CELEX: 62001TJ0141
Language: es
Date: 2005-01-18
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 18 de enero de 2005. # Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis contra Comisión de las Comunidades Europeas. # FEOGA - Participación financiera en un proyecto de demostración relativo a la introducción de nuevas técnicas de cultivo en la producción del zumaque - Supresión de la ayuda financiera del fondo. # Asunto T-141/01.

Asunto T‑141/01
      Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «FEOGA — Participación financiera en un proyecto de demostración relativo a la introducción de nuevas técnicas de cultivo en la producción
         del zumaque — Supresión de la ayuda financiera del fondo»
      
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 18 de enero de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Decisión de suspensión,
            de reducción o de supresión de una ayuda inicialmente concedida — Devolución de las cantidades indebidamente pagadas — Obligación
            que incumbe al beneficiario de la ayuda
      [Reglamentos del Consejo (CEE) nos 2052/88, arts. 4, ap. 1, y 5, ap. 2, 4253/88, art. 24, y 4256/88, art. 8]
      2.     Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Obligación de informar y
            actuar de buena fe que incumbe al beneficiario de la ayuda — Irregularidades cometidas por un tercero que actúa en nombre
            del beneficiario — Irregularidades cometidas por el administrador — Imputación al beneficiario
      3.     Cohesión económica y social — Intervenciones de carácter estructural — Financiación comunitaria — Cantidades pagadas a terceros
            — Cantidades que se consideran pagadas directamente al beneficiario de la financiación — Requisitos
      4.     Procedimiento — Solicitud de diligencias de prueba y de ordenación del procedimiento — Solicitud presentada en una fase del
            procedimiento distinta de la que permite la presentación de nuevas proposiciones de prueba — Procedencia — Requisitos
      [Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, ap. 1, letra e), y 48, ap. 1]
      1.     El artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2052/88, en
         lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y, por otra, de éstas con
         las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, no indica expresamente quién
         debe ser el destinatario de una decisión de supresión de una ayuda comunitaria y no precisa a quién incumbe la obligación
         de devolver a la Comisión las cantidades indebidamente pagadas.
      
      No obstante, de las disposiciones del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 2052/88, relativo
         a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones,
         con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros existentes, en su versión modificada,
         se desprende que cuando la acción comunitaria reviste la forma de financiación directa por parte de la Comisión de proyectos
         piloto y de demostración, las decisiones adoptadas con arreglo al Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, se dirigen
         a los beneficiarios individuales de las ayudas comunitarias. De ello se deduce que, en el caso de una acción financiada directamente
         por la Comisión en virtud del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación
         del Reglamento nº 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección «Orientación», la decisión de supresión debe dirigirse al beneficiario
         de la ayuda comunitaria, al que incumbe, pues, la obligación de devolución.
      
      (véanse los apartados 61 y 88)
      2.     El beneficiario de una ayuda financiera comunitaria no puede liberarse de la obligación de información y de lealtad que tiene
         frente a la Comisión recurriendo a los servicios de un tercero y no a sus propios medios. Por consiguiente, un eventual incumplimiento
         de este último a la hora de ejecutar las instrucciones del administrador de la sociedad beneficiaria es imputable a ésta.
      
      De igual modo, es imputable a la sociedad beneficiaria la irregularidad grave constituida por la participación de su administrador
         en una trama dirigida a desviar los pagos correspondientes a la ayuda comunitaria de los fines a los que iban destinados.
         La participación de otras personas en dichas irregularidades no puede eximir al beneficiario de la ayuda de su responsabilidad
         por los actos que realice en nombre de aquélla su administrador.
      
      (véanse los apartados 70, 79 y 80)
      3.     Deben asimilarse a las cantidades pagadas directamente al beneficiario por la Comisión como financiación comunitaria las cantidades
         que ésta haya pagado a terceros por orden del beneficiario. En cambio, cuando no exista una orden dada por dicho beneficiario
         o que le sea imputable, no puede considerarse que esas cantidades han sido pagadas a este mismo beneficiario.
      
      (véanse los apartados 90 y 91)
      4.     Para permitir al Tribunal de Primera Instancia determinar si una diligencia de ordenación del procedimiento es útil para el
         curso correcto del procedimiento, la parte que lo pide debe facilitarle, cuando menos, un mínimo de elementos que acrediten
         la utilidad de la diligencia para el proceso. Si tal petición tiene por objeto obtener nuevos elementos fácticos y se produce
         en una fase del procedimiento en la que no está permitida, en principio, la presentación de nuevas proposiciones de prueba,
         es necesario, en particular, que la parte que solicite la práctica de dichas diligencias exponga las razones por las cuales
         no pudo formular antes dicha solicitud.
      
      (véase el apartado 132)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)de 18 de enero de 2005(1)
         
         
               «FEOGA  –  Participación financiera en un proyecto de demostración relativo a la introducción de nuevas técnicas de cultivo en la producción
                  del zumaque  –  Supresión de la ayuda financiera del fondo»
               
               
             En el asunto T-141/01,
            
            
            Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, con domicilio social en Barcelona, representada por la Sra. M. Belard-Kopke Marques-Pinto y el Sr. C. Viñas Llebot, abogados,
            que designa domicilio en Luxemburgo,
            
            
            parte demandante,
            
            contra
            Comisión de las Comunidades Europeas,  representada por la Sra. S. Pardo y el Sr. L. Visaggio, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
            
            parte demandada,
            
             que tiene por objeto la anulación de la Decisión C(1999) 534 de la Comisión, de 4 de marzo de 1999, por la que se suprime
            la ayuda financiera del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), sección «Orientación», concedida inicialmente
            a la demandante mediante Decisión C(93) 3394, de 26 de noviembre de 1993, conforme al Reglamento (CEE) nº 4256/88 del Consejo,
            de 19 de diciembre de 1988, por el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo
            relativo al FEOGA, sección «Orientación» (DO L 374, p. 25), para la financiación de un proyecto de demostración relativo a
            la introducción de nuevas técnicas de cultivo para la producción del zumaque (proyecto nº 93.ES.06.030),
            
            
            EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
            
            
             integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces; 
            
             Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
            
            
            
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
            
               Marco normativo
            
         
         1
            
          Con el fin de reforzar la cohesión económica y social en el sentido del artículo 158 CE, el Reglamento (CEE) nº 2052/88 del
         Consejo, de 24 de junio de 1988, relativo a las funciones de los fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como
         a la coordinación entre sí de sus intervenciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos
         financieros existentes (DO L 185, p. 9), confiere a los fondos estructurales, en particular, la función de fomentar el desarrollo
         y el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas, así como acelerar la adaptación de las estructuras agrarias y
         fomentar el desarrollo de las zonas rurales en la perspectiva de la reforma de la política agrícola común [artículo 1, números
         1 y 5, letras a) y b)]. Este Reglamento fue modificado por el Reglamento (CEE) nº 2081/93, del Consejo, de 20 de julio de
         1993 (DO L 193, p. 5).
         
         
         
         2
            
          El artículo 5, apartado 2, letra e), del Reglamento nº 2052/88, en su versión modificada por el Reglamento nº 2081/93, dispone
         que la intervención financiera de los fondos estructurales puede adoptar la forma de un apoyo a la asistencia técnica, incluidas
         las medidas de preparación, de apreciación, de seguimiento y de evaluación de las acciones y los proyectos piloto y de demostración.
         
         
         
         3
            
          El 19 de diciembre de 1988, el Consejo adoptó el Reglamento nº 4256/88 por el que se aprueban las disposiciones de aplicación
         del Reglamento (CEE) nº 2052/88, en lo relativo al FEOGA, sección «Orientación» (DO L 374, p. 25). Dicho Reglamento fue modificado
         por el Reglamento (CEE) nº 2085/93 del Consejo, de 20 de julio de 1993 (DO L 193, p. 44).
         
         
         
         4
            
          El artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, en su versión modificada por el Reglamento nº 2085/93, dispone que, en cumplimiento
         de sus funciones, el FEOGA puede financiar, hasta un importe máximo igual al 1 % de su dotación anual, entre otras cosas «la
         realización de proyectos piloto que tengan por objeto adaptar las estructuras agrarias y forestales y fomentar el desarrollo
         rural» (segundo guión) y «la realización de proyectos de demostración, incluidos los centrados en el desarrollo y aprovechamiento
         de los bosques, así como los relativos a la transformación y comercialización de productos agrícolas, que se destinen a demostrar
         las posibilidades reales de sistemas, métodos y técnicas de producción y gestión adaptados a los objetivos de la política
         agrícola común» (tercer guión).
         
         
         
         5
            
          El 19 de diciembre de 1988, el Consejo adoptó asimismo el Reglamento (CEE) nº 4253/88, por el que se aprueban disposiciones
         de aplicación del Reglamento nº 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la coordinación de las intervenciones de los fondos
         estructurales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos financieros
         existentes (DO L 374, p. 1). Este Reglamento fue modificado por el Reglamento (CEE) nº 2082/93 del Consejo, de 20 de julio
         de 1993 (DO L 193, p. 20).
         
         
         
         6
            
          El artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada por el Reglamento nº 2082/93, establece lo siguiente en
         relación con la reducción, la suspensión y la supresión de la ayuda:
         «1.     Si la realización de una acción o de una medida no pareciere justificar ni una parte ni la totalidad de la ayuda financiera
         que se le hubiere asignado, la Comisión procederá a un estudio apropiado del caso en el marco de la cooperación, solicitando,
         en particular, al Estado miembro o a las autoridades designadas por éste para la ejecución de la acción, que presenten en
         un plazo determinado sus observaciones.
          2.       Tras este estudio, la Comisión podrá reducir o suspender la ayuda para la acción o la medida en cuestión si el estudio confirmara
         la existencia de una irregularidad o de una modificación importante que afecte a las condiciones de ejecución de la acción
         o de la medida, y para la que no se hubiera pedido la aprobación de la Comisión.
          3.       Toda cantidad que dé lugar a una devolución de lo cobrado indebidamente deberá ser reembolsada a la Comisión. Las cantidades
         que no sean devueltas se incrementarán con intereses de demora de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento financiero
         y según las modalidades que establezca la Comisión de acuerdo con los procedimientos a los que se refiere el título VIII.»
         
         Contexto fácticoSociedad demandante
         
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          La sociedad demandante, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, se constituyó el 4 de junio de 1993 en Barcelona.
         
