo 61 establece la obligación de
la Comisión de evaluar e informar sobre la aplicación de la Directiva, a fin de
determinar la necesidad de adaptar a la presente Directiva las disposiciones
específicas adoptadas anteriormente contempladas en el artículo 59.
El artículo 62 establece la obligación de
los Estados miembros de incorporar la Directiva a sus legislaciones nacionales
y de comunicar a la Comisión las disposiciones adoptadas de conformidad con la
misma.
El artículo 63 determina la fecha de la
entrada en vigor de la Directiva.
El artículo 64 establece los
destinatarios de la Directiva.
4.         IMPLICACIONES
PRESUPUESTARIAS 
La ficha financiera legislativa que
acompaña a la propuesta de Reglamento general de protección de datos comprende
la incidencia presupuestaria del Reglamento y de la presente Directiva.
2012/0010 (COD)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y
la libre circulación de dichos datos
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO
DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 16, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Previa consulta del Supervisor Europeo de
Protección de Datos[33],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1)              
La protección de las personas físicas en
relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental. El
artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y el artículo 16, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea establecen que toda persona tiene derecho a la protección de los datos
personales que le conciernan.
(2)              
El tratamiento de datos personales está al
servicio del hombre; los principios y normas relativos a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter
personal deben, cualquiera que sea la nacionalidad o residencia de estas
personas, respetar las libertades y derechos fundamentales, en particular el
derecho a la protección de los datos de carácter personal. Debe contribuir a la
plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
(3)              
La rápida evolución tecnológica y la
globalización han supuesto nuevos retos para la protección de los datos
personales. Se ha incrementado de manera espectacular la magnitud del
intercambio y la recogida de datos. La tecnología permite que las autoridades
públicas utilicen datos personales en una escala sin precedentes a la hora de
desarrollar sus actividades. 
(4)              
Ello requiere facilitar la libre circulación
de datos entre las autoridades competentes en el seno de la Unión y la
transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, al tiempo que
se garantiza un alto nivel de protección de los datos personales. Exige el
establecimiento de un marco más sólido y coherente para la protección de datos
en la Unión Europea, respaldado por una ejecución estricta. 
(5)              
La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos[34],
se aplica a todas las actividades de tratamiento de datos personales en los
Estados miembros tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, no
se aplica al tratamiento de datos personales efectuado «en el ejercicio de
actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho
comunitario», como las actividades en los ámbitos de la cooperación judicial en
materia penal y de la cooperación policial.
(6)              
La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de
27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados
en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal[35], es aplicable en
los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación
policial. El ámbito de aplicación de esta Decisión Marco se limita al tratamiento
de los datos personales transmitidos o puestos a disposición entre los Estados
miembros.
(7)              
Asegurar un nivel uniforme y elevado de
protección de los datos personales de las personas físicas y facilitar el
intercambio de datos personales entre las autoridades competentes de los
Estados miembros es esencial para garantizar la eficacia de la cooperación
judicial en materia penal y de la cooperación policial. A tal efecto, el nivel
de protección de los derechos y libertades de las personas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes
para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, debe ser equivalente
en todos los Estados miembros. La protección efectiva de los datos personales
en la Unión no solo requiere la consolidación de los derechos de los
interesados y de las obligaciones de quienes tratan dichos datos personales,
sino también poderes equivalentes para supervisar y garantizar el cumplimiento
de las normas relativas a la protección de los datos personales en los Estados
miembros.
(8)              
El artículo 16, apartado 2, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea dispone que el Parlamento Europeo y el
Consejo deben establecer las normas relativas a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos de carácter personal y
las normas relativas a la libre circulación de estos datos.
(9)              
Sobre esta base, el Reglamento UE …../2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos),
establece las normas generales para proteger a las personas físicas en relación
con el tratamiento de los datos personales y para garantizar la libre
circulación de los datos personales en la Unión.
(10)          
En la Declaración 21 relativa a la protección
de los datos de carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en
materia penal y la cooperación policial, aneja al Acta final de la Conferencia
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, la Conferencia reconoció
que podrían requerirse normas específicas para la protección de datos de
carácter personal y la libre circulación de dichos datos en los ámbitos de la
cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial que se basen
en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en razón
de la naturaleza específica de dichos ámbitos.
(11)          
Por lo tanto, una nueva Directiva debe
responder a la naturaleza específica de estos ámbitos y establecer las normas
relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales. 
(12)          
A fin de garantizar el mismo nivel de
protección de las personas a través de derechos exigibles legalmente en toda la
Unión y evitar divergencias que dificulten el intercambio de datos personales
entre las autoridades competentes, la Directiva debe establecer normas
armonizadas para la protección y la libre circulación de los datos personales
en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación
policial. 
(13)          
La presente Directiva permite que se tenga en
cuenta el principio de acceso público a los documentos oficiales al aplicar las
disposiciones de la misma.
(14)          
La protección otorgada por la presente
Directiva atañe a las personas físicas, independientemente de su nacionalidad o
lugar de residencia, en relación con el tratamiento de datos personales.
(15)          
La protección de las personas físicas debe ser
tecnológicamente neutra y no debe depender de las técnicas utilizadas, pues de
lo contrario daría lugar a graves riesgos de elusión. La protección de las
personas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así
como a su tratamiento manual, si los datos están contenidos o destinados a ser
incluidos en un fichero. Los ficheros o conjuntos de ficheros y sus carpetas
que no estén estructurados con arreglo a criterios específicos no están
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. La presente
Directiva no debe aplicarse al tratamiento de datos personales efectuado en el
ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho
de la Unión, en particular en lo que respecta a la seguridad nacional, o a los
datos tratados por instituciones, órganos y organismos de la Unión, tales como
Europol o Eurojust. 
(16)          
Los principios de protección deben aplicarse a
toda información relativa a una persona identificada o identificable. Para
determinar si una persona física es identificable deben tenerse en cuenta todos
los medios que razonablemente pudiera utilizar el responsable del tratamiento o
cualquier otro individuo para identificar a dicha persona. Los principios de
protección de datos no deben aplicarse a los datos convertidos en anónimos de
forma que el interesado a quien se refieren ya no resulte identificable. 
(17)          
Los datos personales relacionados con la salud
deben incluir en particular todos los datos relativos a la salud del
interesado; información sobre el registro de la persona para la prestación de
servicios sanitarios; información acerca de los pagos o de la admisibilidad
para la atención sanitaria con respecto a la persona; un número, símbolo u otro
dato asignado a una persona que la identifica de manera unívoca a efectos de
salud; cualquier información acerca de la persona recogida durante la
prestación de servicios sanitarios a esta; información derivada de las pruebas
o los exámenes de una parte del cuerpo o sustancia corporal, incluidas muestras
biológicas; identificación de una persona como prestador de asistencia
sanitaria a la persona; o cualquier información sobre, por ejemplo, toda
enfermedad, discapacidad, riesgo de enfermedades, historia médica, tratamiento
clínico, o estado fisiológico o biomédico real del interesado,
independientemente de su fuente, como, por ejemplo, cualquier médico u otro
profesional de la sanidad, hospital, dispositivo médico, o prueba diagnóstica
in vitro.
(18)          
Todo tratamiento de datos de carácter personal
debe efectuarse de forma lícita, justa y transparente en relación con las personas
afectadas. En particular, los fines específicos para los que se hayan tratado
los datos deben ser explícitos. 
(19)          
Para la prevención, investigación y
enjuiciamiento de infracciones penales, es necesario que las autoridades
competentes conserven y traten datos personales, recogidos en el contexto de la
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales,
más allá de ese contexto específico, con el fin de adquirir un mejor
conocimiento de las tendencias y fenómenos delictivos, recabar información
sobre las redes de delincuencia organizada, y establecer vínculos entre las
distintas infracciones detectadas. 
(20)          
Los datos personales no deben ser tratados
para fines incompatibles con la finalidad para la que fueron recogidos. Los
datos deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines para los
que se traten. Deben tomarse todas las medidas razonables para garantizar que
se rectifiquen o supriman los datos personales que sean inexactos.
(21)          
El principio de exactitud de los datos debe
aplicarse teniendo presente el carácter y finalidad del tratamiento
correspondiente. En particular en los procedimientos judiciales, las
declaraciones que contienen datos personales se basan en la percepción
subjetiva de las personas y, en algunos casos, no siempre son verificables. En
consecuencia, el requisito de exactitud no debe relacionarse con la exactitud
de una afirmación, sino exclusivamente con el hecho de que se ha formulado una
afirmación concreta.
(22)          
En la interpretación y aplicación de los principios
generales relativos al tratamiento de datos personales por parte de las
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, se
han de tener en cuenta las características específicas del sector, incluidos
los objetivos específicos perseguidos. 
(23)          
Es inherente al tratamiento de datos
personales en los ámbitos de la cooperación judicial en materia penal y de la
cooperación policial que se traten datos personales relativos a diferentes
categorías de interesados. Por tanto, en la medida de lo posible, se debe
distinguir claramente entre los datos personales de diferentes categorías de
interesados tales como los sospechosos, los condenados por una infracción
penal, las víctimas y terceros, como los testigos, las personas que posean
información o contactos útiles y los cómplices de sospechosos y delincuentes
condenados. 
(24)          
En la medida de lo posible, debe distinguirse
entre los datos personales en función de su grado de exactitud y fiabilidad. Se
debe distinguir entre hechos y apreciaciones personales, con el fin de
garantizar tanto la protección de las personas como la calidad y fiabilidad de
la información tratada por las autoridades competentes.
(25)          
Para que sea lícito, el tratamiento de datos
personales debe ser necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a
la que esté sujeto el responsable del tratamiento, para el cumplimiento de una
misión de interés público por una autoridad competente prevista por ley, o con
el fin de proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona, o
bien para la prevención de una amenaza inminente y grave para la seguridad
pública.
(26)          
Protección específica merecen los datos
personales que, por su naturaleza, son particularmente sensibles en relación
con los derechos fundamentales o la intimidad, incluidos los datos genéticos.
Tales datos no deben ser tratados, a no ser que el tratamiento esté
específicamente autorizado por una ley que contemple medidas adecuadas para
proteger los intereses legítimos del interesado, sea necesario para
salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona; o se refiera a
datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos.
(27)          
Toda persona física debe tener derecho a no
ser objeto de una medida que se base únicamente en el tratamiento automático si
produce un efecto jurídico desfavorable para él, salvo que esté autorizada por
ley y sujeta a medidas adecuadas para salvaguardar los intereses legítimos del
interesado. 
(28)          
Para poder ejercer sus derechos, cualquier
información que se facilite al interesado debe ser fácilmente accesible y fácil
de entender, utilizando un lenguaje sencillo y claro. 
(29)          
Deben arbitrarse fórmulas para facilitar al
interesado el ejercicio de sus derechos establecidos en la presente Directiva,
incluidos los mecanismos para solicitar de forma gratuita, entre otras cosas,
el acceso a los datos, su rectificación y supresión. El responsable del
tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado
sin demora injustificada. 
(30)          
El principio de tratamiento leal exige que el
interesado sea informado, entre otras cosas, de la existencia de la operación
de tratamiento y sus fines, del plazo de conservación de los datos, de la
existencia del derecho de acceso, rectificación o supresión y del derecho a
presentar una reclamación. Cuando los datos se obtengan de los interesados,
estos también deben ser informados de si están obligados a facilitarlos y de
las consecuencias, en caso de que no lo hicieran.
(31)          
La información sobre el tratamiento de los
datos de carácter personal relativos a los interesados debe ser facilitada a
estos últimos en el momento de su recogida, o, si los datos no se recogieran de
los interesados, en el momento del registro o en un plazo razonable después de
la recogida, habida cuenta de las circunstancias específicas en que se traten
los datos. 
