CELEX: 62011TO0112
Language: es
Date: 2014-09-03 00:00:00
Title: Auto del Tribunal General (Sala Sexta) de 3 de septiembre de 2014  .#Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV contra Comisión Europea.#Recurso de anulación — Registro de una indicación geográfica protegida — “Edam Holland” — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad.#Asunto T‑112/11.

Partes
               Motivación de la sentencia
               Parte dispositiva
               
            
            Partes
            En el asunto T‑112/11,
            Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV , con domicilio social en Berlín (Alemania), representada por los Sres. M. Loschelder y V. Schoene, abogados,
            parte demandante,
            contra
            Comisión Europea , representada inicialmente por el Sr. G. von Rintelen y la Sra. M. Vollkommer, posteriormente por los Sres. von Rintelen y F. Jimeno Fernández, en calidad de agentes,
            parte demandada,
            apoyada por
            Reino de los Países Bajos , representado por la Sra. C. Wissels, el Sr. J. Langer y las Sras. M. Noort, B. Koopman y M. Bulterman, en calidad de agentes,
            y por
            Nederlandse Zuivelorganisatie , con domicilio social en Zoetermeer (Países Bajos), representada por los Sres. P. van Ginneken, F. Gerritzen y C. van Veen, abogados,
            partes coadyuvantes,
            que tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (UE) nº 1121/2010 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2010, por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Edam Holland (IGP)] (DO L 317, p. 14),
            EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
            integrado por el S. Frimodt Nielsen, Presidente, y los Sres. F. Dehousse (Ponente) y A.M. Collins, Jueces;
            Secretario: Sr. E. Coulon;
            dicta el siguiente
            Auto 
            
            Motivación de la sentencia
            Antecedentes del litigio 
            1. El 1 de marzo de 2008, la Comisión de las Comunidades Europeas publicó una solicitud de registro en el sentido del artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen (de la que se publicó un resumen en el DO C 57, p. 39). Esta solicitud de registro, efectuada por la Nederlandse Zuiverlorganisatie (en lo sucesivo, «NZO») y presentada ante la Comisión por el Reino de los Países Bajos, se refería al registro de la indicación geográfica protegida (en lo sucesivo, «IGP») «edam holland».
            2. El 26 de junio de 2008, la demandante, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV, interpuso una declaración de oposición al registro de la IGP en cuestión ante las autoridades alemanas, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 93, p. 12).
            3. En el marco de dicha declaración de oposición, la demandante se presentó como una agrupación profesional de fabricantes y de distribuidores de Edam, cuyas empresas miembros habían comercializado 141 385 toneladas de Edam (94 361 toneladas de producción propia) en 2007. En apoyo de la declaración de oposición, se indicó en particular que el registro de la denominación «edam holland», a falta de indicación expresa, dificultaría la utilización del nombre genérico «edam».
            4. El 18 de julio de 2008, la República Federal de Alemania presentó ante la Comisión una declaración de oposición al registro de la IGP en cuestión. La declaración de oposición de la demandante de 26 de junio de 2008 (véase el apartado 2 supra ) se adjuntó a la declaración de oposición de la República Federal de Alemania.
            5. El 21 de octubre de 2008, la Comisión comunicó al Reino de los Países Bajos que consideraba que la oposición presentada por la República Federal de Alemania era admisible. Asimismo, instó al Reino de los Países Bajos y a la República Federal de Alemania a proceder a las consultas adecuadas con objeto de alcanzar un acuerdo, en el sentido del artículo 7, apartado 5, del Reglamento nº 510/2006.
            6. El 29 de mayo de 2009, el Reino de los Países Bajos comunicó a la Comisión que no había sido posible alcanzar un acuerdo, en particular, con la República Federal de Alemania.
            7. El 2 de diciembre de 2010, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) nº 1121/2010, por el que se inscribe una denominación en el registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas [Edam Holland (IGP)] (DO L 317, p. 14; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»). El pliego de condiciones de la IGP en cuestión establece, en particular, que el queso «edam holland» se produce en los Países Bajos con leche de vaca de las granjas lecheras holandesas (véase el punto 4.2 del pliego de condiciones).
            Procedimiento y pretensiones de las partes 
            8. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de febrero de 2011, la demandante interpuso el presente recurso.
