CELEX: 62004CC0520
Language: es
Date: 2006-05-18 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 18 de mayo de 2006. # Pirkko Marjatta Turpeinen. # Petición de decisión prejudicial: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia. # Libre circulación de personas - Impuesto sobre la renta - Pensión de jubilación - Tributación más elevada de los jubilados residentes en otro Estado miembro. # Asunto C-520/04.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PHILIPPE LÉGER
      presentadas el 18 de mayo de 2006 1(1)
      
      Asunto C‑520/04
      Pirkko Marjatta Turpeinen
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia)]
      «Libre circulación de personas – Impuesto sobre la renta – Pensión de jubilación – Discriminación entre contribuyentes residentes y contribuyentes no residentes»1.     El presente procedimiento prejudicial tiene por objeto apreciar la compatibilidad con el Derecho comunitario de una normativa
         tributaria nacional en virtud de la cual la pensión de jubilación pagada por un Estado miembro a un sujeto pasivo que reside
         en otro Estado miembro es objeto de una imposición que, en ciertos casos, resulta más elevada que la que ese sujeto pasivo
         adeudaría si residiera en el Estado deudor de esta pensión.
      
      2.     Este procedimiento tiene como origen el litigio que opone a una súbdita finlandesa, que decidió residir en España después
         de haber adquirido sus derechos de jubilación, contra la administración tributaria finlandesa en relación con el tipo impositivo
         de su pensión de jubilación. 
      
      3.     El Korkein hallinto‑oikeus (Tribunal Administrativo Supremo de Finlandia) pregunta si la normativa objeto de controversia
         es compatible con el artículo 18 CE o con el artículo 39 CE o, aún más, con la Directiva 90/365/CEE del Consejo. (2)
      
      I.      El marco jurídico 
      A.      El Derecho comunitario
      4.     La libertad de circulación de las personas prevista por el Tratado CE fue limitada inicialmente a los desplazamientos a otro
         Estado miembro que tuvieran por finalidad el ejercicio de una actividad económica.
      
      5.     El artículo 39 CE, que prevé en su apartado 1 la libre circulación de los trabajadores en el interior de la Comunidad, dispone,
         en su apartado 3, párrafos c) y d), que ese derecho de circulación implica, respectivamente, el derecho de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales,
            reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales y el de permanecer en el territorio de
            un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de aplicación.
            
      6.     La Directiva 90/365 extendió ese derecho de residencia a las personas que hubieran dejado de ejercer su actividad profesional.
         El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de esta Directiva enuncia que los Estados miembros concederán el derecho de residencia
         a todos los nacionales de los Estados miembros que hayan desempeñado en la Comunidad una actividad como trabajadores por cuenta
         ajena o por cuenta propia, así como a los miembros de su familia. Tal como se indica en el tercer considerando de dicha Directiva,
         es conveniente que dicho derecho de residencia se conceda también a las personas que no hayan ejercido su derecho de libre
         circulación durante su vida profesional.
      
      7.     El artículo 1 de la Directiva 90/365 somete, sin embargo, el ejercicio de dicho derecho a la condición de que su titular disponga
         de recursos suficientes. Prevé así en su apartado 1, párrafo primero, que éste último deberá disfrutar de una pensión de invalidez,
         de jubilación anticipada o de vejez, o de un subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional de nivel suficiente
         para que, durante su estancia, no llegue a constituir una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y
         disponga de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida. (3)
      
      8.     En términos del artículo 2 de esta Directiva, el derecho de residencia se reconocerá mediante la expedición de un documento
         denominado «permiso de residencia», cuyo período de validez se define en esa misma disposición. 
      
      9.     El Tratado UE, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, entrando en vigor el 1 de noviembre de 1993, creó el concepto
         de «ciudadanía de la Unión». A tenor del artículo 17 CE, apartado 1, será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la
         nacionalidad de un Estado miembro.
      
      10.   El artículo 18 CE, apartado 1, confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a circular y residir libremente en el territorio
         de cualquier Estado miembro, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el Tratado CE y en las disposiciones
         adoptadas para su aplicación.
      
      B.      El Derecho nacional 
      1.      La normativa relativa al impuesto sobre la renta
      11.   En virtud de la ley tributaria finlandesa, aplicable en el momento de los hechos, la persona domiciliada en Finlandia durante
         el ejercicio fiscal es un sujeto pasivo «por obligación personal», es decir, que está sujeta a imposición en ese Estado sobre
         el conjunto de sus rentas. En cambio, un sujeto pasivo que no esté domiciliado en Finlandia durante el ejercicio fiscal sólo
         está sujeto por «obligación real» en ese Estado, lo que significa que sólo puede estar sujeto a imposición sobre las rentas
         que haya percibido en dicho Estado. 
      
      12.   Según esta misma ley, se considera que un nacional finlandés vive en Finlandia, aunque no resida ininterrumpidamente en dicho
         país durante más de seis meses, hasta que hayan transcurrido tres años desde el término del año en el que haya salido del país.
         
      
      13.   El sujeto pasivo por obligación real está sometido en Finlandia al impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, salvo disposición
         en contrario en un convenio bilateral o internacional vinculante para ese Estado miembro. A falta de tal disposición, los
         impuestos adeudados por un sujeto pasivo por obligación real por razón de sus ingresos salariales imponibles, que comprenden,
         entre otros, las pensiones de jubilación, son recaudados mediante una retención en la fuente que asciende al 35 % del importe
         de esos ingresos. 
      