         
         
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          Entre sus socios figuraban la sociedad Compañía de Estudios y Servicios para el Medio Ambiente, Codema, S.A., el Sr. A y dos
         personas físicas más. Las participaciones sociales de éstas fueron posteriormente adquiridas por la sociedad Codema. En el
         momento de la constitución de la sociedad, se nombró al Sr. A Presidente y Consejero Delegado, con todas las facultades del
         Consejo de Administración legalmente delegables, por un período de cinco años. El 29 de mayo de 1998, el Sr. A fue reelegido
         Presidente del Consejo de Administración por un período de cinco años más. Cesó en sus funciones el 31 de julio de 2001.
         
         
         
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          El domicilio social de la demandante se estableció inicialmente en la Calle Juan Güell, nº 152, entresuelo, en Barcelona.
         En 1996, se trasladó el domicilio social a la Calle Galileu nº 303, lº A, y en 1999 a la Calle Guitard, nº 45, 5º, en ambos
         casos en Barcelona. La demandante tiene actualmente su domicilio social en esta dirección.
         
         Otras sociedades Entorn
         
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          El 22 de diciembre de 1993 el Sr. B constituyó en la isla de Guernesey la sociedad «offshore» Entorn Trading Ltd. Esta sociedad
         tiene su domicilio social en Dublín.
         
         
         
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          Entorn Trading otorgó un poder en favor del Sr. C. Sobre la base de dicho poder, éste estableció el 5 de julio de 1994 una
         sucursal en España, denominada Entorn, S.L.‑Sucursal en España (en lo sucesivo, «Entorn Sucursal»). El representante permanente
         de Entorn Sucursal era el Sr. C. Tenía su domicilio en la sede de la empresa MB Consultores y Auditores, Plaza Ruiz de Alda,
         4, 7º A, en Sevilla. En 1996, por orden del Sr. B, se trasladó el domicilio de Entorn Sucursal a Tenerife, donde al parecer
         dicha sucursal fue cerrada posteriormente.
         
         Solicitud y concesión de la ayuda comunitaria
         
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          La ayuda comunitaria a que se refiere la Decisión impugnada se concedió para un proyecto denominado «Proyecto de demostración
         de la producción del zumaque con nuevas técnicas de cultivo» (en lo sucesivo, «proyecto Zumaque»). El zumaque es una planta
         típica de la flora mediterránea de cuyas hojas, después de ser desecadas y pulverizadas, puede extraerse el tanino, sustancia
         utilizada para el teñido de pieles. Este proyecto de demostración fue concebido por el Sr. B, que se puso en contacto a finales
         de 1992 con el Sr. A para exponerle su intención de realizar este proyecto en España. A solicitud del Sr. B, le puso en contacto
         con el Sr. C, residente en Sevilla, jefe de la Sección de planificación del Servicio de investigación de la Junta de Andalucía,
         que posteriormente se encargó de la ejecución técnica del proyecto y que participó en la creación de Entorn Sucursal.
         
         
         
         13
            
          El 12 de julio de 1993 se envió un escrito con el membrete de «Entorn, S.L.» y en el que figuraba la dirección de la demandante,
         a la Dirección General «Agricultura» de la Comisión, dirigido a un funcionario de ésta, el Sr. D. Este escrito expresaba el
         interés de la demandante en presentar el proyecto Zumaque en el marco del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88 y solicitaba
         que se enviase el esquema de presentación para redactar una solicitud. Llevaba la firma de «A. López Gargallo», persona que,
         según las declaraciones del Sr. A, le resulta desconocida y cuya existencia no ha podido ser acreditada.
         
         
         
         14
            
          El 14 de septiembre de 1993 se presentó ante la Comisión una solicitud de ayuda comunitaria. Iba acompañada por un escrito
         que llevaba el mismo membrete que el de fecha 12 de julio de 1993 y una firma no identificable. El 22 de septiembre de 1993,
         se remitió a la Comisión una nueva versión de la solicitud de ayuda debido a que el 14 de septiembre se había enviado por
         error un proyecto que no era definitivo. El escrito que acompañaba a la solicitud llevaba también el mismo membrete y la firma
         de «A. López Gargallo». Mediante fax de 25 de octubre de 1993, firmado por el Sr. A, se comunicaron a la Comisión los datos
         bancarios de la demandante.
         
         
         
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          Mediante Decisión C(93) 3394, de 26 de noviembre de 1993 (en lo sucesivo, «Decisión de concesión»), adoptada con arreglo al
         artículo 8 del Reglamento nº 4256/88 del Consejo, la Comisión concedió a la demandante una ayuda financiera para el proyecto
         nº 93.ES.06.030. El coste total del proyecto era de 1.381.132 ecus y la contribución financiera máxima de la Comunidad quedó
         fijada en 1.035.849 ecus.
         
         Desarrollo del proyecto
         
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          Mediante escrito de 30 de noviembre de 1993, se comunicaron a la Comisión una nueva dirección de «Entorn, S.L.» (en Albacete)
         y unos datos bancarios nuevos (una cuenta en la Banca nazionale del lavoro en Madrid). En el membrete de dicho escrito figuraba
         la razón social «Entorn, S.L.» y la nueva dirección. El escrito llevaba de nuevo la firma de «A. López Gargallo».
         
         
         
         17
            
          Mediante escrito de 29 de marzo de 1994, firmado en nombre del Sr. A por una persona cuya firma es ilegible, se informó a
         la Comisión de que, en el marco del proyecto Zumaque, «Entorn, S.L.» había abierto «una oficina específica a tal efecto, que
         pasaría a ser la sede operativa del mismo», en la sede de la empresa MB Consultores y Auditores, en Sevilla. En dicho escrito
         se presentaba a los Sres. C y A como responsable técnico y responsable del proyecto, respectivamente.
         
         
         
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          La demandante niega que el Sr. A participase en el proyecto Zumaque como responsable del proyecto y en su condición de administrador
         de la demandante. En cambio, reconoce que participó en el proyecto en calidad de consejero técnico por cuenta de la sociedad
         Codema y que ésta facturó a Entorn Sucursal aproximadamente 2,25 millones de pesetas por los servicios del Sr. A y los gastos
         de viaje correspondientes.
         
         
         
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          El Sr. A no realizó ninguna gestión de tipo jurídico respecto a la similitud de la razón social de Entorn Sucursal con la
         de la demandante.
         
         
         
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          Conforme a lo dispuesto en el anexo 2 de la Decisión de concesión, se pagaron dos anticipos por un importe total de 725.094 ecus.
         El primero de dichos anticipos, por importe de 414.340 ecus, se ingresó el 20 de enero de 1994 en la cuenta bancaria mencionada
         en el escrito de 30 de noviembre de 1993. El pago del segundo anticipo fue anunciado mediante fax de 25 de agosto de 1995
         dirigido a «Entorn, S.L.» al domicilio de Albacete. Este anticipo, por importe de 310.755 ecus, se ingresó en una cuenta abierta
         en la Caixa de Madrid, cuya titular era «Entorn Trading Ltd Entorn S.L.». El número de cuenta había sido comunicado a la Comisión
         mediante fax remitido el 14 de julio de 1995 por la sociedad MB Consultores y Auditores, pero llevaba una firma que no correspondía
         a ninguna de las firmas de los empleados de dicha sociedad.
         
         Procedimiento administrativo y Decisión impugnada
         
         21
            
          El 10 de julio de 1997, la Comisión dirigió un escrito a la dirección de «Entorn, S.L.» en Sevilla, por el que se le informaba
         de que sus servicios habían iniciado una operación de comprobación técnica y contable de las ayudas financieras concedidas
         por la Comisión con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88. Las inspecciones se realizaron en el lugar de ejecución
         del proyecto en Sevilla, los días 24 y 25 de julio de 1997, en presencia de los Sres. A y C.
         
         
         
         22
            
          A raíz de los controles realizados en julio de 1997, la Comisión remitió a «Entorn (Zumaque)» un escrito de 3 de abril de
         1998, que se le notificó en la dirección de MB Consultores y Auditores de Sevilla. En dicho escrito, la Comisión observaba
         la existencia de hechos que podían constituir irregularidades e indicaba que había decidido incoar el procedimiento previsto
         en el anexo 2, número 10, de la Decisión de concesión y en el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88. Asimismo, se informó
         a «Entorn (Zumaque)» de que podría exigirse la devolución de los importes concedidos hasta entonces. Finalmente, se la instó
         a que acreditara, en un plazo de seis semanas, el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Decisión de concesión.
         La Comisión recibió una respuesta mediante escrito de 24 de mayo de 1998, enviado desde Sevilla y firmado por el Sr. C.
         
         
         
         23
            
          El 4 de marzo de 1999, la Comisión adoptó una Decisión (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), mediante la cual ordenaba la
         supresión de la ayuda financiera controvertida y la devolución, por la demandante y, en su caso, por las personas jurídicamente
         responsables de sus deudas, de los anticipos ya abonados, en un plazo de 60 días desde la notificación de la Decisión. La
         Decisión impugnada contiene el siguiente texto:
         
         «1)
            la solicitud de ayuda fue presentada por la sociedad ENTORN S.L., cuya sede está en Barcelona; es a esta sociedad a la que
               se concedió la ayuda comunitaria; mientras tanto, se había constituido en Dublín una sociedad denominada Entorn Trading Limited
               y, por solicitud del Sr. Biego, se había abierto en Sevilla una sucursal de ésta bajo el nombre de ENTORN S.L.; todos los
               pagos correspondientes al proyecto realizados por la Comisión se enviaron a esta última sociedad; este proceso se comunicó
               a la Comisión como un simple cambio de dirección del beneficiario, cuando en realidad se trata de un cambio de beneficiario
               del proyecto sin el acuerdo de la Comisión;
            
         
         
         2)
            en la citada visita de control al domicilio comunicado por el beneficiario, se observó que este domicilio pertenece a la sociedad
               MB Consultores y Auditores; los inspectores no pudieron consultar ningún documento justificante, ni administrativo ni contable
               relativo al proyecto, mientras que la Decisión de concesión [...] establece en los [números] 5 y 6 de su Anexo 2 que toda
               la documentación del proyecto debe encontrarse en el domicilio de la sociedad a disposición de los servicios de la Comisión;
               por otra parte, al mismo tiempo se observó que se habían falsificado las firmas de distintos documentos presentados a la Comisión
               en relación con el proyecto y que no se había utilizado en este contexto ninguno de los equipos cuya foto figura en el anexo
               técnico del informe final;
            
         
         
         3)
            finalmente, de la lectura de una copia del balance, presentado al Ministerio de Hacienda español en la declaración de impuestos
               de la sociedad ENTORN S.L., se desprende que el coste del proyecto asciende más o menos a 23.000.000 [de pesetas], mientras
               que el coste total declarado es de 233.623.004 [pesetas];
            
         
          Considerando que en estas condiciones es oportuno suprimir la ayuda y proceder, con arreglo al artículo 24, apartado 3, del
         Reglamento (CEE) nº 4253/88 del Consejo, a la recuperación de los importes concedidos al proyecto hasta el momento;
          Considerando que, de acuerdo con el Derecho nacional aplicable a las sociedades, los asociados son responsables en algunas
         sociedades de las deudas de éstas;
         [...]
          ha adoptado la siguiente Decisión:
         Artículo 1 Queda suprimida la ayuda de la Sección de Orientación del FEOGA, de un máximo de 1.035.849 ecus, concedida en virtud de la
         Decisión nº C (93) 3394 de la Comisión a la sociedad ENTORN S.L., correspondiente al proyecto nº 93.ES.06.030, titulado “Proyecto
         de demostración de la producción del zumaque con nuevas técnicas de cultivo”.
         Artículo 2 La sociedad ENTORN S.L. y, en su caso, las personas jurídicamente responsables de sus deudas están obligadas a reembolsar
         la suma de 725.094 EUR [...]»
         
