CELEX: 62008CJ0304
Language: es
Date: 2010-01-14 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de enero de 2010.#Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contra Plus Warenhandelsgesellschaft mbH.#Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.#Directiva 2005/29/CE - Prácticas comerciales desleales - Normativa nacional que establece una prohibición por principio de las prácticas que supeditan la participación de los consumidores en un juego promocional a la adquisición de un bien o la contratación de un servicio.#Asunto C-304/08.

Asunto C‑304/08
      Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
      contra
      Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)
      «Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Normativa nacional que establece una prohibición por principio de las prácticas comerciales que supeditan la participación
         de los consumidores en un juego promocional a la adquisición de un bien o la contratación de un servicio»
      
      Sumario de la sentencia
      Aproximación de las legislaciones — Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores
            — Directiva 2005/29/CE
      (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo)
      La Directiva 2005/29, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores
         en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en
         el litigio principal, que establece una prohibición por principio, sin tener en cuenta las circunstancias específicas del
         caso concreto, de las prácticas comerciales que supeditan la participación de los consumidores en un concurso o en un juego
         promocionales a la adquisición de un bien o la contratación de un servicio.
      
      En efecto, la Directiva 2005/29 establece en su anexo I una lista exhaustiva de 31 prácticas comerciales que, con arreglo
         al artículo 5, apartado 5, de esta Directiva, se consideran desleales «en cualquier circunstancia». En consecuencia, como
         precisa expresamente el decimoséptimo considerando de la Directiva, se trata de las únicas prácticas comerciales que pueden
         considerarse desleales sin necesidad de un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados
         en los artículos 5 a 9 de la Directiva 2005/29. De este modo, una norma nacional que establece una prohibición por principio
         de las prácticas que condicionan la participación de los consumidores en un juego o en un concurso a la adquisición de productos
         o la contratación de servicios no responde a las exigencias formuladas por dicha Directiva.
      
      Por último, dicha norma es contraria al artículo 4 de la Directiva 2005/29, que prohíbe expresamente a los Estados miembros
         mantener o adoptar medidas nacionales más restrictivas, aunque dichas medidas tengan por objeto garantizar un nivel de protección
         más elevado de los consumidores.
      
      (véanse los apartados 45, 47, 50 y 54 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 14 de enero de 2010 (*)
      
      «Directiva 2005/29/CE – Prácticas comerciales desleales – Normativa nacional que establece una prohibición por principio de las prácticas comerciales que supeditan la participación
         de los consumidores en un juego promocional a la adquisición de un bien o la contratación de un servicio»
      
      En el asunto C‑304/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof
         (Alemania), mediante resolución de 5 de junio de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2008, en el procedimiento
         entre
      
      Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
      y
      Plus Warenhandelsgesellschaft mbH,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Presidente de Sala, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y los Sres.
         E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič y J.-J. Kasel, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de junio de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, por la Sra. C. von Gierke, Rechtsanwältin;
      –        en nombre de Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, por los Sres. D. Mäder y C. Hunecke, Rechtsanwälte;
      –        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma y la Sra. J. Kemper, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. T. Materne, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno español, por el Sr. F. Díez Moreno, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. F. Arena, avvocato dello
         Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por la Sra. A. Hable, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Dowgielewicz y por las Sras. K. Zawisza y M. Laszuk, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes y P. Mateus Calado y por la Sra. A. Barros, en calidad de
         agentes;
      
      –        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Guimaraes-Purokoski, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. F. Erlbacher y W. Wils, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de septiembre de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE del
         Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en
         sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas
         97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo
         y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22).
      
      2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (asociación alemana
         de lucha contra la competencia desleal; en lo sucesivo, «Wettbewerbszentrale») y Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, empresa
         alemana de venta al por menor (en lo sucesivo, «Plus»), en relación con una práctica comercial de ésta considerada desleal
         por la Wettbewerbszentrale.
      
