CELEX: 62008CJ0381
Language: es
Date: 2010-02-25
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de febrero de 2010.#Car Trim GmbH contra KeySafety Systems Srl.#Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.#Competencia judicial en materia civil y mercantil - Reglamento (CE) nº 44/2001 - Artículo 5, número 1, letra b) - Competencia en materia contractual - Determinación del lugar de cumplimiento de la obligación - Criterios de distinción entre "compraventa de mercaderías" y "prestación de servicios".#Asunto C-381/08.

Asunto C‑381/08
      Car Trim GmbH
      contra
      KeySafety Systems Srl
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)
      «Competencia judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Artículo 5, número 1, letra b) — Competencia en materia contractual — Determinación del lugar de cumplimiento de la obligación — Criterios de distinción entre “compraventa de mercaderías” y “prestación de servicios”»
      Sumario de la sentencia
      1.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
            — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia contractual en el sentido del artículo 5,
            número 1, letra b)
      [Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 5, número 1, letra b)]
      2.        Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
            — Reglamento (CE) nº 44/2001 — Competencias especiales — Competencia en materia contractual en el sentido del artículo 5,
            número 1, letra b), primer guión
      [Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, art. 5, número 1, letra b), primer guión]
      1.        El artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución
         de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que aquellos contratos cuyo objeto
         sea la entrega de mercancías que hayan de fabricarse o producirse previamente deberán calificarse de «compraventa de mercaderías»,
         en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento, aunque el comprador, sin facilitar los materiales,
         haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención, la transformación y la entrega de las mercancías, y aunque
         el proveedor sea responsable de la calidad y conformidad de las mercancías con el contrato.
      
      A este respecto, teniendo en cuenta que, en lo que atañe a los contratos de compraventa de mercaderías y a los contratos de
         prestación de servicios, el Reglamento nº 44/2001 recoge como criterio de conexión con el tribunal competente la obligación
         característica de los mismos, los referidos contratos deberán ser calificados, respectivamente, de «compraventa de mercaderías»
         en el sentido del primer guión del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, cuando la obligación característica sea
         la entrega de un bien, y de «prestación de servicios» en el sentido del segundo guión del mismo artículo 5, número 1, letra b),
         cuando la obligación característica sea una prestación de servicios. 
      
      A fin de determinar la obligación característica de un contrato cuyo objeto sea la entrega de mercancías que hayan de fabricarse
         o producirse previamente cuando el comprador haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención, la transformación
         y la entrega de las mercancías, el hecho de que la mercancía que ha de entregarse deba fabricarse o producirse previamente
         no modifica la calificación del contrato en cuestión como contrato de compraventa. Además, existen otros elementos —como el
         hecho de que el comprador no suministre los materiales, por un lado, y la responsabilidad del proveedor por la calidad y conformidad
         con el contrato de la mercancía, por otro— que constituyen indicios en favor de calificar el contrato como «contrato de compraventa
         de mercaderías».
      
      (véanse los apartados 31 a 33, 38, 40, 42 y 43 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento
         y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de
         venta por correspondencia, el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías
         habrá de determinarse basándose en lo que disponga el propio contrato.
      
      Si resulta imposible determinar sobre esta base el lugar de entrega, sin remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato,
         dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías, en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido
         adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías en el destino final de la operación de compraventa. En
         efecto, este criterio es el que corresponde mejor a la génesis, los objetivos y el sistema del Reglamento, en tanto que «lugar
         de entrega» en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del mismo. A este respecto, presenta un elevado
         grado de previsibilidad y responde al objetivo de proximidad, en la medida en que garantiza la existencia de un estrecho vínculo
         de conexión entre el contrato y el tribunal que debe conocer del mismo. Además, el objetivo fundamental de un contrato de
         compraventa de mercaderías es transmitir éstas del vendedor al comprador, operación que tan sólo culmina por completo cuando
         las mismas llegan a su destino final.
      
