CELEX: 62006CJ0329
Language: es
Date: 2008-06-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de junio de 2008.#Arthur Wiedemann contra Land Baden-Württemberg (C-329/06) y Peter Funk contra Stadt Chemnitz (C-343/06).#Peticiones de decisión prejudicial: Verwaltungsgericht Sigmaringen (C-329/06) y Verwaltungsgericht Chemnitz (C-343/06) - Alemania.#Directiva 91/439/CEE - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol - Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro - Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro - Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE.#Asuntos acumulados C-329/06 y C-343/06.

Asuntos acumulados C‑329/06 y C‑343/06
      Arthur Wiedemann 
      contra
      Land Baden-Württemberg
      y
      Peter Funk 
      contra
      Stadt Chemnitz
      (Peticiones de decisión prejudicial planteadas por 
      el Verwaltungsgericht Sigmaringen y por el Verwaltungsgericht Chemnitz)
      «Directiva 91/439/CEE — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol — Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro — Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro — Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE»
      Sumario de la sentencia
      1.        Transportes — Transportes por carretera — Permiso de conducción — Directiva 91/439/CEE
      [Directiva 91/439/CEE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003, arts. 1, ap. 2, 7, ap. 1,
            y 8, aps. 2 y 4]
      2.        Transportes — Transportes por carretera — Permiso de conducción — Directiva 91/439/CEE
      [Directiva 91/439/CEE del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003, arts. 1, ap. 2, y 8, aps. 2
            y 4]
      1.        Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción,
         en su versión modificada por el Reglamento nº 1882/2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que un Estado
         miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con
         posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado,
         y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado
         miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite
         que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen.
      
      En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio
         del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata,
         sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes
         del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro
         de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición
         cuando se expidió dicho permiso.
      
      (véanse el apartado 73 y el punto 1 del fallo)
      2.        Los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, sobre el permiso de conducción, en su versión modificada
         por el Reglamento nº 1882/2003, se oponen a que un Estado miembro que, con arreglo a dicha Directiva, está obligado a reconocer
         el derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, suspenda con carácter provisional
         dicho derecho mientras este último comprueba las condiciones de expedición del mencionado permiso. En cambio, en las mismas
         circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro decida la suspensión de este derecho si se desprende
         de las indicaciones que figuran en dicho permiso o en otras informaciones incontestables procedentes del otro Estado miembro
         que el requisito de residencia establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva no se cumplía cuando
         se expidió este permiso.
      
      (véanse el apartado 86 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 26 de junio de 2008 (*)
      
      «Directiva 91/439/CEE – Reconocimiento recíproco del permiso de conducción – Retirada del permiso en un Estado miembro por consumo de estupefacientes o alcohol – Nuevo permiso expedido por otro Estado miembro – Denegación de reconocimiento del derecho a conducir en el primer Estado miembro – Residencia no conforme con la Directiva 91/439/CEE»
      En los asuntos acumulados C‑329/06 y C‑343/06,
      que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgericht
         Sigmaringen (Alemania) (C‑329/06) y por el Verwaltungsgericht Chemnitz (Alemania) (C‑343/06), mediante resoluciones de 27
         de junio y de 3 de agosto de 2006, recibidas en el Tribunal de Justicia el 28 de julio y el 8 de agosto de 2006, respectivamente,
         en los procedimientos entre
      
      Arthur Wiedemann (C‑329/06)
      
      y
      Land Baden-Württemberg,
      y
      Peter Funk (C‑343/06)
      
      y
      Stadt Chemnitz,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, A. Ó Caoimh y A.
         Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. Y. Bot;
      Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 27 de septiembre de 2007;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Sr. Wiedemann, por el Sr. G. Stöger, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Sr. Funk, por el Sr. A.M. Kohn, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Land Baden‑Württemberg, por el Sr. F. Laux, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. C. Schulze‑Bahr, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por el Sr. S. Fiorentino, avvocato
         dello Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno portugués, por el Sr. L. Fernandes y la Sra. M. Ribes, en calidad de agentes;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. G. Braun y la Sra. N. Yerrell, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de febrero de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Las peticiones de decisión prejudicial versan sobre la interpretación de los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8,
         apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción (DO L 237,
         p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de septiembre
         de 2003 (DO L 284, p. 1) (en lo sucesivo «Directiva 91/439»).
      
      2        Dichas peticiones se presentaron en el marco de dos litigios entre, por una parte, el Sr. Wiedemann y el Land Baden-Württemberg
         (asunto C‑329/06) y, por otra parte, entre el Sr. Funk y la Stadt Chemnitz (asunto C‑343/06), en relación con la negativa,
         por parte de la República Federal de Alemania, a reconocer los permisos de conducción que los Sres. Wiedemann y Funk habían
         obtenido en la República Checa tras la retirada administrativa de sus permisos de conducción por consumo de drogas y consumo
         de alcohol, respectivamente.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        En virtud del primer considerando de la Directiva 91/439, que derogó la Directiva 80/1263/CEE del Consejo, de 4 de diciembre
         de 1980, Primera Directiva relativa al establecimiento de un permiso de conducir comunitario (DO L 375, p. 1; EE 07/02, p. 259)
         desde el 1 de julio de 1996, 
      
      «a los fines de la política común de transportes y para contribuir a la mejora de la seguridad de la circulación vial y facilitar
         la circulación de las personas que se establezcan en un Estado miembro distinto de aquel en el que hayan aprobado un examen
         de conducir, resulta conveniente que exista un permiso de conducción nacional de modelo comunitario reconocido recíprocamente
         por los Estados miembros sin obligación de canje».
      
      4        El cuarto considerando de dicha Directiva afirma lo siguiente:
      
      «para cumplir ciertos imperativos de seguridad vial, es necesario fijar las condiciones mínimas de expedición de los permisos
         de conducción».
      
      5        El último considerando de la Directiva 91/439 precisa:
      
      «por razones de seguridad y de circulación vial es conveniente que los Estados miembros puedan aplicar sus disposiciones nacionales
         en materia de retirada, de suspensión y de anulación del permiso de conducción a los titulares del mismo que hayan fijado
         su residencia normal en su territorio».
      
      6        El artículo 1 de dicha Directiva establece:
      
      «1.      Los Estados miembros establecerán el permiso de conducción nacional según el modelo comunitario que se describe en el Anexo I
         o I bis y de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. […]
      
      2.      Los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos recíprocamente.
      3.      Cuando el titular de un permiso de conducción en período de validez establezca su residencia normal en un Estado miembro diferente
         de aquel que haya expedido el permiso, el Estado miembro de acogida podrá aplicar al titular del permiso sus disposiciones
         nacionales en materia de duración de validez del permiso, de control médico así como en materia fiscal, y podrá indicar en
         el permiso las menciones indispensables para la gestión de éste.»
      
