CELEX: 62006CC0501
Language: es
Date: 2009-06-30 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Trstenjak presentadas el 30 de junio de 2009.#GlaxoSmithKline Services Unlimited contra Comisión de las Comunidades Europeas (C-501/06 P) y Comisión de las Comunidades Europeas contra GlaxoSmithKline Services Unlimited (C-513/06 P) y European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) contra Comisión de las Comunidades Europeas (C-515/06 P) y Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) contra Comisión de las Comunidades Europeas (C-519/06 P).#Recursos de casación - Prácticas colusorias - Limitación del comercio paralelo de medicamentos - Artículo 81 CE, apartado 1 - Objeto de restringir la competencia - Normativas nacionales sobre precios - Sustitución de los fundamentos de Derecho - Artículo 81 CE, apartado 3 - Contribución al fomento del progreso técnico - Control - Carga de la prueba - Motivación - Interés en ejercitar la acción.#Asuntos acumulados C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P y C-519/06 P.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL 
      SRA. VERICA TRSTENJAK
      presentadas el 30 de junio de 2009 1(1)
      
      Asuntos acumulados C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P
      GlaxoSmithKline Services Unlimited, anteriormente Glaxo Wellcome plc
      contra 
      Comisión de las Comunidades Europeas
      European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC)
      Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar)
      «Recurso de casación – Competencia – Limitación del comercio paralelo de medicamentos – Artículo 81 CE, apartado 1 – Objeto de restringir la competencia – Artículo 81 CE, apartado 3 – Contribución al fomento del progreso técnico – Prueba – Sustitución de la fundamentación – Interés para ejercitar la acción»
      Índice
      
      I.     Marco normativo
      II.   Antecedentes del litigio, Decisión impugnada y sentencia recurrida
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
      A.     Pretensiones de las partes en cada uno de los procedimientos
      1.     Asunto C‑501/06 P (el recurso de casación de GSK)
      2.     Asunto C‑513/06 P (recurso de casación de la Comisión)
      3.     Asunto C‑515/06 P (recurso de casación de EAEPC)
      4.     Asunto C‑519/06 P (recurso de casación de Aseprofar)
      B.     Acumulación de los procedimientos y vista
      IV.   Sobre la admisibilidad
      A.     Sobre la admisibilidad de las alegaciones de la Comisión y de Aseprofar relativas al objeto de restringir la competencia contenidas
         en sus recursos de casación (asuntos C‑513/06 P y C‑519/06 P)
      
      B.     Sobre la admisibilidad de la alegación de la Comisión denominada «adhesión a la casación» en el asunto C‑501/06 P en respuesta
         al recurso de casación de GSK
      
      1.     Sobre la alegación de la Comisión relativa al objeto de restringir la competencia
      a)     Sobre la inadmisibilidad en el marco de una adhesión a la casación
      b)     Sobre la admisibilidad en el marco de una pretensión de desestimación del recurso de casación
      c)     Sobre la posibilidad de tomar en consideración la alegación
      d)     Sobre la igualdad de contenido de las alegaciones formuladas por la Comisión en los asuntos C‑513/06 P y C‑501/06 P
      2.     Sobre la alegación de la Comisión relativa al efecto restrictivo sobre la competencia
      3.     Sobre la admisibilidad de la adhesión a la casación de la Comisión, dirigida contra el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida
      C.     Conclusión
      V.     Sobre el recurso de casación interpuesto por GSK en el asunto C‑501/06 P
      A.     Sobre los errores de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia en la parte de su fundamentación relativa al
         objeto de las CGV de restringir la competencia
      
      1.     La parte de la fundamentación de la sentencia recurrida relativa al objeto de las CGV de restringir la competencia
      2.     Sobre el concepto de objeto de restringir la competencia
      3.     Sobre los errores de Derecho
      a)     Sobre el error de Derecho en la interpretación del concepto de objeto de restringir la competencia
      i)     Sobre la afirmación de que, cuando se persigue una limitación del comercio paralelo, sólo cabe presumir en principio la existencia
         de un objeto de restringir la competencia
      
      ii)   Sobre la presunción de un efecto restrictivo de la competencia
      iii) Sobre la toma en consideración de un perjuicio para los consumidores finales
      iv)   Sobre la toma en consideración ilimitada de las ventajas del comercio paralelo para los consumidores finales
      v)     Conclusión
      b)     Sobre la toma en consideración del contexto jurídico y económico
      i)     Sobre la afirmación de que los intermediarios pueden conservar la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia
         de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los consumidores finales
      
      ii)   Sobre las demás afirmaciones y comprobaciones
      4.     Conclusión
      B.     Sobre la sustitución de la fundamentación
      1.     Sobre los hechos examinados por el Tribunal de Primera Instancia
      2.     Sobre la confirmación de la motivación de la Comisión según la cual las CGV tienen por objeto restringir la competencia
      a)     Planteamiento tipificado
      b)     Presunción de grave restricción de la competencia
      c)     Conclusión provisional
      3.     Conclusión
      C.     Sobre la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión pudo suponer que las CGV tenían por efecto restringir
         la competencia
      
      D.     Conclusión
      VI.   Sobre los recursos de casación interpuestos por la Comisión, Aseprofar y EAEPC
      A.     La parte de la fundamentación de la sentencia recurrida
      B.     El recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑513/06 P y la adhesión a la casación de la Comisión en el asunto C‑501/06 P
      1.     Sobre el primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3
      a)     Sobre la desnaturalización del contexto jurídico y económico
      b)     Sobre el concepto de fomento del progreso técnico, el reparto de la carga de la prueba y el grado de la prueba
      i)     Sobre la aplicación de un criterio de valoración propio de la normativa en materia de control de las concentraciones
      ii)   Sobre el umbral a partir del cual puede considerarse que el acuerdo presenta ventajas de eficacia
      iii) Sobre la importancia del carácter estructural de las diferencias de precios
      iv)   Sobre las variaciones de los tipos de cambio
      v)     Sobre la relación entre los recursos financieros adicionales para GSK y el fomento del progreso técnico
      vi)   Conclusión
      c)     Sobre la desnaturalización de la Decisión impugnada y sobre la falta de toma en consideración de acontecimientos del pasado
         en el marco del análisis prospectivo
      
      i)     Sobre la desnaturalización de la Decisión impugnada
      –       Sobre la desnaturalización del contenido de la Decisión impugnada
      –       Sobre la sustitución de la fundamentación
      –       Conclusión
      ii)   Sobre la toma en consideración de acontecimientos pasados
      iii) Sobre la toma en consideración de datos que no existían cuando se adoptó la Decisión impugnada
      iv)   Conclusión
      d)     Sobre la aplicación errónea del criterio de valoración
      i)     Sobre la creación de un nuevo motivo de anulación
      ii)   Sobre el rebasamiento de las competencias del Tribunal de Primera Instancia
      e)     Sobre el defecto de motivación debido a la breve valoración de las pruebas y a las presunciones no explicadas del Tribunal
         de Primera Instancia
      
      i)     Sobre la valoración de las pruebas presentadas por GSK
      ii)   Sobre la falta de explicación de por qué la investigación y el desarrollo serían imposibles sin las CGV
      2.     Sobre los demás requisitos del artículo 81 CE, apartado 3
      3.     Conclusión
      C.     El recurso de casación de EAEPC en el asunto C‑515/06 P
      1.     Sobre el papel y la función del artículo 81 CE, apartado 3
      2.     Sobre la carga de la prueba
      3.     Sobre la apreciación errónea o la falta de toma en consideración de elementos de prueba
      a)     Sobre el traslado de la carga de la prueba
      b)     Sobre la apreciación errónea o la falta de toma en consideración de hechos que constan en los autos
      c)     Sobre la toma en consideración de hechos erróneos
      4.     Conclusión
      D.     El recurso de casación de Aseprofar en el asunto C‑519/06 P
      1.     Sobre el primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3
      2.     Sobre los demás requisitos del artículo 81 CE, apartado 3
      a)     Sobre la participación equitativa de los consumidores
      b)     Sobre el carácter indispensable de la restricción causada por las CGV
      c)     Sobre la posibilidad de eliminar la competencia
      3.     Conclusión
      E.     Conclusión
      VII. Resumen
      VIII. Conclusión
      
      1.        Los presentes recursos de casación brindan al Tribunal de Justicia la oportunidad, tras su sentencia Sot. Lélos kai Sia, (2) que tenía por objeto el examen de medidas unilaterales dirigidas a limitar el comercio paralelo de medicamentos conforme
         al artículo 82 CE, de pronunciarse sobre la compatibilidad con el artículo 81 CE de acuerdos con tal objeto.
      
      2.        El objeto del presente recurso de casación es el examen de las condiciones generales de venta (en lo sucesivo, «CGV») del
         fabricante de medicamentos GlaxoSmithKline Services Unlimited (en lo sucesivo, «GSK») conforme al artículo 81 CE. De conformidad
         con las CGV, GSK fijaba a los intermediarios establecidos en España y a los que vendía medicamentos (en lo sucesivo, «intermediarios
         españoles») precios diferentes por determinados medicamentos, en función de si los comercializaban en España o en otros Estados
         miembros.
      
      3.        El objetivo de las CGV consistía en limitar el comercio paralelo con medicamentos de GSK entre España y otros Estados miembros
         que lo realizan a la vista de las diferencias de precios entre dichos Estados miembros. A juicio de GSK, el comercio paralelo
         beneficia principalmente a los intermediarios. En cambio, una limitación del comercio paralelo es ventajosa para los consumidores
         finales. Los recursos adicionales que obtiene GSK o el grupo al que pertenece (3) mediante la restricción del comercio paralelo puede invertirlos en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos.
      
      4.        GSK notificó las CGV a la Comisión. En su Decisión de 8 de mayo de 2001 (4) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión declaró que las CGV vulneran el artículo 81 CE, apartado 1, y que no
         pueden acogerse a la exención del artículo 81 CE, apartado 3. Tras el recurso interpuesto por GSK, el Tribunal de Primera
         Instancia, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2006 dictada en el asunto T‑168/01 (5) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida») confirmó la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión declaró que las CGV
         vulneran el artículo 81 CE, apartado 1, pero la anuló en la medida en que la Comisión desestimó la solicitud de exención de
         las CGV al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      5.        Mediante su recurso de casación interpuesto en el asunto C‑501/06 P, GSK censura por un lado la sentencia recurrida, en la
         medida en que ésta ratificó la afirmación de la Comisión de que las CGV vulneran el artículo 81 CE, apartado 1. Por otro lado,
         la Comisión (apoyada por la República de Polonia como parte coadyuvante), la Asociación de exportadores españoles de productos
         farmacéuticos (en lo sucesivo, «Aseprofar») y la European Association of Euro Pharmaceutical Companies (en lo sucesivo, «EAEPC»)
         censuran la sentencia recurrida mediante los recursos de casación interpuestos en los asuntos C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P,
         en la medida en que en ella fue revocada la decisión de la Comisión de desestimar de la solicitud de exención conforme al
         artículo 81 CE, apartado 3.
      
      I.      Marco normativo
      6.        El artículo 3 CE, apartado 1, letra g), prevé que la acción de la Comunidad implicará un régimen que garantice que la competencia
         no será falseada en el mercado interior.
      
      7.        El artículo 81 CE establece:
      
      «1.      Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones
         de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto
         o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
      
      a)      fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
      b)      limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
      c)      repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
      d)      aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja
         competitiva;
      
      e)      subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por
         su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
      
      2.      Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
      3.      No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
      –        cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
      –        cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
      –        cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
      que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y
         reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
      
      a)      impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
      b)      ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de
         que se trate.»
      
      8.        La Directiva 89/105/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la transparencia de las medidas que regulan la
         fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro
         de enfermedad, (6) establece requisitos para poder verificar que estas medidas no constituyen restricciones cuantitativas a la importación o
         exportación o medidas de efecto equivalente.
      
      9.        En el momento de la notificación de las CGV había en los Estados miembros distintas normativas nacionales sobre precios de
         los medicamentos (en lo sucesivo, «normativas nacionales sobre precios de los medicamentos»). Éstas comprendían, entre otras,
         normas sobre la fijación de precios de venta de los medicamentos, de porcentajes de reembolso de los medicamentos o de margen
         de beneficios de los fabricantes de medicamentos.
      
      II.    Antecedentes del litigio, Decisión impugnada y sentencia recurrida
      10.      El grupo al que pertenece GSK es uno de los principales fabricantes de medicamentos. GSK pactó (7) con 89 intermediarios españoles, con los que mantenía relaciones comerciales fuera de una red de distribución, la aplicación
         de las CGV, que entraron en vigor a partir del 9 de marzo de 1998. De conformidad con las CGV se fijaron para 82 medicamentos
         dos precios distintos, mencionados respectivamente como precio 4A y precio 4B. 
      
      11.      El precio 4A no superaba en ningún caso el precio industrial máximo fijado por las autoridades sanitarias españolas. Se exigía
         tal precio si, primero, las especialidades farmacéuticas se financiaban con cargo a la Seguridad Social española o a fondos públicos españoles y,
         segundo, si las especialidades farmacéuticas adquiridas eran comercializadas posteriormente a través de oficinas de farmacia u hospitales
         españoles. 
      
      12.      En los demás casos se exigía el precio 4B. Las CGV preveían que el precio se fijaría de acuerdo con criterios económicos reales,
         objetivos, no discriminatorios y siempre con total independencia del destino que dé a las mismas el almacén adquirente. A
         tal respecto debía aplicarse el precio –ajustado, cuando procediera– que GSK hubiera propuesto a las autoridades sanitarias
         españolas en el inicio de las negociaciones en el procedimiento de fijación de precios. 
      
      13.      Entre las especialidades farmacéuticas afectadas se encontraban los medicamentos Beconase, Becloforte, Becotide, Flixotide,
         Serevent, Ventolín, Lamictal e Imigran, que resultaban especialmente idóneos para el comercio paralelo como consecuencia de
         las diferencias de precios entre España y el Reino Unido.
      
      14.      Mediante escrito de 6 de marzo de 1998, GSK presentó una solicitud de conformidad con el artículo 2 del Reglamento nº 17 del
         Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (8) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 17»), dirigida a obtener la declaración de que las CGV no vulneran el artículo 81 CE, apartado
         1, (declaración negativa), y, con carácter subsidiario, una solicitud, conforme al artículo 4 del Reglamento nº 17, de exención
         de las CGV conforme al artículo 81 CE, apartado 3. La Comisión no accedió a estas solicitudes. En el artículo 1 de la Decisión
         impugnada declaró que las CGV vulneran el artículo 81 CE, apartado 1. Basó esta declaración en que las CGV tienen por objeto
         y efecto una restricción de la competencia. En el artículo 2 de la Decisión impugnada desestimó la solicitud de exención prevista
         en el artículo 81 CE, apartado 3.
      
      15.      GSK interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de anulación contra la Decisión impugnada. En la sentencia
         recurrida de 27 de septiembre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia sólo estimó parcialmente el recurso de GSK. En la medida
         en que el recurso se dirigía contra la declaración contenida en el artículo 1 de la Decisión impugnada según la cual las CGV
         vulneran el artículo 81 CE, apartado 1, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en el punto 2 del fallo. El
         Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión no habría debido presumir que las CGV tenían por objeto restringir la
         competencia. No obstante, desestimó el recurso dirigido contra el artículo 1 de la Decisión impugnada, ya que en definitiva
         confirmó la fundamentación de la Comisión relativa a los efectos restrictivos de la competencia de las CGV. En la medida en
         que el recurso se dirigía contra la desestimación de la solicitud de exención dispuesta en el artículo 2 de la Decisión impugnada,
         el Tribunal de Primera Instancia la acogió en el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida. (9) En los puntos 3 a 5 del fallo el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las costas. 
      
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes 
      A.      Pretensiones de las partes en cada uno de los procedimientos
      1.      Asunto C‑501/06 P (el recurso de casación de GSK)
      16.      Mediante escrito recibido el 11 de diciembre de 2006 en la Secretaría del Tribunal de Justicia, GSK interpuso recurso de casación
         contra la sentencia recurrida. Este asunto fue registrado con el número C‑501/06 P. 
      
      17.      En su recurso de casación GSK solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestimó el recurso de anulación del artículo 1 de la Decisión impugnada
         interpuesta por GSK.
      
      –        Adopte cualquier otra medida adecuada.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      18.      En su contestación al recurso de casación de GSK, la Comisión solicita en este procedimiento al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime en su totalidad el recurso de casación de GSK.
      –        Anule los puntos 1 y 3 a 5 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Se pronuncie con carácter definitivo sobre el fondo del asunto desestimando por infundado el recurso presentado en primera
         instancia.
      
      –        Condene a la Comisión a soportar las costas del asunto T‑168/01 y del presente procedimiento de casación.
      19.      En respuesta a estas pretensiones de la Comisión, GSK solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad de la adhesión a la casación de la Comisión y que la desestime por infundada.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      20.      En respuesta al recurso de casación interpuesto por GSK, EAEPC ha solicitado en el presente procedimiento al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime en su totalidad el recurso de casación interpuesto por GSK.
      21.      En su contestación al recurso de casación interpuesto por GSK, Aseprofar solicita en el presente procedimiento al Tribunal
         de Justicia que:
      
      –        Desestime en su totalidad el recurso de casación interpuesto por GSK.
      –        Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Resuelva de forma definitiva el recurso conforme a las pretensiones formuladas en primera instancia y sustituya la fundamentación
         de la sentencia recurrida expuesta en los apartados 91 a 195 en relación con la existencia de una restricción de la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      –        Anule los puntos 3, 4 y 5 del fallo de la sentencia recurrida en lo relativo a las costas y condene a GSK a soportar la totalidad
         de las costas de la primera instancia y del presente procedimiento.
      
      22.      La República de Polonia, que ha intervenido como coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la Comisión, solicita al Tribunal
         de Justicia que:
      
      –        Desestime en su totalidad el recurso de casación.
      –        Anule los puntos 1 y 3 a 5 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Resuelva de forma definitiva el recurso conforme a las pretensiones formuladas en primera instancia, desestimando el recurso
         de anulación de GSK.
      
      23.      En respuesta a las pretensiones de la República de Polonia, GSK reitera sus pretensiones y solicita además al Tribunal de
         Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad parcial de las pretensiones de la República de Polonia.
      –        Condene en costas a la República de Polonia.
      2.      Asunto C‑513/06 P (recurso de casación de la Comisión)
      24.      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de diciembre de 2006, la Comisión interpuso recurso
         de casación contra la sentencia recurrida. Este asunto ha sido registrado con el número C‑513/06 P.
      
      25.      En su recurso de casación la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule los puntos 1 y 3 a 5 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Dicte una resolución definitiva sobre el asunto desestimando el recurso interpuesto en primera instancia.
      –        Condene a GSK a soportar las costas de la Comisión en primera instancia y en casación.
      26.      EAPC apoya las pretensiones de la Comisión.
      
      27.      En su contestación al recurso de casación de la Comisión, GSK solicita en el presente procedimiento al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación de la Comisión o lo desestime por infundado.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      28.      La República de Polonia, que ha intervenido como coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la Comisión, solicita al Tribunal
         de Justicia que:
      
      –        Anule los puntos 1 y 3 a 5 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Resuelva con carácter definitivo el recurso conforme a las pretensiones formuladas en primera instancia, desestimando el recurso
         de anulación de GSK.
      
      29.      En respuesta a las pretensiones de la República de Polonia, GSK mantiene sus pretensiones y solicita además al Tribunal de
         Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad parcial de las pretensiones de la República de Polonia.
      –        Condene en costas a la República de Polonia.
      3.      Asunto C‑515/06 P (recurso de casación de EAEPC)
      30.      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de diciembre de 2006, EAEPC interpuso recurso
         de casación contra la sentencia recurrida. Este asunto fue registrado con el número C‑515/06 P.
      
      31.      En su recurso de casación EAEPC solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida en la medida en que ésta anuló la Decisión impugnada de la Comisión.
      –        Condene en costas a GSK.
      32.      La Comisión apoya las pretensiones de EAEPC.
      
      33.      En respuesta al recurso de casación de EAEPC, GSK solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o lo desestime por infundado.
      –        Condene en costas a EAEPC.
      4.      Asunto C‑519/06 P (recurso de casación de Aseprofar)
      34.      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de diciembre de 2006, Aseprofar interpuso recurso
         de casación contra la sentencia recurrida. Este asunto fue registrado con el número C‑519/06 P.
      
      35.      En su recurso de casación Aseprofar solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
      –        Resuelva con carácter definitivo el recurso conforme a las pretensiones formuladas en primera instancia por GSK, manteniendo
         la Decisión impugnada.
      
      –        Anule los puntos 3, 4 y 5 del fallo de la sentencia recurrida, relativos a las costas, y ordene que GSK soporte la totalidad
         de las costas de la primera instancia y del procedimiento de casación.
      
      36.      La Comisión y EAEPC apoyan las pretensiones de Aseprofar.
      
      37.      En respuesta al recurso de casación interpuesto por Aseprofar, GSK solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación y lo desestime por infundado.
      –        Condene en costas a Aseprofar.
      B.      Acumulación de los procedimientos y vista
      38.      Mediante auto de 17 de diciembre de 2008, se acumularon los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P.
      
      39.      El 18 de marzo de 2009 se celebró la vista, en la que los representantes de GSK, de la Comisión, de EAEPC, de Aseprofar y
         del Gobierno de la República de Polonia participaron, completaron sus observaciones y respondieron a preguntas.
      
      IV.    Sobre la admisibilidad
      40.      GSK rebate la admisibilidad de una parte de las pretensiones y alegaciones de la Comisión y de Aseprofar. Han de examinarse
         en primer lugar los motivos formulados por GSK, ya que se basan en la totalidad de las pretensiones de las partes en cada
         uno de los procedimientos.
      
      41.      Las causas de inadmisibilidad invocadas se dirigen en primer lugar contra la alegación de la Comisión y Aseprofar contenida
         en sus recursos de casación interpuestos en los asuntos C‑513/06 P y C‑519/06 P, mediante la cual la Comisión y Aseprofar
         censuran la existencia de errores de Derecho en la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia relativa al objeto de
         restringir la competencia (A). En segundo lugar, GSK solicita al Tribunal de Justicia en el asunto C‑501/06 P que declare
         la inadmisibilidad de una parte de las pretensiones y de las alegaciones formuladas por la Comisión contra el recurso de casación
         de GSK (B).
      
      A.      Sobre la admisibilidad de las alegaciones de la Comisión y de Aseprofar relativas al objeto de restringir la competencia contenidas
            en sus recursos de casación (asuntos C‑513/06 P y C‑519/06 P)
      42.      En la medida en que la Comisión y Aseprofar, en sus recursos de casación interpuestos en los asuntos C‑513/06 P y C‑519/06 P,
         solicitan la anulación del punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, procede declarar la admisibilidad de estas pretensiones.
         A la Comisión y Aseprofar les es lesivo el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, y aducen motivos en virtud de los
         cuales a su juicio debe anularse dicho punto 1.
      
      43.      GSK cuestiona la admisibilidad de la alegación mediante la cual la Comisión y Aseprofar reprochan la existencia de errores
         de Derecho en los fundamentos de la sentencia recurrida en los que se basa el punto 2 del fallo.
      
      44.      GSK alega acertadamente que estos motivos no pueden considerarse motivos de casación autónomos. La Comisión y Aseprofar no
         solicitan la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino su confirmación, si bien con la sustitución de la fundamentación
         de la sentencia recurrida. No cabe admitir tal pretensión en un recurso de casación. (10) Según reiterada jurisprudencia, quienes presentan un recurso de casación sólo pueden solicitar en principio la revisión de
         una parte de la fundamentación de una sentencia cuando un error de Derecho en esta parte de la fundamentación puede incidir
         en el fallo. (11) Así pues, en principio (12) no hay interés en ejercitar la acción cuando el recurso de casación no se dirige contra el fallo de la sentencia recurrida,
         sino contra su fundamentación.
      
      45.      En favor de la admisibilidad de sus alegaciones, la Comisión y Aseprofar aducen que la fundamentación del Tribunal de Primera
         Instancia sobre la finalidad de restringir la competencia de las CGV mencionada en el artículo 81 CE, apartado 1, influyó
         en la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia sobre la posibilidad de exención de las CGV al amparo del artículo
         81 CE, apartado 3.
      