      (véanse los apartados 46, 55 a 57 y 60 a 62 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 25 de febrero de 2010 (*)
      
      «Competencia judicial en materia civil y mercantil – Reglamento (CE) nº 44/2001 – Artículo 5, número 1, letra b) – Competencia en materia contractual – Determinación del lugar de cumplimiento de la obligación – Criterios de distinción entre “compraventa de mercaderías” y “prestación de servicios”»
      En el asunto C‑381/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof
         (Alemania), mediante resolución de 9 de julio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de agosto de 2008, en el
         procedimiento entre
      
      Car Trim GmbH
      y
      KeySafety Systems Srl,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y la Sra. R.
         Silva de Lapuerta y los Sres. E. Juhász (Ponente), G. Arestis y T. von Danwitz, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. J. Mazák;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de KeySafety Systems Srl, por el Sr. C. von Mettenheim, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. H. Walker, en calidad de agente, asistida por el Sr. A. Henshaw, Barrister;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. A.‑M. Rouchaud-Joët y S. Grünheid, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de septiembre de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE)
         nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
         resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento»), y, más concretamente,
         sobre la cuestión de dilucidar cómo procede llevar a cabo la delimitación entre los contratos de «compraventa de mercaderías»
         y los contratos de «prestación de servicios», así como sobre la relativa a determinar el lugar de cumplimiento en el caso
         de venta por correspondencia.
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la sociedad Car Trim GmbH (en lo sucesivo, «Car Trim») y la empresa
         KeySafety Systems Srl (en lo sucesivo, «KeySafety»), que tiene por objeto las obligaciones contractuales de las partes en
         lo que atañe a la entrega de componentes para la fabricación de sistemas de airbags.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        En virtud del artículo 68, apartado 1, del Reglamento, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002, dicho Reglamento sustituyó,
         entre todos los Estados miembros –con excepción del Reino de Dinamarca– a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968
         relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299,
         p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los sucesivos Convenios de adhesión de los
         nuevos Estados miembros al referido Convenio.
      
      4        A tenor de su segundo considerando, el Reglamento tiene por objeto, en interés del buen funcionamiento del mercado interior,
         que se «unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para
         un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el
         presente Reglamento».
      
      5        Los considerandos undécimo y duodécimo del Reglamento precisan de la siguiente manera la relación entre las diferentes reglas
         para determinar la competencia, así como sus objetivos reglamentarios:
      
      «(11) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de
         que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto
         en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación.
         […]
      
      (12)      El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre
         el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.»
      
      6        El artículo 2, apartado 1, del Reglamento, que forma parte de la sección 1 del capítulo II, titulada «Disposiciones generales»,
         tiene la siguiente redacción:
      
      «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual
         fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
      
      7        El artículo 5 del Reglamento, que forma parte de la sección 2 del capítulo II, titulada «Competencias especiales», establece:
      
      «Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
      1)      a)     en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere
         de base a la demanda;
      
               b)     a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
      –        cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido
         o debieren ser entregadas las mercaderías;
      
      –        cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido
         o debieren ser prestados los servicios;
      
      c)      cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).
      […]»
      8        El artículo 1, apartado 4, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados
         aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171, p. 12), dispone lo siguiente:
      
      «Los contratos de suministro de bienes de consumo que hayan de fabricarse o producirse también se considerarán contratos de
         compraventa a efectos de la presente Directiva.»
      
       Normativa internacional
      9        La Convención de 11 de abril de 1980 de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías,
         hecha en Viena (en lo sucesivo, «CCIM»), entró en vigor en Italia el 1 de enero de 1988 y en Alemania el 1 de enero de 1991.
      
      10      El párrafo tercero del preámbulo de la CCIM dispone lo siguiente:
      
      «[…] la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se
         tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuiría a la supresión de los obstáculos jurídicos
         con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del comercio internacional».
      
      11      A tenor del artículo 1, apartado 1, letra a), de la CCIM:
      
      «La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos
         en Estados diferentes:
      
      a)      cuando esos Estados sean Estados Contratantes […]».
      12      En lo que atañe al ámbito de aplicación de la CCIM, su artículo 3 dispone lo siguiente:
      
      «1.      Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos
         que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa
         manufactura o producción.
      
