CELEX: E1998C0045
Language: es
Date: 1998-03-04 00:00:00
Title: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC N° 45/98/COL de 4 de marzo de 1998 sobre la decimotercera modificación de las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado

23. 4. 98       ¬ ES ¬                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                L 120/27
                                    ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
                 ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
                        DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
                                                      No 45/98/COL
                                                 de 4 de marzo de 1998
          sobre la decimotercera modificación de las Normas sustantivas y de procedimiento en
                                             materia de ayudas de Estado
          EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
          ha modificado las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado (1)
          adoptadas el 19 de enero de 1994 (2) y modificadas por última vez el 17 de diciembre de 1997 (3)
          como sigue:
          Las siguientes normas sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo y la lista de países
          cuyos riesgos son negociables (a los efectos de la aplicación de las normas en el capítulo 17A
          sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo) se añadirán a las Directrices sobre
          ayudas de Estado como un nuevo capítulo, el capítulo 17A, y un nuevo anexo IX, respectiva-
          mente.
          «17A.    SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN A CORTO PLAZO (1)
            17A.1. Introducción
            1.     Las subvenciones a la exportación influyen directamente sobre la competencia en el
                   mercado entre proveedores potenciales rivales de bienes y servicios. La Comisión y el
                   Órgano de Vigilancia de la AELC reconocen estos efectos perniciosos, por lo que
                   siempre han condenado estrictamente las ayudas a la exportación en el comercio dentro
                   del Espacio Económico Europeo (EEE) (2). Sin embargo, aunque el apoyo de los Estados
                   del EEE a sus exportaciones fuera del EEE puede afectar a la competencia en el seno de
                   este último (3), ni la Comisión ni el Órgano de Vigilancia de la AELC han intervenido de
                   forma sistemática en este ámbito con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado del
                   Tratado (artículos 92 a 94) o del Acuerdo EEE (artículo 61 y artículo 1 del Protocolo no 3
                   del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción). Esto se debe a distintos motivos. En primer
                   lugar, las disposiciones del Tratado referentes al comercio exterior, es decir, los artículos
                   112 y 113, rigen este ámbito parcialmente. En segundo lugar, las ayudas a la exportación
                   a terceros países no sólo afectan a la competencia dentro de la Comunidad o del EEE
                   sino también a la competitividad de los exportadores EEE frente a la de los socios
                   comerciales de los Estados del EEE, que conceden ayudas similares. Por último, en el
                   marco de la OCDE y la OMC se ha avanzado en el control de las ayudas.
          (1) En adelante denominadas «Directrices sobre ayudas de Estado.».
          (2) DO L 231 de 3. 9. 1994, p. 1; suplemento EEE del DO 32 de 3. 9. 1994.
          (3) DO C 38 de 5. 2. 1998, p. 19; suplemento EEE del DO 5 de 5. 2. 1998, p. 214.
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         2.    Aunque, hasta el momento de la aprobación de la Comunicación relativa a las presentes
               Normas, la Comisión se ha abstenido de ejercer sus poderes de control de las ayudas de
               Estado en el ámbito de los créditos a la exportación y del seguro de crédito a la exporta-
               ción, las actividades del Grupo del Consejo sobre créditos a la exportación (4) y los liti-
               gios ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (5) reflejan, en opinión de
               la Comisión, que, al menos en el área del seguro de crédito a la exportación en opera-
               ciones a corto plazo, las distorsiones, reales o potenciales, podrían justificar la iniciativa
               de la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado sin necesidad de esperar
               a los avances que se produzcan en otros frentes.
         3.    El Acuerdo EEE no contempla una política comercial común frente a terceros países,
               por lo que no contiene disposiciones correspondientes a las de los artículos 112 y 113
               del Tratado CE. Por consiguiente, el Acuerdo EEE no restringe, del modo en que lo hace
               el Tratado CE respecto de los Estados miembros de la Unión Europea, la libertad de los
               Estados de la AELC de promover el comercio con terceros países, siempre que las
               medidas no afecten al comercio entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE. Sin
               embargo, tal como se señaló arriba, medidas de este tipo pueden afectar a la competencia
               y al comercio dentro del EEE. Además, las distorsiones de la competencia pueden regis-
               trarse no sólo entre exportadores de distintos Estados del EEE en su comercio dentro y
               fuera del EEE, sino también entre empresas aseguradoras de crédito a la exportación que
               presten sus servicios en el EEE. El Órgano de Vigilancia, por consiguiente, considera
               que, por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 61 del Acuerdo EEE y del artículo
               1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, la situación es semejante a
               la de la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE. En otras palabras, las distor-
               siones reales o potenciales de competencia y comercio dentro del EEE exige la actuación
               del Órgano de Vigilancia con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado.
