CELEX: 62004CC0417
Language: es
Date: 2006-01-12 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 12 de enero de 2006. # Regione Siciliana contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) - Terminación de la ayuda financiera - Recurso de anulación - Admisibilidad - Entidad regional o local - Actos que afectan directa e individualmente a dicha entidad - Afectación directa. # Asunto C-417/04 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. DÁMASO Ruiz-Jarabo Colomer
      presentadas el 12 de enero de 2006 (1)
      
      Asunto C‑417/04 P
      Región Siciliana
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de casación – Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Intervención relativa al gran proyecto “Autopista Mesina-Palermo” – Terminación de la ayuda financiera comunitaria – Afectación directa para interponer un recurso de anulación»I.      Introducción
      1.     En este recurso de casación la Región de Sicilia impugna el auto del Tribunal de Primera Instancia (2) inadmitiendo el recurso de anulación interpuesto contra la Decisión D(2002) 810439 de la Comisión, (3) en la que se revocaba la ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) previamente concedida, debido
         a que no le afectaba directamente en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      2.     En los últimos años el Tribunal de Justicia ha matizado en varias ocasiones (4) su jurisprudencia sobre los criterios de la legitimación activa de las personas físicas y jurídicas regulados en el citado
         precepto. Sin embargo, sus resoluciones interpretaron la afectación del demandante a título individual, como requisito para la impugnación de un acto normativo comunitario, mientras que ahora se trata de la otra condición necesaria
         en ese contexto, su influencia directa en la esfera de los intereses del demandante. 
      
      3.     Planteado el debate en estos términos, sorprende que, a un mes escaso de la fecha señalada para la vista de esta casación
         y sin esperar el fallo del Tribunal de Justicia, la Sala Primera ampliada del Tribunal de Primera Instancia haya dictado una
         sentencia (5) de carácter diametralmente opuesto al del auto recurrido, dando trámite a la demanda y juzgando sobre el fondo un asunto
         entre las mismas partes, en el que también se dilucida la supresión de una ayuda con cargo al FEDER. (6) A algunos de sus argumentos me referiré más adelante, en el marco del tercer motivo de casación alegado. (7) Para completar el cuadro de la controversia jurídica, ha de mencionarse una sentencia de la Sala Quinta del propio Tribunal
         de Primera Instancia, de 31 de mayo de 2005, donde, partiendo de hechos muy similares, ni siquiera se pronunció sobre la admisibilidad
         de la pretensión de anulación de un municipio. (8)
      
      4.     Ya expresé en su día, (9) en línea con el pensamiento de otros abogados generales, mis preferencias por una exégesis más generosa del artículo 230 CE,
         párrafo cuarto, ajena a los términos en los que ha sido glosado de manera reiterada por el Tribunal de Justicia, fijándole
         unos límites muy estrictos.
      
      II.    El marco normativo
      5.     En el Tratado CE hay fundamentalmente dos artículos en materia de política regional: el artículo 158 CE, que obliga a la Comunidad
         a reforzar y proseguir su cohesión económica y social, propugnando, en particular, reducir las diferencias entre los niveles
         de progreso de las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas, para promover un desarrollo armonioso del conjunto
         de la Comunidad; y el artículo 159 CE, a cuyo tenor la Comunidad apoya esos objetivos a través de los fondos estructurales,
         en especial, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
      
      6.     Con el propósito de cumplir tales objetivos y de regular las funciones de los fondos, se adoptaron el Reglamento (CEE) nº 2052/88
         del Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de esos fondos y a su eficacia, así como a la coordinación de
         sus intervenciones con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, (10) y el Reglamento (CEE) nº 4253/88, del Consejo, de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación
         del anterior. (11)
      
      El Reglamento nº 2052/88 
      7.     El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2052/88 enuncia el principio de complementariedad de la acción
         comunitaria en este ámbito. Instaura igualmente una estrecha concertación entre la Comisión, el Estado miembro interesado,
         las autoridades y los organismos competentes designados por este último a escala nacional, regional, local o de otro tipo,
         comprometiendo a todos en una meta común. 
      
      El Reglamento nº 4253/88 en su versión actualizada 
      8.     El sexto considerando del Reglamento que reformó el Reglamento nº 4253/88 atribuye, en virtud del principio de subsidiariedad
         y sin perjuicio de las competencias de la Comisión en su calidad de responsable de la gestión de los recursos financieros
         comunitarios, la ejecución de las formas de intervención a los Estados miembros, quienes la ejercen en el nivel territorial
         adecuado en función de las características de su organización interna.
      
      9.     El artículo 9, apartado 1, consagra el principio de «adicionalidad», (12) con el que se pretende avalar las repercusiones económicas reales, pues los créditos de los fondos estructurales no pueden
         sustituir a los gastos públicos o asimilables del Estado miembro en el conjunto de territorios subvencionables con arreglo
         a uno de los objetivos.
      
      10.   A tenor del artículo 23, apartado 1:
      «A fin de garantizar el éxito de las acciones llevadas a cabo por promotores públicos o privados en la ejecución de las mismas,
         los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para:
      
      –       verificar regularmente que las acciones financiadas por la Comunidad se han realizado correctamente; 
      –       prevenir y perseguir las irregularidades; 
      –       recuperar los fondos perdidos por abusos o negligencia. Salvo si el Estado miembro, el intermediario o el promotor prueban
         que no les es imputable el abuso o la negligencia en cuestión, el Estado miembro será responsable subsidiario del reembolso
         de las cantidades abonadas indebidamente. […]
      
      [...]»
      11.   Según el artículo 24:
      «1.   Si la realización de una acción o de una medida no pareciere justificar una parte o la totalidad de la ayuda financiera que
         se le hubiere asignado, la Comisión procederá a un estudio apropiado del caso en el marco de la cooperación, solicitando,
         en particular, al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de la acción, que presenten en
         un plazo determinado sus observaciones. 
      
      2.     Tras este estudio, la Comisión podrá reducir o suspender la ayuda para la acción o la medida en cuestión, si el estudio confirmara
         la existencia de una irregularidad o de una modificación importante que afecte a las condiciones de ejecución de la acción
         o de la medida, para la que no se hubiera pedido la aprobación de la Comisión.
      
      3.     Toda cantidad que dé lugar a una devolución de lo cobrado indebidamente se reembolsará a la Comisión. [...]»
      III. Antecedentes del recurso de casación
      A.      Resumen de los hechos del litigio en la instancia
      12.   En una Decisión de 22 de diciembre de 1993, dirigida a la República Italiana, la Comisión concedió, para el periodo de programación
         1994/1999, una ayuda financiera con cargo al FEDER del 50 % de los costes admisibles para la construcción de la autopista
         entre Palermo y Mesina, en Sicilia, que constituye un gran proyecto en el sentido del artículo 16, apartado 2, del Reglamento
         nº 4253/88. Los trabajos se dividieron en diez lotes, figurando en el anexo de la Decisión que la Región Siciliana fue designada
         autoridad responsable del proyecto.
      
      13.   Tras diversas vicisitudes y una abundante correspondencia entre la Comisión y las autoridades italianas, de las que se da
         buena cuenta en el auto recurrido, (13) habiendo constatado la dificultad de acabar la construcción emprendida antes de la fecha estipulada, el 31 de diciembre de
         1997, así como el incumplimiento por la recurrente de las obligaciones asumidas, dicha Institución comunitaria trasladó a
         la República Italiana, en otra Decisión de 5 de septiembre de 2002, ahora impugnada, su voluntad de revocar la ayuda, sobre
         la base de los gastos devengados a 31 de diciembre de 1997 en las obras entregadas a 5 de septiembre de 2002.
      
