CELEX: 62003CC0551
Language: es
Date: 2005-10-25 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas el 25 de octubre de 2005. # General Motors BV contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Prácticas colusorias - Artículo 81 CE - Reglamentos (CEE) nº 123/85 y (CE) nº 1475/95 - Distribución de vehículos automóviles de la marca Opel - Compartimentación del mercado - Restricción de las exportaciones - Sistema de restricción de primas - Multa - Directrices para el cálculo de las multas. # Asunto C-551/03 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. ANTONIO TIZZANO
      presentadas el 25 de octubre de 2005 1(1)
      
      Asunto C‑551/03 P
      General Motors BV (anteriormente General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV)
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Competencia – Distribución de vehículos automóviles – Artículo 81 CE – Compartimentación del mercado único – Sistema de restricción de primas – Restricción de las exportaciones – Multa – Directrices para el cálculo de las multas»I.      Introducción
      1.     En el presente asunto, General Motors Nederland BV y Opel Nederland BV impugnan la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 21 de octubre de 2003, General Motors Nederland y Opel Nederland/Comisión (T‑368/00; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), (2) mediante la cual se confirmó en su mayor parte la Decisión 2001/146/CE de la Comisión (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), (3) que imponía una sanción a Opel Nederland por haber celebrado con los distribuidores pertenecientes a su red de distribución
         de los Países Bajos acuerdos dirigidos a restringir o impedir la venta de vehículos automóviles de marca Opel a consumidores
         finales y a distribuidores Opel de otros Estados miembros.
      
      II.    Marco jurídico
      2.     Como es sabido, el artículo 81 CE prohíbe «todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y
         las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,
         restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común».
      
      3.     Con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 del Consejo, (4) en caso de infracción de dicha disposición la Comisión podrá imponer multas a las empresas que hayan llevado a cabo comportamientos
         restrictivos de la competencia. El importe de la multa podrá elevarse «hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado
         durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción», y para calcularla,
         «además de la gravedad de la infracción» se tomará en consideración «la duración de ésta».
      
      4.     Con la finalidad de asegurar la transparencia y el carácter objetivo de la fijación de las multas, en 1998 la Comisión adoptó
         directrices en esta materia (en lo sucesivo, «Directrices»), (5) según las cuales el importe de la multa se determina en esencia a través de una serie de pasos sucesivos.
      
      5.     A efectos del presente asunto, es suficiente mencionar que las Directrices prevén, entre otras cosas, la posibilidad de que
         la Comisión reduzca el importe de la multa con la finalidad de tener en cuenta eventuales circunstancias atenuantes, tales
         como, por ejemplo, la no aplicación de hecho de los acuerdos o prácticas ilícitas, la interrupción de las infracciones desde
         las primeras intervenciones de la Comisión, la existencia de una duda razonable de la empresa en cuanto al carácter ilícito
         del comportamiento restrictivo de la competencia y el carácter no deliberado de las infracciones. (6)
      
      III. Hechos y procedimiento
      A.      Hechos que originaron el litigio
      6.     En la sentencia recurrida los hechos que originaron el litigio se describen en los siguientes términos:
      «2      Opel Nederland [controlada al 100 % por General Motors Nederland] es la única sociedad nacional que comercializa la marca
         “Opel” en los Países Bajos. […] Opel Nederland ha celebrado acuerdos de distribución y de servicios con alrededor de 150 distribuidores
         por los que éstos son considerados revendedores autorizados de la red de distribución de Opel en Europa. […]
      
      5      En respuesta a los indicios de exportaciones a gran escala realizadas por algunos de sus distribuidores, Opel Nederland estudió
         y adoptó una serie de medidas a partir del segundo semestre de 1996.
      
      6      Los días 28 y 29 de agosto de 1996, Opel Nederland envió una carta a 18 distribuidores que habían exportado un mínimo de 10 coches
         en el primer semestre de 1996. Esta carta está redactada en los siguientes términos:
      
      “[…] Hemos observado que su empresa ha vendido un gran número de Opel en el extranjero en el primer semestre de 1996. Como
         se trata de un número muy elevado de ventas, tememos mucho que no sean conformes a la letra y el espíritu ni del actual ni
         del futuro contrato de distribución de Opel. […] Tenemos la intención de contrastar su respuesta con los datos registrados
         en sus libros. Subsiguientemente, le informaremos del curso que seguirá el asunto. Ello no altera en modo alguno el hecho
         de que su responsabilidad fundamental sea alcanzar un nivel de ventas satisfactorio en su zona de influencia […]”
      
      7      En una reunión de 26 de septiembre de 1996, la Dirección de Opel Nederland decidió adoptar medidas relativas a la exportación
         a partir de los Países Bajos. El acta de esta reunión describe estas medidas del modo siguiente:
      
      “[…] Decisiones tomadas:
      1)      Todos los distribuidores exportadores conocidos (20) serán auditados por Opel Nederland BV […].
      2)      El Sr. De Heer [Director de ventas y marketing] responderá a todos los distribuidores que contestaron a la primera carta sobre
         las actividades de exportación que Opel les remitió. Se les notificarán las auditorias y se les comunicará que la escasez
         de productos traerá consigo cuotas limitadas.
      
      3)      Los jefes de ventas de distrito discutirán la cuestión de las exportaciones con los distribuidores exportadores en las próximas
         dos semanas. Se informará a los distribuidores de que debido a la limitada disponibilidad de productos (hasta nuevo aviso)
         solamente recibirán un número de unidades conforme a su Guía de evaluación de las ventas. Se les pedirá que indiquen al responsable
         de distrito qué unidades de sus pedidos pendientes realmente desean recibir. Los distribuidores tendrán que resolver solos
         los problemas que surjan con sus clientes.
      
      4)      Se pedirá a los distribuidores que comuniquen al responsable de distrito que no quieren dejar de exportar vehículos a gran
         escala que se entrevisten con los Sres. De Leeuw [Director gerente] y De Heer el 22 de octubre de 1996.
      
      5)      El Sr. Notenboom [Jefe de personal de ventas] pedirá a GMAC que audite las existencias de los distribuidores para evaluarlas
         con precisión. Se cuenta con que una parte importante podría haber sido exportada entre tanto.
      
      6)      En futuras campañas de venta no se tendrán en cuenta los vehículos que se matriculen fuera de los Países Bajos. La competencia
         aplica condiciones similares.
      
      7)      El Sr. Aukema [Responsable de merchandising] borrará los nombres de los distribuidores exportadores de las listas de las campañas.
         Los resultados de las auditorías determinarán su futura calificación.
      
      8)      El Sr. Aelen [Director de Personal y Finanzas] preparará una carta a los distribuidores en la que se les informará de que
         a partir del 1 de octubre de 1996 Opel Nederland BV cobrará 150 florines neerlandeses por los certificados solicitados por
         importadores oficiales, como el de homologación, y por los documentos aduaneros necesarios para determinados vehículos libres
         de impuestos (por ejemplo, los destinados a diplomáticos).”
      
      […]
      9      Las auditorías previstas se realizaron entre el 19 de septiembre y el 27 de noviembre de 1996.
      10      El 24 de octubre de 1996, Opel Nederland envió una circular a todos los distribuidores, relativa a las ventas a consumidores
         finales en el extranjero. Según esta circular, los distribuidores pueden vender a los consumidores finales residentes en la
         Unión Europea y los consumidores finales pueden asimismo recurrir a los servicios de un intermediario.»
      
      7.     Habiendo recibido informaciones de que Opel Nederland seguía una estrategia dirigida a obstaculizar sistemáticamente las exportaciones
         de vehículos automóviles nuevos desde los Países Bajos a otros Estados miembros, la Comisión inició una investigación administrativa
         con objeto de dilucidar si se habían producido violaciones del Derecho de la competencia. En el marco de dicha investigación,
         los servicios de la Comisión llevaron a cabo inspecciones en las sedes de Opel Nederland y de uno de sus distribuidores los
         días 11 y 12 de diciembre de 1996.
      
      8.     Precisamente en esta última fecha, «Opel Nederland comunicó a los distribuidores las directrices relativas a la venta de vehículos
         nuevos a revendedores e intermediarios». Posteriormente, «mediante circular de 20 de enero de 1998, [la misma] informó a sus
         distribuidores de que la exclusión de las ventas de exportación a efectos del pago de primas había sido suprimida con efecto
         retroactivo». (7)
      
      B.      La Decisión impugnada
      9.     Con fecha de 20 de septiembre de 2000, finalizada la investigación, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, mediante la
         cual:
      
      –       declaraba que Open Nederland había infringido el artículo 81 CE, apartado 1, al celebrar con los distribuidores de Opel establecidos
         en los Países Bajos «acuerdos […] encaminados a prohibir o restringir las ventas a consumidores finales de otros Estados miembros,
         tanto en persona como a través de intermediarios, así como a distribuidores de la red de distribución de la marca Opel establecidos
         en otros Estados miembros» (artículo 1);
      
      –       obligaba a Opel Nederland a «[poner] fin a la infracción descrita en ese artículo si todavía no lo ha[bía] hecho» (artículo 2);
      –       imponía a Opel Nederland y a General Motors Nederland una multa de 43 millones de euros (artículo 3).
      10.   Limitándonos a sus pasajes esenciales y a lo que aquí importa, la Decisión impugnada puede resumirse brevemente de la forma
         siguiente.
      
      11.   En la motivación de la Decisión, la Comisión constató ante todo que a partir de 1996 Opel Nerderland elaboró y aplicó una
         estrategia dirigida a impedir y/o limitar las ventas de exportación por parte de sus distribuidores. (8) En apoyo de dicha afirmación, la Comisión se remite en particular al acta de la reunión de la Dirección de la empresa que
         tuvo lugar el 26 de septiembre de 1996 (punto 6 supra) y en la cual se decidió adoptar «una política de restricción de los suministros, una política de primas restrictiva [así
         como el envío de] instrucciones a los distribuidores para que se abstuviesen de efectuar exportaciones en general». (9)
      
      12.   Habiendo constatado la existencia de una política restrictiva en materia de exportaciones, la Comisión puso de manifiesto
         que la misma se había llevado a cabo mediante una serie de medidas individuales ejecutadas de común acuerdo con los distribuidores
         en el marco de la aplicación de los contratos de distribución. Así pues, contrariamente a lo que alegaban las empresas objeto
         de la investigación, no se trataba de comportamientos unilaterales de Opel Nederland sino de medidas que, al formar parte
         de las relaciones contractuales preexistentes entre el fabricante de automóviles y sus distribuidores, constituían acuerdos
         con arreglo al artículo 81 CE. (10)
      
      13.   En cuanto al contenido de dichos acuerdos, la Decisión impugnada precisa que los mismos se referían respectivamente:
      a)      al suministro de los distribuidores: «se regularon los suministros del importador de manera que sólo se entregasen a los distribuidores
         los vehículos que necesitasen para sus ventas a clientes de su territorio y se consideraban prioritarios esos pedidos»; (11)
      
      b)      al pago de las primas: «se aplicó la política de primas en el marco de diversas campañas de promoción de ventas de manera
         tal que, a efectos de la concesión de primas, quedaron excluidas las ventas a consumidores finales extranjeros»; (12)
      
      c)      a la prohibición y a las limitaciones directas de las exportaciones: «se apremió reiteradamente a los distribuidores para
         que pusiesen fin a sus exportaciones en general. Muchos distribuidores prometieron de manera expresa a Opel Nederland BV que
         se abstendrían de efectuar tales exportaciones en el futuro». (13)
      
      14.   Por lo que se refiere al último aspecto pertinente a efectos del análisis del presente recurso de casación, es decir, la determinación
         del importe de la multa, en primer lugar la Comisión calificó la infracción de muy grave, dado que Opel Nederland había impedido
         y obstaculizado las exportaciones, afectando así al objetivo de establecer un mercado único. Pasando después a la duración
         de la infracción, la Comisión constató que la misma había durado 17 meses (desde final de agosto de 1996–inicio de septiembre
         de 1996 hasta enero de 1998) y por ello la calificó de duración media. Teniendo en cuenta las duraciones respectivas de las
         tres medidas concretas, la Comisión incrementó el importe de base de 40 millones de euros, derivado de la gravedad de la infracción,
         en un 7,5 %, llegando así a un total de 43 millones de euros. Por último, considerando en particular que Opel Nederland había
         perseverado en la ejecución de un elemento esencial de la infracción, a saber, la política en materia de restricción de primas,
         incluso con posterioridad a las inspecciones efectuadas los días 11 y 12 de diciembre de 1996, la Comisión consideró que en
         el caso examinado no concurría ninguna circunstancia atenuante. (14)
      
      C.      El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida
      15.   Mediante recurso presentado el 30 de noviembre de 2000, General Motors Nerderland y Opel Nederland solicitaron que el Tribunal
         de Primera Instancia anulara la Decisión impugnada y, con carácter subsidiario, que anulara o redujera la multa impuesta por
         la Decisión impugnada.
      
      16.   En apoyo del recurso las sociedades recurrentes invocaron cinco motivos, a los que la sentencia recurrida respondió analíticamente.
      17.   Así pues, en lo sucesivo recordaré brevemente los correspondientes pasajes de la sentencia recurrida, deteniéndome en particular
         en los apartados pertinentes a efectos del presente recurso de casación.
      
      18.   a)     Para empezar, el Tribunal de Primera Instancia examinó el primer motivo del recurso, relativo a una supuesta falta de pruebas
         en cuanto a la adopción por parte de Opel Nederland de una política general encaminada a restringir el conjunto de las exportaciones.
      
      19.   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observó en primer lugar que las afirmaciones de la Comisión sobre la adopción
         de dicha estrategia se basaban «en el acta de la reunión de la Dirección de 26 de septiembre de 1996», que constituía «un
         documento definitivo sobre las medidas adoptadas por los máximos responsables de Opel Nederland». (15)
      
      20.   Seguidamente, pasando a «examinar si la decisión censurada de 26 de septiembre de 1996 refleja, como sostiene la Comisión,
         la existencia de una estrategia global de Opel Nederland encaminada a impedir o limitar todas las exportaciones o más bien,
         como sostienen las demandantes, la existencia de una estrategia lícita orientada a restringir las ventas irregulares», el
         Tribunal de Primera Instancia señaló que «el texto del acta no establece distinción alguna entre las exportaciones que respetan
         los contratos de distribución y las contrarias a ellos. A tenor de dicho acta, las medidas adoptadas afectan a todas las exportaciones.
         La tesis de las demandantes, según la cual Opel Nederland solamente intentaba restringir las exportaciones que no eran conformes
         a los contratos de distribución, no se refleja en modo alguno en el texto del acta». (16)
      
      21.   Además, añadió el Tribunal de Primera Instancia, «esta interpretación, fundada en el tenor literal del acta, se ve confirmada
         por la lectura de tres documentos internos que precedieron a la decisión de 26 de septiembre de 1996». (17)
      
      22.   De igual modo, el Tribunal de Primera Instancia observó que «la decisión de Opel Nederland de dejar de conceder primas por
         las ventas de exportación, sólo podía afectar, por su propia naturaleza, a las ventas que respetasen los contratos de distribución,
         puesto que nunca se otorgaron primas por ventas a personas que no fueran consumidores finales» y que «también [confirmaba]
         la interpretación de la Comisión el hecho de que, en el momento de la adopción de la decisión, no se habían efectuado todavía
         las auditorías de los distribuidores de los que se sospechaba que habían exportado y, por lo tanto, Opel Nederland no podía
         saber si los distribuidores “exportadores” habían vendido efectivamente a revendedores no autorizados». (18)
      
      23.   A la luz de tales consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia consideró que «[era] fundada la conclusión de la Comisión
         de que, el 26 de septiembre de 1996, Opel Nederland había adoptado una estrategia global orientada a obstaculizar todas las
         [exportaciones]» (19) y, de este modo, desestimó el primer motivo del recurso.
      