         4.    El objeto de las presentes normas es suprimir estas distorsiones debidas a la ayuda de
               Estado en el sector comercial del seguro de crédito a la exportación en el que compiten
               los aseguradores de crédito a la exportación privados y los públicos o con apoyo público.
               Este sector comercial del seguro de crédito a la exportación se refiere a los seguros de
               riesgos de crédito a la exportación a corto plazo dentro del EEE y con muchos países
               terceros. Estos riesgos se denominan “negociables” y se definen más adelante en la
               sección 17A.2. La definición abarca actualmente sólo los riesgos denominados “comer-
               ciales”, en contraposición con los riesgos “políticos”, en el comercio dentro del EEE y
               con la mayoría de los países miembros de la OCDE que se enumeran en el anexo IX de
               las presentes Directrices. Aunque los Estados de la AELC han realizado importantes
               esfuerzos para eliminar las ayudas del sector comercial del seguro de crédito a la exporta-
               ción, el buen funcionamiento del Acuerdo EEE exige salvaguardar esta igualdad de
               condiciones en todas las circunstancias.
         5.    Las presentes normas no se refieren a los seguros de riesgos de crédito a la exportación a
               medio y largo plazo, que actualmente son en su mayoría no negociables. En este ámbito,
               los factores que han conducido a la Comisión y al Órgano de Vigilancia de la AELC a
               no hacer uso extensivo de sus poderes de control de las ayudas de Estado continúan
               estando en contra de tal iniciativa.
         6.    La sección 17A.2 de las presentes normas describe la estructura del mercado del seguro
               de crédito a la exportación, y por lo que se refiere al sector comercial o de mercado, en
               el que operan aseguradores privados y al que se refieren las presentes normas, establece
               una diferencia entre, por un lado, los aseguradores de crédito a la exportación privados y
               los públicos o con apoyo público. Asimismo explica por qué y en qué medida se aplican
               las disposiciones del Acuerdo EEE referentes a las ayudas de Estado. Por último, en la
               sección 17A.4, el Órgano de Vigilancia define las iniciativas que considera necesarias con
               objeto de garantizar la desaparición del sector comercial de las ayudas de Estado exis-
               tentes correspondientes a los tipos enumerados en la sección 17A.3 y solicita a los
               Estados de la AELC, con arreglo el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo no 3 del
               Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, que tomen dichas iniciativas en caso necesario.
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          17A.2. Sectores comerciales y no comerciales del seguro de crédito a la exportación a
                 corto plazo
          1.     El informe del Grupo del Consejo sobre crédito a la exportación mencionado en la nota
                 a pie de página del apartado 17A.1.2 más arriba (en adelante “el informe”), sí como las
                 denuncias presentadas ante la Comisión por aseguradores privados de crédito a la expor-
                 tación y los litigios ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas muestran
                 que en algunos Estados miembros los mismos organismos “oficiales” de crédito a la
                 exportación que garantizan los riesgos a medio o largo plazo de los exportadores por
                 cuenta o con la garantía del Estado (6) ELC operan también por cuenta o con garantía del
                 Estado en algunos ámbitos del seguro de crédito a la exportación a corto plazo en los
                 que aquéllos compiten con los aseguradores privados que carecen de dichos vínculos
                 estatales. Del examen realizado previamente por el Órgano de Vigilancia de la AELC se
                 desprende que así ocurre en dos de los tres Estados de la AELC que son Partes del
                 Acuerdo EEE, es decir, Noruega e Islandia. Estos organismos “oficiales” de crédito a la
                 exportación pueden ser departamentos gubernamentales, empresas públicas o contro-
                 ladas por el Estado o empresas cuya propiedad o control están exclusivamente en manos
                 del sector privado. A los efectos de las presentes normas, estos organismos se denomina-
                 rán “aseguradores de crédito a la exportación públicos o con apoyo público”. Al igual que
                 los organismos “oficiales” que operan tanto a corto como a medio y largo plazo, algunos
                 aseguradores de crédito a la exportación de propiedad y control totalmente privados que
                 sólo ofrecen seguros a corto plazo pueden contar con el apoyo de sus Gobiernos
                 mediante garantías o contratos equivalentes de reaseguro en algunos de sus segmentos de
                 actividad comercial. También estos aseguradores deben considerarse “públicos o con
                 apoyo público”. Por otra parte, los aseguradores de crédito a la exportación que garan-
                 tizan principal o exclusivamente las operaciones a corto plazo y que no operan por
                 cuenta o con la garantía (7) del Estado en ninguno de los sectores de actividad se denomi-
                 narán “aseguradores privados de crédito a la exportación”.
