CELEX: 62004CJ0246
Language: es
Date: 2006-01-12 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de enero de 2006.#Turn- und Sportunion Waldburg contra Finanzlandesdirektion für Oberösterreich.#Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgerichtshof - Austria.#Sexta Directiva IVA - Artículo 13, parte B, letra b), y parte C, letra a) - Exención de las operaciones de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles - Derecho de opción en favor de los sujetos pasivos - Asociaciones deportivas sin ánimo de lucro - Requisitos.#Asunto C-246/04.

Asunto C‑246/04
      Turn- und Sportunion Waldburg
      contra
      Finanzlandesdirektion für Oberösterreich
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
      «Sexta Directiva IVA — Artículo 13, parte B, letra b), y parte C, letra a) — Exención de las operaciones de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles — Derecho de opción en favor de los sujetos pasivos — Asociaciones deportivas sin ánimo de lucro — Requisitos»
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 12 de enero de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva
      (Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte C)
      2.     Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido — Exenciones previstas en la Sexta Directiva
      [Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 13, parte B, letra b), y parte C, letra a)]
      1.     Al conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación, establecido en el artículo 13, parte C, de la Directiva
         77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos
         sobre el volumen de negocios, los Estados miembros pueden efectuar distinciones según la naturaleza de las operaciones o las
         clases de sujetos pasivos, a condición de que respeten los objetivos y los principios generales de la Sexta Directiva, en
         particular el principio de neutralidad fiscal y la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de las exenciones previstas.
      
      (véanse el apartado 35 y el punto 1 del fallo)
      2.     Compete al órgano jurisdiccional nacional determinar si sobrepasa la facultad de apreciación concedida a los Estados miembros
         una norma nacional que, al declarar exentas con carácter general las operaciones efectuadas por las asociaciones deportivas
         sin ánimo de lucro, restringe el derecho de éstas a optar por la tributación de las operaciones de arrendamiento y alquiler,
         habida cuenta, en especial, del principio de neutralidad fiscal y de la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme
         de las exenciones previstas.
      
      En efecto, en la medida en que el artículo 13, parte C, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización
         de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, no precisa con qué requisitos
         ni de qué modo puede limitarse el alcance del derecho a optar por la tributación de las operaciones de alquiler y arrendamiento
         de bienes inmuebles, corresponde a cada Estado miembro precisar el alcance del derecho de opción en su Derecho nacional y
         dictar las normas en virtud de las cuales determinados sujetos pasivos pueden disfrutar de este derecho. No obstante, el artículo
         13, parte C, de la Sexta Directiva no confiere a los Estados miembros la facultad de poner condiciones o de restringir, en
         modo alguno, las exenciones previstas por la parte B del citado artículo 13, sino que simplemente, les reserva la facultad
         de ofrecer, en mayor o menor medida, a los beneficiarios de dichas exenciones la posibilidad de optar ellos mismos por la
         tributación, si consideran que les interesa hacerlo.
      
      (véanse los apartados 42, 43 y 49 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 12 de enero de 2006 (*)
      
      «Sexta Directiva IVA – Artículo 13, parte B, letra b), y parte C, letra a) – Exención de las operaciones de arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles – Derecho de opción en favor de los sujetos pasivos – Asociaciones deportivas sin ánimo de lucro – Requisitos»
      En el asunto C‑246/04,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgerichtshof
         (Austria), mediante resolución de 26 de mayo de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de junio de 2004, en el procedimiento
         entre
      
      Turn- und Sportunion Waldburg
      y
      Finanzlandesdirektion für Oberösterreich,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus (Ponente) y A. Ó Caoimh,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones escritas presentadas:
      –       en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. H. Dossi, en calidad de agente;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. G. Wilms y D. Triantafyllou, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las disposiciones del artículo 13, parte B, letra b),
         y parte C, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las
         legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto
         sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54; en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
      
