CELEX: C2001/173/14
Language: es
Date: 2001-06-16 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001 en el asunto C-205/99 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo): Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (ANALIR) y otros contra Administración General del Estado ("Libre circulación de servicios — Cabotaje marítimo — Requisitos para la concesión y el mantenimiento de una autorización administrativa previa — Aplicación simultánea de las modalidades de imposición de obligaciones de servicio público y de contrato de servicio público")

16.6.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                              C 173/9
Para determinar si una persona tiene la condición de nacional en el      1)   Las disposiciones del artı́culo 4, en relación con el artı́culo 1,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con arreglo al                del Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de
Derecho comunitario, procede referirse a la Declaración de 1982 del           diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,                 prestación de servicios a los transportes marı́timos dentro de los
relativa a la definición del término «nacionales», que sustituyó a la        Estados miembros (cabotaje marı́timo), únicamente permiten
Declaración de 1972 del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña             someter la prestación de servicios regulares de cabotaje marı́timo
e Irlanda del Norte sobre la definición del término «nacionales»,             con destino u origen en islas o entre islas a la obtención de una
anexa al Acta final del Tratado relativo a la Adhesión a las                  autorización administrativa previa si:
Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
                                                                               —     puede demostrarse la existencia de una necesidad real de
                                                                                     servicio público, debida a la insuficiencia de los servicios
(1) DO C 226, de 7.8.1999.                                                           regulares de transporte en una situación de libre compe-
                                                                                     tencia;
                                                                               —     se demuestra asimismo que dicho régimen de autorización
                                                                                     administrativa previa es necesario y proporcionado al
                                                                                     objetivo perseguido;
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                                                                               —     el referido régimen se basa en criterios objetivos, no
                                                                                     discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas
                     de 20 de febrero de 2001                                        interesadas.
en el asunto C-205/99 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal Supremo): Asociación Profesio-                 2)   El Derecho comunitario no se opone a la facultad de un Estado
nal de Empresas Navieras de Lı́neas Regulares (ANALIR)                         miembro de incluir entre los requisitos para el otorgamiento y
    y otros contra Administración General del Estado (1)                      el mantenimiento de una autorización administrativa previa,
                                                                               como medio para imponer obligaciones de servicio público a un
                                                                               armador comunitario, un requisito que permita evaluar su
(«Libre circulación de servicios — Cabotaje marı́timo —                       solvencia, como la exigencia de que esté al corriente del pago de
Requisitos para la concesión y el mantenimiento de una                        sus deudas tributarias o de seguridad social, proporcionando ası́
autorización administrativa previa — Aplicación simultánea                  al referido Estado miembro la posibilidad de controlar la
de las modalidades de imposición de obligaciones de servicio                  «capacidad de prestación del servicio» de dicho armador, siempre
            público y de contrato de servicio público»)                      y cuando tal requisito se aplique de forma no discriminatoria.
                           (2001/C 173/14)
                                                                          3)   El artı́culo 4, apartado 1, del Reglamento no 3577/92 debe
                                                                               interpretarse en el sentido de que permite que, en relación con
                  (Lengua de procedimiento: español)                          una misma lı́nea o un mismo trayecto marı́timo, un Estado
                                                                               miembro imponga obligaciones de servicio público a unas
                                                                               empresas navieras y celebre simultáneamente con otras empresas
En el asunto C-205/99, que tiene por objeto una petición                      contratos de servicio público con arreglo al artı́culo 2, punto 3,
dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artı́culo 234 CE,             del citado Reglamento, para la realización del mismo tráfico
por el Tribunal Supremo, destinada a obtener, en el litigio                    regular con destino u origen en islas o entre islas, siempre y
pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Asociación                  cuando pueda demostrarse la existencia de una necesidad real
Profesional de Empresas Navieras de Lı́neas Regulares (ANA-                    de servicio público y en la medida en que dicha aplicación
LIR) y otros y Administración General del Estado, una decisión               simultánea se haga de forma no discriminatoria y esté justificada
prejudicial sobre la interpretación de los artı́culos 1, 2 y 4 del            con respecto al objetivo de interés público perseguido.
Reglamento (CEE) no 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre
de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación
de servicios a los transportes marı́timos dentro de los Estados
miembros (cabotaje marı́timo) (DO L 364, p. 7), el Tribunal de
Justicia, integrado por el Sr. G.C. Rodrı́guez Iglesias, Presidente;      (1) DO C 204, de 17.7.1999.
los Sres. C. Gulmann y M. Wathelet, Presidentes de Sala, y los
Sres. D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, las
Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y
C.W.A. Timmermans (Ponente), Jueces; Abogado General:
Sr. J. Mischo; Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, jefa de
división, ha dictado el 20 de febrero de 2001 una sentencia
cuyo fallo es el siguiente: