CELEX: 62001TJ0325
Language: es
Date: 2005-09-15
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de septiembre de 2005. # DaimlerChrysler AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Artículo 81 CE - Prácticas colusorias - Contrato de agencia - Distribución de vehículos automóviles - Unidad económica - Medidas destinadas a obstaculizar el comercio paralelo de vehículos automóviles - Fijación de los precios - Reglamento (CE) nº 1475/95 - Multa. # Asunto T-325/01.

Asunto T‑325/01
      DaimlerChrysler AG
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Competencia — Artículo 81 CE — Prácticas colusorias — Contrato de agencia — Distribución de vehículos automóviles — Unidad económica — Medidas destinadas a obstaculizar el comercio paralelo de vehículos automóviles — Fijación de los precios — Reglamento (CE) nº 1475/95 — Multa»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 15 de septiembre de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Concepto — Comportamientos bilaterales o multilaterales — Inclusión
            — Comportamiento unilateral — Exclusión 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      2.     Competencia — Normas comunitarias — Empresa — Concepto — Unidad económica — Personas jurídicas distintas ligadas por un contrato
            de agencia — Requisitos para la existencia de una unidad económica
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      3.     Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Reglamento (CE) nº 1475/95 — Concepto de «reventa»
      (Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, art. 10, ap. 12)
      4.     Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento nº 99/63/CEE de la Comisión, arts. 2 y 4)
      5.     Competencia — Prácticas colusorias — Práctica concertada — Concepto — Incompatibilidad de la coordinación y cooperación con
            el deber de cada empresa de determinar de manera autónoma su comportamiento en el mercado 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      6.     Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Prueba de la infracción a cargo de la Comisión — Prueba que
            se aporta de la participación en reuniones cuyo objeto es contrario a la competencia — Prueba del distanciamiento con respecto
            a las decisiones adoptadas, que incumbe a la empresa
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      7.     Competencia — Prácticas colusorias — Decisiones de asociaciones de empresas — Decisión no obligatoria de una asociación aplicada
            por sus miembros — Inclusión 
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      8.     Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Práctica colusoria que despliega
            sus efectos en todo el territorio de un Estado miembro — Perjuicio automático
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      9.     Competencia — Normas comunitarias — Infracción cometida por una filial — Imputación a la sociedad matriz — Requisitos — Irrelevancia
            de la circunstancia de que la filial tenga personalidad jurídica propia — Relevancia de la posesión de la totalidad del capital
            de la filial — Obligación de la sociedad matriz de destruir la presunción de que ejerce efectivamente un poder de dirección
            sobre su filial
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      1.     La prohibición establecida por el artículo 81 CE, apartado 1, se refiere exclusivamente a los comportamientos coordinados
         bilateral o multilateralmente, en forma de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas concertadas.
         Así pues, el concepto de acuerdo en el sentido de esta disposición se basa en la existencia de una concordancia de voluntades
         entre al menos dos partes. De lo anterior se desprende que cuando una decisión de una empresa constituye un comportamiento
         unilateral de ésta, dicha decisión es ajena a la prohibición del citado artículo.
      
      (véanse los apartados 83 y 84)
      2.     A efectos de la aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultante de su personalidad
         jurídica distinta, no es determinante y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado. Por consiguiente,
         puede resultar necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen o forman parte
         de una misma y única empresa o entidad económica que presenta un comportamiento único en el mercado.
      
      Este tipo de situación no se limita a los casos en los que las sociedades mantengan relaciones de matriz a filial, sino que
         incluye asimismo, en ciertas circunstancias, las relaciones entre una sociedad y su representante comercial o entre un comitente
         y su comisionista. En efecto, al aplicar el artículo 81 CE, la cuestión de si un comitente y su intermediario o «representante
         comercial» forman una unidad económica y éste es un órgano auxiliar integrado en la empresa de aquél, es importante para determinar
         si un comportamiento está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho artículo. Así pues, si un intermediario ejerce una
         actividad en beneficio de su comitente, puede en principio considerarse como órgano auxiliar integrado en la empresa de éste,
         obligado a atenerse a las instrucciones del comitente y formando así con dicha empresa, a semejanza del empleado comercial,
         una unidad económica.
      
      No ocurre lo mismo cuando los acuerdos entre el comitente y sus agentes atribuyen o dejan a éstos funciones que económicamente
         se asemejan a las de un comerciante independiente, por contemplar la asunción por el intermediario de los riesgos financieros
         vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros. Así pues, los agentes sólo pueden perder
         su condición de operadores económicos independientes cuando no soportan ninguno de los riesgos resultantes de los contratos
         negociados por el comitente y operan como auxiliares integrados en la empresa del comitente. Por lo tanto, cuando un agente,
         aunque con personalidad jurídica propia, no determina de forma autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica las
         instrucciones que le imparte su comitente, las prohibiciones dictadas por el artículo 81 CE, apartado 1, no son aplicables
         a las relaciones entre el agente y su comitente, con el que forma una unidad económica.
      
      (véanse los apartados 85 a 88)
      3.     De la definición del término «reventa» que figura en el artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la
         aplicación del apartado 3 del artículo [81 CE] a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta
         y de posventa de vehículos automóviles, se desprende que la posibilidad de que un proveedor prohíba a los distribuidores el
         suministro a personas físicas o jurídicas asimiladas a revendedores se limita al supuesto de que éstos enajenen vehículos
         nuevos. Esta asimilación a la reventa de los contratos de leasing que impliquen una transmisión de propiedad o una opción
         de compra antes del vencimiento del contrato tiene por objeto permitir al proveedor garantizar la integridad de la red de
         distribución evitando que un contrato de arrendamiento financiero se utilice para facilitar la adquisición de la propiedad
         de un vehículo, fuera de la red de distribución exclusiva, cuando éste es todavía nuevo.
      
      (véase el apartado 153)
      4.     La Comisión debe comunicar los cargos que formula contra las empresas y asociaciones de empresas interesadas y únicamente
         puede mantener en sus decisiones los cargos respecto de los cuales aquéllas hayan tenido la oportunidad de expresar suficientemente
         su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión.
      
      El pliego de cargos debe contener una exposición de los cargos redactada en términos suficientemente claros, aunque sean resumidos,
         para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la Comisión. En efecto, sólo si se
         cumple este requisito puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los diferentes Reglamentos comunitarios
         y que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan defenderse de forma eficaz, antes
         de que la Comisión adopte una decisión definitiva. Esta exigencia se cumple cuando la decisión no imputa a los interesados
         infracciones diferentes a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los
         interesados han tenido la posibilidad de justificarse. No es necesario, sin embargo, que la decisión final de la Comisión
         sea una copia del pliego de cargos.
      
      Cuando el pliego de cargos facilite una indicación clara de la naturaleza de la infracción del Derecho de la competencia que
         se imputa a la empresa de que se trate y los principales hechos que se invocan al respecto, dicha empresa está en condiciones
         de responder a la acusación y defender sus derechos. Una posterior exposición de los cargos en la decisión adoptada por la
         Comisión que califique un acuerdo económico como «vertical» u «horizontal» no constituye una modificación material de los
         cargos tal como se expusieron en el pliego de cargos.
      
      (véanse los apartados 188, 189 y 192)
      5.     Para que exista acuerdo, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado
         su voluntad común de comportarse en el mercado de una manera determinada.
      
      Los criterios de coordinación y de cooperación, lejos de exigir la elaboración de un verdadero «plan», deben interpretarse
         a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia, según la cual los operadores
         económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado común. Si bien esta exigencia
         de independencia no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse inteligentemente al comportamiento actual
         o previsto de sus competidores, prohíbe de forma terminante cualquier contacto directo o indirecto entre tales operadores
         que tenga por objeto o efecto influir en el comportamiento en el mercado de un competidor real o potencial, o revelar a dicho
         competidor el comportamiento que se haya decidido o que se prevea adoptar en el mercado.
      
      (véanse los apartados 199 y 200)
      6.     En caso de litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, incumbe a la Comisión probar
         las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia de hechos constitutivos
         de una infracción.
      
      No obstante, cuando se haya probado que una empresa ha participado en reuniones entre empresas con un carácter claramente
         contrario a la competencia, corresponde a esa empresa aportar indicios apropiados para demostrar que su participación en las
         reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores
         de que participaba en ellas con unas intenciones diferentes a las de éstos. Si dicha empresa no prueba ese distanciamiento,
         el hecho de que no se pliegue a los resultados de tales reuniones no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de
         su participación en el acuerdo.
      
      (véanse los apartados 201 y 202)
      7.     Un acto puede ser calificado de decisión de asociación de empresas en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, sin tener
         necesariamente carácter obligatorio para los miembros interesados, por lo menos en la medida en que los miembros a que se
         refiera dicha decisión se atengan a ella.
      
      (véase el apartado 210)
      8.     Cuando una práctica colusoria se extiende a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones
         de carácter nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado.
      
      (véase el apartado 212)
      9.     El hecho de que una filial tenga personalidad jurídica distinta de su sociedad matriz no basta para eliminar la posibilidad
         de que su comportamiento se impute a ésta, en particular cuando la filial no define de manera autónoma su comportamiento en
         el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le da la sociedad matriz.
      
      A este respecto, si bien la posesión del 100 % del capital de la filial por la sociedad matriz no puede bastar por sí sola
         para demostrar el ejercicio efectivo por ésta de un poder de dirección que determina la imputación del comportamiento de una
         a la otra, la Comisión puede basar su decisión sobre dicha imputación en el hecho de que la sociedad matriz no niega haber
         podido influir de forma decisiva en la política comercial de su filial y no aporta elementos de prueba en apoyo de sus afirmaciones
         sobre la autonomía de ésta. En efecto, ante la posesión de la totalidad del capital de la filial, la Comisión puede legítimamente
         suponer que la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial, en particular
         si la sociedad matriz se presentó durante el procedimiento administrativo como el único interlocutor para las sociedades del
         grupo.
      
      En tales circunstancias, incumbe a la sociedad matriz destruir esa presunción mediante pruebas suficientes.
      (véanse los apartados 218 a 220)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      de 15 de septiembre de 2005 (*)
      
      «Competencia – Artículo 81 CE – Prácticas colusorias – Contrato de agencia – Distribución de vehículos automóviles – Unidad económica – Medidas destinadas a obstaculizar el comercio paralelo de vehículos automóviles – Fijación de los precios – Reglamento (CE) nº 1475/95 – Multa»
      En el asunto T‑325/01,
      DaimlerChrysler AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por los Sres. R. Bechtold y W. Bosch, abogados, 
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. W. Mölls, en calidad de agente, asistido por el Sr. H.-J. Freund, abogado, que designa domicilio
         en Luxemburgo, 
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión de anulación de la Decisión 2002/758/CE de la Comisión, de 10
         de octubre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/36.264 ­– Mercedes-Benz)
         (DO 2002, L 257, p. 1) y, con carácter subsidiario, una pretensión de reducción de la multa impuesta por dicha Decisión,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),
      
      integrado por la Sra. P. Lindh, Presidenta, y los Sres. R. García-Valdecasas y J.D. Cooke, Jueces;
      Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de mayo de 2004;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Hechos que originaron el litigio
      1       El presente recurso tiene por objeto la anulación de la Decisión 2002/758/CE, de la Comisión, de 10 de octubre de 2001, relativa
         a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/36.264 ­ Mercedes-Benz) (DO 2002, L 257, p. 1; en
         lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
      
      2       DaimlerChrysler AG (en lo sucesivo, «demandante») es la sociedad matriz de un grupo que opera principalmente en el sector
         de la fabricación y comercialización de vehículos automóviles.
      
      3       El 21 de diciembre de 1998, Daimler-Benz AG se fusionó con la demandante en virtud de un acuerdo de fusión de empresas firmado
         el 7 de mayo de 1998. La demandante se convirtió entonces en sucesora legal de Daimler‑Benz AG, subrogándose en la totalidad
         de sus derechos, activos, pasivos y obligaciones.
      
      4       Antes de dicha fusión, Daimler-Benz AG era la sociedad matriz del grupo Daimler-Benz, que ejercía actividades a escala mundial
         a través de sus filiales. Además, el 26 de mayo de 1997, Mercedes-Benz AG, filial de Daimler-Benz AG, se fusionó con ésta.
         Desde esa fecha, Mercedes-Benz es la división responsable de las operaciones de vehículos en el grupo Daimler-Benz AG. Con
         arreglo a la Decisión controvertida, en la presente sentencia se utilizará el nombre «Mercedes-Benz» para referirse, indistintamente,
         a Daimler-Benz AG (hasta 1989), a Mercedes-Benz AG (hasta 1997), a Daimler-Benz AG (1997/1998) o a la demandante (desde 1998).
      
      5       Desde comienzos de 1995, la Comisión empezó a recibir denuncias de consumidores que afirmaban que las empresas del grupo Daimler-Benz
         de distintos Estados miembros obstaculizaban la exportación de vehículos nuevos de la marca Mercedes-Benz.
      
      6       La Comisión disponía de indicios de que empresas pertenecientes a dicho grupo estaban practicando una compartimentación del
         mercado contraria al artículo 81 CE, apartado 1. El 4 de diciembre de 1996, la Comisión adoptó varias decisiones de verificación
         conforme al artículo 14 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los
         artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Las verificaciones se realizaron los días 11 y 12
         de diciembre de 1996 en las empresas Daimler-Benz AG en Stuttgart (Alemania), Mercedes-Benz Belgium SA/NV en Bélgica, Mercedes-Benz
         Nederland NV en Utrecht (Países Bajos) y Mercedes-Benz España, S.A., en España.
      
      7       El 21 de octubre de 1998, la Comisión envió a Daimler-Benz AG una solicitud de información conforme al artículo 11 del Reglamento
         nº 17, que fue respondida el 10 de noviembre de 1998. El 15 de junio de 2001, la Comisión remitió una segunda solicitud de
         información, a la que DaimlerChrysler AG respondió el 9 de julio de 2001. Durante las verificaciones efectuadas el 11 y el
         12 de diciembre de 1996, la Comisión halló y confiscó numerosos documentos que, unidos a las solicitudes de información enviadas
         a la demandante y a las observaciones de ésta, constituyen el fundamento de la Decisión controvertida.
      
      8       El 10 de octubre de 2001, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.
       Decisión controvertida
      9       En la Decisión controvertida, la Comisión considera que Mercedes-Benz, por sí misma o por mediación de sus filiales, Mercedes-Benz
         España, S.A. (en lo sucesivo, «MBE») y Mercedes-Benz Belgium SA (en lo sucesivo, «MBBel»), infringió las disposiciones del
         artículo 81 CE, apartado 1. Según la Comisión, las medidas objeto de la Decisión controvertida afectan al comercio minorista
         de turismos de la marca Mercedes-Benz (considerandos 143 a 149).
      
      10     La Comisión describe en la Decisión controvertida las empresas de que se trata y su red de distribución. Señala que la distribución
         de turismos de la marca Mercedes-Benz en Alemania se lleva a cabo fundamentalmente a través de una red que incluye sucursales
         pertenecientes al grupo, agentes con estatuto de agentes comerciales (con arreglo a la definición del artículo 84, apartado
         1, del Código de Comercio alemán), que actúan como intermediarios, y comisionistas (considerando 15). Indica que la red de
         distribución belga consta de un importador, MBBel, que desde una fecha que no se ha precisado era filial al 100 % de Daimler-Benz
         AG, a su vez filial al 100 % de la demandante desde el 21 de diciembre de 1998, y que vende vehículos nuevos por mediación
         de dos sucursales, de concesionarios y de agentes o talleres que ejercen también de intermediarios en la venta de vehículos
         nuevos (considerandos 17 y 19). En España, la distribución de turismos se realiza, según la Comisión, a través de tres sucursales
         de MBE y por medio de concesionarios. Señala que algunos de los agentes o talleres oficiales no venden vehículos, sino que
         sólo actúan como intermediarios en la venta. Aclara que MBE es filial al 100 % del holding nacional Daimler-Benz España, S.A.,
         que a su vez era filial al 99,88 % de Daimler-Benz AG. Según ella, desde el 21 de diciembre de 1998, este holding es filial
         al 100 % de la demandante (considerando 20).
      
      11     La Comisión declara que, contrariamente a lo que afirmó la demandante en el procedimiento administrativo, el artículo 81 CE,
         apartado 1, es aplicable a los contratos entre Mercedes-Benz y los agentes alemanes en la misma medida que a los contratos
         concluidos con un agente comercial. Según ella, «las restricciones impuestas a aquéllos deben evaluarse del mismo modo que
         si se tratara de comerciantes por cuenta propia» (considerando 168). 
      
      12     A este respecto, la Comisión pone de relieve, en primer lugar, que los agentes de Mercedes-Benz en Alemania deben asumir una
         serie de riesgos empresariales que están indisociablemente vinculados a su actividad de intermediarios de Mercedes-Benz y
         que dan lugar a que el artículo 81 CE sea aplicable a los acuerdos entre Mercedes-Benz y los propios agentes (considerandos
         153 a 160).
      
      13     Señala, en particular, que los agentes alemanes de Mercedes-Benz tienen una participación considerable en el riesgo del precio
         de los vehículos en cuya venta hacen de intermediarios. Según la Comisión, si un agente aplica a la venta de un vehículo nuevo
         un descuento aceptado por Mercedes-Benz, el descuento se carga en su integridad sobre la comisión del agente (considerandos
         155 y 156). 
      
      14     La Comisión declara que el agente soporta, asimismo, el riesgo de los costes de transporte de los vehículos nuevos, conforme
         al artículo 4, apartado 4, del contrato de agencia alemán. El agente se ve obligado, al igual que un distribuidor independiente,
         a trasladar los costes y el riesgo del transporte al cliente (considerando 157).
      
      15     El agente también ha de destinar, según la Comisión, una cantidad considerable de recursos propios a la promoción de ventas.
         En particular, debe adquirir vehículos de exposición por su propia cuenta (artículo 4, apartado 7, del contrato de agencia
         alemán). Señala que Mercedes-Benz ofrece unas condiciones especiales para la compra de los vehículos de empresa y de exposición,
         pero a cambio exige su tenencia durante un período mínimo de tres a seis meses y un rodaje mínimo de 3.000 km. Posteriormente,
         el agente puede revenderlos como vehículos de ocasión y, por tanto, también asume el riesgo de venta sobre esta cantidad considerable
         de vehículos (considerando 158).
      
      16     La Comisión expone asimismo que la actividad de un agente de Mercedes-Benz lleva necesariamente aparejados otros riesgos empresariales,
         cuya asunción es condición imprescindible para que una empresa pueda convertirse en agente de Mercedes-Benz. En virtud del
         artículo 13 del contrato de agencia, el agente está obligado a prestar servicios de garantía en los vehículos garantizados
         por el constructor. Según la Comisión, los agentes alemanes tienen que instalar por su cuenta un taller para la prestación
         de servicios de garantía y posventa y, previa solicitud, participar en los servicios de permanencia y emergencia (artículo
         12 del contrato de agencia). Asimismo, tienen que mantener por su cuenta un almacén de piezas de recambio para la reparación
         de los vehículos de su taller (artículo 14 del contrato de agencia) (considerando 159). 
      
      17     En segundo lugar, la Comisión señala que, desde un punto de vista económico, el volumen de negocios del agente correspondiente
         a su actividad por cuenta propia supera con creces el que realiza como intermediario en los contratos de venta de vehículos
         nuevos. Declara que «por su actividad de intermediario, el agente recibe una comisión que, en el caso de los turismos, se
         compone de una comisión de base del 12,2 % más una comisión de rendimiento de hasta el 3,6 %. Estos ingresos máximos del 15,8 %
         en concepto de comisión representan la cifra de negocios por la actividad de intermediación. El agente tiene que financiar
         con esta comisión los descuentos que concede a sus clientes. El volumen de negocios real procedente de la actividad de intermediación
         es, por tanto, inferior al citado 15,8 %». La Comisión prosigue señalando, además, (en el considerando 159) que «el volumen
         de negocios correspondiente a la actividad de intermediación representa el 50 % de la cifra de negocios total de un agente
         si el precio de los vehículos se considera parte de tal volumen de negocios. Sin embargo, el volumen de negocios real de un
         agente por la actividad de intermediación propiamente dicha se reduce a la citada comisión. Si ésta se compara con la cifra
         de negocios del agente correspondiente a las actividades contractualmente vinculadas a la intermediación, sobre las que el
         agente asume el riesgo íntegro, resulta que la actividad de intermediación como tal sólo representa en torno a 1/6 del volumen
         de negocios total». 
      
      18     La Comisión considera que, en vista del número y alcance cuantitativo de los riesgos que deben asumir los agentes, no resulta
         posible aceptar la alegación de la demandante de que tales riesgos son los propios de un auténtico agente comercial. Pone
         de manifiesto que «este argumento sólo sería aceptable si el agente pudiera optar entre asumir los riesgos importantes relativos,
         en particular, a los vehículos de empresa y de exposición, a los trabajos de garantía, a la instalación de un taller de mantenimiento
         y reparación y al mantenimiento de un almacén de piezas de recambio o dedicarse tan sólo a la intermediación en la venta de
         vehículos nuevos». Sin embargo, según ella, no ocurre así en el caso de autos (considerando 160).
      
