CELEX: C2005/006/52
Language: es
Date: 2005-01-08 00:00:00
Title: Asunto C-452/04: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, de fecha 11 de octubre de 2004, en el asunto entre Fidium Finanz AG y Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

8.1.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 6/28
            
         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, de fecha 11 de octubre de 2004, en el asunto entre Fidium Finanz AG y Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
   (Asunto C-452/04)
   (2005/C 6/52)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, dictada el 11 de octubre de 2004, en el asunto entre Fidium Finanz AG y Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 2004.
   El Verwaltungsgericht Frankfurt am Main solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones prejudiciales:
   
               1)
            
            
               Una empresa que tiene su domicilio social en un Estado fuera de la Unión Europea, en el presente caso Suiza, ¿puede, en relación con la concesión de créditos con carácter mercantil a habitantes de un Estado miembro de la Unión Europea, en el presente caso la República Federal de Alemania, invocar frente a dicho Estado miembro y frente a las medidas de sus autoridades u órganos jurisdiccionales la libre circulación de capitales con arreglo al artículo 56 CE, o la preparación, concesión y tramitación de este tipo de servicios financieros están comprendidas únicamente dentro del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios con arreglo a los artículos 49 CE y 50 CE?
            
         
               2)
            
            
               Una empresa que tiene su domicilio social en un Estado fuera de la Unión Europea, ¿puede invocar la libre circulación de capitales con arreglo al artículo 56 CE cuando concede créditos con carácter mercantil o de manera predominante a habitantes establecidos dentro de la Unión Europea y tiene su domicilio social en un país en el cual el inicio y el ejercicio de dicha actividad mercantil no está sujeto a la exigencia de una autorización previa por parte de un organismo público de dicho país ni a la exigencia de una supervisión permanente de su actividad similar a la que se aplica normalmente a las entidades de crédito dentro de la Unión Europea y, en el presente caso, especialmente dentro de la República Federal de Alemania, o la invocación de la libre circulación de capitales en un caso como ése constituye un abuso de Derecho?
               Una empresa como ésa, ¿puede recibir, a la luz del Derecho comunitario, el mismo trato, por lo que respecta a la obligación de autorización, que las personas y empresas establecidas en el territorio del respectivo Estado miembro, pese a no tener su domicilio social en dicho Estado miembro ni mantener tampoco ninguna sucursal en él?
            
         
               3)
            
            
               Una normativa con arreglo a la cual la concesión con carácter mercantil de créditos por parte de una empresa que tenga su domicilio social en un Estado fuera de la Unión Europea a habitantes establecidos en la Unión Europea se supedita a la obligación de obtener previamente una autorización de las autoridades del Estado miembro de la Unión Europea en el que esté establecido el tomador del crédito, ¿restringe la libre circulación de capitales con arreglo al artículo 56 CE?
               En este sentido, ¿es relevante que la concesión no autorizada de créditos con carácter mercantil constituya un delito o únicamente una infracción administrativa?
            
         
               4)
            
            
               La exigencia de autorización previa mencionada en la tercera cuestión, ¿está justificada por el artículo 58 CE, apartado 1, letra b), teniendo en cuenta, en particular:
               
                           —
                        
                        
                           la protección de los tomadores de crédito frente a las obligaciones contractuales y financieras contraídas con personas cuya credibilidad no ha sido previamente examinada,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la protección de dichas personas frente a las empresas o personas que no actúen debidamente por lo que respecta a su contabilidad y a las obligaciones de asesoramiento e información que tienen con sus clientes en virtud de la normativa general,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la protección de dichas personas contra la publicidad inapropiada o abusiva,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la garantía de una dotación financiera suficiente de la empresa que concede el crédito,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la protección del mercado de capitales contra la concesión incontrolada de grandes créditos,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           la protección del mercado de capitales y de la sociedad en general contra las actuaciones delictivas, y concretamente contra las que son objeto de las disposiciones relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero o el terrorismo?
                        
                     
         
               5)
            
            
               El artículo 58 CE, apartado 1, letra b), ¿ampara la configuración de una exigencia de autorización como la descrita en la tercera cuestión, en sí misma admisible con arreglo al Derecho comunitario, con arreglo a la cual la concesión de una autorización presupone necesariamente que la empresa tenga sus oficinas centrales o al menos una sucursal en el respectivo Estado miembro, en particular con objeto de
               
                           —
                        
                        
                           permitir un control efectivo y eficaz –es decir, también en un breve plazo o sin aviso previo– de sus negocios y operaciones por parte de los organismos del Estado miembro de que se trate,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           facilitar la completa comprensión de todos los negocios y operaciones mediante la documentación disponible o que debe conservarse en el Estado miembro,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           tener acceso a los responsables de la empresa dentro del territorio del Estado miembro,
                        
                     
                           —
                        
                        
                           garantizar o al menos facilitar el ejercicio de los derechos financieros de los clientes de la empresa dentro del Estado miembro?