      7        Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 91/439, la expedición de permisos de conducir se somete a los siguientes
         requisitos:
      
      «a)      haber aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento, una prueba de control de conocimientos, así como cumplir
         determinadas normas médicas, con arreglo a lo dispuesto en los Anexos II y III;
      
      b)      tener la residencia normal o demostrar la calidad de estudiante durante un período mínimo de 6 meses en el territorio del
         Estado miembro que expida el permiso de conducción.»
      
      8        Según el punto 14 del anexo III de dicha Directiva, denominado «Normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para
         la conducción de vehículos de motor», el consumo de alcohol representa un peligro considerable para la seguridad en carretera,
         y habida cuenta de la gravedad del problema, es necesaria una gran vigilancia en el plano médico. El punto 14.1, párrafo primero,
         de dicho anexo enuncia que «no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que se
         halle en situación de dependencia respecto del alcohol o que no pueda disociar conducción y consumo de alcohol.» Se desprende
         del párrafo segundo del mencionado punto 14.1 que «puede expedirse o renovarse el permiso de conducción a los candidatos o
         conductores que hayan estado en situación de dependencia respecto del alcohol tras un periodo demostrado de abstinencia y
         siempre que exista un dictamen médico autorizado y revisiones médicas regulares.»
      
      9        El punto 15 del mismo anexo establece que «no debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor
         que se halle en situación de dependencia respecto de substancias de acción psicótropa, o que, sin ser adicto, abuse de ellas
         regularmente, sea cual sea el tipo de permiso solicitado». El punto 15.1 de dicho anexo prevé que «no debe expedirse ni renovarse
         el permiso de conducción a ningún candidato o conductor que consuma habitualmente substancias psicótropas, sea cual sea su
         forma, que puedan comprometer su aptitud para conducir sin peligro, si la cantidad absorbida influye de manera negativa en
         la conducción. Lo mismo sucederá con cualquier medicamento o combinación de medicamentos que influya en la capacidad de conducir.»
      
      10      Se desprende del punto 5 de dicho anexo que en el momento de la expedición de un permiso de conducción o de cualquier renovación
         posterior, los Estados miembros pueden exigir un control médico que responda a normas más rígidas que las mencionadas en el
         anexo.
      
      11      Con arreglo al artículo 7, apartado 5, de la Directiva 91/439 «ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso de conducción
         expedido por un Estado miembro.»
      
      12      El artículo 8 de dicha Directiva establece:
      
      «[...]
      2.      Sin perjuicio del respeto del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía, el Estado miembro de residencia
         normal podrá aplicar al titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus disposiciones nacionales
         relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir y, si fuera necesario, proceder
         a tal efecto al canje de dicho permiso. 
      
      […]
      4.      Un Estado miembro podrá denegar el reconocimiento de la validez de cualquier permiso de conducción elaborado por otro Estado
         miembro a una persona que, en su territorio, sea objeto de una de las medidas indicadas en el apartado 2. 
      
      […]»
      13      El artículo 9, párrafo primero, de dicha Directiva precisa que se entenderá por «residencia normal» «el lugar en el que permanezca
         una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, debido a vínculos personales y profesionales,
         o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales, debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre
         dicha persona y el lugar en el que habite».
      
      14      El artículo 12, apartado 3, de la Directiva 91/439 establece:
      
      «Los Estados miembros se prestarán ayuda mutua en la aplicación de la presente Directiva e intercambiarán, si es necesario,
         la información sobre los permisos que hayan registrado.»
      
       Normativa nacional
       Normativa relativa al reconocimiento de permisos de conducción expedidos por otros Estados miembros
      15      Los apartados 1, 4 y 5 del artículo 28 del Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)
         de 18 de agosto de 1998 (BGBl, 1998 I, p. 2214) (Reglamento del permiso de conducción; en lo sucesivo, «FeV») establecen lo
         siguiente:
      
      «1)      El titular de un permiso de conducción válido en la [Unión Europea] o en el [Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, EEE)]
         que tenga su residencia normal en el sentido del artículo 7, apartados 1 o 2, en Alemania, está autorizado –sin perjuicio
         de las limitaciones previstas en los apartados 2 a 4– para conducir vehículos en el territorio alemán, en la medida en que
         tenga derecho. Las condiciones previstas en los permisos de conducción extranjeros deben respetarse también en Alemania. Las
         disposiciones del presente Reglamento se aplican a dichos permisos de conducción, salvo disposición en contrario.
      
      […]
      4)      La autorización prevista en el apartado 1 no se aplica a los titulares de un permiso de conducción de la UE o del EEE,
      […]
      3.      cuando le haya sido retirado el permiso provisional o definitivamente en Alemania en virtud de una medida judicial o por una
         autoridad administrativa mediante una decisión inmediatamente ejecutiva o definitiva, cuando la expedición de dicho permiso
         ha sido denegada con carácter definitivo o cuando se haya ordenado la retirada por la mera razón de que el titular ha renunciado
         entretanto al permiso de conducción. 
      
      […]
      5)      El derecho a utilizar en el territorio nacional el permiso de conducción de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
         tras haber recaído una de las resoluciones mencionadas en el apartado 4, números 3 y 4, se concederá, previa solicitud, cuando
         ya no concurran las razones de la retirada o de la prohibición de obtención del permiso de conducción. […]» 
      
       Normativa relativa a la retirada del permiso de conducción 
      16      Según el artículo 69 del Strafgesetzbuch (Código penal), el Tribunal penal retirará el permiso de conducción si de los hechos
         del caso de autos se infiere que el encausado carece de aptitud para conducir. Con arreglo al artículo 69 bis del mismo Código, dicha retirada puede estar acompañada de un período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso de
         conducción (período de prohibición), que puede oscilar entre seis meses y cinco años, y que, en determinadas circunstancias,
         puede ser a perpetuidad.
      
      17      Con arreglo al artículo 46 de la FeV, disposición de ejecución del artículo 3 de la Straßenverkehrsgesetz (Ley de circulación
         por carretera), si el titular de un permiso de conducción resulta no ser apto para conducir vehículos, la autoridad competente
         para la expedición del permiso de conducción deberá retirarle el permiso de conducción. Conforme a lo dispuesto en el apartado
         5 de dicho artículo 46, en virtud de la retirada se extingue el permiso de conducción. En el caso de un permiso de conducción
         extranjero, se extingue el derecho a conducir vehículos en el territorio nacional.
      
       Normativa relativa a la aptitud para conducir
      18      El artículo 11 de la FeV, titulado «Aptitud», realiza las siguientes precisiones:
      
      «1)      Los solicitantes de un permiso de conducción deberán cumplir los requisitos físicos y mentales necesarios. No se cumplirán
         los requisitos en especial cuando exista una enfermedad o deficiencia con arreglo a los anexos IV o V que excluya la aptitud
         total o parcial para conducir vehículos de motor. 
      