      19     La Comisión rechaza, tachándola de improcedente, la alegación de la demandante de que los agentes alemanes están integrados
         en su empresa. La demandante se apoya al respecto en «los requisitos que ha de cumplir el agente tanto personalmente como
         en lo relativo a su actividad empresarial (por regla general, distribución exclusiva de vehículos Mercedes-Benz, actuación
         pública uniforme como “agentes Mercedes-Benz”, dotación y equipamiento de los establecimientos de los agentes desde el punto
         de vista material y personal, publicidad, imagen, obligación de salvaguardar los intereses de [la demandante] y observancia
         de las directrices de identificación de Mercedes-Benz)» y en el hecho de que el socio contractual actúa como «agente de una
         sola empresa» y únicamente puede intermediar en la venta de vehículos Mercedes-Benz (considerando 162). No obstante, la Comisión
         considera en la Decisión controvertida que la característica de la «integración», junto al reparto del riesgo, no permite,
         en sí misma, distinguir a un agente comercial de un comerciante por cuenta propia (considerando 163). La Comisión compara
         las disposiciones de los contratos de agencia alemanes, citados por la demandante, con las de los contratos de concesión extranjeros
         para demostrar la «integración» de los agentes alemanes (considerando 164). Estima que dicha comparación muestra que las obligaciones
         impuestas a los agentes alemanes son idénticas a las impuestas a los distribuidores contractuales extranjeros y que el grado
         de integración de ambos tipos de distribución en la red de Mercedes-Benz también es equivalente (considerando 165).
      
      20     La Comisión sostiene que Mercedes-Benz obstaculizó la competencia mediante cuatro medidas distintas.
      21     En primer lugar, afirma que, tras el lanzamiento de la nueva serie de automóviles W 210 (nueva clase E), se enviaron requerimientos
         inequívocos, en particular mediante una comunicación de 6 de febrero de 1996, a todos los miembros de la red de distribución
         alemana, incluidos los agentes, instándoles a «que se concentraran en su territorio contractual». Tales requerimientos no
         se referían sólo a esa serie, sino al conjunto de las ventas de vehículos nuevos en general. Según la Comisión, al final de
         dicha comunicación Mercedes-Benz amenazaba con que no dudaría «en cancelar entregas de vehículos de la serie W 210 si comprobáramos
         que la capacidad de absorción de determinadas zonas no justifica la producción atribuida». De este modo se confería una fuerza
         especial al requerimiento. 
      
      22     Según la Comisión, el objeto de este requerimiento era lograr que los vehículos de la serie W 210, y también los de las demás
         series, atribuidos a los agentes sólo se vendieran en su propio territorio contractual y evitar la venta a clientes desplazados,
         que no forman parte de la clientela del territorio contractual del agente. De este modo, se trataba de restringir, como –según
         ella– se afirma en la propia comunicación, la «competencia interna», es decir, la llamada «competencia intramarca» entre los
         agentes alemanes y entre éstos y las sucursales alemanas y extranjeras y los concesionarios extranjeros. Así pues, a decir
         de la Comisión, la comunicación de 6 de febrero de 1996 tenía por objeto restringir la competencia «intramarca».
      
      23     En segundo lugar, la Comisión observa que, en la práctica totalidad de los casos, debía exigirse a los clientes desplazados
         de otros Estados miembros el pago de un anticipo del 15 % sobre el precio de compra. Considera que dicha práctica supone otra
         dificultad adicional para el comercio paralelo, puesto que restringe la libertad de los agentes de aplicar su propia política
         de marketing, como puede ser la de renunciar al cobro del anticipo cuando se trata de clientes desplazados habituales. Señala
         que, aun cuando en determinados casos estos anticipos puedan resultar razonables desde un punto de vista comercial, no se
         exige ningún anticipo en las ventas en territorio alemán, a pesar de que en este ámbito también debe de haber un interés parecido
         por disponer de una garantía en cada caso concreto. Por lo tanto, según ella, esta disposición discrimina las operaciones
         de comercio paralelo frente a las ventas de vehículos en Alemania (considerando 174).
      
      24     En tercer lugar, la Comisión considera que la prohibición de suministrar a empresas externas de arrendamiento financiero hasta
         que no haya un tomador concreto del arrendamiento financiero, que figura en los contratos de agencia alemanes [véase el artículo
         2, apartado 1, letra d)] y los contratos de concesión españoles [véase el artículo 4, letra d)], tiene por objeto limitar
         la competencia en Alemania y España entre las empresas de leasing del grupo Mercedes-Benz y las empresas de leasing externas.
         La Comisión afirma, en efecto, que estas últimas sólo pueden adquirir vehículos Mercedes caso por caso, una vez que ya dispongan
         de un tomador concreto del arrendamiento, pero no para hacerse con un stock de vehículos. De esta manera se imposibilita que
         las empresas afectadas puedan facilitar rápidamente un vehículo al tomador del arrendamiento financiero. Según ella, las normas
         de distribución en el ámbito del suministro a empresas de leasing dan lugar, asimismo, a que las empresas externas de arrendamiento
         financiero no obtengan las mismas ventajas en materia de precios por la compra de los vehículos de leasing que otros propietarios
         de flotas de automóviles. En definitiva, la Comisión señala que las cláusulas en cuestión empeoran las condiciones en las
         que las empresas externas de arrendamiento financiero adquieren los vehículos Mercedes y, por tanto, las condiciones en las
         que compiten en el mercado posterior del arrendamiento financiero con las empresas de leasing pertenecientes al grupo Mercedes-Benz.
         El objeto de las disposiciones relativas a las operaciones de leasing de los concesionarios y agentes es, según la Comisión,
         restringir la competencia en materia de precios y condiciones de suministro de los vehículos de arrendamiento financiero (considerando 176).
      
      25     En cuarto lugar, la Comisión señala que el acuerdo alcanzado el 20 de abril de 1995 entre MBBel y la asociación de concesionarios
         Mercedes-Benz de Bélgica, de limitar los descuentos al 3 % y de controlar la política de descuentos respecto de la clase E
         a través de una agencia exterior, así como de sancionar los descuentos superiores con un recorte de la asignación de vehículos
         de la nueva clase E tenía por objeto restringir la competencia de precios en Bélgica.
      
      26     Tras haber comprobado que las medidas de que se trata afectaban de forma apreciable al comercio entre Estados miembros y que
         no podían eximirse de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, la Comisión consideró que procedía imponer una multa a
         la demandante como responsable de la totalidad de las infracciones al Derecho de la competencia que habían cometido Daimler-Benz
         AG y Mercedes-Benz AG o las filiales de Daimler-Benz, MBBel y MBE.
      
      27     A este respecto, la Comisión consideró que las medidas que tienen por objeto obstaculizar las exportaciones representaban
         una sola infracción compuesta de dos elementos (las instrucciones de no operar fuera del territorio de distribución y el régimen
         del anticipo del 15 %) que durante un cierto tiempo se dieron simultáneamente. Según la Comisión, esta infracción es especialmente
         grave, por lo que considera adecuado imponer una multa cuyo importe de partida es de 33 millones de euros. En cuanto a la
         duración de la infracción, la Comisión señala que si se toman en conjunto los dos elementos de la infracción considerada,
         la infracción comenzó el 12 de septiembre de 1985 y aún no ha cesado. Por tanto, según la Comisión, se trata de una infracción
         de larga duración. No obstante, considera que los efectos potenciales del régimen de anticipos eran menores que los de las
         instrucciones directas dirigidas contra las exportaciones. Según ella, estas últimas sólo estuvieron vigentes en el período
         comprendido entre el 6 de febrero de 1996 y el 10 de junio de 1999, o sea, durante tres años y cuatro meses. En consecuencia,
         la Comisión considera adecuado incrementar el importe de partida en tan sólo un 42,5 %, o sea, en 14,025 millones de euros.
         Por tanto, el importe de base se sitúa en 47,025 millones de euros.
      
      28     La Comisión estima que la prohibición de vender a las empresas de arrendamiento financiero vehículos destinados a la constitución
         de un stock, contenida en el contrato alemán de agente y en el contrato español de concesionario, ha de calificarse de grave.
         Dicha institución considera adecuado establecer un importe de partida de 10 millones de euros. Según ella, la infracción se
         inició el 1 de octubre de 1996 y aún no ha cesado. Por tanto, su duración es de cinco años, lo que representa una duración
         media. En consecuencia, la Comisión considera necesario incrementar el importe de partida, por la duración de la infracción,
         en un 50 %, o sea, en 5 millones de euros, de tal modo que se obtiene un importe de base de 15 millones de euros.
      
      29     Según la Comisión, las medidas acordadas con la participación activa de MBBel para la fijación de los precios de venta en
         Bélgica representan, por su naturaleza, una infracción especialmente grave de las normas de competencia. Por tanto, califica
         esta infracción de grave en su conjunto y considera adecuado establecer el importe de partida de la multa en 7 millones de
         euros. La Comisión pone de relieve que estas medidas estuvieron vigentes desde el 20 de abril de 1995 hasta el 10 de junio
         de 1999, lo que representa una duración media, y considera adecuado incrementar el importe de partida en un 40 %, o sea, en
         2,8 millones de euros, de tal forma que se sitúa en 9,8 millones de euros.
      
      30     La Comisión no aprecia en la Decisión controvertida la concurrencia de circunstancias agravantes ni atenuantes. Así pues,
         la suma de los importes citados da como resultado una multa total de 71,825 millones de euros.
      
      31     Partiendo de estas consideraciones, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, cuya parte dispositiva tiene el siguiente
         tenor:
      
      «Artículo 1
      [Mercedes-Benz ha infringido] el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE, bien directamente o bien a través de sus filiales
         [MBE] y [MBBel]. Concretamente, han adoptado las medidas para restringir el comercio paralelo siguientes:
      
      –       a partir del 6 de febrero de 1996, todos los agentes alemanes recibieron instrucciones para que, en la medida de lo posible,
         sólo vendieran los automóviles nuevos que les eran asignados, en particular los de la serie W 210, a clientes de su territorio
         contractual y evitaran la competencia interna; estas medidas estuvieron vigentes hasta el 10 de junio de 1999,
      
      –       a partir del 12 de septiembre de 1985, sus agentes alemanes recibieron instrucciones para que exigieran el pago de un anticipo
         del 15 % a los clientes desplazados que encargaran un automóvil nuevo; esta medida aún no ha sido anulada,
      
      –       restricción del suministro de turismos a las empresas de arrendamiento financiero destinados a la constitución de un stock,
         desde el 1 de octubre de 1996 hasta la fecha,
      
      –       participación en acuerdos para limitar la concesión de descuentos en Bélgica, que fueron suscritos el 20 de abril de 1995
         y anulados el 10 de junio de 1999.
      
      Artículo 2
      [Mercedes-Benz] deberá poner fin a las infracciones mencionadas en el artículo 1 que aún persistan de forma inmediata tras
         la comunicación de la presente Decisión, y no podrá sustituirlas por restricciones de objeto o efecto equivalente; en particular,
         en un plazo máximo de dos meses desde la recepción de la presente Decisión, deberá:
      
      –       anular la circular 52/85 de 12 de septiembre de 1985 mediante circular a los agentes y agentes mayoristas a los cuales haya
         dado instrucciones de exigir a los clientes desplazados el pago de un anticipo del 15 % cuando encargan un turismo,
      
      –       retirar de los contratos alemanes de agente y de los contratos españoles de concesionario las normas que prohíben vender vehículos
         nuevos a las empresas de arrendamiento financiero destinados a la constitución de un stock […]
      
      Artículo 3
      Se impone a [Mercedes-Benz] una multa de 71,825 millones de euros por las infracciones mencionadas en el artículo 1.
      […]»
      32     De la Decisión controvertida se desprende que la Comisión considera, en suma, que el grupo Mercedes-Benz utiliza la expresión
         «cliente desplazado» en documentos hallados durante las inspecciones (véase el apartado 7) para designar, en el marco de las
         ventas transfronterizas, a los consumidores finales procedentes de otro Estado del Espacio Económico Europeo. 
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      33     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 2001, la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      34     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral. En concepto
         de diligencias de ordenación del procedimiento, solicitó a las partes que respondieran por escrito a determinadas preguntas
         antes de la vista. Las partes cumplimentaron dicha solicitud.
      
      35     En la vista celebrada el 25 de mayo de 2004, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas
         del Tribunal de Primera Instancia.
      
      36     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Con carácter principal, anule la Decisión controvertida.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa impuesta en el artículo 3 de la Decisión controvertida.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      37     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
      38     La demandante formula cuatro motivos para fundamentar su recurso. El primero se basa en la infracción del artículo 81 CE,
         apartado 1, y en un error manifiesto de apreciación de los acuerdos celebrados con los agentes de Mercedes-Benz en Alemania.
         El segundo motivo, que se refiere a la primera y a la tercera medidas mencionadas por la Comisión en la Decisión controvertida,
         se basa en una infracción del artículo 81 CE y del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo
         a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio
         de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25). El tercer motivo se basa en la infracción del artículo
         81 CE, apartado 1, y en un error manifiesto en la apreciación de la segunda y cuarta medidas mencionadas por la Comisión en
         la Decisión controvertida. El cuarto motivo se basa en la incorrecta fijación del importe de la multa impuesta en el artículo
         3 de la Decisión controvertida.
      
       Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y en un error manifiesto de apreciación de
            los acuerdos celebrados con los agentes de Mercedes-Benz en Alemania 
       Alegaciones de las partes
      39     La demandante se opone a las conclusiones de la Comisión, expuestas en la Decisión controvertida, sobre la calificación jurídica
         del régimen de los agentes alemanes. Alega que sus contratos de agencia comercial alemanes no están sujetos a la prohibición
         de las prácticas colusorias establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, en la medida en que se refieran a la actividad de
         sus agentes consistente en la venta de vehículos nuevos Mercedes-Benz. Según ella, los agentes no asumen ninguno de los riesgos
         derivados de la venta de vehículos. Además, están totalmente integrados en la empresa Mercedes-Benz y actúan jurídicamente
         frente a ésta como asalariados. Por lo tanto, según ella, reúnen los requisitos formulados por el Tribunal de Justicia en
         su jurisprudencia constante relativa a la inaplicabilidad de la prohibición de las prácticas colusorias a los contratos de
         agencia comercial.
      
      40     La demandante afirma, con carácter preliminar, que mantiene su propia red de distribución en Alemania, bien mediante sucursales,
         bien a través de agentes comerciales que actúan en nombre y por cuenta de Mercedes-Benz y de comisionistas que actúan en nombre
         propio, pero por cuenta de Mercedes-Benz. Considera que los agentes de la red de ventas de Mercedes-Benz en Alemania no son,
         ni jurídica ni económicamente, concesionarios de vehículos nuevos. Según ella, negocian por cuenta de Mercedes-Benz contratos
         de compraventa de vehículos conforme a las exigencias de ésta. La demandante señala que el hecho de que los agentes no compren
         los vehículos nuevos a Mercedes-Benz y que por lo tanto no dispongan de almacenes tiene una importancia económica considerable.
         Según ella, la carga de los riesgos derivados de la venta de vehículos nuevos, incluido el depósito y la inmovilización del
         capital que implica, la soporta íntegramente Mercedes-Benz. Afirma que los agentes únicamente asumen el riesgo derivado de
         su actividad de intermediarios. Así pues, desde el punto de vista jurídico, la demandante es libre de decidir, según ella,
         si celebra contratos de compraventa y en qué condiciones lo hace. Sostiene que las instrucciones y las obligaciones contractuales
         de los agentes relativas a la celebración y al contenido de los contratos de compraventa no están sujetas a la normativa sobre
         prácticas colusorias.
      
      41     La demandante afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 81 CE, apartado 1, no se aplica a
         los contratos de agencia cuando concurren dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, la integración del agente comercial
         en la red de ventas del constructor y, por otra, el ejercicio exclusivo de su actividad de intermediario y representante por
         cuenta del mandante (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión, asuntos
         acumulados 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, y de 24 de octubre de 1995, Volkswagen
         y VAG Leasing, C‑266/93, Rec. p. I‑3477).
      
      42     Por lo que se refiere al requisito de la «integración», la demandante considera que el enfoque de la Comisión en la Decisión
         controvertida es incoherente e incompatible con la jurisprudencia en la materia, en particular cuando afirma que «la característica
         de la integración, junto al reparto del riesgo, no es ninguna característica independiente para delimitar a un agente comercial
         de un comerciante por cuenta propia» (considerando 163 de la Decisión controvertida).
      
      43     La demandante considera que la Comisión, al desechar el elemento de la integración y acentuar la importancia del criterio
         relativo al «reparto del riesgo», extiende el ámbito de la prohibición de las prácticas colusorias a la agencia comercial
         de una forma que nunca se ha preconizado. Sin embargo, según ella, de la sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, citada en
         el apartado 41, se desprende claramente que el Tribunal de Justicia no sólo vincula la «integración» con el hecho de que el
         agente no participe en los riesgos, sino también con su incorporación a los intereses del comitente.
      
      44     Además, la demandante alega que, contrariamente a lo que afirma la Comisión en la Decisión controvertida (véanse los considerandos
         164 y 165), el hecho de que los concesionarios extranjeros, que no son agentes comerciales, se presenten frente a los terceros
         de forma similar a los agentes Mercedes-Benz nacionales carece de importancia. Por una parte, habría que comprobar también
         si existe un reparto del riesgo correlativo. Por otra parte, la analogía no se justifica, puesto que, según la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia, la «integración» no depende únicamente de características externas, relativas a la forma en que
         se presenta el distribuidor frente a los terceros en general y a los clientes en particular, sino también de la característica
         «interna» asociada al reparto del riesgo y a la implicación total del agente en los intereses del comitente.
      
      45     Critica asimismo el hecho de que, en la Decisión impugnada, la Comisión estime que para apreciar los contratos celebrados
         entre un constructor y un agente comercial desde el punto de vista de la normativa sobre prácticas colusorias, basta con determinar
         si el agente comercial debe asumir riesgos empresariales que están «indisociablemente» vinculados a su actividad de intermediario
         (véase, en este sentido, el considerando 153 de la Decisión controvertida). La demandante afirma que esta postura, que adoptó
         la Comisión en la Decisión controvertida y en sus Directrices relativas a las restricciones verticales (DO 2000, C 291, p. 1;
         en lo sucesivo, «Directrices»), constituye un cambio brusco, objetivamente injustificado, de su enfoque relativo a la aplicabilidad
         del artículo 81 CE. Estima, asimismo, que no es compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia.
      
      46     La demandante admite que los agentes Mercedes-Benz soportan determinados costes y riesgos.
      47     En primer lugar, la demandante señala que un agente debe asumir, en todo caso, un riesgo «de comisión». Afirma que la comisión
         se fija habitualmente en porcentaje del volumen de ventas realizado por mediación del agente. Por lo tanto, éste ve aumentadas
         sus posibilidades de percibir comisiones cuando el volumen de ventas es grande y viceversa. Según la demandante, cuando el
         mandante, que decide en última instancia si debe concluirse un contrato en las condiciones que exige el comprador, concede
         descuentos, no sólo disminuye sus propios ingresos, sino también la comisión del agente comercial. La demandante subraya que
         los agentes Mercedes-Benz no participan, sin embargo, en los riesgos derivados de los precios y se opone a la apreciación
         según la cual la deducción de los «descuentos» de la comisión del agente es un «riesgo de precios». 
      
      48     La demandante sostiene que, en realidad, el importe de las comisiones que percibe el agente viene determinado por el contrato
         mercantil. Varía en función de que se trate de una venta aislada o se base en un acuerdo con un cliente importante o un «usuario».
         Afirma que se pacta con el agente una comisión menor en los casos de ventas a clientes importantes y a determinados usuarios,
         ya que las ventas a clientes que mantienen una relación contractual especial con Mercedes-Benz (y no con el agente) en forma
         de acuerdos sobre descuentos por volumen de ventas o de descuentos por categorías no necesitan, por lo general, las mismas
         inversiones que otros tipos de ventas, en particular las ventas a nuevos clientes. Por consiguiente, según ella, conceder
         al agente una comisión menor tiene una justificación objetiva. Añade que no existe ningún principio jurídico según el cual
         los agentes comerciales tengan siempre derecho a las mismas comisiones independientemente del tipo de venta.
      
      49     La demandante subraya que, por lo que respecta a los vehículos nuevos, el concesionario de automóviles realiza inversiones
         considerablemente mayores que el agente de Mercedes-Benz, en particular, para la prefinanciación de los vehículos y del riesgo
         inherente a la venta. Éste afecta, por lo que se refiere al concesionario de automóviles, al precio total del vehículo, mientras
         que el agente de Mercedes-Benz únicamente soporta el riesgo de ver frustradas sus expectativas de comisión. Además los casos
         en que sobreviene el «riesgo de provisión» están limitados, para el agente comercial, al importe de la comisión. Según la
         demandante, el concesionario soporta el riesgo de vender un automóvil a pérdida, mientras que dicho riesgo está excluido en
         el caso del agente. Por último, la demandante sostiene que el hecho de que un agente pueda optar por conceder un descuento,
         en virtud de un acuerdo especial con un cliente, en detrimento de su comisión no se opone a la existencia de un contrato de
         agencia comercial desde el punto de vista de la normativa sobre prácticas colusorias. Considera más bien que esta posibilidad
         es una libertad que Mercedes-Benz concede al agente.
      
      50     En segundo lugar, la demandante afirma que el agente de Mercedes-Benz está expuesto a gastos profesionales derivados principalmente
         de la actividad de prospección comercial que realiza con el fin de negociar con éxito el mayor número posible de ventas. En
         tercer lugar, según ella, el agente se ocupa en nombre propio, y por su cuenta y riesgo de la reparación en el taller y la
         venta de recambios. 
      
      51     La demandante rebate la afirmación de la Comisión en la Decisión controvertida según la cual el privilegio que lleva aparejado
         la actividad de intermediario mercantil no se aplica a los agentes de Mercedes-Benz debido, principalmente, a que están contractualmente
         obligados a prestar servicios de posventa en sus propios talleres, a efectuar reparaciones en ejecución de la garantía y a
         disponer permanentemente de recambios en sus propios almacenes (véase el apartado 16).
      