      14.   En esa Decisión la Comisión indicaba: en primer lugar, el saldo no desembolsado que debía liberarse, es decir, la diferencia
         entre el importe de la ayuda financiera del FEDER inicialmente comprometido para el proyecto y el correspondiente a la totalidad
         de los abonos efectuados por el FEDER; en segundo lugar, la cuantía por recuperar, obtenida de restar a la cifra resultante
         la suma de los dispendios subvencionables a cargo del FEDER en la fecha de la terminación. La Comisión requería, además, a
         la República Italiana para comunicar por correo certificado esa Decisión al beneficiario.
      
      15.   En ese contexto, la Región Siciliana interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
         Europeas, alegando cuatro motivos. El primero denunciaba la incompetencia del órgano que firmó la Decisión impugnada; el segundo,
         la infracción y/o la aplicación errónea de los artículos 24 y 25 del Reglamento nº 4253/88; el tercero invocaba una contradicción
         en la conducta de la Comisión y la vulneración del principio de protección de la confianza legítima; el cuarto aducía la falta
         de motivación y una tramitación deficiente.
      
      B.      El auto recurrido 
      16.   Con arreglo al artículo 113 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia examinó de oficio la legitimación
         activa de la Región Siciliana, considerando estar suficientemente informado con los documentos obrantes en autos, por lo que
         no acordó oír las observaciones orales de las partes.
      
      17.   Después de comprobar que la Región Siciliana no era destinataria del acto, pues la Comisión lo había dirigido a la República
         Italiana, y de aceptar que la Decisión impugnada afectaba a la demandante individualmente, (14) redujo su análisis a apreciar si le concernía de forma directa en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      18.   El Tribunal de Primera Instancia también recordó la jurisprudencia reiterada en ese ámbito, (15) prestando especial atención a algunos pronunciamientos referentes al FEDER. (16)
      
      19.   En cuanto a los hechos debatidos, dicho Tribunal centró su argumentación en dos puntos esenciales, a saber, el de liberar
         al FEDER de las cantidades no pagadas y el de la devolución de los ingresos indebidos.
      
      20.   Sobre el primer aspecto, precisó que, según el artículo 21, apartado 5, del Reglamento nº 4253/88, los créditos comunitarios
         otorgados en concepto de ayuda financiera del FEDER se abonan por la Comisión al Estado miembro interesado, reforzando tal
         afirmación con algún precedente jurisprudencial (17) y denegando la condición de actor privilegiado a la Región Siciliana en el marco del artículo 230 CE. (18)
      
      21.   Estimó, además, que, habida cuenta del carácter complementario de las ayudas comunitarias y del principio de «adicionalidad»,
         a cuyo tenor no pueden sustituir a los gastos públicos del Estado miembro, nada se oponía a que la República Italiana decidiera
         asumir con cargo a sus fondos propios el monto liberado de la financiación comunitaria, al objeto de sufragar la ejecución
         definitiva del proyecto. 
      
      22.   Sobre la restitución de las sumas injustamente obtenidas, una vez observada la diferencia con la práctica en el sector de
         las ayudas de Estado declaradas incompatibles con el mercado común, ya que la Decisión atacada no contenía ninguna disposición
         ordenando a la República Italiana la recuperación de dichas cantidades indebidas, (19) el Tribunal de Primera Instancia resolvió que la Decisión sólo exigía su devolución al FEDER por la propia República Italiana, (20) ya que el reembolso de los fondos comunitarios pagados a la demandante no era consecuencia directa de la Decisión impugnada,
         sino de la acción emprendida por la República Italiana en su legislación nacional para respetar las obligaciones derivadas
         de la normativa comunitaria en la materia. (21)
      
      23.   Aunque la demandante no había aludido al carácter puramente teórico de la facultad de apreciación de la República Italiana,
         lo que le hubiera conferido legitimación activa según la jurisprudencia, (22) para el tribunal de instancia no cabía excluir que ese Estado miembro renunciara a reclamar la ayuda discutida a la demandante
         o a los beneficiarios finales, (23) descartando así esa hipótesis. (24)
      
      24.   Por último, el auto recurrido no atendió las alegaciones de la Región Siciliana de que había mantenido vínculos directos con
         la Comisión, pues le había remitido ciertos documentos, así como de que se había tomado en consideración su situación particular
         al dictarse la Decisión ahora discutida. La primera alegación se rechazó, porque esa remesa de información no producía efectos
         directos en la situación jurídica de la recurrente; la segunda, porque esa circunstancia serviría para probar, en el mejor
         de los casos, que la Decisión le afectaba individualmente.
      
      25.   Como corolario, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del recurso y condenó en costas a la demandante.
      IV.    El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes 
      26.   El recurso interpuesto por la Región Siciliana tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de septiembre
         de 2004 y la contestación de la Comisión, el 25 de noviembre de ese mismo año. A estos documentos siguieron los respectivos
         escritos de réplica y de dúplica.
      
      27.   La vista, a la que asistieron los representantes de ambas partes, se celebró el 15 de noviembre de 2005. 
      28.   La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que: 
      –       Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, en el asunto T‑341/02.
      –       Adopte, en consecuencia, las medidas correspondientes para la continuación del procedimiento y la condena en costas. 
      29.   La Comisión pide al Tribunal de Justicia que:
      –       Desestime el recurso de casación.
      –       Condene a la recurrente a cargar con las costas.
      V.      Análisis de los motivos de casación 
      30.   La Región Siciliana ha formulado cuatro motivos de casación. El primero se basa en la infracción de los artículos 113 y 114
         del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia; el segundo, en la violación del artículo 230 CE, párrafo
         segundo; el tercero, en la vulneración de los Reglamentos nº 2052/88 y nº 4253/88; el cuarto, en la falta de motivación del auto.
         
      
      31.   Por razones de orden lógico-jurídico invertiré el examen de los dos primeros motivos, puesto que el reconocimiento de la condición
         de actor privilegiado en el sentido del artículo 230 CE, párrafo segundo, o de destinataria conforme a su párrafo cuarto,
         privaría de objeto a la denuncia de haber conculcado los artículos 113 y 114, en la medida en que se refiere, principalmente,
         a la afectación directa de la recurrente por la Decisión cuya validez se cuestiona.
      
      A.      Sobre el segundo motivo: la infracción del artículo 230 CE, párrafo segundo, y la vulneración de los derechos de defensa
      32.   La Región Siciliana critica que el auto recurrido la haya considerado un ente distinto y autónomo de la República Italiana.
         A su juicio, esa calificación carece de justificación, pues la región actuó en calidad de territorio integrante de dicho Estado
         y era la verdadera destinataria de la ayuda financiera.
      
      33.   Opina, además, que en el ámbito de los fondos FEDER los Estados miembros sólo desempeñan un papel mediador, quedando identificado
         el beneficiario de la subvención comunitaria desde el momento de su concesión. Entender que la Decisión de revocación se dirigía
         al Estado miembro supone seguir una tesis excesivamente formalista.
      
      34.   Para la Comisión, a este motivo le falta fundamento. Por un lado, acude a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para
         la que el artículo 230 CE, párrafo segundo, únicamente atañe a las autoridades gubernamentales de los Estados miembros, sin
         que pueda extenderse a un tipo distinto de entes territoriales subestatales. Por otro lado, no comparte la idea de que la
         Región Siciliana sea la destinataria de la Decisión controvertida, pues la argumentación suministrada no enlaza con la afectación
         directa de la recurrente por dicho acto normativo, sino con la afectación individual.
      
      1.      Esbozo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la legitimación activa de los entes subestatales 
      35.   Ante la ausencia de una definición expresa de «Estado» en los Tratados, conviene interpretarlo referido, según un sector doctrinal,
         a los sujetos de derecho internacional capacitados y reconocidos para firmar y ratificar los convenios interestatales, integrando
         una organización de poder independiente sobre una base territorial. (25) Otros autores, en cambio, deducen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que tal término engloba un conjunto de autoridades
         y de misiones. (26)
      
      36.   Sin embargo, estas elaboraciones científicas aportan poco al debate sobre el sentido del vocablo en el artículo 230 CE, párrafo
         segundo, pues no ofrecen una solución satisfactoria al problema de la extensión de su significado en ese contexto.
      
