CELEX: 62019CC0615
Language: es
Date: 2020-09-22 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 22 de septiembre de 2020.#John Dalli contra Comisión Europea.#Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual de la Unión Europea — Actuaciones presumiblemente ilegales de la Comisión Europea y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Cese en sus funciones de un miembro de la Comisión — Normas de procedimiento que regulan las investigaciones de la OLAF — Apertura de una investigación — Derecho a ser oído — Comité de Vigilancia de la OLAF — Presunción de inocencia — Apreciación del daño alegado.#Asunto C-615/19 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. MACIEJ SZPUNAR
   presentadas el 22 de septiembre de 2020 (
         1
      )
   
      Asunto C‑615/19 P
   
   John Dalli
   contra
   Comisión Europea
   «Recurso de casación — Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual — Reparación del daño supuestamente sufrido por la parte recurrente debido a los comportamientos supuestamente ilegales de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), vinculados al cese del recurrente en sus funciones como miembro de la Comisión el 16 de octubre de 2012»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            El Sr. John Dalli solicita que mediante su recurso de casación se anule la sentencia del Tribunal General de 6 de junio de 2019, Dalli/Comisión (T‑399/17, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2019:384), por la que dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso que el propio Sr. Dalli había interpuesto, cuyo objeto era la reparación del daño supuestamente sufrido debido a los comportamientos supuestamente ilegales de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), vinculados al cese en sus funciones como miembro de la Comisión.
         
      
            2.
         
         
            El presente recurso de casación brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de pronunciarse sobre varias cuestiones inéditas relativas a las funciones de investigación de la OLAF y al desarrollo de dichas investigaciones. Por otro lado, el Tribunal de Justicia deberá precisar determinados aspectos de la jurisprudencia relativa al principio de cosa juzgada y a la prueba de la existencia de un perjuicio moral.
         
      
            3.
         
         
            Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de la alegación de la Comisión relativa a la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante el Tribunal General y al análisis del primer motivo de casación, de la primera parte del tercer motivo de casación y de los motivos de casación quinto y séptimo.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Reglamento (CE) n.o 1073/1999
      
   
   
            4.
         
         
            El artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1073/1999, (
                  2
               ) aplicable a los hechos objeto de examen, (
                  3
               ) dispone lo siguiente:
            «En el seno de las instituciones, órganos y organismos creados por los Tratados, o sobre la base de los mismos (denominados en lo sucesivo “las instituciones, órganos y organismos”), la Oficina efectuará las investigaciones administrativas dirigidas a:
            
                     –
                  
                  
                     luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad Europea;
                  
               
                     –
                  
                  
                     investigar, a tal fin, los hechos graves, ligados al desempeño de actividades profesionales potencialmente constitutivos de un incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y agentes de las Comunidades, que puedan dar lugar a diligencias disciplinarias y, en su caso, penales, o un incumplimiento de las obligaciones análogas de los miembros de las instituciones y órganos, de los directivos de los organismos o de los miembros del personal de las instituciones, órganos y organismos no sometidos al Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y al Régimen aplicable a otros agentes de las mismas (en lo sucesivo denominado “el Estatuto”).»
                  
               
      
            5.
         
         
            Los artículos 3 y 4 de este mismo Reglamento enuncian las normas aplicables, respectivamente, a las investigaciones externas e internas de la OLAF.
         
      
            6.
         
         
            El artículo 5 del Reglamento establece lo siguiente:
            «Las investigaciones externas se iniciarán por decisión del Director de la Oficina, adoptada por propia iniciativa o previa petición de un Estado miembro interesado.
            Las investigaciones internas se iniciarán por decisión del Director de la Oficina, adoptada por propia iniciativa o previa petición de la institución, órgano u organismo en cuyo seno deba efectuarse la investigación.»
         
      
            7.
         
         
            El artículo 6, apartado 1, del referido Reglamento precisa que el director de la Oficina dirige la realización de las investigaciones.
         
      
            8.
         
         
            El artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999 está redactado en los siguientes términos:
            «El Director velará por que los agentes de la Oficina y las demás personas que actúen bajo su autoridad respeten las disposiciones comunitarias y nacionales relativas a la protección de datos personales, y especialmente las previstas en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.» [ (
                  4
               )]
            
         
      
            9.
         
         
            A tenor del artículo 11, apartados 1 y 7, de este mismo Reglamento:
            «1.   El Comité de vigilancia reforzará la independencia de la Oficina mediante el ejercicio del control regular de la ejecución de la función de investigación.
            A petición del Director o por propia iniciativa, el Comité remitirá dictámenes al Director sobre las actividades de la Oficina, sin interferir, empero, en el desarrollo de las investigaciones en curso.
            […]
            7.   El Director transmitirá al Comité de vigilancia, cada año, el programa de actividades de la Oficina […] El Director mantendrá al Comité regularmente informado de las actividades de la Oficina, de sus investigaciones, de sus resultados y de las medidas adoptadas en consecuencia. Cuando una investigación dure más de nueve meses, el Director informará al Comité de vigilancia de las razones que no permiten concluir aún la investigación, así como del plazo previsible necesario para su conclusión. El Director informará al Comité de los casos en los que la institución, el órgano o el organismo interesados no hayan dado curso a las recomendaciones que aquel hubiere formulado. El Director informará al Comité de los casos en los que se precise transmitir información a las autoridades judiciales de un Estado miembro.»
         
      
            10.
         
         
            El artículo 14 del citado Reglamento dispone lo siguiente:
            «En espera de que se modifique el Estatuto, todo funcionario u otro agente de las Comunidades podrá presentar al Director de la Oficina una reclamación dirigida contra un acto que le sea lesivo, realizado por la Oficina en el marco de una investigación interna […]
            Las disposiciones precedentes se aplicarán por analogía al personal de las instituciones, órganos y organismos no sujetos al Estatuto».
         
      
      
         B.
       
         Reglamento interno del Comité de Vigilancia de la OLAF
      
   
   
            11.
         
         
            Con arreglo al artículo 13, apartado 5, del Reglamento interno del Comité de Vigilancia de la OLAF (
                  5
               ) (en lo sucesivo, «Reglamento interno»):
            «Los casos en que sea necesaria la transmisión de información a las autoridades judiciales de un Estado miembro serán examinados sobre la base de las informaciones proporcionadas por el director general de la OLAF y según lo dispuesto en el [Reglamento n.o 1073/1999]. El seguimiento se efectuará igualmente sobre estas bases.
            En particular, antes de que la información se envíe, el Comité de Vigilancia solicitará acceso a las investigaciones en cuestión para determinar si se están respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales. Una vez que la Secretaría haya obtenido el acceso a los documentos en un período de tiempo que garantice el cumplimiento de esta tarea, los ponentes designados para analizar los asuntos prepararán su presentación durante la sesión plenaria del Comité. Podrá invitarse a esta sesión al personal responsable de la OLAF para obtener información pormenorizada.
            El Comité designará ponentes para analizar estas investigaciones y, si procede, emitir un dictamen.»
         
      
      III. Antecedentes del litigio
   
   
            12.
         
         
            Los antecedentes del litigio, expuestos en los apartados 1 a 16 de la sentencia recurrida, pueden resumirse como sigue.
         
      
            13.
         
         
            Mediante la Decisión 2010/80/UE, (
                  6
               ) el Sr. Dalli fue nombrado miembro de la Comisión para el período comprendido entre el 10 de febrero de 2010 y el 31 de octubre de 2014. El presidente de la Comisión le atribuyó la cartera de Salud y Política de Consumidores.
         
      
            14.
         
         
            El 25 de mayo de 2012, a raíz de la recepción por la Comisión, el 21 de mayo de 2012, de una denuncia de la sociedad Swedish Match que contenía graves alegaciones sobre el comportamiento del Sr. Dalli, la OLAF inició una investigación en relación con la denuncia.
         
      
            15.
         
         
            Los días 16 de julio y 15 de octubre de 2012, la OLAF tomó declaración al Sr. Dalli.
         
      
            16.
         
         
            El 15 de octubre de 2012 se remitió el informe de la OLAF al secretario general de la Comisión, a la atención del presidente de la citada institución. Dicho informe iba acompañado de una carta firmada por el director de la OLAF en la que se resumían las principales conclusiones de la investigación y en la que se indicaba al presidente de la Comisión que estas se ponían en su conocimiento para que adoptase las medidas que correspondieran en virtud del Código de Conducta de los Comisarios [C(2011) 2904].
         
