CELEX: 52011SC0827
Language: es
Date: 2011-06-07 00:00:00
Title: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of the United Kingdomand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of the United Kingdom, 2011-2014

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		52011SC0827
		
			Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the National Reform Programme 2011 of the United Kingdomand delivering a Council opinionon the updated Convergence Programme of the United Kingdom, 2011-2014
			
				
		
		
			
			   	Recomendación de
RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
relativa al programa nacional de reforma
de 2011 del Reino Unido
y por la que se emite un dictamen del Consejo
sobre el programa de convergencia actualizado del Reino Unido (2011-2014)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148,
apartado 4, 
Visto el Reglamento (CE) nº 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de
las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las
políticas económicas[1] y,
en particular, su artículo 9, apartado 3,
Vista la recomendación de la Comisión
Europea[2],
Vistas las conclusiones del Consejo
Europeo,
Visto el dictamen del Comité de Empleo,
Previa consulta al Comité Económico y
Financiero,
Considerando lo siguiente:
(1)              
El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo
aprobó la propuesta de la Comisión Europea de iniciar una nueva estrategia para
el empleo y el crecimiento —Estrategia Europa 2020—, que se basa en una mayor
coordinación de las políticas económicas y se centrará en los ámbitos
fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de
crecimiento sostenible y competitividad de la economía europea.
(2)              
El 13 de julio de 2010, el Consejo aprobó una
recomendación sobre las Orientaciones Generales de Política Económica de los
Estados miembros y de la Unión (para el periodo 2010-2014) y, el 21 de octubre
de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo
de los Estados miembros[3], que juntas forman las
«Orientaciones Integradas». Se ha invitado a los Estados miembros a tener en
cuenta las Orientaciones Integradas en sus políticas económicas y de empleo.
(3)              
El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el
primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo
ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de
coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco
de la Estrategia Europa 2020. 
(4)              
El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo
aprobó las prioridades para el saneamiento fiscal y la reforma estructural
(conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011
y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la
Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al
restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las
finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de
trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a
los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían
de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas
nacionales de reforma.
(5)              
El 28 de abril de 2011, el Reino Unido
presentó la actualización de 2011 de su programa de convergencia, relativa al
periodo 2011-2014, y su programa nacional de reforma de 2011. Con objeto de
tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo
tiempo. 
(6)              
El Reino Unido se vio especialmente expuesto a
la crisis financiera internacional debido al gran tamaño y la integración a
nivel mundial de su sector financiero y a los elevados niveles de deuda de los
hogares. Su PIB disminuyó un 0,1 % en 2008 y un 4,9 % en 2009. El
Gobierno del Reino Unido intervino de forma masiva en apoyo del sector
bancario, aportando liquidez adicional con carácter extraordinario a todo el
sector. El déficit público aumentó en 8,5 puntos porcentuales en dos años hasta
situarse en el 11,2 % del PIB en 2009. El desempleo pasó del 5,3 % en
2007 al 7,6 % en 2009. Aunque el crecimiento trimestral se reanudó en el
cuarto trimestre de 2009, la producción sigue por debajo de su nivel máximo
previo a la crisis. La perspectiva a corto plazo es de un crecimiento moderado
impulsado por una fuerte inversión empresarial y una recuperación de las
exportaciones netas inducida por los tipos de cambio. Sin embargo, el
crecimiento se verá frenado por el crecimiento escaso o negativo del consumo de
los hogares y de las administraciones públicas. Se prevé que la inflación se
mantenga bastante por encima del objetivo oficial del 2 % durante 2011,
reflejando los incrementos del impuesto sobre el valor añadido y la subida de
los precios de las importaciones y de la energía, antes de disminuir en 2012.
Es probable que la elevada inflación menoscabe las rentas reales al mantenerse
bajas las subidas salariales. Los principales riesgos para estas previsiones
son que la recuperación de la inversión empresarial o de las exportaciones
netas puede no materializarse y que la persistencia de una inflación alta puede
impedir la aplicación de medidas de política monetaria para compensar el gasto
menor de las administraciones públicas.
(7)              
Partiendo de la evaluación del programa de
convergencia actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) nº
1466/97 del Consejo, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el
que se basan las previsiones presupuestarias es verosímil excepto para 2012,
cuando es ligeramente demasiado optimista. El programa no incluye un objetivo a
medio plazo, como se prevé en el código de conducta, aunque puede deducirse de
los objetivos establecidos en él. El objetivo de la estrategia presupuestaria
es reducir el déficit del 9,9 % en 2010-2011 al 1,7 % en 2015-2016,
principalmente por medio de la contención del gasto. El programa prevé hacer
que el déficit disminuya por debajo del valor de referencia del 3 % para
2014-2015, el plazo fijado por el Consejo. Partiendo de un ratio de deuda del
78,7 % en 2010-2011, las previsiones presupuestarias del programa apuntan
a que este ratio aumente hasta el 87,2 % en 2013-14, antes de empezar a
disminuir lentamente. El ajuste presupuestario medio anual durante el periodo
de 2010-2011 a 2014-2015 es del 1,6 %. Aunque este porcentaje está
ligeramente por debajo de lo recomendado por el Consejo en diciembre de 2009
(1,75 % del PIB), es adecuado teniendo en cuenta que el ajuste se está
realizando a partir de un déficit presupuestario significativamente menor de lo
previsto en 2009-2010 y, por tanto, es compatible con una reducción del déficit
global por debajo del valor de referencia para 2014-2015. La sostenibilidad a
largo plazo de las finanzas públicas del Reino Unido parece estar expuesta a un
riesgo alto. El coste a largo plazo del envejecimiento de la población,
agravado por la actual situación presupuestaria, es superior al promedio de la
UE. Partiendo de la situación presupuestaria actual, la deuda aumentaría al
128 % del PIB para 2020. Sin embargo, la aplicación completa del programa
bastaría para situar la deuda en una senda descendente, aunque aún estaría por
encima del 80 % en 2020.
(8)              
La ejecución del saneamiento fiscal propuesto
sigue siendo una de las principales tareas pendientes. Evitar cualquier
desviación respecto de los planes de gasto publicados será crucial para
restablecer una situación presupuestaria sostenible. Sin perjuicio de lo
anterior, los índices históricamente bajos de inversión en infraestructuras
públicas, en particular por lo que respecta al transporte, hacen que deba darse
prioridad a un gasto que favorezca el crecimiento. La generación de suficientes
superávits primarios a medio plazo, como ya está previsto en el programa,
mejoraría la sostenibilidad de las finanzas públicas.
(9)              
La flexibilidad de su mercado de trabajo
permitió al Reino Unido hacer frente razonablemente bien a la gran contracción
del PIB durante la crisis. No obstante, las subidas del desempleo afectaron
especialmente a los jóvenes: entre 2008 y 2010 el desempleo juvenil aumentó del
15 % a casi el 20 %. Los malos resultados del mercado de trabajo para
los jóvenes están vinculados a deficiencias más generales y estructurales en la
adquisición de cualificaciones. En el Reino Unido, el porcentaje de jóvenes de
18 a 24 años que abandonan prematuramente la educación y la formación es del
15,7 %, cifra superior a la media de la UE, que se sitúa en el
14,4 %. Aunque el porcentaje de personas entre los 25 y los 64 años que
alcanzan niveles superiores de cualificación es especialmente elevado en el
Reino Unido, el porcentaje de aquellas que adquieren un nivel intermedio es
insuficiente y actualmente es inferior a la media de la UE. Otro desafío clave
que se plantea para el mercado de trabajo del Reino Unido es el porcentaje
significativo de niños que viven en hogares cuyos miembros están todos
desempleados: un 17,5 %, el nivel más alto de la UE, donde la media global
es del 10,2 %. El problema es especialmente grave para los hogares
monoparentales, debido a los escasos incentivos financieros y a la falta de
opciones viables para el cuidado de los niños: más del 32 % de las
personas con hijos a su cargo están inactivas o trabajan a tiempo parcial
debido a la falta de servicios de guardería (este porcentaje supera en cuatro
puntos la media de la UE). 
(10)          
En el Reino Unido se produjo una fuerte alza
de los precios de la vivienda en el decenio anterior a la crisis. Aunque, como
consecuencia de esta, los precios cayeron de forma drástica, después se han
recuperado parcialmente y se mantienen en niveles históricamente elevados. Los
niveles de transacciones se desplomaron y han seguido siendo muy bajos. La
fuerte alza de los precios de la vivienda contribuyó a un gran incremento del
endeudamiento de los hogares y a un crecimiento insostenible del consumo de los
hogares en el decenio anterior a la crisis. La caída de las transacciones
inmobiliarias trajo consigo la correspondiente disminución de los ingresos
recaudados mediante los impuestos con que están gravadas estas operaciones, lo
cual contribuyó al empeoramiento de la situación presupuestaria del Reino
Unido. Las deficiencias del mercado de la vivienda contribuyen también a
explicar el elevado gasto que se dedica en el Reino Unido a las prestaciones
para vivienda y el alto porcentaje de la población que vive en viviendas
subvencionadas por el Estado. El Reino Unido ha anunciado reformas iniciales de
su sistema de planificación y de la normativa que regula las hipotecas. En
razón de la importancia de esta tarea para todos los sectores de la economía
británica, está justificado propugnar la elaboración, a partir de estas
medidas, de un paquete más amplio de reformas que abarque también el mercado
