CELEX: 62002CJ0277
Language: es
Date: 2004-12-16
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de diciembre de 2004. # EU-Wood-Trading GmbH contra Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH. # Petición de decisión prejudicial: Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz - Alemania. # Medio ambiente - Residuos - Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo al traslado de residuos - Residuos destinados a operaciones de valorización - Objeciones - Competencia de la autoridad de expedición - Valorización que no cumple los requisitos del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE ni los de las disposiciones nacionales - Competencia de la autoridad de expedición para formular tales objeciones. # Asunto C-277/02.

Asunto C‑277/02
      EU-Wood-Trading GmbH
      contra
      Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Rheinland Pfalz)
      «Medio ambiente – Residuos – Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo al traslado de residuos – Residuos destinados a operaciones de valorización – Objeciones – Competencia de la autoridad de expedición – Valorización que no cumple los requisitos del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE ni los de las disposiciones nacionales
         – Competencia de la autoridad de expedición para formular tales objeciones»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Medio ambiente – Residuos – Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos – Residuos destinados a la valorización
            – Procedimiento de notificación aplicable a los traslados entre Estados miembros – Régimen aplicable a las objeciones formuladas
            contra un traslado – Objeciones basadas en consideraciones relacionadas tanto con el transporte como con la valorización de
            los residuos – Procedencia
      [Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, art. 7, ap. 4, letra a), primer guión; Directiva 75/442/CEE del Consejo, art. 7]
      2.        Medio ambiente – Residuos – Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos – Residuos destinados a la valorización
            – Procedimiento de notificación aplicable a los traslados entre Estados miembros – Régimen aplicable a las objeciones formuladas
            contra un traslado – Objeciones de la autoridad competente de expedición – Apreciación de las repercusiones de la valorización
            en la salud y el medio ambiente en el Estado de destino – Consideración de criterios más estrictos vigentes en el Estado de
            expedición – Procedencia – Requisitos
      [Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, art. 7, ap. 4, letra a), primer guión; Directiva 75/442/CEE del Consejo, art. 7]
      3.        Medio ambiente – Residuos – Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos – Residuos destinados a la valorización
            – Procedimiento de notificación aplicable a los traslados entre Estados miembros – Régimen aplicable a las objeciones formuladas
            contra un traslado – Objeciones de la autoridad competente de expedición basadas en la incompatibilidad de la valorización
            con las disposiciones del Estado de expedición – Improcedencia
      [Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, art. 7, ap. 4, letra a), segundo guión]
      1.        El artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los
         traslados de residuos a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por las Decisiones 98/368
         y 1999/816, en virtud del cual las autoridades competentes de destino y de expedición pueden formular, con arreglo a lo dispuesto
         en la Directiva 75/442, objeciones motivadas contra el traslado de residuos destinados a la valorización, debe interpretarse
         en el sentido de que dichas objeciones pueden basarse en consideraciones que no estén relacionadas únicamente con la operación
         en sí de transporte de residuos en el ámbito territorial de cada autoridad competente, sino también con la operación de valorización
         para la cual dicho traslado se efectúa. 
      
       (véanse el apartado 43 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los
         traslados de residuos a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por las Decisiones 98/368
         y 1999/816, en virtud del cual las autoridades competentes de destino y de expedición pueden formular, con arreglo a lo dispuesto
         en la Directiva 75/442, objeciones motivadas contra el traslado de residuos destinados a la valorización, debe interpretarse
         en el sentido de que la autoridad competente de expedición, teniendo en cuenta las repercusiones para la salud y el medio
         ambiente de la valorización prevista en el lugar de destino, y respetando el principio de proporcionalidad, puede basarse
         en los criterios a los que está sujeta la valorización de residuos en el Estado de expedición para evitar tales repercusiones,
         aun cuando dichos criterios sean más rigurosos que los vigentes en el Estado de destino. 
      
      (véanse el apartado 54 y el punto 2 del fallo)
      3.        El artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia y al control de los
         traslados de residuos a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, en su versión modificada por las Decisiones 98/368
         y 1999/816, en virtud del cual las autoridades competentes de destino y de expedición pueden formular objeciones motivadas
         contra el traslado de residuos destinados a la valorización si dicho traslado no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias
         nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o de protección de la salud,
         debe interpretarse en el sentido de que una autoridad competente de expedición no puede formular una objeción a un traslado
         de residuos basada en el hecho de que la valorización prevista incumple tales disposiciones. 
      