      46.      Aun cuando fuera acertada tal alegación, por los motivos antes expuestos ello no puede dar lugar a que se reconozca a un recurrente
         interés en ejercitar la acción respecto a una amplia pretensión de sustitución de la fundamentación de una sentencia. En tal
         caso, la alegación sólo puede tenerse en cuenta en la medida en que permita impugnar la parte del fallo de la sentencia recurrida
         que sea lesiva para el recurrente.
      
      47.      Así pues, en los recursos de casación interpuestos por la Comisión y Aseprofar los motivos dirigidos contra los fundamentos
         de Derecho relativos al objeto de restringir la competencia de las CGV no pueden considerarse motivos de casación autónomos
         dirigidos contra esa parte de la sentencia. Únicamente pueden tenerse en cuenta en el marco de su pretensión de anulación
         del punto 1 del fallo, es decir, en la medida en que se dirigen contra la fundamentación expuesta por el Tribunal de Justicia
         en relación con el artículo 81 CE, apartado 3.
      
      B.      Sobre la admisibilidad de la alegación de la Comisión denominada «adhesión a la casación» en el asunto C‑501/06 P en respuesta
            al recurso de casación de GSK
      48.      En el asunto C‑501/06 P, la Comisión ha contestado al recurso de casación de GSK del modo siguiente:
      
      –        En primer lugar, bajo el epígrafe «contestación», respondió a los motivos de casación formulados por GSK, con el fin de obtener
         la anulación del punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, contra los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida
         relativos al efecto de restringir la competencia de las CGV.
      
      –        En segundo lugar, bajo el epígrafe de «adhesión a la casación» formuló motivos de los que se desprende que el Tribunal de
         Primera Instancia habría debido basar el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida en la apreciación que constataba que
         la Comisión consideró acertadamente que las CGV tienen por objeto restringir la competencia.
      
      –        En tercer lugar, igualmente bajo el epígrafe de «adhesión a la casación» alegó que el Tribunal de Primera Instancia había
         incurrido en errores de Derecho en sus fundamentos de Derecho relativos al efecto restrictivo de la competencia de las CGV.
         Así pues, reprochó la existencia de errores de Derecho en los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida en los que
         se basó el Tribunal de Primera Instancia para confirmar en definitiva las afirmaciones de la Comisión, contenidas en la Decisión
         impugnada, en el sentido de que las CGV eran contrarias al artículo 81 CE.
      
      –        En cuarto lugar, formuló como «adhesión a la casación» una pretensión de anulación del punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
         Basó esta pretensión en la afirmación de que el Tribunal de Primera Instancia anuló indebidamente el artículo 2 de la Decisión
         impugnada, en el que la Comisión desestimó la solicitud de exención al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      49.      Ha de hacerse constar en primer lugar que procede declarar sin más la admisibilidad de la constatación de la Comisión a los
         motivos formulados por GSK en forma de pretensión de desestimación del recurso de casación en el sentido del artículo 116,
         apartado 1, primer guión, primera alternativa, del Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, en lo sucesivo sólo se abordarán
         las pretensiones y las alegaciones de la Comisión que ésta ha designado como «adhesión a la casación».
      
      1.      Sobre la alegación de la Comisión relativa al objeto de restringir la competencia
      50.      Frente al recurso de casación de GSK la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en errores de Derecho
         en los fundamentos de Derecho en los que se basó para constatar el objeto de restringir la competencia conforme al artículo
         81 CE, apartado 1, y designa estos motivos como «adhesión a la casación». GSK sostiene que ha de declararse la inadmisibilidad
         de esta alegación.
      
      a)      Sobre la inadmisibilidad en el marco de una adhesión a la casación
      51.      En primer lugar, ha de convenirse con GSK en que esta alegación sería inadmisible en el marco de una adhesión a la casación
         conforme al artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda alternativa, del Reglamento de Procedimiento. Ni en un recurso
         de casación ni en una adhesión a la casación pueden impugnarse únicamente los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida. (13)
      
      b)      Sobre la admisibilidad en el marco de una pretensión de desestimación del recurso de casación
      52.      Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la Comisión ha señalado en el curso del procedimiento que mediante esta alegación
         quería responder en primer lugar al recurso de casación de GSK. En consecuencia, no quiere que su alegación sea entendida
         como una adhesión a la casación conforme al artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda alternativa, del Reglamento de
         Procedimiento, sino como una pretensión de desestimación del recurso de casación en el sentido del artículo 116, apartado
         1, primer guión, primera alternativa, del Reglamento de Procedimiento.
      
      53.      En este contexto ha de hacerse constar en primer lugar que tal alegación puede efectivamente tenerse en cuenta en el marco
         de una pretensión de desestimación del recurso de casación conforme al artículo 116, apartado 1, primer guión, primera alternativa,
         del Reglamento de Procedimiento –y no en el marco de un recurso de casación conforme al artículo 113, apartado 1, primer guión,
         del Reglamento de Procedimiento o de una adhesión a la casación conforme al artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda
         alternativa, del Reglamento de Procedimiento–.
      
      54.      En efecto, una pretensión de desestimación del recurso de casación puede basarse en una pretensión de sustitución de la fundamentación.
         En efecto, el Tribunal de Justicia desestima un recurso de casación no sólo en el caso de que se confirme que la fundamentación
         de la sentencia recurrida no adolece ningún error de Derecho; también lo desestima si puede sustituir una fundamentación del
         Tribunal de Primera Instancia que adolece de errores de Derecho por una fundamentación exenta de ellos y ésta sirve de base
         a la parte del fallo impugnada mediante el recurso de casación. (14)
      
      55.      En segundo lugar ha de señalarse que tal supuesto se da en el presente asunto. El artículo 81 CE, apartado 1, exige con carácter
         alternativo que concurra el objeto o el efecto de restringir la competencia. (15) La Comisión basó la declaración de vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, contenida en el artículo 1 de la Decisión
         impugnada tanto en que las CGV tenían por objeto una restricción de la competencia como en que tuvieron por efecto tal restricción.
      
      56.      Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia no consideró suficiente la fundamentación de la Comisión relativa al objeto
         de restringir la competencia, pero desestimó el recurso de GSK porque confirmó en esencia la fundamentación de la Comisión
         relativa al efecto de restringir la competencia. Por tanto, mediante el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida el Tribunal
         de Primera Instancia confirmó el artículo 1 de la Decisión impugnada.
      
      57.      Por consiguiente, en un escrito de contestación, la Comisión podría solicitar la desestimación del recurso de casación interpuesto
         por GSK contra el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida alegando que el Tribunal de Primera debería haber confirmado
         la fundamentación de la Comisión relativa al objeto de restringir la competencia de las CGV.
      
      c)      Sobre la posibilidad de tomar en consideración la alegación
      58.      Por consiguiente, se plantea en primer lugar la cuestión de si la alegación de la Comisión designada como «adhesión a la casación»
         debe ser entendida como pretensión de desestimación del recurso de casación.
      
      59.      A este respecto, y en contra de lo que alega GSK, lo decisivo no con los términos empleados, sino la voluntad manifiesta de
         la Comisión. Ciertamente, la frontera de tal interpretación o recalificación orientada a la voluntad de las partes se encuentra
         donde resultan perjudicados los derechos de defensa de la otra parte. Tal podría ser el caso en particular cuando la voluntad
         no se ha puesto suficientemente de manifiesto para la otra parte. Ahora bien, dado que la parte designada como «adhesión a
         la casación» estaba manifiestamente dirigida a obtener la desestimación del recurso de casación de GSK mediante la sustitución
         de la fundamentación de la sentencia recurrida, me parece justificada una interpretación o recalificación. No creo que ello
         perjudique al derecho de defensa de GSK. Presentó observaciones sobre la fundamentación relativa al objeto restrictivo de
         la competencia.
      
      60.      Con independencia de si se considera admisible una interpretación o recalificación de la «adhesión a la casación» como una
         pretensión de desestimación del recurso de casación, me parece posible tomar en consideración en cuanto al fondo la alegación
         de la Comisión sobre el efecto restrictivo de la competencia de las CGV. En efecto, la facultad del Tribunal de Justicia de
         sustituir la fundamentación no está supeditada a la formulación de una pretensión en tal sentido por la parte recurrida.
      
      61.      Ciertamente, la sustitución de la fundamentación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia no puede obtenerse si
         no se tiene la ocasión de solicitarla, es decir, no puede tener lugar fuera del marco de un recurso de casación. Ahora bien,
         si mediante un recurso de casación se impugna la parte del fallo que el Tribunal de Primera Instancia basó en los correspondientes
         fundamentos de Derecho, la sustitución de la fundamentación no puede depender de que una parte recurrida formule una pretensión
         en tal sentido o de que se proponga una determinada fundamentación alternativa. A mi juicio, tal planteamiento no es cohonestable
         con la función del Tribunal de Justicia consagrada en el artículo 220 CE. De conformidad con esta disposición, el Tribunal
         de Justicia garantiza en el marco de su competencia (que ejerce a raíz de la interposición de un recurso de casación) el respeto
         del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado. Por consiguiente, un planteamiento que permita al Tribunal de Justicia
         sustituir la fundamentación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el marco de un recurso de casación, independientemente
         de que exista una pretensión en este sentido de la parte recurrida, me parece la única compatible con dicho artículo. El hecho
         de que el Tribunal de Justicia, en los asuntos mencionados en la nota 14, parece haber efectuado de oficio la sustitución
         de la fundamentación confirma a mi juicio esta tesis.
      
      62.      Así pues, dado que la competencia del Tribunal de Justicia para sustituir la fundamentación no depende de que de las partes
         formulen una pretensión en tal sentido, la alegación de la Comisión puede ser tenida en cuenta en el marco de la apreciación
         del recurso interpuesto por GSK, aun cuando la alegación de la Comisión designada como «adhesión a la casación» no pudiera
         ser interpretada o recalificada como pretensión de desestimación del recurso de casación.
      
      d)      Sobre la igualdad de contenido de las alegaciones formuladas por la Comisión en los asuntos C‑513/06 P y C‑501/06 P
      63.      Por último, procede desestimar también la alegación de GSK según la cual la identidad del contenido de las alegaciones formuladas
         por la Comisión en su recurso de casación en el asunto C‑513/06 P y en su contestación al recurso de casación de GSK en el
         asunto C‑501/06 P constituyen un abuso de procedimiento.
      
      64.      En primer lugar, ha de indicarse que ambos procedimientos, a pesar de su acumulación, han de considerarse procedimientos autónomos.
         En segundo lugar, no puede prosperar el motivo formulado por GSK porque procede declarar la inadmisibilidad de la alegación
         de la Comisión de que se trata en el marco del recurso de casación por ella interpuesto en el asunto C‑513/06 P. (16) Así pues, no se da la situación de una «doble alegación» que GSK censura como constitutiva de un abuso de procedimiento.
         En tercer lugar, no se puede negar a la Comisión en el asunto C‑501/06 P un interés en que se tome en consideración su alegación
         por los motivos antes expuestos. (17)
      
      2.      Sobre la alegación de la Comisión relativa al efecto restrictivo sobre la competencia
      65.      Como ya se ha expuesto, (18) en el asunto C‑501/06 P la Comisión formuló nuevos motivos en respuesta al recurso de casación de GSK, relativos a las razones
         por las que el Tribunal de Primera Instancia, en su fundamentación relativa al efecto restrictivo sobre la competencia conforme
         al artículo 81 CE, apartado 1, incurrió en errores de Derecho, y designa también estos motivos como «adhesión a la casación».
      
      66.      En lo que respecta a la excepción de inadmisibilidad que GSK propone contra esta alegación, cabe remitirse a las observaciones
         que preceden. (19) A su juicio, procedería declarar la inadmisibilidad de esta alegación en cuanto adhesión a la casación. En cuanto a la posibilidad
         de que se tome en consideración esta alegación de la Comisión, su interpretación como pretensión de desestimación del recurso
         de casación es ciertamente menos clara que en el caso de la alegación, antes examinada, relativa al objeto de restringir la
         competencia. En efecto, en el presente contexto la Comisión se ha limitado a censurar errores de Derecho del Tribunal de Primera
         Instancia sin exponer por qué fundamentación alternativa debería sustituirse la fundamentación que supuestamente adolece de
         errores de Derecho. Ahora bien, la finalidad de esta alegación, dirigida únicamente contra la fundamentación del Tribunal
         de Primera Instancia, pero no a la desestimación del recurso de casación, puede salvarse afirmando que la Comisión pretende
         que se sustituya la fundamentación que, a su juicio, incurre en error de Derecho por una fundamentación que confirme su decisión
         sobre el efecto restrictivo sobre la competencia de las CGV. En cualquier caso, la alegación de la Comisión relativa al efecto
         restrictivo sobre la competencia puede ser tenida en cuenta en virtud de la facultad antes mencionada del Tribunal de Justicia
         para sustituir de oficio la fundamentación, (20) sin que sea necesario pronunciarse acerca de si la alegación designada como «adhesión a la casación» puede ser interpretada
         o recalificada como pretensión de desestimación del recurso de casación.
      
      3.      Sobre la admisibilidad de la adhesión a la casación de la Comisión, dirigida contra el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida
      67.      Como he expuesto anteriormente, (21) la Comisión ha formulado igualmente, bajo la denominación «adhesión a la casación», una pretensión de anulación del punto
         1 del fallo de la sentencia recurrida. En este caso, se trata efectivamente de una adhesión a la casación en el sentido del
         artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda alternativa, del Reglamento de Procedimiento.
      
      68.      GSK considera que procede declarar la inadmisibilidad de esta adhesión a la casación, puesto que la Comisión ya ha formulado,
         mediante su recurso de casación interpuesto en el asunto C‑513/06 P, una pretensión de anulación del punto 1 del fallo de
         la sentencia recurrida. A su juicio, no es posible acumular recurso de casación y una adhesión a la casación. En cambio, la
         Comisión hace referencia a la independencia de los procedimientos y a que una parte que ha interpuesto un recurso de casación
         puede actuar además como coadyuvante en otro procedimiento de casación interpuesto contra la sentencia recurrida.
      
      69.      Procede declarar la admisibilidad de la adhesión a la casación de la Comisión.
      
      70.      En primer lugar, ha de indicarse que, a pesar de estar acumulados, los asuntos C‑501/06 P y C‑513/06 P no han perdido su carácter
         de procedimientos autónomos. Por el contrario, han de examinarse los motivos formulados en cada uno de los asuntos.
      
      71.      En segundo lugar, en contra de lo que afirma GSK, el principio de economía procesal no se opone que el ejercicio de un recurso
         previsto en la normativa procesal puede constituir un abuso de procedimiento.
      
      72.      En tercer lugar, del tenor del artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda alternativa, del Reglamento de Procedimiento
         no cabe inferir una restricción en el sentido de que sólo cabe formular una adhesión a la casación cuando la parte no ha interpuesto
         aún recurso de casación. Ciertamente, la posibilidad de formular una adhesión a la casación podría desempeñar una función
         práctica sobre todo en aquellos casos en que una parte, antes de interponer un recurso de casación, desea esperar a comprobar
         si otra parte impugna la sentencia. Ahora bien, ello no es un requisito del artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda
         alternativa, del Reglamento de Procedimiento. Además, ha de señalarse que una parte puede decidirse, en primer lugar, por
         interponer únicamente un recurso de casación limitado y después aprovechar la ocasión que brinda el recurso de casación interpuesto
         por otra parte para formular una adhesión a la casación más amplia. Tal modo de proceder podría ser compatible con el tenor
         y la finalidad del artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda alternativa, del Reglamento de Procedimiento.
      
      73.      En cuarto lugar, en contra de lo que alega GSK, ni el principio de concentración procesal ni el principio de preclusión de
         nuevos motivos de casación tras la expiración del plazo de interposición del recurso impiden la interposición acumulativa
         de un recurso de casación y de una adhesión a la casación. De conformidad con el artículo 116, apartado 1, primer guión, segunda
         alternativa, del Reglamento de Procedimiento, en el caso de que haya expirado el plazo para la interposición de un recurso
         de casación, una parte también podrá solicitar la anulación de la sentencia en totalidad por medio de la adhesión a la casación. (22) Si el Reglamento de Procedimiento concede a una parte el derecho a impugnar en su totalidad una sentencia por la vía de la
         adhesión a la casación pese a la expiración del plazo de interposición del recurso de casación, con mayor motivo, a mi juicio,
         puede inferirse de ello que la toma en consideración de los principios de concentración procesal y de preclusión de nuevos
         motivos de casación no impide que una parte que ya ha interpuesto un recurso de casación pueda formular la adhesión a la casación.
      
      74.      En la medida en que GSK ve también un abuso de procedimiento en el hecho de que el contenido del recurso de casación de la
         Comisión en el asunto C‑513/06 P y la adhesión a la casación de la Comisión en el asunto C‑501/06 P sean en gran parte idénticos,
         procede también, por último, desestimar este motivo de inadmisibilidad. En efecto, también en este contexto ha de subrayarse
         el carácter autónomo de cada uno de los asuntos. (23)
      
      C.      Conclusión
      75.      Como conclusión del examen de la admisibilidad, considero que la alegación de la Comisión y de Aseprofar en relación con el
         objeto de restringir la competencia de las CGV formulada en los asuntos C‑513/06 P y C‑ 519/06 P son inadmisibles en la medida
         en que mediante ella se pretende que se sustituya la fundamentación de la sentencia recurrida.
      
      76.      En cambio, la alegación de la Comisión relativa a la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia sobre el objeto y el
         efecto de las CGV de restringir la competencia debe ser tomada en cuenta en su totalidad en el marco de la apreciación del
         recurso de casación interpuesto por GSK en el asunto C‑501/06 P. Lo mismo cabe decir en relación con la correspondiente alegación
         de Aseprofar, (24) EAEPC y Polonia.
      
      77.      Por último, la interposición del recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑513/06 P no da lugar a la inadmisibilidad
         de la adhesión a la casación formulada por la Comisión en el asunto C‑501/06 P.
      
      V.      Sobre el recurso de casación interpuesto por GSK en el asunto C‑501/06 P
      78.      El recurso de casación interpuesto por GSK en el asunto C‑501/06 P se dirige en esencia contra el punto 2 del fallo de la
         sentencia recurrida. En dicho punto el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de GSK en la medida en que estaba
         dirigido a la anulación del artículo 1 de la Decisión impugnada. En el artículo 1 de la Decisión impugnada la Comisión declaró
         que las CGV de GSK vulneraban el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      79.      Antes de comenzar el examen del recurso de casación, quiero señalar en primer lugar la particularidad de que la Comisión,
         Aseprofar, EAEPC y Polonia solicitan la sustitución de la fundamentación de la sentencia en relación con el objeto de restringir
         la competencia de las CGV. Así pues, en el procedimiento C‑501/06 P solicitan la desestimación del recurso de casación interpuesto
         por GSK, previa sustitución de la fundamentación de la sentencia relativa al objeto de restringir la competencia. (25) En segundo lugar quiero referirme a la estructura del artículo 81 CE, apartado 1, conforme al cual ha de examinarse antes
         de nada si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, y sólo cuando la respuesta sea negativa se ha de examinar
         si produce efectos restrictivos de la competencia. (26)
      
      80.      Creo que estas particularidades justifican examinar en primer lugar si el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error
         de Derecho en su fundamentación relativa al objeto de restringir la competencia de las CGV y si ello da lugar a la sustitución
         de la fundamentación. En efecto, si la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, conforme a la cual la Comisión no
         podía afirmar que las CGV tenían por objeto restringir la competencia, se sustituye por una fundamentación según la cual la
         Comisión afirmó acertadamente que las CGV tenían por objeto restringir la competencia, ya por este motivo procedería desestimar
         el recurso de casación de GSK. (27) En efecto, no podrían prosperar entonces los motivos de casación de GSK dirigidos contra la fundamentación de la sentencia
         recurrida en lo relativo al efecto de restringir la competencia.
      
      81.      Por estas razones examinaré en primer lugar si la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia relativa al objeto de las
         CGV de restringir la competencia adolece de errores de Derecho (A). Si tal fuera el caso, examinaré a continuación si el Tribunal
         de Justicia puede sustituir esta fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, que adolece de errores de Derecho, en el
         marco de sus competencias en el procedimiento de casación por una fundamentación según la cual la Comisión podía afirmar con
         razón que las CGV tenían por objeto restringir la competencia (B). Si concurrieran los requisitos para tal sustitución de
         la fundamentación en lo relativo al objeto de las CGV de restringir la competencia, los motivos de casación de GSK dirigidos
         contra la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia relativa al efecto restrictivo de la competencia de las CGV carecerían
         de pertinencia, pues ya no cuestionarían el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida (C).
      
      A.      Sobre los errores de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia en la parte de su fundamentación relativa al
            objeto de las CGV de restringir la competencia
      82.      La Comisión, Aseprofar, EAECP y la República de Polonia alegan que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en errores de
         Derecho en la parte de su fundamentación relativa al objeto de las CGV de restringir la competencia. Por consiguiente, en
         primer lugar abordaré brevemente la parte correspondiente de la fundamentación de la sentencia recurrida (1) y el concepto
         de objeto de restringir la competencia (2). Sobre la base de lo anterior, examinaré de qué errores de Derecho adolece la parte
         correspondiente de la sentencia recurrida (3).
      
      1.      La parte de la fundamentación de la sentencia recurrida relativa al objeto de las CGV de restringir la competencia
      83.      En los apartados 114 a 147 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia examinó si la Comisión sostuvo acertadamente
         que las CGV tienen por objeto restringir la competencia. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar que
         GSK perseguía limitar el comercio paralelo mediante las CGV y que en principio debía considerarse que los acuerdos con los
         que se pretende restringir el comercio paralelo tienen por objeto restringir la competencia. (28)
      
      84.      Ahora bien, en el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia no consideró suficiente el objeto de limitar el comercio
         paralelo para afirmar el objeto de restringir la competencia. Antes bien, señaló que la aplicación del artículo 81 CE, apartado
         1, no puede depender únicamente de que se limite el comercio paralelo y, por tanto, se obstaculice el comercio. Además, en
         el caso de autos se hace necesario un análisis para dilucidar si las CGV tienen por objeto o efecto restringir la competencia
         en el mercado en cuestión en perjuicio del consumidor final. (29) Sólo puede afirmarse la existencia del objeto de restringir la competencia mediante la limitación del comercio paralelo cuando
         cabe presumir que puede privar a los consumidores finales de las ventajas de una competencia efectiva. (30)
      
      85.      Habida cuenta del contexto jurídico y económico del caso de autos, no puede presumirse que las CGV priven a los consumidores
         finales de las ventajas de la competencia. (31)
      
      86.      En este contexto el Tribunal de Primera Instancia declaró en primer lugar que los intermediarios españoles pueden conservar
         la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercuta en los consumidores
         finales. (32)
      
      87.      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia reprochó a la Comisión no haber examinado en ningún momento la característica
         específica y esencial del sector de los medicamentos, que consiste en que los precios de los productos de que se trata –sujetos
         al control de los Estados miembros, que los fijan directa o indirectamente en niveles que estiman adecuados– se determinan
         a niveles estructuralmente diferentes en la Comunidad y, en todo caso, permanecen en buena medida ajenos al libre juego de
         la oferta y de la demanda, en contra de lo que sucede con los precios de otros bienes de consumo. (33) Esta circunstancia impide que pueda presumirse que el comercio paralelo incide en los precios que pagan los consumidores
         finales de los medicamentos financiados por los sistemas nacionales de seguro de enfermedad y que les aporte una ventaja significativa,
         análoga a la que podría proporcionarles la sujeción de tales precios al juego de la oferta y de la demanda. (34)
      
      88.      Sobre la base de estas declaraciones, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no podía acogerse la conclusión principal
         de la Comisión, conforme a la cual debe considerarse que el artículo 4 de las CGV es contrario al artículo 81 CE, apartado
         1, en la medida en que tiene por objeto restringir el comercio paralelo. Dado que los precios de los medicamentos de que se
         trata quedan, en buena medida, al margen del libre juego de la oferta y de la demanda, en virtud de la normativa aplicable,
         y son determinados o controlados por los poderes públicos, no puede tenerse por acreditada automáticamente la idea de que
         el comercio paralelo tiende a reducirlos y, en consecuencia, a incidir favorablemente en el bienestar de los consumidores
         finales. Por lo tanto, el análisis del tenor del artículo 4 de las condiciones generales de venta, efectuado en este contexto,
         no permite presumir que esta estipulación, que pretende limitar el comercio paralelo, incide desfavorablemente en el bienestar
         de los consumidores finales. Por consiguiente, en esta situación, en gran parte novedosa, no puede deducirse el carácter restrictivo
         de la competencia de dicho acuerdo de la sola lectura contextualizada de sus términos, de tal modo que deben necesariamente
         considerarse sus efectos, aun cuando sólo sea para confirmar lo que de dicha lectura haya podido inferir la autoridad reguladora. (35)
      
      2.      Sobre el concepto de objeto de restringir la competencia
      89.      Según la jurisprudencia, las alternativas de objeto y efecto de restringir la competencia de conformidad con el artículo 81 CE,
         apartado 1, han de entenderse como un examen de dos fases. Si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, ya no
         será necesario probar sus efectos restrictivos de la competencia. (36) Así pues, es superfluo tomar en consideración los efectos concretos de un acuerdo cuando éste tiene por objeto restringir
         la competencia. (37) En efecto, tal acuerdo queda comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, aun cuando no se produzcan
         efectos restrictivos de la competencia en el mercado. (38) De este modo queda claro que el artículo 81 CE, apartado 1, relativo al objeto de restringir la competencia, está configurado
         como un ilícito de peligro. (39)
      
      90.      Ha de considerarse que concurre la finalidad de restringir la competencia cuando, por su propia naturaleza, los acuerdos son
         idóneos para restringir la competencia. (40) Así puede afirmarse cuando un acuerdo, habida cuenta de su contexto jurídico y económico, muestra el potencial concreto y
         tiene tendencia a producir efectos negativos sobre la competencia.
      
