CELEX: 62009CJ0375
Language: es
Date: 2011-05-03 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de mayo de 2011.#Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contra Tele2 Polska sp. z o.o., devenue Netia SA.#Petición de decisión prejudicial: Sąd Najwyższy - Polonia.#Competencia - Reglamento (CE) nº 1/2003 - Artículo 5 - Abuso de posición dominante - Competencias de las autoridades de competencia de los Estados miembros para declarar que no existe vulneración del artículo 102 TFUE.#Asunto C-375/09.

Asunto C‑375/09
      Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
      contra
      Tele2 Polska sp. z o.o., actualmente Netia SA
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy)
      «Competencia — Reglamento (CE) nº 1/2003 — Artículo 5 — Abuso de posición dominante — Competencias de las autoridades de competencia de los Estados miembros para declarar que no existe vulneración del artículo
         102 TFUE»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Competencia — Normas de la Unión — Aplicación — Competencias de las autoridades nacionales de competencia — Límites
      [Arts. 101 TFUE y 102 TFUE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, arts. 5 y 10]
      2.        Actos de las instituciones — Reglamentos — Aplicabilidad directa — Artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1/2003 — Consecuencias
      [Arts. 102 TFUE y 288 TFUE; Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, art. 5, ap. 2]
      1.        De acuerdo con el artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003, cuando las autoridades nacionales de competencia
         consideran, basándose en las informaciones de que disponen, que no se reúnen las condiciones para una prohibición, podrán
         decidir que no procede su intervención. 
      
      El tenor de este último precepto indica con claridad que, en tales circunstancias, las competencias de las autoridades nacionales
         de competencia se limitan a adoptar una decisión de que no procede su intervención.
      
      Esta limitación de las facultades de las autoridades nacionales de competencia queda confirmada por la determinación del poder
         decisorio de la Comisión en caso de que no haya vulneración de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. De acuerdo con el artículo
         10 del Reglamento nº 1/2003, la Comisión podrá declarar mediante decisión [adoptada de oficio] que los artículos 101 TFUE
         y 102 TFUE no son aplicables. 
      
      El decimocuarto considerando del Reglamento precisa que tal decisión de carácter declarativo de la Comisión puede producirse
         en «casos excepcionales». Según dicho considerando, el objetivo de esa intervención es «aclarar el Derecho aplicable y garantizar
         su aplicación coherente en el conjunto de la Unión, en particular tratándose de nuevos tipos de acuerdos o prácticas que carezcan
         de precedentes en la jurisprudencia o en la práctica administrativa». 
      
      Además, para garantizar una aplicación coherente de las normas de competencia en los Estados miembros, el Reglamento instaura
         un mecanismo de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, derivado del principio de cooperación leal.
      
      Facultar a las autoridades nacionales de competencia para tomar decisiones por las que se declare que no hay vulneración del
         artículo 102 TFUE cuestionaría el sistema de cooperación establecido por el Reglamento y lesionaría las competencias de la
         Comisión. 
      
      En efecto, tal decisión «negativa» sobre el fondo podría menoscabar la aplicación uniforme de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE,
         que es uno de los objetivos que el Reglamento pone de relieve en su primer considerando, ya que una decisión como esa podría
         impedir a la Comisión emitir la declaración posterior de que dicha práctica es una infracción de los citados preceptos del
         Derecho de la Unión. 
      
      Por lo tanto, se desprende tanto del tenor como de la estructura del Reglamento, así como del objetivo que persigue, que las
         declaraciones de inexistencia de vulneración del artículo 102 TFUE están reservadas a la Comisión, aun cuando dicho artículo
         se aplique en un procedimiento instruido por una autoridad nacional de competencia. 
      
      En consecuencia, el artículo 5 del Reglamento nº 1/2003 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una autoridad
         nacional de competencia pueda adoptar una decisión por la que se declare que no se ha vulnerado el artículo 102 TFUE cuando,
         con objeto de aplicarlo, examina si concurren las condiciones de aplicación de dicho artículo y, a raíz de ese examen, concluye
         que no se ha producido una práctica abusiva. 
      
      (véanse los apartados 22 a 30 y el punto 1 del fallo)
      2.        Puesto que el artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento nº 1/2003 es directamente aplicable en todos los Estados miembros,
         con arreglo a lo establecido en el artículo 288 TFUE, se opone a la aplicación de una norma jurídica nacional que imponga
         la finalización de un procedimiento de aplicación del artículo 102 TFUE mediante una decisión por la que se declare que no
         se ha vulnerado dicho artículo. 
      
      (véanse los apartados 34 y 35 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 3 de mayo de 2011 (*)
      
      «Competencia – Reglamento (CE) nº 1/2003 – Artículo 5 – Abuso de posición dominante – Competencias de las autoridades de competencia de los Estados miembros para declarar que no existe vulneración del artículo 102 TFUE»
      En el asunto C‑375/09,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Sąd Najwyższy
         (Polonia), mediante resolución de 15 de julio de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de septiembre de 2009, en
         el procedimiento entre
      
      Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
      y
      Tele2 Polska sp. z o.o., actualmente Netia SA,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot y D. Šváby,
         Presidentes de Sala, y los Sres. A. Rosas, E. Juhász (Ponente), J. Malenovský, E. Levits y A. Ó Caoimh, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de septiembre de 2010;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Dowgielewicz y por las Sras. K. Zawisza y M. Laszuk, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Castillo de la Torre y la Sra. K. Mojzesowicz, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por los Sres. X. Lewis y M. Schneider, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de diciembre de 2010;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo,
         de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del
         Tratado (DO 2003, L 1, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»).
      
      2        Esta petición se ha presentado en un litigio entre el Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Presidente de la Oficina
         de la competencia y de la protección de los consumidores; en lo sucesivo, «Presidente de la Oficina de competencia») y Tele2
         Polska sp. z o.o., actualmente Netia SA, a raíz de una resolución adoptada por dicho Presidente con arreglo a lo dispuesto
         en el artículo 82 CE.
      
       Marco jurídico
       Normativa de la Unión
      3        La primera frase del primer considerando del Reglamento dice lo siguiente: 
      
      «Con objeto de establecer un régimen que garantice que no se falsea la competencia en el mercado común, procede velar por
         la aplicación eficaz y uniforme en la Comunidad de los artículos 81 y 82 del Tratado.»
      
      4        La primera frase del octavo considerando señala lo siguiente: 
      
      «Con el fin de garantizar la aplicación efectiva de las normas de competencia comunitarias y el funcionamiento correcto de
         los mecanismos de cooperación contenidos en el presente Reglamento, es necesario imponer a las autoridades responsables de
         la competencia y a los tribunales de los Estados miembros la obligación de aplicar también los artículos 81 [CE] y 82 [CE]
         cuando apliquen la legislación nacional de competencia a acuerdos y prácticas susceptibles de afectar al comercio entre los
         Estados miembros.» 
      
      5        A tenor del decimocuarto considerando del Reglamento: 
      
      «En los casos excepcionales en que el interés público comunitario lo requiera, puede igualmente ser útil que la Comisión adopte
         una decisión de carácter declarativo que establezca que la prohibición enunciada en el artículo 81 [CE] o en el artículo 82 [CE]
         no encuentra aplicación, y ello para aclarar el Derecho aplicable y garantizar su aplicación coherente en el conjunto de la
         Comunidad, en particular tratándose de nuevos tipos de acuerdos o prácticas que carezcan de precedentes en la jurisprudencia
         o en la práctica administrativa.» 
      
