CELEX: C2001/028/20
Language: es
Date: 2001-01-27 00:00:00
Title: Asunto C-398/00: Recurso interpuesto el 30 de octubre de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de España

27.1.2001              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 28/11
4)    ¿Es compatible el ordenamiento jurı́dico comunitario, a            Motivos y principales alegaciones
      la luz de los principios de no discriminación y de
      proporcionalidad, con un régimen de sanciones como el              La Comisión señala que, aun cuando hubieran existido, en la
      establecido por el artı́culo 399 del Código Postal Italiano       zona que se considera, unas instalaciones de tratamiento de las
      (Decreto del Presidente de la República no 156/1973)?             aguas residuales, antes del 31 de diciembre de 1998, Italia
                                                                         habrı́a debido individualizar los vertidos pertinentes en orden
                                                                         a la aplicación del artı́culo 5, apartado 5 de la Directiva,
                                                                         creando, si fuera necesario, las instalaciones correspondientes.
(1) DO L 91, de 7.4.1999, p. 10.                                         Italia no puede justificar su retraso en el cumplimiento de las
(2) DO L 321, del 30.12.1995, p. 1.                                      obligaciones derivadas de la Directiva afirmando que aun no
                                                                         se han examinado ni valorado los elementos en base a los
                                                                         cuales debı́a calificarse la situación de hecho, en orden a la
                                                                         exigibilidad de las obligaciones establecidas en el artı́culo 5,
                                                                         apartados 2 y 15 de la Directiva 91/271/CEE, al haber sido
                                                                         atribuida la competencia en esta materia a las corporaciones
                                                                         locales (las Regiones). Como ha declarado el Tribunal de
                                                                         Justicia en repetidas ocasiones, los Estados miembros no
                                                                         pueden invocar su normativa interna para justificar el incum-
Recurso interpuesto el 26 de octubre de 2000 contra la                   plimiento de una obligación impuesta por una Directiva
República Italiana por la Comisión de las Comunidades                  comunitaria.
                              Europeas
                                                                         Por lo que atañe a la exención contemplada en el artı́culo 5,
                                                                         apartado 4 de la Directiva 91/271/CEE, es de todo punto
                       (Asunto C-396/00)                                 evidente que no puede aplicarse antes de que se hayan
                                                                         comprobado las circunstancias fácticas que constituyen su
                                                                         presupuesto: porcentaje mı́nimo de reducción de la carga
                           (2001/C 28/19)                                conjunta referida a todas las instalaciones de tratamiento de
                                                                         las aguas residuales urbanas en una determinada zona sensible,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha             que alcance una cierta entidad, lo cual en el momento actual
presentado el 26 de octubre de 2000 un recurso contra                    no puede acreditarse debidamente por cuanto no existe
la República Italiana formulado por la Comisión de las                 instalación alguna de tratamiento.
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Gregorio
                                                                         Cuando las autoridades italianas declararon el estado de
Valero Jordana, miembro de su Servicio Jurı́dico y el
                                                                         emergencia, pusieron de manifiesto su intención de querer
Sr. Roberto Amorosi, magistrato di Tribunale adscrito al citado
Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa como              resolver verdaderamente la situación. También preocupa el
                                                                         hecho de que, si bien en los escritos de 9 de julio y 27 de
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez
                                                                         octubre de 1999, de respuesta al escrito de requerimiento,
de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
                                                                         dichas autoridades indicaron las fechas previstas para la
                                                                         culminación de las obras, en el último escrito de 6 de abril de
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                2000 no formularon indicación alguna al respecto. De cual-
                                                                         quier forma, en lo que atañe al presente recurso, todo lo
                                                                         anterior no modifica la situación de incumplimiento del
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las               Derecho comunitario en que ha incurrido Italia.
      obligaciones que le incumben en virtud del artı́culo 5,
      apartado 2 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de
                                                                         (1) DO L 135, de 30.05.1991, p. 40.
      21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
                                                                         (2) DO L 375, de 31.12.1991, p. 1.
      residuales urbanas (1), en relación con el apartado 5 del
      mismo artı́culo, al no haber adoptado las medidas
      necesarias con el fin de que, a más tardar el 31 de
      diciembre 1998, los vertidos de las aguas residuales
      urbanas de la ciudad de Milán, situados dentro de una
      cuenca que evacua sus aguas a las zonas «Delta del Po» y           Recurso interpuesto el 30 de octubre de 2000 contra la
      «Costeras del Adriático nor-occidental», definidas como           Comisión de las Comunidades Europeas por el Reino de
      sensibles por el Decreto legislativo della Repubblica                                            España
      italiana no 152, de 11 de mayo de 1992 (Normas sobre
      la protección de las aguas contra la contaminación y                                    (Asunto C-398/00)
      adaptación del Derecho interno a la Directiva 91/271/CEE
                                                                                                   (2001/C 28/20)
      y a la Directiva 91/276/CEE (2), relativa a la protección de
      las aguas contra la contaminación producida por nitratos          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
      utilizados en la agricultura), a efectos del artı́culo 5 de la     presentado el 30 de octubre de 2000 un recurso contra la
      Directiva 91/271/CEE, fueran objeto de un tratamiento              Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
      más riguroso que el secundario o el proceso equivalente           Reino de España, representado por el Sr. Santiago Ortiz
      previsto en el artı́culo 4 de la Directiva antes mencionada.       Vaamonde, Abogado del Estado, en calidad de agente, que
                                                                         designa como domicilio en Luxemburgo el de la Embajada de
—     Condene en costa a la República Italiana.                         España, 4-6 boulevard E. Servais.
