CELEX: C1996/077/33
Language: es
Date: 1996-03-16 00:00:00
Title: Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 1995 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA (Asunto T-231/95)

N° C 77/ 14           ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    16 . 3 . 96
Recurso interpuesto el 18 de diciembre de 1995 contra la            se comunique a la parte denunciante . Y tanto más cuanto
Comisión de las Comunidades Europeas por Bretagne                   que el acuerdo que denuncia fue preparado por el Estado
                  Angleterre Irlande ( BAI )                        afectado junto con la Comisión, según su propio comuni­
                     ( Asunto T-230/95 )                            cado de prensa, sin que lo supiera la parte denunciante . De
                                                                    esta manera , la tramitación del expediente no fue imparcial
                         ( 96/C 77/32 )                             ni diligente .
            (Lengua de procedimiento: francés)                      Al no conocer el texto de la Decisión de la Comisión, la
                                                                    demandante se encuentra en la situación siguiente : bien la
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades              Decisión de la Comisión no puso fin a la infracción
Europeas se ha presentado, el 18 de diciembre de 1995 , un          denunciada y está viciada de ilegalidad, o bien dicha
recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas              Decisión ofrece a todos los agentes económicos la posibili­
formulado por Bretagne Angleterre Irlande ( BAI ), con              dad de celebrar con las autoridades estatales acuerdos que
domicilio social en Roscoff ( Francia ), representada por el Sr.    les permitan asegurar la rentabilidad de sus buques. En el
D. Jean-Michel Payre, Abogado de París, que designa como            primer caso, la demandante no podría ejercer su derecho a
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. D. Aloyse               interponer un recurso, al no conocer la motivación de la
May, 31 , Grand-rue .                                               Decisión. En el segundo caso, por la misma razón, no podría
                                                                    disfrutar de la citada posibilidad.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Instancia que :
— condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio sufrido
    por la demandante debido a que no se le comunicó la             Recurso interpuesto el 19 de diciembre de 1995 contra la
    Decisión dictada por la Comisión en el asunto C 32/93           Comisión de las Comunidades Europeas por SIC —
    ( ex NN 40/93 ), o, si la comunicación se produjera en el              Sociedade Independente de Comunicagáo, SA
    curso del procedimiento, debido al retraso con que la                                ( Asunto T-231/95 )
    Comisión cumplió su obligación;                                                           96 /C 77/33 )
— condene en costas a la Comisión .
                                                                               (Lengua de procedimiento: portugués)
Motivos y principales alegaciones                                   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                    Europeas se ha presentado, el 19 de diciembre de 1995 , un
La demandante, sociedad francesa que ha sido, desde hace            recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas
varios años, la única explotante de una línea marítima entre
                                                                    formulado por SIC — Sociedade Independente de Comuni­
los puertos de Plymouth, en Inglaterra, y Santander, en             cado, SA, con domicilio social en Estrada de Outurela, 119,
España, censura el hecho de que la Institución demandada            Carnaxide, Linda-a-Velha, representada por el Sr. D. Carlos
no le haya comunicado, a pesar de varias peticiones y               Botelho Moniz y la Sra . Dña . Ana Santos Reis, Abogados
requerimientos, el contenido de una Decisión dictada como           portugueses, con bufete en la Rúa Castilho, 63 , 6o, Lisboa,
consecuencia de una denuncia presentada conforme al                 que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
apartado 2 del artículo 93 del Tratado.                             Sr. D. Aloyse May, 31 , Grand-Rue .
Dicha denuncia tenía por objeto las ayudas concedidas por
la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco a Ferries        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
Golfo de Vizcaya SA, sociedad controlada al 50% por la              Instancia que :
empresa británica Peninsular and Oriental European Ferries          — declare que la demandada, contraviniendo lo dispuesto
(P &c O ), que explota desde marzo de 1993 una línea                    en los artículos 92 y 93 del Tratado, así como los
competidora entre los puertos de Portsmouth y Bilbao. Más               principios generales del Derecho, incumplió su deber de
en particular, dichas autoridades se comprometieron a                   pronunciarse sobre la petición de que se incoara el
adquirir a Ferries Golfo de Vizcaya títulos de transporte por           procedimiento del apartado 2 del artículo 93 , formulada
valor de 1 314 190 000 pesetas españolas, durante los tres              por la demandante mediante denuncia que lleva el
primeros años de explotación de la línea, respecto a los                n° IV/34.811 , en relación con las ayudas concedidas por
cuales las previsiones indicaban que sería deficitaria . Los            el Gobierno portugués a RTP — Radiotelevisáo Portu­
pagos se efectuarían aun en el supuesto de que las travesías            guesa, SA;
no tuvieran lugar, siendo el precio convenido netamente
superior a la tarifa pública de la compañía marítima .              — condene en costas a la Comisión .
A principios de junio de 1995 , la demandante se enteró por         Motivos y principales alegaciones
la prensa de que la Comisión había dictado una Decisión,
cuyo contenido y fecha de adopción ignora aún, a pesar de           La demandante alega que el artículo 92 del Tratado, en su
haber presentado diversas peticiones al respecto .                  apartado 1 , consagra como norma general la incompatibi­
                                                                    lidad de las ayudas con el mercado común; esa norma
La demandante alega, en primer lugar, que, a partir del             general admite excepciones, en los términos de los aparta­
momento en que se ha dictado una Decisión, se ha hecho              dos 2 y 3 de ese mismo artículo . La Comisión dispone de
pública su existencia mediante un comunicado de prensa y            competencia exclusiva para decidir sobre la aplicación de las
se ha comunicado al Estado interesado su contenido y, por           excepciones, es decir, para decidir sobre la compatibilidad
consiguiente, al beneficiario de la ayuda, es anormal que no        de una ayuda con el funcionamiento del mercado común.
 ---pagebreak--- 16 . 3 . 96         IES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    N° C 77/ 15
Las normas materiales referidas, relacionadas con la atribu­       Recurso interpuesto el 15 de enero de 1996 contra el
ción de una competencia exclusiva a la Comisión, explican          Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por
por qué las normas de procedimiento del apartado 3 del                                             «s»
artículo 93 imponen a los Estados miembros la obligación                                   ( Asunto T-4/96 )
de notificar a la Comisión los proyectos de ayudas que
                                                                                              ( 96/C 77/34 )
tengan la intención de adoptar, antes de su correspondiente
aprobación y ejecución en el ordenamiento interno . En el                       (Lengua de procedimiento: francés)
supuesto de que los Estados miembros no cumplan la
obligación de notificación, la prohibición de ejecución de las     En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
medidas de que se trate tendrá plena eficacia en el ámbito         Europeas se ha presentado, el 15 de enero de 1996 , un
interno; por consiguiente, esa norma puede ser invocada por        recurso contra el Tribunal de Justicia de las Comunidades
un competidor ante los tribunales nacionales, cuando el            Europeas formulado por « S », representado por los Sres . D.
Derecho procesal interno le facilite medios de impugnación         Georges Vandersanden y D. Laure Levi , Abogados de
de las ayudas concedidas, pero los tribunales nacionales           Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de
deben circunscribirse a garantizar la eficacia de la prohibi­      la Fiduciaire Myson Sari , 1 , rué Glesener .
ción, hasta que la Comisión adopte su decisión definitiva .
De esta regulación se deriva que la Comisión tiene el deber        La parte demandante solicita al Tribunal de Primera
de pronunciarse sobre la compatibilidad con el mercado             Instancia que:
común de las medidas de ayuda no notificadas de las que            — anule la decisión del Tribunal de Justicia de las Comu­
haya tenido conocimiento, especialmente en caso de haber               nidades Europeas, en su calidad de autoridad facultada
sido informada de su existencia por medio de una denuncia              para proceder a los nombramientos ( AFPN), de 11 de
presentada por un competidor de la empresa beneficiaría de             abril de 1995 , en la medida en que adopta un porcentaje
la ayuda concedida .                                                   de invalidez del 6 % para el cálculo de la indemnización
                                                                       contemplada por el artículo 73 del Estatuto de los
La demandante subraya que, en el caso de autos, la                     funcionarios;
Comisión fue informada, mediante la denuncia presentada,
de la adopción y ejecución en Portugal de medidas de ayuda         — reconozca el derecho de la parte demandante a la
en favor de RTP aprobadas por el Gobierno, sin que se                  indemnización prevista en el artículo 73 del Estatuto,
hubiera cumplido el deber de notificación. Esto significa que          calculada sobre la base de un porcentaje de invalidez del
la Comisión debería haber adoptado, dentro de un plazo                 30% ;
razonable, una de las dos decisiones siguientes : o aprobar las
                                                                   — en la medida en que sea necesario, anule la decisión
medidas controvertidas, después de haber dado a las
                                                                       denegatoria de la reclamación de la parte demandante,
autoridades portuguesas la oportunidad de presentar sus
                                                                       adoptada el 2 de octubre de 1995 y notificada el 16 de
observaciones, en el supuesto de haberse formado de                    octubre de 1995 ;
inmediato la convicción de que tales medidas eran compa­
tibles con el mercado común; o incoar el procedimiento de          — condene en costas a la parte demandada .
examen regulado en el apartado 2 del artículo 93 , en el
supuesto de que, basándose en un mero análisis preliminar,         Motivos y principales alegaciones
no le resultara posible considerar las referidas medidas           La parte demandante, funcionario jubilado de grado LA 6
compatibles con el mercado común . La Comisión no hizo ni          del Tribunal de Justicia, impugna las modalidades de cálculo
una cosa ni la otra, estando dedicada, desde hace dos años y       de la indemnización contemplada en el artículo 73 del
medio, a analizar la situación a título preliminar.                Estatuto de los funcionarios, que, según afirma , se basa en
                                                                   un porcentaje de invalidez erróneo.
La circunstancia de que la Comisión no haya tomado
posición en la fase preliminar vulnera los derechos de la          La decisión impugnada se adoptó según las indicación de
demandante, a la cual se priva de obtener tutela judicial para     dos dictámenes de la comisión médica, que reconocían a la
la salvaguarda de sus legítimos intereses . Por estas razones,     parte demandante una invalidez permanente parcial del
la demandante dirigió a la Comisión, el 11 de agosto de            30 % , que tiene su origen, hasta el 20 % , en el ejercicio de las
1995 , un requerimiento para que actuara, es decir, un             funciones de la parte demandante al servicio de la Institu­
escrito mediante el cual requirió a la Comisión, en los            ción demandada .
términos y a efectos del artículo 175 del Tratado CE, para
que definiese su posición sobre la denuncia presentada ,           La parte demandante invoca, en primer lugar, un incumpli­
                                                                   miento del artículo 73 del Estatuto, del apartado 2 del
especialmente sobre la petición de apertura del procedi­
miento del apartado 2 del artículo 93 . La Comisión                artículo 3 y del apartado 2 del artículo 12 de la Reglamen­
                                                                   tación, así como del baremo de los porcentajes de invalidez
respondió, transcurrido ya el plazo de dos meses que
establece el artículo 175 , mediante escrito de 16 de octubre      anexo a esta última . A este respecto, considera que se tiene
                                                                   derecho a las prestaciones cuando la enfermedad o el
de 1995 ; en dicho escrito la Comisión no definió posición
                                                                   agravamiento de la enfermedad tiene su origen en el ejercicio
alguna, limitándose a comunicar que recibiría un estudio y
                                                                   o con ocasión del ejercicio de las funciones al servicio de la
que pediría informaciones a las autoridades portuguesas, a
efectos del análisis de la situación . Por consiguiente, la        Comunidad, sin que sea en absoluto necesario que el trabajo
                                                                   en las Instituciones sea la causa primordial de la enferme­
Comisión incumplió la obligación de adoptar un acto en             dad .
virtud del cual definiera su posición sobre la denuncia
presentada por la demandante .                                     Además, la parte demandante señala que, una vez probada
                                                                   la relación de causalidad y fijado en el 30 % el porcentaje de
                                                                   invalidez permanente, la demandada incumplió la letra c )