      2.      La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione
         las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.»
      
      13      Según el artículo 30 de la CCIM, «el vendedor deberá entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y entregar cualesquiera
         documentos relacionados con ellas en las condiciones establecidas en el contrato y en la presente Convención».
      
      14      El artículo 31 de la CCIM dispone lo siguiente:
      
      «Si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercaderías en otro lugar determinado, su obligación de entrega consistirá:
      a)      cuando el contrato de compraventa implique el transporte de las mercaderías, en ponerlas en poder del primer porteador para
         que las traslade al comprador;
      
      […]»
      15      A tenor del artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la prescripción en materia de compraventa internacional
         de mercaderías, firmado en Nueva York el 14 de junio de 1974:
      
      «1.      La presente Convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones del vendedor consista
         en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.
      
      2.      Se asimilan a las compraventas los contratos que tengan por objeto el suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas
         o producidas, a menos que quien las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte esencial de los materiales necesarios
         para dicha manufactura o producción».
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      16      KeySafety, con domicilio social en Italia, suministra sistemas de airbags a fabricantes italianos de automóviles y, en el
         período comprendido entre julio de 2001 y diciembre de 2003, compró a Car Trim componentes que se utilizan en la fabricación
         de dichos sistemas, de conformidad con cinco contratos de suministro (en lo sucesivo, «contratos»).
      
      17      KeySafety resolvió dichos contratos con efectos desde finales de 2003. Al estimar que los contratos debían surtir parcialmente
         efectos hasta el verano de 2007, Car Trim consideró que las referidas resoluciones constituían otros tantos incumplimientos
         de contrato, de modo que presentó una demanda de indemnización por daños y perjuicios ante el Landgericht Chemnitz, tribunal
         del lugar de producción de los componentes. El Landgericht Chemnitz se declaró incompetente para conocer de la demanda, por
         falta de competencia internacional de los tribunales alemanes.
      
      18      El Oberlandesgericht desestimó el recurso de apelación interpuesto por la recurrente.
      
      19      Este último tribunal observó que los contratos obligaban a la sociedad recurrente, en su condición de empresa productora de
         partes, equipos y piezas de automóviles, a fabricar airbags de una forma determinada, utilizando para ello productos comprados
         a proveedores determinados de antemano, con el fin de estar en condiciones de entregar los referidos airbags a medida que
         fueran siendo solicitados, ajustándose a las necesidades del proceso de producción de la sociedad KeySafety y con sujeción
         a un elevado número de prescripciones relativas a la organización del trabajo, control de calidad, empaquetado, etiquetado,
         albaranes de entrega y facturas.
      
      20      Car Trim interpuso recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.
      
      21      Para el órgano jurisdiccional remitente, la solución del recurso de casación depende de determinar si el Landgericht Chemnitz
         incurrió en error al negar su competencia internacional, que debía apreciar basándose en el Reglamento.
      
      22      La respuesta a esta cuestión depende de la interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, en la medida
         en que el domicilio social de la recurrente –que con arreglo al artículo 2 del Reglamento puede servir de criterio para determinar
         la competencia– radica en Italia y puesto que el Oberlandesgericht ha declarado que no existe ni competencia exclusiva de
         los tribunales alemanes en virtud del artículo 22 del Reglamento, ni sumisión expresa o tácita a la competencia de aquellos
         tribunales con arreglo a los artículos 23 y 24 del Reglamento.
      
      23      Por consiguiente, los tribunales alemanes únicamente podrán ser competentes para conocer sobre la demanda de indemnización
         por daños y perjuicios si se considera que el lugar de producción es el lugar de cumplimiento de la obligación que sirviere
         de «base a la demanda», en el sentido del artículo 5, número 1, del Reglamento.
      
      24      El órgano jurisdiccional remitente considera que el tribunal competente es aquel con el que el vínculo de conexión geográfico
         sea más estrecho, en función del lugar de ejecución de la prestación característica del contrato. Por consiguiente, ésta vendrá
         determinada por la prestación contractual preponderante, la cual deberá determinarse en función de criterios económicos, si
         no existe otro vínculo de conexión adecuado. El órgano jurisdiccional remitente añade que este criterio de la prestación económica
         preponderante es también el que se deduce del artículo 3, apartado 2, de la CCIM y del artículo 6, apartado 2, de la Convención
         de las Naciones Unidas sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, firmado el 14 de junio
         de 1974.
      
