CELEX: 52013PC0045
Language: es
Date: 2013-02-05
Title: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing

COMISIÓN
                           EUROPEA
                                                     Estrasburgo, 5.2.2013
                                                     COM(2013) 45 final
                                                     2013/0025 (COD)
                                         Propuesta de
           DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
                      capitales y para la financiación del terrorismo
                            (Texto pertinente a efectos del EEE)
                                   {SWD(2013) 21 final}
                                   {SWD(2013) 22 final}
ES                                                                                       ES
 ---pagebreak---                                        EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   1.        CONTEXTO DE LA PROPUESTA
   Motivación y objetivos de la propuesta
   Los principales objetivos de las medidas propuestas son fortalecer el mercado interior,
   reduciendo la complejidad de las operaciones transfronterizas, proteger los intereses de la
   sociedad de la delincuencia y los actos terroristas, preservar la prosperidad económica de la
   Unión Europea, ofreciendo un entorno empresarial eficiente, y contribuir a la estabilidad
   financiera, protegiendo la solidez, el correcto funcionamiento y la integridad del sistema
   financiero.
   Estos objetivos se lograrán garantizando la coherencia entre el enfoque adoptado por la UE y
   el enfoque internacional, garantizando la coherencia entre las normas nacionales, así como la
   flexibilidad a la hora de aplicarlas, y velando por que estas normas se centren en los riesgos y
   se adapten para responder a las nuevas amenazas que vayan surgiendo.
   Por otro lado, la presente propuesta incorpora y deroga la Directiva 2006/70/CE de la
   Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la
   Directiva 2005/60/CE1, lo que mejorará la comprensión y accesibilidad del marco legislativo
   relativo a la lucha contra el blanqueo de capitales para todas las partes interesadas.
   Como complemento de la presente propuesta, la Comisión se propone reforzar las medidas
   represivas de la UE contra el blanqueo de capitales. En consecuencia, en 2013 se prevé
   proponer la armonización de las disposiciones de Derecho penal aplicables a este delito sobre
   la base del artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
   (TFUE)2.
   Contexto general
   La supresión de los obstáculos en el mercado interior no solo facilita el establecimiento o el
   desarrollo en toda la UE de empresas que operan lícitamente, sino que también puede ofrecer
   mayores oportunidades para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los
   delincuentes implicados en actividades de blanqueo de capitales pueden, por tanto, intentar
   ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen o propiedad de estos activos y
   transformarlos en productos aparentemente legítimos. Por otra parte, el terrorismo puede
   financiarse mediante actividades tanto legítimas como delictivas, ya que las organizaciones
   terroristas desarrollan actividades generadoras de ingresos que, en sí mismas, pueden ser, o al
   menos parecer, legítimas. El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
   representan así un riesgo importante para la integridad, el correcto funcionamiento, la
   reputación y la estabilidad del sistema financiero, con consecuencias potencialmente
   devastadoras para la sociedad en general.
   Se ha adoptado legislación europea para proteger el funcionamiento adecuado del sistema
   financiero y del mercado interior. No obstante, la naturaleza variable de las amenazas que
   plantea el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, propiciada por la evolución
   1
           DO L 214 de 4.8.2006, p. 29.
   2
           http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_home_006_money_laundering_en.pdf
ES                                                      2                                              ES
 ---pagebreak---    constante de la tecnología y de los medios a disposición de los delincuentes, exige una
   adaptación permanente del marco jurídico para responder a estas amenazas.
   A nivel de la UE, la Directiva 2005/60/CE, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención
   de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del
   terrorismo3 (en lo sucesivo denominada «tercera Directiva contra el blanqueo de capitales»),
   establece el marco destinado a proteger la solidez, integridad y estabilidad de las entidades
   financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, frente
   a estos riesgos. Las disposiciones de la UE se basan en gran medida en las normas
   internacionales adoptadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Además,
   como la Directiva no pretende ir más allá de una armonización mínima, esas disposiciones se
   completan con las adoptadas a nivel nacional.
   A nivel internacional, el GAFI ha emprendido una revisión a fondo de sus normas y en
   febrero de 2012 adoptó un nuevo conjunto de Recomendaciones.
   En paralelo al proceso internacional, la Comisión Europea ha acometido su propia revisión
   del marco normativo europeo. La revisión de la Directiva en este momento viene a
   complementar las Recomendaciones revisadas del GAFI, que, en sí mismas, representan un
   refuerzo sustancial del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
   terrorismo. La propia Directiva refuerza elementos de las Recomendaciones revisadas, en
   particular en lo que respecta al ámbito de aplicación (al incluir a los proveedores de servicios
   de juegos de azar y a las personas que negocian con bienes de un valor superior a 7 500
   EUR), a la información sobre la titularidad real (que deberá facilitarse a las entidades
   obligadas y a las autoridades competentes) y a las sanciones. La revisión tiene en cuenta la
   necesidad de aumentar la eficacia de las medidas contra el blanqueo de capitales adaptando el
   marco jurídico, a fin de velar por que se realicen evaluaciones de riesgos al nivel adecuado y
   con el grado necesario de flexibilidad para adaptarse a las distintas situaciones y agentes. En
   consecuencia, al tiempo que fija un nivel elevado de normas comunes, la Directiva impone a
   los Estados miembros, a las autoridades de supervisión y a las entidades obligadas el deber de
   evaluar los riesgos y adoptar medidas de atenuación adecuadas y proporcionadas a los riesgos.
   La Directiva es, por tanto, menos detallada en cuanto a las medidas concretas que deben
   adoptarse.
   Disposiciones vigentes en este ámbito
   Se han adoptado diversos instrumentos jurídicos para garantizar un marco eficaz contra el
   blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a nivel de la UE. Los más importantes
   son los siguientes:
   –         la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, que abarca la mayoría de las
             cuarenta Recomendaciones del GAFI y algunas de las nueve Recomendaciones
             Especiales (RE) del GAFI;
   –         el Reglamento (CE) nº 1781/2006, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la
             información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos4, que
             aplica la RE VII del GAFI sobre las transferencias electrónicas;
   3
           DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
   4
           DO L 345 de 8.12.2006, p. 1.
ES                                                  3                                                ES
 ---pagebreak---    –        el Reglamento (CE) nº 1889/2005, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles
            de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad5, que aplica la RE IX del
            GAFI sobre transportes de fondos;
   –        la Directiva 2007/64/CE, de 13 de diciembre de 2007, sobre servicios de pago en el
            mercado interior6 (Directiva sobre servicios de pago), que, en combinación con la
            tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, aplica la RE VI del GAFI sobre
            sistemas alternativos de envíos de fondos;
   –        el Reglamento (CE) nº 2580/2001, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas
            restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de
            luchar contra el terrorismo7, que, junto con el Reglamento (CE) nº 881/2002, de 27
            de mayo de 20028, que impone las sanciones de las Naciones Unidas contra Al Qaida
            y los talibanes, aplica parte de la RE III del GAFI sobre congelación de activos
            terroristas.
   Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión
   La adaptación propuesta del marco normativo contra el blanqueo de capitales y la
   financiación del terrorismo es plenamente coherente con las políticas de la UE en otros
   ámbitos. En particular:
   –        El Programa de Estocolmo9, que aspira a conseguir una Europa abierta y segura que
            sirva y proteja al ciudadano, insta a los Estados miembros y a la Comisión a
            fomentar el intercambio de información entre las unidades de información financiera
            (UIF) en su lucha contra el blanqueo de capitales.
   –        La Estrategia de Seguridad Interior de la UE10, que señala los retos más urgentes para
            la seguridad de la UE en los próximos años y propone cinco objetivos estratégicos y
            medidas específicas para el período 2011-2014 que contribuirán a mejorar la
            seguridad de la UE, entre ellas la lucha contra el blanqueo de capitales y la
            prevención del terrorismo. Se reconoce expresamente la necesidad de actualizar el
            marco normativo de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del
            terrorismo con objeto de aumentar la transparencia de las personas jurídicas y las
            estructuras jurídicas.
   –        Debido a la posibilidad de utilizar abusivamente las nuevas tecnologías para encubrir
            transacciones y ocultar la identidad, es importante que los Estados miembros estén al
            tanto de la evolución tecnológica y fomenten el uso de la identificación electrónica,
            la firma electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas,
            de conformidad con la propuesta de Reglamento relativo a la identificación
            electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el
            mercado interior11, presentada por la Comisión.
   5
          DO L 309 de 25.11.2005, p. 9.
   6
          DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
   7
          DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.
   8
          DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
   9
          DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
   10
          Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «La Estrategia de Seguridad
          Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura» [COM(2010) 673 final].
   11
          COM(2012) 238/2.
ES                                                      4                                                     ES
 ---pagebreak---    –    La propuesta sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la
        delincuencia en la Unión Europea12, adoptada por la Comisión Europea en marzo de
        2012 y cuyo objetivo es garantizar que los Estados miembros dispongan de un
        sistema eficaz para embargar preventivamente, administrar y decomisar los activos
        de origen delictivo, con el respaldo de la estructura institucional y los recursos
        financieros y humanos necesarios;
   –    En lo relativo a la protección de datos, las precisiones propuestas respecto a la tercera
        Directiva contra el blanqueo de capitales, que están plenamente en consonancia con
        el enfoque seguido por la Comisión en sus recientes propuestas en materia de
        protección de datos13, en las que, en virtud de una disposición específica14, el
        Derecho nacional o de la UE podrá limitar el ámbito de aplicación de las
        obligaciones y derechos previstos en el proyecto de Reglamento sobre la base de una
        serie de motivos específicos, entre ellos la prevención, la investigación, la detección
        y el enjuiciamiento de delitos penales.
   –    En cuanto a las sanciones, la propuesta de introducir un conjunto de normas mínimas
        basadas en principios para reforzar las sanciones administrativas, que es plenamente
        coherente con la política de la Comisión expuesta en su Comunicación «Regímenes
        sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros»15.
   –    Con respecto a la inclusión financiera, se ha reconocido que la aplicación de un
        enfoque excesivamente prudente en la lucha contra el blanqueo de capitales y la
        financiación del terrorismo podría tener como consecuencia no deseada excluir del
        sistema financiero a empresas y consumidores legítimos. Se han realizado estudios
        sobre esta cuestión a nivel internacional16 para asesorar a los países y sus entidades
        financieras a la hora de diseñar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la
        financiación del terrorismo que cumplan el objetivo nacional de inclusión financiera,
        sin comprometer las medidas que existen a fin de combatir la delincuencia. A nivel
        de la UE, se está examinando actualmente la cuestión de la inclusión financiera en el
        marco de los trabajos sobre un paquete de medidas relativas a las cuentas bancarias.
   –    Con respecto a la cooperación con personas o autoridades (incluidos tribunales y
        organismos administrativos) que participen en labores de evaluación o recaudación
        de impuestos o cualquier otro gravamen público, en los procedimientos declarativos
        o ejecutivos relativos a dichos impuestos, o en la resolución de los recursos relativos
        a los mismos, la propuesta es coherente con el enfoque seguido a nivel internacional
        en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal17 al incluir una referencia específica a
   12
      Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el
      decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea [COM(2012) 85 final].
   13
      Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas
      físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes
      para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
      ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos [COM(2012) 10 final] y propuesta
      de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en
      lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
      general de protección de datos) [COM(2012) 11 final].
   14
      Artículo 21 del Reglamento general de protección de datos.
   15
      COM(2010) 716 final.
   16
      Anti-money laundering and terrorist financing measures and Financial Inclusion, GAFI, junio de 2011.
   17
      Comunicación de la Comisión en la que se presenta un «Plan de acción para reforzar la lucha contra el
      fraude fiscal y la evasión fiscal», aprobado por la Comisión el 6 de diciembre de 2012 [COM(2012) 722
      final].
ES                                                    5                                                       ES
 ---pagebreak---              los delitos fiscales entre los delitos graves que pueden considerarse delitos
             principales de blanqueo de capitales. La mejora de los procedimientos de diligencia
             debida con respecto al cliente a efectos de la lucha contra el blanqueo de capitales
             contribuirá también a la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal.
   2.        RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y
             DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
   Consulta con las partes interesadas
   En abril de 2012 la Comisión aprobó un informe sobre la aplicación de la tercera Directiva
   contra el blanqueo de capitales y solicitó comentarios de todas las partes interesadas. El
   informe se centraba en una serie de temas clave concretos (por ejemplo, la aplicación de un
   enfoque basado en el riesgo, la ampliación del ámbito de aplicación del marco vigente, la
   adaptación del enfoque en materia de diligencia debida con respecto al cliente, la aclaración
   de las obligaciones de información y las competencias de supervisión, el refuerzo de la
   cooperación entre las UIF, etc.), esenciales para la revisión de dicha Directiva.
   La Comisión recibió 77 contribuciones de una amplia variedad de partes interesadas
   (autoridades públicas, sociedad civil, federaciones de empresas y empresas de varios ámbitos,
   entre ellos los servicios financieros, el sector de los juegos de azar, las profesiones liberales,
   el sector inmobiliario y los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos). Al margen
   de la consulta, se recibieron otras observaciones, documentos de opinión y contribuciones.
   Los resultados globales de la consulta18 vienen a confirmar en general las cuestiones y
   problemas señalados en el informe de la Comisión y muestran un amplio respaldo a la
   propuesta de adaptación a las normas revisadas del GAFI y la clarificación de determinados
   aspectos (por ejemplo, la protección de datos y las modalidades de aplicación de las normas
   en situaciones transfronterizas).
   Utilización de asesoramiento técnico
   Se han realizado esfuerzos sustanciales para obtener datos documentales en este ámbito y
   garantizar la plena participación de las distintas partes interesadas.
   En particular, durante 2010, la consultoría externa Deloitte realizó un estudio19 en nombre de
   la Comisión en el que analiza la aplicación de la tercera Directiva contra el blanqueo de
   capitales.
   Evaluación de impacto
   La Comisión ha llevado a cabo una evaluación de impacto20, en la que ha analizado las
   posibles consecuencias del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En
   particular, la no intervención del sistema financiero para poner coto a las actividades de
   blanqueo de capitales y financiación del terrorismo puede tener repercusiones económicas
   18
           El         resumen          de         las       respuestas         puede        consultarse       en:
           http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm
   19
           El     estudio    puede     consultarse    en:   http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
           crime/index_en.htm
   20
           La evaluación de impacto puede consultarse en: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-
           crime/index_en.htm
ES                                                        6                                                        ES
 ---pagebreak---    negativas (derivadas de las perturbaciones de los flujos de capitales internacionales, la
   disminución de la inversión y el menor crecimiento económico) y desestabilizar los mercados
   financieros (como consecuencia de la reticencia de otros intermediarios financieros a entablar
   relaciones comerciales, la pérdida de reputación, el deterioro de la confianza y riesgos
   prudenciales).
   Se examinaron los siguientes problemas:
   –        la aplicación divergente de las actuales normas de la UE en los Estados miembros, lo
            que va en detrimento de la seguridad jurídica;
   –        las deficiencias y lagunas en las normas vigentes de la UE;
   –        la falta de coherencia de las normas vigentes con las normas internacionales
            recientemente revisadas.
   Para solucionarlos, deben alcanzarse los siguientes objetivos operativos:
   –        garantizar la coherencia entre las normas nacionales y, en su caso, la flexibilidad en
            su aplicación, reforzando y aclarando los requisitos actuales;
   –        velar por que las normas se centren en los riesgos y se adapten para responder a las
            nuevas amenazas, reforzando y aclarando los requisitos actuales;
   –        garantizar la coherencia entre el enfoque de la UE y el aplicado a nivel internacional,
            ampliando el ámbito de aplicación y reforzando y aclarando los requisitos actuales.
   Según las conclusiones de la evaluación de impacto, las opciones más idóneas para mejorar la
   situación actual serían las siguientes:
   –        Ampliación del ámbito de aplicación para incluir los juegos de azar: ampliar el
            ámbito de aplicación de la Directiva más allá de los casinos para incluir el sector de
            los juegos de azar.
   –        Umbrales aplicables al comercio de bienes: para las operaciones en efectivo, reducir
            de 15 000 EUR a 7 500 EUR los umbrales a partir de los cuales las personas que
            comercian con bienes de elevado valor quedan incluidas en el ámbito de aplicación
            de la Directiva y están obligadas a aplicar procedimientos de diligencia debida con
            respecto al cliente.
   –        Regímenes sancionadores: introducir un conjunto de normas mínimas basadas en
            principios para endurecer las sanciones administrativas.
   –        Comparabilidad de los datos estadísticos: reforzar y precisar el requisito relativo a la
            recogida y comunicación de datos estadísticos.
   –        Protección de datos: introducir en la Directiva disposiciones para aclarar la
            interacción entre los requisitos aplicables a la lucha contra el blanqueo de capitales y
            la financiación del terrorismo y los relativos a la protección de datos.
   –        Inclusión de los delitos fiscales en el ámbito de aplicación: incluir una referencia
            explícita a los delitos fiscales como delito principal.
