CELEX: 62012CC0327
Language: es
Date: 2013-09-05
Title: Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 5 de septiembre de 2013. # Ministero dello Sviluppo economico y Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture contra SOA Nazionale Costruttori - Organismo di Attestazione SpA. # Petición de decisión prejudicial: Consiglio di Stato - Italia. # Artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE - Empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros conceden derechos especiales o exclusivos - Empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general - Conceptos - Organismos encargados de verificar y certificar el cumplimiento por las empresas que llevan a cabo obras públicas de los requisitos exigidos por la Ley - Artículo 49 TFUE - Libertad de establecimiento - Restricción - Justificación - Protección de los destinatarios de los servicios - Calidad de los servicios de certificación. # Asunto C-327/12.

Conclusiones del abogado general
               
            
            Conclusiones del abogado general
            1. El Consiglio di Stato plantea mediante la presente cuestión prejudicial sus dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión del régimen legal italiano de tarifas mínimas obligatorias aplicables a las llamadas «sociedades organismos de certificación» (en adelante, «SOA»), facultadas para emitir certificaciones de viabilidad a las empresas interesadas en participar en procedimientos de adjudicación de obra pública. 
            2. El presente asunto permitirá al Tribunal de Justicia pronunciarse una vez más sobre un régimen tarifario obligatorio nacional, si bien en un contexto inédito. Ya en el asunto Arduino (2) hubo ocasión de analizar el régimen italiano de tarifas obligatorias mínimas aplicable a la profesión de abogado a la luz de las normas de competencia (artículos 101 TFUE y 106 TFUE). Con posterioridad, el asunto Cipolla y otros (3) permitió al Tribunal de Justicia analizar nuevamente esa normativa pero desde la óptica de la libre prestación de servicios (artículo 54 TFUE). El presente caso sin embargo concierne a unos organismos semipúblicos que operan en un mercado competitivo y cuya función consiste en emitir certificaciones con un destacado valor jurídico y económico, circunstancias estas que definen por sí solas la singularidad del asunto.
            I. Marco jurídico 
            A. Marco jurídico de la Unión 
            3. La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 34, p. 114), prevé en su artículo 52 la posibilidad de que los Estados miembros creen organismos de certificación, ya sean de carácter público o privado. 
            «Artículo 52
            Listas oficiales de operadores económicos autorizados y certificación por parte de organismos de Derecho público o privado
            1. Los Estados miembros podrán establecer listas oficiales de empresarios, proveedores o prestadores de servicios autorizados o una certificación por parte de organismos de certificación públicos o privados.
            Los Estados miembros adaptarán las condiciones de inscripción en dichas listas y las de expedición de certificados por parte de organismos de certificación al apartado 1 y a las letras a) a d) y g) del apartado 2 del artículo 45, al artículo 46, a los apartados 1, 4 y 5 del artículo 47 y a los apartados 1, 2, 5 y 6 del artículo 48 y al artículo 49 y, si procede, al artículo 50.
            Los Estados miembros las adaptarán asimismo al apartado 2 del artículo 47 y al apartado 3 del artículo 48 en relación con las solicitudes de inscripción presentadas por los operadores económicos que formen parte de un grupo y utilicen los medios puestos a su disposición por las demás sociedades del grupo. Estos operadores deberán en este caso probar a la autoridad que establece la lista oficial que disponen de dichos medios durante toda la validez del certificado que acredite su inscripción en la lista oficial, y que dichas sociedades siguen cumpliendo durante ese mismo periodo los requisitos en materia de selección cualitativa, previstos en los artículos a los que se refiere el párrafo segundo, a que se acogen dichos operadores para su inscripción.
            2. Los operadores económicos inscritos en listas oficiales o que cuenten con un certificado podrán presentar a los poderes adjudicadores, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción expedido por la autoridad competente o el certificado expedido por el organismo de certificación competente. Dichos certificados mencionarán las referencias que hayan permitido su inscripción en la lista o la certificación, así como la clasificación obtenida.
            3. La inscripción en las listas oficiales certificada por los organismos competentes o el certificado expedido por el organismo de certificación constituirá para los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros una presunción de aptitud únicamente con respecto al apartado 1 y a las letras a) a d) y g) del apartado 2 del artículo 45, al artículo 46, a las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 47 y al inciso i) de la letra a) y a las letras b), e), g) y h) del apartado 2 del artículo 48 para los contratistas, al inciso ii) de la letra a) y a las letras b), c), d) y j) del apartado 2 del artículo 48 para los proveedores y al inciso ii) de la letra a) y a las letras c) a i) del apartado 2 del artículo 48 para los prestadores de servicios.
            4. No podrá cuestionarse sin justificación la información deducible de la inscripción en las listas oficiales o de la certificación. Se podrá exigir una certificación suplementaria en lo que se refiere al pago de las cotizaciones a la seguridad social y al pago de los impuestos y gravámenes de cualquier operador económico inscrito, con ocasión de cada contrato.
            Los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros aplicarán el apartado 3 y el párrafo primero del presente apartado sólo a los operadores económicos establecidos en el Estado miembro que haya elaborado la lista oficial.
            5. Para la inscripción de los operadores económicos de los demás Estados miembros en una lista oficial o para su certificación por parte de los organismos mencionados en el apartado 1, no se podrá exigir más pruebas o declaraciones que las solicitadas a los operadores económicos nacionales y, en todo caso, únicamente las previstas en los artículos 45 a 49 y, si procede, el artículo 50.
            No obstante, una inscripción o certificación de este tipo no podrá imponerse a los operadores económicos de los demás Estados miembros con vistas a su participación en un contrato público. Los poderes adjudicadores reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros. Aceptarán asimismo otros medios de prueba equivalentes.
            […]
            7. Los organismos de certificación a que hace referencia el apartado 1 serán organismos que responden a las normas europeas en materia de certificación.
            […]»
            B. Marco jurídico nacional 
            4. La Ley nº 109 de 11 de febrero de 1994, de reforma del marco legislativo italiano del sector de la obra pública, introdujo el llamado “sistema único de cualificación”, aplicable obligatoriamente a toda empresa que desee participar en un procedimiento de adjudicación de obra pública de un importe superior a 150.000 euros. La normativa, en línea con la facultad que el artículo 52 de la Directiva 2004/18 reconoce a los Estados miembros, exige a las referidas empresas obtener una certificación que constate el cumplimiento de condiciones técnicas y financieras mínimas, certificación cuya emisión corresponde en exclusiva a las SOA. 
