CELEX: 51992PC0110
Language: es
Date: 1992-05-11
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y extracción de hidrocarburos

COMISIÓN       DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                       COM(92) 110 final - SYN 412
                                      Bruselas, 11 de mayo de 1992
                           Propuesta de
                      DIRECTIVA DEL CONSEJO
  sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las
     autorizaciones de prospección/ exploración y extracción
                         de hidrocarburos
                   (presentada por la Comisión)
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                         EXPOSICIÓN GENERAL DE MOTIVOS
           Introducción
           Con la publicación del Libro BI anco1) en junio de 1985
           ("realización del mercado interior") y la aprobación del Acta
           Única en diciembre de 1985, la realización del mercado
           interior prevista para finales de 1992 se ha convertido en uno
           de los objetivos esenciales para la Comunidad.
           El Acta Única incorporó al Tratado un artículo 8A, que define
           el mercado interior como "un espacio sin fronteras interiores,
           en el que la libre circulación de mercancías, personas,
           servicios y capitales estará garantizada". Esta definición se
           aplica también al sector de la energía.
           Por otra parte, la energía es un componente tan esencial de
           todas las actividades económicas que se realizan en la
           Comunidad, que es inconcebible la realización del mercado
           interior sin un mercado integrado de la energía. Los objetivos
           energéticos de la Comunidad aprobados por el Consejo en
           1986*) hacen hincapié en        la necesidad     de una  "mayor
           integración, liberada de los obstáculos al comercio, del
           mercado interior de la energía, con vistas a mejorar la
           seguridad de abastecimiento, de reducir los costes y de
           fortalecer la competiti vi dad económica".
           Se han realizado ya o se están             realizando progresos
           importantes hacia el establecimiento de un mercado interior
           de la energía. Después de una primera etapa en la que se han
           adoptado las directivas del Consejo sobre el transporte de
           electricidad3), sobre el de gas 4 ) y sobre la transparencia
           de los precios5^, la Comisión ha transmitido al Consejo dos
           propuestas de directiva relativas a las normas comunes para
           el mercado interior de la electricidad, por una parte, y del
           gas, por otra 6 ). Por lo que respecta a este último, las
           normas comunes propuestas no afectan al sector de la
           producción. La presente propuesta constituye, pues, para el
           sector del gas, la parte complementaria de la segunda fase
            iniciada, con intención asimismo de suprimir los últimos
           obstáculos   importantes para     la realización del mercado
            interior en el ámbito del petróleo, donde no subsisten
           demasiadas restricciones a la competencia en el sector de los
           suministros.
1) COM(85)310 final, 14.06.85
2) DO no C 241, 25.09.1986
3) DO L 313/30, de 13.11.90
4) DO L 147/37, de 12.06.91
5) DO L 185/16, de 17.07.90
6) C0M(91) 548 final - Syn 384-385 - de 21.02.1992
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3. De hecho, la prospección, la exploración y la extracción de
   petróleo y de gas natural constituyen una sola actividad
   sometida a condiciones físicas, técnicas y jurídicas similares
   y que deben abordarse, pues, en un contexto común y a la vez
   distinto de aquellos en los que se encuadran las actividades
   de suministro y de generación de electricidad. En este marco,
   dicha actividad continúa, en distintos grados según los
   Estados miembros, estando sometida a restricciones que pueden
   explicarse por la importancia que tienen los hidrocarburos en
   la actividad económica y las características tradicionales de
   los regímenes mineros, pero que son incompatibles con la
   realización    del    mercado  interior.   Este    último    implica
   principalmente la armonización de las condiciones de acceso y
   de ejercicio de dicha actividad respetando los derechos y
   responsabilidades de los Estados miembros en        lo referente a
   la administración de sus recursos en hidrocarburos.
   El marco general de las actividades
4. La    diversidad    de   usos  finales   de    los    hidrocarburos
   (combustibles para       la producción   de electricidad       y de
   calefacción, carburantes para los transportes, materias primas
   para la industria química y petroquímica) hacen de ellos un
   componente esencial de la actividad económica, tanto más
   importante cuanto que se trata de un recurso limitado en la
   Comunidad. Efectivamente, la producción comunitaria suministra
   únicamente un 24 % del consumo de petróleo y un 62 % de I de
   gas en la Comunidad.
5. Los recursos en hidrocarburos son, en la mayoría de los
   Estados miembros, de propiedad del Estado. Su administración
   depende, en      todo   caso,  de   la responsabilidad      de   las
   autoridades públicas que, en la ejecución de esta tarea,
   persiguen frecuentemente objetivos más amplios que la eficacia
   de la explotación individual de los distintos emplazamientos
   de generación de energía, como:
   a) la  gestión planificada del conjunto de los recursos,
   b) la  seguridad de abastecimiento del país,
   c) la  alimentación del presupuesto del Estado,
   d) el  desarrollo de la economía nacional, especialmente:
      - el de la industria generadora (empresarios de obras y
         suministradores de material y de servicios)
      - el de los productores nacionales, principalmente las
         empresas públicas y
      - el de la industria final (petroquímica, distribución de
         gas, etc.).
6. Durante    la realización de estos objetivos,          los poderes
   públicos pueden, en diversos grados según el Estado miembro de
   que se trate, verse obligados a restringir el acceso a las
   actividades de explotación de los hidrocarburos y el ejercicio
   de aquéllas, restricciones que consistirán, para las más
   importantes, en lo siguiente:
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   -    reservar parte de la explotación a empresas nacionales
       (generalmente públicas), ya sea concediéndoles directamente
       determinadas zonas (las más prometedoras), ya imponiendo su
       participación    en   los grupos     de   empresa   que    exijan
       autor ización,
        liberar a las empresas públicas de determinadas condiciones
       que se imponen a las privadas,
        limitar la libertad comercial de las empresas en cuanto a
        la elección de sus abastecedores, de sus clientes, de sus
       empleados o de sus medios de transporte.
