CELEX: C2000/122/14
Language: es
Date: 2000-04-29 00:00:00
Title: Asunto C-15/00: Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco Europeo de Inversiones

29.4.2000              ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 122/9
El Reglamento (CE) no 1073/1999 es aplicable al Banco Central          Comunidades Europeas, representada por los Sres. Christiaan
Europeo. El Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE») ha           Timmermans, Director General Adjunto del Servicio Jurı́dico,
sido creado por el Tratado CE y es un órgano de la Comunidad,         Hans Peter Hartvig, Consejero Jurı́dico, y Carlos Gómez de la
sin perjuicio de su régimen particular. La independencia               Cruz, miembro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes,
reivindicada por el BCE es sólo una independencia funcional y         que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del
limitada a la ejecución de sus tareas particulares con arreglo al     Sr. Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
Tratado y a los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos
Centrales (SEBC). La protección de los intereses financieros de       La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
la Comunidad puede ir más allá de la mera protección del            de Justicia que:
presupuesto comunitario, ya que también comprende la
protección de los «presupuestos administrados» por las Comu-
                                                                       — Anule la decisión del Comité de Dirección del Banco
nidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desarrollo
                                                                            Europeo de Inversiones sobre cooperación con la Oficina
(FED), o de los presupuestos de los organismos comunitarios
                                                                            Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (1).
descentralizados, que están separados del presupuesto general
de las Comunidades y algunos de los cuales se alimentan por
lo demás con ingresos propios. Por consiguiente, el hecho de          — Condene en costas al Banco Europeo de Inversiones.
que el BCE tenga su propio presupuesto y sus propios recursos
financieros no impide que se le apliquen las medidas adoptadas
en base al artı́culo 280, apartado 4, del Tratado CE, como el          Motivos y principales alegaciones
Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque la distinción entre el
presupuesto de las Comunidades Europeas, por una parte, y el           El recurso se basa, con carácter principal, en el artı́culo 237
presupuesto del BCE y sus recursos propios, por otra, fuera            CE, letra b), y, subsidiariamente, en el artı́culo 230 CE, y en él
pertinente, no por ello quedarı́a sin embargo el BCE fuera del         se invoca una infracción del Reglamento (CE) no 1073/1999
ámbito de aplicación de dicho Reglamento, ya que dicho               del Parlamento Europeo y del Consejo, y del Reglamento
órgano gestiona también recursos presupuestarios de las               (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, relativos a las investiga-
Comunidades. En efecto, el BCE recauda el impuesto comunita-           ciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el
rio que grava los sueldos y salarios de sus dirigentes y de su         Fraude (OLAF).
personal, y gestiona las operaciones de empréstito y de
préstamo efectuadas por las Comunidades en concepto de
ayuda financiera a medio plazo.                                        Los Reglamentos (CE) no 1073/1999 y 1074/99 son aplicables
                                                                       al Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de
                                                                       Inversiones (en lo sucesivo, «BEI») ha sido creado por el Tratado
La Decisión recurrida infringe el artı́culo 4 del Reglamento
                                                                       CE y es un organismo comunitario, sin perjuicio de su régimen
(CE) no 1073/1999, ya que
                                                                       particular. Dicho régimen particular tiene sólo carácter funcio-
— su artı́culo 2 constituye una negación pura y simple de la          nal y está limitado a la ejecución de las tareas particulares del
     facultad de la OLAF de efectuar investigaciones internas en       BEI con arreglo al Tratado y a sus Estatutos. Hasta ahora el BEI
     el seno del BCE;                                                  no ha logrado demostrar cómo puede impedirle ejecutar sus
                                                                       tareas particulares o dificultar, en concreto, la ejecución de las
— no contiene ninguna medida de ejecución de las obligacio-           mismas una normativa adoptada por el Consejo en materia de
     nes que impone el artı́culo 4, apartado 6, del Reglamento,        lucha contra el fraude. La protección de los intereses financie-
     pero define la obligación de los funcionarios del Banco de       ros de la Comunidad puede ir más allá de la mera protección