      52     Indica que, en la sentencia Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado 41, el Tribunal de Justicia declaró que existía
         una participación de los concesionarios en los riesgos derivados de los contratos que éstos proporcionaban a VAG Leasing como
         agentes comerciales, debido a la obligación de recompra de los vehículos a la expiración de los contratos de arrendamiento
         financiero, al precio previamente estipulado. Según ella, además, el Tribunal de Justicia no reconoció la existencia de actividades
         paralelas de venta y de mediación en la venta de vehículos a la clientela e hizo referencia a la actividad de servicio posventa
         llevada a cabo por los distribuidores en su nombre y por cuenta propia. No obstante, según la demandante, de ello no se desprende
         que el Tribunal de Justicia atribuyese un significado autónomo a la actividad de servicio posventa, que únicamente tiene entidad
         en asociación con la actividad de venta. Señala que la sentencia no contiene ningún indicio que permita concluir que la coexistencia
         de una actividad de intermediación comercial con otra de prestación de servicios de posventa conduce a una relación ambivalente
         que excluye cualquier privilegio a la luz de la normativa sobre prácticas colusorias.
      
      53     La demandante señala asimismo que la obligación que incumbe al agente en virtud del artículo 13, apartado 1, del contrato
         de agencia, de «realizar los trabajos de garantía en los vehículos suministrados por Daimler-Benz, independientemente de dónde
         y a través de quién se hayan vendido», constituye un requisito previo para la aplicación de la exención prevista en el artículo
         5, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1475/95. Si Mercedes-Benz no hubiese impuesto la consiguiente obligación de garantía
         a sus agentes, la Comisión probablemente habría argumentado que los contratos de agencia no reunían los requisitos del Reglamento
         nº 1475/95. 
      
      54     La demandante considera que carece de fundamento la presunción de la Comisión según la cual el agente sólo percibe, como contrapartida
         por sus prestaciones de garantía, una retribución de garantía, evaluada en función de las tarifas medias de retribución del
         agente, y que, por lo tanto, no cubre «necesariamente» las tarifas que podría libremente negociar y percibir de terceros.
         Señala que, al ocuparse de los casos de garantía, los agentes perciben más que el mero reembolso de sus gastos, a saber, también
         la retribución que habrían estipulado con un tercero para la misma reparación. Según la demandante, los precios aplicados
         en ese contexto cubren sus costes más un beneficio. Afirma que el agente efectúa las prestaciones de garantía en el marco
         de su actividad normal de mantenimiento y en esa medida actúa en nombre y por cuenta propios. La diferencia con las reparaciones
         «normales» estriba, según ella, «únicamente en que el cliente no es el titular del vehículo sino Mercedes-Benz, que recurre
         al agente para ejecutar la obligación de garantía que le afecta exclusivamente a ella». 
      
      55     Esto mismo ocurre, según la demandante, con las obligaciones de creación del taller y mantenimiento del almacén de recambios
         que incumben al agente. Afirma que éste realiza tales actividades en nombre y por cuenta propios. Por consiguiente, según
         ella, es normal que el agente financie esas inversiones.
      
      56     La demandante alega que los agentes no participan en los gastos de transporte (véase, en este sentido, el considerando 157
         de la Decisión controvertida). Admite que del artículo 4, apartado 4, del contrato de agencia se desprende que el agente debe
         pactar los gastos de transporte con el cliente. Sin embargo, no interpreta esto como un riesgo, sino como una oportunidad
         adicional para el agente comercial de obtener beneficios. Según ella, el agente participa en un sistema de transporte organizado
         por Mercedes-Benz con comisionistas de transporte contractuales, gracias al cual se le ofrece el transporte de los vehículos
         a un precio determinado, que después refactura a los clientes junto con sus prestaciones de preparación y matriculación del
         vehículo y un suplemento. Además, aun cuando se considerase que en la red de distribución de Mercedes-Benz, los agentes comerciales
         alemanes no están por completo exonerados del riesgo que suponen los gastos de transporte, se trataría de un riesgo «insignificante»,
         tanto si se considera en su conjunto, como aisladamente.
      
      57     La demandante explica que la participación de los agentes en la promoción de las ventas no está comprendida dentro de la participación
         en los riesgos derivados de las distintas operaciones de venta, sino en la obligación que les incumbe de organizar y financiar
         personal y materialmente la actividad de intermediario de comercio que desempeñan. Subraya que el agente no participa en la
         publicidad a escala nacional o regional, sino únicamente en la promoción relacionada con su propia actividad. Según ella,
         los agentes comerciales asumen los gastos de dicha promoción y los riesgos que se derivan de ella con cargo a su comisión.
         Considera que carece de fundamento la tesis de la Comisión según la cual los vehículos de exposición son las muestras o la
         documentación contemplados en el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre
         de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes
         (DO L 382, p. 17). Afirma que dicha Directiva no hace ninguna referencia a muestras, sino a la documentación, es decir, material
         producido específicamente con fines publicitarios y no vehículos utilizados para pruebas y vendidos luego por el agente en
         condiciones que no le ocasionan pérdida alguna. 
      
      58     Según la demandante, el hecho de que el agente de Mercedes-Benz mantenga un gran número de vehículos de exposición no indica
         que participe en los riesgos derivados de la venta de vehículos nuevos, sino únicamente que su actividad de intermediario
         necesita inversiones considerables para la prospección de clientes. A este respecto, la demandante desmiente la afirmación
         hecha por la Comisión en la Decisión controvertida, según la cual «el 21,66 % de la cifra de negocios de las sucursales y
         agentes recae sobre los vehículos de exposición y de empresa». Señala que dicho porcentaje refleja «el volumen de negocios
         nacional correspondiente a los turismos Mercedes-Benz». No se trata de una cifra específica de los agentes.
      
      59     En cambio, según la demandante, «si se toman como referencia los agentes, utilizando como denominador no […] sólo las comisiones
         que les corresponden, sino el volumen de negocios de Mercedes-Benz por las ventas realizadas a través de ellos, dicho porcentaje
         desciende al 8 % para los turismos y al 9,8 % si se añaden a ellos los vehículos de servicio». Además, «si se compara la proporción
         de vehículos de exposición y de empresa con la cifra de negocios real del agente […], se obtiene un porcentaje del 15,8 %
         para los vehículos de turismo exclusivamente, que asciende al 19,3 % si a ellos se añaden los vehículos de servicio».
      
      60     La demandante añade que la Comisión no puede considerar la venta de vehículos de exposición, por los que el agente goza de
         condiciones preferentes, como un riesgo que pese sobre éste (considerando 158 de la Decisión controvertida). Según ella, tal
         riesgo no se produce en general. La demandante pone de manifiesto que, por el contrario, la actividad relacionada con los
         vehículos de exposición reporta ingresos adicionales al agente. No obstante, aunque el agente comercial no lograse vender
         todos los vehículos de exposición a precios superiores al de compra, teniendo así que soportar mayores cargas, ello no constituiría
         un argumento pertinente. En efecto, según la demandante, el agente comercial sólo financia con su propio patrimonio las prestaciones
         relacionadas con la negociación de las ventas que le incumben en virtud del contrato de agencia comercial, y únicamente corren
         por su cuenta los riesgos directamente relacionados con tales prestaciones.
      
      61     La demandante considera que la afirmación de la Comisión en la Decisión controvertida según la cual dentro del volumen de
         negocios total de una agencia comercial típica «únicamente una sexta parte del volumen de negocios total es imputable a la
         actividad de intermediario propiamente dicha» no es jurídicamente pertinente. Señala asimismo que el método de cálculo utilizado
         por la Comisión en la Decisión controvertida es erróneo y que hay que tener en cuenta «el volumen de negocios externo realizado
         por [el agente] sin limitarse al importe de las comisiones percibidas». La actividad de intermediario representa, según ella,
         «más bien el 55 % aproximadamente del conjunto de la empresa del agente comercial, según las estimaciones de Mercedes-Benz».
      
      62     La Comisión alega que, habida cuenta de la naturaleza y la cuantía de los costes y los riesgos que la demandante impone a
         sus agentes y del volumen de negocios que éstos realizan gracias a su actividad independiente, comparado con el que realizan
         como intermediarios en la venta de automóviles nuevos, el artículo 81 CE, apartado 1, se aplica a los contratos celebrados
         entre la demandante y sus agentes alemanes del mismo modo que se aplicaría a un contrato celebrado con un distribuidor contractual.
      
      63     Pone de relieve que el contrato entre un agente y su comitente es un contrato celebrado entre dos empresas distintas, de modo
         que, en principio, debe respetar las normas sobre competencia. Así pues, según ella, las distintas cláusulas contractuales
         sólo se sustraen a la aplicación de dichas normas en la medida en que su objeto o sus efectos no sean contrarios a la competencia.
      
      64     La Comisión considera que la demandante no valora adecuadamente la naturaleza de los riesgos que deben soportar sus agentes
         ni las consecuencias jurídicas de ese traspaso de riesgos a sus agentes.
      
      65     La Comisión observa que, según la demandante, la jurisprudencia supedita la no aplicabilidad del artículo 81 CE, apartado
         1, a los contratos de agencia a la concurrencia de dos requisitos acumulativos: por una parte, un reparto del riesgo característico
         de dicha relación y, por otra, la «integración» del agente en la empresa del comitente. Alega que, de esta forma, la demandante
         preconiza que la prohibición de las prácticas colusorias se aplique con mayor amplitud a las relaciones de agencia que la
         que propugna la Comisión, puesto que ésta únicamente niega al agente su estatus privilegiado en Derecho de la competencia
         si debe soportar riesgos económicos y comerciales no despreciables, sin exigir además que esté integrado –cualquiera que sea
         la definición de ese término– en la empresa de su comitente. A este respecto, la Comisión deduce de la sentencia Volkswagen
         y VAG Leasing, citada en el apartado 41, que el Tribunal de Justicia ya no concede al criterio de la «integración» un significado
         independiente del que se basa en el reparto del riesgo. Según la Comisión, se desprende de la sentencia Suiker Unie y otros/Comisión,
         citada en el apartado 41, y en particular de sus apartados 538 a 542, que el Tribunal de Justicia estimó que un agente sólo
         puede considerarse «integrado» en la empresa de su comitente si asume determinados riesgos. 
      
      66     Además, según la Comisión, la aplicación al presente asunto del razonamiento desarrollado por el Tribunal de Justicia en la
         sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 41, demuestra que, en caso de «relación ambivalente», es decir,
         cuando el intermediario es a la vez agente y empresario independiente, la prohibición de las prácticas colusorias no sólo
         se aplica a la actividad que ejerce en nombre propio y por su cuenta, sino también a la que ejerce en nombre y por cuenta
         del comitente. La Comisión afirma que, en el caso de autos, los agentes alemanes de la demandante tienen actividades independientes
         considerables y aunque la demandante y sus agentes no comercialicen las mismas mercancías en el marco de cada una de sus funciones,
         contrariamente a los hechos de la sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 41, existe un estrecho vínculo
         objetivo entre la venta de vehículos nuevos, la explotación de un taller de reparación y el servicio posventa. Las actividades
         relacionadas con la garantía de los vehículos y el servicio posventa así como la venta de recambios se imponen al agente precisamente
         con el fin de vender vehículos nuevos, igual que los demás riesgos que debe asumir. Este vínculo avala, según la Comisión,
         que se dé un trato uniforme a la relación contractual, incluso en lo relativo a la aplicabilidad del Derecho de la competencia.
      
      67     La Comisión considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 1987, Vlaamse Reisbureaus (311/85, Rec.
         p. 3801), no es pertinente para la solución del presente litigio, puesto que los hechos que dieron lugar a dicha sentencia
         son diferentes de los del caso de autos.
      
      68     Dicha institución hace referencia asimismo a la sentencia Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado 41, en la que el
         Tribunal de Justicia confirmó que el agente comercial pierde su estatus privilegiado en Derecho de la competencia cuando soporta
         siquiera uno sólo de los riesgos derivados de los contratos negociados por cuenta de su comitente. Por consiguiente, estima
         que el hecho de que los agentes alemanes de la demandante no soporten la totalidad, sino sólo una parte no despreciable, de
         los riesgos inherentes a las operaciones en las que actúan como intermediarios no pone en entredicho la aplicabilidad de la
         prohibición de las prácticas colusorias a las medidas restrictivas del comercio paralelo que habían sido adoptadas con ellos.
         
      
      69     La Comisión se opone a la interpretación que hace la demandante de la sentencia Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado
         41 (véase el apartado 52). Considera que la demandante trata de dar la impresión de que la Decisión controvertida va más allá
         de dicha jurisprudencia, cuando, por el contrario, interpretó dicha sentencia de forma restrictiva. Según la Comisión, la
         Decisión controvertida sólo tomó en consideración el ejercicio por los agentes de actividades distintas que implicaban riesgos
         comerciales, a saber, las prestaciones en concepto de garantía del constructor, el servicio posventa y la venta de recambios,
         porque dicho ejercicio constituía un complemento, que el constructor consideraba indispensable, para la actividad parcial
         en la que el agente simplemente actúa como intermediario. A ese respecto, la Comisión considera incomprensible la opinión
         de la demandante de que la actividad de servicio posventa no debería desempeñar ningún papel en el caso de autos para apreciar
         las medidas restrictivas de la competencia pactadas en el marco de la relación de agencia.
      
      70     La Comisión explica que determinadas obligaciones que el comitente impone a su agente pueden ir más allá de la obligación
         de defensa recíproca de sus intereses y, por lo tanto, pueden resultar desproporcionadas. Así pues, según ella, habría que
         verificar en cada caso concreto si el compromiso en cuestión, cuando restringe la competencia, viene realmente impuesto por
         la naturaleza de la relación y si es necesario para la protección de la «figura jurídica del agente».
      
      71     La Comisión considera que las obligaciones que tienen por objeto limitar la competencia «intramarcas» en el mercado de los
         productos y restringir la competencia en cuanto a precios y condiciones de entrega respecto de los automóviles destinados
         al leasing no vienen impuestas por la naturaleza de la relación entre las partes ni son inherentes al sistema de venta por
         mediación de agentes comerciales. Este es el caso, según ella, de las condiciones en que la demandante restringió la libertad
         de acción de tales agentes, obligándoles a exigir un anticipo del 15 % a los clientes comunitarios y conminándoles a que,
         en la medida de lo posible, sólo vendiesen vehículos nuevos a clientes situados en su propio territorio contractual y evitasen
         la competencia interna. La Comisión rebate la argumentación de la demandante según la cual la prohibición de las prácticas
         colusorias sólo se aplica a los contratos de agencia cuando el agente soporta riesgos y costes derivados de la celebración
         o de la ejecución de los contratos de compraventa que celebra o negocia por cuenta de la empresa, y no cuando ejerce una actividad
         económica independiente en cuanto a las actividades para las que el comitente le ha designado. Según la Comisión, este argumento
         no tiene en cuenta el contenido de las actuaciones denunciadas por la Comisión. Además, no tiene suficientemente en cuenta
         las realidades económicas, ya que se basa únicamente en los riesgos asumidos por el agente tras la adquisición del vehículo,
         por el hecho de que compra los productos con vistas a su reventa. Afirma que, por una parte, el peso de los riesgos que se
         evitan a la demandante y se imponen al agente mediante dicha adquisición depende de las circunstancias de cada caso concreto.
         Por otra parte, los riesgos relativos a la venta subsiguiente se derivan a menudo de que tales ventas exigen una infraestructura
         específica para el mercado, independientemente de la adquisición de los productos por el agente. A ese respecto, la Comisión
         hace referencia a las actividades relativas a la ejecución de la garantía del constructor, que se superpone en gran medida
         con la del propio vendedor, así como al servicio posventa y a la adquisición, presentación y reventa de vehículos de exposición.
         Por lo que se refiere al riesgo de venta como tal, los concesionarios Mercedes sólo liberan de él a la demandante de forma
         limitada, puesto que ésta fabrica sus vehículos «a medida» y no con vistas a almacenarlos. Según la Comisión, una empresa
         que recurre a agentes comerciales para distribuir sus productos y que les traslada a ellos los riesgos específicos de los
         contratos o del mercado debe aceptar que la prohibición de las prácticas colusorias se aplique a sus relaciones con los agentes.
         Afirma que la asunción obligatoria de los riesgos económicos por el agente debe ir de consuno con una libertad de maniobra
         que permita a éste hacer frente a dichos riesgos, y que la limitación de ese margen de maniobra es contraria al Derecho de
         la competencia cuando restringe de forma apreciable la competencia.
      
      72     La Comisión considera que las alegaciones de la demandante relativas al análisis del reparto de los distintos riesgos en la
         Decisión controvertida deben desestimarse, excepto sus observaciones relativas al lugar de ejecución del contrato.
      
      73     Por lo que respecta al riesgo de precios, la Comisión afirma que la demandante transfiere una parte del riesgo de comercialización
         de sus vehículos a sus agentes. Señala, en efecto, que todos los descuentos realizados por el agente se imputan íntegramente
         a la comisión que percibe. Según la Comisión, los agentes comerciales son así partícipes del riesgo de venta de la demandante,
         lo que implica la aplicabilidad de la prohibición de las prácticas colusorias (véase, en este sentido, la sentencia Suiker
         Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 41), renuncie o no el agente a su comisión en el marco de un acuerdo individual
         sobre precios o en el marco de los acuerdos estandarizados sobre condiciones que la demandante concluye con sus grandes clientes.
         Señala que, en ambos casos, la demandante utiliza la comisión del agente como un incentivo a la comercialización y obliga
         así a éste a participar en los costes y riesgos inherentes a la venta de vehículos. Indica, a este respecto, que la comisión
         del agente disminuye en una proporción que puede llegar hasta el 6 % cuando éste vende un vehículo a un cliente con el cual
         la demandante ha celebrado un acuerdo relativo a las condiciones aplicables. Además, señala que la demandante únicamente soporta
         los descuentos concedidos a los grandes clientes si sobrepasan el 6 %. La Comisión estima que la situación de los concesionarios
         es económicamente comparable a la de los agentes. Añade que, con arreglo a la Directiva 86/653, la retribución de un agente
         se calcula generalmente en porcentaje sobre el volumen de los contratos que ha negociado. 
      
      74     Según la Comisión, cuando dicho volumen difiere del inicialmente previsto, el agente comercial normalmente sólo asume el riesgo
         que implica la aplicación del porcentaje de comisión estipulado sobre ese volumen reducido. Señala que, por regla general,
         no le corresponde al agente evitar sistemáticamente que su comitente sufra las consecuencias de las variaciones de volumen,
         mediante mecanismos como la renuncia a su comisión en una proporción equivalente a la rebaja del precio. Por consiguiente,
         no puede interpretarse el hecho de que el agente asuma en mayor o menor medida el riesgo de comercialización de la demandante
         en todos los tipos de contratos en el sentido de que simplemente no existe un acuerdo que prohíba a los agentes repercutir
         su comisión.
      
      75     La Comisión pone de relieve que los agentes soportan también el riesgo relativo a los costes del transporte. Afirma que, según
         el contrato de agencia, el agente está obligado a entregar al cliente el vehículo nuevo adquirido y a pactar con él un precio
         por dicho servicio. La posibilidad de obtener un beneficio adicional gracias a la diferencia entre la cantidad adeudada al
         transportista y la retribución estipulada con el cliente no afecta al hecho de que el agente corre el riesgo de no recibir
         el pago del cliente. Según la Comisión, cuando el cliente no recibe el vehículo, los gastos de transporte ya pagados quedan
         no obstante a cargo del agente. La Comisión añade que cuando la demandante invoca las obligaciones del agente comercial típicas
         e inherentes al sistema, hay que responderle que el Derecho alemán aplicable a los agentes comerciales establece que la entrega
         de las mercancías incumbe al comitente y no al agente. Por último, la Comisión pone de manifiesto que resulta superfluo interrogarse
         sobre el eventual carácter «insignificante» de los riesgos relativos a los costes del transporte, puesto que los agentes deben
         soportar además otros muchos riesgos comerciales. 
      
      76     La Comisión explica que, en virtud del contrato de agencia, el agente debe dedicar una parte considerable de sus recursos
         económicos a la promoción de las ventas y que asume el riesgo de venta en relación con un elevado número de vehículos (véase
         el apartado 58). A este respecto, refiriéndose a la cifra del 15,8 % que menciona la demandante (véase el apartado 59), declara
         que, comparadas con las comisiones que perciben los agentes por su actividad de intermediarios en la venta de vehículos nuevos,
         las cifras de negocio resultantes de la reventa de vehículos de exposición y de vehículos de empresa son considerables. La
         Comisión sostiene que, contrariamente a lo que afirma la demandante, el compromiso económico y el riesgo que ésta impone a
         sus agentes no pueden examinarse aisladamente de su actividad de intermediarios, puesto que los vehículos de exposición son
         inversiones específicas del mercado impuestas por la demandante a sus agentes y que están directamente encaminadas a la comercialización
         al cliente final. La Comisión considera que, con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva 86/653, el comitente
         está obligado a poner gratuitamente a disposición del agente comercial vehículos de exposición que, según ella, equivalen
         a «muestras» o «documentación» necesarias para el ejercicio de su actividad. Por consiguiente, afirma que la demandante carga
         con sus propios cometidos a sus agentes. Así pues, según la Comisión, la demandante obliga a sus agentes a asumir las funciones,
         los riesgos y las cargas financieras derivadas de la comercialización de sus productos que el legislador le impone a ella.
         Al exigir a sus agentes que actúen en gran medida como distribuidores independientes de vehículos (de exposición), la demandante
         hace de ellos «falsos» agentes comerciales, lo que implica la aplicación del Derecho de la competencia.
      
      77     La Comisión alega que los agentes deben ejecutar la garantía del constructor que ofrece la demandante en los vehículos nuevos,
         instalar un garaje, mantener un stock de recambios y ofrecer un servicio posventa y prestaciones de garantía por su cuenta
         y riesgo (considerando 159 de la Decisión controvertida). Estima que tales inversiones específicas del mercado de que se trata,
         impuestas a los agentes comerciales, significan que éstos comparten los costes y riesgos derivados de la comercialización
         de vehículos nuevos de la demandante. 
      