7. En consecuencia, el        control   de    la explotación    de   los
   hidrocarburos por los poderes públicos se ejerce no sólo con
   arreglo, por ejemplo, a normas de seguridad, de medio
   ambiente, de ocupación de los suelos como en las demás
   actividades, sino también sobre
       la nacionalidad y el estatuto (privado o público) de las
       empresas
       la forma en que las empresas se propongan proceder y
       procedan a la explotación
   -   el destino de los bienes producidos.
   Estas restricciones pueden imponerse oficialmente por la vía
   Jurídica pero, aun cuando no sea éste el caso, el poder
   discrecional de que disponen las autoridades públicas para
   conceder autorizaciones les da la oportunidad de exigir a las
   empresas candi datas que se comprometan a respetarlas. Estas
   restricciones son, por        lo menos para algunas de ellas,
   contrarias a las disposiciones del Tratado, especialmente en
   cuanto a la libre circulación de las mercancías y al derecho
   de establecimiento.
8. Por     último,   las   condiciones     de   explotación    de    los
   hidrocarburos presentan otras dos características importantes:
       las inversiones plantean riesgos. La existencia y la
       cantidad de hidrocarburos en una concesión a menudo no
       pueden determinarse más que tras haber realizado obras muy
       costosas, especialmente en el mar del Norte;
   -   el acceso a las actividades está limitado por la existencia
       de hidrocarburos. Por otra parte, en las zonas en las que
       se encuentra, no es siempre posible o deseable, ni física
       ni económicamente, multiplicar las instalaciones y los
       explotadores.
   Estas características       justifican   que se    reserve a      las
   entidades un derecho exclusivo en            las zonas que están
   autorizadas a explotar y la garantía de disfrutar ese derecho
   durante un plazo suficiente para permitir una rentabilidad
   adecuada del capital expuesto.
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    La situación actual en la Comunidad
10. Por lo que respecta a los Estados miembros, la situación del
    sector, en conjunto, se caracteriza hoy en día por los
    factores siguientes:
    - una tendencia a la Iiberalización del sector. En efecto,
    algunos Estados miembros flexibiI izaron considerablemente ya
    hace unos diez años su régimen, de derecho o de hecho.
    - la madurez del sector. Como ya se ha indicado anteriormente,
    los recursos de la Comunidad son limitados. Las zonas que ya
    han sido concedidas contienen probablemente la mayor parte de
    ellos y no hay que hacerse ilusiones respecto a las zonas no
    atribuidas     todavía. Sin embargo,      las reservas son aún
    apreciables. Todavía no ha empezado la producción en la
    totalidad de las zonas concedidas y puede esperarse que ei uso
    de nuevas tecnologías permita explotar zonas marginales cuyo
    aprovechamiento no es rentable actualmente. Por otra parte, el
    procedimiento de "reversión", es decir, la obligación que
    tienen los titulares de una autorización de restituir las
    partes de las concesiones que no hayan sido explotadas en los
    plazos convenidos, abre también la posibilidad de nuevas
    autorizaciones.
    - el peso del pasado. La situación competitiva del sector
    sigue estando determinada por las condiciones fijadas en el
    pasado, a causa de la larga duración de las concesiones,
    algunas de las cuales, que se encuentran entre las más ricas,
    no fueron sometidas a la obligación de reversión.
11. A nivel comunitario, los contratos de suministro y de obras
    celebrados     por   las empresas   del    sector deberán   estar
    totalmente abiertos a la competencia a partir del 1.1.93 en la
    mayoría de los Estados miembros (algo más tarde en España,
    Portugal y Grecia), en aplicación de la Directiva 90/531/CEE
    de 17 de septiembre de 1990. EI 6 de noviembre de 1991, la
    Comisión adoptó una propuesta para completar dicha directiva
    con el fin de incluir en ella los contratos de servicios. Es
    necesario observar al respecto que esta directiva introduce un
    régimen alternativo para el sector de la producción de
    hidrocarburos y de combustibles sólidos. La aplicación de este
    régimen     queda   sometida  a   la    condición  de   que   las
    autorizaciones se concedan de manera no discriminatoria y
    transparente.
    Por otra parte, la Comisión adoptó asimismo el ... una
    Comunicación al Consejo en la que se recoge el enfoque, los
    avances y      las orientaciones de      los trabajos sobre la
    armonización técnica y la normalización en el sector de la
    energía.
12. Oblet i vos
1.  La creación de un mercado único sin fronteras interiores
    implica un acceso igual de las empresas a la explotación de
    los recursos en hidrocarburos y la libre circulación de estos
    productos entre los Estados miembros.
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2.  A pesar de los avances realizados en algunos Estados miembros,
    el acceso a las actividades de prospección, de exploración y
    de extracción de hidrocarburos y el ejercicio de las mismas
    suelen ser con demasiada frecuencia objeto de discriminaciones
    y de restricciones o bien estar sujetos a condiciones
    incompatibles con la realización de estos objetivos.
3.  Para poner remedio a esta situación, es necesario fijar reglas
    comunes que garanticen que la concesión de las autorizaciones
    se realice con arreglo a procedimientos no discriminatorios y
    transparentes y que ni el acceso a las actividades ni el
    ejercicio de las mismas estén subordinados a condiciones
    injustificadas técnica y económicamente por el objeto de la
    explotación.
4.  Para lograr plenamente el objetivo perseguido, estas reglas
    deberán permitir asimismo limitar los efectos restrictivos de
    las autorizaciones ya concedidas. Para ello conviene, por una
    parte, liberar a las empresas de determinadas obligaciones que
    ya no se volverán a admitir y, por otra, facilitar, en una
    medida razonable, el acceso de otras empresas a zonas que han
    sido reservadas a una empresa en condiciones discriminatorias.
