CELEX: 62010CC0155
Language: es
Date: 2011-06-16
Title: Conclusiones del Abogado General Trstenjak presentadas el 16 de junio de 2011. # Williams y otros contra British Airways plc. # Petición de decisión prejudicial: Supreme Court of the United Kingdom - Reino Unido. # Condiciones de trabajo - Directiva 2003/88/CE - Ordenación del tiempo de trabajo - Derecho a vacaciones anuales - Pilotos de línea aérea. # Asunto C-155/10.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. VERICA TRSTENJAK
      presentadas el 16 de junio de 2011 (1)
      
      Asunto C‑155/10
      Williams y otros
      contra
      British Airways plc
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Reino Unido)]
      «Condiciones de trabajo – Ordenación del tiempo de trabajo – Artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE – Derecho a vacaciones anuales retribuidas – Alcance de las obligaciones previstas en esas Directivas respecto a la naturaleza y el importe de las vacaciones anuales
         retribuidas – Margen de apreciación de los Estados miembros en el establecimiento de normas precisas sobre las vacaciones anuales retribuidas
         – Directiva 2000/79 – Vacaciones anuales retribuidas que corresponden a los pilotos empleados en compañías aéreas»
      Índice
      
      I.     Introducción
      II.   Marco jurídico
      A.     Derecho de la Unión 
      B.     Derecho nacional
      III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
      IV.   Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      V.     Alegaciones esenciales de las partes
      VI.   Apreciación jurídica
      A.     Cuestiones esenciales que plantea el asunto
      B.     Requisitos del Derecho de la Unión sobre la naturaleza y el importe del derecho a vacaciones anuales retribuidas
      1.     El derecho a vacaciones anuales retribuidas en el ordenamiento de la Unión
      a)     Fundamentos en el Derecho de la Unión
      b)     Competencia de transposición de los Estados miembros
      2.     Relación entre la Directiva 2000/79 y las Directivas sobre el tiempo de trabajo, y posibilidad de aplicar los principios de
         la jurisprudencia
      
      3.     Principios jurisprudenciales sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas
      a)     Sobre la continuación del pago de la retribución durante las vacaciones
      b)     Conclusión: no es admisible atender al mínimo de subsistencia
      4.     Competencia de los Estados miembros para el cálculo de la retribución de las vacaciones
      5.     Conclusión parcial
      C.     Forma de proceder ante estructuras salariales complejas
      1.     Consideraciones generales
      2.     Exigencias del Derecho de la Unión y competencias que conservan los Estados miembros para regular detalladamente la retribución
         de las vacaciones
      
      3.     Composición de la retribución de las vacaciones
      a)     Elemento material del concepto de «retribución normal»
      i)     El concepto de retribución en el Derecho de la Unión
      ii)   El salario base como parte esencial de la retribución
      iii) Calificación de los complementos como parte de la retribución
      b)     Componente temporal de la «retribución normal»
      c)     Principio de no discriminación
      4.     Conclusión parcial
      VII. Conclusión
      I.      Introducción
      1.        En el presente procedimiento prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, la Supreme Court del Reino Unido (en lo sucesivo,
         «órgano jurisdiccional remitente») plantea al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones relativas a la interpretación del
         artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados
         aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, (2) y de la cláusula 3 del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil
         celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit
         Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International Air Carrier Association (IACA) (en lo
         sucesivo, «Acuerdo europeo»), que se adjunta a la Directiva 2000/79/CE, (3) para su aplicación.
      
      2.        La petición de decisión prejudicial tiene su origen en un litigio entre la señora Williams, y otros pilotos empleados por
         la compañía aérea British Airways, y su empleador acerca de la cuestión de cómo se ha de calcular exactamente la retribución
         que debe pagarse por los períodos de vacaciones anuales retribuidas. A este respecto, en la búsqueda de una solución plantean
         ciertas dificultades tanto las disposiciones específicas del sector de la aviación, que tienen en cuenta la necesidad de garantizar
         la seguridad en el transporte aéreo y, por tanto, deben considerarse imperativas, como la compleja estructura salarial existente
         en este sector, consistente en diversas primas y complementos. Las cuestiones jurídicas que se someten al Tribunal de Justicia
         se refieren tanto a las competencias de la Unión y sus Estados miembros como a los requisitos del Derecho de la Unión que
         deben respetar los interlocutores sociales cuando celebren acuerdos vinculantes en el sentido del artículo 139 CE o del actualmente
         vigente artículo 155 TFUE en relación con determinados derechos sociales (en este caso, el derecho a vacaciones anuales retribuidas).
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Derecho de la Unión (4)
      
      3.        El artículo 139 CE, disposición precedente del artículo 155 TFUE, permitía adoptar directivas con el fin de aplicar los acuerdos
         celebrados entre los interlocutores sociales:
      
      «1.      El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito comunitario podrá conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de
         relaciones convencionales, acuerdos incluidos.
      
      2.      La aplicación de los acuerdos celebrados a nivel comunitario se realizará, ya sea según los procedimientos y prácticas propios
         de los interlocutores sociales y de los Estados miembros, ya sea, en los ámbitos sujetos al artículo 137, y a petición conjunta
         de las partes firmantes, sobre la base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión.
      
      El Consejo decidirá por mayoría cualificada, a no ser que el acuerdo de que se trate contenga una o más disposiciones relativas
         a alguno de los ámbitos contemplados en el apartado 3 del artículo 137, en cuyo caso decidirá por unanimidad.»
      
      4.        La Directiva 2003/88 ocupa, desde el 2 de agosto de 2004, el lugar de la Directiva 93/104/CE, de 23 de noviembre de 1993,
         relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. (5) Al igual que la Directiva precedente, su finalidad es establecer ciertas normas mínimas de seguridad y protección de la salud
         en la ordenación del tiempo de trabajo. El artículo 7, tomado sin cambios de la norma anterior, tiene el siguiente tenor:
      
      «Vacaciones anuales
      1.      Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos
         cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas
         en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
      
      2.      El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso
         de conclusión de la relación laboral.»
      
      5.        El artículo 17 de la Directiva 2003/88 dispone que los Estados miembros pueden establecer excepciones a determinadas disposiciones.
         El artículo 7 no está entre las disposiciones respecto de las cuales la Directiva 2003/88 permite esas excepciones.
      
      6.        La Directiva 2000/79 transpone el Acuerdo europeo, cuya cláusula 3 tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      El personal de vuelo en la aviación civil dispondrá de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas,
         de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
      
      2.      El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido por una compensación financiera, excepto en caso
         de conclusión de la relación laboral.»
      
      B.      Derecho nacional
      7.        El Reino Unido adoptó el Working Time Regulations 2004 (Reglamento del tiempo de trabajo para la aviación civil de 2004; en
         lo sucesivo, «WTR») (6) para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2000/79. 
      
      8.        El artículo 4 del WTR establece lo siguiente:
      
      «1.      El personal de vuelo dispondrá de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas o del tiempo proporcional
         correspondiente a cuatro semanas con respecto a períodos de empleo inferiores a un año.
      
      2.      Las vacaciones de las que dispone el personal de vuelo en virtud de este reglamento:
      a)      podrán tomarse en varios períodos;
      b)      no podrán ser sustituidas por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación laboral del miembro
         del personal de vuelo.»
      
      9.        El artículo 9 del WTR obliga al empresario a garantizar que:
      
      «en un mes,
      a)      ninguna persona empleada por él trabajará como personal de vuelo durante su tiempo de trabajo, si el tiempo total de vuelo
         acumulado durante el período de doce meses que termine el último día del mes anterior al mes del que se trata, excede de 900 horas; y
      
      b)      ningún miembro del personal de vuelo tendrá un tiempo total anual trabajado de más de 2.000 horas durante el período de doce
         meses que termine el último día del mes anterior al mes del que se trata».
      
      10.      No hay ninguna disposición en el WTR que determine la naturaleza y el importe de la retribución de las vacaciones antes del
         disfrute de las vacaciones anuales.
      
      III. Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
      11.      Los demandantes en el procedimiento principal son pilotos empleados por British Airways plc. Sus condiciones del contrato
         laboral son negociadas entre British Airways y el sindicato de los pilotos, British Air Line Pilots Association (también denominado
         «BALPA»). Esas condiciones se encuentran actualmente plasmadas en un Memorandum of Agreement (Memorandum de acuerdo) (en lo
         sucesivo, «MOA») de 1 de abril de 2005.
      
      12.      Según el MOA, aplicado en conjunción con las reglas para la «planificación mensual» del trabajo acordadas de forma colectiva,
         la retribución de los pilotos se compone de tres elementos. El primero es el salario base anual fijo. El segundo y el tercero
         son complementos variables, según el tiempo de vuelo (en lo sucesivo, «complemento por vuelo» o «FPS», retribuido a 10.00 GBP
         por hora de vuelo planificada) y según el tiempo pasado fuera de la base en la que están destinados (en lo sucesivo, «compensación
         por tiempo pasado fuera de la base» o «TAFB», retribuido a 2,73 GBP por hora). El FPS tiene la consideración de retribución
         y está sujeto a impuestos en su totalidad. En las fechas relevantes, el 82 % del TAFB tiene la consideración de pago en concepto
         de dietas, de manera que sólo el 18 % se considera retribución y está sujeto a impuestos.
      
      13.      El tiempo total de vuelo de un piloto dependerá de su ruta y de la planificación de sus vuelos. Una media típica, según los
         datos aportados por el órgano jurisdiccional remitente, son unos quince días al mes. 
      
      14.      Con arreglo al MOA, el importe a abonar por vacaciones anuales se basa solamente en el primer elemento de la retribución,
         es decir, en el salario base anual fijo. Los demandantes en el procedimiento principal alegan, no obstante, que tienen derecho,
         en virtud del Derecho europeo y nacional, a la retribución correspondiente a un importe semanal basado en los tres elementos
         de retribución. 
      
      15.      Tanto el Employment Tribunal como el Employment Appeal Tribunal han dado la razón a los demandantes. Sin embargo, la Court
         of Appel se inclinó por la interpretación de British Airways y estimó el recurso interpuesto por dicha compañía.
      
      16.      El Supreme Court es de la opinión de que, aunque la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia se puede entender en
         el sentido de que la Directiva 2000/79 obliga al pago de una retribución «normal» o «comparable», la expresión «vacaciones
         anuales retribuidas», especialmente a la vista de las particulares circunstancias del procedimiento principal, sigue precisando
         de aclaración. Además, aún persisten dudas no resueltas en relación con el alcance del margen que les queda a las legislaciones
         y/o prácticas nacionales para determinar «las condiciones de obtención y concesión» [de las vacaciones anuales retribuidas].
         La Supreme Court estima que la posición en un caso como el presente no es acte clair.
      17.      Por este motivo, la Supreme Court decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
         prejudiciales:
      
      «1)      (1)   A los efectos
      a)      de los artículos 7 de las Directivas 93/104/CE y 2003/88/CE y
      b)      de la cláusula 3 del Acuerdo europeo anexo a la Directiva 2000/79/CE del Consejo:
      ¿se definen o establecen en el Derecho europeo, y en caso afirmativo, en qué medida, los requisitos relativos a la naturaleza
         y/o al nivel de la retribución que debe pagarse por los períodos de vacaciones anuales retribuidas? y
      
      (2)      ¿pueden los Estados miembros establecer, y en caso afirmativo en qué medida, la forma de calcular dichas retribuciones?
      2)      Concretamente, ¿es suficiente que, con arreglo al Derecho y/o a prácticas nacionales y/o convenios colectivos y/o estipulaciones
         contractuales negociadas entre empresarios y trabajadores, la retribución pagada permita y estimule al trabajador a tomar
         y disfrutar, en el sentido más propio de estas palabras, sus vacaciones anuales, evitándose cualquier riesgo razonable que
         impida al trabajador hacerlo? 
      
