CELEX: 62020CC0620
Language: es
Date: 2022-03-03 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 3 de marzo de 2022.###

Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 3 de marzo de 2022(1)

Asunto C‑620/20 P

International Management Group (IMG)

contra

Comisión Europea

«Recurso de casación — Reglamento Financiero — Protección de los intereses financieros de la Unión — Cooperación al desarrollo — Ejecución del presupuesto en gestión indirecta por una organización internacional — Decisión de no confiar la ejecución presupuestaria a una entidad por las dudas sobre su estatuto — Anulación — Reparación — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Principio de buena administración — Ejecución de una sentencia de anulación»

1.        La reglamentación financiera permite acudir al mecanismo de la gestión indirecta para ejecutar fondos del presupuesto de la Unión. La Comisión así lo hizo, en el año 2013, atribuyendo la gestión de determinados fondos de cooperación al desarrollo a la entidad International Management Group (en lo sucesivo, «IMG»), cuyo estatuto de organización internacional ahora se discute.

2.        En el año 2014, la Comisión paralizó las relaciones con IMG ante las dudas existentes sobre su estatuto jurídico y, en el año 2015, le informó de que no celebraría con ella nuevos convenios de delegación en régimen de gestión indirecta.

3.        IMG recurrió esas decisiones de la Comisión ante el Tribunal General, que desestimó sus pretensiones. (2) En casación, sin embargo, el Tribunal de Justicia acogió el recurso de IMG, anuló las resoluciones de la Comisión y devolvió el asunto al Tribunal General para que resolviera la pretensión indemnizatoria instada por esa entidad. (3)

4.        Devuelto el asunto al Tribunal General, este desestimó finalmente la petición de indemnización. (4) IMG impugna en casación esa sentencia del Tribunal General.
I.      Marco jurídico

5.        Me remito a la exposición de las normas financieras aplicables a la gestión indirecta del presupuesto de la Unión, transcritas en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, sin necesidad de reproducirlas.

6.        En esa sentencia se reflejan los preceptos aplicables del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 (5) (en particular, sus artículos 53 y 53 quinquies); del Reglamento (CE, Euratom) n.º 2342/2002 (6) (en particular, su artículo 43); del Reglamento  n.º 966/2012 (7) (en particular, sus artículos 58, apartado 1, y 84 a 86); y del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 (8) (en particular, su artículo 43).
II.    Antecedentes de los litigios

7.        Los antecedentes de los litigios se exponen con detalle en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P y en la sentencia recurrida, a las que me remito.

8.        Transcribo, de la primera, los siguientes hechos:  (9)
«—      Según sus estatutos, tal como estos figuran en los autos remitidos al Tribunal de Justicia, IMG fue constituida el 25 de noviembre de 1994 como organización internacional con la denominación de “International Management Group — Infrastructure for Bosnia and Herzegovina”, con sede en Belgrado (Serbia), con el objetivo de que los Estados participantes en la reconstrucción de Bosnia Herzegovina pudieran disponer de una entidad dedicada a tal fin. Desde entonces, IMG ha ido ampliando progresivamente su ámbito de actividad y, posteriormente, celebró, el 13 de junio de 2012, un acuerdo de sede con el Reino de Bélgica.
—      El 7 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 84 del Reglamento n.o 966/2012, la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final relativa al programa de acción anual de 2013 en favor de Myanmar/Birmania con financiación a cargo del presupuesto general de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Decisión inicial”).
—      El artículo 1 de esa Decisión dispone que el programa de acción de 2013 en favor de Myanmar/Birmania, precisado en los anexos 1 y 2 de la misma, queda aprobado.
—      El artículo 3 de dicha Decisión prevé la posibilidad de que se deleguen en las entidades contempladas en los anexos 1 y 2 de dicha Decisión competencias de ejecución presupuestaria en régimen de gestión conjunta, siempre que se celebre un convenio de delegación.
—      El anexo 2 de la referida Decisión describe la segunda acción objeto del programa de acción de 2013 en favor de Myanmar/Birmania. Las secciones 5 y 8 de ese anexo afirman esencialmente que dicha acción consta de un programa de desarrollo del comercio cuyo coste, estimado en 10 millones de euros, financiará la Unión Europea y cuya puesta en marcha se realizará en régimen de gestión conjunta con IMG. El punto 8.3.1 del referido anexo presenta a IMG como una organización internacional ya establecida en Myanmar/Birmania y que está asociada a la realización de proyectos financiados por la Unión en ese Estado.
—      El 17 de febrero de 2014, la OLAF informó a la Comisión de que había iniciado una investigación relativa al estatuto jurídico de IMG.
—      El 24 de febrero de 2014, el Secretario General de la Comisión trasladó esta información al Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de dicha institución, llamando su atención sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares con arreglo al artículo 7, apartado 6, del Reglamento n.o 883/2013.
—      El 26 de febrero de 2014, el referido Director General adoptó determinadas medidas cautelares en virtud de dicha disposición, justificándolas por la circunstancia de que el análisis inicial de la OLAF había revelado ciertas dudas acerca del estatuto jurídico de IMG (en lo sucesivo, “medidas cautelares de 26 de febrero de 2014”). Estas medidas cautelares consistieron esencialmente en la prohibición temporal, por un lado, de celebrar cualquier nuevo convenio de delegación con IMG en régimen de gestión indirecta del presupuesto de la Unión con arreglo al Reglamento n.o 966/2012 y, por otro lado, de prorrogar cualquier convenio de delegación ya celebrado con IMG en régimen de gestión conjunta del presupuesto de la Unión con arreglo al Reglamento n.o 1605/2002.
—      El 25 de abril de 2014, dicho Director General remitió un escrito a IMG (en lo sucesivo, “escrito de 25 de abril de 2014”), en el que la informó de tres nuevos elementos que obraban en el expediente de la Comisión, referidos, el primero, al hecho de que cinco Estados miembros de la Unión que IMG presentaba como miembros suyos no consideraban tener tal condición; el segundo, al hecho de que el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había indicado que IMG no era una agencia especializada de la ONU y, el tercero, al hecho de que existían incertidumbres acerca de los poderes de las personas que habían representado a determinados Estados presentes en la firma del acta constitutiva de IMG. El Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión también señaló que, habida cuenta de las dudas suscitadas por esos elementos acerca del estatuto jurídico de IMG, había dado instrucciones a sus servicios para que suspendieran temporalmente, en lo que a ella respectaba, el recurso a los procedimientos que permiten la ejecución de competencias presupuestarias por organizaciones internacionales.
—      El 15 de diciembre de 2014, la Comisión recibió el informe elaborado por la OLAF al término de su investigación (en lo sucesivo, “informe de la OLAF”), junto con una serie de recomendaciones. En ese informe, la OLAF consideró esencialmente que IMG no era una organización internacional, en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012, y recomendó a la Comisión que le impusiera sanciones y procediera a la recuperación de los importes que le había abonado en tal condición.
—      El día siguiente, la Comisión adoptó la Decisión de 16 de diciembre de 2014, sobre la base del artículo 84 del Reglamento n.o 966/2012. A tenor del artículo 1 de esa Decisión, el anexo 2 de la Decisión inicial se sustituye por un nuevo anexo, cuyas secciones 1 y 4.3 prevén, en esencia, que la ejecución del programa de desarrollo del comercio previsto en la referida Decisión inicial será llevada a cabo en régimen de gestión indirecta por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (en lo sucesivo, “GIZ”), en sustitución de IMG.
—      El 16 de enero de 2015, el Servicio Jurídico de la Comisión preparó una nota titulada “Análisis jurídico del [informe de la OLAF] en la investigación […] relativa a [IMG]” (en lo sucesivo, “dictamen del Servicio Jurídico”).
—      El 8 de mayo de 2015, la Comisión remitió a IMG un escrito que tenía por objeto informarla del curso que pretendía dar al informe de la OLAF, escrito en el que le comunicó que, si bien se abstenía de seguir la mayor parte de las recomendaciones de la OLAF, había decidido, entre otras medidas, que, hasta que existiera una certeza absoluta acerca del estatuto de organización internacional de IMG, sus servicios no celebrarían con ella ningún nuevo convenio de delegación conforme al modo de gestión indirecta con una organización internacional, contemplado por el Reglamento n.o 966/2012. Es esta parte de dicho escrito la que constituye la Decisión de 8 de mayo de 2015, mencionada en el apartado 1 de la presente sentencia».
III. Sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P