      6        El artículo 3, apartado 1, del Reglamento dispone lo siguiente: 
      
      «Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho
         nacional de la competencia a los acuerdos, decisiones de asociaciones de empresas o prácticas concertadas en el sentido del
         apartado 1 del artículo 81 [CE] que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros a tenor de esa disposición, aplicarán
         también a dichos acuerdos, decisiones o prácticas el artículo 81 [CE]. Cuando las autoridades de competencia de los Estados
         miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales apliquen el Derecho nacional de la competencia a una práctica abusiva prohibida
         por el artículo 82 [CE], aplicarán también a la misma el artículo 82 [CE].» 
      
      7        El artículo 5 del Reglamento, bajo la rúbrica «Competencia de las autoridades de competencia de los Estados miembros», establece
         lo siguiente:
      
      «Las autoridades de competencia de los Estados miembros son competentes para aplicar los artículos 81 [CE] y 82 [CE] en asuntos
         concretos. A tal efecto, ya sea de oficio, ya previa denuncia de parte, podrán adoptar las decisiones siguientes: 
      
      –        orden de cesación de la infracción,
      –        adopción de medidas cautelares,
      –        aceptación de compromisos,
      –        imposición de multas sancionadoras, de multas coercitivas o de cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional.
      Cuando la información de que dispongan no acredite que se reúnen las condiciones para una prohibición, podrán decidir asimismo
         que no procede su intervención.»
      
      8        A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento: 
      
      «Cuando así lo requiera el interés público comunitario relativo a la aplicación de los artículos 81 [CE] y 82 [CE], la Comisión
         podrá declarar mediante decisión adoptada de oficio que el artículo 81 [CE] no es aplicable a un acuerdo, a una decisión de
         asociación de empresas o a una práctica concertada, bien porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 del artículo 81 [CE],
         bien porque se reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo 81 [CE].
      
      La Comisión podrá igualmente hacer esta declaración con arreglo al artículo 82 [CE].»
       Derecho nacional
      9        El artículo 8 de la ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U de 2005, nº 244, ítem 2080 (Ley polaca de la competencia
         y de la protección de los consumidores), de 15 de diciembre de 2000, en su versión aplicable a los hechos del asunto principal,
         dispone: 
      
      «1.      Se prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado de que se trate por parte de una o varias empresas.
      […]
      3.      Los actos que impliquen un abuso de posición dominante son nulos en su totalidad o en la parte que corresponda.»
      10      El artículo 11 de la citada Ley de la competencia y de la protección de los consumidores establece: 
      
      «1)      El [Presidente de la Oficina de la competencia] adoptará una resolución por la que se declare que no existe un comportamiento
         restrictivo de la competencia cuando no se demuestre que ha habido algún incumplimiento de las prohibiciones establecidas
         en los artículos 5 u 8.
      
      […]»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      11      El Presidente de la Oficina de la competencia, actuando en calidad de autoridad nacional de competencia a efectos de lo dispuesto
         en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento, inició un procedimiento contra Telekomunikacja Polska SA, de la que se sospechaba
         que había vulnerado el artículo 8 de la Ley de la competencia y de la protección de los consumidores, así como el artículo
         82 CE. Al finalizar ese procedimiento, dicha autoridad declaró que el comportamiento de la empresa en cuestión, que ocupaba
         una posición dominante en el mercado, no implicaba abuso de tal posición y que, por lo tanto, no vulneraba el Derecho nacional
         ni el artículo 102 TFUE. Por consiguiente, el Presidente de la Oficina de la competencia adoptó una resolución con arreglo
         al Derecho nacional por la que se declaraba que la empresa en cuestión no había llevado a cabo ninguna práctica restrictiva,
         y declaró el sobreseimiento respecto a la infracción del artículo 102 TFUE, habida cuenta de su falta de objeto. 
      