       Marco jurídico 
       Normativa comunitaria
      3        Los considerandos sexto, séptimo y decimoséptimo de la Directiva 2005/29 establecen lo siguiente:
      
      «(6)      […] la presente Directiva aproxima las leyes de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales, incluida la
         publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses económicos de los consumidores y, por ende, indirectamente
         perjudiciales para los de los competidores legítimos. Conforme al principio de proporcionalidad, la Directiva protege a los
         consumidores de las consecuencias de dichas prácticas comerciales desleales cuando éstas son sustanciales, si bien reconoce
         que, en determinados casos, la incidencia para el consumidor puede ser insignificante. No comprende ni atañe a las leyes nacionales
         sobre prácticas comerciales desleales que perjudican sólo a los intereses económicos de los competidores o que se refieren
         a transacciones entre comerciantes; para tener plenamente en cuenta el principio de subsidiariedad, los Estados miembros seguirán
         teniendo la capacidad de regular esas prácticas, de conformidad con el Derecho comunitario, si así lo deciden. […]
      
      (7)      La presente Directiva aborda las prácticas comerciales que influyen directamente en las decisiones de los consumidores sobre
         transacciones relacionadas con productos. No se refiere a prácticas comerciales realizadas fundamentalmente con otros fines,
         como las comunicaciones comerciales dirigidas a inversores, por ejemplo, informes anuales y publicaciones de promoción empresarial.
         La Directiva no trata de los requisitos legales en relación con el buen gusto y el decoro, los cuales varían considerablemente
         de un Estado miembro a otro. Hay prácticas comerciales, como, por ejemplo, las campañas de publicidad directa en la calle,
         que pueden resultar indeseables en algunos Estados miembros por motivos culturales. Por consiguiente, los Estados miembros
         deben poder seguir prohibiendo en sus territorios, de conformidad con la legislación comunitaria, determinadas prácticas comerciales
         por motivos de buen gusto o decoro, aun cuando dichas prácticas no limiten la libertad de elección de los consumidores. Al
         aplicar la presente Directiva, y en particular las cláusulas generales, deberían tenerse plenamente en cuenta las circunstancias
         de cada caso.
      
      [...]
      (17)      Para incrementar la seguridad jurídica, es importante que estén identificadas aquellas prácticas comerciales que se consideran
         desleales en cualquier circunstancia. Ese tipo de prácticas se enumeran exhaustivamente en la lista del anexo I. Se trata
         exclusivamente de las prácticas comerciales que pueden considerarse desleales sin necesidad de un examen pormenorizado de
         que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9. La lista sólo puede modificarse mediante
         una revisión de la presente Directiva.»
      
      4        El artículo 2 de la Directiva 2005/29 dispone:
      
      «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      […]
      d)      “prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores” (en lo sucesivo, “prácticas comerciales”):
         todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente
         de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores;
      
      […]»
      5        El artículo 3, apartado 1, de esta Directiva establece:
      
      «La presente Directiva será aplicable a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores
         según establece el artículo 5, antes, durante y después de una transacción comercial en relación con un producto.»
      
      6        Con arreglo al artículo 4 de la misma Directiva:
      
      «Los Estados miembros no restringirán la libre prestación de servicios ni la libre circulación de mercancías por razones pertinentes
         al ámbito objeto de la aproximación que lleva a cabo esta Directiva.»
      
      7        El artículo 5 de la Directiva 2005/29, titulado «Prohibición de las prácticas comerciales desleales», es del siguiente tenor:
      
      «1.      Se prohibirán las prácticas comerciales desleales.
      2.      Una práctica comercial será desleal si:
      a)      es contraria a los requisitos de la diligencia profesional,
      y
      b)      distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico
         del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica
         comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.
      
      3.      Las prácticas comerciales que puedan distorsionar de manera sustancial, en un sentido que el comerciante pueda prever razonablemente,
         el comportamiento económico únicamente de un grupo claramente identificable de consumidores especialmente vulnerables a dichas
         prácticas o al producto al que se refieran, por padecer estos últimos una dolencia física o un trastorno mental o por su edad
         o su credulidad, deberán evaluarse desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá sin perjuicio de
         la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o afirmaciones respecto de las cuales no
         se pretenda una interpretación literal.
      
