CELEX: C2002/180/32
Language: es
Date: 2002-07-27 00:00:00
Title: Asunto C-233/02: Recurso interpuesto el 21 de junio de 2002 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la República Francesa

C 180/18               ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                    27.7.2002
—     Condene en costas a la República de Austria.                     Recurso interpuesto el 18 de junio de 2002 contra el
                                                                        Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                                                                                            Comunidades Europeas
Motivos y principales alegaciones                                                              (Asunto C-228/02)
El plazo para adaptar el Derecho nacional a la Directiva venció                                 (2002/C 180/31)
el 21 de agosto de 2001.
(1) DO L 101, de 1.4.1998, p. 17.                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 18 de junio de 2002 un recurso contra el Gran
                                                                        Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
                                                                        Comunidades Europeas, representada por el Sr. Denis Martin
                                                                        y el Sr. Miguel França, en calidad de agentes, que designa
                                                                        domicilio en Luxemburgo.
Recurso interpuesto el 18 de junio de 2002 contra el                    La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Gran Ducado de Luxemburgo por la Comisión de las
                    Comunidades Europeas                                —     Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
                                                                              plido las obligaciones que le incumben en virtud de la
                                                                              Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
                       (Asunto C-227/02)                                      de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los
                                                                              consumidores en materia de contratos a distancia (1), al
                         (2002/C 180/30)                                      no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
                                                                              administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva
                                                                              o, en todo caso, al no comunicar dichas disposiciones a
                                                                              la Comisión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 18 de junio de 2002 un recurso contra el Gran             —     Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
Ducado de Luxemburgo formulado por la Comisión de las
Comunidades Europeas, representada por el Sr. Denis Martin
y el Sr. Miguel França, en calidad de agentes, que designa
domicilio en Luxemburgo.                                                Motivos y principales alegaciones
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               El plazo para la adaptación del ordenamiento jurı́dico interno
                                                                        a la Directiva expiró el 4 de junio de 2000.
1.    Declare que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incum-
      plido las obligaciones que le incumben en virtud de la            (1) DO L 144 de 4.6.2000, p. 19.
      Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
      de 6 de octubre de 1997 por la que se modifica la
      Directiva 84/450/CEE sobre publicidad engañosa, a fin
      de incluir en la misma la publicidad comparativa (1), al
      no adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y
      administrativas necesarias para atenerse a dicha Directiva
      o, en todo caso, al no comunicar dichas disposiciones a
      la Comisión.                                                     Recurso interpuesto el 21 de junio de 2002 contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas por la República
                                                                                                     Francesa
2.    Condene en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.
                                                                                               (Asunto C-233/02)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2002/C 180/32)
El plazo para la adaptación del ordenamiento jurı́dico interno
a la Directiva expiró el 23 de abril de 2000.                          En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 21 de junio de 2002 un recurso contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas formulado por la
(1) DO L 290 de 23.10.1997, p. 18.
                                                                        República Francesa, representada por los Sres. R. Abraham,
                                                                        G. de Bergues y P. Boussaroque, en calidad de agentes, que
                                                                        designa domicilio en Luxemburgo.
 ---pagebreak--- 27.7.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 180/19
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:             Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2002
                                                                         por el Defensor del Pueblo Europeo contra la sentencia
                                                                         dictada el 10 de abril de 2002 por la Sala Tercera
                                                                         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—    Anule la decisión mediante la cual la Comisión concluyó          Europeas en el asunto T-209/00 promovido por F. Lam-
     con los Estados Unidos directrices sobre cooperación en                    berts contra el Defensor del Pueblo Europeo
     el ámbito normativo y sobre transparencia.
                                                                                                (Asunto C-234/02 P)
                                                                                                   (2002/C 180/33)
—    Condene en costas a la Comisión.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 24 de junio de 2002 un recurso de casación
                                                                         formulado por el Defensor del Pueblo Europeo, asistido y
                                                                         representado por el Sr. J. Sant’Anna, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 10 de abril de
                                                                         2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                         las Comunidades Europeas en el asunto T-209/00, promovido
Motivos y principales alegaciones                                        en su contra por F. Lamberts.