      3)      O ¿es necesario que la retribución, a) se corresponda exactamente con la retribución “normal” del trabajador, o b) sea comparable
         con ella en términos generales?
      
      En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 3), a) o b):
      4)      ¿Cuál es la medida o comparación relevante:
      a)      la retribución que el trabajador habría percibido durante el período vacacional concreto si hubiese trabajado en vez de estar
         de vacaciones, o
      
      b)      la retribución que haya percibido durante algún otro período en el que trabajó y, en caso afirmativo, cuál sería ese período?
      5)      ¿Cómo debe valorarse lo que es una retribución “normal” o “comparable” en circunstancias en las que:
      a)      la retribución del trabajador cuando trabaja lleva complementos en la medida en que desempeñe una actividad concreta;
      b)      existe un límite anual o de otra índole para determinar en qué medida y durante cuánto tiempo el trabajador puede desempeñar
         esa actividad y ese límite ya se ha excedido, o casi, en el momento o momentos en que se tomen las vacaciones anuales, de
         manera que al trabajador, de hecho, no se le habría permitido desempeñar esa actividad si hubiese trabajado en vez de estar
         de vacaciones?»
      
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      18.      La resolución de remisión de 24 de marzo de 2010 se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de abril de 2010.
      
      19.      Han presentado alegaciones por escrito las partes del procedimiento principal, el Gobierno danés y la Comisión Europea dentro
         del plazo establecido por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
      
      20.      En la vista celebrada el 14 de abril de 2011 comparecieron y formularon observaciones los representantes de las partes del
         procedimiento principal, del Gobierno danés y de la Comisión.
      
      V.      Alegaciones esenciales de las partes
      21.      Los demandantes del procedimiento principal y la Comisión proponen responder a la petición de decisión prejudicial que, conforme a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión,
         durante el período en que el trabajador disfruta de sus vacaciones anuales debe seguir percibiendo su retribución normal.
         Entienden que, aunque los Estados miembros están facultados, al adoptar las medidas prácticas necesarias, para determinar,
         entre otras cosas, el método de cálculo de las vacaciones anuales retribuidas, este método debe permitir a los trabajadores
         seguir percibiendo su salario normal mientras duren sus vacaciones anuales.
      
      22.      En opinión de los demandantes en el procedimiento principal, al calcular la retribución normal se ha de tomar como referencia un período de tiempo representativo, que por lo general será
         un período anterior al disfrute efectivo de las vacaciones anuales. Sin embargo, entienden que excepcionalmente puede tenerse
         en cuenta otro período de tiempo, a fin de garantizar que se siga percibiendo la retribución normal. La Comisión sostiene que la «retribución normal» debe reflejar el salario semanal medio en un período de referencia representativo.
      
      23.      Los complementos que percibe el trabajador como consecuencia de la realización de una actividad especial y que forman parte
         de su retribución normal, en opinión de los demandantes en el procedimiento principal también han de seguir abonándose durante el período de vacaciones anuales. A este respecto, la Comisión señala que en el cálculo de la retribución de las vacaciones se deben tener en cuenta todas las limitaciones generales.
      
      24.      La demandada en el procedimiento principal propone que se responda a las cuestiones prejudiciales que el Derecho de la Unión no establece ninguna exigencia respecto
         a la naturaleza y al importe de la retribución que se ha de abonar en el período de vacaciones anuales. Subsidiariamente alega
         que el Derecho de la Unión sólo exige que el importe de la retribución de las vacaciones se establezca contractualmente. En
         cualquier caso, afirma que ese importe debe ser lo suficientemente alto como para no disuadir a los trabajadores de ejercer
         su derecho a vacaciones anuales.
      
      25.      En opinión de la demandada en el procedimiento principal, basta con que, en virtud de las disposiciones jurídicas, las prácticas
         y los acuerdos contractuales entre empresarios y trabajadores, la retribución percibida permita al trabajador tomar y disfrutar
         sus vacaciones anuales, sin que exista un riesgo razonable de que no lo haga. Por lo tanto, la retribución de las vacaciones
         no tiene por qué corresponderse exactamente con el salario normal ni ser comparable siquiera con aquél.
      
      26.      El Gobierno danés propone que se responda a las cuestiones prejudiciales en el sentido de que el Derecho de la Unión [otorga] a los trabajadores
         el derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de al menos cuatro semanas, y al pago de un importe durante ese tiempo que
         se corresponda con su salario normal, conforme a las condiciones establecidas en la legislación o en las prácticas de los
         Estados miembros.
      
      27.      De ahí se deduce, a su parecer, que la Directiva 2003/88 no se opone a pactos entre las partes del convenio colectivo que
         establezcan qué complementos se han de considerar parte de la retribución de las vacaciones, siempre que ésta no resulte tan
         escasa que impida a los trabajadores disfrutar su derecho a unas vacaciones anuales retribuidas.
      
      VI.    Apreciación jurídica
      A.      Cuestiones esenciales que plantea el asunto
      28.      El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de seguir desarrollando su jurisprudencia sobre el derecho
         de todo trabajador a vacaciones anuales retribuidas. Al mismo tiempo, en aras de una aplicación uniforme del Derecho de la
         Unión, permite extender dicha jurisprudencia a otros ámbitos de actividad para los cuales la Unión ha adoptado normativas
         más específicas que tienen en cuenta las necesidades del respectivo sector laboral. 
      
      29.      Las cuestiones, detalladamente formuladas, del órgano jurisdiccional remitente se pueden dividir esencialmente en tres grandes
         bloques temáticos que, no obstante, en parte se solapan. En primer lugar se plantea la cuestión relativa a la competencia
         de la Unión o de sus Estados miembros para definir jurídicamente el concepto de vacaciones anuales retribuidas y para establecer
         el método de cálculo de la retribución de las vacaciones. A continuación se solicita aclaración sobre la proporción cuantitativa
         que ha de haber entre la retribución de las vacaciones y la retribución normal por el trabajo en virtud del Derecho de la
         Unión. Por último se pregunta si se han de tener en cuenta también, en el cálculo de la retribución de las vacaciones, los
         complementos que corresponden al trabajador con arreglo al convenio colectivo por su especial actividad, así como las eventuales
         limitaciones del tiempo de trabajo acordadas por los interlocutores sociales en el convenio colectivo. 
      
      30.      Por motivos de estructuración, procede reordenar las cuestiones prejudiciales y responderlas en el marco de un examen conjunto
         de cada uno de los bloques temáticos. En primer lugar me dedicaré a la cuestión de si el Derecho de la Unión contiene normas
         sobre la regulación de la naturaleza y el importe del derecho a vacaciones anuales retribuidas, y qué competencias normativas
         conservan los Estados miembros. A este respecto responderé a la cuestión de cómo se ha de calcular, en general, la retribución
         de las vacaciones en relación con la retribución normal del trabajo, para ocuparme finalmente de la cuestión de cómo se ha
         de proceder en un caso como el presente, en que la retribución del trabajo presenta una estructura compleja.
      
      B.      Requisitos del Derecho de la Unión sobre la naturaleza y el importe del derecho a vacaciones anuales retribuidas
      1.      El derecho a vacaciones anuales retribuidas en el ordenamiento de la Unión
      a)      Fundamentos en el Derecho de la Unión
      31.      Como ya expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Schultz-Hoff y otros, (7) la inclusión del derecho de todo trabajador a vacaciones anuales retribuidas en la Carta de los Derechos Fundamentales de
         la Unión Europea (8) lo confirma, de manera cualificada y definitiva, como derecho fundamental. El artículo 31, apartado 2, de la Carta establece
         que «todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales,
         así como a un período de vacaciones anuales retribuidas». (9) Si la Carta al principio tenía a este respecto un carácter básicamente declaratorio, pues había de entenderse como expresión
         del compromiso de la Unión por respetar los derechos fundamentales, al entrar en vigor el Tratado de Lisboa adquirió rango
         de Derecho primario en el ordenamiento jurídico de la Unión, en virtud del artículo 6 TUE, apartado 1. (10) Esto tiene como consecuencia que los actos jurídicos adoptados por las instituciones de la Unión en este campo, conforme
         a la vinculación a los derechos fundamentales que establece el artículo 51, apartado 1, de la Carta, deban medirse, en adelante,
         atendiendo a dicha disposición. E igualmente vinculados están a partir de ahora los Estados miembros cuando apliquen el Derecho
         de la Unión. (11)
      
      32.      Para el desarrollo legislativo del derecho a vacaciones anuales retribuidas, el legislador de la Unión se sirve del instrumento
         jurídico de la directiva. Las principales disposiciones que regulan ese derecho en el ámbito de la Unión y cuya interpretación
         solicita el órgano jurisdiccional remitente se encuentran en el artículo 7 de la Directiva 2003/88, relativa a determinados
         aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, que recogió sin cambios el tenor literal del artículo 7 de la precedente
         Directiva 93/104 y al que el Tribunal de Justicia atribuye en su jurisprudencia idéntico contenido normativo. (12) Conforme a dicho artículo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan
         de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención
         y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales. Sin embargo, en esta Directiva, al igual que en la
         Directiva 2000/79, no hay disposiciones expresas sobre el importe de la retribución de las vacaciones.
      
      33.      Los respectivos artículos 14 de las Directivas antes mencionadas prevén la posibilidad de que el legislador de la Unión adopte
         normas más específicas para determinadas ocupaciones o actividades profesionales que, en virtud de un régimen legal de primacía,
         prevalecen sobre las disposiciones de las Directivas sobre el tiempo de trabajo. Dentro de esa categoría se incluyen, tal
         como expresamente se desprende de la cláusula 1, apartado 2, del Convenio europeo, la Directiva 2000/79, que a este respecto
         contiene normas más específicas en relación con la organización del tiempo de trabajo para el personal de vuelo en la aviación
         civil. La Unión adoptó dicho acto jurídico con el fin de aplicar el Acuerdo europeo y en ejercicio de las competencias normativas
         que le concede el artículo 139 CE, apartado 2 (artículo 155 TFUE, apartado 2). Con su incorporación, el Acuerdo europeo pasó
         a formar parte integrante de la Directiva 2000/79. (13) Como todas las directivas, esta última también está sometida a la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia, (14) de manera que la petición de interpretación del órgano jurisdiccional remitente también es admisible en relación con la cláusula
         3 del Acuerdo europeo. 
      
      b)      Competencia de transposición de los Estados miembros
      34.      No se someten a la competencia interpretativa del Tribunal de Justicia, sin embargo, las disposiciones nacionales adoptadas
         por los Estados miembros en transposición de las mencionadas Directivas. El recurso al instrumento de la directiva permite
         a los Estados miembros configurar legalmente con más detalle el derecho a vacaciones anuales retribuidas en sus respectivos
         ordenamientos jurídicos. Esta competencia les es reconocida no sólo por el artículo 249 CE, párrafo tercero (artículo 288 TFUE,
         párrafo segundo), conforme al cual se deja a las autoridades nacionales la elección de la forma y los medios para alcanzar
         el resultado obligatorio perseguido, sino también expresamente en cada una de las Directivas. 
      
      35.      A esto se añade que el legislador de la Unión, que, al ejercer sus competencias legislativas, está sujeto al principio de
         subsidiariedad, con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 y a la cláusula 3 del Acuerdo europeo en relación
         con el undécimo considerando de la Directiva 2000/79 (15) se ha limitado a regular aspectos esenciales concretos como la duración mínima de las vacaciones anuales, mientras que, en
         relación con las condiciones de su obtención y concesión, como ya se ha expuesto, se ha remitido a «las legislaciones y/o
         prácticas nacionales». Este punto de partida, tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Reino Unido/Consejo, (16) es conforme también con el encargo de legislar basado en las facultades conferidas por el Tratado, que atribuye en exclusiva
         al legislador de la Unión la competencia para adoptar disposiciones mínimas que, mediante la armonización, contribuyan a elevar
         el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, algo que en primer lugar incumbe a los Estados miembros.
      
