CELEX: 32021D1943
Language: es
Date: 2021-06-14 00:00:00
Title: Decisión (UE) 2021/1943 de la Comisión de 14 de junio de 2021 relativa a la ayuda estatal SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2011/CP) ejecutada por Eslovaquia en favor de NCHZ [notificada con el número C(2021) 4185] (El texto en lengua eslovaca es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE)

10.11.2021   
               
               
                  ES
               
               
                  Diario Oficial de la Unión Europea
               
               
                  L 397/1
               
            
         DECISIÓN (UE) 2021/1943 DE LA COMISIÓN
         de 14 de junio de 2021
         relativa a la ayuda estatal SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2011/CP) ejecutada por Eslovaquia en favor de NCHZ
         
            
               [notificada con el número C(2021) 4185]
            
         
         (El texto en lengua eslovaca es el único auténtico)
         (Texto pertinente a efectos del EEE)
         LA COMISIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,
         Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),
         Vista la Decisión mediante la cual la Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1),
         Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los citados artículos, y teniendo en cuenta dichas observaciones,
         Considerando lo siguiente:
         1.   PROCEDIMIENTO
         
         1.1.   Incoación y conclusión del procedimiento de investigación formal
         
         
                     (1)
                  
                  
                     Mediante carta de 2 de julio de 2013, la Comisión informó a Eslovaquia de su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») (2) en relación con varias medidas en favor de Novácke chemické závody, a.s. v konkurze («NCHZ») supuestamente ejecutadas por Eslovaquia.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Mediante su Decisión (UE) 2015/1826 (3), de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA. 33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) ejecutada por Eslovaquia en favor de NCHZ («Decisión inicial»), la Comisión concluyó en su artículo 2 que la decisión adoptada por la junta de acreedores de permitir la continuidad de las actividades de NCHZ tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas no constituía ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     El procedimiento que precedió a la adopción de la Decisión inicial se expone en los considerandos 1 a 9 de esta.
                  
               1.2.   Sentencia del Tribunal General en el asunto T-284/15
         
         
                     (4)
                  
                  
                     A raíz de un recurso interpuesto por AlzChem AG, el Tribunal General, mediante su sentencia de 13 de diciembre de 2018 en el asunto T-284/15 (4), anuló el artículo 2 de la Decisión inicial debido a que la Comisión incumplió la obligación de motivación de su apreciación de la existencia de una ventaja económica y de la imputabilidad al Estado, en relación con la decisión de permitir la continuación de las actividades de NCHZ después del 31 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «medida»). En particular, la motivación insuficiente se refería a: i) el papel del Tribunal de Distrito de Trenčín (en lo sucesivo, «el órgano jurisdiccional concursal») en la decisión sobre la continuación de las actividades de NCHZ; ii) la existencia de derechos de veto de los acreedores públicos en la decisión sobre la continuación de las actividades de NCHZ; iii) el riesgo de acumulación de créditos de los acreedores después del 31 de diciembre de 2010, y iv) la pertinencia del análisis económico y de la presentación de gestión de NCHZ para la toma de decisiones de los acreedores en enero de 2011.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Por lo que se refiere al primer punto, a saber, el papel del órgano jurisdiccional concursal en la decisión sobre la continuación de las actividades de NCHZ, el Tribunal General declaró que, en la Decisión inicial, la Comisión debería haber explicado cómo había considerado el papel del órgano jurisdiccional concursal en el proceso de toma de decisiones y las razones que le llevaron a concluir que la decisión de continuar la explotación de NCHZ no era imputable a dicho órgano jurisdiccional concursal. En concreto, el Tribunal General señaló que la Decisión inicial menciona en varios casos la decisión de los acreedores de 26 de enero de 2011 (5), mediante la cual acordaron continuar la explotación de NCHZ, sin hacer referencia a la intervención del órgano jurisdiccional concursal el 17 de febrero de 2011, que otorgó carácter vinculante a la decisión de 26 de enero de 2011 para el administrador concursal. Además, la apreciación de la imputabilidad en la Decisión inicial no mencionaba la resolución del órgano jurisdiccional concursal de 17 de febrero de 2011.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Además, el Tribunal General recordó que, en la vista celebrada el 11 de abril de 2018, cuando preguntó a la Comisión si el órgano jurisdiccional concursal debía limitarse a evaluar el cumplimiento de los aspectos formales de la decisión de los acreedores o si también estaba obligado a comprobar la validez de la Decisión y podía llegar a una conclusión diferente, la Comisión no pudo dar una respuesta a este respecto. El Tribunal General también señaló las circunstancias particulares en las que intervino el órgano jurisdiccional concursal en el presente asunto, a saber, como miembro del organismo competente (6).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Por lo que respecta al segundo punto, a saber, los derechos de veto de los acreedores públicos, el Tribunal General mantuvo que la Decisión inicial contenía explicaciones incoherentes sobre si los acreedores garantizados miembros del organismo competente (7) constituían un «organismo» que tomaba decisiones por mayoría o si se dio a conocer individualmente su punto de vista; en este último caso, en la Decisión inicial no explicó el motivo por el que no tenían derecho de veto (8).
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Por lo que se refiere al tercer punto, a saber, el riesgo de acumulación de créditos, el Tribunal General declaró que, aunque la Decisión inicial había demostrado la existencia de un riesgo de aumento de los créditos para determinados acreedores públicos garantizados después del 31 de diciembre de 2010, no estaba claro si la Comisión tuvo en cuenta ese riesgo ni cómo lo consideró al aplicar el criterio del acreedor privado. Además, el Tribunal General también señaló que la conclusión de la Comisión según la cual la decisión de los acreedores públicos sobre la continuidad de las actividades de NCHZ se adoptó al mismo tiempo y en las mismas condiciones (pari passu) que las decisiones de los acreedores privados comparables, era incompatible con una indicación en otro apartado de la Decisión inicial de que algunos de esos acreedores públicos se encontraban en una situación diferente, ya que sus créditos habían aumentado durante la quiebra de NCHZ en el período transcurrido hasta el 31 de diciembre de 2010.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     En cuanto al cuarto punto, a saber, la pertinencia del análisis económico y la presentación de gestión de NCHZ para la toma de decisiones de los acreedores en enero de 2011, el Tribunal General indicó que, según la Decisión inicial, ambos documentos sirvieron de base para la decisión de los acreedores anteriores a la quiebra. Por lo que se refiere al análisis económico, el Tribunal General sostuvo que la Comisión consideró acertadamente que el análisis económico podía servir de base para la decisión de los acreedores; sin embargo, también señaló que la Decisión inicial no indicaba que este análisis tuviera en cuenta el coste de la continuación de las actividades de NCHZ para los acreedores cuyos créditos habían aumentado durante el procedimiento concursal. Por lo tanto, no estaba claro por qué debía examinarse el comportamiento de dichos acreedores en el marco del criterio del acreedor privado sobre la base de dicho análisis. Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General consideró también inoperante la alegación de AlzChem de que la presentación de gestión no era pertinente para apreciar el comportamiento de los acreedores públicos. Según el Tribunal General, la Decisión inicial no motivó suficientemente la pertinencia de estos dos documentos (el análisis económico y la presentación de gestión) a efectos del análisis efectuado por la Comisión de la situación de los acreedores públicos cuyos créditos habían aumentado durante el procedimiento concursal.
                  
               1.3.   Procedimiento judicial relativo al primer período concursal
         
         
                     (10)
                  
                  
                     Un procedimiento judicial conexo se refería al primer período concursal de NCHZ, durante el cual NCHZ disfrutó de la condición de sociedad estratégica con arreglo a la Ley sobre las sociedades estratégicas. El 24 de septiembre de 2019, el Tribunal General confirmó la conclusión de la Comisión sobre la incompatibilidad de la ayuda y, en consecuencia, desestimó el recurso de anulación interpuesto contra el artículo 1 de la Decisión inicial en el asunto T-121/15 (9). El 29 de abril de 2021, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por Fortischem, a.s. (en lo sucesivo «Fortischem»), contra la sentencia del Tribunal General (10).
                  
               1.4.   Reapertura del procedimiento de investigación formal
         
         
                     (11)
                  
                  
                     Habida cuenta de la anulación por parte del Tribunal General del artículo 2 de la Decisión inicial, el procedimiento de investigación formal sigue abierto en lo que respecta a la decisión de permitir la continuidad de las actividades de NCHZ tras la expiración de la sección pertinente de la Ley sobre las sociedades estratégicas.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     La Comisión invitó a Eslovaquia y a las partes interesadas que habían presentado observaciones a presentar de nuevo comentarios sobre la medida, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018. Eslovaquia presentó observaciones el 14 de febrero de 2020.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     La Comisión recibió, asimismo, observaciones de tres partes interesadas el 5 de diciembre de 2019, el 19 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020, respectivamente. Las transmitió a Eslovaquia, dándole la oportunidad de responder a ellas. Las observaciones de Eslovaquia se recibieron por carta el 28 de mayo de 2020.
                  
               2.   ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LAS MEDIDAS
         
         2.1.   El beneficiario
         
         
                     (14)
                  
                  
                     NCHZ era un productor eslovaco de productos químicos especializados (por ejemplo, carburo de calcio, PVC y productos químicos básicos), que empleaba a cerca de 1 400 empleados de aquí a 2008, cuyas actividades y operaciones se exponen con más detalle en los considerandos 10 a 11 de la Decisión inicial (11). La empresa era de propiedad privada (12).
                  
               2.2.   Procedimiento concursal de NCHZ y del organismo competente
         
         
                     (15)
                  
                  
                     Después de que NCHZ se declarara en quiebra el 8 de octubre de 2009, se adoptó la Ley sobre las sociedades estratégicas (13), que se aplicaba a NCHZ desde el momento en que el Gobierno nombró sociedad estratégica a NCHZ el 2 de diciembre de 2009 (en lo sucesivo, «el primer período concursal»).
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Después de que la Ley sobre las sociedades estratégicas dejara de aplicarse a NCHZ el 31 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «el segundo período concursal»), la continuidad de las actividades de NCHZ ya no estaba garantizada en virtud de dicha Ley. Como consecuencia de ello, el administrador concursal (en lo sucesivo, «el administrador») ya no estaba legalmente obligado a mantener la continuidad de las operaciones de la empresa.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     Las pérdidas de NCHZ habían ido aumentando continuamente desde la apertura del procedimiento concursal contra NCHZ y los costes de explotación de la empresa eran superiores a los ingresos procedentes de su explotación. En virtud de la Ley concursal (14), cuando los costes de explotación de la empresa en quiebra superan a los ingresos procedentes de su explotación, el administrador está obligado a informar de esta situación al organismo competente pertinente («el organismo competente») (15), que es un organismo colectivo, y a pedirle instrucciones sobre si debe mantener las actividades de la empresa y en qué medida (16).
                  
               
                     (18)
                  
                  
                     La composición del organismo competente se establece con arreglo a las disposiciones de la Ley concursal y es específica para cada caso de quiebra. En el caso de NCHZ, el organismo competente constaba de: i) la junta de acreedores, un órgano electo que representaba a los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra; ii) los acreedores garantizados anteriores a la quiebra, y iii) el órgano jurisdiccional concursal. (17)
                     
                  
               
                     (19)
                  
                  
                     De conformidad con la Ley concursal (18), los acreedores que posean los denominados «créditos reconocidos» («zistené pohľadávky»), es decir, los créditos registrados ante el administrador concursal que no fueron rechazados por el administrador, eligen a los miembros de la junta de acreedores en la reunión de acreedores. A través de la junta de acreedores, los acreedores que posean créditos no garantizados reconocidos pueden ejercer sus derechos en el procedimiento concursal (19). Los miembros de la junta de acreedores están obligados a actuar en el interés superior de todos los acreedores no garantizados (20), maximizando la satisfacción de sus créditos (21). Además de la junta de acreedores, con arreglo a la Ley concursal, el órgano jurisdiccional concursal y el administrador concursal también deben ocuparse de la insolvencia del deudor de manera que se alcance la tasa de recuperación más elevada posible para los acreedores (22).
                  
               
                     (20)
                  
                  
                     En lo que respecta a NCHZ, en el momento que nos ocupa la junta de acreedores estaba compuesta por cinco entidades, a saber: i) Invest-Kredit, s.r.o.; ii) Novácka Energetika, a.s.; iii) M-Energo, s.r.o.; iv) el Fondo de propiedad nacional eslovaca («Fond národného majetku SR»); y v) Dak Kiaba, s.r.o. Cuatro de los miembros de la junta de acreedores eran entidades de propiedad privada (23); la única entidad pública de la junta de acreedores era el Fondo de propiedad nacional eslovaca («Fond národného majetku SR»). Salvo en el caso de Invest-Kredit, s.r.o., los miembros privados de la junta de acreedores no tenían ningún vínculo de capital con el propietario de NCHZ, como se estableció en el procedimiento ante el Tribunal General (24).
                  
               
                     (21)
                  
                  
                     El organismo competente estaba constituido también por seis acreedores garantizados anteriores de la quiebra («acreedores garantizados afectados») que habían reconocido créditos garantizados por una garantía real y en relación con bienes que formaban una masa concursal independiente. Los dos acreedores privados garantizados eran Post Bank («Poštová banka, a.s.») y NLB Factor, a.s. Los cuatro acreedores restantes eran entidades públicas, a saber: i) la ciudad de Nováky («mesto Nováky»); ii) el Fondo de propiedad nacional eslovaca; iii) el Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo («Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.»); y iv) el Fondo de defensa del medio ambiente («Enviromentálny fond»).
                  
               
                     (22)
                  
                  
                     Con arreglo a la Ley concursal (25), el órgano jurisdiccional concursal también es miembro del organismo competente cuando, por lo que respecta a los bienes que constituyen una masa concursal independiente (a diferencia de la masa general), un administrador rechaza un crédito garantizado de un acreedor garantizado (26). En el caso de NCHZ, el administrador desestimó el supuesto crédito del acreedor privado garantizado Redquest Limited (27), que recurrió dicha denegación. Por lo tanto, y (únicamente) debido a la existencia del crédito impugnado de Redquest Limited, el órgano jurisdiccional concursal también formaba parte del organismo competente junto con la junta de acreedores y los acreedores garantizados. En calidad de miembro del organismo competente, el órgano jurisdiccional concursal vela por los intereses legítimos de los acreedores afectados y por sus declaraciones, así como por las declaraciones de otros miembros del organismo competente (véase también el considerando 42). De la composición antes mencionada del organismo competente se desprende que los acreedores públicos representados en dicho organismo fueron la ciudad de Nováky, el Fondo de propiedad nacional eslovaca, el Banco Eslovaco de Garantía y Desarrollo y el Fondo de defensa del medio ambiente.
                  
