CELEX: 62006CJ0511
Language: es
Date: 2009-07-09
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de julio de 2009. # Archer Daniels Midland Co. contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado del ácido cítrico - Determinación del importe de la multa - Papel de líder - Derecho de defensa - Elementos probatorios que proceden de un procedimiento instruido en un Estado tercero - Definición del mercado pertinente - Circunstancias atenuantes. # Asunto C-511/06 P.

Asunto C‑511/06 P
      Archer Daniels Midland Co.
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado del ácido cítrico — Determinación del importe de la multa — Papel de líder — Derecho de defensa — Elementos probatorios que proceden de un procedimiento instruido en un Estado tercero — Definición del mercado pertinente — Circunstancias atenuantes»
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario — Respeto del derecho de defensa — Alcance
            — Obligación de indicar los elementos que permiten demostrar el papel de líder dentro de un cártel
      [Reglamento nº 17 del Consejo art. 15, ap. 2; Comunicaciones de la Comisión 96/C 207/04, sección B, letra e), y 98/C 9/03,
            punto 2]
      2.        Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes
      (Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3)
      3.        Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe en contrapartida de
            la cooperación de la empresa inculpada — Apreciación de las condiciones de la cooperación en el momento de la adopción de
            la decisión final
      (Reglamento nº 17 del Consejo; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección E)
      4.        Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Repercusiones concretas en el mercado
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1 A, párr. 1)
      5.        Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Consideración de la cooperación con la Comisión de la empresa
            inculpada — Concepto de «primera empresa» en aportar elementos determinantes 
      [Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, sección B, letra b)]
      1.        La calificación de líder de un cártel supone importantes consecuencias por lo que atañe al importe de la multa que ha de imponerse
         a una empresa calificada como tal. Así, con arreglo al punto 2 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas
         en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, se trata
         de una circunstancia agravante que conlleva un incremento significativo del importe de base de la multa. Asimismo, a tenor
         de la sección B, letra e), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los
         asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la antedicha calificación excluye de entrada el poder beneficiarse de una
         reducción muy importante de la multa, incluso si la empresa calificada como líder cumpliese todos los requisitos para poder
         obtener la referida reducción allí enunciados.
      
      Por tanto, corresponde a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los elementos que estime pertinentes para permitir a
         la empresa imputada susceptible de ser calificada como líder del cártel responder a dicha acusación. No obstante, habida cuenta
         de que dicho pliego no es más que una etapa en la adopción de la decisión final y de que no constituye, por tanto, la posición
         definitiva de la Comisión, no puede exigirse a esta última que proceda ya en esa fase a una calificación jurídica de los elementos
         en los que se basará en su decisión final para calificar a una empresa como líder del cártel. En consecuencia, no corresponde
         a la Comisión indicar en el pliego de cargos el modo en que tiene la intención de servirse de los elementos de hecho a la
         hora de determinar el nivel de la multa ni si, en particular, tiene la intención de, basándose en esos hechos, calificar a
         una empresa como líder del cártel. Le corresponde, sin embargo, indicar, al menos, los antedichos elementos de hecho. Pues
         bien, cuando los documentos y elementos probatorios de los que se extraen los hechos en los que se apoya la calificación de
         líder del cártel consisten en testimonios de personas imputadas en el procedimiento de infracción y tienen, por tanto, un
         componente subjetivo, el hecho de adjuntar los antedichos documentos al pliego de cargos, sin que los referidos hechos se
         mencionen expresamente en el propio texto del pliego, no permite a la empresa de que se trate ni apreciar la credibilidad
         que la Comisión otorga a cada uno de los elementos expuestos en esos documentos, ni rebatirlos, ni, por consiguiente, alegar
         eficazmente sus derechos. Por tanto, en una situación como ésta, al calificar a la empresa como líder del cártel basándose
         en elementos que se adjuntan al pliego de cargos, pero que no se mencionan en dicho pliego, la Comisión viola el derecho de
         defensa de esa empresa y, en consecuencia, no puede basarse en esos elementos para calificarla como líder del cártel. A falta
         de otros elementos probatorios en el pliego de cargos que permitan aplicar dicha calificación, la Comisión no puede, por tanto,
         descartar la posibilidad de aplicar la sección B de la Comunicación sobre la cooperación basándose en que la empresa desempeñó
         un papel de líder en el cártel.
      
      (véanse los apartados 70 a 72, 80, 89, 90, 93 a 95, 112, 133 y 136)
      2.        El reconocimiento del beneficio de una reducción del importe de base de la multa, en virtud del punto 3 de las Directrices
         para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5
         del artículo 65 del Tratado CECA, va relacionado necesariamente con las circunstancias del caso concreto, sin que el cese
         de la infracción de que se trata deba implicar automáticamente la aplicación de una reducción del importe de base de la multa.
      
      El reconocimiento de la aplicación de una circunstancia atenuante en situaciones en las que una empresa participa en un acuerdo
         manifiestamente ilegal, del que sabía o no podía ignorar que era constitutivo de una infracción, podría incitar a las empresas
         a continuar un acuerdo secreto tanto tiempo como sea posible, con la esperanza de que su conducta nunca sería descubierta
         sabiendo al mismo tiempo que, si se llegara a descubrir, podrían beneficiarse de una reducción de la multa interrumpiendo
         en ese momento la infracción. Tal reconocimiento privaría a la multa impuesta de toda eficacia disuasoria y privaría de eficacia
         al artículo 81 CE, apartado 1. 
      
      Por tanto, la Comisión no puede estar obligada a aplicar a una empresa una reducción del importe de base de la multa basándose
         en que ésta había puesto fin a su conducta ilegal tras las primeras intervenciones de las autoridades de defensa de la competencia
         de un Estado tercero.
      
      (véanse los apartados 100, 102, 105 y 106)
      3.        Con arreglo a la sección E de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los
         asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, la Comisión evaluará si se cumplen las condiciones establecidas en las secciones
         B, C o D de la referida Comunicación solamente en el momento de adoptar la decisión final. Por tanto, la Comisión no puede
         dar ninguna garantía concreta a una empresa con respecto a la aplicación de una reducción de multa en la fase del procedimiento
         anterior a la adopción de la decisión final.
      
      (véase el apartado 118)
      4.        Si bien es cierto que las repercusiones concretas de una infracción sobre el mercado son un elemento que debe tomarse en consideración
         a la hora de evaluar la gravedad de la infracción, es preciso señalar que se trata de un criterio más entre otros, que son
         la naturaleza de la infracción y la dimensión del mercado geográfico afectado. Además, las Directrices para el cálculo de
         las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del
         Tratado CECA puntualizan que esas repercusiones concretas sobre el mercado únicamente se tomarán en consideración en caso
         de que puedan determinarse. 
      
      (véase el apartado 125)
      5.        El propio tenor de la sección B, letra b), de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o la reducción de su importe
         en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas no exige que la «primera» empresa facilite todas las pruebas de todos
         los detalles de funcionamiento de un cártel. Con arreglo a esa disposición, para poder ser considerada como tal, a una empresa
         le basta con aportar «elementos determinantes» para probar la existencia del acuerdo. Dicha disposición tampoco exige que
         los datos facilitados sean suficientes por sí solos para elaborar un pliego de cargos, ni tampoco para adoptar una decisión
         definitiva en la que se reconozca la existencia de una infracción. No obstante, si bien los elementos a los que se refiere
         la antedicha sección B, letra b), no deben necesariamente ser, por sí mismos, suficientes para probar la existencia del cártel,
         deben, al menos, ser determinantes a este efecto. Por tanto, no debe tratarse simplemente de una fuente que permita orientar
         las investigaciones que ha de llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan ser utilizados directamente como base
         probatoria principal para una decisión en la que se constate una infracción.
      
      En el marco de la referida sección B, letra b), el hecho de que los elementos determinantes hayan sido facilitados oralmente
         carece de importancia. Además, el hecho de que la información no proceda de un testimonio directo o de que haya sido completada
         o concretada posteriormente carece de relevancia a la hora de apreciar su carácter determinante.
      
      La Comisión dispone de cierto margen de apreciación a la hora de evaluar si la cooperación de una empresa ha sido «determinante»,
         en el sentido de la disposición mencionada, por lo que respecta a la constatación de la existencia de una infracción y al
         cese de ésta, de forma que el juez comunitario únicamente podrá censurar un uso excesivo manifiesto de dicho margen de apreciación.
      
      (véanse los apartados 150 a 152 y 161 a 163)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 9 de julio de 2009 (*)
      
      «Recurso de casación – Competencia – Prácticas colusorias – Mercado del ácido cítrico – Determinación del importe de la multa – Papel de líder – Derecho de defensa – Elementos probatorios que proceden de un procedimiento instruido en un Estado tercero – Definición del mercado pertinente – Circunstancias atenuantes»
      En el asunto C‑511/06 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 11 de diciembre de 2006,
      
      Archer Daniels Midland Co., con domicilio social en Decatur (Estados Unidos), representada por el Sr. C.O. Lenz, Rechtsanwalt, y la Sra. L. Martin Alegi,
         el Sr. E. Batchelor y la Sra. M. García, Solicitors, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte recurrente,
      y en el que la otra parte en el procedimiento es:
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. A. Bouquet y X. Lewis, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. A. Tizzano, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres. M. Ilešič, A. Borg Barthet, E.
         Levits (Ponente) y J.-J. Kasel, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. P. Mengozzi;
      Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de mayo de 2008;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 6 de noviembre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, Archer Daniels Midland Co. (en lo sucesivo, «ADM») solicita la anulación de la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión
         (T‑59/02, Rec. p. II‑3627; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó parcialmente su recurso con el
         que solicitaba la anulación parcial de la Decisión 2002/742/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento
         de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑1/36.604 – Ácido cítrico)
         (DO 2002, L 239, p. 18; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la parte que le afecta.
      
