CELEX: 61978CJ0030
Language: es
Date: 1980-07-10
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980. # Distillers Company Limited contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Bebidas espirituosas. # Asunto 30/78.

SENTENCIA DE 10.7.1980 - ASUNTO 30/78
                  SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                               de 10 de julio de 1980 *
     En el asunto 30/78
     Distillers Company Limited, con domicilio social en Edimburgo, 12
     Torphichen Street, representada por Me Michel Waelbroeck, Abogado de
     Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
     Sr. Ernest Arendt, 34, rue Philippe II,
                                                                 parte demandante,
                                       contra
    Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero
    Jurídico, Sr. R. D. Gilmour, en calidad de Agente, asistido por los Sres. John
    Murray, Q.C., y Alan Rodger, miembro de la Faculty of Advocates, que
    designa como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Mario Cervino, Consejero
    Jurídico de la Comisión, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
                                                                 parte demandada,
                                          y
    A. Bulloch & Co. A.Bulloch (Agencies) Ltd, John Grant Blenders Ltd,
    Inland Fisheries Ltd y Classic Wines Ltd, con domicilio social principal en
    Eaglesham, Glasgow, 3 Cheapside Street, representadas por el Sr. Michael D.
    McMillan, Solicitor, del despacho Sergeants,. East Kilbride, asistido por el
    *
      Lengua de procedimiento: inglés.
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  Sr. Mario Siragusa, Abogado de Roma, que designan como domicilio en
  Luxemburgo el despacho de Me Jean-Claude Wolter, 2 rue Goethe,
                                                            partes coadyuvantes,
  que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión, de
  20 de diciembre de 1977, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
  85 del Tratado CEE (IV.28.282 - The Distillers Company Limited -
  Condiciones de venta y condiciones de precio, DO 1978, L 50, p. 16),
                       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
  integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
  Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
  Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
  Abogado General: Sr. J.P. Warner;
  Secretario: Sr. A. Van Houtte;
  dicta la siguiente
                                    Sentencia
  (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                          Fundamentos de Derecho
1  Mediante recurso de 6 de marzo de 1978, The Distillers Company Limited
  (DCL) solicitó la anulación de la Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre
  de 1977, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado
  CEE (IV/28.282 - The Distillers Company Limited - Condiciones de venta y
  condiciones de precios, DO 1978, L 50, p. 16).
                                                                               691
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 2   La demandante produce.bebidas alcohólicas y es el destilador y vendedor de
     whisky escocés más importante del mundo. Cuenta en la actualidad con treinta
     y ocho filiales que producen bebidas alcohólicas en el Reino Unido: treinta y
     dos de ellas producen whisky escocés, cuatro ginebra, una vodka y una Pimm's,
     bebida compuesta por un alcohol aromatizado.
 3   La demandante tiene una cuota considerable de los mercados de whisky
     escocés y de ginebra en el Reino Unido y en los demás Estados miembros.
     Tiene una cuota considerable del mercado del vodka en el Reino Unido, y
     mínima en los demás Estados miembros; en cuanto al Pimm's, DCL es la única
     que lo vende, y las ventas en la Comunidad fuera del Reino Unido son mínimas
     en relación con las ventas de las demás bebidas alcohólicas.
 4  Con anterioridad a la adhesión del Reino Unido a la Comunidad, las filiales de
    DCL celebraron un acuerdo con los revendedores británicos, según el cual se
    prohibía a estos últimos y a sus ulteriores compradores exportar y vender
    mercancías vinculadas al régimen de depósito aduanero. DCL notificó estas
    condiciones de venta a la Comisión el 30 de junio de 1973 solicitándole una
    exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85.
 5   Sin informar a la Comisión, DCL, mediante circular de 24 de junio de 1975
    dirigida a los clientes de sus filiales en el Reino Unido, fijó nuevas condiciones
    de venta. Dichas condiciones ya no contenían la prohibición de exportar, pero
    establecían un sistema de diferenciación de precios según los productos
    estuvieran destinados a la reventa en el mercado nacional o a la exportación.
    Alertada a través de las informaciones de la prensa, la Comisión solicitó una
    aclaración a la demandante, quien le respondió mediante escrito de 8 de julio
    de 1975 y le comunicó, el 11 de julio de 1975, el texto de la circular
    mencionada.
6   El primer apartado de la circular, titulado «Condiciones de venta», precisa:
    «[...] A raíz del referéndum, modificamos las condiciones de venta con el fin
    de autorizar a los revendedores en el mercado nacional a exportar a otros países
    del mercado común [...] las exportaciones fuera del mercado común siguen
    estando prohibidas». El Anexo I de la circular de DCL constituye la nueva
    versión de las «Condiciones de venta».
    El segundo apartado de la circular, titulado «Condiciones de precios», precisa:
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a) «[...] las diferentes deducciones, reducciones y descuentos están destinados
    a responder a las particulares exigencias del mercado nacional y los
    compradores sólo tendrán derecho a ellas cuando los productos sean
    efectivamente consumidos en el Reino Unido.»
b) «Por tanto, si desea comprar para exportar a otros países del mercado
    común, deberá mencionarlo en su pedido y la compra deberá efectuarse al
    "precio bruto" (gross price).»
c) «[...] si un cliente obtiene o solicita deducciones, reducciones o descuentos
    cuya concesión se reserva al caso de reventa en el mercado nacional y
    cualquiera de los productos comprados aparece en cualquier otro país que
    no sea el Reino Unido, todas las filiales del grupo DCL tendrán el derecho
    a venderle en lo sucesivo únicamente al precio bruto.»
El Anexo II de la circular de DCL, titulado «Algunas disposiciones
contractuales (relativas a los precios) que completan las condiciones de venta»,
precisa que:
-   las disposiciones del presente Anexo «formarán parte de todo contrato
    celebrado entre un comprador y una filial del grupo DCL relativo a la
    compra de cualquiera de las marcas de bebidas alcohólicas» y «completan
    las condiciones de venta (objeto del Anexo I)»;
-   «todas las deducciones, descuentos y reducciones (en lo sucesivo,
    «deducciones») están destinados a responder a las circunstancias
    particulares del mercado nacional»;
-   toda filial de DCL estará autorizada a vender al «precio bruto sin ningún
    descuento en concepto de deducción»;
-   cuando una filial de DCL tenga razones para creer que la totalidad o una
    parte de los productos comprados por el cliente de que se trate a una de las
    filiales de DCL ha sido o será consumido fuera del Reino Unido;
-    aunque la exportación la efectúe un comprador ulterior;
                                                                              693
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     -    con independencia de la cantidad pedida, hasta que y en la medida en que
          el comprador pruebe suficientemente al vendedor que los productos
         comprados serán consumidos en el Reino Unido.
 7   Al acusar recibo del escrito de DCL, la Comisión puso de manifiesto que las
     nuevas disposiciones de las condiciones de venta relativas a la concesión de
     deducciones, reducciones y descuentos parecían poder impedir las
     exportaciones paralelas destinadas a otros países de la CEE, y que, en esta
     medida, eran contrarias al apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La Comisión
     solicitó información complementaria de conformidad con el artículo 11 del
     Reglamento n° 17.
 8   El 23 de febrero de 1977 la demandante introdujo pequeñas modificaciones en
    el Anexo II, y envió una copia de él a la Comisión el 25 de febrero de 1977.
 9   Las partes coadyuvantes en el presente procedimiento presentaron una
    denuncia a la Comisión, el 18 de mayo de 1976, con arreglo al artículo 3 del
    Reglamento n° 17. Estas solicitaban que se pusiera fin a las infracciones de lo
    dispuesto en los artículos 85 y 86 del Tratado, derivadas de las condiciones de
    precios de DCL contenidas en la circular de 24 de junio de 1975.
