CELEX: 62015CC0217
Language: es
Date: 2017-01-12 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 12 de enero de 2017.#Procedimento penal contra Massimo Orsi y Luciano Baldetti.#Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.#Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Artículos 2 y 273 — Legislación nacional que establece una sanción administrativa y una sanción penal por los mismos hechos, relativos a la falta de pago del impuesto sobre el valor añadido — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 — Principio non bis in idem — Identidad de la persona encausada o sancionada — Inexistencia.#Asuntos acumulados C-217/15 y C-350/15.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
      presentadas el 12 de enero de 2017 (
            1
         )
      
         
         Asuntos C‑217/15 y C‑350/15
      
      
         Massimo Orsi
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunal de Santa María Capua Vetere, Italia)]
      
      «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Legislación nacional que prevé una sanción administrativa y una sanción penal por los mismos hechos, relativos a la falta de pago del IVA — Violación del principio ne bis in idem»
      
         
         Luciano Baldetti
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunal de Santa María Capua Vetere, Italia)]
      
      «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Legislación nacional que prevé una sanción administrativa y una sanción penal por los mismos hechos, relativos a la falta de pago del IVA — Violación del principio ne bis in idem»
      
               1. 
            
            
               ¿En qué condiciones se aplica el principio ne bis in idem cuando las legislaciones de algunos Estados permiten acumular las sanciones administrativas y las penales para castigar los impagos del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») de elevada cuantía? Este es, en síntesis, el problema al que, una vez más, se enfrenta el Tribunal de Justicia.
            
         
               2. 
            
            
               Este Tribunal marcó con su sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (en lo sucesivo, «sentencia Åkerberg Fransson»), (
                     2
                  ) la línea que habían de seguir los órganos jurisdiccionales nacionales sobre el derecho de una persona a no ser juzgada dos veces por un mismo incumplimiento de la obligación de pagar el IVA. Lo hizo incorporando soluciones desarrolladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), pero la respuesta dada en aquella sentencia ha generado dificultades y controversias entre los jueces de algunos Estados miembros, como Italia.
            
         
               3. 
            
            
               El Tribunal de Justicia deberá completar y perfilar su jurisprudencia sobre esta materia, máxime tras la reciente sentencia del TEDH de 15 de noviembre de 2016. (
                     3
                  ) No obstante, esta no es la ocasión más adecuada para hacerlo, ya que, en realidad, la respuesta a ambos reenvíos prejudiciales depende del elemento del principio ne bis in idem menos problemático, que es la identidad personal de los sancionados.
            
         I. Marco jurídico
      
      A. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (en lo sucesivo,
         «CEDH
         »)
      
      
               4.
            
            
               El Protocolo n.o 7 anexo al CEDH, firmado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984 (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 7»), regula en su artículo 4 el «derecho a no ser juzgado o condenado dos veces», en estos términos:
               «1.   Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los tribunales del mismo Estado, por la infracción por la que ya hubiera sido absuelto o condenado en virtud de sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado.
               2.   Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la reapertura del proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, cuando hechos nuevos o ulteriormente conocidos o un vicio esencial en el procedimiento anterior pudieran afectar a la sentencia dictada.
               3.   No se autorizará derogación alguna del presente artículo en virtud del artículo 15 del Convenio.»
            
         B. Derecho de la Unión Europea
      
      
               5.
            
            
               Según el artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»):
               «Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.»
            
         
               6.
            
            
               El artículo 51 de la Carta establece su ámbito de aplicación:
               «1.   Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Por consiguiente, estos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.
               2.   La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.»
            
         C. Derecho italiano
      
      
               7.
            
            
               El artículo 13, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 471, de 18 de diciembre de 1997, sobre la reforma de las sanciones tributarias no penales en relación con los impuestos directos, el impuesto sobre el valor añadido y la recaudación tributaria, de conformidad con el artículo 3, apartado 133, letra q), de la Ley n.o 662, de 23 de diciembre de 1996, afirma lo siguiente: (
                     4
                  )
               «El que eluda, total o parcialmente, en los plazos reglamentarios, los pagos a cuenta, periódicos, de cantidades pendientes o a saldo del impuesto resultantes de la declaración, previa deducción, en este caso, de los importes de los pagos periódicos o a cuenta, aunque no hayan sido efectuados, estará sujeto a una sanción administrativa por un importe igual al 30 % de cada suma no abonada, también en el caso de que, tras la corrección de los errores materiales o de cálculo detectados durante la comprobación de la declaración anual, resulte que la cuantía adeudada es mayor o que la deducción aplicable es inferior. Para los ingresos efectuados con un retraso no superior a quince días, la sanción prevista en la primera frase, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del Decreto Legislativo n.o 472, de 18 de diciembre de 1997, se reducirá en un importe igual a una decimoquinta parte por cada día de retraso. La misma sanción se aplicará en los casos de liquidación del impuesto con recargo en virtud de lo señalado en los artículos 36 bis y 36 ter del Decreto n.o 600 del Presidente de la República, de 29 de septiembre de 1973, y en el artículo 54 bis del Decreto n.o 633 del Presidente de la República, de 26 de octubre de 1972.» (
                     5
                  )
            
         
               8.
            
            
               El Decreto Legislativo n.o 74/2000, de 10 de marzo de 2000, sobre los delitos en materia de impuestos directos y de IVA (
                     6
                  ) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo 74/2000»), regula en su artículo 10 ter la «Elusión del pago del IVA», con el siguiente tenor:
               «La disposición del artículo 10 bis se aplicará en los límites previstos también a quien no ingrese la deuda tributaria en concepto de impuesto sobre el valor añadido, resultante de la declaración anual, en el plazo reglamentario establecido para el pago a cuenta correspondiente al período impositivo sucesivo».
            
         
               9.
            
            
               De acuerdo con el artículo 10 bis del Decreto Legislativo:
            
         «Será sancionado con una pena privativa de libertad de seis meses a dos años el obligado tributario que no ingrese en el plazo previsto para la presentación de la declaración anual en concepto de sustituto del contribuyente las retenciones resultantes de la certificación expedida a los sustitutos, por un importe superior a 50000 euros en cada período impositivo.»
      
               10.
            
            
               Los artículos 19 a 21 del Decreto Legislativo 74/2000, comprendidos en el título «Relaciones con el sistema sancionador administrativo y entre procedimientos», determinan, en síntesis: a) que se aplique la norma especial cuando un mismo hecho sea sancionado por una disposición del título II y por una disposición que contemple una sanción administrativa; b) que el proceso penal y el procedimiento administrativo se tramiten por separado, es decir, que ninguno de los dos deba suspenderse a la espera de la resolución del otro; c) que la autoridad competente establecerá las sanciones administrativas relativas a los incumplimientos tributarios objeto de la infracción penal; y d) que, no obstante, tales sanciones no son ejecutables, a menos que el proceso penal se concluya mediante el archivo o con una sentencia irrevocable de absolución o de exculpación que excluya la relevancia penal de la acción, y en este último caso el plazo para el cobro comenzará a contar en la fecha de comunicación de la decisión absolutoria.
            
         
               11.
            
            
               Con posterioridad a las fechas de comisión de los actos que han ocasionado los presentes reenvíos, la legislación italiana ha sido modificada por el Decreto Legislativo n.o 158, de 24 de septiembre de 2015 (
                     7
                  ) (Decreto Legislativo no 158, de 24 de septiembre de 2015, relativo a la revisión del régimen sancionador en aplicación del artículo 8, apartado 1, de la Ley no 23 de 11 de marzo de 2014) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo 158/2015»), que ha afectado a los artículos l0 bis y l0 ter del Decreto Legislativo 74/2000 e introducido otra causa más de exclusión de la punibilidad mediante el nuevo artículo 13 de dicho Decreto.
            
         
               12.
            