ES                                                 7                                                 ES
 ---pagebreak---    –         Disponibilidad de información sobre el titular real: obligar a todas las sociedades a
             disponer de información sobre sus titulares reales.
   –         Identificación del titular real: mantener el enfoque que contempla la exigencia de
             identificar al titular real a partir de un umbral de propiedad del 25 %, pero aclarar a
             qué se refiere este «umbral del 25 %».
   –         Responsabilidades de supervisión de las autoridades del país de origen y las del país
             de acogida en materia de lucha contra el blanqueo de capitales: introducir nuevas
             normas que aclaren que las sucursales y filiales situadas en Estados miembros
             distintos del de la sede central aplican las normas del país de acogida en materia de
             blanqueo de capitales y reforzar las disposiciones de cooperación entre los
             supervisores del país de origen y los del país de acogida.
   –         Cooperación transfronteriza entre las unidades de información financiera (UIF):
             introducir nuevos requisitos que refuercen las competencias de las UIF y la
             cooperación entre las mismas.
   –         Evaluaciones nacionales de riesgos: introducir para los Estados miembros la
             obligación de llevar a cabo una evaluación de los riesgos a nivel nacional y de tomar
             medidas para atenuarlos.
   –         Diligencia debida con respecto al cliente: obligar a los Estados miembros a
             garantizar la aplicación de procedimientos reforzados de diligencia debida en
             determinadas situaciones de elevado riesgo, permitiéndoles al mismo tiempo
             autorizar la aplicación de procedimientos simplificados en situaciones de menor
             riesgo.
   –         Equivalencia de los regímenes de terceros países: eliminar el proceso de «lista
             blanca».
   –         Aplicación a la supervisión de un enfoque basado en el riesgo: reconocer
             expresamente en la Directiva que la supervisión podrá modularse en función de los
             riesgos.
   –         Tratamiento de las personas del medio político: introducir nuevos requisitos para las
             personas del medio político de la UE o las que trabajan en organizaciones
             internacionales, aplicando medidas basadas en los riesgos.
   Además, la evaluación de impacto ha analizado la incidencia de las propuestas legislativas en
   los derechos fundamentales. De acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales, las
   propuestas pretenden, en particular, garantizar la protección de los datos de carácter personal
   (artículo 8 de la Carta) precisando las condiciones en las que estos datos podrán conservarse y
   transferirse. La propuestas no modificarán y, por tanto, no afectarán al derecho a la tutela
   judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta), que la Directiva no vulnera, tal
   como confirmó el Tribunal de Justicia Europeo (asunto C-305/05). Se han tenido debidamente
   en cuenta el respeto de la vida privada (artículo 7), la libertad de empresa (artículo 16) y la no
   discriminación (artículo 21). Por último, la propuesta contribuirá indirectamente a proteger el
   derecho a la vida (artículo 2 de la Carta).
ES                                                    8                                                ES
 ---pagebreak---    3.        ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
   Base jurídica
   La presente propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE.
   Subsidiariedad y proporcionalidad
   De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad enunciados en el
   artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la propuesta no pueden ser
   alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden
   lograrse mejor a nivel de la Unión. La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar estos
   objetivos.
   El considerando 2 de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales subraya la necesidad
   de disponer de medidas a escala de la UE destinadas a proteger la solidez, integridad y
   estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema
   financiero en su conjunto: «A fin de evitar que los Estados miembros adopten medidas para
   proteger su sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado
   interior y a las normas del Estado de Derecho y del orden público comunitario, es necesaria
   una actuación comunitaria en este ámbito».
   Puesto que los flujos masivos de dinero negro y la financiación del terrorismo pueden
   perjudicar la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado
   interior, cualquier medida adoptada exclusivamente a nivel nacional podría tener efectos
   negativos para el mercado único de la UE: la ausencia de normas coordinadas en los Estados
   miembros para proteger sus sistemas financieros podría ser incompatible con el
   funcionamiento del mercado interior y causar su fragmentación. La actuación de la UE
   también se justifica por la necesidad de mantener condiciones de competencia equitativas en
   toda la UE: las entidades de todos los Estados miembros quedarán sujetas a un conjunto
   coherente de obligaciones para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del
   terrorismo.
   La Comisión considera que las modificaciones propuestas son proporcionadas a los objetivos.
   Al imponer umbrales en el ámbito de aplicación y las normas de diligencia debida con
   respecto al cliente, la Comisión ha tomado medidas proporcionadas para limitar, en su caso, la
   aplicación de la Directiva. Por otra parte, la Directiva permite que algunas medidas de
   carácter preventivo que deben adoptar las PYME guarden proporción con el tamaño y la
   naturaleza de la entidad obligada. Al mismo tiempo, al aplicar un enfoque adaptado y flexible
   basado en el riesgo, los Estados miembros podrán adoptar medidas y emprender actuaciones
   que sean necesarias para contrarrestar los riesgos a que puedan verse expuestos a nivel
   nacional. Estas medidas se prestan mejor a una directiva que a un reglamento plenamente
   armonizado, con la inclusión de procesos a nivel de la UE que garanticen una mayor
   coordinación y el desarrollo de enfoques supranacionales, así como una mayor armonización
   en ámbitos específicos para garantizar también el logro de los objetivos de la UE. Aunque
   aplicar un sistema eficaz de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
   terrorismo implica algunos costes para las entidades obligadas (costes que se han analizado en
   la evaluación de impacto), la Comisión considera que los beneficios asociados a la prevención
   de estas actividades seguirán siendo superiores a los costes.
   La evaluación de las nuevas normas internacionales se iniciará en el último trimestre de 2013.
   Si la Comisión no proporciona rápidamente indicaciones claras sobre el enfoque que conviene
ES                                                9                                               ES
 ---pagebreak---    seguir a nivel de la UE para su aplicación, existe el riesgo de que los Estados miembros de la
   UE que sean evaluados en primer lugar opten por soluciones que quizá no coincidan con el
   enfoque propuesto para la UE, lo que complicaría el logro de un acuerdo sobre normas
   comunes.
   Por último, con la adopción de las normas internacionales revisadas, la Comisión y todos los
   Estados miembros de la UE (ya sea directamente o en su calidad de miembros del GAFI o
   Moneyval) se han comprometido a garantizar su aplicación.
   4.       REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
   La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.
   5.       INFORMACIÓN ADICIONAL
   Explicación detallada de la propuesta
   Las principales modificaciones que se propone introducir en la tercera Directiva contra el
   blanqueo de capitales son las siguientes:
   –        Ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva: se proponen dos cambios
            principales en el ámbito de aplicación:
            (a)   En el caso de los pagos en efectivo, el umbral a partir del cual la Directiva es
                  aplicable a las personas que comercian con bienes de elevado valor se reduce
                  de 15 000 EUR a 7 500 EUR. Actualmente, estas personas solo están incluidas
                  en el ámbito de aplicación si efectúan o reciben pagos en efectivo de un
                  importe igual o superior a 15 000 EUR. Tras haber informado los Estados
                  miembros de que este umbral relativamente elevado estaba siendo aprovechado
                  por los delincuentes, se propone rebajarlo hasta los 7 500 EUR. Además, la
                  nueva propuesta exige a estas personas que apliquen procedimientos de
                  diligencia debida con respecto al cliente cuando realicen una transacción
                  ocasional de un importe de como mínimo 7 500 EUR, lo que supone una
                  reducción del anterior umbral, fijado en 15 000 EUR. Tanto la definición como
                  el umbral representan un endurecimiento de las medidas contra la utilización
                  de estas personas con fines de blanqueo de capitales en toda la UE.
            (b)   El ámbito de aplicación de la Directiva incluye ahora a los «proveedores de
                  servicios de juegos de azar» (de conformidad con la Directiva 2000/31/CE, de
                  8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios
                  de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el
                  mercado interior21). En virtud de la tercera Directiva contra el blanqueo de
                  capitales y de las Recomendaciones del GAFI, solo los casinos debían incluirse
                  en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
                  terrorismo. Hay datos de la UE que muestran que así se deja la puerta abierta a
                  que los delincuentes se aprovechen de otros sectores de los juegos de azar.
   21
           DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
ES                                                10                                               ES
 ---pagebreak---    – Enfoque basado en el riesgo: la Directiva reconoce que aplicar un enfoque basado en
     el riesgo es una forma eficaz de identificar y atenuar los riesgos para el sistema
     financiero y la estabilidad económica general en el mercado interior. Las nuevas
     disposiciones propuestas exigen la aplicación de medidas bien fundamentadas en tres
     ámbitos principales; en cada uno de ellos, las medidas se completarán con una lista
     mínima de factores a tener en cuenta o con orientaciones elaboradas por las
     Autoridades Europeas de Supervisión:
     (c)   Los Estados miembros deberán identificar, comprender y atenuar los riesgos
           que afronten. Podrán complementar estas tareas con evaluaciones de riesgos
           realizadas a nivel supranacional (por ejemplo, por las Autoridades Europeas de
           Supervisión o Europol) y los resultados deberán ser compartidos con los demás
           Estados miembros y las entidades obligadas. Este sería el punto de partida del
           enfoque basado en el riesgo, y supone el reconocimiento de que una respuesta a
           escala de la Unión puede inspirarse en la experiencia de los Estados miembros.
     (d)   Las entidades obligadas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de
           aplicación de la Directiva deberán identificar, comprender y atenuar sus
           riesgos, así como documentar y actualizar las evaluaciones de riesgos que
           emprendan. Este es un elemento clave del enfoque basado en el riesgo, que
           permitirá a las autoridades competentes (por ejemplo, los supervisores) de los
           Estados miembros analizar a fondo y comprender las decisiones adoptadas por
           las entidades obligadas que supervisen. En última instancia, las entidades que
           adopten un enfoque basado en el riesgo serán plenamente responsables de las
           decisiones que tomen.
     (e)   La propuesta admite que los recursos de los supervisores puedan utilizarse para
           concentrarse en aquellos ámbitos en los que los riesgos de blanqueo de
           capitales y de financiación del terrorismo sean mayores. La aplicación de un
           enfoque basado en el riesgo implicará que los datos obtenidos se utilizarán para
           centrarse mejor en los riesgos.
   – Procedimientos reforzados y simplificados de diligencia debida con respecto al
     cliente: en virtud de la propuesta, las entidades obligadas deberán tomar medidas
     reforzadas cuando los riesgos sean más importantes y podrán ser autorizadas a tomar
     medidas simplificadas cuando se haya demostrado que los riesgos son menores. Con
     respecto a la tercera Directiva sobre blanqueo de capitales, se consideró que las
     disposiciones en materia de diligencia debida simplificada eran demasiado laxas, al
     eximir totalmente de los requisitos de diligencia debida a determinadas categorías de
     clientes o transacciones. Así pues, la Directiva revisada endurece las normas relativas
     a la diligencia debida simplificada y no autoriza situaciones en las que puedan
     aplicarse exenciones. En cambio, deben justificarse en función del riesgo las
     decisiones sobre cuándo y cómo aplicar procedimientos simplificados, mientras que
     se indican los requisitos mínimos en cuanto a los factores a tener en cuenta. En uno
     de los supuestos en los que es obligatorio aplicar procedimientos reforzados, a saber,
     en el caso de las personas del medio político, la Directiva incluye también ahora a las
     personas del medio político que desempeñan funciones públicas importantes por
     encargo de un Estado miembro, así como a las que trabajan para organizaciones
     internacionales.
ES                                          11                                               ES
 ---pagebreak---    – Información sobre el titular real: la Directiva revisada propone nuevas medidas para
     hacer más clara y accesible la información sobre la titularidad real. Exige a las
     personas jurídicas disponer de información sobre sus propios titulares reales. Esta
     información debe ponerse a disposición tanto de las autoridades competentes como
     de las entidades obligadas. En cuanto a las estructuras jurídicas, los fideicomisarios
     deben declarar su condición cuando se conviertan en clientes y debe ponerse
     igualmente a disposición de las autoridades competentes y de las entidades obligadas
     información sobre la titularidad real.
   – Equivalencia de terceros países: la Directiva revisada elimina las disposiciones
     relativas a la equivalencia «positiva», habida cuenta de que el régimen de diligencia
     debida con respecto al cliente se basa en mayor medida en los riesgos y de que el uso
     de exenciones por motivo de factores puramente geográficos es menos relevante. En
     virtud de lo dispuesto en la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales, debía
     adoptarse una decisión sobre si los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales
     y la financiación del terrorismo existentes en terceros países eran «equivalentes» a
     los de la UE. Esta información se utilizaba entonces para autorizar exenciones a
     determinados aspectos de la diligencia debida con respecto al cliente.
   – Sanciones administrativas: en consonancia con la política de la Comisión de
     armonizar las sanciones administrativas, la Directiva revisada contiene una serie de
     sanciones cuya aplicación deben garantizar los Estados miembros en caso de que se
     incumplan sistemáticamente los principales requisitos de la Directiva, a saber, la
     diligencia debida con respecto al cliente, la conservación de documentos, la
     notificación de las transacciones sospechosas y los controles internos.
   – Unidades de información financiera: la propuesta incorpora lo dispuesto en la
     Decisión 2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las
     disposiciones de cooperación entre las unidades de información financiera de los
     Estados miembros para el intercambio de información, y amplía y refuerza la
     cooperación.
   – Autoridades Europeas de Supervisión (AES): la propuesta prevé varios ámbitos de
     intervención de las AES. En particular, la ABE, la AESPJ y la AEVM deberán
     realizar una evaluación y emitir un dictamen sobre los riesgos de blanqueo de
     capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta la UE. Además, la mayor
     importancia que se otorga al enfoque basado en el riesgo obliga a asesorar en mayor
     medida a los Estados miembros y las entidades financieras sobre los factores que han
     de tenerse en cuenta para aplicar procedimientos simplificados o reforzados de
     diligencia debida con respecto al cliente y sobre cuándo aplicar a la supervisión un
     enfoque basado en el riesgo. Por otro lado, se ha encomendado a las AES la tarea de
     elaborar normas técnicas de regulación sobre determinadas cuestiones en las que las
     entidades financieras deberán adaptar sus controles internos para hacer frente a
     situaciones específicas.
   – Protección de datos: en la propuesta se refleja la necesidad de alcanzar un equilibrio
     entre, por un lado, el establecimiento de sistemas y controles sólidos y medidas
     preventivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y, por
     otro, la protección de los derechos de los interesados.
ES                                          12                                              ES
 ---pagebreak---    –       Medidas de transposición: Debido a la complejidad y al alcance de la propuesta, los
           Estados miembros deben transmitir un cuadro de correspondencias entre las
           disposiciones de su legislación nacional y las de la Directiva.
   Espacio Económico Europeo
   La propuesta es pertinente para los países del EEE.
ES                                                13                                           ES
 ---pagebreak---                                                            2013/0025 (COD)
                                              Propuesta de
               DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
       relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
                           capitales y para la financiación del terrorismo
                                 (Texto pertinente a efectos del EEE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,
   Visto el dictamen del Banco Central Europeo2,
   Previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos3,
   De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     Los flujos masivos de dinero negro pueden dañar la estabilidad y la reputación del
           sector financiero y poner en peligro el mercado único, y el terrorismo sacude los
           cimientos mismos de nuestra sociedad. Unida al planteamiento basado en el Derecho
           penal, una actuación preventiva a través del sistema financiero puede surtir resultados.
   (2)     La solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como
           la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro
           debido a los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el
           origen de los productos del delito, ya por canalizar el producto de actividades
           legítimas o ilegítimas a fines terroristas. Si no se adoptan medidas de coordinación en
           el ámbito de la Unión, los blanqueadores de capitales y los financiadores del
           terrorismo podrían aprovechar la libre circulación de capitales y la libre prestación de
           servicios financieros que trae consigo un espacio financiero integrado para facilitar sus
           actividades delictivas.
   1
           DO C de , p. .
   2
           DO C de , p. .
   3
           DO C de , p. .
ES                                                  14                                               ES
 ---pagebreak---    (3) La propuesta actual es la cuarta Directiva para responder a la amenaza del blanqueo de
       capitales. La Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la
       prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales4,
       definía el blanqueo de capitales en términos de delitos relacionados con el tráfico de
       estupefacientes e imponía obligaciones exclusivamente al sector financiero. La
       Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de
       2001, por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo5, amplió el ámbito
       de aplicación, tanto desde el punto de vista de los delitos cubiertos como de las
       profesiones y actividades reguladas. En junio de 2003, el Grupo de Acción Financiera
       Internacional (en lo sucesivo denominado «GAFI») revisó sus Recomendaciones para
       incluir la financiación del terrorismo e introdujo requisitos más detallados en lo que
       respecta a la identificación y verificación de la identidad de los clientes y a las
       situaciones en las cuales el mayor riesgo de blanqueo de capitales puede justificar
       medidas más estrictas, así como aquellas otras en las que un menor riesgo puede
       justificar controles menos rigurosos. Estos cambios se reflejaron en la Directiva
       2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa
       a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y
       la financiación del terrorismo6, y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de
       agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva
       2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de
       personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos
       simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la
       exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada7.