      37.   La escasez de pronunciamientos al respecto induce a pensar que, en realidad, el Tribunal de Justicia aún no ha construido
         una noción clara, pues sólo constan dos autos (27) en los que haya declarado la inadmisibilidad manifiesta de sendos recursos de anulación interpuestos por la Región Valona (28) y la Región Toscana. (29) El tenor de ambas resoluciones es, empero, idéntico y reza así: 
      
      «[…] resulta de la estructura general de los Tratados que el concepto de Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales
         y, en particular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamente alude a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas y no puede ampliarse
         a los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud de las competencias que tengan reconocidas.»
      
      38.   Cabría objetar que todavía no hay una sentencia formal para apuntalar esa jurisprudencia, pero ese rigor procesal no parece
         convincente, ya que, por un lado, los incidentes de inadmisibilidad se suelen evacuar mediante auto, con arreglo al artículo
         92, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, singularmente si es manifiesta, y, por otro,
         en las cuestiones prejudiciales también se sigue esta vía «cuando la respuesta no suscite ninguna duda razonable», según el
         artículo 104, párrafo tercero, de dicho Reglamento. En consecuencia, una aproximación sistemática al proceder del Tribunal
         de Justicia refuerza la contundencia de esas dos resoluciones judiciales. 
      
      39.   Además, hay una referencia expresa a ambos autos en una sentencia del Tribunal de Justicia en la que, sin recoger la cita
         transcrita, se confirmó la imposibilidad de aplicar por analogía el artículo 230 CE, párrafos segundo y tercero, a las regiones. (30)
      
      40.   Podría evocarse asimismo que, al margen de lo declarado en los dos autos mencionados, fuera del ámbito de los recursos directos,
         el Tribunal de Justicia no ha vacilado en ampliar en muchas ocasiones el alcance de la palabra Estado. Con independencia de la forma jurídica que adopte, estimó comprendida en ese concepto a toda entidad que, por habérsele
         encomendado el desarrollo de un servicio de interés público, tiene atribuidas facultades exorbitantes en comparación con las
         normas vigentes para las relaciones entre particulares, (31) lo que, en aquel caso, proporcionaba la oportunidad de invocar una directiva no incorporada al derecho nacional en contra
         de una empresa pública previamente privatizada.
      
      41.   Esta fuerza expansiva de la idea de Estado se vislumbra también en el Tribunal de Justicia cuando trata los incumplimientos,
         pues ha declarado la inobservancia de las obligaciones que incumbían al Reino de España, por ejemplo, en infracciones imputables,
         en realidad, a entes locales o regionales (asuntos Marismas de Santoña, (32)Calidad del aire ambiente, (33) o Ayudas Magefesa II (34)). En la perspectiva europea, pues, siempre que una colectividad territorial subestatal olvida sus compromisos comunitarios,
         se hace responsable al Estado miembro en el que esté ubicada.
      
      42.   Tras esta glosa laxa del término, el Tribunal de Justicia tampoco ha hecho remilgos a restringir la noción de «autoridad pública»,
         ciertamente no del todo equiparable a la de «Estado», en la aplicación del artículo 39 CE, apartado 4, pues en la noción de
         empleo en la administración pública ha incluido todos los «que suponen una participación, directa o indirecta, en el ejercicio
         del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado yde las demás colectividades públicas», (35) englobando en estas últimas a los entes subestatales, especialmente a los regionales y a los locales. (36)
      
      43.   En suma, se ha seguido una concepción de geometría variable, (37) que depende de la esfera sobre la que se proyecte y que responde al pragmatismo con el que se persigue la consecución del
         efecto útil del derecho comunitario, para atender así a la preocupación de integración (38) inherente al Tratado. 
      
      44.   Pero la flexibilidad del Tribunal de Justicia, en algunos entornos, para acometer la exégesis de la palabra Estado no ha calado en el control de la legalidad, pues no se aviene con los preceptos que propician el respeto del reparto de poderes
         en la Comunidad, como se expuso en los autos Región Valona y Región Toscana, a cuyo tenor:
      
      «admitir lo contrario [la legitimación activa per se de los entes subestatales] equivaldría a conculcar el equilibrio institucional previsto por los Tratados, que determinan
         en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir, los que toman parte en los Tratados constitutivos
         y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las Instituciones comunitarias. Las Comunidades Europeas
         no pueden […] comprender un número de Estados miembros superior al de los [...] que las constituyen».
      
      45.   Rechazada, por tanto, la hipótesis de utilizar el método hermenéutico empleado en aras de la eficacia del derecho comunitario,
         sólo cabe indagar si la evolución del proceso de integración europea ha interferido en ese equilibrio institucional hasta
         el extremo de poner en entredicho la afirmación recogida en el punto precedente.
      
      2.      Breve síntesis de la evolución del papel de los entes subestatales en el marco de la construcción europea 
      46.   Nada resume mejor la desatención de las colectividades locales y de los entes regionales en los orígenes de la integración
         europea que la expresión acuñada por un profesor alemán, para quien este proceso adolecía de «una ceguera en relación con
         la distribución de competencias dentro de los Estados miembros» («Länder-Blindheit» o ceguera respecto de los Länder), (39) criticando de este modo la ausencia de cualquier alusión a las regiones en los Tratados. 
      
      47.   El primer reconocimiento de la región en el plano político tuvo lugar en el seno del Consejo de Europa en 1961, al dotar de
         estatuto permanente a la Conferencia Europea de Poderes Locales. La Carta de esta Conferencia fue reformada en 1975 para acoger
         a la región en cuanto entidad política. Fruto de sus sesiones de trabajo, surgieron la Carta sobre la Autonomía Local (40) y la Carta sobre la Autonomía Regional. (41)
      
      48.   Al menos igual atención merece la Asamblea de las Regiones de Europa, (42) cuya finalidad, en virtud del capítulo I, artículo 1, punto 3, de sus Estatutos, estriba en «promover el papel activo de
         las regiones en la construcción europea, mejorando su participación institucional, en particular, en el seno de los procesos
         de decisión y fundamentalmente ante el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y la
         Unión Europea». 
      
      49.   En el ámbito comunitario, el punto de arranque se sitúa en la creación del Consejo Consultivo de los Entes Regionales y Locales
         mediante la Decisión 88/487/CEE, (43) en cuya exposición de motivos la Comisión, sintiendo la necesidad de que esas colectividades participaran en mayor medida
         en la elaboración y en la aplicación de la política territorial de la Comunidad, incluidas las repercusiones en las otras
         políticas comunitarias, se dotó de una instancia representativa de los niveles de decisión subestatales, con un mero poder
         consultivo, (44) que solamente se reunía previa convocatoria de la propia Comisión. (45)
      
      50.   Con todas sus limitaciones, este alumbramiento resultó crucial, pues la semilla quedó sembrada y germinó en el Comité de las
         Regiones, consagrado en el Tratado de Maastricht. (46) Pero, a pesar de los sucesivos avances operados también en el Tratado de Ámsterdam (47) o en el de Niza, (48) no se ha logrado superar el umbral de órgano de asesoramiento. 
      