          2.     El informe antes mencionado mostraba que cuando los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público operaban por cuenta o con la garantía del
                 Estado en sectores del mercado a corto plazo, en los que competían con los aseguradores
                 privados, disfrutaban de ciertas ventajas financieras que podían falsear la competencia en
                 detrimento de estos últimos. Los aseguradores de crédito a la exportación públicos o con
                 apoyo público no tienen en ningún país el monopolio sobre las operaciones a corto
                 plazo.
          3.     Uno de los ámbitos más espinosos estudiados por el informe era el reaseguro por el
                 Estado, tanto directa como indirectamente. El informe señalaba la existencia de contratos
                 de reaseguro que suponían la cobertura del 100 % y equivalían a garantías como subven-
                 ción. Actualmente se reconoce que aquellos reaseguros en los que el Estado sólo parti-
                 cipa en un contrato de reaseguros del sector privado o viene a completarlo pueden
                 también suponer para los aseguradores que se beneficien de dicho contrato una ventaja
                 sobre los aseguradores privados que no gocen de dicha cobertura, falseando así la compe-
                 tencia.
          4.     A pesar de —los progresos recientemente realizados los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público tienden cada vez más a desprenderse de sus
                 actividades a corto plazo vendiéndolas a empresas independientes o separando las respec-
                 tivas contabilidades— se ha señalado ya que continúa siendo necesario tomar una inicia-
                 tiva con objeto de crear la deseada igualdad de condiciones. La primera tarea consiste en
                 determinar aquellos sectores en los que existe un mercado competitivo. En el informe se
                 utilizaba como criterio decisivo para distinguir el sector de mercado la existencia o no de
                 un reaseguro privado disponible en casos generales y no sólo en casos individuales. Se
                 comprobó que, por lo general, la respuesta era afirmativa para los riesgos comerciales de
                 compradores privados, pero que para los riesgos políticos (incluyendo los riesgos de los
                 compradores públicos, los riesgos de transferencia de divisas y los riesgos de siniestros no
                 comerciales) la capacidad disponible no bastaba para considerar que la cobertura de
                 dichos riesgos constituía a todas luces una actividad de mercado. Basándose en el análisis
                 del mercado privado de reaseguros en comparación con los tres criterios de duración,
                 situación y naturaleza de los riesgos asegurados, el informe consideraba que los riesgos
                 “negociables” constituían riesgos comerciales con un período de riesgo normalmente de
                 tres años como máximo para las exportaciones a todo el mundo.
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          5.     Las observaciones posteriores presentadas por los Estados miembros de la Comunidad,
                 los Estados de la AELC, las asociaciones comerciales y los aseguradores señalaron que, en
                 términos generales, esta definición era demasiado amplia. La mayor parte de los que
                 presentaron sugerencias estaban de acuerdo con el informe en que los riesgos políticos
                 deberían quedar excluidos, dado que el mercado privado de reaseguros no era lo suficien-
                 temente amplio, y preferían un período de riesgo máximo de dos años para los riesgos
                 comerciales. Asimismo, parecía muy difícil reasegurar en el mercado privado el riesgo
                 comercial derivado de la mora en países que no pertenecen a la OCDE.
          6.     Habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la mora y la insolvencial —dado
                 que es posible que los riesgos derivados de la mora acaben en insolvencia— y la consi-
                 guiente necesidad de clasificar ambos riesgos en la misma categoría (negociables o no
                 negociables), se considera prudente excluir todos los riesgos comerciales en países que
                 no pertenecen a la OCDE de la definición de “riesgos negociables” y del ámbito de apli-
                 cación de las presentes normas por el momento. Por último, parece que todavía existen
                 dificultades para obtener reaseguros privados de riesgos comerciales en algunos países de
                 la OCDE.
          7.     Habida cuenta de lo anterior, a los efectos de las presentes normas, los riesgos “negocia-
                 bles” se definen como riesgos comerciales de deudores no públicos (8) establecidos en los
                 enumerados en el anexo IX de estas Directrices. Para estos riesgos, el período máximo de
                 riesgo (es decir, fabricación más período de crédito con la fecha de comienzo normal de
                 la Unión de Berna y el plazo de crédito habitual) es inferior a dos años.
          8.     Todos los demás riesgos [es decir, políticos, catástrofes (9) y riesgos comerciales de los
                 compradores públicos de los países no enumerados en el anexo IX] se consideran no
                 negociables todavía.
