CELEX: 61996CJ0114
Language: es
Date: 1997-06-25
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 1997. # Procedimento penal entablado contra René Kieffer y Romain Thill. # Petición de decisión prejudicial: Tribunal de police de Luxembourg - Gran Ducado de Luxemburgo. # Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Reglamento (CEE) no 3330/91 - Estadísticas de los intercambios de bienes - Declaración detallada de todos los intercambios comunitarios - Compatibilidad con los artículos 30 y 34 del Tratado CE. # Asunto C-114/96.

Avis juridique important

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61996J0114

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 25 de junio de 1997.  -  Procedimento penal entablado contra René Kieffer y Romain Thill.  -  Petición de decisión prejudicial: Tribunal de police de Luxembourg - Gran Ducado de Luxemburgo.  -  Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Reglamento (CEE) no 3330/91 - Estadísticas de los intercambios de bienes - Declaración detallada de todos los intercambios comunitarios - Compatibilidad con los artículos 30 y 34 del Tratado CE.  -  Asunto C-114/96.  

Recopilación de Jurisprudencia 1997 página I-03629

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

1 Libre circulación de mercancías - Restricciones cuantitativas - Medidas de efecto equivalente - Prohibición - Alcance(Tratado CE, art. 30) 2 Aproximación de las legislaciones - Medidas destinadas a la realización del mercado único - Estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros - Reglamento (CEE) nº 3330/91 - Obligación impuesta a las empresas de presentar una declaración detallada de sus importaciones y exportaciones intracomunitarias - Obstáculo justificado a la libre circulación de mercancías - Legalidad - Violación del principio de proporcionalidad - Inexistencia [Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo]  

Índice

3 La prohibición de restricciones cuantitativas así como de medidas de efecto equivalente se aplica no sólo a las medidas nacionales, sino también a las medidas que emanan de las Instituciones comunitarias.4 El Reglamento nº 3330/91, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros, que impone a las empresas la obligación de presentar una declaración detallada de sus importaciones y exportaciones intracomunitarias, que se exige tanto en el Estado miembro de expedición como en el de destino de las mercancías, persigue un objetivo justificado y los efectos restrictivos que produce respecto a la libre circulación de mercancías son adecuados en relación con dicho objetivo. En efecto, este Reglamento tiene como objetivo favorecer la realización del mercado interior estableciendo un nivel satisfactorio de información sobre los intercambios de bienes entre Estados miembros por medios que no impliquen controles en las fronteras interiores. Pues bien, pueden admitirse determinados obstáculos a la libre circulación de mercancías cuando resulten ser indispensables para la obtención de información razonablemente completa y exacta sobre los movimientos intracomunitarios de mercancías. Por otra parte, y habida cuenta de la facultad de apreciación de que dispone el legislador comunitario en el marco de sus competencias de armonización, los efectos restrictivos que conlleva esta obligación de declaración, que afecta concretamente a los intercambios transfronterizos y cuya elaboración necesita tiempo y origina gastos, no exceden de lo que es necesario para alcanzar el objetivo perseguido, en la medida en que, por una parte, se han establecido distintos umbrales para tener en cuenta los intereses de las empresas y para no imponerles una carga desproporcionada en relación con los resultados que los usuarios de las estadísticas pueden esperar y, por otra, las Instituciones comunitarias han puesto a disposición de las empresas, de forma gratuita, medios modernos de proceso de datos.  