       Marco jurídico
      2        El artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de
         los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), establecía:
      
      «La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de
         mil unidades de cuenta a un máximo de un millón de unidades de cuenta, pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez
         por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado
         parte en la infracción cuando, deliberadamente o por negligencia:
      
      a)      cometan una infracción a las disposiciones del apartado 1 del artículo [81 CE], o del artículo [82 CE], [...]
      [...]
      Para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta.»
      3        La Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 1998, titulada «Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA» (DO C 9, p. 3; en lo
         sucesivo, «Directrices»), en particular, dispone:
      
      «Los principios fijados en las […] Directrices deben servir para asegurar la transparencia y el carácter objetivo de las Decisiones
         de la Comisión, de cara tanto a las empresas como al Tribunal de Justicia, al tiempo que se asienta el margen discrecional
         que el legislador deja a la Comisión a la hora de fijar las multas dentro del límite del 10 % del volumen de negocios global
         de las empresas. No obstante, este margen deberá expresarse dentro de una línea política coherente y no discriminatoria adaptada
         a los objetivos perseguidos en la represión de las infracciones de las normas de la competencia.
      
      La nueva metodología aplicable para la determinación del importe de las multas obedecerá, de ahora en adelante, al modelo
         que figura a continuación, que se basa en la fijación de un importe de base al que se aplican incrementos para tomar en consideración
         las circunstancias agravantes y reducciones para tomar en consideración las circunstancias atenuantes.»
      
      4        A tenor del punto 1, A, de las Directrices:
      
      «A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
         sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado.
      
      Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves
         y muy graves.
      
      [...]
      Por otro lado, será necesario tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para
         infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa
         de un carácter lo suficientemente disuasorio.
      
      [...]
      En el caso de las infracciones en las que están implicadas varias empresas (carteles), podrá resultar conveniente ponderar,
         en determinados casos, los importes fijados dentro de cada una de las tres categorías preexpuestas para tomar en consideración
         el peso específico y, por tanto, las repercusiones reales del comportamiento ilícito de cada empresa sobre la competencia,
         sobre todo cuando existe una disparidad considerable en cuanto a la dimensión de las empresas responsables de una infracción
         de la misma naturaleza.
      
      [...]»
      5        El punto 2 de las Directrices, titulado «Circunstancias agravantes», dispone:
      
      «Incremento del importe de base en circunstancias agravantes específicas, tales como:
      [...]
      –      función de responsable o instigador de la infracción,
      [...].»
      6        El punto 3 de las Directrices, titulado «Circunstancias atenuantes», tiene el siguiente tenor:
      
      «Reducción del importe de base en circunstancias atenuantes específicas, tales como:
      [...]
      –      interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones),
      [...].»
      7        A tenor de la sección B de la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 1996, relativa a la no imposición de multas o
         a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación
         sobre la cooperación»), titulada «No imposición de una multa o reducción muy importante de su importe»:
      
      «La empresa que:
      a)      denuncie el acuerdo secreto a la Comisión antes de que ésta haya realizado una comprobación por vía de decisión, en los locales
         de las empresas que participan en el acuerdo y sin que disponga todavía de la suficiente información para probar la existencia
         del acuerdo denunciado;
      
      b)      sea la primera en facilitar elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo;
      c)      haya puesto fin a su participación en la actividad ilícita, a más tardar, en el momento de denunciar el acuerdo;
      d)      facilite a la Comisión toda información que considere útil, así como todos los documentos y elementos de prueba de que disponga
         en relación con dicho acuerdo y mantenga con ella una cooperación permanente y total mientras dure la investigación;
      
      e)      no haya obligado a otra empresa a participar en el acuerdo ni haya sido la instigadora o haya desempeñado un papel determinante
         en la actividad ilícita;
      
      gozará de una reducción del 75 %, como mínimo, del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación, pudiendo
         llegarse incluso a una exención total de la misma.»
      
      8        La sección D de la antedicha Comunicación, titulada «Reducción significativa del importe de la multa», establece:
      
      «1.      Cuando una empresa coopere sin que se reúnan todas las condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción
         del 10 al 50 % del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación.
      
      [...]»
      9        La sección E, apartado 2, de la referida Comunicación tiene el siguiente tenor:
      
      «La Comisión evaluará, solamente en el momento de adoptar su decisión, si se cumplen las condiciones establecidas en las secciones
         B, C o D y si conviene, por lo tanto, reducir el importe de la multa o incluso no imponer dicha multa. No resulta conveniente
         que la Comisión adopte tales medidas antes de finalizar el procedimiento administrativo, ya que dichas condiciones son aplicables
         a lo largo de todo el procedimiento.»
      
       Hechos que originaron el litigio
       El cártel
      10      La Comisión dirigió la Decisión controvertida a cinco empresas productoras de ácido cítrico, a saber ADM, Cerestar Bioproducts
         BV (en lo sucesivo, «Cerestar»), F. Hoffmann‑La Roche AG (en lo sucesivo, «HLR»), Haarmann & Reimer Corporation (en lo sucesivo,
         «H & R») y Jungbunzlauer AG (en lo sucesivo, «JBL»).
      
      11      El ácido cítrico es un acidulante y conservante utilizado en los productos alimenticios y las bebidas, en los detergentes
         y limpiadores domésticos, en los productos farmacéuticos y cosméticos y en diversos procesos industriales.
      
      12      En agosto de 1995, la Comisión fue informada de la apertura de una investigación por parte del Departamento de Justicia de
         los Estados Unidos en relación con el mercado del ácido cítrico en los Estados Unidos. Al haber reconocido que habían participado
         en un cártel, las empresas ADM, Cerestar, HLR, H & R y JBL, pagaron una serie de multas tras alcanzar un acuerdo con el antedicho
         Departamento. Asimismo, se impusieron multas a título individual a algunas personas.
      
      13      El 6 de agosto de 1997, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento nº 17, la Comisión envió solicitudes de información
         a los cuatro principales productores de ácido cítrico de la Comunidad Europea.
      
      14      En respuesta a una solicitud de información ulterior, comunicada en julio de 1998, Cerestar informó a la Comisión de su intención
         de cooperar. Durante una reunión con representantes de la Comisión celebrada el 29 de octubre de 1998, los representantes
         de Cerestar describieron de memoria las actividades del cártel en el que habían participado las cinco empresas mencionadas
         en el apartado 10 de la presente sentencia (en lo sucesivo, «cártel»), así como algunos mecanismos del funcionamiento de éste.
         Asimismo, la antedicha empresa subrayó el papel desempeñado por ADM en determinadas reuniones multilaterales de las referidas
         empresas. Cerestar confirmó ese testimonio en una declaración escrita de 25 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «declaración
         de Cerestar»).
      
      15      El 11 de diciembre de 1998, durante una reunión con representantes de la Comisión, los representantes de ADM explicaron las
         actividades contrarias a la competencia en las que dicha sociedad había participado dentro del cártel. La referida sociedad
         confirmó lo dicho en esa reunión mediante escrito de 15 de enero de 1999 (en lo sucesivo, «declaración de ADM»).
      
      16      Basándose en los datos comunicados por las cinco empresas imputadas en repuesta a las solicitudes de información complementarias
         de la Comisión, ésta les remitió un pliego de cargos con fecha de 29 de marzo de 2000 (en lo sucesivo, «pliego de cargos»),
         en el que les acusaba de haber infringido el artículo 81 CE, apartado 1, y el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el
         Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), desde marzo de 1991 hasta mayo de 1995 por lo que respecta
         a cuatro de las empresas, entre las que se encontraba ADM, y desde mayo de 1992 hasta mayo de 1995 por lo que respecta a Cerestar,
         al haber participado en un cártel secreto en el mercado del ácido cítrico. En particular, la Comisión les imputaba haber establecido
         una asignación de cuotas de venta precisas para cada una de ellas y haber respetado dicha asignación, haber fijado precios
         máximos y mínimos, haber suprimido descuentos y haber intercambiado información específica sobre los clientes. Ninguna de
         estas empresas solicitó que se celebrara una audiencia, ni rebatió los hechos expuestos en el pliego de cargos. Se limitaron
         a responder por escrito a las imputaciones en él formuladas.
      
       El pliego de cargos
      17      En la sección C de la parte I del pliego de cargos, la Comisión expuso los hechos objeto de sus imputaciones. En el punto
         50 de dicho pliego de cargos, enumeró los cinco principales documentos probatorios en los que se basaban sus comprobaciones
         fácticas, los cuales formaban parte de los anexos del pliego junto con otros seis documentos, y entre los cuales se encontraban
         el informe que recoge las declaraciones realizadas por un representante de ADM durante la reunión celebrada el 11 de diciembre
         de 1998 con representantes de la Comisión, es decir, la declaración de ADM, el informe de las declaraciones realizadas por
         un antiguo representante de ADM ante representantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y agentes del Federal
         Bureau of Investigation (FBI) durante el procedimiento en materia de defensa de la competencia llevado a cabo por las autoridades
         de los Estados Unidos, fechado el 5 de noviembre de 1996 (en lo sucesivo, «informe del FBI»), y la declaración de Cerestar.
      
      18      Asimismo, en los puntos 161 y 162 del pliego de cargos se señalaba que, en la apreciación de la gravedad de la infracción,
         la Comisión tendría en cuenta los hechos descritos y considerados en la referida sección C y que, a la hora de determinar
         el importe de la multa que debería imponerse a cada una de las empresas, tendría en cuenta, entre otras cosas, el papel desempeñado
         por cada una en los acuerdos colusorios tal como eran descritos en la parte I del pliego.
      
      19      Por último, los puntos 57 y 58 del antedicho pliego mencionaban las reuniones bilaterales que se habían celebrado en enero
         de 1991 entre ADM y JBL, HLR y H & R, respectivamente, con vistas a la puesta en marcha del cártel.
      
       La declaración de ADM
      20      La declaración de ADM contiene una descripción detallada y cifrada de los mecanismos de funcionamiento del cártel y, más concretamente,
         de las decisiones adoptadas por las empresas imputadas durante las reuniones celebradas por éstas entre marzo de 1991 y mayo
         de 1995.
      
