CELEX: 62000TO0342
Language: es
Date: 2001-01-17 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2001. # Petrolessence y Société de gestion de restauration routière (SG2R) contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Procedimiento sobre medidas provisionales - Competencia - Concentración - Admisibilidad - Urgencia - Ponderación de intereses. # Asunto T-342/00 R.

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62000B0342

Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2001.  -  Petrolessence y Société de gestion de restauration routière (SG2R) contra Comisión de las Comunidades Europeas.  -  Procedimiento sobre medidas provisionales - Competencia - Concentración - Admisibilidad - Urgencia - Ponderación de intereses.  -  Asunto T-342/00 R.  

Recopilación de Jurisprudencia 2001 página II-00067

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaParte dispositiva
Palabras clave

Procedimiento sobre medidas provisionales - Suspensión de la ejecución - Suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión en materia de control de operaciones de concentración - Requisitos para su concesión - Perjuicio grave e irreparable - Perjuicio de carácter económico - Ponderación de todos los intereses en conflicto[Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2; Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo] 

Índice

 $$En el marco de una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión de la Comisión por la que se deniega a determinadas empresas la autorización como cesionarios de una serie de activos cedidos en un procedimiento de cesión efectuado en virtud compromisos asumidos por las partes en una operación de concentración, el perjuicio que se deriva del hecho de haber sido excluido del procedimiento de cesión consiste en un lucro cesante causado por el hecho de que estas empresas no han tenido acceso a un mercado determinado.Al ser de carácter económico, tal perjuicio no puede, en principio, considerarse irreparable, ni tampoco difícilmente reparable, puesto que puede ser objeto de una compensación económica posterior.En estas circunstancias, la suspensión solicitada sólo se justificaría si se comprobara que, de no adoptarse tal medida, las empresas afectadas se encontrarían en una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de forma irreparable sus cuotas de mercado.En cualquier caso, aun cuando estos perjuicios, consistentes principalmente en el hecho de haber sido excluido del procedimiento de cesión así como en la imposibilidad de obtener una parte de un mercado determinado, pudieran constituir un perjuicio grave e irreparable, la ponderación, por una parte, del interés de las empresas afectadas en obtener las medidas provisionales solicitadas y, por otra parte, del interés público inherente a la ejecución de las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento nº 4064/89 y de los intereses de terceros que se verían directamente afectados por una eventual suspensión de la decisión impugnada, ha de conducir a la desestimación de tal demanda.( véanse los apartados 46 a 48 y 51 ) 

Partes

En el asunto T-342/00 R,Petrolessence,Société de gestion de restauration routière (SG2R),con domicilio social en Nancy (Francia), representadas por Me F. Puel, abogado de Hauts-de-Seine y de Bruselas, y el Sr. M. Troncoso Ferrer, abogado de Pamplona y de Bruselas, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me C. Kaufhold, 24, avenue Marie-Thérèse,partes demandantes,contraComisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. W. Mölls, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de agente, y la Sra. F. Siredey-Garnier, funcionaria nacional en comisión de servicios en la Comisión, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,parte demandada,que tiene por objeto una demanda destinada a obtener, por una parte, la suspensión de la ejecución de la decisión de la Comisión, de 13 de septiembre de 2000, por la que se rechazó la propuesta de TotalFina Elf relativa a la autorización de las demandantes como cesionarios de seis estaciones de servicio situadas en autopistas y, por otra parte, que se conmine a la Comisión a ordenar a TotalFina Elf que suspenda la ejecución del compromiso asumido en el punto 36 del anexo «compromisos propuestos por TotalFina» de la decisión de la Comisión de 9 de febrero de 2000, por la que se autorizó la adquisición por TotalFina de la empresa Elf Aquitaine, en lo que respecta a las seis estaciones de servicio cuya cesión a las demandantes había propuesto TotalFina Elf a la Comisión el 12 de agosto de 2000,EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEASdicta el siguienteAuto 