9.        IMG interpuso ante el Tribunal General dos recursos contra las Decisiones de la Comisión de 16 de diciembre de 2014 (recurso T‑29/15) y 8 de mayo de 2015 (recurso T‑381/15). En ambos instaba la anulación de esas Decisiones y, en el segundo, la reparación de los daños causados.

10.      El 2 de febrero de 2017, el Tribunal General dictó sendas sentencias desestimatorias, respectivamente, de los recursos T‑29/15 y T‑381/15.

11.      IMG interpuso dos recursos de casación contra esas sentencias. Al pronunciarse sobre ellos en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, el Tribunal de Justicia admitió el motivo segundo de uno y otro y anuló las sentencias de primera instancia.

12.      A juicio del Tribunal de Justicia, el Tribunal General había incurrido en un error de derecho «al justificar la adopción de las Decisiones controvertidas [de la Comisión] basándose en las dudas que esta última albergaba acerca de que IMG ostentara el estatuto de “organización internacional”, en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012». (10)

13.      Según el Tribunal de Justicia, los elementos expuestos por el Tribunal General para considerar justificadas las dudas de la Comisión  no permitían fundamentarlas jurídicamente. (11)

14.      El Tribunal de Justicia declaró que la estimación de los respectivos motivos segundos de casación tenía estas consecuencias:
—      El error de derecho cometido por el Tribunal General implicaba la anulación íntegra de las sentencias T‑29/15 y T‑381/15.  
—      Ambos casos se encontraban en estado de ser juzgados, en la medida en que IMG solicitó la nulidad de las Decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.  
—      Esas dos Decisiones adolecían del mismo error de derecho que las sentencias T‑29/15 y T‑381/15, por lo que también debían ser anuladas en su totalidad.  
—      La demanda de reparación por daños y perjuicios causados a IMG por la Decisión de 8 de mayo de 2015 no estaba, por el contrario,  en situación de ser juzgada y, por lo tanto, debía reenviarse al Tribunal General.

15.      IMG solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara los puntos  1 a 3 del fallo de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P. Alegaba, a este propósito, que la Comisión no podía albergar dudas sobre su estatuto de organización internacional, según las normativas financieras de 2002 y de 2012.

16.      El Tribunal de Justicia desestimó la demanda de interpretación de IMG, (12) precisando, en particular, que se había limitado a declarar erróneas las dudas expresadas por la Comisión, sobre la base de unos elementos jurídicos, en relación con el estatuto de organización internacional de IMG. Por el contrario, no había resuelto en ningún caso si, a partir de un análisis no viciado de error de derecho y con todos los elementos pertinentes, debía considerarse, o no, que IMG gozara de ese estatuto. (13)
IV.    Sentencia recurrida

17.      A raíz del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia C‑183/17 P y C‑184/17 P, el Tribunal General, una vez recibidas las observaciones de las partes, dictó la sentencia recurrida,  desestimando la pretensión indemnizatoria de IMG, relativa a los daños supuestamente causados por la Decisión de 8 de mayo de 2015.

18.      En la sentencia recurrida, el Tribunal General: 
—      Consideró que la pretensión era inadmisible en cuanto pretendía obtener la reparación de una serie de perjuicios añadidos a los que figuraban en el escrito de interposición del recurso o habían cambiado de naturaleza en relación con ellos. En concreto, declaró inadmisibles las pretensiones mediante las que IMG quería obtener la reparación en especie de ciertos perjuicios materiales y morales que alegaba haber sufrido como consecuencia de la Decisión de 8 de mayo de 2015.
—      Reputó admisible la pretensión en cuanto se refería a un perjuicio material cuantificado en tres millones de euros, por una parte, y a un perjuicio moral fijado en un euro simbólico, por otra parte.
—      Sostuvo que, aunque adoleciera de ilegalidad por los motivos expuestos en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, la Decisión de 8 de mayo de 2015 no había infringido ninguna «norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares». Por eso, calificó de infundada la alegación de IMG, para la que las disposiciones de las normativas financieras de 2002 y de 2012 debían interpretarse, a la luz de las enseñanzas del derecho internacional público relativas al concepto de «organización internacional», en el sentido de que confieren a las entidades a las que la Comisión reconoció ese estatuto un «derecho adquirido» a ser tratadas como tales. 
—      Señaló que, aun admitiendo que el reconocimiento del estatuto de organización internacional a una entidad determinada pueda revestir carácter definitivo en derecho internacional público, el principio de buena gestión financiera contemplado en los artículos  310 TFUE y 317 TFUE obliga a la Comisión a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, en particular, cuando confía la ejecución de actividades presupuestarias a organizaciones internacionales. 
—      Añadió que de la sentencia del Tribunal de Justicia C‑183/17 P y C‑184/17 P (apartados  88 a 90) resulta que, incluso si se hubiera reconocido a una determinada entidad el estatuto de organización internacional, en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012, este estatuto puede ser cuestionado posteriormente por la Comisión, si ello resulta justificado.
—      Rechazó por infundada la alegación de IMG según la que debía considerarse que la ilegalidad de la Decisión de 8 de mayo de 2015, declarada por el Tribunal de Justicia, se asemejaba a una vulneración del principio de buena administración consagrado en el artículo  41 de la Carta y, más concretamente, a la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente su estatuto de organización internacional a la luz de las normativas financieras de 2002 y de 2012, teniendo en cuenta todos los elementos de hecho y de derecho pertinentes. (14)
—      Declaró, finalmente, que la infracción de las normativas financieras de 2002 y de 2012 invocada por IMG no parecía, en cualquier caso, «suficientemente caracterizada» en el sentido de la jurisprudencia, al no haber demostrado IMG que la Comisión no dispusiera de ningún margen de apreciación para aplicarlas.