      91.      En este contexto ha de tenerse en cuenta en particular la experiencia, que demuestra que determinados tipos de acuerdos pueden
         con toda probabilidad producir efectos negativos para el mercado y poner en peligro los objetivos de las normas comunitarias
         sobre la competencia. En este modo de proceder resalta de forma particularmente notoria el carácter del objeto de restringir
         la competencia como ilícito de peligro, dado que se considera que determinados tipos de acuerdos (por ejemplo, pactos sobre
         precios, reparto de la clientela, la fijación vertical de precios) tienen por objeto restringir la competencia en virtud de
         la experiencia, sin que se examinen sus efectos. Ciertamente, este modo de proceder tipificado genera seguridad jurídica.
         Ahora bien, está sujeto a la reserva de que el contexto jurídico y económico del acuerdo objeto de examen no se oponga a la
         posibilidad de extrapolar esta apreciación tipificada. (41)
      
      92.      Ahora bien, el concepto de objeto de restringir la competencia no se limita únicamente a determinados tipos de acuerdos. Antes
         bien, comprende también los acuerdos cuyo análisis económico permite deducir obstáculo suficiente para la competencia. (42) Tal apreciación de un acuerdo presupone que pueda ser valorado en el marco de su contexto jurídico y económico. Así pues,
         en este supuesto se da una cierta similitud material con el examen de los efectos restrictivos de la competencia del acuerdo. (43) La diferencia con un examen de los efectos restrictivos de la competencia del acuerdo consiste en que cuando se persigue
         una restricción de la competencia, este menoscabo de las relaciones de mercado es tan grave que puede presumirse que el acuerdo
         produce un efecto restrictivo de la competencia sin un análisis de mercado profundo.
      
      93.      Para apreciar si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, han de tenerse en cuenta el contenido del acuerdo,
         la finalidad objetiva perseguida mediante el acuerdo, y el contexto jurídico y económico del acuerdo y el comportamiento de
         las partes. Asimismo, puede invocarse como indicio la voluntad de las partes. (44)
      
      94.      Si el acuerdo no tiene por objeto restringir la competencia, sólo estará prohibido en virtud del artículo 81 CE, apartado
         1, si, en virtud de un examen de los efectos reales y/o potenciales del acuerdo en el mercado o mercados afectados, se acredita
         o prueba que el acuerdo produce una restricción de la competencia. (45)
      
      3.      Sobre los errores de Derecho
      95.      La Comisión, Aseprofar, EAEPC y la República de Polonia alegan la existencia de numerosos errores de Derecho que afectan en
         particular a la interpretación del concepto de objeto de restringir la competencia (a) y a la toma en consideración del contexto
         jurídico y económico (b).
      
      a)      Sobre el error de Derecho en la interpretación del concepto de objeto de restringir la competencia
      i)      Sobre la afirmación de que, cuando se persigue una limitación del comercio paralelo, sólo cabe presumir en principio la existencia
         de un objeto de restringir la competencia
      
      96.      La Comisión, Aseprofar y EAEPC censuran la afirmación del Tribunal de Primera Instancia contenida en particular en los apartados
         115, 116 y 121 de la sentencia recurrida, según la cual sólo en principio debe considerarse que el acuerdo con el que se pretende limitar el comercio paralelo tiene por objeto restringir la competencia.
      
      97.      Procede desestimar esta alegación.
      
      98.      Ciertamente, los acuerdos que limitan el comercio paralelo constituyen típicamente, según la jurisprudencia del Tribunal de
         Justicia, acuerdos que tienen por objeto restringir la competencia. (46) Ahora bien, como ya he expuesto, (47) siempre ha de tenerse en cuenta el contexto jurídico y económico de un acuerdo. Así pues, en la medida en que en la expresión
         «en principio» se pone de manifiesto esta reserva, no puede imputarse al Tribunal de Primera Instancia ningún error de Derecho.
      
      ii)    Sobre la presunción de un efecto restrictivo de la competencia
      99.      La Comisión, Aseprofar y EAEPC alegan que el Tribunal de Primera Instancia supeditó la existencia del objeto de restringir
         la competencia, en particular en los apartados 121, 122 y 134 de la sentencia recurrida, a que pudieran presumirse los efectos restrictivos de la competencia del acuerdo.
      
      100. Esta declaración del Tribunal de Primera Instancia tampoco contiene error de Derecho alguno.
      
      101. A la vista de las consecuencias que pueden derivarse para una empresa de la vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, este
         concepto no puede ser interpretado de un modo excesivamente amplio. (48) Este criterio se pone de manifiesto en el requisito conforme al cual debe presumirse una restricción de la competencia. Además,
         no logro percibir ninguna diferencia esencial entre el criterio de valoración antes expuesto, de si un acuerdo, a la vista
         de los conocimientos existentes, tiene el potencial para desarrollar efectos negativos en la competencia, (49) y el criterio de valoración utilizado por el Tribunal de Primera Instancia, conforme al cual ha de averiguarse si pueden
         presumirse los efectos restrictivos de la competencia del acuerdo. Así pues, si en el marco de la presunción no se exige una
         prueba de los efectos potenciales, la utilización de este criterio de examen no constituirá un error de Derecho.
      
      iii) Sobre la toma en consideración de un perjuicio para los consumidores finales
      102. A continuación, Aseprofar y la Comisión censuran las apreciaciones que realizó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
         118, 119, 133, 134 y 147 de la sentencia recurrida. En esos apartados el Tribunal de Primera Instancia declaró en esencia
         que la afirmación de la existencia de un objeto de restringir la competencia exige en el caso de autos un análisis dirigido
         a dilucidar la cuestión de si las CGV tienen por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado controvertido en perjuicio de los consumidores finales. Por esa razón consideró que la Comisión no podía sostener que las CGV tienen por objeto una restricción de la competencia,
         pues no estaba en condiciones de presumir, sin un examen de los efectos de las CGV, que éstas restringen la competencia en
         perjuicio del consumidor final. El Tribunal de Primera Instancia señaló que en virtud de la circunstancia de que los precios
         de los medicamentos quedan, en buena medida, al margen de libre juego de la oferta y de la demanda, con arreglo a la normativa
         nacional en materia de precios, y son determinados o controlados por los poderes públicos, no puede darse por seguro que el
         comercio paralelo tiende a reducir los precios que se aplican a los consumidores finales.
      
      103. Aseprofar y la Comisión censuran acertadamente las apreciaciones y conclusiones del Tribunal de Primera Instancia recogidas
         en los apartados antes citados de la sentencia recurrida. En la medida en que en ellas se exige un análisis de los perjuicios
         para los consumidores finales, se basan en una interpretación del concepto de objeto de restringir la competencia que adolece
         de un error de Derecho.
      
      104. En primer lugar ha de hacerse constar que el artículo 81 CE, apartado 1, exige únicamente, a la vista de su tenor, que el acuerdo tenga por
         objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia, es decir, una restricción de la competencia. Así pues, en su
         tenor no se encuentra apoyo alguno para afirmar que, más allá de la concurrencia de una restricción de la competencia, deba
         analizarse si el acuerdo tiene por objeto o efecto un perjuicio para los consumidores finales. (50)
      
      105. Además, como alega acertadamente Aseprofar, desde una perspectiva sistemática ha de tenerse en cuenta la estructura del artículo 81 CE.
         De conformidad con el artículo 81 CE, apartado 1, están en principio prohibidos los acuerdos que tengan por objeto restringir
         la competencia. De conformidad con el artículo 81 CE, apartado 3, dichos acuerdos pueden quedar eximidos de la prohibición
         establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, únicamente si se cumplen acumulativamente cuatro requisitos. Entre estos requisitos
         se encuentra, en primer lugar, que el acuerdo contribuya a mejorar la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico; en segundo lugar, que los consumidores participen de forma equitativa en el beneficio resultante; en tercer lugar, que no se impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos, y,
         en cuarto lugar, que no se ofrezca a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos
         de que se trate.
      
      106. Conforme a la concepción global del artículo 81 CE, la participación de los consumidores en el beneficio resultante de un
         acuerdo constituye pues un requisito que ha de tenerse en cuenta de conformidad con el artículo 81 CE, apartado 3. Además,
         del artículo 81 CE, apartado 3, se desprende que incluso los acuerdos que reservan a los consumidores una participación equitativa
         en el beneficio resultante sólo pueden disfrutar de una exención si al mismo tiempo concurren los demás requisitos del artículo
         81 CE, apartado 3. En este contexto, no me parece compatible con la estructura normativa del artículo 81 CE supeditar la existencia
         de un objeto de restringir la competencia a la falta de prueba de la posibilidad de perjudicar a los consumidores. (51)
      
      107. Ello no significa que los efectos de un acuerdo sobre los consumidores finales no puedan tenerse en cuenta en el marco del
         artículo 81 CE, apartado 1. Ahora bien, debe tratarse de aspectos que cuestionen la propia existencia de una restricción de la competencia. (52) En este contexto ha de indicarse que las ventajas que pueden obtener los consumidores finales por el hecho de que GSK, en
         virtud de la restricción del comercio paralelo, disponga de mayores recursos financieros y pueda destinarlos, en su caso,
         a la investigación y al desarrollo de nuevos medicamentos no impiden que exista una restricción de la competencia. Aun cuando
         tales ventajas puedan fortalecer la competencia entre los fabricantes de los medicamentos, no pueden ser tomadas en consideración
         en el marco del artículo 81 CE, apartado 1, sino al amparo del artículo 81 CE, apartado 3. (53)
      
      108. Por este motivo, procede desestimar también la alegación de GSK conforme a la cual no cabe afirmar la existencia de un objeto
         de restringir la competencia si no puede presumirse el carácter perjudicial para los consumidores de de las CGV acordadas.
         El concepto de objeto de restringir la competencia presupone que el acuerdo muestre el potencial y la tendencia de desarrollar
         suficientes efectos sobre la competencia, y no en cambio que dicho acuerdo deba ser calificado de perjudicial para los consumidores.
         Así pues, cuando se examina si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia, no resulta pertinente comparar la posibilidad
         de causar un perjuicio a los consumidores de, por un lado, los acuerdos que restringen el comercio paralelo con medicamentos
         y, por otro, los acuerdos que tienen por objeto restricciones de la competencia graves y, por regla general, no justificables
         al amparo del artículo 81 CE, apartado 3. En efecto, tal interpretación resulta contraria a la estructura del artículo 81 CE.
         El concepto de objeto de restringir la competencia no puede limitarse a restricciones de la competencia particularmente graves
         o a infracciones sustanciales. (54)
      
      109. De igual modo, en contra de lo que alega GSK, ha de rechazarse, a causa de la estructura del artículo 81 CE, una equiparación
         ilimitada del objeto de restringir la competencia conforme al artículo 81 CE, apartado 1, con las prohibiciones per se en el sentido del Derecho estadounidense de la competencia. (55)
      
      110. A mi juicio, ha de adoptarse una actitud prudente en lo que respecta a la posibilidad de extrapolar apreciaciones de sentencias
         dictadas sobre la base del artículo 82 CE. Ciertamente, de tales sentencias pueden derivarse indicios para comprobar si la
         limitación del comercio paralelo puede restringir la competencia. (56) Ahora bien, de la apreciación de que la actuación unilateral de una empresa en posición dominante que restringe el comercio
         paralelo de medicamentos no ha de ser calificada como abusiva si concurren determinados requisitos no cabe deducir sin más
         que un acuerdo entre empresas que limita el comercio paralelo de medicamentos no tiene por objeto restringir la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, en primer lugar, la apreciación del carácter abusivo de una actuación
         unilateral conforme al artículo 82 CE está sujeta a criterios distintos del examen de la compatibilidad de un acuerdo con
         el artículo 81 CE. En segundo lugar ha de indicarse que la apreciación del carácter abusivo conforme al artículo 82 CE es
         el resultado de un detenido examen, mientras que la apreciación de si un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia
         no constituye más que una primera fase en el examen previsto en el artículo 81 CE.
      
      111. Además, es cierto que el sistema de una competencia no falseada, como el que pretende realizar el Tratado conforme a su artículo 3 CE,
         apartado 1, letra g), tiene por objeto facilitar el mejor abastecimiento posible de los consumidores mediante la prohibición
         de restricciones de la competencia de origen privado. Ahora bien, esto no significa que ya en el marco del examen de si un
         acuerdo tiene por objeto restringir la competencia deba forzosamente tomarse en consideración si tal acuerdo produce perjuicios
         concretos al consumidor final.
      
      112. Por el contrario, debe suponerse que existe un objeto de restringir la competencia cuando el acuerdo, habida cuenta de su
         contexto jurídico y económico, puede producir un efecto suficiente sobre la competencia y tiende a causar tal efecto. (57) El artículo 81 CE, apartado 1, protege la competencia en todos los niveles del mercado. (58) Así pues, en el caso de autos se protege la competencia intramarca, que se genera cuando los compradores directos de los
         medicamentos, a saber, hospitales y farmacias, tienen la posibilidad de adquirir los medicamentos no sólo a los intermediarios
         en los países de destino, sino también a los intermediarios españoles por la vía del comercio paralelo. En efecto, pueden
         en principio perjudicar al consumidor final no sólo la restricción de la competencia en el mercado en el que el consumidor
         final actúa como comprador, sino también la restricción de la competencia en una fase anterior del mercado.
      
      113. Las ventajas que genera la competencia en un nivel de mercado anterior pueden trasladarse al consumidor final. Ello es particularmente
         cierto cuando en los niveles de mercado anteriores existe una competencia efectiva. Ahora bien, a mi juicio, la mera circunstancia
         de que en los niveles de mercado anteriores no exista competencia o bien ésta sea insuficiente no implica que la restricción
         de la competencia en el nivel de mercado anterior no quede comprendida en el artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, el problema
         de que los beneficios generados por la competencia no se trasladen a un consumidor final como consecuencia de la falta de
         competencia en el nivel de mercado posterior ha de resolverse en el nivel de mercado en el que se da tal problema. Ahora bien,
         la circunstancia de que las ventajas generadas por la competencia en el nivel de mercado anterior no se trasladen a un consumidor
         final como consecuencia de la falta de competencia en el nivel de mercado posterior debe tenerse en cuenta en el marco del
         examen del acuerdo de que se trate conforme al artículo 81 CE, apartado 3.
      
      114. Además, se opone al planteamiento del Tribunal de Primera Instancia el hecho de que este órgano jurisdiccional sustrajera una parte
         de su eficacia práctica al objeto de restringir la competencia en cuanto supuesto alternativo del artículo 81 CE, apartado
         1. Ciertamente, el concepto de objeto de restringir la competencia podría comprender además casos en los que resulta afectada
         la competencia en un mercado en el que el consumidor demanda directamente el producto de que se trata. Ahora bien, si la restricción
         de la competencia se produce en un nivel de mercado anterior, resultaría claramente más difícil suponer la existencia de un
         objeto de restringir la competencia conforme al planteamiento del Tribunal de Primera Instancia.
      
      115. En efecto, en la medida en que es mayor la distancia del nivel de mercado en el que el consumidor demanda el producto final,
         podría dificultarse el análisis de la cuestión de si la restricción de la competencia en el nivel de mercado anterior repercute
         negativamente en el consumidor final. A partir de una determinada distancia, hacer este análisis apenas sería posible sin
         realizar un análisis de mercado. Ahora bien, con un análisis de mercado se rebasaría el límite entre el objeto y el efecto
         de restringir la competencia.
      
      116. Así pues, el planteamiento del Tribunal de Primera Instancia ha tenido la consecuencia de que en el caso de los acuerdos que
         afectan a un nivel de mercado relativamente alejado del nivel en el que el consumidor final demanda el producto no cabría
         apreciar la existencia de restricciones de la competencia por su objeto, sino únicamente por su efecto.
      
      117. Por lo demás, esta interpretación del Tribunal de Primera Instancia que adolece de un error de Derecho no puede apoyarse en la jurisprudencia
         a la que remitía el propio Tribunal de Primera Instancia en el apartado 118 de la sentencia recurrida. Así, en el apartado
         115 de la sentencia de 7 de junio de 2006, Österreichische Postsparkasse/Comisión, (59) el Tribunal de Primera Instancia se limitó a afirmar que el artículo 81 CE tiene la finalidad última de aumentar el bienestar
         del consumidor, y menciona en este contexto la participación del consumidor en el beneficio resultante del acuerdo de que
         se trate en relación con el artículo 81 CE, apartado 3. De igual modo, de la sentencia Consten y Grundig/Comisión (60) cabe inferir una interpretación del concepto de objeto de restringir la competencia como en la que se basó el Tribunal de
         Primera Instancia en la sentencia recurrida.
      
      118. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al interpretar el concepto de objeto de restringir
         la competencia al declarar que la afirmación de un objeto de restringir la competencia en el caso de autos exige un análisis
         dirigido a dilucidar la cuestión de si un acuerdo tiene por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado de que
         se trate en perjuicio del consumidor final.
      
      iv)    Sobre la toma en consideración ilimitada de las ventajas del comercio paralelo para los consumidores finales
      119. Sólo con carácter complementario quiero señalar que aun cuando tomando como base el planteamiento del Tribunal de Primera
         Instancia, que, a mi juicio, adolece de error de Derecho, se exija el análisis de los perjuicios para los consumidores finales,
         se daría un nuevo error de Derecho consistente en entender de forma demasiado restrictiva el beneficio para los consumidores
         finales protegido por el artículo 81 CE.
      
      120. Aseprofar y la Comisión alegan que el Tribunal de Primera Instancia no estaba facultado para limitarse a tomar en cuenta únicamente
         los efectos del comercio paralelo en los precios fijados a los consumidores finales. Aducen que deben considerarse igualmente
         protegidas por el artículo 81 CE otras ventajas para los consumidores finales. En este contexto señalan, entre otras cosas,
         que los sistemas de seguro de enfermedad pueden reducir los costes generados por los medicamentos gracias al comercio paralelo.
      
      121. En contra de la tesis sostenida por GSK, no procede descartar esta imputación en cuanto alegación de hechos que no cabe admitir
         en un recurso de casación. En efecto, con este argumento, Aseprofar y la Comisión alegan primordialmente que el Tribunal de
         Primera Instancia tiene una concepción demasiado restrictiva de las ventajas para los consumidores finales protegidas por
         el artículo 81 CE y, por tanto, incurre en error de Derecho al interpretar el artículo 81 CE. La imputación es también fundada.
         En efecto, de conformidad con el artículo 81 CE, quedan comprendidas todas las ventajas que pueda generar para los consumidores
         finales un régimen de competencia no falseada, es decir, todas las ventajas directas e indirectas en materia de precios, así
         como todas las demás ventajas directas e indirectas no referidas a los precios.
      
      122. Así pues, al tomar como referencia, en los apartados 133, 134 y 147 de la sentencia recurrida, únicamente los efectos de las
         CGV sobre los precios fijados a los consumidores y al considerar que la fundamentación de la Comisión adolecía de error de
         Derecho por no tener en cuenta este aspecto, el Tribunal de Primera Instancia ignoró el alcance de las ventajas para los consumidores
         finales protegidas conforme al artículo 81 CE.
      
      v)      Conclusión
      123. Se desprende de las consideraciones expuestas que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al interpretar
         el concepto de objeto de restringir la competencia.
      
      124. Dado que, en mi opinión, los errores de Derecho mencionados pueden dar lugar a una sustitución de la fundamentación del Tribunal
         de Primera Instancia relativa a la finalidad restrictiva de la competencia de las CGV, prescindiré en principio del examen
         de las demás imputaciones. Con todo, ha de observarse que, al sustituir la fundamentación, el Tribunal de Justicia debe apoyarse
         en los hechos comprobados por el Tribunal de Primera Instancia. (61) Por consiguiente, en lo sucesivo abordaré las imputaciones comprobadas por el Tribunal de Primera Instancia en relación con
         la toma en consideración del contexto jurídico y económico de las CGV.
      
      b)      Sobre la toma en consideración del contexto jurídico y económico
      125. La Comisión, Aseprofar, EAEPC y la República de Polonia alegan la existencia de errores del Tribunal de Primera Instancia
         en la toma en consideración del contexto jurídico y económico de las CGV. Un aspecto esencial de estas imputaciones consiste
         en que el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de la fundamentación relativa al objeto de restringir la competencia
         de las CGV, partió de un contexto jurídico y económico distinto del que tomó como referencia en el marco de la fundamentación
         relativa al efecto restrictivo de la competencia de las CGV. En este contexto se alegan en particular un entendimiento erróneo
         del contexto jurídico y económico, la desnaturalización de hechos y contradicciones en la fundamentación de la sentencia recurrida.
         GSK opone a ello que procede declarar la inadmisibilidad de la mayor parte de estas imputaciones en el marco de un recurso
         de casación, dado que están dirigidas a una revisión de las comprobaciones fácticas del Tribunal de Primera Instancia. En
         lo demás, GSK formula las mismas imputaciones pero en un signo contrario, es decir, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió
         en estos errores no en la parte de la sentencia relativa al objeto de restringir la competencia de las CGV, sino en la parte
         relativa a los efectos restrictivos de la competencia de las CGV.
      
      126. Con carácter previo ha de desestimarse la imputación de que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho
         al interpretar el concepto de contexto jurídico y económico, pues partió de que el contexto jurídico y económico en el examen
         del objeto de restringir la competencia debe ser distinto del que se da en el examen del efecto de restringir la competencia.
         Como se desprende del apartado 110 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que
         debe tenerse en cuenta el mismo contexto jurídico y económico tanto en el examen del objeto de restringir la competencia de
         un acuerdo como en el examen de su efecto restrictivo de la competencia. (62)
      
      127. En las imputaciones restantes ha de diferenciarse entre la afirmación formulada por el Tribunal de Primera Instancia en la
         segunda frase del apartado 122 de la sentencia recurrida, según la cual los intermediarios pueden conservar la ventaja que
         proporciona el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los consumidores finales (i),
         y las restantes comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia (ii).
      
      i)      Sobre la afirmación de que los intermediarios pueden conservar la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia
         de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los consumidores finales
      
      128. La Comisión, Aseprofar, EAEPC y la República de Polonia censuran acertadamente la afirmación contenida en la segunda frase
         del apartado 122 de la sentencia recurrida, según la cual los mayoristas de medicamentos pueden conservar la ventaja que proporciona
         el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercuta en los consumidores finales. Esta afirmación
         adolece de errores de Derecho.
      
      129. En primer lugar, esta declaración constituye una desnaturalización de elementos de prueba. Ciertamente, las comprobaciones fácticas del Tribunal
         de Primera Instancia no pueden ser en principio impugnadas en un procedimiento de casación, puesto que los motivos de casación
         interpuestos ante el Tribunal de Justicia se limitan a las cuestiones de Derecho. (63) Ahora bien, pueden serlo, con carácter de excepción, cuando la inexactitud material de sus comprobaciones sea consecuencia
         de los documentos que obran en autos. (64)
      
      130. Con todo, tal situación no se da en el caso de autos. Como se desprende de los autos, la afirmación realizada por el Tribunal
         de Primera Instancia en la segunda frase del apartado 122 de la sentencia recurrida, según la cual los intermediarios pueden
         conservar la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los
         consumidores finales, no encuentra base alguna en los autos, sino que, más bien, éstos la contradicen.
      
