CELEX: 61963CJ0108
Language: es
Date: 1965-01-21
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 1965. # Officine elettromeccaniche A. Merlini contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. # Asunto 108-63.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
   de 21 de enero de 1965 (
         *1
      )
   En el asunto 108/63,
   
      Offícine Elettromeccaniche Ing. A. Merlini, sociedad de responsabilidad limitada en liquidación, con domicilio social en Turín, por quien actúa su liquidador, Sr. Camilo Merlini, asistida por los Sres. Giorgio Conigliani y Andrea Cravera, Abogados de Turín y ante la Corte de Cassazione, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Georges Margue, 6, rue A. Munchen,
   parte demandante,
   contra
   
      Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, representada y defendida por su Consejero Jurídico, Sr. Italo Telchini, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Orio Giacchi, Abogado de Milán, que designa como domicilio en Luxemburgo su sede, 2, place de Metz,
   parte demandada,
   que tiene por objeto la anulación de las Decisiones de la Alta Autoridad de 30 de octubre de 1963, por las que se fija a la demandante el tonelaje de chatarra comercial sometido a compensación y le requiere el pago de las cantidades adeudadas por este concepto,
   EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
   integrado por los Sres.: Ch. L. Hammes, Presidente; A.M. Donner (Ponente) y R. Lecourt, Presidentes de Sala; L. Delvaux y A. Trabucchi, Jueces;
   Abogado General: Sr. K. Roemer;
   Secretario: Sr. A. Van Houtte;
   dicta la siguiente
   Sentencia
   