      
            17.
         
         
            El 16 de octubre de 2012, el Sr. Dalli se reunió con el presidente de la Comisión. Más tarde ese mismo día, el propio presidente de la Comisión comunicó al primer ministro de la República de Malta y a los presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea que el Sr. Dalli había presentado su dimisión. La Comisión también publicó un comunicado de prensa en el que anunciaba dicha dimisión.
         
      
            18.
         
         
            Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 24 de diciembre de 2012, el Sr. Dalli interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la «decisión verbal de 16 de octubre de 2012 de cese de [sus] funciones […] con efecto inmediato, adoptada por el presidente de la Comisión» y la indemnización por un importe simbólico de 1 euro por el perjuicio moral y, con carácter provisional, de 1913396 euros por el perjuicio material.
         
      
            19.
         
         
            Dicho recurso fue desestimado mediante la sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2015, Dalli/Comisión (T‑562/12, en lo sucesivo, «sentencia Dalli/Comisión, EU:T:2015:270).
         
      
            20.
         
         
            En lo que atañe, por una parte, a la pretensión de anulación, el Tribunal General declaró que el demandante había presentado su dimisión de forma voluntaria, sin que el presidente de la Comisión se lo hubiese pedido de conformidad con el artículo 17 TUE, apartado 6. Al no haber quedado acreditada la existencia de esta petición, que constituía el acto impugnado por el demandante, el Tribunal General consideró que la pretensión de anulación debía declararse inadmisible. El Tribunal General también declaró que, en cualquier caso, aun suponiendo que el demandante pudiera cuestionar, en el marco del procedimiento, la legalidad de su dimisión por adolecer esta de un vicio del consentimiento, no había quedado acreditada la existencia de ese vicio.
         
      
            21.
         
         
            En lo que atañe, por otra parte, a la pretensión de indemnización, el Tribunal General estimó que, puesto que había señalado que no había quedado acreditada la existencia de los actos de la Comisión que se impugnaron en el marco de la pretensión de anulación, no podía estimarse que se hubiera cometido ninguna ilegalidad a este respecto y, aún menos, una infracción grave de una norma jurídica. En cuanto al vicio del consentimiento alegado con carácter subsidiario en el marco de la pretensión de anulación, el Tribunal General señaló que no había quedado demostrada su existencia. Llegó a la conclusión de que las alegaciones relativas a un comportamiento irregular de la Comisión o de su presidente no habían quedado probadas. Por consiguiente, desestimó por infundada la pretensión de indemnización.
         
      
            22.
         
         
            El 21 de junio de 2015, el Sr. Dalli interpuso un recurso de casación contra esta sentencia del Tribunal General, que fue desestimado mediante auto de 14 de abril de 2016, Dalli/Comisión. (
                  7
               )
         
      
      IV. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
   
   
            23.
         
         
            Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 28 de junio de 2017, el Sr. Dalli interpuso un recurso por el que solicitó que se condenara a la Comisión a abonarle una indemnización por un importe estimado, con carácter provisional, en 1000000 de euros en concepto de indemnización del perjuicio, en particular el daño moral, que había sufrido a causa de comportamientos supuestamente ilegales de la Comisión y de la OLAF, vinculados al cese en sus funciones como miembro de la Comisión el 16 de octubre de 2012.
         
      
            24.
         
         
            En apoyo de esta demanda, el Sr. Dalli formuló siete imputaciones relativas a la ilegalidad de la conducta de la OLAF basadas, en primer lugar, en el carácter ilícito de la decisión de incoar el procedimiento de investigación; en segundo lugar, en deficiencias en la caracterización de la investigación y en la ilegal extensión de su alcance; en tercer lugar, en la infracción de los principios que rigen la obtención de pruebas y en la desnaturalización y el falseamiento de las pruebas; en cuarto lugar, en la vulneración del derecho de defensa, la infracción del artículo 4 de la Decisión 1999/396/CE (
                  8
               ) y del artículo 18 de las Directrices sobre los procedimientos de investigación dirigidas al personal de la OLAF (en lo sucesivo, «Directrices de la OLAF»); en quinto lugar, en la infracción del artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 y del artículo 13, apartado 5, del Reglamento interno; en sexto lugar, en la vulneración del principio de presunción de inocencia, la infracción del artículo 8 del Reglamento n.o 1073/1999 y del artículo 339 TFUE y la vulneración del derecho a la protección de los datos personales, y, en séptimo lugar, en la infracción del artículo 4 del Reglamento n.o 1073/1999, del artículo 4 de la Decisión 1999/396 y del protocolo de acuerdo provisional relativo a un código de conducta para garantizar el oportuno intercambio de datos entre la OLAF y la Comisión en relación con las investigaciones internas efectuadas por la OLAF en el seno de dicha institución. Asimismo, el Sr. Dalli formuló dos imputaciones relativas a la ilegalidad de la conducta de la Comisión.
         
      
            25.
         
         
            Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 13 de septiembre de 2017, la Comisión planteó una excepción de inadmisibilidad.
         
      
            26.
         
         
            El Tribunal General, mediante la sentencia recurrida, desestimó dicha excepción de inadmisibilidad y desestimó también por infundado el recurso interpuesto por el Sr. Dalli.
         
      
            27.
         
         
            El Tribunal General, en primer término, consideró que los elementos de hecho y de Derecho relativos a los comportamientos de la OLAF y de la Comisión supuestamente irregulares no habían sido examinados en la sentencia Dalli/Comisión y que, por consiguiente, dicha sentencia no tenía fuerza de cosa juzgada a este respecto.
         
      
            28.
         
         
            Seguidamente, desestimó todas las imputaciones formuladas por el Sr. Dalli contra la OLAF y la Comisión.
         
      
            29.
         
         
            Por último, el Tribunal General declaró, a mayor abundamiento, que el Sr. Dalli no había demostrado la existencia de una relación de causalidad suficientemente directa entre los comportamientos reprochados y el daño alegado, ni la existencia de tal daño.
         
      
      V. Pretensiones formuladas por las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
   
   
            30.
         
         
            Mediante su recurso de casación, el Sr. Dalli solicita al Tribunal de Justicia que:
            
                     –
                  
                  
                     Anule la sentencia recurrida.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Ordene la indemnización del perjuicio, en particular del perjuicio moral, que ha sufrido y que cabe estimar provisionalmente en 1000000 de euros.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.
                  
               
      
            31.
         
         
            La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y que condene al Sr. Dalli al pago de las costas ocasionadas en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
         
      
            32.
         
         
            No se ha celebrado vista oral.
         
      
      VI. Análisis
   
   
      
         A.
       
         Sobre la inadmisibilidad del recurso ante el Tribunal General
      
   
   
            33.
         
         
            En su escrito de contestación, la Comisión afirma albergar dudas en cuanto a la exactitud del razonamiento desarrollado por el Tribunal General para desestimar la excepción de inadmisibilidad que propuso, relativa a la fuerza de cosa juzgada de la sentencia Dalli/Comisión.
         
      
            34.
         
         
            Para empezar, es preciso indicar que, si bien la Comisión no se adhirió a la casación para impugnar la admisibilidad del recurso ante el Tribunal General, las causas de inadmisión basadas en la fuerza de cosa juzgada constituyen un motivo de orden público que los órganos jurisdiccionales de la Unión deben examinar de oficio. (
                  9
               ) En estas circunstancias, es preciso comprobar si el Tribunal General declaró acertadamente que procedía admitir el recurso de que conocía basándose en la falta de fuerza de cosa juzgada de la sentencia Dalli/Comisión.
         
      
            35.
         
         
            Tras señalar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada, (
                  10
               ) el Tribunal General señaló que la fuerza de cosa juzgada puede impedir la admisibilidad de un recurso si el que dio lugar a la sentencia controvertida enfrentaba a las mismas partes, se refería al mismo objeto y se basaba en la misma causa. (
                  11
               ) Recordó que el objeto de un recurso se corresponde con las pretensiones del interesado, mientras que la causa del litigio se corresponde con la fundamentación de hecho y de Derecho de tales pretensiones. (
                  12
               ) El Tribunal General consideró que, entre el recurso que dio lugar a la sentencia Dalli/Comisión y el recurso de que conocía, se cumplían los requisitos relativos a la identidad de las partes y del objeto. (
                  13
               )
         
      
            36.
         