      24.   b)     El Tribunal de Primera Instancia estimó, en cambio, el segundo motivo del recurso, mediante el cual las demandantes alegaban
         que la Decisión impugnada adolecía de errores de hecho y de Derecho por considerar que Opel Nederland había puesto en práctica
         una política de restricciones del abastecimiento contraria al artículo 81 CE.
      
      25.   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señaló en primer lugar que aunque «[era] pacífico entre las partes que […]
         la dirección de Opel Nederland había decidido informar a los distribuidores identificados como exportadores de que el número
         de vehículos suministrado estaría limitado en el futuro al número previsto por la SEG de cada distribuidor», en todo caso
         «se plantea[ba] la cuestión de si esta medida constitu[ía] un acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado 1. [En efecto]
         […], el comportamiento unilateral de una empresa no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta disposición». (20)
      
      26.   Ahora bien, contrariamente a lo alegado por la Comisión, según el Tribunal de Primera Instancia «en la Decisión impugnada
         no figura ninguna prueba directa de la comunicación a los distribuidores de la medida controvertida» y «los demás documentos
         obrantes en autos tampoco permiten llegar a la conclusión de que la medida de que se trata fuera efectivamente aplicada o
         llevada a la práctica». (21)
      
      27.   A falta de dichos datos, el Tribunal de Primera Instancia consideró que «no se [ha]bía probado de modo jurídicamente suficiente
         que la medida de restricción del abastecimiento [se hubiera] comunicado a los distribuidores y menos aún que esta medida [hubiera
         pasado] a formar parte de las relaciones contractuales entre Opel Nederland y sus distribuidores», (22) y, en consecuencia, estimó el motivo de que se trata, anulando la parte correspondiente de la Decisión impugnada.
      
      28.   c)     A continuación, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el tercer motivo del recurso, mediante el cual se reprochaba a
         la Comisión haber incurrido en errores de hecho y de Derecho al considerar que OPEL Nederland había puesto en práctica un
         sistema de restricción de las primas por ventas al por menor contrario al artículo 81 CE.
      
      29.   En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia rechazó las alegaciones de las demandantes en el sentido de que no había
         nada que demostrase que los distribuidores hubieran aceptado limitar las ventas lícitas de exportación como consecuencia de
         la nueva política en materia de primas. En su opinión, por el contrario, «como [señaló] la Comisión en sus escritos, […] a
         partir del 1 de octubre de 1996 las solicitudes de primas fueron tramitadas con arreglo a las condiciones entonces aplicables,
         que excluían las ventas de exportación del ámbito de aplicación del sistema de primas». (23) Dichas condiciones se convirtieron así «en parte integrante de los contratos de distribución entre Opel Nederland y sus distribuidores
         y se insertaron en un conjunto de relaciones comerciales continuadas reguladas por un acuerdo general establecido de antemano.
         Por lo tanto, la medida de que se trata no constituye un acto unilateral, sino un acuerdo a efectos del artículo 81 CE, apartado
         1». (24)
      
      30.   Ahora bien, en opinión de las sociedades demandantes, el sistema de primas en cuestión no tenía «por objeto restringir la
         competencia», (25) ni tampoco tal efecto, dado que diversos documentos «muestran que el volumen de las exportaciones regulares no descendió
         de forma apreciable». (26)
      
      31.   El Tribunal de Primera Instancia también desestimó estas imputaciones.
      32.   En efecto, por lo que se refiere al objeto de la medida en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia observó lo siguiente:
      «100      A este respecto, la Comisión sostiene acertadamente que, al dejar de concederse primas por ventas de exportación, el margen
         de maniobra económica del que disponen los distribuidores para efectuar dichas ventas se ve reducido en comparación con el
         margen del que disponen para efectuar ventas nacionales. En efecto, los distribuidores se ven obligados, bien a aplicar a
         los clientes extranjeros condiciones menos favorables que a los clientes nacionales, bien a conformarse con un margen inferior
         cuando se trate de ventas de exportación. Al suprimir las primas por ventas de exportación, éstas últimas resultaban menos
         interesantes para los clientes extranjeros o para los distribuidores. En consecuencia, la medida podía, por su propia naturaleza,
         influir negativamente en las ventas de exportación, aunque el abastecimiento no estuviera limitado.
      
      101      Además, de la apreciación del primer motivo resulta que las medidas adoptadas por la dirección de Opel Nederland se debieron
         al aumento de las ventas de exportación y que su finalidad era reducir dichas ventas.
      
      102      Habida cuenta tanto de la naturaleza de la medida como de los fines que persigue y a la luz del contexto económico en el que
         debía ser aplicada, procede declarar que, según reiterada jurisprudencia, ésta constituye un acuerdo que tiene por objeto
         restringir la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 1978, Miller/Comisión,
         19/77, Rec. p. 131, apartado 7; de 8 de noviembre de 1983, IAZ y otros/Comisión, asuntos acumulados 96/82 a 102/82, 104/82,
         105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369, apartados 23 a 25, y sentencia [de 28 de marzo de 1984,] CRAM y Rheinzink/Comisión
         [asuntos acumulados 29/83 y 30/83, Rec. p. 1679], apartado 26).»
      
      33.   Sentado lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia recordó que «según reiterada jurisprudencia […] resulta superfluo tomar
         en consideración los efectos concretos de un acuerdo […] cuando sea evidente que el acuerdo tiene por objeto impedir, restringir
         o falsear el juego de la competencia» y, por tanto, consideró innecesario «examinar los argumentos de las partes relativos
         a los efectos concretos de la medida». (27)
      
      34.   No obstante, el Tribunal de Primera Instancia añadió que, «a mayor abundamiento, procede rechazar el argumento de las demandantes
         según el cual […] las ventas de exportación no se vieron afectadas por la medida de que se trata. En efecto, [las] cifras,
         que indican que las ventas de exportación no dejaron de realizarse durante el período comprendido entre octubre de 1996 y
         enero de 1998, no excluyen que el volumen de las ventas de exportación hubiera sido mayor de no haberse adoptado la medida
         controvertida. En el considerando 135 de la Decisión impugnada se señala, acertadamente, que es imposible calcular cuántas
         exportaciones se vieron frustradas por las medidas adoptadas por Opel Nederland». (28)
      
      35.   d)     Mediante el cuarto motivo, las sociedades demandantes alegaban un error de hecho y de Derecho en cuanto a la afirmación de
         la Comisión en el sentido de que Opel Nederland había aplicado una prohibición directa de las exportaciones contraria al artículo
         81 CE.
      