Motivación de la sentencia

Antecedentes de hecho del litigio1 Mediante decisión de la Comisión de 9 de febrero de 2000, adoptada en virtud del artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO 1990, L 257, p. 13), la adquisición de Elf Aquitaine por TotalFina fue declarada compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que se respetaran íntegramente varios compromisos, reproducidos en el anexo de dicha Decisión.2 Conforme al punto 1 de los compromisos asumidos por la parte notificante, TotalFina, ésta debía realizar cesiones de activos, con el fin de mantener una competencia efectiva en los mercados de que se trata. En particular, tenía que ceder en un plazo determinado setenta estaciones de servicio pertenecientes a las marcas Elf, Total y Fina y situadas en autopistas.3 Los cesionarios de las estaciones de servicio debían ser autorizados por la Comisión y cumplir, para ello, los requisitos establecidos en el punto 1 de los mencionados compromisos. Tales requisitos tienen el siguiente tenor:«a) los grupos TotalFina y Elf no podrán tener intereses materiales directos o indirectos en el cesionario o los cesionarios;sin embargo, esta disposición no impide que las sociedades en las que TotalFina o Elf tengan intereses materiales de los que la parte notificante se comprometa a deshacerse íntegramente, en virtud de los presentes compromisos de cesión, puedan adquirir la totalidad o una parte de los activos [objeto de los presentes compromisos];la parte notificante se compromete, a este respecto, a no oponerse directa o indirectamente a que cualquiera de dichas sociedades presente su candidatura y pueda adoptar las medidas necesarias para su ejecución;b) el cesionario o los cesionarios deberán ser operadores viables, presentes potencial o efectivamente en los mercados de que se trata, y capaces de mantener o de desarrollar una competencia efectiva;c) el cesionario o los cesionarios habrán obtenido o podrán razonablemente obtener todas las autorizaciones necesarias para la adquisición y la explotación de los activos [objeto de los presentes compromisos]».4 El 12 de agosto de 2000, con el fin de cumplir dicho compromiso, TotalFina Elf presentó ante la Comisión una solicitud de autorización de los compradores de las setenta estaciones de servicio. Entre los compradores propuestos, TotalFina Elf había seleccionado a le Mirabellier, marca comercial de la sociedad Petrolessence y de la Société de gestion de restauration routière (SG2R), para la cesión de seis estaciones de servicio.5 Mediante decisión de 13 de septiembre de 2000, notificada a TotalFina Elf (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), la Comisión estimó que le Mirabellier, en particular, no cumplía uno de los requisitos indicados en el punto 1, letra b), de los compromisos para obtener la autorización requerida, puesto que, en el marco del grupo de compradores propuesto, su candidatura no permitía mantener y desarrollar una competencia efectiva, fundamentalmente con respecto a TotalFina Elf (apartado 32 de la decisión impugnada).6 El 20 de octubre de 2000, TotalFina Elf presentó a la Comisión para su autorización un nuevo grupo de compradores potenciales que no incluía a las demandantes. La Comisión autorizó a estos compradores el 7 de noviembre de 2000.Procedimiento7 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de noviembre de 2000, las demandantes interpusieron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia al amparo del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por el que se solicitaba la anulación de la decisión impugnada.8 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día, las demandantes formularon la presente demanda en la que se solicita, por una parte, la suspensión de la ejecución de la decisión impugnada en lo que respecta al rechazo de la propuesta de TotalFina Elf relativa a la autorización como cesionarios de seis estaciones de servicio situadas en autopistas y, por otra parte, que se conmine a la Comisión a ordenar a TotalFina Elf que suspenda la ejecución del compromiso asumido en el punto 36 del anexo «compromisos propuestos por TotalFina» de la decisión de la Comisión de 9 de febrero de 2000 en lo que respecta a las seis estaciones de servicio de que se trata.9 El 24 de noviembre de 2000, la Comisión presentó sus observaciones sobre la presente demanda de medidas provisionales.10 El 30 de noviembre de 2000 se oyeron las explicaciones de las partes. Al término de la audiencia, el Juez competente para la adopción de medidas provisionales solicitó a la Comisión que le comunicara la identidad de los compradores de las seis estaciones de servicio situadas en autopistas y que le indicara si los contratos de cesión celebrados presentaban carácter irrevocable.11 El 7 de diciembre de 2000, la Comisión facilitó la información solicitada, de la que se desprende que TotalFina Elf ha celebrado los contratos relativos a esas seis estaciones de servicio con sujeción a una única condición suspensiva que consiste en la autorización de los compradores por las sociedades concesionarias de