CELEX: 62005CJ0402
Language: es
Date: 2008-09-03
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2008.#Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation contra Consejo de la Unión Europea y Comisión de las Comunidades Europeas.#Política exterior y de seguridad común (PESC) - Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes - Naciones Unidas - Consejo de Seguridad - Resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas - Aplicación en la Comunidad - Posición común 2002/402/PESC - Reglamento (CE) nº 881/2002 - Medidas dirigidas contra personas y entidades incluidas en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas - Congelación de fondos y de recursos económicos - Comité del Consejo de Seguridad creado par el párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (Comité de Sanciones) - Inclusión de estas personas y entidades en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 - Recurso de anulación - Competencia de la Comunidad - Base jurídica conjunta compuesta por los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE - Derechos fundamentales - Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control jurisdiccional efectivo.#Asuntos acumulados C-402/05 P y C-415/05 P.

Asuntos acumulados C‑402/05 P y C‑415/05 P
      Yassin Abdullah Kadi y Al Barakaat International Foundation
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      y
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes — Naciones Unidas — Consejo de Seguridad — Resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas — Aplicación en la Comunidad — Posición común 2002/402/PESC — Reglamento (CE) nº 881/2002 — Medidas dirigidas contra personas y entidades incluidas en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas — Congelación de fondos y de recursos económicos — Comité del Consejo de Seguridad creado por el párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (Comité de
         Sanciones) — Inclusión de estas personas y entidades en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 — Recurso de anulación — Competencia de la Comunidad — Base jurídica conjunta compuesta por los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE — Derechos fundamentales — Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control jurisdiccional efectivo»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Reglamento por el que se imponen medidas restrictivas dirigidas
            contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes
      [Arts. 57 CE, ap. 2, 60 CE, 133 CE y 301 CE; Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      2.        Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Actos comunitarios que persiguen objetivos del Tratado UE en materia
            de relaciones exteriores — Artículo 308 CE — Improcedencia
      (Arts. 60 CE, 301 CE y 308 CE; art. 3 UE)
      3.        Actos de las instituciones — Elección de la base jurídica — Reglamento por el que se imponen medidas restrictivas dirigidas
            contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes
      [Arts. 60 CE, 301 CE y 308 CE; Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      4.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Acto de aplicación de las
            resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — Control incidental de la legalidad de las decisiones del Consejo
            de Seguridad — Exclusión 
      [Art. 220 CE; Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo]
      5.        Derecho comunitario — Principios — Derechos fundamentales — Consideración del Convenio Europeo de Derechos Humanos
      (Arts. 220 CE y 307 CE; art. 6 UE, ap. 1)
      6.        Derecho internacional público — Carta de las Naciones Unidas — Resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del
            capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
      7.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida
            y los talibanes
      8.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida
            y los talibanes
      9.        Comunidades Europeas — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida
            y los talibanes
      10.      Recurso de anulación — Sentencia anulatoria — Efectos — Limitación por el Tribunal de Justicia — Reglamento por el que se
            imponen medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida
            y los talibanes
      (Art. 231 CE)
      1.        Aceptar la interpretación de los artículos 60 CE y 301 CE según la cual bastaría con que las medidas restrictivas establecidas
         por la Resolución 1390 (2002) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aplicadas por el Reglamento nº 881/2002, por
         el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas
         con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, estuvieran dirigidas contra personas o entidades que se encontrasen
         en un país tercero o estuvieran asociadas de otro modo con dicho país, supondría ampliar excesivamente el alcance de estos
         artículos sin tener en absoluto en cuenta el requisito, derivado del propio tenor de los mismos, de que las medidas adoptadas
         tomando como base dichos artículos deben ser medidas contra países terceros.
      
      Por una parte, la interpretación del artículo 301 CE según la cual dicho artículo crea una pasarela procedimental entre la
         Comunidad y la Unión Europea, de modo que debe interpretarse de modo tan amplio como las competencias comunitarias pertinentes,
         y entre ellas las competencias relativas a la política comercial común y a la libre circulación de capitales, puede dar lugar
         a una reducción de su ámbito de aplicación y, por tanto, de su eficacia, dado que, como muestran sus propios términos, este
         artículo contempla la adopción de medidas potencialmente muy diversas para alterar las relaciones económicas con países terceros,
         medidas que no deben pues limitarse a priori a los ámbitos de aplicación de otras competencias materiales comunitarias, tales como las relativas a la política comercial
         común o la libre circulación de capitales. Por lo demás, dicha interpretación no encuentra apoyo en el texto del artículo
         301 CE, que otorga a la Comunidad una competencia material con un alcance en principio autónomo con respecto al de otras competencias
         comunitarias.
      
      Por otra parte, habida cuenta de la finalidad, del objeto y del contenido de dicho Reglamento, no cabe considerar que el mismo
         concierna específicamente al comercio internacional por estar destinado esencialmente a promover, facilitar o regular los
         intercambios comerciales, por lo que no podía basarse en la competencia comunitaria en materia de política comercial común.
         En efecto, un acto comunitario sólo se considera incluido en el ámbito de la competencia en materia de política comercial
         común contemplada en el artículo 133 CE cuando concierna específicamente al comercio internacional, por estar destinado esencialmente
         a promover, facilitar o regular los intercambios comerciales y a producir efectos directos e inmediatos en el comercio de
         los productos de que se trate. Tampoco cabe afirmar que dicho Reglamento está incluido en el ámbito de aplicación de las disposiciones
         del Tratado CE relativas a la libre circulación de capitales y de pagos, por prohibir la transferencia de recursos económicos
         a ciertos particulares en países terceros. En primer lugar, por lo que respecta al artículo 57 CE, apartado 2, las medidas
         restrictivas impuestas por este Reglamento no forman parte de ninguna de las categorías de medidas contempladas en dicha disposición.
         A continuación, en lo que respecta al artículo 60 CE, apartado 1, dicha disposición tampoco puede servir de base al Reglamento
         de que se trata, dado que su ámbito de aplicación viene determinado por el del artículo 301 CE. Por último, en lo que respecta
         al artículo 60 CE, apartado 2, dicha disposición no crea una competencia comunitaria a estos efectos, dado que se limita a
         permitir que los Estados miembros adopten, en ciertos supuestos excepcionales, medidas unilaterales contra un país tercero
         en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos, sin perjuicio de la facultad del Consejo de obligar al Estado
         miembro a modificar o suprimir tales medidas.
      
      (véanse los apartados 168, 176 a 178, 183, 185, 187 a 191 y 193)
      2.        Es incompatible con el propio tenor del artículo 308 CE la concepción según la cual dicho artículo permitiría, en el contexto
         específico de los artículos 60 CE y 301 CE, adoptar actos comunitarios que persigan, no uno de los objetivos de la Comunidad,
         sino uno de los objetivos del Tratado UE en materia de relaciones exteriores, entre los que figura la política exterior y
         de seguridad común (PESC).
      
      Si bien es cierto que se ha creado una pasarela entre las acciones de la Comunidad por las que se adoptan medidas económicas
         en virtud de los artículos 60 CE y 301 CE y los objetivos del Tratado UE en materia de relaciones exteriores, lo que incluye
         la PESC, ni el tenor de las disposiciones del Tratado CE ni la estructura del mismo respaldan la concepción según la cual
         dicha pasarela se extiende a otras disposiciones del Tratado CE, y en particular al artículo 308 CE.
      
      Para recurrir al artículo 308 CE se exige que la acción prevista tenga relación con «el funcionamiento del mercado común»,
         por una parte, y que pretenda lograr «uno de los objetivos de la Comunidad», por otra. Ahora bien, habida cuenta de la claridad
         y precisión de los términos utilizados, este último concepto no puede interpretarse en ningún caso en el sentido de que comprende
         igualmente los objetivos de la PESC.
      
      La coexistencia de la Unión y de la Comunidad como ordenamientos jurídicos integrados pero distintos y la arquitectura constitucional
         de los pilares, queridas por los autores de los Tratados actualmente vigentes, constituyen además consideraciones de carácter
         institucional que impiden extender dicha pasarela a artículos del Tratado CE distintos de aquellos con los que ésta establece
         una vinculación expresa.
      
      Por lo demás, el artículo 308 CE, al ser parte integrante de un orden institucional basado en el principio de las competencias
         de atribución, no puede servir de base para ampliar el ámbito de competencias de la Comunidad más allá del marco general que
         resulta del conjunto de las disposiciones del Tratado CE y, en particular, de las que definen las misiones y acciones de la
         Comunidad.
      
      Del mismo modo, tampoco el artículo 3 UE, ni el segundo párrafo de dicho articulo en particular, pueden servir de base para
         ampliar las competencias de la Comunidad más allá de los objetivos de esta última.
      
      (véanse los apartados 197 a 204)
      3.        El artículo 308 CE tiene por objeto suplir la inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las
         instituciones comunitarias por disposiciones específicas del Tratado, en la medida en que dichos poderes resulten no obstante
         necesarios para que la Comunidad pueda ejercer sus funciones con vistas a lograr alguno de los objetivos establecidos por
         dicho Tratado.
      
      El Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
         personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, queda manifiestamente incluido en el
         ámbito de aplicación ratione materiae de los artículos 60 CE y 301 CE, al imponer medidas restrictivas de carácter económico y financiero. Como dichos artículos
         no confieren sin embargo poderes de acción expresos o implícitos para imponer tales medidas a los destinatarios que carezcan
         de vínculo alguno con el régimen gobernante de un país tercero, como es el caso de las personas y entidades mencionadas en
         dicho Reglamento, cabe suplir esta falta de facultades, consecuencia de las limitaciones del ámbito de aplicación ratione personae de dichos artículos, recurriendo al artículo 308 CE como base jurídica de dicho Reglamento junto a los dos primeros artículos
         que servían de base a dicho acto normativo desde el punto de vista de su alcance material, a condición no obstante de que
         concurrieran todos los demás requisitos exigidos para la aplicación del artículo 308 CE.
      
      Ahora bien, como el objetivo de este Reglamento consiste en impedir que las personas asociadas a Usamah bin Ladin, a la red
         Al‑Qaida y a los talibanes dispongan de recursos financieros o económicos de cualquier tipo, a fin de obstaculizar la financiación
         de actividades terroristas, tal objetivo puede ponerse en relación con uno de los objetivos de la Comunidad a los que se refiere
         el artículo 308 CE. En efecto, los artículos 60 CE y 301 CE, al establecer una competencia comunitaria para la imposición
         de medidas restrictivas de carácter económico a fin de ejecutar las acciones decididas en el marco de la política exterior
         y de seguridad común, constituyen la expresión de un objetivo implícito y subyacente, a saber, el de hacer posible la adopción
         de tales medidas mediante la utilización eficaz de un instrumento comunitario. Cabe considerar que dicho objetivo constituye
         uno de los objetivos de la Comunidad a los que se refiere el artículo 308 CE.
      
      La ejecución de tales medidas mediante la utilización de un instrumento comunitario no rebasa el marco general resultante
         del conjunto de disposiciones del Tratado, dado que dichas medidas tienen además relación, por su propia naturaleza, con el
         funcionamiento del mercado común, relación que constituye otro requisito para la aplicación del artículo 308 CE. En efecto,
         si unas medidas económicas y financieras como las que impone dicho Reglamento fueran impuestas unilateralmente por cada Estado
         miembro, la proliferación de medidas nacionales de esta índole podría alterar el funcionamiento del mercado común.
      
      (véanse los apartados 211, 213, 216, 222, 225 a 227, 229 y 230)
      4.        La Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, ya que ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al
         control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que constituye el Tratado y este último ha
         establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control
         de legalidad de los actos de las instituciones. Un acuerdo internacional no puede menoscabar el orden de competencias fijado
         por los Tratados ni, por lo tanto, la autonomía del sistema jurídico comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia
         en virtud de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 220 CE, competencia que forma parte de las propias bases
         de la Comunidad.
      
      Tratándose de un acto comunitario destinado a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del capítulo VII
         de la Carta de las Naciones Unidas, como el Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas
         específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes,
         no corresponde al juez comunitario, en el marco de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 220 CE, controlar
         la legalidad de la resolución aprobada por dicho órgano internacional, ni siquiera limitando su control al examen de la compatibilidad
         de tal resolución con el ius cogens, sino controlar la legalidad del acto comunitario destinado a aplicarla.
      
      Una sentencia de un tribunal comunitario en la que se declarase que un acto comunitario destinado a aplicar una resolución
         de tales características viola una norma superior del ordenamiento jurídico comunitario no implicaría poner en entredicho
         la primacía de dicha resolución en el ámbito del Derecho internacional.
      
      (véanse los apartados 281, 282 y 286 a 288)
      5.        Los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia.
         A este respecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, así
         como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos
         en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El Convenio Europeo de Derechos Humanos reviste
         en este contexto un significado particular. El respeto de los derechos humanos constituye también un requisito de legalidad
         de los actos comunitarios, y no pueden admitirse en la Comunidad medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos.
      
      A este respecto, las obligaciones impuestas por un acuerdo internacional no pueden tener por efecto menoscabar los principios
         constitucionales del Tratado CE, entre los que figura el principio según el cual todos los actos comunitarios deben respetar
         los derechos fundamentales, pues el respeto de esos derechos constituye un requisito de legalidad de dichos actos, cuyo control
         incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del sistema completo de vías de recurso establecido por dicho Tratado.
      
      Los principios que regulan el ordenamiento jurídico internacional creado por las Naciones Unidas no implican que resulte imposible
         proceder a un control jurisdiccional, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, de la legalidad interna del Reglamento
         nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
         entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, por el hecho de que dicho Reglamento esté destinado
         a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
         Carece por completo de base en el Tratado CE la tesis de que un acto comunitario disfruta de dicha inmunidad de jurisdicción
         como corolario del principio de primacía en el ámbito del Derecho internacional de las obligaciones derivadas de la Carta
         de las Naciones Unidas, y en particular de las obligaciones relativas a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad
         aprobadas en virtud del capítulo VII de dicha Carta. El artículo 307 CE no podría permitir en ningún caso que se pusieran
         en entredicho los principios que constituyen las propias bases del ordenamiento jurídico comunitario, y entre ellos los principios
         de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, consagrados como bases de la
         Unión en el artículo 6 UE, apartado 1. Si fuera aplicable a la Carta de las Naciones Unidas la disposición del artículo 300 CE,
         apartado 7, que establece que los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en dicho artículo serán vinculantes para
         las instituciones de la Comunidad, así como para los Estados miembros, dicha Carta disfrutaría de primacía sobre los actos
         de Derecho comunitario derivado. Sin embargo, en el ámbito del Derecho comunitario, esta primacía no se extendería al Derecho
         primario ni, en particular, a sus principios generales, entre los que figura el respeto de los derechos fundamentales.
      
      Así pues, con arreglo a las competencias que les confiere el Tratado CE, los tribunales comunitarios deben garantizar un control,
         en principio completo, de la legalidad de todos los actos comunitarios desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
         control que también se extiende a los actos comunitarios destinados a aplicar resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad
         en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como el Reglamento controvertido.
      
      (véanse los apartados 283 a 285, 299, 303, 304, 306 a 308 y 326)
      6.        Las competencias de la Comunidad deben ser ejercidas respetando el Derecho internacional, y los actos adoptados en ejercicio
         de estas competencias deben interpretarse, y su ámbito de aplicación circunscribirse, a la luz de las normas pertinentes del
         Derecho internacional.
      
      Al ejercer su competencia de adopción de actos comunitarios basados en los artículos 60 CE y 301 CE a fin de aplicar resoluciones
         aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la Comunidad tiene el
         deber de atribuir especial importancia al hecho de que, conforme al artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, la aprobación
         de resoluciones por parte del Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de dicha Carta constituye el ejercicio de la
         responsabilidad primordial conferida a dicho órgano internacional de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial, responsabilidad
         que incluye, en el ámbito de dicho capítulo VII, la facultad de determinar lo que constituye una amenaza contra la paz y la
         seguridad internacionales y la facultad de adoptar las medidas necesarias para mantenerlas o restablecerlas.
      
      Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas no obliga a seguir un método predeterminado para la aplicación de las resoluciones
         aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de dicha Carta, ya que dicha aplicación debe producirse conforme
         a la normativa aplicable al respecto en el ordenamiento jurídico interno de cada Miembro de la ONU. En efecto, la Carta de
         las Naciones Unidas permite en principio que los Miembros de la ONU elijan libremente entre los diferentes métodos posibles
         de recepción de tales resoluciones en su ordenamiento jurídico interno.
      
      (véanse los apartados 291, 293, 294 y 298)
      7.        Por lo que se refiere a los derechos de defensa, y en particular al derecho a ser oído, tratándose de unas medidas restrictivas
         como las que impone el Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas
         contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, no cabe exigir a
         las autoridades comunitarias que, antes de proceder a la inclusión inicial de una persona o entidad en la lista de personas
         o entidades a quienes se aplican dichas medidas, comuniquen los motivos en que se basa dicha inclusión. En efecto, la comunicación
         previa podría poner en peligro la eficacia de las medidas de congelación de fondos y de recursos económicos impuestas por
         este Reglamento. Por razones relacionadas igualmente con el objetivo perseguido por dicho Reglamento y con la eficacia de
         las medidas que en él se establecen, las autoridades comunitarias tampoco estaban obligadas a proceder a una audiencia de
         los recurrentes antes de la inclusión inicial de sus nombres en la lista recogida en el anexo I de este Reglamento. Además,
         tratándose de un acto comunitario destinado a aplicar una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en relación con
         la lucha contra el terrorismo, existen razones imperiosas relacionadas con la seguridad o con la gestión de las relaciones
         internacionales de la Comunidad y de sus Estados miembros que pueden oponerse a que se dé traslado de ciertos datos a los
         interesados y, por tanto, a que se oigan sus alegaciones al respecto.
      
      Sin embargo, la violación de los derechos de defensa de éstos, y en particular de su derecho a ser oídos y de su derecho a
         un control jurisdiccional efectivo, resulta manifiesta desde el momento en que, por una parte, ni el Reglamento de que se
         trata ni la Posición común 2002/402, por la que se adoptan medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros de la
         organización Al‑Qaida, los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ellos, a la que dicho Reglamento
         se remite, establecen un procedimiento para comunicar a los interesados los datos que justifican la inclusión de sus nombres
         en el anexo I de dicho Reglamento y para darles audiencia, ni al mismo tiempo que dicha inclusión ni posteriormente y, por
         otra parte, el Consejo no dio traslado a los recurrentes de los datos utilizados en su contra como base de las medidas restrictivas
         que les fueron impuestas, ni les otorgó el derecho de tomar conocimiento de dichos datos en un plazo razonable tras la imposición
         de las medidas.
      
      (véanse los apartados 334, 338, 339, 341, 342, 345 y 348)
      8.        El principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho comunitario, que resulta de las tradiciones constitucionales
         comunes a los Estados miembros y ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que
         por otra parte ha sido reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
      
      El cumplimiento de la obligación de comunicar los motivos en que se basa la inclusión del nombre de una persona o de una entidad
         en la lista recogida en el anexo I del Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas
         dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, resulta
         necesario tanto para permitir que los destinatarios de las medidas restrictivas defiendan sus derechos en las mejores condiciones
         posibles y decidan con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez comunitario como para
         poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de legalidad del acto comunitario de que se trata, conforme
         a la misión que le ha encomendado el Tratado.
      
      Así pues, desde el momento en que dichas personas y entidades no son informadas de los datos utilizados en su contra, y habida
         cuenta de las relaciones que existen entre los derechos de defensa y el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo, tales
         personas tampoco pueden defender sus derechos ante el juez comunitario en relación con tales datos en condiciones satisfactorias,
         y este último no se encuentra en condiciones de controlar la legalidad del mencionado Reglamento en lo que respecta a dichas
         personas y entidades, por lo que procede constatar una violación de su derecho a un recurso jurisdiccional efectivo.
      
      (véanse los apartados 335 a 337, 349 y 351)
      9.        La importancia de los objetivos perseguidos por un acto comunitario puede justificar sus consecuencias negativas, por considerables
         que sean para ciertos operadores, incluidos aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en la situación que condujo a la
         adopción de las sanciones pero resultan afectados, en particular en sus derechos de propiedad.
      
      Frente a un objetivo de interés general tan fundamental para la comunidad internacional como la lucha por todos los medios,
         de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas que los actos de terrorismo suponen para la paz y
         la seguridad internacionales, la congelación de fondos, activos financieros y otros recursos económicos de las personas que
         el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones consideran asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes
         no puede calificarse, en sí, de inadecuada o desproporcionada. A este respecto, las medidas restrictivas impuestas por el
         Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas
         personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes, son unas restricciones del derecho de
         propiedad que, en principio, podrían resultar justificadas.
      
      Sin embargo, los procedimientos aplicables deben ofrecer a la persona o entidad afectada una oportunidad adecuada para exponer
         su caso a las autoridades competentes, como lo exige el artículo 1 del Protocolo nº 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
      
      Así, la imposición de las medidas restrictivas establecidas por dicho Reglamento a una persona o entidad, como consecuencia
         de su inclusión en la lista recogida en el anexo I de dicho Reglamento, constituye una restricción injustificada de su derecho
         de propiedad desde el momento en que el Reglamento fue adoptado sin ofrecer a dicha persona o entidad garantía alguna de que
         se le permitiría exponer su caso a las autoridades competentes, y ello en unas circunstancias en las que la restricción de
         su derecho de propiedad debe calificarse de considerable, habida cuenta del alcance general y de la duración efectiva de las
         medidas restrictivas que le fueron impuestas.
      
      (véanse los apartados 361, 363, 366 y 368 a 370)
      10.      Como procede anular, en lo que respecta a los recurrentes, el Reglamento nº 881/2002, por el que se imponen determinadas medidas
         restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida
         y los talibanes, a causa de una violación de los principios aplicables en el procedimiento seguido para la adopción de las
         medidas restrictivas que dicho Reglamento impone, no cabe excluir la posibilidad de que, en cuanto al fondo, la imposición
         de tales medidas a los recurrentes se revele en definitiva justificada.
      
      La anulación de este Reglamento con efecto inmediato podría, pues, causar daños graves e irreversibles a la eficacia de las
         medidas restrictivas impuestas en él y que la Comunidad tiene el deber de aplicar, dado que, en el intervalo necesario para
         una eventual sustitución del mismo por un nuevo Reglamento, los recurrentes podrían tomar disposiciones para evitar que pudieran
         aplicárseles de nuevo medidas de congelación de fondos. En consecuencia, resulta oportuno aplicar el artículo 231 CE para
         mantener los efectos del Reglamento controvertido, en lo que respecta a los recurrentes, durante un período de tres meses
         como máximo a partir de la fecha en que se dicte sentencia.
      