      36.      A ellos les corresponde, tal como expuso el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, un papel decisivo en la consecución de
         ese derecho, puesto que a ellos incumbe, en cumplimiento de la obligación de transponer el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88,
         establecer las modalidades de aplicación nacionales necesarias. (17) Esto incluye la posibilidad de establecer, en su normativa interna, los requisitos para el ejercicio y la aplicación del
         derecho a vacaciones anuales retribuidas, precisando las circunstancias concretas en las que los trabajadores pueden hacer
         uso del citado derecho, del que disfrutan por la totalidad de los períodos de trabajo cubiertos. (18)
      
      37.      La remisión a las legislaciones nacionales contenida en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 faculta a los Estados
         miembros, en particular, para definir un marco normativo que regule los aspectos organizativos y procesales para el disfrute
         de las vacaciones, como son la planificación de los períodos de vacaciones, la eventual obligación del trabajador de notificar
         por adelantado al empresario el período de vacaciones que pretende tomar, la imposición de un período mínimo antes de poder
         disfrutar de las vacaciones, los criterios para el cálculo proporcional del derecho a vacaciones anuales cuando la duración
         de la relación laboral sea inferior a un año, etc. (19) Pero se trata aquí justamente de medidas destinadas a establecer las condiciones de obtención y concesión del derecho a vacaciones
         y, como tales, permitidas por la Directiva 2003/88.
      
      38.      A este respecto procede señalar que el Tribunal de Justicia ha advertido reiteradamente que los Estados miembros, al ejercer
         sus competencias de configuración, deben respetar siempre los límites que impone el Derecho de la Unión. (20) El Tribunal de Justicia ha perfilado y precisado dichos límites por la vía de la interpretación. (21) Además, de su jurisprudencia se pueden deducir ciertos elementos útiles de referencia sobre cómo se ha de determinar la retribución
         de las vacaciones para que no se prive de su función al derecho a vacaciones anuales retribuidas. Por lo tanto, se impone
         analizar dicha jurisprudencia y extraer de ella los eventuales principios que, en su caso, puedan resultar de utilidad para
         responder a las cuestiones prejudiciales.
      
      2.      Relación entre la Directiva 2000/79 y las Directivas sobre el tiempo de trabajo, y posibilidad de aplicar los principios de
         la jurisprudencia
      
      39.      Una cuestión que, no obstante, debe aclararse a título preliminar es si los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia
         en su jurisprudencia con ocasión de la interpretación del artículo 7 de las Directivas sobre el tiempo de trabajo (a los que
         me dedicaré más adelante) se pueden aplicar también a la cláusula 3 del Acuerdo europeo. Esta cuestión es de singular relevancia,
         habida cuenta de que el Tribunal de Justicia, como ya se ha expuesto, ha contribuido de forma sustancial a la determinación
         del alcance normativo de ese derecho. La interpretación que ha conocido esta disposición en la jurisprudencia permite también
         delimitar el alcance de las competencias normativas ejercidas por el legislador de la Unión en cuanto al cálculo de la retribución
         de las vacaciones. Para anticipar el examen de mi análisis, a mi parecer el tenor literal, el sentido y la finalidad y los
         antecedentes de estas disposiciones apuntan en sentido afirmativo.
      
      40.      En primer lugar, procede declarar que, a pesar de basarse en diferentes fundamentos del Tratado, el sentido y finalidad tanto
         de las Directivas sobre el tiempo de trabajo como de la Directiva 2000/79 consiste en configurar el tiempo de trabajo estableciendo
         determinados límites por el bien de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Así se desprende, por ejemplo, del undécimo
         considerando de la Directiva 2000/79 y del undécimo considerando de la Directiva 2003/88. Además, el tenor literal de la cláusula
         3 es casi idéntico al del artículo 7 de las Directivas sobre el tiempo de trabajo. Si las partes firmantes del Acuerdo europeo
         hubiesen querido atribuir a la cláusula 3 un significado diferente, seguramente habrían escogido una terminología distinta
         a la de dichas Directivas.
      
      41.      De los antecedentes del Acuerdo europeo (22) se extrae, por otro lado, que el significado de la expresión «vacaciones anuales retribuidas» de la cláusula 3 pretendía
         ser equivalente al de la Directiva 93/104. La propuesta inicial de la Comisión de una Directiva sobre el tiempo de trabajo
         preveía que su ámbito de aplicación se extendiera a todos los sectores de la economía y a todas las áreas de actividad. Sin
         embargo, el Consejo decidió extraer de ese ámbito de aplicación determinadas áreas de actividad, pero no porque considerase
         que la salud y la seguridad estuviesen en ellos suficientemente protegidas, sino porque era consciente de que los trabajadores
         empleados en dichos campos de actividad generalmente deben trabajar muy lejos de sus hogares, y por eso estimó necesario adoptar
         disposiciones más específicas. En su «Libro blanco sobre los sectores y las actividades excluidos del ámbito de aplicación
         de la directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo», la Comisión propuso, entre otras cosas, partir de un principio
         diferente según el cual se habrían de adoptar disposiciones propias para cada campo de actividad en relación con el tiempo
         de trabajo y de descanso de los trabajadores móviles. (23) Tras evaluar las reacciones de los interlocutores sociales, la Comisión decidió proponer ese planteamiento, que finalmente
         acabó cristalizando en la legislación de la Unión. (24) Conforme a dicho planteamiento diferenciado, el Acuerdo europeo habría de aplicarse exclusivamente al personal móvil de la
         aviación civil, y habría de recoger en su cláusula 3, sin modificaciones, el derecho a vacaciones anuales retribuidas contemplado
         en el artículo 7 de la Directiva 93/104. Por último, de la propuesta de directiva de la Comisión (25) se desprende que el Acuerdo europeo relativo al personal de vuelo en la aviación civil iba dirigido, entre otros fines, a
         concretar el derecho a vacaciones anuales retribuidas consagrado en el apartado 8 de la Carta comunitaria de los derechos
         sociales fundamentales de los trabajadores. Los antecedentes de la Directiva 2000/79 demuestran, por lo tanto, que la intención
         del legislador de la Unión era extender a los trabajadores móviles de la aviación civil las disposiciones ya vigentes relativas
         a ese derecho, sin modificar su contenido esencial. 
      
      42.      Los antecedentes de la Directiva 2003/88 confirman asimismo que las disposiciones que regulan el derecho a vacaciones anuales
         retribuidas estaban destinadas a aplicarse también a los trabajadores móviles, incluidos los de la aviación civil. En efecto,
         la Directiva 93/104 fue posteriormente modificada por la Directiva 2000/34, derogándose las excepciones que hasta ese momento
         existían respecto al planteamiento diferenciado para el sector del transporte (salvo las relativas al personal de mar). A
         raíz de ahí, las disposiciones relativas a las vacaciones anuales se extendieron a los trabajadores móviles de los sectores y áreas de actividad excluidos, tal como se desprende inequívocamente del noveno
         considerando de la Directiva 2000/34. (26) En cambio, las disposiciones relativas al tiempo de trabajo y de descanso simplemente fueron objeto de adaptación, (27) según el décimo considerando. Además, el artículo 2 de la Directiva 2000/79 deja claro que la aplicación de la presente Directiva
         no constituirá en ningún caso un motivo suficiente para justificar una reducción del nivel general de protección de los trabajadores
         en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva. En otras palabras, dicha disposición prohíbe a los Estados miembros conformarse
         con un nivel de protección inferior al alcanzado por la Directiva 93/104 en su versión modificada por la Directiva 2000/34.
         Esto es precisamente lo que afirma el decimosexto considerando de la Directiva 2000/79. (28)
      
      43.      De todo ello se deduce que nada se opone a aplicar a la cláusula 3 del Acuerdo europeo los principios desarrollados por el
         Tribunal de Justicia hasta ahora en su jurisprudencia con ocasión de la interpretación del artículo 7 de las Directivas sobre
         el tiempo de trabajo.
      
      3.      Principios jurisprudenciales sobre el derecho a vacaciones anuales retribuidas
      a)      Sobre la continuación del pago de la retribución durante las vacaciones
      44.      El significado del derecho a vacaciones anuales retribuidas está reconocido desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia del
         Tribunal de Justicia. Conforme a jurisprudencia asentada, debe considerarse un principio del Derecho social comunitario de
         especial relevancia, respecto al cual no pueden establecerse excepciones y cuya aplicación por parte de las autoridades nacionales
         competentes únicamente puede efectuarse respetando los límites establecidos expresamente por la propia Directiva 93/104 o
         por su sucesora, la Directiva 2003/88. (29) Con la consagración legal del derecho a vacaciones legales retribuidas en el plano del Derecho derivado, el legislador de
         la Unión quiso garantizar que los trabajadores de todos los Estados miembros dispusieran de un tiempo efectivo de descanso
         «en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud». (30) La finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas consiste en permitir que los trabajadores descansen y dispongan
         de un período de ocio y esparcimiento. (31)
      
      45.      En lo que respecta al derecho específico del trabajador al pago de la retribución de las vacaciones, relevante para los fines
         del presente procedimiento prejudicial, como ya se ha expuesto, procede declarar que ni las Directivas sobre el tiempo de
         trabajo ni la Directiva 2000/79 contienen disposiciones que establezcan expresamente el importe de la retribución que se ha
         de pagar durante las vacaciones ni el método para determinarla. No obstante, un análisis de la jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia ofrece importantes referencias acerca de qué exigencias del Derecho de la Unión debe satisfacer dicha retribución.
      
      46.      En primer lugar, procede referirse a la sentencia Robinson-Steele, en que el Tribunal de Justicia señaló que las Directivas
         sobre el tiempo de trabajo consideran que el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto
         de vacaciones constituyen «dos vertientes de un único derecho». (32) De esta declaración se puede extraer una primera e importante conclusión jurídica: dado que ambos derechos, en opinión del
         Tribunal de Justicia, se deben considerar indisolublemente unidos, al incorporar el Derecho de la Unión al Derecho nacional
         no están permitidas las excepciones al derecho a percibir la retribución en concepto de vacaciones, mientras no lo prevean
         expresamente las Directivas sobre el tiempo de trabajo. A este respecto, conviene recordar que el artículo 7 de la Directiva
         2003/88 no figura entre las disposiciones en relación con las cuales dicha Directiva permite expresamente que se establezcan
         excepciones. En vista de que no está permitido establecer excepciones a esta disposición en detrimento del trabajador ni por
         vía legislativa ni convencional, ha de estimarse en principio la opinión del Gobierno danés (33) en el sentido de que el derecho, contemplado en el Derecho de la Unión, a percibir una retribución en concepto de vacaciones
         tiene carácter vinculante. (34) Por otro lado, debe señalarse que, según la jurisprudencia, este principio de Derecho social de la Unión que reviste una
         especial importancia tampoco puede ser interpretado de manera restrictiva. (35)
      
      47.      A juicio del Tribunal de Justicia, la obligación de retribuir las vacaciones tiene como objetivo colocar al trabajador, durante
         las citadas vacaciones, «en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los períodos de trabajo».
         Las restantes declaraciones del Tribunal de Justicia respecto al importe de la retribución de las vacaciones son, a mi parecer,
         suficientemente claras, pues en el apartado 50 de la sentencia Robinson-Steele afirmó expresamente que la expresión «vacaciones
         anuales» que figura en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/104 significa que «mientras duren las vacaciones anuales
         en el sentido de la Directiva, debe mantenerse la retribución». Las dudas jurídicas que pueda suscitar la interpretación de
         esta frase se despejan, por otro lado, con la aclaración que le sigue («en otras palabras»), según la cual «el trabajador
         debe percibir la retribución ordinaria por dicho período de descanso». Esto se ha de entender en el sentido de que la retribución por las vacaciones ha de corresponderse
         exactamente, en cuanto a su importe, con la retribución normal por el trabajo.
      