las autopistas o por el Estado. Asimismo, la Comisión indicó en su respuesta que las seis estaciones de servicio habían sido adjudicadas a cinco compradores distintos.12 El 13 de diciembre de 2000, las demandantes presentaron sus observaciones sobre esta información, a las que la Comisión respondió el 21 de diciembre siguiente. De la respuesta de la Comisión resulta que ha concluido el procedimiento de autorización de una de las seis estaciones de servicio reclamadas por las demandantes.13 El 22 de diciembre de 2000, las demandantes presentaron sus observaciones sobre esta última información facilitada por la Comisión.14 El 10 de enero de 2001, la Comisión presentó su respuesta a dichas observaciones.Fundamentos de Derecho15 Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 242 CE y 243 CE, en relación con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), el Tribunal de Primera Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del acto impugnado o las medidas provisionales necesarias.16 Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 104, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda de que se suspenda la ejecución de un acto sólo es admisible si el demandante ha impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. Este precepto no es una mera formalidad, sino que exige que el recurso principal, al que se une la demanda de medidas provisionales, pueda ser examinado por el Tribunal de Primera Instancia.17 Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, pronunciarse sobre la admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 4 de febrero de 1999, Peña Abizanda y otros/Comisión, T-196/98 R, RecFP p. I-A-5 y II-15, apartado 10).18 El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento prevé que las demandas de medidas provisionales deben especificar las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de las medidas solicitadas. Estos requisitos son acumulativos, de manera que la demanda de medidas provisionales debe ser desestimada cuando no se dé alguno de ellos (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, apartado 30). El Juez competente para la adopción de medidas provisionales ponderará, en su caso, los intereses en juego (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1999, Italia/Comisión, C-107/99 R, Rec. p. I-4011, apartado 59).Alegaciones de las partesSobre la admisibilidad19 En primer lugar, la Comisión alega que no cabe admitir la demanda por la que las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que le conmine a ordenar a TotalFina Elf que suspenda la ejecución del compromiso en lo que respecta a las seis estaciones de servicio de que se trata.20 Ante todo, dicha demanda no está comprendida en el marco de la resolución definitiva sobre el recurso principal en la medida en que, de ser estimada, llevaría a la Comisión a prorrogar los plazos de cumplimiento de los compromisos previstos en su decisión de 9 de febrero de 2000 (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1996, Goldstein/Comisión, T-235/95 R, no publicado en la Recopilación, apartado 38), puesto que el recurso sólo persigue la anulación de la decisión impugnada.21 Además, aun suponiendo que la Comisión tuviera la facultad de ordenar a la parte notificante la suspensión de la ejecución de los compromisos, del auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de diciembre de 1994, Union Carbide/Comisión (T-322/94 R, Rec. p. II-1159), apartado 27, se desprende que la demanda formulada por las demandantes es, en cualquier caso, inadmisible porque excede del marco del control jurisdiccional que puede ejercer el Tribunal de Primera Instancia.22 En segundo lugar, en la medida en que la suspensión de la ejecución se refiere a un acto negativo y, en particular, no produce la consecuencia de obligar a la Institución de que se trata a adoptar las medidas deseadas, en última instancia, por las demandantes, carece de interés para éstas y, por tanto, no puede ser acordada por el Juez competente para la adopción de medidas provisionales (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre de 1997, Eurocoton y otros/Consejo, T-213/97 R, Rec. p. II-1609, apartado 41).23 En tercer lugar, no cabe admitir la demanda de medidas provisionales habida cuenta de la inadmisibilidad manifiesta del recurso principal. En efecto, la decisión impugnada no perjudica a las demandantes, puesto que no entraña su exclusión definitiva del mercado de que se trata.24 Por su parte, las demandantes alegan que procede admitir la demanda de medidas provisionales.Sobre la urgencia y la ponderación de intereses25 Las demandantes alegan que la continuación del procedimiento de cesión dará lugar a un considerable despliegue de medios por parte de TotalFina Elf y de las empresas autorizadas. Por lo tanto, como consecuencia de la decisión impugnada, que les ha impedido adquirir las seis estaciones de servicio, las demandantes, no podrán acceder inmediatamente al mercado de venta de carburantes en autopista. Tampoco podrán entrar en este mercado en el futuro, puesto que se trata de un mercado