      131. Ha de hacerse constar en primer lugar que se trata de una afirmación propia del Tribunal de Primera Instancia. Ello se desprende en particular de la comparación entre las frases primera y segunda del apartado 122 de la sentencia recurrida.
         En la primera frase el Tribunal de Primera Instancia se pronunció acerca de lo que la Comisión podía presumir teniendo en
         cuenta el contexto jurídico y económico. Ello no constituye una afirmación propia del Tribunal de Primera Instancia. En cambio,
         en la segunda frase el Tribunal de Primera Instancia formuló una afirmación propia en el sentido de que los intermediarios
         pueden conservar la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercute
         en los consumidores finales. Esto sólo puede entenderse como una afirmación propia del Tribunal de Primera Instancia.
      
      132. Además, esta afirmación no tiene base alguna en los autos. En este contexto ha de indicarse en particular que GSK no alegó en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que los intermediarios españoles no reducían los precios a
         los países de destino y que las ventajas no se trasladaban a los pacientes. (65) GSK se limitó a afirmar que consideraba que el alcance de la reducción y el incremento de la ventaja para los consumidores
         finales eran muy escasos. Ciertamente, las partes del procedimiento discuten sobre la medida de dicha reducción y la cuantía
         de la ventaja, pero no sobre la cuestión fundamental de si existe realmente tal divergencia.
      
      133. La afirmación del Tribunal de Primera Instancia contenida en la segunda frase del apartado 122 de la sentencia recurrida,
         según la cual los intermediarios pueden conservar (en su totalidad) la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia
         de precios, de tal modo que ésta no se repercuta en los consumidores finales, constituye pues una desnaturalización de los
         hechos que deben tenerse en cuenta en el marco de un recurso de casación.
      
      134. En segundo lugar, la afirmación recogida en la segunda la frase del apartado 122 de la sentencia recurrida adolece de error de Derecho que reviste
         la forma de una fundamentación contradictoria. (66) Es contradictorio que el Tribunal de Primera Instancia, por un lado, en la segunda frase del apartado 122 de la sentencia
         recurrida, realice una afirmación propia en el sentido de que los intermediarios pueden conservar la ventaja que proporciona
         el comercio paralelo en materia de precios, pero, por otro lado, en el marco de la apreciación del efecto de restringir la
         competencia, se apoye, en particular, en los apartados 185, 187 y 189 de la sentencia recurrida, en que los intermediarios
         españoles que exportan medicamentos a un país de destino reducen el precio de los intermediarios en dicho país de destino
         (si bien muy ligeramente).
      
      ii)    Sobre las demás afirmaciones y comprobaciones
      135. En la medida en que la Comisión, Aseprofar, EAEPC y la República de Polonia alegan la existencia de otras desnaturalizaciones
         de hechos o bien contradicciones en la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, en particular en relación con los
         efectos de las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos en la competencia intramarca, procede desestimar tales
         alegaciones.
      
      136. A mi juicio, procede desestimar ya estas imputaciones, sin que sea necesario examinar su admisibilidad, porque el Tribunal
         de Primera Instancia, en la parte de su fundamentación relativa al efecto de restringir la competencia de las CGV, no realizó
         ninguna afirmación adicional propia que contradijera las comprobaciones formuladas por el Tribunal de Primera Instancia en
         la parte de su fundamentación relativa al efecto restrictivo sobre la competencia. En la medida en que el Tribunal de Primera
         Instancia, sobre la base del contexto jurídico y económico establecido los apartados 124 a 131 de la sentencia recurrida,
         examinó lo que la Comisión podía presumir en el marco del examen del objeto de restringir la competencia de las CGV y en la
         medida en que, a tal respecto, el Tribunal de Primera Instancia llegó a conclusiones distintas de las formuladas en el marco
         del examen del efecto restrictivo sobre la competencia, me parece que las conclusiones de este examen se deben primordialmente
         al error de Derecho antes mencionado en la interpretación de objeto de restringir la competencia y no a una comprensión errónea
         del marco jurídico y económico.
      
      4.      Conclusión
      137. En resumen puede afirmarse que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al interpretar el concepto de
         objeto de restringir la competencia. Además, la afirmación del Tribunal de Primera Instancia contenida en la segunda frase
         del apartado 122 de la sentencia recurrida, según la cual los intermediarios pueden conservar la ventaja que proporciona el
         comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los consumidores finales, adolece de errores
         de Derecho.
      
      B.      Sobre la sustitución de la fundamentación
      138. Procedería desestimar el recurso de casación interpuesto por GSK si la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia que
         adolece de errores de Derecho debiera ser sustituida por una fundamentación en que se afirmase que la Comisión constató acertadamente
         que las CGV tienen por objeto restringir la competencia.
      
      139. Dado que, en un supuesto de sustitución de la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia sólo
         puede basarse en los hechos examinados por el Tribunal de Primera Instancia, quiero en primer lugar abordar los hechos comprobados
         por el Tribunal de Primera Instancia (1). A continuación examinaré la fundamentación que ha de sustituir a la fundamentación
         del Tribunal de Primera Instancia que adolece de errores de Derecho (2).
      
      1.      Sobre los hechos examinados por el Tribunal de Primera Instancia
      140. En principio, el Tribunal de Justicia no puede realizar ninguna comprobación fáctica en el marco de un recurso de casación.
         Por tanto sólo cabe admitir la sustitución de la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia cuando el Tribunal de Justicia
         pueda basar esta fundamentación en hechos comprobados por el Tribunal de Primera Instancia. (67)
      
      141. En este contexto resultan problemáticas las afirmaciones contradictorias en la segunda frase del apartado 122 de la sentencia
         recurrida, por un lado, y en los apartados 185, 187 y 189 de la sentencia recurrida, por otro. Por un lado, el Tribunal de
         Primera Instancia afirmó en la segunda frase del apartado 122 de la sentencia recurrida que los intermediarios pueden conservar
         la ventaja que proporciona el comercio paralelo en materia de precios, de tal modo que ésta no se repercute en los consumidores
         finales. Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 185, 187 y 189 de la sentencia recurrida
         que los intermediarios españoles que exportan medicamentos a un país de destino reducen el precio de los intermediarios en
         dicho país de destino (si bien de forma poco significativa).
      
      142. A mi juicio, a pesar de esta contradicción, cabe afirmar que el Tribunal de Primera Instancia parte de unos hechos conforme
         a los cuales los intermediarios españoles que exportan medicamentos a un país de destino reducen el precio de los intermediarios
         en dicho país de destino (si bien muy ligeramente).
      
      143. A este respecto cabe aducir en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia, en la segunda frase del apartado 122, se limitó a exponer una afirmación que revisa
         en un examen más detallado en los apartados 185, 187 y 189 de la sentencia recurrida.
      
      144. En segundo lugar, la afirmación contenida en la segunda frase del apartado 122 ha de entenderse indudablemente en relación con la tesis (que
         adolece de error de Derecho) según la cual en el marco del objeto de restringir la competencia deben tomarse en consideración
         los perjuicios para los consumidores finales y que tales perjuicios sólo pueden tenerse en cuenta en forma de efecto negativo
         en los precios aplicados a los consumidores finales.
      
      145. En tercer lugar ha de tenerse en cuenta que en el caso de autos se da un caso especial. No se trata de que el Tribunal de Primera Instancia
         no haya realizado una comprobación fáctica. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia realizó dos comprobaciones
         contradictorias sobre un elemento de los hechos, de suerte que de los autos se desprende que una de estas comprobaciones es
         incorrecta y la otra, en cambio, es correcta. En mi opinión, en tal caso el Tribunal de Justicia no sobrepasa sus competencias
         en un procedimiento de casación si se basa en la comprobación del Tribunal de Primera Instancia que coincide con el contenido
         de los autos.
      
      146. En definitiva, considero que, en una apreciación razonable de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia puede basarse en la comprobación,
         formulada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 185 de la sentencia recurrida, según la cual los intermediarios
         españoles que exportan medicamentos a un país de destino reducen el precio de reventa en dicho país de destino.
      
      2.      Sobre la confirmación de la motivación de la Comisión según la cual las CGV tienen por objeto restringir la competencia
      147. A continuación ha de examinarse si, sobre la base de estos hechos y tomando como referencia la correcta interpretación del
         concepto de objeto de restringir la competencia, (68) la fundamentación de la sentencia recurrida debe sustituirse en el sentido de que la Comisión sostuvo acertadamente en la
         Decisión impugnada que las CGV tienen por objeto restringir la competencia.
      
      148. En este contexto ha de indicarse que el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de un recurso de anulación conforme al
         artículo 230 CE, examina la existencia de errores de Derecho en la motivación de la Decisión de la Comisión, pero no puede
         sustituir la motivación de la Comisión por la suya propia. (69) Esta jurisprudencia se aplica mutatis mutandis al Tribunal de Justicia si éste procede a sustituir la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia en el marco de un
         recurso de casación. Así pues, en el caso de autos ha de examinarse si la comprobación de la Comisión según la cual las CGV
         tienen por objeto restringir la competencia encuentra base suficiente en la fundamentación de la Decisión impugnada.
      
      149. Como se ya he expuesto más arriba, cabe afirmar que un acuerdo tiene por objeto restringir la competencia cuando tal acuerdo,
         habida cuenta de su contexto jurídico y económico, puede y tiende a generar suficientes efectos negativos sobre la competencia. (70) A este respecto, en el marco de un análisis tipificado, pueden tenerse en cuenta no sólo las experiencias existentes, sino
         que también cabe basarse en análisis económicos que permitan suponer que el acuerdo producirá tales efectos.
      
      a)      Planteamiento tipificado
      150. En primer lugar, la Comisión basó su afirmación de que las CGV tienen por objeto limitar la competencia en que éstas están
         dirigidas a restringir el comercio paralelo y, por tal motivo, tienen por objeto restringir la competencia. (71) Así pues, la Comisión apoyó su motivación primordialmente en el planteamiento tipificado que puede resumirse con la expresión
         «existe una limitación del comercio paralelo, por lo que existe un objeto de restringir la competencia».
      
      151. No aprecio error de Derecho alguno en esta motivación.
      
      152. En primer lugar ha de señalarse que tal modo de proceder es compatible con el carácter del objeto de restringir la competencia
         como ilícito de peligro. (72)
      
      153. Además, en la toma en consideración de los conocimientos recabados en un análisis tipificado ha de invocarse en particular
         la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. De ésta se desprende que un acuerdo que está dirigido a limitar el comercio paralelo
         constituye uno de los supuestos típicos del objeto de restringir la competencia. (73)
      
      154. Asimismo, el análisis tipificado está sujeto siempre a la reserva de que el contexto jurídico y económico del acuerdo objeto
         de examen no impida la posibilidad de extrapolar esta apreciación tipificada. (74) Ahora bien, no puede considerarse que suceda así en el caso de autos.
      
      155. En primer lugar, a mi juicio, de los apartados 65 y ss. de la sentencia dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia en el asunto Sot.
         Lélos kai Sia, (75) se desprende que, a pesar de las particularidades jurídicas y económicas en el sector de los medicamentos, ha de aplicarse
         también a éste el principio según el cual ha de considerarse que tiene por objeto restringir la competencia un acuerdo dirigido
         a limitar el comercio paralelo. Aun cuando esa sentencia se dictó a raíz de una cuestión prejudicial que tiene por objeto
         la interpretación del artículo 82 CE, el Tribunal de Primera Instancia hace referencia expresa en la misma al concepto de
         objeto de restringir la competencia conforme al artículo 81 CE.
      
      156. En segundo lugar, ninguna de las particularidades del sector de los medicamentos invocadas por GSK puede cuestionar la apreciación, basada en
         la experiencia, de que los acuerdos dirigidos a limitar el comercio paralelo tienen por objeto restringir la competencia.
      
      157. En primer lugar ha de hacerse constar que a la vista del contexto jurídico y económico establecido por la Comisión no cabía
         afirmar que las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos en los distintos Estados miembros excluyeran el juego
         de la competencia. (76)
      
      158. Además, la existencia de diversas normativas nacionales sobre precios de los medicamentos no se opone per se a la existencia de un objeto de restringir la competencia. En efecto, como exponen acertadamente la Comisión y EAEPC, por
         regla general la competencia dentro del mercado interior europeo tiene lugar en condiciones distintas en el plano nacional.
         A pesar de una cierta armonización, el mercado interior europeo sigue estando caracterizado por la diversa configuración del
         ordenamiento jurídico y económico de los Estados miembros. Por consiguiente, no existe de antemano una competencia en condiciones
         de igualdad absoluta. Ahora bien, ello no implica que no se aplique el artículo 81 CE, apartado 1. (77)
      
      159. Asimismo, en este contexto, en contra de la tesis de GSK, no reviste relevancia alguna el hecho de que los Estados miembros
         pretendan limitar la vigencia de esas disposiciones nacionales a su territorio. La posibilidad de aprovechar las condiciones
         favorables es, por el contrario, una de las ventajas esenciales del mercado interior.
      
      160. Por último, ha de tenerse en cuenta que el artículo 81 CE también está dirigido a fortalecer la integración de los mercados
         nacionales. (78) Ciertamente, comparto en cierta medida el escepticismo del Tribunal de Primera Instancia en relación con la cuestión de si
         mediante la aplicación de las normas sobre la competencia en el sector de los medicamentos se obtiene efectivamente una integración
         del mercado en el sentido de que se igualan los precios para los consumidores finales. Ahora bien, no cabe excluir al menos
         que una compartimentación de los mercados nacionales afecte a la integración del mercado en otros niveles del mismo.
      
      161. A fin de cuentas, no creo que en el caso de autos lo decisivo sea el objetivo de la integración del mercado. En efecto, el
         concepto de competencia a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, se menciona ciertamente como medio para la consecución de
         los fines del Tratado, es decir, para conseguir una progresiva integración del mercado en interés de la Comunidad. (79) Ahora bien, dicho concepto despliega sus efectos no sólo en el marco de este objetivo. El artículo 81 CE, apartado 1, también
         protege la competencia cuando ésta da lugar a una integración limitada del mercado.
      
      162. Así pues, en conclusión ha de afirmarse que del contexto jurídico y económico no se desprendía ningún motivo para que la Comisión
         se apartase del planteamiento típico de «existe una limitación del comercio paralelo, por lo que existe un objeto de restringir
         la competencia».
      
      b)      Presunción de grave restricción de la competencia
      163. Con carácter complementario deseo señalar que aun cuando la Comisión basó su motivación primordialmente en un análisis tipificado,
         la motivación de la Decisión impugnada contiene al menos elementos que justifican la presunción de una restricción de la competencia.
      
      164. Así, del considerando 116 de la sentencia recurrida se desprende en primer lugar que mediante las CGV se pretendía limitar una fuente de suministros de medicamentos y que los intermediarios españoles, a
         causa de la diferencia de precios entre España y otros Estados miembros, tenían tanto la posibilidad como el estímulo para
         reducir los precios de los intermediarios establecidos en el país de destino.
      
      165. En segundo lugar, en su motivación sobre el objeto de restringir la competencia de las CGV, la Comisión no examinó expresamente qué papel desempeñan
         las patentes en la competencia en el sector de los medicamentos. En su motivación sobre el objeto de restringir la competencia
         no mencionó expresamente el significado del comercio paralelo, que consiste en que la competencia en los precios mediante
         el comercio paralelo constituye, hasta la extinción de la patente, la forma por excelencia de la competencia en este ámbito. (80) Ahora bien, en el considerando 122 de la Decisión impugnada se pronunció sobre este fenómeno, aludiendo a la creciente presión
         competitiva para un medicamento de GSK como consecuencia de la expiración de la protección de la patente. Así pues, al menos
         este aspecto también se recordó en su fundamentación.
      
      166. En tercer lugar, no puede reprocharse a la Comisión en este contexto no haber tenido en cuenta la posibilidad de los Estados miembros de fijar
         los precios y, por tanto, de reducir los gastos en medicamentos. En efecto, en la medida en que el ordenamiento jurídico nacional
         deja margen para la competencia, ésta es protegida dentro de dicho margen por el artículo 81 CE.
      
      167. En cuarto lugar, la Comisión hizo constar acertadamente que mediante la limitación del comercio paralelo se refuerza necesariamente la posición
         negociadora de un fabricante de medicamentos en el marco de las negociaciones en los Estados miembros en los que las autoridades
         públicas establecen precios de venta o importes de reembolso de medicamentos. (81) En efecto, aun cuando el procedimiento entre las autoridades y los fabricantes de medicamentos no pueda equipararse a las
         negociaciones contractuales entre dos empresas privadas, sí revisten importancia una serie de factores, entre los que se encuentra,
         entre otros, la posibilidad de adquirir medicamentos de una fuente de suministro a precios favorables. (82) Este aspecto no puede quedar fuera del examen en el marco del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      168. Así pues, la conclusión de la Comisión de que las CGV tenían por objeto restringir la competencia no sólo se apoyaba en el
         argumento según el cual, en virtud de un análisis tipificado, cabía ya afirmar la existencia de un objeto de restringir la
         competencia porque las CGV tenían por finalidad limitar el comercio paralelo. La motivación de la Comisión contenía al menos
         elementos en virtud de los cuales sin un análisis detallado del mercado podría presumirse que las CGV entrañaban un grave
         perjuicio para competencia.
      
      c)      Conclusión provisional
      169. Así pues, para concluir, ha de hacerse constar que la Comisión declaró acertadamente en la Decisión impugnada que las CGV tenían por objeto restringir
         la competencia.
      
      3.      Conclusión
      170. Por consiguiente, procede sustituir la fundamentación de la sentencia recurrida en el sentido de que la Comisión podía afirmar
         acertadamente que las CGV tenían por objeto restringir la competencia. El Tribunal de Primera Instancia debió confirmar el
         artículo 1 de la Decisión impugnada, porque la Comisión estaba facultada para sostener acertadamente que las CGV tenían por
         objeto restringir la competencia.
      
      C.      Sobre la declaración del Tribunal de Primera Instancia de que la Comisión pudo suponer que las CGV tenían por efecto restringir
            la competencia
      171. Dado que el Tribunal de Primera Instancia afirmó erróneamente que la Comisión no podía suponer que las CGV tenían por objeto
         restringir la competencia, y que procede sustituir la fundamentación de la sentencia recurrida, (83) deben desestimarse por carecer de pertinencia los motivos formulados por GSK que se dirigen contra la fundamentación de la
         sentencia recurrida en lo relativo al efecto restrictivo de la competencia de las CGV. Estos motivos no pueden poner en cuestión
         el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida. En efecto, éste ya encuentra un apoyo suficiente en la fundamentación que
         procede sustituir relativa al efecto restrictivo de la competencia.
      
      D.      Conclusión
      172. Por las razones que preceden propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación de GSK en el asunto C‑501/06 P,
         al tiempo que sustituya la fundamentación de la sentencia recurrida relativa al objeto de restringir la competencia.
      
      VI.    Sobre los recursos de casación interpuestos por la Comisión, Aseprofar y EAEPC
      173. Antes de abordar los recursos de casación interpuestos por la Comisión (B), Aseprofar (C) y EAEPC (D), quiero examinar brevemente
         la parte de la sentencia recurrida que censuran las citadas partes (A).
      
      A.      La parte de la fundamentación de la sentencia recurrida
      174. En los apartados 233 a 320 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia examinó la fundamentación de la Comisión
         en la que ésta basó la desestimación de la solicitud de GSK de exención de las CGV al amparo del artículo 81 CE, apartado
         3. En primer lugar, señaló que quien invoque el artículo 81 CE, apartado 3, debe demostrar que se cumplen estos requisitos
         mediante la presentación de argumentos y pruebas convincentes. (84) Corresponde a la Comisión examinar y valorar adecuadamente las alegaciones y pruebas. (85)
      
      175. La apreciación de un acuerdo conforme al artículo 81 CE, apartado 3, comprende apreciaciones económicas complejas. Por consiguiente,
         el control del Tribunal de Primera Instancia en el marco de un recurso de anulación se limita a la comprobación por la Comisión
         de la exactitud material de los hechos, de la inexistencia de error manifiesto de apreciación de tales hechos y de la exactitud
         de las consideraciones jurídicas inferidas. (86) Ello entraña también comprobar si los elementos de prueba alegados por GSK constituyen el conjunto de datos pertinentes que
         deben tomarse en consideración y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. (87) Ahora bien, al Tribunal de Primera Instancia no le corresponde sustituir la motivación de la Comisión por la suya propia. (88)
      
      176. En los apartados 247 a 308 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia examinó en primer lugar la motivación
         de la Comisión relativa al primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3. En dichos apartados señaló que para afirmar que
         se fomenta el progreso técnico en el sentido del artículo 81 CE, apartado 3, ha de cumplirse el requisito de que exista una
         ventaja objetiva apreciable que no puede identificarse con cualquier ventaja subjetiva que las empresas interesadas obtienen
         del acuerdo. (89) El examen de si existe tal ventaja puede implicar un análisis prospectivo. A este respecto ha de examinarse si, a la vista
         de las alegaciones y elementos de prueba presentados por las empresas, parece más probable que el acuerdo permita obtener
         ventajas objetivas apreciables o que no lo permita. (90) En su caso, la Comisión debe apreciar, en segundo lugar, si estas ventajas objetivas apreciables pueden compensar los inconvenientes
         para la competencia. (91)
      
      177. En el marco del control de la motivación de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia procedió del modo siguiente. En
         primer lugar, expuso las alegaciones de hecho y las pruebas en las que GSK había apoyado su solicitud de exención y examinó
         su pertinencia. (92) A continuación, comprobó si la Comisión tuvo suficientemente en cuenta lo anterior al examinar la existencia de una ventaja
         objetiva apreciable. (93) Por último, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la motivación de la Comisión adolecía de deficiencias
         en el examen, puesto que la Comisión no tuvo en cuenta ni rebatió como debía el conjunto de las alegaciones de hecho y de
         las pruebas pertinentes presentadas por GSK. (94) Por consiguiente, la Comisión no podía legítimamente concluir que GSK no había acreditado que se cumpliera el primer requisito
         del artículo 81 CE, apartado 3. (95)
      
      178. Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión basó en esencia sus conclusiones sobre los otros tres
         requisitos del artículo 81 CE, apartado 3, en sus conclusiones sobre el primer requisito. Dado que la conclusión sobre el
         primer requisito adolecía de una deficiencia de examen y la fundamentación restante sobre los demás requisitos no era suficiente,
         la Comisión no pudo concluir legítimamente que no concurrían los otros tres requisitos. (96)
      
      B.      El recurso de casación de la Comisión en el asunto C‑513/06 P y la adhesión a la casación de la Comisión en el asunto C‑501/06 P
      179. En su recurso de casación interpuesto en el asunto C‑513/06 P y en su adhesión a la casación formulada en el asunto C‑501/06 P
         la Comisión censura, por un lado, a través de cinco motivos, la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia relativa
         al primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3 (1), y por otro lado, a través de un motivo, la fundamentación del Tribunal
         de Primera Instancia relativa al otro requisito del artículo 81 CE, apartado 3 (2). Dado que el contenido sustantivo del recurso
         de casación y de la adhesión a la casación de la Comisión coinciden en gran parte, examinaré ambos conjuntamente.
      
      1.      Sobre el primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3
      180. En relación con el primer requisito, la Comisión formula una serie de alegaciones que ha agrupado en cinco motivos de casación.
      
      a)      Sobre la desnaturalización del contexto jurídico y económico
      181. En su primer motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia distorsionó el contexto jurídico y económico de
         las CGV. Dado que la Comisión no ha mencionado la parte de la sentencia objetada, procede desestimar por infundada tal alegación
         de conformidad con el artículo 225 CE, el artículo 58, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 112,
         apartado 1, letra c), de su Reglamento de Procedimiento. (97)
      
      182. A continuación, la Comisión alega que la motivación adolece de error de Derecho. Dicho error consiste, a su juicio, en que
         el Tribunal de Primera Instancia no explicó por qué en el apartado 104 de la sentencia recurrida consideró únicamente que
         las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos pueden falsear la competencia, mientras que, en el apartado 276
         de la sentencia recurrida estimó que dichas normativas falseaban la competencia.
      
