CELEX: 52010PC0748
Language: es
Date: 2010-12-14
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

|

52010PC0748

	[pic] | COMISIÓN EUROPEA |Bruselas,COM(2010) 7482010/xxxx (COD)Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOrelativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(Versión refundida){SEC(2010) 1547}{SEC(2010) 1548}EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTAContexto generalLa presente propuesta es una refundición del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «Bruselas I»).El Reglamento Bruselas I es la piedra angular de la cooperación judicial en materia civil en la Unión Europea. Aborda una gran variedad de materias, no solamente en el ámbito contractual, sino también en lo que respecta a la responsabilidad delictual y los derechos de propiedad. Determina cuál es la jurisdicción más apropiada para resolver un litigio transfronterizo y asegura el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro. El Reglamento sustituyó al Convenio de Bruselas de 1968, que había sido suscrito por los Estados miembros de entonces y modificado en varias ocasiones a raíz de las sucesivas ampliaciones de la Unión. Se aplica a todos los Estados miembros, inclusive, en virtud de un acuerdo internacional suscrito por separado, a Dinamarca, que tiene un régimen especial para la cooperación judicial en el marco del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.El Reglamento entró en vigor en marzo de 2002. Ocho años más tarde, la Comisión ha reexaminado su funcionamiento en la práctica y ha considerado necesario introducir una serie de modificaciones.Motivación y objetivos de la propuestaSi bien se considera que, en conjunto, la aplicación del Reglamento es satisfactoria, la consulta a los interesados y varios estudios jurídicos y empíricos encargados por la Comisión han puesto de manifiesto una serie de lagunas en su funcionamiento que convendría subsanar. Los principales puntos débiles constatados son cuatro:-  El procedimiento de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro («exequátur») sigue constituyendo un obstáculo a la libre circulación de resoluciones judiciales que entraña costes inútiles y retrasos para las partes interesadas y tiene, para empresas y ciudadanos, un efecto disuasorio a la hora de hacer pleno uso del mercado interior.-  El acceso a la justicia en la UE es en conjunto insatisfactorio cuando en los litigios intervienen demandados con domicilio en terceros países. En efecto, salvo contadas excepciones, el Reglamento actual solo es aplicable si el demandado está domiciliado en la UE. En caso contrario, la competencia judicial se rige por el Derecho nacional. Ahora bien, dada la diversidad de los ordenamientos jurídicos nacionales, las empresas de la UE que hacen negocios con socios de terceros países tienen un acceso a la justicia desigual: algunas pueden ejercitar fácilmente una acción en la UE, mientras que otras no pueden hacerlo, ni siquiera en los casos en que no es competente ningún otro órgano jurisdiccional que garantice un juicio justo. A ello hay que añadir el hecho de que cuando el Derecho nacional no permite el acceso a la justicia en los litigios en que intervienen partes domiciliadas en terceros países, no queda garantizada la ejecución de la legislación vinculante de la UE que protege, por ejemplo, a los consumidores, los trabajadores o los agentes comerciales.-  Ha de mejorarse la eficiencia de los acuerdos de elección de foro. Actualmente, el Reglamento obliga al órgano designado por las partes en un acuerdo de elección de foro a suspender el procedimiento si primero se somete el asunto a otro tribunal. Esta regla permite a los litigantes que actúan de mala fe retrasar la resolución del litigio en el foro designado sometiendo primero el asunto a un tribunal no competente. Esta posibilidad genera costes y retrasos adicionales y socava la seguridad jurídica y la previsibilidad en la solución de conflictos que se supone deberían favorecen los acuerdos de elección de foro.-  Conviene mejorar la articulación entre el arbitraje y la vía judicial. El arbitraje está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento. Sin embargo, al impugnar un convenio de arbitraje ante un tribunal, una parte puede desvirtuar efectivamente dicho convenio y crear un procedimiento judicial paralelo e ineficiente, que podría culminar en soluciones inconciliables. Ello genera costes y retrasos adicionales, socava la previsibilidad en la solución de conflictos y propicia las tácticas judiciales abusivas.En la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta puede encontrarse un análisis detallado de los problemas de que adolece el sistema actual, así como de los efectos que tendrían las distintas opciones que se barajan para subsanarlos.El objetivo global de la revisión es seguir desarrollando el espacio europeo de justicia suprimiendo los obstáculos que subsisten a la libre circulación de resoluciones judiciales, en consonancia con el principio de reconocimiento mutuo. La importancia de este objetivo fue puesta de relieve por el Consejo Europeo en su Programa de Estocolmo de 2009[1]. Más en concreto, la propuesta tiene por objeto facilitar la litigación transfronteriza y la libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión Europea. La revisión debería contribuir igualmente a crear un entorno jurídico que favorezca la recuperación de la economía europea.CONSULTA Y EVALUACIÓN DE IMPACTOEsta propuesta ha sido precedida por una amplia campaña de consulta a los interesados, los Estados miembros, otras instituciones y expertos sobre los problemas que plantea el sistema actual y sobre posibles soluciones. El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento y un Libro Verde con sugerencias para su revisión, en relación con los cuales se recibió un total de ciento treinta respuestas. La Comisión tuvo en cuenta los resultados de varios estudios sobre diversos aspectos de la revisión, sobre todo un estudio de 2007 sobre la aplicación práctica del Reglamento[2] y otro, de 2006, sobre la competencia residual[3]. Los datos empíricos sobre el impacto de las diferentes opciones que se barajan en relación con la reforma fueron recopilados por dos estudios externos posteriores[4]. La Comisión coorganizó dos conferencias sobre la revisión en 2009[5] y 2010[6]. En julio de 2010 se celebró una reunión con expertos nacionales. Se constituyó un grupo de expertos específico sobre la cuestión del arbitraje y se celebraron tres reuniones en julio, septiembre y octubre de 2010.Del proceso de consulta se desprende que los pareceres de los interesados sobre los principales elementos de la reforma son los siguientes. En lo tocante a la supresión del exequátur, la gran mayoría de los interesados y la totalidad de los Estados miembros apoyaron el objetivo consistente en la libre circulación de resoluciones judiciales dentro de la Unión Europea. Concitó asimismo un respaldo generalizado la supresión del procedimiento de exequátur como medio para alcanzar ese objetivo. Una mayoría muy amplia de los interesados opinó que la supresión del exequátur debería ir acompañada de salvaguardas, en particular a fin de proteger los derechos de la defensa de la parte contra la cual se solicita la ejecución. Hubo disparidad de opiniones acerca del alcance de dichas salvaguardas y del lugar en que deberían estar disponibles (Estado miembro de ejecución o Estado miembro de origen). Se expresaron reservas específicas en cuanto a la supresión del exequátur en casos de difamación y en las acciones indemnizatorias colectivas. Por lo que hace al funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional, la opinión generalizada era que el marco más apropiado para la regulación pasa por negociaciones multilaterales a nivel internacional. En ausencia de dicho marco, los puntos de vista divergían sobre el rumbo a seguir. Mientras que varios interesados y varios Estados miembros se mostraron partidarios de la ampliación de las normas sobre competencia judicial a los demandados de terceros Estados, particularmente al objeto de asegurar el acceso a la justicia ante los tribunales en Europa, la mayoría de los interesados opinaban que el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas en terceros Estados debían inscribirse en un marco multilateral que asegure la reciprocidad a nivel internacional. En cuanto a los acuerdos de elección de foro, se registró un amplio apoyo de los interesados y de los Estados miembros a la mejora de la eficacia de tales acuerdos. Entre las distintas formas de lograr ese objetivo, la opción preferida era la de dar prioridad al tribunal elegido para decidir sobre su competencia. Dicho mecanismo sería acorde en gran medida con el sistema establecido en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005 y aseguraría un enfoque coherente dentro de la Unión y a nivel internacional si la Unión decidiera suscribir el Convenio de 2005 en el futuro. En cuanto a la articulación entre el Reglamento y el arbitraje, mientras que muchos interesados reconocieron el problema y mostraron su apoyo a futuras actuaciones, varias asociaciones de árbitros expresaron su preocupación por el impacto que tendría la reglamentación sobre el liderazgo de los centros de arbitraje europeos a nivel internacional. Hubo opiniones discrepantes en cuanto al rumbo a seguir, es decir, promover activamente los convenios de arbitraje, evitando así procedimientos paralelos y tácticas litigiosas abusivas, o excluir el arbitraje de forma más amplia del ámbito del Reglamento. En cualquier caso, la mayoría de los interesados se mostraron satisfechos en general con el funcionamiento de la Convención de Nueva York de 1958, que no debería verse socavado por una acción de la Unión en la materia.La Comisión analizó los costes y beneficios de los principales aspectos de la reforma propuesta en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta.ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA3.1. Resumen de la acción propuestaLos elementos propuestos de la reforma son los siguientes:-  supresión del procedimiento intermedio para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales (exequátur) salvo en los casos de difamación y en las acciones indemnizatorias colectivas;-  ampliación de las normas sobre competencia judicial del Reglamento a los litigios en que estén involucrados demandados de terceros países, incluida la regulación de los casos en que un mismo asunto esté pendiente ante tribunales dentro y fuera de la UE;-  eficacia reforzada de los acuerdos de elección de foro;-  mejor articulación entre el Reglamento y el arbitraje;-  mejor coordinación de los procedimientos ante los tribunales de los Estados miembros;-  mejor acceso a la justicia para ciertos litigios específicos; y-  clarificación de las condiciones en que pueden circular en la UE las medidas provisionales y cautelares.Supresión del exequáturLa cooperación judicial en materia civil se ha venido desarrollando a la par de la creación de un mercado interior europeo sobre la base del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Dicho reconocimiento mutuo ha mejorado progresivamente con la reducción de los controles sobre las resoluciones extranjeras en la Unión. Hoy en día, la cooperación judicial y el nivel de confianza entre los Estados miembros ha alcanzado un grado de madurez que permite dar el paso a un sistema de circulación de las resoluciones judiciales más simple, menos costoso y más automático, gracias a la supresión de las formalidades existentes entre los Estados miembros. La propuesta suprime, por tanto, el procedimiento de exequátur para todas las resoluciones judiciales que entran dentro del ámbito del Reglamento, salvo en los casos de difamación y de acciones indemnizatorias colectivas. La supresión del exequátur irá acompañada de salvaguardas procesales que aseguren la debida protección del derecho del demandado a un juez imparcial y sus derechos de la defensa consagrados en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El demandado tendría a su disposición tres posibilidades para evitar, en circunstancias excepcionales, que una resolución dictada en un Estado miembro surta efecto en otro: en primer lugar, podría impugnar la resolución en el Estado miembro de origen si no hubiera sido debidamente informado de la acción ejercitada en dicho Estado. En segundo lugar, la propuesta crearía una solución extraordinaria en el Estado miembro de ejecución que permitiría al demandado impugnar otras deficiencias procesales que pudieran haber surgido durante el procedimiento ante el tribunal de origen y que pudieran atentar contra su derecho a un juicio justo. Una tercera solución permitiría al demandado suspender la ejecución de la resolución en caso de que esta fuera inconciliable con otra resolución dictada en el Estado miembro de ejecución o —si se cumplen ciertas condiciones— en otro país. Estas salvaguardas se refieren a casos que ya abordan algunos de los motivos de denegación existentes, en particular para garantizar la protección de los derechos de la defensa, con la diferencia esencial de que se suprime el control relativo al orden público sustantivo. De esta forma, se ahorrarán el tiempo y los costes que entrañaba el procedimiento de exequátur, al tiempo que se sigue asegurando la necesaria protección de los demandados.La propuesta contiene igualmente una serie de formularios normalizados al objeto de facilitar el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones extranjeras en ausencia del procedimiento de exequátur, así como la solicitud de revisión en el marco del procedimiento que salvaguarda los derechos de la defensa antes descrito. Estos formularios facilitarán la ejecución de la resolución por parte de las autoridades competentes, especialmente cuando haya que calcular costas e intereses. También reducen la necesidad de traducir la resolución y facilitan la solicitud de revisión de la misma por el demandado que ha de actuar en otro Estado miembro.La propuesta mantiene el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en casos de difamación, en que un individuo reivindica sus derechos relativos a la personalidad o la vida privada por considerar que han sido violados por los medios de comunicación. Estos asuntos son particularmente sensibles y los Estados miembros han adoptado distintas fórmulas para asegurar el respeto de los diversos derechos fundamentales en cuestión, por ejemplo la dignidad humana, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos personales o la libertad de expresión e información. Estas discrepancias, junto con la ausencia de una norma en caso de conflicto de leyes armonizada a escala de la Unión [véase el artículo 1, apartado 2, letra g), del Reglamento (CE) nº 864/2007 («Roma II»)[7]], hacen que aún sea prematuro suponer que ya existe el nivel de confianza necesario entre los distintos ordenamientos jurídicos para superar el statu quo en esta cuestión. Parece pues preferible mantener temporalmente el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en asuntos de difamación, a la espera de una mayor clarificación de las normas sustantivas y/o de conflicto de leyes en este campo.El exequátur se mantiene igualmente para las resoluciones en acciones ejercitadas por un grupo de demandantes, una entidad representativa o un organismo que actúa en interés público y referentes a la indemnización por daños ocasionados por prácticas comerciales ilegales a una grupo de demandantes («acción colectiva»). Los mecanismos existentes para indemnizar a un grupo de víctimas afectadas por este tipo de prácticas varían considerablemente en la UE. En esencia, cada sistema nacional de indemnización colectiva es único, sin que existan dos sistemas nacionales semejantes en este campo. Algunos de los procedimientos solo se aplican en sectores muy específicos (p. ej. la recuperación de las pérdidas por inversión de capitales en Alemania o de los daños ocasionados por prácticas anticompetitivas en el Reino Unido); otros tienen un alcance más amplio (p. ej. las acciones indemnizatorias colectivas). Una segunda diferencia atañe a la capacidad legal para ejercitar este tipo de acciones: algunos Estados miembros han conferido a las autoridades públicas el poder de incoar acciones en determinados ámbitos (p. ej. el Defensor del Pueblo en Finlandia), otros conceden subvenciones a entidades privadas, como las asociaciones de consumidores (p. ej. Bulgaria), o a individuos que actúan en nombre de un grupo (p. ej. Portugal). Muchos Estados miembros disponen de una combinación de normas en esta materia. Otra diferencia se refiere a las categorías de afectados que pueden hacer uso de las acciones indemnizatorias colectivas. La mayoría de los sistemas nacionales antes mencionados permiten la indemnización colectiva para los consumidores, pero solo unos pocos para otros afectados, por ejemplo las pequeñas empresas. También existen diferencias en relación con los efectos de la resolución judicial en los miembros del grupo afectado: en la mayoría de los Estados miembros, la decisión solo vincula a aquellas personas que dieron su consentimiento para ejercitar la acción («opción de participación», p. ej. Suecia o Italia). En algunos de ellos, la decisión es vinculante para todos los miembros del grupo a menos que hubieran optado por no participar (Portugal, Dinamarca, Países Bajos). Además, existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto al momento en que deben identificarse individualmente quienes tienen derecho a reclamar; en algunos Estados miembros, la identificación debe tener lugar en el momento en que se ejercita la acción representativa (p. ej. el Reino Unido), mientras que en otros puede tener lugar posteriormente (p. ej. Polonia y España). Se registran también notables diferencias en lo tocante a la financiación de las acciones indemnizatorias colectivas, la distribución de las indemnizaciones y el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Habida cuenta de estas importantes diferencias, el nivel de confianza requerido no puede darse por supuesta por el momento. Por esta razón, la Comisión va a llevar a cabo una consulta pública acerca de un planteamiento coherente en materia de acciones indemnizatorias colectivas, a fin de decidir las formas de acción colectiva que podrían ser compatibles con el sistema jurídico de la UE y con los ordenamientos jurídicos de los veintisiete Estados miembros. La consulta pública servirá, entre otras cosas, para medir la eficacia de las normas de Derecho civil y procesal europeo de cara a la incoación de acciones colectivas y a la ejecución de las resoluciones en todo el territorio de la UE. A la espera de los resultados de esta consulta, es prematuro pensar en la posibilidad de superar el statu quo en asuntos referentes a las acciones indemnizatorias colectivas suprimiendo el procedimiento de exequátur para las resoluciones dictadas en procedimientos colectivos. Si la consulta culmina en la adopción de medidas de armonización o de aproximación en este ámbito, las disposiciones de la presente propuesta de Reglamento relativas a la supresión del exequátur deberían ampliarse de forma coherente a esos procedimientos. Esta ampliación no debería privar a la Comisión de la posibilidad de proponer la supresión de las medidas intermedias para las acciones indemnizatorias colectivas, incluso en ausencia de las referidas medidas de armonización o de aproximación, sobre la base de elementos que demuestren la eficacia y la admisibilidad de una evolución de esa índole en el ordenamiento jurídico europeo.Mejora del funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacionalSe proponen varias modificaciones al objeto de mejorar el funcionamiento del Reglamento en el ordenamiento jurídico internacional.-  La propuesta amplía las normas sobre competencia judicial del Reglamento a los demandados de terceros países. En general, esta modificación ampliará las posibilidades de las empresas y los ciudadanos a la hora de actuar contra demandados de terceros país en la UE, ya que en estos casos existen normas especiales de competencia que establecen, por ejemplo, la competencia en el lugar de ejecución del contrato. Más en concreto, la modificación garantizará que las normas de competencia protectora disponibles para los consumidores, los trabajadores y los asegurados también se apliquen si el demandado tiene su domicilio fuera de la UE.