      14.   En cambio, el impuesto de un sujeto pasivo por obligación personal se liquida sobre la base de una escala progresiva que prevé,
         por una parte, la aplicación de un impuesto mínimo por cada tramo y, por otra parte, la de un porcentaje creciente para la
         parte de la renta que sobrepase el límite inferior del tramo impositivo. 
      
      15.   En el marco del presente procedimiento, el Gobierno finlandés ha expuesto que esta normativa había sido modificada y que,
         a partir del 1 de enero de 2006, los sujetos pasivos por obligación real que perciben una pensión de jubilación de la República
         de Finlandia son gravados en ese Estado sobre esa pensión de la misma forma que los sujetos pasivos por obligación personal,
         con aplicación de la escala progresiva y de las deducciones personales y familiares. 
      
      2.      El Convenio firmado con el Reino de España para evitar la doble imposición 
      16.   Conforme al Convenio firmado entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble imposición, las retribuciones,
         incluidas las pensiones, pagadas directamente o con cargo a un fondo especial, por un Estado contratante, una de sus asociaciones
         públicas o entidades locales, un organismo autónomo o persona jurídica de derecho público, a una persona física, en consideración
         a servicios prestados a ese Estado, asociación, entidad, organismo o persona jurídicas, sólo pueden someterse a imposición
         en ese Estado. 
      
      II.    El marco fáctico y la remisión prejudicial
      17.   La Sra. Turpeinen es una nacional finlandesa que trabajó en Finlandia como psiquiatra infantil en la administración pública.
         Después de haber obtenido su jubilación en septiembre de 1998, decidió residir en otro Estado miembro, en primer lugar en
         Bélgica y posteriormente, desde 1999, en España. 
      
      18.   La Sra. Turpeinen percibe como únicos ingresos su pensión de jubilación pagada por el Kuntien Eläkevakuutus (seguro de vejez
         municipal). Conforme al Convenio firmado con el Reino de España para evitar la doble imposición, esta pensión sólo es imponible
         en Finlandia. 
      
      19.   Los años 1999 a 2001, la Sra. Turpeinen fue gravada por la oficina tributaria de Uudenmaa sobre esta pensión al tipo del 28,5 %,
         conforme al régimen de imposición progresiva aplicable a los contribuyentes por obligación personal. 
      
      20.   En cambio, con respecto al impuesto adeudado por el año 2002, esa misma administración estimó que la Sra. Turpeinen debía
         ser considerada contribuyente por obligación real, ya que habían transcurrido más de tres años desde que abandonó el territorio
         nacional. Aplicó pues a la pensión de jubilación de la interesada una retención en la fuente del 35 %. La Sra. Turpeinen soportó
         así un impuesto de 10.113,77 euros mientras que, si hubiera sido gravada como contribuyente por obligación personal en Finlandia,
         habría pagado 8.173,09 euros de impuestos, además de 549,03 euros en concepto de cotización al seguro de enfermedad. 
      
      21.   Mediante resolución de 3 de julio de 2002, la oficina tributaria de Uudenmaa desestimó la reclamación de la Sra. Turpeinen
         para que la imposición de su pensión de jubilación para el ejercicio fiscal 2002 se calculara del mismo modo que en los tres
         años anteriores. 
      
      22.   El hallinto‑oikeus (Tribunal administrativo) desestimó el recurso interpuesto por la Sra. Turpeinen contra esta resolución.
         La interesada impugnó la resolución del hallinto‑oikeus ante el Korkein hallinto‑oikeus.
      
      23.   Este último órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión
         prejudicial. 
      
      24.   En su resolución de remisión, expuso sus dudas sobre los efectos del Derecho comunitario en el presente caso porque, a su
         entender, las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en materia de fiscalidad directa no habían versado sobre personas
         jubiladas, sino únicamente sobre trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, prestadores de servicios o estudiantes. (4) Indica igualmente que la Comisión de las Comunidades Europeas, en un escrito de requerimiento dirigido al Gobierno finlandés
         en 2001, indicó que la retención en la fuente del 35 % podía ser contraria al artículo 39 CE y, tratándose de un contribuyente
         jubilado, a la Directiva 90/365.
      
      25.   En consecuencia, el Korkein hallinto‑oikeus decidió plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 18 CE, relativo al derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en
         el territorio de los Estados miembros, o el artículo 39 CE, que asegura la libre circulación de los trabajadores en el interior
         de la Comunidad, en el sentido de que uno de estos artículos o ambos se oponen a una normativa nacional según la cual, el
         impuesto retenido en la fuente en ese Estado miembro sobre la pensión de jubilación sujeta a gravamen percibida de otro Estado
         miembro en virtud de una relación de empleo en la función pública un no residente que sea sujeto pasivo por obligación real
         supera, en determinados casos, el importe que se percibiría de ese sujeto pasivo si residiera en el referido Estado y, por
         lo tanto, fuera sujeto pasivo por obligación personal?
      
      2)      ¿Debe interpretarse la Directiva 90/365 […] en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la mencionada en la
         cuestión 1?»
      
      III. Análisis 
      26.   Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente quiere saber, en el fondo, si el Derecho comunitario
         se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el impuesto aplicable a una pensión de jubilación pagada a un contribuyente
         que reside en otro Estado miembro supera, en determinados casos, el impuesto que ese sujeto pasivo debería haber pagado de
         haber sido residente. 
      