      183. Esta imputación es infundada. La declaración del Tribunal de Primera Instancia recogida en el apartado 104 de la sentencia
         recurrida se formula en el marco del examen de la cuestión de si la existencia de normativas nacionales sobre precios de los
         medicamentos da lugar a la inaplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1. El Tribunal de Primera Instancia declaró en el
         apartado 105 de la sentencia recurrida que las normas estatales que dan lugar a una distorsión de la competencia no excluyen
         la aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado 1. Por consiguiente, en este contexto no era necesario pronunciarse expresamente
         sobre si estas normas falsean la competencia. Por tanto, no existe un vicio de motivación en el hecho de que el Tribunal de
         Primera Instancia, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, se basase únicamente en que las normativas nacionales sobre
         precios de los medicamentos pueden falsear la competencia, mientras que en el apartado 276 de la sentencia recurrida consideró
         que dichas normas falsean la competencia. (98)
      
      b)      Sobre el concepto de fomento del progreso técnico, el reparto de la carga de la prueba y el grado de la prueba
      184. En su segundo motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en errores de Derecho en la interpretación
         del concepto de fomento del progreso técnico y en relación con el reparto de la carga de la prueba y el grado de la prueba.
      
      i)      Sobre la aplicación de un criterio de valoración propio de la normativa en materia de control de las concentraciones
      185. En primer lugar, la Comisión censura que el Tribunal de Primera Instancia, en particular en los apartados 242 y 269 de la sentencia recurrida,
         incurrió en un error de Derecho al aplicar un criterio de valoración propio de la normativa en materia de control de las concentraciones.
         En el marco del control de las concentraciones la Comisión está obligada a examinar los hechos que apuntan en favor y en contra
         de la compatibilidad de la concentración con el mercado común y le incumbe a este respecto la carga de la prueba. En cambio,
         en el marco de una solicitud de exención de un acuerdo conforme al artículo 81 CE, apartado 3, incumbe a la empresa que realiza
         la notificación acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 81 CE, apartado 3. La empresa soporta
         la carga de la prueba a este respecto.
      
      186. Esta imputación no está fundada. Ciertamente, en el apartado 242 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia
         invocó sentencias que se adoptaron en relación con la normativa en materia de control de las concentraciones. (99) Ahora bien, de ello no cabe deducir que el Tribunal de Primera Instancia haya afirmado la existencia de una obligación de
         la Comisión de examinar los hechos que apunta en favor y en contra de la compatibilidad de las CGV con el artículo 81 CE,
         apartado 3, y que la Comisión soporta la carga de la prueba a este respecto. En contra de tal tesis pueden aducirse en particular
         las declaraciones del Tribunal de Primera Instancia en los apartados 235 y ss., 248 y 269 de la sentencia recurrida, en los
         que el Tribunal de Primera Instancia puso claramente de manifiesto que corresponde a la empresa que notifica acreditar con
         documentos y elementos de prueba convincentes que se cumplen los requisitos del artículo 81 CE, apartado 3. A tal tesis se
         opone en particular la conclusión formulada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 303 de la sentencia recurrida,
         según la cual la motivación de la Decisión impugnada adolece de un examen deficiente, dado que la Comisión no tuvo en cuenta
         como debía el conjunto de las alegaciones y de las pruebas pertinentes presentadas por GSK.
      
      187. En segundo lugar, la Comisión censura que el Tribunal de Primera Instancia considerarse suficiente que GSK había presentado alegaciones y elementos
         de prueba pertinentes, fiables y verosímiles. En cambio, según reiterada jurisprudencia, se exige a la empresa que realiza
         la notificación que presente alegaciones y pruebas convincentes sobre el cumplimiento de los requisitos del artículo 81 CE,
         apartado 3. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al trasladar la carga de la prueba a la
         Comisión. Además, el Tribunal de Primera Instancia exigió a la Comisión en los apartados 269, 277, 281, 286 y 313 de la sentencia
         recurrida la presentación de alegaciones y pruebas convincentes. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia aplicó un criterio
         de valoración asimétrico en perjuicio de la Comisión.
      
      188. Esta imputación es igualmente infundada. Ha de señalarse que el propio Tribunal de Primera Instancia no formuló ninguna declaración
         acerca de si existía una ventaja objetiva apreciable. En el apartado 241 de la sentencia recurrida aludió acertadamente a
         su facultad limitada a la hora de examinar decisiones de la Comisión si éstas se apoyan en apreciaciones económicas complejas.
         En este caso el Tribunal de Primera Instancia ha de limitar su examen a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento,
         del carácter suficiente de la fundamentación, de la exactitud material de los hechos y de la inexistencia tanto de error manifiesto
         como de desviación de poder. (100) Así pues, el Tribunal de Primera Instancia se limitó acertadamente a examinar la fundamentación de la Comisión en el sentido
         de si había analizado suficientemente las alegaciones y elementos de prueba presentados por GSK.
      
      189. La primera fase de este examen consiste en verificar los requisitos que deben reunirse. En una segunda fase el Tribunal de Primera Instancia ha de examinar en qué medida las alegaciones de la empresa eran pertinentes para acreditar
         el cumplimiento de esos requisitos. (101) En una tercera fase el Tribunal de Primera Instancia debe investigar si la Comisión, en la medida en que no acogió las alegaciones de la empresa,
         examinó suficientemente y desestimado todas las alegaciones y pruebas pertinentes. El grado en que la motivación de la Comisión
         debe ser más o menos pormenorizada depende sobre todo de las alegaciones de la empresa. (102) Se trata pues de una escala variable.
      
      190. Así pues, cuando el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 269, 277, 281, 286 y 313 de la sentencia recurrida, califica
         de no convincente la motivación aducida por la Comisión en la Decisión impugnada, no se trata de una apreciación propia acerca
         de si la conclusión de la Comisión relativa a al incumplimiento del primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3, fue o
         no correcta. Se trata únicamente de un examen de la motivación de la Comisión en el sentido de si ésta recogió de modo convincente
         y refutó de forma suficiente las alegaciones y pruebas pertinentes presentadas por GSK.
      
      191. En este contexto, no aprecio en los citados apartados ni la aplicación de un criterio de examen asimétrico ni otro error de
         Derecho en el modo de proceder del Tribunal de Primera Instancia. De ello ha de distinguirse la cuestión de si el Tribunal
         de Primera Instancia apreció de forma correcta el contenido de la Decisión impugnada o si lo desnaturalizó. (103)
      
      ii)    Sobre el umbral a partir del cual puede considerarse que el acuerdo presenta ventajas de eficacia
      192. La Comisión rebate asimismo las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia contenidas en los apartados 249 y 252 de la
         sentencia recurrida. En éstos, para comprobar la existencia de una ventaja objetiva apreciable, el Tribunal de Primera Instancia
         se basó, a la vista de las alegaciones y pruebas presentadas por GSK, en la probabilidad de que el acuerdo controvertido le
         permitiera la obtención de ventajas objetivas apreciables o bien si tal no es el caso. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia
         incurrió en error de Derecho al apartarse del criterio de valoración material conforme al cual constituye un requisito la
         existencia de una ventaja objetiva apreciable.
      
      193. Esta imputación es infundada. El Tribunal de Primera Instancia estableció el criterio de valoración material en el apartado
         247 de la sentencia recurrida, en el que afirmó acertadamente que constituye un requisito la existencia de una ventaja objetiva
         apreciable. (104) El apartado 249 de la sentencia recurrida ha de entenderse en el sentido de que la exención que se concede ex ante en el marco del Reglamento nº 17 para un determinado período puede implicar un análisis prospectivo de las ventajas vinculadas
         al acuerdo y, por tanto, tiene un elemento de pronóstico. (105) A fin de cuentas, un pronóstico no puede formularse nunca con una absoluta seguridad. (106) Por consiguiente, para afirmar la existencia de una ventaja objetiva apreciable basta con que la Comisión, sobre la base
         de las alegaciones y pruebas presentadas, llegue a la conclusión de que, sobre la base de experiencias concretas, es suficientemente
         probable que se produzca la ventaja objetiva apreciable. Así pues, no constituye un error de Derecho la circunstancia de que,
         en el apartado 249 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se basara en la probabilidad de que existiera
         la ventaja. Ciertamente, se plantea la cuestión de qué grado de probabilidad debe darse para aceptar la existencia de una
         ventaja objetiva apreciable. A mi juicio, en el presente asunto debe aceptarse un elevado grado de probabilidad. En efecto,
         en virtud de la vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, ha de estimarse que se produce una pérdida de eficacia en forma
         de restricción de la competencia. Ahora bien, el grado necesario de probabilidad no reviste relevancia alguna en el presente
         procedimiento de casación. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia no basó la sentencia recurrida en la circunstancia
         de que la Comisión exigiera un elevado grado de probabilidad, sino que se apoyó en la circunstancia de que la Comisión no
         fundó suficientemente sus conclusiones sobre la inexistencia de una ventaja objetiva apreciable, puesto que no tuvo en consideración
         ni rebatió en su motivación las alegaciones y pruebas presentadas por GSK.
      
      194. En la medida en que la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 252 de la sentencia recurrida,
         ya consideró suficiente que fuera posible la existencia de una ventaja objetiva apreciable, esta imputación carece de fundamento,
         porque el Tribunal de Primera Instancia no realizó tal declaración en dicho apartado, sino que reprodujo en él el contenido
         de la Decisión impugnada. Así pues, del apartado 252 de la sentencia recurrida sólo cabe inferir lo siguiente: a juicio del
         Tribunal de Primera Instancia, la Comisión extrajo en la Decisión impugnada la conclusión de que mediante las alegaciones
         y pruebas presentadas por GSK no se había acreditado suficientemente que fuera posible la obtención de una ventaja objetiva
         apreciable.
      
      iii) Sobre la importancia del carácter estructural de las diferencias de precios
      195. A continuación, la Comisión alega que, como consecuencia del factor estructural de normativas nacionales sobre precios de
         los medicamentos en los distintos Estados miembros, el Tribunal de Primera Instancia exigió a la Comisión un examen particularmente
         diligente.
      
      196. En este contexto, la Comisión censura en primer lugar la afirmación del Tribunal de Primera Instancia contenida en los apartados 276 y 301 de la sentencia recurrida, según los
         cuales la Comisión debería haber tenido en cuenta el contexto jurídico y económico al examinar una pérdida de eficiencia vinculada
         al comercio paralelo y un incremento de la eficacia vinculada a las CGV. La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia
         incurrió en error de Derecho al establecer en estos apartados una carga probatoria agravada en perjuicio de la Comisión como
         consecuencia de la naturaleza estructural de las diferencias de precios.
      
      197. En definitiva, esta alegación es infundada. El apartado 301 de la sentencia recurrida está en relación con el apartado 300
         de la sentencia recurrida. En dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia subrayó principalmente la destacada función
         de la competencia centrada en la innovación entre los fabricantes de medicamentos y, de este modo, la importancia de la investigación
         y el desarrollo. El Tribunal de Primera Instancia mencionó el efecto de las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos
         en los diversos Estados miembros en el apartado 300 de la sentencia recurrida solamente con carácter complementario («por
         otro lado»). Por último, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia mencionó en el apartado 301 de la sentencia
         recurrida que la Comisión debería haber examinado con mayor precisión la probabilidad de que se produjera la ventaja alegada
         por GSK, tal afirmación apunta primordialmente a una toma en consideración de la competencia por la innovación entre los fabricantes
         de medicamentos. Por tanto, el refuerzo del deber de diligencia como consecuencia de las normativas nacionales sobre precios
         de los medicamentos, censurado por la Comisión, no se desprende del apartado 301 de la sentencia recurrida.
      
      198. Distinto es el caso del apartado 276 de la sentencia recurrida. En éste el Tribunal de Primera Instancia estimó particularmente
         grave, dado el contexto jurídico y económico del sector de los medicamentos, en el que el juego de la competencia resulta
         falseado mediante normas estatales, que la Comisión no examinara la probabilidad de que se produjera la mencionada ventaja.
         Aquí se advierte una clara relación con las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos.
      
      199. Ciertamente, a este respecto ha de convenirse con la Comisión en que la distorsión de la competencia mediante las normativas
         nacionales sobre precios de los medicamentos no afecta directamente a las ventajas que podrían generar las CGV. Dichas normativas
         nacionales afectan directamente a las consecuencias de la limitación de la competencia causada por las CGV.
      
      200. Ahora bien, a mi juicio el criterio que siguió el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 276 de la sentencia recurrida
         no adolece de error de Derecho. En este contexto ha de tenerse en cuenta en primer lugar que en el caso de autos la pérdida
         de eficacia derivada de la limitación del comercio paralelo constituye el «debe» de la valoración global de la competencia
         que ha de efectuarse al amparo del artículo 81 CE, apartado 3, mientras que en el «haber» se halla en particular el incremento
         de la eficacia que puede derivarse del fomento del progreso técnico. A continuación ha de señalarse que corresponde a la Comisión,
         en el marco de su competencia para conceder, de acuerdo con el artículo 81 CE, apartado 3, exenciones a la prohibición prevista
         en el artículo 81 CE, apartado 1, apreciar el carácter particular de los diferentes sectores económicos y las dificultades
         propias de dichos sectores. (107) Así pues, en el marco de la ponderación que debe realizar conforme al artículo 81 CE, apartado 3, la Comisión debe tener
         en cuenta circunstancias en virtud de las cuales puedan parecer menos graves los efectos de la limitación del comercio paralelo.
         Dado que una menor cuantía de este «debe» puede incidir en el resultado de la valoración global desde el punto de vista de
         la competencia, en estos casos se requerirá una especial diligencia en la determinación del incremento de la eficacia, que
         constituye el «haber» de la valoración global desde el punto de vista de la competencia. Sobre la base de esta idea considero
         acertada la apreciación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 276 de la sentencia recurrida.
      
      201. En segundo lugar, la Comisión impugna el apartado 284 de la sentencia recurrida. La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó
         en dicho apartado el contenido de la sentencia recurrida al afirmar que el fenómeno del comercio paralelo, conforme a las
         comprobaciones de la Comisión, se explica por la existencia de precios diferentes para un mismo medicamento en los distintos
         Estados miembros y que las fluctuaciones cíclicas de los tipos de cambio no hacen sino agravar dicho fenómeno. En la Decisión
         impugnada se limitó a afirmar que el comercio paralelo depende de dos factores independientes.
      
      202. Esta imputación es admisible, puesto que mediante el recurso de casación cabe invocar ante el Tribunal de Justicia una desnaturalización
         del contenido de la Decisión impugnada. (108)
      
      203. Ahora bien, dicha imputación es infundada. En primer lugar ha de indicarse que el apartado 284 constituye un elemento de la
         fundamentación del Tribunal de Primera Instancia contenida en los apartados 281 a 293 de la sentencia recurrida. En estos
         apartados el Tribunal de Primera Instancia examinó si estaba suficientemente fundada la conclusión extraída con carácter subsidiario
         por la Comisión, según la cual el efecto del comercio paralelo sobre la investigación y el desarrollo era, en todo caso, poco
         importante. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia examinó si GSK había presentado alegaciones y pruebas pertinentes y
         si la Comisión las evaluó y refutó suficientemente. (109) En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia reprodujo en esencia en el apartado 283 de la sentencia recurrida la alegación
         de GSK según la cual si bien las oscilaciones del tipo de cambio determinan el alcance económico del comercio paralelo, la
         existencia del comercio paralelo entre España y el Reino Unido no se deriva únicamente de las oscilaciones del tipo de cambio,
         sino también de que los precios son estructuralmente distintos en los Estados miembros. En el apartado 284 de la sentencia
         recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que esta alegación de GSK es pertinente para examinar la existencia de
         una ventaja objetiva apreciable y que resulta confirmada por los considerandos 31, 32 y 53 de la Decisión impugnada.
      
      204. A mi juicio, la afirmación de que esta alegación de GSK resulta confirmada por el contenido de la Decisión impugnada no supone
         una desnaturalización de su contenido. En efecto, en los considerandos 31 y 32 de la Decisión impugnada la Comisión expuso
         que el comercio paralelo nace de la interacción de dos factores. Como señaló la Comisión en el considerando 31 de la Decisión
         impugnada, existe un factor estructural conforme al cual a falta de armonización en el plano de la Comunidad, las autoridades
         nacionales de los Estados miembros promulgan y aplican reglas dirigidas a controlar, directa o indirectamente, los precios
         de venta practicados por las empresas farmacéuticas y a determinar el coste de compra para el consumidor final y para el presupuesto
         del Estado. En el considerando 32 de la Decisión impugnada la Comisión hizo alusión al otro factor, las variaciones de los
         tipos de cambio, que tiene carácter cíclico. La diferencia entre un factor estructural y otro cíclico es que el factor estructural
         se da de forma permanente. No me parece que el Tribunal de Primera Instancia haya querido expresar otra cosa en el apartado
         284 de la sentencia recurrida. Así pues, no advierto ninguna diferencia esencial entre el contenido de la Decisión impugnada
         y la apreciación expuesta por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 284 de la sentencia recurrida.
      
      205. Por otro lado, esta alegación sería inoperante, dado que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó la pertinencia de la
         alegación de GSK afirmando que este factor ha sido confirmado por la Comisión en la Comunicación relativa al mercado único
         de los productos farmacéuticos. (110)
      
      206. En contra de lo que alega la Comisión, la afirmación contenida en el apartado 284 de la sentencia recurrida no constituye
         una desnaturalización del considerando 164 de la Decisión impugnada, en el que la Comisión estableció que la magnitud del
         comercio paralelo entre 1996 y 1998 estuvo claramente más determinada por las fluctuaciones monetarias que por el nivel de
         precios en España. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta en los apartados 285 y ss. de la sentencia recurrida
         que la Comisión pudo considerar que el comercio paralelo entre España y el Reino Unido entre 1996 y 1998 constituía un caso
         específico debido a las fluctuaciones monetarias, pero sus datos no eran lo suficientemente detallados para fundar de forma
         convincente esta conclusión desvirtuando las alegaciones y pruebas presentadas por GSK.
      
      207. Por consiguiente, procede desestimar por infundada la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó
         la Decisión impugnada en el apartado 284 de la sentencia recurrida.
      
      208. Por último, la Comisión alega en este contexto que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un vicio de fundamentación
         en el apartado 292 de la sentencia recurrida al invocar la Comunicación de la Comisión relativa al mercado único de los productos
         farmacéuticos, (111) sin hacer una mención concreta del punto al que hacía referencia. Esta alegación es infundada. En efecto, el apartado 292
         ha de interpretarse en relación con el apartado 264 de la sentencia recurrida. En dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia
         resumió las principales observaciones formuladas en esta Comunicación mencionando los números de página correspondientes.
         Así pues, esta referencia se desprende de los guiones sexto y séptimo del apartado 264 de la sentencia recurrida.
      
      209. En tercer lugar, la Comisión censura que el Tribunal de Primera Instancia no considerase necesario, en los apartados 281 a 293 de la sentencia
         recurrida, analizar el alcance de la pérdida de eficacia causada por el comercio paralelo, conforme a la causa estructural
         alegada. Ello también supone un error de Derecho en la interpretación del criterio de valoración aplicable, conforme al cual
         deben acreditarse las ventajas apreciables.
      210. Esta alegación también es infundada. El Tribunal de Primera Instancia no negó en los apartados 281 a 293 de la sentencia recurrida
         que debiera existir una ventaja apreciable. Se limitó a establecer que la Comisión basó la conclusión según la cual no cabe
         afirmar que el comercio paralelo incide de forma apreciable en la investigación y el desarrollo, en una fundamentación que
         no examinó suficientemente las alegaciones y pruebas presentadas por GSK o bien no las rebatió suficientemente. (112)
      
      211. En la medida en que la Comisión censura, en cuarto lugar, que la existencia o inexistencia de una relación de causalidad entre el comercio paralelo y el desarrollo del progreso técnico
         nada tiene que ver con que las importaciones paralelas se deban a un factor estructural, ha de indicarse en primer lugar que
         el Tribunal de Primera Instancia no se basó en primer lugar sobre estas consideraciones. Antes bien, tomó como principal referencia
         el hecho de que la Comisión apoyó su conclusión de que no existe una ventaja objetiva apreciable en la negación, insuficientemente
         fundamentada, de la existencia de relación de causalidad o de una vinculación causal apreciable entre el comercio paralelo
         y la investigación y el desarrollo y no examinó suficientemente la probabilidad de que las CGV pudieran estar vinculadas a
         un incremento de la eficacia en forma de fomento del progreso económico. A continuación, remitiéndome a los puntos 199 y 200
         de las presentes conclusiones, he de señalar que en un caso en el que determinadas circunstancias pudieran reducir el «haber»
         de la valoración global desde el punto de vista de la competencia que ha de realizarse conforme al artículo 81 CE, apartado
         3, deberá realizarse con especial diligencia el examen de la probabilidad de que exista una ventaja objetiva apreciable.
      
      212. En la medida en que la Comisión alega que no está justificado que las empresas acepten restricciones de la competencia sobre
         una base unilateral para limitar las desventajas de los efectos de las normativas nacionales sobre pecios de los medicamentos,
         procede desestimar esta imputación, pues GSK alega igualmente que las CGV contribuyen a una ventaja objetiva apreciable en
         forma de fomento del progreso técnico en el sentido del artículo 81 CE, apartado 3. Por último, en contra de lo que afirma
         la Comisión, los fundamentos de Derecho del Tribunal de Primera Instancia no son contradictorios cuando afirma por una parte,
         en el apartado 192 de la sentencia recurrida, y por tanto en el contexto de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1,
         que las particularidades del sector farmacéutico, y en particular las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos,
         no excluyen la existencia de una restricción en la competencia, pero observa, por otra parte, que la Comisión debe tener en
         cuenta estas particularidades en el marco de su facultad de conceder excepciones, con arreglo al artículo 81 CE, apartado
         3, a la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      iv)    Sobre las variaciones de los tipos de cambio
      213. A continuación, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia afirmó, en particular en los apartados 292 y 293 de
         la sentencia recurrida, que las variaciones de los tipos de cambio, por sí solas o conjuntamente con el factor estructural
         de las normativas nacionales sobre pecios de los medicamentos de los Estados miembros, pueden justificar una restricción de
         la competencia. A su juicio, ello constituye un error de Derecho.
      
      214. Esta imputación también es infundada. El Tribunal de Primera Instancia no afirmó en los apartados 292 y 293 de la sentencia
         recurrida que un acuerdo restrictivo de la competencia que esté dirigido únicamente a compensar las variaciones de los tipos
         de cambio pueda estar justificado al amparo del artículo 81 CE, apartado 3. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia
         estableció en el apartado 286 de la sentencia recurrida que la Comisión no examinó la circunstancia de que la proporción de
         las importaciones paralelas de medicamentos desde España al Reino Unido se mantuvo inalterada. Por este motivo, no considero
         suficientemente fundada la conclusión de la Comisión, formulada en los considerandos 165 y ss. de la Decisión impugnada, según
         la cual el comercio paralelo entre el Reino Unido y España vino determinado esencialmente por las variaciones de los tipos
         de cambio. Además, la alegación de GSK no se limita al hecho de que quisiera equilibrar mediante las CGV las variaciones de
         los tipos de cambio. GSK alega, por el contrario, que mediante las CGV se obtiene un incremento de la eficacia en forma de
         fomento del progreso técnico conforme al artículo 81 CE, apartado 3.
      
      v)      Sobre la relación entre los recursos financieros adicionales para GSK y el fomento del progreso técnico
      215. La Comisión alega a continuación que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho en la aplicación del artículo
         81 CE, apartado 3, al aplicar, en contra de lo dispuesto en la jurisprudencia, un criterio de valoración menos estricto para
         apreciar la existencia de un fomento del progreso técnico a efectos del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      216. En este contexto, la Comisión alega en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 255, 269, 281 y 300 de la sentencia recurrida, empleó como criterio
         jurídico la circunstancia de que un beneficio adicional incrementa la capacidad de innovación. A su juicio, ello constituye
         un error de Derecho. En efecto, las empresas pueden destinar recursos financieros adicionales a otros fines, en particular
         a distribuir los beneficios entre los titulares de la empresa.
      
      217. Procede desestimar esta alegación por infundada. Como se desprende del apartado 247 de la sentencia recurrida, el Tribunal
         de Primera Instancia no aplicó tal criterio, sino que estableció como requisito la existencia de una ventaja objetiva apreciable
         que revistiera la forma de fomento del progreso técnico. Se limitó a afirmar que la conclusión de la Comisión según la cual
         no existía una ventaja objetiva apreciable, descansaba en una motivación insuficiente. Además, de los apartados 269, 281 y
         300 objeto de impugnación se desprende con claridad que el Tribunal de Primera Instancia se basó en que la conclusión de la
         Comisión relativa al obstáculo a la capacidad de innovación de GSK adolecía de insuficiencia de motivación.
      
      218. En segundo lugar, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al afirmar que basta con que sólo una
         parte de los recursos financieros adicionales se inviertan en gastos de investigación y desarrollo.
      
      219. Esta alegación también es infundada. En primer lugar, ha de señalarse que la Comisión no basó la Decisión impugnada en este
         punto. Ahora bien, ello no resulta decisivo por sí solo. Si del artículo 81 CE, apartado 3, se desprendiera efectivamente
         que sólo cabe afirmar la existencia de una ventaja cuando la totalidad de los recursos financieros se destina al fomento de
         la investigación y el desarrollo, la alegación de GSK carecería de pertinencia. En efecto, GSK adujo que también se incrementaría
         la eficacia si los fabricantes de medicamentos no invirtieran más que una parte de los recursos financieros adicionales en
         investigación y desarrollo.
      
      220. Ahora bien, la existencia de una ventaja objetiva y apreciable en el sentido del 81 CE, apartado 3, no exige imperativamente
         que la totalidad de los recursos financieros adicionales se invierta en gastos de investigación y desarrollo. En contra de
         lo que alega la Comisión, ello no se desprende de la sentencia Sachversicherer/Comisión. (113) A continuación, ha de señalarse que conforme al primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3, debe examinarse únicamente
         si se da un incremento de la eficacia que incida favorablemente más allá del grupo de interesados directos y que al menos
         compense los perjuicios que produce la restricción de la competencia. Ciertamente, en el marco de la apreciación de la existencia
         de tal incremento de la eficacia, desempeña una función esencial la cuantía del porcentaje, pues de ello depende si las inversiones
         en investigación y desarrollo, siempre que éstas puedan presumirse con una elevada probabilidad, compensan las desventajas
         que genera la limitación del comercio paralelo. Lo mismo cabe decir en relación con el examen de los requisitos segundo y
         tercero del artículo 81 CE, apartado 3, a saber, si los consumidores participan equitativamente en el beneficio resultante
         y si la limitación del comercio paralelo puede considerarse indispensable. En su examen, la Comisión puede tener en cuenta
         el hecho de que sólo se invierta una parte en investigación y desarrollo. Pero ello no puede justificar que se prescinda por
         completo de dicho examen o que no se preste suficiente atención a todas las alegaciones o pruebas en el marco de éste.
      
      221. En tercer lugar, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 274 y 300 de la sentencia recurrida, tuvo en consideración,
         en última instancia, si cabe esperar más investigación y desarrollo de un fabricante de medicamentos o bien de las empresas
         que se dedican al comercio paralelo o de los consumidores finales. Lo anterior adolece de error de Derecho, pues daría lugar
         a que se cumpliera siempre el primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3, tan pronto como en virtud de un acuerdo se
         redistribuyeran recursos financieros desde los intermediarios o consumidores a los fabricantes de medicamentos.
      
      222. Esta imputación tampoco está fundada. En primer lugar, ha de recordarse de nuevo que el Tribunal de Primera Instancia se limitó
         a revisar la motivación de la Comisión relativa a la inexistencia de un progreso técnico o económico, pero no formuló un pronunciamiento
         propio. Reprodujo la alegación de GSK en el apartado 274, como se desprende del apartado 270 de la sentencia recurrida, y
         en el apartado 300 de la sentencia recurrida.
      
      223. Además, en los apartados 274 y 300 de la sentencia recurrida no se hace ninguna comparación entre la actividad de investigación
         y desarrollo de los fabricantes de medicamentos, por un lado, y de los intermediarios españoles o los consumidores, por otro.
         GSK se limitó a alegar que en la valoración global de las CGV desde el punto de vista de la competencia y de la redistribución
         de recursos financieros derivada de lo anterior deben contraponerse los siguientes elementos: por un lado, el incremento de
         la eficacia mediante el fomento del progreso técnico que cabe esperar por la importancia de la competencia por la innovación
         entre los fabricantes de medicamentos; por otro lado, la reducción de la eficacia que ha de preverse como consecuencia de
         la limitación del comercio paralelo. En este contexto GSK señaló que, en la valoración del alcance de la reducción de la eficacia
         que cabe esperar como consecuencia de la limitación del comercio paralelo, la Comisión debe tener en cuenta que los comerciantes
         paralelos, como consecuencia de la estructura del mercado en el sector de los medicamentos, conservan la mayor parte de los
         ingresos procedentes del comercio paralelo. (114)
      
      vi)    Conclusión
      224. Por consiguiente, procede desestimar en su totalidad el segundo motivo formulado por la Comisión.
      
      c)      Sobre la desnaturalización de la Decisión impugnada y sobre la falta de toma en consideración de acontecimientos del pasado
         en el marco del análisis prospectivo
      
      225. Mediante este motivo la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, desnaturalizó el contenido de
         la Decisión impugnada (i), en segundo lugar, no permitió la toma en consideración de acontecimientos pasados (ii) y, en tercer
         lugar, tampoco permitió la toma en consideración de datos que no constaban en el momento de la adopción de la Decisión (iii).
      
      i)      Sobre la desnaturalización de la Decisión impugnada
      226. En primer lugar, la Comisión impugna la fundamentación del Tribunal de Primera Instancia contenida en el apartado 261 de la
         sentencia recurrida. En dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia declaró que la valoración por la Comisión de la pérdida
         de eficacia ocasionada por las CGV se limitó únicamente al considerando 156 de la Decisión impugnada. La Comisión aduce que
         esta declaración del Tribunal de Primera Instancia constituye una desnaturalización de la Decisión impugnada.
      
      227. Esta alegación tiene una importancia considerable. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia visó su fundamentación en vicios
         de la motivación de la Comisión. Si el Tribunal de Primera Instancia hubiera desnaturalizado el contenido de la Decisión impugnada
         al reproducirlo, ello podría poner en cuestión la declaración del Tribunal de Primera Instancia relativa a las deficiencias
         a la fundamentación de la Comisión.
      
      228. Procede declarar la admisibilidad de esta alegación, pues mediante un recurso de casación puede invocarse una desnaturalización
         del contenido de una decisión. (115) A mi juicio, la imputación de desnaturalización del contenido de la Decisión es fundada, pues el Tribunal de Primera Instancia,
         en el apartado 261 y en otros apartados de la sentencia recurrida, soslayó el contenido de la Decisión impugnada. Ahora bien,
         dado que es correcta la conclusión del Tribunal de Primera Instancia de que la motivación de la Comisión adolece de deficiencias,
         ha de confirmarse ésta al tiempo que se procede a la sustitución de la fundamentación de la sentencia recurrida.
      
      –       Sobre la desnaturalización del contenido de la Decisión impugnada
      229. En primer lugar ha de señalarse que la Comisión y el Tribunal de Primera Instancia sostuvieron tesis manifiestamente distintas
         sobre el criterio de valoración aplicable.
      
      230. La Comisión examinó en los considerandos 154 a 169 de la Decisión impugnada si podía afirmarse la existencia de una ventaja
         objetiva apreciable. En primer lugar señaló que las empresas deciden discrecionalmente el gasto que realizan en investigación
         y desarrollo. La Comisión rechazó la existencia de una ventaja objetiva apreciable porque, a su juicio, no cabía aceptar que
         hubiera una relación de causalidad directa, es decir, de una relación de causalidad directa apreciable, entre los recursos
         financieros que GSK obtendría de una limitación del comercio paralelo y los gastos en investigación y desarrollo. La Comisión
         basó esta conclusión en un estudio de los datos históricos de GSK.
      
      231. En cambio, como se desprende en particular de su afirmación contenida en el apartado 295 de la sentencia recurrida y en los
         epígrafes que preceden respectivamente a los apartados 269, 281, 294 y 304 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera
         Instancia parte de la estructura de examen siguiente. En primer lugar, la Comisión debería haber examinado las desventajas de la pérdida de la eficacia causada por el comercio paralelo a la industria
         farmacéutica en general y a GSK en particular. En este contexto el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión basó
         en una fundamentación insuficiente su conclusión de que el comercio paralelo daba lugar a una pérdida de eficacia al alterar
         significativamente la capacidad de innovación de GSK. (116)En segundo lugar, la Comisión debería haber examinado la magnitud de la pérdida de eficacia causada por el comercio paralelo. A tal respecto
         el Tribunal de Primera Instancia señaló que la conclusión subsidiaria de que, en cualquier caso, no se ha demostrado que el
         comercio paralelo genere una pérdida de eficacia apreciable que modifique la capacidad de innovación de GSK también adolecía
         de vicios de motivación. (117)En tercer lugar, la Comisión debería haber examinado el incremento de eficacia vinculado a las CGV. Así lo hizo la Comisión, pero sólo en
         el considerando 156 de la Decisión impugnada, en el que se hizo constar en esencia que los recursos financieros adicionales
         no implican automáticamente un aumento de las inversiones en investigación y desarrollo, pues los fabricantes de medicamentos
         deciden libremente cuánto desean invertir en investigación y desarrollo. El Tribunal de Primera Instancia consideró esta motivación
         insuficiente a la vista de las alegaciones y pruebas presentadas por GSK. (118) En cuarto lugar, la Comisión debió realizar una ponderación entre tal ventaja y el inconveniente para la competencia que
         se deriva de la vulneración por las CGV del artículo 81 CE, apartado 1. La Comisión no realizó tal ponderación. (119)
      
      232. De conformidad con la afirmación del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 295 de la sentencia recurrida, la estructura
         de examen antes expuesta se derivaba insoslayablemente de la estructura de las alegaciones de GSK y de las correspondientes averiguaciones efectuadas durante el procedimiento administrativo
         previo.
      
      233. Este punto de partida del Tribunal de Primera Instancia es incorrecto. En efecto, la respuesta a la cuestión de si el examen
         y la motivación de la Comisión son suficientes o insuficientes se determina en primer lugar en función de los requisitos que hayan de cumplirse y, en segundo lugar, en función de si la Comisión abordó suficientemente todas las alegaciones y pruebas relevantes presentadas relativas al cumplimiento
         de tales requisitos. (120)
      
      234. Así pues, dada la estructura del artículo 81 CE, apartado 3, en primer lugar habría de examinarse si cabía suponer con una
         suficiente probabilidad que las CGV producían un fomento del progreso técnico. A este respecto, en contra de lo que afirmó
         el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 295 de la sentencia recurrida, la primera fase no suponía insoslayablemente un examen de la cuestión de si el comercio paralelo daba lugar a una reducción de la eficacia para el sector farmacéutico
         en general y para GSK en particular.
      
      235. Ciertamente, las explicaciones precedentes no pueden entenderse en el sentido de que el modo de proceder propuesto por el
         Tribunal de Primera Instancia conduce a una conclusión incorrecta. (121) No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no puede reprochar a la Comisión un vicio de motivación sólo porque la Comisión
         siga en su examen la estructura del artículo 81 CE, apartado 3. Además, la fijación de una estructura de examen incorrectamente
         calificada de inevitable no puede dar lugar a que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalice el contenido de la Decisión
         impugnada examinando tal decisión solamente «a través del prisma» de tal estructura. Pues bien, así lo hizo el Tribunal de
         Primera Instancia al declarar en el apartado 261 de la sentencia recurrida que la Comisión examinó el incremento de la eficacia
         atribuida a las CGV únicamente en el considerando 156 de la Decisión impugnada y sólo de forma incidental. Así pues, el Tribunal
         de Primera Instancia soslayó que la Comisión abordó no sólo en el considerando 156, sino en los considerandos 154 a 169 de
         la Decisión impugnada la cuestión de si podía afirmarse con suficiente probabilidad que las CGV entrañan un incremento de
         la eficacia.
      
      236. Por consiguiente, la Comisión reprocha justificadamente a la declaración contenida en el apartado 261 de la sentencia recurrida
         que ignoró el contenido de la Decisión impugnada.
      
      –       Sobre la sustitución de la fundamentación
      237. Ahora bien, cuanto antecede no pone en cuestión, a fin de cuentas, la conclusión del Tribunal de Primera Instancia según la
         cual la Comisión no motivó suficientemente su Decisión. En efecto, una apreciación jurídica de los hechos basada en las comprobaciones
         efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia que no adolecen ni de la desnaturalización antes mencionada ni de errores
         de Derecho permite afirmar que la conclusión de la Comisión sobre la inexistencia de una ventaja objetiva apreciable no suficientemente
         motivada.
      
      238. En los apartados 275 a 280 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión no había motivado
         suficientemente su conclusión de que no existía ninguna prueba de la relación de causalidad entre los recursos financieros
         adicionales que GSK obtendría del comercio paralelo y los gastos adicionales en investigación y desarrollo. Así, el Tribunal
         de Primera Instancia declaró en el apartado 277 de la sentencia recurrida que la Comisión no desvirtuó, en el considerando
         157 de la Decisión impugnada, la vinculación, alegada por GSK, entre el nivel general de los beneficios actuales o la rentabilidad
         prevista de los productos, por un lado, y los gastos en investigación y desarrollo, por otro. Dado que GSK adujo, presentando
         elementos de prueba, que el comercio paralelo incide negativamente en estos factores, la Comisión no debió prescindir de examinar
         tales pruebas. (122) En los apartados 278 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Comisión no concedió
         suficiente importancia a la alegación formulada por GSK según la cual ésta tenía el mayor interés en invertir en investigación
         y desarrollo, debido a la intensidad de la competencia basada en la innovación que existía entre las marcas, y le era imposible
         recuperar el fruto íntegro de esta inversión para reinvertirlo en investigación y desarrollo.
      
      239. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia expuso en los apartados 281 a 293 de la sentencia recurrida que la Comisión
         tampoco motivó suficientemente la conclusión de que los recursos financieros adicionales no producían efectos, al menos apreciables,
         en la investigación y el desarrollo. Así, en el apartado 286 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró
         que la Comisión no desvirtuó la alegación de GSK según la cual si bien sí varió la cuantía de las importaciones paralelas
         de origen español, no lo hizo la proporción de éstas. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo en el apartado
         291 de la sentencia recurrida que la Comisión, en lo relativo al carácter apreciable de la ventaja, tomó como única referencia
         el comercio paralelo entre España y el Reino Unido, mientras que en lo relativo al carácter apreciable de la restricción de
         la competencia atribuyó un gran valor al hecho de que debían considerarse también los efectos en otros Estados miembros. Por
         último, en el apartado 292 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia señaló que en el futuro también podrían
         producirse variaciones de los tipos de cambio que podrían incidir en el importe de las pérdidas de GSK debidas al comercio
         paralelo.
      
      240. La Comisión señala que, como se desprende del considerando 160 de la Decisión impugnada, no pudo hacer constar sobre la base
         de los datos proporcionados por GSK que en el pasado existiera una vinculación directa entre la pérdida de recursos financieros
         de GSK como consecuencia del comercio paralelo, por un lado, y la paralización de los proyectos de investigación y desarrollo,
         por otro. A continuación afirmó en el citado considerando que los gastos en investigación y desarrollo de GSK habían seguido
         creciendo en términos relativos, y en particular en los ejercicios en los que GSK sufrió pérdidas de ingresos.
      
      241. Ahora bien, del artículo 81 CE, apartado 3, no cabe inferir que la empresa sólo puede probar la existencia de una ventaja
         objetiva apreciable si demuestra una vinculación directa entre el comercio paralelo y los gastos en investigación y desarrollo.
         Por el contrario, no se excluye que una empresa aporte la prueba por otra vía. (123)
      
      242. Así pues, la Comisión no puede rechazar la alegación de una empresa que se apoya en un argumento científico-económico y que
         aporta a tal fin datos pertinentes de carácter económico y econométrico, basándose simplemente en que se ha demostrado una
         relación directa. (124) Ciertamente, la Comisión puede rebatir una alegación genérica de una empresa de modo igualmente genérico. Ahora bien, si
         una empresa fundamenta igualmente su alegación de forma pormenorizada, la Comisión de responder a ella de forma pormenorizada.
         En este caso, no basta una mención al hecho de que los recursos adicionales pueden sin más aumentar el beneficio de la empresa,
         dado que las empresas pueden decidir libremente en qué medida invierten en investigación y desarrollo. En efecto, una indicación
         tan general soslaya el hecho de que el comportamiento en el mercado de las empresas está sustancialmente influido por la competencia
         con otras empresas y ello puede limitar su libertad de actuación.
      
      243. Desde una perspectiva fáctica, ha de atenderse en primer lugar a la afirmación realizada por el Tribunal de Primera Instancia
         en el apartado 256 de la sentencia recurrida, según la cual GSK presentó pruebas de carácter económico y econométrico. A continuación,
         el Tribunal de Primera Instancia señaló en el apartado 264 de la sentencia recurrida que la propia Comisión, en la Comunicación
         relativa al mercado único de los productos farmacéuticos, (125) subrayó la importancia de la competencia centrada en la innovación en el sector farmacéutico, el constante flujo de nuevos
         productos en el mercado, las particularidades de la financiación de las inversiones en investigación y desarrollo y el nivel
         de rentabilidad de las empresas.
      
      244. Sobre la base de estos hechos, para cuya determinación el Tribunal de Primera Instancia es el único competente, y cuyas comprobaciones
         fácticas no pueden, en principio, ser cuestionadas en un procedimiento de casación, llego a la conclusión, teniendo en cuenta
         las consideraciones jurídicas que preceden, de que el Tribunal de Primera Instancia afirmó acertadamente en el apartado 301
         de la sentencia recurrida que la Comisión no debió desestimar sin motivación alguna las alegaciones fácticas y las pruebas
         presentadas por GSK. A este respecto, debe recordarse que el Tribunal de Primera Instancia no declaró que la Comisión estuviera
         obligada a considerar que existía una ventaja económica apreciable, basándose en las alegaciones y las pruebas aportadas por
         GSK. Únicamente señaló que la Comisión debería haber examinado las alegaciones y las pruebas pertinentes aportadas por GSK
         para demostrar la existencia de una ventaja objetiva apreciable, rechazándolas si no le parecían suficientes.
      
      –       Conclusión
      245. Así pues, en conclusión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la conclusión formulada por la Comisión
         sobre la inexistencia de una ventaja objetiva apreciable se basó en una motivación insuficiente. Por tanto, procede desestimar
         la alegación de la Comisión y sustituir la fundamentación de la sentencia recurrida.
      
      ii)    Sobre la toma en consideración de acontecimientos pasados
      246. A continuación, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no reconocer que la
         Comisión podía recurrir a acontecimientos pasados para realizar el análisis prospectivo.
      
      247. Esta alegación también es infundada. El Tribunal de Primera Instancia no excluyó que la Comisión pudiera invocar acontecimientos
         pasados. Como ya he señalado, se limitó a afirmar que la motivación de la Comisión no bastaba, pues no había tenido suficientemente
         en cuenta todas las alegaciones y pruebas pertinentes presentadas por GSK.
      
      iii) Sobre la toma en consideración de datos que no existían cuando se adoptó la Decisión impugnada
      248. Por último, en la medida en que la Comisión censura que el Tribunal de Primera Instancia no permitió, en los apartados 58
         y 59 de la sentencia recurrida, que la Comisión recurriera a datos que no existían cuando se adoptó la Decisión impugnada,
         no advierto en ello ningún error de Derecho. En efecto, como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en estos
         apartados, el control de la Decisión impugnada se ejerce exclusivamente en relación con los elementos de hecho y de Derecho
         existentes en la fecha en que se adoptó la Decisión. (126) No se entiende cómo la Comisión pretende compensar la insuficiencia de motivación en el análisis prospectivo que había de
         realizarse cuando se adoptó la Decisión impugnada recurriendo a datos que se reunieron después de adoptar la Decisión y que,
         por tanto, necesariamente no pudieron ser tenidos en cuenta por la Comisión en su motivación.
      
      iv)    Conclusión
      249. Por consiguiente, procede desestimar también esta alegación en su totalidad.
      
      d)      Sobre la aplicación errónea del criterio de valoración
      250. A continuación, la Comisión censura la errónea aplicación del criterio de valoración, en primer lugar al establecer el Tribunal
         de Primera Instancia un nuevo motivo de anulación (i) y, en segundo lugar, al rebasar éste sus competencias (ii).
      
      i)      Sobre la creación de un nuevo motivo de anulación
      251. En primer lugar, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia introdujo una nueva causa de anulación de decisiones
         en los apartados 269, 277, 281, 286 y 313 de la sentencia recurrida, a saber, la falta de un examen suficiente o una refutación
         no convincente de los argumentos de la empresa. A su juicio, no existe base jurídica alguna para esta causa de anulación.
      
      252. Esta alegación no es fundada. Como se ha expuesto en el punto 188 supra, en los casos en los que la Comisión dispone de un margen de apreciación a la vista de las apreciaciones económicas complejas
         que han de realizarse, el Tribunal de Primera Instancia se limita a verificar si se han cumplido las normas de procedimiento,
         si la motivación es suficiente, la exactitud material de los hechos y la falta de error manifiesto en su apreciación, así
         como la inexistencia de desviación de poder. Por consiguiente, la verificación de si la motivación de la Comisión es suficiente
         se ajusta a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en la nota 100 correspondiente al punto 188 de las
         presentes conclusiones.
      
      ii)    Sobre el rebasamiento de las competencias del Tribunal de Primera Instancia
      253. En la medida en que la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia sustituyó la fundamentación de la Decisión impugnada
         por la suya propia en los apartados 274 y 278 de la sentencia recurrida, procede desestimar tal imputación por infundada.
         En primer lugar, ha de señalarse que, como se desprende en particular del apartado 270 de la sentencia recurrida, el Tribunal
         de Primera Instancia reprodujo en el apartado 274 de la sentencia recurrida la alegación de GSK según la cual, como consecuencia
         de la fuerte competencia en la innovación en el sector, todo fabricante de medicamentos tendrá el mayor interés en invertir
         al menos una parte del incremento de su beneficio en investigación y desarrollo. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia
         declaró en el apartado 278 de la sentencia recurrida que no analizó suficientemente este aspecto y no dio una respuesta suficiente
         a esta alegación de GSK. Por lo tanto, también de este punto se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no sustituyó
         la motivación de la Comisión por la suya propia.
      
      e)      Sobre el defecto de motivación debido a la breve valoración de las pruebas y a las presunciones no explicadas del Tribunal
         de Primera Instancia
      
      254. Por último, la Comisión alega vicios de motivación del Tribunal de Primera Instancia en lo relativo a la valoración de las
         pruebas presentadas por GSK (i) y en cuanto a la cuestión de por qué no habrían sido posibles la investigación y el desarrollo
         sin las CGV (ii)
      
      i)      Sobre la valoración de las pruebas presentadas por GSK
      255. En este contexto la Comisión censura en primer lugar la declaración del Tribunal de Primera Instancia contenida en los apartados 262 y 263 de la sentencia recurrida. A su juicio,
         constituye una insuficiencia de motivación el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia declarase en estos apartados que
         GSK había cumplido su parte de la carga de la prueba con las pruebas mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia en los
         apartados 256 a 259. En efecto, una parte de las alegaciones y pruebas mencionadas en el apartado 258 fue cuestionada.
      
      256. Esta imputación es infundada. En primer lugar, ha de señalarse de nuevo que el Tribunal de Primera Instancia no verificó la
         existencia de una ventaja objetiva apreciable, sino únicamente la motivación de la Comisión sobre tal cuestión. Además, en
         particular del epígrafe que encabeza el apartado 263 se desprende que el Tribunal de Primera Instancia se limitó a examinar
         en los apartados 263 y ss. si los elementos de prueba aportados por GSK eran pertinentes y por tanto, debían ser examinados
         y, en su caso, rebatidos por la Comisión. Por último, como ya se ha expuesto, el Tribunal de Primera Instancia analiza la
         motivación de la Comisión y declaró que ésta no había analizado suficientemente todas las alegaciones y elementos de prueba
         presentados por GSK.
      
