CELEX: 62013CJ0400
Language: es
Date: 2014-12-18
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2014.#Sophia Marie Nicole Sanders contra David Verhaegen y Barbara Huber contra Manfred Huber.#Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Amtsgericht Düsseldorf y el Amtsgericht Karlsruhe.#Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación en materia civil — Reglamento (CE) nº 4/2009 — Artículo 3 — Competencia para resolver un recurso relativo a una obligación de alimentos respecto de una persona domiciliada en otro Estado miembro — Normativa nacional que establece una concentración de competencias.#Asuntos acumulados C‑400/13 y C‑408/13.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 18 de diciembre de 2014 (
            *1
         )
      «Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación en materia civil — Reglamento (CE) no 4/2009 — Artículo 3 — Competencia para resolver un recurso relativo a una obligación de alimentos respecto de una persona domiciliada en otro Estado miembro — Normativa nacional que establece una concentración de competencias»
      En los asuntos acumulados C‑400/13 y C‑408/13,
      que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Amtsgericht Düsseldorf y el Amtsgericht Karlsruhe (Alemania), mediante resoluciones de 9 de julio y de 17 de junio de 2013 respectivamente, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 16 y 18 de julio de 2013 en los procedimientos entre
      
         Sophia Marie Nicole Sanders, representada por la Sra. Marianne Sanders,
      y
      
         David Verhaegen (asunto C‑400/13),
      y
      
         Barbara Huber
      
      y
      
         Manfred Huber (asunto C‑408/13),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y el Sr. A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader (Ponente), y los Sres. E. Jarašiūnas y C.G. Fernlund, Jueces;
      Abogado General: Sr. N. Jääskinen;
      Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones presentadas:
      
               —
            
            
               en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. T. Henze y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
            
         
               —
            
            
               en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. B. Eggers y A.‑M. Rouchaud-Joët, en calidad de agentes;
            
         oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2014;
      dicta la siguiente
      
         Sentencia
      
      
               1
            
            
               Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3, letras a) y b), del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1).
            
         
               2
            
            
               Dichas peticiones se han presentado en el marco de dos litigios por pensiones alimentarias entre, respectivamente, la Srta. Sanders, una menor representada por su madre, la Sra. Sanders, y el Sr. Verhaegen, su padre, así como entre la Sra. Huber y su marido, el Sr. Huber, del que está separada.
            
         
         Marco jurídico
      
      
         Derecho de la Unión
      
      
               3
            
            
               Los considerandos 4, 9, 11, 15, 23, 44 y 45 del Reglamento no 4/2009 tienen la siguiente redacción:
               
                        «(4)
                     
                     
                        El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, invitó a la Comisión y al Consejo a establecer normas comunes de procedimiento especiales para simplificar y acelerar la solución de los litigios transfronterizos relativos, entre otras cosas, a las demandas de pensión alimenticia. También instó a que se suprimieran las medidas intermedias exigidas para permitir el reconocimiento y la ejecución en el Estado requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro, en particular en el caso de las resoluciones relativas a pensiones alimentarias.
                     
                  […]
               
                        (9)
                     
                     
                        El acreedor de alimentos debe contar con medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad.
                     
                  […]
               
                        (11)
                     
                     
                        El ámbito de aplicación del Reglamento debería extenderse a todas las obligaciones de alimentos derivadas de las relaciones familiares, de parentesco, matrimonio o afinidad, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los acreedores de alimentos. A los fines del presente Reglamento, el concepto de “obligación de alimentos” debería interpretarse de manera autónoma.
                     
                  […]
               
                        (15)
                     
                     
                        Con el fin de preservar los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer una buena administración de justicia en la Unión Europea, deberían adaptarse las reglas relativas a la competencia, tal como dimanan del Reglamento (CE) no 44/2001 [del Consejo, de22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1)]. El hecho de que el demandado tenga su residencia habitual en un Estado tercero debería dejar de ser causa de inaplicación de las reglas comunitarias de competencia, y, en adelante, debería excluirse toda remisión a las reglas de competencia del derecho nacional. Procede, pues, determinar en el presente Reglamento los casos en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria.
                     