      51.   En lo que se refiere a la legitimación activa para instar el control de legalidad de los actos comunitarios, ha de señalarse
         que, con motivo de las distintas revisiones del Tratado CE, el Comité de las Regiones ha reivindicado de manera constante (49) un rango privilegiado en el recurso de nulidad, tanto en su favor, como en el de las regiones titulares de competencias legislativas,
         proponiendo la modificación del párrafo tercero del artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE). (50)
      
      52.   Estas aspiraciones se vieron parcialmente satisfechas en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,
         en lo que atañe a la salvaguardia de las prerrogativas del Comité, (51) aunque no se modificó la situación de las regiones en los recursos de anulación. Pero, aun cuando ese texto llegara a adquirir
         valor normativo, ha de apuntarse la carencia actual de la voluntas legislatoris para dar cauce a los deseos del Comité. Shakespeare ya expresó que «en Venecia no hay poder que cambie lo dispuesto por la
         ley. Sentaría un precedente y, siguiendo el mismo ejemplo, pronto los abusos inundarían el Estado». (52)
      
      3.      Desestimación del motivo
      53.   A tenor de lo expuesto en los apartados precedentes, queda patente no sólo la ausencia de cualquier evolución que justifique
         trastocar el equilibrio institucional aludido en los autos Región Valona y Región Toscana, sino el fracaso rotundo de las
         eventuales modificaciones emprendidas en tal sentido. No concurre, pues, ninguna razón de peso que incite a modificar la jurisprudencia.
      
      54.   Además, admitiendo que, como pretende la recurrente, pueda considerarse «Estado» a una región, a efectos del artículo 230 CE,
         párrafo segundo, no se le abrirían las puertas por esa circunstancia, pues no cabe que una parte se arrogue la representación
         del todo. A mayor abundamiento, el hecho de constituir un elemento integrante de esa unidad pone a su disposición cauces de
         entendimiento y de cooperación en el plano político o administrativo con el Gobierno nacional, susceptibles de provocar en
         este último la deseada reacción ante el Tribunal de Justicia contra la medida comunitaria, posibilidad que, por lo general,
         le está vedada al ciudadano.
      
      55.   Por consiguiente, y sin abordar la supuesta violación de los derechos de defensa de la recurrente, por no haber sido acreditada
         ni debidamente explicada en su recurso, ha de desestimarse el segundo motivo, pues no se ha detectado infracción alguna del
         artículo 230 CE, párrafo segundo, en el auto recurrido. 
      
      B.      Sobre el primer motivo: la violación de los artículos 113 y 114 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia,
            la falta de motivación y la vulneración de los derechos de defensa
      56.   Con este motivo la recurrente impugna, sustancialmente, el proceder del Tribunal de Primera Instancia, al haber examinado
         de oficio la causa de inadmisibilidad del recurso de anulación sin oír a los litigantes, provocando de este modo su indefensión.
      
      57.   Ante todo, conviene recordar que el artículo 113 de su Reglamento de Procedimiento permite a dicho Tribunal llevar a cabo
         de oficio y en cualquier momento el estudio de las causas de inadmisión, remitiendo para las demás actuaciones al artículo
         114, párrafos tercero y cuarto. El primero de estos párrafos regula el desarrollo oral del resto del procedimiento, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. 
      
      58.   Pues bien, del apartado 49 del auto recurrido se desprende que cimentó su decisión en la suficiente información proporcionada
         en los documentos obrantes en el expediente. Además, consta en los apartados 42 a 46 que tuvo en cuenta las alegaciones de
         la recurrente sobre la admisibilidad de la pretensión de nulidad, por lo que ha de reputarse infundada la alegación de violación
         de los derechos de defensa.
      
      59.   Tampoco parece aceptable el argumento relativo a la falta de motivación, ya que, como señala la Comisión en su escrito de
         contestación, el Tribunal de Primera Instancia analizó de forma prolija la legitimación activa de la Región Siciliana, en
         los apartados 50 a 86.
      
      60.   Por último, en cuanto a la denuncia de que la Comisión no presentó su demanda de inadmisión en pliego separado, en contra
         de lo sancionado en el artículo 114, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, ha de estimarse inoperante, pues el
         Tribunal de Primera Instancia propugnó la causa de inadmisión sobre la base del artículo 113 de dicho acto normativo.
      
      61.   Por tanto, al no deducirse de lo expuesto ninguna infracción de los artículos 113 y 114 del Reglamento de Procedimiento del
         Tribunal de Primera Instancia, el primer motivo resulta manifiestamente infundado.
      
      C.      Sobre el tercer motivo: la inobservancia de los artículos 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2052/88 y 9, apartado 1,
            del Reglamento nº 4253/88 
      62.   Antes de comenzar el análisis de este motivo, conviene llamar la atención sobre su verdadera esencia, ya que pretende probar
         el error del auto recurrido, al no haber reconocido que la Decisión de cancelar la ayuda FEDER, objeto del recurso, concernía
         directamente a la Región Siciliana. Por tanto, en adelante, el enfoque aquí seguido se ajusta al auténtico propósito de la
         recurrente.
      
      63.   Nótese que el litigio nunca versó sobre la afectación individual de la región actora por la Decisión de la Comisión, pues
         ambas partes estaban de acuerdo en tal extremo. 
      
      64.   La Región Siciliana ha formulado dos alegaciones en este motivo. La primera sostiene que el sistema creado por los fondos
         estructurales se inspira en los principios de subsidiariedad y de cooperación, previendo la intervención de las instituciones
         regionales, por lo que cualquier decisión de revocar una intervención financiera programada en ese contexto produce efectos
         jurídicos directos para la región de que se trate. La segunda atañe a la negativa del Tribunal de Primera Instancia a admitir
         esos efectos, por creer que la República Italiana podía sufragar la financiación de los trabajos restantes hasta la culminación
         del proyecto, sin reclamar su devolución a la Región Siciliana, apreciación que entiende contraria a los principios de complementariedad
         y de adicionalidad. Además, en el escrito de réplica, precisa que el Estado italiano la ha requerido para restituir la ayuda
         por un importe de 58.036.177 euros. 
      
      1.      Sobre la legitimación activa derivada de la colaboración de las entidades regionales con la Comisión
      65.   El artículo 4, apartado 1, del Reglamento n° 2052/88, que recoge el principio de complementariedad, instaura una estrecha
         concertación entre la Comisión, el Estado miembro implicado y las autoridades u organismos designados por este último al objeto
         de concretar la acción comunitaria en cada caso. Según el artículo 24 del Reglamento n° 4253/88, la Comisión puede recabar
         de las autoridades así designadas la presentación de observaciones cuando albergue dudas acerca de la ayuda inicialmente asignada.
      
      66.   Con el aderezo del principio de subsidiariedad, esa presentación de observaciones conduce a la recurrente a equiparar la posición
         de los órganos subestatales, elegidos por el Estado miembro para la cooperación previa a la aprobación de toda acción comunitaria
         en el marco del FEDER, con la de las empresas exportadoras que recurren un reglamento antidumping y que han colaborado en
         las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión; (53) con la de las que impugnan una decisión por la que se autorizan ayudas de Estado, cuando han participado de cualquier manera
         en el procedimiento del artículo 88 CE; (54) o con la de las que han denunciado el comportamiento anticompetitivo de sus adversarios en el mercado. (55)
      
      67.   Sin negar la oportunidad de tales afirmaciones, conviene matizarlas para evitar que se desnaturalice la jurisprudencia del
         Tribunal de Justicia.
      
      68.   En primer lugar, en el derecho antidumping, la razón que movió al Tribunal de Justicia a conferir legitimación activa a los
         exportadores afectados que hubieran asistido a la Comisión en sus investigaciones fue el hecho de que, en esa materia, la
         Comunidad sólo puede legislar mediante reglamentos, (56) lo que excluía, en principio, los recursos directos de los particulares. (57) Por lo demás, nótese que, a diferencia de lo que ocurre en este asunto, se cuestionan reglamentos, no decisiones.
      