      25      El órgano jurisdiccional remitente considera que, en el supuesto de que el lugar de cumplimiento que determine el fuero sea
         el del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento, deberá definirse el lugar en el que las mercancías vendidas
         hubieren sido o debieren ser entregadas según los contratos. El órgano jurisdiccional remitente considera que, incluso en
         lo que atañe a las ventas por correspondencia, tal lugar de cumplimiento se refiere al lugar en el que el comprador adquiere
         o hubiera debido adquirir el poder de disposición efectiva sobre la cosa entregada según los contratos.
      
      26      En tales circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento […] en el sentido de que los contratos de suministro
         de bienes que han de fabricarse o producirse previamente deben considerarse compraventas de mercaderías (primer guión) y no
         prestaciones de servicios (segundo guión), aunque el comprador haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención,
         la transformación y la entrega de los productos que han de fabricarse, incluida la garantía de la calidad de fabricación,
         la fiabilidad de suministro y la buena gestión administrativa de los pedidos? ¿Cuáles son los criterios pertinentes para establecer
         la distinción?
      
      2)      Si se trata de una compraventa de mercaderías: ¿El lugar en el que, según el contrato, se han entregado o deberían haberse
         entregado las mercancías, debe determinarse, en el caso de ventas por correspondencia, atendiendo al lugar de la entrega material
         al comprador o al lugar en el que las mercancías se entregan al primer transportista para su transmisión al comprador?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      27      Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide de qué
         manera procede delimitar los «contratos de compraventa de mercaderías» y los «contratos de prestación de servicios» en el
         sentido del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, en el caso de un contrato relativo a la entrega de mercancías
         que han de fabricarse o producirse previamente, cuando el comprador formula determinadas exigencias respecto de la obtención,
         la transformación y la entrega de tales mercancías.
      
      28      Con carácter liminar, procede hacer constar que esta cuestión se suscitó con ocasión de un litigio entre dos fabricantes del
         sector automovilístico. Este sector industrial se caracteriza por un elevado grado de cooperación entre los fabricantes. La
         oferta del producto acabado debe adaptarse a exigencias precisas y especificaciones individuales del comprador. Generalmente,
         este último determina con precisión sus necesidades e imparte instrucciones para la producción, a las que ha de ceñirse el
         proveedor.
      
      29      En un proceso de fabricación de este tipo, que se utiliza también en otros sectores de la economía moderna, la producción
         de mercancías puede venir acompañada de una prestación de servicios que contribuye, junto con la posterior entrega del producto
         acabado, a la realización del objeto final del contrato en cuestión.
      
      30      En lo que atañe a la venta de mercancías que incluye al mismo tiempo una prestación de servicios, la redacción del artículo
         5, número 1, letra b), del Reglamento no contiene ni una definición de las dos categorías de contratos ni los elementos de
         diferenciación entre ambas categorías. En particular, el primer guión de dicha disposición, relativo a la compraventa de mercaderías,
         no especifica si también se aplica cuando el vendedor tiene la obligación de fabricar o producir la mercancía en cuestión
         ciñéndose a determinadas exigencias formuladas al respecto por el comprador, cuando se da la circunstancia de que tal fabricación
         o producción o una parte de la misma podría calificarse de «servicio» en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), segundo
         guión, del Reglamento.
      
      31      A este respecto, procede recordar que, en lo que atañe a los contratos de compraventa de mercaderías y a los contratos de
         prestación de servicios, el artículo 5, número 1, del Reglamento recoge como criterio de conexión con el tribunal competente
         la obligación característica de los mencionados contratos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009, Falco
         Privatstiftung y Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I‑0000, apartado 54).
      
