CELEX: 62012CC0225
Language: es
Date: 2013-07-11 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas el 11 de julio de 2013. # C. Demir contra Staatssecretaris van Justitie. # Petición de decisión prejudicial: Raad van State - Países Bajos. # Procedimiento prejudicial - Acuerdo de Asociación CEE-Turquía - Artículo 13 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación - Cláusulas de "standstill" - Concepto de "situación legal por lo que respecta a la residencia". # Asunto C-225/12.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. NILS WAHL
      presentadas el 11 de julio de 2013 (
            1
         )
      
         Asunto C‑225/12
      
      
         C. Demir
      
      
         contra
      
      
         Staatssecretaris van Justitie
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]
      
      «(Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Libre circulación de los trabajadores — Obligación de «standstill» contemplada en el artículo 13 de la Decisión no 1/80 — Alcance — Legislación de un Estado miembro por la que se exige una autorización de residencia temporal antes de la primera entrada en el territorio nacional)»
      
               1. 
            
            
               El presente asunto se refiere a la interpretación del artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación (
                     2
                  ) establecido por el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía. (
                     3
                  ) Esa disposición constituye una cláusula de «standstill» que prohíbe que las Partes Contratantes introduzcan nuevas restricciones a la libertad de circulación de los trabajadores después del 1 de diciembre de 1980.
            
         
               2. 
            
            
               Con su petición de decisión prejudicial, el Raad van State (Consejo de Estado) (Países Bajos) solicita que se aclare el alcance preciso de la cláusula de «standstill». En concreto, se plantea la siguiente cuestión: ¿en qué circunstancias puede un nacional turco invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80?
            
         
         I. Marco normativo
      
      A. Asociación CEE-Turquía
      
      
               3.
            
            
               Con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Acuerdo de Asociación, su objetivo es fomentar el continuo y equilibrado fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre las Partes Contratantes, mediante la paulatina eliminación de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.
            
         
               4.
            
            
               El 23 de noviembre de 1970 se celebró un Protocolo Adicional anexo al Acuerdo de Asociación (en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), (
                     4
                  ) cuyo artículo 41 establece:
               «1.   Las Partes Contratantes se abstendrán de introducir entre sí nuevas restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios.»
            
         
               5.
            
            
               El 19 de septiembre de 1980, el Consejo de Asociación adoptó la Decisión no 1/80.
            
         
               6.
            
            
               El artículo 6 de la Decisión no 1/80 dispone:
               «1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el libre acceso al empleo de los miembros de su familia, un trabajador turco que forme parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro:
               
                        —
                     
                     
                        tendrá derecho, en dicho Estado miembro, después de un año de empleo legal, a la renovación de su permiso de trabajo con el mismo empresario si dispone de un empleo;
                     
                  […]».
            
         
               7.
            
            
               El artículo 13 de dicha Decisión establece:
               «Los Estados miembros de la Comunidad y Turquía no podrán introducir nuevas restricciones relativas a las condiciones de acceso al empleo de los trabajadores y de los miembros de su familia que se encuentren en su territorio respectivo en situación legal por lo que respecta a la residencia y al empleo.»
            
         
               8.
            
            
               Con arreglo al artículo 16, las disposiciones de la Decisión no 1/80 serán aplicables con efecto a 1 de diciembre de 1980.
            
         B. Derecho nacional
      
      
               9.
            
            
               El 1 de diciembre de 1980, fecha relevante a efectos de la cláusula «standstill» del artículo 13 de la Decisión no 1/80, la admisión y la residencia de extranjeros en los Países Bajos estaban reguladas en la Vreemdelingenwet de 1965 (
                     5
                  ) (Ley de extranjería; en lo sucesivo, «Vw 1965») y la Vreemdelingenbesluit de 1966 (
                     6
                  ) (Decreto de extranjería; en lo sucesivo, «Vb 1966»).
            
         
               10.
            
            
               En virtud del artículo 41, apartado 1, letra c), del Vb 1966, en su redacción vigente el 1 de diciembre de 1980, los extranjeros debían estar en posesión de un pasaporte en vigor provisto con una autorización de residencia provisional en vigor si deseaban permanecer en los Países Bajos durante un período superior a tres meses. Sin embargo, la carencia de una autorización de residencia provisional no se consideraba como motivo suficiente para denegar la admisión cuando un examen a fondo revelase que, por los demás, se habían cumplido las condiciones para una primera admisión.
            
         
               11.
            
            
               El 1 de abril de 2001 entró en vigor la Wet van 23 novembre 2000 tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (
                     7
                  ) (Ley de modificación general de la Vreemdelingenwet, de 23 de noviembre de 2000; en lo sucesivo, «Vw 2000»). Ese mismo día también entró en vigor el Vreemdelingenbesluit 2000 (
                     8
                  ) (en lo sucesivo, «Vb 2000»), adoptado en virtud de la Vw 2000.
            
         
               12.
            
            
               El artículo 1, letra h), de la Vw 2000 define la «autorización provisional de residencia» como un visado para una estancia superior a tres meses que es solicitado personalmente por un extranjero ante una representación diplomática o consular del Reino de los Países Bajos en el país de origen y es expedido por dicha representación o consulado tras haberse obtenido la previa autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos.
            
         
               13.
            
            
               De conformidad con el artículo 8, letra a), de la Vw 2000, el extranjero reside legalmente en los Países Bajos si está en posesión de un permiso de residencia temporal.
            
         
               14.
            
            
               En virtud del artículo 8, apartado f), de la Vw 2000, el extranjero que haya solicitado un permiso de residencia temporal podrá permanecer en los Países Bajos a la espera de la decisión sobre su solicitud, sin que durante ese tiempo pueda ser expulsado del territorio nacional.
            
         
               15.
            
            
               El artículo 16, apartado 1, letra a), de la Vw 2000 dispone que se podrá denegar una solicitud de un permiso de residencia temporal ordinario si el extranjero no dispone de una autorización de residencia temporal en vigor que haya sido expedida para una finalidad que concuerde con la de la solicitud del permiso de residencia temporal.
            
