CELEX: 62004TO0387
Language: es
Date: 2007-04-30 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 30 de abril de 2007. # EnBW Energie Baden-Württemberg AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de anulación - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Plan nacional de asignación de derechos de emisión de Alemania - Ayudas de Estado - Interés en ejercitar la acción - Inadmisibilidad. # Asunto T-387/04.

Asunto T‑387/04
      EnBW Energie Baden-Württemberg AG
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Recurso de anulación — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de Alemania — Ayudas de Estado — Interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad»
      Sumario del auto
      1.      Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción 
      (Art. 230 CE, párr. 4; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)
      2.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero
      (Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)
      3.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero
      (Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)
      4.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero (PNA)
      (Art. 226 CE; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3) 
      5.      Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que pueden afectar a una situación jurídica determinada
      (Art. 230 CE)
      6.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero
      (Art. 88 CE, ap. 3; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)
      7.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero
      (Art. 88 CE, ap. 3; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 9, ap. 3)
      8.      Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Plan nacional de asignación de derechos de emisión de
            gases de efecto invernadero (PNA)
      (Arts. 87 CE y 88 CE; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
      1.      Sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica en la medida en
         que el demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo supone que la anulación
         de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio
         a la parte que lo haya interpuesto.
      
      Por lo que respecta a una decisión de la Comisión relativa a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases
         de efecto invernadero (PNA) que sólo rechazó dicho PNA en tanto en cuanto establecía determinadas medidas de ajuste posteriores
         a la asignación de derechos de emisión, declarándolas incompatibles con los criterios nº 5 y nº 10 del anexo III de la Directiva
         2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad,
         la existencia de legitimación activa depende de la naturaleza jurídica del procedimiento de examen y del poder de decisión
         de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y, en particular, de si dicha decisión implica
         una autorización de todo el PNA.
      
      (véanse los apartados 96 y 98)
      2.      El control a priori efectuado por la Comisión en aplicación del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen
         para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, a raíz de una notificación por un
         Estado miembro de un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA), no lleva necesariamente
         a una decisión de autorización, dado que la Comisión sólo debe intervenir en la medida en que considere necesario plantear
         objeciones frente a determinados aspectos del PNA notificado, y adoptar, en caso de que el Estado miembro se niegue a enmendar
         su PNA, una decisión de rechazo. Además, estas objeciones y la decisión de rechazo deben formularse en los tres meses siguientes
         a la notificación del PNA. En efecto, si no se formulan, el PNA notificado se convierte en definitivo y se beneficia de la
         presunción de legalidad que permite al Estado miembro ejecutarlo durante el período de asignación correspondiente. Por tanto,
         este control particular se basa en una presunción de legalidad de la medida de Estado, que sólo está sujeta a una prohibición
         temporal de ejecución. De ello se deriva que cualquier decisión de la Comisión que rechace un PNA o ciertos aspectos del mismo,
         aun cuando implique una aceptación explícita por la Comisión de otros aspectos de éste o enuncie los motivos por los que no
         pretende plantear objeciones al respecto y aun cuando vaya acompañada de una aceptación de enmiendas de dicho PNA, no puede
         considerarse autorización, como acto constitutivo de derechos, puesto que, por naturaleza, las medidas notificadas en este
         contexto no necesitan dicha autorización.
      
      (véase el apartado 115)
      3.      El procedimiento de examen incoado con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece
         un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, tiene por objeto, aparte
         de la posibilidad de un control a priori por parte de la Comisión, garantizar a los Estados miembros la seguridad jurídica y permitirles estar informados con rapidez
         sobre el modo en el que pueden asignar los derechos de emisión y gestionar el régimen de comercio de los derechos de emisión
         sobre la base de su plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) durante el período
         de asignación correspondiente. En efecto, teniendo en cuenta la duración limitada de este período, tanto la Comisión como
         los Estados miembros tienen un interés legítimo en que cualquier controversia sobre el contenido del PNA se solucione rápidamente
         y en no exponer al PNA al riesgo de oposición por parte de la Comisión durante su período de validez. Además, el logro de
         los objetivos de la Directiva 2003/87 de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente se vería obstaculizado
         por el establecimiento de la prohibición de ejecutar los PNA en tanto la Comisión no haya adoptado una decisión de autorización.
      
      (véanse los apartados 117 y 118)
      4.      A falta de un poder general de autorización stricto sensu de la Comisión con respecto a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA)
         notificado por un Estado miembro, la falta de objeciones de la Comisión a la expiración del plazo de tres meses contemplado
         en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio
         de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, no puede servir de base a presunción o ficción jurídica
         alguna de autorización del PNA. A este respecto, la Comisión sólo dispone de una facultad limitada para controlar y rechazar,
         ceñida únicamente a los criterios enumerados en el anexo III y al artículo 10 de dicha Directiva. Por tanto, la expiración
         de este plazo tiene como única consecuencia que el PNA —que se beneficia de una presunción de legalidad salvo objeciones de
         la Comisión— se convierte en definitivo y puede ser ejecutado por el Estado miembro sin que ello requiera autorización general
         alguna por parte de la Comisión. Respalda esta apreciación el hecho de que el artículo 9, apartado 3, de esta Directiva no
         establece expresamente una presunción o ficción jurídica, lo que por otra parte menoscabaría la facultad de control que la
         Comisión posee en virtud del artículo 226 CE y de la que debe poder hacer uso.
      
      (véanse los apartados 120 a 122)
      5.      Cualquiera que sea la motivación que fundamenta una decisión, tan sólo su parte dispositiva puede producir efectos jurídicos
         y, por tanto, lesivos. En cambio, las apreciaciones formuladas en los motivos de una decisión no pueden, por sí mismas, ser
         objeto de un recurso de anulación y solamente pueden ser sometidas al control de legalidad del juez comunitario en la medida
         en que, tratándose de la motivación de un acto lesivo, constituya el soporte necesario de la parte dispositiva de dicho acto,
         o si, al menos, esta motivación puede alterar la naturaleza de lo decidido en la parte dispositiva del acto en cuestión. Puesto
         que, en principio, la parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, en caso necesario, debe interpretarse
         teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción.
      
      En consecuencia, a falta de pronunciamiento jurídicamente vinculante sobre una regla en la parte dispositiva de una decisión
         de la Comisión relativa a un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo
         al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
         de gases de efecto invernadero en la Comunidad, los motivos de esta decisión relativos a dicha regla y a su posible compatibilidad
         con las normas sobre ayudas de Estado están excluidos del control del juez comunitario en el marco de un recurso de anulación
         interpuesto contra esta misma decisión con arreglo al artículo 230 CE y no pueden fundamentar legitimación activa alguna de
         un operador económico.
      
      (véanse los apartados 127 y 130)
      6.      La obligación de un Estado miembro de notificar a la Comisión, de conformidad con el artículo 88 CE, apartado 3, cualquier
         proyecto de concesión de una ayuda de Estado es jurídicamente distinta y, en principio, independiente de la relativa a la
         notificación de un plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (PNA) con arreglo al
         artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
         de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Por su parte, una decisión basada únicamente en el artículo 9, apartado 3,
         de esta Directiva y no en los artículos 87 CE y 88 CE sólo permite a la Comisión, con respecto a los aspectos de ayuda de
         Estado del PNA de que se trata, realizar una apreciación prima facie desde el punto de vista del derecho de las ayudas de Estado, que no puede prejuzgar la posibilidad de adoptar una decisión
         formal en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero.
      
      (véase el apartado 133)
      7.      Ni la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
         en la Comunidad, adoptada únicamente sobre la base del artículo 175 CE y no del artículo 89 CE, ni las medidas jurídicamente
         no vinculantes adoptadas en este contexto pueden limitar válidamente el alcance y el efecto útil de las normas sobre el control
         de las ayudas de Estado. En efecto, sin perjuicio de la obligación de la Comisión de considerar la posibilidad de conflictos
         entre las disposiciones de un plan nacional de asignación de dichos derechos (PNA) y el Derecho de las ayudas de Estado, en
         el marco del procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, así como de la posibilidad
         de que la notificación de un PNA también pueda constituir una notificación en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, dicha
         Directiva no puede, a falta de una base legal pertinente, constituir una lex specialis que permita el control de las ayudas de Estado en el marco del procedimiento de examen previsto en este mismo artículo 9,
         apartado 3.
      
      (véanse los apartados 132 y 134)
      8.      El criterio nº 5 del anexo III de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
         emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, que prevé que los artículos 87 CE y 88 CE también deben respetarse
         en el contexto de la ejecución de los planes nacionales de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
         sólo es la expresión de un principio consolidado en Derecho comunitario según el cual todo acto de Derecho derivado debe ejecutarse
         de tal modo que no menoscabe las disposiciones del Tratado ni ninguna otra norma de Derecho primario, como los principios
         generales del Derecho o los derechos fundamentales. Sin embargo, esta obligación general de respeto al Derecho comunitario
         no puede implicar que deba incoarse un procedimiento administrativo en aplicación de todas las disposiciones procedimentales
         y materiales pertinentes, como las del Reglamento nº 659/1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo
         88 CE, sino que sólo obliga a la Comisión a realizar una apreciación prima facie en el marco de la aplicación de la Directiva 2003/87. Finalmente, el procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado
         3, de esta Directiva en ningún caso permite que la Comisión autorice a los Estados miembros a establecer excepciones a disposiciones
         de Derecho comunitario que no están contenidas en la misma.
      
      (véase el apartado 135)
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
      de 30 de abril de 2007 (*)
      
      «Recurso de anulación – Directiva 2003/87/CE – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Plan nacional de asignación de derechos de emisión de Alemania – Ayudas de Estado – Interés en ejercitar la acción – Inadmisibilidad»
      En el asunto T‑387/04,
      EnBW Energie Baden-Württemberg AG, con domicilio social en Karlsruhe (Alemania), representada por los Sres. C.-D. Ehlermann, M. Seyfarth, A. Gutermuth y M. Wissmann,
         abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. U. Wölker, M. Niejahr y T. Scharf, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      República Federal de Alemania, representada por los Sres. W.-D. Plessing y U. Forsthoff, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. D. Sellner y U.
         Karpenstein, abogados,
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión C(2004) 2515/2 final, de 7 de julio de 2004, relativa
         al plan nacional de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por la República Federal de
         Alemania de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la
         que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la
         que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y el Sr. J. Azizi y la Sra. E. Cremona, Jueces;
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      dicta el siguiente
      Auto
       Marco jurídico
      1        La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen
         para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva
         96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32), crea, con efectos a partir de 1 de enero de 2005, un régimen para el comercio de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Comunidad (en lo sucesivo, «régimen de comercio de derechos»)
         a fin de fomentar la reducción de las emisiones de estos gases, en particular de dióxido de carbono (en lo sucesivo, «CO2»), de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente (artículo 1 de la Directiva 2003/87). Se basa
         en obligaciones que corresponden a la Comunidad con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
         y al Protocolo de Kioto. Este último fue aprobado por la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa
         a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
         el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (DO L 130, p. 1). Entró
         en vigor el 16 de febrero de 2005.
      
      2        La Comunidad y sus Estados miembros se comprometieron a reducir sus emisiones antropogénicas globales de los gases de efecto
         invernadero enumerados en el anexo A del Protocolo de Kioto en un 8 % respecto a los niveles de 1990 en el período comprendido
         entre 2008 y 2012 (cuarto considerando de la Directiva 2003/87).
      
      3        A estos efectos, la Directiva 2003/87 establece esencialmente que las emisiones de gases de efecto invernadero por las instalaciones
         enumeradas en su anexo I estarán sujetas a autorización previa y los derechos establecidos serán objeto de asignación de acuerdo
         con los planes nacionales de asignación (en lo sucesivo, «PNA»). Si un titular consigue reducir sus emisiones podrá vender
         su excedente de derechos a otros titulares. Inversamente, el titular de una instalación cuyas emisiones son excesivas podrá
         comprar los derechos necesarios de un titular que disponga de excedentes.
      
      4        En virtud del anexo I de la Directiva 2003/87, pertenecen a su ámbito de aplicación, en particular, algunas instalaciones
         que operan en el sector de la energía, a saber, las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior
         a 20 MW, las refinerías de hidrocarburos y las coquerías.
      
      5        La Directiva 2003/87 establece una primera fase que va desde 2005 hasta 2007 (en lo sucesivo, «primer período de asignación»),
         anterior al primer período de compromisos previsto por el Protocolo de Kioto, seguida de una segunda fase que va desde 2008
         hasta 2012 (en lo sucesivo, «segundo período de asignación»), que coincide con el primer período de compromisos (artículo
         11 de la Directiva 2003/87).
      
      6        Más concretamente, el régimen de comercio de derechos se fundamenta, por una parte, en la implantación de un régimen de autorización
         previa para emitir gases de efecto invernadero (artículos 4 a 8 de la Directiva 2003/87) y, por otra parte, en los derechos
         que autorizan al titular de una explotación a emitir un determinado volumen de gases de efecto invernadero (artículo 12, apartado
         3, de la Directiva 2003/87).
      
      7        Las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales las autoridades nacionales competentes asignan derechos de emisión
         a los titulares de instalaciones, sobre la base de un PNA, están previstos en los artículos 9 a 11 de la Directiva 2003/87.
      
      8        Así, el artículo 9, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2003/87 establece:
      
      «Para cada período contemplado en los apartados 1 y 2 del artículo 11, cada Estado miembro elaborará un [PNA] que determinará
         la cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho período y el procedimiento de asignación. El [PNA]
         se basará en criterios objetivos y transparentes, incluidos los enumerados en el anexo III, teniendo debidamente en cuenta
         las observaciones del público. Sin perjuicio del Tratado, y a más tardar el 31 de diciembre de 2003, la Comisión desarrollará
         orientaciones para la aplicación de los criterios enumerados en el anexo III.»
      
      9        La Comisión dictó las orientaciones anteriormente mencionadas en el marco de su Comunicación COM(2003) 830 final, de 7 de
         enero de 2004, Orientaciones para los Estados miembros sobre la aplicación de los criterios del anexo III de la Directiva
         2003/87, y circunstancias en las que queda demostrada la situación de fuerza mayor (en lo sucesivo, «Orientaciones de la Comisión»).
      
      10      El artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2003/87 prosigue:
      
      «Para el período contemplado en el apartado 1 del artículo 11, dicho [PNA] se publicará y se notificará a la Comisión y a
         los demás Estados miembros el 31 de marzo de 2004 a más tardar. Para los períodos subsiguientes, el [PNA] se publicará y se
         notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros al menos dieciocho meses antes del principio del período correspondiente.»
      
      11      El artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 dispone:
      
      «En un plazo de tres meses a partir de la notificación del [PNA] de un Estado miembro de conformidad con el apartado 1, la
         Comisión podrá rechazar dicho [PNA], o cualquiera de sus elementos, por razón de su incompatibilidad con el artículo 10 o
         con los criterios que figuran en el anexo III. El Estado miembro sólo tomará una decisión en virtud de los apartados 1 o 2
         del artículo 11 si la Comisión acepta las enmiendas propuestas. La Comisión deberá motivar sistemáticamente su decisión de
         rechazar un plan o cualquiera de sus elementos.»
      
