CELEX: 52021PC0429
Language: es
Date: 2021-07-20
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través del punto de acceso único

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.7.2021
            COM(2021) 429 final
            2021/0244(COD)
            Propuesta de
            DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
            por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través del punto de acceso único
            {SWD(2021) 210 final}
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               
                  Tal como se señala en la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025
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                  , la Unión Europea debe intensificar la lucha contra las operaciones financieras delictivas. Los grupos de delincuencia organizada utilizan sus ingentes beneficios ilegales para infiltrarse en la economía lícita y las instituciones públicas, con lo que erosionan el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y socavan el derecho de la población a la seguridad, así como su confianza en las autoridades públicas. Los ingresos ilegales generados por actividades delictivas en la Unión Europea en 2019 ascendieron a 139 000 millones EUR
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                  , lo que equivale al 1 % del producto interior bruto de la Unión. Pese al desarrollo de un marco jurídico destinado a recuperar activos tanto a escala de la UE como nacional, únicamente se decomisa un pequeño porcentaje de los instrumentos y del producto del delito
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                  . 
               
               
                  Para llevar a cabo investigaciones financieras efectivas y conseguir localizar y decomisar los instrumentos y el producto del delito resulta esencial poder acceder sin trabas a la información financiera. En este sentido, es esencial saber quién dispone de una cuenta bancaria en un Estado miembro distinto del que lleva a cabo la investigación, no solo para poder determinar a qué Estado miembro han de remitirse las resoluciones de embargo y decomiso
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                  , sino también para proporcionar a los investigadores pistas que pueden ser cruciales. Actualmente, sin embargo, las autoridades responsables de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales en un Estado miembro que necesitan obtener información sobre personas investigadas que dispongan de cuentas bancarias en otro Estado miembro se ven obligadas a recabar la información a través de los canales de cooperación policial o judicial. A menudo se trata de un proceso oneroso y lento que impide acceder rápidamente a la información, tal como muestra el anexo 7 de la evaluación de impacto que acompaña al paquete de propuestas legislativas de la Comisión sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad. 
               
            
            
               El artículo 32 bis de la (quinta) Directiva antiblanqueo
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                exige que los Estados miembros implanten mecanismos centralizados automatizados, como registros centrales o sistemas centrales electrónicos de consulta de datos, que permitan la identificación de cualquier persona física o jurídica que posea o controle cuentas de pago, cuentas bancarias y cajas de seguridad. 
            
            
               La Directiva (UE) 2019/1153
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                ya exige actualmente que los Estados miembros designen, de entre sus autoridades competentes a efectos de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales, a aquellas facultadas para acceder a sus mecanismos centralizados automatizados y consultarlos [la Directiva (UE) 2019/1153 los denomina «registros centralizados de cuentas bancarias», término utilizado en lo sucesivo]. También les exige incluir a los organismos de recuperación de activos entre sus autoridades competentes designadas y les permite designar a las autoridades tributarias y los organismos anticorrupción como tales autoridades en la medida en que sean competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales con arreglo al Derecho nacional. La fecha límite para la transposición de la Directiva es el 1 de agosto de 2021. 
            
            
               De acuerdo con la propuesta de nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, que la Comisión presenta junto con la presente propuesta, los Estados miembros han de velar por que la información de los registros centralizados de cuentas bancarias esté disponible a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias que establecerá y gestionará la Comisión
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               . La interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias permitirá que las autoridades con acceso al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias determinen con rapidez, sin tener que cursar una petición a la totalidad de sus homólogos en los demás Estados miembros, si una persona posee cuentas bancarias en otros Estados miembros. En consonancia con su base jurídica [artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)], la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales solo brindará acceso a dicho punto de acceso único a las unidades de información financiera (UIF), que son los organismos nacionales que reciben las comunicaciones de transacciones sospechosas de las entidades obligadas
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                y las transmiten, según proceda, a las autoridades de investigación penal. Ahora bien, en aras de la lucha contra los delitos graves y, más en concreto, de la eficacia de las investigaciones financieras, es preciso que las autoridades competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales también tengan acceso al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, de manera que puedan obtener, analizar e interpretar la información financiera pertinente para la causa penal.
            
            
               El objetivo de la presente propuesta es que también puedan acceder al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, establecido por la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, las autoridades competentes para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales designadas como autoridades competentes con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/1153. 
            
            
               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
            
               
                  La presente propuesta completa las disposiciones sobre el punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias incluidas en la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales propuesta por la Comisión.
               
               
                  La base jurídica del marco que regula la lucha contra el blanqueo de capitales (artículo 114 del TFUE) alude al mercado interior, y el objetivo que se persigue es impedir el uso del sistema financiero de la Unión para blanquear capitales y financiar el terrorismo. La presente propuesta completa y desarrolla la vertiente preventiva de las políticas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, además de reforzar el marco jurídico desde el punto de vista de la cooperación policial. 
               
               
                  La presente propuesta está en consonancia con el Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, adoptado por la Comisión en mayo de 2020
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                  . El Plan de acción destaca que la interconexión a escala de la UE de los registros centralizados de cuentas bancarias resulta necesaria para acelerar el acceso de las autoridades policiales y de las UIF a la información financiera y para facilitar la cooperación transfronteriza. Por su parte, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad (julio de 2020)
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                   subraya que esa interconexión podría acelerar considerablemente el acceso de las UIF y las autoridades competentes a la información financiera. En la nueva Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada se señala que la Comisión revisará la Directiva (UE) 2019/1153 con objeto de brindar a las autoridades policiales acceso a la futura plataforma que interconectará los registros centralizados de cuentas bancarias de toda la Unión.
               
            
            
               •Coherencia con otras políticas de la Unión
            
            
               
                  La Directiva propuesta se ajusta a los objetivos de las políticas de la Unión —en concreto, a la lucha contra los delitos graves— y al marco de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incluido el nuevo paquete de lucha contra el blanqueo de capitales.
               
            
            
               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
            
            
               •Base jurídica
            
            
               
                  En consonancia con la base jurídica aplicada para la adopción del acto legislativo que se modifica, a saber, la Directiva (UE) 2019/1153, la base jurídica de la Directiva propuesta es el artículo 87, apartado 2, del TFUE. Esta disposición permite a la Unión adoptar medidas sobre cooperación policial con la participación de las autoridades competentes de los Estados miembros (la policía, las aduanas y otros servicios policiales especializados), particularmente en lo que respecta a la recogida, el almacenamiento y el intercambio de información importante a efectos de prevención, detección e investigación de infracciones penales.
               
            
            
               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 
            
         
         
            
               
                  De conformidad con el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), los Estados miembros por sí solos no pueden alcanzar en una medida suficiente los objetivos de la propuesta, los cuales, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión. La propuesta no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. 
               
               
                  Los grupos de delincuencia organizada operan con frecuencia a través de las fronteras para, entre otras cosas, ocultar y reinvertir los activos obtenidos ilegalmente. La amenaza de los grupos de delincuencia organizada que canalizan sus beneficios ilícitos para infiltrarse en la economía afecta al conjunto de la Unión y, por tanto, exige una respuesta a escala de la Unión. 
               
            
            
               •Proporcionalidad
            
            
               
                  De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5, apartado 4, del TUE, la presente propuesta se limita a lo necesario y proporcionado con el fin de facilitar la utilización y el intercambio de información financiera relevante por parte de las autoridades públicas que tienen el deber de proteger a los ciudadanos de la Unión. 
               
               
                  La Directiva (UE) 2019/1153 solo brinda acceso a los pocos datos (por ejemplo, nombre del titular o número de cuenta bancaria) estrictamente necesarios para determinar si la persona investigada posee cuentas bancarias, y en qué entidades. La misma limitación será también aplicable a las posibilidades que establece la presente propuesta en lo relativo al acceso y la consulta a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. 
               
            
            
               Las autoridades competentes de los Estados miembros, por tanto, estarán facultadas para acceder de manera directa a los limitados datos que se indican a continuación, así como para consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias (véase el artículo 4, apartado 2, en relación con el artículo 2, punto 7, de la Directiva (UE) 2019/1153; véanse también el artículo 32 bis, apartado 3, de la versión vigente de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, así como el artículo 14, apartado 3, de la nueva propuesta de Directiva al respecto y el artículo 18, apartado 1, de la nueva propuesta de Reglamento sobre la misma materia):
            
            
               ·respecto del cliente-titular de la cuenta y de cualquier persona que pretenda actuar en nombre de este: el nombre y los apellidos, completados con los demás datos de identificación requeridos o con un número de identificación único,
            
            
               ·respecto del titular real del cliente-titular de la cuenta: el nombre y los apellidos, completados con los demás datos de identificación requeridos o con un número de identificación único,
            
            
               ·respecto de la cuenta bancaria o la cuenta de pago: el número internacional de cuenta bancaria (IBAN) y la fecha de apertura y cierre de la cuenta,
            
            
               ·respecto de la caja de seguridad: el nombre y los apellidos del arrendatario, completados con los demás datos de identificación requeridos o con un número de identificación único y la duración del período de arrendamiento.
            
            
               
                  Por tanto, conforme a las medidas aquí propuestas, las autoridades competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales seguirán sin tener derecho de acceso a datos sensibles, como los datos de las transacciones o el saldo de las cuentas, ni de consulta de tales datos. A través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias solo será posible consultar la información estrictamente necesaria para identificar al titular de una cuenta bancaria o cuenta de pago. Una vez que las autoridades, gracias al derecho de acceso que les confiere la presente propuesta, hayan determinado en qué entidad financiera posee la persona investigada una cuenta bancaria en otro Estado miembro, deberán solicitar toda información adicional que consideren necesario obtener (por ejemplo, una lista de transacciones) a través de los canales adecuados de cooperación policial o judicial.
               
            
            
               •Elección del instrumento
            
            
               
                  La presente propuesta adopta la forma de una Directiva por cuanto modifica la Directiva (UE) 2019/1153. 
               
            
            
               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •Posición de otras instituciones y consultas con las partes interesadas
            
            
               En las Conclusiones del Consejo sobre la mejora de las investigaciones financieras para luchar contra la delincuencia grave y organizada, de junio de 2020
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               , los Estados miembros pedían a la Comisión que estudiara el refuerzo del marco jurídico a través de la interconexión de los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias con el fin de acelerar el acceso a la información financiera y facilitar la cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes de toda la Unión. 
            
            
               En su Resolución de 10 de julio de 2020
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               , el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el plan de la Comisión para asegurar la interconexión de los registros centralizados de cuentas bancarias, con objeto de acelerar el acceso de las autoridades policiales y las UIF a la información financiera en las distintas fases de la investigación y de facilitar la cooperación transfronteriza en plena consonancia con las normas aplicables en materia de protección de datos.
            
            
               Durante la preparación de la presente propuesta, la Comisión consultó a los organismos de recuperación de activos en las reuniones de la Plataforma de Organismos de Recuperación de Activos y a través de consultas informales y específicas, los cuales apoyaron plenamente la iniciativa.
            
            
               •Evaluación de impacto
            
            
               
                  La propuesta cuenta con el respaldo de la evaluación de impacto sobre el nuevo paquete propuesto para la lucha contra el blanqueo de capitales (en particular su anexo 7, sobre la interconexión de los registros de cuentas bancarias), que recibió el dictamen positivo del Comité de Control Reglamentario el 4 de diciembre de 2020. En el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la presente propuesta se analizan más en detalle la situación y las repercusiones de que el acceso al sistema interconectado de registros centralizados de cuentas bancarias se haga extensivo a las autoridades competentes para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales designadas con arreglo a la Directiva (UE) 2019/1153. 
               
            
         
         
            
               •Derechos fundamentales
            
            
               
                  La propuesta brindará acceso al sistema interconectado de registros centralizados de cuentas bancarias —el punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias— a las autoridades competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales que hayan sido claramente designadas. Este acceso les permitirá determinar con celeridad, sin tener que cursar una solicitud a todos sus homólogos de todos los Estados miembros de la UE, si una persona posee cuentas bancarias en otros Estados miembros. 
               
               
                  Los registros centralizados de cuentas bancarias centralizan los datos personales de las personas físicas y jurídicas. Por tanto, ampliar el acceso al punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias repercutirá en los derechos fundamentales de los interesados, concretamente en el derecho al respeto de la vida privada y en el derecho a la protección de los datos de carácter personal [respectivamente, artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»)]. 
               
               
                  Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta, en particular de los establecidos en sus artículos 7 y 8, ha de ajustarse a los requisitos establecidos por la Carta, concretamente en su artículo 52, apartado 1. 
               
               
                  La limitación está establecida por ley y justificada por la necesidad de responder a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, a saber, la lucha contra los delitos graves. 
               
               
                  Además, las limitaciones respetan el contenido esencial de dichos derechos y libertades y guardan proporción con el objetivo perseguido. 
               
               
                  Las repercusiones en el derecho al respeto de la vida privada son limitadas, sobre todo teniendo en cuenta que la presente propuesta no prevé la recogida de datos adicionales sobre el titular de la cuenta y que la información de otros Estados miembros a la que se podrá acceder a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias ya puede obtenerse actualmente a través de los canales de cooperación policial y judicial. Además, la gravedad de la interferencia en este derecho será relativamente limitada por cuanto los datos objeto de acceso y consulta no abarcan las transacciones financieras ni el saldo de las cuentas, sino que se circunscriben a la información (por ejemplo, nombre del titular y número de la cuenta) estrictamente necesaria para que la autoridad competente de un Estado miembro determine en qué entidad(es) posee la persona investigada una cuenta bancaria en otros Estados miembros.
               
               
                  En lo que respecta a la protección de los datos personales de las personas físicas, los datos sobre cuentas bancarias pueden constituir datos personales, de tal modo que el acceso a tal información por parte de la autoridad competente para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales sería una operación de tratamiento de datos personales. El tratamiento de los datos personales contenidos en los registros centralizados de cuentas bancarias a los que accederían y que consultarían esas autoridades a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias quedaría sujeto a las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva (UE) 2016/680, como ocurre actualmente con el acceso a datos y su consulta sobre la base de la Directiva (UE) 2019/1153 en su versión vigente. 
               
               
                  Además, las salvaguardias y limitaciones ya establecidas en la Directiva (UE) 2019/1153 serán también de aplicación a cualquier operación directa de acceso a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros, así como a su consulta, por parte de las autoridades designadas al efecto, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. Cabe citar, en este sentido, las salvaguardias y limitaciones establecidas en los artículos 3, 4, 5 y 6 de dicha Directiva, que, entre otras cosas, prevén lo siguiente:
               
            
            
               ·Solo las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales que hayan sido designadas por los Estados miembros estarán facultadas para acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias (artículo 3, apartado 1, en relación con el nuevo artículo 4, apartado 1 bis, de la Directiva). 
            
            
               ·La facultad de acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias, así como de consultarlos, a través de los puntos de acceso único a los registros de cuentas bancarias se concede exclusivamente a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de «delitos graves» o en apoyo de una investigación penal de «delitos graves» (artículo 4, apartado 1 y nuevo apartado 1 bis, de la Directiva). Los delitos graves en este contexto son las formas de delincuencia enumeradas en el anexo I del Reglamento (UE) 2016/794
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                (artículo 2, punto 12, de la Directiva).
            
            
               ·Como se ha explicado antes, solo serán accesibles y consultables a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias los limitados datos de los registros centralizados de cuentas bancarias estrictamente requeridos para determinar si la persona investigada posee una cuenta bancaria, y en qué entidad (por ejemplo, nombre del titular y número de cuenta) (artículo 4, apartado 2, en relación con el artículo 2, punto 7). 
            
            
               ·El acceso a la información y su consulta, en particular a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias, únicamente podrán ser realizados, caso por caso, por el personal que, dentro de cada autoridad competente, haya sido específicamente designado y autorizado para realizar estas tareas (artículo 5, apartados 1 y 2). Los Estados miembros han de adoptar medidas que garanticen la seguridad de los datos de conformidad con normas de elevado nivel tecnológico a efectos del acceso a la información relativa a las cuentas bancarias y de la consulta de dicha información (artículo 5, apartado 3).
            
            
               ·Es obligatorio llevar un registro de toda operación de acceso y consulta a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias (artículo 6, apartado 1). Los delegados de protección de datos de los registros centralizados de cuentas bancarias han de examinar regularmente estos registros y, previa solicitud, ponerlos a disposición de la autoridad de control competente (artículo 6, apartado 2). Los registros únicamente podrán conservarse con fines de supervisión de la protección de datos, estarán protegidos por medidas adecuadas contra el acceso no autorizado y serán suprimidos una vez transcurridos cinco años desde su creación, salvo que resulten necesarios a efectos de procedimientos de supervisión (artículo 6, apartado 3).
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
            
               
                  La propuesta no tiene ninguna incidencia en el presupuesto de la UE.
               
            
            
               5.OTROS ELEMENTOS
            
            
               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               
                  El instrumento que debe modificarse [la Directiva (UE) 2019/1153] ya regula de manera adecuada el seguimiento, la presentación de informes y la evaluación. 
               
            
            
               •Documentos explicativos (para las directivas)
            
         
         
            
               
                  La propuesta no requiere documentos explicativos sobre su transposición. 
               
            
            
               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
            
            
               
                  El artículo 1 modifica el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/1153 y brinda a las autoridades designadas de entre las autoridades competentes a efectos de la prevención, la investigación, la detección o el enjuiciamiento de infracciones penales la posibilidad de acceder directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. 
               
               
                  El artículo 2 fija el plazo para la transposición de la nueva Directiva por parte de los Estados miembros.
               
            
            
               2021/0244 (COD)
            
            
               Propuesta de
            
            
               DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            
            
               por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias a través del punto de acceso único
            
            
               EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 87, apartado 2,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea,
            
            
               Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
            
            
               Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
                  14
               , 
            
            
               Visto el dictamen del Comité de las Regiones
                  15
               ,
            
            
               De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)Es necesario facilitar el acceso a la información financiera para prevenir, detectar, investigar o enjuiciar los delitos graves, entre los que figura el terrorismo. Para llevar a cabo investigaciones penales efectivas y conseguir localizar y decomisar los instrumentos y el producto del delito resulta esencial poder acceder sin trabas a la información financiera.
            
            
               (2)La Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  16
                permite a las autoridades designadas por los Estados miembros de entre sus autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales acceder a la información sobre cuentas bancarias y consultarla, con sujeción a determinadas salvaguardias y limitaciones. La Directiva (UE) 2019/1153 define los datos sobre cuentas bancarias como determinada información contenida en los mecanismos centralizados automatizados que los Estados miembros deben implantar con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  17
               , denominados en la Directiva (UE) 2019/1153 «registros centralizados de cuentas bancarias». 
            
            
               (3)Las autoridades designadas con arreglo a la Directiva (UE) 2019/1153 incluyen al menos a los organismos de recuperación de activos y también pueden incluir a las autoridades tributarias y a los organismos anticorrupción en la medida en que sean competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales con arreglo al Derecho nacional. De acuerdo con esa Directiva, la facultad de las autoridades competentes para acceder directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias y consultarlos se limita a los registros de cuentas bancarias del Estado miembro que las haya designado. 
            
            
               (4)Además, la Directiva (UE) YYYY/XX del Parlamento Europeo y del Consejo
                  18
               , que sustituye a la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  19
                y mantiene los rasgos esenciales del sistema establecido por esa Directiva, dispone que los mecanismos centralizados automatizados estarán interconectados a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias que establecerá y gestionará la Comisión. Ahora bien, conforme a la Directiva (UE) YYYY/XX, solo las UIF siguen teniendo acceso directo a los mecanismos centralizados automatizados, también a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias.
            
         
         
            
               (5)Habida cuenta del carácter transfronterizo de la delincuencia organizada y del blanqueo de capitales, así como de la importancia que reviste la información financiera pertinente para la lucha contra las actividades delictivas y, en concreto, para localizar y decomisar con celeridad los activos obtenidos ilegalmente cuando resulte posible y oportuno, las autoridades competentes para la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales designadas de conformidad con la Directiva (UE) 2019/1153 han de tener la facultad de acceder directamente a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido con arreglo a la Directiva (UE) YYYY/XX.
            
            
               (6)Las salvaguardias y limitaciones ya establecidas en la Directiva (UE) 2019/1153 deben ser también de aplicación a la posibilidad que brinda la presente Directiva de acceder a la información sobre cuentas bancarias, y de consultarla, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias. Entre dichas salvaguardias y limitaciones cabe destacar el hecho de que esa posibilidad se circunscribe a las autoridades facultadas para acceder a la información sobre cuentas bancarias y consultarla, los fines para los que se permiten el acceso y la consulta, los tipos de información accesible y consultable, los requisitos aplicables al personal de las autoridades competentes designadas, la seguridad de los datos y el registro de las operaciones de acceso y consulta. 
            
            
               (7)Todo tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes en relación con las posibilidades de acceso y consulta establecidas por la presente Directiva está sujeto a las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  20
               . La presente Directiva, por tanto, respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal.
            
            
               (8)Habida cuenta de que el objetivo de la presente Directiva —a saber, facultar a las autoridades designadas de entre las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales para acceder a los registros centralizados de cuentas bancarias de otros Estados miembros, y consultarlos, a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido por la Directiva (UE) YYYY/XX— no puede alcanzarse en una medida suficiente por los Estados miembros, sino que puede alcanzarse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
            
            
               (9)[De conformidad con el artículo 3 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Irlanda ha notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.]
            
            
               [o] 
            
            
               [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.] 
            
            
               (10)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.
            
            
               (11)Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2019/1153 en consecuencia.
            
            
               (12)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  21
               , [emitió su dictamen el XX de XX de 2021].
            
            
               HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
            
            
               Artículo 1
            
            
               En el artículo 4 de la Directiva (UE) 2019/1153, se añade el apartado siguiente:
            
            
                «1 bis. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades nacionales competentes designadas conforme al artículo 3, apartado 1, estén facultadas para, de manera directa e inmediata, acceder a la información relativa a las cuentas bancarias de otros Estados miembros disponible a través del punto de acceso único a los registros de cuentas bancarias establecido de conformidad con el artículo XX de la Directiva (UE) YYYY/XX [nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales], así como para consultar dicha información, cuando ello sea necesario para el desempeño de sus funciones a efectos de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de un delito grave o en apoyo de una investigación penal en relación con un delito grave, lo que incluye la identificación, la localización y la inmovilización de los activos relacionados con dicha investigación.». 
            
            
               Artículo 2
            
            
               1.Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el [XXYY] [el plazo de transposición debe alinearse con la fecha de aplicación fijada en la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales para las disposiciones relativas a la interconexión del mecanismo centralizado automatizado]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
            
            
               Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
            
            
               2.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
            
            
               Artículo 3
            
            
               La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
            
         
         
            
               Artículo 4
            
            
               Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
                  Por el Parlamento Europeo
                        Por el Consejo
               
               
                  El Presidente
                        El Presidente / La Presidenta
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 [COM(2021) 170, de 14.4.2021].
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Drogas ilícitas, trata de seres humanos, tráfico ilícito de migrantes, fraude (fraude en el IVA intracomunitario, vulneración de los derechos de propiedad intelectual, fraude alimentario), delitos contra el medio ambiente (tráfico ilícito de residuos y de especies silvestres), armas de fuego ilícitas, tabaco ilícito, actividades de ciberdelincuencia y delincuencia organizada contra la propiedad (Study on Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in legitimate businesses, marzo de 2021, DR0221244ENN); 
                  https://data.europa.eu/doi/10.2837/64101
                  .
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Europol, Does crime still pay? Criminal Asset Recovery in the EU – Survey of statistical information 2010-2014, 2016; 
                  https://www.europol.europa.eu/publications-documents/does-crimestill-pay
                  .
                   
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Sobre la base de las Decisiones Marco 2003/757/JAI y 2006/783/ JAI del Consejo, así como (a partir del 19 de diciembre de 2020) del Reglamento (UE) 2018/1805.
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2021/XX.
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Personas físicas o jurídicas que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales y están sujetas a las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
               
                  
                     (9)
                  
                        Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo [C(2020) 2800 final, de 7.5.2020].
               
               
                  
                     (10)
                  
                        Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad [COM(2020) 605, de 24.7.2020].
               
               
                  
                     (11)
                  
                        Conclusiones del Consejo sobre la mejora de las investigaciones financieras para luchar contra la delincuencia grave y organizada, 8927/20, 17 de junio de 2020.
               
               
                  
                     (12)
                  
                        Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Plan de acción de la Comisión y evolución reciente [2020/2686(RSP)].
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).
               
               
                  
                     (14)
                  
                        DO C  de , p. .
               
               
                  
                     (15)
                  
                        DO C  de , p. .
               
               
                  
                     (16)
                  
                        Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo (DO L 186 de 11.7.2019, p. 122).
               
               
                  
                     (17)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
               
               
                  
                     (18)
                  
                        [Referencia a la nueva Directiva de lucha contra el blanqueo de capitales, una vez adoptada.]
               
               
                  
                     (19)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
               
               
                  
                     (20)
                  
                        Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).