(32)          
Toda persona debe tener el derecho de acceder
a los datos recogidos que le conciernan y a ejercer este derecho con facilidad,
con el fin de conocer y verificar la licitud del tratamiento. Todo interesado
debe, por tanto, tener el derecho de conocer y de que se le comuniquen, en
particular, los fines para los que se tratan los datos, el plazo de su
conservación, los destinatarios que los reciben, incluso en terceros países. Se
debe autorizar a los interesados a recibir una copia de sus datos personales
que estén siendo tratados.
(33)          
Debe permitirse a los Estados miembros adoptar
medidas legislativas que retrasen, restrinjan u omitan la información de los
interesados o el acceso a sus datos personales en la medida y siempre que dicha
restricción total o parcial constituya una medida necesaria y proporcionada en
una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los intereses
legítimos de la persona de que se trate, con el fin de no entorpecer las
indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o jurídicos, de no
perjudicar la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, de proteger la
seguridad pública o la seguridad nacional o de proteger al interesado o los
derechos y libertades de otras personas. 
(34)          
Toda denegación o restricción de acceso debe
comunicarse por escrito al interesado, incluidas las razones de hecho o de Derecho
sobre las que se basa la decisión.
(35)          
Cuando los Estados miembros hayan adoptado
medidas legislativas que restrinjan, total o parcialmente, el derecho de
acceso, el interesado debe tener derecho a solicitar que la autoridad nacional
de control competente verifique la licitud del tratamiento. El interesado debe
ser informado de este derecho. Cuando el acceso sea ejercido por la autoridad
de control por cuenta del interesado, este debe ser informado por la autoridad
de control, como mínimo, de que se han llevado a cabo las verificaciones
necesarias y del resultado en cuanto a la licitud del tratamiento en cuestión.
(36)          
Toda persona debe tener derecho a que se
rectifiquen los datos personales inexactos que le conciernan y a que se
supriman, cuando el tratamiento de estos datos no cumpla los principios
esenciales establecidos en la presente Directiva. Cuando los datos personales
se sometan a tratamiento en el transcurso de investigaciones y procedimientos
penales, los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y
restricción del tratamiento pueden ejercerse de conformidad con las normas
nacionales relativas a los procedimientos judiciales.
(37)          
            Se debe establecer la
responsabilidad general del responsable por cualquier tratamiento de datos
personales realizado por él mismo o en su nombre. En particular, el responsable
del tratamiento debe garantizar que las operaciones de tratamiento se ajustan a
las normas adoptadas con arreglo a la presente Directiva.
(38)          
La protección de los derechos y libertades de
los interesados con respecto al tratamiento de datos personales exige la
adopción de las oportunas medidas de carácter técnico y organizativo con el fin
de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. Con
objeto de velar por el cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo
a la presente Directiva, el responsable debe adoptar las políticas y aplicar
las medidas adecuadas que cumplan especialmente los principios de protección de
datos desde el diseño y por defecto. 
(39)          
La protección de los derechos y libertades de
los interesados, así como la responsabilidad de los responsables y encargados
del tratamiento, requieren una atribución clara de las responsabilidades con
arreglo a la presente Directiva, incluidos los casos en que un responsable
determine los fines, condiciones y medios del tratamiento de forma conjunta con
otros responsables del tratamiento o cuando el tratamiento se efectúe por
cuenta de un responsable. 
(40)          
Con objeto de supervisar el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Directiva, el responsable o el encargado del
tratamiento deben documentar las actividades de tratamiento. Los responsables y
encargados del tratamiento deben estar obligados a cooperar con la autoridad de
control y a difundir esta documentación, previa solicitud, de modo que pueda
servir para supervisar las operaciones de tratamiento.
(41)          
Con el fin de garantizar la protección
efectiva de los derechos y libertades de los interesados mediante acciones
preventivas, el responsable o encargado del tratamiento deben consultar, en
determinados casos, a la autoridad de control antes del tratamiento. 
(42)          
Si no se toman medidas de manera rápida y
adecuada, las violaciones de los datos personales pueden entrañar un perjuicio,
incluso para la reputación de la persona en cuestión. Por consiguiente, tan
pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha
producido una violación, debe notificarla a la autoridad nacional competente.
Las personas físicas cuyos datos personales o intimidad puedan verse afectados
negativamente por dicha violación deben ser informadas de ello sin demora
injustificada para que puedan adoptar las cautelas necesarias. Se debe
considerar que una violación afecta negativamente a los datos personales o la
intimidad de los interesados cuando conlleva, por ejemplo, fraude o usurpación
de identidad, daños físicos, humillación grave o perjuicio para su reputación
en relación con el tratamiento de datos personales. 
(43)          
Al establecer disposiciones de aplicación
sobre el formato y los procedimientos aplicables a la notificación de las
violaciones de datos personales, conviene tener debidamente en cuenta las
circunstancias de la violación, incluyendo si los datos personales habían sido
protegidos mediante las medidas técnicas de protección adecuadas, limitando
eficazmente la probabilidad de uso indebido. Asimismo, estas normas y
procedimientos deben tener en cuenta los intereses legítimos de las autoridades
competentes, en los casos en que una comunicación temprana pudiera obstaculizar
innecesariamente la investigación de las circunstancias de la violación. 
(44)          
El responsable o el encargado del tratamiento
deben designar a una persona que les ayude a supervisar el cumplimiento de las
disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva. Varias entidades
de la autoridad competente pueden designar conjuntamente a un delegado de
protección de datos. Los delegados de protección de datos deben estar en
condiciones de desempeñar sus funciones y tareas con independencia y eficacia.
(45)          
Los Estados miembros deben velar por que una
transferencia a un tercer país solo se lleve a cabo si es necesaria para la
prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales o
la ejecución de sanciones penales, y si el responsable del tratamiento en el tercer
país u organización internacional es una autoridad competente a tenor de la
presente Directiva. Puede llevarse a cabo una transferencia en los casos en que
la Comisión haya decidido que el tercer país o la organización internacional de
que se trate garantizan un nivel adecuado de protección, o cuando se hayan
ofrecido unas garantías apropiadas. 
(46)          
La Comisión puede determinar, con efectos para
toda la Unión, que algunos terceros países, un territorio o un sector del
tratamiento en un tercer país, o una organización internacional ofrecen un
nivel adecuado de protección de datos, proporcionando así seguridad jurídica y
uniformidad en toda la Unión en lo que se refiere a los terceros países u
organizaciones internacionales que se considera aportan tal nivel de
protección. En estos casos, se pueden realizar transferencias de datos
personales a estos países sin tener que obtener ninguna otra autorización.
(47)          
En consonancia con los valores fundamentales
en los que se basa la Unión, en particular la protección de los derechos
humanos, la Comisión debe tener en cuenta en qué medida en dicho tercer país se
respeta el Estado de Derecho, el acceso a la justicia, así como las normas y
principios internacionales relativos a los derechos humanos.
(48)          
La Comisión también debe poder reconocer que
un tercer país, un territorio, un sector del tratamiento en un tercer país, o
una organización internacional no ofrece un nivel adecuado de protección de
datos. En consecuencia, debe prohibirse la transferencia de datos personales a
dicho tercer país, salvo cuando se base en un acuerdo internacional, unas
garantías apropiadas o una excepción. Deben establecerse los procedimientos
para celebrar consultas entre la Comisión y dichos terceros países u
organizaciones internacionales. Sin embargo, tal decisión de la Comisión se
entenderá sin perjuicio de la posibilidad de llevar a cabo transferencias sobre
la base de garantías apropiadas o de una excepción establecida en la Directiva.
(49)          
Las transferencias no basadas en dicha
decisión de adecuación solo deben permitirse cuando se hayan invocado las
garantías apropiadas en un instrumento jurídicamente vinculante que garantice
la protección de los datos personales o cuando el responsable o encargado del
tratamiento haya evaluado todas las circunstancias que rodean la operación de
transferencia de datos o el conjunto de operaciones de transferencia de datos
y, basándose en esta evaluación, considere que existen las garantías apropiadas
con respecto a la protección de los datos personales. En los casos en que no
existan razones para autorizar una transferencia, deben permitirse excepciones,
si fuera necesario, para proteger el interés vital del interesado o de otra
persona, o para proteger intereses legítimos del interesado en caso de que la
legislación del Estado miembro que transfiere los datos personales así lo
disponga, o cuando sea indispensable para prevenir una amenaza inminente y
grave para la seguridad pública de un Estado miembro o de un tercer país, o en
determinados casos a efectos de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, o
en casos específicos para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho
en un procedimiento judicial. 
(50)          
Cuando los datos personales circulan a través
de las fronteras se puede poner en mayor riesgo la capacidad de las personas
físicas para ejercer los derechos de protección de datos con el fin de
protegerse contra la utilización ilícita o la revelación de dichos datos. Al
mismo tiempo, es posible que las autoridades de control se vean en la
imposibilidad de tramitar reclamaciones o realizar investigaciones relativas a
actividades desarrolladas fuera de sus fronteras. Sus esfuerzos por colaborar
en el contexto transfronterizo también pueden verse obstaculizados por poderes
preventivos o correctores insuficientes y regímenes jurídicos incoherentes. Por
tanto, es necesario fomentar una cooperación más estrecha entre las autoridades
de control de la protección de datos para ayudarles a intercambiar información
con sus homólogos extranjeros.
(51)          
La creación en los Estados miembros de
autoridades de control que ejerzan sus funciones con plena independencia
constituye un elemento esencial de la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos de carácter personal. Las autoridades de
control deben supervisar la aplicación de las disposiciones adoptadas en
aplicación de la presente Directiva y contribuir a su aplicación coherente en
toda la Unión, con el fin de proteger a las personas físicas en relación con el
tratamiento de sus datos de carácter personal. Para ello, las autoridades de
supervisión deben cooperar entre sí y con la Comisión.
(52)          
Los Estados miembros pueden confiar a una
autoridad de control ya creada en los Estados miembros de conformidad con el
Reglamento (UE) nº …./2012 la responsabilidad de las funciones que corresponden
a las autoridades nacionales de control que han de crearse con arreglo a lo
dispuesto en la presente Directiva.
(53)          
Se debe autorizar a los Estados miembros a
crear más de una autoridad de control con objeto de reflejar su estructura
constitucional, organizativa y administrativa. Todas las autoridades de control
deben estar dotadas de los recursos financieros y humanos adecuados, los
locales y las infraestructuras que sean necesarios para la realización eficaz
de sus tareas, en particular las relacionadas con la asistencia recíproca y la
cooperación con otras autoridades de control de la Unión.
(54)          
Las condiciones generales aplicables a los
miembros de la autoridad de control deben establecerse por ley en cada Estado
miembro, y disponer, entre otras cosas, que dichos miembros deben ser nombrados
por el Parlamento o el Gobierno del Estado miembro, e incluir normas sobre su
cualificación personal y función.
(55)          
Aunque la presente Directiva también se aplica
a las actividades de los órganos jurisdiccionales nacionales, la competencia de
las autoridades de control no debe abarcar el tratamiento de datos personales
cuando los primeros actúen en ejercicio de su función jurisdiccional, con el
fin de garantizar la independencia de los jueces en el desempeño de sus
funciones. No obstante, esta excepción debe limitarse estrictamente a
verdaderas actividades judiciales en juicios y no debe aplicarse a otras
actividades en las que puedan estar implicados los jueces, de conformidad con
el Derecho nacional.
(56)          
Para garantizar la supervisión y ejecución
coherentes de la presente Directiva en toda la Unión, las autoridades de
control deben gozar en todos los Estados miembros de las mismas funciones y
poderes efectivos, incluidos los poderes de investigación, de intervención
jurídicamente vinculante, de decisión y sanción, especialmente en casos de
reclamaciones de personas físicas, y la capacidad de litigar.
(57)          
Cada autoridad de control debe oír las
reclamaciones presentadas por cualquier interesado y debe investigar el asunto.