    La consecución de estos objetivos permitirá obtener un entorno
    más competitivo en este sector. Contribuirá a una reducción de
    los costes, a estimulas las actividades de exploración y de
    producción y, por consiguiente, a aumentar el autosuministro
    de la Comunidad en hidrocarburos y, de modo más general, a
    aumentar su seguridad de abastecimiento de energía. La libre
    circulación del petróleo y del gas en la Comunidad resultará
    más fácil, completando de este modo la iniciativa de la
    Comisión de liberar el mercado del gas en los sectores del
    transporte y de la distribución.
    Principios generales
13. La propuesta de la Comisión       se apoya  en  los  siguientes
    principios generales:
    1. Los Estados miembros conservan la soberanía sobre sus
       recursos en hidrocarburos, pero se les exige que la ejerzan
       de una manera compatible con el nivel de integración actual
       de la Comunidad. En este sentido, la propuesta no atenta
       contra los derechos de los Estados miembros relativos a la
       gestión a largo plazo de estos recursos, los ingresos que
        les reportan y su administración a corto plazo.
    2. Con arreglo al principio de subsidiariedad, los Estados
       miembros conservan la libertad de escoger o de mantener el
       régimen más adecuado a las condiciones naturales de
       explotación y a la política de gestión de estos recursos a
        largo plazo.
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     3. La propuesta no tiene por objeto, pues, establecer una
         normativa detallada, sino que fija un marco y unos
         principios generales a los que deben ajustarse estos
         regímenes.
     4. La orientación que se ha seguido para ello se basa en las
         condiciones específicas de explotación de estos recursos.
         Difiere, pues, de la utilizada en la propuesta de directiva
         relativa a las normas comunes para el mercado interior de
         la electricidad y se inspira en la mantenida en el marco de
         las directivas relativas a los contratos públicos.
     Los medios
14.  Debe garantizarse el acceso no discriminatorio de todas las
    entidades (que posean las capacidades necesarias) a las
    actividades de prospección, de exploración y de extracción,
    así como el ejercicio no discriminatorio de las mismas. Para
    ello, se dispone:
    a) que el derecho exclusivo de hacer prospecciones, de
        explorar y de extraer hidrocarburos se conceda únicamente
        mediante procedimientos no discriminatorios y abiertos a
         todas las entidades;
    b) aumentar la transparencia y fortalecer la no discriminación
        en la concesión de las autorizaciones:
        - utilizando procedimientos abiertos a todas las empresas
            interesadas y dándoles la publicidad necesaria,
        - estableciendo y publicando los criterios objetivos que
           servirán de base para tomar decisiones,
        - dando a conocer a todas las partes afectadas las
           condiciones a las cuales se subordina la concesión de las
           autor¡zaciones;
    c) que las condiciones y obligaciones que puedan imponerse a
         las empresas para la concesión o el ejercicio de las
        autorizaciones se justifiquen exclusivamente por:
        - la necesidad de llevar a buen término la explotación,
        - motivos de interés general, como el respeto de las normas
           de medio ambiente, de seguridad, de sanidad, la defensa
           nacional o la política de gestión de los recursos y
        - la percepción de los ingresos que los Estados miembros
           obtienen de la explotación de los hidrocarburos;
        y que      las entidades que estuvieran ya sometidas a
        condiciones     y   obligaciones   injustificadas   por  una
        autorización ya concedida sean liberadas de las mismas;
    d) que cuando se hayan concedido autorizaciones por un
        procedimiento no competitivo, haya otras entidades que
        puedan también acceder a las partes de la zona concedida
       que aún no estén explotadas.
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                     COMENTARIOS A LA PROPUESTA
    Campo de aplicación material y personal
15. La Directiva se aplica principalmente a los contextos
    Jurídicos nacionales en los que se ejercen las actividades de
    prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos,
    es decir, a las autorizaciones cuya definición (apartado 3 del
    articulo 1) determina el campo de aplicación material de la
    directiva. Por lo tanto, el campo de aplicación personal queda
    determinado en relación con este último, es decir, las
    entidades (apartado 2 del articulo 1) que solicitan o poseen
    una autorización y las autoridades competentes (apartado 4 del
    articulo 1 ) , es decir, los poderes públicos (apartado 1 del
    articulo 1) que conceden las autorizaciones. Es necesario
    puntual izar que:
     I) por cuanto se refiere a las autor izaciones. no están
        cubiertos por la definición:
        - los contratos por los que los poderes públicos o una
        entidad confian la ejecución de las actividades a (otra)
        entidad a titulo oneroso y que se basan, pues, en las
        directivas relativas a contratación pública;
        - las autorizaciones que no confieren un derecho exclusivo,
        como suele suceder en el caso de los permisos de
        prospección;
    II)   por lo que se refiere a las ent idades. no se distingue
          entre las empresas públicas y las privadas
    Campo de aplicación territorial
16. La Directiva se aplica en el territorio de los Estados
    miembros, asi como en las zonas sobre las que ejercen su
    soberanía, en las condiciones previstas por el Tratado.
    Campo de aplicación temporal
17. En el articulo 14 se establece que los Estados miembros se
    ajusten a la Directiva antes del 1.1.1993. Por otra parte, la
    directiva se aplica únicamente a las autorizaciones concedidas
    después de esa fecha. Sin embargo, es susceptible de
    aplicación anticipada en el caso en que los procedimientos de
    concesión se hayan iniciado antes de esa fecha. Ello se
    Justifica por el número limitado de áreas geográficas útiles
    que no están aún explotadas y por la necesidad de evitar que
    se concedan en condiciones que no se ajusten a la directiva,
    entre su adopción y la fecha de su aplicación.
18. La Directiva se aplica asimismo a           las autorizaciones
    concedidas antes de su aplicación, en dos casos:
    -   cuando las entidades hayan sido sometidas, para dichas
        autorizaciones, a condiciones, obligaciones y requisitos
        distintos de los autorizados por el articulo 7
    -   en el caso previsto por el articulo 8 (véase el punto 2 6 ) .
