CELEX: 52013PC0338
Language: es
Date: 2013-06-06
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Austria y Malta a adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea

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		52013PC0338
		
			Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza a Austria y Malta a adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea /* COM/2013/0338 final - 2013/0177 (NLE) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
1.1.        Objeto de la propuesta
El Convenio de La Haya de
15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en
el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
comercial (denominado en lo sucesivo «Convenio de La Haya sobre la
notificación») establece los canales de transmisión que deberán utilizarse en
el caso de que un documento judicial o extrajudicial tenga que transmitirse de
un Estado contratante del Convenio a otro Estado contratante para su
notificación o traslado en este último. El Convenio de La Haya sobre la
notificación simplifica el método de transmisión de los documentos judiciales y
extrajudiciales. El principal canal de transmisión, en lugar de los canales
diplomáticos y consulares, será una autoridad central que notificará los
documentos o se encargará de que sean notificados. Asimismo, el Convenio prevé
varios métodos alternativos de transmisión (p. ej. canales postales). También
tiene como objetivo establecer un sistema que, en la medida de lo posible,
comunique efectivamente el documento que debe notificarse al destinatario con
la antelación suficiente para que este pueda defenderse. Además, el Convenio
prevé la prueba de que el servicio se ha realizado en el extranjero, mediante
una certificación conforme a un modelo. 
El Convenio
de La Haya sobre la notificación entra dentro de la competencia exterior
exclusiva de la Unión Europea tras la adopción de las normas internas de la
Unión sobre notificación y traslado de documentos en el Reglamento del Consejo
(CE) nº 1348/2000, derogado por el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de
documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del
Consejo[1].
Por lo tanto, los Estados miembros no pueden celebrar el Convenio de La
Haya sobre la notificación sin haber sido autorizados a hacerlo.
Antes de la adopción de la normativa
interna de la UE, veinticuatro Estados miembros ya se habían adherido al
Convenio de La Haya sobre la notificación. Los Estados miembros restantes que
deben ser autorizados a adherirse al Convenio son Austria y Malta[2]. 
Por consiguiente, la Comisión propone que
el Consejo, en interés de la Unión Europea, autorice a Austria y Malta a
adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación. El Convenio no incluye
ninguna cláusula que permita la adhesión de la propia UE. 
1.2.        Importancia de la
adhesión al Convenio de La Haya sobre la notificación 
El Convenio de La Haya sobre la
notificación, por el que se mejora la transmisión de los documentos judiciales
y extrajudiciales en el extranjero, es especialmente importante para la
Unión Europea y sus Estados miembros porque facilita la cooperación judicial en
el ámbito de los litigios transfronterizos surgidos en las relaciones con los
terceros Estados que son partes del Convenio. El Convenio ha sido ratificado
ampliamente y actualmente cuenta con 67 Estados contratantes.
Austria y Malta han manifestado su
intención de adherirse al Convenio de La Haya sobre la notificación.
Su adhesión al Convenio se correspondería
con el compromiso político de adherirse a los instrumentos de la Conferencia de
La Haya sobre Derecho internacional privado, cuando exista un interés de la UE,
contraído por la UE al convertirse en miembro de la Conferencia de La Haya en
2007.
Además, la UE ha fomentado en sus
relaciones exteriores la adhesión de terceros países al Convenio de La Haya
sobre la notificación como sistema eficiente y fiable de notificación y
traslado de documentos judiciales y extrajudiciales. Sería coherente con este
enfoque que todos los Estados miembros de la UE fueran partes contratantes del
Convenio.
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS
PARTES INTERESADAS Y EVALUACIONES DE IMPACTO
En el Grupo de trabajo competente del
Consejo, Austria y Malta han confirmado su interés en adherirse al Convenio de
La Haya sobre la notificación. La Oficina Permanente de la Conferencia de La
Haya sobre Derecho internacional privado ha transmitido el interés manifestado
por los terceros países partes del Convenio en extenderlo a todos los Estados
miembros de la UE. 