Partes

En el asunto C-114/96,que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el tribunal de police de Luxembourg, destinada a obtener, en el proceso penal seguido ante dicho órgano jurisdiccional contra René Kieffer y Romain Thill, una decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez del Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros (DO L 316, p. 1), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), integrado por los Sres.: G.F. Mancini (Ponente), Presidente de Sala; J.L. Murray y P.J.G. Kapteyn, Jueces; Abogado General: Sr. M.B. Elmer; Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto; consideradas las observaciones escritas presentadas: - En nombre de los Sres. Kieffer y Thill, por Me Marc Thewes, Abogado de Luxemburgo, y el Sr. Alain Schumacher, mandatario especial; - en nombre del Gobierno luxemburgués, por el Sr. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques et de la coopération del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; - en nombre del Consejo de la Unión Europea, por la Sra. Cristina Giorgi, Consejero Jurídico, y el Sr. Frédéric Anton, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes; - en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. Jürgen Grunwald, Consejero Jurídico, asistido por el Sr. Jean-Francis Pasquier, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agentes; habiendo considerado el informe para la vista; oídas las observaciones orales de los Sres. Kieffer y Thill, representados por Me Marc Thewes; del Gobierno luxemburgués, representado por Me Alain Lorang, Abogado de Luxemburgo; del Consejo, representado por el Sr. Frédéric Anton, y de la Comisión, representada por el Sr. Jürgen Grunwald, asistido por el Sr. Jean-Francis Pasquier, expuestas en la vista de 16 de enero de 1997; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de febrero de 1997; dicta la siguiente Sentencia  