      […]
      2)      Si se tiene conocimiento de hechos que susciten dudas sobre la aptitud física o mental del solicitante de un permiso de conducción,
         la autoridad competente para la expedición del permiso de conducción podrá ordenar que el solicitante aporte un certificado
         médico a efectos de fundamentar la decisión de expedir o renovar el permiso de conducción o de establecer restricciones o
         condiciones. [...]
      
      3)       Se podrá ordenar la aportación de un certificado de un centro oficialmente acreditado para la expedición de certificados de
         aptitud para la conducción (certificado médico-psicológico) a fin de aclarar dudas sobre la aptitud a efectos del apartado
         2 [en particular]
      
      [...]
      4.      En caso de infracciones graves o reiteradas del Código de la circulación o de la comisión de delitos relacionados con la circulación
         en carretera o la aptitud para conducir […]
      
      o
      5.      al expedir un nuevo permiso de conducción,
      […]
      b.      cuando la retirada del permiso de conducción se base en uno de los motivos establecidos en el apartado 4.
      […]
      8)      Si el interesado se niega a someterse al examen o si no aporta a la autoridad competente en materia de permisos de conducción
         el informe pericial que se le requiera en los plazos establecidos, la autoridad competente podrá concluir en su resolución
         que el interesado no es apto para la conducción. […]»
      
      19      El artículo 13 de la FeV, titulado «Aptitud en el supuesto de problemas con el alcohol», faculta a las autoridades competentes
         para ordenar en determinadas circunstancias, la presentación de un informe pericial médico–psicológico con el fin de preparar
         sus resoluciones relativas a la expedición o prórroga del permiso de conducción o al establecimiento de restricciones o de
         requisitos relativos al derecho a conducir. Éste es el caso, en particular, cuando en virtud de un informe médico o en razón
         de determinados hechos, existen indicios de consumo abusivo de alcohol o cuando se han cometido infracciones en materia de
         circulación en carretera en varias ocasiones bajo la influencia del alcohol.
      
      20      El artículo 13 de la FeV, titulado «Aptitud en el caso de problemas con estupefacientes», es del siguiente tenor:
      
      «1)      Para preparar sus resoluciones relativas a la expedición o prórroga del permiso de conducción o al establecimiento de restricciones
         o de cargas, la autoridad competente para la expedición de permisos de conducción exigirá (artículo 11, apartado 2, tercera
         frase) que se aporte un informe médico-psicológico, si se tiene conocimiento de hechos que permitan pensar que 
      
      1.      existe una dependencia de estupefacientes, en el sentido de la [Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmittelnº (Betäubungsmittelgesetz)]
         (Ley sobre los estupefacientes), en la versión publicada el 1 de marzo de 1994 (BGBl. [1994] I, p. 358), modificada […] por
         el artículo 4 de la ley de 26 de enero de 1998 (BGBl. [1998] I, p. 160), en la versión aplicable, o respecto de otra sustancia
         con efecto psicoactivo;
      
      2.      existe consumo de estupefacientes, en el sentido de la Ley sobre los estupefacientes, […]
      […]
      2)      A fines del apartado 1, procederá ordenar la presentación de un informe médico‑psicológico cuando
      1.      se haya retirado el permiso de conducción por uno de los motivos establecidos en el apartado 1 o
      2.      proceda clarificar si el interesado es aún dependiente de los estupefacientes o –sin ser dependiente– continúa tomando las
         sustancias mencionadas en el apartado 1.»
      
      21      El artículo 20, apartado 1, de la FeV establece que, cuando la nueva expedición de un permiso de conducción ha sido precedida
         de la retirada de dicho permiso rigen para ella las disposiciones aplicables a una primera expedición. Si bien, con arreglo
         al apartado 2 de dicho artículo, la autoridad competente puede renunciar a que se repitan los exámenes vinculados a la expedición
         del permiso cuando no existe ningún indicio de que el solicitante ya no posee los conocimientos y aptitudes necesarios a tal
         fin, el apartado 3 del mismo artículo prevé que dicha decisión no afecta a la obligación de presentar el informe médico-psicológico
         establecido en el artículo 11, apartado 3, párrafo primero, punto 5, de la FeV. 
      
       Litigios principales y cuestiones prejudiciales
       Asunto C‑329/06
      22      El Sr. Wiedemann, nacional alemán, reside en Alemania desde el 30 de junio de 1995, inicialmente en Bad Waldsee y posteriormente
         en Wangen im Allgäu.
      
      23      El 29 de abril de 2002, el Landratsamt Ravensburg (Administración de Ravensburg) expidió a su nombre un permiso de conducción
         de la clase B por un período de prueba de dos años. El 2 de septiembre de 2003, se impuso al Sr. Wiedemann la obligación de
         participar en un curso de conducción por haber cometido una infracción en materia de circulación vial. Una prueba de orina
         a la que se le sometió el 20 de marzo de 2004 reveló que había consumido heroína y cannabis. En dicha ocasión, el Sr. Wiedemann
         reconoció que consumía cannabis de manera habitual.
      
      24      Mediante resolución de 14 de abril de 2004, el Landratsamt Ravensburg retiró el permiso de conducción al Sr. Wiedemann, basándose
         en que no era apto para conducir vehículos de motor debido a su consumo de drogas. 
      
      25      El recurso administrativo que interpuso el interesado contra dicha medida fue desestimado por el Regierungspräsidium Tübingen
         (Consejo de Gobierno de Tubinga) mediante resolución denegatoria de 16 de agosto de 2004, que adquirió carácter firme el 20
         de septiembre de 2004. 
      
      26      El 19 de septiembre de 2004, un domingo, la autoridad competente en materia de permisos de conducción de la ciudad de Karlovice
         (República Checa), adoptó una resolución por la que se reconoció al Sr. Wiedemann el derecho a conducir. El 1 de octubre de
         2004 le expidió un permiso de conducción de la clase B en el que consta la indicación «Bad Waldsee, Alemania» como residencia
         del titular. 
      
      27      Provisto de dicho permiso, el Sr. Wiedemann circuló en Alemania, donde causó un accidente el 11 de octubre de 2004. El 16
         de octubre de 2004, su permiso de conducción fue confiscado por la Jefatura de Policía de Ravensburg.
      
      28      Mediante resolución del Landratsamt Ravensburg de 27 de octubre de 2004, se retiró al demandante el derecho a conducir vehículos
         de motor en Alemania en virtud de su permiso de conducción checo, dado que no había demostrado su aptitud para la conducción
         de dichos vehículos con arreglo al Derecho alemán. Dicho permiso fue devuelto a su titular después de que se hubiera estampado
         en él la nota «este permiso no autoriza a conducir vehículos de motor en Alemania».
      
      29      Las autoridades alemanas comunicaron al Ministerio de Transportes de la República Checa que la autoridad checa competente
         había expedido un permiso de conducir sin tener en cuenta ni el hecho de que el Sr. Wiedemann tenía establecida su residencia
         habitual en Alemania ni la retirada anterior del permiso de conducir alemán del interesado por su inaptitud para conducir
         a causa de su consumo de drogas, por lo demás persistente. 
      
      30      Mediante escritos de 18 de abril de 2005 y de 10 de enero de 2006, el Ministerio de Transportes de la República Checa anunció
         que procedería a una comprobación de las resoluciones de las autoridades checas competentes.
      
      31      Al no prosperar su reclamación administrativa contra la resolución de 27 de octubre de 2004, el Sr. Wiedemann interpuso un
         recurso ante el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal administrativo de Sigmaringen), que decidió suspender el procedimiento
         y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 
      
      «1)       ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 en el sentido de que la retirada
         administrativa del permiso de conducción por las autoridades administrativas del Estado [miembro] de residencia por falta
         de aptitud para la conducción no se opone a la expedición de un permiso de conducción por otro Estado miembro y que, en principio,
         el Estado [miembro] de residencia debe reconocer también este permiso de conducción?
      
      2)       ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, letra a), y 8, apartados 2 y 4, en relación con el anexo III,
         de la Directiva 91/439, en el sentido de que no existe obligación alguna del Estado [miembro] de residencia de reconocer un
         permiso de conducción que, bien mediante maquinaciones, bien mediante la cooperación colusoria con funcionarios de la autoridad
         del Estado [miembro] de expedición, el titular haya obtenido, tras la retirada de su permiso de conducción en el Estado [miembro]
         de residencia, ocultando hechos de forma premeditada a la autoridad competente del Estado [miembro] de expedición y sin haber
         probado que ha recobrado la aptitud para la conducción?
      
      3)       ¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4 de la Directiva 91/439, en el sentido de que el Estado
         [miembro] de residencia, tras la retirada del permiso de conducción por la autoridad administrativa, puede suspender provisionalmente
         un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro o puede prohibir su utilización hasta que el Estado [miembro] de
         expedición decida sobre la retirada del permiso de conducción obtenido de forma fraudulenta?»
      
      32      El 26 de abril de 2007, el Tribunal de Justicia recibió una comunicación de un escrito de 14 de marzo de 2006 dirigido al
         Ministerio de Transportes alemán por su homólogo checo, en el que éste confirmaba que el permiso de conducir checo del Sr.
         Wiedemann había sido expedido de manera conforme con la normativa aplicable. Dicho escrito y su traducción al alemán fueron
         transmitidos al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente. Con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal
         de Justicia, dichos documentos se transmitieron a todos los interesados que habían presentado observaciones escritas.
      
       Asunto C‑343/06
      33      Mediante sentencia firme de 25 de mayo de 2001, el Amtsgericht Chemnitz condenó al Sr. Funk, titular de un permiso de conducción
         de clase B expedido en Alemania el 12 de julio de 2000, por conducir en estado de embriaguez. Se anuló su derecho a conducir
         vehículos de motor, se le retiró el permiso de conducción y se le prohibió obtener un nuevo permiso de conducción alemán durante
         un período de nueve meses que expiraba el 24 de febrero de 2002.
      
      34      En el marco de los trámites administrativos llevados a cabo por el Sr. Funk para obtener un nuevo permiso de conducción, éste
         se sometió a un examen médico-psicológico. El informe de dicho examen, de 7 de febrero de 2002, concluyó que el interesado
         no era apto para la conducción de vehículos de motor, dado que existía un peligro importante de recaída al no haber evolucionado
         su personalidad de manera positiva. Sin embargo, tras asistir a un curso, el Sr. Funk obtuvo un nuevo permiso de conducción
         el 26 de marzo de 2002.
      
      35      Con motivo de un control efectuado el 17 de junio de 2002, se constató que el Sr. Funk se hallaba de nuevo bajo la influencia
         del alcohol. Al concluir un nuevo informe pericial, redactado el 17 de junio de 2003 tras dicho control, que era previsible
         que el interesado continuara conduciendo vehículos bajo los efectos del alcohol, la Stadt Chemnitz le retiró su nuevo permiso
         de conducción mediante decisión administrativa de 15 de julio de 2003, que no fue recurrida.
      
      36      El Sr. Funk solicitó un nuevo permiso de conducir el 2 de diciembre de 2003. No obstante, retiró su solicitud al redactarse
         un informe pericial negativo el 27 de febrero de 2004.
      
      37      Se desprende de la resolución de remisión que el 9 de diciembre de 2004 el Sr. Funk obtuvo un permiso de conducción de la
         clase B en Teplice (República Checa), a pesar de estar censado en el padrón municipal de Chemnitz como residente con carácter
         exclusivo en dicha localidad, hecho que él mismo confirmó con posterioridad. 
      
      38      Tras haber sido informada de este hecho, el 10 de febrero de 2005 la Stadt Chemnitz instó al Sr. Funk a presentar un informe
         pericial que acreditara su aptitud para la conducción de vehículos de motor. Dado que éste no presentó tal informe, la Stadt
         Chemnitz, mediante resolución de 11 de mayo de 2005, le privó del derecho a utilizar su permiso de conducción checo en territorio
         alemán y le ordenó, so pena de multa, que presentara dicho permiso para que se hiciera mención en él de dicha prohibición.
         Mediante resolución de 31 de mayo de 2005, el importe de la multa que debía abonarse en caso de no cumplir el requerimiento
         se fijó en 500 euros. Además, fue apercibido de retirada del permiso.
      
      39      Al no prosperar su recurso administrativo contra dichas resoluciones, el Sr. Funk interpuso un recurso ante el Verwaltungsgericht
         Chemnitz (Alemania), que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Puede un Estado miembro exigir, de conformidad con el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo 8, apartados 2
         y 4, de la Directiva 91/439, al titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado miembro que solicite ante las
         autoridades [del primer Estado miembro] el reconocimiento del derecho a utilizar dicho permiso en el territorio [de éste]
         si anteriormente le ha sido retirado o anulado por cualquier motivo en [este primer Estado miembro] su permiso de conducción
         [anterior]?
      
      2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo
         8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en el sentido de que un Estado miembro puede negar dentro de su territorio el
         reconocimiento del derecho a conducir [resultante] de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro si las autoridades
         administrativas han retirado con anterioridad al titular de ese permiso de conducción otro permiso de conducción [previamente]
         expedido por el primer Estado miembro, si el Derecho del primer Estado miembro parte de la premisa de que, cuando la medida
         se produce mediante actuación administrativa, la retirada o anulación del permiso de conducción no implica un plazo de prohibición
         para la [expedición de un nuevo permiso de conducción] y si el derecho a derecho a [esta] expedición del permiso de conducción
         sólo existe a partir del momento en que el interesado aporte la prueba de su aptitud para conducir mediante la presentación,
         a requerimiento de las autoridades administrativas, de un informe médico-psicológico conforme con las disposiciones reglamentarias
         de su Derecho interno?
      