   (4) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se efectúan, con frecuencia,
       en un contexto internacional. Las medidas adoptadas únicamente en el ámbito nacional
       o incluso a nivel de la Unión Europea, sin coordinación ni cooperación
       internacionales, tendrían efectos muy limitados. Toda medida adoptada por la Unión
       Europea a este respecto debe ser compatible con las que se emprendan en otros foros
       internacionales. En particular, la actuación de la Unión Europea debe seguir
       atendiendo a las Recomendaciones del GAFI, principal organismo internacional en la
       lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con vistas a
       reforzar la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
       terrorismo, las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE deben adaptarse a las nuevas
       Recomendaciones del GAFI adoptadas y ampliadas en febrero de 2012.
   (5) Por otra parte, la utilización fraudulenta del sistema financiero a fin de canalizar el
       producto de actividades delictivas o incluso de actividades lícitas con fines terroristas
       plantea riesgos evidentes para la integridad, el correcto funcionamiento, la reputación
       y la estabilidad del sistema financiero. Por consiguiente, las medidas preventivas de la
       presente Directiva deben ampliarse no solo a la manipulación de fondos procedentes
       de actividades delictivas, sino también a la percepción de fondos o bienes con fines
       terroristas.
   (6) La realización de operaciones con grandes sumas en efectivo es susceptible de ser
       utilizada para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A fin de
       mejorar la vigilancia y atenuar los riesgos que plantean los pagos en efectivo, las
   4
       DO L 166 de 28.6.1991, p. 77.
   5
       DO L 344 de 28.12.2001, p. 76.
   6
       DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
   7
       DO L 214 de 4.8.2006, p. 29.
ES                                             15                                                ES
 ---pagebreak---         personas físicas o jurídicas que negocien con bienes deben quedar sujetas a lo
        dispuesto en la presente Directiva, siempre que efectúen o reciban pagos en efectivo
        de un importe igual o superior a 7 500 EUR. Los Estados miembros podrán decidir
        adoptar disposiciones más estrictas, incluido un umbral más bajo.
   (7)  Los profesionales del Derecho, tal y como hayan sido definidos por los Estados
        miembros, deben quedar sujetos a lo dispuesto en la presente Directiva cuando
        participen en operaciones financieras o empresariales, incluido el asesoramiento fiscal,
        en las que existe mayor riesgo de que los servicios de dichos profesionales del
        Derecho se empleen indebidamente a fin de blanquear el producto de actividades
        delictivas o financiar el terrorismo. No obstante, deben existir dispensas a la
        obligación de comunicación de la información obtenida antes, durante o después de un
        procedimiento judicial, o en el proceso de determinación de la situación jurídica de un
        cliente. Así pues, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de
        secreto profesional, salvo en caso de que el asesor letrado esté implicado en blanqueo
        de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento
        jurídico sea el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el
        abogado sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de
        capitales o financiación del terrorismo.
   (8)  Servicios directamente comparables deben ser objeto de idéntico trato, cuando los que
        presten dichos servicios sean profesionales de los contemplados en la presente
        Directiva. Con el fin de garantizar el respeto de los derechos establecidos por la Carta
        de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por lo que respecta a los
        auditores, contables externos y asesores fiscales que en determinados Estados
        miembros pueden defender o representar a sus clientes en el contexto de una acción
        judicial o determinar la situación jurídica de sus clientes, la información que aquellos
        obtengan en el ejercicio de esas funciones no debe estar sujeta a la obligación de
        comunicación con arreglo a la presente Directiva.
   (9)  Es importante destacar expresamente que los «delitos fiscales» relacionados con los
        impuestos directos e indirectos están incluidos en la definición de «actividad
        delictiva» en sentido amplio con arreglo a la presente Directiva, de conformidad con
        las Recomendaciones revisadas del GAFI.
   (10) Es necesario identificar a toda persona física que ostente la propiedad o el control de
        una persona jurídica. Si bien establecer un porcentaje de participación no permitirá
        encontrar automáticamente al titular real, es un factor probatorio que debe tenerse en
        cuenta. La identificación del titular real y la comprobación de su identidad debe
        hacerse extensiva, en su caso, a las entidades jurídicas que posean otras entidades
        jurídicas, y debe remontar la cadena de propiedad hasta que se encuentre a la persona
        física que ostente la propiedad o el control de la persona jurídica que sea el cliente.
   (11) La necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor
        clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su
        identidad tras una estructura empresarial. Por consiguiente, los Estados miembros
        deben velar por que las sociedades conserven información sobre su titularidad real y
        pongan esta información a disposición de las autoridades competentes y las entidades
        obligadas. Además, los fideicomisarios deben declarar su condición a las entidades
        obligadas.
ES                                              16                                               ES
 ---pagebreak---    (12) La presente Directiva debe aplicarse igualmente a aquellas actividades de las entidades
        obligadas a las que es aplicable la presente Directiva que se lleven a cabo a través de
        internet.
   (13) La utilización del sector de los juegos de azar para el blanqueo del producto de
        actividades delictivas es motivo de preocupación. A fin de atenuar los riesgos
        relacionados con este sector y garantizar la equidad entre los proveedores de servicios
        de juegos de azar, resulta oportuno imponer a estos la obligación de aplicar medidas de
        diligencia debida con respecto al cliente en cada operación de un valor igual o superior
        a 2 000 EUR. Los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de aplicar este
        umbral a la recogida de ganancias y a las apuestas. Los proveedores de servicios de
        juegos de azar con locales físicos (por ejemplo, casinos y casas de apuestas) deben
        velar por que, si se aplican a la entrada de dichos locales, las medidas de diligencia
        debida con respecto al cliente permitan establecer una conexión con las transacciones
        realizadas por los clientes en esos locales.
   (14) El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no es el mismo en
        todos los casos. Por ello, conviene aplicar un enfoque basado en el riesgo. Este tipo de
        enfoque no constituye una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros
        y las entidades obligadas. Implica tomar decisiones basadas en hechos para centrarse
        mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se
        enfrenta la Unión Europea y quienes operan en ella.
   (15) Es necesario cimentar el enfoque basado en el riesgo para que los Estados miembros
        puedan identificar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y
        financiación del terrorismo a que se enfrentan. La importancia de aplicar un enfoque
        supranacional a la identificación de los riesgos ha sido reconocida a nivel
        internacional, y debe encomendarse a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad
        Bancaria Europea) (en lo sucesivo, «ABE»), creada mediante el Reglamento (UE)
        nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por
        el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea),
        se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la
        Comisión8; a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y
        Pensiones de Jubilación) (en lo sucesivo, «AESPJ»), creada mediante el Reglamento
        (UE) nº 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de
        2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de
        Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se
        deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión9; y a la Autoridad Europea de
        Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (en lo sucesivo, «AEVM»),
        creada mediante el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del
        Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de
        Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión
        nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión10, la tarea de
        emitir un dictamen sobre los riesgos que afectan al sector financiero.
   (16) Los resultados de la evaluación de riesgos a nivel de los Estados miembros deben,
        cuando proceda, ponerse a disposición de las entidades obligadas para que estas
        puedan identificar, comprender y atenuar sus propios riesgos.
   8
        DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
   9
        DO L 331 de 15.12.2010, p. 48.
   10
        DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
ES                                              17                                               ES
 ---pagebreak---    (17) A fin de comprender mejor y atenuar los riesgos a nivel de la Unión Europea, los
        Estados miembros deben compartir los resultados de sus evaluaciones de riesgos con
        los demás Estados miembros, con la Comisión y con la ABE, la AESPJ y la AEVM,
        cuando proceda.
   (18) Al aplicar lo dispuesto en la presente Directiva, conviene tener en cuenta las
        características y necesidades de las entidades obligadas de menor tamaño incluidas en
        su ámbito de aplicación y garantizar un tratamiento adaptado a las necesidades
        específicas de estas pequeñas entidades y a la naturaleza de su actividad.
   (19) El riesgo en sí mismo es variable por naturaleza y los factores que intervengan, ya
        sean solos o combinados, pueden aumentar o reducir el riesgo potencial planteado,
        influyendo de esta forma en el nivel adecuado de las medidas preventivas, como las
        medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Así pues, existen situaciones en
        las que conviene aplicar procedimientos reforzados de diligencia debida y otras en las
        que puede resultar oportuno aplicar procedimientos simplificados.
   (20) Hay que reconocer que determinadas situaciones presentan mayor riesgo de blanqueo
        de capitales o de financiación del terrorismo. Si bien debe determinarse la identidad y
        el perfil empresarial de todos los clientes, hay casos en que son necesarios
        procedimientos particularmente rigurosos de identificación del cliente y comprobación
        de su identidad.
   (21) Lo anterior se aplica de modo particular a las relaciones de negocios con personas que
        ocupen o hayan ocupado cargos públicos importantes, máxime cuando procedan de
        países donde está extendida la corrupción. Dichas relaciones pueden exponer el sector
        financiero a riesgos considerables, en particular jurídicos y de reputación. El esfuerzo
        internacional para luchar contra la corrupción también justifica la necesidad de prestar
        una atención especial a estos casos y de aplicar medidas reforzadas de diligencia
        debida con respecto al cliente a las personas que ocupen o hayan ocupado cargos
        públicos importantes, ya sea en su propio país o en el extranjero, y a los altos cargos
        de organizaciones internacionales.
   (22) La obtención de la aprobación de la dirección para establecer relaciones de negocios
        no debe implicar, en todos los casos, la obtención de la aprobación del consejo de
        administración. Deben poder otorgar esta aprobación las personas con un
        conocimiento suficiente de la exposición de la entidad al riesgo de blanqueo de
        capitales y financiación del terrorismo y con antigüedad suficiente para tomar
        decisiones que afecten a esta exposición.
   (23) A fin de evitar la repetición de los procedimientos de identificación de clientes, que
        ocasionaría retrasos e ineficacia en las transacciones, es preciso, con las garantías
        adecuadas, autorizar la presentación a las entidades obligadas de clientes cuya
        identificación se haya llevado a cabo en otro lugar. En los casos en que una entidad
        obligada recurra a un tercero, la responsabilidad última en los procedimientos de
        diligencia debida con respecto al cliente sigue recayendo sobre la entidad obligada a la
        que es presentado el cliente. El tercero, o la persona que ha presentado al cliente, debe
        asimismo seguir siendo responsable en lo que atañe a todos los requisitos de la
        presente Directiva, incluida la obligación de comunicar las transacciones sospechosas
        y conservar los registros, en la medida en que mantenga una relación con el cliente al
        que se aplica la presente Directiva.
ES                                              18                                                ES
 ---pagebreak---    (24) En caso de que exista una relación de externalización o agencia, sobre una base
        contractual, entre entidades obligadas y personas físicas o jurídicas externas no
        incluidas en el ámbito de la presente Directiva, las obligaciones en materia de lucha
        contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para los mencionados
        agentes o proveedores externos como parte de las entidades obligadas solo podrán
        derivarse del contrato y no de la presente Directiva. La responsabilidad del
        cumplimiento de la presente Directiva debe seguir incumbiendo a las entidades
        obligadas contempladas en la misma.
   (25) Todos los Estados miembros han creado, o deberían crear, unidades de información
        financiera (en lo sucesivo denominadas «UIF») con la misión de recoger y analizar la
        información que reciban con la finalidad de establecer vínculos entre transacciones
        sospechosas y la actividad delictiva subyacente, a fin de prevenir y luchar contra el
        blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las transacciones sospechosas
        deben comunicarse a las UIF, que deben servir de centro nacional de recepción,
        análisis y transmisión a las autoridades competentes de las comunicaciones de
        transacciones sospechosas y demás información relativa a posibles blanqueos de
        capitales o financiación del terrorismo. Esto no debería obligar a los Estados
        miembros a modificar sus actuales sistemas de comunicación en los que la labor de
        información corra a cargo de una fiscalía u otras autoridades de defensa de la
        legalidad, siempre y cuando la información se transmita a las UIF con prontitud y no
        filtrada para que estas puedan realizar adecuadamente sus tareas, incluida la
        cooperación internacional con otras UIF.
   (26) Como excepción a la prohibición general de llevar a cabo transacciones sospechosas,
        las entidades obligadas podrán ejecutar transacciones sospechosas antes de informar a
        la autoridad competente cuando la no ejecución de las mismas resulte imposible o
        pueda comprometer el enjuiciamiento de los beneficiarios de una presunta operación
        de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. No obstante, esta excepción
        ha de entenderse sin perjuicio de las obligaciones internacionales asumidas por los
        Estados miembros de inmovilizar inmediatamente los fondos u otros bienes de
        terroristas, de organizaciones terroristas y de quienes financian actividades terroristas,
        conforme a las correspondientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las
        Naciones Unidas.
   (27) Los Estados miembros deben poder designar al organismo autorregulador pertinente
        de las profesiones contempladas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, letras a), b) y d),
        como la autoridad a la que se ha de informar en primera instancia en lugar de la UIF.
        De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un
        sistema de notificación en primera instancia a un organismo autorregulador constituye
        una salvaguardia importante para la protección de los derechos fundamentales en lo
        que se refiere a las obligaciones de información aplicables a los abogados.
   (28) En la medida en que un Estado miembro haya decidido acogerse a las excepciones
        previstas en el artículo 33, apartado 2, podrá permitir o exigir al organismo
        autorregulador representante de las personas mencionadas en ese artículo que no
        transmita a la UIF informaciones obtenidas de dichas personas en las condiciones
        establecidas en dicho artículo.
   (29) Ha habido casos de empleados que, habiendo comunicado sospechas de blanqueo de
        capitales, han sufrido amenazas o acciones hostiles. Si bien la presente Directiva no
ES                                              19                                                 ES
 ---pagebreak---         puede interferir con los procedimientos judiciales de los Estados miembros, se trata de
        un aspecto crucial para la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales
        y la financiación del terrorismo. Los Estados miembros deben ser conscientes del
        problema y hacer todo lo posible por proteger a los empleados frente a este tipo de
        amenazas o acciones hostiles.
   (30) La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de
        1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
        de datos personales y a la libre circulación de estos datos11, incorporada al Derecho
        nacional, se aplica al tratamiento de los datos personales a efectos de la presente
        Directiva.
   (31) Determinados aspectos de la aplicación de la presente Directiva implican la recogida,
        el análisis, la conservación y el intercambio de datos. Debe permitirse el tratamiento
        de datos personales a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la presente
        Directiva, en particular la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto
        al cliente y las medidas de seguimiento continuo, la investigación y la notificación de
        las transacciones sospechosas e inusuales, la identificación del titular real de una
        persona jurídica o estructura jurídica, y el intercambio de información por las
        autoridades competentes y las entidades financieras. Los datos personales que se
        recojan deben limitarse a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de los
        requisitos de la presente Directiva y no tratarse ulteriormente de una manera
        incompatible con la Directiva 95/46/CE. En particular, debe prohibirse estrictamente
        el tratamiento posterior de datos de carácter personal con fines comerciales.
   (32) Todos los Estados miembros reconocen que la lucha contra el blanqueo de capitales y
        la financiación del terrorismo constituye una cuestión importante de interés general.
   (33) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la protección de datos personales
        tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, incluidas
        las disposiciones de la Decisión marco 2008/977/JAI.
   (34) Los derechos de acceso de los interesados son aplicables a los datos personales
        tratados a efectos de la presente Directiva. No obstante, el acceso de los interesados a
        la información contenida en una notificación de transacción sospechosa podría poner
        en grave peligro la eficacia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la
        financiación del terrorismo. Por ello puede justificarse la imposición de limitaciones a
        este derecho de conformidad con las normas establecidas en el artículo 13 de la
        Directiva 95/46/CE.
   (35) Las personas que se limitan a convertir documentos en soporte papel en datos
        electrónicos y que actúan basándose en un contrato celebrado con una entidad de
        crédito o financiera no están incluidas en el ámbito de aplicación de la presente
        Directiva, como tampoco lo están las personas físicas o jurídicas que solo
        proporcionan a las entidades de crédito o financieras un sistema de mensajería u otros
        sistemas de apoyo para la transmisión de fondos, o sistemas de compensación y
        liquidación.
   (36) El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son problemas
        internacionales, por lo que deben combatirse a escala mundial. En los casos en que las
   11
        DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
ES                                              20                                               ES
 ---pagebreak---         entidades de crédito y entidades financieras de la Unión tengan sucursales y filiales en
        terceros países donde la legislación en este ámbito sea deficiente, y a fin de evitar la
        aplicación de normas muy diferentes en una misma entidad o grupo de entidades, estas
        deben aplicar normas de la Unión o, cuando la aplicación de tales normas sea
        imposible, notificárselo a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.
   (37) A ser posible, las entidades obligadas deben ser informadas de la utilidad y las
        consecuencias de sus comunicaciones sobre transacciones sospechosas. A tal fin, y
        para poder evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales
        y la financiación del terrorismo, los Estados miembros deben conservar y perfeccionar
        las estadísticas al respecto. Para mejorar la calidad y la coherencia de los datos
        estadísticos recogidos a nivel de la Unión, la Comisión debe seguir la evolución de la
        situación a escala de la UE con respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la
        financiación del terrorismo y publicar estudios periódicos.
