CELEX: 61999CJ0199
Language: es
Date: 2003-10-02
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2003. # Corus UK Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Acuerdos y prácticas concertadas - Fabricantes europeos de vigas. # Asunto C-199/99 P.

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61999J0199

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2003.  -  Corus UK Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas.  -  Recurso de casación - Acuerdos y prácticas concertadas - Fabricantes europeos de vigas.  -  Asunto C-199/99 P.  

Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-11177

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

1. Recurso de casación - Motivos - Irregularidad de procedimiento - Resolución basada en hechos o documentos desconocidos para una de las partes - Violación del derecho de defensa(Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 51)2. Procedimiento - Duración del procedimiento seguido ante el Tribunal de Primera Instancia - Plazo razonable - Criterios de apreciación3. Recurso de casación - Motivos - Apreciación errónea de los hechos - Inadmisibilidad - Desestimación(Art. 32 quinto CA, ap. 1; Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, art. 51)4. Procedimiento - Diligencias de prueba - Solicitud de presentación de un documento - Facultad de apreciación del Tribunal de Primera Instancia[Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 49 y 65, letra b)]5. CECA - Prácticas colusorias - Multas - Importe - Determinación - Criterios - Efectos de la infracción contrarios a la competencia - Criterio no determinante(Tratado CECA, art. 65, ap. 5)6. CECA - Prácticas colusorias - Práctica concertada - Concepto - Criterios de coordinación y de cooperación - Interpretación - Acuerdo de intercambio de información(Tratado CECA, art. 65, ap. 1; art. 81 CE, ap. 1)7. CECA - Prácticas colusorias - Procedimiento administrativo - Derecho de acceso al expediente - Finalidades - Garantía de un ejercicio efectivo del derecho de defensa - Violación - Existencia de la violación, pese a que se haya garantizado el acceso al expediente durante el procedimiento jurisdiccional, en caso de que existan en el expediente documentos que puedan ser de utilidad para la defensa de la empresa(Tratado CECA, art. 65, ap. 1)8. Actos de las instituciones - Motivación - Obligación - Alcance - Decisión por la que se imponen multas por infracción de las normas sobre la competencia - Carácter meramente deseable de la comunicación del método de cálculo de la multa(Tratado CECA, arts. 15, párr. 1, y 65, ap. 5) 

Índice

 $$1. El principio de respeto del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario. Basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales no han podido presentar sus observaciones, supondría violar dicho principio.( véase el apartado 19 )2. El principio general del Derecho comunitario según el cual toda persona tiene derecho a un juicio justo y, en particular, a un juicio en un plazo razonable, es aplicable en el marco de un recurso jurisdiccional contra una decisión de la Comisión por la que se imponen a una empresa multas por violación del Derecho de la competencia.El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes.A este respecto, la lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada en función de uno solo. El cometido de dichos criterios es determinar si el plazo de tramitación de un asunto está o no justificado. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo. A la inversa, puede considerarse que un plazo sobrepasa los límites del plazo razonable también en función de un solo criterio, en particular cuando su duración se deriva del comportamiento de las autoridades competentes. En su caso, la duración de una fase procesal puede calificarse de razonable en un primer momento cuando parece conforme con el plazo medio de tramitación de un asunto del mismo tipo que el que se analiza.( véanse los apartados 41 a 43 )3. De los artículos 32 quinto CA, apartado 1, y 51 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para constatar y apreciar los hechos relevantes, así como para valorar los elementos de prueba, salvo en el supuesto de que se desnaturalicen dichos hechos y elementos.( véase el apartado 65 )4. Corresponde al órgano jurisdiccional comunitario decidir respecto a la necesidad de que se presente un documento, en función de las circunstancias del litigio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento acerca de las diligencias de prueba. Por lo que respecta al Tribunal de Primera Instancia, de lo dispuesto en el artículo 49 en relación con el artículo 65, letra b), de su Reglamento de Procedimiento resulta que la petición de aportación de documentos forma parte de las diligencias de prueba que el Tribunal de Primera Instancia puede ordenar en cualquier fase del procedimiento, si las considera necesarias para el descubrimiento de la verdad.( véanse los apartados 67 y 70 )5. Puede demostrarse la existencia de una infracción del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA e imponerse una multa con arreglo al apartado 5 del referido artículo incluso a falta de efectos contrarios a la competencia. El efecto que haya podido tener un acuerdo o una práctica concertada en el juego normal de la competencia no es, por tanto, un criterio determinante para la apreciación del importe adecuado de la multa. Elementos que forman parte del aspecto intencional y, por ende, del objeto de un comportamiento, pueden, en efecto, tener más importancia que los relativos a sus efectos, sobre todo cuando guarden relación con infracciones intrínsecamente graves, como la fijación de precios y el reparto de mercados.( véase el apartado 80 )6. Un acuerdo de intercambio de información es contrario a las normas sobre la competencia en la medida en que debilita o suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las empresas.En efecto, los criterios de coordinación y cooperación constitutivos de una práctica concertada, lejos de exigir la elaboración de un verdadero «plan», deben interpretarse a luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre competencia de los Tratados CE y CECA, según la cual todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común y las condiciones que pretende reservar a sus clientes.Si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores que tenga por objeto o por efecto abocar a condiciones de competencia que no corresponderían a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas así como el volumen de dicho mercado.( véanse los apartados 105 a 107 )7. En los asuntos de competencia, el acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos. El derecho de acceso al expediente de la Comisión tiende, por tanto, a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.De ello resulta que la violación del referido derecho durante el procedimiento previo a la adopción de la decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa de la empresa afectada. En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso al expediente haya resultado posible durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un eventual recurso que tenga por objeto la anulación de la decisión impugnada. Cuando el acceso se garantiza en esta fase, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa.( véanse los apartados 125 a 128 )8. La obligación de motivar una decisión individual tiene la finalidad de permitir al Tribunal de Justicia el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez.En cuanto a la obligación de motivación de una decisión por la que se imponen multas a varias empresas por una infracción de las normas sobre la competencia comunitarias, la indicación de datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, por útiles y deseables que puedan ser aquéllos, no es indispensable, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas.El hecho de que sólo la presentación de dichos datos numéricos permitiera detectar ciertos errores de cálculo no basta para que se considere que la motivación de la decisión controvertida es insuficiente dado que, en el marco del control de una decisión de este tipo por el órgano jurisdiccional comunitario, éste puede hacer que se le presenten todos los elementos que estime necesarios para permitirle un control exhaustivo del método de cálculo de la multa.( véanse los apartados 145, 149 y 150 ) 

Partes

En el asunto C-199/99 P,Corus UK Ltd, anteriormente British Steel plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por los Sres. P. Collins y M. Levitt, Solicitors, que designa domicilio en Luxemburgo,parte recurrente,que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda ampliada) el 11 de marzo de 1999, British Steel/Comisión (T-151/94, Rec. p. II-629), por el que se solicita la anulación de dicha sentencia,y en el que la otra parte en el procedimiento es:Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. J. Currall y W. Wils, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. J. Flynn, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,parte demandada en primera instancia,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),integrado por el Sr. Wathelet, Presidente de Sala, y los Sres. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (Ponente) y S. von Bahr, Jueces;Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;habiendo considerado el informe para la vista;oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 31 de enero de 2002;oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 26 de septiembre de 2002;dicta la siguienteSentencia 