      257. En segundo lugar, la Comisión alega que la motivación del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria.
      
      258. Primero, censura que el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 273 de la sentencia recurrida que el comercio
         paralelo no entraña ventajas significativas para el consumidor final, pero en el apartado 190 la sentencia recurrida afirmó
         que la limitación del comercio paralelo entraña desventajas para los consumidores. Esta imputación es infundada. En efecto,
         como se desprende en particular del apartado 270 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado
         273 de la sentencia recurrida, reprodujo sin más las alegaciones y pruebas de GSK.
      
      259. A continuación, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 133, 143 y 144 de la sentencia
         recurrida que el sector de los medicamentos está protegido frente a las fuerzas de la oferta y la demanda, mientras que en
         los apartados 271 y 272 de la sentencia recurrida describió con exactitud la interacción de la oferta y la demanda. Así pues,
         dado que la Comisión no censura el fondo de la motivación contenida en los apartados 271 y 272 de la sentencia recurrida,
         sino la motivación recogida en los apartados 133, 143 y 144, procede declarar la inadmisibilidad de esta alegación por las
         razones mencionadas en los puntos 42 a 47 supra de las presentes conclusiones. Por lo demás, ha de señalarse que, como se desprende del apartado 270 de la sentencia recurrida,
         el Tribunal de Primera Instancia reprodujo en los apartados 271 y 272 de la sentencia recurrida las alegaciones formuladas
         por GSK.
      
      260. En tercer lugar la Comisión censura que la afirmación contenida en el apartado 265 de la sentencia recurrida contiene un vicio de motivación.
         En dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia señaló que algunas de las alegaciones de GSK resultaban corroboradas en
         la Comunicación de la Comisión relativa al mercado único de los productos farmacéuticos. (127) La Comisión alega que la afirmación no es comprensible, pues no se percibe qué elementos de la alegación de GSK han sido
         confirmados. Esta alegación es igualmente infundada. En efecto, de la confrontación entre las alegaciones formuladas por GSK
         en los apartados 258 y 259 de la sentencia recurrida y el resumen de las principales observaciones contenidas en la Comunicación
         de la Comisión relativa al mercado único de los productos farmacéuticos, contenido en el apartado 264 de la sentencia recurrida,
         se desprende con suficiente claridad qué parte de las alegaciones corrobora la Comunicación, en particular la relevancia de
         la competencia centrada en la innovación, el constante flujo de nuevos productos en el mercado, la financiación de las inversiones
         en investigación y desarrollo, su relación con la contabilidad de las empresas y el factor estructural de los sistemas de
         precios en los distintos Estados miembros. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia hizo referencia en el apartado
         284 de la sentencia recurrida a la Comunicación para acreditar la relevancia de la alegación basada en el factor estructural
         de las normativas nacionales sobre precios de los medicamentos. Por lo demás, el vicio de motivación no fue esencial. Si una
         empresa presenta alegaciones y pruebas que apoyan su argumentación pertinente, la Comisión debe tenerlas suficientemente en
         cuenta. En el caso de autos la relevancia de la alegación de GSK resultó reforzada por el contenido de la Comunicación de
         la Comisión.
      
      ii)    Sobre la falta de explicación de por qué la investigación y el desarrollo serían imposibles sin las CGV
      261. Por último, la Comisión impugna los apartados 278 y 297 de la sentencia recurrida. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia
         incurrió en un vicio de motivación al no explicar por qué GSK no puede invertir en una cantidad suficiente en investigación
         y desarrollo sin los recursos adicionales.
      
      262. Esta alegación también es infundada. El Tribunal de Primera Instancia se limitó en los apartados 253 a 308 de la sentencia
         recurrida a examinar la motivación de la Comisión relativa a la concurrencia del primer requisito del artículo 81 CE, apartado
         3, a saber, la existencia de una ventaja objetiva apreciable. En el apartado 278 de la sentencia recurrida, el Tribunal de
         Primera Instancia señaló que la motivación de la Comisión, según la cual GSK habría podido financiar gastos de investigación
         y desarrollo con otras partidas, no concedió suficiente importancia a la alegación formulada por GSK según la cual ésta tenía
         el mayor interés en invertir en investigación y desarrollo, debido a la intensidad de la competencia basada en la innovación
         que existía entre los fabricantes de productos farmacéuticos. En contra de lo que afirma la Comisión, no corresponde al Tribunal
         de Primera Instancia sustituir la motivación de la Comisión por la suya. Además, la cuestión de si un fabricante de medicamentos
         puede reaccionar a una disminución de los ingresos con una reducción de otra partida como la de investigación y desarrollo
         no afecta a la cuestión de si existe una ventaja objetiva apreciable, sino a la cuestión de si la restricción de la competencia
         era imprescindible para obtener la ventaja y, por tanto, al tercer requisito del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      2.      Sobre los demás requisitos del artículo 81 CE, apartado 3
      263. Por último, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en errores de Derecho en el apartado 309 de la
         sentencia recurrida, en el que dicho órgano jurisdiccional tuvo en cuenta la motivación de la Comisión sobre los demás requisitos
         del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      264. En la medida en que la Comisión alega en primer lugar que el propio Tribunal de Primera Instancia no expuso fundamentación alguna sobre el carácter indispensable de las CGV, ha
         de señalarse que, como he expuesto en el punto 188 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia no puede
         sustituir las apreciaciones de la Comisión por las suyas. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia se limitó acertadamente
         a un control de la motivación de la Decisión de la Comisión.
      
      265. A continuación, mediante su afirmación recogida en el apartado 309 de la sentencia recurrida, según la cual las conclusiones
         de la Comisión relativas al carácter indispensable de las CGV fueron insuficientes porque se basaban en las conclusiones relativas
         a la inexistencia de una ventaja objetiva apreciable, el Tribunal de Primera Instancia, en contra de lo que alega la Comisión,
         tampoco desnaturalizó el contenido del considerando 187 de la Decisión impugnada.
      
      266. En efecto, del considerando 187 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión basó su conclusión de que las CGV no
         eran indispensables en que ya no era preciso examinar si su contribución era indispensable, al no haberse probado que generasen
         una ventaja. Ello impide afirmar que la Comisión analizó efectivamente el carácter indispensable de las CGV.
      
      267. Si a pesar de esta motivación fuera necesario, a título complementario, invocar la afirmación contenida en el considerando
         157 de la Decisión impugnada, ha de indicarse lo que sigue: algo indispensable significa ciertamente más que la idoneidad
         de contribuir a la consecución de los objetivos positivos del acuerdo. (128) Ahora bien, un acuerdo es indispensable no sólo cuando las ventajas perseguidas no puedan obtenerse de otro modo, sino también
         cuando no se generan en la misma medida, dentro del mismo período, o con la misma seguridad. En este análisis deben tenerse
         en cuenta las relaciones de mercado y los datos económicos que afectan a las partes del acuerdo.
      
      268. Ciertamente, de la motivación de la Comisión recogida en el considerando 157 de la Decisión impugnada se desprende que no
         se excluía un incremento de las inversiones en investigación y desarrollo por otra vía. Ahora bien, ello no aclara en modo
         alguno si un incremento de las inversiones en investigación y desarrollo se produciría en la misma medida y con la misma seguridad.
         En este contexto debe tenerse en cuenta que la alegación de GSK entrañaba que los fabricantes de medicamentos realizarían
         más gastos en investigación y desarrollo en valores absolutos si sus ingresos fueran superiores en valores absolutos. Además,
         el análisis de la Comisión reproducido en el considerando 159 de la Decisión impugnada llegó al resultado de que los gastos
         de GSK en investigación y desarrollo crecieron constantemente, incluso en los ejercicios en los que los ingresos de GSK habían
         descendido en términos absolutos. En este contexto la Comisión no podía sostener sin más que los gastos adicionales en investigación
         y desarrollo en términos absolutos se financiarían en la misma medida y con la misma seguridad con cargo a otras partidas.
         Así pues, la toma en consideración de la motivación de la Comisión contenida en el considerando 157 de la Decisión impugnada
         no cuestionaría la conclusión formulada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 309 de la sentencia recurrida,
         según la cual la Comisión no fundamentó suficientemente el incumplimiento del requisito.
      
      269. Por consiguiente, procede desestimar también este motivo.
      
      3.      Conclusión
      270. En conclusión, procede desestimar en su integridad el recurso de casación y la adhesión a la casación de la Comisión en los
         asuntos C‑513/06 P y C‑501/06 P.
      
      C.      El recurso de casación de EAEPC en el asunto C‑515/06 P
      271. EAEPC apoya su motivo de casación interpuesto en el asunto C‑515/06 P en dos motivos.
      
      1.      Sobre el papel y la función del artículo 81 CE, apartado 3
      272. En su primer motivo, EAEPC critica en esencia la declaración del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 261 de la sentencia
         recurrida, según la cual la Comisión abordó la cuestión de si las CGV dan lugar a un incremento de la eficacia sólo de forma
         incidental en el considerando 156 de la Decisión impugnada. EAEPC alega que la declaración del Tribunal de Primera Instancia
         adolece de error de Derecho, pues se basa en una reproducción desnaturalizada de los argumentos de GSK y de la Decisión impugnada.
      
      273. Procede desestimar esta alegación. Como he señalado en los puntos 226 a 236 de las presentes conclusiones, el apartado 261
         de la sentencia recurrida adolece ciertamente de errores de Derecho, pero la alegación no puede prosperar en definitiva porque
         el Tribunal de Primera Instancia llegó acertadamente a la conclusión de que la motivación de la Comisión es insuficiente;
         véanse a este respecto los puntos 237 a 245 de las presentes conclusiones.
      
      2.      Sobre la carga de la prueba
      274. En segundo motivo, EAEPC reprocha en primer lugar al Tribunal de Primera Instancia, que en el apartado 258 de la sentencia recurrida considerase pertinentes las alegaciones
         de GSK, si bien GSK no ha acreditado que los recursos financieros adicionales que GSK obtendría con la limitación del comercio
         paralelo habían generado directamente un incremento de los gastos en investigación y desarrollo. Procede desestimar esta alegación
         por infundada.
      
      275. En primer lugar, ha de señalarse que el Tribunal de Primera Instancia se limitó a verificar la motivación de la Comisión.
         Como he expuesto en el punto 186 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que
         GSK debe justificar con alegaciones y pruebas que se produce una ventaja objetiva apreciable con suficiente probabilidad.
         El Tribunal de Primera Instancia no consideró que GSK hubiese alegado y probado la existencia de una ventaja objetiva apreciable.
         Se limitó a afirmar que la Comisión no refutó o bien refutó de forma insuficiente las alegaciones y pruebas pertinentes de
         GSK, entre las que se encuentran los estudios económicos mencionados en el apartado 256 de la sentencia recurrida.
      
      276. La segunda alegación de EAEPC se dirige contra la declaración del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 274 de la sentencia recurrida, según
         la cual la conservación del beneficio por el fabricante de medicamentos supone verdaderamente un incremento de eficacia en
         comparación con la situación en la que tal beneficio se comparte con el intermediario. Procede desestimar esta alegación por
         infundada, pues el Tribunal de Primera Instancia, como se desprende del apartado 270 de la sentencia recurrida, reprodujo
         antes de nada en los apartados 271 a 274 de la misma las alegaciones de GSK.
      
      3.      Sobre la apreciación errónea o la falta de toma en consideración de elementos de prueba
      277. En su tercer motivo, EAEPC señala la existencia de errores de Derecho en relación con el traslado de la carga de la prueba,
         y la apreciación errónea y la desnaturalización de los hechos.
      
      a)      Sobre el traslado de la carga de la prueba
      278. En la medida en que, en primer lugar, EAEPC alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al afirmar que la carga de la prueba se había
         trasladado a la Comisión, me remito a lo expuesto en los puntos 187 a 191 de las presentes conclusiones. En este contexto
         procede desestimar también la alegación de EAEPC según la cual en el caso de autos sólo cabe aceptar el traslado de la carga
         de la prueba a la Comisión si sobre la base de las alegaciones de GSK puede presumirse la existencia de un incremento de eficacia.
         Dado que el control por el Tribunal de Primera Instancia de las apreciaciones económicas complejas es limitado, resultaría
         inapropiado aplicar una presunción. En efecto, ello supondría que el Tribunal de Primera Instancia, no ateniéndose a sus competencias
         limitadas, formulara una apreciación propia.
      
      279. En segundo lugar, EAEPC alega una desnaturalización de pruebas en el apartado 277 de la sentencia recurrida. En dicho apartado el Tribunal de
         Primera Instancia señaló que el informe Frontier Economics II indica efectivamente que el comercio paralelo no es el principal factor que orienta las decisiones sobre inversión y desarrollo,
         pero también se subraya en él que existe una vinculación entre el nivel general de los beneficios actuales o de la rentabilidad
         prevista de los productos y las decisiones sobre investigación y desarrollo. Dado que GSK invoca que dichos factores resultan
         afectados por el comercio paralelo, la Comisión debió profundizar su examen de las pruebas aportadas a este respecto por GSK.
      
      280. Esta alegación de EAEPC es infundada en la medida en que afirma que el Tribunal de Primera Instancia interpretó dicho informe
         en el sentido de que existe una vinculación entre el comercio paralelo y los gastos en investigación y desarrollo. Del apartado
         277 de la sentencia recurrida se desprende, por el contrario, que esta vinculación se dividió en dos fases, y que GSK sólo
         se basó en el estudio en la primera fase. En una primera fase, para acreditar la vinculación entre el nivel general de los
         beneficios actuales o de la rentabilidad prevista de los productos, por un lado, y los gastos en investigación y desarrollo,
         por otro, se remitió ciertamente a dicho informe. En una segunda fase afirmó, apoyándose en elementos de prueba, que el comercio
         paralelo puede influir negativamente sobre dichos factores (nivel general de los beneficios actuales, rentabilidad de los
         productos). Así pues, en contra de la alegación de EAEPC, del apartado 277 de la sentencia recurrida no cabe inferir que el
         Tribunal de Primera Instancia dedujera del informe una vinculación entre el comercio paralelo y los gastos en investigación
         y desarrollo.
      
      b)      Sobre la apreciación errónea o la falta de toma en consideración de hechos que constan en los autos
      281. A continuación, EAEPC censura el apartado 275 de la sentencia recurrida. Al afirmar que la Comisión no realizó un examen riguroso
         de las alegaciones de hecho y de las pruebas, sino que se limitó a una reproducción fragmentaria, escasamente relevante o
         poco convincente de las mismas, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó la Decisión impugnada. Ciertamente, el error
         de Derecho analizado en los puntos 226 a 236 de las presentes conclusiones incide también en la declaración contenida en el
         apartado 275 de la sentencia recurrida. Ahora bien, en definitiva, procede desestimar esta imputación por las razones expuestas
         en los puntos 237 a 244 de las presentes conclusiones, ya que el Tribunal de Primera Instancia llegó acertadamente a la conclusión
         de que la fundamentación de la Comisión era insuficiente.
      
      282. A continuación EAEPC alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la declaración formulada por la Comisión
         en el considerando 157 de la Decisión impugnada, según la cual GSK pudo financiar la investigación y el desarrollo adicionales
         con cargo a otros recursos y, por tanto, las restricciones derivadas de las CGV no tenían carácter indispensable a efectos
         del artículo 81 CE, apartado 3. En la medida en que esta imputación se dirige contra el considerando 275 de la sentencia impugnada,
         procede desestimarla por infundada, dado que carece de pertinencia en el marco del examen de la existencia de una ventaja
         objetiva apreciable. La alegación de EAEPC tampoco puede prosperar en cuanto imputación dirigida contra la declaración efectuada
         por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 309 y ss. de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera
         Instancia señaló que la Comisión no motivó suficientemente su conclusión de que las CGV no son indispensables. En primer lugar,
         procedería declarar la inadmisibilidad de la alegación según la cual EAEPC no designó claramente la parte impugnada de la
         sentencia. (129) En segundo lugar, procedería desestimar esta alegación por las razones expuestas en los puntos 265 a 268 de las presentes
         conclusiones.
      
      c)      Sobre la toma en consideración de hechos erróneos
      283. Por último, procede desestimar por infundada la imputación formulada por EAEPC contra el apartado 273 de la sentencia recurrida,
         mediante la cual alegaba que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el concepto de consumidor final. Del
         apartado 270 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia reprodujo, en los apartados 271 a
         274 de la sentencia recurrida, las alegaciones de GSK.
      
      284. Procede finalmente, por las razones expuestas en los puntos 42 a 47 supra de las presentes conclusiones declara la inadmisibilidad de la alegación EAEPC según la cual la motivación del Tribunal de
         Primera Instancia sobre el objeto de restringir la competencia de las CGV incurre en error de Derecho.
      
      4.      Conclusión
      285. Así pues, en conclusión, procede desestimar en su integridad el recurso de casación interpuesto por EAEPC en el asunto C‑515/06 P.
      
      D.      El recurso de casación de Aseprofar en el asunto C‑519/06 P
      286. Aseprofar apoya su recurso de casación en el asunto C‑519/06 P en dos motivos, el primero de los cuales se dirige contra la
         motivación del Tribunal de Primera Instancia relativa al primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3, (1) y el segundo
         contra la motivación del Tribunal de Primera Instancia relativa a los demás requisitos del artículo 81 CE, apartado 3, (2).
      
      1.      Sobre el primer requisito del artículo 81 CE, apartado 3
      287. El primer motivo de Aseprofar se dirige contra la conclusión formulada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado
         301 de la sentencia recurrida. En dicho apartado el Tribunal de Primera Instancia afirmó que la Comisión no podía limitarse,
         en el considerando 156 de la Decisión impugnada, a desestimar de entrada los argumentos de GSK basándose en que la ventaja
         descrita por GSK no tiene forzosamente que producirse.
      
      288. En este contexto, Aseprofar alega en primer lugar que los considerandos 156 a 161 de la Decisión impugnada no contienen ningún error manifiesto de apreciación. En el caso
         de autos, el Tribunal de Primera Instancia pudo afirmar que no se había acreditado una relación de causalidad entre el comercio
         paralelo y la investigación y el desarrollo. Por consiguiente, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia incurre en error
         de Derecho en su declaración contenida en el apartado 301.
      
      289. Procede desestimar esta imputación remitiéndose a las observaciones anteriores contenidas en los puntos 237 a 241 de las presentes
         conclusiones. El Tribunal de Primera Instancia afirmó acertadamente que la Comisión motivó insuficientemente su decisión,
         dado que no analizó suficientemente todas las alegaciones y pruebas pertinentes que GSK había presentado.
      
      290. En la medida en que en este contexto Aseprofar alega a continuación que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que GSK, de necesitarlo, podría haber financiado los gastos en investigación
         y desarrollo mediante créditos, procede desestimar esta alegación remitiéndose a las observaciones contenidas en los puntos
         265 a 269 de las presentes conclusiones. Con carácter complementario ha de indicarse que GSK había aducido las razones por
         las que estos gastos se financiaban habitualmente con cargo a fondos propios y, en su caso, exclusivamente con cargo a éstos,
         y la Comisión no analizó tales razones.
      
      291. A continuación, procede desestimar la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia afirmó incorrectamente la existencia de un
         vicio de motivación conforme al artículo 253 CE. Como se desprende con claridad de los apartados 210 a 213 de la sentencia
         recurrida, las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia contenidas en el apartado 301 de la sentencia recurrida no afectan
         a la inobservancia de los requisitos de forma previstos en el artículo 253 CE, sino a la inexactitud material de los motivos,
         que se desprende de una toma en consideración insuficiente de las alegaciones y pruebas presentadas.
      
      292. Por último, procede desestimar la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia introdujo una nueva causa de anulación, para lo cual
         me remito a los puntos 251 y ss. de las presentes conclusiones, y la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia sustituyó
         indebidamente las apreciaciones de la Comisión por las suyas propias, para lo cual me remito al punto 188 de las presentes
         conclusiones.
      
      2.      Sobre los demás requisitos del artículo 81 CE, apartado 3
      293. El segundo motivo de Aseprofar se dirige contra los apartados 309 a 315 de la sentencia recurrida. En dichos apartados el
         Tribunal de Primera Instancia afirmó que la motivación de la Comisión sobre los demás requisitos no era suficiente. Aseprofar
         alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que las empresas soportan la carga de probar que se cumplen los
         requisitos del artículo 81 CE, apartado 3. Por consiguiente, no debió calificar la motivación de la Comisión de excesivamente
         somera sin examinar previamente si GSK había presentado alegaciones y pruebas pertinentes sobre los demás requisitos.
      
      a)      Sobre la participación equitativa de los consumidores
      294. Aseprofar alega en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al afirmar que la motivación de la
         Comisión relativa a la participación equitativa de los consumidores era defectuosa. En primer lugar, GSK alegó únicamente
         que el comercio paralelo no entraña ventajas para los consumidores. A continuación, GSK no acreditó que los consumidores se
         beneficien de una parte esencial del incremento de la eficacia. Por último, la Comisión expuso en la Decisión impugnada los
         perjuicios que se derivan de una limitación del comercio paralelo.
      
      295. Esta alegación es infundada. El Tribunal de Primera Instancia declaró que la motivación de la Comisión sobre la participación
         equitativa de los consumidores era insuficiente. GSK invocó que el comercio paralelo da lugar a una pérdida de la eficacia.
         Esta alegación entrañaba que el incremento de la eficacia, que se genera en la forma de un fomento del progreso técnico, es
         superior a la pérdida de la eficacia que se deriva de la limitación del comercio paralelo. (130) La Comisión no analizó suficientemente esta circunstancia. Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, en
         el considerando 179 de la Decisión impugnada la Comisión se apoyó básicamente en que GSK no había acreditado que se produjera
         la ventaja objetiva apreciable. Al describir la pérdida de eficacia resultante de la limitación del comercio paralelo en los
         considerandos 183 a 186 de la Decisión impugnada, la Comisión rebatió los argumentos de GSK según los cuales el comercio paralelo
         no entraña ventajas para los consumidores finales. No obstante, no ponderó el incremento y la pérdida de eficacia estimados.
      
      b)      Sobre el carácter indispensable de las CGV
      296. Aseprofar alega asimismo que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al afirmar que la Comisión incurrió
         en un vicio de motivación en lo relativo al requisito del carácter indispensable. A este respecto GSK adujo únicamente que
         las CGV eran necesarias para compensar la distorsión de la competencia causada por España. No afirmó que no hubiera ninguna
         otra posibilidad de fomentar el progreso técnico.
      
      297. Esta alegación también es infundada. Ciertamente, las empresas soportan la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos
         del artículo 81 CE, apartado 3. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento
         nº 17 es un procedimiento administrativo que se rige por el principio de actuación de oficio «Offizialmaxime». (131) Así pues, las empresas pueden exigir que la Comisión examine de forma objetiva sus solicitudes de exención de un acuerdo
         conforme al artículo 81 CE, apartado 3. A este respecto, la Comisión no puede limitarse a exigir de las empresas que prueben
         que concurren los requisitos para conceder la exención sino que, en aras de una buena administración, debe intervenir activamente
         con sus propios medios para determinar los hechos y circunstancias pertinentes. (132) Ciertamente, esto no significa que la Comisión haya de probar que no concurren los requisitos del artículo 81 CE, apartado
         3. Ahora bien, del principio de buena administración y de los principios generales del Derecho procesal se desprende que la
         motivación de la Comisión relativa a la no concurrencia de los distintos requisitos del artículo 81 CE, apartado 3 debe revestir
         una determinada sustancia mínima, si la Comisión quiere basar una decisión desestimatoria en tal motivación. Esta sustancia
         mínima comprende en primer lugar la comprobación de que no concurre el requisito de que se trate. Además, de la motivación
         debe desprenderse al menos que la Comisión ha examinado tal requisito.
      