            5. En virtud del Decreto del Presidente de la República nº 34 de 25 de enero de 2000 (en lo sucesivo, “Decreto 34/2000”), reformado y completado en 2010 mediante Decreto del Presidente de la República nº 207 de 5 de octubre de 2010 (en lo sucesivo, “Decreto 207/2010”), consta que las SOA son sociedades anónimas de capital privado regidas por el Derecho privado, autorizadas a operar en el mercado previa autorización de la Autoridad de vigilancia sobre los contratos públicos de obras, servicios y suministro. La normativa citada enumera los requisitos de autorización de las SOA, así como los criterios de autonomía e independencia que deben asegurar en el ejercicio de sus actividades. Asimismo, las SOA tienen como objeto exclusivo de su actividad societaria la certificación de empresas partícipes en procedimientos de adjudicación de obra pública. 
            6. El artículo 70, apartados 4 y 5, del citado Decreto nº 207 establece las siguientes reglas en relación con las tarifas de las SOA: 
            “4. Toda certificación de cualificación o su renovación, así como todas las actividades complementarias de revisión o de modificación, estarán sujetas al pago de un precio determinado en función del importe total y del número de categorías generales o especializadas para las cuales se solicita la certificación, con arreglo a las fórmulas enunciadas en el anexo C – parte I. En lo relativo a las agrupaciones estables, el precio exigible por la SOA para cualquier actividad se reducirá un cincuenta por cien; respecto de las empresas que hayan obtenido la certificación en procedimientos de adjudicación relativos a la clasificación II, el precio de toda actividad efectuada por la SOA se reducirá un veinte por cien. 
            5.	Los importes fijados con arreglo al apartado 4 se considerarán precios mínimos respecto del servicio prestado. El importe debido no podrá superar el doble del precio fijado con arreglo a los criterios enunciados en el apartado 4. Todo acuerdo en contrario será nulo. […]”
            7. El referido Decreto nº 207 establece igualmente el sistema de cálculo del precio de base, de tal manera que las tarifas varían en función de la cuantía del contrato o contratos de obra pública en los que participará la empresa solicitante de la certificación, así como el número de licitaciones a las que se pretende concurrir. A tal fin, la obra pública se clasifica por “categorías” subdividiéndose éstas en “subclasificaciones” con el propósito de adaptar cada tipo de procedimiento a las condiciones que habrá de verificar la SOA.
            8. Consta en autos que actualmente operan en Italia una treintena de SOAs que compiten entre sí en el mercado del sector. 
            II. Los hechos y el procedimiento principal 
            9. A raíz de la entrada en vigor del Decreto-ley nº 223/2006, relativo a la derogación de las tarifas mínimas obligatorias en el ejercicio de actividades profesionales (también llamado “Decreto Bersani”), la Administración italiana, por medio de dos resoluciones, una de la Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori y otra del Ministerio dello Sviluppo Economico, declaró la inaplicabilidad del referido Decreto-ley a los servicios prestados por las SOA. 
            10. SOA Nazionale Costruttori Organismo di Attestazione SpA (en adelante, “SOA Nazionale”) interpuso recurso contencioso-administrativo ante el Tribunale Regionale del Lazio contra las dos resoluciones. Intervinieron en apoyo de las administraciones demandadas, en condición de coadyuvantes, SOA Cqop (en lo sucesivo, “Cqop”) y la Associazione Unionsoa (en lo sucesivo, “UNIONSOA”).
            11. Consta en autos que la recurrente en la primera instancia, SOA Nazionale, se encuentra actualmente en liquidación.
            12. Con fecha de 18 de mayo de 2011, el Tribunale Regionale del Lazio estimó el referido recurso contencioso-administrativo declarando aplicable el Decreto-ley nº 223/2006 a los servicios prestados por las SOA.
            13. Tanto el Ministero dello Sviluppo Economico como la Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, autores de las resoluciones anuladas, así como los coadyuvantes en el proceso principal, recurrieron la sentencia de instancia ante el Consiglio di Stato.
            14. Mediante auto de 6 de marzo de 2012, el Consiglio di Stato decidió plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En esta resolución el órgano remitente resolvió una parte del recurso, suspendiendo la parte restante a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia a su pregunta sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un régimen de tarifas mínimas obligatorias como el previsto en los Decretos 34/2000 y 207/2010.
            III. La cuestión prejudicial y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
            15. El 10 de julio de 2012 hizo entrada en el registro del Tribunal de Justicia la petición de cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato, formulada en los términos siguientes: 
            «¿Los principios comunitarios en materia de competencia y los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se oponen a la aplicación de las tarifas previstas en el D.P.R. nº 34 de 25 de enero de 2000 y en el D.P.R. nº 207 de 5 de octubre de 2010 para la actividad certificadora de las sociedades de certificación (SOA)?»
            16. Han presentado observaciones escritas SOA Nazionale, Cqop, UNIONSOA, la República Italiana y la Comisión Europea. 
            17. Durante la vista, celebrada el día 16 de mayo de 2013, presentaron observaciones orales los intervinientes anteriormente citados. 
            IV. Sobre la admisibilidad 
            18. UNIONSOA ha alegado que la cuestión prejudicial es inadmisible en cuanto hipotética. En su opinión, al encontrarse SOA Nazionale Costruttori actualmente en liquidación, cabe legítimamente preguntarse por las consecuencias prácticas de una eventual decisión prejudicial del Tribunal de Justicia en el procedimiento seguido ante el Consigilio di Stato. En contra de este argumento, SOA Nazionale alega que la decisión del Tribunal de Justicia conserva, en todo caso, su utilidad con vistas al ejercicio en el futuro de una acción de responsabilidad por daños. 
            19. Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión, planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo está justificada cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. (4)
            20. Sin embargo, no es este el caso planteado por el Consiglio di Stato, pues tal y como ha confirmado la propia SOA Nazionale, la respuesta que vaya a dar el Tribunal de Justicia, con independencia de la incidencia que pueda tener, se proyectará también sobre la futura situación de aquella, llegado el caso de ejercer una acción de responsabilidad por daños. Por tanto, entiendo que el presente procedimiento guarda una suficiente relación con la realidad y con el objeto del litigio principal, que impide calificar de hipotética. Todo lo anterior, en mi criterio, debería c onducir al Tribunal de Justicia a declarar la cuestión prejudicial admisible. 