   (38) Las autoridades competentes deben cerciorarse de la competencia y honorabilidad de
        las personas que de hecho dirijan las actividades de las agencias de cambio, los
        proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos o los proveedores de servicios de
        juegos de azar, así como de la competencia y honorabilidad de los titulares reales de
        dichas entidades. Los criterios para determinar la competencia y honorabilidad deben
        reflejar, como mínimo, la necesidad de proteger a tales entidades de la posibilidad de
        que sean utilizadas por sus directivos o sus titulares reales con fines delictivos.
   (39) A la vista del carácter transnacional del blanqueo de capitales y de la financiación del
        terrorismo, la coordinación y la cooperación entre las UIF de la UE revisten suma
        importancia. Esta cooperación solo se ha abordado, por el momento, en la Decisión
        2000/642/JAI del Consejo, de 17 de octubre de 2000, relativa a las disposiciones de
        cooperación entre las unidades de información financiera de los Estados miembros
        para el intercambio de información12. A fin de garantizar una mejor coordinación y
        cooperación entre las UIF y velar en particular por que las notificaciones sobre
        transacciones sospechosas lleguen a la UIF del Estado miembro donde puedan resultar
        más útiles, conviene incluir en la presente Directiva normas más detalladas, de mayor
        alcance y actualizadas.
   (40) Mejorar el intercambio de información entre las UIF dentro de la UE reviste especial
        importancia para hacer frente al carácter transnacional del blanqueo de capitales y la
        financiación del terrorismo. Los Estados miembros deben fomentar la utilización de
        medios seguros para el intercambio de información, en particular la red informática
        descentralizada FIU.net y las técnicas que ofrece dicha red.
   (41) La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
        terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer sanciones eficaces,
        proporcionadas y disuasorias de Derecho nacional en caso de incumplimiento de las
        disposiciones nacionales que se adopten en aplicación de la presente Directiva. Los
        Estados miembros disponen actualmente de una amplia gama de medidas y sanciones
        administrativas frente a las vulneraciones de las principales medidas preventivas. Esta
        diversidad puede resultar perjudicial para los esfuerzos realizados en la lucha contra el
        blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y puede fragmentar la respuesta
        de la Unión. Por tanto, la presente Directiva debe incluir una serie de medidas y
   12
        DO L 271 de 24.10.2000, p. 4.
ES                                              21                                                ES
 ---pagebreak---         sanciones administrativas a disposición de los Estados miembros, aplicables en caso
        de vulneración sistemática de los requisitos relativos a las medidas de diligencia
        debida con respecto al cliente, la conservación de documentos, la notificación de las
        transacciones sospechosas y los controles internos. Esta serie de medidas debe ser
        suficientemente amplia para permitir a los Estados miembros y a las autoridades
        competentes tener en cuenta las diferencias entre entidades obligadas, en particular
        entre las entidades financieras y otras entidades obligadas, por lo que se refiere a su
        tamaño, características y ámbitos de actividad. Al aplicar la presente Directiva, los
        Estados miembros deben velar por que la imposición de medidas y sanciones
        administrativas, con arreglo a la presente Directiva, y de sanciones penales, con
        arreglo al Derecho nacional, no vulnere el principio non bis in idem.
   (42) Las normas técnicas de los servicios financieros deben garantizar una armonización
        coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores
        de la Unión. Como organismos con conocimientos altamente especializados, se
        considera eficaz y adecuado confiar a la ABE, la AESPJ y la AEVM la elaboración de
        proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones estratégicas,
        para su presentación a la Comisión.
   (43) La Comisión debe adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación elaborados
        por la ABE, la AESPJ y la AEVM, de conformidad con el artículo 42 de la presente
        Directiva, por medio de actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del
        Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con los artículos 10 a 14 del
        Reglamento (UE) nº 1093/2010, el Reglamento (UE) nº 1094/2010 y el Reglamento
        (UE) nº 1095/2010.
   (44) En aras de la claridad y la coherencia, procede fusionar y sustituir las Directivas
        2005/60/CE y 2006/70/CE, habida cuenta de las considerables modificaciones
        necesarias.
   (45) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la protección del sistema
        financiero mediante la prevención, la investigación y la detección del blanqueo de
        capitales y la financiación del terrorismo, no puede ser alcanzado de manera suficiente
        por los Estados miembros, ya que las medidas individuales adoptadas por los Estados
        miembros para proteger su sistema financiero podrían ser contrarias al funcionamiento
        del mercado interior y a las normas del Estado de Derecho y de orden público de la
        Unión y que, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión o a los
        efectos de la acción propuesta, a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de
        acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de
        la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en
        el artículo mencionado, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar
        ese objetivo.
   (46) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios
        reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en
        particular el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los
        datos de carácter personal, la libertad de empresa, la prohibición de discriminación, el
        derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y los derechos de defensa.
   (47) De conformidad con el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE,
        que prohíbe toda discriminación por cualquier motivo, los Estados miembros deben
ES                                               22                                              ES
 ---pagebreak---         velar por que, en lo que respecta a la evaluación de riesgos en el contexto de la
        diligencia debida con respecto al cliente, la presente Directiva se aplique sin
        discriminación.
   (48) De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la
        Comisión de 28 de septiembre de 2011, relativa a los documentos explicativos, los
        Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de
        transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que
        expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes
        de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente
        Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está
        justificada.
   HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
                                          CAPÍTULO I
                          DISPOSICIONES GENERALES
                                             SECCIÓN 1
                          ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
                                              Artículo 1
   1.     Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del
          terrorismo queden prohibidos.
   2.     A efectos de la presente Directiva, las siguientes actividades, realizadas
          intencionadamente, se considerarán blanqueo de capitales:
          (a)    la conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes
                 proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de
                 actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o
                 de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las
                 consecuencias jurídicas de su acto;
          (b)    la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la
                 disposición, el movimiento o la propiedad reales de bienes o de derechos sobre
                 esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad
                 delictiva o de la participación en ese tipo de actividad;
          (c)    la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de
                 la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de la
                 participación en ese tipo de actividad;
ES                                                23                                                 ES
 ---pagebreak---        (d)   la participación en alguna de las acciones mencionadas en las letras a), b) y c),
             la asociación para cometer ese tipo de acciones, las tentativas de perpetrarlas y
             el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de facilitar
             su ejecución.
   3.  Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que hayan
       generado los bienes que vayan a blanquearse se hayan desarrollado en el territorio de
       otro Estado miembro o en el de un tercer país.
   4.  A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «financiación del terrorismo» el
       suministro o la recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta,
       con la intención de utilizarlos o con el conocimiento de que serán utilizados,
       íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos contemplados
       en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio
       de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo13, modificada por la Decisión marco
       2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 200814.
   5.  El conocimiento, la intención o la motivación que han de darse en las actividades a
       que se refieren los apartados 2 y 4 del presente artículo podrán establecerse
       basándose en elementos de hecho objetivos.
                                          Artículo 2
   1.  La presente Directiva se aplicará a las siguientes entidades obligadas:
       (1)   las entidades de crédito;
       (2)   las entidades financieras;
       (3)   las siguientes personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su
             profesión:
             (a)    los auditores, contables externos y asesores fiscales;
             (b)    los notarios y otros profesionales independientes del Derecho cuando
                    participen, ya actuando en nombre de su cliente y por cuenta del mismo,
                    en cualquier transacción financiera o inmobiliaria, ya asistiendo en la
                    concepción o realización de transacciones por cuenta de su cliente
                    relativas a:
                    i)     la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales,
                    ii)    la gestión de fondos, valores u otros activos pertenecientes al
                           cliente,
                    iii)   la apertura o gestión de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o
                           cuentas de valores,
   13
      DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.
   14
      DO L 330 de 9.12.2008, p. 21.
ES                                             24                                               ES
 ---pagebreak---                     iv)   la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el
                          funcionamiento o la gestión de empresas,
                    v)    la creación, el funcionamiento o la gestión de sociedades,
                          fideicomisos o estructuras análogas;
             (c)    los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos que no estén ya
                    contemplados en las letras a) o b);
             (d)    los agentes de la propiedad inmobiliaria, incluidas las agencias de
                    alquiler;
             (e)    otras personas físicas o jurídicas que comercien con bienes únicamente
                    en la medida en que los pagos se efectúen o se reciban al contado y por
                    importe igual o superior a 7 500 EUR, ya se realicen en una o en varias
                    transacciones entre las que parezca existir algún tipo de relación;
             (f)    los proveedores de servicios de juegos de azar.
   2.  Los Estados miembros podrán decidir no incluir en el ámbito de aplicación de la
       presente Directiva a las personas físicas o jurídicas que realicen actividades
       financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada y cuando exista escaso
       riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, a condición de que
       cumplan la totalidad de los requisitos siguientes:
       (a)   que la actividad financiera sea limitada en términos absolutos;
       (b)   que la actividad financiera sea limitada en lo relativo a las transacciones;
       (c)   que la actividad financiera no sea la actividad principal;
       (d)   que la actividad financiera sea secundaria y esté directamente relacionada con
             la actividad principal;
       (e)   que, con excepción de la actividad contemplada en el apartado 1, punto 3), letra
             e), la actividad principal no sea una de las actividades mencionadas en el
             apartado 1;
       (f)   que la actividad financiera solo se preste a los clientes de la actividad principal
             y no se ofrezca al público con carácter general.
       El párrafo anterior no se aplicará a las personas físicas y jurídicas que participen en
       la actividad de envío de dinero a tenor del artículo 4, apartado 13, de la Directiva
       2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007,
       sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas
       97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva
       97/5/CE15.
   3.  A efectos del apartado 2, letra a), los Estados miembros exigirán que el volumen de
       negocios total de la actividad financiera no pueda superar un umbral suficientemente
   15
      DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
ES                                            25                                                 ES
 ---pagebreak---            bajo. Este umbral se establecerá en el ámbito nacional, atendiendo al tipo de
           actividad financiera.
   4.      A efectos del apartado 2, letra b), los Estados miembros aplicarán un umbral máximo
           por cliente y transacción, tanto si esta última consiste en una sola operación como si
           consta de varias operaciones aparentemente vinculadas. Este umbral se establecerá
           en el ámbito nacional, atendiendo al tipo de actividad financiera. Será
           suficientemente bajo para garantizar que esos tipos de transacciones sean un método
           poco práctico e ineficaz para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
           y no superará los 1 000 EUR.
   5.      A efectos del apartado 2, letra c), los Estados miembros exigirán que el volumen de
           negocios de la actividad financiera no supere el 5 % del volumen de negocios total de
           la persona jurídica o física de que se trate.
   6.      Al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo a
           efectos de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros prestarán
           especial atención a toda actividad financiera que, por su naturaleza, se considere
           especialmente susceptible de uso o abuso a efectos de blanqueo de capitales o
           financiación del terrorismo.
   7.      Toda decisión adoptada de conformidad con lo establecido en el presente artículo
           deberá motivarse. Los Estados miembros preverán la posibilidad de revocar esa
           decisión si cambiaran las circunstancias.
   8.      Los Estados miembros preverán actividades de supervisión basadas en el riesgo o
           adoptarán otras medidas oportunas destinadas a garantizar que la exención concedida
           mediante decisiones adoptadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo no
           sea utilizada abusivamente.
                                              Artículo 3
   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
   (1)     «entidad de crédito»: toda entidad que se ajuste a la definición del artículo 4, punto 1,
           de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de
           2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio16,
           así como toda sucursal, tal y como se define en el artículo 4, punto 3, de dicha
           Directiva, establecida en la Unión Europea por entidades de crédito que tengan su
           sede central dentro o fuera de la Unión Europea;
   (2)     «entidad financiera»:
           (a)    toda empresa distinta de una entidad de crédito que efectúe una o varias de las
                  operaciones mencionadas en el anexo I, puntos 2 a 12 y 14 y 15, de la Directiva
                  2006/48/CE, incluidas las actividades de las agencias de cambio (bureaux de
                  change);
   16
          DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
ES                                                26                                                 ES
 ---pagebreak---         (b)   toda empresa de seguros debidamente autorizada con arreglo a la Directiva
              2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de
              2002, sobre el seguro de vida17, en la medida en que realice actividades
              contempladas en dicha Directiva;
        (c)   toda empresa de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto
              1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
              abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros18;
        (d)   todo organismo de inversión colectiva que comercialice sus participaciones o
              acciones;
        (e)   los intermediarios de seguros según se definen en el artículo 2, apartado 5, de
              la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
              diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros19, con excepción de los
              intermediarios a que se refiere el artículo 2, apartado 7, de dicha Directiva,
              cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados
              con la inversión;
        (f)   las sucursales, situadas en la Unión Europea, de las entidades financieras
              contempladas en las letras a) a e) que tengan su sede central dentro o fuera de
              la Unión Europea;
   (3)  «bienes»: todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o
        inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos
        con independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la
        propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos;
   (4)  «actividad delictiva»: cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de los
        delitos graves siguientes:
        (a)   los actos definidos en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI
              sobre la lucha contra el terrorismo, modificada por la Decisión marco
              2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008;
        (b)   cualquiera de los delitos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra a), de
              la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de
              estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
        (c)   las actividades de las organizaciones delictivas definidas en el artículo 1 de la
              Acción Común 98/733/JAI del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa a
              la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los
              Estados miembros de la Unión Europea20;
   17
       DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.
   18
       DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
   19
       DO L 9 de 15.1.2003, p. 3.
   20
       DO L 351 de 29.12.1998, p. 1.
ES                                            27                                                ES
 ---pagebreak---         (d)    el fraude, según se define en el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2 del
               Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las
               Comunidades Europeas21, al menos en los casos graves;
        (e)    la corrupción;
        (f)    todos los delitos, incluidos los delitos fiscales relacionados con los impuestos
               directos e indirectos, que lleven aparejada una pena privativa de libertad o
               medida de seguridad de duración máxima superior a un año o, en los Estados
               en cuyo sistema jurídico exista un umbral mínimo para los delitos, todos los
               delitos que lleven aparejada una pena privativa de libertad o medida de
               seguridad de duración mínima superior a seis meses;
   (5)  «titular real»: la persona o personas físicas que ostenten la propiedad o el control en
        último término del cliente y/o la persona física por cuenta de la cual se lleve a cabo
        una transacción o actividad. El titular real incluirá, como mínimo:
        (a)    en el caso de las personas jurídicas:
               i)    la persona o personas físicas que en último término ostenten la propiedad
                     o el control de una entidad jurídica a través de la propiedad o el control,
                     directos o indirectos, en dicha persona jurídica, de un porcentaje
                     suficiente de acciones o derechos de voto, mediante la tenencia, en
                     particular, de acciones al portador, exceptuando las sociedades que
                     coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de
                     información de Derecho de la Unión Europea o a normas internacionales
                     equivalentes;
                     un porcentaje del 25 % más una acción acreditará la propiedad o el
                     control a través de la tenencia de acciones y se aplicará a cada nivel de la
                     propiedad directa e indirecta;
               ii)   en caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas en
                     el inciso i) sean los titulares reales, la persona o personas físicas que
                     ejerzan por otros medios el control de la gestión de una entidad jurídica;
        (b)    en el caso de las entidades jurídicas, como las fundaciones, y de las estructuras
               jurídicas, como los fideicomisos, que administren y distribuyan fondos:
               i)    la persona o personas físicas que ejerzan un control sobre el 25 % o más
                     de los bienes de una entidad o una estructura jurídicas; y
               ii)   cuando ya se hayan designado los futuros titulares, la persona o personas
                     físicas que sean titulares del 25 % o más de los bienes de una entidad o
                     una estructura jurídicas; o
               iii)  cuando los beneficiarios de la entidad o la estructura jurídicas estén aún
                     por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado
                     o actúan principalmente la entidad o la estructura jurídicas; en el caso de
                     los beneficiarios de fideicomisos, designados por características o por
   21
       DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.
ES                                              28                                                ES
 ---pagebreak---                     categoría, las entidades obligadas deberán obtener información suficiente
                    sobre el beneficiario para asegurarse de que serán capaces de establecer
                    la identidad del beneficiario en el momento del desembolso o cuando este
                    se proponga ejercer los derechos adquiridos;
   (6) «proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos»: toda persona física o
       jurídica que preste con carácter profesional los siguientes servicios a terceros:
       (a)   constituir sociedades u otras personas jurídicas;
       (b)   ejercer funciones de dirección o secretaría de una sociedad, socio de una
             sociedad de personas o funciones similares en relación con otras personas
             jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
       (c)   facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y
             otros servicios afines a una sociedad, una sociedad de personas o cualquier otra
             persona o estructura jurídicas;
       (d)   ejercer funciones de fideicomisario en un fideicomiso explícito o estructura
             jurídica similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones;
       (e)   ejercer funciones de accionista nominal por cuenta de otra persona,
             exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y estén sujetas
             a requisitos de información conformes con el Derecho de la Unión Europea o a
             normas internacionales equivalentes, o disponer que otra persona ejerza dichas
             funciones;
   (7) (a)   «personas del medio político extranjeras»: personas físicas que desempeñen o
             hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un tercer
             país;
       (b)   «personas del medio político de la UE»: personas físicas que desempeñen o
             hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado
             miembro;
       (c)   «personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado funciones importantes
             en una organización internacional»: los directores, directores adjuntos y los
             miembros del consejo de administración, o función equivalente, de una
             organización internacional;
       (d)   se entenderá por «personas físicas que desempeñen o hayan desempeñado
             funciones públicas importantes»:
             i)     jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios
                    de Estado;
             ii)    parlamentarios;
             iii)   miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras
                    altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente
                    recurso, salvo en circunstancias excepcionales;
ES                                            29                                                ES
 ---pagebreak---                iv)   miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;
               v)    embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas
                     armadas;
               vi)   miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de
                     empresas de propiedad estatal.
               Ninguna de las categorías establecidas en los incisos i) a vi) comprenderá
               funcionarios de niveles intermedios o inferiores;
        (e)    se entenderá por «familiares»:
               i)    el cónyuge;
               ii)   toda pareja que sea asimilable al cónyuge;
               iii)  los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges;
               iv)   los padres;
        (f)    se entenderá por «personas reconocidas como allegados»:
               i)    toda persona física de la que sea notorio que ostenta la propiedad
                     económica de una entidad jurídica u otra estructura jurídica
                     conjuntamente con alguna de las personas mencionadas en el punto 7,
                     letras a) a d), o mantiene otro tipo de relaciones empresariales estrechas
                     con las mismas;
               ii)   toda persona física que ostente la propiedad económica exclusiva de una
                     entidad jurídica u otra estructura jurídica que notoriamente se haya
                     constituido en beneficio de la persona a que se refiere el punto 7, letras a)
                     a d);
   (8)  «dirección»: los funcionarios o empleados que tengan un conocimiento suficiente de
        la exposición de la entidad al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del
        terrorismo, así como antigüedad suficiente para tomar decisiones que afecten a la
        exposición al riesgo, sin que sea necesaria, en todos los casos, la implicación de un
        miembro del consejo de administración;
   (9)  «relación de negocios»: relación empresarial, profesional o comercial vinculada a la
        actividad profesional de las entidades obligadas y que, en el momento en el que se
        establece el contacto, se prevea que tenga una cierta duración;
   (10) «servicios de juegos de azar»: todo servicio que implique apuestas de valor
        monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un componente de habilidad
        como las loterías, los juegos de casino, el póquer y las apuestas, y que se preste en
        una ubicación física, o por cualquier medio a distancia, por medios electrónicos o
        mediante cualquier otra tecnología que facilite la comunicación, y a petición
        individual del destinatario del servicio;
ES                                             30                                                  ES
 ---pagebreak---    (11)      «grupo»: lo definido en el artículo 2, punto 12, de la Directiva 2002/87/CE del
             Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la
             supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de
             inversión de un conglomerado financiero22.
                                                Artículo 4
   1.        Los Estados miembros velarán por hacer extensivas, total o parcialmente, las
             disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y categorías de
             empresas distintas de las entidades obligadas contempladas en el artículo 2,
             apartado 1, que ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser utilizadas
             para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
   2.        En caso de que un Estado miembro decida hacer extensivas las disposiciones de la
             presente Directiva a profesiones y categorías de empresas distintas de las que se
             mencionan en el artículo 2, apartado 1, deberá informar de ello a la Comisión.
                                                Artículo 5
   Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente
   Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales y la financiación
   del terrorismo.
                                               SECCIÓN 2
                                       EVALUACIÓN DE RIESGOS
                                                Artículo 6
   1.        La Autoridad Bancaria Europea (en lo sucesivo, «la ABE»), la Autoridad Europea de
             Seguros y Pensiones de Jubilación (en lo sucesivo, «la AESPJ») y la Autoridad
             Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo, «la AEVM») emitirán un dictamen
             conjunto sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que
             afectan al mercado interior.
             El dictamen se emitirá en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en
             vigor de la presente Directiva.
   2.        La Comisión hará público el dictamen para ayudar a los Estados miembros y las
             entidades obligadas a identificar, gestionar y atenuar los riesgos de blanqueo de
             capitales y financiación del terrorismo.
   22
           DO L 35 de 11.2.2003, p. 1.
ES                                                  31                                             ES
 ---pagebreak---                                          Artículo 7
   1. Cada Estado miembro adoptará medidas adecuadas para identificar, evaluar,
      comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del
      terrorismo que le afecten y mantendrá la evaluación actualizada.
   2. Cada Estado miembro designará a una autoridad encargada de coordinar la respuesta
      nacional a los riesgos contemplados en el apartado 1. La identidad de dicha autoridad
      se notificará a la Comisión, a la ABE, la AESPJ y la AEVM y a los demás Estados
      miembros.
   3. Al llevar a cabo la evaluación contemplada en el apartado 1, los Estados miembros
      podrán utilizar el dictamen previsto en el artículo 6, apartado 1.
   4. Cada Estado miembro llevará a cabo la evaluación contemplada en el apartado 1 y:
      (a)    la utilizará para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la
             financiación del terrorismo, en particular determinando todos los ámbitos en
             los que las entidades obligadas deberán aplicar medidas reforzadas y, en su
             caso, especificando las medidas que hayan de adoptarse;
      (b)    se servirá de ella como ayuda en la asignación y priorización de los recursos
             destinados a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
             terrorismo;
      (c)    pondrá información adecuada a disposición de las entidades obligadas para que
             lleven a cabo sus propias evaluaciones de riesgo de blanqueo de capitales y
             financiación del terrorismo.
   5. Los Estados miembros pondrán los resultados de sus evaluaciones de riesgos a
      disposición de los demás Estados miembros, la Comisión, la ABE, la AESPJ y la
      AEVM, previa solicitud.
                                         Artículo 8
   1. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas adopten medidas
      adecuadas para identificar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y
      financiación del terrorismo, teniendo en cuenta factores de riesgo, entre ellos
      clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de
      distribución. Estas medidas deberán guardar proporción con la naturaleza y el
      tamaño de las entidades.
   2. Las evaluaciones contempladas en el apartado 1 deberán estar documentadas,
      mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes y de
      los organismos autorreguladores.
   3. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas dispongan de
      políticas, controles y procedimientos para atenuar y gestionar eficazmente los riesgos
      de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados a nivel de la
      Unión, de los Estados miembros y de las entidades obligadas. Estas políticas,
ES                                           32                                              ES
 ---pagebreak---             controles y procedimientos deberán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño
            de las entidades.
   4.       Las políticas y procedimientos contemplados en el apartado 3 deberán incluir, como
            mínimo:
            (a)   la elaboración de políticas, procedimientos y controles internos, en particular
                  en materia de diligencia debida con respecto al cliente, notificación,
                  conservación de datos, control interno, gestión del cumplimiento (incluido,
                  cuando resulte apropiado debido al tamaño y la naturaleza de la empresa, el
                  nombramiento de un responsable del cumplimiento a nivel de dirección) y
                  escrutinio de los empleados;
            (b)   cuando proceda habida cuenta del tamaño y la naturaleza de la empresa, una
                  función de auditoría independiente para examinar las políticas, procedimientos
                  y controles internos contemplados en la letra a).
   5.       Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que obtengan la aprobación
            de la dirección para las políticas y procedimientos que establezcan, y supervisarán y
            reforzarán, en su caso, las medidas adoptadas.
                                          CAPÍTULO II
         DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
                                              SECCIÓN 1
                                   DISPOSICIONES GENERALES
                                               Artículo 9
   Los Estados miembros prohibirán a sus entidades de crédito y financieras mantener cuentas
   anónimas o libretas de ahorro anónimas. Los Estados miembros exigirán, sin excepciones de
   ningún tipo, que los actuales titulares y beneficiarios de cuentas anónimas o libretas de ahorro
   anónimas queden sujetos cuanto antes a las medidas de diligencia debida con respecto al
   cliente y, en cualquier caso, antes de que se haga uso alguno de dichas cuentas o libretas de
   ahorro.
                                              Artículo 10
   Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen medidas de diligencia
   debida con respecto al cliente en los siguientes casos:
   (a)      cuando establezcan una relación de negocios;
ES                                                 33                                               ES
 ---pagebreak---    (b) cuando efectúen transacciones ocasionales por un valor igual o superior a 15 000
       EUR, ya se lleven estas a cabo en una o en varias operaciones entre las que parezca
       existir algún tipo de relación;
   (c) en el caso de las personas físicas o jurídicas que comercien con bienes, cuando
       efectúen transacciones ocasionales en efectivo por un valor igual o superior a 7 500
       EUR, ya se lleven estas a cabo en una o en varias operaciones entre las que parezca
       existir algún tipo de relación;
   (d) en el caso de los proveedores de servicios de juegos de azar, cuando efectúen
       transacciones ocasionales por un valor igual o superior a 2 000 EUR, ya se lleven
       estas a cabo en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de
       relación;
   (e) cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo,
       con independencia de cualquier excepción, exención o umbral;
   (f) cuando existan dudas sobre la veracidad o adecuación de los datos de identificación
       del cliente obtenidos con anterioridad.
                                           Artículo 11
   1.  Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las
       actuaciones siguientes:
       (a)    la identificación del cliente y la comprobación de su identidad sobre la base de
              documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e
              independientes;
       (b)    la identificación del titular real y la adopción, a fin de comprobar su identidad,
              de medidas razonables tales que garanticen a la entidad o persona sujeta a lo
              dispuesto en la presente Directiva el conocimiento del titular real, incluida, en
              el caso de las personas jurídicas, fideicomisos y estructuras jurídicas similares,
              la adopción de medidas razonables a fin de comprender la estructura de
              propiedad y control del cliente;
       (c)    la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la
              índole prevista de la relación de negocios;
       (d)    la aplicación de medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios,
              incluido el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha
              relación, a fin de garantizar que coincidan con el conocimiento que tengan la
              entidad o persona del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, en
              su caso, el origen de los fondos, y garantizar que los documentos, datos o
              informaciones de que se disponga estén actualizados.
   2.  Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen cada uno de
       los requisitos del apartado 1 sobre diligencia debida con respecto al cliente; no
       obstante estas entidades podrán determinar el grado de su aplicación en función del
       riesgo.
ES                                              34                                               ES
 ---pagebreak---    3. Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los
      Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que tengan en cuenta como
      mínimo las variables indicadas en el anexo I.
   4. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas estén en condiciones
      de demostrar a las autoridades competentes o a los organismos autorreguladores que
      las medidas son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales
      o de financiación del terrorismo.
   5. En cuanto a las actividades en el ámbito de los seguros de vida u otros seguros
      relacionados con inversiones, los Estados miembros velarán por que, además de las
      medidas de diligencia debida requeridas con respecto al cliente y el titular real, las
      entidades financieras apliquen las siguientes medidas de diligencia debida con
      respecto al cliente a los beneficiarios de pólizas de seguros de vida u otros seguros
      relacionados con inversiones, en cuanto se identifique o designe a dichos
      beneficiarios:
      (a)    en el caso de los beneficiarios identificados como personas físicas o jurídicas o
             estructuras jurídicas con una denominación concreta, tomando el nombre de la
             persona;
      (b)    en el caso de los beneficiarios que sean designados por características o por
             categoría o por otros medios, obteniendo información suficiente sobre dichos
             beneficiarios para que la entidad financiera pueda estar segura de que será
             capaz de establecer la identidad de los mismos en el momento del desembolso.
      En los dos casos contemplados en las letras a) y b), la verificación de la identidad de
      los beneficiarios tendrá lugar en el momento del desembolso. En caso de cesión, total
      o parcial, a un tercero de un seguro de vida u otro seguro relacionado con
      inversiones, las entidades financieras que tengan conocimiento de la cesión deberán
      identificar al titular real en el momento de la cesión a la persona física o jurídica o a
      la estructura jurídica que reciba para su propio beneficio el valor de la póliza cedida.
                                         Artículo 12
   1. Los Estados miembros exigirán que la comprobación de la identidad del cliente y del
      titular real se efectúe antes de que se establezca una relación de negocios o de que se
      realice una transacción.
   2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán permitir que
      la comprobación de la identidad del cliente y del titular real se efectúe durante el
      establecimiento de una relación de negocios, cuando ello sea necesario para no
      interrumpir el desarrollo normal de la operación y cuando el riesgo de blanqueo de
      capitales o de financiación del terrorismo sea escaso. En tal caso, el procedimiento se
      concluirá lo antes posible tras el primer contacto.
   3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán
      permitir la apertura de cuentas bancarias siempre y cuando existan suficientes
      garantías de que el cliente o cualquier otra persona en su nombre no efectúen
      operaciones hasta que se hayan cumplido los requisitos de dichos apartados.
ES                                           35                                                 ES
 ---pagebreak---    4.       Los Estados miembros prohibirán a la entidad o persona interesada que no pueda
            cumplir lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c), efectuar
            operaciones a través de una cuenta bancaria, establecer una relación de negocios o
            llevar a cabo una transacción, y le exigirán que se plantee la finalización de la
            relación de negocios y el envío de una notificación de transacción sospechosa en
            relación con el cliente a la unidad de inteligencia financiera (UIF), con arreglo al
            artículo 32.
            Los Estados miembros eximirán de la aplicación del párrafo anterior a los notarios,
            otros profesionales independientes del Derecho, los auditores, los contables externos
            y los asesores fiscales única y exclusivamente en aquellos casos en que tal exención
            se refiera a la determinación de la posición jurídica de su cliente o al desempeño de
            su misión de defender o representar a dicho cliente en un procedimiento judicial o en
            relación con dicho procedimiento, incluido el asesoramiento sobre la incoación de un
            procedimiento judicial o la forma de evitarlo.
   5.       Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que no solo apliquen
            procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente a todos los nuevos
            clientes, sino también, en el momento oportuno, a los clientes existentes, en función
            de un análisis del riesgo, en particular cuando cambien las circunstancias pertinentes
            de un cliente.
                                             SECCIÓN 2
    MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
                                              Artículo 13
   1.       Cuando los Estados miembros o las entidades obligadas identifiquen ámbitos de
            menor riesgo, dichos Estados miembros podrán autorizar a las entidades obligadas a
            aplicar medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al cliente.
   2.       Antes de aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida con respecto al
            cliente, las entidades obligadas deberán determinar que la relación o transacción con
            el cliente presenta un menor grado de riesgo.
   3.       Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas controlen
            suficientemente la transacción o la relación de negocios para poder detectar
            operaciones inusuales o sospechosas.
                                              Artículo 14
   Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en relación con
   distintos tipos de clientes, países o zonas geográficas, y con determinados productos,
   servicios, operaciones o canales de distribución, los Estados miembros y las entidades
   obligadas deberán tener en cuenta como mínimo los factores de identificación de situaciones
   potencialmente de menor riesgo que figuran en el anexo II.
ES                                                 36                                              ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 15
   La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades competentes y
   a las entidades obligadas contempladas en el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, de
   conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, el Reglamento (UE)
   nº 1094/2010 y el Reglamento (UE) nº 1095/2010, sobre los factores de riesgo que deberán
   tenerse en cuenta y/o las medidas que deberán tomarse en las situaciones en que resulte
   oportuna la adopción de medidas simplificadas de diligencia debida. Procederá tener
   especialmente en cuenta la naturaleza y el tamaño de la empresa y, cuando resulte adecuado y
   proporcionado, prever medidas específicas. Estas directrices se emitirán en un plazo de dos
   años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
                                              SECCIÓN 3
      MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
                                              Artículo 16
   1.       En los casos especificados en los artículos 17 a 23 de la presente Directiva y en otros
            casos de riesgo más elevado identificados por los Estados miembros o las entidades
            obligadas, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen
            medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente a fin de gestionar y
            atenuar debidamente esos riesgos.
   2.       Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que examinen, en la medida
            de lo posible, el contexto y la finalidad de todas las transacciones complejas o de un
            importe inusitadamente elevado, así como toda pauta de transacción no habitual que
            no presente un propósito económico aparente o visiblemente lícito. En particular,
            deberán aumentar el grado y la naturaleza de la supervisión de la relación de
            negocios, a fin de determinar si las transacciones o actividades parecen inusuales o
            sospechosas.
   3.       Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los
            Estados miembros y las entidades obligadas deberán tener en cuenta como mínimo
            los factores de identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo que
            figuran en el anexo III.
   4.       La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades
            competentes y a las entidades obligadas contempladas en el artículo 2, apartado 1,
            puntos 1 y 2, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010,
            el Reglamento (UE) nº 1094/2010 y el Reglamento (UE) nº 1095/2010, sobre los
            factores de riesgo que deberán tenerse en cuenta y/o las medidas que deberán
            tomarse en las situaciones en que deban aplicarse medidas reforzadas de diligencia
            debida. Esas directrices se emitirán en un plazo de dos años a partir de la fecha de
            entrada en vigor de la presente Directiva.
