CELEX: 62006CJ0016
Language: es
Date: 2008-12-18
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2008.#Les Éditions Albert René SARL contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Orange A/S.#Asunto C-16/06 P.

Asunto C‑16/06 P
      Les Éditions Albert René Sàrl
      contra
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
      «Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 40/94 — Artículos 8 y 63 — Marca denominativa MOBILIX — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria y nacional OBELIX — Desestimación parcial de la oposición — Reformatio in peius — Teoría denominada “de neutralización” — Modificación del objeto del litigio — Documentos presentados en anexo a la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia como nueva prueba»
      Sumario de la sentencia
      1.        Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Competencia del Tribunal de Primera Instancia
            — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 63]
      2.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
            de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión
            con la marca anterior
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
      3.        Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal
            de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización
      (Art. 225 CE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)
      4.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
            de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión
            con la marca anterior
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
      5.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular
            de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión
            con la marca anterior
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
      6.        Recurso de casación — Motivos — Mera repetición de los motivos y alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia
            — No determinación del error de Derecho invocado — Inadmisibilidad
      [Art. 225 CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 112,
            ap. 1, párr. 1, letra c)]
      7.        Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Competencia del Tribunal de Primera Instancia
            — Control de la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso
      [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 61, ap. 2, 62, ap. 2, 63, 74, ap. 2, y 76]
      1.        Dentro de los límites del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, tal como ha sido interpretado por
         el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones
         adoptadas por las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), si resulta
         necesario para averiguar si estas Salas han dado una calificación jurídica exacta a los hechos del litigio o para comprobar
         que la apreciación de los hechos expuestos a dichas Salas no adolece de error alguno. A este respecto, cuando una parte cuestiona
         la apreciación de la Sala de Recurso relativa al riesgo de confusión, en virtud del principio de interdependencia entre los
         factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y servicios
         cubiertos, el Tribunal de Primera Instancia es competente para examinar la valoración que dicha Sala de Recurso realizó de
         la similitud de los signos controvertidos. En efecto, cuando el Tribunal de Primera Instancia debe examinar la legalidad de
         una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada
         por esta Sala, ya que dicha apreciación forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal.
      
      (véanse los apartados 39, 47 y 48)
      2.        El carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud
         entre los productos o los servicios designados por la marca anterior y la marca solicitada es suficiente para generar un riesgo
         de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria.
      
      Sin embargo, para apreciar si existe identidad o similitud entre los productos y servicios, procede tener en cuenta todos
         los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o tales servicios. Estos factores incluyen, en
         particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario.
      
      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no incurre en error de Derecho al comparar productos y servicios sin basarse,
         a tal efecto, en la hipótesis de que las marcas en conflicto son idénticas y que la marca anterior tiene carácter distintivo.
      
      (véanse los apartados 64, 65 y 67)
      3.        De conformidad con los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso
         de casación se limita a las cuestiones de Derecho. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para
         comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y
         de los elementos de prueba no constituye pues, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como
         tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Una desnaturalización de esta índole debe deducirse
         manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y
         de las pruebas.
      
      (véanse los apartados 68 y 69)
      4.        La apreciación global del riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
         sobre la marca comunitaria, implica que las diferencias conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas
         y visuales entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado
         claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente.
      
      (véase el apartado 98)
      5.        En el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes que permiten
         que se las considere parte de una misma familia o serie debe tenerse en cuenta, para apreciar si existe riesgo de confusión
         en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, que, en presencia
         de una familia o serie de marcas, tal riesgo resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia
         o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma
         parte de esa familia o serie.
      
      (véase el apartado 101)
      6.        Cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera
         Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso
         de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante
         el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.
      
      Sin embargo, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo
         primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar
         de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos
         que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir siquiera
         una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limita
         a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      (véanse los apartados 110 y 111)
      7.        El objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones
         de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) en el sentido del artículo
         63 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria. Se deduce de esta disposición que los hechos no invocados por las
         partes ante los órganos de la Oficina no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera
         Instancia.
      
      De la referida disposición se desprende también que el Tribunal de Primera Instancia no puede examinar nuevamente las circunstancias
         de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la legalidad de una resolución de una Sala
         de Recurso de la Oficina se debe examinar en función de la información de que podía disponer dicha Sala de Recurso en el momento
         en que la adoptó.
      
      A este respecto, se desprende de los artículos 61, apartado 2, y 76 del Reglamento nº 40/94 que, a efectos del examen del
         fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten
         sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podrá también decidir la práctica de diligencias de
         instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba. El artículo 62, apartado 2, del Reglamento
         nº 40/94 precisa, por su parte, que, si la Sala de Recurso devolviere el asunto para que le dé cumplimiento la instancia que
         dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos y la parte dispositiva de la resolución de
         la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos». Dichas disposiciones contemplan la posibilidad
         de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento ante la Oficina. En consecuencia,
         un recurrente no puede invocar que le faltaran posibilidades para aportar pruebas a la Oficina.
      
      Además, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone que la Oficina puede no tener en cuenta los hechos que
         las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo. Pues bien, las pruebas que nunca
         se han presentado a la Oficina son, en cualquier caso, extemporáneas y no pueden servir de criterio para la legalidad de la
         resolución de la Sala de Recurso.
      
      (véanse los apartados 136 a 141 y 143)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 18 de diciembre de 2008 (*)
      
      «Recurso de casación – Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 40/94 – Artículos 8 y 63 – Marca denominativa MOBILIX – Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria y nacional OBELIX – Desestimación parcial de la oposición – Reformatio in peius – Teoría denominada “de neutralización” – Modificación del objeto del litigio – Documentos presentados en anexo a la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia como nueva prueba»
      En el asunto C‑16/06 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 12 de enero de 2006,
      
      Les Éditions Albert René Sàrl, con domicilio social en París, representada por el Sr. J. Pagenberg, Rechtsanwalt,
      
      parte recurrente,
      y en el que la otra parte en el procedimiento es:
      Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,
      
      parte demandada en primera instancia,
      Orange A/S, con domicilio social en Copenhague (Dinamarca), representada por el Sr. J. Balling, advokat,
      
      parte coadyuvante en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič y E. Levits (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. J. Swedenborg, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de octubre de 2007;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 29 de noviembre de 2007;
      dicta la siguiente 
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, la sociedad Les Éditions Albert René Sàrl (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación
         de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 27 de octubre de 2005, Les Éditions Albert
         René/OAMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, Rec. p. II‑4667; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la que dicho Tribunal
         desestimó su recurso para que se anulara la resolución adoptada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización
         del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el 14 de julio de 2003 (asunto R 0559/2002-4; en lo sucesivo, «resolución
         impugnada») en el marco del procedimiento de oposición instado por la recurrente, titular de la marca anterior OBELIX, al
         registro del signo denominativo «MOBILIX» como marca comunitaria.
      
       Marco jurídico
      2        El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en
         su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 349, p. 83) (en lo sucesivo,
         «Reglamento nº 40/94»), prevé en su artículo 8, bajo la rúbrica «Motivos de denegación relativos»:
      
      «1.       Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
      […]
      b)       cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas
         marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior;
         el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
      
      2.       A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:
      a)       las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo
         en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
      
               i)     las marcas comunitarias;
      […]
      c)       las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad
         invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del
         artículo 6 bis del Convenio de París.
      
      […]
      5.       Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca
         solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no
         sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior,
         ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida
         en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter
         distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.»
      
      3        Según el artículo 63 del mismo Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia»:
      
      «1.       Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
      2.       El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento
         o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
      
      3.       El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
      4.       Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de
         ésta no haya estimado sus pretensiones.
      
      […]»
      4        El artículo 74 del Reglamento nº 40/94, con el título «Examen de oficio de los hechos», tiene el siguiente tenor:
      
      «1.       En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre
         motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por
         las partes.
      
