CELEX: C1998/258/32
Language: es
Date: 1998-08-15 00:00:00
Title: Recurso de casación interpuesto el 19 de mayo de 1998 por el Sr. Georges Tzoano contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 1998 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-74/96 promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas (Asunto C-191/98 P)

15.8.98              ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                  C 258/19
Ð Anule la sentencia de 19 de marzo de 1998 del Tribu-                  los motivos de denegación de la Comisión sin que el
    nal de Primera Instancia en el asunto T-83/96 y,                    demandante pudiera alegar sobre este extremo ninguÂn
    actuando en el sentido que debía haberlo hecho el juz-              argumento de hecho o de derecho.
    gador de instancia, anule la Decisión de 29 de marzo
    de 1996 de la Comisión.                                        (1) DO C 137 de 2.5.1998, p. 14.
                                                                   (2) DO L 46 de 18.2.1994, p. 58.
Ð Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas
    al pago de las costas en ambas instancias.
Motivos y principales alegaciones
                                                                   Recurso de casación interpuesto el 19 de mayo de 1998
Ð Infracción de la Directiva 94/90/CECA, CE, Eura-                 por el Sr. Georges Tzoano contra la sentencia dictada el
    tom (2) de la Comisión sobre el acceso del puÂblico a          19 de marzo de 1998 por la Sala Cuarta del Tribunal de
    los documentos de la Comisión:                                 Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el
                                                                   asunto T-74/96 promovido contra la Comisión de las
    Ð El Tribunal de Primera Instancia no tomó en consi-                               Comunidades Europeas
        deración el requisito seguÂn el cual la Comisión,                               (Asunto C-191/98 P)
        con arreglo a la Decisión 94/90/CECA, CE, Eura-
        tom, antes de denegar el acceso a cualquier docu-                                   (98/C 258/32)
        mento debe demostrar que la publicación de eÂste,
        por la información que contiene, puede perjudicar
        realmente el intereÂs puÂblico protegido por la pri-       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
        mera categoría de excepciones que figura en la             ha presentado el 19 de mayo de 1998 un recurso de casa-
        Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom.                          ción formulado por el Sr. Georges Tzoano, asistido y
                                                                   representado por Me Eric Boigelot, abogado de Bruselas,
    Ð Por lo que se refiere a la decisión sobre el acceso a        que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho
        los documentos de referencia de la Comisión, el            de Me Louis Schiltz, rue du Fort Rheinsheim, 2, contra la
        Tribunal de Primera Instancia, al emplear el crite-        sentencia dictada el 19 de marzo de 1998 por la Sala
        rio del destinatario de los documentos, en el pre-         Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
        sente caso los jueces nacionales a quienes iban diri-      dades Europeas en el asunto T-74/96 promovido contra la
        gidos los escritos, conculcó las disposiciones y los       Comisión de las Comunidades Europeas.
        objetivos de la Decisión 94/90.
                                                                   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las
    Ð Ni la Decisión 94/90 ni ninguna otra norma jurí-             Comunidades Europeas que:
        dica ofrecen fundamento alguno a la tesis del Tri-
        bunal de Primera Instancia, seguÂn la cual la excep-
        ción de la protección del intereÂs puÂblico (maÂs con-     a) Anule la sentencia impugnada (1);
        cretamente, «procedimientos judiciales») persigue
        que se tome en consideración el principio de auto-
        nomía procesal de los jueces y que, por tanto, la          b) dirima eÂl mismo el litigio y, estimando el recurso ini-
        transcendencia de esta excepción no es solamente                cial del demandante,
        la protección de las partes, sino tambieÂn la autono-
        mía procesal de los jueces nacional y comunitario.              Ð anule la decisión de la demandada, de 22 de junio
                                                                            de 1995, por la cual el demandante fue separado
Ð Infracción del Convenio Europeo par la protección de                      del servicio sin reducción o supresión del derecho
                                                                            a pensión de jubilación, así como la decisión dene-
    los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamen-
    tales: Este Convenio y, en particular, su artículo 6 y la               gatoria expresa, de 19 de febrero de 1996, de la
    correspondiente jurisprudencia en la materia no ofre-                   reclamación presentada por el demandante el 21
                                                                            de septiembre de 1995 contra la decisión impug-
    cen fundamento alguno a la tesis del Tribunal de Pri-
    mera Instancia, seguÂn la cual de ello emana el «princi-                nada;
    pio de autonomía procesal». Ni la finalidad del
    artículo 6 del CEDH ni la interpretación que se da a                Ð condene a la parte demandada al pago de las
    las garantías descritas en dicho artículo ofrecen funda-                costas de ambas instancias.
    mento jurídico al razonamiento del Tribunal de Pri-
    mera Instancia.
                                                                   Motivos y principales alegaciones
Ð Incumplimiento de la obligación de motivación.