         
               16.
            
            
               Con arreglo al artículo 3.71, apartado 1, del Vb 2000, la solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal será desestimada si el extranjero no posee una autorización de residencia provisional en vigor.
            
         
               17.
            
            
               Por último, y con arreglo a la Vreemdelingencirculaire 2000 (Circular de extranjería de 2000), la solicitud de concesión de una autorización de residencia provisional deberá examinarse para determinar si se ha cumplido con todas las condiciones necesarias para la concesión de una autorización de residencia. Según dicha circular, el motivo de la obligación de solicitar la autorización de residencia provisional antes de viajar a los Países Bajos es permitir que las autoridades nacionales de ese país examinen con mayor facilidad si el extranjero interesado satisface todos los requisitos establecidos para su admisión.
            
         
         II. Hechos, procedimiento y cuestiones planteadas
      
      
               18.
            
            
               El Sr. Demir, nacional turco, entró en los Países Bajos el 1 de octubre de 1990 y, tras ser detenido por residencia ilegal, fue expulsado del territorio nacional el 11 de diciembre de 1991.
            
         
               19.
            
            
               El 19 de abril de 1993, el Sr. Demir presentó una solicitud de concesión de un permiso de residencia para residir en los Países Bajos con su mujer, una nacional neerlandesa. El permiso de residencia le fue concedido por el período comprendido entre el 7 de mayo y el 19 de septiembre de 1993. Ese permiso de residencia le permitió al Sr. Demir ejercer actividades laborales para las que no se necesitaba un permiso de trabajo. Posteriormente, el período de validez de dicho permiso se prorrogó hasta el 18 de julio de 1995. Durante ese tiempo, el Sr. Demir trabajó para distintos empleadores durante un período de más de 10 meses.
            
         
               20.
            
            
               Tras la disolución del matrimonio, el Sr. Demir presentó el 3 de agosto de 1995 una solicitud de concesión de un permiso de residencia por tiempo indefinido. Mediante decisión de 8 de julio de 1997, dicha solicitud fue desestimada. Tras interponer un infructuoso recurso administrativo, la demanda presentada por el Sr. Demir contra esa decisión fue declarada inadmisible por resolución de 12 de marzo de 1998.
            
         
               21.
            
            
               Entre 1998 y 2007, el Sr. Demir presentó nuevas solicitudes de concesión de permiso de residencia, todas las cuales fueron denegadas por las autoridades nacionales competentes.
            
         
               22.
            
            
               El presente asunto se refiere a la solicitud presentada el 13 de febrero de 2007 por el Sr. Demir de concesión de un permiso de residencia temporal ordinario para la realización de actividades laborales por cuenta ajena.
            
         
               23.
            
            
               El Staatssecretaris van justitie (Ministro de Justicia; en lo sucesivo, «Staatssecretaris») denegó la solicitud del Sr. Demir mediante decisión de 26 de abril de 2007, alegando que el Sr. Demir carecía de una autorización de residencia provisional en vigor emitida con una finalidad que concordase con la del permiso de residencia temporal solicitado. Posteriormente, mediante resolución de 10 de septiembre de 2007, el Staatssecretaris consideró infundada la objeción presentada por el Sr. Demir contra la anterior decisión.
            
         
               24.
            
            
               El Sr. Demir impugnó esta última decisión ante el Rechtbank ‘s-Gravenhage (Tribunal del Distrito, La Haya), que desestimó su recurso mediante resolución de 16 de junio de 2008. Según el Rechtbank, de la sentencia del Tribunal de Justicia recaída en Abatay y otros (
                     9
                  ) se deducía que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 no podía invocarse por nacionales turcos que no hubieran cumplido con la normativa del Estado miembro de acogida en materia de primera entrada y residencia y que, por tanto, no residieran legalmente en el territorio de ese Estado. El Rechtbank concluyó que el Sr. Demir no podía invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80 porque no residía legalmente en los Países Bajos en el momento de la correspondiente solicitud, es decir, el 13 de febrero de 2007.
            
         
               25.
            
            
               El 16 de julio de 2008, el Sr. Demir presentó un recurso contra esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, que ha presentado ahora una petición de decisión prejudicial sobre las siguientes cuestiones:
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Decisión no 1/80 en el sentido de que esta disposición es aplicable a un requisito material y/o formal para la primera admisión, aun cuando tal requisito, como la autorización de residencia provisional en el presente asunto, tiene también como finalidad combatir la entrada y la residencia ilegales antes de la presentación de una solicitud de concesión de un permiso de residencia, y en cuanto puede ser considerada una medida que puede ser reforzada, en el sentido del apartado 85 de la sentencia recaída en el asunto Abatay y otros?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        
                                 a)
                              
                              
                                 ¿Qué relevancia debe atribuirse en este contexto a la exigencia de residencia legal contenida en el artículo 13 de la Decisión no 1/80?
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 ¿Tiene a este respecto alguna importancia el hecho de que la presentación en sí de una solicitud legaliza, conforme al Derecho nacional, la residencia siempre que no se haya denegado todavía la solicitud, o bien lo importante es simplemente que la residencia anterior a la presentación de la solicitud sea considerada ilegal en el Derecho nacional?»
                              
                           
                  
         
               26.
            
            
               El Sr. Demir y los Gobiernos neerlandés, alemán e italiano, así como la Comisión, han presentado observaciones escritas; además, y con la excepción del Gobierno italiano, presentaron alegaciones orales en la vista celebrada el 25 de abril de 2013.
            
         
         III. Análisis jurídico
      
      A. Cuestiones preliminares
      
      
               27.
            
