CELEX: 62008CO0162
Language: es
Date: 2009-11-23 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de noviembre de 2009.#Geórgios K. Lagoudakis contra Kéntro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08), Dimitrios G. Ladakis y otros contra Dimos Geropotamou (C-163/08) y Michail Zacharioudakis contra Dimos Lampis (C-164/08).#Peticiones de decisión prejudicial: Monomeles Protodikeio Rethymnis - Grecia.#Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Primer o único contrato - Contratos sucesivos - Medida legal equivalente - Reducción del nivel general de protección de los trabajadores - Medidas destinadas a prevenir los abusos - Sanciones - Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público - Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva - Interpretación conforme.#Asuntos acumulados C-162/08 a C-164/08.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 23 de noviembre de 2009 — Lagoudakis y otros/Kéntro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon
            Dimou Rethymnis y otros
      (Asuntos acumulados C‑162/08 a C‑164/08)
      «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Primer o único contrato — Contratos sucesivos — Medida legal equivalente — Reducción del nivel general de protección de los trabajadores — Medidas destinadas a prevenir los abusos — Sanciones — Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en
         el sector público — Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva — Interpretación conforme»
      
      1.                     Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
            — Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada [Directiva
            1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 5, ap. 1, letra a), y 8, ap. 3] (véanse el apartado 11 y los puntos 1 y 2 del fallo)
      2.                     Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
            — Prohibición de la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el mencionado
            Acuerdo (Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 5, ap. 1, y 8, ap. 3) (véanse el apartado 11 y los puntos 3 a
            5 del fallo)
      3.                     Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
            — Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada (Directiva
            1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 5, ap. 1, y 8, ap. 3) (véanse el apartado 11 y los puntos 6 a 8 del fallo)
      Objeto
      
         
               Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Rethymnis — Interpretación de las cláusulas 5 y 8, apartados 1 y
                  3, del anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE
                  y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43) — Prohibición de adoptar una normativa nacional con el
                  pretexto de la adaptación del Derecho interno a la Directiva, cuando ya existe una medida nacional equivalente, en el sentido
                  de la cláusula 5, apartado 1, de la Directiva y la nueva normativa reduce el nivel de protección de los trabajadores en régimen
                  de contrato de trabajo de duración determinada.
               
            Fallo
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que
                     figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, sobre el Acuerdo marco de la CES, la UNICE
                     y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el Estado miembro
                     adopte una normativa nacional, como el Decreto Presidencial 164/2004, que contenga disposiciones relativas a los trabajadores
                     contratados mediante contratos de duración determinada en el sector público y que, con el fin de adaptar específicamente el
                     Derecho interno a la Directiva 1999/70 para aplicar sus disposiciones al sector público, prevea la aplicación de medidas preventivas
                     frente a la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada sucesivos, enumeradas
                     en el apartado 1, letras a) a c), de dicha cláusula, cuando en el ordenamiento jurídico nacional ya exista —extremo que corresponde
                     comprobar al órgano jurisdiccional remitente— una «medida legal equivalente» en el sentido de la citada cláusula —como el
                     artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, relativa a la resolución obligatoria del contrato de trabajo de los empleados
                     del sector privado—, siempre que, no obstante, esta normativa, por una parte, no afecte a la eficacia de la prevención de
                     la utilización abusiva de contratos de trabajo o de relaciones laborales de duración determinada, como se desprende de dicha
                     medida legal equivalente, y, por otra parte, respete el Derecho comunitario, concretamente la cláusula 8, apartado 3, del
                     mencionado Acuerdo.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido
                     de que se opone a que las autoridades del Estado miembro de que se trate apliquen una normativa nacional, como la controvertida
                     en el litigio principal, de modo que la renovación de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector
                     público se considere justificada por «razones objetivas» en el sentido de dicha cláusula debido únicamente a que esos contratos
                     se basan en disposiciones legales que permiten su renovación para satisfacer determinadas necesidades provisionales cuando,
                     en realidad, esas necesidades son permanentes y duraderas. En cambio, la citada cláusula no se aplica a la celebración de
                     un primer o único contrato de trabajo o relación laboral de duración determinada.
                  