ES                                                 37                                               ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 17
   Con respecto a las relaciones transfronterizas de corresponsalía bancaria con entidades
   clientes de terceros países, los Estados miembros exigirán a sus entidades de crédito, además
   de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente que se establecen en el artículo 11:
   (a)      que reúnan sobre la entidad cliente información suficiente para comprender
            cabalmente la naturaleza de sus actividades y determinar, a partir de información de
            dominio público, la reputación de la entidad y su calidad de supervisión;
   (b)      que evalúen los controles contra el blanqueo de capitales y la financiación del
            terrorismo de que disponga la entidad cliente;
   (c)      que obtengan autorización de la dirección antes de establecer nuevas relaciones de
            corresponsalía bancaria;
   (d)      que documenten las responsabilidades respectivas de cada entidad;
   (e)      con respecto a las cuentas de transferencias de pagos en otras plazas (payable-
            through accounts), que se cercioren de que la entidad cliente ha comprobado la
            identidad y aplicado en todo momento medidas de diligencia debida con respecto a
            los clientes que tienen acceso directo a cuentas de la entidad corresponsal y de que, a
            instancias de esta, puede facilitar los datos de un cliente que sean necesarios a efectos
            de la diligencia debida.
                                               Artículo 18
   En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político
   extranjeras, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además de las medidas
   de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 11:
   (a)      que dispongan de procedimientos adecuados en función del riesgo a fin de
            determinar si el cliente o el titular real del cliente pertenece a esa categoría de
            personas;
   (b)      que obtengan la autorización de la dirección para establecer o mantener relaciones de
            negocios con dichos clientes;
   (c)      que adopten medidas adecuadas a fin de determinar el origen del patrimonio y de los
            fondos con los que tendrá lugar la relación de negocios o transacción;
   (d)      que lleven a cabo una supervisión reforzada y permanente de la relación de negocios.
                                               Artículo 19
   En relación con las transacciones o relaciones de negocios con personas del medio político de
   la UE o con personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones importantes en una
   organización internacional, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas, además
   de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente establecidas en el artículo 11:
ES                                                  38                                                ES
 ---pagebreak---    (a)       que dispongan de procedimientos adecuados en función del riesgo a fin de
             determinar si el cliente o el titular real del cliente pertenece a una de esas categorías
             de personas;
   (b)       en los casos de relaciones de negocios de mayor riesgo con esas categorías de
             personas, que apliquen las medidas contempladas en el artículo 18, letras b), c) y d).
                                                Artículo 20
   Las entidades obligadas deberán tomar medidas razonables para determinar si los
   beneficiarios de pólizas de seguros de vida u otros seguros relacionados con inversiones y/o,
   en su caso, el titular real del beneficiario, son personas del medio político. Esas medidas se
   adoptarán a más tardar en el momento del desembolso o en el momento de la cesión, total o
   parcial, de la póliza. Cuando se identifiquen riesgos más elevados, además de adoptar las
   medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente, los Estados miembros exigirán
   a las entidades obligadas:
   (a)       que informen a la dirección antes del desembolso del producto de la póliza;
   (b)       que procedan a un control reforzado de la relación de negocios con el titular de la
             póliza en su conjunto.
                                                Artículo 21
   Las medidas contempladas en los artículos 18, 19 y 20 serán también aplicables a los
   familiares o a las personas reconocidas como allegados de las mencionadas personas del
   medio político.
                                                Artículo 22
   Cuando una de las personas contempladas en los artículos 18, 19 y 20 haya dejado de
   desempeñar una función pública importante por encargo de un Estado miembro o de un tercer
   país, o una función importante en una organización internacional, las entidades obligadas
   deberán tener presente el riesgo que sigue representando dicha persona y aplicar las medidas
   adecuadas y basadas en el riesgo que sean necesarias hasta el momento en que se considere
   que ya no representa un riesgo. Este plazo no podrá ser inferior a 18 meses.
                                                Artículo 23
   1.        Los Estados miembros prohibirán a las entidades de crédito establecer o mantener
             relaciones de corresponsalía bancaria con un banco pantalla y requerirán a las
             entidades de crédito que adopten medidas adecuadas para asegurar que no entablan o
             mantienen relaciones de corresponsalía con un banco del que se conozca que permite
             el uso de sus cuentas por bancos pantalla.
   2.        A efectos del apartado 1, se entenderá por «banco pantalla» una entidad de crédito o
             entidad que desarrolla una actividad similar, constituida en un país en el que no tenga
             una presencia física que permita ejercer una verdadera gestión y dirección y que no
             esté asociada a un grupo financiero regulado.
ES                                                   39                                                ES
 ---pagebreak---                                                SECCIÓN 4
                                   APLICACIÓN POR TERCEROS
                                               Artículo 24
   Los Estados miembros podrán permitir que las entidades obligadas recurran a terceros para
   aplicar los requisitos contemplados en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c). No
   obstante, por lo que respecta al cumplimiento de dichos requisitos, seguirá siendo responsable
   última la entidad obligada que recurra al tercero.
                                               Artículo 25
   1.       A efectos de la presente sección, se entenderá por «terceros» las entidades obligadas
            enumeradas en el artículo 2 u otras entidades y personas situadas en Estados
            miembros o en un tercer país que apliquen requisitos de diligencia debida con
            respecto al cliente y de conservación de documentos equivalentes a los establecidos
            en la presente Directiva, y que supervisen el cumplimiento de los requisitos de la
            presente Directiva de conformidad con el capítulo VI, sección 2.
   2.       Los Estados miembros deberán tomar en consideración la información disponible
            sobre el nivel de riesgo geográfico a la hora de decidir si un tercer país cumple los
            requisitos establecidos en el apartado 1 y se informarán mutuamente, e informarán a
            la Comisión, la ABE, la AESPJ y la AEVM, en la medida que corresponda a los
            fines de la presente Directiva y de conformidad con las disposiciones pertinentes del
            Reglamento (UE) nº 1093/2010, del Reglamento (UE) nº 1094/2010 y del
            Reglamento (UE) nº 1095/2010, de aquellos casos en que consideren que un tercer
            país cumple dichos requisitos.
                                               Artículo 26
   1.       Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas obtengan de los
            terceros a los que recurran la información necesaria sobre los requisitos establecidos
            en el artículo 11, apartado 1, letras a), b) y c).
   2.       Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas a las que se remita al
            cliente adopten las medidas adecuadas para garantizar que los terceros les transmitan,
            previa solicitud, las correspondientes copias de los datos de comprobación de
            identidad y demás documentación pertinente sobre la identidad del cliente o titular
            real.
                                               Artículo 27
   Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente del país de origen (en lo que
   respecta a las políticas y controles a nivel de grupo) y la autoridad competente del país de
   acogida (en lo que atañe a las sucursales y filiales) pueda considerar que una entidad obligada
ES                                                  40                                             ES
 ---pagebreak---    aplica las medidas establecidas en el artículo 25, apartado 1, y en el artículo 26 a través de su
   programa de grupo, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
   (a)      que la entidad obligada se base en la información facilitada por un tercero que forme
            parte del mismo grupo;
   (b)      que dicho grupo aplique medidas de diligencia debida con respecto al cliente, normas
            sobre conservación de documentos y programas de lucha contra el blanqueo de
            capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la presente Directiva o
            disposiciones equivalentes;
   (c)      que la aplicación efectiva de los requisitos contemplados en la letra b) sea
            supervisada a nivel de grupo por una autoridad competente.
                                              Artículo 28
   Lo dispuesto en la presente sección no se aplicará a las relaciones de externalización o
   agencia cuando, en virtud de un acuerdo contractual, el proveedor de servicios de
   externalización o agente deba considerarse parte de la entidad obligada.
                                          CAPÍTULO III
            INFORMACIÓN SOBRE LA TITULARIDAD REAL
                                              Artículo 29
   1.       Los Estados miembros velarán por que las sociedades u otras personas jurídicas
            establecidas en su territorio obtengan y mantengan información adecuada, precisa y
            actual sobre su titularidad real.
   2.       Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las entidades
            obligadas puedan acceder oportunamente a la información a que se refiere el
            apartado 1 del presente artículo.
                                              Artículo 30
   1.       Los Estados miembros velarán por que los fideicomisarios de un fideicomiso
            explícito sujeto a su legislación obtengan y mantengan información adecuada,
            precisa y actual sobre la titularidad real en relación con el fideicomiso. Esa
            información incluirá la identidad del fideicomitente, del fideicomisario o
            fideicomisarios, del protector (si procede), de los beneficiarios o categoría de
            beneficiarios, y de cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo del
            fideicomiso.
   2.       Los Estados miembros velarán por que los fideicomisarios comuniquen su condición
            a las entidades obligadas cuando, como tales, entablen una relación de negocios o
ES                                                 41                                                ES
 ---pagebreak---       realicen una transacción ocasional por encima del umbral fijado en el artículo 10,
      letras b), c) y d) .
   3. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las entidades
      obligadas puedan acceder oportunamente a la información a que se refiere el
      apartado 1 del presente artículo.
   4. Los Estados miembros velarán por que las medidas correspondientes a lo dispuesto
      en los apartados 1, 2 y 3 se apliquen a otros tipos de persona o estructura jurídicas
      que tengan una estructura y una función similares a las de los fideicomisos.
                                   CAPÍTULO IV
                 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
                                        SECCIÓN 1
                             DISPOSICIONES GENERALES
                                        Artículo 31
   1. Todos los Estados miembros establecerán una UIF a fin de prevenir, detectar e
      investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
   2. Los Estados miembros notificarán por escrito a la Comisión el nombre y la dirección
      de las UIF respectivas.
   3. La UIF se establecerá como unidad nacional central. Será responsable de recibir (y,
      en la medida de sus competencias, solicitar), analizar y comunicar a las autoridades
      competentes la información que guarde relación con el blanqueo potencial de
      capitales o delitos principales conexos, la potencial financiación del terrorismo o que
      sea exigida en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales. Se le
      dotará de los recursos adecuados para que lleve a cabo sus funciones.
   4. Los Estados miembros deberán garantizar que la UIF tenga acceso, directa o
      indirectamente, en el plazo requerido, a la información financiera, administrativa y
      policial y judicial que necesite para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.
      Además, la UIF deberá responder a las solicitudes de información de las autoridades
      judiciales y policiales de su Estado miembro, salvo cuando razones de hecho hagan
      suponer que el suministro de la información tendría un impacto negativo en
      investigaciones o análisis en curso, o, en circunstancias excepcionales, cuando la
      divulgación de la información sea claramente desproporcionada respecto a los
      intereses legítimos de la persona física o jurídica, o no sea pertinente con respecto a
      los fines para los que se haya solicitado.
ES                                           42                                               ES
 ---pagebreak---    5. Los Estados miembros velarán por que las UIF estén facultadas para tomar medidas
      urgentes, ya sea directa o indirectamente, cuando se sospeche que una transacción
      está relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y para
      suspender o no autorizar una transacción en curso, a fin de analizar la transacción y
      confirmar la sospecha.
   6. La función de análisis de las UIF consistirá en un análisis operativo de casos
      individuales y objetivos específicos y en un análisis estratégico que examine las
      tendencias y pautas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
                                        Artículo 32
   1. Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas y, en su caso, a sus
      directivos y empleados que colaboren plenamente:
      (a)   informando por iniciativa propia, y sin demora, a la UIF cuando la entidad o
            persona sujetas a lo dispuesto en la presente Directiva sepan, sospechen o
            tengan motivos razonables para sospechar que unos fondos son el producto de
            actividades delictivas o están relacionados con la financiación del terrorismo y
            respondiendo sin demora a las solicitudes de información adicional que les
            dirija la UIF en tales casos;
      (b)   facilitando de inmediato a la UIF, a petición de esta, toda la información que
            sea necesaria de conformidad con los procedimientos establecidos en la
            legislación aplicable.
   2. La información a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo será remitida
      a la UIF del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la entidad o
      persona que facilite dicha información. Se encargarán de remitir la información la
      persona o personas que hayan sido designadas de conformidad con los
      procedimientos contemplados en el artículo 8, apartado 4.
                                        Artículo 33
   1. No obstante lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, en el caso de las personas
      contempladas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, letras a), b) y d), los Estados
      miembros podrán designar a un organismo autorregulador pertinente de la profesión
      de que se trate como la autoridad que debe recibir la información mencionada en el
      artículo 32, apartado 1.
      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, en los casos contemplados en el
      párrafo primero los organismos autorreguladores designados transmitirán de
      inmediato la información sin filtrar a la UIF.
   2. Los Estados miembros eximirán de la aplicación de las obligaciones establecidas en
      el artículo 32, apartado 1, a los notarios, otros profesionales independientes del
      Derecho, los auditores, los contables externos y los asesores fiscales única y
      exclusivamente en aquellos casos en que tal exención se refiera a la información que
      estos reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición
      jurídica de su cliente o desempeñar su misión de defender o representar a dicho
ES                                          43                                               ES
 ---pagebreak---             cliente en un procedimiento judicial o en relación con dicho procedimiento, incluido
            el asesoramiento sobre la incoación de un procedimiento judicial o la forma de
            evitarlo, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes,
            durante o después de tal procedimiento.
                                             Artículo 34
   1.       Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que se abstengan de
            ejecutar transacciones de las que sepan o sospechen que están relacionadas con el
            blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo hasta tanto no hayan
            completado la actuación necesaria de conformidad con el artículo 32, apartado 1,
            letra a).
            Con arreglo a la legislación de los Estados miembros, podrán darse instrucciones
            para que no se ejecute la operación.
   2.       Cuando se sospeche que la transacción considerada implicará blanqueo de capitales o
            financiación del terrorismo y abstenerse de ejecutarla resulte imposible o pueda
            comprometer el procesamiento de los beneficiarios de la presunta operación de
            blanqueo o financiación del terrorismo, las entidades obligadas informarán de ello a
            la UIF inmediatamente después.
                                             Artículo 35
   1.       Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes contempladas en
            el artículo 45, en caso de que descubran hechos que puedan estar relacionados con el
            blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ya sea durante las
            inspecciones efectuadas por esas autoridades en las entidades obligadas o de
            cualquier otro modo, informen de ello sin demora a la UIF.
   2.       Los Estados miembros velarán por que las autoridades supervisoras facultadas
            mediante disposiciones legales o reglamentarias para supervisar las bolsas de valores
            y los mercados de divisas y de derivados financieros informen a la UIF cuando
            descubran hechos que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales o la
            financiación del terrorismo.
                                             Artículo 36
   La comunicación, de buena fe, con arreglo a lo previsto en el artículo 32, apartado 1, y en el
   artículo 33 de la información contemplada en los artículos 32 y 33 a la UIF, por parte de una
   entidad obligada, o de sus empleados o directivos no constituirá violación de las restricciones
   sobre divulgación de información impuestas por vía contractual o por cualquier disposición
   legal, reglamentaria o administrativa y no implicará ningún tipo de responsabilidad para la
   entidad obligada, sus directivos o empleados.
ES                                               44                                                ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 37
   Los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas a fin de proteger frente a toda
   amenaza o acción hostil a los empleados de las entidades obligadas que comuniquen sus
   sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, ya sea por vía interna o a
   la UIF.
                                             SECCIÓN 2
                                 PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN
                                              Artículo 38
   1.      Las entidades obligadas, así como sus directivos y empleados, no revelarán al cliente
           de que se trate ni a terceros que se ha transmitido información de conformidad con
           los artículos 32 y 33 ni que está realizándose o puede realizarse una investigación
           sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
   2.      La prohibición del apartado 1 no incluirá la revelación a las autoridades competentes
           de los Estados miembros, incluidos los organismos autorreguladores, o la revelación
           a efectos de aplicación de la ley.
   3.      La prohibición establecida en el apartado 1 no impedirá la comunicación de
           información entre entidades de los Estados miembros, o de terceros países que
           impongan requisitos equivalentes a los enunciados en la presente Directiva, siempre
           que pertenezcan al mismo grupo.
   4.      La prohibición establecida en el apartado 1 no impedirá la comunicación de
           información entre las personas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3,
           letras a) y b), situadas en los Estados miembros, o en terceros países que impongan
           requisitos equivalentes a los enunciados en la presente Directiva, que ejerzan sus
           actividades profesionales, ya sea como empleados o de otro modo, dentro de una
           misma entidad jurídica o en una red.
           A los efectos del párrafo primero, se entenderá por «red» la estructura más amplia a
           la que pertenece la persona y que comporta una propiedad, una gestión o una
           supervisión del cumplimiento comunes.
   5.      Cuando se trate de las entidades o personas a que se refiere el artículo 2, apartado 1,
           puntos 1 y 2, y punto 3, letras a) y b), en los casos que se refieran a un mismo cliente
           y a una misma transacción en la que intervengan dos o más entidades o personas, la
           prohibición establecida en el apartado 1 del presente artículo no impedirá la
           comunicación de información entre las entidades o personas pertinentes, siempre que
           estén establecidas en un Estado miembro, o en un tercer país que imponga requisitos
           equivalentes a los establecidos por la presente Directiva, pertenezcan a la misma
           categoría profesional y estén sujetas a obligaciones en lo relativo al secreto
           profesional y la protección de los datos personales.