La investigación a raíz de una reclamación debe llevarse a cabo, bajo control
jurisdiccional, en la medida en que sea adecuada en el caso específico. La
autoridad de control debe informar al interesado de la evolución y el resultado
de la reclamación en un plazo razonable. Si el caso requiere una mayor
investigación o coordinación con otra autoridad de control, se debe facilitar
información intermedia al interesado.
(58)          
Las autoridades de control deben ayudarse en
el desempeño de sus funciones y facilitarse ayuda mutua, con el fin de
garantizar la aplicación y ejecución coherentes de las disposiciones adoptadas
con arreglo a la presente Directiva.
(59)          
El Consejo Europeo de Protección de Datos
creado por el Reglamento (UE) nº …./2012 debe contribuir a la aplicación
coherente de la presente Directiva en el conjunto de la Unión, entre otras
cosas, asesorando a la Comisión y fomentando la cooperación de las autoridades
de control en toda la Unión. 
(60)          
Todo interesado debe tener derecho a presentar
una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado miembro y a
presentar un recurso judicial si considera que se vulneran sus derechos en el
marco de la presente Directiva o en caso de que la autoridad de control no
reaccione ante una reclamación o no actúe cuando dicha medida sea necesaria
para proteger los derechos del interesado.
(61)          
Toda entidad, organización o asociación que
tenga por objeto proteger los derechos e intereses de los interesados en
relación con la protección de sus datos y esté constituida con arreglo a la
legislación de un Estado miembro debe tener derecho a presentar una reclamación
ante la autoridad de control o ejercer el derecho de recurso judicial, en
nombre de los interesados, o a presentar, independientemente de la reclamación
de un interesado, su propia reclamación, cuando considere que se ha producido
una violación de los datos personales. 
(62)          
Toda persona física o jurídica debe tener
derecho a presentar un recurso judicial contra las decisiones de una autoridad
de control que le conciernan. Las acciones legales contra una autoridad de
control deben ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro
en el que esté establecida la autoridad de control. 
(63)          
Los Estados miembros deben garantizar que las
acciones judiciales, para ser eficaces, permitan la rápida adopción de medidas
con el fin de corregir o impedir una infracción a la presente Directiva.
(64)          
Cualquier perjuicio que pueda sufrir una
persona como consecuencia de un tratamiento ilícito debe ser compensado por el
responsable o el encargado del tratamiento, que pueden quedar exentos de
responsabilidad si demuestran que no son responsables del perjuicio, en
particular si acreditan la conducta culposa del interesado o en caso de fuerza
mayor.
(65)          
Deben imponerse sanciones a toda persona
física o jurídica, ya sean de Derecho público o privado, que no cumpla lo
dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros deben asegurarse de
que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben tomar
todas las medidas para su aplicación. 
(66)          
Con el fin de cumplir los objetivos de la
presente Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades fundamentales
de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los
datos personales y garantizar el libre intercambio de datos personales por
parte de las autoridades competentes en la Unión, debe delegarse a la Comisión
la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. En particular, los actos delegados deben
adoptarse con respecto de las notificaciones de una violación de datos
personales a la autoridad de control. Es de especial importancia que la
Comisión evacue las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios,
con expertos inclusive. La Comisión, al preparar y elaborar actos delegados,
debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los
documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.
(67)          
Con el fin de garantizar unas condiciones
uniformes para la aplicación de la presente Directiva, se deben conferir
competencias de ejecución a la Comisión por lo que respecta a la documentación
por parte de los responsables y encargados del tratamiento; la seguridad del
tratamiento, especialmente en lo que se refiere a las normas de cifrado; la
notificación de una violación de los datos personales a la autoridad de
control, y el nivel adecuado de protección que ofrece un tercer país, un
territorio, un sector de tratamiento en dicho tercer país o una organización
internacional. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales
relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del
ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión[36].
(68)          
El procedimiento de examen debe emplearse para
la adopción de medidas por lo que respecta a la documentación por parte de los
responsables y encargados del tratamiento; la seguridad del tratamiento,
especialmente en lo que se refiere a las normas de cifrado; la notificación de
una violación de los datos personales a la autoridad de control; y el nivel
adecuado de protección que ofrece un tercer país, un territorio, un sector de
tratamiento en dicho tercer país o una organización internacional, dado que
dichos actos son de alcance general.
(69)          
La Comisión debe adoptar actos de ejecución
inmediatamente aplicables cuando así lo requieran razones perentorias, en casos
debidamente justificados relacionados con un tercer país, un territorio o un
sector de tratamiento en ese tercer país, o una organización internacional que
no garantice un nivel de protección adecuado.
(70)          
Dado que los objetivos de la presente
Directiva, a saber, proteger los derechos y libertades fundamentales de las
personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos
personales y garantizar el libre intercambio de datos personales por parte de
las autoridades competentes en la Unión, no pueden ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la escala o
los efectos de la actuación, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el
artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede
de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(71)          
La Decisión Marco 2008/977/JAI debe ser
derogada por la presente Directiva.
(72)          
No deben verse afectadas las disposiciones
específicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de
las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección
o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales en
los actos de la Unión que hayan sido adoptados antes de la fecha de adopción de
la presente Directiva, que regulan el tratamiento de los datos personales entre
los Estados miembros o el acceso de las autoridades designadas de los Estados
miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a lo dispuesto
en los Tratados. La Comisión debe evaluar la situación con respecto a la
relación entre la presente Directiva y los actos adoptados con anterioridad a
su fecha de adopción que regulan el tratamiento de los datos personales entre
los Estados miembros o el acceso de las autoridades designadas de los Estados
miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a lo dispuesto
en los Tratados, a fin de evaluar la necesidad de ajustar estas disposiciones
específicas a la presente Directiva.
(73)          
Con el fin de garantizar una protección amplia
y coherente de los datos personales en la Unión, los acuerdos internacionales
celebrados por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor de
la presente Directiva deben modificarse en consonancia con lo dispuesto en la
misma. 
(74)        
La presente Directiva se entiende sin perjuicio
de las normas relativas a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación
sexual de los niños, y la pornografía infantil, tal como se establecen en la
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011[37].
(75)          
De conformidad con el artículo 6bis del
Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las normas establecidas en la
presente Directiva solo serán vinculantes para el Reino Unido o Irlanda en la
medida en que sean vinculantes para estos Estados normas de la Unión que
regulen formas de cooperación judicial en materia penal y de cooperación
policial en cuyo marco deban respetarse las disposiciones establecidas
basándose en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(76)          
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 2 y 2bis del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo
al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, Dinamarca no queda obligada por la presente Directiva ni está sujeta a
su aplicación. Dado que la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen
en el marco de las disposiciones del título V de la parte tres del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 4 del
Protocolo, Dinamarca debe decidir, en un plazo de seis meses a partir de la
adopción de la presente Directiva, si lo incorpora a su legislación nacional.
(77)          
Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, la
presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de
Schengen, como se establece en el Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión
Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación
de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de
Schengen[38].

(78)          
Por lo que respecta a Suiza, la presente
Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen,
como se establece en el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y
la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la
ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen[39]. 
(79)          
Por lo que respecta a Liechtenstein, la
presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de
Schengen, como se establece en el Protocolo entre la Unión Europea, la
Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein
sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión
Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de
la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de
Schengen[40].
(80)          
La presente Directiva respeta los derechos
fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, consagrados en el Tratado, en particular el
derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de
los datos personales, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio
justo. Las limitaciones aplicadas a estos derechos son conformes al artículo
52, apartado 1, de la Carta ya que son necesarias para alcanzar objetivos de
interés general reconocidos por la Unión o la necesidad de protección de los
derechos y libertades de otras personas.
(81)          
De conformidad con la Declaración política
conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos
explicativos de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han
comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición,
cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación
entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los
instrumentos nacionales de transposición. Con respecto a la presente Directiva,
el legislador considera que la transmisión de estos documentos está
justificada. 
(82)          
La presente Directiva no impedirá que los
Estados miembros regulen el ejercicio de los derechos de los interesados sobre
información, acceso, rectificación, supresión y restricción de sus datos
personales tratados en el marco de un procedimiento penal, y sus posibles
restricciones, en las normas nacionales en materia de enjuiciamiento penal.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1 
Objeto y objetivos
1.           La presente Directiva
establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las
autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. 
2.           De conformidad con la
presente Directiva, los Estados miembros deberán: 
a)      proteger los derechos y libertades
fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la
protección de los datos personales; y 
b)      garantizar que el intercambio de
datos personales por parte de las autoridades competentes en el interior de la
Unión no quede restringido ni prohibido por motivos relacionados con la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales. 
Artículo 2 
Ámbito de aplicación

1.           La presente Directiva se
aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades
competentes a los fines mencionados en el artículo 1, apartado 1.
2.           La presente Directiva se
aplicará al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales,
así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o
destinados a ser incluidos en un fichero.
3.           La presente Directiva no
se aplicará al tratamiento de datos personales: 
a)      en el ejercicio de una actividad no
comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, en particular
en lo que respecta a la seguridad nacional;
b)      por parte de las instituciones,
órganos u organismos de la Unión.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de la presente Directiva se
entenderá por:
1)           «interesado»: toda persona
física identificada o que pueda ser identificada, directa o indirectamente, por
medios que puedan ser utilizados razonablemente por el responsable del
tratamiento o por cualquier otra persona física o jurídica, en particular
mediante un número de identificación, datos de localización, identificador en
línea o uno o varios elementos específicos de la identidad física, fisiológica,
genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
2)           «datos personales»: toda
información relativa a un interesado;
3)           «tratamiento»: cualquier
operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o
conjuntos de datos personales, efectuadas o no mediante procedimientos
automatizados, como la recogida, registro, organización, estructuración,
conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización,
comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación
de acceso, cotejo o interconexión, supresión o destrucción;
4)           «restricción de tratamiento»:
el marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar
su tratamiento en el futuro;
5)           «fichero»: todo conjunto
estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios
determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma
funcional o geográfica;
6)           «responsable del tratamiento»:
la autoridad pública competente que sola o conjuntamente con otras determine
los fines, condiciones y medios del tratamiento de datos personales; en caso de
que los fines, condiciones y medios del tratamiento estén determinados por el
Derecho de la Unión o la legislación de los Estados miembros, el responsable
del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser
fijados por el Derecho de la Unión o por la legislación de los Estados
miembros;
7)           «encargado del tratamiento»: la
persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro
organismo que, solo o conjuntamente con otros, trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento;
8)           «destinatario»: la persona
física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que
reciba comunicación de datos personales;
9)           «violación de datos
personales»: toda violación de la seguridad que ocasione la destrucción
accidental o ilícita, la pérdida, alteración, comunicación no autorizada o el
acceso a datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma;
10)         «datos genéticos»: todos los
datos, con independencia de su tipo, relativos a las características de una
persona que sean hereditarias o adquiridas durante el desarrollo prenatal
temprano;
11)         «datos biométricos»:
cualesquiera datos relativos a las características físicas, fisiológicas o
conductuales de una persona que permitan su identificación única, como imágenes
faciales o datos dactiloscópicos;
12)         «datos relativos a la salud»:
cualquier información que se refiera a la salud física o mental de una persona,
o a la asistencia prestada por los servicios de salud a la persona;
13)         «niño»: toda persona menor de 18
años;
14)         «autoridades competentes»: toda
autoridad pública competente para la prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales; 
15)         «autoridad de control»: la
autoridad pública establecida por un Estado miembro de acuerdo con el artículo
39. 
CAPÍTULO II 
PRINCIPIOS 
Artículo 4 
Principios relativos al tratamiento de datos personales
Los Estados miembros dispondrán que los
datos personales deben ser:
a)      tratados de manera lícita y leal; 
b)      recogidos con fines determinados,
explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible
con dichos fines; 
c)      adecuados, pertinentes y no
excesivos en relación con los fines para los que se traten;
d)      exactos y, si fuera necesario,
mantenerse actualizados; se deben adoptar todas las medidas razonables para que
se supriman o rectifiquen sin demora los datos personales que sean inexactos
con respecto a los fines para los que se traten; 
e)      conservados en una forma que permita
identificar al interesado durante un periodo no superior al necesario para los
fines para los que se someten a tratamiento; 
f)       tratados bajo la responsabilidad
del responsable del tratamiento, que garantizará el cumplimiento de las
disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva.