       El informe del FBI
      21      El informe del FBI contiene la descripción que hizo un antiguo representante de ADM de los mecanismos de funcionamiento del
         cártel y, en particular, información sobre las reuniones que tuvieron lugar entre las empresas imputadas. Entre otras cosas,
         dicho informe menciona que se organizaban reuniones a las que acudían representantes de cada una de las empresas que participaban
         en el cártel, entre las cuales se encontraban las reuniones denominadas «masters», a las cuales acudían los representantes
         de rango más alto, y en las que se trataba acerca de las orientaciones y los mecanismos de funcionamiento del cártel, mientras
         que a las reuniones denominadas «sherpa» acudían representantes encargados de la aplicación práctica de dichos mecanismos.
         Según ese mismo informe, la persona interrogada creía que otro antiguo representante de ADM, apodado «el viejo sabio», que
         participaba en los dos tipos de reuniones antedichos, había ideado el mecanismo de funcionamiento del cártel denominado «acuerdo
         G‑4/5» y había desempeñado un papel muy activo en la puesta en marcha de ese mecanismo.
      
       La declaración de Cerestar
      22      La declaración de Cerestar contiene una descripción sucinta de las reuniones multilaterales entre los representantes de las
         empresas imputadas, así como de las decisiones adoptadas en dichas reuniones. En esta declaración se señala que el representante
         de Cerestar creía que el representante de ADM desempeñaba en esas reuniones un papel de impulsor.
      
       La Decisión controvertida
      23      A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida, las cinco empresas destinatarias de ésta «han infringido
         el apartado 1 del artículo 81 del Tratado [...] por participar en un acuerdo continuado y en prácticas concertadas en el sector
         del ácido cítrico».
      
      24      El artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión dispone que la infracción duró desde marzo de 1991 hasta mayo de 1995 en el caso
         de ADM, HLR, H & R y JBL y desde mayo de 1992 hasta mayo de 1995 en el caso de Cerestar.
      
      25      El artículo 3 de la referida Decisión tiene el siguiente tenor:
      
      «Por la infracción mencionada en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:
      a)      [ADM]:           39,69 millones de euros,
      b)      [Cerestar]:           170.000 euros,
      c)      [HLR]:                    63,5 millones de euros,
      d)      [H & R]:           14,22 millones de euros,
      e)      [JBL]:                   17,64 millones de euros.»
      26      En la Decisión controvertida, para fijar el importe de las multas, la Comisión aplicó la metodología que se expone en las
         Directrices, así como la Comunicación sobre la cooperación.
      
      27      En primer lugar, la Comisión estableció el importe de base de la multa en función de la gravedad y de la duración de la infracción.
      
      28      Por lo que respeta a la gravedad de la infracción, la Comisión, en primer lugar, en el considerando 230 de la Decisión controvertida,
         calificó la infracción cometida como muy grave, habida cuenta de su naturaleza, de sus repercusiones concretas en el mercado
         del ácido cítrico en el Espacio Económico Europeo y de la dimensión del mercado geográfico afectado.
      
      29      Seguidamente, la Comisión estimó, en el considerando 233 de la antedicha Decisión, que debía tenerse en cuenta la capacidad
         económica efectiva para menoscabar la competencia y que había de fijarse la multa en un nivel que garantizase un efecto disuasorio
         suficiente. En consecuencia, basándose en los volúmenes de negocios mundiales alcanzados por las empresas implicadas en la
         venta de ácido cítrico durante el año 1995, último año del período de la infracción, la Comisión repartió a dichas empresas
         en tres categorías. En la primera, incluyó a H & R, que controlaba el 22 % del mercado mundial, en la segunda, incluyó a ADM
         y JBL, con unas cuotas de mercado de [confidencial], así como a HLR, que tenía una cuota de mercado del 9 %, y, en la tercera,
         a Cerestar, que controlaba un 2,5 % del mercado mundial. Sobre esta base, la Comisión fijó unos importes de partida de, respectivamente,
         35 millones de euros para la empresa clasificada en la primera categoría, 21 millones de euros para las clasificadas en la
         segunda categoría y 3,5 millones de euros para la clasificada en la tercera categoría.
      
      30      Además, para garantizar un efecto suficientemente disuasorio a la multa, la Comisión ajustó estos importes de partida. A tal
         efecto, teniendo en cuenta la dimensión y los recursos globales de las empresas implicadas, reflejados en su volumen de negocios
         mundial global, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 2 a los importes de partida establecidos para ADM y HLR,
         y de 2,5 al importe de partida establecido para H & R.
      
      31      Por otra parte, de los considerandos 249 y 250 de la Decisión controvertida se desprende que, con el fin de tener en cuenta
         la duración de la infracción cometida por cada empresa, los importes de ese modo determinados se aumentaron en un 10 % por
         cada año de participación en el cártel, es decir, que se llevó a cabo un aumento del 40 % por lo que respecta a ADM, HLR,
         H & R y JBL, y del 30 % por lo que respecta a Cerestar.
      
      32      En consecuencia, en el considerando 254 de la Decisión controvertida, la Comisión estableció los importes básicos de las multas
         en 58,8 millones de euros por lo que respecta a ADM y, por lo que atañe a Cerestar, HLR, H & R y JBL en 4,55, 58,8, 122,5
         y 29,4 millones de euros, respectivamente. 
      
      33      En segundo lugar, tal como se desprende del considerando 273 de la Decisión controvertida, los importes básicos de las multas
         impuestas a ADM y a HLR se aumentaron en un 35 % como consecuencia de la existencia de circunstancias agravantes, consistentes
         en que dichas empresas habían desempeñado un papel de líderes dentro del cártel.
      
      34      En particular, en los considerandos 263 y 264 de la referida Decisión, la Comisión estimó que las reuniones bilaterales entre
         ADM y otras tres empresas que participaban en el cártel eran un indicio de que ADM había desempeñado un papel de instigador
         del cártel, añadiendo que había otros elementos que ayudaban a demostrar el papel de líder del cártel de esta última.
      
      35      A este respecto, en los considerandos 265 y 266 de la Decisión controvertida, la Comisión se refirió a ciertos hechos extraídos
         del informe del FBI y de la declaración de Cerestar.
      
      36      En tercer lugar, en los considerandos 274 a 291 de la antedicha Decisión, la Comisión examinó y desestimó las solicitudes
         de algunas de las empresas dirigidas a poder beneficiarse de la aplicación de circunstancias atenuantes.
      
      37      En cuarto lugar, con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión, en el considerando 293 de la Decisión
         controvertida, adaptó los importes calculados para Cerestar y H & R, con el fin de que no superaran el límite del 10 % del
         volumen de negocios anual total de dichas empresas. 
      
      38      Por último, en quinto lugar, con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación, la Comisión concedió a las empresas imputadas
         una reducción del importe de sus respectivas multas.
      
      39      De este modo, de los considerandos 305 y 310 de la Decisión controvertida se desprende que, en aplicación de la sección B
         de la antedicha Comunicación, Cerestar se benefició de una reducción «muy importante», a saber, del 90 % del importe de la
         multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado, debido a que fue la primera empresa en facilitar a la Comisión los
         elementos determinantes para probar la existencia del cártel. 
      
      40      Correlativamente, en el considerando 306 de la Decisión controvertida, la Comisión desestimó los argumentos de ADM dirigidos
         a demostrar que debía considerársele a ella como la empresa que facilitó en primer lugar los referidos elementos y, con arreglo
         a la sección D de la Comunicación sobre la cooperación, sólo le concedió una reducción «significativa», a saber, del 50 %
         del importe de la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado.
      
      41      Por otra parte, JBL, H & R y HLR se beneficiaron, respectivamente, de una reducción del 40 %, 30 % y 20 % del importe de las
         multas que se les habría impuesto si no hubieran cooperado.
      
       El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida
      42      El 28 de febrero de 2002, ADM interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra la Decisión controvertida.
      
      43      En el marco de dicho recurso, ADM solicitó la anulación del artículo 1 de la Decisión controvertida en la medida en que en
         él se afirma que participó en la restricción de las capacidades del mercado del ácido cítrico y en la designación del productor
         que debía encabezar los aumentos de precios en cada segmento nacional de los que integran dicho mercado, la anulación del
         artículo 3 de la mencionada Decisión en la medida en que se refiere a ella y, con carácter subsidiario, la reducción de la
         multa que se le había impuesto.
      
      44      En apoyo de su recurso, ADM formuló distintos motivos relativos al importe de la multa que se le había impuesto y dirigidos,
         entre otras cuestiones, contra la apreciación de la gravedad de la infracción, la calificación de líder del cártel de que
         fue objeto y la apreciación de las circunstancias atenuantes y de la cooperación de que dio prueba durante el procedimiento
         administrativo.
      
      45      En primer lugar, por lo que respecta a la gravedad de la infracción, ADM alegaba que, en el marco de la apreciación de las
         repercusiones concretas del cártel, la Comisión incurrió en error en la definición del mercado pertinente, ya que, a su entender,
         no definió previamente dicho mercado y, por tanto, no tuvo en cuenta, en esa definición, los productos sustitutivos del ácido
         cítrico.
      
      46      Tras declarar, en el apartado 201 de la sentencia recurrida, que ADM no había demostrado que el cártel del ácido cítrico no
         tuvo repercusión alguna, o al menos ninguna repercusión destacable, en el mercado más amplio al que se refería, el Tribunal
         de Primera Instancia desestimó ese motivo.
      
      47      En segundo lugar, por lo que respecta a la calificación de líder del cártel, ADM reprochaba a la Comisión haber cometido errores
         en la apreciación de los elementos tenidos en cuenta a la hora de proceder a dicha calificación. Por una parte, la demandante
         alegaba que la Comisión había hecho uso de un documento elaborado por las autoridades de un Estado tercero, a saber, el informe
         del FBI, vulnerando sus garantías procedimentales, en la medida en que, en particular, no había tenido ocasión de pronunciarse
         con respecto a la validez de dicho documento. Por otra parte, la demandante sostenía que la Comisión no había respetado su
         derecho de defensa, ya que esta última no había mencionado en el pliego de cargos ni la calificación de líder del cártel por
         lo que atañe a ADM ni los elementos extraídos del informe del FBI y de la declaración de Cerestar para probar ese papel de
         líder.
      
