CELEX: C2004/262/26
Language: es
Date: 2004-10-23 00:00:00
Title: Asunto C-308/04 P: Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 2004 por SGL Carbon AG contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01

23.10.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 262/14
            
         Recurso de casación interpuesto el 19 de julio de 2004 por SGL Carbon AG contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01
   (Asunto C-308/04 P)
   (2004/C 262/26)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 19 de julio de 2004 un recurso de casación formulado por SGL Carbon AG, representada por el Dr. Martin Klusman y la Dra. Kirsten Beckmann, Rechtsanwälte del bufete Freshfields Bruckhaus Deringer, Freiligrathstr. 1, D-40479 Düsseldorf, contra la sentencia dictada el 29 de abril de 2004 por la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-236/01, T-239/01, T-244/01 a T-246/01, T-251/01 y T-252/01, Tokai y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas, en relación con el asunto T-239/01.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               1)
            
            
               Anule parcialmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de abril de 2004 en el asunto T-239/01 (1), en la medida en que desestima la demanda, en particular la pretensión de anulación de los artículos 3 y 4 de la Decisión de la demandada de 18 de julio de 2001, y mantenga las pretensiones de la demanda en primera instancia.
            
         
               2)
            
            
               Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa impuesta a la demandante con arreglo al artículo 3 de la Decisión COMP/E-1/36.490, así como los intereses por el período de litispendencia del asunto y de los intereses de demora exigidos a la demandante con arreglo al artículo 4 de dicha Decisión en relación con el escrito de la demandada de 23.7.2001 (SG 2001) D/290091.
            
         
               3)
            
            
               Con carácter más subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que dicte una nueva sentencia que respete la posición jurídica del Tribunal de Justicia.
            
         
               4)
            
            
               Condene a la demandada al pago de las costas relativas a todo el procedimiento.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente en casación pretende mediante siete motivos de casación que se anule la mayor parte de los artículos 3 y 4 de la Decisión de la Comisión en la versión modificada por la sentencia de primera instancia:
   
               1.
            
            
               En primer lugar, alega la violación del principio ne bis in idem al no haberse tenido en cuenta que en Norteamérica, con anterioridad a la adopción de la Decisión de la Comisión, ya se habían impuesto multas por los mismos hechos. La recurrente en casación sostiene que, dado que las prohibiciones que sirven para proteger la competencia persiguen el mismo objetivo en Europa y en Norteamérica, deberían deducirse las sanciones impuestas anteriormente por los mismos hechos. Esto se desprende bien directamente del principio ne bis in idem en sentido amplio, que se aplica en las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho de Estados terceros, o bien del principio de equidad, cuyo alcance es aún mayor y que está vigente desde la sentencia Walt Wilhelm. Afirma que, por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha confirmado, en su sentencia Boehringer, la existencia de la obligación de compensar las sanciones impuestas en los Estados Unidos de América por los mismos hechos, obligación que el Tribunal de Primera Instancia, a su juicio, ha incumplido.
            
         
               2
            
            
               Por lo que se refiere a las declaraciones del Tribunal de Primera Instancia sobre la fijación de los importes de partida, la recurrente en casación alega que dicho Tribunal erró al no reducir el importe de partida que se le había impuesto, a pesar de que debía haberlo hecho, si hubiese aplicado indiscriminadamente los criterios de cálculo que él mismo había establecido.
            
         
               3.
            
            
               Mediante el tercer motivo, la recurrente en casación estima que el aumento del importe de la multa en un 25 % por haber avisado por teléfono a otras empresas de la inminencia de las inspecciones de la Comisión, era ilegal. Dichas llamadas telefónicas no tenían relación alguna con el objeto del litigio y, en contra de la opinión del Tribunal de Primera Instancia, considerarlas una circunstancia agravante en el marco del cálculo de la multa con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 equivalía a violar el principio nulla poena sine lege. Considera que la sentencia Sarrió, que dicho Tribunal cita en apoyo de la postura contraria, no es pertinente, dado que las circunstancias agravantes de los hechos que originaron aquel litigio habían sido tenidas en cuenta para aumentar las multas en el contexto de la comisión de los hechos, pero no en relación con actos posteriores que debían o podían haber impedido que se descubrieran éstos. Por lo demás, la recurrente en casación señala que, en el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia ha supuesto sin ningún fundamento la intencionalidad de la recurrente en casación, infringiendo de este modo las normas sobre la prueba.
            
         
               4.
            
            
               En relación con el cálculo de la multa, la recurrente en casación afirma que se ha excedido el límite del 10 % del volumen de negocios del grupo establecido en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17. Considera que si la Comisión se hubiese basado en el volumen de negocios correspondiente al año 2000, o al año 1999, tendría que haber limitado el importe matemático de la multa al 10 % del volumen de negocios del grupo de empresas antes de aplicar la comunicación sobre medidas de clemencia. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no contestó a la cuestión, por suponer erróneamente que carecía de pertinencia para desestimar la alegación a este respecto.
            
         
               5.
            
            
               La recurrente en casación alega, además, que no se tuvo suficientemente en cuenta la importancia del hecho de que no se le permitiera examinar determinados documentos, lo que constituye una limitación del derecho de acceso al expediente. Como complemento a sus alegaciones en primera instancia, la recurrente en casación afirma que incluso el Tribunal de Primera Instancia utilizó por primera vez en la sentencia nuevos documentos que contenían pruebas de cargo que ella no conocía y respecto de los cuales no pudo ejercer su derecho de defensa.
            
         
               6.
            
            
               La recurrente en casación estima asimismo que se violaron el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad debido que, al calcularse el importe de la multa, no se tuvo en cuenta en absoluto su difícil situación financiera, que no se discutía. Sostiene que las sanciones en materia de Derecho de la competencia no pueden poner en peligro la existencia de las empresas a las que se les imponen. La medida para el examen de la proporcionalidad y de la equidad de las sanciones deber ser la empresa de que se trata. A su juicio, no es lícito, en general, basarse en qué partes de una empresa podrán salvarse en el caso de que la imposición de una multa provoque la declaración de quiebra de dicha empresa. Considera que todo cálculo de una sanción debe realizarse de tal modo que no constituya un «pena de muerte» económica.
            
         
               7.
            
            
               Por último, la recurrente en casación impugna también la omisión de una decisión respecto de las alegaciones que había presentado sucesivamente relativas a la fijación de intereses de demora y por el período de litispendencia. El Tribunal de Primera Instancia erró al no tener en cuenta que no existe base jurídica alguna ni para la fijación de los intereses, ni para el importe de los intereses exigidos en el presente caso. Aun cuando se reconociera que la fijación de intereses está, en principio, legalmente amparada, considera que sería necesario en todo caso fijar su importe a un nivel suficientemente bajo para conseguir evitar demandas abusivas. Esto es más cierto aún a la luz del drástico aumento del nivel de las sanciones, que lleva a un aumento igualmente drástico del nivel de los intereses exigidos. En la sentencia recurrida no se trató el fondo de las alegaciones formuladas, pero sí una alegación que la recurrente en casación no había formulado.
            
         
      (1)  Aún no publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.