      27.   Según reiterada jurisprudencia, aunque los impuestos directos no están incluidos como tales en la esfera de la competencia
         de la Comunidad, no es menos cierto que los Estados miembros deben ejercer las competencias que conservan en esta esfera respetando
         el Derecho comunitario. (5)
      
      28.   En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de la normativa cuestionada con
         el artículo 18 CE, con el artículo 39 CE, con ambas disposiciones y con la Directiva 90/365. Comenzaremos por examinar si
         podemos encontrar una respuesta a la cuestión planteada en el Derecho derivado.
      
      A.      El Derecho derivado
      29.   La Comisión estima que el régimen tributario litigioso podría infringir la Directiva 90/365. El Gobierno español sostiene
         que este régimen vulnera el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo. (6)
      
      1.      La Directiva 90/365
      30.   A nuestro entender, la Directiva 90/365 ha extendido el derecho a residir en otro Estado miembro, previsto por el Tratado CE
         con fines económicos, a las personas que hayan cesado su actividad profesional, incluidas aquellas que no hayan ejercido ninguna
         actividad económica en otro Estado miembro durante su vida profesional. Ese derecho de residencia está, sin embargo, sometido
         a la condición de que el interesado disponga de recursos suficientes para no constituir una carga para la asistencia social
         del Estado de acogida.
      
      31.   La Comisión sostiene que la normativa tributaria finlandesa podría parecer contraria a la Directiva 90/365, puesto que una
         imposición más elevada sobre los jubilados residentes en otro Estado miembro podría hacer más difícil el respeto, por esos
         jubilados, del requisito de disponer de recursos suficientes. 
      
      32.   En efecto, la Sra. Turpeinen, nacional finlandesa que cesó sus actividades por cuenta ajena y decidió residir en España durante
         su jubilación, puede ampararse en las disposiciones de la Directiva 90/365 para ser autorizada a residir en el territorio
         de ese Estado miembro, y ello aunque no haya ejercitado sus derechos de circulación durante su vida profesional, como parece
         desprenderse de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente. Sin embargo, no creemos que esta Directiva
         sea pertinente en el presente caso. 
      
      33.   En efecto, la Directiva 90/365, según se desprende de su redacción, tiene por objeto garantizar la autorización, por el Estado
         miembro de acogida, de la residencia en su territorio de cualquier nacional de otro Estado miembro que haya dejado de ejercer
         sus actividades por cuenta ajena o por cuenta propia, precisando, en particular, en qué condiciones los intereses legítimos
         del Estado de acogida pueden justificar una denegación y fijando las modalidades prácticas según las cuales debe concretarse
         ese derecho de residencia. Esta Directiva no prevé, pues, expresamente más que la obligación a cargo del Estado miembro de
         acogida y solamente afecta al derecho de residencia en éste. 
      
      34.   No vemos por qué el ámbito de aplicación de esta Directiva debería extenderse a medidas imputables al Estado de origen, tales
         como la normativa finlandesa litigiosa. Desde la entrada en vigor del Tratado UE, el derecho de circulación y de residencia
         en otro Estado miembro de los nacionales comunitarios que no ejercen una actividad económica les es conferido directamente
         por el artículo 18 CE, apartado 1. (7) Es esta disposición la que puede oponerse a los «obstáculos a la salida».
      
      35.   Es, en efecto, dicha disposición la que permite a un nacional comunitario beneficiarse, en el ámbito de aplicación del Tratado CE,
         del mismo trato jurídico que los nacionales que se encuentren en su misma situación y que se opone a una normativa de su Estado
         de origen que le penaliza por haber ejercitado sus derechos de circulación. (8)
      
      36.   Señalamos que, en la sentencia Pusa, antes citada, que tenía como marco jurídico y fáctico una situación muy parecida a la
         del presente caso, (9) la compatibilidad de la normativa cuestionada con el Derecho comunitario sólo fue examinada respecto al artículo 18 CE.
      
      37.   Somos, pues, de la opinión de que la Directiva 90/365 no es aplicable al presente caso. 
      2.      El Reglamento nº 1408/71
      38.   Como ha recordado justamente el Gobierno español, en el marco del procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia puede
         pronunciarse sobre una disposición de Derecho comunitario que no ha sido tenida en cuenta por el órgano jurisdiccional nacional
         en sus cuestiones, si considera que esta disposición es útil para la solución del litigio principal. (10) La circunstancia de que el Korkein hallinto‑oikeus no haya tenido en cuenta este Reglamento en su resolución de remisión
         no puede impedir que el Tribunal de Justicia examine sus efectos si, como sostiene ese Gobierno, fuera pertinente. 
      
      39.   El Reglamento nº 1408/71 tiene por objeto facilitar la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta
         propia, así como de los miembros de sus familias, en el interior de la Comunidad, coordinando los regímenes nacionales de
         seguridad social. 
      
      40.   El artículo 10, apartado 1, de este Reglamento se propone que las prestaciones que se citan en el mismo sean pagadas a su
         beneficiario cuando ejerce su derecho de circulación. Así, dispone que, a menos que dicho Reglamento disponga otra cosa, las
         prestaciones en metálico, especialmente de vejez, adquiridas en virtud de la normativa de un Estado miembro, no podrán ser
         objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida
         en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.
      