      36.   El Tribunal de Primera Instancia desestimó dicho motivo, considerando, en particular, «que la Comisión reunió pruebas suficientemente
         precisas y concordantes para sustentar la firme convicción de que nueve distribuidores […] asumieron efectivamente el compromiso
         de dejar de exportar a partir de finales de agosto o principios de septiembre de 1996, y esto a raíz de que Opel Nederland
         les instara a ello». (29) Como dicha restricción «resulta[ba] de la concordancia de voluntades de Opel Nederland y los distribuidores de que se trata,
         la medida constitu[ía] un “acuerdo” a efectos del artículo 81 CE, apartado 1, que se inserta[ba] en las relaciones contractuales
         existentes entre las partes». (30)
      
      37.   e)     Por último, el Tribunal de Primera Instancia negó que al fijar la multa impuesta a las sociedades demandantes la Comisión
         hubiera infringido el principio de proporcionalidad, el artículo 15 del Reglamento nº 17 y sus propias Directrices.
      
      38.   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia manifestó en esencia su conformidad con las modalidades utilizadas por la
         Comisión para calcular, basándose en la gravedad y en la duración de la infracción, el importe de base de la multa. (31) Además, el mismo subrayó que «no concurren en el presente caso el supuesto de no aplicación efectiva de los acuerdos, tal
         como lo define el Tribunal de Primera Instancia, ni el de interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones
         de la Comisión, ni el de infracción no deliberada», es decir, las circunstancias atenuantes que habrían podido justificar
         una reducción de la multa. (32)
      
      39.   No obstante, el Tribunal de Primera Instancia redujo el importe de la multa para tener en cuenta la estimación del segundo
         motivo del recurso. (33)
      
      40.   Como conclusión de dicho análisis, en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia: a) confirmó la apreciación
         de la infracción llevada a cabo por la Decisión de la Comisión en lo referente a la existencia de i) una estrategia general
         encaminada a restringir las exportaciones, ii) un sistema restrictivo en materia de primas, así como iii) una prohibición
         directa de las exportaciones; b) en cambio, anuló la Decisión en la parte en la que constataba la existencia de una medida
         de restricción del abastecimiento contraria al artículo 81 CE, apartado 1; y c) en consecuencia redujo la multa impuesta a
         General Motors Nederland y a Opel Nederland, fijándola en 35.475.000 euros.
      
      D.      El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      41.   Mediante recurso de casación presentado el 29 de diciembre de 2003, General Motors Nederland y Opel Nederland solicitan al
         Tribunal de Justicia:
      
      –       que anule i) la sentencia recurrida en cuanto se refiere a la estrategia restrictiva de las exportaciones y a la política
         de primas y en cuanto confirma la multa por estos motivos; ii) así como la Decisión impugnada en primera instancia en cuanto
         se refiere a los mismos motivos;
      
      –       con independencia de la decisión del Tribunal de Justicia sobre las cuestiones precedentes, que reduzca la multa confirmada
         por el Tribunal de Primera Instancia;
      
      –       con carácter subsidiario, que anule la sentencia recurrida en lo que se refiere a las partes indicadas y devuelva el asunto
         al Tribunal de Primera Instancia, y
      
      –       en cualquier caso, que condene en costas a la Comisión.
      42.   Como es obvio, la Comisión se opone a tales pretensiones, solicitando al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de
         casación y condene en costas a las recurrentes.
      
      43.   Concluida la fase escrita, en la que también tuvo lugar un segundo intercambio de escritos, se oyó a las partes en la vista
         de 14 de julio de 2005.
      
      IV.    Análisis jurídico
      44.   Los motivos de casación formulados por las recurrentes contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia se refieren en
         esencia a los errores de Derecho en que supuestamente incurrió dicho Tribunal: i) al confirmar las constataciones de la Comisión
         de que Opel Nederland puso en práctica una estrategia general de restricción de todas las exportaciones; y ii) aplicó un sistema
         restrictivo de las primas por ventas al por menor, iii) así como al limitarse a reducir el importe de la multa sólo en parte.
      
      45.   Me propongo examinar ahora cada uno de dichos motivos de casación.
       i)         Sobre la existencia de una estrategia general encaminada a restringir las exportaciones
      46.   Como acabo de recordar, mediante el primer motivo de casación las sociedades recurrentes rebaten la afirmación del Tribunal
         de Primera Instancia según la cual «es fundada la conclusión de la Comisión de que, el 26 de septiembre de 1996, Opel Nederland
         había adoptado una estrategia global orientada a obstaculizar todas las [exportaciones]». (34)
      
      47.   En opinión de las recurrentes, dicha afirmación adolece de:
      –       una desnaturalización de los elementos de prueba relativos a la supuesta adopción de dicha estrategia, y concretamente del
         texto del acta de la reunión de 26 de septiembre de 1996 (véase el punto 6 supra). En efecto, de dicha acta se desprende, según ellas, que Open Nederland se limitó a aprobar algunas medidas específicas e
         individuales que no pueden verse como una estrategia de restricción de las exportaciones. Además, dado que las decisiones
         adoptadas en dicha reunión (en lo sucesivo, «las decisiones del 26 de septiembre de 1996») no tenían por objeto restringir
         las exportaciones, las afirmaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la falta de distinción en el acta entre
         exportaciones lícitas e ilícitas (punto 20 supra) son completamente irrelevantes;
      
      –       una motivación contradictoria por lo que se refiere al valor probatorio atribuido a ciertos documentos de trabajo internos
         no representativos de la política de Opel Nederland. En efecto, aunque negó que la Comisión hubiera basado su análisis en
         dichos documentos internos, posteriormente el Tribunal de Primera Instancia recurrió a los mismos documentos para concluir
         que el fabricante de automóviles había adoptado efectivamente una estrategia de restricción de las exportaciones;
      
      –       un error lógico debido a un razonamiento «circular» en cuanto a la política de primas. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia
         mencionó en un primer momento dicha política para justificar el carácter restrictivo de la estrategia adoptada mediante la
         Decisión de 26 de septiembre de 1996, y posteriormente se refirió a la existencia de la mencionada estrategia para demostrar
         que el sistema de primas también tenía una finalidad restrictiva;
      
      –       un error lógico debido a una referencia «carente de sentido» a la fecha de adopción de las decisiones de 26 de septiembre
         de 1996 para confirmar que las mismas se dirigían a limitar todas las exportaciones, y no sólo las no conformes a los contratos
         de distribución. A juicio de las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia no ha dado motivación alguna en cuanto a la
         pertinencia de tal fecha para constatar la existencia de dicha estrategia restrictiva y en cualquier caso no ha tenido debidamente
         en cuenta los elementos probatorios idóneos para demostrar que, contrariamente a lo afirmado en la sentencia recurrida, en
         el momento de la adopción de la decisión en cuestión Opel Nederland ya tenía conocimiento de operaciones de exportación irregulares
         y podía pues adoptar medidas a tal efecto.
      