               
            
         
                  3)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que la «reducción» que contempla debe examinarse en relación con el nivel general de protección que era aplicable, en el Estado
                     miembro de que se trate, tanto a los trabajadores que hubieran celebrado sucesivos contratos de trabajo de duración determinada
                     como a los que hubieran celebrado un primer y único contrato de duración determinada.
                  
               
            
         
                  4)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que no se opone a una normativa nacional, como el Decreto presidencial 164/2004, que, a diferencia de una norma de Derecho
                     interno anterior, como el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, por una parte, cuando se ha hecho una utilización abusiva
                     de contratos de trabajo de duración determinada en el sector público, ya no establece su recalificación como contratos por
                     tiempo indefinido o somete ésta al respeto de determinados requisitos acumulativos y restrictivos y, por otra parte, excluye
                     a los trabajadores que hayan celebrado un primer o único contrato de trabajo de duración determinada del beneficio de las
                     medidas de protección que impone, cuando estas modificaciones —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional
                     remitente— se refieran a una categoría limitada de trabajadores que hayan celebrado un contrato de trabajo de duración determinada
                     o resulten compensadas por la adopción de medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración
                     determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco.
                  
               
            
         
                  5)
               
               
                  
               
               
                  	Sin embargo, la aplicación del Acuerdo marco por una normativa nacional, como el Decreto presidencial 164/2004, no puede suponer
                     que la protección que el ordenamiento jurídico interno concedía anteriormente a los trabajadores con contrato de duración
                     determinada se reduzca a un nivel inferior al determinado por las disposiciones protectoras mínimas previstas en el Acuerdo
                     marco. En particular, el respeto de la cláusula 5, apartado 1, del citado Acuerdo marco exige que, en lo que respecta a la
                     utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, dicha normativa establezca medidas efectivas
                     y vinculantes para prevenir esa utilización abusiva y sanciones que tengan un carácter suficientemente efectivo y disuasorio
                     para garantizar la plena eficacia de esas medidas preventivas. Por consiguiente, incumbe al órgano jurisdiccional remitente
                     comprobar que concurren esos requisitos.
                  
               
            
         
                  6)
               
               
                  
               
               
                  	En circunstancias como las del litigio principal, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse
                     en el sentido de que, cuando el ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate incluya, en el sector considerado,
                     otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración
                     determinada —en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo—, no se opone a la aplicación de una norma de Derecho
                     nacional que prohíbe de forma absoluta, en el sector público, la transformación en un contrato de trabajo de duración indefinida
                     de una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada que, por haber cubierto necesidades permanentes y duraderas
                     del empleador, deben ser considerados abusivos. Sin embargo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar hasta qué
                     punto los requisitos de aplicación y la aplicación efectiva de las disposiciones pertinentes de Derecho interno constituyen
                     una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva por parte de la Administración Pública de
                     sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada.
                  
               
            
         
                  7)
               
               
                  
               
               
                  	En cambio, dado que la cláusula 5, apartado 1, del citado Acuerdo marco no es aplicable a los trabajadores que hayan celebrado
                     un primer o único contrato de trabajo de duración determinada, esta disposición no obliga a los Estados miembros a adoptar
                     sanciones cuando dicho contrato atiende, en realidad, necesidades permanentes y duraderas del empleador.
                  
               
            
         
                  8)
               
               
                  
               
               
                  	Corresponde al órgano jurisdiccional remitente dar a las disposiciones pertinentes de Derecho interno, en la medida de lo
                     posible, una interpretación conforme con las cláusulas 5, apartado 1, y 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo
                     de duración determinada y dilucidar, en ese contexto, si debe aplicarse a los litigios principales una «medida legal equivalente»
                     en el sentido de la primera de esas cláusulas, como la prevista en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, en vez
                     de determinadas disposiciones de Derecho interno.