 10 Mediante escrito de 22 de abril de 1977, la Comisión, de conformidad con lo
    dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 del Reglamento n° 17, dirigió a la
    demandante el pliego de cargos formulados en su contra. En dicho pliego, la
    Comisión precisaba que no estaba obligada a examinar la eventual aplicación
    del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a las condiciones de precios, ya que
    éstas no habían sido notificadas con arreglo al apartado 1 del artículo 4 o al
    artículo 25 del Reglamento n° 17.
 11 Mediante dos documentos (con anexos) fechados el 16 de junio de 1977, la
    demandante respondió a los cargos formulados en el escrito de la Comisión de
    22 de abril de 1977. Dichos documentos fueron completados con 6
    suplementos.
12 La audiencia ante la Comisión tuvo lugar el 22 de junio de 1977. La Comisión
    adoptó la Decisión el 20 de diciembre de 1977.
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13 Esta Decisión declara que la prohibición de exportar del Reino Unido a los
   demás Estados miembros de la CEE y la prohibición de revender mercancías
  • vinculadas al régimen de depósito aduanero constituyen una infracción del
   apartado 1 del artículo 85 del Tratado desde el 1 de enero de 1973 hasta el 24
   de junio de 1975 o una fecha cercana a ésta, y desestima la solicitud de
   aplicación del apartado 3 del artículo 85 por cuanto se refiere a las cláusulas
   y al período antes mencionado. Declara, además, que las condiciones de
   precios, formuladas en el Anexo II de las circulares de 24 de junio de 1975 y
   de 23 de febrero de 1977, constituyen una infracción del apartado 1 del artículo
    85 del Tratado y que no estaba justificada la aplicación del apartado 3 del
   artículo 85. Se instaba a la demandante a que pusiera fin sin dilación a dicha
    infracción.
14 La demandante solicita que se anule la Decisión controvertida y, con carácter
    subsidiario, su artículo 3 en la medida en que declara que no estaba justificada
    la aplicación del apartado 3 del artículo 85 por cuanto se refiere a las
    condiciones de precios que forman parte de los contratos de venta de whisky
    escocés, ginebra, vodka y Pimm's celebrados entre las filiales de DCL y sus
    clientes establecidos en el Reino Unido.
15 Reconoce que las condiciones de venta, tal como estaban redactadas en 1973,
    infringían el artículo 85 del Tratado y no podían acogerse a ninguna de las
    exenciones del apartado 3 del artículo 85, pero mantiene que la Decisión de la
    Comisión debe anularse en su totalidad debido a determinadas irregularidades
    de procedimiento que pueden vulnerar el derecho de defensa.
16 Por lo que respecta a las condiciones de precios en la forma en que fueron
    redactadas en 1975 y en 1977, también reconoce que están comprendidas en la
    prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado. Sin embargo, sostiene
    que dichas condiciones pueden acogerse a una exención con arreglo al apartado
    3 de dicho artículo, y que la Comisión denegó la concesión de tal exención
    injustificadamente.
17 En cuanto al Pimm's, mantiene además que las ventas de dicho producto en la
    Comunidad fuera del Reino Unido son mínimas comparadas con las ventas de
    otras bebidas alcohólicas. Por consiguiente, las condiciones de precios están
    excluidas del ámbito de la prohibición del apartado 1 del artículo 85, por
    cuanto a este producto se refiere.
                                                                                  695
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  18 Por su parte, la Comisión rebate las alegaciones de la demandante. Niega la
      existencia de irregularidades en el procedimiento y añade que, aun en caso de
      que se hubieran demostrado, no podrían vulnerar el derecho de defensa.
      Además, mantiene que, como había indicado a la demandante en el pliego de
      cargos, a falta de notificación conforme a lo dispuesto en el Reglamento n° 17,
      las condiciones de precios no podrían acogerse a una exención con arreglo al
      apartado 3 del artículo 85 del Tratado.
      Sobre la falta de notificación de las condiciones de precios
  19 Hay que examinar en primer lugar el efecto jurídico de la falta de notificación
      de las condiciones de precios de conformidad con lo dispuesto en el
      Reglamento n° 17 del Consejo y en el Reglamento de aplicación de la
      Comisión.
 20 El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 17 dispone:
     «Los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas mencionados en el apartado
      1 del artículo 85 del Tratado [...] y en favor de los cuales los interesados deseen
     invocar las disposiciones del apartado 3 del artículo 85 deberán notificarse a
     la Comisión. En tanto no se hayan notificado no podrá tomarse decisión alguna
     relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 85.»
 21 El apartado 1 del artículo 6 del mismo Reglamento precisa a este respecto:
     «Cuando la Comisión adopte una decisión de aplicación del apartado 3 del
     artículo 85 del Tratado, indicará la fecha a partir de la cual esa decisión haya
    de surtir efecto. Esta fecha no podrá ser anterior al día de la notificación.»
22 El artículo 24 de dicho Reglamento autoriza a la Comisión a adoptar,
    disposiciones de aplicación relativas, entre otras cosas, a la forma, al contenido
    y a las demás modalidades de la notificación prevista en el artículo 4. Con
    arreglo a las facultades que dicha disposición le confiere, la Comisión adoptó
    el Reglamento (CEE) n° 1133/68, de 26 de julio de 1968 (DO L 189, p. 1; EE
    08/01, p. 121), el cual dispone que las notificaciones previstas en el artículo 4
    del Reglamento n° 17 deberán ser presentadas por medio del formulario A/B,
    reproducido en su Anexo, que obliga a los interesados a responder a una serie
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   de cuestiones precisas, cuya respuesta es indispensable para que la Comisión
   pueda adoptar debidamente su decisión.
23 Consta que la demandante nunca notificó las condiciones de precios de
   conformidad con las disposiciones antes mencionadas. Ni siquiera después de
   que la Comisión, en el pliego de cargos, pusiera de relieve que la demandante
   no había notificado las condiciones de precios con arreglo a lo dispuesto en el
   Reglamento n° 17 y en el Reglamento n° 1133/68, por lo que no podía acogerse
   a la exención del apartado 3 del artículo 85, procedió la demandante a efectuar
   la notificación, sino que se limitó a sostener que no permitírsele acogerse a la
   exención del apartado 3 del artículo 85 por ese único motivo constituía una
   aplicación demasiado formalista de las disposiciones de que se trata. Añadió
   que la Comisión no insistió en la notificación formal, ya que había utilizado,
   y había solicitado a la demandante que utilizara el mismo número de referencia
   para las condiciones de precios y para las condiciones de venta, notificadas en
   1973 a efectos de una exención, lo que pudo hacerle creer que las condiciones
   de precios serían examinadas junto con las condiciones de venta con vistas a
   una eventual exención.
24 Como la Comisión mantiene acertadamente, a falta de notificación conforme
   a las exigencias del Reglamento, las condiciones de precios no pueden acogerse
   a una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85. El mero hecho de que,
   por razones administrativas, se utilizara el mismo número de referencia para
   la correspondencia relativa a las condiciones de venta debidamente notificadas
   y la correspondencia relativa a las condiciones de precios, que no lo fueron,
   carece de relevancia.
   Sobre las irregularidades del procedimiento alegadas por la demandante
25 Las irregularidades de procedimiento alegadas por la demandante son, en
   particular, las siguientes:
    1) La consulta al Comité Consultivo contemplado en el artículo 10 del
        Reglamento n° 17 tuvo lugar el 21 de octubre de 1977, mientras que el acta
        de la audiencia ante la Comisión, de 22 de junio de 1977, no fue redactada,
        ni siquiera en forma de proyecto sin revisar, hasta el 25 de octubre de 1977,
                                                                                  697
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           de modo que el Comité no pudo apreciar debidamente las alegaciones
          formuladas por la demandante durante la audiencia.
      2) Diversos suplementos a la respuesta de la demandante al pliego de cargos
          de la Comisión, suplementos que la demandante considera importantes para
          examinar la tesis que defiende, no fueron comunicados al Comité
          Consultivo.