19.      En suma, el Tribunal General descartó que concurriera una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tuviera por objeto conferir derechos a los particulares, por lo que la pretensión de indemnización de IMG debía desestimarse en su totalidad.
V.      Otras actuaciones procesales con eventual incidencia en el litigo

20.      Paralelamente al desarrollo del procedimiento ante el Tribunal General en el asunto T‑381/15 RENV, la Comisión y IMG intercambiaron correspondencia relativa a la ejecución de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P. Ese intercambio revela que interpretaron de manera diferente sus fundamentos jurídicos:
—      Para la Comisión, la anulación de las Decisiones de 14 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 se basaba en su falta de motivación. 
—      Para IMG, por el contrario, la anulación obligaba a la Comisión a reconocerle el estatuto de organización internacional en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012.

21.      En el marco de este intercambio, la Comisión remitió a IMG, el 18 de julio de 2019, un escrito en el que consideraba que, con la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, el Tribunal de Justicia no había concluido que IMG fuera una organización internacional. La ejecución de tal sentencia no exigía, pues, «el reconocimiento automático de IMG como organización internacional, sino la reevaluación de su estatuto jurídico a la luz de la información disponible y de las normas financieras aplicables». (15)

22.      Contra ese escrito IMG interpuso un recurso ante el Tribunal General (T‑645/19), instando, por una parte, su anulación y, por otra parte, la reparación de los perjuicios que le había causado.

23.      Mediante auto de 9 de septiembre de 2020, (16) el Tribunal General  rechazó el recurso T‑645/19. IMG ha entablado el recurso de casación C‑619/20 P contra ese auto.

24.      IMG ha interpuesto, por último, ante el Tribunal General un nuevo recurso por responsabilidad extracontractual contra la Comisión (asunto T‑752/20, IMG/Comisión, aún pendiente), en el que solicita la indemnización de los daños materiales y morales que supuestamente soportó como consecuencia de la actuación de la Comisión y de la OLAF en el marco de la investigación de la que fue objeto.
VI.    Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el recurso C-620/20 P

25.      IMG solicita al Tribunal de Justicia que:
—      Anule la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2020 en el asunto T‑381/15/RENV.
—      Estime las pretensiones deducidas en primera instancia por la parte recurrente, reformuladas, y, por lo tanto:
–        Condene a la parte recurrida a la indemnización de los daños materiales y morales tal como se plasman  en sus observaciones posteriores a la devolución del asunto T‑381/15 RENV.
–        Condene a la parte recurrida a cargar con la totalidad de las costas.

26.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que rechace el recurso de casación y que condene a IMG al pago de las costas correspondientes.

27.      El Tribunal de Justicia ha decidido acumular los recursos de casación C‑619/20 P y C‑620/20 P a efectos de la sentencia. 

28.      Por indicación del Tribunal de Justicia, estas conclusiones se limitarán al asunto C‑620/20 P.
VII. Análisis del recurso de casación C‑620/20 P

A.      Preliminar: el motivo de casación introducido por la Comisión

29.      Mediante escrito de 16 de junio de 2021, la Comisión informó a la Secretaría del Tribunal de Justicia de un elemento que calificaba de «hecho nuevo importante», a saber, la comunicación a IMG, el 8 de junio de 2021, de la evaluación (negativa) de su estatuto como organización internacional, realizada para ejecutar la sentencia C‑183/17 P  y  C‑184/17 P a la luz de las reglamentaciones financieras de 2002, 2012 y 2018. 

30.      Con arreglo a esa evaluación, que se aplicaría retroactivamente desde 2014, IMG no puede llevar a cabo la ejecución de fondos de la Unión mediante la modalidad de gestión indirecta por una organización internacional. 

31.      La Comisión considera que esta circunstancia podría privar de objeto a los recursos de casación C‑619/20 P y C‑620/20 P, por lo que la invoca como un motivo (nuevo) de casación, de conformidad con el artículo 127 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 

32.      IMG se ha opuesto a esta pretensión de la Comisión y, además, ha entablado, ante el Tribunal General, un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión contenida en la carta de 8 de julio de 2021. (17)

33.      Con este nuevo motivo, la Comisión pretende que el Tribunal de Justicia se pronuncie, ahora, sobre la condición o no de organización internacional de IMG y declare la pérdida sobrevenida de objeto en el recurso de casación. 

34.      La pretensión de la Comisión es inadmisible en el marco de este recurso de casación, pues:
—      En primer lugar, la legalidad de la decisión de la Comisión de 8 de julio de 2021 se dirime ante el Tribunal General en el asunto T‑509/21, aún pendiente.
—      En segundo lugar, este recurso de casación versa únicamente sobre las consecuencias de la ilegalidad apreciada en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P. Al resolverlo, se ha de fallar si esa ilegalidad generó la responsabilidad de la Unión. Esa cuestión no pierde su razón de ser, ni IMG su interés en ejercitar la acción indemnizatoria respecto de una situación ya pasada, simplemente porque la Comisión haya decidido, en 2021, que IMG no es una organización internacional en el sentido de la reglamentación financiera de la Unión.
—      En tercer lugar, el objeto del recurso de casación no puede variar en relación con el de la sentencia recurrida. (18)
B.      Primer motivo de casación: violación de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P

1.      Alegaciones de las partes

35.      IMG argumenta que el Tribunal General no se atiene, en la sentencia recurrida, al pronunciamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P. 

36.      A su entender, el Tribunal General, en vez de dar por sentada la ilegalidad de la Decisión de 8 de mayo de 2015, admite que la Comisión pueda seguir cuestionando su estatuto de organización internacional, pese a que la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P declaró que las dudas de la Comisión sobre la naturaleza de IMG eran infundadas. 

37.      La Comisión se opone a la argumentación de IMG y solicita la desestimación de este motivo de casación.
2.      Apreciación

38.      El artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, prescribe que, «en caso de devolución, el Tribunal General estará vinculado por las cuestiones de derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia». 

39.      A mi juicio, el Tribunal General no vulnera ese precepto, ni desconoce los términos de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, cuando deniega la indemnización solicitada por IMG tras declarar que de aquella sentencia no deriva la obligación de considerar a esa entidad como una organización internacional habilitada, según las reglamentaciones financieras de 2002 y de 2012, para que se le atribuyan tareas de ejecución presupuestaria y para recibir los fondos correspondientes en el marco de una gestión indirecta. 