      3)      En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con el artículo
         8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en el sentido de que un Estado miembro puede negar dentro de su territorio el
         reconocimiento del derecho a conducir [resultante] de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro [si el permiso
         de conducción que poseía anteriormente el titular] ha sido retirado o anulado [en el primer Estado miembro], si el plazo [de
         prohibición] fijado para la nueva expedición del permiso de conducción [establecido en el marco de dicha medida de retirada
         o anulación] ya había transcurrido [...] y si, a la vista de circunstancias objetivas (carencia de domicilio en el Estado
         miembro que ha expedido el [nuevo] permiso [de conducción] y denegación de la solicitud de nueva expedición del permiso en
         el territorio [del primer Estado miembro]), puede suponerse que con la adquisición del permiso de conducción [en el segundo
         Estado miembro] tan sólo se pretende eludir las estrictas exigencias sustantivas del procedimiento nacional de reexpedición
         [en el primer Estado miembro], en concreto [en lo que respecta] al examen médico-psicológico?» 
      
      40      Un escrito de 5 de septiembre de 2005 procedente del Ministerio de Transportes checo, en el que se confirma la validez del
         permiso de conducción checo del Sr. Funk, fue presentado con las observaciones de este último y se comunicó también al Tribunal
         de Justicia mediante escrito de 21 de junio de 2007. Con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, dicho
         documento se transmitió a todos los interesados que habían presentado observaciones escritas.
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      41      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de octubre de 2006, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑329/06
         y C‑343/06 a los efectos de la fase escrita, de la fase oral y de la sentencia.
      
      42      Mediante una serie de preguntas escritas notificada el 1 de agosto de 2007, el Tribunal de Justicia pidió al Gobierno checo,
         por una parte, que le informase sobre la normativa de la República checa en relación con la comprobación de los requisitos
         establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 91/439 y la posibilidad de expedir un permiso de
         conducción que incluya la mención de una residencia del titular en otro Estado miembro, y por otra parte, sobre los criterios
         aplicables para determinar si una persona reside en dicho Estado miembro y la existencia de controles del carácter real de
         dicha residencia.
      
      43      Mediante fax recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de agosto de 2007, el Gobierno checo respondió a estas
         preguntas que el requisito relativo a la residencia habitual, previsto en la Directiva 91/439, no se introdujo en la normativa
         checa hasta el 1 de julio de 2006. Para el período anterior a dicha fecha, la normativa checa permitía expedir un permiso
         de conducir a personas que no residían con carácter permanente o temporal en territorio de la República Checa.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      44      La presentes cuestiones prejudiciales versan sobre dos aspectos del reconocimiento recíproco de los permisos de conducción
         que procede examinar con carácter sucesivo, a saber, la posibilidad de que un Estado miembro, por una parte, deniegue el reconocimiento
         de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro y, por otra parte, suspenda provisionalmente el
         derecho a conducir que resulta de este permiso, a la espera de que el Estado miembro de expedición se pronuncie sobre la posible
         retirada de dicho permiso.
      
       Sobre la posibilidad de que un Estado miembro deniegue el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido
            en otro Estado miembro 
      45      Con carácter previo, procede observar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales
         nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido por el artículo 234 CE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano
         jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado. Desde este punto de vista,
         corresponde, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le han planteado. Además, es preciso recordar
         que el Tribunal de Justicia tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones de Derecho comunitario sean necesarias para
         que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones
         no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales (sentencias de 18 de marzo de
         1993, Viessmann, C‑280/91, Rec. p. I‑971, apartado 17; de 11 de diciembre de 1997, Immobiliare SIF, C‑42/96, Rec. p. I‑7089,
         apartado 28, y de 8 de marzo de 2007, Campina, C‑45/06, Rec. p. I‑2089, apartados 30 y 31).
      
      46      En el caso de autos, habida cuenta de los hechos que originaron los procedimientos principales y del contenido de las observaciones
         que se han presentado al Tribunal de Justicia, el examen de las cuestiones ha de tomar en consideración el artículo 7, apartado
         1, letras a) y b), de la Directiva 91/439. Por lo tanto, para aportar una respuesta útil y lo más competa posible a las cuestiones
         prejudiciales, procede ampliar su alcance, dado que los órganos jurisdiccionales remitentes no lo han hecho.
      
      47      Mediante las dos primeras cuestiones del asunto C‑329/06 y las cuestiones segunda y tercera del asunto C‑343/06, los órganos
         jurisdiccionales remitentes desean saber, en esencia, si debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, en relación con los
         artículos 7, apartado 1, letras a) y b), y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 en el sentido de que se oponen a que
         un Estado miembro (el Estado miembro de acogida) deniegue el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido
         posteriormente por otro Estado miembro (el Estado miembro de expedición) a una persona que ha sido objeto con anterioridad
         en el Estado miembro de acogida de una medida de retirada de un permiso anterior por conducir bajo los efectos de las drogas
         o del alcohol, cuando dicha persona ha obtenido dicho permiso después del período de prohibición de solicitar un nuevo permiso,
         pero incumpliendo el requisito de residencia o los requisitos de aptitud que impone a este respecto el Estado de acogida para
         garantizar la seguridad en carretera.
      
      48      Procede examinar estas cuestiones conjuntamente con la primera cuestión del asunto C‑343/06, que tiene por objeto, en esencia,
         determinar si el Estado miembro de acogida puede exigir al titular de un nuevo permiso de conducción expedido por otro Estado
         miembro, antes de hacer uso de dicho permiso, que solicite el reconocimiento del derecho a utilizar dicho permiso en el Estado
         miembro de acogida cuando el permiso de conducción que tenía anteriormente le fue retirado o anulado en este último Estado
         miembro.
      
      49      Se desprende del primer considerando de la Directiva 91/439 que el principio general de reconocimiento mutuo de los permisos
         de conducción expedidos por los Estados miembros, enunciado en el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva, se estableció
         en particular para facilitar la circulación de las personas que se establezcan en un Estado miembro distinto de aquel en el
         que hayan aprobado un examen de conducción (sentencia de 29 de abril de 2004, Kapper, C‑476/01, Rec. p. I‑5205, apartado 71).
      
      50      Según reiterada jurisprudencia, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439 prevé el reconocimiento recíproco, sin ninguna
         formalidad, de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros. Esta disposición impone a los Estados miembros
         una obligación clara e incondicional que no deja ningún margen de apreciación en lo relativo a las medidas que deben adoptar
         para dar cumplimiento a la misma (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1998,
         Awoyemi, C‑230/97, Rec. p. I‑6781, apartados 41 y 43; de 10 de julio de 2003, Comisión/Países Bajos, C‑246/00, Rec. p. I‑7485,
         apartados 60 y 61, y Kapper, antes citada, apartado 45; autos del Tribunal de Justicia de 6 de abril de 2006, Halbritter,
         C‑227/05, apartado 25, y de 28 de septiembre de 2006, Kremer, C‑340/05, no publicado en la Recopilación, apartado 27).
      
