CELEX: 62017CA0068
Language: es
Date: 2018-09-11 00:00:00
Title: Asunto C-68/17: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — IR / JQ (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato — Actividades profesionales de iglesias u otras organizaciones cuya ética se base en la religión o las convicciones — Requisitos profesionales — Actitud de buena fe y de lealtad hacia la ética de la iglesia u organización — Concepto — Diferencia de trato basada en la religión o las convicciones — Despido de un trabajador de religión católica, que ejerce responsabilidades directivas, por haber contraído un segundo matrimonio civil tras un divorcio)

12.11.2018   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 408/13
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht — Alemania) — IR / JQ
      (Asunto C-68/17) (1)
      
      ((Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 2000/78/CE - Igualdad de trato - Actividades profesionales de iglesias u otras organizaciones cuya ética se base en la religión o las convicciones - Requisitos profesionales - Actitud de buena fe y de lealtad hacia la ética de la iglesia u organización - Concepto - Diferencia de trato basada en la religión o las convicciones - Despido de un trabajador de religión católica, que ejerce responsabilidades directivas, por haber contraído un segundo matrimonio civil tras un divorcio))
      (2018/C 408/14)
      Lengua de procedimiento: alemán
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Bundesarbeitsgericht
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Demandante: IR
      
         Demandada: JQ
      
         Fallo
      
      
                  1)
               
               
                  El artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que:
                  
                              —
                           
                           
                              por un lado, una iglesia u otra organización cuya ética se base en la religión o en unas convicciones y que gestione un centro hospitalario bajo la forma de una sociedad de capital de Derecho privado no puede decidir imponer a aquellos de sus trabajadores que ejerzan responsabilidades directivas unas exigencias relativas a una actitud de buena fe y lealtad hacia dicha ética que son distintas en función de la religión de esos trabajadores o de su irreligión, sin que tal decisión pueda ser objeto, en su caso, de un control judicial efectivo destinado a garantizar que se cumplen los criterios mencionados en el artículo 4, apartado 2, de esa Directiva, y
                           
                        
                              —
                           
                           
                              por otro lado, una diferencia de trato, en lo que atañe a la exigencia de una actitud de buena fe y lealtad hacia dicha ética, entre los trabajadores que ocupan puestos con responsabilidades directivas, en función de su religión o de su irreligión, no es conforme con dicha Directiva, excepto cuando, dada la naturaleza de las actividades profesionales de que se trate o el contexto en el que se desarrollen, la religión o las convicciones constituyan un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la iglesia u organización en cuestión y conforme con el principio de proporcionalidad, extremo cuya verificación incumbe al tribunal nacional.
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  Un tribunal nacional que conozca de un litigio entre particulares está obligado, cuando no le sea posible interpretar el Derecho nacional aplicable de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2000/78, a garantizar en el ámbito de su competencia la protección jurídica conferida a los justiciables por los principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de no discriminación por razón de la religión o de las convicciones consagrado en el artículo 21 de la Carta, y a garantizar la plena eficacia de los derechos derivados de dichos principios, dejando inaplicada, si es preciso, cualquier disposición nacional contraria.
               
            
         (1)  DO C 144 de 8.5.2017.