      78     Se opone a la distinción que establece la demandante entre la actividad de intermediario y el servicio posventa, señalando
         que tal distinción es artificial y no se corresponde con la realidad económica. En efecto, según la Comisión, la actividad
         de servicio posventa tiene por objeto promover las ventas de la demandante dadas las expectativas del cliente final que desea
         disponer de una red de mantenimiento para el vehículo que compra. Además, señala que la propia demandante concibe la actividad
         comercial y el servicio posventa como una unidad económica. En virtud del artículo 6 del contrato de agencia, cuando el vehículo
         va a parar al territorio contractual de otro agente dentro de un determinado plazo, una parte de la comisión del primero debe
         transferirse al segundo. De ello se desprende, según la Comisión, que la actividad de intermediario no puede disociarse de
         los costes y riesgos que el agente debe soportar en el marco de sus prestaciones de garantía, de su servicio posventa y de
         la puesta a disposición de piezas de recambio. Recuerda de nuevo el paralelismo entre el presente asunto y los que dieron
         lugar a las sentencias Volkswagen y VAG Leasing y Suiker Unie y otros/Comisión, citadas en el apartado 41. Según la Comisión,
         los derechos de retribución que adquiere el agente por sus prestaciones de garantía y de servicio posventa no tienen significado
         alguno, puesto que debe no obstante soportar los costes y riesgos derivados de su actividad. Afirma que el Reglamento nº 1475/95,
         citado por la demandante, no es aplicable en caso de que se trate de una simple «intermediación» en la venta de vehículos
         nuevos, puesto que falta el elemento de la «reventa», según aparece definida en el artículo 10, apartado 12. Así pues, según
         la Comisión, la demandante podría perfectamente dejar a verdaderos intermediarios libres de prestar o no servicios de garantía
         y posventa. Por último, la Comisión estima que los riesgos asumidos por el agente en caso de defectos del producto se explican
         principalmente por su pertenencia a la red de garantía de la demandante y que lo mismo sucede con el servicio posventa.
      
      79     Por lo que se refiere al reproche que le hace la demandante de haber comparado el volumen de negocios que realiza el agente
         mediante su comisión con el que realiza en nombre y por cuenta propios, la Comisión alega que, incluso utilizando la referencia
         elegida por la demandante, una parte considerable de la actividad económica del agente está constituida por las actividades
         independientes que le impone la demandante y que esa parte no debe ignorarse al apreciar, en Derecho de la competencia, las
         relaciones contractuales de la demandante con sus agentes.
      
      80     La Comisión niega la alegación de la demandante de que los agentes deben ser tratados como sucursales. Considera, en efecto,
         que la condición de independiente de un agente comercial no depende de si defiende los mismos intereses que su comitente o
         también los de terceros. Según ella, la prohibición de las prácticas colusorias es aplicable siempre que el agente asuma riesgos
         específicos de los contratos o del mercado, como en el caso de autos.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      81     Según jurisprudencia reiterada, cuando el Tribunal de Primera Instancia conoce de un recurso de anulación de una decisión
         adoptada en ejecución del artículo 81 CE, apartado 1, debe ejercer de modo general un control completo sobre si concurren
         o no las condiciones de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de
         Justicia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, apartado 34, y de 17 de noviembre de 1987, BAT
         y Reynolds/Comisión, asuntos acumulados 142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 62). 
      
      82     A tenor del artículo 81 CE, apartado 1: 
      «Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones
         de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto
         o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común […]» 
      
      83     Del tenor literal de este artículo resulta que la prohibición establecida se refiere exclusivamente a los comportamientos
         coordinados bilateral o multilateralmente, en forma de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas
         concertadas. Así pues, el concepto de acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, tal como ha sido interpretado
         por la jurisprudencia, se basa en la existencia de una concordancia de voluntades entre por lo menos dos partes (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000, Bayer/Comisión, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, apartados 64 y 69, confirmada
         mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de enero de 2004, BAI y Comisión/Bayer, asuntos acumulados C‑2/01 P y C‑3/01 P,
         Rec. p. I‑23). 
      
      84     Se desprende de lo anterior que cuando una decisión de un fabricante constituye un comportamiento unilateral de la empresa,
         esta decisión es ajena a la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1 (véanse, en ese sentido, las sentencias del Tribunal
         de Justicia de 25 de octubre de 1983, AEG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, apartado 38, y de 17 de septiembre de 1985, Ford/Comisión,
         asuntos acumulados 25/84 y 26/84, Rec. p. 2725, apartado 21, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio
         de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión, T‑43/92, Rec. p. II‑441, apartado 56). 
      
      85     Se desprende asimismo de una reiterada jurisprudencia que, en el contexto del Derecho de la competencia, debe entenderse que
         el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque,
         desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydroterm, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11, y sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, apartado 124). El Tribunal de Justicia
         ha destacado que, a efectos de la aplicación de las normas sobre competencia, la separación formal entre dos sociedades, resultado
         de su personalidad jurídica distinta, no es determinante y lo importante es la unidad o no de su comportamiento en el mercado.
         Por consiguiente, puede resultar necesario determinar si dos sociedades que tienen personalidades jurídicas separadas constituyen
         o forman parte de una misma y única empresa o entidad económica que presenta un comportamiento único en el mercado (véase,
         en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartado 140).
         
      
      86     La jurisprudencia muestra que este tipo de situación no se limita a los casos en los que las sociedades mantengan relaciones
         de matriz a filial, sino que incluye asimismo, en ciertas circunstancias, las relaciones entre una sociedad y su representante
         comercial o entre un comitente y su comisionista. En efecto, al aplicar el artículo 81 CE, la cuestión de si un comitente
         y su intermediario o «representante comercial» forman una unidad económica y éste es un órgano auxiliar integrado en la empresa
         de aquél, es importante para determinar si un comportamiento está comprendido en el ámbito de aplicación de dicho artículo.
         Así pues, se ha declarado que «si [un] intermediario ejerce una actividad en beneficio de su comitente, puede en principio
         considerarse como órgano auxiliar integrado en la empresa de éste, obligado a atenerse a las instrucciones del comitente y
         formando así con dicha empresa, a semejanza del empleado comercial, una unidad económica» (sentencia Suiker Unie y otros/Comisión,
         citada en el apartado 41, apartado 480).
      
      87     No ocurre lo mismo cuando los acuerdos entre el comitente y sus agentes atribuyen o dejan a éstos funciones que económicamente
         se asemejan a las de un comerciante independiente, por contemplar la asunción por el intermediario de los riesgos financieros
         vinculados a la venta o a la ejecución de los contratos celebrados con terceros (véase, en este sentido, la sentencia Suiker
         Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 41, apartado 541). Así pues, se ha declarado que los agentes sólo pueden perder
         su condición de operadores económicos independientes cuando no soportan ninguno de los riesgos resultantes de los contratos
         negociados por el comitente y operan como auxiliares integrados en la empresa del comitente (véase, en este sentido, la sentencia
         Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado 41, apartado 19).
      
      88     Por lo tanto, cuando un agente, aunque con personalidad jurídica propia, no determina de forma autónoma su comportamiento
         en el mercado, sino que aplica las instrucciones que le imparte su comitente, las prohibiciones dictadas por el artículo 81 CE,
         apartado 1, no son aplicables a las relaciones entre el agente y su comitente, con el que forma una unidad económica.
      
      89     Debe observarse que, en el marco del presente motivo, las partes del caso de autos se enfrentan en relación con el análisis
         que hizo la Comisión en la Decisión controvertida sobre el estatus jurídico de los agentes alemanes de Mercedes-Benz, con
         vistas a la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, y en particular, sobre el nivel de riesgo que soportan dichos agentes
         en virtud del contrato de agencia y sobre la cuestión de su integración en Mercedes-Benz. 
      
      90     Así pues, a la luz de las consideraciones anteriores, incumbe al Tribunal de Primera Instancia examinar la procedencia de
         la apreciación que hizo la Comisión, en la Decisión controvertida, sobre la relación jurídica existente entre la demandante
         y sus agentes comerciales en Alemania. 
      
      91     Debe señalarse que dicha relación se rige, en particular por, los términos de un contrato de agencia tipo concluido entre
         Mercedes-Benz y sus agentes y por el Código de comercio alemán. En sus respuestas a las preguntas escritas del Tribunal de
         Primera Instancia (véase el apartado 34), la demandante indicó que la versión del contrato de agencia tipo que se tuvo en
         cuenta en la Decisión controvertida era la de junio de 1997. También confirmó que dicha versión era sustancialmente idéntica
         a las versiones vigentes durante todo el período al que se refiere la Decisión controvertida. Se desprende de los autos que
         los términos y condiciones del contrato de agencia tipo son establecidos unilateralmente por Mercedes-Benz. Además, consta
         en los autos que el contrato celebrado entre Mercedes-Benz y sus agentes alemanes es un contrato de agencia conforme al Derecho
         mercantil alemán. En el marco del presente litigio, la Comisión no alegó que existiesen diferencias materiales entre los distintos
         contratos de agencia celebrados por Mercedes-Benz con agentes individuales.
      
      92     Procede señalar que las partes no discuten que las funciones formalmente atribuidas al agente en virtud del contrato de agencia
         se ajusten a la forma en que dicho contrato se ejecuta en la práctica. Así pues, no se discute que es Mercedes-Benz y no sus
         agentes alemanes, quien, conforme a los términos del contrato de agencia y en la práctica, vende directamente a los clientes
         automóviles nuevos Mercedes-Benz en la República Federal de Alemania y que los agentes tienen prohibido venderlos en nombre
         propio y por su cuenta. 
      
      93     El Tribunal de Primera Instancia observa que el contrato de agencia está redactado de tal forma que el agente alemán no tiene
         ninguna autoridad ni poder para vender vehículos Mercedes-Benz. La función de dicho agente alemán se limita, en efecto, a
         transmitir a Mercedes-Benz, para su aprobación y ejecución, las solicitudes de pedidos de los clientes potenciales. A este
         respecto, el artículo 4, apartados 1 y 3, del contrato de agencia dispone que el agente negocia las ventas de vehículos a
         las tarifas fijadas por Mercedes-Benz y según sus directrices, no entrando en vigor el contrato hasta el momento en que Mercedes-Benz
         acepta el pedido transmitido por el agente. 
      
      94     Además, se desprende de los autos que, en la negociación del contrato de compraventa con un cliente, el agente no tiene autoridad
         alguna en cuanto al precio del vehículo que debe percibir Mercedes-Benz. En efecto, en sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia, la demandante confirmó que el agente no está habilitado para conceder descuentos por
         cuenta de Mercedes-Benz sin el consentimiento de ésta. No obstante, añadió que el agente estaba autorizado a conceder descuentos
         con cargo a su propia comisión sin tal consentimiento y confirmó que el contrato de agencia no contenía disposición alguna
         que prohibiese esa renuncia parcial a la comisión. Según la demandante, si al vender un automóvil nuevo, el agente concede
         descuentos a los clientes, debe imputarlos a su comisión. 
      
      95     Es preciso examinar ahora si es exacta la afirmación, contenida en la Decisión controvertida, según la cual un agente alemán
         comparte considerablemente el riesgo de precios con respecto a los vehículos cuya venta negocia cuando concede descuentos
         que son íntegramente deducidos de su comisión (véase el considerando 155).
      
      96     Se desprende de los autos que el agente alemán, a diferencia de los concesionarios Mercedes-Benz de otros países, no compra
         vehículos nuevos a Mercedes-Benz para revenderlos a los clientes y no está obligado a disponer de un stock de vehículos nuevos
         (véase el considerando 156 de la Decisión controvertida). En efecto, según los términos del contrato de agencia, el agente
         sólo puede comprar los vehículos nuevos Mercedes-Benz para sus propias necesidades o para su exhibición. 
      
      97     En realidad, dado que el agente alemán Mercedes-Benz no está obligado a disponer de un stock de automóviles, no es exacto
         asimilarlo, desde un punto de vista económico, a un distribuidor de automóviles que obtiene del fabricante, en concepto de
         retribución, un margen que no sólo destina a la financiación de su negocio de venta de vehículos nuevos en general, sino sobre
         todo a la aplicación de descuentos a los compradores (véase el considerando 156 de la Decisión controvertida). El Tribunal
         pone de manifiesto, a ese respecto, que el agente Mercedes-Benz no está obligado, ni por el contrato de agencia ni en la práctica,
         a ceder una parte de su comisión para vender un vehículo que tiene en stock, lo que constituiría un verdadero riesgo de precios,
         puesto que ya habría soportado los costes asociados a la compra y al depósito del vehículo. En efecto, el agente, a diferencia
         de un concesionario, no asume el riesgo de que los vehículos que tiene en stock no se vendan. Por lo tanto, si el agente no
         quiere ceder una parte de su comisión, no acepta el pedido del vehículo. 
      
      98     A este respecto, se desprende de los términos de los contratos de concesión Mercedes-Benz celebrados en Bélgica y en España
         que los concesionarios deben mantener permanentemente un stock de vehículos. El volumen de dicho stock se determina, en particular,
         de común acuerdo entre las partes [véase el artículo 8 del contrato de concesión belga y el artículo 15, letra a), del contrato
         de concesión español]. Por consiguiente, en lo que respecta a la venta de vehículos, la situación del agente Mercedes-Benz
         en Alemania difiere considerablemente de la de los concesionarios Mercedes-Benz en Bélgica y en España. En efecto, éstos soportan
         una parte sustancial del riesgo relativo a la venta de los vehículos, mientras que en Alemania dicho riesgo incumbe fundamentalmente
         a Mercedes-Benz. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión se equivoca al asimilar, desde el punto
         de vista económico, el agente al distribuidor de automóviles en lo que se refiere al riesgo de precios (considerando 156 de
         la Decisión controvertida). 
      
      99     El Tribunal de Primera Instancia considera que, en las circunstancias del caso de autos, el hecho de que el agente alemán
         Mercedes-Benz esté autorizado –sin estar, no obstante, obligado– a conceder descuentos con cargo a su comisión y ejerza su
         libertad comercial cediendo una parte de su comisión sobre las ventas individuales con el fin de optimizar eventualmente su
         comisión global vendiendo más vehículos, no puede calificarse como «riesgo de precios».
      
      100   Resulta de lo anterior que es Mercedes-Benz quien vende los vehículos y toma, caso por caso, la decisión de aceptar o rechazar
         los pedidos negociados por el agente. En efecto, se pone de manifiesto que la libertad comercial de los agentes alemanes de
         Mercedes-Benz en cuanto a la venta de vehículos Mercedes-Benz es muy limitada, de forma que no puede influir en la competencia
         en el mercado de que se trata, a saber, el mercado del comercio minorista de turismos Mercedes (véase el considerando 143
         de la Decisión controvertida). 
      
      101   Así pues, cuando un cliente encarga un vehículo pero la compraventa no se formaliza, las consecuencias económicas y, por lo
         tanto, los riesgos asociados a dicha transacción corren por cuenta de la demandante. De hecho, en la vista, ésta confirmó
         que ella asumía exclusivamente todos los riesgos relativos, en particular, a la falta de entrega, a la entrega defectuosa
         y a la insolvencia del cliente. 
      
      102   En resumen, el Tribunal de Primera Instancia considera que de los elementos anteriormente expuestos se desprende que, en lo
         que respecta al mercado examinado en el caso de autos, es Mercedes-Benz y no sus agentes alemanes quien determina las condiciones
         de cada venta de vehículos, en particular el precio de venta, y quien asume los principales riesgos relativos a dicha actividad,
         puesto que las disposiciones del contrato de agencia impiden al agente alemán comprar y mantener stocks de vehículos para
         su venta. En tales circunstancias, procede concluir que los agentes se encuentran, con respecto a la demandante, en una relación
         que se caracteriza por la circunstancia de que llevan a cabo la venta de vehículos Mercedes-Benz fundamentalmente bajo la
         dirección de la demandante, de forma que deben asimilarse a empleados y debe considerarse que están integrados en ella y que
         forman con ella una unidad económica. De ello se sigue que el agente alemán de Mercedes-Benz, cuando actúa en el mercado de
         que se trata, no constituye por sí mismo una «empresa» en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1. 
      
      103   Procede examinar si esta conclusión resulta desvirtuada por la alegación de la Comisión, contenida en la Decisión controvertida,
         de que la demandante obliga a sus agentes a asumir, en virtud del contrato de agencia, otros costes y riesgos sin dejarles
         elección alguna.
      
      104   A este respecto, la Comisión declaró en la Decisión controvertida que, a tenor del contrato de agencia, Mercedes-Benz no asume
         el riesgo relativo a los gastos de transporte, sino que recae sobre el agente (véase el considerando 157). Según ella, éste
         debe asumir, al igual que un distribuidor independiente, el riesgo relativo a los costes del transporte de los vehículos nuevos
         y trasladar esos costes al cliente, con arreglo al Derecho de obligaciones.
      
      105   El Tribunal de Primera Instancia observa, a este respecto, que el artículo 4, apartado 4, del contrato de agencia dispone
         que «si el cliente no se lleva él mismo el vehículo a su salida de la fábrica, el agente lo entregará, mediando una retribución
         pactada con el cliente». Ahora bien, en sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, la
         demandante confirmó que en Alemania, en 2003, el 35 % de los vehículos habían sido recogidos por los clientes en la fábrica.
         Procede señalar que, aunque tales datos no se refieran al período contemplado en la Decisión controvertida, muestran no obstante
         que la posibilidad de que el cliente, conforme a los términos del contrato de agencia, recoja un vehículo en la fábrica está
         lejos de ser puramente teórica cuando agente y cliente no están de acuerdo sobre los gastos o las condiciones de entrega.
         Además, en la vista la Comisión confirmó que era poco verosímil que el riesgo relativo a los gastos de transporte se materializase.
         En la práctica, el cliente está informado de la fecha de entrega del vehículo antes de que se lleve a cabo el transporte,
         y si no es posible ponerse en contacto con él, el vehículo no sale de la fábrica. 
      
      106   El Tribunal de Primera Instancia considera que de los anteriores elementos se desprende que la Comisión acentuó sustancialmente
         el índice de riesgo que soporta el agente en relación con los gastos de transporte. 
      
      107   Asimismo, en la Decisión controvertida, la Comisión precisa que, a tenor del contrato de agencia, el agente debe adquirir
         vehículos de exposición por su propia cuenta (considerando 158), efectuar reparaciones de garantía del fabricante [considerando
         159, letra a)], instalar por su cuenta un taller para la prestación de servicios de garantía y posventa y, previa solicitud,
         participar en los servicios de permanencia y emergencia y mantener, por su cuenta un almacén de piezas de recambio [considerando
         159, letras b) y c)]. En la Decisión controvertida, la Comisión llegó a la conclusión de que no era posible, aunque sólo fuese
         por el número y la importancia de los riesgos que los agentes deben asumir, aceptar la objeción de Mercedes-Benz de que los
         riesgos que deben asumir sus agentes alemanes son característicos del verdadero agente comercial (considerando 160).
      
      108   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que, con arreglo al artículo 4, apartado 7, del contrato
         de agencia, el agente debe tomar a su cargo los gastos de los vehículos de exposición y Mercedes-Benz tiene derecho, en su
         caso, a determinar el número de ellos que considera necesario. Así pues, resulta que el agente, cuando compra vehículos de
         exposición, corre un riesgo. Por ejemplo, es posible que sea difícil revender dichos vehículos obteniendo un beneficio. El
         Tribunal observa, no obstante, que aun admitiendo la existencia de dicho riesgo, no es menos cierto, como señala la propia
         Comisión en el considerando 158 de la Decisión controvertida, que los vehículos han sido adquiridos a un precio preferente
         y pueden ser revendidos entre tres y seis meses después siempre que tengan un kilometraje mínimo de 3.000 kilómetros. Esta
         consideración tiene por objeto relativizar considerablemente la importancia que atribuye la Comisión, en la Decisión controvertida,
         a la obligación relativa a los vehículos de exposición y, por consiguiente, a la magnitud del riesgo en cuestión. 
      
      109   De ello se desprende que el análisis que hizo la Comisión en el considerando 158 de la Decisión controvertida exagera notablemente
         la importancia de los riesgos asociados a la obligación de los agentes de adquirir vehículos de exposición. 
      
      110   Por lo que respecta a las observaciones que hizo la Comisión sobre la obligación de los agentes de efectuar reparaciones en
         ejecución de la garantía, se desprende de los autos que el agente percibe de Mercedes-Benz una indemnización de garantía por
         las reparaciones de garantía autorizadas y que dicha indemnización equivale, por lo que se refiere al precio de la mano de
         obra, a la tarifa media ponderada en función del volumen de negocios –tarifa que el agente comunica anticipadamente a Mercedes-Benz
         al inicio de cada semestre civil– y, por lo que se refiere a los gastos de material, al precio de coste de las piezas del
         agente más un suplemento por coste de las materias a cargo de Mercedes-Benz (véase el artículo 13, apartado 3, del contrato
         de agencia). 
      
      111   El Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión no ha probado que la indemnización de garantía sea comercialmente
         inadecuada ni que, por consiguiente, exista para el agente un riesgo económico real inherente a la obligación de realizar
         reparaciones de garantía. Procede considerar que de la Decisión controvertida no se desprende que dicha actividad asociada
         a la venta de vehículos Mercedes-Benz implique de hecho riesgos excepcionales aunque es cierto que, si no se gestiona correcta
         y eficazmente, puede ser deficitaria y disminuir, e incluso anular, los beneficios del agente asociados a la venta de vehículos.
         Procede considerar asimismo que la Comisión no ha demostrado que las obligaciones impuestas al agente de instalar un taller
         de reparación, de ofrecer un servicio posventa y de adquirir y almacenar piezas de recambio impliquen riesgos económicos significativos.
         
      
      112   La Comisión se limita, en realidad, a enumerar obligaciones impuestas en virtud del contrato de agencia y relacionadas con
         la venta de los vehículos y a precisar la supuesta importancia del volumen de negocios que el agente realiza mediante actividades
         contractualmente vinculadas a la venta de vehículos, en comparación con el que realiza con la propia venta de los vehículos,
         sin demostrar por qué esas obligaciones constituyen riesgos sustanciales a cargo del agente. La Comisión no apreció correctamente
         el alcance de tales obligaciones en la práctica. El Tribunal de Primera Instancia considera que no constituyen un riesgo comercial
         que permita calificar al agente de Mercedes-Benz como operador independiente. 
      