hipotecario y la tributación de los bienes inmuebles, a fin de tratar estas cuestiones.
(11)          
La recuperación de la inversión privada sería
un componente esencial del necesario reequilibrio en la economía que
contrarreste el consumo interno, y ayudaría a impulsar un aumento de la
productividad. Los estudios indican que la disponibilidad y el coste de los
créditos constituyen una limitación significativa para los planes de inversión
y expansión del sector privado, especialmente en lo que atañe a las empresas
más pequeñas, que dependen de la financiación bancaria. La tasa anual de crecimiento
de los préstamos a las PYME ha sido negativa desde finales de 2009, mientras
los préstamos a las pequeñas empresas se han reducido de forma aún más acusada.
Además, mientras que los diferenciales con respecto a los tipos de referencia
parecen haberse estabilizado para las empresas medianas, han aumentado un poco
para las pequeñas. El Reino Unido ha aplicado recientemente una serie de
medidas para mejorar el acceso de las PYME a la financiación, que incluyen
instrumentos de inversión patrocinados por el Estado y la celebración de un
acuerdo con los bancos británicos que les obliga a incrementar el préstamo
bruto que conceden a las PYME. Con el fin de encontrar una solución que pueda
seguir funcionando sin la intervención periódica del Gobierno, está justificado
propugnar una reforma más amplia encaminada a mejorar la competencia en el
sector bancario y a facilitar el desarrollo de mercados de financiación no
bancaria accesible para las empresas más pequeñas. 
(12)          
La Comisión ha evaluado el programa de
convergencia y el programa nacional de reforma[4], y ha tenido
en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política
presupuestaria y la política socioeconómica del Reino Unido, sino también su
conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de
reforzar la gobernanza económica global de la Unión Europea incluyendo
aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales. Considera
que los programas establecen medidas ambiciosas para reducir el déficit y anima
al Gobierno a proceder según lo previsto. Deberían adoptarse además medidas
adicionales para reformar el mercado de la vivienda, reducir el desempleo
juvenil y el abandono escolar, tratar la situación de los niños que viven en
hogares cuyos miembros están todos desempleados y mejorar la disponibilidad de
crédito para el sector privado.
(13)          
A la luz de la presente evaluación, y teniendo
en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de junio de 2010 en
virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del programa de
convergencia del Reino Unido y su dictamen[5] se refleja
particularmente en las recomendaciones (1) y (2) recogidas a continuación.
Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011,
el Consejo ha examinado el programa nacional de reforma del Reino Unido.
RECOMIENDA que el Reino Unido tome
medidas en el periodo 2011-2012 para:
(1)                   
Llevar a cabo el saneamiento fiscal planeado
para alcanzar un déficit del 6,2 % del PIB en 2012-2013, evitando que haya
desviaciones respecto de los ambiciosos objetivos de reducción del gasto, y
fortalecer así la sostenibilidad a largo plazo; sin perjuicio de lo anterior,
dar prioridad a un gasto que favorezca el crecimiento, como el destinado a
investigación e innovación, y a la inversión en infraestructuras.
(2)                   
Elaborar un programa de reforma que corrija el
efecto desestabilizador del ciclo del precio de la vivienda en las finanzas
públicas, el sector financiero y la economía, a fin de paliar los problemas de
asequibilidad y la necesidad de subvencionar la vivienda con fondos públicos.
Este programa debería incluir reformas del mercado hipotecario, de la
tributación de los bienes inmuebles y del sistema de planificación. 
(3)                   
Adoptar medidas para tratar de resolver el
desempleo juvenil mediante la adopción, antes de que finalice 2012, de una
estrategia global destinada a reducir el abandono escolar. Tratar las
deficiencias de las cualificaciones incrementando el número de personas con
cualificaciones intermedias, de acuerdo con las necesidades del mercado de
trabajo. 
(4)                   
Tomar medidas para reducir el elevado
porcentaje de hogares sin empleo, incrementando la oferta de servicios de
guardería a fin de facilitar la participación de los progenitores de familias
monoparentales y de los segundos perceptores de rentas de la familia en el
mercado de trabajo. 
(5)                   
Mejorar significativamente la disponibilidad
de financiación bancaria y no bancaria para el sector privado y, en particular,
para las PYME. Fomentar la competencia en el sector bancario y estudiar las
formas de mejorar el acceso a financiación no bancaria, como el capital riesgo
y la deuda pública. 
Hecho en Bruselas,
                                                                       Por el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               DO L 209 de 2.8.1997,
p. 1.
[2]               DO C , , p. .
[3]               Que se mantienen para 2011 conforme a
la Decisión 2011/308/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2011.
[4]               SEC(2011) 736.
[5]               Previsto en el artículo 9, apartado 3, del
Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo.