CELEX: 62006CJ0279
Language: es
Date: 2008-09-11
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2008.#CEPSA Estaciones de Servicio SA contra LV Tobar e Hijos SL.#Petición de decisión prejudicial: Audiencia Provincial de Madrid - España.#Competencia - Prácticas colusorias - Acuerdos entre empresas - Artículo 81 CE - Reglamento (CEE) nº 1984/83 - Artículos 10 a 13 - Reglamento (CE) nº 2790/1999 - Artículo 4, letra a) - Contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos entre el titular de una estación de servicio y una empresa petrolera - Exención.#Asunto C-279/06.

Asunto C‑279/06
      CEPSA Estaciones de Servicio, S.A.,
      contra
      L.V. Tobar e Hijos, S.L.
      (Petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Madrid)
      «Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Artículo 81 CE — Reglamento (CEE) nº 1984/83 — Artículos 10 a 13 — Reglamento (CE) nº 2790/1999 — Artículo 4, letra a) — Contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos entre un titular de una estación de servicio y una empresa petrolera
         — Exención»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto — Contrato de distribución exclusiva de carburantes
            y de combustibles entre un suministrador y un titular de una estación de servicio
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      2.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos de compra en exclusiva — Reglamento
            (CEE) nº 1984/83 — Contrato de distribución exclusiva de carburantes y de combustibles entre un suministrador y un titular
            de una estación de servicio — Duración máxima — Requisitos
      [Reglamento de la Comisión (CEE) nº 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1582/97, arts. 10 y 12, ap. 1,
            letra  c)]
      3.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos de compra en exclusiva — Acuerdo celebrado
            bajo la vigencia del Reglamento (CEE) nº 1984/83 — Disposiciones aplicables tras la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 2790/1999
      [Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1582/97, y (CE) nº 2790/1999,
            arts. 3, ap. 1, 5, letra a), y 12]
      4.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos de compra en exclusiva — Reglamento
            (CEE) nº 1984/83 — Contrato de distribución exclusiva de carburantes y de combustibles entre un suministrador y un titular
            de una estación de servicio — Fijación de precios de venta al público por el suministrador — Exclusión
      [Reglamentos de la Comisión (CEE) nº 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1582/97, arts. 10, 11, 12
            y 13, y (CE) nº 2790/1999]
      5.        Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías —Acuerdos verticales — Reglamento (CE) nº 2790/1999
            — Fijación de un precio de venta máximo — Requisitos
      [Reglamento de la Comisión (CE) nº 2790/1999, arts. 2 y 4, letra a)]
      6.        Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Nulidad de pleno derecho
      (Art. 81 CE, aps. 1 y 2)
      1.        Un contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos entre un titular de una estación de servicio y un suministrador
         puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, cuando, por una parte, constituye un acuerdo
         entre empresas, porque el titular de la estación de servicio asume, en una proporción no insignificante, uno o varios riesgos
         financieros y comerciales relativos a la venta de estos productos a terceros, de modo que se le considera un operador económico
         independiente, y, por otra parte, contiene cláusulas que pueden menoscabar el juego de la competencia, como la referente a
         la fijación del precio de venta al público, prohibida expresamente por el artículo 81 CE, apartado 1, letra a), siempre que
         se cumplan todos los demás requisitos de aplicación de esta disposición.
      
      En el caso de que el titular de la estación de servicio no asuma tales riesgos o asuma únicamente una parte insignificante
         de éstos, no se convierte en un operador económico independiente en la venta de carburantes a terceros, dado que en este caso
         las relaciones entre el titular de la estación de servicio y el suministrador son idénticas a las que existen entre un agente
         y su comitente. En este supuesto, sólo están excluidas del ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, las obligaciones
         impuestas al titular de la estación de servicio en relación con la venta de productos a terceros por cuenta del suministrador,
         entre las que figura la fijación del precio de venta al público. Por el contrario, pueden entrar dentro del ámbito de aplicación
         de dicha disposición las obligaciones impuestas al titular de la estación de servicio en el marco de los servicios de intermediario
         que éste ofrece al suministrador, que se refieren a sus relaciones en tanto que operadores económicos independientes. Así
         sucede en el caso de las cláusulas de exclusividad y de no competencia, que pueden vulnerar las normas sobre competencia si
         conducen a la exclusión del mercado de referencia.
      
      (véanse los apartados 35, 40 a 42 y 44 y el punto 1 del fallo)
      2.        Un contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos entre un titular de una estación de servicio y un suministrador
         puede beneficiarse de una exención por categoría prevista por el Reglamento nº 1984/83, relativo a la aplicación del apartado
         3 del artículo 85 del Tratado (actualmente artículo 81 CE, apartado 1), a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva,
         modificado por el Reglamento nº 1582/97, si respeta la duración máxima de diez años contemplada en el artículo 12, apartado
         1, letra c), y si el suministrador concede al titular de la estación de servicio, como contrapartida de la exclusividad, ventajas
         económicas importantes que contribuyen a una mejora de la distribución, facilitan la instalación o la modernización de la
         estación de servicio y reducen los costes de distribución.
      
      (véanse los apartados 49, 54 y 60 y el punto 2 del fallo)
      3.        En caso de que el período de ejecución de un acuerdo de venta en exclusiva celebrado bajo la vigencia del Reglamento nº 1984/83
         se extienda más allá de la fecha de expiración de dicho Reglamento, el 31 de diciembre de 1999, la exención prevista por éste
         sigue aplicándose hasta el 31 de mayo de 2000, en virtud del Reglamento nº 2790/1999, relativo a la aplicación del artículo
         81 CE, apartado 3, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Por tanto, tal contrato se beneficia
         de la exención prevista en el Reglamento nº 2790/1999, a partir de su fecha de aplicación, el 1 de junio de 2000, siempre
         que la cuota de mercado del suministrador no exceda del 30 % del mercado de referencia en el que venda los bienes o servicios
         contractuales, y que la duración de las obligaciones directas o indirectas de no competencia no sea indeterminada ni sobrepase
         cinco años. Una cláusula de no competencia que sea tácitamente renovable a partir de un período de cinco años deberá ser considerada
         de duración indefinida. No obstante, se inicia un período transitorio, durante el cual la prohibición establecida en el artículo
         81 CE, apartado 1, no se aplica, hasta el 31 de diciembre de 2001, para los acuerdos en vigor el 31 de mayo de 2000 que cumplieran
         los requisitos de exención previstos en el Reglamento nº 1984/83, pero no los previstos en el Reglamento nº 2790/1999.
      
      (véanse los apartados 56 a 60)
      4.        Los artículos 10 a 13 del Reglamento nº 1984/83, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado (actualmente
         artículo 81 CE, apartado 1) a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, en su versión modificada por el Reglamento
         nº 1582/97, deben interpretarse en el sentido de que excluyen la aplicación de la exención por categoría a un contrato de
         suministro exclusivo que prevé la fijación del precio de venta al público por parte del suministrador, porque tal obligación
         no figura entre las obligaciones que están enumeradas de manera exhaustiva en el artículo 11 de dicho Reglamento y que, además
         de la cláusula de exclusividad, pueden imponerse al revendedor.
      
      Las cuestiones, por una parte, de si es posible que el suministrador modifique unilateralmente la cláusula que regula la fijación
         del precio para hacerla conforme con las normas sobre competencia y, por otra parte, de si, en ese caso, el contrato puede
         pasar a ser válido, son cuestiones comprendidas en el Derecho nacional aplicable a tal contrato. En el supuesto de que una
         modificación unilateral sea admisible, los requisitos para una exención deben examinarse teniendo en cuenta la legislación
         vigente en la fecha de tal modificación.
      
      (véanse los apartados 63, 65, 67, 68, 75 y 76 y el punto 3 del fallo)
      5.        La exención prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 2790/1999, relativo a la aplicación del artículo 81 CE, apartado 3,
         a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, no se aplica, según el artículo 4, letra a), de
         este Reglamento, a los acuerdos verticales que tengan por objeto la restricción de la facultad del comprador de determinar
         el precio de venta, sin perjuicio de que el proveedor pueda imponer precios de venta máximos o recomendar un precio de venta,
         siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta fijo o mínimo como resultado de presiones o incentivos procedentes
         de cualquiera de las partes.
      