      69.   En segundo lugar, en el ámbito de las ayudas de Estado, la extensión del derecho a impugnar decisiones de la Comisión varía
         en función de que haya intervenido en el procedimiento previo, de acuerdo con el artículo 88 CE, apartado 2, o en el principal,
         de conformidad con el apartado 3. En este último supuesto, el derecho de las empresas a ser oídas les otorga la legitimación
         activa, aun cuando no lo hayan ejercido, sin verse constreñidas por las observaciones vertidas en el marco del artículo 88 CE,
         apartado 2. (58) El Reglamento (CE) n° 659/1999 (59) ha consolidado ciertas garantías procesales a los participantes en esos procedimientos, (60) que no los liberan, sin embargo, de demostrar el perjuicio sufrido en su esfera de intereses. (61)
      
      70.   Por último, la referencia de la Región Siciliana a la jurisprudencia en el derecho de la competencia merece una puntualización
         que, además, conduce a otra de mayor calado. Así, cuando la mentada sentencia Metro I reconoció la legitimación de la empresa
         que había solicitado una decisión de la Comisión, con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), del Reglamento n°17(62) y se le había denegado, se fundó en la necesidad de asegurar una tutela judicial efectiva, (63) ya que, en principio, la empresa carecía de legitimación para recurrir tal negativa.
      
      71.   No es una casualidad que la expresión tutela judicial efectiva en este contexto despierte el recuerdo de la sentencia Jégo-Quéré, ya que todas las resoluciones aludidas por la Región Siciliana
         para reforzar su postura tienen algo en común con el famoso asunto y atañen al requisito de que sólo puede recurrir quien
         se encuentre individualmente afectado por una decisión. Pues bien, ya he indicado que en este caso no se dudó de tal afectación,
         por lo que se presumió probada.
      
      72.   Por consiguiente, la pretensión de la recurrente de que su colaboración en el procedimiento de concesión de la acción comunitaria
         le proporcionaba los mismos derechos que los de los operadores económicos en las situaciones y en los ámbitos apuntados (competencia,
         ayudas de Estado y medidas antidumping) resulta inoperante, pues esos derechos tienden fundamentalmente a obviar la demostración
         de la afectación individual que, en el supuesto de autos, debía tenerse por acreditada, al no haberse refutado en ningún momento.
         
      
      2.      Sobre el error de derecho por considerar que la República Italiana podía asumir el coste de la terminación del proyecto
      73.   En contraste con la jurisprudencia sobre la influencia individualizada de un acto comunitario, la relativa a la afectación
         directa ha sido más restringida, lo que probablemente se deba al método empleado por el Tribunal de Justicia que, por lógica,
         se ahorra el examen de este segundo requisito, una vez negado el carácter decisorio del acto impugnado, o al descartarse su
         efecto individualizador en el demandante, por no asemejarlo al destinatario. (64) No extraña, por tanto, que la jurisprudencia no haya alumbrado en este ámbito una fórmula como la del auto Plaumann (65) para comprobar el presupuesto de aplicación de la afectación a título individual, lo que no significa que falten precedentes
         suficientes para deducir los principios básicos que el Tribunal de Justicia ha consolidado respecto del impacto directo de
         la decisión impugnada en la esfera jurídica del demandante. 
      
      74.   Así, la sentencia Toepfer I (66) interpretó por vez primera la expresión «directamente afectado», aceptando la legitimación activa de los terceros que no
         fueran destinatarios de un acto comunitario, siempre que este último confirmara las medidas decretadas antes por el Estado
         miembro implicado. Al no exigirse, pues, ningún acto nacional de ejecución, los particulares interesados sentían su incidencia
         de manera tan directa como respecto de las disposiciones internas a las que el reglamento comunitario sustituía.
      
      75.   Otras resoluciones posteriores han asimilado los casos en los que la intervención estatal aparece supeditada a criterios establecidos
         con antelación por el Consejo o por la Comisión, (67) siendo puramente automática (68) o no discrecional, (69) a aquellos en que no se necesita dictar reglas en el ámbito estatal. 
      
      76.   Por consiguiente, fuera de los casos de ejecución técnica (70) por parte del Estado miembro, cuando se le atribuye un margen de apreciación para dar cumplimiento en su territorio al acto
         comunitario, debe negarse su impacto jurídico sobre los intereses del demandante, (71) pues esa influencia sólo acaece a través de la adaptación en el Estado miembro mediante la correspondiente prevención nacional. (72) En suma, la interposición de una voluntad autónoma entre la decisión y sus repercusiones en el demandante determina que no
         esté afectado directamente. (73) La única limitación a este principio atañe a los supuestos en los que la facultad conferida al Estado miembro para desarrollar
         el acto comunitario se vuelve teórica, a saber, cuando la voluntad de las autoridades estatales implicadas no suscita dudas
         en cuanto al uso que pretendan hacer de dicho acto. (74)
      
      77.   En este litigio, del auto recurrido se deduce que la Decisión estaba destinada al Estado italiano y no contenía ninguna orden
         con un impacto directo en la esfera de la Región Siciliana, bien por restringir el margen de apreciación de la República Italiana,
         bien por reducir el ejercicio de tal facultad a una mera hipótesis de improbable cumplimiento. Tampoco consta que la Comisión
         le hubiera impuesto, en el marco de ese acto comunitario o con anterioridad, ningún criterio ni que esa Institución conociera
         o hubiera podido conocer de antemano la intención de las autoridades de ese país al respecto. 
      
      78.   En esta tesitura, el Tribunal de Primera Instancia carecía de indicios para barruntar la actuación futura del Estado y la
         recurrente no aportó las pruebas adecuadas para acreditar la certeza del comportamiento de la República Italiana de cara a
         la revocación de la ayuda FEDER que había recibido. Asumir como probable la adopción de una medida nacional concreta significaría
         basar su análisis en meras conjeturas, a falta de otros elementos de juicio. En este sentido, la nota de 30 de octubre de
         2002 que, en su escrito de réplica, la Región Siciliana ha aportado como prueba de que el Estado italiano pensaba recuperar
         las cantidades indebidamente obtenidas por dicha región ha de considerarse inadmisible, pues, como señala la Comisión con
         acierto, este Tribunal de Justicia no permite acudir a elementos de hecho nuevos en el marco del recurso de casación. (75)
      
      79.   Podría argumentarse que la Decisión impugnada en primera instancia surte efectos de manera automática en la recurrente, en
         virtud, por un lado, de la modificación de su situación patrimonial, al verse privada del saldo de la ayuda, y, por otro lado,
         por convertirla en deudora de esa cantidad, habiendo ostentado hasta la adopción del acto controvertido la cualidad de acreedora;
         cabría añadir, además, que, en ese contexto, la eventual medida aprobada por el Estado miembro en ejecución de la comunitaria
         supondría la segunda alteración del patrimonio jurídico de la Región Siciliana, que derivaría exclusivamente de la decisión
         nacional. (76)
      
      80.   Sin embargo, esta tesis, que a primera vista no carece de cierta seducción, se revela demasiado reduccionista. Al analizar
         únicamente la naturaleza del acto de la Comisión, (77) desatiende su interpretación sistemática, que resulta necesaria, habida cuenta de la compleja estructura de las relaciones
         que la gestión de los fondos estructurales evidencia. 
      
      81.   Pero, cuando se desentrañan los vericuetos de la configuración de ese entramado, se pone claramente de manifiesto que la función
         del Estado miembro denota mayor peso del que la recurrente pretende. Sin que sea menester exponer in extenso el régimen jurídico del FEDER, el análisis pormenorizado de sus reglamentos de base y de ejecución descubre que los Gobiernos
         centrales se hallan más implicados. Desde luego, no se les debe calificar de mero «buzón», al que las autoridades designadas
         en cada proyecto acuden en busca de su correo con la Comisión. 
      