          9.     A los efectos de las presentes normas, constituyen “riesgos comerciales”:
                 — la renuncia arbitraria de un contrato por el deudor, es decir, cualquier decisión arbi-
                     traria tomada por un deudor no público de interrumpir o rescindir el contrato sin
                     causa justificada,
                 — la negativa del deudor no público a aceptar los bienes a que se refiere el contrato sin
                     causa justificada,
                 — la insolvencia del deudor no público o de su garante,
                 — el impago por parte del deudor no público o por parte de un garante de una deuda
                     resultante del contrato, es decir, la mora.
         10.     La capacidad del mercado de los reaseguros privados está sujeta a variaciones. Esto quiere
                 decir que la definición de riesgos negociables no es inmutable y puede cambiar con el
                 tiempo; por ejemplo, puede ampliarse con objeto de abarcar los riesgos políticos. Por
                 consiguiente, el Órgano de Vigilancia deberá revisar la definición periódicamente y,
                 concretamente, al menos una vez al año. El Órgano de Vigilancia consultará con los
                 Estados de la AELC y otras partes interesadas al efectuar dicha revisión. En la medida de
                 lo necesario, las modificaciones de la definición habrán de tener en cuenta el alcance de
                 la normativa EEE que rige el seguro de crédito a la exportación con objeto de evitar
                 cualquier tipo de conflicto o de inseguridad jurídica.
          17A.3. Factores que falsean la competencia entre los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público y los privados
          1.     Entre los factores que pueden falsear la competencia en beneficio de los aseguradores de
                 crédito a la exportación públicos o con apoyo público que aseguran riesgos negociables
                 se incluyen (10):
                 — las garantías estatales de hecho y de derecho sobre empréstitos y pérdidas. Dichas
                     garantías permiten a los aseguradores contraer préstamos a tipos inferiores a los tipos
                     normales del mercado o incluso es posible que no tengan que contraer ningún
                     préstamo. Además, eliminan la necesidad de los aseguradores de reasegurarse en el
                     mercado privado;
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                — cualquier diferencia, en comparación con los aseguradores privados, en lo que
                    respecta a la obligación de mantener reservas adecuadas. Cabe señalar que, cuando la
                    Directiva 73/239/CEE del Consejo (11) fue modificada por la Directiva 87/343/
                    CEE (12), quedaba entendido que la exclusión del seguro de crédito a la exportación
                    sobre operaciones por cuenta o con la garantía del Estado [letra d) del apartado 2 del
                    artículo 2 de la Directiva original] no incluía las operaciones en el sector de los
                    riesgos comerciales a corto plazo efectuadas por aseguradores de crédito a la exporta-
                    ción públicos o con apoyo público por su propia cuenta y sin la garantía del Esta-
                    do (13). Esto significa que, para asegurar riesgos comerciales a corto plazo, los asegura-
                    dores públicos o con apoyo público deben disponer de un determinado volumen de
                    fondos propios (margen de solvencia, incluyendo el fondo de garantía) y reservas
                    técnicas (concretamente una reserva de estabilización) y deben haber obtenido autori-
                    zación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes de la Directiva
                    73/239/CEE;
                — la reducción o la exención de impuestos pagaderos normalmente (por ejemplo, el
                    impuesto de sociedades y sobre pólizas de seguro);
                — la concesión de ayuda o las aportaciones de capital por parte del Estado. Por lo que
                    se refiere a estas últimas, hay que tener en cuenta el principio según el cual, a menos
                    que el Estado actúe como un inversor privado en una economía de mercado, las
                    inyecciones de capital constituyen ayuda de Estado (14); la prestación por el Estado de
                    servicios en especie tales como el acceso y la utilización gratuita de infraestructura o
                    instalaciones estatales o la información privilegiada (por ejemplo, información sobre
                    deudores obtenida por las embajadas) en condiciones que no reflejen su coste; y el
                    reaseguro por parte del Estado, ya sea directa o indirectamente a través de otro asegu-
                    rador de crédito a la exportación público o con apoyo público, en condiciones más
                    favorables que la ofrecidas en el mercado privado de reaseguros, que conduce a un
                    nivel de precios del reaseguro más bajos o a la creación artificial de capacidad que no
                    se obtendría en el mercado privado.
          2.    Los distintos tipos de trato enumerados en el punto 17A.3.1 suponen, o pueden suponer,
                para los aseguradores de crédito a la exportación beneficiarios una ventaja financiera
                frente a otros aseguradores de crédito a la exportación. Estas ventajas financieras conce-
                didas a determinadas empresas falsean la competencia y constituyen una ayuda de Estado
                a los efectos de apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.
          3.    El apartado 1 del artículo 61 se aplica a todas aquellas medidas que conceden una
                ventaja económica o financiera a determinadas empresas o productos y que suponen un
                coste o una pérdida para los fondos públicos, ya se real o potencial, y a cambio de la cual
                no se exige nada o poco al beneficiario, en tanto en cuanto dichas medidas afectan al
                comercio entre las Partes contratantes y falsean o amenazan con falsear la competencia al
                favorecer a determinadas empresas o la fabricación de determinados bienes (15).