            
               Conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo 158/2015, el artículo 10 bis del Decreto Legislativo 74/2000 tiene ahora esta formulación:
               «Será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años quien no pague, dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración anual, las retenciones a cuenta debidas sobre la base de tal declaración o las retenciones de impuestos resultantes de la certificación expedida por quienes practican las retenciones, por un importe superior a ciento cincuenta mil euros por cada período fiscal.»
            
         
               13.
            
            
               Con arreglo al artículo 8 del Decreto Legislativo 158/2015, el artículo 10 ter del Decreto Legislativo 74/2000 ha cambiado su contenido, con efectos a partir del 22 de octubre de 2015:
               «Se castigará con pena privativa de seis meses a dos años a quien no pague, dentro del plazo previsto para el pago a cuenta relativo al período fiscal sucesivo, el impuesto sobre el valor añadido adeudado en virtud de la declaración anual, por un importe superior a doscientos cincuenta mil euros por cada período fiscal.»
            
         
               14.
            
            
               Según el artículo 7 del Decreto-ley n.o 269, de 30 de septiembre de 2003, (
                     8
                  ) sobre aplicabilidad de las sanciones administrativas de carácter fiscal exclusivamente a las personas jurídicas:
               «1.   Las sanciones administrativas relativas a las obligaciones fiscales específicas de una sociedad o una entidad dotada con personalidad jurídica corresponden exclusivamente a estas personas jurídicas.
               2.   Las disposiciones del apartado 1 se aplican a las infracciones aún no recurridas o respecto a las cuales la sanción no ha sido decidida en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.
               En los supuestos previstos por el presente artículo se aplican las disposiciones del Decreto Legislativo de 18 de diciembre de 1997, n.o 472, siempre que sean compatibles.»
            
         II. Litigios nacionales y cuestiones prejudiciales
      
      
               15.
            
            
               El Tribunal de Justicia ha de responder a dos peticiones de decisión prejudicial similares planteadas por el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunal de Santa María Capua Vetere, Italia).
            
         
               16.
            
            
               El asunto C‑217/15 tiene su origen en un procedimiento penal incoado contra el Sr. Massimo Orsi, en calidad de representante legal de la sociedad Servizi Ambiente e Commercio s.r.l., a causa del impago, dentro del plazo fijado, de 1014288,00 euros en concepto del IVA perteneciente al período impositivo de 2011.
            
         
               17.
            
            
               El procedimiento penal se inició por denuncia de la Agenzia dell’Entrate (Agencia Tributaria, Italia) ante la Procura della Repubblica (Fiscalía, Italia), en la que se aducía que la empresa de la que el Sr. Orsi era representante legal no había satisfecho el IVA, lo que suponía un delito tipificado en el artículo 10 ter, en relación con el artículo 10 bis, del Decreto Legislativo 74/2000. En el transcurso de ese procedimiento penal, el Sr. Orsi recurrió contra la resolución que decidía el embargo preventivo de sus bienes.
            
         
               18.
            
            
               Antes de la incoación del procedimiento penal, la infracción fiscal había sido investigada por la Administración tributaria italiana que, además de liquidar la deuda del Sr. Orsi, le impuso una multa equivalente al 30 % de su importe. Finalizadas las actuaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo, a resultas del que la Agencia Tributaria renunció a la sanción prevista y aceptó que el Sr. Orsi pagase solo las cuotas del IVA, con lo que concluyó definitivamente el procedimiento, al no haber sido impugnado.
            
         
               19.
            
            
               En estas condiciones, el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunal de Santa María Capua Vetere) ha decidido plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
               «¿Es conforme al derecho de la Unión, con arreglo al artículo 4 [del Protocolo n.o 7 del CEDH] y al artículo 50 [de la Carta], la disposición del artículo 10 ter del Decreto Legislativo 74/2000, en la medida en que permite determinar la responsabilidad penal de un sujeto que, por el mismo hecho (elusión del pago del IVA), ya ha sido objeto de una resolución definitiva de la Administración tributaria estatal, mediante la que se le ha impuesto una sanción administrativa del 30 % de la cuantía de la deuda tributaria no ingresada?»
            
         
               20.
            