-  La propuesta armoniza aún más las normas de competencia subsidiaria y crea dos foros adicionales para los conflictos en que estén involucrados demandados domiciliados fuera de la UE. En primer lugar, la propuesta dispone que se puede actuar contra un demandado con domicilio en un tercer país en el lugar en que estén sitos sus bienes muebles, siempre que su valor no sea desproporcionado en relación con la cuantía de la demanda, y que el litigio tenga una vinculación suficiente con el Estado miembro del tribunal al que se somete el asunto. Además, los tribunales de un Estado miembro podrán ejercer su competencia si no existe ningún otro foro que garantice el derecho a un juicio justo y si el conflicto tiene una vinculación suficiente con el Estado miembro concernido (forum necessitatis) . La armonización de la competencia subsidiaria garantiza que los ciudadanos y las empresas tengan igualdad de acceso a un tribunal en la Unión y que haya condiciones equitativas para las empresas en el mercado interior a este respecto. Las normas armonizadas compensan la supresión de las normas nacionales existentes. En primer lugar, el foro del territorio en que estén sitos los bienes equilibra la ausencia del demandado en la Unión. Esta norma existe en un número importante de Estados miembros y tiene la ventaja de garantizar que una resolución pueda ejecutarse en el Estado en que se dictó. En segundo lugar, el foro de necesidad garantiza a los demandantes de la UE el derecho a un juicio imparcial, un aspecto que reviste particular importancia para las empresas de la UE que invierten en países con ordenamientos jurídicos poco maduros.-  La propuesta introduce una regla de litispendencia discrecional para litigios con el mismo objeto y entre las mismas partes pendientes ante tribunales en la UE y en un tercer país. Un tribunal de un Estado miembro puede excepcionalmente suspender el procedimiento si el asunto se sometió primero a un tribunal de fuera de la UE y si se espera que este se pronuncie en un tiempo razonable y la resolución pueda ser reconocida y ejecutada en ese Estado miembro. Esta modificación tiene por objeto evitar procedimientos paralelos dentro y fuera de la UE.Eficacia reforzada de los acuerdos de elección de foroLa propuesta incluye dos modificaciones destinadas a mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro:Cuando las partes han designado uno o varios tribunales para resolver el litigio, la propuesta da prioridad al tribunal designado para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le ha sometido el asunto en primer o en segundo lugar. Cualquier otro tribunal debe suspender el procedimiento hasta que el tribunal designado se haya declarado competente o —en caso de que el acuerdo sea inválido— se haya inhibido. Esta modificación reforzará la eficacia de los acuerdos de elección de foro y tendrá un efecto disuasorio a la hora de ejercitar acciones abusivas ante tribunales no competentes.Por otra parte, la propuesta introduce una regla armonizada de conflicto de leyes en materia de validez sustantiva de los acuerdos de elección de foro, garantizando así un resultado similar en esta cuestión sea cual sea el tribunal al que se somete el asunto.Ambas modificaciones corresponden a las soluciones establecidas en el Convenio de La Haya sobre acuerdos de elección de foro de 2005, lo que facilitará la eventual adhesión de la Unión Europea a dicho Convenio.Mejor articulación entre el Reglamento y el arbitrajeLa propuesta incluye una disposición específica sobre la relación entre el arbitraje y la vía judicial. Obliga a un tribunal al que se ha sometido un asunto a suspender el procedimiento si se impugna su competencia en virtud de un convenio de arbitraje y se ha sometido el asunto a un tribunal arbitral o si se ha ejercitado una acción judicial relativa al convenio de arbitraje en el Estado miembro sede del arbitraje. Esta modificación mejorará la eficacia de los convenios de arbitraje en Europa, evitará los procedimientos judiciales y arbitrales paralelos y eliminará los incentivos para emprender tácticas judiciales abusivas.Mejor coordinación de los procedimientos ante los tribunales de los Estados miembrosOtra serie de modificaciones tiene por objeto mejorar la coordinación de los procedimientos judiciales en los Estados miembros. Se trata de las siguientes:-  La propuesta busca mejorar la regla general de litispendencia fijando un plazo en el cual el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda debe pronunciarse sobre su competencia. La modificación establece, además, un intercambio de información entre los tribunales que conocen de un mismo asunto.-  La propuesta facilita la acumulación de demandas conexas, eliminando la condición de que el Derecho interno permita dicha acumulación.-  Con respecto a las medidas provisionales, en particular las medidas cautelares, la propuesta establece la libre circulación de las medidas concedidas por un tribunal competente sobre el fondo del asunto, y especialmente —en determinadas condiciones— las medidas concedidas ex parte . En cambio, la propuesta prohíbe la circulación de las medidas provisionales ordenadas por un tribunal que no sea el que es competente sobre el fondo. Dada la gran divergencia de los Derechos internos sobre esta cuestión, el efecto de estas medidas debería limitarse al territorio del Estado miembro en que se concedieron, lo que reduciría el riesgo de búsqueda abusiva del foro más favorable. Por último, si está pendiente un procedimiento sobre el fondo en un tribunal y se solicita a otro que ordene una medida provisional, la propuesta requiere que los dos tribunales cooperen para garantizar que se tengan en cuenta todas las circunstancias del asunto si se concede una medida provisional.Un mejor acceso a la justiciaUna última serie de modificaciones mejoran la aplicación de las normas de competencia en la práctica. Cabe destacar las siguientes:-  la creación de un foro para litigios sobre derechos reales en el lugar en que se encuentran los bienes muebles;-  la posibilidad de que los trabajadores interpongan acciones contra varios demandados en el ámbito laboral, de conformidad con el artículo 6, apartado 1. Esta posibilidad existía de conformidad con el Convenio de Bruselas de 1968. Su reintegración en el Reglamento beneficiará a los trabajadores que desean ejercitar una acción contra sus coempleadores establecidos en Estados miembros diferentes (véase la situación evocada en el asunto C-462/06). El restablecimiento de la posibilidad de acumular acciones contra varios demandados en este contexto beneficiará principalmente a los trabajadores. La situación inversa, es decir, que un empleador acumule acciones contra varios trabajadores, no parece darse en la práctica cuando se trata de contratos de trabajo individuales;-  la posibilidad de concluir un acuerdo de elección de foro para los litigios referentes al alquiler de locales para uso profesional, y-  la obligación de informar a un demandado, en el momento de su comparecencia de las consecuencias jurídicas a las que se expone si no impugna la competencia del tribunal.3.2. Base jurídicaLa propuesta modifica el Reglamento (CE) nº 44/2001, que se basaba en el artículo 61, letra c), y en el artículo 67, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la base jurídica correspondiente es el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.El título V de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es aplicable a Dinamarca en virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo a los Tratados. Sin embargo, las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 se han ampliado a Dinamarca en virtud del Acuerdo concluido el 19 de octubre de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil. Dicho Acuerdo contiene asimismo un mecanismo que permita a Dinamarca aplicar cualquier instrumento por el que se modifique el Reglamento (CE) nº 44/2001.El título V tampoco es aplicable al Reino Unido ni a Irlanda, a menos que esos dos países decidan lo contrario, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo sobre su posición respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia.3.3. Principios de subsidiariedad y proporcionalidadLos diferentes elementos de la revisión descrita más arriba cumplen los requisitos en materia de subsidiariedad y proporcionalidad. En lo que respecta a la subsidiariedad, el exequátur no puede ser suprimido por los Estados miembros porque el procedimiento ha sido armonizado por el Reglamento Bruselas I, por lo que solo puede ser modificado por un reglamento. El mismo razonamiento se aplica a la mejora de las disposiciones en vigor en materia de competencia y a la coordinación de los procedimientos entre los Estados miembros. Por lo que se refiere a la propuesta de armonizar la competencia residual en los Estados miembros, las discrepancias existentes actualmente entre las normas nacionales crea condiciones de mercado desiguales para las empresas que hacen negocios con partes de terceros países. Solo una legislación a nivel europeo puede crear condiciones de competencia equitativas. Por último, en lo tocante a la articulación con el arbitraje, los Estados miembros no puede garantizar por sí mismos la buena coordinación entre los procedimientos de arbitraje emprendidos en su territorio y las acciones judiciales ejercitadas en otro Estado miembro, ya que el efecto de la legislación nacional está limitado por el principio de territorialidad. Una actuación a nivel de de la UE está pues justificada.La evaluación de impacto adjunta a la propuesta demuestra que las ventajas de cada una de las modificaciones propuestas sobrepasan sus costes y que las medidas propuestas son por tanto proporcionadas.3.4. Impacto sobre los derechos fundamentalesComo se explica en detalle en la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta y conforme a la estrategia de la Unión para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[8], todos los elementos de la reforma respetan los derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial consagrado en su artículo 47. Mejoran igualmente el nivel de protección de los consumidores, contemplado en el artículo 38. La supresión del exequátur irá acompañada de la creación de procedimientos especiales de revisión, destinados a garantizar que el demandado dispone de una tutela judicial efectiva y que ninguna resolución que no respete su derecho a un juicio justo o los derechos de la defensa surtirá efecto en su contra. Los cambios previstos en el ordenamiento jurídico internacional mejorarán el acceso a la justicia en la Unión Europea para los ciudadanos, en particular los más débiles, y las empresas. En efecto, al eliminar la posibilidad de eludir un acuerdo de elección de foro o un convenio de arbitraje se reduce el riesgo de que se incoen procedimientos paralelos, lo que refuerza la eficiencia general de la justicia y la libertad de empresa reconocida en el artículo 16 de la Carta. Finalmente, ninguna disposición del Reglamento afecta al derecho fundamental de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, a negociar y celebrar convenios colectivos y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga, según se dispone en el artículo 28 de la Carta.⎢ 44/20012010/xxxx (COD)Propuesta deREGLAMENTO (CE) No44/2001 DEL CONSEJO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 22 de diciembre de 2000relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(Versión refundida)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,⎢ 44/2001 (adaptado)Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ y, en particular, la letra c) de su artículo 61 y el apartado 1 de su artículo 67 √ su artículo 67, apartado 4, y su artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e) ∏ ,⎢ 44/2001Vista la propuesta de la Comisión Europea[9],Previa transmisión de la propuesta a los Parlamentos nacionales,Visto el dictamen del Parlamento Europeo[10],Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[11],De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,Considerando lo siguiente:∫ nuevo(1) El Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[12] ha sido modificado en varias ocasiones[13]. Debiéndose llevar a cabo nuevas modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a su refundición.⎢ 44/2001 considerando 1 (adaptado)(2) La Comunidad √ Unión ∏ se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas √ que facilite el acceso a la justicia, en particular gracias al principio de mutuo reconocimiento de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil ∏ . A fin de establecer progresivamente tal espacio, la Comunidad √ Unión ∏ adopta, entre otras cosas, las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil que son √ , particularmente cuando son ∏ necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.⎢ 44/2001 considerando 2? nuevo(3) Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para ? asegurándose ⎪ un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento.⎢ 44/2001 considerando 3 (adaptado)(4) Esta materia se encuentra dentro del ámbito de la cooperación judicial en materia civil a efectos del artículo 65 √ 81 ∏ del Tratado √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ .⎢ 44/2001 considerando 6 (adaptado)(5) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se determinen por un instrumento jurídico comunitario √ de la Unión ∏ vinculante y directamente aplicable.⎢ 44/2001 considerando 4 (adaptado)(6) √Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas ∏ de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. √ De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. ∏⎢ 44/2001 considerando 5 (adaptado)(7) Los Estados miembros celebraron el 27 de septiembre de 1968, en el marco del cuarto guión del artículo 293 del Tratado √ constitutivo de la Comunidad Europea ∏ , el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en la versión modificada por los Convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio[14] (denominado en lo sucesivo «el Convenio de Bruselas»). El 16 de septiembre de 1988, los Estados miembros y los Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano, relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, paralelo al Convenio de Bruselas de 1968.∫ nuevo(8) El 22 de diciembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que sustituyó al Convenio de Bruselas en la medida en que afecte al territorio de la Unión entre todos los Estados miembros, excepto Dinamarca. Mediante la Decisión 2006/325/CE del Consejo, de 27 de abril de 2006, la Unión celebró un acuerdo con Dinamarca por el que se asegura la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de Lugano de 1988 fue revisado por el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, concluido el 30 de octubre de 2007 por la Unión, Dinamarca y los Estados de la AELC[15]. Procede garantizar la continuidad en la interpretación de dichos Convenios y del presente Reglamento.(9) El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001[16]. En dicho informe se concluía que, en general, la aplicación del Reglamento es satisfactoria, pero que es deseable mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia.⎢ 44/2001 considerando 7 (adaptado)(10) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas. Ö A la vista de la adopción del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, esta materia debe quedar excluida del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Õ∫ nuevo(11) El presente Reglamento no es aplicable al arbitraje, salvo en los pocos casos en que disponga lo contrario. En concreto, no se aplica a la forma, la existencia, la validez o los efectos de los convenios de arbitraje, a las competencias de los árbitros, al procedimiento ante los tribunales arbitrales, ni a la validez, la anulación, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales.⎢ 44/2001 considerando 8Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros.⎢ 44/2001 considerando 9Los demandados no domiciliados en un Estado miembro estarán generalmente sujetos a las reglas nacionales de competencia aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se presente la demanda y los demandados domiciliados en un Estado miembro no sujeto al presente Reglamento deberán seguir estando sujetos al Convenio de Bruselas.⎢ 44/2001 considerando 10A los efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, las dictadas en un Estado miembro obligado por el presente Reglamento deberán reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro obligado por el presente Reglamento, aun cuando el deudor condenado esté domiciliado en un tercer Estado.⎢ 44/2001 considerando 11(12) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.⎢ 44/2001 considerando 12? nuevo(13) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. ? La existencia de un nexo estrecho debe garantizar la seguridad jurídica evitando que una persona sea demandada ante un tribunal de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de violaciones de la vida privada y de los derechos relativos a la personalidad, en particular la difamación. ⎪⎢ 44/2001 considerando 13(14) En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.⎢ 44/2001 considerando 14(15) Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, que no sea de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, en los que sólo se prevé una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento.∫ nuevo(16) A fin de defender los intereses de los demandantes y los demandados y de favorecer una buena administración de la justicia en la Unión Europea, el hecho de que un demandado tenga su domicilio en un tercer Estado no debe excluir la aplicación de ciertas normas de la Unión sobre la competencia judicial y ya no debe haber remisión al Derecho nacional.(17) Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer un corpus completo de normas en materia de competencia internacional de los tribunales de los Estados miembros. Las normas actuales en materia de competencia aseguran un estrecho nexo entre los procedimientos a los que se aplica el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros, lo que justifica su ampliación a los demandados con independencia de dónde estén domiciliados. Por otra parte, el presente Reglamento debe determinar los casos en que un tribunal de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria.⎢ 44/2001 considerando 15(18) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Es conveniente prever un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esta fecha de manera autónoma.∫ nuevo(19) Procede mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes y de evitar las tácticas litigiosas abusivas. Conviene pues que el presente Reglamento dé prioridad al tribunal designado en el acuerdo para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le somete el asunto en primer o en segundo lugar.(20) También debe mejorarse la eficacia de los convenios de arbitraje a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes. Así debería suceder, en particular, cuando la sede convenida o designada de un arbitraje se encuentre en un Estado miembro. El presente Reglamento debe incluir por tanto normas especiales destinadas a evitar los procedimientos paralelos y las tácticas litigiosas abusivas en esas circunstancias. La sede del arbitraje debe ser la sede elegida por las partes o a la sede designada por un tribunal arbitral, por una institución de arbitraje o por cualquier otra autoridad directa o indirectamente elegida por las partes.(21) Conviene que exista un mecanismo flexible que permita a los tribunales de los Estados miembros tener en cuenta los procedimientos pendientes ante los tribunales de terceros Estados, tomando especialmente en consideración la buena administración de la justicia y si es posible o no que una resolución de un tercer Estado sea reconocida y ejecutada en ese Estado miembro.(22) Debe clarificarse la noción de medidas provisionales y cautelares. Estas deben incluir, en particular, las providencias precautorias destinadas a obtener información o a conservar pruebas, y abarcar pues las órdenes de búsqueda e incautación a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual[17]. No deben incluir medidas que no sean de naturaleza cautelar, como las medidas por las que se ordena la audiencia de un testigo para permitir al demandante sopesar la conveniencia de ejercitar una acción ante la justicia.⎢ 44/2001 considerando 16La confianza recíproca en la justicia dentro de la Comunidad legitima que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho, sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento.⎢ 44/2001 considerando 17Esta misma confianza recíproca justifica que sea eficaz y rápido el procedimiento para hacer ejecutoria, en un Estado miembro, una resolución dictada en otro Estado miembro. A tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería producirse de manera casi automática, previo mero control formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento.⎢ 44/2001 considerando 18El respeto del derecho de defensa impone, no obstante, que el demandado pueda, llegado el caso, interponer un recurso que se examine con arreglo al principio de contradicción contra el otorgamiento de ejecución, si considera que se da alguno de los motivos para su denegación. Asimismo, debe reconocerse al demandante el derecho a recurrir si se deniega el otorgamiento de la ejecución.∫ nuevo(23) La confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión y la voluntad de reducir la duración y los costes de los litigios transfronterizos justifican la supresión de las medidas intermedias que han de tomarse actualmente antes de la ejecución en el Estado miembro en que esta se solicita. Como consecuencia de ello, cualquier resolución dictada por un tribunal de un Estado miembro debe ser tratada, a efectos de su ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en que se solicita la ejecución. Sin embargo, habida cuenta de las discrepancias entre los sistemas de los Estados miembros y de la naturaleza particularmente sensible de los asuntos relativos a la difamación y las indemnizaciones obtenidas en el marco de acciones colectivas, el procedimiento actual de reconocimiento y ejecución debe mantenerse por el momento en lo que concierne a las resoluciones dictadas sobre estos asuntos, a la espera de cómo vaya evolucionando el Derecho en este campo. El alcance de la disposición específica relativa a la difamación debe corresponder al de la exclusión de esta materia del Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) y debe interpretarse de la misma manera. Las disposiciones que suprimen las medidas de ejecución intermedias deberían ampliarse a las resoluciones que ordenan una indemnización en el marco de acciones colectivas, si es que se adoptan medidas de armonización o de aproximación de las normas procesales aplicables a esos procedimientos. Esta ampliación no debería privar a la Comisión de la posibilidad de proponer la supresión de las medidas intermedias para las acciones indemnizatorias colectivas, incluso en ausencia de las referidas medidas de armonización o de aproximación, sobre la base de elementos que demuestren la eficacia y la admisibilidad de una evolución de esa índole en el ordenamiento jurídico europeo.(24) La supresión de las medidas intermedias debe ir acompañada de las salvaguardas necesarias para asegurar, en particular, el pleno respeto de los derechos de la defensa y del derecho a un juez imparcial, conforme al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para ello es necesario establecer, en la fase de ejecución, vías de recurso extraordinarias a favor de los demandados que no hubieran comparecido por falta de notificación o que se hubieran visto afectados por un vicio de forma en el marco del procedimiento ante el tribunal de origen que puedan constituir una infracción del artículo 47 de la Carta.(25) La supresión de las medidas intermedias requiere una adaptación de la libre circulación de las medidas provisionales y cautelares. Cuando tales medidas son ordenadas por un tribunal competente en cuanto al fondo del asunto, debe garantizarse su libre circulación. En cambio, cuando tales medidas son adoptadas por un tribunal que no es competente en cuanto al fondo, su efecto debe circunscribirse al territorio del Estado miembro de que se trate. Además, debe permitirse la libre circulación de las medidas solicitadas ex parte , si van acompañadas de las salvaguardas apropiadas.⎢ 44/2001 considerando 19 (adaptado)(26) Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas √ y del Reglamento que lo sustituye ∏ por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas √ de la Unión Europea ∏ , por lo que el Protocolo de 1971[18] deberá seguir aplicándose también a los procedimientos que ya estuvieran pendientes en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.∫ nuevo(27) El presente Reglamento debe asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial consagrados en su artículo 47. Ninguna disposición del presente Reglamento debe afectar a la libertad de expresión y de información (artículo 11), al derecho a la vida privada y familiar (artículo 7), ni al derecho de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles apropiados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga (artículo 28).⎢ 44/2001 considerando 20 (adaptado)? nuevo(28) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda √ respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia ∏ que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados han comunicado su deseo de participar √ participaron ∏ en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento (CE) nº 44/2001. ? De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, [el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación del presente Reglamento]/[sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación] ⎪.⎢ 44/2001 considerando 21 (adaptado)ð nuevo(29) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ , Dinamarca no participa en la aprobación del presente Reglamento, por lo que no está sujeta al presente Reglamento ni le es aplicable ð sin perjuicio de la posibilidad de que aplique las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, en virtud del artículo 3 del Acuerdo de 19 de octubre de 2005 entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[19] ï .⎢ 44/2001 considerando 22Habida cuenta de que está en vigor el Convenio de Bruselas en las relaciones entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos al presente Reglamento, tanto el Convenio de Bruselas como el Protocolo de 1971 siguen aplicándose entre Dinamarca y los Estados miembros sujetos al presente Reglamento.⎢ 44/2001 considerando 23 (adaptado)(30) El Convenio de Bruselas sigue también aplicándose en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros que entran en su ámbito de aplicación territorial y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 229 √ 355 ∏ del Tratado √ de Funcionamiento de la Unión Europea ∏ .⎢ 44/2001 considerando 24 (adaptado)(31) Un mismo afán de coherencia explica que el presente Reglamento no afecte a las reglas sobre la competencia judicial y el reconocimiento de las resoluciones judiciales contenidas en instrumentos comunitarios √ de la Unión ∏ específicos.⎢ 44/2001 considerando 25(32) El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros justifican que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales.⎢ 44/2001 considerando 26Debe introducirse en las reglas de principio previstas por el presente Reglamento la flexibilidad necesaria para tener en cuenta las particularidades procesales de determinados Estados miembros. A tal efecto conviene incluir en el presente Reglamento algunas disposiciones previstas en el Protocolo anexo al Convenio de Bruselas.⎢ 44/2001 considerando 27Para permitir una transición armoniosa en determinados ámbitos sobre los que existían disposiciones particulares en el Protocolo anexo al Convenio de Bruselas, el presente Reglamento establece, durante un período transitorio, disposiciones que tienen en cuenta la situación específica en determinados Estados miembros.⎢ 44/2001 considerando 28 (adaptado)A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará un informe sobre su aplicación y, en su caso, propondrá las modificaciones necesarias.⎢ 44/2001 considerando 29La Comisión deberá modificar los anexos I a IV relativos a las reglas de competencia nacionales, a los tribunales y autoridades competentes y a los recursos basándose en las modificaciones transmitidas por el Estado miembro de que se trate. Las modificaciones de los anexos V y VI deberán adoptarse de acuerdo con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión[20].∫ nuevo(33) Debe facultarse a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a efectos de la adaptación de los anexos I, II, V, VI y VII.⎢ 44/2001 (adaptado)HAS HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:CAPÍTULO IÁMBITO DE APLICACIÓN √ Y DEFINICIONES ∏⎢ 44/2001? nuevoArtículo 11. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones;b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;c) la seguridad social;d) el arbitraje ? , salvo lo dispuesto en el artículo 29, apartado 4, y en el artículo 33, apartado 3 ⎪.∫ nuevoe) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad.⎢ 44/20013. En el presente Reglamento por la expresión «Estado miembro» se entenderá cualquier Estado miembro excepto Dinamarca.Artículo 322Se entenderá por «resolución», a A los efectos del presente Reglamento:⎢ 44/2001 (adaptado)√ a) por «resolución», se entenderá ∏ cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.∫ nuevoA los efectos del capítulo III, el término «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares ordenadas por un tribunal competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. Incluye asimismo las medidas ordenadas sin que el demandado fuere citado a comparecer y que estuvieren destinadas a ser ejecutadas sin necesidad de notificación previa al demandado, siempre que este tuviere derecho a impugnar posteriormente la medida en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de origen;b) «medidas provisionales y cautelares» engloban las providencias precautorias destinadas a la obtención de información y pruebas;c) «tribunal» engloba cualquier autoridad designada por un Estado miembro como competente en los asuntos que entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento;d) por «transacción judicial» se entenderá un pacto aprobado por un tribunal o concluido ante un tribunal en el curso del procedimiento;e) por «instrumento público con fuerza ejecutiva» se entenderá un documento redactado o registrado oficialmente como acto auténtico en el Estado miembro del origen y cuya autenticidad:i) atañere a la firma y al contenido del instrumento, yii) hubiere sido establecida por un poder público u otra autoridad habilitada al efecto.f) por «Estado miembro de origen» se entenderá el Estado miembro en que se hubiere dictado la resolución, se hubiere aprobado o concluido la transacción judicial, o se hubiere otorgado el documento público con fuerza ejecutiva, según el caso;g) por «Estado miembro de ejecución» se entenderá el Estado miembro en el que se solicitare la ejecución de la resolución, la transacción judicial o el documento público con fuerza ejecutiva;h) por «tribunal de origen» se entenderá el órgano jurisdiccional que hubiere dictado la resolución que fuere a reconocerse y ejecutarse.⎢ 44/2001CAPÍTULO IICOMPETENCIASECCIÓN 1DISPOSICIONES GENERALESArtículo 231. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.2. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.Artículo 341. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.2. No podrán invocarse frente a ellas, en particular, las reglas de competencia nacionales que figuran en el anexo I.∫ nuevo2. Las personas no domiciliadas en ninguno de los Estados miembros solo podrán ser demandadas ante los tribunales de un Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 8 del presente capítulo.⎢ 44/2001Artículo 41. Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23.2. Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado miembro, podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el anexo I.SECCIÓN 2COMPETENCIAS ESPECIALESArtículo 5⎢ 44/2001 (adaptado)Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro √ Serán competentes los siguientes tribunales ∏ :1. a) en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;⎢ 44/2001b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:-  cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;-  cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;c) cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).2. En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.⎢ 44/2001 (adaptado)32. En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso.∫ nuevo3. Por lo que se refiere a los derechos reales o a la posesión de bienes muebles, el tribunal del lugar en que estuviere situado el bien.⎢ 44/2001 (adaptado)4. Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil.5. Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal en que se hallaren sitos.6. En su condición de fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el trust .7. Si se tratare de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se hubiere beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete:⎢ 44/2001a) hubiere sido embargado para garantizar dicho pago; ob) hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se haya prestado una caución o cualquier otra garantía.Esta disposición solo se aplicará cuando se pretendiere que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.Artículo 6⎢ 44/2001 (adaptado)Las personas a las que se refiere el artículo anterior Una persona también podrán podrá ser demandada demandadas:1. si √ estuviere domiciliada en un Estado miembro y ∏ hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,⎢ 44/20012. si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado,3. si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última,4. en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado miembro en el que estuviere sito el inmueble.Artículo 7Cuando, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de un Estado miembro fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro que le sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.SECCIÓN 3COMPETENCIA EN MATERIA DE SEGUROSArtículo 8En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5, apartado 5.Artículo 9⎢ 44/2001 (adaptado)1. El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:⎢ 44/2001 (adaptado)a) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio; ob) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante; oc) si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado miembro que entendieren de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.2. Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro.Artículo 10El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.Artículo 111. En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado igualmente ante el tribunal que conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere.2. Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible.3. El mismo tribunal será competente cuando la ley reguladora de esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado.Artículo 121. Salvo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11, apartado 3, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.Artículo 13Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:1. posteriores al nacimiento del litigio, o2. que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección, o3. que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos, o4. celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado miembro, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado miembro, o5. que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14.Artículo 14Los riesgos contemplados en el punto 5 del artículo 13, apartado 5, son los siguientes:1. todo daño a:a) buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines comerciales;b) mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación con otros modos de transporte,2. toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a los pasajeros o de los daños a sus equipajesa) resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con la letra a) del punto 1 del presente artículo el apartado 1, letra a), cuando la ley del Estado miembro en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los acuerdos atributivos de competencia en el aseguramiento de tales riesgos;b) por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en la letra b) del punto 1 el apartado 1, letra b),3. toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, instalaciones o aeronaves de conformidad con la letra a) del punto 1 el apartado 1, letra a), en particular la del flete o el beneficio del fletamento;4. todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los puntos apartados 1 a 3;⎢ 44/2001 (adaptado)5. no obstante lo dispuesto en los anteriores puntos apartados 1 a 4, todos los «grandes riesgos» industriales y comerciales, tal como se enumeran en la Directiva 73/239/CEE del Consejo[21] Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[22] modificada por las Directivas 88/357/CEE[23] y 90/618/CEE[24], en su última versión en vigor.⎢ 44/2001? nuevoSECCIÓN 4COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS CONSUMIDORESArtículo 151. En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5, apartado 5:a) cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;b) cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;c) en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.2. Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.3. La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.Artículo 161. La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.2. La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor.3. El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.Artículo 17Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:1. posteriores al nacimiento del litigio; o2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o3. que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos.SECCIÓN 5COMPETENCIA EN MATERIA DE CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJOArtículo 181. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5, apartado 5, ? y del artículo 6, apartado 1 ⎪ .2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro.Artículo 19⎢ 44/2001 (adaptado)Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados⎢ 44/20011. ante los tribunales del Estado en que estuvieren domiciliados, o2. en otro Estado miembro:⎢ 44/2001 (adaptado)a) ante el tribunal del lugar en el que √ o desde el que ∏ el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o⎢ 44/2001b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.Artículo 201. Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.2. Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.Artículo 21Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:1. posteriores al nacimiento del litigio; o2. que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección.SECCIÓN 6COMPETENCIAS EXCLUSIVASArtículo 22⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevoSon exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:1. en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. √ No obstante: ∏a) No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde estuviere domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario fuere una persona física y que propietario y arrendatario estuvieren domiciliados en el mismo Estado miembro ? , bien en el momento de la celebración del acuerdo, bien en el momento de la incoación del procedimiento ⎪ ,∫ nuevob) en materia de acuerdos referentes al arrendamiento de locales para uso profesional, las partes podrán convenir que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro sean competentes de conformidad con el artículo 23,⎢ 44/20012. en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, así como en materia de validez de las decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado,3. en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro,⎢ 44/2001 (adaptado)4. en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, √ independientemente de que la cuestión se hubiere suscitado por vía de acción o por vía de excepción[25], ∏ los tribunales del Estado en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario √ de la Unión ∏ o en algún convenio internacional.⎢ 44/2001Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la patente europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes, sin consideración del domicilio, en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado,5. en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución.SECCIÓN 7PRÓRROGA DE LA COMPETENCIAArtículo 23⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevo1. Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiere surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes ? , a menos que el acuerdo fuere nulo y sin efecto jurídico en cuanto al fondo según el Derecho de dicho Estado miembro ⎪ . Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. Tal acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:⎢ 44/2001a) por escrito o verbalmente con confirmación escrita; ob) en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas; oc) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.2. Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.3. Cuando ninguna de las partes que hubieren celebrado un acuerdo de este tipo estuviere domiciliada en un Estado miembro, los tribunales de los demás Estados miembros sólo podrán conocer del litigio cuando el tribunal o los tribunales designados hubieren declinado su competencia.3. El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust .4. No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22.Artículo 241. Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.∫ nuevo2. En los materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del presente capítulo, el escrito de demanda o documento equivalente deberá contener información para el demandado sobre su derecho a impugnar la competencia del tribunal y las consecuencias de su comparecencia. Antes de asumir la competencia en virtud del presente artículo, el tribunal se asegurará de que se facilitó dicha información al demandado.SECCIÓN 8COMPETENCIA SUBSIDIARIA Y FORUM NECESSITATISArtículo 25Cuando ningún tribunal de un Estado miembro fuere competente con arreglo a los artículos 2 a 24, la competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en que estuvieren sitos los bienes pertenecientes al demandado, siempre quea) el valor de los bienes no fuere desproporcionado en relación con la cuantía de la demanda; yb) el litigio guarde una conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él.Artículo 26Cuando ningún tribunal de un Estado miembro fuere competente con arreglo al presente Reglamento, los tribunales de un Estado miembro podrán conocer excepcionalmente del litigio si el derecho a un juez imparcial o el derecho a una tutela judicial efectiva así lo requirieren, en particular:a) si no pudiere razonablemente incoarse o desarrollarse a cabo una acción o resultare imposible en un tercer Estado con el cual el litigo guarda estrecha conexión; ob) si una resolución dictada sobre la demanda en un tercer Estado no pudiere ser objeto de reconocimiento y ejecución en el Estado miembro del tribunal al que se hubiere interpuesto la demanda conforme a la ley de ese Estado y dicho reconocimiento y dicha ejecución fueren necesarios para garantizar el respeto de los derechos del demandante;y el litigio guardare una conexión suficiente con el Estado miembro del tribunal que vaya a conocer sobre él.