CELEX: 62017CA0262
Language: es
Date: 2018-11-28 00:00:00
Title: Asuntos acumulados C-262/17, C-263/17 y C-273/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Solvay Chimica Italia SpA y otros (C-262/17), Whirlpool Europe Srl y otros (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17) / Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico [Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Directiva 2009/72/CE — Redes de distribución — Artículo 28 — Redes de distribución cerradas — Concepto — Exenciones — Límites — Artículo 32, apartado 1 — Acceso de terceros — Artículo 15, apartado 7, y artículo 37, apartado 6, letra b) — Cargos facturados en concepto de servicio de ordenación del funcionamiento]

28.1.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 35/3
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 28 de noviembre de 2018 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italia) — Solvay Chimica Italia SpA y otros (C-262/17), Whirlpool Europe Srl y otros (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17) / Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
      (Asuntos acumulados C-262/17, C-263/17 y C-273/17) (1)
      
      ([Procedimiento prejudicial - Mercado interior de la electricidad - Directiva 2009/72/CE - Redes de distribución - Artículo 28 - Redes de distribución cerradas - Concepto - Exenciones - Límites - Artículo 32, apartado 1 - Acceso de terceros - Artículo 15, apartado 7, y artículo 37, apartado 6, letra b) - Cargos facturados en concepto de servicio de ordenación del funcionamiento])
      (2019/C 35/04)
      Lengua de procedimiento: italiano
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrentes: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari f.lli Lunelli SpA, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA (C-262/17), Whirlpool Europe Srl, Fenice — Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA (C-263/17), Sol Gas Primari Srl (C-273/17)
      
         Recurrida: Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
      
         con intervención de: Nuova Solmine SpA, American Husky III, Inovyn Produzione Italia SpA, Sasol Italy SpA, Radici Chimica SpA, La Vecchia Soc. cons. arl, Zignago Power Srl, Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torresella SpA, Zignago Vetro SpA, Chemisol Italia Srl, Vinavil SpA, Italgen SpA, Arkema Srl, Yara Italia SpA, Ineos Manufacturing Italia SpA, ENEL Distribuzione SpA, Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico (C-262/17), Terna SpA, CSEA — Cassa per i servizi energetici e ambientali, Ministero dello Sviluppo economico, ENEL Distribuzione SpA (C-263/17), Terna SpA, Ministero dello Sviluppo economico (C-273/17)
      
         Fallo
      
      
                  1)
               
               
                  Los artículos 2, punto 5, y 28, apartado 1, de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, deben interpretarse en el sentido de que unas redes como las examinadas en los litigios principales, creadas con fines de autoconsumo antes de la entrada en vigor de esa Directiva y gestionadas por una entidad privada, a las que están conectadas un número limitado de unidades de producción y de consumo y que a su vez están conectadas con la red pública, constituyen redes de distribución comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
               
            
                  2)
               
               
                  El artículo 28 de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de unas redes como las examinadas en los litigios principales, calificadas por un Estado miembro de redes de distribución cerradas en el sentido del apartado 1 de este artículo, ese Estado puede eximirlas únicamente, en su condición de tales, de las obligaciones mencionadas en el apartado 2 de dicho artículo, sin perjuicio de que tales redes puedan acogerse, por lo demás, a otras exenciones previstas en esta Directiva, en particular la contemplada en el artículo 26, apartado 4, de esa Directiva, si cumplen los requisitos allí establecidos, extremo cuya verificación incumbe al tribunal remitente. En cualquier caso, dicho Estado miembro no puede incluir tales redes en una categoría distinta de redes de distribución a fin de concederles exenciones no previstas en dicha Directiva.
               
            
                  3)
               
               
                  El artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/72 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, que dispone que las redes de distribución cerradas, en el sentido del artículo 28, apartado 1, de esa Directiva, no están sujetas a la obligación de dar acceso a terceros, sino que únicamente deben dar acceso a los terceros pertenecientes a la categoría de los usuarios que pueden ser conectados a dichas redes, usuarios que tienen un derecho de acceso a la red pública.
               
            
                  4)
               
               
                  Los artículos 15, apartado 7, y 37, apartado 6, letra b), de la Directiva 2009/72 deben interpretarse en el sentido de que, al no existir una justificación objetiva para ella, se oponen a una normativa nacional como la controvertida en los litigios principales, que dispone que los cargos facturados en concepto de servicio de ordenación del funcionamiento a los usuarios de una red de distribución cerrada deben calcularse a partir de la electricidad intercambiada con esa red por cada usuario de la misma a través del punto de conexión de su instalación a dicha red, si se comprueba que los usuarios de una red cerrada de distribución no se hallan en la misma situación que los demás usuarios de la red pública y que el prestador del servicio de ordenación del funcionamiento de la red pública solo soporta unos costes reducidos en lo que respecta a los usuarios de una red de distribución cerrada, extremos estos últimos cuya verificación incumbe al tribunal remitente.
               
            
         (1)  DO C 309 de 18.9.2017.