      2.      La [OAMI] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado
         dentro de plazo.»
      
      5        El artículo 76 de dicho Reglamento, bajo la rúbrica «Instrucción», establece en su apartado 1:
      
      «En cualquier procedimiento ante la [OAMI], podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción:
      […]
      b)       solicitud de información;
      c)       presentación de documentos y de muestras;
      […]»
      6        El artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia establece que las memorias
         de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
      
       Antecedentes del litigio
      7        El 7 de noviembre de 1997, Orange A/S (en lo sucesivo, «Orange») presentó ante la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94,
         una solicitud para el registro del signo denominativo «MOBILIX» como marca comunitaria.
      
      8        Los productos y servicios para los que se solicitó dicho registro están comprendidos en las clases 9, 16, 35, 37, 38 y 42
         del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de
         15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respectivamente, a las siguientes descripciones:
      
      –        «aparatos, instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones, incluyendo telefonía, teléfonos y teléfonos móviles, incluyendo
         antenas y reflectores parabólicos, acumuladores y baterías, transformadores y convertidores, codificadores y descodificadores,
         tarjetas codificadas y tarjetas para codificación, tarjetas telefónicas, aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización,
         agendas telefónicas electrónicas, piezas y accesorios (no comprendidos en otras clases) para los productos mencionados», incluidos
         en la clase 9;
      
      –        «tarjetas telefónicas», incluidas en la clase 16;
      –        «servicio de contestador automático (para abonados ausentes temporalmente), consultas y asistencia para la gestión y dirección
         de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales», incluidos en
         la clase 35;
      
      –        «instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación», incluidos en la clase 37;
      –        «telecomunicaciones, incluyendo información sobre telecomunicaciones, comunicaciones por teléfono y telégrafo, comunicaciones
         a través de pantallas de ordenador y teléfonos móviles, telecopias, emisiones por radio y televisión, incluyendo a través
         de televisión por cable y por Internet, envío de mensajes, alquiler de aparatos de envío de mensajes, alquiler de aparatos
         de telecomunicaciones, incluyendo de aparatos de telefonía», incluidos en la clase 38;
      
      –        «investigación científica e industrial, ingeniería, incluyendo el proyecto de plantas e instalaciones de telecomunicaciones,
         en particular para telefonía, y programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos,
         alquiler de ordenadores y programas informáticos», incluidos en la clase 42.
      
      9        La recurrente presentó oposición contra esta solicitud de registro. A tal efecto invocó los siguientes derechos anteriores,
         relativos al término «OBELIX»:
      
      –        la marca anterior registrada, protegida por el registro de la marca comunitaria nº 16.154, de 1 de abril de 1996, para los
         siguientes productos y servicios:
      
      –        «aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza (excepto los
         aparatos de proyección) incluidos en la clase 9; juegos electrónicos con o sin pantalla, ordenadores, módulos de programas,
         programas informáticos grabados en soportes de datos, en particular, los videojuegos», incluidos en la clase 9;
      
      –        «papel, cartón; artículos de estos materiales, productos de imprenta (incluidos en la clase 16), periódicos y revistas, libros;
         artículos de encuadernación (hilo, lienzo y otras materias para encuadernar); fotografías; papelería; adhesivos (para papelería
         y productos de imprenta); material para artistas (productos de dibujo, pintura y modelado); pinceles; máquinas de escribir
         y artículos de oficina (excepto muebles) y máquinas de oficina (incluidos en la clase 16); material de instrucción o de enseñanza
         (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no incluidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés»,
         incluidos en la clase 16;
      
      –        «juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte (incluidos en la clase 28); decoraciones para árboles de Navidad», incluidos
         en la clase 28;
      
      –        «marketing y publicidad», incluidos en la clase 35;
      –        «proyecciones de películas, producción de películas, alquiler de películas; publicación de libros y revistas; educación y
         entretenimiento; organización de ferias y de exposiciones; festejos populares, explotación de un parque de atracciones, producción
         de representaciones musicales y habladas en directo; exposición de reconstrucciones de carácter histórico-cultural y etnológico»,
         incluidos en la clase 41;
      
      –        «alojamiento y restauración; fotografías; traducciones; gestión y explotación de derechos de autor; explotación de la propiedad
         intelectual», incluidos en la clase 42;
      
      –        la marca notoria anterior conocida en todos los Estados miembros respecto de todos los productos y servicios incluidos en
         las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42.
      
      10      En los apartados 6 a 8 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia resumió de la siguiente manera el procedimiento
         ante la OAMI:
      
      «6      En apoyo de su oposición, la demandante alega la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado
         1, letra b), y apartado 2, del Reglamento nº 40/94.
      
      7      Mediante resolución de 30 de mayo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición y autorizó que siguiera adelante
         el procedimiento de registro […]. Tras dejar sentado que no había quedado probada de modo concluyente la notoriedad de la
         marca anterior, la División de Oposición adujo que las marcas, globalmente consideradas, no eran similares. Admitió que existe
         cierta semejanza fonética, pero que ésta quedaba compensada por el aspecto gráfico de las marcas y, concretamente, por el
         hecho de que los conceptos que ambas representan son muy diferentes […]. Además, es más probable que el registro anterior
         sea identificado con el famoso personaje de tebeos, circunstancia que lo diferenciaría aún más de la marca cuyo registro se
         solicita desde un punto de vista conceptual.
      
      8      Como consecuencia de[l] recurso interpuesto por la demandante […], la [Cuarta Sala de Recurso] adoptó [la resolución impugnada].
         Ésta anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición. En primer lugar, la Sala de Recurso precisó que debe considerarse
         que la oposición se basaba exclusivamente en el riesgo de confusión. Seguidamente indicó que podía percibirse cierta similitud
         entre las marcas. En lo que atañe a la comparación entre los productos y los servicios, la Sala estimó que los “aparatos e
         instrumentos de enseñanza y señalización” de la solicitud de marca comunitaria y los “aparatos e instrumentos ópticos y de
         enseñanza” del registro anterior, incluidos en la clase 9, eran similares. Llegó a la misma conclusión en relación con los
         servicios de la clase 35 denominados “consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas
         y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales” de la solicitud de marca comunitaria, y “marketing
         y publicidad” del registro anterior. La Sala estimó que, dado el grado de similitud entre los signos de que se trata, de un
         lado, y entre estos productos y servicios específicos, de otro, existía riesgo de confusión por parte del público interesado.
         Por consiguiente, rechazó la solicitud de marca comunitaria respecto de [dichos productos y servicios], admitiéndola respecto
         de los demás productos y servicios.»
      
       Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      11      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de octubre de 2003, la recurrente solicitó
         la anulación de la resolución impugnada. A tal efecto, invocó tres motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo
         8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento nº 40/94, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho
         Reglamento y, el tercero, en la infracción del artículo 74 del mismo Reglamento.
      
      12      En la vista, la recurrente solicitó con carácter subsidiario que se devolviera el asunto a la Cuarta Sala de Recurso de la
         OAMI para poder demostrar que su marca gozaba de «notoriedad» en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
      
      13      En los apartados 15 y 16 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia comprobó en primer lugar si cabía admitir
         los cinco documentos que se habían adjuntado al escrito de demanda para demostrar la notoriedad del signo denominativo «OBELIX».
         Tras constatar que estos documentos no habían sido presentados durante el procedimiento seguido ante la OAMI, el Tribunal
         de Primera Instancia los declaró inadmisibles, ya que su admisión sería contraria al artículo 135, apartado 4, de su Reglamento
         de Procedimiento.
      
      14      A continuación, basándose en los artículos 63 y 74 del Reglamento nº 40/94 y en el artículo 135 de su Reglamento de Procedimiento,
         el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del motivo relativo a la infracción del artículo 8, apartado 5,
         del Reglamento nº 40/94.
      