      12      A tenor del artículo 10 de la Directiva 2003/87, los Estados miembros asignarán gratuitamente al menos el 95 % de los derechos
         de emisión para el primer período de asignación.
      
      13      El artículo 11 de la Directiva 2003/87 sobre la asignación y expedición de derechos de emisión dispone:
      
      «1.      Para el período de tres años que comenzará el 1 de enero de 2005, cada Estado miembro decidirá la cantidad total de derechos
         de emisión que asignará para ese período y su asignación al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos
         tres meses antes del principio del período y se basará en el [PNA] elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con
         el artículo 10, teniendo debidamente en cuenta las observaciones del público.
      
      2.      Para el período de cinco años que comenzará el 1 de enero de 2008, y para cada período de cinco años subsiguiente, cada Estado
         miembro decidirá la cantidad total de derechos de emisión que asignará para ese período e iniciará su proceso de asignación
         al titular de cada instalación. Esta decisión se tomará al menos doce meses antes del principio del período y se basará en
         el [PNA] del Estado miembro elaborado en virtud del artículo 9 y de conformidad con el artículo 10, teniendo debidamente en
         cuenta las observaciones del público.
      
      3.      Las decisiones tomadas en virtud de los apartados 1 o 2 deberán ser conformes a los requisitos del Tratado, en particular
         a sus artículos 87 y 88. Al decidir la asignación, los Estados miembros tendrán en cuenta la necesidad de dar acceso a los
         derechos de emisión a los nuevos entrantes.
      
      […]»
      14      El anexo III de la Directiva 2003/87 enumera once criterios aplicables a los PNA. 
      
      15      Según el criterio nº 1 del anexo III:
      
      «La cantidad total de derechos de emisión por asignar durante el período pertinente será compatible con la obligación del
         Estado miembro de limitar sus emisiones de conformidad con la Decisión 2002/358[…] y el Protocolo de Kioto, teniendo en cuenta,
         por un lado, el porcentaje de las emisiones globales que representan dichos derechos en comparación con las emisiones de fuentes
         no contempladas en la presente Directiva y, por otro, las medidas nacionales en materia de energía; será coherente asimismo
         con el programa nacional relativo al cambio climático. La cantidad total de derechos de emisión por asignar no será superior
         a la cantidad que probablemente resulte necesaria para aplicar estrictamente los criterios del presente anexo. Antes de 2008,
         la cantidad será compatible con el propósito de alcanzar o superar el objetivo correspondiente a cada Estado miembro de conformidad
         con la Decisión 2002/358[…] y el Protocolo de Kioto.»
      
      16      A tenor del criterio nº 5 del anexo III:
      
      «De conformidad con los requisitos del Tratado, en particular sus artículos 87 y 88, el [PNA] no distinguirá entre empresas
         o sectores de modo que se favorezca indebidamente a determinadas empresas o actividades.»
      
      17      En relación con el criterio nº 5, el punto 47 de las Orientaciones de la Comisión precisa que «se aplicará la normativa ordinaria
         sobre ayudas estatales».
      
      18      El criterio nº 10 del anexo III establece que «el [PNA] contendrá una lista de las instalaciones cubiertas por la presente
         Directiva con mención de las cifras de derechos de emisión que se prevé asignar a cada una».
      
      19      El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2003/87 prevé que los derechos de emisión puedan transferirse entre personas físicas
         o jurídicas en la Comunidad o en terceros países. Con arreglo al artículo 12, apartado 3, antes del 1 de mayo de cada año,
         el titular de cada instalación deberá entregar un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de esa
         instalación durante el año natural anterior, para que dichos derechos se cancelen a continuación. 
      
      20      Según el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2003/87, los derechos de emisión sólo serán válidos para las emisiones producidas
         durante el período para el que se hayan expedido.
      
       Antecedentes de hecho
      I –  Escrito de la Comisión de 17 de marzo de 2004
      21      Mediante escrito conjunto de los Directores generales de la Dirección General (DG) «Medio Ambiente» y de la DG «Competencia»
         de 17 de marzo de 2004, dirigido a los Estados miembros y que mencionaba como objeto «Ayudas de Estado y [PNA]», la Comisión
         especificó los procedimientos que seguiría así como los criterios que tendría en cuenta en la apreciación de las posibles
         ayudas de Estado en el marco de la ejecución de los PNA de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III de la Directiva 2003/87.
      
      22      En este escrito, la Comisión expuso su interpretación del criterio nº 5 del anexo III de la Directiva 2003/87 en el marco
         de su apreciación de los PNA. A este respecto, la Comisión recordaba, en primer lugar, que en sus Decisiones de 29 de marzo
         de 2000, de 28 de noviembre de 2001 y de 24 de junio de 2003, relativas, respectivamente, a los casos N 653/99 (Dinamarca,
         cuotas de CO2) (DO 2000, C 322, p. 9), N 416/01 (Reino Unido, comercio de emisiones) (DO 2002, C 88, p. 16) y N 35/03 [Países Bajos, régimen
         comercial de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno)] (DO 2003, C 227, p. 8), había declarado que se cumplían los cuatro criterios establecidos en el artículo
         87 CE, apartado 1. En efecto, en estas Decisiones consideró los derechos de emisión equivalentes a un activo inmaterial (intangible
         asset), cuyo valor venía determinado por el mercado, y que, en consecuencia, el hecho de que el Estado los asignara gratuitamente
         a las empresas constituía una ventaja a su favor, que el Estado, al renunciar a la venta de dichos derechos, por ejemplo,
         mediante subasta, se privaba de un recurso, de modo que la concesión de dicha ventaja implicaba una transferencia de recursos
         del Estado, y finalmente, que la ventaja controvertida era selectiva, afectaba a los intercambios entre los Estados miembros
         y falseaba o amenazaba con falsear la competencia.
      
      23      En dicho escrito la Comisión afirmaba, a continuación, que aunque el régimen comunitario para el comercio de derechos es distinto
         de los regímenes nacionales objeto de las decisiones antes citadas, consideraba que los PNA podían contener elementos que
         falsearan la competencia y que constituyeran ayudas de Estado. Añadió que esto se produce, por ejemplo, cuando un Estado miembro
         asigna a las empresas más derechos de emisión de los necesarios para cubrir su previsión de emisiones durante el período de
         asignación, pues estas empresas tienen la posibilidad de vender su excedente de derechos y conservar el beneficio de la venta.
         Señaló que esta ventaja podía falsear seriamente la competencia y que, puesto que no estaba justificada por ninguna mejora
         ecológica, debía ser considerada, en principio, ayuda de Estado incompatible con el mercado común. Así pues, la Comisión señaló
         que si detectaba que un PNA favorecía de este modo a determinadas empresas, incoaría de oficio un procedimiento sobre ayudas
         de Estado. Aunque el PNA no dé lugar a «sobreasignación» en este sentido, puede contener un elemento de ayuda de Estado en
         relación con el artículo 10 de la Directiva 2003/87 si un Estado miembro decide asignar gratuitamente más del 95 % de los
         derechos de emisión para el primer período de asignación, renunciando con ello a ingresos públicos.
      
      24      Finalmente, la Comisión comunicaba, en este escrito, que para el primer período de asignación no exigiría la notificación
         formal de los PNA según el artículo 88 CE, apartado 3, pero que examinaría minuciosamente los PNA notificados conforme a la
         Directiva 2003/87 y especialmente, en cada caso, si pueden producir distorsiones graves de la competencia incompatibles con
         el Tratado. La Comisión añadió que, en tal caso, no dudaría en hacer uso de todos los medios que le ofrecen las disposiciones
         sobre ayudas de Estado.
      
      II –  PNA alemán
      25      El 31 de marzo de 2004, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión el PNA alemán para el primer período de asignación
         conforme al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2003/87.
      
      26      El PNA alemán consta de un «plan macro» y de un «plan micro». El plan macro contiene el reparto de las previsiones nacionales
         de emisiones y fija el total de derechos de emisión que pueden asignarse de conformidad con los compromisos internacionales
         de reducción de emisiones suscritos por Alemania. El plan micro regula la asignación de derechos de emisión a los titulares
         de las distintas instalaciones y prevé la constitución de una reserva de derechos de emisión destinada a los nuevos operadores.
      
      27      De acuerdo con la regla de limitación de la cantidad de derechos de emisión, tal como resulta del criterio nº 1 del anexo III
         de la Directiva 2003/87, el PNA alemán limita, en principio, la concesión de derechos de emisión a lo necesario para cubrir
         las emisiones anteriores (instalaciones existentes) o previsibles (nuevas instalaciones). No obstante, este principio está
         sujeto a la aplicación de las reglas particulares que se exponen a continuación.
      
      28      Por lo que respecta a las antiguas instalaciones, es decir, aquéllas cuya explotación comenzó antes del 31 de diciembre de
         2002, la cantidad de derechos de emisión que se les puede asignar gratuitamente se calcula a partir de la media anual de sus
         emisiones de CO2 en el pasado, según el método de cálculo denominado «grandfathering». La cantidad de derechos de emisión que se les puede
         asignar es el resultado de multiplicar datos de sus emisiones históricas por un «factor de cumplimiento» (Erfüllungsfaktor),
         fijado en función del objetivo de reducción perseguido. Por regla general, este factor de cumplimiento es inferior a 1, con
         el fin de permitir una reducción con respecto al nivel de emisión precedente y, en último término, restringir la cantidad
         total de derechos de emisión a asignar.
      
      29      Según la regla denominada de «malus», en el segundo período de asignación se reducirá 0,15 el factor de cumplimiento aplicable a las antiguas centrales de combustión
         especialmente ineficientes, es decir, las centrales de combustión de lignito y de hulla cuyo grado de eficiencia energética
         neta –que determina la parte de energía contenida en el combustible que se convierte en electricidad– sea, respectivamente,
         inferior a 31 % y a 36 %. Sin embargo, dicha reducción no se aplicará a las centrales de combustión de lignito si sus titulares
         las reemplazan por otras centrales, de acuerdo con la «regla de transferencia» (véase el apartado 31 infra). La regla de malus se considera un incentivo a la sustitución rápida de instalaciones arcaicas e ineficientes.
      
      30      Según la regla denominada del «nuevo entrante», se asignará a las nuevas instalaciones, es decir, las que comenzaron a explotarse
         después del 1 de enero de 2005 o aumentaron su capacidad de producción tras esa fecha, durante sus primeros catorce años de
         explotación, una cantidad de derechos de emisión equivalente a las emisiones previstas, que se evalúan teniendo en cuenta
         como criterio (benchmark) la «mejor técnica disponible». Durante este período, el factor de cumplimiento permanece invariable,
         fijo en 1. Por lo que respecta a las instalaciones de producción de electricidad, la cantidad de derechos de emisión a asignar
         tiene como tope 750 g CO2/kWh. No obstante, en caso de emisiones inferiores, los derechos de emisión que se asignen no deberán superar las necesidades
         reales de la instalación, teniendo en cuenta un mínimo de 365 g CO2/kWh.
      
      31      Según la regla denominada de «transferencia», en caso de cierre de una instalación situada en Alemania, los derechos de emisión
         asignados a la misma no se revocan si así se solicita y el titular inicia la explotación de una nueva instalación, en territorio
         alemán, dentro de un plazo de tres meses desde el cierre de la antigua instalación. En tal caso, la asignación se efectuará
         durante cuatro años sobre la base de las emisiones históricas de la instalación cerrada, y después se calculará, para un período
         de catorce años, sobre la base de un factor de cumplimiento 1. De este modo, el titular de una instalación de producción de
         electricidad elude la aplicación de los criterios de la «mejor técnica disponible» y del techo de emisiones de 750 g CO2/kWh a los que, en principio, están sujetas las nuevas instalaciones (véase el apartado 30 supra). Esta regla se considera un incentivo a la sustitución anticipada de instalaciones arcaicas e ineficientes por instalaciones
         con emisiones reducidas.
      
      32      Por lo que respecta a las centrales nucleares, la regla denominada de «asignación especial» (Sonderzuteilung) establece una
         asignación de derechos de emisión transitoria y compensatoria, por razón de la obligación de cerrar determinadas centrales
         nucleares durante los años 2003 a 2007, impuesta a sus titulares por el Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung
         zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität (Ley alemana sobre el abandono de la energía nuclear para la producción comercial
         de electricidad, BGBl. 2002 I, p. 1351). Esta asignación especial sólo afecta a las centrales de Stade (cerrada en 2003 y
         cuyo titular es la sociedad E.ON AG) y Obrigheim (cerrada en 2005 y cuyo titular es la demandante), pues el cierre de otras
         centrales nucleares está previsto para después de 2007. La asignación especial se limita a 1,5 millones de toneladas de CO2 al año durante el primer período de asignación y se considera que cubre el aumento de emisiones producido por la mayor utilización
         de las centrales convencionales por parte de los titulares afectados, necesaria para compensar la pérdida en la producción
         de electricidad de las centrales nucleares cerradas y sustituidas.
      
      33      El PNA alemán constituye el fundamento de la Zuteilungsgesetz 2007 (Ley alemana, de 26 de agosto de 2004, sobre la asignación
         de derechos de emisión durante el primer período de asignación, BGBl. 2004 I, p. 2211, en lo sucesivo, «Ley de asignación»).
         En lo que atañe al presente litigio, la Ley de asignación no difiere sustancialmente del PNA alemán. Además, la República
         Federal de Alemania adoptó, el 8 de julio de 2004, la Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den
         Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft (Ley por la que se adapta el Derecho interno a la Directiva
         2003/87 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión, BGBl. 2004 I, p. 1578).
      
      III –  Mercado energético alemán
      34      En Alemania, cuatro empresas energéticas producen y suministran en torno a un 88 % de la capacidad de producción alemana de
         electricidad, a saber, las sociedades RWE AG, E.ON AG, Vattenfall Europe AG y la demandante. El 12 % restante del mercado
         de referencia se reparte entre algunas pequeñas y medianas empresas energéticas, entre las cuales están, en particular, las
         centrales municipales (Stadtwerke).
      
      35      La demandante es la tercera mayor empresa energética alemana, con una capacidad total de 14 gigavatios (GW), de los cuales
         el 37 % proviene de centrales nucleares y el 29 % de centrales de combustión de lignito o de hulla. En las otras grandes empresas
         energéticas alemanas, las partes de su producción de electricidad que provienen, respectivamente, de centrales nucleares y
         de centrales de combustión de lignito y hulla, en relación con su capacidad de producción total son las siguientes:
      
      –        RWE (capacidad total de producción de 34 GW): 16 % de la energía nuclear y 58 % de la combustión de lignito o hulla;
      –        E.ON (capacidad total de producción de 25 GW): 34 % de la energía nuclear y 35 % de la combustión de lignito o hulla;
      –        Vattenfall Europe (capacidad total de producción de 15 GW): 9 % de la energía nuclear y 61 % de la combustión de lignito o
         hulla.
      
