CELEX: C2000/135/48
Language: es
Date: 2000-05-13 00:00:00
Title: Asunto T-62/00: Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por la Associazione Italiana Produttori Olivicoli — A.I.P.O.

13.5.2000               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 135/27
Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra la                    En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
Comisión de las Comunidades Europeas por la Associa-
         zione Produttori Olivicoli Laziali — A.P.O.L.
                                                                        — Que al censurarle el «hecho objetivo» de no haber «desarro-
                                                                            llado (nunca) una actividad económica significativa», la
                         (Asunto T-61/00)                                   demandada no ha tenido en cuenta la situación de fuerza
                                                                            mayor en que se ha encontrado la demandate.
                          (2000/C 135/47)
                                                                        — Motivación insuficiente y contradictoria y violación del
                (Lengua de procedimiento: italiano)                         principio de proporcionalidad.
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 2000 un recurso             — Infracción del artı́culo 17, apartado 2, letra b), del Regla-
contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado                   mento no 355/77, e incorrecta aplicación de este precepto,
por Associazione Produttori Olivicoli Laziali — A.P.O.L.,                   en particular, en tanto en cuanto, puede dudarse de si es
representada por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo De Caterini,              correcta la interpretación del mismo, según la cual la
Fabio Lepri y Romano Vaccarella, Abogados de Roma.                          revocación de la financiación comunitaria depende de la
                                                                            revocación de la cuyuda nacional, decidida sin una acción
                                                                            concertada con la otra entidad que concede la subvención.
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
— Anule la Decisión C(1999) 4561 de la Comisión de las                (1) DOCE L 51, de 23.2.1977, p. 1; EE 03/11, p. 239.
     Comunidades Europeas, de 14 de diciembre de 1999, en
     virtud del artı́culo 230 (antiguo artı́culo 173), párrafo
     segundo, del Tratado CE y, en consecuencia, en su caso,
     acuerde inaplicar los actos previos, coordinados y conexos.
— Condene en costas a la Comisión.
Motivos y principales alegaciones
Se interpone el presente recurso contra la Decisión C(1999)            Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra la
4561 de la Comisión, de 14 de diciembre de 1999, mediante              Comisión de las Comunidades Europeas por la Associa-
la que se revocó la ayuda concedida a la demandante, una                      zione Italiana Produttori Olivicoli — A.I.P.O.
asociación de fabricantes que desarrolla su actividad en el
Lazio, mediante Decisión C (84) 1100/293. Se recuerda al
respecto que en marzo de 1983 la demandante presentó a la                                     (Asunto T-62/00)
Comisión, a través de la Regione Lazio y el Ministero
dell’Agricoltura, la oportuna solicitud de concesión de ayudas                                 (2000/C 135/48)
comunitarias y nacionales para la realización de un estableci-
miento destinado al almacenamiento, la elaboración y la
comercialización de aceite de oliva, con arreglo al Reglamento
CEE no 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de 1977, relativo                          (Lengua de procedimiento: italiano)
a una acción común para la mejora de las condiciones
de transformación y de comercialización de los productos              En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
agrı́colas (1).                                                         Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 2000 un recurso
                                                                        contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
Sin embargo, una vez finalizados los establecimientos, la               por Associazione Italiana Produttori Olivicoli — A.I.P.O.,
demandante se vio repentinamente inmersa en dificultades                representada por los Sres. Emilio Cappelli, Paolo De Caterini,
para gestionarlos a un coste asequible, dada la comedida                Fabio Lepri y Romano Vaccarella, Abogados de Roma.
respuesta de los propios socios a las previsiones de comerciali-
zación que se les ofrecı́a. Por otra parte, en el ı́nterin, las
condiciones del mercado se habı́an modificado profunda-                 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
mente. No obstante, se desarrollaba alternativamente una                que:
moderada actividad comercial, a partir de la campaña oleı́cola
1991/92. En tales circunstancias, en verano de 1994 la
demandante decidió recabar la colaboración de un socio                — Anule la Decisión C(1999) 4559 de la Comisión de las
privado.                                                                    Comunidades Europeas, de 14 de diciembre de 1999, en
                                                                            virtud del artı́culo 230 (antiguo artı́culo 173), y 231
                                                                            (antiguo artı́culo 174) del Tratado CE y, en consecuencia,
A raı́z de algunas dificultades surgidas con ese socio, finalmente
                                                                            acuerde, en su caso, la inaplicación los actos previos,
se nombró a un administrador judicial, cuyo comportamiento
                                                                            coordinados y conexos.
motivó que fuera demandado judicialmente. Todas estas
vicisitudes han evidentemente influido de una manera negativa
en la actividad empresarial de la demandante.                           — Condene en costas a la Comisión.