      2       Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre Turn- und Sportunion Waldburg y la Finanzlandesdirection für Oberösterreich
         sobre la posibilidad de que una asociación deportiva sin ánimo de lucro que realiza una operación de alquiler de un bien inmueble
         ejerza el derecho a optar por la tributación, concedido a los sujetos pasivos por el legislador nacional en virtud del artículo
         13, parte C, letra a), de la Sexta Directiva. 
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3       El artículo 13, parte A, apartado 1, de la Sexta Directiva dispone: 
      «Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros eximirán, en las condiciones por
         ellos fijadas y a fin de asegurar la aplicación correcta y simple de las exenciones previstas a continuación y de evitar todo
         posible fraude, evasión o abuso: 
      
      [...] 
      m)      determinadas prestaciones de servicios, directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física, facilitadas
         por organismos sin fin lucrativo a las personas que practican el deporte o la educación física; 
      
      [...]»
      4       A tenor del artículo 13, parte B, letra b), de la Sexta Directiva, están exentos el arrendamiento y el alquiler de bienes
         inmuebles, con la excepción de determinadas operaciones carentes de pertinencia para el presente asunto.
      
      5       El artículo 13, parte C, de la misma Directiva dispone: 
      «Los Estados miembros podrán conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación: 
      a)      del arrendamiento y del alquiler de bienes inmuebles; 
      […]
      Los Estados miembros podrán restringir el alcance del derecho de opción y determinarán las modalidades de su ejercicio.» 
       Normativa nacional
      6       En virtud del artículo 6, apartado l, número 14, de la Ley del impuesto sobre el volumen de negocios de 1994 (Umsatzsteuergesetz;
         en lo sucesivo, «UStG 1994»), las operaciones realizadas por asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto estatutario sea el
         ejercicio o la promoción de la educación física están exentas del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»),
         lo que excluye la deducción del IVA soportado. Esta exención no se aplica a las prestaciones realizadas en el marco de una
         explotación agrícola y forestal o de una empresa artesanal, industrial o comercial en el sentido del artículo 45, apartado
         3, del Código tributario federal (Bundesabgabenordnung).
      
      7       El artículo 6, apartado l, número 16, de la UStG 1994 declara exentas las operaciones de alquiler y arrendamiento de bienes
         inmuebles. La puesta a disposición de locales profesionales y otros se asimila a un alquiler o a un arrendamiento de bienes
         inmuebles.
      
      8       De conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la UStG 1994, el empresario puede decidir someter al IVA una operación exenta
         en virtud del apartado l, número 16, del mismo artículo.
      
      9       El artículo 6, apartado l, número 27, de la UStG 1994 declara exentas las operaciones realizadas por los pequeños empresarios.
         A tenor del mismo artículo, apartado 3, el empresario cuyas operaciones estén exentas en virtud del artículo 6, apartado l,
         número 27, de la UStG 1994 puede renunciar a la aplicación de dicha disposición enviando una declaración escrita al Finanzamt
         (administración fiscal).
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      10     La demandante en el litigio principal es una asociación deportiva calificada de asociación sin ánimo de lucro. En 1997 comenzó
         a construir un anexo al local de la asociación, una parte del cual se destinaba a la práctica deportiva, mientras que la otra,
         cuya superficie era aproximadamente una cuarta parte de la superficie total de dicho anexo, debía utilizarse como bar y se
         alquilaría a un concesionario. En la declaración del IVA de 1997, la asociación realizó deducciones por un importe total de
         39.285 ATS, correspondientes al IVA soportado exclusivamente por la parte del anexo destinada a la explotación del bar, tras
         renunciar a la aplicación del artículo 6, apartado 1, número 27, de la UStG 1994, relativo a los pequeños empresarios.
      
      11     Mediante resolución de 27 de agosto de 1999, el Finanzamt denegó dichas deducciones, sosteniendo que una asociación deportiva
         exenta en virtud del artículo 6, apartado 1, número 14, de la UStG 1994, que no disfruta del derecho a deducir, no podía renunciar
         a la exención de las operaciones derivadas del alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles utilizando el derecho de opción.
         En su opinión, la exención personal prevista para las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en el artículo 6, apartado
         1, número 14, de la UStG 1994 prima sobre la exención de las operaciones de alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles prevista
         en el artículo 6, apartado 1, número 16, de la UStG 1994. 
      