      Por lo que se refiere a la fijación de un precio de venta máximo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar si el
         revendedor tiene una posibilidad real de disminuir ese precio de venta, teniendo en cuenta el conjunto de las obligaciones
         contractuales en su contexto económico y jurídico, así como el comportamiento de las partes en el asunto principal. Es preciso
         comprobar en particular si el precio de venta al público no se fija, en realidad, a través de medios indirectos o subrepticios,
         tales como la fijación del margen del revendedor, las amenazas, intimidaciones, advertencias, sanciones o incentivos.
      
      (véanse los apartados 69 a 71)
      6.        La nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 81 CE, apartado 2, únicamente afecta a un contrato en su integridad cuando
         las cláusulas incompatibles con el apartado 1 del mismo artículo no puedan separarse del propio contrato. En caso contrario,
         las consecuencias de la nulidad respecto de todos los demás elementos del contrato no están comprendidas en el ámbito del
         Derecho comunitario.
      
      (véanse los apartados 78 a 80 y el punto 4 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 11 de septiembre de 2008 (*)
      
      «Competencia – Prácticas colusorias – Acuerdos entre empresas – Artículo 81 CE – Reglamento (CEE) nº 1984/83 – Artículos 10 a 13 – Reglamento (CE) nº 2790/1999 – Artículo 4, letra a) – Contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos entre un titular de una estación de servicio y una empresa petrolera
         – Exención»
      
      En el asunto C‑279/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Audiencia Provincial
         de Madrid, mediante resolución de 16 de junio de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de junio de 2006, en el procedimiento
         entre
      
      CEPSA Estaciones de Servicio, S.A.,
      y
      L.V. Tobar e Hijos, S.L.,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. U. Lõhmus (Ponente), J. Klučka y A. Ó Caoimh y la Sra. P. Lindh,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
      Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de junio de 2007;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de CEPSA Estaciones de Servicio, S.A., por los Sres. A. Martínez Sánchez, J. Folguera Crespo y F. Lorente Hurtado,
         abogados;
      
      –        en nombre de L.V. Tobar e Hijos, S.L., por el Sr. A. Hernández Pardo y las Sras. M. Gaitán Luján y S. Beltrán Ruiz, abogados;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. K. Mojzesowicz y por los Sres. E. Gippini Fournier y F.
         Castillo de la Torre, en calidad de agentes;
      
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de marzo de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 81 CE y 10 a 13 del Reglamento (CEE) nº 1984/83
         de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas
         categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO L 173, p. 5; EE 08/02, p. 114), modificado por el Reglamento (CE) nº 1582/97
         de la Comisión, de 30 de julio de 1997 (DO L 214, p. 27) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1984/83»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre CEPSA Estaciones de Servicio, S.A. (en lo sucesivo, «CEPSA»), parte
         recurrente en el asunto principal, y L.V. Tobar e Hijos, S.L. (en lo sucesivo, «Tobar»), parte recurrida en el asunto principal,
         en relación con el incumplimiento por parte de esta última del contrato de compra exclusiva celebrado entre ambas sociedades.
      
       Normativa comunitaria
      3        El Reglamento nº 1984/83 excluye del ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 1, del Tratado CE (actualmente artículo
         81 CE, apartado 1) determinadas categorías de acuerdos de compra en exclusiva y de prácticas concertadas que normalmente cumplen
         los requisitos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo porque, en general, contribuyen a mejorar la distribución de
         los productos.
      
      4        Los considerandos quinto, sexto, decimotercero, decimoquinto y decimoséptimo de dicho Reglamento eran del siguiente tenor:
      
      «5.      Considerando que los acuerdos de compra exclusiva especificados en el presente Reglamento tienen generalmente como resultado
         una mejora de la distribución; que permiten que el proveedor planifique la venta de sus productos de modo más exacto y con
         mayor antelación, y garantizan al revendedor un abastecimiento regular durante la vigencia del acuerdo; que, por consiguiente,
         las empresas interesadas pueden limitar así las posibles fluctuaciones del mercado y reducir los costes de distribución;
      
      6.      Considerando que tales acuerdos facilitan la promoción de la venta de un producto y permiten actuar intensivamente sobre el
         mercado, debido a que, por regla general, el proveedor se compromete, a cambio de la exclusividad de compra suscrita por el
         revendedor, a contribuir a la mejora de la estructura de la red de distribución, a la calidad del servicio de ventas o al
         éxito de las mismas; que dichos acuerdos estimulan asimismo la competencia entre productos de distintos fabricantes; que la
         designación de varios revendedores que tengan la obligación de abastecerse exclusivamente con el proveedor y que asuman los
         gastos de la promoción de ventas, del servicio a la clientela y del almacenamiento, puede ser a menudo el medio más eficaz,
         incluso el único, de penetrar en el mercado y de afrontar la competencia de otros comerciantes; […]
      
      […]
      13.      Considerando que [los contratos de suministro de cerveza y los de estaciones de servicio], en general, se caracterizan por
         el hecho de que, por una parte, el proveedor concede al revendedor ventajas económicas y financieras particularmente importantes
         pagándole sumas a fondo perdido, u otorgándole o facilitándole préstamos en ventajosas condiciones, concediéndole un terreno
         o locales para la explotación del despacho de bebidas o de la estación de servicio, poniendo a su disposición instalaciones
         técnicas u otros equipamientos o efectuando otras inversiones en beneficio del revendedor y que, por otra parte, el revendedor
         contrae con el proveedor una obligación de compra exclusiva de larga duración, generalmente acompañada de una prohibición
         de competencia;
      
      […]
      15.      Considerando que las ventajas económicas y financieras que el proveedor concede al revendedor facilitan notablemente la instalación
         o la modernización [de] establecimientos de bebidas o de estaciones de servicio, así como su mantenimiento y explotación;
         […]
      
      […]
      17.      Considerando […] que únicamente puede admitirse una obligación de compra exclusiva en lo que se refiere a los lubricantes
         y a productos petrolíferos afines si el proveedor ha puesto a disposición del revendedor o ha financiado instalaciones técnicas
         especiales para el engrase; […]».
      
      5        Las disposiciones especiales para los acuerdos celebrados con los titulares de estaciones de servicio (en lo sucesivo, «acuerdos
         de estaciones de servicio») se establecían en los artículos 10 a 13 del Reglamento nº 1984/83.
      
      6        A tenor del artículo 10 de este mismo Reglamento:
      
      «Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado y a las condiciones enunciadas en los artículos [11] a 13 del presente
         Reglamento, se declara inaplicable el apartado 1 del artículo 85 de dicho Tratado a los acuerdos en los que sólo participen
         dos empresas y en los cuales una de ellas, el revendedor, se comprometa con la otra, el proveedor, como contrapartida de la
         concesión de ventajas económicas o financieras, a comprarle únicamente a éste, a una empresa vinculada a él o a una empresa
         tercera a la que haya encargado de la distribución de sus productos, para su reventa en una estación de servicio designada
         en el acuerdo, determinados carburantes para vehículos de motor a base de productos petrolíferos o determinados carburantes
         para vehículos de motor y combustibles a base de productos petrolíferos especificados en el acuerdo.»
      
      7        El artículo 11 de dicho Reglamento disponía:
      
      «Fuera de la obligación expuesta en el artículo 10, no podrá imponérsele al revendedor ninguna otra restricción de competencia
         aparte de
      
      a)      la obligación de no vender en la estación de servicio designada en el acuerdo carburantes para vehículos de motor o combustibles
         servidos por terceras empresas;
      
      b)      la obligación de no utilizar en la estación de servicio designada en el acuerdo lubricantes o productos petrolíferos afines
         ofrecidos por terceras empresas si el proveedor o una empresa vinculada a él, hubieren puesto a disposición del revendedor,
         o hubieren financiado, un equipo de cambio de aceite u otras instalaciones de engrase de vehículos de motor;
      
      c)      la obligación de hacer publicidad para los productos entregados por empresas terceras, dentro y fuera de la estación de servicio,
         únicamente en proporción de la parte que representen tales productos en el volumen de negocios total de la estación de servicio;
      
      d)      la obligación de permitirle únicamente al proveedor o a una empresa designada por éste inspeccionar las instalaciones de depósito
         o de distribución de productos petrolíferos que sean propiedad del proveedor, o que hayan sido [financiadas] por éste o por
         una empresa vinculada a él.»
      