            
               El asunto C‑350/15 trae causa de hechos muy similares. El Sr. Luciano Baldetti, en su calidad de representante legal de la sociedad Evoluzione Maglia s.r.l., había declarado que adeudaba al Estado la cantidad de 1071836 euros en concepto del IVA correspondiente a los ejercicios de 2010 y 2011, que no había pagado dentro del plazo establecido. La Agencia Tributaria incoó un procedimiento de inspección contra él, como representante de la referida empresa, en cuyo marco procedió a liquidar la deuda tributaria e impuso las correspondientes multas. Culminadas las actuaciones inspectoras, la Agencia pactó con el contribuyente que debía pagar las cuotas del impuesto adeudadas y el 50 % de las sanciones, renunciando aquella al 50 % restante, con lo que se cerró definitivamente el procedimiento, que tampoco fue impugnado.
            
         
               21.
            
            
               La Administración tributaria italiana denunció, sin embargo, ante la Fiscalía el impago del IVA por el Sr. Baldetti, en su calidad de representante legal de la empresa, conducta que consideraba constitutiva del delito tipificado en el artículo 10 ter del Decreto Legislativo 74/2000. En ese procedimiento penal, el Sr. Baldetti recurrió contra la resolución que ordenaba el embargo preventivo de sus bienes.
            
         
               22.
            
            
               En esta tesitura, el Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Tribunal de Santa María Capua Vetere) ha creído necesario elevar al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, idéntica a la remitida en el asunto C‑217/15:
               «¿Es conforme al derecho de la Unión, con arreglo al artículo 4 [del Protocolo n.o 7 del CEDH] y al artículo 50 [de la Carta], la disposición del artículo 10 ter del Decreto Legislativo 74/2000, en la medida en que permite determinar la responsabilidad penal de un sujeto que, por el mismo hecho (elusión del pago del IVA), ya ha sido objeto de una resolución definitiva de la Administración Tributaria Estatal, mediante la que se le ha impuesto una sanción administrativa del 30 % de la cuantía de la deuda tributaria no ingresada?»
            
         
               23.
            
            
               Dada su similitud, el Tribunal de Justicia acumuló estos dos asuntos con el asunto C-524/15, Menci, también relativo a la doble aplicación, en Italia, de sanciones fiscales y penales por impago de IVA. Terminada la fase escrita, se celebró una vista conjunta para los tres procedimientos, el 8 de septiembre de 2016, en la que no intervinieron los señores Orsi y Baldetti, y solo la defensa del Sr. Menci, el Gobierno italiano y la Comisión Europea expusieron sus argumentos.
            
         
               24.
            
            
               Aunque la lectura de las conclusiones, conjuntas para los tres asuntos hasta entonces acumulados, se anunció para el 17 de noviembre de 2016, el pronunciamiento de la sentencia del TEDH en el asunto A y B c. Noruega (
                     9
                  ) aconsejó posponerla. Esa misma razón ha determinado que el presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia decidiera, el 30 de noviembre de 2016, separar el asunto Menci de los asuntos Orsi y Baldetti, haciendo uso de los artículos 54, apartados 2 y 3, en relación con el artículo 11, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
            
         III. Análisis de las cuestiones prejudiciales
      
      
               25.
            
            
               En los dos reenvíos prejudiciales se solicita, en síntesis, al Tribunal de Justicia que dilucide si el artículo 50 de la Carta, leído de consuno con el artículo 4 del Protocolo n.o 7, es compatible con una legislación nacional, como la italiana, que permite acumular sanciones fiscales y penales para castigar los mismos actos, consistentes en la omisión del pago del IVA.
            
         
               26.
            
            
               El principio ne bis in idem aparece en el derecho de la Unión con diversas variantes (
                     10
                  ) cuyo tratamiento no ha sido aún homogeneizado por el Tribunal de Justicia, pese a las llamadas en ese sentido de algunos abogados generales. (
                     11
                  )
            
         
               27.
            
            
               La jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la aplicación del principio ne bis in idem a la acumulación de sanciones fiscales y penales como respuesta del Estado al impago de impuestos (en concreto, del IVA) se fijó en la sentencia Åkerberg Fransson.
            
