CELEX: 62000CJ0389
Language: es
Date: 2003-02-27 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2003. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania. # Incumplimiento de Estado - Artículos 23CE y 25CE - Exacción de efecto equivalente - Exportación de residuos - Convenio de Basilea - Reglamento nº259/93 - Contribución a un fondo de solidaridad. # Asunto C-389/00.

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62000J0389

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 27 de febrero de 2003.  -  Comisión de las Comunidades Europeas contra República Federal de Alemania.  -  Incumplimiento de Estado - Artículos 23CE y 25CE - Exacción de efecto equivalente - Exportación de residuos - Convenio de Basilea - Reglamento nº259/93 - Contribución a un fondo de solidaridad.  -  Asunto C-389/00.  

Recopilación de Jurisprudencia 2003 página I-02001

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

Libre circulación de mercancías - Derechos de aduana - Exacciones de efecto equivalente - Traslado de residuos - Contribución obligatoria a un fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos - Incompatibilidad con el Tratado(Arts. 23 CE y 25 CE) 

Índice

 $$Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23 CE y 25 CE, un Estado miembro que somete los traslados de residuos hacia otros Estados miembros a una contribución obligatoria al fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos.Tal contribución no puede considerase como la retribución de un servicio prestado efectiva e individualmente a los operadores económicos interesados, ya que el cumplimiento por el Estado miembro de una obligación que el Derecho comunitario impone a todos los Estados miembros, con una finalidad de protección de la salud y del medio ambiente, no procura a los exportadores de residuos establecidos en su territorio ninguna ventaja específica o cierta.Además, no puede considerase tal contribución como una carga lícita en compensación de una medida impuesta por el Derecho comunitario con el fin de promover la libre circulación de mercancías por consiguiente, dado que no ha quedado acreditado que la contribución percibida con motivo de cada traslado de residuos guarde cualquier tipo de relación con los costes reales que esta operación pueda ocasionar al Estado, en caso de que fuera necesario reintroducir los residuos trasladados y eliminarlos o valorizarlos.( véanse los apartados 35, 37, 38, 45, 51 y el fallo ) 

Partes

En el asunto C-389/00,Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. J.C. Schieferer, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,parte demandante,contraRepública Federal de Alemania, representada por la Sra. B. Muttelsee-Schön, en calidad de agente, asistida por el Sr. H.-J. Koch, Profesor,parte demandada,que tiene por objeto que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23 CE y 25 CE, al haber promulgado la Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) [Ley relativa a la vigilancia y al control de los traslados transfronterizos de residuos (Ley relativa a los traslados de residuos)], de 30 de septiembre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2771), por la que se creó un fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos y se obligó a los exportadores de residuos, en especial hacia otros Estados miembros, a contribuir al citado fondo,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),integrado por el Sr. D.A.O. Edward, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr y A. Rosas (Ponente), Jueces;Abogado General: Sr. A. Tizzano;Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;habiendo considerado el informe para la vista;oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 27 de junio de 2002, en la que la Comisión estuvo representada por el Sr. J.C. Schieferer y la República Federal de Alemania por el Sr. W.-D. Plessing, en calidad de agente, asistido por el Sr. H.-J. Koch;oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de noviembre de 2002;dicta la siguienteSentencia 

