CELEX: 51995PC0520
Language: es
Date: 1996-06-18
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo

Avis juridique important

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51995PC0520

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo  /* COM/95/0520 FINAL - COD 96/0161 */  

Diario Oficial n° C 307 de 16/10/1996 p. 0008

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la  venta y las garantías de los bienes de consumo (96/C  307/09) (Texto pertinente a los fines del  EEE) COM(95) 520 final - 96/0161(COD)(Presentada por la Comisión el 23 de agosto de 1996) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 100  A, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Comité Económico y Social, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189  B del Tratado, Considerando que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está  garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales; que la libre  circulación de mercancías no se refiere solamente al comercio profesional, sino también a los  particulares; que la libre circulación implica que los consumidores residentes en un Estado miembro  puedan abastecerse, con pleno conocimiento, en el territorio de otro Estado miembro con arreglo a  un fondo mínimo de normas equitativas que regulen la compraventa de bienes de consumo; Considerando que las legislaciones de los Estados miembros sobre la venta de bienes de consumo  presentan numerosas disparidades, como consecuencia de las cuales existen diferencias entre unos y  otros mercados nacionales en materia de ventas de bienes de consumo y pueden surgir distorsiones de  la competencia entre los vendedores; Considerando que el consumidor que trata de beneficiarse de las ventajas del gran mercado  adquiriendo bienes en un Estado miembro distinto del de su residencia desempeña un papel  fundamental en la realización del mercado interior, en cuanto impide la reconstrucción artificial  de nuevas fronteras y la compartimentación de los mercados; que esas posibilidades se incrementan  considerablemente con las nuevas tecnologías de comunicación, que permiten acceder fácilmente a  sistemas de distribución de otros países miembros o internacionales; que, si no existe una  armonización mínima de las normas relativas a la compra de bienes de consumo, puede entorpecerse el  desarrollo de la venta de bienes a través de las nuevas tecnologías de comunicación a distancia; Considerando que la creación de una base mínima común de derechos para los consumidores, válida  independientemente del lugar de la compra de los bienes en la Comunidad, reforzará la confianza de  los consumidores y permitirá a éstos aprovechar mejor las ventajas derivadas del establecimiento  del mercado interior; Considerando que las principales dificultades de los consumidores y la principal fuente de  conflictos con los vendedores se refieren a la falta de conformidad del bien con el contrato; que,  en consecuencia, es conveniente aproximar las legislaciones nacionales sobre la venta de bienes de  consumo en lo relativo a este aspecto, aunque sin afectar a las disposiciones y principios de los  Derechos nacionales aplicables a los regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual; Considerando que los bienes deben ante todo corresponder a las cláusulas contractuales; que el  concepto de conformidad con el contrato puede considerarse como una base común a las diferentes  tradiciones jurídicas nacionales; que el vendedor debe ser el responsable directo ante el  consumidor de la conformidad de los bienes con el contrato; que ésta es la solución tradicional  establecida en los Derechos de los Estados miembros; que, no obstante, el vendedor debe poder  recurrir contra su propio vendedor o contra el productor cuando la falta de conformidad resulte de  un acto o de una omisión de éstos; Considerando que, en caso de que el producto no sea conforme al contrato, es conveniente otorgar al  consumidor el derecho a pedir la reparación o la sustitución del bien, o, en concepto de  indemnización, una reducción del precio pagado por él, o la rescisión del contrato de venta; que,  no obstante, es preciso limitar en el tiempo el ejercicio de estos derechos y fijar los plazos en  que éstos podrán ejercerse ante el vendedor; Considerando que, para garantizar la seguridad de las transacciones y la lealtad en las relaciones  entre las partes, es conveniente que sea el consumidor quien deba indicar al vendedor, en un breve  plazo, cualquier falta de conformidad comprobada; que, para que las partes puedan hallar soluciones  amistosas sin tener que recurrir inmediatamente a los tribunales para salvaguardar sus derechos,  conviene establecer que la denuncia de la falta de conformidad del bien por el consumidor  interrumpirá el plazo de prescripción; Considerando que es práctica corriente, en lo que respecta a determinadas categorías de bienes, que  los vendedores o los productores ofrezcan a los consumidores garantías sobre sus productos contra  cualquier defecto que se manifieste en un plazo determinado; que esta práctica puede contribuir a  un incremento de la competencia en el mercado; que, no obstante, estas garantías pueden ser un  simple instrumento publicitario y resultar engañosas para el consumidor; que, para asegurar la  transparencia del mercado, es conveniente establecer algunos principios comunes aplicables a las  garantías ofrecidas por los operadores económicos; Considerando que los derechos concedidos a los consumidores no deben poder eludirse mediante  acuerdos entre las partes, so pena de vaciar de contenido la protección legal; que el consumidor  deberá poder siempre invocar derechos resultantes de la presente Directiva o de cualquier otra  disposición nacional vigente, aun cuando acepte la aplicación de la garantía; que la protección del  consumidor resultante de la presente Directiva no podrá reducirse alegando que el Derecho de un  tercer país es aplicable al contrato; Considerando que la legislación y la jurisprudencia en este ámbito demuestran, en los distintos  Estados miembros, una preocupación creciente por asegurar a los consumidores un elevado nivel de  protección; que, a la luz de esta evolución y de la experiencia adquirida en la aplicación de la  presente Directiva, podrá ser necesario prever una mayor armonización, en particular estableciendo  una responsabilidad directa del productor respecto de los defectos de que sea responsable; Considerando que los Estados miembros han de tener la facultad de adoptar o mantener, en el ámbito  de la presente Directiva, disposiciones más estrictas con objeto de garantizar un nivel de  protección más elevado de los consumidores, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Ámbito de aplicación y definiciones 1.  La presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y  administrativas de los Estados miembros relativas a la venta y a las garantías de bienes de  consumo, con objeto de garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el  marco del mercado interior. 2.  A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) consumidor: toda persona física que, en los contratos a que se refiere la presente Directiva,  actúa con fines que no entran en el marco de su actividad profesional; b) bien de consumo: cualquier bien destinado normalmente a un uso o consumo final, con exclusión de  los inmuebles; c) vendedor: la persona física o jurídica que venda bienes de consumo en el marco de su actividad  profesional; d) garantía: todo compromiso adicional, con respecto al régimen legal de la venta de los bienes de  consumo, asumido por un vendedor o productor, de reembolsar el precio pagado por un bien, de  cambiarlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que éste no fuera  conforme al contrato. Artículo 2 Conformidad con el contrato 1.  Los bienes de consumo deberán ser conformes al contrato de compraventa. 2.  Los bienes se considerarán conformes al contrato si, en el momento de ser entregados al  consumidor: a) se ajustan a la descripción realizada por el vendedor y poseen las cualidades del bien que el  vendedor haya presentado al consumidor como muestra o modelo; b) son aptos para los usos a que ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo; c) son aptos para el uso especial requerido por el consumidor y que éste haya puesto en  conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato, salvo que de las  circunstancias resulte que el comprador no se atuvo a las explicaciones del vendedor; d) su calidad y sus prestaciones son satisfactorias, habida cuenta de la naturaleza del bien y del  precio pagado y de las declaraciones públicas sobre el mismo hechas por el vendedor, el productor o  su representante. 3.  La falta de conformidad que resulte de una mala instalación del bien se considerará como falta  de conformidad del bien con el contrato, cuando la instalación haya sido realizada por el vendedor  o bajo su responsabilidad. Artículo 3 Obligaciones del vendedor 1.  El vendedor responderá ante el consumidor de toda falta de conformidad que exista en el momento  de la entrega del bien al consumidor y que se manifieste durante un período de dos años a partir de  ese momento, salvo cuando, en el momento de la celebración del contrato de compraventa, el  consumidor conociere o no pudiere ignorar la falta de conformidad. 2.  El vendedor no será responsable de la falta de conformidad que resulte de declaraciones  públicas realizadas por el productor o por su representante si: - el vendedor desconocía o no estaba razonablemente en condiciones de conocer dicha declaración; - el vendedor demuestra que corrigió dicha declaración en el momento de la venta al consumidor; - el vendedor demuestra que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar. 3.  Hasta que se demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se  manifiesten en un período de seis meses a partir del momento de la entrega ya existían en esa  fecha, salvo cuando esa presunción sea incompatible con la naturaleza de los bienes o el carácter  de la falta de conformidad. 4.  Cuando se ponga en conocimiento del vendedor la falta de conformidad, con arreglo al artículo  4, el consumidor podrá pedir a éste la reparación gratuita del bien en un plazo razonable, o la  sustitución de dicho bien, siempre que sea posible, o una reducción adecuada del precio, o bien la  rescisión del contrato. El ejercicio del derecho a la rescisión o a la sustitución estará limitado  a un año. Los Estados miembros podrán prever que, en caso de faltas de conformidad leves, se limite la gama  de derechos mencionados en el párrafo primero. 5.  Cuando el vendedor final deba responder ante el consumidor por una falta de conformidad  resultante de un acto u omisión del productor, de un vendedor anterior perteneciente a la misma  cadena contractual o de cualquier otro intermediario, el vendedor final podrá siempre recurrir  contra la persona responsable, en las condiciones establecidas en los Derechos nacionales. Artículo 4 Obligaciones del consumidor 1.  Para poder beneficiarse de los derechos contemplados en el apartado 4 del artículo 3, el  consumidor deberá denunciar al vendedor cualquier falta de conformidad en el plazo de un mes a  partir del momento en que el consumidor comprobó dicha falta o hubiera normalmente debido  comprobarla. 2.  La denuncia formulada de conformidad con el apartado 1 interrumpirá la prescripción de los  derechos previstos en el apartado 4 del artículo 3. Artículo 5 Garantías 1.  Cualquier garantía ofrecida por un vendedor o un productor obligará jurídicamente a la persona  que la ofrezca en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la publicidad  correspondiente y deberá situar al beneficiario en una posición más ventajosa que la que resulte  del régimen relativo a la venta de bienes de consumo establecido en las disposiciones nacionales  aplicables. 2.  La garantía deberá figurar en un documento escrito que deberá poder consultarse libremente  antes de la compra y deberá indicar con claridad los elementos básicos para su aplicación, en  particular la duración y el alcance territorial de la garantía, así como el nombre y la dirección  del garante. Artículo 6 Carácter imperativo de las disposiciones 1.  Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de la denuncia de  la falta de conformidad, que excluyan o limiten los derechos que resultan de la presente Directiva  no vincularán al consumidor. 2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, sea cual fuere la ley aplicable  al contrato, y siempre que éste presente un estrecho vínculo con el territorio de los Estados  miembros, el consumidor no se vea privado de la protección resultante de la presente Directiva. Artículo 7 Derecho nacional y protección mínima 1.  Los derechos que resultan de la presente Directiva se ejercerán sin perjuicio de otros derechos  que pueda invocar el consumidor en virtud de otras normas nacionales relativas al derecho de la  responsabilidad contractual o extracontractual. 2.  Los Estados miembros podrán adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la presente  Directiva, disposiciones más estrictas -compatibles con el Tratado- para garantizar al consumidor  un nivel de protección más elevado. Artículo 8 Transposición 1.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas  necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar  .  .  .  (*). Informarán inmediatamente  de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la  presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados  miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno  que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 9 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario  Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 10 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.(*) Dos  años después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.