                  […]
               
                        (23)
                     
                     
                        Para limitar las costas vinculadas a los procedimientos regulados por el presente Reglamento, sería conveniente recurrir en la medida de lo posible a las tecnologías modernas de comunicación, en particular al proceder a la audiencia de las partes.
                     
                  […]
               
                        (44)
                     
                     
                        El presente Reglamento debería modificar el Reglamento […] no 44/2001 sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos. A reserva de las disposiciones transitorias del presente Reglamento, los Estados miembros deberían aplicar, en materia de obligaciones de alimentos, las disposiciones del presente Reglamento sobre competencia, reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones y sobre la asistencia judicial, en lugar de las del Reglamento […] no 44/2001 a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
                     
                  
                        (45)
                     
                     
                        Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la aplicación de una serie de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimenticios en casos transfronterizos y, por tanto, facilitar la libre circulación de personas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos del Reglamento, a nivel comunitario, la Comunidad está facultada para adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 [TUE]. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.»
                     
                  
         
               4
            
            
               El artículo 1, apartado 1, del Reglamento no 4/2009, establece:
               «El presente Reglamento se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de una relación familiar, de parentesco, matrimonio o afinidad.»
            
         
               5
            
            
               El artículo 3 de dicho Reglamento prevé:
               «Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:
               
                        a)
                     
                     
                        el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, […]».
                     
                  
         
               6
            
            
               Los artículos 4 y 5 del referido Reglamento se refieren, respectivamente, a la elección del foro y a la competencia basada en la comparecencia del demandado.
            
         
               7
            
            
               El artículo 5 del Reglamento no 44/2001 dispone:
               «Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
               […]
               
                        2)
                     
                     
                        En materia de alimentos, ante el tribunal del lugar del domicilio o de la residencia habitual del acreedor de alimentos o, si se tratare de una demanda incidental a una acción relativa al estado de las personas, ante el tribunal competente según la ley del foro para conocer de ésta, salvo que tal competencia se fundamentare exclusivamente en la nacionalidad de una de las partes.
                     
                  [...]»
            
         
         Normativa alemana
      
      
               8
            
            
               El artículo 28 de la Auslandsunterhaltsgesetz (Ley sobre cobro internacional de pensiones alimenticias), de 23 de mayo de 2011 (BGBl. 2011 I, p. 898, en lo sucesivo, «AUG»), titulado «concentración de competencias; poder reglamentario», dispone:
               «1)   Cuando una de las partes no tenga su residencia habitual en el territorio nacional, en los casos contemplados en el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento […] no 4/2009, será exclusivamente competente para resolver en materia de obligación de alimentos el Amtsgericht (tribunal de primera instancia) que sea competente en la sede del Oberlandesgericht (tribunal regional superior) en cuya circunscripción tengan su residencia habitual la parte demandada o el acreedor de los alimentos.
               Para la circunscripción del Kammergericht (Berlin) (Tribunal de Apelación de Berlín) será competente el Amtsgericht Pankow-Weißensee.
               2)   Los gobiernos de los Länder están facultados para transferir dicha competencia, mediante reglamento, a otro Amtsgericht de la circunscripción del Oberlandesgericht o, cuando un Land tenga varios Oberlandesgerichte, a un Amtsgericht para las circunscripciones de todos los Oberlandesgerichte o varios de entre ellos. Los gobiernos de los Länder pueden, mediante reglamento, delegar su facultad en la materia a las Landesjustizverwaltungen (administraciones judiciales).»
            
         
         Litigios principales y cuestiones prejudiciales
      
      
         Asunto C‑400/13
      
      
               9
            
            
               La demandante en el litigio principal, que tiene su residencia habitual en Mettmann (Alemania), reclamó una pensión alimenticia a su padre, el Sr. Verhaegen, residente en Bélgica, mediante un recurso presentado el 29 de mayo de 2013 ante el tribunal de primera instancia de su lugar de residencia, el Amtsgericht Mettmann. Tras oír a las partes, dicho tribunal remitió el asunto al Oberlandesgericht Düsseldorf, en aplicación del artículo 28, apartado 1, de la AUG.
            