      48.      Aunque hay que dar la razón al órgano jurisdiccional remitente cuando dice que el objeto del litigio en el asunto Robinson-Steele
         era diferente del que nos ocupa, pues en aquel asunto se trataba esencialmente de la compatibilidad del Derecho de la Unión
         con una determinada práctica consistente en que la retribución de las vacaciones anuales mínimas era objeto de pagos parciales
         fraccionados durante el período anual de trabajo correspondiente, que se sumaban a la retribución por el trabajo efectuado
         y no de pago por un período determinado en que el trabajador hubiera disfrutado efectivamente de las vacaciones, no obstante,
         las consideraciones en que el Tribunal de Justicia, en el apartado 50 de dicha sentencia, basó su resolución están expresadas
         de forma general y no se refieren en modo alguno solamente a las circunstancias especiales subyacentes a aquel asunto. Por
         el contrario, pretenden ser de validez general y, en consecuencia, se han de tener en cuenta también al responder a las cuestiones
         aquí planteadas. La validez general de esas consideraciones lo demuestra el hecho de que el Tribunal de Justicia recurriese
         también a ellas, en el apartado 58 de la sentencia Schultz-Hoff y otros, en un contexto diferente, concretamente al ocuparse
         de la cuestión de cómo se ha de calcular la retribución prevista en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88, a
         la que tiene derecho un trabajador que, por razones ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho
         a vacaciones anuales retribuidas antes de que finalizara la relación laboral. Allí corroboró el Tribunal de Justicia su interpretación
         conforme a la cual «mientras duren las vacaciones anuales […], debe mantenerse la retribución» y «el trabajador debe percibir
         la retribución ordinaria».
      
      49.      Por otro lado, tanto la interpretación sistemática como la gramatical ofrecen argumentos a favor de esta postura. Para ello
         es preciso confrontar la Directiva 2003/88 o la Directiva 2000/79 con otros actos jurídicos de la Unión cuyas disposiciones
         prevén una forma modificada de retribución durante las vacaciones. La Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de
         1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
         embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, (36) para proteger a las trabajadoras embarazadas frente a cualquier riesgo para su seguridad o su salud, así como cualquier repercusión
         sobre el embarazo o la lactancia dispone, junto a una adaptación de las condiciones de trabajo y un cambio de puesto de trabajo,
         la dispensa de trabajo para la trabajadora, y establece en su artículo 11, número 1, que «deberán garantizarse los derechos
         inherentes al contrato de trabajo, incluido el mantenimiento de una remuneración y/o el beneficio de una prestación adecuada
         de las trabajadoras […], con arreglo a las legislaciones y/o a las prácticas nacionales». Esta disposición presenta una particularidad
         a la que el Tribunal de Justicia se refirió con acierto en sus sentencias de 1 de julio de 2010, Parviainen (37) y Gassmayr. (38) En ellas llamó la atención sobre el hecho de que la citada disposición de la Directiva, en la mayoría de las versiones lingüísticas
         existentes en la fecha de su adopción, prevé únicamente el mantenimiento de «una» remuneración y no de «la» remuneración. (39) De la redacción de dicha disposición y de otros elementos de referencia, el Tribunal de Justicia extrajo la conclusión de
         que una trabajadora embarazada no tiene derecho, en virtud del artículo 11, punto 1, de la Directiva, a raíz de su traslado
         provisional a un puesto de trabajo distinto del que ocupaba antes de su embarazo, conforme al artículo 5, apartado 2, de la
         Directiva 92/85, a la remuneración media que percibía antes de dicho traslado. (40) Pero en relación con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 o con la cláusula 3 del Acuerdo europeo no se da
         una situación jurídica comparable. El tenor de dichas disposiciones es inequívoco, dado que en todas las versiones lingüísticas
         se dice simplemente que las vacaciones anuales deben ser «retribuidas», (41) lo que apunta en el sentido de una continuidad en el pago de la retribución «normal» del trabajo conforme a la jurisprudencia.
      
      50.      Un argumento más a favor de la interpretación aquí defendida se extrae, por último, de los principios de la Organización Internacional
         del Trabajo (OIT), que se deben tener en cuenta, conforme al sexto considerando de la Directiva 2003/88, por lo que respecta
         a la distribución del tiempo de trabajo. En el marco de la OIT, como órgano especializado de las Naciones Unidas, el derecho
         a vacaciones anuales retribuidas ha sido objeto hasta ahora de dos acuerdos multilaterales, de los cuales el Convenio 132,
         que entró en vigor el 30 de junio de 1973, (42) modificó el hasta entonces vigente Convenio 52. (43) Contienen normas vinculantes para los Estados partes en lo relativo al cumplimiento de este derecho social fundamental dentro
         de sus ordenamientos jurídicos nacionales. El Convenio 132, cuya relevancia para la interpretación de la Directiva 2003/88
         ha confirmado expresamente el Tribunal de Justicia por última vez en su sentencia Schultz-Hoff y otros, (44) dice en su artículo 7, apartado 1, que toda persona que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente
         Convenio percibirá, por el período entero de esas vacaciones, «por lo menos su remuneración normal o media».
      
      51.      A la luz de las consideraciones precedentes, la presunción del órgano jurisdiccional remitente expresada en el apartado 29
         de la resolución de remisión, según la cual el Tribunal de Justicia, al utilizar la palabra «comparable» en su sentencia Schultz-Hoff
         y otros, (45) (referida a la situación en que, durante las vacaciones, ha de colocar al trabajador la obligación de retribuir las citadas
         vacaciones) podría haber querido decir algo distinto, en ciertas circunstancias incluso la posibilidad de que fueran admisibles
         deducciones de la retribución ordinaria, se basa sin duda en una comprensión errónea de la jurisprudencia. Además, los argumentos
         del Tribunal de Justicia en dicha sentencia se corresponden al pie de la letra con mi exposición en el asunto Stringer y otros, (46) según la cual la compensación que perciba el trabajador ha de ser «equivalente» a su salario habitual. Con independencia
         de los diferentes términos utilizados, en definitiva se trata de lo mismo, es decir, de garantizar, mediante la interpretación
         teleológica del artículo 7, apartado 1, de las Directivas sobre el tiempo de trabajo, que los objetivos de las Directivas
         no se frustren por una transposición inadecuada. En particular, se ha de asegurar que el trabajador no sufra ningún perjuicio
         por tomar la decisión de ejercer su derecho a vacaciones anuales. Entre esos perjuicios figuran precisamente, en primer lugar,
         las posibles pérdidas económicas que podrían hacerle desistir, en función de su situación concreta.
      
      52.      Por todo ello, se ha de declarar que el Derecho de la Unión, en la interpretación del Tribunal de Justicia, contiene preceptos
         suficientemente claros acerca de cómo calcular la retribución de las vacaciones, conforme a los cuales dicha retribución en
         todo caso se ha de corresponder con el importe de la retribución por el trabajo. 
      
      b)      Conclusión: no es admisible atender al mínimo de subsistencia
      53.      Con el mantenimiento de la retribución por el trabajo durante las vacaciones anuales se pretende, en definitiva, proteger
         efectivamente la función de descanso de ese derecho. La interpretación del artículo 7, apartado 1, de las Directivas sobre
         el tiempo de trabajo, orientada por el sentido y la finalidad de dichas Directivas, tal como la ha realizado el Tribunal de
         Justicia en su jurisprudencia, prohíbe en todo caso efectuar un cálculo de la retribución de las vacaciones atendiendo al
         mínimo de subsistencia. Sería incompatible con esa jurisprudencia si, como propone la demandada en el procedimiento principal, (47) se tomara como referencia para el cálculo de la retribución de las vacaciones únicamente un importe que fuera el mínimo indispensable
         para no impedir al trabajador el ejercicio de su derecho a vacaciones anuales retribuidas. En efecto, por un lado dicha medida
         no constituiría un «mantenimiento de la retribución por el trabajo» durante las vacaciones anuales, sino que la interpretación
         propuesta significaría reescribir las exigencias que el Tribunal de Justicia impone a una retribución de las vacaciones conforme
         a las Directivas, y concretamente en perjuicio del trabajador. Por otro lado, tal interpretación daría lugar a una situación
         jurídica del trabajador que no satisfaría ni las exigencias de una armonización mínima en toda la Unión ni el principio de
         seguridad jurídica. 
      
      54.      Una armonización mínima como la que persigue el Acuerdo europeo, conforme al artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/79
         para el sector de la aviación, no significa que la actuación de la Unión se limite al mínimo denominador común. Por lo tanto,
         no se trata en absoluto de una armonización mínima. Con ella no se pretende establecer en la Unión el nivel de protección
         más bajo vigente en un Estado miembro, sino formular la protección básica imprescindible para la correspondiente política
         de la Unión. (48) Cualquier otra cosa sería incompatible con los objetivos propuestos en el artículo 136 CE de «mejorar las condiciones de
         vida y de trabajo» a fin de «conseguir su equiparación por la vía del progreso» y «una protección social adecuada». Una disposición
         que establece pautas mínimas en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores debe estar redactada de forma objetiva
         y clara, para garantizar su objetiva y uniforme aplicación en todo el territorio de la Unión. Cualquier criterio relativo
         a la «sostenibilidad económica» de las vacaciones anuales, como en definitiva sugiere la demandada en el procedimiento principal,
         no sería factible, habida cuenta de que su aplicación (como acertadamente señala la demandante en el procedimiento principal) (49) dependería de la situación particular, especialmente de las cargas económicas que tuviese cada trabajador individual. La
         aplicación de tan impreciso criterio, a fin de cuentas, socavaría el derecho a vacaciones anuales. 
      
      4.      Competencia de los Estados miembros para el cálculo de la retribución de las vacaciones
      55.      La determinación del método de cálculo de la retribución de las vacaciones, a falta de disposición en otro sentido en las
         Directivas sobre el tiempo de trabajo o en la Directiva 2000/79, recae en el ámbito de competencias de los Estados miembros,
         a quienes, como ya se ha expuesto, incumbe la obligación de establecer las modalidades de aplicación nacionales necesarias.
         A una conclusión similar llegó el Tribunal de Justicia en su sentencia Schultz-Hoff y otros (50) en relación con la cuestión, tampoco regulada en el Derecho de la Unión, de cómo ha de calcularse la compensación financiera
         que, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88, sustituye al período o períodos mínimos de vacaciones
         anuales retribuidas en caso de conclusión de la relación laboral. A este respecto son de aplicación las «legislaciones y/o
         prácticas nacionales», a las que se remiten las Directivas. A tal efecto, los Estados miembros deben velar por que las modalidades
         nacionales de aplicación respeten los límites que se derivan del propio Derecho de la Unión, incluidos los principios jurisprudenciales,
         de los que ya me he ocupado en estas conclusiones.
      
      5.      Conclusión parcial
      56.      A mi entender, con mi detallada argumentación tanto sobre el alcance de las competencias normativas ejercidas por el legislador
         de la Unión y de las que conservan los Estados miembros, como sobre las exigencias del Derecho de la Unión que se pueden deducir
         de las Directivas sobre el tiempo de trabajo, de la Directiva 2000/79 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se
         ha respondido ya a la primera cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente, cuya genérica redacción responde a
         que tiene por objeto aspectos fundamentales del derecho a percibir la retribución de las vacaciones.
      
      57.      A las cuestiones segunda y tercera, formuladas con algo más de concreción, debe responderse que la retribución de las vacaciones
         se debe calcular de tal manera que coincida con la retribución «normal» del trabajador por su trabajo. En cualquier caso,
         no satisface las exigencias del Derecho de la Unión una compensación financiera si su importe es el estrictamente necesario
         para que no exista un riesgo razonable de que el trabajador renuncie a tomar sus vacaciones anuales.
      