      (véanse el apartado 60 y el punto 3 del fallo)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)de 16 de diciembre de 2004(1)
         
         
               «Medio ambiente  –  Residuos  –  Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo al traslado de residuos  –  Residuos destinados a operaciones de valorización  –  Objeciones  –  Competencia de la autoridad de expedición  –  Valorización que no cumple los requisitos del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE ni los de las disposiciones nacionales
                   –  Competencia de la autoridad de expedición para formular tales objeciones»
               
               
             En el asunto C‑277/02,
             que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberverwaltungsgericht
            Rheinland-Pfalz (Alemania), mediante resolución de 3 de julio de 2002, recibida el 29 de julio de 2002, en el procedimiento
            entre
            
            
            
            EU-Wood-Trading GmbH
            
            y
            
            Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH,
            
            
            
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),,
            
             integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y el Sr. A. Rosas, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. K. Lenaerts
            y K. Schiemann (Ponente), Jueces;
            
             Abogado General: Sr. P. Léger;Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
             habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de mayo de 2004;consideradas las observaciones escritas presentadas:
            
            –
             en nombre de EU-Wood-Trading GmbH, por el Sr. T. Pschera y la Sra. B. Enderle, Rechtsanwälte;
            
            –
             en nombre de Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, por el Sr. C. v. der Lühe, Rechtsanwalt;
            
            –
             en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Molde, en calidad de agente;
            
            –
             en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
            
            –
             en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. U. Wölker y M. Konstantinidis, en calidad de agentes;
            
            
            
            oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de septiembre de 2004;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 4, letra a), guiones primero
         y segundo, del Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los
         traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1), en su versión modificada
         por las Decisiones de la Comisión 98/368/CE, de 18 de mayo de 1998 (DO L 165, p. 20), y 1999/816/CE, de 24 de noviembre de
         1999 (DO L 316, p. 45; en lo sucesivo, «Reglamento»).
         
         
         
         2
            
          Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre EU-Wood-Trading GmbH, con domicilio social en Bürstadt (Alemania)
         (en lo sucesivo, «EU-Wood-Trading»), y Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, en relación con las objeciones
         formuladas por esta última al traslado de 3.500 toneladas de residuos de madera que EU-Wood-Trading tenía previsto efectuar
         a Italia.
         
         
            
               Marco normativo
            Normativa comunitaria
         
         3
            
          La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129),
         en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32), y por la Decisión
         96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996 (DO L 135, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva»), tiene como objetivo esencial
         la protección de la salud humana y del medio ambiente contra los efectos perjudiciales causados por la recogida, el transporte,
         el tratamiento, el almacenamiento y el depósito de los residuos. En particular, el cuarto considerando de dicha Directiva
         señala que es importante favorecer la recuperación de los residuos y la utilización de materiales de recuperación a fin de
         preservar los recursos naturales.
         
         
         
         4
            
          En su artículo 1, letra e), la Directiva define el término «eliminación» como «cualquiera de las operaciones enumeradas en
         el Anexo II A», y el término «valorización» como «cualquiera de las operaciones enumeradas en el Anexo II B».
         
         
         
         5
            
          Según el artículo 4, párrafo primero, de la Directiva:
         «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin
         poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en
         particular:
         
         
         
          
         –
            sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora;
         
         
         
         
          
         –
            sin provocar incomodidades por el ruido o los olores;
         
         
         
         
          
         –
            sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.»
         
         
         
         
         
         6
            
          A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva, para realizar los objetivos a los que se refiere, en particular, el artículo
         4, las autoridades competentes que los Estados miembros designen tendrán la obligación de establecer tan pronto como sea posible
         uno o varios planes de gestión de residuos. Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo 7, los Estados miembros podrán tomar
         las medidas necesarias para evitar los movimientos de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión de residuos.
         
         
         
         7
            
          El Reglamento regula, en particular, la vigilancia y el control de los traslados de residuos entre Estados miembros.
         
         
         
         8
            
          Su noveno considerando establece:
         «[…] los traslados de residuos deben ser objeto de notificación previa a las autoridades competentes para que éstas puedan
         estar debidamente informadas, en particular, del tipo, movimiento y eliminación o valorización de dicho residuo y adoptar
         todas las medidas necesarias para la protección de la salud humana y el medio ambiente, incluida la posibilidad de oponer
         objeciones razonadas al traslado».
         
         
         
         9
            
          A tenor del artículo 2 del Reglamento:
         «A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
         […]
          b)      “autoridades competentes”: las autoridades competentes designadas, bien por los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto
         en el artículo 36, bien por Estados terceros;
          c)      “autoridad competente de expedición”: la autoridad competente designada por los Estados miembros con arreglo al artículo 36,
         […] para la zona desde la que se efectúe el traslado;
          d)      “autoridad competente de destino”: la autoridad competente, designada por los Estados miembros con arreglo al artículo 36,
         […] para la zona que reciba el traslado […];
          e)      “autoridad competente de tránsito”: la autoridad única, designada por los Estados miembros con arreglo al artículo 36, para
         el Estado a través del cual el traslado está en tránsito;
         […]
          g)      “notificante”: toda persona física o jurídica en quien recaiga la obligación de notificar; es decir, la persona […] que se
         proponga trasladar o hacer trasladar residuos […];
          i)      “eliminación”: la eliminación tal como se define en la letra e) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE;
         […]
          k)      “valorización”: la valorización tal como se define en la letra f) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE;
         […]»
         
         
         
         10
            
          El título II del Reglamento, «Traslados de residuos entre Estados miembros», se compone de dos capítulos diferentes: uno de
         ellos se refiere al procedimiento aplicable a los traslados de residuos destinados a la eliminación (capítulo A, artículos
         3 a 5) y el otro al procedimiento aplicable a los residuos destinados a la valorización (capítulo B, artículos 6 a 11).
         