         
               10
            
            
               El Amtsgericht Düsseldorf considera que, en virtud del artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009, no es competente para conocer del litigio. En efecto, según dicho órgano jurisdiccional, en un Estado miembro es competente el tribunal del lugar en el que el demandante tenga su residencia habitual, en el caso de autos el Amtsgericht Mettmann.
            
         
               11
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en particular, en lo que respecta a la regla de «concentración de competencias» prevista en el artículo 28 de la AUG en el caso de procedimientos en materia de obligaciones de alimentos. Más concretamente, tal concentración de competencias tiene el efecto de privar a los hijos residentes en el territorio nacional de la posibilidad de llevar el procedimiento ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de su residencia habitual.
            
         
               12
            
            
               En estas circunstancias, el Amtsgericht Düsseldorf decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
               «¿Es el artículo 28, apartado 1, de la [AUG] contrario al artículo 3, letras a) y b), del Reglamento [no 4/2009]?»
            
         
         Asunto C‑408/13
      
      
               13
            
            
               La Sra. Huber reside en Kehl (Alemania) y reclama a su marido residente en Barbados el pago de una pensión alimenticia a la que considera tener derecho tras su separación. Presentó su demanda ante el tribunal de primera instancia de su lugar de residencia, a saber, el Amtsgericht Kehl. Éste remitió el asunto al Amtsgericht Karlsruhe sobre la base del artículo 28, apartado 1, de la AUG, por ser este último órgano jurisdiccional competente habida cuenta de que la demandante tiene su residencia habitual en la circunscripción del Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Regional Superior de Karlsruhe).
            
         
               14
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente también alberga dudas sobre la compatibilidad del artículo 28, apartado 1, de la AUG con el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento no 4/2009.
            
         
               15
            
            
               Según el referido órgano jurisdiccional, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, el Reglamento no4/2009 hace completamente inaplicables las normas nacionales de competencia. Ahora bien, si el artículo 3, letras a) y b), de dicho Reglamento rigiera efectivamente la competencia internacional y la competencia territorial, estaría prohibido que los Estados miembros adoptasen reglas de competencia diferentes de las establecidas en dicho Reglamento.
            
         
               16
            
            
               El Amtsgericht Karlsruhe considera que una disposición como ésta complica de manera significativa el cobro internacional de créditos alimenticios, contrariamente al objetivo del Reglamento no 4/2009, en la medida en que los acreedores de alimentos deben reclamar sus créditos ante un órgano jurisdiccional distinto del lugar de su domicilio, lo que conllevaría una pérdida de tiempo. Además, tal órgano jurisdiccional no dispondrá de elementos pertinentes de conocimiento relativos a la situación económica local del acreedor a efectos de determinar las necesidades del referido acreedor, así como a la capacidad contributiva del deudor.
            
         
               17
            
            
               El órgano jurisdiccional remitente señala, además, la voluntad de las partes en el litigio principal de fundamentar la competencia de los tribunales del lugar de residencia de la demandante en el litigio principal, a saber, el Amtsgericht Kehl, ya sea por elección del foro, ya sea por la vía de la comparecencia del demandado.
            
         
               18
            
            
               En estas circunstancias, el Amtsgericht Karlsruhe decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
               «¿Es compatible con el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento [no 4/2009] que en el artículo 28, apartado 1, primera frase, de la [AUG], se establezca que, cuando una de las partes no tenga su residencia habitual en el territorio nacional, en los casos contemplados en el artículo 3, letras a) y b), del Reglamento [no 4/2009], será exclusivamente competente para resolver en materia de obligación de alimentos el tribunal de primera instancia de la sede del tribunal regional superior en cuya circunscripción tengan su residencia habitual la parte demandada o el acreedor de alimentos?»
            
         
               19
            
            
               Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2013, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑400/13 y C‑408/13 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
            
         
         Sobre las cuestiones prejudiciales
      
      
               20
            
            
               A la vista de las circunstancias recordadas en el apartado 17 de la presente sentencia, el Amtsgericht Karlsruhe sugiere una posible incompatibilidad de la ley alemana con los artículos 4 y 5 del Reglamento no 4/2009. Sin embargo, ha de señalarse que, como alega la Comisión, el referido órgano jurisdiccional únicamente ha preguntado al Tribunal de Justicia sobre el alcance del artículo 3 de dicho Reglamento.
            