            9. Mediante resolución de 19 de abril de 2011, el presente asunto se asignó a la Sala Primera del Tribunal.
            10. Mediante autos del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de 8 de noviembre de 2011, se admitió la intervención del Reino de los Países Bajos y de la NZO en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
            11. Mediante resolución de 31 de enero de 2013, el asunto se atribuyó a un nuevo Juez Ponente.
            12. Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Sexta, a la que, en consecuencia, se atribuyó el presente asunto.
            13. El 15 de noviembre de 2013, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal instó a las partes a que respondieran a determinadas preguntas. En particular, se interrogó a las partes sobre el requisito de admisibilidad del recurso relativo al interés en ejercitar la acción de la demandante. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro de los plazos señalados.
            14. La demandante solicita al Tribunal que:
            – Anule el Reglamento impugnado.
            – Condene en costas a la Comisión.
            15. La Comisión, el Reino de los Países Bajos y la NZO solicitan al Tribunal que:
            – Desestime el recurso. 
            – Condene en costas a la demandante.
            Fundamentos jurídicos 
            16. Según el artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el Tribunal podrá de oficio en cualquier momento, oídas las partes, pronunciarse sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público. Decidirá al respecto conforme a lo dispuesto en el artículo 114, apartados 3 y 4, del mismo Reglamento.
            17. En el caso de autos, el Tribunal considera que se encuentra suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide resolver sin continuar el procedimiento.
            18. Con carácter preliminar, procede señalar que, dado que la demandante es una asociación, sólo está legitimada, en principio, para interponer un recurso de anulación si puede invocar determinadas circunstancias especiales, en particular de carácter procesal, o si los miembros que ésta representa o alguno de ellos hubieran podido interponer válidamente un recurso por sí mismos (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 1996, AIUFFASS y AKT/Comisión, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, apartado 50; autos del Tribunal de 29 de abril de 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze y otros/Comisión, T‑78/98, Rec. p. II‑1377, apartado 36, y de 14 de febrero de 2012, Federcoopesca y otros/Comisión, T‑366/08, apartado 34).
            19. La Comisión, el Reino de los Países Bajos y la NZO consideran que el recurso es inadmisible por falta de interés en ejercitar la acción o de legitimación de la demandante o de sus miembros.
            20. La demandante sostiene que el recurso es admisible. En primer lugar, señala que, a falta de una indicación clara a este respecto en el Reglamento impugnado, la protección conferida a la IGP en cuestión se refiere a los dos elementos que constituyen la denominación protegida, incluido el término «edam». Por lo tanto, a su entender, las actividades comerciales de los miembros de la demandante estarían en peligro. En segundo lugar, en su opinión, el Reglamento impugnado genera el riesgo de que determinados embalajes que contienen el término «edam», utilizados con ilustraciones que hacen alusión al Reino de los Países Bajos, puedan considerarse contrarios al Reglamento nº 510/2006. En tercer lugar, la demandante destaca que las empresas del sector lácteo tendrían que dejar de vender leche producida en Alemania para su utilización en la fabricación de «edam holland». Esto representaría un obstáculo a las actividades económicas de los miembros de la demandante. En cuarto lugar, la demandante invoca un interés propio basado en que la Comisión desestimó su oposición en el caso de autos. En quinto lugar, en el marco de su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, la demandante alega que tiene un interés en ejercitar la acción en la medida en que el Reglamento impugnado expone a sus miembros al riesgo de ser demandados por el uso del término «edam» y en que los productores que tienen derecho a utilizar la etiqueta de calidad relativa a la IGP en cuestión tienen una ventaja competitiva en relación con sus miembros.
            21. Según reiterada jurisprudencia, la admisibilidad de un recurso de anulación está supeditada a la condición de que la persona física o jurídica que lo haya interpuesto tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Dicho interés debe ser existente y real y debe apreciarse en el momento de la interposición del recurso (sentencias del Tribunal de 14 de abril de 2005, Sniace/Comisión, T‑141/03, Rec. p. II‑1197, apartado 25, y de 20 de septiembre de 2007, Salvat père & fils y otros/Comisión, T‑136/05, Rec. p. II‑4063, apartado 34).
            22. Un interés de este tipo supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas o, en otros términos, que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (véase la sentencia del Tribunal de 28 de septiembre de 2004, MCI/Comisión, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, apartado 44, y la jurisprudencia citada).