ES                                                45                                                ES
 ---pagebreak---    6.       Cuando las personas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, punto 3, letras a) y b),
            intenten disuadir a un cliente de una actividad ilegal, ello no constituirá revelación a
            efectos del apartado 1.
                                          CAPÍTULO V
              CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS Y DATOS
                                       ESTADÍSTICOS
                                              Artículo 39
   Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que conserven los siguientes
   documentos y datos de conformidad con el Derecho nacional, con fines de prevención,
   detección e investigación, por parte de la UIF o de cualquier otra autoridad competente, de
   posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo:
   (a)      En los casos de diligencia debida con respecto al cliente, copia o referencias de las
            pruebas exigidas durante un período de cinco años desde que hayan finalizado las
            relaciones de negocios con su cliente. Tras la expiración de este plazo, los datos
            personales deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo
            contrario, en cuyo caso se determinará en qué circunstancias las entidades obligadas
            podrán o deberán conservar más tiempo estos datos. Los Estados miembros podrán
            autorizar o exigir que los datos se conserven más allá de dicho plazo únicamente si es
            necesario a efectos de prevención, detección o investigación de blanqueo de capitales
            y financiación del terrorismo. El período máximo de conservación tras la finalización
            de la relación de negocios no será superior a diez años.
   (b)      En los casos de relaciones de negocios y transacciones, los justificantes y registros,
            consistentes en documentos originales o en copias que tengan fuerza probatoria
            similar en virtud del Derecho nacional, durante un período mínimo de cinco años tras
            la ejecución de las transacciones, o tras la conclusión de la relación de negocios si
            este período fuera más breve. Tras la expiración de este plazo, los datos personales
            deberán eliminarse salvo que la legislación nacional disponga lo contrario, en cuyo
            caso se determinará en qué circunstancias las entidades obligadas podrán o deberán
            conservar más tiempo estos datos. Los Estados miembros podrán autorizar o exigir
            que los datos se conserven más allá de dicho plazo únicamente si es necesario a
            efectos de prevención, detección o investigación de blanqueo de capitales y
            financiación del terrorismo. El período máximo de conservación, tras la ejecución de
            las transacciones, o tras la conclusión de la relación de negocios si este período
            finalizara antes, no podrá exceder de diez años.
                                              Artículo 40
   Los Estados miembros exigirán que sus entidades obligadas instauren sistemas que les
   permitan responder de forma completa y diligente a las solicitudes de información que les
   curse la UIF u otras autoridades con arreglo a su Derecho nacional sobre si mantienen o han
ES                                                46                                                 ES
 ---pagebreak---    mantenido a lo largo de los cinco años anteriores relaciones de negocios con determinadas
   personas físicas o jurídicas y sobre la naturaleza de dichas relaciones.
                                               Artículo 41
   1.      A efectos de la preparación de las evaluaciones nacionales de riesgos, de
           conformidad con el artículo 7, los Estados miembros garantizarán que están en
           condiciones de evaluar la eficacia de sus sistemas de lucha contra el blanqueo de
           capitales y la financiación del terrorismo y, a tal fin, dispondrán de estadísticas
           exhaustivas sobre cuestiones pertinentes para la eficacia de tales sistemas.
   2.      Las estadísticas mencionadas en el apartado 1 incluirán:
           (a)    datos relativos al tamaño y la importancia de los diferentes sectores incluidos
                  en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, en particular el número de
                  entidades y personas y la importancia económica de cada uno de los sectores;
           (b)    datos relativos a las fases de información, de investigación y judicial del
                  sistema nacional de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
                  terrorismo, en particular el número de comunicaciones de transacciones
                  sospechosas remitidas a la UIF, el seguimiento dado a dichas comunicaciones y
                  el número anual de asuntos investigados, así como el número de personas
                  procesadas, el número de personas condenadas por delitos relacionados con el
                  blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo y el valor en euros
                  de los bienes congelados, incautados o confiscados.
   3.      Los Estados miembros deberán garantizar la publicación de un estado consolidado de
           sus informes estadísticos y transmitir a la Comisión los datos estadísticos
           contemplados en el apartado 2.
                                          CAPÍTULO VI
          POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIÓN
                                              SECCIÓN 1
            PROCEDIMIENTOS INTERNOS, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE
                                          OBSERVACIONES
                                               Artículo 42
   1.      Los Estados miembros exigirán que las entidades obligadas que formen parte de un
           grupo apliquen, a nivel de grupo, políticas y procedimientos, incluidas políticas de
           protección de datos y políticas y procedimientos para el intercambio de información
           dentro del grupo, contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
ES                                                 47                                             ES
 ---pagebreak---        Dichas políticas y procedimientos se aplicarán de manera efectiva a nivel de las
       sucursales y las filiales en las que tengan participación mayoritaria en los Estados
       miembros y terceros países.
   2.  Los Estados miembros velarán por que, cuando las entidades obligadas posean
       sucursales o filiales en las que tengan participación mayoritaria que estén situadas en
       un tercer país donde los requisitos mínimos en materia de lucha contra el blanqueo
       de capitales y la financiación del terrorismo sean menos estrictos que los de los
       Estados miembros, estas sucursales y filiales apliquen los requisitos del Estado
       miembro, incluidos los relativos a la protección de datos, en la medida en que lo
       permitan las disposiciones legales y reglamentarias de dicho tercer país.
   3.  Los Estados miembros, la ABE, la AESPJ y la AEVM se informarán mutuamente de
       aquellos casos en que consideren que el Derecho del tercer país no permite la
       aplicación de las medidas exigidas con arreglo al apartado 1 y en los que se pueda
       actuar en el marco de un procedimiento acordado para hallar una solución.
   4.  Los Estados miembros requerirán que, cuando el Derecho del tercer país no permita
       la aplicación de las medidas exigidas con arreglo al apartado 1, párrafo primero, las
       entidades obligadas adopten medidas adicionales para hacer frente eficazmente al
       riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo e informen a los
       supervisores de su país de origen. Si las medidas adicionales no son suficientes, las
       autoridades competentes del país de origen estudiarán la adopción de actuaciones de
       supervisión adicionales, entre ellas, en su caso, solicitar al grupo financiero que cese
       sus actividades en el país de acogida.
   5.  La ABE, la AESPJ y la AEVM elaborarán proyectos de normas técnicas de
       regulación que especifiquen el tipo de medidas adicionales contempladas en el
       apartado 4 del presente artículo y las medidas mínimas que deberán tomar las
       entidades obligadas a que se refiere el artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2, cuando el
       Derecho del tercer país no permita la aplicación de las medidas exigidas con arreglo
       a los apartados 1 y 2. La ABE, la AESPJ y la AEVM presentarán a la Comisión
       dichos proyectos de normas técnicas de regulación en el plazo de dos años a partir de
       la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
   6.  Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a
       que se refiere el apartado 5, de conformidad con el procedimiento establecido en los
       artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, del Reglamento (UE)
       nº 1094/2010 y del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
   7.  Los Estados miembros velarán por que se permita el intercambio de información
       dentro del grupo, a condición de que ello no afecte a la investigación o análisis de
       posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo por parte de
       la UIF o de cualquier otra autoridad competente en virtud del Derecho nacional.
   8.  Los Estados miembros podrán exigir a los emisores de dinero electrónico, tal como
       se definen en la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo23, y a
       los proveedores de servicios de pago, tal como se definen en la Directiva 2007/64/CE
       del Parlamento Europeo y del Consejo 24, establecidos en su territorio, y cuya sede
   23
      DO L 267 de 10.10.2009, p. 7.
   24
      DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
ES                                            48                                                ES
 ---pagebreak---        central se encuentre en otro Estado miembro o fuera de la Unión, que designen un
       punto de contacto central en su territorio para supervisar el cumplimiento de las
       normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
   9.  La ABE, la AESPJ y la AEVM elaborarán proyectos de normas técnicas de
       regulación sobre los criterios para determinar las circunstancias en que resulta
       adecuada la designación de un punto de contacto central en virtud del apartado 8 y
       las funciones que deben desempeñar estos puntos de contacto. La ABE, la AESPJ y
       la AEVM presentarán a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de
       regulación en el plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la
       presente Directiva.
   10. Se delegan en la Comisión poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a
       que se refiere el apartado 9, de conformidad con el procedimiento establecido en los
       artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, del Reglamento (UE)
       nº 1094/2010 y del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                         Artículo 43
   1.  Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que adopten medidas
       proporcionadas a sus riesgos, naturaleza y tamaño, para que sus empleados tengan
       conocimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva,
       incluidos los requisitos pertinentes en materia de protección de datos.
       Estas medidas incluirán la participación de los empleados correspondientes en cursos
       especiales de formación permanente para ayudarles a detectar las operaciones que
       puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del
       terrorismo y enseñarles la manera de proceder en tales casos.
       En caso de que una persona física perteneciente a alguna de las categorías
       enumeradas en el artículo 2, apartado 1, punto 3, ejerza su profesión en calidad de
       empleado de una persona jurídica, las obligaciones impuestas por la presente sección
       recaerán en dicha persona jurídica en vez de en la persona física.
   2.  Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas tengan acceso a
       información actualizada sobre las prácticas de los autores de blanqueo de capitales y
       de los financiadores del terrorismo y sobre los indicios que permiten detectar las
       transacciones sospechosas.
   3.  Los Estados miembros velarán por que, siempre que sea posible, se aporte
       oportunamente información sobre la eficacia y el seguimiento de las comunicaciones
       relativas a presuntos casos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
ES                                            49                                             ES
 ---pagebreak---                                            SECCIÓN 2
                                        SUPERVISIÓN
                                           Artículo 44
   1. Los Estados miembros dispondrán que los establecimientos de cambio y los
      proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos estén sujetos a la obligación de
      obtener licencia o de registrarse y los proveedores de servicios de juegos de azar, a la
      de obtener autorización.
   2. Con respecto a las entidades a que se refiere el apartado 1, los Estados miembros
      exigirán a las autoridades competentes que se cercioren de la honorabilidad y
      profesionalidad de las personas que de hecho dirijan o vayan a dirigir las actividades
      de dichas entidades o la de sus titulares reales.
   3. Por lo que se refiere a las entidades obligadas a que se refiere el artículo 2, apartado
      1, punto 3, letras a), b), d) y e), los Estados miembros velarán por que las autoridades
      competentes adopten las medidas necesarias para evitar que los delincuentes o sus
      cómplices posean o sean titulares reales de una participación significativa o
      mayoritaria, o desempeñen una función de gestión en esas entidades obligadas.
                                           Artículo 45
   1. Los Estados miembros exigirán a las autoridades competentes que supervisen
      eficazmente y tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de lo
      dispuesto en la presente Directiva.
   2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean las
      competencias adecuadas, entre ellas la de obligar a aportar cualquier información que
      sea pertinente a efectos de la supervisión del cumplimiento y la de realizar controles,
      y por que dispongan de los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para
      desempeñar sus funciones. Los Estados miembros velarán por que el personal de
      estas autoridades observe unas estrictas normas profesionales, en particular en
      materia de confidencialidad y protección de datos, tenga un elevado nivel de
      integridad y esté debidamente cualificado.
   3. En el caso de las entidades de crédito, entidades financieras y proveedores de
      servicios de juegos de azar, las autoridades competentes tendrán facultades de
      supervisión reforzadas, en particular la posibilidad de realizar inspecciones in situ.
   4. Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas que disponen de
      sucursales o filiales en otros Estados miembros respeten las disposiciones nacionales
      de esos Estados miembros por lo que se refiere a la presente Directiva.
   5. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes del Estado
      miembro en el que esté establecida la sucursal o filial cooperen con las autoridades
ES                                             50                                              ES
 ---pagebreak---        competentes del Estado miembro en el que la entidad obligada tenga su sede central,
       a fin de garantizar una supervisión eficaz de los requisitos de la presente Directiva.
   6.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes que apliquen a la
       supervisión un enfoque basado en el riesgo:
       (a)    conozcan perfectamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del
              terrorismo existentes en su país;
       (b)    tengan acceso in situ y desde el exterior a toda la información pertinente sobre
              los riesgos nacionales e internacionales específicos asociados a los clientes,
              productos y servicios de las entidades obligadas; y
       (c)    basen la frecuencia e intensidad de la supervisión in situ y desde el exterior en
              el perfil de riesgo de la entidad obligada y en los riesgos de blanqueo de
              capitales y financiación del terrorismo existentes en el país.
   7.  La evaluación del perfil de riesgo de las entidades obligadas en materia de blanqueo
       de capitales y financiación del terrorismo, incluidos los riesgos de incumplimiento,
       se revisará periódicamente y cuando se produzcan acontecimientos o novedades
       importantes en la gestión y el funcionamiento de la entidad obligada.
   8.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes tengan en cuenta
       el grado de discrecionalidad permitido a la entidad obligada y revisen debidamente
       las evaluaciones de riesgo en que se basa esta discrecionalidad, así como la
       adecuación y la aplicación de sus políticas, controles internos y procedimientos.
   9.  En el caso de las entidades obligadas contempladas en el artículo 2, apartado 1, punto
       3, letras a), b) y d), los Estados miembros podrán permitir que las funciones
       mencionadas en el apartado 1 sean realizadas por organismos autorreguladores,
       siempre que cumplan lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.
   10. La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades
       competentes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010,
       del Reglamento (UE) nº 1094/2010 y del Reglamento (UE) nº 1095/2010, sobre los
       factores que deben tomarse en consideración al realizar la supervisión sobre la base
       de un análisis de riesgos. Procede tener especialmente en cuenta la naturaleza y el
       tamaño de la empresa y, cuando resulte adecuado y proporcionado, prever medidas
       específicas. Estas directrices se emitirán en un plazo de dos años a partir de la fecha
       de entrada en vigor de la presente Directiva.
ES                                             51                                               ES
 ---pagebreak---                                               SECCIÓN 3
                                         COOPERACIÓN
                                             SUBSECCIÓN I
                                       COOPERACIÓN NACIONAL
                                               Artículo 46
   Los Estados miembros velarán por que las instancias de decisión, las UIF, las autoridades
   judiciales y policiales, las autoridades de supervisión y otras autoridades competentes que
   participen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
   dispongan de mecanismos eficaces que les permitan cooperar y coordinar a escala nacional la
   elaboración y la aplicación de las políticas y actividades destinadas a combatir el blanqueo de
   capitales y la financiación del terrorismo.
                                            SUBSECCIÓN II
                        COOPERACIÓN CON LA ABE, LA AESPJ Y LA AEVM
                                               Artículo 47
   Las autoridades competentes facilitarán a la ABE, la AESPJ y la AEVM toda la información
   necesaria para llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con la presente Directiva.
                                            SUBSECCIÓN III
                    COOPERACIÓN ENTRE LAS UIF Y CON LA COMISIÓN EUROPEA
                                               Artículo 48
   La Comisión podrá prestar la asistencia necesaria para facilitar la coordinación, incluido el
   intercambio de información, entre las UIF dentro de la Unión. Podrá convocar regularmente
   reuniones con representantes de las UIF de los Estados miembros a fin de facilitar la
   cooperación e intercambiar puntos de vista sobre cuestiones relacionadas con la cooperación.
                                               Artículo 49
   Los Estados miembros velarán por que sus UIF cooperen entre sí en la mayor medida posible,
   con independencia de que sean autoridades administrativas, policiales o judiciales, o mixtas.
ES                                                 52                                              ES
 ---pagebreak---                                               Artículo 50
   1.       Los Estados miembros velarán por que las UIF intercambien, por propia iniciativa o
            previa solicitud, toda información que pueda ser pertinente para el tratamiento o el
            análisis de información o la investigación, por parte de las UIF, sobre operaciones
            financieras relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
            y sobre las personas físicas o jurídicas implicadas. La solicitud expondrá los hechos
            pertinentes, los antecedentes y los motivos de la solicitud, y explicará la forma en
            que se utilizará la información solicitada.
   2.       Los Estados miembros velarán por que la UIF a la que se dirija la solicitud venga
            obligada a utilizar todas las competencias de que disponga a nivel nacional para la
            recepción y análisis de la información cuando responda a una solicitud de
            información contemplada en el apartado 1, cursada desde otra UIF establecida en la
            Unión Europea. La UIF a la que vaya dirigida la solicitud deberá responder con
            diligencia, y tanto la UIF requirente como la UIF requerida utilizarán, en la medida
            de lo posible, medios digitales seguros para el intercambio de información.
   3.       Una UIF podrá negarse a divulgar información cuando ello pueda comprometer una
            investigación penal en el Estado miembro requerido o, en circunstancias
            excepcionales, en caso de que la divulgación de la información sea claramente
            desproporcionada para los intereses legítimos de una persona física o jurídica o del
            Estado miembro de que se trate, o en caso de que no sea pertinente para los fines
            para los que fue recogida. Dicha denegación deberá justificarse adecuadamente a la
            UIF requirente.
