CELEX: 62009CA0348
Language: es
Date: 2012-05-22 00:00:00
Title: Asunto C-348/09: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid (Libre circulación de personas — Directiva 2004/38/CE — Artículo 28, apartado 3, letra a) — Decisión de expulsión — Condena penal — Razones imperiosas de seguridad pública)

7.7.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 200/2
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 22 de mayo de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Alemania) — P. I./Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
   (Asunto C-348/09) (1)
   
   (Libre circulación de personas - Directiva 2004/38/CE - Artículo 28, apartado 3, letra a) - Decisión de expulsión - Condena penal - Razones imperiosas de seguridad pública)
   2012/C 200/02
   Lengua de procedimiento: alemán
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: P. I.
   
      Demandada: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster — Interpretación del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77) — Decisión de expulsión adoptada por motivos imperiosos de seguridad pública contra un ciudadano europeo que residió durante los diez años anteriores en el Estado miembro de acogida y que ha sido condenado a una pena privativa de libertad — Concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública».
   
      Fallo
   
   El artículo 28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) no 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están facultados para considerar que infracciones penales como las mencionadas en el artículo 83 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, constituyen un menoscabo especialmente grave de un interés fundamental de la sociedad, capaz de representar una amenaza directa para la tranquilidad y la seguridad física de la población, y que por consiguiente cabe incluir en el concepto de «motivos imperiosos de seguridad pública» que pueden justificar una medida de expulsión en virtud del referido artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38, siempre que la forma de comisión de tales infracciones presente características especialmente graves, extremo éste que incumbe verificar al tribunal remitente basándose en un examen individualizado del asunto del que conoce.
   Toda medida de expulsión está subordinada a que la conducta personal del interesado constituya una amenaza real y actual para un interés fundamental de la sociedad o del Estado miembro de acogida, apreciación que supone, como regla general, la tendencia del individuo interesado a proseguir esa conducta en el futuro. Antes de tomar una decisión de expulsión, el Estado miembro de acogida deberá tener en cuenta, en particular, la duración de la residencia del interesado en su territorio, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, su integración social y cultural en ese Estado y la importancia de los vínculos con su país de origen.
   
      (1)  DO C 282, de 21.11.2009.