CELEX: C2000/122/11
Language: es
Date: 2000-04-29 00:00:00
Title: Asunto C-3/00: Recurso interpuesto el 6 de enero de 2000 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por el Gobierno del Reino de Dinamarca

C 122/6                 ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       29.4.2000
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-            Recurso interpuesto el 6 de enero de 2000 contra la
lución del Sozialgericht Nürnberg, de fecha 22 de noviem-              Comisión de las Comunidades Europeas por el Gobierno
bre de 1999, en el asunto entre 1) Alfredo Martı́nez                                         del Reino de Dinamarca
Domı́nguez, 2) Joaquı́n Benı́tez Urbano, 3) Agapito
Mateos Cruz, 4) Carmen Dolores Calvo Fernández, y                                                (Asunto C-3/00)
          Bundesanstalt für Arbeit, Kindergeldkasse
                                                                                                  (2000/C 122/11)
                        (Asunto C-471/99)
                                                                        En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                         (2000/C 122/10)                                presentado el 6 de enero de 2000 un recurso contra la
                                                                        Comisión de las Comunidades Europeas formulado por el
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha               Gobierno del Reino de Dinamarca, representado por el
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante           Sr. Jørgen Molde, kontorchef del Udenrigsministeriet, en cali-
resolución del Sozialgericht Nürnberg, dictada el 22 de                dad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo la
noviembre de 1999, en el asunto entre 1) Alfredo Martı́nez              sede de la Embajada del Reino de Dinamarca, 4, boulevard
Domı́nguez, 2) Joaquı́n Benı́tez Urbano, 3) Agapito Mateos              Royal. El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
Cruz, 4) Carmen Dolores Calvo Fernández, y Bundesanstalt für
Arbeit, Kindergeldkasse, y recibida en la Secretarı́a del Tribunal      — Anule la decisión de la Comisión de 26 de octubre de
de Justicia el 9 de diciembre de 1999. El Sozialgericht Nürnberg             1999 sobre las disposiciones nacionales —notificadas por
solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las                  el Reino de Dinamarca— relativas a la utilización de
siguientes cuestiones:                                                       sulfatos, nitritos y nitratos en los productos alimenticios.
1. ¿Debe interpretarse el artı́culo 77, apartado 2, letra b), del       — Condene en costas a la Comisión.
    Reglamento (CEE) no 1408/71 (1), en relación con el
    artı́culo 79, apartado 1, del mismo Reglamento en el
    sentido de que el Estado miembro en el que no residen los           Motivos y principales alegaciones
    titulares de pensiones o de rentas —que no han adquirido
    el derecho a pensión en un Estado miembro únicamente              — Vicios sustanciales de forma
    con arreglo a la legislación de dicho Estado, sino conforme
    a las normas de coordinación de la legislación social                  — Falta de audiencia de Dinamarca antes de la adopción
    europea— ha de pagar prestaciones completas cuando el                        de la decisión impugnada.
    derecho a pensión existe frente al Estado que no es el de
    residencia por perı́odos, o sólo nace a partir de un perı́odo,              Se ha violado el principio de contradicción, puesto que
    por los que el derecho a las prestaciones familiares                         no se ha dado al Gobierno danés la posibilidad de
    legalmente previstas en el Estado de residencia no existe o                  expresar su opinión respecto al contenido o al resultado
    se ha extinguido por cumplir un lı́mite de edad o rebasar                    de la decisión de la Comisión antes de su adopción.
    un lı́mite de ingresos o por falta de solicitud?
                                                                             — Falta de audiencia de Dinamarca respecto a las observa-
2. ¿Debe interpretarse el artı́culo 78, apartado 2, letra b), del                ciones de otros paı́ses.