⎢ 44/2001? nuevoSECCIÓN 89COMPROBACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL Y DE LA ADMISIBILIDADArtículo 2527El tribunal de un Estado miembro, que conociere a título principal de un litigio para el que los tribunales de otro Estado miembro fueren exclusivamente competentes en virtud del artículo 22 ? no fuere competente con arreglo al presente Reglamento ⎪ , se declarará de oficio incompetente.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 26281. Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro fuere demandada ante un tribunal de otro √ un ∏ Estado miembro y no compareciere, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no estuviere fundamentada en las disposiciones del presente Reglamento.2. Este tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.⎢ 44/2001? nuevo32. El artículo 19, apartados 1, 2 y 3 del Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo, de 29 de marzo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil[26] Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo[27] será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 2 si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.43. Cuando no sea de aplicación lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1348/2000 1393/2007 será aplicable el artículo 15 del Convenio de la Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere de ser remitido en virtud de dicho Convenio.SECCIÓN 910LITISPENDENCIA Y CONEXIDADArtículo 27291. ? Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 2, ⎪ Ccuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.∫ nuevo2. En los casos contemplados en el apartado 1, el tribunal ante el que se formulare la primera demanda se declarará competente en el plazo de seis meses, salvo que, por circunstancias excepcionales, ello fuere imposible. A instancia de cualquier otro tribunal ante el que se hubiere sometido el asunto, el tribunal ante el que se formulare la primera demanda informará a aquel de la fecha en que se interpuso la demanda y de si se ha declarado competente sobre el litigio, o, en caso contrario, del tiempo estimado necesario para declararse competente.⎢ 44/200123. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.∫ nuevo4. Cuando la sede acordada o designada de un arbitraje estuviere situada en un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro cuya competencia hubiere sido impugnada en virtud de un convenio de arbitraje suspenderán el procedimiento a partir del momento en que se someta a los tribunales del Estado miembro en el que esté situada la sede del arbitraje o al tribunal arbitral una acción para determinar, a título principal o como cuestión incidental, la existencia, la validez o los efectos de dicho convenio de arbitraje.El presente apartado no es óbice para que el tribunal cuya competencia hubiere sido impugnada se inhiba en el caso al que se ha hecho referencia más arriba si su Derecho nacional así lo prescribe.Cuando se estableciere la existencia, la validez o los efectos del convenio de arbitraje, el tribunal ante el que se interpuso la demanda se inhibirá.El presente apartado no es aplicable a los litigios referentes a las materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5 del capítulo II.⎢ 44/2001Artículo 28301. Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.⎢ 44/2001 (adaptado)2. Cuando tales demandas conexas √ la demanda presentada en primer lugar ∏ estuvieren pendientes en primera instancia, cualquier otro tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda fuere competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.⎢ 44/20013. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.∫ nuevoArtículo 31Si estuviere pendiente ante un tribunal de un Estado miembro una acción en cuanto al fondo y se sometiere a los tribunales de otro Estado miembro una solicitud de medidas provisionales y cautelares, los tribunales de que se trate cooperarán para asegurar la adecuada coordinación entre el procedimiento en cuanto al fondo y la tutela provisional.En particular, el tribunal al que se sometiere una solicitud de medidas provisionales y cautelares recabará información del otro tribunal sobre todas las circunstancias pertinentes del asunto, como, por ejemplo, la urgencia de la medida solicitada o cualquier denegación de una medida similar por parte del tribunal que conociere sobre el fondo.⎢ 44/2001Artículo 29321. Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados miembros se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda.∫ nuevo2. Con excepción de los acuerdos que se rigen por las secciones 3, 4 y 5 del presente capítulo, cuando un acuerdo contemplado en el artículo 23 confiriere competencia exclusiva a un tribunal o a los tribunales de un Estado miembro, los tribunales de otros Estados miembros no tendrán competencia alguna sobre el litigio hasta que el tribunal o los tribunales designados en el acuerdo se declaren incompetentes.⎢ 44/2001Artículo 30331. A efectos de la presente Ssección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio:1.a) desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento, o2.b) si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al tribunal.∫ nuevoLa autoridad encargada de la notificación a que se refiere la letra b) será la primera autoridad que hubiere recibido los documentos que fueren a notificarse.2. Los tribunales y las autoridades encargadas de la notificación a que se refiere el apartado 1 consignarán, según proceda, la fecha y la hora de presentación del escrito de demanda o de recepción de los documentos que fueren a notificarse.3. A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal arbitral conoce del asunto cuando una parte hubiere nombrado a un árbitro o hubiere solicitado el apoyo de una institución, autoridad o tribunal para la constitución del tribunal.Artículo 341. No obstante las normas contenidas en los artículos 3 a 7, si en el momento en que se sometiere el asunto a un tribunal en un Estado miembro estuviere pendiente ante los tribunales de un tercer Estado una acción con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes, aquel podrá suspender el procedimiento si:a) el asunto hubiere sido sometido primero al tribunal del tercer Estado;b) cupiere esperar que el tribunal del tercer Estado dictará, dentro de un tiempo razonable, una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro; yc) el tribunal considerare necesario la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de la justicia.2. Mientras dure la suspensión, la parte que hubiere sometido el asunto al tribunal del Estado miembro no perderá los beneficios resultantes de la interrupción de los plazos de prescripción o caducidad previstos en el Derecho de dicho Estado miembro.3. El tribunal podrá revocar la suspensión en cualquier momento, a instancia de una de las partes o de oficio, si se diere algunas de las condiciones siguientes:a) la acción ante el tribunal del tercer Estado hubiere sido objeto de suspensión o inhibición;b) el tribunal estimare poco probable que la acción ante el tribunal del tercer Estado pudiera concluirse en un tiempo razonable;c) la revocación de la suspensión fuere indispensable para la buena administración de la justicia.4. El tribunal desestimará la acción a instancia de cualquiera de las partes o de oficio, si la acción ante el tribunal del tercer Estado hubiere concluido y hubiere culminado en una resolución ejecutoria en dicho Estado, o susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en el Estado miembro.⎢ 44/2001SECCIÓN 1011MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES∫ nuevoArtículo 35Cuando los tribunales de un Estado miembro fueren competentes en cuanto al fondo del asunto, serán competentes para otorgar las medidas provisionales y cautelares previstas por la ley de dicho Estado.⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevoArtículo 3136Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado miembro ? o un tribunal arbitral ⎪ fuere competente para conocer sobre el fondo.⎢ 44/2001 (adaptado)CAPÍTULO IIIRECONOCIMIENTO √ , FUERZA EJECUTIVA ∏ Y EJECUCIÓNArtículo 32Se entenderá por «resolución», a los efectos del presente Reglamento, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso.∫ nuevoArtículo 371. El presente capítulo regula el reconocimiento, la fuerza ejecutiva y la ejecución de las resoluciones que entran dentro del ámbito del presente Reglamento.2. La sección 1 será aplicable a todas las resoluciones con excepción de aquellas contempladas en el apartado 3.3. La sección 2 será aplicable a las resoluciones dictadas en otro Estado miembroa) relativas a las obligaciones extracontractuales que se derivaren de la violación de la vida privada y de los derechos relacionados con la personalidad, en particular la difamación, yb) en los procedimientos que se refirieren a la indemnización de los daños ocasionados por prácticas comerciales ilegales a múltiples partes damnificadas y que fueren incoados pori. un organismo estatal,ii. una organización sin ánimo de lucro cuyo propósito y actividad principales fueren representar y defender los intereses de grupos de personas físicas o jurídicas, siempre que no sea, sobre una base comercial, prestándoles asesoramiento jurídico o representándolos ante los tribunales, oiii. un grupo de más de doce demandantes.4. Sin perjucio de la competencia de la Comisión para proponer en cualquier momento la ampliación de las reglas enunciadas en la sección 1 a las resoluciones que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 3, letra b), a la vista del grado de convergencia de la legislaciones nacionales y del desarrollo del Derecho de la Unión, tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento o en una fecha anterior si propone profundizar en la armonización, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe en el que se examinará la necesidad de mantener el procedimiento de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en relación con las materias contempladas en el apartado 3, letra b).SECCIÓN 1RESOLUCIONES PARA LAS QUE NO SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓNSUBSECCIÓN 1SUPRESIÓN DEL EXEQUÁTURArtículo 381. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento especial alguno y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.2. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que fueren ejecutivas en ese Estado gozarán de fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de otorgamiento de la ejecución.Artículo 391. La parte que deseare invocar en otro Estado miembro una resolución reconocida en virtud del artículo 38, apartado 1, deberá presentar una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad.2. Si hubiere lugar, el tribunal ante el que se invocare la resolución reconocida podrá pedir a la parte que deseare invocarla que presente un certificado expedido por el tribunal de origen utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I y que facilite una transcripción o una traducción del contenido del formulario de conformidad con el artículo 69.El tribunal de origen expedirá este certificado igualmente a instancia de cualquier parte interesada.3. El tribunal ante el cual se invocare la resolución reconocida podrá suspender el procedimiento, en todo o en parte, si se impugnare la resolución en el Estado miembro de origen o si se solicitare una revisión de conformidad con los artículos 45 o 46.SUBSECCIÓN 2EJECUCIÓNArtículo 40Toda resolución ejecutiva implicará por ministerio de la ley la autorización para poner en marcha las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro de ejecución.Artículo 411. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro de ejecución. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de ejecución serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieren dictado en dicho Estado miembro.2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los motivos de denegación o suspensión de la ejecución con arreglo a la ley del Estado miembro de ejecución no serán aplicables en la medida en que atañan a los casos contemplados en los artículos 43 a 46.Artículo 421. A efectos de la ejecución en otro Estado miembro de una resolución distinta de las contempladas en el apartado 2, el solicitante facilitará a las autoridades encargadas de la ejecución competentes:a) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias para establecer su autenticidad yb) el certificado establecido según el modelo de formulario que figura en el anexo I, expedido por el tribunal de origen, que acredite que la resolución es ejecutiva y que contenga, en su caso, un extracto de la resolución, así como información pertinente sobre las costas recuperables del procedimiento y el cálculo de los intereses.2. A efectos de la ejecución en otro Estado miembro de una resolución que ordenare una medida provisional o cautelar, el solicitante facilitará a las autoridades encargadas de la aplicación competentesa) una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; yb) el certificado establecido según el modelo de formulario que figura en el anexo I expedido por el tribunal de origen, con una descripción de la medida y que acreditei) que el tribunal es competente en cuanto al fondo del asunto; yii) en caso de que la medida fuere ordenada sin que se cite al demandado a comparecer y debiere ser ejecutada sin notificación previa a este, que el demandado tiene derecho a impugnar la medida en virtud de la ley del Estado miembro de origen.3. Si ha lugar, la autoridad competente podrá solicitar una transcripción o una traducción del contenido del formulario contemplado en la letra b) de los apartados 1 y 2 de conformidad con el artículo 69.4. Las autoridades competentes no podrán exigir al solicitante que presente una traducción de la resolución. No obstante, podrá exigirse una traducción si se considerare necesaria porque se hubiere impugnado la ejecución de la resolución.Artículo 43A instancia del demandado, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución denegará, en todo o en parte, la ejecución de la resolución sia) fuese inconciliable con una resolución dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado miembro de ejecución;b) fuese inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro de ejecución.Artículo 441. En caso de solicitud de una revisión de conformidad con el artículo 45 o el artículo 46, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá, a instancia del demandado:a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares;b) condicionar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicha autoridad; oc) suspender, en todo o en parte, la ejecución de la resolución.2. A instancia del demandado, la autoridad competente suspenderá la ejecución de la resolución en caso de que se suspendiere la fuerza ejecutiva de dicha resolución en el Estado miembro de origen.3. Cuando se hubiere solicitado una medida cautelar sin haber citado al demandado a comparecer y dicha medida se hubiere ejecutado sin habérselo notificado previamente, la autoridad competente podrá, a instancia del demandado, suspender la ejecución, si este hubiere impugnado la medida en el Estado miembro de origen.SUBSECCIÓN 3DISPOSICIONES COMUNESArtículo 451. El demandado que no hubiere comparecido en el Estado miembro de origen tendrá derecho a solicitar una revisión de la resolución ante el tribunal competente de dicho Estado miembro cuando:a) el escrito de demanda o documento equivalente no se le hubiere notificado con antelación suficiente y de manera tal que hubiera podido organizar su defensa; ob) no hubiere podido impugnar la demanda por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a su responsabilidad,a menos que no hubiere impugnado dicha resolución cuando era posible hacerlo.2. Para presentar la solicitud deberá utilizarse el modelo de formulario que figura en el anexo II.3. La solicitud podrá presentarse directamente al tribunal en el Estado miembro de origen que fuere competente para la revisión de conformidad con el presente artículo. También podrá presentarse al tribunal competente del Estado miembro de ejecución, el cual la remitirá sin retraso injustificado al tribunal competente en el Estado miembro de origen utilizando los medios de comunicación indicados de conformidad con el artículo 87, letra b).4. La solicitud de revisión deberá hacerse con prontitud, y en todo caso en el plazo de cuarenta y cinco días a partir del día en que el demandado hubiere tenido conocimiento efectivo del contenido de la resolución y hubiere estado en condiciones de reaccionar. Cuando el demandado solicitare una revisión en el marco de un procedimiento de ejecución, el plazo empezará a correr, a más tardar, a partir de la fecha de la primera medida de ejecución que tuviere por efecto inmovilizar total o parcialmente sus bienes. La solicitud se considerará hecha cuando la reciba cualesquiera de los tribunales contemplados en el apartado 3.5. Si la solicitud de revisión fuere manifiestamente infundada, el tribunal desestimará la solicitud inmediatamente, y en cualquier caso en el plazo de treinta días a partir de su recepción. En tal caso, la resolución seguirá en vigor.Si el tribunal decidiere que la revisión está justificada por alguno de los motivos contemplados en el apartado 1, la resolución será declarada nula y sin efecto. No obstante, la parte que obtuvo la resolución ante el tribunal de origen conservará las ventajas derivadas de la interrupción de los plazos de prescripción o caducidad que hubiere adquirido en el procedimiento inicial.6. Se aplicará esta disposición en lugar del artículo 19, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 1393/2007, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiere tenido que ser transmitido de un Estado miembro a otro de conformidad con dicho Reglamento.Artículo 461. En los casos que no entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 45, una parte tendrá el derecho a solicitar una denegación del reconocimiento o la ejecución de una resolución cuando dicho reconocimiento o ejecución no estuvieren permitidos por los principios fundamentales que son la base del derecho a un juez imparcial.2. La solicitud se presentará ante el tribunal del Estado miembro de ejecución, que figura en la lista del anexo III. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la que se solicitare el reconocimiento o la ejecución o por el lugar de ejecución.3. Las modalidades de presentación de la solicitud se determinarán con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución.4. Si la solicitud fuere manifiestamente infundada, el tribunal la desestimará inmediatamente, y en cualquier caso en el plazo de treinta días a partir de su recepción.5. Si el tribunal decidiere que la solicitud está justificada, se denegará el reconocimiento o la ejecución de la resolución.6. Las resoluciones dictadas de conformidad con el presente artículo solo podrán ser impugnadas mediante el recurso a que se hace referencia en el anexo IV.7. El tribunal al que se hubiere presentado una solicitud de conformidad con el presente artículo podrá suspender el procedimiento si se hubiere presentado un recurso ordinario contra la resolución en el Estado miembro de origen o si el plazo previsto para la presentación del recurso aún no hubiere expirado. En caso de que aún no hubiere expirado el plazo para la presentación del recurso, el tribunal podrá especificar el plazo para ello.8. La parte que hubiere perdido soportará los gastos procesales de conformidad con el presente artículo, incluidas las costas de la otra parte.⎢ 44/2001 (adaptado)SECCIÓN 12RECONOCIMIENTO √ RESOLUCIONES PARA LAS QUE SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓN A TÍTULO TRANSITORIO ∏Artículo 33471. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro en relación con las materias contempladas en el artículo 37, apartado 3, serán reconocidas en los demás Estados miembros, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno.2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invocare el reconocimiento a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en √ los artículos 50 a 63 ∏ , que se reconozca la resolución.⎢ 44/20013. Si el reconocimiento se invocare como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para entender del mismo.⎢ 44/2001Artículo 3448Las decisiones no se reconocerán:1. si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,⎢ 44/20012. cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiere defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo,3. si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido,⎢ 44/2001 (adaptado)4. si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido √ en que se hubiere solicitado ∏ .