CELEX: 61995CC0041
Language: es
Date: 1995-11-14 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas el 14 de noviembre de 1995. # Consejo de la Unión Europea contra Parlamento Europeo. # Presupuesto. # Asunto C-41/95.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. ANTONIO LA PERGOLA presentadas el 14 de noviembre de 1995  (1)
         Asunto C-41/95 Consejo de la Unión EuropeacontraParlamento Europeo
            «Presupuesto»
            
      
         
      Introducción
      
       1. El presente recurso suscita cuestiones relacionadas con la elaboración del presupuesto comunitario y con el reparto de competencias
      entre las dos Instituciones que constituyen la Autoridad Presupuestaria, a saber, el Parlamento y el Consejo. En efecto, el
      Tribunal de Justicia debe establecer si ambas Instituciones, en el contexto de los elementos aportados en el presente litigio,
      han ejercido sus facultades legítimamente en el procedimiento que concluyó con el acto del Presidente del Parlamento por el
      que se declara aprobado el presupuesto para 1995.
       Hechos
      
       2. Mediante recurso de 17 de febrero de 1995, el Consejo impugnó el acto por el que el Presidente del Parlamento declaró, el
      15 de diciembre de 1994, definitivamente aprobado el presupuesto comunitario para el ejercicio 1995.  
      
         			(2)
         		 El Consejo solicita al Tribunal de Justicia, con arreglo a los artículos 173 del Tratado CE y 146 del Tratado CEEA,  
      
         			(3)
         		 que anule el acto impugnado por él y, en consecuencia, declare inválido el presupuesto para 1995, manteniendo, sin embargo,
      las disposiciones de ejecución del presupuesto ya adoptadas hasta la fecha en que se pronuncie la eventual sentencia por la
      que se estime el recurso.
      
       3. Los hechos que dieron lugar al presente litigio pueden resumirse de la manera siguiente.El Parlamento introdujo variaciones en algunas líneas del presupuesto 1995, aprobado en primera lectura por el Consejo. Las
      líneas en cuestión habían sido consideradas por el Consejo como relativas a gastos obligatorios (en lo sucesivo,  
      GO). En cambio, el Parlamento las volvió a clasificar como gastos no obligatorios (en lo sucesivo,  
      GNO) y decidió, con arreglo al artículo 203 del Tratado, adoptar, respecto a dichos gastos, enmiendas y no propuestas de modificación,
      las cuales, en cambio, deben tener por objeto GO. Por su parte, el Consejo, como se explica más adelante, siguió considerando
      los referidos gastos como obligatorios y, por consiguiente, trató los cambios referentes a éstos, decididos por el Parlamento,
      no como enmiendas sino, precisamente, como propuestas de modificación, siempre a causa de la naturaleza atribuida a los gastos
      de que se trata.Las líneas presupuestarias controvertidas son 131 y entran dentro de la subsección B1 (FEOGA ─ Garantía), excepto una sola
      que pertenece a la subsección B7 (Acuerdos internacionales en materia de pesca). Para cada línea del presupuesto relativa
      a la subsección B1, los cambios votados por el Parlamento como enmiendas van acompañados de comentarios justificativos de
      la supuesta naturaleza no obligatoria de los gastos de que se trata, haciendo referencia al  
      margen discrecional o  
      flexibilidad que los  
      Reglamentos de base dejan a la Comisión para la gestión de la acción prevista. Por lo que respecta a la línea presupuestaria comprendida en la
      subsección B7, la enmienda aprobada por el Parlamento modifica el comentario que la acompaña en el sentido de que prevé un
      crédito de un millón de ECU para los gastos que resultan de un Acuerdo internacional que la Comunidad celebraría con Rusia
      para la financiación de las actividades de pesca del arenque. Con respecto a las líneas presupuestarias objeto del presente
      recurso, el Parlamento modificó también, en algunos casos, el importe del crédito que figuraba en el proyecto de presupuesto
      inicialmente previsto por el Consejo.El Consejo rechazó en segunda lectura, el 16 de noviembre de 1994, las enmiendas adoptadas por el Parlamento en primera lectura,
      manifestando que, en lo que respecta a las líneas presupuestarias controvertidas, se trataba de propuestas de modificación
      que tenían por objeto gastos obligatorios, de conformidad con la práctica de las Instituciones en materia de presupuesto y
      con la clasificación establecida mediante la declaración común de 1982.  
      
         			(4)
         		 La motivación del rechazo de las enmiendas propuestas por el Parlamento, que figura en el acta de la correspondiente sesión
      del Consejo, se recoge, además, en el texto de los motivos que se refieren a la segunda lectura del presupuesto comunitario
      efectuada por el Consejo. Este documento fue transmitido al Parlamento el 16 de noviembre de 1994.El Presidente en ejercicio del Consejo reafirmó posteriormente la posición de su Institución en cuanto a la clasificación
      de las líneas presupuestarias objeto del litigio mediante escrito enviado el 2 de diciembre de 1994 al Presidente del Parlamento,
      en el que reiteraba el convencimiento del Consejo de que los gastos cubiertos por la línea directriz agrícola debían, según
      la declaración común de 1982 y el acuerdo interinstitucional de 1993  
      
         			(5)
         		 (en lo sucesivo,  
      AII 93), considerarse obligatorios.El Consejo mantuvo dicha posición durante la segunda lectura en el Parlamento. En efecto, el Presidente en ejercicio de la
      Institución demandante declaró a la asamblea, en la sesión de 13 de diciembre de 1994, que, en lo que respecta a las líneas
      presupuestarias objeto del litigio, el Consejo no podía  
      aceptar que la clasificación de los referidos gastos como obligatorios fuese modificada, ya que,  
      en el marco de las negociaciones para el acuerdo interinstitucional, se había convenido clasificar como no obligatorio  
      el conjunto de los gastos de las rúbricas 2 y 3, entendiéndose de este modo que la clasificación de todos los demás gastos ─incluidos, por tanto, los de la rúbrica 1─ debía
      permanecer inalterada.En el siguiente debate parlamentario se expresaron opiniones divergentes sobre la clasificación de los gastos objeto del presente
      litigio. A pesar de todo, el 15 de diciembre de 1994, el Parlamento adoptó una resolución del siguiente tenor:  
      [el Parlement approuve dans ces circonstances le maintien en deuxième lecture de tous les amendements considérés par le Conseil
      comme des  
      modifications, et qui concernent des lignes pour lesquelles, selon la réglamentation en vigueur, la Commission doit respecter le montant
      inscrit dans le budget en vertu de son pouvoir discrétionnaire de gestion.
      
