CELEX: 61979CJ0066
Language: es
Date: 1980-03-27
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de marzo de 1980. # Amministrazione delle Finanze contra Srl Meridionale Industria Salumi, Fratelli Vasanelli y Fratelli Ultrocchi. # Peticiones de decisión prejudicial: Corte suprema di Cassazione - Italia. # El efecto de las sentencias prejudiciales en el tiempo. # Asuntos acumulados 66, 127 y 128/79.

SALUMI
              SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                         de 27 de marzo de 1980 *
En los asuntos acumulados 66/79, 127/79 y 128/79,
que tienen por objeto peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por la Corte suprema di cassazione de Roma,
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional
entre
Amministrazione delle Finanze dello Stato
                                         y
Sri Meridionale Industria Salumi,
Amministrazione delle Finanze dello Stato
                                         y
Ditta Fratelli Vasanelli,
                                      y entre
   Lengua de procedimiento: italiano.
                                                                            427
 ---pagebreak---                 SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79
      Amministrazione delle Finanze dello Stato
                                               y
      Ditta Fratelli Ultrocchi,
      una decisión prejudicial sobre la eficacia en el tiempo de las sentencias
      interpretativas dictadas por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177
      del Tratado CEE,
                            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
      Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
      Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
      Abogado General: Sr. G. Reischl;
      Secretario: Sr. A. Van Houtte;
    ' dicta la siguiente
                                           Sentencia
      (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
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                            Fundamentos de Derecho
1 Mediante tres resoluciones de 11 de enero de 1979, ¡neritas en el Registro de
  la Secretaría del Tribunal de Justicia, la primera el 20 de abril de 1979
  (asunto 66/79, Meridionale Salumi), las otras dos el 9 de agosto de 1979
  (asuntos 127/79, Vasanelli, y 128/79, Ultrocchi), la Corte suprema di
  cassazione de Roma planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos
  cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 177 del Tratado
  CEE en lo que respecta al alcance de las sentencias interpretativas dictadas põi-
  el Tribunal de Justicia en el marco de dicha disposición.
2 Mediante estas cuestiones, formuladas en idénticos términos en las tres
  resoluciones de remisión, se pregunta:
  «a) Si, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuando las autoridades de
      un Estado miembro, respecto a relaciones aún no definidas según su propio
      Derecho interno, hayan recaudado en materia de importación lo que no
      hubieran debido recaudar, o, por el contrario, no hayan recaudado lo que
      hubieran debido recaudar en virtud de la normativa comunitaria aplicable
      al sector de que se trate, tal y como ha sido interpretada posteriormente por
      una sentencia del Tribunal de Justicia, dicha sentencia es igualmente
      aplicable o no a dichas relaciones en el ordenamiento jurídico interno de
      los Estados miembros, o si sólo lo es dentro de determinados límites y si
      se cumplen determinadas condiciones y en esta última hipótesis, cuáles son
      estos límites y condiciones.
  b) Si, en todo caso, siempre en relación con el artículo 177 del Tratado CEE,
      el Derecho comunitario prohibe o, por el contrario, impone o le resulta
      indiferente que el Derecho nacional atribuya a los interesados, respecto a
      estas mismas relaciones, la legitimación procesal activa para exigir o
      reclamar, basándose en la interpretación dada por la sentencia del Tribunal
      de Justicia, lo debido y no percibido o, de modo respectivo, lo pagado
      indebidamente.»
3 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de sendos litigios de operadores
  económicos contra la Administración italiana competente, que les reclama, por
                                                                                429
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     importaciones de carne de bovino efectuadas en 1968, cantidades
     suplementarias de exacciones agrícolas sobre la importación devengadas en
     virtud del Reglamento n° 14/64/CEE del Consejo, de 5 de febrero de 1964, por
     el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el
     sector de la carne de bovino (DO 1964, 34, p. 562) y del Reglamento (CEE)
     n° 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la
     organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148,
    p. 24; EE 03/02, p. 157).
4   El importe de dichas exacciones fue calculado entonces por la Administración
    italiana de aduanas aplicando el método, recomendado además por la Comisión
    en materia aduanera, según el cual, en caso de reducción de un derecho de
    aduana después de la declaración de importación, pero antes del despacho a
    consumo de la mercancía, procedía, previa petición del importador interesado,
    aplicar el tipo más favorable.