          4.    Las ventajas financieras enumeradas en el punto 17A.3.1, por lo que se refiere a los
                riesgos negociables según se definen en los puntos 17A.2.7 a 17A.2.9, afectan al
                comercio de servicios dentro del EEE. Además, dan lugar a variaciones en la cobertura
                del seguro de riesgos negociables en distintos Estados del EEE, falseando así la compe-
                tencia entre empresas de los Estados del EEE y produciendo efectos secundarios sobre el
                comercio dentro del EEE independientemente de si corresponde a exportaciones dentro
                o fuera del territorio de las Partes contratantes (16). Las excepciones establecidas en el
                artículo 61 del Acuerdo EEE no se aplican a la ayuda para el seguro de riesgos negocia-
                bles. Los efectos de distorsión de esa ayuda dentro del EEE sobrepasan cualquier posible
                interés nacional o común del EEE en prestar apoyo a la exportación. La opinión anterior
                ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89, que
                se refería directamente al aspecto contemplado en las presentes normas. El Tribunal
                mantuvo que, aunque la Directiva sobre armonización parcial de las reservas de estabili-
                zación de empresas aseguradoras, por la que se eximía las operaciones de seguro de
                crédito a la exportación por cuenta o con la garantía del Estado, no era contraria de la
                ley, los factores que falseaban la competencia entre los aseguradores de crédito a la
                exportación privados y los aseguradores públicos o con apoyo público “podrían justificar
 ---pagebreak--- L 120/32     ¬ ES ¬                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 23. 4. 98
                el inicio de las acciones legales que permiten sancionar el incumplimiento de dichas
                normas” (17) (el artículo 92 del Tratado CE). En su sentencia en el asunto C-44/93, el
                Tribunal entendió que dichas ventajas constituyen una ayuda de Estado y confirmó que
                la Comisión podía tomar medidas para garantizar su supresión.
         17A.4. Medidas necesarias para eliminar el falseamiento de la competencia en el
                seguro de crédito a la exportación a corto plazo por lo que se refiere a los
                riesgos negociables
         1.     La ayuda de Estado correspondiente a los distintos tipos de trato enumerados en el punto
                17A.3.1, concedida a aseguradores de crédito a la exportación públicos o con apoyo
                público para los riesgos negociables definidos en los puntos 17A.2.7 a 17A.2.9, puede
                falsear la competencia y, por lo tanto, no podría ser objeto de una exención con arreglo a
                las normas sobre ayudas de Estado del Acuerdo EEE.
         2.     Por consiguiente, se solicita a los Estados del a AELC que, de conformidad con el apar-
                tado 1 del artículo 1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, modifi-
                quen cuando sea necesario sus sistemas de seguro de crédito a la exportación para riesgos
                negociables, de tal forma que, antes del 1 de enero de 1999, se ponga fin a la concesión
                de los siguientes tipos de ayudas de Estado a aseguradores de crédito a la exportación
                públicos o con apoyo público correspondientes a dichos riesgos:
                a) garantías estatales sobre empréstitos o pérdidas;
                b) exención de la obligación de constituir reservas adecuadas y de las demás obligaciones
                    enumeradas en el segundo guión del punto 17A.3.1;
                c) reducción o exención de impuestos u otros gravámenes pagaderos normalmente;
                d) concesión de ayuda a aportaciones de capital u otras formas de financiación en
                    circunstancias en las que un inversor privado que actuase en unas condiciones
                    normales de mercado no hubiera invertido en la empresa o en condiciones que no
                    aceptaría un inversor privado;
                e) prestación, por parte del Estado, de servicios en especie, tales como acceso y utiliza-
                    ción de infraestructuras e instalaciones estatales, o información privilegiada (por ejem-
                    plo, información sobre deudores obtenida por embajadas), en condiciones que no
                    reflejan su coste, y
                f) reaseguro por parte del Estado, ya sea directa o indirectamente a través de otro asegu-
                    rador de crédito a la exportación público o con apoyo público, en condiciones más
                    favorables que las ofrecidas en el mercado privado de reaseguros, que conduce a un
                    nivel de precios del reaseguro más bajos o a la creación artificial de capacidad que no
                    se obtendría en el mercado privado.