40.      En particular, frente a lo que esgrime IMG, de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P no se deduce que, una vez que la Comisión ha reconocido a una entidad el estatuto de organización internacional, ya no pueda reconsiderarlo.

41.      Por el contrario, de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P y del posterior auto C‑183/17 P-INT se infiere que el reconocimiento por la Comisión del estatuto de organización internacional, a efectos de las normativas financieras de 2002 y de 2012, no era definitivo y podía, con sujeción a determinados requisitos, ser reevaluado. 

42.      Es particularmente expresivo, a este propósito, el auto C‑183/17 P‑INT. Como ya he reflejado, el Tribunal de Justicia acota en él el sentido de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P declarando que no había prejuzgado si, tras un análisis con todos los elementos pertinentes, IMG gozaba, o no, del estatuto de organización internacional. Eso era algo que correspondía resolver al Tribunal General.

43.      Así pues, la anulación de la sentencia del Tribunal General y de la decisión de la Comisión por el Tribunal de Justicia no implicaba, como bien deduce la sentencia recurrida, que la normativa financiera confiera a la demandante un derecho a seguir siendo reconocida como organización internacional y, por tanto, a celebrar con la Comisión convenios de delegación en régimen de gestión indirecta. 

44.      Es más, podría añadirse, la Comisión tiene la obligación de reevaluar el estatuto de una organización internacional, como IMG, antes de asignarle la gestión indirecta de fondos del presupuesto de la Unión, siempre que surjan dudas sobre su naturaleza.

45.      El primer motivo de casación ha de desestimarse, pues, por infundado.
C.      Segundo motivo de casación:  violación del concepto de organización internacional previsto por la normativa financiera

1.      Alegaciones de las partes 

46.      IMG reprocha a la sentencia recurrida: a) interpretar erróneamente el concepto de organización internacional previsto por la reglamentación financiera; b) violar el reconocimiento internacional y la jerarquía normativa; y c) no atenerse a la interpretación que la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P efectúa de la reglamentación financiera de la Unión.

47.      Según IMG, el Tribunal General ha confundido la calificación de la entidad como organización internacional con su capacidad para garantizar la gestión financiera de la Unión. La Comisión debe asegurar la buena gestión financiera de fondos del presupuesto de la Unión, pero no puede desconocer la existencia misma de una organización internacional, es decir, su oponibilidad en derecho internacional. 

48.      La Comisión rechaza el razonamiento de IMG y solicita la desestimación del motivo por inoperante o manifiestamente infundado.
2.      Apreciación

49.      En virtud del punto cuatro del dispositivo de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, tras la devolución del asunto, el Tribunal General debía resolver «la pretensión de reparación [de IMG] relativa a los daños supuestamente causados a esta entidad por la Decisión de la Comisión [recogida en su escrito de 8 de mayo de 2015]». 

50.      Para dilucidar esa pretensión, el Tribunal General no tenía que pronunciarse sobre el estatuto de IMG como organización internacional a la luz de las normas de derecho internacional público que obligan a la Unión. Le bastaba, como hizo en los apartados 78 a 80 de la sentencia recurrida, con señalar que el concepto de organización internacional utilizado por las normas financieras de 2002 y 2012 es el empleado en el derecho internacional, pero que estas normas lo utilizan para la finalidad específica de la ejecución del presupuesto de la Unión.

51.      El Tribunal General declaró, (19) a mi juicio acertadamente, que la Comisión, al examinar si la demandante era una organización internacional a efectos de la celebración de convenios de delegación en régimen de gestión indirecta, «no solo debe tener en cuenta los principios de derecho internacional relativos a las organizaciones internacionales, sino también adoptar todas las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, de conformidad con el principio [de buena gestión financiera] antes mencionado». (20)

52.      En este asunto,  por tanto, el carácter de organización internacional de IMG según el derecho internacional no es un elemento relevante para determinar la responsabilidad extracontractual de la Unión. Esta solo se habrá producido si la ilegalidad de la Decisión de la Comisión (de 8 de mayo de 2015) anulada por el Tribunal de Justicia puede calificarse de violación suficientemente caracterizada de una norma de la Unión que confiere derechos a los particulares.

53.      Las normas de derecho internacional que evoca IMG, aun cuando formen parte del derecho de la Unión, no confieren a una organización internacional el derecho a que su estatuto, una vez reconocido por la Unión, no pueda volver a ser reevaluado. (21) La reevaluación a cargo de la Comisión, cuando haya pruebas suficientes, es coherente con el designio de asegurar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión.

54.      Por lo demás, una organización internacional no puede pretender que su participación en la gestión indirecta de fondos del presupuesto de la Unión durante un periodo de tiempo le asegure en el futuro el derecho a seguir haciéndolo. 

55.      La Comisión dispone, en aplicación de las normativas financieras de 2002 y de 2012, de un poder de apreciación amplio, que le autoriza a elegir, de entre las organizaciones internacionales, las más adecuadas para llevar a cabo una gestión indirecta de los fondos de su presupuesto, en línea con las exigencias del principio de buena gestión financiera.

56.      Los restantes argumentos de IMG sobre el reconocimiento de las organizaciones internacionales son inoperantes, porque parten de la premisa errónea de que, en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, el Tribunal de Justicia atribuyó a IMG esa condición.

57.      En todo caso, una vez adoptada por la Comisión su nueva decisión de 8 de julio de 2021, (22) contra la que IMG ha interpuesto el recurso de anulación T‑509/21, en el marco de ese procedimiento ante el Tribunal General se habrá de dirimir si aquella entidad puede calificarse, o no, de organización internacional, a los efectos de la gestión indirecta de fondos del presupuesto de la Unión. El Tribunal de Justicia no puede, lógicamente, anticiparse a la sentencia que emita el Tribunal General a raíz de ese recurso.

58.      El segundo motivo de casación ha de desestimarse, pues, en cuanto infundado, por un lado, e inoperante, por otro.
D.      Tercer motivo de casación:  violación del principio de buena administración

1.      Alegaciones de las partes

59.      IMG aduce que el Tribunal General ha errado al considerar (apartados 90 a 93 de la sentencia recurrida) que no existió una violación del principio de buena administración desencadenante de la responsabilidad extracontractual de la Comisión.

60.      El carácter injustificado de las dudas sobre el estatuto de IMG, que llevó a la anulación por el Tribunal de Justicia de la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2015, supone, según IMG, que esa institución ha cometido una ilegalidad y vulnerado el principio de buena administración (artículo 41 de la Carta), incumpliendo la obligación de tratar su situación con minuciosidad e imparcialidad.

61.      La Comisión rechaza esta argumentación de IMG y propone la desestimación del motivo.
2.      Apreciación

62.      El tercer motivo de casación parte de una premisa inadecuada que lastra su desarrollo ulterior: deduce, una vez más, de la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P que la Comisión debe reconocer de forma automática e irrevocable su condición de organización internacional, a los efectos de la gestión indirecta de fondos del presupuesto de la Unión.