      41.   El Gobierno español sostiene que la normativa tributaria litigiosa es contraria a esta disposición porque esa normativa tendría
         el efecto de hacer depender el importe de la jubilación debido a la Sra. Turpeinen de la residencia de ésta. Invoca, apoyando
         su análisis, la sentencia Imbernon Martínez. (11) Inspirándose en la posición adoptada por el Tribunal de Justicia en esa sentencia, destaca que el artículo 10, apartado 1,
         del Reglamento nº 1408/71 estaría desprovisto de efecto si un Estado miembro, recurriendo a medidas fiscales, pudiera efectuar
         retenciones o reducciones basadas en la residencia del beneficiario en otro Estado miembro. 
      
      42.   No compartimos el análisis del Gobierno español por las siguientes razones. 
      43.   El artículo 10 del Reglamento nº 1408/71 contribuye a la puesta en marcha de la libre circulación de los trabajadores prohibiendo
         las «cláusulas de residencia». Tiene por objeto garantizar que las prestaciones que enumera, tales como una pensión de jubilación,
         sean pagadas a su beneficiario que ha ejercitado su derecho a la libre circulación en las mismas condiciones que si hubiera
         permanecido en el territorio nacional. Se opone así a que el importe de esta pensión sufra una disminución por el hecho de
         que su beneficiario resida en otro Estado miembro. 
      
      44.   En el presente caso, la normativa litigiosa no prevé una disminución de la pensión de jubilación pagada a la Sra. Turpeinen
         por el hecho de residir en el extranjero. Esta normativa no se refiere a las condiciones de concesión y de liquidación de
         esta pensión. 
      
      45.   Dicha normativa es, pues, diferente de la que fue cuestionada en el asunto que dio lugar a la sentencia Imbernon Martínez,
         antes citada, a la que se refiere el Gobierno español. En efecto, en ese asunto, la disposición litigiosa de la Ley alemana
         relativa a los subsidios por hijos (Bundeskindergeldgesetz) sometía la concesión y el importe de una prestación por hijo a
         cargo, a las condiciones de residencia previstas en la normativa tributaria alemana. La normativa social cuestionada remitía
         así a las condiciones enunciadas en la normativa tributaria. Es en este contexto en el que el Tribunal de Justicia juzgó que
         la disposición pertinente del Reglamento nº 1408/71 se vería privada de gran parte de su efecto útil si la simple remisión
         a disposiciones fiscales pudiera permitir evitar su aplicación. (12) Sin embargo, este análisis no es aplicable, a nuestro parecer, al presente caso. 
      
      46.   En este caso, nos enfrentamos con una normativa nacional que determina las condiciones de imposición de los sujetos pasivos
         no residentes y que sólo afecta a la pensión de jubilación de la Sra. Turpeinen en cuanto que esta pensión es asimilada a
         una renta. Por tanto, sólo de manera indirecta conduce esta normativa a una reducción del importe de su jubilación disponible
         en relación con el importe después de impuestos del que habría podido disponer si hubiera residido en Finlandia durante el
         ejercicio fiscal 2002. 
      
      47.   Además, es necesario subrayar que, si el importe de la jubilación de la Sra. Turpeinen hubiera sido más elevado, la aplicación
         de la retención global en la fuente del 35 % habría podido conducir a un resultado inverso, es decir, a dejarle un saldo más
         importante que aquel del que habría dispuesto en Finlandia, tras haber sido gravada según la escala progresiva. Ello demuestra
         claramente que la normativa finlandesa litigiosa no prevé disminución de la pensión de jubilación pagada a la Sra. Turpeinen
         por el hecho de que resida en el extranjero. 
      
      48.   Es por ello que, a la vista de estos elementos, somos de la opinión de que la normativa tributaria finlandesa no es contraria
         a las disposiciones del artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71. Por tanto, es preciso examinar la conformidad
         de esta normativa con el Derecho comunitario a la luz de las normas del Tratado CE. 
      
      B.      Las normas del Tratado CE
      49.   Examinaremos en primer lugar en qué disposición del Tratado CE se recoge la situación de la Sra. Turpeinen, seguidamente si
         la normativa tributaria finlandesa constituye un obstáculo a la libertad de circulación, prohibida por esta disposición y,
         en su caso, si este obstáculo puede estar justificado. 
      
      1.      La disposición aplicable 
      50.   El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del régimen tributario litigioso
         con el artículo 18 CE o el artículo 39 CE o con ambas disposiciones conjuntamente. 
      
      51.   El Gobierno finlandés expone que la situación de la Sra. Turpeinen se recoge a la vez en el artículo 18 CE y en el artículo
         39 CE. Estima que esta última disposición es igualmente aplicable en el presente caso a la vista de la sentencia de 15 de
         junio de 2000, Sehrer. (13)
      
      52.   No estamos de acuerdo con ello. Como el Gobierno italiano y la Comisión, estimamos que la situación de la Sra. Turpeinen no
         está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 39 CE y que, por tanto, ésta sólo puede ampararse en las disposiciones
         del artículo 18 CE.
      
