CELEX: C2000/335/83
Language: es
Date: 2000-11-25 00:00:00
Title: Asunto T-184/00: Recurso interpuesto el 13 de julio de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Zissis Christos Drouvis

C 335/44                 ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     25.11.2000
Recurso interpuesto el 13 de julio de 2000 contra la                       Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2000 contra
Comisión de las Comunidades Europeas por Zissis Chris-                    el Banco Central Europeo por International and Public
                             tos Drouvis                                   Services Organisation (IPSO) y Union of Staff of the
                                                                                            European Central Bank (U.S.E.)
                         (Asunto T-184/00)
                                                                                                   (Asunto T-238/00)
                          (2000/C 335/83)
                                                                                                    (2000/C 335/84)
                    (Lengua de procedimiento: griego)
                                                                                             (Lengua de procedimiento: alemán)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 13 de julio de 2000 un recurso                En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                  Europeas se ha presentado el 11 de septiembre de 2000 un
por el Sr. Zissis Christos Drouvis, con domicilio en Marous-               recurso contra el Banco Central Europeo (BCE) formulado por
siou-Attikis, odos Parmenidou, 7 (Grecia), representado por el             la International and Public Services Organisation (IPSO) y por
Sr. Ioannis Stamoulis, Abogado de Atenas, que designa como                 la Union of Staff of the European Central Bank (U.S.E.),
domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Myriam Pierrat,                  Frankfurt am Main (RFA), representados por Christian Roth,
Abogada, 2, place Winston Churchill.                                       Tanja Raab-Rhein y Michael Roth, Abogados de Frankfurt am
                                                                           Main.
El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
                                                                           Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera
—     Acuerde la admisión del presente recurso.                           Instancia que:
—     Modifique la decisión de noviembre de 1999 por la que               —     Declare la nulidad de la decisión de la demandada de 7 de
      se fijó el importe de la pensión del demandante y aplique                julio de 2000.
      el mismo coeficiente corrector aplicable a las personas
      establecidas en el Reino Unido.
                                                                           —     Condene en costas a la demandada.
—     De lo contrario, con carácter subsidiario, proceda a fijar
      la pensión del demandante en un importe similar al de
      los residentes en Bélgica.                                           Motivos y principales alegaciones
Motivos y principales alegaciones                                          Las demandantes son organizaciones sindicales que represen-
                                                                           tan a los empleados del BCE. Solicitan que se declare la nulidad
                                                                           de un escrito del Vicepresidente del BCE mediante el cual
El demandante se dirige contra la decisión por la que se fija el          este se niega a acceder a determinadas peticiones de las
importe de su pensión mensual, en la que se aplicó el                    demandantes. Éstas habı́an exigido en escritos intercambiados
«coeficiente corrector» previsto para Grecia y que equivale al             con anterioridad, de un lado, que se derogaran determinadas
86,5 % de la pensión abonada a los residentes en Bélgica, que             partes de sus «Staff rules», porque, a juicio de las demandantes,
tienen derecho al 100 % de la correspondiente pensión.                    restringen ilı́citamente el derecho de huelga del personal. De
                                                                           otro lado, habı́an exigido que se incluyera en las condiciones
                                                                           de empleo una disposición que hiciera posible la modificación
El demandante alega al respecto que el artı́culo 82 del Estatuto           de dichas condiciones mediante convenios colectivos.
de los Funcionarios, que prevé la adaptación de las pensiones
según un «coeficiente corrector» en función del lugar en el que
el titular de la pensión tenga intención de residir, infringe las        En la demanda se expone que el escrito del Vicepresidente
disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los              debe ser considerado como una decisión de la demandada.
Derechos Humanos, que constituyen «principios generales del                Esta decisión vulnera normas que deben observarse en el
Derecho comunitario», e infringe el principio de igualdad y el             momento de aplicar los Tratados y, en particular, no tiene en
derecho de libre circulación y establecimiento del demandante             consideración el significado del derecho fundamental de
dentro del territorio de los Estados miembros de la Unión,                libertad de asociación. Al ejercitar su margen de apreciación,
razón por la cual es inválido.                                           la demandada tan sólo ha tenido en cuenta sus propios
                                                                           intereses como empresario. Obrando ası́, no ha tenido en
                                                                           cuenta que, al establecer sus condiciones generales de empleo,
                                                                           también debe tener en consideración los derechos de las
                                                                           organizaciones sindicales.