      4.      En particular, serán desleales las prácticas comerciales que:
      a)      sean engañosas según lo establecido en los artículos 6 y 7,
      o
      b)      sean agresivas según lo establecido en los artículos 8 y 9.
      5.      En el anexo I figura una lista de las prácticas comerciales que se considerarán desleales en cualquier circunstancia. La misma
         lista única se aplicará en todos los Estados miembros y sólo podrá modificarse mediante una revisión de la presente Directiva.»
      
      8        Por último, con arreglo al artículo 19 de la Directiva 2005/29:
      
      «Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
         cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 12 de junio de 2007. […]
      
      Aplicarán dichas disposiciones a más tardar el 12 de diciembre de 2007. […]»
       Normativa nacional
      9        La Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de defensa de la competencia, BGBl. 2004 I, p. 1414; en lo sucesivo, «UWG»)
         tiene por objeto, según su artículo 1, la protección de los competidores, los consumidores y los demás operadores económicos
         frente a la competencia desleal. Asimismo, defiende el interés general en una competencia libre de falseamientos. 
      
      10      El artículo 3 de la UWG es del siguiente tenor:
      
      «Quedan prohibidas las prácticas de competencia desleal que puedan perjudicar de forma sustancial a la competencia en perjuicio
         de los competidores, los consumidores u otros operadores económicos.»
      
      11      El artículo 4 de la UWG dispone:
      
      «Incurre en competencia desleal, en el sentido del artículo 3, en particular quien:
      […]
      6.      supedita la participación de los consumidores en un concurso o juego a la adquisición de una mercancía o a la contratación
         de un servicio, a no ser que el concurso o juego esté intrínsecamente vinculado a dicho producto o servicio;
      
      […]»
       Litigio principal y cuestión prejuducial
      12      Se desprende de la resolución de remisión que, del 16 de septiembre al 13 de noviembre de 2004, Plus llevó a cabo la campaña
         promocional «Ihre Millionenchance» (Su oportunidad de ganar millones) en cuyo marco se invitaba al público a adquirir los
         productos comercializados en sus establecimientos para conseguir puntos. La obtención de 20 puntos daba derecho a participar
         gratuitamente en el sorteo del Deutscher Lottoblock (asociación nacional de 16 loterías) del 6 de noviembre de 2004 o del
         27 de noviembre de 2004.
      
      13      Al considerar esta práctica desleal, en el sentido de las disposiciones de los artículos 3 y 4, punto 6, de la UWG, en la
         medida en que supeditaba la participación de los consumidores en un juego promocional a la adquisición de bienes, Wettbewerbszentrale
         solicitó al Landgericht Duisburg que ordenara a Plus el cese de dicha práctica.
      
      14      Tras haber sido condenada en primera y segunda instancia, Plus interpuso un recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.
      
      15      En su resolución de remisión, este órgano jurisdiccional expresa sus dudas en cuanto a la compatibilidad de las mencionadas
         disposiciones nacionales con la Directiva 2005/29, en la medida en que establecen una prohibición general de los concursos
         y los juegos promocionales con obligación de compra. Tal práctica no está incluida entre las enumeradas en el anexo I de dicha
         Directiva, que son las únicas que pueden ser prohibidas en cualquier circunstancia con independencia de que exista una amenaza
         concreta para los intereses de los consumidores. Además, según el órgano jurisdiccional remitente, no se descarta que, al
         operar de este modo, la UWG reconozca a los consumidores una protección más amplia que la querida por el legislador comunitario,
         siendo así que la mencionada Directiva lleva a cabo una armonización completa de la materia.
      
      16      En su resolución de remisión, el Bundesgerichtshof formula también algunas observaciones relativas a la admisibilidad de ésta.
      
      17      A este respecto, precisa que, aunque el Derecho interno no haya sido adaptado aún a la Directiva 2005/29, y aunque en este
         marco no se haya previsto ninguna modificación o derogación de las disposiciones de la UWG controvertidas en el litigio principal,
         sin embargo está obligado, en virtud de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 4 de julio de 2006, Adelener y otros
         (C‑212/04, Rec. p. I‑6057), a interpretar el Derecho interno de modo conforme con la Directiva 2005/29 desde el 12 de diciembre
         de 2007, es decir, la fecha en que, según el artículo 19 de dicha Directiva, debía garantizarse a más tardar la aplicación
         de las disposiciones nacionales de adaptación del Derecho interno.
      