      IV –  Procedimiento administrativo
      A –  Denuncia de la demandante
      36      Mediante escrito de 17 de junio de 2004, la demandante presentó una denuncia ante la DG «Medio Ambiente» y la DG «Competencia»
         de la Comisión, basándose en que la regla de transferencia, tal como está prevista en el PNA alemán y en el artículo 10 de
         la Ley de asignación, beneficia indebidamente y en especial a RWE, su principal competidor. En ella expuso que, a raíz de
         la sustitución de sus antiguas instalaciones convencionales de combustión por nuevas instalaciones, RWE obtuvo gratuitamente
         una cantidad excesiva de derechos de emisión, en particular respecto de la cantidad de derechos de emisión a que ella podía
         aspirar, en aplicación de la regla de asignación especial y del artículo 15 de la Ley de asignación, en caso de cierre y sustitución
         de sus centrales nucleares. Ante esta distorsión de la competencia, la demandante pidió a la Comisión, en particular, que
         rechazara el PNA alemán sobre la base del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, y que incoara contra la República
         Federal de Alemania un procedimiento de investigación formal, con arreglo artículo 88 CE, apartado 2.
      
      37      En su escrito de 22 de junio de 2004, la demandante reiteró sus peticiones y especificó los motivos de su denuncia. Señaló
         que el PNA alemán, en particular la regla de transferencia, infringía el criterio nº 5 del anexo III de la Directiva 2003/87,
         el artículo 87 CE, así como la libertad de establecimiento. Para apoyar su denuncia, la demandante alegaba, en sustancia,
         que la aplicación de la regla de transferencia, de la que se benefician sus principales competidores, en particular RWE, tiene
         como consecuencia una considerable «sobreasignación» de derechos de emisión a las nuevas instalaciones que reemplazan a las
         antiguas instalaciones de combustión, derivada de conceder a los titulares beneficiados, durante un período de cuatro años,
         una cantidad de derechos de emisión basada en las necesidades de sus antiguas instalaciones reemplazadas. Por tanto, el titular
         beneficiado puede vender en mercado su excedente de derechos –no necesarios para cubrir el nivel de emisiones apreciablemente
         inferior de la nueva instalación más eficiente– y de obtener así una ventaja competitiva injustificada. En cambio, en caso
         de sustitución de una central nuclear –única posibilidad de la demandante debido a su situación económica–, la aplicación
         de la regla de asignación especial no implica la concesión de una ventaja equivalente y tampoco basta para compensar la pérdida
         de capacidad productiva que resulta del cierre de las centrales nucleares. Así, para compensar la pérdida de su capacidad
         productiva, se verá obligada a producir más electricidad y, por tanto, más emisiones, mediante instalaciones convencionales,
         y a cubrir sus necesidades adicionales de derechos de emisión mediante la compra de los mismos. La demandante añade que este
         trato preferente dispensado a RWE en perjuicio suyo no está justificado ni con arreglo a la Directiva 2003/87 ni con arreglo
         al artículo 87 CE.
      
      B –  Decisión impugnada y Comunicación de la Comisión de 7 de julio de 2004
      38      Mediante la Decisión C(2004) 2515/2 final de la Comisión, de 7 de julio de 2004, relativa al plan nacional de asignación de
         derechos de emisión de gases de efecto invernadero notificado por la República Federal de Alemania de conformidad con la Directiva
         2003/87 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión sólo rechazó el PNA alemán en tanto en cuanto establecía determinadas
         medidas de ajuste posteriores a la asignación de derechos de emisión, declarándolas incompatibles con los criterios nº 5 y
         nº 10 del anexo III de la Directiva 2003/87. Sin embargo, la declaración de incompatibilidad no afectó a los aspectos del
         PNA alemán objeto de la denuncia de la demandante.
      
      39      En lo relativo a la aplicación de las reglas sobre las ayudas de Estado y a la regla de transferencia, la Decisión impugnada
         expone, en sus considerandos noveno y décimo, lo siguiente:
      
      «Sobre la base de la información proporcionada por el Estado miembro, la Comisión estima que las posibles ayudas probablemente
         serán consideradas compatibles con el mercado común cuando se examinen con arreglo a lo dispuesto por el artículo 88 CE, apartado 3.
      
      La Comisión considera que las indicaciones del Estado miembro concernido sobre las transferencias de derechos de emisión demuestran
         que, durante el período [de asignación] cubierto por el presente [PNA], ninguna ventaja a que den lugar tales transferencias
         en favor de otras instalaciones, respecto de inversiones similares de nuevos entrantes, excederá lo que pueda justificarse
         por el beneficio ecológico derivado de la medida de que se trata. En el período [de asignación] siguiente, ya no existe diferencia
         entre, por una parte, las instalaciones que pueden ser objeto de transferencia y, por otra parte, aquéllas que están afectas
         a la reserva destinada a los nuevos operadores.»
      
      40      La Comisión, en el punto 3.3 de su Comunicación COM (2004) 500 final al Consejo y al Parlamento Europeo sobre las Decisiones
         de la Comisión de 7 de julio de 2004 en relación con los planes nacionales de asignación de derechos de emisión de gases de
         efecto invernadero, de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido de acuerdo
         con la Directiva 2003/87, de 7 de julio de 2004, se pronunció sobre las reglas de transferencia como sigue:
      
      «[…] Por otra parte, los Estados miembros tienen facultades discrecionales sobre el tratamiento de las instalaciones cerradas.
      Si un Estado miembro no retiene la expedición de derechos a una estación cerrada por el resto de un período de [asignación]
         se procede a la transferencia de derechos desde una instalación cerrada a una instalación nueva, bajo el control del mismo
         titular.
      
      Cuando un Estado miembro ha elegido retener la expedición de más derechos a una instalación cerrada por el resto de un período
         de [asignación] y ha establecido una reserva para [los] nuevos operadores, es necesario examinar las condiciones de funcionamiento
         de esta parte del régimen, para velar porque las instalaciones que se benefician de una regla de transferencia no se vean
         indebidamente favorecidas respecto a las que no lo hacen. La aplicación de una regla de transferencia puede limitarse en el
         sentido de que un titular pueda optar a su beneficio sólo si tanto la instalación cerrada como la instalación nueva están
         situadas en el territorio del Estado miembro.
      
      Por otra parte, la Comisión observa que se prevé que la retención de derechos como consecuencia de cierres cree incentivos
         para la inversión en instalaciones limpias y eficientes. Sin embargo, el impacto sobre el medio ambiente de una regla de transferencia
         es neutro, salvo que un Estado miembro cancele los eventuales derechos no expedidos tras un cierre. Es probable que los eventuales
         derechos en exceso sean entregados por otra instalación, del mismo Estado miembro o de otro sitio, para cubrir las emisiones.»
      
      C –  Escrito de la Comisión de 29 de julio de 2004
      41      En el escrito de la DG «Competencia», de 29 de julio de 2004 (en lo sucesivo, «escrito de la DG “Competencia” de 29 de julio
         de 2004»), la Comisión expuso, refiriéndose en particular a la Decisión impugnada, la apreciación hecha por dicha DG sobre
         los aspectos planteados por la denuncia de la demandante. A este respecto recordó que, en el marco de la Decisión impugnada,
         la Comisión también había «analizado la compatibilidad del [PNA alemán] con el criterio [n°] 5 del anexo III de la [Directiva
         2003/87] examinando si [dicho PNA] daba lugar a discriminaciones entre sociedades o sectores al favorecer indebidamente a
         algunas empresas o sectores de actividad infringiendo las normas sobre ayudas de Estado» y dicho análisis también versaba
         sobre la aplicación de la regla de transferencia. La Comisión señaló que consideraba que durante el primer período de asignación,
         ni el PNA alemán ni la aplicación de la regla de transferencia daban lugar a tal discriminación, pues dicha regla de transferencia
         parecía garantizar que ninguna ventaja otorgada a las instalaciones de reemplazo respecto de inversiones similares realizadas
         por otros nuevos operadores excedería lo que pudiera justificarse por el beneficio medioambiental derivado de la medida controvertida.
         Consideraba, en particular, que la regla de transferencia estaba concebida como incentivo a la modernización, a disposición
         de todos los participantes en el régimen de comercio de derechos de emisión, no limitado a determinados sectores o a determinadas
         sociedades.
      
      42      Por lo que respecta a los efectos de la regla de transferencia, en particular, en el sector energético, la Comisión expuso,
         en el escrito de la DG «Competencia», que había observado que, según las autoridades alemanas, la explotación de una serie
         de centrales de producción de electricidad estaba siendo muy rentable. En consecuencia, consideraba que sólo el incentivo
         financiero ofrecido por la regla de transferencia podía dar lugar a su rápida sustitución por tecnologías más ecológicas y
         menos generadoras de emisiones de CO2 y que este efecto de incentivo debía apreciarse también a la luz de la regla de malus según la cual puede penalizarse a las instalaciones menos eficientes en caso de que pospongan su esfuerzo de modernización.
         Por tanto, consideraba que realmente cabía esperar que la regla de transferencia incentivase a los operadores a modernizar
         sus instalaciones más rápidamente de lo que lo hubieran hecho en caso de que dicha regla no hubiese existido.
      
      43      Sobre la cuestión de si el beneficio que resulta de la regla de transferencia concede una ventaja excesiva a determinadas
         empresas, la Comisión señaló que se remitía a las explicaciones de las autoridades alemanas según las cuales recurrir a dicha
         regla en el sector energético daría lugar, en la mayoría de los casos, a la sustitución de instalaciones de combustión de
         lignito, antiguas e ineficientes, por instalaciones modernas y más eficientes del mismo tipo durante el primer período de
         asignación. Añadió que, en tal caso, el beneficio calculado por las autoridades alemanas sólo alcanzaba una parte muy reducida
         del coste de la inversión. A la vista del impacto positivo de la regla de transferencia en la consecución de los objetivos
         medioambientales de la Directiva 2003/87 durante los cuatro primeros años, la Comisión consideraba que una ventaja tan limitada
         parecía proporcionada y, en consecuencia, compatible con las normas sobre ayudas de Estado y que, una vez transcurridos esos
         cuatro años, una instalación de sustitución recibiría derechos de emisión en función de la «mejor técnica disponible», al
         igual que cualquier otra nueva instalación, lo que impediría cualquier discriminación entre las inversiones de sustitución
         y las nuevas instalaciones.
      
      44      Sobre la desventaja relativa de las centrales nucleares que deben sustituirse por instalaciones convencionales que emiten
         CO2, la Comisión expuso que consideraba que este efecto parecía ser el resultado de la decisión de la República Federal de Alemania
         de abandonar, a medio plazo, la producción de energía nuclear y no debía atribuirse a la implantación del régimen de comercio
         de derechos de emisión establecido por la Directiva 2003/87. Destacó que esta Directiva versaba sobre la asignación de derechos
         de emisión y, en consecuencia, no afectaba a las centrales nucleares, que no emitían CO2, pero que, no obstante, la Directiva 2003/87 permitía a los Estados miembros atenuar los efectos de las opciones políticas
         nacionales, como el abandono de la energía nuclear decidido por la República Federal de Alemania. La Comisión destacó que
         la República Federal de Alemania había explicado que el PNA alemán había tenido suficientemente en cuenta esta situación particular,
         en primer lugar, concediendo directamente derechos de emisión compensatorios y, en segundo lugar, dejando libertad a las instalaciones
         afectadas para que eligieran el método de asignación de dichos derechos de emisión y que, además, la República Federal de
         Alemania había decidido crear una reserva destinada a nuevos entrantes. De este modo, se asignaría gratuitamente a las nuevas
         instalaciones, incluidas las que sustituyen a instalaciones nucleares, una cantidad de derechos de emisión destinada a cubrir
         sus necesidades previsibles.
      
      45      En cuanto a la compatibilidad de la regla de transferencia con la libertad de establecimiento, la Comisión señaló, según las
         explicaciones proporcionadas por la República Federal de Alemania, que consideraba que dicha regla no daba lugar a discriminación
         entre sociedades alemanas y extranjeras.
      
      46      Para concluir, la Comisión señaló que, por ello, en la Decisión impugnada había declarado que, por lo que respecta al primer
         período de asignación, «las posibles ayudas probablemente serían consideradas compatibles con el mercado común cuando se examinaran
         con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3». Finalmente, al tener en cuenta el contenido de las reglas aplicables a las ayudas
         de Estado en el examen de los PNA, la Comisión se cercioró de la compatibilidad del Derecho interno por el que se adapta de
         la Directiva 2003/87 con otras disposiciones del Tratado en el sentido del criterio nº 5.
      
      D –  Escritos de la Comisión de 3 y 27 de agosto de 2004
      47      Mediante escrito de la DG «Medio Ambiente» de 3 de agosto de 2004, la Comisión informó a la demandante de que la regla de
         transferencia no infringía el artículo 11 de la Directiva 2003/87 y señaló que, en lo relativo al resto de imputaciones, la
         demandante recibiría en los días siguientes un escrito separado de la DG «Competencia».
      
      48      En el escrito de la DG «Medio Ambiente» de 27 de agosto de 2004, la Comisión se remitía a su escrito de 3 de agosto de 2004
         y señalaba que en una de sus próximas reuniones daría por terminado el presente procedimiento.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      49      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de septiembre de 2004, la demandante
         interpuso el presente recurso.
      
      50      En su demanda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule la Decisión impugnada.
      –        Condene en costas a la demandada. 
      51      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2005, la Comisión propuso
         una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
         Primera Instancia. La demandante presentó sus observaciones sobre esta excepción el 14 de marzo de 2005.
      
      52      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de febrero de 2005, la República Federal
         de Alemania solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la demandada.
      
      53      Mediante auto de 4 de abril de 2005, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia admitió esta intervención.
         La parte coadyuvante formalizó su escrito de intervención, limitado a la cuestión de la admisibilidad, el 17 de mayo de 2005.
         Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de agosto de 2005, la demandante presentó
         sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención.
      
      54      La demandada y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal de Primera Instancia que: 
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso.
      –        Condene en costas a la demandante.
      55      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime la excepción de inadmisibilidad.
      –        Con carácter subsidiario, una la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo.
       Fundamentos de Derecho
      56      En virtud del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si una parte lo solicita, el Tribunal de Primera
         Instancia puede decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Conforme al apartado 3 del mismo artículo,
         el resto del procedimiento ha de desarrollarse oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. En
         el presente asunto, este último se considera suficientemente instruido por los documentos que obran en autos y estima que
         no procede abrir la fase oral.
      
      I –  Alegaciones de las partes
      A –  Alegaciones de las partes demandada y coadyuvante
      57      La demandada, apoyada por la parte coadyuvante, considera inadmisible el recurso de anulación.
      
