CELEX: 62001CJ0448
Language: es
Date: 2003-12-04 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de diciembre de 2003. # EVN AG y Wienstrom GmbH contra Republik Österreich. # Petición de decisión prejudicial: Bundesvergabeamt - Austria. # Directiva 93/36/CEE - Contratos públicos de suministro - Concepto de oferta económicamente más ventajosa - Criterio de adjudicación que atribuye preferencia a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables - Directiva 89/665/CEE - Procedimientos de recurso en materia de contratos públicos - Decisiones ilegales - Posibilidad de anulación sólo en caso de que influya decisivamente en el resultado del procedimiento de adjudicación - Ilegalidad de un criterio de adjudicación - Obligación de cancelar la licitación. # Asunto C-448/01.

Asunto C-448/01EVN y Wienstrom GmbHcontraRepública de Austria[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesvergabeamt (Austria)]
         
            «Directiva 93/36/CEE  –  Contratos públicos de suministro  –  Concepto de oferta económicamente más ventajosa  –  Criterio de adjudicación que atribuye preferencia a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables  –  Directiva 89/665/CEE  –  Procedimientos de recurso en materia de contratos públicos  –  Decisiones ilegales  –  Posibilidad de anulación sólo en caso de que influya decisivamente en el resultado del procedimiento de adjudicación  –  Ilegalidad de un criterio de adjudicación  –  Obligación de cancelar la licitación»
            
               
                  Conclusiones del Abogado General Sr. J. Mischo, presentadas el 27 de febrero de 2003
                     
               
               
            
                   
               
               
            
               
                  Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de diciembre de 2003
                     
               
               
            
                   
               
               
            
            Sumario de la sentencia
         
         
                  1.
                  Aproximación de las legislaciones  –  Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro  –  Directiva 93/36/CEE  –  Adjudicación de los contratos  –  Oferta más ventajosa económicamente  –  Criterios  –  Suministro de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables  –  Procedencia  –  Requisitos(Directiva 93/36/CEE del Consejo, art. 26) 
                  
         
                  2.
                  Aproximación de las legislaciones  –  Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras  –  Directiva 89/665/CEE  –  Declaración de la ilegalidad de un criterio de adjudicación por el órgano que conoce del recurso  –  Obligación de cancelar la licitación(Directiva 89/665/CEE del Consejo)  
                  
         
         
          
         1.
         La normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para la
            determinación de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad,
            un criterio consistente en exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, al que
            se atribuye un coeficiente de ponderación del 45 %, careciendo de relevancia a este respecto el hecho de que dicho criterio
            no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se persigue.
         
         En cambio, dicha normativa se opone a este criterio en la medida en que:
         
         
            
               −-
                  no vaya acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas,
               
         
         
            
               −
                  exija a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía
                     renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuya la máxima puntuación al licitador que indique la
                     mayor cantidad, teniendo en cuenta que sólo se valora la parte de ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el
                     marco de la licitación.
                  
               
         
         Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, a pesar de no haber establecido la entidad adjudicadora un período
            de suministro determinado, el criterio de adjudicación ha sido formulado de forma suficientemente clara como para responder
            a las exigencias de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
         
         
         
               véanse el apartado 72 y el punto 1 del fallo
         
         
          
         2.
         La normativa comunitaria aplicable a los contratos públicos obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando,
            en el marco del procedimiento de recurso con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las
            disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia
            de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50, sobre
            coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, se declare la ilegalidad de una
            decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación y, por tal motivo, dicha decisión sea anulada por el órgano que
            conoce del recurso.
         
         En efecto, en tal caso, la entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de adjudicación haciendo abstracción
            de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los criterios aplicables al procedimiento en cuestión.
         
         
         
               véanse los apartados 94 y 95 y el punto 2 del fallo
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)de 4 de diciembre de 2003(1)
         
         
               «Directiva 93/36/CEE  –  Contratos públicos de suministro  –  Concepto de oferta económicamente más ventajosa  –  Criterio de adjudicación que atribuye preferencia a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables  –  Directiva 89/665/CEE  –  Procedimientos de recurso en materia de contratos públicos  –  Decisiones ilegales  –  Posibilidad de anulación sólo en caso de que influya decisivamente en el resultado del procedimiento de adjudicación  –  Ilegalidad de un criterio de adjudicación  –  Obligación de cancelar la licitación»
               
             En el asunto C-448/01, 
             que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesvergabeamt
            (Austria), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
            
            
            
             EVN AG,  Wienstrom GmbH, 
            
            
            y
            
             Republik Österreich, 
             con intervención de: Stadwerke Klagenfurt AG  Kärntner Elektrizitäts-AG, 
            
             una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 26 de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de
            1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y de
            los artículos 1 y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a
            la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
            de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión
            modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
            de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1),
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),,
            
             integrado por el Sr. V. Skouris (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet
            y R. Schintgen y la Sra. N. Colneric, Jueces; 
            
             Abogado General: Sr. J. Mischo;  Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal; 
            
            
            consideradas las observaciones escritas presentadas:
               
               –
                en nombre de EVN AG y Wienstrom GmbH, por el Sr. M. Öhler, Rechtsanwalt; 
               
               –
                en nombre de la República de Austria, por el Sr. A. Gerscha, Rechtsanwalt; 
               
               –
                en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. M. Fruhmann, en calidad de agente; 
               
               –
                en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. S. Terstal, en calidad de agente; 
               
               –
                en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. K. Renman, en calidad de agente; 
               
               –
                en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. M. Nolin, en calidad de agente, asistido por el Sr. T. Eilmansberger,
               Rechtsanwalt; 
               
               
            
            
            
            
            oídas las observaciones orales de EVN AG y Wienstrom GmbH, de la Republik Österreich, del gobierno austriaco y de la Comisión,
               expuestas en la vista de 23 de enero de 2003;
            
            
            oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de febrero de 2003;27 de febrero de 2003;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          Mediante resolución de 13 de noviembre de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de noviembre siguiente, el Bundesvergabeamt
         planteó, con arreglo al artículo 234 CE, cuatro cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 26 de
         la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos
         públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y de los artículos 1 y 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665/CEE del Consejo,
         de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes
         a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de
         obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación
         de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva 89/665»).
         
         
         
         
         2
            
          Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la agrupación de empresas constituida por las sociedades EVN
         AG y Wienstrom GmbH y la Republik Österreich, en su calidad de entidad adjudicadora, relativo a la adjudicación de un contrato
         público de suministro en cuyo procedimiento de licitación habían participado las demandantes. 
         
         
            
                Marco jurídico 
               
             Normativa comunitaria 
         
         3
            
          El artículo 26 de la Directiva 93/36, que se encuentra recogido en el título IV, capítulo III, de ésta, titulado «Criterios
         para la adjudicación de contratos», dispone en sus apartados 1, letra b), y 2: 
         «1.     Los criterios en que se basarán los poderes adjudicadores para la adjudicación de los contratos serán:
         [...]
         
         b)
            bien, en los casos en que la adjudicación se haga a la oferta económicamente más ventajosa, diversos criterios que variarán
               según el contrato de que se trate: por ejemplo, el precio, el plazo de entrega, el coste de explotación, la rentabilidad,
               la calidad, las características estéticas y funcionales, el valor técnico, el servicio postventa y la asistencia técnica.
               
            
         
          2.       En el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 1, los poderes adjudicadores indicarán, en los pliegos de condiciones
         o en los anuncios de contratos, todos los criterios que tengan la intención de aplicar en la adjudicación, si es posible,
         en orden decreciente de importancia.»
         