3.           ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
3.1.        Competencia de la UE con
respecto al Convenio de La Haya sobre la notificación
De conformidad con el artículo 3,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la
jurisprudencia[3]
del Tribunal de Justicia de la UE, la notificación y el traslado de documentos
judiciales y extrajudiciales es una materia de competencia exterior exclusiva
de la Unión Europea, ya que el Reglamento (CE) nº 1393/2007, relativo a la
notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o mercantil, permite adoptar normas internas
de la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros ya no tienen la facultad de
contraer con terceros países obligaciones contractuales que afecten a estas
normas. 
En particular, el artículo 3,
apartado 2, del TFUE, establece que la Unión dispone de competencia
exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional en la medida en que
pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. En virtud de
esta norma, según la jurisprudencia, un acuerdo entra dentro de la competencia
exclusiva de la UE cuando pueda demostrarse que el objeto del acuerdo entra en
el ámbito de aplicación de las normas internas comunes, o dentro de un ámbito
ya regulado en gran medida por dichas normas, o cuando se hayan adoptado normas
en ámbitos que no correspondan a las políticas comunes y, en particular, en
ámbitos en los que existan medidas de armonización, independientemente de que
exista o no una contradicción entre dichas normas comunes y el acuerdo.
El Reglamento (CE) no 1393/2007 se aplica
en el ámbito civil y mercantil cuando es necesario transmitir documentos
judiciales o extrajudiciales para su notificación de un Estado miembro a otro.
Los organismos designados por los Estados miembros son responsables de la
transmisión y recepción de documentos. El Reglamento prevé un sistema que
refleja el establecido en el Convenio de La Haya sobre la notificación, por lo
que es evidente que el objeto de este Convenio entra en el ámbito de aplicación
de la legislación interna de la UE. En consecuencia, la Unión Europea dispone
de competencia exclusiva en lo que respecta al Convenio de La Haya sobre la
notificación.
Además, la Unión ya ha ejercido su
competencia exterior en materia de notificación y traslado de documentos al
celebrar un acuerdo internacional con Dinamarca sobre la notificación de
documentos[4].

3.2.        Autorización de los
Estados miembros
Dado que el Convenio de La Haya sobre la
notificación no contiene ninguna cláusula sobre organizaciones económicas
regionales, es imposible que la Unión Europea sea parte contratante del
Convenio. Es necesario, por tanto, que la Unión ejerza sus facultades a través
de sus Estados miembros y autorice a los Estados miembros de que se trate a
adherirse al Convenio en interés de la Unión. Hay varios precedentes en el
ámbito de la justicia civil, el más reciente lo constituye la Decisión
2008/431/CE del Consejo por la que se autoriza a algunos Estados miembros a
ratificar o adherirse, en interés de la Comunidad Europea, al Convenio de La
Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de
protección de los niños, y por la que se autoriza a algunos Estados miembros a
formular una declaración sobre la aplicación de las normas internas
correspondientes del Derecho comunitario[5].

El Convenio de La Haya sobre la
notificación prevé la posibilidad de que los Estados contratantes formulen
declaraciones sobre algunas de sus disposiciones como, por ejemplo, el artículo
8, apartado 2, el artículo 10, el artículo 15, apartado 2 y el artículo 16,
apartado 3. Los Estados miembros de la UE que son partes contratantes del Convenio
han formulado diversas declaraciones. La situación no es uniforme. Así por
ejemplo, algunos Estados miembros formularon una declaración sobre el artículo
8, apartado 2, que reconoce a los agentes diplomáticos y consulares la facultad
de notificar documentos únicamente a sus propios nacionales, mientras que otros
se limitaron a oponerse a los métodos de transmisión previstos en el artículo
10. Las declaraciones relativas al artículo 16, apartado 3, sobre la demanda de
exención de la preclusión, difieren, por ejemplo, en cuanto al plazo límite de
presentación de la demanda. En estas circunstancias, no es razonable exigir a
los Estados miembros interesados que formulen una o más declaraciones
uniformes, en el caso de que formulen alguna. En conclusión, los Estados
miembros interesados, en el momento de su adhesión al Convenio, formularán las
declaraciones adecuadas previstas en el mismo que consideren necesarias. El
texto de dichas declaraciones se adjuntará a la decisión del Consejo.