      32      Así pues, habida cuenta de la anterior consideración, es preciso basarse en la obligación característica de los contratos
         en cuestión. Un contrato cuya obligación característica sea la entrega de un bien habrá de ser calificado de «compraventa
         de mercaderías» en el sentido del primer guión del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento. Un contrato cuya obligación
         característica sea una prestación de servicios habrá de ser calificado de «prestación de servicios» en el sentido del segundo
         guión del artículo 5, número 1, letra b).
      
      33      A fin de determinar la obligación característica de los contratos en cuestión, deberán considerarse los siguientes elementos.
      
      34      En primer lugar, procede hacer constar que la calificación de un contrato que tenga por objeto la compraventa de mercaderías
         que el vendedor ha de fabricar o producir previamente viene regulada por determinadas disposiciones del Derecho de la Unión
         y del Derecho internacional que pueden servir de orientación para la interpretación que procede dar a los conceptos de «compraventa
         de mercaderías» y «prestación de servicios».
      
      35      De entrada, en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 1999/44, los contratos de suministro de bienes de consumo
         que hayan de fabricarse o producirse se considerarán contratos de compraventa, y, según el artículo 1, apartado 2, letra b),
         de la misma Directiva, cualquier bien mueble corpóreo se calificará de «bien de consumo», con algunas excepciones que no resultan
         pertinentes para un asunto como el que se ventila en el litigio principal.
      
      36      A continuación, según el artículo 3, apartado 1, de la CCIM, se considerarán compraventas los contratos de suministro de mercaderías
         que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una
         parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.
      
      37      Además, el artículo 6, apartado 2, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la prescripción en materia de compraventa
         internacional de mercaderías, de 14 de junio de 1974, prevé asimismo que se equipararán a las compraventas los contratos de
         suministro de objetos mobiliarios corpóreos que hayan de ser manufacturados o producidos, a menos que la parte que los encargue
         asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción.
      
      38      Por consiguiente, las disposiciones mencionadas más arriba constituyen un indicio de que el hecho de que la mercancía que
         ha de entregarse deba fabricarse o producirse previamente no modifica la calificación del contrato en cuestión como contrato
         de compraventa.
      
      39      Por lo demás, el Tribunal de Justicia ha llegado al mismo resultado en materia de contratos públicos. En el apartado 64 de
         la sentencia de 11 de junio de 2009, Hans & Christophorus Oymanns (C‑300/07, Rec. p. I‑0000), el Tribunal de Justicia declaró
         que el concepto de «contratos públicos de suministro», contenido en el artículo 1, apartado 2, letra c), párrafo primero,
         de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos
         de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114), incluye la compra de
         productos, con independencia de si el producto considerado se pone a disposición de los consumidores tal cual o después de
         haber sido fabricado con sujeción a las exigencias de aquéllos. En el apartado 66 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia
         declaró que, en caso de puesta a disposición de mercancías que se fabrican y adaptan individualmente en función de las necesidades
         de cada cliente, la fabricación de las citadas mercancías forma parte del suministro de las mismas.
      
      40      En segundo lugar, es preciso tener en cuenta el criterio mencionado por la Comisión de las Comunidades Europeas relativo al
         origen de los materiales que han de transformarse. A efectos de la interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del
         Reglamento, también puede tomarse en consideración el hecho de que el comprador haya suministrado o no tales materiales. Si
         el comprador suministra la totalidad o la mayor parte de los materiales con los que se fabrica la mercancía, tal circunstancia
         puede constituir un indicio a favor de la calificación del contrato como «contrato de prestación de servicios». En cambio,
         en el caso contrario –es decir, si el comprador no suministra los materiales– existirá un indicio sólido para calificar el
         contrato de «contrato de compraventa de mercaderías».
      
      41      De la documentación remitida al Tribunal de Justicia se desprende que, en el asunto principal, si bien KeySafety determinó
         a qué proveedores debía acudir Car Trim para abastecerse en determinadas piezas, aquella sociedad no puso ningún material
         a disposición de esta última.
      
