CELEX: 62011CA0488
Language: es
Date: 2013-05-30 00:00:00
Title: Asunto C-488/11: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito/Jahani BV (Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas que figuran en los contratos celebrados con los consumidores — Contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un arrendador profesional y un arrendatario que actúa con fines privados — Examen de oficio por el juez nacional del carácter abusivo de una cláusula contractual — Cláusula penal — Anulación de la cláusula)

3.8.2013   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 225/10
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de mayo de 2013 (petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof te Amsterdam — Países Bajos) — Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito/Jahani BV
   (Asunto C-488/11) (1)
   
   (Directiva 93/13/CEE - Cláusulas abusivas que figuran en los contratos celebrados con los consumidores - Contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un arrendador profesional y un arrendatario que actúa con fines privados - Examen de oficio por el juez nacional del carácter abusivo de una cláusula contractual - Cláusula penal - Anulación de la cláusula)
   2013/C 225/15
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Gerechtshof te Amsterdam
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandantes: Dirk Frederik Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito
   
      Demandada: Jahani BV
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Gerechtshof te Amsterdam — Interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29) — Contrato de arrendamiento entre un arrendador profesional y un arrendatario que actúa a título privado — Calificación del arrendador como vendedor de bienes o prestador de servicios — Normas de orden público.
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que, a reserva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas previstas por el Derecho nacional, lo que corresponde comprobar al juez nacional, se aplica a un contrato de arrendamiento de vivienda concluido entre un arrendador que actúa en el marco de su actividad profesional y un arrendatario que actúa para fines ajenos a su actividad profesional.
            
         
               2)
            
            
               La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que:
               
                           —
                        
                        
                           cuando el juez nacional que conoce de una demanda formulada por un profesional contra un consumidor acerca de la ejecución de un contrato esté facultado, según las normas procesales internas, para examinar de oficio la disconformidad entre la cláusula en la que se fundamenta la demanda y las normas nacionales de orden público, deberá apreciar de oficio de igual manera, una vez haya determinado que dicha cláusula entra en el ámbito de aplicación de esa Directiva, el carácter abusivo en su caso de esa cláusula a la luz de los criterios enunciados en la Directiva;
                        
                     
                           —
                        
                        
                           cuando el juez nacional esté facultado, según las normas procesales internas, para anular de oficio una cláusula contraria al orden público o a una norma legal imperativa cuyo alcance justifique esa sanción, deberá en principio, tras haber ofrecido a las partes la posibilidad de un debate contradictorio, anular de oficio una cláusula contractual cuyo carácter abusivo haya apreciado a la luz de los criterios enunciados por la Directiva.
                        
                     
         
               3)
            
            
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya determinado el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena contractual impuesta por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el Derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de dicha cláusula al consumidor.
            
         
      (1)  DO C 13 de 14.1.2012.