      51      De esto se desprende que el Estado miembro de acogida no puede imponer ninguna formalidad previa al reconocimiento de un permiso
         de conducción expedido por otro Estado miembro. Por tanto, imponer al titular de un permiso de conducción expedido por un
         Estado miembro que solicite el reconocimiento de dicho permiso en otro Estado miembro es contrario a dicho principio de reconocimiento
         recíproco (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 60 y siguientes). 
      
      52      Incumbe al Estado miembro de expedición comprobar si los requisitos mínimos impuestos por el Derecho comunitario, en particular
         los relativos a la residencia y a la aptitud para la conducción, se cumplen y, por lo tanto, si la expedición de un permiso
         de conducción –en su caso, de un nuevo permiso– está justificada.
      
      53      Por tanto, cuando las autoridades de un Estado miembro han expedido un permiso de conducción con arreglo al artículo 1, apartado
         1, de la Directiva 91/439, el resto de Estados miembros no pueden comprobar el respeto de los requisitos de expedición establecidos
         en dicha Directiva (véanse, en este sentido, los autos, antes citados, Halbritter, apartado 34, y Kremer, apartado 27). En
         efecto, estar en posesión de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro constituye la prueba de que el titular
         del citado permiso cumplía dichos requisitos en el momento en el que se le expidió (véanse, en este sentido, la sentencia
         Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 75, así como el auto de 11 de diciembre de 2003, Da Silva Carvalho, C‑408/02,
         no publicado en la Recopilación, apartado 21, y la sentencia Kapper, antes citada, apartado 46). Por tanto, el hecho de que
         un Estado miembro pueda exigir, con arreglo al punto 5 del anexo III de dicha Directiva, un examen médico más severo que los
         mencionados en dicho anexo para cualquier expedición de un permiso de conducción, no afecta a la obligación de dicho Estado
         miembro de reconocer los permisos de conducción expedido por el resto de Estados miembros en virtud de dicha Directiva.
      
      54      En primer lugar, de esto se desprende que un Estado miembro de acogida que somete la expedición de un permiso de conducción
         a requisitos nacionales más severos, en particular tras la retirada de un permiso anterior, no puede denegar el reconocimiento
         de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro por el único motivo de que el titular del nuevo
         permiso lo haya obtenido con arreglo a una normativa nacional que no impone los mismos requisitos que dicho Estado miembro
         de acogida.
      
      55      En segundo lugar, el principio de reconocimiento recíproco se opone a que un Estado miembro de acogida deniegue el reconocimiento
         de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro basándose en que, según la información de que dispone el Estado
         miembro de acogida, el titular del permiso no cumplía los requisitos necesarios para obtenerlo en la fecha de su expedición
         (véanse, en este sentido, el auto Da Silva Carvalho, antes citado, apartado 22, y la sentencia Kapper, antes citada, apartado 47).
      
      56      En efecto, en la medida en que la Directiva 91/439 otorga al Estado miembro de expedición una competencia exclusiva para garantizar
         que la expedición de los permisos de conducción que concede se realiza observando los requisitos impuestos en ésta, sólo este
         Estado miembro puede adoptar las medidas necesarias respecto a los permisos de conducción cuyos titulares se comprueba a posteriori que no cumplen dichos requisitos (véanse, en este sentido, el auto Da Silva Carvalho, antes citado, apartado 23, y la sentencia
         Kapper, antes citada, apartado 48).
      
      57      Cuando un Estado miembro tenga serias razones para dudar de la legalidad de uno permiso de conducción expedido por otro Estado
         miembro, debe comunicarlo a este último, en el marco de la asistencia mutua y del intercambio de información establecidos
         por el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 91/439. Si el Estado miembro de expedición no adopta las medidas oportunas,
         el Estado miembro de acogida puede incoar contra dicho Estado un procedimiento con arreglo al artículo 227 CE, con vistas
         a que el Tribunal de Justicia declare que ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/439
         (véanse, en este sentido, el auto Da Silva Carvalho, antes citado, apartado 23, y la sentencia Kapper, antes citada, apartado 48).
      
      58      Es cierto que –como se desprende del último considerando de la Directiva 91/439–, el artículo 8, apartados 2 y 4, de dicha
         Directiva permite que, por motivos de seguridad de la circulación por carretera, los Estados miembros puedan aplicar, en determinadas
         circunstancias, sus disposiciones nacionales en materia de restricción, suspensión, retirada y anulación del permiso de conducción
         a los titulares de un permiso que hayan fijado su residencia habitual en su territorio.
      
      59      No obstante, procede recordar, por una parte, que dicha facultad, en la medida que se desprende del artículo 8, apartado 2,
         de la Directiva 91/439, sólo puede ejercerse por una conducta del interesado posterior a la obtención del permiso de conducción
         expedido por otro Estado miembro (véanse, en este sentido, los autos, antes citados, Halbritter, apartado 38, y Kremer, apartado 35).
      
      60      Por otra parte, el párrafo primero del apartado 4 del mencionado artículo 8, que autoriza a un Estado miembro a denegar el
         reconocimiento de la validez de un permiso de conducción obtenido en otro Estado miembro por una persona que, en el territorio
         del primer Estado miembro, sea objeto de una medida de restricción, de suspensión, de retirada o de anulación del permiso
         de conducción, constituye una excepción al principio general de reconocimiento mutuo de los permisos de conducción y, por
         tanto, se ha de interpretar estrictamente (véanse, en este sentido, la sentencia, antes citada, Kapper, apartados 70 y 72,
         y los autos, antes citados, Halbritter, apartado 35, y Kremer, apartado 28).
      
      61      A este respecto, procede subrayar, en primer lugar, que, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno alemán, si bien dicha
         disposición permite a un Estado miembro denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro
         Estado miembro en determinadas circunstancias, de ello no se desprende que el primer Estado miembro pueda someter el derecho
         de hacer uso de un permiso de conducción expedido por el segundo a una autorización previa (véase, en este sentido, el auto
         Kremer, antes citado, apartado 37).
      
      62      En efecto, mientras que un Estado miembro debe expedir un permiso de conducción respetando los requisitos mínimos establecidos
         en la Directiva 91/439, entre los que se encuentran los enunciados en su anexo III, relativo a la aptitud para la conducción,
         una interpretación del artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de dicha Directiva según la cual, con carácter general, toda
         persona que haya sido titular de un permiso de conducción que ha sido retirado o anulado en un Estado miembro puede ser obligada
         a presentarse ante las autoridades competentes de dicho Estado miembro para obtener la autorización de uso del derecho de
         conducción resultante del permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro va en contra de la obligación
         de reconocimiento recíproco sin formalidades.
      