      113   De lo anterior se desprende que la calificación del estatus del agente alemán de Mercedes-Benz con arreglo al artículo 81 CE,
         apartado 1, que se ha expuesto en el apartado 102, no resulta desvirtuada por el hecho de que los agentes alemanes de Mercedes-Benz
         estén obligados a asumir una serie de actividades y obligaciones económicas en virtud del contrato de agencia. Debe subrayarse
         asimismo que se trata de actividades ejercidas en otros mercados distintos del examinado en el caso de autos. En efecto, aunque
         se admitiese que tales obligaciones implican ciertos riesgos limitados para los agentes, procede considerar que no podrían
         modificar por sí solas la calificación de la relación existente entre la demandante y sus agentes con arreglo al Derecho de
         la competencia en lo que se refiere al mercado examinado en el caso de autos. 
      
      114   Por otra parte, la Comisión expone, en la Decisión controvertida, que algunas disposiciones del contrato de agencia alemán
         coinciden con las de los contratos de concesión Mercedes-Benz celebrados en Bélgica y en España y saca de ello la conclusión
         de que «las obligaciones impuestas a los agentes son idénticas a las impuestas a los concesionarios y que el grado de integración
         de ambos tipos de distribución en la red de Mercedes-Benz también es equivalente» y de que «estas características no son un
         criterio adecuado para distinguir a los agentes comerciales de los comerciantes por cuenta propia» (considerando 165). 
      
      115   Las disposiciones en cuestión se refieren en particular a las obligaciones de hacer todo lo necesario para la distribución
         de las mercancías, de defender los intereses de la demandante en cuanto al uso del nombre y la marca Mercedes-Benz y a las
         normas relativas a la creación de los establecimientos secundarios y los locales de exposición fuera del establecimiento principal.
         El Tribunal de Primera Instancia considera que tales disposiciones se refieren esencialmente a aspectos accesorios y comunes
         a cada tipo de contrato de distribución y, conforme al argumento de la propia Comisión, no permiten distinguir al agente comercial
         del distribuidor independiente. 
      
      116   Procede declarar que, contrariamente a lo que afirma la Comisión en el considerando 165 de la Decisión controvertida, tales
         disposiciones no demuestran que el grado de integración de los distribuidores belgas y españoles de Mercedes-Benz sea equivalente
         al de sus agentes alemanes. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que dicha conclusión de la Comisión
         es manifiestamente errónea y no tiene en cuenta las distinciones fundamentales entre los agentes alemanes y los distribuidores
         belgas y españoles en cuanto a la venta de vehículos de la marca Mercedes-Benz.
      
      117   En efecto, las disposiciones de los contratos tipo de distribución de Mercedes-Benz en Bélgica y en España, a diferencia del
         contrato de agencia alemán, prevén, en particular, que el concesionario es responsable de la distribución de los vehículos
         y de la negociación de las ventas. El concesionario compra sus productos y los vende a sus clientes en su nombre y por su
         cuenta y riesgo (véase el artículo 2 del contrato belga y el artículo 6 del contrato español). Asimismo, los contratos tipo
         de distribución de Mercedes-Benz en Bélgica y en España prevén que Mercedes-Benz y sus concesionarios mantengan su independencia.
         El concesionario no es un agente ni un mandatario de Mercedes-Benz y las partes no pueden obligarse recíprocamente (véase
         el artículo 2 del contrato belga y el artículo 6 del contrato español). Además, los concesionarios belgas y españoles deben
         mantener un stock permanente de vehículos nuevos –aparte de los denominados vehículos de demostración– destinados a ser expuestos
         en sus establecimientos y a ser entregados a sus clientes [artículo 8 del contrato belga y artículo 15, letra a), del contrato
         español]. Hay que señalar que, al igual que en el contrato de agencia alemán, las condiciones de venta figuran como anexo
         a los contratos belga y español, pero que, en estos últimos, se trata de las condiciones relativas a la venta de los vehículos
         por el grupo Mercedes-Benz al concesionario (artículo 12 del contrato belga y artículo 8 del contrato español). 
      
      118   Así pues, el Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a la conclusión a que llega la Comisión, tales elementos
         subrayan la importante distinción entre, por una parte, el papel del agente alemán que está integrado en la empresa de su
         comitente Mercedes-Benz y, por otra, el del distribuidor independiente en Bélgica y en España. Procede recordar que el mercado
         de que se trata en el caso de autos es el del comercio minorista de turismos Mercedes. El distribuidor independiente puede
         determinar o, cuando menos, influir en las condiciones en que se realizan las ventas, puesto que él es el vendedor, quien
         asume el riesgo principal del precio del vehículo y quien guarda los vehículos en stock. Ese margen de negociación que tiene
         el distribuidor entre el fabricante y el cliente es el que expone al distribuidor al riesgo de que se aplique el artículo
         81 CE a su relación con el fabricante. En realidad, el papel y el estatus del agente alemán de Mercedes-Benz son muy distintos.
      
      119   De lo anterior se desprende que no se ha acreditado conforme a Derecho la existencia de un acuerdo entre empresas en el sentido
         del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      120   Por consiguiente, debe declararse la procedencia del primer motivo.
       Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE y del Reglamento nº 1475/95 en lo que se refiere a la
            primera y tercera medidas comprobadas por la Comisión en la Decisión controvertida
      121   El segundo motivo se divide en dos partes. En primer lugar, la demandante afirma que la Comisión no demuestra, en la Decisión
         controvertida, que Mercedes-Benz celebrase acuerdos con sus agentes comerciales en Alemania por los que se les impidiese,
         infringiendo el artículo 81 CE, apartado 1, vender vehículos a consumidores finales extranjeros. Considera que las instrucciones
         dadas a los agentes sólo se referían a las ventas a revendedores no autorizados, de forma que están exentas en virtud del
         artículo 3, apartado 10, del Reglamento nº 1475/95. En segundo lugar, la demandante expone que las restricciones del suministro
         a las empresas de arrendamiento financiero en España y Alemania no constituyen restricciones a la competencia en el sentido
         del artículo 81 CE, apartado 1, y, en cualquier caso, están exentas en virtud del Reglamento nº 1475/95. 
      
      122   Se desprende de las conclusiones del Tribunal de Primera Instancia sobre el primer motivo que los contratos de agencia comercial
         entre Mercedes-Benz y sus agentes en Alemania no están sujetos a la prohibición de las prácticas colusorias del artículo 81 CE,
         apartado 1. Por lo tanto, las eventuales instrucciones dadas por Mercedes-Benz a sus agentes en Alemania de no vender a clientes
         situados fuera de su territorio contractual y las supuestas restricciones del suministro a las empresas de arrendamiento financiero
         en Alemania no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1. Por consiguiente, no es
         preciso examinar la primera parte del presente motivo, ni su segunda parte en la medida en que ésta se refiera a las obligaciones
         que pesan sobre los agentes alemanes respecto a la negociación de las ventas de vehículos nuevos a empresas de arrendamiento
         financiero.
      
       Alegaciones de las partes
      123   La demandante sostiene que la afirmación de la Comisión en la Decisión controvertida, según la cual las restricciones del
         suministro a empresas de arrendamiento financiero en España «con fines de reserva» tienen por objeto limitar la competencia,
         es errónea. Alega que, por diversos motivos, los términos de los contratos de concesión españoles no infringen el artículo
         81 CE, apartado 1. En primer lugar, por lo que respecta a las ventajas en los precios o los descuentos, la demandante considera
         que las empresas de arrendamiento financiero del grupo Mercedes-Benz y las que no pertenecen a él son tratadas exactamente
         de la misma manera. En efecto, según ella, las sociedades de arrendamiento financiero del grupo Mercedes-Benz no obtienen
         condiciones de compra diferentes de las que se conceden a los consumidores finales. Además, desmiente que los grandes clientes
         tengan derecho automáticamente a reducciones de precios. Según la demandante, corresponde a Mercedes-Benz decidir sobre la
         concesión de descuentos a clientes importantes y las posibles desigualdades de trato entre las sociedades de arrendamiento
         financiero y las «grandes cuentas» no se derivan de acuerdos que restrinjan la competencia. Además, señala que la decisión
         de conceder o denegar descuentos a una determinada categoría de clientes es un acto unilateral, y no un acuerdo de los contemplados
         en el artículo 81 CE, apartado 1. En segundo lugar, sostiene que, contrariamente a lo que afirma la Comisión en la Decisión
         controvertida, la prohibición del suministro «con fines de reserva» a las empresas de arrendamiento financiero que no forman
         parte del grupo no tiene por objeto limitar la competencia. Según ella, en realidad, la entrega de un vehículo al tomador
         de un contrato de arrendamiento financiero no es más rápida, porque los clientes de Mercedes-Benz quieren generalmente un
         modelo escogido por ellos y equipado según sus propios deseos. Añade que los cuadros reproducidos en los considerandos 14
         y 22 de la Decisión controvertida muestran que las empresas de arrendamiento financiero que no forman parte del grupo compiten
         con sus propias empresas. Pone de relieve asimismo que la cuota de mercado de las empresas de arrendamiento financiero externas
         en el leasing de vehículos Mercedes-Benz pasó del 28 % en 1996 al 36 % en 2000.
      
      124   La demandante sostiene que aunque se hubiese producido una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, de todos modos estaría
         exenta. Señala que, durante el período que finaliza el 30 de septiembre de 1996, la prohibición en cuestión estaba exenta
         en virtud del Reglamento (CEE) nº 123/85 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1984, relativo a la aplicación del [artículo
         81 CE, apartado 3] a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos
         automóviles (DO L 15, p. 16; EE 08/02, p. 150).
      
      125   La demandante sostiene asimismo que la prohibición del suministro a empresas de arrendamiento financiero con el fin de constituir
         stocks estaba exenta en virtud del Reglamento nº 1475/95 a partir del 1 de octubre de 1996, fecha de entrada en vigor de dicho
         Reglamento. Considera que las empresas de arrendamiento financiero que encargan automóviles con independencia de los contratos
         de leasing que se hayan concluido o que estén en vías de conclusión, con el fin de constituir reservas, actúan en la práctica
         como revendedores en el momento de ceder dichos vehículos en arrendamiento financiero.
      
      126   Según la demandante, a tenor de su artículo 1, el Reglamento nº 1475/95 se aplica a los contratos de concesión comercial de
         automóviles en los que la función del concesionario se describa por referencia a la «reventa». Señala que el término «reventa»
         aparece definido en el artículo 10, apartado 12, de dicho Reglamento como «la cesión de un vehículo automóvil que el revendedor
         ha adquirido en su propio nombre y por cuenta propia». Según ella, el Reglamento nº 1475/95 establece una distinción entre
         revendedores y clientes finales. La demandante añade que, con arreglo al artículo 3, apartado 10, de dicho Reglamento, puede
         prohibirse al distribuidor que suministre a revendedores. Afirma que dicha prohibición tiene como efecto proteger el sistema
         de distribución selectiva. 
      
      127   La demandante sostiene que, aunque el artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95 «[contemple] como supuesto de reventa
         un contrato de arrendamiento financiero entre quien adquiere del concesionario y un tomador, que prevea una transmisión de
         propiedad o una opción de compra», dicho Reglamento no incluye ninguna indicación que permita saber si las empresas de arrendamiento
         financiero que aún no han celebrado ningún contrato concreto relativo al automóvil de que se trate con un tercero, deben calificarse
         de «revendedor» o de «consumidor final». No obstante, según ella, contrariamente a lo que afirma la Comisión, resulta absurdo
         interpretar el artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95 en el sentido de que sólo pueda calificarse como «reventa»
         aquél contrato de arrendamiento financiero que incluya una opción de compra por la que el tomador se convierta en propietario
         antes del vencimiento del contrato. Según la demandante, la disposición tiene más bien por objeto asimilar el contrato de
         arrendamiento financiero a la reventa cuando el tomador obtiene una opción de compra desde el momento de la perfección del
         contrato o bien durante su ejecución. Subraya que el artículo 10, apartado 12, de dicho Reglamento tiene por objeto todos
         los contratos de arrendamiento financiero que contemplen una transmisión de propiedad o una opción de compra. 
      
      128   Además, según la demandante, esta disposición tiene consecuencias muy distintas en los Estados miembros en función de la forma
         contractual que adopte habitualmente el arrendamiento financiero de vehículos en cada país. Afirma, en efecto, que, según
         el Derecho español, los contratos de arrendamiento financiero no se perfeccionan sin opción de compra al vencimiento del contrato.
         Por consiguiente, una empresa española de arrendamiento financiero siempre es un «revendedor». 
      
      129   La demandante aclara que, en virtud de la Ley española nº 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las
         entidades de crédito (en lo sucesivo, «Ley 26/1988»), un contrato de arrendamiento financiero debe incluir, por definición,
         una opción de compra en favor del usuario. A falta de dicha opción de compra, el contrato debe calificarse de arrendamiento.
         Ahora bien, según ella, por motivos de control administrativo, a las sociedades de arrendamiento financiero les está vedada
         la celebración de tales contratos de arrendamiento. Por consiguiente, según la demandante, en España, las sociedades de arrendamiento
         financiero se limitan a realizar auténticas operaciones de arrendamiento financiero que prevén una opción de compra a favor
         del usuario. Así pues, la totalidad de los contratos de arrendamiento financiero celebrados en dicho país reúnen los requisitos
         del artículo 10, apartado 12, segunda frase, del Reglamento nº 1475/95 y deberían calificarse como operaciones de reventa.
      
      130   La demandante considera que, cuando no se ha determinado el destino concreto del automóvil, debería «al menos tener una oportunidad
         de proteger el sistema de distribución selectiva contra reventas no autorizadas que en tal caso no son ya controlables o comprobables».
      
      131   Alega que si las empresas de arrendamiento financiero pudiesen, más allá de su función de financiación, actuar en el mercado
         como comerciantes independientes, tendrían la posibilidad de disponer rápidamente de los modelos de vehículos y de descuentos
         considerables debido al volumen de sus compras sin la obligación de realizar inversiones ni gastos considerables para responder
         a las exigencias del servicio posventa y hacerse cargo de los servicios de mantenimiento y garantía de los vehículos vendidos.
         Según la demandante, la constitución de stocks por parte de las empresas de arrendamiento financiero no garantiza el nivel
         de calidad del sistema de distribución selectiva, que permite que los vehículos nuevos sean almacenados en condiciones técnicamente
         irreprochables y que únicamente se entreguen a los clientes después de un examen efectuado por especialistas. Según la demandante,
         la observancia de ese nivel de calidad es indispensable para garantizar la reputación de la marca Mercedes-Benz.
      
      132   La demandante considera que las restricciones de las ventas destinadas a abastecer los stocks de sociedades de arrendamiento
         financiero tiene por objeto impedir que se soslaye la prohibición de entrega a los revendedores y que es así como la Comisión
         define, además, la finalidad del Reglamento nº 1475/95. Añade que la Comisión, al considerar que las restricciones de tales
         ventas no estaban exentas en virtud del Reglamento nº 1475/95, ignora los principios establecidos por el Tribunal de Justicia
         en relación con el Reglamento nº 123/85 en la sentencia Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado 41, y en la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995, Bayerische Motorenwerke (C‑70/93, Rec. p. I‑3439). Afirma que, según dicha
         jurisprudencia, las sociedades de arrendamiento financiero deben considerarse revendedores cuando no se limitan a comprar
         vehículos para satisfacer las necesidades de sus clientes, sino que constituyen stocks «que ofrecen a una clientela a la que
         se atrae con tal fin». 
      
      133   La Comisión rebate la alegación de la demandante de que las medidas en cuestión no restringen la competencia.
      134   Considera que la demandante pretendía impedir que los intermediarios realizasen ventas de mayor envergadura, correspondientes
         al volumen de la demanda de las empresas de arrendamiento financiero, y que como consecuencia de ello, repercutiesen de forma
         planificada a las empresas en cuestión, que compiten con las empresas de arrendamiento financiero de Mercedes-Benz, las economías
         de escala que normalmente acompañan a la compra de grandes volúmenes.
      
      135   La Comisión cuestiona el análisis que hace la demandante del Reglamento nº 1475/95, al considerar que éste no exime la prohibición
         del suministro a las empresas de arrendamiento financiero para la constitución de stocks o reservas. Según ella, dicho Reglamento
         permite que el fabricante prohíba a sus concesionarios vender vehículos nuevos a revendedores que no pertenezcan a su red
         de distribución, sin perder el beneficio de la exención. Afirma que el artículo 10, apartado 12, del Reglamento precisa las
         circunstancias en que la conclusión del contrato de arrendamiento financiero debe calificarse como reventa. Así ocurre, según
         ella, cuando el contrato «implique una transferencia de propiedad o una opción de compra antes del vencimiento del contrato».
         En todos los demás casos, la entidad de arrendamiento financiero debe ser tratada como un cliente final y no es lícito prohibir
         o limitar las ventas a dichas sociedades. Por consiguiente, la Comisión considera que la interpretación que hace la demandante
         del artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95 es demasiado extensiva. A este respecto, sostiene que las disposiciones
         controvertidas, contenidas en los contratos de concesión españoles, no distinguen según que el contrato utilizado por la entidad
         de arrendamiento financiero incluya la posibilidad de comprar el vehículo antes o después del vencimiento del contrato (considerando
         110 de la Decisión controvertida), sino que prohíben el suministro a las empresas de arrendamiento financiero con independencia
         de este elemento, siempre que el pedido tenga por objeto constituir stocks. Ahora bien, este tipo de pedido no convierte a
         la empresa de arrendamiento financiero en revendedor.
      
      136   Según la Comisión, el riesgo de que empresas de arrendamiento financiero vendan automóviles procedentes directamente de sus
         reservas o antes del vencimiento del contrato a los clientes interesados podría quedar cubierto por disposiciones contractuales
         adecuadas y no autoriza a la demandante a prohibir el suministro a dichas empresas cuando los automóviles están destinados
         a constituir stocks. 
      
      137   La Comisión afirma que el artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95 tiene por objeto impedir que se soslaye la prohibición
         de suministro a los revendedores que enajenen vehículos nuevos. Señala que esta disposición reconoce que se soslaya la prohibición
         en todos aquellos casos en que al tomador del arrendamiento financiero se le concede el derecho a adquirir la propiedad del
         vehículo entregado en leasing antes del vencimiento del contrato de arrendamiento financiero. Ahora bien, según ella, el que
         se eluda la prohibición depende del momento en que supuestamente se transmite la propiedad del vehículo al tomador del arrendamiento
         financiero o en que dicha propiedad puede serle transmitida, y no de la fecha en que el tomador adquiere la opción de compra
         al término del contrato. Añade que las sentencias Volkswagen y VAG Leasing, citada en el apartado 41, y Bayerische Motorenwerke,
         citada en el apartado 132, tratan sobre la situación jurídica originada por el Reglamento nº 123/85, que no contenía ninguna
         regla que regulase explícitamente los contratos de arrendamiento financiero. Explica que esa laguna ha sido colmada por el
         Reglamento nº 1475/95, que estableció que sólo existe reventa cuando el tomador puede adquirir la propiedad del vehículo antes
         del vencimiento del contrato de arrendamiento financiero mediante la opción de compra.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      138   El Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que, en la Decisión controvertida, la Comisión declaró, en particular, que
         la demandante había restringido, por sí misma o por mediación de MBE, desde el 1 de octubre de 1996 hasta la adopción de dicha
         Decisión, el suministro de automóviles a las empresas de arrendamiento financiero en España para la constitución de stocks
         y que dicha restricción no estaba exenta con arreglo al Reglamento nº 1475/95. 
      
      139   En el marco de la segunda parte del presente motivo, la demandante afirma, por un lado, que el artículo 4, letra d), del contrato
         de concesión español no infringe el artículo 81 CE, apartado 1, y, por otro, que en cualquier caso, la prohibición de suministrar
         vehículos a las empresas de arrendamiento financiero en España para constituir stocks está exenta en virtud del Reglamento
         nº 1475/95.
      
      140   A este respecto, en el considerando 196 de la Decisión controvertida, la Comisión declara que «la restricción del suministro
         a empresas externas de arrendamiento financiero va claramente dirigida contra las empresas de leasing que quieren adquirir
         un número significativo de vehículos o incluso flotas completas de automóviles de leasing y que aún no disponen de clientes
         concretos para esos vehículos». En el considerando 176 afirma, en particular, que el objeto de las disposiciones relativas
         a las operaciones de leasing de los concesionarios y agentes es restringir la competencia en materia de precios y condiciones
         de suministro de los vehículos de arrendamiento financiero. Basándose en una jurisprudencia reiterada, declara que resulta
         superfluo tomar en consideración los efectos de las medidas controvertidas, puesto que para poder aplicar el artículo 81 CE,
         apartado 1, basta con que tales medidas tengan por objeto restringir la competencia (considerando 178).
      
      141   El Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que en la Decisión controvertida la Comisión no distingue entre
         el mercado alemán y el mercado español en lo que se refiere a las supuestas restricciones del suministro a las empresas de
         arrendamiento financiero. En efecto, presume que el artículo 4, letra d), del contrato de concesión español ha implicado las
         mismas restricciones de la competencia que el artículo 2, apartado 1, letra d), del contrato que vincula a los agentes alemanes
         (véanse, en particular, los considerandos 105 a 111 y 176).
      
      142   Ahora bien, de las alegaciones formuladas por la demandante en el marco de la segunda parte del presente motivo se desprende
         que, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, las relaciones contractuales en materia de arrendamiento financiero en España
         están reguladas por una ley específica, a saber, la Ley 26/1988.
      