      82.   De entrada, la propia esencia de los fondos en cuestión muestra su carácter complementario, (78) ensalzando así la preponderancia de la acción estatal y su amplio margen de discreción, no sólo en cuanto a la selección
         de los beneficiarios, sino también en la elaboración de los planes que desee subvencionar. (79) De ahí que no se yerre atribuyéndole la responsabilidad de la puesta en práctica de las formas de intervención indicadas
         en los marcos comunitarios, como reza el sexto considerando del Reglamento nº 2082/93. A la luz de estas premisas, la posición
         de las autoridades centrales adquiere una proyección bastante diferente del papel de comparsa al que la Región Siciliana pretende
         relegarlas.
      
      83.   En ese haz de facultades que competen al Estado miembro, (80) una decisión de la Comisión, como la controvertida, ofrece sus verdaderos perfiles, lo que no sucede si se la contempla de
         manera aislada, ya que, desde este nuevo ángulo se entiende mejor el margen de actuación del país gestor de las ayudas FEDER,
         de quien se hace depender, en última instancia, la continuación de la obra cuando la Institución comunitaria retira su apoyo.
         
      
      84.   Al Gobierno afectado le incumbe, pues, resolver sobre el futuro de lo que verdaderamente constituye su propio proyecto. Dispone
         de varias soluciones, como, por ejemplo, abandonarlo, suspenderlo o cederlo, pero también le está permitido asumir el coste
         financiero con cargo a sus presupuestos para garantizar su terminación. Aunque los inconvenientes de la revocación del crédito
         sean muchos y dolorosos, al ordenar cancelar el saldo la Comisión no prejuzga ni anticipa, tampoco recomienda, la dirección
         que ha de tomar el Estado miembro al dilucidar el porvenir de sus planes de desarrollo territorial. 
      
      85.   Por todo lo anterior, la Región Siciliana sólo queda afectada por la solución del Gobierno del país en el que está integrada,
         que goza así de un soberano poder de apreciación, suficientemente amplio, de modo que su voluntad determina los efectos reales
         para la región.
      
      86.   Parece, por tanto, claro que la eventual afectación de la recurrente depende de la actuación que emprenda el Estado miembro
         a la luz de la nueva situación creada por la revocación del apoyo con cargo al FEDER, de la que se deriva una incidencia potencial,
         que sólo se convierte en un perjuicio inmediato e inevitable (no meramente posible), cuando el Gobierno le exija la devolución
         de las cantidades indebidamente obtenidas en concepto de ayuda comunitaria. 
      
      87.   Estimo conveniente recalar en esa idea de daño que la doctrina propicia, (81) pues su mera potencialidad no habilita para reclamar la condición de persona directamente afectada en el sentido del artículo
         230 CE, apartado 4. En este asunto, si se aceptara la modificación en el ámbito jurídico de la recurrente, no representaría
         más que una mera contingencia, como los hechos se han encargado de demostrar, pues, en la vista de este recurso de casación,
         la Región Siciliana manifestó que la autopista se había construido hasta el final con medios procedentes de la empresa de
         titularidad pública ANAS, especializada en ese tipo de vías de comunicación.
      
      88.   Asimismo, la alteración de la posición jurídica de la recurrente, de acreedora a deudora, (82) e incluso el cambio de la fuente de su financiación no repercuten más que de manera formal en dicha posición, ya que su interés
         real, la financiación, nunca resultó concreta e inevitablemente perjudicada.
      
      89.   En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia expuesta, no se atisba ningún error de derecho en el que hubiera incurrido
         el Tribunal de Primera Instancia; las particularidades de este asunto tampoco propician un cambio jurisprudencial, porque
         encajan perfectamente en la tesis mantenida hasta el momento por el Tribunal de Justicia y no plantea problemas tan relevantes
         como la denunciada indefensión de la recurrente, a diferencia de los asuntos Unión de Pequeños Agricultores y Jégo-Quéré,
         antes aludidos. (83)
      
      90.   Todas las explicaciones precedentes conducen a propugnar que se desestime el tercer motivo por infundado.
      D.      Sobre el cuarto motivo de casación: la falta de motivación respecto de la facultad del Estado italiano para no reclamar la
            devolución de la ayuda y del valor jurídico vinculante de la correspondencia con la Comisión 
      91.   En la primera parte de este motivo, la recurrente repudia la afirmación de Tribunal de Primera Instancia de que el Estado
         miembro conservaba la facultad de ejecutar la Decisión controvertida en relación con los beneficiarios de la ayuda inicialmente
         otorgada por la Comisión con cargo al FEDER, tildándola de incoherente y arbitraria por fundarse en una instrucción insuficiente
         de los hechos, así como en presunciones carentes de todo sustento probatorio. 
      
      92.   Sobre este extremo, basta indicar que, en los apartados 71 a 79 del auto recurrido, el tribunal de instancia abordó detalladamente
         la eventual discrecionalidad de que gozaba la República Italiana para recuperar los fondos que le reclamaba la Comisión. Expuso
         los textos normativos aplicables, (84) se apoyó en la jurisprudencia pertinente (85) y valoró los elementos probatorios de manera lógica, infiriendo que la Decisión impugnada no exigía a la República Italiana
         recabar de la demandante o de los beneficiarios finales las cantidades indebidamente percibidas. (86)
      
      93.   Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia no aceptó la solución que auspiciaba la Región Siciliana, pero ese desencuentro
         no determina la incoherencia o la arbitrariedad del auto recurrido, que, por lo demás, está bien motivado, procediendo, pues,
         desestimar este punto del motivo de casación por su carácter manifiestamente infundado. 
      
      94.   La segunda parte de esta queja denuncia que el apartado 84 del auto del Tribunal de Primera Instancia niega a la correspondencia
         con la Comisión la calidad para afectar directamente a la Región Siciliana. No atisba ninguna otra razón para cimentar ese
         intercambio epistolar, a raíz del cual dicha Institución comunitaria interesó del Estado italiano que le comunicara la Decisión
         de terminación de la ayuda, para facilitarle el acceso a las vías de recurso previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión.
         De ahí que el mencionado apartado del auto impugnado le parezca contradictorio e ilógico. 
      
      95.   Por un lado, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha estimado que el mero intercambio epistolar con la Comisión es insuficiente
         para caracterizar la afectación individualizada. (87)
      
      96.   Por otro lado, los desvelos de la Comisión por mantener informada a la Región Siciliana sobre el proyecto que estaba cofinanciando
         han de entenderse como una expresión de la estrecha «cooperación» entre la propia Comisión, el Estado miembro y las autoridades
         designadas por este último, a la que alude el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2052/88. Además,
         reflejan, en este contexto, el espíritu de transparencia que ha de animar las relaciones de una buena gestión de los entes
         públicos con los administrados.
      
      97.   Asimismo, la referencia a los posibles recursos que asisten a los destinatarios de un acto obedece a la práctica administrativa
         común de los Estados miembros y a un esfuerzo por servir mejor al ciudadano. Pero, incluso si la Comisión hubiera errado por
         exceso al notificar a la Región Siciliana el alcance de una eventual tutela judicial, esa equivocación no cambiaría la naturaleza
         de la Decisión controvertida ni sus repercusiones, creando un vínculo jurídico donde nunca lo hubo; tampoco vincularía al
         Tribunal de Justicia en la interpretación y aplicación de los requisitos procesales para interponer el recurso de anulación.
         
      
      98.   Por lo tanto, carece de todo fundamento pretender derivar ciertas obligaciones de esa relación epistolar, no debiendo reprocharse
         al Tribunal de Primera Instancia el haber deducido lo contrario, cuando, además, lo hizo tras un examen previo exhaustivo
         de la afectación de la recurrente por la Decisión controvertida.
      
      99.   En suma, no cabe acoger la alegación de falta de motivación en el contexto del intercambio de escritos entre la Región Siciliana
         y la Comisión, por infundada.
      
      100. A la vista de las consideraciones precedentes, sugiero desestimar el cuarto motivo de casación por ser, en parte, manifiestamente
         infundado y por carecer parcialmente de fundamento. 
      