5   Mediante sentencia de 15 de junio de 1976, Frecassetti (113/75, Rec. p. 983),
    el Tribunal de Justicia declaró, sin embargo, que este método no podía
    aplicarse a las exacciones agrícolas a la importación proveniente de países
    terceros, las cuales, debían calcularse de modo uniforme según el tipo de la
    exacción del día en que los servicios de Aduanas aceptaran la declaración de
    importación. Con arreglo a esto, los operadores económicos implicados
    hubieran debido pagar exacciones por un importe superior.
6   Ya antes de la sentencia Frecassetti, la Administración italiana había reclamado
    estas cantidades suplementarias señalando, al parecer, que de todos modos, los
    operadores no habían cumplimentado una formalidad que la legislación italiana
    imponía para poder beneficiarse del tipo más favorable, pero durante el proceso
    se planteó la cuestión de en qué medida la interpretación que daba la sentencia
    Frecassetti proporcionaba, para las situaciones nacidas con anterioridad a la
    fecha de dicha sentencia, una base jurídica comunitaria para la reclamación de
    las cantidades suplementarias controvertidas, habida cuenta además de que,
    entretanto, un Decreto del Presidente de la República de 22 de septiembre de
    1978, había modificado un Decreto anterior, armonizándolo, en lo referente al
    cálculo de las exacciones agrícolas, con la sentencia Frecassetti, pero al mismo
    tiempo precisando que esta modificación no entraba en vigor hasta el 11 de
    septiembre de 1976, con la consecuencia de que las cantidades suplementarias
    de exacciones sólo se reclamarían para los productos declarados con
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   posterioridad a esta fecha. La fecha de 11 de septiembre de 1976 se eligió
   porque coincidía con la de la publicación del fallo de la sentencia Frecassetti
   en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 214, de 11 de septiembre
   de 1976.
   Sobre la primera cuestión
7  Esta cuestión tiene esencialmente por objeto determinar si, en particular en
  materia de impuestos y tributos devengados en virtud del Derecho comunitario,
  cuando la interpretación de una disposición del Derecho comunitario por el
  Tribunal de Justicia en el marco del artículo 177 del Tratado revela que la
  aplicación que las autoridades nacionales han dado de ella no era compatible
  con la norma de que se trata tal y como el Tribunal de Justicia ha precisado su
  alcance, la disposición así interpretada debe ser aplicada por los órganos
  jurisdiccionales nacionales a quienes se han sometido de modo legal el
  conocimiento de los litigios a que ha dado lugar dicha aplicación, incluso a las
  relaciones jurídicas nacidas y constituidas con anterioridad a la fecha de la
  sentencia que resuelve la petición de interpretación.
8  El artículo 177 del Tratado dispone que el Tribunal de Justicia será competente
  para pronunciarse con carácter prejudicial, en particular, sobre la interpretación
  del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones. Dicha competencia
  tiene por objeto garantizar una interpretación y una aplicación uniformes del
  Derecho comunitario y, en especial, de las disposiciones que surten efecto
  directo, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales.
9  La interpretación que, en ejercicio de la competencia que le confiere el
  artículo 177 del Tratado CEE, da el Tribunal de Justicia de una norma de
   Derecho comunitario, esclarece y precisa, cuando es necesario, el significado
  y el alcance de ésta tal y como debe o hubiera debido entenderse y aplicarse
   desde el momento de su entrada en vigor. Consecuencia de ello es que el Juez
   puede y debe aplicar la norma de este modo interpretada incluso a relaciones
  jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelve la petición
   de interpretación, si por otra parte concurren los requisitos necesarios para
   someter un litigio relativo a la aplicación de dicha norma a los órganos
  jurisdiccionales competentes.
                                                                                  431
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 10 Sólo excepcionalmente podría el Tribunal de Justicia, tal y como estimó en su
     sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,« Rec. p. 455), con arreglo
     al principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico
     comunitario y habida cuenta de los graves problemas que su sentencia podría
     acarrear para el pasado en las relaciones jurídicas establecidas de buena fe,
     limitar la posibilidad de los interesados de invocar la disposición así
     interpretada con vistas a cuestionar dichas relaciones jurídicas.