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de mayo de 1999, Corus UK Ltd, anteriormente British Steel plc, interpuso un recurso de casación, conforme al artículo 49 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de marzo de 1999, British Steel/Comisión (T-151/94, Rec. p. II-629; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente su recurso que tenía por objeto la anulación de la Decisión 94/215/CECA de la Comisión, de 16 de febrero de 1994, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA con respecto a los acuerdos y prácticas concertadas de varios fabricantes europeos de vigas (DO L 116, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). Mediante dicha Decisión, la Comisión había impuesto una multa a la recurrente de conformidad con el referido artículo 65.Hechos y Decisión controvertida2 De la sentencia recurrida se desprende que, a partir de 1974, la siderurgia europea atravesó una crisis que se caracterizaba por una caída de la demanda, lo que dio lugar a problemas de exceso de oferta y de capacidad y a un bajo nivel de precios.3 Tras haber intentado resolver la crisis mediante compromisos voluntarios y unilaterales de las empresas en cuanto a los volúmenes de acero ofertados en el mercado y a precios mínimos («Plan Simonet») o mediante un régimen de precios indicativos y mínimos («Plan Davignon», acuerdo «Eurofer I»), la Comisión declaró en 1980 un estado de crisis manifiesta, en el sentido del artículo 58 del Tratado CECA, e impuso cuotas de producción obligatorias, en particular para las vigas. Dicho régimen comunitario finalizó el 30 de junio de 1988.4 Mucho antes de esta fecha, la Comisión había anunciado, en diversas comunicaciones y decisiones, el abandono del régimen de cuotas, recordando que su fin significaría la vuelta a un mercado de libre competencia entre las empresas. No obstante, el sector seguía caracterizándose por unas capacidades de producción excedentarias que, según los expertos, debían ser objeto de una reducción suficiente y rápida para permitir a las empresas hacer frente a la competencia mundial.5 Desde el final del régimen de cuotas, la Comisión estableció un régimen de vigilancia que implicaba la elaboración de estadísticas sobre la producción y las entregas, el seguimiento de la evolución de los mercados, así como una consulta regular a las empresas sobre la situación y las tendencias del mercado. Así, las empresas del sector, algunas de las cuales eran miembros de la asociación profesional Eurofer, mantuvieron contactos regulares con la DG III (Dirección General «Mercado interior y asuntos industriales») de la Comisión (en lo sucesivo, «DG III») con ocasión de reuniones de consulta. El régimen de vigilancia finalizó el 30 de junio de 1990, y fue sustituido por un régimen de información individual y voluntario.6 A principios del año 1991, la Comisión llevó a cabo diversas inspecciones en determinadas empresas siderúrgicas y asociaciones de empresas de este sector. El 6 de mayo de 1992 se les envió un pliego de cargos. A primeros del año 1993 se celebraron las audiencias.7 El 16 de febrero de 1994, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, mediante la cual declaró que diecisiete empresas siderúrgicas europeas y una de las asociaciones profesionales de éstas habían participado en una serie de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de fijación de precios, reparto de mercados e intercambio de información confidencial sobre el mercado comunitario de vigas, en contra de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA. Mediante dicha Decisión, impuso multas a catorce empresas por infracciones cometidas entre el 1 de julio de 1988 y el 31 de diciembre de 1990.Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida8 El 13 de abril de 1994, la recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera instancia que tenía por objeto la anulación de la Decisión controvertida.9 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera instancia estimó parcialmente el recurso de la recurrente y redujo la multa que se le había impuesto.Pretensiones de las partes10 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:- Anule la sentencia recurrida.- En la medida en que lo permita el estado del asunto, anule la Decisión controvertida.- Con carácter subsidiario, reduzca o anule la multa impuesta a la recurrente en el artículo 4 de la Decisión controvertida, fijada por el Tribunal de Primera Instancia.- Condene a la Comisión al pago de intereses, al tipo que el Tribunal de Justicia estime equitativo y justo, sobre la multa o una parte de la misma cuando se devuelva con arreglo a la anulación de la sentencia recurrida o de la Decisión controvertida, por lo que respecta al período comprendido entre el momento del pago de la multa por parte de la recurrente, el 2 de junio de 1994, hasta su devolución por parte de la Comisión.- Condene en costas a la Comisión.11 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:- Desestime el recurso de casación.- Condene en costas a la recurrente.Motivos del recurso de casación12 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca seis motivos:1) Violación del derecho a un juicio justo, en un plazo razonable.2) Vicios sustanciales de forma al adoptar la Decisión controvertida.3) Infracción del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA.4) Violación, por el Tribunal de Primera Instancia, del derecho de defensa, en la medida en que no sancionó una vulneración del derecho de defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo.5) Infracción del artículo 15 del Tratado CECA por lo que se refiere a la motivación del importe de las multas en la Decisión controvertida.6) Infracción del artículo 33 del Tratado CECA en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia no anuló el artículo 1 de la Decisión controvertida por lo que respecta a las infracciones que se cometieron antes del 1 de julio de 1988.13 Los apartados de la sentencia recurrida que se impugnan en cada motivo de recurso serán indicados en la exposición de éste.Sobre el recurso de casaciónSobre el primer motivo14 El primer motivo se basa en la violación del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). En efecto, según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia la privó de un proceso justo en un plazo razonable.15 El motivo se divide en tres partes que procede examinar por separado.Sobre la primera parte del primer motivo16 La recurrente alega que el proceso ante el Tribunal de Primera Instancia no fue justo. Afirma que no se respetó el principio de igualdad de armas debido, en particular, al hecho de que numerosos documentos se comunicaron con retraso. Así, mientras que la vista comenzó el 23 de marzo de 1998, en primer lugar, los documentos que la Comisión presentó como consecuencia del auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (asuntos T-134/94, T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-2293), no se comunicaron hasta el 14 de enero de 1998, en segundo lugar, el método de cálculo de las multas se facilitó el 19 de marzo de 1998, en tercer lugar, la copia del acta de la reunión de la Comisión en la que se adoptó la Decisión controvertida (en lo sucesivo, «acta») se puso a disposición de la recurrente el 20 de marzo de 1998 y, en cuarto lugar, otros documentos no se comunicaron hasta la vista.17 A este respecto, la Comisión señala, en primer lugar, que los documentos presentados el 14 de enero de 1998, se aportaron, pues, dos meses antes de la vista, lo que dejaba a la recurrente suficiente tiempo para tomar conocimiento de ellos, en segundo lugar, que aunque el método de cálculo de las multas no se comunicó hasta el 19 de marzo de 1998, se trataba, sin embargo, de un complemento de las respuestas que ya se habían facilitado el 19 de enero y el 20 de febrero de 1998, como se desprende del apartado 66 de la sentencia recurrida y, en tercer lugar, que, si bien el acta definitiva se presentó en el Tribunal de Primera Instancia el 19 de marzo de 1998 y se puso a disposición de la recurrente al día siguiente, el proyecto de la misma se había comunicado varias semanas antes, en cumplimiento de un auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 1998, como se indica en el apartado 64 de la sentencia recurrida. Además, la Comisión niega que la recurrente haya sufrido dificultades debido al retraso en la comunicación de documentos, hace referencia al hecho de que la recurrente no menciona ningún aspecto concreto en el que resultara desfavorecida por las circunstancias de las que ahora se queja y alega que la recurrente no solicitó al Tribunal de Primera Instancia que aplazara la vista en razón de la fecha de presentación de alguno de los documentos a los que alude.18 En su réplica, la recurrente critica las alegaciones de la Comisión. Afirma, en particular, que las respuestas proporcionadas por ésta en enero y febrero de 1998 eran incompletas y no permitían apreciar la legalidad del método utilizado por lo que respecta al cálculo de las multas. Añade, con relación a la versión definitiva del acta, que la Comisión no se atuvo a una solicitud clara y carente de ambigüedad del Tribunal de Primera Instancia y no presentó dicho documento hasta la víspera de la vista.Apreciación del Tribunal de Justicia19 Debe recordarse que el principio de respeto del derecho de defensa constituye un principio fundamental del Derecho comunitario. Basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones, supondría violar dicho principio (sentencia de 22 de marzo de 1961, SNUPAT/Alta Autoridad, asuntos acumulados 42/59 y 49/59, Rec. pp. 99 y ss., especialmente p. 156).20 Procede observar, con carácter preliminar, que la recurrente no demuestra en qué medida la presentación supuestamente extemporánea de los documentos de que se trata le perjudicó, es decir, por qué habría podido llevar a cabo mejor su defensa si hubiera dispuesto antes de los documentos.21 En todo caso, por lo que respecta a los documentos comunicados el 14 de enero de 1998, como consecuencia del auto NMH Stahlwerke y otros/Comisión, antes citado, se ha de señalar que se aportaron con la suficiente antelación respecto a la vista como para permitir a la recurrente examinarlos y definir su postura por lo que a ellos se refiere.22 Con relación al método de cálculo de la multa, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 628 de la sentencia recurrida, que no se trataba de una motivación suplementaria de la Decisión controvertida. El documento en que se explicaba dicho método consistía en un cuadro de una página para cada empresa. Se presentó el 19 de marzo de 1998, como complemento de respuestas que ya se habían facilitado a este respecto. Habida cuenta de la larga duración de los debates en la vista, que tuvo lugar del 23 al 27 de marzo de 1998, no parece que la presentación de tal documento sólo cuatro días antes del comienzo de la vista haya podido perjudicar a la recurrente, por no haber podido conocer de modo suficiente su contenido para poder pronunciarse sobre el mismo.23 Debe destacarse, por otra parte, que el texto del proyecto de acta se comunicó el 22 de enero de 1998. La copia certificada del original del acta sólo se presentó, a efectos de la comprobación de la autenticación de la Decisión controvertida el 19 de marzo de 1998. Habida cuenta de la argumentación expuesta por las partes y sintetizada por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 104 a 116 de la sentencia recurrida, no parece que la presentación de dicho documento unos días antes de la vista haya menoscabado el derecho de defensa.24 En cuanto a los diferentes documentos entregados al Tribunal de Primera Instancia en la vista, cuya naturaleza no precisa la recurrente y cuya importancia para su derecho de defensa es, por tanto, imposible de comprobar, del acta de la referida vista no se desprende que la recurrente se opusiera a su presentación.25 De estos elementos resulta que la recurrente no ha demostrado que el Tribunal de Primera Instancia violara el principio del derecho de defensa al no haber garantizado que ésta dispusiera de un plazo suficiente para tomar conocimiento de los diferentes documentos presentados y definir su posición