CELEX: 62015CO0511
Language: es
Date: 2016-10-12 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 12 de octubre de 2016.#Renata Horžić y Siniša Pušić contra Privredna banka Zagreb y Božo Prka.#Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Prekršajni Sud u Bjelovaru.#Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Contratos de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Contrato de crédito inmobiliario — Tipo de interés variable — Obligaciones que incumben al prestamista — Normativa nacional aplicable a los contratos en curso en la fecha de su entrada en vigor — Inaplicabilidad de la Directiva 2008/48.#Asuntos acumulados C-511/15 y C-512/15.

AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
      de 12 de octubre de 2016 (
            *1
         ) (
            1
         )
      [Texto rectificado mediante auto de 15 de diciembre de 2016]
      «Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Contratos de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Contrato de crédito inmobiliario — Tipo de interés variable — Obligaciones que incumben al prestamista — Normativa nacional aplicable a los contratos en curso en la fecha de su entrada en vigor — Inaplicabilidad de la Directiva 2008/48»
      En los asuntos acumulados C‑511/15 y C‑512/15,
      que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Prekršajni sud u Bjelovaru (Tribunal de Delitos Leves de Bjelovar, Croacia), mediante resoluciones de 15 de septiembre de 2015, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2015, en los procedimientos entre
      
         Renata Horžić (asunto C‑511/15),
      
         Siniša Pušić (asunto C‑512/15)
      y
      
         Privredna banka Zagreb d.d.,
      
      
         Božo Prka
      
      ELTRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
      integrado por el Sr. E. Regan (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. J.‑C. Bonichot y A. Arabadjiev, Jueces;
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      consideradas las observaciones presentadas:
      
               —
            
            
               en nombre de la República de Croacia, por la Sra. A. Metelko-Zgombić, en calidad de agente;
            
         
               —
            
            
               en nombre de la República Checa, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
            
         
               —
            
            
               en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. G. Goddin y el Sr. M. Mataija, en calidad de agentes;
            
         vista la decisión adoptada, oída la Abogado General, de resolver mediante auto motivado, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
      dicta el siguiente
      
         Auto
      
      
               1
            
            
               [En su versión modificada mediante auto de 15 de diciembre de 2016] Las peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación de los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; correcciones de errores en DO 2009, L 207, p. 14, DO 2010, L 199, p. 40, y DO 2011, L 234, p. 46).
            
         
               2
            
            
               Estas peticiones se han presentado en el contexto de unos procesos penales iniciados tras la presentación de unas querellas de la Sra. Renata Horžić y del Sr. Siniša Pušić, que se constituyeron en partes civiles, contra Privredna banka Zagreb d.d. y el Sr. Božo Prka, responsable de dicha sociedad (en lo sucesivo, conjuntamente, «acusados»), debido al presunto incumplimiento de determinadas obligaciones de estos últimos en materia de crédito al consumo.
            
         
         Marco jurídico
      
      
         Derecho de la Unión
      
      
               3
            
            
               Los considerandos 9 y 10 de la Directiva 2008/48 indican:
               
                        «(9)
                     
                     
                        Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la [Unión] se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y para crear un auténtico mercado interior. En este sentido, los Estados miembros no deben poder mantener o introducir disposiciones nacionales distintas a las previstas por la presente Directiva, pero tal restricción solo debe aplicarse cuando en la Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de mantener o adoptar normas nacionales. [...]
                     
                  
                        (10)
                     
                     
                        Las definiciones que contiene la presente Directiva determinan el alcance de la armonización. La obligación de los Estados miembros de aplicar las disposiciones de la presente Directiva debe limitarse, por consiguiente, al ámbito de aplicación que dichas definiciones determinan. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho [de la Unión], apliquen las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. Por lo tanto, un Estado miembro podría mantener o adoptar normas nacionales que correspondan a las disposiciones de la presente Directiva o a algunas de sus disposiciones en materia de contratos de crédito al margen del ámbito de aplicación de la presente Directiva [...]»
                     
                  
         
               4
            
            
               El considerando 14 de dicha Directiva es del siguiente tenor:
               «Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos relativos a la concesión de un crédito que esté garantizado por una hipoteca sobre un inmueble, dado que este tipo de crédito tiene un carácter muy específico. Asimismo, aquellos contratos de crédito cuyo propósito consista en financiar la adquisición o conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios existentes o por construir deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. [...]»
            
         
               5
            
            
               El artículo 2 de la referida Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone:
               «1.   La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito
               2.   La presente Directiva no se aplicará a:
               [...]
               
                        b)
                     
                     
                        los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir;
                     
                  [...]»
            
         
               6
            
            
               A tenor del artículo 11 de la misma Directiva, titulado «Información sobre el tipo deudor»:
               «1.   En su caso, el consumidor será informado de toda modificación del tipo deudor mediante documento en papel u otro soporte duradero antes de que el cambio entre en vigor. La información detallará el importe de los pagos tras la entrada en vigor del nuevo tipo deudor, y, si cambiara el número o la frecuencia de los pagos, los correspondientes detalles.
               2.   No obstante, en el contrato de crédito las partes podrán acordar que la información indicada en el apartado 1 se proporcione al consumidor de forma periódica en los casos en que la modificación en el tipo deudor se deba a una modificación de un tipo de referencia, siempre y cuando el nuevo tipo de referencia se haga público por los medios adecuados y la información al respecto esté disponible también en los locales del prestamista.»
            
         
               7
            
            
               El artículo 22 de la Directiva 2008/48, titulado «Armonización y carácter obligatorio de la presente Directiva», dispone en su apartado 1:
               «En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan.»
            
         
               8
            
            
               El artículo 23 de esta Directiva, con el título «Sanciones», establece:
               «Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
            
         
               9
            
            
               Denominado «Medidas transitorias», el artículo 30 de la citada Directiva dispone:
               «1.   La presente Directiva no se aplicará a los contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de las medidas nacionales de ejecución.
               2.   No obstante, los Estados miembros se asegurarán de que [el artículo] 11 [...] se [aplique] asimismo a los contratos de crédito de duración indefinida existentes en la fecha en que entren en vigor las medidas nacionales de ejecución.»
            
         
         Derecho croata
      
      
               10
            
            
               La Zakon o potrošačkom kreditiranju (Ley sobre el crédito al consumo) (Narodne novine, br. 75/09), que entró en vigor el 1 de enero de 2010, tiene por objeto transponer al Derecho nacional las disposiciones de la Directiva 2008/48.
            
         
               11
            
            
               El artículo 3 de esta Ley enumera los tipos de contratos de crédito a los que ésta no se aplicará, entre los cuales no figuran ni los contratos de crédito garantizados por una hipoteca o por otra garantía comparable ni los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir.
            
         
               12
            
            
               El artículo 11 de la referida Ley, titulado «Información sobre el tipo de interés», dispone lo siguiente:
               «(1)   Cuando se estipule un tipo de interés variable, el prestamista tendrá la obligación de informar al consumidor de toda modificación de dicho tipo, por escrito u otro soporte duradero, al menos 15 días antes de que comience a aplicarse. La información deberá incluir el importe de los pagos periódicos que deberán abonarse tras la entrada en vigor del nuevo tipo de interés y, si cambiara el número o la frecuencia de los pagos, los correspondientes detalles.
               (2)   En el contrato de crédito las partes podrán acordar que la información indicada en el apartado 1 de este artículo se proporcione al consumidor de forma periódica cuando la modificación del tipo de interés se deba a una modificación de un tipo de referencia, siempre y cuando el nuevo tipo de referencia sea públicamente accesible, en particular en los locales comerciales del prestamista.»
            
         
               13
            
            
               La Ley sobre el crédito al consumo fue modificada, con efectos a partir del 1 de enero de 2014, por la Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Ley por la que se modifica la Ley sobre el crédito al consumo) (Narodne novine, br. 143/13).
            
         
               14
            
            
               Introducido por el artículo 3 de esta Ley, el artículo 11a de la Ley sobre el crédito al consumo, en su versión modificada, titulado «Tipo de interés variable», dispone:
               «(1)   Cuando se estipule un tipo de interés variable, el prestamista tendrá la obligación de:
               
                        a)
                     
                     
                        determinar el parámetro que se aplicará en el contexto de la adopción de una decisión de corrección del tipo de interés variable, y que deberá ser claro y conocido por los consumidores y
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        establecer cualitativa y cuantitativamente el nexo causal entre las fluctuaciones del parámetro mencionado en la letra a) y su impacto en el tipo de interés variable, e
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        identificar a qué períodos se refiere la adopción de la decisión sobre la corrección del tipo de interés (cuál es el período de base y cuál es el período de referencia).
                     
                  (2)   El parámetro del apartado 1 de dicho artículo será una de las siguientes variables: euríbor, LIBOR, NRS (tipo nacional de referencia), rendimiento de los bonos del Tesoro del Ministerio de Finanzas o el tipo de interés medio para los depósitos de los particulares en una determinada divisa. El tipo de interés variable se calculará sumando al parámetro pactado un margen fijo que los bancos no podrán sobrepasar durante el período de reembolso del préstamo y que deberá acordarse al mismo tiempo que el parámetro.
               (3)   Las variaciones del tipo de interés en un período de referencia no podrán ser superiores, ni inferiores en caso de disminución, a la variación del parámetro a que se refiere el apartado 1, expresada en puntos porcentuales.
               (4)   Si el prestamista ofrece un tipo de interés variable, deberá informar al consumidor de manera clara e inequívoca de los elementos del apartado 1 del presente artículo antes de la celebración del contrato de crédito. Asimismo, le advertirá de todos los riesgos relacionados con dicha variabilidad e indicará de manera clara e inequívoca en el propio contrato de crédito los elementos variables en función de los cuales se calcularán los tipos de interés variable.
               (5)   Para todos los contratos de crédito en curso celebrados antes de la entrada en vigor de la presente Ley en los que no se hayan determinado el parámetro ni el nexo causal, el prestamista deberá, de conformidad con el presente artículo, determinar como parámetro una de las siguientes variables:
               
                        —
                     
                     
                        tipos de interés de referencia (euríbor, LIBOR) o
                     
                  
                        —
                     
                     
                        NRS o
                     
                  
                        —
                     
                     
                        el tipo de rendimiento de los bonos del Tesoro del Ministerio de Finanzas o
                     
                  
                        —
                     
                     
                        el tipo de interés medio para los depósitos de los particulares en una divisa determinada;
                     
                  deberá indicar igualmente la parte fija del tipo de interés y el momento de los cambios de los tipos de interés. [...]
               [...]»
            
         
               15
            
            
               El artículo 26, apartado l, punto 28, de la Ley sobre el crédito al consumo, en su versión modificada, prevé la imposición de una multa al prestamista o intermediario de crédito que incumpla las obligaciones que le corresponden en virtud del artículo 11a, apartado 5, de ésta.
            
         
               16
            
            
               A tenor del artículo 13 de la Ley por la que se modifica la Ley sobre el crédito al consumo:
               «(1)   El artículo 3 de la presente Ley en la medida en que se refiere al artículo 11a, apartado 5, de la Ley sobre el crédito al consumo [...] se aplicará a todos los contratos de crédito al consumo con independencia de la fecha en que se hubieren celebrado.
               (2)   Con respecto a los contratos de crédito en curso que se hayan celebrado hasta la entrada en vigor de la presente Ley, en los que no se hayan determinado los parámetros ni el nexo causal, los prestamistas deberán, a más tardar el 1 de enero de 2014, pactar el tipo de interés con los prestatarios, definiendo los parámetros y los márgenes fijos, así como el período de aplicación de los tipos de interés variables.»
            
         
         Litigios principales y cuestiones prejudiciales
      
      
               17
            
            
               La Sra. Horžić y el Sr. Pušić celebraron con los acusados, el 12 de octubre de 2005 y el 21 de septiembre de 2006 respectivamente, sendos contratos de crédito inmobiliario que estipulaban un tipo de interés variable fijado, según los casos, en 4,03 % y en 4,25 %. Posteriormente, ese tipo de interés se incrementó varias veces hasta alcanzar el 5,95 % y el 6,00 %, respectivamente.
            
         
               18
            
            
               Con ocasión del último incremento del referido tipo, los querellantes en el litigio principal recibieron del Privredna banka Zagreb una notificación que les indicaba que ese incremento se explicaba por cambios en los grupos de productos bancarios comercializados y por la estabilidad de la empresa. Esta notificación no proporcionaba, en cambio, ninguna información sobre los parámetros aplicados para calcular el importe de dicho incremento.
            
         
               19
            
            
               Los citados querellantes presentaron entonces ante el Prekršajni sud u Bjelovaru (Tribunal de Delitos Leves de Bjelovar, Croacia) una querella contra los acusados, basada en que éstos habían infringido la Ley sobre el crédito al consumo, en su versión modificada, al no haber elaborado, a 1 de enero de 2014, un anexo a su contrato de crédito que definiese los parámetros y la parte fija de los tipos de interés así como el período de aplicación de éstos, con arreglo a las disposiciones del artículo 11a, apartado 5, de esa Ley.
            
         
               20
            
            
               Sin embargo, los acusados alegan que la mencionada Ley no se ajusta a la Directiva 2008/48, en particular a su artículo 30, apartado 1, dado que impone al prestamista obligaciones en cuanto a la determinación del tipo de interés variable de los contratos de crédito que estuvieran en curso en la fecha de entrada en vigor de la misma Ley, es decir, el 1 de enero de 2014, lo que implica así un efecto retroactivo contrario a dicha disposición, y ello a pesar de que la citada Directiva realizó una armonización completa.
            
         
               21
            
            
               En esas circunstancias, el Prekršajni sud u Bjelovaru (Tribunal de Delitos Leves de Bjelovar) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Puede interpretarse y juzgarse la aplicación retroactiva de la Ley [sobre el crédito al consumo, en su versión modificada] exclusivamente de conformidad con las disposiciones de dicha Ley, y tal aplicación de [esa] Ley [...] se ajusta al Derecho de la Unión, especialmente al artículo 30 de la Directiva 2008/48 [...], en cuyo apartado 1 se dice expresamente que esta Directiva no se aplicará a los contratos de crédito celebrados antes de la entrada en vigor de la normativa nacional que transponga la [referida] Directiva al Derecho nacional?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, ¿puede interpretase la disposición penal del artículo 26, apartado l, punto 28, de la Ley sobre el crédito al consumo[, en su versión modificada] con arreglo al artículo 23 de la Directiva [2008/48] en relación con las disposiciones transitorias del artículo 30 de la antedicha Directiva, en el sentido de que las sanciones establecidas para la infracción de disposiciones del Derecho nacional adoptadas sobre la base de la antedicha Directiva no pueden aplicarse a eventuales infracciones relacionadas con contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de las medidas nacionales de ejecución?»
                     
                  
         
               22
            
            
               Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 28 de octubre de 2015 se acordó la acumulación de los asuntos C‑511/15 y C‑512/15 a efectos de la fase escrita del procedimiento y del presente auto.
            
         
         Sobre las cuestiones prejudiciales
      
      
               23
            
            
               Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a unas disposiciones nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que exigen al prestamista, so pena de sanciones penales, el cumplimiento de obligaciones en materia de tipo de interés variable por lo que respecta a contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones.
            
         
               24
            
            
               Con arreglo al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial puede deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
            
         
               25
            
            
               Procede aplicar esta disposición en los presentes asuntos. En efecto, como alegan, en esencia, los Gobiernos croata y checo y la Comisión Europea, la respuesta a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente puede deducirse claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de la sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România (C‑602/10, EU:C:2012:443), y del auto de 3 de julio de 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051).
            
         
               26
            
            
               A este respecto, procede recordar que, efectivamente, como han alegado los acusados, se deriva de lo dispuesto en el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48, interpretado a la luz de sus considerandos 9 y 10, que esta Directiva, en lo referente a los contratos de crédito comprendidos en su ámbito de aplicación, establece una armonización completa y, como se desprende del título del citado artículo 22, tiene carácter imperativo, lo cual debe entenderse en el sentido de que, en las materias específicamente abordadas por la armonización, los Estados miembros no están autorizados a mantener o a aprobar disposiciones nacionales diferentes de las establecidas en la propia Directiva (sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 38).
            
         
               27
            
            
               No obstante, con arreglo al tenor inequívoco del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/48, y a la luz de su considerando 14, los contratos de crédito cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir están excluidos del ámbito de aplicación material de dicha Directiva (véanse, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 42, y el auto de 3 de julio de 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, apartado 30).
            
         
               28
            
            
               En consecuencia, como de las resoluciones de remisión se desprende que los contratos de crédito examinados en el litigio principal son contratos de crédito «inmobiliario», la Directiva 2008/48 no se aplica a los hechos del asunto principal (véanse, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartados 41 y 42, así como el auto de 3 de julio de 2014, Tudoran, C‑92/14, EU:C:2014:2051, apartado 31).
            
