CELEX: 62021CN0391
Language: es
Date: 2021-06-24 00:00:00
Title: Asunto C-391/21 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2021 por Enrico Falqui contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) dictada el 5 de mayo de 2021 en el asunto T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento Europeo

16.8.2021   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 329/13
            
         
      Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2021 por Enrico Falqui contra la sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) dictada el 5 de mayo de 2021 en el asunto T-695/19, Enrico Falqui / Parlamento Europeo
      (Asunto C-391/21 P)
      (2021/C 329/17)
      Lengua de procedimiento: italiano
      
         Partes
      
      
         Recurrente: Enrico Falqui (representantes: F. Sorrentino, A. Sandulli, avvocati)
      
         Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo
      
         Pretensiones de la parte recurrente
      
      
                  —
               
               
                  Se solicita la anulación de la sentencia n.o 1000680 de 5 de mayo de 2021 del Tribunal General de la Unión Europea y, en consecuencia, de la nota de 8 de julio de 2019 (y, en su caso, del proyecto de decisión y del dictamen del Servicio Jurídico en los que se funda la decisión), y la restitución de las cantidades indebidamente retenidas de la pensión, así como que se condene al Parlamento al pago de las costas de las dos instancias.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      En apoyo de su recurso, el recurrente invoca cinco motivos:
      
         Primer motivo, basado en el incumplimiento de la Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo de 19 de mayo y 9 de julio de 2008, por la que se establecen «medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo».
      
      El recurrente alega que el Tribunal General ha infringido el artículo 75 de la Decisión antes citada, por considerar que, contrariamente a lo declarado por este, dicho artículo no establece que a las pensiones ya percibidas o adquiridas en la fecha de entrada en vigor del Estatuto deba continuar aplicándose pro futuro la así denominada regla de pensión idéntica, contenida en el anexo III de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (Reglamentación GDD) y que, por tanto, la eventual modificación in peius de las pensiones nacionales se deba reflejar en las concedidas por el Parlamento, cuando, por el contrario, las pensiones ya concedidas conforme a tal regla son intangibles tanto respecto a su existencia como a su cuantía.
      
         Segundo motivo, basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima y del principio de proporcionalidad.
      
      El Tribunal General ha estimado erróneamente que no se había producido una violación de los principios de protección de la confianza legítima y de proporcionalidad. En relación con el primero de dichos principios, se ha vulnerado la interpretación efectuada por el Parlamento y por el Tribunal General de la regla de pensión idéntica ya impugnada en el primer motivo, mientras, respecto al segundo de ellos, el Tribunal General ha incurrido en error al dar relevancia a la finalidad perseguida por la Cámara de los Diputados italiana mediante la adopción de la Decisión n.o 14/18 (reducción del gasto en pensiones a cargo de su presupuesto), que ha considerado legítima, sin advertir que, en este caso, tal finalidad es irrelevante, dado que no existe una relación entre dicha finalidad y el sacrificio impuesto al recurrente.
      
         Tercer motivo, basado en la violación del principio según el cual las instituciones de la Unión no pueden incorporar, mediante remisión automática, una normativa nacional inválida.
      
      El Tribunal General ha incurrido en error al afirmar que la normativa nacional se aplicaría de manera completamente automática, con independencia de su legalidad conforme al Derecho nacional y sin que las instituciones de la Unión Europea puedan proceder a un examen al respecto. No obstante, cuando una institución de la Unión Europea aplica, por remisión, una normativa nacional, es de aplicación el principio general en materia de relaciones entre ordenamientos jurídicos, en virtud del cual el ordenamiento remitente solo puede referirse a las normas legales del ordenamiento objeto de la remisión, con el valor jurídico que poseen en el ordenamiento jurídico de origen, por lo que si son inválidas no se pueden aplicar, ya que de otro modo la posición del recurrente no gozaría de tutela.
      
         Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al no haber tomado en consideración la normativa interna configurada a raíz de la sentencia n.o 2/20 del Consejo Jurisdiccional de la Cámara de los Diputados italiana.
      
      El Tribunal General no ha considerado que, a raíz de la sentencia n.o 2/20 del Consejo Jurisdiccional de la Cámara de los Diputados, en la actualidad el sistema nacional —que el Parlamento Europeo pretende aplicar— se articula en dos fases, la primera de las cuales consiste en la redeterminación de la pensión vitalicia según los criterios generales fijados en la Decisión 14/18 y la segunda en la aplicación por los servicios de la Cámara de los Diputados de incrementos porcentuales de la pensión vitalicia a instancia de parte y sobre la base de las condiciones económicas y de salud del interesado, de modo que tal sistema no parece transferible a nivel europeo.
      
         Quinto motivo, relativo a las pretensiones desestimadas o declaradas inadmisibles en primera instancia y a las costas.
      
      El recurrente reitera su petición de anulación, si así procediera, del proyecto de decisión y del dictamen del Servicio Jurídico que han servido de base a la actuación del Parlamento y de restitución de las cantidades entre tanto retenidas de su pensión, así como de que se condene al Parlamento al pago de las costas de primera y de segunda instancia.