sobre ellos.26 De ello se deduce que la primera parte del primer motivo carece de fundamento.Sobre la segunda parte del primer motivo27 La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en irregularidades por lo que respecta al examen de testigos.28 Afirma que no tuvo ocasión de interrogar a los tres testigos que el Tribunal de Primera Instancia había examinado previamente en la vista y no se le informó del contenido de las declaraciones que dichos testigos iban a hacer. Además, según la recurrente, se le privó del derecho a interrogarles o, con carácter más general, a refutar las pruebas que presentaban. Estima que esta violación de los derechos de la recurrente resultaba agravada por el hecho de que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se basó ampliamente en los elementos de prueba aportados por los testigos.29 La Comisión señala que el procedimiento de examen de testigos fue regular. Además, añade, la recurrente no invoca la infracción de ninguna disposición del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Recuerda que, en el ordenamiento jurídico comunitario los testigos son testigos del órgano jurisdiccional comunitario y no de las partes. Las preguntas que se han de formular a los testigos las determina únicamente el Tribunal de Primera Instancia y éste aprecia de modo discrecional si procede o no dar a las partes la posibilidad de interrogarles.Apreciación del Tribunal de Justicia30 Habida cuenta de que el procedimiento de examen de testigos está específicamente regulado en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, esta parte del motivo basada en una violación del derecho de defensa de la recurrente sólo puede considerarse fundada en la medida en que ésta demuestre la existencia de un vicio procesal que menoscabó sus intereses.31 El artículo 68, apartado 4, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia es del siguiente tenor:«Los testigos serán examinados por el Tribunal de Primera Instancia, previa citación de las partes. Tras su declaración, el Presidente, a instancia de parte o de oficio, podrá formularles preguntas.[...]Los representantes de las partes, con la autorización del Presidente, también podrán formular preguntas a los testigos.»32 Como resulta del acta de la vista que se celebró ante el Tribunal de Primera Instancia el 23 de marzo de 1998, el Presidente de la Sala Segunda ampliada anunció la intención de la misma de examinar a determinados testigos. En el mencionado acta se precisa que las partes no presentaron observaciones a este respecto. El examen de testigos tuvo lugar en audiencia pública, en presencia de todas las partes.33 Se debe observar que la recurrente no demuestra, ni consta en modo alguno que, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia incurriera en una irregularidad en el procedimiento de examen de testigos. Ésta no enuncia, en particular, ninguna pregunta que el Presidente se hubiera negado a formular o a dejar formular, y el acta de dicho examen no hace referencia a ninguna solicitud en este sentido.34 Por lo que respecta a las declaraciones que realizaron los testigos y pudieron servir de pruebas, basta señalar que la recurrente tuvo la oportunidad de discutirlas con ocasión de los informes orales de la vista que, como se ha recordado en el apartado 22 de la presente sentencia, tuvo lugar del 23 al 27 de marzo de 1998. Además, no consta que la recurrente hubiera presentado al Tribunal de Primera Instancia una solicitud de que se le permitiese examinar o comentar más las referidas declaraciones.35 Resulta de estos elementos que la segunda parte del primer motivo carece de fundamento.Sobre la tercera parte del primer motivo36 La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia la duración excesiva del procedimiento.37 Recuerda que el período transcurrido entre la interposición del recurso y el momento en que se dictó la sentencia recurrida fue de cincuenta y nueve meses. La sentencia se dictó casi un año después del comienzo de las deliberaciones. Debido a distintos retrasos, afirma, cambió la identidad del Presidente de Sala y dos de los cinco jueces que estuvieron presentes en la vista no participaron en las deliberaciones. Ello constituyó, según la recurrente, un obstáculo para la continuidad del asunto y para un examen en profundidad de las cuestiones que se plantearon.38 La Comisión afirma que, si se compara la duración del procedimiento en este asunto con la que el Tribunal de Justicia examinó en la sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión (C-185/95, Rec. p. I-8417), debe considerarse que la duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia no ha sido excesiva en el caso de autos. Al menos, afirma, se deben tener en cuenta las «circunstancias excepcionales» en el sentido de la referida sentencia, como las cuestiones inéditas relativas al acceso a los documentos y al número de actos procesales requeridos.39 Por otra parte, la Comisión señala que el cambio del Presidente de Sala no es anormal puesto que se produce cada año. Tampoco es anormal, afirma, el hecho de que dos de los jueces no participaran en las deliberaciones y sólo constituye la consecuencia de la expiración de su mandato.40 La recurrente sostiene que la duración total del procedimiento fue excesiva y que no puede alegarse ninguna justificación objetiva de tales retrasos. En particular, según la recurrente, no cabe justificar los quince meses que el Tribunal de Primera Instancia dedicó al examen del reducido número de documentos que la Comisión calificó de internos. Sostiene además que las alegaciones de la Comisión son desleales, puesto que ella misma originó numerosos retrasos.Apreciación del Tribunal de Justicia41 Debe recordarse que el principio general del Derecho comunitario según el cual toda persona tiene derecho a un juicio justo y, en particular, a un juicio en un plazo razonable, es aplicable en el marco de un recurso jurisdiccional contra una decisión de la Comisión por la que se imponen a una empresa multas por violación del Derecho de la competencia (sentencias Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 21, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375, apartado 179).42 El carácter razonable del plazo debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la transcendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto, del comportamiento del demandante y del de las autoridades competentes (sentencias, antes citadas, Baustahlgewebe/Comisión, apartado 29, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, apartado 187).43 El Tribunal de Justicia ha precisado a este respecto que la lista de estos criterios no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable del plazo no exige un examen sistemático de las circunstancias del asunto en función de cada uno de ellos cuando la duración del procedimiento se revela justificada en función de uno solo. El cometido de dichos criterios es determinar si el plazo de tramitación de un asunto está o no justificado. Así, la complejidad del asunto o un comportamiento dilatorio del recurrente pueden tenerse en cuenta para justificar un plazo a primera vista demasiado largo. A la inversa, puede considerarse que un plazo sobrepasa los límites del plazo razonable también en función de un solo criterio, en particular cuando su duración se deriva del comportamiento de las autoridades competentes. En su caso, la duración de una fase procesal puede calificarse de razonable en un primer momento cuando parece conforme con el plazo medio de tramitación de un asunto del mismo tipo que el que se analiza (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 188).44 En el caso de autos, hay que recordar que el punto de partida del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia fue la presentación, el 13 de abril de 1994, de la demanda mediante la que se interponía el recurso de anulación de la recurrente contra la Decisión controvertida, y que el referido procedimiento finalizó el 11 de marzo de 1999, fecha en que se dictó la sentencia recurrida. Así pues, duró casi cinco años.45 Tal duración parece, a primera vista, considerable. No obstante, procede recordar que once empresas presentaron un recurso de anulación contra la misma Decisión, en cuatro lenguas de procedimiento.46 Como recuerdan los apartados 51 a 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hubo de conocer de varios conflictos relativos al acceso a los documentos del procedimiento administrativo. Dado que la Comisión presentó, el 24 de noviembre de 1994, un expediente de 11.000 documentos referentes a la Decisión controvertida señalando que no debía facilitarse el acceso de las empresas afectadas a los documentos que contenían secretos comerciales, así como a los propios documentos internos de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia tuvo que oír a las partes a este respecto, examinar todos los documentos y determinar a cuáles de ellos podía tener acceso cada recurrente.47 Mediante auto de 19 de junio de 1996, NMH Stahlwerke y otros/Comisión (asuntos T-134/94, T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 y T-157/94, Rec. p. II-537), el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre el derecho de las demandantes a acceder a los documentos del expediente de la Comisión procedentes, por un lado, de las propias demandantes y, por otro lado, de terceras partes en los procedimientos, clasificados por la Comisión como confidenciales en interés de estas partes.48 Mediante auto de 10 de diciembre de 1997, NMH Stahlwerke y otros/Comisión, antes citado, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre las peticiones de acceso de las demandantes a los documentos calificados por la Comisión de «internos».49 Los diferentes asuntos incoados por otras empresas afectadas por la Decisión controvertida fueron acumulados a efectos de la instrucción y de la fase oral. Como se precisó en los apartados 58 a 67 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia acordó la práctica de numerosas diligencias de prueba en el marco de la preparación de este procedimiento. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia formuló diversas preguntas escritas a las partes y acordó la aportación de documentos y el examen de testigos.50 La fase oral concluyó al terminar la vista de 27 de marzo de 1998.51 La sentencia recurrida se dictó el 11 de marzo de 1999, a saber, el mismo día que las otras diez sentencias que se pronunciaban sobre los recursos interpuestos contra la Decisión controvertida.52 De las consideraciones anteriores resulta que la duración del procedimiento que dio lugar a la sentencia recurrida se explica, en particular, por el número de empresas que participaron en la práctica colusoria que se reprocha y que interpusieron un recurso contra la Decisión controvertida, lo que requería un examen paralelo de estos distintos recursos, por las cuestiones jurídicas vinculadas al acceso al voluminoso expediente de la Comisión, por la exhaustiva instrucción del expediente que llevó a cabo el Tribunal de Primera Instancia y por las exigencias lingüísticas que imponen las normas de procedimiento de dicho Tribunal.53 No se puede sostener válidamente que el Tribunal de Primera Instancia permaneció inactivo durante numerosos meses cuando sólo había de examinar un reducido número de documentos. Basta con referirse, a este respecto, a los apartados 51 a 57 de la sentencia recurrida, mediante los cuales el Tribunal de Primera Instancia recordó el procedimiento necesario para organizar el acceso a los documentos de la Comisión.54 A diferencia de lo que afirma la recurrente, no cabe imputar a la Comisión la responsabilidad de un retraso en la tramitación del procedimiento. En efecto, instada al respecto por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia mediante escrito de 25 de octubre de 1994, la Comisión presentó su expediente en dicha Secretaría el 24 de noviembre de 1994. Por otra parte, no se puede responsabilizar a la referida institución de las dificultades jurídicas vinculadas al acceso a determinados documentos, dificultades en buena parte nuevas, que el Tribunal de Primera Instancia hubo de resolver tuvo que resolver mediante autos tras un examen de los documentos que habían sido objeto de controversia. Además, no consta que presentara los demás documentos solicitados por el Tribunal de Primera Instancia con excesivos retrasos.55 Por lo que respecta al plazo de poco menos de un año que transcurrió entre el final de la fase oral y el momento en que se dictó la sentencia recurrida, se debe observar, a la luz de las circunstancias recordadas en el apartado 52 de la presente sentencia, que no se puede calificar de excesivo.56 De todas las consideraciones anteriores resulta que la duración del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia está justificada, habida cuenta de la particular complejidad del asunto.57 En cuanto a la modificación de la Presidencia de la Sala del Tribunal de Primera Instancia encargada del asunto y al impedimento de que dos jueces participaran en las deliberaciones, la recurrente no demuestra en qué medida se infringió el Reglamento de Procedimiento.58 Por lo tanto, la tercera parte del primer motivo carece de fundamento.59 De estos elementos resulta que el primer motivo carece de fundamento.Sobre el segundo motivo60 El segundo motivo se basa en la existencia de vicios sustanciales de forma al adoptar la Decisión controvertida.61 En primer lugar, la recurrente alega fundamentalmente que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 137 de la sentencia recurrida, que no existía ninguna diferencia material entre, por una parte, las versiones C(94) 321/2 y C(94) 321/3 de la Decisión controvertida y, por otra, las versiones de dicha Decisión notificadas a la recurrente.62 En segundo lugar, alega que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por lo que respecta a la autenticación de la Decisión controvertida está motivada de forma inadecuada y contradictoria. En particular, el hecho de que la fotocopia del acta fuera entregada al agente de la Comisión y después por éste al Tribunal de Primera Instancia en la misma caja de cartón que las copias de los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 no puede, según la recurrente, constituir el más mínimo fundamento para la presunción, aceptada por el Tribunal de Primera Instancia, de que dichos documentos fueron incorporados como anexo a la versión original del acta, de acuerdo con las exigencias del artículo 16 del Reglamento interno de la Comisión, en su versión resultante de la Decisión 93/492/Euratom, CECA, CEE de la Comisión, de 17 de febrero de 1993 (DO L 230, p. 15). Asimismo, afirma, en el apartado 149 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia aceptó indebidamente la certificación, por parte del Secretario General de la Comisión, de la conformidad de la fotocopia como prueba de la firma del acta. Según la recurrente, una fotocopia no prueba en absoluto la autenticidad del documento que reproduce: sólo la aportación de la versión original del acta hubiera permitido probar que el acta cumplía los requisitos establecidos en el referido Reglamento interno.63 En tercer lugar, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia debería haber comprobado la fecha de la autenticación, porque no puede presumirse que la autenticación tuviera lugar en la fecha en la que se adoptó el acta.64 La Comisión alega que procede declarar la inadmisibilidad del motivo en la medida en que critica apreciaciones de hecho y, con carácter subsidiario, que carece de fundamento.Apreciación del Tribunal de Justicia65 Se debe recordar con carácter preliminar que, como se desprende de los artículos 32 quinto CA, apartado 1, y 51 del Estatuto CECA del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para constatar y apreciar los hechos relevantes, así como para valorar los elementos de prueba, salvo en el supuesto de que se desnaturalicen dichos hechos y elementos (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C-136/92 P, Rec. p. I-1981, apartados 49 y 66; Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 194, y de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, apartado 69).66 Procede observar que en el caso de autos la recurrente impugna la apreciación de las pruebas efectuada por el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el segundo motivo impugna los siguientes apartados de la sentencia recurrida:- El apartado 146, en el que el Tribunal de Primera Instancia presumió que los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 fueron incorporados como anexos al acta.- El apartado 147, en el que el Tribunal de Primera Instancia consideró que no se había demostrado que hubiera ninguna diferencia material entre la versión de la Decisión controvertida notificada y la que fue incorporada como anexo al acta.- El apartado 148, en el que el Tribunal de Primera Instancia declaró que los documentos C(94) 321/2 y C(94) 321/3 debían considerarse autenticados por las firmas del Presidente y del Secretario General de la Comisión estampadas en la primera página del acta.- El apartado 149, en el que el Tribunal de Primera Instancia decidió que la certificación, por parte del Secretario General titular de la Comisión, de la conformidad de la ampliación era prueba suficiente de que la versión original del acta lleva las firmas originales del Presidente y del Secretario General de la Comisión.- El apartado 151, en el que el Tribunal de Primera Instancia observó que el acta había sido debidamente firmada por el Presidente y el Secretario General de la Comisión el 23 de febrero de 1994.67 Por lo que se refiere a la necesidad de exigir la presentación del original del acta, debe recordarse que corresponde al órgano jurisdiccional comunitario decidir respecto a la necesidad de que se presente un documento, en función de las circunstancias del litigio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento acerca de las diligencias de prueba. En cuanto al Tribunal de Primera Instancia, de lo dispuesto en el artículo 49 en relación con el artículo 65, letra b), de su Reglamento de Procedimiento resulta que la petición de aportación de documentos forma parte de las diligencias de prueba que el Tribunal de Primera Instancia puede ordenar en cualquier fase del procedimiento (sentencia de 6 de abril de 2000, Comisión/ICI, C-286/95 P, Rec. p. I-2341, apartados 49 y 50).68 En el apartado 149 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó la fotocopia del acta que se le había presentado y consideró que el hecho de que la primera página de dicho documento llevara el sello «ampliación certificada conforme, el Secretario General Carlo Trojan», y que ese sello llevara la firma original del Sr. Trojan, Secretario General titular de la Comisión, era prueba suficiente de que la fotocopia era conforme con el original.69 Como se ha recordado en el apartado 65 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para apreciar el valor probatorio de un documento, como hizo en el apartado 149 de la sentencia recurrida, y su decisión sobre este extremo no puede estar, en principio, sujeta al control del Tribunal de Justicia.70 Habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia disponía de esta copia del acta cuyo carácter de copia certificada reconocía, no estaba en absoluto obligado a proceder a la práctica de pruebas complementarias para reclamar el original si no lo consideraba necesario para el descubrimiento de la verdad (véase, en este sentido, la sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 404).71 De ello se deduce que el segundo motivo es parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.Sobre el tercer motivo72 El tercer motivo se funda en una infracción del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA. Se divide en dos partes, la primera basada en la calificación jurídica errónea de los elementos de prueba y la segunda en una interpretación errónea de dicha disposición.Sobre la primera parte del tercer motivo73 Según la recurrente, la calificación jurídica que dio el Tribunal de Primera Instancia a los elementos de prueba en función de los cuales declaró que la recurrente había participado, infringiendo el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA, en acuerdos y prácticas concertadas de fijación de los precios y de intercambio de información, adolece de un vicio por el hecho de que no tuvo en cuenta sus propias apreciaciones posteriores relativas al objeto, el ámbito y el contenido de los debates en que habían participado las empresas de que se trata, en el contexto del régimen de vigilancia del sector establecido una vez finalizado el período de crisis manifiesta.74 La recurrente señala que, en el apartado 656 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró efectivamente que, en el marco de la preparación de reuniones con la Comisión, las empresas tuvieron que reunirse previamente e intercambiar sus puntos de vista sobre la situación económica del mercado y las tendencias futuras, especialmente en materia de precios. Además, afirma, tales reuniones eran necesarias para el éxito del régimen de vigilancia del sector. Por otra parte, considera que del testimonio del Sr. Kutscher, antiguo funcionario de la DG III al que el Tribunal de Primera Instancia examinó como testigo, se desprende que, en una situación económica favorable, pueden producirse aumentos de precios de manera paralela sin que sea necesario un acuerdo. Por consiguiente, a su juicio, la sentencia recurrida se basa en una motivación contradictoria e insuficiente.75 La Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia examinó atentamente cada uno de los elementos de prueba de las distingas infracciones y señala que la recurrente no invoca la desnaturalización