      (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
   
   Fundamentos de Derecho
   Sobre la admisibilidad del recurso
   Considerando que el recurso se interpuso en tiempo y forma.
   Considerando que, en su escrito de interposición de recurso, la demandante solicitó que se suspendiera la ejecución de las Decisiones impugnadas;
   que, no obstante, con arreglo al apartado 3 del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, la demanda de medidas provisionales se presentará mediante escrito separado;
   que, por consiguiente, en el presente asunto, debe declararse la inadmisibilidad de la demanda de suspensión de la ejecución.
   Considerando que, en su escrito de duplica, la demandada se opone a la admisión de determinados escritos presentados por la demandada en concepto de réplica;
   que, ésta se limita a remitirse a un escrito aportado como anexo que, según afirma su Abogado, fue redactado por su cliente y sobrepasa el marco trazado por el escrito de interposición de recurso y el escrito de contestación, al invocar nuevas alegaciones y motivos;
   que el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, anexo al Tratado CECA y los artículos 37 y siguientes del Reglamento de Procedimiento no permiten reconocer al mencionado escrito los efectos de una réplica.
   Sobre Dos motivos
   1. Violación de las normas de Derecho de las legislaciones nacionales
   Considerando que la demandante impugna las Decisiones controvertidas por violación de normas de Derecho de una legislación nacional y, en concreto, de la Ley italiana sobre la quiebra debido a que, mediante dichas Decisiones, la Alta Autoridad se proveyó de un título ejecutivo por la cuantía total de su crédito;
   que la demandada alega la inadmisibilidad de este motivo, debido a que el artículo 33 del Tratado, en el que se fundamenta el recurso, únicamente admite el motivo basado en la violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación;
   que, por otra parte, la fijación de la cuantía total de lo adeudado, con arreglo al artículo 92 del Tratado, no excluye en modo alguno la sumisión de la Alta Autoridad a los límites y condiciones del convenio, aprobado conforme al Derecho nacional aplicable, al reducir su crédito al porcentaje fijado por dicho convenio, sino que esta fijación constituye, por el contrario, una premisa necesaria para el cálculo del porcentaje admitido.
   Considerando que la observancia de la legislación nacional en materia de ejecución de créditos en caso de quiebra debe conseguirse eventualmente no mediante el recurso establecido en el artículo 33, sino con arreglo al artículo 92 del propio Tratado;
   que, en efecto, el párrafo segundo de dicho artículo se aclara mediante las disposiciones más detalladas, pero esencialmente idénticas de los Tratados de Roma, a saber, el artículo 192 del Tratado CEE y el artículo 164 del Tratado CEEA, que atribuye, in fine, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales;
   que, de esta forma, la aplicación del artículo 92 del Tratado permitirá eventualmente a la demandante solicitar la salvaguardia de sus derechos derivados de la legislación nacional en relación con los requisitos de admisión de la ejecución del presente crédito;
   que, por lo tanto, el motivo es inadmisible.
   2. Falta de motivación
   Considerando que la demandante estima que las dos Decisiones de 30 de octubre de 1963 no están suficientemente motivadas para la determinación de las cantidades de chatarra pretendidamente consumidas y para la determinación del tipo de contribución aplicado.
   Considerando, no obstante, que las mencionadas Decisiones proporcionan una visión clara y pertinente de los datos en los que se basan;
   que las informaciones a las que remiten las Decisiones fueron comunicadas previamente a la demandante mediante escritos de 18 de agosto de 1961, de 14 de febrero de 1962 y de 4 de julio de 1962, que la demandante no niega haber recibido y que ella misma menciona en el escrito de interposición del recurso;
   que, por consiguiente, debe desestimarse este motivo.
   3. Caducidad del derecho a reclamar nuevos créditos después de nuevas comprobaciones
   Considerando que la demandante alega que había caducado el derecho de la Alta Autoridad a efectuar verificaciones y controles en septiembre de 1958, es decir, después de su quiebra y del cese de su actividad;
   que también había caducado el derecho de la Alta Autoridad a fijar la cuantía total de las contribuciones adeudadas, puesto que había fijado anteriormente una cuantía inferior.
   Considerando que la demandada opone la inadmisibilidad de este motivo alegando que semejante caducidad de una acción de reclamación de cantidades adeudadas en concepto de compensación no existe en Derecho;
   que, no obstante, el hecho de que no se mencione semejante norma en el Derecho escrito no basta para negar su existencia;
   que, por consiguiente, no procede descartar de plano el motivo por inadmisible, sino que conviene examinar las alegaciones de la demandante.
   Considerando, respecto a la primera parte del motivo, que nada prueba que las facultades de verificación y de control de las que está investida la Alta Autoridad con respecto a las empresas se extingan al cesar la actividad de éstas;
   que, por el contrario, es evidente que estas facultades continúan correspondiéndole siempre que se trate de verificaciones y controles normales que se refieran a dicha actividad;
   que lo mismo cabe decir en caso de quiebra;
   que, por otra parte, no se puede afirmar que la Alta Autoridad haya ejercido dichas facultades respecto a la demandante con un retraso excesivo;
   que los controles de que se trata tuvieron lugar en septiembre de 1958, dos meses después de la publicación de la Decisión no 13/58 por la que la Alta Autoridad había asumido nuevamente el ejercicio de las facultades indebidamente delegadas a los órganos del mecanismo de compensación;
   que la demandante estima erróneamente que dicha Decisión restableció retroactivamente el mecanismo de compensación, lo cual considera jurídicamente imposible respecto a una empresa que, entretanto, ha dejado de producir;
   que la sentencia 9/56 ↔ (Meroni/Alta Autoridad) declaró inválida la normativa anterior sobre la compensación únicamente en relación con la delegación de facultades que contiene, sin afectar a las normas materiales relativas al funcionamiento del mecanismo y a las obligaciones de las empresas;
   que, de esta forma, la Decisión no 13/58 no creó obligaciones nuevas, sino que se limitó a reorganizar el ejercicio de las facultades necesarias para el buen funcionamiento del mecanismo;
   que, por consiguiente, incluso si se hubieran efectuado antes los controles de que se trata, habrían sido efectuados probablemente por los órganos de dicho mecanismo y, de esta forma, para ser legales habrían debido ser repetidos por la Alta Autoridad después de la Decisión no 13/58;
   que, por consiguiente, debe desestimarse este motivo de infracción.
   Considerando, por lo que se refiere a la segunda parte del motivo, que de la naturaleza del mecanismo de compensación se deduce que la fijación de las contribuciones es esencialmente provisional hasta el cierre definitivo de cuentas;
   que sólo en ese momento se podrá fijar definitivamente tanto la cuantía total de los gastos de gestión del mecanismo como las partes alícuotas de cada una de las empresas sometidas a él;
   que, por consiguiente, la comunicación de determinadas cantidades adeudadas en concepto de compensación no da lugar a la caducidad del derecho de la Alta Autoridad a volver a examinar la cuantía;
   que no se ha discutido que la presentación de un importe de 102.649.693,75 LIT en el pasivo de la quiebra se hiciera de manera completamente provisional;
   que, por consiguiente, la segunda parte del motivo es infundada.
   4. Desviación de poder
   
            a)
         
         
            Considerando que la demandante niega, en primer lugar, el derecho de la Alta Autoridad a proceder en el caso de autos a una evaluación de oficio;
            que, con arreglo al artículo 13 de la Decisión no 16/58, la Alta Autoridad está facultada para rectificar las declaraciones a las que no se puede dar una justificación válida;
            que consta que, con ocasión de los controles efectuados en septiembre de 1958, la sociedad Merlini no pudo proporcionar los documentos necesarios para justificar sus declaraciones anteriores;
            que, por lo tanto, debe desestimarse este motivo de infracción.
         
      
            b)
         