      58      En primer lugar, la Decisión impugnada no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de las ayudas de Estado,
         definido por los artículos 87 CE y 88 CE, de manera que la demandante no puede invocar la jurisprudencia sobre la admisibilidad
         de un recurso de anulación interpuesto contra decisiones adoptadas en esta materia. En segundo lugar, incluso suponiendo que
         así fuera, no se cumplirían los requisitos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia
         en materia de ayudas de Estado. En efecto, la Decisión impugnada no afecta a la demandante directa e individualmente en el
         sentido de esta disposición, a la vista de la Directiva 2003/87. Finalmente, la demandante carece de interés legítimo para
         solicitar la anulación de la Decisión impugnada.
      
      B –  Alegaciones de la demandante
      1.      Observaciones preliminares
      59      La demandante defiende la admisibilidad del recurso y la desestimación de la excepción de inadmisibilidad. La Decisión impugnada
         tiene doble naturaleza jurídica y la afecta directa e individualmente en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Habida
         cuenta de la vinculación particularmente estrecha entre las cuestiones relativas a la admisibilidad y las de Derecho material
         en relación con el fundamento del presente recurso, la demandante solicita también, con carácter subsidiario, que se una la
         excepción de inadmisibilidad al examen de fondo (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1997, Francia/Comisión,
         C‑57/95, Rec. p. I‑1627, apartado 6 y siguientes).
      
      60      Con respecto a la doble naturaleza de la Decisión impugnada, la demandante señala, por una parte, que ésta constituye un acto
         de aprobación de la Comisión, adoptado con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87. Por otra parte, se
         trata de una decisión de la Comisión con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, párrafo segundo, por la que se autoriza con
         carácter definitivo, al menos implícitamente, el régimen de ayudas constituido por la regla de transferencia, incluida la
         «sobreasignación» de derechos de emisión a determinados competidores de la demandante producida por su aplicación, sin que
         haya sido necesario incoar el procedimiento formal previsto en el artículo 88 CE, apartado 2.
      
      61      La demandante se considera doblemente legitimada para actuar.
      
      2.      Sobre la legitimación de la demandante a la luz del Derecho de las ayudas
      a)      Sobre la calificación de la Decisión impugnada de decisión adoptada en materia de ayudas de Estado
      62      En sustancia, la demandante sostiene que, en contra de lo que defienden las partes demandada y coadyuvante, la Comisión sí
         evaluó la regla de transferencia desde el punto de vista del Derecho de las ayudas de Estado y en la Decisión impugnada adoptó
         una postura definitiva sobre este particular.
      
      63      Así, por una parte, los considerandos noveno y décimo de la Decisión impugnada revelan que la Comisión consideró que los posibles
         elementos de ayuda contenidos en el PNA probablemente serían compatibles con el mercado común. Por otra parte, de ello se
         desprende que la Comisión examinó, en particular, si la regla de transferencia favorecía a determinadas empresas respecto
         de aquellos competidores que construían nuevas instalaciones sin beneficiarse de dicha regla. Finalmente concluyó que esta
         ventaja en ningún caso excedía lo que podía justificarse por el beneficio ecológico de la regla en cuestión.
      
      64      Según la demandante, el escrito de la DG «Competencia» de 29 de julio de 2004 también confirma que, antes de la adopción de
         la Decisión impugnada, la Comisión había efectuado un examen detallado de la regla de transferencia desde el punto de vista
         del Derecho de las ayudas de Estado y que tuvo en cuenta, en este contexto, la información que figuraba en la denuncia de
         la demandante. En efecto, en ella la Comisión expuso detalladamente los motivos que la llevaron a considerar que la ayuda
         en favor de determinadas empresas del sector energético alemán, tal como está contenida en la regla de transferencia, era
         compatible con el mercado común.
      
      65      La demandante añade que el hecho de que la Comisión tuviera en cuenta elementos de ayuda de Estado en el marco del procedimiento
         establecido en el artículo 9 de la Directiva 2003/87, no sólo está de acuerdo con las declaraciones dirigidas a los Estados
         miembros y contenidas en su escrito de 17 de marzo de 2004, de conformidad con las cuales tenía intención de aplicar el Derecho
         de las ayudas en su examen de los PNA, sino también con sus propias obligaciones, tal como están establecidas en el artículo
         9, apartado 3, interpretado en relación con el criterio nº 5 del anexo III de dicha Directiva y tal como fueron interpretadas
         por la propia Comisión en el punto 2.1.5 de sus Orientaciones. En efecto, según este criterio, un PNA no puede ser contrario
         a «las exigencias del Tratado, en particular a sus artículos 87 y 88».
      
      66      Por otra parte, la demandante recuerda que la Comisión, en su escrito de 17 de marzo de 2004, renunció a una «notificación
         formal de los PNA con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3 para el [primer] período [de asignación]» y anunció que, cuando
         determinadas disposiciones del PNA pudieran favorecer a determinadas empresas, incoaría de oficio una investigación «completa»,
         cuya apertura debería conllevar el rechazo de dicho aspecto del PNA, teniendo en cuenta el tiempo necesario para llevar a
         cabo dicha investigación. La demandante concluye que la Comisión expresó así su intención de rechazar, en el marco de una
         decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, las disposiciones de los PNA que requieran
         un examen más profundo con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2. De ello debe deducirse, a sensu contrario, que una decisión de este tipo, cuando no plantea ninguna objeción con respecto a un PNA, implica que la Comisión renuncia
         a entablar el procedimiento de investigación con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2.
      
      67      De todas las consideraciones precedentes resulta, en primer lugar, que la Comisión considera que las reglas de un PNA que
         dan lugar a una «sobreasignación» de derechos de emisión son, en principio, incompatibles con las normas relativas a las ayudas
         de Estado, que, en segundo lugar, de acuerdo con sus propias declaraciones, la Comisión está obligada a examinar los PNA desde
         el punto de vista del Derecho de las ayudas de Estado en el marco del procedimiento establecido en el artículo 9, apartado
         3, de la Directiva 2003/87 así como, en su caso, a rechazarlos si requieren un examen más profundo de acuerdo con el artículo
         88 CE, apartado 2 y que, en tercer lugar, en el caso de autos, la Comisión realizó este examen del PNA alemán con arreglo
         al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 sin por ello rechazar la regla de transferencia en la Decisión impugnada.
      
      68      Por ello, según la demandante, carecen de pertinencia las afirmaciones de la demandada de que, por una parte, la Decisión
         impugnada no se fundamenta en el artículo 88 CE y, por otra parte, la parte dispositiva de dicha Decisión no resuelve las
         cuestiones sobre ayudas de Estado, de manera que la Decisión impugnada no se pronuncia expresa y definitivamente en el sentido
         del artículo 88 CE, apartado 3, sobre los elementos constitutivos de una ayuda de Estado que podría contener la regla de transferencia
         del PNA alemán. A este respecto, la demandante recuerda la jurisprudencia consolidada según la cual la calificación jurídica
         de un acto comunitario no depende ni de su denominación ni de su forma, sino sólo de su naturaleza, tal como resulta de una
         apreciación sobre la base de criterios objetivos (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión,
         60/81, Rec. p. 2639, apartado 9, y del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión, T‑3/93,
         Rec. p. II‑121, apartados 43 y 51).
      
      69      Así, para determinar la naturaleza de la Decisión impugnada debería verificarse si produce efectos jurídicos vinculantes en
         lo relativo a los elementos de ayuda del PNA alemán, incluida la regla de transferencia. Pues bien, a la luz de las reglas
         superiores de Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión, 374/87, Rec.
         p. 3283, apartado 28), la Decisión impugnada debe considerarse una decisión adoptada en materia de ayudas de Estado, pues
         autoriza la regla de transferencia sin incoar un procedimiento formal con arreglo al artículo 88 CE, apartado 2 (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1990, Grecia/Comisión, C‑259/87, Rec. p. I‑2845, apartado 1 del índice in fine). En efecto, a la vista de los elementos mencionados en el apartado 66 supra y a pesar del tenor del considerando noveno de la Decisión impugnada, una apreciación objetiva lleva a la conclusión de que
         dicha Decisión declaró, de forma jurídicamente vinculante y definitiva, la compatibilidad de la regla de transferencia con
         el criterio nº 5 del anexo III de la Directiva 2003/87 y, por tanto, con el artículo 87 CE. Además, esta solución está de
         acuerdo con el sentido y la finalidad del procedimiento de examen previsto en el artículo 9 de la Directiva 2003/87 y destinado
         a garantizar la compatibilidad de las reglas nacionales de asignación con el Derecho comunitario. Ahora bien, el logro de
         este objetivo se vería seriamente comprometido si en el marco de este procedimiento de examen la Comisión pudiera limitarse
         a realizar una verificación solamente sumaria y provisional desde el punto de vista del Derecho de las ayudas para finalmente
         abstenerse de adoptar una decisión vinculante al respecto.
      
      70      La demandante sostiene que el efecto jurídico vinculante de la Decisión impugnada desde el punto de vista del Derecho de las
         ayudas también se deriva del hecho de que la República Federal de Alemania, en el ínterin, incorporó la regla de transferencia
         prevista en el PNA alemán en artículo 10 de la Ley de asignación. En efecto, si la Decisión impugnada no hubiera levantado
         la prohibición de ejecutar contemplada en el artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero (sentencia Air France/Comisión, citada
         en el apartado 68 supra, apartado 47), esta incorporación, así como el régimen de ayudas así implantado, habrían sido contrarios a esta disposición
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires
         y otros, C‑354/90, Rec. p. I‑5505, apartado 12). Pues la demandada y la República Federal de Alemania claramente consideraban
         que esta prohibición de ejecutar no debía aplicarse al régimen de ayudas establecido por la regla de transferencia y por el
         artículo 10 de la Ley de asignación. Esto confirma, a sensu contrario, que la Decisión impugnada produce necesariamente efectos jurídicos vinculantes en lo relativo a los elementos de ayuda de
         Estado controvertidos.
      
      71      Por tanto, los argumentos de la demandada basados en la falta de notificación formal de la regla de transferencia, conforme
         al Derecho de las ayudas, no pueden prosperar. Por una parte, esta argumentación es contradictoria, habida cuenta de la renuncia
         a dicha notificación formal por parte de la Comisión, en su escrito de 17 de marzo de 2004, y de la declaración de su intención
         de examinar los PNA a la luz del Derecho de las ayudas. Por otra parte, si el enfoque defendido por la demandada, según el
         cual no procede que la Comisión se pronuncie definitivamente sobre los PNA desde el punto de vista del Derecho de la ayudas,
         fuera, por el contrario, pertinente, la renuncia a la notificación con arreglo al Derecho de las ayudas sería manifiestamente
         ilegal. En efecto, la Comisión no puede establecer una excepción a la norma que impone la notificación, tal como está establecida
         en el artículo 88 CE, apartado 3, que pretende garantizarle la posibilidad de ejercer, a su debido tiempo y en interés comunitario,
         su control sobre todo nuevo proyecto de ayuda (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, Heineken Brouwerijen,
         91/83 y 127/83, Rec. p. 3435, apartado 14). En el caso de autos, la República Federal de Alemania cumplió la obligación que
         se desprende de esta disposición, al enviar antes que el PNA alemán un resumen de los requisitos comunitarios que reproducía
         todos los criterios del anexo III de la Directiva 2003/87, incluida la referencia a los artículos 87 CE y 88 CE. En consecuencia,
         a la vista, en particular, del escrito de la Comisión de 17 de marzo de 2004, es evidente que la República Federal de Alemania,
         al presentar el PNA a la Comisión, no deseaba obtener sólo una simple apreciación provisional, sino certeza en cuanto a la
         apreciación del PNA alemán desde el punto de vista del Derecho de las ayudas de Estado. Esto queda confirmado por las declaraciones
         públicas que el Ministro federal de medio ambiente realizó tras la adopción de la Decisión impugnada.
      
      72      Con respecto al escrito de la DG «Competencia», de 29 de julio de 2004, la demandante considera que la demandada alega acertadamente
         que no se trata de una decisión adoptada con arreglo al Derecho de las ayudas que pueda ser objeto de recurso por parte del
         destinatario de dicha escrito, en virtud del artículo 230 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval
         y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 45). Además, el texto de dicho escrito, que hace referencia a la Decisión
         impugnada, manifiesta claramente que no pretendía producir efectos jurídicos vinculantes autónomos, sino sólo aclarar las
         apreciaciones en que se basaba la Decisión impugnada. Además, la demandante se opone al argumento de la coadyuvante de que
         la demandante podía haber interpuesto un recurso por omisión contra la demandada para obtener una decisión con arreglo al
         artículo 88 CE. Según la demandante, en el caso de autos, habida cuenta de la existencia de una decisión adoptada con arreglo
         al Derecho de las ayudas, el recurso de anulación interpuesto de conformidad con el artículo 230 CE es el medio de impugnación
         procedente.
      
      73      La demandante añade, en sustancia, que la Comisión estaba obligada a incoar un procedimiento formal de investigación con arreglo
         al artículo 88 CE, apartado 2, puesto que la regla de transferencia presenta las características de una ayuda de Estado en
         el sentido del artículo 87, apartado 1. En efecto, la concesión de derechos de emisión en aplicación de esta regla representaba
         un beneficio consistente en otorgar recursos del Estado a determinadas empresas o ramas de actividad en condiciones distintas
         a las condiciones normales de mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C‑39/94,
         Rec. p. I‑3547, apartado 60, y de 29 de abril de 1999, España/Comisión, C‑342/96, Rec. p. I‑2459, apartado 41). A este respecto,
         las afirmaciones contrarias de la parte coadyuvante son erróneas y además incompatibles con la postura de principio de la
         demandada, según la cual las reglas de asignación pueden constituir medidas de ayuda.
      
      b)      Sobre la afectación directa de la demandante
      74      Por lo que respecta a la afectación directa de la demandante, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, en relación
         con el Derecho de las ayudas, la demandante sostiene que la Decisión impugnada desencadena un automatismo en la concesión
         de derechos de emisión a empresas sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión (sentencia del Tribunal de Justicia
         de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, 11/82, Rec. p. 207, apartado 9; auto del Tribunal de Primera Instancia
         de 10 de septiembre de 2002, Japan Tobacco y JT International/Parlamento y Consejo, T‑223/01, Rec. p. II‑3259, apartado 46).
         De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/87, a raíz de la aprobación del PNA alemán por la Decisión
         impugnada, la República Federal de Alemania estaba obligada a asignar las cuotas sobre la base de dicho PNA. Cualquier desviación
         con respecto al PNA exigía una modificación del mismo, y, en consecuencia, un nuevo examen por parte de la Comisión. Además,
         el PNA y la Ley de asignación no otorgan a las autoridades alemanas ninguna facultad de apreciación en la asignación de derechos
         de emisión, sino que establecen que dichos derechos deben asignarse a los titulares de instalaciones en cantidades bien precisas.
      