de las pruebas.76 Según la Comisión, resulta erróneo sostener que la existencia de reuniones con ella impide afirmar que la recurrente participó en actividades contrarias a la competencia. En primer lugar, según afirma, este argumento sólo puede referirse a las infracciones supuestamente cometidas en el marco del Comité de Eurofer denominado «Comité de vigas» (en lo sucesivo, «Comité de vigas»), y no a los acuerdos de reparto de mercados y de fijación de los precios. En segundo lugar, la Comisión se remite a los apartados 539 y 575 a 579 de la sentencia recurrida, de los que se desprende, en su opinión, que las actividades imputadas a las empresas de que se trata eran muy distintas de las reuniones de información celebradas con la Comisión.Apreciación del Tribunal de Justicia77 Procede señalar que la recurrente no invoca argumento alguno que ponga en tela de juicio el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 539 a 576 de la sentencia recurrida. En estos apartados, el Tribunal de Primera Instancia demostró que las empresas de que se trata habían ocultado a la Comisión la existencia y el contenido de los debates contrarios a la competencia que mantenían y de los acuerdos que celebraban. En el apartado 577 de dicha sentencia precisó que, en cualquier caso, las disposiciones del artículo 65, apartado 4, del Tratado CECA tienen un contenido objetivo y se imponen tanto a las empresas como a la Comisión, que no puede eximir de ellas a estas últimas.78 Más concretamente, la recurrente no impugna los apartados 547 a 557 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de Primera Instancia consideró que no estaba demostrado que los funcionarios de la DG III hubieran tenido conocimiento de los acuerdos de fijación de los precios.79 Por lo que respecta al apartado 656 de la sentencia recurrida, en el que la recurrente se basa para deducir la existencia de una motivación contradictoria en la sentencia recurrida, procede destacar que se enmarca en la parte de la sentencia dedicada al examen, por el Tribunal de Primera Instancia, de la repercusión económica de las infracciones con el fin de apreciar si el importe de la multa que se había fijado era desproporcionado.80 Así, en esta parte de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó uno de los criterios que normalmente se tienen en cuenta para apreciar la gravedad de una infracción, subrayando al mismo tiempo, en el apartado 650 de la misma sentencia, que se podía demostrar la existencia de una infracción del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA e imponer una multa con arreglo al apartado 5 del referido artículo incluso a falta de efectos contrarios a la competencia. Como expuso el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 651 de la mencionada sentencia, el efecto de una práctica contraria a la competencia no es, por tanto, un criterio determinante para la apreciación del importe adecuado de la multa. Elementos que forman parte del aspecto intencional pueden tener más importancia que los relativos a dichos efectos, sobre todo cuando se trata de infracciones intrínsecamente graves, como la fijación de los precios y el reparto de mercados, elementos estos últimos que concurren en el presente asunto.81 La afirmación efectuada en el apartado 656 de la sentencia recurrida no se puede interpretar aisladamente, sino que ha de situarse en el contexto del desarrollo del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia. Pues bien, éste prosiguió, en el apartado 658 de la misma sentencia, considerando que, habida cuenta del comportamiento de la Comisión, no procedía determinar los efectos de las infracciones cometidas en el caso de autos comparando simplemente la situación resultante de los acuerdos restrictivos de la competencia con la que habría existido si las empresas no se hubiesen puesto en contacto entre ellas. Según el Tribunal de Primera Instancia, era más pertinente comparar, por un lado, la situación resultante de dichos acuerdos y, por otro, la prevista y aceptada por la DG III, en la que se suponía que las empresas tenían que reunirse y celebrar debates generales, especialmente sobre sus previsiones de precios futuros.82 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no se contradijo al tomar en consideración el comportamiento de la Comisión para valorar los efectos económicos de las infracciones observando al mismo tiempo que tal comportamiento no había tenido repercusión alguna en el pleno conocimiento, por parte de las empresas afectadas, del carácter contrario a la competencia de las prácticas que se reprochan.83 De ello se deduce que la primera parte del tercer motivo carece de fundamento.Sobre la segunda parte del tercer motivo84 Según la recurrente, la interpretación que el Tribunal de Primera Instancia da al artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA se basa en una motivación contradictoria y en una comprensión errónea del contexto en el que ha de aplicarse dicha disposición.85 La recurrente reprocha al razonamiento del Tribunal de Primera Instancia que es tautológico. En efecto, afirma, tras considerar, basándose únicamente en las pruebas, que las infracciones del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA, habían quedado demostradas, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que las alegaciones de la recurrente sobre la interpretación de esta disposición carecían de pertinencia. Añade que, de este modo, aquél negó la pertinencia de los artículos 46 a 48 y 60 del Tratado CECA para dicha interpretación. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia debería haber examinado la cuestión de la interpretación del referido artículo 65, apartado 1, antes de comprobar si las infracciones resultaban demostradas.86 Asimismo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no interpretó correctamente el concepto de «juego normal de la competencia», en la medida en que no tuvo en cuenta ni el efecto que la consecución de los diferentes objetivos del Tratado podía tener en el contenido de dicho concepto, ni la incidencia de los artículos 46 a 48 del Tratado CECA.87 Según la recurrente, la motivación de la sentencia recurrida es contradictoria a este respecto, puesto que, en el apartado 658 de la misma, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta la ambigüedad introducida por la Comisión en el alcance del concepto de «juego normal de la competencia» para la fijación del importe de las multas, pero no tomó en consideración dicha ambigüedad para la interpretación del artículo 65 del Tratado CECA.88 Como consecuencia de su interpretación errónea del concepto de «juego normal de la competencia», afirma, el Tribunal de Primera Instancia declaró indebidamente, en el apartado 256 de la sentencia recurrida, que la recurrente había participado en prácticas concertadas relativas a los precios en el mercado británico, cuando su comportamiento había resultado del régimen de vigilancia establecido por la Comisión.89 La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia declaró también erróneamente que la recurrente había cometido una infracción autónoma del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA al participar en un sistema de intercambio de información en el seno del Comité de vigas, mientras que el Tribunal de Primera Instancia no demostró el carácter autónomo de la infracción realizando una distinción coherente entre los efectos supuestamente contrarios a la competencia de los acuerdos de fijación de los precios y de reparto de los mercados, por una parte, y los del sistema de intercambio de información, por otra.90 Es más, añade, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta, en su apreciación, las negociaciones que tuvieron lugar necesariamente en el marco del régimen de vigilancia establecido por la Comisión.91 Además, la apreciación que el Tribunal de Primera Instancia realizó de la estructura del mercado relevante se basa, según la recurrente, en una motivación inadecuada, que se recoge íntegramente en el apartado 390 de la sentencia recurrida. En dicho apartado, señala, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el mercado era oligopolístico, sin proceder a una evaluación económica de la estructura del mismo. Según la recurrente ésta es muy diferente de lo que se ha considerado un oligopolio en la práctica seguida por la Comisión en virtud del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO L 395, p. 1), en la Decisión 92/157/CEE de la Comisión, de 17 de febrero de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/31.370 y 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (DO L 68, p. 19), o en la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Ley contra las restricciones de la competencia) alemana.92 La Comisión se remite al apartado 156 de la sentencia recurrida, en el que, según afirma, el Tribunal de Primera Instancia indicó cómo iba a proceder al examen del recurso, a saber, comprobando la materialidad de los hechos antes de controlar la conformidad a Derecho de la calificación jurídica realizada en la Decisión controvertida. Considera que tal modo de proceder es riguroso y no llevó al Tribunal de Primera Instancia a extraer, en la primera parte del referido examen, conclusiones que prejuzgaran el resultado de la segunda.93 La Comisión alega que la recurrente desnaturaliza el sentido de los apartados 658 a 660 de la sentencia recurrida, en los que, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no declaró que se debía adaptar el concepto de «juego normal de la competencia», sino simplemente que la Comisión había exagerado la repercusión económica de los acuerdos de fijación de los precios comprobados en la Decisión controvertida.94 En relación con los artículos 46 a 48 del Tratado CECA, la Comisión señala que, en el apartado 587 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la cuestión de los debates entre empresas para informar a dicha institución carecía de pertinencia. En efecto, afirma, el Tribunal de Primera Instancia indicó que ese no era el objetivo de los acuerdos y prácticas concertadas controvertidos, que la Comisión no había reprochado estos debates y que tales debates sobre las tendencias del mercado no suponían la perpetración de las infracciones observadas en la Decisión controvertida. Así pues, a juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que las actividades de las empresas de que se trata debían calificarse de infracciones del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA y que no estaban comprendidas en el concepto de «juego normal de la competencia».95 Por lo que respecta al sistema de intercambio de información, la Comisión señala que el Tribunal de Primera Instancia se esforzó por demostrar, en los apartados 391 a 397 de la sentencia recurrida, que restringía la competencia en términos de autonomía de decisión de los participantes en el intercambio y, en el