2013/0177 (NLE)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se autoriza a Austria y Malta
a adherirse al Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 relativo a la
notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o comercial, en interés de la Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 81, apartado 2 y su artículo
218, apartado 6, letra a)
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Vista la aprobación del Parlamento
Europeo[6],

Considerando lo siguiente:
(1)       El Convenio de La Haya
de 15 de noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el
extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial
(denominado en lo sucesivo el «Convenio de La Haya sobre la notificación»)
simplifica los métodos de transmisión de documentos judiciales y
extrajudiciales entre los Estados contratantes. De esta manera, se facilita la
cooperación judicial en los litigios transfronterizos en materia civil y
mercantil. El Convenio de La Haya sobre la notificación ha sido ratificado
ampliamente en el ámbito internacional. Fomentar la adhesión de terceros
Estados al Convenio de La Haya forma parte de la política exterior de la UE en
el ámbito de la justicia civil.
(2)       La Unión Europea tiene
competencia exterior exclusiva en lo que respecta al Convenio de La Haya sobre
la notificación, en la medida en que las disposiciones de este afectan a las
normas establecidas en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en
materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo[7].
(3)       El Convenio de La Haya
sobre la notificación no está abierto a la participación de organizaciones
regionales. En consecuencia, la Unión Europea no puede adherirse al Convenio. 
(4)       Dado que el Convenio de
La Haya sobre la notificación es importante para los intereses de la Unión
Europea, el Consejo debe autorizar a los Estados miembros que no hayan
celebrado dicho Convenio antes de la adopción de las medidas de la Unión a
adherirse al mismo en interés de la Unión Europea, sin perjuicio de las
condiciones establecidas en la presente Decisión. Los Estados miembros
destinatarios de la presente Decisión son Austria y Malta.
(5)       El Convenio de La Haya
sobre la notificación prevé la posibilidad de que los Estados contratantes
formulen declaraciones sobre algunas de sus disposiciones. Por consiguiente,
Austria y Malta deberían formular, en el momento de su adhesión al Convenio,
las declaraciones previstas en este que consideren necesarias. El texto de
dichas declaraciones debe figurar adjunto a la presente Decisión.
(6)       El Reino Unido e Irlanda
están vinculados por el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
(«notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 1348/2000[8],
por lo que ambos participan en la adopción de la presente Decisión.
(7)       De conformidad con los
artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente
Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
Artículo 1
1. Sin perjuicio de las competencias de
la Unión Europea, Austria y Malta se adherirán al Convenio de La Haya de 15 de
noviembre de 1965 relativo a la notificación o traslado en el extranjero de
documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, en
interés de la Unión Europea.
2. El texto del Convenio figura en el
anexo 1 de la presente Decisión.
Artículo
2
1. En el momento de su adhesión al
Convenio de la Haya sobre la notificación, Austria y Malta formularán las
declaraciones previstas en las disposiciones del Convenio. 
2. El texto de las declaraciones figura
en el anexo II de la presente Decisión.
Artículo
3
1. Los Estados miembros interesados
adoptarán las medidas necesarias para depositar sus instrumentos de adhesión al
Convenio de La Haya sobre la notificación en un plazo razonable y, a ser
posible, antes del 31 de diciembre de 2014.
2. Los Estados miembros interesados
informarán al Consejo y la Comisión, antes del 1 de julio de 2014, de la fecha
prevista para la conclusión de sus procedimientos de adhesión.
Artículo
4
La presente Decisión entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo
5
Al adherirse al Convenio de La Haya sobre
la notificación, Austria y Malta informarán por escrito a la Oficina Permanente
de la Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado de que la
adhesión se ha llevado a cabo de conformidad con la presente Decisión.
Artículo 6
Los
destinatarios de la presente Decisión serán Austria y Malta de conformidad con
los Tratados.