            
               La lógica que subyace a las cláusulas de «standstill», como la del artículo 13 de la Decisión no 1/80 y el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, es la de prohibir el endurecimiento de las condiciones concretas existentes en un momento determinado. (
                     10
                  ) Dichas cláusulas operan como «normas de naturaleza cuasi procedimental» que prescriben, ratione temporis, cuáles son las disposiciones relevantes que deben aplicarse para evaluar la situación de un nacional turco que pretenda ejercer sus derechos al amparo del Acuerdo de Asociación. (
                     11
                  ) En otras palabras, una cláusula de «standstill» determina cuál es la legislación aplicable en casos como el planteado ante el órgano judicial remitente.
            
         
               28.
            
            
               En el asunto examinado, el nudo de la cuestión reside en la necesidad de reconciliar dos líneas argumentales relativas al alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 y del artículo 41 del Protocolo Adicional. En concreto, la cuestión es si dichas cláusulas de «standstill» deben interpretarse de la misma forma con independencia de ciertas diferencias en su redacción.
            
         
               29.
            
            
               Para una mejor comprensión de las cuestiones problemáticas que subyacen a la presente petición de decisión prejudicial considero útil exponer brevemente los principios básicos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las cláusulas de «standstill» debatidas.
            
         
               30.
            
            
               Por una parte, el Tribunal de Justicia ha considerado sistemáticamente que ambas cláusulas de «standstill» están pensadas para impedir que las autoridades nacionales introduzcan nuevos obstáculos al ejercicio de la libre circulación de trabajadores, el derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios, y, por tanto, para crear condiciones favorables para la aplicación gradual de tales libertades. Por tanto, el mismo objetivo –de garantizar la aplicación de tales libertades en relación con las Partes Contratantes– constituye la razón de ser de ambas disposiciones. (
                     12
                  )
            
         
               31.
            
            
               Además, el Tribunal de Justicia concluyó que esas dos disposiciones prohíben de la misma forma la introducción de nuevas restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios o la libre circulación de trabajadores. Dicha prohibición abarca las restricciones relativas a los requisitos materiales y/o formales para la primera admisión al territorio de un Estado miembro de acogida de nacionales turcos que pretendan hacer uso de las libertades económicas consagradas en el Acuerdo de Asociación. (
                     13
                  )
            
         
               32.
            
            
               Por otra parte, como señala el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia había afirmado en el anterior asunto Abatay y otros que, si bien el alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 no está limitado a los nacionales turcos que ya estén integrados en el mercado de trabajo de un Estado miembro –en contraposición con el artículo 6 de la Decisión no 1/80–, un nacional turco puede invocar esa cláusula de «standstill»«si éste ha respetado las normas del Estado miembro de acogida en materia de entrada, de residencia y, en su caso, de empleo y, por consiguiente, si se halla legalmente en el territorio de dicho Estado». Por consiguiente, las autoridades nacionales competentes «pueden, incluso tras la entrada en vigor de la Decisión no 1/80, reforzar las medidas que pueden adoptarse contra los nacionales turcos que se hallen en situación ilegal». (
                     14
                  )
            
         
               33.
            
            
               No obstante, eso parece contradecir la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia relativa al artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional. En ese sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado específicamente que la cuestión de si el nacional turco interesado reside legalmente en el Estado miembro de acogida en el momento de su solicitud no es relevante a efectos de aplicar esa cláusula de «standstill». (
                     15
                  )
            
         
               34.
            
            
               A primera vista, el encaje de las afirmaciones anteriores se antoja algo complicado. ¿Cómo debe entenderse el alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80? En concreto, ¿qué relevancia debe atribuirse a la expresión «legalmente residente» del artículo 13 a la hora de establecer quién puede invocar esa disposición?
            
         
               35.
            
            
               En los siguientes apartados, me ocuparé primero de la cuestión de si el artículo 13 de la Decisión no 1/80 es de aplicación a las normas que rigen la concesión de permisos de residencia como el aquí examinado. A continuación, analizaré la importancia del criterio de residencia legal a efectos de la aplicación de esa disposición. En ese sentido, también abordaré el asunto de si, como el órgano jurisdiccional remitente plantea, las opiniones vertidas por el Tribunal de Justicia en Abatay y otros (
                     16
                  ) son relevantes para la interpretación del artículo 13 en relación con el asunto sometido a su consideración.
            
         B. Existencia de una nueva restricción
      
      
               36.
            
            
               Con su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende determinar si un requisito como la posesión de una autorización de residencia provisional, establecido en la Vw 2000, constituye una nueva restricción a la libre circulación de trabajadores equivalente a un «requisito material y/o formal para la primera admisión en el territorio de ese Estado miembro de nacionales turcos» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada anteriormente. (
                     17
                  )
            
         
               37.
            
            
               En mi opinión, ése es el caso.
            
         
               38.
            
            
               Para comenzar, debe hacerse hincapié en que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 no interfiere en la competencia de los Estados miembros de denegar a los nacionales turcos el derecho a entrar en sus territorios y trabajar en ellos. (
                     18
                  ) Sin embargo, sí que impone límites en la forma en que ejerce dicha competencia. En concreto, la obligación de «standstill» no exigía que los Estados miembros abolieran las restricciones a la libre circulación de trabajadores ya existentes en la fecha en que la cláusula de «standstill» entró en vigor. Lo que establece es la obligación de mantener el status quo y, en consecuencia, de abstenerse de adoptar nuevas medidas que puedan perjudicar la consecución gradual de los objetivos del Acuerdo de Asociación. (
                     19
                  )
            
         
               39.
            
            
               Tras la resolución del asunto Abatay y otros, el Tribunal de Justicia también ha aceptado que la obligación de «standstill» contemplada en el artículo 13 de la Decisión no 1/80 se extiende –al igual que la obligación derivada del artículo 41 del Protocolo Adicional– a la introducción de nuevas medidas que tengan por objeto o efecto someter el ejercicio de la libre circulación de trabajadores a requisitos más restrictivos que los aplicados en el momento en que la Decisión no 1/80 entró en vigor en relación con el Estado miembro en cuestión. (
                     20
                  )
            
         
               40.
            