       4. El 15 de diciembre de 1994 tuvo lugar el último acto del complejo procedimiento de adopción del presupuesto comunitario.Durante el debate en la asamblea y tras la votación por la que se aprobaron las resoluciones del Parlamento, el Presidente
      en ejercicio del Consejo, Sr. Haller, declaró lo siguiente:El Consejo ha expuesto su posición al Parlamento sobre este asunto mediante escrito de 2 de diciembre de 1994 del Presidente
      en ejercicio del Consejo y a través de una declaración que yo mismo realicé el 13 de diciembre de 1994. Me veo obligado por
      consiguiente a indicar que el Consejo se reserva todos los derechos en la materia. A la vez, quisiera señalar que el Consejo
      da su conformidad al nuevo tipo aplicable a los gastos no obligatorios basándose en la posición que ha definido.A invitación del Presidente de la Comisión de Presupuestos del Parlamento y tras algunas otras intervenciones de diputados,
      el Presidente del Parlamento hizo la declaración siguiente:Constato que a pesar de algunas divergencias de opinión sobre algunos puntos, se ha logrado un acuerdo con el Consejo, en
      el sentido del artículo 203 del Tratado CE, sobre el nuevo tipo máximo de aumento. El procedimiento presupuestario puede por
      lo tanto concluirse con éxito.Después de esta declaración, el Presidente del Parlamento procedió a firmar el presupuesto en el centro del hemiciclo en presencia
      del Sr. Haller, Presidente en ejercicio del Consejo, del Sr. Schmidhuber, miembro de la Comisión, de los ponentes y del Presidente
      de la Comisión de Presupuestos del Parlamento.
       Marco normativo
      
       5. Las disposiciones comunitarias que deben considerarse en el presente asunto son las establecidas en los apartados 4 a 10 del
      artículo 203 del Tratado.  
      
         			(6)
         		 Dichas disposiciones se refieren, como es sabido, a las competencias de las Instituciones en lo que respecta a la elaboración
      del presupuesto, a las mayorías necesarias y al desarrollo del procedimiento.
       Admisibilidad
      
       6. Con carácter preliminar, el Parlamento propone una excepción de inadmisibilidad del recurso en lo que respecta a la pretensión
      de que se declare la invalidez del presupuesto 1995. Según la parte demandada, dicha pretensión es inadmisible, en la medida
      en que es superflua, ya que la eventual decisión que dictase el Tribunal de Justicia para anular el acto del Presidente del
      Parlamento por el que se declara aprobado el presupuesto implicaría, de todos modos, la invalidez de éste.El Consejo replica que solicitó que se declarara la invalidez del presupuesto sólo como consecuencia directa y natural de
      la anulación del acto del Presidente del Parlamento y que, por tanto, no comprende la razón ─
      el alcance, como él dice─ de la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento.
      
       7. En mi opinión, este extremo queda debidamente aclarado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Me refiero a ella, en
      la medida en que es oportuna en el presente asunto, sólo para recordar que se ha afirmado que  
      la anulación del acto del Presidente del Parlamento produce el efecto de privar de validez al presupuesto.  
      
         			(7)
         		 Por tanto, no es necesario que el Tribunal de Justicia, como él mismo señaló en aquel asunto, se pronuncie  
      acerca de las pretensiones del Consejo destinadas ─como ocurre en este caso─ a obtener  
      la anulación total [del] presupuesto.Así pues, se ha reconocido que la estimación de la demanda principal, destinada a obtener la declaración de invalidez del
      acto del Presidente del Parlamento, sirve implícitamente para establecer la invalidez de todo el presupuesto. En mi opinión,
      ello implica que si el Consejo, como ocurre en este caso, solicita en el recurso formulado contra el acto del Presidente,
      que se declare asimismo inválido el presupuesto, dicha demanda no es inadmisible: no lo es porque no es autónoma, sino necesariamente
      accesoria respecto a la formulada con carácter principal, de cuya admisibilidad nadie duda. Dado que la invalidez del presupuesto
      es consecuencia inevitable de la del acto del Presidente, la pretensión de que el Tribunal de Justicia declare dicho efecto
      indirecto deberá considerarse ya satisfecha si se dicta una decisión que estime la demanda principal. Además, si el Tribunal
      de Justicia acogiese la excepción de inadmisibilidad, en los términos en que ha sido propuesta por el Parlamento, y, por otra
      parte, el acto del Presidente fuese considerado inválido y anulado, la consecuencia de tal decisión sería privar de validez
      a todo el presupuesto. Por tanto, no veo cuál es la relevancia práctica de la excepción propuesta. Casi es innecesario añadir
      que, al tratarse de una pretensión accesoria, debería necesariamente considerarse desestimada en el supuesto contrario, es
      decir, si el Tribunal de Justicia decidiera declarar infundado el recurso del Consejo.
       En cuanto al fondo
       Alegaciones de las partes
      
       8. Examinemos el fondo del recurso. El Consejo impugna el acto del Presidente del Parlamento en la medida en que el presupuesto
      cuya adopción declaró no había sido legalmente elaborado. En opinión de la parte demandante, el Parlamento, excediéndose en
      sus atribuciones, alteró previsiones presupuestarias que se refieren a GO, respecto de las cuales no le ha sido reconocida
      la facultad de efectuar enmiendas, sino sólo la de proponer modificaciones, que requieren la aprobación del Consejo, aprobación
      que no recibieron en este caso.
      
       9. Más concretamente, el Consejo formula dos imputaciones. Según él, el Parlamento infringió tanto las normas que atribuyen al
      Consejo la competencia en materia de GO como los acuerdos interinstitucionales que, con arreglo a tales normas, habían clasificado
      como obligatorios los gastos correspondientes a las líneas presupuestarias controvertidas; por tanto, la referida infracción
      de las disposiciones de los acuerdos supone el incumplimiento de la obligación de cooperación leal entre Instituciones.
      
       10. El Parlamento replica, en primer lugar, que, en segunda lectura, es de su competencia clasificar definitivamente como no obligatorios
      los gastos sobre cuya naturaleza discrepan las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria.En segundo lugar, en cuanto a la imputación referente a la violación del AII 93, el Parlamento alega que dicho acuerdo clasifica
      como GNO los gastos correspondientes a las líneas presupuestarias previstas en las rúbricas 2 y 3, sin decidir la cuestión
      de cómo se clasifican los gastos relativos a la rúbrica 1. El hecho de que el acuerdo no diga nada sobre estos últimos gastos
      no significa, según el Parlamento, que se trate de GO; el silencio de las Instituciones demuestra sólo que no están de acuerdo
      sobre su naturaleza.Por otra parte, añade el Parlamento, la clasificación de los gastos como obligatorios no debe efectuarse teniendo como referencia
      el carácter objetivo del acto normativo de base del que se derivan. Se trata, por tanto, de determinar concretamente, línea
      por línea, si el acto de base vincula a la Comisión en la gestión de los gastos o, por el contrario, le reconoce la facultad
      discrecional que caracteriza al gasto como no obligatorio. El Parlamento considera que la clasificación adoptada en 1982 ha
      sido superada, tanto porque ya no existe correspondencia entre el presupuesto 1995 y las líneas consideradas en la declaración
      común que se remonta a aquella época, como por el efecto derogatorio que el AII 93 ha tenido sobre la misma clasificación
      de los gastos que dicha declaración preveía.
      