      48      En el apartado 215 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia recordó que la Comisión, a la hora de proceder
         a la antedicha calificación, se había basado en tres elementos, a saber, las reuniones bilaterales, el informe del FBI y la
         declaración de Cerestar.
      
      49      Por lo que respecta a las reuniones bilaterales, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 226 de la sentencia recurrida,
         estimó que la Comisión no había incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que se trataba de un indicio adicional
         que venía a sumarse a los otros dos elementos que eran el informe del FBI y la declaración de Cerestar en los que se probaba
         que ADM había desempeñado un papel de líder dentro del cártel.
      
      50      Por lo que respecta al informe del FBI, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 268 de la sentencia recurrida, consideró
         que al adjuntar dicho informe como anexo al pliego de cargos, la Comisión había permitido que ADM se pronunciase acerca de
         la validez del informe y, en particular, por lo que atañe a las eventuales irregularidades procedimentales que podrían derivarse
         del hecho de haberlo tomado en consideración. Tras observar que ADM no había puesto en entredicho el referido informe en ninguna
         de las fases del procedimiento administrativo, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 270 de la referida
         sentencia que la Comisión no había violado los derechos procedimentales de la demandante.
      
      51      Por lo que respecta a la declaración de Cerestar, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 290 de las sentencia recurrida,
         observó que su contenido coincide con el del informe del FBI, de forma que la Comisión no había cometido errores manifiestos
         de apreciación al conceder a dicha declaración una fuerza probatoria superior a la de otros elementos que la demandante adujo
         para intentar demostrar que no había asumido el papel de líder del cártel.
      
      52      Además, en los apartados 436 a 439 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, el pliego de cargos
         remitido a las empresas imputadas contenía los principales elementos de hecho y de Derecho que podían servir de base a la
         multa que la Comisión pensaba imponerles. En efecto, por una parte, no correspondía a la Comisión, en esa fase del procedimiento,
         informar a ADM de que sería calificada como líder del cártel. Por otra parte, al haber quedado acreditado que se habían adjuntado
         al referido pliego el informe del FBI y la declaración de Cerestar, el Tribunal de Primera Instancia declaró que ADM no podía
         alegar una violación del derecho de defensa, aunque la Comisión no hubiese indicado expresamente, en la parte del antedicho
         pliego relativa a la exposición de los hechos, que podría considerar a ADM como líder del cártel, ni indicado los elementos
         en que se basaría para concluir que desempeñaba ese papel.
      
      53      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo de ADM relativo a la calificación de líder del cártel.
      
      54      En tercer lugar, ADM alegaba que, erróneamente, la Comisión no le había aplicado la circunstancia atenuante prevista en el
         punto 3, tercer guión, de las Directrices, aun cuando ella había dejado de participar en el cártel desde las primeras intervenciones
         de las autoridades de defensa de la competencia de los Estados Unidos.
      
      55      Después de haber llevado a cabo, en los apartados 335 y 336 de la sentencia recurrida, una interpretación del punto 3, tercer
         guión, de las Directrices, el Tribunal concluyó, en el apartado 338 de esa sentencia, que la referida circunstancia atenuante
         no puede aplicarse de oficio, sino que depende de las circunstancias particulares del asunto de que se trate. Pues bien, según
         el Tribunal de Primera Instancia, el carácter secreto del cártel de que se trata demuestra que las empresas implicadas cometieron
         la infracción que se les imputaba deliberadamente, de modo que, con arreglo a su jurisprudencia, el cese de una infracción
         de esta características no puede considerarse circunstancia atenuante cuando ha sido causado por la intervención de la Comisión.
         Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el motivo de ADM basado en que no se había tomado en consideración el
         referido elemento como circunstancia atenuante. 
      
      56      En cuarto lugar, ADM reprochaba a la Comisión que no le hubiera concedido un reducción «muy importante», en el sentido de
         la sección B de la Comunicación sobre la cooperación, del importe de la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado,
         y ello aun cuando ADM había sido la primera empresa en facilitar a la Comisión los elementos determinantes para probar la
         existencia del cártel.
      
      57      El Tribunal de Primera Instancia también desestimó ese motivo, declarando en los apartados 377 y 378 de la sentencia recurrida
         que la Comisión había actuado legítimamente cuando descartó la aplicación de una reducción «muy importante» del importe de
         la multa basándose en el papel de líder de ADM dentro del cártel.
      
      58      Por último, en cuanto al resto, el Tribunal de Primera Instancia acogió el motivo de ADM relativo a la irregularidad de la
         toma en consideración, en el considerando 158 de la Decisión controvertida, de determinados elementos que no habían sido mencionados
         en el pliego de cargos. Por consiguiente, anuló el artículo 1 de dicha Decisión en la medida en que, puesto en relación con
         el referido considerando, declara que ADM, por una parte, congeló, restringió y eliminó capacidad de producción de ácido cítrico,
         y, por otra parte, designó el productor que debía encabezar los incrementos de precio en cada segmento nacional del mercado
         de que se trata. Sin embargo, al considerar que dichos elementos eran reiterativos con respecto a las características esenciales
         del cártel, el Tribunal de Primera Instancia estimó que no procedía modificar el importe de la multa fijado por la Comisión
         en relación con ADM. Finalmente, condenó a ésta a soportar todas las costas a excepción de una décima parte de sus propias
         costas, que debía correr a cargo de la Comisión.
      
       Pretensiones de las partes 
      59      ADM solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso contra la Decisión
         controvertida.
      
      –        Anule el artículo 3 de la Decisión controvertida en la medida en que le afecta.
      –        Con carácter subsidiario, modifique el mencionado artículo 3 anulando o reduciendo la multa que le fue impuesta.
      –        Con carácter aún más subsidiario, devuelva los autos al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva de conformidad
         con la sentencia del Tribunal de Justicia.
      
      –        En cualquier caso, condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las costas de ADM causadas en el procedimiento
         ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.
      
      60      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime el recurso de casación.
      –        Condene en costas a ADM.
       Sobre el recurso de casación
      61      En apoyo de su recurso de casación la demandante invoca nueve motivos basados respectivamente:
      
      –        por lo que atañe a los cinco primeros motivos, en diversos errores de Derecho que, a su entender, el Tribunal de Primera Instancia
         cometió en relación con la calificación de ADM como líder del cártel;
      
      –        por lo que atañe al sexto motivo, en un error de Derecho que, a su entender, el Tribunal de Primera Instancia cometió en relación
         con la negativa a aplicar a ADM circunstancias atenuantes ligadas al cese de su participación en el cártel; 
      
      –        por lo que atañe a los motivos séptimo y octavo, en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima y
         en error de derecho que, a su entender, el Tribunal de Primera Instancia cometió en relación con la aplicación de las reglas
         enunciadas en la Comunicación sobre la cooperación, y
      
      –        por lo que atañe al noveno motivo, en la violación del principio según el cual la Comisión debe respetar las normas que se
         ha impuesto en relación con la definición del mercado pertinente en el marco de la apreciación de la gravedad de la infracción.
      
       Sobre el primer motivo, basado en error de Derecho en relación con la apreciación del respeto del derecho de defensa de ADM
            por lo que respecta a la calificación de líder
       Alegaciones de las partes
      62      Mediante este motivo, que se divide en dos partes, ADM alega la violación por parte del Tribunal de Primera Instancia de su
         derecho de defensa. 
      
      63      En la primera parte, la demandante reprocha al Tribunal de Primera Instancia que afirmara, en los apartados 437 y 438 de la
         sentencia recurrida, que la Comisión había indicado en el pliego de cargos los principales elementos de hecho que caracterizaban
         la gravedad de su comportamiento, a pesar de que en dicho pliego no se había mencionado la circunstancia de que ADM podía
         ser considerada líder del cártel. Pues bien, según la demandante, el papel de líder era uno de los principales elementos que
         deberían haberse desprendido del pliego de cargos, so pena de violar el derecho de defensa de la empresa de que se trata.
      
      64      En la segunda parte, ADM alega que la Comisión no le informó, en el pliego de cargos, de hechos que luego fueron tenidos en
         cuenta en la Decisión controvertida a la hora de determinar su papel de líder. La mera presencia, en los anexos de dicho pliego,
         de documentos de los que se desprenden esos hechos no es, a juicio de la demandante, suficiente para garantizar el respeto
         de su derecho de defensa.
      
      65      La Comisión considera que este motivo carece de fundamento. Por lo que respecta a la primera parte, la Comisión estima que,
         tal como declaró el Tribunal de Primera Instancia, al haber mencionado, en el punto 158 del pliego de cargos, que tendría
         en cuenta el papel desempeñado individualmente por cada empresa participante en la infracción a la hora de apreciar de gravedad
         de ésta, satisfizo las exigencias jurisprudenciales recordadas por la propia demandante.
      
      66      En opinión de la Comisión, la segunda parte es inoperante, habida cuenta de que, por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia
         declaró que no correspondía a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los hechos que le llevarían a calificar a la demandante
         como líder del cártel En cualquier caso, a su juicio, dicha parte carece de fundamento, ya que la demandante conocía esos
         hechos, pues éstos se desprendían de los documentos adjuntos al pliego de cargos. Además, según la Comisión diferentes puntos
         del antedicho pliego se referían explícitamente a la demandante. Por consiguiente, ésta habría podido, en su opinión, exponer
         durante la fase del procedimiento administrativo sus objeciones por lo que atañe a los documentos utilizados para probar su
         papel de líder, no habiendo, por tanto, sido vulnerado su derecho de defensa.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      –       Sobre la primera parte del primer motivo
      67      De las observaciones contenidas en el apartado 437 de la sentencia recurrida se deriva que, en el pliego de cargos remitido
         a ADM, la Comisión calificó la infracción reprochada a las empresas imputadas como muy grave y manifestó su intención de fijar
         el importe de las multas a un nivel suficientemente disuasorio. En este contexto, se desprende asimismo de los considerandos
         158, 161 y 162 del antedicho pliego que la Comisión tendría en cuenta el papel desempeñado individualmente por cada empresa
         participante en la infracción.
      