      75      La demandante se opone al argumento de la parte coadyuvante de que la aplicación de la regla de transferencia depende de numerosas
         decisiones discrecionales previas y de un entorno general aún imprevisible. Esta postura es errónea, ya que atañe claramente
         al proceso de toma de decisiones de las empresas potencialmente beneficiadas por la regla de transferencia. Si se admitiera
         esta postura, nunca sería posible en la práctica interponer un recurso de anulación contra un régimen de ayudas, en contra
         de lo establecido por la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Aktionsgemeinschaft
         Recht und Eigentum/Comisión, T‑114/00, Rec. p. II‑5121, apartados 72 a 74; conclusiones presentadas por el Abogado general
         Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2005, Comisión/Aktionsgemeinschaft
         Recht und Eigentum, C‑78/03 P, Rec. pp. I‑10737 y ss., especialmente p. I‑10741, punto 62), puesto que en el momento en que
         se adoptase un régimen, no podrían descartarse demoras en la toma de decisiones por parte de las empresas potencialmente beneficiarias.
         A este respecto, la demandante recuerda que, según la jurisprudencia, el criterio de afectación directa se cumple cuando no
         existe ninguna duda de la voluntad del destinatario del acto impugnado de que se realicen las consecuencias del mismo (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Comisión, T‑9/98, Rec. p. II‑3367,
         apartado 48). Pues bien, no existe ninguna duda de la voluntad de la República Federal de Alemania de aplicar el régimen de
         comercio de derechos de emisión de conformidad con lo dispuesto por el PNA alemán y la Ley de asignación. Además, la propia
         República Federal de Alemania admite que durante el primer período de asignación la regla de transferencia puede aplicarse
         sin margen de apreciación en la asignación de derechos de emisión con arreglo a la Ley de asignación. Por tanto, el proceso
         de toma de decisiones de las empresas beneficiarias no es determinante y la Decisión impugnada afecta directamente a la demandante.
      
      c)      Sobre la afectación individual de la demandante
      76      La demandante también se considera individualmente afectada por la Decisión impugnada, en el sentido del artículo 230 CE,
         párrafo cuarto, a la vista de la jurisprudencia sobre ayudas de Estado. Según esta jurisprudencia, esto es así cuando, por
         una parte, como en el caso de autos, la Decisión impugnada declara las ayudas compatibles con el mercado común sin incoar
         el procedimiento formal de investigación y, por otra parte, la parte demandante deber ser calificada de parte interesada en
         el sentido del artículo 88 CE, apartado 2 (sentencias del Tribunal de Justicia de 19 de mayo 1993, Cook/Comisión, C‑198/91,
         Rec. p. I‑2487, apartado 37, y de 15 de junio de 1993, Matra/Comisión, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, apartado 18). Estos principios
         se aplican particularmente a las empresas competidoras, en la medida en que su situación competitiva resulta afectada por
         la concesión de la ayuda controvertida, incluso en el caso de autorización de un régimen de ayudas como el constituido por
         la regla de transferencia (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 1998, Waterleiding Maatschappij/Comisión,
         T‑188/95, Rec. p. II‑3713, apartados 60 y 62; de 27 de septiembre de 2000, BP Chemicals/Comisión, T‑184/97, Rec. p. II‑3145,
         apartados 29 y 40; de 21 de marzo de 2001, Hamburger Hafen- und Lagerhaus y otros/Comisión, T‑69/96, Rec. p. II‑1037, apartado
         41, y Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Comisión, citada en el apartado 75 supra, apartado 71). La demandante añade que el objetivo esencial de las sentencias Cook/Comisión y Matra/Comisión, antes citadas,
         a saber, la salvaguarda del efecto útil de las garantías de procedimiento que el artículo 88 CE, apartado 2 concede a las
         partes interesadas, es válido tanto en el supuesto de un régimen de ayudas como en el de una ayuda individual. Una vez que
         se autoriza un régimen de ayudas, no existe, en principio, otro procedimiento ante la Comisión en el que puedan hacerse valer
         dichas garantías de procedimiento. En consecuencia, los principios consagrados por las sentencias antes citadas son aplicables
         al caso de autos.
      
      77      Según la demandante, la regla de transferencia, aunque en teoría se aplica también a las coquerías, papeleras y titulares
         de otros tipos de instalaciones, se adoptó para ser aplicada específicamente al sector de la producción de electricidad, a
         saber, para que fueran sustituidas lo antes posible, en particular por RWE, las centrales de combustión de lignito, ineficientes
         y muy contaminantes, por nuevas centrales más ecológicas. En efecto, la Comisión reconoció la importancia de la regla de transferencia
         en este aspecto concreto en el escrito de la DG «Competencia» de 29 de julio de 2004. En este contexto, la demandante se opone
         al argumento de que no existe certeza de que la regla de transferencia favorezca a sus tres grandes competidores, habida cuenta
         de la posibilidad concreta de que esto ya suceda así durante el primer período de asignación.
      
      78      La demandante sostiene que la Decisión impugnada también afecta a su situación competitiva frente a los beneficiarios de la
         regla de transferencia, en particular frente a RWE, en tanto en cuanto da lugar a una «sobreasignación» importante de derechos
         de emisión en beneficio de estas empresas, mientras que ella, por razón de la diferente composición de su parque de centrales,
         sólo se beneficiaría de una asignación inferior. Así, RWE en particular, podría vender en el mercado su excedente de derechos
         de emisión y, de este modo, reducir sus costes de producción e incrementar su cuota de mercado en detrimento de la demandante.
         Esta afectación de la situación competitiva de la demandante es suficiente para reconocer su legitimación activa en relación
         con la calificación de la regla de transferencia de régimen de ayudas (sentencia Waterleiding Maatschappij/Comisión, citada
         en el apartado 76 supra, apartado 62). En efecto, es extremadamente improbable que la regla de transferencia origine restricciones similares fuera
         del sector eléctrico. Además, en el caso de autos, desde la autorización del régimen de ayudas pudo conocerse con suficiente
         certeza la repercusión que tendría en las relaciones de competencia entre la demandante y los beneficiarios de dicho régimen.
         En contra de lo sostenido por la parte coadyuvante, este enfoque no lleva a reconocer una actio popularis, habida cuenta de la exigencia de una relación de competencia entre las demandantes y el beneficiario de la ayuda en el mercado
         de referencia (sentencias Waterleiding Maatschappij/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartados 62 y 80 a 81, y Hamburger Hafen- und Lagerhaus y otros/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartados 41 y 42). Pues bien, en el caso de autos existe una intensa relación de competencia entre, por una parte, la demandante
         y, por otra, RWE y las otras dos empresas de electricidad concernidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de
         1986, Cofaz y otros/Comisión, 169/84, Rec. p. 391, apartado 25).
      
      79      Por otra parte, la demandante se considera, en todo caso, diferente del conjunto de empresas que participan en el régimen
         de comercio de derechos de emisión y a las que se aplica la regla de transferencia. Ello se debe, en particular, a los efectos
         prácticos concretos de la aplicación de dicha regla sobre la situación competitiva de RWE, que se producen ya durante el primer
         período de asignación. En efecto, el informe de la República Federal de Alemania sobre la asignación de derechos de emisión
         durante este período demuestra que el 79 % de los mismos fueron asignados a instalaciones de producción de energía, pero que
         el beneficiario de la asignación individual más cuantiosa fue una central de combustión de lignito en Renania del Norte-Westfalia,
         que la demandante supone que es la de RWE en Niederaußem. La demandante añade que la regla de transferencia no afecta de modo
         comparable a ninguna otra empresa.
      
      80      Finalmente, la demandante recuerda que la Comisión debió incoar el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo
         88 CE, apartado 2, habida cuenta de que, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada existían serias dudas sobre
         la compatibilidad de la regla de transferencia con el mercado común. En el marco de este procedimiento se habría oído a la
         demandante como parte interesada en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2 (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de
         noviembre de 1984, Intermills/Comisión, 323/82, Rec. p. 3809, apartado 16; Cook/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartado 29, y Comisión/Sytraval y Brink’s France, citada en el apartado 72 supra, apartado 41).
      
      3.      Sobre la legitimación activa de la demandante con arreglo a la Directiva 2003/87
      a)      Observación preliminar
      81      La demandante también se considera legitimada, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, con arreglo a las disposiciones
         pertinentes de la Directiva 2003/87, en particular su artículo 9, apartado 3, en conexión con el criterio nº 5 del anexo III
         de dicha Directiva.
      
      b)      Sobre la afectación directa de la demandante
      82      Por lo que respecta a su afectación directa, la demandante se opone, en primer lugar, al argumento de la demandada de que
         la Comisión, al adoptar la Decisión impugnada, no autorizó el PNA alemán, incluida la regla de transferencia. En efecto, la
         Comisión afirmaba en sus propias comunicaciones que aprobaba en todo o en parte determinados PNA y las decisiones adoptadas
         en este sentido se habían entendido así en el ámbito nacional. Confirma esta interpretación el tenor literal del artículo
         3, apartado 3, de la Decisión impugnada, según el cual «cualquier modificación de los [PNA] […] estará sujeta a autorización
         con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87».
      
      83      Por otra parte, la demandante discute la pertinencia de la comparación realizada por las partes demandada y coadyuvante con
         el procedimiento por incumplimiento del artículo 226 CE. Por una parte, a diferencia de este último procedimiento, el procedimiento
         de notificación y de examen previsto en el artículo 9 de la Directiva 2003/87 tiene su propia finalidad, que es detectar de
         antemano las posibles infracciones del Derecho comunitario producidas por los PNA. Éste no es el caso del procedimiento incoado
         contra medidas nacionales ya existentes y que no se notificaron previamente a la Comisión. Por otra parte, la decisión de
         no incoar el procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE no impide al Estado miembro derogar o modificar
         la medida en cuestión. En cambio, en el caso de autos, los Estados miembros están obligados, de conformidad con el artículo
         9 y con el artículo 11, apartados 1 y 4 de la Directiva 2003/87, a conceder los derechos de emisión de acuerdo con las disposiciones
         del PNA (no rechazadas por la Comisión). El hecho de que un Estado miembro, cuando desea desviarse de lo dispuesto por su
         PNA, deba, en principio, someter el PNA de nuevo a la Comisión, demuestra que dicho Estado miembro está vinculado por aquellos
         aspectos del PNA que no han sido rechazados. En consecuencia, la decisión de no plantear objeciones con arreglo al artículo
         9 de la Directiva 2003/87 debe necesariamente considerarse una autorización del PNA notificado, y ello con mayor motivo cuando,
         como en los considerandos noveno y décimo de la Decisión impugnada, la Comisión examina expresamente un aspecto del PNA y
         no lo rechaza. Finalmente, el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 tiene un ámbito de aplicación mucho más reducido
         que el artículo 226 CE, pues únicamente pretende garantizar la conformidad de los regímenes para el comercio de derechos de
         emisión con el Derecho comunitario. A la vez, el artículo 9, apartado 3, interpretado en conexión con los criterios definidos
         en el anexo III de dicha Directiva, tiene por objeto garantizar la igualdad de trato de los participantes en el régimen de
         comercio de los derechos de emisión y evitar las distorsiones de la competencia. Por tanto, esta disposición no versa únicamente
         sobre las relaciones entre la Comisión y el Estado miembro, sino también sobre la protección individual.
      
      84      La posible facultad discrecional concedida a la Comisión por el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 no puede poner
         en cuestión el hecho de que la Decisión adoptada con arreglo a esta disposición constituye una autorización. En el marco del
         control de las ayudas de Estado, la Comisión también dispone de una facultad discrecional y nunca se suscitó ninguna duda
         sobre el hecho de que una decisión positiva de la Comisión constituye una autorización de las medidas estatales contempladas
         (conclusiones presentadas por el Abogado General La Pergola en el asunto en el que recayó la sentencia de 20 de febrero de
         1997, Bundesverband der Bilanzbuchhalter/Comisión, C‑107/95 P, Rec. pp. I‑947 y ss., especialmente p. I‑949, punto 10).
      
      85      Además, la demandante refuta el argumento de que, al expirar el plazo de tres meses previsto en el artículo 9, apartado 3,
         de la Directiva 2003/87, en ausencia de objeciones, el PNA debe considerarse no autorizado y, consiguientemente, prohibido.
         Por el contrario, en el caso de la regla establecida, por ejemplo, en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 659/1999
         del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88] del Tratado (DO
         L 83, p. 1), y en el artículo 10, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el
         control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1), el transcurso de dicho plazo tendría la consecuencia de que
         el PNA se considera autorizado.
      
      86      Según la demandante, las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/87 desencadenan un automatismo en cuanto a la aplicación
         de las reglas del PNA alemán no sujetas a objeciones en la Decisión impugnada. En efecto, en el momento de la autorización
         del PNA alemán, se estableció de facto que la Ley de asignación reproduciría como tales la regla de transferencia y la de asignación especial para el cierre de
         las centrales nucleares, sin que las autoridades competentes dispusieran de margen de apreciación alguno en cuanto a la asignación
         individual de derechos de emisión. Por tanto, se cumplen los requisitos para la afectación directa de la demandante, tal como
         fueron establecidos por la jurisprudencia (sentencia Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum/Comisión, citada en el apartado
         75 supra, apartado 73). No cuestionan esta conclusión ni la posibilidad de ajustes a posteriori de la cantidad de derechos de emisión a asignar a raíz de la mejora de los datos ni la obligación de tener debidamente en
         cuenta, tras la adopción de la decisión tomada en virtud del artículo 9 de la Directiva 2003/87, las «observaciones del público»
         de acuerdo con el artículo 11, apartado 1, de esta misma Directiva. En efecto, la formulación de las reglas pertinentes del
         PNA alemán es tan precisa que las posibles desviaciones en su aplicación, en su caso, tras tomar en consideración las observaciones
         del público, deben notificarse nuevamente a la Comisión.
      
      c)      Sobre la afectación individual de la demandante
      87      La demandante también se considera individualmente afectada, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, pues la Decisión
         impugnada le atañe por razón de ciertas cualidades propias y de una situación de hecho que la caracteriza frente cualquier
         otro operador concernido por el PNA, de manera que le afecta de forma análoga a un destinatario. Al declarar el PNA alemán
         compatible con los criterios del anexo III de la Directiva 2003/87, la Comisión hizo posible la adopción de la Ley de asignación
         por parte del legislador alemán. Pues bien, esta Ley da lugar a que se favorezca considerablemente a las empresas energéticas,
         en particular a RWE, que produce electricidad principalmente en centrales convencionales, en perjuicio de otras empresas energéticas,
         como la demandante, que tiene un importante parque de centrales nucleares. Por una parte, estas otras empresas no pueden beneficiarse
         de la aplicación de la regla de transferencia en la sustitución de sus centrales nucleares impuesta por el Gesetz zur geordneten
         Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität y, por otra parte, la Ley de asignación no les
         ofrece, para dicha sustitución, compensación suficiente y comparable.
      