Hecho en Bruselas, el
                                                                       Por
el Consejo
                                                                       El
Presidente
ANEXO I
CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE
DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL
(celebrado el 15 de noviembre de 1965)
Los Estados signatarios del presente
Convenio,
Deseando crear los medios necesarios para
que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación
o traslado en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo
oportuno,
Interesados en mejorar a tal fin la
asistencia judicial, simplificando y acelerando el procedimiento,
Han resuelto celebrar un convenio a tal
efecto y han acordado las disposiciones siguientes:
Artículo 1
El presente Convenio se aplica, en
materias civil o comercial, en todos los casos en que un documento judicial o
extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su notificación o traslado.
El presente Convenio no se aplicará
cuando el domicilio del destinatario del documento sea desconocido.
CAPÍTULO I — DOCUMENTOS JUDICIALES
Artículo 2
Cada Estado contratante designará una
autoridad central que asuma, conforme a los artículos 3º a 6º la función de
recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado
contratante y de darles curso ulterior.
Cada Estado organizará la autoridad
central de conformidad a su propia ley.
Artículo 3
La autoridad o el funcionario ministerial
o judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la
autoridad central del Estado requerido una petición conforme a la fórmula
modelo anexa al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de los
documentos ni otra formalidad análoga.
La petición deberá acompañarse del documento
judicial o de su copia, todo en doble ejemplar.
Artículo 4
Si la autoridad central estima que las
disposiciones del Convenio no han sido respetadas, informará inmediatamente al
requirente precisando sus objeciones contra la petición. 
Artículo 5
La autoridad central del Estado requerido
procederá u ordenará proceder a la notificación o traslado del documento:
a) Ya según las formas prescritas por la
legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos
otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su
territorio, 
b) Ya según la forma particular
solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley
del Estado requerido.
Salvo en el caso previsto en el párrafo
primero, letra b), el documento podrá entregarse siempre al destinatario que lo
acepte voluntariamente.
Si el documento debe ser objeto de notificación
o traslado conforme al párrafo primero, la autoridad central podrá solicitar
que el documento sea redactado o traducido en la lengua o en una de las lenguas
oficiales de su país.
La parte de la petición que, conforme a
la fórmula modelo anexo al presente Convenio, contiene los elementos esenciales
del documento se remitirá al destinatario.
Artículo 6
La autoridad central del Estado requerido
o cualquier autoridad que se haya designado a este fin expedirá una
certificación conforme a la fórmula modelo anexa al presente Convenio.
La certificación describirá el
cumplimiento de la petición: indicará la forma, el lugar y la fecha del
cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido remitido. En
su caso, precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento.
El requirente podrá solicitar que la
certificación que no esté expedida por la autoridad central o por una autoridad
judicial sea visada por una de estas autoridades.
La certificación se dirigirá directamente
al requirente.
Artículo 7
Las versiones impresas en la fórmula
modelo anexa al presente Convenio estarán obligatoriamente redactadas ya en
lengua francesa, ya en lengua inglesa. Podrán redactarse además en la lengua o
en una de las lenguas oficiales del Estado de origen.
Los espacios en blanco correspondientes a
tales menciones se cumplimentarán en la lengua del Estado requerido, en lengua
francesa o en lengua inglesa.
Artículo 8
Cada Estado contratante tiene la facultad
de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares,
sin coacción alguna, las notificaciones o traslados de documentos judiciales a
las personas que se encuentren en el extranjero.
Todo Estado podrá declarar que se opone a
la utilización de esta facultad dentro de su territorio, salvo que el documento
deba ser notificado, o dar traslado del mismo a un nacional del Estado de
origen.
Artículo 9
Cada Estado contratante tiene además la
facultad de utilizar la vía consular para remitir, a los fines de notificación
o traslado, los documentos judiciales a las autoridades de otro Estado
contratante que éste haya designado.
Si así lo exigen circunstancias
excepcionales, cada Estado contratante tiene la facultad de utilizar, a los
mismos fines, la vía diplomática.