         
            No obstante, por lo que respecta al requisito relativo a la identidad de causa en ambos recursos, el Tribunal General recordó que, mediante su primer recurso, el demandante había sostenido que la ilegalidad alegada en el marco de su pretensión de anulación constituía una infracción grave de una norma jurídica que tenía por objeto conferir derechos a los particulares. Sin embargo, el Tribunal General recordó asimismo que en la sentencia Dalli/Comisión se había declarado que no había quedado acreditada la existencia de los actos impugnados en el marco de la pretensión de anulación, de manera que no podía estimarse que se hubiera cometido ninguna ilegalidad que pudiera generar la responsabilidad de la Unión. (
                  14
               ) En estas circunstancias, el Tribunal General señaló que, en la sentencia Dalli/Comisión, no se había pronunciado sobre los comportamientos irregulares de la Comisión y de la OLAF invocados y se había limitado a declarar la inexistencia de la decisión impugnada. (
                  15
               )
         
      
            37.
         
         
            Pues bien, el Tribunal General precisó que la fuerza de cosa juzgada solo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por una resolución judicial. (
                  16
               ) Dado que el Tribunal General no había examinado las alegaciones relativas a los comportamientos irregulares de la Comisión y de la OLAF en marco del primero de los recursos, dicho órgano jurisdiccional consideró que dichos extremos de hecho y de Derecho no habían sido efectiva o necesariamente zanjados por la sentencia Dalli/Comisión, de modo que dicha sentencia no tenía, a este respecto, fuerza de cosa juzgada.
         
      
            38.
         
         
            El Tribunal General concluyó que, en consecuencia, no procedía examinar si existía identidad de causa en ambos recursos.
         
      
            39.
         
         
            En su escrito de contestación, la Comisión alegó que el hecho de que el Tribunal General no hubiera examinado las pretensiones de indemnización relativas a la conducta de la Comisión y de la OLAF no era relevante. Estimó que dichas pretensiones ya habían sido efectiva o necesariamente zanjadas por la sentencia Dalli/Comisión, por cuanto en dicha sentencia habían sido desestimadas por «infundadas» al no haber «quedado probadas». (
                  17
               ) Para la Comisión, el segundo recurso interpuesto ante el Tribunal General solo tenía por objeto reactivar una controversia que había sido resuelta por los órganos jurisdiccionales de la Unión, algo que no permite el principio de fuerza de cosa juzgada.
         
      
            40.
         
         
            No obstante, en mi opinión, el razonamiento seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida no puede ser cuestionado. El Tribunal General señaló acertadamente que la desestimación de la pretensión de indemnización formulada en el marco del primer recurso se basaba exclusivamente en la inexistencia de los actos controvertidos. Ello implica necesariamente que no era preciso examinar las alegaciones del demandante relativas a la conducta irregular de la Comisión y, por tanto, no se llevó a cabo tal examen. Por consiguiente, no puede considerarse que los extremos de hecho y de Derecho en que se basan dichas alegaciones hayan sido efectiva o necesariamente zanjados por dicha sentencia y, en tales circunstancias, no pueden tener fuerza de cosa juzgada.
         
      
            41.
         
         
            Esta conclusión no queda desvirtuada por la afirmación de la Comisión según la cual el hecho de que el Tribunal General declarara, en su sentencia Dalli/Comisión, que las alegaciones del demandante «no [habían] quedado probadas», implicaría que dichas alegaciones fueron necesariamente zanjadas por dicha sentencia. Dicho de otro modo, según la Comisión, el Tribunal General resolvió implícitamente extremos de hecho y de Derecho relativos a dichas alegaciones.
         
      
            42.
         
         
            Esta solución abriría la vía, en Derecho de la Unión, a una extensión excesiva del alcance de la fuerza de cosa juzgada a las declaraciones implícitas, la cual no me parece deseable. (
                  18
               ) Además, considero que no cabe aplicar tal extensión en el caso de autos, puesto que no puede sostenerse que un extremo de hecho o de Derecho ha sido implícitamente zanjado por una sentencia, aun cuando de esta se desprenda claramente que esa cuestión ni siquiera ha sido examinada.
         
      
            43.
         
         
            En estas circunstancias, la sentencia Dalli/Comisión no puede tener fuerza de cosa juzgada en lo que respecta a alegaciones que no fueron examinadas por el Tribunal General en la referida sentencia.
         
      
            44.
         
         
            Por tanto, considero que el Tribunal General no incurrió en error al declarar la admisibilidad del recurso.
         
      
      
         B.
       
         Sobre el primer motivo de casación
      
   
   
      1. Sobre la primera parte del primer motivo
   
   
            45.
         
         
            Mediante la primera parte del primer motivo, el recurrente impugna la afirmación del Tribunal General según la cual ni el artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999, ni el artículo 5 de las Directrices de la OLAF constituyen normas que confieran derechos a un particular. (
                  19
               )
         
      
            46.
         
         
            A este respecto, procede recordar que para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión por conducta ilícita de sus órganos es necesario que concurran una serie de requisitos, entre ellos el relativo a la ilicitud de la actuación imputada a la institución. (
                  20
               ) Para que se cumpla este requisito, es necesaria la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. (
                  21
               ) Por consiguiente, es preciso determinar si el Tribunal General declaró correctamente que las normas invocadas no confieren derechos a los particulares, de manera que el recurso de indemnización basado en dichas disposiciones era infundado.
         
      
            47.
         
         
            En cuanto al artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999, el Tribunal General declaró que esta disposición se limita a enunciar los objetivos y las funciones de la OLAF en el marco de investigaciones administrativas y, por lo tanto, no confiere derechos a los particulares. El recurrente sostiene que dicha disposición limita las competencias de la OLAF y solo le permite abrir una investigación si se cumplen dos requisitos, a saber, que existan «hechos graves» y «sospechas suficientemente fundadas». Aduce que la disposición de que se trata confiere derechos a los particulares por cuanto estos dos requisitos garantizan a la persona afectada que se ha llevado a cabo una primera apreciación del asunto.
         
      
            48.
         
         
            Considero que tal argumentación no puede prosperar. Por una parte, tanto del contenido como del título del artículo 1 del Reglamento n.o 1073/1999 se desprende que esta disposición solo tiene por objeto enunciar, de manera general, los objetivos perseguidos por la OLAF en el desarrollo de sus investigaciones y las funciones que se le atribuyen a tal fin. La estructura del Reglamento n.o 1073/1999 pone asimismo de manifiesto que el artículo 1, apartado 3, de este no tiene por objeto regular los procedimientos de las investigaciones de la OLAF ni la situación jurídica de las personas afectadas por esas investigaciones, pues las normas relativas a estas materias están esencialmente recogidas en las disposiciones siguientes del citado Reglamento, que definen, en términos prácticos, el modo en que deben llevarse a cabo las investigaciones de la OLAF. El objetivo esencial del artículo 1, apartado 3, del Reglamento no es establecer, en sí mismo, una forma de protección de los intereses de los particulares, sino definir el papel que desempeña la OLAF en el desarrollo de sus investigaciones.
         
      
            49.
         
         
            Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, ningún pasaje del artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999 exige, para que la OLAF abra una investigación, que concurran los dos requisitos acumulativos consistentes en la existencia de «hechos graves» y la existencia de «sospechas suficientemente fundadas», ya que ni siquiera se hace referencia a estas últimas en la citada disposición.
         
      
            50.
         
         
            Además, si bien es cierto que esta exigencia de que existan sospechas suficientemente fundadas como requisito previo para la apertura de una investigación administrativa por la OLAF se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual «si no existen sospechas suficientemente fundadas, […] el director de la OLAF [no] puede decidir abrir una investigación», (
                  22
               ) no es menos cierto que tal requisito no guarda relación con la disposición de carácter general enunciada en el artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999 relativa a los objetivos y las funciones de la OLAF. La exigencia de que existan sospechas suficientemente fundadas debe ponerse en relación con la disposición de carácter particular relativa a la iniciación de las investigaciones por parte de la OLAF, es decir, el artículo 5 del Reglamento n.o 1073/1999. (
                  23
               )
         
      
            51.
         
         
            Así pues, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que el artículo 1, apartado 3, del Reglamento n.o 1073/1999 no es una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
         
      
            52.
         
         
            En lo que atañe al artículo 5 de las Directrices de la OLAF, el Tribunal General declaró que se trata de normas internas de la OLAF que tienen por objeto garantizar que las investigaciones de la OLAF se lleven a cabo de manera lógica y coherente. Según el Tribunal General, esta disposición describe el proceso de selección de los asuntos y no confiere, por sí sola, ningún derecho en favor de los particulares. El recurrente sostiene que el hecho de que una norma sea de carácter interno no significa que esta no pueda ser una norma que confiere derechos a un particular. En su opinión, el artículo 5 de las Directrices de la OLAF impone a esta una serie de requisitos que debe cumplir con ocasión de la apreciación de la información a efectos de la eventual iniciación de una investigación. Estos requisitos, que crean obligaciones a cargo de la OLAF, confieren derechos a la persona afectada por la investigación, a juicio del recurrente.
         
      
            53.
         
         
            La argumentación del recurrente relativa al artículo 5 de las Directrices de la OLAF no me parece convincente. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el Tribunal General no se basó exclusivamente en el carácter interno de las Directrices de la OLAF dentro de la institución para excluir que estas pudieran conferir derechos a los particulares, sino que también examinó el contenido de la norma invocada por el recurrente. Pues bien, tal razonamiento me parece correcto jurídicamente.
         
      
            54.
         
         
            El carácter interno de una norma de una institución constituye, en mi opinión, un indicio de que esta norma no confiere derechos a los particulares. En efecto, una norma interna de una institución se dirige ante todo al personal de dicha institución, de modo que se garantice un funcionamiento óptimo de esta y, por consiguiente, no produce, en principio, efectos fuera de ella.
         
      
            55.
         
         
            No obstante, considero que tal indicio debe ser corroborado por un estudio más preciso del contenido de la disposición controvertida, el cual precisamente llevó a cabo el Tribunal General en la sentencia impugnada. (
                  24
               ) En este sentido, el Tribunal General señaló que el artículo 5 de las Directrices de la OLAF se refería al proceso de selección de las investigaciones y, más concretamente, a la elaboración del dictamen sobre la apertura o no de una investigación. Por tanto, esta disposición enuncia los criterios que el organismo tiene en cuenta a estos efectos y el plazo en el que debe emitirse el dictamen. En otras palabras, el objetivo principal de la citada disposición es proporcionar orientación al personal de la OLAF a fin de dar prioridad a determinados asuntos y, como señala la Comisión, poder utilizar los recursos de la OLAF de modo eficiente. Así pues, esta disposición no está destinada a conceder a los interesados garantías procesales y, en consecuencia, no les confiere, en mi opinión, derechos subjetivos que puedan fundamentar un recurso de indemnización.
         
      
            56.
         
         
            En estas circunstancias, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que ni el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 1073/1999 ni el artículo 5 de las Directrices de la OLAF son normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares.
         
      
            57.
         
         
            Por tanto, debe desestimarse la primera parte del primer motivo de casación.
         
      
      2. Sobre la segunda parte del primer motivo de casación
   
   
            58.
         
         
            Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, el recurrente sostiene, basándose en diversas alegaciones, que, al desestimar la imputación relativa al incumplimiento del deber de diligencia por la OLAF, el Tribunal General desnaturalizó los hechos, incumplió la obligación de motivación e incurrió en error de Derecho.
         
      
      a) Sobre la desnaturalización de los hechos
   
   
            59.
         
         
            El recurrente alega que el Tribunal General desnaturalizó los hechos al calificar de «muy breve» el plazo entre la transmisión de la denuncia al director de la OLAF y la decisión de abrir la investigación, cuando solo habían transcurrido unas horas.
         
      
            60.
         
         
            Esta alegación no me parece fundada, por cuanto un plazo de unas horas puede calificarse acertadamente de «muy breve». Por consiguiente, no puede reprocharse al Tribunal General desnaturalización alguna de los hechos a este respecto.
         
      
      b) Sobre el incumplimiento de la obligación de motivación
   
   
            61.
         
         
            El recurrente sostiene que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, la unidad de Selección y Revisión de las Investigaciones no examinó la denuncia y no recabó información adicional a estos efectos.
         
      
            62.
         
         
            No obstante, es obligado señalar que esta alegación se refiere a apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General. Pues bien, la apreciación de los hechos y medios de prueba, salvo en caso de desnaturalización, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. (
                  25
               ) Al no haber alegado el recurrente una desnaturalización de los hechos a este respecto por parte del Tribunal General, considero que procede rechazar esta alegación y declararla inadmisible.
         
      
            63.
         
         
            En apoyo de esta segunda alegación, el recurrente señala asimismo que, al desestimar la alegación de que la OLAF no llevó a cabo la evaluación necesaria de la información recibida, sin explicar por qué no se tuvo en cuenta la apreciación del Comité de Vigilancia, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación.
         
      
            64.
         
         
            No obstante, conforme a una reiterada jurisprudencia, el Tribunal General no está obligado a responder exhaustivamente a todas las alegaciones formuladas por las partes ante él. (
                  26
               ) Más concretamente, el Tribunal General no está obligado a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos formulados por las partes del litigio, siempre que la motivación permita a los interesados conocer las razones por la que se hayan desestimado sus alegaciones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. (
                  27
               )
         
      
            65.
         
         
            Pues bien, esto es lo que sucede en el presente asunto. En efecto, el Tribunal General desestimó la alegación formulada ante él según la cual la OLAF no había llevado a cabo la evaluación necesaria de la información recibida señalando, por una parte, que tal evaluación no debe confundirse con el examen que ha de efectuarse en el marco de la investigación, una vez abierta, y, por otra parte, que, sobre la base de los elementos fácticos presentados ante él, la OLAF sí había llevado a cabo esa evaluación.
         
      
            66.
         
         
            En estas circunstancias, no puede reprocharse al Tribunal General no haber motivado su decisión, de modo que debe desestimarse esta alegación.
         
      
      c) Sobre el error de Derecho
   
   
            67.
         
         
            El recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la OLAF no había incumplido su deber de diligencia en la medida en que había llevado a cabo un examen correcto y suficiente de los elementos contenidos en la denuncia antes de iniciar la investigación sobre el recurrente. A este respecto, formula varias alegaciones.
         
      
            68.
         
         
            En primer lugar, a juicio del recurrente, el Tribunal General consideró que, en el marco del proceso de selección de las investigaciones, la OLAF debe comprobar si la información de que dispone es suficiente, sin que ello implique, no obstante, una evaluación exhaustiva de tal información, por cuanto estos elementos han de ser analizados o determinados al término de la investigación. (
                  28
               ) Según el recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no identificar con precisión los elementos en cuestión y al no explicar por qué no podían apreciarse en la fase del proceso de selección.
         
      
            69.
         
         
            En mi opinión, esta alegación no puede prosperar. El recurrente podía perfectamente identificar los elementos de hecho en cuestión, ya que basa en parte esta alegación del recurso de casación en la apreciación errónea de dichos elementos por el Tribunal General. Además, como señala la Comisión, considero que la alegación según la cual el Tribunal General no explica por qué esos elementos debían ser objeto de un análisis exhaustivo no ya en la fase del proceso de selección, sino en el marco de la investigación, tiene por objeto, en realidad, cuestionar apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General. Dado que, salvo en caso de desnaturalización, tal alegación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, procede declarar su inadmisibilidad.
         
      
            70.
         
         
            En segundo lugar, según el recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la OLAF, sin llevar a cabo comprobaciones para determinar la credibilidad de la información contenida en una denuncia, podía abrir una investigación sobre la base de tal información si esta es precisa y detallada. El recurrente estima que, en virtud del principio de diligencia, la OLAF debe examinar con especial cuidado e imparcialmente la fiabilidad y credibilidad de las alegaciones y que el hecho de que esa información fuera precisa y detallada no basta para demostrar que sea fiable y creíble.
         
      
            71.
         
         
            A este respecto, si bien es cierto que el Reglamento n.o 1073/1999 no establece requisitos concretos para la apertura de las investigaciones, he de recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la OLAF no puede abrir una investigación si no existen sospechas suficientemente fundadas. (
                  29
               ) Por consiguiente, la OLAF no dispone de una facultad discrecional para decidir la apertura de una investigación, sino un margen de apreciación limitado por el requisito relativo a la existencia de sospechas suficientemente fundadas. Dicho de otro modo, la transmisión de una denuncia a la OLAF no puede dar lugar automáticamente a la apertura de una investigación, ya que la OLAF debe aún asegurarse del carácter suficientemente fundado de las alegaciones que se le presentan.
         
      
            72.
         