         
         
         24
            
          Esta Decisión, que también iba dirigida al Reino de España, fue notificada a la demandante en su dirección de Barcelona el
         10 de de abril de 2001, después de que el intento de notificarla en la dirección de Sevilla resultase infructuoso.
         
         
         
         25
            
          Además, la Comisión transmitió a la Fiscalía española el expediente relativo al proyecto Zumaque junto con los expedientes
         referentes a dos proyectos más en los que habían estado implicados, entre otros, los Sres. A y C. La Fiscalía presentó varias
         querellas ante los Juzgados de Instrucción competentes por falsedad en documento público y estafa continuada. Los Sres. A,
         B, C y D figuran entre los querellados por lo que se refiere al proyecto Zumaque.
         
         Procedimiento y pretensiones de las partes
         
         26
            
          Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de junio de 2001, la demandante interpuso
         el presente recurso. Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio
         de 2001, presentó asimismo una demanda con objeto de que se suspendiese la ejecución de la Decisión impugnada. Mediante auto
         de 22 de octubre de 2001, Entorn/Comisión (T‑141/01 R, Rec. p. II‑3123), el Presidente del Tribunal de Primera Instancia desestimó
         la demanda de medidas provisionales y reservó la decisión sobre las costas.
         
         
         
         27
            
          En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia formuló varias preguntas
         y pidió a las partes que presentaran documentos. Éstas respondieron a dichas preguntas y se atuvieron a la referida petición
         dentro del plazo señalado. En julio de 2003, la parte demandante pudo consultar en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
         un expediente administrativo presentado por la Comisión, a excepción de determinados documentos cuyo trato confidencial había
         sido decidido por el Tribunal de Primera Instancia. La demandante no ha solicitado poder presentar observaciones escritas
         sobre dicho expediente.
         
         
         
         28
            
          El 13 de octubre de 2003, la demandante presentó un escrito detallado, titulado «Observaciones sobre el informe para la vista».
         Como anexo a este escrito, presentó un documento de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) de fecha
         29 de septiembre de 1997, que contiene un acta de determinadas declaraciones realizadas por el Sr. B ante los funcionarios
         de dicha unidad ante la cual se había presentado de forma voluntaria en septiembre de 1997. Dichas declaraciones se refieren,
         en particular, a la función desempeñada por el Sr. B en el marco del proyecto Zumaque. La demandante ha afirmado que tuvo
         conocimiento de dicho documento en el marco de los procesos penales entablados en España, relativos a los hechos que originaron
         el presente litigio. Además, solicitó que se aportaran a los autos las actas de la instrucción penal. El 4 de noviembre de
         2003, la demandante presentó un escrito mediante el cual solicitó la práctica de una serie de diligencias de ordenación del
         procedimiento y de diligencias de instrucción.
         
         
         
         29
            
          El Tribunal de Primera Instancia formuló preguntas adicionales a las partes y solicitó a la Comisión que aportase los anexos
         del informe de la UCLAF, antes citado. Las partes respondieron a las preguntas dentro del plazo señalado. La Comisión aportó
         los documentos solicitados, oponiéndose, sin embargo, a que fuesen comunicados a la parte demandante. Tras la comprobación
         del carácter confidencial de los mismos y la supresión de determinados datos no relativos al proyecto Zumaque, una parte de
         dichos documentos fue aportada a autos y comunicada a la demandante.
         
         
         
         30
            
          El 14 de enero de 2004 se celebró una reunión informal de las partes ante la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia.
         Se señaló un plazo a las partes para que se pronunciasen sobre la posibilidad de una solución amistosa del litigio.
         
         
         
         31
            
          Tras esta reunión informal, se celebró el mismo día una vista, en la que se oyeron los informes orales de las partes y sus
         respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
         
         
         
         32
            
          Mediante escritos registrados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 26 de febrero y 4 de marzo de 2004,
         las partes declararon que no contemplaban una solución amistosa del litigio.
         
         
         
         33
            
          La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
         
         
         
          
         –
            Anule la Decisión impugnada.
         
         
         
         
          
         –
            Solicite a la Comisión, mediante diligencia de ordenación del procedimiento, que presente toda la documentación relativa al
               procedimiento administrativo que dio lugar a la adopción de la Decisión impugnada, así como toda la documentación que obre
               en poder de la Comisión y pueda contribuir a la determinación de los hechos exactos.
            
         
         
         
         
          
         –
            Condene en costas a la Comisión.
         
         
         
         
         
         34
            
          La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
         
         
         
          
         –
            Desestime el recurso.
         
         
         
         
          
         –
            Condene en costas a la demandante.
         
         
         
         Fundamentos de DerechoA.	Sobre la toma en consideración del informe relativo a las declaraciones del Sr. B y de los anexos de dicho documento Alegaciones de las partes
         
         
         35
            
          La Comisión se opuso a que el informe relativo a las declaraciones del Sr. B sea aportado a autos, basándose en que dicho
         documento no pudo ser obtenido legalmente por la demandante. Niega la afirmación de esta última según la cual fue admitida
         a participar como acusación particular en la querella criminal que se sigue en España y alega que la demandante únicamente
         pudo obtener el referido documento vulnerando el secreto de la instrucción. Destaca además el carácter confidencial del documento
         que se opone, a su juicio, a que sea aportado a autos.
         
         
         
         36
            
          La demandante afirma que la forma en que obtuvo el documento de que se trata no es ilegal. Tras haber sostenido, en un primer
         momento, que obtuvo el documento por ser acusación particular en la querella criminal, la demandante indicó, en respuesta
         a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, que el documento le había sido entregado por el Sr. A, inculpado
         en la querella criminal que se sigue en España.
         
          Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
         
         
         37
            
          Por lamentable que resulte que la demandante haya realizado, con ocasión de la aportación del documento de que se trata, afirmaciones
         inexactas acerca de las circunstancias en las cuales lo había obtenido, este hecho no basta por sí solo para excluir que el
         Tribunal de Primera Instancia tome en consideración dicho documento. En efecto, en respuesta a la pregunta del Tribunal de
         Primera Instancia, la demandante dio una explicación plausible del hecho de que pudo obtener el referido documento sin cometer
         actos ilegales que obstaculicen que pueda invocarlos en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
         
         
         
         38
            
          Procede señalar a este respecto que el documento de que se trata forma parte del expediente que remitió la Comisión a las
         autoridades españolas para la posible incoación de acciones penales contra los responsables de las maquinaciones fraudulentas
         vinculadas al proyecto Zumaque. Pues bien, es conforme a los principios generales del Derecho por los que se rigen los procesos
         penales y, en particular, al respeto del derecho de defensa que dicho documento haya sido comunicado, en el marco del proceso
         penal, a personas que puedan ser inculpadas, entre las que se encontraba el Sr. A, administrador de la demandante en el momento
         de producirse los hechos que originaron el litigio. Asimismo, no puede concluirse que el Sr. A, al remitir a su vez el citado
         documento a la demandante, haya incurrido en una infracción de normas jurídicas que deba llevar a excluir que el Tribunal
         de Primera Instancia tome en consideración un documento que puede proporcionar precisiones respecto a los hechos que originaron
         el presente litigio.
         
         
         
         39
            
          Por consiguiente, el informe relativo a las declaraciones del Sr. B ante los funcionarios de la UCLAF y las declaraciones
         contenidas en los anexos de dicho informe que el Tribunal de Primera Instancia decidió aportar a autos pueden tomarse en consideración
         al examinar los motivos invocados por la demandante.
         
         B.	Sobre el fondo
         
         40
            
          La demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso. Los dos primeros motivos, que procede examinar conjuntamente, se
         basan en la infracción del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 y en el incumplimiento de la obligación de motivación, respectivamente.
         El tercer motivo se basa en la violación del derecho de defensa.
         
         Sobre los motivos primero y segundo, basados en la infracción del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 y en el incumplimiento
               de la obligación de motivación Alegaciones de las partes
         
         
         41
            
          Mediante sus dos primeros motivos, la demandante alega básicamente, por una parte, que no puede ser considerada beneficiaria
         de la financiación comunitaria, de manera que no es la destinataria adecuada de la decisión de supresión de la ayuda y, por
         otra, que no ha percibido los pagos correspondientes a los dos primeros tramos de la ayuda, por lo que no se le puede reclamar
         la devolución de dichas cantidades.
         
         
         
         42
            
          La demandante reconoce que, a tenor de la Decisión de concesión, ella es la beneficiaria de la ayuda y la responsable de la
         ejecución del proyecto. No obstante, afirma que su participación en la elaboración del proyecto se limitó a proporcionar al
         Sr. B los datos legales de la sociedad y a indicarle la zona y el posible ejecutor técnico de dicho proyecto en España. Sostiene
         que la responsabilidad de la elaboración del proyecto y de su posterior tramitación ante los servicios competentes de la Comisión
         correspondió única y exclusivamente al Sr. B. La demandante afirma al respecto que todos los documentos relativos al proyecto
         Zumaque redactados en su nombre, a excepción del fax de 25 de octubre de 1993, firmado por el Sr. A, mediante el cual se comunicaron
         a la Comisión sus datos bancarios, son falsos y que el papel con membrete utilizado no corresponde al que ella usa oficialmente.
         
         
         
         43
            
          La demandante critica la falta de diligencia de la Comisión y más concretamente del funcionario responsable de la gestión
         de los proyectos con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, en la concesión de la ayuda para el proyecto Zumaque
         y señala una serie de circunstancias sobre las cuales la Comisión debiera haberle solicitado aclaraciones adicionales antes
         de efectuar el pago de la ayuda.
         