      12      Tele2 Polska sp z o.o., actualmente Netia SA, impugnó dicha resolución administrativa. 
      
      13      El Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Tribunal regional – Tribunal de la competencia y de la protección
         de los consumidores) anuló la resolución impugnada y el Sąd Apelacyjny w Warszawie (Tribunal de apelación de Varsovia) confirmó
         la anulación, en sede de apelación, de dicha resolución, al estimar que el Presidente de la Oficina de la competencia tenía
         que adoptar una resolución por la que se declarara la inexistencia de práctica restrictiva en el sentido del artículo 102 TFUE,
         ya que este último había adoptado tal resolución acerca de la interdicción de los abusos de posición dominante establecida
         por el Derecho nacional.
      
      14      El Presidente de la Oficina de la competencia interpuso un recurso de casación ante el Sąd Najwyższy (en lo sucesivo, «Tribunal
         Supremo»), en el que alegaba que el Reglamento no le permite adoptar una resolución negativa sobre el fondo respecto a la
         apreciación de la conformidad de las prácticas de la empresa en cuestión con las previsiones del artículo 102 TFUE. 
      
      15      Según el Presidente de la Oficina de la competencia, el artículo 5 del Reglamento regula las competencias de las autoridades
         nacionales de competencia y restringe las posibilidades decisorias de dichas autoridades. Con arreglo a ese artículo, no se
         le puede atribuir competencia alguna para adoptar una resolución negativa con respecto al fondo en lo referente a la apreciación
         de la conformidad de las prácticas de las empresas con lo establecido en el artículo 102 TFUE. De este modo, cuando se evidenció,
         a raíz del procedimiento incoado contra Telekomunikacja Polska SA, que no había existido, por parte de dicha empresa, abuso
         de posición dominante según lo dispuesto en el citado artículo 102 TFUE, el Presidente de la Oficina de la competencia adoptó
         una resolución que finalizaba el procedimiento en vía administrativa, sin resolver sobre el fondo. El artículo 5 del Reglamento
         enumera cuatro tipos de decisiones sobre el fondo, ninguna de las cuales prevé que la autoridad nacional de competencia pueda
         declarar que no existe infracción. Además, el artículo 10 del Reglamento, que faculta a la Comisión para adoptar de oficio
         una decisión por la que se declare que el artículo 102 TFUE no es aplicable a determinados comportamientos de una empresa,
         cuando así lo requiera el interés público comunitario, no otorga esa facultad a las autoridades nacionales de competencia.
         Para el Presidente de la Oficina de la competencia, el artículo 10 de dicho Reglamento tiene por objeto impedir que las autoridades
         nacionales de competencia puedan bloquear toda posibilidad de que la Comisión declare la existencia de infracciones de los
         artículos 101 TFUE o 102 TFUE, mediante la adopción de resoluciones por las que se declare que no se han infringido dichos
         preceptos, habida cuenta del principio ne bis in idem. 
      16      El Tribunal Supremo considera, por una parte, que la autonomía de procedimiento en este asunto está limitada, y que no permite
         al Presidente de la Oficina de la competencia adoptar una resolución por la que se declare que no hay práctica restrictiva
         de la competencia, ya que esa resolución no se encuentra comprendida en la relación de posibles decisiones que figuran el
         artículo 5, párrafo primero, segunda frase, del Reglamento. 
      
      17      Por otra parte, el Tribunal Supremo señala que una interpretación teleológica y funcional del artículo 5, párrafo segundo,
         del Reglamento, interpretado conjuntamente con el artículo 5, párrafo primero, segunda frase, de la misma disposición y los
         otros preceptos del citado Reglamento, podría permitir a la autoridad nacional de competencia adoptar una resolución como
         la cuestionada. Es posible que la redacción del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento, que menciona que las autoridades
         nacionales de competencia pueden decidir «que no procede su intervención», cuando no se reúnan las condiciones para una prohibición,
         no excluya tal posibilidad. 
      