      VI.    Costas
      101. Al haberse desestimado todos los motivos de casación, de conformidad con lo sancionado en el artículo 122, en relación con
         el apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118,
         debería condenarse en costas a quien pierda el proceso, es decir, a la Región Siciliana. 
      
      VII. Conclusión
      102. En atención a los razonamientos anteriores, propongo al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto
         por la Región Siciliana contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de julio de 2004, en el asunto T‑341/02,
         con expresa condena en costas a la recurrente. 
      
      1 –	Lengua original: español.
      
      2 -	Auto 8 de julio de 2004, Región Siciliana/Comisión, T‑341/02 (aún no publicado en la Recopilación).
      
      3 -	Decisión de 5 de septiembre de 2002, de terminación de la ayuda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
         relativa al gran proyecto «Autopista Mesina-Palermo» (FEDER nº 93.05.03.001 ― Arinco nº 93.IT.16.009).
      
      4 -	Sentencias de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo (C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677); y de 1 de abril
         de 2004, Comisión/Jégo-Quéré (C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425). El alcance de la controversia no puede aprehenderse en toda su
         magnitud sin la lectura de las conclusiones del abogado general Sr. Jacobs en ambos asuntos. 
      
      5 -	Sentencia de 18 de octubre de 2005, Región Siciliana/Comisión (T‑60/03, aun no publicada en la Recopilación).
      
      6 -	Mayor resulta el asombro si se tiene en cuenta que se encuentran pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia diversas
         causas concernientes a decisiones de la Comisión de supresión y recuperación de ayudas FEDER que la Región Siciliana ha impugnado
         y en las que también se discute la admisibilidad de los recursos (asuntos T‑363/03; T‑414/03; T‑392/03; T‑408/03; T‑414/03;
         y T‑435/03).
      
      7 -	En los puntos 79 y ss.
      
      8 -	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de mayo de 2005, Municipio de Nápoles/Comisión (T‑272/02, aún no publicada
         en la Recopilación).
      
      9 -	Conclusiones leídas el 18 de junio de 1996 en el caso que dio lugar a la sentencia Procesos penales contra X (asuntos acumulados
         C‑74/95 y C‑129/95, Rec. p. I‑6612).
      
      10 -	DO L 185, p. 9; modificado por el Reglamento (CEE) nº 2081/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 5), y por
         el Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre
         los fondos estructurales (DO L 161, p. 1).
      
      11 -	DO L 374, p. 1; modificado por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 20).
      
      12 -	La palabra «adicionalidad», derivada del término adición, no figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
         Española, pero ha sido utilizada en la versión española de esta norma.
      
      13 -	Me remito a los apartados 17 a 29 del auto, que contienen un relato detallado de los aspectos fácticos.
      
      14 -	En los apartados 50 a 52 del auto recurrido se recoge que la Comisión no refutó este extremo.
      
      15 -	Apartados 53 a 62.
      
      16 -	Particularmente en los apartados 55, 58, 60 y 62.
      
      17 -	Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2004, COPPI (C‑271/01, Rec. p. I‑1029), apartados 37, 38 y 41.
      
      18 -	Apartado 83 del auto recurrido.
      
      19 -	Apartado 66.
      
      20 -	Apartado 68.
      
      21 -	Apartado 70.
      
      22 -	Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998, Dreyfus/Comisión (C‑386/96 P, Rec. p. I‑2309), apartado 43.
      
      23 -	Apartado 79.
      
      24 -	Apartado 82.
      
      25 -	Pérez González, M., «La subjetividad internacional», en Díez de Velasco, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, 13ª ed., ed. Tecnos, Madrid, 2001, p. 219.
      
      26 -	Hecquard-Theron, M., «La notion d'État en droit communautaire», Revue trimestrielle de droit européen,  nº 26 (4), octubre-diciembre de 1990, p. 693 y ss.
      
      27 -	Respecto a Gibraltar, véanse las conclusiones del abogado general Sr. Lenz en el asunto que dio lugar a la sentencia del
         Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1993, Gobierno de Gibraltar/Consejo (C‑298/89, Rec. p. I‑3605), en especial, pp. 3621 y ss.
      
      28 -	Auto del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997, Región Valona/Comisión (C‑95/97, Rec. p. I‑1787), apartado 6.
      
      29 -	Auto del Tribunal de Justicia de 1 de octubre de 1997, Región Toscana/Comisión (C‑180/97, Rec. p. I‑5245), apartado 6.
      
      30 -	Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Nederlandse Antillen/Consejo (C‑452/98, Rec. p. I‑8973), apartado 50.
      
      31 -	Sentencia de 12 de julio de 1990, Foster y otras (C‑188/89, Rec. p. I‑3313), apartados 17 a 20; el apartado 19 recordó
         que el Tribunal de Justicia había admitido con anterioridad que las disposiciones de una directiva se invocaran frente: a
         la Administración fiscal [sentencia de 19 de enero de 1982, Becker (8/81, Rec. p. 53), apartados 23 a 25]; a las corporaciones
         locales [sentencia de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo (103/88, Rec. p. 1839)]; a autoridades constitucionalmente independientes
         encargadas del mantenimiento del orden y de la seguridad pública [sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84, Rec.,
         p. 1651)]; y a organismos públicos que garanticen los servicios de sanidad pública [sentencia de 26 de febrero de 1986, Marshall
         (152/84, Rec. p. 723)].
      
      32 -	Sentencia de 2 de agosto de 1993, Comisión/España (C‑355/90, Rec. p. I‑4221).
      
      33 -	Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Comisión/España (C‑417/99, Rec. p. I‑6015).
      
      34 -	Sentencia de 2 de julio de 2002, Comisión/España (C‑499/99, Rec. p. I‑6031).
      
      35 -	Sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 1986, Lawrie Blum (66/85, Rec. p. 2121), apartado 27. 
      
      36 -	Sobrido Prieto, M., Las comunidades autónomas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, Tirant monografías, Valencia, 2003, p. 45.
      
      37 -	Haguenau, C., L'application effective du droit communautaire en droit interne; analyse comparative des problèmes rencontrés en droit français,
            anglais et allemand, Bruylant, Éditions de l'Université de Bruxelles, Bruselas, 1995, p. 196.
      
      38 -	Sobrido Prieto, M., op. cit., p. 52.
      
      39 -	Ipsen, H.P., «Als Bundesstaat in der Gemeinschaft», en aa.vv., Probleme des Europäischen Rechts. Festschrift für Walter Hallstein zu seinem 65. Geburtstag,  1966, pp.  228 y ss. 
      
      40 -	Aprobada el 15 de octubre de 1985 y en vigor desde el 9 de septiembre de 1988.
      
      41 -	Adoptada por unanimidad el 5 de junio de 1997.
      
      42 -	Fundada el 15 de junio de 1985, con sede en Estrasburgo.
      
      43 -	Decisión de la Comisión, de 24 de junio de 1988 (DO L 247, p. 23).
      
      44 -	Artículo 2 de la Decisión 88/487. 
      
      45 -	Artículo 7, apartado 1, de la misma Decisión.
      
      46 -	En los artículos 198 A a 198 C del Tratado CE (actualmente artículos 263 CE a 265 CE, tras su modificación).
      
      47 -	Los logros se plasmaron, en Ámsterdam, principalmente, en la capacidad para dictar su reglamento interno (artículo 264 CE,
         párrafo segundo); el aumento de las materias en las que la consulta adquiere carácter imperativo (por ejemplo, los artículos
         71 CE, 128 CE, 137 CE o 175 CE); la facultad de emitir dictámenes por propia iniciativa (artículo 265 CE, párrafo quinto);
         y el derecho del Parlamento Europeo de solicitarle una opinión (artículo 265 CE, párrafo cuarto). 
      