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 2 de abril de 1996, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de abril siguiente, el tribunal de police de Luxembourg planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación y la validez del Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros (DO L 316, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un proceso penal iniciado contra los Sres. Kieffer y Thill, inculpados por no haber facilitado, durante los años 1993 y 1994, los datos en materia de declaraciones estadísticas que deben presentar con arreglo al Reglamento. Sobre el Reglamento 3 Conforme al párrafo primero del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento, «todas las mercancías que circulen desde un Estado miembro hacia otro serán objeto de las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros». A este respecto, el artículo 6 del Reglamento instaura un sistema permanente de recogida estadística denominado «sistema Intrastat». 4 Con arreglo al párrafo primero del artículo 5 del Reglamento, los particulares quedan dispensados de las obligaciones que implica la realización de las estadísticas mencionadas en el artículo 4. La primera frase del párrafo segundo del artículo 5 dispone: «Dicha dispensa será igualmente aplicable al obligado a proporcionar la información que, como sujeto pasivo del IVA, se beneficie, en el Estado miembro en el que esté obligado a pagar el impuesto, de uno de los regímenes particulares previstos en los artículos 24 y 25 de la Directiva 77/388/CEE.» 5 El párrafo primero del artículo 8 del Reglamento establece que la obligación de proporcionar la información requerida por este sistema incumbe a toda persona física o jurídica que intervenga en un intercambio de bienes entre Estados miembros. 6 La información estadística requerida por el sistema Intrastat es, conforme al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento, objeto de declaraciones periódicas que el responsable de proporcionar la información debe transmitir a los servicios nacionales competentes, en los plazos y condiciones que la Comisión fije siguiendo el procedimiento del comité de gestión. A tenor del artículo 14, podrán imponerse a la persona obligada a suministrar la información que incumpla las obligaciones que le incumben en virtud del Reglamento sanciones que los Estados miembros fijarán según sus disposiciones nacionales en la materia. 7 Con arreglo al número 5 del artículo 20 del Reglamento, la persona obligada a suministrar la información contemplada en el artículo 8 es la persona física o jurídica que: «a) resida en el Estado miembro de expedición y que: - haya formalizado, independientemente del contrato de transporte, el contrato cuyo efecto sea la expedición de mercancías, o, en su defecto, - proceda o haga que se proceda a la expedición de las mercancías, o, en su defecto, - esté en posesión de las mercancías que sean objeto de la expedición; b) resida en el Estado miembro de llegada y que: - haya formalizado, independientemente del contrato de transporte, el contrato cuyo efecto sea la entrega de las mercancías, o, en su defecto, - se haga cargo, por sí o por un tercero, de las mercancías entregadas, o, en su defecto, - esté en posesión de las mercancías que sean objeto de la entrega.» 8 El artículo 21 del Reglamento prevé que, en el soporte de la información estadística que ha de transmitirse a los servicios competentes, sin perjuicio del artículo 34, la designación de las mercancías se efectuará de manera que sea posible clasificarlas sin dificultad y con rigor en la subdivisión más detallada en que estén incluidas en la versión vigente de la Nomenclatura Combinada y que se mencionará también, para cada clase de mercancías, el número de código de ocho dígitos correspondiente a la mencionada subdivisión de la Nomenclatura Combinada. 9 Los apartados 1 y 2 del artículo 23 están redactados en los siguientes términos: «1. Para cada clase de mercancía, en el soporte de la información estadística que ha de transmitirse a los servicios competentes deberán mencionarse los datos siguientes: a) en el Estado miembro de llegada, el Estado miembro de procedencia de las mercancías con arreglo al apartado 1 del artículo 24; b) en el Estado miembro de expedición, el Estado miembro de destino de las mercancías con arreglo al apartado 2 del artículo 24; c) la cantidad de mercancías, en masa neta y en unidades suplementarias; d) el valor de las mercancías; e) la naturaleza de la transacción; f) las condiciones de entrega; g) la modalidad de transporte presumida. 2. Los Estados miembros no podrán prescribir que se mencionen en el soporte de la información estadística datos distintos de los contemplados en el apartado 1, con excepción de los siguientes: a) en el Estado miembro de llegada, el país de origen; sin embargo, este dato será exigible únicamente dentro de los límites del Derecho comunitario; b) en el Estado miembro de expedición, la región de origen; en el Estado miembro de llegada, la región de destino; c) en el Estado miembro de expedición, el puerto o el aeropuerto de carga; en el Estado miembro de llegada, el puerto o el aeropuerto de descarga; d) en el Estado miembro de expedición y en el Estado miembro de llegada, el puerto o el aeropuerto de supuesto transbordo, situado en otro Estado miembro, siempre que en este último se efectúe una estadística de tránsito; e) si hubiere lugar, el régimen estadístico.» 