      8        El artículo 12 del Reglamento nº 1984/83 enumeraba las cláusulas y los compromisos contractuales que impedían la aplicación
         del artículo 10 de éste, entre ellos, el hecho de que el contrato se celebrara por una duración indeterminada o por más de
         diez años.
      
      9        El artículo 13 de este mismo Reglamento disponía que se aplicarían a los acuerdos de las estaciones de servicio, por analogía,
         sus artículos 2, apartados 1 y 3, 3, letras a) y b), 4 y 5.
      
      10      El Reglamento nº 1984/83 expiró el 31 de diciembre de 1999. El 1 de enero de 2000, entró en vigor el Reglamento (CE) nº 2790/1999
         de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas
         categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336, p. 21).
      
      11      El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2790/1999 dispone:
      
      «Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, la exención prevista en el artículo 2 se aplicará a
         condición de que la cuota de mercado del proveedor no exceda del 30 % del mercado de referencia en el que venda los bienes
         o servicios contractuales.»
      
      12      El artículo 4 del mismo Reglamento establece que la exención de la prohibición prevista en el artículo 81 CE, apartado 1,
         «no se aplicará a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores
         bajo control de las partes, tengan por objeto:
      
      a)      la restricción de la facultad del comprador de determinar el precio de venta, sin perjuicio de que el proveedor pueda imponer
         precios de venta máximos o recomendar un precio de venta, siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta fijo o
         mínimo como resultado de presiones o incentivos procedentes de cualquiera de las partes;
      
      […]».
      13      Según el artículo 5, letra a), de dicho Reglamento, la exención prevista en el artículo 2 de éste no se aplicará a cualquier
         cláusula, directa o indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años. Una cláusula de no competencia
         que sea tácitamente renovable a partir de un período de cinco años será considerada como de duración indefinida.
      
      14      En virtud del artículo 12 del Reglamento nº 2790/1999, la exención prevista en particular por el Reglamento nº 1984/83 sigue
         aplicándose hasta el 31 de mayo de 2000. La prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, no se aplicará, durante
         el período comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, respecto de los acuerdos que ya estén en
         vigor el 31 de mayo de 2000 y que no cumplan las condiciones de exención previstas en el Reglamento nº 2790/1999, pero que
         cumplan las establecidas en el Reglamento nº 1984/83.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      15      El 7 de febrero de 1996, las partes en el asunto principal concluyeron un «Contrato de Abanderamiento e Imagen, de Asistencia
         Técnica y Comercial, y de Suministro en Régimen de Comisionista con Estaciones de Servicio» (en lo sucesivo, «contrato controvertido
         en el asunto principal»).
      
      16      En virtud de dicho contrato, Tobar se compromete a adquirir exclusivamente de CEPSA carburantes y combustibles, así como lubricantes
         y demás productos afines (en lo sucesivo, «productos petrolíferos»), para su reventa en su estación de servicio con los precios
         de venta al público, las condiciones y las técnicas de venta y explotación fijadas por dicho suministrador. El contrato se
         celebra por una duración de diez años, prorrogables por períodos sucesivos de cinco años, por acuerdo expreso y escrito, con
         preaviso mínimo de seis meses. La obligación de compra exclusiva de dichos productos se acompaña de una cláusula de no competencia
         que prohíbe a Tobar la venta o la promoción de productos concurrentes, o la intervención en tales operaciones, ya se lleven
         a cabo en el recinto o en las inmediaciones de la estación de servicio.
      
      17      Tobar tiene que abonar a CEPSA el importe de los productos petrolíferos en un plazo de nueve días desde la fecha de su entrega
         en la estación de servicio. Tobar está igualmente obligada a suscribir y presentar, en la fecha del primer suministro, un
         aval bancario por un importe total equivalente a quince días de suministro, que CEPSA puede ejecutar en caso de impago. Si
         fuera necesaria la ejecución de este aval, Tobar estaría obligada a pagar los suministros con carácter previo. Tobar percibe,
         como remuneración, las comisiones de mercado existentes en cada momento para cada estación de servicio. El pago a CEPSA se
         realiza, sobre la base de los litros suministrados a la estación de servicio, deduciendo del precio de venta al público fijado
         por CEPSA, incluido el impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»), el importe de la comisión, incluyendo este
         impuesto.
      
      18      Por lo que respecta a las cláusulas relativas al reparto de los gastos y riesgos, del auto de remisión se desprende que Tobar
         está obligada a asumir el riesgo de los productos petrolíferos desde el momento en que los recibe del suministrador en los
         tanques de almacenamiento de la estación de servicio, incluido el riesgo volumétrico, y a conservarlos en las condiciones
         necesarias para evitar toda pérdida o deterioro de éstos. Dicha sociedad responde, tanto frente al suministrador como frente
         a terceros, de toda pérdida, contaminación o mezcla que puedan sufrir los productos petrolíferos y de los daños que por tal
         motivo se puedan causar. Además, Tobar avala y responde de los clientes que ha incorporado a la utilización de la tarjeta
         de crédito CEPSA CARD o a los que ha concedido directamente crédito. Asimismo, financia una parte muy pequeña del coste que
         supone la utilización de la tarjeta de fidelización de CEPSA.
      
      19      Por su parte, esta última sociedad corre con los costes del transporte de los productos petrolíferos y los gastos de instalación
         y mantenimiento en la estación de servicio de la imagen de su marca. Cede a Tobar los tanques y los surtidores de combustible,
         que ésta sólo puede utilizar para la venta de productos suministrados por CEPSA y que debe reintegrarle al término del contrato.
         No obstante, Tobar debe prestar un «aval a primer requerimiento» a favor de CEPSA por el importe del valor de las instalaciones
         técnicas.
      
      20      El 2 de noviembre de 2001, CEPSA remitió un escrito a Tobar autorizándola para que, en lo sucesivo, pudiera rebajar el precio
         de venta de los productos petrolíferos sin disminuir, no obstante, los ingresos de CEPSA.
      
      21      Durante el año 2003, tras remitir varias comunicaciones a CEPSA, Tobar dejó de suministrarse de CEPSA y ocultó el logotipo
         de ésta en las instalaciones de la estación de servicio.
      
      22      En el año 2004, Tobar interpuso demanda contra CEPSA solicitando la declaración de nulidad del contrato controvertido en el
         asunto principal por infracción del artículo 81 CE y por ser su causa ilícita, al dejarse la determinación del precio de venta
         al público de los productos petrolíferos al arbitrio exclusivo de CEPSA. Tobar solicitó asimismo que se le concediera una
         indemnización.
      
      23      CEPSA cuestionó el fundamento de esta demanda y reconvino exigiendo el cumplimiento del contrato, o su resolución por imposibilidad
         de cumplimiento, y en ambos casos una indemnización del perjuicio sufrido.
      
      24      El 29 de julio de 2005, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Madrid anuló dicho contrato por considerarlo incompatible
         con el artículo 81 CE, apartado 1, así como con los Reglamentos nos 1984/83 y 2790/1999. CEPSA interpuso un recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente.
      
      25      En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Madrid decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      a)     ¿Ha de interpretarse el art. 81.1 del Tratado CE en el sentido de que un contrato de abanderamiento concertado en el año 1996
         entre un distribuidor de productos petrolíferos y la empresa titular de una estación de servicio, por el que ésta se obliga
         a vender exclusivamente carburantes y combustibles del suministrador durante un determinado tiempo, comprometiéndose a no
         vender tales productos suministrados por otros distribuidores, entra dentro de su ámbito de aplicación en cuanto que tal obligación
         implica un acuerdo de no competencia, aunque tal contrato, por su significación económica, pudiera considerarse como de agencia?
      
      b)      En caso de estar incluido en su ámbito de aplicación, ¿puede beneficiarse de la exención de prohibición si cumple las exigencias
         del Reglamento [nº] 1984/83, señaladamente las de duración?
      
      c)      Si así fuera, la previsión de los arts. 10 y 12 del citado Reglamento, en el sentido de permitir que la duración del acuerdo
         de no competencia exceda de 5 años como contrapartida de la concesión de ventajas económicas o financieras por el suministrador
         a la titular de la estación de servicio, ¿exige que tales ventajas económicas o financieras sean sustanciales o basta con
         que no sean insignificantes? ¿Pueden interpretarse tales preceptos en el sentido de que se han concedido tales ventajas económicas
         o financieras en contratos de abanderamiento en los que el suministrador de los productos petrolíferos corre con los gastos
         de instalación y mantenimiento en la estación de servicio de la imagen de la marca del propio suministrador, o cede los tanques
         y los surtidores de combustible, que la titular de la estación de servicio no puede utilizar, sin autorización escrita del
         suministrador exclusivo, para productos no suministrados por éste y ha de devolver cuando cese su uso autorizado, y cuyo valor
         está cubierto por el aval a primer requerimiento que la titular de la estación de servicio ha prestado a favor del suministrador?
      
      d)      Si tal exención no fuera procedente, ¿la nulidad de pleno derecho prevista en el art. 81.2 del Tratado CE afectaría al contrato
         en su integridad?
      