 ---pagebreak--- C 135/28               ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       13.5.2000
Motivos y principales alegaciones                                        Recurso interpuesto el 20 de marzo de 2000 contra la
                                                                         Comisión de las Comunidades Europeas por Lars Bo
                                                                                                     Rasmussen
El presente recurso se interpone contra la Decisión C(1999)
4559 de la Comisión, de 14 de diciembre de 1999, mediante                                       (Asunto T-63/00)
la que se revoca la ayuda concedida a la demandante, una
Unión nacional de Asociaciones de fabricantes del sector,
mediante la Decisión C (84) 500/213, de 29 de junio de 1984.                                     (2000/C 135/49)
Se habı́a solicitado dicha ayuda sobre la base de lo dispuesto
en el Reglamento no 355/77 del Consejo, de 15 de febrero de
1977, relativo a una acción común para la mejora de las                                 (Lengua de procedimiento: francés)
condiciones de transformación y de comercialización de los
productos agrı́colas (1), para un proyecto de construcción de           En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
tres centros para el almacenamiento, la elaboración y la                Europeas se ha presentado el 20 de marzo de 2000 un recurso
comercialización del aceite de oliva que debı́an realizarse en          contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
los términos municipales de Castri (Lecce), Eboli (Salerno) y            por Lars Bo Rasmussen, con domicilio en Dalheim (Gran
S. Lorenzo (Regio Calabria).                                             Ducado de Luxemburgo), representado por Me Michel Karp,
                                                                         Abogado de Luxemburgo.
La Decisión recurrida se basa en tres motivos de infracción            La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
principales: inactividad de los establecimientos para los que se         que:
obtuvo la financiación, diferencia entre las industrias ejecutadas
y las que se habı́an proyectado, ası́ como el hecho de haber             — Anule la Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1999,
suministrado datos inexactos acerca de la existencia, en las                 de denegar al demandante un permiso especial de dos dı́as
regiones afectadas, de instalaciones para el envasado y el                   y medio, del 11 de marzo (por la tarde) al 13 de marzo de
almacenamiento de aceite del mismo tipo que aquellas para las                1998.
que se concedió la financiación.
                                                                         — Condene a la demandada a abonarle una indemnización
                                                                             por daños y perjuicios de un franco simbólico como
Los motivos y alegaciones principales son similares a los                    reparación de su perjuicio moral.
invocados en el asunto T-61/00, APOL/Comisión. Se sostiene,
en particular, que:                                                      — Condene en costas a la demandada.
— La demandada ha interpretado erróneamente los datos
    facilitados por la demandante acerca de la existencia de             Motivos y principales alegaciones
    instalaciones como las proyectadas en las regiones de que
    se trata.                                                            La parte demandante impugna la negativa de la AFPN a
                                                                         concederle un permiso especial de los dı́as y medio, con el fin
                                                                         de permitirle votar en las elecciones generales que tuvieron
— La demandada se equivoca con respecto a la supuesta                    lugar en Dinamarca en 1998.
    disconformidad entre algunas obras e industrias con lo
    previsto en el proyecto aprobado.
                                                                         Según se indica al respecto, la parte demandante no pudo
                                                                         aportar ningún documento que acreditase su participación en
— El retraso en el desarrollo de las actividades de que se trata         dichas elecciones, puesto que la legislación danesa no permite
    es consecuencia directa de la crisis económica que atravesó        que la mesa electoral certifique la participación de un elector
    la demandante desde 1989, tras la pérdida de más de                 en el proceso electoral. Por consiguiente, justificó haber votado
    3 000 000 000 y 500 000 000 de liras italianas, por lo               mediante una declaración jurada.
    que se vio obligada a abonar el valor de mercancı́as a
    cuya custodia se habı́a obligado y que entonces fueron               En apoyo de sus pretensiones, el demandante alegó los motivos
    sustraı́das.                                                         siguientes:
— En el caso de autos se está ante irregularidades de carácter         — Motivación errónea e insuficiente de la Decisión impug-
    meramente parcial.                                                       nada.
                                                                         — Infringimiento del artı́culo 57 del Estatuto.
(1) DOCE L 51, de 23.2.1977, p. 1; EE 03/11, p. 239.                     — Violación del principio de igualdad de trato, en la medida
                                                                             en que, con arreglo a la solución adoptada por la deman-
                                                                             dada, sólo los funcionarios nacionales de un Estado
                                                                             miembro cuya legislación prevea la posibilidad de expedir
                                                                             un certificado de voto podrı́an disfrutar el permiso especial
                                                                             controvertido.