      53.   Conforme a una jurisprudencia consolidada, la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión, reconocido a cada nacional de
         un Estado miembro, es convertirse en el estatuto fundamental de ese nacional. (14) Además, el artículo 18 CE, apartado 1, confiere directamente a cada ciudadano de la Unión el derecho a circular y residir
         libremente en el Estado de su elección en el seno de la Comunidad. (15) La Sra. Turpeinen, en su calidad de nacional finlandesa, puede, pues, ampararse en las disposiciones del artículo 18 CE,
         apartado 1, con la finalidad de que se le reconozca el derecho a residir en España. 
      
      54.   Sin embargo, el estatuto de ciudadano de la Unión y los derechos de circulación anexos al mismo, instaurados por el Tratado
         UE, no sustituyen a otras disposiciones del Tratado que contemplan categorías específicas de personas. No privan de utilidad
         a las libertades de circulación ya conferidas por el Tratado CE y que están destinadas al ejercicio de una actividad económica.
         En la medida en que estas libertades de circulación con fines económicos constituyen una expresión específica de los derechos
         conferidos de manera general por el artículo 18 CE, (16) cuando un nacional comunitario ha hecho uso de una de estas libertades, es a la luz de ésta que el Tribunal de Justicia examina
         prioritariamente la compatibilidad de la normativa nacional cuestionada. (17)
      
      55.   No creemos, sin embargo, que la Sra. Turpeinen pueda ampararse en las disposiciones del artículo 39 CE.
      56.   En efecto, se considera trabajador en el sentido del artículo 39 CE a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en
         favor y bajo la dirección de otra, prestaciones en contrapartida de las cuales percibe una remuneración. (18) Los derechos de residencia o de permanencia en otro Estado miembro, conferidos por este artículo en su apartado 3, letras c)
         y d), están sometidos, a tenor de estas disposiciones, a la condición de que el interesado ejerza o haya ejercido allí tal
         actividad. 
      
      57.   En efecto, el ámbito de aplicación del artículo 39 CE es objeto de una interpretación amplia, de manera que no se limita a
         las personas que efectivamente se encuentren sujetas a una relación laboral por cuenta ajena y trabajando. Así, como pone
         de manifiesto el Gobierno finlandés, se ha resuelto en la sentencia Sehrer, que la circunstancia de que un nacional comunitario
         ya no se encuentre sujeto a una relación laboral por cuenta ajena no le priva de la garantía de determinados derechos ligados
         a la situación de trabajador. (19) Sin embargo, todavía es necesario, en este último caso, que el interesado haya hecho uso del derecho a la libre circulación
         previsto por esta disposición.
      
      58.   Así, en esa sentencia, el litigio principal versaba sobre un jubilado residente en Alemania que había ejercido sus actividades
         al mismo tiempo en ese Estado miembro y en Francia y que percibía una pensión de cada uno de estos Estados. La normativa alemana
         preveía que las cotizaciones al seguro de enfermedad del interesado debían calcularse igualmente sobre la base de la pensión
         francesa sin tener en cuenta el hecho de que una parte importante de esta pensión ya estaba retenida en concepto de cotización
         al seguro de enfermedad en Francia. 
      
      59.   Es en este contexto en el que el Tribunal de Justicia declaró que el derecho a la percepción de tal pensión estaba intrínsecamente
         ligado a la cualidad objetiva de trabajador y que la normativa alemana, al someter a una doble recaudación de cotizaciones
         al seguro de enfermedad a los trabajadores que habían ejercido sus actividades en otro Estado miembro, constituía un obstáculo
         prohibido por el artículo 39 CE. (20) En tal caso, esa normativa alemana, en cuanto suponía una desventaja para el jubilado que había ejercido sus actividades
         profesionales en otro Estado miembro, podía ciertamente desanimar a un trabajador a hacer uso de sus derechos de circulación
         conferidos por el Tratado. 
      
      60.   La sentencia Sehrer, antes citada, no cuestiona pues, desde nuestro punto de vista, el análisis según el cual el beneficio
         del artículo 39 CE sólo asiste a las personas que se han desplazado a otro Estado miembro con la finalidad de ejercer allí
         una actividad por cuenta ajena. Esta disposición no cubre a las personas que, como parece ser el caso de la Sra. Turpeinen,
         han ejercido el conjunto de su actividad profesional en su Estado miembro y sólo han hecho uso de su derecho a residir en
         otro Estado miembro después de haberse jubilado, sin ninguna intención de ejercer allí una actividad laboral por cuenta ajena. (21)
      
      61.   Somos, pues, de la opinión de que son las disposiciones del artículo 18 CE las aplicables al presente caso y que la Sra. Turpeinen
         puede invocarlas por constituir el fundamento de sus derechos de circulación y de residencia en España. 
      
      2.      La existencia de un obstáculo a la libertad de circulación
      62.   Procede indicar, en primer lugar, que los derechos de residencia y de circulación conferidos a todo ciudadano de la Unión
         por el artículo 18 CE, apartado 1, no se oponen solamente a las restricciones del ejercicio de esos derechos previstos por
         el Estado de acogida. Como hemos indicado con anterioridad, prohíben igualmente las imputables al Estado de origen. 
      