         
         
         4
            
          Del considerando sexto de la Directiva 89/665 se deduce que es necesario garantizar en todos los Estados miembros procedimientos
         adecuados con miras a permitir la anulación de las decisiones ilegales y la indemnización de las personas perjudicadas por
         una infracción. 
         
         
         
         5
            
          A tenor del artículo 1, apartados 1 y 3, de la Directiva 89/665: 
         «1.     En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas
         71/305/CEE, 77/62/CEE y 92/50/CEE [...], los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones
         adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible,
         en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas
         decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación
         de dicha normativa.
         [...]
          3.       Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos
         de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato
         público de suministros o de obras y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. En particular,
         los Estados miembros podrán exigir que la persona que desee utilizar tal procedimiento haya informado previamente [a la entidad
         adjudicadora] de la presunta infracción y de su intención de presentar recurso.»
         
         
         
         6
            
          El artículo 2, apartados 1, letra b), 5 y 6, de la Directiva 89/665 dispone: 
         «1.     Los Estados miembros velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en
         el artículo 1 prevean los poderes necesarios:
         [...]
         
         b)
            para anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas
               o financieras discriminatorias contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro
               documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión; 
            
         
         [...]
          5.       Los Estados miembros podrán establecer que, cuando se reclamare una indemnización por daños y perjuicios alegando que la decisión
         se adoptó de forma ilegal, la decisión cuestionada debe ser anulada en primer término por un organismo que tenga la competencia
         necesaria a tal efecto;
          6.       Los efectos del ejercicio de los poderes contemplados en el apartado 1 en el contrato consecutivo a la adjudicación se determinarán
         con arreglo al Derecho nacional.
          Además, excepto en caso de que la decisión deba anularse antes de conceder los daños y perjuicios, los Estados miembros podrán
         establecer que, una vez celebrado el contrato consecutivo a la adjudicación, los poderes del organismo responsable de los
         procedimientos de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción.»
         
         
         
         7
            
          El segundo considerando de la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa
         a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad
         (DO L 283, p. 33), establece: 
         «Como se señala en el Libro Blanco sobre las fuentes de energía renovables [...] la promoción de la electricidad generada
         a partir de fuentes de energía renovables es un objetivo prioritario para la Comunidad, por razones de seguridad y diversificación
         del suministro de energía, de protección del medio ambiente y de cohesión económica y social [...]»
         
         
         
         8
            
          A tenor del decimoctavo considerando de la Directiva 2001/77: 
         «Es importante que se utilice la pujanza de las fuerzas del mercado y el mercado interior, consiguiendo que la electricidad
         generada mediante fuentes de energía renovables sea competitiva y resulte atractiva para los ciudadanos europeos.»
         
         
         
         9
            
          Del artículo 1 de la Directiva 2001/77 se desprende que la finalidad de ésta es fomentar un aumento de la contribución de
         las fuentes de energía renovables a la generación de electricidad en el mercado interior de la electricidad y sentar las bases
         de un futuro marco comunitario para el mismo. Para ello, el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva obliga a los Estados
         miembros a adoptar medidas adecuadas para promover el aumento del consumo de electricidad generada a partir de fuentes de
         energía renovables de conformidad con determinados objetivos indicativos nacionales que se mencionan en ella. 
         
          La normativa nacional 
         
         10
            
          El Derecho austriaco se adaptó a las Directivas 89/665 y 93/36 mediante la Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz)
         1997 (Ley federal de 1997 sobre la adjudicación de contratos públicos, BGBl. I, 1997/56; en lo sucesivo,  «BVergG»). 
         
         
         
         11
            
          El artículo 16, apartados 1 y 7, de la BVergG dispone: 
         «1.     Los contratos relativos a prestaciones de servicios deberán ser adjudicados según el procedimiento previsto en la presente
         Ley, con arreglo a los principios de competencia libre y leal y de igualdad de trato a todos los candidatos y participantes
         en la licitación, a empresas autorizadas, eficaces y fiables −lo cual deberá apreciarse a más tardar en la fecha de la apertura
         de la licitación− a precios razonables.
         [...]
          7.       En el procedimiento de adjudicación del contrato, deberán tenerse en cuenta la incidencia de la prestación sobre el medio
         ambiente y la contratación de personas con contrato de aprendizaje.»
         
         
         
         12
            
          El artículo 53 de la BVergG prevé: 
         «Entre las ofertas que queden tras la eliminación, deberá seleccionarse la oferta más ventajosa desde el punto de vista técnico
         y económico con arreglo a los criterios establecidos en la licitación (principio de la mejor oferta).»
         
         
         
         13
            
          El artículo 115, apartado 1, de la BVergG dispone: 
         «1.     El empresario que alegue un interés en celebrar un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley federal
         podrá impugnar la legalidad de la decisión de la entidad adjudicadora recaída en el procedimiento de licitación, siempre que
         la ilegalidad alegada le haya ocasionado o amenace ocasionarle un perjuicio.»
         
         
         
         14
            
          A tenor del artículo 117, apartados 1 y 3, de la BVergG: 
         «1.     El Bundesvergabeamt anulará, mediante resolución administrativa y teniendo en cuenta el dictamen emitido por la comisión de
         conciliación [...] la decisión de la entidad adjudicadora dictada en el marco de un procedimiento de adjudicación de contrato
         cuando la decisión impugnada:
         
         1)
            sea contraria a las disposiciones de la presente Ley federal o de los reglamentos promulgados para su desarrollo e 
         
         
         2)
            influya de modo decisivo en el resultado del procedimiento de adjudicación. 
         
         [...]
          3.       Después de la adjudicación del contrato, el Bundesvergabeamt declarará únicamente con arreglo a los requisitos del apartado
         1 si la ilegalidad alegada existe o no.»
         
          Litigio principal y cuestiones prejudiciales 
         
         15
            
          La demandada en el procedimiento principal convocó una licitación mediante procedimiento abierto para un contrato de suministro
         de electricidad. La licitación comprendía la celebración de un contrato marco, seguida de contratos de aplicación, cuyo objeto
         era el suministro de electricidad a todos los servicios de la Administración federal en el Land de Carintia (Austria). Se
         fijaba la duración del contrato en el período del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003. El anuncio de licitación,
         que fue publicado en el  Diario Oficial de las Comunidades Europeas  de 27 de marzo de 2001, mencionaba, en el epígrafe «Criterios de adjudicación»: 
         «Oferta económicamente más ventajosa según los criterios siguientes: incidencia de las prestaciones en el medio ambiente conforme
         al pliego de cláusulas administrativas particulares.»
         
         
         
         16
            
          La oferta debía indicar el precio del kilowatio/hora (kWh) en ATS. Este precio debía aplicarse durante todo el período de
         vigencia del contrato y no estar sujeto a revisiones ni ajustes. El proveedor de la energía debía comprometerse a suministrar
         a los servicios federales, en la medida en que le fuera técnicamente posible, electricidad generada a partir de fuentes de
         energía renovables y a no suministrarles en ningún caso deliberadamente electricidad obtenida mediante fisión nuclear. No
         se exigió, sin embargo que el proveedor acreditase sus fuentes de aprovisionamiento. Para el supuesto de incumplimiento de
         dichas obligaciones se establecía el derecho de la entidad adjudicadora a resolver el contrato, así como una cláusula penal.
         