       11. Frente a la postura del Parlamento, el Consejo replica, por su parte, que la clasificación de los gastos no puede efectuarse
      unilateralmente, sino que debe resultar de un acuerdo entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. En lo que respecta
      al presente asunto, la declaración común de 1982 no fue derogada por los AII de 1988 y de 1993. Según el Consejo, no es posible
      alegar, basándose en el hecho de que el AII 93 no dice nada sobre los gastos correspondientes a la rúbrica 1, que dichos gastos
      hayan perdido el carácter de GO que les atribuye la declaración común de 1982. La reclasificación de los gastos de la rúbrica
      1 en la categoría de GNO, añade la Institución demandante, llevaría a privar de contenido al propio AII 93. Este acuerdo prevé,
      en su anexo II, un procedimiento especial de concertación entre las tres Instituciones en lo que respecta al importe de los
      GO. Por tanto, el procedimiento establecido de este modo no podría aplicarse si a los gastos de la rúbrica 1 se les negase
      el carácter obligatorio, ya que son los únicos que aún lo conservan.
      
       12. Las objeciones formuladas por el Parlamento contra las alegaciones del Consejo no se refieren sólo a los criterios que rigen
      de forma abstracta la clasificación de los gastos. Según la parte demandada, el Consejo ya consintió en la recalificación
      de los gastos controvertidos como no obligatorios, mediante su acuerdo, en el sentido del artículo 203 del Tratado, en que
      se supere el tipo máximo de aumento (en lo sucesivo,  
      TMA). En efecto, el TMA y la categoría de los GNO, a los que se aplica aquél, son elementos inseparablemente relacionados; así
      pues, el acuerdo sobre la determinación del TMA existe en la medida en que el Consejo ha manifestado su conformidad con el
      Parlamento en cuanto a los gastos a los que debe aplicarse un tipo determinado. Según los dos últimos párrafos del apartado
      9 del artículo 203, el TMA, y por tanto el nuevo tipo que el Parlamento y el Consejo deben establecer de común acuerdo si
      fuere superior al previsto en principio, se refiere exclusivamente a los GNO. Por consiguiente, el criterio decisivo para
      la resolución del presente litigio estriba en decidir si las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria llegaron o no a un acuerdo
      sobre el TMA.Para demostrar, en el presente asunto, que había acuerdo tanto sobre el TMA como, en consecuencia, sobre la clasificación
      de los gastos como no obligatorios que éste implica, el Parlamento formula en el escrito de contestación una serie distinta
      de argumentos. En primer lugar, el Presidente en ejercicio del Consejo había suscrito la posición adoptada por el Parlamento
      mediante la declaración que hizo ante la asamblea durante el debate sobre la segunda lectura del presupuesto, antes mencionada.
      Además, el mismo Presidente del Consejo había mantenido, durante los trabajos parlamentarios, una actitud de la que podía
      deducirse claramente su adhesión a la declaración del Presidente del Parlamento según la cual el presupuesto quedaba aprobado.
      En opinión del Parlamento, su punto de vista es apoyado por la práctica de las relaciones entre las dos Instituciones en lo
      que respecta a la elaboración del presupuesto. Efectivamente, añade, el Consejo tiene la obligación ─que en el pasado siempre
      ha cumplido─ de señalar, oportuna e inequívocamente, las eventuales irregularidades que puedan dar lugar a la invalidez del
      acto final de declaración que corresponde al Presidente del Parlamento. Sin embargo, dice el Parlamento, no ocurrió así en
      este caso. El Consejo no rechazó expresamente la posición del Parlamento, como había hecho en otras ocasiones, y de este modo
      se sumó, mediante la actuación de su Presidente en ejercicio, a las manifestaciones de felicitación que siguieron a la aprobación
      del presupuesto y al correspondiente acto de declaración por parte del Presidente. El Parlamento ve en este comportamiento
      del Consejo las características de un acto de cortesía interinstitucional: una expresión de la  
       comitas  de un órgano soberano con respecto a otro, la cual, según la parte demandada, también puede producir efectos jurídicos, como
      muestra la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia  
      
         			(8)
         		 en el ámbito del  
       ius gentium . El Consejo objeta, a este respecto, que el Presidente en ejercicio, Sr. Haller, no estaba facultado para cambiar la posición
      adoptada por su Institución, ni podía, por tanto, dar su conformidad al TMA que resultaba de la reclasificación de los gastos
      de que se trata, efectuada por el Parlamento, pero cuestionada por el propio Consejo. No obstante, el Parlamento considera
      que, de todos modos, el Presidente en ejercicio del Consejo tenía competencia para interpretar, expresar o poner en práctica
      la voluntad de la Institución a la que representaba. Por lo tanto, el Presidente del Parlamento, añade la parte demandante,
      debía tener plena confianza en la declaración hecha en el hemiciclo por el Presidente Sr. Haller en nombre del Consejo y no
      tenía ninguna razón para dudar de que la voluntad de esta última Institución fuese aceptar el nuevo TMA.
      
       13. Sin embargo, la parte demandante señala que el acuerdo sobre el TMA puede considerarse legítimamente concluido sólo cuando
      exista conformidad entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria sobre la determinación de los GNO a los que se refiere
      dicho tipo. Por consiguiente, el desacuerdo sobre la determinación de los GNO impide que el Consejo haya podido dar válidamente
      su conformidad sobre el TMA.De todos modos, según el Consejo, en el presente asunto no había acuerdo sobre el TMA. El Presidente Sr. Haller envió al Parlamento
      el escrito de 2 de diciembre de 1994 e intervino en la sesión de 13 de diciembre del mismo año para cuestionar, en ambas ocasiones,
      la recalificación de los gastos objeto del presente recurso como no obligatorios, con una firme advertencia al Parlamento
      sobre todas las consecuencias que podrían derivarse de tal situación.No es otro, añade el Consejo, el sentido de la declaración efectuada por el Presidente Sr. Haller al finalizar el debate sobre
      el presupuesto el 15 de diciembre de 1994. También en esa ocasión el Consejo dijo que daba su conformidad al TMA sólo  
      basándose en la posición que había definido. Así pues, no había acuerdo y únicamente lo habría si los gastos clasificados como no obligatorios por
      el Parlamento se hubieran considerado obligatorios, de forma que se calculase y aplicase el nuevo TMA según la base de los
      gastos resultantes de la clasificación mantenida por el Consejo.Esta última Institución señala además que en la traducción francesa de la declaración pronunciada en alemán por el Presidente
      Sr. Haller se lee:  
      le Conseil donne son accord, donde el texto original dice:  
      die Zustimmung des Rates [...] erfolgt. Dado que la declaración del Presidente del Consejo estaba supeditada a condiciones aún no cumplidas, el texto original debería
      haberse traducido poniendo el verbo en futuro:  
      l'accord du Conseil interviendra. El Parlamento se apoya en la utilización del tiempo presente en la versión francesa como prueba de un supuesto acuerdo,
      real e incondicionado, del Consejo sobre el TMA. No obstante, dice el Consejo, la propia Institución demandada tiene que reconocer
      que faltaba dicho acuerdo para la situación necesaria, ya que seguía habiendo disconformidad sobre la clasificación de los
      gastos de que se trata. Si se acogiese la interpretación que propone el Parlamento de la referida declaración, ésta sólo podría
      considerarse contradictoria. El único modo posible de interpretarla es considerar que hay una referencia clara y coherente
      hecha por el Presidente Sr. Haller a la posición declarada por el Consejo: el acuerdo podía existir y habría existido únicamente
      si el Parlamento hubiera aceptado dicha posición en cuanto a la naturaleza de los gastos controvertidos.Por último, el Consejo niega que hubiese conformidad por parte del Presidente Sr. Haller en cuanto al comportamiento del Parlamento
      y, en particular, de su Presidente, cuando éste declaró definitivamente aprobado el presupuesto. El Presidente Sr. haller
      actuó como debía, ya que no figura entre las responsabilidades del Consejo la de interferir en el ejercicio de prerrogativas
      que el Tratado, en el apartado 7 de su artículo 203, atribuye exclusivamente al Presidente del Parlamento. Tampoco, siempre
      en opinión del Consejo, las manifestaciones de cortesía interinstitucional pueden ser objeto de control jurisdiccional.
       Análisis
      