      63.   El Tribunal de Justicia ha considerado, en efecto, que sería incompatible con el estatuto de ciudadano de la Unión y con los
         derechos de circulación y de residencia que le son conferidos en esta condición el que a un nacional comunitario que haya
         hecho uso de estos derechos pudiese aplicársele en el Estado miembro del que es nacional un trato menos favorable que aquel
         del cual se beneficiaría si no hubiera hecho uso de tales derechos. (22)
      
      64.   Según el Tribunal de Justicia, las facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación no podrían, efectivamente,
         producir sus plenos efectos si se pudiera disuadir a un nacional de un Estado miembro de hacer uso de aquéllas por los obstáculos
         puestos a su residencia en el Estado miembro de acogida, debido a una normativa de su Estado de origen que penaliza el hecho
         de que las haya ejercido. (23)
      
      65.   Por tanto, la Sra. Turpeinen, nacional finlandesa que hizo uso de los derechos de circulación y de residencia conferidos por
         el artículo 18 CE, apartado 1, puede invocar esta disposición frente a su Estado de origen. 
      
      66.   Además, resulta de la jurisprudencia que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión confiere a los nacionales de los
         Estados miembros que se encuentren en la misma situación el derecho a obtener, en el ámbito de aplicación ratione materiae del Tratado CE, el mismo trato jurídico, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente
         previstas a este respecto. (24)
      
      67.   En el presente caso, consta que la Sra. Turpeinen, en virtud de la normativa tributaria litigiosa, ha sido objeto de una imposición
         más gravosa en su calidad de no residente que si hubiera sido residente en Finlandia.
      
      68.   Desde luego, como recuerda el Gobierno finlandés, en materia de impuestos directos, la situación de los sujetos pasivos residentes
         y la de los sujetos pasivos no residentes no son, por lo general, comparables. (25) Estas situaciones pueden presentar, en efecto, diferencias objetivas tanto desde el punto de vista de la fuente de los rendimientos
         como de la capacidad contributiva personal o de la consideración de la situación personal y familiar.
      
      69.   Así, los rendimientos obtenidos en el territorio de un Estado por un no residente sólo constituyen, habitualmente, una parte
         de sus ingresos globales, centralizados en el lugar de su residencia. Además, el lugar en que más fácilmente puede apreciarse
         su capacidad contributiva individual, resultante de computar el conjunto de sus ingresos y de tener en cuenta su situación
         personal y familiar, es el lugar en que se sitúa el centro de sus intereses personales y patrimoniales, que coincide, por
         lo general, con su residencia habitual. (26)
      
      70.   De ello se deduce que el hecho de que un Estado miembro no permita a un no residente acogerse a determinadas ventajas fiscales
         que concede a los residentes no es, por regla general, discriminatorio. (27)
      
      71.   En cambio, tal trato diferenciado en función de la residencia deberá calificarse de discriminatorio cuando no exista ninguna
         diferencia de situación objetiva respecto a la ventaja fiscal cuestionada, que pueda justificar esta diferencia de trato.
         En tal caso, deberá considerarse que estas dos categorías de sujetos pasivos se encuentran en la misma situación en lo que
         respecta a esta ventaja. (28)
      
      72.   Así, se ha sentado que el sujeto pasivo no residente, que trabaja por cuenta ajena o propia, cuando percibe la totalidad o
         la casi totalidad de sus rendimientos en el Estado en que ejerce sus actividades profesionales, se encuentra objetivamente
         en la misma situación, por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que el residente en dicho
         Estado. Ambos son gravados solamente en ese Estado y la base imponible de su impuesto es la misma. (29)
      
      73.   El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esta jurisprudencia es aplicable al caso en el que, como en el presente
         asunto, las rentas imponibles están constituidas por una pensión de jubilación.
      
      74.   Estimamos que ése es precisamente el caso. En efecto, la normativa tributaria finlandesa establece que las pensiones de jubilación,
         como la pagada a la Sra. Turpeinen, están sujetas a imposición de la misma forma que cualquier renta proveniente directamente
         de una actividad económica, con la aplicación de una escala progresiva y de deducciones destinadas a tener en cuenta la capacidad
         contributiva del sujeto pasivo, así como su situación personal y familiar. Nos encontramos, pues, en el presente caso ante
         un régimen de imposición directa, en cuyo marco la carga fiscal es determinada en función de la capacidad contributiva de
         la demandante. 
      
      75.   Además, como indica el Gobierno finlandés, el régimen de la retención global en la fuente del 35 %, previsto para los sujetos
         pasivos no residentes, se basa en el postulado de que su situación no es comparable a la de los sujetos pasivos residentes,
         porque pueden percibir otras rentas en su Estado de residencia, incluidas otras pensiones de jubilación. 
      
      76.   En consecuencia, podemos deducir que, cuando la única renta de la que dispone el no residente es la pensión de jubilación
         que le paga un Estado miembro distinto de aquél en el que reside, el Estado deudor de esta pensión debe considerarlo, respecto
         a la imposición sobre la misma, como si se encontrara en la misma situación que un residente, sujeto al impuesto sobre sus
         rentas mundiales. Un sujeto pasivo, como la Sra. Turpeinen, cuya única renta de la que dispone es su pensión de jubilación
         pagada en Finlandia, debe pues ser considerado, en cuanto a la imposición sobre sus rentas, como si se encontrara en la misma
         situación que si fuera residente en ese Estado miembro. En estas condiciones, el hecho de aplicar un tipo impositivo más elevado
         a tal sujeto pasivo no residente constituye una discriminación indirecta contraria al estatuto de ciudadano de la Unión, que
         constituye un obstáculo al derecho de circulación que le es conferido por el artículo 18 CE, apartado 1.
      