         
               21
            
            
               Procede añadir que de las peticiones de decisión prejudicial se desprende claramente que los litigios principales se refieren únicamente a la hipótesis de que el acreedor de alimentos demande al deudor ante el órgano jurisdiccional del lugar de residencia habitual del primero. Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes únicamente teniendo en cuenta el artículo 3, letra b), del referido Reglamento.
            
         
               22
            
            
               Mediante sus respectivas cuestiones, los órganos jurisdiccionales remitentes preguntan, esencialmente, si el artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece una concentración de competencias judiciales en materia de obligaciones de alimentos transfronterizas a favor de un órgano jurisdiccional de primera instancia que sea competente en el lugar en el que se encuentre el órgano jurisdiccional de apelación.
            
         
               23
            
            
               Con carácter previo, ha de precisarse que, como señaló el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, en la medida en que las disposiciones del Reglamento no 4/2009 relativas a las reglas de competencia han sustituido a las del Reglamento no 44/2001, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las disposiciones relativas a la competencia en materia de obligaciones de alimentos que figuran en el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), así como en el Reglamento no 44/2001, que se enmarca en la línea del Convenio de Bruselas, sigue siendo pertinente para analizar las disposiciones correspondientes del Reglamento no 4/2009.
            
         
               24
            
            
               Asimismo, ha de recordarse que es reiterada jurisprudencia que las disposiciones relativas a las reglas de competencia deben interpretarse de manera autónoma atendiendo, por una parte, a los objetivos y al sistema del Reglamento considerado, así como, por otra parte, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales (véanse, por analogía, las sentencias Cartier parfums-lunettes y Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, apartado 32 y jurisprudencia citada, y flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, apartado 24 y jurisprudencia citada).
            
         
               25
            
            
               En este contexto, ha de interpretarse el artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009 a la luz de sus objetivos, su tenor y del sistema en el que se inscribe.
            
         
               26
            
            
               A este respecto, del cuadragésimo quinto considerando del Reglamento no 4/2009 se desprende, en primer lugar, que el referido Reglamento tiene por objeto establecer una serie de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimenticios en casos transfronterizos y, por tanto, facilitar la libre circulación de personas en el seno de la Unión. Conforme al noveno considerando de dicho Reglamento, el acreedor de alimentos debe contar con medios que le permitan obtener fácilmente en un Estado miembro una resolución que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad.
            
         
               27
            
            
               En segundo lugar, el décimo quinto considerando de dicho Reglamento enuncia que, con el fin de preservar los intereses de los acreedores de alimentos y de favorecer una buena administración de justicia en la Unión, deberían adaptarse las reglas relativas a la competencia, tal como dimanan del Reglamento no 44/2001.
            
         
               28
            
            
               En lo que respecta a las reglas de competencia en los litigios transfronterizos que tienen por objeto créditos alimenticios, el Tribunal de Justicia ya ha tenido la ocasión de precisar, en el contexto del artículo 5, apartado 2, del Convenio de Bruselas que la excepción a las reglas de competencia en materia de obligaciones de alimentos tiene por objeto ofrecer una protección particular al alimentista, que es considerado la parte más débil en un procedimiento de este tipo (véanse, en este sentido, las sentencias Farrell, C‑295/95, EU:C:1997:168, apartado 19, y Blijdenstein, C‑433/01, EU:C:2004:21, apartados 29 y 30). A este respecto, las reglas de competencia previstas en el Reglamento no 4/2009 tienen por objeto, al igual que el referido artículo 5, apartado 2, garantizar una proximidad entre el acreedor y el órgano jurisdiccional competente, así como, por otra parte, también ha observado el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones.
            
         
               29
            
            
               Asimismo, ha de señalarse que el objetivo de buena administración de la justicia debe entenderse no solamente desde el punto de vista de una optimización de la organización jurisdiccional, sino también, como señaló el Abogado General en el punto 69 de sus conclusiones, desde la perspectiva del interés de las partes, tanto del demandante como del demandado, en un acceso simplificado a la justicia y en la previsibilidad de la competencia.
            
