CELEX: 62019CC0662
Language: es
Date: 2021-04-15 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 15 de abril de 2021.###

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. MACIEJ SZPUNAR
   presentadas el 15 de abril de 2021 (
         1
      )
   Asunto C‑662/19 P
   NRW. Bank
   contra
   Junta Única de Resolución
   «Recurso de casación — Unión bancaria — Mecanismo único de resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión — Fijación de las aportaciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución de entidades bancarias — Acto impugnable — Acto parcialmente confirmatorio — Plazo de recurso»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            Mediante su recurso de casación, NRW. Bank solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2019, NRW. Bank/JUR (T‑466/16, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2019:445), por la que se declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación, por una parte, de la Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), en sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016, sobre las aportaciones ex ante para 2016 al Fondo Único de Resolución (FUR) (SRB/ES/SRF/2016/06) (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida») y, por otra parte, de la Decisión de la JUR, en sesión ejecutiva de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones ex ante para 2016 al FUR, por la que se completa la primera Decisión controvertida (SRB/ES/SRF/2016/13) (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida»), en la medida en que conciernen a la recurrente (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisiones controvertidas»).
         
      
            2.
         
         
            El principal desafío jurídico planteado por el presente asunto versa sobre la calificación jurídica de las Decisiones controvertidas y sobre la relación entre ambas Decisiones. En esencia, el Tribunal General consideró que la segunda Decisión controvertida era de carácter parcialmente confirmatorio y no afectaba a la cuestión de fondo que planteaba la recurrente mediante el recurso interpuesto ante él, a saber, si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento.
         
      
            3.
         
         
            Mediante su recurso de casación, la recurrente sostiene, en particular, que la segunda Decisión controvertida sustituyó a la primera Decisión controvertida y, con carácter subsidiario, que la modificación de la primera Decisión controvertida, introducida mediante la segunda Decisión controvertida, abre un nuevo plazo de recurso no solo por lo que se refiere a la segunda Decisión controvertida, sino también por lo que respecta a la cuestión de fondo planteada mediante el recurso.
         
      
            4.
         
         
            Debo precisar también que la utilización, en las presentes conclusiones, de la terminología empleada por el Tribunal General, según la cual no se trata de dos actos que conforman un todo, en la forma establecida por el acto posterior, sino de dos decisiones, no prejuzga en absoluto mi posición en cuanto a la procedencia del recurso de casación interpuesto por la recurrente. Utilizo dicha terminología en aras de facilitar la lectura de las conclusiones y poder hacer referencia al razonamiento del Tribunal General, tal como figura en la sentencia recurrida.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      A. Reglamento (UE) n.o 806/2014
   
   
            5.
         
         
            El artículo 54, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (
                  2
               ) establece lo siguiente:
            «La Junta, en sesión ejecutiva:
            
                     a)
                  
                  
                     preparará todas las decisiones que vaya a adoptar en su sesión plenaria;
                  
               
                     b)
                  
                  
                     adoptará todas las decisiones necesarias para la aplicación del presente Reglamento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»
                  
               
      
            6.
         
         
            Con arreglo al artículo 67, apartado 4, del citado Reglamento:
            «Las aportaciones a que se refieren los artículos 69, 70 y 71 serán recaudadas de los entes a que se refiere el artículo 2 por las autoridades nacionales de resolución y transferidas al [FUR] de conformidad con el Acuerdo.»
         
      
            7.
         
         
            El artículo 70 del Reglamento n.o 806/2014, bajo el título «Aportaciones ex ante», dispone lo siguiente en su apartado 2:
            «Cada año, la Junta, previa consulta al [Banco Central Europeo (BCE)] o a la autoridad nacional competente, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución, calculará las distintas aportaciones para garantizar que las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no excedan del 12,5 % del nivel fijado como objetivo.
            Cada año, el cálculo de las aportaciones correspondientes a las distintas entidades se basará en:
            
                     a)
                  
                  
                     una aportación a tanto alzado, a prorrata del importe de los pasivos de la entidad, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de los Estados miembros participantes, y
                  
               
                     b)
                  
                  
                     una aportación ajustada al riesgo, que se basará en los criterios establecidos en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE, [ (
                           3
                        )] teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, sin crear distorsiones entre estructuras del sector bancario de los Estados miembros.
                  
               Al establecer la relación entre la aportación a tanto alzado y las aportaciones ajustadas al riesgo se velará por una distribución equilibrada de las aportaciones entre distintos tipos de bancos.
            En todo caso, el importe agregado de las respectivas aportaciones de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes calculadas en virtud de las letras a) y b) no excederá anualmente del 12,5 % del nivel fijado como objetivo.»
         
      
      B. Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81
   
   
            8.
         
         
            El artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 (
                  4
               ) dispone lo siguiente:
            «Para cada período de contribución la Junta calculará la aportación anual adeudada por cada entidad basándose en el nivel de financiación anual del [FUR], previa consulta al BCE o a las autoridades nacionales competentes, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución. El nivel de financiación anual se establecerá por referencia al nivel de financiación del [FRU] contemplado en el artículo 69, apartado 1, y en el artículo 70 del Reglamento [n.o 806/2014] y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2015/63. [ (
                  5
               )]»
         
      
            9.
         
         
            En virtud del artículo 5 del citado Reglamento de Ejecución:
            «1.   La Junta comunicará a las autoridades de resolución nacionales pertinentes las decisiones por las que calcule las aportaciones anuales de las entidades autorizadas en sus respectivos territorios.
            2.   Una vez que reciba la comunicación contemplada en el apartado 1, cada autoridad de resolución nacional notificará a cada entidad autorizada en su Estado miembro la Decisión de la Junta por la que se calcula la aportación anual adeudada por esa entidad.»
         
      
      C. Reglamento Delegado 2015/63
   
   
            10.
         
         
            De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63:
            «Las contribuciones a que se refiere el artículo 103, apartado 2, de la Directiva [2014/59] se calcularán excluyendo los siguientes pasivos:
            […]
            
                     b)
                  
                  
                     los pasivos generados por una entidad que sea miembro de un sistema institucional de protección (SIP), según lo definido en el artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva [2014/59], y que haya sido autorizada por la autoridad competente a aplicar el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013, [ (
                           6
                        )] mediante un acuerdo suscrito con otra entidad que sea miembro de ese mismo SIP;
                  
               […]».
         
      
      III. Antecedentes de hecho del litigio
   
   
            11.
         
         
            NRW. Bank es el banco de desarrollo del Land Nordrhein-Westfalen (estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania).
         
      
            12.
         
         
            La recurrente desarrolla principalmente tres tipos de actividad, a saber, actividades de fomento, actividades auxiliares de fomento, y otras actividades, que representan, respectivamente, casi dos tercios de sus activos, en torno a un tercio de sus activos, y el resto de sus activos.
         
      
            13.
         
         
            En 2015, antes de la entrada en vigor del Reglamento n.o 806/2014 y con arreglo a la Directiva 2014/59, conforme a las medidas de ejecución establecidas por el Reglamento Delegado 2015/63, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autoridad Federal de Estabilización de los Mercados Financieros, Alemania; en lo sucesivo, «FMSA»), autoridad de resolución alemana, fijó la aportación ex ante de la recurrente correspondiente al ejercicio 2015 considerando que debía excluirse del cálculo de dicha aportación tanto su actividad de fomento como su actividad auxiliar de fomento.
         
      
            14.
         
         
            En 2016, en el formulario titulado «Aportaciones ex ante al [FRU] – Formulario de declaración relativo a las aportaciones para 2016», expedido por la JUR y remitido por la FMSA a la recurrente, esta última presentó su declaración excluyendo del cálculo de su contribución ex ante correspondiente al ejercicio 2016, en el sentido del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la suma de todos sus pasivos vinculados a su actividad de fomento y a su actividad auxiliar de fomento.
         
      
            15.
         
         
            Sin embargo, tras la presentación de dicho formulario así cumplimentado, se informó a la recurrente de que, según la JUR, la actividad auxiliar de fomento no debía ser excluida del cálculo. La recurrente presentó entonces una versión corregida del formulario de declaración en la que solo consignó como importe que debía excluirse el valor total de los pasivos vinculados a su actividad de fomento.
         
      
            16.
         
         
            Mediante la primera Decisión controvertida, la FRU, en su sesión ejecutiva, fijó, en virtud de los artículos 54, apartado 1, letra b), y 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, el importe de las aportaciones ex ante adeudadas por los entes contemplados en el artículo 2 de dicho Reglamento, entre los que se encuentra la recurrente, correspondientes al ejercicio 2016.
         
      
            17.
         
         
            Mediante acuerdo recaudatorio de 22 de abril de 2016, recibido por la recurrente el 25 de abril de 2016, la FMSA informó a esta última que la JUR había fijado su aportación ex ante al FUR para 2016 y le indicó el importe que debía abonar (en lo sucesivo, «primer acuerdo recaudatorio»).
         