      (véanse los apartados 373, 374 y 376)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 3 de septiembre de 2008 (*)
      
      «Política exterior y de seguridad común (PESC) – Medidas restrictivas contra personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes – Naciones Unidas – Consejo de Seguridad – Resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas – Aplicación en la Comunidad – Posición común 2002/402/PESC – Reglamento (CE) nº 881/2002 – Medidas dirigidas contra personas y entidades incluidas en una lista elaborada por un órgano de las Naciones Unidas – Congelación de fondos y de recursos económicos – Comité del Consejo de Seguridad creado por el párrafo 6 de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad (Comité de
         Sanciones) – Inclusión de estas personas y entidades en el anexo I del Reglamento (CE) nº 881/2002 – Recurso de anulación – Competencia de la Comunidad – Base jurídica conjunta compuesta por los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE – Derechos fundamentales – Derecho al respeto de la propiedad, derecho a ser oído y derecho a un control jurisdiccional efectivo»
      
      En los asuntos acumulados C‑402/05 P y C‑415/05 P,
      que tienen por objeto sendos recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 17 y el 21 de noviembre de 2005, respectivamente,
      
      Yassin Abdullah Kadi, con domicilio en Jeddah (Arabia Saudí), representado por los Sres. I. Brownlie y D. Anderson, QC, y por el Sr. P. Saini,
         Barrister, designados por el Sr. G. Martin, Solicitor, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      Al Barakaat International Foundation, establecida en Spånga (Suecia), representada por los Sres. L. Silbersky y T. Olsson, advokater,
      
      partes recurrentes,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. M. Bishop y por las Sras. E. Finnegan y E. Karlsson, en calidad de agentes,
      
      parte demandada en primera instancia,
      apoyado por
      Reino de España, representado por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      República Francesa, representada por el Sr. G. de Bergues y por las Sras. E. Belliard y S. Gasri, en calidad de agentes,
      
      Reino de los Países Bajos, representado por las Sras. H.G. Sevenster y M. de Mol, en calidad de agentes,
      
      partes coadyuvantes en casación,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. C. Brown, J. Enegren y P.J. Kuijper, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada en primera instancia,
      apoyada por:
      República Francesa, representada por el Sr. G. de Bergues y por las Sras. E. Belliard y S. Gasri, en calidad de agentes,
      
      parte coadyuvante en casación,
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por las Sras. R. Caudwell, E. Jenkinson y S. Behzadi‑Spencer, en calidad de agentes, asistidas por los Sres.
         C. Greenwood, QC, y A. Dashwood, Barrister, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte coadyuvante en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, y los Sres. C.W.A. Timmermans (Ponente), A. Rosas y K. Lenaerts, Presidentes
         de Sala, y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, la Sra. R. Silva de Lapuerta, los Sres. K. Schiemann, J. Makarczyk y P. Kūris, la
         Sra. P. Lindh y los Sres. J.-C. Bonichot, T. von Danwitz y A. Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. J. Swedenborg, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de octubre de 2007;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de enero de 2008 (C‑402/05 P) y el 23 de
         enero de 2008 (C‑415/05 P);
      
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        En sus recursos de casación, el Sr. Kadi (C‑402/05 P) y Al Barakaat International Foundation (en lo sucesivo, «Al Barakaat»)
         (C‑415/05 P) solicitan respectivamente la anulación de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
         Europeas de 21 de septiembre de 2005, Kadi/Consejo y Comisión (T‑315/01, Rec. p. II‑3649), y Yusuf y Al Barakaat International
         Foundation/Consejo y Comisión (T‑306/01, Rec. p. II‑3533) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida Kadi» y «sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat», respectivamente, y, ambas, «sentencias recurridas»).
      
      2        En esas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos de anulación interpuestos por el Sr. Kadi y Al
         Barakaat contra el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas
         restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida
         y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de
         determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales
         y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO L 139, p. 9; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»),
         en la medida en que dicho Reglamento les afectaba.
      
       Marco jurídico
      3        Según el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco (Estados Unidos) el 26
         de junio de 1945, entre los propósitos de las Naciones Unidas figuran el de «mantener la paz y la seguridad internacionales»
         y el de «realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social,
         cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
         de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión».
      
      4        El artículo 24, apartados 1 y 2, de la Carta de las Naciones Unidas estipula lo siguiente:
      
      «1.      A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de [la Organización de las Naciones Unidas (ONU)], sus Miembros confieren
         al Consejo de Seguridad [de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad»)], la responsabilidad primordial de
         mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar
         las funciones que le impone aquella responsabilidad.
      
      2.      En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones
         Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI,
         VII, VIII y XII.»
      
      5        Según el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, «los Miembros de [la ONU] convienen en aceptar y cumplir las decisiones
         del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta».
      
      6        Los artículos 39, 41 y 48 de la Carta de las Naciones Unidas forman parte del capítulo VII de ésta, titulado «Acción en caso
         de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión».
      
      7        El artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas es del siguiente tenor:
      
      «El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión
         y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer
         la paz y la seguridad internacionales.»
      
      8        El artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas está redactado así:
      
      «El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer
         efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender
         la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales,
         telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.»
      
      9        En virtud del artículo 48, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones del Consejo de Seguridad para el
         mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales «serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas directamente
         y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que formen parte».
      
      10      Conforme al artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, «en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los
         Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio
         internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta».
      
       Antecedentes de los litigios
      11      Los antecedentes de los litigios fueron expuestos en los apartados 10 a 36 de la sentencia recurrida Kadi y 10 a 41 de la
         sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat.
      
      12      A efectos de la presente sentencia, pueden resumirse como sigue.
      
      13      El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1267 (1999), en la que condenaba el persistente uso
         de territorio afgano para dar refugio y adiestramiento a terroristas y planear actos de terrorismo, reafirmaba su convicción
         de que la represión del terrorismo internacional es esencial para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
         y deploraba el hecho de que los talibanes siguieran proporcionando un refugio seguro a Usama bin Laden [Usamah bin Ladin en
         la mayoría de las versiones españolas de los documentos aprobados por las instituciones comunitarias] y permitiendo que él
         y sus asociados dirigieran una red de campamentos de adiestramiento de terroristas en territorio controlado por los talibanes
         y utilizaran Afganistán como base para patrocinar operaciones terroristas internacionales.
      
      14      En el párrafo 2 de dicha Resolución, el Consejo de Seguridad exigió que los talibanes entregasen sin más demora a Usama bin
         Laden a las autoridades competentes de un Estado donde hubiera sido objeto de un auto de acusación o a las autoridades competentes
         de un Estado donde fuera detenido y enjuiciado. A fin de dar cumplimiento a dicha obligación, el párrafo 4, apartado b), de
         esta Resolución dispuso que todos los Estados «congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos
         o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad
         de los talibanes o bajo su control, que designe el Comité establecido en virtud del párrafo 6 infra, y velarán por que ni dichos fondos ni ningún otro fondo o recurso financiero así designado sea facilitado por sus nacionales
         o cualquier otra persona dentro de su territorio a los talibanes o en beneficio de ellos o cualquier empresa de propiedad
         de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, excepto los que pueda autorizar el Comité en cada caso, por razones
         de necesidad humanitaria».
      
      15      En el párrafo 6 de esta misma Resolución, el Consejo de Seguridad decidió establecer, de conformidad con el artículo 28 de
         su Reglamento provisional, un comité del Consejo de Seguridad (en lo sucesivo, «Comité de Sanciones»), compuesto de todos
         los miembros del Consejo y encargado en particular de velar por que los Estados aplicasen las medidas previstas en el párrafo
         4 de la Resolución, designar los fondos u otros recursos financieros contemplados en dicho párrafo 4 y considerar las peticiones
         de exención de las medidas impuestas por ese mismo párrafo 4.
      
      16      Considerando que para aplicar la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad era necesaria una acción de la Comunidad
         Europea, el Consejo de la Unión Europea adoptó el 15 de noviembre de 1999 la Posición común 1999/727/PESC, relativa a la adopción
         de medidas restrictivas contra los talibanes (DO L 294, p. 1).
      
      17      El artículo 2 de esa Posición común ordenaba la congelación de los fondos y otros recursos financieros de que dispusieran
         los talibanes en el extranjero, según lo dispuesto en la mencionada Resolución.
      
      18      El 14 de febrero de 2000, basándose en los artículos 60 CE y 301 CE, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 337/2000, relativo
         a la prohibición de vuelos y a la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (DO
         L 43, p. 1).
      
      19      El 19 de diciembre de 2000, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1333 (2000), por la que exigía a los talibanes que
         cumplieran la Resolución 1267 (2000), en particular dejando de dar refugio y de entrenar a terroristas internacionales y a
         sus organizaciones y entregando a Usama bin Laden a las autoridades competentes para que fuera debidamente enjuiciado. El
         Consejo de Seguridad decidió, en particular, reforzar la prohibición de vuelos y la congelación de fondos impuestas por la
         Resolución 1267 (1999).
      
      20      Así, el párrafo 8, apartado c), de la Resolución 1333 (2000) dispuso que todos los Estados debían «congelar sin demora los
         fondos y otros activos financieros de Usama bin Laden y de las personas y entidades con él asociados indicados por el [Comité
         de Sanciones], incluidos los de la organización Al-Qaida y los fondos dimanantes u obtenidos de bienes poseídos o controlados
         directa o indirectamente por Usama bin Laden y las personas y entidades con él asociados, y velar por que esos u otros fondos
         o recursos financieros no sean utilizados, directa o indirectamente, por sus nacionales o por personas que se hallen en su
         territorio en beneficio de Usama bin Laden, las personas asociadas con él o entidades poseídas o controladas directa o indirectamente
         por Usama bin Laden o personas o entidades con él asociadas, incluida la organización Al‑Qaida».
      
      21      En esta misma disposición, el Consejo de Seguridad encargó al Comité de Sanciones que mantuviera una lista actualizada, basada
         en información suministrada por los Estados y organizaciones regionales, de las personas y entidades que se hubiera indicado
         que estaban asociadas con Usama bin Laden, incluida la organización Al‑Qaida.
      
      22      En el párrafo 23 de la Resolución 1333 (2000), el Consejo de Seguridad estableció que las medidas impuestas en el párrafo
         8 de dicha Resolución estarían en vigor durante doce meses y que al final de ese período el Consejo decidiría si prorrogaba
         esas medidas con las mismas condiciones.
      
      23      Considerando que para aplicar esa Resolución era necesaria una acción de la Comunidad Europea, el Consejo adoptó el 26 de
         febrero de 2001 la Posición común 2001/154/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas adicionales contra los talibanes
         y por la que se modifica la Posición común 96/746/PESC (DO L 57, p. 1).
      
      24      El artículo 4 de la Posición común 2001/154 dispone:
      
      «Se congelarán los fondos y otros activos financieros de Usama Bin Laden y de personas y entidades asociadas a él, tal como
         las designa el [Comité de Sanciones], y no se pondrán a disposición de Usama Bin Laden ni de personas y entidades asociadas
         a él, tal como las designa el [Comité de Sanciones], fondos y otros recursos financieros, con arreglo a las condiciones establecidas
         en la Resolución 1333 (2000) […]»
      
      25      El 6 de marzo de 2001, basándose en los artículos 60 CE y 301 CE, el Consejo aprobó el Reglamento (CE) nº 467/2001, por el
         que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y
         se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán y se deroga el Reglamento
         nº 337/2000 (DO L 67, p. 1).
      
      26      Según el tercer considerando de dicho Reglamento, las medidas establecidas por la Resolución 1333 (2000) «entran en el ámbito
         de aplicación del Tratado y, por ello, y en particular con el fin de evitar toda distorsión de la competencia, se necesita
         legislación comunitaria para aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad».
      
      27      El artículo 1 del Reglamento nº 467/2001 define el significado de los términos «capitales» [léase «fondos»] y «congelación
         de capitales» [léase «congelación de fondos»].
      
      28      El artículo 2 del Reglamento nº 467/2001 es del siguiente tenor:
      
      «1.      Se congelarán todos los fondos y demás recursos financieros pertenecientes a cualquier persona física o jurídica, entidad
         u organismo señalados por el [Comité de Sanciones] y enumerados en el anexo I.
      
      2.      Se prohíbe poner a disposición, directa o indirectamente, de las personas, entidades u organismos señalados por el [Comité
         de Sanciones] y enumerados en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, fondos u otros recursos financieros.
      
      3.      Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los fondos u otros recursos financieros en relación con los cuales el [Comité de Sanciones]
         haya concedido excepciones. Estas excepciones se obtendrán por mediación de las autoridades competentes de los Estados miembros
         enumeradas en el anexo II.»
      
      29      El anexo I del Reglamento nº 467/2001 contiene la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la congelación
         de fondos impuesta por el artículo 2 del mismo. Según el artículo 10, apartado 1, del Reglamento en cuestión, la Comisión
         de las Comunidades Europeas es competente para modificar o completar dicho anexo I sobre la base de las decisiones del Consejo
         de Seguridad o del Comité de Sanciones.
      
      30      El 8 de marzo de 2001, el Comité de Sanciones publicó la primera lista refundida de las entidades y personas que debían ser
         sometidas a la congelación de fondos en virtud de las Resoluciones 1267 (1999) y 1333 (2000) del Consejo de Seguridad (véase
         el comunicado AFG/131 SC/7028 de ese Comité de 8 de marzo de 2001; en lo sucesivo, «lista consolidada»). Dicha lista ha sido
         modificada y completada en varias ocasiones, y la Comisión ha aprobado diversos Reglamentos basados en el artículo 10 del
         Reglamento nº 467/2001 a fin de modificar o completar el anexo I de este último Reglamento.
      
      31      El 17 de octubre y el 9 de noviembre de 2001, el Comité de Sanciones publicó dos nuevos addenda a la lista consolidada, que recogían respectivamente el nombre de la entidad y el de la persona que se indican a continuación:
      
      –        «Al‑Qadi, Yasin (A. K. A. Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; A. K. A. Kahdi, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia» y
      –        «Barakaat International Foundation, Box 4036, Spånga, Stockholm, Sweden; Rinkebytorget 1, 04, Spånga, Sweden». 
      32      Mediante el Reglamento (CE) nº 2062/2001 de la Comisión, de 19 de octubre de 2001, que modifica por tercera vez el Reglamento
         nº 467/2001 (DO L 277, p. 25), se añadió el nombre del Sr. Kadi, junto con otros, al anexo I de este último Reglamento.
      
      33      Mediante el Reglamento (CE) nº 2199/2001 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2001, que modifica por cuarta vez el Reglamento
         nº 467/2001 (DO L 295, p. 16), se añadió el nombre de Al Barakaat, junto con otros, al anexo I de este último Reglamento.
      
      34      El 16 de enero de 2002, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1390 (2002), que determinaba las medidas que procedía
         imponer con respecto a Osama bin Laden, los miembros de la organización Al-Qaida y los talibanes y otras personas, grupos,
         empresas y entidades con ellos asociados. En sus párrafos 1 y 2, dicha Resolución disponía esencialmente, entre otras cosas,
         que se mantendrían las medidas de congelación de fondos impuestas en el párrafo 4, apartado b), de la Resolución 1267 (1999)
         y en el párrafo 8, apartado c), de la Resolución 1333 (2000). Con arreglo al párrafo 3 de la Resolución 1390 (2002), dichas
         medidas serían revisadas al cabo de 12 meses por el Consejo de Seguridad, que al término de dicho período decidiría si las
         mantenía en vigor o si las mejoraba.
      
      35      Considerando que para aplicar esta última Resolución era necesaria una acción de la Comunidad, el Consejo aprobó el 27 de
         mayo de 2002 la Posición común 2002/402/PESC, por la que se adoptan medidas restrictivas contra Usamah bin Ladin, los miembros
         de la organización Al‑Qaida, los talibanes y otras personas, grupos, empresas y entidades asociadas a ellos y se derogan las
         Posiciones comunes 96/746/PESC, 1999/727, 2001/154 y 2001/771/PESC (DO L 139, p. 4). El artículo 3 de la Posición común 2002/402
         ordena que prosiga la congelación de los fondos y otros activos financieros o recursos económicos de las personas, grupos,
         empresas y entidades contempladas en la lista establecida por el Comité de Sanciones de conformidad con las Resoluciones 1267 (1999)
         y 1333 (2000).
      
      36      El 27 de mayo de 2002, basándose en los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, el Consejo aprobó el Reglamento controvertido.
      
      37      Según el cuarto considerando de dicho Reglamento, las medidas establecidas por la Resolución 1390 (2002) «entran en el ámbito
         de aplicación del Tratado. Por ello, y sobre todo para evitar toda distorsión de la competencia, se necesita legislación comunitaria
         a fin de aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad».
      
      38      El artículo 1 del Reglamento controvertido define los «fondos» y la «congelación de fondos» en términos sustancialmente idénticos
         a los utilizados en el artículo 1 del Reglamento nº 467/2001.
      
      39      El artículo 2 del Reglamento controvertido está redactado así:
      
      «1.      Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, pertenencia o tenencia la ostente una persona física
         o jurídica, grupo o entidad designados por el Comité de Sanciones e incluidos en la lista del anexo I.
      
      2.      Se prohíbe poner a disposición de las personas físicas y jurídicas, grupos o entidades señalados por el Comité de Sanciones
         y enumerados en el anexo I, o utilizar en beneficio suyo, directa o indirectamente, cualquier tipo de fondos.
      
      3.      Ningún tipo de recurso económico se pondrá a disposición, directa ni indirectamente, de las personas físicas o jurídicas,
         grupos y entidades señalados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, de modo
         que las personas, grupos o entidades puedan obtener fondos, mercancías o servicios.»
      
      40      El anexo I del Reglamento controvertido contiene la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la congelación
         de fondos impuesta en el artículo 2 de dicho Reglamento. Esta lista comprende, entre otros, el nombre de la entidad y el de
         la persona que se indican a continuación:
      
      –        «Barakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Estocolmo, Suecia; Rinkebytorget 1, 04, Spanga, Suecia», y
      –        «Al‑Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jeddah, Arabia Saudí».
      41      El 20 de diciembre de 2002, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1452 (2002), destinada a facilitar el cumplimiento
         de las obligaciones de lucha contra el terrorismo. El párrafo 1 de dicha Resolución dispone que los Estados pueden conceder
         por razones humanitarias un cierto número de excepciones a la congelación de fondos y de recursos económicos impuesta por
         las Resoluciones 1267 (1999) y 1390 (2002), siempre que el Comité de Sanciones lo haya aprobado.
      
      42      El 17 de enero de 2003, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1455 (2003), destinada a mejorar la aplicación de las
         medidas impuestas en virtud del párrafo 4, apartado b), de la Resolución 1267 (1999), del párrafo 8, apartado c), de la Resolución
         1333 (2000) y de los párrafos 1 y 2 de la Resolución 1390 (2002). Con arreglo al párrafo 2 de la Resolución 1455 (2003), dichas
         medidas se volverían a mejorar en un plazo de doce meses, o antes de esa fecha en caso necesario.
      
      43      Considerando que para aplicar la Resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad era necesaria una acción de la Comunidad,
         el Consejo adoptó el 27 de febrero de 2003 la Posición común 2003/140/PESC, relativa a excepciones a las medidas restrictivas
         impuestas por la Posición común 2002/402 (DO L 53, p. 62). El artículo 1 de la Posición común 2003/140 dispone que, al aplicar
         las medidas a que se refiere el artículo 3 de la Posición común 2002/402, la Comunidad Europea posibilitará las excepciones
         que permite dicha Resolución.
      
      44      El 27 de marzo de 2003, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 561/2003, que modifica, en lo relativo a las excepciones a
         la congelación de fondos y otros recursos económicos, el Reglamento nº 881/2002 (DO L 82, p. 1). En el cuarto considerando
         de dicho Reglamento, el Consejo indica que, vista la Resolución 1452 (2002), es necesario un ajuste de las medidas impuestas
         por la Comunidad.
      
      45      El artículo 1 del Reglamento nº 561/2003 añade el siguiente artículo al Reglamento controvertido:
      
      «Artículo 2 bis
      1.      El artículo 2 no se aplicará a los fondos o recursos económicos cuando:
      a)       una autoridad competente de los Estados miembros, incluida en el anexo II, haya determinado, a petición de una persona física
         o jurídica interesada, que esos fondos o recursos económicos son:
      
      i)       necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos
         médicos, impuestos, primas de seguros y servicios públicos,
      
      ii)       destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y reembolsar gastos relacionados con la prestación de
         servicios jurídicos,
      
      iii)  destinados exclusivamente a pagar retribuciones o exacciones por servicios de conservación ordinarios o de mantenimiento de
         fondos o recursos económicos congelados, o
      
      iv)       necesarios para gastos extraordinarios, y
      b)       dicha determinación ya ha sido notificada al Comité de sanciones, y
      c)       i)      en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en los incisos i), ii) o iii) de la letra a), el Comité de sanciones
         no se haya opuesto a la determinación en un plazo de 48 horas a partir de la notificación, o
      
      ii)       en el caso de una determinación conforme a lo dispuesto en el inciso iv) de la letra a), el Comité de sanciones haya aprobado
         la determinación.
      
      2.       Toda persona que desee acogerse a las disposiciones del apartado 1 deberá dirigir su solicitud a la autoridad competente del
         Estado miembro incluida en el anexo II.
      
      La autoridad competente incluida en el anexo II notificará sin demora y por escrito, a la persona que haya presentado la solicitud
         y a cualquier otra persona, organismo o entidad que se considere directamente afectada, si se ha accedido a la solicitud.
      
      La autoridad competente informará también a los demás Estados miembros si se ha accedido a la solicitud de excepción.
      3.       Los fondos liberados y transferidos dentro de la Comunidad para sufragar gastos, o reconocidos en virtud del presente artículo,
         no estarán sujetos a otras medidas restrictivas con arreglo al artículo 2.
      
      […]»
       Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencias recurridas 
      46      Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, el Sr. Kadi y Al Barakaat interpusieron
         sendos recursos de anulación en los que solicitaban la anulación del Reglamento nº 467/2001, así como, en el caso del primero,
         la anulación del Reglamento nº 2062/2001 y, en el caso de la segunda, la anulación del Reglamento nº 2199/2001, en la medida
         en que estos Reglamentos les concernían. En el curso de procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, los recurrentes
         modificaron sus pretensiones y motivos, pasando a impugnar el Reglamento controvertido, en la medida en que les afecta.
      
      47      Mediante autos del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia, se admitió la intervención del Reino Unido
         de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en ambos procedimientos en apoyo de las pretensiones de las partes demandadas.
      
      48      En las sentencias recurridas, el Tribunal de Primera Instancia decidió considerar, con carácter preliminar, que cada uno de
         los recursos había pasado a dirigirse únicamente contra el Consejo, apoyado por la Comisión y por el Reino Unido, y que tenía
         por único objeto una pretensión de anulación del Reglamento controvertido, en la medida en que afectaba a los respectivos
         demandantes (sentencias recurridas Kadi, apartado 58, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 77).
      
      49      En apoyo de sus pretensiones, el Sr. Kadi formuló en su demanda ante el Tribunal de Primera Instancia tres motivos de anulación,
         basados esencialmente en la violación de sus derechos fundamentales. En el primer motivo alegaba una violación del derecho
         a ser oído, en el segundo, una violación del derecho al respeto de la propiedad y del principio de proporcionalidad y, en
         el tercero, una violación del derecho a un control jurisdiccional efectivo.
      
      50      Por su parte, Al Barakaat basó sus pretensiones en tres motivos de anulación, el primero relativo a la falta de competencia
         del Consejo para adoptar el Reglamento controvertido, el segundo a la infracción del artículo 249 CE y el tercero a la violación
         de sus derechos fundamentales.
      
       Sobre la competencia del Consejo para la adopción del Reglamento controvertido 
      51      En las sentencias recurridas, el Tribunal de Primera Instancia comenzó por examinar la cuestión de si el Consejo era competente
         para adoptar el Reglamento controvertido tomando como base jurídica los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, tras indicar, en
         el apartado 61 de la sentencia recurrida Kadi, que se trataba de un motivo de orden público y podía por tanto ser examinado
         de oficio por el juez comunitario.
      
      52      En la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera Instancia desestimó previamente las alegaciones de los
         demandantes sobre la supuesta falta de base jurídica del Reglamento nº 467/2001.
      
      53      En efecto, en el apartado 107 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó oportuno proceder así, a pesar de
         que tales alegaciones habían quedado sin objeto como consecuencia de la derogación de dicho Reglamento por el Reglamento controvertido,
         por considerar que los motivos de dicha desestimación constituían una de las premisas de su razonamiento sobre la base jurídica
         de este último Reglamento, que había pasado a ser el único impugnado en el recurso de anulación.
      
      54      A este respecto, en primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia desestimó en los apartados 112 a 116 de la sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat la alegación de que las medidas de que se trataba sancionaban a unos particulares, que eran además nacionales
         de un Estado miembro, mientras que los artículos 60 CE y 301 CE únicamente autorizaban al Consejo a adoptar medidas contra
         países terceros.
      
      55      El Tribunal de Primera Instancia afirmó en el apartado 115 de dicha sentencia que, así como resulta legítimo que las sanciones
         económicas o financieras se apliquen específicamente a los dirigentes de un país tercero, en vez de al país como tal, también
         lo es que dichas sanciones se apliquen a los individuos y entidades asociados con dichos dirigentes o controlados directa
         o indirectamente por ellos, con independencia del lugar en que se encuentren.
      