      143   Debe señalarse que la Disposición Adicional séptima de la Ley 26/1988 establece, en particular, lo siguiente:
      «1.      Tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la
         cesión del uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario,
         a cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere el número 2 de esta disposición.
         Los bienes objeto de cesión habrán de quedar afectados por el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras,
         industriales, comerciales artesanales, de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá necesariamente
         una opción de compra, a su término, en favor del usuario.
      
      Cuando por cualquier causa el usuario no llegue a adquirir el bien objeto del contrato, el arrendador podrá cederlo a un nuevo
         usuario, sin que el principio establecido en el párrafo anterior se considere vulnerado por la circunstancia de no haber sido
         adquirido el bien de acuerdo con las especificaciones de dicho nuevo usuario.
      
      2.      Los contratos a que se refiere la presente disposición tendrán una duración mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes
         muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales. No obstante, el Gobierno,
         para evitar prácticas abusivas, podrá establecer otros plazos mínimos de duración de los mismos en función de las características
         de los distintos bienes que pueden constituir su objeto.»
      
      144   Con efectos a partir del 1 de enero de 1996, el apartado 2 de la Disposición Adicional séptima de la Ley 26/1988 fue sustituido
         por el artículo 128, apartado 2, de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE nº 310, de 28 de
         diciembre de 1995, p. 37072), que dispone:
      
      «2.      Los contratos a que se refiere el apartado anterior tendrán una duración mínima de dos años cuando tengan por objeto bienes
         muebles y de diez años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales. No obstante, reglamentariamente,
         para evitar prácticas abusivas, se podrá establecer otros plazos mínimos de duración de los mismos en función de las características
         de los distintos bienes que puedan constituir su objeto.»
      
      145   Se desprende de estas disposiciones que los contratos de arrendamiento financiero celebrados en España están sujetos a ciertos
         requisitos específicos, en particular:
      
      –       deben tener una duración mínima de dos años si se trata de bienes muebles, incluidos los vehículos automóviles;
      –       deben incluir necesariamente una opción de compra a su vencimiento en favor del usuario;
      –       los bienes muebles, incluidos los vehículos automóviles, que son objeto de los contratos de arrendamiento financiero son adquiridos
         con esa finalidad por la entidad de arrendamiento financiero según las especificaciones del usuario.
      
      146   De ello se desprende que la Ley española que regula los contratos de arrendamiento financiero exige que toda entidad de arrendamiento
         financiero español tenga ya un tomador identificado del contrato de arrendamiento financiero en el momento de la adquisición
         del vehículo.
      
      147   Por lo tanto, la presunción implícita hecha por la Comisión en cuanto al efecto idéntico de las cláusulas que figuran en los
         contratos de concesión alemán y español carece de fundamento, lo que implica dos consecuencias en el marco del presente motivo.
      
      148   En primer lugar, todo contrato de arrendamiento financiero celebrado en España debe tener una duración mínima de dos años
         y la opción de compra sólo puede ejercitarse al vencimiento del contrato. Por lo tanto, la opción de compra sólo puede ejercitarse
         al término de un período mínimo de dos años. De ello se deduce que el tomador del contrato de arrendamiento financiero en
         España no puede, al ejercitar la opción de compra, obtener la enajenación de un vehículo nuevo.
      
      149   A este respecto, debe recordarse que el Reglamento nº 1475/95 eximía de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, a los
         acuerdos por los que una de las partes (proveedor) se comprometía frente a la otra (distribuidor) a no suministrar dentro
         de una determinada zona del mercado común, más que a ésta o a ésta y a un número determinado de empresas de la red de distribución
         con fines de reventa, vehículos automóviles nuevos concretos y, en relación con ellos, sus piezas de recambio (artículo 1).
      
      150   Con arreglo al artículo 3, apartado 10, del Reglamento nº 1475/95, la exención se aplicaba asimismo cuando el compromiso mencionado
         estaba relacionado con el compromiso del distribuidor de no suministrar a un revendedor productos contractuales más que en
         el caso de que dicho revendedor fuese una empresa integrada en la red de distribución. El término «reventa» se definía en
         el artículo 10, apartado 12, de dicho Reglamento como «toda transacción por la que una persona física o jurídica “el revendedor”,
         enajene un vehículo automóvil nuevo, adquirido con anterioridad por cuenta propia y en su propio nombre, cualesquiera que
         sean la calificación jurídica desde el punto de vista del Derecho civil o las modalidades en las que se realice esta operación».
         En ese mismo apartado, se asimilaba a la reventa «todo contrato de arrendamiento financiero (leasing) que implique una transferencia
         de propiedad o una opción de compra antes del vencimiento del contrato».
      
      151   Dicho Reglamento permitía, en particular, a un proveedor, en el marco de los acuerdos que regulan su red de distribución exclusiva,
         imponer a los distribuidores una prohibición de suministro a un comprador que fuese un revendedor en el sentido de su artículo
         10, apartado 12, incluido un comprador asimilado a un revendedor por enajenar vehículos nuevos en el marco de contratos de
         arrendamiento financiero según aparecen definidos en la propia disposición.
      
      152   A este respecto, procede declarar que del artículo 4, letra d), del contrato de concesión español se desprende claramente
         que la prohibición impuesta a los concesionarios no se refería a todas las ventas a empresas de arrendamiento financiero externas
         al grupo Mercedes-Benz, sino sólo a aquellas ventas para las que dichas empresas no tenían un cliente identificado.
      
      153   Ahora bien, de la definición del término «reventa» que figura en el artículo 10, apartado 12, del Reglamento nº 1475/95, se
         desprende que la posibilidad de que un proveedor prohíba a los distribuidores el suministro a personas físicas o jurídicas
         asimiladas a revendedores se limita al supuesto de que éstos enajenen vehículos nuevos. Esta asimilación del contrato de leasing
         a la reventa tiene por objeto permitir al proveedor garantizar la integridad de la red de distribución evitando que un contrato
         de arrendamiento financiero que implique una transmisión de propiedad o una opción de compra antes del vencimiento del contrato
         se utilice para facilitar la adquisición de la propiedad de un vehículo, fuera de la red de distribución exclusiva, cuando
         éste es todavía nuevo.
      
      154   Por consiguiente, contrariamente a lo que expone la demandante, no resulta de la Ley 26/1988 que todo contrato de arrendamiento
         financiero español reúna automáticamente los requisitos previstos en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento nº 1475/95
         para la exención.
      
      155   De lo anterior se desprende que la alegación de la demandante relativa a la aplicación de las disposiciones de exención del
         Reglamento nº 1475/95 carece de fundamento. 
      
      156   En segundo lugar, puesto que la ley española exige que toda empresa de arrendamiento financiero tenga un usuario identificado
         en el momento de la adquisición del vehículo, las restricciones mencionadas por la Comisión en el considerando 176 de la Decisión
         controvertida resultan de la propia normativa aplicable, con independencia del artículo 4, letra d), del contrato de concesión
         español. En otros términos, por el sólo efecto de esta legislación, las sociedades externas al grupo Mercedes-Benz se encuentran
         en la misma situación que las que pertenecen a dicho grupo. De ello se sigue que la alegación de la demandante de que las
         restricciones al suministro de las empresas de arrendamiento financiero en España no constituyen restricciones de la competencia
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, es fundada.
      
      157   Por consiguiente, procede anular el artículo 1, tercer guión, de la Decisión controvertida, en la medida en que se refiere
         a la supuesta infracción cometida en España.
      
       Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y en un error manifiesto de apreciación de
            las medidas segunda y cuarta constatadas por la Comisión en la Decisión controvertida 
      158   El tercer motivo se divide en dos partes. En primer lugar, la demandante sostiene que la Comisión no demostró la existencia
         de un acuerdo celebrado con sus agentes alemanes con objeto de que éstos exigiesen un anticipo del 15 % del precio de venta
         del vehículo a los clientes desplazados. Considera asimismo que, en cualquier caso, dicho anticipo estaba objetivamente justificado,
         y tenía derecho a instar a sus agentes a exigirlo. En segundo lugar, la demandante estima que la Comisión consideró equivocadamente,
         en la Decisión controvertida, que el encuentro de 20 de abril de 1995 de los nueve miembros de la asociación de concesionarios
         belgas de Mercedes-Benz con la dirección de MBBel demostraba la existencia de un acuerdo entre éstos con el fin de restringir
         la competencia de precios en Bélgica. 
      
      159   Se desprende de la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa al primer motivo que el artículo 81 CE, apartado
         1, no se aplica a la consigna dada por Mercedes-Benz a sus agentes alemanes, mediante la circular nº 52/85, de 12 de septiembre
         de 1985, de exigir a sus clientes extranjeros desplazados un anticipo del 15 % del precio del vehículo. Por consiguiente,
         no es necesario examinar la primera parte del presente motivo.
      
       Alegaciones de las partes
      160   La demandante alega que la Comisión se equivocó al considerar, en la Decisión controvertida, que el encuentro de 20 de abril
         de 1995 de los nueve miembros de la asociación de concesionarios belgas de Mercedes-Benz con la dirección de MBBel demostraba
         la existencia de un acuerdo entre dicha asociación y MBBel para restringir la competencia de precios en Bélgica. Según ella,
         la asociación de concesionarios belgas no puede adoptar ninguna decisión vinculante para sus miembros, sino que únicamente
         formula recomendaciones. Además, según la demandante, la intervención de un concesionario, el Sr. Kalscheuer, en dicha reunión,
         manifestando «que las relaciones entre concesionarios habían mejorado gracias a la acción contra las gangas», muestra que
         la medida en cuestión ya había sido decidida por los concesionarios. 
      
      161   La demandante no desmiente que MBBel participase en la reunión de 20 de abril de 1995 ni que, por su propia iniciativa, la
         asociación de concesionarios belgas propusiese rebajar los descuentos hasta el 3 % como máximo para la nueva serie W 210.
         No obstante, alega que MBBel no participaba ni horizontal ni verticalmente en un acuerdo de fijación de los precios de venta
         y que no había tomado ninguna iniciativa para la ejecución de dicha propuesta, que tampoco aprobó. Afirma que, por el contrario,
         MBBel se opuso en todo momento a tales propuestas. Sólo estuvo presente en calidad de observador e importador. Según ella,
         en efecto, no se ha hecho alusión a ninguna intervención oral de ningún representante de MBBel. Señala que el hecho de que
         MBBel fuese la única capaz de llevar a la práctica los recortes del suministro de vehículos no demuestra que efectivamente
         adoptase tal comportamiento.
      
      162   A este respecto, la demandante niega que MBBel representase los intereses de las sucursales en la reunión e indica que, en
         aquel momento, éstas no eran todavía miembros activos de la asociación. No obstante, según la demandante, no está claro que
         las sucursales pudiesen tener interés en limitar la cuantía de los descuentos. Así lo demuestra, según ella, el hecho de que
         el concesionario Goossens, como atestiguaba el acta de la asociación, reprochase a las sucursales que hubiesen realizado «ventas
         a precio de ganga». Además, según la demandante, la imputación que figura en la Decisión controvertida relativa a una restricción
         horizontal (véase el considerando 141), y que no se recoge en el pliego de cargos, no debería haberse tomado en consideración.
         Por lo que se refiere a la alegación de la Comisión, expuesta en el apartado 177, la demandante considera que ésta cita de
         forma selectiva su pliego de cargos (véase el apartado 186 del pliego de cargos). Además, señala que la acción «contra las
         gangas» llevada a cabo antes del 20 de abril de 1995 no podía calificarse de acuerdo «horizontal» más que en la medida en
         que hubiese sido decidida entre concesionarios. Según ella, aunque la Comisión declaró en el apartado 168 del pliego de cargos
         que MBBel había tomado parte en dicha acción contra las gangas, nada demuestra que MBBel participase como competidor de los
         concesionarios. 
      
      163   La demandante niega asimismo que el escrito de 17 de octubre de 1995 enviado por MBBel a Mercedes-Benz AG (considerando 119
         de la Decisión controvertida) demuestre el interés de MBBel en moderar los descuentos aplicados por los concesionarios belgas.
         En efecto, según ella, MBBel aludió a las tarifas medias publicadas y no a los precios de venta efectivamente facturados por
         los concesionarios. Además, desmiente que el escrito de MBBel de 14 de marzo de 1996, llamando al orden a un concesionario
         belga de Charleroi que se presentó fraudulentamente a un cliente como representante de un concesionario de Namur, demuestre
         la desaprobación de MBBel en cuanto al descuento «del 6 %» concedido en la compra de un W 210.
      
      164   La demandante considera que las alegaciones de la Comisión relativas a la participación de MBBel son contradictorias en el
         sentido de que afirma simultáneamente que MBBel está «dispuesta a respaldar activamente» una reducción de los descuentos (considerando
         115 de la Decisión controvertida) y que MBBel «participó» en dicha reducción (considerando 120). Posteriormente, según la
         demandante, la Comisión admite que la reunión de 20 de abril de 1995 era el resultado de una cierta iniciativa por parte de
         los concesionarios, pero aclara sin embargo que MBBel asumió sin lugar a dudas la dirección en la reunión (considerando 233
         de la Decisión controvertida).
      
      165   La demandante alega que el hecho de que Mercedes-Benz verificase ocasionalmente que los concesionarios cumplían íntegramente
         su función de intermediarios enviándoles falsos clientes no tiene relación alguna con la supuesta fijación de los precios
         de venta. Sostiene que tales visitas, a las que también recurren las demás marcas de automóviles, eran totalmente legítimas,
         puesto que los concesionarios se comprometen, mediante su contrato de concesión comercial, a mantener una posición de alta
         calidad en el mercado. Además, la demandante sostiene que la política de precios de los concesionarios era sólo un aspecto
         entre muchos otros que se tuvieron en cuenta en esa evaluación.
      
      166   La demandante niega la existencia de un vínculo entre la reunión de 20 de abril de 1995 y la que se celebró en Amberes el
         27 de marzo de 1996 (véase el considerando 117 de la Decisión controvertida). En efecto, según ella, en el acta de la reunión
         de 20 de abril de 1995 se menciona el propósito de vigilar las ventas hasta «finales de 1995» y las visitas a las que se hace
         referencia en el acta de la reunión de 27 de marzo de 1996 tuvieron lugar visiblemente hasta 1996. 
      
      167   La demandante desmiente que el fax de MBBel de 26 de noviembre de 1996, en el que ésta encargaba a la empresa Tokata que enviara
         visitantes a los concesionarios y a determinadas agencias, permitiese a MBBel investigar los descuentos aplicados en los modelos
         break 220 D y 250 TD de la clase C. Recuerda que la información recabada era anónima y no era posible tomar medidas contra
         concesionarios específicos, que se trataba de una encuesta completa sobre el servicio a la clientela en su conjunto y no únicamente
         sobre los descuentos, y que se trataba de visitas a los concesionarios, pero también a trece importadores paralelos. Por consiguiente,
         según ella, en la medida en que se llevase a cabo ese proceso, no cabe suponer que se tratase de imponer a los concesionarios
         las tarifas publicadas. Además, según ella, en el fax no había nada que indicase que los interesados hubieran preferido una
         reducción máxima del 3 %. La demandante añade que el acta de la reunión de 20 de abril de 1995 se refería a series de vehículos
         distintas de las contempladas en el fax de 26 de noviembre de 1996 a la empresa Tokata.
      
      168   La demandante niega que la supuesta fijación de los precios de venta en Bélgica influyese de forma apreciable en el comercio
         entre Estados miembros. Señala que si se llegase a la conclusión de que efectivamente hubo un acuerdo sobre los descuentos,
         éste sólo afectaría a las ventas realizadas en Bélgica. Según ella, el volumen de las ventas transfronterizas no se resintió
         de ello. Además, niega que la supuesta infracción durase desde el 20 de abril de 1995 hasta la circular de 10 de junio de
         1999. Sostiene que la Comisión no precisó si la infracción fue cometida siempre con la misma intensidad. La demandante afirma
         que la «acción contra las gangas» mencionada en el acta de la reunión de 20 de abril de 1995 era provisional, que sólo afectaba
         al modelo W 210 y que sólo debía aplicarse durante la fase de introducción del nuevo modelo, es decir, hasta finales de 1995.
         A este respecto, señala que del acta de la reunión de 27 de marzo de 1996 se desprende que los concesionarios de Amberes comprobaron
         que no existía consenso sobre los descuentos. Además, según ella, los demás documentos citados por la Comisión no demuestran
         que la acción propuesta fuese reconducida más allá del año 1995. Únicamente se refieren, según afirma, a las visitas que constituyen
         una práctica habitual cuyos resultados no fueron individualizados, de forma que habría resultado imposible adoptar cualquier
         tipo de sanción contra algún concesionario.
      
      169   La demandante considera que carece de justificación imputarle la fijación de los precios de venta en Bélgica.
      170   Con carácter preliminar, alega que la Comisión se apartó, en el caso de autos, de su práctica relativa a la imposición de
         multas a una sociedad o al grupo al que pertenece. La Comisión debería haber tomado en consideración diversos elementos, a
         saber, el alcance de la autonomía de decisión de la filial, la medida en que la sociedad matriz conocía las actividades de
         la filial contrarias a la normativa sobre prácticas colusorias, la participación de dicha sociedad en la infracción, la influencia
         concreta de la sociedad matriz en la política comercial de la filial y la eventual identidad de la composición de los órganos
         sociales de la sociedad matriz y de su filial [véanse las Decisiones 87/1/CEE de la Comisión, de 2 de diciembre de 1986, relativa
         a un procedimiento en virtud del artículo [81] del Tratado CEE (IV/31.128 – Ácidos grasos) (DO 1987, L 3, p. 17); 86/398/CEE
         de la Comisión, de 23 de abril de 1986, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado CEE (IV/31.149
         – Polipropileno) (DO L 230, p. 1); 85/617/CEE de la Comisión, de 16 de diciembre de 1985, relativa a un procedimiento de aplicación
         del artículo [81] del Tratado de la CEE (IV/30.839 – Sperry New Holland) (DO L 376, p. 21); 84/388/CEE de la Comisión, de
         23 de julio de 1984, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado (CEE) (IV/30.988 – Acuerdos y
         prácticas concertadas en el sector del vidrio plano en los países del Benelux) (DO L 212, p. 13); 78/155/CEE de la Comisión,
         de 23 de diciembre de 1977, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado constitutivo de la Comunidad
         Económica Europea (IV/29.146 – BMW SA Belgium y concesionarios belgas BMW) (DO 1978, L 46, p. 33)]. La demandante precisa
         que, en el sector del automóvil, las filiales de venta nacionales afectadas fueron consideradas responsables cuando la infracción
         podía localizarse en el Estado miembro correspondiente [Decisión 2001/146/CE de la Comisión, de 20 de septiembre de 2000,
         relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/36.653 – Opel) (DO 2001, L 59, p. 1)].
      
      171   La demandante sostiene que carece de fundamento la alegación de la Comisión según la cual ella es responsable de la actuación
         de MBBel, puesto que su participación se halla próxima al 100 %. Según la demandante, se desprende de la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión (C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925), apartados 28 y
         siguientes, que una participación del 100 % no puede bastar por sí sola para fundamentar la responsabilidad de la sociedad
         matriz desde el punto de vista de la normativa sobre prácticas colusorias. Defiende que la Comisión debe demostrar mediante
         otros elementos de hecho que ella ejerció además una influencia efectiva en el comportamiento de MBBel. Niega haber tenido
         conocimiento de las actividades de MBBel y haberlas apoyado activamente. Afirma que la Comisión no ha probado que ella estuviese
         al corriente de la reunión de los concesionarios belgas de 20 de abril de 1995. Explica que si MBBel hubiese participado en
         la acción «contra las gangas», habría sido sin su consentimiento. La demandante añade, en su réplica, que la Comisión incurre
         en un error al afirmar que le corresponde a ella probar que dicha infracción no le es imputable porque Mercedes-Benz se presentó
         durante el procedimiento administrativo como único interlocutor de la Comisión en relación con la infracción cometida en territorio
         belga. Según ella, la Comisión debe probar que Mercedes-Benz fue informada de las supuestas medidas de fijación de los precios
         de venta y que las «fomentó activamente».
      
      172   La Comisión sostiene que, el 20 de abril de 1995, MBBel tomó parte, con la asociación de concesionarios belgas, en un acuerdo
         de limitación de los descuentos autorizados al 3 %, cuyo incumplimiento debía acarrear un recorte del cupo de vehículos atribuidos.
         Considera que la demandante es responsable de dicha infracción de las normas sobre competencia, puesto que constituía con
         MBBel una unidad económica.
      
      173   La Comisión afirma que no cabe la menor duda de que los participantes en la reunión de 20 de abril de 1995 adoptaron las medidas
         «contra las gangas», puesto que en el acta de dicha reunión, su redactor, el Sr. Rauw, distinguió claramente entre las declaraciones,
         las peticiones más o menos firmes, los consejos y recomendaciones, y las apreciaciones, reproches y declaraciones de intenciones
         de los participantes. Además, según ella, el apartado relativo al recurso a las compras fantasma, al comportamiento de las
         sucursales de MBBel de Bruselas en materia de precios y al recurso a la reducción de la asignación de vehículos en caso de
         detectarse descuentos superiores al 3 % demuestran que el objeto de las discusiones era precisamente la adopción de las medidas,
         y ello con la participación de MBBel.
      
      174   Por lo demás, respecto a las alegaciones de la demandante basadas en que el acta no menciona la menor intervención de MBBel,
         en que ésta tomó parte en la reunión en calidad de importador y no en calidad de representante de sus sucursales y en que
         la asociación de concesionarios no estaba facultada para adoptar decisiones vinculantes, la Comisión considera que no son
         pertinentes. Añade que todo aquél que participe en una reunión que dé lugar a la celebración de acuerdos contrarios a la competencia
         debe expresar su desacuerdo para indicar claramente que no es parte en el acuerdo. Ahora bien, la Comisión señala que el acta
         de la reunión de 20 de abril de 1995 no menciona la menor oposición de MBBel. Según ella, ésta aprobó incluso la limitación
         de los descuentos al 3 %. De lo contrario, el Sr. Rauw no habría podido indicar que en caso de superación de ese límite, se
         reduciría el cupo de vehículos, puesto que sólo MBBel podía adoptar tal medida.
      