            23. Además, corresponde a la parte demandante acreditar su interés en ejercitar la acción (auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 31 de julio de 1989, S./Comisión, 206/89 R, Rec. p. 2841, apartado 8; autos del Tribunal General de 30 de abril de 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Comisión, T‑167/01, Rec. p. II‑1873, apartado 58, y de 15 de mayo de 2013, Post Invest Europe/Comisión, T‑413/12, apartado 23).
            24. Asimismo, procede recordar que el requisito establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en virtud del cual la decisión objeto de recurso debe afectar directamente a una persona física o jurídica, implica, en particular, que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular.
            25. En primer lugar, en cuanto a la circunstancia invocada por la demandante en el sentido de que las actividades de sus miembros correrían peligro, dado que el término «edam» ya no podría seguir utilizándose libremente, es preciso señalar que el artículo 1 del Reglamento impugnado establece lo siguiente:
            «La denominación que figura en el anexo I del presente Reglamento se inscribirá en el Registro.
            No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el término “Edam” podrá seguir utilizándose dentro del territorio de la Unión siempre que se respeten los principios y normas aplicables de su ordenamiento jurídico.»
            26. El considerando 8 del Reglamento impugnado establece que, «de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento […] nº 510/2006, el término “Edam” puede seguir utilizándose siempre que se respeten los principios y normas aplicables del ordenamiento jurídico de la Unión».
            27. El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento nº 510/2006, al que se remite el considerando 8 del Reglamento impugnado, establece que, «cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al párrafo primero, letras a) o b)».
            28. Por último, el punto 4.8 del resumen del pliego de condiciones de la IGP en cuestión, que figura en el anexo II del Reglamento impugnado, establece que, especialmente mediante el uso de la denominación «edam», los consumidores deben tener claro que el «Edam Holland» es un producto diferente de «los otros quesos Edam».
            29. De las consideraciones anteriores se desprende que el Reglamento impugnado establece claramente que la denominación «edam» puede seguir utilizándose, en particular, para la comercialización de quesos, siempre que se respeten los principios y normas aplicables en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.
            30. Por consiguiente, una posible anulación del Reglamento impugnado no proporcionaría ningún beneficio a los miembros de la demandante a este respecto (véase, en este sentido, en el caso de otra IGP, el auto Unione provinciale degli agricoltori di Firenze y otros/Comisión, citado en el apartado 18 supra , apartado 33). Sus miembros podrán seguir utilizando la denominación «edam» y deberán, en cualquier caso, seguir respetando los principios y las normas aplicables del ordenamiento jurídico de la Unión.
            31. Además, dado que el Reglamento impugnado prevé que el término «edam» pueda seguir utilizándose para la comercialización de quesos, este Reglamento no afecta directamente a la situación jurídica de los miembros de la demandante (véase, en este sentido, en el caso de otra IGP, la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de 2009, Bavaria y Bavaria Italia, C‑343/07, Rec. p. I‑5491, apartados 41 a 45).
            32. En cuanto a la alegación de la demandante, en respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, de que el Reglamento impugnado expondría a sus miembros al riesgo de ser demandados por el uso del término «edam», procede recordar que una parte demandante no puede invocar situaciones futuras e inciertas para acreditar su interés en solicitar la anulación del acto impugnado (véase la sentencia del Tribunal de 18 de marzo de 2010, Forum 187/Comisión, T‑189/08, Rec. p. II‑1039, apartado 84, y la jurisprudencia citada).
            33. En este contexto, el interés en ejercitar la acción puede deducirse de la existencia de un verdadero riesgo de que la situación jurídica de la parte demandante se vea afectada por acciones judiciales, o también de que el riesgo de acciones judiciales sea existente y real en el momento de la interposición del recurso ante el juez de la Unión (véase la sentencia del Tribunal de 22 de octubre de 2008, TV 2/Danmark y otros/Comisión, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 y T‑336/04, Rec. p. II‑2935, apartado 79, y la jurisprudencia citada).
            34. En el presente caso, basta con señalar que la demandante realiza, a este respecto, meras afirmaciones y no aporta ningún elemento que demuestre que el riesgo alegado sea existente y real en el momento de la interposición del recurso. Por lo tanto, procede desestimar esta alegación.
            35. En segundo lugar, en lo que atañe a que el Reglamento impugnado conllevaría el riesgo de que determinados embalajes que contienen el término «edam», utilizados con ilustraciones que hacen alusión al Reino de los Países Bajos, puedan considerarse contrarios al Reglamento nº 510/2006, la demandante realiza una vez más meras afirmaciones que no demuestran que el riesgo alegado sea existente y real en el momento de la interposición del recurso.
            36. Asimismo, el Derecho de la Unión no permite que el etiquetado de un alimento pueda inducir a error al consumidor, en particular, en lo que se refiere al origen o a la procedencia de dicho alimento [véase, a este respecto, el principio general establecido en el artículo 16 del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1); véase asimismo, más concretamente, el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO L 109, p. 29)].
            37. Por otra parte, la demandante reconoció en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento que las disposiciones mencionadas en el apartado anterior tenían por objeto «impedir que el consumidor incurra en error, especialmente con motivo de la utilización del término “Edam” con referencias [a los Países Bajos]».
            38. De lo anterior se desprende que la anulación del Reglamento impugnado no proporcionaría ningún beneficio a este respecto a los miembros de la demandante, pues dicha anulación no eliminaría la obligación que impone el Derecho de la Unión de no inducir a error al consumidor en lo que se refiere al origen o a la procedencia de los alimentos (véase, en este sentido, en el caso de una obligación jurídica preexistente, el auto del Tribunal de 3 de julio de 2007, Commune de Champagne y otros/Consejo y Comisión, T‑212/02, Rec. p. II‑2017, apartado 132).
            39. En tercer lugar, en lo que se refiere a la alegación de que las actividades económicas de los miembros de la demandante se verían obstaculizadas, dado que las empresas del sector lácteo ya no podrían vender leche producida en Alemania para la fabricación de «edam holland», ésta se basa en meras afirmaciones carentes de elementos de apoyo. En concreto, al ser preguntada al respecto en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, la demandante reconoció, en esencia, que si bien es cierto que sus miembros habían vendido efectivamente leche con destino a los Países Bajos, no era posible determinar de manera precisa el uso que se le había dado. Por tanto, el argumento esgrimido a este respecto es infundado.
            40. En cuanto a la petición de la demandante, contenida en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, según la cual debería obligarse a la Comisión y a las partes intervinientes a probar que la leche alemana vendida en los Países Bajos no fue utilizada para fabricar «edam», procede rechazarla dado que incumbe a la propia demandante acreditar su interés en ejercitar la acción.
            41. En cualquier caso, con arreglo al artículo 2 de los estatutos de la demandante, ésta tiene por objeto llevar a cabo y respaldar, en interés de las empresas de transformación de leche y de productos lácteos miembros, las acciones contenciosas y no contenciosas relativas en particular a la oposición al registro de las denominaciones de origen con arreglo a las normas de la Unión. El punto 3 del Reglamento de régimen interior de la demandante, adoptado en desarrollo de dichos estatutos, establece que la demandante «sólo intervendrá en caso de que sus miembros presenten solicitudes de registro o de desestimación/rechazo de registro». Ahora bien, en el presente caso, no se discute que los miembros de la demandante que han presentado solicitudes de desestimación o de rechazo de registro a través de ella sean productores o distribuidores de «edam», como resulta de la declaración de oposición presentada ante las autoridades alemanas y de la exposición de la demandante de su recurso ante el Tribunal. Los productores de leche, eventualmente miembros de la demandante, no se opusieron a este respecto al registro de la IGP en cuestión. Por tanto, la demandante no puede intervenir en ningún caso ante el Tribunal para representar los intereses de algunos de sus miembros que no han presentado solicitudes de desestimación o de rechazo de registro de la IGP en cuestión.