Motivación de la sentencia

1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de octubre de 2000, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 226 CE, con objeto de que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23 CE y 25 CE, al haber promulgado la Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) [Ley relativa a la vigilancia y al control de los traslados transfronterizos de residuos (Ley relativa a los traslados de residuos)], de 30 de septiembre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2771; en lo sucesivo, «AbfVerbrG»), por la que se creó un fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos y se obligó a los exportadores de residuos, en especial hacia otros Estados miembros, a contribuir al citado fondo.Marco normativoEl Convenio de Basilea y el Derecho comunitario2 A tenor de los artículos 23 CE y 25 CE, la Comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente.3 Los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad se rigen por lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1). En su artículo 1, apartados 2 y 3, se especifican los traslados de residuos que se hallan excluidos del ámbito de aplicación de este Reglamento.4 El Reglamento nº 259/93 da ejecución, en particular, a las obligaciones contraídas por la Comunidad y por los Estados miembros en su calidad de Partes del Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, firmado en Basilea el 22 de marzo de 1989 (en lo sucesivo, «Convenio de Basilea»). Este Convenio fue celebrado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 93/98/CEE del Consejo, de 1 de febrero de 1993 (DO L 39, p. 1). Además de la Comunidad, todos los Estados miembros son Partes del Convenio de Basilea.5 A tenor del artículo 4, apartado 5, del Convenio de Basilea, ninguna Parte de este Convenio permitirá que los desechos peligrosos y otros desechos se exporten a un Estado que no sea Parte o se importen de un Estado que no sea Parte. Sin embargo, en el artículo 11 del referido Convenio se hallan previstas algunas excepciones a esta norma, concurriendo determinadas condiciones.6 El artículo 8 del Convenio de Basilea impone al Estado de exportación la obligación de velar por que, cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su consentimiento no se pueda llevar a término de conformidad con las condiciones del contrato, los desechos sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro de un plazo de 90 días.7 El artículo 9, apartado 2, letra a), del Convenio de Basilea dispone que, en el caso de un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del exportador o el generador, el Estado de exportación velará por que dichos desechos sean devueltos por el exportador o el generador o, si fuera necesario, por él mismo, al Estado de exportación.8 A la obligación de reintroducción prevista en el artículo 8 del Convenio de Basilea se le dio ejecución, en el ordenamiento jurídico comunitario, mediante el artículo 25, apartado 1, del Reglamento nº 259/93, cuyo tenor literal es el siguiente:«Cuando un traslado de residuos autorizado por las autoridades competentes afectadas no pueda llevarse a término con arreglo a las cláusulas del documento de seguimiento o del contrato mencionado en los artículos 3 y 6, la autoridad competente de expedición velará por que, en un plazo de noventa días a partir del momento en que haya sido informada, el notificante vuelva a introducirlos en su jurisdicción o en cualquier otro lugar dentro del Estado de expedición, salvo que quede acreditado que pueden eliminarse o aprovecharse según métodos alternativos de gestión ambientalmente racionales.»9 El artículo 26, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 259/93 adapta el Derecho interno en los siguientes términos a la obligación de reintroducción prevista en el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Basilea:«Si el tráfico ilícito fuere responsabilidad del notificante de los residuos, la autoridad competente de expedición velará por que los residuos en cuestión sean:a) retirados por el notificante o, si fuera necesario, por la propia autoridad competente, y devueltos al Estado de expedición [...]»10 Además, el artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 259/93 dispone:«Todos los traslados de residuos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento estarán sujetos a la constitución de una fianza o seguro equivalente que cubra los gastos de transporte, incluidos los casos mencionados en los artículos 25 y 26, así como los de eliminación o valorización.»11 Por lo que atañe a la imputación de los costes administrativos y de los costes ocasionados por los traslados, la eliminación o la valorización de residuos, el