       14. ¿Cómo valorar las posturas opuestas del Consejo y del Parlamento a este respecto? Simplificando el  
       thema decidendum  puede decirse que, en definitiva, el núcleo del presente litigio es la clasificación de algunas líneas presupuestarias cubiertas
      por la directriz agrícola y de otra en materia de acuerdos pesqueros. Si los gastos previstos en ellas no son obligatorios,
      debe reconocerse, con arreglo al artículo 203, la competencia del Parlamento para adoptar definitivamente las enmiendas controvertidas
      y entonces el presupuesto debe considerarse legítimamente aprobado. En cambio, si la clasificación de los gastos es la contraria,
      el presente recurso es fundado.Expuesto así el problema, indico desde ahora que las resoluciones dictadas hasta ahora en lo que respecta a la elaboración
      del presupuesto comunitario no llegan hasta el punto de examinar y definir directamente  
      
         			(9)
         		 los caracteres distintivos de los GO y de los GNO. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar qué
      criterio, y sería mejor decir qué instrumento jurídico, se usa para hacer la distinción entre las dos categorías de gastos.
      
       15. A la luz de la jurisprudencia, podemos afirmar que  
      los problemas de delimitación de los gastos no obligatorios con relación a los gastos obligatorios son objeto de un procedimiento
      interinstitucional de conciliación establecido por la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de
      30 de junio de 1982 [...], y que pueden ser resueltos en dicho marco.  
      
         			(10)
         		 La postura del Tribunal de Justicia es clara: debe haber acuerdo entre las Instituciones interesadas por la solución de los
      problemas de clasificación. Efectivamente, la materia ha sido reservada a acuerdos entre el Consejo y el Parlamento. Ya existe
      una serie de tales acuerdos. La primera clasificación de los gastos se remonta a la declaración de 1982.  
      
         			(11)
         		 Posteriormente, las tres Instituciones que participan en el procedimiento de elaboración del presupuesto adoptaron el 29
      de junio de 1988 un  
      Acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario
         			(12)
         		 y, el 29 de octubre de 1993, el mencionado AII 93.El primero de estos dos acuerdos no se ocupa de la distinción entre las dos categorías de gastos. El segundo sí lo hace, pero
      sus disposiciones son interpretadas de manera diferente por el Parlamento y por el Consejo.  
      
         			(13)
         		
       16. Paso a precisar la primera y evidente consecuencia que resulta del hecho de aplicarse en este caso, como estimo que debe hacerse,
      el criterio claramente formulado por la jurisprudencia. El acuerdo entre las Instituciones es el medio jurídico de la clasificación
       
       concreta  de los gastos, el procedimiento de aplicación de las disposiciones que el Tratado prevé en la materia. Si es así, no es posible
      que el Parlamento pueda determinar unilateralmente la naturaleza de los gastos respecto de los cuales está facultado para
      adoptar enmiendas.El acuerdo es lo que precisa, al determinar la naturaleza de los gastos, el ámbito de aplicación material ─el requisito previo,
      podría decirse─ de la competencia que, en la elaboración del presupuesto, considerado para cada ejercicio, corresponde al
      Consejo o al Parlamento. Como se ha visto en los puntos 10 y 11 de las presentes conclusiones, las partes proponen interpretaciones
      divergentes de los acuerdos interinstitucionales que deberían haber clasificado a los gastos de que se trata. En mi opinión,
      no es necesario que el Tribunal de Justicia se pare a investigar lo dispuesto en tales acuerdos. Basta, a efectos de su decisión,
      llevar la investigación al otro aspecto del presente asunto y ver si hubo o no acuerdo sobre el nuevo TMA, con arreglo al
      último párrafo del apartado 9 del artículo 203 del Tratado.Bien mirado, la Institución demandante y la demandada están de acuerdo en este planteamiento del litigio para formular sus
      opiniones contrarias. En efecto, es evidente que el acuerdo sobre el tipo máximo existe sólo cuando se establece tanto sobre
      el porcentaje de aumento como sobre el importe total de los gastos, en relación con el cual debe calcularse dicho porcentaje.
      Este último se fija para cada ejercicio. El Tratado establece cuál debe ser la base del cálculo correspondiente. Dicha base
      está constituida por la totalidad de los gastos no clasificados como obligatorios. Mediante el acuerdo sobre el tipo máximo
      se determina, por tanto, cuántos y cuáles son tales gastos, que deben diferenciarse de los otros previstos en el presupuesto.
      Si no existe acuerdo por haber diferencias de opinión en cuanto a la clasificación de los gastos, y hasta que la cuestión
      sea resuelta por la conformidad entre el Consejo y el Parlamento, el presupuesto no puede establecerse legítimamente. La jurisprudencia
      ha aclarado este punto  
      
         			(14)
         		 y no hay ninguna razón para reconsiderarla.
      
       17. Comprobemos, por tanto, si en el presente asunto el Consejo dio o negó su acuerdo y en qué términos lo hizo.Empezaré por examinar el acto impugnado mediante el presente recurso. Dicho acto, con el que el Presidente del Parlamento
      declaró aprobado el presupuesto 1995, era del siguiente tenor:  
      A pesar de algunas divergencias de opinión sobre algunos puntos, se ha logrado un acuerdo con el Consejo, en el sentido del
      artículo 203 del Tratado CE, sobre el nuevo tipo máximo de aumento. El procedimiento presupuestario puede por lo tanto concluirse
      con éxito. El Presidente no dijo a qué materias se referían las divergencias de opinión entre las dos Instituciones ni qué consecuencias
      podrían tener; se limitó a declarar que, a pesar de la diferencia en las posiciones adoptadas respectivamente por el Parlamento
      y por el Consejo, se había logrado el acuerdo sobre el TMA. Ahora se trata de ver sobre qué base puede justificarse dicha
      declaración. El argumento que la parte demandada formula en su defensa es que el Presidente del Parlamento declaró aprobado
      el presupuesto confiando en lo que el Presidente del Consejo había declarado en el hemiciclo durante la sesión de 15 de diciembre
      de 1994. Así pues, debemos pararnos a considerar el contenido de esta última declaración.El punto que aquí nos interesa es que el Consejo ─por medio de quien lo representaba en la reunión del Parlamento─ se reservó,
      recalcando la naturaleza obligatoria de los gastos controvertidos, todos los derechos en lo que respecta a la defensa de su
      posición, incluido por tanto el de hacerlos valer ante este Tribunal de Justicia. En realidad, el Presidente Sr. Haller dijo
      también:  
      Gleichzeitig möchte ich darauf hinweisen, daß die Zustimmung des Rates zu dem neuen Satz für die nicht obligatorischen Ausgaben
      auf der Grundlage der dargelegten Haltung des Rates erfolgt.  
      