         
         
         11
            
          Con arreglo a las disposiciones del artículo 6, apartado 1, del Reglamento, cuando el productor o el poseedor de los residuos
         tenga intención de trasladar de un Estado miembro a otro y/o de hacer transitar a través de uno o más Estados miembros residuos
         destinados a la valorización de los enumerados en el anexo III de dicho Reglamento (lista naranja de residuos), deberá notificarlo
         a la autoridad competente de destino y enviar una copia de la notificación a las autoridades competentes de expedición y de
         tránsito, así como al destinatario.
         
         
         
         12
            
          Según el artículo 6, apartado 3, del Reglamento, la notificación se realiza mediante el documento de seguimiento emitido por
         la autoridad competente de expedición. El apartado 5 del mismo artículo precisa los datos que el notificante debe aportar
         en relación con el documento de seguimiento, entre los cuales deberá figurar la información relativa a las operaciones de
         valorización a que se refiere el anexo II B de la Directiva.
         
         
         
         13
            
          A tenor del artículo 6, apartado 6, de dicho Reglamento, el notificante debe celebrar con el destinatario un contrato para
         la valorización de los residuos y, a petición de la autoridad competente, facilitar a la misma una copia de dicho contrato.
         
         
         
         14
            
          Con arreglo al artículo 6, apartado 8, del Reglamento, las autoridades competentes de expedición pueden decidir, con arreglo
         a la legislación nacional, transmitir la notificación en lugar del notificante a la autoridad competente de destino, con copia
         al destinatario y a la autoridad competente de tránsito.
         
         
         
         15
            
          El artículo 7, apartado 2, del Reglamento fija el plazo así como los requisitos y los procedimientos que han de respetar las
         autoridades competentes de destino, de expedición y de tránsito para oponerse al proyecto notificado de traslado de residuos
         para ser valorizados. Dicha disposición establece, en particular, que las objeciones deben basarse en su apartado 4.
         
         
         
         16
            
          El artículo 7, apartado 4, del Reglamento dispone:
         
         «a)
            Las autoridades competentes de destino y de expedición podrán formular objeciones motivadas al traslado previsto:
         
         
         
          
         
            
               –
                  con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, en particular su artículo 7, o
               
         
         
         
         
          
         
            
               –
                  si el traslado no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente,
                     de orden público, de seguridad pública o de protección de la salud, o
                  
               
         
         
         
         
          
         
            
               –
                  si anteriormente el notificante o el destinatario han sido condenados por llevar a cabo traslados ilícitos, en cuyo caso,
                     la autoridad competente de expedición podrá oponerse a todos los traslados en que participen estas personas de conformidad
                     con la legislación nacional, o
                  
               
         
         
         
         
          
         
            
               –
                  si el traslado es contrario a las obligaciones dimanantes de convenios internacionales celebrados por el Estado o Estados
                     miembros afectados, o
                  
               
         
         
         
         
          
         
            
               –
                  en caso de que la proporción entre residuo valorizable y no valorizable, el valor estimado de los materiales que hayan de
                     valorizarse al final o el coste de la valorización y el coste de la eliminación de la fracción no valorizable hagan injustificable
                     la valorización atendiendo a consideraciones económicas y medioambientales.
                  
               
         
         
         
         
         b)
            Las autoridades competentes de tránsito podrán formular objeciones motivadas respecto de los traslados previstos basadas en
               los guiones segundo, tercero y cuarto de la letra a).»
            
         
         
         
         
         17
            
          El artículo 26 del Reglamento dispone:
         
         «1.
            Se considerará tráfico ilícito todo traslado de residuos:
         
         […]
          c)       realizado con autorización de las autoridades competentes afectadas obtenida mediante falsificación, declaración falsa o fraude,
         […]
          e)       que entrañe una eliminación o valorización contrarios a la normativa comunitaria o internacional,
         […]»
         
         
         
         18
            
          A tenor del artículo 30, apartado 1, del Reglamento:
         «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los traslados de residuos se ejecuten de conformidad
         con lo dispuesto en el presente Reglamento. Tales medidas podrán incluir inspecciones de establecimientos y empresas con arreglo
         al artículo 13 de la Directiva 75/442/CEE, y el control in situ de los cargamentos.»
         
         
         
         19
            
          Con arreglo al artículo 34 del Reglamento:
         «1.     Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 y de las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la responsabilidad
         civil, e independientemente de dónde se eliminen o valoricen los residuos, el productor de los mismo adoptará todas las medidas
         necesarias para eliminar, valorizar o preparar para su eliminación o valorización los residuos de forma que proteja la calidad
         del medio ambiente […]
          2.       Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para hacer cumplir las obligaciones previstas en el apartado 1.»
         