artículo 33 del Reglamento nº 259/93 aclara:«1. Podrán imputarse al notificante los oportunos costes administrativos de la aplicación del procedimiento de notificación y de vigilancia, así como los costes habituales de los análisis e inspecciones oportunas.2. Los costes correspondientes a la reintroducción de los residuos, incluido el traslado, la eliminación o la valorización de modo alternativo y ambientalmente racional en virtud del apartado 1 del artículo 25 y del apartado 2 del artículo 26 correrán por cuenta del notificante o, si esto no fuere posible, de los Estados miembros afectados.3. Los costes correspondientes a la eliminación o a la valorización de modo alternativo y ambientalmente racional en virtud del apartado 3 del artículo 14 se imputarán al destinatario.4. Los costes correspondientes a la eliminación o a la valorización, incluido el posible traslado, con arreglo al apartado 4 del artículo 26, se imputarán al notificante y/o al destinatario según decidan las autoridades competentes afectadas.»La normativa nacional12 El artículo 8, apartado 1, de la AbfVerbrG creó un fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos («Solidarfonds Abfallrückführung»; en lo sucesivo, «fondo de solidaridad»).13 Las frases sexta y séptima de este apartado disponen:«Con el fin de cubrir las prestaciones y los costes administrativos del fondo de solidaridad, los notificantes en el sentido del Reglamento [nº 259/93] estarán obligados a contribuir al citado fondo en una medida que tenga en cuenta el tipo y la cantidad de los residuos que deban trasladarse. Las contribuciones que aún no se hayan utilizado al término de un período de tres años se restituirán a prorrata a los deudores de la contribución, previo reembolso de los complementos de cobertura pagados en virtud del apartado 2.»14 Sobre este particular, la primera frase del artículo 8, apartado 2, de la AbfVerbrG está redactada en los siguientes términos:«En la medida en que los medios que debe facilitar el fondo de solidaridad [...] no sean suficientes para cubrir los costes ocasionados por la reintroducción y por la valorización no perjudicial o la destrucción en una forma conforme al interés general, los Länder estarán obligados a completar la cobertura según una clave de reparto establecida en función de la población y de los ingresos fiscales (clave de Königstein) o según otra clave convenida entre los Länder, una vez deducida una parte federal que deberá determinarse reglamentariamente [...]»15 La obligación de contribuir al fondo de solidaridad viene a añadirse a la obligación del notificante, prevista en el artículo 7, apartado 1, de la AbfVerbrG, de constituir una fianza o de presentar la prueba de un seguro equivalente que cubra la operación de traslado de residuos, conforme al artículo 27 del Reglamento nº 259/93.16 El artículo 17 del Verordnung über die Anstalt Solidarfonds Abfallrückführung (Reglamento sobre el fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos), de 20 de mayo de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 694; en lo sucesivo, «Reglamento sobre el fondo de solidaridad»), precisa que la obligación de contribuir nace con la obligación de notificar los residuos que deban trasladarse fuera del territorio de la República Federal de Alemania. El artículo 18 del mismo Reglamento define las modalidades de cálculo de las contribuciones, cuyos importes ascienden a 0,30 DEM, 3,00 DEM, 10,00 DEM o 15,00 DEM por tonelada, según la naturaleza de los residuos.Procedimiento administrativo previo17 Mediante escrito de requerimiento de 25 de mayo de 1998, la Comisión informó a la autoridades alemanas que consideraba que la contribución al fondo de solidaridad percibida en virtud de la AbfVerbrG constituía una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación, prohibida por los artículos 9 y 12 del Tratado CE (actualmente artículos 23 CE y 25 CE, tras su modificación). La Comisión subrayó, además, que en el Reglamento nº 259/93 no se hallaba prevista una contribución de esta índole.18 En su respuesta fechada el 11 de septiembre de 1998, las autoridades alemanas sostuvieron que la contribución al fondo de solidaridad constituía la contraprestación adecuada de una ventaja concreta y/o individualizada procurada a determinados operadores económicos y que, por lo tanto, no era, por este motivo, una exacción de efecto equivalente. Además, el Gobierno alemán alegó que las especiales características de los residuos justificaban algunas restricciones a la libre circulación de este tipo de mercancías.19 El 16 de agosto de 1999, la Comisión dirigió a la República Federal de Alemania un dictamen motivado en el que rechazaba las alegaciones que habían formulado las autoridades alemanas, si bien aclaraba que no cuestionaba la contribución abonada por una exportación de residuos desde Alemania a un país tercero. La Comisión instó al citado Estado miembro a atenerse al referido dictamen en un plazo de dos meses contados a partir de su notificación.20 Dado que el Gobierno alemán continuó cuestionando, en su respuesta de 21 de enero de 2000, la infracción del Tratado que se le reprochaba, la Comisión decidió interponer el presente recurso.Sobre el incumplimiento21 La Comisión alega que la obligación derivada, de la AbfVerbrG y que recae sobre cualquier exportador de residuos, de abonar una contribución al fondo de solidaridad es parcialmente incompatible con el Derecho comunitario. En efecto, la Comisión estima que la citada contribución constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación, prohibida por los artículos 23 CE y 25 CE, en la medida en que debe abonarse cuando se trasladan residuos con destino a otros Estados miembros.22 Sobre este particular, conviene recordar desde un primer momento que, como ha manifestado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, la justificación de la prohibición de los derechos de aduana y de cualquier exacción de efecto equivalente se encuentra en el obstáculo que los gravámenes pecuniarios, por insignificantes que sean, aplicados por franquear las fronteras, suponen para la circulación de las mercancías, agravado por las consiguientes formalidades administrativas. Por tanto, cualquier gravamen pecuniario, impuesto unilateralmente, cualquiera que sea su denominación y su técnica, y que grave las mercancías por el hecho de atravesar la frontera, en el caso de que no sea un derecho de aduana propiamente dicho, constituye una exacción de efecto equivalente a los efectos de los artículos 23 CE y 25 CE, aun cuando no se perciba a beneficio del Estado (véanse, entre otras, las sentencias de 9 de noviembre de 1983, Comisión/Dinamarca, 158/82, Rec. p. 3573, apartado 18, y de 27 de septiembre de 1988, Comisión/Alemania, 18/87, Rec. p. 5427, apartado 5).23 Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal gravamen escapa a dicha calificación si forma parte de un sistema general de cánones internos aplicables sistemáticamente, con los mismos criterios, a los productos nacionales y a los productos importados y exportados, si constituye la remuneración de un servicio efectivamente prestado al operador económico, de un importe proporcional a dicho servicio, o aún, en ciertas ocasiones, si corresponde a controles efectuados para cumplir obligaciones impuestas por el Derecho comunitario (véase la sentencia Comisión/Alemania, antes citada, apartado 6, y la jurisprudencia citada).24 Ha quedado acreditado que, en el presente caso, la contribución obligatoria al fondo de solidaridad constituye una carga pecuniaria cuyo importe se determina en función de la naturaleza y de la cantidad de los residuos que deban trasladarse, conforme al artículo 8, apartado 1, frase sexta, de la AbfVerbrG. En virtud de esta disposición, en relación con el artículo 17 del Reglamento sobre el fondo de solidaridad, la obligación de contribuir recae sobre cualquier persona que deba notificar un traslado de residuos conforme al Reglamento nº 259/93 y nace con la obligación de notificar un traslado de residuos fuera del territorio de la República Federal de Alemania.25 El Gobierno alemán reconoce que la contribución controvertida corresponde aparentemente al concepto de «exacción de efecto equivalente» utilizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, el citado Gobierno niega que dicha contribución sea una carga prohibida por los artículos 23 CE y 25 CE.26 En efecto, según dicho Gobierno, la contribución al fondo de solidaridad constituye, por un lado, una retribución adecuada por unos servicios efectiva e individualmente prestados a los operadores económicos. Por otro lado, constituye una carga lícita en cuanto compensación de una medida impuesta a los Estados miembros por el Derecho comunitario con vistas a promover la libre circulación de mercancías. Por consiguiente, la contribución controvertida está comprendida, por este doble motivo, entre las excepciones admitidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que permiten considerar que una carga pecuniaria no es una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana.Sobre la contribución al fondo de solidaridad como retribución de un servicio prestado a los operadores económicos27 El Gobierno alemán sostiene, en esencia, que el Estado presta a los operadores económicos un servicio financiero al aceptar garantizar, conforme a las disposiciones aplicables del Convenio de Basilea y del Reglamento nº 259/93, la financiación de la reintroducción de residuos en su territorio en el supuesto de exportaciones ilegales o que no hayan podido llevarse a término, cuando el responsable no pueda cargar con los costes o no pueda ser identificado. Este servicio procura una ventaja efectiva a aquellos operadores que exporten residuos a partir del territorio de la República Federal de Alemania, dado que la garantía subsidiaria asumida por el Estado les permite acceder a los mercados de los demás Estados miembros de la Comunidad, así como a los de los demás Estados Partes del Convenio de Basilea.28 Según el Gobierno alemán, aun cuando se utilicen los medios del fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos exportados ilegalmente, sólo los operadores que exportan legalmente residuos y que contribuyen al fondo obtienen una ventaja del hecho de que el Estado garantiza la reintroducción. El servicio prestado por el Estado beneficia individualmente a cada exportador de residuos, el cual utiliza, en cada operación legal notificada conforme al Reglamento nº 259/93, las posibilidades de exportación ofrecidas por la garantía. Además, el propio importe de la contribución percibida por cada exportación determinada, fijado en función de la naturaleza y de la cantidad de los residuos que deben trasladarse, guarda una adecuada relación, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con el servicio concreto prestado al operador. Por consiguiente, la contribución de cada notificante se percibe como contrapartida del uso concreto de la posibilidad de exportar ofrecida por la garantía de reintroducción.29 El Gobierno alemán subraya que la contribución prevista en el artículo 8 de la AbfVerbrG pretende cubrir precisamente los costes ocasionados por la garantía de financiación que hace posible cada traslado individual de residuos allende la frontera. En consecuencia, está justificado imputar, de una forma equitativa y proporcional, el coste real del citado servicio a aquellos operadores económicos que se benefician del mismo.30 Sobre este particular, procede señalar que la alegación expuesta por el Gobierno alemán se basa en el planteamiento según el cual las posibilidades de exportación de residuos de que disfrutan los operadores económicos establecidos en Alemania pueden atribuirse, en una medida significativa, al hecho de que el Estado acepta, con carácter subsidiario, garantizar la financiación de las operaciones de reintroducción de residuos, cuando éstas resulten necesarias.31 Sin embargo, debe observarse que las posibilidades de exportación de que disfrutan los citados operadores económicos no difieren en modo alguno de las que tienen sus competidores establecidos en otros Estados miembros.32 En efecto, los traslados de residuos a partir de Alemania obedecen a las mismas normas y están sujetos a los mismos requisitos que se aplican a los traslados efectuados a partir de los demás Estados miembros, ya que las citadas normas y requisitos se hallan previstos, en particular, en el Reglamento nº 259/93. Incluso por lo que atañe a las exportaciones a otros Estados Partes del Convenio de Basilea, aun cuando el presente recurso no afecte directamente a las contribuciones abonadas con motivo de tales exportaciones, las posibilidades abiertas a los operadores establecidos en Alemania son idénticas a aquellas de las que disfrutan los demás exportadores comunitarios, habida cuenta de que la Comunidad y todos sus Estados miembros son Partes del citado Convenio y de que el Reglamento nº 259/93 da ejecución, en el ordenamiento jurídico comunitario, a las obligaciones que derivan del mismo.33 Además, no se discute que la República Federal de Alemania, al aceptar cargar con los costes correspondientes a la reintroducción de los residuos, incluido su traslado y su eliminación o valorización, cuando sea imposible imputar tales costes a un operador determinado, no hace sino atenerse a una obligación impuesta de manera uniforme a todos los Estados miembros por el artículo 33, apartado 2, del Reglamento nº 259/93.34 Según ha destacado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, la observancia de esta obligación contribuye a garantizar que no se lleve a cabo ningún movimiento transfronterizo de residuos sin las adecuadas garantías en términos de protección del medio ambiente y de la salud. Muchas otras obligaciones que recaen sobre los Estados de exportación en virtud de distintas disposiciones del Derecho internacional y del Derecho comunitario que regulan la circulación de los residuos persiguen la misma finalidad. Pues bien, resulta evidente que el buen funcionamiento del sistema particular de circulación de los residuos así creado presupone que cada Estado