     informar de toda actividad fraudulenta indicando que los          del presupuesto comunitario, ya que también comprende
     destinatarios de la información serán la Dirección de          la protección de los «presupuestos administrados» por las
     auditorı́a interna y el Comité de lucha contra el fraude          Comunidades, como por ejemplo el Fondo Europeo de Desar-
     creado por la Decisión, y no la OLAF.                            rollo (FED), o de los presupuestos de los organismos comunita-
                                                                       rios descentralizados, que están separados del presupuesto
                                                                       general de las Comunidades y algunos de los cuales se
(1) BCE/1999/5, DO L 291 de 13.11.1999, p. 36.                         alimentan por lo demás con ingresos propios. Por consiguiente,
                                                                       el hecho de que el BEI tenga su propio presupuesto y sus
                                                                       propios recursos financieros no impide que se le apliquen las
                                                                       medidas adoptadas en base al artı́culo 280, apartado 4, del
                                                                       Tratado CE, como el Reglamento (CE) no 1073/1999. Aunque
                                                                       el ámbito de aplicación del artı́culo 280, apartado 4, sólo
                                                                       comprendiera los intereses financieros directamente relaciona-
Recurso interpuesto el 19 de enero de 2000 por la                      dos con el presupuesto comunitario, resulta innegable que el
Comisión de las Comunidades Europeas contra el Banco                  Reglamento (CE) no 1073/1999 debe aplicarse al BEI, que
                     Europeo de Inversiones                            gestiona también recursos presupuestarios de las Comunida-
                                                                       des. En efecto, el BEI recauda el impuesto comunitario que
                        (Asunto C-15/00)                               grava los sueldos y salarios de los miembros de sus órganos y
                                                                       de su personal, y gestiona igualmente recursos presupuestarios
                         (2000/C 122/14)                               de la Comunidad en el contexto de mandatos especı́ficos; otro
                                                                       ejemplo es la gestión por el BEI, por cuenta de la Comunidad,
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha           de los capitales de riesgo y de las bonificaciones de intereses
presentado el 19 de enero de 2000 un recurso contra el Banco           financiadas con cargo a los recursos del Fondo Europeo de
Europeo de Inversiones, formulado por la Comisión de las              Desarrollo (FED).
 ---pagebreak--- C 122/10                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                           29.4.2000
La decisión recurrida infringe el artı́culo 4 de los Reglamentos       c) A efectos de la aplicación del artı́culo 1, apartados 1 y 2,
(CE) nos 1073/1999 y 1074/99, ya que                                         letra c), en relación con el artı́culo 2, apartado 1, párrafo
                                                                             segundo, del Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo,
— constituye una negación pura y simple de la facultad de la                de 24 de julio de 1979, ¿puede considerarse como término
     OLAF de efectuar investigaciones internas en el seno del                final del plazo de caducidad de la acción de recaudación a
     BEI, y en realidad de la aplicabilidad al BEI de los                    posteriori un primer acto de determinación del importe de
     Reglamentos (CE) nos 1073/1999 y 1074/99. Además, el                   las exacciones reguladoras adeudadas o debe, por el
    acceso de la OLAF a las informaciones en poder del BEI                   contrario, fijarse ese término final en el momento en que
    requiere en cada caso una autorización del Presidente                   se practique un segundo acto que revoque el primero o lo
    del BEI, que determina igualmente las modalidades de                     sustituya, determinando un nuevo importe de las exaccio-
    dicho acceso;                                                            nes reguladoras?
— al prever una mera asistencia de la OLAF para la lucha                d) ¿Qué sentido debe atribuirse al artı́culo 254 del Tratado de
     contra el fraude en lo que respecta a las operaciones                   Adhesión (2) al imponer a la República Portuguesa la
     ejecutadas con recursos propios del BEI, dicha decisión                obligación de suprimir las existencias excedentarias de
     establece una distinción entre los diferentes recursos                 productos y, en particular, al determinar que lo realice «a
     financieros que no es compatible con la protección de «los             sus expensas»?
