CELEX: 62019CA0726
Language: es
Date: 2021-06-03 00:00:00
Title: Asunto C-726/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 3 de junio de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 5 — Aplicabilidad — Concepto de «sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada» — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Medidas que tienen por objeto prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada — Concepto de «razones objetivas» que justifican dichos contratos — Medidas legales equivalentes — Obligación de interpretación conforme del Derecho nacional — Crisis económica)

19.7.2021   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 289/7
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 3 de junio de 2021 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid) — Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario / JN
      (Asunto C-726/19) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Política social - Directiva 1999/70/CE - Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada - Cláusula 5 - Aplicabilidad - Concepto de «sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada» - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Medidas que tienen por objeto prevenir y sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada - Concepto de «razones objetivas» que justifican dichos contratos - Medidas legales equivalentes - Obligación de interpretación conforme del Derecho nacional - Crisis económica)
      (2021/C 289/09)
      Lengua de procedimiento: español
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Tribunal Superior de Justicia de Madrid
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrente: Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
      
         Recurrida: JN
      
         Fallo
      
      
                  1)
               
               
                  La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos trabajadores a «trabajadores indefinidos no fijos» como la concesión de una indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada.
               
            
                  2)
               
               
                  La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada.
               
            
         (1)  DO C 432 de 23.12.2019.