         
         
         20
            
          Según el artículo 36 del Reglamento:
         «Los Estados miembros designarán la autoridad o las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento. Cada
         Estado miembro designará una sola autoridad competente en materia de tránsito.»
         
         Normativa nacional
         
         21
            
          El artículo 5, apartado 3, de la Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
         von Abfällen (Ley de fomento de las actividades de reciclado y de garantía de la eliminación ecológica de residuos), de 27
         de septiembre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2705; en lo sucesivo, «Ley de 27 de septiembre de 1994»), prohíbe las valorizaciones
         que produzcan un aumento de la presencia de sustancias nocivas en el ciclo de los materiales.
         
         
         
         22
            
          En el Land Renania-Palatinado, la organización de la eliminación de residuos tóxicos incumbe a Sonderabfall-Management-Gesellschaft
         Rheinland-Pfalz mbH.
         
         Litigio principal y cuestiones prejudiciales
         
         23
            
          El 23 de noviembre de 1999, EU-Wood-Trading notificó a Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH, en calidad
         de autoridad competente de expedición, su intención de trasladar 3.500 toneladas de residuos de madera a la empresa Frati
         Luigi de Pomponesco, establecida en Italia.
         
         
         
         24
            
          Según dicha notificación, los residuos de que se trata se componían principalmente de maderas tratadas o pintadas procedentes
         de demoliciones, muebles o restos de carpintería. Estaban destinados a la valorización para la producción de tableros de conglomerado.
         
         
         
         25
            
          Entre los documentos anexos a la notificación figuraban una descripción de la operación de valorización, certificados de que
         las autoridades italianas de destino no se oponían a la importación de la madera usada y el informe de un laboratorio con
         un análisis de los residuos que indicaba un contenido en plomo de 47 mg por kilogramo de materia seca.
         
         
         
         26
            
          Mediante Decisión de 17 de enero de 2000, la autoridad competente de expedición formuló objeciones al traslado con arreglo
         al artículo 7, apartado 4, letra a), guiones primero y segundo, del Reglamento. Dichas objeciones se basaban en el hecho de
         que, habida cuenta del contenido en plomo de los residuos de que se trata, que rebasaba el valor de referencia fijado por
         una directriz del Ministerio del Medio Ambiente del Land Renania-Palatinado, no podía efectuarse la valorización de los residuos
         sin poner en peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en contra de los requisitos tanto de la Directiva como
         de la Ley de 27 de septiembre de 1994.
         
         
         
         27
            
          EU-Wood-Trading presentó una reclamación ante la autoridad competente de expedición contra dichas objeciones acompañada de
         un nuevo informe de análisis de los residuos en el que constaban un contenido en plomo de 23 mg y un contenido en arsénico
         de 3,4 mg por kilo de materia seca. Esta reclamación fue desestimada el 5 de julio de 2000.
         
         
         
         28
            
          El recurso que EU-Wood-Trading interpuso contra esta decisión ante el Verwaltungsgericht Mainz (Alemania) fue asimismo desestimado
         mediante sentencia de 16 de octubre de 2001. EU-Wood-Trading recurrió esta sentencia ante el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz.
         Alegaba, fundamentalmente, que, al tratarse de un traslado de residuos destinados a la valorización, la autoridad competente
         de expedición sólo podía formular objeciones que estuvieran relacionadas con el transporte de los residuos, y no con su valorización
         en otro Estado miembro.
         
         
         
         29
            
          En estas circunstancias, el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, por considerar que la solución del litigio de que conocía
         dependía de la interpretación del Derecho comunitario, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las cuestiones prejudiciales siguientes:
         
         «1)
            ¿Puede plantearse, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento (CEE) nº 259/93 […],
               una objeción contra un traslado de residuos para su valorización basada en que la valorización prevista incumple la exigencia
               de que los residuos se valoricen sin poner en peligro la salud humana ni perjudicar el medio ambiente impuesta por la primera
               frase del artículo 4 de la Directiva 75/442 […]?
            
         
         
         2)
            En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿está facultada para plantear una objeción de este tipo, además de
               la autoridad de destino, también la autoridad de expedición?
            
         
         
         3)
            En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿puede aplicar la autoridad de expedición, a efectos de la apreciación
               de los riesgos para la salud humana y para el medio ambiente de la valorización prevista en el lugar de destino, los criterios
               vigentes en el Estado de expedición aun cuando éstos sean más rigurosos que las normas vigentes en el Estado de destino?
            
         
         
         4)
            ¿Puede plantearse, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento, una objeción contra
               el traslado de residuos para su valorización basada en que la valorización prevista infringe disposiciones legales y reglamentarias
               nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o de protección de la salud?
            