            
               Por principio, el artículo 13 de la Decisión no 1/80 se aplica no sólo a las medidas directamente vinculadas al acceso al empleo, sino también a las normas que rigen la primera admisión en el territorio de un Estado miembro de acogida de nacionales turcos que pretendan hacer uso de la libre circulación de trabajadores. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha interpretado que el artículo 13 es aplicable a las normas que rigen la concesión y prórroga de permisos de residencia. (
                     21
                  ) De hecho, y teniendo en cuenta el estrecho vínculo existente entre, por una parte, la necesidad de obtener un permiso de residencia y, por otra, la posibilidad de encontrar empleo en el Estado miembro de acogida, ampliar de esa forma el alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 para abarcar las medidas relativas a la primera admisión parece adecuado para garantizar la efectividad de esa cláusula de «standstill».
            
         
               41.
            
            
               En lo concerniente al presente asunto, de la resolución de remisión se deduce que, como consecuencia de la entrada en vigor de la Vw 2000, se han endurecido las condiciones para el ejercicio del derecho a la libre circulación de trabajadores.
            
         
               42.
            
            
               A decir verdad, el requisito de estar en posesión de una autorización de residencia provisional ya existía el 1 de diciembre de 1980 (como establecía la Vb 1966). Esa es la fecha en que la obligación de «standstill» entró en vigor y la fecha de referencia relevante para evaluar las consecuencias de esa cláusula sobre el asunto debatido ante el órgano jurisdiccional remitente.
            
         
               43.
            
            
               Sin embargo, y de conformidad con la jurisprudencia de dicho órgano jurisdiccional, la falta de dicha autorización no era considerada como base suficiente para rechazar la admisión en virtud de la Vw 1965 si el solicitante cumplía con los otros requisitos de primera admisión. En otras palabras, no se aducía que la falta de una autorización de residencia provisional constituyese un motivo para el rechazo, siempre que un examen a fondo de la solicitud revelase que se habían cumplido los requisitos para la obtención del permiso de residencia.
            
         
               44.
            
            
               En ese sentido, el órgano jurisdiccional remitente señala que la carencia de una autorización de residencia provisional no constituía un motivo concreto suficiente para denegar la admisión hasta la entrada en vigor de la Vw 2000 el 1 de abril de 2001. (
                     22
                  )
            
         
               45.
            
            
               De la resolución de remisión se desprende que, desde 2001, los nacionales de países terceros –incluidos los nacionales turcos– han tenido que solicitar una autorización de residencia provisional desde fuera del territorio de los Países Bajos. Por tanto, la posesión de una autorización de residencia provisional (obtenida fuera del territorio de los Países Bajos) parece ahora constituir un requisito previo necesario para obtener un permiso de residencia temporal ordinario.
            
         
               46.
            
            
               En otras palabras, antes de la entrada en vigor de la Vw 2000, los nacionales extranjeros podían solicitar un permiso de residencia temporal ordinario en los Países Bajos sin correr el riesgo de denegación automática por no poseer previamente una autorización de residencia provisional. Habida cuenta de que ese ya no es el caso y de que la entrada y residencia ilegal antes de la presentación de una solicitud es ahora motivo suficiente para la denegación, me parece obvio que una legislación nacional como la ahora examinada constituye un nuevo obstáculo para la libre circulación de trabajadores en el sentido del artículo 13 de la Decisión no 1/80. Eso es así porque, al contrario que con la situación imperante antes del 1 de abril de 2001, supedita la primera admisión en el país a la posesión de una autorización de residencia provisional emitida desde fuera del territorio de los Países Bajos. (
                     23
                  )
            
         
               47.
            
            
               Por tanto, propongo que la primera cuestión sea respondida en el sentido de que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 es de aplicación a los requisitos materiales y/o formales para la primera admisión, como el contemplado en el asunto planteado ante el órgano jurisdiccional remitente, relativo a la posesión de una autorización de residencia provisional.
            
         C. Criterio de la residencia legal
      
      1. ¿Quién puede invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80?
      
               48.
            
            
               Con su segunda cuestión, que está dividida en dos partes, el órgano jurisdiccional remitente parece querer averiguar qué sentido cabe atribuir en ese contexto a la expresión «residen legalmente» utilizada en el artículo 13 de la Decisión no 1/80. En otras palabras: ¿es el artículo 13 aplicable sólo a los nacionales turcos que residen legalmente en el Estado miembro de acogida? (
                     24
                  )
            
         
               49.
            
            
               En mi opinión, esta cuestión debe contestarse negativamente. A continuación expondré los motivos por los que no considero que la «residencia legal» pueda servir de criterio relevante a la hora de determinar quién puede invocar el artículo 13.
            
         
               50.
            
            
               A este respecto cabe subrayar que la aplicación del artículo 13 de la Decisión no 1/80 no está sometida a la condición de que el nacional turco interesado cumpla con los requisitos contemplados en el artículo 6, apartado 1, de esa Decisión. En consecuencia, el alcance de la cláusula de «standstill» no se limita a los nacionales turcos que ocupen empleos remunerados. (
                     25
                  ) Mientras que el artículo 6 regula los requisitos de ejercicio de un empleo que permita la integración progresiva del interesado en el Estado miembro de acogida, el artículo 13 abarca las medidas nacionales relativas al acceso al empleo. (
                     26
                  ) De hecho, esta última disposición puede ser invocada por los nacionales turcos que todavía no gocen de los derechos consagrados en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión no 1/80. (
                     27
                  ) En este sentido, el alcance del artículo 13 es bastante mayor que el del artículo 6 y, en principio, abarca a amplios grupos de nacionales turcos.
            
         
               51.
            
            
               Habida cuenta de la diferencia entre el contexto en el que se aplica el artículo 13 de la Decisión no 1/80 en comparación con el artículo 6 de la misma norma, el hecho de que un nacional turco como el Sr. Demir no cumpla con los requisitos para gozar de los derechos concretos contemplados en el artículo 6 (
                     28
                  ) no significa automáticamente que no pueda invocar el artículo 13.
            