      68      Es preciso subrayar que, como recuerda el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 434 de la sentencia recurrida, según
         reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desde el momento en que la Comisión indica expresamente en el pliego de
         cargos que va a examinar si procede imponer multas a las empresas afectadas y expone los principales elementos de hecho y
         de Derecho que pueden dar lugar a la imposición de una multa, tales como la gravedad y la duración de la presunta infracción
         y el hecho de haberla cometido «deliberadamente o por negligencia», dicha institución cumple su obligación de respetar el
         derecho de las empresas imputadas a ser oídas. Al actuar así, les da las indicaciones necesarias para defenderse, no sólo
         contra la calificación de los hechos como infracción, sino también contra la posibilidad de que se les imponga una multa (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P
         a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 428, y de 18 de diciembre de 2008, Coop de France bétail et viande/Comisión,
         C‑101/07 P y C‑110/07 P, Rec. p. I‑0000, apartado 49).
      
      69      Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que exigir a la Comisión que facilite a las empresas imputadas, en la fase
         de envío del pliego de cargos, indicaciones concretas sobre el nivel de las multas previstas equivaldría a obligarle a anticipar
         de una manera inadecuada su decisión final (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion
         française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 21). 
      
      70      A este respecto, es preciso subrayar que la calificación de líder de un cártel supone importantes consecuencias por lo que
         atañe al importe de la multa que ha de imponerse a una empresa calificada como tal. Así, con arreglo al punto 2 de las Directrices,
         se trata de una circunstancia agravante que conlleva un incremento significativo del importe de base de la multa. Asimismo,
         a tenor de la sección B, letra e) de la Comunicación sobre la cooperación, la antedicha calificación excluye de entrada el
         poder beneficiarse de una reducción muy importante de la multa, incluso si la empresa calificada como líder cumpliese todos
         los requisitos para poder obtener la referida reducción allí enunciados.
      
      71      Por tanto, corresponde a la Comisión exponer, en el pliego de cargos, los elementos que estime pertinentes para permitir a
         la empresa imputada susceptible de ser calificada como líder del cártel responder a dicha acusación. No obstante, habida cuenta
         de que dicho pliego no es más que una etapa en la adopción de la decisión final y de que no constituye, por tanto, la posición
         definitiva de la Comisión, no puede exigirse a esta última que proceda ya en esa fase a una calificación jurídica de los elementos
         en los que se basará en su decisión final para calificar a una empresa como líder del cártel.
      
      72      De lo anterior se deduce que no se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia que haya incurrido en un error de Derecho
         al declarar que la Comisión no estaba obligada a indicar en el pliego de cargos que podría aplicar la calificación de líder
         con respecto a ADM.
      
      73      Por consiguiente, la primera parte del primer motivo debe desestimarse por infundada.
      
      –       Sobre la segunda parte del primer motivo
      74      En esta parte, ADM sostiene que, al declarar en el apartado 439 de la sentencia recurrida que ella había tenido la posibilidad
         de manifestar su opinión sobre determinados hechos tomados en consideración para calificarla como líder dentro del cártel,
         ya que dichos hechos se desprendían de documentos adjuntos como anexos al pliego de cargos, el Tribunal de Primera Instancia
         violó su derecho de defensa.
      
      75      A la hora de calificar a ADM como líder del cártel en los considerandos 265 y 266 de la Decisión controvertida la Comisión
         se apoyó, en hechos extraídos del informe del FBI y de la declaración de Cerestar.
      
      76      Así, por una parte, el referido considerando 265, citando el informe del FBI, indica que «la mecánica del acuerdo G‑4/5 parecía
         ser idea [del representante de ADM] y [que] en la reunión del 6 de marzo de 1991 en Basilea, en donde se formuló el acuerdo
         [sobre el ácido cítrico], [dicho representante] tuvo un papel bastante activo» y que, además, ese representante «era considerado
         como “el viejo sabio” e incluso era apodado “El Predicador”».
      
      77      Por otra parte, el antedicho considerando 266 contiene un extracto de la declaración de Cerestar según el cual «aunque [los
         representantes de HLR y de JBL] normalmente presidían las reuniones de jefes, la clara impresión de [Cerestar] era que [el
         representante de ADM] desempeñaba un papel fundamental. [Este último] presidió las reuniones sherpa y solía preparar los asuntos
         y hacer las propuestas de listas de precios.»
      
      78      Con carácter preliminar, es preciso subrayar que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia
         no enunció el principio según el cual ésta no estaba obligada a indicar, en el pliego de cargos, los elementos de hecho que
         le llevaron a calificar a ADM como líder. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia dijo lo siguiente en la sentencia recurrida:
      
      «438      El respeto del derecho de defensa de las empresas implicadas no obliga a la Comisión a indicar en el pliego de cargos con
         mayor precisión el modo en que se servirá, en su caso, [de los principales elementos de hecho y de Derecho en los que puede
         basarse una multa] a la hora de determinar el nivel de la multa. En particular, la Comisión no estaba obligada a indicar ni
         que podía considerar líder del cártel a ADM ni cuál sería la magnitud del incremento que podría aplicar por este motivo a
         la multa de ADM [...]
      
      439      [...] procede recordar que la Comisión adjuntó [el informe del FBI y la declaración de Cerestar] al pliego de cargos, ofreciendo
         así a las partes la posibilidad de expresarse sobre ellos, incluso en lo que respecta a su utilización como pruebas.»
      
      79      Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión había respetado el derecho de defensa de ADM en la medida
         en que había adjuntado al pliego de cargos los elementos probatorios de los que se derivan los hechos en los que se basó,
         en la Decisión controvertida, para calificar a ADM como líder del cártel. 
      
      80      Una vez puntualizado lo anterior, y si bien no se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia que haya incurrido en un
         error de Derecho al declarar, en el apartado 438 de la sentencia recurrida, que no correspondía a la Comisión indicar en el
         pliego de cargos el modo en que se serviría de los elementos de hecho a la hora de determinar el nivel de la multa ni si,
         en particular, tenía la intención de, basándose en esos hechos, calificar a una empresa como líder del cártel, correspondía,
         sin embargo, a la Comisión indicar, al menos, los antedichos elementos de hecho.
      
      81      No obstante, es preciso señalar que, contrariamente a lo que alega la Comisión, los hechos en los que se basó en los considerandos
         265 y 266 de la Decisión controvertida, extraídos del informe del FBI y de la declaración de Cerestar, no fueron mencionados
         en el pliego de cargos.
      
      82      En efecto, tal como indica el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia no consideró,
         en el apartado 439 de la sentencia recurrida, que los hechos determinantes hubiesen sido expuestos en el pliego de cargos,
         sino que observó que, por la mera circunstancia de que la Comisión había adjuntado a dicho pliego los documentos de los que
         se derivan esos hechos, la demandante había tenido la posibilidad de expresar su opinión acerca de la utilización de los referidos
         documentos como prueba, así como acerca de los hechos descritos en ellos.
      
      83      Por tanto, ha de verificarse si el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al considerar que la Comisión
         había respetado el derecho de defensa de la demandante al proceder de ese modo.
      
      84      Es preciso recordar que el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular
         a multas o multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho comunitario que debe ser observado aun cuando
         se trate de un procedimiento de carácter administrativo (véase, en particular, la sentencia de 10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión,
         C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, apartado 70). 
      
      85      El respeto del derecho de defensa exige, en particular, que la empresa objeto de una investigación pueda dar a conocer efectivamente
         durante el procedimiento administrativo su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos alegados y sobre
         los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción al Tratado
         (véanse las sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 10; de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión,
         C‑407/04 P, Rec. p. I‑829, apartado 44, y SGL Carbón/Comisión, antes citada, apartado 71). 
      
      86      Es el pliego de cargos, entre otros instrumentos, el que permite a las empresas objeto de una investigación tener conocimiento
         de los elementos de prueba de los que dispone la Comisión y conferir al derecho de defensa su plena efectividad (véanse, en
         este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P,
         C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 315 y 316, y de 7 de enero de 2004,
         Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123,
         apartados 66 y 67). 
      
      87      A este respecto, dicho pliego debe enunciar claramente todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta
         fase del procedimiento (véase la sentencia Musique Diffusion française y otros/Comisión, antes citada, apartado 14).
      
      88      En consecuencia, el respeto del derecho de defensa exige que durante el procedimiento administrativo la empresa afectada haya
         podido dar a conocer efectivamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias invocados,
         así como sobre los documentos que la Comisión tuvo en cuenta para fundamentar su alegación de la existencia de una infracción
         (véase la sentencia Dalmine/Comisión, antes citada, apartado 44).
      
      89      Pues bien, es preciso señalar que, en las circunstancias del caso de autos, el mero hecho de haber adjuntado al pliego de
         cargos los documentos de los que se extrajeron los hechos sobre cuya base ADM fue calificada como líder del cártel no basta
         para satisfacer las exigencias anteriormente mencionadas, en la medida en que, mediante el antedicho pliego, no se le permitió
         a ADM rebatir esos hechos ni, por consiguiente, alegar eficazmente sus derechos.
      
      90      En efecto, debe señalarse que los elementos probatorios de los que se extrajeron los hechos en los que se apoya la calificación
         de ADM como líder del cártel en la Decisión controvertida tienen necesariamente, por su naturaleza, un componente subjetivo,
         ya que consisten en testimonios de personas imputadas en el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión o en el de
         otras autoridades nacionales de defensa de la competencia. 
      
      91      Así, por una parte, el informe del FBI es el fruto del interrogatorio de un antiguo representante de ADM al que se le había
         garantizado la inmunidad en el marco del procedimiento tramitado por las autoridades de defensa de la competencia de los Estados
         Unidos.
      
      92      Por otra parte, el segundo elemento probatorio consiste en una declaración espontánea de Cerestar, empresa competidora de
         ADM en el mercado del ácido cítrico y que también participó en el cártel que se imputa.
      