         
         
         5)
            En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿puede la autoridad de expedición plantear una objeción de este tipo
               basándose en que la valorización infringe disposiciones legales y reglamentarias nacionales vigentes en el lugar de expedición?»
            
         
         
         Sobre las cuestiones prejudicialesSobre las cuestiones primera y segunda
         
         30
            
          Mediante sus cuestiones primera y segunda, que procede examinar de forma conjunta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
         fundamentalmente, si las objeciones al traslado de residuos que las autoridades competentes de expedición y de destino pueden
         formular con arreglo al artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento, pueden basarse en consideraciones
         que no estén únicamente relacionadas con la operación de transporte de residuos en sí misma en el ámbito territorial de cada
         autoridad competente, sino también con la operación de valorización para la cual se efectúa dicho traslado.
         
         
         
         31
            
          Es preciso señalar en primer lugar que el Reglamento no define el concepto de traslado. Ahora bien, dado que otras disposiciones
         de dicho Reglamento se refieren al concepto de transporte de residuos, en particular las del artículo 7, apartado 3, el traslado
         que contempla el artículo 7, apartado 4, del mismo Reglamento no puede limitarse únicamente a la operación de transporte de
         residuos.
         
         
         
         32
            
          Por consiguiente, es preciso situar el concepto de traslado en su contexto e interpretarlo en función del espíritu y la finalidad
         de las disposiciones de que se trata para determinar si éstas permiten que se formulen objeciones a un traslado de residuos
         basadas en la valorización que esté previsto realizar en el Estado de destino.
         
         
         
         33
            
          Con carácter preliminar, procede recordar que el Reglamento regula de forma armonizada la cuestión del traslado de residuos
         a escala comunitaria con el fin de garantizar la protección del medio ambiente (sentencia de 13 de diciembre de 2001, DaimlerChrysler,
         C‑324/99, Rec. p. I‑9897, apartado 42).
         
         
         
         34
            
          Los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento fueron adoptados con el designio de garantizar la protección
         del medio ambiente y teniendo en cuenta objetivos que forman parte de la política de medio ambiente, como son los principios
         de proximidad, prioridad de valorización y autosuficiencia a nivel comunitario y nacional. En particular, permiten a los Estados
         miembros adoptar, para la aplicación de tales principios, medidas de prohibición general o parcial o de oposición sistemática,
         así como formular objeciones a traslados de residuos que no se ajusten a las disposiciones de la Directiva. Por consiguiente,
         el Reglamento se sitúa en el marco de la política de medio ambiente perseguida por la Comunidad y no puede considerarse que
         esté dirigido a hacer efectiva la libre circulación de los residuos dentro de la Comunidad (sentencia de 28 de junio de 1994,
         Parlamento/Consejo, C‑187/93, Rec. p. I‑2857, apartados 22 y 23).
         
         
         
         35
            
          En el sistema comunitario establecido por el Reglamento, los objetivos que el legislador le ha confiado tendentes a preservar
         la salud humana y el medio ambiente podrían peligrar si, habida cuenta de su objeto, el traslado de residuos entre Estados
         miembros no se examina de forma global, es decir, desde el punto de partida de los residuos en el Estado de expedición hasta
         el final de su tratamiento en el Estado de destino.
         
         
         
         36
            
          A este respecto, se desprende del noveno considerando del Reglamento que éste establece un procedimiento de notificación previa
         de los traslados de residuos a las autoridades competentes para que éstas puedan estar debidamente informadas, no solamente
         del tipo y de los movimientos de dichos residuos, sino también de su eliminación o valorización, de manera que dichas autoridades
         puedan adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la salud humana y del medio ambiente, incluida la posibilidad
         de oponer objeciones razonadas al traslado.
         
         
         
         37
            
          A estos efectos, con arreglo al artículo 6, apartado 5, del Reglamento, el notificante debe incluir en el documento de seguimiento
         que acompaña a la notificación la información relativa no solamente a la composición y volumen de los residuos que van a someterse
         a la valorización y al medio de transporte, sino también las condiciones en que se valorizarán los residuos. Por consiguiente,
         el legislador comunitario ha querido que todas las autoridades competentes sean informadas de la totalidad del proceso de
         tratamiento de residuos hasta el momento en que no representen ya peligro alguno para la salud humana ni para el medio ambiente.
         
         
         
         38
            
          Por lo demás, el Reglamento contiene otras disposiciones, distintas de las controvertidas en el procedimiento principal, cuya
         aplicación permite que las autoridades competentes para controlar el traslado de residuos destinados a la valorización tengan
         en cuenta datos relativos a ésta operación. Así, el artículo 7, apartado 4, letra a), quinto guión, del Reglamento menciona
         la falta de justificación de la valorización desde el punto de vista económico y ecológico como motivo de objeción a un traslado
         de este tipo. Asimismo, el artículo 26, apartado 1, letra e), del Reglamento, en relación con el artículo 26, apartado 5,
         del mismo, establece que los Estados miembros adoptarán las medidas legales pertinentes para prohibir y sancionar el tráfico
         ilícito consistente en el traslado de residuos que entrañe la eliminación o valorización en contra de las disposiciones de
         las normas comunitarias o internacionales.
         
         
         
         39
            
          De las consideraciones anteriores se desprende que el Reglamento, globalmente considerado, no impide que todas las autoridades
         competentes a las que incumbe el control de los traslados de residuos tengan en cuenta también elementos relacionados con
         las condiciones en las que se efectuará la valorización de los residuos y no solamente con el transporte de éstos.
         
         
         
         40
            
          Por lo que se refiere al artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento, es preciso señalar en primer lugar,
         como ha hecho el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, que dichas disposiciones, que establecen la posibilidad
         de que las autoridades competentes de destino y de expedición formulen objeciones motivadas al transporte previsto «con arreglo
         a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, en particular su artículo 7», han de interpretarse en el sentido de que facultan
         a dichas autoridades para formular objeciones de esa índole con arreglo a la Directiva y en particular a su artículo 7.
         
         
         
         41
            
          El uso de la expresión «en particular» antes de la mención del artículo 7 de la Directiva implica que la referencia a dicho
         artículo tiene un carácter meramente indicativo, de manera que se pueden formular asimismo objeciones basadas en otras disposiciones
         de la Directiva. Por lo tanto, el hecho de que el artículo 7, apartado 3, de la Directiva disponga que los Estados miembros
         pueden adoptar las medidas necesarias para impedir los «movimientos» de residuos que no se ajusten a sus planes de gestión
         de residuos no puede dar lugar a que las consideraciones en las que se pueden basar las autoridades competentes para formular
         objeciones con arreglo al artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento se limiten únicamente al transporte
         de dichos residuos.
         
         
         
         42
            
          Por último, dado que, según el artículo 4 de la Directiva, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para
         garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
         ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente, las disposiciones del artículo 7, apartado 4, letra a), primer guiﾳn,
         del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que autorizan a las autoridades competentes de destino y de expedición
         a formular objeciones al traslado de residuos destinados a la valorización cuando consideren que la valorización prevista
         no cumple los requisitos que se desprenden del referido artículo 4 de la Directiva.
         
         
         
         43
            
          Habida cuenta de todo cuanto antecede, es preciso responder a las cuestiones primera y segunda que el artículo 7, apartado
         4, letra a), primer guión, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que las objeciones que las autoridades competentes
         de expedición y de destino están facultadas para oponer al traslado de residuos destinados a la valorización pueden basarse
         en consideraciones que no estén relacionadas únicamente con la operación en sí de transporte de residuos en el ámbito territorial
         de cada autoridad competente, sino también con la operación de valorización para la cual dicho traslado se efectúa.
         
         Sobre la tercera cuestión
         
         44
            
          Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 7, apartado 4,
         letra a), primer guión, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la autoridad competente de expedición, para
         oponerse a un traslado de residuos, puede apreciar las repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente de la valorización
         prevista en el lugar de destino, basándose en los criterios a los que está sujeta la valorización de residuos en el Estado
         de expedición para evitar tales repercusiones, aun cuando estos criterios sean más rigurosos que los vigentes en el Estado
         de destino.
         
         
         
         45
            
          A este respecto, como se ha indicado en el apartado 33 de la presente sentencia, la cuestión de los traslados de residuos
         ha sido regulada de forma armonizada por el Reglamento con el fin de garantizar la protección del medio ambiente. En cambio,
         como señala el Abogado General en el punto 60 de sus conclusiones, las condiciones de valorización de residuos no han sido
         objeto de medidas de armonización. Por consiguiente, con arreglo al artículo 4, párrafo primero, de la Directiva, los Estados
         miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en
         peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular
         sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora, sin provocar incomodidades por el ruido o
         los olores y sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés. Si bien esta disposición no especifica el
         contenido concreto de las medidas que deben adoptarse, no es menos cierto que obliga a los Estados miembros en cuanto al resultado
         que debe alcanzarse, dejándoles al mismo tiempo un margen de apreciación en la evaluación de la necesidad de tales medidas
         (sentencia de 9 de noviembre de 1999, Comisión/Italia, C‑365/97, Rec. p. I‑7773, apartados 66 y 67).
         