      48.   La Comisión considera, por su parte, que el presente motivo de casación es inadmisible en su conjunto, por cuestionar apreciaciones
         de hecho realizadas por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      49.   Antes de pasar al análisis del primer motivo de casación, considero oportuno recordar que, con arreglo al artículo 225 CE
         y al artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, contra las sentencias del Tribunal de Primera Instancia sólo puede
         interponerse un recurso de casación «limitado a las cuestiones de Derecho». Según reiterada jurisprudencia, de ello se desprende
         que «el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas
         que el Tribunal de Primera Instancia ha admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido
         de modo regular, se hayan observado las normas y los principios generales del Derecho en materia de carga de la prueba, así
         como las normas procesales en materia de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia
         apreciar la importancia que ha de atribuirse a los elementos que le han sido sometidos […]. Esta apreciación no constituye,
         sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del
         Tribunal de Justicia». (35)
      
      50.   Pues bien, a la luz de dicha jurisprudencia reiterada considero que el motivo de casación de que se trata sólo es admisible
         en lo referente a la parte en la que se alega una desnaturalización de los elementos de prueba.
      
      51.   En efecto, mediante las demás alegaciones las recurrentes se limitan a cuestionar la apreciación realizada por el Tribunal
         de Primera Instancia en cuanto al valor probatorio de ciertos hechos y documentos, en concreto sobre la posibilidad de invocar
         dichos elementos con objeto de probar que Opel Nederland adoptó una estrategia restrictiva en materia de exportaciones.
      
      52.   Así pues, lejos de demostrar que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos o elementos de prueba, en realidad
         los argumentos de las recurrentes acaban cuestionando la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia;
         una apreciación, por lo demás, que resulta de un atento examen de los documentos y de los demás elementos mencionados tanto
         por la Comisión como por las recurrentes. (36)
      
      53.   Pasando a examinar ahora la supuesta desnaturalización del acta de la reunión de 26 de septiembre de 1996, cabe señalar que
         en primera instancia las recurrentes reconocieron expresamente que la estrategia adoptada en dicha reunión se dirigía a impedir
         o al menos reducir las ventas de exportación, aunque sólo en lo referente a las ventas irregulares. (37) Así pues, me parece evidente que en el marco del recurso de casación las mismas no pueden alegar que dicha estrategia careciera
         de cualquier finalidad restrictiva y que al llegar a una conclusión distinta el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado
         el contenido del mencionado documento.
      
      54.   Aclarado lo anterior, creo que el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir con razón que la estrategia restrictiva adoptada
         el 26 de septiembre de 1996 tenía por objeto todas las exportaciones y no sólo las no conformes a los contratos de distribución.
         En efecto, de la lectura del acta no se desprende ningún tipo de distinción entre exportaciones lícitas e ilícitas.
      
      55.   Por consiguiente, a la luz de cuanto antecede, considero que el primer motivo de casación es en parte inadmisible y en parte
         infundado.
      
       ii)         Sobre el sistema de primas
      56.   Mediante el segundo motivo de casación, las sociedades recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia haber incurrido
         en error de Derecho al confirmar que el sistema de primas por las ventas al por menor infringía el artículo 81 CE.
      
       Argumentos de las partes
      57.   Más concretamente, las sociedades recurrentes critican varios aspectos del razonamiento que el Tribunal de Primera Instancia
         siguió para llegar a la conclusión de que, al limitar la concesión de primas a las ventas nacionales, dicho sistema era en
         sí mismo contrario a la competencia y de que, por consiguiente, no resultaba necesario examinar sus efectos en el mercado
         para constatar una infracción del artículo 81 CE. (38)
      
      58.   a)     Según las sociedades recurrentes, la calificación de un sistema de primas como acuerdo contrario a la competencia constituye
         una aplicación excesivamente amplia del artículo 81 CE, y concretamente del concepto de restricción «en razón del objeto».
         En efecto, en su opinión sólo se puede constatar la existencia de una infracción del artículo 81 CE en razón del objeto de
         un acuerdo cuando este último tenga como único objetivo y como consecuencia evidente restringir la competencia de manera apreciable.
         En cambio, el régimen de primas en cuestión tiene objetivos de política comercial completamente legítimos (la promoción de
         las ventas de modelos OPEL en los Países Bajos) y ha estimulado la competencia entre los diversos fabricantes de automóviles
         activos en el mercado neerlandés.
      
      59.   b)     En cambio, el hecho de considerar, como lo han hecho el Tribunal de Primera Instancia y la Comisión, que dicho régimen tenía
         un objeto restrictivo no sólo sería contrario al artículo 81 CE sino que, como dicha apreciación comporta una presunción absoluta
         de ilicitud de la medida en cuestión, violaría también el principio de presunción de inocencia y el derecho de defensa de
         las recurrentes.
      
      60.   c)     A continuación, las sociedades recurrentes alegan la falta de pertinencia para el presente asunto de la jurisprudencia mencionada
         por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de la afirmación según la cual la política de primas constituiría un acuerdo
         cuyo objeto es contrario a la competencia. En efecto, la medida de que se trata es claramente distinta de las que dieron lugar
         a las sentencias Miller, (39) CRAM, (40) y IAZ, (41) citadas en el apartado 102 de la sentencia recurrida. Mientras estas últimas comportaban una prohibición de ventas de exportación,
         un obstáculo al comercio paralelo y una acción de boicoteo colectivo, la medida en cuestión se limita a reservar a las ventas
         nacionales la atribución de un incentivo económico de carácter temporal.
      
      61.   d)     Según las recurrentes, tampoco es pertinente a este respecto la comparación efectuada en el apartado 100 de la sentencia recurrida
         entre el trato que, en aplicación de la política de primas, se prevé para las ventas de vehículos automóviles en los Países
         Bajos y el previsto para las ventas de exportación de los mismos, comparación de la que el Tribunal de Primera Instancia dedujo
         que la medida en cuestión, al hacer las segundas «menos interesantes para los clientes extranjeros o para los distribuidores», (42) tenía una finalidad restrictiva.
      
      62.   Según las sociedades recurrentes, para actuar correctamente el Tribunal de Primera Instancia debería haberse preguntado más
         bien si, con respecto al período durante el cual el régimen de primas se aplicaba también a las ventas de exportación, la
         medida en cuestión desincentivó en algún modo dichas ventas por parte de los distribuidores neerlandeses. Si se hubiera planteado
         dicha cuestión, el Tribunal de Primera Instancia sólo habría podido responder de forma negativa, dado que el nuevo sistema
         de primas no comportaba ninguna restricción del abastecimiento de vehículos automóviles y que, en cualquier caso, la rentabilidad
         de las exportaciones no dependía del pago de las primas. En otras palabras, incluso en presencia de la prohibición de conceder
         primas por las exportaciones, los distribuidores neerlandeses habrían seguido siendo totalmente libres de efectuar dicho tipo
         de ventas y tales operaciones habrían seguido siendo rentables.
      
      63.   De todos modos, prosiguen las recurrentes, incluso admitiendo la lógica de la comparación efectuada en la sentencia recurrida,
         el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia sería en todo caso incorrecto, dado que no tuvo en cuenta las importantes
         diferencias existentes, en cuanto a las condiciones económicas y financieras, entre las ventas nacionales y las exportaciones;
         diferencias que resultan, en particular, del nivel elevado del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica neerlandés y
         del hecho de que las ventas nacionales a menudo comportan un cambio de vehículo automóvil. Al pasar por alto tales diferencias,
         añaden las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al considerar que, con la supresión de las primas por
         las ventas de exportación, los distribuidores neerlandeses se veían necesariamente «obligados, bien a aplicar a los clientes
         extranjeros condiciones menos favorables que a los clientes nacionales, bien a conformarse con un margen inferior cuando se
         trate de ventas de exportación». (43)
      
      64.   e)     Por otro lado, en opinión de las recurrentes, al apreciar la finalidad del régimen de primas, el Tribunal de Primera Instancia
         no debería haber tenido en cuenta las supuestas intenciones de las partes, tal y como se desprenderían de la adopción de las
         decisiones de 26 de septiembre de 1996. Y así, a efectos de la aplicación del artículo 81 CE el objeto de un acuerdo debe
         apreciarse siempre objetivamente, sin referencia alguna a las intenciones subjetivas de las partes.
      