      93      Pues bien, el mero hecho de que esos documentos se adjuntasen al pliego de cargos no permitió a la demandante apreciar la
         credibilidad que la Comisión otorgaba a cada uno de los elementos expuestos en dichos documentos.
      
      94      Por tanto, en las circunstancias del caso de autos, no puede considerarse que, limitándose a adjuntar al pliego de cargos
         los documentos y los elementos probatorios de los que se derivan los hechos en los que se basó en la Decisión controvertida
         para calificar a la demandante como líder dentro del cártel, sin que dichos hechos se hayan mencionado expresamente en el
         propio texto del pliego, la Comisión haya dado a ADM la posibilidad de hacer valer sus derechos.
      
      95      Por consiguiente, de lo anterior se desprende que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar
         que la Comisión no había violado el derecho de defensa de la demandante al haber calificado a ésta como líder del cártel basándose
         en elementos que había aportado con este fin, pero que no habían sido mencionados en el pliego de cargos remitido a la demandante.
         
      
      96      Por tanto, procede acoger la segunda parte del primer motivo.
      
       Sobre los motivos segundo a quinto basados en errores de Derecho o en la desnaturalización de elementos de prueba por lo que
            respecta a la calificación de ADM como líder del cártel
      97      Habida cuenta de la respuesta dada al primer motivo presentado por ADM, no es preciso examinar los motivos segundo a quinto
         del recurso de casación, que se refieren también a la calificación de ADM como líder del cártel basada en elementos extraídos
         del informe del FBI y de la declaración de Cerestar.
      
       Sobre el sexto motivo, basado en error de Derecho por lo que respecta a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia en
            relación con la falta de toma en consideración de circunstancias atenuantes
       Alegaciones de las partes
      98      ADM sostiene que, al considerar, en el apartado 346 de la sentencia recurrida, que la Comisión no tenía la obligación de aplicar
         las circunstancias atenuantes establecidas por las Directrices en caso de cese de la infracción, el Tribunal de Primera Instancia
         interpretó erróneamente estas últimas. En efecto, a su entender, al contrario de lo decidido por el Tribunal de Primera Instancia
         en los apartados 335 a 340, la aplicación de circunstancias atenuantes no es una mera facultad a disposición de la Comisión,
         la cual podría tener en cuenta el carácter secreto del cártel a efectos de aplicar o no dichas circunstancias.
      
      99      La Comisión considera que el Tribunal de Primera Instancia acertó al declarar que la finalización de la infracción no implica
         automáticamente el derecho a una reducción de la multa. La Comisión sostiene que dispone en este sentido de un margen de apreciación,
         en especial, respecto de la conducta de la empresa en cuestión. A su entender, en el presente asunto, ADM no cooperó de modo
         decisivo en el procedimiento administrativo, de modo que no se le podían aplicar circunstancias atenuantes.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      100    Procede recordar que, con arreglo al punto 3 de las Directrices, el importe de base de la multa fijada por la Comisión se
         reducirá cuando la empresa imputada ponga fin a la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión.
      
      101    A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 338 de la sentencia recurrida, que esta disposición
         debe interpretarse en el sentido de que únicamente las circunstancias particulares del asunto de que se trate, en las que
         debe materializarse el supuesto del cese de la infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión, podrían justificar
         que se tomase en consideración dicho cese como circunstancia atenuante.
      
      102    Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la tesis de la demandante según la cual el cese de la práctica colusoria
         debía implicar automáticamente la aplicación de una reducción del importe de base de la multa en virtud del punto 3 de las
         Directrices, y destacó, en el apartado 337 de la sentencia recurrida, que la interpretación de dicha disposición defendida
         por ADM reduciría la eficacia del artículo 81 CE, apartado 1. 
      
      103    Al proceder de esta forma, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho.
      
      104    Efectivamente, es obligado constatar que el otorgamiento de tal reducción del importe de base de la multa va relacionado necesariamente
         con las circunstancias del caso concreto, que pueden conducir a la Comisión a no otorgársela a una empresa que ha participado
         en un acuerdo ilícito.
      
      105    De este modo, la aplicación de una circunstancia atenuante en situaciones en las que una empresa participa en un acuerdo manifiestamente
         ilegal, del que sabía o no podía ignorar que era constitutivo de una infracción, podría incitar a las empresas a continuar
         un acuerdo secreto tanto tiempo como sea posible, con la esperanza de que su conducta nunca sería descubierta sabiendo al
         mismo tiempo que, si se llegara a descubrir, podrían beneficiarse de una reducción de la multa interrumpiendo en ese momento
         la infracción. Tal reconocimiento privaría a la multa impuesta de toda eficacia disuasoria y privaría de eficacia al artículo
         81 CE, apartado 1 (véase la sentencia de 19 de marzo de 2009, Archer Daniels Midland/Comisión, C‑510/06 P, Rec. p. I‑0000,
         apartado 149).
      
      106    Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró fundadamente que, en las circunstancias expuestas, la demandante no
         puede alegar que la Comisión estuviese obligada a aplicarle una reducción del importe de base de la multa basándose en que
         había puesto fin a su conducta ilegal tras las primeras intervenciones de las autoridades de defensa de la competencia de
         los Estados Unidos.
      
      107    En consecuencia, procede desestimar el sexto motivo por infundado.
      
       Sobre el séptimo motivo, basado en error de Derecho en la aplicación de la sección B de la Comunicación sobre la cooperación
       Alegaciones de las partes
      108    Al considerar que se le había calificado erróneamente como líder, ADM reprocha al Tribunal de Primera Instancia que acogiera
         su motivo relativo a la posibilidad de que se le aplicase la sección B de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      109    Según la Comisión, este motivo es una repetición del primer motivo del recurso de casación, por lo cual debe declararse su
         inadmisibilidad.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      110    Tal como se ha declarado en el apartado 95 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente
         que la Comisión había podido utilizar los hechos tal como se desprenden del informe del FBI y de la declaración de Cerestar
         para calificar a ADM como líder del cartel, aun cuando esos hechos no habían sido mencionados en el pliego de cargos, sin
         violar el derecho de defensa de esta última.
      
      111    Pues bien, al haber considerado el Tribunal de Primera Instancia, en los apartados 225 y 226 de la sentencia recurrida, que,
         dejando a un lado los elementos probatorios anteriormente citados, la existencia de las reuniones bilaterales tan sólo constituía
         un indicio y no permitía, por si sola, demostrar el papel de líder de la demandante, de ello se desprende que el Tribunal
         de Primera Instancia incurrió en un error al confirmar la calificación de líder del cartel por lo que respecta a ADM.
      
      112    Por tanto, en la medida en que la demandante no fue calificada como líder del cártel legítimamente, el Tribunal de Primera
         Instancia no podía, sin incurrir en error de Derecho, descartar la posibilidad de aplicar la sección B de la Comunicación
         sobre la cooperación basándose en que la demandante había desempeñado un papel de líder en el cártel.
      
      113    Por consiguiente, procede acoger el presente motivo.
      
       Sobre el octavo motivo, basado en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima
       Alegaciones de las partes
      114    Según ADM, las apreciaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 386 a 391 de la sentencia recurrida
         hubieran debido llevarle a concluir que la Comisión había suscitado en ella expectativas legítimas con respecto a la aplicación
         de una reducción del importe de la multa de conformidad con la sección B de la Comunicación sobre la cooperación. A este respecto,
         contrariamente a lo que el Tribunal de Primera Instancia consideró en el apartado 394 de la sentencia recurrida, la demandante
         sostiene que la fase del procedimiento en la que tiene lugar la cooperación carece de relevancia por lo que atañe al nacimiento
         de dichas expectativas. En este sentido, la demandante hace referencia a la sentencia de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum
         187/Comisión (C‑182/03 y C‑217/03, Rec. p. I‑5479, apartados 147 a 167).
      
      115    La Comisión considera que, dado que ella no es objetivamente capaz de definir con precisión el papel de cada participante
         en un cártel antes de la finalización del procedimiento administrativo, ADM no pudo concebir esperanzas por lo que atañe a
         la eventual aplicación de una reducción «muy importante», en el sentido de la sección B de la Comunicación sobre la cooperación,
         del importe de la multa que se le impondría.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      116    Por una parte, tal como subrayó el Abogado General en el punto 208 de sus conclusiones, es preciso observar que, mediante
         el presente motivo, ADM pretende obtener, en la fase del recurso de casación, un reexamen de los hechos apreciados por el
         Tribunal de Primera Instancia, reexamen para el que el Tribunal de Justicia no es competente, salvo en los supuestos en que
         se haya producido una desnaturalización de las pruebas.
      
      117    Pues bien, en el caso de autos, sobre la base de los elementos examinados por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados
         386 a 391, éste pudo razonablemente deducir que la Comisión quiso incitar a la demandante a cooperar sin darle, no obstante,
         ninguna garantía concreta por lo que atañe a la aplicación de una reducción, en virtud de la sección B de la Comunicación
         sobre la cooperación, del importe de la multa que se le impondría. 
      
      118    Por otra parte, con arreglo a la sección E de dicha Comunicación, la Comisión evaluará si se cumplen las condiciones establecidas
         en las secciones B, C o D de la referida Comunicación solamente en el momento de adoptar la decisión final. Por tanto, el
         Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho al declarar que la Comisión no podía dar ninguna garantía
         concreta a la demandante con respecto a la aplicación de una reducción de multa en la fase del procedimiento anterior a la
         adopción de la decisión final. 
      
      119    Por consiguiente, debe desestimarse el motivo octavo por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.
      
       Sobre el noveno motivo, basado en la violación del principio según el cual la Comisión debe respetar las normas que ella misma
            se ha impuesto
       Alegaciones de las partes
      120    ADM reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no apreciara que la Comisión, erróneamente, no había definido el mercado
         pertinente para evaluar las repercusiones del cártel, aunque ello sea un requisito previo indispensable para demostrar un
         perjuicio contra el mercado provocado por dicho cártel. Pues bien, si la Comisión hubiera definido ese mercado, habría tenido
         que tener en cuenta los productos sustitutivos del ácido cítrico y concluir, a la luz de los elementos probatorios aportados
         por la demandante, que el cártel no tenía ninguna repercusión en los precios aplicados en el sector del ácido cítrico.
      