         3.     No obstante, hasta que se efectúe la revisión mencionada en el punto 17A.4.6, seguirán
                permitiéndose los contratos complementarios estatales de reaseguro vigentes durante el
                período intermedio, siempre que:
                — el reaseguro estatal constituya un elemento minoritario en el paquete global de rease-
                     guro del asegurador,
                — cuando los contratos de reaseguro del asegurador combinen riesgos negociables y no
                     negociables y, por lo tanto, cualquier reaseguro estatal lleve consigo inevitablemente
                     riesgos negociables, el nivel de reaseguro estatal de riesgos negociables no exceda del
                     que hubiera estado disponible en el mercado privado de reaseguro si se hubiese
                     tratado de reasegurar únicamente dichos riesgos,
                — el reaseguro estatal no permita al asegurador operaciones de compradores indivi-
                     duales que superen los límites establecidos por los reaseguradores privados partici-
                     pantes,
                — se pueda demostrar que la prima del reaseguro estatal refleja el riesgo, que se ha
                     calculado utilizando técnicas comerciales de mercado, y que, cuando exista una tarifa
                     de prima de mercado equivalente, es, por lo menos, igual a dicha tarifa,
                — el reaseguro estatal de riesgos negociables esté abierto a todos los aseguradores de
                     crédito que satisfagan los criterios habituales pertinentes.
 ---pagebreak--- 23. 4. 98      ¬ ES ¬                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 L 120/33
          4.      Para poder cumplir los puntos 17A.4.2 a 17A.4.3, los aseguradores de crédito a la expor-
                  tación públicos o con apoyo público deberán, como mínimo, tener una administración y
                  llevar una contabilidad separadas de sus seguros de riesgo negociables y no negociables
                  por cuenta o con la garantía del Estado, en la que se demuestre que no disfrutan de
                  ayuda de Estado en sus seguros de riesgo negociables. La contabilidad de las operaciones
                  aseguradas por cuenta propia del asegurador deberá ajustarse a lo dispuesto en el acto
                  mencionado en el punto 12b del anexo IX del Acuerdo EEE (18).
          5.      Además, cualquier Estado de la AELC que cubra mediante un reasugro a un asegurador
                  de crédito a la exportación mediante la participación o implicación en contratos de
                  reaseguro del sector privado que abarquen riesgos negociables y no negociables habrá de
                  demostrar que dichos contratos no contienen elementos de ayuda de Estado en los
                  términos de la letra f) del punto 17A.4.2.
          6.      A este fin, el Órgano de Vigilancia de la AELC, en estrecha relación con los Estados de
                  la AELC, supervisará permanentemente, a partir de la publicación de las presentes
                  normas, dichos contratos basándose en informes semestrales presentados por los Estados
                  de la AELC interesados y, a finales de febrero de 1999, realizará una revisión exhaustiva
                  de los mismos. Esta revisión tendrá en cuenta los conocimientos y experiencias adqui-
                  ridos entre tanto en relación con el funcionamiento del mercado de seguros de crédito a
                  la exportación a corto plazo y la intervención de los Estados de la AELC en el mismo a
                  partir de los informes de ejecución presentados con arreglo al punto 17A.4.14, de la
                  primera revisión anual que se efectuará con arreglo al punto 17A.4.15 y de cualquier
                  notificación sobre la utilización de la cláusula de salvaguardia contemplada en los puntos
                  17A.4.8 a 17A.4.13. Si de la revisión se desprendiese que los contratos existentes en un
                  Estado de la AELC constituyen una ayuda de Estado, se exigirá a dicho Estado que
                  ponga fin a los mismos a más tardar a finales de 1999.
          7.      En las circunstancias que se enumeran a continuación en los puntos 8 a 13 (cláusula de
                  salvaguardia), se podrá establecer una excepción al principio de que el seguro de crédito
                  a la exportación para riesgos negociables únicamente deberá ser contratado con asegura-
                  dores de crédito a la exportación públicos o con apoyo público si se les priva de las
                  ventajas financieras contempladas en el punto 17A.4.2, en relación con el punto 17A.4.3.
          8.      El algunos países es posible que, debido a una falta de capacidad de asegurar o reasegurar
                  de los aseguradores privados de crédito a la exportación o de aseguradores públicos o con
                  apoyo público que operen por su propia cuenta, no exista temporalmente cobertura de
                  los riesgos negociables de crédito a la exportación. Por consiguiente, estos riesgos se
                  considerarán temporalmente no negociables.
          9.      En estas circunstancias, estos riesgos no negociables temporalmente pueden ser inscritos
                  en la cuenta de un asegurador de crédito a la exportación público o con apoyo público
                  de riesgos no negociables asegurados por cuenta o con la garantía del Estado. En la
                  medida de lo posible, el asegurador ajustará sus tarifas de primas correspondientes a
                  dichos riesgos a las tarifas aplicadas por los aseguradores privados de crédito a la exporta-
                  ción para el tipo de riesgo de que se trate.