                                                                         La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
—    A pesar de la cuidadosa redacción dada al documento
     adjunto a una nota que la Comisión envió al Comité 133,           —     Anule la resolución recurrida por lo que respecta a la
     encargado de la polı́tica comercial común, existen ele-                  admisibilidad del recurso de indemnización de la senten-
     mentos de fondo que conducen al Gobierno francés a                        cia dictada el 10 de abril de 2002 por el Tribunal de
     considerar que las directrices constituyen un verdadero                   Primera Instancia en el asunto T-209/00, Frank Lamberts/
     compromiso que crea obligaciones para las partes. Las                     Defensor del Pueblo Europeo, y declare en consecuencia
     directrices presentan, con gran precisión, los objetivos                 la inadmisibilidad de dicho recurso.
     perseguidos, el marco de actuación y las medidas que
     deben adoptarse para alcanzar los objetivos fijados. El
     hecho de que dichas directrices no estén destinadas en sı́          Motivos y principales alegaciones
     mismas a modificar el estado del Derecho comunitario
     no puede ocultar que implican, al menos, un compromiso
     de cooperación para las partes. Por otro lado, las disposi-        Vulneración del Derecho comunitario:
     ciones que figuran en el tı́tulo VI de las directrices, relativo
     al control de su aplicación, demuestran claramente el              La resolución recurrida es contraria al esquema constitucional
     carácter obligatorio del compromiso de cooperación                previsto en el Tratado con respecto a la responsabilidad del
     suscrito por las partes. La existencia de un mecanismo de           Defensor del Pueblo. Al controlar la legalidad del procedi-
     control pone de manifiesto que los autores de las                   miento de investigación seguido por el Defensor del Pueblo y
     directrices han excluido claramente la posibilidad de que           la decisión relativa al archivo del asunto, el Tribunal de Primera
     las partes se escuden en el carácter voluntario de la              Instancia ignoró los lı́mites del control jurisdiccional de la
     cooperación para neutralizar el compromiso suscrito.               actividad del Defensor del Pueblo. Controló el ejercicio de la
                                                                         actividad del Defensor del Pueblo, función que el Tratado
                                                                         reserva al Parlamento Europeo y que éste ya habı́a ejercido.
     Dado que dichas directrices constituyen un acuerdo
     internacional a efectos del artı́culo 300 CE, el acto por el        Al declarar admisible el asunto, el Tribunal de Primera
     que la Comisión decidió su conclusión adolece de un              Instancia no respetó la distinción existente entre el recurso de
     vicio de incompetencia y debe ser anulado.                          indemnización, por un lado, y los recursos de anulación y por
                                                                         omisión, por otro. El Defensor del Pueblo no niega en absoluto
                                                                         la posibilidad de que un ciudadano interponga un recurso de
                                                                         indemnización contra el Defensor del Pueblo cuando una
—    Las directrices también son contrarias al Tratado CE, en            acción o un comportamiento lesivo de éste le haya causado un
     la medida en que establecen una restricción al monopolio           perjuicio. Pues bien, si bien reconoce el Tribunal de Primera
     de iniciativa de que disfruta la Comisión en el marco del          Instancia consideró acertadamente que el Tratado concede a
     procedimiento normativo comunitario y afectan a dicho               los ciudadanos el derecho a dirigir una reclamación al Defensor
     procedimiento normativo en su conjunto.                             del Pueblo y a recibir una respuesta de éste, estimó errónea-
                                                                         mente que podı́a controlar las investigaciones realizadas por el
                                                                         Defensor del Pueblo y las conclusiones que de ellas se derivan
                                                                         para comprobar que no existió una falta que ocasionara un
                                                                         perjuicio al ciudadano. No existe ninguna tradición constitu-
                                                                         cional común de someter a control jurisdiccional las investiga-
                                                                         ciones y decisiones adoptadas por los Defensores del Pueblo.