      3.      La justificación de este obstáculo
      77.   Según las indicaciones proporcionadas por la resolución de remisión, el régimen de retención global en la fuente aplicado
         a las rentas de los sujetos pasivos no residentes no estaba justificado únicamente por la presunción de que el sujeto pasivo
         no residente percibiera otras rentas distintas de las imponibles en Finlandia. Este régimen tenía igualmente por finalidad
         atender a las exigencias prácticas de sencillez y eficacia. Así, por una parte, se trataba de facilitar la labor de los sujetos
         pasivos de los que se presumía que tenían un conocimiento insuficiente del finés y de las normas fiscales nacionales de Derecho
         común. Por otra parte, se pretendía garantizar la recaudación del impuesto.
      
      78.   No pensamos que la desventaja impuesta a los sujetos pasivos no residentes pueda justificarse por uno u otro de estos dos
         motivos. En efecto, una medida que tiene por efecto restringir el ejercicio de una libertad de circulación garantizada por
         el Tratado solamente puede justificarse si es adecuada para alcanzar el objetivo legítimo que persigue y si no va más allá
         de aquello que resulte necesario a dicho efecto. (30) La simplificación de la aplicación del régimen fiscal finlandés para los sujetos pasivos no residentes podía conseguirse
         ciertamente con medidas menos desventajosas que una imposición superior a la aplicable a los sujetos pasivos residentes que
         perciben rentas idénticas.
      
      79.    Del mismo modo, el régimen de retención global parece igualmente desproporcionado respecto a la exigencia de asegurar la
         recaudación efectiva del impuesto adeudado por los sujetos pasivos no residentes. Como pone de relieve la Comisión, el Estado
         miembro deudor de la pensión de jubilación puede, en virtud de la Directiva 77/799/CEE del Consejo, (31) pedir a las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio reside el sujeto pasivo que le comuniquen todas
         las informaciones que le permitan conocer o verificar la capacidad contributiva, así como la situación personal y familiar
         de dicho sujeto pasivo. 
      
      80.   Las dificultades suplementarias de orden administrativo, que para una administración fiscal nacional pueden derivarse del
         hecho de que el sujeto pasivo resida en otro Estado miembro, no son consideradas por la jurisprudencia como suficientes para
         justificar, en cuanto tales, la necesidad de que el sujeto pasivo soporte una imposición más elevada que si fuera residente.
         Tal argumentación ha sido regularmente desestimada. (32) Parece aún menos fundado en el presente caso que los Estados miembros, con la Directiva 2001/44/CE del Consejo (33) que tenían que aplicar antes del 30 de junio de 2002, dispongan una herramienta suplementaria para garantizar la recaudación
         del impuesto sobre la renta adeudado por un sujeto pasivo no residente. 
      
      81.   A la vista del conjunto de estas consideraciones, propondremos al Tribunal de Justicia que responda al órgano jurisdiccional
         remitente que el artículo 18 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la
         cual el impuesto aplicable a una pensión de jubilación, pagada a un sujeto pasivo residente en otro Estado miembro, supera,
         en determinados casos, el impuesto que ese sujeto pasivo debería haber pagado si hubiera sido residente, cuando la rentas
         de ese sujeto pasivo están constituidas exclusiva o principalmente por esa pensión de jubilación y que así no se encuentra
         en una situación objetivamente diferente de la de los sujetos pasivos residentes. 
      
      IV.    Conclusión
      82.   En razón de lo expuesto, proponemos al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Korkein hallinto‑oikeus
         como sigue:
      
      «El artículo 18 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual el impuesto
         aplicable a una pensión de jubilación, pagada a un sujeto pasivo residente en otro Estado miembro, supera, en determinados
         casos, el impuesto que ese sujeto pasivo debería haber pagado si hubiera sido residente, cuando la rentas de ese sujeto pasivo
         están constituidas exclusiva o principalmente por esa pensión de jubilación y que así no se encuentra en una situación objetivamente
         diferente de la de los sujetos pasivos residentes.»
      
      1 –	Lengua original: francés.
      
      2 –	Directiva de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
         que hayan dejado de ejercer su actividad profesional (DO L 180, p. 28).
      
      3 –	La Directiva 90/365 fue derogada, con efectos a 30 de abril de 2006, por la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo
         y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias
         a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68
         y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y
         93/96/CEE (DO L 158, p. 77).
      
      4 –	El órgano jurisdiccional remitente cita las sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker (C‑279/93, Rec. p. I‑225);
         de 11 de agosto de 1995, Wielockx (C‑80/94, Rec. p. I‑2493); de 27 de junio de 1996, Asscher (C‑107/94, Rec. p. I‑3089); de
         12 de diciembre de 2002, De Groot (C‑385/00, Rec. p. I‑11819); de 12 de junio de 2003, Gerritse (C‑234/01, Rec. p. I‑5933),
         y de 1 de julio de 2004, Wallentin (C‑169/03, Rec. p. I‑6443).
      
      5 –	Sentencias de 4 de octubre de 1991, Comisión/Reino Unido (C‑246/89, Rec. p. I‑4585), apartado 12, y de 11 de marzo de 2004,
         De Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, Rec. p. I‑2409), apartado 44 y jurisprudencia citada.
      
      6 –	Reglamento de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por
         cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad
         (DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), modificado por el Reglamento (CE) nº 307/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999 (DO
         L 38, p. 1, en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»).
      
