CELEX: C2004/300/14
Language: es
Date: 2004-12-04 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Pleno), de 12 de octubre de 2004, en el asunto C-222/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens contra Bundesrepublik Deutschland (Entidades de crédito — Sistema de garantía de depósitos — Directiva 94/19/CE — Directivas 77/780/CEE, 89/299/CEE y 89/646/CEE — Adopción de medidas de control por la autoridad competente para la protección del depositante — Responsabilidad de las autoridades de supervisión por las pérdidas causadas por una supervisión deficiente)

4.12.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 300/7
            
         
      SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   
   (Pleno)
   de 12 de octubre de 2004
   en el asunto C-222/02 (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof): Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens contra Bundesrepublik Deutschland (1)
   
   (Entidades de crédito - Sistema de garantía de depósitos - Directiva 94/19/CE - Directivas 77/780/CEE, 89/299/CEE y 89/646/CEE - Adopción de medidas de control por la autoridad competente para la protección del depositante - Responsabilidad de las autoridades de supervisión por las pérdidas causadas por una supervisión deficiente)
   (2004/C 300/14)
   Lengua de procedimiento: alemán
   En el asunto C-222/02, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolución de 16 de mayo de 2002, registrada en el Tribunal de Justicia el 17 de junio de 2002, en el procedimiento entre: Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte, Christel Mörkens y Bundesrepublik Deutschland, el Tribunal de Justicia (Pleno), integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans y A. Rosas, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet y R. Schintgen, las Sras. F. Macken y N. Colneric y los Sres. S. von Bahr y J.N. Cunha Rodrigues, Jueces; Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl; Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal, ha dictado el 12 de octubre de 2004 una sentencia cuyo fallo es el siguiente:
   
               1)
            
            
               Siempre que se garantice la indemnización de los depositantes prevista por la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, el artículo 3, apartados 2 a 5, de dicha Directiva no puede interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que prevé que la función de la autoridad nacional de supervisión de las entidades de crédito se ejerce únicamente en aras del interés general, lo que excluye, conforme al Derecho nacional, que los particulares puedan solicitar reparación por los perjuicios que les ha causado la supervisión deficiente de dicha autoridad.
            
         
               2)
            
            
               Las Directivas 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, Primera Directiva sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio; 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito, y 89/646/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1989, Segunda Directiva para la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, y por la que se modifica la Directiva 77/780, no se oponen a una disposición nacional que prevé que la función de la autoridad nacional de supervisión de las entidades de crédito se ejerce únicamente en aras del interés general, lo que excluye, conforme al Derecho nacional, que los particulares puedan solicitar reparación por los perjuicios que les ha causado la supervisión deficiente de dicha autoridad.
            
         
      (1)  DO C 202 de 24.8.2002.