         
               28.
            
            
               En la sentencia Åkerberg Fransson, (
                     12
                  ) después de aceptar su competencia para responder al reenvío prejudicial, (
                     13
                  ) el Tribunal de Justicia aseguró que el principio ne bis in idem«no se opone a que un Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obligaciones declarativas en el ámbito del IVA, sucesivamente un recargo fiscal y una sanción penal si la primera sanción no tiene carácter penal, cuestión que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional nacional». (
                     14
                  ) La libertad de elección de sanciones por parte de los Estados miembros se justifica por la necesidad de garantizar la percepción de todos los ingresos procedentes del IVA y, de este modo, proteger los intereses financieros de la Unión. (
                     15
                  )
            
         
               29.
            
            
               Pero el Tribunal de Justicia estableció un límite a la acumulación de sanciones fiscales y penales: «cuando la sanción fiscal tenga carácter penal, en el sentido del artículo 50 de la Carta, y ya no pueda ser objeto de recurso, podrá considerarse que el artículo 50 de la Carta se opone a una acción penal por los mismos hechos contra la misma persona». Cabe, pues, simultanear las sanciones fiscales y las penales, pero no imponer una sanción nominalmente administrativa que, en realidad, sea de índole represiva, junto con otra penal. (
                     16
                  )
            
         
               30.
            
            
               Para determinar, a su vez, cuándo una sanción fiscal es de carácter penal, el Tribunal de Justicia utilizó los «criterios Engel» que previamente había asumido en la sentencia Bonda. (
                     17
                  ) En efecto, el TEDH ha desarrollado criterios específicos y autónomos, desde su sentencia Engel y otros c. Países Bajos, (
                     18
                  ) para clarificar el concepto de «acusación en materia penal» del artículo 6 del CEDH y el concepto de «pena» del artículo 7 del CEDH, ante medidas de derecho administrativo sancionador de carácter represivo. En concreto, para interpretar el artículo 4 del Protocolo n.o 7, ha recurrido a esos criterios, a saber, (
                     19
                  ) la calificación jurídica de la infracción en el derecho nacional, la naturaleza de la infracción y la naturaleza e intensidad o gravedad de la sanción aplicada al infractor.
            
         
               31.
            
            
               El Tribunal de Justicia en su sentencia Åkerberg Fransson no aplicó él mismo los «criterios Engel» a una legislación como la sueca, sino que encomendó esta tarea al tribunal nacional remitente, con el caveat de que solo podría concluir que la acumulación de sanciones fiscales y penales era contraria al artículo 50 de la Carta si las restantes sanciones eran efectivas, proporcionadas y disuasorias. (
                     20
                  )
            
         
               32.
            
            
               Sobre la base de estas premisas, se ha de analizar si en los litigios principales concurren los tres elementos necesarios para la aplicación del principio ne bis in idem, que son: a) la identidad de la persona sancionada; b) la duplicidad de procedimientos sancionadores; y c) la identidad de los hechos enjuiciados.
            
         
               33.
            
            
               En lo que respecta a la identidad de la persona sancionada, no hay pronunciamientos específicos del Tribunal de Justicia y la jurisprudencia del TEDH es escasa, porque se trata del elemento menos problemático del ne bis in idem. En algunas sentencias, el TEDH y el Tribunal de Justicia prácticamente subsumen el elemento de la identidad de la persona sancionada en el de la identidad de los hechos enjuiciados (idem). (
                     21
                  )
            
         
               34.
            