         
         
         46
            
          En el ejercicio de esta facultad de apreciación, los Estados miembros, al establecer sus normas de valorización de residuos,
         pueden adoptar medidas nacionales cuyo nivel de exigencia puede variar notablemente de un Estado a otro con vistas a alcanzar
         los objetivos de protección de la salud humana y del medio ambiente fijados por la Directiva. En este contexto se suscitan
         las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y, en especial, la cuestión de si, cuando las normas establecidas
         por el Estado miembro de expedición para lograr los objetivos mencionados anteriormente son más elevadas que las que se aplican
         en el Estado de destino, la autoridad competente de expedición, basándose en el Reglamento, puede formular una objeción al
         traslado previsto invocando el nivel de protección más elevado garantizado por su normativa nacional. Ahora bien, puesto que
         ha de reconocerse que las autoridades competentes de expedición están facultadas para formular objeciones al traslado de residuos
         tomando en cuenta elementos relacionados con las condiciones en las que se efectúa la valorización de los residuos en el Estado
         de destino, las disposiciones del artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento permiten que dichas autoridades,
         al evaluar los riesgos que entraña la referida valorización para la salud humana y el medio ambiente, puedan tener en cuenta
         todos los criterios pertinentes a estos efectos, incluso los que están vigentes en el Estado de expedición, aun cuando sean
         más rigurosos que los del Estado de destino y siempre que su objeto sea evitar dichos riesgos. Sin embargo, las autoridades
         competentes de expedición no pueden estar vinculadas por los criterios de su Estado cuando éstos no sean más idóneos para
         evitar dichos riesgos que los del Estado de destino.
         
         
         
         47
            
          No cabe interpretar el Reglamento de otro modo ya que éste se enmarca en la política de medio ambiente perseguida por la Comunidad,
         cuya misión consiste, en particular, según el artículo 2 CE, en promover un alto nivel de protección y de mejora de la calidad
         del medio ambiente. Este objetivo podría peligrar si la autoridad competente de expedición no pudiera invocar su normativa,
         con un alto nivel de protección del medio ambiente, y oponerse, por consiguiente, a un traslado de residuos cuya valorización
         en el Estado de destino se fuera a realizar en condiciones que podrían ser perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente.
         
         
         
         48
            
          Es cierto que esta oposición, como sucede en el litigio principal, puede contradecir la postura adoptada por la autoridad
         competente de destino cuando ésta, al considerar que la operación de valorización cumple los requisitos de su normativa nacional,
         no formula objeción alguna al traslado de residuos previsto. Sin embargo, este tipo de situaciones son inherentes al sistema
         establecido por el propio Reglamento, el cual atribuye simultáneamente a todas las autoridades competentes la responsabilidad
         de velar por que los traslados se efectúen conforme a lo dispuesto en el referido Reglamento (sentencia de 27 de febrero de
         2002, ASA, C‑6/00, Rec. p. I‑1961, apartado 44). Por lo tanto, estas divergencias de apreciación entre las diferentes autoridades
         competentes no pueden ser invocadas válidamente para interpretar de otro modo el Reglamento, alegándose que son contrarias
         al principio de lealtad comunitaria establecido en el artículo 10 CE.
         
         
         
         49
            
          No obstante, dado que el legislador comunitario previó que los residuos destinados a la valorización debían poder circular
         libremente entre los Estados miembros para ser tratados (sentencia de 25 de junio de 1998, Dusseldorp y otros, C‑203/96, Rec.
         p. I‑4075, apartado 33), la oposición a un traslado por parte de la autoridad competente de expedición, basada en sus normas
         nacionales de valorización, solo estará legalmente amparada en la medida en que estas últimas, con arreglo al principio de
         proporcionalidad, sean aptas para la realización de los objetivos perseguidos de prevención de riesgos para la salud humana
         y el medio ambiente, y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlos.
         
         
         
         50
            
          A este respecto, los riesgos no deben medirse por el rasero de consideraciones de índole general, sino sobre la base de investigaciones
         científicas apropiadas (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 14 de julio de 1994, Van der Veldt, C‑17/93,
         Rec. p. I‑3537, apartado 17).
         
         
         
         51
            
          Además, el hecho de que un Estado miembro imponga disposiciones menos rigurosas que las aplicables en otro Estado miembro
         no significa por sí mismo que estas últimas sean desproporcionadas y, por lo tanto, incompatibles con el Derecho comunitario
         (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2002, Gräbner, C‑294/00, Rec. p. I‑6515, apartado 46).
         
         
         
         52
            
          En efecto, el hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado
         miembro no puede influir, por sí solo, en la apreciación de la necesidad y de la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas
         en la materia (sentencias de 21 de octubre de 1999, Zenatti, C‑67/98, Rec. p. I‑7289, apartado 34, y Gräbner, antes citada,
         apartado 47).
         
         
         
         53
            
          Corresponde al órgano jurisdiccional remitente que conoce de un recurso contra la oposición formulada por la autoridad competente
         de expedición comprobar si se han aplicado las normas nacionales de modo contrario al principio de proporcionalidad (véase,
         en este sentido, la sentencia de 12 octubre de 2000, Snellers, C‑314/98, Rec. p. I‑8633, apartado 59).
         
         
         
         54
            
          En vista de cuanto antecede, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión,
         del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, para oponerse a un traslado de residuos, la autoridad competente de
         expedición, teniendo en cuenta las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la valorización prevista en el lugar
         de destino, y respetando el principio de proporcionalidad, puede basarse en los criterios a los que está sujeta la valorización
         de residuos en el Estado de expedición para evitar tales repercusiones, aun cuando dichos criterios sean más rigurosos que
         los vigentes en el Estado de destino.
         