     intereses financieros» de la Comunidad Europea;                    e) ¿Debe considerase incompatible con la obligación prevista
— dicha decisión no constituye en absoluto una medida de                    en el artı́culo 254 del Tratado de Adhesión, completada
     ejecución suficiente de las obligaciones que impone el                 por la especificación realizada por los dos Reglamentos de
     artı́culo 4, apartado 6, de los dos Reglamentos menciona-               aplicación —Reglamento (CEE) no 3771/85 (3) del Consejo,
     dos.                                                                    de 20 de diciembre de 1985 (artı́culo 8), y Reglamento
                                                                             (CEE) no 579/86 (4) de la Comisión, de 28 de febrero de
                                                                             1986 (artı́culos 4 y 8)— el hecho de que las autoridades
(1) No publicada, comunicada a la Comisión mediante escrito de              aduaneras portuguesas exijan, a los poseedores de exceden-
    16.11.1999.                                                              tes de azúcar, el pago de las exacciones reguladoras
                                                                             previstas en el Reglamento (CEE) no 579/86 (artı́culo 7,
                                                                             apartado 1), en una situación en que la República Portu-
                                                                             guesa omitió las medidas necesarias para su exportación
                                                                             fuera de la Comunidad?
                                                                        f) A efectos de lo dispuesto en el artı́culo 5, apartado 2, del
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                 Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de
lución del Supremo Tribunal Administrativo, Sala                            junio de 1979, ¿debe entenderse por error relevante una
Segunda, de fecha 12 de enero de 2000, en el asunto entre                    valoración inexacta de las necesidades de azúcar para el
        William Hinton & Sons, Lda y Fazenda Pública                        abastecimiento público de la Región Autónoma de
                                                                             Madeira, sobre la que se basaba una autorización de
                         (Asunto C-30/00)                                    importación con exención de derechos aduaneros con
                                                                             pleno conocimiento del artı́culo 254 del Tratado de
                          (2000/C 122/15)                                    Adhesión y del Reglamento (CEE) no 3771/85 del Consejo?
                                                                        g) A efectos de lo dispuesto en el artı́culo 5, apartado 2,
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha                    del Reglamento (CEE) no 1697/79, ¿deben considerarse
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante                relevantes los sucesivos errores fácticos y jurı́dicos cometi-
resolución del Supremo Tribunal Administrativo, dictada el                  dos por la autoridad aduanera competente en el procedi-
12 de enero de 2000, en el asunto entre William Hinton &                     miento de recaudación?
Sons, Lda y Fazenda Pública, y recibida en la Secretarı́a del
Tribunal de Justicia el 4 de febrero de 2000. El Supremo                h) En caso de respuesta afirmativa a las dos cuestiones
Tribunal Administrativo solicita al Tribunal de Justicia que se              anteriores, ¿puede el deudor razonablemente detectar esos
pronuncie sobre las siguientes cuestiones:                                   errores de las autoridades aduaneras competentes?
a) ¿Debe desprenderse del artı́culo 1, apartado 2, letra c), del        (1) Reglamento (CEE) no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de
     Reglamento (CEE) no 1697/79 (1) del Consejo, de 24 de                  1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de
     julio de 1979, que, cuando haya sido practicado el                     importación o de los derechos de exportación que no hayan sido
     acto jurı́dico denominado contracción, dicho acto deberá             exigidos al deudor por mercancı́as declaradas en un régimen
                                                                            aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO
     adoptarse necesariamente con anterioridad a la notificación           L 197 de 3.8.1979, p. 1; EE 02/06, p. 54).
     a efectos de recaudación y a la propia recaudación?              (2) DO L 302 de 15.11.1985.
                                                                        (3) Reglamento (CEE) no 3771/85 del Consejo, de 20 de diciembre
b) ¿Debe considerarse verificada la situación de inexistencia              de 1985, relativo a las existencias de productos agrı́colas que se
     de contracción, a efectos de lo dispuesto en el artı́culo 2,          encuentren en Portugal (DO L 362 de 31.12.1985, p. 21; EE
     apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (CEE)                     03/39, p. 237).
     no 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, cuando             (4) Reglamento (CEE) no 579/86 de la Comisión, de 28 de febrero de
     el primer acto por el que la autoridad aduanera inscribe el            1986, por el que se establecen las normas relativas a las existencias
                                                                            de productos del sector del azúcar que se encuentren en España y
     importe de las exacciones reguladoras en registros conta-
                                                                            Portugal el 1 de marzo de 1986 (DO L 57 de 1.3.1986, p. 21).
     bles o en otro soporte equivalente tiene por finalidad
     registrar la recaudación de dichas exacciones?