CELEX: 61970CC0031
Language: es
Date: 1970-12-01 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Roemer presentadas el 1 de diciembre de 1970. # Deutsche Getreide- und Futtermittel-Handelsgesellschaft mbH contra Hauptzollamt Hamburg-Altona. # Petición de decisión prejudicial: Bundesfinanzhof - Alemania. # Asunto 31-70.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. KARL ROEMER
      presentadas el 1 de diciembre de 1970 (
            *1
         )
      
         Señor Presidente,
      
         Señores Jueces,
      La parte demandante en el asunto principal, una empresa importadora con domicilio social en Hamburgo, hizo despachar en aquella aduana, en enero de 1963, maíz procedente de los Estados Unidos. Según sus declaraciones se trataba de una mercancía que había sufrido en el transcurso del transporte, por causa de la humedad, un deterioro que le hizo perder el 25 % de su valor. Pese a ello, el despacho de aduana competente, basándose en el Reglamento no 19 del Consejo, en vigor en aquella fecha, por el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el sector de los cereales (DO 1962, 30, p. 933), percibió la exacción reguladora de acuerdo con el tipo indicado en el certificado de importación, es decir, sin reducción.
      La empresa importadora consideró que esto no estaba justificado y que procedía, por el contrario, reducir la exacción proporcional-mente a la pérdida de valor. Por lo que, tras una reclamación infructuosa, planteó el asunto en sucesivas instancias hasta presentarlo ante el Bundesfinanzhof. En el transcurso del procedimiento afirmó que, si bien es cierto que, de acuerdo con el Reglamento no 19, las diferencias de calidad de las mercancías importadas no pueden tenerse en cuenta para el cálculo de la exacción, en este caso, sin embargo, se trata de un acondicionamiento defectuoso que se debe evaluar de diferente modo. Dice que al respecto el Reglamento no 19 no contiene ninguna norma y que, en particular, no excluye que se tomen en consideración estas particularidades. Opina que existe aquí una laguna del régimen de las exacciones, de donde se sigue la necesidad de colmarla en el sentido de que, en caso de acondicionamiento defectuoso de una mercancía importada, tan sólo se percibirá una exacción reducida. Si esta interpretación no se pudiere admitir y fuera necesario, de acuerdo con el Reglamento no 19, percibir íntegramente la exacción sobre las mercancías deterioradas durante el transporte, podría cuestionarse la validez del régimen de exacciones por violación del principio de igualdad ante el impuesto y del principio de proporcionalidad, y por incumplimiento de la prohibición de recaudar derechos específicos, prohibición que se podría deducir del artículo 12 del Tratado CEE.
      Ante estas cuestiones el Bundesfinanzhof, mediante resolución de 4 de junio de 1970, suspendió sus actuaciones y, con arreglo al artículo 177, planteó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia, para que éste resuelva con carácter prejudicial:
      
               1)
            
            
               ¿El Reglamento no 19 del Consejo de la Comunidad Económica Europea, por el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el sector de los cereales, de 4 de abril de 1962, debe interpretarse en el sentido de que procede percibir sobre el maíz, que durante el transporte haya sufrido deterioro por la humedad antes de ser importado y haya perdido así parte de su valor, la misma exacción que sobre el maíz que no haya sufrido deterioro?
            
         
               2)
            
            
               En caso de respuesta afirmativa, ¿dicho Reglamento es aplicable en tales circunstancias?
            
         
               3)
            
            
               En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera o segunda:
               
                        a)
                     
                     
                        ¿Se puede percibir una exacción sobre el maíz que haya sufrido deterioro por la humedad antes de ser importado?
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        En caso de respuesta afirmativa a la letra a) de la tercera cuestión: ¿Según qué criterios debe determinarse?
                     