                                              Artículo 51
   La información y los documentos recibidos con arreglo a los artículos 49 y 50 se utilizarán
   para el desempeño de las funciones de las UIF establecidas en la presente Directiva. Al
   transmitir información o documentos con arreglo a los artículos 49 y 50, la UIF transmisora
   podrá imponer restricciones y condiciones con respecto al uso de la información. La UIF
   receptora respetará dichas restricciones y condiciones. Ello no afectará a su utilización en
   investigaciones y procedimientos penales relacionados con las funciones de las UIF para
   prevenir, detectar e investigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
                                              Artículo 52
   Los Estados miembros velarán por que las UIF adopten todas las medidas necesarias,
   incluidas medidas de seguridad, a fin de garantizar que ninguna otra autoridad, agencia o
   departamento pueda acceder a la información presentada con arreglo a los artículos 49 y 50,
   salvo que la UIF que facilita la información otorgue previamente su consentimiento.
                                              Artículo 53
   1.       Los Estados miembros animarán a sus UIF a utilizar canales de comunicación
            protegidos para comunicarse entre sí y a utilizar la red informática descentralizada
            FIU.net.
ES                                                 53                                              ES
 ---pagebreak---    2.        Los Estados miembros velarán por que, a fin de desempeñar sus funciones con
             arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, sus UIF cooperen en la aplicación de
             tecnologías sofisticadas. Estas tecnologías permitirán a las UIF cotejar sus datos con
             los de otras UIF de forma anónima garantizando una protección plena de los datos
             personales, con el fin de detectar sujetos de interés para las UIF en otros Estados
             miembros e identificar sus ingresos y fondos.
                                               Artículo 54
   Los Estados miembros velarán por que sus UIF cooperen con Europol en relación con los
   análisis efectuados que tengan una dimensión transfronteriza y afecten al menos a dos Estados
   miembros.
                                              SECCIÓN 4
                                              SANCIONES
                                               Artículo 55
   1.        Los Estados miembros velarán por que a las entidades obligadas pueda imputárseles
             responsabilidad cuando incumplan las disposiciones de Derecho nacional adoptadas
             de conformidad con la presente Directiva.
   2.        Sin perjuicio de su derecho a imponer sanciones penales, los Estados miembros
             velarán por que las autoridades competentes puedan adoptar las medidas
             administrativas apropiadas e imponer sanciones administrativas a las entidades
             obligadas que incumplan las disposiciones nacionales adoptadas para dar
             cumplimiento a la presente Directiva y garantizarán su aplicación. Esas medidas y
             sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
   3.        Los Estados miembros velarán por que, cuando las obligaciones sean aplicables a
             personas jurídicas, puedan aplicarse sanciones a los miembros del órgano de
             dirección o a cualquier otra persona física que, en virtud del Derecho nacional, sea
             responsable del incumplimiento de las disposiciones.
   4.        Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de
             todas las facultades de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones. Al
             ejercer sus facultades sancionadoras, las autoridades competentes cooperarán
             estrechamente para garantizar que las sanciones o medidas administrativas ofrezcan
             los resultados deseados y coordinen su actuación en los casos transfronterizos.
                                               Artículo 56
   1.        El presente artículo se aplicará como mínimo a las situaciones en que se demuestre
             que las entidades obligadas incumplen sistemáticamente los requisitos previstos en
             los artículos siguientes:
ES                                                 54                                                ES
 ---pagebreak---             (a)   artículos 9 a 23 (diligencia debida con respecto al cliente);
            (b)   artículos 32, 33 y 34 (notificación de las transacciones sospechosas);
            (c)   artículo 39 (conservación de documentos); y
            (d)   artículos 42 y 43 (controles internos).
   2.       Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1,
            entre las sanciones y medidas administrativas aplicables se cuenten como mínimo las
            siguientes:
            (a)   una declaración pública que indique la persona física o jurídica y la naturaleza
                  del incumplimiento;
            (b)   un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica para que ponga fin a su
                  conducta y se abstenga de repetirla;
            (c)   en el caso de una entidad obligada sujeta a autorización, retirada de la
                  autorización;
            (d)   la imposición de una prohibición temporal de ejercer funciones en entidades a
                  alguno de los miembros del órgano de dirección de la entidad obligada;
            (e)   si se trata de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas de
                  hasta el 10 % de su volumen de negocios total en el ejercicio anterior;
            (f)   si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas de hasta
                  5 000 000 EUR o, en los Estados miembros en los que el euro no sea la
                  moneda oficial, el valor correspondiente en la moneda nacional en la fecha de
                  entrada en vigor de la presente Directiva;
            (g)   sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los
                  beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias al incumplimiento, en
                  caso de que puedan determinarse.
   A efectos de la letra e), cuando la persona jurídica sea una filial de una empresa matriz, el
   volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual resultante
   de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior.
                                              Artículo 57
   1.       Los Estados miembros velarán por que toda sanción o medida que las autoridades
            competentes impongan por incumplir las disposiciones nacionales adoptadas en
            aplicación de la presente Directiva se publique sin demora indebida, en particular la
            información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento y la identidad de las
            personas responsables del mismo, a menos que dicha publicación pudiera
            comprometer gravemente la estabilidad de los mercados financieros. Cuando la
            publicación pudiera causar un daño desproporcionado a las partes implicadas, las
            autoridades competentes publicarán las sanciones de manera anónima.
ES                                                 55                                               ES
 ---pagebreak---    2. Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de sanciones o
      medidas administrativas y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las
      autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre
      ellas:
      (a)    la gravedad y duración del incumplimiento;.
      (b)    el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable;
      (c)    la solidez financiera de la persona física o jurídica responsable, reflejada en su
             volumen de negocios total o en sus ingresos anuales;
      (d)    la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por la
             persona física o jurídica responsable, en la medida en que puedan determinarse;
      (e)    las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, en la medida en que
             puedan determinarse;
      (f)    el nivel de cooperación de la persona física o jurídica responsable con la
             autoridad competente;
      (g)    anteriores incumplimientos de la persona física o jurídica responsable.
   3. La ABE, la AESPJ y la AEVM emitirán directrices dirigidas a las autoridades
      competentes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010,
      del Reglamento (UE) nº 1094/2010 y del Reglamento (UE) nº 1095/2010 en relación
      con los tipos de medidas y sanciones administrativas y el nivel de las sanciones
      pecuniarias administrativas aplicables a las entidades obligadas contempladas en el
      artículo 2, apartado 1, puntos 1 y 2. Estas directrices se emitirán en un plazo de dos
      años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
   4. En el caso de las personas jurídicas, los Estados miembros garantizarán que se les
      pueda imputar responsabilidad por los incumplimientos a que se refiere el artículo
      56, apartado 1, cuando los cometa en su provecho, actuando a título individual o
      como parte de un órgano de la persona jurídica, cualquier persona que en el seno de
      dicha persona jurídica ostente un cargo directivo que suponga:
      (a)    poder de representación de dicha persona jurídica;
      (b)    autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica; o
      (c)    autoridad para ejercer control en el seno de dicha persona jurídica.
   5. Sin perjuicio de los casos ya previstos en el apartado 4, los Estados miembros
      velarán por que a las personas jurídicas pueda imputárseles responsabilidad cuando
      la falta de vigilancia o control por parte de una de las personas a que se refiere el
      apartado 4 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad cometa por
      cuenta de la persona jurídica una de las infracciones mencionadas en el artículo 56,
      apartado 1.
ES                                           56                                                 ES
 ---pagebreak---                                                Artículo 58
   1.       Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan
            mecanismos eficaces para alentar la notificación a las autoridades competentes del
            incumplimiento de las disposiciones nacionales de aplicación de la presente
            Directiva.
   2.       Los mecanismos contemplados en el apartado 1 incluirán, como mínimo:
            (a)    procedimientos específicos para          la   recepción     de   informes   sobre
                   incumplimientos y su seguimiento;
            (b)    protección adecuada de los empleados de las entidades que notifiquen
                   incumplimientos cometidos en la entidad;
            (c)    la protección de los datos personales relativos tanto a las personas que notifican
                   un incumplimiento como a la persona física presuntamente responsable del
                   mismo, de conformidad con los principios establecidos en la Directiva
                   95/46/CE.
   3.       Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que dispongan de
            procedimientos adecuados para que sus empleados puedan comunicar
            incumplimientos a nivel interno a través de un canal específico, independiente y
            anónimo.
                                         CAPÍTULO VII
                               DISPOSICIONES FINALES
                                               Artículo 59
   En un plazo de cuatro años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la
   Comisión elaborará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y lo presentará al
   Parlamento Europeo y al Consejo.
                                               Artículo 60
   Quedan derogadas las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE con efecto a partir del [insertar
   fecha - día siguiente a la fecha establecida en el artículo 61, párrafo primero].
   Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva con
   arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV.
                                               Artículo 61
   1.       Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
            administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
ES                                                 57                                                 ES
 ---pagebreak---             Directiva a más tardar [dos años desde su adopción]. Comunicarán inmediatamente a
            la Comisión el texto de dichas disposiciones.
            Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una
            referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su
            publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la
            mencionada referencia.
   2.       Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales
            disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente
            Directiva.
                                             Artículo 62
   La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el
   Diario Oficial de la Unión Europea.
                                             Artículo 63
   Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
   Hecho en Estrasburgo, el
   Por el Parlamento Europeo                    Por el Consejo
   El Presidente                                El Presidente
ES                                                58                                           ES
 ---pagebreak---                                                ANEXO I
   A continuación figura una lista no exhaustiva de las variables de riesgo que las entidades
   obligadas tendrán en cuenta a la hora de determinar hasta qué punto deben aplicar medidas de
   diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con el artículo 11, apartado 3:
   i)       la finalidad de la cuenta o relación;
   ii)      el nivel de activos que va a depositar el cliente o el volumen de las transacciones
            realizadas;
   iii)     la regularidad o duración de la relación de negocios.
ES                                                59                                            ES
 ---pagebreak---                                                ANEXO II
   A continuación figura una lista no exhaustiva de los factores y tipos de datos para la
   identificación de situaciones potencialmente de menor riesgo, contemplados en el artículo 14:
   (1)      Factores de riesgo en función del cliente:
            (a)    empresas públicas que cotizan en bolsa y sujetas a requisitos de información
                   (ya sea en virtud de normas de la bolsa o en virtud de la ley u otros
                   instrumentos de obligado cumplimiento), que impongan obligaciones para
                   garantizar una transparencia adecuada de la titularidad real;
            (b)    empresas o administraciones públicas;
            (c)    clientes residentes en las zonas geográficas de menor riesgo establecidas en el
                   punto 3.
   (2)      Factores de riesgo en función del producto, servicio, transacción o canal de
            distribución:
            (a)    pólizas de seguros de vida cuya prima es baja;
            (b)    pólizas de seguros para planes de pensiones, siempre y cuando no contengan
                   una opción de rescate anticipado ni puedan servir de garantía;
            (c)    planes de pensiones, jubilación o similares que contemplen el abono de
                   prestaciones de jubilación a los empleados, siempre y cuando las cotizaciones
                   se efectúen mediante deducción del salario y las normas del plan no permitan a
                   los beneficiarios ceder su participación;
            (d)    productos o servicios financieros adecuadamente definidos y limitados,
                   destinados a determinados tipos de clientes, con objeto de aumentar el acceso
                   con fines de inclusión financiera;
            (e)    productos en los que el riesgo de blanqueo de capitales o financiación del
                   terrorismo se gestione mediante otros factores, como los límites de disposición
                   de efectivo o la transparencia de la propiedad (por ejemplo, ciertos tipos de
                   dinero electrónico definidos en la Directiva 2009/110/CE sobre el acceso a la
                   actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre
                   la supervisión prudencial de dichas entidades).
   (3)      Factores de riesgo en función del área geográfica:
            (a)    otros Estados miembros de la UE;
            (b)    terceros países con sistemas eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales y
                   la financiación del terrorismo;
            (c)    terceros países que, según fuentes creíbles, tengan un bajo nivel de corrupción
                   u otras actividades delictivas;
ES                                                  60                                              ES
 ---pagebreak---    (d) terceros países que estén sujetos a requisitos en materia de lucha contra el
       blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo compatibles con las
       Recomendaciones del GAFI, que hayan aplicado adecuadamente dichos
       requisitos y que estén sometidos a supervisión y control eficaces de
       conformidad con las Recomendaciones, a fin de garantizar su cumplimiento.
ES                                   61                                             ES
 ---pagebreak---                                                ANEXO III
   A continuación figura una lista no exhaustiva de los factores y tipos de datos para la
   identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo, contemplados en el artículo 16,
   apartado 3:
   (1)      Factores de riesgo en función del cliente:
            (a)    relación de negocios desarrollada en circunstancias excepcionales;
            (b)    clientes residentes en países que figuran en el punto 3;
            (c)    personas o estructuras jurídicas que constituyen vehículos de gestión del
                   patrimonio personal;
            (d)    sociedades con accionistas nominales o acciones al portador;
            (e)    empresas que hacen uso intensivo de efectivo;
            (f)    estructura de propiedad de la empresa poco habitual o excesivamente compleja,
                   habida cuenta de la naturaleza de sus actividades.
   (2)      Factores de riesgo en función del producto, servicio, transacción o canal de
            distribución:
            (a)    banca privada;
            (b)    productos o transacciones que podrían favorecer el anonimato;
            (c)    relaciones o transacciones comerciales a distancia;
            (d)    pagos recibidos de desconocidos o terceros no asociados;
            (e)    nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluidos nuevos
                   mecanismos de entrega, y utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo
                   para productos nuevos o ya existentes.
   (3)      Factores de riesgo en función del área geográfica:
            (a)    países que, según fuentes creíbles (por ejemplo, declaraciones públicas del
                   GAFI, informes de evaluación mutua o de evaluación detallada o informes de
                   seguimiento publicados), no dispongan de sistemas eficaces contra el blanqueo
                   de capitales y la financiación del terrorismo;
            (b)    los países que, según fuentes creíbles, tengan niveles significativos de
                   corrupción u otras actividades delictivas;
            (c)    países objeto de sanciones, embargos o medidas similares adoptadas, por
                   ejemplo, por Naciones Unidas;
            (d)    países que ofrezcan financiación o apoyo a actividades terroristas, o en cuyo
                   territorio operen organizaciones terroristas designadas.
ES                                                 62                                            ES
 ---pagebreak---                                         ANEXO IV
   Cuadro de correspondencias contemplado en el artículo 60
               Directiva 2005/60/CE                           Presente Directiva
   Artículo 1                                   Artículo 1
   Artículo 2                                   Artículo 2
   Artículo 3                                   Artículo 3
   Artículo 4                                   Artículo 4
   Artículo 5                                   Artículo 5
                                                Artículos 6 a 8
   Artículo 6                                   Artículo 9
   Artículo 7                                   Artículo 10
   Artículo 8                                   Artículo 11
   Artículo 9                                   Artículo 12
   Artículo 10, apartado 1                      Artículo 10, letra d)
   Artículo 10, apartado 2                      -
   Artículo 11                                  Artículos 13, 14 y 15
   Artículo 12                                  -
   Artículo 13                                  Artículos 16 a 23
   Artículo 14                                  Artículo 24
   Artículo 15                                  -
   Artículo 16                                  Artículo 25
   Artículo 17                                  -
   Artículo 18                                  Artículo 26
                                                Artículo 27
   Artículo 19                                  Artículo 28
                                                Artículo 29
                                                Artículo 30
ES                                           63                                  ES
 ---pagebreak---    Artículo 20       -
   Artículo 21       Artículo 31
   Artículo 22       Artículo 32
   Artículo 23       Artículo 33
   Artículo 24       Artículo 34
   Artículo 25       Artículo 35
   Artículo 26       Artículo 36
   Artículo 27       Artículo 37
   Artículo 28       Artículo 38
   Artículo 29       -
   Artículo 30       Artículo 39
   Artículo 31       Artículo 42
   Artículo 32       Artículo 40
   Artículo 33       Artículo 41
   Artículo 34       Artículo 42
   Artículo 35       Artículo 43
   Artículo 36       Artículo 44
   Artículo 37       Artículo 45
                     Artículo 46
   Artículo 37 bis   Artículo 47
   Artículo 38       Artículo 48
                     Artículos 49 a 54
   Artículo 39       Artículos 55 a 58
   Artículo 40       -
   Artículo 41       -
   Artículo 41 bis   -
   Artículo 41 ter   -
ES                 64                  ES
 ---pagebreak---    Artículo 42                        Artículo 59
   Artículo 43                        -
   Artículo 44                        Artículo 60
   Artículo 45                        Artículo 61
   Artículo 46                        Artículo 62
   Artículo 47                        Artículo 63
               Directiva 2006/70/CE                 Presente Directiva
   Artículo 1                         -
   Artículo 2, apartados 1, 2 y 3     Artículo 3, apartado 7, letras d), e) y f)
   Artículo 2, apartado 4             -
   Artículo 3                         -
   Artículo 4                         Artículo 2, apartados 2 a 8
   Artículo 5                         -
   Artículo 6                         -
   Artículo 7                         -
ES                                  65                                           ES