CELEX: C2007/140/22
Language: es
Date: 2007-06-23 00:00:00
Title: Asunto C-204/07 P: Recurso de casación interpuesto el 16 de abril de 2007 por C.A.S. SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 6 de febrero de 2007 en el asunto T-23/03, C.A.S. SpA/Comisión de las Comunidades Europeas

23.6.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 140/13
            
         Recurso de casación interpuesto el 16 de abril de 2007 por C.A.S. SpA contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) dictada el 6 de febrero de 2007 en el asunto T-23/03, C.A.S. SpA/Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-204/07 P)
   (2007/C 140/22)
   Lengua de procedimiento: alemán
   Partes
   
      Recurrente: C.A.S. SpA (representante: D. Ehle, Rechtsanwalt)
   
      Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas
   Pretensiones de la parte recurrente
   
               —
            
            
               Que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-23/03 (1) de 6 de febrero de 2007.
            
         
               —
            
            
               Que se estimen las pretensiones formuladas en primera instancia; con carácter subsidiario, que se devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se pronuncie sobre el mismo.
            
         
               —
            
            
               Que se estimen las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento, formuladas por la recurrente mediante escritos de 28 de enero de 2003, 4 de agosto de 2003 y 11 de agosto de 2003.
            
         
               —
            
            
               Que se condene en costas a la parte demandada en primera instancia.
            
         Motivos y principales alegaciones
   La recurrente fundamenta su recurso con los nueve motivos siguientes, en base a los cuales considera errónea la sentencia impugnada.
   El primer motivo de recurso se refiere a la competencia de las autoridades turcas, que el Tribunal de Primera Instancia consideró exclusiva, para comprobar si los certificados de circulación ATR1 expedidos por ellas y presentados para realizar la importación son «auténticos» o «no», «regulares» o «irregulares». La recurrente considera que en los casos en los que existen indicios suficientes, concluyentes y objetivos de una participación de las autoridades competentes de un país exportador en irregularidades en la expedición (entrega de formularios, sellos y firmas) de los certificados de circulación así como en el despacho para la exportación de mercancías en base a estos certificados, la competencia exclusiva de las autoridades aduaneras del país de exportación termina. Las explicaciones posteriores ofrecidas por las autoridades turcas sobre los certificados de circulación no pueden considerarse creíbles y determinantes por sí solas.
   Mediante el segundo motivo de recurso la recurrente rechaza la interpretación de la sentencia impugnada sobre el alcance del derecho de acceso al expediente y del derecho de defensa de un solicitante. El derecho de acceso al expediente no debe limitarse sólo a los documentos sobre los que la Comisión, tras su decisión interna y sus datos, ha basado su decisión. El derecho de acceso al expediente incluye también todos los documentos confidenciales o no, que puedan ser significativos a la hora de la exposición de hecho y de derecho de la recurrente a efectos de valorar los hechos.
   En su tercer motivo de recurso la recurrente señala, que el Tribunal de Primera Instancia hizo recaer sobre ella toda la carga de la prueba en relación con las circunstancias de hecho que configuran una «situación especial» en el sentido del art. 239 CAC y del art. 905 del Reglamento de aplicación del CAC. La recurrente considera que, en determinados casos, la carga de la prueba se invierte o al menos se reduce la obligación de prueba. En ningún caso, recae sobre la recurrente la carga de la prueba de determinados hechos alegados ocurridos en un tercer país (en el presente caso: Turquía), que pueden y deben ser determinados mejor por la Comisión/OLAF en el marco de las facultades de que dispone. Lo mismo cabe decir para los hechos incluidos en el ámbito de actuación e influencia de la Comisión Europea.
   Como cuarto motivo de recurso la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, aun teniendo en cuenta que en la sentencia hizo recaer por entero la carga de la prueba en la recurrente, se abstuvo erróneamente de llevar a cabo las diligencias de ordenación del procedimiento solicitadas por la recurrente, en particular no admitió las diligencias de prueba requeridas. En lugar de eso, todas las proposiciones de prueba fueron denegadas por no ser relevantes.
   Como quinto motivo de recurso la recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y calificó de forma jurídicamente errónea todos los documentos presentados por la recurrente así como los hechos e indicios alegados por ella que apoyaban su estimación de una participación de las autoridades turcas en la expedición de los certificados de circulación ATR1 supuestamente «no auténticos» (en realidad «incorrectos»). Por ello, llegó a conclusiones jurídicas erróneas. Al mismo tiempo, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta importantes hechos expuestos claramente por la recurrente.
   Como sexto motivo de recurso se alega que el Tribunal de Primera Instancia no calificó como comportamiento irregular de la Comisión que ésta no informase al Comité aduanero/Consejo de Asociación.
   El séptimo motivo de recurso se basa en que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el interés legítimo de la recurrente en una anulación de la decisión parcialmente impugnada de la Comisión en relación con un certificado de circulación ATR1 concreto.
   En el octavo motivo de recurso se critica que el Tribunal de Primera Instancia incurriese en un error de Derecho al no realizar una valoración de equidad y del riesgo en el caso concreto. De este modo el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que, aun si hubiera certificados ATR1 de circulación no auténticos, a la vista del grave incumplimiento de las autoridades turcas y de la Comisión era injusto, dada la relación entre los operadores económicos y la administración, dejar que la recurrente como operador económico soporte una pérdida que no habría sufrido si se hubieran hecho las cosas correctamente.
   Como noveno motivo de recurso la recurrente critica que la sentencia impugnada aplicando el art. 220, ap. 2, letra b), del CAC, sobre la base de los hechos alegados y probados, negase que hubo una participación activa de las autoridades aduaneras turcas en la expedición y uso de los 32 certificados ATR1 controvertidos.
   
      (1)  DO C 82, p. 30.