            V. Sobre el fondo 
            A. Observación preliminar 
            21. El Consiglio di Stato pregunta al Tribunal de Justicia si el régimen italiano de tarifas mínimas obligatorias aplicable a las SOA es compatible con los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE, disposiciones todas ellas atinentes al régimen de competencia en el mercado interior. La Comisión sin embargo ha defendido tanto en sus observaciones escritas como orales la improcedencia de la invocación de las referidas disposiciones, proponiendo, por el contrario, que la normativa nacional atacada sea enjuiciada bajo el parámetro de la libertad de establecimiento. Por los motivos que a continuación expondré, asisten razones poderosas a la Comisión en su referida posición de principio. No en vano, en efecto, el Tribunal de Justicia se ha dirigido por escrito a los intervinientes en este proceso prejudicial, invitándoles a pronunciarse en el curso de la vista oral respecto de la compatibilidad de la normativa cuestionada con el artículo 49 TFUE.
            22. Como ahora explicaré, coincido con la tesis defendida por la Comisión. Ello es tanto como decir que considero que la cuestión prejudicial debe ser sometida a una cierta reformulación. En primer lugar procederé analizando la aplicabilidad de los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE, tal como nos propone el Consiglio di Stato. A continuación, una vez descartada la idoneidad de estas disposiciones en la resolución del presente caso, me centraré en el régimen de tarifas mínimas obligatorias a la luz de la libertad de establecimiento recogida en el artículo 49 TFUE. El hecho de que las partes hayan tenido ocasión de pronunciarse sobre este segundo extremo durante la vista y a propuesta del Tribunal de Justicia, nos permite entrar en la materia sin riesgo de violentar el principio de contradicción. 
            B. Las tarifas mínimas obligatorias y los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE 
            23. El Consiglio di Stato considera que las SOA son «empresas» en el sentido de los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE. Con este punto de partida el Consiglio di Stato considera necesario esclarecer si se trata de empresas titulares de «derechos especiales o exclusivos» y, si es así, hasta qué punto el régimen de tarifas mínimas obligatorias lesiona los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE conjuntamente.
            24. En este punto los intervinientes han defendido posturas contrapuestas. Por un lado, UNIONSOA, Cqop y el Gobierno italiano consideran, con algunos matices, que las SOA son efectivamente «empresas» titulares de «derechos especiales o exclusivos», cuyo régimen de tarifas mínimas obligatorias se encuentra justificado con el propósito de garantizar la independencia y la calidad del servicio. Por otro lado, SOA Nazionale Costruttori, aun aceptando la relevancia de los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE, llega a la conclusión contraria. En su opinión el régimen de independencia y calidad del servicio queda garantizado a través de las normas a las que las SOA se encuentran sometidas, incluido un severo régimen sancionador. En opinión de SOA Nazionale Costruttori estas disposiciones serían suficientes por sí solas a la hora de asegurar la independencia y la calidad del servicio. 
            25. La Comisión Europea ha propuesto un enfoque muy diferente del problema. Entiende que los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE no resultan aplicables al presente procedimiento, al tener por objeto una actividad normativa estatal (el régimen de tarifas mínimas obligatorias aprobado mediante Decreto). La Comisión Europea defiende que en estas circunstancias la disposición relevante es el artículo 49 TFUE, el cual garantiza la libertad de establecimiento.
            26. Asimismo, la circunstancia de que las SOA ejerzan funciones vinculadas al poder público ha aparecido a lo largo de los escritos e intervenciones orales de todos los intervinientes, aunque al abordar aspectos no siempre coincidentes. Si para UNIONSOA, Cqop y el Gobierno italiano estas funciones de certificación que antiguamente ejercía el Estado confirmarían la presencia de “derechos especiales o exclusivos” que, a su vez, justificarían la licitud de la normativa cuestionada, para la Comisión y para SOA Nazionale Costruttori esta circunstancia no tendría incidencia en la solución del caso, ya sea al interpretar el artículo 106 TFUE o el 49 TFUE. 
            27. Es cierto que el artículo 106 TFUE, interpretado conjuntamente con el artículo 101 TFUE o 102 TFUE, permite a los Estados miembros encomendar a determinadas empresas el cumplimiento de una misión que podría, en principio, afectar al funcionamiento del mercado. Sin embargo, los requisitos bajo las cuales se permite a los Estados miembros acordar este tipo de medidas son muy severos y se analizan a la luz de un control de proporcionalidad. En el caso de autos, entiendo que no se dan los requisitos para poder aplicar el régimen especial del artículo 106 TFUE, lo cual nos exime entrar en la proporcionalidad de la medida atacada. 
            28. En efecto, para enjuiciar la conformidad de una medida nacional con el artículo 106 TFUE, sea en relación con el artículo 101 TFUE o con el artículo 102 TFUE, es necesario que el beneficiario de la medida sea una «empresa» y que disfrute de «derechos especiales o exclusivos». Este es el punto de partida a la hora de determinar la aplicabilidad de los referidos preceptos a una conducta estatal. 
            29. Resulta indudable que las SOA, en su configuración actual, constituyen «empresas» en el sentido del artículo 106 TFUE. Una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma esta constatación. Ya en los años noventa, en los asuntos Höfner y Elser, nuestra jurisdicción declaró que el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad «que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación». (5) Asimismo, por «actividad económica» ha de entenderse «cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado». (6)
            30. El hecho de que la «empresa» ejerza funciones vinculadas al poder público no implica necesariamente la no aplicación del artículo 106 TFUE. En la medida en que la actividad implique participación activa en el mercado ofreciendo bienes y servicios mediante los cuales, directa o indirectamente, obtiene un rendimiento, debe entenderse que la «empresa» entra en el ámbito de los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE. (7)
            31. Este es precisamente el caso de las SOA, empresas privadas con ánimo de lucro encargadas de prestar un servicio de certificación técnica, servicio a cambio del cual perciben una contraprestación. El hecho de que la certificación esté dotada de una presunción de legalidad con una incidencia directa en los procesos públicos de licitación, en nada modifica el hecho de que las SOA sean actores económicos operando en un mercado competitivo. Por tanto, entiendo que se cumplen sobradamente las condiciones exigidas en la jurisprudencia para considerar que una entidad constituye una «empresa» en el sentido de los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE. 