      42      En tercer lugar, aunque el órgano jurisdiccional remitente no facilita información alguna a este respecto, es necesario poner
         de relieve que la responsabilidad del proveedor también puede ser un factor que haya de considerarse a la hora de calificar
         la obligación característica del contrato en cuestión. Si el vendedor es responsable de la calidad y conformidad con el contrato
         de la mercancía, que es el resultado de su actividad, tal responsabilidad hará que la balanza se incline en el sentido de
         calificar el contrato como «contrato de compraventa de mercaderías». En cambio, si el vendedor únicamente es responsable de
         realizar una ejecución correcta siguiendo las instrucciones del comprador, tal circunstancia aboga más bien en favor de calificar
         el contrato como «prestación de servicios».
      
      43      Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, procede responder a la primera cuestión prejudicial que aquellos contratos cuyo
         objeto sea la entrega de mercancías que hayan de fabricarse o producirse previamente deberán calificarse de «compraventa de
         mercaderías», en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento, aunque el comprador, sin facilitar
         los materiales, haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención, la transformación y la entrega de las mercancías,
         y aunque el proveedor sea responsable de la calidad y conformidad de las mercancías con el contrato.
      
       Sobre la segunda cuestión prejudicial
      44      Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si, cuando
         se trata de un contrato de venta por correspondencia, el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser
         «entregadas» las mercaderías, en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento, debe determinarse
         basándose en el lugar de la entrega material al comprador.
      
      45      De entrada, procede subrayar que, en virtud del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, las partes en un contrato
         disponen de autonomía de voluntad para determinar el lugar de entrega de las mercancías.
      
      46      En efecto, la expresión «salvo pacto en contrario», que figura en el artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, indica
         que las partes podrán pactar qué deberá entenderse como lugar de cumplimiento a efectos de la aplicación de dicha disposición.
         Además, a tenor del primer guión del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento, que menciona la expresión «según el contrato»,
         el lugar de entrega de las mercancías será, en principio, el que designen las partes en el contrato.
      
      47      A fin de responder a la cuestión planteada, el Tribunal de Justicia se basa en la génesis, los objetivos y el sistema del
         Reglamento (véanse las sentencias de 3 de mayo de 2007, Color Drack, C‑386/05, Rec. p. I-3699, apartado 18, y de 9 de julio
         de 2009, Rehder, C‑204/08, Rec. p. I‑0000, apartado 31).
      
      48      Constituye jurisprudencia reiterada que la regla de competencia especial en materia contractual prevista en el artículo 5,
         número 1, del Reglamento, que completa la regla de principio de la competencia del foro del domicilio del demandado, responde
         a un objetivo de proximidad y viene motivada por la existencia de un estrecho vínculo de conexión entre el contrato y el tribunal
         que debe conocer del mismo (véanse las sentencias, antes citadas, Color Drack, apartado 22, y Rehder, apartado 32).
      
      49      En lo que atañe al lugar de cumplimiento de la obligación que sirviere de base a la demanda, el Reglamento define de manera
         autónoma, en su artículo 5, número 1, letra b), primer guión, el mencionado criterio de conexión para la compraventa de mercaderías,
         a fin de reforzar el objetivo primordial de unificación de las reglas de competencia judicial en aras de la previsibilidad
         (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Color Drack, apartado 24, y Rehder, apartado 33).
      
      50      En el marco del Reglamento, esta regla de competencia especial en materia contractual consagra así el lugar de entrega como
         criterio de vinculación autónomo que debe aplicarse a todas las demandas basadas en el mismo contrato de compraventa de mercancías
         y no sólo a las basadas en la propia obligación de entrega (sentencia Color Drack, antes citada, apartado 26).
      
      51      Por lo demás, ninguna disposición del Reglamento define los conceptos de «entrega» y «lugar de entrega» a efectos del artículo
         5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento.
      
      52      Por otra parte, procede recordar que, en la génesis de esta normativa, la Comisión, en su Propuesta de Reglamento (CE) del
         Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil
         y mercantil [COM(1999) 348 final, p. 14], subrayó que la finalidad de la mencionada disposición era «paliar los inconvenientes
         del recurso a las reglas del Derecho internacional privado del Estado cuyo tribunal conozca del asunto», y que esa «designación
         pragmática del lugar de cumplimiento» se basaba en un criterio puramente factual.
      