      18      Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal Supremo polaco resolvió suspender el procedimiento y plantear ante el Tribunal de
         Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5 del Reglamento […] en el sentido de que la autoridad nacional de competencia no puede adoptar
         una resolución por la que se declare que no existe un comportamiento restrictivo de la competencia, en el sentido del artículo
         82 CE cuando, tras la instrucción de un procedimiento, considere que la empresa no ha infringido la prohibición de abuso de
         posición dominante establecida en dicho precepto del Tratado?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en una situación en la que, con arreglo a las normas nacionales sobre
         competencia (en el supuesto de que se declare que el comportamiento de la empresa no es contrario a la prohibición del artículo
         82 CE) la autoridad nacional de competencia sólo puede poner fin a un procedimiento de competencia adoptando una resolución
         por la que se declare que no existe un comportamiento restrictivo de la competencia, ¿ha de interpretarse el artículo 5, [párrafo
         segundo], del Reglamento […] en el sentido de que constituye una base legal directa para que dicha autoridad decida que no
         procede su intervención?» 
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Primera cuestión
      19      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5 del Reglamento debe
         interpretarse en el sentido de que se opone a que una autoridad nacional de competencia, cuando, con objeto de aplicar el
         artículo 102 TFUE, examina si concurren los requisitos para la aplicación de dicho artículo y, a raíz de ese examen, concluye
         que no se ha producido una práctica abusiva, pueda adoptar una decisión por la que se declare que no se ha infringido el citado
         artículo. 
      
      20      Es preciso señalar, en primer lugar, que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento, cuando
         las autoridades nacionales de competencia aplican el Derecho nacional de competencia a una práctica abusiva de una empresa
         con una posición dominante en el mercado que puede afectar al comercio entre los Estados miembros, también están obligadas
         a aplicar el artículo 102 TFUE.
      
      21      El artículo 5, párrafo primero, del Reglamento, precisa las competencias de las autoridades de competencia de los Estados
         miembros para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE en casos particulares. Según dichos preceptos, esas autoridades, al
         resolver sobre el fondo del asunto, pueden, de oficio o previa denuncia de parte, adoptar las siguientes decisiones, a saber,
         ordenar la cesación de una infracción, adoptar medidas cautelares, aceptar compromisos e imponer multas sancionadoras, multas
         coercitivas o cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional. 
      
      22      De acuerdo con el artículo 5, párrafo segundo, del mismo Reglamento, cuando las autoridades nacionales de competencia consideran,
         basándose en las informaciones de que disponen, que no se reúnen las condiciones para una prohibición, podrán decidir que
         no procede su intervención.
      
      23      El tenor de este último precepto indica con claridad que, en tales circunstancias, las competencias de las autoridades nacionales
         de competencia se limitan a adoptar una decisión de que no procede su intervención. 
      
      24      Esta limitación de las facultades de las autoridades nacionales de competencia queda confirmada por la determinación del poder
         decisorio de la Comisión en caso de que no haya vulneración de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. De acuerdo con el artículo
         10 del Reglamento, la Comisión podrá declarar mediante decisión adoptada de oficio que los artículos 81 CE y 82 CE (actualmente
         artículos 101 TFUE y 102 TFUE) no son aplicables. 
      
      25      El decimocuarto considerando del Reglamento precisa que tal decisión de carácter declarativo de la Comisión puede producirse
         en «casos excepcionales». Según dicho considerando, el objetivo de esa intervención es «aclarar el Derecho aplicable y garantizar
         su aplicación coherente en el conjunto [de la Unión], en particular tratándose de nuevos tipos de acuerdos o prácticas que
         carezcan de precedentes en la jurisprudencia o en la práctica administrativa». 
      
      26      Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para garantizar una aplicación coherente de las normas de competencia
         en los Estados miembros, el Reglamento instaura un mecanismo de cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales
         de competencia, derivado del principio de cooperación leal (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, X,
         C‑429/07. Rec. p. I‑4833, apartados 20 y 21).
      