.
Artículo 5
Distinción entre diferentes categorías de interesados
1.           Los Estados miembros
dispondrán que, en la medida de lo posible, el responsable del tratamiento
establecerá una distinción clara entre los datos personales de las distintas
categorías de interesados, tales como:
a)      personas respecto de las cuales
existan motivos fundados para presumir que han cometido o van a cometer una
infracción penal; 
b)      personas condenadas por una
infracción penal; 
c)      víctimas de una infracción penal o
personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que
pueden ser víctimas de una infracción penal; 
d)      terceras partes involucradas en una
infracción penal como, por ejemplo, personas que puedan ser citadas para
testificar en investigaciones relacionadas con infracciones penales o
procedimientos penales ulteriores, o personas que puedan facilitar información
sobre infracciones penales, o personas de contacto o asociados de una de las
personas mencionadas en las letras a) y b); y
e)      personas que no entren dentro de
ninguna de las categorías contempladas más arriba.
Artículo 6
Diferentes grados de exactitud y fiabilidad de los datos personales
1.           Los Estados miembros velarán
por que, en la medida de lo posible, las diferentes categorías de datos
personales objeto de tratamiento se distingan según su grado de exactitud y
fiabilidad.
2.           Los Estados miembros velarán
por que, en la medida de lo posible, los datos personales basados en hechos se
distingan de los datos personales basados en apreciaciones personales.
Artículo 7
Licitud del tratamiento de datos 
Los Estados miembros dispondrán que el
tratamiento de datos personales solo será lícito en la medida en que sea
necesario:
a)           para la ejecución de una tarea
realizada por una autoridad competente, basada en la ley, para los fines
establecidos en el artículo 1, apartado 1; o
b)           para el cumplimiento de una
obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, o
c)           con el fin de proteger los
intereses vitales del interesado o de otra persona; o
d)           a fin de prevenir una amenaza
inminente y grave para la seguridad pública.
Artículo 8
Tratamiento de categorías especiales de datos personales
1.           Los Estados miembros
prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o
racial, las opiniones políticas, la religión o las creencias, o la afiliación
sindical, así como el tratamiento de datos genéticos o de datos relativos a la
salud o a la vida sexual. 
2.           El apartado 1 no será
aplicable cuando:
a)      el tratamiento esté autorizado por
una ley que establezca garantías apropiadas; o
b)      el tratamiento sea necesario para
proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o
c)      el tratamiento ataña a datos que el
interesado ha hecho manifiestamente públicos.
Artículo 9 
Medidas basadas en la elaboración de perfiles y el tratamiento automatizado
1.           Los Estados miembros
dispondrán que las medidas que produzcan efectos jurídicos negativos para el
interesado o le afecten sustancialmente y que se basen únicamente en un
tratamiento automatizado de datos personales destinado a evaluar determinados
aspectos personales del interesado estarán prohibidas, salvo que estén
autorizadas por una ley que también establezca medidas para salvaguardar los
intereses legítimos del interesado.
2.           El tratamiento
automatizado de datos personales destinado a evaluar determinados aspectos
personales del interesado no se basará únicamente en las categorías especiales
de datos personales contempladas en el artículo 8.
CAPÍTULO III
DERECHOS DEL INTERESADO 
Artículo 10 
Modalidades de ejercicio de los derechos del interesado
1.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará todas las medidas
razonables para dotarse de políticas transparentes y fácilmente accesibles por
lo que respecta al tratamiento de datos personales y al ejercicio de los
derechos de los interesados.
2.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento facilitará al interesado
cualquier información y comunicación relativa al tratamiento de datos
personales, en forma inteligible, utilizando un lenguaje claro y sencillo.
3.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará todas las medidas
razonables con miras a establecer procedimientos para facilitar la información
contemplada en el artículo 11, y para el ejercicio de los derechos de los
interesados contemplados en los artículos 12 a 17. 
4.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento informará al interesado, sin
demora injustificada, sobre el curso dado a su solicitud. 
5.           Los Estados miembros
dispondrán que la información y cualquier medida adoptada por el responsable
del tratamiento a raíz de una solicitud contemplada en los apartados 3 y 4
serán gratuitas. Cuando las solicitudes sean abusivas, en particular a causa de
su carácter repetitivo, su tamaño o su volumen, el responsable del tratamiento
podrá cobrar una tasa para facilitar la información o adoptar la medida
solicitada, o podrá decidir no adoptar la medida solicitada. En tal caso, la
carga de demostrar el carácter abusivo de la solicitud recaerá en el
responsable del tratamiento.
Artículo 11 
Información al interesado
1.           Cuando se recojan datos
personales relativos a un interesado, los Estados miembros velarán por que el
responsable del tratamiento tome todas las medidas oportunas para facilitar al
interesado, al menos, la siguiente información:
a)      la identidad y los datos de contacto
del responsable del tratamiento y del delegado de protección de datos;
b)      los fines del tratamiento a que se
destinan los datos personales;
c)      el plazo durante el cual se
conservarán los datos personales; 
d)      la existencia del derecho a
solicitar del responsable del tratamiento el acceso a los datos personales
relativos al interesado y su rectificación, su supresión o la limitación de su
tratamiento;
e)      el derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control contemplada en el artículo 39 y los
datos de contacto de la misma;
f)       los destinatarios o las categorías
de destinatarios de los datos personales, en particular en terceros países u
organizaciones internacionales;
g)      cualquier otra información en la
medida en que resulte necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal
respecto del interesado, habida cuenta de las circunstancias específicas en las
que se traten los datos personales.
2.           Cuando los datos
personales se recojan del interesado, el responsable del tratamiento le
comunicará, además de la información contemplada en el apartado 1, si el
suministro de datos personales es obligatorio o voluntario, así como las
posibles consecuencias de que no se faciliten tales datos.
3.           El responsable del
tratamiento facilitará la información contemplada en el apartado 1:
a)      en el momento en que los datos
personales se obtengan del interesado, o
b)      cuando los datos personales no se
recojan del interesado, en el momento del registro o en un plazo razonable
después de la recogida, habida cuenta de las circunstancias específicas en que
se traten los datos.
4.           Los Estados miembros
podrán adoptar medidas legislativas por las que se retrase, limite o exima la
puesta a disposición del interesado de la información en la medida y siempre
que dicha limitación total o parcial constituya una medida necesaria y
proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los
intereses legítimos de la persona en cuestión:
a)      para evitar que se obstaculicen
pesquisas, investigaciones o procedimientos jurídicos o de carácter oficial;
b)      para evitar que se prejuzgue la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o
para la ejecución de sanciones penales;
c)      para proteger la seguridad pública;
d)      para proteger la seguridad nacional;
e)      para proteger los derechos y
libertades de otras personas.
5.           Los Estados miembros
podrán determinar las categorías de tratamiento de datos que pueden acogerse,
en su totalidad o en parte, a las exenciones del apartado 4.
Artículo 12 
Derecho de acceso del interesado
1.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento
confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen.
En caso de que se confirme el tratamiento, el responsable facilitará la
siguiente información:
a)      los fines del tratamiento; 
b)      las categorías de datos personales
de que se trate;
c)      los destinatarios o las categorías
de destinatarios a quienes se han comunicado los datos personales, en
particular los destinatarios establecidos en terceros países;
d)      el plazo durante el cual se
conservarán los datos personales;
e)      la existencia del derecho a
solicitar del responsable del tratamiento la rectificación, supresión o
limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado;
f)       el derecho a presentar una
reclamación ante la autoridad de control y los datos de contacto de la misma;
g)      la comunicación de los datos
personales objeto de tratamiento, así como cualquier información disponible
sobre su origen;
2.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento
una copia de los datos personales objeto de tratamiento.
Artículo 13
Limitaciones al derecho de acceso
1.                      
Los Estados miembros podrán adoptar medidas
legislativas por las que se limite, en su totalidad o en parte, el derechos de
acceso del interesado en la medida en que dicha limitación parcial o completa
constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática,
teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de la persona de que se
trate:
a)      para evitar que se obstaculicen
pesquisas, investigaciones o procedimientos jurídicos u oficiales;
b)      para evitar que se prejuzgue la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o
la ejecución de sanciones penales;
c)      para proteger la seguridad pública;
d)      para proteger la seguridad nacional;
e)      para proteger los derechos y
libertades de otras personas.
2.                      
Los Estados miembros podrán determinar por ley
las categorías de tratamiento de datos que pueden acogerse en todo o en parte a
las exenciones del apartado 1.
3.                      
En los casos contemplados en los apartados 1 y
2, los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informará
por escrito al interesado sobre cualquier denegación o limitación de acceso,
sobre las razones de la denegación y sobre las posibilidades de presentar a la
autoridad de control una reclamación e interponer un recurso judicial. La
información sobre los fundamentos de hecho o de Derecho en los que se sustenta
la decisión podrá omitirse cuando el suministro de dicha información pueda
comprometer uno de los fines contemplados en el apartado 1. 
4.                      
Los Estados miembros velarán por que el
responsable del tratamiento documente los motivos por los que no comunicó los
fundamentos de hecho o de Derecho en los que se sustenta la decisión.
Artículo 14
Modalidades de ejercicio del derecho de acceso
1.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho del interesado a solicitar, en particular en los casos
contemplados en el artículo 13, que la autoridad de control compruebe la
licitud del tratamiento.
2.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento informará al interesado del
derecho a solicitar la intervención de las autoridades de control con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 1. 
3.           Cuando se ejerza el
derecho contemplado en el apartado 1, la autoridad de control informará al
interesado, al menos, de que se han llevado a cabo todas las verificaciones
necesarias, así como del resultado en lo tocante a la licitud del tratamiento
en cuestión.
Artículo 15
Derecho de rectificación
1.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento
la rectificación de los datos personales que le conciernen cuando tales datos
resulten inexactos. El interesado tendrá derecho a que se completen los datos
personales cuando estos resulten incompletos, en particular mediante una
declaración rectificativa. 
2.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento informará por escrito al
interesado sobre cualquier denegación de rectificación, sobre las razones de la
denegación y sobre las posibilidades de presentar una reclamación ante la
autoridad de control y de interponer un recurso judicial. 
Artículo 16 
Derecho de supresión
1.                      
Los Estados miembros reconocerán el derecho
del interesado a obtener del responsable del tratamiento la supresión de los
datos personales que le conciernen cuando el tratamiento no cumpla las
disposiciones adoptadas con arreglo al artículo 4, letras a) a e), y a los
artículos 7 y 8 de la presente Directiva.
2.                      
El responsable del tratamiento procederá a la
supresión sin demora.
3.                      
En lugar de proceder a la supresión, el
responsable del tratamiento marcará los datos personales cuando:
a)      el interesado impugne su exactitud,
durante un plazo que permita al responsable del tratamiento verificar la
exactitud de dichos datos; 
b)      los datos personales hayan de
conservarse a efectos probatorios; 
c)      el interesado se oponga a su
supresión y solicite la limitación de su uso.
4.                      
Los Estados miembros dispondrán que el
responsable del tratamiento informará por escrito al interesado de cualquier
denegación de la supresión o marcado del tratamiento, las razones de la
denegación y las posibilidades de presentar una reclamación ante la autoridad
de control y de interponer un recurso judicial. 
Artículo 17
Derechos del interesado en las investigaciones y los procedimientos penales
Los Estados miembros dispondrán que los
derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del
tratamiento contemplados en los artículos 11 a 16 se ejercerán de conformidad
con las normas nacionales de enjuiciamiento cuando los datos personales figuren
en una resolución judicial o en un registro tratado en el curso de
investigaciones y procedimientos penales.