                  
         Basándonos en las observaciones escritas presentadas por la parte demandante en el litigio principal, el Gobierno neerlandés y la Comisión de las Comunidades Europeas, y teniendo en cuenta los informes orales de la demandante y de la Comisión, ahora vamos a pronunciarnos sobre estas cuestiones.
      1. Sobre la primera cuestión
      Los términos en que está redactada la cuestión formulada por el Bundesfinanzhof me obligan a examinar, en primer lugar, si el Reglamento no 19 debe interpretarse en el sentido de que la misma exacción es aplicable al maíz deteriorado durante el transporte y al que no ha sufrido deterioro. Según la Comisión hay que responder afirmativamente a esta cuestión. Por el contrario, la demandante opina que el Reglamento no 19 no obliga a aplicar el mismo trato. Finalmente, el Gobierno neerlandés afirma que, basándose tan sólo en el Reglamento no 19 y en los Reglamentos comunitarios de aplicación, es imposible responder a la cuestión de cuál es la exacción aplicable al maíz deteriorado durante el transporte.
      Para estudiar la cuestión así planteada, ciertamente podemos partir de la idea de que, según el Reglamento no 19, en principio se aplica una exacción global. La Comisión lo ha señalado resueltamente y ha dado sobre este punto una explicación detallada. La finalidad del sistema es garantizar el nivel del precio obtenido por la producción nacional, aumentando a nivel comunitario, mediante gravámenes, el precio de las mercancías importadas de países terceros, por lo tanto, el precio mundial. Hay dos elementos de referencia importantes para esta operación. Por una parte -en lo que se refiere al mercado interior-, el precio llamado de umbral, que en frontera, corresponde al precio indicativo de base, es decir, al precio de venta que se pretende obtener para el producto en cuestión en el mercado de la zona más deficitaria y, por otra parte, -en lo que se refiere a las importaciones, el precio CIF. Cada año el Estado importador fija el precio de umbral para cada categoría de productos que figuran en el Reglamento no 19 para una calidad tipo determinada (mercancía sana y normal). La Comisión fija cada vez el precio CIF. Para ello ha debido tomar en consideración las condiciones más favorables de compra en el mercado mundial para una «fair average quality» durante determinado período de referencia y seguidamente la oferta es transformada en calidad tipo comunitaria mediante la aplicación de determinados coeficientes. El cálculo de la diferencia entre los dos valores da la cuantía de la exacción reguladora, sin tener en cuenta el precio de coste de cada partida importada.
      También reconoce esto la demandante, en especial el hecho de que las diferencias de calidad no tienen importancia. No obstante, opina que el sistema no impide tomar en consideración las diferencias derivadas del acondicionamiento defectuoso de una mercancía (que no pueden compararse con las diferencias de calidad). Se basa en este caso en que los valores determinantes se calculan teniendo en cuenta una mercancía sana y normal. Sólo se debe tomar en consideración esta mercancía (lo que se ve claramente en el régimen de restituciones). Además, la demandante señala las diversas diferenciaciones, cada vez más sutiles, dentro de las organizaciones comunes de mercados y se apoya finalmente en la jurisprudencia alemana sobre las antiguas organizaciones nacionales de mercados, según la cual también se tenía en cuenta el acondicionamiento defectuoso de una mercancía.
      Sin embargo, es fácil demostrar que todos estos argumentos no pueden confirmar la tesis de la demandante que expusimos al principio. Igual sucede con la referencia al régimen de las restituciones. Esto se puede dejar de lado sin más, porque los intereses en juego no son evidentemente los mismos que en el caso de la importación. No cabe, pues, concluir que todo lo que se aplica a la restitución es aplicable, sin más, a la exacción.
      En cuanto al hecho de que las organizaciones de mercados no consideran más que los cereales sanos y normales, no hay que olvidar que esto sólo sucede para el cálculo de los valores de referencia determinantes. Sin embargo, no es posible deducir que sea necesario exigir a la mercancía efectivamente importada los requisitos de calidad correspondientes, sobre todo porque el artículo 10 del Reglamento no 19 sólo habla de productos, sin añadir ningún calificativo. Como su regulación es muy detallada, es difícil pensar que los autores de este Reglamento desearan que sólo se aplicara a las mercancías sanas, dejando una laguna para la mercancía de inferior calidad.
      Cuando la demandante señala además la diferencia considerable que en realidad existe en la organización de mercados en el sector de los cereales, se le puede replicar que se trata fundamentalmente (dejamos aparte el caso del retraso de una importación como consecuencia de fuerza mayor) de una diferenciación según los productos o según la composición de los mismos o según consideraciones tan genéricas como las de la fecha de importación. Las medidas de adaptación mencionadas por la demandante (relativas a las exacciones, los coeficientes de equivalencia aplicables al cálculo de los precios del mercado mundial y determinadas primas por desnaturalización) tienen, igualmente, carácter general, es decir, que se refieren a los productos. Por el contrario, es evidente que el acondicionamiento defectuoso de la mercancía importada en general no afecta a la diferenciación. Si éstas son las deducciones que se pueden sacar de la normativa, es difícil admitir, por su carácter precisamente muy detallado, que una interpretación objetiva imponga una diferenciación donde los autores del Reglamento no han hablado de ella. Por lo demás, la interpretación propuesta por la Comisión está confirmada no sólo por los trabajos preparatorios en relación con el Reglamento no 19 (parece que los autores del Reglamento examinaron el problema de los cereales deteriorados durante el transporte pero renunciaron a elaborar una normativa específica), sino también por el Reglamento no 16 de la Comisión por el que se fijan los tipos de calidad para los cereales así como los coeficientes de equivalencia entre estos tipos y los tipos de calidad fijados para los precios indicativos nacionales (DO 1962, p. 1671). Cuando, para el maíz, el artículo 5 de este Reglamento cita determinados criterios de composición, podemos con razón deducir que las cuestiones del acondicionamiento defectuoso no fueron olvidadas, pero que los autores sólo desearon atribuirles una importancia limitada, muy precisa.
      Finalmente, la referencia a la jurisprudencia nacional sobre las organizaciones nacionales de mercados, en vigor en otro tiempo, y al hecho de que, según esta jurisprudencia, el deterioro de un producto se tenía en cuenta en la diferenciación, no tiene ningún valor para el caso presente. Como señaló acertadamente la Comisión, esta referencia no podría servir más que si las estructuras de las organizaciones de mercados hubieran sido idénticas. Este no es evidentemente el caso, ya que la función que anteriormente competía a la oficina de importación y almacenamiento era la de actuar como un mecanismo de regulación de precios y de fijación de contingentes.
      Llego, pues, con la Comisión a la conclusión de que el artículo 10 del Reglamento no 19, aunque no mencione el acondicionamiento defectuoso de la mercancía, dispone la percepción de un único y mismo tipo de exacción para el maíz importado, sin tener en cuenta su calidad ni su acondicionamiento; así pues, no cabe hablar de una laguna ni de la posibilidad de hacer, por vía de interpretación, una aplicación matizada.
      Diré de paso que esto muestra el carácter insostenible del punto de vista expuesto por el Gobierno neerlandés, según el cual los Estados miembros disponen, en lo que se refiere al problema que nos interesa actualmente, de facultades reglamentarias, es decir, que son competentes para adoptar las normas de aplicación complementarias, más exactamente: pueden disminuir las exacciones o renunciar a percibirlas según la naturaleza de las mercancías importadas. Como ya he dicho, el sistema del Reglamento no 19 dispuso la fijación por parte de los Estados miembros, una vez al año, del precio de umbral (que por lo demás no pueden modificar arbitrariamente). Además, el Reglamento no 67 de la Comisión, por el que se determinan los criterios de modificación de las exacciones que se perciben sobre los cereales, las harinas, los grañones y las sémolas (DO 1962, p. 1860), deja a los Estados miembros cierto margen dentro del cual pueden decidir que las fluctuaciones de los precios CIF no afecten a la cuantía de las exacciones. En cambio, no encontramos otras facultades discrecionales reservadas a los Estados miembros y opino que no existen por la única razón de que serían incompatibles con la idea fundamental de la uniformidad del régimen de exacciones. Al respecto la Comisión recuerda con razón el principio que el Tribunal de Justicia mencionó en la sentencia pronunciada en el asunto 74/69 (Rec. 1970, p. 451) relativo a la facultad arancelaria de la Comunidad y según el cual las medidas de aplicación tomadas por el Estado no pueden modificar el alcance de las organizaciones comunes de mercados y, por lo tanto, tampoco pueden afectar a la aplicación uniforme del régimen de exacciones. La jurisprudencia sobre esta cuestión establece, en particular, que el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento no 19 no permite tales efectos, pues su objetivo es tan sólo encargar a los Estados miembros que eliminen los obstáculos que la legislación nacional pudiera oponer a la aplicación uniforme de las normas de las organizaciones de mercados, aplicación que debe garantizarles el mismo alcance.