      12     El recurso interpuesto contra esta resolución fue desestimado por infundado, basándose en que el artículo 6, apartado 1, número
         14, de la UStG 1994 prevalece, como ley especial, sobre el número 16 del mismo apartado. Según la administración, el hecho
         de que la asociación deportiva renunciase a la normativa aplicable a los pequeños empresarios no modificaba en nada la situación
         jurídica de que se trataba. 
      
      13     La demandante interpuso recurso contra esta resolución ante el Verwaltungsgerichtshof. En su resolución de remisión, este
         órgano jurisdiccional estimó que la exención de servicios prestados a personas que no practican el deporte o la educación
         física, tales como el alquiler o la concesión de un bar, no entra dentro del ámbito de aplicación del artículo 13, parte A,
         apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva y, por ello, no puede basarse en dicha disposición. Sin embargo, se planteó la
         cuestión de si la exención de las operaciones de alquiler o arrendamiento efectuadas por asociaciones deportivas sin ánimo
         de lucro podía basarse en el artículo 13, parte B, letra b), de dicha Directiva.
      
      14     Tras comprobar que la UStG 1994 no ofrecía a las asociaciones deportivas ninguna posibilidad de optar por someter al impuesto
         sus operaciones de alquiler y arrendamiento, el órgano jurisdiccional remitente se planteó igualmente ciertas cuestiones sobre
         la interpretación del artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva y sobre la posibilidad de excluir a determinados sujetos
         pasivos de la posibilidad de optar por la tributación, disponible para los demás sujetos pasivos.
      
      15     Por ello, el Verwaltungsgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones
         prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe un Estado miembro ejercer de manera uniforme la facultad que le atribuye el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva
         [...], en el sentido de conceder a los sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación del arrendamiento de inmuebles,
         a pesar de la exención establecida en el artículo 13, parte B, letra b), de [dicha] Directiva, o bien puede tal Estado miembro
         diferenciar a tal efecto en función de la clase de operaciones o de los grupos de sujetos pasivos? 
      
      2)      ¿Permite a los Estados miembros el artículo 13, parte B, letra b), en relación con la parte C, letra a), de la [Sexta] Directiva
         establecer una disposición como la prevista en el artículo 6, apartado 1, número 14, de la [UStG 1994], en relación con el
         artículo 6, apartado 1, número 16, de la misma Ley, en virtud de la cual la posibilidad de optar por la tributación de las
         operaciones de arrendamiento y de alquiler se restringe de tal forma que las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro quedan
         excluidas de la posibilidad de ejercer este derecho de opción?»
      
      16     La resolución de remisión se refería igualmente a un litigio entre la Sra. Edith Barris y el Finanzlandesdirektion für Tirol
         y, en ese contexto, el órgano jurisdiccional había planteado una tercera cuestión prejudicial. No obstante, mediante auto
         de 16 de marzo de 2005, recibido en el Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 2005, el Verwaltungsgerichtshof retiró esta
         tercera cuestión.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Observaciones preliminares
      17     El Gobierno austriaco considera que la operación de alquiler del bien inmueble de que se trata constituye un acto de administración
         de bienes en el sentido del artículo 32 del Código tributario federal, que entra incontestablemente dentro del ámbito de la
         exención aplicable a las asociaciones deportivas establecida en el artículo 6, apartado 1, número 14, de la UStG 1994. Estima
         que, en este asunto, las cuestiones deben reformularse a fin de apreciar si el artículo 6, apartado 1, número 14, de la UStG
         1994 adapta correctamente el Derecho austriaco al artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva.
      
      18     A su juicio, se plantea pues la cuestión de si los actos de administración de bienes inmuebles, igualmente exentos en Derecho
         austriaco, que lleve a cabo una asociación deportiva sin ánimo de lucro están aún directamente relacionados con los servicios
         que esa asociación presta a las personas que practican el deporte o la educación física. 
      