         
               52.
            
            
               Sin embargo, queda pendiente de aclarar la siguiente cuestión: ¿quién puede invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80?
            
         
               53.
            
            
               A este respecto, los Gobiernos neerlandés, alemán e italiano alegaron que los nacionales turcos que, como el Sr. Demir, se encuentran en situación ilegal, no pueden invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80. En consecuencia, la cláusula de «standstill» sólo puede ser invocada por nacionales turcos que hayan respetado las normas nacionales en materia de entrada y residencia.
            
         
               54.
            
            
               Según el Gobierno alemán, se ha de distinguir el artículo 13 de la Decisión no 1/80 del artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional, que entró en vigor mucho antes que la Decisión no 1/80. Mientras que el artículo 41, apartado 1, prohíbe de forma general nuevas restricciones en materia de establecimiento y servicios, el artículo 13 se refiere en concreto a trabajadores que residan legalmente y a sus familiares. En opinión del Gobierno alemán, ambas disposiciones tienen una redacción diferente por un motivo: esa diferencia refleja la intención de las Partes Contratantes de limitar claramente el alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 relativo a la libre circulación de trabajadores en comparación con el alcance de la cláusula de «standstill» contemplada en el artículo 41, apartado 1, de aplicación al establecimiento y los servicios.
            
         
               55.
            
            
               Es cierto que, según la línea argumental derivada de la sentencia Abatay y otros, los nacionales turcos pueden invocar el artículo 13 siempre y cuando hayan cumplido con las normas del Estado miembro de acogida en cuanto a primera entrada, residencia y, cuando corresponda, empleo, con el resultado de que la persona interesada se encuentre legalmente en el territorio de ese Estado. (
                     29
                  )
            
         
               56.
            
            
               Además, admito que, mientras que el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional no exige que los nacionales turcos interesados se encuentren legalmente –o que se encuentren de hecho (
                     30
                  ) – en el Estado miembro de acogida para poder invocar la cláusula de «standstill» al amparo de esa disposición, el artículo 13 contiene expresamente dicho criterio. (
                     31
                  ) En vista de ese criterio y del hecho de que trabajar en el Estado miembro de acogida presupone necesariamente su presencia en él, no es de extrañar que el Tribunal de Justicia se haya referido siempre al criterio de residencia legal en ese contexto, manteniendo que los nacionales turcos sólo pueden invocar esa disposición en la medida en que se encuentren legalmente en el Estado miembro de acogida. Recientemente, el Tribunal de Justicia ha reiterado esa opinión en la sentencia Sahin. (
                     32
                  )
            
         
               57.
            
            
               No obstante, considero que se debe hacer un especial hincapié en las circunstancias concretas de este último asunto. De hecho, el demandante ya residía en el Estado miembro de acogida en el momento en que entró en vigor la legislación nacional controvertida. El demandante había entrado legalmente en el territorio del Estado miembro de acogida y había cumplido con las correspondientes normas nacionales que regían la concesión de permisos de residencia antes de que entrara en vigor la legislación nacional controvertida –que endureció ciertos requisitos al respecto–. (
                     33
                  ) En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia no tuvo que abordar expresamente la cuestión de la residencia legal en relación con los nacionales turcos que desean entrar en el Estado miembro de acogida después de la entrada en vigor de esa legislación.
            
         
               58.
            
            
               De hecho, limitar el ámbito personal de aplicación del artículo 13 de la Decisión no 1/80 a los nacionales turcos que residan legalmente en el Estado miembro de acogida en la fecha en que entra en vigor la legislación nacional examinada –o incluso en la fecha de solicitud de concesión de permiso de residencia, como sugieren los Gobiernos alemán y neerlandés en el presente caso– privaría en mi opinión de efectividad a la cláusula de «standstill».
            
         
               59.
            
            
               Para ilustrar este punto, imaginemos que el Estado miembro X promulga una nueva legislación que entra en vigor el 1 de febrero de 1981 y que, en comparación con la legislación en vigor el 1 de diciembre de 1980, endurece las normas que establecen los requisitos para la concesión y prórroga de los permisos de residencia. Según la interpretación propuesta por los Gobiernos que han presentado observaciones en el presente procedimiento, sólo los nacionales turcos que ya residieran legalmente en el Estado miembro X el 1 de febrero de 1981 podrían invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80. En consecuencia, los que llegasen después del 1 de febrero de 1981 tendrían que cumplir con los nuevos requisitos para poder invocar dicha disposición.
            
         
               60.
            
            
               Además, supongamos que el Estado miembro X introduce medidas adicionales, esta vez el 1 de julio de 1982. Estas nuevas normas endurecen aún más los requisitos para la concesión y prórroga de los permisos de residencia en vigor a 1 de diciembre de 1980. Nuevamente, sólo podrían invocar el artículo 13 los nacionales turcos que residiesen legalmente en el Estado miembro X el 1 de julio de 1982. Los que llegasen después de esa fecha necesitarán cumplir con las normas más estrictas sobre entrada y residencia para poder invocar el artículo 13.
            
         
               61.
            
            
               Como este ejemplo pone de manifiesto, una interpretación restrictiva del alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 permitiría en la práctica que los Estados miembros endureciesen paulatinamente normas que no deberían hacerse más estrictas y, en consecuencia, eludir la obligación de «standstill». De hecho, esa obligación equivale a un deber de omisión respecto a los nacionales turcos que pueden invocar el artículo 13. (
                     34
                  ) Habida cuenta de que el objetivo de la cláusula de «standstill» es el de garantizar que el alcance de la libre circulación de los trabajadores se amplíe paulatinamente en relación con los nacionales turcos, la situación antes descrita es precisamente el tipo de resultado que la cláusula trata de evitar.
            