         
            Queda entonces por determinar si tal exigencia implica que la OLAF debe llevar a cabo comprobaciones sistemáticas en relación con la información contenida en una denuncia o si, como señaló el Tribunal General, en determinadas circunstancias, la información contenida en la denuncia puede bastar para demostrar el carácter suficientemente fundado de las sospechas y, por consiguiente, justificar la apertura de una investigación.
         
      
            73.
         
         
            En mi opinión, debe acogerse esta segunda hipótesis. Considero que una denuncia basada en información precisa y detallada, tal como ha sido identificada por el Tribunal General, basta para poner de manifiesto la existencia de sospechas suficientemente fundadas y, por tanto, para permitir que se abra una investigación. En otras palabras, ante tal información, y a menos que su credibilidad sea manifiestamente dudosa, la OLAF debe poder abrir una investigación.
         
      
            74.
         
         
            En efecto, el proceso de selección, que precede a la investigación, no debe confundirse con el propio proceso de investigación. Mientras que la investigación tiene por objeto demostrar la veracidad de las alegaciones contenidas en una denuncia, el procedimiento de selección solo debe consistir en un examen más sucinto de esa información. Por consiguiente, las comprobaciones efectuadas en esta fase no pueden tener como resultado que la OLAF tenga la obligación de proporcionar un examen completo de la información contenida en la denuncia. En estas circunstancias, salvo en los casos en que la información resulte manifiestamente poco creíble o insuficiente, considero que el carácter suficientemente fundado de las sospechas que trasluce dicha información puede determinarse sobre la base de información precisa y detallada. (
                  30
               ) Por lo tanto, debe rechazarse esta alegación.
         
      
            75.
         
         
            Por último, en tercer lugar, según el recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la OLAF únicamente debía examinar la posible existencia de un conflicto de intereses entre el denunciante y el recurrente cuando esta resulte manifiestamente evidente del mero examen de la información comunicada a la OLAF. Pues bien, si bien la obligación de la OLAF de comprobar la existencia de sospechas suficientemente fundadas antes de abrir una investigación implica también el deber de dicha oficina de asegurarse de que la persona que presenta la denuncia no se encuentra en una situación de conflicto de intereses, esto no implica que la OLAF esté obligada a llevar a cabo un examen exhaustivo de esta eventualidad si esta no es manifiesta. Dicho examen debe efectuarse en la fase de la investigación, mientras que, en la fase del proceso de selección, la OLAF solo debe realizar comprobaciones sucintas, a menos que se confundan las fases de investigación y selección. Por consiguiente, no puede reprocharse a la OLAF no haber considerado la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses si esta no resultaba manifiesta, de modo que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho a este respecto.
         
      
            76.
         
         
            De todo cuanto antecede resulta que debe desestimarse el primer motivo.
         
      
      
         C.
       
         Sobre la primera parte del tercer motivo de casación
      
   
   
            77.
         
         
            Mediante la primera parte del tercer motivo, el recurrente formula diversas alegaciones con objeto de demostrar la existencia de errores de Derecho en el razonamiento del Tribunal General en relación con la obtención de pruebas por parte de la OLAF.
         
      
            78.
         
         
            Mediante sus dos primeras alegaciones, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al declarar que la imparcialidad objetiva de la OLAF no había quedado comprometida por la participación en la investigación de su director y de una miembro de una autoridad nacional y del Comité de Vigilancia de la OLAF.
         
      
            79.
         
         
            En cuanto a la primera alegación relativa a la participación en la investigación del director de la OLAF, la Comisión señala que es inoperante, puesto que no cuestiona todos los motivos desarrollados por el Tribunal General para excluir el incumplimiento de la obligación de imparcialidad por la participación del director de la OLAF.
         
      
            80.
         
         
            Considero que esta alegación no puede prosperar. En efecto, los demás elementos del razonamiento del Tribunal General no examinados en el recurso de casación, que figuran en el apartado 103 de la sentencia recurrida, no son elementos que permitan, por sí solos, desestimar la alegación del recurrente, sino que son más bien apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General. El Tribunal General rechaza la alegación basándose únicamente en el hecho de que la función de dirección de una investigación no excluye la participación del director de la OLAF en esa investigación.
         
      
            81.
         
         
            Además, ha de señalarse que procede aceptar el razonamiento del Tribunal General al respecto. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el hecho de que el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 1073/1999 establezca que el director de la OLAF dirigirá la ejecución de las investigaciones no puede interpretarse, al no existir disposición expresa que así lo disponga, en el sentido de que impide cualquier participación directa de este en la investigación. A este respecto, he de señalar que las demás funciones atribuidas al director de la OLAF por las disposiciones del Reglamento n.o 1073/1999 tampoco pueden impedirle participar en una investigación. Al contrario, el hecho de que el informe de investigación se elabore bajo su autoridad es ya indicativo de una cierta forma de participación en la investigación. Lo mismo cabe decir de su deber de controlar que las personas que actúan bajo su autoridad respeten las normas sobre protección de datos personales, que sugiere una participación en el desarrollo de las investigaciones de la OLAF. Por otro lado, no concibo cómo el director de la OLAF podría dirigir eficazmente una investigación si al mismo tiempo se le impide participar en todas las fases de dicha investigación.
         
      
            82.
         
         
            En estas circunstancias, considero que la imparcialidad objetiva de la OLAF no podía cuestionarse por la participación de su director en una investigación, de modo que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno a este respecto.
         
      
            83.
         
         
            En cuanto a la segunda alegación, relativa a la participación en la investigación de una miembro de los Anti-fraud Coordinating Structures (Servicios de Coordinación Antifraude; en lo sucesivo, «AFCOS») malteses, considero que tal participación tampoco cuestiona la imparcialidad de la OLAF. En efecto, nada en el Reglamento n.o 1073/1999 obliga a establecer una estricta separación entre la OLAF y las autoridades nacionales en el desarrollo de las investigaciones. Al contrario, estas y la OLAF deben llevar a cabo las investigaciones conjuntamente, (
                  31
               ) de modo que la participación en la investigación de una miembro de una autoridad nacional no puede poner en entredicho la imparcialidad de la OLAF, máxime cuando, como señala el Tribunal General, esa miembro no intervino en el desarrollo del interrogatorio en el que participó. El Tribunal General no incurrió en error de Derecho a este respecto.
         
      
            84.
         
         
            A primera vista, parece más problemático el hecho de que esta miembro de la AFCOS sea al mismo tiempo miembro del Comité de Vigilancia de la OLAF. El Tribunal General señaló, a este respecto, que la presencia de una miembro del Comité de Vigilancia de la OLAF en el interrogatorio de un testigo resulta «desafortunada habida cuenta de la función que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 1073/1999 confiere a dicho Comité», (
                  32
               ) artículo este que establece que el Comité de Vigilancia no interfiere en el desarrollo de las investigaciones en curso. Según el recurrente, tal participación refleja la falta de imparcialidad objetiva de la OLAF.
         
      
            85.
         
         
            No obstante, en mi opinión, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar que la OLAF no había incumplido la obligación de imparcialidad pese a la presencia de un miembro del Comité de Vigilancia en el interrogatorio de un testigo. En efecto, es cierto que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 1073/1999 dispone que el Comité de Vigilancia no ha de interferir en las investigaciones en curso. Tal exigencia permite garantizar que la OLAF ejerza sus funciones de manera independiente. Sin embargo, la mera presencia de un miembro del Comité de Vigilancia en el interrogatorio de un testigo no puede considerarse una interferencia de dicho miembro en el desarrollo de la investigación cuando este no ha participado de modo efectivo en esta última. Pues bien, el Tribunal General declaró que la miembro del Comité de Vigilancia en cuestión estaba presente en el interrogatorio del testigo a efectos de interpretación y traducción. En tales circunstancias, no podía considerarse que ese miembro hubiera tenido una participación efectiva en las actuaciones de investigación, por lo que procede aceptar el razonamiento del Tribunal General.
         
      
            86.
         
         
            Mediante su tercera alegación, el recurrente aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al rechazar la alegación de que la utilización, recogida y conservación de la información obtenida a raíz de las solicitudes de listados de llamadas telefónicas presentadas por la OLAF a las autoridades maltesas constituyesen una injerencia ilícita de una autoridad pública en el ejercicio del derecho a la vida privada. En particular, señala que la base jurídica invocada por la OLAF para solicitar esos listados de llamadas a las autoridades maltesas era errónea y, por consiguiente, no podía justificar tal injerencia.
         
      
            87.
         