      27      Facultar a las autoridades nacionales de competencia para tomar decisiones por las que se declare que no hay vulneración del
         artículo 102 TFUE cuestionaría el sistema de cooperación establecido por el Reglamento y lesionaría las competencias de la
         Comisión.
      
      28      En efecto, tal decisión «negativa» sobre el fondo podría menoscabar la aplicación uniforme de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE,
         que es uno de los objetivos que el Reglamento pone de relieve en su primer considerando, ya que una decisión como esa podría
         impedir a la Comisión emitir la declaración posterior de que dicha práctica es una infracción de los citados preceptos del
         Derecho de la Unión. 
      
      29      Por lo tanto, se desprende tanto del tenor como de la estructura del Reglamento, así como del objetivo que persigue, que las
         declaraciones de inexistencia de vulneración del artículo 102 TFUE están reservadas a la Comisión, aun cuando dicho artículo
         se aplique en un procedimiento instruido por una autoridad nacional de competencia. 
      
      30      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el artículo 5 del Reglamento debe interpretarse en el sentido
         de que se opone a que una autoridad nacional de competencia pueda adoptar una decisión por la que se declare que no se ha
         vulnerado el artículo 102 TFUE cuando, con objeto de aplicarlo, examina si concurren las condiciones de aplicación de dicho
         artículo y, a raíz de ese examen, concluye que no se ha producido una práctica abusiva.
      
       Sobre la segunda cuestión
      31      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, párrafo segundo,
         del Reglamento es de aplicación directa y si, basándose en ello, una autoridad nacional de competencia, que considera que
         no se reúnen las condiciones para prohibir una práctica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 TFUE, puede concluir
         el procedimiento incoado contra una empresa mediante la adopción de una decisión por la que se declare que no procede su intervención,
         cuando el Derecho nacional establece únicamente, en tales circunstancias, la posibilidad de adoptar una decisión negativa
         sobre el fondo del asunto. 
      
      32      Se desprende de la respuesta a la primera cuestión que una autoridad nacional de competencia no puede adoptar una decisión
         por la que se declare que no hay vulneración del artículo 102 TFUE. No obstante, a tenor del artículo 5, párrafo segundo,
         del reglamento, cuando considera, a partir de la información de que disponga, que no se reúnen las condiciones para una intervención
         con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 TFUE, dicha autoridad puede decidir que no procede su intervención. 
      
      33      A este respecto, debe recordarse que sólo cuando el Derecho de la Unión no establece una norma específica puede una autoridad
         nacional de competencia aplicar sus normas nacionales.
      
      34      En el caso de autos, dado que el artículo 5 del Reglamento es directamente aplicable en cada Estado miembro, de acuerdo con
         lo señalado en el artículo 288 TFUE, hay que concluir que se opone a la aplicación de una norma jurídica nacional que imponga
         la finalización de un procedimiento de aplicación del artículo 102 TFUE mediante una decisión por la que se declare que no
         se ha vulnerado dicho artículo. 
      
      35      Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento es directamente aplicable
         y se opone a la aplicación de una norma jurídica nacional que imponga la finalización de un procedimiento de aplicación del
         artículo 102 TFUE mediante una decisión por la que se declare que no se ha vulnerado dicho artículo. 
      
       Costas
      36      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      1)      El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas
            sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una
            autoridad nacional de competencia pueda adoptar una decisión por la que se declare que no se ha vulnerado el artículo 102 TFUE
            cuando, con objeto de aplicarlo, examina si concurren las condiciones de aplicación de dicho artículo y, a raíz de ese examen,
            concluye que no se ha producido una práctica abusiva.
      2)      El artículo 5, párrafo segundo, del citado Reglamento es directamente aplicable y se opone a la aplicación de una norma jurídica
            nacional que imponga la finalización de un procedimiento de aplicación del artículo 102 TFUE mediante una decisión por la
            que se declare que no se ha vulnerado dicho artículo.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: polaco.