⎢ 44/2001? nuevoArtículo 351. Asimismo, no se reconocerán las resoluciones si se hubieren desconocido las disposiciones de las secciones 3, 4 y 6 del capítulo II, o en el caso previsto en el artículo 72.2. En la apreciación de las competencias mencionadas en el párrafo anterior, el tribunal requerido quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las cuales el tribunal del Estado miembro de origen hubiere fundamentado su competencia.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen. El orden público contemplado en el punto 1 del artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial.Artículo 37491. El tribunal de un Estado miembro ante el que se hubiere solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender ? suspenderá ⎪ el procedimiento dicha resolución fuere objeto de un recurso ordinario ? la fuerza ejecutiva de la decisión hubiere quedado en suspenso en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso ⎪ .2. El tribunal de un Estado miembro ante el que se hubiere invocado el reconocimiento de una resolución dictada en Irlanda o en el Reino Unido y cuya ejecución hubiere quedado en suspenso en el Estado miembro de origen por haberse interpuesto un recurso podrá suspender el procedimiento.⎢ 44/2001 (adaptado)SECCIÓN 2EJECUCIÓNArtículo 38501. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán √ serán ejecutorias ∏ en otro Estado miembro √ los demás Estados miembros ∏ cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último √ de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 51 a 63 ∏ .⎢ 44/20012. No obstante, en el Reino Unido, esas resoluciones se ejecutarán en Inglaterra y el País de Gales, en Escocia o en Irlanda del Norte, previo registro con fines de ejecución, a instancia de la parte interesada, en una u otra de esas partes del Reino Unido, según el caso.Artículo 3951⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevo1. La solicitud √ de otorgamiento de la ejecución ∏ se presentará ante los tribunales o las autoridades competentes indicados en la lista que figura en el anexo II del presente Reglamento ? del Estado miembro de ejecución que hubieren sido notificados a la Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, letra d) ⎪ .⎢ 44/20012. La competencia territorial se determinará por el domicilio de la parte contra la que se solicitare la ejecución o por el lugar de ejecuciónArtículo 4052⎢ 44/2001 (adaptado)1. Las modalidades de presentación de la solicitud √ de otorgamiento de la ejecución ∏ se determinarán con arreglo a la ley del Estado miembro en el que se solicitare la √ de ∏ ejecución.2. √ La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos: ∏Ö a) una copia de la resolución que reúna las condiciones necesarias para establecer su autenticidad; ÕÖ b) el certificado expedido por el tribunal o la autoridad competente del Estado miembro de origen utilizando el formulario establecido en el anexo VI, sin perjuicio del artículo 53. Õ⎢ 44/20012. El solicitante deberá elegir domicilio para notificaciones en un lugar que correspondiere a la competencia del tribunal o de la autoridad que conociere de la solicitud. No obstante, si la ley del Estado miembro en el que se solicitare la ejecución no conociere la elección de domicilio, el solicitante designará un mandatario ad litem .3. Se adjuntarán a la solicitud los documentos mencionados en el artículo 53.Artículo 55531. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 54 52, apartado 2, letra b), el tribunal o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de suficiente información.⎢ 44/2001 (adaptado)2. √ En el caso contemplado en el artículo 1, ∏ Ssi el tribunal o la autoridad competente lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos. La traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados miembros.Artículo 4154Se otorgará inmediatamente la ejecución de la resolución √ sin proceder a ningún examen de acuerdo con el artículo 48 ∏ una vez cumplidas las formalidades previstas en el artículo 5352, sin proceder a ningún examen de acuerdo con los artículos 34 y 35. La parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones.Artículo 42551. La resolución dictada sobre la solicitud de otorgamiento de la ejecución se pondrá de inmediato en conocimiento del solicitante de conformidad con las modalidades determinadas por la ley del Estado miembro √ de ejecución ∏ requerido.⎢ 44/20012. El otorgamiento de la ejecución se notificará a la parte contra la que solicitare la ejecución, adjuntándose la resolución, si ésta no hubiere sido ya notificada a dicha parte.Artículo 43561. La resolución sobre la solicitud de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.⎢ 44/2001? nuevo2. El recurso se interpondrá ante el tribunal los tribunales indicados en la lista que figura en el anexo III del presente Reglamento ð del Estado miembro de ejecucíón notificado por dicho Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 87, letra e) ï .3. El recurso se sustanciará según las normas que rigen el proceso contradictorio.4. Enl caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicitare la ejecución ante el tribunal que conociere de un recurso, se aplicarán las disposiciones establecidas en los apartados 2 a 4 del artículo 26 el artículo 28 aunque dicha parte no estuviere domiciliada en uno de los Estados miembros.5. El recurso contra el otorgamiento de la ejecución se interpondrá dentro del plazo de un mes ? treinta días ⎪ a partir de la fecha de notificación. Si la parte contra la que se solicitare la ejecución estuviere domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se hubiere otorgado la ejecución, el plazo será de dos meses ? cuarenta y cinco días ⎪ y correrá a partir de la fecha de notificación, tanto si ésta se hizo en persona como en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.Artículo 4457La resolución que decidiere sobre el recurso solo podrá ser objeto de los recursos previstos en el anexo IV ? impugnada mediante el procedimiento notificado por el Estado miembro interesado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, letra f). ⎪Artículo 4558⎢ 44/2001 (adaptado)1. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 56 o 44 57 solo podrá desestimar o revocar el otorgamiento de la ejecución por uno de los motivos previstos en los el artículos 34 y 3548. Se pronunciará en breve plazo.2. La resolución del Estado miembro de origen en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.∫ nuevo2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, apartado 4, el tribunal ante el que se interpusiere un recurso en virtud del artículo 56 se pronunciará dentro de un plazo de noventa días a partir de la interposición del recurso, salvo impedimento debido a circunstancias excepcionales.⎢ 44/2001 (adaptado)√ 3. El tribunal ante el que se interpusiere un recurso en virtud del artículo 57 se pronunciará en breve plazo. ∏⎢ 44/2001? nuevoArtículo 46591. El tribunal que conociere del recurso previsto en los artículos 43 56 o 44 57 podrá ? suspenderá ⎪ , a instancia de la parte contra la que se solicitare la ejecución, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario ? se suspendiere la fuerza ejecutiva de la decisión ⎪ en el Estado miembro de origen ? como consecuencia de la interposición de un recurso ⎪ o si el plazo para interponerlo no hubiese expirado; en este último caso, el tribunal podrá especificar el plazo en el que deba interponerse dicho recurso.2. Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino Unido, cualquier recurso previsto en el Estado miembro en el que se dictó será considerado recurso ordinario a los efectos de la aplicación del apartado 1.32. Dicho tribunal podrá igualmente subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que él mismo determinará.Artículo 4760⎢ 44/2001 (adaptado)1. Cuando debiere reconocerse una resolución con arreglo al √ a la ∏ presente Reglamento √ sección ∏ , nada impedirá al solicitante instar la adopción de medidas provisionales, incluidas las medidas cautelares, de conformidad con la legislación del Estado miembro requerido √ de ejecución ∏ , sin que resulte necesario el otorgamiento de la ejecución conforme al artículo 41 54.2. El otorgamiento de la ejecución incluirá √ implicará por ministerio de la ley ∏ la autorización para adoptar cualesquiera medidas cautelares.⎢ 44/2001 (adaptado)3. Durante el plazo del recurso previsto en el apartado 5 del artículo 43 artículo 56, apartado 5, contra el otorgamiento de la ejecución y hasta que se hubiere resuelto sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se hubiere solicitado la ejecución.Artículo 48611. Cuando la resolución del Estado miembro de origen se hubiere pronunciado √ una resolución ∏ sobre varias pretensiones de la demanda y el otorgamiento de la ejecución no pudiere concederse para la totalidad de ellas, el tribunal o la autoridad competente concederá la ejecución para una o varias de ellas.⎢ 44/20012. El solicitante podrá instar una ejecución parcial.⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevoArtículo 5062El solicitante que en el Estado miembro de origen hubiere obtenido total o parcialmente el beneficio de justicia gratuita o una exención de costas y gastos gozará, en el procedimiento previsto en la presente sección ? cualquier procedimiento de otorgamiento de ejecución ⎪ , del beneficio de justicia gratuita más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro requerido √ de ejecución ∏ .⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 5263El Estado miembro requerido √ de ejecución ∏ no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna, proporcional al valor del litigio, en los procedimientos relativos al otorgamiento de la ejecución.SECCIÓN 3DISPOSICIONES COMUNES⎢ 44/2001Artículo 64La resolución dictada en un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro en que se hubiere solicitado el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución.∫ nuevoArtículo 65No se exigirá que la parte que solicita el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro tenga una dirección postal o un representante autorizado en el Estado miembro de ejecución.Artículo 66Si una resolución contuviere una medida o una orden que no fuere conocida en el Estado miembro de ejecución, la autoridad competente en ese Estado miembro adaptará la medida o la orden, en la medida de lo posible, a una conocida conforme a su propia ley que tenga efectos equivalentes y persiga objetivos e intereses similares.⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevoArtículo 4967Las resoluciones extranjeras √ dictadas en un Estado miembro ∏ que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido √ de ejecución ∏ ? de conformidad con las secciones 1 o 2, según proceda. ⎪ ? El tribunal competente o la autoridad del Estado miembro de ejecución fijarán ⎪ cuando la cuantía ? del pago si esta no ⎪ hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen.Artículo 5168A la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro √ de ejecución ∏ requerido.∫ nuevoArtículo 691. Cuando se exija una transcripción o una traducción en virtud del presente Reglamento, dicha transcripción o traducción se hará en la lengua oficial del Estado miembro concernido o, si este tuviera varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se invoque una resolución reconocida o se presente una solicitud, conforme al Derecho de dicho Estado miembro.2. A efectos de los formularios contemplados en los artículos 39 y 42, las transcripciones o traducciones podrán hacerse igualmente en cualquier otra lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión que el Estado miembro concernido haya indicado que puede aceptar.3. Las traducciones hechas en virtud del presente Reglamento deberán ser efectuadas por personas cualificadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 531. La parte que invocare el reconocimiento o solicitare el otorgamiento de la ejecución de una resolución deberá presentar una copia auténtica de dicha resolución.2. La parte que solicitare el otorgamiento de la ejecución deberá presentar asimismo la certificación a que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55.Artículo 54El tribunal o la autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere dictado una resolución expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo V del presente Reglamento .Artículo 551. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 54, el tribunal o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de suficiente información.2. Si el tribunal o la autoridad lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos. La traducción estará certificada por una persona autorizada a tal fin en uno de los Estados miembros.Artículo 56No se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna en lo que se refiriere a los documentos mencionados en el artículo 53, o en el apartado 2 del artículo 55, ni, en su caso, al poder para pleitos.CAPÍTULO IVDOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALESArtículo 5770⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevo1. Los documentos públicos √ que tengan ∏ con fuerza ejecutiva en un Estado miembro ? se ejecutarán en los demás Estados miembros de la misma forma que las resoluciones de conformidad con las secciones 1 o 2 del capítulo III, respectivamente ⎪ , formalizados en un Estado miembro, serán declarados ejecutorios, a instancia de parte, en otro Estado miembro, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 38 y siguientes. El tribunal ante el que se presentare un recurso con arreglo a los artículos 43 o 44 sólo desestimará o revocará el otorgamiento de la ejecución cuando la ejecución del documento fuere manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro requerido.⎢ 44/2001? nuevo2. También se considerarán documentos públicos con fuerza ejecutiva, en el sentido del apartado 1, los acuerdos en materia de obligaciones alimentarias celebrados ante las autoridades administrativas o formalizados por las mismas.32. El documento presentado deberá reunir las condiciones necesarias para establecer su autenticidad en el Estado miembro de origen. ? La autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, el certificado utilizando el formulario cuyo modelo figura en los anexos V y VII, según proceda, con un resumen de la obligación ejecutoria contenida en el documento. ⎪⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevo43. Serán aplicables, en la medida en que fuere necesario, las disposiciones de la sección 3 √ las secciones 1 o 2 ∏ del capítulo III √ , respectivamente ∏ . La autoridad competente del Estado miembro en el que se hubiere formalizado el documento público con fuerza ejecutiva expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, una certificación conforme al formulario normalizado que figura en el anexo VI del presente Reglamento.Artículo 5871Las transacciones √ judiciales ∏ celebradas ante el tribunal durante un proceso y √ que sean ∏ ejecutorias en el Estado miembro de origen serán ejecutorias en el Estado miembro requerido, ? ejecutadas en los demás Estados miembros ⎪ en las mismas condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva. El tribunal o la autoridad competente √ o la autoridad ∏ del Estado miembro √ de origen ∏ en el que se haya celebrado la transacción expedirán, a instancia de cualquier parte interesada, una la certificación conforme al √ utilizando el ∏ formulario normalizado que figura en el anexo V del presente Reglamento ð con un resumen del acuerdo entre las partes ï .CAPÍTULO VDISPOSICIONES GENERALES∫ nuevoArtículo 72No se exigirá legalización ni formalidad similar alguna en el contexto del presente Reglamento.⎢ 44/2001Artículo 59731. Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna.2. Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro.Artículo 60741. A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre:a) su sede estatutaria;b) su administración central;c) su centro de actividad principal.2. Para el Reino Unido y para Irlanda, la expresión «sede estatutaria» se equiparará al registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una registered office , al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se hubiere efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica.3. Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado contratante cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.Artículo 6175Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas domiciliadas en un Estado miembro y perseguidas por infracciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores de otro Estado miembro del que no fueren nacionales podrán, aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin. No obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados miembros.Artículo 62En Suecia, en los procedimientos sumarios de requerimiento de pago ( betalningsföreläggande ) y de solicitud de ayuda ( handräckning ), los términos «juez», «tribunal» y «jurisdicción» comprenderán el Servicio público sueco de cobro forzoso ( kronofogdemyndighet ).⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 631. Una persona domiciliada en el territorio de Luxemburgo y demandada ante el tribunal de otro Estado miembro en aplicación del apartado 1 del artículo 5, con arreglo a compromisos internacionales que vinculen a Luxemburgo con dicho Estado miembro, podrá rechazar la competencia de este tribunal cuando el lugar final de entrega de la mercancía o del servicio estuviere situado en Luxemburgo.2. Cuando en aplicación del apartado 1, el lugar final de entrega de la mercancía o del servicio estuviere situado en Luxemburgo, cualquier acuerdo atributivo de competencia deberá, para ser válido, celebrarse por escrito o verbalmente con confirmación escrita, según el sentido de la letra a) del apartado 1 del artículo 23.3. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los contratos relativos a servicios financieros.4. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables durante un período de seis años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.Artículo 641. En los litigios entre el capitán y un miembro de la tripulación de un buque matriculado en Grecia o Portugal, relativos a las remuneraciones o a las demás condiciones del servicio, los tribunales de un Estado contratante deberán comprobar si el agente diplomático o funcionario consular competente respecto al buque ha sido informado del litigio. Podrán pronunciarse desde el momento en que se haya informado a dicho agente.2. Las disposiciones del presente artículo serán aplicables durante un período de seis años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.Artículo 6576⎢ Acta de adhesión de 2003, art. 20 y anexo II, p. 715 (adaptado)? nuevo1. La competencia judicial prevista en el punto 2 del artículo 6, apartado 2, y en el artículo 11 para la demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso no ? solo ⎪ podrá ser invocada ni en Alemania ni en Austria ni en Hungría ? en los Estados miembros a los que se hace referencia en el anexo VIII si lo permite el Derecho nacional ⎪ . Toda Una persona domiciliada en otro Estado miembro podrá se demandada ante los tribunales de: ? dichos Estados miembros de conformidad con las normas a que se hace referencia en el anexo VIII sobre la litis denuntiatio , sin perjuicio de los artículos 22 y 23. ⎪a) Alemania, en aplicación de los artículos 68, 72, 73 y 74 de la ley de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessordnung) sobre la litis denuntiatio ;b) Austria, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessordnung) sobre la litis denuntiatio ;c) Hungría, en aplicación de los artículos 58 a 60 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Polgári perrendtartás) sobre la litis denuntiatio .∫ nuevoEl tribunal que sea competente en virtud del presente artículo decidirá sobre la admisibilidad de la litis denuntiatio .⎢ Acta de adhesión de 2003, art. 20 y anexo II, p. 715? nuevo2. Las resoluciones dictadas en los demás Estados miembros en virtud del punto 2 del artículo 6, apartado 2, y el artículo 11 se reconocerán y ejecutarán en Alemania, en Austria y en Hungría ? los Estados miembros contemplados en el anexo VIII ⎪ con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III. Los efectos producidos frente a terceros, conforme al apartado 1, por resoluciones dictadas en estos Estados también se reconocerán en los demás Estados miembros.⎢ 44/2001 (adaptado)CAPÍTULO VIDISPOSICIONES TRANSITORIASArtículo 66771. Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas y a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con posterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento.√ 2. Las acciones judiciales ejercitadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento se regirán po el capítulo III, secciones 2 y 3. ∏2. No obstante, las resoluciones dictadas después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento como consecuencia de acciones ejercitadas en el Estado miembro de origen con anterioridad a esta fecha serán reconocidas y ejecutadas con arreglo a las disposiciones del capítulo III,a) si la acción se hubiere ejercitado en el Estado miembro de origen tras la entrada en vigor del Convenio de Bruselas o del Convenio de Lugano en el Estado miembro de origen y en el Estado miembro requerido;b) en todos los demás casos, si las reglas de competencia aplicadas se ajustaren a las previstas en el capítulo II o en un convenio en vigor entre el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido al ejercitarse la acción.