CELEX: 62012CA0475
Language: es
Date: 2014-04-30 00:00:00
Title: Asunto C-475/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (Sector de las telecomunicaciones — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Libre prestación de servicios — Artículo 56 TFUE — Directiva 2002/21/CE — Prestación transfronteriza de un paquete de programas de radio y de televisión — Acceso condicional — Competencia de las autoridades nacionales de reglamentación — Registro — Obligación de establecimiento)

24.6.2014   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 194/3
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 30 de abril de 2014 [petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Hungría] — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
   (Asunto C-475/12) (1)
   
   ((Sector de las telecomunicaciones - Redes y servicios de comunicaciones electrónicas - Libre prestación de servicios - Artículo 56 TFUE - Directiva 2002/21/CE - Prestación transfronteriza de un paquete de programas de radio y de televisión - Acceso condicional - Competencia de las autoridades nacionales de reglamentación - Registro - Obligación de establecimiento))
   2014/C 194/04
   Lengua de procedimiento: húngaro
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság)
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: UPC DTH Sàrl
   
      Demandada: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Fővárosi Törvényszék (anteriormente Fővárosi Bíróság) — Interpretación del artículo 56 TFUE y del artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 337, p. 37) — Sociedad establecida en un Estado miembro que se dedica a la comercialización de paquetes de radio y de televisión por satélite y que presta sus servicios a una clientela establecida en otros Estados miembros de la Unión — Normativa nacional del Estado miembro de los destinatarios del servicio que sólo autoriza la prestación a las empresas establecidas en su territorio — Competencia de las autoridades nacionales de reglamentación del Estado miembro de los destinatarios de la prestación.
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               El artículo 2, letra c), de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de que un servicio consistente en garantizar, mediante contraprestación, el acceso condicional a un paquete transmitido vía satélite que incluye servicios de difusión de programas radiofónicos y televisivos está comprendido en el concepto de «servicio de comunicaciones electrónicas», en el sentido de dicha disposición.
               El hecho de que el referido servicio incluya un sistema de acceso condicional, en el sentido del artículo 2, letras e bis) y f), de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140, carece de relevancia a este respecto.
               Debe considerarse que el operador que presta un servicio como el controvertido en el litigio principal es un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas en el sentido de la Directiva 2002/21, en su versión modificada por la Directiva 2009/140.
            
         
               2)
            
            
               En circunstancias como las del litigio principal, un servicio consistente en garantizar, mediante contraprestación, el acceso condicional a un paquete transmitido vía satélite que incluye servicios de difusión de programas radiofónicos y audiovisuales constituye una prestación de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE.
            
         
               3)
            
            
               Los procedimientos de vigilancia relativos a los servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, son competencia de las autoridades del Estado miembro en el que residan los destinatarios de los citados servicios.
            
         
               4)
            
            
               El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:
               
                           —
                        
                        
                           no se opone a que los Estados miembros impongan a las empresas que presten en su territorio servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, la obligación de registrar dichos servicios, siempre que actúen dentro del respeto de las exigencias definidas en el artículo 3 de la Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «autorización»), en su versión modificada por la Directiva 2009/140, y
                        
                     
                           —
                        
                        
                           en cambio, se opone a que las empresas que deseen prestar servicios de comunicaciones electrónicas, como el del litigio principal, en un Estado miembro distinto de aquel en cuyo territorio están establecidas se vean obligadas a crear en él una sucursal o una entidad jurídica distinta de la situada en el Estado miembro de emisión.
                        
                     
         
      (1)  DO C 26, de 26.1.2013.