            32. Alguna mayor dificultad podría plantear el segundo requisito, el relativo a la atribución por el Estado de «derechos especiales o exclusivos». La jurisprudencia ha mantenido cierta ambigüedad al definir estos derechos, pero sus rasgos principales se encuentran ya suficientemente determinados. En efecto, en el asunto Ambulanz Glöckner (8), el Tribunal de Justicia, en línea con la propuesta formulada por el Abogado General Jacobs, consideró que son «derechos especiales o exclusivos» aquellas medidas «de carácter legislativo» por las que «se confiere una protección a un número limitado de empresas y [cuando] tal[es] medida[as] puede[n] afectar sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para realizar la actividad económica de que se trata en el mismo territorio en condiciones esencialmente equivalentes». 
            33. Esta definición de los «derechos especiales o exclusivos» es coherente con la evolución que venía observándose en la jurisprudencia. (9) En líneas generales, los «derechos» tienen que atribuirse mediante un instrumento materialmente «legislativo», dotado por tanto de cierta solemnidad y estabilidad. Asimismo, debe tratarse de «derechos» con cierta vocación de incorporar un elemento de privilegio,  es decir, deben situar a unos operadores en una situación de ventaja competitiva respecto de otros. La ventaja puede producirse como consecuencia de una atribución puntual a varios operadores, situación que estaría recogida bajo la categoría de «derecho especial». (10) En el caso de que la ventaja se atribuya a un solo operador, se trataría por tanto de un «derecho exclusivo». 
            34. Las SOA se caracterizan por ejercer una facultad que anteriormente desempeñaba el Estado italiano: la evaluación previa de las empresas respecto de su capacidad para ejecutar técnica y económicamente una obra pública. En el caso de las SOA, esta evaluación da eventualmente lugar a una certificación en forma de un documento ciertamente privado, pero dotado de una especial fuerza probatoria atribuida por ley. En este sentido, debe reconocerse que las SOA ejercen una función expresamente encomendada a través de una medida «de carácter legislativo» y por la cual las empresas se benefician de facultades especiales de las que no disfrutan otros operadores económicos. 
            35. Sin embargo, sucede que las SOA operan en un mercado fuertemente acotado, en el sentido de que no existe competencia cruzada con otros servicios similares. Es decir, la certificación de empresas de obra pública es un servicio que, como tal, no compite directa o indirectamente con ningún otro, dado que no existen servicios similares a los que pueda acudir una empresa a fin de poder concurrir en una licitación de obra pública en Italia. En un contexto así, el de un mercado que podríamos calificar de «estanco», el hecho de que todas  las SOA ejerzan las facultades especiales que el legislador ha decidido encomendar al sector privado, excluye cualquier riesgo de ventaja competitiva en detrimento de otro operador en el mercado. No existe sector que se vea perjudicado por la atribución ex lege  a las SOA de la facultad de emitir certificaciones como las aquí planteadas. Por tanto, no es posible concluir que el Estado italiano haya atribuido a las SOA «derechos especiales o exclusivos» en el sentido del artículo 106 TFUE. Esta conclusión implica, como es obvio, la inaplicabilidad de dicha disposición al caso de autos.
            36. No obstante la conclusión anterior, y como ha apuntado acertadamente la Comisión, el hecho de que el artículo 106 TFUE no resulte aplicable no implica necesariamente que la actividad estatal, como es en este caso un régimen de tarifas mínimas obligatorias, se encuentre inmune a todo control a la luz de las disposiciones del Tratado en materia de competencia. Es claro que, con independencia de que incluso cuando un Estado miembro no atribuya «derechos especiales o exclusivos» a una o varias «empresas», es posible que la actividad estatal lesione el artículo 101 TFUE o 102 TFUE, interpretados en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, es decir a la luz del principio de cooperación leal. Una consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia viene reiterando que la conjunción de las normas de competencia con el principio de cooperación leal obliga a los Estados miembros a no adoptar o mantener en vigor medidas, ni siquiera legislativas o reglamentarias, que puedan anular la eficacia de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. Tal sería el caso, según la jurisprudencia, «cuando un Estado miembro, o bien impone o favorece prácticas colusorias, o bien retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica». (11)
            37. El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de proyectar esta línea jurisprudencial sobre un supuesto de tarifas mínimas obligatorias, concretamente el de las tarifas de abogados italianos aprobadas por el Gobierno a propuesta de un organismo representativo de la profesión. En el asunto Arduino, y posteriormente en el asunto Cipolla y otros, antes citados, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la decisión del Gobierno de aprobar un régimen de tarifas mínimas obligatorias a propuesta de una organización profesional no constituía una «delegación en operadores privados de la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica», pues el Gobierno era libre en todo momento de desviarse de la propuesta y acordar el régimen tarifario que considerase más apropiado. 
            38. A diferencia del supuesto anterior, en el caso de autos ni siquiera puede afirmarse que las SOA o alguna de sus organizaciones representativas participen en el proceso de aprobación de las tarifas mínimas obligatorias. Por lo que consta en los documentos aportados a este Tribunal de Justicia, se trata de una decisión estrictamente pública que corresponde al Gobierno en función de unos criterios predeterminados. En definitiva, la ausencia de concertación en la toma de esta decisión no convierte al régimen tarifario de las SOA en una medida estatal delegada en operadores privados, de la misma manera que tampoco impone ni favorece «prácticas colusorias» en el sentido de la jurisprudencia antes citada. Por tanto, considero que tampoco resultan aplicables los artículos 101 TFUE ni 102 TFUE en relación con el artículo 4 TUE. 
            39. En conclusión, y recapitulando lo hasta ahora expuesto, entiendo que el estatuto general de las SOA no refleja una atribución de «derechos especiales o exclusivos», excluyendo así la aplicación al caso del artículo 106 TFUE, apartado 1. Asimismo, y respecto del objeto concreto del presente litigio, tampoco cabe aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, en la medida en que el régimen italiano de tarifas mínimas obligatorias aplicable a las SOA no impone ni favorece prácticas colusorias, ni tampoco retira el carácter estatal a su propia normativa, delegando en operadores privados la responsabilidad de tomar decisiones de intervención en materia económica. 
            C. Las tarifas mínimas obligatorias y el artículo 49 TFUE 
            40. No obstante lo anterior, la Comisión Europea considera que el presente asunto debería analizarse desde el ángulo de la libertad de establecimiento. En este sentido, invita al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la interpretación del artículo 49 TFUE en un supuesto como el de autos. Como ya se ha indicado, a la luz de esta propuesta de la Comisión Europea el Tribunal de Justicia remitió a las partes una pregunta escrita con anterioridad a la celebración de la vista, invitándolas a posicionarse sobre este punto.