63.      IMG identifica la ilegalidad cometida por la Comisión en su Decisión de 8 de mayo de 2015 con la violación del principio de buena administración, para sostener que esa vulneración genera, sin más, la responsabilidad extracontractual de la Unión.

64.      Como argumentaré con más detalle al tratar el cuarto motivo de casación (con el que se solapa el ahora analizado), no basta una simple vulneración del principio de buena administración para que se produzca la responsabilidad extracontractual de la Unión. Esta última requiere que tenga su origen en una violación suficientemente caracterizada.

65.      IMG no expone en este motivo argumentos que acrediten la presencia de una violación suficientemente caracterizada. En especial, no indica de qué modo los errores de derecho y de apreciación que llevaron al Tribunal de Justicia a anular la Decisión de la Comisión de 8 de mayo de 2015 constituyen una vulneración del principio de buena administración (en particular, en relación con la obligación de actuar con imparcialidad) suficientemente caracterizada.

66.      El tercer motivo de casación ha de desestimarse, pues, por infundado.
E.      Cuarto motivo de casación: interpretación errónea del concepto de violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares.

1.      Alegaciones de las partes

67.      Según IMG, el Tribunal General, en los apartados 87 a 98 de la sentencia recurrida, ha realizado una aplicación errónea de la exigencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, como requisito para que se declare la responsabilidad extracontractual de la Unión.

68.      A su juicio, las organizaciones internacionales a las que la Comisión reconoce la posibilidad de realizar la gestión indirecta de fondos de la Unión tienen, en aplicación de las normas financieras de 2002 y 2012, derecho a que su estatuto no sea reexaminado posteriormente por la Comisión.

69.      IMG considera, además, que la Comisión no disponía de ningún margen de apreciación y que la simple violación del derecho a que no se cuestione su estatuto comporta una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica destinada a conferir derechos a los particulares.

70.      Esgrime, por lo demás, que el Tribunal General ha errado en los apartados 90 a 92 de la sentencia recurrida al no reconocer que la Comisión infringió el principio de buena administración. Se produjo esa infracción, pues la Comisión no actuó con la imparcialidad que dicho principio conlleva, lo que implica una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica destinada a conferir derechos a los particulares.

71.      La Comisión se opone a los argumentos de IMG y solicita la desestimación de este motivo, sugiriendo su inadmisibilidad parcial, por falta de claridad en lo relativo a la supuesta infracción del principio de buena administración. 
2.      Apreciación

72.      Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión a la que se refiere el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, han de concurrir, según el Tribunal de Justicia, estos requisitos: (23)
—      la ilicitud de la actuación imputada a la institución de la Unión, que debe ser una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a las personas físicas o jurídicas;
—      la realidad del daño; y
—      la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado.

73.      Cuando no se cumpla alguno de esos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás. (24)

74.      Afirma el Tribunal de Justicia que «[…] solo la infracción suficientemente caracterizada ―y no una infracción cualquiera― de una norma de derecho de la Unión que proteja a los particulares puede dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión. Además, cuando una institución u órgano de la Unión dispone de facultad de apreciación, solo la inobservancia manifiesta y grave por su parte de los límites impuestos a dicha facultad puede constituir una violación del derecho de la Unión suficientemente caracterizada». (25)

75.      Existirá, pues, una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a las personas físicas o jurídicas cuando la infracción sea de tal naturaleza que quepa imputar a la institución una inobservancia manifiesta y grave de los límites impuestos a su facultad de apreciación.

76.      A este respecto, los elementos que se han de tener en cuenta son, en particular, la complejidad de las situaciones, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada y la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida deja a la institución de la Unión. (26)

77.      Cuando una institución de la Unión disponga de un margen de apreciación considerablemente reducido, incluso inexistente, la mera infracción del derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada y generar la responsabilidad extracontractual de la Unión. (27)

78.      Ahora bien, no existe un automatismo entre la inexistencia de poder de apreciación de la institución y la existencia de una violación suficientemente caracterizada. Una infracción solo puede considerarse acreditada si se trata de una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una administración normalmente prudente y diligente. (28)

79.      Con arreglo a estos criterios han de examinarse las alegaciones de IMG en este motivo de casación, con las que denuncia una doble vulneración supuestamente cometida por la Comisión: por un lado, de las reglamentaciones financieras de 2002 y de 2012 y, por otro lado, del principio (o el derecho) a una buena administración.
a)      Violación de las reglamentaciones financieras de 2002 y 2012

80.      En mi opinión, el Tribunal General acierta al declarar que «[…] las disposiciones de las normativas financieras de 2002 y de 2012 relativas a la gestión indirecta que se refieren a las organizaciones internacionales no son normas jurídicas que tengan por objeto conferir a entidades a las que la Comisión ha reconocido el estatuto de organización internacional el derecho a que no se cuestione ese estatuto […]». (29)

81.      Las reglamentaciones financieras de 2002 y de 2012, en efecto:
—      Atribuyen a la Comisión la facultad de asignar a entidades terceras (en este caso, organizaciones internacionales) la gestión indirecta de fondos del presupuesto de la Unión. Esas reglamentaciones no confieren el derecho a esas entidades a ser seleccionadas para la gestión indirecta, ni les garantizan la continuidad de sus funciones como gestoras indirectas del presupuesto de la Unión, más allá del acto concreto de asignación. 
—      Otorgan a la Comisión un amplio poder de apreciación para, decidir, según el interés general de la Unión, con qué organizaciones internacionales interesa llevar a cabo la gestión indirecta de los fondos de la Unión, una vez acreditada aquella condición. (30)
—      Autorizan a la Comisión a replantearse, motivadamente, el estatuto de organización internacional de esas entidades o a reconsiderar la conveniencia de seguir atribuyéndoles la gestión indirecta de fondos de la Unión. (31)

82.      Pues bien, dando por sentadas esas premisas, esta parte del cuarto motivo de casación no podrá prosperar, por dos razones:
—      En primer lugar, como acabo de señalar, la normativa financiera no confiere a IMG un derecho a seguir siendo reconocida como organización internacional y, por tanto, a celebrar con la Comisión nuevos convenios de delegación en régimen de gestión indirecta.
—      En segundo lugar, si se admitiera (quod non) que aquella normativa atribuyera ese derecho a las referidas organizaciones internacionales, el error de la Comisión al dictar su Decisión de 8 de mayo de  2015 no sobrepasaría de manera manifiesta y grave los límites impuestos a su facultad de apreciación. 

83.      Recordaré que, en la Decisión de 8 de mayo de 2015, la Comisión hizo saber a IMG que, hasta que existiera una certeza absoluta acerca de su estatuto de organización internacional, sus servicios no celebrarían con ella ningún nuevo convenio de delegación conforme al modo de gestión indirecta con una organización internacional.

84.      Es cierto que esa Decisión, en lo que atañe a las dudas, no respondía a un análisis que la justificase adecuadamente, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P. Su nulidad procedía de la insuficiencia de las pruebas aportadas por la Comisión para justificarla.

85.      Ahora bien, ese defecto, fruto de un juicio incorrecto de la Comisión, no era apreciable a simple vista, sino solo discernible tras un debate jurídico contradictorio, en el que existían elementos razonables a favor y en contra. (32) No puede afirmarse, pues, que la Comisión sobrepasara de manera manifiesta los límites impuestos a su facultad de apreciación.
b)      Violación del principio de buena administración

86.      El derecho (principio) a la buena administración lo recoge el artículo 41, apartado 1, de la Carta, conforme al que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable». (33)

87.      Este derecho refleja un principio general del ordenamiento jurídico de la Unión. (34) Como indican las Explicaciones sobre la Carta,  (35) «[e]l artículo 41 se basa en la existencia de la Unión como una comunidad de derecho, cuyas características ha desarrollado la jurisprudencia, que consagró, entre otras cosas, la buena administración como un principio general de derecho». 

88.      La obligación de diligencia, inherente al principio de buena administración, se aplica con carácter general a la acción de la Comisión  e implica que esta ha de actuar con minuciosidad y prudencia. Como afirma el Tribunal de Justicia, «es posible que la Administración comunitaria incurra en responsabilidad extracontractual por comportamiento ilícito cuando no actúa con toda la diligencia requerida y causa con ello un perjuicio». (36)

89.      Para el Tribunal de Justicia, «cuando una parte alega que la institución competente ha cometido un error manifiesto de apreciación, el juez de la Unión Europea debe verificar si dicha institución examinó, detenidamente y con imparcialidad, todos los elementos relevantes del asunto de que se trate, elementos que deben respaldar las conclusiones extraídas de ellos […] Esta obligación de diligencia es inherente al principio de buena administración y se aplica de manera general a la actividad de la Administración de la Unión». (37)

90.      En la sentencia recurrida, el Tribunal General fue excesivamente lacónico al rechazar los argumentos de IMG sobre la aplicación de aquel principio en estos términos:
—      «En el presente procedimiento tras la casación y la devolución, la demandante ha invocado el principio de buena administración en apoyo de la alegación de que la Comisión no podía cuestionar el estatuto de organización internacional que le había reconocido en el pasado. En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, la demandante sostuvo que, en virtud de dicho principio, la Comisión debía examinar su situación cuidadosa e imparcialmente, a la luz de toda la información  útil» (apartado 90).
—      «La Comisión está obligada a cerciorarse del estatuto de organización internacional de la entidad con la que celebra un convenio de delegación en régimen de gestión indirecta, aun cuando ya haya celebrado un convenio de la misma naturaleza con dicha entidad, ya que el reconocimiento de tal estatuto no puede considerarse adquirido con carácter definitivo […] Conforme al principio de buena administración y al principio de buena gestión financiera […], no puede reprocharse a la Comisión que no celebre nuevos convenios de delegación en régimen de gestión indirecta con una entidad cuando el estatuto de organización internacional de esta puede ser cuestionado a raíz de elementos en este sentido puestos en conocimiento de dicha institución» (apartado 91).
—      «Por otra parte, la demandante no indica de qué modo el error de derecho y el error manifiesto de apreciación que llevaron al Tribunal de Justicia a anular la decisión controvertida constituyen una vulneración del principio de buena administración, en particular en relación con la obligación de la Comisión de actuar con imparcialidad, que cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia recordada en el apartado 89 [de la sentencia recurrida] y que, por tanto, puede generar la responsabilidad de la Unión» (apartado 92).

91.      IMG reprocha al Tribunal General no haber respetado el derecho a la buena administración, representado en el derecho específico a que la Comisión trate su situación con diligencia, minuciosidad e imparcialidad. Buena prueba de ello sería la anulación de sus Decisiones en la sentencia C‑183/17 P  y C‑184/17 P.

92.      La Comisión rechaza esta acusación esgrimiendo que, para que surja la responsabilidad extracontractual, no basta solo un comportamiento ilegal: es necesario, además, probar que la institución ha realizado una actuación poco diligente o imparcial, circunstancia que, a su juicio, IMG no demuestra.

93.      Una vez dictada la sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, ya no es discutible que la Comisión cometió una ilegalidad, en la Decisión de 8 de mayo de 2015.

94.      Una decisión ilegal de esas características no vulnera, sin embargo, de modo automático el principio de buena administración (en su variante del derecho de los administrados a que las instituciones de la Unión decidan de forma diligente sobre sus asuntos) hasta el punto de provocar la responsabilidad patrimonial de la Unión.

95.      Es cierto que la Decisión de 8 de mayo de 2015 incurre en un error de apreciación sobre los elementos de prueba que la justifican. La Comisión la adopta, en ejercicio de su poder de apreciación, con apoyo en algunos, pero no en todos los factores que, a posteriori y tras el debate contradictorio en el seno de un recurso jurisdiccional, se revelarían necesarios para confirmar o para rechazar el carácter de IMG como organización internacional.

96.      No aprecio en ello una violación suficientemente caracterizada del principio de buena administración.

97.      El incumplimiento de la obligación de diligencia no puede determinarse sin tomar en consideración el ámbito, las circunstancias y el contexto en el que dicha obligación se impone a la institución de la Unión sujeta a tal obligación. (38)

98.      La Comisión actuó con el propósito de proteger la buena gestión del presupuesto de la Unión, lo que es propio de una administración diligente en el cuidado de los fondos públicos. Aunque, repito, las dudas sobre la condición de organización internacional de IMG (y, por ende, sobre su aptitud para llevar a cabo la gestión indirecta de fondos de la Unión) no estaban en aquel momento suficientemente fundadas, no puede negarse que había una situación de incertidumbre al respecto.

99.      Es verdad que a la Comisión le faltó celo para recopilar, en el año 2015, toda la información sobre la verdadera naturaleza de IMG y que, por eso, decidió con base insuficiente, según advirtió el Tribunal de Justicia. Se le puede reprochar que no acometiese, entonces, una investigación más exhaustiva, como la que le ha conducido a adoptar la nueva Decisión de 8 de junio de 2021, para certificar que IMG no es una organización internacional.