               2.3.   Descripción de la medida
         
         
                     (23)
                  
                  
                     La medida objeto de evaluación es la decisión del organismo competente de dar instrucciones al administrador concursal de que continuara la explotación de NCHZ. La medida fue adoptada el 26 de enero de 2011 por unanimidad por la junta de acreedores y los acreedores garantizados. El órgano jurisdiccional concursal, que actúa como miembro del organismo competente tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas el 31 de diciembre de 2010, otorgó carácter vinculante a la medida el 17 de febrero de 2011.
                  
               
                     (24)
                  
                  
                     Las deudas pendientes de NCHZ con los acreedores públicos o estatales contraídas durante el procedimiento concursal ascendían a unos 13,4 millones EUR el 1 de agosto de 2012, fecha en que finalizaba el segundo período concursal. En el cuadro 1 se muestra este aumento de las deudas con los acreedores públicos contraídas por NCHZ en el primer y segundo período concursal (como ya se indica en el considerando 23 de la Decisión inicial). Estas deudas se definen como «reclamaciones contra los bienes» (28). Las deudas pendientes de NCHZ con sus acreedores públicos contraídas durante el procedimiento concursal se describen con más detalle en los considerandos 22 a 25 de la Decisión inicial.
                     
                        Cuadro 1
                     
                     
                        Deudas de NCHZ con acreedores públicos (contraídas durante el primer y segundo período concursal, situación a 1 de agosto de 2012)
                         (29)
                     
                     
                                 
                                    Autoridades públicas/empresas de propiedad estatal
                                 
                              
                              
                                 
                                    Importe de la deuda en EUR
                                 
                              
                           
                                 Empresa de seguridad social
                                 («Sociálna poisťovňa»)
                              
                              
                                 9 297 270,28 
                              
                           
                                 Empresa general del seguro de enfermedad
                                 («Všeobecná zdravotná poisťovňa»)
                              
                              
                                 1 549 019,98 
                              
                           
                                 Empresa estatal de gestión del agua («Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.»)
                              
                              
                                 1 354 321,00 
                              
                           
                                 Ciudad de Nováky
                                 (tasa de residuos, impuesto sobre bienes inmuebles)
                              
                              
                                 650 158,75 
                              
                           
                                 Fondo de defensa del medio ambiente
                              
                              
                                 475 678,64 
                              
                           
                                 RTVS, s.r.o.
                              
                              
                                 14 870,72 
                              
                           
                                 Varios municipios
                                 (tasa de residuos, impuesto sobre bienes inmuebles)
                              
                              
                                 5 704,40 
                              
                           
                                 Empresa común del seguro de enfermedad
                                 («Spoločná zdravotná poisťovna»)
                              
                              
                                 4 463,19 
                              
                           
                                 Autoridad fiscal de vehículos de motor
                                 («Daň z motorových vozidiel»)
                              
                              
                                 2 390,50 
                              
                           
                                 TOTAL
                              
                              
                                 
                                    13 353 877,46 
                                 
                              
                           
               
                     (25)
                  
                  
                     En el cuadro 2 se presentan las deudas pendientes de NCHZ con acreedores públicos o estatales contraídas durante el procedimiento concursal en momentos concretos.
                     
                        Cuadro 2
                     
                     
                        Deudas de NCHZ con acreedores públicos: a partir de la fecha de declaración de la quiebra, y aquellas contraídas durante el procedimiento concursal pendientes a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010
                         (30)
                     
                     
                                 Autoridades públicas/empresas de propiedad estatal
                              
                              
                                 Importe de la deuda en EUR
                                 a partir de la fecha de declaración de la quiebra
                              
                              
                                 Importe de la deuda contraída durante el procedimiento concursal en EUR
                                 a 31 de diciembre de 2009
                              
                              
                                 Importe de la deuda contraída durante el procedimiento concursal en EUR
                                 a 31 de diciembre de 2010
                              
                           
                                 Empresa de seguridad social
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 544 001,99 
                              
                              
                                 3 878 065,44 
                              
                           
                                 Empresa general del seguro de enfermedad
                              
                              
                                 72 442,24 
                              
                              
                                 91 694,96 
                              
                              
                                 626 702,68 
                              
                           
                                 Empresa estatal de gestión del agua
                              
                              
                                 91 213,48 
                              
                              
                                 66 595,2 
                              
                              
                                 732 177,68 
                              
                           
                                 Ciudad de Nováky
                              
                              
                                 67 645,53  (*)
                                 
                              
                              
                                 156,34 
                              
                              
                                 48 367,11 
                              
                           
                                 Fondo de defensa del medio ambiente
                              
                              
                                 1 019 792,01  (**)
                                 
                              
                              
                                 29 762,71 
                              
                              
                                 222 954,21 
                              
                           
                                 RTVS, s.r.o.
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 929,42 
                              
                              
                                 6 041,23 
                              
                           
                                 Varios municipios (tasa de residuos)
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 470,00 
                              
                           
                                 Empresa común del seguro de enfermedad
                              
                              
                                 2 484,19 
                              
                              
                                 2 676,82 
                              
                              
                                 4 463,19 
                              
                           
                                 Compañía Union de seguro de enfermedad
                              
                              
                                 7 212,77 
                              
                              
                                 9 015,66 
                              
                              
                                 67 529,73 
                              
                           
                                 Compañía Dovera de seguro de enfermedad
                              
                              
                                 81 369,57 
                              
                              
                                 116 377,21 
                              
                              
                                 827 004,92 
                              
                           
               
                     (26)
                  
                  
                     Los créditos posteriores a la quiebra del Fondo de defensa del medio ambiente contraídos en el primer período concursal consistían principalmente en la tasa de contaminación atmosférica por un importe de 192 454 EUR, que se impuso en nombre del Fondo de defensa del medio ambiente en mayo de 2010 por contaminación atmosférica en 2009. Se determinó que la tasa de contaminación atmosférica en 2011, impuesta en mayo de 2011 por contaminación en 2010, suponía 170 070 EUR. A finales de 2010, los créditos posteriores a la quiebra debido al impago parcial de la tasa anual por contaminación atmosférica ascendían a 222 954 EUR.
                  
               
                     (27)
                  
                  
                     El principal crédito posterior a la quiebra adeudado a la ciudad de Nováky en el primer período concursal era el impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al año 2010, impuesto en marzo de 2010, y fijado en 523 793 EUR. A finales de 2010, los créditos posteriores a la quiebra ascendían a 29 762 EUR (principalmente derivados de la obligación de NCHZ de abonar el impuesto sobre bienes inmuebles).
                  
               
                     (28)
                  
                  
                     Como se indica en el considerando 17, cuando los costes de explotación de NCHZ superaban los ingresos y la Ley sobre las sociedades estratégicas ya no se aplicaba a NCHZ, el administrador estaba obligado a informar al organismo competente y a solicitar instrucciones. Conforme a lo dispuesto en la Ley concursal, el administrador informó de la situación a los miembros de la junta de acreedores y a todos los acreedores garantizados en una reunión conjunta celebrada el 26 de enero de 2011.
                  
               
                     (29)
                  
                  
                     En la reunión del 26 de enero de 2011, la dirección de NCHZ presentó un estudio titulado «NCHZ Nováky – Estudio de viabilidad de reestructuración» («la presentación de gestión»), en el que se analizaban, entre otros aspectos, las consecuencias del cese de las actividades de NCHZ para hacer frente a las deudas de la empresa, el impacto en la región y en los ingresos del Estado y de la ciudad. En la presentación de gestión se llegó a la conclusión de que el cese de las actividades sería desfavorable para los intereses de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que los costes del cese de las actividades superarían sin duda el equilibrio alcanzado tras saldar las deudas de explotación y que la reanudación de las actividades a partir de entonces entrañaría costes muy elevados.
                  
               
                     (30)
                  
                  
                     La presentación de gestión también estudió la posibilidad de vender NCHZ como empresa en funcionamiento. La presentación puso de manifiesto que el valor actual neto de NCHZ imposibilitaba la venta. Sin embargo, la presentación señalaba que la empresa podría venderse con éxito tras la adopción de determinadas medidas de reestructuración. En concreto, dado que la Ley sobre las sociedades estratégicas impedía el despido de personal, NCHZ solo podía realizar los recortes de personal reduciendo los costes de explotación una vez que dicha Ley dejara de aplicarse al inicio del segundo período concursal.
                  
               
                     (31)
                  
                  
                     En la presentación se estudió, asimismo, la hipótesis de si la interrupción de las actividades permitiría saldar las deudas de NCHZ y se llegó a la conclusión de que el valor real esperado de los activos de la empresa solo ascendería a 15,5 millones EUR.
                  
               
                     (32)
                  
                  
                     La presentación de gestión también contenía un breve resumen del impacto que suponía el cese de las actividades de NCHZ para la región y para terceras partes (31). Algunos de sus efectos directos eran los despidos de aproximadamente 1 700 empleados y el aumento del desempleo. Se estimó que la disminución de los ingresos de la ciudad de Nováky debido a la disminución de la recaudación de impuestos y pagos municipales ascendió a 572 000 EUR anuales, de los cuales 526 000 EUR correspondían al impuesto sobre bienes inmuebles y 46 000 EUR a la tasa municipal de residuos (32). Por otro lado, se estimó que la caída prevista de los ingresos del Estado ascendía a 7,4 millones EUR anuales, que procedían principalmente de las contribuciones salariales (6,4 millones EUR), las tasas de aguas residuales (747 000 EUR) y la tasa de contaminación atmosférica (192 000 EUR).
                  
               
                     (33)
                  
                  
                     Además, los acreedores disponían de un análisis económico elaborado por el administrador, con fecha de 23 de diciembre de 2010 (en lo sucesivo, «el análisis económico» o «el análisis»), en el que se llegaba a la conclusión de que el cese de las actividades de NCHZ iría en contra del interés común de los acreedores de NCHZ. El análisis expuso varias situaciones hipotéticas posibles (33) y comparó los costes y los ingresos agregados de los acreedores de NCHZ en su conjunto, sin analizar la situación de los acreedores individuales. Se determinó que las pérdidas totales procedentes de la explotación de NCHZ en quiebra hasta el 15 de diciembre de 2010 suponían alrededor de 15,8 millones EUR (34) (4,4 millones EUR deducidos los saneamientos totales).
                  
               
                     (34)
                  
                  
                     En particular, el análisis indicaba que la interrupción de las actividades de NCHZ generaría costes significativos por valor de más de 48 millones EUR, de los cuales el grueso estaba relacionado con el cierre y el saneamiento ambiental de los centros de producción química (alrededor de 37,3 millones EUR) y con los costes de personal (10,5 millones EUR si se cumplían todas las obligaciones legales (35)). Si continuaran las actividades de NCHZ, no se incurriría en estos costes por un importe aproximado de 48 millones EUR. Por otra parte, el análisis señala que, además de estos costes directos derivados de la interrupción de la explotación de NCHZ (a partir de ese momento), también tendrían que abonarse los créditos no pagados (y en su mayoría todavía no vencidos) derivados de la explotación de NCHZ por un importe aproximado de 16 millones EUR (36). Al mismo tiempo, en una situación hipotética de cese de las actividades de NCHZ, los ingresos esperados de la venta de activos individuales eran del orden de entre 47 y 52 millones EUR (sin tener en cuenta los costes adicionales que conllevaría desmantelar y trasladar el material). En caso de interrupción de la explotación de la empresa, los créditos no satisfechos de la explotación de esta se satisfarían como créditos contra la masa concursal (37). De ello se deduce que la interrupción de la explotación ampliaría el conjunto de créditos que debían satisfacerse a partir de la masa concursal, de manera que se reduciría en términos generales la satisfacción de los créditos. Así pues, el administrador concursal consideró que la opción de cesar las actividades de NCHZ y vender individualmente sus activos era la opción menos ventajosa, especialmente teniendo en cuenta los elevados costes relacionados con el cumplimiento de todas las obligaciones legales en relación con el desmantelamiento y el saneamiento ambiental. Además, el análisis señalaba que el reinicio de las actividades de NCHZ después de su suspensión sería muy problemático o imposible (38).
                  
               
                     (35)
                  
                  
                     El análisis también analizó el interés de los compradores potenciales en la empresa. En la primera ronda de licitación («verejné ponukové konanie») para la adquisición de NCHZ, de siete compradores interesados, solo la empresa M-Energo, s.r.o. había presentado una oferta de 2 millones EUR. Por lo tanto, el administrador consideró incierto si una nueva ronda de licitaciones atraería a otros compradores interesados. A este respecto, se observó que las deudas públicas pendientes de aproximadamente 6,1 millones EUR no podían ser asumidas por el comprador, sino que serían satisfechas como créditos contra la masa concursal («pohľadávky proti podstate»). En caso de operaciones ulteriores sin medidas de ahorro, el análisis estimó las pérdidas en 2011 en 3,8 millones EUR.
                  
               
                     (36)
                  
                  
                     El análisis abordó varios factores que puede considerarse que pueden ejercen un impacto potencial en la satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra en caso de continuación (al menos parcial) de las actividades de NCHZ, pero sin detallar dicho impacto. En primer lugar, los resultados financieros se verían influidos por las medidas de reducción de costes que se aplicarían (como el despido parcial de personal). En segundo lugar, los ingresos procedentes de la venta de NCHZ podían variar en función de si NCHZ se vendía como una empresa en su conjunto o en partes (manteniendo al mismo tiempo la explotación de las partes pertinentes) o como activos individuales tras el cese de las operaciones de NCHZ. Según el análisis, si se vendían partes de la empresa era probable que solo pudieran venderse las actividades más lucrativas de la explotación de NCHZ y de los activos conexos (como la división de carburo de calcio) y que la masa concursal tuviera que cubrir los costes del cierre de otras partes de la actividad de NCHZ. La producción de carburo de calcio estaba vinculada tecnológicamente a otras operaciones de NCHZ (divisiones). Por lo tanto, mantener la producción de carburo de calcio y suspender otras actividades generaría costes adicionales, lo cual empeoraría la rentabilidad de la división de carburo de calcio. Así pues, el análisis económico consideró arriesgada la alternativa de vender la empresa por partes, tanto manteniéndola plenamente operativa (sujeta a medidas adicionales de reducción de costes) como manteniendo solo algunas partes en funcionamiento.
                  
               
                     (37)
                  
                  
                     En virtud de la Ley concursal, la junta de acreedores adoptó sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, con un voto para cada miembro (39). Con arreglo a dicha Ley, cada miembro de la junta estaba obligado a actuar en el interés común de todos los acreedores no garantizados (40). Esto implicaba votar en interés de todos los acreedores no garantizados, también de aquellos que no formaban parte de la junta de acreedores.
                  
               
                     (38)
                  
                  
                     Sobre la base de la información que contenían la presentación de gestión y el análisis económico, en la reunión de 26 de enero de 2011 todos los miembros de la junta de acreedores presentes apoyaron la propuesta de dar instrucciones al administrador concursal para que mantuviera las actividades de NCHZ sin cambios. Esto significó que NCHZ podría operar en la misma medida que hasta entonces, ya que ninguno de los miembros votó en contra ni se abstuvo. Como tal, la decisión de la junta de acreedores se adoptó por unanimidad, aunque la mayoría hubiera bastado para que dicha junta aprobara las instrucciones. Además, todos los acreedores garantizados presentes en la reunión se pronunciaron individualmente a favor de las mismas instrucciones para el administrador. Esto significa que ninguno de los acreedores garantizados rechazó las instrucciones propuestas ni se abstuvo de adoptar una posición.
                  