      19     Según el Gobierno austriaco, o bien esa relación existe, es decir, cabe considerar que el alquiler de un inmueble para la
         explotación de un bar en un local de una asociación utilizado para actividades deportivas tiene relación con los servicios
         que presta la asociación deportiva, o bien tales prestaciones son, en principio, accesorias y, por tanto, carentes de importancia.
      
      20     Sobre este particular, basta con recordar que, en el marco de una remisión prejudicial, no corresponde al Tribunal de Justicia
         apreciar la pertinencia de las cuestiones planteadas por un órgano jurisdiccional nacional ni pronunciarse sobre la interpretación
         de disposiciones nacionales y juzgar si la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente hace de dichas disposiciones
         es correcta (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 1977, Cayrol, 52/77, Rec. p. 2261, apartado 32;
         de 16 de abril de 1991, Eurim-Pharm, C‑347/89, Rec. p. I‑1747, apartado 16, y de 3 de octubre de 2000, Corsten, C‑58/98, Rec.
         p. I‑7919, apartado 24). 
      
      21     En efecto, al Tribunal de Justicia le incumbe, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales
         comunitarios y nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales,
         tal como lo define la resolución de remisión (véanse las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Neri, C‑153/02 , Rec. p. I‑13555,
         apartados 34 y 35, y de 29 de abril de 2004, Orfanopoulos y Oliveri, asuntos acumulados C‑482/01 y C‑493/01, Rec. p. I‑5257,
         apartado 42). 
      
      22     Por tanto, procede examinar las cuestiones prejudiciales en el marco normativo definido por el Verwaltungsgerichtshof en su
         resolución de remisión.
      
       Sobre la primera cuestión
      23     Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia al Tribunal de Justicia si, al conceder
         a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación, establecido en el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva,
         los Estados miembros pueden efectuar distinciones según la naturaleza de las operaciones o las clases de sujetos pasivos.
      
      24     La Comisión alega que los Estados miembros disfrutan de un amplio margen de apreciación en el marco de las disposiciones del
         artículo 13, parte B, letra b), y parte C, de la Sexta Directiva, por lo que respecta a la decisión de eximir o someter a
         tributación el arrendamiento o el alquiler. Basa su afirmación en la jurisprudencia según la cual determinadas operaciones
         y determinadas clases de sujetos pasivos pueden ser excluidos del derecho a optar por la tributación establecido en el artículo
         13, parte C, de dicha Directiva. Así sucede especialmente cuando el Estado miembro comprueba que el referido derecho se ejerce
         a fin de eludir el impuesto. No obstante, en su opinión, al ejercer su facultad de apreciación, los Estados miembros deben
         respetar los objetivos y los principios de la Sexta Directiva, y en particular el principio de neutralidad del IVA y el de
         proporcionalidad.
      
      25     Con carácter preliminar, procede recordar que las exenciones previstas en el artículo 13 de la Sexta Directiva constituyen
         conceptos autónomos de Derecho comunitario que tienen por objeto evitar divergencias de un Estado miembro a otro a la hora
         de aplicar el régimen del IVA (véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 1999, CPP, C‑349/96, Rec. p. I‑973,
         apartado 15, y de 8 de mayo de 2003, Seeling, C‑269/00, Rec. p. I‑4101, apartado 46).
      
      26     Según reiterada jurisprudencia, el gravamen de las operaciones de arrendamiento y alquiler es una facultad reconocida por
         el legislador comunitario a los Estados miembros como excepción a la norma general, establecida en el artículo 13, parte B,
         letra b), de la Sexta Directiva, en virtud de la cual las operaciones de arrendamiento y alquiler están exentas del IVA. Por
         tanto, en este contexto el derecho a deducción propio de dicho impuesto no se ejercita de manera automática, sino únicamente
         si los Estados miembros han hecho uso de la facultad prevista en el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva y a condición
         de que los sujetos pasivos ejerzan el derecho de opción que se les ha concedido (véase la sentencia de 9 de septiembre de
         2004, Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg, C‑269/03, Rec. p. I‑8067, apartado 20).
      