         
         
         
         17
            
          En el pliego de cláusulas administrativas particulares se precisaba que la entidad adjudicadora era consciente de que, por
         motivos técnicos, ningún proveedor podía garantizar que la electricidad  suministrada a un cliente determinado procediese
         efectivamente de fuentes de energía renovables, pero que sin embargo, al haberse estimado el consumo anual de los servicios
         federales en unos 22,5 gigawatios/hora (GWh), estaba decidida a adjudicar el contrato a los licitadores que dispusieran al
         menos de 22,5 GWh anuales de electricidad generada de esta forma. 
         
         
         
         18
            
          Se indicaba además que se descartarían las ofertas que no acreditasen que «durante los dos últimos y/o los dos próximos años,
         el licitador produjo o compró y/o producirá o comprará al menos 22,5 GWh de electricidad procedente de fuente de energía renovables
         y la suministró y/o la suministrará a consumidores finales». Los criterios de adjudicación establecidos eran el precio neto
         por kWh, al que se atribuía un coeficiente de ponderación del 55 %, y el criterio «energía generada a partir de fuentes de
         energía renovables», al que se atribuía un coeficiente del 45 %. Respecto a este último criterio de adjudicación, se establecía
         que «solo se tendrá en cuenta la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables que el licitador
         pueda suministrar por encima de 22,5 GWh anuales». 
         
         
         
         19
            
          Las cuatro plicas presentadas se abrieron el 10 de mayo de 2001. La presentada por la agrupación de licitadores Kärntner Elektrizitäts-AG
         y Stadtwerke Klagenfurt AG (en lo sucesivo, «KELAG») fijaba un precio de 0,44 ATS/kWh y, remitiéndose a un cuadro en el que
         se indicaban las cantidades de electricidad producidas o suministradas por dichas sociedades y su procedencia, afirmaba que
         podían suministrar una cantidad total de energía renovable de 3.406,2 GWh. Energie Oberösterreich AG presentó otra oferta,
         con un precio de 0,4191 ATS/kWh para un consumo mínimo anual de 1 millón de GWh y especificó, mediante un cuadro relativo
         a los años 1999 a 2002, las distintas cantidades de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables que podía
         suministrar por cada año de dicho período. La mayor cantidad indicada era de 5.280 GWh anuales. Una tercera oferta fue presentada
         por BEWAG, con un precio de 0,465 ATS/kWh. Adjuntaba un cuadro sobre la parte que suponía la energía renovable del total de
         la electricidad producida o suministrada por ella, de cuya lectura dedujo la entidad adjudicadora que había indicado una cantidad
         de 449,2 GWh. 
         
         
         
         20
            
          La oferta presentada por las demandantes en el procedimiento principal indicaba un precio de 0,52 ATS/kWh. Éstas no facilitaban
         ninguna cifra concreta relativa a la cantidad de energía generada a partir de fuentes de energía renovables que podían suministrar,
         exponiendo al respecto que disponían de instalaciones de producción propias en las que producían electricidad a partir de
         tales fuentes. Además, afirmaban haber tenido derechos de opción sobre la electricidad producida por centrales hidroeléctricas
         del Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft y otras centrales hidroeléctricas austriacas y señalaban que
         la mayor parte de la energía adicional adquirida procedía de contratos de coordinación de larga duración celebrados con el
         principal productor de electricidad provista de la certificación que acredita el haber sido generada de esta forma. Según
         las demandantes en el procedimiento principal, en 1999 y 2000 sólo se había comprado energía hidráulica generada en Suiza,
         lo que seguiría haciéndose. En total, la cantidad de energía que iba a producirse a partir de fuentes de energía renovables
         era varias veces superior a la indicada en la licitación. 
         
         
         
         21
            
          De las cuatro ofertas presentadas, la demandada en el procedimiento principal consideró que la mejor era la de KELAG, que
         obtuvo la mejor puntuación en relación con ambos criterios de adjudicación. La oferta de las demandantes en el litigio principal
         recibió la puntuación más baja en relación con ambos criterios. 
         
         
         
         22
            
          Tras haber manifestado a la entidad adjudicadora los días 9 y 30 de mayo de 2001 que consideraban que varias cláusulas del
         anuncio de licitación, entre ellas el criterio de adjudicación «electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables»,
         eran ilegales, las demandantes en el procedimiento principal solicitaron, el 12 de junio de 2001, la iniciación de un procedimiento
         de conciliación ante la Bundes-Vergabekontrollkommission (Comisión federal de control de las adjudicaciones), que rechazó
         su solicitud argumentando que no había ninguna posibilidad de que un procedimiento de conciliación produjera resultados. 
         
         
         
         23
            
          Las demandantes en el procedimiento principal interpusieron entonces un recurso ante el Bundesvergabeamt, solicitando fundamentalmente
         la anulación del procedimiento de licitación en su totalidad así como la de una serie de cláusulas del pliego de cláusulas
         administrativas particulares y la de ciertas decisiones de la entidad adjudicadora. Entre estas decisiones se encuentran,
         en particular, la de establecer como motivo de eliminación la no presentación de documentos acreditativos de la producción
         y compra de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables durante un período determinado o la falta de justificantes
         relativos a una futura compra, la decisión de exigir como criterio de aptitud pruebas de la producción o compra de una cantidad
         determinada de electricidad generada de esta forma durante un determinado período, la de exigir como criterio de adjudicación
         la disponibilidad de una cantidad de electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables superior a 22,5 GWh
         anuales, así como la decisión de no cancelar la licitación. Además, las demandantes solicitaron, como medida provisional,
         que se prohibiera a la entidad adjudicadora adjudicar el contrato. 
         
         
         
         24
            
          Mediante resolución de 16 de julio de 2001, el Bundesvergabeamt estimó la solicitud de las demandantes y prohibió inicialmente
         la adjudicación del contrato hasta el 10 de septiembre de 2001. A solicitud posterior de las demandantes autorizó, mediante
         resolución de 17 de septiembre de 2001, a la entidad adjudicadora a adjudicar, con carácter provisional, el contrato, con
         la condición de que la adjudicación sería cancelada y el contrato resuelto en caso de que se llegase a estimar cualquiera
         de las pretensiones formuladas por las demandantes o si en virtud de cualquier otra apreciación de este órgano jurisdiccional
         se declarase la ilegalidad de la decisión de adjudicar el contrato controvertido a alguno de los licitadores concurrentes
         con las demandantes. 
         
         
         
         25
            
          El 24 de octubre de 2001 el contrato marco, sometido a las condiciones resolutorias establecidas por la resolución antes mencionada,
         fue adjudicado a KELAG. 
         
         
         
         26
            
          El Bundesvergabeamt, al considerar que la solución del litigio del que está conociendo requiere la interpretación de varias
         disposiciones de Derecho comunitario, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes: 
         
         «1)
            ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el artículo
               26 de la Directiva 93/36/CEE, que la entidad adjudicadora establezca, para un contrato de suministro de electricidad, un criterio
               de adjudicación, al que se asigna un coeficiente de ponderación del 45 %, en virtud del cual el licitador debe indicar −sin
               sujeción a un plazo de suministro determinado− la cantidad de electricidad procedente de fuentes de energía renovables que
               puede suministrar a una clientela indeterminada, atribuyendo la máxima puntuación al licitador que indique la mayor cantidad,
               si bien sólo se valora la parte de ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el marco de la licitación? 
            