⎢ 44/2001CAPÍTULO VIIRELACIONES CON OTROS INSTRUMENTOS⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 6778El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos comunitarios √ de la Unión ∏ o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.Artículo 68791. El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 299 √ 355 ∏ del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.⎢ 44/20012. En la medida en que el presente Reglamento sustituye entre los Estados miembros a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.Artículo 6980⎢ 44/2001 (adaptado)? nuevoSin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 66, y en el artículo 70 los artículos 81 y 82, el presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a los Convenios y al Tratado siguientes: √ que regulan las mismas materias a las que se aplica el presente Reglamento. En particular, son sustituidos por el presente Reglamento los Convenios contemplados en el anexo IX. ∏-  el Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899,-  el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos sobre competencia judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925,-  el Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28 (adaptado)-  el Convenio entre el Reino Unido y Francia sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en París el 18 de enero de 1934;-  el Convenio entre el Reino Unido y Bélgica sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 mayo 1934;⎢ 44/2001 (adaptado)-  el Convenio entre Alemania e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 9 de marzo de 1936,-  el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Viena el 25 de octubre de 1957,-  el Convenio entre Alemania y Bélgica relativo al conocimiento y la ejecución recíprocos en materia civil y mercantil de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bonn el 30 de junio de 1958,-  el Convenio entre los Países Bajos e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Roma el 17 de abril de 1959,-  el Convenio entre Alemania y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de las resoluciones y las transacciones judiciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959,-  el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 16 de junio de 1959,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28 (adaptado)-  el Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de julio de 1960,-  el Convenio entre el Reino Unido y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 14 de julio de 1961, acompañado de un Protocolo firmado en Londres el 6 de marzo de 1970,⎢ 44/2001 (adaptado)-  el Convenio entre Grecia y Alemania relativo al reconocimiento y la ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Atenas el 4 de noviembre de 1961,-  el Convenio entre Bélgica e Italia relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 6 de abril de 1962,-  el Convenio entre los Países Bajos y Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962,-  el Convenio entre los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 6 de febrero de 1963,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28 (adaptado)-  el Convenio entre el Reino Unido y la República Italiana sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 14 de julio de 1970,⎢ 44/2001 (adaptado)-  el Convenio entre Francia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 15 de julio de 1966,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28 (adaptado)-  el Convenio entre el Reino Unido y el Reino de los Países Bajos sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil, firmado en La Haya el 17 de noviembre de 1967,⎢ 44/2001 (adaptado)-  el Convenio entre España y Francia sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercantil, firmado en París el 28 de mayo de 1969,-  el Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 29 de julio de 1971,-  el Convenio entre Italia y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y de documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 16 de noviembre de 1971,-  el Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 22 de mayo de 1973,-  el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977,-  el Convenio entre Suecia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Estocolmo el 16 de septiembre de 1982,-  el Convenio entre España y Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983,-  el Convenio entre España y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil firmado en Viena el 17 de febrero de 1984,-  el Convenio entre Finlandia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Viena el 17 de noviembre de 1986,-  el Tratado entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo sobre competencia judicial, quiebra y valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 24 de noviembre de 1961, en tanto esté en vigor,⎢ Acta de adhesión de 2003, art. 20 y anexo II, p. 715 (adaptado)-  el Convenio entre la República Checoslovaca y Portugal sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Lisboa el 23 de noviembre de 1927, aún en vigor entre la República Checa y Portugal,-  el Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre cooperación judicial mutua, firmado en Viena el 16 de diciembre de 1954,-  el Convenio entre la República Popular de Polonia y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Budapest el 6 de marzo de 1959,-  el Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y el Reino de Grecia sobre reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Atenas el 18 de junio de 1959,-  el Convenio entre la República Popular de Polonia y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Varsovia el 6 de febrero de 1960, actualmente en vigor entre Polonia y Eslovenia,-  el Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre reconocimiento mutuo y ejecución de laudos arbitrales y convenios arbitrales en materia mercantil, firmado en Belgrado el 18 de marzo de 1960,-  el Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre reconocimiento mutuo y ejecución de decisiones relativas a la pensión alimenticia, firmado en Viena el 10 de octubre de 1961,-  el Convenio entre Polonia y Austria sobre relaciones mutuas en materia civil y sobre documentación, firmado en Viena el 11 de diciembre de 1963,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Federativa Socialista de Yugoslavia sobre conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Belgrado el 20 de enero de 1964, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia,-  el Convenio entre Polonia y Francia sobre el Derecho aplicable, la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho de las personas y el Derecho de familia, celebrado en Varsovia el 5 de abril de 1967,-  el Convenio entre los Gobiernos de Yugoslavia y Francia sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en París el 18 de mayo de 1971,-  el Convenio entre la República Federativa Socialista de Yugoslavia y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la pensión alimenticia, firmado en Belgrado el 12 de diciembre de 1973,-  el Convenio entre Hungría y Grecia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Budapest el 8 de octubre de 1979,-  el Convenio entre Polonia y Grecia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 24 de octubre de 1979,-  el Convenio entre Hungría y Francia sobre asistencia judicial en cuestiones de Derecho civil y de familia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y asistencia judicial en materia penal y extradición, firmado en Budapest el 31 de julio de 1980,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 22 de octubre de 1980, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Grecia,-  el Convenio entre la República de Chipre y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 30 de noviembre de 1981,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Chipre sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 23 de abril de 1982, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Chipre,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República de Grecia sobre cooperación judicial en cuestiones de Derecho civil, de familia, mercantil y penal, firmado en Nicosia el 5 de marzo de 1984,-  el Tratado entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, familiar y mercantil, firmado en París el 10 de mayo de 1984, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Francia,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República Federativa Socialista de Yugoslavia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 19 de septiembre de 1984, aún en vigor entre Chipre y Eslovenia,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Italiana sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Praga el 6 de diciembre de 1985, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia e Italia,-  el Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y el Reino de España sobre asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles, firmado en Madrid el 4 de mayo de 1987, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y España,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Polonia sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Varsovia el 21 de diciembre de 1987, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Polonia,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Bratislava el 28 de marzo de 1989, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Hungría,-  el Convenio entre Polonia e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Varsovia el 28 de abril de 1989,-  el Tratado entre la República Checa y la República Eslovaca sobre la asistencia judicial prestada por órganos judiciales y la conciliación de determinadas relaciones jurídicas en materia civil y penal, firmado en Praga el 29 de octubre de 1992,-  el Acuerdo entre la República de Letonia, la República de Estonia y la República de Lituania sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas, firmado en Tallin el 11 de noviembre de 1992,-  el Acuerdo entre la República de Polonia y la República de Lituania sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Varsovia el 26 de enero de 1993,-  el Acuerdo entre la República de Letonia y la República de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Riga el 23 de febrero de 1994,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República de Polonia sobre cooperación judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 14 de noviembre de 1996, y-  el Acuerdo entre Estonia y Polonia sobre prestación de asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, laboral y penal, firmado en Tallin el 27 de noviembre de 1998,⎢ 1791/2006 artículo 1 (1) y anexo punto 11 (A) (adaptado)-  el Convenio entre Bulgaria y Bélgica sobre determinadas cuestiones judiciales, firmado en Sofía el 2 de julio de 1930,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial, firmado en Sofía el 23 de marzo de 1956, aún en vigor entre Bulgaria y Eslovenia,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Bucarest el 7 de octubre de 1958,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República de Checoslovaquia sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Praga el 25 de octubre de 1958, aún en vigor entre Rumanía y Eslovaquia,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Rumanía sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 3 de diciembre de 1958,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial, firmado en Belgrado el 18 de octubre de 1960 y su Protocolo, aún en vigor entre Rumanía y Eslovenia,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Varsovia el 4 de diciembre de 1961,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República de Austria sobre asistencia judicial en cuestiones de Derecho civil y de familia y sobre validez y notificación o traslado de documentos, y su Protocolo anejo, firmados en Viena el 17 de noviembre de 1965,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 16 de mayo de 1966,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal y su Protocolo, firmados en Bucarest el 19 de octubre de 1972,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Italiana sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Bucarest el 11 de noviembre de 1972,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Francesa sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en París el 5 de noviembre de 1974,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1975,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 10 de abril de 1976,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Socialista de Checoslovaquia sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 25 de noviembre de 1976,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Londres el 15 de junio de 1978,-  el Protocolo Adicional al Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1979,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1979,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones de divorcio, firmado en Bucarest el 6 de noviembre de 1980,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República de Chipre sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 29 de abril de 1983,-  el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Sofía el 18 de enero de 1989,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Italiana sobre asistencia judicial y ejecución de decisiones en materia civil, firmado en Roma el 18 de mayo de 1990,-  el Convenio de asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993,-  el Tratado entre Rumanía y la República Checa sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Bucarest el 11 de julio de 1994,-  el Convenio entre Rumanía y el Reino de España sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 17 de noviembre de 1997,-  el Convenio entre Rumanía y el Reino de España complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, firmado en Bucarest el 17 de noviembre de 1997,-  el Tratado entre Rumanía y la República de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, firmado en Bucarest el 15 de mayo de 1999.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 70811. Los Convenios y el Tratado mencionados en el artículo 69 80 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Reglamento.2. Dichos Convenios y dicho Tratado continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas y los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento √ del 1 de marzo de 2002 ∏ .⎢ 44/2001Artículo 71821. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará como sigue:a) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 26 28 del presente Reglamento;b) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.Artículo 7283El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los Estados miembros se hubieren comprometido antes de su entrada en vigor, en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio contra un demandado que tuviere su domicilio o su residencia habitual en un tercer Estado cuando, en el caso previsto en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución sólo hubiere podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el apartado 2 del artículo 3 de dicho Convenio.∫ nuevoArtículo 84El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007.⎢ 44/2001CAPÍTULO VIIIDISPOSICIONES FINALES∫ nuevoArtículo 85El presente Reglamento no afectará al derecho de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, a emprender acciones colectivas para la defensa de sus intereses, en especial al derecho o la libertad de hacer huelga o de tomar otras medidas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 73A más tardar, cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Este informe se acompañará, si procede, de propuestas destinadas a adaptar el Reglamento.∫ nuevoArtículo 86Los Estados miembros preverán, dentro del marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión nº 2001/470/CE[28], modificada por la Decisión nº 568/2009/CE con objeto de ponerla a disposición del público, una descripción de las normas y procedimientos nacionales referentes a la ejecución, incluidas las autoridades competentes para la ejecución, información sobre cualquier restricción a la ejecución, en especial las normas de protección del deudor, y los plazos de prescripción y caducidad.Los Estados miembros mantendrán actualizada esa información en todo momento.Artículo 87A más tardar el __________ [un año antes de la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros comunicarán a la Comisióna) los tribunales competentes para la revisión en el Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 45, apartado 3;b) los medios de la comunicación autorizados en el Estado miembro de origen para recibir solicitudes de revisión de conformidad con el artículo 45;c) los tribunales competentes en el Estado miembro de ejecución a los cuales se puede presentar la solicitud de revisión de conformidad con el artículo 45, apartado 3;d) los tribunales a los cuales se ha de presentar la solicitud de otorgamiento de la ejecución de conformidad con el artículo 51, apartado 1;e) los tribunales ante los cuales se ha de interponer un recurso contra la decisión sobre la solicitud de un otorgamiento de la ejecución de conformidad con el artículo 56, apartado 2;f) los tribunales ante los cuales se ha de interponer un recurso posterior de conformidad con el artículo 57;g) las lenguas aceptadas para las traducciones de los formularios según se indica en el artículo 69.La Comisión hará pública la información a través de cualquier medio apropiado, en especial a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión nº 2001/470/CE.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 74881. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos que modifican las listas que figuran en los anexos I a IV √ III, IV y IX, así como cualquier supresión o modificación técnica de las disposiciones enumeradas en el anexo VIII ∏ . La Comisión adaptará dichos anexos en consecuencia.⎢1103/2008 art. 1 y anexo, punto 12. La Comisión llevará a cabo la actualización o adaptación técnica de los formularios, cuyos modelos figuran en los anexos V y VI. Estas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 75, apartado 2.∫ nuevo2. La Comisión podrá adoptar, mediante actos delegados de conformidad con los artículos 90 a 92, modificaciones de los anexos I, II, V, VI y VII.Artículo 891. Los poderes para adoptar los actos delegados contemplados en el artículo 88, apartado 2, se otorgarán a la Comisión por tiempo indefinido.2. La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.3. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en los artículos 90 y 91.Artículo 901. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 88, apartado 2, podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o el Consejo.2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si revoca la delegación de poderes procurará informar a la otra institución y a la Comisión en un plazo razonable antes de tomar la decisión definitiva, indicando los poderes delegados que podrían ser revocados y los posibles motivos de revocación.3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea .Artículo 911. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación. A iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, este plazo se prorrogará dos meses.2. Si, una vez expirado el plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hubieren formulado objeciones al acto delegado, este se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha en él establecida.El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en vigor antes de que expirare dicho plazo, si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo hubieren informado a la Comisión de que no tienen la intención de presentar objeciones.3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formularen objeciones a un acto delegado, este no entrará en vigor. La institución que hubiere formulado objeciones deberá exponer sus motivos.⎢1103/2008 art. 1 y anexo, punto 2Artículo 751. La Comisión estará asistida por un Comité.2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.∫ nuevoArtículo 921. El presente Reglamento deroga el Reglamento (CE) nº 44/2001. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo X.2. Excepto en relación con las resoluciones contempladas en el artículo 37, apartado 3, el presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) nº 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.⎢ 44/2001 (adaptado)Artículo 7693El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de marzo de 2002 √ vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea ∏ .El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.Será aplicable a partir del [24 meses después de su entrada en vigor], con la excepción del artículo 87, que será aplicable a partir del [12 meses después de su entrada en vigor].Hecho en […]Por el Parlamento Europeo Por el ConsejoEl Presidente El Presidente∫ nuevoANEXO ICERTIFICADO RELATIVO A UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL PARA LA CUAL NO SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓNArtículo 42, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra b), del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1. TRIBUNAL DE ORIGEN1.1. Nombre:1.2 Dirección:1.2.1. Calle y número/apartado de correos:1.2.2. Localidad y código postal:1.2.3. Estado miembro:AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □1.3. Tel./fax/correo electrónico:2. DEMANDANTE(S)[29]2.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:2.2. Dirección:2.2.1. Calle y número/apartado de correos:2.2.2. Localidad y código postal:2.2.3. País:3. DEMANDADO(S)[30]3.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:3.2. Dirección:3.2.1. Calle y número/apartado de correos:3.2.2. Localidad y código postal:3.2.3. País:4. RESOLUCIÓN4.1. Fecha y número de referencia de la resolución4.2. Fuerza ejecutiva de la sentencia¿Es ejecutiva la resolución en el Estado miembro de origen?□ Sí□ Sí, pero solo contra los demandados siguientes (especifíquense):4.3. Naturaleza de la resolución□ Resolución sobre una demanda pecuniaria (vaya a 4.4.1)□ Resolución declarativa (vaya a 4.4.2)□ Medida provisional o cautelar (vaya a 4.4.3)□ Otras (vaya a 4.4.4)4.4. Términos de la resolución e intereses4.4.1. Resolución relativa a una demanda pecuniaria4.4.1.1. El tribunal ha ordenado a … [apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización] pagar a… [(apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización]4.4.1.2. Moneda□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):4.4.1.3. Importe del principal:-  □ A abonar íntegramente en un único pago-  □ A no abonar íntegramente en un único pago (especifíquese):4.4.1.4. Intereses, cuando proceda,□ Intereses concedidos en la resolución:-  Cantidad:_____ , o-  tipo… %. Deberían devengarse intereses desde el … (dd/mm/aaaa) hasta el … (dd/mm/aaaa).□ Intereses devengados desde la fecha de la resolución:-  tipo … %.4.4.2. Resolución declarativaBreve descripción de los hechos del asunto y del fallo del tribunal[31]4.4.3. Medidas provisionales y cautelares4.4.3.1. Breve descripción de las medidas4.4.3.2. La medida ha sido concedida por un tribunal que era competente en cuanto al fondo del litigio□ sí, en virtud del artículo __ del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 20004.4.3.3. ¿Se tomó la medida cautelar sin que se hubiera citado al demandado a comparecer ?□ No□ Sí, y el demandado tiene derecho a impugnar la medida en virtud del Derecho nacional4.4.4. Otro tipo de resoluciónBreve descripción de los hechos del asunto y del fallo del tribunal[32]4.5. Costas4.5.1.1. Moneda□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):4.5.1.2. ¿Ha de soportar el demandado las costas del procedimiento, en todo o en parte?□ Sí. Especifique qué costas e indique la cantidad (demandada o contraída).□ Tasas judiciales …□ Honorarios de abogados: ….□ Costes relativos a la notificación de documentos: …□ Otros: …□ NoEn caso de adjuntarse hojas adicionales, indique el número de páginas: …Hecho en: …Firma y/o sello del tribunal de origen:∫ nuevoANEXO IISOLICITUD DE REVISIÓNArtículo 45, apartado 2, del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1. DEMANDANTE1.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:1.2. Dirección:1.2.1. Calle y número/apartado de correos:1.2.2. Localidad y código postal:1.2.3. País:2. TRIBUNAL DE ORIGEN2.1. Nombre:2.2 Dirección:2.2.1. Calle y número/apartado de correos:2.2.2. Localidad y código postal:2.2.3. Estado miembro:AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □2.3. Tel./fax/correo electrónico:3. RESOLUCIÓN3.1. Fecha y número de referencia de la resolución:4. DEMANDANTE(S) EN EL PROCEDIMIENTO EN EL TRIBUNAL DE ORIGEN[33]4.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:4.2. Dirección:4.2.1. Calle y número/apartado de correos:4.2.2. Localidad y código postal:4.2.3. País:5. DEMANDADO(S) EN EL PROCEDIMIENTO EN EL TRIBUNAL DE ORIGEN CON EXCEPCIÓN DEL SOLICITANTE[34]5.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:5.2. Dirección:5.2.1. Calle y número/apartado de correos:5.2.2. Localidad y código postal:5.2.3. País:6. SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN6.1. Presento la solicitud de revisión de la resolución porque esta se dictó sin mi comparecencia (marque la casilla apropiada)□ No se me notificó el escrito de demanda o un documento equivalente; o□ Se me notificaron algunos de los referidos documentos, pero no con la suficiente antelación ni de manera tal que hubiera podido organizar mi defensa (especifíquese); o□ No pude impugnar la demanda por causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a mi responsabilidad (especifíquese):6.2. No tuve la posibilidad de impugnar la resolución□ SíHecho en: …Fecha (dd.mm.aaaa):Apellido(s) y nombre(s) del solicitante o representante autorizadoFirma:⎢ 416/2010 Art. 1 y anexo IIIANEXO IIILos tribunales ante los que se interpondrán las solicitudes a las que se refiere en el apartado 43, apartado 2, el artículo 46 son los siguientes:-  en Bélgica:a) cuando se trate de un recurso interpuesto por la parte contra la que se solicitare la ejecución, el tribunal de première instance o rechtbank van eerste aanleg o erstinstanzliche Gericht ;b) cuando se trate de un recurso interpuesto por el demandante: la Cour d ’ appel o hof van beroep ,-  en Bulgaria, el Апелативен съд — София,-  en la República Checa, el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito,-  en Alemania, el Oberlandesgerich ,-  en Estonia, el ringkonnakohus ,-  en Grecia, el Εφετείο ,-  en España, el «Juzgado de Primera Instancia» que dictó la resolución recurrida para ser resuelto el recurso por la «Audiencia Provincial»,-  en Francia:,a) la cour d'appel para las decisiones que conceden la aplicación;b) el juez que presida el tribunal de grande instance , sobre las decisiones que desestiman la aplicación,-  en Irlanda, la High Court ,-  en Islandia: el heradsdomur ,-  en Italia, la corte d'appello ,-  en Chipre, el «Επαρχιακό Δικαστήρι», o si se tratare de una resolución sobre pensiones alimenticias, el Οικογενειακό Δικαστήριο ,-  en Letonia, el Apgabaltiesa a través del rajona (pilsētas) tiesa ,-  en Lituania, el Lietuvos apeliacinis teismas ,-  en Luxemburgo, la Cour supérieure de Justice reunida para entender en materia de apelación civil,-  en Hungría, el órgano jurisdiccional local situado en la sede del tribunal de distrito (en Budapest, el tribunal central de distrito de Buda); el recurso es asignado por el tribunal de distrito (en Budapest, el Tribunal de la capital),-  en Malta el Qorti ta′ l-Appell de conformidad con el procedimiento establecido para los recursos en el Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap .12, o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, mediante ċitazzjoni ante el Prim′ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta′Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha ,-  en los Países Bajos, el rechtbank ,-  en Austria, Landesgericht a través del Bezirksgericht,-  en Polonia, el sąd apelacyjny a través del sąd okręgowy ,-  en Portugal, el tribunal competente es el Tribunal da Relação . Los recursos se interponen, en las condiciones previstas en la legislación nacional vigente, mediante un escrito de recurso dirigido al tribunal que dictó la resolución objeto del recurso,-  en Rumanía, la Curte de Apel ,-  en Eslovenia, el okrožno sodišče ,-  en Eslovaquia, el tribunal de apelación a través del tribunal de distrito cuya resolución se recurre,-  en Finlandia, el hovioikeus/hovrätt ,-  en Suecia, la Svea hovrätt ,-  en el Reino Unido:a) en Inglaterra y Gales, la High Court of Justice , o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates′ Court ;b) en Escocia, la Court of Session , o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Sheriff Court ;c) en Irlanda del Norte, la High Court of Justice , o si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates′ Court ;d) en Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar o, si se tratare de una resolución en materia de alimentos, la Magistrates′ Court .⎢ 280/2009 Art. 1 y anexo IVANEXO IVLos recursos que podrán interponerse en virtud del artículo 44 46, apartado 6, son los siguientes:-  en Bélgica, Grecia, España, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, un recurso de casación,-  en Bulgaria, «обжалване пред Върховния касационен съд» ,-  en la República Checa, un «dovolání» y un «žaloba pro zmatečnost» ,-  en Alemania, el «Rechtsbeschwerde» ,-  en Estonia, el «kassatsioonikaebus» ,-  en Irlanda, un recurso sobre una cuestión de derecho ante la Supreme Court ,-  en Islandia, un recurso ante el «Hæstiréttur» ,-  en Chipre, un recurso ante el Tribunal Supremo,-  en Letonia, un recurso ante el «Augstākās tiesas Senāts» a través de «Apgabaltiesa»,-  en Lituania, un recurso ante el «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas »,-  en Hungría, un «felülvizsgálati kérelem» ,-  en Malta, ningún otro tribunal admite un recurso de casación; si se tratare de una resolución en materia de alimentos, «Qorti ta' l-Appell» de conformidad con el procedimiento establecido para recurrir en el «kodiċi ta Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12»,-  en Austria, un «Revisionsrekurs» ,-  en Polonia, «skarga kasacyjna» ,-  en Portugal, un recurso sobre una cuestión de Derecho,-  en Rumanía, un «contestatie in anulare» o un «revizuire» ,-  en Eslovenia, un recurso ante el «Vrhovno sodišče Republike Slovenije» ,-  en Eslovaquia, el «dovolanie» ,-  en Finlandia, un recurso ante el «korkein oikeus/högsta domstolen» ,-  en Suecia, un recurso ante el «Högsta domstolen» ,-  en el Reino Unido, un recurso único sobre una cuestión de Derecho.∫ nuevoANEXO VCERTIFICADO RELATIVO A UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA O A UNA TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL PARA LOS CUALES NO SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓNArtículos 70 y 71 del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1. TRIBUNAL O AUTORIDAD COMPETENTE QUE EXPIDE EL CERTIFICADO1.1. Nombre:1.2. Dirección:1.2.1. Calle y número/apartado de correos:1.2.2. Localidad y código postal:1.2.3. Estado miembro:AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □1.3. Tel./fax/correo electrónico:2. DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA/TRANSACCIÓN JUDICIAL2.1. Fecha y número de referencia:2.2. Parte(s) en el documento público con fuerza ejecutiva/la transacción judicial[35]2.2.1. Nombre(s) del (de los) acreedor(es) [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.2.2. Nombre(s) del (de los) deudor(es) [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.2.3. Nombre de la(s) otra(s) parte(s), en su caso ) [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.3. Texto de la obligación ejecutoria contenida en el documento/la transacción judicial[36]:El abajo firmante certifica que el documento público con fuerza ejecutiva/la transacción judicial es ejecutivo/a en el Estado miembro de origen contra las partes que se indican en el punto 2.2.2En caso de adjuntarse hojas adicionales, indique el número de páginas: …Hecho en: …Firma y/o sello del tribunal de origen o de la autoridad competente:∫ nuevoANEXO VICERTIFICADO RELATIVO A UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL PARA LA CUAL SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓNArtículo 52, apartado 2, letra b, del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1. TRIBUNAL DE ORIGEN1.1. Nombre:1.2 Dirección:1.2.1. Calle y número/apartado de correos:1.2.2. Localidad y código postal:1.2.3. Estado miembro:AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □1.3. Tel./fax/correo electrónico:2. DEMANDANTE(S)[37]2.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:2.2. Dirección:2.2.1. Calle y número/apartado de correos:2.2.2. Localidad y código postal:2.2.3. País:3. DEMANDADO(S)[38]3.1. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:3.2. Dirección:3.2.1. Calle y número/apartado de correos:3.2.2. Localidad y código postal:3.2.3. País:4. RESOLUCIÓN4.1. Fecha y número de referencia de la resolución4.2. Fuerza ejecutiva de la sentencia¿Es ejecutiva la resolución en el Estado miembro de origen?□ Sí□ Sí, pero solo contra los demandados siguientes (especifíquense):4.3. Naturaleza de la resolución□ Resolución sobre una demanda pecuniaria (vaya a 4.4.1)□ Resolución declarativa (vaya a 4.4.2)□ Medida provisional o cautelar (vaya a 4.4.3)□ Otras (vaya a 4.4.4)4.4. Términos de la resolución e intereses4.4.1. Resolución relativa a una demanda pecuniaria4.4.1.1. El tribunal ha ordenado a … [apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización] pagar a… [apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización]4.4.1.2. Moneda□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):4.4.1.3. Importe del principal:-  □ A abonar íntegramente en un único pago-  □ A no abonar íntegramente en un único pago (especifíquese):4.4.1.4. Intereses, cuando proceda,□ Intereses concedidos en la resolución:-  Cantidad:_____ , o-  tipo … %. Deberían devengarse intereses desde el … (dd/mm/aaaa) hasta el … (dd/mm/aaaa).□ Intereses devengados desde la fecha de la resolución:-  tipo … %.4.4.2. Resolución declarativaBreve descripción de los hechos del asunto y del fallo del tribunal[39]4.4.3. Medidas provisionales y cautelares4.4.3.1. Breve descripción de las medidas4.4.3.2. La medida ha sido concedida por un tribunal que era competente en cuanto al fondo del litigio□ sí, en virtud del artículo __ del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 20004.4.3.3. ¿Se tomó la medida cautelar sin que se hubiera citado al demandado a comparecer ?□ No□ Sí, y el demandado tiene derecho a impugnar la medida en virtud del Derecho nacional4.4.4. Otro tipo de resoluciónBreve descripción de los hechos del asunto y del fallo del tribunal[40]4.5. Costas4.5.1.1. Moneda□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):4.5.1.2. ¿Ha de soportar el demandado las costas del procedimiento, en todo o en parte?□ Sí. Especifique qué costas e indique la cantidad (demandada o contraída).□ Tasas judiciales …□ Honorarios de abogados: ….□ Costes relativos a la notificación de documentos: …□ Otros: …□ NoEn caso de adjuntarse hojas adicionales, indique el número de páginas: …Hecho en: …Firma y/o sello del tribunal de origen:ANEXO VIICERTIFICADO RELATIVO A UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA O A UNA TRANSACCIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL PARA LOS CUALES SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE LA EJECUCIÓNArtículos 70 y 71 del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil1. TRIBUNAL O AUTORIDAD COMPETENTE QUE EXPIDE EL CERTIFICADO1.1. Nombre:1.2 Dirección:1.2.1. Calle y número/apartado de correos:1.2.2. Localidad y código postal:1.2.3. Estado miembro:AT □ BE □ BU □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □1.3. Tel./fax/correo electrónico:2. DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA/TRANSACCIÓN JUDICIAL2.1. Fecha y número de referencia:2.2. Parte(s) en el documento público con fuerza ejecutiva/la transacción judicial[41]2.2.1. Nombre(s) del (de los) acreedor(es) [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.2.2. Nombre(s) del (de los) deudor(es) [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.2.3. Nombre de la(s) otra(s) parte(s), en su caso [apellido(s), nombre(s)/nombre de la empresa u organización]:2.3. Texto de la obligación ejecutoria contenida en el documento/la transacción judicial[42]:El abajo firmante certifica que el documento público con fuerza ejecutiva/la transacción judicial es ejecutivo/a en el Estado miembro de origen contra las partes que se indican en el punto 2.2.2.En caso de adjuntarse hojas adicionales, indique el número de páginas: …Hecho en: …Firma y/o sello del tribunal de origen o de la autoridad competente:ANEXO VIIIEstados miembros y normas contemplados en el artículo 76 del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantilLos Estados miembros y las normas contemplados en el artículo 76 son los siguientes:Alemania: artículos 68, 72, 73 y 74 de la Ley de enjuiciamiento civil (Zivilprozessordnung) sobre la litis denuntiatio ,Estonia: artículo 214 (3) y (4) y artículo 216 del Código del procedimiento civil (tsiviilkohtumenetluse seadustik) sobre la litis denuntiato ,Letonia: artículos 78, 79, 80 y 81 de la Ley de enjuiciamiento civil (Civilprocesa likums) sobre la litis denuntiatio ,En Lituania: artículo 47 del Código de Enjuiciamiento Civil (Civilinio proceso kodeksas) ,Hungría: artículos 58 a 60 de la Ley de enjuiciamiento civil (Polgári perrendtartás) sobre la litis denuntiato,Austria: artículo 21 del Código de Enjuiciamiento Civil (Zivilprozessordnung) sobre la litis denuntiatio ,En Polonia: artículos 84 y 85 del Código de Enjuiciamiento Civil (cywilnego post de powania Kodeks) sobre la litis denuntiatio (przypozwanie) ,En Eslovenia: artículo 204 de la Ley de enjuiciamiento civil (postopku de Zakon o pravdnem) sobre la litis denuntiatio .⎢ 44/2001 (adaptado)ANEXO V[pic]ANEXO VI[pic]√ ANEXO IX ∏√ Convenios contemplados en el artículo 80 del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ∏√ Los Convenios sustituidos de conformidad con el artículo 80 son los siguientes: ∏-  el Convenio entre Bélgica y Francia sobre competencia judicial y sobre valor y ejecución de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en París el 8 de julio de 1899,-  el Convenio entre Bélgica y los Países Bajos sobre competencia judicial territorial, quiebra, y sobre valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925,-  el Convenio entre Francia e Italia sobre ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28-  el Convenio entre el Reino Unido y Francia sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en París el 18 de enero de 1934;-  el Convenio entre el Reino Unido y Bélgica sobre la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, acompañado de un Protocolo, firmado en Bruselas el 2 mayo 1934;⎢ 44/2001-  el Convenio entre Alemania e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 9 de marzo de 1936,-  el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Viena el 25 de octubre de 1957,-  el Convenio entre Alemania y Bélgica relativo al conocimiento y la ejecución recíprocos en materia civil y mercantil de las resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bonn el 30 de junio de 1958,-  el Convenio entre los Países Bajos e Italia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Roma el 17 de abril de 1959,-  el Convenio entre Alemania y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de las resoluciones y las transacciones judiciales, y de los documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 6 de junio de 1959,-  el Convenio entre Bélgica y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 16 de junio de 1959,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28-  el Convenio entre el Reino Unido y la República Federal de Alemania sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de julio de 1960,-  el Convenio entre el Reino Unido y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 14 de julio de 1961, acompañado de un Protocolo firmado en Londres el 6 de marzo de 1970,⎢ 44/2001-  el Convenio entre Grecia y Alemania relativo al reconocimiento y la ejecución recíprocos de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Atenas el 4 de noviembre de 1961,-  el Convenio entre Bélgica e Italia relativo al reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 6 de abril de 1962,-  el Convenio entre los Países Bajos y Alemania sobre reconocimiento y ejecución mutuos de resoluciones judiciales y otros títulos ejecutivos civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962,-  el Convenio entre los Países Bajos y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 6 de febrero de 1963,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28-  el Convenio entre el Reino Unido y la República Italiana sobre el reconocimiento y la ejecución recíprocos de sentencias en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 14 de julio de 1970,⎢ 44/2001-  el Convenio entre Francia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Viena el 15 de julio de 1966,⎢ Corrección de errores, DO L 307 de 24.11.2001, p. 28-  el Convenio entre el Reino Unido y el Reino de los Países Bajos sobre el reconocimiento y la ejecución recíproca de sentencias en materia civil, firmado en La Haya el 17 de noviembre de 1967,⎢ 44/2001-  el Convenio entre España y Francia sobre reconocimiento de decisiones judiciales y arbitrales y actas auténticas en materia civil y mercantil, firmado en París el 28 de mayo de 1969,-  el Convenio entre Luxemburgo y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Luxemburgo el 29 de julio de 1971,-  el Convenio entre Italia y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y de documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 16 de noviembre de 