      Ahora bien, si contra la opinión del Gobierno neerlandés estas disposiciones nacionales de ejecución tampoco pueden establecer excepciones a los tipos de las exacciones comunitarias en función del acondicionamiento defectuoso de las mercancías importadas, la única posibilidad que queda, realmente, es responder afirmativamente a la primera cuestión planteada por el Bundesfinanzhof.
      2. Sobre la segunda cuestión
      Si la primera cuestión se resuelve en el sentido que he propuesto, aún he de examinar la segunda cuestión que se plantea, según el órgano jurisdiccional nacional que ha recurrido al Tribunal de Justicia, sobre si el hecho de que el Reglamento no 19 no disponga un régimen especial para las mercancías deterioradas durante el transporte, sino por el contrario la percepción del mismo tipo de exacción que para las mercancías no deterioradas, justifica ciertas reservas en cuanto a su validez. La Comisión lo niega resueltamente; por el contrario, la demandante en el asunto principal, refiriéndose a los principios ya expuestos ante el Bundesfinanzhof, pide que se dé una respuesta afirmativa a esta cuestión.
      Los términos en los que está planteada la cuestión muestran claramente que no se trata de la validez del sistema de la exacción global en cuanto tal. Como ha afirmado acertadamente la Comisión, no se puede formular ninguna objeción al respecto, en particular contra la no diferenciación del tipo de exacción en función de la calidad de las mercancías compradas y de su precio de coste. Es verdad que podemos aprobar sin más los argumentos que la Comisión ha presentado sobre este punto. Por ello, debemos recordar los beneficios que entraña la fijación uniforme y directa de los valores determinantes, por parte de la Comisión, mientras que una diferenciación en función de los datos de cada caso particular, que requiere un margen de apreciación por parte de las autoridades nacionales, podría dar lugar a errores y fraudes y, en especial, a prácticas administrativas divergentes. Debemos tener en cuenta, igualmente, las explicaciones de la Comisión en relación con la neutralidad del sistema global respecto a la competencia, la incidencia de este sistema sobre la situación de los precios en el mercado interior y que la importación de productos más baratos podría perturbar la estructura comunitaria de precios. Además podemos afirmar que, en general, el comercio de importación no se vería afectado, ya que, en el momento de la compra, los importadores pueden orientarse partiendo de las particularidades del sistema que conocen y especialmente de los criterios de calidad, lo que, en caso de que predominen las importaciones de buena calidad, puede muy bien tener un efecto secundario beneficioso para la organización de mercados y la formación de precios en los mismos. Como dije, todo esto es, sin duda, exacto pero es evidente que no permite por sí solo afirmar si se justifica la falta de disposiciones especiales para el caso en que se hayan comprado cereales sanos y éstos, durante el transporte, imprevisiblemente hayan sufrido un deterioro que cause una disminución considerable de su valor.
      En su escrito el Gobierno neerlandés indicó cuáles podían ser, en estos casos, los efectos del sistema de la exacción reguladora uniforme, normal; es fácil de imaginarlos. Se produce un aumento del precio de las mercancías importadas a un nivel superior al que está en vigor para las mercancías similares (deterioradas) de procedencia nacional, pues la cuantía de la exacción se establece tomando como base mercancías sanas y comerciales. Por efecto de esta carga, la venta puede, en algunos casos, transformarse en una operación fuertemente deficitaria o, si la exacción es más elevada que el valor residual de la mercancía deteriorada, incluso puede resultar imposible la importación de la misma. Por esta razón la cuantía de la exacción tendría un efecto prohibitivo. Estas consecuencias no pueden ser negadas, aunque generalmente hay un seguro de transporte. En efecto, según los usos del comercio sólo existe evidentemente un seguro contra los daños sufridos por la mercancía durante el transporte, es decir, por la pérdida de valor que debe ser estimada en relación con el precio del mercado mundial. Sin embargo, el seguro no proporciona más que una compensación que con frecuencia -lo demuestra el cálculo citado como ejemplo por la demandante-no garantiza la venta sin pérdida en caso de que se apliquen los tipos de exacción normales. Tan sólo un seguro especial, es decir, un seguro que cubriera el riesgo de tener que abonar