100. La Comisión no debía haber esperado hasta el 8 de junio de 2021 para aclarar, definitivamente, si IMG era o no una organización internacional. Cierto es que solicitó información a IMG y que esta entidad no le suministró la requerida, por lo que tuvo que dirigirse a los Estados supuestamente miembros de esta entidad para que le informaran sobre su participación en ella. Una mayor diligencia administrativa hubiera sido deseable, pero no aprecio en su comportamiento una violación suficientemente caracterizada del deber de diligencia de la Comisión vinculado al derecho a la buena administración, capaz de desencadenar la responsabilidad extracontractual de la Unión. (39)

101. En un régimen de responsabilidad extracontractual de las instituciones de la Unión menos riguroso que el derivado de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la mera anulación de una decisión pudiera provocar, eventualmente, el deber de indemnizar los daños causados.

102. No sucede lo mismo si esa responsabilidad extracontractual la provoca no cualquier infracción, sino la infracción suficientemente caracterizada de una norma de derecho de la Unión que proteja a los particulares. Además, «cuando una institución u órgano de la Unión dispone de facultad de apreciación, solo la inobservancia manifiesta y grave por su parte de los límites impuestos a dicha facultad  puede constituir una violación del derecho de la Unión suficientemente caracterizada», (40) lo que, como ya he observado, no ha ocurrido en este asunto.

103. Considero, pues, que la Comisión, aunque actuara sin el apoyo de las pruebas necesarias al adoptar la Decisión de 8 de mayo de 2015, no cometió una infracción suficientemente caracterizada por el incumplimiento de su deber de diligencia. Su error, siendo indiscutible, no puede calificarse de inexcusable, (41) como tampoco eran irrazonables (42) sus conclusiones, a las que se podía achacar, sin embargo la falta de más pruebas para apoyarlas. 

104. En suma, el cuarto motivo de casación debe desestimarse, por infundado.
F.      Quinto, sexto y séptimo motivos de casación: infracciones relativas al perjuicio sufrido por IMG

1.      Alegaciones de las partes

105. En el quinto motivo de casación, IMG invoca que, en cuanto a las pretensiones que figuran en el apartado 40, guiones primero a tercero, de la sentencia recurrida, el Tribunal General ha vulnerado el principio de la reparación en especie, ha incumplido la obligación de motivación, ha infringido los requisitos de admisibilidad, y no ha respetado los artículos 76, letra e), y 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento.

106. En el sexto motivo de casación, IMG aduce que, respecto a las pretensiones que figuran en el apartado 40, cuarto guion, de la sentencia recurrida,  el Tribunal General ha incumplido la obligación de motivación y ha infringido los artículos 76, letra e), y 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento.

107. En el séptimo motivo de casación, IMG invoca que, en cuanto al daño moral, el Tribunal General ha vulnerado el principio de la reparación en especie, ha incumplido la obligación de motivación y ha infringido los artículos 76, letra e), y 84, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, además de vulnerar la competencia jurisdiccional plena del juez.

108. La Comisión se opone a estos tres motivos y solicita su desestimación.
2.      Apreciación

109. En mi opinión, el Tribunal de Justicia debe rechazar como inoperantes estos tres motivos de casación, si desestima los precedentes.

110. Es jurisprudencia reiterada que, «para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión […] es necesario que concurran […] la ilicitud de la actuación imputada a la institución de la Unión, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado […] En el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual […]». (43)

111. Hasta ahora he tratado de argumentar que no existe una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiera derechos a IMG. Al no concurrir el primero de los requisitos imprescindibles para provocar la responsabilidad extracontractual de la Unión, no es necesario pronunciarse sobre la realidad del daño y la cuantificación del perjuicio.

112. Propongo, pues, la desestimación, como inoperantes, de los motivos de casación quinto, sexto y séptimo.
VIII. Costas 

113. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud de su artículo 184, apartado 2, la parte cuyas pretensiones se hayan desestimado será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

114. Al haber instado la Comisión la condena en costas de IMG y desestimarse las pretensiones de esta, procede condenarla en costas.
IX.    Conclusión

115. A tenor de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia:
1)      Declarar inadmisible el motivo nuevo de casación introducido por la Comisión.
2)      Desestimar como infundados los motivos de casación primero, tercero y cuarto.
3)      Desestimar, en parte como infundado y en parte como inoperante, el segundo motivo de casación.
4)      Desestimar como inoperantes los motivos de casación quinto, sexto y séptimo.
5)      Condenar a International Management Group a cargar con sus propias costas, así como con las de la Comisión Europea, excepto las relativas al motivo de casación nuevo introducido por esta institución.

1      Lengua original: español.

2      Sentencia del Tribunal General de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, no publicada, EU:T:2017:57).

3      Sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78; en lo sucesivo, «sentencia  C‑183/17 P y C‑184/17 P»).

4      Sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2020 IMG/Comisión (T‑381/15 RENV, no publicada, EU:T:2020:406). En lo sucesivo, «sentencia recurrida».

5      Reglamento del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 390, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero 2002»).

6      Reglamento de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.º 1605/2002 (DO 2002, L 357, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.º 478/2007 de la Comisión, de 23 de abril de 2007 (DO 2007, L 111, p. 13).

7      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento n.º 1605/2002 (DO 2012, L 298, p. 1). Fue derogado, a su vez, por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).

8      Reglamento Delegado de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.º 966/2012 (DO 2012, L 362, p. 1).

9      Sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, apartados 16 a 28.

10      Sentencia C‑183/17 P y C‑184/17 P, apartado 97.

11      Ibidem, apartados 94 a 96. En esos apartados se  afirma:
-      En cuanto a la duda de «si varios Estados que IMG presenta como miembros suyos lo eran en realidad, de las propias constataciones del Tribunal General se desprende  que las dudas de la Comisión a este respecto solo afectaban a “algunos” de los miembros de IMG y, más concretamente, a cinco de ellos de un total de dieciséis. Pues bien, tales dudas, suponiendo que estuvieran fundadas, no tienen en derecho internacional como consecuencia privar a la entidad de la que esos Estados pudieran no ser o haber dejado de ser miembros de la condición de “organización internacional”, mucho menos cuando, como en el caso de autos, los Estados no forman  sino una parte netamente minoritaria de la entidad en cuestión».
-      En cuanto a las dudas «acerca de los poderes de las personas que representaron a determinados Estados en la firma del acta constitutiva de IMG, procede asimismo señalar que eventualmente podría poner en cuestión la validez del acto de firma del acta constitutiva por parte de esos Estados en concreto, pero no la validez de la creación misma de IMG, puesto que las posibles irregularidades relativas a la representación mencionadas solo afectarían a un número limitado de Estados participantes».
-      En cuanto al «tercer elemento, a saber, que el Secretario General de la ONU presuntamente indicó a la OLAF que IMG no era una agencia especializada de la ONU, basta con señalar que carecía de toda pertinencia jurídica. En efecto, las normativas financieras de 2002 y de 2012 no obligan en modo alguno a que una determinada entidad fuera una agencia de la ONU para que pudiese ser calificada de “organización internacional”. Además, en el caso de autos, constaba que IMG nunca había afirmado ser una agencia de la ONU, sino que reivindicaba tener la condición de “organización de derecho internacional público” creada por acuerdo intergubernamental […]».