            41. Durante la vista oral tan sólo la Comisión Europea y el Gobierno italiano han atendido a dicha invitación, si bien lo hicieron defendiendo posturas contradictorias. Mientras la Comisión Europea descartó que la actividad realizada por las SOA constituya una actividad vinculada el ejercicio del poder público, la República Italiana consideró que sí lo es. Y con relación a la infracción de la libertad, la Comisión entendió que se trataba de una medida restrictiva carente de justificación, en tanto en cuanto iría más allá de lo necesario para alcanzar los fines legítimos de interés general perseguidos. Por el contrario, la República Italiana consideró que la garantía de la calidad y de la independencia en la prestación del servicio de las SOA justificaría sobradamente la imposición de unas tarifas mínimas obligatorias.
            42. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es necesario abordar un aspecto al que se ha referido la República Italiana en el curso de la vista. En opinión de dicho Estado miembro el caso aquí suscitado se caracteriza por el hecho de que todos los elementos de hecho han transcurrido en el interior de un solo Estado. SOA Nazionale Costruttori, sociedad en liquidación establecida en Italia, impugna una medida italiana, sin que sus competidores directos sean empresas establecidas en otros Estados miembros o que prestaran servicios en Italia. Por tanto, y siempre en opinión del Gobierno italiano, no existe elemento transfronterizo alguno que justifique la aplicabilidad de la libertad de establecimiento. 
            43. Aunque es cierto que todos los elementos del presente asunto se circunscriben al territorio de un solo Estado, opino que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la libertad de establecimiento. En efecto, una jurisprudencia reiterada y firmemente establecida viene declarando que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre una cuestión puramente interna si la respuesta que dé al caso permite al juez remitente resolver una discriminación inversa a la luz de su Derecho interno. Esta posibilidad, presente en nuestra jurisprudencia desde el asunto Guimont, (12) se aplica exclusivamente a las libertades de circulación, incluida, desde las sentencias dictadas en los asuntos Cipolla y otros, Blanco Pérez y Chao Gómez y Duomo y otros, antes citados, la libertad de establecimiento. (13) Por tanto, el Tribunal de Justicia, a los estrictos fines de la interpretación del artículo 49 TFUE, es competente para pronunciarse sobre la interpretación de esta disposición en un asunto como el de autos. 
            1. La derogación del artículo 51 TFUE fundada en la presencia de actividades basadas en el ejercicio del poder público
            44. El Gobierno italiano, e indirectamente también UNIONSOA y Cqop, consideran que las actividades realizadas por las SOA traen consigo una delegación de potestades públicas que las sustrae del ámbito de aplicación de las libertades. En su opinión, las SOA desempeñan una actividad materialmente administrativa que transforma a dichas entidades en poder adjudicador, al menos en el punto concerniente a la evaluación de los requisitos técnico-financieros exigibles a las empresas licitadoras.
            45. Aunque es cierto que las SOA han asumido una responsabilidad que tradicionalmente ejercía la Administración pública italiana, también es verdad que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de pronunciarse en diversas ocasiones sobre el artículo 51 TFUE, sin que hasta la fecha haya constatado la aplicación del precepto a una actividad económica. Efectivamente, la jurispr udencia se ha caracterizado por interpretar el citado precepto de forma sumamente restrictiva, siendo un ejemplo representativo de esta tendencia el caso de los notarios, cuya actividad no ha sido calificada por el Tribunal de Justicia como un ejercicio del poder público. (14)
            46. A la vista de lo anterior, difícilmente puede concluirse que una SOA, cuya finalidad lucrativa en el seno de un mercado competitivo es evidente, puede beneficiarse del artículo 51 TFUE. Que la actividad de las SOA no constituye un ejercicio del poder público en el sentido de dicha disposición lo confirman las sentencias del Tribunal de Justicia dictadas en los asuntos Comisión/Portugal (15) y Comisión/Alemania, (16) relativas ambas a empresas encargadas ex lege  de la realización de actividades de certificación. 
            47. En efecto, en la sentencia Comisión/Portugal antes citada el Tribunal de Justicia debía determinar si la actividad de las empresas de inspección técnica de vehículos conllevaba el ejercicio de «poder público» en el sentido del artículo 51 TFUE. La actividad de inspección es, como resulta sabido, una modalidad de actividad de certificación delegada en empresas privadas. Sin embargo, en dicho caso el Tribunal de Justicia señaló que «la decisión de certificar o no certificar la inspección técnica se limita, en esencia, a constatar los resultados de la inspección, por lo que, de una parte, carece de la autonomía decisoria propia del ejercicio de las prerrogativas de poder público, y, por otra parte, se adopta en el marco de una supervisión estatal directa». (17) Por tanto, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que las empresas de inspección quedaban sujetas a las reglas de libre circulación del Tratado.
            48. Al mismo resultado llegó el Tribunal de Justicia al analizar si los organismos privados encargados del control de los productos de la agricultura ecológica realizaban una actividad vinculada el ejercicio del poder público. Al igual que en el asunto Comisión/Portugal, antes citado, la sentencia del caso Comisión/Alemania, antes citado, destacó la importancia de la supervisión estatal sobre los organismos privados de certificación. El Tribunal de Justicia puso de relieve que «los organismos privados ejercen su actividad bajo la supervisión activa de la autoridad pública competente, que es, en última instancia, responsable de los controles y de las resoluciones que incumben a dichos organismos, tal como ponen de manifiesto las obligaciones que recaen sobre la mencionada autoridad y que se enuncian en el apartado precedente de la presente sentencia». (18) Como consecuencia de todo ello, la genuina función pública seguiría en manos del Estado y no de las empresas de certificación, de tal modo que éstas quedarían sujetas a las libertades de circulación. 
            49. Si nos detenemos ahora en la actividad desempeñada por las SOA, se observa que, efectivamente, su función consiste en emitir certificaciones basadas en el cumplimiento de requisitos técnicos predeterminados por la ley. Si bien la emisión de estas certificaciones conserva algunos de los elementos que anteriormente caracterizaron a la actividad cuando la desempeñaba el Estado, pues se trata de actos revestidos de una presunción de legalidad similar a la que desempeñan los actos de la administración, también es cierto que se trata de una actividad reglada y técnica. Las SOA ejercen discrecionalidad, pero una discrecionalidad técnica en el marco de unos criterios prefijados por normas adoptadas por el legislador y el gobierno. Además, el hecho de que existan estrictos mecanismos de supervisión pública de las actividades desempeñadas por las SOA, supervisión con consecuencias disciplinarias basada en el cumplimiento de requisitos también predeterminados por la ley, confirma que el poder público sigue ejerciendo una importante presencia, si bien vigilante, en el sector de la certificación de empresas de obra pública.
