CELEX: C1998/358/17
Language: es
Date: 1998-11-21 00:00:00
Title: Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 1998 contra el Reino de Bélgica por la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-355/98)

C 358/8                ES                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    21.11.98
Las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:           Ð La Comisión habría debido asociar a sus trabajos
                                                                            en mayor medida, y sobre todo maÂs eficazmente,
Ð Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia                      al Sr. Goupil y a los numerosos científicos interna-
    de 16 de julio de 1998 (1).                                             cionales que no han cesado de demostrar la inocui-
                                                                            dad y eficacia del Bergasol.
Ð Estime todas las pretensiones de las recurrentes, a
    saber:
                                                                        La exclusión del mercado excede de los límites de los
    Ð Declare admisible y procedente la demanda de las                  riesgos normales inherentes a la actividad económica
         recurrentes.                                                   de que se trata, maÂxime cuando en modo alguno se
                                                                        justifica en teÂrminos de salud puÂblica.
    Ð Condene a la Comisión a pagar una indemni-
         zación de danÄos y perjuicios por importe de
         152 867 090 FF a Laboratoires pharmaceutiques             (1) DO C 299 de 26.9.1998, p. 32.
         Bergaderm       SA   y    de    un    importe      de     (2) DO L 167 de 18.7.1995, p. 19.
         161 309 995,33 FF a Jean-Jacques Goupil perso-            (3) Directiva 76/768/CEE del Consejo, DO L 262 de 27.9.1976,
                                                                       p. 169; EE 15/01, p. 206.
         nalmente.
Ð Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
Ð Infracción del Derecho comunitario en cuanto que el
    Tribunal de Primera Instancia estimó que la disposi-           Recurso interpuesto el 29 de septiembre de 1998 contra el
    ción pertinente de la DeÂcima octava Directiva 95/34/          Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades
    CE de la Comisión, por la que se adaptan al progreso                                       Europeas
    teÂcnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/                             (Asunto C-355/98)
    768/CEE del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de
    adaptación») (2), es un acto normativo: dado que el Sr.                                  (98/C 358/17)
    Goupil es el uÂnico poseedor de una patente que per-
    mite incorporar a una crema solar esencias naturales
    de limones que contengan 5-MOP, el acto de que se              En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
    trata afecta directa e individualmente a su sociedad y a       ha presentado el 29 de septiembre de 1998 un recurso
    ella sola se refiere.                                          contra el Reino de BeÂlgica, formulado por la Comisión de
                                                                   las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Maria
Ð Error manifiesto de apreciación del Tribunal de Pri-             Patakia, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de
    mera Instancia en lo que atanÄe a la culpa de la Comi-         Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el
    sión: contrariamente a lo que afirma la disposición            despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner,
    pertinente de la Directiva, todos los estudios científicos     Kirchberg.
    disponibles sobre el producto acabado Bergasol autori-
    zaban plenamente a llegar a la conclusión de su inno-
    cuidad y eficacia. Con su actitud, la Comisión, que            La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al
    deliberadamente pasó por alto el principio de contra-          Tribunal de Justicia que:
    dicción, hizo el juego a los competidores industriales
    de Bergaderm.
                                                                   1) Declare que el Reino de BeÂlgica ha incumplido las
(Con caraÂcter subsidiario)
                                                                        obligaciones que le incumben en virtud de los
                                                                        artículos 48, 52 y 59 del Tratado, al adoptar disposi-
Ð Infracción del Derecho comunitario en cuanto que el                   ciones en el marco de la Ley de 10 de abril de 1990
    Tribunal de Primera Instancia no declaró que se había               sobre las empresas de vigilancia, sobre las empresas de
    incurrido en infracción de una norma jurídica de rango              seguridad y sobre los servicios internos de vigilancia,
    superior destinada a proteger a los individuos: En el
    marco de la Directiva «cosmeÂticos» (3), la Comisión no
    dispone de facultades discrecionales, pues debe seguir              a) que supeditan la explotación de una empresa con-
    un procedimiento de consulta y de aprobación rigu-                      templada por dicha Ley a una autorización previa
    roso, incurriendo en responsabilidad por la menor                       para la que se exigen varios requisitos, a saber:
    negligencia o error en su aplicación. En el caso de
    autos:                                                                  Ð la obligación de la empresa de vigilancia de
                                                                                 tener un establecimiento de explotación en BeÂl-
    Ð Con arreglo al artículo 10 de la Directiva «cosmeÂ-                        gica;
         ticos», la Comisión habría debido recurrir al Con-
         sejo tras el dictamen negativo del ComiteÂ para la
                                                                            Ð la obligación para las personas que
         adaptación de 1 de junio de 1992, algo que tam-
         bieÂn habría debido hacer en caso de inexistencia                       Ð se ocupen de la dirección efectiva de una
         de dictamen, supuesto que consideró el Tribunal                             empresa de vigilancia, o de un servicio
         de Primera Instancia.                                                       interno de vigilancia, o
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            Ð trabajen en una empresa de ese tipo o por                personal de una empresa establecida en otro país para
                 cuenta de ella o esteÂn destinados a sus acti-        efectuar prestaciones de servicios en BeÂlgica.
                 vidades, con la excepción del personal
                 interno para fines administrativos o logísti-
                 cos                                                   Si bien la posibilidad de llevar armas constituye una
                                                                       modalidad para ejercer actividades en el sector de la
            de tener su domicilio o, en su defecto, su resi-           seguridad privada que ciertamente requiere determina-
            dencia habitual en BeÂlgica;                               dos controles por parte de las autoridades puÂblicas, el
                                                                       llevar armas no es competencia exclusiva de los servi-
        Ð la obligación de una empresa, establecida en                 cios puÂblicos de policía y, por tanto, no puede servir
            otro Estado miembro, de tener una autoriza-                de argumento que permita llegar a la conclusión de
            ción sin tener en cuenta los justificantes y               una participación en el ejercicio de la autoridad
            garantías ya presentados por la empresa para               puÂblica, en el sentido de los artículos 55 y 66 del
            el ejercicio de su actividad en el Estado miem-            Tratado CE.
            bro de establecimiento;
                                                                       El orden puÂblico y la seguridad puÂblica, en el sentido
    b) que exigen, para cualquier persona que desee ejer-              de los artículos 56 y 66 del Tratado CE, no implican
        cer una actividad de vigilancia o prestar un servi-            ni la existencia de un «sector excluido», ni la posibili-
        cio interno de vigilancia en BeÂlgica, la obtención            dad de referirse a «cierto peligro». La Comisión consi-
        de una tarjeta de identificación seguÂn dicha Ley.             dera que en el caso de autos no es evidente la existen-
                                                                       cia de una amenaza actual, real y suficientemente
                                                                       grave. No obstante, el control estricto de la infraes-
2) Condene en costas al Reino de BeÂlgica.                             tructura, especialmente de los locales y los registros de
                                                                       armas, puede tambieÂn efectuarse en el extranjero. A
                                                                       este respecto, basta con que la empresa interesada deÂ
                                                                       su acuerdo para realizar controles in situ. De no existir
Motivos y principales alegaciones                                      tal acuerdo, la denegación o la revocación de toda
                                                                       autorización para ejercer servicios de vigilancia en el
                                                                       territorio belga sería justificable.