      175   La Comisión sostiene que, contrariamente a lo que afirma la demandante (véase el apartado 162), MBBel estaba interesada en
         acabar con las gangas. Según ella, el que MBBel mantuviese altos los precios medios carecía de sentido si los concesionarios
         aplicaban descuentos cada vez mayores, minando así la credibilidad de los precios de baremo. Además, considera que, como importador,
         MBBel no suministra únicamente a los concesionarios belgas, lo que da lugar a una relación vertical, sino también a los clientes
         finales, mediante sus sucursales de Bruselas, lo que fundamenta la relación horizontal entre MBBel y sus concesionarios que
         la demandante niega.
      
      176   La Comisión afirma que, manifiestamente, el Sr. Goossens, de la asociación de concesionarios belgas, no consideraba necesario
         que en la reunión de 20 de abril de 1995 participasen también representantes de las sucursales, además de los numerosos directivos
         de MBBel, para acusar a éstas de rebajar excesivamente los precios. Resulta evidente, según la Comisión, que MBBel no sólo
         era contemplada como proveedor, sino también como competidor de los concesionarios y que tomó parte en el acuerdo relativo
         a la reducción de los descuentos en ambas calidades.
      
      177   La Comisión alega que, contrariamente a lo que afirma la demandante (véase el apartado 162), el pliego de cargos no se limitaba
         a la competencia vertical. Considera haber explicado (en el punto 222 del pliego de cargos) que la acción convenida entre
         MBBel y los concesionarios para luchar contra las gangas y controlar los descuentos aplicados, con reducción de los cupos
         de vehículos asignados en caso de descuentos superiores al 3 %, tenía por objeto restringir la competencia de precios en Bélgica.
         Así pues, según ella, MBBel no sólo era contemplada como parte de un acuerdo que tenía por objeto aplicar un convenio de reducción
         de los descuentos mediante el recorte de la asignación de vehículos, sino de una forma más general, como empresa que había
         tomado parte en un acuerdo dirigido a limitar los descuentos, controlar el comportamiento de los concesionarios en materia
         de descuentos y reducir los cupos de vehículos en caso de descuentos superiores al 3 %. Además, la Comisión considera que
         la demandante no puede calificar de nueva a la apreciación jurídica de la participación de MBBel en el acuerdo, puesto que
         ella señaló en el pliego de cargos que MBBel ya había participado en un acuerdo sobre precios, principalmente horizontal,
         antes del 20 de abril de 1995, a saber, en la acción «contra las gangas». La Comisión recuerda que no es necesario que el
         acuerdo sea obligatorio con arreglo al Derecho civil para constituir un acuerdo en el sentido del artículo 81 CE, apartado
         1 (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Comisión, C‑277/87, Rec. p. I‑45,
         apartado 13) (véase el apartado 160).
      
      178   Según la Comisión, la Decisión controvertida prueba que los concesionarios belgas debían contar con que se produjeran las
         compras fantasma y que MBBel tenía gran interés en que los concesionarios mantuviesen sus precios efectivos de reventa lo
         más altos posible (considerandos 117 y 119 de la Decisión controvertida). Niega la alegación de la demandante de que las apreciaciones
         individuales sobre los distintos concesionarios fuesen anónimas. En efecto, el anonimato de dichas apreciaciones dejó de ser
         respetado ya en el acta de la reunión de 27 de marzo de 1996, puesto que el concesionario Van Steen NV era designado por su
         nombre. Añade que los descuentos individuales que los cinco concesionarios controlados estaban dispuestos a conceder no tenían
         por qué ser indicados detalladamente en el acta, puesto que era evidente que todos ellos habían ofrecido descuentos superiores
         al 3 % permitido por la asociación. Según ella, las supuestas diferencias de opinión posteriores entre los concesionarios
         en relación con el importe de los descuentos carecen por completo de pertinencia, especialmente si se tiene en cuenta que
         el acuerdo controvertido les obligaba, en particular, frente a MBBel.
      
      179   La Comisión observa que el mandato conferido a la empresa Tokata el 26 de noviembre de 1996 muestra que el comportamiento
         de los concesionarios en materia de descuentos desempeñaba un papel importante en el marco de las compras fantasma, contrariamente
         a lo que expone la demandante, para quien dicho comportamiento sólo es un aspecto entre otros (véase el apartado 165). Explica
         que el verdadero objeto del mandato era comprobar la reacción de los 47 concesionarios belgas ante una petición de descuento
         del 7 %.
      
      180   Según la Comisión, la demandante niega cualquier relación entre, por una parte, el acuerdo de 20 de abril de 1995 y, por otra,
         las compras fantasma realizadas en los cinco concesionarios de Amberes en la primavera de 1996 y el mandato de noviembre de
         1996 para que se realizasen compras fantasma en todos los concesionarios belgas (véase el apartado 166). La Comisión sostiene
         que el límite temporal fijado a finales de 1995 e impuesto por el acuerdo de 20 de abril de 1995 se refiere únicamente a la
         sanción específica convenida, a saber, la reducción de los cupos, y no a la fijación del límite de los descuentos en un 3 %.
         No afirma que las compras fantasma se llevasen a cabo en ejecución de la Decisión de 20 de abril de 1995, pero declara que
         tales compras demuestran que los concesionarios debían contar con que se produjesen este tipo de acciones. La Comisión añade
         que el 14 de marzo de 1996, MBBel expresó su descontento por el hecho de que el vendedor de un concesionario de Charleroi
         había vendido un vehículo de la serie W 210 con un descuento del 6 %.
      
      181   Por lo que se refiere a la restricción apreciable del comercio intracomunitario que niega la demandante (véase el apartado 168),
         la Comisión pone de relieve que la creación y el mantenimiento de una zona artificial de precios elevados pueden originar
         corrientes comerciales distintas de las normales. Declara que la jurisprudencia muestra que, por su propia naturaleza, las
         prácticas restrictivas de la competencia que se extiendan a todo el territorio de un Estado miembro tienen como efecto consolidar
         compartimentaciones de carácter nacional (sentencia Bayerische Motorenwerke, citada en el apartado 131, apartado 20; sentencia
         del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, Rec. p. I‑1577, apartado 95, y sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 179).
      
      182   La Comisión reprocha a la demandante que no pusiese fin a la fijación de precios en Bélgica hasta la circular de 10 de junio
         de 1999 (considerando 223 de la Decisión controvertida). Se reafirma en que la fecha que figura en el acta de la reunión de
         20 de abril de 1995, a saber, finales de 1995, se refería únicamente a la sanción que constituía la reducción de los cupos
         y no al acuerdo de limitación de los descuentos al 3 %. Señala que el comportamiento de los concesionarios en materia de descuentos
         fue también controlado en 1996 (considerandos 117 y 118 de la Decisión controvertida). Además, según ella, dicho control no
         se limita en absoluto a los vehículos de la serie W 210, sino que incluye también otras categorías de vehículos, en este caso
         la clase C. Dado que la continuación de las compras fantasma tenía como principal objetivo controlar los descuentos concedidos
         por los concesionarios, como se decidió el 20 de abril de 1995, la inclusión de otras series de vehículos en la acción y las
         críticas formuladas en relación con la concesión de descuentos excesivos (considerando 119 de la Decisión controvertida) prueban,
         según la Comisión, que el acuerdo de 20 de abril de 1995, cuya acta pone de manifiesto que existían antecedentes, no fue en
         ningún caso una medida única, aislada y transitoria. En el mismo sentido, la Comisión hace referencia a la alegación de la
         demandante según la cual el acuerdo sobre precios tenía por objeto mejorar la rentabilidad de los concesionarios. Según la
         Comisión, éste objetivo no podía alcanzarse mediante una medida de sólo unos meses de duración.
      
      183   La Comisión considera que las alegaciones de la demandante expuestas en los apartados 169 a 171, acerca de su responsabilidad
         en el caso de autos, carecen de fundamento. Señala que la responsabilidad de la demandante por el comportamiento de MBBel
         deriva del mero hecho de que era propietaria de la práctica totalidad de dicha sociedad, y de que, debido a su dependencia
         de la sociedad matriz, MBBel no podía llevar a cabo una política de distribución propia y constituía una unidad económica
         con la demandante.
      
      184   La Comisión explica, en primer lugar, que cuando, como en el caso de autos, la sociedad matriz ostenta una participación del
         100 % de su filial, no necesita probar que efectivamente la sociedad matriz da a la filial instrucciones que ésta aplica.
         Señala que la sentencia Stora Kopparbergs Bergslag/Comisión, citada en el apartado 171, a la que la demandante hace referencia,
         muestra que, en tal hipótesis, es legítimo suponer que la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva en
         el comportamiento de su filial, particularmente cuando se ha presentado como único interlocutor de la Comisión en relación
         con la infracción de que se trata. En tales circunstancias, incumbe, según ella, a la demandante destruir esa presunción mediante
         pruebas suficientes. La Comisión alega que, en el caso de autos, la demandante también se presentó como único interlocutor
         de la Comisión respecto a la infracción cometida en territorio belga. La demandante tampoco discutió, según ella, que hubiese
         podido ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de dicha filial en el mercado. Observa, por último, que la demandante
         no presentó la menor prueba de que MBBel hubiera podido obrar con autonomía. 
      
      185   La Comisión precisa asimismo que la demandante había sido informada de los esfuerzos de MBBel por mantener altos los precios
         medios (considerando 119 de la Decisión controvertida).
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      186   Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia señala que la demandante critica el hecho de que la Comisión alegase
         por primera vez en la Decisión controvertida, respecto a la infracción relativa a la fijación de los precios en Bélgica, que
         MBBel había participado en una restricción horizontal de la competencia. En efecto, en la Decisión controvertida se indica
         que «MBBel actuó a la vez como competidor de los concesionarios, en su calidad de propietaria de dos sucursales, y como proveedor
         de éstos». Además, la Comisión consideró, en la Decisión controvertida, que el acuerdo estaba «claramente centrado» en ese
         último aspecto vertical (considerando 141).
      
      187   Aunque la demandante no lo afirme expresamente, el Tribunal de Primera Instancia considera que dicha alegación debe interpretarse
         como una imputación basada en la vulneración del derecho de defensa.
      
      188   Se desprende del artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 17 en relación con los artículos 2 y 4 del Reglamento nº 99/63/CEE
         de la Comisión, de 25 de julio de 1963, relativo a las audiencias previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 19 del Reglamento
         nº 17 del Consejo (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01 p. 62), que la Comisión debe comunicar los cargos que formula contra las
         empresas y asociaciones de empresas interesadas y únicamente puede mantener en sus decisiones los cargos respecto de los cuales
         aquéllas hayan tenido la oportunidad de expresar suficientemente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los
         hechos, imputaciones y circunstancias alegados por la Comisión (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia
         de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 9, y del Tribunal de Primera Instancia
         de 18 de diciembre de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑10/92 a T‑12/92 y T‑15/92, Rec. p. II‑2667,
         apartado 33).
      
      189   Según jurisprudencia reiterada, el pliego de cargos debe contener una exposición de los cargos redactada en términos suficientemente
         claros, aunque sean resumidos, para que los interesados puedan conocer efectivamente los comportamientos que les imputa la
         Comisión. En efecto, sólo si se cumple este requisito puede el pliego de cargos desempeñar la función que le atribuyen los
         diferentes Reglamentos comunitarios y que consiste en facilitar a las empresas todos los elementos necesarios para que puedan
         defenderse de forma eficaz, antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva (véanse, en particular, las sentencias
         del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 63; Enso
         Española/Comisión, T‑348/94, Rec. p. II‑1875, apartado 83, y Cascades/Comisión, T‑308/94, Rec. p. II‑925, apartado 42). También
         según jurisprudencia reiterada, esta exigencia se cumple cuando la decisión no imputa a los interesados infracciones diferentes
         a las mencionadas en el pliego de cargos y cuando sólo tiene en cuenta los hechos sobre los que los interesados han tenido
         la posibilidad de justificarse (véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión,
         41/69, Rec. p. 661, apartado 94, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container
         Line y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 113). No es necesario,
         sin embargo, que la decisión final de la Comisión sea una copia del pliego de cargos (sentencia del Tribunal de Justicia de
         7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P,
         C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 67, y sentencia ACF Chemiefarma/Comisión, antes citada, apartado 91).
      
      190   La crítica basada en la vulneración del derecho de defensa de la demandante debe apreciarse a la luz de estos principios.
      191   En el caso de autos, procede verificar si la imputación de que MBBel participó en una supuesta restricción horizontal de la
         competencia se expuso en el pliego de cargos en términos suficientemente claros para que la demandante pudiese efectivamente
         conocerla. 
      
      192   El Tribunal de Primera Instancia considera que cuando el pliego de cargos facilite una indicación clara de la naturaleza de
         la infracción del Derecho de la competencia que se imputa a la empresa de que se trate y los principales hechos que se invocan
         al respecto, dicha empresa está en condiciones de responder a la acusación y defender sus derechos. Una posterior exposición
         de los cargos en la decisión adoptada por la Comisión que califique un acuerdo económico como «vertical» u «horizontal» no
         constituye una modificación material de los cargos tal como se expusieron en el pliego de cargos.
      
      193   Procede señalar que, en el pliego de cargos, la Comisión no invocó de forma explícita ni el aspecto horizontal ni el aspecto
         vertical de la infracción considerada y, por consiguiente, no calificó la supuesta infracción como horizontal o vertical.
         Sin embargo, la demandante no niega que la Comisión expusiese brevemente en el pliego de cargos los motivos por los que se
         imputaba a MBBel la celebración de un acuerdo con los concesionarios belgas relativo a la fijación de los precios de venta
         de los vehículos Mercedes en Bélgica. De ello se desprende que los hechos y las críticas fundamentales sobre el comportamiento
         de MBBel declarados por la Comisión en la Decisión controvertida fueron expuestos en el pliego de cargos. Procede señalar
         asimismo que, en la Decisión controvertida, la Comisión consideró que el aspecto vertical de la supuesta infracción era crucial,
         mientras que su aspecto horizontal sólo se invocaba de forma completamente accesoria. 
      
      194   En tales circunstancias, procede considerar que no era necesario, para respetar el derecho de defensa, que la Comisión calificase
         explícitamente la infracción considerada como vertical y horizontal en su pliego de cargos.
      
      195   A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia señala que la demandante se limita a formular esa alegación sin explicar
         por qué el hecho de que la Comisión no aludiese al aspecto «horizontal» de la infracción de que se trata antes de la adopción
         de la Decisión controvertida le ocasionó un perjuicio. Por una parte, se desprende de los autos que la demandante contestó
         a las críticas relativas a la fijación de los precios en Bélgica formuladas por la Comisión en el pliego de cargos. Ahora
         bien, la demandante no alegó en su recurso que su respuesta al pliego de cargos hubiera sido materialmente distinta de haber
         figurado en éste la palabra «horizontal». Por otra parte, debe señalarse que de la lectura de la parte de la Decisión controvertida
         relativa a la imposición de la multa por la infracción de que se trata se desprende que la Comisión no se basó explícitamente
         en el aspecto horizontal de la infracción al imponerla (considerandos 245 a 248).
      
      196   De la Decisión controvertida se desprende que la Comisión estimó que el 20 de abril de 1995 se celebró un acuerdo entre MBBel
         y la asociación de concesionarios belgas de Mercedes-Benz que tenía por objeto restringir la competencia de precios en Bélgica
         y que consistía en limitar los descuentos al 3 % y en controlar la política de descuentos respecto de la clase E a través
         de una agencia externa, así como de sancionar los descuentos superiores con un recorte de la asignación de vehículos de la
         nueva clase E (considerandos 113 y 177). 
      
      197   El Tribunal de Primera Instancia pone de relieve que, según el acta de la reunión en cuestión, en la sección titulada «acción
         contra las gangas», se consideró lo siguiente: «Las relaciones entre concesionarios han mejorado gracias a esta acción. [Un
         concesionario – el Sr. Goossens] acusa a las sucursales de Bruselas de ofrecer gangas. Se recurrirá a una agencia externa
         para que realice “compras fantasma” con el fin de controlar los descuentos respecto de la serie W 210. Si se conceden descuentos
         superiores al 3 %, se reducirá la cantidad de vehículos asignados hasta finales de 1995». 
      
      198   La demandante admite que en la reunión de 20 de abril de 1995, a la que asistió MBBel, la asociación de concesionarios belgas
         de Mercedes-Benz aludió al recurso a una agencia encargada de efectuar visitas mediante falsos clientes. La demandante considera,
         no obstante, que la asociación no puede adoptar ninguna decisión vinculante para sus miembros y que sólo puede formular «recomendaciones».
         Señala asimismo que MBBel no adoptó ninguna medida para la ejecución de dichas recomendaciones y que tampoco las aprobó. Sostiene
         que MBBel sólo estaba presente en calidad de observador e importador y que no realizó ninguna intervención oral durante la
         reunión. Además, según la demandante, aunque se hubiese producido una limitación de los descuentos, no habría tenido repercusiones
         apreciables en el comercio entre Estados miembros. 
      
      199   Según jurisprudencia reiterada, para que exista acuerdo, en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, basta con que las empresas
         de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse en el mercado de una manera determinada (sentencia ACF Chemiefarma/Comisión,
         citada en el apartado 189, apartado 112; sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión,
         asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 86, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20
         de abril de 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, denominada «PVC II», asuntos acumulados T‑305/94 a T‑307/94,
         T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94, Rec. p. II‑931, apartado 715).
      
      200   Los criterios de coordinación y de cooperación fijados por la jurisprudencia, lejos de exigir la elaboración de un verdadero
         «plan», deben interpretarse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del Tratado relativas a la competencia,
         según la cual los operadores económicos deben determinar de forma independiente la política que vayan a adoptar en el mercado
         común. Si bien es cierto que esta exigencia de independencia no excluye el derecho de los operadores económicos a adaptarse
         inteligentemente al comportamiento actual o previsto de sus competidores, prohíbe de forma terminante cualquier contacto directo
         o indirecto entre tales operadores que tenga por objeto o efecto influir en el comportamiento en el mercado de un competidor
         real o potencial, o revelar a dicho competidor el comportamiento que se haya decidido o que se prevea adoptar en el mercado
         (sentencia Suiker Unie y otros/Comisión, citada en el apartado 41, apartados 173 y 174, y sentencia PVC II, citada en el apartado
         199, apartado 720).
      
      201   Procede recordar que, en caso de litigio sobre la existencia de una infracción de las normas sobre la competencia, incumbe
         a la Comisión probar las infracciones que constate y aportar las pruebas que acrediten de modo suficiente en Derecho la existencia
         de hechos constitutivos de una infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión,
         C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 58).
      
      202   No obstante, cuando se haya probado que una empresa ha participado en reuniones entre empresas con un carácter claramente
         contrario a la competencia, corresponde a esa empresa aportar indicios apropiados para demostrar que su participación en las
         reuniones no estaba guiada en absoluto por un espíritu contrario a la competencia, probando que informó a sus competidores
         de que participaba en ellas con unas intenciones diferentes a las de éstos (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
         de Justicia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, apartado 155, y Montecatini/Comisión, C‑235/92 P,
         Rec. p. I‑4539, apartado 181). Si dicha empresa no prueba ese distanciamiento, el hecho de que no se pliegue a los resultados
         de tales reuniones no puede eximirla de su plena responsabilidad derivada de su participación en el acuerdo (sentencias del
         Tribunal de Justicia de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, apartado 135, y de 15 de marzo
         de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, asuntos acumulados T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95
         a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 1389).
         
      
      203   El Tribunal de Primera Instancia pone de manifiesto que, indiscutiblemente, MBBel se hallaba presente en la reunión de la
         asociación de concesionarios de 20 de abril de 1995, en la que se aludió a la persistencia de las «gangas» y a la intención
         de adoptar medidas para detectar los descuentos superiores al 3 % y disuadir de su concesión. En efecto, procede señalar que
         varios altos cargos de MBBel estaban presentes en dicha reunión y que el acta de la misma fue redactada por el Sr. Rauw, responsable
         de la formación de los distribuidores de MBBel (véase, en particular, el considerando 115 de la Decisión controvertida). De
         ello se desprende que los elementos que constan en autos no corroboran las alegaciones de la demandante según las cuales MBBel
         desempeñó un papel secundario en la reunión (véase el apartado 161). El Tribunal de Primera Instancia considera que la participación
         de tales representantes de MBBel en la reunión de que se trata demuestra que, contrariamente a lo que afirma la demandante,
         MBBel desempeñó un papel principal en los debates. 
      
      204   Así pues, dado que MBBel no ha probado que se hubiese distanciado de las discusiones sobre los descuentos, la Comisión podía
         legítimamente considerar que, mediante su presencia sin reservas en la reunión de 20 de abril de 1995, durante la cual se
         había aludido claramente al objetivo «antigangas», había participado en el concurso de voluntades que condujo a la adopción
         de las medidas encaminadas a detectar los descuentos en cuestión y disuadir de su concesión.
      
      205   Además, el hecho de que en aquel momento las sucursales de MBBel no fuesen miembros activos de la asociación de concesionarios,
         como afirma la demandante, carece de relevancia, puesto que la participación de MBBel en el acuerdo contrario a la competencia
         ha quedado acreditada.
      
      206   Procede declarar asimismo que, conforme a lo expuesto por la Comisión, únicamente MBBel estaba en condiciones de ejecutar
         la amenaza proferida en la reunión de 20 de abril de 1995 de reducir el cupo de vehículos asignados. Su silencio en aquella
         ocasión sólo puede interpretarse como una aprobación de la «acción contra las gangas», ya decidida por los concesionarios
         belgas, y como una adhesión a ella, habida cuenta, en particular, de que la amenaza de reducción del cupo de vehículos asignados
         hasta finales de 1995 en caso de descuentos superiores a 3 % proferida en la reunión de que se trata necesitaba la participación
         activa de MBBel como proveedor de los concesionarios y reforzó el acuerdo contrario a la competencia en cuestión. 
      