      27     Como ya declaró el Tribunal de Justicia, del propio tenor del artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva resulta que los
         Estados miembros pueden, en virtud de dicha facultad, dar a los beneficiarios de las exenciones previstas por la referida
         Directiva la posibilidad de renunciar a la exención, ya sea en todos los casos, ya sea dentro de ciertos límites, ya sea,
         incluso, con arreglo a determinadas modalidades (véase la sentencia de 19 de enero de 1982, Becker, 8/81, Rec. p. 53, apartado 38).
      
      28     Por consiguiente, el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva confiere a los Estados miembros la posibilidad de conceder
         a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación de los arrendamientos de inmuebles, pero también la posibilidad
         de limitar el alcance de este derecho o de suprimirlo (véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Gemeente Leusden y Holin
         Groep, asuntos acumulados C‑487/01 y C‑7/02, Rec. p. I‑5337, apartado 66).
      
      29     De ello resulta que los Estados miembros disfrutan de un amplio margen de apreciación en el marco de las disposiciones del
         artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva. En efecto, les compete valorar si conviene o no establecer el derecho de opción,
         según lo que consideren oportuno en función del contexto existente en su país en un momento dado (véanse las sentencias de
         3 de diciembre de 1998, Belgocodex, C‑381/97 , Rec. p. I‑8153, apartados 16 y 17; de 3 de febrero de 2000, Amengual Far, C‑12/98,
         Rec. p. I‑527, apartado 13, y de 4 de octubre de 2001, «Goed Wonen», C‑326/99, Rec. p. I‑6831, apartado 45).
      
      30     Por ello, al ejercer su facultad de apreciación en lo relativo al derecho de opción, los Estados miembros pueden igualmente
         excluir determinadas operaciones o determinadas clases de sujetos pasivos del ámbito de aplicación de ese derecho.
      
      31     No obstante, como señala correctamente la Comisión, cuando los Estados miembros ejercen su facultad de limitar el alcance
         del derecho de opción y de determinar las modalidades de su ejercicio, deben respetar los objetivos y los principios generales
         de la Sexta Directiva, en particular el principio de neutralidad fiscal y la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme
         de las exenciones previstas (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de junio de 1998, Fischer, C‑283/95, Rec. p. I‑3369,
         apartado 27, y «Goed Wonen», antes citada, apartado 56).
      
      32     El principio de neutralidad, que ha sido enunciado en el artículo 2 de la Directiva 67/227/CEE del Consejo, de 11 de abril
         de 1967, Primera Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos
         sobre el volumen de negocios (DO 1967, 71, p. 1301; EE 09/01, p. 3), y que es además inherente al sistema común del IVA, como
         lo recuerdan igualmente los considerandos cuarto y quinto de la Sexta Directiva, implica que todas las actividades económicas
         deben tratarse de la misma forma (sentencias de 20 de junio de 1996, Wellcome Trust, C‑155/94, Rec. p. I‑3013, apartado 38,
         y Belgocodex, antes citada, apartado 18). Lo mismo cabe decir de los operadores económicos que realizan las mismas operaciones
         (sentencia de 7 de septiembre de 1999, Gregg, C‑216/97, Rec. p. I‑4947, apartado 20).
      
      33     Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el principio de neutralidad fiscal se opone, en particular,
         a que prestaciones de servicios similares, que por tanto compiten entre sí, sean tratadas de forma distinta desde el punto
         de vista del IVA (véanse, en particular, las sentencias de 11 de octubre de 2001, Adam, C‑267/99, Rec. p. I‑7467, apartado
         36; de 23 de octubre de 2003, Comisión/Alemania, C‑109/02, Rec. p. I‑12691, apartado 20, y de 26 de mayo de 2005, Kingscrest
         Associates y Montecello, C‑498/03, Rec. p. I‑4427, apartado 41). 
      