         
               62.
            
            
               En consecuencia, considero que, para garantizar su efectividad, el artículo 13 de la Decisión no 1/80 debe aplicarse en igual medida a los nacionales turcos que deseen entrar en el Estado miembro de acogida por primera vez tras la entrada en vigor de la legislación examinada. Cualquier otra interpretación iría en contra del propio fundamento de la cláusula de «standstill», que es el de asegurar que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones derivadas del Acuerdo de Asociación.
            
         2. En ese contexto, el criterio de residencia legal no es relevante
      
               63.
            
            
               La resolución del Tribunal de Justicia en el asunto Abatay y otros ocupa un papel central en la petición de decisión prejudicial. (
                     35
                  ) En concreto, el órgano jurisdiccional remitente no está seguro de si dicha sentencia incide en modo alguno sobre la interpretación del artículo 13 de la Decisión no 1/80 en el presente asunto.
            
         
               64.
            
            
               En mi opinión, ese es el caso.
            
         
               65.
            
            
               Anteriormente he tratado de explicar por qué considero que la cláusula de «standstill» debatida debe aplicarse de igual forma a los nacionales turcos que entran en el Estado miembro de acogida por primera vez después de la entrada en vigor de la legislación nacional objeto de disputa. Es cierto que ese punto de vista no anula automáticamente el criterio de residencia legal y que, en principio, podría ser reconciliado con la sentencia recaída en Abatay y otros, habida cuenta de que la legislación allí controvertida se refería a excepciones a los requisitos del permiso de trabajo y no a normas relativas a la primera admisión. Sin embargo, eso sólo sería posible si los requisitos para la primera admisión y, en concreto, la concesión de permisos de residencia, no estuviesen comprendidos en el alcance del artículo 13.
            
         
               66.
            
            
               De hecho, como se ha expuesto en el punto 31 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia ha reconocido expresamente desde la sentencia Abatay y otros el alcance ampliado del artículo 13 de la Decisión no 1/80. En la actualidad se acepta que esa disposición no sólo abarca los «requisitos de acceso al empleo» en sentido estricto, sino también –al igual que el artículo 41, apartado 1, del Protocolo Adicional– las nuevas restricciones relativas a los requisitos materiales y/o de procedimiento para la primera admisión en el territorio del Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, cuesta reconciliar con la jurisprudencia las objeciones formuladas por el Gobierno alemán en relación con la deliberada delimitación del alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80 adoptada por las Partes Contratantes.
            
         
               67.
            
            
               En este sentido, el asunto planteado ante el órgano jurisdiccional remitente proporciona un útil ejemplo de por qué no se puede atribuir relevancia alguna al criterio de «residencia legal» a la hora de establecer quién puede invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80 en circunstantes como las de autos.
            
         
               68.
            
            
               En el asunto contemplado por el órgano jurisdiccional remitente, la cláusula de «standstill» impone la obligación a las autoridades competentes de abstenerse de aplicar la Vw 2000 –y, en concreto, el requisito de poseer una autorización de residencia provisional– a los nacionales turcos que estén en condiciones de invocar el artículo 13 de la Decisión no 1/80. En otras palabras, pese a la nueva legislación, su solicitud de un permiso de residencia debe examinarse conforme a los mismos requisitos materiales que con arreglo a las normas en vigor antes del 1 de abril de 2001.
            
         
               69.
            
            
               Sin embargo, como señala el órgano jurisdiccional remitente, la falta de una autorización de residencia provisional ha tenido el efecto de convertir en ilegal la entrada y residencia de los nacionales turcos en los Países Bajos a partir del 1 de diciembre de 1980, inclusive, así como a partir del 1 de abril de 2001, inclusive. Aunque la entrada ilegal en los Países Bajos no constituía motivo suficiente para rechazar la solicitud de concesión de un permiso de residencia si el solicitante satisfacía los otros requisitos para la concesión de dicho permiso, eso no modificaba la situación ilegal del nacional turco en relación con las normas para la primera admisión en el territorio del Estado miembro de acogida.
            
         
               70.
            
            
               A efectos aclaratorios, imaginemos que un nacional turco, el Sr. Y, entra en el territorio de los Países Bajos en 2013 con la intención de trabajar. Ya he explicado con anterioridad por qué considero que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 debe ser de aplicación a los nacionales turcos que entran en el territorio del Estado miembro de acogida después de la entrada en vigor de la legislación nacional incluida en el ámbito material de aplicación de esa disposición. En consecuencia, el Sr. Y debe poder invocar el artículo 13 en relación con las normas debatidas en el procedimiento principal. Dicho claramente, su solicitud de permiso de residencia debe examinarse a la luz de las normas vigentes el 1 de diciembre de 1980 –o, si esas reglas habían sido flexibilizadas después de esa fecha, conforme a las normas más favorables en vigor después de ella (
                     36
                  ) – a pesar de carecer de una autorización de residencia provisional. No obstante, si en ese contexto se atribuyese alguna importancia al criterio de residencia legal y si el Sr. Y no estuviera en posesión de una autorización de residencia provisional cuando entró en los Países Bajos, no podría invocar la cláusula de «standstill» del artículo 13 frente a la Vw 2000. Esto es así porque, al igual que el Sr. Demir, se encontraría en una situación formal de ilegalidad tanto conforme a las antiguas normas como a las nuevas.
            
         
               71.
            
            
               Es obvio que atribuir relevancia al criterio de «residencia legal» en tales circunstancias vaciaría de contenido la obligación de «standstill» del artículo 13. En la medida en que una legislación nacional como la Vw 2000 rija la primera admisión y concesión de los permisos de residencia en el Estado miembro de acogida y, por tanto, incida en la posibilidad de obtener el derecho a residir en ese país, considero que la «residencia legal» no puede constituir un criterio útil para determinar el alcance del artículo 13 de la Decisión no 1/80. (
                     37
                  )
            
         
               72.
            