      53      Procede declarar, de entrada, que la autonomía de los criterios de conexión previstos en el artículo 5, número 1, letra b),
         del Reglamento excluye que se recurra a las normas de Derecho internacional privado del Estado del foro, así como al Derecho
         material que resultaría aplicable en virtud de aquel Derecho.
      
      54      En tales circunstancias, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar antes de nada si el lugar de entrega se desprende
         de las cláusulas del contrato.
      
      55      Si resulta posible identificar de este modo el lugar de entrega, sin remitirse al Derecho material aplicable al contrato,
         tal lugar se considerará que es el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías,
         en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento.
      
      56      En cambio, es posible que existan situaciones en las que el contrato no contenga ninguna cláusula que revele, sin tener que
         recurrir al Derecho material aplicable, la voluntad de las partes en cuanto al lugar de entrega de las mercancías.
      
      57      En tales situaciones, al tener carácter autónomo la regla de competencia prevista en el artículo 5, número 1, letra b), del
         Reglamento, procederá determinar dicho lugar en función de algún otro criterio que se atenga a la génesis, los objetivos y
         el sistema del Reglamento.
      
      58      El órgano jurisdiccional remitente contempla dos puntos que podrían servir de lugar de entrega a efectos de fijar tal criterio
         autónomo, aplicable si no existe ninguna cláusula contractual pertinente. El primero de ellos es el lugar de la entrega material
         de la mercancía al comprador y el segundo el de la entrega de la mercancía al primer transportista para su transmisión al
         comprador.
      
      59      Siguiendo el mismo criterio que el órgano jurisdiccional remitente, procede considerar que esos dos lugares resultan los más
         idóneos para determinar, a falta de cláusula contractual pertinente, el lugar de cumplimiento en el que hubieren sido o debieren
         ser entregadas las mercaderías.
      
      60      Procede declarar que el lugar en el que las mercaderías hubieren sido o debieren ser entregadas materialmente al comprador
         en su destino final es el que corresponde mejor a la génesis, los objetivos y el sistema del Reglamento, en tanto que «lugar
         de entrega» en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del mismo.
      
      61      Tal criterio presenta un elevado grado de previsibilidad. Responde asimismo al objetivo de proximidad, en la medida en que
         garantiza la existencia de un estrecho vínculo de conexión entre el contrato y el tribunal que debe conocer del mismo. En
         particular, cabe señalar que, en principio, las mercancías –que constituyen el objeto material del contrato– habrán de encontrarse
         en ese lugar tras la ejecución del propio contrato. Además, el objetivo fundamental de un contrato de compraventa de mercaderías
         es transmitir éstas del vendedor al comprador, operación que tan sólo culmina por completo cuando las mismas llegan a su destino
         final.
      
      62      Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriormente expuestas, procede responder a la segunda cuestión prejudicial
         que el artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, en caso de venta
         por correspondencia, el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías habrá
         de determinarse basándose en lo que disponga el propio contrato. Si resulta imposible determinar sobre esta base el lugar
         de entrega, sin remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías,
         en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías
         en el destino final de la operación de compraventa.
      
       Costas
      63      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         judicial remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del
         litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      1)      El artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia
            judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en
            el sentido de que aquellos contratos cuyo objeto sea la entrega de mercancías que hayan de fabricarse o producirse previamente
            deberán calificarse de «compraventa de mercaderías», en el sentido del artículo 5, número 1, letra b), primer guión, del Reglamento,
            aunque el comprador, sin facilitar los materiales, haya formulado determinadas exigencias respecto de la obtención, la transformación
            y la entrega de las mercancías, y aunque el proveedor sea responsable de la calidad y conformidad de las mercancías con el
            contrato.
      2)      El artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de venta por
            correspondencia, el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías habrá de determinarse
            basándose en lo que disponga el propio contrato. Si resulta imposible determinar sobre esta base el lugar de entrega, sin
            remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías, en virtud
            de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías en el
            destino final de la operación de compraventa.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.