      3) La Comisión proporcionó a la demandante una copia de la denuncia de las
          partes coadyuvantes en la que se había suprimido una parte importante, y
          se negó a proporcionarle la parte suprimida (a pesar de que dicha parte no
          constituía secreto comercial) manteniendo que dicha parte de la denuncia
          carecía de relevancia; en cambio, la denuncia íntegra se comunicó al
          Comité Consultivo como uno de los documentos más importantes.
 26 A la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, no es necesario
     examinar las irregularidades de procedimiento alegadas por la demandante.
     Sólo procedería si, de no haberse producido dichas irregularidades, el
     procedimiento administrativo hubiera podido resolverse de modo distinto. Sin
     perjuicio de lo manifestado por la demandante acerca del producto Pimm's, el
     recurso se limita en efecto a impugnar la conformidad a Derecho de la negativa
     de la Comisión a conceder una exención de la prohibición del apartado 1 del
     artículo 85 a las condiciones de precios, de conformidad con el apartado 3 del
     artículo 85. La demandante no discute que las condiciones de precios infringen
     el apartado 1 del artículo 85. No obstante, al no haber notificado dichas
     condiciones a la Comisión, la propia demandante se privó de la posibilidad de
    obtener, en el marco del procedimiento objeto de recurso, una decisión de
    exención de conformidad con el apartado 3 del artículo 85. Aun cuando no se
    hubieran cometido las irregularidades en el procedimiento que la demandante
    alega, la decisión de la Comisión, basada en la falta de notificación, no habría
    podido ser, por tanto, diferente.
27 En cuanto al Pimm's, como se ha expuesto anteriormente, la demandante
    sostiene que las condiciones de precios están excluidas del ámbito de la
    prohibición del apartado 1 del artículo 85 del Tratado por el mero hecho de que
    las ventas de dicho producto en la Comunidad fuera del Reino Unido son
    mínimas comparadas con las ventas de otras bebidas alcohólicas.
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28 No cabe acoger la tesis de la demandante. Si bien es cierto que un acuerdo
    puede estar excluido de la prohibición del apartado 1 del artículo 85 cuando
    sólo afecta al mercado de forma insignificante habida cuenta de la débil
    posición que ocupan los interesados en el mercado de los productos de que se
    trata, estas consideraciones no son válidas cuando se trata de un producto cuya
    producción total procede de una gran empresa. En estas circunstancias, no
    procede distinguir a efectos del recurso entre el Pimm's y las otras bebidas
    producidas por la demandante.
29 Tras el escrito de duplica y la demanda de intervención de Bulloch, la
   demandante, de conformidad con el apartado 42 del Reglamento de
   Procedimiento del Tribunal de Justicia, envió al Tribunal de Justicia un
   addendum al escrito de réplica, exponiendo algunos motivos nuevos relativos
   a las supuestas irregularidades del procedimiento administrativo. La Comisión
   y la parte coadyuvante presentaron sus escritos de contestación dentro del plazo
   señalado por el Presidente del Tribunal de Justicia de conformidad con el
   artículo 42. Según el último párrafo del artículo 42, la decisión sobre la
   admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia definitiva. A la vista de
   lo dicho acerca de la relevancia de las irregularidades alegadas, no es necesario
   resolver sobre la admisibilidad de los motivos nuevos.
30 Por consiguiente, procede desestimar el recurso.
   Costas
31 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la
   parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por no haber prosperado
   la acción entablada por la demandante procede condenarla en costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                                                                                699
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                         EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
    decide:
    1) Desestimar el recurso.
    2) Condenar en costas a la demandante, incluidas las de las partes
        coadyuvantes.
    Kutscher      O'Keeffe     Touffait          Mertens de Wilmars     Pescatore
    Mackenzie Stuart             Bosco                     Koopmans          Due
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 1980.
    El Secretario                                                   El Presidente
    A. Van Houtte                                                    H. Kutscher
700