      
            18.
         
         
            Mediante la segunda Decisión controvertida, la JUR aumentó el importe de la aportación de la recurrente. El Tribunal General no indicó el motivo que determinó la adopción de dicha Decisión y el aumento de la referida aportación. No obstante, de los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida se desprende que, según el Tribunal General, dicho motivo era independiente de la cuestión de fondo objeto del recurso, esto es, si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente sus pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento. Durante el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia, la JUR ha indicado que la segunda Decisión controvertida únicamente rectificó un error involuntario de mecanografía en la mecánica de la fórmula de cálculo, relativo a un indicador incorrecto de la pertenencia a un sistema institucional de protección: en lugar de consignar el signo «-» que debía atribuirse en la etapa 4 del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 al indicador de riesgo «Adhesión al sistema institucional de protección (SIP)» (en lo sucesivo, «indicador SIP»), se consignó el signo «+ », sin que ello supusiera la apreciación de nuevas circunstancias ni una nueva valoración jurídica.
         
      
            19.
         
         
            Mediante acuerdo recaudatorio de 10 de junio de 2016, recibido por la recurrente el 13 de junio de 2016, la FMSA instó a esta última a abonar el importe incrementado resultante de la segunda Decisión controvertida (en lo sucesivo, «segundo acuerdo recaudatorio»).
         
      
      IV. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
   
   
            20.
         
         
            Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de agosto de 2016, la recurrente interpuso su recurso. El 2 de noviembre de 2016, la JUR presentó su escrito de contestación.
         
      
            21.
         
         
            Mediante decisiones de 10 y de 11 de enero de 2017, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal General admitió las solicitudes de intervención de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea.
         
      
            22.
         
         
            Durante el procedimiento ante el Tribunal General, se adoptaron diversas diligencias de ordenación del procedimiento con el fin de que la JUR aportara la copia íntegra del original de las Decisiones controvertidas.
         
      
            23.
         
         
            Mediante la sentencia recurrida de 26 de junio de 2019, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso sin pronunciarse sobre los motivos invocados por la recurrente.
         
      
            24.
         
         
            A tal efecto, el Tribunal General, con carácter preliminar, a la vista de la pretensión mediante la que la recurrente solicitaba la anulación de la «Decisión de la [JUR] relativa a [su] contribución anual al [FUR] correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016», estimó que el recurso tenía, en consecuencia, por objeto, tanto la primera como la segunda Decisión controvertida. Señaló, a este respecto, que la recurrente había precisado que, en su opinión, se trataba de una «Decisión global de la JUR» y que, por tanto, impugnaba la «Decisión de la JUR en la forma que le confirió la segunda Decisión», esto es, la «Decisión definitiva de la JUR, en su versión final».
         
      
            25.
         
         
            Por lo que respecta a la primera Decisión controvertida, el Tribunal General observó, en primer lugar, que las autoridades nacionales de resolución eran las destinatarias de las decisiones de la JUR en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y que las Decisiones controvertidas no habían sido publicadas ni notificadas a la recurrente, que no era su destinataria.
         
      
            26.
         
         
            A continuación, el Tribunal General recordó que, a falta de publicación y de notificación, el plazo para recurrir solo puede empezar a correr a partir del momento en que el interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trata, a condición de que solicite su texto íntegro en un plazo razonable y que, sin perjuicio de lo anterior, el plazo para recurrir solo puede empezar a correr a partir del momento en que el tercero interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trata, de manera que pueda hacer uso de su derecho a ejercitar una acción en vía judicial.
         
      
            27.
         
         
            Por último, el Tribunal General observó que la recurrente había tenido conocimiento de la existencia de la primera Decisión controvertida al recibir el primer acuerdo recaudatorio, el 25 de abril de 2016, el cual presentó junto a la solicitud de acceso a su expediente que remitió a la FMSA el 22 de agosto de 2016, esto es, casi cuatro meses después de recibir el primer acuerdo recaudatorio. El Tribunal General añadió que, habida cuenta de la manera en que la FMSA había aplicado las Decisiones controvertidas, no cabía inferir que la segunda Decisión controvertida había sustituido a la primera Decisión controvertida. En particular, estimó que, suponiendo, por una parte, que, a raíz de la recepción del escrito de 23 de mayo de 2016, mediante el cual la FMSA comunicó al Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands eV (Asociación Federal de Bancos Públicos Alemanes, Alemania) que se iba a adoptar un segundo acuerdo recaudatorio, la recurrente pudo presumir que el objetivo de dicho escrito era anular el primer acuerdo recaudatorio y sustituirlo por uno nuevo, y que, por otra parte, procedía, en consecuencia, esperar a que este último fuera adoptado, la recurrente, a más tardar el 13 de junio de 2016, fecha de la recepción del segundo acuerdo recaudatorio, debería haber caído en la cuenta de que esa presunción era errónea. Ahora bien, la recurrente dejó que transcurrieran dos meses más hasta que solicitó la comunicación de la primera Decisión controvertida. El Tribunal General consideró asimismo que la segunda Decisión controvertida no había anulado la primera Decisión controvertida, sino que solo efectuaba un ajuste de las aportaciones fijadas mediante la primera Decisión controvertida. Al no haber solicitado la recurrente que se le comunicara dicha Decisión y al no haber invocado ni demostrado la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que permitiera ampliar el plazo de interposición de recurso, el Tribunal General concluyó que el recurso, interpuesto el 23 de agosto de 2016, era extemporáneo en lo que respecta a la primera Decisión controvertida.
         
      
            28.
         
         
            Por lo que se refiere a la segunda Decisión controvertida, el Tribunal General, en primer lugar, señaló que era pacífico entre las partes que el recurso había sido interpuesto en el plazo previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto. A continuación, indicó que la recurrente había reprochado a la JUR, en esencia, haber infringido determinadas disposiciones de la normativa aplicable, en la medida en que no había excluido del cálculo de su aportación ex ante al FUR para 2016 sus pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento. Además, el Tribunal General recalcó que la segunda Decisión controvertida no contenía elemento nuevo alguno a este respecto, que la JUR no había reconsiderado la apreciación, ya efectuada en el marco de la adopción de la primera Decisión controvertida, de la cuestión de si procedía o no excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento, y que la recurrente no había presentado, ni al FUR ni a la FMSA, una solicitud de reconsideración de dicha cuestión, basada en hechos nuevos y sustanciales. A este respecto, el Tribunal General añadió que la recurrente, informada mediante el segundo acuerdo recaudatorio de los motivos del ajuste efectuado mediante la segunda Decisión controvertida, no había formulado motivo o alegación algunos contra dicha Decisión. De lo anterior, el Tribunal General dedujo que el recurso contra la Segunda Decisión controvertida era inadmisible por cuanto dicha Decisión, habida cuenta del objeto del litigio, era meramente confirmatoria de la primera Decisión controvertida y que la recurrente no había aportado motivo o alegación algunos contra la segunda Decisión controvertida.
         
      
      V. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
   
   
            29.
         
         
            La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y la Decisión de la JUR relativa a la aportación anual de la recurrente al Fondo de Reestructuración correspondiente al ejercicio 2016 y que condene en costas a la JUR. Con carácter subsidiario, por lo que respecta a su pretensión de anulación, solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General.
         
      
            30.
         
         
            La JUR solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación por ser parcialmente inadmisible y, en todo caso, infundado, y que condene en costas a la recurrente. En caso de que el Tribunal de Justicia considere fundado el recurso de casación, la JUR solicita al Tribunal de Justicia, por una parte, que devuelva el asunto al Tribunal General con el fin de que este adopte una resolución definitiva y, por otra parte, que se reserve la decisión sobre las costas del procedimiento de casación.
         
      
            31.
         
         
            El Consejo, que interviene en apoyo de la JUR, solicita al Tribunal de Justicia que, en caso de que anule la sentencia recurrida, declare que ningún elemento permite cuestionar la legalidad o la validez del Reglamento de Ejecución 2015/81.
         
      
            32.
         
         
            La Comisión, que interviene en apoyo de la JUR, solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y que condene en costas a la recurrente.
         
      
            33.
         
         
            De conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidió pronunciarse sobre el asunto sin celebración de vista oral.
         
      
      VI. Análisis
   
   
            34.
         
         
            La recurrente formula dos motivos en el marco de su recurso de casación. En este contexto, es preciso señalar que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso sin pronunciarse sobre el fundamento de este. Por consiguiente, estos dos motivos del recurso de casación no se refieren a la cuestión de fondo planteada por la recurrente mediante los motivos de su recurso ante el Tribunal General, a saber, si, cuando se adoptaron las Decisiones controvertidas, procedía o no excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento.
         