      34     Pues bien, de dicha jurisprudencia resulta que, para valorar si los productos o los servicios son similares, carecen, en principio,
         de pertinencia la identidad del productor o del prestador de servicios y la forma jurídica adoptada por éstos para ejercer
         sus actividades (véase la sentencia de 17 de febrero de 2005, Linneweber y Akritidis, asuntos acumulados C‑453/02 y C‑462/02,
         Rec. p. I‑1131, apartados 24 y 25).
      
      35     Por tanto, procede responder a la primera cuestión que, al conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación,
         establecido en el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva, los Estados miembros pueden efectuar distinciones según la
         naturaleza de las operaciones o las clases de sujetos pasivos, a condición de que respeten los objetivos y los principios
         generales de la Sexta Directiva, en particular el principio de neutralidad fiscal y la exigencia de aplicación correcta, simple
         y uniforme de las exenciones previstas.
      
       Sobre la segunda cuestión
      36     Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta, en esencia, si las disposiciones del artículo 13,
         parte B, letra b), y parte C, de la Sexta Directiva se oponen a una norma nacional que, al declarar exentas con carácter general
         las operaciones realizadas por las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, restringe el derecho de éstas a optar por la
         tributación de las operaciones de arrendamiento y alquiler. 
      
      37     La Comisión señala a este respecto que el artículo 6, apartado l, número 14, de la UStG 1994, relativo a las asociaciones
         deportivas y que establece la excepción, está redactado en términos más generales que la disposición correspondiente de la
         Sexta Directiva, a saber, su artículo 13, parte A, apartado l, letra m). Por consiguiente, la regla establecida por el Derecho
         austriaco del IVA no formula las exigencias que constituyen el requisito previo para cualquier exención con arreglo al artículo
         13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva. Según la Comisión, a tenor de dicha disposición, debe tratarse de
         prestaciones de servicios directamente relacionadas con el deporte y en las que exista una relación entre el prestador de
         servicios y el beneficiario. 
      
      38     Subrayando la obligación de interpretar de manera coherente las partes A, B y C del artículo 13 de la Sexta Directiva, la
         Comisión concluye que, habida cuenta de la estructura de dicha Directiva, una asociación deportiva que no cumpla los requisitos
         de su artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), puede perfectamente tener la posibilidad de optar por la tributación de
         las operaciones de alquiler o de arrendamiento.
      
      39     Con carácter preliminar, procede recordar que la Sexta Directiva no contiene una regla que exima con carácter general la totalidad
         de las prestaciones relacionadas con la práctica del deporte y de la educación física (véase, en este sentido, la sentencia
         de 18 de enero de 2001, Stockholm Lindöpark, C‑150/99, Rec. p. I‑493, apartado 22).
      
      40     En efecto, las operaciones efectuadas por las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro están exentas, como operaciones de
         interés general, en virtud del artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva, siempre que estén directamente
         relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física y que se presten a personas que practiquen el deporte o
         la educación física (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1998, Comisión/España, C‑124/96, Rec. p. I‑2501,
         apartado 15; Stockholm Lindöpark, antes citada, apartado 19, y de 21 de marzo de 2002, Kennemer Golf, C‑174/00, Rec. p. I‑3293,
         apartado 19).
      
      41     En el marco de la presente remisión, el órgano jurisdiccional nacional considera que el alquiler de un bien inmueble destinado
         a la explotación de un bar no constituye ni una prestación directamente relacionada con la práctica del deporte ni una prestación
         a personas que practiquen el deporte o la educación física. En tal supuesto, la exención del alquiler de un bar no puede basarse
         en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra m), de la Sexta Directiva, pero, en principio, puede basarse en el artículo
         13, parte B, letra b), de dicha Directiva.
      
      42     Respecto a la cuestión de si los Estados miembros pueden excluir del derecho de opción a las asociaciones deportivas sin ánimo
         de lucro mediante una exención general de todas las operaciones que efectúan, procede señalar que el artículo 13, parte C,
         de la Sexta Directiva no precisa con qué requisitos ni de qué modo puede limitarse el alcance de ese derecho de opción. Por
         consiguiente, corresponde a cada Estado miembro precisar el alcance del derecho de opción en su Derecho nacional y dictar
         las normas en virtud de las cuales determinados sujetos pasivos pueden disfrutar del derecho a optar por la tributación de
         las operaciones de alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles.
      