      63      Un Estado miembro tampoco puede invocar dicha disposición para denegar indefinidamente el reconocimiento, a una persona que
         ha sido objeto en su territorio de una medida de retirada o de anulación de un permiso anterior expedido por dicho Estado
         miembro, de la validez de cualquier permiso de conducción que dicha persona haya podido obtener en otro Estado miembro (véanse,
         en este sentido, la sentencia Kapper, antes citada, apartado 76, y los autos, antes citados, Halbritter, apartado 27, y Kremer,
         apartado 29). En efecto, constituiría la negación misma del principio de reconocimiento mutuo de los permisos de conducción,
         que constituye la piedra angular del sistema establecido por la Directiva 91/439, admitir que un Estado miembro puede basarse
         en sus disposiciones nacionales para denegar de manera indefinida el reconocimiento de la validez de un permiso expedido por
         otro Estado miembro (sentencia Kapper, antes citada, apartado 77, y autos, antes citados, Halbritter, apartado 28, y Kremer,
         apartado 30).
      
      64      Más concretamente, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 38 del auto Kremer, antes citado, que cuando una persona
         ha sido objeto en el territorio de un Estado miembro de una medida de retirada del permiso de conducción que no está acompañada
         de un período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439, en relación
         con el artículo 8, apartados 2 y 4, de la misma Directiva, se opone a que dicho Estado miembro deniegue el reconocimiento
         en su territorio del derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro
         y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, mientras su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado
         miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite
         que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen.
      
      65      En cambio, se desprende de lo anterior que lo dispuesto en los artículos 1, apartado 2, y 8, apartado 4, de la Directiva 91/439,
         no se opone a que un Estado miembro deniegue a una persona que ha sido objeto en su territorio de una medida de retirada del
         permiso de conducción acompañada de una prohibición de solicitar un nuevo permiso durante un período determinado, el reconocimiento
         de un nuevo permiso expedido por otro Estado miembro durante dicho período de prohibición.
      
      66      Del mismo modo, si bien es cierto que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439 no permite al Estado miembro de residencia
         habitual denegar el reconocimiento del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro por el solo motivo de que al
         titular de dicho permiso se le retiró previamente un permiso anterior en el Estado miembro de residencia habitual, dicha disposición
         le permite, como se recuerda en los apartados 58 y 59 de la presente sentencia, sin perjuicio del respeto del principio de
         territorialidad de las leyes penales y de policía, restringir, suspender, retirar o anular el nuevo permiso si la conducta
         de su titular, posterior a la expedición de dicho permiso, lo justifica con arreglo a la normativa nacional de dicho Estado
         de acogida.
      
      67      Para responder a las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes, procede examinar en particular, como
         se ha recordado más arriba, la aplicación del principio de reconocimiento recíproco cuando se constata que el nuevo permiso
         de conducción ha sido expedido infringiendo el requisito de residencia establecido en la Directiva 91/439.
      
      68      A este respecto, se desprende del cuarto considerando de dicha Directiva que entre los requisitos establecidos para garantizar
         la seguridad en carretera figuran los que establece el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva, que someten
         la expedición de un permiso de conducción a requisitos relativos a la aptitud para conducir y a la residencia, respectivamente.
      
      69      Como señala la Comisión de las Comunidades Europeas en sus observaciones, el requisito de residencia contribuye, en particular,
         a combatir el «turismo del permiso de conducción», a falta de armonización completa de las normativas de los Estados miembros
         relativas a la expedición de los permisos de conducción. Por otro lado, como observa el Abogado General en el punto 78 de
         sus conclusiones, este requisito es indispensable para controlar el respeto del requisito de la aptitud para conducir.
      
      70      En efecto, el artículo 7, apartado 5, de la Directiva 91/439, que establece que ninguna persona podrá ser titular de más de
         un permiso de conducción expedido por un Estado miembro, consagra la unidad del permiso de conducción. Como requisito previo
         que permite la comprobación del cumplimiento por parte de un candidato del resto de requisitos impuestos por dicha Directiva,
         el requisito de residencia, que determina cuál es el Estado miembro de expedición, reviste por tanto una importancia particular
         respecto del resto de requisitos establecidos por dicha Directiva.
      
      71      Por ello, la seguridad en carretera podría verse comprometida si dicho requisito de residencia no se respetara en lo que respecta
         a una persona que haya sido objeto de una medida de restricción, suspensión, retirada o anulación del derecho a conducir,
         en el sentido del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 91/439.
      
      72      De ello se desprende que en el supuesto de que sea posible declarar, no en función de la información de que dispone el Estado
         miembro de acogida, sino sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones
         incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el requisito de residencia establecido en el artículo 7,
         apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439 no se cumplía cuando se expidió dicho permiso, el Estado miembro de acogida,
         en cuyo territorio el titular de dicho permiso ha sido objeto de una medida de retirada de un permiso de conducción anterior,
         puede denegar el reconocimiento en su territorio de un permiso de conducción expedido posteriormente por otro Estado miembro
         después del período de prohibición de solicitud de un nuevo permiso.
      
      73      Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 1, apartado
         2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que,
         en circunstancias como las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del
         derecho a conducir resultante de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período
         de prohibición de solicitud de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, mientras
         su titular no haya cumplido los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada,
         incluido el examen de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya
         no existen. En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento
         en su territorio del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado
         miembro si se constata, sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones
         incontestables procedentes del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio
         del primer Estado miembro de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio
         del Estado miembro de expedición cuando se expidió dicho permiso.
      
       Sobre la posibilidad de una suspensión provisional del derecho a conducir resultante de un permiso de conducción expedido
            por otro Estado miembro
      74      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑329/06 desea saber, en esencia, si los artículos
         1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 han de interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede,
         tras una retirada del permiso de conducción por parte de sus autoridades administrativas, suspender con carácter provisional,
         en interés de la seguridad en carretera, el derecho a conducir resultante de un permiso de conducción expedido por otro Estado
         miembro, cuando éste le ha comunicado que procedería a examinar las condiciones de la expedición de este nuevo permiso, de
         lo que podría resultar su retirada. 
      
       Sobre la pertinencia de la cuestión
      75      En sus observaciones escritas presentadas en el asunto C‑329/06, el Gobierno alemán sostiene que, tras la posición expresada
         por la República Checa en su escrito de 14 de marzo de 2006, mencionado en el apartado 32 de la presente sentencia, según
         la cual dicho Estado miembro no procedería a la retirada del permiso del Sr. Wiedemann, la presente cuestión carece de pertinencia.
      