         			(15)
         		 Ya se ha visto cómo las partes han discutido, en sus escritos procesales y en la vista, el tenor de esta declaración.
      
       18. La parte demandada querría valorizar la traducción francesa de las palabras pronunciadas por el Presidente Sr. Haller para
      deducir de ella que éste había dado su conformidad al TMA en el mismo momento de aquella declaración, sin remitir este punto
      a ningún acto posterior. No obstante, el hecho es que el acuerdo del Consejo sobre el TMA fue expresamente supeditado a condiciones
      no cumplidas en aquel momento, lo que acaba por reconocer el propio Parlamento cuando dice que la clasificación de los gastos
      controvertidos no podía considerarse establecida con base en el AII 93 y, por tanto, tenía que ser definida de nuevo; para
      definirla era necesario ─las decisiones del Tribunal de Justicia no dejan dudas al respecto─  
      
         			(16)
         		 una nueva conformidad entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo de este
      tipo.Del mismo modo, no es convincente la deducción del Parlamento acerca del comportamiento del Presidente Sr. Haller en el hemiciclo.
      En su opinión, el Sr. Haller no impugnó la legalidad de la aprobación del presupuesto e incluso se sumó a las manifestaciones
      externas de adhesión o felicitación por dicho acontecimiento. El Parlamento no puede exigir legítimamente que el Presidente
      de otra Institución rebase los límites de sus competencias;  
      
         			(17)
         		 el Presidente del Consejo había expresado en el hemiciclo reservas explícitas sobre las decisiones del Parlamento y no tenía
      otros títulos o medios para impedir que esta última Institución y su Presidente actuaran como lo hicieron.Tampoco se puede, razonablemente, pretender que el Presidente del Consejo tuviera que apartarse de las normas de cortesía
      interinstitucional en su actitud respecto al Parlamento; de cualquier modo, el hecho de haberlas observado no quiere decir
      que demostrara adhesión alguna a la posición definida por la parte demandada en el presente litigio. Además, las relaciones
      entre las Instituciones comunitarias están establecidas exclusivamente por las normas del Tratado.  
      
         			(18)
         		 Las normas que pueden valer para las manifestaciones de voluntad vinculantes de los Estados soberanos, según el Derecho internacional,
      y que la parte demandada invoca con respecto al presente asunto, no son de aplicación en las relaciones entre Instituciones
      dentro de la Comunidad.  
      
         			(19)
         		 Dicho esto, queda por precisar que el Presidente Sr. Haller ni siquiera habría podido expresar ante el Parlamento una postura
      diversa de la que el Consejo había definido respecto a las cuestiones que aquí nos ocupan. Actuó como mero portavoz de su
      Institución y expresó un punto de vista de ésta que en ningún caso estaba autorizado a reconsiderar o modificar.  
      
         			(20)
         		 Tampoco es posible compartir la tesis del Parlamento según la cual el Consejo habría debido interponer el presente recurso
      inmediatamente después de la comunicación oficial de aprobación del presupuesto. El Consejo sometió el asunto al Tribunal
      de Justicia dentro del plazo previsto por el Tratado y ésta es la única consideración que hay que tener en cuenta a efectos
      del presente litigio.
      
       19. Para concluir, precisemos el resultado al que llevan las observaciones expuestas.La referencia expresa a las condiciones a las que debía entenderse supeditado el acuerdo sobre el TMA, como resulta de la
      declaración del Presidente Sr. Haller, excluye objetivamente la posibilidad de que el Consejo haya podido estar de acuerdo
      con la clasificación de los gastos objeto del litigio en el sentido que pretende el Parlamento. El Consejo no dio al Parlamento
      su acuerdo en cuanto a la clasificación sobre cuya base debía ser calculado y aplicado el TMA.Como ya he dicho, el vicio de que adolece el acto impugnado por el Consejo, así como todo el presupuesto, resulta de la violación
      del principio según el cual los gastos se clasifican, como obligatorios o no, sólo mediante el acuerdo entre las dos Instituciones
      interesadas. Esto hace que sean innecesarios todos los demás motivos formulados por la parte demandante a efectos de alegar
      la infracción del artículo 203 del Tratado. En efecto, a falta de un acuerdo sobre el carácter no obligatorio de los gastos
      objeto de las enmiendas votadas por el Parlamento, no se cumple el requisito que permite a esta Institución adoptar legítimamente,
      en lo que respecta a las líneas presupuestarias controvertidas, las enmiendas aprobadas. Así pues, el primer motivo de recurso
      resulta fundado.
      
       20. Por último, el Parlamento alega que el Consejo incumplió el deber de cooperación leal entre Instituciones. El Parlamento lamenta
      así, por lo que parece, que el Consejo, por un lado, haya dado su acuerdo sobre el tipo y, por otro, lo haya negado, al no
      adherirse a la posición del Parlamento relativa a la base de los gastos a los que el TMA debía aplicarse necesariamente. No
      obstante, hemos visto que el Consejo se negó, mediante manifestaciones de voluntad adecuadas, a dar su acuerdo sobre el tipo,
      adoptando, por este motivo, una posición divergente de la del Parlamento. Por esta misma razón, debe rechazarse la tesis,
      subyacente en los escritos procesales presentados por el Parlamento en su defensa, según la cual el principio  
       patere legem quam ipse fecisti  se opone a que sea acogido el recurso objeto de examen o según la cual el Consejo ni siquiera tenía interés para ejercitar
      la acción.  
      
         			(21)
         		 Además, la supuesta violación de la obligación de que se trata, en los términos en que la presenta la parte demandada, no
      podría existir independientemente de un incumplimiento de las normas del Tratado que regulan la elaboración del presupuesto
      y determinan las respectivas competencias del Parlamento y del Consejo.  
      
         			(22)
         		 Esta última Institución, al negar su acuerdo sobre la clasificación de los gastos, ejerció una facultad que indudablemente
      le correspondía. Su actitud fue, por tanto, lícita y no desleal. En el presente asunto no es necesario determinar si la clasificación
      de los gastos no obligatorios efectuada unilateralmente por el Parlamento es, como alega el Consejo en el otro motivo de recurso,
      contraria a lo dispuesto en los acuerdos celebrados entre las Instituciones interesadas. Aun haciendo las mayores concesiones
      a la tesis de la parte demandada, el acuerdo celebrado en último lugar, es decir el de 1993, dejaba sin solucionar la cuestión
      de la clasificación de los gastos y de las líneas presupuestarias controvertidas. Así pues, era necesario un acuerdo, pero
      no se produjo, ni en cuanto al nuevo TMA, ni en cuanto a la correspondiente determinación de los gastos obligatorios. El acto
      impugnado es nulo porque  
       fue adoptado en infracción del principio del acuerdo, más que en infracción de un acuerdo determinado .
      