            
               Por último, considero oportuno ocuparse brevemente de la opinión del Tribunal de Justicia contenida en el apartado 85 de Abatay y otros, que expresamente acepta como admisible la introducción de medidas más exigentes en relación con los nacionales turcos en situación ilegal.
            
         
               73.
            
            
               Cabe señalar que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 no otorga derechos positivos a los nacionales turcos (como un derecho a entrar o residir), sino que establece la legislación aplicable ratione temporis con la que se examinará la situación de la persona interesada. De hecho, como se explicó en el apartado 38 anterior, el artículo 13 no limita las competencias de los Estados miembros de denegar la entrada en sus territorios a nacionales de terceros países, incluidos los nacionales turcos. No obstante, de conformidad con la obligación de «standstill» contenida en el artículo 13, dicha denegación relativa a nacionales turcos debe respetar las normas más favorables aplicables desde que esa disposición entró en vigor.
            
         
               74.
            
            
               En consecuencia, si un nacional turco opta por permanecer en el territorio de ese Estado después de que la decisión de denegación fuese adoptada en virtud de esas normas y de conformidad con la legislación de la UE aplicable en el correspondiente ámbito, dicha persona está indiscutiblemente en situación ilegal en el Estado miembro de acogida. En tales circunstancias, los Estados miembros pueden decidir las consecuencias de esa presencia ilegal en sus territorios, siempre que –y debe hacerse hincapié en este punto– las normas desfavorables a esas personas no estén sujetas al artículo 13.
            
         
               75.
            
            
               Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, soy de la opinión de que la segunda cuestión, parte a), debe contestarse en el sentido de que, en circunstancias como las del asunto planteado ante el órgano jurisdiccional remitente, el criterio de residencia legal del artículo 13 de la Decisión no 1/80 no es relevante a la hora de determinar si un nacional turco puede invocar dicha disposición.
            
         
               76.
            
            
               Por último, si el Tribunal de Justicia respondiese en el sentido propuesto a las cuestiones primera y segunda, parte a), no habría necesidad de responder a la parte b) de esta última. No obstante, en aras de la integridad añadiré las siguientes consideraciones para el caso de que el Tribunal de Justicia desease responder a dicha parte.
            
         
               77.
            
            
               Ya he razonado anteriormente que no debe atribuirse relevancia alguna al criterio de «residencia legal» a la hora de determinar si un nacional turco puede invocar la cláusula de «standstill» del artículo 13. En mi opinión, el hecho de que, conforme a la legislación nacional, la presentación de una solicitud convierta en legal la residencia durante la tramitación de la solicitud no puede afectar a esa conclusión. Aunque otorgar relevancia a esa norma fortalecería sin duda el criterio de residencia legal, propiciaría una interpretación artificial.
            
         
               78.
            
            
               Siguiendo los argumentos del Tribunal de Justicia relativos al artículo 6 de la Decisión no 1/80, no puede considerase que los nacionales turcos satisfagan el criterio de residencia legal cuando se les haya conferido un derecho de residencia en virtud exclusivamente de una legislación nacional que autoriza la residencia en el Estado miembro de acogida mientras concluye el procedimiento de concesión del permiso de residencia. (
                     38
                  ) Como señala el Gobierno neerlandés, conceder al solicitante un derecho provisional de residencia tiene simplemente el objetivo de garantizar que la situación de esa persona no empeore significativamente durante el procedimiento y, en concreto, que los nacionales extranjeros no sean expulsados del territorio nacional antes de que se haya adoptado una decisión definitiva. Aparte del efecto suspensivo de una solicitud pendiente de resolución, la aplicación de tales disposiciones nacionales no otorga un derecho incuestionable y firme de residencia en el sentido de la jurisprudencia anteriormente mencionada.
            
         
         IV. Conclusión
      
      
               79.
            
            
               Por los motivos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Raad van State (Países Bajos) del siguiente modo:
               
                        «1)
                     
                     
                        El artículo 13 de la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación de 19 de septiembre de 1980 relativa al desarrollo de la Asociación es de aplicación a los requisitos materiales y/o formales de la legislación nacional para la primera admisión, como el requisito del asunto planteado ante el órgano jurisdiccional remitente, relativo a la posesión de una autorización de residencia provisional.
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        En circunstancias como las del asunto planteado ante el órgano jurisdiccional remitente, el criterio de residencia legal del artículo 13 de la Decisión no 1/80 no es relevante a la hora de determinar si un nacional turco puede invocar esa disposición.»
                     