      
            35.
         
         
            El Consejo y la Comisión no formulan observaciones sobre los dos motivos invocados por la recurrente en el marco de su recurso de casación y se limitan a presentar observaciones sobre las alegaciones de la recurrente relativas a la invalidez, la interpretación y la aplicación de la normativa pertinente.
         
      
            36.
         
         
            En efecto, en su recurso ante el Tribunal General, la recurrente alegó que se había incumplido la normativa pertinente en la medida en que su actividad auxiliar de fomento no había sido considerada preferente y que, en consecuencia, la aportación ex ante había sido fijada en un importe excesivo. En su opinión, dicho exceso resultó de una interpretación errónea del Reglamento Delegado 2015/63 o del hecho —más pertinente en lo que se refiere a las observaciones del Consejo y de la Comisión— de que el propio Reglamento citado fue ilegalmente adoptado, en contradicción con los actos de rango superior.
         
      
            37.
         
         
            En la fase del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, tras la exposición sumaria de los motivos, la recurrente, en el punto 101 de su recurso de casación, indica que se remite íntegramente a sus observaciones presentadas ante el Tribunal General, en particular a aquellas según las cuales su actividad auxiliar de fomento debe ser considerada preferente al calcular la aportación.
         
      
            38.
         
         
            Si la intención de la recurrente era formular otros motivos contra la sentencia recurrida, no podía hacerlo mediante una mera remisión al recurso que había interpuesto ante el Tribunal General. Como observa la Comisión, tales motivos deben ser desestimados por estar insuficientemente detallados y, en consecuencia, ser declarados inadmisibles. (
                  7
               )
         
      
            39.
         
         
            Por consiguiente, en mi opinión, procede entender la remisión, formulada en el punto 101 del escrito de recurso de casación, en el sentido de que la recurrente se remite a sus observaciones en caso de que el Tribunal de Justicia anule la sentencia recurrida y se pronuncie él mismo definitivamente sobre el asunto.
         
      
            40.
         
         
            Así pues, considero que procede examinar los motivos formulados expresamente por la recurrente en apoyo de su recurso de casación, sin entrar en el debate relativo a las observaciones sobre el fondo, a las que se remite el punto 101 del presente recurso de casación. En efecto, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no resolvió sobre el fondo de los motivos invocados por la recurrente, sino únicamente sobre la admisibilidad del recurso de anulación. En estas circunstancias, considerar que, tras la posible anulación de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia podría resolver definitivamente sobre el fondo del asunto, llevaría a que el fondo solo sea examinado por un órgano jurisdiccional de la Unión.
         
      
      A. Sobre el primer motivo de casación
   
   
            41.
         
         
            Mediante su primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y del artículo 60 del Reglamento de Procedimiento, la recurrente alega que el Tribunal General erró al considerar extemporáneo el recurso en la medida en que respecta a la primera Decisión controvertida. Dicho motivo se articula en cuatro partes.
         
      
      
         1.
       
         Sobre la primera parte
      
   
   
            42.
         
         
            Mediante la primera parte, la recurrente sostiene, en esencia, que la segunda Decisión controvertida sustituyó a la primera Decisión controvertida y que, en consecuencia, se había respetado el plazo de interposición de recurso. En el marco de esta parte, la recurrente afirma, en primer lugar, que la apreciación del Tribunal General relativa a la relación entre las Decisiones controvertidas es incoherente y contradictoria y, en segundo lugar, que la segunda Decisión controvertida constituye una nueva decisión y, por consiguiente, no reviste carácter confirmatorio.
         
      
      
         a)
       
         Sobre la apreciación supuestamente incoherente y contradictoria del Tribunal General
      
   
   
            43.
         
         
            Según la recurrente, la apreciación del Tribunal General relativa a la relación entre las Decisiones controvertidas es incoherente y contradictoria. Por una parte, el Tribunal General indicó, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que la segunda Decisión controvertida solo había efectuado «un ajuste» de las aportaciones fijadas en la primera Decisión controvertida. Por otra parte, el Tribunal General declaró, en el apartado 75 de esa misma sentencia, que la segunda Decisión controvertida era, habida cuenta del objeto del litigio, meramente «confirmatoria» de la anterior. Ahora bien, el Tribunal General consideró, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, relativo a los dos acuerdos recaudatorios, cuyo contenido corresponde al de las Decisiones controvertidas, que el segundo acuerdo recaudatorio constituía una «modificación» del primero.
         
      
            44.
         
         
            Procede señalar que la apreciación del Tribunal General, que figura en los apartados 65 y 75 de la sentencia recurrida, relativa a la relación entre las Decisiones controvertidas, no es en sí misma incoherente ni contradictoria.
         
      
            45.
         
         
            En efecto, por una parte, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, sin negar que, al determinar el ajuste de la aportación de la recurrente, aprobado por la segunda Decisión controvertida, fue necesario efectuar un nuevo cálculo de dicha aportación, el Tribunal General dedujo de la jurisprudencia relativa a los actos confirmatorios que la segunda Decisión controvertida no podía ser objeto de recurso en lo que se refiere a la apreciación, «ya efectuada por la JUR en el marco de la adopción de la primera Decisión controvertida, acerca de la cuestión (que es la única controvertida en el presente recurso), de si procedía o no excluir del cálculo de la aportación de la recurrente sus pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento», apreciación esta que constituye, según el apartado 75 de la sentencia recurrida, «el objeto del litigio».
         
      
            46.
         
         
            Por otra parte, el Tribunal General parece haber considerado, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, que la segunda Decisión controvertida podía ser objeto de recurso en lo que respecta al ajuste efectuado mediante la misma. Ahora bien, la recurrente no formuló motivo alguno basado en dicho ajuste, el cual, por consiguiente, no formaba parte del objeto del litigio.
         
      
            47.
         
         
            De los pasajes citados se desprende que, según el razonamiento del Tribunal General, la segunda Decisión controvertida reviste un carácter parcialmente confirmatorio en lo que respecta al objeto del litigio, que versa sobre la cuestión de si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente sus pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento. Por consiguiente, procede examinar la admisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente a la luz del objeto del litigio.
         
      
            48.
         
         
            En estas circunstancias, sin prejuzgar el fundamento del razonamiento que subyace a la sentencia recurrida, procede rechazar la alegación de la recurrente y llevar a cabo el examen de las demás alegaciones de la primera parte del primer motivo de casación.
         
      
      
         b)
       
         Sobre el fondo de la alegación según la cual la segunda Decisión controvertida sustituyó a la primera Decisión controvertida
      
   
   
            49.
         
         
            Remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal General, también citada en la sentencia recurrida, la recurrente alega que «una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior». Aduce que, a la luz de los dos criterios que debe cumplir un acto para ser calificado de «confirmatorio», la segunda Decisión controvertida no es, por tanto, confirmatoria de la primera Decisión controvertida.
         
      
            50.
         
         
            En este contexto, la recurrente alega, en primer lugar, que las aportaciones anuales fijadas para ella son diferentes en las Decisiones controvertidas y que, por consiguiente, la segunda Decisión controvertida no puede considerarse meramente confirmatoria. Aduce que la segunda Decisión controvertida modificó y, más concretamente, perjudicó su situación jurídica. Además, sostiene que dicha Decisión se basa en elementos nuevos, a saber, la apreciación modificada de un indicador SIP, por lo que no constituye la rectificación de un mero error de cálculo.
         
      
            51.
         
         
            En segundo lugar, la recurrente indica, para empezar, que la jurisprudencia citada por el Tribunal General, relativa a los actos meramente confirmatorios, no respalda la sentencia recurrida. Afirma que el Tribunal General aplicó erróneamente los criterios que debe cumplir un acto para ser calificado de «confirmatorio». Procede señalar que esta alegación consiste esencialmente en una reproducción de las consideraciones formuladas por la recurrente y que figuran en el punto 50 de las presentes conclusiones.
         
      
            52.
         
         
            La recurrente indica, a continuación, que la jurisprudencia citada por el Tribunal General se refiere a situaciones en las que el recurso tenía por objeto un escrito confirmatorio de la Administración, comunicado en respuesta a una solicitud individual relativa a la motivación de una decisión adoptada. Ahora bien, en el presente asunto, el acto impugnado no es un «escrito confirmatorio» de la JUR, sino el cálculo final efectuado por la JUR, que figura únicamente en la segunda Decisión controvertida. En efecto, la JUR realizó de oficio un nuevo cálculo de la aportación, basándose en un análisis modificado de al menos un indicador parcial del método de cálculo.
         
      
            53.
         