gravámenes que, en comparación con el valor de la mercancía deteriorada, deben considerarse excesivos, garantizaría una compensación más importante. No obstante, es evidente que estos seguros no son usuales en el comercio y por esta razón, la calcular el precio CIF, no se toman en consideración las primas correspondientes, más elevadas. Fuera de esto, es difícil decir que las demás medidas citadas por la Comisión, como el reconocimiento de un daño considerable entre los casos de fuerza mayor y la posibilidad de anular o prorrogar la licencia, serían siempre suficientes. Es cierto que estas medidas dispensan de la obligación de importar o de hacerlo inmediatamente, pero no constituyen una ayuda para el importador de la mercancía deteriorada más que si se disminuye la cuantía de la exacción y permiten la posterior importación en condiciones razonables o si la mercancía puede utilizarse para otros fines sin incurrir en gastos considerables y esta utilización puede considerarse económicamente razonable. Ahora bien, es evidente que esto no siempre puede ser así.
      Así pues, parece innegable (la Comisión, por su parte, no lo niega), que, en ciertos. casos, puede parecer realmente apropiado no someter las mercancías deterioradas a la exacción íntegra. A falta de una regulación en este sentido (como la que parece que está actualmente en estudio), existe la tentación de hablar de una laguna grave del Reglamento fundamental, laguna que podría cuestionar su validez, es decir, excluir en tales casos la aplicabilidad del tipo general de la exacción.
      Examinaré, en particular, a la luz de los argumentos de la demandante, si esta apreciación es exacta en el caso que nos interesa actualmente. Comenzaré por examinar el artículo 12 del Tratado CEE al que se remite y el principio de la ilegalidad de los derechos específicos que quiere deducir del mismo, porque es claramente el argumento que ofrece menos dificultad. En realidad, puedo afirmar sin más, como la Comisión, que la referencia al artículo 12 del Tratado CEE (del que no se ha vuelto a hablar en las explicaciones orales de la demandante), carece de valor en el caso presente. En efecto, este artículo tiene únicamente por objeto imponer a los Estados miembros una obligación de standtill en lo que se refiere a los intercambios intracomunitarios; no contiene, pues, ninguna disposición dirigida a las Instituciones comunitarias. Además, no prohibe pura y simplemente la percepción de derechos específicos sino solamente, de una manera muy general, la reintroducción de derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente.
      Por el contrario, puede tener más peso la referencia que hace la demandante al principio de justicia fiscal y su afirmación de que la percepción de la exacción global sobre mercancías deterioradas durante el transporte viola el principio de proporcionalidad, dado el objetivo que se persigue por medio del sistema de la exacción. En lo que se refiere al primer principio, la Comisión admite también que el importador de mercancías deterioradas durante el transporte debe soportar, en relación con el valor de las mismas, una carga superior a la del importador de mercancías no deterioradas. En realidad, parece que hay una discriminación si no se limita la comparación a la situación de los importadores de mercancías deterioradas, sino que -y esto es lo exacto-se considera la carga que grava a las importaciones normales. A este respecto la observación de que las diferencias cualitativas no se deben tomar en consideración en el cálculo de la exacción no puede ciertamente ser determinante, puesto que el elemento importante es que en este caso el negociante, en el momento de la compra, obró con conocimiento de causa, mientras que el importador de mercancías deterioradas durante el transporte es víctima de un acontecimiento imprevisto.
      Respecto al principio de proporcionalidad, la demandante se apoya en el artículo 40 del Tratado CEE, base jurídica de las organizaciones comunes de mercados y especialmente en la fórmula «todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 39». Solamente una regulación de acuerdo con esta fórmula podría legítimamente ser objeto de una organización común de mercados. Ciertamente, en mis conclusiones en el asunto 73/69 (Rec. 1970, pp. 467 y ss., especialmente p. 485), he prescindido de la cuestión de si es posible deducir el principio de proporcionalidad del artículo 40 del Tratado CEE o si la fórmula mencionada no tiene más bien por finalidad pedir la libertad del Consejo en la estructuración de las organizaciones de mercados. No obstante, no es dudoso, naturalmente, que el margen de apreciación del que, de hecho, dispone el Consejo en la legislación de las organizaciones de mercados no es ilimitado, sino que está en relación con