      2)      a)     ¿Ha de interpretarse el art. 81.1 del Tratado CE en el sentido de que tal contrato de abanderamiento, en cuanto prevé que
         la empresa titular de la estación de servicio ha de vender los carburantes y combustibles del suministrador exclusivo a los
         precios de venta al público fijados por éste, incurre en principio en la prohibición de restricción de la competencia por
         fijar los precios de venta, habida cuenta de su significación económica y en concreto de los riesgos asumidos por la titular
         de la estación de servicio y su contribución a los costes relacionados con el suministro de los bienes objeto del contrato
         o de promoción de la venta de los mismos, dados los siguientes extremos relevantes:
      
      i)      La titular de la estación de servicio se compromete a vender exclusivamente lubricantes, productos de ayuda a la automoción,
         carburantes y combustibles del suministrador, de conformidad con los precios de venta al público, las condiciones y las técnicas
         de venta y explotación fijadas por éste durante 10 años, prorrogables por periodos sucesivos de 5 años cada uno, por acuerdo
         expreso y escrito, con preaviso mínimo de 6 meses.
      
      ii)      La titular de la estación de servicio asume el riesgo de los carburantes y combustibles desde el momento en que los recibe
         del suministrador en los tanques de almacenamiento de la estación de servicio, incluido el riesgo volumétrico. Desde la recepción
         de los productos la titular asume la obligación de conservarlos en las condiciones necesarias para evitar toda pérdida o deterioro
         de los mismos y responde, en su caso, tanto frente al suministrador como frente a terceros, de toda pérdida, contaminación
         o mezcla que puedan sufrir aquéllos y de los daños que por tal motivo se puedan causar.
      
      iii)      La titular de la estación de servicio tiene que abonar al suministrador el importe de los carburantes o combustibles a los
         nueve días de la fecha de su entrega en la estación de servicio, previa prestación, en la fecha del primer suministro, de
         aval bancario por el total importe del suministro, equivalente a 15 días. Si incurriera en impago, aparte de la posibilidad
         de que el suministrador ejecute el aval prestado por la titular de la estación de servicio, éste vendría obligado a abonar
         los suministros con carácter previo a su entrega en la estación de servicio. El pago de la titular de la estación de servicio
         a la distribuidora se realiza deduciendo del precio de venta al público fijado por la distribuidora, incluido el IVA, el importe
         de la “comisión” correspondiente a la titular de la estación de servicio, más el IVA correspondiente. El carburante suministrado
         es vendido, por término medio, en un plazo desde su entrega muy inferior a los 9 días previstos para su pago por la parte
         actora a la demandada. La distribuidora realiza mensualmente cargos o abonos, según la variación sea al alza o a la baja,
         a la estación de servicio por las variaciones en los precios fijados para los carburantes suministrados. El coste del transporte
         es asumido por la empresa suministradora.
      
      iv)      La titular de la estación de servicio avala y responde de los clientes que ha incorporado a la utilización de la tarjeta de
         crédito creada y gestionada por el grupo de sociedades al que pertenece el suministrador, cobra todas las ventas hechas mediante
         la citada tarjeta de crédito en el mes siguiente a la realización de las ventas, corre con una pequeña parte del coste que
         supone la utilización por los clientes de la tarjeta de fidelización de la distribuidora petrolífera, y sufre el riesgo de
         impago de aquellos clientes a los que ha concedido directamente crédito.
      
      v)      La empresa suministradora de los productos petrolíferos corre con los gastos de instalación y mantenimiento en la estación
         de servicio de la imagen de la marca de la propia suministradora, y asimismo cede los tanques y los surtidores de combustible,
         que la titular de la estación de servicio no puede utilizar, sin autorización escrita de la suministradora, para productos
         no suministrados por ésta, y que se valoran justamente en la cantidad por la que la titular de la estación de servicio ha
         prestado aval a favor de la suministradora.
      
      b)      Si así fuera, ¿el Reglamento [nº 1984/83] y especialmente sus arts. 10 a 13, deben interpretarse en el sentido de que engloban
         dentro de su ámbito a un contrato de tal naturaleza de modo que la prohibición contenida en el apartado 1 del art. 81 del
         Tratado CE no sea aplicable si el contrato reúne los requisitos de la exención que se contienen en dichos artículos del Reglamento?
      
      c)      En tal caso, ¿ha de interpretarse el art. 11 de tal Reglamento en el sentido de que si en el contrato se establece más de
         una restricción de competencia, pues además de fijar la no competencia al prever el suministro exclusivo de una empresa proveedora,
         se fijan por el suministrador los precios de venta? La autorización [del suministrador] a la [titular de la] estación de servicio
         para que [ésta] pueda rebajar el precio de venta sin afectar a los ingresos de [dicho suministrador], hecha en noviembre de
         2001, ¿permite que el contrato pueda considerarse válido?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Observaciones preliminares
      26      Mediante su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia dos cuestiones,
         cada una de ellas subdividida en varias partes, que consideran hipótesis diferentes según la calificación del contrato controvertido
         en el asunto principal. La primera cuestión se suscita en el supuesto de que el contrato se califique de contrato de agencia,
         mientras que la segunda cuestión se plantea en el supuesto de que dicho contrato se celebre entre dos empresas autónomas.
      
      27      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, sobre la aplicabilidad de la prohibición prevista en el artículo
         81 CE, apartado 1, y, eventualmente, de la exención por categoría establecida por el Reglamento nº 1984/83 en relación con
         los hechos del asunto principal. No obstante, mediante sus cuestiones primera y segunda, letras a), dicho órgano jurisdiccional
         no trata de obtener del Tribunal de Justicia una interpretación del concepto de acuerdo entre empresas en el sentido de dicha
         disposición con objeto de poder apreciar a continuación si el contrato controvertido en el asunto principal entra dentro del
         ámbito de aplicación de esta disposición, sino que insta al Tribunal de Justicia a efectuar él mismo esta apreciación.
      
      28      Es preciso recordar que, en virtud del artículo 234 CE, basado en una clara separación de las funciones de los órganos jurisdiccionales
         nacionales y del Tribunal de Justicia, éste sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de una
         norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional, y que, en cambio, corresponde
         a éste aplicar las normas del Derecho comunitario a un caso concreto. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente
         para pronunciarse sobre los hechos del asunto principal ni para aplicar a medidas o a situaciones nacionales las normas comunitarias
         que haya interpretado, siendo dichas cuestiones de la exclusiva competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse,
         en particular, las sentencias de 22 de junio de 2000, Fornasar y otros, C‑318/98, Rec. p. I‑4785, apartado 32, y de 16 de
         octubre de 2003, Traunfellner, C‑421/01, Rec. p. I‑11941, apartado 21).
      
      29      Pues bien, del auto de remisión se desprende que la petición de interpretación presentada al Tribunal de Justicia se basa
         en alegaciones de las partes en el asunto principal cuyo fundamento no ha sido aún comprobado por el órgano jurisdiccional
         nacional. Asimismo, en sus observaciones orales y escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, las partes en el asunto
         principal han mostrado una discrepancia considerable sobre los hechos del litigio de que conoce el órgano jurisdiccional remitente.
      
