CELEX: 62003CJ0364
Language: es
Date: 2005-07-07 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. # Incumplimiento de Estado - Directiva 84/360/CEE - Contaminación atmosférica - Instalaciones industriales - Central eléctrica. # Asunto C-364/03.

Asunto C‑364/03
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      República Helénica
      «Incumplimiento de Estado — Directiva 84/360/CEE — Contaminación atmosférica — Instalaciones industriales — Central eléctrica»
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Instalaciones industriales — Directiva 84/360/CEE — Concepto de contaminación
            atmosférica — Obligación de los Estados miembros de reducir las emisiones de determinadas sustancias que no depende de la
            situación medioambiental general de la zona
      (Directiva 84/360/CEE del Consejo, arts. 1 y 2)
      2.     Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Instalaciones industriales — Directiva 84/360/CEE — Obligación de los Estados
            miembros de adoptar medidas de adaptación de dichas instalaciones a la mejor tecnología disponible — Inexistencia de políticas
            y de estrategias — Incumplimiento
      (Directiva 84/360/CEE del Consejo, art. 13)
      1.     Del artículo 1 de la Directiva 84/360, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones
         industriales, se deduce que ésta tiene por objeto prevenir o reducir la contaminación atmosférica procedente de instalaciones
         industriales en el interior de la Comunidad. Constituye una contaminación atmosférica, en el sentido del artículo 2, punto
         1, de la citada Directiva, la introducción en la atmósfera, por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía
         que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga en peligro la salud del hombre y que cause daños a los recursos biológicos
         y a los ecosistemas. De ello se deduce que, en la medida en que consta que las emisiones de determinadas sustancias tienen
         efectos nocivos sobre la salud humana así como sobre los recursos biológicos y los ecosistemas, la obligación que incumbe
         a los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para reducir las emisiones de estas sustancias no depende de la situación
         medioambiental general de la zona en la que se encuentra la instalación industrial de que se trata.
      
      (véanse los apartados 33 y 34)
      2.     Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva 84/360, relativa a la lucha contra la
         contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales, un Estado miembro que no define políticas ni estrategias
         para adaptar progresivamente a la mejor tecnología disponible las turbinas de vapor y las turbinas de gas de una central eléctrica.
      
      Si bien el artículo 13 de la Directiva 84/360 no obliga expresamente a los Estados miembros a adoptar valores límites para
         las emisiones de instalaciones industriales, hay que señalar, no obstante, que la adopción de valores límites para las emisiones
         de dichas instalaciones constituiría una medida sumamente útil en el marco de la aplicación de una política o de una estrategia
         en el sentido del citado artículo 13.
      
      La reducción del contenido máximo de productos nocivos de los combustibles puede considerarse una medida de adaptación a la
         mejor tecnología disponible de una instalación industrial como una central eléctrica, puesto que dicha reducción puede hacer
         que descienda considerablemente el nivel de la contaminación atmosférica procedente de tal instalación. No obstante, ello
         presupone que el contenido de productos nocivos del combustible de que se trate sea el más bajo disponible en el mercado.
      
      Pueden constituir también medidas de adaptación de una central a la mejor tecnología disponible la sustitución progresiva
         de los quemadores y las medidas de vigilancia y de control de las emisiones, a condición, no obstante, de que éstas vayan
         acompañadas de otras actuaciones que tengan un efecto directo en las emisiones de la central de que se trate.
      
      (véanse los apartados 35, 36, 39, 47, 48 y 52 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 7 de julio de 2005 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Directiva 84/360/CEE – Contaminación atmosférica – Instalaciones industriales – Central eléctrica»
      En el asunto C‑364/03,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 22 de agosto de 2003,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. G. Valero Jordana y M. Konstantinidis, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      República Helénica, representada por la Sra. E. Skandalou, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. R. Schintgen (Ponente),
         P. Kūris y G. Arestis, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. A. Tizzano;
      Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de de marzo de 2005;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
         Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva 84/360/CEE del Consejo,
         de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales
         (DO L 188, p. 20; EE 15/05, p. 43), al no haber definido políticas ni estrategias para adaptar progresivamente a la mejor
         tecnología disponible las turbinas de vapor y las turbinas de gas de la central de la sociedad Dimosia Epicheirisi Ilektrismou
         (empresa pública de electricidad, en lo sucesivo, «DEI»), situada en Linoperamata, isla de Creta (en lo sucesivo, «central»).
      