         
            Sin embargo, por una parte, si bien es cierto que en las solicitudes de listados de llamadas telefónicas se incluye una referencia errónea a la disposición del Reglamento n.o 1073/1999 en la que se basan, no es menos cierto que del artículo 6, apartado 6, del Reglamento n.o 1073/1999 se desprende claramente que las autoridades nacionales están sujetas a una obligación más general de cooperación leal con los agentes de la OLAF para el cumplimiento de su misión. Así pues, el Tribunal General dedujo correctamente de lo anterior que la OLAF disponía efectivamente de una base jurídica para solicitar los listados de llamadas a las autoridades maltesas.
         
      
            88.
         
         
            Por otra parte, del hecho de que conforme al Derecho maltés no pudieran elaborarse dichos listados de llamadas no se puede deducir que la OLAF deba ser considerada responsable de la recogida de esa información y de la incompatibilidad de dicha recogida de información con el Derecho del Estado miembro en cuestión, en la medida en que fueron las autoridades maltesas las que llevaron a cabo tal recogida.
         
      
            89.
         
         
            En estas circunstancias, el Tribunal General declaró correctamente que tales solicitudes de la OLAF no constituían una injerencia ilícita en la vida privada, ya que la OLAF podía solicitar válidamente a las autoridades maltesas listados de llamadas telefónicas y la incompatibilidad de esas solicitudes con el Derecho maltés no era imputable a la OLAF.
         
      
            90.
         
         
            Por último, mediante su cuarta alegación, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que, dado que el recurrente no era una de las personas cuya conversación había sido escuchada y grabada, no se vulneró su derecho al respeto de la vida privada y a la confidencialidad de las comunicaciones.
         
      
            91.
         
         
            A este respecto, procede recordar que para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión por conducta ilícita de sus órganos es necesario que concurran una serie de requisitos, entre ellos el relativo a la ilicitud de la actuación imputada a la institución. Para que se cumpla este requisito, es necesaria la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. (
                  33
               )
         
      
            92.
         
         
            Tal requisito implica que la protección ofrecida por la norma invocada debe ser efectiva respecto de la persona que la invoca y que dicha persona debe estar entre aquellas a las que la norma en cuestión confiere derechos. No puede admitirse como fuente de indemnización una norma que no protege al particular contra la ilegalidad que invoca, sino a otro particular. (
                  34
               ) De ello se deduce que el demandante no puede invocar ilegalidades derivadas de la supuesta vulneración de los derechos de un tercero, de modo que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno a este respecto.
         
      
            93.
         
         
            Por tanto, considero que debe desestimarse la primera parte del tercer motivo.
         
      
      
         D.
       
         Sobre el quinto motivo de casación
      
   
   
            94.
         
         
            Mediante su quinto motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho y desnaturalizó los hechos al considerar que, al informar al Comité de Vigilancia la víspera de la transmisión de su informe a las autoridades maltesas, la OLAF no había incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999, que preceptúa que el director de la OLAF informe al Comité de Vigilancia acerca de la transmisión de información a las autoridades judiciales de un Estado miembro, y del artículo 13, apartado 5, del Reglamento interno, en virtud del cual el Comité de Vigilancia debe solicitar acceso a las investigaciones en cuestión para determinar si se están respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales.
         
      
            95.
         
         
            En primer lugar, el recurrente alega que, tras haber informado al Comité de Vigilancia de la transmisión de información a las autoridades judiciales de un Estado miembro, la OLAF debía respetar un plazo de cinco días hábiles antes de transmitir esa información. No obstante, si bien puede admitirse excepcionalmente un plazo más breve, es necesaria, a su entender, la aprobación en este sentido del Comité de Vigilancia. Por lo tanto, en su opinión, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la OLAF disponía de un margen de apreciación en relación con el plazo de transmisión a las autoridades judiciales nacionales tras haber informado al Comité de Vigilancia.
         
      
            96.
         
         
            Procede señalar que, si bien el artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 establece que el director de la OLAF debe informar al Comité de Vigilancia de los casos en los que se precise transmitir información a las autoridades judiciales, esta disposición no establece sin embargo plazo mínimo alguno que deba respetarse antes de llevar a cabo la transmisión efectiva de la información de que se trata. El plazo de cinco días al que se refiere el recurrente está previsto en el acuerdo provisional de trabajo celebrado entre la OLAF y el Comité de Vigilancia en septiembre de 2012. Dicho acuerdo de trabajo establece que los documentos que vayan a ser transmitidos a las autoridades judiciales nacionales deben serle comunicados «por regla general» cinco días antes de dicha transmisión.
         
      
            97.
         
         
            Por consiguiente, tanto del tenor del artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 como del acuerdo provisional de trabajo celebrado entre la OLAF y el Comité de Vigilancia en septiembre de 2012 se desprende claramente que no se impone a la OLAF plazo imperativo alguno para la transmisión de información a las autoridades judiciales de un Estado miembro. En consecuencia, no puede reprocharse al Tribunal General que incurriera en error de Derecho a la vista de su conclusión de que la OLAF disponía de un margen de apreciación respecto al plazo.
         
      
            98.
         
         
            De ello resulta asimismo que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, no era necesaria la aprobación del Comité de Vigilancia para reducir dicho plazo, ya que, como declaró el Tribunal General, tal plazo es indicativo.
         
      
            99.
         
         
            A continuación, el recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó los hechos al tener en cuenta la circunstancia, invocada por la Comisión, de que el presidente del Comité de Vigilancia había sido informado de la necesidad de que la información fuera rápidamente transmitida a las autoridades judiciales nacionales y había aprobado tal transmisión, a pesar de que no existe ninguna prueba que sustente la afirmación de la Comisión.
         
      
            100.
         
         
            En mi opinión, esta alegación debe rechazarse por inoperante. En efecto, al disponer la OLAF de un margen de apreciación respecto al plazo para transmitir información a las autoridades judiciales, no es pertinente el hecho de que el presidente del Comité de Vigilancia haya aprobado o no la transmisión rápida de esa información.
         
      
            101.
         
         
            Por último, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la transmisión de información a las autoridades judiciales podía efectuarse antes de que el Comité de Supervisión hubiera cumplido sus funciones, definidas en su Reglamento interno.
         
      
            102.
         
         
            Es cierto que el artículo 13, apartado 5, del Reglamento interno establece que «antes de que la información se envíe, el Comité de Vigilancia solicitará acceso a las investigaciones en cuestión para determinar si se están respetando los derechos fundamentales y las garantías procesales». No es menos cierto que, como señala acertadamente el Tribunal General, el Reglamento interno no puede imponer a la OLAF obligaciones no establecidas por el legislador, en particular en el Reglamento n.o 1073/1999.
         
      
            103.
         
         
            Ahora bien, del artículo 11 del Reglamento n.o 1073/1999 se desprende que el Comité de Vigilancia lleva a cabo un control regular de las actividades de la OLAF con el fin de reforzar la independencia de dicha oficina, (
                  35
               ) sin interferir, no obstante, en las investigaciones en curso. Por tanto, el control del Comité de Vigilancia debe entenderse como un control sistémico de las actividades de la OLAF.
         
      
            104.
         
         
            En estas circunstancias, si bien el artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 establece la obligación de informar al Comité de Vigilancia de los casos en los que se precise transmitir información a las autoridades judiciales, nada indica que esta transmisión esté supeditada al examen de esa información por parte del Comité de Vigilancia, ya que, por lo demás, tal carácter suspensivo es contrario al papel de este órgano, que ejerce un control sistémico de las actividades de la OLAF.
         
      
            105.
         
         
            Además, procede señalar que ninguna disposición del Reglamento n.o 1073/1999 permite al Comité de Vigilancia oponerse a la transmisión de información a las autoridades judiciales de un Estado miembro. En estas circunstancias, debe entenderse que la obligación establecida en el artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 impone al director un mero deber de información, el cual se ha cumplido en el caso de autos.
         
      
            106.
         
         
            Esta interpretación se ve confirmada por el análisis de las disposiciones del Reglamento n.o 883/2013, que regula actualmente las cuestiones relativas a las investigaciones efectuadas por la OLAF. En este sentido, el artículo 17, apartado 5, párrafo tercero, letra b), del citado Reglamento establece que el director debe informar periódicamente al Comité de Vigilancia, en particular de los asuntos en los que la información se haya transmitido a las autoridades judiciales de los Estados miembros. Por tanto, de esta disposición se desprende claramente que el control efectuado por el Comité de Vigilancia es, no ya sistemático, sino sistémico y que, además, dicho Comité solo debe ser informado una vez que la información ha sido transmitida.
         