      30      A este respecto, es preciso igualmente recordar que, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 CE, el Tribunal
         de Justicia no puede dirimir una controversia referente a una situación de hecho. Tal controversia, como, por lo demás, cualquier
         apreciación de los hechos del asunto, corresponde al juez nacional (véanse las sentencias de 15 de noviembre de 1979, Denkavit
         Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, apartado 12, y de 9 de junio de 2005, HLH Warenvertrieb y Orthica, C‑211/03, C‑299/03 y
         C‑316/03 a C‑318/03, Rec. p. I‑5141, apartado 96).
      
      31      No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le
         permita dirimir el litigio del que conoce (véase, en particular, la sentencia de 11 de octubre de 2007, Freeport, C‑98/06,
         Rec. p. I‑8319, apartado 31).
      
      32      Puesto que la calificación del contrato controvertido en el asunto principal a la luz de las normas sobre competencia es esencial
         para la solución del litigio de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, corresponde al Tribunal de Justicia recordar,
         en primer lugar, los criterios pertinentes para tal calificación [cuestiones primera y segunda, letras a)]. En segundo lugar,
         es preciso analizar si la exención por categoría puede aplicarse a dicho contrato, habida cuenta de las cláusulas de éste
         relativas a la duración de su vigencia [primera cuestión, letras b) y c), y segunda cuestión, letra b)] y a la fijación del
         precio de venta al público [segunda cuestión, letra c)]. En tercer lugar, se plantea la cuestión de una eventual nulidad del
         contrato en virtud del artículo 81 CE, apartado 2 [primera cuestión, letra d)].
      
       Sobre la existencia de un acuerdo entre empresas en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1
      33      Mediante sus cuestiones primera y segunda, letras a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 81 CE, apartado
         1, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un contrato de suministro exclusivo de productos petrolíferos con las
         características del controvertido en el asunto principal, en primer lugar, en el supuesto de que este contrato se considere
         celebrado entre dos empresas independientes, debido a que el precio de venta al público de dichos productos está fijado por
         el suministrador, y, en segundo lugar, en el supuesto de que este mismo contrato se considere un auténtico contrato de agencia,
         debido a que contiene una cláusula de suministro exclusivo.
      
      34      A este respecto, procede recordar que ya se planteó una cuestión similar al Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar
         a la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (C‑217/05, Rec.
         p. I‑11987; en lo sucesivo, «sentencia CEEES»). En dicho asunto, como en el que ha dado lugar a la presente remisión prejudicial,
         se examinaban las relaciones contractuales entre titulares de estaciones de servicio y su suministrador, es decir, CEPSA.
         Según el propio auto de remisión, el contrato controvertido en el asunto principal es idéntico a los que eran objeto de la
         cuestión prejudicial examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia CEEES.
      
      35      El Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 38 de la sentencia CEEES, que los acuerdos verticales, como los contratos entre CEPSA
         y los titulares de estaciones de servicio, sólo entran en el ámbito de aplicación del artículo 85 del Tratado cuando se considera
         que el titular es un operador económico independiente y existe, en consecuencia, un acuerdo entre dos empresas.
      
      36      Pues bien, el elemento decisivo para determinar si el titular de una estación de servicio es un operador económico independiente
         reside en el contrato celebrado con el comitente y, concretamente, en las cláusulas, tácitas o expresas, de este contrato
         relativas a la asunción de los riesgos financieros y comerciales vinculados a la venta de los productos a terceros. La cuestión
         del riesgo debe ser analizada caso por caso y teniendo en cuenta la realidad económica más que la calificación jurídica de
         la relación contractual en el Derecho interno (sentencia CEEES, apartado 46).
      
      37      Asimismo, el Tribunal de Justicia precisó los criterios que permiten al juez nacional apreciar, a la luz de las circunstancias
         fácticas del asunto de que conoce, la distribución efectiva de los riesgos financieros y comerciales entre los titulares de
         estaciones de servicio y el suministrador de carburantes.
      
      38      En lo que atañe, en primer lugar, a los riesgos relacionados con la venta de los productos, se presume que el titular de la
         estación de servicio asume estos riesgos cuando se convierte en propietario de los productos en el momento en que los recibe
         del proveedor, cuando se hace cargo, directa o indirectamente, de los costes relativos a la distribución de estos productos,
         en particular, los costes de transporte, cuando corre con los gastos de conservación de las existencias, cuando asume la responsabilidad
         por los daños que puedan sufrir los productos, como su pérdida o deterioro, así como por el perjuicio que puedan causar los
         productos vendidos a terceros, o cuando soporta el riesgo financiero de los productos en el supuesto de que esté obligado
         a pagar al suministrador el importe correspondiente a la cantidad de carburantes suministrada en vez de la efectivamente vendida
         (véase la sentencia CEEES, apartados 51 a 58).
      
      39      En segundo lugar, por lo que se refiere a los riesgos vinculados a las inversiones específicas del mercado, a saber, las que
         son necesarias para que el titular de una estación de servicio pueda negociar o celebrar contratos con terceros, es preciso
         comprobar si este último realiza inversiones en locales o equipos, tales como un depósito de carburante, o en acciones de
         promoción. En caso afirmativo, dichos riesgos se trasladan al titular (sentencia CEEES, apartados 51 y 59).
      
      40      No obstante, procede subrayar que el hecho de que el titular soporte únicamente una parte insignificante de los riesgos no
         puede entrañar que el artículo 81 CE sea aplicable (véase, en este sentido, la sentencia CEEES, apartado 61), pues dicho titular
         no se convierte en un operador económico independiente en la venta de carburantes a terceros. En este caso, las relaciones
         entre el titular y el suministrador son idénticas a las que existen entre un agente y su comitente.
      
      41      Se desprende igualmente de los apartados 62 y 63 de la sentencia CEEES que, incluso en el caso de un contrato de agencia,
         únicamente están excluidas del ámbito de aplicación del artículo 81 CE las obligaciones impuestas al intermediario en relación
         con la venta de productos a terceros por cuenta del comitente, entre las que figura la fijación del precio de venta al público.
         En cambio, las cláusulas de exclusividad y de no competencia que afectan a las relaciones entre el agente y el comitente como
         operadores económicos independientes pueden vulnerar las normas sobre competencia si conducen a la exclusión del mercado de
         referencia. Por consiguiente, la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, es aplicable a dichas cláusulas.
      
      42      En el supuesto de que el examen de los riesgos lleve a acreditar la existencia de un acuerdo entre empresas en el sentido
         del artículo 81 CE, en lo que atañe a la venta de productos a terceros, la fijación del precio de venta al público de éstos
         constituye una restricción de la competencia expresamente prevista en el apartado 1, letra a), de dicho artículo que hace
         que el acuerdo entre dentro del ámbito de la prohibición establecida en esta disposición siempre que se reúnan todos los demás
         requisitos para la aplicación de ésta, es decir, que el acuerdo tenga por objeto o efecto restringir apreciablemente la competencia
         dentro del mercado común y que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia
         de 30 de abril de 1998, Cabour, C‑230/96, Rec. p. I‑2055, apartado 48).
      
      43      Además, en lo que atañe en particular a los acuerdos de compra exclusiva, procede recordar la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia según la cual, si bien estos acuerdos no tienen por objeto restringir la competencia, en el sentido del artículo
         81 CE, es preciso, no obstante, verificar si no tienen por efecto impedirla, restringirla o falsear su juego. Para determinar
         los efectos de un acuerdo de compra exclusiva, debe tenerse en cuenta el contexto económico y jurídico en el que éste se sitúa
         y en el que, junto con otros, puede producir un efecto acumulativo sobre el juego de la competencia. Es preciso, por consiguiente,
         analizar los efectos que produce dicho contrato, en relación con otros contratos del mismo tipo, sobre las posibilidades de
         que disponen los competidores nacionales u originarios de otros Estados miembros de implantarse en el mercado de referencia
         o de ampliar en éste su cuota de mercado (véanse las sentencias de 28 de febrero de 1991, Delimitis, C‑234/89, Rec. p. I‑935,
         apartados 13 a 15, y de 7 de diciembre de 2000, Neste, C‑214/99, Rec. p. I‑11121, apartado 25).
      