         
            Me cuesta comprender la alegación que formula la recurrente en sus consideraciones adicionales sobre la jurisprudencia citada por el Tribunal General. En efecto, la recurrente parece considerar, por una parte, que dicha jurisprudencia no es pertinente y, por otra parte, que el examen más exhaustivo de esta confirma su posición en cuanto a la calificación jurídica de la segunda Decisión controvertida. Supongo que estas consideraciones adicionales deben entenderse en el sentido de que, según la recurrente, la segunda Decisión controvertida no puede considerarse un acto confirmatorio puesto que no fue adoptada en respuesta a una solicitud de revisión.
         
      
            54.
         
         
            En tercer lugar, la recurrente afirma que, si la segunda Decisión controvertida hubiera sido meramente confirmatoria, habría sido inútil indicar las vías de recurso en el segundo acuerdo recaudatorio y que, por consiguiente, el hecho de que la FMSA efectuara esta indicación confirma que dicha Decisión constituye una nueva decisión.
         
      
            55.
         
         
            En cuarto lugar, la recurrente señala que la indicación, en los títulos de la segunda Decisión controvertida y del segundo acuerdo recaudatorio, de su carácter modificativo («supplementing») carece de pertinencia y que solo es relevante el contenido esencial de dichos actos.
         
      
            56.
         
         
            La JUR sostiene que la alegación de la recurrente basada en que la segunda Decisión controvertida no es un acto confirmatorio es inadmisible, en la medida en que impugna esencialmente la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General.
         
      
            57.
         
         
            Sin embargo, la cuestión de si una decisión controvertida es meramente confirmatoria de una decisión anterior puede, como cuestión de Derecho, estar sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación. (
                  8
               )A fortiori, lo mismo sucede necesariamente con la cuestión de si, como alega la recurrente en el recurso de casación, una decisión ha sustituido a la decisión anterior. Por consiguiente, procede examinar las alegaciones formuladas por la recurrente en apoyo de la primera parte del primer motivo de casación.
         
      
      1) Sobre la pertinencia del título de un acto posterior
   
   
            58.
         
         
            En primer término, es preciso examinar la alegación de la recurrente de que la calificación jurídica de un acto «confirmatorio» no puede depender de su título, sino que debe basarse en su contenido esencial. En este sentido, la recurrente parece reprochar al Tribunal General haberse basado erróneamente en el título de la segunda Decisión controvertida y del segundo acuerdo recaudatorio («supplementing») y no en el contenido esencial de estos para calificar dicha Decisión.
         
      
            59.
         
         
            Esta argumentación se basa en una interpretación selectiva y, por tanto, errónea de la sentencia recurrida.
         
      
            60.
         
         
            Ciertamente, de una jurisprudencia consolidada sobre la admisibilidad de los recursos de anulación se desprende que, para calificar los actos impugnados, hay que atenerse tanto a su contenido esencial como a la intención de sus autores. (
                  9
               )
         
      
            61.
         
         
            Procede también señalar que la formulación del apartado 65 de la sentencia recurrida puede llevar a pensar que, para llegar a la conclusión de que la segunda Decisión controvertida solo había efectuado un ajuste de los importes de aportación fijados en la primera Decisión controvertida, el Tribunal General se basó, en particular, en el título de la segunda Decisión controvertida.
         
      
            62.
         
         
            Sin embargo, de la lectura de la sentencia recurrida, y en particular del apartado 71, se desprende que el Tribunal General analizó asimismo el contenido esencial de la segunda Decisión controvertida para concluir que, por lo que respecta a la cuestión de si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento, dicha Decisión no contenía elemento nuevo alguno. De ello deduzco que también sobre la base de esta conclusión el Tribunal General consideró que la segunda Decisión controvertida no había sustituido a la primera Decisión controvertida, sino que la había modificado en lo referente al indicador SIP.
         
      
            63.
         
         
            Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal General se basó en el título de la segunda Decisión controvertida para pronunciarse sobre su calificación jurídica.
         
      
      2) Sobre la pertinencia de la indicación de las vías de recurso
   
   
            64.
         
         
            Procede desestimar igualmente la alegación de la recurrente basada en la indicación de las vías de recurso en el segundo acuerdo recaudatorio de la FMSA.
         
      
            65.
         
         
            Sin querer pronunciarme, en esta fase, sobre el posible error excusable de la recurrente en lo que respecta a dicha indicación, (
                  10
               ) procede señalar, por una parte, que tal indicación que figura en un acto adoptado por un organismo no puede afectar a la calificación de un acto adoptado anteriormente por otro organismo. (
                  11
               )
         
      
            66.
         
         
            Por otra parte, el Tribunal General consideró que la segunda Decisión controvertida no era confirmatoria de la totalidad de la referida Decisión, sino en lo que respecta al objeto del litigio. Desde este punto de vista, la indicación de las vías de recurso en el segundo acuerdo recaudatorio de la FMSA no carecía, por tanto, de pertinencia. Además, según la jurisprudencia, incluso un acto meramente confirmatorio puede ser objeto de recurso cuando el acto confirmado no ha adquirido firmeza con respecto a un demandante. (
                  12
               ) El segundo acuerdo recaudatorio fue comunicado a la recurrente el 13 de junio de 2016, menos de dos meses después de la comunicación del primer acuerdo recaudatorio, el 25 de abril de 2016. Por consiguiente, cabría argumentar que, también por lo que respecta a los elementos supuestamente confirmatorios que figuran en la segunda Decisión controvertida, existía interés en informar a la recurrente acerca de las vías de recurso en el segundo acuerdo recaudatorio.
         
      
            67.
         
         
            Por tanto, esta alegación debe desestimarse. Procede ahora examinar, en primer lugar, las alegaciones de la recurrente relativas a la jurisprudencia pertinente en materia de actos confirmatorios y, en segundo lugar, la aplicación de dicha jurisprudencia para apreciar la calificación jurídica de la segunda Decisión controvertida como «parcialmente confirmatoria» a la luz de la jurisprudencia pertinente.
         
      
      3) Sobre los actos adoptados de oficio por sus autores como actos confirmatorios
   
   
            68.
         
         
            Procede señalar que la jurisprudencia pertinente en el presente asunto, a saber, la relativa a los actos confirmatorios, deriva de resoluciones dictadas en el marco de asuntos relativos a la admisibilidad de recursos interpuestos contra actos confirmatorios adoptados, en la mayoría de los casos, a raíz de una solicitud de reconsideración de un acto anterior. (
                  13
               )
         
      
            69.
         
         
            Así pues, no es sorprendente que la sentencia CMB y Christof/Comisión, (
                  14
               ) citada por el Tribunal General en los apartados 67 a 69 de la sentencia recurrida, se refiera a tal supuesto. Esta es también la razón por la que en dicha jurisprudencia figura con frecuencia la consideración (
                  15
               ) según la cual «el carácter confirmatorio o no de un acto no puede apreciarse únicamente por comparación de su contenido con el de la decisión anterior que supuestamente confirma, sino que debe apreciarse también en función de la naturaleza de la solicitud a la que responde». (
                  16
               )
         
      
            70.
         
         
            En dicha jurisprudencia, además de la enumeración de los criterios que debe cumplir un acto para ser calificado de «confirmatorio», (
                  17
               ) figuran también las consideraciones (
                  18
               ) según las cuales, por una parte, solo la existencia de nuevos hechos sustanciales puede justificar la presentación de una solicitud de revisión de una decisión anterior que ha adquirido firmeza y, por otra parte, no constituye un hecho nuevo sustancial un hecho que no modifica sustancialmente la situación del demandante tal como se presentaba en el momento de la adopción de la decisión anterior que ha adquirido firmeza.
         
      
            71.
         
         
            Habida cuenta de los pasajes citados de esta jurisprudencia, se podría pensar que la jurisprudencia en materia de actos confirmatorios tiene por objeto evitar la presentación de una solicitud de reconsideración que pueda producir el efecto, en la práctica, de abrir un nuevo plazo de recurso en lo que respecta a la decisión confirmada, que ha adquirido firmeza. Por consiguiente, esta jurisprudencia solo se aplicaría en las situaciones en las que el acto posterior se hubiera adoptado a instancia del interesado, de modo que cualquier acto posterior adoptado de oficio constituiría un acto nuevo que sustituiría al acto anterior. Por lo que respecta a tal acto nuevo, el riesgo de que se abriera un nuevo plazo de recurso debería ser asumido por su autor. Si este razonamiento fuera correcto, habría que considerar que la segunda Decisión controvertida sustituyó a la primera Decisión controvertida.
         
      
            72.
         
         
            Sin embargo, en primer lugar, la jurisprudencia relativa a los actos meramente confirmatorios se basa, por una parte, en la consideración de que los plazos de recurso, y la fuerza de cosa juzgada, (
                  19
               ) tienen por objeto garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos (en particular, actos firmes), y, por otra parte, en las exigencias de buena administración de la justicia y de economía procesal. (
                  20
               ) Un acto que se limita a confirmar un acto anterior no puede conceder a los interesados la posibilidad de reabrir los debates sobre la legalidad del acto confirmado. Por consiguiente, la firmeza se refiere no solo al propio acto, sino también a cualquier acto posterior que revista un carácter puramente confirmatorio. (
                  21
               )
         
      
            73.
         