      65.   Por último, remitiéndose a lo ya alegado en el marco del primer motivo de casación, las recurrentes alegan que el Tribunal
         de Primera Instancia desarrolló al respecto un razonamiento circular al referirse a las decisiones de 26 de septiembre de
         1996 para constatar la finalidad restrictiva de la política de primas, invocando más tarde esta última para justificar el
         carácter igualmente restrictivo de la mencionada decisión (punto 47 supra).
      
       Análisis
      66.   Por mi parte, he de decir de inmediato que me parece que los mencionados argumentos de las recurrentes parten de una serie
         de premisas erróneas.
      
      67.   a)     Cabe observar en primer lugar que, contrariamente a lo alegado por las recurrentes, no se desprende en absoluto del Tratado
         ni de la jurisprudencia que para que sea posible constatar una infracción del artículo 81 CE en razón del objeto de una práctica
         colusoria, ésta haya de tener como único objetivo una restricción de competencia.
      
      68.   En efecto, me parece que esa tesis parte de una lógica opuesta a la que subyace a dicha disposición tal y como ha sido interpretada
         por la jurisprudencia comunitaria. En realidad, es precisamente el hecho de que una práctica colusoria tenga un objeto manifiestamente
         contrario a la competencia lo que hace que la circunstancia de que la misma tenga también otras finalidades sea irrelevante
         y carezca de importancia. Y de hecho el Tribunal de Justicia ha podido declarar contrarios al artículo 81 CE acuerdos que
         tenían una finalidad restrictiva pero que al mismo tiempo se dirigían a la consecución de objetivos perfectamente legítimos. (44)
      
      69.   b)     Así pues, si las prácticas colusorias cuya única finalidad no es la de restringir la competencia también pueden infringir
         la prohibición establecida en el artículo 81 CE en razón de su objeto, tampoco se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia
         haber violado en ese caso la presunción de inocencia o el derecho de defensa. En efecto, el mismo no ha hecho más que aplicar
         la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, según la cual «la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo
         es superflua […] cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia». (45) Además, como subraya la Comisión, las recurrentes tuvieron la posibilidad de exponer su punto de vista en cuanto al objeto
         del acuerdo tanto durante el procedimiento administrativo como ante el juez comunitario.
      
      70.   c)     Pasando a examinar ahora las críticas de las recurrentes relativas al modo mediante el cual el Tribunal de Primera Instancia
         apreció el objeto de la medida en cuestión, no me parece, en primer lugar, que la jurisprudencia mencionada a este respecto
         en la sentencia recurrida carezca de pertinencia.
      
      71.   En efecto, contrariamente a lo afirmado por las recurrentes, no me parece que el alcance de las sentencias mencionadas por
         el Tribunal de Primera Instancia se limite a los supuestos de medidas que prohíben o impiden totalmente a un distribuidor
         realizar ventas de exportación, o que, en todo caso, hacen que dichas operaciones no sean en absoluto rentables. De la jurisprudencia
         se desprende más bien que, al margen de las características de cada uno de los distintos asuntos considerados por el juez
         comunitario, lo que cuenta a efectos de determinar si el objeto de un acuerdo en materia de distribución es o no contrario
         a la competencia es que sea manifiesto que una medida, modificando artificialmente las condiciones de competencia, pueda inducir
         a los operadores económicos a privilegiar el mercado nacional con respecto a las exportaciones, produciendo de este modo una
         compartimentación del mercado único que es incompatible con la interpenetración económica querida por el Tratado.
      
      72.   Ahora bien, me parece evidente que dicho objetivo no sólo puede alcanzarse mediante restricciones directas de las exportaciones,
         sino también a través de medidas indirectas dirigidas a disuadir las ventas al extranjero por parte de un distribuidor, influyendo
         en particular en las condiciones económicas y financieras de dichas operaciones. De este modo, el Tribunal de Justicia ha
         considerado restrictivas de la competencia, por su propia naturaleza, medidas que, como la que ahora nos ocupa, «hacían más
         difíciles las importaciones paralelas», (46) sometiéndolas a un trato menos favorable que el previsto para las importaciones oficiales, o «limitaban la libertad del comprador
         para utilizar la mercancía suministrada en función de sus propios intereses económicos». (47) (48)
      
      73.   d)     Aclarado lo anterior, no me parece que se le pueda reprochar al Tribunal de Primera Instancia el hecho de haber comparado
         el trato en materia de primas aplicado a las ventas nacionales y el previsto para las ventas de exportación a efectos de dilucidar
         el carácter contrario a la competencia de la medida en cuestión.
      
      74.   En efecto, recuérdese que, para determinar si un acuerdo específico puede restringir la competencia, «según reiterada jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia […] procederá examinar el juego de la competencia en el marco efectivo en el que se desarrollaría de no existir el acuerdo discutido». (49) Aplicado al caso concreto, dicho criterio conllevaba la necesidad de valorar cómo se habrían comportado los distribuidores
         neerlandeses y cómo habría sido el equilibro de la competencia en el mercado en cuestión si las ventas de exportación no se
         hubieran excluido de la política de primas.
      
      75.   Pues bien, me parece que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo precisamente una valoración de este tipo cuando afirmó
         que «al dejar de concederse primas por ventas de exportación, el margen de maniobra económica del que dispon[ían] los distribuidores
         para efectuar dichas ventas se [vio] reducido en comparación con el margen del que dispon[ían] para efectuar ventas nacionales.
         En efecto, los distribuidores se [habrían visto] obligados, bien a aplicar a los clientes extranjeros condiciones menos favorables
         que a los clientes nacionales, bien a conformarse con un margen inferior cuando se trat[ase] de ventas de exportación. Al
         suprimir las primas por ventas de exportación, éstas últimas [habrían resultado] menos interesantes para los clientes extranjeros
         o para los distribuidores». (50)
      
      76.   En otras palabras, si no se hubieran excluido expresamente las primas para las ventas de exportación, los distribuidores neerlandeses
         habrían podido ofrecer a los posibles compradores no residentes en los Países Bajos condiciones más favorables que las que
         podían ofrecer a falta de primas sin incidir en el margen de beneficio, o bien, si hubieran decidido mantener fijo el precio
         de las ventas de exportación, los mismos habrían podido aumentar dicho margen. Por lo demás, tal afirmación me parece difícilmente
         cuestionable, salvo que se quiera afirmar que la concesión de primas a los distribuidores no tenía ningún efecto económico.
         Hipótesis que debe excluirse a la luz de los argumentos de las propias recurrentes, que justifican el nuevo sistema en materia
         de primas explicando que al reservar tales incentivos económicos a las ventas nacionales, OPEL Nederland quería inducir a
         sus distribuidores a que se consagraran principalmente al mercado neerlandés.
      