      44      A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones primera y segunda, letras a), que un contrato
         de suministro exclusivo de productos petrolíferos puede estar incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado
         1, cuando el titular de la estación de servicio asume, en una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros
         y comerciales relativos a la venta de estos productos a terceros y dicho contrato contiene cláusulas que pueden menoscabar
         el juego de la competencia, como la referente a la fijación de los precios de venta al público. En el caso de que el titular
         de la estación de servicio no asuma tales riesgos o asuma únicamente una parte insignificante de éstos, sólo pueden entrar
         dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición las obligaciones impuestas al titular en el marco de los servicios de
         intermediario que éste ofrece al comitente, como las cláusulas de exclusividad o de no competencia. Corresponde al órgano
         jurisdiccional remitente comprobar, además, si el contrato controvertido en el asunto principal tiene por efecto impedir,
         restringir o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE.
      
       Sobre la duración máxima del acuerdo prevista por el Reglamento nº 1984/83
      45      Mediante su primera cuestión, letras b) y c), así como mediante su segunda cuestión, letra b), el órgano jurisdiccional remitente
         pregunta en esencia si un acuerdo de suministro exclusivo, como el controvertido en el asunto principal, en caso de estar
         incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, puede beneficiarse de una exención por categoría como la prevista
         por el Reglamento nº 1984/83, siempre que se cumplan los requisitos enunciados por éste, en particular, respecto a la duración
         máxima del acuerdo, así como a la concesión de ventajas económicas y financieras.
      
      46      Dicho órgano jurisdiccional desea saber, por una parte, si, para cumplir el requisito de la duración máxima, el artículo 10
         del Reglamento nº 1984/83 debe interpretarse en el sentido de que exige, para la aplicación de la exención a los acuerdos
         de estaciones de servicio, que las ventajas concedidas al titular de la estación de servicio por el suministrador sean sustanciales
         o basta con que no sean insignificantes y, por otro lado, si las ventajas concedidas por el contrato controvertido en el asunto
         principal son suficientes a este respecto.
      
      47      Procede recordar, con carácter preliminar, que el Reglamento nº 1984/83 preveía la aplicación del artículo 85, apartado 3,
         del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva celebrados entre dos empresas para la reventa de productos
         que pudieran quedar comprendidos en el ámbito del apartado 1 del mismo artículo.
      
      48      Como se indica en el apartado 41 de la presente sentencia, en el supuesto de una auténtica relación de agencia, únicamente
         pueden entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 81 CE las cláusulas de exclusividad y de no competencia que afecten
         a las relaciones entre el agente y el comitente como operadores económicos independientes. En cambio, las obligaciones relativas
         a la venta de productos a terceros por cuenta del comitente, aunque podrían, al menos algunas de ellas, infringir las normas
         sobre competencia si se hubieran acordado entre dos empresas independientes, no deben tenerse en cuenta al examinar la aplicabilidad
         de dicho Reglamento. En el supuesto de un contrato de distribución entre dos empresas independientes, es preciso examinar
         la totalidad del contrato para determinar la aplicabilidad de la exención por categoría.
      
      49      El artículo 12, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 1984/83 establecía que, como excepción a la duración máxima de cinco
         años, aplicable, de manera general, a los acuerdos de compra exclusiva de corta o media duración, tal como se dan en todas
         las ramas de la economía, la duración máxima aplicable a los acuerdos de estaciones de servicio era de diez años. En cuanto
         a las condiciones particulares aplicables a estos últimos acuerdos, el artículo 10 del mismo Reglamento disponía que el revendedor
         se comprometía con el proveedor a comprarle únicamente a éste y tal obligación de compra exclusiva se establecía «como contrapartida
         de la concesión de ventajas económicas o financieras».
      
      50      Es preciso señalar que la versión española de este artículo 10 no precisaba la naturaleza de dichas ventajas económicas o
         financieras, a diferencia de todas las demás versiones lingüísticas, que empleaban el término «particulares» o «especiales»
         para calificar estas ventajas. Pues bien, en virtud de jurisprudencia reiterada, las diversas versiones lingüísticas de un
         texto comunitario deben interpretarse de modo uniforme y, en caso de discrepancia entre estas versiones, la disposición de
         que se trate debe interpretarse en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte (véanse
         las sentencias de 1 de abril de 2004, Borgmann, C‑1/02, Rec. p. I‑3219, apartado 25; de 16 de septiembre de 2004, Comisión/España,
         C‑227/01, Rec. p. I‑8253, apartado 45, y de 16 de marzo de 2006, Comisión/España, C‑332/04, apartado 52).
      
      51      Respecto al sistema y la finalidad de la normativa comunitaria de que se trata, del decimotercer considerando del Reglamento
         nº 1984/83 se desprendía que los acuerdos de estaciones de servicio, en general, se caracterizan por el hecho de que el proveedor
         concede al revendedor ventajas económicas y financieras particularmente importantes pagándole sumas a fondo perdido, otorgándole
         o facilitándole préstamos en ventajosas condiciones, concediéndole un terreno o locales para la explotación de la estación
         de servicio, poniendo a su disposición instalaciones técnicas u otros equipamientos o efectuando otras inversiones en beneficio
         del revendedor.
      
      52      Además, el decimoquinto considerando del mismo Reglamento precisaba que las ventajas económicas y financieras que el proveedor
         concede al revendedor facilitan notablemente la instalación o la modernización de estaciones de servicio, así como su mantenimiento
         y explotación. El decimoséptimo considerando indicaba, a modo de ejemplo, que únicamente puede admitirse una obligación de
         compra exclusiva en lo que se refiere a los lubricantes y a productos petrolíferos afines si el proveedor ha puesto a disposición
         del revendedor o ha financiado instalaciones técnicas especiales para el engrase.
      
      53      La finalidad de la exención de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, resulta igualmente del apartado
         3, tercer guión, de este artículo, según el cual las disposiciones de dicho apartado 1 son inaplicables a los acuerdos «que
         contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven
         al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante». Los considerandos quinto y sexto
         del Reglamento nº 1984/83 precisaban, además, en lo que atañe concretamente a los acuerdos de compra exclusiva, que tales
         acuerdos reducen los costes de distribución, limitan las posibles fluctuaciones del mercado, facilitan la promoción de la
         venta de un producto, mejoran la estructura de la red de distribución y la calidad del servicio de ventas y constituyen el
         medio más eficaz, incluso el único, de penetrar en el mercado.
      
      54      De ello resulta que el concepto de «ventajas económicas o financieras» a que se refiere el artículo 10 del Reglamento nº 1984/83
         debe interpretarse en el sentido de que estas ventajas son efectivamente específicas de la relación contractual, pero deben
         asimismo ser importantes para justificar una exclusividad en el suministro de una duración de diez años. Estas ventajas deben
         servir para mejorar la distribución, facilitar la instalación o la modernización de la estación de servicio y reducir los
         costes de distribución.
      
      55      Por lo que se refiere a la cuestión de si las ventajas económicas o financieras, tales como las concedidas a Tobar en el asunto
         principal, pueden justificar la duración de la exclusividad de suministro de diez años, procede recordar la jurisprudencia
         mencionada en el apartado 30 de la presente sentencia según la cual cualquier apreciación de los hechos del asunto corresponde
         al juez nacional. Incumbe, pues, al órgano jurisdiccional remitente evaluar la importancia de las inversiones efectuadas por CEPSA
         teniendo en cuenta las indicaciones que figuran en los apartados 51 a 54 de la presente sentencia.
      
      56      No obstante, debe precisarse que del auto de remisión se desprende que el ámbito de aplicación ratione temporis del Reglamento nº 1984/83 no comprende enteramente el período de ejecución del contrato controvertido en el asunto principal,
         puesto que éste se celebró el 7 de febrero de 1996 por una duración de diez años y no fue sino a lo largo del año 2003 cuando
         Tobar dejó de ejecutar sus obligaciones contractuales. Dicho Reglamento expiró el 31 de diciembre de 1999, pero la exención
         prevista por éste siguió aplicándose hasta el 31 de mayo de 2000 en virtud del Reglamento nº 2790/1999 que estableció, además,
         un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2001, durante el cual la prohibición establecida en el artículo 81 CE,
         apartado 1, no se aplicaba a los acuerdos en vigor el 31 de mayo de 2000 que no cumplieran los requisitos de exención previstos
         en este último Reglamento, pero que cumplieran los establecidos en el Reglamento nº 1984/83. Por tanto, para dar al órgano
         jurisdiccional remitente una respuesta útil, procede examinar igualmente los requisitos de exención aplicables en virtud del
         Reglamento nº 2790/1999.
      