      76      Procede recordar que en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 234 CE, que está basado en una clara separación
         de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano
         jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe
         adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder
         dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las
         cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio,
         obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099,
         apartado 38; de 18 de diciembre de 2007, Laval un Partneri, C‑341/05, Rec. p. I‑0000, apartado 45, y de 14 de febrero de 2008,
         Varec, C‑450/06, Rec. p. I‑0000, apartado 23).
      
      77      No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en casos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias
         en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia (sentencia Varec, antes citada,
         apartado 24, y la jurisprudencia citada). La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano
         jurisdiccional nacional es posible en particular cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada
         no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal o cuando el problema es de naturaleza hipotética
         (véanse en este sentido, en particular, las sentencias, antes citadas, PreussenElektra, apartado 39, y Laval un Partneri,
         apartado 46).
      
      78      En el caso de autos, el Gobierno alemán no discute la competencia del Tribunal de Justicia en el momento en el que se planteó
         la cuestión prejudicial. En efecto, se limita a observar que la presente cuestión ya no es pertinente tras el escrito del
         Ministerio de Transportes checo de 14 de marzo de 2006, toda vez que éste significa la negativa definitiva de las autoridades
         checas a iniciar un procedimiento de retirada del permiso de conducción checo controvertido en el litigio principal.
      
      79      Sin embargo, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, y no al Tribunal de Justicia, apreciar el alcance de dicho escrito
         para determinar si contiene tal negativa. En todo caso, corresponde exclusivamente a dicho órgano jurisdiccional determinar
         si, habida cuenta de los acontecimientos de los que ha sido informado con posterioridad a la resolución de remisión, la respuesta
         a dicha cuestión prejudicial ha dejado de tener interés para la solución del litigio que se le ha sometido.
      
      80      Por consiguiente procede responder a la presente cuestión prejudicial. 
      
       Sobre el fondo
      81      En primer lugar, procede señalar que, cuando un Estado miembro está obligado, en virtud de la Directiva 91/439, a reconocer
         un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, el efecto útil del reconocimiento recíproco de los permisos de
         conducción se vería comprometido si el primer Estado pudiera decidir la suspensión del derecho a conducir resultante de dicho
         permiso mientras el segundo Estado miembro comprueba las condiciones de expedición.
      
      82      En efecto, en tal caso, aunque dicha comprobación pueda finalizar en la retirada del permiso en cuestión, la suspensión con
         carácter provisional del derecho a conducir resultante de dicho permiso estaría basada en una presunción de ilegalidad que
         no se puede conciliar con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 53 de la presente sentencia,
         según la cual un Estado miembro debe considerar que la posesión de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro
         constituye la prueba de que el titular del citado permiso cumplía los requisitos de expedición establecidos por la Directiva
         91/439 en el momento en el que se le expidió. 
      
      83      Por tanto, el Estado miembro que, tras haber adoptado una medida de retirada del permiso de conducción contra dicha persona
         está obligado, con arreglo a dicha Directiva, a reconocer el permiso expedido con posterioridad a dicha persona por otro Estado
         miembro, no puede suspender el derecho a conducir resultante del nuevo permiso.
      
      84      No obstante, cuando, con arreglo a la segunda parte de la respuesta contenida en el apartado 73 de la presente sentencia,
         un Estado miembro puede excepcionalmente denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por
         otro Estado miembro, este primer Estado miembro está habilitado a fortiori a suspender el derecho a conducir resultante de dicho permiso mientras el segundo Estado miembro procede a comprobar las
         condiciones de expedición, en particular del respeto del requisito de residencia impuesto por el artículo 7, apartado 1, letra b),
         de la Directiva 91/439, del que podría resultar en su caso la retirada de dicho permiso.
      
      85      Por otro lado, como se ha señalado en el apartado 66 de la presente sentencia, procede recordar que, en virtud del artículo
         8, apartado 2, de la Directiva 91/439, un Estado miembro puede aplicar sus disposiciones nacionales relativas a la restricción,
         la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir al titular de un permiso de conducción expedido en otro Estado
         miembro por una conducta del interesado posterior a la expedición de dicho permiso.
      
      86      Vistas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión planteada en el asunto C‑329/06 que los artículos
         1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 se oponen a que un Estado miembro que, con arreglo a dicha Directiva,
         está obligado a reconocer el derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro,
         suspenda con carácter provisional dicho derecho mientras este último comprueba las condiciones de expedición del mencionado
         permiso. En cambio, en las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro decida la suspensión
         de este derecho si se desprende de las indicaciones que figuran en dicho permiso o en otras informaciones incontestables procedentes
         del otro Estado miembro que el requisito de residencia establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva
         no se cumplía cuando se expidió este permiso.
      
       Costas
      87      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      Los artículos 1, apartado 2, 7, apartado 1, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439 del Consejo, de 29 de julio de 1991,
            sobre el permiso de conducción, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 del Parlamento Europeo y del
            Consejo, de 29 de septiembre de 2003, deben ser interpretados en el sentido de que se oponen a que, en circunstancias como
            las de los litigios principales, un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio del derecho a conducir resultante
            de un permiso de conducir expedido con posterioridad en otro Estado miembro después del período de prohibición de solicitud
            de un nuevo permiso impuesto al interesado, y, por lo tanto, la validez de dicho permiso, hasta que su titular no haya cumplido
            los requisitos exigidos en el primer Estado miembro para expedir un nuevo permiso tras dicha retirada, incluido el examen
            de aptitud para la conducción en el que se acredite que los motivos que justificaron dicha retirada ya no existen. 
      En las mismas circunstancias, dichas disposiciones no se oponen a que un Estado miembro deniegue el reconocimiento en su territorio
            del derecho a conducir que resulta de un permiso de conducción expedido con posterioridad por otro Estado miembro si se constata,
            sobre la base de las indicaciones que figuran en el propio permiso de conducción o en otras informaciones incontestables procedentes
            del Estado miembro de expedición, que el titular de dicho permiso, que ha sido objeto en el territorio del primer Estado miembro
            de una medida de retirada de un permiso anterior, no tenía su residencia habitual en el territorio del Estado miembro de expedición
            cuando se expidió dicho permiso. 
      2)      Los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4, de la Directiva 91/439, en su versión modificada por el Reglamento nº 1882/2003,
            se oponen a que un Estado miembro que, con arreglo a dicha Directiva, está obligado a reconocer el derecho a conducir que
            resulta de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, suspenda con carácter provisional dicho derecho mientras
            este último comprueba las condiciones de expedición del mencionado permiso. En cambio, en las mismas circunstancias, dichas
            disposiciones no se oponen a que un Estado miembro decida la suspensión de este derecho si se desprende de las indicaciones
            que figuran en dicho permiso o en otras informaciones incontestables procedentes del otro Estado miembro que el requisito
            de residencia establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva no se cumplía cuando se expidió este
            permiso.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.