      56      Según el apartado 116 de dicha sentencia, esta interpretación, que no es contraria al tenor literal de los artículos 60 CE
         y 301 CE, se justifica tanto por razones de eficacia como por consideraciones humanitarias.
      
      57      A continuación, en los apartados 117 a 121 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera Instancia
         desestimó la alegación de que las medidas de que se trata pretendían, no interrumpir o reducir las relaciones económicas con
         un país tercero, sino luchar contra el terrorismo internacional, y, más concretamente, contra Usamah bin Ladin.
      
      58      Por último, en los apartados 122 y 123 de la misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de que
         dichas medidas resultaban desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido por los artículos 60 CE y 301 CE.
      
      59      A continuación, con respecto a las alegaciones en que se atacaba la base jurídica del Reglamento controvertido, el Tribunal
         de Primera Instancia estimó en primer lugar que, como habían sostenido el Consejo y la Comisión, los artículos 60 CE y 301 CE
         no constituían por sí solos una base jurídica suficiente para fundamentar dicho Reglamento (sentencias recurridas Kadi, apartados
         92 a 97, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 128 a 133).
      
      60      En particular, el Tribunal de Primera Instancia consideró que dicho Reglamento pretendía aplicar unas sanciones de nuevo tipo,
         conocidas como «sanciones inteligentes» («smart sanctions») y caracterizadas por la inexistencia de vínculo alguno entre ellas
         y el territorio o el régimen gobernante de un país tercero, dado que, tras la caída del régimen de los talibanes, las medidas
         de que se trata, establecidas por la Resolución 1390 (2002), iban dirigidas directamente contra Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida
         y las personas y entidades asociadas a éstos.
      
      61      Según el Tribunal de Primera Instancia, habida cuenta del tenor de los artículos 60 CE y 301 CE, y en especial de las expresiones
         «respecto de los terceros países de que se trate» y «con uno o varios terceros países» que en ellos figuran, no cabe acogerse
         a dichos artículos para imponer estas sanciones de nuevo tipo. En efecto, tales artículos únicamente autorizan la adopción
         de medidas contra países terceros, en las que pueden incluirse las medidas contra dirigentes de países terceros e individuos
         y entidades asociados con dichos dirigentes o controlados directa o indirectamente por ellos. No obstante, a su juicio, cuando
         el régimen contra el que se dirijan tales medidas haya desaparecido, ya no existe un vínculo suficiente entre dichos individuos
         o entidades y el país tercero de que se trate.
      
      62      En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia estimó que el Consejo había actuado acertadamente al considerar que el
         artículo 308 CE no constituía por sí solo una base jurídica adecuada para la adopción del Reglamento controvertido (sentencias
         recurridas Kadi, apartados 98 a 121, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 134 a 157).
      
      63      A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que la lucha contra el terrorismo internacional, en particular mediante
         la imposición de sanciones económicas y financieras, tales como la congelación de fondos, a individuos y entidades de quienes
         se sospecha que contribuyen a financiar el terrorismo internacional, no puede vincularse a ninguno de los objetivos que los
         artículos 2 CE y 3 CE asignan expresamente a la Comunidad (sentencias recurridas Kadi, apartado 116, y Yusuf y Al Barakaat,
         apartado 152).
      
      64      En efecto, según el Tribunal de Primera Instancia, las medidas impuestas por el Reglamento controvertido no podían ampararse
         en el objetivo de establecer una política comercial común [artículo 3 CE, apartado 1, letra b)], puesto que en los asuntos
         de los que estaba conociendo no se discutían las relaciones comerciales de la Comunidad con un país tercero. Tampoco cabía
         invocar el objetivo de establecer un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el mercado interior [artículo
         3 CE, apartado 1, letra g)], en especial habida cuenta de que, en todo caso, los datos sometidos a la apreciación al Tribunal
         de Primera Instancia no le permitían concluir que dicho Reglamento contribuyese efectivamente a prevenir un riesgo de obstáculos
         a la libre circulación de capitales o de distorsiones importantes de la competencia.
      
      65      El Tribunal de Primera Instancia declaró, en tercer lugar, que el Consejo era sin embargo competente para adoptar el Reglamento
         controvertido, por el que se aplican en la Comunidad las sanciones económicas y financieras previstas en la Posición común
         2002/402, tomando como base jurídica conjunta los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE (sentencias recurridas Kadi, apartado 135,
         y Yusuf y Al Barakaat, apartado 170).
      
      66      A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia estimó que procedía tener en cuenta la «pasarela» específicamente establecida,
         con ocasión de las modificaciones introducidas por el Tratado de Maastricht, entre las acciones de la Comunidad de imposición
         de sanciones económicas con arreglo a los artículos 60 CE y 301 CE y los objetivos del Tratado UE en materia de relaciones
         exteriores (sentencias recurridas Kadi, apartado 123, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 159).
      
      67      Según el Tribunal de Primera Instancia, los artículos 60 CE y 301 CE constituyen unas disposiciones del Tratado CE totalmente
         especiales, en la medida en que reconocen expresamente la posibilidad de que sea necesaria una acción de la Comunidad a fin
         de lograr, no ya alguno de los objetivos de la Comunidad establecidos en el Tratado CE, sino uno de los objetivos específicamente
         asignados a la Unión por el artículo 2 UE, a saber, el desarrollo de una política exterior y de seguridad común (en lo sucesivo,
         «PESC») (sentencias recurridas Kadi, apartado 124, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 160).
      
      68      En el marco de los artículos 60 CE y 301 CE, la acción de la Comunidad es en realidad, según el Tribunal de Primera Instancia,
         una acción de la Unión que se lleva a cabo basándose en el pilar comunitario, tras la adopción por parte del Consejo de una
         posición común o de una acción común en el ámbito de la PESC (sentencias recurridas Kadi, apartado 125, y Yusuf y Al Barakaat,
         apartado 161).
      
       Sobre la observancia del artículo 249 CE
      69      En la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera Instancia examinó a continuación un motivo invocado
         exclusivamente en el asunto en que se dictó dicha sentencia, en el que se alegaba que, como el Reglamento controvertido menoscababa
         directamente los derechos de unos particulares y ordenaba la aplicación de sanciones individuales, carecía de alcance general
         e infringía, por tanto, el artículo 249 CE. En consecuencia, dicho Reglamento no debía considerarse un Reglamento, sino un
         conjunto de decisiones individuales.
      
      70      El Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo en los apartados 184 a 188 de dicha sentencia.
      
      71      En el apartado 186 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el Reglamento controvertido tenía indiscutiblemente
         alcance general, con arreglo a lo dispuesto el artículo 249 CE, párrafo segundo, ya que prohibía a todos que pusieran a disposición
         de determinadas personas fondos o recursos económicos.
      
      72      El Tribunal de Primera Instancia añadió que el hecho de que tales personas fueran designadas por sus nombres en el anexo I
         de dicho Reglamento, de modo que éste les afectaba directa e individualmente, según los términos del artículo 230 CE, párrafo
         cuarto, no alteraba en absoluto al carácter genérico de dicha prohibición, aplicable erga omnes, como se deducía en particular del artículo 11 del mencionado Reglamento.
      
       Sobre el respeto de ciertos derechos fundamentales
      73      Finalmente, por lo que respecta a los motivos en los que se invocaba, en ambos asuntos, la violación de los derechos fundamentales
         de los demandantes, el Tribunal de Primera Instancia estimó oportuno examinar, en primer lugar, la conexión entre el ordenamiento
         jurídico internacional creado por las Naciones Unidas y los ordenamientos jurídicos nacionales o el ordenamiento jurídico
         comunitario, y analizar en qué medida las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de
         la Carta de las Naciones Unidas vinculan a la Comunidad y a los Estados miembros en el ejercicio de sus competencias. A su
         juicio, en efecto, los resultados de dicho examen determinarían los relativos a la amplitud del control de legalidad que le
         correspondía ejercer sobre los actos comunitarios de aplicación de tales resoluciones, principalmente desde el punto de vista
         del respeto de los derechos fundamentales. A juicio del Tribunal de Primera Instancia, únicamente procedía que se pronunciase
         sobre las violaciones de los derechos fundamentales alegadas en la medida en que hubiera concluido que tales violaciones estaban
         comprendidas efectivamente en el ámbito de su control jurisdiccional y podían dar lugar a la anulación del Reglamento controvertido
         (sentencias recurridas Kadi, apartados 178 a 180, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 228 a 230).
      
      74      Examinando así, en primer lugar, la conexión entre el ordenamiento jurídico internacional creado por las Naciones Unidas y
         los ordenamientos jurídicos nacionales o el ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal de Primera Instancia consideró
         que, desde el punto de vista del Derecho internacional, los Estados miembros, en cuanto Miembros de la ONU, están obligados
         a respetar el principio de primacía de las obligaciones contraídas por ellos «en virtud de la Carta» de las Naciones Unidas,
         principio consagrado en el artículo 103 de dicha Carta y del que se deduce que la obligación de aplicar las decisiones del
         Consejo de Seguridad, conforme al artículo 25 de la Carta, prevalece sobre cualquier otra obligación contraída por ellos en
         virtud de un convenio (sentencias recurridas Kadi, apartados 181 a 184, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 231 a 234).
      
      75      Según el Tribunal de Primera Instancia, el Tratado CE no afecta a esta obligación de los Estados miembros de respetar el principio
         de primacía de las obligaciones contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, dado que se trata de una obligación
         derivada de un convenio celebrado con anterioridad al Tratado, a la que se aplica por consiguiente lo dispuesto en el artículo
         307 CE. Es más, a su juicio, el artículo 297 CE está destinado a garantizar el respeto de dicho principio (sentencias recurridas
         Kadi, apartados 185 a 188, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 235 a 238).
      
      76      El Tribunal de Primera Instancia llegó así a la conclusión de que las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en
         virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas son obligatorias para todos los Estados miembros, que deben por
         tanto, en su condición de tales, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las mismas y tienen
         la facultad, e incluso la obligación, de renunciar a aplicar toda disposición del Derecho comunitario que obstaculice el adecuado
         cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de dicha Carta, aunque se trate de una disposición de Derecho primario
         o de un principio general del Derecho comunitario (sentencias recurridas Kadi, apartados 189 y 190, y Yusuf y Al Barakaat,
         apartados 239 y 240).
      
      77      No obstante, según el Tribunal de Primera Instancia, el efecto obligatorio de tales resoluciones nacido de una obligación
         de Derecho internacional no se impone a la Comunidad, ya que la Carta de las Naciones Unidas no vincula directamente a la
         Comunidad como tal, al no ser Miembro de la ONU, ni destinataria de las resoluciones del Consejo de Seguridad, ni sucesora
         de sus Estados miembros en los derechos y obligaciones de éstos con arreglo al Derecho internacional público (sentencias recurridas
         Kadi, apartado 192, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 242).
      
      78      En cambio, a juicio de Tribunal de Primera Instancia, dicho efecto obligatorio se impone a la Comunidad en virtud del Derecho
         comunitario (sentencias recurridas Kadi, apartado 193, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 243).
      
      79      Remitiéndose, por analogía, al apartado 18 de la sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company y otros
         (21/72 a 24/72, Rec. p. 1219), el Tribunal de Primera Instancia juzgó a este respecto que, en la medida en que la Comunidad
         haya asumido, con arreglo al Tratado CE, competencias anteriormente ejercidas por los Estados miembros en el ámbito de aplicación
         de la Carta de las Naciones Unidas, las disposiciones de dicha Carta son vinculantes para la Comunidad (sentencias recurridas
         Kadi, apartado 203, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 253).
      
      80      En el apartado siguiente de estas últimas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia dedujo de las consideraciones expuestas,
         por una parte, que la Comunidad no puede violar las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a sus Estados
         miembros ni obstaculizar el cumplimiento de las mismas y, por otra parte, que la Comunidad se encuentra obligada, en virtud
         del propio Tratado que la creó, a adoptar en el ejercicio de sus competencias todas las disposiciones necesarias para permitir
         que sus Estados miembros respeten tales obligaciones.
      
      81      Habiendo llegado así a la segunda etapa de su examen, destinada a determinar la amplitud del control de legalidad que le corresponde
         ejercer, en particular desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sobre los actos comunitarios de aplicación de
         las resoluciones de las Naciones Unidas, tales como el Reglamento controvertido, el Tribunal de Primera Instancia comenzó
         recordando, en los apartados 209 de la sentencia recurrida Kadi y 260 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que,
         según la jurisprudencia, la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, en la medida en que ni sus Estados miembros ni
         sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional fundamental que
         constituye el Tratado CE y este último ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado
         a confiar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones.
      
      82      En los apartados 212 de la sentencia recurrida Kadi y 263 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera
         Instancia estimó sin embargo que, en los asuntos de que estaba conociendo, la cuestión que se planteaba era la de si existen
         límites estructurales, impuestos por el Derecho internacional general o por el propio Tratado CE, a dicho control jurisdiccional.
      
      83      A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en los apartados 213 de la sentencia recurrida Kadi y 264 de la
         sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que el Reglamento controvertido, adoptado en vista de la Posición común 2002/402,
         constituye la ejecución, a nivel de la Comunidad, de una obligación que recae sobre sus Estados miembros en cuanto Miembros
         de la ONU, la de aplicar, eventualmente a través de un acto comunitario, las sanciones contra Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida
         y los talibanes y otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos que fueron impuestas y posteriormente
         reforzadas por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas tomando como base el capítulo VII de la Carta de las
         Naciones Unidas.
      
      84      En este contexto, la Comunidad actuó, según el Tribunal de Primera Instancia, en ejercicio de una competencia reglada, que
         no le concedía ningún margen de apreciación autónomo a la hora de ejercerla, de modo que no podía, en particular, ni modificar
         directamente el contenido de las resoluciones de que se trata ni establecer un mecanismo que pudiera provocar tal modificación
         (sentencias recurridas Kadi, apartado 214, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 265).
      
      85      El Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello que la impugnación por los demandantes de la legalidad interna del Reglamento
         controvertido exigía que dicho Tribunal procediera a un control indirecto o incidental de la legalidad de las resoluciones
         aplicadas por dicho Reglamento desde el punto de vista de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico
         comunitario (sentencias recurridas Kadi, apartados 215 y 216, y Yusuf y Al Barakaat, apartados 266 y 267).
      
      86      En los apartados 217 a 225 de la sentencia recurrida Kadi, redactados en términos idénticos a los de los apartados 268 a 276
         de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció como sigue:
      
      «217      Las instituciones y el Reino Unido solicitan al Tribunal de Primera Instancia que, por principio, se declare totalmente incompetente
         para llevar a cabo este control indirecto de la legalidad de dichas resoluciones, alegando que el Tribunal de Primera Instancia
         está obligado a respetarlas en su condición de normas de Derecho internacional que vinculan a los Estados miembros de la Comunidad.
         Dichas partes consideran, en esencia, que el control del Tribunal de Primera Instancia debe limitarse a verificar, por una
         parte, si se han respetado las normas formales, de procedimiento y de competencia que debían observar en el presente asunto
         las instituciones comunitarias y, por otra, si las medidas comunitarias controvertidas resultan adecuadas y proporcionadas
         con respecto a las resoluciones del Consejo de Seguridad que aplican.
      
      218      Es preciso reconocer que los principios deducidos anteriormente del examen de la conexión entre el ordenamiento jurídico internacional
         creado por las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario imponen como corolario tal limitación de competencia.
      
      219      Como se ha indicado antes, las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas fueron aprobadas en virtud del capítulo VII
         de la Carta de las Naciones Unidas. En este contexto, la determinación de lo que constituye una amenaza contra la paz y seguridad
         internacionales y de las medidas necesarias para defenderlas o restablecerlas constituye una competencia exclusiva del Consejo
         de Seguridad, que por consiguiente queda sustraída a la competencia de las autoridades y tribunales nacionales o comunitarios,
         sin otra salvedad que el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, contemplado en el artículo 51 de dicha
         Carta.
      
      220      Desde el momento en que el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decide
         a través de su Comité de Sanciones que procede congelar los fondos de determinados individuos o entidades, tal decisión obliga
         a todos los miembros de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 48 de dicha Carta.
      
      221      Conforme a las consideraciones expuestas en los apartados 193 a 204 supra, ni en Derecho internacional ni en Derecho comunitario resulta aceptable, por tanto, la afirmación de que el Tribunal de Primera
         Instancia es competente para controlar, de modo incidental, la legalidad de una decisión de esta índole utilizando como criterio
         de referencia el nivel de protección de los derechos fundamentales reconocido en el ordenamiento jurídico comunitario.
      
      222      Por una parte, dicha competencia sería incompatible con los compromisos asumidos por los Estados miembros en virtud de la
         Carta de las Naciones Unidas, y en particular de sus artículos 25, 48 y 103, así como con el artículo 27 de la Convención
         de Viena sobre el Derecho de los Tratados [celebrada en Viena el 23 de mayo de 1969].
      
      223      Por otra parte, dicha competencia vulneraría tanto las disposiciones del Tratado CE, en particular los artículos 5 CE, 10 CE,
         297 CE y 307 CE, párrafo primero, como las del Tratado UE, en particular el artículo 5 UE, según el cual el juez comunitario
         ejercerá sus competencias en las condiciones y para los fines previstos en las disposiciones del Tratado CE y del Tratado
         UE. Sería además incompatible con el principio que establece que las competencias de la Comunidad, y por tanto las del Tribunal
         de Primera Instancia, deben ejercitarse respetando el Derecho internacional (sentencias [de 24 de noviembre de 1992,] Poulsen
         y Diva Navigation, [C‑286/90, Rec. p. I‑6019], apartado 9, y [de 16 de junio de 1998,] Racke, [C‑162/96, Rec. p. I‑3655,]
         apartado 45).
      
      224      Procede añadir que, habida cuenta en particular de las disposiciones del artículo 307 CE y del artículo 103 de la Carta de
         las Naciones Unidas, la alegación de que se han vulnerado, bien los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento
         jurídico comunitario, bien los principios de dicho ordenamiento jurídico, no puede afectar a la validez de una resolución
         del Consejo de Seguridad ni a su eficacia en el territorio de la Comunidad (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal
         de Justicia de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3; de 8 de octubre
         de 1986, Keller, 234/85, Rec. p. 2897, apartado 7, y de 17 de octubre de 1989, Dow Chemical Ibérica y otros/Comisión, asuntos
         acumulados 97/87 a 99/87, Rec. p. 3165, apartado 38).
      
      225      Resulta obligado considerar, pues, que las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas no están sometidas en principio
         al control jurisdiccional del Tribunal de Primera Instancia y que éste no se encuentra autorizado a cuestionar, ni siquiera
         de modo incidental, la legalidad de las mismas desde el punto de vista del Derecho comunitario. Por el contrario, el Tribunal
         de Primera Instancia está obligado a interpretar y aplicar dicho Derecho, en la medida de lo posible, de tal modo que sea
         compatible con las obligaciones que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados miembros.»
      
      87      En los apartados 226 de la sentencia recurrida Kadi y 277 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera
         Instancia estimó no obstante que se encontraba facultado para controlar, de modo incidental, la legalidad de las resoluciones
         del Consejo de Seguridad controvertidas desde el punto de vista del ius cogens, entendido como un orden público internacional que se impone a todos los sujetos del Derecho internacional, incluidos los
         órganos de la ONU, y que no tolera excepción alguna.
      
      88      En los apartados 227 a 231 de la sentencia recurrida Kadi, redactados en términos idénticos a los de los apartados 278 a 282
         de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció a este respecto como sigue:
      
      «227      A este respecto procede señalar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que codifica el Derecho internacional
         consuetudinario (y cuyo artículo 5 dispone que se aplica “a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización
         internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional”), establece en su artículo 53 la nulidad
         de los tratados que estén en oposición con una norma imperativa de Derecho internacional general (ius cogens), que define como “una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que
         no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que
         tenga el mismo carácter”. Del mismo modo, el artículo 64 de la Convención de Viena dispone que, “si surge una nueva norma
         imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo
         y terminará”.
      
      228      Por lo demás, la propia Carta de las Naciones Unidas parte del presupuesto de la existencia de unos principios imperativos
         de Derecho internacional, entre ellos el de protección de los derechos fundamentales de la persona. En el Preámbulo de la
         Carta, los pueblos de las Naciones Unidas se declaran así resueltos “a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre,
         en la dignidad y el valor de la persona humana”. El capítulo primero de la Carta, titulado “Propósitos y principios”, muestra
         además que uno de los Propósitos de las Naciones Unidas consiste en estimular el respeto de los derechos humanos y de las
         libertades fundamentales.
      
      229      Dichos principios obligan tanto a los miembros de las Naciones Unidas como a los órganos de la misma. Así, según el artículo
         24, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en el desempeño de las funciones que le impone
         su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, debe proceder “de acuerdo con los Propósitos
         y Principios de las Naciones Unidas”. Los poderes sancionadores de que dispone el Consejo de Seguridad en el ejercicio de
         dicha responsabilidad deben utilizarse por tanto respetando el Derecho internacional, y en particular los Propósitos y Principios
         de las Naciones Unidas.
      
      230      El Derecho internacional permite considerar, pues, que existe un límite al principio de la obligatoriedad de las resoluciones
         del Consejo de Seguridad: tales resoluciones deben respetar las normas perentorias fundamentales del ius cogens. En caso contrario, por improbable que sea dicho supuesto, no vincularían a los Estados Miembros de la ONU ni, por lo tanto,
         a la Comunidad.
      
      231      En un recurso de anulación contra un acto comunitario adoptado en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad
         sin aplicar margen de apreciación alguno, el control jurisdiccional incidental ejercido por el Tribunal de Primera Instancia
         puede extenderse por tanto, a título claramente excepcional, a la verificación de la observancia de las normas superiores
         del Derecho internacional que forman parte del ius cogens y, en particular, de las normas imperativas para la protección universal de los derechos humanos, que no toleran excepción
         alguna por parte de los Estados miembros ni de los órganos de la ONU, ya que constituyen “principios inviolables del Derecho
         internacional consuetudinario” (opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio de 1996, Licitud de
         la amenaza o del uso de armas nucleares, Rec. 1996, p. 226, apartado 79; véanse igualmente, en este sentido, las conclusiones
         presentadas por el Abogado General Jacobs en el asunto Bosphorus, [sentencia de 30 de julio de 1996, C‑84/95, Rec. p. I‑3953],
         punto 65).»
      
      89      Concretamente, por lo que respecta, en primer lugar, a la supuesta violación del derecho fundamental al respeto de la propiedad,
         el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 237 de la sentencia recurrida Kadi y 288 de la sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat, que procedía analizar si la congelación de fondos establecida por el Reglamento controvertido, en su
         versión modificada por el Reglamento nº 561/2003, e, indirectamente, por las resoluciones del Consejo de Seguridad que dichos
         Reglamentos aplican, violaba los derechos fundamentales de los demandantes.
      
      90      En los apartados 238 de la sentencia recurrida Kadi y 289 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera
         Instancia afirmó que no era éste el caso, utilizando como criterio de referencia el nivel de protección universal de los derechos
         fundamentales de la persona establecido en el ius cogens.
      91      A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 239 y 240 de la sentencia recurrida Kadi y 290
         y 291 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que las exenciones y excepciones a la obligación de congelación de fondos
         establecidas en el Reglamento controvertido a raíz de la modificación del mismo por el Reglamento nº 561/2003, que a su vez
         aplicaba la Resolución 1452 (2002), demostraban que dicha medida no tenía ni por objeto ni por efecto someter a un trato inhumano
         o degradante a las personas inscritas en la lista consolidada.
      
      92      En los apartados 243 a 251 de la sentencia recurrida Kadi y 294 a 302 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal
         de Primera Instancia indicó además que la congelación de fondos no podía calificarse de violación arbitraria, inadecuada o
         desproporcionada del derecho a la propiedad privada de los interesados, por lo que no podía considerarse contraria al ius cogens, habida cuenta de las circunstancias siguientes:
      
      –        las medidas que se discuten persiguen un objetivo de interés general fundamental para la comunidad internacional, a saber,
         la lucha contra el terrorismo internacional, y la ONU se encuentra legitimada para adoptar medidas de protección contra los
         actos de las organizaciones terroristas;
      
      –        la congelación de fondos es una medida cautelar que, a diferencia de una confiscación, afecta, no a la propia esencia del
         derecho de propiedad de los interesados sobre sus activos financieros, sino únicamente a la utilización de los mismos;
      
      –        las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas establecen un mecanismo de revisión periódica del régimen general
         de sanciones;
      
      –        tales resoluciones crean un procedimiento que permite que los interesados sometan en todo momento su caso para revisión al
         Comité de Sanciones, a través del Estado miembro del que son nacionales o en el que residen.
      