       Marco jurídico
      2       A tenor del artículo 1 de la Directiva 84/360:
      «El objetivo de la presente Directiva es prever unas medidas y procedimientos suplementarios dirigidos a prevenir o a reducir
         la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales en el interior de la Comunidad, en particular, las pertenecientes
         a las categorías que figuran en el Anexo I.»
      
      3       Entre las categorías de instalaciones industriales enumeradas en el anexo I de la Directiva 84/360 figura, en el punto 1.4
         de dicho anexo, la industria de la energía de la que forman parte las centrales térmicas, con exclusión de las centrales nucleares,
         y otras instalaciones de combustión de una potencia nominal calorífica de más de 50 MW.
      
      4       A tenor del artículo 2, punto 1, de la Directiva 84/360, se entenderá por contaminación atmosférica «la introducción en la
         atmósfera, por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza
         que ponga en peligro la salud del hombre, que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas, que deteriore los
         bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente».
      
      5       Conforme al artículo 2, punto 3, de la citada Directiva, la «instalación existente» es una instalación en funcionamiento antes
         del 1 de julio de 1987 o que se haya construido o autorizado antes de dicha fecha.
      
      6       El artículo 3 de la misma Directiva está redactado en los siguientes términos:
      «1.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que la explotación de las instalaciones pertenecientes
         a las categorías que figuran en el Anexo I requiera una autorización previa que deberán conceder las autoridades competentes.
         La necesidad de respetar las condiciones prescritas para dichas autorizaciones deberá tenerse en cuenta desde la etapa de
         concepción de la instalación.
      
      2.      Se requerirá también la autorización en caso de una modificación sustancial de cualesquiera instalaciones pertenecientes a
         las categorías que figuran en el Anexo I o que, por su modificación entraren en dichas categorías.
      
      3.      Los Estados miembros podrán someter otras categorías de instalaciones a la exigencia de una autorización o, cuando las disposiciones
         nacionales lo prevean, a una declaración previa.»
      
      7       El artículo 8 de la Directiva 84/360 establece:
      «1.      El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, fijará, si fuera necesario, unos valores límite de emisión basados
         en la mejor tecnología disponible que no entrañen unos gastos excesivos y tendrá en cuenta a tal fin la naturaleza, las cantidades
         y la nocividad de las emisiones de que se trate.
      
      2.      El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión, determinará las técnicas y métodos de mediciones y de evaluación correspondientes.»
      8       El artículo 13 de la Directiva 84/360 dispone:
      «A la vista del examen de la evolución de la mejor tecnología disponible y de la situación del medio ambiente, los Estados
         miembros aplicarán políticas y estrategias, incluyendo unas medidas adecuadas para adaptar progresivamente las instalaciones
         existentes pertenecientes a las categorías que figuran en el Anexo I a la mejor tecnología disponible, teniendo en cuenta
         en particular:
      
      –       las características técnicas de la instalación,
      –       el índice de utilización y el período de vida residual de la instalación,
      –       la naturaleza y el volumen de las emisiones contaminantes de la instalación,
      –       la conveniencia de que no ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se trate, en atención en particular a la situación
         económica de las empresas pertenecientes a la categoría considerada.»
      
      9       A tenor del artículo 16, apartado 1, de la citada Directiva:
      «Los Estados miembros aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente
         Directiva a más tardar el 30 de junio de 1987 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión.»
      
       Contexto fáctico del recurso y procedimiento administrativo previo
      10     La central comprende seis turbinas de vapor, dos turbinas de gas y cuatro turbinas diesel. Mientras que las ocho primeras
         unidades se instalaron entre 1965 y 1974, la instalación de las cuatro últimas unidades se autorizó en 1986.
      
      11     En el presente caso, consta que la central forma parte de las instalaciones de combustión de una potencia nominal calorífica
         de más de 50 MW a que se refiere el anexo I, punto 1.4, de la Directiva 84/360, que está sujeta al sistema de control definido
         en el artículo 3, apartado 1, de ésta y que constituye una instalación existente en el sentido del artículo 2, punto 3, de
         dicha Directiva.
      
      12     Al haber recibido una denuncia relativa a la contaminación medioambiental ocasionada por la central, la Comisión, mediante
         escrito de 12 de mayo de 1998, solicitó a las autoridades helénicas información sobre las condiciones de funcionamiento de
         dicha central haciendo referencia, en particular, a las obligaciones derivadas de la Directiva 84/360.
      
      13     Por estimar que no se habían cumplido los requisitos relativos a la autorización previa prevista en el artículo 3 de la Directiva
         84/360, la Comisión dirigió el 1 de febrero de 1999 un segundo escrito a las autoridades helénicas, en el que solicitaba información
         complementaria sobre la autorización de ampliación de la central.
      
      14     Al considerar que de la respuesta a dicho escrito se desprendía que la República Helénica no había cumplido las obligaciones
         que le incumben en virtud de los artículos 3 y 13 de la Directiva 84/360, la Comisión requirió el 13 de abril de 2000 a dicho
         Estado miembro para que le presentara sus observaciones en un plazo de dos meses.
      
      15     Mediante diferentes escritos, las autoridades helénicas comunicaron a la Comisión durante los años 2000 y 2001 informaciones
         relativas, en particular, a la aprobación de la ampliación de la central, a la Orden ministerial nº 46.998, de 5 de junio
         de 2000, por la que aprueba un nuevo estudio de impacto ambiental realizado por la DEI para todas las instalaciones de la
         central, a la Orden ministerial nº 56.512, de 19 de mayo de 2001, por la que se modifica la anterior Orden ministerial y a
         las autorizaciones de funcionamiento de la central concedidas los días 26 de febrero y 27 de julio de 2001.
      
      16     Al estimar que únicamente persistía la infracción del artículo 13 de la Directiva 84/360, la Comisión, mediante escrito de
         21 de marzo de 2002, dirigió un dictamen motivado a la República Helénica, instándola a adoptar las medidas necesarias para
         atenerse a las obligaciones derivadas de dicha disposición en un plazo de dos meses a partir de la notificación del referido
         dictamen.
      
      17     Al no estar convencida de que la información comunicada por las autoridades helénicas en sus escritos de 10 de julio y 13
         de noviembre de 2002 podía poner fin al incumplimiento del artículo 13 de la Directiva 84/360, la Comisión interpuso el presente
         recurso.
      
       Sobre el recurso
       Alegaciones de las partes
      18     Según la Comisión, de la información comunicada por las autoridades helénicas tanto durante el procedimiento administrativo
         previo como en el transcurso del procedimiento ante el Tribunal de Justicia se deduce que la central funciona utilizando una
         tecnología vetusta y muy contaminante, que no puede calificarse de «mejor tecnología disponible» en el sentido de la Directiva 84/360.
      
      19     Así, señala, durante los años 1992 a 2002, las emisiones de anhídrido sulfuroso y de óxido de nitrógeno de la central no disminuyeron.
         Estas emisiones varían entre 14,2 kilotoneladas (en 1995) y 16,3 kilotoneladas (en 1999), en el caso del anhídrido sulfuroso
         y entre 4,3 kilotoneladas (en 1992, en 1998 y en 2000) y 5 kilotoneladas (en 1999), en el del óxido de nitrógeno. Éstas representan
         la práctica totalidad del anhídrido sulfuroso y el 50 % del óxido de nitrógeno emitidos en Creta durante el período de que
         se trata.
      
      20     En relación con las diferentes medidas que la República Helénica afirma haber adoptado para atenerse a la obligación derivada
         del artículo 13 de la Directiva 84/360, la Comisión alega que dichas medidas:
      
      –       tienen carácter general y no van dirigidas específicamente a la central de referencia, o
      –       no han supuesto una mejora con respecto a las emisiones registradas, o bien
      –       no son vinculantes, o incluso
      –       no constituyen medidas de adaptación a la mejor tecnología disponible en el sentido de la citada Directiva.
      21     La Comisión señala además que las autoridades helénicas no han fijado valores límite para las emisiones de anhídrido sulfuroso
         y óxido de nitrógeno.
      
      22     Por lo que se refiere a la alegación del Gobierno helénico según la cual la adaptación de la central a la mejor tecnología
         disponible ocasionó costes excesivos a la DEI, la Comisión alega, por un lado, que éstos no constituyen el único criterio
         de adaptación establecido en el artículo 13 de la Directiva 84/360 y, por otro lado, que deben relativizarse tales costes
         teniendo en cuenta los años transcurridos desde la entrada en vigor de la citada Directiva. Además, afirma, la situación económica
         de la referida sociedad, tal como aparece reflejada en el balance del ejercicio 2002, no hace que resulten excesivos los costes
         ocasionados por la introducción de las mejoras necesarias en la central.
      
      23     El Gobierno helénico, en primer lugar, señala que, hasta la adopción de la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del
         Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes
         de grandes instalaciones de combustión (DO L 309, p. 1), las normas comunitarias no establecían valores límite para las emisiones
         de instalaciones existentes del tamaño de la que es objeto del presente asunto y que la Directiva 84/360 no contiene una definición
         del concepto de «mejor tecnología disponible» ni un plazo concreto para la adaptación progresiva de las instalaciones existentes
         a dicha tecnología, ni tampoco indicación alguna respecto a la manera en que han de evaluarse las diferentes tecnologías.
      
      24     El referido Gobierno, en segundo lugar, subraya que el nivel de contaminación provocado por una fuente determinada se define
         por la contribución de las emisiones procedentes de ésta a la presencia de diferentes contaminantes en la atmósfera de la
         zona en que esté situada dicha fuente así como por el volumen de estas emisiones. Por consiguiente, añade, para evaluar la
         adaptación de la central de que se trate a la mejor tecnología disponible, hay que referirse a las emisiones específicas (evaluadas
         en g/kWh) que caracterizan a la contaminación media emitida por la central a largo plazo y no a las emisiones calculadas en
         términos absolutos, a saber, la cantidad de toneladas emitidas por año. En efecto, el nivel de explotación y el aumento del
         tamaño de la central pueden influir en la cantidad de estas últimas emisiones y, por ende, éstas no permiten sacar conclusiones
         acerca del tipo de tecnología empleada.
      
      25     Por lo que respecta más concretamente a la central, el Gobierno helénico señala que la producción de energía de ésta aumentó
         considerablemente entre 1992 y 2002. Sin embargo, de los datos proporcionados por la DEI se desprende que las emisiones específicas
         de anhídrido sulfuroso de dicha central descendieron de 18,0 g/kWh en 1992 a 13,0 g/kWh en 2001 y que las emisiones de óxido
         de nitrógeno pasaron de 4,1 g/kWh en 1998 a 3,9 g/kWh en 2001.
      
      26     El citado Gobierno, en tercer lugar, alega que, en el marco de la aplicación de una política y de una estrategia más generales,
         se adoptaron medidas especiales para adaptar la central a la mejor tecnología disponible. Así, en particular:
      
      –       Entre 1993 y 2002, el contenido máximo de azufre de los combustibles se redujo del 4 % al 3 %, lo que representa un descenso
         del 25 %.
      
      –       La utilización de gasóleo de un contenido de azufre casi un 13 % inferior a los límites fijados en el plan nacional ha hecho
         disminuir las emisiones específicas de anhídrido sulfuroso en más de 5 kg/MWh.
      
      –       Entre 1993 y 2002, el contenido máximo de azufre del gasóleo experimentó a nivel nacional una reducción del 0,5 % al 0,035 %,
         lo que representa un descenso del 93 %.
      
      –       Se procedió a reducir casi un 46 % el porcentaje del gasóleo en la producción de energía eléctrica en Creta, a aumentar el
         porcentaje de la electricidad producida con fuentes de energía renovables y a reducir la utlización de las turbinas de gas
         más antiguas.
      
      –       A partir de 1999, se utilizaron aditivos químicos destinados a mejorar la combustión de las turbinas de vapor, con el fin
         de reducir aproximadamente un 50 % las cantidades de partículas en suspensión emitidas por estas unidades.
      
      –       Fueron sustituyéndose progresivamente los quemadores de cinco de las seis turbinas de vapor de la central por nuevos quemadores
         del tipo «difusión de vapor», dos de los cuales están en funcionamiento desde 2001, otros dos desde 2003 y el último se encuentra
         en fase de instalación.
      
      –       Se establecieron nuevas obligaciones relativas al control de la aplicación de la medida y de la vigilancia de las emisiones,
         como la obligación de instalar tres estaciones modernas de medición de la calidad del aire en la zona de la central, un sistema
         de inyección de agua para reducir los óxidos de nitrógeno en la nueva turbina de gas así como sistemas para la medición y
         el registro de las concentraciones de emisiones atmosféricas de la central.
      
      –       En febrero de 2003, se decidió ir trasladando progresivamente, después de 2006, la central hacia otra región de Creta e instalar
         una cuarta central eléctrica en la isla que pueda utilizar gas natural, para asegurarse de que las instalaciones de producción
         eléctrica arrojan los mejores rendimientos medioambientales posibles.
      
      27     El Gobierno helénico afirma, en cuarto lugar, que de las cifras que obran en su poder no se desprende que la central ocasione
         una fuerte contaminación medioambiental. Además, considera que la calidad del medioambiente en la zona en que está situada
         dicha central es excelente y la escasa contaminación que en ella existe no representa evidentemente ningún peligro para la
         salud pública.
      
      28     Este mismo gobierno, en quinto lugar, señala que la situación económica de la DEI descrita por la Comisión no permite sacar
         conclusiones sobre la capacidad económica de dicha sociedad antes de 2002. En efecto, la DEI, que era una empresa pública
         y no fue transformada en sociedad anónima hasta el año 2000, no dispuso de la liquidez necesaria para realizar grandes inversiones.
         Por otra parte, la mencionada sociedad operó aún con pérdidas durante los años 1998 a 2000. La rentabilidad y la situación
         económica de esta última únicamente mejoraron a partir del año 2001. Por tanto, no puede sostenerse válidamente que la DEI
         estaba en condiciones de asumir los costes que ocasionarían las medidas a las que se refiere la Comisión para adaptar la central
         a la mejor tecnología disponible.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      29     Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 13 de la Directiva 84/360 exige a los Estados miembros que apliquen,
         a la luz de la evolución de la tecnología y de la situación del medio ambiente, políticas y estrategias, incluyendo medidas
         adecuadas, para adaptar progresivamente instalaciones como la central a la mejor tecnología disponible, teniendo en cuenta
         diferentes criterios, entre los que figuran la naturaleza y el volumen de las emisiones contaminantes de tales instalaciones
         así como los costes ocasionados por la adaptación de éstas a dicha tecnología.
      
      30     Si bien es cierto que, como sostiene el Gobierno helénico, del artículo 13 de la Directiva 84/360 se deduce que los Estados
         miembros disponen de cierta facultad de apreciación en cuanto a las medidas adecuadas para luchar contra la contaminación
         atmosférica, no es menos cierto que dicha disposición obliga a los Estados miembros a proceder de manera progresiva a la adaptación
         de las instalaciones a que se refiere la referida Directiva a la tecnología mencionada en la medida en que ésta vaya evolucionando.
      
      31     A este respecto, debe señalarse que el volumen de las emisiones de una instalación contemplada en la Directiva 84/360 influye,
         efectivamente, en la naturaleza de las medidas que deben adoptarse. Sin embargo, de esta afirmación no se desprende que, suponiendo
         incluso que las emisiones contaminantes no alcancen un volumen significativo, tal situación pueda permitir a un Estado miembro
         no adaptar dicha instalación a la mejor tecnología disponible. Precisamente a la luz de esta consideración debe examinarse
         si, en el presente caso, la República Helénica ha cumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 13 de la citada
         Directiva.
      
      32     Por lo que se refiere, en primer lugar, a la alegación del Gobierno helénico según la cual la calidad del medio ambiente en
         la zona en que se encuentra situada la central es excelente y no representa ningún peligro para la salud pública, procede
         señalar, por un lado, que dicha alegación se contradice con el contenido del escrito de 10 de julio de 2002, enviado como
         respuesta al dictamen motivado de la Comisión, en el que dicho Gobierno reconoció que existía un problema de deterioro del
         medio ambiente debido al funcionamiento de la referida central.
      