12      Auto de 9 de junio de 2020, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507; en lo sucesivo, «auto C 183/17 P INT»).

13      Ibidem, apartado 23.

14      Para llegar a esta conclusión, el Tribunal General se basó en tres consideraciones. En primer lugar, según reiterada jurisprudencia, «este principio no confiere, por sí mismo, derechos a los particulares, salvo cuando constituya la expresión de derechos específicos». Además, de las apreciaciones jurídicas realizadas anteriormente por dicho órgano jurisdiccional se desprende que la Comisión puede cuestionar el estatuto de organización internacional de IMG, en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012. Por último, IMG no ha demostrado de qué modo la ilegalidad que llevó al Tribunal de Justicia a anular la Decisión de 8 de mayo de 2015 constituye una vulneración del principio de buena administración y, más concretamente, del deber de diligencia que incumbe a la Comisión.

15      A continuación, la Comisión reiteró su solicitud a IMG de que aportara los documentos mencionados en su escrito de 6 de mayo de 2019 y precisó que, de no hacerlo, se dirigiría directamente a los Estados que IMG consideraba como sus miembros.

16      Auto de 9 septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑645/19, no publicado, EU:T:2020:388).

17      Asunto T‑509/21.

18      En la sentencia recurrida, apartado 39, se afirma, en relación con el objeto del litigio tras la casación y la devolución que, «en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, las partes confirmaron que el objeto del presente litigio se limitaba a la reparación del perjuicio derivado de la decisión de la Comisión contenida en el escrito de 8 de mayo de 2015, anulada por el Tribunal de Justicia, de no celebrar con la demandante nuevos convenios de delegación en régimen de gestión indirecta hasta que exista una certeza absoluta acerca de [su estatuto] de organización internacional […]». Sin cursiva en el original.

19      Apartado 80 de la sentencia recurrida.

20      Sobre este principio, véanse las sentencias  de 16  de julio de 2020, ADR Center/Comisión (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), apartados 100 a 102; y de 28  de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado  65 a 67. 

21      Según la Comisión, la reevaluación es una práctica administrativa frecuente (que se lleva a cabo, en especial, cuando hay una modificación legislativa de la normativa financiera, como sucedió con el Reglamento Delegado 2015/2462) y no ha generado litigiosidad, salvo en el caso de IMG.

22      Puntos 29 y 30 de estas conclusiones.

23      Sentencias de 28 de octubre 2021, Vialto Consulting/Comisión (C-650/19 P, EU:C:2021:879), apartado 138; de 5 de febrero de 2021, Dalli/Comisión (C-615/19 P, EU:C:2021:133), apartado 41; y de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C-447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 147; de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/Kendrion (C‑150/17 P, EU:C:2018:1014), apartado 117; y de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión (C-352/98 P, EU:C:2000:361), apartado 42.

24      Sentencia de 5 de febrero de 2021, Dalli/Comisión (C‑615/19 P, EU:C:2021:133), apartado 42; y de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 148.

25      Sentencia de 4 de abril de 2017, Defensor del Pueblo/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), apartado 37.

26      Sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 30.

27      Sentencias de 28 de octubre 2021, Vialto Consulting/Comisión (C‑650/19 P, EU:C:2021:879), apartado 142; de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), apartado 103; y de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico (C‑312/00 P, EU:C:2002:736), apartado 54

28      Sentencias de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 43; de 23 de marzo de 2004, Defensor del Pueblo/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174), apartado 49; y de 4 de abril de 2017, Defensor del Pueblo/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), apartado 31.

29      Apartado 88 de la sentencia recurrida.

30      Sentencia C‑183/17 P  y  C‑184/17 P, apartado 89: «[…] cuando la Comisión proyecta adoptar una decisión con objeto de delegar competencias de ejecución presupuestaria en una determinada entidad en este marco, está obligada a cerciorarse de que posee la condición de organización internacional».

31      Ibidem, apartado 90: «[…] Cuando, con posterioridad a la adopción de una decisión de delegación de competencias de ejecución presupuestaria en una determinada entidad en calidad de organización internacional, la Comisión [adopte] decisiones como [la decisión controvertida], basándose en elementos que a su juicio ponen en cuestión dicha calidad, dichas decisiones deben justificarse tanto fáctica como jurídicamente».

32      Corrobora esta afirmación, en mi opinión, la circunstancia de que, en las conclusiones de los asuntos C‑183/17 P y C‑184/17 P (EU:C:2018:782), el abogado general Saugmandsgaard Øe consideró que «el Tribunal General no ejerció indebidamente sus facultades de control al declarar que, a juzgar por las pruebas aportadas a los autos,  la Comisión actuó de manera legítima y legal cuando decidió dejar de delegar competencias de ejecución del presupuesto de la Unión a IMG, en cierto modo como precaución, mientras no se aclarase la cuestión del estatuto jurídico de la interesada» (punto 64). 

33      Según el Tribunal de Justicia, las instituciones, órganos y organismos de la Unión tienen el deber de respetar los derechos fundamentales que garantiza el derecho de la Unión, entre los que figura el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta [sentencias de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863),  apartados 51 y 52; y de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia/Comisión (C‑680/16 P, EU:C:2019:257), apartado 24 y jurisprudencia citada].

34      Sentencias de 8 de mayo de 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302), apartado 49; y de 19 de junio de 2014, Commune de Millau y SEMEA/Comisión (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008), apartado 97.

35      DO 2007, C 303, p. 17.

36      Sentencia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, apartado 91.

37      Sentencia de 22 de noviembre de 2017, Comisión/Bilbaína de Alquitranes y otros (C‑691/15 P, EU:C:2017:882), apartado 35.

38      Sentencias de 4 de abril de 2017, Defensor del Pueblo/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), apartado 40; y de 30 de enero de 1992, Finsider y otros/Comisión (C‑363/88 y C‑364/88, EU:C:1992:44,) apartado 24.

39      En esa irregularidad, por lo demás, podría haber incurrido, en circunstancias análogas, cualquier otra administración que tuviera dudas sobre la naturaleza jurídica de una organización que se iba a asociar a la gestión indirecta de los fondos públicos.

40      Sentencia de 4 de abril de 2017, Defensor del Pueblo/Staelen (C‑337/15 P, EU:C:2017:256), apartado 37.

41      Sentencias de 30 de enero de 1992, Finsider y otros/Comisión  (C‑363/88 y C‑364/88, EU:C:1992:44), apartado 22; y de 4 de julio de 2000, Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357), apartados 42 y 43.

42      Sentencia de 22 de octubre de 1991, Nölle (C‑16/90, EU:C:1991:402), apartado 13.

43      Sentencia de 5 de febrero de 2021, Dalli/Comisión (C‑615/19 P, EU:C:2021:133), apartado 42; y de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 148.