Artículo 10
Salvo que el Estado de destino declare
oponerse a ello, el presente Convenio no impide:
a) La facultad de remitir directamente, por
vía postal, los documentos judiciales a las personas que se encuentren en el
extranjero,
b) La facultad, respecto de funcionarios
ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de origen,
de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales
directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u otras
personas competentes del Estado de destino,
c) La facultad, respecto de cualquier
persona interesada en un procedimiento judicial, de proceder a las notificaciones
o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios
ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino.
Artículo 11
El presente Convenio no se opone a que
los Estados contratantes acuerden admitir, a los fines de notificación o
traslado de documentos judiciales, otras vías de remisión distintas a las
previstas en los artículos que preceden y, en particular, la comunicación
directa entre sus autoridades respectivas.
Artículo 12
Las notificaciones o traslados de
documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar
al pago o reembolso de tasas o gastos por los servicios del Estado requerido.
El requirente está obligado a pagar o
reembolsar los gastos ocasionados por:
a) La intervención de un funcionario
judicial o ministerial o de una persona competente según la Ley del Estado de
destino.
b) La utilización de una forma
particular.
Artículo 13
El cumplimiento de una petición de
notificación o traslado conforme a las disposiciones del presente Convenio no
podrá ser rehusado más que si el Estado requerido juzga que este cumplimiento
es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía o a su seguridad.
El cumplimiento no podrá rehusarse por el
solo motivo de que el Estado requerido reivindique competencia judicial
exclusiva para el procedimiento en cuestión o de que su derecho interno no
admita la acción a que se refiere la petición. 
En caso de denegación, la autoridad
central informará inmediatamente al requirente e indicará los motivos. 
Artículo 14
Las dificultades que surgieren con
ocasión de la remisión, a los fines de notificación o traslado de documentos
judiciales, serán resueltas por vía diplomática. 
Artículo 15
Cuando un escrito de demanda o un
documento equivalente haya sido remitido a otro Estado miembro a efectos de
notificación o traslado, según las disposiciones del presente Convenio, y el
demandado no comparece, el Juez aguardará para proveer hasta que se establezca
que:
a) El documento ha sido notificado o se
ha dado traslado del mismo según las formas prescritas por la legislación del
Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en
este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su
territorio, o bien 
b) Que el documento ha sido efectivamente
entregado al demandado o a su residencia según otro procedimiento previsto por
el presente Convenio, 
y que, en cualquiera de estos casos, sea
notificación o traslado, sea entrega, la misma haya tenido lugar en tiempo oportuno
para que el demandado haya podido defenderse.
Cada Estado contratante tiene la facultad
de declarar que sus jueces, no obstante las disposiciones del párrafo primero,
podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa,
bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los
siguientes requisitos:
a) El documento ha sido remitido según
alguno de los modos previstos por el presente Convenio;
b) Ha transcurrido, desde la fecha de
envío del documento, un plazo que el Juez apreciará en cada caso particular y
que será, al menos de seis meses, y
c) No obstante las diligencias oportunas
ante las autoridades competentes del Estado requerido, no ha podido obtener
certificación alguna.
El presente artículo no impide que, en
caso de urgencia, el Juez ordene cualesquiera medidas provisionales o
cautelares.
Artículo 16
Cuando un escrito de demanda o un
documento equivalente debió remitirse a otro Estado miembro a efectos de
notificación o traslado según las disposiciones del presente Convenio y se ha
dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el Juez tendrá
la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la
expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes:
a) El demandado, sin mediar culpa de su
parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para
defenderse o de la resolución para interponer recurso.
b) Las alegaciones del demandado aparecen
provistas, en principio, de algún fundamento.
La demanda tendente a la exención de la
preclusión solo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a
partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la decisión.
Cada Estado contratante tendrá la
facultad de declarar que tal demanda no será admisible si se formula después de
la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración,
siempre que dicho plazo no sea inferior a un año, a computar desde la fecha de
la decisión.