      15      En particular, el Tribunal de Primera Instancia subrayó en el apartado 20 de la sentencia recurrida que la recurrente no solicitó
         en ningún momento ante la Sala de Recurso la posible aplicación del referido artículo 8, apartado 5, por lo que ésta no examinó
         dicha disposición. Señaló que, si bien en su oposición a la solicitud de registro de la marca y ante la referida Sala de Recurso
         la recurrente invocó la notoriedad de su marca anterior, lo hizo únicamente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado
         1, letra b), de dicho Reglamento, es decir, para sostener la existencia del riesgo de confusión por parte del público pertinente.
      
      16      Por último, en virtud del artículo 44, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia declaró
         la inadmisibilidad de la pretensión formulada en la vista.
      
      17      En cuanto al fondo, el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida, si resultaba
         fundado el motivo de la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94 y según el cual, a falta de impugnación por Orange,
         la Sala de Recurso debería haber partido de la premisa de que la marca OBELIX gozaba de notoriedad.
      
      18      En el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no cabe interpretar el artículo
         74 del Reglamento nº 40/94 en el sentido de que la OAMI esté obligada a aceptar sin más los argumentos invocados por una parte
         que no han sido rebatidos por la otra parte en el procedimiento.
      
      19      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 35 de la sentencia recurrida que, en el caso de autos,
         ni la División de Oposición ni la Sala de Recurso consideraron que la recurrente hubiera defendido convincentemente mediante
         hechos o pruebas la apreciación jurídica que alegaba, es decir, la notoriedad del signo no registrado y el elevado grado de
         carácter distintivo del signo registrado. En consecuencia, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera
         Instancia declaró dicho motivo infundado.
      
      20      En los apartados 53 a 88 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó el motivo de la infracción del
         artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento nº 40/94.
      
      21      En cuanto a la similitud entre los productos y servicios de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación
         de la recurrente de que los productos a los que se refiere la marca comunitaria cuyo registro se solicita, incluidos en las
         clases 9 y 16, contienen todos ellos elementos esenciales de los productos amparados por la marca anterior, al declarar en
         el apartado 61 de la sentencia recurrida que el mero hecho de que un producto determinado se utilice como pieza, accesorio
         o componente de otro no basta para demostrar que los productos finales que incluyen estos componentes sean similares, puesto
         que, en particular, su naturaleza, su destino y los clientes interesados pueden ser completamente diferentes. Por otra parte,
         el Tribunal de Primera Instancia indicó, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que la recurrente no podía emplear la
         formulación amplia de la lista de productos y servicios protegidos por el registro anterior como un argumento para sostener
         que existe una gran similitud ni, con mayor razón, una identidad con los productos contemplados por la solicitud de registro.
      
      22      En los apartados 66 a 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó también las alegaciones de
         la recurrente encaminadas a demostrar que los servicios incluidos en la solicitud de registro de marca comunitaria para las
         clases 35, 37, 38 y 42 son similares a los servicios protegidos por la marca anterior, si bien admitió que hay una excepción.
         En efecto, según el Tribunal de Primera Instancia, «hay similitudes entre el “alquiler de ordenadores y de programas informáticos”
         que figura en la solicitud de marca comunitaria (clase 42) y los “ordenadores” y “programas informáticos grabados en soportes
         de datos” de la demandante (clase 9) debido a su complementariedad».
      
      23      En lo que atañe a la comparación de los signos controvertidos, el Tribunal de Primera Instancia consideró en los apartados
         75 y 76 de la sentencia recurrida que, a pesar de las combinaciones de las letras «OB» y la terminación «-LIX» que los dos
         signos tienen en común, existen entre ambos varias diferencias visuales importantes, como las relativas a las letras que siguen
         a «OB», el principio de las palabras y su longitud. Tras recordar que la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia
         el principio de la palabra, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que «los signos de que se trata no son similares desde
         el punto de vista gráfico o que presentan, como máximo, una similitud visual muy débil».
      
      24      Después de comparar los referidos signos a nivel fonético, el Tribunal de Primera Instancia declaró en los apartados 77 y
         78 de la sentencia recurrida que, a este respecto, existía entre ellos cierta similitud.
      
      25      En cuanto a la comparación conceptual, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el apartado 79 de la sentencia recurrida
         que, aunque el término «OBELIX» haya sido registrado como marca denominativa, será identificado sin dificultad por el público
         medio con el personaje popular de un cómic, lo que hace muy improbable cualquier confusión conceptual por parte del público
         con unos términos más o menos parecidos.
      
      26      En los apartados 80 y 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que, dado que el signo denominativo
         «OBELIX» tiene desde el punto de vista del público pertinente un significado claro y determinado, de forma que ese público
         puede captarlo inmediatamente, las diferencias conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar
         las similitudes fonéticas y las posibles similitudes visuales de dichos signos.
      
      27      Por lo que respecta al riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia señaló en el apartado 82 de la sentencia recurrida
         que «las diferencias entre los signos controvertidos son suficientes para descartar la existencia de un riesgo de confusión
         en la percepción del público al que se destinan los productos, ya que tal riesgo presupone que, de forma acumulativa, el grado
         de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o servicios que éstas designan sean suficientemente
         elevados».
      
      28      En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó en los apartados 83 y 84 de la sentencia recurrida que la apreciación
         de la Sala de Recurso sobre el carácter distintivo de la marca anterior así como las alegaciones de la recurrente en cuanto
         al renombre de dicha marca no tienen ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
         nº 40/94 en el caso de autos.
      
      29      Por último, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la recurrente no puede
         hacer valer un derecho exclusivo sobre el uso del sufijo «-ix» y desestimó su alegación según la cual es absolutamente concebible
         que, merced a este sufijo, el término «MOBILIX» se deslice discretamente dentro de la familia de marcas formadas por los personajes
         de la serie Astérix y que sea incluido en ésta como una derivación del término «OBELIX».
      
      30      En consecuencia, tras declarar que no se cumple uno de los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 8, apartado
         1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, que no existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita
         y la marca anterior, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso interpuesto por la recurrente.
      
       Sobre el recurso de casación
      31      Mediante su recurso de casación, en apoyo del cual invoca seis motivos, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que
         anule la sentencia recurrida y la resolución impugnada, que desestime la solicitud de registro nº 671396 del signo denominativo
         «MOBILIX» para todos los bienes y servicios para los cuales ha sido solicitado y que condene a la OAMI al pago de las costas
         correspondientes a los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia. Con carácter
         subsidiario, la recurrente solicita que el Tribunal de Justicia anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      32      La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a la recurrente.
      
       Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 y de las normas del Derecho comunitario
            administrativo y procesal (reformatio in peius)
      
       Alegaciones de las partes
      33      Mediante su primer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 63 del Reglamento
         nº 40/94 y haber procedido a una reformatio in peius, en contra de las normas del Derecho comunitario administrativo y procesal, ya que declaró, a diferencia de la resolución
         impugnada y en perjuicio de la recurrente, que los signos controvertidos no eran similares, cuando la cuestión de su similitud
         no formaba parte del objeto del litigio sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia y, en consecuencia, éste no era
         competente para apreciarla.
      
      34      La recurrente alega que, de conformidad con el artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, interpuso recurso contra
         la resolución impugnada sólo en tanto en cuanto ésta no había estimado sus pretensiones y que, por consiguiente, sólo impugnó
         la negativa de la Sala de Recurso a examinar la oposición a la luz del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y a
         tomar en consideración el carácter distintivo y la notoriedad de la marca OBELIX, así como la conclusión relativa a la falta
         de similitud entre los productos y servicios designados por las marcas controvertidas.
      