         
         
         2)
            ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el artículo
               2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665/CEE, que se someta la anulación de una decisión ilegal, en el marco del procedimiento
               de recurso con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, al requisito de que se demuestre que esa decisión tuvo una
               influencia determinante en el resultado del procedimiento de adjudicación? 
            
         
         
         3)
            ¿Prohíben las disposiciones de Derecho comunitario aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el artículo
               26 de la Directiva 93/36/CEE, que se someta la anulación de una decisión ilegal, en el marco del procedimiento de recurso
               con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, al requisito de que se demuestre que esa decisión tuvo una influencia
               determinante en el resultado del procedimiento de adjudicación, si para acreditarlo es necesario que el órgano que conoce
               del recurso examine si la clasificación de las ofertas efectivamente presentadas resultaría modificada en el caso de que dichas
               ofertas fueran sometidas a una nueva valoración sin tener en cuenta el criterio de adjudicación ilegal? 
            
         
         
         4)
            ¿Obligan las disposiciones de Derecho comunitario aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el artículo
               26 de la Directiva 93/36/CEE, a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación si, en el marco del procedimiento de recurso
               con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, uno de los criterios de adjudicación que había establecido es declarado
               ilegal?»
            
         
         
          Sobre la primera cuestión 
         
         27
            
          Según las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, debe entenderse que su primera cuestión prejudicial
         consta de dos partes. En primer lugar, tiene por objeto averiguar si la normativa comunitaria en materia de contratación pública,
         en particular el artículo 26 de la Directiva 93/36, se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación
         de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad, un criterio
         consistente en exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables. 
         
         
         
         28
            
          En segundo lugar, en el caso de que la respuesta a la primera parte de la cuestión fuese afirmativa, el órgano jurisdiccional
         remitente solicita aclaraciones sobre las exigencias que plantea el Derecho comunitario en cuanto a la aplicación concreta
         de dicho criterio, habida cuenta de la especificidad de la formulación del criterio controvertido en el litigio del que está
         conociendo, de forma que la segunda parte de su cuestión se divide a su vez en varias preguntas de rango inferior. 
         
         
         
         29
            
          Más concretamente, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas acerca de la compatibilidad de este criterio con el Derecho comunitario
         habida cuenta de las circunstancias expuestas en los puntos a) a d) siguientes, es decir, habida cuenta de que: 
         
         a)
            a dicho criterio se le atribuye un coeficiente de ponderación del 45 %; 
         
         
         b)
            no va acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas
               ni permite necesariamente alcanzar el objetivo perseguido; 
            
         
         
         c)
            no establece un plazo de suministro determinado, y
         
         
         d)
            exige a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía
               renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuye la máxima puntuación al licitador que mencione
               la mayor cantidad, si bien sólo se valora la parte de ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el marco de la
               licitación. 
            
         
         
          Sobre la primera parte de la primera cuestión 
         
         30
            
          El Bundesvergabeamt, recordando la imprecisión del concepto de «oferta económicamente más ventajosa» recogido en el artículo
         26 de la Directiva 93/36, plantea en primer lugar la cuestión de principio de si el Derecho comunitario permite a la entidad
         adjudicadora establecer criterios dirigidos a obtener ventajas que no son susceptibles de valoración económica objetiva inmediata,
         como los relacionados con la protección del medio ambiente. 
         
         
         
         31
            
          A este respecto, debe señalarse que en una sentencia posterior a la presentación de la resolución de remisión en el presente
         asunto, que trataba sobre la interpretación del artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50, cuya redacción es
         sustancialmente idéntica a la del artículo 26, apartado 1, letra b), de la Directiva 93/36, el Tribunal de Justicia tuvo ocasión
         de pronunciarse acerca de si una entidad adjudicadora puede, y en su caso, en qué condiciones, tomar en consideración criterios
         de carácter ecológico para la determinación de la oferta económica más ventajosa. 
         
         
         
         32
            
          Más concretamente, en el apartado 55 de la sentencia de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus Finland (C-513/99, Rec. p. I-7213),
         el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 36, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/50 no puede interpretarse en
         el sentido de que cada uno de los criterios de adjudicación adoptados por la entidad adjudicadora con el fin de identificar
         la oferta económicamente más ventajosa debe ser necesariamente de naturaleza meramente económica. 
         
         
         
         33
            
          Por consiguiente, el Tribunal de Justicia admitió que cuando la entidad adjudicadora decide adjudicar un contrato al licitador
         que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, puede tener en cuenta criterios ecológicos, siempre que tales criterios
         estén relacionados con el objeto del contrato, no confieran a dicha entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección,
         se mencionen expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación y respeten
         todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular, el principio de no discriminación (sentencia Concordia
         Bus Finland, antes citada, apartado 69). 
         
         
         
         34
            
          Se desprende de lo anterior que la normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a que una entidad
         adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un
         contrato de suministro de electricidad, un criterio consistente en exigir el suministro de electricidad generada a partir
         de fuentes de energía renovables, siempre que este criterio esté relacionado con el objeto del contrato, no confiera a dicha
         entidad adjudicadora una libertad incondicional de elección, se mencione expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
         particulares o en el anuncio de licitación y respete todos los principios fundamentales del Derecho comunitario, en particular
         el principio de no discriminación. 
         
          Sobre la segunda parte de la primera cuestión  Sobre la pregunta a)
         
         
         35
            
          En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional señala que, aun cuando se considerase que un criterio de adjudicación
         de carácter medioambiental como el establecido en el procedimiento principal es compatible en principio con las normas del
         Derecho comunitario en materia de adjudicación de contratos públicos, se plantea otro problema debido a que a dicho criterio
         se le atribuye un coeficiente del 45 %, ya que podría objetarse al respecto que la entidad adjudicadora no puede atribuir
         una influencia tan significativa en la decisión de adjudicación del contrato a un elemento que no permite una valoración económica
         directa. 
         
         
         
         36
            
          En ese contexto, la demandada en el procedimiento principal alega que, habida cuenta del margen de apreciación de que dispone
         la entidad adjudicadora para identificar la oferta económicamente más interesante, sólo sería ilegal una ponderación que ocasionara
         una distorsión injustificada. Ahora bien, en el procedimiento principal, no sólo existe según ella una relación objetiva entre
         los criterios «precio» y «electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables», sino que, además, se da prioridad
         al criterio que puede expresarse en cifras, puesto que al criterio del precio se le atribuye un coeficiente superior en diez
         puntos al atribuido a la capacidad para suministrar electricidad producida de esta forma. 
         
         
         
         37
            
          Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la elección de la oferta económicamente más ventajosa deja a la entidad
         adjudicadora la elección de los criterios de adjudicación del contrato que pretenda aplicar, siempre que dichos criterios
         vayan dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente y no confieran a la entidad adjudicadora una libertad
         incondicional de elección para la adjudicación del contrato a un licitador (véanse, en este sentido, las sentencias de 20
         de septiembre de 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, apartados 19 y 26; de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction, C-19/00,
         Rec. p. I-7725, apartados 36 y 37, y Concordia Bus Finland, antes citada, apartados 59 y 61). 
         
         
         
         38
            
          Además, dichos criterios deben aplicarse respetando tanto las normas de procedimiento como los principios fundamentales del
         Derecho comunitario (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Beentjes, apartados 29 y 31, y Concordia Bus
         Finland, apartados 62 y 63). 
         
         
         
         39
            
          Se desprende de lo anterior que, siempre que respeten los preceptos del Derecho comunitario, las entidades adjudicadoras tienen
         libertad no sólo para elegir los criterios de adjudicación del contrato, sino también para determinar la ponderación de tales
         criterios, cuando ésta permita una evaluación sintética de los criterios elegidos para identificar la oferta económicamente
         más ventajosa. 
         