               
                     (39)
                  
                  
                     Por otro lado, el segundo punto del orden del día de la reunión que se debatió era la forma y el método de enajenación de los activos de NCHZ. Como se desprende del acta de la reunión, los acreedores presentes llegaron a un acuerdo preliminar para vender NCHZ en su conjunto, es decir, como empresa en funcionamiento, mediante una licitación.
                  
               
                     (40)
                  
                  
                     Una vez publicada la decisión de la junta de acreedores de 26 de enero de 2011 que contenía las instrucciones para el administrador (41), cualquier acreedor no garantizado público o privado tenía derecho a impugnar las instrucciones ante el órgano jurisdiccional concursal si consideraba que estas entraban en conflicto con el interés común de los acreedores no garantizados (42). Sin embargo, ningún acreedor impugnó las instrucciones ante el órgano jurisdiccional concursal.
                  
               
                     (41)
                  
                  
                     A continuación, se presentaron las mismas instrucciones para el administrador al órgano jurisdiccional concursal, que podía aprobarlas o decidir cómo debía proceder el administrador (43); por tanto, cualquier posible decisión de dicho órgano jurisdiccional anularía en la práctica la decisión adoptada por otros miembros del organismo competente.
                  
               
                     (42)
                  
                  
                     Con arreglo a la Ley concursal (44), cuando el órgano jurisdiccional concursal sea miembro del organismo competente, el administrador u otros miembros del organismo competente presentarán las instrucciones para el órgano jurisdiccional para que este las apruebe una vez que los demás miembros del organismo competente hayan expresado su opinión sobre dichas instrucciones. El órgano jurisdiccional concursal puede, mediante una resolución («uznesenie»), aprobar las instrucciones presentadas o decidir cómo proceder. El administrador debe respetar la resolución del órgano jurisdiccional. Al dictar una resolución, el órgano jurisdiccional concursal tiene cuenta los intereses legítimos de los acreedores afectados y sus declaraciones, así como las declaraciones de otros miembros del organismo competente.
                  
               
                     (43)
                  
                  
                     En el caso de NCHZ, el órgano jurisdiccional concursal, en calidad de miembro del organismo competente, aprobó las instrucciones del administrador mediante su resolución de 17 de febrero de 2011 (45). El administrador estaba obligado legalmente a cumplir la resolución judicial. El órgano jurisdiccional concursal tomó nota de que la junta de acreedores había adoptado por unanimidad una orden que contenía instrucciones para que el administrador continuara la explotación de NCHZ y de que todos los acreedores garantizados afectados (46) habían impuesto al administrador las mismas instrucciones que la junta de acreedores. Además, el órgano jurisdiccional concursal explicó por qué formaba parte del organismo competente en el presente asunto, debido a que el crédito garantizado del acreedor Redquest Limited había sido rechazado por el administrador y Redquest Limited inició un procedimiento judicial para determinar su crédito garantizado. Del razonamiento del órgano jurisdiccional concursal se desprende que tuvo en cuenta las declaraciones de los miembros individuales del organismo competente (es decir, la junta de acreedores y los acreedores garantizados individuales) y el hecho de que ninguno de los miembros del organismo competente se había opuesto a las instrucciones para el administrador. En su razonamiento, el órgano jurisdiccional concursal se refirió al análisis económico (véanse los considerandos 33 a 36) cuya elaboración había ido encomendada al administrador por dicho órgano jurisdiccional, y según el cual el cese de las actividades de NCHZ sería la opción menos ventajosa para satisfacer los créditos de los acreedores, habida cuenta de los costes relacionados con dicho cese de las actividades. El órgano jurisdiccional concursal llegó a la conclusión de que, teniendo en cuenta estas circunstancias y las declaraciones de los miembros del organismo competente, no existía discrepancia o conflicto alguno entre las instrucciones propuestas y el interés legítimo de los acreedores afectados. Como se deduce del razonamiento del órgano jurisdiccional concursal, al aprobar las instrucciones no apreció individualmente los intereses de los acreedores individuales, en particular de Redquest Limited, lo cual se menciona en la resolución judicial únicamente en relación con la intervención del órgano jurisdiccional concursal en el organismo competente, como ya se ha explicado.
                  
               
                     (44)
                  
                  
                     No todos los acreedores (públicos) de NCHZ anteriores a la quiebra estaban representados en el organismo competente (cuya composición se describe en los considerandos 18 a 22) que decidió sobre la continuación de las actividades de NCHZ en el segundo período concursal. En particular, la Empresa de seguridad social («Sociálna poisťovňa») y la Empresa general del seguro de enfermedad («Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.») eran acreedores públicos que no tenían representación en el organismo competente. Por tanto, los acreedores que no estaban representados en el organismo competente, ya que no eran miembros de la junta de acreedores ni eran acreedores garantizados anteriores a la quiebra, no podían opinar directamente sobre la decisión relativa la continuación de las actividades de NCHZ en el segundo período concursal.
                  
               
                     (45)
                  
                  
                     Así pues, la continuación de las actividades de NCHZ tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas se basó en la decisión del organismo competente que actuaba como entidad colectiva encargada de dar instrucciones al administrador concursal para que continuara la explotación de NCHZ, cuyos miembros (a saber, la junta de acreedores y los acreedores garantizados) expresaron su posición en su reunión conjunta de 26 de enero de 2011, y el miembro restante (a saber, el órgano jurisdiccional concursal) aprobó las instrucciones del administrador concursal en su resolución de 17 de febrero de 2011. A raíz de esta decisión, NCHZ continuó sus actividades sin interrupción hasta su venta como empresa en funcionamiento a Via Chem Slovakia en julio de 2012.
                  
               3.   OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS Y DE ESLOVAQUIA
         
         3.1.   Observaciones sobre la imputabilidad
         
         
                     (46)
                  
                  
                     AlzChem Group AG («AlzChem») sostiene (47) que la decisión de continuar la explotación de NCHZ es imputable al Estado, ya que los acreedores garantizados tenían derecho a vetar la continuación de las actividades de NCHZ. AlzChem deduce este derecho de veto de una interpretación sistemática de la Ley concursal, que apunta a la disposición de que cada uno de los acreedores garantizados forma parte del organismo competente. Por lo tanto, los acreedores garantizados no deben ser considerados un órgano colectivo, lo que lleva a AlzChem a la conclusión de que cada acreedor garantizado pudo dar instrucciones individualmente al administrador en relación con sus propios activos por separado y vetar la adopción de las instrucciones. AlzChem sostiene que cada uno de los acreedores garantizados debía aprobar las instrucciones dadas al administrador concursal para que dichas instrucciones fueran vinculantes para este. Además, AlzChem reclama la imputabilidad al Estado, ya que la decisión de los acreedores de NCHZ fue confirmada y declarada vinculante por el órgano jurisdiccional concursal. Los órganos jurisdiccionales nacionales ejercen autoridad pública y, como tales, las resoluciones de los tribunales nacionales son imputables al Estado. AlzChem también se acoge a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el sentido de que las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales pueden constituir la base jurídica de las medidas de ayuda estatal. Con carácter subsidiario, AlzChem reclama la imputabilidad debido al carácter unánime de la decisión de los acreedores, tal como fue revisada y confirmada por el órgano jurisdiccional concursal.
                  
               
                     (47)
                  
                  
                     Fortischem niega la existencia de imputabilidad (48) y alega que la Ley concursal eslovaca no prevé ningún derecho de veto ni para los miembros de la junta de acreedores ni para los acreedores garantizados; por tanto, los acreedores públicos garantizados de NCHZ no podían vetar la decisión sobre la continuación de la explotación de NCHZ. En segundo lugar, Fortischem sostiene que, en el presente asunto, el papel del órgano jurisdiccional concursal consistía únicamente en apreciar la legalidad y la compatibilidad de la decisión de los acreedores anteriores a la quiebra con la Ley concursal. Acogiéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Pearle (49) y Doux Elevage (50), la imputabilidad puede descartarse cuando el organismo público en cuestión solo aprueba y adopta decisiones vinculantes adoptadas por los operadores del mercado. En el caso que nos ocupa, el análisis económico mostró que la venta de la empresa en funcionamiento era preferible a la liquidación y que todos los acreedores con poder de voto votaron a favor de la continuidad de la explotación de la empresa. Como consecuencia de ello, según Fortischem, el órgano jurisdiccional concursal ejercía una facultad de apreciación y una función mínimas, que pueden resumirse en la supervisión del cumplimiento de las normas en materia concursal.
                  
               
                     (48)
                  
                  
                     En calidad de administrador concursal de NCHZ, Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. («SRS») declara (51) que ningún miembro del organismo competente tenía derecho de veto. Con independencia de las declaraciones reales de los acreedores, tanto en situaciones en las que los acreedores compartían una posición común como en las que tenían opiniones divergentes, una instrucción vinculante para el administrador finalmente adoptaría la forma de una resolución judicial. Para SRS esto significa que ningún acreedor (miembro del organismo competente) podría haber ejercido en la práctica el derecho a vetar las instrucciones para el administrador.
                  
               
                     (49)
                  
                  
                     De ello se deduce que, en opinión de SRS, la decisión de que continuara la explotación de NCHZ fue adoptada por el órgano jurisdiccional concursal y que la continuación de la actividad de NCHZ fue el resultado de la resolución vinculante del órgano jurisdiccional concursal. Cualquier otra actividad de acreedores individuales no afectaría a la explotación de NCHZ sin una resolución judicial. El órgano jurisdiccional tenía la obligación de tener en cuenta los intereses legítimos de los acreedores afectados, así como sus respectivas declaraciones, cuyo principal interés era la satisfacción temprana y en la mayor medida posible de sus créditos. El papel del órgano jurisdiccional concursal consistía en evaluar el respeto del interés legítimo colectivo de los acreedores y maximizar la satisfacción de sus créditos. No obstante, como especifica SRS, el organismo competente constituye una entidad única con arreglo a la Ley concursal, incluso cuando está compuesto por varios miembros.
                  
               
                     (50)
                  
                  
                     Eslovaquia alega (52) que la Ley concursal no contempla un derecho de veto ni para un miembro de la junta de acreedores ni para un acreedor garantizado. Si un acreedor garantizado se manifiesta en contra de las instrucciones propuestas para el administrador concursal y, por tanto, vota en contra de ellas, esta sería la posición de un único acreedor; el órgano jurisdiccional concursal la tendría en cuenta en su toma de decisiones, pero no estaría obligado a adoptar dicha posición. Sin embargo, habida cuenta de los hechos del presente asunto, el órgano jurisdiccional no tenía ninguna razón pertinente para rechazar las instrucciones propuestas. Por lo que se refiere a la función del órgano jurisdiccional concursal, Eslovaquia aclara que este no se pronunció sobre la aprobación de la decisión de los acreedores de 26 de enero de 2011 ni sobre su validez. Más bien, el órgano jurisdiccional se pronunciaba como miembro del organismo competente sobre la aprobación de la propuesta de instrucciones para el administrador, tras considerar la posición de los demás miembros del organismo competente y las conclusiones del análisis económico del administrador. En general, la función principal del órgano jurisdiccional en el procedimiento concursal consiste en supervisar al administrador y el desarrollo del procedimiento y solo actúa como dominus litis en caso de desacuerdo entre el administrador y los acreedores o entre los propios acreedores.
                  
               3.2.   Observaciones sobre la ventaja económica
         
         
                     (51)
                  
                  
                     Además de la cuestión de la imputabilidad, las partes interesadas y Eslovaquia también presentaron observaciones adicionales sobre la ventaja económica y, en particular, sobre el riesgo de acumulación de créditos de los acreedores durante el segundo período concursal y sobre la pertinencia del análisis económico y de la presentación de gestión para la toma de decisiones de los acreedores en enero de 2011.
                  
               
                     (52)
                  
                  
                     AlzChem alega (53) que el criterio del acreedor privado no se cumplió en el caso de NHCZ porque: i) los acreedores públicos pertinentes no actuaron pari passu con los acreedores privados, y ii) el análisis económico y la presentación de gestión no eran pertinentes para evaluar el comportamiento de la República Eslovaca en relación con la continuación de las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (53)
                  
                  
                     En primer lugar, AlzChem explica que la mayoría de los acreedores privados solo tuvieron en cuenta la optimización de los ingresos procedentes de la venta de NCHZ, ya que no existía riesgo de acumulación de créditos durante la continuidad de las actividades de NCHZ. AlzChem señala que algunos acreedores como el Estado eslovaco habían ido acumulando cantidades considerables de derechos de cobro mientras se mantenían las actividades durante el procedimiento concursal (cotizaciones a la seguridad social, impuestos, etc., que se producen como consecuencia de la continuación de las actividades de la empresa) y, por lo tanto, deberían haber sopesado los posibles beneficios del mantenimiento de las operaciones de NCHZ (precio de venta potencialmente más elevado) frente al riesgo de que la continuación de la explotación diera lugar a un mayor importe de derechos de cobro impagados. Según AlzChem, el comportamiento de Novácka Energetika, a.s. —el único acreedor privado cuyos derechos de cobro aumentaron durante el procedimiento concursal— no puede justificar razonablemente el comportamiento de todos los acreedores públicos basándose en que, a diferencia de los acreedores públicos, los operadores privados podían decidir interrumpir el suministro a la empresa en quiebra en cualquier momento, limitando su exposición al riesgo de acumular más derechos de cobro pendientes.
                  
               
                     (54)
                  
                  
                     En segundo lugar, AlzChem alega que el análisis económico y la presentación de gestión se prepararon para los acreedores que eran miembros de la junta de acreedores y para los acreedores garantizados, es decir, para los acreedores con deudas anteriores a la quiebra, y que estos documentos no tenían en cuenta los intereses de los acreedores cuyos derechos de cobro se derivaban de la explotación de NHCZ durante la quiebra. Según AlzChem, el Estado eslovaco acumuló derechos de cobro por valor de 5,5 millones EUR hasta el final del primer período concursal y otros 7,8 millones EUR durante el segundo período concursal.
                  
               
                     (55)
                  
                  
                     Fortischem considera (54) que: i) los acreedores públicos pertinentes actuaron pari passu con los acreedores privados, y ii) el análisis económico y la presentación de gestión constituían una base válida en la que los acreedores públicos basaban sus decisiones en el momento de aprobar las instrucciones para el administrador.
                  
               
                     (56)
                  
                  
                     En primer lugar, Fortischem reconoce que los créditos de dos acreedores públicos garantizados (el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky) habían aumentado durante la explotación de NCHZ una vez iniciado el procedimiento concursal. Fortischem recuerda, asimismo, que la junta de acreedores estaba compuesta por un organismo público (el Fondo nacional de la propiedad) y cuatro acreedores privados no garantizados (Invest-Kredit, s.r.o., NCHZ Energetika, a.s., M-Energo, s.r.o., Dak Kiaba, s.r.o.), todos los cuales votaron a favor de la continuación de las actividades. Según Fortischem, la comparabilidad de los acreedores privados y públicos en la junta de acreedores se deriva del hecho de que todos ellos eran acreedores no garantizados anteriores a la quiebra. Los miembros de la junta de acreedores, en cumplimiento de sus obligaciones legales, votaron en interés de todos los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra, y no solo de los que estaban presentes en la junta de acreedores.
                  
               
                     (57)
                  
                  
                     Además, Fortischem considera que el Tribunal de Trenčín habría autorizado la continuación de las actividades de NCHZ incluso en una situación hipotética en la que el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky hubieran votado a favor de la liquidación de NCHZ. Al evaluar los intereses de dos acreedores garantizados cuyos créditos anteriores a la quiebra representaban menos del 4 % del valor de todos los créditos garantizados anteriores a la quiebra y de los intereses de los representantes de los acreedores no garantizados para la continuación de las actividades de NCHZ, es casi imposible que los intereses de los acreedores anteriores a la quiebra pudieran haberse protegido mediante una decisión distinta de la continuación de la explotación de NCHZ.
                  
               
                     (58)
                  
                  
                     Por último, por lo que respecta a la pertinencia del análisis económico para la toma de decisiones de los acreedores en enero de 2011, Fortischem alega que no era necesario formular previsiones específicas sobre los posibles costes adicionales en el segundo período concursal, ya que el análisis económico dejaba claro que ninguno de los créditos anteriores a la quiebra se habría satisfecho en caso de liquidar NCHZ. Dado que la venta de NCHZ como empresa en funcionamiento era la única alternativa que permitía la satisfacción de los acreedores anteriores a la quiebra, esta alternativa implicaba la satisfacción íntegra de todos los créditos posteriores a la quiebra. Por lo tanto, se tuvieron en cuenta, al menos implícitamente, los intereses de todos los acreedores posteriores a la quiebra (incluidos los créditos posteriores a la quiebra de los acreedores públicos garantizados). Además, Fortischem sostiene que la naturaleza específica de los créditos anteriores a la quiebra de los dos acreedores garantizados (el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky) hizo que el cálculo fuera irrelevante, ya que cualquier aumento de los créditos no guardaba relación con la actividad real de NCHZ.
                  
               
                     (59)
                  
                  
                     Además, Fortischem afirma que, si se compara el importe de los créditos al inicio del segundo período concursal con los créditos anteriores a la quiebra, y se comparan los pagos intermedios efectuados en el primer período concursal con los créditos posteriores a la quiebra, el riesgo de un aumento significativo de los créditos tendría que haberse evaluado como mínimo, cuando aún existiera la posibilidad de satisfacer al menos algunos de sus créditos anteriores a la quiebra. Concretamente, el impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a 2010, impuesto por la ciudad de Nováky en marzo de 2010, ascendía a 523 793 EUR y, a finales de 2010, las deudas tributarias de NCHZ solo aumentaron en unos 48 000 EUR. En el primer período concursal los créditos del Fondo para la defensa del medio ambiente aumentaron en 193 192 EUR, lo cual representa menos del 20 % del crédito inicial anterior a la quiebra.
                  
               
                     (60)
                  
                  
                     SRS recuerda (55) que, en ejercicio de su jurisdicción, el órgano jurisdiccional concursal resuelve el conflicto entre los distintos intereses legítimos de los acreedores aplicando el principio de proporcionalidad. En general, esto significa que cualquier posible interés de algunos acreedores por detener las actividades del deudor puede verse superado por el interés colectivo de otros acreedores en continuar la explotación, especialmente cuando cabe esperar legítimamente que la continuación de las actividades del deudor aporte una mayor satisfacción general de los créditos. Las decisiones sobre la continuación de la actividad de NCHZ, así como sobre el alcance y la forma de liquidación de NCHZ y sus activos, se rigieron por el interés de los acreedores en su conjunto en lograr la máxima satisfacción posible de sus créditos.
                  
               
                     (61)
                  
                  
                     SRS considera que la decisión de continuar la explotación de NCHZ efectivamente se basó en una evaluación exhaustiva de la defensa del interés fundamental de los acreedores en su conjunto, con el fin de maximizar el cobro de sus créditos, tal y como dictaminó un órgano jurisdiccional independiente e imparcial que actuaba en el marco del procedimiento concursal y aplicaba las normas legales en materia concursal al caso concreto, bajo la justificación de la propia esencia del procedimiento concursal, pero también de la necesidad de resolver el solapamiento de derechos e intereses de la pluralidad de los acreedores, por un lado, y del conjunto de activos (comunes) limitado, por otro.
                  
               
                     (62)
                  
                  
                     En cuanto al segundo punto, SRS alega que el administrador preparó el análisis como base fáctica cualificada para la toma de decisiones del organismo competente y para la evaluación de la primera licitación pública. El análisis llegó a la conclusión de que la única forma de enajenar con la masa concursal que dio lugar a la satisfacción, al menos parcial, de los créditos registrados ante el administrador (créditos anteriores a la quiebra) era la venta de la empresa en funcionamiento. Otras alternativas no solo no darían lugar a la satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra, sino que darían lugar a costes adicionales significativos que deberían satisfacerse de forma preferente, como por ejemplo los créditos contra la masa concursal, que en última instancia tampoco se satisfarían. De ello se deduce que otras alternativas darían lugar a créditos adicionales no satisfechos (posteriores a la quiebra), además de los créditos anteriores a la quiebra, que tampoco serían satisfechos.
                  
               
                     (63)
                  
                  
                     Eslovaquia reitera su opinión (56) de que la actuación de los acreedores públicos se ajustaba al principio del acreedor en una economía de mercado, ya que los miembros individuales de la junta de acreedores y los acreedores garantizados, tanto públicos como privados, consideraron que, si se daban instrucciones al administrador para que continuara la explotación de NCHZ, no cabía duda de que el porcentaje de recuperación sería superior. Eslovaquia especifica que la Ley concursal eslovaca no diferencia explícitamente a los acreedores privados y públicos y no les trata de manera diferente a efectos del procedimiento concursal.
                  
               
                     (64)
                  
                  
                     No obstante, Eslovaquia distingue entre los distintos tipos de créditos implicados en el procedimiento concursal, que agrupa en dos categorías: los que surgieron antes de declararse la quiebra y que se registraron ante el administrador concursal («los créditos anteriores a la quiebra») y las que surgieron posteriormente («los créditos posteriores a la quiebra»). Los créditos posteriores a la quiebra son: i) créditos contra la masa concursal («pohľadávky proti podstate») o ii) créditos derivados de la explotación de la empresa («pohľadávky z prevádzkovania podniku»).
                  
               
                     (65)
                  
                  
                     Los créditos contra la masa concursal son créditos derivados de la administración y liquidación de los activos concursales, entre los que se encuentra la tasa correspondiente al administrador concursal. También incluyen impuestos, cargos, tasas, primas sanitarias y de seguros sociales, salarios y otros gastos de personal, así como los honorarios del administrador. En caso de que el administrador gestione la empresa, estos créditos se consideran créditos resultantes de la explotación de la empresa. Los créditos contra la masa concursal se satisfacen con los ingresos por liquidación, antes que los créditos anteriores a la quiebra.
                  
               
                     (66)
                  
                  
                     Los créditos derivados de la explotación de la empresa se derivan de la explotación de la empresa en quiebra una vez declarada la quiebra. Los créditos derivados de la explotación se satisfacen a partir de los ingresos generados por las actividades de la empresa. Cuando, tras el cese de dichas actividades, los ingresos sean insuficientes para satisfacer los créditos derivados de la explotación de la empresa, estos se satisfarán del mismo modo que los créditos contra la masa concursal, es decir, con los ingresos por liquidación.
                  
               
                     (67)
                  
                  
                     Así pues, los créditos posteriores a la quiebra (tanto los créditos frente a la masa concursal como los derivados de la explotación) se satisfacen antes que los créditos anteriores a la quiebra. Por consiguiente, Eslovaquia sostiene que los créditos posteriores a la quiebra deben satisfacerse íntegramente antes de que se satisfagan los créditos anteriores a la quiebra sobre la base de las previsiones de ingresos.
                  
               4.   EVALUACION DE LA MEDIDA
         
         4.1.   Existencia de ayuda estatal
         
         
                     (68)
                  
                  
                     El artículo 107, apartado 1, del TFUE dispone que será incompatible con el mercado interior cualquier ayuda otorgada por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones y que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Esas condiciones son acumulativas. Si no se cumple una de ellas, la medida en cuestión no puede considerarse ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
                  
               
                     (69)
                  
                  
                     Por tanto, para calificar una medida como ayuda en el sentido de esta disposición, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones acumulativas: i) la medida debe ser imputable al Estado y estar financiada mediante fondos estatales; ii) la medida debe conferir una ventaja al beneficiario; iii) dicha ventaja debe ser selectiva, y iv) la medida debe falsear o amenazar falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.
                  
               
                     (70)
                  
                  
                     En las circunstancias del presente asunto, procede limitar la evaluación a las condiciones de imputabilidad y ventaja económica, ya que, en ausencia de cualquiera de estos elementos, la medida no constituirá ayuda estatal, sin que sea necesario evaluar si se cumplen los demás criterios enumerados en el artículo 107, apartado 1, del TFUE.
                  
               4.2.   Imputabilidad
         
         
                     (71)
                  
                  
                     Como se describe con más detalle en los considerandos 23 a 25, una vez que la Ley sobre las sociedades estratégicas dejó de aplicarse a NCHZ el 31 de diciembre de 2010, el administrador ya no estaba legalmente obligado a continuar con las actividades de la empresa. Dado que los costes de explotación de NCHZ durante la quiebra superaban los ingresos procedentes de su explotación, según lo previsto en la Ley concursal, el administrador informó al organismo competente (para encontrar información sobre su composición véanse los considerandos 18 a 22) de esta circunstancia y presentó, para que fueran aprobadas por dicho organismo competente, instrucciones que obligaba al administrador a continuar con las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (72)
                  
                  
                     El 26 de enero de 2011, en una reunión conjunta de la junta de acreedores y los acreedores garantizados, todos los acreedores de la junta, tanto públicos como privados, aprobaron las instrucciones dadas al administrador de continuar con las actividades de NCHZ, y todos los acreedores garantizados presentes en la reunión, tanto públicos como privados, se manifestaron a favor de aprobar las citadas instrucciones (véase el considerando 38). Las actas de la reunión del 26 de enero de 2011, verificadas por la Comisión, confirman que los acreedores garantizados expresaron sus opiniones de forma individual durante la reunión. Aunque la ley sólo exigía que la mayoría de los miembros de la junta de acreedores apoyara la propuesta, quedó demostrado que ninguno de ellos rechazó las instrucciones para el administrador. Asimismo, ningún acreedor garantizado se pronunció en contra de la aprobación de dichas instrucciones. Por tanto, se determinó que la decisión de los acreedores representados en el organismo competente era unánime.
                  
               
                     (73)
                  
                  
                     Como se describe en el considerando 20, no se determinó la existencia de ningún vínculo de capital de los acreedores privados de la junta de acreedores (salvo Invest-Kredit, s.r.o.) con el propietario de NCHZ.
                  
               
                     (74)
                  
                  
                     Además, se constató que ningún acreedor no garantizado (público o privado) impugnó la decisión de la junta de acreedores de continuar con las actividades de NCHZ ante el órgano jurisdiccional concursal (véase el considerando 40), a pesar de que tenían derecho a hacerlo.
                  
               
                     (75)
                  
                  
                     Mediante resolución de 17 de febrero de 2011, el órgano jurisdiccional concursal, en calidad de miembro del organismo competente, aprobó sin ningún cambio sustancial (57) las citadas instrucciones para el administrador, que, de conformidad con el artículo 83, apartado 4, de la Ley concursal, pasaron a ser vinculante para el administrador.
                  
               
                     (76)
                  
                  
                     Por tanto, la continuación de las actividades de NCHZ tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas se basó en la decisión del organismo competente compuesto por la junta de acreedores (principalmente empresas privadas), los acreedores garantizados (principalmente entidades públicas) y el órgano jurisdiccional concursal.
                  
               
                     (77)
                  
                  
                     De ello se deduce que tanto las posiciones adoptadas por la junta de acreedores y los acreedores garantizados a 26 de enero de 2011 (sin intervención alguna del órgano jurisdiccional concursal en dicha fecha), como la resolución del órgano jurisdiccional concursal de 17 de febrero de 2011, fueron pertinentes para la aprobación de las instrucciones para el administrador concursal. En concreto, juntos efectuaron la toma de decisiones del organismo competente que, de forma conjunta, dio instrucciones al administrador para que continuara con las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (78)
                  
                  
                     La Comisión considera que el organismo competente, que actúa como un organismo colectivo (y del cual forma parte el órgano jurisdiccional concursal), tomó la decisión relativa a las instrucciones para el administrador de continuar con las actividades de NCHZ, en contra de las opiniones que afirman que dicha decisión procedía únicamente de la resolución del Tribunal de Trenčín (defendida por SRS y AlzChem) o que las instrucciones procedieron de la decisión de los acreedores (defendida por Fortischem). Sencillamente, la resolución definitiva del órgano jurisdiccional concursal se adoptó el 17 de febrero de 2011, una vez que los demás miembros del organismo competente se habían pronunciado sobre las instrucciones conforme al procedimiento previsto en la Ley concursal (véase el considerando 42), si bien en las circunstancias concretas del caso, en el que todos los demás miembros del organismo competente aprobaron las instrucciones para el administrador, no había motivos para que el órgano jurisdiccional concursal rechazara la aprobación de las instrucciones propuestas.
                  
               
                     (79)
                  
                  
                     Por lo que respecta a la posible existencia de derechos de veto de determinados acreedores, el procedimiento de investigación formal reveló que ningún miembro de la junta de acreedores ni ninguno de los acreedores garantizados tenía derecho de veto en virtud de la Ley concursal. Las alegaciones de AlzChem relativas a la existencia de derechos de veto resultaron infundadas, ya que no se presentó ninguna prueba que confirmara su existencia. Por el contrario, de los escritos de las demás partes interesadas se desprende claramente que ningún acreedor garantizado, público o privado, podría haber bloqueado de forma individual la aprobación de las instrucciones para el administrador.
                  