Ð Restricciones a la libre prestación            de servicios
    (artículo 59 del Tratado CE):
                                                                       Por uÂltimo, la Comisión se remite a su comunicación
                                                                       interpretativa relativa a la libre circulación transfronte-
                                                                       riza de servicios (1). La Comisión no se opone al requi-
    El requisito de tener su establecimiento de explotación
    en BeÂlgica, si bien no significa el establecimiento prin-         sito de una autorización o, respectivamente, de una
                                                                       aprobación en el caso de que el Estado de estableci-
    cipal, lo que la respuesta belga hace pensar, corres-
    ponde por lo menos a un requisito de establecimiento               miento no prevea ninguÂn reÂgimen de autorización para
                                                                       las empresas de seguridad privadas. Por el contrario,
    secundario. El requisito de una autorización para ejer-
    cer actividades de empresa de vigilancia, así como el              la postura del Gobierno belga llevaría tanto a la nega-
    de una aprobación para ejercer actividades de empresa              ción del efecto directo del artículo 59 del Tratado
                                                                       como a la subordinación total a la existencia de una
    de seguridad, previstos por la normativa belga, consti-
    tuyen en sí mismos restricciones a la libre circulación            cooperación administrativa o incluso a la adopción de
    de servicios, especialmente en lo que respecta a las               un acto comunitario que determinase obligaciones
    actividades de una empresa de seguridad para las que               correspondientes en contra de las autoridades nacio-
    la condición de tener el establecimiento de explotación            nales.
    en BeÂlgica no se aplica. Aun cuando el Tribunal de
    Justicia estimase que el requisito de una autorización
    o, respectivamente, de una aprobación seguía siendo                Asimismo, el requisito de una tarjeta de identificación
    indispensable, el artículo 59 del Tratado exige, en                expedida por el Ministerio de Interior belga es despro-
    cualquier caso, incluso en lo que respecta a las profe-            porcionado. En efecto, si la policía quiere identificar a
    siones no reglamentadas a escala comunitaria, que el               las personas responsables de irregularidades en las
    Estado de destino de una prestación de servicios tenga             actividades de vigilancia, o si una persona desea
    por lo menos en cuenta los justificantes y garantías ya            denunciar tales irregularidades, la policía dispone de
    presentados por el prestador para el ejercicio de su               todos los medios de identificación necesarios mediante
    actividad en el Estado miembro de establecimiento.                 el pasaporte o el documento de identidad.
    En lo que respecta al requisito de la tarjeta de identifi-      Ð Restricción a la libertad de establecimiento (artículo 52
    cación, las formalidades que hay que cumplimentar, el              del Tratado CE):
    hecho de tener que dirigirse a autoridades belgas que a
    menudo estaÂn muy alejadas, los costes y los plazos son
    razones para considerar que constituye un obstaÂculo               De las explicaciones de las autoridades belgas resulta
    cuando dicha tarjeta debe ser obtenida tambieÂn por el             que, en la gran mayoría de los casos, una empresa de
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     vigilancia sólo puede seleccionar a un nacional belga              Unido durante cuatro anÄos antes de que pueda presen-
     que resida durante cierto período en BeÂlgica, permi-              tarse y tramitarse una solicitud de permiso indefinido
     tiendo así a las autoridades belgas el «screening» con-            de permanencia en el Reino Unido (veÂase el
     siderado necesario, pero no a una persona que haya                 apartado 255 de las United Kingdom Immigration
     trabajado como gerente en una empresa comparable                   Rules, House of Commons Paper 395), en compara-
     en otro Estado miembro de la Unión Europea. En tales               ción con un requisito de doce meses de residencia,
     circunstancias, el requisito de residencia constituye              antes de que pueda presentarse dicha solicitud, que se
     una discriminación indirecta que sólo podría estar jus-            aplica a los cónyuges de los nacionales britaÂnicos y a
     tificada en virtud del apartado 56 del Tratado CE. Sin             los cónyuges de las personas presentes y establecidas
     embargo, la Comisión considera que dicha restricción               en el Reino Unido (apartado 287 de las United
     resulta de consideraciones de orden administrativo que             Kingdom Immigration Rules, House of Commons
     no pueden justificarla.                                            Paper 395)?