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    Es necesario observar que en estos dos casos la directiva no
    cuestiona la atribución de dichas autorizaciones, sino que
    limita algunos de sus efectos para dar a la directiva un
    efecto útil y equilibrado entre         los distintos Estados
    miembros.
    El obieto de la directiva
19. El objeto de la directiva es el de garantizar un acceso no
    discriminatorio     a   las actividades   y el   ejercicio   no
    discriminatorio de éstas (apartado 1 del articulo 2 ) . En los
    ar ti cu los 4 al 8 se establecer normas para la consecución de
    este objet ivo.
    Las normas aplicables a la concesión de      las autorizaciones
    (artículos 4, 5, 6, 7 y 8)
    El principio.-
20. Las autorizaciones deberán concederse sólo en las condiciones
    fijadas por la directiva, es decir, por una parte, con arreglo
    a procedimientos abiertos a todas las entidades y, por otra,
    imponiendo a las entidades condiciones bien definidas.
    La apertura de los procedimientos (artículo 4)
21. Los procedimientos deberán ser accesibles a todos y ser objeto
    de la publicidad necesaria (apartados 1 y 2 del articulo 4 ) .
    Los Estados miembros utilizan dos tipos de procedimientos:
        los abiertos a iniciativa de los poderes públicos, cuando
        se trata de atribuir un número relativamente importante de
        autorizaciones, lo cual suele ocurrir en el mar del Norte,
        y
        los abiertos a raiz de una demanda presentada por una
        ent i dad.
    Hay excepciones previstas para casos específicos en los que no
    tiene objeto efectuar una licitación pública (apartado 3 del
    articulo 4 ) .
    La duración y la extensión de las autorizaciones (articulo 5)
22. La existencia de igual acceso de las entidades a las
    actividades implica que la extensión de las autorizaciones y
    su duración están limitadas de un modo compatible con las
    condiciones económicas y técnicas de una explotación eficaz,
    con el fin de no reservar a una sola entidad, durante un plazo
    excesivamente largo, la explotación de una zona en la cual
    podrían también ejercer sus actividades otros explotadores.
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    La transparencia de los procedimientos (articulo 6)
23. Para   que  sean   transparentes,    los procedimientos  deben
    responder a tes condiciones:
       las decisiones    deben   tomarse basándose   en criterios
       objetivos, establecidos y publicados con antelación;
    -  todas las condiciones y obligaciones de carácter general a
       las que están sujetas las empresas deben establecerse y
       ponerse a disposición de       las entidades antes de la
       introducción de las solicitudes;
       los criterios, condiciones y obligaciones deben aplicarse
       de manera no discriminatoria.
    Las condiciones de concesión y de ejercicio (articulo 7)
24. Es conveniente evitar que la concesión y el ejercicio de las
    autorizaciones estén sometidos a condiciones u obligaciones
    que no estén en directa relación con la explotación óptima de
    la concesión, como aquellas que impongan a las empresas la
    elección de sus socios, de sus empleados, de sus proveedores,
    de sus clientes o de los medios de transporte de los
    hidrocarburos.
    Únicamente las condiciones que se ajusten a este objetivo
    podrán imponerse a las empresas. Lo mismo puede decirse de las
    condiciones y obligaciones vinculadas a motivos de Interés
    general y de las obligaciones económicas respecto a los
    Estados miembros mencionadas en los apartados 2 y 3 del
    artIculo 2.
25. Asimismo, es necesario evitar la injerencia de los poderes
    públicos en la gestión de las entidades, especialmente en lo
    referente a la atribución de los contratos celebrados por las
    entidades. El control ejercido por las autoridades deberá,
    pues, limitarse a lo necesario para que se respeten las
    condiciones antes mencionadas.
    Las autorizaciones existentes (articulo 8)
26. Como se ha indicado anteriormente (véase el punto 18), la
    directiva no se aplica en su totalidad más que a las
    autorizaciones concedidas a partir de su fecha de aplicación.
    Ello plantea el caso de las autorizaciones en virtud de las
    cuales hay entidades que han recibido el derecho exclusivo a
    explotar zonas geográficas mediante un procedimiento en el que
    no han podido participar otras entidades. Estos derechos
    exclusivos se oponen al principio de igualdad de acceso a los
    recursos.
    Para poner coto a esta situación, el artículo 8 establece que
    las partes de estas zonas que aún no hayan sido explotadas
    sean restituidas a los Estados miembros afectados y que se
    concedan otras autorizaciones para las partes en cuestión. De
    hecho, se trata de la aplicación a casos particulares del
    método de "reversión" que ya se utiliza, especialmente en el
    mar del Norte.
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     Disposiciones diversas (artículos 9, 10, 11 y 13)
27.  Las relaciones con terceros paises. La Iiberalización del
     sector beneficiará a todas las entidades establecidas en la
     Comunidad, con inclusión de las filiales de las empresas de
     terceros paises. Las empresas comunitarias deberían poder
     gozar en los terceros paises de ventajas equivalentes. El
     articulo 9 establece un procedimiento que permite evaluar la
     situación y entrar en negociaciones con terceros paises si
     fuera necesar io.
28. La Directiva 90/531/CEE sobre los contratos celebrados por las
    entidades de los sectores excluidos.
    El articulo 3 de esta directiva establece que las entidades
    que ejercen actividades de exploración y de extracción de
    hidrocarburos quedan sometidas a un régimen alternativo más
     flexible que el régimen general previsto por la directiva. La
    aplicación de este régimen alternativo queda sometida a la
    condición de que la concesión de las autorizaciones, por una
    parte, y la atribución de los contratos de las entidades, por
    otra, sean no discriminatorias y transparentes. Deberá ser
    objeto de solicitud dirigida por el Estado miembro afectado a
     la Comisión, que verifica que se cumplan estas condiciones.