      35      En cambio, la recurrente alega que ni ella ni Orange, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, impugnaron
         ante el Tribunal de Primera Instancia la apreciación de dicha Sala relativa a la similitud de los signos de que se trata.
         En lo que se refiere a la OAMI, sostiene que, si bien ésta no debe defender sistemáticamente la resolución impugnada, no está
         facultada para modificar, en perjuicio de la parte que ha interpuesto el recurso, el objeto del litigio seguido ante el Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      36      Según la OAMI, dado que la recurrente se había opuesto a las conclusiones de la Sala de Recurso respecto al riesgo de confusión
         y como la similitud de los signos controvertidos constituye un elemento de estas conclusiones, el Tribunal de Primera Instancia
         debía necesariamente examinar la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la comparación de estos signos, con el fin de
         controlar la legalidad de las conclusiones de dicha Sala de Recurso con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
         nº 40/94. En consecuencia, la OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia era competente para analizar la similitud
         de los referidos signos.
      
      37      En cuanto a la violación del principio de prohibición de reformatio in peius, la OAMI sostiene que, como el Tribunal de Primera Instancia no modificó la resolución impugnada mediante la cual la Sala
         de Recurso estimó parcialmente la oposición, la recurrente no fue colocada en una situación más desfavorable que aquella en
         la que se encontraba antes de interponer su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      38      En virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia ha de examinar la legalidad
         de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI controlando la aplicación del Derecho comunitario realizada por éstas
         a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dichas Salas (véase, en este sentido, la sentencia de 4
         de octubre de 2007, Naipes Heraclio Fournier/OAMI, C‑311/05 P, apartado 38 y jurisprudencia citada).
      
      39      En consecuencia, dentro de los límites del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, tal como ha sido interpretado por el Tribunal
         de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia puede realizar un control total de la legalidad de las resoluciones adoptadas
         por las Salas de Recurso de la OAMI, si resulta necesario para averiguar si estas Salas han dado una calificación jurídica
         exacta a los hechos del litigio (véase, en este sentido, la sentencia Naipes Heraclio Fournier/OAMI, antes citada, apartado
         39) o para comprobar que la apreciación de los hechos expuestos a dichas Salas no adolece de error alguno.
      
      40      Procede señalar que la recurrente alegó ante el Tribunal de Primera Instancia que la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI había
         infringido el artículo 8, apartados 1, letra b), y 2 del Reglamento nº 40/94.
      
      41      En el marco de dicho motivo, la recurrente invocó, por una parte, la cuestión de la similitud de los signos controvertidos.
         En particular, como resulta de los apartados 8 y 47 a 49 de la sentencia recurrida, mientras que la referida Sala de Recurso
         había declarado que existía cierta similitud entre dichos signos, la recurrente alegaba que, de hecho, éstos eran muy similares,
         para que se declarara que existía un grado de similitud superior a lo que había resuelto la Sala de Recurso.
      
      42      En consecuencia, como también señala la Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones, la propia recurrente introdujo
         la cuestión de la similitud de los signos controvertidos en el objeto del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      43      Por otra parte, en lo que respecta al riesgo de confusión, la recurrente alegó también que, si se tenía en cuenta la interdependencia
         entre la similitud de los productos, la similitud de los signos y el carácter distintivo de la marca anterior, las diferencias
         entre los signos en el ámbito de los productos y servicios idénticos y, en gran medida, en el de los productos y servicios
         similares no eran suficientes para impedir que se produjeran confusiones –especialmente a nivel fonético– debido a la notoriedad
         de la marca anterior.
      
      44      Pues bien, a este respecto procede señalar que, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94,
         el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca cuyo registro se solicita y la marca
         anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos
         para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos [véanse las sentencias de 12 de octubre
         de 2004, Vedial/OAMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, apartado 51, y de 13 de septiembre de 2007, Ponte Finanziaria/OAMI y F.M.G.
         Textiles (anteriormente, Marine Enterprise Projects), C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, apartado 48].
      
      45      Por consiguiente, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
         todos los factores pertinentes del caso de autos (sentencia de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C‑171/06 P, apartado 33).
      
      46      Dicha apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración
         y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo
         grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre
         las marcas, y a la inversa [véanse la sentencia T.I.M.E. ART/OAMI, antes citada, apartado 35, y, con respecto a la Directiva
         89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los
         Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec.
         p. I‑5507, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 19].
      
      47      En consecuencia, dado que la recurrente cuestionó la apreciación de la Sala de Recurso relativa al riesgo de confusión, en
         virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre
         las marcas y la existente entre los productos y servicios cubiertos, el Tribunal de Primera Instancia era competente para
         examinar la valoración que dicha Sala de Recurso realizó de la similitud de los signos controvertidos.
      
      48      En efecto, cuando el Tribunal de Primera Instancia debe examinar la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de
         la OAMI, no puede estar vinculado por una apreciación errónea de los hechos efectuada por esta Sala, ya que dicha apreciación
         forma parte de las conclusiones cuya legalidad se discute ante el referido Tribunal.
      
      49      Por último, en cuanto al principio de la prohibición de reformatio in peius, mencionado por la recurrente, aun suponiendo que pueda invocarse tal principio en un procedimiento de control de la legalidad
         de una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, basta señalar que, al declarar que no existía riesgo de confusión y al
         desestimar el recurso de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia mantuvo vigente la resolución impugnada. En consecuencia,
         en tanto en cuanto dicha resolución no estimó las pretensiones de la recurrente, ésta no se encuentra, como consecuencia de
         la sentencia recurrida, en una posición jurídica menos favorable que aquella en la que se hallaba antes de interponer su recurso.
      
      50      En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo por infundado.
      
       Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b, del Reglamento nº 40/94
      Sobre la primera parte del segundo motivo
      –       Alegaciones de las partes
      51      En la primera parte del segundo motivo, la recurrente alega que, al apreciar la similitud de los productos y servicios designados
         por las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
      
      52      En primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado un criterio jurídico erróneo para
         determinar si los respectivos productos y servicios eran similares. Afirma que tendría que haberlos comparado partiendo de
         la premisa de que las marcas controvertidas son idénticas y que la marca anterior tiene un carácter distintivo muy elevado
         o goza de notoriedad.
      
      53      En segundo lugar, la recurrente cuestiona la coherencia y el fundamento de las apreciaciones concretas que el Tribunal de
         Primera Instancia efectuó de la similitud de dichos productos y servicios.
      
      54      En cuanto a la comparación entre los productos de las clases 9 y 16 contemplados por la marca MOBILIX y los productos de las
         mismas clases designados por la marca OBELIX, la recurrente alega en primer lugar que el Tribunal de Primera Instancia realizó
         una interpretación manifiestamente errónea de las listas de estos productos, al desnaturalizarlas. En efecto, sostiene que
         las afirmaciones relativas a estas listas, realizadas por dicho Tribunal en el apartado 62 de la sentencia recurrida, son
         inexactas y contradichas tanto por las propias listas como por las afirmaciones del mismo Tribunal de Primera Instancia en
         el apartado 63 de la sentencia recurrida.
      
      55      A continuación, la recurrente observa que existe una contradicción entre la afirmación en la lengua de procedimiento que figura
         en el apartado 62 de la sentencia recurrida, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community
         trade mark» (Esta lista de productos y servicios debe compararse con la contenida en la solicitud de marca comunitaria), y
         la conclusión de que los productos protegidos por la marca anterior y los cubiertos por la marca cuyo registro se solicita
         no son similares.
      
      56      Por último, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al confirmar, en el
         apartado 64 de la sentencia recurrida, la apreciación errónea de la Sala de Recurso según la cual los productos de las clases
         9 y 16 contemplados en la solicitud de registro de marca comunitaria no estaban incluidos en la lista de productos y servicios
         que fue formulada en términos amplios en el momento del registro anterior. Además, afirma que el Tribunal de Primera Instancia
         no dio una respuesta suficiente a su alegación de que los productos mencionados en la solicitud de registro de la marca MOBILIX
         son «aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos» protegidos por la marca OBELIX y que, además, no analizó la similitud
         de dichos productos.
      
      57      En cuanto a la comparación entre los servicios de las clases 35, 37, 38 y 42 a los que se refiere la solicitud de registro
         de marca comunitaria y los productos cubiertos por la marca OBELIX, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia
         cometió un error al declarar en el apartado 70 de la sentencia recurrida que no existía similitud entre estos productos y
         servicios.
      
      58      Por una parte, la recurrente entiende que tal declaración contradice la que hizo el Tribunal de Primera Instancia en el apartado
         68 de la sentencia recurrida, según la cual existe una débil similitud entre los servicios de la clase 38 a los que se refiere
         la marca cuyo registro se solicita y los servicios de la clase 41 protegidos por el derecho anterior, y, además, que es errónea,
         ya que los servicios de «proyecciones de películas, producción de películas, alquiler de películas» de la clase 41, amparados
         por la marca anterior, son similares a los servicios de «emisiones por radio y televisión, incluyendo a través de televisión
         por cable y por Internet» propuestos por Orange.
      
      59      Por otra parte, en cuanto a la comparación de los productos de la clase 9, protegidos por la marca OBELIX, y los servicios
         de la clase 42 contemplados en la solicitud de registro de la marca MOBILIX, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera
         Instancia debería haber concluido que existe similitud entre «ordenadores, módulos de programas, programas informáticos grabados
         en soportes de datos» y los servicios de «programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas
         informáticos» y que el referido Tribunal ignoró equivocadamente que la producción de «aparatos e instrumentos electrotécnicos,
         electrónicos», de la clase 9, implica necesariamente que se lleven a cabo actividades de «investigación e ingeniería», que
         son servicios incluidos en la clase 42.
      
      60      Por último, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia declaró erróneamente, en el apartado 69 de la sentencia
         recurrida, que la solicitud de registro de marca comunitaria sólo tiene por objeto las telecomunicaciones en sus diversas
         formas y que el registro anterior no hace ninguna referencia a actividades de este sector. Además, entiende que dicho Tribunal
         no se basó en ningún hecho ni en prueba alguna para declarar en ese mismo apartado de la sentencia recurrida que admitir la
         existencia de similitudes en todos los casos en que el derecho anterior comprende los ordenadores y en que los productos o
         servicios objeto del signo solicitado pueden emplear ordenadores conduciría sin duda a extralimitarse respecto al objeto de
         la protección que el legislador concede al titular de una marca.
      
      61      La OAMI alega que, mediante su argumentación sobre la similitud de los productos y servicios designados por las marcas controvertidas,
         la recurrente pretende cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia, lo que no está
         permitido en un recurso de casación. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no desnaturalizó los hechos ni las pruebas,
         reprodujo correctamente las listas de dichos productos y servicios y procedió a un análisis comparativo, basado en criterios
         como el tipo de fabricante o el modo de distribución de los referidos productos.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      62      En primer lugar, procede recordar que, según el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión, cuya
         apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que
         pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos
         o servicios designados, constituye la condición específica de la protección otorgada por la marca comunitaria, de conformidad
         con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
      
      63      Como se ha recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, la apreciación global del riesgo de confusión implica una
         cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente
         entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios
         se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
      
      64      En consecuencia, el Tribunal de Justicia declaró, con respecto al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104,
         disposición esencialmente idéntica al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que el carácter distintivo
         de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos
         o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (véase la sentencia Canon,
         antes citada, apartado 24).
      
      65      Sin embargo, como recordó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 59 de la sentencia recurrida, para
         apreciar si existe identidad o similitud entre los referidos productos y servicios, procede tener en cuenta todos los factores
         pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o tales servicios. Estos factores incluyen, en particular,
         su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (véanse las sentencias Canon,
         antes citada, apartado 23, y de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, apartado 85).
      
      66      De conformidad con esta jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia procedió en los apartados 61 a 70 de la sentencia
         recurrida a una comparación de los productos y servicios designados por las marcas controvertidas, a través de un análisis
         exhaustivo de la relación entre dichos productos y servicios.
      
      67      Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al comparar los referidos productos y servicios
         sin basarse, a tal efecto, en la hipótesis de que las marcas en conflicto son idénticas y que la marca anterior tiene carácter
         distintivo.
      
      68      En segundo lugar, como la recurrente cuestiona la coherencia y el fundamento de las apreciaciones realizadas por el Tribunal
         de Primera Instancia al comparar los productos y servicios designados por las marcas controvertidas, procede recordar que,
         de conformidad con los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso
         de casación se limita a las cuestiones de Derecho. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para
         comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y
         de los elementos de prueba no constituye pues, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como
         tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias de 19
         de septiembre de 2002, DVK/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado 22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI,
         C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, apartado 35, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, apartado 40).
      
      69      Una desnaturalización de esta índole debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario
         efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véanse las sentencias de 28 de mayo de 1998, New Holland Ford/Comisión,
         C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, apartado 72; de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, apartado 54,
         y de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, apartado 108).
      
      70      A la luz de la lista de los productos y servicios incluidos en la clase 9 y protegidos por el registro anterior, reproducida
         en los apartados 5 de la sentencia recurrida y 9 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró en el
         apartado 62 de la sentencia recurrida que «los ámbitos a que se refiere este derecho son la fotografía, el cine, la óptica,
         la enseñanza y los videojuegos».
      
      71      En cuanto a la lista de productos y servicios de las clases 9 y 16, contenida en la solicitud de registro de marca comunitaria
         y reproducida en los apartados 3 de la sentencia recurrida y 8 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia
         declaró en ese mismo apartado 62 que el sector de que se trata en dicha solicitud de registro es, casi exclusivamente, el
         de las telecomunicaciones en todas sus variantes.
      
      72      Ahora bien, no resulta manifiesto que la lectura por el Tribunal de Primera Instancia de las listas de los productos y servicios
         cubiertos por las marcas controvertidas adolezca de inexactitudes materiales o que las apreciaciones de dicho Tribunal, cuestionadas
         por la recurrente, no pudieran basarse válidamente en esas listas.
      
      73      En consecuencia, procede desestimar por infundado el argumento de la recurrente relativo a la desnaturalización por el Tribunal
         de Primera Instancia del contenido de las referidas listas.
      
      74      En cuanto a la supuesta contradicción entre la afirmación en la lengua de procedimiento en el apartado 62 de la sentencia
         recurrida, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», y la conclusión
         de que los productos protegidos por la marca anterior y los cubiertos por la marca cuyo registro se solicita no son similares,
         es necesario recordar que la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria
         o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en el marco de un recurso de casación
         (véanse las sentencias de 7 de mayo de 1998, Somaco/Comisión, C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587, apartado 53; de 13 de diciembre
         de 2001, Cubero Vermurie/Comisión, C‑446/00 P, Rec. p. I‑10315, apartado 20, y de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión,
         C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, apartado 45).
      
      75      A este respecto, procede señalar que el apartado 62 de la sentencia recurrida tiene por objeto analizar, por un lado, el alcance
         de la lista de productos y servicios cubiertos por el registro anterior y, por otro, el de la lista de productos y servicios
         a los que se refiere la solicitud de registro de marca.
      
      76      De dicha finalidad y del contenido del apartado 62 de la sentencia recurrida se desprende que la declaración en la lengua
         de procedimiento, según la cual «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade
         mark», debía haberse redactado de modo que reflejara el siguiente sentido:
      
      «Esta lista de productos y servicios debe compararse con la contenida en la solicitud de marca comunitaria.»
      77      Sin embargo, este error de redacción no afecta a la coherencia de la motivación de la sentencia recurrida, ya que las declaraciones
         realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 62 de dicha sentencia sobre el alcance de las listas de los
         productos y servicios cubiertos por las marcas controvertidas no contradicen las conclusiones a las que dicho Tribunal llegó
         en los apartados 63 y 64 de la misma sentencia.
      
      78      En consecuencia, no cabe considerar el error de redacción señalado por la recurrente como un error de motivación que pueda
         justificar la anulación de dicho apartado de la sentencia recurrida (véase la sentencia de 2 de junio de 1994, de Compte/Parlamento
         C‑326/91 P, Rec. p. I‑2091, apartado 96).
      