      93      En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta violación del derecho a ser oído, y en particular del supuesto derecho
         de los demandantes a ser oídos por las instituciones comunitarias antes de que se adoptara el Reglamento controvertido, el
         Tribunal de Primera Instancia se pronunció así en el apartado 258 de la sentencia recurrida Kadi, que coincide, mutatis mutandis, con el apartado 328 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat:
      
      «Pues bien, en el presente asunto, tal como se ha indicado en las observaciones previas expuestas anteriormente sobre la conexión
         entre el ordenamiento jurídico internacional creado por las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario, las instituciones
         comunitarias estaban obligadas a transponer al ordenamiento jurídico comunitario ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad
         y ciertas decisiones del Comité de Sanciones que no les facultaban en absoluto para crear, en la fase de ejecución específica
         de las mismas, ningún mecanismo comunitario de examen o de revisión de las situaciones individuales, ya que tanto el fondo
         de las medidas de que se trata como los mecanismos de revisión de las mismas (véanse los apartados 262 y siguientes [...])
         eran competencia exclusiva del Consejo de Seguridad y de su Comité de Sanciones. Por consiguiente, las instituciones comunitarias
         no disponían de ninguna facultad de investigación, de ninguna posibilidad de control de los hechos tenidos en cuenta por el
         Consejo de Seguridad y el Comité de Sanciones, de ningún margen de apreciación sobre tales hechos y de ninguna libertad de
         apreciación en cuanto a la oportunidad de imponer sanciones al demandante. El principio del Derecho comunitario que reconoce
         el derecho a ser oído no puede ser aplicado en unas circunstancias tales, en las que la audiencia del interesado nunca podría
         impulsar a la institución a revisar su postura.»
      
      94      El Tribunal de Primera Instancia dedujo de estas consideraciones, en el apartado 259 de la sentencia recurrida Kadi, que,
         en el contexto de la adopción y aplicación del Reglamento controvertido, el Consejo no estaba obligado a oír al demandante
         en relación con el mantenimiento del mismo en la lista de personas y entidades a quienes se aplican las sanciones y, en el
         apartado 329 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que el Consejo no estaba obligado a oír a los demandantes antes
         de adoptar el Reglamento controvertido.
      
      95      Por otra parte, en lo que respecta a la violación del supuesto derecho de los demandantes a ser oídos por el Comité de Sanciones
         antes de su inscripción en la lista consolidada, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar, en los apartados 261 de la
         sentencia recurrida Kadi y 306 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que las resoluciones del Consejo de Seguridad
         de que se trata no reconocen tal derecho.
      
      96      El Tribunal de Primera Instancia estimó además, en el apartado 307 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que ninguna
         norma imperativa de las que forman parte del orden público internacional exige una audiencia previa de los interesados en
         circunstancias como las que se planteaban en dicho asunto.
      
      97      El Tribunal de Primera Instancia subrayó por otra parte que, aunque las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas
         no reconocen un derecho personal a ser oído, tales resoluciones y los sucesivos reglamentos de aplicación de las mismas en
         la Comunidad habían creado sin embargo un mecanismo de revisión de las situaciones individuales, disponiendo que los interesados
         podían dirigirse al Comité de Sanciones, a través de sus autoridades nacionales, a fin de obtener que se retirase su nombre
         de la lista consolidada, o bien ciertas excepciones a la congelación de sus fondos (sentencias recurridas Kadi, apartado 262,
         y Yusuf y Al Barakaat, apartado 309).
      
      98      Remitiéndose, en los apartados 264 de la sentencia recurrida Kadi y 311 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, a las
         «Directrices del [Comité de Sanciones] para el desempeño de su labor», aprobadas por dicho Comité el 7 de noviembre de 2002
         y enmendadas el 10 de abril de 2003 (en lo sucesivo, «Directrices del Comité de Sanciones») y, en los apartados 266 de la
         sentencia recurrida Kadi y 313 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, a diversas resoluciones del Consejo de Seguridad,
         el Tribunal de Primera Instancia puso de relieve la importancia que atribuía el Consejo de Seguridad, en la medida de lo posible,
         a los derechos fundamentales de las personas inscritas en la lista consolidada, y en particular a sus derechos de defensa.
      
      99      En los apartados 268 de la sentencia recurrida Kadi y 315 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, dicho Tribunal estimó
         que no podía considerarse inadmisible desde el punto de vista de las normas imperativas del Derecho internacional el hecho
         de que, como se había indicado en el apartado anterior de ambas sentencias, el procedimiento de revisión no reconociera directamente
         a los propios interesados el derecho a ser oídos por el Comité de Sanciones, única autoridad competente para pronunciarse,
         a petición de un Estado, sobre la revisión de su caso, de modo que dichas personas dependían esencialmente de la protección
         diplomática otorgada por los Estados a sus ciudadanos.
      
      100    El Tribunal de Primera Instancia añadió que los interesados tenían la posibilidad de interponer un recurso jurisdiccional,
         basado en el Derecho interno o incluso directamente en el Reglamento controvertido y en las resoluciones pertinentes del Consejo
         de Seguridad que dicho Reglamento aplicaba, contra la eventual decisión injustificada de la autoridad nacional competente
         de no someter su caso para revisión al Comité de Sanciones (sentencias recurridas Kadi, apartado 270, y Yusuf y Al Barakaat,
         apartado 317).
      
      101    El Tribunal de Primera Instancia consideró además que, en unas circunstancias como las que estaba examinando, en las que se
         discutía una medida cautelar que restringía la disponibilidad de los bienes de los interesados, el respeto de los derechos
         fundamentales de éstos no exigía que se les comunicaran los hechos o pruebas utilizados en su contra, desde el momento en
         que el Consejo de Seguridad o su Comité de Sanciones estimasen que existían razones relacionadas con la seguridad de la comunidad
         internacional que se oponían a ello (sentencias recurridas Kadi, apartado 274, y Yusuf y Al Barakaat, apartado 320).
      
      102    Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, en los apartados 276 de la sentencia
         recurrida Kadi y 330 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que procedía desestimar el motivo de los demandantes basado
         en la violación de su derecho a ser oídos.
      
      103    En último lugar, por lo que respecta al motivo basado en la violación del derecho a un control jurisdiccional efectivo, el
         Tribunal de Primera Instancia se pronunció como sigue en los apartados 278 a 285 de la sentencia recurrida Kadi, redactados
         en términos sustancialmente idénticos a los de los apartados 333 a 340 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat:
      
      «278      En el presente asunto, el demandante ha podido presentar ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de anulación al
         amparo del artículo 230 CE.
      
      279      En el marco de este recurso, el Tribunal de Primera Instancia ejerce un control total sobre la legalidad del Reglamento [controvertido]
         en lo que respecta a la observancia por parte de las instituciones comunitarias de las reglas de competencia, así como de
         las reglas de legalidad formal y de los requisitos sustanciales de forma a que está sometida la actuación de las mismas. 
      
      280      El Tribunal de Primera Instancia ejerce igualmente un control sobre la legalidad del Reglamento [controvertido] desde el punto
         de vista de las resoluciones del Consejo de Seguridad que dicho Reglamento pretende aplicar, en particular en lo relativo
         a la adecuación formal y material del Reglamento a las resoluciones, a la coherencia interna y a la proporcionalidad existente
         entre aquél y éstas.
      
      281      Pronunciándose en el marco de este control, el Tribunal de Primera Instancia observa que las partes coinciden en reconocer
         que el demandante es efectivamente una de las personas físicas incluidas en la lista [consolidada] el 19 de octubre de 2001.
      
      282      En el presente recurso de anulación, el Tribunal de Primera Instancia se ha reconocido además competente para controlar la
         legalidad del Reglamento [controvertido] e, indirectamente, la legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad controvertidas
         desde el punto de vista de las normas superiores del Derecho internacional que forman parte del ius cogens, y en particular de las normas imperativas para la protección universal de los derechos de la persona.
      
      283      En cambio, como se ha indicado ya en el apartado 225 supra, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia controlar indirectamente la conformidad de las propias resoluciones del Consejo
         de Seguridad controvertidas con los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario.
      
      284      Tampoco corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar la inexistencia de error en la apreciación de los hechos y
         pruebas que el Consejo de Seguridad tuvo en cuenta para adoptar las medidas decididas por él, y ni siquiera controlar indirectamente
         la oportunidad o la proporcionalidad de tales medidas, salvo en lo que respecta al limitado ámbito que se ha definido en el
         apartado 282 supra. Tal control no podría aplicarse sin invadir las prerrogativas que el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas confiere
         al Consejo en lo que respecta a la determinación, en primer lugar, de la existencia de una amenaza para la paz y la seguridad
         internacionales y, en segundo lugar, de las medidas apropiadas para combatirla o eliminarla. Por lo demás, determinar si un
         individuo o una organización representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, al igual que determinar qué
         medidas deben adoptarse en su contra para hacer frente a dicha amenaza, es una cuestión que exige una apreciación política
         y unos juicios de valor que, en principio, competen únicamente a la autoridad a quien la comunidad internacional ha confiado
         la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales.
      
      285      Es preciso reconocer por tanto que, dentro de los límites expuestos en el apartado 284 supra, el demandante no dispone de ninguna vía de recurso jurisdiccional, ya que el Consejo de Seguridad no ha estimado oportuno
         crear un tribunal internacional independiente encargado de juzgar los recursos interpuestos contra las decisiones individuales
         adoptadas por el Comité de Sanciones, tanto en lo relativo a los hechos como a su apreciación jurídica.»
      
      104    En los apartados 286 de la sentencia recurrida Kadi y 341 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, el Tribunal de Primera
         Instancia estimó, sin embargo, que esta laguna en la protección judicial de los demandantes no era en sí contraria al ius cogens.
      105    El Tribunal de Primera Instancia formuló las siguientes consideraciones al respecto en los apartados 288 a 290 de la sentencia
         recurrida Kadi, redactados en términos sustancialmente idénticos a los de los apartados 343 a 345 de la sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat:
      
      «288      En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia considera que la limitación del derecho de acceso a los tribunales
         del demandante, consecuencia de la inmunidad de jurisdicción de que disfrutan en principio, dentro del ordenamiento jurídico
         interno de los Estados miembros de las Naciones Unidas, las resoluciones del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del
         capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, conforme a los principios pertinentes del Derecho internacional (en particular
         los artículos 25 y 103 de la Carta), resulta inherente a dicho derecho, tal como es garantizado por el ius cogens.
      
      289      Dicha limitación se justifica tanto por la naturaleza de las decisiones que el Consejo de Seguridad se ve obligado a adoptar
         en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como por el objetivo legítimo que se persigue. En las circunstancias
         del presente asunto, el interés del demandante en que el fondo del litigio sea examinado por un tribunal no tiene entidad
         suficiente para prevalecer sobre el interés general esencial en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
         frente a una amenaza claramente identificada por el Consejo de Seguridad, con arreglo a las disposiciones de la Carta de las
         Naciones Unidas. A este respecto, procede atribuir especial importancia al hecho de que las resoluciones que el Consejo de
         Seguridad ha ido aprobando sucesivamente no sólo no han establecido unas medidas de duración ilimitada o indeterminada, sino
         que han previsto siempre un mecanismo para revisar la oportunidad de mantener tales medidas tras un período de tiempo de 12
         o 18 meses como máximo […].
      
      290      Por último, el Tribunal de Primera Instancia considera que, al no existir un tribunal internacional competente para controlar
         la legalidad de los actos del Consejo de Seguridad, la creación de un órgano tal como el Comité de Sanciones y la posibilidad,
         prevista en la normativa, de dirigirse a él en todo momento para obtener la revisión de cualquier caso individual, mediante
         un mecanismo formalizado en el que participan tanto “el gobierno requerido” como “el gobierno proponente” […], constituyen
         otra vía razonable para proteger adecuadamente los derechos fundamentales del demandante, tal como son reconocidos por el
         ius cogens.»
      106    Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los motivos basados en la violación del derecho a un control jurisdiccional
         efectivo y, en consecuencia, ambos recursos en su totalidad.
      
       Pretensiones de las partes en el procedimiento de casación 
      107    En su recurso de casación, el Sr. Kadi solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule en su totalidad la sentencia recurrida Kadi.
      –        Anule el Reglamento controvertido.
      –        Condene al Consejo y/o a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento de casación y del procedimiento ante
         el Tribunal de Primera Instancia.
      
      108    En su recurso de casación, Al Barakaat solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat.
      –        Anule el Reglamento controvertido.
      –        Condene al Consejo y/o a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento de casación y del procedimiento ante
         el Tribunal de Primera Instancia.
      
      109    El Consejo solicita en ambos asuntos que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a los recurrentes.
      
      110    En el asunto C‑402/05 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Declare que ninguno de los motivos de casación invocados por el recurrente desvirtúan el fallo de la sentencia recurrida Kadi,
         pero modifique los fundamentos de Derecho de dicha sentencia en el sentido propuesto en su escrito de contestación.
      
      –        En consecuencia, desestime el recurso de casación.
      –        Condene en costas al recurrente.
      111    En el asunto C‑415/05 P, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime el recurso en su totalidad.
      –        Condene en costas a la recurrente.
      112    El Reino Unido se adhiere a la casación y solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime los recursos de casación.
      –        Anule las partes de las sentencias recurridas relativas a la cuestión del ius cogens, es decir, los apartados 226 a 231 de la sentencia recurrida Kadi y 277 a 281 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat.
      
      113    El Reino de España, autorizado a intervenir en los procedimientos en apoyo de las pretensiones del Consejo mediante autos
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 (asunto C‑402/05 P) y de 15 de mayo de 2006 (asunto C‑415/05 P),
         solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime en su totalidad los recursos interpuestos y mantenga íntegramente las sentencias recurridas.
      –        Condene en costas a los recurrentes.
      –        Desestime las pretensiones de la Comisión en relación con el primer motivo de cada recurso, manteniendo las sentencias recurridas.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      –        Subsidiariamente, en el caso de que anule las sentencias recurridas, con el efecto de anular el Reglamento controvertido,
         mantenga la eficacia del mismo, al amparo del artículo 231 CE, hasta que se adopte un nuevo Reglamento que lo sustituya.
      
      114    La República Francesa, autorizada a intervenir en los procedimientos en apoyo de las pretensiones del Consejo y de la Comisión
         mediante autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 (asunto C‑402/05 P) y de 15 de mayo de 2006
         (asunto C‑415/05 P), solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, estime las pretensiones formuladas en su adhesión a la
         casación por el Reino Unido y proceda a modificar los fundamentos de Derecho de las sentencias recurridas en la parte relativa
         al ius cogens.
      –        Condene en costas a los recurrentes.
      115    El Reino de los Países Bajos, autorizado a intervenir en los procedimientos en apoyo de las pretensiones del Consejo mediante
         autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006 (asunto C‑402/05 P) y de 15 de mayo de 2006 (asunto C‑415/05 P),
         solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en ambos asuntos, pero modifique los fundamentos de
         Derecho de las sentencias recurridas que se refieren a la amplitud del control de legalidad y, subsidiariamente, a la existencia
         o no de violación de las normas del ius cogens.
       Motivos de anulación de las sentencias recurridas 
      116    El Sr. Kadi formula dos motivos de casación, invocando, en el primero, la falta de base jurídica del Reglamento controvertido
         y, en el segundo, la infracción de varias normas de Derecho internacional cometida por el Tribunal de Primera Instancia y
         las consecuencias de dicha infracción en la valoración de los motivos relativos a la violación de algunos de sus derechos
         fundamentales formulados por él ante dicho Tribunal.
      
      117    Al Barakaat invoca tres motivos de casación, alegando, en el primero, la falta de base jurídica del Reglamento controvertido,
         en el segundo, la infracción del artículo 249 CE y, en el tercero, la violación de algunos de sus derechos fundamentales.
      
      118    En su adhesión a la casación, el Reino Unido invoca un único motivo, basado en el error de Derecho en que incurrió, a su juicio,
         el Tribunal de Primera Instancia al concluir en las sentencias recurridas que era competente para examinar la compatibilidad
         de las resoluciones del Consejo de Seguridad de que se trata con las normas del ius cogens.
      
       Sobre los recursos de casación 
      119    Mediante auto de 13 de noviembre de 2007, el Presidente del Tribunal de Justicia ordenó que se hiciera constar en el Registro
         del Tribunal de Justicia que el Sr. Ahmed Ali Yusuf había desistido del recurso de casación que había presentado junto con
         Al Barakaat en el asunto C‑415/05 P.
      
      120    Tras oír al respecto a las partes y al Abogado General, procede acumular los presentes asuntos a efectos de la sentencia por
         razón de conexión, conforme a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
      
       Sobre los motivos relativos a la base jurídica del Reglamento controvertido
       Alegaciones de las partes
      121    En su primer motivo, el Sr. Kadi alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar, en
         el apartado 135 de la sentencia recurrida Kadi, que el Consejo podía adoptar el Reglamento controvertido tomando como base
         jurídica conjunta los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE. 
      
      122    Dicho motivo se divide en tres partes.
      
      123    En la primera parte del motivo, el Sr. Kadi sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
         al estimar que los artículos 60 CE y 301 CE podían constituir una base jurídica parcial para el Reglamento controvertido.
         Alega, por lo demás, que el Tribunal de Primera Instancia no explicó cómo era posible considerar base jurídica del Reglamento
         controvertido, junto con el artículo 308 CE, los mencionados artículos, que únicamente pueden servir de base para medidas
         contra países terceros, mientras que dicho Reglamento sólo contiene medidas dirigidas contra individuos y entidades no estatales.
      
      124    En la segunda parte de su motivo, el Sr. Kadi alega que, si se estimase no obstante que los artículos 60 CE y 301 CE constituían
         efectivamente una base jurídica parcial del Reglamento controvertido, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de
         Derecho al interpretar incorrectamente el artículo 301 CE y la función de «pasarela» prevista en él, ya que dicho artículo
         no otorga en ningún caso la facultad de adoptar medidas destinadas a alcanzar un objetivo del Tratado UE.
      
      125    En la tercera parte de su motivo, el Sr. Kadi sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
         al interpretar el artículo 308 CE de modo que pudiera proporcionar una base jurídica a una normativa para la que el Tratado
         no había previsto los poderes de acción necesarios y que no era necesaria para alcanzar uno de los objetivos de la Comunidad.
         A juicio del recurrente, en los apartados 122 a 134 de la sentencia recurrida Kadi, el Tribunal de Primera Instancia asimiló
         erróneamente los objetivos de los dos ordenamientos jurídicos integrados pero diferentes que son la Unión y la Comunidad,
         traspasando así los límites del artículo 308 CE.
      
      126    El recurrente considera además que tal concepción resulta incompatible con el principio de atribución establecido en el artículo
         5 CE. Sostiene a este respecto que se deduce de los apartados 28 a 35 del dictamen 2/94, de 28 de marzo de 1996 (Rec. p. I‑1759),
         que el hecho de que el Tratado UE mencione un objetivo no basta para suplir la ausencia del mismo en la enumeración de los
         objetivos del Tratado CE.
      
      127    El Consejo y la República Francesa impugnan la primera parte del primer motivo del Sr. Kadi, alegando que lo que justifica
         la referencia a los artículos 60 CE y 301 CE como base jurídica del Reglamento controvertido es el hecho de que tales artículos
         autorizan unas medidas restrictivas cuyo ámbito de aplicación debía ser ampliado, recurriendo al artículo 308 CE, de modo
         que abarcase también a personas o entidades no estatales, y por tanto no cubiertas por los dos primeros artículos mencionados.
      
      128    Por su parte, el Reino Unido sostiene que el artículo 308 CE fue utilizado como un mecanismo que permitía completar las competencias
         instrumentales previstas en los artículos 60 CE y 301 CE, sin que estos últimos constituyan, pues, la base jurídica parcial
         del Reglamento controvertido. El Reino de España formula una argumentación sustancialmente idéntica.
      
      129    En lo que respecta a la segunda parte del presente motivo, el Consejo sostiene que la razón de ser de la pasarela prevista
         en el artículo 301 CE consiste precisamente en conferir a dicha institución la facultad de adoptar medidas destinadas a alcanzar
         un objetivo del Tratado UE.
      
      130    El Reino de España, la República Francesa y el Reino Unido sostienen que fue el artículo 308 CE, y no los artículos 60 CE
         y 301 CE, el que permitió adoptar medidas restrictivas dirigidas contra individuos y entidades no estatales, completando así
         el ámbito de aplicación de estos dos últimos artículos.
      
      131    En lo que respecta a la tercera parte del primer motivo del Sr. Kadi, el Consejo alega que la razón de ser de la pasarela
         creada por el artículo 301 CE consiste precisamente en utilizar, con carácter excepcional, las facultades de imposición de
         sanciones económicas y financieras conferidas a la Comunidad para alcanzar un objetivo de la PESC, y por tanto de la Unión,
         en vez de un objetivo de la Comunidad.
      
      132    El Reino Unido y los Estados miembros que intervienen en el procedimiento comparten en lo esencial esta posición.
      
      133    El Reino Unido precisa su posición señalando que, en su opinión, cabe considerar que la acción decidida por el Reglamento
         controvertido contribuye a alcanzar, no un objetivo de la Unión, sino un objetivo de la Comunidad, a saber, el objetivo implícito,
         meramente instrumental y subyacente de los artículos 60 CE y 301 CE, que es el de proporcionar medios efectivos para aplicar,
         a través de medidas económicas coercitivas exclusivamente, los actos adoptados en virtud de la competencia que el título V
         del Tratado UE confiere a la Unión.
      
      134    Según dicho Estado miembro, cuando para alcanzar este objetivo instrumental sea preciso emplear formas de coerción económica
         que sobrepasen los límites de las facultades específicamente conferidas al Consejo por los artículos 60 CE y 301 CE, resulta
         apropiado recurrir al artículo 308 CE para completar tales facultades.
      
      135    La Comisión, tras declarar que había reconsiderado su punto de vista, sostiene con carácter principal que, habida cuenta del
         tenor y del contexto de los artículos 60 CE y 301 CE, dichos artículos constituían por sí solos una base jurídica apropiada
         y suficiente para la adopción del Reglamento controvertido.
      
      136    A este respecto, la Comisión invoca esencialmente los siguientes argumentos:
      
      –        el tenor del artículo 301 CE es lo bastante amplio como para abarcar las sanciones económicas impuestas a particulares, en
         la medida en que éstos se encuentren en un país tercero o estén asociados de otro modo con dicho país. Los términos «relaciones
         económicas» engloban un amplio abanico de actividades. Toda sanción económica, aunque vaya dirigida contra un país tercero,
         como por ejemplo un embargo, afecta directamente a las particulares de que se trate y sólo indirectamente a dicho país. El
         texto del artículo 301 CE, y en particular el término «parcialmente», no exige que las medidas parciales vayan dirigidas contra
         un sector específico de los países de que se trate, como por ejemplo su gobierno. Como dicho artículo permite que la Comunidad
         interrumpa totalmente las relaciones económicas con todos los países, también debe autorizarla a interrumpir las relaciones
         económicas con un número limitado de particulares en un número limitado de países;
      
      –        la coincidencia terminológica entre el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas y el artículo 301 CE revela la clara
         intención de los autores de este último artículo de establecer una base para que la Comunidad aplique cualquier medida adoptada
         por el Consejo de Seguridad que exija una acción comunitaria;
      
      –        el artículo 301 CE crea una pasarela procedimental entre la Comunidad y la Unión, pero no pretende ni ampliar ni reducir el
         ámbito de las competencias comunitarias. Por consiguiente, dicho artículo debe interpretarse de modo tan amplio como las competencias
         comunitarias pertinentes.
      