      48 -	Dos son las principales modificaciones introducidas por este Tratado: la necesidad de que los miembros del Comité ostenten
         un mandato electoral en un ente regional o local cuya terminación acarrea la caducidad de la condición de miembro del Comité
         de las Regiones; y la limitación del número de estos últimos a 350 (artículo 263 CE). 
      
      49 -	Dictamen del Comité de las Regiones sobre la revisión del Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la
         Comunidad Europea (Ponente: Sr. Pujol i Soley) CdR 136/95 (DO 1996, C 100, p. 1). También la Resolución del Comité de las
         Regiones sobre la próxima Conferencia Intergubernamental (CIG), CdR 54/99 FIN. (DO 1999, C 293, p. 74).
      
      50 -	Propugnaba que el Tribunal de Justicia fuera competente «en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos
         interpuestos por el Parlamento Europeo, por el Banco Central Europeo y por el Comité de las Regiones, con el fin de salvaguardar
         las prerrogativas de éstos». Asimismo, «para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Comité de las Regiones por
         violación del principio de subsidiariedad» y «para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por las regiones cuyas competencias
         legislativas se vean afectadas por un reglamento, una directiva o una decisión».
      
      51 -	Artículo III‑365, apartado 3, del Tratado constitucional.
      
      52 -	Shakespeare, W., El mercader de Venecia, traducción de Ángel‑Luis Pujante, 3ª ed., Colección Austral, ed. Espasa Calpe, Madrid, 2000, pp. 134 y 135 (IV i), incluye
         esta réplica de Porcia, haciéndose pasar por un joven letrado de Roma, cuando Shylock exige la sanción prevista en un contrato
         de préstamo, por no devolverse los tres mil ducados debidos en la fecha de su vencimiento, consistente en la entrega de una
         libra de carne arrancada del cuerpo del prestatario, negándose a cualquier tipo de clemencia, y Basanio suplica que se fuerce
         el tenor literal de la norma para soslayar la crueldad que comporta la ejecución de semejante garantía. La obra está teñida
         de profundos sentimientos antijudíos, fruto del momento histórico en que se escribió, en la Inglaterra de finales del siglo XVI.
      
      53 -	Siguiendo la doctrina de la sentencia de 21 de febrero de 1984, Allied Corportation y otros/Comisión (asuntos acumulados
         239/82 y 275/82, Rec. p. 1005).
      
      54 -	De conformidad con las sentencias de 28 de enero de 1986, Cofaz/Comisión (169/84, Rec. p. 391); y de 17 de noviembre de
         1998, Kruidvat/Comisión (C‑70/97 P, Rec. p. I‑7183).
      
      55 -	En línea con las sentencias de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión, denominada «Metro I» (26/76, Rec. p. 1875); de 11
         de octubre de 1983, Demo-Studio Schmidt (210/81, Rec. p. 3045); y de 22 de octubre de 1986, Metro/Comisión, denominada «Metro II»
         (75/84, Rec. p 3021).
      
      56 -	Artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra
         las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 56, p. 1).
      
      57 -	Gaitanides, Ch., «Artikel 230», en Von der Groeben/Schwarze, Vertrag über die Europäische Union und Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft – Kommentar,  6ª. ed., ed. Nomos, Baden-Baden, 2004, tomo 4, pp. 481 a 482. Sentencia de 23 de mayo de 1985, Allied Corporation y otros/Consejo
         (53/83, Rec. p. 1621).
      
      58 -	Gaitanides, Ch., op. cit, p. 491.
      
      59 -	Reglamento del Consejo de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
         Tratado CE (actualmente artículo 88 CE) (DO L 83, p. 1). 
      
      60 -	Por ejemplo, en el artículo 1, letra h).
      
      61 -	Schwarze, J., «Artikel 230», en EU-Kommentar, ed. Nomos, Baden-Baden, 2000, apartado 43.
      
      62 -	Reglamento de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (actualmente artículos
         81 CE y 82 CE) (DO 1962, 13, p. 204).
      
      63 -	Apartado 13 de la sentencia, antes citada.
      
      64 -	Ortega, M., El acceso de los particulares a la justicia comunitaria, ed. Ariel, Barcelona, 1999, p. 54.
      
      65 -	Auto de 31 de agosto de 1962 (25/62, Rec. p. 197). 
      
      66 -	Sentencia de 1 de julio de 1965, Toepfer y Getreide-Import/Comisión (asuntos acumulados 106/63 y 107/63, Rec. p. 525).
      
      67 -	Sentencia de 13 de mayo de 1971, International Fruit Company y otros/Comisión (asuntos acumulados 41/70 a 44/70, Rec. p. 411).
      
      68 -	Conclusiones presentadas por el abogado general Sr. Warner en el asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de noviembre
         de 1975, CAM/Comisión (100/74, Rec. p. 1393).
      
      69 -	Sentencia de 16 de junio de 1970, Alcan/Comisión (69/69, Rec. p. 385).
      
      70 -	Expresión usada por Barav, A., «Direct and individual concern: An almost insurmountable barrier to the admissibility of
         individual appeal to the EEC Court», Community Market Law Review,  1974, pp. 191 a 193.
      
      71 -	Sentencia de 10 de diciembre de 1969, Eridania/Comisión (asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. p. 459).
      
      72 -	Sentencias de 25 de octubre de 1972, Haegemann/Comisión (96/71, Rec. p. 1005), apartados 5 a 8; de 6 de marzo de 1979,
         Simmenthal/Comisión (92/78, Rec. p. 777), apartados 27 y ss.; y de 11 de julio de 1984, Municipio de Differdange/Comisión
         (222/83, Rec. p. 2889), apartado 12.
      
      73 -	Hartley, T.C., The Foundations of EEC Law,  Clarendon, Oxford, 1987, edición revisada en 1994, p. 360.
      
      74 -	Sentencia de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki/Comisión (11/82, Rec. p. 207), apartado 9.
      
      75 -	Sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión (C‑199/92 P, Rec. p.  I‑4287).
      
      76 -	Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de octubre de 2005, antes citada, apartados 52 a 60.
      
      77 -	En el apartado 65 de la sentencia aludida en la nota precedente, el Tribunal de Primera Instancia justificó su postura,
         ciñéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión (60/81, Rec. p. 2639), apartado
         9.
      
      78 -	Vigésimo considerando de la exposición de motivos y artículo 4 del Reglamento nº 2052/88, en la redacción dada por el Reglamento
         nº 2081/93.
      
      79 -	Me remito a los artículos pertinentes, por ejemplo: el 5, apartados 1 y 2, párrafo cuarto; el 8, apartado 1; el 9, apartados 1
         y 2; el 10, apartado 1; y el 14, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada.
      
      80 -	Amén de otros de la misma relevancia, recogidos en los artículos 19 a 26 del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada.
      
      81 -	Toth, A.G., Legal Protection of Individuals in the European Communities,  ed. North-Holland, Ámsterdam, 1978, tomo II, p. 64.
      
      82 -	Como señala la sentencia de Tribunal de Primera Instancia de 18 de octubre de 2005, apartados 53 y 54, citada.
      
      83 -	En la nota 4 supra.  La Región Siciliana tiene a su alcance impugnar ante los órganos jurisdiccionales de su país el acto ejecutivo que emane del
         Estado italiano en aplicación de la Decisión discutida.
      
      84 -	Por ejemplo, en el sexto considerando del Reglamento nº 2082/93 (apartado 72 del auto recurrido). 
      
      85 -	Sobre todo en la sentencia de 7 de febrero de 1979, Países Bajos/Comisión (11/76, Rec. p. 245).
      
      86 -	En particular, los apartados 74 y 76 del auto recurrido.
      
      87 -	Sentencia de 2 de abril de 1998, Greenpeace Council y otros/Comisión (C‑321/95 P, Rec. p. I‑1651), apartados 15 y 16.