el objetivo inmanente de esta legislación y que, por lo tanto, debe ser posible controlar si el ejercicio de estas facultades discrecionales se basa en consideraciones objetivas. Si realizo este control teniendo en cuenta los artículos 39 y 40 del Tratado CEE, parece posible en el caso presente llegar rápidamente a una conclusión. El objetivo de la organización de mercados en el sector de los cereales es garantizar, mediante regulaciones de precios, un nivel de vida equitativo a la población agrícola y estabilizar los mercados. Para proteger los precios en el interior de la Comunidad se procede a una adaptación, elevando los precios de las mercancías importadas al nivel del mercado interior. Pero, como señala la demandante con razón, este objetivo no incluye la percepción de exacciones sobre los cereales deteriorados durante el transporte, exacciones cuyo único objeto es alcanzar el nivel de los precios practicados para los cereales sanos. Podría, pues, hablar efectivamente de un empleo de las facultades discrecionales en desacuerdo con la voluntad del legislador.
      Sin embargo, las anteriores observaciones no bastan para probar de modo definitivo la ilegalidad del sistema de exacciones, ya que para adoptar una regulación basándose en las facultades discrecionales hay que tener en cuenta toda clase de consideraciones (que también deben examinarse comparativamente), finalmente no se puede poner en duda la validez más que si no se justifica desde algún punto de vista objetivamente defendible. Podría considerar aquí la idea de que la estructura de los precios en el Derecho comunitario puede ser perturbada igualmente por la importación de cereales a bajo precio (lo que permite la generalización de la exacción sin tener en cuenta las diferencias de calidad, como hemos visto). Pero, ciertamente, en el presente contexto debemos rechazar inmediatamente esa idea por la sencilla razón de que, en relación al conjunto del mercado, las mercancías deterioradas durante el transporte no tienen tal importancia que se pueda hablar de una amenaza para el mercado. Además el sistema de exacciones cuestionado podría justificarse por las razones siguientes: las posibles excepciones exigirían un sistema complicado; habría que tener en cuenta gran número de cuestiones de detalle, según los datos de cada caso (por ejemplo, los costes reales, la naturaleza del daño, la posibilidad de obtener una indemnización de un tercero, etc.); finalmente, se sumarían consideraciones de oportunidad que haría evidente no sólo la necesidad de costosos controles, sino también el peligro de políticas administrativas divergentes. Si lo entendemos bien, la Comisión da mucha importancia a estas consideraciones y nadie querrá negar que las ha presentado de manera convincente. No obstante, dudo realmente que se pueda justificar de este modo el sistema criticado. Debemos preguntarnos primeramente si realmente deben tomarse en consideración todos los aspectos a los que se ha referido la Comisión o si no bastaría, teniendo en cuenta los daños sufridos durante el transporte, una regulación general, que, según la demandante, por la misma razón que la percepción generalizada de la exacción podría gozar de la presunción de equidad. En lo que se refiere a las dificultades administrativas que sin duda alguna existen, podemos remitirnos a las cuestiones correspondientes planteadas por la legislación de los derechos ad valorem (que, como observó el Gobierno neerlandés, se aplican en ciertas organizaciones de mercados, junto con las exacciones). Aunque por su función las exacciones son diferentes de los derechos ad valorem, esta referencia está ciertamente justificada, teniendo en cuenta nuevamente la idea de que las mercancías deterioradas durante el transporte no deben constituir, en razón de su importancia relativamente limitada, un verdadero peligro para el mercado. Por lo demás, habría que decir igualmente que ciertos inconvenientes, como los que para la organización común de mercados podrían derivarse de las prácticas administrativas divergentes, son menos importantes que una carga excesiva e injusta sobre las importaciones. Por el contrario recordar a los importadores la posibilidad de un seguro más amplio que cubra igualmente este riesgo significaría no sólo recomendar un medio completamente desusado para disminuir los riesgos, sino querer justificar un sistema de tributos, en sí mismo ilegal, basándose en que sus consecuencias desfavorables pueden repercutirse de acuerdo con el Derecho civil, lo que, como señala la demandante, no sería correcto sino que mostraría que la Administración ejerció sus facultades de apreciación discrecionales sin tener en cuenta consideraciones objetivas. Finalmente, también hay que rechazar aquí la idea de que los casos de daños sufridos en el