         
         
         44
            
          Por lo que se refiere a la evolución del proyecto después de la Decisión de concesión, la demandante indica que su administrador,
         Sr. A, consideró, al recibir la notificación de la citada Decisión, que era imposible que la demandante llevase a cabo el
         proyecto. El Sr. A informó de ello al Sr. B y le rogó que se lo hiciera saber al Sr. D, con el que, a juicio de la demandante,
         el Sr. B mantenía una relación muy estrecha.
         
         
         
         45
            
          La demandante señala que de la Decisión impugnada se desprende que esta información, así como los datos de una nueva cuenta
         bancaria en la que la Comisión debía ingresar los importes correspondientes a la ejecución del proyecto, fueron efectivamente
         comunicados a la Comisión. Afirma a este respecto que los documentos relativos al cambio de la cuenta bancaria beneficiaria
         fueron firmados por una persona llamada A. López Gargallo, que no estaba facultada para representarla.
         
         
         
         46
            
          La demandante sostiene que la Comisión aceptó el cambio de beneficiaria de la ayuda comunitaria. En la demanda, afirma que
         la Comisión reconoció tácitamente que la demandante había dejado de ser la beneficiaria de la financiación prevista en la
         Decisión de concesión. En su escrito de réplica, alega que el funcionario de la Comisión responsable del proyecto, Sr. D,
         aceptó verbalmente la desvinculación de la demandante.
         
         
         
         47
            
          A juicio de la demandante, el hecho de que la institución demandada no le diese ocasión de presentar sus observaciones antes
         de adoptar la Decisión impugnada demuestra que ésta no la consideraba beneficiaria de la ayuda comunitaria. Estima que lo
         anterior se ve corroborado por el hecho de que entre la fecha de la Decisión impugnada (el 4 de marzo de 1999) y su notificación
         (el 10 de abril de 2001) transcurrieran dos años sin que se le remitiera a su domicilio legal ninguna comunicación relativa
         al proyecto o al desarrollo del procedimiento administrativo. Considera que hubiera sido fácil ponerse en contacto con ella
         una vez que fracasó el intento de notificación de la Decisión a Entorn Sucursal.
         
         
         
         48
            
          La demandante opina que la Comisión hace deliberadamente caso omiso del hecho de que la sociedad Entorn Sucursal y ella son
         dos entidades distintas y no existe relación alguna entre ellas, ya que los accionistas, los apoderados y los administradores
         de ambas sociedades son diferentes. Sostiene que la aparente similitud entre su razón social y la de Entorn Sucursal no basta
         para acreditar la existencia de un vínculo entre las dos sociedades.
         
         
         
         49
            
          La demandante afirma que ni ella ni su administrador de entonces, el Sr. A, estaban implicadas en una red organizada destinada
         a obtener de manera fraudulenta subvenciones comunitarias, como sostiene la Comisión. Según la demandante, los autores de
         la trama de que se trata en el caso de autos son los ciudadanos italianos Sr. E y Sr. B y el funcionario Sr. D. La demandante
         reprocha a la Comisión que omitiera mencionar el papel desempeñado por este último y que no examinase su implicación en la
         mencionada red. Afirma que el Sr. B constituyó una empresa con un nombre muy similar al de la demandante después de saber
         que ya no tenía intención de realizar el proyecto. A su juicio, no hubiera podido actuar así sin el consentimiento del Sr. D,
         quien pudo además tener la idea, en concierto con los Sres. B y E, de utilizar dicha denominación.
         
         
         
         50
            
          La demandante reconoce que la actuación del Sr. A no está exenta de faltas, ya que podría y debería haber reaccionado ante
         la constitución de una sociedad con una denominación parecida a la suya. Sin embargo, considera que la referida actuación
         se debe a que dicha idea era respaldada por el funcionario de la Comisión responsable de la gestión del proyecto. La demandante
         se pregunta hasta qué punto debiera haber dudado el Sr. A de la competencia y honradez del referido funcionario. Estima que
         no es justo exigir a aquél un comportamiento más estricto que el del funcionario encargado de la gestión del proyecto.
         
         
         
         51
            
          A la luz de las declaraciones realizadas por el Sr. B ante los funcionarios de la UCLAF, la demandante añade que aquéllas
         acreditan que el Sr. B era el beneficiario real de la ayuda y el autor material de la desviación de ésta. A su juicio, el
         Sr. B reconoció no solamente su responsabilidad en la desviación de la ayuda, sino también su propia negativa a participar
         en dicha desviación.
         
         
         
         52
            
          Por lo que se refiere a la devolución de la ayuda, la demandante estima que sería necesario probar que percibió efectivamente
         los importes cuya devolución se le reclama. Destaca que la Comisión reconoce haber pagado la ayuda a una nueva entidad beneficiaria,
         cuando, según la Decisión de concesión, dichos importes debieran habérsele pagado a ella. Reprocha a la Comisión que no proporcionara
         una justificación del pago a esa otra entidad y que no le pidiera nunca explicaciones respecto a dicha modificación.
         
         
         
         53
            
          La demandante sostiene que la Comisión no la consideró responsable única de la devolución hasta que esta última observó que
         le resultaba imposible recuperar el crédito de que se trata de la entidad que había percibido efectivamente la ayuda, es decir,
         Entorn Sucursal.
         
         
         
         54
            
          Por último, la demandante afirma que la Comisión infringió la obligación de motivación derivada del artículo 253 CE, alegando
         que la Decisión impugnada no indica con claridad y coherencia las razones que justifican que se considere a la demandante
         la destinataria verdadera de la concesión de la ayuda y no demuestra de manera clara y coherente que ella percibió efectivamente
         los importes cuya devolución se le reclama.
         
         
         
         55
            
          La Comisión indica, con carácter preliminar, que la Decisión impugnada forma parte de una serie de decisiones de supresión
         de ayudas concedidas con cargo a la sección «Orientación» del FEOGA, adoptadas por ella a causa de las graves irregularidades
         observadas en el desarrollo de los proyectos de que se trataba. Según la Comisión, existía un vínculo entre dichos proyectos
         debido a que las mismas sociedades y las mismas personas físicas parecían estar en todos los supuestos, en una medida u otra,
         vinculadas a los proyectos en cuestión. La Comisión indica, en particular, que los Sres. A y C estaban implicados en varios
         proyectos más cuyas ayudas comunitarias han sido suprimidas.
         
         
         
         56
            
          La Comisión considera que la Decisión impugnada fue dirigida acertadamente a la demandante, que era la destinataria de la
         Decisión de concesión.
         
         
         
         57
            
          La Comisión afirma que únicamente se le comunicó un cambio de dirección y de cuenta bancaria de la beneficiaria, pero que
         nunca se le informó de que se hubiera producido un cambio de beneficiaria de la ayuda ni se solicitó su acuerdo para dicho
         cambio. Subraya que el Sr. A no sólo omitió informar a los servicios de la Comisión de que la demandante renunciaba a la ayuda
         concedida, sino que además siguió estrechamente vinculado al proyecto Zumaque a lo largo de toda su ejecución. La Comisión
         considera que los contactos permanentes entre el Sr. A, administrador de la demandante, y el Sr. B, que está vinculado a Entorn
         Sucursal, así como la participación del Sr. A en la ejecución del proyecto Zumaque, son suficientes para declarar la existencia
         de lazos notorios entre la demandante y la sociedad Entorn Sucursal.
         
         
         
         58
            
          Por lo que se refiere a los reproches de la demandante según los cuales los servicios de la Comisión no actuaron en la concesión
         de la ayuda con la diligencia y la prudencia necesarias, la Comisión señala que estos datos no modifican en modo alguno la
         responsabilidad de la demandante en cuanto a la utilización de los fondos comunitarios que le fueron concedidos para la realización
         del proyecto Zumaque.
         
         
         
         59
            
          La Comisión estima que la motivación de la Decisión impugnada permite a la demandante conocer suficientemente las justificaciones
         de la medida adoptada. A su juicio, la demandante no puede pretender que la Comisión justifique y pruebe en su Decisión que
         la demandante es en efecto la sociedad que ha percibido los pagos efectuados por los servicios de la Comisión.
         
          Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
         
         
         60
            
          Procede examinar, en primer lugar, si la Comisión dirigió acertadamente a la demandante la decisión de supresión de la ayuda
         con arreglo al artículo 24, apartado 2, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada. En segundo lugar, ha de verificarse
         si la Comisión estaba facultada para exigir a la demandante la devolución, con arreglo al artículo 24, apartado 3, del Reglamento
         nº 4253/88, en su versión modificada, la ayuda comunitaria pagada.
         
         
         – Sobre la supresión de la ayuda
         
         
         61
            
          El artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 no indica expresamente quién debe ser el destinatario de una decisión de supresión
         de una ayuda comunitaria. Ello se explica por el sistema del régimen de intervenciones de los fondos estructurales derivado
         del Reglamento nº 2052/88, en su versión modificada, cuyas disposiciones de desarrollo se contienen en el Reglamento nº 4253/88,
         en su versión modificada. De las disposiciones del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento nº 2052/88,
         en su versión modificada, se desprende que la acción comunitaria se concibe como un complemento de las acciones nacionales
         correspondientes o una contribución a éstas y que sólo excepcionalmente reviste la forma de financiación directa por parte
         de la Comisión de proyectos piloto y de demostración. Conforme a dicho régimen, las decisiones adoptadas con arreglo al Reglamento
         nº 4253/88, en su versión modificada, se dirigen, según los casos, a los Estados miembros o a las autoridades competentes
         u otros organismos designados por éstos, o bien, en caso de intervenciones directas de la Comisión, a los beneficiarios individuales
         de las ayudas comunitarias. De ello se deduce que, en el caso de una acción financiada directamente por la Comisión en virtud
         del artículo 8 del Reglamento nº 4256/88, la decisión de supresión debe dirigirse al beneficiario de la ayuda comunitaria.
         
         
         
         62
            
          Procede, pues, verificar, si podía considerarse a la demandante beneficiaria de la ayuda concedida para el proyecto Zumaque.
         
         
         
         63
            
          Hay que señalar a este respecto, en primer término, que la solicitud de ayuda fue presentada en nombre de la demandante. Si
         bien es cierto que la denominación «Entorn, S.L.» utilizada en la solicitud y en la correspondencia relativa a la misma no
         es la denominación completa de la demandante (Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis), se trata de una abreviatura
         de dicha denominación que cabe deducir automáticamente, cuya utilización, conjuntamente con la dirección de la demandante,
         únicamente puede interpretarse en el sentido de que la solicitud fue presentada en nombre de ésta. No obstante, ni el escrito
         de 12 de julio de 1993, en el que se manifiesta un interés por presentar una solicitud de ayuda, ni los escritos de 14 y 22
         de septiembre de 1993, que acompañan a las dos versiones de la solicitud de ayuda, llevan la firma del administrador de la
         demandante. Además, la demandante afirma que el membrete utilizado no es el que ella usa habitualmente.
         