         
         
         40
            
          Por lo que se refiere al criterio de adjudicación que es objeto del procedimiento principal, debe señalarse que, como ha declarado
         el Tribunal de Justicia, la utilización de fuentes de energía renovables para la producción de electricidad es útil para la
         protección del medio ambiente en la medida en que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que figuran
         entre las principales causas de los cambios climáticos que la Comunidad Europea y sus Estados miembros se han comprometido
         a combatir (sentencia de 13 de marzo de 2001, Preussen Elektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, apartado 73). 
         
         
         
         41
            
          Además, como se desprende en particular de su decimoctavo considerando y de sus artículos 1 y 3, precisamente desde esa perspectiva,
         la Directiva 2001/77 persigue la finalidad de favorecer, utilizando la pujanza de las fuerzas del mercado, un aumento de la
         contribución de las fuentes de energía renovables a la generación de electricidad en el mercado interior, objetivo que, según
         su segundo considerando, es prioritario para la Comunidad. 
         
         
         
         42
            
          Por lo tanto, habida cuenta de la importancia del objetivo que persigue el criterio controvertido en el procedimiento principal,
         no parece que el atribuir a dicho criterio un coeficiente de ponderación del 45 % obstaculice una evaluación sintética de
         los criterios elegidos para identificar la oferta económicamente más ventajosa. 
         
         
         
         43
            
          En tales circunstancias, y a falta de elementos que permitan determinar la existencia de una infracción de las normas del
         Derecho comunitario, procede declarar que la atribución de un coeficiente de ponderación del 45 % al criterio de adjudicación
         controvertido en el procedimiento principal no es en sí misma incompatible con la normativa comunitaria en materia de contratación
         pública. 
         
          Sobre la pregunta b)
         
         
         44
            
          El órgano jurisdiccional nacional alberga también dudas sobre la licitud del criterio de adjudicación objeto del procedimiento
         principal desde el punto de vista del Derecho comunitario, debido a que la propia entidad adjudicadora admitió no estar técnicamente
         capacitada para controlar si la electricidad suministrada había sido efectivamente generada a partir de fuentes de energía
         renovables y a que no había exigido que los licitadores acreditasen sus obligaciones concretas de suministro o sus contratos
         de suministro de electricidad ya concluidos. 
         
         
         
         45
            
          Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones del Derecho comunitario que
         regulan la adjudicación de contratos públicos se oponen a que una entidad adjudicadora utilice un criterio de adjudicación
         que no vaya acompañado de requisitos que permitan un control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas.
         
         
         
         
         46
            
          En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo hasta qué punto un criterio de adjudicación como
         éste es adecuado para alcanzar el objetivo que persigue. En efecto, dado que no se establece ninguna comprobación para saber
         en qué medida el adjudicatario concreto contribuye efectivamente, en función de sus estructuras de producción, al incremento
         de las cantidades de energía generada a partir de fuentes de energía renovables, dicho órgano jurisdiccional considera que
         es posible que la aplicación de dicho criterio no tenga consecuencia alguna sobre la cantidad global de electricidad generada
         de esta forma. 
         
         
         
         47
            
          Debe recordarse que el principio de igualdad de trato de los participantes en una licitación, que, como ha señalado reiteradamente
         el Tribunal de Justicia, constituye la base de las directivas relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos
         públicos (véanse, en particular, las sentencias de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617,
         apartado 91, y de 19 de junio de 2003, GAT, C-315/01, Rec. p. I-0000, apartado 73), significa, por una parte, que los licitadores
         deben hallarse en pie de igualdad tanto en el momento de preparar sus ofertas como al ser valoradas éstas por la entidad adjudicadora
         (sentencia SIAC Construction, antes citada, apartado 34). 
         
         
         
         48
            
          Más concretamente, esto significa que, al evaluar las ofertas, los criterios de adjudicación deben aplicarse de manera objetiva
         y uniforme a todos los licitadores (sentencia SIAC Construction, antes citada, apartado 44). 
         
         
         
         49
            
          Por otra parte, el principio de igualdad de trato implica una obligación de transparencia para permitir que se verifique su
         respeto, obligación que consiste sobre todo en garantizar el control de la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación
         (véase en este sentido, en particular, la sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apartados 91 y 92). 
         
         
         
         50
            
          Ahora bien, la valoración de las distintas ofertas con objetividad y transparencia presupone que la entidad adjudicadora,
         basándose en informaciones y documentos acreditativos facilitados por los participantes en la licitación, esté en condiciones
         de verificar si las ofertas de éstos satisfacen efectivamente los criterios de adjudicación. 
         
         
         
         51
            
          Resulta, por lo tanto, que cuando una entidad adjudicadora establece un criterio de adjudicación indicando que no pretende
         ni está en condiciones de verificar la exactitud de las informaciones facilitadas por los licitadores, está vulnerando el
         principio de igualdad de trato, puesto que dicho criterio no garantiza la transparencia y objetividad del procedimiento de
         adjudicación. 
         
         
         
         52
            
          Por consiguiente, procede declarar que un criterio de adjudicación que no vaya acompañado de requisitos que permitan el control
         efectivo de la exactitud de las informaciones facilitadas por los licitadores es contrario a los principios del Derecho comunitario
         en materia de contratación pública. 
         
         
         
         53
            
          Por lo que se refiere a la pregunta del órgano jurisdiccional remitente acerca de si el criterio de adjudicación controvertido
         en el procedimiento principal infringe la normativa comunitaria en la medida en que no es necesariamente adecuado para contribuir
         al incremento de la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, basta con señalar que, aun
         cuando así fuera, dicho criterio no podría considerarse incompatible con las disposiciones comunitarias en materia de contratación
         pública por el mero hecho de que no permite necesariamente alcanzar el objetivo que se persigue. 
          Sobre la pregunta c)
         
         
         
         54
            
          El órgano jurisdiccional remitente considera que, en la medida en que la entidad adjudicadora no fijó un período de suministro
         determinado respecto al cual hubiera que indicar la cantidad que podría suministrarse, el criterio elegido es contrario al
         principio de comparabilidad de las ofertas, que se deriva del principio de transparencia. Subraya que, en lo que se refiere
         a los justificantes solicitados para comprobar la aptitud de los licitadores, se eligió como período relevante a efectos de
         la cantidad de electricidad que debía preverse para el aprovisionamiento concreto el de los dos años anteriores y los dos
         años siguientes. Ahora bien, según dicho órgano jurisdiccional, aun cuando se aplicase esta misma disposición en lo que se
         refiere al criterio de adjudicación, no se derivaría de ello un período de suministro determinado que permitiese calcular
         con precisión la cantidad a tener en cuenta. Al contrario, durante cuatro años pueden suministrarse cantidades completamente
         diferentes. Incluso cabría imaginar que un licitador indicase al respecto cantidades basadas en suposiciones sobre la construcción
         de centrales o en una producción a partir de fuentes de energía renovables puramente virtual. 
         