         
               29
            
            
               Una vez sentado esto, el Derecho de la Unión permite que los Estados miembros apliquen disposiciones de esta Directiva a sectores no comprendidos en su ámbito de aplicación, tal como indica el considerando 10 de dicha Directiva. Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros pueden mantener o aprobar medidas nacionales que correspondan a las disposiciones de la Directiva o a algunas de ellas, en lo referido a los contratos de crédito que no forman parte del ámbito de aplicación de dicha Directiva (sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 40).
            
         
               30
            
            
               Por lo tanto, tratándose de unos contratos de crédito como los examinados en el litigio principal, la armonización que establece la Directiva 2008/48 no se opone a que un Estado miembro incluya esos contratos en el ámbito de aplicación de una medida nacional para la transposición de la citada Directiva, con objeto de aplicar todas las disposiciones de la Directiva o algunas de ellas a esos contratos (sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartados 40 y 43).
            
         
               31
            
            
               Como se desprende de los considerandos 9 y 10 de la Directiva 2008/48, corresponde, en principio, a los Estados miembros determinar las condiciones en que desean ampliar su régimen nacional de transposición de esa Directiva de modo que se aplique a contratos de crédito, como los examinados en el litigio principal, que no están comprendidos en ninguno de los sectores para los que el legislador de la Unión ha querido fijar disposiciones armonizadas (sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 52).
            
         
               32
            
            
               De ello se deduce que si, respecto a esos contratos, los Estados miembros pueden incluir en su normativa nacional de transposición de la Directiva 2008/48 una norma que corresponda específicamente a la medida transitoria establecida en el artículo 30, apartado 1, de dicha Directiva, también pueden en principio, respetando las normas del Tratado FUE y sin perjuicio de otros actos de Derecho derivado eventualmente pertinentes, establecer una medida transitoria diferente que implique que dicha normativa se aplicará igualmente a los contratos en curso en la fecha de entrada en vigor de ésta (sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, apartado 53).
            
         
               33
            
            
               Lo mismo cabe decir en lo que respecta al régimen de sanciones establecido en el artículo 23 de la Directiva 2008/48. Por consiguiente, dicho artículo no se opone a que un Estado miembro aplique en su normativa nacional, en lo que atañe a los contratos de crédito en curso no incluidos en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2008/48, disposiciones relativas a las sanciones en caso de violación de lo dispuesto en dicha normativa.
            
         
               34
            
            
               Esta interpretación se impone con mayor motivo en el presente asunto, habida cuenta de que, a diferencia del artículo 11 de la Ley sobre el crédito al consumo, que constituye una medida de aplicación del artículo 11 de la Directiva 2008/48, relativo a la información sobre el tipo deudor, las disposiciones nacionales controvertidas en los litigios principales, relativas a la determinación de los tipos de interés variables, como las establecidas, en particular, en el artículo 11a de la Ley sobre el crédito al consumo, en su versión modificada, no se corresponden con ninguna de las disposiciones de la Directiva 2008/48 y, por tanto, no cabe considerar que pretendan transponer dicha Directiva.
            
         
               35
            
            
               Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas disposiciones nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que imponen al prestamista, so pena de sanciones penales, el cumplimiento de obligaciones en materia de tipo de interés variable por lo que respecta a los contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones, ya que esos contratos de crédito no están comprendidos en el ámbito de aplicación material de esta Directiva y, además, tales obligaciones no constituyen una aplicación de dicha Directiva.
            
         
         Costas
      
      
               36
            
            
               Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
            
          
               
                  
                     Los artículos 23 y 30, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas disposiciones nacionales, como las controvertidas en el litigio principal, que imponen al prestamista, so pena de sanciones penales, el cumplimiento de obligaciones en materia de tipo de interés variable por lo que respecta a los contratos de crédito en curso en la fecha de entrada en vigor de esas disposiciones, ya que esos contratos de crédito no están comprendidos en el ámbito de aplicación material de esta Directiva y, además, tales obligaciones no constituyen una aplicación de dicha Directiva.
                  
               
             
               
                  
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: croata.
      (
            1
         )	La parte dispositiva del presente texto ha sido objeto de una modificación de orden lingüístico, con posterioridad a su publicación en línea inicial.