      C.      Forma de proceder ante estructuras salariales complejas
      1.      Consideraciones generales
      58.      El principio conforme al cual la retribución de las vacaciones ha de calcularse de tal manera que coincida con la retribución
         «normal» del trabajador por su trabajo sin duda precisa de una adaptación a aquellas situaciones en que el importe de la retribución
         por el trabajo no es constante, sino que está condicionada por factores que las partes del convenio colectivo consideran relevantes
         y que pueden variar de un período a otro. Dichos factores pueden referirse bien a la situación profesional del trabajador
         dentro de la empresa, o bien a determinadas funciones que desempeña. A esta última categoría pertenecen los complementos en
         forma de retribución especial y dietas.
      
      59.      Las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta van dirigidas, en último término, a que el Tribunal de Justicia se pronuncie
         acerca de qué se ha de entender por «retribución normal» durante el período de vacaciones en una situación como la del procedimiento
         principal. A este respecto procede señalar que este concepto tiene un elemento temporal y otro material, y ambas cuestiones
         prejudiciales hacen referencia a esos elementos. Con la cuarta cuestión se solicita aclaración acerca de si se ha de considerar
         como período relevante el período efectivo, es decir, aquel durante el cual el trabajador se encuentra de vacaciones, o bien
         un período diferente. Con la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el trabajador tendría derecho
         a percibir un complemento sólo en la medida en que hubiese desempeñado una actividad especial. En caso de respuesta afirmativa,
         el órgano jurisdiccional remitente quiere saber si, en su caso, al calcular la retribución de las vacaciones deben tenerse
         en cuenta también límites máximos para el alcance o la extensión temporal de dichas actividades.
      
      2.      Exigencias del Derecho de la Unión y competencias que conservan los Estados miembros para regular detalladamente la retribución
         de las vacaciones
      
      60.      No deja de oponerse a una valoración definitiva de qué se debe entender por «retribución normal» en el sentido de la jurisprudencia
         la concisión de la normativa de la Unión en esta materia, que necesariamente traza los límites para cualquier interpretación
         por el Tribunal de Justicia.
      
      61.      El Gobierno danés, para fundamentar la ausencia de una competencia normativa de la Unión y, por ende, de la facultad interpretativa
         del Tribunal de Justicia, se remite al artículo 137 CE, apartado 5, con arreglo al cual dicho artículo expresamente no se
         ha de aplicar a la «retribución del trabajo». Sin embargo, yo no aprecio aquí ningún impedimento real, pues, como ha aclarado
         de forma reiterada el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, (51) se ha de considerar que esta disposición del Tratado debe ser objeto de una interpretación estricta, para no afectar indebidamente
         al alcance de los mencionados apartados 1 a 4 ni desvirtuar los objetivos perseguidos por el artículo 136 CE. Por lo tanto,
         dicha disposición del tratado no ha de interpretarse de forma que su ámbito de aplicación se extienda a todas las cuestiones
         relacionadas con la retribución del trabajo en cualquier contexto. Antes bien, tal como aclaró el Tribunal de Justicia en
         la sentencia Impact, remitiéndose a la sentencia Del Cerro Alonso, (52) dicha excepción debe interpretarse en el sentido de que se refiere a las medidas que, como las que uniforman todo o parte
         de los elementos constitutivos de los salarios y/o de su nivel en los Estados miembros o las que establecen un salario mínimo
         comunitario, suponen una injerencia directa del Derecho comunitario en la determinación de las retribuciones en la Comunidad. (53) En consecuencia, la determinación del nivel de los distintos elementos constitutivos de la retribución de un trabajador no
         es competencia del legislador comunitario y sigue correspondiendo indudablemente a las autoridades competentes de los distintos
         Estados miembros, pero no es menos cierto que, en el ejercicio de su competencia en los ámbitos no incluidos en la de la Comunidad,
         estas autoridades deben respetar el Derecho comunitario. (54)
      
      62.      Sin embargo, esto nada dice acerca de si el legislador de la Unión está facultado para regular el importe de la retribución
         de las vacaciones en el caso de una estructura salarial compleja. La Abogado General Kokott expuso con acierto en el citado
         asunto que dicha excepción no impide a la Unión adoptar normas con repercusiones económicas, relativas, por ejemplo, a las
         condiciones de trabajo [artículo 137 CE, apartado 1, letra b)] o destinadas a mejorar el entorno de trabajo para proteger
         la salud y la seguridad de los trabajadores [artículo 137 CE, apartado 1, letra a)]. No impide al legislador de la Unión imponer
         requisitos a la normativa laboral nacional que confieran a los trabajadores un derecho a vacaciones anuales retribuidas, como
         sucedió con el artículo 7 de la Directiva 2003/88. (55) Lo mismo sucede con las disposiciones casi idénticas de la cláusula 3 del Acuerdo europeo, adjunto a la Directiva 2000/79,
         dado que la excepción prevista en el artículo 137 CE, apartado 5, también comprende el fundamento jurídico de esta Directiva
         en el artículo 139 CE. (56) En otras palabras, el legislador de la Unión no sólo posee una competencia para regular los aspectos contemplados en las
         Directivas 2003/88 y 2000/79, sino que además, desde el punto de vista jurídico, en principio también habría estado facultado
         para adoptar disposiciones más detalladas en cuanto a la naturaleza y el importe de la retribución de las vacaciones.
      
      63.      Sin embargo, el legislador de la Unión se abstuvo de establecer, en las citadas disposiciones, de qué se ha de componer en concreto la retribución de las vacaciones. En lugar de eso, se remitió a las «legislaciones y/o prácticas» de los Estados miembros. La voluntad del legislador de la
         Unión de conceder a los Estados miembros y a los interlocutores sociales un amplio margen de apreciación queda expresada en
         el décimo considerando de la Directiva 2000/79, según el cual «el instrumento apropiado para la aplicación del Acuerdo es,
         con arreglo a lo dispuesto en el artículo 249 del Tratado, una directiva». Para el sector de la aviación, se produce una remisión
         adicional al Derecho nacional en la medida en que, con arreglo al duodécimo considerando, se deja a los Estados miembros la
         libertad de «definir, de conformidad con la normativa y las prácticas nacionales, los términos del Acuerdo que no están expresamente
         definidos en él, al igual que sucede con las demás directivas en materia de política social que utilizan términos similares,
         siempre que dichas definiciones sean compatibles con el Acuerdo». Por otro lado, el artículo 3 de la Directiva 2000/79 obliga
         a los Estados miembros a velar por que «los interlocutores sociales hayan tomado las medidas necesarias mediante acuerdo».
      
      64.      De esta manera, en el fondo, se sigue en el plano de la Unión un concepto similar al de la aplicación del Convenio 132 de
         la OIT, que tampoco contiene disposiciones específicas sobre el cálculo de la retribución de las vacaciones y, en su lugar,
         concede a los Estados firmantes un amplio margen de apreciación. (57) Así, su artículo 1 establece que «la legislación nacional dará efecto a las disposiciones del presente Convenio en la medida
         en que esto no se haga por medio de contratos colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, procedimientos legales
         para la fijación de salarios o de otra manera compatible con la práctica nacional que sea apropiada a las condiciones del país».
         
      
      65.      Tal concepto se corresponde tanto con el principio de subsidiariedad como con la necesidad de respetar la autonomía de los
         interlocutores sociales para pactar en las negociaciones salariales. A este respecto se ha de recordar que el derecho de negociación
         colectiva y la autonomía negocial inherente a este derecho constituyen derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento
         jurídico de la Unión. (58) El derecho de negociación colectiva se reconoce tanto en diferentes instrumentos internacionales en los que los Estados miembros
         han participado o a los que se han adherido –como la Carta Social Europea, (59) firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y expresamente mencionada, por lo demás, en el artículo 136 CE–, como en instrumentos
         elaborados por los Estados miembros a escala comunitaria o en el marco de la Unión Europea, como la Carta comunitaria de los
         derechos sociales fundamentales de los trabajadores, (60) adoptada en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Estrasburgo el 9 de diciembre de 1989, también mencionada en el artículo
         136 CE, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza. (61)
      
      66.      Este concepto satisface, además, las exigencias de la vida real, habida cuenta de las grandes dificultades que plantea adoptar
         normativas uniformes para todos los sectores. (62) Las alegaciones de las partes en el procedimiento principal demuestran precisamente la flexibilidad a que está expuesto el
         sector de la aviación. Es preciso concebir normativas que tengan en cuenta las particularidades de cada sector y que puedan
         ser aceptadas por los interlocutores sociales. El Tribunal de Justicia debe tener en cuenta en sus interpretaciones esta contención
         del legislador de la Unión. Por otro lado, no se ha de olvidar que el margen de apreciación que asiste a los Estados miembros,
         como ya se ha mencionado, (63) no es ilimitado. Por el contrario, los instrumentos de transposición deben encajar en el marco jurídico de la Unión.
      
      67.      De las anteriores consideraciones se desprende que, en ausencia de disposiciones contrarias en el Derecho de la Unión, en
         principio los Estados miembros tienen libertad para permitir, con arreglo a la legislación laboral interna, que la retribución
         del trabajo se desglose en un salario base y diversos complementos que percibe el trabajador en función de las tareas realizadas.
         
      
      3.      Composición de la retribución de las vacaciones
      a)      Elemento material del concepto de «retribución normal»
      68.      En lo que respecta al elemento material del concepto de retribución normal en el caso de una estructura salarial compleja,
         que es el objeto de la quinta cuestión planteada, yo soy del parecer de que del duodécimo considerando de la Directiva 2000/79
         no se puede deducir, sin más, una competencia exclusiva de los Estados miembros o de los interlocutores sociales para determinar
         en cada caso qué importes deben considerarse como parte de la «retribución de las vacaciones». Dado que el concepto de retribución
         de las vacaciones está vinculado, a fin de cuentas, al de retribución del trabajo, en principio ésta debe mantenerse íntegramente
         durante el período de vacaciones. En el segundo concepto se aprecia una acusada impronta del Derecho de la Unión. 
      
      i)      El concepto de retribución en el Derecho de la Unión
      69.      Aunque ni las Directivas sobre el tiempo de trabajo ni la Directiva 2000/79 contienen una definición del concepto de retribución,
         el Derecho de la Unión conoce una definición suficientemente clara en el artículo 141 CE, apartado 2, a la que el mismo Tribunal
         de Justicia ha recurrido en la interpretación de directivas adoptadas sobre la base de la facultad que concede el artículo
         118 A del Tratado CE,(64) al igual que la propia Directiva 93/104, de la que aquí se trata. Además, dicha definición se corresponde con los criterios
         del Derecho laboral internacional, pues históricamente se apoya en el artículo 1, letra a), del Convenio 100 de la OIT. (65) , (66) En consecuencia, también en el presente asunto considero que, para interpretar la Directiva 2000/79, es posible recurrir
         a los conceptos del Derecho primario. 
      
      70.      Por lo tanto, la cuestión es qué remuneraciones deben considerarse elementos de la retribución conforme a dicha definición.
         
      
      71.      Por retribución a los efectos del artículo 141 CE, apartado 2, se entiende «el salario o sueldo normal de base o mínimo, y
         cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador
         en razón de la relación de trabajo». A este respecto es indiferente si la prestación se realiza en virtud de un contrato de
         trabajo o de disposiciones legislativas o si tiene carácter voluntario. (67) En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha tendido a interpretar esta disposición de forma extensiva. (68) Por ese motivo, el concepto de retribución del artículo 141 CE, apartado 2, en ciertos casos puede ser más amplio que el
         utilizado en un Estado miembro. (69) El carácter retributivo de toda remuneración debe apreciarse de forma individual.
      