      18      Además, si bien es cierto que la publicidad criticada es anterior incluso a la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2005/29,
         a saber, el 12 de junio de 2005, el órgano jurisdiccional nacional explica que, habida cuenta de que la acción de cesación
         interpuesta por Wettbewerbszentrale tiene por objeto infracciones futuras, el recurso de casación sólo podrá estimarse si
         también se puede solicitar la cesación basándose en el Derecho en vigor en el momento en que dicte su decisión.
      
      19      En esta situación, el Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente
         cuestión prejudicial:
      
      «¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2005/29 […] en el sentido de que se opone a una disposición
         nacional según la cual está prohibida por principio toda práctica comercial por la que se supedita la participación de los
         consumidores en un concurso o juego a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio, independientemente
         de que la promoción sea perjudicial en el caso concreto para los intereses de los consumidores?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      20      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si la Directiva 2005/29 debe interpretarse
         en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la UWG, que establece una prohibición por principio de las prácticas
         comerciales que supeditan la participación de los consumidores en un concurso o un juego promocionales a la adquisición de
         un bien o a la contratación de un servicio, sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto.
      
       Sobre la admisibilidad
      21      El Gobierno español muestra su desacuerdo con la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por cuanto considera
         que la Directiva 2005/29 no es aplicable a una situación como la del litigio principal.
      
      22      A juicio de este Gobierno, dado que el litigio opone a dos empresas alemanas, la situación controvertida en el litigio principal
         se caracteriza por que todos sus elementos se circunscriben al interior de un solo Estado miembro, de manera que las disposiciones
         de la Directiva 2005/29 no se aplican al litigio principal (véase la sentencia de 21 de octubre de 1999, Jägerskiöld, C‑97/98,
         Rec. p. I‑7319, apartado 45). Con carácter subsidiario, el Gobierno español alega, en esencia, que la Directiva 2005/29 no
         es de aplicación al litigio principal en la medida en que los hechos que dieron lugar a éste se produjeron no sólo antes de
         que expirara el plazo de adaptación del Derecho interno a esta Directiva, sino antes incluso de su adopción. Por consiguiente,
         considera que el Tribunal de Justicia no puede apreciar la conformidad de la Ley alemana con la Directiva 2005/29. Por último,
         dicho Gobierno subraya que, en todo caso, esta Directiva no tiene por objeto regular concursos o loterías vinculados a la
         comercialización de bienes o servicios destinados a los consumidores, régimen que ha sido expresamente objeto de la propuesta
         de reglamento COM(2001) 546 final, relativo a las promociones de ventas, que fue posteriormente retirada por la Comisión de
         las Comunidades Europeas en 2006.
      
      23      No obstante, estas alegaciones no pueden acogerse.
      
      24      A este respecto, procede recordar en primer lugar que, a tenor de una jurisprudencia reiterada, en el marco de la cooperación
         entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales prevista en el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente
         a los órganos jurisdiccionales nacionales, que conocen del litigio y que han de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional
         que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial
         para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia. Por tanto, cuando
         las cuestiones planteadas versan sobre la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, en principio el Tribunal
         de Justicia está obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de
         2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, apartado 38; de 22 de mayo de 2003, Korhonen y otros, C‑18/01, Rec. p. I‑5321,
         apartado 19, y de 19 de abril de 2007, Asemfo, C‑295/05, Rec. p. I‑2999, apartado 30).
      
      25      De ello se desprende que la presunción de pertinencia de que disfrutan las cuestiones planteadas con carácter prejudicial
         por los órganos jurisdiccionales nacionales sólo puede destruirse en casos excepcionales, en particular cuando resulte evidente
         que la interpretación solicitada de las disposiciones del Derecho comunitario mencionadas en dichas cuestiones no tiene relación
         alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal (véanse, en particular, las sentencias del Tribunal de Justicia
         de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, apartado 61, y de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté
         française y Gouvernement wallon, C‑212/06, Rec. p. I‑1683, apartado 29).
      