       21. Permítaseme una última observación sobre el valor fundamental que tiene este principio, tal como lo ha enunciado el Tribunal
      de Justicia. En los ordenamientos jurídicos estatales, los acuerdos entre poderes pueden constituir un medio de autointegración
      del sistema constitucional, cuando se recurra a ellos para llenar, especialmente en lo que respecta a la interpretación, eventuales
      lagunas de las normas sobre el reparto de competencias, en particular de las competencias legislativas, entre órganos cuya
      autonomía está garantizada de igual manera por el texto fundamental.En el ordenamiento jurídico comunitario, el acuerdo interinstitucional cumple una función instrumental indispensable en lo
      que se refiere a la elaboración del presupuesto, de una importancia indudable y decisiva en cuanto al funcionamiento concreto
      de todo el sistema institucional. Se trata de un acuerdo destinado a precisar los límites entre las competencias atribuidas
      en materia de gastos respectivamente al Parlamento y al Consejo: si bien no completa las disposiciones básicas del Tratado,
      ciertamente contribuye a su ejecución. El principio considerado sanciona ─y se trata de una elección que me atrevería a definir
      como de orden constitucional─ la igual dignidad y posición de las Instituciones que lo deben aplicar y observar. Por lo tanto,
      estamos ante una verdadera forma de  
       codecisión .Pensemos, por otra parte, en el proceso presupuestario en su totalidad, del que forma parte este régimen concreto de clasificación
      de los gastos mediante acuerdo. Precede en teoría, en la medida en que reconoce al órgano representativo del pueblo la facultad
      de rechazar el proyecto de presupuesto, a una facultad análoga que corresponde al Parlamento en el procedimiento establecido
      en último lugar por el artículo 189 B del Tratado y definido, precisamente, como  
       codecisión . Es cierto que, en este último procedimiento, hay más lugar para el principio del acuerdo:  
       certo quodam modo  se pone de manifiesto en el momento en que los Presidentes del Parlamento y del Consejo firman, ambos, los actos adoptados.En el procedimiento presupuestario, el acto por el que se declara la aprobación del presupuesto es competencia exclusiva del
      Presidente del Parlamento. Sin embargo, eso no impide que el principio del acuerdo sea un elemento que debe considerarse esencial,
      porque rige el momento crucial del procedimiento en que, especialmente al fijar el TMA, se clasifican los gastos.La inobservancia de dicho principio vulnera el equilibrio entre el Consejo y el Parlamento, equilibrio que debe presidir la
      elaboración del presupuesto: este vicio, que compromete, en su misma base, la legitimidad del acto del Presidente por el que
      se declara aprobado el presupuesto, caracteriza el caso de autos. En mis conclusiones, he seguido la vía ya indicada por la
      jurisprudencia para evaluar el presente asunto a la luz del principio que había que observar.
      
       22. Por tanto, propongo, en conclusión, que el acto por el que el Presidente del Parlamento declaró aprobado el presupuesto 1995
      sea anulado, con las consecuencias que resultan de tal decisión: una vez invalidado el presupuesto, el procedimiento correspondiente
      deberá reanudarse a partir del momento en que tuvo lugar el acto presidencial impugnado.
       Efectos de la anulación
      
       23. El Consejo solicitó, además, al Tribunal de Justicia que ejerciera las facultades que le confiere el artículo 174 del Tratado
      CE  
      
         			(23)
         		 y solicitó el mantenimiento de los actos de ejecución del presupuesto adoptados hasta la fecha de la sentencia de anulación.
       
      
         			(24)
         		 Durante el procedimiento, el Consejo amplió sus pretensiones y solicitó al Tribunal de Justicia que se mantuvieran todos
      los efectos del presupuesto anulado hasta la fecha en que el Parlamento y el propio Consejo aprueben definitivamente el presupuesto
      comunitario para 1995. El Parlamento no ha precisado en sus escritos procesales su posición a este respecto.Por mi parte, considero que la solicitud del Consejo está ampliamente justificada por la importancia que tiene el presupuesto
      para la continuidad de la actividad comunitaria. Merece ser tomada en consideración, teniendo en cuenta también la dificultad
      de aplicar, en el presente caso, el sistema de las doceavas partes provisionales, previsto en el artículo 204 del Tratado.
      Las doceavas partes provisionales deberían, efectivamente, ser calculadas sobre la base del presupuesto 1994, adoptado por
      la Comunidad compuesta de doce Estados miembros, para luego aplicarse a la Comunidad ampliada, mientras tanto, a quince Estados
      miembros. Por tanto, propongo que se estime la solicitud del Consejo, tal como fue reformulada en la vista, con arreglo a
      la orientación jurisprudencial definida por el Tribunal de Justicia en otros asuntos.  
      
         			(25)
         		 Costas
      
       24. Con arreglo al párrafo primero del apartado 3 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, habida cuenta de la gran importancia
      institucional del litigio y de las cuestiones de principio suscitadas en Derecho por las partes, propongo repartir el pago
      de las costas.
       Conclusión
       A la luz de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que:
      
      
      ─
       Declare fundado el recurso del Consejo y anule el acto por el que el Presidente del Parlamento declaró definitivamente aprobado
      el presupuesto comunitario para el ejercicio 1995, con la consecuencia de que, una vez invalidado el presupuesto, el procedimiento
      correspondiente deberá reanudarse a partir del momento en que tuvo lugar el referido acto del Presidente del Parlamento. 
      
      
      
      ─
       Mantenga los efectos del presupuesto anulado hasta la fecha en que el Parlamento y el Consejo aprueben definitivamente el
      presupuesto comunitario para 1995. 
      
      
      
      ─
       Reparta el pago de las costas entre las partes.
      
       1 –
         
            Lengua original: italiano.
      
      2 –
         
         DO L 369, p. 1.
      
      3 –
         
         El Consejo no basó su recurso también en las disposiciones análogas del Tratado CECA. Considero que, de todos modos, el recurso
            es admisible, según la jurisprudencia. Efectivamente, por una parte, el Tribunal de Justicia ha reconocido que una impugnación
            formulada con arreglo a una disposición de uno de los Tratados puede extenderse a la disposición equivalente de otro Tratado
            [
            la necesidad de un control completo y coherente de la legalidad exige interpretar (el artículo 173 del Tratado CEE) en el
            sentido de que no puede excluir la competencia del Tribunal de Justicia para examinar, en el marco de un recurso de anulación
            de un acto fundado en una disposición del Tratado CEE, la denuncia de una violación de una norma del Tratado CEEA o del Tratado
            CECA (sentencia de 29 de marzo de 1990, Grecia/Consejo, C-62/88, Rec. p. I-1527, apartado 8)]. Por otra parte, el Tribunal de
            Justicia ha considerado admisibles los recursos en materias que entran dentro del ámbito de varios Tratados, aunque se basen
            en disposiciones de uno solo de éstos [
            cuando el acto impugnado se refiere de manera simultánea e indivisible a los ámbitos de varios Tratados, debe declararse la
            admisibilidad del recurso en la medida en que las competencias del Tribunal de Justicia y los medios de impugnación previstos
            por las disposiciones pertinentes de uno de los Tratados sean aplicables a tal acto (sentencia de 11 de julio de 1984, Municipio de Differdange y otros/Comisión, 222/83, Rec. p. 2889, apartado 6)]. Los precedentes,
            establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento (34/86, Rec. p. 2155), y
            por las posteriores sentencias pronunciadas en materia de presupuesto, que tienen en cuenta la naturaleza indivisible de este
            último, reflejo de los principios de unidad y de universalidad que lo inspiran, abogan también en este sentido.
         