      72.      Sin embargo, antes de analizar el carácter retributivo de cada uno de los componentes controvertidos del salario, quisiera
         hacer referencia brevemente a la necesidad de conservar la amplia interpretación que hasta ahora se ha hecho del concepto
         de retribución en el Derecho de la Unión. En situaciones como la que nos ocupa, en que el salario se compone de diversos elementos,
         una interpretación demasiado estricta encerraría el peligro de constituir un incentivo para que el empresario declarase como
         no pertenecientes a la retribución elementos concretos o incluso desglosar aún más el salario a fin de pagar una retribución
         por vacaciones lo más reducida posible. Tal práctica podría disuadir al trabajador de disfrutar de las vacaciones anuales
         retribuidas, con lo que se frustraría la finalidad de descanso que éstas tienen. A este peligro se refieren, creo que con
         acierto, los demandantes en el procedimiento principal. (70)
      
      ii)    El salario base como parte esencial de la retribución
      73.      A la vista del inequívoco tenor de esta disposición, en cualquier caso, comprende toda remuneración que perciba el trabajador
         como «salario base». Así lo ha confirmado expresamente el Tribunal de Justicia por última vez en la sentencia Parviainen para
         el caso de una azafata que en la compañía aérea ejercía las funciones de jefa de cabina. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia
         debía responder a la cuestión de si una trabajadora embarazada provisionalmente destinada, por motivos de salud y de seguridad,
         a otro puesto de trabajo en virtud del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 92/85 conserva durante ese destino el derecho
         a los componentes de la remuneración o a los complementos inherentes a su calidad de superiora jerárquica, con su antigüedad
         y con sus cualificaciones profesionales. El Tribunal de Justicia respondió afirmativamente y consideró que el salario base
         de la demandante estaba de por sí comprendido en el concepto de retribución del artículo 141 CE. (71) La categoría de salario base incluye también el importe fijo que corresponde siempre a todo piloto con arreglo al MOA en
         relación con las disposiciones pactadas en convenio colectivo sobre el tiempo mensual de vuelo. El importe de dicho salario
         está establecido de forma precisa y se determina en función de ciertos factores como la categoría del piloto y de la flota
         aérea a la que éste pertenece. En consecuencia, dicho componente fijo, invariable, de la retribución del piloto pertenece
         en todo caso a la «retribución normal» que se ha de mantener durante el período de vacaciones conforme a la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia.
      
      iii) Calificación de los complementos como parte de la retribución
      74.      En cambio, más difícil de valorar resulta la cuestión de si los complementos de que aquí se trata están también comprendidos
         en el concepto de retribución del artículo 141 CE, apartado 2. Según la información del órgano jurisdiccional remitente, al
         salario base se añaden otros dos componentes que se diferencian por su función y por su tratamiento fiscal. El importe de
         los complementos viene determinado por el tiempo de vuelo (FPS) y por el tiempo pasado fuera de la base (TAFB). El FPS se
         considera en su integridad retribución con arreglo al Derecho nacional, y como tal tributa. En cuanto al TAFB, el 82 % tiene
         la consideración de pago en concepto de dietas, de manera que sólo el 18 % se considera retribución y está sujeto a impuestos.
         
      
      75.      Con independencia de su calificación en el Derecho nacional, dichos complementos tal vez podrían considerarse, desde el punto
         de vista del Derecho de la Unión, como «otras gratificaciones» en el sentido de la citada definición legal. Y esto es lo que
         debemos comprobar a continuación. Si atendemos a la función de la retribución como contraprestación del empresario por el
         trabajo realizado por el trabajador, por «otras gratificaciones» habría que entender cualquier prestación pecuniaria que constituya
         una contraprestación en un sentido amplio, y no responda exclusivamente a otros motivos (por ejemplo, aumento de la productividad,
         mejora de las condiciones de trabajo y del clima laboral, fomento de la salud). (72)
      
      76.      Pero es preciso, antes que nada, delimitar el objeto del examen de acuerdo con la relevancia de las cuestiones planteadas
         para la resolución del procedimiento principal. De los autos (73) se desprende, en todo caso, que los demandantes en el procedimiento principal reivindican el derecho a percibir el FPS y
         la parte imponible del TAFB, que el Derecho nacional califica como parte de la retribución. También las alegaciones de los
         demandantes en el procedimiento principal permiten llegar a esta conclusión, máxime cuando en sus observaciones escritas en
         el procedimiento ante el Tribunal de Justicia (74) se han referido exclusivamente a estos mismos elementos del salario. Por lo tanto, las cuestiones planteadas por el órgano
         jurisdiccional remitente se deben interpretar en el sentido de que solamente en lo que respecta al FPS y a la parte imponible
         del TAFB se desea saber si en el cálculo de la retribución de las vacaciones se deben tener en cuenta, además del salario
         base, los complementos. En consecuencia, por no ser relevante para la resolución del litigio, mi posterior análisis no se
         extenderá a la parte del TAFB considerada como dietas.
      
      77.      En principio, el amplio concepto de retribución del artículo 141 CE, apartado 2, además de la propia retribución abonada como
         contraprestación por el trabajo realizado, comprende también todos los elementos accesorios como primas, complementos y aumentos
         de salario, y las remuneraciones o gratificaciones concedidas por el empresario. (75) En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha reconocido como retribución a los efectos de dicha disposición los aumentos
         de salario abonados en virtud del criterio de la flexibilidad, es decir, los aumentos que retribuyen la disposición del trabajador
         para trabajar en horarios diferentes. (76) En consecuencia, en la jurisprudencia se han considerado comprendidos por dicha definición tanto un complemento por trabajar
         en horarios incómodos (77) como una retribución por las horas extraordinarias (78) o por horas suplementarias por razón de la participación en cursos de formación cuya duración excedía su horario individual
         de trabajo (79), y conforme a esta lógica, en esa categoría deberían estar incluidos también los complementos por horas suplementarias, los
         de festivo, los de turno y las prestaciones similares. (80)
      
      78.      Resulta evidente la similitud de las retribuciones aquí citadas de forma no taxativa con los complementos controvertidos,
         pues en definitiva todos ellos se refieren a la disposición del piloto a permanecer preparado para la realización de un trabajo
         durante tanto tiempo como el empresario considere preciso. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos tipos controvertidos
         de complementos en la medida en que el FPS representa una contraprestación directa por una actividad típica de los pilotos
         (pilotar un avión), mientras que el TAFB tiene más un carácter de compensación por el alejamiento del lugar habitual de residencia
         que necesariamente implica el viajar. Pero el propio hecho de que, conforme a la jurisprudencia, incluso las indemnizaciones
         por despido legalmente previstas (81) se incluyan en ese concepto demuestra que no se puede pensar, sin más, que el eventual carácter compensatorio de una remuneración
         se oponga a su calificación como retribución a los efectos del artículo 141 CE, apartado 2. En cualquier caso, en comparación
         con tales remuneraciones, el carácter compensatorio del TAFB (al menos, en lo que se refiere a la parte [no imponible] aquí
         relevante) es mucho menos marcado. Además, a este respecto se ha de señalar que, a diferencia de la parte no imponible del
         TAFB, la que aquí nos ocupa no son dietas, sino que se considera como retribución incluso con arreglo al Derecho nacional.
         Esta calificación es, a mi juicio, correcta, pues la parte imponible del TAFB constituye una remuneración indirecta por la
         actividad realizada, que tiene carácter compensatorio y que se puede comparar con un complemento por horarios incómodos. Al
         margen de esto, ambos complementos son prestaciones pecuniarias que el empresario realiza conscientemente en relación con
         una determinada actividad del piloto, de manera que no se puede cuestionar el carácter retributivo de ninguno de los dos.
         
      
      79.      Por lo tanto, dichos complementos constituyen «otras gratificaciones» que el trabajador percibe, conforme al artículo 141 CE,
         apartado 2, en razón de su relación laboral, de modo que estos elementos del salario también pertenecen a la «retribución
         normal» que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe seguir abonándose al trabajador durante sus vacaciones.
         En consecuencia, en principio todo trabajador tiene derecho, también durante sus vacaciones anuales, a los complementos que
         normalmente le corresponden. 
      
      80.      El hecho de que el trabajador ejerza su derecho a vacaciones anuales no puede entenderse como razón lícita para interpretar
         excepcionalmente el concepto de retribución del Derecho de la Unión de forma tan estricta que no incluya los complementos
         correspondientes a ese período. Lo contrario supondría tratar a los trabajadores, desde el punto de vista económico, de forma
         diferente en función de si trabajan o se encuentran de vacaciones, lo que, como ya se ha expuesto, sería contrario a la jurisprudencia.
      
      81.      Pero el reconocimiento de un derecho, en principio, a los complementos ordinarios no significa necesariamente que el trabajador
         tenga derecho a percibir íntegramente todos los complementos imaginables. En mi opinión, el Tribunal de Justicia ha impuesto
         un límite a ese derecho, en la medida en que la jurisprudencia también se puede interpretar en el sentido de que el trabajador
         ha de tener derecho solamente a su «retribución normal». A continuación explicaré las consecuencias de esta interpretación.
         
      
      b)      Componente temporal de la «retribución normal»
      82.      Como he señalado al principio, el concepto de «retribución normal» tiene también un componente temporal. Como «normal», en
         el sentido natural de la palabra, sólo se puede designar algo que ha existido a lo largo de un determinado período de tiempo
         y que más tarde se puede utilizar como referencia para una comparación. Esta expresión esencialmente implica, como la Comisión (82) y los demandantes en el procedimiento principal (83) acertadamente han alegado, que se iguale una retribución de por sí oscilante en períodos regulares al importe de una ganancia
         media. Para apreciar una «retribución normal» es preciso, como acertadamente han reconocido los intervinientes en el procedimiento,
         que exista un período de referencia suficientemente representativo, y en el procedimiento principal se plantean a este respecto diversas alternativas. Bien se atiende a un período concreto en
         que el trabajador estuviera de vacaciones y se calcula una hipotética retribución media, o bien se atiende a un período anterior
         en que el trabajador haya estado activo de forma continuada y se calcula una retribución media. A ambas posibilidades alude
         la cuarta cuestión prejudicial. Sin embargo, de igual manera podría plantearse calcular una retribución uniforme de las vacaciones
         para cada una de las categorías de pilotos. Pero ninguna de las opciones que se barajan parece ser preferible desde el punto
         de vista práctico, pues ambas presentan tanto ventajas como inconvenientes. Por ejemplo, la primera opción tiene la desventaja
         de que no siempre va a ser posible determinar con seguridad qué tareas hubiese realizado presumiblemente el piloto que se
         encuentra de vacaciones durante ese período, habida cuenta de que, en función de la situación concreta, se puede presumir
         que en principio dichas tareas también podría haberlas realizado cualquier otro piloto. (84) Por su parte, la segunda opción podría generar dificultades en caso de empleados de reciente contratación, pues no habría
         ningún período de referencia real al que recurrir. (85) Con independencia de esto, las opciones primera y segunda, según han señalado los demandantes en el procedimiento principal, (86) en la práctica no darían lugar a diferencias cuantitativas significativas entre los importes obtenidos. 
      
      83.      En un análisis más detenido de la problemática planteada se aprecia con claridad que las ventajas e inconvenientes de cada
         opción, prolijamente expuestos por las partes del procedimiento principal, en su mayor parte se refieren al aspecto práctico
         de la aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas. Dicho de otra manera, tienen por objeto la cuestión de cuál
         de la opciones es más indicada para hacer efectivo el derecho consagrado por el ordenamiento jurídico de la Unión. Sin embargo,
         en un procedimiento prejudicial al Tribunal de Justicia se le pide que determine, mediante la interpretación, qué exigencias
         jurídicamente vinculantes impone el Derecho de la Unión a la legislación nacional de transposición (87) y que, en el marco de la cooperación judicial, se pronuncie sobre las cuestiones jurídicas que le ha planteado el órgano
         jurisdiccional remitente. En este contexto, el Tribunal de Justicia debería declarar en el presente asunto que el Derecho
         de la Unión, como la propia demandada en el procedimiento principal acertadamente señala, (88) no prescribe ninguna opción concreta.
      
