CELEX: 62016CA0571
Language: es
Date: 2018-10-04 00:00:00
Title: Asunto C-571/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka [Procedimiento prejudicial — Sistemas de garantía de depósitos — Directiva 94/19/CE — Artículo 1, punto 3, inciso i) — Artículo 10, apartado 1 — Concepto de «depósito no disponible» — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión — Violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión — Autonomía procesal de los Estados miembros — Principio de cooperación leal — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principios de equivalencia y de efectividad]

3.12.2018   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 436/3
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 4 de octubre de 2018 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Nikolay Kantarev / Balgarska Narodna Banka
      (Asunto C-571/16) (1)
      
      ([Procedimiento prejudicial - Sistemas de garantía de depósitos - Directiva 94/19/CE - Artículo 1, punto 3, inciso i) - Artículo 10, apartado 1 - Concepto de «depósito no disponible» - Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión - Violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión - Autonomía procesal de los Estados miembros - Principio de cooperación leal - Artículo 4 TUE, apartado 3 - Principios de equivalencia y de efectividad])
      (2018/C 436/03)
      Lengua de procedimiento: búlgaro
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Administrativen sad — Varna
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Demandante: Nikolay Kantarev
      
         Demandada: Balgarska Narodna Banka
      
         Fallo
      
      
                  1)
               
               
                  El artículo 1, punto 3, y el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en su versión modificada por la Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, deben interpretarse en el sentido de que se oponen, por un lado, a una normativa nacional según la cual la determinación de la indisponibilidad de los depósitos depende de la insolvencia de la entidad de crédito y de la revocación de la licencia bancaria de dicha entidad y, por otro lado, a que pueda establecerse una excepción al plazo previsto por dichas disposiciones para determinar la indisponibilidad de los depósitos y para reembolsar estos depósitos, sobre la base de que es necesario que la entidad de crédito quede sometida a supervisión especial.
               
            
                  2)
               
               
                  El artículo 1, punto 3, inciso i), de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14/CE, debe interpretarse en el sentido de que la indisponibilidad de los depósitos en el sentido de esta disposición debe determinarse por un acto expreso de la autoridad nacional competente y no puede deducirse de otros actos de las autoridades nacionales como, por ejemplo, la decisión del Balgarska Narodna Banka (Banco Central de Bulgaria) de someter el Korporativna Targovska Banka a supervisión especial ni tampoco puede presumirse de circunstancias como las del litigio principal.
               
            
                  3)
               
               
                  El artículo 1, punto 3, inciso i), de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, debe interpretarse en el sentido de que la determinación de la indisponibilidad de un depósito bancario, en el sentido de dicha disposición, no está supeditada a que previamente el titular de dicho depósito haya solicitado sin éxito a la entidad de crédito de que se trate la retirada de sus fondos.
               
            
                  4)
               
               
                  El artículo 1, punto 3, inciso i), de la Directiva 94/19, en su versión modificada por la Directiva 2009/14, tiene efecto directo y es una norma de Derecho que tiene por objeto conferir derechos a los particulares, lo que permite a los depositantes interponer un recurso de indemnización del perjuicio causado por la demora en el reembolso de los depósitos. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, por un lado, si la falta de determinación de la indisponibilidad de los depósitos en el plazo de cinco días hábiles previsto en dicha disposición, pese a que se reunían los requisitos claramente establecidos en esta disposición, puede constituir, en las circunstancias del litigio principal, una violación suficientemente caracterizada, en el sentido del Derecho de la Unión, y si, por otro lado, existe una relación de causalidad directa entre dicha violación y el daño sufrido por un depositante, como el Sr. Nikolay Kantarev.
               
            
                  5)
               
               
                  El artículo 4 TUE, apartado 3, y los principios de equivalencia y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que, a falta de un procedimiento específico en Bulgaria para declarar la responsabilidad del Estado miembro en relación con los daños causados por una violación del Derecho de la Unión por parte de una autoridad nacional:
                  
                              —
                           
                           
                              no se oponen a una normativa nacional que establece dos procedimientos distintos, con diferentes requisitos y que se sustancian ante jurisdicciones distintas, siempre que el órgano jurisdiccional remitente determine si, a la luz del Derecho nacional, la responsabilidad de una autoridad nacional como el BNB debe basarse en la Ley sobre la responsabilidad del Estado o en la Ley de Obligaciones y Contratos y que ambos procedimientos respeten los principios de equivalencia y de efectividad;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              se oponen a una normativa nacional que supedita el derecho de los particulares a obtener una indemnización al requisito adicional del carácter intencional del daño causado por la autoridad nacional de que se trate;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              no se oponen a una normativa nacional que supedita el derecho de los particulares a obtener una indemnización a que estos acrediten la existencia de culpa, siempre que, el concepto de «culpa» no vaya más allá del concepto de «violación suficientemente caracterizada», aspecto que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              no se oponen a una normativa nacional que establece el pago de una tasa fija o proporcional a la cuantía del litigio, siempre que, el abono de la tasa fija o la tasa proporcional a la cuantía del litigio no sea contrario al principio de efectividad, habida cuenta del importe y la magnitud de la tasa, de si esta puede constituir o no un obstáculo insuperable al acceso a la justicia, de su carácter obligatorio, así como de la posibilidad de exención de dicha tasa, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              y no se opone a una normativa nacional que supedita el derecho de los particulares a obtener una indemnización a la anulación previa del acto administrativo que originó el daño, siempre que este requisito sea razonablemente exigible a la persona perjudicada, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
                           
                        
            
         (1)  DO C 38 de 6.2.2017.