      7 –	Sentencia de 17 de septiembre de 2002, Baumbast y R (C‑413/99, Rec. p. I‑7091), apartados 81 a 84.
      
      8 –	Sentencias de 11 de julio de 2002, D’Hoop (C‑224/98, Rec. p. I‑6191), apartado 30, y de 29 de abril de 2004, Pusa (C‑224/02,
         Rec. p. I‑5763), apartado 18.
      
      9 –	El asunto versaba sobre un nacional finlandés, titular de una pensión finlandesa de invalidez, que vivía y pagaba el impuesto
         sobre la renta en España. Debido a una deuda que contrajo en Finlandia, su pensión había sido objeto de embargo. En virtud
         de la normativa finlandesa aplicable, el importe embargado había sido calculado de manera que le asegurara una renta mínima,
         pero ese cálculo no tenía en cuenta el impuesto sobre la renta que pagaba en España.
      
      10 –	Véase, principalmente, la sentencia de 23 de febrero de 2006, Van Hilten-van der Heijden (C‑513/03, Rec. p. I‑0000), apartado
         26 y jurisprudencia citada.
      
      11 –	Sentencia de 5 de octubre de 1995 (C‑321/93, Rec. p. I‑2821).
      
      12 –	Sentencia Imbernon Martínez, antes citada, apartado 23.
      
      13 –	Asunto C‑302/98, Rec. p. I‑4585
      
      14 –	Sentencias Pusa, antes citada, apartado 16 y jurisprudencia citada, y de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen (C‑200/02, Rec.
         p. I‑9925), apartado 25 y jurisprudencia citada.
      
      15 –	Sentencia Baumbast y R, antes citada, apartado 84.
      
      16 –	Véanse, en relación con la libertad de establecimiento, la sentencia de 29 de febrero de 1996, Skanavi et Chryssanthakopoulos
         (C‑193/94, Rec. p. I‑929), apartado 22; en relación con la libre circulación de los trabajadores, la sentencia de 26 de noviembre
         de 2002, Oteiza Olazabal (C‑100/01, Rec. p. I‑10981), apartado 26, y en relación con la libre prestación de servicios, la
         sentencia de 6 de febrero de 2003, Stylianakis (C‑92/01, Rec. p. I‑1291), apartado 18.
      
      17 –	Así, en la sentencia de 12 de mayo de 1998, Martínez Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691), el Tribunal de Justicia sólo examinó
         los derechos en los que el interesado puede ampararse en calidad de ciudadano, porque existía una duda sobre su condición
         de trabajador. Véase, igualmente, la sentencia de 16 de diciembre de 2004, My (C‑293/03, Rec. p. I‑12013), apartado 33.
      
      18 –	Sentencias Martínez Sala, antes citada, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 19 de noviembre de 2002, Kurz (C‑188/00,
         Rec. p. I‑10691), apartado 32 y jurisprudencia citada.
      
      19 –	Sentencia, antes citada, apartado 30.
      
      20 –	Ibidem, apartados 30 a 35.
      
      21 –	Véanse, en ese sentido, las sentencias de 19 de marzo de 1992, Batista Morais (C‑60/91, Rec. p. I‑2085), apartado 7; de
         16 de enero de 1997, USSL nº 47 di Biella (C‑134/95, Rec. p. I‑195), apartado 19, y de 26 de enero de 1999, Terhoeve (C‑18/95,
         Rec. p. I‑345), apartados 26 y 27.
      
      22 –	Sentencias antes citadas, D’Hoop, apartado 30, y Pusa, apartado 18.
      
      23 –	Sentencia Pusa, antes citada, apartado 19.
      
      24 –	Véase, en particular, la sentencia Pusa, antes citada, apartado 16 y jurisprudencia citada.
      
      25 –	Sentencia Schumacker, antes citada, apartado 31.
      
      26 –	Sentencia Gerritse, antes citada, apartado 43 y jurisprudencia citada.
      
      27 –	Ibidem, apartado 44 y jurisprudencia citada.
      
      28 –	Sentencia Asscher, antes citada, apartado 42.
      
      29 –	Sentencia Wielockx, antes citada, apartado 20.
      
      30 –	Véase, en particular, la sentencia De Lasteyrie du Saillant, antes citada, apartado 49 y jurisprudencia citada.
      
      31 –	Directiva de 19 de diciembre de 1977, relativa a la asistencia mutua de las autoridades competentes de los Estados miembros
         en materia de impuestos directos (DO L 336, p. 15; EE 09/01, p. 94).
      
      32 –	Véanse, en particular, las sentencias Schumacker, antes citada, apartado 45, y de 28 de octubre de 1999, Vestergaard (C‑55/98,
         Rec. p. I‑7641), apartado 26. Véase, como ejemplo reciente, la sentencia de 4 de marzo de 2004, Comisión/Francia (C‑334/02,
         Rec. p. I‑2229), apartado 31.
      
      33 –	Directiva de 15 de junio de 2001, por la que se modifica la Directiva 76/308/CEE, referente a la asistencia mutua en materia
         de cobro de los créditos resultantes de operaciones que formen parte del sistema de financiación del Fondo Europeo de Orientación
         y de Garantía Agrícola, así como de las retenciones reguladores agrícolas y de los derechos de aduana, y en relación con el
         impuesto sobre el valor añadido y determinados impuestos especiales (DO L 175, p. 17).