      33     Es preciso recordar, por otro lado, que del artículo 1 de la Directiva 84/360 se deduce que ésta tiene por objeto prevenir
         o reducir la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales en el interior de la Comunidad. Constituye
         una contaminación atmosférica, en el sentido del artículo 2, punto 1, de la citada Directiva, la introducción en la atmósfera,
         por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o de energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que ponga
         en peligro la salud del hombre y que cause daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas.
      
      34     De ello se deduce que, en la medida en que consta que las emisiones de anhídrido sulfuroso y de óxido de nitrógeno tienen
         efectos nocivos sobre la salud humana así como sobre los recursos biológicos y los ecosistemas, la obligación que incumbe
         a los Estados miembros de adoptar las medidas necesarias para reducir las emisiones de estas dos sustancias no depende, contrariamente
         a lo que afirma el Gobierno helénico, de la situación medioambiental general de la zona en la que se encuentra la instalación
         industrial de que se trata.
      
      35     Por lo que respecta, en segundo lugar, a la no adopción de valores límite para las emisiones de instalaciones como la central,
         procede señalar que, como afirmó acertadamente el Gobierno helénico, el artículo 13 de la Directiva 84/360 no obliga expresamente
         a los Estados miembros a adoptar tales valores.
      
      36     No obstante, hay que señalar que la adopción de valores límite para las emisiones de instalaciones como la central constituiría
         una medida sumamente útil en el marco de la aplicación de una política o de una estrategia en el sentido del artículo 13 de
         la Directiva 84/360.
      
      37     Por lo que se refiere, en tercer lugar, a las cifras relativas a las emisiones específicas de anhídrido sulfuroso y de óxido
         de nitrógeno invocadas por el Gobierno helénico, que han sido discutidas además por la Comisión, hay que precisar que, si
         bien revelan efectivamente una ligera disminución de dichas emisiones entre 1992 y 2001, no es menos cierto que no permiten
         sacar conclusión alguna en relación con la cuestión de si la central ha sido adaptada a la mejor tecnología disponible. En
         efecto, dichas cifras a lo sumo pueden demostrar que las medidas adoptadas por el Gobierno helénico hicieron que se redujeran
         las referidas emisiones.
      
      38     Ahora bien, la Comisión no reprocha al Gobierno helénico que no haya adoptado medidas que puedan hacer que descienda la contaminación
         atmosférica ocasionada por la central, sino que le acusa de no haber aplicado una política y una estrategia para adaptar dicha
         central a la mejor tecnología disponible.
      
      39     Por lo que atañe, en cuarto lugar, a las diferentes medidas invocadas por el Gobierno helénico para probar que cumplió la
         obligación que le incumbe en virtud del artículo 13 de la Directiva 84/360, procede señalar, ante todo, que la reducción del
         contenido máximo de azufre del gasóleo utilizado por la central puede considerarse, en principio, una medida de adaptación
         a la mejor tecnología disponible de una instalación industrial como la central, puesto que puede hacer que descienda considerablemente
         el nivel de la contaminación atmosférica procedente de tal instalación. No obstante, una consideración de este tipo presupone
         que el contenido de azufre del combustible utilizado sea el más bajo disponible en el mercado.
      
      40     Pues bien, en el caso de autos, es preciso afirmar que, como precisó la Comisión en su respuesta a una pregunta formulada
         por el Tribunal de Justicia y sin que dicha respuesta haya sido contradicha por el Gobierno helénico, el contenido de azufre
         del gasóleo utilizado por la central, que asciende al 2,6 %, es sensiblemente superior al del gasóleo con un contenido de
         azufre más bajo disponible en el mercado, que es del 0,4 %, y sobrepasa ampliamente el del gasóleo utilizado por las instalaciones
         industriales en la zona de Atenas, que asciende al 0,7 %.
      
      41     La alegación del Gobierno helénico según la cual la utilización de combustibles con el contenido de azufre más bajo disponible
         en el mercado no viene impuesta por el artículo 13 de la Directiva 84/360, ya que dicha utilización ocasionaría unos costes
         excesivos a la DEI, no puede acogerse.
      