         Sobre las cuestiones cuarta y quinta
         
         55
            
          Mediante las cuestiones cuarta y quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
         fundamentalmente, si el artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento, según el cual pueden formularse objeciones
         motivadas al traslado previsto si éste no se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de
         protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o de protección de la salud, autoriza a la autoridad
         competente de expedición a formular objeciones basadas en el hecho de que la valorización prevista incumple las disposiciones
         nacionales.
         
         
         
         56
            
          Como se ha señalado en el apartado 39 de la presente sentencia, el Reglamento, globalmente considerado, no impide que todas
         las autoridades competentes a las que incumbe el control de los traslados de residuos tengan en cuenta también elementos relacionados
         con las condiciones en las que se efectuará la valorización de los residuos y no solamente con el transporte de éstos. Sin
         embargo, el examen de la totalidad de las disposiciones del artículo 7, apartado 4, del Reglamento no puede llevar a la misma
         conclusión en relación con el artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento, sin poner en entredicho la
         coherencia de dicho artículo.
         
         
         
         57
            
          En efecto, es preciso señalar que el artículo 7, apartado 4, letra b), del Reglamento autoriza a las autoridades competentes
         de tránsito a formular objeciones al traslado previsto, basándose de los guiones segundo, tercero y cuarto, de la letra a)
         del mismo artículo, pero no incluye los guiones primero y quinto de esta disposición.
         
         
         
         58
            
          A diferencia de las autoridades competentes de expedición y de destino, el Reglamento no permite, pues, a las autoridades
         competentes de tránsito comprobar que los residuos serán tratados con arreglo a la Directiva o que la valorización está justificada
         desde los puntos de vista económico y ecológico.
         
         
         
         59
            
          En este contexto, dado que el artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento establece que las autoridades
         competentes pueden formular objeciones al traslado previsto si éste no se efectúa con arreglo a las disposiciones normativas
         y reglamentarias nacionales, el legislador comunitario ha querido preservar, en cada una de las fases del traslado, la eficacia
         de las disposiciones particulares de cada Estado miembro relativas a los residuos que se encuentran en su territorio. Por
         ello, el traslado que dichas disposiciones regulan se refiere únicamente a las operaciones relativas al traslado en el momento
         en que se llevan a cabo en el territorio respectivo de cada una de las autoridades competentes afectadas. De ello se desprende
         que las autoridades competentes de expedición no pueden basarse en dichas disposiciones para formular una objeción relativa
         a la operación de valorización en el Estado de destino.
         
         
         
         60
            
          En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones cuarta y quinta que el artículo 7, apartado 4, letra a), segundo
         guión, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que una autoridad competente de expedición no puede invocar esta
         disposición para formular una objeción a un traslado de residuos basada en el hecho de que la valorización prevista incumple
         las disposiciones legales y reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad
         pública o de protección de la salud.
         
         
         Costas
         61
            
          Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo parte
         en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
         
         
         
         
         
         
            
            
         
         
          En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
         
            
            
            
               1)
                  El artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento (CEE) nº 259/93, del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo
                     a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea,
                     en su versión modificada por las Decisiones de la Comisión 98/368/CE, de 18 de mayo de 1998, y 1999/816/CE, de 24 de noviembre
                     de 1999, debe interpretarse en el sentido de que las objeciones que las autoridades competentes de expedición y de destino
                     están facultadas para oponer al traslado de residuos destinados a la valorización pueden basarse en consideraciones que no
                     estén relacionadas únicamente con la operación en sí de transporte de residuos en el ámbito territorial de cada autoridad
                     competente, sino también con la operación de valorización para la cual dicho traslado se efectúa.
                  
               
            
            
            
            
               2)
                  El artículo 7, apartado 4, letra a), primer guión, del Reglamento nº 259/93, en su versión modificada por las Decisiones 98/368
                     y 1999/816, debe interpretarse en el sentido de que, para oponerse a un traslado, la autoridad competente de expedición, teniendo
                     en cuenta las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la valorización prevista en el lugar de destino, y respetando
                     el principio de proporcionalidad, puede basarse en los criterios a los que está sujeta la valorización de residuos en el Estado
                     de expedición para evitar tales repercusiones, aun cuando dichos criterios sean más rigurosos que los vigentes en el Estado
                     de destino.
                  
               
            
            
            
            
               3)
                  El artículo 7, apartado 4, letra a), segundo guión, del Reglamento nº 259/93, en su versión modificada por las Decisiones
                     98/368 y 1999/816, debe interpretarse en el sentido de que una autoridad competente de expedición no puede invocar esta disposición
                     para formular una objeción al traslado de residuos basada en el hecho de que la valorización prevista incumple las disposiciones
                     legales y reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden público, de seguridad pública o
                     de protección de la salud.
                  
               
            
             Firmas
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: alemán.