         
            El interés en garantizar la seguridad jurídica, la buena administración de la justicia y la economía procesal, en el que se basa, en principio, esta jurisprudencia, no depende de que un acto confirmatorio se haya adoptado a instancia del interesado. En efecto, los plazos para interponer recurso son de orden público. No se instituyeron en beneficio (o por cuenta y riesgo) del autor de los actos recurribles, sino para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas.
         
      
            74.
         
         
            En segundo lugar, la aplicación de la jurisprudencia relativa a la inadmisibilidad de los recursos interpuestos contra actos confirmatorios a situaciones en las que el acto posterior no se ha adoptado a instancia del interesado se encuentra confirmada por las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General.
         
      
            75.
         
         
            El Tribunal de Justicia aplicó esta jurisprudencia, en la sentencia dictada en el asunto Portugal/Comisión, (
                  22
               ) en una situación en que el acto posterior a un acto inicial de alcance individual había sido adoptado de oficio. En dicho asunto, el acto posterior no había sufrido modificación alguna, ni de contenido ni de presentación, en relación con el acto anterior notificado al demandante. Por consiguiente, según el Tribunal de Justicia era manifiesto que el acto posterior había tenido un carácter meramente confirmatorio.
         
      
            76.
         
         
            Por su parte, el Tribunal General ha considerado, en varias sentencias, que se entiende que un acto ha sido adoptado después de una reconsideración de la situación, lo que excluye su carácter confirmatorio, cuando dicho acto haya sido adoptado, bien a instancia del interesado o de oficio, sobre la base de elementos sustanciales que no hubieran sido tenidos en cuenta en el momento de la adopción del acto anterior. (
                  23
               )
         
      
            77.
         
         
            El enfoque adoptado por el Tribunal General parece coincidir con el expuesto por el Abogado General Mengozzi en sus conclusiones presentadas en el asunto Internationaler Hilfsfonds/Comisión. (
                  24
               ) En efecto, en su opinión, por una parte, según una corriente jurisprudencial ampliamente mayoritaria del Tribunal de Justicia, el carácter meramente confirmatorio de un acto radica únicamente en la falta de algún elemento nuevo o, más precisamente, de algún elemento nuevo sustancial respecto del acto anterior que el acto confirma y, por otra parte, únicamente la producción de un elemento o de un hecho nuevos (sustanciales) justifica el nuevo examen por parte de la administración de una decisión anterior que ha pasado a ser definitiva. (
                  25
               )
         
      
            78.
         
         
            En tercer lugar, un acto que no contiene un elemento nuevo sustancial no puede ser calificado de «confirmatorio» cuando el marco normativo pertinente confiere al interesado el derecho de formular, sin ningún requisito adicional, una nueva solicitud o una solicitud de revisión. (
                  26
               ) Del mismo modo, un acto no puede ser calificado de «confirmatorio» cuando el marco normativo pertinente obliga al autor del acto inicial a efectuar, de oficio, un nuevo examen con carácter periódico. (
                  27
               ) En estos dos supuestos, el autor del acto inicial está obligado a revisar dicho acto y no puede pretender que el resultado de esa revisión no sea un acto nuevo, susceptible de recurso por lo que respecta tanto al acto en su totalidad como a alguno de sus elementos.
         
      
            79.
         
         
            Del mismo modo, la revocación de un acto ilícito está permitida siempre que esta revocación se produzca en un plazo razonable y que se tenga en cuenta hasta qué punto el interesado ha podido eventualmente confiar en la legalidad del acto. (
                  28
               ) Si, en su caso, se adopta un acto a raíz de tal revocación, dicho acto puede ser objeto de un recurso que no se limite a los elementos que distinguen el acto posterior del acto revocado.
         
      
            80.
         
         
            En cambio, sin perjuicio de estos tres supuestos, (
                  29
               ) si falta el elemento nuevo sustancial respecto de un acto anterior, el acto posterior es un acto confirmatorio. Resulta irrelevante que el acto posterior sea adoptado de oficio.
         
      
            81.
         
         
            Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la alegación que parece formular la recurrente de que la segunda Decisión controvertida no puede calificarse de «acto confirmatorio» por no haberse adoptado en respuesta a una solicitud de reconsideración. En efecto, la existencia de un elemento nuevo sustancial es la que permite excluir que un acto reviste carácter confirmatorio. A la luz de esta consideración, basada en la jurisprudencia pertinente relativa a los actos de carácter confirmatorio, procede evaluar la procedencia de la alegación de la recurrente sobre la calificación jurídica de la segunda Decisión controvertida y de su relación con la primera Decisión controvertida.
         
      
      4) Sobre la calificación jurídica de la segunda Decisión controvertida y de la relación entre ambas Decisiones controvertidas
   
   
            82.
         
         
            En respuesta a la pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, la JUR indicó que la corrección efectuada en la segunda Decisión controvertida se refería a la supresión de un error involuntario cometido en el marco del cálculo inicial. Aduce que se trata meramente de un «error tipográfico en la programación de la herramienta de cálculo». Añade que, además, la corrección de dicho error no tuvo incidencia alguna en la cuestión de si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento.
         
      
            83.
         
         
            Este enfoque coincide con el adoptado por el Tribunal General en la sentencia recurrida, según el cual la segunda Decisión controvertida, por una parte, realizó un «ajuste» de los importes de aportación fijados por la primera Decisión controvertida y, por otra parte, es parcialmente confirmatoria en lo que respecta al objeto del litigio, que versa sobre la actividad auxiliar de fomento.
         
      
            84.
         
         
            En cambio, la recurrente alega que la segunda Decisión controvertida se basa en elementos nuevos, a saber, una apreciación modificada de un indicador SIP, y no constituye la rectificación de un mero error de cálculo. (
                  30
               )
         
      
            85.
         
         
            A este respecto, con independencia del carácter involuntario del «error» que figura en el acto inicial y de su gravedad, un acto mediante el cual la Administración pretende rectificar dicho error no puede eludir el control destinado a determinar si, en relación con el acto inicial, el acto posterior reviste un carácter meramente confirmatorio. En efecto, la rectificación de un acto inicial equivale a adoptar un acto que posiblemente contenga un elemento nuevo y sustancial. Como observó la Abogada General Kokott (
                  31
               ) en el contexto de la corrección de un error de traducción, en efecto, es sin duda alguna plausible que con el pretexto de la rectificación de un error se atribuya a un acto anterior con carácter decisorio un contenido totalmente distinto del comunicado originariamente.
         
      
            86.
         
         
            En este contexto, un elemento debe calificase como nuevo tanto cuando no existía en el momento de la adopción del acto anterior como cuando se trate de un elemento que ya existía en el momento en que el acto anterior fue adoptado, pero que, por las razones que fuera —incluso por falta de diligencia de su autor—, no se tomó en consideración al adoptarse el acto anterior. (
                  32
               ) Para que un elemento revista carácter sustancial, ha de poder modificar de forma sustancial la situación del demandante tal como se presentaba cuando se adoptó la decisión anterior ya firme. (
                  33
               )
         
      
            87.
         
         
            Así, por una parte, es evidente que la segunda Decisión controvertida contiene un elemento nuevo con respecto a la primera Decisión controvertida en la medida en que el valor del indicador SIP utilizado en la segunda Decisión controvertida es diferente del empleado en la primera Decisión controvertida.
         
      
            88.
         
         
            Por otra parte, por lo que respecta al carácter sustancial del elemento nuevo así definido, el Tribunal de Justicia indicó, en el auto Pracsis y Conceptexpo Project/Comisión y EACEA, (
                  34
               ) que si la corrección del error de cálculo que afecta a la puntuación atribuida a uno de los licitadores en el marco de un procedimiento resultante de la licitación lleva a un incremento de dicha puntuación sin cambiar la clasificación de la oferta de dicho licitador, no puede considerarse que la situación de este se haya visto sustancialmente modificada. En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que la decisión por la que se había efectuado dicha corrección era de naturaleza meramente confirmatoria.
         
      
            89.
         
         
            No obstante, debo señalar que, en el asunto que dio lugar a dicho auto, la corrección del error efectuada por el acto posterior no condujo a la modificación del resultado establecido por el acto inicial e indicado en la parte dispositiva de dicho acto. En cambio, en el presente asunto, las Decisiones de la JUR por las que se fijan las aportaciones ex ante contienen un cálculo cuyos efectos se manifiestan no solo en la materialización de la obligación de pago de la aportación, sino también en el importe de dicha aportación. Dado que ese importe fue modificado a raíz de la adopción de la segunda Decisión controvertida, procede considerar que dicha Decisión contiene un elemento nuevo de carácter sustancial.
         
      
            90.
         
         
            La lectura de la sentencia recurrida indica que esta consideración no es completamente ajena al razonamiento en que se basa. En efecto, el Tribunal General indicó primero, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, que la determinación del ajuste de la aportación de la recurrente, tal como fue aprobada por la segunda Decisión controvertida, había requerido un nuevo cálculo de dicha aportación. Sin embargo, el Tribunal General consideró a continuación que dicha Decisión era parcialmente confirmatoria y que, por consiguiente, ese nuevo cálculo no abría un nuevo plazo de recurso para impugnar otro elemento del cálculo ya determinado en la primera Decisión controvertida.
         
      
            91.
         
         
            En estas circunstancias, queda por determinar si un acto posterior puede ser parcialmente confirmatorio y, en su caso, cuáles son las consecuencias en el plazo de interposición de recurso en lo que respecta al acto inicial.
         
      
      5) Sobre el carácter parcialmente confirmatorio de un acto posterior
   
   
            92.
         
         
            En su sentencia Paroc/OAMI (INSULATE FOR LIFE), (
                  35
               ) el Tribunal General declaró, en primer lugar, que determinar si, y en qué medida, la segunda resolución era una resolución meramente confirmatoria de la primera resolución suponía identificar los datos respectivos de los litigios que dieron lugar a las resoluciones mencionadas. Tras indicar que la resolución posterior era confirmatoria en lo que respecta a uno de sus elementos, suficiente por sí solo para obtener el resultado establecido por la resolución inicial, el Tribunal General consideró que no era necesario examinar si dicho carácter confirmatorio
               se extendía también a cualquier elemento de la primera resolución.
         
      
            93.
         
         
            De ello deduzco que, en dicha sentencia, el Tribunal General no excluyó que un acto posterior pudiera ser parcialmente confirmatorio, sin establecer, no obstante, un criterio preciso que permita determinar el alcance de su carácter confirmatorio. Es preciso comprobar si el Tribunal de Justicia sigue el mismo enfoque y, en su caso, si es posible deducir tales criterios de su jurisprudencia.
         
      
      i) Sentencia Brembati/Comisión
   
   
            94.
         
         
            En el asunto que dio lugar a la sentencia Brembati/Comisión, (
                  36
               ) la Comisión sostuvo, en apoyo de su alegación de que el recurso interpuesto contra el acto posterior era inadmisible, que dicho acto tenía un carácter parcialmente confirmatorio y, en la medida en que no modificaba la situación jurídica objetiva definida por el acto confirmado, no podía considerarse diferente de este.
         
      
            95.
         
         
            Habida cuenta de dicha alegación, procede precisar que el citado asunto se refería a dos procedimientos acumulados relativos a recursos dirigidos contra dos decisiones: una decisión denegatoria presunta resultante del silencio de la Comisión respecto de un recurso jerárquico en lo que respecta, por una parte, a la clasificación del demandante (que solicitaba que se le reconociera el grado A4, escalón 5, en lugar del grado A4, escalón 4, al que había sido promocionado) y, por otra parte, en lo que atañe a su antigüedad de grado y de escalón y a una decisión posterior, relativa también a la clasificación y a la antigüedad del demandante. Según la Comisión, la segunda decisión únicamente había modificado la fecha en que surtió efecto la promoción del demandante al grado A4, escalón 4, y el recurso contra dicha decisión era inadmisible.
         
      
            96.
         
         
            En su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró primero la admisibilidad del recurso dirigido contra la decisión posterior, indicando al mismo tiempo que aun cuando dicha decisión no satisfacía las pretensiones del demandante, había modificado en ciertos aspectos su antigüedad de grado y de escalón. (
                  37
               ) A continuación, tras haber examinado ambos recursos, el Tribunal de Justicia anuló las dos decisiones impugnadas en la medida en que habían denegado al demandante la clasificación, en el momento de su promoción, al grado A4, escalón 5, sin antigüedad de escalón.
         
      
            97.
         
         
            Para ilustrar el razonamiento que subyace a esta sentencia, propongo leerlo a la luz de las conclusiones presentadas por el Abogado General Gante. (
                  38
               )
         
      
            98.
         
         
            En sus conclusiones, el Abogado General propuso igualmente al Tribunal de Justicia que desestimara la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, al considerar que «afirmar que la segunda decisión confirma parcialmente la primera equivale a admitir que la modifica parcialmente. Lo que no cambia es la promoción al grado […] y la clasificación en el escalón; lo que se modifica es la fecha en que surte efecto dicha promoción y, en consecuencia, la antigüedad en el escalón; pues bien, esta antigüedad es la que fue cuestionada. Por consiguiente, fue en realidad el primer recurso el que quedó desprovisto de objeto. En cambio, la segunda decisión que sustituye a la primera en el punto inicialmente cuestionado puede ser perfectamente objeto de un recurso». (
                  39
               )
         
      
            99.
         
         
            Aunque la primera decisión denegó al demandante la clasificación que solicitaba y la segunda decisión, sin afectar a dicha denegación relativa a la clasificación, «modificó en algunos aspectos su antigüedad de grado y de escalón», el Tribunal de Justicia no reconoció el carácter parcialmente confirmatorio del acto posterior. Por el contrario, el Tribunal de Justicia anuló ambas decisiones por haber denegado la clasificación solicitada por el demandante.
         
      
            100.
         
         
            De ello deduzco que, para el Tribunal de Justicia, la clasificación resultante de la promoción del demandante, la fecha de efectividad de esta promoción y la antigüedad de grado y de escalón constituían elementos interdependientes que, considerados en su conjunto, determinaban la situación jurídica del demandante, de modo que la modificación de uno de esos elementos mediante un acto posterior no podía dar lugar a que se considerasen confirmados otros elementos.
         
      
            101.
         
         
            Aplicar este razonamiento a las Decisiones controvertidas en el presente asunto llevaría a rechazar la calificación de la segunda Decisión controvertida de acto «parcialmente confirmatorio».
         
      
            102.
         
         
            En efecto, ni el indicador SIP ni el importe del pasivo de una entidad pueden tomarse aisladamente. El importe global de la aportación ex ante puede determinarse únicamente si se toman en consideración todos estos elementos en su conjunto. Ello es tanto más cierto habida cuenta del hecho de que, en lo que respecta a las Decisiones controvertidas, como alega la recurrente, la JUR no divulga las etapas de cálculo ni explica el origen de las cantidades fijadas para la recurrente. La JUR sostiene que las aportaciones ex ante son determinadas, en particular, sobre la base de los datos facilitados por las propias entidades a las autoridades nacionales de resolución mediante un formulario de declaración elaborado y facilitado por la JUR. No obstante, como se desprende del presente asunto, el indicador SIP no es un dato que haya sido facilitado directamente por la recurrente.
         
      
      ii) Sentencia Comisión/Parlamento y Consejo
   
   
            103.
         
         
            La conclusión de que procede rechazar la calificación de la segunda Decisión controvertida de «parcialmente confirmatoria» queda asimismo corroborada por la jurisprudencia relativa a los actos confirmatorios en la medida en que esta ha sido desarrollada en el contexto de los actos de carácter normativo.
         
      
            104.
         
         
            Sin embargo, procede determinar, en primer lugar, si dicha jurisprudencia puede aplicarse, directamente o por analogía, a los actos individuales. En efecto, este extremo es debatido por las partes en el marco de la segunda parte del primer motivo, formulada por la recurrente con carácter subsidiario. (
                  40
               )
         
      
            105.
         
         
            La recurrente trata de invocar esta jurisprudencia, en particular la derivada de la sentencia dictada en el asunto Comisión/Parlamento y Consejo, (
                  41
               )según la cual «cuando se modifica una disposición de un Reglamento, queda de nuevo abierta la vía de recurso, no solo contra esa disposición concreta, sino también contra todas aquellas que, aunque no hayan sido modificadas, forman un todo con ella». Por su parte, la JUR considera que esta jurisprudencia no es aplicable en el caso de autos. De la expresión «en cambio», que figura en el apartado 30 de la referida sentencia, deduce que las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en el contexto de los actos de carácter normativo no son extrapolables a los actos individuales.
         
      
            106.
         
         
            No obstante, procede señalar, en primer lugar, que, contrariamente a lo que sostiene la JUR, la expresión «en cambio» no se utilizó para distinguir entre los actos individuales y los actos normativos, sino para distinguir el principio aplicable cuando los actos de que se trata son actos confirmatorios (apartado 29 de dicha sentencia) del aplicable cuando dichos actos no tienen ese carácter (apartado 30 de dicha sentencia).
         
      
            107.
         
         
            En segundo lugar, en esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia indicó que la solución según la cual un acto meramente confirmatorio no puede ser objeto de recurso es válido tanto para los actos individuales como para aquellos que, como los Reglamentos, tienen carácter normativo. (
                  42
               ) Parece, pues, que el propio Tribunal de Justicia equiparó los actos individuales a actos de carácter normativo.
         
      
            108.
         
         
            En tercer lugar, considero que, habida cuenta de que las Decisiones controvertidas en el presente asunto fueron adoptadas de oficio, la jurisprudencia desarrollada en el contexto de los actos normativos es aún más pertinente. En efecto, los actos normativos también son, en principio, adoptados de oficio. He de observar que la propia JUR ha invocado, en apoyo de su alegación de que la jurisprudencia en materia de actos confirmatorios se aplica a los actos adoptados de oficio, (
                  43
               ) una sentencia dictada en el contexto de los actos normativos, a saber, la sentencia Reino Unido/Comisión. (
                  44
               )
         
      
            109.
         
         
            En este sentido, las conclusiones extraídas de la jurisprudencia desarrollada en el contexto de los actos normativos pueden orientar el examen de la procedencia de la alegación de la recurrente según la cual la segunda Decisión controvertida no reviste carácter parcialmente confirmatorio.
         
      
            110.
         
         
            En la medida en que la modificación de uno de los elementos del cálculo de la aportación ex ante lleva a la modificación del importe total de dicha aportación y en que el importe total de dicha aportación puede determinarse únicamente si se toman en consideración todos los elementos del cálculo de la aportación ex ante, procede considerar que todos los elementos de ese cálculo, junto con el importe total resultante, forman un «todo» en el sentido de la jurisprudencia examinada en los puntos 104 a 108 de las presentes conclusiones. En consecuencia, la modificación de uno de los elementos del cálculo de la aportación ex ante, como el indicador SIP, abre un nuevo plazo de recurso no solo para impugnar dicho elemento, sino también para impugnar todos los elementos que, aun no modificados, forman con él un todo, incluida la cuestión relativa a los pasivos de la recurrente.
         
      
      6) Apreciación del presente asunto
   
   
            111.
         
         
            A la luz de las consideraciones anteriores, considero fundada la primera parte del primer motivo de casación, basada en la calificación jurídica errónea de la segunda Decisión controvertida y en su relación con la primera Decisión controvertida. Por lo que respecta a la cuestión de si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento, la segunda Decisión controvertida no es confirmatoria. Por consiguiente, la recurrente estaba facultada, en el marco de su recurso, para impugnar este extremo y el importe total de la aportación ex ante.
         
      
            112.
         
         
            Para empezar, esta conclusión resulta de la aplicación de los criterios que debe cumplir un acto para ser calificado de «confirmatorio», según establece el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia. El importe total de esta aportación únicamente puede determinarse si se toman en consideración todos los elementos del cálculo de la aportación ex ante, de modo que la modificación de uno de esos elementos en una decisión posterior no conlleva la confirmación de los demás elementos. (
                  45
               )
         
      
            113.
         
         
            A continuación, dicha conclusión y las enseñanzas extraídas de la jurisprudencia desarrollada en el contexto de los actos de carácter normativo pueden orientar el examen de la procedencia de la alegación de la recurrente según la cual la segunda Decisión controvertida no reviste carácter parcialmente confirmatorio. Todos los elementos de este cálculo constituyen, junto con el importe total resultante, un «todo» en el sentido de la jurisprudencia antes citada. (
                  46
               )
         
      
            114.
         
         
            Para seguir, debo precisar que, desde el punto de vista del interés de los principios de buena administración de la justicia y de economía procesal, en el que se basa la jurisprudencia en materia de actos confirmatorios, (
                  47
               ) podría ser oportuno reconocer, en su caso, el carácter parcialmente confirmatorio de un acto posterior. Ahora bien, esta jurisprudencia también se basa en el principio de seguridad jurídica. Garantizando el efecto útil del artículo 263 TFUE y del plazo establecido en esta disposición y de otros intereses que han dado lugar a dicha jurisprudencia, no se puede socavar ese principio ni el derecho a la tutela judicial efectiva. El razonamiento que subyace al análisis que expongo en las presentes conclusiones, inspirado en las sentencias recaídas, respectivamente, en los asuntos Brembati/Comisión (
                  48
               ) y Comisión/Parlamento y Consejo, (
                  49
               ) pretende garantizar el respeto de dicho principio y de dicho derecho.
         
      
            115.
         
         
            Por último, en aras de la exhaustividad, debo señalar que no cabe oponer a la recurrente el objeto del litigio, tal como se define en la sentencia recurrida, para poner en tela de juicio las consideraciones anteriores.
         
      
            116.
         
         
            Según el Tribunal General, el objeto del litigio versa sobre la cuestión de si procedía excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a su actividad auxiliar de fomento. El Tribunal General parece haber considerado el objeto del litigio así definido como ajeno a la segunda Decisión controvertida, por una parte, y haberlo disociado del importe total de la aportación ex ante para el ejercicio 2016, por otra parte.
         
      
            117.
         
         
            Es cierto que, en su recurso interpuesto ante el Tribunal General, la recurrente alegó, en esencia, que la JUR contravino el marco jurídico pertinente en la medida en que la actividad auxiliar de fomento no fue considerada preferente. (
                  50
               )
         
      
            118.
         
         
            Sin embargo, en su recurso interpuesto ante el Tribunal General, la recurrente solicitó, como se desprende del apartado 31 de la sentencia recurrida, la anulación de «la decisión de la [JUR] por la que se fija [su] aportación anual», precisando que se trataba de una «decisión global de la JUR» y que impugnaba dicha decisión «en la forma que le confirió [la] segunda Decisión [controvertida]», es decir, la «decisión definitiva de la JUR, en su versión final». No solo impugnó el importe fijado en la primera Decisión controvertida o la diferencia entre los importes que figuran en las Decisiones controvertidas, sino el importe total de la aportación tal como figura en la segunda Decisión controvertida.
         
      
      
         2.
       
         Sobre las partes segunda a cuarta
      
   
   
            119.
         
         
            La segunda parte del primer motivo de casación es formulada por la recurrente con carácter subsidiario, para el caso de que el Tribunal de Justicia rechace (no acoja) la alegación invocada en apoyo de la primera parte, según la cual la segunda Decisión controvertida sustituyó a la primera Decisión controvertida. A este respecto, la recurrente invoca la jurisprudencia desarrollada en el contexto de los actos normativos.
         
      
            120.
         
         
            Ahora bien, habida cuenta de mi análisis de la primera parte del primer motivo, no es necesario examinar la segunda parte. En cualquier caso, ya me he pronunciado, en el marco de este análisis, sobre la pertinencia de la jurisprudencia invocada por la recurrente. (
                  51
               )
         
      
            121.
         
         
            Mediante la tercera parte, formulada con carácter subsidiario, la recurrente alega que, aun suponiendo que la segunda Decisión controvertida se limitara a modificar la primera Decisión controvertida sin dar lugar a la apertura de un nuevo plazo de recurso en lo que respecta a esta última, el Tribunal General incurrió en error al declarar extemporáneo el recurso interpuesto contra dicha Decisión. Señala, a este respecto, que el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo nunca comenzó a correr, ya que nunca tuvo un conocimiento exacto del contenido y de la motivación de las Decisiones controvertidas.
         
      
            122.
         
         
            Mediante la cuarta parte, también invocada con carácter subsidiario, la recurrente alega que, habida cuenta del principio de protección de la confianza legítima y de la existencia de error excusable, debe considerarse que se cumplió con el plazo de interposición del recurso.
         
      
            123.
         
         
            Sin embargo, habida cuenta de que de mi análisis de la primera parte del primer motivo de casación se desprende que el Tribunal General incurrió en error al considerar que la segunda Decisión controvertida era parcialmente confirmatoria, no es necesario examinar las partes tercera y cuarta del primer motivo de casación mediante las cuales la recurrente alega que, aun cuando el Tribunal de Justicia considerase correcta la calificación efectuada por el Tribunal General de la segunda Decisión controvertida y de su relación con la primera Decisión controvertida, su recurso no se interpuso fuera de plazo en lo que respecta a la primera Decisión controvertida.
         
      
      B. Sobre el segundo motivo de casación
   
   
            124.
         
         
            Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que, al entender que ella no había invocado motivo ni argumentación algunos en relación con la segunda Decisión controvertida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho y vulneró su derecho a ser oída, garantizado por el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
         
      
            125.
         
         
            Habida cuenta de que propongo que se estime la primera parte del primer motivo de casación y que la estimación de dicha parte basta para anular la sentencia recurrida en su totalidad, no es necesario examinar la procedencia del segundo motivo de casación.
         
      
      VII. Conclusión
   
   
            126.
         
         
            A la luz de cuanto antecede, considero que la primera parte del primer motivo de casación invocado por la recurrente en apoyo de la primera pretensión del recurso de casación es fundada y debe ser acogida. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 26 de junio de 2019, NRW. Bank/CRU (T‑466/16, no publicada, EU:T:2019:445), devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre el fondo y reserve la decisión sobre las costas.
         
      (
         1
      )	Lengua original: francés.
   (
         2
      )	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
   (
         3
      )	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190).
   (
         4
      )	Reglamento del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento [n.o 806/2014] (DO 2015, L 15, p. 1).
   (
         5
      )	Reglamento de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva [2014/59] (DO 2015, L 11, p. 44).
   (
         6
      )	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
   (
         7
      )	Véase, en particular, el auto de 5 de febrero de 1997, Unifruit Hellas/Comisión (C‑51/95 P, EU:C:1997:53), apartado 33.
   (
         8
      )	Véase el auto de 29 de junio de 2009, Nuova Agricast/Comisión (C‑225/08 P, no publicado, EU:C:2009:406), apartado 37.
   (
         9
      )	Véase la sentencia de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑362/08 P, EU:C:2010:40), apartado 52.
   (
         10
      )	La alegación relativa a un error excusable de la recurrente subyace a la cuarta parte del primer motivo de casación. Véase el punto 122 de las presentes conclusiones.
   (
         11
      )	Véase, por analogía, el auto de 21 de noviembre de 1990, Infortec/Comisión (C‑12/90, EU:C:1990:415), apartado 10, en el que el Tribunal de Justicia consideró que el escrito del Departamento de Asuntos del Fondo Social Europeo no podía haber tenido efectos sobre la Decisión adoptada anteriormente por la Comisión.
   (
         12
      )	En efecto, si la decisión confirmada no ha adquirido firmeza en lo que al interesado respecta, este tiene la facultad de impugnar, bien la decisión confirmada, bien la decisión confirmatoria, o bien ambas decisiones. Véase la sentencia de 31 de mayo de 2017, DEI/Comisión (C‑228/16 P, EU:C:2017:409), apartado 35.
   (
         13
      )	Véase, en particular, el auto de 7 de diciembre de 2004, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑521/03 P, no publicado, EU:C:2004:778), apartado 47 y jurisprudencia citada.
   (
         14
      )	Sentencia de 15 de septiembre de 2011 (T‑407/07, no publicada, EU:T:2011:477).
   (
         15
      )	Reproducida en el apartado 68 de la sentencia recurrida.
   (
         16
      )	El subrayado es mío.
   (
         17
      )	A saber, la inexistencia de un elemento nuevo y la falta de reconsideración de la situación del destinatario. Véase el punto 49 de las presentes conclusiones.
   (
         18
      )	Reproducidas en el apartado 69 de la sentencia recurrida.
   (
         19
      )	Véase, en particular, el punto 54.
   (
         20
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2018, Estonia/Comisión (C‑334/17 P, no publicada, EU:C:2018:914), apartado 51.
   (
         21
      )	Véase la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑299/05, EU:C:2007:608), apartados 28 a 30.
   (
         22
      )	Sentencia de 17 de mayo de 2017, Portugal/Comisión (C‑337/16 P, EU:C:2017:381), apartados 6, 48 y 51.
   (
         23
      )	Véanse las sentencias de 13 de noviembre de 2014, España/Comisión (T‑481/11, EU:T:2014:945), apartado 36; de 24 de marzo de 2017, Estonia/Comisión (T‑117/15, EU:T:2017:217), apartado 60, y el auto de 28 de junio de 2018, TL/CEPD (T‑452/17, no publicado, EU:T:2018:418), apartado 28.
   (
         24
      )	C‑362/08 P, EU:C:2009:553.
   (
         25
      )	Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑362/08 P, EU:C:2009:553), puntos 150, 154 y 155. Véase, en este sentido, recientemente, la sentencia de 21 de enero de 2021, Alemania/Esso Raffinage (C‑471/18 P, EU:C:2021:48), apartado 98 y jurisprudencia citada.
   (
         26
      )	Véase la sentencia de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑362/08 P, EU:C:2010:40), apartados 57 y 59.
   (
         27
      )	Véase, por analogía, la sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), apartado 103. Véanse, asimismo, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto PKK y KNK/Consejo (C‑229/05 P, EU:C:2006:606), punto 91.
   (
         28
      )	Véase la sentencia de 18 de octubre de 2012, Jager & Polacek/OAMI (C‑402/11 P, EU:C:2012:649), apartado 59. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Evonik Degussa/Comisión (C‑162/15 P, EU:C:2016:587), punto 183.
   (
         29
      )	El presente asunto no se inscribe en ninguno de ellos. En efecto, en primer lugar, la segunda Decisión controvertida fue adoptada de oficio por la JUR. En segundo lugar, nada permite concluir que la JUR estuviera obligada a adoptar un acto posterior a la primera Decisión controvertida para calcular las aportaciones para el ejercicio 2016. Como se desprende de la segunda Decisión controvertida, en virtud del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, la JUR calcula «cada año» las aportaciones individuales. La primera Decisión controvertida, relativa al ejercicio 2016, era en sí misma suficiente para determinar los importes de las aportaciones ex ante de la recurrente correspondientes a ese ejercicio. Por último, en tercer lugar, nada indica que la JUR haya revocado la primera Decisión controvertida por razón de su ilegalidad y que, por tanto, la segunda Decisión controvertida la sustituya.
   (
         30
      )	Véase el punto 50 de las presentes conclusiones.
   (
         31
      )	Conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos acumulados Italia/Comisión (C‑138/03, C‑324/03 y C‑431/03, EU:C:2005:387), punto 66.
   (
         32
      )	Véase, recientemente, el auto de 28 de junio de 2018, TL/CEPD (T‑452/17, no publicado, EU:T:2018:418), apartado 29 y jurisprudencia citada.
   (
         33
      )	Véase la sentencia de 15 de noviembre de 2018, Estonia/Comisión (C‑334/17 P, no publicada, EU:C:2018:914), apartado 47.
   (
         34
      )	Véase el auto de 11 de abril de 2019 (C‑794/18 P, no publicado, EU:C:2019:305), apartado 8 de la postura adoptada por el Abogado General y seguida por el Tribunal de Justicia.
   (
         35
      )	Sentencia de 8 de febrero de 2011, Paroc/OAMI (INSULATE FOR LIFE) (T‑157/08, EU:T:2011:33), apartados 32 y 40.
   (
         36
      )	Sentencia de 9 de julio de 1970, Brembati/Comisión (59/69 y 71/69, no publicada, EU:C:1970:70), p. 626 en lo que respecta a la alegación de la Comisión, y apartados 4 y 5.
   (
         37
      )	Sentencia de 9 de julio de 1970, Brembati/Comisión (59/69 y 71/69, no publicada, EU:C:1970:70), apartado 4.
   (
         38
      )	Conclusiones del Abogado General Gante presentadas en los asuntos acumulados Brembati/Comisión (59/69 y 71/69, no publicadas, EU:C:1970:56).
   (
         39
      )	Conclusiones del Abogado General Gante presentadas en los asuntos acumulados Brembati/Comisión (59/69 y 71/69, no publicadas, EU:C:1970:56), punto 2.
   (
         40
      )	Véase asimismo el punto 119 de las presentes conclusiones.
   (
         41
      )	Sentencia de 18 de octubre de 2007 (C‑299/05, EU:C:2007:608), apartado 30.
   (
         42
      )	Véase la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑299/05, EU:C:2007:608), apartados 15 y 29.
   (
         43
      )	Véanse los puntos 68 a 77 de las presentes conclusiones.
   (
         44
      )	Sentencia de 29 de noviembre de 2012 (C‑416/11 P, no publicada, EU:C:2012:761), apartado 33.
   (
         45
      )	Véase el punto 102 de las presentes conclusiones.
   (
         46
      )	Véanse los puntos 109 y 110 de las presentes conclusiones.
   (
         47
      )	Véase el punto 72 de las presentes conclusiones.
   (
         48
      )	Sentencia de 9 de julio de 1970, Brembati/Comisión (59/69 y 71/69, no publicada, EU:C:1970:70).
   (
         49
      )	Sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑299/05, EU:C:2007:608).
   (
         50
      )	Por otro lado, he de señalar que, en el marco del segundo motivo de casación, la recurrente alega que también ha invocado motivos respecto a la segunda Decisión controvertida. Ahora bien, por una parte, los documentos ilustrativos a los que alude la recurrente para alegar que invocó tales motivos se refieren a sus escritos posteriores al recurso interpuesto ante el Tribunal General. Por otra parte, la recurrente no parece, en cualquier caso, alegar que dichos motivos sean ajenos al objeto del litigio, tal como lo definió en su recurso.
   (
         51
      )	Véanse los puntos 104 a 109 de las presentes conclusiones.