               
                     (80)
                  
                  
                     De conformidad con el artículo 83, apartado 4, de la Ley concursal, el administrador concursal queda vinculado por la resolución judicial (véase el considerando 42). Esto significa que, en una situación en la que el órgano jurisdiccional concursal es miembro del organismo competente, el administrador concursal no está sujeto a la decisión de los acreedores (ni de la junta de acreedores ni de los acreedores garantizados) relativa a las instrucciones para el administrador concursal, sino que solo está sometido a la resolución del órgano jurisdiccional concursal. Además, al dictar su resolución, el órgano jurisdiccional no está sujeto a las posiciones discrepantes de los acreedores garantizados a título individual y no está obligado a adoptarlas: puede aprobar las instrucciones presentadas incluso en caso de que existan dichas posiciones discrepantes, siempre que las instrucciones redunden en el interés legítimo de los acreedores afectados (considerando 42). De ello se deduce que, aunque uno o varios de los acreedores garantizados se manifestaran en contra de la aprobación de las instrucciones para el administrador concursal en la redacción propuesta, ello no significaría automáticamente que dichas instrucciones no puedan aprobarse. Como consecuencia de ello, los acreedores garantizados a título individual no podrían «vetar» la adopción de las instrucciones, en el sentido de bloquear dichas instrucciones simplemente con su rechazo a su propuesta de adopción.
                  
               
                     (81)
                  
                  
                     En particular, no se confirmó que el derecho de veto de los acreedores garantizados pueda derivarse del hecho de que todos los acreedores garantizados hayan participado en la toma de decisiones. El derecho de cada uno de los acreedores garantizados anteriores a la quiebra a expresar su opinión y participar en la toma de decisiones, no implica que puedan ejercer derechos de veto, a falta de otra disposición en este sentido. Es cierto que, a diferencia de la junta de acreedores, que era un organismo colectivo electo (véanse los considerandos 18 y 20), los acreedores garantizados no estaban representados en un organismo colectivo, sino que cada acreedor garantizado formaba parte del organismo competente por derecho propio en relación con cada masa concursal individual (véase el considerando 21). Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene AlzChem (véase el considerando 46), el hecho de que cada acreedor garantizado fuera miembro del organismo competente no implica automáticamente que pudieran bloquear una decisión del organismo competente. En otras palabras, el derecho de veto de los acreedores garantizados no puede derivarse del hecho de que cada uno de ellos fuera miembro del organismo competente.
                  
               
                     (82)
                  
                  
                     Además, la Comisión verificó la alegación de AlzChem según la cual el derecho de veto de los acreedores garantizados puede hallarse en la Ley concursal a través de su interpretación sistémica. Los artículos de la Ley concursal a los que AlzChem se refiere en apoyo de su alegación hacen referencia a los derechos de los acreedores garantizados en el procedimiento concursal. Como tales, no contemplan el derecho de veto.
                  
               
                     (83)
                  
                  
                     De hecho, las decisiones de la junta de acreedores se adoptaron por mayoría, y los acreedores garantizados dieron a conocer su posición a título individual, pero también sin ningún derecho de veto. Por tanto, a pesar de tener la posibilidad de rechazar la continuación de las actividades de NCHZ (en el caso de los miembros de la junta de acreedores), o de pronunciarse contra la aprobación de dichas instrucciones (en el caso de los acreedores garantizados), ningún organismo estatal podría haber exigido la ejecución de sus intereses para impedir que siguieran acumulándose las deudas, de haber existido tales intereses.
                  
               
                     (84)
                  
                  
                     De ello se deduce que ni los acreedores públicos ni los privados estaban facultados para vetar la explotación de NCHZ durante el segundo período concursal. La decisión de continuar con las actividades de NCHZ fue adoptada por el organismo competente, en calidad de organismo colectivo, y ningún acreedor privado o público individual, en calidad de miembro del organismo competente, podría haber bloqueado por sí solo la decisión de continuar con las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (85)
                  
                  
                     En conclusión, también debe rechazarse el argumento de AlzChem de que la decisión de continuar con las actividades de NCHZ es imputable a Eslovaquia, dado que los cuatro acreedores garantizados de propiedad estatal decidieron no ejercer sus derechos de veto.
                  
               
                     (86)
                  
                  
                     Además, se ha sugerido que la decisión de continuar con las actividades de NCHZ es imputable a Eslovaquia dado que el Tribunal de Trenčín la confirmó y le otorgó carácter vinculante en febrero de 2011. Si bien, en principio, no puede descartarse que una medida pueda considerarse una decisión imputable al Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE, a causa de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional (58), las particularidades de la intervención del órgano jurisdiccional concursal en el presente asunto, tal como se evalúan en los considerandos 88 a 92, permiten diferenciarlo de los casos en los que imputabilidad se constató sobre la base de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional.
                  
               
                     (87)
                  
                  
                     El procedimiento de investigación formal reveló que, en febrero de 2011, el órgano jurisdiccional concursal actuó como miembro del organismo competente con una función claramente definida en la Ley concursal. Así pues, la Comisión analizó la función del órgano jurisdiccional concursal como miembro del organismo competente con arreglo al artículo 83, apartado 4, de la Ley concursal.
                  
               
                     (88)
                  
                  
                     El órgano jurisdiccional concursal se encontraba en una posición única como miembro del organismo colectivo que decidía sobre la continuación de las actividades de NCHZ. No actuó conforme a su función habitual como órgano decisorio, al que se dirigen las partes para que se pronuncie con autoridad, sino que su papel consistió en garantizar que las instrucciones dadas al administrador se ajustaban a las posiciones y los intereses legítimos de los acreedores afectados (véanse los considerandos 42 y 43). Esto va en consonancia con la función general del órgano jurisdiccional concursal en los procedimientos concursales, que consiste en actuar con el objetivo de lograr el mayor índice de satisfacción de los créditos de los acreedores (véase el considerando 19).
                  
               
                     (89)
                  
                  
                     Como se indica en el considerando 42, cuando se presentan al órgano jurisdiccional concursal las instrucciones para el administrador concursal para que las apruebe, este puede aprobarlas o decidir cómo proceder mediante una resolución. El mismo artículo especifica que, al dictar su resolución, el órgano jurisdiccional concursal tiene en cuenta los intereses legítimos de los acreedores afectados y sus declaraciones, así como las declaraciones de otros miembros del organismo competente.
                  
               
                     (90)
                  
                  
                     Como se describe en el considerando 43, el órgano jurisdiccional concursal analizó las instrucciones propuestas para el administrador en vista de los intereses legítimos de los acreedores afectados y sus declaraciones, así como de las declaraciones de otros miembros del organismo competente. Esto significa que el órgano jurisdiccional concursal tuvo en cuenta las declaraciones de la junta de acreedores y de todos los acreedores garantizados individuales (en particular, todos los acreedores públicos garantizados), así como el contenido del análisis económico, que concluyó que el cese de las actividades de NCHZ parecía menos favorable desde el punto de vista de la posibilidad de satisfacer los créditos de los acreedores concursales, habida cuenta de los costes que implicaba el cese de las actividades.
                  
               
                     (91)
                  
                  
                     Si bien es cierto que la resolución judicial otorgaba carácter vinculante a las instrucciones para el administrador concursal, en las circunstancias concretas del caso no existían motivos para que el órgano jurisdiccional concursal rechazara las instrucciones propuestas. En una situación en la que todos los acreedores, la mayoría de los cuales son privados, deciden expresamente que redunda en su interés económico permitir que se mantengan las actividades de la empresa insolvente, su decisión no es imputable al Estado por el mero hecho de que un órgano jurisdiccional posteriormente la confirme y declare vinculante.
                  
               
                     (92)
                  
                  
                     La resolución del órgano jurisdiccional concursal señala que la decisión de continuar con las actividades de NCHZ redundaba en el interés superior de los acreedores. En este sentido, el órgano jurisdiccional comparte las posiciones adoptadas por los demás miembros del organismo competente, tanto públicos como privados, garantizados y no garantizados por igual, así como la propuesta presentada por el administrador concursal; ninguno de estos agentes expresó una opinión alternativa que propusiera poner fin a las actividades de NCHZ. Según la jurisprudencia, el artículo 107, apartado 1, del TFUE se refiere a «las decisiones de los Estados miembros por las que éstos, con el fin de alcanzar sus propios objetivos económicos y sociales, ponen, mediante decisiones unilaterales y autónomas, a disposición de las empresas o de otros sujetos de derechos, recursos o les conceden ventajas destinadas a favorecer la realización de los objetivos económicos o sociales perseguidos» (59). En este sentido, no hay ningún indicio en el caso que nos ocupa de que el órgano jurisdiccional concursal haya actuado en pro de intereses distintos de los de los acreedores afectados, ni de que no haya actuado de plena conformidad con la que los acreedores y el administrador concursal consideraban la solución más razonable desde el punto de vista económico.
                  
               
                     (93)
                  
                  
                     En consecuencia, la decisión del organismo competente (del cual formaba parte el órgano jurisdiccional concursal) de continuar con las actividades de NCHZ tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas no puede considerarse imputable al Estado, habida cuenta de la falta de derechos de veto de los acreedores públicos y de la función específica desempeñada por el órgano jurisdiccional concursal.
                  
               
                     (94)
                  
                  
                     Además, no existen indicios de que el Estado hubiera intentado influir en la toma de decisiones de los acreedores privados. Como confirmó el Tribunal General (60), no se demostró que NCHZ contara con apoyo político en enero de 2011 ni que los acreedores afectados hubieran asumido la existencia de dicho apoyo. En concreto, se concluyó que la no derogación de la Ley sobre las sociedades estratégicas por parte del nuevo Gobierno eslovaco que gobernaba en enero de 2011, no podía interpretarse como un indicio de su apoyo político a NCHZ. Asimismo, aunque hubiera existido apoyo político en el período 2009-2010 (debido a la Ley sobre las sociedades estratégicas), y posteriormente en 2013, esto no significa que existiera apoyo político en enero de 2011.
                  
               
                     (95)
                  
                  
                     En el caso que nos ocupa, de la resolución del órgano jurisdiccional concursal de 17 de febrero de 2011 (véase el considerando 43), analizada por la Comisión, se desprende que los motivos que llevaron al órgano jurisdiccional concursal a aprobar las instrucciones para el administrador concursal fueron las siguientes: i) el hecho de que la junta de acreedores adoptara de manera unánime y sin objeciones una orden con las instrucciones para el administrador de continuar la explotación de NCHZ, así como que los seis acreedores garantizados estuvieran a favor de dichas instrucciones; ii) el análisis económico (véase el considerando 29), elaborado por el administrador, constató que el cese de las actividades de NCHZ sería la opción menos favorable para satisfacer los créditos de los acreedores, dados los costes relacionados con el cese de las actividades, y iii) la ausencia de discrepancia o conflicto de las instrucciones propuestas con el interés legítimo de los acreedores afectados. Así pues, el órgano jurisdiccional concursal analizó si las instrucciones se ajustaban al interés legítimo de los acreedores afectados en su conjunto, sin abordar por separado la situación individual de cada acreedor ni evaluar el impacto en la pretensión desestimada de Redquest Limited.
                  
               
                     (96)
                  
                  
                     En virtud de la Ley concursal, en principio, el órgano jurisdiccional concursal tenía la opción de rechazar las instrucciones propuestas para el administrador concursal. Concretamente, en función de la situación individual concreta y de los intereses legítimos de los acreedores afectados, así como de las declaraciones de dichos acreedores y de otros miembros del organismo competente, en principio, el órgano jurisdiccional concursal podía rechazar la aprobación de las instrucciones, y decidir por sí mismo como proceder. Sin embargo, en una situación en la que todos los acreedores representados en el organismo competente consideraron que lo mejor para sus intereses económicos era permitir la continuación de las actividades de NCHZ, y se manifestaron en ese sentido, y en la que el administrador concursal manifestó la misma opinión, el hecho de que el órgano jurisdiccional compartiera esta opinión no es un argumento a favor de la imputabilidad de dicha decisión al Estado por el mero carácter vinculante de la resolución del órgano jurisdiccional concursal. Existen numerosas pruebas en el caso que nos ocupa, en particular las opiniones positivas de todos los demás agentes afectados, de que los acreedores consideraban que la continuación de las actividades de NCHZ redundaba en su interés superior, y es evidente que, en el desempeño de su función, el órgano jurisdiccional concursal estaba obligado a actuar en interés de los acreedores de NCHZ. En cambio, nada indica que, mediante la adopción de su resolución, el órgano jurisdiccional concursal persiguiera ningún objetivo del Estado eslovaco.
                  
               
                     (97)
                  
                  
                     Por tanto, la Comisión concluye que la decisión del organismo competente en el segundo período concursal de NCHZ no puede considerarse una decisión imputable al Estado en el sentido del artículo 107, apartado 1, del TFUE. Aunque no se cumpliera una de las condiciones acumulativas para la constatación de la ayuda estatal, la Comisión verificó igualmente si la medida en cuestión concedía a NCHZ una ventaja económica que no habría obtenido de otro modo en condiciones de mercado, como se detalla a continuación.
                  
               4.3.   Ventaja económica
         
         
                     (98)
                  
                  
                     En general, las transacciones económicas realizadas por los organismos públicos (en particular, las empresas públicas) no confieren una ventaja a su destinatario y, por consiguiente, no constituyen ayuda, si se realizan con arreglo a las condiciones normales de mercado (61).
                  
               
                     (99)
                  
                  
                     Para determinar si una transacción se lleva a cabo en condiciones normales de mercado, el comportamiento del organismo público debe compararse con el de un hipotético operador privado que se encuentre en una situación similar (la denominada prueba del operador en una economía de mercado). Los órganos jurisdiccionales de la Unión han desarrollado modalidades específicas de esta prueba para distintos tipos de transacciones económicas, en particular la «prueba del acreedor privado», en los casos de transacciones que implican deuda (62), y el «principio del inversor en una economía de mercado», para detectar la presencia de una ventaja económica en los casos de inversiones de capital público (63).
                  
               
                     (100)
                  
                  
                     En el caso que nos ocupa, dado que había acreedores públicos implicados en la toma de decisiones respecto a la continuación de las actividades de NCHZ, pero el Estado no tenía participación en la empresa, la evaluación de la Comisión se centra en la transacción desde la perspectiva de un hipotético acreedor privado prudente (64).
                  
               
                     (101)
                  
                  
                     La Comisión verificó el análisis económico elaborado por el administrador, que se puso a disposición de los acreedores y del órgano jurisdiccional concursal y que estos examinaron en el momento en que se adoptó la decisión (véanse los considerandos 33 a 36). El análisis señala varias hipótesis posibles y compara los costes y los ingresos desde el punto de vista de los acreedores de NCHZ. En particular, el análisis indica que la interrupción de las actividades de NCHZ habría dado lugar a costes significativos por un total de más de 48 millones EUR. La mayor parte de los costes se debían al cierre y del saneamiento ambiental de los centros de producción química (alrededor de 37,3 millones EUR) y de los costes de personal (10,5 millones EUR si se cumplían todas las obligaciones legales). Al mismo tiempo, los ingresos esperados de la venta de activos individuales eran del orden de entre 47 y 52 millones EUR (sin tener en cuenta los costes adicionales que conllevaría desmantelar y trasladar el material).
                  
               
                     (102)
                  
                  
                     Dado que las deudas pendientes (públicas y privadas) derivadas de las actividades de NCHZ durante el procedimiento concursal (alrededor de 16 millones EUR a mediados de diciembre de 2010, hacia el final del primer período concursal) se satisfarían de forma preferente, se deduce que, de haberse interrumpido la explotación de NCHZ, no se habría satisfecho ninguno de los créditos anteriores a la quiebra. El análisis considera que la venta de la empresa como empresa en funcionamiento podría aportar una mayor satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra, en comparación con la situación hipotética de interrupción de las actividades de NCHZ, que incurriría en importantes costes adicionales por la interrupción de la explotación de NCHZ y cuya reanudación resultaría problemática, sino imposible, dado que algunos de los equipos tecnológicos sufrirían daños irreparables si se interrumpieran las actividades (véanse los considerandos 34 y 36).
                  
               
                     (103)
                  
                  
                     El análisis también evaluó el interés de terceros en participar en la/s licitación/es de NCHZ. En la primera licitación, de los siete compradores interesados, solo uno (la empresa M-Energo, s.r.o.) presentó una oferta por un importe de 2 millones EUR. El administrador consideró que no estaba claro que la segunda licitación atrajera a más compradores interesados. En general, el análisis concluyó que a los acreedores les interesaba continuar con las actividades de NCHZ y venderla como empresa en funcionamiento.
                  
               
                     (104)
                  
                  
                     La Comisión también analizó el contenido de la presentación de gestión de NCHZ (véanse el considerando 29 y siguientes), que también estuvo a disposición de los acreedores y del órgano jurisdiccional concursal en el momento en que se tomó la decisión. La presentación consideraba que el valor real previsto de los activos de la empresa en caso de cese de su actividad ascendía solo a 15,5 millones EUR, lo que hacía que el cese de las actividades de NCHZ resultase menos atractivo para los acreedores. Además, la presentación afirma que la empresa podía venderse satisfactoriamente si se adoptaban determinadas medidas de reestructuración (como el despido de personal). En general, la presentación concluía que para los acreedores sería más beneficioso que NCHZ se vendiera como empresa en funcionamiento.
                  
               
                     (105)
                  
                  
                     La propuesta de viabilidad basada en dichos documentos fue aceptada posteriormente por todos los acreedores del organismo competente, tanto públicos como privados, garantizados y no garantizados.
                  
               
                     (106)
                  
                  
                     En vista de lo anterior, la Comisión considera que tanto el análisis económico como la presentación de gestión se tuvieron debidamente en cuenta y constituyeron una base válida para la toma de decisiones de los acreedores y del órgano jurisdiccional concursal.
                  
               4.3.1.   Consideraciones comunes
         
         
                     (107)
                  
                  
                     Como se desprende del cuadro 1 (véase el considerando 24), los acreedores públicos con los créditos de mayor importe posteriores a la quiebra eran la Empresa de seguridad social («Sociálna poisťovňa») y la Empresa general del seguro de enfermedad («Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.»). Como se indica en el considerando 44, estas no formaban parte del organismo competente que decidía sobre la continuación de las actividades de NCHZ. Por tanto, no tenían ninguna posibilidad de influir directamente en el proceso de toma de decisiones y no podían impedir la continuación de la explotación de NCHZ.
                  
               
                     (108)
                  
                  
                     Además, la investigación en profundidad puso de manifiesto que, de los cuatro acreedores públicos garantizados que formaban parte del organismo competente (véase el considerando 21), solo dos acreedores públicos —a saber, el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky— estaban directamente afectados por la amenaza de una mayor acumulación de los créditos que les adeudaba NCHZ durante el mantenimiento de las actividades. En concreto, se determinó que el Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo y el Fondo nacional de la propiedad no corrían el riesgo de incurrir en un aumento de los créditos derivado de la continuación de las actividades de NCHZ, debido a la falta de relaciones comerciales activas con NCHZ durante el período concursal.
                  
               
                     (109)
                  
                  
                     A este respecto, el Tribunal General constató que la Decisión inicial no demostró que el análisis económico planteara la cuestión del posible aumento de los créditos de los acreedores en caso de continuación de las actividades de NCHZ durante el segundo período concursal (65). Por tanto, no quedaba claro de qué forma la verificación por parte de la Comisión del análisis económico en vista del criterio del acreedor privado estaba vinculada al contenido del considerando 110 de la Decisión inicial, que hacía referencia a la evaluación de la amenaza de una mayor acumulación de los créditos de los acreedores públicos con NCHZ durante la continuación de sus actividades (66). De ello se deduce que el análisis económico y, por consiguiente, la presentación de gestión, deben verificarse a la luz del criterio del acreedor privado y de la racionalidad de la decisión de los acreedores, ya que estos eran conscientes de que el importe de sus créditos aumentaría.
                  
               
                     (110)
                  
                  
                     El Tribunal General también sostuvo que la evaluación del riesgo de aumento de los créditos debía realizarse en el momento oportuno, es decir, en el período durante el cual se adoptaron las medidas, y debía evitarse cualquier evaluación basada en una situación posterior (67). Concretamente, según el Tribunal General, el análisis del nivel de riesgo de un aumento de los créditos contraídos, en el momento en que los acreedores tomaron su decisión durante la reunión de 26 de enero de 2011, no se desprende de la Decisión impugnada (68).
                  
               
                     (111)
                  
                  
                     Los dos acreedores públicos que asumieron un riesgo de aumento de los créditos fueron el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky (véase el considerando 24). Sin embargo, la mayor parte de los créditos adicionales surgidos durante el segundo período concursal no estaban directamente relacionados con las actividades de NCHZ durante el segundo período concursal, sino con el primero (véanse el considerando 130 y siguientes, así como el considerando 141 y siguientes). Además, tanto la ciudad de Nováky como el Fondo de defensa del medio ambiente debían haber podido predecir la acumulación de créditos adicionales en el momento en que se adoptó la decisión. Estos estaban relacionados con los impuestos y las tasas, por lo que el importe podía calcularse aproximadamente, dado que se trataba de pagos periódicos anuales. Por tanto, en el momento de tomar la decisión sobre la continuación de las actividades de NCHZ el 26 de enero de 2011, estos acreedores debían conocer el riesgo de aumento de sus créditos con NCHZ. En particular, podían deducir el importe del riesgo de la presentación de gestión, que contenía una estimación de la disminución de los ingresos de la ciudad de Nováky y del Estado en caso de cese de las actividades de NCHZ (véase el considerando 32), y que podía entenderse que indicaba los créditos adicionales (y por qué importe) en que incurrirían la ciudad de Nováky y el Fondo de defensa del medio ambiente, en caso de continuación de las actividades de NCHZ. Asimismo, no podían ignorar que, en comparación con la posibilidad de perder todos sus créditos anteriores a la quiebra en caso de liquidación, los créditos adicionales tendrían un alcance limitado. Asimismo, ambos acreedores debían haber sido conscientes del trato preferente que recibirían estos créditos adicionales (es decir, posteriores a la quiebra). De esta manera, el análisis económico, complementado por la presentación de gestión, efectivamente sirvió para fundamentar la decisión adoptada y constituyó una base válida para esta.
                  
               
                     (112)
                  
                  
                     Como se explica en el considerando 19, la junta de acreedores estaba compuesta por un acreedor público y cuatro acreedores privados no garantizados, todos ellos acreedores no garantizados anteriores a la quiebra, y todos los cuales apoyaron la propuesta de continuar con las actividades. Como se explica en el considerando 37, conforme a la Ley concursal, los miembros de la junta de acreedores estaban obligados a actuar en aras del interés común de todos los acreedores no garantizados. Esto significa que estaban obligados a actuar en interés de todos los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra, y no solo en interés de aquellos representados en la junta de acreedores. Por tanto, y a falta de pruebas que demostraran lo contrario, se determina que la decisión de continuar con las actividades de NCHZ durante el segundo período concursal redundaba en el interés de los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra.
                  
               
                     (113)
                  
                  
                     A este respecto, conviene recordar que el Tribunal General desestimó la alegación formulada por AlzChem AG según la cual el voto de los acreedores públicos del órgano competente influyó en los acreedores privados, que pertenecen a dicho órgano. El Tribunal señaló que AlzChem AG no aportó ninguna prueba que respaldara su alegación y que cabe suponer que los acreedores privados han actuado con arreglo a sus intereses (69).
                  
               4.3.2.   Ausencia de ventaja económica otorgada por cada uno de los acreedores públicos individuales de NCHZ
         
         
                     (114)
                  
                  
                     La Comisión ha evaluado por separado a cada uno de los acreedores públicos que forman parte del organismo competente (véase el considerando 22), su situación individual y si su comportamiento se ajusta al criterio del acreedor privado. El Tribunal General sostuvo que, al aplicar el criterio del acreedor privado, es preciso analizar la situación individual de los acreedores públicos y tener en cuenta sus características específicas, principalmente en función de su condición de acreedor privilegiado o no garantizado; de ello se deduce que los acreedores públicos no deben ser considerados como una entidad única (70). Además, el Tribunal señaló la necesidad de tener en cuenta a un acreedor privado que se encontrara en una situación lo más semejante posible a la del acreedor público y que deseara obtener el pago de las cantidades que le adeudaba un deudor.
                  
               
                     (115)
                  
                  
                     La Comisión no evalúa la situación de los acreedores públicos que no formaban parte del organismo competente, en particular la Empresa de seguridad social y la Empresa general del seguro de enfermedad, que eran los acreedores públicos con los créditos de mayor importe incurridos en el procedimiento concursal (véase el cuadro 1, considerando 24). Estos acreedores no podían intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones relativo a la continuación de las actividades de NCHZ, por lo que no podían opinar de forma directa en la decisión sobre la continuación de la explotación de NCHZ (véase el considerando 44). En ese sentido, el Tribunal General desestimó las alegaciones formuladas por AlzChem, según las cuales: i) la Empresa de seguridad social podía y debería haber intervenido ante el órgano jurisdiccional concursal para impugnar la continuación de las actividades de NCHZ; y ii) el hecho de que la empresa hubiera utilizado todos los medios de que disponía para evitar pérdidas adicionales no eximía a la República Eslovaca de su responsabilidad de evitar que los créditos que esta le debía siguieran acumulándose por otros medios (71). El Tribunal General sostuvo que de las disposiciones de la Ley concursal, y en particular del artículo 83, apartado 4, de dicha Ley, no se desprendía que en las circunstancias del caso concreto, la Empresa de seguridad social pudiera intervenir en el proceso de toma de decisiones relativo a la continuación de las actividades de NCHZ ante el órgano jurisdiccional concursal y, por consiguiente, concluyó que la Empresa de seguridad social no tenía tal posibilidad de intervenir (72).
                  
               4.3.2.1.   Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo
         
         
                     (116)
                  
                  
                     El Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo (en lo sucesivo, «el Banco»), era uno de los seis acreedores garantizados de NHCZ con un crédito garantizado anterior a la quiebra de aproximadamente 750 000 EUR basado en un contrato de préstamo.
                  
               
                     (117)
                  
                  
                     Como se indica en el considerando 108, el Banco no mantuvo relaciones comerciales activas con NCHZ durante el período concursal. No tenía créditos posteriores a la quiebra frente a NCHZ y no corría el riesgo de incurrir en un aumento de las deudas como consecuencia de la continuación de las actividades de NCHZ: sus créditos no podían aumentar únicamente debido a la continuación de la explotación de NCHZ.
                  
               
                     (118)
                  
                  
                     En este contexto, la Comisión considera que el análisis económico y la presentación de gestión de NCHZ, que estuvieron a disposición del Banco en el momento en que se adopta la decisión en enero de 2011, constituían una base válida del apoyo del Banco a la decisión. Como se describe en los considerandos 101 a 104, estos documentos demostraban que la continuación de las actividades de NCHZ y su venta como empresa en funcionamiento [con un comprador interesado disponible (considerando 103)] redundaba en el interés superior de los acreedores, y, por tanto, del Banco.
                  
               
                     (119)
                  
                  
                     Además, se determinó que: i) a mediados de diciembre de 2010, los créditos no satisfechos derivados de la explotación de NCHZ durante el primer período concursal, que tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra, ascendían a unos 16 millones EUR (considerando 33), y ii) prácticamente todos los ingresos (dependiendo de la situación hipotética) procedentes de la venta de los activos de NCHZ tendrían que cubrir los costes derivados de la interrupción de las actividades de NCHZ (considerando 34). Esto reducía significativamente la probabilidad de satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra en una situación de liquidación.
                  
               
                     (120)
                  
                  
                     En vista de ello, cabía esperar que en caso de liquidación no se satisficiera ninguno de los créditos del Banco anteriores a la quiebra. Así pues, a partir de la información disponible en aquel momento, el Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo podía considerar que le convenía más continuar con las operaciones que perder todos sus créditos en caso de liquidación.
                  
               
                     (121)
                  
                  
                     Sobre la base de lo anterior, la Comisión considera que la decisión del Banco eslovaco de Garantía y Desarrollo de apoyar la continuación de la explotación de NCHZ también la habría adoptado un acreedor privado razonable y diligente y, por tanto, se ajustaba a las condiciones de mercado.
                  
               4.3.2.2.   El Fondo nacional de la propiedad
         
         
                     (122)
                  
                  
                     El Fondo nacional de la propiedad era un acreedor garantizado de NCHZ con un crédito anterior a la quiebra concedido a dicha empresa por valor de unos 17,85 millones EUR basado en obligaciones relacionadas con la privatización. Al mismo tiempo, era el único acreedor público de la junta de acreedores que representaba a los acreedores no garantizados, junto a cuatro acreedores privados no garantizados (véase el considerando 19).
                  
               
                     (123)
                  
                  
                     Todos los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra que formaban parte de la junta de acreedores, entre ellos el Fondo nacional de la propiedad, apoyaron la continuación de las actividades de NCHZ, y tenían la obligación legal de actuar en interés de todos los acreedores no garantizados anteriores a la quiebra, y no solo de los presentes en la junta de acreedores. Al mismo tiempo, el Fondo nacional de la propiedad, al ser también un acreedor garantizado, se pronunció a favor de la continuación de la actividad.
                  
               
                     (124)
                  
                  
                     Como se menciona en el considerando 108, el Fondo nacional de la propiedad no mantuvo relaciones comerciales activas con NCHZ durante el período concursal. No tenía créditos posteriores a la quiebra frente a NCHZ y no corría el riesgo de incurrir en un aumento de las deudas como consecuencia de la continuación de la explotación de NCHZ: sus créditos no podían incrementarse únicamente debido a la continuación de las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (125)
                  
                  
                     En este contexto, el análisis económico y la presentación de gestión de NCHZ, que estaban a disposición del Fondo nacional de la propiedad en el momento en que se adoptó la decisión en enero de 2011, constituían una base válida para que este se mostrara a favor de la decisión. Como se describe en los considerandos 101 a 104, estos documentos demostraban que la continuación de las actividades de NCHZ y su venta como empresa en funcionamiento [con un comprador interesado disponible (considerando 103)] redundaba en el interés superior de los acreedores, y, por tanto, del Fondo nacional de la propiedad.
                  