            
               El TEDH en su sentencia Pirttimäki c. Finlandia (
                     22
                  ) analizó un supuesto en el que la Administración finlandesa impuso sanciones fiscales a varias sociedades de responsabilidad limitada, de titularidad británica, pero realmente controladas por el Sr. Pirttimäki y otros ciudadanos finlandeses; más tarde se iniciaron procedimientos penales contra el Sr. Pirttimäki y los otros por fraude fiscal, al no haber declarado los dividendos obtenidos de estas sociedades. El TEDH consideró que no era aplicable el principio ne bis in idem del artículo 4 del Protocolo n.o 7, porque en el procedimiento administrativo las sanciones fiscales se impusieron a las empresas, mientras que el procedimiento penal se dirigió contra personas físicas (el Sr. Pirttimäki y los otros) que tenían una personalidad jurídica distinta de aquellas, aunque hubieran participado en la adopción de sus acuerdos. (
                     23
                  )
            
         
               35.
            
            
               Creo que este enfoque es el más adecuado para interpretar también el artículo 50 de la Carta.
            
         
               36.
            
            
               Según las informaciones contenidas en los respectivos autos, en estos litigios la sanción fiscal ha recaído en dos personas jurídicas con forma de sociedad (Servizi Ambiente e Commercio s.r.l., en el primer caso, y Evoluzione Maglia s.r.l., en el segundo), mientras que el procedimiento penal se ha dirigido contra sus respectivos representantes legales. Coincido con el Gobierno italiano en que esta circunstancia impide hablar de un doble castigo (o de un doble procedimiento) infligido a la misma persona, ya que no se puede parangonar la sanción fiscal impuesta a una sociedad de responsabilidad limitada con la incoación de un procedimiento penal contra su representante legal, aun cuando se trate, en ambos casos, del mismo impago del IVA.
            
         
               37.
            
            
               En estos dos casos, repito, falta la condición de la identidad personal entre los procesados o sancionados por vía administrativa y por vía penal, inexcusable para aplicar el derecho garantizado por el artículo 50 de la Carta. La ausencia de esta condición hace innecesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la eventual concurrencia del resto de elementos imprescindibles para la aplicación del ne bis in idem.
            
         
               38.
            
            
               Por consiguiente, sugiero contestar a las cuestiones formuladas en los reenvíos prejudiciales C‑217/15 y C‑350/15 que el derecho protegido por el artículo 50 de la Carta no entra en juego cuando, aun siendo el mismo impago del IVA, las sanciones fiscales han recaído en una sociedad mercantil y el procedimiento penal se ha incoado contra su representante legal.
            
         IV. Conclusión
      
      
               39.
            
            
               A tenor de los razonamientos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales suscitadas en estos términos:
               «El artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no es aplicable cuando, en caso de dualidad de procedimientos y sanciones de carácter administrativo y de carácter penal por unos mismos hechos, las sanciones tributarias se imponen a una persona jurídica, como una sociedad mercantil, y el procedimiento penal se dirige contra una persona física, aun cuando sea representante legal de aquella.»
            
