CELEX: 62020TN0092
Language: es
Date: 2020-02-14 00:00:00
Title: Asunto T-92/20: Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2020 — Fryč / Comisión

11.5.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 161/42
            
         
      Recurso interpuesto el 14 de febrero de 2020 — Fryč / Comisión
      (Asunto T-92/20)
      (2020/C 161/55)
      Lengua de procedimiento: checo
      
         Partes
      
      
         Demandante: Petr Fryč (Pardubice, República Checa) (representante: Š. Oharková, abogada)
      
         Demandada: Comisión Europea
      
         Pretensiones
      
      La parte demandante solicita al Tribunal General que:
      
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                  Declare que las instituciones de la Unión Europea incumplieron gravemente sus obligaciones y ocasionaron un perjuicio al demandante, ya que:
                  
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                              la Comisión Europea adoptó el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de 6 de agosto de 2008 (Reglamento general de exención por categorías) excediendo, entre otros, la delegación resultante de los Tratados, no garantizando el respeto de los principios constitucionales relativos al carácter excepcional y justificado de la injerencia en la competencia, que influye en el mercado común, haciendo posible de modo contrario a Derecho la puesta en marcha de la ayuda de Estado en el marco del programa de subvenciones (Programa operativo «espíritu emprendedor e innovación»; en lo sucesivo, «OPPI»), ayuda que perjudicó la actividad económica ejercida por el demandante;
                           
                        
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                              mediante Decisión de 3 de diciembre de 2007, que no fue publicada, la Comisión introdujo un programa operativo contrario a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales;
                           
                        
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                              la Comisión Europea no actuó de modo adecuado antes de examinar la denuncia presentada ante la misma por el demandante relativa a la ilegalidad del OPPI, ya que no investigó los requisitos y la aplicación del OPPI ni motivó adecuadamente la desestimación de la denuncia que le presentó el demandante;
                           
                        
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                              el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no abordó el fondo del asunto al conocer del recurso de anulación del Reglamento general de exención por categoría y desestimó el recurso por ser manifiestamente infundado, incumpliendo con ello su obligación legal de cumplir el principio de proporcionalidad y, por un excesivo formalismo, menoscabó de modo unilateral el derecho constitucional del demandante a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
                           
                        
            
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                  Declare que la demandada debe abonar en favor del demandante la cantidad de 4 800 000 euros, en concepto de reparación del perjuicio ocasionado del modo reseñado, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se dicte la sentencia.
               
            
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                  Condene al reembolso de las costas en favor del demandante.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      En apoyo de su recurso, el demandante invoca cinco motivos.
      
                  1.
               
               
                  Primer motivo, basado en que se ha causado un perjuicio al demandante en el marco de la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea con arreglo al artículo 340, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
                  Como resultado de la ayuda pública concedida a los competidores del demandante en infracción del TFUE, la sociedad del demandante sufrió un perjuicio en el ámbito de la competencia, causada inicialmente por la reducción de su volumen de negocios anual y la reducción de sus ingresos anuales del orden de varios millones de coronas checas. Debido a la ayuda de Estado plurianual y a la situación económica insatisfactoria de la sociedad, el órgano jurisdiccional competente en la República Checa dictó una resolución declaratoria de quiebra.
                  Incluso suponiendo que el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión (Reglamento general de exención por categorías) fuera conforme a Derecho, la ayuda puesta en marcha de modo selectivo y discriminatorio en el marco del programa de subvención OPPI causó perjuicio al demandante de modo particular y no caracterizado, excediendo por completo los límites del riesgo económico correspondiente a la actividad comercial de la sociedad del demandante.
               
            
                  2.
               
               
                  Segundo motivo, basado en que la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de 6 de agosto de 2008 (Reglamento general de exención por categorías) en una forma que no garantiza el respeto del artículo 107 TFUE.
                  En virtud del artículo 109 TFUE, el Consejo está autorizado para definir por medio de Reglamento los sectores en los que no resulta necesario el procedimiento ordinario con el que la Comisión examina la propuesta de ayuda de Estado y analiza su conformidad con el artículo 107 TFUE. El Consejo adoptó el Reglamento n.o 659/1999 y autorizó en el mismo (con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 4) a la Comisión a adoptar reglamentos en los que defina las condiciones para la concesión de ayudas públicas ad hoc fuera de los sistemas ordinarios. La Comisión adoptó el Reglamento n.o 70/2001, posteriormente el Reglamento n.o 800/2008 y a continuación el Reglamento n.o 651/2014 (Reglamento general de exención por categorías).
                  No obstante, ni el Consejo ni la Comisión podían en sus Reglamentos excederse más allá de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, dado que su función se basa en determinar las condiciones de las ayudas de Estado de modo que los Estados miembros que aplican ayudas de Estado en sectores «objeto de excepción» no pueden aplicar ayudas de Estado contrarias al principio de no injerencia en la competencia, incluso si están exentas del procedimiento ordinario ante la Comisión. Por ello, permanece la obligación (prevista y consagrada por el TFUE) de control por parte de la Comisión sobre los regímenes de ayudas, incluso en los sectores excluidos; también por ello existe (al menos en teoría) el procedimiento de recuperación de la ayuda ilegal y la Unión Europea se define como economía de mercado, es decir, una economía productora de bienes y servicios que los consumidores adquieren libremente para optimizar la relación entre ingresos y costes, y no de bienes y servicios determinados por políticos y funcionarios.
               
            
                  3.
               
               
                  Tercer motivo, basado en que la Comisión, mediante su decisión de 3 diciembre de 2007, adoptó el programa operativo (OPPI) infringiendo los Tratados y la Carta y no publicó la misma.
                  La Comisión es la única institución de la Unión facultada para comprobar si las ayudas de Estado se han ejecutado de conformidad con el artículo 107 TFUE.
                  Por lo que respecta al programa operativo aprobado, la Comisión no examinó si el mercado no funciona y, en su caso, por cual razón, requisito para la aplicación de las ayudas de Estado. Por otra parte, la Comisión no exigió a la República Checa que llevara a cabo un análisis de los costes y beneficios (cost-benefit analysis, CBA) y de los índices objetivamente definidos, un análisis de los efectos sobre la competencia y de los demás requisitos a los que, en opinión del demandante, se supedita la aplicación de la ayuda de Estado. En consecuencia, la decisión de la Comisión era ilegal y contraria a la función que se le asigna.
               
            
                  4.
               
               
                  Cuarto motivo, basado en que la Comisión recibió numerosas indicaciones por parte del demandante, incluido un análisis pormenorizado del que se desprende el carácter ilegal de la ayuda aplicada sobre la base del OPPI, no actuó de conformidad con el Reglamento n.o 659/1999 del Consejo y violó el principio de buena administración consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión se negó a examinar la denuncia del demandante sin haber llevado a cabo ninguna medida de comprobación ni haber solicitado documentación adicional, ya que no se detectaron prima facie irregularidades en la aplicación del programa de subvenciones OPPI.
               
            
                  5.
               
               
                  Quinto motivo, basado en una denegación de justicia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a un excesivo formalismo.
                  El demandante interpuso ante el Tribunal de Justicia el recurso de anulación de tres reglamentos de exención por categoría por ser contrarios a los Tratados y a la Carta. El Tribunal de Justicia, en ambas instancias, declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación de los reglamentos de exención por categorías interpuesto por el demandante. El motivo de inadmisibilidad era el vencimiento del plazo de dos meses previsto por el artículo 263 TFUE. El Tribunal de Justicia no examinó en absoluto el fondo del asunto y se limitó a una aplicación formalista del plazo para interponer recurso. Por el contrario, el demandante afirmó que la disfunción del mecanismo de control que incumbe a la Comisión no quedó de manifiesto hasta que la Comisión respondió a la reclamación presentada por el propio demandante. En su recurso, la demandante señaló que el inicio del plazo de prescripción es precisamente la respuesta de la Comisión que se negó a examinar de modo más profundo su denuncia/reclamación.