            50. Por tanto, y a la vista de los argumentos expuestos, entiendo que las SOA no son empresas encargadas de realizar una actividad vinculada al ejercicio del poder público en el sentido del artículo 51 TFUE.
            2. La libertad de establecimiento del artículo 49 TFUE
            a) Sobre la restricción a la libertad
            51. Tanto la Comisión como el Gobierno italiano coinciden en que un régimen de tarifas mínimas obligatorias restringe la libertad de establecimiento, en la medida en que se trata de una medida susceptible de hacer menos atractiva la implantación de una actividad económica en un Estado miembro. En efecto, y tal y como se ha reconocido en el curso del proceso, la restricción es patente, pues la imposibilidad de rebajar el precio de un servicio puede generar una desventaja competitiva en favor de los operadores nacionales, ya implantados en el mercado y con una posición evidentemente más favorable. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia en relación con los honorarios mínimos obligatorios de los abogados en el asunto Cipolla y otros, antes citado, medida que estimó que «puede dificultar el acceso de los abogados establecidos en un Estado miembro distinto de la República italiana al mercado italiano de servicios jurídicos y, por ende, restringir su actividad de prestar servicios en este último Estado». (19)
            b) Sobre la justificación
            52. Tratándose de una medida restrictiva e indistintamente aplicable a cualesquiera empresas que realizan la actividad de una SOA en Italia, queda por determinar si dicha medida puede considerarse justificada con motivo de alguna razón imperiosa de interés general. A este respecto, tanto UNIONSOA como Cqop y el Gobierno italiano consideran que las tarifas mínimas obligatorias son una condición indispensable para la garantía de la calidad y de la independencia de los servicios prestados por las SOA. No obstante, ni la Comisión Europea ni SOA Nazionale Costruttori consideran que esta justificación sea capaz de superar un control de proporcionalidad. 
            53. El Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que la protección de los destinatarios de los servicios, así como la calidad de los mismos, puede constituir una razón imperiosa de interés general, susceptible de justificar una restricción a una libertad de circulación. (20) Ahora bien, es también jurisprudencia reiterada que una normativa orientada hacia dichos fines es susceptible de exceder lo necesario si supedita el ejercicio profesional de la actividad a exigencias desproporcionadas. En el caso de autos, el objetivo de las tarifas mínimas obligatorias es principalmente asegurar, por un lado, la calidad del servicio de certificación y, por otro, la independencia de una SOA en el ejercicio de sus funciones. Entiendo que se trata de finalidades perfectamente legítimas e inherentes a todo proceso de privatización, pues al traspasar una actividad pública al sector privado es lógico que el Estado desee asegurar que el servicio mantenga estándares de calidad y objetividad equivalentes a los que proporcionaba antes el poder público. Sin embargo, no es la licitud del objetivo perseguido lo que se cuestiona en este proceso, sino la proporcionalidad de la medida, las tarifas mínimas obligatorias, a la vista de los referidos fines. 
            54. Por lo que se refiere a la calidad del servicio, tanto el Gobierno italiano como UNIONSOA y Cqop han destacado las consecuencias del trabajo de las SOA en la ejecución de obras públicas. En este sentido, es indiscutible, tal y como defienden dichos intervinientes, que el eficaz desempeño del trabajos de las SOA repercute directamente en la ejecución de las obras públicas, pues sólo garantizando la solvencia técnica y financiera del todas las empresas en liza podrá asegurarse la ejecución efectiva de la obra. La obligación de respetar unas tarifas mínimas desempeñaría por tanto una función de aseguramiento de la integridad financiera de la SOA, de tal modo que, al contar con unas tarifas que en todo caso cubrirán los costes del servicio, la SOA dispondrá siempre de los medios necesarios para efectuar su análisis correctamente. 
            55. La independencia de las SOA es la otra razón invocada con el propósito de justificar la restricción. Para que las SOA presten eficazmente sus servicios deben contar con la suficiente autonomía respecto de sus clientes. De nada sirve un sistema de certificación si el certificador no ofrece garantías de imparcialidad a la hora de verificar si una empresa reúne las condiciones para obtener o no la correspondiente certificación. Aquí es donde entran en juego las tarifas mínimas obligatorias, pues aseguran así una suficiencia de medios financieros a la SOA que garantizan su autonomía decisional. 
            56. Al analizar la adecuación de esta medida a la luz de los objetivos perseguidos, hemos de comenzar destacando que el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones que un sistema de tarifas mínimas obligatorias aplicable a una actividad profesional es, visto en abstracto, un medio adecuado para asegurar objetivos legítimos como lo es, por ejemplo, la consecución de servicios de calidad. (21) Pero esta apreciación es de partida, y exige a continuación un análisis más detallado del contexto en el que se aplica, atendiendo, como ha destacado la jurisprudencia, al mercado de referencia y a la naturaleza de los servicios controvertidos. En el caso de que la apreciación deba realizarse en un procedimiento prejudicial, la tarea exige, además, un esfuerzo analítico conjunto, tanto del Tribunal de Justicia como del juez nacional. 
            57. Por lo que se refiere al mercado, debe destacarse en primer lugar que las SOA actúan en un marco de libre competencia en el que no existe un numerus clausus  de las SOA autorizadas. Se trata, por tanto, de un mercado competitivo en el que cualesquiera empresas que reúnan las condiciones preceptivas podrán prestar el servicio de certificación. Sin embargo, dadas las características de la actividad y la rigidez de las condiciones exigibles para la prestación del servicio, no debe sorprender que el número de las SOA sea relativamente reducido. Aunque no se trate de un mercado limitado a dos o tres operadores, consta en autos que actualmente el número de las SOA se encuentra alrededor de la treintena. Por tanto, no se trata de un mercado en el que exista un elevadísimo número de profesionales, ni tampoco una asimetría informativa entre el prestador del servicio y el receptor del mismo. Estos dos factores fueron determinantes en el asunto Cipollay otros, antes citado, a la hora de apreciar las circunstancias del mercado italiano de los abogados. Sin embargo, en el caso de autos se produce la situación contraria: además del número relativamente reducido de operadores, se da también la circunstancia de que los receptores del servicio están obligados a mantener una distancia preceptiva a fin de permitir a la SOA operar con total autonomía. La relación prestador-receptor del servicio en el caso de las SOA es radicalmente diferente a la que podría darse en el caso de una relación abogado-cliente, situación esta última en la que la confianza y la defensa de un interés común constituyen criterios determinantes. En el caso de la SOA tal confianza y defensa no sólo no debe existir, sino que viciarían de raíz la existencia misma de la SOA. 