      77.   e)     Por último, me parece totalmente infundado el argumento de las recurrentes de que no pueden tomarse en consideración las intenciones
         de las partes a la hora de determinar el objeto de un acuerdo. Es cierto que, según el Tribunal de Justicia, «es irrelevante
         […] que [una empresa] sea o no consciente de infringir la prohibición establecida en el artículo [81 CE, apartado 1]». (51) En otras palabras, la prueba de la intención contraria a la competencia de las partes no constituye un requisito necesario
         a efectos de apreciar el objeto restrictivo de un acuerdo. Pero ello sólo quiere decir que un acuerdo con el que las partes
         persiguen un objetivo que comporta una restricción de la competencia determina por sí solo una infracción del artículo 81 CE,
         con independencia del hecho de que las partes fueran conscientes de la prohibición impuesta por dicha disposición (!ignorancia legis non excusat!). (52)
      
      78.   De ello se desprende, pues, que en el marco de la apreciación de un acuerdo sí que pueden tenerse en cuenta las intenciones
         de las partes. Por lo demás, el propio Tribunal de Justicia ha precisado que el carácter contrario a la competencia de un
         acuerdo puede deducirse no sólo, como es obvio, del contenido de sus cláusulas, sino también de una serie de factores, entre
         los cuales se incluye precisamente la intención de las partes según resulta de la «génesis» del acuerdo y/o se manifiesta
         en las «circunstancias de su puesta en práctica», así como en el «comportamiento» de las empresas correspondientes. (53)
      
      79.   Considero pues que, tras examinar el texto del acuerdo y las características de la medida en cuestión, el Tribunal de Primera
         Instancia podía legítimamente referirse también a los objetivos perseguidos por las sociedades recurrentes, deducidos en particular
         de la adopción de una estrategia general de restricción de las exportaciones, para confirmar la conclusión a la que llegó
         en cuanto al objeto contrario a la competencia del acuerdo. (54)
      
      80.   Por último, por lo que se refiere al carácter supuestamente «circular» del razonamiento seguido al respecto por el Tribunal
         de Primera Instancia, me limitaré a remitirme a las consideraciones expuestas en el marco del examen del primer motivo de
         casación en los puntos 49 a 52, en los que he considerado dicha alegación inadmisible.
      
      81.   Así pues, me parece que ninguna de las alegaciones presentadas por las recurrentes puede poner en cuestión la conclusión a
         la que llegó el Tribunal de Primera Instancia cuando afirmó que, al suprimir las primas por las ventas de exportación, la
         medida controvertida era por su propia naturaleza idónea para influir negativamente en tales ventas y, de este modo, restringir
         la competencia en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1.
      
      82.   Por consiguiente, debe desestimarse el presente motivo de casación.
       iii)         Sobre el importe de la multa
      83.   Mediante el tercer motivo de casación, las recurrentes alegan que, a pesar de que el Tribunal de Primera Instancia redujo
         el importe de la multa como consecuencia de la estimación parcial del recurso en primera instancia, dicho Tribunal incurrió,
         en cualquier caso, en un error de Derecho por haber confirmado, en todo lo demás, el cálculo efectuado por la Comisión.
      
      84.   En opinión de las recurrentes, en efecto el referido cálculo infringe en primer lugar el artículo 15, apartado 2, del Reglamento
         nº 17/62, al basarse en apreciaciones erróneas referidas a la supuesta existencia de una política de primas contraria al artículo
         81 CE, así como de una estrategia de restricción de las exportaciones.
      
      85.   Además, las recurrentes afirman que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó de forma manifiesta los elementos probatorios
         al considerar que «no concurr[ía] en el presente caso el supuesto […] de interrupción de las infracciones desde las primeras
         intervenciones de la Comisión» (55) y que, de este modo, dicha institución no tenía la obligación de tomar en consideración las circunstancias atenuantes alegadas
         por las recurrentes. Antes al contrario, Opel Nederland adoptó todas las medidas correctivas necesarias en el momento en que
         los servicios de la Comisión realizaron las primeras inspecciones, poniendo así fin a la infracción. En efecto, la misma dejó
         de aplicar las dos prohibiciones de exportación –es decir, las dos únicas medidas incompatibles con el artículo 81 CE– el
         24 de octubre y el 12 de diciembre de 1996, respectivamente.
      
      86.   Por último, a efectos de la aplicación de las circunstancias atenuantes previstas en las Directrices, el Tribunal de Primera
         Instancia no debería haber tenido en cuenta la fecha (posterior a las dos que acabo de mencionar) en la que se suprimió el
         régimen de primas. En efecto, tratándose de una medida lícita, la duración de su aplicación no tiene ninguna importancia a
         efectos de determinar el importe de la multa.
      
      87.   Por mi parte, he de observar de inmediato que los argumentos presentados por las recurrentes están estrechamente vinculados
         a los ya expuestos en el marco de los otros motivos de casación. En efecto, el motivo en cuestión se basa en la premisa de
         que el régimen de primas no constituye una infracción del artículo 81 CE.
      
      88.   Sin embargo, como acabo de intentar demostrar, dicha premisa carece de fundamento. Así pues, si se considera que la medida
         en materia de primas supone una violación del Derecho de la competencia, de ello se deduce que no se puede reprochar a la
         Comisión haber tenido en cuenta dicha violación al calcular la multa, ni al Tribunal de Primera Instancia haber aceptado dicho
         enfoque.
      
      89.   Por los mismos motivos, considero además que el Tribunal de Primera Instancia excluyó con razón que debiera aplicarse a las
         recurrentes, en concepto de circunstancia atenuante, la reducción prevista en las Directrices en caso de interrupción de las
         «infracciones desde las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, verificaciones)». (56)
      
      90.   En efecto, se desprende de los autos –y sobre este punto las recurrentes no han cuestionado la sentencia de primera instancia–
         que, inmediatamente después de las inspecciones realizadas por los servicios de la Comisión, Opel Nederland puso fin únicamente
         a las prohibiciones directas de las ventas de exportación, dejando sin embargo en vigor el sistema de primas en cuestión hasta
         el 20 de enero de 1998. En otras palabras, tan sólo en esta última fecha –es decir, más de un año después de las «primeras
         intervenciones de la Comisión»– (57) se produjo la interrupción completa de la infracción.
      
      91.   Así pues, me parece que el Tribunal de Primera Instancia consideró con razón que en el caso concreto no se justificaba una
         reducción del importe de la multa como compensación por el rápido arrepentimiento de la empresa responsable de la infracción.
      
      92.   En consecuencia, el tercer motivo de casación también debe desestimarse.
      93.   En conclusión, en mi opinión ninguno de los motivos de casación formulados por las recurrentes resulta fundado, con la consecuencia
         de que no puede estimarse el recurso de casación.
      
      V.      Sobre las costas
      94.   A la luz del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, y teniendo en cuenta la conclusión a la que he llegado
         de que debe desestimarse el recurso de casación, considero que debe condenarse en costas a las recurrentes.
      
      VI.    Conclusión
      95.   A la luz de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que decida:
      1)      Desestimar el recurso de casación.
      2)     Condenar en costas a General Motors Nederland y Opel Nederland.
      1 –	Lengua original: italiano.
      
      2 –	Rec. p. II-4491.
      
      3 –	Decisión de 20 de septiembre de 2000, relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo 81 del Tratado CE (asunto
         COMP/36.653 – Opel) (DO 2001, L 59, p. 1).
      
      4 –	Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Recuérdese
         que en 2002 dicho Reglamento fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo
         a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).
      
      5 –	Comunicación de la Comisión – Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo
         15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3).
      
      6 –	Véanse las Directrices, punto 3.
      
      7 –	Sentencia recurrida, apartados 12 y 13.
      
      8 –	Decisión impugnada, puntos 17 a 22.
      
      9 –	Decisión impugnada, punto 17.
      
      10 –	Decisión impugnada, puntos 103 y 111.
      
      11 –      Decisión impugnada, puntos 22 a 42.
      