      298. Ahora bien, la motivación de la Comisión contenida en el apartado 187 consiste, en definitiva, únicamente en la declaración
         de que no era necesario analizar el carácter indispensable, puesto que no se cumplía el primer requisito. De este modo, la
         Comisión puso de manifiesto que no analizó dicho requisito. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia afirmó acertadamente
         en los apartados 309 y ss. de la sentencia recurrida que la fundamentación controvertida de la Comisión no era suficiente.
      
      c)      Sobre la posibilidad de eliminar la competencia
      299. Por último, Aseprofar alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al afirmar que la Comisión realizó un examen
         insuficiente del cuarto requisito del artículo 81 CE, apartado 3, es decir, de la posibilidad de eliminar la competencia.
         En primer lugar, la Comisión declaró en el considerando 188 de la Decisión impugnada que GSK no había aportado ninguna prueba
         a este respecto. A continuación, la Comisión señaló en el citado considerando que GSK tenía, en lo que respecta a determinados
         productos, cuotas de mercado considerables en varios Estados miembros. Además, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia
         incurrió en error de Derecho en el apartado 315 de la sentencia recurrida al afirmar que la Comisión habría debido ponderar
         la restricción de la competencia a través de los precios y la competencia centrada en la innovación. La Comisión no estaba
         obligada a rebatir alegaciones que GSK no formuló durante el procedimiento administrativo. Por lo demás, una ponderación habría
         llevado a la conclusión de que ha de darse prioridad a la competencia en los precios. Por último, la alusión del Tribunal
         de Primera Instancia a que la definición del mercado no está suficientemente clara en el apartado 314 de la sentencia recurrida
         no resulta convincente, pues, con independencia de la definición del mercado, ha de presumirse que la posición de GSK en el
         mercado es una posición fuerte.
      
      300. Procede desestimar esta alegación por inoperante. El Tribunal de Primera Instancia apoyó su conclusión básicamente en la motivación
         recogida en el apartado 312 de la sentencia recurrida, en el que declaró que la Comisión no zanjó realmente la cuestión de
         la fuerza de GSK en el mercado. Dado que esta parte de la motivación no ha sido impugnada por Aseprofar, las alegaciones dirigidas
         contra los apartados 314 y 315 de la sentencia recurrida son inoperantes.
      
      301. Por lo demás, la alegación también es infundada. La Comisión, en contra de las alegaciones de Aseprofar, no señaló en el considerando
         188 de la Decisión impugnada que GSK no hubiera formulado ninguna alegación en relación con el cuarto requisito, sino únicamente
         que no expuso ningún argumento a este respecto que no hubiera formulado ya en otro contexto. Además ha de indicarse que la
         Comisión no puede, en aras de una buena administración, (133) dejar sin examinar determinados elementos que sean manifiestos o que se desprendan de las alegaciones de las partes sólo
         porque las partes no los hayan aducido expresamente en relación con uno de los requisitos del artículo 81 CE, apartado 3.
         Así pues, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la Comisión debería haber tenido en cuenta al menos que,
         en relación con los medicamentos patentados, GSK quedaba expuesta a la competencia potencial de los fabricantes de medicamentos
         genéricos tras la expiración de la patente.
      
      3.      Conclusión
      302. Así pues, procede desestimar en su totalidad el recurso de casación interpuesto por Aseprofar.
      
      E.      Conclusión
      303. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que desestime en su totalidad el recurso de casación interpuesto por la
         Comisión en el asunto C‑513/06 P, el recurso de casación interpuesto por EAEPC en el asunto C‑515/06 P, el recurso de casación
         interpuesto por Aseprofar en el asunto C‑519/06 P y la adhesión a la casación de la Comisión y de Aseprofar en el asunto C‑501/06 P.
      
      304. Ahora bien, en este contexto quiero señalar expresamente que procede anular el artículo 2 de la Decisión impugnada porque
         la motivación de la Comisión era insuficiente. Así pues, no se ha resuelto la cuestión de si las CGV pueden beneficiarse de
         una exención al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      VII. Resumen
      305. Por consiguiente, procede desestimar los recursos de casación interpuestos contra la sentencia recurrida. No obstante, el
         recurso de casación interpuesto por GSK en el asunto C‑501/06 P ha de desestimarse sustituyendo la fundamentación relativa
         al objeto de restringir la competencia de las CGV, y los recursos de casación interpuestos por la Comisión, EAEPC y Aseprofar
         en los asuntos C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, así como la adhesión a la casación en el asunto C‑501/06 P, deben desestimarse
         sustituyendo la parte de la fundamentación en la que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó el contenido de la Decisión
         impugnada.
      
      VIII. Conclusión
      En virtud de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia:
      1)         En el asunto C‑501/06 P, desestimar el recurso de casación interpuesto por GSK y la adhesión a la casación de la Comisión
         y de EAEPC y Aseprofar.
      
      2)         En el asunto C‑513/06 P, desestimar el recurso de casación interpuesto por la Comisión.
      3)         En el asunto C‑515/06 P, desestimar el recurso de casación interpuesto por EAEPC.
      4)         En el asunto C‑519/06 P, desestimar el recurso de casación interpuesto por Aseprofar.
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2008, Sot. Lélos kai Sia (C‑468/06, Rec. p. I‑0000). Sobre la
         valoración de las medidas unilaterales dirigidas a limitar el comercio paralelo de medicamentos, véanse también las conclusiones
         presentadas por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer el 1 abril de 2008 en este asunto, así como las conclusiones presentadas
         por el Abogado General Jacobs el 28 de octubre de 2004 en el asunto en el que recayó la sentencia Syfait y otros (C‑53/03,
         Rec. p. I‑4609).
      
      3 –	En lo sucesivo no se distinguirá entre GSK y el grupo al que pertenece.
      
      4 –	Decisión 2001/791 (CE) de la Comisión, de 8 de mayo de 2001 relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del
         Tratado CE, asuntos IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notificación), IV/36.997/F3 Aseprofar y Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3
         Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) y IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia) (DO L 302, p. 1).
      
      5 –	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de septiembre de 2006, GlaxoSmithKline Services/Comisión (T‑168/01, Rec.
         p. II‑2969).
      
      6 –	DO 9 L 40, p. 8.
      
      7 –	Según las declaraciones del Tribunal de Primera Instancia en los apartados 65 a 90 de la sentencia recurrida, la Comisión
         sostuvo acertadamente en la Decisión impugnada que las CGV constituyen un acuerdo. Esta afirmación es cuestionada por las
         partes del procedimiento de casación. 
      
      8 –	DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22.
      
      9 –	En el punto 1 del fallo el Tribunal de Primera Instancia anuló además los artículos 3 y 4 de la Decisión impugnada, en
         los que la Comisión ordenaba poner fin inmediatamente a la infracción y abstenerse de repetir la infracción constatada, así
         como informar de las medidas adoptadas.
      
      10 –	Sobre su toma en consideración en el marco de una respuesta a un recurso de casación, véanse los puntos 52 a 54 infra de las presentes conclusiones.
      
      11 –	Auto del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 2004, Comisión/CMA CGM y otros (C‑236/03 P, Rec. p. I‑0000), apartados
         25 y ss. En este contexto ha de señalarse también la jurisprudencia en virtud de la cual los motivos de casación son desestimados
         por inoperantes y, por tanto, no deben ser tenidos en cuenta cuando no son idóneos para invalidar el fallo de una sentencia;
         véase a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2001, Comisión y Francia/TF1 (C‑302/99 P y C‑308/99 P,
         Rec. p. I‑5603), apartados 26 a 29. La idea que subyace esta jurisprudencia puede ser igualmente invocada para apoyar el principio
         procesal conforme al cual no pueden impugnarse los fundamentos de Derecho de la sentencia cuando ello no puede afectar al
         fallo.
      
      12 –	En la medida en que, con determinados requisitos, puede afirmarse la admisibilidad de un recurso de casación, si se censura
         que el Tribunal de Justicia debió declarar la inadmisibilidad de un recurso y no desestimarlo por infundado [véanse a este
         respecto los puntos 25 a 29 de las conclusiones presentadas por la Abogado General Kokott el 15 de febrero de 2007 en el asunto
         en que recayó la sentencia Wunenberger/Comisión (C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333)], ello carece de relevancia en el caso de autos.
         En efecto, las pretensiones de la Comisión y de Aseprofar se dirigen contra la fundamentación del Tribunal de Justicia en
         relación con la existencia de una restricción de la competencia perseguida y, por tanto, contra el fondo de la sentencia recurrida.
         De todos modos, un recurso de casación mediante el cual el recurrente alega que el Tribunal debía haber inadmitido un recurso
         se dirige a la anulación de la sentencia y, por tanto, no puede considerarse que solicite el cambio de la motivación de ésta.
      
      13 –	Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
      
      14 –	Sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de junio de 1992, Lestelle/Comisión (C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755), apartado 28;
         de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión (C‑36/92 P, Rec. p. I‑1911), apartado 33; de 15 de diciembre de 1994, Finsider/Comisión
         (C‑320/92 P, Rec. p. I‑5697), apartado 37; de 13 de julio de 2000, Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843), apartado
         58; de 26 de marzo de 2009, Selex Sistemi Integrati/Comisión y Eurocontrol (C–113/07 P, Rec. p. I‑0000), apartados 66 a 68.
      
      15 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, p. 337), en particular pp. 303 y ss., y 17 de julio
         de 1997, Ferriere Nord/Comisión (C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411), apartados 13 a 15.
      
      16 –	Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
      
      17 –	Véanse los puntos 52 a 57 de las presentes conclusiones.
      
      18 –	Véase el punto 48 de las presentes conclusiones.
      
      19 –	Véanse los puntos 50 a 60 de las presentes conclusiones.
      
      20 –	Véanse los puntos 60 a 62 de las presentes conclusiones.
      
      21 –	Véase el punto 48 de las presentes conclusiones.
      
      22 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981),
         apartado 72.
      
      23 –	Véase el punto 70 de las presentes conclusiones.
      
      24 –	En este contexto ha de señalarse que, en la contestación al recurso de casación de GSK en el asunto C‑501/06 P, Aseprofar
         se remitió a sus observaciones formuladas en su escrito de contestación en el asunto C‑519/06 P.
      
      25 –	En cuanto a los detalles a este respecto, me remito a las observaciones formuladas en los puntos 52 a 57 de las presentes
         conclusiones.
      
      26 –	Sentencias LTM, citada en la nota 15, p. 303, y de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (56/64 y 58/64, Rec.
         p. 322), p. 390.
      
      27 –	Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.
      
      28 –	Apartados 114 a 116 de la sentencia recurrida.
      
      29 –	Apartados 117 a 119 de la sentencia recurrida.
      
      30 –	Apartado 121 de la sentencia recurrida.
      
      31 –	Apartado 122 de la sentencia recurrida.
      
      32 –	Apartado 122 de la sentencia recurrida.
      
      33 –	Apartado 133 de la sentencia recurrida.
      
      34 –	Apartado 134 de la sentencia recurrida.
      
      35 –	Apartado 147 de la sentencia recurrida.
      
      36 –	Sentencias LTM, citada en la nota 15, p. 303, y Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26, p. 390.
      
      37 –	Reiterada jurisprudencia desde la sentencia Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26, pp. 390 y ss.; véanse las
         sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
         y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123), apartado 261; de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers
         (C‑209/07, Rec. p. I‑0000), apartado 16, y de 18 de diciembre de 2008, Coop de France Bétail y Viande/Comisión (C‑101/07 P
         y C‑110/07 P, Rec. p. I‑0000), apartado 87.
      
      38 –	Sentencias de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125), apartado 122; de 8 de julio
         de 1999, Hüls/Comisión (C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287), apartado 163, y de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión (C‑235/92 P,
         Rec. p. I‑4539), apartado 123.
      
      39 –	Véase a tal respecto el punto 46 de mis conclusiones presentadas en el asunto Beef Industry Development Society y Barry
         Brothers, citado en la nota 37 de las presentes conclusiones.
      
      40 –	Sentencia de 1 de febrero de 1978, Miller International Schallplatten/Comisión (19/77, Rec. p. 131), apartado 7.
      
      41 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, Rec. p. 282), citada en la nota 15 de las presentes
         conclusiones, p. 303; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión
         (T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 y T‑388/94, Rec. p. II‑3141), apartado 136.
      
      42 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, LTM, citada en la nota 41, p. 303.
      
      43 –	Ello se debe a que también en el marco del examen de los efectos restrictivos de la competencia de un acuerdo pueden tenerse
         en cuenta los efectos potenciales del mismo; véase el punto 94 de las presentes conclusiones.
      
      44 –	Sentencias del Tribunal de Justicia LTM, citada en la nota 15 de las presentes conclusiones, p. 303; de 8 de noviembre
         de 1983, IAZ International Belgium y otros/Comisión (96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369), apartado
         25, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, citada en la nota 37 de las presentes conclusiones, apartados 16
         y 21; Miller/Comisión, citada en la nota 40, apartado 7; de 28 de marzo de 1984, CRAM y Rheinzink/Comisión (29/83 y 30/83,
         Rec. p. 1679), apartado 26, y de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173), apartados 66, 77
         y 78.
      
      45 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de junio de 1966, LTM, citada en la nota 15, p. 303.
      
      46 –	Véanse en particular la sentencia del Tribunal de Justicia IAZ International Belgium y otros/Comisión, citada en la nota
         44, apartados 23 a 27; de 28 de abril de 1998, Javico (C‑306/96, Rec. p. I‑1983), apartados 13 y 14, y General Motors/Comisión,
         citada en la nota 44, apartados 67 a 69. Sobre la sentencia Sot. Lélos kai Sia, citada en la nota 2, véase el punto 155 de
         las presentes conclusiones.
      
      47 –	Véase el punto 91 de las presentes conclusiones.
      
      48 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co. (24/67, Rec. p. 86), en particular p. 112.
      
      49 –	Véase el punto 90 de las presentes conclusiones.
      
      50 –	Säcker, F.J., Molle, A., en: Hirsch, G., Montag, F., Sächer, F.J., «Münchener Kommentar zum Europäischen und Deutschen
         Wettbewerbsrecht (Kartellrecht)», Beck, 2007, artículo 81, número marginal 490.
      
      51 –	Véanse a este respecto la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 2001, M6 y otros/Comisión
         (T‑112/99, Rec. p. II‑2459), apartados 72 a 77.
      
      52 –	Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de junio de 1982, Nungesser y Eisele/Comisión (258/78, Rec.
         p. 2015), apartados 57 a 58.
      
      53 –	Véase a este respecto el punto 57 de mis conclusiones presentadas en el asunto Beef Industry Development Society y Barry
         Brothers, citadas en la nota 37 de las presentes conclusiones.
      
      54 –	Sobre este aspecto véase el punto 49 de mis conclusiones presentadas en el asunto Beef Industry Development Society y Barry
         Brothers, citadas en la nota 37 de las presentes conclusiones.
      
      55 –	Ibidem. Véase a este respecto también Bellamy & Child, «European Community Law of Competition», Oxford, 6ª ed. 2008, nota a pie
         de página 291 al número marginal 2.069.
      
      56 –	Véase a este respecto los apartados 52 a 57 de la sentencia Sot. Lélos kai Sia, citada en la nota 2 de las presentes conclusiones,
         que abordaré en concreto en el punto 155 infra de las presentes conclusiones.
      
      57 –	Véase el punto 90 de las presentes conclusiones.
      
      58 –	Sentencias del Tribunal de Justicia Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26 de las presentes conclusiones, pp. 386
         y ss.; de 24 de octubre de 1995, Volkswagen y VAG Leasing (C‑266/93, Rec. p. I‑3477), apartado 17, y de 28 de abril de 1998,
         Javico, citada en la nota 46, apartado 11.
      
      59 –	T‑213/01 y T‑214/01, Rec. p. II‑1601.
      
      60 –	Citada en la nota 26.
      
      61 –	Véase el punto 140 de las presentes conclusiones.
      
      62 –	Véase a este respecto la sentencia LTM, citada en la nota 41 de las presentes conclusiones, p. 303.
      
      63 –	Véase el artículo 225 CE, apartado 1, segundo párrafo, y el artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
      
      64 –	Sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, citada en la nota 22 de las
         presentes conclusiones, apartado 49; de 4 de marzo de 1999, Ufex y otros/Comisión (C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341), apartado 66;
         auto del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1999, Infrisa/Comisión (C‑437/98 P, Rec. p. I‑7145), apartado 34, y de 10
         de julio de 2001, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas (C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281), apartados 19 y 20.
      
      65 –	Véanse en particular las pp. 14 y ss. del escrito de respuesta de GSK, de 21 de abril de 2006, a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia, el 7 de marzo de 2006, en el procedimiento de primera instancia.
      
      66 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587), apartado 53, y de
         13 de diciembre de 2001, Cubero Vermurie/Comisión (C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315), apartado 20.
      
      67 –	Véanse los puntos 178 y ss. de las conclusiones presentadas por el Abogado General Léger el 4 de julio de 1996 en el asunto
         en que recayó la sentencia Ojha/Comisión (C‑294/95 P, Rec. p. I‑5863).
      
      68 –	Véanse los puntos 89 a 94 y 95 a 123 de las presentes conclusiones.
      
      69 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión (C‑164/98 P, Rec. p. I‑447),
         apartados 43 a 49.
      
      70 –	Véanse los puntos 89 a 94 de las presentes conclusiones.
      
      71 –	Véanse los considerandos 115 a 125 de la Decisión impugnada.
      
      72 –	Véase el punto 91 de las presentes conclusiones.
      
      73 –	Véanse las sentencias IAZ International Belgium y otros/Comisión, citada en la nota 44, apartados 23 a 27; Javico, citada
         en la nota 46, apartados 13 y 14, y General Motors/Comisión, citada en la nota 46, apartados 67 a 69.
      
      74 –	Véase el punto 91 de las presentes conclusiones.
      
      75 –	Citada en la nota 2 de las presentes conclusiones.
      
      76 –	Así lo confirmó el Tribunal de Primera Instancia; véanse los apartados 103 a 108 de la sentencia recurrida.
      
      77 –	Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1979, BMW Belgium y otros/Comisión (32/78, 36/78 a 82/78,
         Rec. p. 2435), apartado 5; de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, citada en la nota 46, apartado 75; sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1999, BASF/Comisión (T‑175/95, Rec. p. II‑1581), apartados 133 a 136, en respuesta
         a las alegaciones recogidas en los apartados 121 a 123.
      
      78 –	Sentencia Sot. Lélos kai Sia, citada en la nota 2, apartados 65 y 66.
      
      79 –	Schröter, H., en: Schröter, H., Jakob, T., Mederer, W., «Kommentar zum Europäischen Wettbewerbsrecht», Nomos, 2003, introducción
         al artículo 81, número marginal 20.
      
      80 –	Aseprofar aludió a este aspecto; véase el considerando 106 de la Decisión impugnada.
      
      81 –	Véase el considerando 120 de la Decisión impugnada.
      
      82 –	En este sentido véase también la sentencia Sot. Lélos kai Sia, citada en la nota 2, apartado 63.
      
      83 –	Véanse los puntos 147 a 169 de las presentes conclusiones.
      
      84 –	Apartado 235 de la sentencia recurrida.
      
      85 –	Apartado 236 de la sentencia recurrida.
      
      86 –	Apartado 241 de la sentencia recurrida.
      
      87 –	Apartado 242 de la sentencia recurrida.
      
      88 –	Apartado 243 de la sentencia recurrida.
      
      89 –	Apartado 247 de la sentencia recurrida.
      
      90 –	Apartado 249 de la sentencia recurrida.
      
      91 –	Apartado 250 de la sentencia recurrida.
      
      92 –	Apartados 263 a 268 de la sentencia recurrida.
      
      93 –	Apartados 269 a 302 de la sentencia recurrida.
      
      94 –	Apartado 303 de la sentencia recurrida.
      
      95 –	Apartado 308 de la sentencia recurrida.
      
      96 –	Apartados 309 a 315 de la sentencia recurrida.
      
      97 –	Auto del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1995, Hogan/Tribunal de Justicia (C‑173/95 P, Rec. p. I‑4905), apartado 20.
      
      98 –	En la medida en que la Comisión censura en este contexto que el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta los efectos
         de las normas nacionales sobre precios en el marco del artículo 81 CE, apartado 3, puesto que la Comisión ha formulado ya
         de forma pormenorizada esta alegación en otro punto, me remito, para evitar reiteraciones, a los puntos 195 a 212 de las presentes
         conclusiones.
      
      99 –	Sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, Rec. p. I‑987), apartado
         39, y del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005, General Electric/Comisión (T‑210/01, Rec. p. II‑5575),
         apartados 62 y 63.
      
      100 –	Sentencias de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión (42/84, Rec. p. 2545), apartado 34, y de 17 de noviembre de 1987,
         BAT y Reynolds/Comisión (142/84 y 156/84, Rec. p. 4487), apartado 62.
      
      101 –	En efecto, la Comisión no tiene que examinar las alegaciones y pruebas no pertinentes.
      
      102 –	Faull, J., Nikpay, A., «The EC law of competition», Oxford University Press, 2ª ed. 2007, número marginal 3.339A.
      
      103 –	Véanse a este respecto los apartados 226 a 236 de las presentes conclusiones.
      
      104 –	Sentencia Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26, pp. 386 y ss.; sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 15 de julio de 1994, Matra Hachette/Comisión (T‑17/93, Rec. p. II‑595), apartados 108 a 111.
      
      105 –	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2003, Van den Bergh Foods/Comisión (T‑65/98, Rec. p. II‑4653),
         apartado 143.
      
      106 –	Schröter, H., citado en la nota 79 de las presentes conclusiones, artículo 81 CE, apartado 3, número marginal 343, exige
         una elevada probabilidad.
      
      107 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1987, Verband der Sachversicherer/Comisión (45/85, Rec. p. 405), apartado 15.
      
      108 –	Sentencia DIR International Film y otros/Comisión (citada en la nota 69 de las presentes conclusiones), apartados 44 a 48.
      
      109 –	Véanse los puntos 188 y ss. de las presentes conclusiones.
      
      110 –	COM(1998) 588 final.
      
      111 –	COM(1998) 588 final.
      
      112 –	Sobre las deficiencias del examen en particular, véase el punto 239 de las presentes conclusiones.
      
      113 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1987, Verband der Sachversicherer/Comisión (citada en la nota 107
         de las presentes conclusiones).
      
      114 –	Sobre este aspecto véase el punto 200 de las presentes conclusiones.
      
      115 –	Sentencia DIR International Film y otros/Comisión, citada en la nota 69 de las presentes conclusiones, apartados 44 a 48.
      
      116 –	Apartados 269 a 280 de la sentencia recurrida.
      
      117 –	Apartados 281 a 293 de la sentencia recurrida.
      
      118 –	Apartados 294 a 303 de la sentencia recurrida.
      
      119 –	Apartados 304 a 307 de la sentencia recurrida.
      
      120 –	Véase el punto 189 de las presentes conclusiones.
      
      121 –	Los apartados 295 y 296 de la sentencia recurrida permiten afirmar que el Tribunal de Primera Instancia parece haber entendido
         por el concepto de disminución de la eficacia atribuible al comercio paralelo una apreciación global del comercio paralelo
         en el sector de los medicamentos en cuanto fenómeno del mercado, tal como se recogía en la Comunicación relativa al mercado
         único de los productos farmacéuticos [COM(1998) 588 final].
      
      122 –	Dado que EAEPC reprocha, en relación con el apartado 277 de la sentencia recurrida, la existencia de un error de Derecho
         en forma de desnaturalización de elementos de prueba, ha de indicarse ya en este punto que tal imputación es infundada; véanse
         los puntos 279 y ss. de las presentes conclusiones.
      
      123 –	En este contexto ha de invocarse el punto 54 de las Directrices de la Comisión relativas a la aplicación del apartado 3
         del artículo 81 del Tratado (DO 2004 C 101, p. 97). De conformidad con el citado punto, la acreditación de un incremento de
         la eficacia basada en efectos indirectos no está excluida, sino que es por lo general excesivamente vaga e imprecisa.
      
      124 –	Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2003, Van den Bergh Foods/Comisión (T‑65/98, Rec.
         p. II‑4653), apartado 143, en la que la Comisión se basó en un análisis de mercado. Esta posibilidad debe darse también para
         las empresas.
      
      125 –	COM(1998) 588 final.
      
      126 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión (15/76 y 16/76, Rec. p. 321), apartado 7.
      
      127 –	COM(1998) 588 final.
      
      128 –	Sentencia Consten y Grundig, citada en la nota 26 de las presentes conclusiones, p. 397.
      
      129 –	Véase la jurisprudencia citada en la nota 97.
      
      130 –	Véase el punto 121 de las presentes conclusiones.
      
      131 –	Schröter, H., citado en la nota 106 de las presentes conclusiones, artículo 81 CE, apartado 3, número marginal 307.
      
      132 –	Sentencia Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26 de las presentes conclusiones, pp. 395 y ss.
      
      133 –	Sentencia Consten y Grundig/Comisión, citada en la nota 26 de las presentes conclusiones, pp. 395 y ss.