      79      Por último, en cuanto a las demás alegaciones formuladas por la recurrente en el marco de la primera parte del segundo motivo,
         es preciso señalar que, aunque formalmente invoca errores de apreciación o de motivación, la recurrente pretende, en esencia,
         cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      80      Pues bien, como se ha recordado en el apartado 68 de la presente sentencia, la apreciación de los hechos y de los elementos
         de prueba no constituye, salvo en el caso de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del
         Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
      
      81      En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo por ser parcialmente infundada y parcialmente inadmisible.
      
       Sobre la segunda parte del segundo motivo
      –       Alegaciones de las partes
      82      En la segunda parte del segundo motivo, invocada de forma subsidiaria al primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal
         de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, al estimar que las marcas controvertidas
         eran diferentes.
      
      83      Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no aplicó los criterios jurídicos correctos para apreciar la similitud
         de estas marcas, sino que actuó de forma mecánica, sin tener presente la finalidad de la comparación.
      
      84      Por lo que respecta a la similitud visual, la recurrente entiende que el Tribunal de Primera Instancia acentuó arbitrariamente
         las diferencias entre estas marcas cuando, según los principios generales del Derecho de marcas, los elementos comunes son
         habitualmente más importantes que los que son distintos.
      
      85      Además, según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia ignoró en el apartado 75 de la sentencia recurrida su propia
         jurisprudencia resultante de la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel
         (BASS) (T‑292/01, Rec. p. II‑4335), apartado 50, según la cual la atención del público se centra al menos con la misma intensidad
         en las primeras letras de una marca denominativa que en las letras centrales de dicha marca.
      
      86      La recurrente alega que la apreciación de la similitud fonética, así como la de la similitud conceptual, efectuadas por el
         Tribunal de Primera Instancia en los apartados 77 a 79 de la sentencia recurrida, son erróneas ya que no están corroboradas
         por hechos sometidos al Tribunal de Primera Instancia.
      
      87      Además, la recurrente sostiene que el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 79 de la sentencia recurrida
         vulnera el principio según el cual cuanto más notoriamente conocida es una marca anterior o más elevado es su carácter distintivo,
         mayor será el riesgo de confusión.
      
      88      La recurrente reprocha igualmente al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado, en los apartados 80 a 82 de la sentencia
         recurrida, la teoría denominada «de neutralización», ya que, a su juicio, esta teoría sólo es aplicable en la fase de evaluación
         final del riesgo de confusión, pero no cuando las marcas en conflicto son o bien visualmente, o bien fonéticamente, o bien
         visual y fonéticamente similares.
      
      89      Por último, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia comprendió mal su argumento, al declarar en el apartado
         85 de la sentencia recurrida que la recurrente hace valer un derecho exclusivo sobre el uso del sufijo «-ix», cuando afirmó
         ser titular de una familia de marcas creadas de manera parecida a la de MOBILIX. Pues bien, sostiene que la existencia de
         una familia de marcas se considera generalmente una causa distinta del riesgo de confusión, incluso si no existen similitudes
         fonéticas ni visuales.
      
      90      Según la OAMI, entre los argumentos esgrimidos por la recurrente, la única cuestión de Derecho es la de si el Tribunal de
         Primera Instancia podía legalmente llegar a la conclusión, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, de que las diferencias
         conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y visuales existentes.
         Ahora bien, en opinión de la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia examinó correctamente el conjunto de elementos que, conforme
         a la jurisprudencia, deben ser tomados en consideración para proceder a una apreciación global del riesgo de confusión.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Justicia
      91      En primer lugar, en cuanto al argumento de que el Tribunal de Primera Instancia subrayó, al hacer una comparación visual de
         los dos signos controvertidos, las diferencias entre ellos en vez de buscar sus similitudes, basta declarar que la recurrente
         pretende efectivamente cuestionar la apreciación de hecho realizada por el Tribunal de Primera Instancia, lo que, de conformidad
         con la jurisprudencia recordada en el apartado 68 de la presente sentencia, no constituye, salvo en supuestos de desnaturalización
         de los hechos o de los elementos de prueba, una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco
         de un recurso de casación.
      
      92      En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia ignoró su propia jurisprudencia
         al declarar que normalmente la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra, basta señalar,
         por una parte, que dicha declaración no contradice la afirmación de la recurrente y, por otra, que lejos de instituir tal
         norma en principio absoluto, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a considerar que ello era así en el caso de autos.
         Pues bien, esta apreciación de hecho tampoco puede someterse al control del Tribunal de Justicia en un recurso de casación.
      
      93      Asimismo, en tercer lugar, procede señalar que, al alegar que las apreciaciones de la similitud fonética y de la similitud
         conceptual, efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 77 a 79 de la sentencia recurrida, son erróneas
         al no estar corroboradas por hechos sometidos al Tribunal de Primera Instancia, la recurrente pretende que el Tribunal de
         Justicia sustituya la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.
      
      94      Pues bien, como no se ha invocado la desnaturalización de hechos o elementos de prueba por dicho órgano jurisdiccional, el
         Tribunal de Justicia no es competente para proceder a su apreciación.
      
      95      En cuarto lugar, es preciso señalar que la recurrente se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida cuando alega
         que el razonamiento expuesto por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 79 de dicha sentencia vulnera el principio
         del Derecho de marcas según el cual cuanto más notoriamente conocida es una marca anterior o más elevado es su carácter distintivo,
         mayor será el riesgo de confusión.
      
      96      En efecto, en dicho apartado 79, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a declarar, tras efectuar una apreciación de hecho
         cuya comprobación no incumbe al Tribunal de Justicia, que el signo «OBELIX» se refiere a un personaje famoso de un cómic y
         que, por ende, es diferente conceptualmente del signo «MOBILIX». En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia no se pronunció
         sobre el carácter notorio de la marca OBELIX.
      
      97      En quinto lugar, en la medida en que la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado la teoría denominada
         «de neutralización», es preciso señalar que dicho Tribunal examinó el conjunto de elementos que, conforme a la jurisprudencia,
         deben ser tomados en consideración para proceder a una apreciación global del riesgo de confusión.
      
      98      Ahora bien, de la jurisprudencia se desprende que la apreciación global del riesgo de confusión implica que las diferencias
         conceptuales entre dos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas y visuales entre ellos, siempre que al menos uno
         de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público
         pueda captarlo inmediatamente (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI,
         C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, apartado 20, y de 23 de marzo de 2006, Mühlens/OAMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑ 2717, apartado 35).
      
      99      En consecuencia, no procede reprochar al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado dicha teoría de neutralización en el
         apartado 81 de la sentencia recurrida.
      
      100    Por último, en sexto lugar, en lo que respecta al argumento de la recurrente basado en el hecho de que es titular de una familia
         de marcas caracterizada por el sufijo «‑ix», resulta necesario observar que, si bien la recurrente invocó varias marcas anteriores
         que a su juicio pertenecen a dicha familia, su oposición se fundamenta exclusivamente en la marca anterior OBELIX.
      
      101    Pues bien, en el caso en que la oposición se basa en la existencia de varias marcas que presentan características comunes
         que permiten que se las considere parte de una misma familia o serie debe tenerse en cuenta, para apreciar si existe riesgo
         de confusión, que, en presencia de una familia o serie de marcas, tal riesgo resulta del hecho de que el consumidor pueda
         equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita
         y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie [véase, en este sentido, la sentencia Ponte Finanziaria/OAMI
         y F.M.G. Textiles (anteriormente, Marine Enterprise Projects), antes citada, apartados 62 y 63).
      
      102    En consecuencia, a la luz de las consideraciones anteriores, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo por ser
         parcialmente inadmisible y parcialmente infundada.
      
       Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94
       Alegaciones de las partes
      103    En primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 74 del Reglamento nº 40/94
         al desestimar, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, su alegación de que la Sala de Recurso debería haber admitido
         que la marca OBELIX era notoriamente conocida, que tenía un elevado carácter distintivo y que gozaba de renombre, ya que la
         otra parte en el procedimiento ante dicha Sala de Recurso no negó ninguno de estos hechos.
      