    A partir de   la fecha de aplicación de la presente Directiva,
     los Estados    miembros deberán garantizar el acceso y el
    ejercicio no   discriminatorio de las actividades en cuestión.
    En tal caso,  cumplirán la primera condición para la aplicación
    del   régimen   alternativo mencionado. Deberá adaptarse en
    consecuencia   la Directiva 90/531. (articulo 13)
29. Por último, la Directiva establece la obligación para los
    Estados miembros de publicar un informe anual sobre la
    concesión de las autorizaciones (artículo 10) y de notificar a
     la Comisión     las autoridades competentes para que pueda
    publicarse en el Diario Oficial (articulo 11). No se hacen
    comentarios a estas disposiciones.
    Fundamento luridico
30. Una Directiva basada en el apartado 2 del artículo 57 y en los
    artículos 66, 100A y 113 del Tratado es el medio más adecuado
    para proceder a una armonización de los procedimientos de
    concesión de las autorizaciones de los Estados miembros. La
    Comisión se reserva, por otra parte, el derecho de utilizar
    todas las facultades que le concede el Tratado para las
    medidas   que    habrán   de   tomarse  en   lo relativo     a  las
    disposiciones      legales,   reglamentarias   y    administrativas
    nacionales que estén en contradicción            directa   con  las
    disposiciones del Tratado.
                              CONCLUSIÓN
    La Comisión propone, por consiguiente, una Directiva que tiene
    por objeto introducir normas comunes para las condiciones de
    concesión y de ejercicio de las autorizaciones para realizar
    prospecciones, explorar y extraer hidrocarburos, basada en el
    apartado 2 del articulo 57 y en los artículos 66, 100A y 113
    del Tratado.
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                                  Propuesta de
                             DIRECTIVA DEL CONSEJO
         sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las
            autorizaciones de prospección, exploración y extracción
                                de hidrocarburos
   El Consejo de las Comunidades Europeas
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en
   particular, el apartado 2 de su artículo 57, y sus artículos 66, 100 A
   Y H3,
   Vista la propuesta de la Comisión,*)
   En cooperación con el Parlamento Europeo,2)
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social,"*)
   Considerando que deben adoptarse    las medidas destinadas a establecer
   progresivamente el mercado interior en el transcurso de un período que
   terminará el 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implicará
   en un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación
   de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada;
1)  DO
2)  DO
3)  DO
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   Considerando que, en su Resolución de 16 de septiembre de 1986 4 ), el
   Consejo   identificó    como  objetivo    de   la   política   energética   de   la
   Comunidad    y  de   los  Estados    miembros     una   mayor   integración,    sin
   obstáculos al comercio, del mercado interior de la energía, con vistas
   a mejorar la seguridad del abastecimiento, de reducir los costes y de
   fortalecer la competitividad económica;
   Considerando   asimismo que     la Comunidad depende de         las importaciones
   para  el   abastecimiento    de   hidrocarburos;     que,   por   tanto,  conviene
   favorecer   una   explotación     óptima   de   los   recursos    situados  en   la
   Comunidad;
   Considerando   que procede garantizar        el acceso     a las actividades     de
   prospección,   de   exploración    y  de extracción      de  hidrocarburos   y   el
   ejercicio   de   las  mismas,    en  condiciones     que   favorezcan   una  mayor
   competencia en este sector, y así fortalecer la integración del mercado
   interior de la energía y contribuir a una mejor explotación de los
   recursos de la Comunidad;
   Considerando que, con este fin, procede establecer normas comunes que
   garanticen que los procedimientos de concesión de las autorizaciones de
   prospección,   de   exploración    y  de extracción      de  hidrocarburos   estén
   abiertos a todas las entidades que posean las capacidades necesarias;
   que la concesión de las autorizaciones se base en criterios objetivos y
   hechos públicos y que las condiciones a las que esté sometida                  sean
   asimismo conocidas previamente por todas las entidades que participen
   en el procedimiento;
   Considerando que los Estados miembros deben conservar la facultad de
   someter  el acceso y el ejercicio de           las actividades      en cuestión a
4)  DO na C 241, de 25.09.1986, p. 1
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limitaciones    justificadas      por   motivos     de   interés     general   y   a  la
transferencia    de   una    contrapartida      financiera     o   en   hidrocarburos,
cuyas modalidades deberán establecerse de modo que no se interfiera con
la gestión de las entidades; que esta facultad debe ejercerse de manera
no  discriminatoria;       que,  a   excepción     de   aquellas     vinculadas    a  la
utilización de dicha facultad, no es procedente imponer a las entidades
unas  condiciones     y   obligaciones      que   no   estén   justificadas      por  la
necesidad de llevar a término esta actividad; que el control de las
actividades de las entidades debe limitarse al estrictamente necesario
para el cumplimiento de dichas obligaciones y condiciones;
Considerando    que     la   extensión     de    las    zonas    cubiertas     por   una
autorización y la duración de las autorizaciones deben quedar limitadas
con  el  fin  de    evitar    que   una   entidad    tenga    reservado     un   derecho
exclusivo   sobre    zonas     cuya    explotación      pueda    ser    realizada    más
eficazmente por varias entidades;
Considerando que la concesión de un derecho exclusivo de explotación de
una zona y el disfrute de ese derecho durante el período previsto por
la  autorización    constituyen      una   justa   contrapartida       de  los   riesgos
contraídos por una entidad; que esta contrapartida supera los riesgos
contraídos cuando, durante un período de tiempo muy largo o incluso
indeterminado, una entidad disfruta de un derecho exclusivo en una zona
geográfica   sin que      otras   entidades     hayan    tenido    la posibilidad     de