poco accesible, con una tasa de renovación inferior al 1,5 %. La apreciación que ha efectuado la Comisión en la decisión impugnada constituye la causa directa de la exclusión de las demandantes.26 En particular, del auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 1992, Langnese-Iglo y Schöller Lebensmittel/Comisión (asuntos acumulados T-24/92 R y T-28/92 R, Rec. p. II-1839), se desprende que el hecho de ser excluido definitivamente de un mercado muy poco abierto, como en el caso de autos, constituye un perjuicio grave e irreparable. A este respecto, carece de pertinencia el hecho de que las demandantes no se encuentren en una situación que pueda poner en peligro su propia existencia.27 Asimismo, las demandantes han alegado durante la audiencia que han sufrido un perjuicio económico, constituido por los gastos ocasionados por los cauces administrativos utilizados inútilmente para participar en el procedimiento de cesión de las seis estaciones de servicio. Este perjuicio asciende a una cantidad comprendida entre 150.000 y 500.000 francos franceses (FF) para cada una de las seis estaciones de servicio.28 Según las demandantes, la ponderación de intereses se inclina en favor de la concesión de las medidas solicitadas. En efecto, la concesión de tales medidas no afecta a los intereses de la Comunidad ni a los de TotalFina Elf. En lo que respecta a los intereses de la Comunidad, las demandantes observan que las medidas solicitadas sólo se refieren a seis estaciones de servicio, lo que, desde el punto de vista comunitario, no modifica las condiciones de competencia en el correspondiente mercado.29 Los intereses de TotalFina Elf tampoco resultan afectados, puesto que las demandantes habían sido propuestas por aquélla como cesionarios de esas seis estaciones de servicio.30 En cambio, las demandantes afirman que el hecho de tener seis estaciones de servicio les permitiría entrar en el mercado, lo que podría brindarles la posibilidad de obtener algunas estaciones de servicio adicionales cuando se convoquen en 2005 las licitaciones para la renovación de las concesiones. De este modo, se contribuye a reforzar la competencia en Europa. En cambio, la falta de medidas provisionales impediría que las demandantes obtuvieran las seis estaciones de servicio de que se trata. Además, las demandantes señalan que van a desaparecer del mercado las empresas de restauración que no dispongan de estaciones de servicio conexas con centros de restauración en autopista.31 Por último, la limitación del alcance de las medidas solicitadas a lo que sea estrictamente necesario para que las demandantes no sufran un perjuicio grave e irreparable inclina la ponderación de intereses en favor de éstas.32 La Comisión observa que, aunque la tasa de renovación de las concesiones de estaciones de servicio en autopista es reducida, es excesivo alegar, como hacen las demandantes, la exclusión definitiva del mercado de venta de carburantes en autopista. En el peor de los casos, se produciría un retraso en el acceso a dicho mercado. En tal supuesto, el lucro cesante eventual que se produzca constituye un perjuicio económico susceptible de reparación.33 Además, en el presente asunto no se puede demostrar el indispensable nexo causal entre la decisión impugnada y el perjuicio invocado. A este respecto, la Comisión alega que la decisión impugnada no implica la exclusión definitiva de las demandantes, que habrían podido, al igual que Agip, el otro cesionario cuya autorización fue rechazada por la decisión impugnada, ser propuestos de nuevo por TotalFina Elf en el nuevo grupo de compradores presentado a la Comisión.34 La candidatura de las demandantes sólo puede apreciarse en el marco del grupo de compradores propuesto por TotalFina Elf. Por tanto, no se trata de que la Comisión examine individualmente las candidaturas de los compradores, sino de que aprecie si, en el marco del grupo, teniendo en cuenta el resto de los compradores propuestos, la candidatura de las demandantes puede satisfacer la exigencia fundamental de restablecer una situación de competencia al menos análoga a la que existía antes de la operación de concentración.35 Por tanto, no se cumple el requisito relativo a la urgencia.36 En cuanto a la ponderación de intereses, el interés de las demandantes no puede, evidentemente, ser comparado con el de la Comisión, las partes de la concentración y los terceros autorizados como cesionarios (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1992, CCE de la Société générale des Grandes sources y otros/Comisión, T-96/92 R, Rec. p. II-2579, apartados 38 a 40).37 Para la Comisión, se trata de velar por garantizar el restablecimiento de una competencia efectiva. Las medidas provisionales solicitadas podrían entrañar graves consecuencias para TotalFina Elf. Ésta ya no podría cumplir sus compromisos frente a los compradores actuales de las seis estaciones de servicio de que se trata, con los que ha celebrado contratos supeditados a la única condición suspensiva de su autorización por las sociedades concesionarias o por el Estado. Por tanto, no se