      42     En efecto, en el presente caso, consta que la utilización de gasóleo con un contenido de azufre de alrededor del 1 % habría
         dado lugar a una inversión única de 3 millones de euros y a un aumento de los gastos corrientes de adquisición de gasóleo
         de aproximadamente 6 millones de euros por año.
      
      43     Ahora bien, contrariamente a lo que afirma el Gobierno helénico, es preciso señalar que dichos importes no constituyen costes
         excesivos en relación, por un lado, con la situación económica de la DEI descrita por las partes en el litigio y, por otro
         lado, con la circunstancia de que la referida sociedad tiene alrededor de 6,7 millones de clientes.
      
      44     Hay que añadir que la alegación según la cual la utilización de un gasóleo de un contenido más bajo de azufre no hubiera estado
         justificada, habida cuenta de la calidad del medio ambiente en la zona en que está situada la central, no puede acogerse,
         puesto que, como se deduce del apartado 34 de la presente sentencia, la obligación de reducir las emisiones de anhídrido sulfuroso
         y de óxido de nitrógeno no está supeditada a la existencia de una contaminación medioambiental especial.
      
      45     Por otra parte, en relación con la indicación según la cual el porcentaje del gasóleo en la producción de energía en Creta
         se redujo casi el 46 % entre 1992 y 2002, baste señalar que es demasiado genérica y no permite determinar si se ha producido
         una reducción de la contaminación de la misma magnitud por lo que respecta a las emisiones de la central.
      
      46     En cuanto a la utilización de aditivos químicos destinados a mejorar la combustión de las turbinas de vapor, hay que afirmar
         que el propio Gobierno helénico ha reconocido que dicha medida no influye en la emisión de partículas en suspensión. Ahora
         bien, la emisión de estas partículas no es objeto del presente recurso.
      
      47     En relación con la sustitución progresiva de los quemadores de determinadas turbinas de vapor, hay que admitir que esta medida
         puede considerarse, en principio, una adaptación de la central a la mejor tecnología disponible. No obstante, en el caso de
         autos, es preciso observar que dicha sustitución se produjo en gran parte después de la expiración del plazo de dos meses
         fijado en el dictamen motivo.
      
      48     Por último, en cuanto a las medidas de vigilancia y de control de las emisiones, hay que precisar que tales medidas pueden
         constituir, en efecto, una adaptación de una central a la mejor tecnología disponible, a condición, no obstante, de que vayan
         acompañadas de otras actuaciones que tengan un efecto directo en las emisiones de la central de que se trate.
      
      49     Pues bien, estas medidas de acompañamiento no existen en el presente caso. En efecto, como indicó el Gobierno helénico en
         respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, los controles y mediciones de las emisiones, que
         dan lugar a la elaboración de diferentes informes dirigidos a las autoridades nacionales competentes, únicamente conducen,
         en el supuesto de que se compruebe la existencia de una irregularidad, a una reducción temporal, o incluso a una suspensión,
         de la producción de la central y, por consiguiente, de sus emisiones. En tales circunstancias, dichas medidas no pueden considerarse
         una adaptación de la central a la mejor tecnología disponible.
      
      50     Lo mismo sucede con el proyecto de traslado progresivo de la central a otra zona de Creta, puesto que tal medida únicamente
         constituye una puesta fuera de servicio gradual de dicha central.
      
      51     Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede concluir que las medidas invocadas por el Gobierno helénico
         no constituyen la aplicación de una política o de una estrategia para la adaptación de la central a la mejor tecnología disponible
         en el sentido del artículo 13 de la Directiva 84/360.
      
      52     En consecuencia, procede declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
         13 de la Directiva 84/360, al no haber definido políticas ni estrategias para adaptar progresivamente a la mejor tecnología
         disponible las turbinas de vapor y las turbinas de gas de la central de la DEI, situada en Linoperamata, en la isla de Creta.
      
       Costas
      53     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Helénica
         y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
      1)      Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 de la Directiva
            84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las
            instalaciones industriales, al no haber definido políticas ni estrategias para adaptar progresivamente a la mejor tecnología
            disponible las turbinas de vapor y las turbinas de gas de la central de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou (empresa pública
            de electricidad), situada en Linoperamata, en la isla de Creta.
      2)      Condenar en costas a la República Helénica.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: griego.