         
         
         55
            
          La demandada en el procedimiento principal explica al respecto que en Austria el mercado de la electricidad se liberalizó
         por completo a partir del 1 de octubre de 2001 y que desde entonces es posible constituir sociedades mercantiles dedicadas
         a la compra y venta de electricidad. Subraya que, dado que la licitación se publicó unos seis meses antes de dicha fecha,
         se vio obligada a redactar el criterio de adjudicación en términos tales que permitieran presentar una oferta tanto a empresas
         ya presentes en el mercado que disponían de sus propios medios de producción de electricidad como a empresas dedicadas a la
         compra y venta de electricidad, que sólo estaban autorizadas a ejercer su actividad a partir del 1 de octubre de 2001. Por
         consiguiente, quiso dar a las empresas la posibilidad de indicar la cantidad de electricidad procedente de fuentes de energía
         renovables que habían producido o comprado durante los dos años naturales anteriores a la licitación o facilitar esos datos
         en relación con los dos años siguientes. Por último, señala que, de hecho, todas las empresas participantes en la licitación
         facilitaron información relativa a los dos años anteriores a ésta y que cuando las cantidades correspondientes a cada año
         eran distintas, la mejor oferta se determinó con arreglo a la media. 
         
         
         
         56
            
          Se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el procedimiento de adjudicación de un contrato público debe respetar,
         en todas sus fases, tanto el principio de igualdad de trato de los posibles licitadores como el de transparencia, para que
         todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular el contenido de sus ofertas (véase, en este sentido,
         la sentencia Universale-Bau y otros, antes citada, apartado 93). 
         
         
         
         57
            
          Esto significa, más concretamente, que los criterios de adjudicación deben figurar en el pliego de cláusulas administrativas
         particulares o en el anuncio de licitación, con el fin de que todos los licitadores razonablemente informados y normalmente
         diligentes puedan interpretarlos de la misma forma (sentencia SIAC Construction, antes citada, apartado 41). 
         
         
         
         58
            
          Por consiguiente, en el procedimiento principal, el hecho de que la entidad adjudicadora no especificase en la licitación
         el período de suministro respecto al cual los licitadores debían indicar en sus ofertas la cantidad de electricidad de fuentes
         renovables que podían suministrar podría constituir una violación de los principios de igualdad de trato y de transparencia,
         en el caso de que resultara ser cierto que dicha omisión dificultó o incluso imposibilitó el que los licitadores conociesen
         el alcance exacto del criterio en cuestión y consiguientemente pudiesen interpretarlo de la misma manera. 
         
         
         
         59
            
          Por tratarse de una apreciación de carácter fáctico, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, teniendo en
         cuenta todas las circunstancias que concurren en el caso, si a pesar de esta omisión el criterio de adjudicación objeto del
         procedimiento principal fue formulado de forma suficientemente clara como para responder a las exigencias de igualdad de trato
         y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos. 
          Sobre la pregunta d)
         
         
         
         60
            
          El órgano jurisdiccional remitente señala que el criterio de adjudicación objeto del procedimiento principal consiste en atribuir
         puntos por la cantidad de electricidad procedente de fuentes de energía renovables que los participantes en la licitación
         podrán suministrar a una clientela indeterminada, si bien sólo se valorará la parte que sobrepase el consumo previsible en
         el marco de la licitación. Ahora bien, en la medida en que dicho criterio se refiere únicamente a la cantidad total que podrá
         suministrarse en general y no a la que podrá proporcionarse específicamente a la entidad adjudicadora, el órgano jurisdiccional
         remitente se pregunta si dicho criterio supone ventajas económicas directas para la entidad adjudicadora.
         
         
         – Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
         
         
         61
            
          Las demandantes en el procedimiento principal, el gobierno neerlandés y la Comisión alegan al respecto que, en la medida en
         que dicho criterio se refiere a una cantidad de electricidad que sobrepasa el consumo previsible en el marco de la licitación,
         la condición relativa a la relación directa con el contrato no se cumple en el caso de autos. En su opinión, sólo es relevante
         la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables que pueda suministrarse a la entidad adjudicadora.
         
         
         
         
         62
            
          Según la Comisión, hubiera bastado con que la entidad adjudicadora exigiese que el licitador dispusiera de una cierta capacidad
         de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables o que pudiera demostrar todo lo más su capacidad para suministrar
         una cierta cantidad por encima de la que se consume anualmente, por ejemplo, calculando una cantidad de reserva del 10 %.
         
         
         
         
         63
            
          Las demandantes en el procedimiento principal alegan además que ese criterio de adjudicación es en realidad un criterio de
         selección encubierto, puesto que en realidad se refiere a la capacidad de los licitadores para suministrar la mayor cantidad
         posible de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y por lo tanto, en definitiva, a los propios licitadores.
         
         
         
         
         64
            
          En cambio, la demandada en el procedimiento principal y el Gobierno austriaco consideran que, al tomar en consideración la
         electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables que cada licitador podía suministrar por encima de la cantidad
         de 22,5 GWh que en cualquier caso debía garantizarse, la entidad adjudicadora estableció como criterio de adjudicación la
         seguridad de abastecimiento, que depende de la cantidad total de electricidad de la que dispone una empresa. Explican que,
         al no poder almacenarse la electricidad, este criterio no es en ningún caso ajeno a la prestación, puesto que cuanta más capacidad
         tiene un licitador, menor es el riesgo para la entidad adjudicadora de que su demanda no pueda ser atendida y pueda verse
         obligada a encontrar en breve plazo una alternativa costosa. 
         
         
         
         65
            
          Más concretamente, el gobierno austriaco pone de relieve que, si bien la producción de electricidad a partir de fuentes de
         energía renovables, como la energía eólica o la solar, depende de las estaciones, es en invierno cuando hay una mayor demanda.
         Dicho criterio de adjudicación tiene pues como objetivo garantizar la continuidad del suministro de electricidad a pesar de
         que la oferta y la demanda no son lineales a lo largo del año, lo que según el gobierno austriaco justifica además la ponderación
         de este criterio con un coeficiente elevado, del 45 %. 
         
         
         – Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         
         66
            
          Como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, los criterios ecológicos establecidos por la entidad adjudicadora
         como criterios de adjudicación con el fin de determinar la oferta económicamente más ventajosa deben, entre otras cosas, estar
         relacionados con el objeto del contrato. 
         
         
         
         67
            
          En el procedimiento principal, procede declarar que el criterio de adjudicación elegido no se refiere a la prestación que
         es objeto del contrato, a saber, el suministro a la entidad adjudicadora de la cantidad de electricidad correspondiente a
         su consumo anual previsible fijado en la licitación, sino a cantidades que los licitadores suministraron o van a suministrar
         a otros clientes distintos de la entidad adjudicadora. 
         
         
         
         68
            
          Ahora bien, no puede considerarse que un criterio de adjudicación que se refiera exclusivamente a la cantidad de electricidad
         procedente de fuentes de energía renovables que sobrepase el consumo anual previsible fijado en la licitación esté relacionado
         con el objeto del contrato. 
         
         
         
         69
            
          Además, el hecho de que, conforme al criterio de adjudicación establecido, la cantidad determinante sea la que excede del
         consumo anual previsible fijado en la licitación, puede constituir una ventaja para los licitadores que, por su mayor capacidad
         de producción o de suministro, estén en condiciones de suministrar mayores cantidades que otros. Este criterio puede por lo
         tanto implicar una discriminación injustificada respecto a los licitadores cuya oferta pueda responder plenamente a los requisitos
         relacionados con el objeto del contrato. Tal limitación del círculo de los operadores económicos que pueden participar en
         la licitación produciría el efecto de contrarrestar el objetivo de apertura a la competencia que persiguen las directivas
         sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. 
         