          10.     Cualquier Estado de la AELC que tenga la intención de utilizar esta cláusula de salva-
                  guardia notificará al Órgano de Vigilancia de la AELC su proyecto de decisión. Esta noti-
                  ficación incluirá un informe de mercado que demuestre la inexistencia de cobertura para
                  los riesgos en el mercado privado de seguros aportando pruebas de ello procedentes de
                  dos importantes y renombrados aseguradores internacionales privados de crédito a la
                  exportación y de un asegurador nacional de crédito, justificando así el uso de dicha cláu-
                  sula. También se podrá demostrar la inexistencia de cobertura en el mercado privado de
                  seguros mediante el informe de un consultor independiente que el Órgano de Vigilancia
                  considere fiable e imparcial. Además, en la notificación se incluirá una descripción de las
                  condiciones que el asegurador de crédito a la exportación, público o con apoyo público,
                  se proponga aplicar a dichos riesgos.
           11.    En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación, el Órgano de Vigi-
                  lancia examinará si el uso de la cláusula de salvaguardia se ajusta a las condiciones antes
                  descritas y si es compatible con el Acuerdo EEE.
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          12.      Si el Órgano de Vigilancia considera que se cumplen las condiciones para el uso de la
                   cláusula de salvaguardia, su decisión sobre la compatibilidad se limitará a un período de
                   dos años a partir de la fecha de la decisión, siempre que las condiciones del mercado que
                   hayan justificado el uso de la cláusula de salvaguardia no hayan cambiado durante ese
                   período.
          13.      Asimismo, el Órgano de Vigilancia podrá, en consulta con los Estados de la AELC,
                   revisar las condiciones de uso de la cláusula; también podrá decidir su supresión o susti-
                   tución por otro sistema adecuado.
          14.      Las presentes normas se aplicarán a partir del 1 de enero de 1998 y hasta el final del año
                   2002. Los Estados de la AELC deberán informar al Órgano de Vigilancia de la AELC, en
                   el plazo de dos meses a partir de la notificación de las presentes normas, si aceptan sus
                   recomendaciones. A más tardar el 1 de enero de 1999, los Estados de la AELC habrán de
                   comunicar al Órgano de Vigilancia las medidas que hubieren adoptado para ajustarse a
                   las mismas. Si de dichos informes o de cualquier otro medio se desprendiese que los
                   sistemas vigentes en los Estados de la AELC continúan conteniendo elementos de ayuda
                   de Estado, el Órgano de Vigilancia examinará dicha ayuda con arreglo al artículo 61 del
                   Acuerdo EEE y al artículo 1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción y
                   de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.
          15.      El Órgano de Vigilancia, en cooperación con los Estados miembros y las partes interesa-
                   das, revisará la definición de riesgos negociables y la aplicación de las presentes normas,
                   teniendo en cuenta la evolución del mercado y, en su caso, la normativa EEE. Toda
                   información recibida por el Órgano de Vigilancia de los Estados de la AELC y de las
                   partes interesadas relacionada con dicha revisión se pondrá a disposición de todos los
                   demás participantes en la misma, siempre que el suministrador de la información lo
                   permita.
         (1) El presente capítulo se corresponde con la Comunicación de la Comisión a los Estados
             miembros con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, por la que se aplican los
             artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (DO C 281
             de 17. 9. 1997, p. 4).
         (2) En su séptimo informe sobre la política de competencia (1977), punto 242, la Comisión
             manifestó que las ayudas a la exportación en el comercio intracomunitario “no pueden ser
             objeto de una excepción independientemente de su intensidad, motivo o fines”.
         (3) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-142/87: Bélgica contra Comisión
             (Rec. 1990, p. I-959). Véase también el asunto C-44/93: Assurances du Crédit contra OND y
             Bélgica (Rec. 1994, p. I-3829, punto 30).
         (4) “L’assurance crédit et le marché unique 1992 (court-terme)”, informe presentado al grupo de
             coordinación, ponente: P. Callut.
         (5) Véanse los asuntos C-63/89: Assurances du Crédit y Cobac contra Consejo y Comisión (Rec.
             1991, p. I-1799) y C-44/93: Assurances du Crédit contra OND y Bélgica (Rec. 1994, p.
             I-3829).
         (6) En algunos casos, la actividad comercial a medio y largo plazo no está garantizada sino que
             está protegida por un amplio contrato de reaseguro con el Gobierno.
         (7) O con contratos de reaseguro equivalentes.