      26      Ahora bien, según parece no es así en el caso de autos.
      
      27      En primer lugar, respecto de la referencia del Gobierno español a la sentencia Jägerskiöld, antes citada, para alegar la falta
         de dimensión comunitaria del asunto que dio lugar a la presente petición de decisión prejudicial, basta con declarar que dicha
         sentencia versaba sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre prestación de servicios,
         que, como recordó expresamente el Tribunal de Justicia en el apartado 42 de la mencionada sentencia, no son de aplicación
         a actividades cuyos elementos relevantes se circunscriben al interior de un solo Estado miembro.
      
      28      En cambio, en el litigio principal, contrariamente a las disposiciones del Tratado debatidas en el asunto que dio lugar a
         la sentencia Jägerskiöld, antes citada, la aplicación de la Directiva 2005/29 no está supeditada a la presencia de un elemento
         de extranjería. En efecto, con arreglo a su artículo 3, apartado 1, es aplicable a cualquier práctica comercial desleal aplicada
         por una empresa respecto de los consumidores.
      
      29      Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la alegación según la cual la Directiva 2005/29 no se aplica al litigio principal
         porque los hechos que lo originaron son anteriores a la adopción de dicha Directiva, procede señalar, por un lado, que, según
         la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir de la fecha de entrada en vigor de una directiva, los órganos jurisdiccionales
         de los Estados miembros deben abstenerse en la medida de lo posible de interpretar su Derecho interno de un modo que pueda
         comprometer gravemente, tras la expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, la realización del
         objetivo perseguido por ésta (véase, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009, VTB-VAB
         y Galatea, C‑261/07 y C‑299/07, Rec. p. I‑0000, apartado 39 y jurisprudencia citada).
      
      30      En el caso de autos, esta obligación de abstención era aplicable, al menos, en el momento en que se dictó la resolución de
         remisión, a saber, el 5 de junio de 2008, fecha en la que no sólo había entrado en vigor la Directiva 2005/29, sino que además
         había expirado el plazo de adaptación del Derecho interno a ésta, fijado en el 12 de diciembre de 2007.
      
      31      Por otro lado, y en cualquier caso, se desprende expresamente del escrito de remisión que la resolución del recurso de casación
         interpuesto por Plus depende de si la acción de cesación en cuestión puede interponerse sobre la base del Derecho aplicable
         en el momento en que se adopte, tras dictarse la presente sentencia, la resolución que resuelva el litigio principal, en la
         medida en que dicha acción se refiere igualmente a futuras infracciones.
      
      32      En estas circunstancias, como puso de manifiesto la Abogado General en los puntos 49 a 57 de sus conclusiones, debe considerarse
         que la interpretación de la Directiva 2005/29 solicitada por el órgano jurisdiccional remitente puede ser de utilidad a fin
         de permitirle dictar una resolución sobre el asunto del que conoce.
      
      33      Por último, respecto de la alegación según la cual las prácticas de promoción de ventas controvertidas en el litigio principal
         no están incluidas en la Directiva 2005/29 porque han sido expresamente objeto de una propuesta de reglamento de la Comisión,
         basta con señalar que esta circunstancia no puede excluir por sí misma, teniendo en cuenta en particular que dicha propuesta
         se retiró en 2006 y, por tanto, no ha dado lugar a la adopción de un reglamento, que tales prácticas constituyan, en el estado
         actual del Derecho de la Unión, prácticas comerciales desleales, en el sentido de esta Directiva, y que estén incluidas en
         su ámbito de aplicación.
      
      34      Habida cuenta de lo anterior, procede declarar la admisibilidad de la petición de petición prejudicial.
      
       Sobre el fondo
      35      Para responder a la cuestión planteada, es necesario determinar con carácter previo si las prácticas objeto de la prohibición
         controvertida en el litigio principal, que vinculan la participación de los consumidores en un juego o en un concurso a la
         adquisición de bienes o la contratación de servicios, constituyen prácticas comerciales en el sentido del artículo 2, letra d),
         de la Directiva 2005/29 y están, por tanto, sometidas a las disposiciones de ésta.
      