    Reglamento (CEE) no 1408/71, en relación con el artı́culo
    79, apartado 1, del mismo Reglamento en el sentido de                        Debe suponerse que tales observaciones han influido
    que el Estado miembro en el que no reside el huérfano de                     en la decisión de la Comisión y la propia Comisión
    un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia                           deberı́a haber dado a Dinamarca la posibilidad de
    fallecido, que estuvo sometido a las legislaciones de varios                 presentar comentarios sobre dichas observaciones que,
    Estados miembros —si el derecho a la pensión de orfandad                    en cierta medida, se basan en la falta de comprensión
    no se ha adquirido, en un Estado miembro a cuya                              de las normas danesas.
    legislación haya estado sometido el trabajador por cuenta
    ajena o por cuenta propia fallecido, únicamente con                — Errores de Derecho
    arreglo a la legislación de dicho Estado ni conforme a las
    normas de coordinación de la legislación social europea—               — La decisión de la Comisión se basa en un error de
    ha de pagar prestaciones completas cuando el derecho a                       Derecho:
    pensión de orfandad existe frente al Estado que no es el de
    residencia por perı́odos, o sólo nace a partir de un perı́odo,              Por lo que respecta a la adopción de normas, no
    por los que el derecho a las prestaciones legalmente                         se puede separar la evaluación de una determinada
    previstas en el Estado de residencia no existe o se ha                       sustancia desde el punto de vista sanitario de la
    extinguido por cumplir un lı́mite de edad o rebasar un                       evaluación de las exigencias tecnológicas para su uso.
    lı́mite de ingresos o por falta de solicitud?                                El empleo de un aditivo determinado comporta un
                                                                                 riesgo potencial para la salud de las personas y su
                                                                                 utilización puede estar justificada en la medida en que
(1) DO L 149 de 5.7.1971, p. 2; EE: 05/01, p. 98.                                exista una exigencia tecnológica en este sentido. Por
                                                                                 consiguiente, las exigencias tecnológicas constituyen
                                                                                 un criterio pertinente a la hora de evaluar los motivos
                                                                                 de protección de la salud de las personas a los que se
 ---pagebreak--- 29.4.2000               ES                    Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       C 122/7
       refiere el artı́culo 30 del Tratado y, por tanto, también              para aplicar el principio de proporcionalidad: el margen
       el artı́culo 95, apartado 4, del Tratado. La Comisión                 de valoración establecido en el artı́culo 95 CEE implica
       incurre en un error de Derecho cuando afirma que                       una obligación especı́fica de la Comisión de basar su
       dichas exigencias tecnológicas no guardan relación con               decisión en un fundamento cientı́ficamente correcto y
       el objetivo de protección de la salud de las personas                 absolutamente claro. Esto no se ha cumplido en el
       mencionado en el artı́culo 30 del Tratado. El Gobierno                 presente asunto. En su decisión, la Comisión se ha
       danés muestra su desacuerdo sobre el hecho de que,                     limitado a expresar afirmaciones carentes de toda base
       cuando la Institución comunitaria legisladora adopta                  documental en relación con las exigencias tecnológicas.
       un acto jurı́dico, tras proceder a una evaluación de los              Las normas danesas, a diferencia de los valores máxi-
       intereses en juego, los Estados miembros ya no puedan                  mos de la Directiva para la utilización de nitritos y
       legı́timamente discutir la evaluación efectuada respecto              nitratos en los productos alimenticios, se ajustan
       a la finalidad de las disposiciones contenidas en el                   totalmente a las recomendaciones del Comité Cientı́fico
       artı́culo 95, apartados 4 y 6, del Tratado, en particular,             de la Alimentación Humana (dictámenes del Comité
       la de dar a los Estados, si éstos lo consideran necesario,             de 1990 y 1995). Esta circunstancia determina una
       la posibilidad de mantener en vigor disposiciones                      clara presunción de conformidad de las normas danesas
       nacionales, basándose en una evaluación distinta de la               con el principio de proporcionalidad.
       efectuada por las Instituciones comunitarias.
                                                                          — Por lo que respecta a los sulfatos, la decisión de la
   — Por lo que respecta a los nitritos y a los nitratos, la                  Comisión se basa en un error de Derecho, en particular
       decisión de la Comisión se basa en una aplicación                   en una aplicación errónea del principio de proporcio-
       equivocada del principio de proporcionalidad.                          nalidad.