         
         
         70
            
          Por último, aun suponiendo que dicho criterio venga dictado por el afán de garantizar la seguridad del aprovisionamiento,
         extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional, debe señalarse que si bien la seguridad del abastecimiento
         puede en principio formar parte de los criterios de adjudicación que deben tenerse en cuenta para determinar la oferta más
         ventajosa económicamente, no puede establecerse válidamente como criterio de adjudicación la capacidad de los licitadores
         para suministrar la mayor cantidad posible de electricidad por encima de la fijada en la licitación. 
         
         
         
         71
            
          De ello se desprende que, en la medida en que exige a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad
         generada a partir de fuentes de energía renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuye la máxima
         puntuación al licitador que indique la mayor cantidad, teniendo en cuenta que sólo se valora la parte de ésta que exceda del
         consumo previsible en el marco de la licitación, el criterio de adjudicación elegido en el caso de autos no es compatible
         con la normativa comunitaria en materia de contratación pública. 
         
         
         
         72
            
          A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que la normativa comunitaria en materia
         de contratación pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para la determinación de la oferta económicamente
         más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad, un criterio consistente en exigir
         el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables al que se atribuye un coeficiente de ponderación
         del 45 %, careciendo de relevancia a este respecto el hecho de que dicho criterio no permita necesariamente alcanzar el objetivo
         que se persigue. 
          En cambio, dicha normativa se opone a este criterio en la medida en que: 
         
         
         
          
         –
            no vaya acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas, y
               
            
         
         
         
         
          
         –
            exija a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía
               renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuya la máxima puntuación al licitador que indique la
               mayor cantidad, teniendo en cuenta que sólo se valora la parte de ésta que exceda del consumo previsible en el marco de la
               licitación. 
            
         
         
          Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, a pesar de no haber establecido la entidad adjudicadora un período
         de suministro determinado, el criterio de adjudicación ha sido formulado de forma suficientemente clara como para responder
         a las exigencias de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
         
          Sobre las cuestiones segunda y tercera 
         
         73
            
          Mediante estas dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia
         si el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/665, se opone a una disposición de Derecho interno como el artículo
         117, apartado 1, número 2, del BVergG que somete la anulación de una decisión ilegal de la entidad adjudicadora en el marco
         de un recurso a la condición de que se demuestre que esa decisión tuvo una influencia determinante en el resultado del procedimiento
         de adjudicación, y si, teniendo en cuenta en particular el artículo 26 de la Directiva 93/36, procede dar una respuesta distinta
         a esta cuestión cuando para acreditarlo sea necesario que el órgano que conoce del recurso examine si la clasificación de
         las ofertas efectivamente presentadas resultaría modificada en el caso de que dichas ofertas fueran sometidas a una nueva
         valoración sin tener en cuenta el criterio de adjudicación ilegal. 
         
         
         
         74
            
          Procede recordar, con carácter preliminar, que según jurisprudencia reiterada, en el marco de la cooperación entre el Tribunal
         de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales instaurada por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano
         jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe
         adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder
         dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las
         cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio,
         obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I-4921,
         apartado 59; PreussenElektra, antes citada, apartado 38; de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607,
         apartado 18; de 10 de diciembre de 2002, Der Weduwe, C-153/00, Rec. p. I-11319, apartado 31, y de 21 de enero de 2003, Bacardi-Martini
         y Cellier des Dauphins, C-318/00, Rec. p. I-905, apartado 40). 
         
         
         
         75
            
          Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias
         en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia (sentencias antes citadas PreussenElektra,
         apartado 39, y Canal Satélite Digital, apartado 19). En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento
         de la remisión prejudicial supone que, por su parte, el juez nacional tenga en cuenta la función confiada al Tribunal de Justicia,
         que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros y no la de formular opiniones consultivas
         sobre cuestiones generales o hipotéticas (sentencias antes citadas Der Weduwe, apartado 32, y Bacardi-Martini y Cellier des
         Dauphins, apartado 41). 
         
         
         
         76
            
          Así, el Tribunal de Justicia se abstiene de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional
         nacional cuando resulta evidente que la interpretación o la apreciación de la validez de una norma comunitaria, solicitadas
         por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando
         el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho
         necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias Bosman, antes
         citada, apartado 61; de 9 de marzo de 2000, EKW y Wein & Co., C-437/97, Rec. p. I-1157, apartado 52; de 13 de julio de 2000,
         Idéal Tourisme, C-36/99, Rec. p. I-6049, apartado 20, y Bacardi-Martini y Cellier des Dauphins, antes citada, apartado 42).
         
         
         
         
         77
            
          Más concretamente, debe recordarse que el artículo 234 CE constituye un instrumento de cooperación judicial que permite al
         Tribunal de Justicia facilitar a los tribunales nacionales los elementos de interpretación del Derecho comunitario que pueden
         serles de utilidad para apreciar los efectos de una disposición de Derecho nacional controvertida en el litigio que deban
         dirimir (véase, en particular, la sentencia de 15 de mayo de 2003, Salzmann C-300/01, Rec. p. I-0000, apartado 28). 
         
         
         
         78
            
          De lo anterior se deduce que, para que el Tribunal de Justicia pueda cumplir su misión con arreglo al Tratado CE, es indispensable
         que los órganos jurisdiccionales nacionales expliquen las razones por las que consideran necesaria una respuesta a sus cuestiones
         para resolver el litigio, cuando dichas razones no se desprendan inequívocamente de los autos (véase, en particular, la sentencia
         Bacardi-Martini y Cellier des Dauphins, antes citada, apartado 43). 
         
         
         
         79
            
          Ahora bien, en el caso de autos, el Tribunal de Justicia no dispone de ningún elemento en ese sentido. 
         
         
         
         80
            
          En efecto, por una parte, como se ha señalado en el apartado 23 de la presente sentencia, el recurso principal tiene por objeto
         fundamentalmente la anulación del procedimiento de licitación en su totalidad así como la de una serie de disposiciones del
         pliego de cláusulas administrativas particulares y de una serie de decisiones de la entidad adjudicadora relativas a los requisitos
         exigidos por los criterios de adjudicación y de aptitud establecidos. 
         
         
         
         81
            
          Así pues, si se tienen en cuenta las indicaciones contenidas en la resolución de remisión, se observa que todas las decisiones
         cuya anulación se solicita en el procedimiento principal tienen un efecto determinante sobre el resultado del procedimiento
         de adjudicación. 
         
         
         
         82
            
          Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente no ha facilitado explicación alguna sobre los motivos concretos que le
         llevan a considerar que una respuesta a la cuestión de la compatibilidad del requisito establecido en el artículo 117, apartado
         1, número 2, del BvergG con la normativa comunitaria en materia de contratación pública es necesaria para permitirle resolver
         el litigio del que conoce. 
         
         
         
         83
            
          Por lo tanto, ante la falta de elementos que indiquen que para la solución del litigio principal resulta necesario pronunciarse
         sobre las cuestiones segunda y tercera, éstas deben considerarse hipotéticas y por consiguiente, debe declararse su inadmisibilidad.
         
         
          Sobre la cuarta cuestión 
         
         84
            
          Mediante la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones del
         Derecho comunitario aplicables a la adjudicación de contratos públicos, en particular el artículo 26 de la Directiva 93/36,
         obligan a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en el marco del procedimiento de recurso con arreglo al
         artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE, se declara la ilegalidad de una decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación.
         