CAPÍTULO IV
RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
SECCIÓN 1
OBLIGACIONES GENERALES
Artículo 18
Obligaciones del responsable del tratamiento
1.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento adoptará políticas e implementará
medidas apropiadas para asegurar que el tratamiento de datos personales se
lleva a cabo de conformidad con las disposiciones adoptadas con arreglo a la
presente Directiva.
2.           Las medidas previstas en
el apartado 1 incluirán, en particular:
a)      la conservación de la documentación
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23;
b)      el cumplimiento de los requisitos en
materia de consulta previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;
c)      la implementación de los requisitos
en materia de seguridad de los datos establecidos en el artículo 27; 
d)      la designación de un delegado de
protección de datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30.
3.           El responsable del
tratamiento implementará mecanismos para verificar la eficacia de las medidas
contempladas en el apartado 1. Siempre
que no sea desproporcionado, estas verificaciones serán llevadas a cabo por
auditores independientes internos o externos.
Artículo 19
Protección de datos desde el diseño y protección de datos por defecto
1.           Los Estados miembros
dispondrán que, habida cuenta de las técnicas existentes y de los costes
asociados a su implementación, el responsable del tratamiento implementará
medidas y procedimientos técnicos y organizativos apropiados, de manera que el
tratamiento sea conforme con las disposiciones adoptadas con arreglo a la
presente Directiva y garantice la protección de los derechos del interesado. 
2.           El responsable del
tratamiento implementará mecanismos con miras a garantizar que, por defecto,
solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para los fines
del tratamiento.
Artículo 20 
Corresponsables del tratamiento 
Los Estados miembros dispondrán que
cuando un responsable del tratamiento determine, conjuntamente con otros, los
fines, las condiciones y los medios del tratamiento de datos personales, los
corresponsables deben determinar, de mutuo acuerdo, cuáles son sus
responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las disposiciones adoptadas
con arreglo a la presente Directiva, en particular por lo que hace a los
procedimientos y mecanismos para el ejercicio de los derechos del interesado. 
Artículo 21 
Encargado del tratamiento
1.                      
Los Estados miembros dispondrán que cuando una
operación de tratamiento sea llevada a cabo por cuenta de un responsable del
tratamiento, este debe elegir un encargado del tratamiento que ofrezca
garantías suficientes para implementar medidas y procedimientos técnicos y
organizativos apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los
requisitos de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y
asegure la protección de los derechos del interesado.
2.                      
Los Estados miembros dispondrán que la
realización del tratamiento por un encargado debe regirse por un acto jurídico
que vincule al encargado del tratamiento con el responsable del tratamiento y
que disponga, en particular, que el encargado del tratamiento actuará
únicamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento, en
particular cuando la transferencia de los datos personales utilizados esté
prohibida.
3.                      
Si un encargado del tratamiento trata datos
personales sin seguir las instrucciones del responsable del tratamiento, el
encargado será considerado responsable del tratamiento con respecto a ese
tratamiento y estará sujeto a las normas aplicables a los corresponsables del
tratamiento establecidas en el artículo 20.
Artículo 22
Tratamiento bajo la autoridad del responsable y del encargado del
tratamiento
Los Estados miembros dispondrán que el
encargado del tratamiento, así como cualquier persona que actúe bajo la
autoridad del responsable o del encargado del tratamiento, que tenga acceso a
datos personales solo podrá someterlos a tratamiento siguiendo instrucciones
del responsable del tratamiento o cuando así lo requiera el Derecho de la Unión
o de un Estado miembro. 
Artículo 23 
Documentación 
1.           Los Estados miembros
dispondrán que cada responsable y cada encargado del tratamiento conservarán la
documentación de todas los procedimientos y sistemas de tratamiento bajo su
responsabilidad. 
2.           La documentación deberá
contener, como mínimo, la información siguiente:
a)      el nombre y los datos de contacto
del responsable del tratamiento o de cualquier corresponsable o coencargado del
tratamiento;
b)      los fines del tratamiento;
c)      los destinatarios o las categorías
de destinatarios de los datos personales;
d)      las transferencias de datos a un
tercer país o a una organización internacional, incluido el nombre de dicho
tercer país o de dicha organización internacional.
3.           El responsable y el
encargado del tratamiento pondrán la documentación a disposición de la
autoridad de control, a solicitud de esta.
Artículo 24
Llevanza de registros 
1.           Los Estados miembros
velarán por que se lleven registros de, al menos, las operaciones de
tratamiento siguientes: recogida, alteración, consulta, comunicación,
combinación o supresión. Los registros de consulta y comunicación mostrarán, en
particular, el fin, la fecha y la hora de tales operaciones y, en la medida de
lo posible, el nombre de la persona que consultó o comunicó datos personales.
2.           Los registros se
utilizarán únicamente a efectos de comprobación de la licitud del tratamiento y
de autocontrol, así como para asegurar la integridad y la seguridad de los
datos.
Artículo 25
Cooperación con la autoridad de control
1.           Los
Estados miembros dispondrán que el responsable y el encargado del tratamiento
cooperarán con la autoridad de control en el desempeño de las funciones de
esta, en particular facilitando toda la información necesaria al efecto. 
2.           Cuando
la autoridad de control ejerza los poderes que le son conferidos en virtud de
las letras a) y b) del artículo 46, el responsable y el encargado del
tratamiento responderán a la autoridad de control dentro de un plazo razonable.
La respuesta deberá incluir una descripción de las medidas adoptadas y los
resultados obtenidos, en respuesta a las observaciones formuladas por la
autoridad de control.
Artículo 26
Consulta previa de la autoridad de control
1.                      
Los Estados miembros velarán por que el
responsable o el encargado del tratamiento consulten a la autoridad de control
antes de proceder al tratamiento de datos personales que vayan a formar parte
de un nuevo sistema de archivo que haya de crearse, cuando:
a)      vayan a tratarse categorías
especiales de datos contempladas en el artículo 8;
b)      el tipo de tratamiento, en
particular cuando se usen tecnologías, mecanismos o procedimientos nuevos,
entrañe riesgos específicos para los derechos y libertades fundamentales y, en
particular, para la protección de datos personales de los interesados.
2.                      
Los Estados miembros podrán disponer que la
autoridad de control establecerá una lista de las operaciones de tratamiento
que están sujetas a consulta previa con arreglo a lo dispuesto en el apartado
1. 
SECCIÓN 2
SEGURIDAD DE LOS DATOS
Artículo 27
Seguridad del tratamiento
1.           Los
Estados miembros dispondrán que el responsable y el encargado del tratamiento
implementarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un
nivel de seguridad adecuado en relación con los riesgos que entrañe el
tratamiento y la naturaleza de los datos que deban protegerse, habida cuenta de
las técnicas existentes y de los costes asociados a su implementación.
2.           Por
lo que hace al tratamiento automatizado de datos, cada Estado miembro dispondrá
que el responsable o el encargado del tratamiento, a raíz de una evaluación de
los riesgos, implementará medidas destinadas a:
a)      denegar el acceso a personas no
autorizadas a los equipamientos utilizados para el tratamiento de datos
personales (control de acceso a los equipamientos);
b)      impedir que los soportes de datos
puedan ser leídos, copiados, modificados o cancelados por personas no
autorizadas (control de los soportes de datos);
c)      impedir que se introduzcan sin
autorización datos personales conservados, o que estos puedan inspeccionarse,
modificarse o suprimirse sin autorización (control de la conservación);
d)      impedir que los sistemas de tratamiento
automatizado de datos puedan ser utilizados por personas no autorizadas por
medio de equipamientos de comunicación de datos (control de los usuarios);
e)      garantizar que las personas
autorizadas a utilizar un sistema de tratamiento automatizado de datos solo
puedan tener acceso a los datos para los que han sido autorizados (control del
acceso a los datos);
f)       garantizar que sea posible
verificar y constatar a qué organismos se han transmitido o pueden transmitirse
o a cuya disposición pueden ponerse datos personales mediante equipamientos de
comunicación de datos (control de las comunicaciones);
g)      garantizar que pueda verificarse y
constatarse a posteriori qué datos personales se han introducido en los
sistemas de tratamiento automatizado de datos y en qué momento y por qué
persona han sido introducidos (control de la introducción);
h)      impedir que durante las
transferencias de datos personales o durante el transporte de soportes de
datos, los datos personales puedan ser leídos, copiados, modificados o
suprimidos sin autorización (control del transporte);
i)       garantizar que los sistemas
instalados puedan restablecerse en caso de interrupción (recuperación);
j)       garantizar que las funciones del
sistema no presenten defectos, que los errores de funcionamiento sean señalados
(fiabilidad) y que los datos personales almacenados no se degraden por fallos
de funcionamiento del sistema (integridad).
3.           La
Comisión podrá adoptar, en caso necesario, actos de ejecución para especificar
los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 a distintas situaciones, en
particular normas de cifrado. Dichos actos de ejecución se adoptarán de
conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 57,
apartado 2.
Artículo 28 
Notificación de una violación de datos
personales a la autoridad de control 
1.           Los Estados miembros
dispondrán que, en caso de violación de datos personales, el responsable del
tratamiento la notificará a la autoridad de control sin demora injustificada,
y, de ser posible, a más tardar veinticuatro horas después de que haya tenido
constancia de ella. Si la notificación no se hace en el plazo de veinticuatro
horas, el responsable facilitará a la autoridad de control, previa solicitud,
una justificación motivada. 
2.           El encargado del
tratamiento alertará e informará al responsable del tratamiento inmediatamente
después de que haya constatado una violación de datos personales.
3.           La notificación
contemplada en el apartado 1 deberá, al menos:
a)      describir la naturaleza de la
violación de datos personales, en particular las categorías y el número de
interesados afectados, y las categorías y el número de registros de datos
afectados;
b)      comunicar la identidad y los datos
de contacto del delegado de protección de datos contemplado en el artículo 30 o
de otro punto de contacto en el que pueda obtenerse más información;
c)      recomendar medidas tendentes a
atenuar los posibles efectos negativos de la violación de datos personales;
d)      describir las posibles consecuencias
de la violación de datos personales;
e)      describir las medidas propuestas o
adoptadas por el responsable del tratamiento para poner remedio a la violación
de datos personales.
4.           Los Estados miembros
dispondrán que el responsable del tratamiento documentará cualquier violación
de datos personales, indicando su contexto, sus efectos y las medidas
correctivas adoptadas. Esta documentación deberá permitir a la autoridad de
control verificar el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo.
Solo incluirá la información necesaria a tal efecto. 
5.           La Comisión estará
facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56, a fin de especificar los criterios y requisitos aplicables a la
constatación de la violación de datos contemplada en los apartados 1 y 2 y en
relación con las circunstancias particulares en las que se exige a un
responsable y un encargado del tratamiento notificar la violación de datos
personales. 
6.           La Comisión podrá
definir el formato normalizado de dicha notificación a la autoridad de control,
los procedimientos aplicables al requisito de notificación y la forma y las
modalidades de la documentación contemplada en el apartado 4, incluidos los
plazos para la supresión de la información que figura en ella. Dichos actos de
ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el
artículo 57, apartado 2.
Artículo 29
Comunicación de una violación de datos
personales al interesado 
1.           Los Estados miembros
dispondrán que, cuando sea probable que la violación de datos personales afecte
negativamente a la protección de los datos personales o la privacidad del
interesado, el responsable del tratamiento, después de haber procedido a la
notificación contemplada en el artículo 28, comunicará al interesado, sin
demora injustificada, la violación de datos personales. 
2.           La comunicación al
interesado contemplada en el apartado 1 describirá la naturaleza de la
violación de datos personales y contendrá, al menos, la información y las
recomendaciones previstas en el artículo 28, apartado 3, letras b) y c). 
3.           La comunicación de una
violación de datos personales al interesado no será necesaria si el responsable
del tratamiento demuestra, a satisfacción de la autoridad de control, que ha
implementado medidas de protección tecnológica apropiadas y que estas medidas
se han aplicado a los datos afectados por la violación. Dichas medidas de
protección tecnológica deberán hacer ininteligibles los datos para cualquier
persona que no esté autorizada a acceder a ellos.
4.           La comunicación al interesado
podrá aplazarse, limitarse u omitirse por los motivos contemplados en el
artículo 11, apartado 4.
SECCIÓN 3
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Artículo 30 
Designación del delegado de protección de datos
1.                      
Los Estados miembros dispondrán que el
responsable o el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección
de datos.
2.                      
El delegado de protección de datos será
designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus
conocimientos especializados de la legislación y las prácticas en materia de
protección de datos, y a su capacidad para ejecutar las tareas contempladas en
el artículo 32. 
3.                      
El delegado de protección de datos podrá ser
designado para varias entidades, teniendo en cuenta la estructura organizativa
de la autoridad competente. 
Artículo 31 
Función de delegado de protección de datos
1.                      
Los Estados miembros dispondrán que el
responsable o el encargado del tratamiento velarán por que el delegado de
protección de datos se implique adecuadamente y en su debido momento en todas
las cuestiones relativas a la protección de datos personales. 
2.                      
El responsable o el encargado del tratamiento
velarán por que se faciliten al delegado de protección de datos los medios para
desempeñar las funciones y tareas contempladas en el artículo 32 con eficacia e
independencia, y por que no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al
ejercicio de sus funciones. 
Artículo 32 
Tareas del delegado de protección de datos
Los Estados miembros dispondrán que el
responsable o el encargado del tratamiento encomendarán al delegado de
protección de datos, como mínimo, las siguientes tareas:
a)           informar y asesorar al
responsable o al encargado del tratamiento de las obligaciones que les incumben
de conformidad con las disposiciones adoptadas en virtud de la presente
Directiva, y documentar esta actividad y las respuestas recibidas; 
b)           supervisar la implementación y
aplicación de las políticas relativas a la protección de datos personales,
incluida la asignación de responsabilidades, la formación del personal que
participa en las operaciones de tratamiento, y las auditorías correspondientes;

c)           supervisar la implementación y
aplicación de las disposiciones adoptadas en virtud de la presente Directiva,
en particular por lo que hace a los requisitos relativos a la protección de
datos desde el diseño, la protección de datos por defecto y la seguridad de los
datos, así como a la información de los interesados y las solicitudes
presentadas en el ejercicio de sus derechos en virtud de las disposiciones
adoptadas con arreglo a la presente Directiva; 
d)           velar por la conservación de la
documentación contemplada en el artículo 23;
e)           supervisar la documentación,
notificación y comunicación de las violaciones de datos personales con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 28 y 29;
f)            supervisar la presentación de
solicitudes de consulta previa a la autoridad de control, si así se requiere de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;
g)           supervisar la respuesta a las
solicitudes de la autoridad de control y, en el marco de la competencia del
delegado de protección de datos, cooperar con la autoridad de control a
solicitud de esta o a iniciativa propia;
h)      actuar como punto de contacto para
la autoridad de control sobre las cuestiones relacionadas con el tratamiento y
consultar a la autoridad de control, si procede, a iniciativa propia.
CAPÍTULO V
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES A TERCEROS PAÍSES U ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES 
Artículo 33 
Principios generales de las transferencias de datos personales
Los Estados miembros dispondrán que
cualquier transferencia de datos personales por las autoridades competentes que
sean o vayan a ser objeto de tratamiento tras su transferencia a un tercer país
o a una organización internacional, incluidas las transferencias ulteriores a
otro tercer país u otra organización internacional, solo podrá realizarse si: 
a)      la transferencia es necesaria para
la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o para la ejecución de sanciones penales; y
b)      el responsable y el encargado del
tratamiento cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo. 
Artículo 34 
Transferencias con una decisión de adecuación 
1.           Los Estados miembros
dispondrán que una transferencia de datos personales a un tercer país o una
organización internacional podrá realizarse cuando la Comisión haya decidido,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº
…./2012 o de conformidad con el apartado 3 del presente artículo, que el
tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento en ese tercer país, o
la organización internacional de que se trate garantizan un nivel de protección
adecuado. Dichas transferencias no requerirán nuevas autorizaciones.
2.           Cuando no exista una
decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del
Reglamento (UE) nº …./2012, la Comisión evaluará la adecuación del nivel
de protección, tomando en consideración los elementos siguientes:
a)      el Estado de Derecho, la legislación
pertinente en vigor, tanto general como sectorial, en particular en lo que
respecta a la seguridad pública, la defensa, la seguridad nacional, el Derecho
penal, las medidas de seguridad en vigor en el país de que se trate o
aplicables a la organización internacional en cuestión, así como los derechos
efectivos y exigibles, incluido el derecho de recurso administrativo y judicial
efectivo de los interesados, en particular los residentes en la Unión cuyos
datos personales estén siendo transferidos; 
b)      la existencia y el funcionamiento
efectivo de una o varias autoridades de control independientes en el tercer
país u organización internacional de que se trate, encargadas de garantizar el
cumplimiento de las normas en materia de protección de datos, de asistir y
asesorar a los interesados en el ejercicio de sus derechos y de cooperar con
las autoridades de control de la Unión y de los Estados miembros; y
c)      los compromisos internacionales
asumidos por el tercer país o la organización internacional de que se trate.
3.           La Comisión podrá
decidir, dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, que un
tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer
país, o una organización internacional garantizan un nivel de protección
adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2. Dichos actos de ejecución se
adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 57,
apartado 2.
4.           El acto de ejecución
especificará su ámbito de aplicación geográfica y sectorial, y, cuando proceda,
determinará cuál es la autoridad de control mencionada en el apartado 2, letra
b). 
5.           La Comisión podrá
decidir, dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, que un
tercer país, o un territorio o un sector de tratamiento de datos en ese tercer
país, o una organización internacional no garantizan un nivel de protección
adecuado a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, en particular en los casos
en que la legislación pertinente, tanto general como sectorial, en vigor en el
tercer país o aplicable a la organización internacional en cuestión, no
garantice derechos efectivos y exigibles, incluido el derecho de recurso
administrativo y judicial efectivo de los interesados, en particular aquellos
cuyos datos personales estén siendo transferidos. Dichos actos de ejecución se
adoptarán de acuerdo con el procedimiento de examen contemplado en el artículo
57, apartado 2, o, en casos de extrema urgencia para personas en lo que
respecta a su derecho a la protección de datos personales, de conformidad con
el procedimiento contemplado en el artículo 57, apartado 3. 
6.           Los Estados miembros
velarán por que cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 5, esté prohibida toda transferencia de datos
personales al tercer país, o a un territorio o un sector de tratamiento de
datos en ese tercer país, o a la organización internacional de que se trate;
dicha decisión se entenderá sin perjuicio de las transferencias en virtud del
artículo 35, apartado 1, o de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.
La Comisión entablará consultas, en su debido momento, con el tercer país o la
organización internacional con vistas a poner remedio a la situación resultante
de la decisión adoptada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del
presente artículo.
7.           La Comisión publicará en
el Diario Oficial de la Unión Europea una lista de los terceros países,
territorios y sectores de tratamiento de datos en un tercer país o una
organización internacional para los que haya decidido que está o no está garantizado
un nivel protección adecuado.
8.           La Comisión supervisará
la aplicación de los actos de ejecución contemplados en los apartados 3 y 5. 
Artículo 35 
Transferencias mediante garantías apropiadas
1.           Cuando la Comisión no
haya adoptado una decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, los
Estados miembros dispondrán que podrá tener lugar una transferencia de datos
personales a un destinatario en un tercer país o una organización internacional
cuando: 
a)      se hayan aportado garantías
apropiadas con respecto a la protección de datos personales en un instrumento
jurídicamente vinculante; o
b)      el responsable o el encargado del
tratamiento hayan evaluado todas las circunstancias que concurren en la
transferencia de datos personales y hayan llegado a la conclusión de que
existen garantías apropiadas con respecto a la protección de datos personales.
2.           La decisión relativa a
una transferencia en virtud del apartado 1, letra b), deberá ser adoptada por
personal debidamente autorizado. Estas transferencias deberán documentarse y la
documentación se pondrá a disposición, previa solicitud, de la autoridad de
control.
Artículo 36 
Excepciones
No obstante
lo dispuesto en los artículos 34 y 35, los Estados miembros dispondrán que solo
podrá procederse a la transferencia de datos personales a un tercer país o una
organización internacional en caso de que: 
a)       la transferencia sea necesaria para
proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona; o
b)       la transferencia sea necesaria para
salvaguardar intereses legítimos del interesado cuando así lo disponga el
Derecho del Estado miembro que transfiere los datos personales; o
c)       la transferencia de los datos sea
esencial para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública
de un Estado miembro o de un tercer país; o
d)       la transferencia sea necesaria en
casos concretos a efectos de prevención, investigación, detección o
enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales; o
e)       la transferencia sea necesaria en
casos concretos para el reconocimiento, el ejercicio o la defensa de un derecho
en un procedimiento judicial relativo a la prevención, investigación, detección
o enjuiciamiento de una infracción penal o la ejecución de una sanción penal
específica. 
Artículo 37 
Condiciones específicas para la transferencia de datos personales
Los Estados miembros dispondrán que el
responsable del tratamiento informará al destinatario de los datos personales
de cualquier limitación al tratamiento y tomará todas las medidas razonables
para garantizar que se cumplan dichas limitaciones.
Artículo 38
Cooperación internacional en el ámbito de la protección de datos personales
1.           En relación con los
terceros países y las organizaciones internacionales, la Comisión y los Estados
miembros tomarán medidas apropiadas para:
a)      crear mecanismos de cooperación
internacional eficaces que faciliten la aplicación de la legislación relativa a
la protección de datos personales;
b)      prestarse mutuamente asistencia a
escala internacional en la aplicación de la legislación relativa a la
protección de datos personales, en particular mediante la notificación, la
remisión de reclamaciones, la asistencia en las investigaciones y el
intercambio de información, a reserva de las garantías apropiadas para la protección
de los datos personales y otros derechos y libertades fundamentales;
c)      procurar la participación de las
partes interesadas pertinentes en los debates y actividades destinados a
reforzar la cooperación internacional en la aplicación de la legislación relativa
a la protección de datos personales; 
d)      promover el intercambio y la
documentación de la legislación y las prácticas en materia de protección de
datos personales.
2.           A efectos de la
aplicación del apartado 1, la Comisión tomará medidas apropiadas para impulsar
las relaciones con terceros países u organizaciones internacionales y, en
particular, sus autoridades de control, cuando haya decidido que garantizan un
nivel de protección adecuado a tenor de lo dispuesto en el artículo 34,
apartado 3.
CAPÍTULO VI
AUTORIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTES 
SECCIÓN 1
INDEPENDENCIA
Artículo 39 
Autoridad de control
1.                      
Cada Estado miembro dispondrá que una o varias
autoridades públicas se encargarán de supervisar la aplicación de las
disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y de contribuir a
su aplicación coherente en toda la Unión, con el fin de proteger los derechos y
las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de sus datos personales y de facilitar la libre circulación de
datos personales en la Unión. A tal fin, las autoridades de control cooperarán
entre sí y con la Comisión.
2.                      
Los Estados miembros podrán disponer que las
autoridades de control creadas en los Estados miembros de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento (UE) nº …./2012 asumirán las tareas de la
autoridad de control que vaya a crearse de conformidad con el apartado 1.
3.                      
Cuando en un Estado miembro estén establecidas
varias autoridades de control, dicho Estado miembro designará la autoridad de
control que actuará como punto de contacto único, a fin de favorecer la
participación efectiva de dichas autoridades en el Consejo Europeo de
Protección de Datos.