            42. En cuarto lugar, en lo que se refiere al argumento esgrimido por la demandante en el sentido de que alberga un interés propio porque la Comisión desestimó su oposición, dicha alegación parte de una premisa errónea. En particular, de los documentos aportados a los autos se desprende que la Comisión únicamente considera que la República Federal de Alemania —y no la demandante— ha presentado una oposición admisible (considerando 2 del Reglamento impugnado). La demandante no ha cuestionado esta conclusión en el marco del recurso. Por otra parte, la Comisión sólo invitó a la República Federal de Alemania —y no a la demandante— a proceder a las consultas adecuadas con objeto de alcanzar un acuerdo, en el sentido del artículo 7, apartado 5, del Reglamento nº 510/2006. Por lo tanto, la demandante no ha sido reconocida por la Comisión como «parte interesada», en el sentido de dicho artículo. La demandante no ha rebatido esta conclusión en el marco del recurso. Habida cuenta de lo que antecede, la demandante no puede invocar que la Comisión ha rechazado su oposición en el presente caso. Por lo demás, es preciso señalar que el artículo 7, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento nº 510/2006 establece que cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, que esté establecida o resida en un Estado miembro podrá oponerse al registro de que se trata, presentando una declaración debidamente motivada ante dicho Estado miembro en un plazo que permita una oposición de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 510/2006 prevé por su parte, en particular, que «cualquier Estado miembro» puede oponerse al registro propuesto presentando a la Comisión una declaración debidamente motivada. De ello se deduce que, en contra de lo que afirma la demandante, en esencia, en sus alegaciones, las personas físicas o jurídicas que tengan un interés legítimo y estén establecidas o residan en un Estado miembro no pueden presentar una oposición directamente ante la Comisión (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de 11 de septiembre de 2007, Honig-Verband/Comisión, T‑35/06, Rec. p. II‑2865, apartado 51).
            43. En quinto lugar, en lo que atañe a la circunstancia, mencionada por la demandante en su respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento, de que los productores que tienen derecho a utilizar la etiqueta de calidad relativa a la IGP en cuestión tienen una ventaja competitiva en relación con sus miembros, se trata, una vez más, de una mera afirmación completamente infundada. En particular, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita considerar que los productos de sus miembros compiten realmente con los productos que pueden disponer de la IGP en cuestión o que los productos que la demandante considera rivales se benefician necesariamente de una ventaja competitiva con motivo del etiquetado antes mencionado.
            44. Por otra parte, no puede inferirse del Reglamento nº 510/2006 que éste tenga por objeto conceder una ventaja competitiva a los productos que pueden obtener una IGP. En particular, el Reglamento nº 510/2006 tiene, entre otros objetivos, el de establecer una «competencia leal» entre los productores de los productos en los que constan las indicaciones de origen (considerando 6 de dicho Reglamento). En consecuencia, y a falta de elementos de prueba más detallados, el argumento aducido por la demandante debe ser rechazado.
            45. Además, es preciso señalar que el Reglamento impugnado no pretende eliminar un derecho propio de los miembros de la demandante, sino conceder un derecho nuevo a todos los operadores, incluidos los miembros de la demandante si así lo desean, cuyos productos sean conformes a lo dispuesto en el pliego de condiciones recogido en dicho Reglamento. Por consiguiente, la circunstancia mencionada por la demandante constituye una circunstancia estrictamente factual de la que no puede deducirse la existencia de ningún efecto adverso del Reglamento impugnado sobre la situación jurídica de sus miembros (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de 15 de octubre de 2013, Andeschser Molkerei Scheitz/Comisión, T‑13/12, recurrido en casación, apartados 38 y 39).
            46. Asimismo, la circunstancia mencionada por la demandante no puede demostrar, excepto en circunstancias específicas, que se cumple el requisito relativo a la afectación directa de dichos miembros (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969, Eridania/Comisión, 10/68 y 18/68, Rec. p. 459, apartado 7; autos del Tribunal General de 18 de febrero de 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production y otros/Comisión, T‑189/97, Rec. p. II‑335, apartado 48, y de 21 de septiembre de 2011, Etimine y Etiproducts/ECHA, T‑343/10, Rec. p. II‑6611, apartado 41). Por consiguiente, y dado que la demandante no ha invocado ninguna circunstancia específica, el argumento en cuestión no permite considerar que los miembros de la demandante se vean directamente afectados por el Reglamento impugnado.
            47. A la vista de todos estos elementos, procede declarar la inadmisibilidad del recurso.
            Costas 
            48. En virtud del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a soportar, además de sus propias costas, las de la Comisión, conforme a lo solicitado por ésta.
            49. El Reino de los Países Bajos soportará sus propias costas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento. En virtud de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, la NZO soportará sus propias costas.
            
            Parte dispositiva
            En virtud de todo lo expuesto,
            EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
            resuelve:
            1) Declarar la inadmisibilidad del recurso. 
            2) Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea. 
            3) El Reino de los Países Bajos y la Nederlandse Zuivelorganisatie cargarán con sus propias costas. 
            Dictado en Luxemburgo, a 3 de septiembre de 2014.