       De la decisión impugnada resulta, por un lado, que la                 Las normas danesas fijadas para productos en los que
       Comisión considera que las disposiciones danesas                      se autorizan los sulfatos no son arbitrarias ni ilógicas,
       exceden de lo necesario para la protección de la                      como afirma la Comisión. La elección de los productos
       salud de las personas y, por otro, que las exigencias                  no es arbitraria, dado que en este caso se trata
       tecnológicas no tienen relación alguna con la finalidad              únicamente de mantener en vigor las normas danesas
       de protección de la salud humana recogida en el                       vigentes de conformidad con el artı́culo 95, apartado
       artı́culo 30 del Tratado. La Comisión parece estimar                  4, del Tratado. Las normas vigentes se basan en un
       únicamente que las disposiciones danesas constituyen                  cuidadoso examen destinado a determinar, por un
       una innecesaria (super) protección de la salud humana.                lado, hasta qué punto bajas cantidades de sulfatos
       Por consiguiente, la decisión de la Comisión se basa en              satisfacen las exigencias tecnológicas de los diversos
       una aplicación errónea del principio de proporcionali-               productos y, por otro, los productos para los cuales
       dad. En el presente litigio no existe una incertidumbre                existen métodos de conservación alternativos.
       cientı́fica respecto al hecho de que mediante la incor-
       poración de nitritos y nitratos a las carnes se producen
       nitrosaminas cancerı́genas. El Comité Cientı́fico de
                                                                              Además, las normas danesas son proporcionales, dado
       la Alimentación Humana de la Unión Europea ha
                                                                              que se ajustan totalmente a las recomendaciones
       considerado que no puede fijarse un lı́mite mı́nimo
                                                                              del Comité Cientı́fico de la Alimentación Humana
       por debajo del cual no existen riesgos de cáncer
                                                                              (dictamen del Comité de 25 de febrero de 1994).
       derivados de las nitrosaminas y, por consiguiente, los
       Estados miembros deben tener a fortiori la posibilidad
       de adoptar disposiciones para la protección de la salud
       de las personas, de conformidad con el principio de                — La Comisión presupone erróneamente la existencia de
       precaución. Ası́, el principio de proporcionalidad debe               una pregunta sobre la especial situación de Dinamarca
       ser interpretado en el sentido de que no se opone a                    como base de su decisión.
       normas nacionales que, habida cuenta de la protección
       de la salud de las personas, fijen, para el uso de
       nitritos y nitratos en los productos alimenticios, valores             La cuestión de si existe una situación especial en un
       máximos correspondientes a las exigencias tecnológi-                 Estado miembro para justificar la aplicación del artı́culo
       cas estrictamente necesarias para obtener el necesario                 95, apartado 4, del Tratado no se encuentra entre los
       efecto conservante de las carnes de las que se trata y                 motivos incluidos en dicha disposición. El apartado 4
       garantizar la inexistencia de riesgos microbiológicos                 sólo menciona «razones importantes contempladas en
       para la salud. Las normas danesas se adoptaron de                      el artı́culo 30 o relacionadas con la protección del
       conformidad con este requisito de proporcionalidad y                   medio de trabajo o del medio ambiente».
       el valor máximo danés permite la comercialización de
       productos cuando la incorporación de nitritos y nitra-
       tos se deba a exigencias tecnológicas reales.                     — La decisión de la Comisión se basa en una serie de tesis
                                                                              erróneas o carentes de fundamento.
       Con carácter subsidiario, el demandante alega que la
       decisión de la Comisión se basa en una extralimitación          — Falta de pronunciamiento, infracción del artı́culo 95,
       evidente de la Institución en su margen de evaluación                apartado 6, del Tratado.