      121    Según la Comisión, por una parte, este motivo es inadmisible, ya que, de hecho, la demandante solicita al Tribunal de Justicia
         que examine la apreciación de los elementos probatorios por ella aportados. Por otra parte, a su entender, el enfoque de ADM
         se basa en una mala comprensión del objetivo perseguido por la definición del mercado de referencia. De hecho, en opinión
         de la Comisión, es preciso distinguir la apreciación de la existencia de una infracción del artículo 81, que requiere la definición
         del mercado pertinente, de la apreciación de la gravedad de la infracción. 
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      122    Con carácter preliminar, es preciso recordar que las Directrices establecen que las repercusiones concretas de la infracción
         sobre el mercado son un elemento que debe tomarse en consideración a la hora de apreciar la gravedad de la infracción cometida
         en el marco de la fijación del importe de la multa.
      
      123    En el apartado 198 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia indicó que la Comisión, a la hora de determinar
         las repercusiones concretas del cártel, se circunscribió al mercado del ácido cítrico. Al proceder de esta forma, la Comisión
         no tuvo en cuenta el mercado más amplio que la demandante proponía que se tomase en consideración y que comprendía los productos
         sustitutivos del ácido cítrico que esta última había identificado. 
      
      124    Así, en los apartados 152 a 156 y 180 a 193 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se refiere al análisis
         que la Comisión efectuó en la Decisión controvertida y que le llevó a constatar una evolución de los precios del ácido cítrico
         paralela a la puesta en marcha del cártel, constatación que ADM no cuestionó.
      
      125    A este respecto, por una parte, si bien es cierto que las repercusiones concretas de la infracción sobre el mercado son un
         elemento que debe tomarse en consideración a la hora de evaluar la gravedad de la infracción, es preciso señalar que se trata
         de un criterio más entre otros, que son la naturaleza de la infracción y la dimensión del mercado geográfico afectado. Además,
         las Directrices puntualizan que esas repercusiones concretas sobre el mercado únicamente se tomarán en consideración en caso
         de que puedan determinarse.
      
      126    Por otra parte, tal como ha expuesto el Abogado General en los puntos 200 y 201 de sus conclusiones, la demandante no ha rebatido
         que, al menos en una parte del mercado, el cártel había tenido efectos en los precios del ácido cítrico.
      
      127    En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en los apartados 200 y 201 de la sentencia
         recurrida, que las alegaciones de la demandante no podían prosperar puesto que ésta no había demostrado que la Comisión hubiera
         debido reconocer que el cártel no tenía repercusiones si hubiese definido el mercado pertinente tal como la demandante proponía.
      
      128    Contrariamente a lo que sostiene la demandante, al proceder de esta forma, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a considerar
         que las pruebas aportadas por ésta no permitían refutar el análisis de la Comisión, sin invertir, por ello, la carga de la
         prueba.
      
      129    Por tanto, debe desestimarse el noveno motivo por infundado.
      
      130    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede anular la sentencia recurrida en la medida en que desestima
         los motivos invocados por la demandante en apoyo de su recurso dirigidos a la anulación de la Decisión controvertida en la
         medida en que dicha Decisión la califica como líder del cártel y, por ello, por una parte procede a un incremento del importe
         de base de la multa que debe imponerse y, por otra parte, rechaza la aplicación en favor de la demandante de la sección B
         de la Comunicación sobre la cooperación.
      
       Sobre el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia
      131    Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en el caso de que se anule
         la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio,
         cuando su estado así lo permita. Esto es lo que sucede en el caso de autos.
      
       Sobre el motivo basado en una calificación de líder del cártel errónea
      132    El motivo presentado en apoyo del recurso contra la Decisión controvertida sobre el cual el Tribunal de Primera Instancia
         se pronunció erróneamente se inscribe en el marco del cuestionamiento, por parte de la demandante, de la calificación de líder
         del cártel y de la aplicación, por esta razón, de un aumento del 35 % del importe de base de la multa.
      
      133    Puesto que del apartado 94 de la presente sentencia se desprende que la Comisión no dio a ADM la posibilidad de hacer valer
         sus derechos por lo que respecta a los elementos procedentes del informe del FBI y de la declaración de Cerestar que la Comisión
         tomó en consideración en la Decisión controvertida a la hora de calificar a la demandante como líder del cártel, es preciso
         verificar si dicha institución, aparte de esos hechos, aportó otros elementos probatorios que permitan aplicar dicha calificación.
      
      134    A este respecto, de los considerandos 263 y 264 de la Decisión controvertida y de los puntos 56 a 58 del pliego de cargos
         se desprende que la Comisión esgrimió, adicionalmente, la existencia de una ronda de reuniones bilaterales entre ADM y HLR,
         H & R y JBL, respectivamente, a lo largo de enero de 1991, con vistas a poner en marcha, o a elaborar, el cártel. 
      
      135    Sin embargo, en el considerando 264 de la Decisión controvertida, la Comisión añadió que «el hecho de que una ronda de reuniones
         bilaterales tuviera lugar entre ADM y sus competidores poco antes de la primera reunión multilateral del cártel no es suficiente
         para mostrar que ADM fuera el instigador del cártel, aunque sugiere claramente que éste era el caso». A continuación, en los
         considerandos 265 y 266 de la antedicha Decisión, la Comisión hizo referencia a elementos concretos extraídos del informe
         del FBI y de la declaración de Cerestar.
      
      136    Pues bien, tal como se desprende de los apartados 94 y 95 de la presente sentencia, la Comisión no podía basarse en los elementos
         determinantes recogidos en los considerandos 265 y 266 de la Decisión controvertida para calificar a ADM como líder del cártel,
         no habiendo sido dichos elementos mencionados en el pliego de cargos, sin violar el derecho de defensa de ésta. 
      
      137    Por consiguiente, dado que la existencia de la ronda de reuniones bilaterales a la que se hace referencia en los considerandos
         263 y 264 de la antedicha Decisión no es, por sí misma, suficiente para calificar a ADM como líder del cártel, la Comisión
         no ha logrado probar el fundamento de esa calificación, de modo que no podía aplicar al importe de base de la multa impuesta
         a la demandante un incremento del 35 % basándose en una circunstancia agravante vinculada a la mencionada calificación. 
      
      138    Por tanto, procede acoger este motivo.
      
       Sobre el motivo basado en una aplicación errónea de las disposiciones de la sección B, letra b), de la Comunicación sobre
            la cooperación
       La Decisión controvertida
      139    Basándose en las observaciones realizadas en el considerando 305 de la Decisión controvertida, la Comisión, con arreglo a
         la sección B de la Comunicación sobre la cooperación, concedió a Cerestar una «reducción muy importante», un 90 %, del importe
         de la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado. En efecto, la Comisión estimó en el antedicho considerando
         que esa empresa había sido la primera en facilitar los elementos determinantes para probar la existencia del cártel en una
         reunión celebrada el 29 de octubre de 1998 con los servicios de la Comisión. Ésta añade, en el siguiente considerando, que
         «la información proporcionada por Cerestar el 29 de octubre de 1998, que corresponde a la facilitada más tarde en la declaración
         escrita del 25 de marzo de 1999, fue suficiente para establecer la existencia del cártel y se comunicó a la Comisión antes
         de que ADM proporcionara tal información». Por tanto, la Comisión rechazó, en el considerando 308 de la referida Decisión,
         la tesis de ADM según la cual ésta cumplía los requisitos en la antedicha sección B para que se le aplicase una «reducción
         muy importante» del importe de su multa.
      
       Alegaciones de las partes
      140    En apoyo de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, ADM sostuvo que la Comisión había realizado una aplicación errónea
         de la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación. En efecto, a su entender, ella fue «la primera en facilitar
         elementos determinantes para probar la existencia del acuerdo», en el sentido de la disposición antedicha, en la reunión del
         11 de diciembre de 1998, ya que los elementos facilitados por Cerestar en la reunión celebrada el 29 de octubre de 1998 no
         eran «determinantes» en el sentido de la referida disposición.
      
      141    En efecto, ADM alega, en primer lugar, que Cerestar no aportó información alguna sobre el cártel en relación con el período
         anterior al 12 de mayo de 1992, fecha en la que comenzó a participar en él, y que los conocimientos de la Comisión sobre el
         cártel por lo que respecta a dicho período proceden, por tanto, de informaciones que ADM fue la primera en facilitar.
      
      142    En segundo lugar, ADM sostiene que la declaración de Cerestar, que corresponde a la información transmitida oralmente durante
         la reunión del 29 de octubre de 1998, no fue ni concluyente ni precisa en lo que respecta a las fechas de las reuniones y
         a los participantes en el cártel. Así, Cerestar identificó 32 reuniones celebradas en fechas comprendidas entre el 14 de noviembre
         de 1991, o sea, antes de su participación en el cártel, y el 17 de julio de 1996, es decir, mucho después de la disolución
         del cártel, declarando que, de ellas, nueve fueron con certeza reuniones del cártel, ocho reuniones «posibles» del cártel,
         mientras que por lo que atañe a otras quince, se trataba de reuniones sin relación con el cártel o cuya relación con éste
         era «cada vez más improbable». Cerestar indicó además la identidad de los participantes en tres de las 17 reuniones calificadas
         de reuniones del cártel «seguras» o «probables». ADM afirma que seis de las reuniones así identificadas nunca se celebraron
         en realidad, según el testimonio de las demás empresas implicadas y las comprobaciones de la Comisión.
      
      143    En tercer lugar, ADM indica que, posteriormente, en un escrito remitido a la Comisión el 7 de mayo de 1999, Cerestar reconoció
         que varias de las reuniones así identificadas no se habían celebrado realmente.
      
      144    En cuarto lugar, según ADM, la declaración de Cerestar es vaga y poco concluyente en cuanto al objeto de las reuniones, y
         no contiene ningún dato preciso sobre los precios o las cuotas, salvo los fijados para la propia Cerestar.
      