         
               30
            
            
               El artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009 determina el criterio que permite identificar el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre los litigios transfronterizos relativos a obligaciones de alimentos, a saber, «el lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual». Esta disposición, que determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial, tiene por objeto unificar las reglas de conflicto de jurisdicción (véase, por analogía, la sentencia Color Drack, C‑386/05, EU:C:2007:262, apartado 30).
            
         
               31
            
            
               En sus observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán y la Comisión ponen de relieve que aunque el artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009 determina la competencia internacional y territorial de los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de los litigios transfronterizos relativos a los créditos alimenticios, incumbe únicamente a los Estados miembros, en el marco de su organización jurisdiccional, identificar el órgano jurisdiccional concretamente competente para resolver tales litigios y definir la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales del lugar de residencia habitual del acreedor en el sentido del artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009.
            
         
               32
            
            
               A este respecto, ha de señalarse que si bien las reglas de conflicto de jurisdicciones han sido armonizadas mediante la introducción de una determinación de los criterios comunes de vinculación, la identificación del órgano jurisdiccional competente sigue siendo competencia de los Estados miembros (véanse, por analogía, las sentencias Mulox IBC, C‑125/92, EU:C:1993:306, apartado 25, y GIE Groupe Concorde y otros, C‑440/97, EU:C:1999:456, apartado 31), siempre que dicha normativa nacional no ponga en entredicho los objetivos del Reglamento y no prive a éste de su efecto útil (véanse en este sentido, en particular, la sentencia Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, apartado 30, y, por analogía, la sentencia C., C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255 apartado 79).
            
         
               33
            
            
               En el presente asunto, ha de examinarse, en primer lugar, si en los procedimientos que tengan por objeto alimentos, una concentración de competencias como la controvertida en los litigios principales, tiene la consecuencia de que las personas que residen en el territorio nacional pierden la ventaja que les brinda el Reglamento no 4/2009, a saber, la posibilidad de presentar demanda ante el órgano jurisdiccional competente del lugar de su residencia habitual.
            
         
               34
            
            
               A este respecto, como se precisó en la página 25 del Informe del Sr. P. Jenard sobre el Protocolo relativo al Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 1; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122), «es el Tribunal del domicilio del acreedor de alimentos quien está en mejores condiciones para comprobar si éste se encuentra en situación de necesidad y para determinar el alcance de esta última».
            
         
               35
            
            
               Ha de precisarse que la consecución de los objetivos recordados en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia no implica que los Estados miembros deban crear órganos jurisdiccionales competentes en cada lugar.
            
         
               36
            
            
               En cambio, es necesario que, entre los órganos jurisdiccionales designados para resolver los litigios en materia de obligaciones de alimentos, el órgano jurisdiccional competente sea el que garantice un vínculo particularmente estrecho con el lugar en el que el acreedor de alimentos tenga su residencia habitual.
            
         
               37
            
            
               La Comisión destaca a este respecto que el Reglamento no 4/2009 restringe la libertad de los Estados miembros para determinar el órgano jurisdiccional competente en la medida en que debe tratarse de una competencia territorial vinculada al lugar de residencia habitual de los acreedores. De este modo, la designación del órgano jurisdiccional competente debe basarse en un vínculo razonable entre el acreedor y el lugar de residencia habitual, dentro del marco de la propia organización jurisdiccional del Estado miembro de que se trate.
            
         
               38
            
            
               En el caso de autos, el órgano jurisdiccional competente en virtud de la regla contenida en el artículo 28 de la AUG es el Amtsgericht competente en la demarcación del Oberlandesgericht territorialmente competente ante el que el acreedor, en su caso, debe comparecer en el marco de un procedimiento de apelación.
            
         
               39
            
            
               Por lo tanto, la referida disposición nacional, al designar, como órgano jurisdiccional del lugar en el que el acreedor tenga su residencia habitual en el sentido del artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009, un tribunal cuya circunscripción puede no coincidir con el foro competente para los litigios internos que tengan el mismo objeto no contribuye necesariamente a la consecución del objetivo de proximidad.
            