      104    La recurrente considera que procede distinguir dos hipótesis: por una parte, la de que Orange no participó en el procedimiento
         de oposición ante la Sala de Recurso, supuesto en que la OAMI podía adoptar su resolución basándose únicamente en las pruebas
         aportadas por la recurrente, oponente en el procedimiento, y, por otra parte, la hipótesis de que Orange sí participó en dicho
         procedimiento. Según la recurrente, si, en este último caso, Orange no rebatió las alegaciones de la recurrente, resulta absurdo
         exigir que ésta aporte todas las pruebas que corroboren sus alegaciones, puesto que ninguna norma ni principio de Derecho
         comunitario obliga a una parte a presentar pruebas para demostrar aquello que no ha sido negado por la otra parte.
      
      105    En segundo lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 74 del Reglamento nº 40/94,
         al negarse él también a admitir, del mismo modo que la Sala de Recurso, que la marca OBELIX era notoriamente conocida, que
         tenía un elevado carácter distintivo y que gozaba de renombre.
      
      106    La OAMI, refiriéndose a la sentencia Vedial/OAMI, antes citada, considera que, aun suponiendo que las partes no discrepen
         acerca de la cuestión de la notoriedad de la marca OBELIX, el Tribunal de Primera Instancia no está vinculado por esta observación
         y tiene la obligación de examinar si, al concluir en la resolución impugnada que no existe similitud entre las marcas controvertidas,
         la Sala de Recurso infringió el Reglamento nº 40/94. Según la OAMI, en el marco de un procedimiento entre partes sustanciado
         ante ella, ningún principio exige que se consideren acreditados los hechos no rebatidos por la otra parte.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      107    De entrada, debe precisarse que la imputación formulada por la recurrente relativa a la infracción por el Tribunal de Primera
         Instancia del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, al negarse a admitir que la marca OBELIX era notoriamente conocida, que
         tenía un elevado carácter distintivo y que gozaba de renombre, se basa en una lectura errónea de los apartados 32 a 36 de
         la sentencia recurrida y, por consiguiente, no está fundada.
      
      108    En efecto, en los apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no examinó él mismo si la
         marca OBELIX era notoriamente conocida, tenía un elevado carácter distintivo y gozaba de renombre, sino que se limitó a comprobar
         el fundamento del motivo invocado por la recurrente, basado en la infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94,
         según el cual, a falta de impugnación por parte de Orange, la Sala de Recurso debería haber considerado acreditada la apreciación
         que la recurrente hizo sobre la marca OBELIX.
      
      109    Dado que la recurrente alega a este respecto que, al declarar que la Sala de Recurso no infringió el artículo 74, apartado
         1, del Reglamento nº 40/94, el propio Tribunal de Primera Instancia infringió esta disposición, procede inadmitir esta imputación.
      
      110    Ciertamente, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal
         de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de
         un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados
         ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (véanse, en particular,
         las sentencias de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, apartado 17, y Storck/OAMI, antes citada,
         apartado 48).
      
      111    Sin embargo, de los artículos 225 CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo
         primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar
         de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos
         que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, sin incluir siquiera
         una argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limita
         a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia (véanse,
         en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, apartados 34
         y 35, así como Storck/OAMI, antes citada, apartado 47).
      
      112    Pues bien, dado que la recurrente ya alegó ante el Tribunal de Primera Instancia que, al no haber impugnado Orange las afirmaciones
         que ésa había formulado en el procedimiento de oposición, la OAMI debería haber partido de la premisa de que la marca OBELIX
         era notoria, la recurrente se limita, en el marco del presente motivo, a repetir el argumento desarrollado ante el Tribunal
         de Primera Instancia, sin dar las razones por las cuales éste incurrió en error de Derecho al desestimar dicho argumento en
         los apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida.
      
      113    En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo de la recurrente, basado en la infracción del artículo 74, apartado 1,
         del Reglamento nº 40/94, por ser parcialmente infundado y parcialmente inadmisible.
      
       Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento
            de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al haberse desestimado la pretensión de que se anule la resolución impugnada
            por la inaplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94
       Alegaciones de las partes
      114    Según la recurrente, al desestimar por inadmisible su pretensión fundada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94,
         el Tribunal de Primera Instancia interpretó incorrectamente el objeto del procedimiento de recurso, de modo que infringió
         los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento.
      
      115    En efecto, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia ignoró su propia jurisprudencia, recordada en la sentencia
         de 9 de noviembre de 2005, Focus Magazin Verlag/OAMI – ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T‑275/03, Rec. p. II‑4725), apartado 37, según
         la cual del principio de la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación
         del artículo 74, apartado 1, in fine, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho
         que la parte interesada haya presentado en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la
         única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso.
      
      116    La recurrente sostiene que, si bien las alegaciones que formuló ante la Sala de Recurso estaban basadas en el artículo 8,
         apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, una lectura lógica de los documentos aportados en el marco de los procedimientos
         de oposición y de recurso revela que nunca dejó de afirmar que una marca notoriamente conocida, sujeta a lo dispuesto en el
         artículo 8, apartados 1 y 2, letra c), de dicho Reglamento, era asimismo una marca que gozaba de «notoriedad» en el sentido
         del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento y debía también ser amparada por esta última disposición.
      
      117    A mayor abundamiento, la recurrente alega que la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la recurrente limitó expresamente
         su recurso a las cuestiones relativas al artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 es inexacta, y que la impugnó ante
         el Tribunal de Primera Instancia. Asimismo, discutió ante el Tribunal de Primera Instancia la relación entre los apartados
         2 y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 40/94 para demostrar que las marcas protegidas por dichas disposiciones, respectivamente,
         tienen en la actualidad la misma connotación. A juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no examinó, erróneamente,
         este argumento en la sentencia recurrida, al declarar la inadmisibilidad de la referida pretensión.
      
      118    Según la OAMI, si bien la recurrente debería haber impugnado la resolución de la Sala de Recurso según la cual consideraba
         que el recurso estaba únicamente fundado en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, por lo que había infringido
         el artículo 74 de dicho Reglamento, la recurrente reprochó a la Sala de Recurso, en su escrito de recurso presentado ante
         el Tribunal de Primera Instancia, haber infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Puesto que la Sala
         de Recurso no había examinado dicho artículo 8, apartado 5, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente, a la
         luz del artículo 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento, que la pretensión de la recurrente de que el Tribunal
         de Primera Instancia se pronunciara sobre la aplicación de la referida disposición no era admisible.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      119    En primer lugar, en lo que se refiere al análisis efectuado por el Tribunal de Primera Instancia para determinar el objeto
         del litigio ante la Sala de Recurso, procede señalar que, si bien dicho Tribunal declaró en el apartado 20 de la sentencia
         recurrida que la recurrente no había solicitado en ningún momento la posible aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento
         nº 40/94 ante dicha Sala de Recurso, y que, por consiguiente, ésta no había examinado tal posibilidad, también declaró en
         ese mismo apartado que, en su oposición a la solicitud de registro de marca y ante la referida Sala de Recurso, la recurrente
         había invocado la notoriedad de su marca anterior únicamente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b),
         de dicho Reglamento, es decir, para sostener la existencia de riesgo de confusión por parte del público pertinente.
      
      120    En consecuencia, no cabe reprochar al Tribunal de Primera Instancia que se basara exclusivamente en las alegaciones formuladas
         por la recurrente ante la Sala de Recurso para determinar el objeto del litigio planteado ante ésta. Al contrario, el Tribunal
         de Primera Instancia se cercioró de que no se desprendía de las alegaciones formuladas por la recurrente ante la División
         de Oposición que la recurrente hubiera fundado su oposición también en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
      
      121    Por consiguiente, al declarar que el motivo de denegación relativo de registro basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento
         nº 40/94 no formaba parte del objeto del litigio planteado ante dicha Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia desestimó
         acertadamente este motivo por inadmisible.
      