      88      A este respecto, la demandante recuerda la jurisprudencia de que un acto de alcance general puede afectar individualmente
         a empresas cuando éstas constituyen un círculo restringido suficientemente caracterizado en relación con el círculo de empresas
         designadas abstractamente por dicho acto y cuya importancia ya no puede aumentar durante el período de validez de la medida
         (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, apartado 11, y
         de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, apartados 18 y 21). En contra de la tesis defendida por
         la demandada, esta jurisprudencia es aplicable al caso de autos. En efecto, las disposiciones del régimen de comercio de derechos
         de emisión afectan a situaciones jurídicas concretas, al trastocar en profundidad el tenor y los límites del derecho de propiedad
         de los titulares de las instalaciones emisoras de gas con efecto invernadero, pues estos últimos se ven, de este modo, privados
         de un derecho positivo que hasta entonces les había permitido emitir CO2.
      
      89      En contra de la tesis defendida por la demandada, la demandante precisa que los efectos negativos y las desigualdades generadas
         por la aplicación de la regla de transferencia sólo se producen en el seno de un círculo restringido de empresas que operan
         en el sector de la producción de electricidad, afectándola directamente por ser ella uno de los dos titulares de centrales
         nucleares cuya producción cesará durante el primer período de asignación. En efecto, la demandante destaca que de entre las
         cuatro grandes empresas de electricidad en Alemania, RWE y Vattenfall producen alrededor del 60 % de su electricidad en centrales
         de combustión de hulla y sólo en torno al 16 % (RWE) y 9 % (Vattenfall) en centrales nucleares. En cambio, para E.ON y la
         demandante la energía nuclear representa actualmente, respectivamente, en torno al 34 % y al 37 % de su potencia instalada.
         Mientras que Vattenfall posee un parque de centrales relativamente modernas, RWE dispone de una potencia bruta total de en
         torno a 7.100 MW, que, según la información de la demandante, debe ser sustituida, al menos parcialmente, antes de 2007, por
         nuevas instalaciones que pueden beneficiarse de la regla de transferencia. En cambio, E.ON y la demandante son las únicas
         empresas que, tras el cierre de las centrales nucleares de Obrigheim (de la demandante) y de Stade (de E.ON) por razón del
         abandono de la energía nuclear en Alemania, se ven obligadas a compensar su capacidad nuclear con la producción de electricidad
         convencional, sin que por ello puedan beneficiarse de la regla de transferencia. La ventaja que de ello resulta, durante el
         primer período de asignación, para los titulares de centrales convencionales, en particular para RWE, afecta a la situación
         económica de la demandante de manera especialmente significativa (auto del Tribunal de Justicia de 25 de abril de 2002, Galileo
         y Galileo International/Consejo, C‑96/01 P, Rec. p. I‑4025, apartado 53). Además, su afectación individual también es la consecuencia
         de una serie de circunstancias materiales que la caracterizan frente a cualquier otro operador, a saber, en particular la
         parte considerable que representa la energía nuclear en su capacidad de producción de electricidad, la composición particular
         de su parque de centrales en comparación con los parques de sus competidores así como la mención expresa, en los motivos del
         proyecto de Ley de asignación que hacen referencia a la regla de atribución especial, del cierre de las centrales nucleares
         de Stade y Obrigheim. La demandante añade que la regla de transferencia continuará afectándole individualmente más allá del
         primer período de asignación, dado que, por una parte, a partir de 2008 no podrá seguir beneficiándose de la asignación especial
         para las centrales nucleares y, por otra parte, no necesitará, en principio, sustituir sus centrales convencionales que podrían
         beneficiarse de la regla de transferencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo,
         C‑358/89, Rec. p. I‑2501, apartado 17, y sentencia Air France/Comisión, citada en el apartado 68 supra, apartado 82).
      
      90      La demandante afirma que la regla de atribución especial no puede compensar la ventaja concedida a los titulares de centrales
         convencionales. Por un lado, esta disposición forma parte de un conjunto de disposiciones que falsean la competencia en perjuicio
         de la demandante y, por otro lado, la dotación de derechos de emisión a que dé lugar en el momento del cierre de las centrales
         nucleares será insuficiente y constituirá en sí misma una distorsión de la competencia.
      
      91      A la vista de todos los argumentos precedentes, la demandante se considera directa e individualmente afectada por la Decisión
         impugnada también con arreglo a la Directiva 2003/87.
      
      4.      Sobre la legitimación activa de la demandante
      92      La demandante se opone al argumento de la demandada de que carece de legitimación activa. En particular, refuta la tesis de
         que, si se produjera la anulación de la Decisión impugnada, el PNA alemán sería aplicable en su totalidad debido al transcurso
         del plazo de tres meses previsto en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87. Por el contrario, la demandante considera
         que en tal caso las partes volverían a la situación en la que se encontraban antes de la adopción de la Decisión impugnada
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo, 22/70, Rec. p. 263, apartados 59 y 60). También
         en materia de ayudas, en caso de anulación de una decisión de autorización, según la jurisprudencia y la práctica decisoria
         de la Comisión, procede reanudar el procedimiento (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1998, España/Comisión,
         C‑415/96, Rec. p. I‑6993, apartado 31), incluso aunque haya expirado el plazo de dos meses establecido para realizar el examen
         preliminar previsto en el artículo 88 CE, apartado 3. Según la demandante, estos mismos principios deben aplicarse al caso
         de autos, con la consecuencia de que, en caso de anulación de la Decisión impugnada, la Comisión deberá incoar un nuevo procedimiento
         de examen con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2003/87.
      
      II –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      93      El Tribunal de Primera Instancia recuerda, con carácter preliminar, que las partes demandada y coadyuvante se oponen a la
         admisibilidad del presente recurso, basándose, en particular, en que la Decisión impugnada no afecta directamente a la demandante,
         en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y en que, en todo caso, ésta carece de legitimación para impugnar dicha
         Decisión.
      
      94      En primer lugar, procede examinar si la demandante está legitimada para pedir la anulación de la Decisión impugnada.
      
      A –  Sobre los requisitos de la legitimación activa
      95      La demandada sostiene que la demandante carece de legitimación para solicitar la anulación de la Decisión impugnada porque
         la posible anulación de la misma sólo traería como consecuencia la invalidación del rechazo por la Comisión de los tres aspectos
         del PNA alemán mencionados en el artículo 1 de la misma. Por tanto, una vez expirado el plazo de tres meses previsto en el
         artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, la anulación no puede afectar a la ejecución de dicho PNA en su integridad,
         incluida la regla de transferencia controvertida, y, en consecuencia, no puede beneficiar a la demandante. La demandante alega,
         en esencia, que la anulación de la Decisión impugnada, al igual que la de cualquier Decisión de autorización en materia de
         ayudas de Estado, tendría como consecuencia invalidar la autorización otorgada por la Comisión en lo relativo a la regla de
         transferencia y llevar a la Comisión a reabrir el procedimiento de examen, con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva
         2003/87, devolviendo a las partes a la situación en que se encontraban antes de la adopción de la Decisión impugnada, aunque
         hubiera expirado el plazo de tres meses, y a resolver de nuevo.
      
      96      Por lo que respecta a la legitimación activa, conviene recordar la jurisprudencia consolidada según la cual sólo cabe declarar
         la admisibilidad de un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica en la medida en que el demandante
         tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre
         de 2004, MCI/Comisión, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, apartado 44, y la jurisprudencia allí citada). Un interés de este tipo supone
         que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 14 de septiembre de 1995, Antillean Rice Mills y otros/Comisión, T‑480/93 y T‑483/93, Rec. p. II‑2305, apartados 59 y 60,
         y la jurisprudencia allí citada) y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677,
         apartado 21).
      
      97      Por tanto, procede verificar si, en el caso de autos, la anulación de la Decisión impugnada puede procurar un beneficio a
         la demandante. Esto sucedería, en particular, si la anulación tuviera como consecuencia que, por una parte, las reglas del
         PNA alemán, incluida la regla de transferencia, dejaran de disfrutar de la posible autorización otorgada al menos de forma
         implícita, por la Decisión impugnada con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y, por otra parte, la
         Comisión estuviera obligada a resolver de nuevo, sobre la base de esta disposición, acerca de la compatibilidad del PNA con
         las disposiciones pertinentes de Derecho comunitario.
      
      98      Así, la respuesta a la cuestión de si existe legitimación activa depende de la naturaleza jurídica del procedimiento de examen
         y del poder de decisión de la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y, en particular, de
         si la Decisión impugnada implica una autorización de todo el PNA alemán, incluida la regla de transferencia.
      
      99      Por tanto, debe determinarse la naturaleza jurídica de este procedimiento y el poder de decisión de la Comisión. 
      
      B –  Sobre la naturaleza jurídica del procedimiento de examen y el poder de decisión de la Comisión con arreglo al artículo 9 de
            la Directiva 2003/87
      1.      Observaciones preliminares
      100    No se discute que, desde un punto de vista puramente formal y con independencia de su verdadero alcance material, la Decisión
         impugnada sólo está basada en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y no en las reglas pertinentes en materia
         de ayudas de Estado, a saber, los artículos 87 CE y 88 CE, así como el Reglamento nº 659/1999.
      
      101    Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del procedimiento de examen previsto en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva
         2003/87, la demandada alega en sustancia, apoyada por la parte coadyuvante, que esta disposición no otorga a la Comisión la
         facultad de autorizar el PNA notificado, sino tan solo la facultad de rechazar este PNA o determinados aspectos del mismo
         sobre la base de los criterios enumerados en el anexo III de dicha Directiva. La demandante alega fundamentalmente que, por
         una parte, en caso de anulación de la Decisión impugnada, debe volver a incoarse el procedimiento de examen y que, por otra
         parte, la expiración del plazo de tres meses constituye, en todo caso, una ficción jurídica consistente en considerar autorizado
         el PNA.
      
      102    Para examinar el fundamento de los argumentos expuestos al efecto por las partes, el Tribunal de Primera Instancia considera
         que debe procederse a una interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
         (véanse, en relación con la metodología, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2002, Lagardère
         y Canal+/Comisión, T‑251/00, Rec. p. II‑4825, apartado 72 y siguientes, y de 6 de octubre de 2005, Sumitomo Chemical y Sumika
         Fine Chemicals/Comisión, T‑22/02 y T‑23/02, Rec. p. II‑4065, apartado 41 y siguientes).
      
      2.      Sobre la posible autorización contenida en la Decisión impugnada
      a)      Sobre la interpretación literal del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      103    En primer lugar, para determinar si la Decisión impugnada implica una autorización del PNA alemán, procede examinar el tenor
         literal del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 que constituye, tal como admiten las partes, la base jurídica
         formal de la Decisión impugnada.
      
      104    A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia destaca que el tenor literal del artículo 9, apartado 3, párrafo primero,
         según el cual la Comisión «podrá rechazar dicho [PNA], o cualquiera de sus elementos», indica que la Comisión no dispone de
         plena facultad de autorización, como sostiene la demandante. Si bien es cierto que esta disposición permite a la Comisión
         un control a priori del PNA notificado por el Estado miembro, no es menos cierto que la facultad de la Comisión de examinar y rechazar este PNA
         está muy limitada, tanto material como temporalmente. Por una parte, este control está limitado al examen, por parte de la
         Comisión, de la compatibilidad del PNA con los criterios del anexo III y el artículo 10 de la Directiva 2003/87 y, por otra
         parte, debe ejercerse en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicho PNA por el Estado miembro. 
      
      105    En contra de lo que sostiene la demandante, el hecho de que el artículo 9, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2003/87
         haga referencia a «si la Comisión acepta» las «enmiendas propuestas» no puede poner en cuestión esta apreciación. En efecto,
         estas enmiendas se producen en una fase ulterior del procedimiento de examen, a saber, a raíz de objeciones de la Comisión
         con respecto al PNA notificado o a algunos de sus aspectos, y precisamente pretenden eliminar las objeciones inicialmente
         expresadas por la Comisión sobre su compatibilidad con los criterios enunciados en el anexo III y el artículo 10 de la Directiva
         2003/87. Por tanto, la aceptación de dichas enmiendas por la Comisión sólo es el corolario de sus objeciones iniciales en
         el marco de su facultad limitada para controlar y rechazar, conferida por el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87,
         y no la expresión de una facultad general de autorización. El hecho de que esta disposición sólo prevea la posibilidad de
         aceptar las propuestas de enmienda del PNA indica más bien que, por el contrario, la Comisión no dispone de tal poder general
         de autorización. 
      
      106    Por otra parte, la facultad de rechazar el PNA notificado o algunos de sus aspectos no responde a una obligación absoluta
         de actuar de la Comisión. Ciertamente, esta última está obligada, a raíz de la notificación de un PNA, a verificar, detenida
         e imparcialmente, la compatibilidad del PNA con los criterios del anexo III y el artículo 10 de la Directiva 2003/87 (véanse,
         por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90,
         Rec. p. I‑5469, apartado 14; las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo,
         T‑13/99, Rec. p. II‑3305, apartado 171, y Alpharma/Consejo, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, apartado 182). No obstante, los términos
         «podrá rechazar» implican una cierta facultad de apreciación discrecional de la Comisión, comparable a la facultad de apreciación
         discrecional de que dispone en el marco de la aplicación del artículo 226 CE, de la que no está obligada a hacer uso en todas
         las circunstancias (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de enero de 2004, Makedoniko Metro y Michaniki/Comisión,
         T‑202/02, Rec. p. II‑181, apartados 43 y 46, y jurisprudencia allí citada). De ello se deduce que, si a raíz de la notificación
         por el Estado miembro de su PNA, la Comisión renuncia a hacer uso de esa facultad durante el plazo de tres meses a partir
         de la notificación, el Estado miembro puede, en principio, ejecutar dicho PNA en las condiciones previstas en los artículos
         11 y siguientes de la Directiva 2003/87, sin necesitar la aprobación de la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 23 de noviembre de 2005, Reino Unido/Comisión, T‑178/05, Rec. p. II-4807, apartado 55).
         Cabe añadir que esto no afecta en absoluto a la facultad de vigilancia general de la Comisión con arreglo a los artículos
         211 CE y 226 CE, que, por su parte, no está sujeta a plazo perentorio alguno.
      
      107    Asimismo, del tenor del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 se desprende que el procedimiento de examen del PNA
         no debe concluir necesariamente mediante una decisión formal, en particular cuando el Estado miembro presenta, a lo largo
         del procedimiento, todas las enmiendas solicitadas por la Comisión. Además, el artículo 9, apartado 3, párrafo segundo, de
         la Directiva 2003/87 sólo alude a una decisión negativa de rechazo, y no a una decisión de autorización o a una decisión de
         no plantear objeciones. De ello se deduce que la Comisión dispone de cierto margen de apreciación para adoptar tal decisión,
         del que hará uso, en particular, cuando el Estado miembro se abstenga, o se niegue, a enmendar su PNA antes de que expire
         el plazo de tres meses, a pesar de las objeciones planteadas por la Comisión.
      
      108    Por tanto, la postura de la demandante es contraria al tenor del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87.
      
      b)      Sobre la interpretación contextual del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      109    Desde el punto de vista contextual, el Tribunal de Primera Instancia observa la ausencia de elementos pertinentes en la Directiva
         2003/87 que permitan determinar mejor la naturaleza jurídica del procedimiento de examen y del poder de decisión ejercido
         por la Comisión con arreglo al artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva. Sin embargo, cabe comparar este procedimiento y
         este poder con otros regímenes administrativos de control que también implican un poder de decisión de la Comisión, entre
         los cuales están los invocados por las partes, para así caracterizar el fundamento jurídico así como la finalidad del régimen
         en cuestión.
      
      110    A este respecto, las partes hicieron referencia, en particular, al procedimiento de control de las ayudas de Estado establecido
         en el artículo 88 CE y aclarado en el Reglamento nº 659/1999, así como al procedimiento por incumplimiento con arreglo al
         artículo 226 CE.
      
      111    A este respecto, cabe precisar que tanto el procedimiento en materia de ayudas de Estado –en tanto en cuanto versa sobre medidas
         notificadas previamente con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3– como el procedimiento de examen con arreglo al artículo
         9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 constituyen, a diferencia del procedimiento por incumplimiento establecido en el artículo
         226 CE, ejemplos de control previo de la compatibilidad de medidas nacionales con determinadas disposiciones de Derecho comunitario.
         Al igual que se le prohíbe, en cumplimiento del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero, ejecutar una medida de ayuda
         notificada, antes de que transcurra un plazo determinado, el Estado miembro no tiene, en principio, derecho a ejecutar su
         PNA antes de que transcurra el plazo de tres meses previsto para este control previo, con arreglo al artículo 9, apartado
         3, párrafo primero, de la Directiva 2003/87, a menos que antes de que transcurra este plazo la Comisión comunique al Estado
         miembro que no pretende plantear objeciones. En efecto, por una parte, esta prohibición temporal de ejecutar el PNA permite
         a la Comisión rechazar, hasta el fin de este plazo, todo o parte del PNA en cuestión por su posible incompatibilidad, en particular,
         con los criterios del anexo III. Por otra parte, esta prohibición resulta del hecho de que, con arreglo al segundo párrafo
         de dicha disposición, en caso de objeciones de la Comisión respecto al PNA o a algunos de sus aspectos, el Estado miembro
         sólo puede tomar la decisión de asignación en el sentido del artículo 11, apartado 1 –que exige que el PNA esté «elaborado
         en virtud del artículo 9»–, si la Comisión acepta las enmiendas que él propone para eliminar las objeciones. En cambio, en
         contra de lo dispuesto por el artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero, el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
         no hace depender la cesación de esta prohibición de ejecutar el PNA de la adopción de una decisión formal por parte de la
         Comisión. De ello se desprende, en principio, que en ausencia de objeciones expresas de la Comisión en el plazo establecido,
         el mero transcurso del plazo de tres meses permite al Estado miembro ejecutar el PNA tal como fue notificado (sentencia Reino
         Unido/Comisión, citada en el apartado 106 supra, apartado 55).
      
      112    El Tribunal de Primera Instancia considera además que el mero hecho de que el procedimiento de examen de los PNA tenga carácter
         de control a priori no implica que dicho procedimiento deba dar lugar a una decisión constitutiva de derechos en lo relativo a la legalidad y
         a la posibilidad de ejecutar las medidas notificadas. En efecto, mientras que las normas en materia de ayudas se basan en
         un principio de prohibición general –vinculado a una presunción de ilegalidad– según el cual las medidas de ayuda, en el sentido
         del artículo 87 CE, apartado 1, son, en principio, incompatibles con el mercado común, el artículo 9, apartado 3, de la Directiva
         2003/87 no se basa en este principio y no pretende establecer una excepción a prohibición general alguna. Esta disposición
         pretende, por el contrario, garantizar el buen funcionamiento del régimen de comercio de los derechos de emisión mediante
         la asignación de derechos de emisión por parte de los Estados miembros sobre la base de sus PNA, cuyas reglas de asignación
         sólo están sujetas a un control limitado del cumplimiento de los criterios enumerados en el anexo III de dicha Directiva por
         parte del Estado miembro. Del mismo modo, en el Derecho comunitario ambiental no existe disposición alguna de Derecho primario
         o derivado que, a semejanza de la prohibición general establecida en el artículo 87 CE, prohíba a un Estado miembro, aunque
         sólo sea por precaución, la adopción de determinadas medidas en el contexto de la ejecución de la Directiva 2003/87 y del
         régimen de comercio de los derechos de emisión. Por el contrario, en virtud del artículo 176 CE, un Estado miembro tiene la
         posibilidad de mantener o de adoptar medidas de protección reforzadas en relación con las previstas por la legislación comunitaria,
         siempre y cuando éstas sean compatibles con el Tratado en general (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia
         de 14 de abril de 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe, C‑6/03, Rec. p. I‑2753, apartados 27 a 32). 
      
      113    El Tribunal de Primera Instancia considera que las diferencias expuestas en el apartado 112 supra entre el procedimiento de examen de las ayudas de Estado y de examen de los PNA revelan una diferencia fundamental entre
         estos dos regímenes de control a priori. De ello se desprende que los efectos jurídicos de las medidas adoptadas por la Comisión
         en el marco de cada uno de estos regímenes, tanto con respecto a los Estados miembros como con respecto a las empresas interesadas,
         deben distinguirse claramente.
      
      114    Así, una decisión formal de compatibilidad, en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero, adoptada por la
         Comisión en el marco del procedimiento de examen de ayudas de Estado, constituye una decisión de autorización que reconoce
         explícitamente la legalidad de la ayuda notificada, en ausencia de la cual, en principio, esta ayuda es ilegal y no puede
         concederse (véase el artículo 4, apartados 2 y 3, y el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 659/1999). En cambio,
         una decisión de incompatibilidad a estos efectos sólo confirma, de manera jurídicamente vinculante, la prohibición general
         prevista en el artículo 87 CE así como la prohibición de ejecutar la ayuda (véase el artículo 7, apartado 5, del Reglamento
         nº 659/1999). La necesidad de esta autorización, que constituye una excepción al principio general de prohibición de las ayudas
         de Estado tal como está establecido en el artículo 87 CE, apartado 1, queda finalmente confirmada por la ficción jurídica
         que resulta del artículo 4, apartado 6, párrafo primero, del Reglamento nº 659/1999, según el cual la ayuda controvertida
         se «considerará […] autorizad[a]» cuando la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en los plazos (véase, asimismo, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, apartado 5).
      
      115    En cambio, el control a priori efectuado en aplicación del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 no lleva necesariamente
         a una decisión de autorización, dado que la Comisión sólo debe intervenir en la medida en que considere necesario plantear
         objeciones frente a determinados aspectos del PNA notificado, y adoptar, en caso de que el Estado miembro se niegue a enmendar
         su PNA, una decisión de rechazo (véase el apartado 106 supra). Además, estas objeciones y la decisión de rechazo deben formularse en los tres meses siguientes a la notificación del PNA.
         En efecto, si no se formulan, el PNA notificado se convierte en definitivo y se beneficia de la presunción de legalidad que
         permite al Estado miembro ejecutarlo durante el período de asignación correspondiente. Por tanto, este control particular
         se basa en una presunción de legalidad de la medida de Estado, que sólo está sujeta a una prohibición temporal de ejecución.
         De ello se deriva que cualquier decisión de la Comisión que rechace un PNA o ciertos aspectos del mismo, aun cuando implique
         una aceptación explícita por la Comisión de otros aspectos de éste o enuncie los motivos por los que no pretende plantear
         objeciones al respecto y aun cuando vaya acompañada de una aceptación de enmiendas de dicho PNA, no puede considerarse autorización,
         como acto constitutivo de derechos, puesto que, por naturaleza, las medidas notificadas en este contexto no necesitan dicha
         autorización.
      
      c)      Sobre la interpretación teleológica del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      116    La interpretación teleológica del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 confirma las consideraciones expuestas en
         los apartados 103 a 115 supra.
      117    Desde el punto de vista teleológico, el procedimiento incoado con arreglo a esta disposición tiene por objeto, aparte de la
         posibilidad de un control a priori por parte de la Comisión, garantizar a los Estados miembros la seguridad jurídica y, en particular, permitirles estar informados
         con rapidez, en plazos breves, sobre el modo en el que pueden asignar los derechos de emisión y gestionar el régimen de comercio
         de los derechos de emisión sobre la base de su PNA durante el período de asignación correspondiente. En efecto, teniendo en
         cuenta la duración limitada de este período, que es de tres a cinco años (artículo 11 de la Directiva 2003/87), tanto la Comisión
         como los Estados miembros tienen un interés legítimo en que cualquier controversia sobre el contenido del PNA se solucione
         rápidamente y en no exponer al PNA al riesgo de oposición por parte de la Comisión durante su período de validez.
      
      118    Además, a diferencia de la aplicación de las normas sobre las ayudas de Estado, que pretenden impedir de raíz la creación
         de una situación contraria a lo dispuesto por el Tratado y a los objetivos del mercado interior, el logro de los objetivos
         de la Directiva 2003/87, en particular, la creación de un régimen de comercio de derechos de emisión a fin de fomentar reducciones
         de las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente (artículo
         1 de dicha Directiva), se vería obstaculizado por el establecimiento de la prohibición de ejecutar los PNA en tanto la Comisión
         no haya adoptado una decisión de autorización.
      
      119    De las consideraciones anteriores se deduce que no puede acogerse el argumento de la demandante de que la Decisión impugnada
         constituye una autorización implícita del PNA alemán, incluida la regla de transferencia controvertida.
      
      3.      Sobre los efectos de la expiración del plazo de tres meses contemplado en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, de la
         Directiva 2003/87
      
      120    En cuanto al argumento de la demandante basado en que el PNA notificado se considera autorizado a la expiración del plazo
         de tres meses contemplado en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2003/87, de las consideraciones expuestas
         en los apartados 103 a 119 supra se deduce que, a falta de un poder general de autorización stricto sensu de la Comisión con respecto al PNA notificado, la falta de objeciones de la Comisión a la expiración de este plazo no puede,
         con mayor motivo, servir de base a presunción o ficción jurídica alguna de autorización del PNA. A este respecto, el Tribunal
         de Primera Instancia recuerda que la Comisión sólo dispone de una facultad limitada para controlar y rechazar, ceñida únicamente
         a los criterios enumerados en el anexo III y al artículo 10 de dicha Directiva. Por tanto, la expiración de este plazo tiene
         como única consecuencia que el PNA –que se beneficia de una presunción de legalidad salvo objeciones de la Comisión– se convierte
         en definitivo y puede ser ejecutado por el Estado miembro sin que ello requiera autorización general alguna por parte de la
         Comisión.
      
      121    Respalda esta apreciación el hecho de que el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 no establece expresamente una
         presunción o ficción jurídica, tal como alegó la demandante. Ciertamente, el legislador comunitario puede establecer este
         tipo de reglas cuando lo considere indispensable para la seguridad jurídica de las partes en el procedimiento. En efecto,
         tal como alega la demandante, el legislador comunitario hizo uso de esta facultad en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento
         nº 659/1999, en interés del Estado miembro, para que éste pudiera ejecutar una medida de ayuda tras la expiración del plazo
         de dos meses a partir de su notificación, sin correr el riesgo de que la Comisión pudiera intervenir posteriormente. Asimismo,
         el artículo 10, apartado 6, del Reglamento nº 139/2004 establece, en interés de las empresas que notifican un proyecto de
         concentración, que una concentración se considera compatible con el mercado común si la Comisión no se pronuncia en los plazos
         previstos en dicho Reglamento. Pues bien, cabe observar que la justificación de estas reglas radica precisamente en el hecho
         de que los regímenes de control de que se trata, a diferencia del establecido por el artículo 9, apartado 3, de la Directiva
         2003/87, requieren una autorización explícita y constitutiva de derechos por parte de la administración para que el proyecto
         de medidas notificado pueda ejecutarse. Por otra parte, estas reglas constituyen excepciones y, por tanto, deben estar previstas
         de forma expresa en la normativa de que se trate por suponer una modificación del ordenamiento jurídico mediante la concesión
         de una autorización con independencia de toda intervención de la Comisión. 
      
      122    Por tanto, la ausencia de objeciones de la Comisión antes de la expiración del plazo de tres meses establecido en el artículo
         9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 no implica, por el juego de una ficción jurídica, la autorización del PNA notificado.
         Cabe añadir que la postura de la demandante puede menoscabar la facultad de control que la Comisión posee en virtud del artículo
         226 CE, de la que debe poder hacer uso, a la vista del control limitado ejercido con arreglo al artículo 9, apartado 3, de
         la Directiva 2003/87, en el supuesto de infracciones del Derecho comunitario distintas de las de los criterios del anexo III
         o del artículo 10 de dicha Directiva. 
      
      4.      Sobre los efectos jurídicos de la posible anulación de la Decisión impugnada 
      123    El Tribunal de Primera Instancia considera que, a la vista de las anteriores consideraciones, la posible anulación de la Decisión
         impugnada no puede procurar a la demandante beneficio alguno que pueda fundamentar su legitimación activa en el sentido de
         la jurisprudencia citada en el apartado 96 supra. 
      
      124    En primer lugar, con independencia de si esta anulación debe llevar a la Comisión a resolver de nuevo sobre el PNA alemán
         en aplicación del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87, dicha anulación no puede basarse en un aspecto ajeno al
         objeto y al alcance jurídico de la Decisión impugnada tal como están establecidos, en particular, en su parte dispositiva.
         Pues bien, por una parte, la Decisión impugnada sólo rechaza, en su artículo 1, determinados ajustes posteriores del PNA alemán
         y no la regla de transferencia discutida, con carácter principal, por la demandante. Por otra parte, de las consideraciones
         formuladas en los puntos 103 a 119 supra se desprende que la Decisión impugnada tampoco constituye una autorización –ni explícita ni implícita– del PNA alemán en
         su conjunto, incluida la regla de transferencia controvertida. Por tanto, a diferencia de la anulación de una decisión de
         compatibilidad adoptada en materia de ayudas de Estado y en contra de la finalidad perseguida por la demandante, la posible
         anulación de la Decisión impugnada no puede tener como consecuencia la invalidación de dicha autorización. 
      
      125    En consecuencia, tal como alega la demandada, la anulación de la parte dispositiva de la Decisión impugnada no puede satisfacer
         el objetivo principal del recurso de la demandante. De ello también se deriva que la parte dispositiva de la Decisión impugnada,
         como tal, no perjudica a la demandante y que, por tanto, su anulación no puede procurarle un beneficio. En consecuencia, a
         este respecto, la demandante no justifica su legitimación activa y el recurso debe declararse inadmisible.
      
      126    En segundo lugar, la pretensión de anulación de la demandante tampoco es admisible en la medida en que tiene por objeto los
         considerandos noveno y décimo de la Decisión impugnada. Es cierto que estos considerandos se refieren, en sustancia, a una
         apreciación de la Comisión basada en el artículo 88 CE, apartado 3, así como a la regla de transferencia, con respecto a la
         cual la Comisión considera que no debe plantear objeciones. Además, en cuanto a la legalidad de la regla de transferencia,
         la Comunicación COM(2004) 500 final, antes citada, reproduce y completa los motivos de la Decisión impugnada, adoptada en
         el mismo día, y es, a este respecto, complemento de motivación que el juez comunitario también está, en principio, obligado
         a tomar en consideración en su control de legalidad (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         8 de julio de 2003, Verband der freien Rohrwerke y otros/Comisión, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, apartados 122 a 124).
      
      127    Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, cualquiera que sea la motivación que fundamenta una decisión, tan sólo su parte
         dispositiva puede producir efectos jurídicos y, por tanto, lesivos. En cambio, las apreciaciones formuladas en los motivos
         de una decisión no pueden, por sí mismas, ser objeto de un recurso de anulación y solamente pueden ser sometidas al control
         de legalidad del juez comunitario en la medida en que, tratándose de la motivación de un acto lesivo, constituya el soporte
         necesario de la parte dispositiva de dicho acto (véanse, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 28 de enero
         de 2004, Países Bajos/Comisión, C‑164/02, Rec. p. I‑1177, apartado 21; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de
         marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 186), o si, al menos, esta motivación puede alterar
         la naturaleza de lo decidido en la parte dispositiva del acto en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia Lagardère
         y Canal+/Comisión, citada en el apartado 102 supra, apartados 67 y 68). En este contexto, cabe recordar además que, en principio, la parte dispositiva de un acto no puede disociarse
         de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción
         (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Cableuropa y otros/Comisión, T‑346/02 et
         T‑347/02, Rec. p. II‑4251, apartado 211, y la jurisprudencia allí citada).
      
      128    A la luz de esta jurisprudencia se confirma la conclusión de que, por una parte, la Decisión impugnada no lesiona a la demandante
         y, por otra, su anulación no le procuraría beneficio alguno, teniendo en cuenta el verdadero objeto de su recurso, a saber,
         una solicitud de anulación de una supuesta autorización de la regla de transferencia acordada por la Decisión impugnada. En
         efecto, los motivos controvertidos, en particular los relativos a la regla de transferencia que figuran en el décimo considerando
         de la Decisión impugnada, carecen de relación y de reflejo en la parte dispositiva de dicha Decisión y, además, no pueden
         –por las razones expuestas en los apartados 103 a 122 supra– alterar la naturaleza de dicha parte dispositiva. En efecto, es jurídicamente imposible crear tal relación, puesto que se
         trata de una decisión de rechazo adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 que, por su naturaleza,
         sólo puede reproducir en su parte dispositiva los aspectos del PNA que la Comisión discute y rechaza, pero nunca los aspectos
         frente a los que no plantea objeciones.
      
      129    Aunque la Comisión se pronunció en la exposición de motivos de la Decisión impugnada, mediante un obiter dictum, sobre aspectos del PNA frente a los que no planteó objeciones, estos motivos no pueden tener efectos jurídicos vinculantes
         ni constituir el soporte necesario de la parte dispositiva de dicha Decisión, dado que el artículo 9, apartado 3, de la Directiva
         2003/87 no confiere a la Comisión la facultad de declarar, de manera jurídicamente vinculante, la legalidad de una regla contenida
         en un PNA. Además, en estas circunstancias, dichos motivos no pueden proporcionar elementos útiles para la interpretación
         de la parte dispositiva de la Decisión impugnada en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 127 supra.
      130    En consecuencia, a falta de pronunciamiento jurídicamente vinculante sobre la regla de transferencia en la parte dispositiva
         de la Decisión impugnada, los motivos de esta decisión relativos a dicha regla y a su posible compatibilidad con las normas
         sobre ayudas de Estado, están excluidos del control del juez comunitario en el marco del presente litigio y no pueden fundamentar
         legitimación activa alguna de la demandante. 
      
      5.      Sobre la falta de decisión adoptada en materia de ayudas desde el punto de vista material
      131    Finalmente, procede rechazar el argumento de la demandante de que la Decisión impugnada debe ser considerada en función de
         su verdadera naturaleza, tal como resulta de una apreciación realizada sobre la base de criterios objetivos y con independencia
         de su denominación o su forma (sentencias IBM/Comisión, citada en el apartado 68 supra, apartado 9, y Air France/Comisión, citada en el apartado 68 supra, apartados 43 y 51).
      
      132    En primer lugar, es cierto que la propia Directiva 2003/87, en particular el criterio nº 5 de su anexo III, contempla la posibilidad
         de conflictos entre las disposiciones de un PNA y el derecho de las ayudas de Estado y de este modo, obliga a la Comisión
         a tenerlo en cuenta en el marco del procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de dicha Directiva. Además,
         no se excluye que, en determinados supuestos, la notificación de un PNA con arreglo al artículo 9, apartado 1, párrafo segundo,
         de la Directiva 2003/87, también pueda constituir una notificación en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, o incluso
         deba considerarse como tal.
      
      133    De ello se deriva que los aspectos de un PNA notificado que pueden infringir el artículo 87 CE deben estar sujetos a un examen
         preliminar por parte de la Comisión y, en su caso, pueden dar lugar a la incoación de un procedimiento paralelo con arreglo
         al Reglamento nº 659/1999. En efecto, si la Comisión considera, a raíz de este examen preliminar, que es necesario incoar
         dicho procedimiento y que el contenido de la notificación no es suficientemente completo para que pueda ser calificada de
         notificación con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3, puede, en su caso, en aplicación del Reglamento nº 659/1999, solicitar
         al Estado miembro la información necesaria para realizar un examen más detallado de los aspectos del PNA desde el punto de
         vista del artículo 87 CE. A este respecto, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 88 CE, apartado 3, el Estado
         miembro está, en principio, obligado –sin perjuicio de determinadas excepciones como las establecidas por el Reglamento (CE)
         nº 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos [87] y [88] del Tratado constitutivo de
         la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (DO L 142, p. 1)–, a notificar a la Comisión
         cualquier proyecto de concesión de una ayuda. Esta obligación es jurídicamente distinta y, en principio, independiente de
         la relativa a la notificación de un PNA con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87. Por su parte, una
         decisión basada únicamente en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 y no en los artículos 87 CE y 88 CE, sólo
         permite a la Comisión, con respecto a los aspectos de ayuda de Estado del PNA, realizar una apreciación prima facie desde el punto del vista del derecho de las ayudas de Estado, que no puede prejuzgar la posibilidad de adoptar una decisión
         formal en el sentido del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero. 
      
      134    En segundo lugar, ni la Directiva 2003/87, adoptada únicamente sobre la base del artículo 175 CE y no del artículo 89 CE,
         ni las medidas jurídicamente no vinculantes adoptadas en este contexto, como el escrito de la Comisión de 17 de marzo de 2004
         (véanse los apartados 21 a 24 supra), pueden limitar válidamente el alcance y el efecto útil de las normas sobre el control de las ayudas de Estado (véanse, por
         analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1992, Kerafina y Vioktimatiki, C‑134/91 y C‑135/91,
         Rec. p. I‑5699, apartado 20, y sentencia BP Chemicals/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartado 55). En efecto, a falta de una base legal pertinente, la Directiva 2003/87 no puede, sin perjuicio de las consideraciones
         formuladas en el apartado 132 supra, constituir una lex specialis que permita el control de las ayudas de Estado en el marco del procedimiento de examen previsto en el artículo 9, apartado
         3, de esta Directiva. Del mismo modo, en el supuesto de que sea necesaria una notificación completa de determinadas reglas
         del PNA con arreglo al Derecho de las ayudas, la Directiva 2003/87 no puede servir de base a una excepción a la prohibición
         de ejecutar prevista en el artículo 88 CE, apartado 3, párrafo tercero. De ello se deduce que, en caso de que el Estado miembro
         no respete la prohibición de ejecutar, un particular puede hacer valer el efecto directo del artículo 88 CE, apartado 3, párrafo
         tercero, ante los órganos jurisdiccionales nacionales (sentencias del Tribunal de Justicia Fédération nationale du commerce
         extérieur des produits alimentaires y otros, citada en el apartado 70 supra, apartado 12, y de 27 de octubre de 2005, Casino France y otros, C‑266/04 a C‑270/04, C‑276/04 y C‑321/04 a C‑325/04, Rec.
         p. I‑9481, apartado 30). De ello se deduce finalmente que una decisión de rechazo adoptada únicamente con arreglo al artículo
         9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 no puede tener todas las consecuencias jurídicas de una decisión adoptada en aplicación
         del artículo 88 CE en relación con el artículo 4 o con el artículo 7 del Reglamento nº 659/1999. Esta afirmación no prejuzga
         en modo alguno el hecho de que, cuando la notificación de un PNA, en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva
         2003/87, también cumpla las condiciones de una notificación con arreglo al artículo 88 CE, apartado 3 (véase el apartado 132 supra), la falta de examen preliminar y de toma de postura de la Comisión con arreglo al derecho de las ayudas de Estado, en los
         plazos previstos en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento nº 659/1999, lleve a la existencia de una decisión implícita
         de autorización de las medidas de ayuda notificadas de conformidad con el artículo 4, apartado 6, de este Reglamento, decisión
         que, sin embargo, es jurídicamente distinta de la adoptada en aplicación del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87.
      
      135    En tercer lugar, esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que, según el criterio nº 5 del anexo III de la Directiva
         2003/87, los artículos 87 CE y 88 CE también deban respetarse en el contexto de la ejecución de los PNA. En efecto, este criterio
         sólo es la expresión de un principio consolidado en Derecho comunitario según el cual todo acto de Derecho derivado debe ejecutarse
         de tal modo que no menoscabe las disposiciones del Tratado ni ninguna otra norma de derecho primario, como los principios
         generales del Derecho o los derechos fundamentales. Sin embargo, esta obligación general de respeto al Derecho comunitario
         no puede implicar que deba incoarse un procedimiento administrativo en aplicación de todas las disposiciones procedimentales
         y materiales pertinentes, como las del Reglamento nº 659/1999, sino que sólo obliga a la Comisión a realizar una apreciación
         prima facie en el marco de la aplicación de la Directiva 2003/87 (véase el apartado 134 supra). Finalmente, el procedimiento de examen con arreglo al artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87 en ningún caso permite
         que la Comisión autorice a los Estados miembros a establecer excepciones a disposiciones de Derecho comunitario que no están
         contenidas en la misma (véanse, por analogía, las sentencias Kerafina y Vioktimatiki, citada en el apartado 134 supra, apartado 20, y BP Chemicals/Comisión, citada en el apartado 76 supra, apartado 55).
      
      136    En cuarto lugar, el Tribunal de Primera Instancia señala que del escrito de la Comisión de 29 de julio de 2004 se desprende
         (véanse los apartados 41 a 46 supra) que ésta se limitó a explicar las razones por las que en la Decisión impugnada se abstuvo de adoptar una postura definitiva
         sobre la compatibilidad del PNA alemán y la regla de transferencia con el mercado común en el sentido del artículo 87 CE.
         En particular, la Comisión señaló en dicho escrito que «las posibles ayudas probablemente serán consideradas compatibles con
         el mercado común cuando se examinen con arreglo a lo dispuesto por el artículo 88 CE, apartado 3». De ello se deduce que,
         según sus propias declaraciones, la Comisión sólo efectuó una apreciación provisional de la regla de transferencia en relación
         con las normas sobre ayudas de Estado. Pues bien, teniendo en cuenta las consideraciones formuladas en los apartados 103 a
         122 supra, esta apreciación provisional no puede interpretarse como una toma de posición definitiva a este respecto. 
      
      137    De ello se deduce que el recurso de la demandante debe desestimarse por inadmisible debido a la falta de legitimación activa.
         En estas circunstancias, no procede verificar si la Decisión impugnada afecta directa e individualmente a la demandante, en
         el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. 
      
      138    A la vista de todo lo anterior, procede declarar la inadmisibilidad del recurso. 
      
       Costas
      139    A tenor del artículo 87, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
         condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas todas las pretensiones de la
         demandante, procede condenarla al pago de las costas conforme ha solicitado la demandada. 
      
      140    A tenor del artículo 87, apartado 4, párrafo primero, de este mismo Reglamento, los Estados miembros que hayan intervenido
         como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Así pues, la República Federal de Alemania, como parte coadyuvante,
         soportará sus propias costas. 
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
      resuelve:
      1)      Desestimar el recurso por inadmisible.
      2)      La demandante cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la demandada.
      3)      La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 30 de abril de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         
      Índice
      
      Marco jurídico
      Antecedentes de hecho
      I –  Escrito de la Comisión de 17 de marzo de 2004
      II –  PNA alemán
      III –  Mercado energético alemán
      IV –  Procedimiento administrativo
      A –  Denuncia de la demandante
      B –  Decisión impugnada y Comunicación de la Comisión de 7 de julio de 2004
      C –  Escrito de la Comisión de 29 de julio de 2004
      D –  Escritos de la Comisión de 3 y 27 de agosto de 2004
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      I –  Alegaciones de las partes
      A –  Alegaciones de las partes demandada y coadyuvante
      B –  Alegaciones de la demandante
      1.     Observaciones preliminares
      2.     Sobre la legitimación de la demandante a la luz del Derecho de las ayudas
      a)     Sobre la calificación de la Decisión impugnada de decisión adoptada en materia de ayudas de Estado
      b)     Sobre la afectación directa de la demandante
      c)     Sobre la afectación individual de la demandante
      3.     Sobre la legitimación activa de la demandante con arreglo a la Directiva 2003/87
      a)     Observación preliminar
      b)     Sobre la afectación directa de la demandante
      c)     Sobre la afectación individual de la demandante
      4.     Sobre la legitimación activa de la demandante
      II –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      A –  Sobre los requisitos de la legitimación activa
      B –  Sobre la naturaleza jurídica del procedimiento de examen y el poder de decisión de la Comisión con arreglo al artículo
         9 de la Directiva 2003/87
      
      1.     Observaciones preliminares
      2.     Sobre la posible autorización contenida en la Decisión impugnada
      a)     Sobre la interpretación literal del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      b)     Sobre la interpretación contextual del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      c)     Sobre la interpretación teleológica del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2003/87
      3.     Sobre los efectos de la expiración del plazo de tres meses contemplado en el artículo 9, apartado 3, párrafo primero, de la
         Directiva 2003/87
      
      4.     Sobre los efectos jurídicos de la posible anulación de la Decisión impugnada
      5.     Sobre la falta de decisión adoptada en materia de ayudas desde el punto de vista material
      Costas
      * Lengua de procedimiento: alemán.