      
            107.
         
         
            Así pues, me cuesta concebir cómo es posible entender que, al amparo del Reglamento n.o 1073/1999 y de acuerdo con las disposiciones del Reglamento interno, la obligación de informar al Comité de Vigilancia se extienda hasta el punto de que la transmisión de la información se supedite al examen completo de esta información por el Comité de Vigilancia.
         
      
            108.
         
         
            En estas circunstancias, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar que no se habían infringido el artículo 11, apartado 7, del Reglamento n.o 1073/1999 ni las disposiciones del Reglamento interno.
         
      
            109.
         
         
            En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo.
         
      
      
         E.
       
         Sobre el séptimo motivo de casación
      
   
   
            110.
         
         
            De entrada, ha de señalarse que este motivo, relativo a la existencia de un perjuicio para el recurrente, debería desestimarse por inoperante en caso de que el Tribunal de Justicia considere que procede desestimar todas las pretensiones del recurrente relativas a errores en el razonamiento del Tribunal General en lo que se refiera a las ilegalidades en la conducta de la OLAF.
         
      
            111.
         
         
            El séptimo motivo se basa en un error de Derecho y en la desnaturalización de las alegaciones de las partes en la medida en que, a juicio del recurrente, el Tribunal General declaró que este no había acreditado que el comportamiento imputado podía causarle, por su gravedad, un perjuicio.
         
      
            112.
         
         
            En primer lugar, no me parece que la alegación relativa a la desnaturalización de la demanda pueda prosperar. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, el Tribunal General no pasó por alto las pruebas que aquel le presentó, sino que estimó que dichas pruebas no bastaban para acreditar que el comportamiento imputado pudiera causarle un perjuicio.
         
      
            113.
         
         
            En segundo lugar, el recurrente invoca un error de Derecho derivado, en su opinión, de una definición errónea de perjuicio moral.
         
      
            114.
         
         
            En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, para cumplir el requisito relativo a la existencia de un perjuicio moral, el demandante debía «al menos […] probar que el comportamiento imputado podía, por su gravedad, ocasionarle tal perjuicio», (
                  36
               ) extremo que el recurrente no demostró.
         
      
            115.
         
         
            En mi opinión, tal razonamiento resulta de un error de Derecho, derivado de una interpretación errónea de la jurisprudencia invocada por el Tribunal General.
         
      
            116.
         
         
            A este respecto, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que «si bien la presentación de una proposición de prueba no se considera necesariamente un requisito para el reconocimiento de ese daño, corresponde como mínimo a la parte demandante acreditar que el comportamiento imputado a la institución de que se trate era capaz de causarle un daño de ese tipo». (
                  37
               )
         
      
            117.
         
         
            Por tanto, cuando se trata de un perjuicio moral, existen dos vías para cumplir el requisito relativo a la existencia de un perjuicio. Por una parte, el demandante puede aportar pruebas que demuestren la existencia y el alcance de un perjuicio moral.
         
      
            118.
         
         
            Por otra parte, incluso a falta de tales pruebas, el requisito relativo a la existencia de un perjuicio puede cumplirse si el demandante demuestra que el perjuicio moral deriva necesariamente del comportamiento reprochado. En otras palabras, la jurisprudencia facilita el reconocimiento del perjuicio moral ocasionado cuando tienen lugar determinados comportamientos.
         
      
            119.
         
         
            Así sucede, en particular, en el caso de apreciaciones negativas carentes de fundamento relativas a la conducta y a las competencias profesionales de un funcionario contenidas en un informe de evaluación. (
                  38
               ) Asimismo, la jurisprudencia admite que cuando se asocia públicamente a una persona con un comportamiento que se considera condenable por su inclusión ilícita en una lista de entidades sujetas a medidas restrictivas, con la consecuencia de suscitar el oprobio y la desconfianza, tal asociación puede causarle un perjuicio moral. (
                  39
               )
         
      
            120.
         
         
            Pese a que, aparentemente, el Tribunal General se basó en esta jurisprudencia, en realidad se apartó de ella. En efecto, en lugar de declarar que determinados comportamientos conducen, por naturaleza, a un perjuicio moral para la persona afectada, el Tribunal General consideró que el comportamiento imputado debía, por su gravedad, ser susceptible de causar tal daño.
         
      
            121.
         
         
            Pues bien, de la jurisprudencia en la que se basa el Tribunal General no se desprende en modo alguno que su aplicación esté supeditada a que el recurrente demuestre la gravedad del comportamiento en cuestión. Al añadir tal requisito, el Tribunal General redujo las posibilidades de que la persona cuyo perjuicio moral resulte necesariamente del comportamiento imputado obtenga una indemnización por este concepto. Si se siguiera el razonamiento del Tribunal General, esta jurisprudencia, que pretende precisamente facilitar el reconocimiento del perjuicio moral ocasionado por determinados comportamientos, quedaría privada de efecto útil.
         
      
            122.
         
         
            Además, tal razonamiento no es fácilmente conciliable con la jurisprudencia de carácter más general sobre los requisitos relativos al nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión, en particular por lo que respecta al requisito relativo a la existencia de una infracción de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, infracción que, según la jurisprudencia, debe ser «suficientemente caracterizada». Pues bien, el criterio decisivo para considerar que existe una infracción del Derecho de la Unión suficientemente caracterizada es la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. (
                  40
               )
         
      
            123.
         
         
            En estas circunstancias, está claro que la gravedad del comportamiento de la institución ya ha sido evaluada en la fase en que se examina la infracción suficientemente caracterizada de una norma que tiene por objeto conferir derechos a un particular. Traer de nuevo a colación el criterio de la gravedad del comportamiento en la fase de examen del perjuicio moral no me parece pertinente, a menos que se considere que determinadas infracciones caracterizadas de una norma jurídica revisten, en realidad, una gravedad relativa.
         
      
            124.
         
         
            En este sentido, considero que el razonamiento del Tribunal General relativo a la definición del perjuicio moral adolece de un error de Derecho, de modo que procede estimar el séptimo motivo de casación, siempre que sea operante.
         
      
            125.
         
         
            Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia puede o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
         
      
            126.
         
         
            En el caso de autos, el Tribunal General declaró la inexistencia de perjuicio moral para el recurrente, en la medida en que este no había demostrado que el comportamiento imputado podía causarle, por su gravedad, un perjuicio.
         
      
            127.
         
         
            Pues bien, como he señalado en el punto 124 de las presentes conclusiones, tal conclusión se basa en un criterio erróneo de la definición del perjuicio moral.
         
      
            128.
         
         
            Por consiguiente, para apreciar el motivo basado en la existencia de un perjuicio moral, es necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos a la luz de la jurisprudencia indicada en las presentes conclusiones con el fin de determinar si los comportamientos imputados en el caso de autos pueden causar un perjuicio moral al recurrente, sin que pueda exigirse al recurrente que demuestre su gravedad.
         
      
            129.
         
         
            De ello resulta que el estado del litigio no permite que el Tribunal de Justicia lo resuelva, por lo que procede devolver al Tribunal General el examen del recurso para que este se pronuncie sobre el motivo relativo a la existencia de un perjuicio moral.
         
      
      VII. Conclusión
   
   
            130.
         
         
            A la vista de las consideraciones anteriores, considero que deben desestimarse el primer motivo, la primera parte del tercer motivo y el quinto motivo.
            En caso de que el Tribunal de Justicia desestime los motivos relativos a la ilegalidad del comportamiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), considero que el séptimo motivo debe desestimarse por inoperante.
            En caso de que el Tribunal de Justicia estime alguno de los motivos relativos a la ilegalidad del comportamiento de la OLAF, considero que también debe estimarse el séptimo motivo y que, por consiguiente, procede devolver el recurso al Tribunal General.
         