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         La Comisión no se pronuncia, conforme al apartado 6           un Estado tercero. Dado que las restricciones citadas afectan
         de dicho artı́culo, sobre si las citadas normas danesas        al control de los órganos de administración, constituyen
         constituyen un medio de discriminación arbitraria o           restricciones al establecimiento de las sociedades, especial-
         una restricción encubierta del comercio entre Estados         mente en el caso de las sucursales, agencias o filiales de
         miembros y si constituyen un obstáculo para el                sociedades de otros Estados miembros en los que no existen
         funcionamiento del mercado interior.                           dichas restricciones. En el supuesto de sociedades gestionadas
                                                                        por nacionales de paı́ses terceros, se verı́an obligadas a cambiar
     — Falta de motivación.                                            la composición de sus órganos de administración si desearan
                                                                        registrar un buque y crear un establecimiento en Francia. Por
                                                                        consiguiente, los requisitos exigidos por el artı́culo 3, apartado
                                                                        2, letras a, b y c, infringen lo dispuesto en el artı́culo 48, dado
                                                                        que imponen requisitos de nacionalidad a los titulares del
                                                                        capital y a los órganos de administración de las sociedades que
                                                                        no están previstos en él y, de esta forma, no dispensan a las
                                                                        sociedades el mismo trato que a las personas fisicas por lo que
Recurso interpuesto el 6 de enero de 2000 contra Repú-                 se refiere a la libertad de establecimiento en el caso de
blica Francesa por la Comisión de las Comunidades                      registro de buques. Aunque estas disposiciones se apliquen
                             Europeas                                   indistintamente a las sociedades francesas y a las de los demás
                                                                        Estados miembros de la CEE, infringen lo dispuesto en el
                         (Asunto C-4/00)                                artı́culo 43 y en el artı́culo 48. También infringe estos artı́culos
                                                                        lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artı́culo 3 y en el
                                                                        artı́culos 3-1, 1) y 2), en la medida en que se remite al
                         (2000/C 122/12)
                                                                        artı́culo 3(2).
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
presentado el 6 de enero de 2000 un recurso contra República
Francesa formulado por la Comisión de las Comunidades
Europeas, representada por los Sres. Frank Benyon, Consejero
Jurı́dico, y Bernard Mongin, miembro de su Servicio Jurı́dico,
en calidad de Agentes, que designa como domicilio en
Luxemburgo el despacho de Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                 Recurso interpuesto el 14 de enero de 2000 por la
miembro del mismo Servicio, Centre Wagner C 254, Kirch-                 Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco
berg, Luxemburgo.                                                                                  Central Europeo
                                                                                                  (Asunto C-11/00)
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
1. Declare que República Francesa ha incumplido las obliga-                                       (2000/C 122/13)
     ciones que le incumben en virtud de los artı́culos 43 y 48
     del Tratado CE al mantener en vigor los artı́culos 3 y 3-1         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     de la Ley no 67-5, de régimen jurı́dico de los buques y            presentado el 14 de enero de 2000 un recurso contra el
     otras construcciones marı́timas, y el artı́culo 219 del            Banco Central Europeo, formulado por la Comisión de las
     código de aduanas, modificados por la Ley no 96/151, de           Comunidades Europeas, representada por los Sres. Christiaan
     26 de febrero de 1996, relativa a los transportes.                 Timmermans, Director General Adjunto del Servicio Jurı́dico,
                                                                        Hans Peter Hartvig y Ulrich Wölker, Consejeros Jurı́dicos, en
2. Condene en costas a República Francesa.                             calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxem-
                                                                        burgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro
                                                                        del Servicio Jurı́dico, Centre Wagner, Kirchberg.
Motivos y principales alegaciones
                                                                        La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
El artı́culo 3, apartado 2, párrafo tercero, letras a, b y c, de la    de Justicia que:
Ley no 67-5 establece que los armadores con forma de una
sociedad deben cumplir determinados requisitos de nacionali-            — Anule la Decisión del Consejo de Gobierno del Banco
dad por lo que se refiere, por una parte, a los miembros de los              Central Europeo de 7 de octubre de 1999, sobre preven-
órganos de administración y de gestión de estas sociedades                ción del fraude (1).
[apartado 2, letras a, b, y c] y, por otra parte, a los titulares del
capital [en el apartado 2, letra c]. Ahora bien, los Estados            — Condene en costas al Banco Central Europeo.
miembros deben tratar a todas las sociedades que cumplan los
requisitos del artı́culo 48 del Tratado de la misma forma que
tratan a las personas fı́sicas naturales de los demás Estados          Motivos y principales alegaciones
miembros, aun cuando la mayorı́a de los miembros del consejo
de administración no es nacional de un Estado miembro de la            Infracción del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento
Comunidad o la sociedad ha sido constituida por nacionales              Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las
de un Estado tercero o a partir de capitales procedentes de             investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha
paı́ses terceros, incluso como filial de una sociedad matriz de         contra el Fraude (OLAF):