transcurso del transporte son tan raros y de importancia tan mínima (por su amplitud y su valor), que es posible afrontarlos sin más en el marco general de una operación comercial y que el hecho de que el legislador no haya incluido desde el principio esta eventualidad en una materia nueva y muy complicada no puede considerarse como un error de apreciación. La demandante ha refutado enérgicamente esta idea alegando que no se trata únicamente de pequeñeces y que el que estos litigios sean menos frecuentes se explica tan sólo por la práctica de las autoridades neerlandesas, que al no aplicar el Derecho comunitario, disminuyen las exacciones en caso de daños producidos durante el transporte o incluso renuncian a percibirlos. En realidad la Comisión no ha conseguido, como era su deber -en la medida de lo posible-, refutar este argumento de manera plausible.
      Pese a la legalidad de principio del sistema general de exacciones, llego, pues, a la conclusión de que el Reglamento no 19 tiene una laguna que no queda colmada por el objetivo perseguido ni por otras consideraciones, en la medida en que no establece una regulación especial para los casos particulares de daños graves e imprevisibles sobrevenidos durante el transporte, sino que establece la percepción de la exacción normal sin tener en cuenta el valor de las mercancías. Hay que responder en este sentido a la segunda cuestión y declarar que el artículo 10 del Reglamento no 19 es parcialmente inaplicable.
      3. Sobre la tercera cuestión
      En estas circunstancias se nos plantea la cuestión de si se debía abonar una exacción por el maíz deteriorado durante el transporte y, en caso afirmativo, cómo debía calcularse.
      A este respecto, la primera parte de la cuestión no presenta dificultad alguna. Todas las partes en el presente asunto opinan que no se trata de obtener la exención completa de la exacción. Por lo demás, la imposibilidad de considerar esta solución parece evidente, por la necesidad de garantizar también una protección contra las mercancías deterioradas. Veamos, pues, cómo conviene proceder.
      Hay que rechazar la tesis defendida por el Gobierno neerlandés, según la cual las regulaciones nacionales pueden colmar la laguna existente. Ya dije anteriormente todo lo que era necesario en particular sobre la necesidad de aplicar las regulaciones de manera uniforme en toda la Comunidad. Tampoco se puede pensar en reservar la solución al legislador comunitario (alegando sus facultades discrecionales), ya que parece imposible esperar, a corto plazo, una solución completa que tenga en cuenta igualmente otros aspectos.
      La única posibilidad, mencionada igualmente por el Gobierno neerlandés es, pues, adoptar las normas en vigor para los derechos ad valorem, es decir, reducir la exacción proporcionalmente a la pérdida de valor cuando una mercancía sufre un daño grave durante el transporte. Realmente no hay ninguna disposición que se oponga a la aplicación de este método mientras no exista una regulación específica. Opino que no son de temer divergencias importantes en la práctica administrativa. Sin embargo, caso de manifestarse tales divergencias, la Comisión, al tener conocimiento de las mismas, tendría ciertamente la ocasión de elaborar rápidamente una regulación comunitaria más específica.
      Ésta es mi respuesta a la tercera cuestión, que creo no requiere un examen más detallado.
      4. Resumen
      Para concluir, procede responder de la manera siguiente a las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof:
      
               1)
            
            
               Se deduce del Reglamento no 19 que tan solo un único tipo de exacción es aplicable a las importaciones de maíz procedentes de países terceros y que, por lo tanto, no se ha previsto ninguna reducción para los casos en que, a causa de la humedad, la mercancía haya sufrido pérdida de valor durante el transporte.
            
         
               2)
            
            
               El hecho de que el Reglamento no 19 no haya previsto una reducción de la exacción en los casos indicados en el punto 1 debe considerarse como una laguna grave, que afecta a su validez, dados los objetivos que persigue el Reglamento y el principio de igualdad ante el impuesto. Por esta razón no es aplicable en estos casos particulares el sistema normal de exacciones.
            
         
               3)
            
            
               Las importaciones, procedentes de países terceros, de maíz deteriorado durante el transporte no están exentas de la exacción. La exacción debe reducirse, según los principios vigentes para los derechos ad valorem, proporcionalmente a la pérdida de valor, si ésta es importante.
            
         (
            *1
         )	Lengua original: alemán.