                                                                   Violación del Derecho comunitario, especialmente
Ð Violación del principio de la autonomía de las partes y
    de los derechos de defensa: El Tribunal de Primera Ins-        Ð del artículo 33 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
    tancia se puso en el lugar de la Comisión y completó                puesto que la obligación de motivación de las senten-
 ---pagebreak--- C 258/20               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     15.8.98
     cias implica, particularmente que los motivos invoca-          Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-
     dos sean legalmente admisibles, es decir, suficientes,         lución de Regeringsrätten, de fecha 29 de abril de 1998,
     pertinentes, no viciados de error de Derecho o de              en el asunto entre, las sociedades X AB e Y AB, por una
     hecho y no contradictorios;                                             parte, y el Riksskatteverket, por otra parte
                                                                                          (Asunto C-200/98)
                                                                                            (98/C 258/33)
Ð del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades
     Europeas, especialmente de sus artículos 12, 13, 14,
     17, 21 paÂrrafos 1 y 2, 25, 87, paÂrrafo 2, 88, paÂrrafo 5,    Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
     y del Anexo XI de dicho Estatuto, especialmente de             sido sometida una petición de decisión prejudicial
     los artículos 1, 2, 3, 7, apartado 2, y 11;                    mediante resolución de Regeringsrätten, dictada el 29 de
                                                                    abril de 1998, en el asunto entre, las sociedades X AB e Y
                                                                    AB, por una parte, y el Riksskatteverket, por otra parte, y
Ð de los principios generales de Derecho aplicables al              recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de
     Derecho comunitario, especialmente los principios de           mayo de 1998.
     repecto de los derechos de defensa, del derecho a un
     debate contradictorio y a un juez imparcial (y                 El Regeringsrätten solicita al Tribunal de Justicia que se
     artículo 6 del Convenio de los Derechos Humanos), de           pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
     seguridad jurídica, de buena fe, de protección de la
     confianza legítima, del deber de asistencia y del princi-
                                                                    Con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de la Ley
     pio conforme al cual todo acto administrativo debe
                                                                    (1947:576) del Impuesto Estatal sobre la Renta se recono-
     basarse en motivos legalmente admisibles, es decir, per-
                                                                    cen efetos jurídico-tributarios a una transferencia efec-
     tinentes y no viciados de error de Derecho o de hecho.
                                                                    tuada entre empresas de un grupo, siempre que se cum-
                                                                    plan determinados requisitos, si la transferencia se realiza
                                                                    de una sociedad anónima sueca a otra sociedad anónima
La sentencia impugnada hace una interpretación restrictiva          sueca que pertenezca íntegramente bien directamente a la
del paÂrrafo quinto del artículo 88 del Estatuto de los Fun-        sociedad mencionada en primer lugar, o bien a dicha socie-
cionarios. El objetivo de esta disposición es velar por que         dad conjuntamente con una o varias sociedades filiales
la autoridad administrativa encargada de tramitar la ins-           suecas que le pertenezcan íntegramente. El efecto fiscal es
trucción del expediente y, en su caso, de imponer una               el mismo si una o varias de sus sociedades filiales al
medida disciplinaria, esteÂ perfectamente informada sobre           100 % son extranjeras pero tienen su domicilio en un
los hechos imputados al funcionario que, por otra parte,            mismo Estado miembro, y Suecia ha celebrado con dicho
sean objeto de un proceso penal.                                    Estado un Convenio para evitar la doble imposición que
                                                                    contenga una claÂusula de no discriminación. Sobre esta
                                                                    base, ¿es compatible con el Derecho comunitario vigente,
El demandante tambieÂn censura al Tribunal de Primera               en especial con el artículo 52, en relación con el
Instancia haber basado la sentencia impugnada en conside-           artículo 58 y los artículos 73 B y 73 D del Tratado de
raciones y fundamentos inexactos, contrarios a los elemen-          Roma, aplicar una normativa que implica que no se reco-
tos de los autos. En la sentencia impugnada, el Tribunal            noce a una transferencia entre empresas de un grupo el
de Primera Instancia no ha deducido, ni en los anteceden-           mismo efecto jurídico-tributario cuando la sociedad matriz
tes de hecho ni en los fundamentos de Derecho, las con-             sueca es propietaria de la sociedad destinataria conjunta-
clusiones exactas a las que debían haberle conducido los            mente con dos o varias sociedades filiales extranjeras que
elementos de los autos de que tenían conocimiento.                  le pertenecen íntegramente, domiciliadas en distintos Esta-
                                                                    dos miembros con los que Suecia ha celebrado Convenios
                                                                    para evitar la doble imposición que contienen una claÂusula
La sentencia impugnada tambieÂn debe ser anulada en la              de no discriminación?
medida en que aplica erróneamente los principios de con-
tradicción, de igualdad de armas y de obligación de moti-
vación pertinente. Así considera erróneamente que se ha
observado el principio de igualdad de armas porque el
demandante «tuvo acceso a los autos en poder del consejo
de disciplina para manifestar sus observaciones, de las que         Recurso interpuesto el 25 de mayo de 1998 contra el
dispuso la AFPN para adoptar la decisión impugnada».                Reino de BeÂlgica por la Comisión de las Comunidades
Yerra asimismo el Tribunal de Justicia cuando, basaÂndose                                      Europeas
en el mismo razonamiento, considera que el demandante
                                                                                          (Asunto C-201/98)
«pudo acceder a todos los elementos faÂcticos en los que se
basó la Decisión en tiempo uÂtil para presentar sus observa-                                (98/C 258/34)
ciones».
                                                                    En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
(1) Sentencia de 19 de marzo de 1998 en el asunto T-74/96, DO       ha presentado el 25 de mayo de 1998 un recurso contra el
    C 137 de 2.5.1998, p. 13.                                       Reino de BeÂlgica formulado por la Comisión de las Comu-
                                                                    nidades Europeas, representada por los Sres. Franck Ben-
                                                                    yon, Consejero Jurídico, y Bernard Mongin, miembro del
                                                                    Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como