      145    En quinto lugar, ADM considera que no está claro si Cerestar ofreció a la Comisión como prueba un testimonio directo, como
         el prestado por ella. Además, Cerestar consideró posteriormente necesario ampliar y aclarar su declaración oral de 29 de octubre
         de 1998.
      
      146    En sexto lugar, ADM afirma que la Comisión remitió a la propia Cerestar una solicitud de información más detallada, fechada
         el 3 de marzo de 1999 y basada en las declaraciones de ADM. Según ADM, Cerestar tuvo así la oportunidad de examinar dicha
         solicitud de información, que mencionaba fechas y lugares de reunión determinados y estaba basada en los elementos facilitados
         por ADM, antes de presentar a la Comisión su declaración final de 25 de marzo de 1999.
      
      147    La demandante sostiene que las pruebas que ella misma aportó fueron, en cambio concluyentes. En efecto, a su entender, en
         la reunión de 11 de diciembre de 1998, ofreció a la Comisión un testimonio directo, pruebas documentales contemporáneas de
         la época de los hechos y documentos que acreditaban el contexto y la aplicación del acuerdo relativo a la organización del
         cártel. Según ADM, las pruebas que ella presentó aportaron numerosos detalles concretos sobre las reuniones, los participantes,
         los mecanismos de compensación y de control, los precios y las cuotas del cártel.
      
      148    La Comisión alega que, por lo que respecta a la apreciación del carácter «determinante» de los elementos facilitados, en el
         sentido de la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación, carece de relevancia que esos elementos emanen
         de una empresa que no haya participado en el cártel imputado todo el tiempo que éste duró. En efecto, en su opinión, dichos
         elementos deben referirse a la existencia del cártel, y no a su duración.
      
      149    Además, a su entender, el carácter incompleto de la información transmitida a la Comisión no impide que ésta pueda considerarse
         determinante.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      150    Con carácter preliminar, es preciso subrayar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 221 y 222 de sus conclusiones,
         que el propio tenor de la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación no exige que la «primera» empresa facilite
         todas las pruebas de todos los detalles de funcionamiento del cártel. Con arreglo a esa disposición, para poder ser considerada
         como tal, a una empresa le basta con aportar «elementos determinantes» para probar la existencia del acuerdo. Dicha disposición
         tampoco exige que los datos facilitados sean suficientes por sí solos para elaborar un pliego de cargos, ni tampoco para adoptar
         una decisión definitiva en la que se reconozca la existencia de una infracción. No obstante, si bien los elementos a los que
         se refiere la antedicha sección B, letra b), no deben necesariamente ser, por sí mismos, suficientes para probar la existencia
         del cártel, deben, al menos, ser determinantes a este efecto. Por tanto, no debe tratarse simplemente de una fuente que permita
         orientar las investigaciones que ha de llevar a cabo la Comisión, sino de elementos que puedan ser utilizados directamente
         como base probatoria principal para una decisión en la que se constate una infracción.
      
      151    Asimismo, es preciso subrayar que, en el marco de la referida sección B, letra b), el hecho de que los elementos determinantes
         hayan sido facilitados oralmente carece de importancia.
      
      152    Por último, la Comisión dispone de cierto margen de apreciación a la hora de evaluar si la cooperación de una empresa ha sido
         «determinante», en el sentido de la disposición mencionada, por lo que respecta a la constatación de la existencia de una
         infracción y al cese de ésta, de forma que únicamente podrá censurarse un uso excesivo manifiesto de dicho margen de apreciación.
         
      
      153    Es preciso examinar si en el caso de autos, a la luz de las consideraciones precedentes, la Comisión incurrió en un error
         manifiesto de apreciación al decidir que Cerestar había sido la primera empresa en facilitar elementos determinantes para
         probar la existencia del cártel.
      
      154    En los considerandos 305 y 306 de la Decisión controvertida, la Comisión explicó que Cerestar había sido la primera en facilitarle,
         en una reunión celebrada el 29 de octubre de 1998, los elementos determinantes para probar la existencia del cártel, siendo
         confirmadas por escrito, el 25 de marzo de 1999, las declaraciones de dicha empresa.
      
      155    En primer lugar, es preciso señalar que ADM no puede cuestionar el carácter determinante de la información facilitada por
         Cerestar basándose únicamente en que esta última no participó en el cártel hasta un año después de su puesta en marcha.
      
      156    En efecto, por una parte, tal como ha subrayado acertadamente la Comisión, la sección B, letra b), de la Comunicación sobre
         la cooperación exige que los elementos determinantes facilitados se refieran a la propia existencia del cártel, y no a su
         duración.
      
      157    Por otra parte, la declaración de Cerestar contiene indicaciones relativas a las reuniones multilaterales que tuvieron lugar
         antes de su participación en el cártel, indicaciones que se vieron corroboradas por las declaraciones de ADM en la reunión
         celebrada entre los representantes de ésta y de la Comisión.
      
      158    En segundo lugar, por lo que respecta al propio contenido de la declaración de Cerestar, procede señalar, por una parte, que
         en dicha declaración se describen los mecanismos de funcionamiento del cártel, es decir, el sistema de fijación de precios,
         la atribución de cuotas de mercado, el sistema de intercambio de información y los acuerdos de compensación. Por otra parte,
         esa declaración contiene una lista de las diferentes reuniones que tuvieron lugar entre las empresas participantes en el cártel.
      
      159    Si bien es verdad que la información contenida en la declaración de Cerestar es, en algunos aspectos, aproximativa y no incluye
         sistemáticamente cifras relativas a las decisiones adoptadas durante las reuniones del cártel, no es menos cierto que la Comisión
         pudo considerar, sin incurrir en error manifiesto de apreciación, que esos elementos eran determinantes para probar la existencia
         del cártel.
      
      160    En efecto, la información facilitada por Cerestar durante la reunión del 29 de octubre de 1998 permitió a la Comisión conocer
         la existencia del cártel en el mercado del ácido cítrico europeo, así como tener un conocimiento aproximado de su duración,
         sus mecanismos de funcionamiento y su evolución. 
      
      161    Por tanto, aunque no lleguen a constituir pruebas en sí mismas suficientes del conjunto de los aspectos de la infracción,
         los elementos facilitados por Cerestar son algo más que una fuente de orientación de las investigaciones que la Comisión debía
         llevar a cabo, ya que podían ser utilizados directamente por ésta última para probar la existencia del cártel. 
      
      162    A este respecto, el hecho de que dicha información no proceda de un testimonio directo o de que haya sido completada o concretada
         posteriormente carece de relevancia a la hora de apreciar su carácter determinante.
      
      163    Por consiguiente, debe desestimarse el motivo de la demandante basado en la aplicación errónea por parte de la Comisión de
         la sección B, letra b), de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      164    Del conjunto de estas consideraciones se desprende que, en virtud del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal
         de Justicia, debe anularse el artículo 3 de la Decisión controvertida en la medida en que, habida cuenta del incremento en
         un 35 % del importe de base de la multa de ADM en razón de su condición de líder del cártel, dicho artículo fija el importe
         de la multa que ésta ha de pagar en 39,69 millones de euros y, por tanto, debe reducirse dicha multa, fijándose su importe
         en 29,4 millones de euros. 
      
       Costas
      165    En virtud del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas
         cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio. A tenor del artículo 69, apartado
         2, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 118, la parte que pierda el proceso
         será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En virtud del artículo 69, apartado 3, del antedicho
         Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá repartir las
         costas o decidir que cada parte abone sus propias costas.
      
      166    Dado que se han desestimado parcialmente las pretensiones de ambas partes en el procedimiento de casación, procede condenar
         a la Comisión a cargar con la mitad de las costas de la demandante, cargando esta última con las costas de la Comisión y con
         la mitad de sus propias costas. 
      
      167    Por lo que respecta al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, al haber sido parcialmente anulada la sentencia
         recurrida y al haberse acogido parcialmente las pretensiones de la demandante en primera instancia, procede hacer cargar a
         la Comisión con una cuarta parte de las costas en primera instancia de la demandante, cargando ésta última con las costas
         de la Comisión y con tres cuartas partes de sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
      1)      Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels
            Midland/Comisión (T‑59/02), en la medida en que desestima el motivo de Archer Daniels Midland Co. relativo a la violación
            de su derecho de defensa durante el procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión 2002/742/CE de la Comisión, de
            5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del Tratado CE y con el artículo 53
            del Acuerdo EEE (Asunto COMP/E‑1/36.604 – Ácido cítrico), en la medida en que la Comisión de las Comunidades Europeas no le
            dio la posibilidad de hacer valer sus derechos por lo que respecta a los hechos en los que se basó para calificar a Archer
            Daniels Midland Co. como líder del cártel.
      2)      Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels
            Midland/Comisión, en la medida en que desestima por inoperante el motivo de Archer Daniels Midland Co. relativo a la aplicación
            errónea, por parte de la Comisión de las Comunidades Europeas, de la sección B, letra b), de la Comunicación de la Comisión,
            de 18 de julio de 1996, relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con
            acuerdos entre empresas.
      3)      Anular el artículo 3 de la Decisión 2002/742 en la medida en que fija en 39,69 millones de euros el importe de la multa que
            debe pagar Archer Daniels Midland Co.
      4)      Fijar en 29,4 millones de euros el importe de la multa que Archer Daniels Midland Co. debe pagar en razón de la infracción
            constatada en el artículo 1 de la Decisión 2002/742 tal como fue parcialmente anulado por la sentencia del Tribunal de Primera
            Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión (T‑59/02).
      5)      Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
      6)      Condenar a Archer Daniels Midland Co. a cargar con tres cuartas partes de su propias costas y con las costas de la Comisión
            de las Comunidades Europeas por lo que respecta al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
            Europeas, así como con la mitad de sus propias costas y con las costas de la Comisión de las Comunidades Europeas por lo que
            respecta al procedimiento de casación.
      7)      Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con una cuarta parte de las costas de Archer Daniels Midland Co.
            relativas al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europea y con la mitad de las costas de
            Archer Daniels Midland Co. relativas al procedimiento de casación.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.