cumpla todas las obligaciones que le incumben.35 En estas circunstancias, el cumplimiento por la República Federal de Alemania de una obligación que el Derecho comunitario impone a todos los Estados miembros, con una finalidad de interés general, a saber la protección de la salud y del medio ambiente, no procura a los exportadores de residuos establecidos en su territorio ninguna ventaja específica o cierta (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Alemania, antes citada, apartado 7).36 Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que la obligación de contribuir al fondo de solidaridad nace con la obligación de notificar un traslado de residuos fuera del territorio alemán y que, en realidad, la carga pecuniaria soportada por los exportadores se determina exclusivamente en función del tipo y de la cantidad de los residuos que deben trasladarse. Por consiguiente, tal obligación no tiene como contrapartida ningún servicio que se les preste efectivamente, ni como categoría de operadores ni tampoco a título individual.37 Por lo tanto, la contribución controvertida no puede considerase como la retribución de un servicio prestado efectiva e individualmente a los operadores económicos interesados.Sobre la contribución abonada como compensación de una medida impuesta por el Derecho comunitario para promover la libre circulación de mercancías38 Habida cuenta de todo cuanto antecede, conviene examinar si, como pretende el Gobierno alemán, puede considerase la contribución al fondo de solidaridad como una carga lícita en compensación de una medida impuesta por el Derecho Comunitario con el fin de promover la libre circulación de mercancías.39 Sobre este particular, procede recordar que, dado que la carga pecuniaria de que se trata tiene como único objeto la compensación, financiera y económicamente justificada, de una obligación impuesta por igual a todos los Estados miembros por el Derecho comunitario, no puede ser asimilada a un derecho de aduana, ni, por consiguiente, caer bajo la prohibición expresada en los artículos 23 CE y 25 CE (sentencias de 25 de enero de 1977, Bauhuis, 46/76, Rec. p. 5, apartados 34 a 36, y Comisión/Alemania, antes citada, apartado 14). En principio, la mera circunstancia de que otros Estados miembros acepten financiar por sí mismos la reintroducción de residuos, incluidos su traslado y su eliminación o valorización, mediante sus presupuestos públicos, no supone un obstáculo para esta afirmación (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 1977, Comisión/Países Bajos, 89/76, Rec. p. 1355, apartado 18; de 31 de enero de 1984, IFG, 1/83, Rec. p. 349, apartados 21 y 22, y Comisión/Alemania, antes citada, apartado 15).40 Sin embargo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la carga pecuniaria impuesta a los operadores económicos debe hallarse económicamente justificada en el sentido de que debe existir un vínculo directo entre su importe y el coste real de la operación que pretende financiar, en el caso de autos la posible reintroducción de los residuos trasladados, incluidos su traslado y su eliminación o valorización (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 1990, Bakker Hillegom, C-111/89, Rec. p. I-1735, apartados 11 y 12).41 En este contexto, el Gobierno alemán alega que las contribuciones al fondo de solidaridad previstas en Alemania no sobrepasan los costes efectuados por el Estado y que cada canon, tomado por separado, es proporcional a la ventaja concreta obtenida individualmente por cada operador. Además, según este Gobierno, el artículo 33, apartado 2, del Reglamento nº 259/93 deja a los Estados miembros cierto margen para determinar las modalidades de financiación de los costes que efectúan en su calidad de garantes de la reintroducción de residuos, en particular mediante cánones.42 No obstante, debe observarse que el artículo 33, apartado 2 del Reglamento nº 259/93 prevé ya que los costes correspondientes a la reintroducción de los residuos, incluido el traslado, la eliminación o la valorización de modo alternativo y ambientalmente racional correrán por cuenta de los notificantes. Los costes de que se trata únicamente serán soportados por los Estados miembros interesados si tal imputación se revela imposible.43 Es preciso recordar asimismo que, en virtud de los artículos 25, apartado 1, y 26, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 259/93, los operadores que hayan notificado traslados de residuos que no puedan llevarse a término o que se consideren ilícitos, se hallan obligados a proceder por sí mismos a la reintroducción de tales residuos.44 Además, conforme a su artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 259/93, todos los traslados