         
         
         64
            
          En las declaraciones que realizó en septiembre de 1997 ante los funcionarios de la UCLAF, el Sr. B reconoció haber firmado
         el escrito de 14 de septiembre de 1993. Reconoció asimismo haber utilizado la firma «A. López Gargallo», que figura en los
         escritos de 12 de julio y 22 de septiembre de 1993.
         
         
         
         65
            
          La demandante señaló en su demanda de medidas provisionales dirigida al Tribunal de Primera Instancia en el marco del presente
         litigio, que su administrador había dado su consentimiento a que la demandante presentase el proyecto Zumaque ante la Comisión;
         no obstante, los contactos directos con la Comisión debía mantenerlos el Sr. B. Además, mediante fax de fecha 25 de octubre
         de 1993, cuya autenticidad no niega la demandante, el administrador de ésta comunicó a la Comisión los datos bancarios de
         la demandante, con la mención «como complemento a nuestra propuesta 93.ES.06.030». Este documento, que hace referencia al
         número con el que la Comisión tramitó la solicitud de ayuda para el proyecto Zumaque, demuestra no sólo que el administrador
         de la demandante sabía que dicha solicitud de ayuda había sido presentada en nombre de la sociedad, sino también que aceptaba,
         en nombre de ésta, la responsabilidad de la referida solicitud. Por tanto, el citado documento demuestra que el administrador
         de la demandante ratificó las declaraciones realizadas en nombre de ésta en los escritos de 12 de julio y 14 y 22 de septiembre
         de 1993.
         
         
         
         66
            
          De ello se deduce que la solicitud de ayuda es imputable a la demandante. Es irrelevante a este respecto si los tres escritos
         mencionados fueron firmados por el Sr. B, como parece desprenderse de sus declaraciones ante la UCLA, o por personas desconocidas.
         
         
         
         67
            
          La Decisión de concesión, adoptada el 26 de noviembre de 1993, va dirigida, acompañada de un escrito de notificación de fecha
         29 de noviembre de 1993, a «Entorn, S.L.» a la dirección que tenía en aquel momento la demandante en Barcelona. En la referida
         Decisión se indica que «la ejecución de este proyecto será responsabilidad de la sociedad ENTORN S.L.» y que «la destinataria
         de la presente Decisión es la sociedad ENTORN S.L. (beneficiaria)». La demandante no ha negado, ni durante la fase escrita
         ni durante la vista, que había tenido conocimiento efectivamente de la existencia de dicha Decisión que, además, ha adjuntado
         a su demanda. Fue en su escrito de 4 de marzo de 2004, mediante el cual se pronunció sobre la posibilidad de una eventual
         solución amistosa del litigio, cuando la demandante indicó que no había ninguna prueba de un envío de la referida Decisión
         por correo certificado y que en sus archivos no constaba la recepción de dicha Decisión. Estas afirmaciones no sólo son extemporáneas,
         sino que además están en contradicción con la descripción de los hechos que figura en los escritos de la demandante. En efecto,
         en la parte de su demanda titulada «Hechos relacionados con el desarrollo posterior del proyecto» la demandante indica, en
         el punto 25, que el Sr. A tomó «conocimiento del contenido y alcance de la Decisión de la Comisión de 29 de noviembre de 1993»,
         y en el punto 12 de la réplica indica que el Sr. A recibió «la notificación de la Decisión de la Comisión de noviembre de
         1993 por la que se otorgaba a [la demandante] una subvención comunitaria».
         
         
         
         68
            
          El hecho de que la Decisión de concesión no indique la denominación completa de la demandante no se opone a que ésta sea considerada
         destinataria de dicha Decisión. En efecto, la denominación que figura en la Decisión de concesión se corresponde con la que
         figura en los escritos enviados a la Comisión con anterioridad a la concesión de la ayuda y ratificados por el administrador
         de la demandante.
         
         
         
         69
            
          En estas circunstancias, procede señalar que la demandante era la destinataria de la Decisión de concesión de 26 de noviembre
         de 1993 y la beneficiaria de la ayuda comunitaria.
         
         
         
         70
            
          Por lo que se refiere a la tesis de la demandante según la cual había perdido la condición de beneficiaria al haber renunciado
         a la ayuda, es preciso señalar que no se ha aportado ninguna prueba de sus alegaciones sobre el particular. En este sentido,
         la afirmación que figura en la demanda, según la cual su administrador solicitó al Sr. B que informase al funcionario responsable
         de la Comisión de la renuncia de la demandante a la ejecución del proyecto, suponiendo que sea exacta, no basta para considerar
         que la demandante renunció válidamente a la ayuda. En efecto, ningún elemento de los autos confirma que el Sr. B haya informado
         efectivamente a la Comisión de la intención de la demandante de abandonar el proyecto. Pues bien, el beneficiario de una ayuda
         comunitaria no puede liberarse de la obligación de información y de lealtad que tiene frente a la Comisión recurriendo a los
         servicios de un tercero y no a sus propios medios. Por consiguiente, el eventual incumplimiento del Sr. B a la hora de ejecutar
         las instrucciones del administrador de la demandante es imputable a esta última.
         
         
         
         71
            
          Del mismo modo, las alegaciones de la demandante según las cuales la Comisión aceptó que se liberase de su compromiso no resultan
         corroboradas por ningún elemento de los autos. No puede deducirse de la toma en consideración por parte de la Comisión de
         los nuevos datos bancarios que le han sido facilitados que dicha institución haya aceptado un cambio del beneficiario de la
         ayuda, puesto que las comunicaciones que se le dirigieron al respecto el 30 de noviembre de 1993 y el 14 de julio de 1995
         no hacen ninguna referencia a un cambio de la empresa beneficiaria. Hay que añadir que no es probable que la Comisión haya
         aceptado una modificación tan importante del proyecto como la renuncia del beneficiario responsable de su ejecución o la sustitución
         de ésta por otra empresa sin confirmárselo por escrito a la demandante. El Tribunal de Primera Instancia señala en este contexto
         que la demandante alega en el escrito de interposición del recurso que la Comisión dio su consentimiento tácito al cambio
         de beneficiario, mientras que indica en el escrito de réplica que el funcionario responsable lo aceptó «verbalmente». Esta
         contradicción puede generar dudas respecto a la fiabilidad de las alegaciones de la demandante relativas a dichos hechos.
         
         
         
         72
            
          En estas circunstancias, no existe ningún indicio que permita concluir que la demandante haya perdido, con posterioridad a
         la concesión de la ayuda comunitaria, la condición de beneficiaria de ésta.
         
         
         
         73
            
          La demandante alega asimismo que no se le debió dirigir la Decisión impugnada, puesto que la responsabilidad de las irregularidades
         comprobadas incumbe, en primer término, a otras personas, en particular a los Sres. B y E y al funcionario de la Comisión, Sr. D.
         
         
         
         74
            
          Procede señalar a este respecto que el administrador de la demandante, Sr. A, cuyos actos realizados en nombre de la demandante
         son imputables a ésta, incumplió gravemente la obligación de información y de lealtad que recae sobre los solicitantes y beneficiarios
         de ayudas financieras.
         
         
         
         75
            
          En primer lugar, el administrador de la demandante dio su conformidad a que la solicitud de ayuda fuese presentada por el
         Sr. B en nombre de la demandante. A continuación ratificó, en particular, las declaraciones realizadas en nombre de la demandante
         en el marco de la solicitud de ayuda por una persona que utilizaba la firma «A. López Gargallo». De esta forma, creó la apariencia,
         respecto a los servicios de la Comisión, de que una persona que utilizaba dicha firma estaba facultada para representar a
         la demandante.
         
         
         
         76
            
          En segundo lugar, el Sr. A no procuró que la Comisión fuese informada correctamente del abandono del proyecto Zumaque por
         la demandante. De este modo, mantuvo la apariencia de que el proyecto era ejecutado por la demandante.
         
         
         
         77
            
          En tercer lugar, se informó al Sr. A de la creación de la sociedad Entorn Sucursal, pero éste no hizo nada por oponerse a
         ello, pese a que no podía ignorar el considerable riesgo de que los servicios de la Comisión confundiesen a las dos sociedades.
         
         
         
         78
            
          En cuarto lugar, el Sr. A sabía que el proyecto Zumaque lo llevaba a cabo Entorn Sucursal, puesto que trabajó como consultor
         en dicho proyecto. En esa condición, no podía ignorar que el coste del proyecto tal como fue ejecutado era muy inferior al
         importe de la ayuda comunitaria concedida. De esta manera, el Sr. A toleró que el proyecto, para el cual se había concedido
         una ayuda a la demandante, fuese ejecutado por otra sociedad cuyo nombre era casi idéntico al de la demandante, en condiciones
         que podían seriamente hacer sospechar que existieran irregularidades, sin asegurarse de que la Comisión fuese correctamente
         informada de tales hechos.
         
         
         
         79
            
          La única explicación verosímil de este comportamiento es la de que el Sr. A participó a sabiendas en una trama dirigida a
         desviar los pagos correspondientes a la ayuda comunitaria concedida a la demandante de los fines a los que iban destinados.
         Por consiguiente, el Sr. A incurrió en irregularidades graves imputables a la demandante, que justifican la supresión de la
         ayuda.
         
         
         
         80
            
          La participación de otras personas en dichas irregularidades no puede eximir a la demandante, como beneficiaria de la ayuda,
         de su responsabilidad por los actos que realice en nombre de aquélla su administrador.
         
         
         
         81
            
          Por lo que se refiere, más concretamente, a las alegaciones de la demandante relativas al papel desempeñado por un funcionario
         de la Comisión en la citada trama, hay que señalar que la participación de un funcionario o agente de la institución en las
         referidas irregularidades, suponiendo que haya quedado acreditada, no puede excluir la supresión de la ayuda.
         
         
         
         82
            
          En efecto, el hecho de que un funcionario haya incumplido sus obligaciones –sea por negligencia o por un comportamiento deliberadamente
         culpable– no protege al beneficiario de la ayuda de las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones.
         