      12 –      Decisión impugnada, puntos 22 y 43 a 54.
      
      13 –      Decisión impugnada, puntos 22 y 43 a 54.
      
      14 –	Decisión impugnada, puntos 173 a 202.
      
      15 –	Sentencia recurrida, apartado 45.
      
      16 –	Sentencia recurrida, apartados 46 y 47.
      
      17 –	Sentencia recurrida, apartado 48.
      
      18 –	Sentencia recurrida, apartados 49 y 50.
      
      19 –	Sentencia recurrida, apartado 56.
      
      20 –	Sentencia recurrida, apartados 78 y 79.
      
      21 –	Sentencia recurrida, apartados 81 y 87.
      
      22 –	Sentencia recurrida, apartado 88.
      
      23 –	Sentencia recurrida, apartado 98.
      
      24 –	Ibidem.
      
      25 –	Sentencia recurrida, apartado 93.
      
      26 –	Sentencia recurrida, apartado 94.
      
      27 –	Sentencia recurrida, apartado 104.
      
      28 –	Sentencia recurrida, apartado 105.
      
      29 –	Sentencia recurrida, apartado 146.
      
      30 –	Sentencia recurrida, apartado 147.
      
      31 –	Sentencia recurrida, apartados 191 a 199 y 201 a 203.
      
      32 –	Sentencia recurrida, apartado 204.
      
      33 –	Sentencia recurrida, apartado 200.
      
      34 –	Sentencia recurrida, apartado 56.
      
      35 –	Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión (C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111), apartados 21 y 22.
         En el mismo sentido, véanse, entre otras muchas, las sentencias de 21 de junio de 2001, Moccia Irme y otros/Comisión (asuntos
         acumulados C‑280/99 P a C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717), apartado 78; de 8 de mayo de 2003, T. Port/Comisión (C‑122/01 P, Rec.
         p. I‑4261), apartado 27; de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (asuntos acumulados C‑204/00 P, C‑205/00 P,
         C-211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I-123), apartados 47 a 49, y el auto de 9 de julio de 2004, Fichtner/Comisión
         (C‑116/03, no publicado en la Recopilación), apartado 33.
      
      36 –	Véanse, en particular, los apartados 44, 48, 54 y 55.
      
      37 –	Véanse los apartados 33 a 35 de la sentencia recurrida, que resumen correctamente las afirmaciones contenidas en el escrito
         de interposición del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (apartados 19, 26, 33 y 34).
      
      38 –	Véanse, en particular, los apartados 99 a 104 de la sentencia recurrida. Sin embargo, las recurrentes no cuestionan, a
         diferencia de lo alegado ante el Tribunal de Primera Instancia, que el sistema en cuestión pueda calificarse de «acuerdo»
         con arreglo al artículo 81 CE, apartado 1.
      
      39 –	Sentencia de 1 de febrero de 1978, Miller/Comisión (19/77, Rec. p. 131).
      
      40 –	Sentencia de 28 de marzo de 1984, CRAM y Rheinzink/Comisión, antes citada.
      
      41 –	Sentencia de 8 de noviembre de 1983, IAZ/Comisión (asuntos acumulados 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82,
         Rec. p. 3369).
      
      42 –	Sentencia recurrida, apartado 100.
      
      43 –	Ibidem.
      44 –	Véase, en particular, la sentencia IAZ, antes citada, en la que se dice que «el convenio tiene la finalidad de restringir
         de forma apreciable el juego de la competencia en el mercado común, aunque se dirija al mismo tiempo a proteger la sanidad
         pública y a reducir el coste del control de conformidad» (apartado 25).
      
      45 –	Véanse, entre otras muchas, las sentencias de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión (asuntos acumulados 56/64
         y 58/64, Rec. pp. 458 y ss., especialmente p. 520); de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión (C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539),
         apartado 122, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (asuntos acumulados C‑238/99 P, C‑244/99 P,
         C‑245/99 P, C‑247/99 P,  C‑250/99 P a C‑252/99 P, y C‑254/99 P, Rec. p. 8375), apartado 491.
      
      46 –	Sentencia IAZ, antes citada, apartado 6.
      
      47 –	Sentencia de 14 de diciembre de 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est (319/82, Rec. p. 4173), apartado 6.
      
      48 –	La normativa comunitaria que regula la aplicación del artículo 81 CE a los acuerdos de distribución también incluye dichos
         principios.
      
      	En efecto, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo
         a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas
         concertadas (DO L 336, p. 21), prevé que la exención a la prohibición contenida en el artículo 81 CE, apartado 1, «no se aplicará
         a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las partes, tengan por objeto […] la restricción de las
         ventas […]» (el subrayado es mío).
      
      	Además, la comunicación interpretativa adoptada por la Comisión – Directrices relativas a las restricciones verticales (2000/C 291/01)
         (DO 2000, C 291, p. 1) trata expresamente del tipo de medida que nos ocupa, precisando lo siguiente: «La restricción especialmente
         grave contemplada en [el] artículo 4 del Reglamento de Exención por Categorías se refiere a los acuerdos o prácticas concertadas
         que tienen por objeto directo o indirecto la restricción de las ventas por parte del comprador, en la medida en que estas
         restricciones se refieran al territorio en que el comprador puede vender los bienes o servicios objeto del contrato o a los
         clientes a los que puede vender tales bienes o servicios. Esta restricción especialmente grave se refiere a la compartimentación
         del mercado por territorio o clientes. Ello puede ser consecuencia de obligaciones directas, como la obligación de no vender
         a determinados clientes o a clientes situados en determinados territorios […]. También puede ser consecuencia de medidas indirectas destinadas a inducir al distribuidor a no vender a estos clientes, tales como la denegación o reducción
            de primas o descuentos […]» (punto 49) (el subrayado es mío).
      
      49 –	Sentencia de 21 de enero de 1999, Bagnasco y otros (asuntos acumulados C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135), apartado 33.
         El subrayado es mío. Véanse también las sentencias Deere/Comisión, antes citada, apartado 76, y de 28 de mayo de 1998, New
         Holland Ford/Comisión (C-8/95 P, Rec. p. II‑3175), apartado 90.
      
      50 –	Sentencia recurrida, apartado 100.
      
      51 –	Sentencia CRAM y Rheinzink/Comisión, antes citada, apartado 26.
      
      52 –	Por otra parte, el hecho de que no se alcance el objetivo perseguido, y que de este modo la práctica colusoria no tenga
         efectos restrictivos de la competencia, es irrelevante, como hemos visto con anterioridad, a efectos de determinar si ha habido
         una violación del artículo 81 CE (punto 69 supra).
      
      53 –	Sentencia IAZ, antes citada, apartados 23 y 25. En el mismo sentido, véanse, por ejemplo, las sentencias de 30 de junio
         de 1966, Société Technique Minière (56/65, Rec. p. 262), y CRAM y Rheinzink/Comisión, antes citada, apartado 26.
      
      54 –	Sentencia recurrida, apartados 101 y 102.
      
      55 –	Sentencia recurrida, apartado 204.
      
      56 –	Punto 3 de las Directrices.
      
      57 –	Por otra parte, contrariamente a lo ocurrido en el caso Michelin, al que se remiten las recurrentes en apoyo de su tesis,
         no consta que durante dicho período Opel Nederland haya colaborado con los servicios de la Comisión para poner fin a la infracción
         (véase la Decisión de la Comisión 2002/405/CE, de 20 de junio de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del Tratado
         CE (DO 2002, L 143, p. 1), considerandos 350 y 364).