 ---pagebreak--- C 28/12                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           27.1.2001
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                 Recurso interpuesto el 7 de noviembre de 2000 contra el
                                                                          Reino de España por la Comisión de las Comunidades
—     declare la nulidad de la Decisión de la Comisión de 22 de                                          Europeas
      agosto de 2000 en relación con todas las medidas objeto
      de la misma salvo el aval concedido en junio de 1998,                                           (Asunto C-404/00)
—     condene en costas a la Institución demandada.                                                    (2001/C 28/21)
                                                                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
Motivos y principales alegaciones                                         presentado el 7 de noviembre de 2000 un recurso contra el
                                                                          Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-
—     El presente recurso se dirige contra la decisión de                des Europeas, representada por los Sres. Klaus-Dieter Borchardt
      la Comisión por la que incoa el procedimiento de                   y Stefan Rating, miembros de su servicio jurı́dico, que designa
      investigación formal previsto en el apartado 2 del artı́-          como domicilio en Luxemburgo el del Sr. Carlos Gómez de la
      culo 88 CE en relación con la aportación de capital y             Cruz, Centre Wagner C 254.
      ayudas regionales a la empresa Santana Motor, SA,
      considerando que se trata de ayudas nuevas y suspen-
      diendo su ejecución. Las autoridades españolas entienden          La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
      que las medidas objeto de la decisión recurrida son ayudas
      existentes. Las ayudas, debidamente notificadas el 30 de
      julio y el 17 de noviembre de 1999 (respectivamente                 —      constate que, al no haber adoptado en el plazo establecido
      para la aportación de capital y las ayudas regionales),                   las medidas necesarias para dar cumplimiento a la
      devinieron existentes por aplicación del apartado 6 del                   decisión de la Comisión de 26 de octubre de 1999 (1), por
      artı́culo 4 del Reglamento (CE) 659/99 del Consejo (1).                    la que se declara que ciertas ayudas al grupo de astilleros
      Mediante carta de 28 de julio de 2000 enviada por fax el                   de titularidad pública de España fueron otorgadas de
      mismo dı́a las autoridades españolas informaban a la                      manera ilegal y son, además, incompatibles con el
      Comisión de que la Junta de Andalucı́a iba a ejecutar las                 mercado común, el Reino de España ha incumplido
      medidas notificadas a la Comisión. El hecho de que esa                    con las obligaciones que le incumben en virtud del
      comunicación fuese registrada por los servicios de la                     artı́culo 249 CE, párrafo cuarto, ası́ como de los ar-
      Comisión el 31 de julio, tres dı́as más tarde, no puede                  tı́culos 2 y 3 de la referida decisión; y
      cambiar la fecha de recepción del fax que es la del envı́o.
                                                                          —      condene en costas al Reino de España.
      La decisión recurrida que lleva por fecha el 22 de
      agosto se notificó el 23 de agosto 2000, cuando habı́an
      transcurrido ya los 15 dı́as laborables con que contaba la
                                                                          Motivos y principales alegaciones
      Comisión.
      Asimismo, no puede considerarse en modo alguno                      De conformidad con el artı́culo 249 CE, la decisión
      como notificación de la decisión formal de abrir el               2000/131/CE de 26 de octubre de 1999 es obligatoria en
      procedimiento de investigación de conformidad con el               todos sus elementos para su destinatario, el Reino de España,
      artı́culo 4 del Reglamento 659/99 un fax del 17 y una               en virtud de la notificación de la misma que le fue realizada el
      carta del 21 de agosto, anteriores a la fecha de la                 2 de diciembre de 1999. Si bien el artı́culo 243 CE prevé la
      decisión impugnada, informando que la Comisión habı́a             posibilidad de que el Tribunal acuerde la suspensión cuando
      «adoptado» esa decisión.                                           ası́ lo exijan las circunstancias, el Reino de España, que
                                                                          interpuso una demanda en anulación con arreglo al ar-
—     (A tı́tulo subsidiario) Falta de fundamentación                    tı́culo 230 CE contra la decisión (asunto C-36/00), no ha
                                                                          formulado hasta la fecha demanda alguna en ese sentido. Ası́
                                                                          pues, la decisión de 1999 sigue siendo obligatoria en todos sus
      La decisión recurrida se adoptó por la Comisión sólo para       elementos para el Reino de España. El Gobierno español no ha
      evitar que venciera el plazo que las convierte en existentes,       dado cumplimiento a la decisión, y no puede considerarse
      y que no refleja una verdadera convicción sobre la                 que la falta de cumplimiento venga justificada por una
      incompatibilidad de las medidas con el Tratado, ni una              «imposibilidad absoluta de ejecución».
      necesidad de mayor información que la recibida.
(1) de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones        (1) relativa a la ayuda estatal concedida por España en favor de los
    de aplicación del artı́culo 93 del Tratado CE (DO no L 083 de             astilleros de titularidad pública (2000/131/CE), BO de 12.2.2000,
    27.03.1999, p. 1).                                                         p. 22.