acceder   a  la   explotación      de   esta    zona    ni  en    el   momento    de  su
adjudicación, ni con posterioridad al mismo; que, para garantizar que
la presente Directiva produzca el máximo efecto, deben establecerse las
condiciones que permitan remediar esta situación, en la medida en que
la  zona  no esté     aún    explotada   en   su totalidad;        que, sin embargo,
procede tomar en consideración las situaciones jurídicamente protegidas
y prever que     las entidades      sean indemnizadas, llegado el caso, con
arreglo a las disposiciones del Derecho nacional aplicable;
Considerando que, en virtud de la presente Directiva, las entidades de
los Estados miembros deben poder beneficiarse, en los terceros países,
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   de un trato comparable al que disfrutan en la Comunidad las entidades
   de los terceros países afectados; que procede prever un procedimiento
   con vistas a alcanzar este objetivo;
   Considerando    que    la   presente   Directiva     debe   aplicarse    a  las
   autorizaciones concedidas con posterioridad a la fecha de aplicación de
   la misma; que, no obstante, es preciso liberar a las entidades que se
   hayan  beneficiado    de una   autorización    concedida   con  anterioridad   a
   dicha fecha, de las condiciones y obligaciones que no podrán ya ser
   impuestas  después    de  la misma; que procede,       sin embargo, tomar    en
   consideración las situaciones jurídicamente protegidas y prever que las
   entidades y otras partes interesadas sean indemnizadas, en su caso, con
   arreglo a las disposiciones del Derecho nacional aplicable;
   Considerando   que las Directivas del Consejo 90/531/CEE5) y                 6
                                                                                  )
   se  aplican   a   las  entidades   del   sector   en  lo  concerniente    a sus
   contratos de suministros, de obras [y de servicios]; que la aplicación
   del  régimen   alternativo   previsto   en  el   artículo  3 de   la  Directiva
   90/531/CEE   está   especialmente   sujeta   a  la condición    de que, en   el
   Estado  miembro    que   solicita   la  aplicación    de  dicho   régimen,  las
   autorizaciones sean concedidas de manera no discriminatoria y de forma
   transparente; que un Estado miembro         cumple   esta  condición  desde  el
   momento y durante el tiempo en que se ajusta a las obligaciones de la
   presente Directiva; que procede adaptar en consecuencia la Directiva
   90/531/CEE;
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
5)  DO L 297, de 29.10.1990, p. 1
6)  DO
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ARTÍCULO 1
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1.   "Poderes públicos": los poderes públicos definidos en el punto 1
     del artículo 1 de la Directiva 90/531/CEE;
2.   "Entidad": toda persona física o jurídica, o todo grupo de tales
     personas, que solicite o posea una autorización;
3.   "Autorización":       toda     disposición       legal,     reglamentaria,
     administrativa o contractual en virtud de la cual las autoridades
     competentes    de un Estado miembro      habiliten    a una entidad    para
     ejercer,    por   su   cuenta   y  riesgo,    el   derecho   exclusivo   de
     explotación de una zona geográfica con la finalidad de efectuar
     prospecciones, explorar o extraer hidrocarburos;
4.   "Autoridades competentes": los poderes públicos competentes para
     conceder una autorización y controlar su ejecución.
ARTÍCULO 2
1.   Los Estados miembros garantizarán el acceso no discriminatorio de
     las entidades     a  las actividades    de prospección,      exploración  y
     extracción     de    hidrocarburos,    así     como    el   ejercicio    no
     discriminatorio de estas actividades.
2.   Los Estados miembros podrán denegar, por motivos vinculados a la
     defensa    del  territorio,    el  acceso   a   estas   actividades   y  el
     ejercicio de las mismas en las zonas fronterizas, a una entidad
     que   esté   controlada    efectivamente   por   un   tercer   país  o  por
     nacionales de un tercer país.
3.   La utilización de la facultad contemplada en el apartado 2 estará
     sujeta al acuerdo previo de la Comisión, que velará especialmente
     por  que    no  implique   discriminación   alguna    para   las  entidades
     distintas de las contempladas en el apartado 2.
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ARTÍCULO 3
1.   Los  Estados   miembros     conservarán   la   facultad  de  prohibir   las
     actividades contempladas en el apartado 1 del artículo 2 en partes
     de su territorio, en la medida en que se justifique por razones de
     defensa del territorio, de seguridad de la población, de sanidad,
     de seguridad de los transportes, de protección del medio ambiente,
     de seguridad    de las instalaciones y de los trabajadores, o de
     gestión   planificada    de   los  recursos   de hidrocarburos.    Por  los
     mismos   motivos,    conservarán     asimismo   la  facultad   de   imponer
     condiciones al ejercicio de estas actividades.
2.   Los Estados miembros velarán por que el ejercicio de la facultades
     contempladas   en el    apartado    1 no  sea motivo de     discriminación
     entre las entidades.
ARTÍCULO 4
1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para
     que   la   concesión   de    autorizaciones     se  efectúe   mediante   un
     procedimiento    que   permita    a   todas   las  entidades   interesadas
     presentar una solicitud.
2.   Este procedimiento será abierto:
     a)  bien por iniciativa de las autoridades competentes mediante
         anuncio   publicado    en el    Diario Oficial    de  las  Comunidades
         Europeas    al  menos     90 días   antes   de  la   fecha  límite   de
         presentación de candidaturas;
     b)  bien tras la presentación de una solicitud por parte de una
         entidad. Esta solicitud será objeto de un anuncio publicado en
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         el  Diario    Oficial    de  las  Comunidades    Europeas. Las      demás
         entidades eventualmente interesadas dispondrán de un plazo de
         al menos 90 días a partir de la publicación para presentar a
         su vez una solicitud.
     En el anuncio se especificará el tipo de autorización y la zona o
     zonas geográficas que serán o podrán ser objeto de la solicitud,
     así como la fecha prevista para la concesión de la autorización.