      36      A este respecto, procede señalar que el artículo 2, letra d), de la Directiva 2005/29 define, usando una formulación especialmente
         amplia, el concepto de práctica comercial como «todo acto, omisión, conducta o manifestación, o comunicación comercial, incluidas
         la publicidad y la comercialización, procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o
         el suministro de un producto a los consumidores».
      
      37      Pues bien, es obligado declarar que las campañas promocionales, como la controvertida en el litigio principal, que supeditan
         la participación gratuita del consumidor en una lotería a la adquisición o contratación de una determinada cantidad de bienes
         o servicios, se inscriben claramente en el marco de la estrategia comercial de un operador y tienen por objeto directo la
         promoción y el incremento de las ventas de éste. De ello se deduce que constituyen claramente prácticas comerciales en el
         sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 2005/29 y que, en consecuencia, están incluidas en el ámbito de aplicación
         de ésta (véase, por analogía, en relación con las ofertas conjuntas, la sentencia VTB-VAB y Galatea, antes citada, apartado 50).
      
      38      No puede poner en entredicho esta conclusión el argumento, esgrimido por los Gobiernos checo y austriaco, según el cual las
         disposiciones de la UWG controvertidas en el litigio principal, contrariamente a las de la Directiva 2005/29, no tienen como
         objetivo principal la protección de los consumidores, sino la de los competidores frente a prácticas comerciales desleales
         llevadas a cabo por determinados operadores, de modo que estas disposiciones no están incluidas en el ámbito de aplicación
         de la Directiva.
      
      39      En efecto, como se ha indicado en el apartado 36 de la presente sentencia, la Directiva 2005/29 se caracteriza por un ámbito
         de aplicación material especialmente amplio que se extiende a cualquier práctica comercial que presente un vínculo directo
         con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores. Por tanto, sólo se excluyen de su ámbito de
         aplicación, como se desprende del sexto considerando de esta Directiva, las normativas nacionales relativas a prácticas comerciales
         desleales que menoscaben «sólo» los intereses económicos de los competidores o que se refieran a una transacción entre profesionales.
      
      40      Pues bien, como señaló la Abogado General en los puntos 65 y 66 de sus conclusiones, evidentemente éste no es el caso de las
         disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal, ya que los artículos 1, 3 y 4 de la UWG tienen por objeto
         expreso la protección de los consumidores, y no sólo la de los competidores y otros operadores del mercado.
      
      41      Aclarado este punto, procede recordar, a continuación, que la Directiva 2005/29 lleva a cabo una armonización completa a escala
         comunitaria de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores.
         Por tanto, como prevé expresamente su artículo 4, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las
         definidas en la Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores (sentencia VTB-VAB
         y Galatea, antes citada, apartado 52).
      
      42      También procede señalar que el artículo 5 de la Directiva 2005/29 establece la prohibición de las prácticas comerciales desleales
         y enuncia los criterios que permiten determinar este carácter desleal.
      
      43      De este modo, con arreglo al apartado 2 de este artículo, una práctica comercial es desleal si es contraria a los requisitos
         de la diligencia profesional y si distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se
         trate, el comportamiento económico del consumidor medio.
      
      44      Por lo que se refiere al apartado 4 de dicho artículo, éste define dos categorías precisas de prácticas comerciales desleales,
         a saber, las «prácticas engañosas» y las «prácticas agresivas», que responden a los criterios especificados en los artículos
         6 y 7, por un lado, y 8 y 9, por otro, de la Directiva 2005/29. En virtud de dichas disposiciones, estas prácticas están prohibidas
         en particular cuando, teniendo en cuenta sus características y su contexto fáctico, inducen o pueden inducir al consumidor
         medio a adoptar una decisión comercial que de otro modo no habría adoptado.
      