         (8) O de garantes no públicos. Un deudor o garante público es aquel que, de una forma u otra,
             representa a la propia autoridad pública y no puede ser declarado insolvente ni judicial ni
             administrativamente. A los efectos de las presentes normas, las empresas públicas o bajo
             control público establecidas en los países enumerados en el anexo IX cuyos riesgos son nego-
             ciables y sujetas a lo dispuesto en el Derecho de sociedades se considerarán deudores/ga-
             rantes no públicos.
         (9) Es decidir, guerra, revolución, desastres naturales, accidentes nucleares, etc., no los denomi-
             nados “riesgos de catástrofe comercial” (acumulaciones catastróficas de pérdidas por parte de
             países o compradores individuales) que puedan quedar cubiertos por un reaseguro de exceso
             de pérdida y que constituyen riesgos comerciales.
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          (10) La vinculación, por parte de un asegurador de crédito a la exportación público o con apoyo
               público, de seguros de riesgos no negociables a la aceptación de la cobertura de riesgos nego-
               ciables puede infringir el artículo 54 del Acuerdo EEE. Dicho comportamiento podría ser
               perseguido por el Órgano de Vigilancia de la AELC o la Comisión y denunciado ante los
               tribunales y las autoridades nacionales competentes.
          (11) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las
               disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de
               seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (DO L 228 de 16. 8. 1973, p. 3);
               véase el punto 2 del anexo IX del Acuerdo EEE.
          (12) Directiva 87/343/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, por la que se modifica, en lo que
               se refiere al seguro de crédito y al seguro de caución, la primera Directiva 73/239/CEE sobre
               coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a
               la actividad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (DO L 185 de 4. 7.
               1987, p. 72); véase el tercer guión del punto 2 del anexo IX del Acuerdo EEE.
          (13) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89: Assurances du Credit y
               Cobac contra Consejo y Comisión, p. 1848, punto 22 (véase la nota pie de página 5).
          (14) Véanse los capítulos 19 y 20 de las presentes Directrices sobre ayudas de Estado.
          (15) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 30/59: Steenkolenmijnen contra Alta
               Autoridad, (Rec. 1961 p. 1, punto 19); asunto 173/73: Italia conta Comisión (Rec. 1974, p.
               709); asunto 730/79: Philip Morris contra Comisión (Rec. 1980, p. 2671).
          (16) En su sentencia en el asunto C-142/87: Bélgica contra Comisión (véase la nota a pie de
               página correspondiente al punto 17A.1.1 más arriba), el Tribunal de Justicia mantuvo que no
               sólo la ayuda para exportaciones intracomunitarias sino también para las extracomunitarias
               puede repercutir sobre la competencia y el comercio intracomunitario. Ambos tipos de
               operación están asegurados por aseguradores de crédito a la exportación por lo que la ayuda
               concedida a ambos tipos de exportación puede producir efectos sobre el comercio y la
               competencia intracomunitarios.
          (17) Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89 [véase la nota a pie de página corres-
               pondiente al punto 17A.1.3 más arriba (punto 24)]. El Abogado General Sr. Tesauro en su
               dictamen en el presente asunto manifestó que cuando existe competencia entre aseguradores
               de crédito a la exportación públicos o con apoyo público y privados “es muy dudoso que los
               Estados miembros puedan legalmente ofrecer una cobertura financiera a los operadores
               públicos. De hecho, semejante intervención podría resultar incompatible con las normas
               sobre las ayudas públicas [. . .]” (Rec. 1991, p. I-1835, punto 15).
          (18) Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, sobre las cuentas anuales y
               las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 374 de 31. 12. 1991, p. 7), adap-
               tada a los efectos del Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 7/94 (DO L
               160 de 28. 6. 1994; suplemento EEE del DO 17 de 28. 6. 1994).».
                                                        «ANEXO IX
          LISTA DE PAISES CUYOS RIESGOS SON NEGOCIABLES A LOS EFECTOS DE LA
          APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL CAPITULO 17A SOBRE SEGURO DE
                              CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN A CORTO PLAZO
          Países que son Partes contratantes del Acuerdo EEE
          Bélgica
          Dinamarca
          Alemania
 ---pagebreak--- L 120/36       ¬ ES ¬           Diario Oficial de las Comunidades Europeas                    23. 4. 98
         Grecia
         España
         Francia
         Irlanda
         Italia
         Luxemburgo
         Países Bajos
         Austria
         Portugal
         Finlandia
         Suecia
         Reino Unido
         Islandia
         Liechtenstein
         Noruega
         Países miembros de la OCDE que se consideran países cuyos riesgos son negociables
         Australia
         Canadá
         Japón
         Nueva Zelanda
         Suiza
         Estados Unidos de América».
         Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 1998.
                                                       Por el Órgano de Vigilancia de la AELC
                                                                    El Presidente
                                                                   Knut ALMESTAD