               
                     (126)
                  
                  
                     Además, se determinó que: i) a mediados de diciembre de 2010, los créditos no satisfechos derivados de la explotación de NCHZ durante el primer período concursal, que tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra, ascendían a unos 16 millones EUR (considerando 33), y ii) prácticamente todos los ingresos (dependiendo de la situación hipotética) procedentes de la venta de los activos de NCHZ tendrían que cubrir los costes derivados de la interrupción de las actividades de NCHZ (considerando 34). Esto reducía significativamente la probabilidad de satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra en una situación de liquidación.
                  
               
                     (127)
                  
                  
                     En vista de ello, sería razonable que cualquier acreedor hipotético que estuviera en la misma situación esperara que en caso de liquidación no se satisficiera ninguno de los créditos anteriores a la quiebra del Fondo nacional de la propiedad. Así pues, a partir de la información de que disponía el Fondo nacional de la propiedad en aquel momento, podía considerar que le convenía más continuar con las operaciones que perder todos sus créditos en caso de liquidación.
                  
               
                     (128)
                  
                  
                     Sobre la base de lo anterior, la Comisión considera que la decisión del Fondo nacional de la propiedad de votar a favor de la continuación de las actividades de NCHZ también la habría adoptado un acreedor privado razonable y diligente y, por tanto, se ajustaba a las condiciones de mercado.
                  
               4.3.2.3.   El Fondo de defensa del medio ambiente
         
         
                     (129)
                  
                  
                     El Fondo de defensa del medio ambiente era un acreedor garantizado de NCHZ con un crédito garantizado anterior a la quiebra con NCHZ de aproximadamente 950 000 EUR basado en un contrato de préstamo y un crédito no garantizado anterior a la quiebra de aproximadamente 70 000 EUR (véase el cuadro 2, considerando 25).
                  
               
                     (130)
                  
                  
                     Como se menciona en los considerandos 108 y 11, el Fondo de defensa del medio ambiente estaba expuesto al riesgo de soportar un aumento de las deudas como consecuencia de la continuación de la explotación de NHCZ e incurrió en deudas adicionales tanto en el primer período concursal como en el segundo.
                  
               
                     (131)
                  
                  
                     Los créditos del Fondo de defensa del medio ambiente surgidos tras declararse la quiebra de NCHZ se debían al impago parcial de la tasa anual por contaminación atmosférica. De conformidad con los requisitos legales vigentes, las tasas se impusieron a los operadores industriales respecto a los años anteriores (73), en función de la cantidad de contaminación atmosférica provocada por la planta en cuestión el año anterior.
                  
               
                     (132)
                  
                  
                     La investigación formal puso de manifiesto que la tasa de contaminación atmosférica de 2010, impuesta en nombre del Fondo de defensa del medio ambiente en mayo de 2010 por la contaminación atmosférica producida en 2009, se fijó en 192 454 EUR y a finales de 2010 (fin del primer período concursal), los créditos posteriores a la quiebra ascendían a 222 954 EUR debido al impago parcial de la tasa anual por contaminación atmosférica (véase el considerando 26). Sin embargo, estos créditos no eran el resultado de la explotación de NCHZ en el año 2010 durante la quiebra, sino en 2009, cuando la explotación de NCHZ estaba garantizada por ley.
                  
               
                     (133)
                  
                  
                     La Comisión señala, en primer lugar, que el importe de las tasas por contaminación atmosférica era en gran medida previsible, ya que estaba ligado al nivel de explotación de la empresa. En segundo lugar, las tasas públicas incurridas debido a la explotación de la empresa en quiebra tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra.
                  
               
                     (134)
                  
                  
                     Por tanto, también cabía esperar que NCHZ incurriera en deudas adicionales en 2011 por contaminación atmosférica (correspondiente al año 2010), incluso en el caso de que los acreedores optaran por la liquidación en 2011. Además, dado que incluso en una situación hipotética de liquidación el cese de la producción no habría sido inmediato, NCHZ habría seguido contaminando aunque se hubiera optado por la liquidación, por lo que habría tenido que pagar las tasas de emisión incluso en 2012. Teniendo en cuenta la existencia de importantes créditos anteriores a la quiebra, lo prudente era que el Fondo de defensa del medio ambiente votara a favor de la continuación de las actividades de su deudor.
                  
               
                     (135)
                  
                  
                     En vista de lo anterior, en cualquiera de las dos situaciones hipotéticas mencionadas —liquidación o continuación de la actividad y venta como empresa en funcionamiento—, NCHZ habría incurrido en deudas adicionales por contaminación atmosférica en 2011 y probablemente en 2012, la obligación fiscal habría sido la misma durante ese período, y la obligación fiscal impagada probablemente habría sido del mismo orden, ya que los fondos no habrían sido suficientes para cubrir la totalidad de los pagos de impuestos, ni siquiera en caso de venta como empresa en funcionamiento.
                  
               
                     (136)
                  
                  
                     Además, se determinó que: i) a mediados de diciembre de 2010, los créditos no satisfechos derivados de la explotación de NCHZ durante el primer período concursal, que tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra, ascendían a unos 16 millones EUR (considerando 33), y ii) prácticamente todos los ingresos (dependiendo de la situación hipotética) procedentes de la venta de los activos de NCHZ tendrían que cubrir los costes derivados de la interrupción de las actividades de NCHZ (considerando 34). Esto reducía significativamente la probabilidad de satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra en una situación de liquidación.
                  
               
                     (137)
                  
                  
                     En vista de ello, cabía esperar razonablemente que en caso de liquidación no se satisficiera ninguno de los créditos del Fondo de defensa del medio ambiente anteriores a la quiebra. Así pues, a partir de la información de que disponía el Fondo de defensa del medio ambiente en aquel momento, podía considerar que le convenía más continuar con las actividades que perder todos sus créditos en caso de liquidación.
                  
               
                     (138)
                  
                  
                     Además, en este contexto, la Comisión considera que el análisis económico y la presentación de gestión de NCHZ, que estuvieron a disposición del Fondo de defensa del medio ambiente en el momento de la votación en enero de 2011, constituían una base válida para su voto. Como se describe en los considerandos 101 a 104, de estos documentos se deduce que la continuación de las actividades de NCHZ y su venta como empresa en funcionamiento [con un comprador interesado disponible (considerando 103)] redundaba en el interés superior de los acreedores, y, por tanto, del Fondo de defensa del medio ambiente. Por tanto, el Fondo de defensa del medio ambiente, cuyos créditos adicionales durante el segundo período concursal previsiblemente fueran inferiores a los créditos anteriores a la quiebra, tenía motivos de peso para basar su decisión en el análisis económico del administrador junto con la presentación de gestión.
                  
               
                     (139)
                  
                  
                     Por tanto, la Comisión considera que la decisión del Fondo de defensa del medio ambiento de votar a favor de continuar con las actividades de NCHZ también la habría adoptado un acreedor privado razonable y diligente y, por tanto, se ajustaba a las condiciones de mercado.
                  
               4.3.2.4.   La ciudad de Nováky
         
         
                     (140)
                  
                  
                     La ciudad de Nováky era un acreedor garantizado de NCHZ con un crédito anterior a la quiebra con NCHZ basado en el registro de un derecho prendario relacionado con el impuesto sobre bienes inmuebles de aproximadamente 43 781 EUR.
                  
               
                     (141)
                  
                  
                     Como se menciona en los considerandos 108 y 111, la ciudad de Nováky estaba expuesta al riesgo de que durante el período concursal aumentaran las deudas de NCHZ y, de hecho, dicha empresa incurrió en deudas adicionales relacionadas principalmente con su obligación de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles.
                  
               
                     (142)
                  
                  
                     Los créditos de la ciudad de Nováky surgidos tras declararse la quiebra de NCHZ se debían al impago parcial de los impuestos anuales sobre bienes inmuebles. De conformidad con los requisitos legales vigentes, los impuestos se impusieron respecto del año en curso (74) en función de la superficie de los terrenos y los edificios (por separado para las distintas categorías).
                  
               
                     (143)
                  
                  
                     El principal crédito adeudado por NCHZ a la ciudad de Nováky en el primer período concursal era el impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente al año 2010 (aplicado en marzo de 2010), que ascendía a523 793 EUR (véase el considerando 27). Dada su naturaleza de impuesto público, este crédito recibió un trato prioritario y fue parcialmente satisfecho en el primer período concursal. A finales de 2010, es decir, el primer período concursal, los créditos posteriores a la quiebra ascendían a 29 762 EUR (principalmente la obligación de pago del impuesto sobre bienes inmuebles de NCHZ) (véase el considerando 27).
                  
               
                     (144)
                  
                  
                     La presentación de gestión indicó los ingresos que se estimaba que perdería la ciudad de Nováky si NCHZ cesaba sus actividades, que ascendían a aproximadamente 572 000 EUR anuales (considerando 32), importe que, por otra parte, puede considerarse que corresponde a la estimación de los créditos adicionales en los que se iba a incurrir en el segundo período concursal.
                  
               
                     (145)
                  
                  
                     En el momento de la toma de la decisión, se sabía que el importe adeudado por NCHZ a la ciudad de Nováky vencía y era pagadero anualmente, y no dependía de la explotación de NCHZ, sino que se basaba exclusivamente en la superficie de los terrenos y los edificios que eran propiedad de la empresa. Así pues, cabía esperar que la obligación fiscal impagada hubiera sido la misma en ambas situaciones hipotéticas —liquidación o venta como empresa en funcionamiento—, ya que no habría habido fondos suficientes para cubrir la totalidad de los pagos de impuestos debido a otros créditos concurrentes posteriores a la quiebra.
                  
               
                     (146)
                  
                  
                     Además, era poco probable que la superficie de los terrenos propiedad de NCHZ hubiese cambiado sustancialmente durante el período de tiempo evaluado. La posibilidad de la venta de terrenos era remota, debido principalmente a la carga medioambiental considerable y a la presencia de una industria química pesada en el terreno. Habría resultado muy especulativo e hipotético considerar la posibilidad de que un comprador adquiriera la totalidad o parte del terreno y pagara, al menos, una parte del impuesto sobre bienes inmuebles. Así pues, desde el punto de vista del criterio del acreedor privado, la explotación de NCHZ resultaba neutral para la ciudad de Nováky en términos de deuda.
                  
               
                     (147)
                  
                  
                     Así pues, la Comisión señala, en primer lugar, que el importe de los impuestos sobre bienes inmuebles era en gran medida previsible, ya que estaba ligado a la superficie de los terrenos y edificios ocupados por la empresa. En segundo lugar, que los impuestos incurridos debido a la explotación de la empresa en quiebra tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra.
                  
               
                     (148)
                  
                  
                     Además, se determinó que: i) a mediados de diciembre de 2010, los créditos no satisfechos derivados de la explotación de NCHZ durante el primer período concursal, que tenían prioridad sobre los créditos anteriores a la quiebra, ascendían a unos 16 millones EUR (considerando 33), y ii) prácticamente todos los ingresos (dependiendo de la situación hipotética) procedentes de la venta de los activos de NCHZ tendrían que cubrir los costes derivados de la interrupción de las actividades de NCHZ (considerando 34). Esto reducía significativamente la probabilidad de satisfacción de los créditos anteriores a la quiebra en una situación de liquidación.
                  
               
                     (149)
                  
                  
                     En este contexto, el análisis económico y la presentación de gestión de NCHZ, que estuvieron a disposición de la ciudad de Nováky en enero de 2011, constituían una base válida para su apoyo a la decisión. Como se describe en los considerandos 101 a 104, estos documentos demostraban que la continuación de las actividades de NCHZ y su venta como empresa en funcionamiento [con un comprador interesado disponible (considerando 103)] redundaba en el interés superior de los acreedores, y, por tanto, de la ciudad de Nováky.
                  
               
                     (150)
                  
                  
                     Por consiguiente, dada la probable pérdida de todos los créditos anteriores a la quiebra en caso de liquidación, la posibilidad remota de prever una venta de los terrenos debido a los elevados costes medioambientales asociados a estos, junto con el inevitable aumento de los impuestos impagados durante un período de tiempo considerable (más de un año), incluso en caso de liquidación, lo razonable era que la ciudad de Nováky apoyara la continuación de las actividades de NCHZ.
                  
               
                     (151)
                  
                  
                     Por tanto, la Comisión considera que la decisión de la ciudad de Nováky de votar a favor de continuar con las actividades de NCHZ era conforme a las condiciones de mercado.
                  
               4.3.3.   Conclusión sobre la existencia de una ventaja económica
         
         
                     (152)
                  
                  
                     En vista de lo anterior, la Comisión considera que el comportamiento de las distintas entidades públicas se ajustó al criterio del acreedor privado.
                  
               
                     (153)
                  
                  
                     Por ello, la Comisión llega a la conclusión de que NCHZ no se benefició de una ventaja frente a sus competidores que no habría recibido en condiciones de mercado normales durante el segundo período concursal, cuando la Ley sobre las sociedades estratégicas dejó de aplicarse y NCHZ continuó su actividad debido a la decisión tomada por el organismo competente.
                  
               
                     (154)
                  
                  
                     En cualquier caso, dado que los acreedores públicos que participaron en el proceso de toma de decisiones del organismo competente se comportaron como cualquier otro operador de mercado, la Comisión considera que no es necesario seguir evaluando si la decisión de los acreedores públicos era o no pari passu, es decir, si se adoptó en las mismas condiciones con acreedores privados que se encontraban en una situación comparable. En efecto, los acreedores en cuestión no se encontraban en una situación idéntica. Además, una vez que se puede determinar si se ha otorgado una ventaja económica, no es necesario seguir verificando si el comportamiento de la entidad pública en cuestión se produjo en condiciones pari passu (75). Si la intervención de los organismos públicos no es pari passu con la de los operadores privados, esto no implica automáticamente que la transacción no cumple las condiciones de mercado, pudiendo evaluarse el cumplimiento con las condiciones de mercado mediante otros métodos (76). Por tanto, no es necesario basarse en un análisis de las condiciones pari passu, ya que la ausencia de ventaja económica y la conformidad con las condiciones de mercado en el caso de los acreedores de NCHZ queda demostrada por otros medios.
                  
               5.   CONCLUSION
         
         
                     (155)
                  
                  
                     En vista de lo anterior, tras la reevaluación de la medida en favor de NCHZ durante su segundo período concursal, que fue objeto de la decisión incoar el procedimiento de investigación formal, a la que se refiere la nota a pie de página n.o 1 de la presente Decisión, la Comisión concluye que la medida no constituye ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
                  
               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
         
            Artículo 1
            La decisión del organismo competente de ordenar al administrador concursal que continuara con las actividades de NCHZ, adoptada el 26 de enero de 2011 por unanimidad por la junta de acreedores y los acreedores garantizados, y declarada vinculante el 17 de febrero de 2011 por el órgano jurisdiccional concursal en calidad de miembro del organismo competente tras la expiración de la Ley sobre las sociedades estratégicas el 31 de diciembre de 2010, no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
         
         
            Artículo 2
            El destinatario de la presente Decisión es la República Eslovaca.
         