         
               40
            
            
               Sin embargo, si bien la proximidad entre el órgano jurisdiccional competente y el acreedor de alimentos figura entre los objetivos que se persiguen con el artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009, no constituye, como se ha recordado en los apartados 26 a 29 de la presente sentencia, el único objetivo de dicho Reglamento.
            
         
               41
            
            
               Por lo tanto, en segundo lugar, ha de examinarse si una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, puede comprometer el objetivo que persigue el Reglamento no 4/2009, que es facilitar lo más posible el cobro de los créditos alimenticios internacionales, por hacer el procedimiento más pesado al requerir que las partes inviertan un tiempo adicional nada desdeñable.
            
         
               42
            
            
               El Gobierno alemán y la Comisión alegan que una concentración de las competencias jurisdiccionales en materia de obligaciones de alimentos, como la controvertida en el litigio principal, tiene un efecto positivo sobre la administración de la justicia, puesto que permite el acceso a tribunales especializados y, por lo tanto, dotados de mayores conocimientos en ese tipo de litigios, que, según ellos, con frecuencia revelan una gran complejidad fáctica y jurídica.
            
         
               43
            
            
               A este respecto, ha de señalarse, por una parte, que, si bien la diferencia de competencia territorial de los tribunales competentes en materia de obligaciones de alimentos supone que, cuando el litigio es de naturaleza transfronteriza, el acreedor de alimentos puede, en determinados casos, tener que recorrer una mayor distancia, no necesariamente sucede así. En efecto, el hecho de que un órgano jurisdiccional conozca de un asunto no implica un desplazamiento sistemático de las partes en cada una de las fases del procedimiento. Por lo tanto, y como precisa el vigésimo tercer considerando del Reglamento no 4/2009, para limitar los gastos que llevan consigo los procedimientos regulados por dicho Reglamento, sería conveniente recurrir en la medida de lo posible a las tecnologías modernas de comunicación, en particular al proceder a la audiencia de las partes, ya que estos medios procesales permiten evitar el desplazamiento de éstas.
            
         
               44
            
            
               Por otro lado, una regla de competencia, como la controvertida en el litigio principal, puede cumplir simultáneamente los requisitos recordados en los apartados 26 a 29 de la presente sentencia, a saber, el establecimiento de medidas que permitan garantizar el cobro efectivo de los créditos alimenticios en casos transfronterizos y preservar los intereses de los acreedores de alimentos y favorecer una buena administración de justicia.
            
         
               45
            
            
               En efecto, una concentración de competencias como la controvertida en el litigio principal contribuye a desarrollar un conocimiento particular que puede mejorar la eficacia del cobro de los créditos alimenticios, garantizando al mismo tiempo una recta administración de la justicia y sirviendo a los intereses de las partes en el litigio.
            
         
               46
            
            
               Sin embargo, no cabe excluir que dicha concentración de competencias restrinja el cobro efectivo de los créditos alimenticios en situaciones transfronterizas, lo que exige un examen concreto, por parte de los órganos jurisdiccionales remitentes, de la situación existente en el Estado miembro de que se trate.
            
         
               47
            
            
               De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 3, letra b), del Reglamento no 4/2009 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece una concentración de competencias judiciales en materia de obligaciones de alimentos transfronterizas a favor de un órgano jurisdiccional de primera instancia competente en el lugar en el que se encuentre la sede del órgano jurisdiccional de apelación, salvo que dicha regla contribuya a la consecución del objetivo de una recta administración de la justicia y proteja el interés de los acreedores de alimentos favoreciendo el cobro efectivo de tales créditos, lo que, en cualquier caso, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
            
         
         Costas
      
      
               48
            
            
               Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
            
          
               
                  
                     El artículo 3, letra b), del Reglamento (CE) no 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece una concentración de competencias judiciales en materia de obligaciones de alimentos transfronterizas, a favor de un órgano jurisdiccional de primera instancia competente en el lugar en el que se encuentre la sede del órgano jurisdiccional de apelación, salvo que dicha regla contribuya a la consecución del objetivo de una recta administración de la justicia y proteja el interés de los acreedores de alimentos favoreciendo el cobro efectivo de tales créditos, lo que, en cualquier caso, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
                  
               
             
               
                  
                     Firmas
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: alemán.