      45      Por último, la Directiva 2005/29 establece en su anexo I una lista exhaustiva de 31 prácticas comerciales que, con arreglo
         al artículo 5, apartado 5, de esta Directiva, se consideran desleales «en cualquier circunstancia». En consecuencia, como
         precisa expresamente el decimoséptimo considerando de la Directiva, se trata de las únicas prácticas comerciales que pueden
         considerarse desleales sin necesidad de un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados
         en los artículos 5 a 9 de la Directiva 2005/29.
      
      46      Por consiguiente, procede examinar la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente a la luz del contenido y de
         la estructura general de las disposiciones de la Directiva 2005/29, recordados en los apartados anteriores.
      
      47      A este respecto, es obligado declarar que, al establecer una prohibición por principio de las prácticas que condicionan la
         participación de los consumidores en un juego o en un concurso a la adquisición de productos o la contratación de servicios,
         una norma nacional como la controvertida en el litigio principal no responde a las exigencias formuladas por la Directiva 2005/29.
      
      48      En efecto, por un lado, el artículo 4, punto 6, de la UWG prohíbe cualquier operación comercial que vincule la adquisición
         de productos o la contratación de servicios a la participación de los consumidores en un concurso o en un juego promocionales,
         con la única excepción de los que se refieren a un juego o a un concurso intrínsecamente vinculado al bien o al servicio de
         que se trate. En otras palabras, este tipo de práctica está prohibido de manera general, sin que sea necesario determinar,
         habida cuenta del contexto fáctico de cada asunto, si la operación comercial en cuestión presenta un carácter «desleal» a
         la luz de los criterios enunciados en los artículos 5 a 9 de la Directiva 2005/29.
      
      49      Pues bien, consta que tales prácticas, que asocian la adquisición de bienes o la contratación de servicios a la participación
         de los consumidores en un juego o un concurso, no están recogidas en el anexo I de dicha Directiva, que enumera, como se ha
         recordado en el apartado 45 de la presente sentencia, de manera exhaustiva las únicas prácticas comerciales prohibidas en
         cualquier circunstancia, que, por tanto, no deben ser objeto de un examen caso por caso.
      
      50      Por otro lado, una normativa como la controvertida en el litigio principal es contraria al artículo 4 de la Directiva 2005/29,
         que prohíbe expresamente a los Estados miembros mantener o adoptar medidas nacionales más restrictivas, aunque dichas medidas
         tengan por objeto garantizar un nivel de protección más elevado de los consumidores.
      
      51      En estas circunstancias, procede declarar que la Directiva 2005/29 se opone a una prohibición de las ofertas comerciales que
         vinculan la adquisición de bienes o la contratación de servicios a la participación de los consumidores en un concurso o un
         juego, como la prevista por la normativa nacional controvertida en el litigio principal.
      
      52      El hecho de que el artículo 4, punto 6, de la UWG prevea una excepción en favor de las prácticas relativas a un juego o un
         concurso intrínsecamente vinculado al bien o al servicio en cuestión no pone en entredicho esta conclusión. 
      
      53      En efecto, aunque dicha excepción pueda circunscribir el alcance de la prohibición prevista en dicha norma, no es menos cierto
         que tal excepción, por su naturaleza limitada y predeterminada, no puede sustituir al análisis, que debe necesariamente llevarse
         a cabo tomando en consideración el contexto fáctico de cada caso, del carácter «desleal» de una práctica comercial a la luz
         de los criterios enunciados en los artículos 5 a 9 de la Directiva 2005/29, cuando se trata, como en el litigio principal,
         de una práctica que no está recogida en su anexo I (véase la sentencia VTB-VAB y Galatea, antes citada, apartados 64 y 65).
      
      54      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que la Directiva 2005/29 debe interpretarse
         en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece una prohibición
         por principio, sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, de las prácticas comerciales que supeditan
         la participación de los consumidores en un concurso o en un juego promocionales a la adquisición de un bien o la contratación
         de un servicio.
      
       Costas
      55      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales
            desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE
            del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) nº 2006/2004
            del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), debe interpretarse en el sentido
            de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece una prohibición por
            principio, sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, de las prácticas comerciales que supeditan
            la participación de los consumidores en un concurso o en un juego promocionales a la adquisición de un bien o la contratación
            de un servicio.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.