 11 No obstante, sólo cabría admitir tal limitación en la sentencia misma que
     resolviera sobre la interpretación solicitada. La exigencia fundamental de una
     aplicación uniforme y general del Derecho comunitario implica que únicamente
    corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre los límites temporales que
    deben aplicarse a su interpretación.
 12 Por último, habida cuenta de las precisiones solicitadas por el órgano
    jurisdiccional nacional, procede observar que la norma de Derecho comunitario
    de este modo interpretada surte sus efectos de conformidad con la
    interpretación dada a partir de su entrada en vigor, sin que proceda distinguir
    si las disposiciones de que se trata imponen gravámenes o conceden beneficios
    a los interesados y, en particular, sin que proceda distinguir si se trata de
    importes que las Administraciones nacionales hubieran debido percibir, pero
    -infringiendo el Derecho comunitario- no lo hicieron, o de importes
    percibidos infringiendo dicho Derecho.
    Sobre la segunda cuestión
13 En la segunda cuestión se pide fundamentalmente que se dilucide si el Derecho
    nacional puede adaptar y eventualmente limitar o no el ejercicio de los
    derechos que los justiciables o, según el caso, las autoridades públicas basan
    en el efecto directo de una disposición de Derecho comunitario interpretada en
    las condiciones y con las consecuencias anteriormente descritas. Esta cuestión
    se refiere en particular a la legitimación procesal de la Administración para
    reclamar impuestos o tributos comunitarios que hubieran debido percibirse.
14 Las normas relativas a la determinación y a las condiciones de la recaudación
    de los gravámenes económicos cuyo establecimiento es competencia de la
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   Comunidad y que constituyen específicamente recursos propios comunitarios,
   como son los derechos de aduana y las exacciones agrícolas, se establecieron
   en la Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de
   las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios
   de las Comunidades (DO L 94, p. 19) y en los Reglamentos adoptados para su
   ejecución. Este conjunto de normas debe ser considerado dentro del marco del
   sistema general de las disposiciones financieras del Tratado, sistema que, al
   igual que los correspondientes de los Estados miembros, se encuentra regido
   por el principio general de igualdad, según el cual las situaciones comparables
   no deben ser tratadas de modo diferente a menos que la diferencia de trato esté
   objetivamente justificada.
15 De lo antedicho resulta que el sistema de tributos que alimenta el presupuesto
   comunitario debe organizarse de modo que grave uniformemente a todos
   aquellos que se encuentren en las circunstancias determinadas por la normativa
   comunitaria para ser gravados por dicho sistema. Esta exigencia debería
   implicar un trato igual respecto de los requisitos de forma y de fondo que
   permiten a los operadores económicos impugnar los tributos comunitarios que
   se les impongan y reclamar su restitución en caso de pago indebido. Debería
   asimismo implicar una uniformización análoga de las circunstancias en las que
   las Administraciones de los Estados miembros, actuando en nombre de la
   Comunidad, recaudan dichos tributos y, en su caso, recuperan las ventajas
   financieras que se hubieran otorgado irregularmente.
16 El Consejo siguió la misma orientación al adoptar el Reglamento (CEE)
   n° 1430/79 de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación
   de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06
   p. 36) y el Reglamento (CEE) n° 1697/79, de 24 de julio de 1979, referente a
   la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos
   de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas
   en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos
   (DO L 197, p. 1; EE 02/06 p. 54). Esta normativa, aún no entrada en vigor en
   la fecha de esta sentencia, sólo resuelve parcialmente, sin embargo, los
   problemas relativos a la igualdad de los particulares en este ámbito y el carácter
   necesariamente técnico y detallado de este tipo de normativa sólo permite
   remediar su inexistencia en parte, mediante interpretación jurisprudencial.
                                                                                  433
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 17 Del referido estado de cosas resulta que, tal como ha mantenido el Tribunal de
     Justicia, en particular en su sentencia de 21 de mayo de 1976, Roquette
    (26/74,-» Rec. p. 677), los litigios relativos a la devolución de importes
    percibidos en nombre de la Comunidad son competencia de los órganos
    jurisdiccionales nacionales y éstos deben resolverlos de conformidad con el
    Derecho nacional, en la medida en que el Derecho comunitario no haya
    regulado la materia. Lo mismo ocurre, por idénticos motivos, en los
    procedimientos y litigios referentes a los gravámenes financieros de cuya
    recaudación están encargadas las Administraciones de los Estados miembros
    por cuenta de las Comunidades.
 18 Corresponde, por tanto, al ordenamiento jurídico interno de cada Estado
    miembro, en la medida en que el Derecho comunitario no haya previsto nada
    al respecto, determinar el modo y condiciones de la recaudación de los
    gravámenes financieros comunitarios en general y de las exacciones agrícolas
    en particular, así como designar las autoridades encargadas de la recaudación
    y los órganos jurisdiccionales competentes para resolver los litigios que ésta
    pueda provocar, siempre que tal modo y condiciones no conviertan al sistema
    de recaudación de los impuestos y exacciones comunitarios en menos eficaz
    que el de los nacionales del mismo tipo.
19 Esta consideración ha quedado reflejada en la Decisión del Consejo de 21 de
    abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los
    Estados miembros por recursos propios de las Comunidades (antes citada),
    cuyo artículo 6 establece explícitamente que los recursos propios -entre los
    cuales se cuentan las exacciones agrícolas— «serán recaudados por los Estados
    miembros de conformidad con las disposiciones legislativas, reglamentarias y
    administrativas nacionales que serán modificadas, en su caso, a tal efecto».
20 Esta remisión explícita a las legislaciones nacionales está sujeta, sin embargo,
    a los mismos límites que recaen sobre la remisión presunta cuya necesidad se
    reconoció en defecto de normativa comunitaria, en el sentido de que la
    aplicación de la legislación nacional debe hacerse de modo no discriminatorio
    respecto de los procedimientos que tienen por objeto resolver litigios del
    mismo tipo, pero puramente nacionales, y que las modalidades del
    procedimiento no pueden conducir a que resulte prácticamente imposible
    ejercer derechos conferidos por el Derecho comunitario.
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21 No sería, por tanto, conforme al Derecho comunitario una normativa nacional
   especial relativa a la recaudación de los impuestos y exacciones comunitarios,
   que atribuyera a la Administración nacional, para la recaudación de dichos
   tributos, poderes más limitados que los que se le atribuyen para recaudar los
   impuestos y exacciones nacionales del mismo tipo.
   Costas
22 Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y la Comisión de las
   Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal
   de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento
   tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido
   ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las
   costas.
   En virtud de todo lo expuesto,
                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
   pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Corte suprema di
   cassazione de Roma mediante resoluciones de 11 de enero de 1979, recibidas
   en el Tribunal el 20 de abril de 1979 y el 9 de agosto de 1979, declara:
   1) La interpretación que da el Tribunal de Justicia, en ejercicio de la
       competencia que le confiere el artículo 177 del Tratado CEE, de una
       disposición de Derecho comunitario, esclarece y precisa, cuando es
       necesario, el significado y el alcance de esta disposición tal y como debe
       o hubiera debido entenderse y aplicarse desde el momento de su
       entrada en vigor. Consecuencia de ello es que el Juez puede y debe
       aplicar la norma de este modo interpretada incluso a relaciones
       jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelve la
       petición de interpretación, si por otra parte concurren los requisitos
       necesarios para someter un litigio relativo a la aplicación de dicha
                                                                                    435
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        norma a los órganos jurisdiccionales competentes. Sólo
        excepcionalmente podría el Tribunal de Justicia, en la sentencia misma
        que resuelve la petición de interpretación, limitar la posibilidad de los
        interesados de invocar la disposición así interpretada con vistas a
        cuestionar relaciones jurídicas nacidas y constituidas con anterioridad.
    2) No sería, por tanto, conforme al Derecho comunitario una normativa
        nacional especial relativa a la recaudación de los impuestos y
        exacciones comunitarios, que atribuyera a la Administración nacional,
        para la recaudación de dichos tributos, poderes más limitados que los
        que se le atribuyen para recaudar los impuestos y exacciones
        nacionales del mismo tipo.
    Kutscher      O'Keeffe        Touffait      Mertens de Wilmars              Pescatore
    Mackenzie Stuart                  Bosco              Koopmans                    Due
    Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 1980.
    El Secretario                                                           El Presidente
    A. Van Houtte                                                            H. Kutscher
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