apartado 396 de la citada sentencia, que tendía a la compartimentación de los mercados tomando como referencia los flujos comerciales tradicionales. Por consiguiente, según la Comisión, es erróneo afirmar que el Tribunal de Primera Instancia no demostró que se trataba de una infracción autónoma.96 La Comisión considera que no procede admitir la impugnación de la estructura oligopolística del mercado de que se trata, ya que fue formulada por vez primera en el procedimiento de casación. Por lo demás, alega que el Tribunal de Primera Instancia se remitió a la sentencia de 18 de mayo de 1962, Geitling Ruhrkohlen-Verkaufsgesellschaft y otros/Alta Autoridad (13/60, Rec. p. 165), en la que el Tribunal de Justicia declaró que la estructura oligopolística de un mercado implicaba que era aún más necesario proteger la competencia residual en el mismo.Apreciación del Tribunal de Justicia97 Procede observar que la segunda parte del tercer motivo constituye una amalgama de diversos reproches a la sentencia recurrida.98 Se ha de señalar ante todo que algunas alegaciones formuladas en el marco de esta parte del tercer motivo ya han recibido respuesta en el examen de la primera parte del mismo motivo. Se trata de las críticas a la sentencia recurrida según las cuales, por una parte, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el comportamiento de la DG III al declarar la existencia de infracciones del artículo 65, apartado 1, del tratado CECA y, por otra, se contradijo al declarar la existencia de una infracción del referido artículo 65 tomando en consideración al mismo tiempo, al determinar la sanción, la ambigüedad creada por la Comisión.99 Deben examinarse sucesivamente las alegaciones basadas, en primer lugar, en un supuesto vicio en el razonamiento de la sentencia recurrida, en segundo lugar, en una supuesta interpretación errónea del concepto de «juego normal de la competencia» y, en tercer lugar, en un supuesto error de Derecho en la declaración de la existencia de una infracción autónoma.100 Por lo que respecta, en primer lugar, a un supuesto vicio en el razonamiento de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró en ella la existencia de infracciones antes incluso de examinar la cuestión de la interpretación del artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA, basta observar que, en los apartados 155 y 156 de la referida sentencia, el Tribunal de Primera Instancia expuso el plan de su respuesta a los numerosos motivos y alegaciones que la recurrente basaba en una infracción de dicha disposición. En el mencionado apartado 156 precisó que iba a examinar la materialidad de los hechos constitutivos de las infracciones reprochadas antes de verificar si la calificación jurídica de dichos hechos era conforme a Derecho.101 En el apartado 239 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que las constataciones de hecho que figuraban en la Decisión controvertida eran fundadas, que la existencia material de acuerdos y prácticas concertadas estaba acreditada y que la participación de la recurrente en dichos acuerdos y prácticas concertadas estaba probada.102 De estos elementos resulta que, cuando el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre dichas constataciones de hecho, no prejuzgó la existencia de infracciones antes incluso de examinar la interpretación que había de darse al artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA. Se limitó a examinar los elementos de hecho antes de controlar, en un momento posterior, la calificación de los comportamientos observados.103 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la supuesta interpretación errónea del concepto de «juego normal de la competencia», hay que señalar que el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 289 a 296 de la sentencia recurrida, el contexto en el que se enmarca el artículo 65, apartado 1, del Tratado CECA. Comprobó también, en los apartados 297 a 309 de la misma sentencia, si el artículo 60 del referido Tratado era pertinente para la apreciación, a la luz del citado artículo 65, apartado 1, de los comportamientos que se reprochaban a la recurrente. En el apartado 310 de la mencionada sentencia, examinó los artículos 46 a 48 del Tratado CECA para llegar a la conclusión, en el apartado siguiente, de que ninguna de las disposiciones citadas en el presente apartado permite a las empresas infringir la prohibición del referido artículo 65, apartado 1, celebrando acuerdos o dedicándose a prácticas concertadas de fijación de los precios del tipo de las controvertidas en el caso de autos.104 Procede considerar que todos los argumentos expuestos por el Tribunal de Primera Instancia a este respecto eran acertados. Por consiguiente, la alegación basada en una supuesta interpretación errónea del concepto de «juego normal de la competencia» carece de fundamento.105 En tercer lugar, con arreglo a la jurisprudencia relativa al mercado de tractores (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de octubre de 1994, Fiatagri y New Holland Ford/Comisión, T-34/92, Rec. p. II-905, y Deere/Comisión, T-35/92, Rec. p. II-957, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998, Deere/Comisión, C-7/95 P, Rec. p. I-3111, y New Holland Ford/Comisión, C-8/95 P, Rec. p. I-3175), en la que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia examinaron por primera vez un acuerdo de intercambio de información en el marco del Tratado CE, y cuyas consideraciones de carácter general pueden aplicarse al Tratado CECA, un acuerdo de este tipo es contrario a las normas sobre la competencia en la medida en que debilita o suprime el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado de que se trata, con la consecuencia de que restringe la competencia entre las empresas (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia Deere/Comisión, antes citada, apartado 90).106 En efecto, los criterios de coordinación y cooperación constitutivos de una práctica concertada, lejos de exigir la elaboración de un verdadero «plan», deben interpretarse a luz de la lógica inherente a las disposiciones sobre competencia de los Tratados CE y CECA, según la cual todo operador económico debe determinar autónomamente la política que pretende seguir en el mercado común y las condiciones que pretende reservar a sus clientes (sentencia del Tribunal de Justicia Deere/Comisión, antes citada, apartado 86, y jurisprudencia citada).107 Si bien es cierto que esta exigencia de autonomía no excluye el derecho de los operadores a adaptarse con habilidad al comportamiento que han comprobado o que prevén que seguirán sus competidores, se opone, sin embargo, de modo riguroso a toda toma de contacto directo o indirecto entre dichos operadores que tenga por objeto o por efecto abocar a condiciones de competencia que no corresponderían a las condiciones normales del mercado de que se trate, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos entregados o los servicios prestados, la importancia y el número de las empresas así como el volumen de dicho mercado (sentencia del Tribunal de Justicia Deere/Comisión, antes citada, apartado 87, y jurisprudencia citada).108 En los apartados 88 a 90 de la sentencia Deere/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia confirmó la premisa general que el Tribunal de Primera Instancia utilizó en su razonamiento, a saber, que:- en principio, la transparencia entre los operadores económicos fomenta, en un mercado verdaderamente competitivo, la intensificación de la competencia entre los proveedores, puesto que, en tal caso, la circunstancia de que un operador económico tenga en cuenta informaciones sobre el funcionamiento del mercado, de las que dispone gracias al sistema de intercambio de información, para adaptar su comportamiento en dicho mercado, no atenúa ni suprime para los otros operadores económicos, habida cuenta del carácter atomizado de la oferta, toda incertidumbre en cuanto al comportamiento previsible de sus competidores;- no obstante, en un mercado oligopolístico fuertemente concentrado, el intercambio de información puede permitir a las empresas conocer la posición de sus competidores en el mercado y su estrategia comercial y, de este modo, alterar sensiblemente la competencia subsistente entre los operadores económicos.109 En el apartado 89 de la sentencia Deere/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló también que el Tribunal de Primera Instancia había tenido en cuenta la naturaleza confidencial y detallada de la información intercambiada, su periodicidad, así como el hecho de que sólo iba destinada a las empresas que participaban en el intercambio, con exclusión de sus competidores y de los consumidores.110 Por lo que respecta a la afirmación de que, en el caso de autos, el mercado de las vigas tenía una estructura oligopolística, hay que señalar que se trata de una apreciación de hecho que, por los motivos recordados en el apartado 65 de la presente sentencia, no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.111 Habida cuenta de la jurisprudencia que se ha recordado en los apartados 105 a 109 de la presente sentencia y de las diferentes apreciaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 383 a 390 de la sentencia recurrida, de las que resulta que los sistemas de intercambio de información de que se trata atenuaban el grado de incertidumbre sobre el funcionamiento del mercado, el Tribunal de Primera Instancia consideró fundadamente, en el apartado 391 de la misma sentencia, que dichos sistemas afectaban claramente a la autonomía de decisión de los participantes. Asimismo, teniendo en cuenta las apreciaciones efectuadas en los apartados 392 a 396 de la referida sentencia, el Tribunal de Primera Instancia dedujo acertadamente, en el apartado 397 de la misma, el carácter sensible de la reducción de la autonomía de decisión de las empresas que participaban en tales sistemas.112 Así pues, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que el sistema de intercambio de información constituía una infracción autónoma.113 De todas estas consideraciones resulta que la segunda parte del tercer motivo carece de fundamento.114 Por consiguiente, el tercer motivo carece de fundamento.Sobre el cuarto motivo115 El cuarto motivo se basa en errores de Derecho que, según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió en los apartados 77 a 103 de la sentencia recurrida, al examinar y desestimar las alegaciones según las cuales la Comisión había violado el derecho de defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo.116 Según la recurrente, la jurisprudencia relativa al acceso al expediente, tal como resulta de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Solvay/Comisión (T-30/91, Rec. p. II-1775); Solvay/Comisión (T-31/91, Rec. p. II-1821); Solvay/Comisión (T-32/91, Rec. p. II-1825); ICI/Comisión (T-36/91, Rec. p. II-1847), e ICI/Comisión (T-37/91, Rec. p. II-1901), obliga