         (
            1
         )	Lengua original: español.
      (
            2
         )	Asunto C‑617/10, EU:C:2013:105.
      (
            3
         )	Asunto A y B c. Noruega, (CE:ECHR:2016:1115JUD002413011).
      (
            4
         )	Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (GURI n.o 5, de 8 de enero de 1998 - Suplemento Ordinario n.o 4).
      (
            5
         )	Decreto Legislativo 18 dicembre de 1997, n. 472, Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Decreto Legislativo no 662, de 18 de diciembre de 1996, relativo a las disposiciones generales en materia de sanciones administrativas por violación de normas tributarias en aplicación del artículo 3, apartado 133, de la Ley no 662, de 23 de diciembre de 1962) (GURI n.o 5, de 8 de enero de 1998 - Suplemento Ordinario n.o 4), que prevé en su artículo 13 la posibilidad de reducciones de las sanciones por impago de impuestos.
      (
            6
         )	Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n.o 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (GURI n.o 76, de 31 de marzo de 2000).
      (
            7
         )	Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (GURI n.o 233, de 7 de octubre de 2015 - Suplemento Ordinario n.o 55).
      (
            8
         )	Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (GURI n.o 229, de 2 de octubre de 2003 - Suplemento Ordinario n.o 157).
      (
            9
         )	TEDH, sentencia de 15 de noviembre de 2016, A y B c. Noruega, CE:ECHR:2016:1115JUD002413011.
      (
            10
         )	Me remito a la obra de Van Bockel, B., The ne bis in idem principle in EU Law, Kluwer, 2010. Véanse también Oliver, P. y Bombois, T., «Ne bis in idem en droit européen : un principe à plusieurs variantes», Journal de droit européen, 2012, pp. 266 a 272; y Tomkin, J., «Article 50, Right not to be tried or punished twice in criminal proceedings for the same criminal offence», en Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. y Ward, A., The EU Charter of Fundamental Rights: a commentary, Hart Publishing, Oxford, 2014, pp. 1373 a 1412.
      (
            11
         )	Véanse las conclusiones de la abogada General Kokott presentadas en el asunto Bonda (C‑489/10, EU:C:2011:845), punto 33 y las demás conclusiones allí citadas.
      (
            12
         )	El problema allí debatido era casi idéntico a este: el Sr. Åkerberg Fransson había sido sancionado en vía administrativa por no haber pagado unas elevadas cantidades de IVA y, terminado aquel procedimiento, se inició contra él otro, esta vez penal, por los mismos hechos.
      (
            13
         )	El Tribunal de Justicia se declaró competente porque resultaban aplicables los artículos 2, 250, apartado 1, y 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1) y el artículo 325 TFUE, tratándose de un supuesto de aplicación del derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. Desde entonces, la aplicación de la Carta a estos asuntos no ofrece dudas. Por el contrario, las sanciones fiscales y penales dictadas en Italia por impagos del impuesto sobre la renta no suponen aplicación del derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, razón por la que el Tribunal de Justicia se declaró manifiestamente incompetente para resolver una cuestión prejudicial en el auto de 15 de abril de 2015, Burzio (C 497/14, EU:C:2015:251).
      (
            14
         )	Sentencia Åkerberg Fransson, apartado 37.
      (
            15
         )	Ibidem, apartado 34.
      (
            16
         )	El Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1995, L 312, p. 1), contiene en su artículo 6 disposiciones orientadas a garantizar el respeto del ne bis in idem que pretenden evitar la acumulación de las sanciones administrativas de la Unión con sanciones penales de los Estados miembros.
      (
            17
         )	Sentencia de 5 de junio de 2012 (C‑489/10, EU:C:2012:319), apartado 37, que versaba sobre la concurrencia de un procedimiento penal, en Polonia, con sanciones administrativas de la Unión Europea aplicadas a perceptores de ayudas agrícolas. Véase también la sentencia Åkerberg Fransson, apartado 35.
      (
            18
         )	TEDH, sentencia de 8 de junio de 1976, CE:ECHR:1976:1123JUD000510071, § 82.
      (
            19
         )	TEDH, sentencia de 10 de febrero de 2015, Kiiveri c. Finlandia (CE:ECHR:2015:0210JUD005375312), § 30 y la jurisprudencia citada.
      (
            20
         )	Sentencia Åkerberg Fransson, apartado 36. A raíz de esta sentencia, el Tribunal Supremo sueco cambió su jurisprudencia y, en sendas resoluciones de junio y julio de 2013, consideró que la legislación sueca que permitía la acumulación de sanciones fiscales y penales por impago de IVA violaba el principio ne bis in idem.
      (
            21
         )	Por ejemplo, el TEDH en su sentencia de 10 de febrero de 2009, Zolotukhin c. Rusia (CE:ECHR:2009:0210JUD001493903), § 84, describe la identidad de los hechos como el «conjunto de circunstancias de hecho concretas relativas al mismo infractor e indisolublemente ligadas entre sí en el tiempo y en el espacio»; el subrayado es mío.
      (
            22
         )	TEDH, sentencia de 20 de mayo de 2014, CE:ECHR:2014:0520JUD00352321, §§ 5 y 52.
      (
            23
         )	Véanse también las decisiones de 2 de octubre de 2003, Isaksen c. Noruega (CE:ECHR:2003:1002DEC001359602); y de 14 de septiembre de 1999, Ponsetti y Chesnel c. Francia (CE:ECHR:1999:0914DEC003685597).