         
            Considerando que, a falta de una documentación justificativa, la demandada basó su evaluación de oficio en el consumo de energía eléctrica destinada a la producción y en la capacidad de los hornos de la empresa;
            que, en el transcurso de la fase escrita, la demandante se limitó a afirmar la inexactitud de los datos mencionados en las Decisiones impugnadas tanto respecto al consumo de energía eléctrica como respecto a la relación entre ésta y el consumo de chatarra, pero no aportó ninguna prueba en apoyo de sus alegaciones;
            que tan sólo, tras reiterados requerimientos del Tribunal de Justicia al respecto, Merlini presentó un registro incompleto y, en parte, hecho trizas, llamado «lectura de contadores», para intentar probar que una parte considerable de la energía eléctrica consumida se había utilizado con otros fines distintos a la producción de acero líquido;
            que, al mismo tiempo, presentó copia de un contrato mediante el cual había alquilado a otra empresa un gran horno a partir del 20 de octubre de 1956, con objeto de probar que una parte de la energía eléctrica consumida había sido utilizada por terceros;
            que, no obstante, las cantidades de energía eléctrica consumida reflejadas en el mencionado registro parecen, en conjunto, conformes si no superiores a las cantidades mencionadas por las Decisiones controvertidas;
            que la afirmación de que estas cantidades no corresponden a las cantidades efectivamente utilizadas para la producción de acero líquido se contradice con las respuestas, dadas por la propia demandante a los cuestionarios «Consumo B» relativos al consumo eléctrico destinado a la producción siderúrgica, enviadas a las «Industrie Siderurgiche Associate» (ISA) de Milán y en las que la Alta Autoridad basó en parte su evaluación;
            que la demandante explicó esta contradicción por un error cometido en el momento en que se rellenaron los cuestionarios, pero no ha podido aportar ningún elemento que pueda probar esta afirmación;
            que, además, consta por una parte que la cantidad de chatarra calculada por la demandada, basándose en el consumo de energía eléctrica, corresponde a la capacidad de los pequeños hornos de la empresa, excluyendo el gran horno de que se trata y, por otra parte, que en el momento de los controles de septiembre de 1958, los representantes de la Alta Autoridad fueron informados de que el mencionado gran horno nunca había estado en producción, lo cual les indujo a no tenerlo en cuenta en sus cálculos de la capacidad de la empresa;
            que, al haber solicitado el Tribunal de Justicia bien la presentación de las liquidaciones del consumo de electricidad hechas al arrendatario, o bien la presentación de documentos relativos al pago del alquiler, que se calcularía, conforme al contrato, en función del uso del gran horno, la demandante no fue capaz de presentar estas pruebas;
            que, por consiguiente, debe desestimarse este motivo de infracción.
         
      
            c)
         
         
            Considerando que la demandante censura la excesiva onerosidad de los tipos de compensación fijados para los años consecutivos del período comprendido entre 1954 y 1957;
            que el aumento del tipo de 1,65 LIT por kilo de chatarra comprada en marzo de 1954 hasta 12 LIT por kilo en marzo de 1957 sólo se puede explicar por los errores cometidos por el mecanismo de compensación que la Alta Autoridad debía haber corregido;
            que esta alegación no basta para considerar que el tipo es ilegal, tanto más cuanto que la demandada explica, por el contrario, que no se trató de una elevación permanente del tipo, sino que éste aumentó y disminuyó en función de las fluctuaciones de precios en el mercado mundial de la chatarra;
            que, por lo tanto, no puede estimarse este motivo de infracción.
         
      
            d)
         
         
            Considerando, por último, que se le reprocha a la demandada no haber tenido en cuenta las actuaciones de los grandes grupos siderúrgicos que tenían interés en proveerse de chatarra en el mercado mundial, actuaciones con las que se falsearon los datos relativos al mercado interior;
            que la demandante no ha presentado pruebas en apoyo de sus alegaciones;
            que también debe desestimarse este motivo de infracción.
            Considerando que por consiguiente debe rechazarse este motivo de la demandante y desestimarse el recurso por infundado.
         
      Costas
   Considerando que a tenor del párrafo primero del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado;
   que, por lo tanto, debe condenarse en costas a la demandante;
    
         
            vistos los autos;
            habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
            oídas las observaciones orales de las partes;
            oídas las conclusiones del Abogado General;
            visto el párrafo segundo del artículo 33 y los artículos 36, 53 y 92 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero;
            visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, especialmente, su artículo 20;
            visto el Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, especialmente sus artículos 37 a 45 y 69;
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
            desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide:
         
       
         
            
                     1)
                  
                  
                     Desestimar el recurso 108/63.
                  
               
       
         
            
                     2)
                  
                  
                     Condenar en costas a la parte demandante.
                  
               
       
            
               
                  
                     
                        Hammes
                     
                     
                        Donner
                     
                     
                        Lecourt
                     
                  
                  
                     
                        Delvaux
                     
                     
                        Trabucchi
                     
                  
                  Pronunciada en Luxemburgo, a 21 de enero de 1965.
                  Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de enero de 1965.
                  
                     
                        Hammes
                     
                     
                        Donner
                     
                     
                        Lecourt
                     
                  
                  
                     
                        Delvaux
                     
                     
                        Trabucchi
                     
                  
                  
                     
                        El Secretario
                        A. Van Houtte
                     
                     
                        El Presidente
                        Ch. L. Hammes
                     
                  
               
            
         (
         *1
      )	Lengua de procedimiento: italiano.