      43     No obstante, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 13, parte C, de la Sexta Directiva no confiere a los
         Estados miembros la facultad de poner condiciones o de restringir, en modo alguno, las exenciones previstas por la parte B
         del citado artículo. Simplemente, les reserva la facultad de ofrecer, en mayor o menor medida, a los beneficiarios de dichas
         exenciones la posibilidad de optar ellos mismos por la tributación, si consideran que les interesa hacerlo (véase la sentencia
         Becker, antes citada, apartado 39).
      
      44     De conformidad con el artículo 13, parte B, de la Sexta Directiva, los Estados miembros eximirán los alquileres de bienes
         inmuebles en las condiciones por ellos fijadas a fin de asegurar la aplicación correcta y simple de la exención y de evitar
         todo posible fraude, evasión o abuso. La decisión de un Estado miembro de restringir el alcance del derecho a optar por la
         tributación de los alquileres de bienes inmuebles, con arreglo al artículo 13, parte C, de dicha Directiva, puede justificarse,
         en particular, por estos mismos objetivos.
      
      45     Sin embargo, tal decisión debe respetar el principio de neutralidad, recordado en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia.
      46     Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso de autos
         y de la jurisprudencia antes citada, si la aplicación de una exención general a la totalidad de las operaciones efectuadas
         por las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, incluido el alquiler de bienes inmuebles, conlleva o no una violación
         del principio de neutralidad fiscal.
      
      47     Así, puede existir una violación del principio de neutralidad fiscal si una asociación deportiva que tiene por objeto estatutario
         el ejercicio o la promoción de la educación física no tiene la posibilidad de optar por la tributación, mientras que disponen
         de dicha posibilidad otros sujetos pasivos que ejercen unas actividades similares y que, por ello, compiten con las de la
         referida asociación.
      
      48     Con el fin de determinar si se han sobrepasado los límites de dicha facultad de apreciación en el litigio principal, el órgano
         jurisdiccional remitente debe verificar también si se ha violado la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de
         las exenciones previstas. A tal efecto, debe prestar especial atención al hecho de que el sistema de exenciones establecido
         por la Sexta Directiva sólo prevé un trato diferente para las operaciones efectuadas por las asociaciones sin ánimo de lucro
         en la medida en que estén relacionadas con la práctica del deporte y se presten a personas que practiquen el deporte. En tal
         supuesto, dichas operaciones están exentas del IVA por razones de interés general.
      
      49     Por tanto, procede responder a la segunda cuestión que compete al órgano jurisdiccional nacional determinar si sobrepasa la
         facultad de apreciación concedida a los Estados miembros una norma nacional que, al declarar exentas con carácter general
         las operaciones efectuadas por las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, restringe el derecho de éstas a optar por la
         tributación de las operaciones de arrendamiento y alquiler, habida cuenta, en especial, del principio de neutralidad fiscal
         y de la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de las exenciones previstas. 
      
       Costas
      50     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      Al conceder a sus sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación, establecido en el artículo 13, parte C, de la Directiva
            77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
            miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base
            imponible uniforme, los Estados miembros pueden efectuar distinciones según la naturaleza de las operaciones o las clases
            de sujetos pasivos, a condición de que respeten los objetivos y los principios generales de la Sexta Directiva, en particular
            el principio de neutralidad fiscal y la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme de las exenciones previstas.
      2)       Compete al órgano jurisdiccional nacional determinar si sobrepasa la facultad de apreciación concedida a los Estados miembros
            una norma nacional que, al declarar exentas con carácter general las operaciones efectuadas por las asociaciones deportivas
            sin ánimo de lucro, restringe el derecho de éstas a optar por la tributación de las operaciones de arrendamiento y alquiler,
            habida cuenta, en especial, del principio de neutralidad fiscal y de la exigencia de aplicación correcta, simple y uniforme
            de las exenciones previstas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.