      207   De ello se deduce que la presencia de dicha empresa en la reunión, sin distanciarse públicamente de su contenido, dio a entender
         a los demás participantes que suscribía su resultado y que tenía la intención de contribuir mediante su propio comportamiento
         a los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes. El Tribunal de Primera Instancia considera asimismo
         que el hecho de que la acción «contra las gangas» se hubiese llevado a la práctica antes de la reunión no era óbice para que
         la Comisión considerase que MBBel había participado en una decisión adoptada el 20 de abril de 1995 sobre los futuros precios
         y estaba dispuesta a respaldar activamente la fijación de los precios, el control de los precios aplicados por los concesionarios
         y, en su caso, la aplicación de sanciones en caso de no respetarse las instrucciones a partir de dicha fecha. 
      
      208   El Tribunal de Primera Instancia considera que la alegación de la demandante según la cual el hecho de que MBBel verificase
         ocasionalmente que los concesionarios cumplían íntegramente su función de intermediarios (véase el apartado 165) era perfectamente
         legítima, en la medida en que los concesionarios se comprometen mediante su contrato de concesión comercial a mantener una
         posición de alta calidad en el mercado, no resulta convincente y debe rechazarse. En efecto, la demandante admite en su recurso
         que la política de precios de los concesionarios era uno de los aspectos –entre muchos otros– de dicha evaluación (véase el
         apartado 165). Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que los precios facturados por los concesionarios no
         tienen relación alguna con la calidad de sus prestaciones. Además, MBBel no intenta justificar tales controles de los precios
         aplicados en virtud del artículo 11 del contrato de concesión belga, que dispone que MBBel puede establecer un precio máximo,
         pero no un precio mínimo.
      
      209   Procede desestimar asimismo la alegación de la demandante de que la información recabada era anónima (véase el apartado 168)
         y que era imposible tomar medidas contra concesionarios concretos. Se desprende claramente del acta de la reunión de los concesionarios
         Mercedes de la región de Amberes de 27 de marzo de 1996 que determinados descuentos concedidos por un concesionario concreto,
         a saber, Van Steen NV, fueron identificados por compradores fantasma y mencionados durante la reunión en cuestión.
      
      210   En cuanto a la alegación de la demandante de que la asociación de concesionarios no podía adoptar ninguna decisión vinculante
         para sus miembros, sino únicamente formular recomendaciones, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, un acto
         puede ser calificado de decisión de asociación de empresas en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, sin tener necesariamente
         carácter obligatorio para los miembros interesados, por lo menos en la medida en que los miembros a que se refiera dicha decisión
         se atengan a ella (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de noviembre de 1983, IAZ y otros/Comisión,
         asuntos acumulados 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartado 20, y Van Landewyck y otros/Comisión,
         citada en el apartado 199, apartados 88 y 89; y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, Eurofer/Comisión,
         T‑136/94, Rec. p. II‑263, apartado 15). Esta hipótesis queda suficientemente demostrada, en el caso de autos, por el hecho
         de que los miembros de la asociación de concesionarios belgas y MBBel decidieron, en la reunión de 20 de abril de 1995, hacer
         que se verificase, mediante compras fantasma realizadas por una agencia externa, la cuantía de los descuentos concedidos para
         el vehículo modelo W 210 y de que efectivamente se produjeron visitas de compradores fantasma a concesionarios. Estos hechos
         ponen de manifiesto que la línea de actuación que se decidió en la reunión de 20 de abril de 1995 se llevó a la práctica.
      
      211   Por lo que se refiere a la alegación de la demandante expuesta en el apartado 162 y según la cual no está claro que las sucursales
         de MBBel tuviesen interés en limitar la cuantía de los descuentos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, puesto
         que la participación de MBBel en el acuerdo contrario a la competencia está demostrada, no es necesario examinar si ésta y
         sus sucursales tenían interés en participar en él. En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia considera que, tal
         como afirma la Comisión, MBBel y, por consiguiente, sus sucursales, tenían interés en poner fin a las gangas, en particular
         porque aquélla no sólo vende a los concesionarios, sino también a los clientes finales a través de determinadas sucursales.
         Procede declarar que el escrito de 17 de octubre de 1995 que MBBel envió a Mercedes-Benz AG, en el que declara hacer «todo
         lo posible para realizar [su] trabajo correctamente ([renuncia] a las exportaciones), [intenta] mantener [sus] precios medios
         en un nivel elevado», muestra también, como indica la Comisión en el considerando 119 de la Decisión controvertida, su interés
         en que los concesionarios en Bélgica sólo concediesen descuentos moderados. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia
         considera que la alegación de la demandante de que MBBel aludió, en el escrito de 17 de octubre de 1995, a tarifas medias
         publicadas y no a los precios de venta efectivamente facturados por los concesionarios no es convincente y debe rechazarse.
         
      
      212   Por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la fijación de los precios de venta en Bélgica no influyó de
         forma apreciable en el comercio entre Estados miembros, pues únicamente se refería a las ventas en dicho país, sin afectar
         a las ventas transfronterizas, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe desestimarse. En efecto, según una jurisprudencia
         bien consolidada, cuando una práctica colusoria se extiende a todo el territorio de un Estado miembro tiene por efecto consolidar
         compartimentaciones de carácter nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado
         (sentencia Wouters y otros, citada en el apartado 181, apartado 95; sentencias del Tribunal de Justicia 17 de octubre de 1972,
         Vereeniging van Cementhandelaren/Comisión, 8/72, Rec. p. 977, apartado 29; Remia y otros/Comisión, citada en el apartado 81,
         apartado 22, y de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia, C‑35/96, Rec. p. I‑3851, apartado 48). Pues bien, la demandante no
         niega que la reunión de 20 de abril de 1995, y por tanto la infracción de que se trata, afectaba a toda Bélgica, como señala
         la Comisión en el considerando 197 de la Decisión controvertida.
      
      213   La demandante estima asimismo que la Comisión no ha probado que la supuesta infracción durase desde el 20 de abril de 1995
         hasta la circular de 10 de junio de 1999 en la que la demandante indicaba, en particular, que los concesionarios debían ser
         libres de fijar el precio y las condiciones de venta con respecto a sus clientes. Sostiene que la Comisión debería haber indicado
         como fecha límite el fin de 1995, porque la acción «contra las gangas» mencionada en el acta de la reunión de 20 de abril
         de 1995 era provisional y sólo afectaba a la introducción del nuevo modelo W 210.
      
      214   Como se desprende de la jurisprudencia, corresponde a la Comisión probar no sólo la existencia de la práctica colusoria, sino
         también su duración (véanse las sentencias Dunlop Slazenger/Comisión, citada en el apartado 84 supra, apartado 79, y de 15 de marzo de 1992, Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en el apartado 202, apartado 2802).
      
      215   El Tribunal de Primera Instancia señala que en el caso de autos existen indicios concordantes que sugieren que la infracción
         perduró más allá del año 1995. Procede declarar que, como afirma fundadamente la Comisión, del acta de la reunión de 20 de
         abril de 1995 se desprende que el límite temporal fijado en finales del año 1995 se refiere únicamente a la sanción convenida
         y no a la fijación del límite de los descuentos en el 3 %. Además, del acta de la reunión de 27 de marzo de 1996 se desprende
         que se realizaron compras fantasma relativas al modelo E 290 TD, concretamente en cinco concesionarios belgas en 1996. A este
         respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, contrariamente a lo que afirma la demandante (véase el apartado 166),
         existe un vínculo entre la reunión de los concesionarios de 20 de abril de 1995 y la de 27 de marzo de 1996. Además, en un
         escrito de 14 de marzo de 1996, MBBel expresó claramente su descontento ante el hecho de que un vehículo de la serie W 210
         se había vendido con un descuento del 6 %. El Tribunal de Primera Instancia considera al respecto que el empleo de un signo
         de exclamación después de ese tanto por ciento –«¡6 %!»– no deja lugar a dudas sobre el hecho de que el descuento en cuestión
         se consideraba reprobable. De ello se sigue que, en vista de las objeciones formuladas por MBBel contra los descuentos superiores
         al 3 % concedidos por los concesionarios belgas y de la continua realización de compras fantasma, los concesionarios debían
         contar con que hubiera repercusiones en caso de detectarse los descuentos mucho después del fin de 1995. El Tribunal de Primera
         Instancia estima que, en tales circunstancias, la Comisión podía considerar justificadamente que el acuerdo de 20 de abril
         de 1995 por el que se fijaba el precio de los vehículos en Bélgica no era una medida transitoria, sino que perduró hasta su
         supresión expresa mediante la circular de 10 de junio de 1999.
      
      216   El Tribunal de Primera Instancia considera que, mediante su alegación de que la Comisión no precisó si la infracción relativa
         a la fijación de los precios en Bélgica se había cometido siempre con la misma intensidad (véase el apartado 168), la demandante
         aduce que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación en cuanto a la gravedad de la infracción durante determinados
         períodos. Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión evaluó correctamente la duración (véase el
         apartado 215) y la gravedad de la infracción de que se trata. Por lo demás, la demandante no niega la gravedad de la infracción.
         En efecto, dado que la infracción persistió durante el período establecido en la Decisión controvertida, no incumbe a la Comisión
         probar que se cometió con la misma intensidad, a falta de pruebas de que cesase.
      
      217   La demandante reprocha a la Comisión que le imputase el comportamiento de MBBel, su filial en Bélgica, con el único argumento
         de que su participación en dicha filial se aproximaba al 100 %. 
      
      218   A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el hecho de que la filial tenga personalidad jurídica
         distinta no basta para eliminar la posibilidad de que su comportamiento se impute a la sociedad matriz, en particular cuando
         la filial no define de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones
         que le da la sociedad matriz (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia ICI/Comisión, citada en el apartado
         85, apartados 132 y 133; de 14 de julio de 1972, Geigy/Comisión, 52/69, Rec. p. 787, apartado 44, y de 21 de febrero de 1973,
         Europemballage y Continental Can/Comisión, 6/72, Rec. p. 215, apartado 15). Ahora bien, la posesión del 100 % del capital
         de la filial no puede bastar por sí sola para demostrar la existencia de tal control por la sociedad matriz. La imputación
         a la sociedad matriz de la conducta de su filial depende siempre de la comprobación del ejercicio efectivo de un poder de
         dirección (véanse, en este sentido, las sentencias ICI/Comisión, citada en el apartado 85, apartados 132 a 141; de 12 de julio
         de 1979, BMW Belgium y otros/Comisión, asuntos acumulados 32/78 y 36/78 a 82/78, Rec. p. 2435, apartado 24, y Stora Kopparbergs
         Bergslags/Comisión, citada en el apartado 171, apartado 23).
      
      219   Ahora bien, como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión, citada en el apartado
         171 (apartado 28), si bien la posesión del 100 % del capital no permite por sí sola imputar la responsabilidad a la sociedad
         matriz, la Comisión también puede basar su decisión de imputar a la sociedad matriz el comportamiento de su filial en el hecho
         de que la sociedad matriz no niega haber podido influir de forma decisiva en la política comercial de su filial y no aporta
         elementos de prueba en apoyo de sus afirmaciones sobre la autonomía de ésta. En efecto, ante la posesión de la totalidad del
         capital de la filial, la Comisión puede legítimamente suponer que la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva
         sobre el comportamiento de su filial, en particular si la sociedad matriz se presentó durante el procedimiento administrativo
         como el único interlocutor para las sociedades del grupo.
      
      220   En tales circunstancias, incumbe a la sociedad matriz destruir esa presunción mediante pruebas suficientes.
      221   En el presente asunto, resulta de los autos que la demandante no niega que Mercedes-Benz poseyese la totalidad del capital
         de MBBel en la época en que se cometió la infracción enjuiciada, y admite que en el procedimiento administrativo se presentó
         como el único interlocutor de la Comisión para la infracción belga. Por otra parte, la demandante se limita a afirmar que
         no tuvo conocimiento de las actividades de MBBel y niega haberlas respaldado activamente, sin aportar la menor prueba de que
         no pudiese influir de forma decisiva en la política comercial de MBBel ni de la autonomía de ésta. De ello se sigue que la
         demandante no ha destruido mediante pruebas suficientes la presunción de que ejercía efectivamente una influencia decisiva
         en el comportamiento de su filial. 
      
      222   Así pues, procede desestimar esta parte y, consiguientemente, el tercer motivo en su totalidad.
       Sobre el cuarto motivo, basado en la incorrecta fijación del importe de la multa impuesta en el artículo 3 de la Decisión
            controvertida 
       Alegaciones de las partes
      223   La demandante considera que la multa impuesta en el artículo 3 de la Decisión controvertida carece por completo de fundamento
         habida cuenta de la inexistencia de infracción del artículo 81 CE, apartado 1. Añade que, aun cuando probase dicha infracción,
         la multa es excesiva.
      
      224   Por lo que se refiere a los comportamientos relativos al mercado alemán, la demandante alega, esencialmente, que la multa
         debe declararse ilegal puesto que la adopción de las medidas que se reprocha a Mercedes-Benz se basó en contratos de agencia
         comercial que, al contener únicamente restricciones aplicables a los agentes comerciales, escapan al ámbito de aplicación
         del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      225   La demandante afirma que la prohibición de suministro a las sociedades de arrendamiento financiero en España, en la medida
         en que pudiese contravenir el artículo 81 CE, apartado 1, está en cualquier caso exenta en virtud del Reglamento nº 1475/95,
         lo que se opone a la imposición de una multa. Estima que, aun cuando el juez comunitario no admitiese su argumentación, debe
         tenerse en cuenta que puede invocar motivos jurídicos de peso en apoyo de su tesis según la cual dichas prácticas reúnen los
         requisitos de exención.
      
      226   Por lo que se refiere a la fijación de los precios de venta en Bélgica, la demandante alega que, aunque la Comisión afirma
         (considerando 245 de la Decisión controvertida) que únicamente afectó al modelo W 210, seguidamente considera, sin embargo,
         que la política de descuentos fue controlada en relación con otros modelos. Según la demandante, esta última observación se
         refiere manifiestamente a las «visitas fantasma» efectuadas por la sociedad Tokata en relación con los modelos de la clase
         C. La demandante estima que tales visitas no tienen relación alguna con la supuesta fijación de precios (véase el apartado 167).
         No admite que la Comisión tenga en cuenta como circunstancia agravante el que afectase a varios modelos. Además, señala que
         la afirmación que se recoge en los considerandos 223 y 225 de la Decisión controvertida, según la cual la fijación de los
         precios estuvo en vigor desde el 20 de abril de 1995 al 10 de junio de 1999, no resiste al análisis conforme al cual el acta
         de la reunión de 20 de abril de 1995 sólo se aplicaba hasta finales de 1995 (véase el apartado 174). Por último, la demandante
         niega que MBBel desempeñase un papel principal en la supuesta limitación de los descuentos. Al contrario, según ella, dicha
         medida ya había sido iniciada por los concesionarios antes de la reunión de 20 de abril de 1995. Considera que, aun cuando
         MBBel participase posteriormente en la medida, no asumió sin embargo su dirección. Si MBBel tomó parte en la medida, no fue,
         según la demandante, para defender sus propios intereses, sino para mejorar la rentabilidad de los concesionarios. 
      
      227   Respecto a la infracción que constituye la fijación de los precios en Bélgica, la Comisión afirma que las alegaciones de la
         demandante deben ser desestimadas. Recuerda, en primer lugar, que a tenor de las reflexiones expuestas en el considerando
         245 de la Decisión controvertida, sólo considera la infracción enjuiciada «grave en su conjunto» y establece el importe de
         partida de la multa en 7 millones de euros, lo que equivale a un tercio aproximadamente de la multa máxima de 20 millones
         de euros prevista en caso de infracciones graves en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3).
         Añade que no sólo se reprocha a la demandante que controlase los descuentos concedidos por los concesionarios en el modelo
         W 210, sino también en otros modelos de vehículos. Además, aunque la infracción examinada se limitase al modelo W 210, la
         Comisión podría considerarla en el marco del efecto disuasivo de la multa.
      
      228   La Comisión estima haber rebatido ya las objeciones de la demandante relativas a la duración de la infracción (véase el apartado 182).
      229   Además, sostiene que para calcular el importe de la multa no se basó en un posible papel impulsor de MBBel en la limitación
         de los descuentos, sino que únicamente aludió a una participación activa de MBBel en las medidas de fijación de los precios
         en Bélgica. Sin esa participación activa, la sanción prevista en caso de superación del límite de los descuentos no hubiera
         podido aplicarse. La Comisión subraya que del acta de la reunión de 20 de abril de 1995 se desprende que la acción «contra
         las gangas» existía anteriormente. Sostiene, no obstante, que la limitación de los descuentos a un máximo del 3 % se decidió
         en esa reunión, con la participación activa de la demandante, y que por consiguiente no puede afirmarse que MBBel fuese confrontada
         a dicha medida a posteriori. En cuanto al interés particular de MBBel, la Comisión alega que la limitación de los descuentos servía para preservar la
         política de precios altos del importador. Por último, señala que la apreciación del caso no habría sido diferente si MBBel
         hubiese querido efectivamente preservar la rentabilidad de los concesionarios (sentencia AEG/Comisión, citada en el apartado
         84, apartados 40 a 42 y 71 a 73).
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      230   Con carácter preliminar, hay que recordar que del examen de los motivos anteriores se desprende que la multa establecida en
         el artículo 3 de la Decisión controvertida debe anularse por cuanto fue impuesta a la demandante por las instrucciones dadas
         a los agentes alemanes de vender los vehículos nuevos suministrados, en la medida de lo posible, únicamente a clientes de
         su territorio contractual y de evitar la competencia interna y exigir el pago de un anticipo del 15 % del precio por los pedidos
         de vehículos nuevos realizados por clientes desplazados. En consecuencia, la multa por un importe inicial de 71,825 millones
         de euros debe reducirse, en primer lugar, en 47,025 millones de euros (considerando 242). 
      
      231   Se desprende asimismo del examen de los anteriores motivos que la multa prevista en el artículo 3 de la Decisión controvertida
         debe anularse en la medida en que fue impuesta a la demandante por la restricción del suministro de turismos para la constitución
         de stocks a las sociedades de arrendamiento financiero en Alemania y España. De ello se sigue que el importe inicial de la
         multa de 71,825 millones de euros debe reducirse, en segundo lugar, en 15 millones de euros (considerando 244). 
      
      232   Por lo que se refiere a la infracción constituida por la fijación de precios en Bélgica, el Tribunal de Primera Instancia
         considera que la demandante alega equivocadamente que la Comisión tuvo en cuenta la circunstancia agravante de que afectaba
         a varios modelos. Se desprende claramente del considerando 248 de la Decisión controvertida que la Comisión, al imponer la
         multa, no tuvo en cuenta ninguna circunstancia agravante. En cualquier caso, aunque es cierto que la Comisión indicó en la
         Decisión controvertida que, el 26 de noviembre de 1996, MBBel encomendó a la empresa Tokata que realizase compras fantasma
         en 47 concesionarios belgas y que verificase los descuentos concedidos en los modelos de la clase C, dicha circunstancia muestra,
         como afirma la Comisión, que las compras fantasma constituían una práctica corriente para MBBel y que ésta no se limitaba
         a un modelo específico.
      
      233   En cuanto a la alegación de la demandante relativa a la duración de la infracción consistente en la fijación de los precios
         en Bélgica, procede recordar que el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión determinó correctamente dicha
         duración (véase el apartado 215). Además, el Tribunal de Primera Instancia observa que MBBel desempeñó un papel principal
         en la fijación de los precios de venta de los vehículos en Bélgica (véase el apartado 209). Por consiguiente, no procede reducir
         la multa impuesta por esta infracción. 
      
      234   A la vista de todo lo anterior, procede anular la parte de la multa que se refiere a las infracciones en Alemania y España.
         Las demás alegaciones formuladas por la demandante para apoyar su pretensión de anulación de la multa o de reducción de su
         importe deben desestimarse. El Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, confirma
         el importe de 9,8 millones de euros de la multa impuesta por la infracción relativa a la fijación de los precios en Bélgica.
      
       Costas
      235   A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen
         parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas o decidir que
         cada parte soporte sus propias costas. En el caso de autos, procede decidir que la Comisión soporte sus propias costas y el
         60 % de las de la demandante. 
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
      decide:
      1)      Anular el artículo 1 de la Decisión 2002/758/CE de la Comisión, de 10 de octubre de 2001, relativa a un procedimiento con
            arreglo al artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/36.264 – Mercedes-Benz), salvo en la medida en que declara que la sociedad
            Daimler Chrysler AG y las sociedades Daimler-Benz AG y Mercedes-Benz AG, a las que aquélla sucedió, cometieron, por sí mismas
            o por mediación de su filial Mercedes-Benz Belgium SA, una infracción a las disposiciones del artículo 81 CE, apartado 1,
            debido a su participación en acuerdos para limitar la concesión de descuentos en Bélgica, que fueron suscritos el 20 de abril
            de 1995 y anulados el 10 de junio de 1999.
      2)      Anular el artículo 2, excepto su primera frase.
      3)      Anular el artículo 3 de la Decisión 2002/758 en la medida en que fija el importe de la multa impuesta a la demandante en 71,825 millones
            de euros. 
      4)      Fijar en 9,8 millones de euros el importe de la multa impuesta en el artículo 3 de la Decisión 2002/758 por la infracción
            relativa a la fijación de los precios en Bélgica.
      5)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      6)      Condenar a la Comisión a soportar sus propias costas y el 60 % de las de la demandante. La demandante soportará el 40 % de
            sus propias costas.
      
               Lindh
            
            
               García-Valdecasas
            
            
               Cooke
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de septiembre de 2005.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               H. Jung
            
             
            
                     P. Lindh
            
         ** Lengua de procedimiento: alemán.