         
         
         83
            
          En este contexto, hay que descartar la tesis según la cual las declaraciones del Sr. B ante los funcionarios de la UCLAF demuestran
         la negativa de la demandante a participar en las maquinaciones dirigidas a obtener de manera ilegal el pago de la subvención
         para el proyecto Zumaque, negativa que llevó al Sr. B a constituir otra sociedad con una denominación muy similar. En efecto,
         el Sr. B declaró que había tenido la intención de adquirir la demandante pero que, al resultar ello imposible, había creado
         Entorn Trading (Dublin), con la finalidad de adquirirla a través de ésta. En cambio, no hace referencia ni a la razón por
         la cual no era posible adquirir la demandante ni a una eventual negativa de ésta a participar en sus maquinaciones.
         
         
         
         84
            
          Por último, en relación con el supuesto incumplimiento de la obligación de motivación, basta señalar que la Comisión expuso
         claramente en la Decisión impugnada que la Decisión de concesión de la ayuda había sido dirigida a la demandante y que no
         había sido autorizado ningún cambio de beneficiario. Por consiguiente, la Decisión impugnada está suficientemente motivada
         por lo que se refiere a la condición de beneficiaria de la ayuda de la demandante.
         
         
         
         85
            
          De ello se deduce que la Decisión de supresión de la ayuda ha sido dirigida acertadamente a la demandante.
         
         
         
         86
            
          De todo lo antedicho se desprende que los dos primeros motivos son infundados por lo que respecta a la supresión de la ayuda
         declarada en el artículo 1 de la Decisión impugnada.
         
         
         – Sobre la devolución de las cantidades pagadas con cargo a los dos primeros tramos de la ayuda comunitaria
         
         
         87
            
          El artículo 24, apartado 3, del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, dispone que «toda cantidad que dé lugar a
         una devolución de lo cobrado indebidamente deberá ser reembolsada a la Comisión».
         
         
         
         88
            
          Dicha disposición no precisa a quién incumbe la obligación de devolver a la Comisión las cantidades indebidamente pagadas.
         No obstante, del sistema de los Reglamentos nº 2052/88 y nº 4253/88, en sus versiones modificadas, expuesto en el apartado
         61 supra,  se desprende que, en el caso de las financiaciones directas por la Comisión, esta obligación incumbe al beneficiario de la
         ayuda. Así lo confirma el apartado 10 de las condiciones financieras fijadas en el anexo 2 de la Decisión de concesión, según
         el cual el beneficiario tendrá la posibilidad de presentar sus observaciones antes de que se ejecuten eventuales solicitudes
         de devolución.
         
         
         
         89
            
          Por un lado, para que pueda exigirse al beneficiario la devolución de las cantidades pagadas, es necesario que la reducción,
         la suspensión o la supresión de la ayuda haya sido decidida válidamente. Pues bien, sin perjuicio del examen de las imputaciones
         relativas a la vulneración de los derechos procesales de la demandante, formuladas en el marco del tercer motivo, de las consideraciones
         precedentes se desprende que se cumplían en el caso de autos los requisitos para la supresión de la ayuda.
         
         
         
         90
            
          Por otro lado, la utilización del verbo «reembolsar» implica, en principio, que la obligación de devolución se refiere únicamente
         a las cantidades que haya percibido efectivamente el beneficiario. Esta interpretación resulta corroborada por la utilización,
         en una parte de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 24, apartado 3, del Reglamento nº 4253/88, tal como ha
         sido modificado, de la expresión «devolución de lo cobrado indebidamente» o de expresiones equivalentes (véanse, en particular,
         las versiones española, francesa, italiana y neerlandesa). En este sentido, procede asimilar a las cantidades pagadas directamente
         al beneficiario por la Comisión las cantidades que ésta haya pagado a terceros por orden del beneficiario. En efecto, en tal
         caso, la Comisión se limita a ejecutar lo dispuesto por el beneficiario, como acreedor de la cantidad pagada, en relación
         con las formas de pago.
         
         
         
         91
            
          En cambio, no puede obligarse al beneficiario de la ayuda a devolver a la Comisión las cantidades que ésta haya pagado a terceros
         cuando no exista una orden dada por él al efecto o que le sea imputable.
         
         
         
         92
            
          Por tanto, es necesario verificar si se pagaron a la demandante los dos primeros tramos de la ayuda o si dichos pagos se realizaron
         por orden de ésta.
         
         
         
         93
            
          La Decisión impugnada contiene dos afirmaciones contradictorias sobre este particular. Por una parte, indica «que el beneficiario
         ha recibido hasta el momento en relación con esta ayuda de la Comunidad un importe total de 725.094 [ecus]»; por otra parte,
         señala que se había abierto en Sevilla una sucursal de Entorn Trading, que «todos los pagos correspondientes al proyecto realizados
         por la Comisión se enviaron a esta última sociedad [y que este] proceso se comunicó a la Comisión como un simple cambio de
         dirección del beneficiario, cuando en realidad se [trataba] de un cambio de beneficiario del proyecto sin el acuerdo de la
         Comisión».
         
         
         
         94
            
          De los documentos obrantes en autos se desprende que el primer tramo de la ayuda fue pagado en una cuenta abierta en la Banca
         nazionale del lavoro en Madrid. Según un extracto de los movimientos de dicha cuenta de fecha 19 de julio de 1995 que figura
         entre los anexos de las declaraciones del Sr. B a los funcionarios de la UCLAF, el primer tramo de la ayuda se abonó en dicha
         cuenta el 20 de enero de 1994. El titular de la cuenta que figura en dicho extracto es «Entorn Lda – en constitución». En
         un extracto de la misma cuenta, de fecha 15 de junio de 1995, se indica como titular a «Entorn Trading Ltd». Está claro, pues,
         que uno de los titulares de la cuenta es una de las entidades creadas por el Sr. B, mencionadas en los apartados 10 y 11 supra,  a saber, «Entorn Trading Ltd», mientras que la designación «Entorn Lda – en constitución» no corresponde exactamente ni a
         la designación de la demandante ni a la de la sucursal creada por el Sr. C en España. En cualquier caso, dichos documentos
         ponen de manifiesto que el titular de la cuenta no era la demandante, «Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis».
         
         
         
         95
            
          De lo antedicho se deduce que la demandante no percibió el pago del primer tramo de la ayuda.
         
         
         
         96
            
          Por lo que respecta al segundo tramo de la ayuda, de los autos se desprende que fue pagada en una cuenta abierta en la Caixa
         en Madrid, cuyo titular era «Entorn Trading Ltd (Entorn, SL)». Por consiguiente, la demandante tampoco recibió el segundo
         tramo de la ayuda.
         
         
         
         97
            
          En relación con el extremo de si dichos pagos se efectuaron por orden de la demandante, por lo que pueden asimilarse a pagos
         percibidos por ella, hay que recordar que el número de cuenta en el que se pagó el primer tramo de la ayuda había sido comunicado
         a la Comisión mediante escrito de 30 de noviembre de 1993, mencionado en el apartado 16 supra.  En sus declaraciones ante los funcionarios de la UCLAF, el Sr. B reconoció haber firmado dicho escrito.
         
         
         
         98
            
          La cuenta en la que se realizó el segundo pago fue comunicada a la Comisión mediante fax enviado el 14 de julio de 1995 utilizando
         un impreso de «MB Consultores y Auditores, S.L.» de Sevilla, es decir, la empresa en la que Entorn Sucursal tenía su sede.
         No consta en autos ninguna indicación de la persona que envió dicho fax.
         
         
         
         99
            
          Como se señala en el apartado 79 supra,  el comportamiento del Sr. A sólo puede explicarse como una participación intencionada en la trama dirigida a desviar los pagos
         de la ayuda para el proyecto Zumaque de su destino.
         
         
         
         100
            
          El envío de mensajes en los que se indicaban a la Comisión, para el pago de los tramos de la ayuda, números de cuenta distintos
         del de la demandante, aun cuando se daba la impresión de que se trataba de cuentas de la demandante, es un elemento esencial
         de dichas maquinaciones. De ello se deduce que el Sr. A dio su consentimiento al envío de dichos mensajes cuyo contenido puede,
         por consiguiente, imputársele.
         
         
         
         101
            
          Pues bien, en su condición de Presidente y Consejero Delegado, el Sr. A estaba facultado para obligar a la demandante a través
         de los actos llevados a cabo por él mismo o con su consentimiento en nombre de la sociedad.
         
         
         
         102
            
          El escrito de 30 de noviembre de 1993 fue redactado en nombre de la demandante y lleva la firma de «A. López Gargallo» que
         había sido utilizada, según sus declaraciones ante la UCLAF, por el Sr. B en los escritos de 12 de julio y 22 de septiembre
         de 1993 (véase el apartado 64 supra).  Al resultar de las maquinaciones del Sr. A (véase el apartado 75 supra)  la apariencia dada a la Comisión de que la referida firma vinculaba a la demandante, debe considerarse que dicho escrito fue
         enviado con el consentimiento de aquél. De ello se deduce que el escrito de que se trata es imputable a la demandante, con
         independencia de la identidad de la persona que concretamente lo haya firmado. Por tanto, puede considerarse que el pago del
         primer tramo de la ayuda se realizó por orden de la demandante. En consecuencia, cabe asimilarlo a un pago recibido por la
         propia demandante.
         
         
         
         103
            
          El fax de 14 de julio de 1995, mediante el cual se comunicaron a la Comisión los nuevos datos bancarios para el pago del segundo
         tramo se redactó utilizando un impreso que llevaba el nombre y la dirección de la sociedad «MB Consultores y Auditores, S.L.»
         en Sevilla. En el remite del impreso figura la mención mecanografiada «Entorn Trading, S.L.». Esta designación no es idéntica
         a la utilizada hasta entonces en la correspondencia relativa al proyecto Zumaque dirigida a la Comisión (es decir, «Entorn,
         S.L.»), pero es similar.
         
         
         
         104
            
          Ahora bien, en el escrito de 29 de marzo de 1994, mencionado en el apartado 17 supra,  se había indicado a la Comisión que «Entorn, S.L.» había abierto una oficina en Sevilla, a los efectos del proyecto Zumaque,
         cuya dirección era la de la empresa «MB Consultores y Auditores, S.L.». Este escrito lleva la firma mecanografiada del Sr. A
         y una firma manuscrita ilegible que, según las declaraciones realizadas por el Sr. B ante los funcionarios de la UCLAF, corresponde
         a este último. Dicho escrito creó la apariencia, por un lado, de que la dirección de Sevilla era una dirección a la que podía
         enviarse correspondencia destinada a la demandante en relación con el proyecto Zumaque y, por otro lado, de que los mensajes
         enviados desde esa dirección relativos al citado proyecto procedían de la demandante. El mencionado escrito se inserta plenamente
         dentro de la trama de que se trata en el caso de autos. En este sentido, el escrito de 29 de marzo de 1994 se envió con el
         consentimiento del Sr. A y, al haber sido enviado en nombre de la demandante, es imputable a ésta y es irrelevante quién lo
         firmó efectivamente.
         
         
         
         105
            
          Conforme a la apariencia creada por el referido escrito, el fax enviado en nombre de «Entorn Trading, S.L.» desde la dirección
         de Sevilla el 14 de julio de 1995, que forma parte también de la trama en la que participó deliberadamente el Sr. A, es imputable
         igualmente a la demandante.
         
         
         
         106
            
          De ello se deduce que debe considerarse que el pago del segundo tramo de la ayuda en la cuenta comunicada mediante el referido
         fax a la Comisión se realizó por orden de la demandante y que procede asimilarlo a un pago recibido por la propia demandante.
         
         
         
         107
            
          Por consiguiente, es infundado el motivo basado en la infracción del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, en su versión
         modificada.
         
         
         
         108
            
          Por lo que se refiere al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación, de la Decisión impugnada se desprende claramente
         que la Comisión estimó que la demandante, en su condición de beneficiaria de la ayuda, estaba obligada a devolver los dos
         tramos de la ayuda pagados, dado que no había sido aprobado ningún cambio de beneficiario. Esta motivación era suficiente
         para permitir que la demandante conociese la motivación de la Decisión impugnada y que el Tribunal de Primera Instancia ejerciese
         su control. En consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación con respecto
         a la devolución de los dos tramos de la ayuda.
         
         Sobre el tercer motivo, basado en la violación del derecho de defensa Alegaciones de las partes
         
         
         109
            
          La demandante reprocha a la Comisión que no le diese la posibilidad de presentar sus observaciones por escrito a raíz de las
         inspecciones realizadas en el domicilio social de Entorn Sucursal en Sevilla. Reconoce que el Sr. A, su administrador, estuvo
         presente en dichas inspecciones. Sin embargo, alega que no se le ofreció la posibilidad de presentar un escrito.
         
         
         
         110
            
          La demandante declara que no entiende que la Comisión, después de conocer las alegaciones escritas del Sr. C, que figuran
         en el anexo 18 del escrito de contestación a la demanda, no se pusiese en contacto con sus representantes. Estima que esto
         constituye una violación grave del derecho de defensa.
         
         
         
         111
            
          La Comisión afirma que ha respetado el derecho de defensa de la demandante en el caso de autos. Considera que dio a la demandante
         la posibilidad de pronunciarse sobre la supresión de la ayuda al enviarle el escrito de 3 de abril de 1998, en el que constaban
         claramente los cargos formulados contra ella y se le otorgaba un plazo razonable para presentar sus observaciones.
         
         
         
         112
            
          La Comisión opina que la demandante no puede invocar el hecho de que el citado escrito se enviase a la dirección de Sevilla
         para sostener que se vio privada de su derecho a presentar observaciones. Estima que sus servicios tenían buenas razones para
         utilizar la dirección de Sevilla no sólo porque era la última dirección de la demandante que se le había comunicado, sino
         también porque desde esta dirección se gestionó el proyecto Zumaque y en ella se llevaron a cabo las inspecciones de dicho
         proyecto y allí vieron los inspectores al Sr. A.
         
          Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
         
         
         113
            
          El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona que pueda terminar en un acto que le sea
         lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa
         reguladora del procedimiento de que se trate. Este principio exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten
         sensiblemente a sus intereses expresar eficazmente su punto de vista (sentencias del Tribunal de Justicia, de 24 de octubre
         de 1996, Comisión/Lisrestal y otros, C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, apartado 21, y del Tribunal de Primera Instancia, de 26 de
         septiembre de 2002, Sgaravatti Mediterranea/Comisión, T‑199/99, Rec. p. II‑3731, apartado 55).
         
         
         
         114
            
          Si bien el artículo 24 del Reglamento nº 4253/88, en su versión modificada, no contiene disposiciones expresas que regulen
         el derecho de defensa del beneficiario de una ayuda cuya supresión se pretende, en cambio en el apartado 10 del anexo 2 de
         la Decisión de concesión, relativo a las condiciones financieras, se incluyen precisiones relativas a dicho derecho. Con arreglo
         al citado apartado, antes de que se proceda a la suspensión, reducción, anulación o solicitud de devolución, el beneficiario
         de una ayuda tendrá la posibilidad de presentar sus observaciones en el plazo que fije la Comisión.
         
         
         
         115
            
          En el caso de autos, el escrito de 3 de abril de 1998, destinado a garantizar al beneficiario de la ayuda su derecho a ser
         oído, con arreglo al apartado 10 de las condiciones financieras, no fue dirigido a la demandante, cuyo domicilio social se
         encontraba, durante todo el período relevante, en Barcelona, sino a «Entorn (Zumaque)» a la dirección de Sevilla de MB Consultores
         y Auditores, que era la utilizada por Entorn Sucursal.
         
         
         
         116
            
          Sin embargo, mediante el escrito de 29 de marzo de 1994, mencionado en los apartados 17 y 104 supra,  de manera deliberada se había inducido a error y llevado a creer a la Comisión que la dirección de Sevilla era la de una oficina
         abierta por la demandante a los efectos del proyecto Zumaque. Como se ha señalado en el apartado 104 supra,  este escrito es imputable a la demandante.
         
         
         
         117
            
          Por consiguiente, la Comisión podía utilizar válidamente dicha dirección para enviar a la demandante cualquier correspondencia
         relativa al proyecto Zumaque, incluido el escrito de 3 de abril de 1998, destinado a darle la ocasión de presentar observaciones
         sobre las irregularidades que se le imputaban.
         
         
         
         118
            
          En efecto, puede parecer sorprendente que la Comisión haya utilizado la referida dirección, toda vez que disponía, en el momento
         del envío del escrito de 3 de abril de 1998, del informe de inspección elaborado por la UCLAF, del que se desprende que la
         dirección de Sevilla había sido la de la sociedad Entorn Sucursal, que el domicilio social de esta última había sido trasladado
         en febrero de 1996 a Tenerife y que existían dos sociedades distintas cuya razón social era muy similar.
         
         
         
         119
            
          Sin embargo, la demandante no puede invocar este hecho para alegar que no se le proporcionó válidamente la ocasión de presentar
         sus observaciones.
         
         
         
         120
            
          En efecto, la propia demandante reconoce que su administrador, el Sr. A, conocía la existencia del escrito de 3 de abril de
         1998. Afirma que el Sr. A dedujo del hecho de que dicho escrito había sido enviado a la dirección de Sevilla que la Comisión
         no le consideraba responsable de las irregularidades comprobadas. No obstante, el Sr. A no podía ignorar que el envío del
         referido escrito a la dirección de Sevilla era consecuencia de la confusión sobre la dirección exacta de la demandante, creada
         y mantenida deliberadamente por las personas que participan en la trama relativa al proyecto Zumaque, entre las que se encontraba
         él. Sabía además que la ayuda había sido concedida a la demandante y que no había procurado que se informase a la Comisión
         de la supuesta renuncia a aquélla. En estas circunstancias, debía tener claro que la demandante estaba interesada en conocer
         el contenido del escrito de 3 de abril de 1998 y en presentar sus observaciones sobre las irregularidades a que se hace referencia
         en éste. Así pues, la demandante podría haber presentado sus observaciones sobre dicho escrito si lo hubiese deseado.
         
         
         
         121
            
          Procede añadir que una parte no puede invocar actuaciones que sólo a ella son imputables (véase, por analogía, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia, 39/72, Rec. p. 101, apartado 10, y las conclusiones del
         Abogado General Sr. Mischo en el asunto en el que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001,
         Courage y Crehan, C‑453/99, Rec. pp. I‑6297 y ss., en especial p. I‑6300, apartado 39). De igual modo, una parte no puede
         invocar comportamientos ilícitos de una persona facultada para actuar en su nombre con la finalidad de eludir su propia responsabilidad
         por actos llevados a cabo por dicha persona. Por tanto, la demandante no puede invocar el error de la Comisión a cuya creación
         contribuyó deliberadamente su administrador.
         
         
         
         122
            
          De ello se deduce que el envío del escrito de 3 de abril de 1998 a la dirección de Sevilla era suficiente para proteger el
         derecho de defensa de la demandante.
         
         
         
         123
            
          Por consiguiente, es infundado el tercer motivo de la demandante, basado en la violación del derecho de defensa.
         
         C.	Sobre las propuestas de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de prueba formuladas por la demandanteAlegaciones de las partes
         
         124
            
          En los escritos de interposición del recurso y de réplica, la demandante solicitó que el Tribunal de Primera Instancia ordenase
         a la Comisión que aportase «toda la documentación relativa al procedimiento administrativo que precedió la opción de la Decisión
         [impugnada]».
         
         
         
         125
            
          En sus observaciones sobre el informe para la vista de 13 de octubre de 2003, la demandante solicitó al Tribunal de Primera
         Instancia «que admita la presentación de los autos de la querella al expediente una vez que su contenido se considera importante
         para el esclarecimiento de la verdad».
         
         
         
         126
            
          Posteriormente, en el escrito que presentó el 4 de noviembre de 2003, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia,
         por un lado, que ordene a la Comisión que revele todos los datos relativos al asunto Zumaque, tanto anteriores como posteriores
         a la concesión de la subvención, que aporte a los autos del presente asunto todos los documentos –confidenciales o no– que
         obren en su poder en relación con dicho asunto y, por otro lado, que el Tribunal de Primera Instancia escuche como testigos
         «a los funcionarios de la Comisión que hayan podido intervenir directa o indirectamente en el procedimiento administrativo
         anterior o posterior a la concesión de la subvención al proyecto Zumaque, así como a los que llevaron a cabo la investigación
         interna emprendida por los servicios competentes de la Comisión» y al Sr. B.
         
         
         
         127
            
          La demandante indica que desea tener la confirmación de los hechos a que se hace referencia en la memoria de la UCLAF sobre
         las declaraciones del Sr. B y, en su caso, de las precisiones relativas a dichos hechos. Considera además que dichos testimonios
         podrían demostrar que la Decisión impugnada se adoptó tomando como base hechos manifiestamente falsos.
         
         
         
         128
            
          La Comisión estima que la demandante tuvo conocimiento durante el procedimiento administrativo de todos los hechos y circunstancias
         necesarios para su defensa. Alega que no puede pronunciarse sobre la solicitud de que se oiga como testigos a funcionarios,
         dado su carácter indeterminado y que los exámenes de testigos solicitados carecen de pertinencia en el presente asunto.
         
         Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
         
         129
            
          Según el artículo 64, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las diligencias
         de ordenación del procedimiento tendrán por objeto, en particular, dar el curso correcto a la fase escrita u oral del procedimiento
         y facilitar la práctica de las pruebas, así como determinar los extremos sobre los que las partes deberán completar sus alegaciones
         o acerca de los cuales deba practicarse prueba. A tenor del artículo 64, apartado 3, letra d), y apartado 4, del mismo Reglamento,
         estas diligencias podrán ser propuestas por las partes en cualquier fase del procedimiento y podrán consistir en requerir
         la presentación de documentos o de cualquier escrito relacionado con el asunto (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de
         diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartado 92).
         
         
         
         130
            
          Por el contrario, las diligencias de prueba contempladas en los artículos 65 a 67 del mismo Reglamento tienen por objeto que
         se pruebe la veracidad de los hechos alegados por una parte en apoyo de sus pretensiones (sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 8 de noviembre de 2000, Bareyt y otros/Comisión, T‑175/97, RecFP pp. I‑A‑229 y II‑1053, apartado 90). En este
         sentido, con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra e), del mismo Reglamento, la demanda contendrá la proposición de prueba
         de la parte demandante. El artículo 48, apartado 1, del citado Reglamento permite además a las partes proponer pruebas en
         la réplica y en la dúplica, pero les exige que motiven el retraso. No obstante, a tenor del artículo 66 del Reglamento de
         Procedimiento, cuando el Tribunal de Primera Instancia acuerde la práctica de diligencias de prueba, podrán presentarse pruebas
         en contrario y ampliarse la proposición de prueba.
         
         
         
         131
            
          Ha de examinarse a la luz de estos principios si procede acoger las propuestas de diligencias de ordenación del procedimiento
         y de diligencias de prueba formuladas por la demandante.
         
         
         
         132
            
          Por lo que se refiere, en primer lugar, a la petición de que se aporten los autos de la querella al expediente, formulada
         en las observaciones sobre el informe para la vista, hay que señalar que la demandante no ha aportado ante el Tribunal de
         Primera Instancia los autos de que se trata. Por tanto, procede interpretar dicha petición de la demandante en el sentido
         de que solicita que el Tribunal de Primera Instancia pida a las autoridades judiciales españolas que aporten los referidos
         documentos. Si bien dicha diligencia de ordenación del procedimiento puede ser propuesta por la demandante en cualquier fase
         de éste, corresponde, no obstante, al Tribunal de Primera Instancia determinar si la diligencia propuesta es útil para el
         curso correcto del procedimiento. Para permitir al Tribunal realizar esta apreciación, la parte que lo pide debe identificar
         los documentos solicitados y facilitar al Tribunal de Primera Instancia, cuando menos, un mínimo de elementos que acrediten
         la utilidad de tales documentos para el proceso (sentencia Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 93). En este sentido,
         si una propuesta de diligencias de ordenación del procedimiento tiene por objeto, como en el caso de autos, obtener nuevos
         elementos fácticos y se produce en una fase del procedimiento en la que no está permitida, en principio, la presentación de
         nuevas proposiciones de prueba, es necesario, en particular, que la parte que solicite la práctica de dichas diligencias exponga
         las razones por las cuales no pudo formular antes dicha solicitud.
         
         
         
         133
            
          En el caso de autos, la demandante ya se ha referido en su demanda a la querella criminal incoada en España. La eventual pertinencia
         de las actas extendidas en el marco de dicho proceso ya podía apreciarse, en principio, en el transcurso del mismo. Además,
         la Comisión ha aportado a autos como anexo al escrito de contestación dos actas que contienen declaraciones realizadas por
         los Sres. A y C en el ámbito de la instrucción penal. Ahora bien, la propuesta de la demandante no contiene ninguna indicación
         concreta que permita apreciar la utilidad, a efectos del presente litigio, de la aportación de otras actas levantadas en el
         marco de dicha investigación, a excepción de la afirmación general según la cual estima que «su contenido se considera importante
         para el esclarecimiento de la verdad», ni explicación alguna de las razones por las que no solicitó anteriormente la aportación
         de tales documentos. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia estima que la adopción de dicha diligencia
         no garantizaría el curso correcto de la fase escrita u oral ni facilitaría la presentación de pruebas.
         
         
         
         134
            
          Por lo que respecta, en segundo lugar, a la solicitud formulada en el escrito de 4 de noviembre de 2003 y dirigida a que el
         Tribunal de Primera Instancia ordene a la Comisión que «revele, una vez por todas y sin reservas, todos los hechos relacionados
         con el caso “Zumaque”, anteriores y posteriores a la concesión de la subvención, aunque éstos puedan determinar la implicación
         de funcionarios de su institución en una trama internacional destinada a defraudar el presupuesto de la Comunidad y los recursos
         de los ciudadanos europeos» y que aporte «toda la documentación –confidencial o no– que obre en su posesión a este respecto»,
         es preciso señalar, ante todo, que no puede reprocharse a la demandante que no la haya presentado anteriormente. En efecto,
         ya en el escrito de interposición del recurso solicitó la demandante que se aportase toda la documentación relativa al procedimiento
         administrativo que precedió a la adopción de la Decisión impugnada, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la aportación
         del expediente administrativo y la Comisión aportó un expediente que, a su juicio, era el expediente administrativo pertinente.
         Sólo cuando el Sr. A le remitió el informe de las declaraciones del Sr. B ante la UCLAF pudo darse cuenta la demandante de
         que el expediente administrativo aportado por la Comisión no contenía todos los documentos relativos a la investigación de
         la UCLAF y que podían existir otros documentos referentes a dicha investigación.
         
         
         
         135
            
          No obstante, la demandante no indica qué utilidad tendrían tales documentos para el proceso, limitándose a señalar que de
         éstos podría deducirse la participación de determinados funcionarios de la Comisión en maquinaciones fraudulentas en el marco
         del proyecto Zumaque. Ahora bien, como se ha señalado en los apartados 81 y 82 supra,  suponiendo que haya quedado acreditada dicha participación de funcionarios de la Comisión y por condenable que sea, no puede
         por sí sola afectar a la legalidad de la Decisión impugnada. En este sentido, la medida solicitada por la demandante no es
         pertinente, por tanto, para la solución del litigio.
         
         
         
         136
            
          En tercer lugar, en relación con la solicitud de que se proceda a examinar como testigos a las personas cuyos nombres figuran
         en el escrito de 4 de noviembre de 2003, la demandante se limita a declarar, a título indicativo de los hechos sobre los que
         desea que sean oídos dichos testigos, que el examen de éstos tiene por finalidad «que los testigos ratifiquen y en su caso
         amplíen ante el Tribunal, los hechos y consideraciones que constan en el [informe relativo a las declaraciones del Sr. B ante
         los funcionarios de la UCLAF] y [...] que se certifique que la [Decisión impugnada] es ilegal en la medida en [que] ha sido
         adoptada en base a hechos manifiestamente falsos».
         
         
         
         137
            
          En cuanto a las declaraciones del Sr. B, es preciso señalar que su contenido se corresponde, en gran medida, con las indicaciones
         recogidas ya en los escritos de las partes y en sus anexos. Si bien el Sr. B ha proporcionado determinadas precisiones con
         respecto a los hechos que se desprenden de los autos, en particular al reconocer determinadas firmas que no habían podido
         ser identificadas con anterioridad, no los ha contradicho. Pues bien, como se desprende de las consideraciones que figuran
         en los apartados 66, 102 y 104 supra,  el resultado del presente litigio no depende de la veracidad de los elementos nuevos contenidos en las declaraciones del Sr. B
         y que no están corroborados por otros documentos obrantes en autos. Por lo que respecta, en cambio, al deseo muy genérico
         de la demandante de demostrar la inexactitud de los hechos que originaron la Decisión impugnada, es preciso señalar que la
         demandante no precisa los hechos de que se trata y que no invoca ninguna razón para explicar por qué no hizo tal proposición
         de prueba en la demanda.
         
         
         
         138
            
          De ello se deduce que no procede acoger las propuestas de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de
         instrucción formuladas por la demandante en las observaciones sobre el informe para la vista y en el escrito de 4 de noviembre
         de 2003.
         
         
         
         139
            
          De todo lo antedicho se desprende que debe desestimarse el recurso.
         
         
         Costas
         140
            
          A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
         por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, incluidas las del procedimiento sobre medidas provisionales,
         con arreglo a lo solicitado por la demandada.
         
         
         En virtud de todo lo expuesto,
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
         
         
          decide: 
         
            
            
            
               1)
                  Desestimar el recurso.
               
            
            
            
            
               2)
                  La demandante cargará con sus propias costas y con las de la Comisión, incluidas las costas del procedimiento sobre medidas
                     provisionales.
                  
               
            
            
                  Forwood
               
               
                  Pirrung
               
               
                  Meij
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de enero de 2005.
         
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente
               
            
         
         
         
                  H. Jung
               
               
                  J. Pirrung
               
            
         
            Índice
         
         
                  Marco normativo
                     
               
            
                  Contexto fáctico
                     
               
            
                      
                        Sociedad demandante
                     
               
            
                      
                        Otras sociedades Entorn
                     
               
            
                      
                        Solicitud y concesión de la ayuda comunitaria
                     
               
            
                      
                        Desarrollo del proyecto
                     
               
            
                      
                        Procedimiento administrativo y Decisión impugnada
                     
               
            
                  Procedimiento y pretensiones de las partes
                     
               
            
                  Fundamentos de Derecho
                     
               
            
                      
                        A.
                     
               Sobre la toma en consideración del informe relativo a las declaraciones del Sr. B y de los anexos de dicho documento
            
                          
                        Alegaciones de las partes
                     
               
            
                          
                        Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
                     
               
            
                      
                        B.
                     
               Sobre el fondo
            
                      
                        Sobre los motivos primero y segundo, basados en la infracción del artículo 24 del Reglamento nº 4253/88 y en el incumplimiento
                           de la obligación de motivación
                        
                     
               
            
                          
                        Alegaciones de las partes
                     
               
            
                          
                        Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
                     
               
            
                              
                        – Sobre la supresión de la ayuda
                     
               
            
                              
                        – Sobre la devolución de las cantidades pagadas con cargo a los dos primeros tramos de la ayuda comunitaria
                     
               
            
                      
                        Sobre el tercer motivo, basado en la violación del derecho de defensa
                     
               
            
                          
                        Alegaciones de las partes
                     
               
            
                          
                        Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
                     
               
            
                      
                        C.
                     
               Sobre las propuestas de diligencias de ordenación del procedimiento y de diligencias de prueba formuladas por la demandante
            
                      
                        Alegaciones de las partes
                     
               
            
                      
                        Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
                     
               
            
                  Costas
                     
               
            
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: español.