10 Conforme al apartado 1 del artículo 28 del Reglamento, los umbrales estadísticos se definen como los límites, expresados en cifras, a partir de los cuales la obligación de suministrar información de las personas que estén obligadas a hacerlo queda suspendida o simplificada. Los umbrales de exclusión son aquellos a los que se acogen los obligados a suministrar información con arreglo al párrafo segundo del artículo 5 de este Reglamento. 11 A tenor de los párrafos primero y segundo del apartado 4 del artículo 28, los umbrales de asimilación dispensan a los obligados a suministrar la información de presentar las declaraciones contempladas en el apartado 1 del artículo 13; éstos cumplen sus obligaciones al respecto presentando la declaración fiscal periódica obligatoria para los sujetos pasivos del IVA. Tales umbrales son fijados por los Estados miembros en niveles superiores a los umbrales de exclusión. Con arreglo al apartado 5 del mismo artículo, los umbrales de simplificación permiten a los obligados a suministrar la información mencionar únicamente, en las declaraciones contempladas en el apartado 1 del artículo 13, para cada especie de mercancías, el número de código de ocho dígitos correspondiente a la subdivisión de la Nomenclatura Combinada que identifique a la especie de mercancías, el Estado de procedencia o de destino y el valor de las mercancías. El párrafo primero del apartado 6 de dicho artículo prevé que los umbrales de asimilación y de simplificación se expresarán en valores anuales de operaciones intracomunitarias. 12 El párrafo tercero del apartado 6 del artículo 28 prevé que los umbrales de asimilación y de simplificación se aplicarán por separado a los operadores intracomunitarios de expedición y a los operadores intracomunitarios de llegada. 13 Con arreglo al apartado 8 del artículo 28, los umbrales de simplificación se fijan en 100.000 ECU para la expedición y en 100.000 ECU para la llegada. La Comisión puede aumentar los valores de dichos umbrales según el procedimiento del comité de gestión. 14 Los Estados miembros pueden, conforme al apartado 9 del artículo 28 del Reglamento, fijar valores superiores para sus umbrales. En caso de que la aplicación de los umbrales de asimilación y de simplificación por parte de los Estados miembros repercuta en la calidad de la estadística del comercio entre los Estados miembros, habida cuenta de los elementos de información suministrados por los Estados miembros, o en la simplificación de la obligación de los responsables de suministrar la información de manera tal que los objetivos del Reglamento se vieran comprometidos, el apartado 10 del artículo 28 permite a la Comisión adoptar las disposiciones que restablezcan dichas condiciones de calidad o la citada simplificación. 15 Por último, el artículo 34 del Reglamento establece: «1. Por lo que se refiere tanto a las mercancías a las que se aplica el sistema Intrastat como a las demás, la Comisión podrá introducir, de conformidad con el artículo 30, procedimientos simplificados de recogida de datos, para facilitar el trabajo de los responsables de proporcionar la información y, particularmente, crear las condiciones favorables a una mayor utilización del tratamiento automático y de las transmisión electrónica de la información. 2. Con el fin de tener en cuenta sus respectivas organizaciones administrativas especiales, los Estados miembros podrán establecer procedimientos simplificados distintos de los previstos en el apartado 1, siempre que las personas responsables de suministrar la información puedan decidir recurrir a unos o a otros.» Sobre el marco normativo nacional 16 El artículo 7 de la Ley luxemburguesa de 9 de julio de 1962, por la que se crea un servicio central de estadística y de estudios económicos, sanciona con una multa la negativa a cumplir con la obligación de declaración impuesta por el Reglamento. La cuantía de esta multa ha sido aumentada en varias ocasiones y, en último lugar, por el artículo IX de la Ley de 13 de junio de 1994, relativa al régimen de las penas. De la resolución de remisión se desprende que el importe de la multa que puede imponerse está actualmente comprendido entre 10.001 y 100.000 LFR. 17 Dicha multa se impone a toda persona física que se niega a declarar y esta condena penal se inscribe en las hojas nº 1 y nº 2 del registro de antecedentes penales, de forma que se pone en conocimiento tanto de las autoridades judiciales como de las administraciones y personas jurídicas de Derecho público enumeradas en el artículo 1 de la Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1977, por la que se determina la relación de administraciones y personas jurídicas de Derecho público que pueden reclamar la hoja nº 2 del registro de antecedentes penales. De la resolución de remisión resulta que la falta de pago de la multa puede dar lugar a la ejecución de la sanción a través de una pena privativa de libertad que los órganos jurisdiccionales penales pueden imponer con carácter subsidiario. Sobre los antecedentes del litigio 18 Los inculpados en el procedimiento principal, que son los gerentes de la sociedad de responsabilidad limitada Etablissements Kieffer & Thill, explotan en Luxemburgo un taller de reparación de automóviles y también se dedican a la compraventa de vehículos siniestrados, de vehículos de ocasión, de piezas de repuesto y de todo tipo de accesorios para automóviles. 