            58. En consecuencia, la adecuación de las tarifas mínimas obligatorias debe apreciarse, en el caso de autos, en el contexto de un mercado de dimensiones reducidas y en el que es necesario salvaguardar la autonomía decisional de la SOA frente a posibles requerimientos o intereses de sus clientes. Visto así, que el Estado imponga con carácter vinculante un régimen de tarifas mínimas obligatorias resulta una medida coherente con la finalidad de garantizar la calidad del servicio y la independencia de las empresas encargadas de la certificación. 
            59. Mayores interrogantes plantea la necesidad de la medida. En efecto, que las tarifas mínimas obligatorias constituyan medidas adecuadas para asegurar la recta prestación del servicio no conlleva automáticamente la ausencia de medidas menos restrictivas que garanticen igualmente tales objetivos. Así lo ha entendido la Comisión Europea en sus observaciones escritas y orales, al considerar que existen elementos excesivamente rígidos que no justificarían una tarifa mínima obligatoria. Por su parte, SOA Nazionale Costruttori destaca que la calidad del servicio y la independencia de las SOA se garantizan a través de un régimen disciplinario particularmente severo y en manos de la Administración pública. Este régimen, siempre en opinión de SOA Nazionale Costruttori, resulta suficiente para dar cumplimiento a los objetivos reseñados. 
            60. A fin de proponer una respuesta en este punto, comenzaré analizando el contexto normativo de las SOA y, como se acaba de explicar, el régimen de disciplina aplicables a estas empresas. Según consta en autos, los Decretos 34/2000 y 207/2010 contemplan un régimen disciplinario que incluye sanciones pecuniarias e incluso la retirada de la autorización de actividades de la SOA. La vigilancia y aplicación de este régimen disciplinario recae en la Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
            61. Es cierto que, en determinadas circunstancias, un régimen de tarifas mínimas que convive con un régimen disciplinario puede resultar una carga excesiva sobre los operadores económicos. Sin embargo, el caso de las SOA resulta muy particular, por lo que merece una atención pormenorizada en razón de su independencia. Efectivamente, y como ya se ha dicho, la independencia exigible a las SOA se traduce en el mantenimiento de una distancia respecto del receptor del servicio que dé garantías de imparcialidad y autonomía decisional en la prestación. Precisamente porque la SOA debe actuar en un marco de autonomía reforzada  frente a los licitadores, la existencia de un régimen disciplinario puede resultar insuficiente. Precisamente lo que exige dicha autonomía reforzada es un régimen suficientemente completo que garantice la independencia del prestador del servicio. Tal complitud puede traducirse en un régimen disciplinario severo acompañado de tarifas mínimas obligatorias.
            62. En efecto, en un mercado en el que compiten varias SOA tanto en función de la calidad como en función de los precios, la posibilidad de negociar un precio con los futuros licitadores corre el riesgo de alterar la preceptiva autonomía que debe caracterizar a una empresa de este tipo. Y si bien es cierto que la negociación sobre el precio no implica necesariamente que la SOA pierda su independencia ni su apariencia de ente independiente, tal negociación podría desembocar en un resultado semejante si el precio finalmente pactado resulta anormalmente bajo. Por tanto, opino que un régimen de tarifas mínimas obligatorias, que venga a completar un régimen disciplinario en manos de la Administración pública, constituye una medida necesaria para garantizar la preceptiva independencia de las SOA en un mercado como el existente en Italia.
            63. Con independencia de lo anterior, entiendo necesaria una precisión suplementaria. El hecho de que el régimen de tarifas mínimas obligatorias resulte necesario con carácter general, no implica que el sistema de cálculo actualmente vigente lo sea en todos sus aspectos. Como ha señalado acertadamente la Comisión, el punto débil del régimen aquí cuestionado reside en el método de cálculo de las tarifas, el cual no siempre muestra, en opinión de la misma, un carácter proporcionado. 
            64. En efecto, recuérdese cómo el régimen de cálculo de las tarifas mínimas obligatorias se aplica a aquellas obras públicas cuyo importe sea superior a los 150.000 euros, a partir del cual se aplica una fórmula basada, en sus rasgos más generales, en dicho importe, el número de obras a las que concurre el licitador y la aplicación de un coeficiente de precios al consumo (ISTAT). De este modo, si una empresa concurre a varios procedimientos de licitación de obra pública, la tarifa mínima obligatoria se incrementa automáticamente en función del número de obras. Consta en autos que frente al importe mínimo obligatorio resultante de la fórmula no cabe aplicar criterio moderador alguno. 
            65. Opino que este sistema suscita serias dudas a la luz de la necesidad de la medida, precisamente en el caso de que la certificación se solicite para varias obras públicas. Como ya he dicho, resulta justificado que una empresa licitadora abone una tarifa mínima obligatoria en el momento de someterse a la certificación de la SOA, labor que ésta llevará a cabo atendiendo a las condiciones técnico-financieras de la empresa a la vista de la obra pública a la que se concurre. Lo que no parece tener suficiente explicación, o al menos no han sido capaces de justificarlo adecuadamente los intervinientes en este proceso, es que una SOA pueda multiplicar automáticamente el importe de sus tarifas por el hecho de que una empresa concurra a varias licitaciones. La estructura, actividad, personal, medios físicos, así como otros rasgos de la empresa serán normalmente los mismos, pues es normal que una empresa con suficiencia de medios esté en condiciones de ejecutar varias obras públicas a la vez, sean de escasa o de gran cuantía. 
            66. Es cierto que en el supuesto de que una empresa concurra a varias obras públicas la SOA debe apreciar una situación individual a la luz de varios contratos públicos. Lógicamente la carga de trabajo que recae en la SOA es superior y resulta aceptable que en tales circunstancias la tarifa mínima obligatoria refleje esta mayor responsabilidad. Sin embargo, un sistema que multiplicase automáticamente el importe de la tarifa mínima obligatoria en función del número de obras a las que se concurre, no responde objetivamente a esa mayor carga asumida por la SOA. Al contrario, tal sistema permite a las SOA realizar una evaluación de una sola empresa pero aplicando una tarifa mínima obligatoria muy superior a la exigible en el supuesto de que se hubiera concurrido a una sola licitación. 