respetarían los requisitos de autorización de la concentración. TotalFina Elf se expondría, en consecuencia, a que la operación de concentración fuera impugnada.Apreciación del Juez competente para la adopción de medidas provisionales38 En el caso de autos, procede señalar que no cabe excluir totalmente la admisibilidad del recurso principal puesto que, en contra de lo que sostiene la Comisión, la decisión impugnada perjudica, a primera vista, a las demandantes. En efecto, por una parte, dicha decisión deniega la solicitud de autorización de las demandantes como cesionarios de las seis estaciones de servicio de que se trata. Por otra parte, basándose en el fundamento de la decisión impugnada según el cual las demandantes carecen de capacidad para mantener y desarrollar una competencia efectiva, en particular frente a TotalFina Elf, ésta ha excluido a las demandantes del grupo de cesionarios comprendidos en la segunda solicitud de autorización, que ha sido estimada por la Comisión.39 Por tanto, sin que, en las circunstancias del caso de autos, sea necesario pronunciarse sobre otros motivos de inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales distintos del basado en una inadmisibilidad manifiesta del recurso principal, procede examinar si se cumple el requisito relativo a la urgencia.40 Según jurisprudencia reiterada, el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente, a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde a dicha parte aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza (autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 1998, Prayon-Rupel/Comisión, T-73/98 R, Rec. p. II-2769, apartado 36; de 20 de julio de 2000, Esedra/Comisión, T-169/00 R, Rec. p. II-2951, apartado 43, y del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2000, Grecia/Comisión, C-278/00, Rec. p. I-8787, apartado 14).41 Los perjuicios alegados por las demandantes están constituidos, en primer lugar, por su exclusión definitiva del procedimiento de cesión controvertido y por la imposibilidad en la que se encuentran de acceder al mercado; en segundo lugar, por los gastos ocasionados por su participación en dicho procedimiento y, en tercer lugar, por su virtual exclusión del mercado de venta de carburantes en autopista en el futuro.42 En lo que respecta, en primer lugar, al perjuicio derivado de su virtual exclusión del mercado de venta de carburantes en autopista en el futuro, procede recordar que, si bien la tasa de renovación de las concesiones en dicho mercado es reducida, se crearán nuevas estaciones de servicio en los tramos de autopistas que se construyan. De este modo, de los puntos 208 a 210 de la decisión de 9 de febrero de 2000 se desprende que, para los años 1995 a 1999, los gestores de las autopistas convocaron treinta y tres licitaciones para nuevas estaciones de servicio y once de ellas fueron declaradas desiertas o aplazadas. Ahora bien, las demandantes no han demostrado que no podrán participar en los procedimientos futuros de adjudicación de contratos que se convoquen en el marco de la renovación de las concesiones o para la creación de nuevas estaciones de servicio. En tales circunstancias, no puede excluirse, pese al hecho de que la candidatura de las demandantes no haya sido tenida en cuenta finalmente por TotalFina Elf, que las demandantes puedan entrar, incluso antes del año 2005, en el mercado de venta de carburantes en autopista.43 En segundo lugar, en lo que respecta al perjuicio constituido por los gastos ocasionados por la participación en el mencionado procedimiento de cesión, se trata de un perjuicio meramente económico y cuantificable, que, en consecuencia, puede ser objeto de una indemnización económica posterior si son estimadas las pretensiones de las demandantes en el litigio principal.44 En tercer lugar, en lo que respecta al perjuicio derivado de la exclusión definitiva de las demandantes del procedimiento de cesión controvertido, procede observar que éstas no han demostrado que la decisión impugnada les haya causado un perjuicio grave e irreparable. A este respecto, la participación en un procedimiento de cesión de activos en el marco de una concentración como la del caso de autos supone necesariamente riesgos para todos los participantes y la eliminación de un candidato no basta, por sí misma, para demostrar la urgencia.45 Ahora bien, procede señalar que, después de la aceptación por la Comisión de su segunda solicitud de autorización de compradores (véase el apartado 6 supra), Totalfina Elf ha celebrado contratos relativos a las seis estaciones de servicio de que se trata supeditados a la única condición suspensiva de la autorización de los compradores por las sociedades concesionarias o por el Estado. Si el procedimiento de cesión continúa sin que se acuerde la suspensión solicitada, la situación, de hecho, podría ser irrevocable para las demandantes. Sin embargo, corresponde siempre a las partes que solicitan la medida provisional aportar la prueba, mencionada en el apartado 40 supra, del carácter urgente de la demanda de medidas provisionales.46 A