1971,-  el Convenio entre España e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Madrid el 22 de mayo de 1973,-  el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Copenhague el 11 de octubre de 1977,-  el Convenio entre Suecia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Estocolmo el 16 de septiembre de 1982,-  el Convenio entre España y Alemania sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, firmado en Bonn el 14 de noviembre de 1983,-  el Convenio entre España y Austria sobre reconocimiento y ejecución recíprocos de resoluciones y transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil firmado en Viena el 17 de febrero de 1984,-  el Convenio entre Finlandia y Austria sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Viena el 17 de noviembre de 1986,-  el Tratado entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo sobre competencia judicial, quiebra y valor y ejecución de resoluciones judiciales, laudos arbitrales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 24 de noviembre de 1961, en tanto esté en vigor,⎢ Acta de adhesión de 2003, art. 20 y anexo II, p. 715-  el Convenio entre la República Checoslovaca y Portugal sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Lisboa el 23 de noviembre de 1927, aún en vigor entre la República Checa y Portugal,-  el Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre cooperación judicial mutua, firmado en Viena el 16 de diciembre de 1954,-  el Convenio entre la República Popular de Polonia y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Budapest el 6 de marzo de 1959,-  el Convenio entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y el Reino de Grecia sobre reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones judiciales, firmado en Atenas el 18 de junio de 1959,-  el Convenio entre la República Popular de Polonia y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Varsovia el 6 de febrero de 1960, actualmente en vigor entre Polonia y Eslovenia,-  el Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre reconocimiento mutuo y ejecución de laudos arbitrales y convenios arbitrales en materia mercantil, firmado en Belgrado el 18 de marzo de 1960,-  el Acuerdo entre la República Popular Federativa de Yugoslavia y la República de Austria sobre reconocimiento mutuo y ejecución de decisiones relativas a la pensión alimenticia, firmado en Viena el 10 de octubre de 1961,-  el Convenio entre Polonia y Austria sobre relaciones mutuas en materia civil y sobre documentación, firmado en Viena el 11 de diciembre de 1963,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Federativa Socialista de Yugoslavia sobre conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Belgrado el 20 de enero de 1964, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia,-  el Convenio entre Polonia y Francia sobre el Derecho aplicable, la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito del Derecho de las personas y el Derecho de familia, celebrado en Varsovia el 5 de abril de 1967,-  el Convenio entre los Gobiernos de Yugoslavia y Francia sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en París el 18 de mayo de 1971,-  el Convenio entre la República Federativa Socialista de Yugoslavia y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la pensión alimenticia, firmado en Belgrado el 12 de diciembre de 1973,-  el Convenio entre Hungría y Grecia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Budapest el 8 de octubre de 1979,-  el Convenio entre Polonia y Grecia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 24 de octubre de 1979,-  el Convenio entre Hungría y Francia sobre asistencia judicial en cuestiones de Derecho civil y de familia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y asistencia judicial en materia penal y extradición, firmado en Budapest el 31 de julio de 1980,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 22 de octubre de 1980, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Grecia,-  el Convenio entre la República de Chipre y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 30 de noviembre de 1981,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Chipre sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 23 de abril de 1982, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Chipre,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República de Grecia sobre cooperación judicial en cuestiones de Derecho civil, de familia, mercantil y penal, firmado en Nicosia el 5 de marzo de 1984,-  el Tratado entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil, familiar y mercantil, firmado en París el 10 de mayo de 1984, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Francia,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República Federativa Socialista de Yugoslavia sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 19 de septiembre de 1984, aún en vigor entre Chipre y Eslovenia,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Italiana sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Praga el 6 de diciembre de 1985, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia e Italia,-  el Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y el Reino de España sobre asistencia jurídica, reconocimiento y ejecución de sentencias en asuntos civiles, firmado en Madrid el 4 de mayo de 1987, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y España,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Polonia sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Varsovia el 21 de diciembre de 1987, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Polonia,-  el Tratado entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Bratislava el 28 de marzo de 1989, aún en vigor entre la República Checa, Eslovaquia y Hungría,-  el Convenio entre Polonia e Italia sobre asistencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, firmado en Varsovia el 28 de abril de 1989,-  el Tratado entre la República Checa y la República Eslovaca sobre la asistencia judicial prestada por órganos judiciales y la conciliación de determinadas relaciones jurídicas en materia civil y penal, firmado en Praga el 29 de octubre de 1992,-  el Acuerdo entre la República de Letonia, la República de Estonia y la República de Lituania sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas, firmado en Tallin el 11 de noviembre de 1992,-  el Acuerdo entre la República de Polonia y la República de Lituania sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Varsovia el 26 de enero de 1993,-  el Acuerdo entre la República de Letonia y la República de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar, laboral y penal, firmado en Riga el 23 de febrero de 1994,-  el Acuerdo entre la República de Chipre y la República de Polonia sobre cooperación judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 14 de noviembre de 1996, y-  el Acuerdo entre Estonia y Polonia sobre prestación de asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, laboral y penal, firmado en Tallin el 27 de noviembre de 1998,⎢ 1791/2006 artículo 1 (1) y anexo, punto 11 (A)-  el Convenio entre Bulgaria y Bélgica sobre determinadas cuestiones judiciales, firmado en Sofía el 2 de julio de 1930,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial, firmado en Sofía el 23 de marzo de 1956, aún en vigor entre Bulgaria y Eslovenia,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Bucarest el 7 de octubre de 1958,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República de Checoslovaquia sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Praga el 25 de octubre de 1958, aún en vigor entre Rumanía y Eslovaquia,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Rumanía sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 3 de diciembre de 1958,-  el Tratado entre la República Popular de Rumanía y la República Popular Federativa de Yugoslavia sobre asistencia judicial, firmado en Belgrado el 18 de octubre de 1960 y su Protocolo, aún en vigor entre Rumanía y Eslovenia,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, familiar y penal, firmado en Varsovia el 4 de diciembre de 1961,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República de Austria sobre asistencia judicial en cuestiones de Derecho civil y de familia y sobre validez y notificación o traslado de documentos, y su Protocolo anejo, firmados en Viena el 17 de noviembre de 1965,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Popular de Hungría sobre asistencia judicial en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 16 de mayo de 1966,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal y su Protocolo, firmados en Bucarest el 19 de octubre de 1972,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Italiana sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Bucarest el 11 de noviembre de 1972,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y la República Francesa sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en París el 5 de noviembre de 1974,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1975,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Helénica sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Atenas el 10 de abril de 1976,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Socialista de Checoslovaquia sobre asistencia judicial y conciliación de relaciones en materia civil, familiar y penal, firmado en Sofía el 25 de noviembre de 1976,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Londres el 15 de junio de 1978,-  el Protocolo Adicional al Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre asistencia judicial en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1979,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de obligaciones alimentarias, firmado en Bucarest el 30 de octubre de 1979,-  el Convenio entre la República Socialista de Rumanía y el Reino de Bélgica sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones de divorcio, firmado en Bucarest el 6 de noviembre de 1980,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República de Chipre sobre asistencia judicial en materia civil y penal, firmado en Nicosia el 29 de abril de 1983,-  el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de Bulgaria y el Gobierno de la República Francesa sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Sofía el 18 de enero de 1989,-  el Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la República Italiana sobre asistencia judicial y ejecución de decisiones en materia civil, firmado en Roma el 18 de mayo de 1990,-  el Convenio de asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la República de Bulgaria, firmado en Sofía el 23 de mayo de 1993,-  el Tratado entre Rumanía y la República Checa sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Bucarest el 11 de julio de 1994,-  el Convenio entre Rumanía y el Reino de España sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, firmado en Bucarest el 17 de noviembre de 1997,-  el Convenio entre Rumanía y el Reino de España complementario del Convenio relativo al procedimiento civil concluido en La Haya el 1 de marzo de 1954, firmado en Bucarest el 17 de noviembre de 1997,-  el Tratado entre Rumanía y la República de Polonia sobre asistencia judicial y relaciones jurídicas en materia civil, firmado en Bucarest el 15 de mayo de 1999.⎡ANEXO XReglamentos derogados y lista de sus sucesivas modificacionesReglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, DO L 12 de 16.1.2001 |Reglamento (CE) nº 1496/2002 de la Comisión, DO L 225 de 22.8.2002, p. 13. |Punto 18 (A) (3) del anexo II del Acta de Adhesión de 2003, DO L 236 de 23.9.2003, p. 561. |Reglamento (CE) nº 1937/2004 de la Comisión, DO L 334 de 10.11.2004, p. 3. |Reglamento (CE) nº 2245/2004 de la Comisión, DO L 381 de 28.12.2004, p. 10. |Reglamento (CE) nº 1791/2006 del Consejo, DO L 363 de 20.12.2006, p. 1. | Solo el punto 11 (A) (2) del anexo |Reglamento (CE) nº 1103/2008, DO L 304 de 14.11.2008, p. 80. | Solo el punto 1 del anexo |Reglamento (CE) nº 280/2009 de la Comisión, DO L 93 de 7.4.2009, p. 13. |Reglamento (UE) nº 416/2010 de la Comisión, DO L 119 de 13.5.2010, p. 7. |_____________ANEXO XITabla de correspondenciasReglamento (CE) nº 44/2001 | Presente Reglamento |Artículo 1, apartado 1 | Artículo 1, apartado 1 |Artículo 1, apartado 2, frase introductoria | Artículo 1, apartado 2, frase introductoria |Artículo 1, apartado 2, letras a) a d) | Artículo 1, apartado 2, letras a) a d) |________ | Artículo 1, apartado 2, letra e) |Artículo 1, apartado 3 | Artículo 1, apartado 3 |________ | Artículo 2 |Artículo 2 | Artículo 3 |Artículo 3, apartado 1 | Artículo 4, apartado 1 |Artículo 3, apartado 2 | ________ |________ | Artículo 4, apartado 2 |Artículo 4 | ________ |Artículo 5, frase introductoria | Artículo 5, frase introductoria |Artículo 5, apartado 1 | Artículo 5, apartado 1 |Artículo 5, apartado 2 | ________ |Artículo 5, apartado 3 | Artículo 5, apartado 2 |________ | Artículo 5, apartado 3 |Artículo 5, apartados 4 a 7 | Artículo 5, apartados 4 a 7 |Artículo 6 | Artículo 6 |Artículo 7 | Artículo 7 |Artículo 8 | Artículo 8 |Artículo 9 | Artículo 9 |Artículo 10 | Artículo 10 |Artículo 11 | Artículo 11 |Artículo 12 | Artículo 12 |Artículo 13 | Artículo 13 |Artículo 14 | Artículo 14 |Artículo 15 | Artículo 15 |Artículo 16 | Artículo 16 |Artículo 17 | Artículo 17 |Artículo 18 | Artículo 18 |Artículo 19 | Artículo 19 |Artículo 20 | Artículo 20 |Artículo 21 | Artículo 21 |Artículo 22, frase introductoria | Artículo 22, frase introductoria |Artículo 22, apartado 1 | Artículo 22, apartado 1, letra a) |________ | Artículo 22, apartado 1, letra b) |Artículo 22, apartados 2 a 5 | Artículo 22, apartados 2 a 5 |Artículo 23, apartados 1 a 2 | Artículo 23, apartados 1 a 2 |Artículo 23, apartado 3 | ________ |Artículo 23, apartados 4 a 5 | Artículo 23, apartados 3 a 4 |Artículo 24 | Artículo 24, apartado 1 |________ | Artículo 24, apartado 2 |________ | Artículo 25 |________ | Artículo 26 |Artículo 25 | Artículo 27 |Artículo 26, apartados 1 a 2 | Artículo 28, apartado 1 |Artículo 26, apartados 3 a 4 | Artículo 28, apartados 2 a 3 |Artículo 27, apartado 1 | Artículo 29, apartado 1 |________ | Artículo 29, apartado 2 |Artículo 27, apartado 2 | Artículo 29, apartado 3 |________ | Artículo 29, apartado 4 |Artículo 28 | Artículo 30 |________ | Artículo 31 |Artículo 29 | Artículo 32, apartado 1 |________ | Artículo 32, apartado 2 |Artículo 30 | Artículo 33, apartado 1, letras a) y b) |________ | Artículo 33, apartado 1, párrafo segundo |________ | Artículo 33, apartados 2 a 3 |________ | Artículo 34 |________ | Artículo 35 |Artículo 31 | Artículo 36 |Artículo 32 | Artículo 2, letra a) |________ | Artículo 37 |________ | Artículo 38 |________ | Artículo 39 |________ | Artículo 40 |________ | Artículo 41 |________ | Artículo 42 |________ | Artículo 43 |________ | Artículo 44 |________ | Artículo 45 |________ | Artículo 46 |Artículo 33 | Artículo 47 |Artículo 34 | Artículo 48 |Artículo 35 | ________ |Artículo 36 | Artículo 64 |Artículo 37, apartado 1 | Artículo 49 |Artículo 37, apartado 2 | ________ |Artículo 38, apartado 1 | Artículo 50 |Artículo 38, apartado 2 | ________ |Artículo 39 | Artículo 51 |Artículo 40, apartado 1 | Artículo 52, apartado 1 |Artículo 40, apartado 2 | Artículo 65 |Artículo 40, apartado 3 | Artículo 52, apartado 2 |Artículo 41 | Artículo 54 |Artículo 42 | Artículo 55 |Artículo 43 | Artículo 56 |Artículo 44 | Artículo 57 |Artículo 45, apartado 1 | Artículo 58, apartados 1 y 3 |Artículo 45, apartado 2 | Artículo 64 |________ | Artículo 58, apartado 2 |Artículo 46, apartado 1 | Artículo 59 |Artículo 46, apartados 2 a 3 | ________ |Artículo 47 | Artículo 60 |Artículo 48 | Artículo 61 |Artículo 49 | Artículo 67 |Artículo 50 | Artículo 62 |Artículo 51 | Artículo 68 |Artículo 52 | Artículo 63 |_______ | Artículo 66 |_______ | Artículo 69 |Artículo 53 | Artículo 52, apartado 2, letra a) |Artículo 54 | Artículo 52, apartado 2, letra b) |Artículo 55 | Artículo 53 |Artículo 56 | Artículo 72 |Artículo 57, apartado 1 | Artículo 70, apartado 1 |Artículo 57, apartado 2 | ________ |Artículo 57, apartado 3 | Artículo 70, apartado 2 |Artículo 57, apartado 4 | Artículo 70, apartado 3 |Artículo 58 | Artículo 71 |Artículo 59, apartado 1 | Artículo 73 |Artículo 59, apartado 2 | _______ |Artículo 60 | Artículo 74 |Artículo 61 | Artículo 75 |Artículo 62 | _______ |Artículo 63 | _______ |Artículo 64 | _______ |Artículo 65, apartado 1 | Artículo 76, apartado 1 |_______ | Artículo 76, apartado 1, párrafo segundo |Artículo 65, apartado 2 | Artículo 76, apartado 2 |Artículo 66 | Artículo 77 |Artículo 67 | Artículo 78 |Artículo 68 | Artículo 79 |Artículo 69 | Artículo 80 |Artículo 70 | Artículo 81 |Artículo 71 | Artículo 82 |Artículo 72 | Artículo 83 |_______ | Artículo 84 |Artículo 73 | _______ |_______ | Artículo 85 |_______ | Artículo 86 |_______ | Artículo 87 |Artículo 74, apartado 1 | Artículo 88, apartado 1 |Artículo 74, apartado 2 | Artículo 88, apartado 2 |_______ | Artículo 89 |_______ | Artículo 90 |_______ | Artículo 91 |_______ | Artículo 92 |Artículo 75 | _______ |Artículo 76 | Artículo 93 |Anexos I a III | _______ |Anexo IV | _______ |_______ | Anexos I a IV |Anexo V | Anexo VI |Anexo VI | Anexo VII |________ | Anexos VIII a XI |[1] Adoptado en la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 10 y 11 de diciembre de 2009.[2] Dirigido por el profesor Burkhard Hess de la Universidad de Heidelberg y disponible en http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.[3] Dirigido por el profesor Arnaud Nuyts de la Universidad de Bruselas y disponible en http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.[4] Estudio sobre la recopilación de datos y el análisis del impacto. Ciertos aspectos de una posible revisión del Reglamento (CE) n° 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, realizado por el Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES), 2010, y disponible en http://ec.europa.eu/justice/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm; y estudio sobre la evaluación del impacto de una posible ratificación por la Comunidad Europea del Convenio de La Haya de 2005 sobre acuerdos de elección de foro, realizado por GHK, 2007, y disponible en http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/evaluation/dg_coordination_evaluation_annexe_en.htm.[5] Conferencia organizada conjuntamente con la universidad de Heidelberg y el Journal of Private International Law.[6] Conferencia organizada conjuntamente con la Presidencia española.[7] DO L 199 de 31.7.2004, p. 40.[8] Comunicación de la Comisión, COM(2010) 573 final de 19.10.2010.[9] DO C 376 de 28/12/1999, p. 1.[10] Dictamen emitido el 21 septiembre 2000 (no publicado aún en el Diario Oficial).[11] DO C 117 de 26.4.2000, p. 6. DO C […] de […], p. […].[12] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.[13] Véase el anexo VII.[14] DO L 299 de 31.12.1972, p. 32. DO L 304 de 30.10.1978, p. 1. DO L 388 de 31.12.1982, p. 1. DO L 285 de 3.10.1989, p. 1. DO C 15 de 15.1.1997, p. 1. Para la versión consolidada,, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 1.[15] DO L 339 de 10.12.,2007, p. 1.[16] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, COM(2009) 174 final.[17] DO L 157 de 10.12.,2007, p. 45.[18] DO L 204 de 2.8.1975, p. 28. DO L 304 de 30.10.1978, p. 1. DO L 388 de 31.12.1982, p. 1. DO L 285 de 3.10.1989, p. 1. DO C 15 de 15.1.1997, p. 1. Para la version consolidada, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 28.[19] DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.[20] DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.[21] DO L 228 de 16.8.1973, p. 3, Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 181 de 20.7.2000, p. 65).[22] DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.[23] DO L 172 de 4.7.1988, p. 1, Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2000.26.CE.[24] DO L 330 de 29.11.1990, p. 44.[25] Nota para los traductores: las traducciones, particularmente la alemana y la francesa, utilizarán la formulación de las traducciones correspondientes de la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto GAT/LuK (C-4/03), de 13 de julio de 2006 (resumen).[26] DO L 160 de 30.6.,2000, p. 37.[27] DO L 324 de 10.12.,2007, p. 79.[28] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.[29] Si la resolución se refiere a más de un demandante o demandado, adjunte una hoja adicional.[30] Si la resolución se refiere a más de un demandante o demandado, adjunte una hoja adicional.[31] Añada una hoja adicional si es necesario.[32] Añada una hoja adicional si es necesario.[33] Si la resolución se refiere a más de un demandante o demandado, adjunte una hoja adicional.[34] Si la resolución se refiere a más de un demandante o demandado, adjunte una hoja adicional.[35] Táchese lo que no proceda[36] Añada páginas adicionales si es necesario[37] Si la resolución se refiere a más de un demandante o demandado, adjunte una hoja adicional.[38] Si la resolución se refiere a más de un demandanteo demandado, adjunte una hoja adicional.[39] Añada una hoja adicional si es necesario.[40] Añada una hoja adicional si es necesario.[41] Táchese lo que no proceda[42] Añada páginas adicionales si es necesario