            67. Por tanto, y a la vista de lo anterior, una fórmula de cálculo como la expuesta, que en el caso de aplicarse a una solicitud de certificación para varias obras públicas multiplicase automáticamente el importe de la tarifa en función del número de licitaciones, iría más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de calidad e independencia perseguidos. En consecuencia, entiendo que en este punto específico el régimen de tarifas mínimas obligatorias aplicable a las SOA, y en particular su fórmula de cálculo en el supuesto de solicitar una certificación para varias obras públicas, no está justificado por razones imperativas de interés general y por tanto no es compatible con el artículo 49 TFUE.
            VI. Conclusión 
            68. En atención a los argumentos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia que conteste a la cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato en los siguientes términos:
            «Los artículos 101 TFUE, 102 TFUE y 106 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se aplican a un régimen de tarifas mínimas obligatorias como el previsto para las SOA.
            El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen de tarifas mínimas obligatorias como el previsto para las SOA, en la medida en que contempla una fórmula de cálculo por la que se multiplica automáticamente la tarifa con arreglo al número de obras públicas a las que concurre la empresa solicitante de la certificación, extremo este último que corresponde al órgano jurisdiccional remitente confirmar.»
            (1) . 
            (2)  –	Sentencia de 19 de febrero de 2002 (C-55/99, p. I-1529).
            (3)   –	Sentencia de 5 de diciembre de 2006 (C-94/04 y C-202/04, p. I-11421).
            (4)  –	Entre muchas otras, la sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli (C‑188/10 y C‑189/10, Rec. p. I—5667), apartado 27, así como la jurisprudencia ahí citada.
            (5)  –	Sentencias de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser (C‑41/90, Rec. p. I‑1979), apartado 21; de 16 de noviembre de 1995, Féderation française des sociétés d’assurance y otros (C‑244/94, Rec. p. I‑4013), apartado 21; de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia (C‑35/96, Rec. p. I‑3851), apartado 36; de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros (C‑180/98 a C‑184/98, Rec. p. I‑6451), apartado 74.
            (6)  –	Sentencia de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia (118/85, Rec. p. 2599), apartado 7; de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia (C‑35/96, Rec. p. I‑3851), apartado 36, y Pavlov y otros, antes citada, apartado 75.
            (7)  –	No son empresas de actividades de protección ambiental (sentencia de 18 de marzo de 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, Rec. p. I‑1547, apartado 16) o de control aéreo (sentencias de 19 de enero de 1994, SAT Fluggesellschaft, C‑364/92, Rec. p. I‑43, apartado 30, de 26 de marzo de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑113/07 P, Rec. p. I‑2207, apartados 91 y 92).
            (8)  –	Sentencia de 25 de octubre de 2001 (C-475/99, Rec. p. I-8089).
            (9)  –	Sentencias de 13 de diciembre de 1991, GB‑Inno‑BM (C‑18/88, Rec. p. I‑5941); de 18 de junio de 1991, ERT (C‑260/89, Rec. p. I‑2925); de 27 de abril de 1994, Almelo (C‑393/92, Rec. p. I‑1477); de 5 de octubre de 1994, Centre d’insémination de la Crespelle (C‑323/93, Rec. p. I‑5077); de 14 de diciembre de 1995, Banchero (C‑387/93, Rec. p. I‑4663), de 16 de enero de 1997, USSL nº 47 di Biella (C‑134/95, Rec. p. I‑195).
            (10)  –	Buendía Sierra, J.L., Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law, ed. Oxford University Press, Oxford, 2000.
            (11)  –	Véanse, entre otras, las sentencias de 29 de enero de 1985, Cullet (231/83, Rec. p. 305), apartado 16; de 10 de enero de 1985, Leclerc (229/83, Rec. p. 1), apartado 14; de 21 de septiembre de 1988, Van Eycke (267/86, Rec. p. 4769), apartado 16; de 17 de noviembre de 1993, Meng (C‑2/91, Rec. p. I‑5751), apartados 14 y 15, y de 9 de septiembre de 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, apartados 45 y 46; el auto de 17 de febrero de 2005, Mauri (C‑250/03, Rec. p. I‑1267), apartados 29 a 31; y la sentencia de 5 de octubre de 1995, Centro Servizi Spediporto (C‑96/94, Rec. p. I‑2883), apartados 20 y 21.
            (12)  –	Sentencia de 5 de diciembre de 2000 (C‑448/98, Rec. p. I‑10663), apartado 23; seguida, entre otras, por las sentencias de 5 de marzo de 2002, Reisch y otros (C‑515/99, C‑519 a C‑524/99 y C‑526/99 a C‑540/99, Rec. p. I‑2157), apartado 26; de 11 de septiembre de 2003, Anomar y otros (C‑6/01, Rec. p. I‑8621), apartado 41, y de 30 de marzo de 2006, Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti (C‑451/03, Rec. p. I‑2941), apartado 29.
            (13)  –	Sentencia de 1 de junio de 2010 (C‑570/07 y C‑571/07, Rec. p. I‑4629), apartado 39. Sentencia de 10 de mayo de 2012 (C‑357/10 a C‑359/10), apartado 28.
            (14)  –	Véase a título de ejemplo,, entre las diversas resoluciones relativas a la profesión notarial, la sentencia de 24 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica (C‑47/08, Rec. p. I‑4105).
            (15)  –	Sentencia de 22 de octubre de 2009, Comisión/Portugal (C‑438/08, Rec. p. I‑10219).
            (16)  –	Sentencias de 29 de noviembre de 2007, Comisión/Austria (C‑393/05, Rec. p. I‑10195), apartado 29, y Comisión/Alemania (C‑404/05, Rec. p. I‑10239).
            (17)  –	Sentencia Comisión/Portugal, antes citada, apartado 41.
            (18)  –	Sentencia Comisión/Alemania, antes citada,  apartado 44.
            (19)  –	Sentencia Cipolla y otros, antes citada, apartado 58.
            (20)  –	Véase, entre otras, la sentencia de 25 de julio de 1991, Säger (C‑76/90, p. I‑4221), apartado 16: «A este respecto, procede señalar en primer lugar que una normativa nacional como la descrita por el órgano jurisdiccional nacional está evidentemente destinada a proteger a los destinatarios de los servicios de que se trata contra el perjuicio que podrían sufrir a consecuencia del asesoramiento jurídico proporcionado por personas que no tienen la cualificación profesional o moral necesaria.»
            (21)  –	Sentencia Cipolla y otros, antes citada, apartado 67.