Artículo 40
Independencia
1.           Los Estados miembros
velarán por que la autoridad de control actúe con total independencia en el
ejercicio de las funciones que le hayan sido encomendadas y de los poderes que
le hayan sido conferidos.
2.           Cada Estado miembro
dispondrá que, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la autoridad
de control no solicitarán ni aceptarán instrucciones de nadie.
3.           Los miembros de la
autoridad de control se abstendrán de cualquier acción que sea incompatible con
sus funciones y no participarán, mientras dure su mandato, en ninguna actividad
profesional incompatible, sea o no remunerada.
4.           Tras la finalización de
su mandato, los miembros de la autoridad de control actuarán con integridad y
discreción en lo que respecta a la aceptación de cargos y beneficios.
5.           Cada Estado miembro
velará por que la autoridad de control disponga en todo momento de los recursos
humanos, técnicos y financieros adecuados, así como de las instalaciones e
infraestructuras necesarias para el ejercicio efectivo de sus funciones y
poderes, en particular aquellos que haya de ejercer en el marco de la
asistencia mutua, la cooperación y la participación activa en el Consejo
Europeo de Protección de Datos.
6            Cada Estado miembro
velará por que la autoridad de control disponga de su propio personal, que será
nombrado por el director de la autoridad de control y estará sujeto a su
autoridad.
7.           Los Estados miembros
velarán por que la autoridad de control esté sujeta a control financiero, sin
que ello afecte a su independencia. Los Estados miembros velarán por que la
autoridad de control disponga de presupuestos anuales propios. Los presupuestos
se harán públicos.
Artículo 41 
Condiciones generales aplicables a los miembros de la autoridad de control

1.           Los Estados miembros
dispondrán que los miembros de la autoridad de control deben ser nombrados bien
por su parlamento bien por su gobierno. 
2.           Los miembros serán
elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que
posean experiencia y aptitudes acreditadas para el ejercicio de sus funciones.
3.           Las funciones de los
miembros terminarán a la expiración de su mandato o, en caso de dimisión o
jubilación obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.
4.           Un miembro podrá ser
destituido o desposeído de su derecho a pensión u otros beneficios sustitutivos
por el órgano jurisdiccional nacional competente si dejara de reunir las
condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiera incurrido
en falta grave.
5.           Un miembro cuyo mandato
expire o que presente su dimisión seguirá ejerciendo sus funciones hasta que se
nombre un nuevo miembro.
Artículo 42
Normas relativas al establecimiento de la autoridad de control 
Cada Estado miembro dispondrá por
ley:
a)           el establecimiento y el
estatuto de la autoridad de control con arreglo a lo dispuesto en los artículos
39 y 40;
b)           las cualificaciones, la
experiencia y las aptitudes requeridas para ejercer las funciones de miembro de
la autoridad de control;
c)           las normas y los procedimientos
para el nombramiento de los miembros de la autoridad de control, así como las
normas relativas a las actividades u ocupaciones incompatibles con sus
funciones; 
d)           la duración del mandato de los
miembros de la autoridad de control, que no será inferior a cuatro años, salvo
los primeros nombramientos tras la entrada en vigor de la presente Directiva,
algunos de los cuales podrán ser más breves;
e)           el carácter renovable o no
renovable del mandato de los miembros de la autoridad de control; 
f)            las reglas y condiciones
comunes que rigen las funciones de los miembros y del personal de la autoridad
de control; 
g)           las normas y los procedimientos
relativos al cese de las funciones de los miembros de la autoridad de control,
en particular cuando hayan dejado de cumplir las condiciones requeridas para el
ejercicio de sus funciones o incurrieran en falta grave. 
Artículo 43 
Secreto profesional
Los Estados miembros dispondrán que los
miembros y el personal de la autoridad de control estarán sujetos, tanto
durante su mandato como después del mismo, al deber de secreto profesional con
relación a las informaciones confidenciales de las que hayan tenido
conocimiento en el ejercicio de sus funciones oficiales.
SECCIÓN 2
FUNCIONES Y PODERES
Artículo 44
Competencia
1.           Los Estados miembros
dispondrán que cada autoridad de control ejercerá, en el territorio de su
propio Estado miembro, los poderes que se le confieran de conformidad con la
presente Directiva. 
2.           Los Estados miembros
dispondrán que la autoridad de control no será competente para controlar las
operaciones de tratamiento efectuadas por los órganos jurisdiccionales en el
ejercicio de su función jurisdiccional. 
Artículo 45 
Funciones
1.           Los Estados miembros
dispondrán que la autoridad de control:
a)      supervisará y asegurará la
aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva y
sus medidas de ejecución;
b)      conocerá las reclamaciones
presentadas por cualquier interesado o por una asociación que le represente y
que esté debidamente autorizada por él de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 50, investigará, en la medida en que proceda, el asunto e informará al
interesado o la asociación sobre el curso y el resultado de la reclamación en
un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o
una coordinación más estrecha con otra autoridad de control; 
c)      controlará la licitud del
tratamiento de datos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, e informará
al interesado, en un plazo razonable, sobre el resultado del control o sobre
los motivos por los que no se ha llevado a cabo; 
d)      prestará asistencia mutua a otras
autoridades de control y garantizará la coherencia de la aplicación y el
cumplimiento de las disposiciones adoptadas con arreglo a la presente
Directiva;
e)      llevará a cabo investigaciones, ya
sea a iniciativa propia, ya sea a raíz de una reclamación o a solicitud de otra
autoridad de control, e informará al interesado en cuestión, si este hubiera
presentado una reclamación, del resultado de las investigaciones en un plazo
razonable; 
f)       hará un seguimiento de las
novedades de interés, en la medida en que tengan incidencia en la protección de
datos personales, en particular el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación; 
g)      será consultado por las
instituciones y los organismos de los Estados miembros sobre las medidas
legislativas y administrativas relativas a la protección de los derechos y
libertades de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales;
h)      será consultado sobre las
operaciones de tratamiento de datos con arreglo al artículo 26;
i)       participará en las actividades del
Consejo Europeo de Protección de Datos.
2.           Cada autoridad de
control promoverá la sensibilización del público sobre los riesgos, normas,
garantías y derechos relativos al tratamiento de datos personales. Las actividades
dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención.
3.           La autoridad de control,
previa solicitud, asesorará a cualquier interesado en el ejercicio de los
derechos que confieren disposiciones adoptadas con arreglo a la presente
Directiva y, en su caso, cooperará a tal fin con las autoridades de control de
otros Estados miembros. 
4.           Para las reclamaciones
contempladas en el apartado 1, letra b), la autoridad de control facilitará un
formulario de reclamaciones que podrá cumplimentarse por vía electrónica, sin
excluir otros medios de comunicación.
5.           Los Estados miembros
dispondrán que el desempeño de las funciones de la autoridad de control será
gratuito para el interesado. 
6.           Cuando las solicitudes
sean abusivas, en particular por su carácter repetitivo, la autoridad de
control podrá exigir el pago de una tasa o decidir no adoptar las medidas
solicitadas por el interesado. La carga de la prueba del carácter abusivo de la
solicitud recaerá en la autoridad de control. 
Artículo 46 
Poderes
Los Estados miembros dispondrán que cada
autoridad de control deberá estar investida, en particular, de:
a)      poderes de investigación, como el
poder de acceder a los datos que sean objeto de un tratamiento y el de recabar
toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;
b)      poderes efectivos de intervención,
por ejemplo para emitir dictámenes antes de que se lleve a cabo el tratamiento,
y garantizar una publicación adecuada de dichos dictámenes, ordenar la
limitación, supresión o destrucción de datos, imponer una prohibición temporal
o definitiva del tratamiento, formular una advertencia o una amonestación al
responsable de la misma, o remitir el asunto a los parlamentos nacionales u
otras instituciones políticas;
c)      el poder de emprender acciones
legales cuando se hayan infringido las disposiciones adoptadas con arreglo a la
presente Directiva o de denunciar dichas infracciones a las autoridades
judiciales.
Artículo 47
Informe de actividad
Los Estados miembros dispondrán que cada
autoridad de control elaborará un informe anual sobre sus actividades. El
informe se pondrá a disposición de la Comisión y el Consejo Europeo de
Protección de Datos.
CAPÍTULO VII
COOPERACIÓN
Artículo 48
Asistencia mutua
1.           Los Estados miembros dispondrán
que las autoridades de control se prestarán asistencia mutua a fin de
implementar y aplicar las disposiciones adoptada con arreglo a la presente
Directiva de forma coherente, y tomarán medidas para asegurar una efectiva
cooperación entre sí. La asistencia mutua abarcará, en particular, las
solicitudes de información y las medidas de control, como, por ejemplo, las
solicitudes para llevar a cabo consultas previas, inspecciones e
investigaciones.
2.           Los Estados miembros
dispondrán que una autoridad de control adoptará todas las medidas apropiadas
requeridas para responder a la solicitud de otra autoridad de control.
3.           La autoridad de control
a la que se haya dirigido una solicitud de asistencia informará a la autoridad
de control solicitante de los resultados obtenidos o, en su caso, de los
progresos registrados o de las medidas adoptadas para dar curso a su solicitud.

Artículo 49
Tareas del Consejo Europeo de Protección de Datos
1.           El Consejo Europeo de
Protección de datos creado por el Reglamento (UE) nº …./2012 ejercerá,
dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, las siguientes tareas
en relación con el tratamiento de datos:
a)      asesorará a la Comisión sobre
cualquier cuestión relativa a la protección de datos personales en la Unión, en
particular sobre cualquier propuesta de modificación de la presente Directiva;
b)      examinará, a solicitud de la
Comisión o a iniciativa propia o de uno de sus miembros, cualquier cuestión
relativa a la aplicación de las disposiciones adoptadas con arreglo a la
presente Directiva y emitirá directrices, recomendaciones y mejores prácticas
dirigidas a las autoridades de control, a fin de promover la aplicación
coherente de esas disposiciones; 
c)      examinará la aplicación práctica de
las directrices, recomendaciones y mejores prácticas contempladas en la letra
b) e informará de ellas periódicamente a la Comisión; 
d)      emitirá un dictamen destinado a la
Comisión sobre el nivel de protección en terceros países u organizaciones
internacionales;
e)      promoverá la cooperación y los
intercambios bilaterales y multilaterales efectivos de información y de
prácticas entre las autoridades de control; 
f)       promoverá programas de formación
comunes y facilitará los intercambios de personal entre las autoridades de
control, así como, cuando proceda, con las autoridades de control de terceros
países o de organizaciones internacionales; 
g)      promoverá el intercambio de
conocimientos y documentación con las autoridades de control de la protección
de datos a escala mundial, en particular sobre la legislación y las prácticas
en materia de protección de datos.
2.       Cuando la Comisión solicite
asesoramiento del Consejo Europeo de Protección de Datos podrá fijar un plazo
para la prestación de dicho asesoramiento, teniendo en cuenta la urgencia del
asunto.
3.           El Consejo Europeo de
Protección de Datos transmitirá sus dictámenes, directrices, recomendaciones y
mejores prácticas a la Comisión y al Comité contemplado en el artículo 57,
apartado 1, y los hará públicos.
4.           La Comisión informará al
Consejo Europeo de Protección de Datos de las medidas que haya adoptado
siguiendo los dictámenes, directrices, recomendaciones y mejores prácticas
emitidos por dicho Consejo.
CAPÍTULO VIII
RECURSOS, RESPONSABILIDAD Y SANCIONES 
Artículo 50
Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control
1.           Sin perjuicio de los
recursos administrativos o judiciales, los Estados miembros reconocerán el
derecho que asiste a todo interesado a presentar una reclamación ante la
autoridad de control de cualquier Estado miembro si considera que el
tratamiento de sus datos personales no se ajusta a las disposiciones adoptadas
con arreglo a la presente Directiva. 
2.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación
que tenga por objeto proteger los derechos e intereses de los interesados por
lo que se refiere a la protección de sus datos personales, y que haya sido
correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, a
presentar una reclamación ante una autoridad de control en cualquier Estado
miembro por cuenta de uno o más interesados si considera que los derechos que
le asisten en virtud de la presente Directiva han sido vulnerados como
consecuencia del tratamiento de datos personales. La organización o asociación
deberá estar debidamente autorizada por el interesado o interesados.
3.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación
contemplado en el apartado 2, independientemente de la reclamación de un
interesado, a presentar una reclamación ante una autoridad de control en
cualquier Estado miembro si considera que se ha producido una violación de los
datos personales.
Artículo 51
Derecho a un recurso judicial contra una autoridad de control
1.                      
Los Estados miembros reconocerán el derecho a
un recurso judicial contra las decisiones de una autoridad de control.
2.                      
Cada interesado tendrá derecho a un recurso
judicial que obligue a la autoridad de control a dar curso a una reclamación en
ausencia de una decisión necesaria para proteger sus derechos, o en caso de que
la autoridad de control no informe al interesado en el plazo de tres meses
sobre el curso o el resultado de la reclamación con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 45, apartado 1, letra b).
3.                      
Los Estados miembros dispondrán que las
acciones legales contra una autoridad de control deberán ejercitarse antes los
órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté establecida la
autoridad de control.
Artículo 52
Derecho a un recurso judicial contra un responsable o encargado
Sin perjuicio de los recursos
administrativos disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación
ante una autoridad de control, los Estados miembros reconocerán el derecho que
asiste a toda persona física a interponer un recurso judicial si considera que
sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a la presente
Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos
personales no conforme con esas disposiciones. 
Artículo 53
Normas comunes para los procedimientos judiciales 
1.           Los Estados miembros
reconocerán el derecho que asiste a todo organismo, organización o asociación a
que se refiere el artículo 50, apartado 2, a ejercer los derechos contemplados
en los artículos 51 y 52 en nombre de uno o más interesados.
2.           Las autoridades de
control tendrán derecho a litigar y ejercitar acciones ante un órgano
jurisdiccional con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones
adoptadas con arreglo a la presente Directiva o de garantizar la coherencia de
la protección de los datos personales en el territorio de la Unión.
3.           Los Estados miembros
velarán por que las acciones jurisdiccionales existentes en virtud de la
legislación nacional permitan la rápida adopción de medidas, incluso medidas
provisionales, destinadas a poner término a cualquier presunta infracción y a
evitar que se produzcan nuevos perjuicios contra los intereses afectados.
Artículo 54
Responsabilidad y derecho a indemnización
1.           Los Estados miembros
dispondrán que toda persona que haya sufrido un perjuicio como consecuencia de
una operación de tratamiento ilícito o de un acto incompatible con las
disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva tendrá derecho a
recibir del responsable o encargado del tratamiento una indemnización por el
perjuicio sufrido. 
2.           En caso de que
participen en el tratamiento más de un responsable o encargado, todos los
responsables o encargados serán responsables solidarios del importe total de
los daños. 
3.           El responsable o el
encargado del tratamiento podrá ser eximido total o parcialmente de dicha
responsabilidad si demuestra que no se le puede imputar el hecho que ha
provocado el daño.
Artículo 55
Sanciones
Los Estados miembros establecerán las
normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones
adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
CAPÍTULO IX
ACTOS DELEGADOS Y ACTOS DE EJECUCIÓN
Artículo 56
Ejercicio de la delegación
1.           Los poderes para adoptar
actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones
establecidas en el presente artículo. 
2.           La delegación de poderes
a que se refiere el artículo 28, apartado 5, se atribuirá a la Comisión
por un periodo de tiempo indeterminado a partir de la fecha de entrada en vigor
de la presente Directiva.
3.           La delegación de poderes
a que se refiere el artículo 28, apartado 5, podrá ser revocada en
cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de
revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior que en ella se
especifique. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en
vigor. 
4.           En cuanto la Comisión
adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y
al Consejo. 
5.           Todo acto delegado
adoptado en virtud del artículo 28, apartado 5, entrará en vigor únicamente en
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan manifestado ninguna
objeción en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al
Parlamento Europeo y al Consejo, o en caso de que, antes de que expire ese
plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo hayan informado a la Comisión de que
no formularán ninguna objeción. El plazo se podrá prorrogar dos meses a
instancias del Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 57
Procedimiento de Comité
1.                      
La Comisión estará asistida por un Comité.
Dicho Comité se entenderá en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2.                      
Cuando se haga referencia al presente
apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
nº 182/2011.
3.                      
Cuando se haga referencia al presente
apartado, se aplicará el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, leído
en relación con su artículo 5.
CAPÍTULO X
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 58
Derogaciones
1.           Queda derogada la
Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. 
2.           Las referencias a la
Decisión Marco derogada a que hace referencia el apartado 1 se entenderán
hechas a la presente Directiva. 
Artículo 59
Relación con actos de la Unión adoptados anteriormente en el ámbito de la
cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial 
Las disposiciones específicas relativas a
la protección de datos personales en lo que respecta al tratamiento de datos
personales por parte de autoridades competentes a efectos de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales en actos de la Unión adoptados antes de la fecha
de adopción de la presente Directiva que regulen el tratamiento de datos
personales entre los Estados miembros y el acceso de autoridades designadas de
los Estados miembros a los sistemas de información establecidos con arreglo a
lo dispuesto en los Tratados en el ámbito de la presente Directiva no se verán
afectadas.
Artículo 60
Relación con acuerdos internacionales celebrados con anterioridad en el ámbito
de la cooperación judicial en materia penal y de la cooperación policial
Los acuerdos internacionales celebrados
por los Estados miembros con anterioridad a la entrada en vigor de la presente
Directiva se modificarán, en caso necesario, en un plazo de cinco años a partir
de la entrada en vigor de la presente Directiva. 
Artículo 61
Evaluación 
1.           La Comisión evaluará la
aplicación de la presente Directiva. 
2.           La
Comisión revisará en un plazo de tres años después de la entrada en vigor de la
presente Directiva otros actos adoptados por la Unión Europea que regulan el
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes a
efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, en particular los
actos adoptados por la Unión a que se refiere el artículo 59, a fin de evaluar
la necesidad de aproximarlos a las disposiciones de la presente Directiva, y
presentará, en su caso, las propuestas necesarias para modificar dichos actos a
fin de garantizar un enfoque coherente de la protección de datos personales en
el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
3.           La Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo informes periódicos sobre la evaluación y
revisión de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.
Los primeros informes se presentarán a más tardar cuatro años después de la
entrada en vigor de la presente Directiva. Los siguientes informes se
presentarán cada cuatro años. La Comisión presentará, si procede, las
propuestas oportunas para modificar la presente Directiva y para adaptar otros
instrumentos jurídicos. Dicho informe se hará público.
Artículo 62
Implementación
1.           Los Estados miembros
adoptarán y publicarán, a más tardar el [fecha / dos años después de su entrada
en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del
xx.xx.201x [fecha / dos años después de su entrada en vigor].
Cuando los Estados miembros adopten dichas
disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán
acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.           Los Estados miembros
comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno
que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 63
Entrada en vigor y aplicación
La presente
Directiva entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
Artículo 64
Destinatarios
Los
destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 25.1.2012
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
[1]               Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 
[2]               Véase la lista completa en el anexo 3 de la evaluación
de impacto (SEC (2012) 72).
[3]               Decisión Marco 2008/977/JAI, de 27 de noviembre de 2008,
relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la
cooperación policial y judicial en materia penal, DO L 350 de 30.12.2008, p.
60.
[4]               En el Programa de Estocolmo, DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.

[5]               Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre el
Programa de Estocolmo, adoptada el 25 de noviembre de 2009.
[6]               COM (2010) 171final.
[7]               Comunicación de la Comisión Europea «Un enfoque global
de la protección de los datos personales en la Unión Europea», COM (2010) 609
final de 4 de noviembre de 2010.
[8]               Declaración 21, relativa a la protección de datos de
carácter personal en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y de
la cooperación policial (aneja al Acta final de la Conferencia
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, 13.12.2007).
[9]               http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/090709_en.htm.
[10]             http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/opinion/101104_en.htm.
[11]             Eurobarómetro espacial (EB) 359, Data Protection and
Electronic Identity in the EU (Protección de datos e identidad electrónica
en la UE, 2011):     
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf.
[12]             Véase el Estudio sobre las ventajas económicas de las
tecnologías potenciadoras de la privacidad o el Estudio comparativo de
los distintos enfoques ante los nuevos retos en materia de protección de la
privacidad, en particular a la luz de los avances tecnológicos, enero de
2010.             
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_en.pdf).

[13]             Este grupo de trabajo se creó en 1996 (por el artículo 29
de la Directiva) con carácter consultivo y estaba compuesto por representantes
de las autoridades nacionales de protección de datos (DPA), el Supervisor
Europeo de Protección de Datos (SEPD) y la Comisión. Para consultar información
adicional sobre sus actividades, véase  
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm.
[14]             Véanse, en particular, los siguientes dictámenes: sobre
«El futuro de la intimidad» (2009, WP 168); sobre los conceptos de «responsable
del tratamiento» y «encargado del tratamiento» (1/2010, WP 169); sobre la
publicidad del comportamiento en línea (2/2010, WP 171); sobre el principio de
la obligación de rendir cuentas (3/2010, WP 173); sobre la legislación
aplicable (8/2010, WP 179); y sobre el consentimiento (15/2011, WP 187). A
petición de la Comisión, también adoptó los tres documentos de orientación
siguientes: sobre notificaciones, datos sensibles y la aplicación práctica del
artículo 28, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE. Todos ellos pueden
consultarse en:             
http://ec.europa.eu/justice/protección
de datos/article-29/documentation/index_en.htm.
[15]             Puede consultarse en el sitio internet del SEPD: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/.
[16]             Resolución del PE de 6 de julio de 2011 sobre un enfoque
global de la protección de los datos personales en la Unión Europea
(2011/2025(INI),    
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0323&language=EN&ring=A7-2011-0244
(ponente: MEP Axel Voss (PPE/DE).
[17]             CESE 999/2011.
[18]             SEC(2012) 72.
[19]             COM(2012) 12.
[20]             Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de
9.11.2010, asuntos acumulados C-92/09 y C-93/09 Volker und Markus schecke y
Eifert [Rec. 2010, p. I-0000).
[21]             En consonancia con el artículo 52, apartado 1, de la
Carta, pueden introducirse limitaciones al ejercicio del derecho a la
protección de datos, siempre que tales limitaciones estén establecidas por ley,
respeten el contenido esencial de dichos derechos y libertades y, respetando el
principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a
objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de
protección de los derechos y libertades de los demás.
[22]             Mencionado también en el artículo 2, letra a), de la
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre
de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual
de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión
marco 2004/68/JAI del Consejo, DO L 335, 17.12.2011, p. 1.
[23]             COM(2005) 475 final.
[24]             Artículo 14 de la Decisión 2009/371/JAI por la que se crea
la Oficina Europea de Policía (Europol).
[25]             Artículo 15 de la Decisión 2009/426/JAI por la que se
refuerza Eurojust.
[26]             Artículo 14 de la Decisión 2009/371/JAI por la que se crea
la Oficina Europea de Policía (Europol).
[27]             Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de
4.12.2008, S. y Marper / Reino Unido (nº demanda 30562/04 y 30566/04). 
[28]             Adoptada por la Conferencia Internacional de Autoridades
de Protección de Datos y Privacidad de 5.11.2009.
[29]             Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de
9.3.2010, Comisión/Alemania (C-518/07, Rec. 2010, p. I-1885)
[30]             Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
datos; DO L 8 de 12.1.2001, p.1.
[31]             Op. cit, nota a pie de página nº 27.
[32]             Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico»);
DO L 178 de 17.07.2000, p. 1.
[33]             DO C de …, p. ...
[34]             DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
[35]             DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
[36]             DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
[37]             DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
[38]             DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
[39]             DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.                
[40]             DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.