a tomar en consideración:- la naturaleza de las imputaciones formuladas por la Comisión contra una empresa;- el principio según el cual no corresponde a la Comisión determinar los documentos que son efectiva o potencialmente pertinentes para permitir a la empresa defenderse de dichas imputaciones;- el principio de igualdad de armas, que supone que la empresa tenga acceso a la misma información que la Comisión.117 La recurrente alega que, en el caso de autos, no se facilitó el acceso a numerosos documentos y testimonios relativos a la función de la DG III hasta el procedimiento jurisdiccional. Pues bien, afirma, tales documentos eran pertinentes para la defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo.118 Asimismo, la recurrente aduce que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la investigación de la Comisión sobre su propia función había cumplido las obligaciones de procedimiento aplicables adolece de un error de Derecho. En particular, precisa, el Tribunal de Primera Instancia se contradijo al afirmar que los documentos relativos a la investigación interna de la Comisión no eran pertinentes para la defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo, mientras que ordenó la aportación de tales documentos en el procedimiento jurisdiccional y los invocó varias veces en la sentencia recurrida.119 La recurrente señala además que, en contra de lo que afirma el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 101 de la sentencia recurrida, los derechos procedimentales de las empresas no quedan suficientemente garantizados por la facultad que les brinda de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.120 En este contexto, alega que existe una contradicción entre el apartado 320 de la sentencia recurrida, en el que, según afirma, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la tesis de la recurrente según la cual la Comisión era consciente de la armonización de la estructura y de los precios de los suplementos y la toleraba, y el apartado 558 de la misma sentencia, que indicaba, sobre la base de un documento elaborado por la Comisión, que ésta era efectivamente consciente de la práctica consistente en armonizar los «extras». Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia sólo podía apreciar la cuestión ordenando la práctica de diligencias de prueba y examinando todos los documentos pertinentes, y no sólo algunos de ellos.121 La Comisión afirma que la jurisprudencia invocada por la recurrente se refiere a documentos que se encuentran en poder de la Comisión, mientras que los documentos a que se refiere la recurrente en su recurso de casación son documentos internos de la Comisión, es decir, documentos que ésta no está obligada a proporcionar a las empresas afectadas por una investigación.122 La Comisión señala que la recurrente no demuestra en qué medida los argumentos que invocó en el procedimiento administrativo habrían podido reforzarse si hubiera tenido acceso a los documentos de que se trata y, en particular, no menciona documento alguno que habría podido ayudarle a defender su tesis.123 Por lo que respecta a los documentos relativos a la investigación interna de la Comisión, ésta alega que no existe ninguna contradicción entre el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia hubiera observado que los documentos de que se trata no tenían por qué divulgarse en el procedimiento administrativo y el hecho de que hubiera ordenado su presentación en el procedimiento jurisdiccional. En efecto, afirma, dichos documentos no constituían pruebas que la Comisión se propusiera utilizar contra alguna de las empresas afectadas. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión había tenido debidamente en cuenta las observaciones de las referidas empresas en la investigación.124 En relación con la armonización de los suplementos, la Comisión considera que la recurrente trata de inducir al Tribunal de Justicia a examinar una vez más hechos que ya han sido apreciados por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo demás, habida cuenta del minucioso examen de las pruebas y de las tesis jurídicas alegadas llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión afirma que la circunstancia de que éste no acordara la práctica de diligencias de prueba adicionales sobre el particular no puede constituir una violación del derecho de defensa.Apreciación del Tribunal de Justicia125 Es preciso señalar que, en los asuntos de competencia, el acceso al expediente tiene fundamentalmente por objeto permitir a los destinatarios de un pliego de cargos tomar conocimiento de las pruebas que figuran en el expediente de la Comisión, a fin de que, basándose en tales documentos, puedan pronunciarse adecuadamente sobre las conclusiones a las que la Comisión haya llegado en su pliego de cargos (sentencias de 8 de julio de 1999, Hercules Chemicals/Comisión, C-51/92 P, Rec. p. I-4235, apartado 75, y jurisprudencia citada, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 315).126 El derecho de acceso al expediente de la Comisión tiende, por tanto, a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa (véase la sentencia Hercules Chemicals/Comisión, antes citada, apartado 76), derecho que, a la vez, forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario y está reconocido por el artículo 6 del CEDH (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 316).127 La violación del derecho de acceso al expediente de la Comisión durante el procedimiento previo a la adopción de la Decisión puede dar lugar, en principio, a la anulación de dicha Decisión cuando se haya vulnerado el derecho de defensa de la empresa afectada (sentencias antes citadas Hercules Chemicals/Comisión, apartado 77, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, apartado 317).128 En tal supuesto, la violación producida no queda subsanada por el mero hecho de que el acceso al expediente haya resultado posible durante el procedimiento jurisdiccional relativo a un eventual recurso que tenga por objeto la anulación de la Decisión impugnada. Cuando el acceso se garantiza en esta fase, la empresa de que se trate no debe demostrar que, si hubiera tenido acceso a los documentos no comunicados, la Decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino únicamente que habría podido utilizar dichos documentos para su defensa (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Hercules Chemicals/Comisión, apartados 78, 80 y 81, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, apartado 318).129 En el caso de autos procede señalar que los documentos a que hace referencia la recurrente en el marco del cuarto motivo no son documentos que forman parte del expediente constituido por la Comisión para la investigación de la existencia de una infracción de las normas de competencia, sino documentos internos de la Comisión, confidenciales por naturaleza.130 A pesar del carácter confidencial de dichos documentos, el Tribunal de Primera Instancia examinó acertadamente si la negativa a comunicarlos estaba justificada y había menoscabado el derecho de defensa de la recurrente. Así, comprobó fundadamente si los documentos controvertidos habrían podido ser útiles para la defensa de la misma.131 En el apartado 100 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia observó que los documentos internos de la Comisión no contenían evidentemente ningún elemento de descargo. A este respecto, no se desprende de ninguno de los documentos a que se refiere la recurrente en su recurso de casación que el Tribunal de Primera Instancia hubiera incurrido en un error de Derecho ni que hubiera desnaturalizado los hechos o las pruebas al llegar a la conclusión de que no existían elementos de descargo en dichos documentos. Éstos describen, en efecto, tendencias generales del mercado del acero, pero no demuestran en modo alguno que los funcionarios de la DG III hubieran conocido o incluso incentivado las prácticas ilícitas que se reprochan a la recurrente.132 A diferencia de lo que ésta afirma, de la adopción por el Tribunal de Primera Instancia de una diligencia de prueba no cabe extraer la más mínima conclusión en cuanto a la utilidad de los documentos de que se trata para la defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo. Por otra parte, las distintas referencias a estos documentos en la sentencia recurrida no demuestran en modo alguno que podrían haber sido de tal utilidad.133 En cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia declaró también, en el apartado 97 de la sentencia recurrida, que las empresas afectadas habían tenido la posibilidad de enviar, en su respuesta al pliego de cargos, los supuestos documentos de descargo que obraran en su poder. La recurrente no impugna esta apreciación.134 A este respecto, como señala acertadamente el Abogado General en los puntos 43 a 45 de sus conclusiones, habida cuenta de que la recurrente podía conocer la información que se encuentra en los documentos controvertidos consultando otras fuentes, incluidas las suyas propias, no cabe afirmar que el acceso a los documentos de la Comisión fuera necesario o útil incluso para la defensa de la recurrente en el procedimiento administrativo.135 De ello se desprende que la alegación basada en la violación del derecho de defensa por falta de acceso al expediente de la Comisión en el procedimiento administrativo carece de fundamento.136 En cuanto a la alegación de la recurrente relativa a los acuerdos sobre la armonización de la estructura y de los precios de los suplementos, basta observar que se basa en una apreciación de elementos de prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia y que, como se ha recordado en el apartado 65 de la presente sentencia, tal apreciación no está sujeta, en principio, al control del Tribunal de Justicia.137 Por lo que respecta a la necesidad, de que el Tribunal de Primera Instancia ordene la presentación de otros documentos, procede remitirse al principio que se ha recordado en el apartado 67 de la presente sentencia. Habida cuenta de que el Tribunal de Primera Instancia disponía de documentos que consideraba probatorios, no estaba en modo alguno obligado a proceder a la práctica de una prueba complementaria si estimaba que ésta no era necesaria para el descubrimiento de la verdad.138 Por consiguiente, el cuarto motivo es parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.Sobre el quinto motivo139 El quinto motivo, que consta de dos partes, se basa en una aplicación errónea del artículo 15 del Tratado CECA por lo que se refiere a la motivación del importe de las multas en la Decisión controvertida.Sobre la primera parte del quinto motivo140 Mediante la primera parte del quinto motivo, la recurrente impugna los apartados 629 y 630 de la sentencia recurrida. Alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que la inexistencia, en la Decisión controvertida, de indicaciones específicas en relación con el cálculo de la multa no constituía una infracción, que pudiera justificar la anulación total o parcial de la multa impuesta, de la obligación de motivación que resulta del artículo 15 del Tratado CECA.141 La Comisión alega que la recurrente no impugna los apartados 624 y 625 de la sentencia recurrida, que constituyen por sí mismos la motivación de la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, debiendo considerarse innecesarios los demás apartados de dicha sentencia relativos a la motivación de la multa. De ello deduce que, aunque el Tribunal de Justicia declarara erróneos esos otros apartados, no debería anular la referida sentencia, en la medida en que considerase que tales apartados no constituyen etapas fundamentales del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia.142 La Comisión señala que el Tribunal de Primera Instancia consideró deseable que se indicaran los elementos para el cálculo de la multa en la Decisión en que se impuso, si bien no estimó que ello fuera indispensable a efectos de la legalidad. Ello vuelve a indicar que adoptó, después de la Decisión controvertida, directrices para el cálculo de las multas.143 En su réplica, la recurrente afirma que gracias a la información complementaria facilitada por la Comisión fue posible identificar los errores en que ésta incurrió al calcular la multa que se impuso a la recurrente, como se desprende, a su juicio, de los apartados 690 y 691 de la sentencia recurrida. Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que no hubo infracción de la obligación de motivación del importe de la multa en la Decisión controvertida.Apreciación del Tribunal de Primera Instancia144 Procede recordar que, a tenor del artículo 15, párrafo primero, del Tratado CECA, «[las] decisiones, las recomendaciones y los dictámenes de la Comisión deberán ser motivados y se referirán a los dictámenes preceptivamente recabados».145 Es jurisprudencia reiterada que la obligación de motivar una decisión individual tiene la finalidad de permitir al Tribunal de Justicia el ejercicio de su control sobre la legalidad de ésta y de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez (sentencia de 7 de abril de 1987, Sisma/Comisión, 32/86, Rec. p. 1645, apartado 8).146 En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente en el apartado 624 de la sentencia recurrida que, en sus considerandos 300 a 312, 314 y 315, la Decisión controvertida contenía una exposición suficiente y pertinente de los factores tenidos en cuenta para juzgar la gravedad, en general, de las diferentes infracciones reprochadas.147 En efecto, en el considerando 300 de la Decisión controvertida se recuerda la gravedad de las infracciones y se exponen los elementos que se tomaron en consideración para la fijación de la multa. Así, la referida Decisión tuvo en cuenta, en su considerando 301, la situación económica del sector siderúrgico, en sus considerandos 302 a 304, la repercusión económica de las infracciones, en sus considerandos 305 a 307, la circunstancia de que al menos algunas de las empresas eran conscientes de que su actuación era o podía ser contraria al artículo 65 del Tratado CECA, en sus considerandos 308 a 312, los malentendidos que podrían haberse originado durante el régimen de crisis y, en su considerando 316, la duración de las infracciones. Además, la Decisión controvertida expone detalladamente la participación de cada empresa en cada una de las infracciones.148 Procede observar que las indicaciones que figuran en la Decisión controvertida permitían a la empresa de que se trata conocer la justificación de la medida adoptada, para hacer valer sus derechos, y permiten al órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control de la legalidad de dicha Decisión. De ello se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no infringió el artículo 15 del Tratado CECA al considerar que tal Decisión estaba motivada de modo suficiente por lo que respecta a la determinación del importe de las multas.149 En cuanto a la indicación de datos numéricos relativos al método de cálculo de las multas, se ha de recordar que tales datos, por útiles y deseables que puedan ser, no son indispensables para el cumplimiento de la obligación de motivación de una Decisión por la que se imponen multas, y cabe subrayar, en cualquier caso, que la Comisión no puede renunciar a su facultad de apreciación, utilizando exclusiva y mecánicamente una serie de fórmulas aritméticas (sentencias de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, apartados 75 a 77, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartado 464).150 El hecho de que sólo la presentación de dichos datos numéricos permitiera detectar ciertos errores de cálculo no basta para que se considere que la motivación de la Decisión controvertida es insuficiente dado que, en el marco del control de una decisión de este tipo por el órgano jurisdiccional comunitario, éste puede hacer que se le presenten todos los elementos que le sean necesarios. Consta que, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia solicitó y recibió de la Comisión todos los datos numéricos que permitían un control exhaustivo del método de cálculo de la multa.151 De lo anterior se deduce que la primera parte del quinto motivo carece de fundamento.Sobre la segunda parte del quinto motivo152 Mediante la segunda parte del quinto motivo, la recurrente afirma que existe una contradicción entre el apartado 676 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia declara que «no puede tratarse [...] de un posible malentendido sobre el alcance del apartado 1 del artículo 65 del Tratado» y los apartados 658 y 659 de la misma sentencia, en los que reconoce que la DG III introdujo una cierta ambigüedad en el alcance del concepto de «juego normal de la competencia» en el sentido de esta disposición del Tratado CECA. La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia debería haber ordenado una reducción suplementaria de la multa a la luz de su declaración según la cual la Comisión había introducido cierta ambigüedad en la interpretación de la referida disposición. Añade que la negativa del Tribunal de Primera Instancia a admitir que la recurrente podía alegar circunstancias atenuantes se basaba en una motivación contradictoria que justifica la anulación de la sentencia recurrida.153 La Comisión considera que la sentencia recurrida no contiene contradicción alguna por lo que respecta a la interpretación del concepto de «juego normal de la competencia», habida cuenta de las afirmaciones del Tribunal de Primera Instancia según las cuales las empresas de que se trata pretendieron ocultar a la Comisión la auténtica naturaleza y el verdadero alcance de sus contactos, así como la circunstancia de que las referidas empresas habrían podido dirigirse a la DG IV (Dirección General «Competencia») de la Comisión si hubieran tenido la más mínima duda acerca de la legalidad de dichos contactos. Por consiguiente, afirma, no puede justificarse una reducción suplementaria de la multa sobre esta base.Apreciación del Tribunal de Justicia154 Procede destacar que esta parte del motivo se refiere a cuestiones a las que ya se ha dado respuesta en el marco del examen de la primera parte del tercer motivo, en los apartados 77 a 83 de la presente sentencia.155 De las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse el quinto motivo por infundado.Sobre el sexto motivo156 La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no ejerció de manera apropiada su competencia para controlar y declarar la nulidad de la Decisión controvertida que le confiere el artículo 33 del Tratado CECA. En efecto, observa, no anuló el artículo 1 de la referida Decisión, que declara que la recurrente cometió infracciones del artículo 65, apartado 1, de dicho Tratado durante el período anterior al 1 de julio de 1988, mientras que en el apartado 524 de la sentencia recurrida señaló que «en el caso de la demandante, la Comisión no declaró la existencia de ninguna infracción relacionada con las actividades del Comité de vigas en el período anterior al 1 de julio de 1988».157 La Comisión señala que la única infracción anterior al 1 de julio de 1988 de la que efectivamente se acusó a la recurrente en la Decisión controvertida es la de haber participado en el acuerdo que tenía por objeto aumentar los precios en Alemania y en Francia, mencionado en el considerando 224 de dicha Decisión. Añade que, no obstante, en el apartado 170 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia declaró que la participación de la recurrente en el referido acuerdo no estaba suficientemente probada.158 La Comisión alega que, en todo caso, no se impuso ninguna multa a la recurrente por infracciones anteriores al 1 de julio de 1988.159 En su réplica, la recurrente aduce que los motivos que invoca la Comisión no pueden justificar la negativa a anular el artículo 1 de la Decisión controvertida por lo que respecta al acuerdo que tenía por objeto aumentar los precios en Alemania y en Francia.Apreciación del Tribunal de Justicia160 Procede observar que, como señala acertadamente la Abogado General en el punto 114 de sus conclusiones, el artículo 1 de la Decisión controvertida hace referencia a un período de infracción que no comprendía el período anterior al 1 de julio de 1988. Consta a este respecto que no se impuso ninguna multa a la recurrente por lo que se refiere a este período.161 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia no habría podido anular el artículo 1 de la Decisión controvertida por lo que respecta a los acuerdos sobre precios anteriores al 1 de julio de 1988.162 En cuanto al considerando 224 de la Decisión controvertida, basta señalar que no tuvo consecuencias en su parte dispositiva y que, por tanto, no era necesario que el Tribunal de Primera Instancia lo anulara expresamente. Los intereses de la recurrente se preservaron suficientemente mediante la declaración del Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 170 de la sentencia recurrida, según la cual su participación en el acuerdo que tenía por objeto aumentar los precios en Alemania y en Francia no había sido probada suficientemente con arreglo a Derecho.163 De estos elementos resulta que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al no anular el artículo 1 de la Decisión controvertida con respecto al período anterior al 1 de julio de 1988.164 De ello se deduce que el sexto motivo carece de fundamento.165 Del conjunto de consideraciones precedentes se desprende que procede desestimar el recurso de casación. 

Decisión sobre las costas

Costas166 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión la condena en costas de la parte recurrente y haber sido desestimados todos los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)decide:1) Desestimar el recurso de casación.2) Condenar en costas a Corus UK Ltd.