                                                                   (1) Reglamento (CEE) no 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre
Ð Restricción a la libre circulación de los trabajadores               de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores den-
     (artículo 48 del Tratado CE):                                     tro de la Comunidad (DO L 257 de 19.10.1968, p. 2; EE 05/
                                                                       01, p. 77).
     El requisito de residencia en BeÂlgica impide a los tra-
     bajadores que residan en otros países ser contratados
     por una empresa de vigilancia o de seguridad, o ser
     destinados a las actividades de un servicio interno de
     vigilancia de una empresa en BeÂlgica. En contra del
     argumento basado en las supuestas necesidades de con-         Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     trol, la Comisión mantiene la argumentación formu-            lución de la Court of Appeal, London, de fecha 13 de
     lada en lo que respecta al artículo 52 del Tratado CE.        mayo de 1998, en el asunto entre The Queen y Secretary
                                                                   of State for the Home Department, ex parte: Nana Yaa
                                                                                            Konadu Yiadom
(1) DO C 334 de 9.12.1993, p. 3.
                                                                                           (Asunto C-357/98)
                                                                                              (98/C 358/19)
                                                                   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
                                                                   sido sometida una petición de decisión prejudicial
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-         mediante resolución de la Court of Appeal, London, dic-
lución de la Immigration Adjudicator, de fecha 25 de               tada el 13 de mayo de 1998, en el asunto entre The Queen
septiembre de 1998, en el asunto entre Arben Kaba y                y Secrtary of State for the Home Department, ex parte:
          Secretary of State for the Home Department               Nana Yaa Konadu Yiadom, y recibida en la Secretaría del
                       (Asunto C-356/98)                           Tribunal de Justicia el 1 de octubre de 1998.
                          (98/C 358/18)
                                                                   La Court of Appeal, London, solicita al Tribunal de Justi-
                                                                   cia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial                 1) ¿Son aplicables tanto el artículo 8 como el artículo 9
mediante resolución de la Immigration Adjudicator, dic-                 de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, para la coor-
tada el 25 de septiembre de 1998, en el asunto entre                    dinación de las medidas especiales para los extranjeros
Arben Kaba y Secretary of State for the Home Depart-                    en materia de desplazamiento y de residencia, justifica-
ment, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el           das por razones de orden puÂblico, seguridad y salud
1 de octubre de 1998.                                                   puÂblica (DO 56 de 4.4.1964, p. 850; EE 05/01,
                                                                        p. 36) (1), a las decisiones sobre la admisión de entrada
                                                                        en el territorio de un Estado miembro, o dichas deci-
La Immigration Adjudicator solicita al Tribunal de Justicia             siones sobre la entrada estaÂn comprendidas exclusiva-
que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                       mente en el aÂmbito de lo dispuesto en el artículo 8?
1) El derecho a solicitar un permiso indefinido de perma-          2) Si la respuesta a la primera cuestión fuese que el
     nencia en el Reino Unido y el derecho a obtener la tra-            artículo 8, pero no el artículo 9, de la Directiva 64/
     mitación de dicha solicitud, ¿constituyen una «ventaja             221 es aplicable a las decisiones sobre la admisión de
     social» a efectos del apartado 2 del artículo 7 del                entrada en el territorio de un Estado miembro, ¿cum-
     Reglamento no 1612/68 (1)?                                         plen los requisitos del artículo 8 disposiciones del
                                                                        Derecho nacional que conceden al nacional de un
                                                                        Estado miembro a quien se ha denegado la entrada en
2) ¿Constituye una discriminación ilícita contraria al                  otro Estado miembro por razones de orden puÂblico la
     apartado 2 del artículo 7 del Reglamento no 1612/68                posibilidad de interponer un recurso judicial que uÂni-
     el requisito impuesto a los cónyuges de nacionales                 camente puede ejercerse una vez que dicha persona ya
     comunitarios de haber sido residentes en el Reino                  no se encuentra en el Estado miembro de que se trata?