      84.      A falta de requisitos más precisos en el plano del Derecho de la Unión, procede considerar que la competencia para establecer
         el período de referencia en cuestión, así como para calcular la correspondiente retribución media, reside en los Estados miembros,
         y que a tal efecto son determinantes, con arreglo a la cláusula 3 del Acuerdo europeo y al artículo 7 de la Directiva 2003/88,
         «las legislaciones y/o prácticas nacionales». De conformidad con su respectivo ordenamiento jurídico, incumbe al legislador
         nacional adoptar las disposiciones de aplicación necesarias, o a los interlocutores sociales acordar las normas convencionales
         colectivas, que creen las condiciones precisas para que se pueda obtener esta retribución media.
      
      85.      Lo mismo sucede con el Derecho laboral internacional, del cual se podrían haber extraído importantes principios. Si bien el
         tenor literal del artículo 7, apartado 1, del Convenio 132 de la OIT sugiere como principio la determinación de una ganancia
         media, esa misma disposición dispone expresamente que toda persona que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones
         del presente Convenio percibirá, por el período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración normal o media. Esta alternativa tiene por objeto, evidentemente, dar cuenta de las relaciones laborales específicas en que los trabajadores
         no perciben una retribución normal. En cambio, nada dice acerca de cómo calcular dicha retribución media y, sobre todo, en
         qué período de referencia debe basarse el cálculo. Por el contrario, se remite a la competencia de cada Estado, al disponer
         que la retribución sea «calculada en la forma que determine en cada país la autoridad competente o el organismo apropiado».
      
      c)      Principio de no discriminación
      86.      De la forma aquí defendida de entender la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho del trabajador
         no ha de ir más allá de su «retribución normal», se deduce, por un lado, la necesidad de igualar y de calcular una retribución
         media. Esto, a su vez, excluye la acumulación automática del salario base con todos los complementos, siempre que estos últimos
         no se abonen con regularidad. A este respecto, hay que dar la razón al Gobierno danés (89) cuando alega que la inclusión de esos complementos en el importe medio de la retribución sólo es imperativa cuando dichos
         componentes del salario presenten carácter sistemático. 
      
      87.      Además, este concepto implica esencialmente que todo trabajador que se toma sus vacaciones no debe ser tratado, desde el punto
         de vista financiero, de forma diferente que cuando está trabajando. Y esto, habida cuenta de la finalidad perseguida por el
         derecho a vacaciones anuales retribuidas, se refiere primordialmente a perjuicios económicos para el trabajador. Pero no significa
         que el trabajador que toma vacaciones deba disfrutar de unas condiciones económicas mejores que los demás. En efecto, la concesión
         de una «retribución normal» quiere decir que en principio también se deben aplicar las limitaciones habituales, y esto afecta
         respectivamente a los límites anuales y de otro tipo que se imponen a la medida o al período de tiempo en que el trabajador
         puede realizar una actividad retribuida con la concesión de un complemento. Dichos límites deben tener el correspondiente
         reflejo en el cálculo de la retribución de las vacaciones. 
      
      4.      Conclusión parcial
      88.      Se ha de responder a la cuarta cuestión prejudicial que, en una situación como la del procedimiento principal, en que el importe
         de la retribución es variable, el trabajador tiene derecho a una retribución de las vacaciones que se corresponda con su retribución
         media. El cálculo de esa retribución media se debe realizar tomando como referencia un período de tiempo suficientemente representativo.
      
      89.      Se ha de responder a la quinta cuestión prejudicial que, para calcular esta retribución media se deben tener en cuenta tanto
         los complementos que corresponden al trabajador de forma habitual como parte de su retribución, como también las restricciones
         en forma de límites anuales y de otro tipo que se imponen a la medida o al período de tiempo en que el trabajador puede realizar
         una actividad retribuida con la concesión de un complemento. 
      
      VII. Conclusión
      90.      Habida cuenta de las consideraciones precedentes propongo al Tribunal de Justicia responder de la siguiente forma a la cuestión
         planteada por la Supreme Court:
      
      «1)      El artículo 7 de la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados
         aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y la cláusula 3 del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo
         del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport
         Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International
         Air Carrier Association (IACA), que se adjunta a la Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, se han de
         interpretar en el sentido de que el cálculo de la retribución de las vacaciones se debe realizar con arreglo a las legislaciones
         de los Estados miembros y/o con arreglo a las prácticas de los Estados miembros.
      
      2)      A este respecto, en principio la retribución de las vacaciones ha de ser de un importe que se corresponda con la retribución
         normal del trabajador. En cualquier caso, no satisface las exigencias del Derecho de la Unión una compensación financiera
         si su importe es el estrictamente necesario para que no exista un riesgo razonable de que el trabajador renuncie a tomar sus
         vacaciones anuales.
      
      3)      En una situación como la del procedimiento principal, en que el importe de la retribución es variable, el trabajador tiene
         derecho a una retribución en concepto de vacaciones que se corresponda con su retribución media. El cálculo de esta retribución
         media se debe realizar tomando como referencia un período de tiempo suficientemente representativo.
      
      4)      Para calcular esta retribución media y los complementos que corresponden al trabajador de forma habitual como parte de su
         retribución, se deben tener en cuenta tanto los complementos que corresponden al trabajador de forma habitual como parte de
         su retribución, como también las restricciones en forma de límites anuales y de otro tipo que se imponen a la medida o al
         período de tiempo en que el trabajador puede realizar una actividad retribuida con la concesión de un complemento.»
      
      1 –	Lengua original: alemán.
      
      2 –	DO L 299, p. 9.
      
      3 –	Directiva del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del
         tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European
         Transport Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA)
         y la International Air Carrier Association (IACA) (DO L 302, p. 57).
      
      4 –	De acuerdo con las denominaciones utilizadas en el TUE y en el TFUE, emplearemos aquí la expresión «Derecho de la Unión»
         como designación conjunta del Derecho comunitario y del Derecho de la Unión. En lo sucesivo, cuando se trate de disposiciones
         individuales de Derecho primario, se mencionarán las que estén en vigor ratione temporis.
      
      5 –	DO L 307, p. 18.
      
      6 –	SI 2004 nº 756.
      
      7 –	Conclusiones presentadas el 24 de enero de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia de 20 de enero de 2009, Schultz-Hoff
         y otros (C‑350/06 y C-520/06, Rec. p. I‑179), punto 38.
      
      8 –	DO 2007, C 303, p. 1.
      
      9 –	Esta disposición, según las Explicaciones a la Carta (DO 2007, C 303, p. 17), se basa en la Directiva 93/104, en el artículo
         2 de la Carta Social Europea de 1961 y en el punto 8 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
         Trabajadores, de diciembre de 1989.
      
      10 –	Véase la sentencia de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci (C‑555/07, Rec. p. I‑0000), apartado 22.
      
      11 –	Véase Jarass, H.D.: Charta der Grundrechte der Europäischen Union – Kommentar, Múnich 2010, artículo 31, marg. 3, p. 277, y artículo 51, marg. 6, p. 413.
      
      12 –	Véase la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Vicente Pereda (C‑277/08, Rec. p. I‑8405), apartado 18.
      
      13 –	Véanse las sentencias de 15 de abril de 2008, Impact (C‑268/06, Rec. p. I‑2483), apartado 58; de 23 de abril de 2009, Angelidaki
         y otros (C‑378/07 a C‑380/07, Rec. p. I‑3071), apartado 195, y de 16 de julio de 2009, Gómez-Limón (C‑537/07, Rec. p. I‑6525),
         apartado 34. Egger, J.: «Rechtswirkungen von Rahmenvereinbarungen im Sozialbereich», Neueste Entwicklungen im Zusammenspiel von Europarecht und nationalem Recht der Mitgliedstaaten (coord. Waldemar Hummer), Viena 2010, p. 223, señala que a los acuerdos en sí mismos sigue sin corresponderles efecto normativo.
         Sólo con la Decisión del Consejo se transforma el acuerdo marco de forma inmediata en Derecho derivado de la Unión y se somete
         a la interpretación por el Tribunal de Justicia.
      
      14 –	Véase Rebhahn, R.: EU-Kommentar (coord. Jürgen Schwarze), 2ª ed., Baden-Baden 2009, artículo 139 CE, margs. 4 y 10, pp. 1378 y 1379, quien señala que la
         aplicación de un acuerdo entre interlocutores sociales mediante una decisión del Consejo da lugar a un acto jurídico de la
         Unión Europea. La competencia para interpretar la Directiva y el Acuerdo que en ella se recoge corresponde al Tribunal de
         Justicia.
      
      15 –	El undécimo considerando de la Directiva 2000/79 confirma de la siguiente manera el respeto del principio de subsidiariedad:
         «Dado el alto grado de integración del sector de la aviación civil y las condiciones de competitividad que en él imperan,
         los objetivos de la presente Directiva por lo que respecta a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
         no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, se requiere una acción a escala
         comunitaria. De conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado la presente Directiva
         no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.»
      
      16 –	Véase la sentencia de 12 de noviembre de 96, Reino Unido/Consejo (C‑84/94, Rec. p. I‑5755), apartado 47.
      
      17 –	Ibidem, apartado 47, y sentencia de 16 de marzo de 2006, Robinson-Steele (C‑131/04 y C‑257/04, Rec. p. I‑2531), apartado 57.
      
      18 –	Sentencia de 26 de junio de 2001, BECTU (C‑173/99, Rec. p. I‑4881), apartado 53.
      
      19 –	En este sentido, las alegaciones de la Comisión en el asunto BECTU, recogidas por el Abogado General Tizzano en sus conclusiones
         presentadas el 8 de febrero de 2001 en ese asunto, citado en la nota 18, punto 34.
      
      20 –	Véanse las sentencias BECTU, citada en la nota 18, apartado 53, y Schultz-Hoff y otros, citada en la nota 7, apartado 46,
         en que el Tribunal de Justicia reconoció que incumbe a los Estados miembros establecer, en su normativa interna, los requisitos
         para el ejercicio y la aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, pero dejó claro que dichos Estados no pueden
         supeditar a ningún tipo de requisito la propia constitución de este derecho, que se deriva directamente de la Directiva 93/104
         o de la Directiva 2003/88.
      
      21 –	Véase, sobre la influencia de la jurisprudencia en la interpretación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, Nowak, T.:
         «The Working Time Directive and The European Court of Justice», Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 15 (2008), nº 4, p. 447.
      
      22 –	Véase el Libro blanco sobre los sectores y las actividades excluidos del ámbito de aplicación de la directiva relativa
         a la ordenación del tiempo de trabajo, COM(97) 334 final, apartados 11 a 13.
      
      23 –	Ibidem, apartado 74.
      
      24 –	Véase Barnard, C.: EC Employment Law, 2ª ed., Oxford 2002, p. 403.
      
      25 –	Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del Acuerdo europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo
         del personal de vuelo en la aviación civil celebrado por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport
         Workers’ Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International
         Air Carrier Association (IACA), COM(2000) 382 final.
      
      26 –	El noveno considerando de la Directiva 2000/34 tiene el siguiente tenor: «Las disposiciones vigentes relativas a las vacaciones
         anuales y a la evaluación de la salud por lo que respecta al trabajo nocturno y al trabajo por turnos deben extenderse para
         incluir a los trabajadores móviles de los sectores y actividades excluidos.» En este sentido, Rofes i Pujol, M.I.: «Comentario
         de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», Cuadernos Europeos de Deusto, 2009, nº 41, p. 165.
      
      27 –	El décimo considerando de la Directiva 2000/34 tiene el siguiente tenor: «Las disposiciones vigentes relativas al tiempo
         de trabajo y de descanso deben adaptarse en el caso de los trabajadores móviles de los sectores y actividades excluidos.»
      
      28 –	El decimosexto considerando de la Directiva 2000/79 tiene el siguiente tenor: «La aplicación de la presente Directiva no
         debería justificar ningún tipo de regresión en relación con la situación ya existente en cada uno de los Estados miembros.»
      