      57      Este último Reglamento, aplicable a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas, no contiene disposiciones
         particulares relativas a los acuerdos de estaciones de servicio. Conforme a su artículo 3, apartado 1, la exención prevista
         en dicho Reglamento se aplicará a condición de que la cuota de mercado del proveedor no exceda del 30 % del mercado de referencia
         en el que venda los bienes o servicios contractuales. A diferencia del Reglamento nº 1984/83, el Reglamento nº 2790/1999 dispone,
         en su artículo 5, letra a), que la exención prevista en su artículo 2 no se aplicará a ninguna cláusula, directa o indirecta,
         de no competencia «cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años» y que «una cláusula de no competencia que sea tácitamente
         renovable a partir de un período de cinco años será considerada como de duración indefinida».
      
      58      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que la duración del acuerdo de suministro
         exclusivo cumple el requisito relativo a la duración máxima previsto en el artículo 12, apartado 1, letra c), del Reglamento
         nº 1984/83, aún deberá comprobar si este acuerdo respeta igualmente la duración máxima admitida en virtud del Reglamento nº 2790/1999,
         es decir, cinco años.
      
      59      A este respecto, es preciso saber si el acuerdo de exclusividad cumplía los requisitos de exención previstos por el Reglamento
         nº 2790/1999 a partir del 1 de junio de 2000, fecha en la que éste comenzó a ser aplicable. En caso de no ser así, únicamente
         sería aplicable a dicho acuerdo un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2001 si cumpliera los requisitos de exención
         previstos por el Reglamento nº 1984/83.
      
      60      De las disposiciones del Reglamento nº 2790/1999 se desprende que la exención prevista por éste es aplicable a partir del
         1 de junio de 2000 a los acuerdos cuya duración no exceda de cinco años. No obstante, el artículo 12, apartado 2, del mismo
         Reglamento establece un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2001 para los acuerdos en vigor el 31 de mayo de 2000
         que no cumplieran los requisitos de exención previstos en este Reglamento, pero que cumplieran los requisitos de exención
         establecidos en el Reglamento nº 1984/83. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en el presente caso, dependiendo
         de que el contrato controvertido en el asunto principal cumpliera o no los requisitos de exención del Reglamento nº 1984/83,
         a partir de qué fecha debe examinarse la cláusula de exclusividad en función del Reglamento nº 2790/1999.
      
      61      Además, corresponde a dicho órgano jurisdiccional apreciar si la cláusula del contrato controvertido en el asunto principal
         que prevé la prórroga de éste por períodos sucesivos de cinco años, por acuerdo expreso y escrito, con preaviso mínimo de
         seis meses, puede entenderse, a la luz del artículo 5, letra a), del Reglamento nº 2790/1999, en el sentido de que establece
         que el contrato es de duración indefinida, lo que implicaría que éste no podría acogerse a la exención por categoría.
      
      62      A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión, letras b) y c), así como a la segunda
         cuestión, letra b), que un contrato de suministro exclusivo como el controvertido en el asunto principal puede beneficiarse
         de una exención por categoría prevista por el Reglamento nº 1984/83 si respeta la duración máxima de diez años contemplada
         en el artículo 12, apartado 1, letra c), de este mismo Reglamento y si el suministrador concede al titular de la estación
         de servicio, como contrapartida de la exclusividad, ventajas económicas importantes que contribuyen a una mejora de la distribución,
         facilitan la instalación o la modernización de la estación de servicio y reducen los costes de distribución. Corresponde al
         órgano jurisdiccional remitente apreciar si se cumplen estos requisitos en el asunto principal.
      
       Sobre la fijación del precio de venta al público
      63      Mediante su segunda cuestión, letra c), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 10 a 13
         del Reglamento nº 1984/83 deben interpretarse en el sentido de que excluyen la aplicación de la exención por categoría a un
         contrato de suministro exclusivo debido a que este último prevé la fijación del precio de venta al público por parte del suministrador.
         En caso afirmativo, desea saber si la autorización para rebajar el precio de venta sin afectar a los ingresos del suministrador
         hace que la exención sea de nuevo aplicable.
      
      64      Procede recordar de inmediato, como se ha expuesto en el apartado 42 de la presente sentencia, que, en el supuesto de una
         relación contractual entre dos empresas, la aplicación de la exención por categoría queda excluida si, además de la cláusula
         de exclusividad de suministro, el contrato celebrado entre ambas contiene una cláusula que prevé la fijación por el suministrador
         del precio de venta al público.
      
      65      En efecto, el artículo 11 del Reglamento nº 1984/83 enumeraba, de manera exhaustiva, las obligaciones que, además de la cláusula
         de exclusividad, podían imponerse al revendedor, entre las que no figuraba la fijación del precio de venta al público. A tenor
         del octavo considerando del mismo Reglamento, «las demás disposiciones restrictivas de la competencia y, en particular, las
         que limiten la libertad del revendedor de fijar los precios […], no pueden quedar eximidas con arreglo al presente Reglamento».
         Por consiguiente, la fijación por CEPSA del precio de venta al público de los productos petrolíferos constituiría una restricción
         de la competencia que no estaría cubierta por la exención prevista en el artículo 10 de dicho Reglamento (véase la sentencia CEEES,
         apartado 64).
      
      66      No obstante, del auto de remisión se desprende que, el 2 de noviembre de 2001, CEPSA envió un escrito a Tobar por el que autorizaba
         a ésta a rebajar los precios de venta sin disminuir los ingresos del suministrador. En sus observaciones escritas y orales, CEPSA
         sostiene que dicha autorización existía desde la celebración del contrato controvertido en el asunto principal y que Tobar
         la había utilizado efectivamente antes incluso del envío de este escrito. Tobar discute rotundamente esta alegación y subraya
         que es imposible modificar válidamente este contrato mediante un acto unilateral.
      
      67      En tal situación, habida cuenta del reparto de las competencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal
         de Justicia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las modalidades de la fijación del precio de venta al
         público en el asunto principal, así como la existencia, en el Derecho nacional, de una posibilidad de modificar unilateralmente
         la cláusula que regula la fijación de dicho precio.
      
      68      Suponiendo que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que tal modificación unilateral es posible en
         virtud del Derecho nacional, sería preciso entonces examinar los requisitos de exención vigentes en la fecha de la autorización
         dada por CEPSA.
      
      69      En efecto, en noviembre de 2001, el Reglamento nº 2790/1999 era aplicable a los acuerdos que no se beneficiaban del período
         transitorio previsto en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento nº 2790/1999 por no cumplir los requisitos de exención
         previstos por el Reglamento nº 1984/83. Según el artículo 4, letra a), del Reglamento nº 2790/1999, la exención prevista en
         el artículo 2 del mismo Reglamento no se aplicaba a los acuerdos verticales que tuvieran por objeto la «restricción de la
         facultad del comprador de determinar el precio de venta, sin perjuicio de que el proveedor pueda imponer precios de venta
         máximos o recomendar un precio de venta, siempre y cuando éstos no equivalgan a un precio de venta fijo o mínimo como resultado
         de presiones o incentivos procedentes de cualquiera de las partes».
      
      70      De ello resulta que procede comprobar si la fijación del precio de venta máximo no es, en realidad, un precio de venta fijo
         o mínimo, teniendo en cuenta el conjunto de las obligaciones contractuales, así como el comportamiento de las partes en el
         asunto principal.
      
      71      Puesto que el Tribunal de Justicia no está en condiciones de apreciar el margen de libertad de que disponía Tobar para determinar
         el precio de venta al público de los productos petrolíferos, tras la autorización concedida a esta última sociedad mediante
         el escrito de CEPSA de 2 de noviembre de 2001, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar si esta autorización corresponde
         a una posibilidad real para el revendedor de disminuir ese precio de venta, teniendo en cuenta el efecto concreto del conjunto
         de las cláusulas del contrato controvertido en el asunto principal en su contexto económico y jurídico. Es preciso comprobar
         en particular si tal precio de venta al público no se fija, en realidad, a través de medios indirectos o subrepticios, tales
         como la fijación del margen del titular de la estación de servicio, amenazas, intimidaciones, advertencias, sanciones o incentivos.
      