      137    La Comisión sostiene que las medidas de que se trata están comprendidas en el ámbito de la política comercial común, habida
         cuenta de los efectos sobre el comercio de unas medidas que prohíben el movimiento de recursos económicos, e incluso que tales
         medidas constituyen disposiciones relativas a la libre circulación de capitales, dado que prohíben transferir recursos económicos
         a unos particulares en países terceros.
      
      138    La Comisión alega igualmente que del artículo 56 CE, apartados 1 y 2, se deduce que los movimientos de capitales y los pagos
         entre la Comunidad y países terceros están sometidos a la competencia comunitaria, sin que los Estados miembros puedan adoptar
         medidas sancionatorias en este ámbito salvo en el supuesto del artículo 60 CE, apartado 2, pero no en el supuesto del artículo
         58 CE, apartado 1, letra b).
      
      139    La Comisión estima por consiguiente que, para adoptar el Reglamento controvertido, no cabía recurrir al artículo 308 CE, dado
         que los artículos 60 CE y 301 CE otorgaban poderes de acción. A juicio de la Comisión, que se remite en particular a este
         respecto a la sentencia de 10 de enero de 2006, Comisión/Consejo (C‑94/03, Rec. p. I‑1, apartado 35), estos últimos artículos
         ofrecían una base jurídica para el elemento principal o preponderante de dicho Reglamento, comparados con el cual otros de
         sus elementos, tales como la congelación de fondos de las personas que fueran a la vez nacionales de Estados miembros de la
         Unión y asociados de un grupo terrorista extranjero, resultaban puramente secundarios.
      
      140    Con carácter subsidiario, la Comisión alega que antes de recurrir al artículo 308 CE es preciso estudiar la aplicabilidad
         de los artículos del Tratado CE relativos a la política comercial común y a la libre circulación de capitales y de pagos.
      
      141    Con carácter aún más subsidiario, la Comisión sostiene que, si finalmente el artículo 308 CE se considerase base jurídica
         del Reglamento controvertido, sería como base jurídica única, pues para recurrir a dicho artículo es preciso partir de la
         idea de que es necesaria una acción de la Comunidad para lograr alguno de los objetivos de la Comunidad, pero no, como estimó
         el Tribunal de Primera Instancia, para alcanzar los objetivos del Tratado UE, en el presente caso los de la PESC.
      
      142    La Comisión estima que, en el presente caso, dicho objetivo comunitario sería el constituido por la política comercial común,
         mencionado en el artículo 3 CE, apartado 1, letra b), y el relativo a la libre circulación de capitales, implícitamente mencionado
         en el artículo 3 CE, apartado 1, letra c), puesto en relación con las disposiciones pertinentes del Tratado CE, a saber, las
         del artículo 56 CE, relativo a la libre circulación de capitales con los países terceros. A su juicio, como las medidas de
         que se trata producen efectos en el comercio, con independencia de que fueran adoptadas para alcanzar objetivos de política
         exterior, deben considerarse medidas al servicio de dichos objetivos comunitarios.
      
      143    El Sr. Kadi, el Reino de España, la República Francesa y el Reino Unido impugnan la tesis expuesta con carácter principal
         por la Comisión, formulando las siguientes objeciones:
      
      –        se trata de una interpretación extensiva de los artículos 60 CE y 301 CE que hace caso omiso de la naturaleza radicalmente
         diferente de las sanciones «inteligentes» controvertidas y de su novedad, dado que tales sanciones no presentan ya vínculo
         alguno con un país tercero, interpretación que resulta arriesgada, pues dichos artículos se aprobaron en una época en que
         las sanciones se caracterizaban por la existencia de dicho vínculo;
      
      –        a diferencia de las sanciones inteligentes de que se trata, un embargo total va dirigido esencialmente contra los dirigentes
         de un país tercero a quienes tal medida pretende presionar, y sólo de manera indirecta contra los operadores económicos de
         dicho país, de modo que no cabe afirmar que toda sanción, incluido el embargo, vaya dirigida en primer lugar contra unos particulares;
      
      –        a diferencia del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 301 CE se refiere específicamente a la interrupción
         de relaciones económicas «con uno o varios terceros países», de modo que no cabe basar argumento alguno en la similitud del
         texto de ambos artículos;
      
      –        el artículo 301 CE no es una mera disposición de procedimiento: establece una base jurídica y un procedimiento específicos
         y otorga manifiestamente una competencia material a la Comunidad;
      
      –        las medidas que impone el Reglamento controvertido no conciernen a las relaciones comerciales entre la Comunidad y países
         terceros, y no pueden por tanto considerase medidas al servicio del objetivo relativo a la política comercial común;
      
      –        el Tribunal de Primera Instancia juzgó muy acertadamente que tales medidas no contribuían a prevenir el riesgo de obstáculos
         a la libre circulación de capitales y que el artículo 60 CE, apartado 2, no puede servir de base para medidas restrictivas
         contra individuos o entidades. Como dicho artículo sólo contempla medidas contra países terceros, las medidas controvertidas
         sólo podrían haber sido adoptadas al amparo del artículo 58 CE, apartado 1, letra b).
      
      144    El Sr. Kadi, el Reino de España y la República Francesa impugnan igualmente la tesis subsidiaria de la Comisión.
      
      145    A juicio de estas partes, no es posible recurrir a los artículos 133 CE o 57 CE, apartado 2, dado que las medidas establecidas
         por el Reglamento controvertido no conciernen a las relaciones comerciales con países terceros ni a la categoría de movimientos
         de capitales contemplada en el artículo 57 CE, apartado 2.
      
      146    Además, según estas partes, no cabe sostener que el Reglamento controvertido pretenda lograr objetivos de la Comunidad, como
         exige el artículo 308 CE. En efecto, el objetivo de libre circulación de capitales queda excluido, ya que no existe ningún
         riesgo verosímil y serio de divergencias entre los Estados miembros como consecuencia de la aplicación de las medidas de congelación
         de fondos que establece dicho Reglamento. El objetivo relativo a la política comercial común tampoco es pertinente, ya que
         la congelación de los activos de una persona que carece de vínculos con el Gobierno de un país tercero no afecta al comercio
         con dicho país ni persigue un objetivo de política comercial.
      
      147    La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que, por razones de seguridad jurídica y para un correcto cumplimiento de las
         obligaciones contraídas en el marco de las Naciones Unidas, en el supuesto de que acoja la tesis sostenida por ella con carácter
         principal, considere definitivos la totalidad de los efectos del Reglamento controvertido, al amparo de lo dispuesto en el
         artículo 231 CE.
      
      148    El Reino de España y la República Francesa han presentado igualmente una solicitud en este sentido para el caso de que se
         diera dicho supuesto.
      
      149    El Sr. Kadi, en cambio, se opone a dichas solicitudes, alegando que el Reglamento controvertido constituye una grave violación
         de los derechos fundamentales. En todo caso, a su juicio, debería establecerse una excepción para las personas que, como el
         recurrente, ya hayan interpuesto recurso contra dicho Reglamento.
      
      150    En su primer motivo, Al Barakaat comienza por reprochar al Tribunal de Primera Instancia la conclusión a la que llegó en los
         apartados 158 a 170 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, según la cual el Consejo podía adoptar el Reglamento controvertido
         tomando como base jurídica conjunta los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE.
      
      151    Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar, en los apartados 160 y 164
         de dicha sentencia, que los artículos 60 CE y 301 CE no se refieren exclusivamente a la realización de una acción de la Comunidad,
         sino que también pueden referirse a uno de los objetivos específicamente asignados a la Unión por el artículo 2 UE, a saber,
         el desarrollo de la PESC.
      
      152    En segundo lugar, Al Barakaat reprocha al Tribunal de Primera Instancia la conclusión a la que llegó en los apartados 112,
         113, 115 y 116 de dicha sentencia, al considerar comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 60 CE y 301 CE unas
         sanciones impuestas a unos individuos con la intención de influir en las relaciones económicas con uno o varios países terceros,
         y la afirmación de que esta interpretación se justifica tanto por razones de eficacia como por consideraciones humanitarias.
      
      153    El Consejo replica calificando de acertada la consideración formulada por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado
         161 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, según la cual, en razón de la pasarela establecida por los artículos 60 CE
         y 301 CE, las sanciones impuestas tomando como base dichos artículos, tras la adopción de una posición común o de una acción
         común en el ámbito de la PESC que implique la interrupción o reducción de las relaciones económicas de la Comunidad con uno
         o varios países terceros, pretenden alcanzar el objetivo de la PESC perseguido por tales actos de la Unión.
      
      154    El Consejo alega igualmente que el Tribunal de Primera Instancia actuó con gran acierto al considerar justificada la utilización
         del artículo 308 CE como base jurídica complementaria del Reglamento controvertido, dado que dicho artículo únicamente sirve
         para permitir extender las sanciones económicas y financieras ya previstas en los artículos 60 CE y 301 CE a individuos o
         entidades que no presenten una vinculación suficiente con un país tercero determinado.
      
      155    Por último, el Consejo considera que las críticas de la recurrente en cuanto a la eficacia y a la proporcionalidad de las
         sanciones establecidas por dicho Reglamento no son pertinentes para determinar si la base jurídica del Reglamento es o no
         adecuada.
      
      156    En cuanto a esta segunda alegación de la recurrente, el Reino Unido la considera igualmente carente de pertinencia en el contexto
         del recurso de casación interpuesto por Al Barakaat, dado que, con arreglo al punto 1 del fallo de la sentencia recurrida,
         el Tribunal de Primera Instancia estimó innecesario pronunciarse sobre la legalidad del Reglamento nº 467/2001.
      
      157    Las restantes alegaciones invocadas por el Reino de España, la República Francesa, el Reino Unido y la Comisión son sustancialmente
         idénticas a las formuladas por dichas partes a propósito del recurso de casación del Sr. Kadi.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      158    En primer lugar, en lo concerniente a las alegaciones formuladas por Al Barakaat contra los apartados 112, 113, 115 y 116
         de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, procede hacer constar que tales apartados se refieren a la base jurídica del
         Reglamento nº 467/2001.
      
      159    Ahora bien, dicho Reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento controvertido. Además, como indicó el Tribunal de
         Primera Instancia en el apartado 77 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat sin que Al Barakaat lo haya negado en su
         recurso de casación, después de que esta última adaptase sus pretensiones y motivos al Reglamento controvertido, su recurso
         ante el Tribunal de Primera Instancia tenía por único objeto una pretensión de anulación de este último Reglamento, en la
         medida en que le afectaba.
      
      160    En consecuencia, las mencionadas alegaciones no pueden dar lugar en ningún caso a la anulación de dicha sentencia, por lo
         que deben considerarse inoperantes.
      
      161    En cualquier caso, las consideraciones de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat a las que se refieren estas alegaciones,
         calificadas por el Tribunal de Primera Instancia de premisas de su razonamiento sobre la base jurídica del Reglamento controvertido,
         se retoman en los siguientes apartados de dicha sentencia y en la sentencia recurrida Kadi y serán examinadas cuando se valoren
         los motivos en que se impugnan dichos apartados. 
      
      162    Por lo tanto, no procede examinar tales alegaciones en la medida en que se refieren a la base jurídica del Reglamento nº 467/2001.
      
      163    En segundo lugar, procede pronunciarse sobre la fundamentación de la tesis que la Comisión sostiene con carácter principal,
         según la cual, habida cuenta del tenor y del contexto de los artículos 60 CE y 301 CE, dichos artículos constituyen por sí
         solos una base jurídica apropiada y suficiente para el Reglamento controvertido.
      
      164    Esta tesis impugna la conclusión en sentido contrario formulada por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 92 a
         97 de la sentencia recurrida Kadi y 128 a 133 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat.
      
      165    Procede desestimar dicha tesis.
      
      166    En efecto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó con gran acierto que, habida cuenta del tenor de los artículos 60 CE
         y 301 CE, y en particular de las expresiones «respecto de los terceros países de que se trate» y «con uno o varios terceros
         países» que en ellos figuran, tales artículos se refieren a la adopción de medidas contra países terceros, concepto este último
         en el que cabe incluir a los dirigentes de países terceros y a los individuos y entidades asociados con dichos dirigentes
         o controlados directa o indirectamente por ellos.
      
      167    Ahora bien, las medidas restrictivas establecidas por la Resolución 1390 (2002), que el Reglamento controvertido pretende
         aplicar, son medidas caracterizadas por la inexistencia de vínculo alguno con el régimen gobernante de un país tercero. En
         efecto, tras la caída del régimen de los talibanes, tales medidas iban dirigidas directamente contra Usamah bin Ladin, la
         red Al‑Qaida y las personas y entidades asociadas a éstos que figuran en la lista consolidada. Por lo tanto, dichas medidas
         no están comprendidas, como tales, en el ámbito de aplicación de los artículos 60 CE y 301 CE.
      
      168    Aceptar la interpretación de los artículos 60 CE y 301 CE preconizada por la Comisión, según la cual bastaría con que las
         medidas restrictivas de que se trate estuvieran dirigidas contra personas o entidades que se encontrasen en un país tercero
         o estuvieran asociadas de otro modo con dicho país, supondría ampliar excesivamente el alcance de estos artículos sin tener
         en absoluto en cuenta el requisito, derivado del propio tenor de los mismos, de que las medidas adoptadas tomando como base
         dichos artículos deben ser medidas contra países terceros.
      
      169    Además, la finalidad esencial y el objeto del Reglamento controvertido consiste en combatir el terrorismo internacional, y
         en particular cortar sus recursos financieros mediante la congelación de los fondos y recursos económicos de las personas
         o entidades de quienes se sospecha que están implicadas en actividades relacionadas con él, y no en alterar las relaciones
         económicas entre la Comunidad y los países terceros en que se encuentren dichas personas o entidades, suponiendo por lo demás
         que se conozca su lugar de residencia.
      
      170    En efecto, las medidas restrictivas establecidas por la Resolución 1390 (2002) y aplicadas por el Reglamento controvertido
         no pueden considerarse medidas destinadas a reducir las relaciones económicas con esos países terceros –ni tampoco, por lo
         demás, con ciertos Estados miembros de la Comunidad– en los que se encuentran las personas o entidades cuyo nombre figura
         en la lista consolidada que se recoge en el anexo I de dicho Reglamento.
      
      171    Por lo demás, el hecho de que el artículo 301 CE utilice el término «parcialmente» tampoco justifica la tesis de la Comisión.
      
      172    En efecto, dicho término hace referencia a la eventual limitación del alcance material o personal de las medidas que cabe
         adoptar con arreglo a dicho artículo. Sin embargo, no influye en las características que deben reunir los destinatarios potenciales
         de dichas medidas, por lo que no puede justificar la inclusión entre dichos destinatarios de personas o entidades sin vínculo
         alguno con el régimen gobernante de un país tercero y que, por este motivo, no están incluidas en el ámbito de aplicación
         de dicho artículo.
      
      173    Tampoco cabe acoger la alegación de la Comisión relativa a la coincidencia terminológica entre el artículo 41 de la Carta
         de las Naciones Unidas y el artículo 301 CE, de la que deduce que este último artículo constituye la base para la aplicación
         en la Comunidad de cualquier medida adoptada por el Consejo de Seguridad que exija una acción comunitaria.
      
      174    En efecto, el artículo 301 CE se refiere específicamente a la interrupción de las relaciones económicas «con uno o varios
         terceros países», mientras que el artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas no contiene tal expresión.
      
      175    Más aún, el ámbito de aplicación del artículo 41 de la Carta de las Naciones Unidas tampoco coincide con el del artículo 301 CE
         en otros aspectos, ya que aquel artículo permite adoptar una serie de medidas que no se contemplan en éste, y entre ellas
         medidas de naturaleza radicalmente distinta de las destinadas a interrumpir o reducir las relaciones económicas con países
         terceros, tales como la ruptura de relaciones diplomáticas.
      
      176    Procede desestimar igualmente la alegación en la que la Comisión sostiene que el artículo 301 CE crea una pasarela procedimental
         entre la Comunidad y la Unión, de modo que dicho artículo debe interpretarse de modo tan amplio como las competencias comunitarias
         pertinentes, y entre ellas las competencias relativas a la política comercial común y a la libre circulación de capitales.
      
      177    En efecto, esta interpretación del artículo 301 CE puede dar lugar a una reducción del ámbito de aplicación y, por tanto,
         de la eficacia de dicho artículo, dado que, como muestran sus propios términos, este artículo contempla la adopción de medidas
         potencialmente muy diversas para alterar las relaciones económicas con países terceros, medidas que no deben pues limitarse
         a priori a los ámbitos de aplicación de otras competencias materiales comunitarias, tales como las relativas a la política comercial
         común o la libre circulación de capitales.
      
      178    Por lo demás, dicha interpretación no encuentra apoyo en el texto del artículo 301 CE, que otorga a la Comunidad una competencia
         material con un alcance en principio autónomo con respecto al de otras competencias comunitarias.
      
      179    En tercer lugar, procede examinar la tesis formulada por la Comisión con carácter subsidiario, según la cual, si se estimase
         que no cabía adoptar el Reglamento controvertido tomando como única base jurídica los artículos 60 CE y 301 CE, no estaría
         justificado recurrir al artículo 308 CE, ya que este último artículo sólo es aplicable cuando ninguna otra disposición del
         Tratado CE otorgue las competencias necesarias para adoptar el acto de que se trate. Ahora bien, en su opinión, las medidas
         restrictivas que impone dicho Reglamento están incluidas en el ámbito de los poderes de acción de la Comunidad, y en particular
         en el de las competencias de ésta en materia de política comercial común y de movimientos de capitales y de pagos.
      
      180    A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó, en los apartados 100 de la sentencia recurrida Kadi y 136 de la
         sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que ninguna disposición del Tratado CE contempla la adopción de medidas tales como
         las aprobadas en el Reglamento controvertido, que tienen por objeto la lucha contra el terrorismo internacional y, más específicamente,
         la imposición de sanciones económicas y financieras, tales como la congelación de fondos, a individuos y entidades de quienes
         se sospecha que contribuyen a financiar el terrorismo internacional y que carecen de vínculo alguno con el régimen gobernante
         de un país tercero, de modo que en el presente asunto concurría el primer requisito para la aplicación del artículo 308 CE.
      
      181    Procede aprobar tal conclusión.
      
      182    En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la elección de la base jurídica de un acto comunitario
         debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad
         y el contenido del acto (véase en particular la sentencia de 23 de octubre de 2007, Comisión/Consejo, C‑440/05, Rec. p. I‑9097,
         apartado 61 y jurisprudencia citada).
      
      183    Pues bien, por una parte, un acto comunitario sólo se considera incluido en el ámbito de la competencia en materia de política
         comercial común contemplada en el artículo 133 CE cuando concierna específicamente al comercio internacional, por estar destinado
         esencialmente a promover, facilitar o regular los intercambios comerciales y a producir efectos directos e inmediatos en el
         comercio de los productos de que se trate (véase en particular la sentencia de 12 de mayo de 2005, Regione autonoma Friuli-Venezia
         Giulia y ERSA, C‑347/03, Rec. p. I‑3785, apartado 75 y jurisprudencia citada).
      
      184    Como ya se indicó en el apartado 169 de la presente sentencia, en lo que respecta a la finalidad esencial y al objeto del
         Reglamento controvertido, éste pretende combatir el terrorismo internacional, estableciendo al efecto un conjunto de medidas
         restrictivas de carácter económico y financiero, tales como la congelación de fondos y de recursos económicos, contra los
         individuos y entidades de quienes se sospecha que contribuyen a financiar el terrorismo internacional.
      
      185    Habida cuenta de esta finalidad y de este objeto, no cabe considerar que el Reglamento controvertido concierna específicamente
         al comercio internacional por estar destinado esencialmente a promover, facilitar o regular los intercambios comerciales.
      
      186    Además, aunque ciertamente dicho Reglamento puede producir efectos en el comercio o en los intercambios internacionales, resulta
         evidente que su objetivo no consiste en generar efectos directos e inmediatos de este carácter.
      
      187    Por lo tanto, el Reglamento controvertido no podía basarse en la competencia comunitaria en materia de política comercial
         común.
      
      188    Por otra parte, según la Comisión, al prohibir la transferencia de recursos económicos a ciertos particulares en países terceros,
         el Reglamento controvertido está incluido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre
         circulación de capitales y de pagos.
      
      189    Procede rechazar igualmente dicha afirmación.
      
      190    En primer lugar, por lo que respecta al artículo 57 CE, apartado 2, es preciso hacer constar que las medidas restrictivas
         impuestas por el Reglamento controvertido no forman parte de ninguna de las categorías de medidas contempladas en dicha disposición.
      
      191    A continuación, en lo que respecta al artículo 60 CE, apartado 1, dicha disposición tampoco puede servir de base al Reglamento
         controvertido, dado que su ámbito de aplicación viene determinado por el del artículo 301 CE.
      
      192    Ahora bien, como ya se ha indicado en el apartado 167 de la presente sentencia, este último artículo no contempla la adopción
         de medidas restrictivas del tipo de las que aquí se examinan, caracterizadas por la inexistencia de vínculo alguno con el
         régimen gobernante de un país tercero.
      
      193    Por último, en lo que respecta al artículo 60 CE, apartado 2, procede hacer constar que dicha disposición no crea una competencia
         comunitaria a estos efectos, dado que se limita a permitir que los Estados miembros adopten, en ciertos supuestos excepcionales,
         medidas unilaterales contra un país tercero en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos, sin perjuicio de
         la facultad del Consejo de obligar al Estado miembro a modificar o suprimir tales medidas.
      
      194    En cuarto lugar, procede analizar las alegaciones formuladas por el Sr. Kadi, en la segunda y tercera parte de su primer motivo,
         contra los apartados 122 a 135 de la sentencia recurrida Kadi, las formuladas por Al Barakaat contra los apartados 158 a 170
         de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat y las críticas de la Comisión contra estos mismos apartados de las sentencias
         recurridas.
      
      195    En dichos apartados, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que el Consejo podía legítimamente adoptar
         el Reglamento controvertido tomando como base jurídica conjunta los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, dado que, habida cuenta
         de la pasarela específicamente establecida entre las acciones de la Comunidad de imposición de sanciones económicas con arreglo
         a los artículos 60 CE y 301 CE, por una parte, y los objetivos del Tratado UE en materia de relaciones exteriores, por otra,
         resultaba justificado utilizar el artículo 308 CE, en el contexto específico al que se refieren los dos primeros artículos,
         a fin de alcanzar tales objetivos, y en el presente caso el objetivo de la PESC perseguido por el Reglamento controvertido,
         es decir, la lucha contra el terrorismo internacional y contra su financiación.
      
      196    A este respecto procede hacer constar que las sentencias recurridas adolecen efectivamente de un error de Derecho.
      
      197    En efecto, si bien es correcto considerar, como hizo el Tribunal de Primera Instancia, que se ha creado una pasarela entre
         las acciones de la Comunidad por las que se adoptan medidas económicas en virtud de los artículos 60 CE y 301 CE y los objetivos
         del Tratado UE en materia de relaciones exteriores, lo que incluye la PESC, ni el tenor de las disposiciones del Tratado CE
         ni la estructura del mismo respaldan la concepción según la cual dicha pasarela se extiende a otras disposiciones del Tratado
         CE, y en particular al artículo 308 CE.
      
      198    Por lo que respecta concretamente al artículo 308 CE, si se aceptase la postura del Tribunal de Primera Instancia, dicho articulo
         permitiría, en el contexto específico de los artículos 60 CE y 301 CE, adoptar actos comunitarios que persigan, no uno de
         los objetivos de la Comunidad, sino uno de los objetivos del Tratado UE en materia de relaciones exteriores, entre los que
         figura la PESC.
      
      199    Sin embargo, resulta obligado hacer constar que tal interpretación es incompatible con el propio tenor del artículo 308 CE.
      
      200    En efecto, para recurrir a dicho artículo se exige que la acción prevista tenga relación con «el funcionamiento del mercado
         común», por una parte, y que pretenda lograr «uno de los objetivos de la Comunidad», por otra.
      