      (
         1
      )	Lengua original: francés.
   (
         2
      )	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO 1999, L 136, p. 1).
   (
         3
      )	Este Reglamento fue sustituido por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1), que entró en vigor el 1 de octubre de 2013.
   (
         4
      )	DO 1995, L 281, p. 31.
   (
         5
      )	DO 2011, L 308, p. 114.
   (
         6
      )	Decisión del Consejo Europeo, de 9 de febrero de 2010, por la que se nombra a la Comisión Europea (DO 2010, L 38, p. 7).
   (
         7
      )	C‑394/15 P, no publicado, EU:C:2016:262.
   (
         8
      )	Decisión CECA, Euratom, de la Comisión, de 2 de junio de 1999, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades (DO 1999, L 149, p. 57).
   (
         9
      )	Véanse el auto de 1 de abril de 1987, Ainsworth y otros/Comisión (159/84, 12/85 y 264/85, no publicado, EU:C:1987:172); la sentencia de 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑442/03 P y C‑471/03 P, EU:C:2006:356), apartado 45, y las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:298), punto 63. Sobre este particular, véase Wathelet, M. y Wilresersch, J., Contentieux européen, Larcier, Bruselas, 2014 (2.a ed.), p. 484.
   (
         10
      )	Apartado 27 de la sentencia recurrida. Véase asimismo la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartados 35 y 36.
   (
         11
      )	Apartado 28 de la sentencia recurrida. Véase asimismo la sentencia de 25 de junio de 2010, Imperial Chemical Industries/Comisión (T‑66/01, EU:T:2010:255), apartado 197.
   (
         12
      )	Apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida.
   (
         13
      )	Apartados 32 y 33 de la sentencia recurrida. He de señalar, a este respecto, que albergo ciertas dudas en cuanto a la identidad del objeto de los recursos. En efecto, mientras que el primer recurso tenía por objeto, en particular, la indemnización del perjuicio supuestamente sufrido como consecuencia de la dimisión impuesta al recurrente por la Comisión, el segundo tiene por objeto la indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de actos de investigación ilegales llevados a cabo por la OLAF. En estas circunstancias, no veo claros los motivos que llevaron al Tribunal General a declarar que los dos recursos tenían un objeto idéntico, puesto que los fines de ambos son diferentes.
   (
         14
      )	Apartado 36 de la sentencia recurrida.
   (
         15
      )	Apartado 37 de la sentencia recurrida.
   (
         16
      )	Apartado 30 de la sentencia recurrida.
   (
         17
      )	Sentencia Dalli/Comisión, apartados 163 y 164.
   (
         18
      )	Véanse, en relación con los riesgos de la fuerza de cosa juzgada de forma implícita, en lo que respecta al principio de contradicción, Turmo, A., L’autorité de la chose jugée en droit de l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2017, p. 177, o, en relación con la instrumentalización de la fuerza de cosa juzgada como herramienta para la concentración de litigios, Deshayes, O., «L’autorité de la chose jugée», Procédures, 2012, n.o 3, pp. 33 a 36.
   (
         19
      )	El artículo 5 de las Directrices de la OLAF, titulado «Proceso de selección», establece, en particular, en sus apartados 3 a 5:
   «3. […] El informe sobre la apertura de una investigación o un caso de coordinación tendrá en cuenta si la información entra dentro de las competencias de actuación de la OLAF, si es suficiente para justificar la apertura de una investigación o un caso de coordinación y si entra dentro de las prioridades de la política de investigación (PPI) fijadas por el Director General.
   4. Al evaluar si la OLAF goza de competencia para actuar habrán de tenerse en cuenta los reglamentos, decisiones, acuerdos interinstitucionales y otros instrumentos jurídicos de la UE relativos a la protección de los intereses financieros de la UE y a cualquier otro interés de la UE cuya protección se haya encomendado a la OLAF. Para determinar si la información es suficiente para justificar la apertura de una investigación o un caso de coordinación habrá que tomar en consideración la fiabilidad de la fuente y la credibilidad de las acusaciones. Toda información obtenida durante el proceso de selección se tendrá en cuenta para justificar la apertura de una investigación o un caso de coordinación. Las prioridades de la política de investigación (PPI) establecen los criterios para determinar si la información forma parte de las prioridades establecidas de investigación.
   5. La “Unidad de Selección y Revisión de las Investigaciones” elevará un dictamen al Director General sobre la apertura o la desestimación de cada asunto en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la información.»
   (
         20
      )	Sentencias de 29 de septiembre de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE (26/81, EU:C:1982:318), y de 10 de julio de 2014, Nikolaou/Tribunal de Cuentas (C‑220/13 P, EU:C:2014:2057), apartado 53.
   (
         21
      )	A este respecto, la jurisprudencia es reiterada a partir de la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión (C‑352/98 P, EU:C:2000:361), apartados 42 y ss., la cual equiparó los requisitos exigidos para que nazca la responsabilidad de la Unión con los que deben cumplirse para que nazca la responsabilidad de los Estados por los daños ocasionados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión. Véase, más recientemente, la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 30. Véase asimismo en relación con esta problemática Kawczyńska, M., Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Varsovia, 2015, pp. 313 a 316.
   (
         22
      )	Sentencias de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395), apartado 141, y de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI (C‑15/00, EU:C:2003:396), apartado 164.
   (
         23
      )	El Reglamento n.o 883/2013, que deroga y sustituye el Reglamento n.o 1073/1999, confirma además esta interpretación, ya que su artículo 5, relativo a la iniciación de las investigaciones, precisa a este respecto que estas se inician cuando haya sospecha suficiente.
   (
         24
      )	En efecto, el mero carácter interno de una norma no permite asegurar que esta no tiene por objeto conferir derechos a un particular. Me refiero, específicamente, al supuesto en el que una norma interna en realidad tenga por objeto concretar, dentro de la institución de que se trate, una disposición más general que confiere derechos a un particular.
   (
         25
      )	Sentencias de 28 de noviembre de 2019, LS Cables System/Comisión (C‑596/18 P, no publicada, EU:C:2019:1025), apartado 24, y de 13 de febrero de 2020, Grecia/Comisión (Pastos permanentes) (C‑252/18 P, EU:C:2020:95), apartado 59.
   (
         26
      )	Auto de 19 de junio de 2014, Donaldson Filtration Deutschland/ultra air (C‑450/13 P, EU:C:2014:2016), apartado 49, y sentencia de 14 de abril de 2016, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión (C‑100/15 P, no publicada, EU:C:2016:254), apartado 50.
   (
         27
      )	Sentencias de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión (C‑431/07 P, EU:C:2009:223), apartado 42; de 22 de mayo de 2014, Armando Álvarez/Comisión (C‑36/12 P, EU:C:2014:349), apartado 31, y de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión (C‑625/13 P, EU:C:2017:52), apartado 72.
   (
         28
      )	Sentencia recurrida, apartado 70.
   (
         29
      )	Sentencias de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395), apartado 141, y de 10 de julio de 2003, Comisión/BEI (C‑15/00, EU:C:2003:396), apartado 164.
   (
         30
      )	En mi opinión, confirma esta interpretación el artículo 5 del Reglamento n.o 883/2013, el cual precisa actualmente los requisitos para la iniciación de una investigación por parte de la OLAF. En este sentido, esta disposición codifica la jurisprudencia que exige que haya sospecha suficiente, y señala que esta sospecha puede basarse en información proporcionada por una tercera parte, [que permite aplicar la presunción] de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otras actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión. En otras palabras, la OLAF, para iniciar un procedimiento de investigación, no está obligada a demostrar que la información recibida prueba la existencia acreditada de actos de fraude, corrupción u otras actividades ilegales, bastando la mera suposición de que se ha incurrido en tales actos.
   (
         31
      )	Artículos 6, apartado 6, 7, apartado 2, y 9, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1073/1999.
   (
         32
      )	Sentencia recurrida, apartado 105.
   (
         33
      )	Véase el punto 46 de las presentes conclusiones.
   (
         34
      )	Sentencia de 3 de diciembre de 2015, CN/Parlamento (T‑343/13, EU:T:2015:926), apartado 86.
   (
         35
      )	Considerando 17 del Reglamento n.o 1073/1999.
   (
         36
      )	Sentencia recurrida, apartado 225.
   (
         37
      )	Sentencias de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión (C‑481/07 P, no publicada, EU:C:2009:461), apartado 38; de 16 de octubre de 2014, Evropaïki Dynamiki/Comisión (T‑297/12, no publicada, EU:T:2014:888), apartado 31, y de 29 de abril de 2020, Tilly-Sabco/Consejo y Comisión (T‑707/18, no publicada, EU:T:2020:160), apartado 125.
   (
         38
      )	Sentencia de 13 de diciembre de 2005, Cwik/Comisión (T‑155/03, T‑157/03 y T‑331/03, EU:T:2005:447), apartado 206.
   (
         39
      )	Sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo (T‑384/11, EU:T:2014:986), apartados 82 a 85.
   (
         40
      )	Sentencias de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 30, y de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 33.