este respecto, el supuesto perjuicio que se deriva del hecho de haber sido excluido del procedimiento de cesión controvertido puede limitarse únicamente a la cesión de las seis estaciones de servicio de que se trata. En el presente caso, tal como han reconocido las demandantes en la vista, este supuesto perjuicio consiste en un lucro cesante causado por el hecho de que no han tenido acceso al mercado afectado. Aun suponiendo que las demandantes hubieran sufrido tal perjuicio, éste es de carácter económico. Según jurisprudencia reiterada, tal perjuicio no puede, en principio, considerarse irreparable, ni tampoco difícilmente reparable, puesto que puede ser objeto de una compensación económica posterior (autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1991, Abertal y otros/Comisión, C-213/91 R, Rec. p. I-5109, apartado 24, y del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 1999, Alpharma/Consejo, T-70/99 R, Rec. p. II-2027, apartado 128, y Esedra/Comisión, antes citado, apartado 44).47 En las circunstancias del presente asunto, la suspensión solicitada sólo se justificaría si se comprobara que, de no adoptarse tal medida, las demandantes se encontrarían en una situación que podría poner en peligro su propia existencia o modificar de forma irreparable sus cuotas de mercado. A este respecto, de las respuestas a las preguntas planteadas durante la audiencia por el Juez competente para la adopción de medidas provisionales se desprende que las demandantes no se encuentran en absoluto en tal situación.48 En cuanto al supuesto perjuicio debido a la imposibilidad de poder obtener una cuota del mercado de venta de carburantes en autopista, procede señalar que los hechos del caso de autos son distintos de los que dieron lugar al auto Langnese-Iglo y Schöller Lebensmittel/Comisión, antes citado, puesto que, en aquel asunto, las partes que solicitaban la medida provisional ya estaban presentes en el correspondiente mercado y actuaban para que sus condiciones no se vieran modificadas por la ejecución de una decisión de la Comisión. En cambio, en el presente asunto, la situación de las demandantes en el mercado de venta de carburantes en autopista sólo resulta potencialmente afectada, puesto que las demandantes no están presentes en dicho mercado.49 A la vista de las consideraciones expuestas, las demandantes no han conseguido demostrar que el supuesto perjuicio de carácter económico derivado de su exclusión definitiva del procedimiento de cesión controvertido deba considerarse grave e irreparable.50 De ello se desprende que las demandantes no han conseguido demostrar que, si no se concedieran las medidas provisionales solicitadas, sufrirían un perjuicio grave e irreparable.51 En cualquier caso, aun cuando los perjuicios alegados pudieran constituir un perjuicio grave e irreparable, la ponderación, por una parte, del interés de las demandantes en obtener las medidas provisionales solicitadas y, por otra parte, del interés público inherente a la ejecución de las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento nº 4064/89 y de los intereses de terceros que se verían directamente afectados por una eventual suspensión de la decisión impugnada, conduce a la desestimación de la presente demanda.52 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que la adopción del Reglamento nº 4064/89 tenía como principal objetivo garantizar la eficacia del control de las operaciones de concentración entre empresas, en función de la necesidad de mantener y de desarrollar una competencia efectiva en el mercado común, y la seguridad jurídica a las empresas sujetas a su aplicación (véase, en este sentido, el auto Union Carbide/Comisión, antes citado, apartado 36).53 Además, procede recordar que, en una situación como la del caso de autos, en la que las medidas solicitadas al Juez competente para la adopción de medidas provisionales pueden tener una grave repercusión sobre los derechos e intereses de terceros, en particular de TotalFina Elf y de los compradores de las seis estaciones de servicio, que no son parte en el litigio y, en consecuencia, no han podido ser oídos, tales medidas sólo podrían resultar justificadas si resultara que, de no adoptarse, las demandantes se verían expuestas a una situación que podría poner en peligro su propia existencia (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1993, CCE Vittel y CE Pierval/Comisión, T-12/93 R, Rec. p. II-785, apartado 20).54 En el presente asunto ha quedado acreditado, como se desprende del apartado 47 supra, que las demandantes no están expuestas a tal situación.55 Dado que no se cumple el requisito relativo a la urgencia y puesto que la ponderación de intereses se inclina en favor de no suspender la decisión impugnada, procede desestimar la presente demanda, sin que sea preciso examinar el resto de las alegaciones invocadas por las demandantes para justificar la concesión de las medidas solicitadas. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAresuelve:1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.2) Reservar la decisión sobre las costas.