      201    Ahora bien, habida cuenta de la claridad y precisión de los términos utilizados, este último concepto no puede interpretarse
         en ningún caso en el sentido de que comprende igualmente los objetivos de la PESC.
      
      202    La coexistencia de la Unión y de la Comunidad como ordenamientos jurídicos integrados pero distintos y la arquitectura constitucional
         de los pilares, queridas por los autores de los Tratados actualmente vigentes y acertadamente puestas de relieve por el Tribunal
         de Primera Instancia en los apartados 120 de la sentencia recurrida Kadi y 156 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat,
         constituyen además consideraciones de carácter institucional que impiden extender dicha pasarela a artículos del Tratado CE
         distintos de aquellos con los que ésta establece una vinculación expresa.
      
      203    Por lo demás, el artículo 308 CE, al ser parte integrante de un orden institucional basado en el principio de las competencias
         de atribución, no puede servir de base para ampliar el ámbito de competencias de la Comunidad más allá del marco general que
         resulta del conjunto de las disposiciones de dicho Tratado y, en particular, de las que definen las misiones y acciones de
         la Comunidad (dictamen 2/94, antes citado, apartado 30).
      
      204    Del mismo modo, tampoco el artículo 3 UE, mencionado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 126 a 128 de la
         sentencia recurrida Kadi y 162 a 164 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, ni el segundo párrafo de dicho articulo
         en particular pueden servir de base para ampliar las competencias de la Comunidad más allá de los objetivos de esta última.
      
      205    El modo en que este error de Derecho afecta a la validez de las sentencias recurridas será examinado posteriormente, una vez
         terminada la valoración de las demás alegaciones formuladas contra los razonamientos de dichas sentencias relativos a la posibilidad
         de incluir el artículo 308 CE en la base jurídica del Reglamento controvertido, junto con los artículos 60 CE y 301 CE.
      
      206    Estas otras alegaciones pueden agruparse en dos categorías.
      
      207    La primera categoría comprende la primera parte del primer motivo del Sr. Kadi, en la que éste alega que el Tribunal de Primera
         Instancia incurrió en un error de Derecho al reconocer que el artículo 308 CE podía completar la base jurídica del Reglamento
         controvertido integrada por los artículos 60 CE y 301 CE. Ahora bien, en opinión del Sr. Kadi, estos dos últimos artículos
         no podían constituir la base jurídica, ni siquiera parcial, del Reglamento controvertido, dado que, según la interpretación
         del propio Tribunal de Primera Instancia, unas medidas dirigidas contra personas o entidades sin vínculo alguno con el régimen
         gobernante de un país tercero, únicas destinatarias del Reglamento controvertido, no están comprendidas en el ámbito de aplicación
         de dichos artículos.
      
      208    Esta crítica puede considerarse próxima a la formulada por la Comisión, según la cual, si se estimase aceptable utilizar el
         artículo 308, debería ser considerándolo base jurídica única, y no junto con los artículos 60 CE y 301 CE.
      
      209    La segunda categoría comprende las críticas de la Comisión contra la conclusión formulada por el Tribunal de Primera Instancia
         en los apartados 116 y 121 de la sentencia recurrida Kadi y en los apartados 152 y 157 de la sentencia recurrida Yusuf y Al
         Barakaat, según la cual, a efectos de aplicación del artículo 308 CE, no era posible vincular el objetivo del Reglamento controvertido
         –a saber, según el Tribunal de Primera Instancia, la lucha contra el terrorismo internacional y, más concretamente, la imposición
         de sanciones económicas y financieras, tales como medidas de congelación de fondos, a individuos y entidades de quienes se
         sospecha que contribuyen a financiar el terrorismo internacional– a ninguno de los objetivos expresamente asignados a la Comunidad
         por el Tratado CE.
      
      210    La Comisión sostiene a este respecto que las medidas de aplicación impuestas por el Reglamento controvertido en materia de
         sanciones económicas y financieras deben considerarse vinculadas, por su naturaleza, a ciertos objetivos de la Comunidad,
         a saber, por una parte, a la política comercial común y, por otra parte, a la libre circulación de capitales.
      
      211    En lo que respecta a la primera categoría de alegaciones antes mencionada, procede recordar que el artículo 308 CE tiene por
         objeto suplir la inexistencia de poderes de acción conferidos expresa o implícitamente a las instituciones comunitarias por
         disposiciones específicas del Tratado CE, en la medida en que dichos poderes resulten no obstante necesarios para que la Comunidad
         pueda ejercer sus funciones con vistas a lograr alguno de los objetivos establecidos por dicho Tratado (dictamen 2/94, antes
         citado, apartado 29).
      
      212    Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia actuó con gran acierto al concluir que el artículo 308 CE podía formar parte,
         junto con los artículos 60 CE y 301 CE, de la base jurídica del Reglamento controvertido.
      
      213    En efecto, al imponer medidas restrictivas de carácter económico y financiero, este último quedaba manifiestamente incluido
         en el ámbito de aplicación ratione materiae de los artículos 60 CE y 301 CE.
      
      214    Dadas estas circunstancias, resultaba justificado, por tanto, incluir dichos artículos en la base jurídica del Reglamento
         controvertido.
      
      215    Por lo demás, dichos artículos prolongan una práctica anterior, basada en el artículo 113 del Tratado CE (actualmente artículo
         133 CE, tras su modificación) hasta que el Tratado de Maastricht introdujo los artículos 60 CE y 301 CE (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 17 de octubre de 1995, Werner, C‑70/94, Rec. p. I‑3189, apartados 8 a 10, y de 14 de enero de 1997, Centro-Com,
         C‑124/95, Rec. p. I‑81, apartados 28 y 29), que consistía en encomendar a la Comunidad la ejecución de las acciones decididas
         en el marco de la cooperación política europea y que obligaran a imponer medidas restrictivas de carácter económico dirigidas
         contra países terceros.
      
      216    Como los artículos 60 CE y 301 CE no confieren sin embargo poderes de acción expresos o implícitos para imponer tales medidas
         a los destinatarios que carezcan de vínculo alguno con el régimen gobernante de un país tercero, como es el caso de las personas
         y entidades mencionadas en el Reglamento controvertido, cabía suplir esta falta de facultades, consecuencia de las limitaciones
         del ámbito de aplicación ratione personae de dichos artículos, recurriendo al artículo 308 como base jurídica de dicho Reglamento junto a los dos primeros artículos
         que servían de base a dicho acto normativo desde el punto de vista de su alcance material, a condición no obstante de que
         concurrieran todos los demás requisitos exigidos para la aplicación del artículo 308 CE.
      
      217    Procede por tanto desestimar por infundadas las alegaciones agrupadas en la primera categoría antes mencionada.
      
      218    En lo que respecta a los demás requisitos de aplicación del artículo 308 CE, procede examinar a continuación la segunda categoría
         de alegaciones antes mencionada.
      
      219    La Comisión sostiene que, aunque la Posición común 2002/402, que el Reglamento controvertido está destinado a aplicar, persigue
         el objetivo de luchar contra el terrorismo internacional, que es un objetivo de la PESC, dicho Reglamento debe considerarse,
         por su parte, un acto por el que se adopta una medida de ejecución a fin de imponer sanciones económicas y financieras.
      
      220    Ahora bien, a su juicio, dicho objetivo forma parte de los objetivos de la Comunidad con arreglo al artículo 308 CE, y en
         particular de los objetivos relativos a la política comercial común y a la libre circulación de capitales.
      
      221    El Reino Unido considera que el objetivo propio del Reglamento controvertido, meramente instrumental, a saber, el establecimiento
         de unas medidas económicas coercitivas, debe diferenciarse de su objetivo subyacente, que es un objetivo de la PESC, relacionado
         con el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Pues bien, a su juicio, el mencionado objetivo contribuye
         a la realización del objetivo comunitario implícito subyacente en los artículos 60 CE y 301 CE, que es el de proporcionar
         medios efectivos de ejecución de los actos adoptados en el marco de la PESC, exclusivamente a través de medidas económicas
         coercitivas.
      
      222    A este respecto procede recordar que el objetivo perseguido por el Reglamento controvertido consiste en impedir de inmediato
         que las personas asociadas a Usamah bin Ladin, a la red Al‑Qaida y a los talibanes dispongan de recursos financieros o económicos
         de cualquier tipo, a fin de obstaculizar la financiación de actividades terroristas (sentencia de 11 de octubre de 2007, Möllendorf
         y Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, Rec. p. I‑8361, apartado 63).
      
      223    En contra de lo que afirmó el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 116 de la sentencia recurrida Kadi y 152 de la
         sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, dicho objetivo sí puede ponerse en relación con los objetivos que el Tratado CE asigna
         a la Comunidad. Así pues, las sentencias recurridas adolecen igualmente de un error de Derecho en este punto.
      
      224    A este respecto procede recordar que, como se indicó en el apartado 203 de la presente sentencia, como el artículo 308 CE
         es parte integrante de un orden institucional basado en el principio de las competencias de atribución, dicho artículo no
         puede servir de base para ampliar el ámbito de competencias de la Comunidad más allá del marco general resultante del conjunto
         de disposiciones del Tratado CE.
      
      225    Pues bien, el objetivo perseguido por el Reglamento controvertido puede ponerse en relación con uno de los objetivos de la
         Comunidad a los que se refiere el artículo 308 CE, de modo que dicho Reglamento no fue adoptado haciendo caso omiso del ámbito
         de competencias de la Comunidad, tal como lo delimita el marco general resultante del conjunto de disposiciones del Tratado CE.
      
      226    En efecto, los artículos 60 CE y 301 CE, al establecer una competencia comunitaria para la imposición de medidas restrictivas
         de carácter económico a fin de ejecutar las acciones decididas en el marco de la PESC, constituyen la expresión de un objetivo
         implícito y subyacente, a saber, el de hacer posible la adopción de tales medidas mediante la utilización eficaz de un instrumento
         comunitario.
      
      227    Cabe considerar que dicho objetivo constituye uno de los objetivos de la Comunidad a los que se refiere el artículo 308 CE.
      
      228    El artículo 60 CE, apartado 2, corrobora la interpretación anterior. En efecto, aunque el párrafo primero de dicho apartado
         otorga a los Estados miembros una competencia, estrictamente delimitada, para tomar medidas unilaterales contra un país tercero
         en lo relativo a los movimientos de capitales y a los pagos, dicha competencia sólo puede ejercitarse, según los términos
         de este mismo párrafo, hasta tanto no se hayan tomado medidas comunitarias con arreglo al apartado 1 de dicho artículo. 
      
      229    La ejecución de medidas restrictivas de carácter económico decididas en el marco de la PESC mediante la utilización de un
         instrumento comunitario no rebasa el marco general resultante del conjunto de disposiciones del Tratado CE, dado que tales
         medidas tienen además relación, por su propia naturaleza, con el funcionamiento del mercado común, relación que constituye
         otro requisito para la aplicación del artículo 308 CE, como se dijo en el apartado 200 de la presente sentencia.
      
      230    En efecto, si unas medidas económicas y financieras como las que impone el Reglamento controvertido, consistentes en una congelación,
         en principio generalizada, de todos los fondos y demás recursos económicos de las personas y entidades mencionadas en él,
         fueran impuestas unilateralmente por cada Estado miembro, la proliferación de medidas nacionales de esta índole podría alterar
         el funcionamiento del mercado común. En particular, tales medidas podrían afectar a los intercambios comerciales entre Estados
         miembros, principalmente en lo que respecta al movimiento de capitales y de pagos, así como al ejercicio del derecho de establecimiento
         por parte de los operadores económicos. Además, podrían dar lugar a distorsiones de la competencia, ya que las eventuales
         diferencias entre las medidas adoptadas unilateralmente por los Estados miembros podrían beneficiar o perjudicar a la competitividad
         de ciertos operadores económicos sin que tales ventajas o desventajas se debieran a razones económicas.
      
      231    Resulta pues pertinente a este respecto la afirmación formulada por el Consejo en el cuarto considerando del Reglamento controvertido,
         según la cual se necesitaba una normativa comunitaria «para evitar toda distorsión de la competencia».
      
      232    Llegados a este punto, procede pronunciarse sobre el modo en que los errores de Derecho constatados en los apartados 196 y
         223 de la presente sentencia afectan a la validez de las sentencias recurridas.
      
      233    Es preciso recordar que, según la jurisprudencia, si los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         revelan una infracción del Derecho comunitario, pero el fallo de dicha sentencia resulta no obstante justificado con arreglo
         a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse (véase en particular la sentencia de 21 de septiembre
         de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartado 186 y jurisprudencia citada).
      
      234    Pues bien, debe hacerse constar que la conclusión relativa a la base jurídica del Reglamento controvertido a la que llegó
         el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 135 de la sentencia recurrida Kadi y 158 de la sentencia recurrida Yusuf
         y Al Barakaat, a saber, que el Consejo era competente para adoptar dicho Reglamento tomando como base jurídica conjunta los
         artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE, resulta justificada con arreglo a otros fundamentos de Derecho.
      
      235    En efecto, si bien el hecho de que el Reglamento controvertido persiguiera un objetivo de la PESC no justificaba la inclusión
         del artículo 308 CE en la base jurídica de dicho Reglamento, como se ha declarado en los apartados 196 a 204 de la presente
         sentencia, dicho artículo podía utilizarse sin embargo como base de este Reglamento, ya que, como se afirma en los apartados
         225 a 231 de la presente sentencia, cabe considerar legítimamente que tal Reglamento pretende lograr un objetivo de la Comunidad
         y tiene relación, además, con el funcionamiento del mercado común, como exige el artículo 308 CE. Por otra parte, el hecho
         de añadir este último artículo a la base jurídica del Reglamento controvertido permitió que el Parlamento Europeo participase
         en el proceso de toma de decisiones relativo a las medidas de que se trata, específicamente dirigidas contra particulares,
         mientras que los artículos 60 CE y 301 CE no atribuyen papel alguno a dicha institución.
      
      236    Por lo tanto, procede desestimar en su totalidad por infundados los motivos en que se critican las sentencias recurridas en
         la medida en que el Tribunal de Primera Instancia había decidido en ellas que los artículos 60 CE, 301 CE y 308 CE constituían
         la base jurídica legal del Reglamento controvertido. 
      
       Sobre el motivo relativo a la violación del artículo 249 CE 
       Alegaciones de las partes
      237    En su segundo motivo, Al Barakaat impugna la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 188
         de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, según la cual el Reglamento controvertido cumple el requisito de tener alcance
         general, como exige el artículo 249 CE, ya que se dirige de manera general y abstracta a todas las personas que puedan tener
         materialmente a su disposición fondos pertenecientes a una o varias de las personas mencionadas en el anexo de dicho Reglamento.
      
      238    Al Barakaat sostiene que «es incorrecto no considerar destinatario del acto de que se trata a la persona cuyos fondos se congelan,
         ya que resulta razonable pensar que la ejecución de la decisión debe basarse en una medida legal dirigida contra quien dispone
         de los recursos».
      
      239    Alega igualmente que constituye una contradicción afirmar por una parte, en el apartado 112 de la sentencia recurrida Yusuf
         y Al Barakaat, que se trata de medidas restrictivas dirigidas directamente contra individuos u organizaciones y por otra parte,
         en el apartado 188 de esa misma sentencia, que dichas medidas no están dirigidas contra tales individuos o entidades, sino
         que constituyen una modalidad de disposiciones de ejecución dirigidas a otras personas.
      
      240    El Reino de España, el Reino Unido, el Consejo y la Comisión comparten en lo esencial el análisis del Tribunal de Primera
         Instancia.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      241    El Tribunal de Primera Instancia actuó con gran acierto al considerar, en los apartados 184 a 188 de la sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat, que el hecho de que las personas o entidades que eran objeto de las medidas restrictivas impuestas por
         el Reglamento controvertido fueran designadas por sus nombres en el anexo I de dicho Reglamento, de modo que éste les afectaba
         directa e individualmente, según los términos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, no significaba que dicho acto no tuviera
         alcance general, como exige el artículo 249 CE, párrafo segundo, y que no pudiera ser calificado de Reglamento.
      
      242    En efecto, si bien es cierto que el Reglamento controvertido impone medidas restrictivas a las personas y entidades cuyos
         nombres figuran en la lista exhaustiva que constituye su anexo I, lista que por otra parte se modifica regularmente suprimiendo
         o añadiendo nombres, a fin de que siga coincidiendo con la lista consolidada, resulta obligado hacer constar que los destinatarios
         de dicho Reglamento se determinan de manera general y abstracta.
      
      243    Al igual que la Resolución 1390 (2002), que el Reglamento controvertido pretende aplicar, este Reglamento contiene una prohibición
         de poner fondos y recursos económicos a disposición de dichas personas o entidades, redactada en términos particularmente
         amplios (véase en este sentido la sentencia Möllendorf y Möllendorf-Niehuus, antes citada, apartados 50 a 55).
      
      244    Pues bien, como el Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente en los apartados 186 y 188 de la sentencia recurrida
         Yusuf y Al Barakaat, dicha prohibición se dirige a todo aquél que pueda tener materialmente a su disposición los fondos o
         recursos económicos de que se trata.
      
      245    Dicha prohibición resulta así aplicable en circunstancias como las del asunto en que se dictó la sentencia Möllendorf y Möllendorf-Niehuus,
         antes citada, en el que se planteaba la cuestión de si el Reglamento controvertido prohibía la inscripción definitiva en el
         registro de la propiedad de la transmisión de la propiedad de un bien inmueble en ejecución de un contrato de compraventa,
         en el supuesto de que uno de los compradores fuera una persona física inscrita en la lista del anexo I del Reglamento.
      
      246    En efecto, en el apartado 60 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 2, apartado 3, del Reglamento
         controvertido prohibía tal inscripción, dado que ésta supondría poner un recurso económico a disposición de una persona incluida
         en dicha lista, lo que le permitiría obtener fondos, mercancías o servicios.
      
      247    Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede declarar infundado, igualmente, el motivo de Al Barakaat relativo
         a la violación del artículo 249 CE.
      
       Sobre los motivos relativos a la violación de ciertos derechos fundamentales 
       Sobre las alegaciones que se refieren a las partes de las sentencias recurridas relativas a los límites del control de la
         legalidad interna del Reglamento controvertido por parte del juez comunitario, desde el punto de vista de los derechos fundamentales
      
      248    En la primera parte de su segundo motivo, el Sr. Kadi sostiene que la sentencia recurrida Kadi, al pronunciarse sobre las
         relaciones entre la ONU y los Miembros de dicha Organización, por una parte, y sobre la manera de aplicar las resoluciones
         del Consejo de Seguridad, por otra, incurrió en varios errores de Derecho en la interpretación de los principios del Derecho
         internacional aplicables, lo que a su vez provocó otros errores de Derecho en la apreciación de los motivos relativos a la
         violación de ciertos derechos fundamentales específicos del recurrente.
      
      249    Esta parte del motivo consta de cinco alegaciones.
      
      250    En su primera alegación, el Sr. Kadi sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho en los
         apartados 183 y 184 de dicha sentencia, al confundir la cuestión de la primacía de las obligaciones de los Estados derivadas
         de la Carta de las Naciones Unidas, consagrada en el artículo 103 de dicha Carta, con la cuestión, relacionada pero diferente,
         del efecto vinculante de las decisiones del Consejo de Seguridad, contemplado en el artículo 25 de la Carta.
      
      251    En su segunda alegación, el Sr. Kadi imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisión de un error de Derecho por haber
         partido de la premisa, en los apartados 217 a 225 de la sentencia recurrida Kadi, de que, al igual que las obligaciones derivadas
         de la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta pasan a formar parte
         automáticamente del Derecho de los Miembros de la ONU y de su esfera de competencia.
      
      252    En su tercera alegación, el Sr. Kadi sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al concluir,
         en los apartados 212 a 225, 283 y 284 de la sentencia recurrida Kadi, que carecía de competencia alguna para controlar la
         legalidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.
      
      253    En su cuarta alegación, el Sr. Kadi considera que el razonamiento desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia en los
         apartados 225 a 232 de dicha sentencia, relativo al ius cogens, incurre en una grave incoherencia, ya que, si se aceptase el principio de que las resoluciones del Consejo de Seguridad no
         pueden ser objeto de control jurisdiccional y disfrutan en este sentido de inmunidad de jurisdicción, dicho principio debería
         aplicarse con carácter general, sin que las cuestiones relacionadas con el ius cogens constituyan una excepción al mismo.
      
      254    En su quinta alegación, el Sr. Kadi mantiene que el hecho de que el Consejo de Seguridad no haya creado un tribunal internacional
         independiente encargado de juzgar, tanto en lo relativo a los hechos como a su apreciación jurídica, los recursos interpuestos
         contra las decisiones individuales adoptadas por el Comité de Sanciones no significa ni que los Estados miembros carezcan
         de la legítima facultad de adoptar medidas razonables para mejorar las apreciaciones de hecho en que se basa la imposición
         de sanciones y la identificación de las personas sancionadas ni que tengan prohibido crear una vía de recurso apropiada, en
         virtud del margen de tolerancia de que disponen en el cumplimiento de sus obligaciones.
      
      255    En su escrito de réplica, invocando la sentencia Bosphorus, antes citada, el Sr. Kadi sostiene además que el Derecho comunitario
         exige que todas las medidas legislativas comunitarias estén sometidas al control jurisdiccional ejercido por el Tribunal de
         Justicia, que también se ocupa del respeto de los derechos fundamentales, aunque el origen de la medida controvertida sea
         un acto de Derecho internacional, como una resolución del Consejo de Seguridad.
      
      256    A juicio del Sr. Kadi, mientras el Derecho de las Naciones Unidas no ofrezca una protección adecuada a quienes invocan una
         violación de sus derechos fundamentales, debe existir un control de los actos que adopte la Comunidad a fin de aplicar las
         resoluciones del Consejo de Seguridad. Ahora bien, según él, el procedimiento de revisión ante el Comité de Sanciones, basado
         en la protección diplomática, no ofrece una protección de los derechos humanos equivalente a la que otorga el Convenio Europeo
         para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en
         lo sucesivo, «CEDH»), como la que exigió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Hava Yolları Turizm ve Ticaret
         Anonim Şirketi (Bosphorus Airways) c. Irlanda de 30 de junio de 2005 (Recueil des arrêts et décisions 2005‑VI, § 155).
      
      257    El Sr. Kadi señala que formula esta última alegación, que es subsidiaria con respecto a las alegaciones basadas en el Derecho
         internacional, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia estimase que existe un conflicto entre los objetivos de aplicación
         fiel de las resoluciones del Consejo de Seguridad y el principio del juicio justo o el de tutela judicial.
      
      258    Por otra parte, según el Sr. Kadi, tal alegación constituye, no un motivo nuevo, sino un desarrollo de la proposición fundamental
         expuesta en el recurso de casación, según la cual, al decidir actuar por vía legislativa para aplicar una resolución del Consejo
         de Seguridad, la Comunidad está obligada a velar por que la normativa que así pretende establecer respete los criterios mínimos
         en materia de derechos humanos, en cuanto requisito de legalidad de dicha normativa.
      
      259    En la primera parte de su tercer motivo, Al Barakaat critica las observaciones preliminares del Tribunal de Primera Instancia,
         en la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, sobre la conexión entre el ordenamiento jurídico internacional creado por las
         Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico nacional o comunitario y sobre el alcance del control de legalidad que correspondía
         ejercer al Tribunal de Primera Instancia.
      
      260    A su juicio, una resolución del Consejo de Seguridad, en sí vinculante en Derecho internacional público, sólo puede producir
         efectos jurídicos contra los justiciables en un Estado si ha sido aplicada con arreglo a la normativa vigente.
      
      261    Ahora bien, según la recurrente, no existe ninguna base jurídica que permita afirmar la existencia de un tratamiento particular
         o de una excepción en caso de aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, en el sentido de que un Reglamento
         comunitario destinado a aplicarlas no estaría obligado a respetar las normas comunitarias sobre la adopción de los reglamentos.
      
      262    Por el contrario, la República Francesa, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido y el Consejo aprueban en lo esencial
         el análisis realizado al respecto por el Tribunal de Primera Instancia en las sentencias recurridas y comparten la conclusión
         a la que llegó, según la cual, en lo relativo a la legalidad interna del Reglamento controvertido, este último, al ser un
         acto de aplicación de resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones
         Unidas, no está sometido en principio al control del juez comunitario, ni siquiera en lo que se refiere al respeto de los
         derechos fundamentales, y disfruta por este motivo de inmunidad de jurisdicción. 
      