3.   La concesión de una autorización provocada únicamente por cambios
     en la denominación o en la propiedad de la entidad que posea una
     autorización existente o por una modificación en la composición de
     dicha entidad no se considerará concesión de una autorización con
     arreglo al apartado 1.
ARTÍCULO 5
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que:
     a)  cuando la delimitación de las zonas geográficas no obedezca a
         una división geométrica previa del territorio, la superficie
         de cada una de ellas se determine de modo que no sobrepase la
         que   resulte   justificada    con vistas    a  la mejor     explotación
         posible    de  las mismas     desde  el  punto    de  vista    técnico  y
         económico. Se establecerán criterios objetivos al efecto, que
         se   pondrán    a   disposición   de   las   entidades    antes    de  la
         presentación de las solicitudes;
     b)  la   duración    de   la  autorización    no   sobrepase    la   que  sea
         necesaria para llevar a cabo las actividades para las que se
         conceda.    Sin   embargo,    las   autoridades    competentes     podrán
         prorrogar la duración de la autorización cuando la explotación
         haya sufrido retrasos debidos a circunstancias imprevisibles,
         como    dificultades     especiales   vinculadas     a  la    estructura
         geológica de la zona geográfica afectada o a un descubrimiento
         inesperado     de    hidrocarburos    que    no   pueda    evaluarse    y
         explotarse en los plazos previstos;
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     c)  las entidades pongan        de nuevo, a     la mayor    brevedad,   a la
         disposición      de    las    autoridades     competentes,      total    o
         parcialmente,     la   zona   geográfica   afectada   que    renuncien   a
         explotar.
ARTÍCULO 6
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que:
1.   las autorizaciones se concedan con arreglo a la capacidad técnica
     y  financiera  de    las entidades     y   a uno o varios      de entre    los
     siguientes criterios:
     a)  el modo en el que prevean llevar a cabo la explotación de la
         zona geográfica de que se trate,
     b)  la eficacia y la responsabilidad          acreditadas en el marco de
         otras autorizaciones,
     c)  cuando la autorización se ponga a la venta, el precio que la
         entidad esté dispuesta a pagar para obtener la autorización;
     estos criterios serán establecidos y publicados antes del inicio
     del período de presentación de las solicitudes, en el respectivo
     Diario Oficial de los Estados miembros y en el anuncio previsto en
     el apartado 2 del artículo 4;
2.   todas las condiciones y requisitos relativos al ejercicio o a la
     interrupción de la actividad, que sean aplicables en el marco de
     autorizaciones del mismo tipo en virtud de disposiciones legales,
     reglamentarias    o     administrativas     vigentes    en    la   fecha    de
     presentación  de    las   solicitudes, y que       estén   previstos   en   la
     autorización  o cuya      aceptación    previa  constituya    una   condición
     para su concesión, se establezcan y pongan a disposición de las
     entidades  interesadas      al   inicio   del  periodo   previsto    para   la
     presentación de las solicitudes de autorización;
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3.   se  comunique    a   todas    las   entidades      interesadas     todo   cambio
     relativo a las condiciones y requisitos, que se haya introducido
     en el curso del procedimiento;
4.   se   apliquen    de    manera     no    discriminatoria        los   criterios,
     condiciones y requisitos contemplados en el presente artículo;
5.   se  notifiquen,    si   lo  desea,     a   la   entidad    cuya   solicitud   de
     autorización no se haya aceptado, los motivos de dicha decisión.
ARTÍCULO 7
1.   Los Estados miembros velarán por que las condiciones y requisitos
     contemplados    en    el   punto 2      del    artículo 6,      así   como   las
     obligaciones    concretas    relacionadas       con   el    ejercicio    de  una
     autorización específica, estén justificadas exclusivamente por la
     necesidad de llevar a buen término la explotación de la zona para
     la que   se  solicite    una   autorización, por        la   aplicación   de  lo
     dispuesto en el artículo 3 o por el pago de una contrapartida en
     dinero o en hidrocarburos. Las modalidades               del pago de      dichas
     contrapartidas     serán    establecidas       por   los     Estados    miembros
     procurando que se conserve la independencia de la gestión de las
     entidades.
2.   Los Estados miembros velarán por que el control de las entidades
     en el marco de      la autorización       se limite     a lo necesario      para
     garantizar    el    respeto     de     las    condiciones,       requisitos    y
     obligaciones    contemplados      en    el    apartado     1.   Adoptarán,    en
     particular, las medidas necesarias para que ninguna entidad se vea
     obligada  por   vía   legal, reglamentaria         o  administrativa,     o  por
     cualquier acuerdo o práctica concertada, a facilitar información
     sobre las fuentes previstas o actuales relativas a sus compras,
     salvo a petición de las autoridades competentes y exclusivamente
     con  vistas   a  los   objetivos     mencionados     en  el    artículo 36   del
     Tratado.
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ARTÍCULO 8
1.   Si en   la fecha de     1 de enero de      1993, una entidad posee una
     autorización    concedida    en   condiciones     tales   que   excluyan   la
     presentación o la toma en consideración de las demandas de otras
     entidades,   el   Estado   miembro   interesado      adoptará    las  medidas
     necesarias   para   que   se   concedan   nuevas     autorizaciones    en  lo
     referente a las partes de la zona geográfica afectada que no estén
     explotadas en la fecha citada.
2.   A efectos del apartado 1, se considerarán no explotadas las partes
     de dicha zona geográfica que no hayan sido exploradas o respecto a
     las cuales no se haya solicitado el acuerdo de las autoridades
     competentes para proceder a la extracción o, cuando no se exija
     dicho acuerdo, en las que no haya comenzado la extracción:
     -   en los plazos fijados por la autorización o en su defecto,
     -   en los plazos fijados por la legislación, en su caso, para
         otras autorizaciones o, en ausencia de estos plazos,
         en un plazo de cinco        años a partir de        la concesión    de la
         autorización.
3.   El   Estado   miembro     interesado    velará      por   que    las   nuevas
     autorizaciones contempladas en el apartado 1 puedan ser objeto de
     solicitud a partir del 1 de enero de 1993.
4.   Los Estados miembros velarán por que la entidad cuyos derechos
     queden   limitados    por    aplicación     del    artado    1   reciba   una
     compensación    de  la   misma   naturaleza     que   la   prevista   por  la
     legislación   nacional     para   casos    similares     de   limitación   de
     derechos que respondan a motivos de interés público.
ARTÍCULO 9
1.   Los  Estados   miembros    informarán    a   la   Comisión    de   todas  las
     dificultades de orden general que sus entidades experimenten, de
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   hecho   o   de   Derecho,    para   el   acceso    a   las    actividades   de
   prospección, de exploración y de extracción de hidrocarburos y
   para el ejercicio de las mismas en terceros países.
2. La  Comisión    presentará   un   informe   al Consejo     antes del    31 de
   diciembre    de  1993 y,   a partir    de dicha     fecha, periódicamente,
   sobre la situación de dichas entidades en los terceros países, así
   como sobre el estado de las posibles negociaciones iniciadas en
   aplicación    del  apartado   3, con estos países o en el marco de
   organizaciones internacionales.
3. Cuando    la    Comisión   compruebe,      a   partir    de     los   informes
   contemplados en el apartado 2 o bien a partir de otros datos, que
   un tercer país no concede         a las entidades comunitarias, en lo
   referente al acceso a las actividades contempladas en el apartado
   1 o al ejercicio de las mismas, un trato comparable al que la
   Comunidad    concede   a las entidades      de dicho tercer       país,  podrá
   iniciar negociaciones con vistas a remediar dicha situación. En su
   caso, presentará al Consejo una propuesta adecuada.
4. En  las circunstancias      previstas en el apartado          3,  la Comisión
   podrá en todo momento, además de iniciar negociaciones, autorizar
   al Estado miembro que le haya presentado una solicitud motivada a
   denegar la concesión de una autorización a una entidad que esté
   controlada de hecho por el tercer país en cuestión o bien por
   nacionales de dicho tercer país. Se considerará que la Comisión da
   su  autorización      si, transcurridos      tres  meses    a   partir  de  la
   notificación      del   Estado    miembro,     no    ha   emitido     dictamen
   desfavorable.
5. Las   medidas    tomadas   en   aplicación     del   presente     artículo  se
   entenderán    sin   perjuicio   de   las  obligaciones     de    la  Comunidad
   resultantes de los acuerdos internacionales que regulen el acceso
   a las actividades de prospección, de exploración y de extracción
   de hidrocarburos, así como el ejercicio de las mismas.
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ARTÍCULO 10
Los  Estados   miembros    publicarán    anualmente,  y   lo   comunicarán    a  la
Comisión,   un   informe     que   contenga    información    sobre    las    zonas
geográficas    que     hayan    sido    abiertas    a   la    explotación,      las
autorizaciones      concedidas,     las    entidades    titulares     de    dichas
autorizaciones    y   su  composición,     así  como  una    estimación    de   las
reservas existentes en su territorio.
ARTÍCULO 11
Los  Estados    miembros     comunicarán    a  la  Comisión     las   autoridades
competentes, a más tardar el 1 de noviembre de 1992. Le notificarán a
la mayor brevedad      los cambios    producidos ulteriormente. La       Comisión
hará publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la lista
de las autoridades competentes y los cambios que deban introducirse.
ARTICULO 12
La presente Directiva      se aplicará a las autorizaciones         concedidas a
partir del 1 de enero de 1993.
El artículo 7 se aplicará asimismo a las autorizaciones concedidas con
anterioridad a dicha fecha. Los Estados miembros velarán por que las
entidades   y   las    demás   partes    interesadas  cuyos     derechos    queden
limitados en aplicación del presente párrafo reciban una compensación
de la misma naturaleza que la prevista por la legislación nacional para
casos similares de limitación de derechos similares que respondan a
motivos de interés público.
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ARTICULO 13
En el artículo 3 de la Directiva 90/531/CEE se añadirá el apartado 5
siguiente:
"5.  En   lo  relativo    a   las   actividades     de   explotación   de   zonas
     geográficas    con    la   finalidad    de    efectuar    prospecciones    o
     extracciones de petróleo o gas, se aplicarán los apartados 1 a 4
     del modo   siguiente    a partir    de  la  fecha    en  la que el   Estado
     miembro   en  cuestión    haya   cumplido   a   las   disposiciones  de   la
     Directiva n2 ... del Consejo, de ..., sobre las condiciones para
     la concesión el y ejercicio de las autorizaciones de prospección,
     exploración y extracción de hidrocarburos(*):
     a)   sin  perjuicio     de   lo   dispuesto    en    el  apartado   3,   las
          condiciones   establecidas     en  el   apartado 1    se  considerarán
          cumplidas a partir de dicha fecha;
     b)   a partir de dicha fecha, el Estado miembro contemplado en el
          apartado 4   deberá     solamente    comunicar     las   disposiciones
          relativas al cumplimiento de las condiciones mencionadas en
          los apartados 2 y 3.
(*) DO ns L
ARTICULO 14
Los   Estados     miembros      adoptarán     las      disposiciones    legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir             la presente
Directiva el 1 de enero de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la
Comisión.
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Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán
referencia  a  la  presente  Directiva  o   irán  acompañadas de  dicha
referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán
las modalidades de la mencionada referencia.
ARTICULO 15
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas,
                                           Por el Consejo,
                                            El Presidente
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                                                               COM(92) 110 final
                                                  DOCUMENTOS
ES                                                                              12
                                      N° de catalogo : CB-CO-92-181-ES-C
                                                             ISBN 92-77-43588-7
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas
L-2985 Luxemburgo