El presente apartado no se aplicará a las
decisiones relativas al estado o condición de las personas.
CAPÍTULO II — DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES
Artículo 17
Los documentos extrajudiciales que emanen
de autoridades o funcionarios ministeriales o judiciales de un Estado
contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro
Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el
presente Convenio. 
CAPÍTULO III — DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 18
Todo Estado contratante podrá designar,
además de la autoridad central, otras autoridades, determinando el alcance de
sus competencias.
Sin embargo, el requirente tendrá siempre
derecho a dirigirse a la autoridad central directamente.
Los Estados federales tendrán la facultad
de designar varias autoridades centrales. 
Artículo 19
El presente Convenio no se opone a que la
ley interna de un Estado contratante permita otras formas de remisión no
previstas en los artículos precedentes, a efectos de notificación o traslado
dentro de su territorio de documentos procedentes del extranjero.
Artículo 20
El presente Convenio no se opone a la
adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para derogar
a) El artículo 31, párrafo segundo, en lo
relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos.
b) El artículo 51, párrafo tercero, y el
artículo 71, en lo relativo a la utilización de los idiomas.
c) El artículo 51, párrafo cuarto.
d) El artículo 51, párrafo segundo.
Artículo 21
Cada Estado contratante notificará al
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, bien en el momento del
depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, bien ulteriormente:
a) La designación de autoridades
previstas en los artículos 2º y 18.
b) La designación de la autoridad
competente para expedir la certificación prevista en el artículo 6º.
c) La designación de la autoridad
competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al
artículo noveno. 
En su caso y en las mismas condiciones,
notificará:
a) Su oposición al uso de las vías de
remisión previstas en los artículos 8/ y 10.
b) Las declaraciones previstas en los
artículos 15, párrafo segundo, y 16, párrafo tercero. 
c) Cualquier modificación de las
designaciones, oposición y declaraciones antes mencionadas.
Artículo 22
El presente Convenio reemplazará en las
relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado los artículos 1 a 17 de
los Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente firmados en La
Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos
Estados sean partes en uno u otro de estos Convenios.
Artículo 23
El presente Convenio no impide la
aplicación del artículo 23 del Convenio relativo al procedimiento civil firmado
en La Haya el 17 de julio de 1905, ni del artículo 24 del firmado en La Haya el
1 de marzo de 1954.
Sin embargo, estos artículos no serán
aplicables más que si se hace uso de sistemas de comunicación idénticos a los
previstos por dichos Convenios.
Artículo 24
Los acuerdos adicionales a dichos
Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes, se
considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los
Estados interesados convengan otra cosa.
Artículo 25
Sin perjuicio de la aplicación de los
artículos 22 y 24, el presente convenio no deroga los Convenios en que los
Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y que contengan
disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio.
Artículo 26
El presente Convenio está abierto a la
firma de los Estados representados en la décima sesión de la Conferencia de La
Haya de Derecho internacional privado.
Será ratificado, y los instrumentos de
ratificación serán depositados en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los
Países Bajos.
Artículo 27
La presente Convención entrará en vigor
el sexagésimo día siguiente al depósito del tercer instrumento de ratificación
previsto por el artículo 26, párrafo segundo.
El Convenio entrará en vigor, para cada
Estado signatario que lo ratifique posteriormente, el sexagésimo día siguiente
al depósito de su instrumento de ratificación.
Artículo 28
Todo Estado no representado en la décima
sesión de la conferencia de La Haya de Derecho internacional privado podrá
adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo
dispuesto en el párrafo primero del artículo 27. El instrumento de adhesión
será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
El Convenio entrará en vigor para tal
Estado sólo si no hay oposición por parte de un Estado que hubiera ratificado
el Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha
en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa adhesión.
Si no hubiera oposición, el Convenio
entrará en vigor para el Estado adherido el primer día del mes que siga a la
expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente. 
Artículo 29
Todo Estado, en el momento de la firma,
la ratificación o adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá
al conjunto de los territorios que represente en el plano internacional o a uno
o varios de esos territorios. Esta declaración surtirá efecto en el momento de
la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.
Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza
será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
El Convenio entrará en vigor para los
territorios mencionados en dicha extensión el sexagésimo día siguiente a la
notificación mencionada en el párrafo precedente.
Artículo 30
El presente Convenio tendrá una duración
de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las
disposiciones del párrafo primero del artículo 27, incluso para los Estados que
lo hubieran ratificado o se hubieran adherido a él posteriormente.
El Convenio será renovado tácitamente
cada cinco años, salvo denuncia.
Toda denuncia será notificada al
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, por lo menos seis meses
antes de la expiración del plazo de cinco años.
Podrá limitarse a algunos de los
territorios a los que se aplique el Convenio.
La denuncia surtirá efecto sólo respecto
del Estado que la hubiera notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los
demás Estados contratantes.
Artículo 31
El Ministerio de Asuntos Exteriores de
los Países Bajos notificará a los Estados a que hace referencia el artículo 26
y a los Estados que se hubieran adherido conforme a lo dispuesto en el artículo
28:
a) Las firmas y ratificaciones previstas
en el artículo 26.
b) La fecha en que el presente Convenio
entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 27, párrafo primero.
c) Las adhesiones previstas en el
artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto.
d) Las extensiones previstas en el
artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto.
e) Las designaciones, oposiciones y
declaraciones mencionadas en el artículo 21.
f) Las denuncias previstas en el artículo
30, párrafo tercero.
En fe de lo cual, los infrascritos,
debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo.
Hecho en La Haya, el 19 de noviembre de
1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un
solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de
los Países Bajos y del que una copia certificada conforme será remitida, por vía
diplomática, a cada uno de los Estados representados en la décima sesión de la
conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.
ANEXO II
Declaraciones de los Estados miembros
Austria formula las siguientes
declaraciones:
( … )
y 
Malta formula las siguientes
declaraciones:
Con arreglo al artículo 8 del
Convenio, el Gobierno de Malta declara que se opone a la notificación o
traslado de documentos en el territorio de Malta efectuados directamente por
agentes diplomáticos o consulares de otros Estados contratantes, con arreglo a
lo dispuesto en el párrafo primero de dicho artículo 8, cuando el
destinatario no sea un nacional del Estado contratante que preste tal servicio.

Con arreglo al artículo 10 del Convenio, el Gobierno de Malta declara que
se opone a la utilización por otros Estados contratantes de cualquiera de los
métodos de notificación o traslado de documentos previstos en el citado
artículo 10 en su territorio. 
[1]               Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y
al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales
en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el
que se deroga el Reglamento (CE) n° 1348/2000 del Consejo (DO L 324 de
10.12.2007, p. 79).
[2]               Malta ya ha depositado su instrumento de adhesión sin
haber recibido la autorización y la Comisión ha adoptado las medidas
necesarias. Tras la adhesión, el 1 de agosto de 2012, Malta emitió la siguiente
declaración: «Malta declara que su adhesión al Convenio no surtirá efecto hasta
el momento de la conclusión de los procedimientos internos relativos a dicha
adhesión a la Unión Europea y, en particular, de la adopción de una decisión
del Consejo por la que se autorice a Malta a adherirse al Convenio. Una vez
adoptada esta decisión, Malta notificará al depositario la fecha en que dicho
Convenio será aplicable en Malta» (Declaración publicada en el sitio web de la
Conferencia de La Haya sobre Derecho internacional privado              
http://www.hcch.net/index_en.php?act=status.comment&csid=1101&disp=eif).
[3]               Dictamen 1/03 del Tribunal de Justicia, de 7 de febrero
de 2006, sobre la competencia de la Comunidad para celebrar el nuevo Convenio
de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, informes del Tribunal de Justicia
2006, página I-01145.
[4]               Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de
Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
de resoluciones en materia civil y mercantil, DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
[5]               DO L 151 de 11.6.2008, p.36.
[6]               DO C…, de …, p. … .
[7]               DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
[8]               DO
L 324 de 10.12.2007, p. 79.