      72      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que Tobar estaba obligada, en realidad,
         a respetar el precio de venta fijo o mínimo impuesto por CEPSA, dicho contrato no podría beneficiarse de la exención por categoría
         instaurada por el Reglamento nº 2790/1999. No obstante, cuando un acuerdo no cumple todos los requisitos previstos en un Reglamento
         de exención sólo está incurso en la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, si tiene por objeto o por efecto restringir
         sensiblemente la competencia dentro del mercado común y si puede afectar al comercio entre los Estados miembros (véase, en
         este sentido, la sentencia Cabour, antes citada, apartado 48). En este último caso, y a falta de exención individual en virtud
         del artículo 81 CE, apartado 3, el acuerdo sobre el precio sería nulo de pleno derecho conforme al apartado 2 de este mismo
         artículo.
      
      73      En cambio, si la modificación unilateral del contrato controvertido en el asunto principal tuviera por consecuencia que la
         cláusula relativa al precio de venta al público de los productos petrolíferos resultara conforme con las normas sobre competencia,
         este contrato se beneficiaría entonces de la exención por categoría, siempre que cumpliese todos los requisitos previstos
         por el Reglamento nº 2790/1999. Sin embargo, como acertadamente señala el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones,
         tal modificación no puede implicar la validez retroactiva de dicho contrato respecto a la exención por categoría prevista
         por el Reglamento nº 1984/83.
      
      74      En efecto, según reiterada jurisprudencia, cuando concurren los requisitos de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, y
         el acuerdo de que se trate no puede justificar la concesión de una exención en virtud del artículo 81 CE, apartado 3, cualquier
         persona puede invocar la nulidad a la que se refiere el apartado 2 del mismo artículo. Puesto que dicha nulidad tiene carácter
         absoluto, puede afectar a todos los efectos, pasados o futuros, del acuerdo de que se trate (sentencia de 13 de julio de 2006,
         Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, Rec. p. I‑6619, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
      
      75      La apreciación acerca de si la nulidad de la cláusula relativa a la fijación del precio de venta al público de los productos
         petrolíferos tiene por consecuencia que el contrato controvertido en el asunto principal sea nulo de pleno derecho en su integridad
         es objeto de la primera cuestión, letra d), a la que se responde en los apartados 78 a 80 de la presente sentencia. No obstante,
         en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente estimase la nulidad de pleno derecho de dicho contrato en su integridad,
         la cuestión de si éste puede pasar a ser válido tras la modificación de la cláusula relativa al precio de venta corresponde,
         como acertadamente sostiene la Comisión de las Comunidades Europeas, al Derecho nacional en materia de contratos.
      
      76      De lo anterior se desprende que procede responder a la segunda cuestión, letra c), que los artículos 10 a 13 del Reglamento
         nº 1984/83 deben interpretarse en el sentido de que excluyen la aplicación de la exención por categoría a un contrato de suministro
         exclusivo que prevé la fijación del precio de venta al público por parte del suministrador. Corresponde al órgano jurisdiccional
         remitente comprobar si, en virtud del Derecho nacional, la cláusula contractual relativa a este precio de venta puede modificarse
         mediante una autorización unilateral del suministrador, como la examinada en el asunto principal, y si un contrato nulo de
         pleno derecho puede pasar a ser válido tras una modificación de esta cláusula contractual que tenga por efecto hacerla conforme
         con el artículo 81 CE, apartado 1.
      
       Sobre las consecuencias de una eventual nulidad del acuerdo con arreglo al artículo 81 CE, apartado 2
      77      Mediante su primera cuestión, letra d), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la nulidad de pleno derecho prevista
         en el artículo 81 CE, apartado 2, afecta al contrato controvertido en el asunto principal en su integridad o únicamente a
         las cláusulas incompatibles con el apartado 1 de este mismo artículo.
      
      78      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la nulidad de pleno derecho
         de un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 2, se aplica únicamente a aquellos elementos del acuerdo afectados
         por la prohibición establecida en el apartado 1 de este mismo artículo o al acuerdo en su totalidad si no es posible separar
         dichos elementos del propio acuerdo (véanse, en particular, las sentencias de 30 de junio de 1966, LTM, 56/65, Rec. pp. 337
         y ss., especialmente p. 360, y Delimitis, antes citada, apartado 40).
      
      79      Si estos elementos son separables del acuerdo, las consecuencias de la nulidad respecto a todos los demás elementos del acuerdo
         o respecto a otras obligaciones que se deriven de él no están comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario.
         Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, conforme al Derecho nacional aplicable, el alcance y las
         consecuencias, para la totalidad de las relaciones contractuales, de la posible nulidad de determinadas cláusulas contractuales
         en virtud del artículo 81 CE, apartado 2 (véanse, en particular, las sentencias de 18 de diciembre de 1986, VAG France, 10/86,
         Rec. p. 4071, apartados 14 y 15; Cabour, antes citada, apartado 51, y de 30 de noviembre de 2006, Brünsteiner y Autohaus Hilgert,
         C‑376/05 y C‑377/05, Rec. p. I‑11383, apartado 48).
      
      80      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión, letra D), que la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo
         81 CE, apartado 2, únicamente afecta a un contrato en su integridad cuando las cláusulas incompatibles con el apartado 1 del
         mismo artículo no pueden separarse del propio contrato. En caso contrario, las consecuencias de la nulidad respecto de todos
         los demás elementos del contrato no están comprendidas en el ámbito del Derecho comunitario.
      
       Costas
      81      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      Un contrato de suministro exclusivo de carburantes y combustibles así como de lubricantes y demás productos afines puede estar
            incluido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, cuando el titular de la estación de servicio asume, en
            una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros y comerciales relativos a la venta de estos productos a
            terceros y dicho contrato contiene cláusulas que pueden menoscabar el juego de la competencia, como la referente a la fijación
            de los precios de venta al público. En el caso de que el titular de la estación de servicio no asuma tales riesgos o asuma
            únicamente una parte insignificante de éstos, sólo pueden entrar dentro del ámbito de aplicación de dicha disposición las
            obligaciones impuestas al titular en el marco de los servicios de intermediario que éste ofrece al comitente, como las cláusulas
            de exclusividad o de no competencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, además, si el contrato celebrado
            el 7 de febrero de 1996 entre CEPSA Estaciones de Servicio, S.A., y L.V. Tobar e Hijos, S.L., tiene por efecto impedir, restringir
            o falsear el juego de la competencia en el sentido del artículo 81 CE.
      2)      Un contrato de suministro exclusivo como el mencionado en el punto precedente del presente fallo puede beneficiarse de una
            exención por categoría prevista por el Reglamento (CEE) nº 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación
            del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, modificado por el
            Reglamento (CE) nº 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997, si respeta la duración máxima de diez años contemplada
            en el artículo 12, apartado 1, letra c), de este mismo Reglamento y si el suministrador concede al titular de la estación
            de servicio, como contrapartida de la exclusividad, ventajas económicas importantes que contribuyen a una mejora de la distribución,
            facilitan la instalación o la modernización de la estación de servicio y reducen los costes de distribución. Corresponde al
            órgano jurisdiccional remitente apreciar si se cumplen estos requisitos en el asunto principal.
      3)      Los artículos 10 a 13 del Reglamento nº 1984/83, modificado por el Reglamento nº 1582/97, deben interpretarse en el sentido
            de que excluyen la aplicación de la exención por categoría a un contrato de suministro exclusivo que prevé la fijación del
            precio de venta al público por parte del suministrador. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en virtud
            del Derecho nacional, la cláusula contractual relativa a este precio de venta puede modificarse mediante una autorización
            unilateral del suministrador, como la examinada en el asunto principal, y si un contrato nulo de pleno derecho puede pasar
            a ser válido tras una modificación de esta cláusula contractual que tenga por efecto hacerla conforme con el artículo 81 CE,
            apartado 1.
      4)      La nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 81 CE, apartado 2, únicamente afecta a un contrato en su integridad cuando
            las cláusulas incompatibles con el apartado 1 del mismo artículo no pueden separarse del propio contrato. En caso contrario,
            las consecuencias de la nulidad respecto de todos los demás elementos del contrato no están comprendidas en el ámbito del
            Derecho comunitario.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.