      122    En efecto, la recurrente no podía modificar ante el Tribunal de Primera Instancia los términos del litigio, tal como resultaban
         de las pretensiones y alegaciones respectivas invocadas por ella misma y por Orange (véase, en este sentido la sentencia de
         26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 43).
      
      123    Por una parte, el control ejercido por el Tribunal de Primera Instancia de conformidad con el artículo 63 del Reglamento nº 40/94
         consiste en un control de legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la OAMI. El Tribunal de Primera
         Instancia sólo puede anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada
         por alguno de los motivos de anulación o de reforma establecidos en el artículo 63, apartado 2, de dicho Reglamento (véase,
         en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, apartado 53).
      
      124    Por otra parte, del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende
         que las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
      
      125    En segundo lugar, en lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso resolvió erróneamente que el artículo 8, apartado
         5, del Reglamento nº 40/94 no formaba parte del objeto del litigio, procede señalar que, al haber formulado la recurrente
         un motivo que no formaba parte del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia contra dicha resolución, tal
         alegación constituye un motivo nuevo que amplía el objeto del litigio y que, en consecuencia, no puede esgrimirse por primera
         vez en la fase de casación.
      
      126    En efecto, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado
         ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia
         de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En
         el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución
         jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante los primeros jueces (véanse, en particular, las sentencias de
         1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, apartado 59; de 30 de marzo de 2000, VBA/VGB
         y otros, C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, apartado 79; de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089,
         apartado 50, así como JCB Service/Comisión, antes citada, apartado 114).
      
      127    En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo por parcialmente infundado y parcialmente inadmisible.
      
       Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 y del Reglamento de Procedimiento
            del Tribunal de Primera Instancia, al haber declarado inadmisible la pretensión de la recurrente de que se devuelva el asunto
            a la Sala de Recurso
       Alegaciones de las partes
      128    Según la recurrente, la pretensión que formuló en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia no era nueva, sino subsidiaria
         respecto a la pretensión basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Pues bien, como la pretensión principal
         engloba necesariamente todas las pretensiones que se refieren a ésta, la recurrente entiende que el objeto del litigio no
         se modifica cada vez que se añade una pretensión a la pretensión inicial.
      
      129    Por consiguiente, la recurrente alega que, al declarar la inadmisibilidad de la referida pretensión por considerarla una pretensión
         nueva que modifica el objeto del litigio, el Tribunal de Primera Instancia infringió los artículos 63 del Reglamento nº 40/94
         y 44, 48 y 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento.
      
      130    La OAMI sostiene que la pretensión de que se trata está basada en un motivo nuevo, según el cual la Sala de Recurso infringió
         el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al no pronunciarse sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5,
         de dicho Reglamento, y que no fue formulada por la recurrente hasta que comprendió que su motivo relativo a la infracción
         de esta última disposición era inadmisible. Puesto que esta pretensión subsidiaria no fue formulada hasta en la vista, la
         OAMI entiende que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente su inadmisibilidad sobre la base de los artículos
         44 y 48 de su Reglamento de Procedimiento.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      131    Como resulta de los apartados 119 a 124 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró correctamente la
         inadmisibilidad del motivo de la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
      
      132    En consecuencia, debe considerarse inoperante el presente motivo por el que la recurrente reprocha al Tribunal de Primera
         Instancia haber calificado de nuevas las pretensiones que alega haber formulado de forma subsidiaria al motivo basado en la
         infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y para el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia
         hubiera estimado fundado dicho motivo.
      
       Sobre el sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento
            de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al haberse negado a admitir determinados documentos
       Alegaciones de las partes
      133    La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado
         4, de su Reglamento de Procedimiento, en la medida en que declaró la inadmisibilidad de algunos documentos que presentaba
         por primera vez ante dicho Tribunal.
      
      134    La recurrente afirma que, en el caso de autos, aportó nuevos elementos de prueba al Tribunal de Primera Instancia únicamente
         porque la Sala de Recurso había considerado insuficientes las pruebas que le había presentado.
      
      135    Según la OAMI, procede desestimar el sexto motivo porque la misión del Tribunal de Primera Instancia consiste en controlar
         la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recursos, y no en comprobar si, en el momento de pronunciarse sobre un recurso
         interpuesto contra una de estas resoluciones, puede legalmente adoptar una nueva resolución cuya parte dispositiva sea la
         misma. Por consiguiente, la OAMI defiende que, a la vista de los elementos de hecho que no le fueron sometidos, no cabe reprochar
         a la Sala de Recurso ilegalidad alguna.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      136    Como el Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente en el apartado 16 de la sentencia recurrida, el objeto de un recurso
         interpuesto ante él consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido
         del artículo 63 del Reglamento nº 40/94.
      
      137    Se deduce de esta disposición que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden invocarse tampoco
         en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      138    De la referida disposición se desprende también que el Tribunal de Primera Instancia no puede examinar nuevamente las circunstancias
         de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la legalidad de una resolución de una Sala
         de Recurso de la OAMI se debe examinar en función de la información de que podía disponer dicha Sala de Recurso en el momento
         en que la adoptó.
      
      139    A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que se desprende de los artículos 61, apartado 2, y 76 del Reglamento
         nº 40/94 que, a efectos del examen del fondo del recurso del que conoce, la Sala de Recurso invitará a las partes, cuantas
         veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido y que podrá también
         decidir la práctica de diligencias de instrucción, entre las que figura la presentación de elementos de hecho o de prueba.
         El artículo 62, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 precisa, por su parte, que, si la Sala de Recurso devolviere el asunto
         para que le dé cumplimiento la instancia que dictó la resolución impugnada, serán vinculantes para esta instancia los motivos
         y la parte dispositiva de la resolución de la Sala de Recurso «en tanto en cuanto los hechos de la causa sean los mismos».
         Dichas disposiciones contemplan la posibilidad de que el sustrato fáctico vaya enriqueciéndose en las diversas fases del procedimiento
         ante la OAMI (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 58).
      
      140    En consecuencia, la recurrente no puede invocar que le faltaran posibilidades para aportar pruebas a la OAMI.
      
      141    Además, procede recordar que el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone que la OAMI puede no tener en cuenta
         los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
      
      142    El Tribunal de Justicia ha declarado, a este respecto, que, dado que determinados hechos y pruebas no fueron invocados y presentados
         por la parte afectada dentro de los plazos que le fueron señalados al efecto en virtud de las disposiciones del Reglamento
         nº 40/94 ni, por lo tanto, «dentro de plazo» en el sentido del artículo 74, apartado 2, del citado Reglamento, la referida
         parte no disfruta de un derecho incondicional a que aquéllos sean tenidos en cuenta por la Sala de Recurso de la OAMI. Ésta
         dispone, por el contrario, de un margen de apreciación para decidir si procede o no tener en cuenta esos hechos y pruebas
         a efectos de la decisión que ha de adoptar (véase la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 63).
      
      143    Sin embargo, las pruebas que nunca se han presentado a la OAMI son, en cualquier caso, extemporáneas y no pueden servir de
         criterio para la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso.
      
      144    Dado que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento nº 40/94, resulta justificada la decisión del Tribunal
         de Primera Instancia de desestimar por inadmisibles los documentos presentados por primera vez ante él, ya no procede examinar
         las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta infracción del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia.
      
      145    Teniendo en cuenta lo que precede, debe desestimarse el sexto motivo por infundado.
      
      146    Puesto que no cabe acoger ninguno de los motivos de la recurrente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
      
       Costas
      147    A tenor del artículo 62, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
         artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la
         otra parte. Al haber solicitado la OAMI la condena en costas de la recurrente, y al haber sido desestimados los motivos formulados
         por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
      1)      Desestimar el recurso de casación.
      2)      Condenar en costas a Les Éditions Albert René Sàrl.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.