      263    Estas partes consideran sin embargo, a diferencia del Tribunal de Primera Instancia, que el juez comunitario no puede ejercer
         control alguno de la legalidad interna de las resoluciones del Consejo de Seguridad, y reprochan pues al Tribunal de Primera
         Instancia su conclusión de que dicho control es posible desde el punto de vista del ius cogens.
      
      264    En su opinión, al admitir una excepción a este respecto pero sin identificar la base jurídica de la misma (en particular mediante
         una remisión a las disposiciones del Tratado), las sentencias recurridas se muestran incoherentes, ya que los argumentos que
         excluyen con carácter general la posibilidad de que el juez comunitario ejerza un control jurisdiccional de las resoluciones
         del Consejo de Seguridad impiden igualmente que se le reconozca una competencia para ejercer dicho control únicamente desde
         el punto de vista del ius cogens.
      
      265    La República Francesa, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido y la Comisión estiman además que el Tribunal de Primera
         Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar que los derechos fundamentales controvertidos en los presentes asuntos
         formaban parte del ius cogens.
      
      266    A juicio de estas partes, una norma sólo puede calificarse de ius cogens en el caso de que no admita excepción alguna. Ahora bien, los derechos invocados en el presente caso –el derecho a un juicio
         justo y el derecho al respeto de la propiedad– se encuentran sometidos a limitaciones y a excepciones.
      
      267    El Reino Unido se ha adherido a la casación a este respecto, solicitando la anulación de las partes de las sentencias recurridas
         relativas al ius cogens, es decir, los apartados 226 a 231 de la sentencia recurrida Kadi y 277 a 281 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat.
      
      268    Por su parte, la República Francesa y el Reino de los Países Bajos sugieren al Tribunal de Justicia que modifique los fundamentos
         de Derecho de las sentencias recurridas y desestime los motivos de casación del Sr. Kadi y de Al Barakaat relativos al ius cogens, en razón de la absoluta falta de competencia de los tribunales comunitarios para ejercer un control sobre las resoluciones
         del Consejo de Seguridad, ni siquiera desde el punto de vista del ius cogens.
      
      269    En cuanto a la Comisión, ésta sostiene que existen dos razones que pueden justificar que no se dé cumplimiento a la obligación
         de aplicar unas resoluciones del Consejo de Seguridad como las que aquí se examinan, cuyos términos estrictos no dejan ningún
         margen de interpretación a las autoridades comunitarias a la hora de aplicarlas: por una parte, el supuesto en el que la resolución
         de que se trate sea contraria al ius cogens y, por otra parte, el supuesto en el que dicha resolución no esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Carta de las
         Naciones Unidas o viole los propósitos y principios de las Naciones Unidas y, por lo tanto, haya sido adoptada ultra vires.
      
      270    En efecto, habida cuenta de que, con arreglo al artículo 24, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de
         Seguridad debe actuar de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra, según
         el artículo 1, apartado 3, de dicha Carta, el desarrollo y el estímulo de los derechos humanos, un acto adoptado por dicho
         órgano que violase tales derechos, incluidos los derechos fundamentales de los particulares de que se trate, podría considerarse
         adoptado ultra vires y, por lo tanto, no vinculante para la Comunidad.
      
      271    La Comisión estima no obstante que el Tribunal de Primera Instancia actuó con gran acierto al concluir que, en principio,
         el juez comunitario no puede controlar la validez de una resolución del Consejo de Seguridad desde el punto de vista de los
         propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
      
      272    Para el supuesto de que se estimase no obstante válido el ejercicio de dicho control, la Comisión alega, invocando al respecto
         la sentencia Racke, antes citada, que el Tribunal de Justicia, en cuanto órgano jurisdiccional de una organización internacional
         distinta de la ONU, sólo puede pronunciarse por sí mismo sobre dicha cuestión si la violación de los derechos humanos resulta
         particularmente flagrante y evidente.
      
      273    Ahora bien, a su juicio, no es éste el caso en los presentes asuntos, ya que existe un procedimiento de revisión ante el Comité
         de Sanciones y, además, debe presumirse que el Consejo de Seguridad ha ponderado los imperativos de la seguridad internacional,
         por una parte, y los derechos fundamentales de que se trata, por otra.
      
      274    Por lo que se refiere al criterio seguido en la sentencia Bosphorus, antes citada, la Comisión sostiene que, a diferencia
         del asunto en que se dictó dicha sentencia, en relación con el Reglamento controvertido podría plantearse la cuestión de la
         legalidad y de la eventual nulidad de la Resolución de que se trata, si el Tribunal de Justicia estimase que la Comunidad
         no puede aplicar una resolución vinculante del Consejo de Seguridad desde el momento en que el nivel de exigencia en materia
         de derechos humanos aplicado por dicho órgano, en particular en lo referente al derecho a ser oído, resulte insuficiente.
      
      275    Por otra parte, el Reino Unido considera que la argumentación del Sr. Kadi según la cual la legalidad de toda normativa adoptada
         por las instituciones comunitarias a fin de aplicar una resolución del Consejo de Seguridad sigue estando sometida, en virtud
         del Derecho comunitario, a un control total por parte del Tribunal de Justicia, con independencia de su origen, constituye
         un motivo nuevo, ya que ha sido invocada por primera vez en el escrito de réplica del recurrente. Por lo tanto, a su juicio,
         con arreglo a lo dispuesto en los artículos 42, apartado 2, y 118 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
         procede rechazar tal argumentación.
      
      276    Subsidiariamente, dicho Estado miembro sostiene que el especial estatuto de que gozan las resoluciones aprobadas en virtud
         del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas como consecuencia de la interacción de los artículos 25, 48 y 103 de dicha
         Carta, reconocido por el artículo 297 CE, implica que las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros a fin de cumplir
         sus obligaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales deben estar protegidas contra todo recurso
         basado en el Derecho comunitario. En su opinión, es evidente que dichas obligaciones también disfrutan de primacía frente
         a los principios del Derecho comunitario de carácter constitucional.
      
      277    Este mismo Estado miembro considera que en la sentencia Bosphorus, antes citada, el Tribunal de Justicia no se estimó competente
         para apreciar la validez de un Reglamento destinado a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del
         capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, sino que se limitó a interpretar dicho Reglamento con objeto de determinar
         si las autoridades de un Estado miembro debían aplicar en un supuesto concreto una de las medidas establecidas en él. La República
         Francesa comparte en lo esencial esta interpretación de dicha sentencia.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      278    Con carácter preliminar, procede rechazar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Reino Unido contra la argumentación
         formulada por el Sr. Kadi en su escrito de réplica, según la cual, en virtud del Derecho comunitario, la legalidad de toda
         normativa adoptada por las instituciones comunitarias, incluyendo la destinada a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad,
         sigue estando sometida a un control total por parte del Tribunal de Justicia, con independencia de su origen.
      
      279    Se trata en efecto, como ha alegado el Sr. Kadi, de una argumentación adicional que constituye la ampliación de un motivo
         invocado anteriormente, al menos implícitamente, en su recurso de casación y presenta un estrecho vínculo con dicho motivo,
         según el cual, al aplicar una resolución del Consejo de Seguridad, la Comunidad estaba obligada a velar por que la normativa
         que pretendía establecer respetase los criterios mínimos en materia de derechos humanos, en cuanto requisito de legalidad
         de dicha normativa (véase en este sentido, en particular, el auto de 13 de noviembre de 2001, Dürbeck/Comisión, C‑430/00 P,
         Rec. p. I‑8547, apartado 17).
      
      280    Procede examinar las alegaciones en las que los recurrentes critican la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia
         al indicar, en esencia, que de los principios que regulan las relaciones entre el ordenamiento jurídico internacional creado
         por las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario se deduce que el Reglamento controvertido, por estar destinado
         a aplicar una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
         que no deja ningún margen de apreciación a estos efectos, no puede ser objeto de un control jurisdiccional en cuanto a su
         legalidad interna, salvo en lo que respecta a su compatibilidad con las normas que forman parte del ius cogens, y disfruta por este motivo de inmunidad de jurisdicción. 
      
      281    A este respecto, es preciso recordar, con carácter preliminar, que la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho, ya que
         ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional
         fundamental que constituye el Tratado y este último ha establecido un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos
         destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control de legalidad de los actos de las instituciones (sentencia de 23
         de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Rec. p. 1339, apartado 23).
      
      282    También es necesario recordar que un acuerdo internacional no puede menoscabar el orden de competencias fijado por los Tratados
         ni, por lo tanto, la autonomía del sistema jurídico comunitario, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia en virtud
         de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 220 CE, competencia que, por otra parte, el Tribunal de Justicia ha
         indicado ya que forma parte de las propias bases de la Comunidad (véanse, en este sentido, el dictamen 1/91, de 14 de diciembre
         de 1991, Rec. p. I‑6079, apartados 35 y 71, y la sentencia de 30 de mayo de 2006, Comisión/Irlanda, C‑459/03, Rec. p. I‑4635,
         apartado 123 y jurisprudencia citada).
      
      283    Además, según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del Derecho cuyo
         respeto garantiza el Tribunal de Justicia. A este respecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales
         comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos
         a la protección de los derechos humanos en los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El CEDH
         reviste en este contexto un significado particular (véase en particular la sentencia de 26 de junio de 2007, Ordre des barreaux
         francophones et germanophone y otros, C‑305/05, Rec. p. I‑5305, apartado 29 y jurisprudencia citada).
      
      284    La jurisprudencia del Tribunal de Justicia muestra igualmente que el respeto de los derechos humanos constituye un requisito
         de legalidad de los actos comunitarios (dictamen 2/94, antes citado, apartado 34) y que no pueden admitirse en la Comunidad
         medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos (sentencia de 12 de junio de 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec.
         p. I‑5659, apartado 73 y jurisprudencia citada).
      
      285    De estos precedentes se deduce que las obligaciones impuestas por un acuerdo internacional no pueden tener por efecto menoscabar
         los principios constitucionales del Tratado CE, entre los que figura el principio según el cual todos los actos comunitarios
         deben respetar los derechos fundamentales, pues el respeto de esos derechos constituye un requisito de legalidad de dichos
         actos, cuyo control incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del sistema completo de vías de recurso establecido por dicho
         Tratado.
      
      286    A este respecto es preciso subrayar que, en un contexto como el de los presentes asuntos, el control de legalidad que debe
         así garantizar el juez comunitario recae en el acto comunitario destinado a aplicar el acuerdo internacional de que se trate,
         y no en este último como tal.
      
      287    Más concretamente, tratándose de un acto comunitario destinado a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada
         en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como el Reglamento controvertido, no corresponde, pues, al
         juez comunitario, en el marco de la competencia exclusiva que le confiere el artículo 220 CE, controlar la legalidad de la
         resolución aprobada por dicho órgano internacional, ni siquiera limitando su control al examen de la compatibilidad de tal
         resolución con el ius cogens.
      
      288    Por otra parte, una eventual sentencia de un tribunal comunitario en la que se declarase que un acto comunitario destinado
         a aplicar una resolución de tales características viola una norma superior del ordenamiento jurídico comunitario no implicaría
         poner en entredicho la primacía de dicha resolución en el ámbito del Derecho internacional.
      
      289    Así, el Tribunal de Justicia ha anulado ya una decisión del Consejo por la que se aprobaba un acuerdo internacional tras haber
         examinado la legalidad interna de la misma desde el punto de vista del acuerdo de que se trataba y haber constatado una violación
         de un principio general del Derecho comunitario, concretamente del principio general de no discriminación (sentencia de 10
         de marzo de 1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, Rec. p. I‑973).
      
      290    Es preciso analizar por tanto si, como declaró el Tribunal de Primera Instancia, los principios que regulan las relaciones
         entre el ordenamiento jurídico internacional creado por las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario obligan
         a excluir, en principio, el control jurisdiccional de la legalidad interna del Reglamento controvertido desde el punto de
         vista de los derechos fundamentales, a pesar de que, como indica la jurisprudencia recordada en los apartados 281 a 284 de
         la presente sentencia, dicho control constituye una garantía constitucional que forma parte de las propias bases de la Comunidad.
      
      291    A este respecto, procede recordar en primer lugar que las competencias de la Comunidad deben ser ejercidas respetando el Derecho
         internacional (sentencias antes citadas Poulsen y Diva Navigation, apartado 9, y Racke, apartado 45), y que el Tribunal de
         Justicia precisó además, en la primera de estas sentencias (en el mismo apartado), que los actos adoptados en ejercicio de
         estas competencias deben interpretarse, y su ámbito de aplicación circunscribirse, a la luz de las normas pertinentes del
         Derecho internacional.
      
      292    Además, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que las competencias de la Comunidad en materia de cooperación y desarrollo,
         contempladas en los artículos 177 CE a 181 CE, deben ejercerse respetando los compromisos asumidos en el marco de las Naciones
         Unidas y de las demás organizaciones internacionales (sentencia de 20 de mayo de 2008, Comisión/Consejo, C‑91/05, Rec. p. I‑0000,
         apartado 65 y jurisprudencia citada).
      
      293    El respeto de los compromisos asumidos en el marco de las Naciones Unidas se impone con igual fuerza en el ámbito del mantenimiento
         de la paz y la seguridad internacionales, cuando la Comunidad procede a aplicar, mediante la adopción de actos comunitarios
         basados en los artículos 60 CE y 301 CE, resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de
         la Carta de las Naciones Unidas.
      
      294    Al ejercer esta última competencia, la Comunidad tiene en efecto el deber de atribuir especial importancia al hecho de que,
         conforme al artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, la aprobación de resoluciones por parte del Consejo de Seguridad
         en virtud del capítulo VII de dicha Carta constituye el ejercicio de la responsabilidad primordial conferida a dicho órgano
         internacional de mantener la paz y la seguridad a nivel mundial, responsabilidad que incluye, en el ámbito de dicho capítulo VII,
         la facultad de determinar lo que constituye una amenaza contra la paz y la seguridad internacionales y la facultad de adoptar
         las medidas necesarias para mantenerlas o restablecerlas.
      
      295    A continuación, procede hacer constar que las competencias previstas en los artículos 60 CE y 301 CE sólo pueden ejercerse
         tras la adopción, con arreglo a las disposiciones del Tratado UE relativas a la PESC, de una posición común o de una acción
         común que implique una acción de la Comunidad.
      
      296    Pues bien, si, como consecuencia de la adopción de un acto de este tipo, la Comunidad queda obligada a adoptar en el ámbito
         del Tratado CE las medidas que exige dicho acto, esta obligación implica que, cuando se trate de aplicar una resolución del
         Consejo de Seguridad aprobada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la Comunidad deberá tener en
         cuenta al elaborar dichas medidas los términos y objetivos de la resolución de que se trate y las obligaciones pertinentes
         derivadas de la Carta de las Naciones Unidas que se refieran a la aplicación de la resolución.
      
      297    Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que, para interpretar el Reglamento controvertido, también debe tenerse
         en cuenta el texto y el objeto de la Resolución 1390 (2002) que este Reglamento pretende aplicar, según su cuarto considerando
         (sentencia Möllendorf y Möllendorf‑Niehuus, antes citada, apartado 54 y jurisprudencia citada).
      
      298    Sin embargo, es preciso poner de relieve que la Carta de las Naciones Unidas no obliga a seguir un método determinado para
         la aplicación de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de dicha Carta, ya que
         dicha aplicación debe producirse conforme a la normativa aplicable al respecto en el ordenamiento jurídico interno de cada
         Miembro de la ONU. En efecto, la Carta de las Naciones Unidas permite en principio que los Miembros de la ONU elijan libremente
         entre los diferentes métodos posibles de recepción de tales resoluciones en su ordenamiento jurídico interno.
      
      299    Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que los principios que regulan el ordenamiento jurídico internacional
         creado por las Naciones Unidas no implican que resulte imposible proceder a un control jurisdiccional de la legalidad interna
         del Reglamento controvertido desde el punto de vista de los derechos fundamentales por el hecho de que dicho Reglamento esté
         destinado a aplicar una resolución del Consejo de Seguridad aprobada en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones
         Unidas.
      
      300    Por otra parte, carece por completo de base en el Tratado CE la tesis de que un acto comunitario de la índole del Reglamento
         controvertido disfruta de dicha inmunidad de jurisdicción como corolario del principio de primacía en el ámbito del Derecho
         internacional de las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, y en particular de las obligaciones relativas
         a la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad aprobadas en virtud del capítulo VII de dicha Carta.
      
      301    Es cierto que el Tribunal de Justicia reconoció en el pasado que, cuando concurrieran los requisitos de aplicación del artículo
         234 del Tratado CE (actualmente artículo 307 CE, tras su modificación), dicho artículo podía permitir incluso excepciones
         a la aplicación del Derecho primario, por ejemplo del artículo 113 del Tratado CE, relativo a la política comercial común
         (véase en ese sentido la sentencia Centro‑Com, antes citada, apartados 56 a 61).
      
      302    También es cierto que el artículo 297 CE autoriza implícitamente los obstáculos al funcionamiento del mercado común provocados
         por las medidas que un Estado miembro pueda verse obligado a adoptar para hacer frente a las obligaciones contraídas por él
         para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
      
      303    Sin embargo, no cabe interpretar dichos artículos en el sentido de que permitan establecer excepciones a los principios de
         libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, consagrados como bases de la Unión
         en el artículo 6 UE, apartado 1.
      
      304    En efecto, el artículo 307 CE no podría permitir en ningún caso que se pusieran en entredicho los principios que constituyen
         las propias bases del ordenamiento jurídico comunitario, y entre ellos el de protección de los derechos fundamentales, que
         comprende el control de legalidad de los actos comunitarios por parte del juez comunitario en lo que respecta a su conformidad
         con los derechos fundamentales.
      
      305    La tesis de la inmunidad de jurisdicción del Reglamento controvertido en lo que respecta al control de su compatibilidad con
         los derechos fundamentales, inmunidad resultante de la pretendida primacía absoluta de las resoluciones del Consejo de Seguridad
         que dicho Reglamento está destinado a aplicar, tampoco puede basarse en el puesto que las obligaciones derivadas de la Carta
         de las Naciones Unidas ocuparían en la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico comunitario, si tales obligaciones se
         clasificaran en esa jerarquía.
      
      306    En efecto, el artículo 300 CE, apartado 7, dispone que los acuerdos celebrados en las condiciones mencionadas en dicho artículo
         serán vinculantes para las instituciones de la Comunidad, así como para los Estados miembros.
      
      307    Así pues, en virtud de dicha disposición, si fuera aplicable a la Carta de las Naciones Unidas, esta última disfrutaría de
         primacía sobre los actos de Derecho comunitario derivado (véase en este sentido la sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko
         y otros, C‑308/06, Rec. p. I‑0000, apartado 42 y jurisprudencia citada).
      
      308    Sin embargo, esta primacía en el ámbito del Derecho comunitario no se extendería al Derecho primario ni, en particular, a
         sus principios generales, entre los que figura el respeto de los derechos fundamentales.
      
      309    Corrobora esta interpretación el apartado 6 de este mismo artículo 300 CE, según el cual un acuerdo internacional no puede
         entrar en vigor cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sobre su compatibilidad con el Tratado CE sea negativo, a menos
         que dicho Tratado se modifique previamente.
      
      310    Se ha sostenido no obstante ante este Tribunal de Justicia, en particular en la vista, que al igual que el Tribunal Europeo
         de Derechos Humanos, que en varias resoluciones recientes se ha declarado incompetente para controlar la conformidad de ciertos
         actos de aplicación de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las
         Naciones Unidas, los tribunales comunitarios deben abstenerse de controlar la legalidad del Reglamento controvertido desde
         el punto de vista de los derechos fundamentales, dado que dicho acto también está destinado a aplicar resoluciones del Consejo
         de Seguridad de esas características.
      
      311    A este respecto, procede hacer constar que, tal como puso de relieve por lo demás el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
         existe una diferencia fundamental entre la naturaleza de los actos a los que se referían sus mencionadas resoluciones, cuya
         conformidad con el CEDH dicho Tribunal se declaró incompetente para controlar, y la naturaleza de otros actos con respecto
         a los cuales su competencia resulta indiscutible (véase TEDH, resolución Behrami y Behrami c. Francia y Saramati c. Francia,
         Alemania y Noruega de 2 de mayo de 2007, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 151).
      
      312    En efecto, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se declaró incompetente ratione personae en algunos de los asuntos que le fueron sometidos, tales asuntos se referían en particular a acciones de un órgano subsidiario
         de la ONU creado con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas o a acciones relacionadas con el ejercicio
         de facultades válidamente delegadas por el Consejo de Seguridad en aplicación de ese mismo capítulo, es decir, a acciones
         directamente imputables a la ONU, en cuanto organización con miras universales que persigue un objetivo imperativo de seguridad
         colectiva, y no a acciones imputables a los Estados demandados ante ese Tribunal; por otra parte, tales acciones no se habían
         producido en el territorio de dichos Estados ni eran consecuencia de una decisión de sus autoridades.
      
      313    En cambio, en el apartado 151 de la resolución Behrami y Behrami c. Francia y Saramati c. Francia, Alemania y Noruega, antes
         citada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos recordó que ya se había reconocido competente, concretamente ratione personae, frente al Estado demandado en el asunto en el que dictó su sentencia Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
         c. Irlanda, antes citada, relativo a una incautación efectuada por las autoridades del Estado demandado en su territorio nacional
         en virtud de una decisión de un Ministro de dicho Estado, pese a que la medida de que se trataba había sido decidida en virtud
         de un Reglamento comunitario, a su vez adoptado en aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad.
      
      314    En el presente caso, procede hacer constar que no cabe calificar el Reglamento controvertido de acto directamente imputable
         a la ONU, en cuanto acción de uno de los órganos subsidiarios de ésta creados con arreglo al capítulo VII de la Carta de las
         Naciones Unidas o acción relacionada con el ejercicio de facultades válidamente delegadas por el Consejo de Seguridad en aplicación
         de ese mismo capítulo. 
      
      315    Además, y en cualquier caso, la cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la validez del
         Reglamento controvertido se plantea en un contexto radicalmente diferente.
      
      316    En efecto, como ya se ha recordado en los apartados 281 a 284 de la presente sentencia, el control de la validez de todo acto
         comunitario desde el punto de vista de los derechos fundamentales por parte del Tribunal de Justicia debe considerarse la
         expresión, en una comunidad de Derecho, de una garantía constitucional derivada del Tratado CE como sistema jurídico autónomo
         y que no puede ser menoscabada por un acuerdo internacional.
      
      317    La cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia se plantea, en efecto, en el ámbito del ordenamiento jurídico interno
         y autónomo de la Comunidad, del que el Reglamento controvertido forma parte y en el que el Tribunal de Justicia es competente
         para controlar la validez de los actos comunitarios desde el punto de vista de los derechos fundamentales.
      
      318    Se ha alegado por otra parte que, habida cuenta de la deferencia que las instituciones comunitarias deben mostrar a las instituciones
         de las Naciones Unidas, el Tribunal de Justicia debería renunciar a controlar la legalidad del Reglamento controvertido desde
         el punto de vista de los derechos fundamentales, aunque dicho control fuera posible, dado que en el régimen de sanciones establecido
         por las Naciones Unidas los derechos fundamentales reciben una protección suficiente, en especial gracias a la existencia
         del procedimiento de revisión, que varias resoluciones recientes del Consejo de Seguridad han mejorado significativamente.
      
      319    Según la Comisión, mientras en dicho régimen de sanciones los particulares o entidades afectados dispongan de una posibilidad
         aceptable de ser oídos, gracias a un mecanismo de control administrativo integrado en el sistema jurídico de las Naciones
         Unidas, el Tribunal de Justicia no debe intervenir de ningún modo.
      