19 Fueron inculpados por haber incumplido la obligación que resulta del Reglamento de comunicar los datos relativos a las importaciones y a las exportaciones de su sociedad. 20 Los Sres. Kieffer y Thill reconocieron que la actividad de la sociedad de que son gerentes excede del umbral de simplificación, que, en Luxemburgo, se fijó en la cantidad de 10.000.000 LFR, de forma que, con arreglo al Reglamento, han de presentar cada mes una declaración detallada en la que figuren todos los envíos de mercancías destinados a otro Estado miembro. 21 No obstante, afirman que, para cumplir estas obligaciones, deben, en primer lugar, contratar personal o encargar su ejecución a terceras personas, incurriendo en cualquier caso en gastos adicionales; indican, en segundo lugar, que la necesidad de hacer frente a tales gastos produciría el efecto de frenar, al menos indirectamente, los esfuerzos emprendidos para exportar más allá del umbral anual que exige la elaboración de dichas declaraciones; finalmente, observan que este obstáculo favorece la comercialización de las mercancías en el mercado nacional. 22 El órgano jurisdiccional remitente consideró que la declaración detallada exigida por el Reglamento constituye una obligación adicional a la que no están sujetos los comerciantes que ejercen su actividad únicamente en el mercado nacional. Por otra parte, indicó que la exigencia de esta declaración y el consiguiente aumento de las obligaciones que las empresas interesadas deben cumplir podrían tener un efecto disuasorio para las pequeñas y medianas empresas establecidas en Luxemburgo cuyas actividades se extienden fuera del territorio nacional, teniendo en cuenta lo reducido del territorio luxemburgués. 23 En estas circunstancias, consideró que procedía analizar si dicho obstáculo estaba justificado teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por el Reglamento y si tales objetivos no habrían podido alcanzarse a través de medios menos restrictivos. Por consiguiente, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Introduce el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, en la medida en que obliga a los Estados miembros a obtener de cada empresa que exceda de los umbrales de exclusión, de asimilación y de simplificación previstos una declaración detallada de todas sus importaciones y exportaciones intracomunitarias, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa de los intercambios de bienes entre Estados miembros prohibida por los artículos 30 y 34 del Tratado constitutivo de la CEE? 2) ¿Constituye la obligación de facilitar los datos exigidos conforme al sistema de recogida Intrastat tanto en el país de procedencia de las mercancías exportadas como en el país de destino, penalmente sancionada en Derecho luxemburgués en caso de que no se comuniquen al servicio central de estadística y de estudios económicos las informaciones solicitadas, una medida coercitiva para los operadores económicos, injustificada y desproporcionada en relación con el objetivo de interés general perseguido, siendo por este motivo contraria al párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado constitutivo de la CEE, introducido por el punto 5 del artículo G del Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992?» Sobre las cuestiones prejudiciales 24 Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el Reglamento es inválido en la medida en que obliga a los Estados miembros a obtener de cada empresa que supere los umbrales de exclusión, de asimilación y de simplificación previstos una declaración detallada de todas sus importaciones y exportaciones intracomunitarias. Por una parte, las obligaciones que de esta forma se imponen a las empresas podrían constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa prohibida por los artículos 30 y 34 del Tratado CE. Por otra parte, la obligación de facilitar los datos exigidos de conformidad con el sistema de recogida Intrastat tanto en el Estado de procedencia de las mercancías exportadas como en el de destino podría constituir para los operadores económicos una medida imperativa injustificada y desproporcionada en relación con el objetivo de interés general perseguido y violar, por este motivo, el principio de proporcionalidad. 25 Por lo que se refiere al primer aspecto, los inculpados en el procedimiento principal alegan que el Reglamento origina gastos e inconvenientes para las empresas, ya que éstas quedan obligadas a determinar para cada transacción, sea cual fuere su valor, toda una serie de datos complejos como, en particular, el código de ocho dígitos de la Nomenclatura Combinada. Además, habida cuenta del carácter detallado de la obligación de declaración y del hecho de que se exige tanto en el Estado miembro de expedición como en el de destino de la mercancía, afirman que dicha obligación excede de lo que es necesario. 26 En cambio, el Gobierno luxemburgués, el Consejo y la Comisión destacan la importancia que para el mercado interior reviste un conocimiento suficientemente preciso de los flujos intracomunitarios. Además, afirman que los efectos restrictivos que las obligaciones de declaración podrían producir sobre la libre circulación de mercancías serían demasiado indirectos y aleatorios como para poder obstaculizar el comercio intracomunitario. En efecto, en su opinión, el nuevo sistema de recogida instaurado por el Reglamento produce una reducción de las cargas en relación con el antiguo sistema y ventajas claras para las empresas. 