         
         
         
         85
            
          Según el órgano jurisdiccional remitente, si se parte de la hipótesis de que la comprobación de la incidencia de las decisiones
         ilegales relativas a los criterios de adjudicación es contraria al Derecho comunitario, parece que la única alternativa es,
         en el caso de que dicha decisión fuese ilegal, la cancelación de la licitación, ya que de lo contrario el procedimiento de
         adjudicación seguiría su curso aplicando una ponderación de criterios que no ha sido establecida por la entidad adjudicadora
         ni es conocida por los licitadores. 
         
          Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia 
         
         86
            
          El Gobierno austriaco pone de manifiesto que el Derecho comunitario no contempla una obligación explícita de cancelación,
         al igual que las directivas en materia de contratación pública no prevén tampoco una obligación de adjudicación y deduce de
         ello que corresponde a los Estados miembros, respetando los principios del Derecho comunitario, dirimir la cuestión de si,
         en el caso de que se declare la ilegalidad de una decisión relativa a un criterio de adjudicación, la entidad adjudicadora
         está obligada a cancelar la licitación. 
         
         
         
         87
            
          La demandada en el procedimiento principal señala que en virtud del artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/665, las consecuencias
         de una infracción de las normas aplicables a la adjudicación de contratos públicos declarada después de la adjudicación del
         contrato deben apreciarse con arreglo al Derecho interno. Ahora bien, según ella, en virtud del artículo 117, apartado 3,
         del BVergG, cuando el contrato ha sido adjudicado, el órgano que conoce del asunto se limita a declarar si la ilegalidad que
         se alega existe o no. Por lo tanto, concluye que la respuesta a esta cuestión debe ser negativa. 
         
         
         
         88
            
          Las demandantes en el procedimiento principal y la Comisión consideran en cambio que si, después de la presentación de las
         ofertas o de la apertura de las plicas, el órgano que conoce del recurso declara ilegal una decisión relativa a un criterio
         de adjudicación, la licitación no puede dar lugar a la adjudicación del contrato y la única posibilidad es cancelarla. Añaden
         que cualquier modificación de los criterios de adjudicación tiene una incidencia sobre la apreciación de las ofertas, mientras
         que los licitadores no tienen la posibilidad de adaptarlas, al haberlas preparado en un contexto temporal y material muy distinto
         y basándose en criterios diferentes. La única opción consiste por lo tanto en reiniciar todo el procedimiento de adjudicación.
         
         
          Apreciación del Tribunal de Justicia 
         
         89
            
          Debe señalarse que la declaración de la ilegalidad de una decisión relativa a un criterio de adjudicación no conduce en todos
         los casos a su anulación. 
         
         
         
         90
            
          En efecto la posibilidad que ofrece a los Estados miembros el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 89/665, de establecer
         que, una vez celebrado el contrato consecutivo a la adjudicación, los poderes del organismo responsable de los procedimientos
         de recurso se limiten a indemnizar por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción, significa que
         cuando el recurso se interpone después de la celebración del contrato y el Estado miembro afectado ha hecho uso de esta facultad,
         si el órgano que conoce del recurso declara que una decisión relativa a un criterio de adjudicación es ilegal no puede anular
         la decisión, sino que debe limitarse a conceder una indemnización por daños y perjuicios. 
         
         
         
         91
            
          Ahora bien, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se deduce que la cuarta cuestión se refiere
         a la hipótesis de que la declaración de la ilegalidad de una decisión relativa a un criterio de adjudicación traiga como consecuencia
         su anulación. Debe pues entenderse en el sentido de que pregunta si la normativa comunitaria en materia de contratación pública
         obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en el marco del procedimiento de recurso con arreglo al
         artículo 1 de la Directiva 89/665, se declare la ilegalidad de una decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación,
         y por tal motivo dicha decisión sea anulada por el órgano que conoce del recurso. 
         
         
         
         92
            
          Para responder a la cuestión así reformulada, procede señalar que, como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, los principios
         de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación implican que las entidades adjudicadoras deben
         atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento (véase, en este sentido,
         en particular, la sentencia SIAC Construction, antes citada, apartado 43). 
         
         
         
         93
            
          Por lo que atañe a los propios criterios de adjudicación, hay que admitir con mayor razón que no deben ser objeto de ninguna
         modificación a lo largo del procedimiento de adjudicación. 
         
         
         
         94
            
          De ello se deduce que, en el caso de que el órgano que conoce del recurso anule una decisión relativa a algún criterio de
         adjudicación, la entidad adjudicadora no puede continuar válidamente el procedimiento de adjudicación haciendo abstracción
         de dicho criterio, puesto que ello equivaldría a modificar los criterios aplicables al procedimiento en cuestión. 
         
         
         
         95
            
          Por lo tanto, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que la normativa comunitaria aplicable a los contratos públicos
         obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando, en el marco del procedimiento de recurso con arreglo al
         artículo 1 de la Directiva 89/665, se declare la ilegalidad de una decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación
         y, por tal motivo dicha decisión sea anulada por el órgano que conoce del recurso. 
         
         
         Costas
         96
            
          Los gastos efectuados por los Gobiernos austriaco, neerlandés y sueco y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han
         presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene,
         para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde
         a éste resolver sobre las costas. 
         
         
         En virtud de todo lo expuesto, 
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
         
         
          pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesvergabeamt mediante resolución de 13 de noviembre de 2001, declara:
         
         
            
            
            
               1)
                   La normativa comunitaria en materia de contratación pública no se opone a que una entidad adjudicadora establezca, para la
                     determinación de la oferta económicamente más ventajosa a efectos de la adjudicación de un contrato de suministro de electricidad,
                     un criterio consistente en exigir el suministro de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, al que
                     se atribuye un coeficiente de ponderación del 45 %, careciendo de relevancia a este respecto el hecho de que dicho criterio
                     no permita necesariamente alcanzar el objetivo que se persigue.  
                  
               
            
                En cambio, dicha normativa se opone a este criterio en la medida en que:  
                  
               
            
            
             
               
                  
                     –
                         no vaya acompañado de requisitos que permitan el control efectivo de la exactitud de la información contenida en las ofertas,
                            
                        
                     
               
            
            
            
             
               
                  
                     –
                         exija a los participantes en la licitación que indiquen la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes de energía
                           renovables que podrán suministrar a una clientela indeterminada y atribuya la máxima puntuación al licitador que indique la
                           mayor cantidad, teniendo en cuenta que sólo se valora la parte de ésta que exceda del volumen de consumo previsible en el
                           marco de la licitación. 
                        
                     
               
            
               
                  
                     
                         Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, a pesar de no haber establecido la entidad adjudicadora un período
                           de suministro determinado, el criterio de adjudicación ha sido formulado de forma suficientemente clara como para responder
                           a las exigencias de igualdad de trato y de transparencia de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.  
                        
                     
               
            
            
            
            
            
               2)
                   La normativa comunitaria aplicable a los contratos públicos obliga a la entidad adjudicadora a cancelar la licitación cuando,
                     en el marco del procedimiento de recurso con arreglo al artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
                     de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación
                     de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, se declare
                     la ilegalidad de una decisión relativa a alguno de los criterios de adjudicación y, por tal motivo, dicha decisión sea anulada
                     por el órgano que conoce del recurso.  
                  
               
            
            
                  Skouris
               
               
                  Gulmann 
               
               
                  Puissochet 
               
            
                  Schintgen
               
               
                  
               
               
                  Colneric
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de diciembre de 2003.
         
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente
               
            
         
         
         
                  R. Grass
               
               
                  V. Skouris
               
            
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: alemán.