      
      4 –
         
         Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 30 de junio de 1982, relativa a diferentes medidas
            dirigidas a garantizar un mejor desarrollo del procedimiento presupuestario (DO C 194, p. 1; EE 01/03, p. 181).
         
      
      5 –
         
         Acuerdo interinstitucional, de 29 de octubre de 1993, sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario
            (DO C 331, p. 1).
         
      
      6 –
         
         Los apartados 4 a 10 del artículo 203 son del siguiente tenor: 
             4. El proyecto de presupuesto deberá ser presentado al Parlamento Europeo, a más tardar, el 5 de octubre del año que preceda
            al de su ejecución. El Parlamento Europeo tendrá derecho a enmendar, por mayoría de los miembros que lo componen, el proyecto de presupuesto y
            a proponer al Consejo, por mayoría absoluta de los votos emitidos, modificaciones al proyecto respecto de los gastos que resulten
            obligatoriamente del Tratado o de los actos adoptados en virtud de éste. Si, en el plazo de cuarenta y cinco días desde la comunicación de dicho proyecto de presupuesto, el Parlamento Europeo hubiere
            dado su aprobación, el presupuesto quedará definitivamente aprobado. Si, en este plazo, el Parlamento Europeo no hubiere enmendado el proyecto de presupuesto ni propuesto modificaciones a éste,
            el presupuesto se considerará definitivamente aprobado. Si, en este plazo, el Parlamento Europeo hubiere aprobado enmiendas
            o propuesto modificaciones, el proyecto de presupuesto así enmendado o acompañado de las propuestas de modificación será remitido
            al Consejo. 
             5. El Consejo, después de haber deliberado sobre dicho proyecto de presupuesto con la Comisión y, en su caso, con las demás instituciones
            interesadas, decidirá en las condiciones siguientes: 
             a)el Consejo podrá, por mayoría cualificada, modificar cada una de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo; 
            
             b)en cuanto a las propuestas de modificación: 
            
            
            
                  ─
                      si una modificación propuesta por el Parlamento Europeo no tuviere por efecto aumentar el importe global de los gastos de
                     una institución debido, en particular, al hecho de que el aumento de los gastos a que aquélla diere lugar quedaría expresamente
                     compensado con una o varias propuestas de modificación, que supondrían una disminución correspondiente de los gastos, el Consejo
                     podrá, por mayoría cualificada, rechazar esta propuesta de modificación. A falta de decisión denegatoria, la propuesta de
                     modificación será aceptada; 
                  
            
            
            
            
                  ─
                      si una modificación propuesta por el Parlamento Europeo tuviere por efecto aumentar el importe global de los gastos de una
                     institución, el Consejo podrá, por mayoría cualificada, aceptar la propuesta de modificación. A falta de decisión de aceptación,
                     la propuesta de modificación será rechazada; 
                  
            
            
            
            
                  ─
                      si, en aplicación de las disposiciones de uno de los dos párrafos anteriores, el Consejo hubiere rechazado una propuesta de
                     modificación, éste podrá, por mayoría cualificada, bien mantener el importe consignado en el proyecto de presupuesto o bien
                     fijar otro distinto. El proyecto de presupuesto será modificado en función de las propuestas de modificación aceptadas por el Consejo. Si, en el plazo de quince días desde la comunicación de dicho proyecto de presupuesto, el Consejo no hubiere modificado ninguna
                     de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo y se hubieren aceptado las propuestas de modificación presentadas por
                     éste, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado. El Consejo notificará al Parlamento Europeo que no ha modificado
                     ninguna de las enmiendas y que se han aceptado las propuestas de modificación. Si, en este plazo, el Consejo hubiere modificado una o varias de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, o se hubieren
                     rechazado o modificado las propuestas de modificación presentadas por éste, el proyecto de presupuesto modificado será remitido
                     de nuevo al Parlamento Europeo. El Consejo expondrá a éste el resultado de sus deliberaciones. 
                  
            
            
            
             6. En el plazo de quince días desde la comunicación de dicho proyecto de presupuesto, el Parlamento Europeo, informado del curso
            dado a sus propuestas de modificación, podrá, por mayoría de los miembros que lo componen y de las tres quintas partes de
            los votos emitidos, enmendar o rechazar las modificaciones introducidas por el Consejo a sus enmiendas y aprobará, en consecuencia,
            el presupuesto. Si, en este plazo, el Parlamento Europeo no se hubiere pronunciado, el presupuesto se considerará definitivamente
            aprobado. 
            
             7. Cuando el procedimiento previsto en el presente artículo hubiere concluido, el presidente del Parlamento Europeo declarará
            que el presupuesto ha quedado definitivamente aprobado. 
            
             8. Sin embargo, el Parlamento Europeo, por mayoría de los miembros que lo componen y de las dos terceras partes de los votos
            emitidos, podrá, por motivos importantes, rechazar el proyecto de presupuesto y pedir que se le someta un nuevo proyecto.
            
            
             9. Cada año se fijará, para el conjunto de gastos distintos de los que resulten obligatoriamente del Tratado o de los actos adoptados
            en virtud de éste, un tipo máximo de aumento en relación con los gastos de la misma naturaleza del ejercicio en curso. La Comisión, después de haber consultado al Comité de Política Económica, establecerá este tipo máximo, que resultará: 
            
            
            ─
             de la evolución del producto nacional bruto de la Comunidad expresado en volumen, 
            
            
            
            ─
             de la variación media de los presupuestos de los Estados miembros, y 
            
            
            
            ─
             de la evolución del coste de vida en el transcurso del último ejercicio. El tipo máximo será comunicado, antes del 1 de mayo, a todas las instituciones de la Comunidad. Estas estarán obligadas a
            respetarlo durante el procedimiento presupuestario, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del presente
            apartado. Si, respecto de los gastos distintos de los que resulten obligatoriamente del Tratado o de los actos adoptados en virtud de
            éste, el tipo de aumento que dimane del proyecto de presupuesto establecido por el Consejo fuere superior a la mitad del tipo
            máximo, el Parlamento Europeo podrá, en el ejercicio de su derecho de enmienda, aumentar aún el importe total de dichos gastos
            hasta el límite de la mitad del tipo máximo. Cuando el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión estimaren que las actividades de las Comunidades requieren que se sobrepase
            el tipo determinado según el procedimiento establecido en el presente apartado, se podrá fijar un nuevo tipo mediante acuerdo
            entre el Consejo, por mayoría cualificada, y el Parlamento Europeo, por mayoría de los miembros que lo componen y de las tres
            quintas partes de los votos emitidos. 
            