      320    A este respecto es preciso señalar ante todo que, aunque efectivamente el régimen de medidas restrictivas establecido por
         las Naciones Unidas ha sido modificado por varias resoluciones recientes del Consejo de Seguridad, tanto en lo que respecta
         a la inclusión en la lista consolidada como a la supresión de nombres de dicha lista [véanse en particular las resoluciones
         1730 (2006), de 19 de diciembre de 2006, y 1735 (2006), de 22 de diciembre de 2006], tales modificaciones se han producido
         después de adoptado el Reglamento controvertido, de modo que, en principio, no pueden tenerse en cuenta en los presentes procedimientos
         de casación.
      
      321    En cualquier caso, el hecho de que en este régimen de las Naciones Unidas exista un procedimiento de revisión ante el Comité
         de Sanciones no puede llevar aparejada una inmunidad de jurisdicción generalizada en el ámbito del ordenamiento jurídico interno
         de la Comunidad, ni siquiera teniendo en cuenta las recientes modificaciones de dicho procedimiento.
      
      322    En efecto, dicha inmunidad, que supondría una excepción importante al régimen de protección jurisdiccional de los derechos
         fundamentales establecido por el Tratado CE, carece de justificación desde el momento en que resulta evidente que el mencionado
         procedimiento de revisión no ofrece las garantías de una tutela judicial.
      
      323    A este respecto resulta obligado hacer constar que, aunque en la actualidad toda persona o entidad tiene la posibilidad de
         dirigirse directamente al Comité de Sanciones presentando su solicitud de exclusión de la lista consolidada al denominado
         «punto focal», el procedimiento ante dicho Comité sigue siendo esencialmente de naturaleza diplomática e interestatal, pues
         las personas o entidades afectadas no tienen una auténtica posibilidad de defender sus derechos y el Comité adopta sus decisiones
         por consenso, disponiendo todos sus miembros de un derecho de veto.
      
      324    A este respecto, las Directrices del Comité de Sanciones, en su versión modificada en último lugar el 12 de febrero de 2007,
         muestran que el peticionario que haya presentado una solicitud de exclusión de la lista no puede en absoluto defender personalmente
         sus derechos en el procedimiento ante el Comité de Sanciones ni hacerse representar al efecto, pues el Gobierno del Estado
         donde reside o cuya nacionalidad ostenta es el único que tiene la facultad de presentar sus eventuales observaciones sobre
         dicha solicitud.
      
      325    Además, estas Directrices no obligan al Comité de Sanciones a comunicar al peticionario las razones y las pruebas que justifican
         su inclusión en la lista consolidada ni a darle acceso a esos datos, ni siquiera con limitaciones. Por último, en el caso
         de que el Comité desestime la solicitud de exclusión de la lista, no tiene obligación alguna de motivar su decisión.
      
      326    Se deduce de las consideraciones precedentes que, con arreglo a las competencias que les confiere el Tratado CE, los tribunales
         comunitarios deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos comunitarios desde el
         punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho comunitario,
         control que también se extiende a los actos comunitarios destinados a aplicar resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad
         en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, como el Reglamento controvertido.
      
      327    Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 212 a 231 de
         la sentencia recurrida Kadi y 263 a 282 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat, que de los principios que regulan las
         relaciones entre el ordenamiento jurídico internacional creado por las Naciones Unidas y el ordenamiento jurídico comunitario
         se deduce que el Reglamento controvertido, por estar destinado a aplicar una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad
         en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas que no deja ningún margen de apreciación al efecto, debe disfrutar
         de inmunidad de jurisdicción en cuanto a su legalidad interna, salvo en lo que respecta a su compatibilidad con las normas
         que forman parte del ius cogens.
      
      328    Así pues, los motivos de casación de los recurrentes a este respecto resultan fundados, por lo que procede anular las sentencias
         recurridas en este punto.
      
      329    De ello se deduce que ya no es preciso examinar las alegaciones formuladas contra las partes de las sentencias recurridas
         relativas al control del Reglamento controvertido desde el punto de vista de las normas de Derecho internacional que forman
         parte del ius cogens y, por lo tanto, tampoco es necesario examinar la adhesión a la casación formulada por el Reino Unido.
      
      330    Además, dado que en la siguiente parte de las sentencias recurridas, relativa a los derechos fundamentales específicos invocados
         por los demandantes, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a examinar la legalidad del Reglamento controvertido únicamente
         desde el punto de vista de tales normas, a pesar de que le incumbía proceder a un examen, en principio completo, desde el
         punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte de los principios generales del Derecho comunitario, procede
         anular igualmente la siguiente parte de dichas sentencias. 
      
       Sobre los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia
      331    Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso
         de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver definitivamente el
         litigio, cuando su estado así lo permita.
      
      332    En el presente caso, el Tribunal de Justicia estima oportuno resolver definitivamente sobre los recursos de anulación del
         Reglamento controvertido que interpusieron los recurrentes, pues su estado así lo permite.
      
      333    En primer lugar, procede examinar las alegaciones formuladas por el Sr. Kadi y Al Barakaat en cuanto a la violación de sus
         derechos de defensa que sufrieron al imponérseles las medidas de congelación de fondos establecidas por el Reglamento controvertido,
         en particular en lo que respecta al derecho a ser oído y al derecho a un control jurisdiccional efectivo.
      
      334    A este respecto, vistas las circunstancias concretas en que se incluyeron los nombres de los recurrentes en la lista de personas
         y entidades a quienes se aplican las medidas restrictivas, recogida en el anexo I del Reglamento controvertido, la violación
         de los derechos de defensa de éstos, y en particular de su derecho a ser oídos y de su derecho a un control jurisdiccional
         efectivo, ha sido manifiesta.
      
      335    En efecto, según reiterada jurisprudencia, el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho comunitario,
         que resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y ha sido consagrado en los artículos 6 y 13
         del CEDH, y que por otra parte ha sido reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
         Europea, proclamada el 7 de diciembre de 2000 en Niza (DO C 364, p. 1) (véase la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet,
         C‑432/05, Rec. p. I‑2271, apartado 37).
      
      336    Además, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en otros ámbitos (véanse en particular las sentencias
         de 15 de octubre de 1987, Heylens y otros, 222/86, Rec. p. 4097, apartado 15, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri
         y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartados 462 y 463), procede
         concluir en el presente caso que, como el control jurisdiccional debe poder recaer en la legalidad de los motivos en que se
         basa, en cada caso concreto, la inclusión del nombre de una persona o de una entidad en la lista recogida en el anexo I del
         Reglamento controvertido y la consecuente imposición de un conjunto de medidas restrictivas a dicha persona o entidad, la
         eficacia del control jurisdiccional exige que la autoridad comunitaria de que se trate esté obligada a comunicar dichos motivos
         a la persona o entidad afectada con el máximo detalle posible, ya sea al decidirse la inclusión en la lista o, al menos, con
         la máxima brevedad posible una vez adoptada dicha decisión, a fin de permitir que estos destinatarios ejerciten dentro de
         plazo su derecho de recurso.
      
      337    En efecto, el cumplimiento de la obligación de comunicar tales motivos resulta necesario, tanto para permitir que los destinatarios
         de las medidas restrictivas defiendan sus derechos en las mejores condiciones posibles y decidan con pleno conocimiento de
         causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez comunitario (véase en este sentido la sentencia Heylens y otros,
         antes citada, apartado 15) como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de legalidad del
         acto comunitario de que se trate, conforme a la misión que le ha encomendado el Tratado CE.
      
      338    Por lo que se refiere a los derechos de defensa, y en particular al derecho a ser oído, tratándose de unas medidas restrictivas
         como las que impone el Reglamento controvertido, no cabe exigir a las autoridades comunitarias que comuniquen dichos motivos
         antes de la inclusión inicial de una persona o entidad en la lista.
      
      339    En efecto, como indicó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 308 de la sentencia recurrida Yusuf y Al Barakaat,
         la comunicación previa podría poner en peligro la eficacia de las medidas de congelación de fondos y de recursos económicos
         impuestas por este Reglamento.
      
      340    Para alcanzar el objetivo perseguido por dicho Reglamento, tales medidas deben poder beneficiarse, por su propia naturaleza,
         del efecto sorpresa y, como el Tribunal de Justicia ha indicado ya, aplicarse con efecto inmediato (véase en este sentido
         la sentencia Möllendorf y Möllendorf-Niehuus, antes citada, apartado 63).
      
      341    Por razones relacionadas igualmente con el objetivo perseguido por el Reglamento controvertido y con la eficacia de las medidas
         que en él se establecen, las autoridades comunitarias tampoco estaban obligadas a proceder a una audiencia de los recurrentes
         antes de la inclusión inicial de sus nombres en la lista recogida en el anexo I de dicho Reglamento.
      
      342    Además, tratándose de un acto comunitario destinado a aplicar una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en relación
         con la lucha contra el terrorismo, existen razones imperiosas relacionadas con la seguridad o con la gestión de las relaciones
         internacionales de la Comunidad y de sus Estados miembros que pueden oponerse a que se dé traslado de ciertos datos a los
         interesados y, por tanto, a que se oigan sus alegaciones al respecto.
      
      343    Esto no significa no obstante, en relación con el respeto del principio de tutela judicial efectiva, que unas medidas restrictivas
         como las que impone el Reglamento controvertido puedan eludir todo control del juez comunitario desde el momento en que se
         afirme que el acto que las establece está relacionado con la seguridad nacional y con el terrorismo.
      
      344    En este tipo de casos, sin embargo, incumbe al juez comunitario aplicar técnicas que, en el contexto del control jurisdiccional
         ejercido por él, permitan conciliar, por una parte, las preocupaciones legítimas de seguridad en cuanto a la naturaleza y
         a las fuentes de la información tenida en cuenta para adoptar el acto de que se trate y, por otra, la necesidad de permitir
         que el justiciable disfrute en grado suficiente de la protección que ofrecen las normas de procedimiento (véase en este sentido
         TEDH, sentencia Chahal c. Reino Unido de 15 de noviembre de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 131).
      
      345    En el presente caso resulta obligado hacer constar, en primer lugar, que ni el Reglamento controvertido ni la Posición común
         2002/402, a la que éste se remite, establecen un procedimiento para comunicar a los interesados los datos que justifican la
         inclusión de sus nombres en el anexo I de dicho Reglamento y para darles audiencia, ni al mismo tiempo que dicha inclusión
         ni posteriormente.
      
      346    A continuación procede señalar que el Consejo no ha informado en ningún momento a los recurrentes de los datos utilizados
         en su contra que justificaban la inclusión inicial de sus nombres en el anexo I del Reglamento controvertido y la consiguiente
         imposición de las medidas restrictivas previstas en él.
      
      347    En efecto, las partes coinciden en reconocer que no se ofreció información alguna a este respecto a los recurrentes, ya fuera
         en el Reglamento nº 467/2001, en sus versiones modificadas por los Reglamentos nº 2062/2001 y nº 2199/2001 –que incluyeron
         por primera vez sus nombres en una lista de personas, entidades u organismos a quienes se aplicaba una congelación de fondos–,
         en el Reglamento controvertido o en cualquier otro momento posterior.
      
      348    Habida cuenta de que el Consejo no dio traslado a los recurrentes de los datos utilizados en su contra como base de las medidas
         restrictivas que les fueron impuestas, ni les otorgó el derecho de tomar conocimiento de dichos datos en un plazo razonable
         tras la imposición de las medidas, los recurrentes no se encontraban en condiciones de dar a conocer oportunamente su punto
         de vista a este respecto. Por lo tanto, no se respetaron los derechos de defensa de los recurrentes, ni en particular su derecho
         a ser oídos.
      
      349    Además, al no haber sido informados los recurrentes de los datos utilizados en su contra y habida cuenta de las relaciones
         que existen entre los derechos de defensa y el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo, ya mencionadas en los apartados
         336 y 337 de la presente sentencia, los recurrentes tampoco pudieron defender sus derechos ante el juez comunitario en relación
         con tales datos en condiciones satisfactorias, por lo que también procede constatar una violación de su derecho a un recurso
         jurisdiccional efectivo.
      
      350    Por último, es preciso señalar que en los presentes recursos no se ha puesto remedio a esta violación. En efecto, como el
         Consejo mantiene una posición de principio según la cual el juez comunitario no puede verificar ningún dato de esta naturaleza,
         dicha institución no ha aportado dato alguno al efecto.
      
      351    Así pues, el Tribunal de Justicia no puede sino hacer constar que no se encuentra en condiciones de controlar la legalidad
         del Reglamento controvertido en lo que respecta a los recurrentes, de modo que procede concluir que, por este motivo igualmente,
         no se ha respetado en el presente caso el derecho fundamental a un recurso jurisdiccional efectivo de que disfrutan los recurrentes.
      
      352    Por lo tanto, es preciso declarar que, en lo que atañe a los recurrentes, el Reglamento controvertido fue adoptado sin ofrecer
         garantía alguna sobre la comunicación de los datos utilizados en contra de éstos ni sobre la audiencia de los mismos a este
         respecto, de modo que procede concluir que dicho Reglamento se adoptó siguiendo un procedimiento en el que no se respetaron
         los derechos de defensa, lo que tuvo también como consecuencia una violación del principio de tutela judicial efectiva.
      
      353    Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que procede considerar fundados los motivos invocados por el Sr. Kadi
         y Al Barakaat en apoyo de su recurso de anulación del Reglamento controvertido en los que se invoca una violación de sus derechos
         de defensa, y en particular del derecho a ser oídos y del principio de tutela judicial efectiva.
      
      354    En segundo lugar, procede examinar el motivo alegado por el Sr. Kadi en el que se invoca la violación del derecho al respeto
         de la propiedad que sufrió como consecuencia de las medidas de congelación de fondos que le impuso el Reglamento controvertido.
      
      355    Según reiterada jurisprudencia, el derecho de propiedad forma parte de los principios generales del Derecho comunitario. No
         obstante, este principio no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su
         función en la sociedad. Por consiguiente, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y
         cuando estas restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad y no constituyan,
         habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho
         así garantizado (véase en este sentido, entre otras, la sentencia Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia y ERSA, antes citada,
         apartado 119 y jurisprudencia citada; véase igualmente en este sentido, en relación con un régimen de medidas restrictivas,
         la sentencia Bosphorus, antes citada, apartado 21).
      
      356    Para determinar el alcance del derecho fundamental al respeto de la propiedad, principio general del Derecho comunitario,
         es preciso tener en cuenta, en especial, el artículo 1 del Protocolo adicional nº 1 del CEDH, que consagra este derecho.
      
      357    Es necesario analizar, pues, si la medida de congelación de fondos impuesta por el Reglamento controvertido constituye una
         intervención desmesurada e intolerable que afecta a la propia esencia del derecho fundamental al respeto de la propiedad de
         las personas que, como el Sr. Kadi, aparecen mencionadas en la lista recogida en el anexo I de dicho Reglamento.
      
      358    La congelación de fondos constituye una medida cautelar que no pretende privar de su propiedad a dichas personas. Sin embargo,
         tal medida supone indudablemente una restricción al ejercicio del derecho de propiedad del Sr. Kadi, restricción que, además,
         debe calificarse de considerable, habida cuenta del alcance general de la congelación de fondos y del hecho de que se le viene
         aplicando desde el 20 de octubre de 2001.
      
      359    Se plantea por tanto la cuestión de si esta restricción al ejercicio del derecho de propiedad del Sr. Kadi puede resultar
         justificada.
      
      360    A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que debe existir una relación de proporcionalidad
         razonable entre los medios utilizados y la finalidad perseguida. Procede investigar, pues, si se ha respetado el equilibrio
         entre las exigencias del interés general y el interés de la persona o personas afectadas. En tal investigación es preciso
         reconocer un gran margen de apreciación al legislador, tanto para elegir las medidas de aplicación como para determinar si
         el propósito de alcanzar el objetivo de la norma de que se trate legitima las consecuencias de dichas medidas, desde el punto
         de vista del interés general [véase en este sentido, en particular, TEDH, sentencia J.A. Pye (Oxford) Ltd. y J.A. Pye (Oxford)
         Land Ltd. c. Reino Unido de 30 de agosto de 2007, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, §§ 55 y 75].
      
      361    Como el Tribunal de Justicia ha declarado ya a propósito de otro régimen comunitario de medidas restrictivas de carácter económico,
         que también aplicaba resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones
         Unidas, la importancia de los objetivos perseguidos por un acto comunitario de la índole del Reglamento controvertido puede
         justificar sus consecuencias negativas, por considerables que sean para ciertos operadores, incluidos aquellos que no tienen
         ninguna responsabilidad en la situación que condujo a la adopción de las sanciones pero resultan afectados, en particular
         en sus derechos de propiedad (véase en este sentido la sentencia Bosphorus, antes citada, apartados 22 y 23).
      
      362    En el presente caso, las medidas restrictivas aprobadas por el Reglamento controvertido permiten aplicar a nivel comunitario
         las medidas restrictivas decididas por el Consejo de Seguridad contra Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes y
         otros individuos, grupos, empresas y entidades asociados con ellos.
      
      363    Frente a un objetivo de interés general tan fundamental para la comunidad internacional como la lucha por todos los medios,
         de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, contra las amenazas que los actos de terrorismo suponen para la paz y
         la seguridad internacionales, la congelación de fondos, activos financieros y otros recursos económicos de las personas que
         el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones consideran asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes
         no puede calificarse, en sí, de inadecuada o desproporcionada [véase en este sentido la sentencia Bosphorus, antes citada,
         apartado 26, así como TEDH, sentencia Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda, antes citada, § 167].
      
      364    También debe tomarse en consideración a este respecto el hecho de que, en su versión modificada por el Reglamento nº 561/2003,
         adoptado a raíz de la Resolución 1452 (2002) del Consejo de Seguridad, el Reglamento controvertido dispone, entre otras excepciones
         y exenciones, que, a petición de los interesados y salvo oposición expresa del Comité de Sanciones, las autoridades nacionales
         competentes declararán que la congelación de fondos no se aplicará a los fondos necesarios para sufragar gastos básicos, en
         particular el pago de alimentos, alquileres, tratamientos médicos, impuestos o servicios públicos. Además, los fondos necesarios
         para cualquier otro «gasto extraordinario» pueden liberarse mediante autorización expresa del Comité de Sanciones.
      
      365    Procede señalar además que las resoluciones del Consejo de Seguridad que el Reglamento controvertido está destinado a aplicar
         establecen un mecanismo de revisión periódica del régimen general de sanciones creado por ellas, así como un procedimiento
         que permite que los interesados sometan en cualquier momento su caso para revisión al Comité de Sanciones mediante una solicitud
         que, en la actualidad, puede ser presentada directamente a dicho Comité a través del denominado «punto focal».
      
      366    Estas consideraciones llevan a la conclusión de que las medidas restrictivas impuestas por el Reglamento controvertido son
         unas restricciones del derecho de propiedad que, en principio, podrían resultar justificadas.
      
      367    Procede examinar además si el derecho de propiedad del Sr. Kadi fue respetado al aplicarle dicho Reglamento en las circunstancias
         del presente caso.
      
      368    A este respecto es preciso recordar que los procedimientos aplicables deben ofrecer también a la persona afectada una oportunidad
         adecuada para exponer su caso a las autoridades competentes. Para asegurarse del cumplimiento de este requisito, que constituye
         una exigencia inherente al artículo 1 del Protocolo nº 1 del CEDH, procede examinar en términos generales los procedimientos
         aplicables (véase en este sentido, en particular, TEDH, sentencia Jokela c. Finlandia de 21 de mayo de 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑IV, § 45 y jurisprudencia citada y § 55).
      
      369    Pues bien, en lo que respecta al Sr. Kadi, el Reglamento controvertido fue adoptado sin ofrecerle garantía alguna de que se
         le permitiría exponer su caso a las autoridades competentes, y ello en unas circunstancias en las que la restricción de su
         derecho de propiedad debe calificarse de considerable, habida cuenta del alcance general y de la duración efectiva de las
         medidas restrictivas que le fueron impuestas.
      
      370    Procede concluir por tanto que, en las circunstancias del presente caso, la imposición al Sr. Kadi de las medidas restrictivas
         establecidas por el Reglamento controvertido como consecuencia de su inclusión en la lista recogida en el anexo I de dicho
         Reglamento constituye una restricción injustificada de su derecho de propiedad.
      
      371    Por lo tanto, procede considerar fundado el motivo en el que el Sr. Kadi invoca la violación de su derecho fundamental al
         respeto de su propiedad.
      
      372    Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que procede anular el Reglamento controvertido en lo que respecta a los
         recurrentes.
      
      373    No obstante, esta anulación parcial del Reglamento controvertido con efecto inmediato podría causar daños graves e irreversibles
         a la eficacia de las medidas restrictivas impuestas en él y que la Comunidad tiene el deber de aplicar, dado que, en el intervalo
         necesario para una eventual sustitución del mismo por un nuevo Reglamento, la persona y la entidad afectadas podrían tomar
         disposiciones para evitar que pudieran aplicárseles de nuevo medidas de congelación de fondos.
      
      374    Por otra parte, como de la presente sentencia se deduce que procede anular el Reglamento controvertido, en lo que respecta
         a los recurrentes, a causa de una violación de los principios aplicables en el procedimiento seguido para la adopción de las
         medidas restrictivas que dicho Reglamento impone, no cabe excluir la posibilidad de que, en cuanto al fondo, la imposición
         de tales medidas a los recurrentes se revele en definitiva justificada.
      
      375    Habida cuenta de estas circunstancias, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 231 CE, procede mantener durante un breve
         período los efectos del Reglamento controvertido en lo que respecta a la inclusión de los nombres de los recurrentes en la
         lista recogida en su anexo I, período que deberá determinarse de modo que permita que el Consejo remedie las violaciones constatadas,
         pero teniendo también en cuenta la importante repercusión de las medidas restrictivas de que se trata en los derechos y libertades
         de los recurrentes.
      
      376    En consecuencia, este Tribunal de Justicia considera oportuno aplicar el artículo 231 CE para mantener los efectos del Reglamento
         controvertido, en lo que respecta a los recurrentes, durante un período de tres meses como máximo a partir de la fecha en
         que se dicte la presente sentencia.
      
       Costas
      377    Con arreglo al artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea fundado y
         el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, dicho Tribunal decidirá sobre las costas. El artículo 69 del
         mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de éste, dispone en su apartado 2 que
         la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Según el apartado 4,
         párrafo primero, de dicho artículo 69, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus
         propias costas.
      
      378    Como los recursos de casación del Sr. Kadi y de Al Barakaat han sido estimados y el Reglamento controvertido anulado en lo
         que a ellos respecta, procede condenar al Consejo y a la Comisión a soportar sus propias costas y, además, condenar a cada
         una de estas instituciones a cargar con la mitad de las costas en que hayan incurrido el Sr. Kadi y Al Barakaat, tanto en
         primera instancia como en los presentes procedimientos de casación, conforme a lo solicitado por los recurrentes. 
      
      379    El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará sus propias costas, tanto en el procedimiento de primera instancia
         como en los de casación.
      
      380    El Reino de España, la República Francesa y el Reino de los Países Bajos soportarán sus propias costas en los procedimientos
         de casación.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
      1)      Anular las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 21 de septiembre de 2005, Kadi/Consejo
            y Comisión (T‑315/01) y Yusuf y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (T‑306/01).
      2)      Anular en lo que respecta al Sr. Kadi y a Al Barakaat International Foundation el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo,
            de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas
            y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al‑Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 467/2001
            del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición
            de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán.
      3)      Mantener los efectos del Reglamento nº 881/2002, en lo que respecta al Sr. Kadi y a Al Barakaat International Foundation,
            durante un período de tres meses como máximo a partir de la fecha en que se dicte la presente sentencia.
      4)      Condenar al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión de las Comunidades Europeas a soportar sus propias costas y, además,
            condenar a cada una de estas instituciones a cargar con la mitad de las costas en que hayan incurrido el Sr. Kadi y Al Barakaat
            International Foundation, tanto en primera instancia como en los presentes procedimientos de casación.
      5)      El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará las costas en las que haya incurrido, tanto en primera instancia
            como en los presentes procedimientos de casación.
      6)      El Reino de España, la República Francesa y el Reino de los Países Bajos soportarán sus propias costas.
      Firmas
      * Lenguas de procedimiento: inglés y sueco.