      29 –	Véanse las sentencias BECTU, citada en la nota 18, apartado 43; de 18 de marzo de 2004, Merino Gómez (C‑342/01, Rec. p. I‑2605),
         apartado 29, y Robinson-Steele y otros, citada en la nota 17, apartado 48; sobre la Directiva 2003/88, véanse las sentencias
         Schultz-Hoff y otros, citada en la nota 7, apartado 22; Vicente Pereda, citada en la nota 12, apartado 18, y de 22 de abril
         de 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols (C‑486/08, Rec. p. I‑0000), apartado 28.
      
      30 –	Véanse las sentencias BECTU, citada en la nota 18, apartado 44; Merino Gómez, citada en la nota 29, apartado 30; Schultz-Hoff
         y otros, citada en la nota 7, apartado 23, y Vicente Pereda, citada en la nota 12, apartado 21.
      
      31 –	Véanse las sentencias Schultz-Hoff y otros, citada en la nota 7, apartado 25, y Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser
         Tirols, citada en la nota 29, apartado 30.
      
      32 –	Sentencia Robinson-Steele y otros, citada en la nota 17, apartado 58.
      
      33 –	Véase el apartado 16 de las alegaciones escritas del Gobierno danés.
      
      34 –	La interpretación del artículo 12 del Convenio nº 132 de la OIT permite llegar también a esta conclusión. Conforme a dicha
         disposición, los acuerdos por los que se renuncie al derecho a las vacaciones anuales pagadas prescritas como mínimo en el
         párrafo 3 del artículo 3 del presente Convenio o por los que se renuncie a tales vacaciones a cambio de indemnización o de
         otro modo serán nulos y sin efectos o prohibidos, según sea apropiado a las condiciones nacionales. De forma similar, Blanpain, R.:
         «The Holidays With Pay Convention of the ILO (N° 132): a Commentary», The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, vol. 16/4, 2000, p. 364.
      
      35 –	Sentencia Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, citada en la nota 29, apartado 29.
      
      36 –	DO L 348, p. 1.
      
      37 –	(C‑471/08, Rec. p. I‑0000).
      
      38 –	(C-194/08, Rec. p. I-0000).
      39 –	Sentencia Parviainen, citada en la nota 37, apartado 50, y sentencia Gassmayr, citada en la nota 38, apartado 61.
      
      40 –	Sentencia Parviainen, citada en la nota 37, apartado 62.
      
      41 –	Véanse, por ejemplo, las versiones alemana («bezahlt»), francesa («payé»), danesa («med løn»), española («retribuidas»), portuguesa («remuneradas»), eslovena («plačanega»), italiana («retribuite»), sueca («betald») y neerlandesa («betaald»).
      42 –	Convenio 132, relativo a las vacaciones anuales pagadas (revisado en 1970), adoptado por la Conferencia General de la Organización
         Internacional del Trabajo el 24 de junio de 1970 y que entró en vigor el 30 de junio de 1973.
      
      43 –	Convenio 52, relativo a las vacaciones anuales pagadas, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional
         del Trabajo el 24 de junio de 1936 y que entró en vigor el 22 de septiembre de 1939.  Este Convenio recibió una nueva redacción
         en el Convenio 132, pero sigue estando abierto a la ratificación. 
      
      44 –	Citada en la nota 7, apartado 38. Véase el debate en la doctrina sobre el significado que les corresponde a los convenios
         de la OIT en el ordenamiento jurídico de la Unión. Korda, M. y Pennings, F.: «The legal character of international social
         security standards», European Journal of Social Security, vol. 10 (2008), nº 2, p. 132, en cuya opinión la Unión Europea carece de competencias para establecer normas jurídicamente
         vinculantes de la seguridad social. Por este motivo, entiende que los convenios firmados en el marco de la OIT y del Consejo
         Europeo son de importancia capital para el desarrollo de normas internacionales en materia de seguridad social. Bercusson, B.:
         «The European Court of Justice, Labour Law and ILO Standards», 50 Jahre EU – 50 Jahre Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeits- und Sozialrecht, Baden-Baden 2008, pp. 58 y 59, aboga por un papel activo del Tribunal de Justicia en la constitucionalización del modelo
         social europeo, que en la interpretación del Derecho primario y derivado de la Unión debe tener en cuenta los principios de
         la OIT. Murray, J.: «The Working Time Directive and Future Prospects for ILO Rules on Working Time», Transnational Labour Regulation – The ILO and EC compared, p. 175, considera que entre la Directiva sobre el tiempo de trabajo y el Derecho de la OIT existe una gran convergencia en
         lo que respecta al objeto y a la finalidad de la legislación.
      
      45 –	Citada en la nota 7, apartado 60.
      
      46 –	Véanse mis conclusiones en los asuntos C‑350/06 y C‑520/06, citadas en la nota 7, punto 38.
      
      47 –	Véanse los apartados 41, 43 y 76 de las alegaciones escritas de la demandada en el procedimiento principal.
      
      48 –	Véase Leible/Streinz: EUV/EGV, Múnich 2003, artículo 95, marg. 44, p. 1248.
      
      49 –	Véase el apartado 74 de las alegaciones escritas de la demandante en el procedimiento principal.
      
      50 –	Citada en la nota 7, apartados 57 a 62.
      
      51 –	Véase la sentencia Impact, citada en la nota 13, apartado [122].
      
      52 –	Sentencia de 13 de septiembre de 2007 (C‑307/05, Rec. p. I‑7109).
      
      53 –	Sentencia Impact, citada en la nota 13, apartado 124.
      
      54 –	Ibidem, apartado 129.
      
      55 –	Véanse las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas el 9 de enero de 2008 en el asunto en que recayó la sentencia
         Impact, citada en la nota 13, punto 175.
      
      56 –	En este sentido, Rebhahn, R., ibidem (nota 14), artículo 137, marg. 56, p. 1363.
      
      57 –	Según Böhnert, S.: Das Recht der ILO und sein Einfluss auf das deutsche Arbeitsrecht im Zeichen der europäischen Integration, Baden-Baden 2002, p. 100, los convenios de la OIT se sirven de las llamadas «cláusulas de flexibilidad». Por tales se entienden
         diversas medidas, entre las que figuran la utilización de términos amplios y la cesión de una amplia discrecionalidad en el
         cumplimiento de las obligaciones o en la fijación de los objetivos que se quieren alcanzar.
      
      58 –	Véanse mis conclusiones presentadas el 14 de abril de 2010 en el asunto en que recayó la sentencia de 15 de julio de 2010,
         Comisión/Alemania (C‑271/08, Rec. p. I‑0000), punto 77.
      
      59 –	Según el artículo 6 de la Carta Social Europea, recogido literalmente en el artículo 6 de la Carta Social Europea revisada,
         suscrita el 3 de mayo de 1996 en Estrasburgo, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva,
         las partes contratantes se comprometen, entre otras cosas, a favorecer la concertación paritaria entre trabajadores y empleadores,
         y a promover, cuando ello sea necesario y conveniente, el establecimiento de procedimientos de negociación voluntaria entre
         empleadores u organizaciones de empleadores, de una parte, y organizaciones de trabajadores de otra, con objeto de regular
         las condiciones de empleo por medio de convenios colectivos.
      
      60 –	Según el punto 12 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, los empresarios o
         las organizaciones de empresarios, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho, en las condiciones
         establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales, a negociar y celebrar convenios colectivos.
      
      61 –	Según el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los trabajadores y los empresarios,
         o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales,
         tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de
         intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga.
      
      62 –	Véase, en el punto 42 de las presentes conclusiones, mi exposición sobre el método normativo diferenciado que ha aplicado
         el legislador de la Unión y que finalmente ha llevado a la adopción de la Directiva 2000/79 para el sector específico de la
         aviación civil.
      
      63 –	Véanse los puntos 38, 45, 53, 54 y 55 de las presentes conclusiones.
      
      64 –	Sentencia de 8 de septiembre de 2005, McKenna (C‑191/03, p. I‑7631), apartado 29.
      
      65 –	El artículo 1, letra a), del Convenio 100 de la OIT tiene el siguiente tenor: «el término remuneración comprende el salario
         o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa
         o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último».
      
      66 –	Véase Krebber, S.: EUV/EGV – Kommentar (coord. Christian Calliess/Matthias Ruffert), 3ª ed., Múnich 2007, artículo 141, marg. 23, p. 1629.
      
      67 –	Sentencia McKenna, citada en la nota 64, apartado 29.
      
      68 –	Véase Eichenhofer, E.: EUV/EGV – Kommentar, Múnich 2003, artículo 141 CE, marg. 10, p. 1530.
      
      69 –	Véase Rebhahn, R., ibidem (nota 14), artículo 141 CE, marg. 10, p. 1386.
      
      70 –	Véase el apartado 73 de las alegaciones escritas de los demandantes en el procedimiento principal.
      
      71 –	Sentencia Parviainen, citada en la nota 37, apartados 49 y 50.
      
      72 –	Véase Krebber, S., op. cit. (nota 66), marg. 25, p. 1630.
      
      73 –	Véase la sentencia del Employment Tribunal de 11 de mayo de 2007, Mrs S A Williams and others/British Airways Plc (Case
         Number: 3314875/2006), apartados 27 y 29, p. 8 (anexo 2 del escrito de la demandada en el procedimiento principal), así como
         el resumen de los hechos de la Supreme Court («Agreed Statement of Facts and Issues in the Supreme Court of the United Kingdom»),
         apartado 8, p. 3 (anexo 1 de las alegaciones escritas de la demandada en el procedimiento principal).
      
      74 –	Véase el apartado 11 de las alegaciones escritas de los demandantes en el procedimiento principal.
      
      75 –	Fuchs, M./Marhold, F.: Europäisches Arbeitsrecht, 2ª ed., Viena 2006, 123.
      
      76 –	Véase la sentencia de 17 de octubre de 1989, Danfoss (109/88, Rec. p. 3199), apartado 3.
      
      77 –	Véase la sentencia de 30 de marzo de 2000, Jämställdhetsombudsmannen (C‑236/98, Rec. p. I‑2189), apartados 39 y ss.
      
      78 –	Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2007, Voß (C‑300/06, Rec. p. I‑10573), apartados 12 y ss.
      
      79 –	Véanse las sentencias de 4 de junio de 1992, Bötel (C‑360/90, Rec. p. I‑3589), apartado 13, y de 6 de febrero de 1996,
         Lewark (C‑457/93, Rec. p. I‑243), apartado 23.
      
      80 –	Véase Krebber, S., ibidem. (nota 66), marg. 28, p. 1631.
      
      81 –	Véase la sentencia de 9 de febrero de 1999, Seymour-Smith (C‑167/97, Rec. p. I‑623), apartado 28.
      
      82 –	Véase el apartado 27 de las alegaciones escritas de la Comisión.
      
      83 –	Véanse los apartados 55 y 100 de las alegaciones escritas de los demandantes en el procedimiento principal.
      
      84 –	Véanse los apartados 42 y 74 de las alegaciones escritas de la demandada en el procedimiento principal.
      
      85 –	Ibidem, apartado 42.
      
      86 –	Ibidem, apartado 102.
      
      87 –	En efecto, la interpretación que da el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho de la Unión, esclarece y precisa el
         significado y el alcance de ésta tal y como debe o hubiera debido entenderse y aplicarse desde el momento de su entrada en
         vigor (véanse las sentencias de 27 de marzo de 1980, Denkavit italiana, 61/79, Rec. p. 1205, apartado 16; de 10 de febrero
         de 2000, Deutsche Telekom, C‑50/96, Rec. p. I‑743, apartado 43, y de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz, C‑453/00, Rec. p. I‑837,
         apartado 21).
      
      88 –	Véase el apartado 42 de las alegaciones escritas de la demandada en el procedimiento principal. 
      
      89 –	Véase el apartado 20 de las alegaciones escritas del Gobierno danés.