         
            Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 2021.
            
               
                  Por la Comisión
               
               Margrethe VESTAGER
               
                  Miembro de la Comisión
               
            
         
         
            (1)  Decisión C(2013) 3555 de la Comisión, de 2 de julio de 2013 (DO C 297 de 12.10.2013, p. 85).
         
            (2)  DO C 297 de 12.10.2013, p. 85.
         
            (3)  DO L 269 de 15.10.2015, p. 71.
         
            (4)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950.
         
            (5)  En particular, considerandos 14, 26 y 32, y artículo 2 de la Decisión inicial.
         
            (6)  Tal como se define en el considerando 18 y se menciona en la sentencia como «órgano competente».
         
            (7)  Tal como se define en el considerando 18 y se menciona en la sentencia como «órgano competente». El Tribunal General señaló que el motivo relativo al derecho de veto se refería únicamente a los acreedores públicos garantizados que eran miembros del órgano competente y no a los que formaban parte de la junta de acreedores (véase el apartado 84 de la sentencia).
         
            (8)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 94 y 95.
         
            (9)  Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 24 de septiembre de 2019, Fortischem, a.s./Comisión, asunto T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684.
         
            (10)  Sentencia del Tribunal de Justicia 29 de abril de 2021, Fortischem, a.s./Comisión, C-890/19 P, ECLI:EU:C:2021:345.
         
            (11)  Para referencia a la Decisión inicial, véase el considerando 1 de la presente Decisión.
         
            (12)  El propietario de la empresa era Disor Holdings Limited. Mientras tanto, las actividades de NCHZ fueron asumidas por Fortischem, por lo que NCHZ ya no produce sustancias químicas.
         
            (13)  Ley n.o 493/2009 Col. sobre determinadas medidas relativas a las empresas importantes desde el punto de vista estratégico, en su versión modificada («Ley sobre las sociedades estratégicas»), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 1 de diciembre de 2009.
         
            (14)  Ley n.o 7/2005 Col. relativa a la insolvencia y la reestructuración («Ley concursal»), en su versión modificada, y aplicable a la quiebra de NCHZ.
         
            (15)  «Príslušný orgán», tal como se define en el artículo 82, apartado 2, de la Ley concursal. En el presente caso, el organismo competente estaba constituido con arreglo al artículo 82, apartado 2, letras c) y e), de la Ley concursal.
         
            (16)  Con arreglo al artículo 88 de la Ley concursal.
         
            (17)  La composición del organismo competente en el procedimiento concursal de NCHZ se estableció de conformidad con el artículo 82, apartado 2, letras c) y e), de la Ley concursal.
         
            (18)  Artículo 32 y artículo 35, apartado 4, de la Ley concursal.
         
            (19)  Véase el artículo 33 de la Ley concursal.
         
            (20)  Véase el artículo 37, apartado 4, de la Ley concursal.
         
            (21)  Véase el artículo 5 de la Ley concursal.
         
            (22)  Véase también el artículo 5 de la Ley concursal.
         
            (23)  La propiedad de los miembros privados de la junta de acreedores, como ya se menciona en la nota a pie de página n.o 9 de la Decisión inicial, era la siguiente: Invest-Kredit, s.r.o. (propiedad de Disor Holdings Limited, accionista único de NCHZ); Novácka Energetika, a.s. (inicialmente una filial de NCHZ, cuyo accionista mayoritario desde enero de 2011 era Stupefy Holdings Limited); M-Energo, s.r.o. (accionista mayoritario, Stupefy Holdings Limited) y Dak Kiaba, s.r.o.
         
            (24)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 174, 175 y 180.
         Mediante el motivo examinado en dichos apartados de la sentencia, AlzChem hizo referencia a los vínculos de capital entre algunos acreedores privados y los «propietarios» de NCHZ, cuestionando así la utilización por parte de la Comisión de la decisión de la junta de acreedores como referencia para la aplicación del criterio del acreedor privado.
         
            (25)  Véase el artículo 82, apartado 2, letra e), de la Ley concursal.
         
            (26)  Un crédito garantizado puede rechazarse, por ejemplo, debido a la base jurídica del crédito, su carácter ejecutorio, etc.
         
            (27)  Una empresa con sede en Londres (Reino Unido).
         
            (28)  Véase también el artículo 87 de la Ley concursal.
         
            (29)  El cuadro refleja la situación a 1 de agosto de 2012. Como tal, en el caso de algunos acreedores que mantuvieron relaciones activas con NCHZ durante el período concursal (por ejemplo, el Fondo de defensa del medio ambiente y la ciudad de Nováky), no refleja todas las deudas contraídas, ya que los créditos posteriores a la quiebra, entre los que se encuentran los créditos derivados de las actividades de la empresa, fueron satisfechos con prioridad en el procedimiento concursal. Así pues, algunos de los créditos posteriores a la quiebra se habían satisfecho antes del 1 de agosto de 2012.
         
            (30)  Escrito de las autoridades eslovacas de 12 de mayo de 2014.
         Para los acreedores que mantuvieron relaciones activas con NCHZ durante la quiebra, estos importes no reflejan todas las deudas contraídas, ya que los créditos posteriores a la quiebra, entre los que se encuentran los créditos derivados de las actividades de la empresa, fueron satisfechos con prioridad en el procedimiento concursal.
         
            (*)  De los cuales 43 781,67 EUR como crédito garantizado y 23 863,86 EUR como crédito no garantizado.
         
         
            (**)  De los cuales 949 879,66 EUR como crédito garantizado y 69 912,35 EUR como crédito no garantizado.
         
         
            (31)  Diapositivas 34 a 36 de la presentación de gestión.
         
            (32)  Se estimó que el total de la disminución para la ciudad de Nováky era de 757 000 EUR anuales.
         
            (33)  Las situaciones hipotéticas estudiadas eran: i) la venta de la empresa en su conjunto mientras estaba en funcionamiento; ii) la venta de la empresa por partes mientras estaba en funcionamiento; iii) la venta de la empresa por partes mientras se mantenían algunas partes en funcionamiento, y iv) la venta de los activos y el cese completo de las actividades.
         
            (34)  Calculado como una diferencia entre los costes totales de explotación de la empresa de 202,2 millones EUR y los ingresos totales de 186,4 millones EUR, para el período que comienza con la declaración de quiebra de NCHZ por parte del órgano jurisdiccional concursal el 2 de octubre de 2009 (tras el inicio del procedimiento concursal el 24 de septiembre de 2009) y hasta el 15 de diciembre de 2010.
         
            (35)  Dependiendo del tipo de rescisión de los contratos del personal, se estimó que los costes de personal ascendían a 7,7 millones EUR, 8,9 millones EUR o 10,5 millones EUR.
         
            (36)  Este importe no representa todos los créditos contraídos en el primer período concursal, ya que los créditos de explotación de la empresa se estaban satisfaciendo de forma continua y, por tanto, una parte de dichos créditos ya se habían satisfecho.
         
            (37)  Véase el artículo 88, apartado 8, de la Ley concursal.
         
            (38)  En particular, en caso de suspensión de las operaciones, la electrolisis queda inutilizable y no es posible reanudar la producción. Del mismo modo, si se enfrían los hornos de carburo que se utilizan para la producción de carburo de calcio, volver a poner dichos hornos en funcionamiento sería problemático.
         
            (39)  Artículo 38, apartado 2, de la Ley concursal.
         
            (40)  Artículo 37, apartado 4, de la Ley concursal.
         
            (41)  La decisión («uznesenie») de la junta de acreedores, junto con el acta de la reunión de 26 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Comercial («Obchodný vestník») el 15 de febrero de 2011.
         
            (42)  Véase el artículo 38, apartado 7, de la Ley concursal.
         
            (43)  Véase el artículo 83, apartado 4, de la Ley concursal.
         
            (44)  Véase el artículo 83, apartado 4, de la Ley concursal.
         
            (45)  Resolución («uznesenie») n.o 29K/43/2009-18279.
         
            (46)  El órgano jurisdiccional concursal enumeró a los seis acreedores garantizados, miembros del organismo competente (véase también el considerando 21 de la presente Decisión).
         
            (47)  Escrito de AlzChem de 6 de enero de 2020.
         
            (48)  Comunicación de Fortischem de 19 de diciembre de 2019.
         
            (49)  Asunto C-345/02, Pearle y otros (DO C 228 de 11.9.2004, p. 6).
         
            (50)  Asunto C-677/11, Doux Elevage SNC (DO C 225 de 3.8.2013, p. 21).
         
            (51)  Escrito de SRS de 4 de diciembre de 2019, en la que se hace referencia al escrito enviado por SRS el 27 de agosto de 2013.
         
            (52)  Escrito de Eslovaquia de 14 de febrero de 2020.
         
            (53)  Escrito de AlzChem de 6 de enero de 2020.
         
            (54)  Escrito de Fortischem de 19 de diciembre de 2019.
         
            (55)  Escrito de SRS de 4 de diciembre de 2019, en la que se hace referencia al escrito enviado por SRS el 27 de agosto de 2013.
         
            (56)  Escrito de Eslovaquia de 14 de febrero de 2020.
         
            (57)  La Comisión revisó la resolución del órgano jurisdiccional de 17 de febrero de 2011 y constató que el único cambio efectuado no era sustancial y consistía en la corrección de la referencia a una disposición legal específica.
         
            (58)  Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2016, DEI y Comisión/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P, EU:C:2016:797, apartados 59, 77 y 81, y de 3 de marzo de 2016, Simet/Comisión, T-15/14, ECLI:EU:T:2016:124, apartados 38, 44 y 45.
         
            (59)  Sentencia de 27 de marzo de 1980, Administrazione delle finanzze dello Stato/Denkavit italiana, EU:C:1980:100, apartado 31; sentencia de 5 de abril de 2006, Deutsche Bahn/Comisión, T-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, apartado 100.
         
            (60)  Véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 129, 130, 134 y 142.
         
            (61)  Véase el apartado 74 de la Comunicación de la Comisión 2016/C 262/01 relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal») (DO C 262 de 19.7.2016, apartado 1).
         
            (62)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, España/Comisión, C-525/04 P, EU:C:2007:698, apartados 59 a 60; sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de enero de 2013, Frucona/Comisión, C-73/11 P, EU:C:2013:32, apartado 72; y sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1999, DMTransport, C-256/97, EU:C:1999:332, apartado 30.
         
            (63)  Véanse, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión («Tubemeuse»), C-142/87, EU:C:1990:125, apartado 29; la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión («ALFA Romeo»), C-305/89, EU:1991:142, apartados 18 y 19; la sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 1998, Cityflyer Express/Comisión, T-16/96, ECLI:EU: T:1998:78, apartado 51; la sentencia del Tribunal General de 21 de enero de 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke y Lech-Stahlwerke/Comisión, asuntos acumulados T-129/95, T-2/96 y T-97/96, ECLI:EU:T:1999:7, apartado 104; y la sentencia del Tribunal General de 6 de marzo de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, asuntos acumulados T-228/99 y T-233/99, ECLI:UE: T:2003:57, apartado 208.
         
            (64)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2017, Comisión/Frucona Košice, C-300/16 P, EU:C:2017:706, apartado 28.
         
            (65)  Véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 216 a 217.
         
            (66)  Véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 216 a 217.
         
            (67)  Véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartado 218.
         
            (68)  Véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartado 221.
         Por «Decisión impugnada» se entiende la «Decisión inicial» tal y como se utiliza en la presente Decisión.
         
            (69)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartado 143.
         
            (70)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 188, 190 y 192 (véanse los extractos a continuación). Véanse también la sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión, T-152/99, ECLI:EU:T:2002:188, apartados 166 a 172; y la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2011, Buczek Automotive/Comisión, T-1/08, ECLI:EU:T:2011:216, apartado 84.
         El Tribunal sostuvo que: «[...] se desprende de la sentencia de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión (T-152/99, EU:T:2002:188), en particular de sus apartados 166 a 172, que el juez de la Unión preconiza un examen de la situación individual de los acreedores públicos, principalmente en función de su condición de acreedores ordinarios o privilegiados, para determinar, en esencia, si la elección de estos va más allá de lo que justifican las exigencias comerciales o si puede explicarse por la voluntad de conceder una ventaja a la empresa de que se trate. De ello se deduce que el juez de la Unión considera que los acreedores públicos no deben ser considerados como una entidad única, sino que es necesario tener en cuenta sus características particulares». Asimismo, «[...] debe señalarse que las consideraciones de la sentencia de 11 de julio de 2002, HAMSA/Comisión (T-152/99, EU:T:2002:188), apartados 168 y 170, se retomaron en la sentencia de 17 de mayo de 2011, Buczek Automotive/Comisión (T-1/08, EU:T:2011:216), apartado 84». Por último, «[...] el Tribunal de Justicia indicó la necesidad de tener en cuenta, al aplicar el principio del acreedor privado, a un acreedor privado que se encontrara en una situación lo más semejante posible a la del acreedor público y que deseara obtener el pago de las cantidades que le adeudaba un deudor que pasara por dificultades financieras, lo que supone no tener que considerar al Estado como un acreedor único, que agrupa a todos los acreedores públicos afectados».
         
            (71)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 145 a 152.
         
            (72)  Sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2018, AlzChem AG/Comisión, T-284/15, ECLI:EU:T:2018:950, apartados 151 a 152.
         
            (73)  Esto se deriva de la versión modificada de la Ley n.o 401/1998 relativa a la contaminación.
         
            (74)  Esto se deriva de la versión modificada de la Ley n.o 582/2004 sobre impuestos locales.
         
            (75)  Sentencia de 4 de septiembre de 2014, SNCM y Francia/Corsica Ferries France, C-533/12 P y C-536/12 P, EU:C:2014:2142, apartado 54. Véanse también las sentencias de 1 de febrero de 2018, Larko/Comisión, T-423/14, ECLI:EU:T:2018:57, apartado 119; y de 11 de septiembre de 2012, Corsica Ferries France/Comisión, T-565/08, ECLI:EU:T:2012:415, apartado 122. Véase también la sentencia del asunto T-93/17, Duferco Long Products SA/Comisión, ECLI:EU:T:2018:558, apartados 99 a 106, en la que el Tribunal General determinó el incumplimiento de las condiciones de mercado por parte de la transacción sin necesidad de recurrir a un análisis pari passu.
         
            (76)  Sentencia del Tribunal General de 12 de junio de 2014, Sarc/Comisión, T-488/11, ECLI:EU:T:2014:497, apartado 98. Véase también la sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2018, Duferco Long Products SA/Comisión, T-93/17, ECLI:EU:T:2018:558, apartados 102 a 103.