            
             10. Cada institución ejercerá las competencias que le atribuye el presente artículo, respetando las disposiciones del Tratado
            y de los actos adoptados en virtud de éste, especialmente en materia de recursos propios de las Comunidades y de equilibrio
            entre ingresos y gastos.
            
            
         
      
      7 –
         
         Sentencia de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento (citada en la nota 2).
      
      8 –
         
         El Parlamento se refiere explícitamente a la sentencia dictada por el Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Temple
            de Préah Vihéar (Rec. C.I.J. 1962, p. 64) y a la decisión relativa al asunto del laudo arbitral dictado por el Rey de España
            el 23 de diciembre de 1906 (Rec. C.I.J. 1910, p. 192).
         
      
      9 –
         
         La sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo (204/86, Rec. p. 5323), examinó si podían clasificarse como obligatorias
            algunas líneas presupuestarias. No obstante, el Tribunal de Justicia dedujo la naturaleza de los correspondientes gastos de
            elementos detallados que los caracterizaban, pero no estableció criterios generales para determinar concretamente su clasificación
            correcta.
         
      
      10 –
         
         Sentencia de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento (citada en la nota 2).
      
      11 –
         
         El proceso institucional que llevó a la Declaración común de 1982 fue recogido por el Abogado General Sr. Mancini en sus conclusiones,
            a las que me remito, presentadas en el asunto 34/86, sobre el que recayó sentencia de 3 de julio de 1986, antes citada.
         
      
      12 –
         
         DO L 185, p. 33.
      
      13 –
         
         Merecen especial atención las siguientes disposiciones del AII 93: 
             III. LA MEJORA DEL PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 
             16. Las instituciones, respetando la disciplina presupuestaria y el párrafo cuarto del apartado 13, se comprometen a dotar al
            presupuesto de los créditos necesarios para cumplir las obligaciones jurídicas y los compromisos políticos internos y externos
            de las Comunidades. Las instituciones confirman los principios y mecanismos establecidos por la línea directriz agrícola con arreglo a las conclusiones
            del Consejo Europeo de Edimburgo. Las instituciones convienen en que el conjunto de los gastos de las rúbricas 2 y 3 de las perspectivas financieras son gastos
            no obligatorios. Las instituciones acuerdan crear un procedimiento de colaboración interinstitucional en materia presupuestaria. Las condiciones
            de esta colaboración figuran en el Anexo II, que forma parte del presente Acuerdo. 
            
             17. Las dos ramas de la autoridad presupuestaria acuerdan aceptar para los ejercicios presupuestarios 1993-1999 los porcentajes
            máximos de aumentos de los gastos no obligatorios reflejados en los presupuestos elaborados dentro de los límites máximos
            de las perspectivas financieras.
            
             Declaración sobre las disposiciones del procedimiento presupuestario del Tratado (párrafo tercero del apartado 16) Las Instituciones consideran que las disposiciones del procedimiento presupuestario del Tratado, incluido el régimen de gastos
            obligatorios y de gastos no obligatorios, deberán examinarse de nuevo en la Conferencia intergubernamental prevista para 1996,
            a fin de establecer una cooperación interinstitucional de carácter asociativo.
         
      
      14 –
         
         Sentencias de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento (antes citada), y de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo (citada
            en la nota 8).
         
      
      15 –
         
         La traducción figura en el punto 4 de las presentes conclusiones.
      
      16 –
         
         Véase la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo (citada en la nota 8).
      
      17 –
         
         A este respecto, basta con referirse al apartado 1 del artículo 4 del Tratado, que prevé que  
            cada Institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado.
         
      
      18 –
         
         Sentencia de 23 de febrero de 1988, Reino Unido/Consejo (68/86, Rec. p. 855), apartado 38, según la cual  
            las normas relativas a la formación de la voluntad de las Instituciones comunitarias están establecidas en el Tratado y [...]
            no tienen carácter dispositivo ni para los Estados miembros ni para las propias Instituciones. 
         
      
      19 –
         
         Sentencia de 18 de marzo de 1980, Comisión/Italia (92/79, Rec. p. 1115), apartado 7. En aquella ocasión, el Tribunal de Justicia
            estableció que  
            no se puede calificar de  
            acuerdo internacional un acto que se caracteriza como  
            decisión comunitaria tanto por su objeto como por el marco institucional en el que ha sido elaborado. Las mismas consideraciones se
            aplican cuando se trata de una Directiva del Consejo.
         
      
      20 –
         
         El último párrafo del apartado 9 del artículo 203 del Tratado prevé, entre otras cosas, que el Consejo puede prestar su acuerdo
            sobre el nuevo TMA por mayoría cualificada. Una disposición análoga está prevista para el Parlamento, cuya decisión en la
            materia debe ser adoptada por mayoría de los miembros que lo componen y de las tres quintas partes de los votos emitidos.
         
      
      21 –
         
         Se trataría, si acaso, en el sentido que el Parlamento da a este concepto, de falta de legitimación activa y no de falta de
            interés para ejercitar la acción.
         
      
      22 –
         
         Sentencia Reino Unido/Consejo (citada en la nota 17).
      
      23 –
         
         El Consejo solicitó el mantenimiento de los efectos del presupuesto sobre la base de la única norma prevista por el Tratado
            CE, a saber el artículo 174, sin hacer referencia a la disposición análoga del Tratado CEEA, el artículo 147. Por las razones
            ya expuestas en la nota 2 sobre la posibilidad de extender los efectos del recurso de anulación, interpuesto sobre la base
            de las normas de un Tratado, también a efectos de las normas correspondientes de los otros Tratados comunitarios, considero
            que, del mismo modo, la base que constituye el artículo 174 del Tratado CE es suficiente para hacer que la cuestión del mantenimiento
            de los efectos del presupuesto entre dentro de la competencia del Tribunal de Justicia, cualquiera que sea el Tratado al que
            se hace referencia.
         
      
      24 –
         
         El artículo 174 prevé literalmente que el Tribunal de Justicia puede señalar los efectos del acto declarado nulo que deban
            ser considerados como definitivos, únicamente en el caso de un Reglamento. Ya en muchas sentencias, la jurisprudencia del
            Tribunal de Justicia ha extendido, por analogía, la aplicación de la norma en cuestión a actos diferentes de los mencionados
            por el texto y ha dispuesto, entre otras cosas, el mantenimiento de los efectos en lo que respecta a las Directivas (sentencias
            de 7 de julio de 1992, Parlamento/Consejo, C-295/90, Rec. p. I-4193, y de 5 de julio de 1995, Parlamento/Consejo, C-21/94,
            Rec. p. I-1827) y en materia presupuestaria (sentencias de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento, antes citada, y de 31 de
            marzo de 1992, Consejo/Parlamento, C-284/90, Rec. p. I-2277). Por tanto, considero que, dado que este punto ya es evidente
            para la jurisprudencia, nada se opone a que el artículo 174 se aplique también en el presente asunto.
         
      
      25 –
         
         Sentencias de 7 de julio de 1992, Parlamento/Consejo (citada en la nota 23); de 1 de junio de 1994, Parlamento/Consejo (C-388/92,
            Rec. p. I-2067), y de 5 de julio de 1995, Parlamento/Consejo (citada en la nota 23).