                  
         (
            1
         )	Lengua original: inglés.
      (
            2
         )	Decisión del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión no 1/80»).
      (
            3
         )	El 12 de septiembre de 1963 se celebró un acuerdo que creó una asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Turquía. Dicho Acuerdo fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1973, C 113, p. 1) («Acuerdo de Asociación»).
      (
            4
         )	El Protocolo Adicional se firmó en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) no 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO 1977 L 361, p. 60; EE 11/01, p. 213).
      (
            5
         )	1965, no 40.
      (
            6
         )	Staatsblad 1966, no 387.
      (
            7
         )	Staatsblad 2000, no 495.
      (
            8
         )	Staatsblad 2000, no 497.
      (
            9
         )	Sentencia de 21 de octubre de 2003 (C-317/01 y C-369/01 Rec. p. I-12301).
      (
            10
         )	Sentencia de 9 de diciembre de 2010, Toprak y Oguz (C-300/09 y C-301/09, Rec. p. I-12845), apartados 53 y 54.
      (
            11
         )	Sentencia de 20 de septiembre de 2007, Tum y Dari (C-16/05, Rec. p. I-7415), apartado 55.
      (
            12
         )	Sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartados 52 a 54 y la jurisprudencia allí citada.
      (
            13
         )	En relación con el artículo 13, véanse las sentencias de 17 de septiembre de 2009, Sahin (C-242/06, Rec. p. I-8465), apartados 63 a 65, y de 29 de abril de 2010, Comisión/Países Bajos (C-92/07, Rec. p. I-3683), apartados 47 a 49. En relación con el artículo 41, apartado 1, véanse las sentencias Tum y Dari, citada en la nota 11, apartado 69, y de 19 de febrero de 2009, Soysal y Savatli (C-228/06, Rec. p. I-1031), apartados 47 y 49.
      (
            14
         )	Sentencia Abatay y otros, citada en la nota 9, apartados 84 y 85.
      (
            15
         )	Sentencias Tum y Dari, citada en la nota 11, apartado 59, y de 21 de julio de 2011, Oguz (C-186/10, Rec. p. I-6957), apartado 33.
      (
            16
         )	Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.
      (
            17
         )	Véanse en concreto, las sentencias Sahin, citada en la nota 13, apartados 64 a 66, y Comisión/ Países Bajos, citada en la nota 13, apartados 48 y 49.
      (
            18
         )	Véanse, entre otras, las sentencias Abatay y otros, citada en la nota 9, apartado 80, y de 29 de septiembre de 2011, Unal (C-187/10, Rec. p. I-9045), apartado 41.
      (
            19
         )	Debe añadirse que el artículo 13 también excluye la adopción de disposiciones más estrictas después de la fecha en que la cláusula de «standstill» entró en vigor, lo que suaviza las normas aplicables en esa fecha. Véase la sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 62.
      (
            20
         )	Sentencia Sahin, citada en la nota 13, apartado 63. Véanse también las sentencias de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros (C-256/11, Rec. p. I-11315), apartado 94, y Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 54.
      (
            21
         )	Sentencias Sahin, citada en la nota 13 apartados 64 y 65; Comisión contra Países Bajos, citada en la nota 13, apartado 50, y Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 44.
      (
            22
         )	El Tribunal de Justicia ha fallado que el artículo 13 de la Decisión no 1/80 es de aplicación no sólo a las disposiciones contenidas en leyes y reglamentos, sino también a las disposiciones de una circular que especifica la forma en que un gobierno se propone aplicar la ley. Véase a este respecto la sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 31. Sobre este punto no encuentro motivo alguno por el que dicha disposición no deba aplicarse a una legislación como la debatida en la tramitación del procedimiento principal, habida cuenta de que, conforme a las normas aplicables a 1 de diciembre de 1980, las autoridades nacionales competentes no aplicaban ningún requisito específico relativo a la posesión de una autorización de residencia provisional.
      (
            23
         )	Esa conclusión no se ve afectada, como el órgano jurisdiccional remitente parece sugerir, por el objetivo de la Vw 2000 de evitar la residencia ilegal.
      (
            24
         )	Conviene recordar que el artículo 13 tiene efecto directo. Véase la sentencia de 20 de septiembre de 1990, Sevince (C‑192/89 Sevince, Rec. p. I‑3461), apartado 26.
      (
            25
         )	Sentencia Sahin, citada en la nota 13, apartado 50, y la jurisprudencia allí citada.
      (
            26
         )	Ibidem, apartado 51.
      (
            27
         )	Ibidem, apartado 51. Véase también la sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 45.
      (
            28
         )	Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
      (
            29
         )	Abatay y otros, apartado 84.
      (
            30
         )	Sentencias Abatay y otros, citada en la nota 9, apartado 105, y Tum y Dari, citada en la nota 11, apartado 59.
      (
            31
         )	En ese sentido, cabe señalar que, en cuanto que tratado internacional, el Acuerdo de Asociación CEE-Turquía y los instrumentos basados en él, como el Protocolo Adicional y la Decisión no 1/80, deben interpretarse al amparo del artículo 31 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los tratados –es decir, de buena fe– de conformidad con el sentido habitual a otorgar a los términos del tratado en su contexto y teniendo en cuenta su objetivo y finalidad. Véase la sentencia de 2 de marzo de 1999, Eddline El-Yassini (C-416/96, Rec. p. I-1209), apartado 47, así como las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 11 de abril de 2013 en el asunto Demirkan (C‑221/11, pendiente ante el Tribunal de Justicia), punto 53.
      (
            32
         )	Sentencia Sahin, citada en la nota 13, apartado 52. En ese sentido, véase también la sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10.
      (
            33
         )	Sentencia Sahin, citada en la nota 13, apartados 54 y 55. Véanse también las sentencias Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartados 15 y 21, y Dereci y otros, citada en la nota 20, apartados 99 y 100. Por el contrario, el asunto Abatay y otros se refería a camioneros turcos que vivían y trabajaban en Turquía y que sólo residían en Alemania durante cortos períodos de tiempo.
      (
            34
         )	Sentencia Dereci, citada en la nota 20, apartado 87.
      (
            35
         )	Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.
      (
            36
         )	Ello obedece a que la cláusula de «standstill» también prohíbe que los Estados miembros revoquen las normas más favorables, aunque fuesen introducidas después de la fecha en que entró en vigor la cláusula de «standstill». Sucede así aunque ese endurecimiento no haga que las correspondientes normas sean más estrictas que las derivadas de la disposición en vigor a la fecha en que entró en vigor la cláusula de «standstill». Véase la sentencia Toprak y Oguz, citada en la nota 10, apartado 62.
      (
            37
         )	Aunque el expediente no incluye pruebas de conducta fraudulenta o engañosa en el presente asunto, es sin embargo necesario señalar que, como cuestión de principio, la legislación de la UE no puede invocarse con fines fraudulentos o engañosos y que los tribunales nacionales pueden tener en cuenta –caso por caso– las conductas fraudulentas o abusivas de los interesados para denegarles cuando proceda el beneficio de la aplicación de las disposiciones de la legislación de la UE que tratan de invocar. Véase, al efecto, la sentencia Tum y Dari, citada en la nota 11, apartado 64.
      (
            38
         )	Sentencia de 30 de septiembre de 1997, Ertanir (C-98/96, Rec. p. I-5179), apartados 47 a 50 y la jurisprudencia allí citada.