27 A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la prohibición de restricciones cuantitativas así como de medidas de efecto equivalente se aplica no sólo a las medidas nacionales, sino también a las medidas que emanan de las Instituciones comunitarias (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias de 17 de mayo de 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, apartado 15, y de 9 de agosto de 1994, Meyhui, C-51/93, Rec. p. I-3879, apartado 11). 28 Ha quedado acreditado que el carácter detallado de la obligación de declaración, así como el hecho de que se exija tanto en el Estado miembro de expedición como en el de destino de las mercancías producen efectos restrictivos respecto a la libre circulación de mercancías. 29 No obstante, conforme a su primer considerando, el Reglamento tiene como objetivo favorecer la realización del mercado interior estableciendo un nivel satisfactorio de información sobre los intercambios de bienes entre Estados miembros por medios que no impliquen controles en las fronteras interiores. Por otra parte, de su tercer considerando se desprende que una serie de políticas comunitarias deben poder basarse en una documentación cuantificada que proporcione la visión más actual, exacta y detallada posible. 30 Como ha declarado el Tribunal de Justicia, pueden admitirse determinados obstáculos a la libre circulación de mercancías cuando resulten ser indispensables para la obtención de información razonablemente completa y exacta sobre los movimientos intracomunitarios de mercancías (véase, en particular, la sentencia de 25 de octubre de 1979, Comisión/Italia, 159/78, Rec. p. 3247, apartado 7). 31 Por consiguiente, parece justificado el objetivo que persigue el Reglamento, que es favorecer la realización del mercado interior elaborando estadísticas sobre los intercambios de bienes entre Estados miembros. Además, los efectos restrictivos que produce son adecuados en relación con dicho objetivo. Falta por examinar si tales efectos restrictivos se ajustan al principio de proporcionalidad. 32 A este respecto, el Consejo afirma, en primer lugar, que el riesgo de gastos adicionales es limitado, dado que las empresas disponen de todos los datos pertinentes en el momento en que realizan sus operaciones económicas. En segundo lugar, en su opinión, los diferentes umbrales se establecieron precisamente para permitir que se tuvieran en cuenta los intereses de los obligados a proporcionar la información. Por último, siempre según el Consejo, las empresas tienen a su disposición, de forma gratuita, medios modernos de proceso de datos, como por ejemplo, en el ámbito comunitario, el programa informático de introducción de datos (IDEP/CN8) desarrollado por la Comisión. 33 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar si una medida comunitaria cumple con el principio de proporcionalidad, es necesario verificar si los medios elegidos son aptos para la realización del objetivo pretendido y si no van más allá de lo que es necesario para lograrlo (sentencia de 9 de noviembre de 1995, Alemania/Consejo, C-426/93, Rec. p. I-3723, apartado 42). 34 Pues bien, a pesar de que es cierto que la obligación de declaración que resulta del Reglamento afecta concretamente a los intercambios transfronterizos y que su elaboración necesita tiempo y origina gastos, en particular a las pequeñas y medianas empresas, de ello no se deduce necesariamente que tales efectos restrictivos sean desproporcionados en relación con el objetivo perseguido. 35 Por una parte, aun cuando las empresas están obligadas a someter toda transacción a la obligación de declaración, se han establecido distintos umbrales precisamente para permitir que se tengan en cuenta sus intereses y para no imponerles una carga desproporcionada en relación con los resultados que los usuarios de las estadísticas pueden esperar. 36 Por otra parte, tal como ha señalado el Consejo, las Instituciones comunitarias han puesto a disposición de las empresas, de forma gratuita, medios modernos de proceso de datos, como el programa informático de introducción de datos IDEP/CN8. 37 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no parece que la obligación de declaración impuesta por el Reglamento exceda de lo que es necesario para alcanzar el objetivo que éste persigue. Esta conclusión se impone tanto más cuanto que, como ha precisado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el legislador comunitario dispone de una facultad de apreciación en el marco de sus competencias de armonización (véase, en particular, la sentencia Meyhui, antes citada, apartado 21). 38 Por lo que se refiere al segundo aspecto de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional, de los apartados 33 a 37 de la presente sentencia resulta precisamente que la obligación de declaración derivada del Reglamento es proporcionada respecto al objetivo de interés general perseguido. 39 Por consiguiente, procede responder que el examen del Reglamento no ha revelado elementos que puedan afectar a su validez.  

Decisión sobre las costas

Costas40 Los gastos efectuados por el Gobierno luxemburgués, por el Consejo de la Unión Europea y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.  

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta), pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de police de Luxembourg mediante resolución de 2 de abril de 1996, declara: El examen del Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros, no ha revelado elementos que puedan afectar a su validez.