de residuos comprendidos en el ámbito de aplicación de este Reglamento estarán sujetos a la constitución de una fianza o seguro equivalente que cubra, entre otros, los gastos correspondientes a la posible reintroducción de los residuos, incluidos su traslado y su eliminación o valorización.45 Por consiguiente, no ha quedado acreditado que la contribución percibida con motivo de cada traslado de residuos, cuando éste se notifique según lo dispuesto en el Reglamento nº 259/93, guarde cualquier tipo de relación con los costes reales que esta operación pueda ocasionar al Estado, en caso de que fuera necesario reintroducir los residuos trasladados y eliminarlos o valorizarlos. Además, habida cuenta de las disposiciones de este Reglamento recordadas en los apartados 42 a 44 de esta sentencia, parece que los supuestos más frecuentes en los que el Estado tendrá que soportar los costes correspondientes a la reintroducción de los residuos, incluidos su traslado y su eliminación o valorización, son precisamente aquellos en los que, a falta de notificación, no se haya constituido la fianza o el seguro equivalente ni, por lo tanto, abonado la contribución.46 Debe observarse la falta de relación entre el importe de la contribución y el coste real de la operación que pretende financiar no obstante el hecho de que, con arreglo a la norma contenida en el artículo 8, apartado 1, séptima frase, de la AbfVerbrG, las contribuciones no utilizadas por el fondo de solidaridad al término de un período de tres años serán devueltas a los operadores, en proporción a las cantidades que hayan pagado. Aun suponiendo que este sistema de devolución periódica tenga por finalidad, como sostiene el Gobierno alemán, adaptar las contribuciones individuales a los costes reales asumidos por el Estado, procede destacar que la parte de tales contribuciones utilizada para cubrir los costes administrativos del fondo de solidaridad no se devuelve. De la misma forma, la pérdida financiera que representa la privación durante tres años de las cantidades de que se trata, la cual no es compensada por el pago de intereses, queda, en todo caso, a cargo de los operadores interesados. La reducción progresiva del volumen global del fondo de solidaridad, cuyo importe se había fijado inicialmente en 75 millones de DEM y no sobrepasaba 16 millones de DEM en el momento de la interposición del presente recurso, tampoco permite determinar el importe de los costes realmente efectuados por el Estado para cumplir la obligación de reintroducción ni afirmar que las contribuciones individuales se fijan a un nivel adecuado en relación con tales costes.47 Por lo que atañe al carácter proporcional de cada contribución con relación a la supuesta ventaja obtenida por cada operador, basta recordar que, según ha declarado el Tribunal de Justicia en los apartados 35 a 37 de la presente sentencia, los operadores económicos obligados a pagar la contribución al fondo de solidaridad no obtienen ninguna ventaja efectiva e individual de las actividades financiadas por dicho fondo.48 En lo que se refiere al margen de maniobra eventualmente dejado a los Estados miembros por el artículo 33, apartado 2, del Reglamento nº 259/93, no puede utilizarse en ningún caso para imponer a los notificantes cargas suplementarias que no estén justificadas.49 Por otra parte, hay que subrayar que, como precisa el artículo 33, apartado 1, del Reglamento nº 259/93, se le pueden imputar al notificante los oportunos costes administrativos de la aplicación del procedimiento de notificación y de vigilancia, así como los costes habituales de los análisis e inspecciones oportunas.50 En consecuencia, debe considerarse que la contribución al fondo de solidaridad es una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación, prohibida por los artículos 23 CE y 25 CE.51 Procede, pues, declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23 CE y 25 CE, al haber sometido los traslados de residuos hacia otros Estados miembros a una contribución obligatoria al fondo de solidaridad creado por la AbfVerbrG. 

Decisión sobre las costas

Costas52 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene a la República Federal de Alemania y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)decide:1) Declarar que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 23 CE y 25 CE, al haber sometido los traslados de residuos hacia otros Estados miembros a una contribución obligatoria al fondo de solidaridad para la reintroducción de residuos, creado por la Gesetz über die Überwachung und Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen (Abfallverbringungsgesetz) de 30 de septiembre de 1994.2) Condenar en costas a la República Federal de Alemania.