CELEX: 52011PC0759
Language: es
Date: 2011-11-15
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece el Programa de Justicia para el periodo 2014 a 2020

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		52011PC0759
		
			Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece el Programa de Justicia para el periodo 2014 a 2020 /* COM/2011/0759 final - 2011/0369 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           CONTEXTO DE LA PROPUESTA
Como confirmó
el Programa de Estocolmo, el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y
justicia sigue siendo una prioridad para la Unión Europea. Aunque ya se han
logrado progresos significativos en este ámbito, la cooperación judicial en
asuntos civiles y penales sigue siendo insuficiente. En la época que se inicia
a partir del Tratado de Lisboa y tras la supresión de tercer pilar, el espacio
de justicia se desarrolla de manera dinámica a fin de responder a todos los
desafíos. Las medidas legislativas y políticas, así como su aplicación
coherente, constituyen instrumentos fundamentales. La financiación puede
contribuir al desarrollo de ese espacio a través del apoyo a la legislación, la
elaboración de políticas y el fomento de su aplicación.
De conformidad con la Comunicación sobre
la revisión del presupuesto de la UE[1],
se ha adoptado un nuevo enfoque de los instrumentos de financiación y los
mecanismos de prestación existentes para garantizar una atención preferente al
valor añadido europeo y contribuir a la racionalización y simplificación de los
mecanismos de financiación. En su Comunicación «Un presupuesto para Europa
2020»[2],
la Comisión señaló la necesidad de un presupuesto más simple y más transparente
para superar los problemas que se derivan de la complejidad de las estructuras
de los programas y la existencia de múltiples programas. El ámbito de la
justicia se mencionaba como un ejemplo de la fragmentación existente frente a
la que conviene actuar. 
En este marco y con el fin de lograr la
simplificación y racionalización, el Programa de Justicia es el sucesor de tres
programas actuales: 
– Justicia Civil (JCIV), 
– Justicia Penal (JPEN), 
– Programa de Información y Prevención en
materia de Drogas (DPIP). 
Dado que el DPIP se fundamentaba sobre una
base jurídica relativa a la salud pública y, por lo tanto, abarcaba
consideraciones de salud, especialmente la reducción de los daños para la salud
asociados al consumo de drogas, el Programa de Justicia aborda la política de
lucha contra la droga desde la prevención de la delincuencia. El tráfico
ilícito de drogas, que es uno de los ámbitos de la delincuencia en los que el
legislador europeo podrá adoptar normas mínimas relativas a la definición de las
infracciones penales y las sanciones sobre la base del artículo 83 del TFUE, y
otras actividades ilegales relacionadas con las drogas serán la prioridad de la
financiación en el ámbito de las drogas en el marco del nuevo programa. 
La fusión de estos programas, todos ellos
basados en las disposiciones de la parte III, título V del TFUE, permitirá un
planteamiento global de la financiación en este ámbito y una asignación más
eficiente de los fondos destinados a cuestiones horizontales, tales como la
formación. 
El objetivo general de esta propuesta es
contribuir a la creación de un auténtico espacio de justicia a través del
fomento de la cooperación judicial en materia civil y penal. Para lograr este
objetivo general, la propuesta tiene por objeto promover la aplicación
efectiva, global y coherente de la legislación de la Unión en el ámbito de la
cooperación judicial en materia civil y penal, fomentar el acceso a la justicia
y prevenir y reducir la oferta y la demanda de droga. 
Esto puede
lograrse mediante el apoyo a la formación y a la sensibilización, el refuerzo
de las redes y el fomento de la cooperación transnacional. Por otra parte, la
Unión Europea necesita dotarse de una sólida base analítica para apoyar la
elaboración de las políticas y la legislación en el ámbito de la justicia.
2.           RESULTADOS DE LAS CONSULTAS A LAS PARTES
INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
2.1.        Consulta a las partes
interesadas
El 20 de abril de 2011 se puso en marcha
una consulta pública a las partes interesadas sobre las actividades de
financiación futuras en el ámbito de la justicia, los derechos fundamentales y
la igualdad para el periodo posterior a 2013[3].
Ha estado accesible en Internet durante dos meses y abierta a todas las partes
interesadas y a los particulares, y ha recibido 187 contribuciones de la
mayoría de los Estados miembros – con una importante participación de ONG. 
Los participantes evaluaron positivamente
los objetivos políticos de los programas y confirmaron la necesidad de
financiación en los ámbitos cubiertos. Se reconoció el valor añadido de la
Unión y en ningún ámbito se estimó pertinente suspender la financiación. Se
reconoció, por otra parte, la necesidad de simplificación y mejora, y la
mayoría de las medidas propuestas recibió una respuesta positiva, incluida la
reducción del número de programas y la simplificación de los procedimientos.
Los interesados eran partidarios de la
financiación de actividades tales como el intercambio de buenas prácticas, la
formación de profesionales, las actividades de información y concienciación, el
apoyo a las redes, estudios, etc. Todos los tipos de actividades que merecieron
la aprobación de los participantes están previstos explícitamente en el
artículo 6 de la propuesta. Los participantes mostraron asimismo su acuerdo con
las propuestas de la Comisión relativas a los agentes adecuados para recibir
financiación y los tipos de mecanismos de financiación que podrían utilizarse. 
2.2.        Evaluación del impacto
Se ha llevado a cabo una evaluación del
impacto sobre las actividades de financiación futuras para la totalidad del
espacio de justicia, derechos e igualdad, que actualmente comprende seis
programas[4].
Esta evaluación del impacto es pertinente tanto para la propuesta del Programa
de Justicia como para la propuesta del Programa de Derechos y Ciudadanía. La
evaluación del impacto se basa en las evaluaciones intermedias de los programas
actuales[5],
que confirmaron la eficacia y eficiencia de los programas, pero también
detectaron algunas deficiencias y posibilidades de mejora. En la evaluación del
impacto se han tenido en cuenta tres opciones:
Opción A: mantener seis programas y solucionar algunos de los problemas
detectados a través de cambios en la gestión interna de los programas. Mejorar
la gestión y lograr sólidas sinergias entre los programas permitiría abordar
algunas de estas cuestiones. Sin embargo, la causa principal de los problemas,
es decir, la diversidad de programas, no se abordaría directamente y, por lo
tanto, las mejoras que deben introducirse mediante esta opción serían
limitadas. 
Opción B: mantener todas las medidas de la opción A y, complementariamente,
fusionar los actuales seis programas en dos programas. Esta opción permitiría
la flexibilidad en la utilización de los fondos y en el tratamiento de las
prioridades políticas anuales. Permitiría una mayor simplificación (tanto para
los beneficiarios como para la administración) y eficiencia de los programas,
porque sería necesario un número significativamente menor de procedimientos. La
eficacia de los programas podría mejorarse asimismo ya que la fragmentación y
dilución de los fondos se abordaría mejor en dos programas. Podrían liberarse
recursos humanos, dado que al haber menos procedimientos se reduciría la carga
administrativa, que se asignarían a actividades que mejoren la eficacia de los
programas (difusión de resultados, seguimiento, información, etc.). 
Opción C: ejecución de un único programa. Esta opción resuelve todos los
problemas causados por los múltiples instrumentos jurídicos y por el aumento de
la carga administrativa derivada de la gestión de múltiples programas. Sin
embargo, debido a limitaciones jurídicas, el ámbito de aplicación de ese
programa no podría cubrir las necesidades de financiación de todas las
políticas. Habría que decidirse entre el ámbito relativo a Justicia y el ámbito
de los Derechos y la Ciudadanía. Aunque esta solución podría tener un impacto
máximo en términos de gestión, sin embargo no sería posible tratar
suficientemente las prioridades políticas y las necesidades del conjunto de la
política. 
Como resultado del análisis y la
comparación de las opciones, la opción preferida es la ejecución de dos
programas que permitan atender a las necesidades de financiación de
todas las políticas (opción B). En comparación con el statu quo,
la opción B presenta claras ventajas y ninguna desventaja. La Opción A no es
tan beneficiosa como la opción B, y la opción C solamente ofrece la cobertura
parcial de las políticas, lo que obliga a descartar esta opción. 
3.           ELEMENTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
La propuesta se basa en el artículo 81,
apartados 1 y 2, el artículo 82, apartado 1, y el artículo 84, del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
La combinación de los artículos 81 y 82
permite un planteamiento global para apoyar el desarrollo de la cooperación
judicial en materia civil y penal, especialmente por lo que se refiere a las
cuestiones horizontales y transversales que afectan a ambos ámbitos de
justicia. 
El artículo 84 prevé el establecimiento
de medidas que impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros en el
ámbito de la prevención de la delincuencia. El Programa no tiene la intención
de cubrir todo el ámbito de la prevención de la delincuencia, sino sólo el
ámbito de la política de lucha contra las drogas. Su objetivo es adoptar un
planteamiento global de lucha contra la oferta y la demanda de droga que cubra la
financiación de la ayuda a la cooperación transfronteriza de los Estados
miembros en materia de aplicación de la legislación. 
Las actividades de financiación
propuestas respetan los principios del valor añadido europeo y la
subsidiariedad. La financiación con cargo al presupuesto de la Unión se
concentra en acciones cuyos objetivos no pueden ser alcanzados suficientemente
por los Estados miembros por sí solos y en los que la intervención de la UE
puede aportar un valor añadido frente a la actuación de los Estados miembros
por separado. Las actividades cubiertas por el presente Reglamento contribuyen
a la aplicación eficaz del acervo mediante el desarrollo de la confianza mutua
entre los Estados miembros, aumentando la cooperación y la creación de redes
transfronterizas y logrando la aplicación correcta, coherente y consecuente de
la legislación de la Unión en todo su territorio. La Unión Europea está en mejor
posición que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y
proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo. Se prestará
apoyo a una sólida base analítica para respaldar y desarrollar las políticas.
La intervención de la Unión Europea permite que estas actividades se lleven a
cabo de manera coherente en toda la Unión y genera economías de escala. 
La propuesta
se ajusta al principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá
de lo imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni de
lo necesario a tal efecto.
4.           INCIDENCIA PRESUPUESTARIA 
La dotación financiera para la ejecución
del Programa de Justicia para el período comprendido entre el 1 de enero de
2014 y el 31 de diciembre de 2020 se elevará a 472 millones EUR (a precios
corrientes).
5.           PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPUESTA
El objetivo
del enfoque propuesto es combinar la simplificación de los procedimientos de
financiación, según lo solicitado por todas las partes interesadas, con un enfoque
más centrado en los resultados. Los principales elementos de este planteamiento
son los siguientes:
- La
propuesta define los objetivos generales y específicos perseguidos por el
Programa (artículos 4 y 5) y los ámbitos de actuación en los que se centrará el
Programa (artículo 6). Los objetivos generales y específicos definen el ámbito
de aplicación del Programa (políticas), mientras que los tipos de acción están
orientados a la financiación, se aplican a todas las políticas en cuestión y
definen de una manera horizontal los resultados que puedan obtenerse mediante
la financiación. Al mismo tiempo, determinan en qué ámbitos puede la asignación
de recursos aportar realmente un valor añadido para la consecución de los
objetivos de la política. Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión
establecerá las prioridades de financiación anuales en las respectivas
políticas. El Programa puede hacer uso de todos los instrumentos financieros
previstos en el Reglamento Financiero. La participación está abierta a todas
las entidades jurídicas legalmente establecidas en los Estados miembros o en un
tercer país participante en el Programa, sin más limitaciones en el acceso al
Programa. Esta estructura permite la simplificación, así como una mejor
orientación del programa hacia las necesidades políticas y su evolución.
Además, proporciona un contexto estable para la evaluación, dado que los
objetivos específicos están directamente vinculados a los indicadores de
evaluación, que seguirán siendo coherentes a lo largo de toda la duración del
programa y serán controlados y evaluados periódicamente. Con el fin de lograr
la flexibilidad y mejorar la ejecución del Programa, se propone no establecer
en el mismo importes específicos por política.
- La
participación de terceros países se limita al EEE, los países candidatos y los
países en vías de adhesión y los países candidatos potenciales. Otros terceros
países, en particular los países en los que se aplica la Política Europea de
Vecindad, podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al
propósito de dichas acciones.
- Las
prioridades anuales del programa se definirán en un Programa de Trabajo Anual.
Dado que ello implica decisiones políticas específicas, la adopción del
Programa de Trabajo Anual está sujeta al dictamen de un Comité de Estados
miembros en el marco del procedimiento consultivo.
- La Comisión
podrá contar, sobre la base de un análisis de costes/beneficios, con los
servicios de una agencia ejecutiva para la ejecución del Programa, según
dispone el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002,
por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de
determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios.
El
concepto de «magistrados y personal al servicio de la administración de
justicia»
La formación
judicial de magistrados y del personal al servicio de la administración de
justicia es un elemento clave de las políticas de justicia. La formación
judicial incrementa la confianza mutua entre los Estados miembros, los
profesionales y los ciudadanos, y la Comunicación de la Comisión sobre
formación judicial europea, «Crear confianza en una justicia europea, Nueva
dimensión de la formación judicial Europea», establece objetivos de formación
concretos que deben alcanzarse de aquí a 2020[6].
El artículo 81, apartado 2, letra h), y el artículo 82, apartado 1, letra c),
del Tratado TFUE van destinados explícitamente a los «magistrados y el personal
al servicio de la administración de justicia». De conformidad con la
Comunicación de la Comisión, los abogados, si bien constituyen una profesión
autónoma, son parte integrante y necesaria de la actividad judicial y
desempeñan un papel central en la aplicación de la legislación de la Unión. Por
lo que se refiere a los notarios, en varios Estados miembros tienen una
competencia importante en el ámbito judicial, lo que también da lugar a que
contribuyan a la aplicación de la legislación de la Unión. Teniendo en cuenta
el espíritu y los objetivos de las disposiciones del Tratado, las presentes
disposiciones se han ampliado para incluir en la misma estas dos profesiones.
2011/0369 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
por el que se establece el Programa de
Justicia para el periodo 2014 a 2020 

(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 81 apartados 1 y 2, su artículo 82,
apartado 1, y su artículo 84,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión de la propuesta de
acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Actuando de conformidad con el
procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)              
El Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, en
el que las personas pueden desplazarse libremente. Con este fin, la Unión puede
adoptar medidas para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y
penal y promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de
la prevención de la delincuencia, y en particular la prevención y la reducción
de la oferta y la demanda de droga. 
(2)              
El Programa de Estocolmo[7] reafirma la
prioridad de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, y
especifica entre sus prioridades políticas la consecución de una Europa del
Derecho y la justicia. La financiación es considerada como una de las
herramientas fundamentales para el éxito de la ejecución de las prioridades
políticas del Programa de Estocolmo.
(3)              
La Comunicación de la Comisión Europa 2020[8] establece una
estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Debe
desarrollarse, como un elemento clave para apoyar y promover los objetivos
específicos y las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, un
espacio de justicia que funcione bien y en el que se hayan eliminado los
obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos y al acceso a la
justicia en casos transfronterizos.
(4)              
La experiencia de la acción a escala de la
Unión ha demostrado que la realización de estos objetivos en la práctica
requiere una combinación de instrumentos, incluida la legislación, las
iniciativas políticas y la financiación. La financiación es una importante
herramienta complementaria de las medidas legislativas. Debe, pues,
establecerse un programa de financiación.
(5)              
La Comunicación de la Comisión «Un presupuesto
para Europa 2020»[9]
subraya la necesidad de racionalización y simplificación de la financiación de
la Unión. Puede lograrse una simplificación significativa y una gestión
eficiente de la financiación mediante la reducción del número de programas y la
racionalización, la simplificación y la armonización de las normas y los
procedimientos de financiación. 
(6)              
En respuesta a la necesidad de simplificación
y gestión eficaz de la financiación, el presente Reglamento establece el
Programa de Justicia para garantizar la continuación y el desarrollo de
actividades llevadas a cabo anteriormente sobre la base de tres programas establecidos
por la Decisión nº 1149/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
septiembre de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el
programa específico «Justicia civil», integrado en el programa general «Derechos
fundamentales y justicia»[10],
la Decisión 2007/126/JAI del Consejo, de 12 de febrero de 2007, por la que se
establece para el período 2007-2013 el programa específico «Justicia penal»,
integrado en el programa general «Derechos fundamentales y justicia»[11], y la Decisión 1150/2007/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de septiembre de 2007, por la que
se establece para el período 2007-2013 el programa específico «Información y
prevención en materia de drogas» como parte del programa general «Derechos
fundamentales y justicia»[12].

(7)              
Dado que el Programa de Información y
Prevención en materia de Drogas se fundaba en una base jurídica relacionada con
la salud pública y, por lo tanto, abarcaba consideraciones de salud,
especialmente la reducción de los daños para la salud asociados al consumo de
drogas, el Programa de Justicia debe plantear la política de lucha contra las
drogas desde el ángulo de la prevención de la delincuencia. El tráfico ilícito
de drogas y demás actividades ilegales relacionadas con las drogas debe ser el
principal elemento de financiación relacionado con las drogas en el marco del
nuevo programa.
(8)              
Las comunicaciones de la Comisión «Revisión
del presupuesto de la UE»[13]
y «Un presupuesto para Europa 2020» también subrayan la importancia de
concentrar la financiación en actividades con un claro valor añadido europeo,
es decir, en las que la intervención de la Unión pueda aportar valor añadido con
respecto a la actuación de los Estados miembros separadamente. Las acciones
cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la creación de un
espacio europeo de justicia mediante la promoción del principio del
reconocimiento mutuo, el desarrollo de la confianza mutua entre los Estados
miembros, el aumento de la cooperación y las redes transfronterizas y la aplicación
correcta, coherente y consistente de la legislación de la Unión. La
financiación de las actividades debe también contribuir a un conocimiento mayor
y más efectivo de la legislación y las políticas de la Unión por todos los interesados
y ofrecer un fundamento analítico sólido para el apoyo y el desarrollo de la
legislación y de las políticas de la Unión. La intervención de la Unión permite
que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta
economías de escala. Además, la Unión está en mejor posición que los Estados
miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una
plataforma europea para el aprendizaje mutuo.
(9)              
En el ámbito de las drogas, la oferta y la
demanda crean una amenaza real que los Estados miembros no pueden resolver de
forma sostenible por separado. La intervención de la Unión en virtud del
presente Reglamento debe apoyar las medidas de los Estados miembros para
prevenir y reducir la oferta y la demanda de droga, en particular mediante el
apoyo a la cooperación transfronteriza en materia de cumplimiento de la
legislación. 
(10)          
Con vistas a aplicar el principio de buena
gestión financiera, el presente Reglamento debe disponer de las herramientas
adecuadas para evaluar sus resultados. Con este fin, debe definir unos
objetivos generales y específicos. Para medir la realización de estos objetivos
específicos, debe establecerse un conjunto de indicadores que debe seguir
siendo válido durante todo el período de vigencia del Programa. 
(11)          
El presente Reglamento establece, para el
programa plurianual, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 17
del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y
Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión
financiera, constituirá la referencia fundamental para la Autoridad
Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual. 
(12)          
El presente Reglamento deberá aplicarse
respetando plenamente el Reglamento (UE, Euratom) nº XX/XX de XX sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión Europea. En
particular, debe hacer uso de los instrumentos de simplificación introducidos
por este último. Además, los criterios para identificar las acciones a las que
prestar apoyo deben tratar de asignar los recursos financieros disponibles a
las acciones que generen el mayor impacto en relación con los objetivos que se
persiguen. 
(13)          
Deben conferirse a la Comisión competencias de
ejecución en relación con la adopción de los programas de trabajo anuales. Esas
competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se
establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de
control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de
ejecución por la Comisión[14].
Dados los importes anuales afectados, la incidencia presupuestaria puede
considerarse insignificante. Por lo tanto, debe aplicarse el procedimiento
consultivo.
(14)          
Con el fin de garantizar la eficiencia en la
asignación de fondos con cargo al presupuesto de la Unión, debe perseguirse la
coherencia, la complementariedad y las sinergias entre programas de
financiación en apoyo a políticas con estrechos vínculos entre sí y,
concretamente, entre el presente Programa y el Programa de Derechos y
Ciudadanía establecido por el Reglamento (UE) nº XX/XX de XX[15], el Instrumento de
Ayuda Financiera a la Cooperación Policial, la Prevención y la Lucha contra la
Delincuencia Grave Organizada y Transfronteriza, establecido por el Reglamento
(UE) nº XX/XX de XX[16],
el Programa de Salud para el Crecimiento establecido por el Reglamento (UE) nº
XX/XX de XX[17],
el Programa Erasmus para Todos establecido por el Reglamento (UE) nº XX/XX de
XX[18], el Programa Marco Horizonte
2020 establecido por el Reglamento (UE) nº XX/XX de XX[19] y al Instrumento de Asistencia
de Preadhesión establecido por el Reglamento (UE) nº XX/XX de XX[20].
(15)          
Con arreglo a los artículos 8 y 10 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, el Programa debe apoyar la integración
de la igualdad entre mujeres y hombres y los objetivos de la lucha contra la
discriminación en todas sus actividades. Deben llevarse a cabo regularmente un
seguimiento y una evaluación para valorar de qué forma se abordan en las
actividades del Programa la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra
la discriminación.
(16)          
Los intereses financieros de la Unión deben
ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del
gasto, incluidas la prevención, la detección y la investigación de
irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados
o mal utilizados y, en su caso, las sanciones. La Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) debe ser autorizada a realizar controles e
inspecciones in situ a los operadores económicos, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Reglamento (Euratom, CE) n° 2185/96[21], con el fin de
establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal
que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con la
financiación de la Unión Europea en el marco del Programa.
(17)          
Dado que el objetivo del presente Reglamento,
a saber, contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Justicia, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y sin embargo puede
lograrse mejor a nivel comunitario, la Unión podrá adoptar medidas de
conformidad con el principio de subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del
Tratado de la Unión Europea. Asimismo, en virtud del principio de
proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no
excederá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
(18)          
[De conformidad con el artículo 3 del
Protocolo (n° 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del
espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros han
notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente
Reglamento.] O [Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo (n
° 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de
libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda no
participarán en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por
ella ni están sujetos a su aplicación.][22]
(19)          
De conformidad con los artículos 1 y 2 del
Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión
Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no
participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el
mismo ni está sujeta a su aplicación.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO: 
Artículo 1
Creación y
duración del programa
1.           El presente Reglamento
crea el Programa de Justicia, denominado en lo sucesivo «el Programa». 
2.           El Programa cubrirá el
período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento se
entenderá por:
a)           «Estados miembros», los Estados
miembros, con excepción de [Dinamarca] O [Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del Protocolo (nº 21)];
b)           «magistrados y personal al
servicio de la administración de justicia», los jueces, fiscales, abogados,
procuradores, notarios, agentes judiciales, expertos, intérpretes de los
juzgados y otras profesiones relacionadas con la administración de justicia.
Artículo 3
Valor añadido europeo
El Programa financiará acciones con valor
añadido europeo. A tal efecto, la Comisión garantizará que las acciones
seleccionadas para su financiación persiguen alcanzar resultados con valor
añadido europeo y supervisará que dicho valor añadido europeo se obtiene
realmente a través de los resultados finales de las acciones financiadas por el
Programa.
Artículo 4
Objetivo general 
El objetivo general del Programa es
contribuir a la creación de un espacio europeo de justicia mediante el fomento
de la cooperación judicial en materia civil y penal. 
Artículo 5
Objetivos específicos 
Para la consecución del objetivo general
previsto en el artículo 4, el Programa se fijará los siguientes objetivos
específicos: 
a)      Promover la aplicación eficaz, global
y coherente de la legislación de la Unión en el ámbito de la cooperación
judicial en materia civil y penal.
         El indicador para medir la
consecución de este objetivo será, entre otros, el número de casos de
cooperación transfronteriza. 
b)      Facilitar el acceso a la justicia.
         El indicador para medir la
consecución de este objetivo será, entre otros, la percepción europea del
acceso a la justicia. 
c)      Prevenir y reducir la oferta y la
demanda de droga.
         El indicador para medir la
consecución de este objetivo será, entre otros, el número de casos de
cooperación transfronteriza. 
El Programa
tendrá como objetivo promover la igualdad entre hombres y mujeres y luchar
contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en todas sus
actividades.
Artículo 6
Acciones
1.           Con el fin de alcanzar
los objetivos establecidos en los artículos 4 y 5, las acciones del Programa se
centrarán en los siguientes ámbitos:
a)      aumentar la concienciación de la
opinión pública y el conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión;
b)      apoyar la aplicación del Derecho y
las políticas de la Unión en los Estados miembros;
c)      promover la cooperación
transnacional y lograr un conocimiento y una confianza mutuos;
d)      mejorar el conocimiento y la
comprensión de los problemas potenciales que afectan al buen funcionamiento de
un espacio europeo de justicia con vistas a garantizar que la legislación y la
elaboración de políticas se basan en hechos concretos.
2.         El Programa financiará los
siguientes tipos de acciones, entre otras:
(a)         
actividades analíticas, como recogida de datos
y estadísticas; desarrollo de metodologías comunes y, cuando proceda, de
indicadores o parámetros; estudios, investigaciones, análisis y encuestas;
evaluaciones, incluidas las evaluaciones de impacto; elaboración y publicación
de guías, informes y material educativo; seguimiento y evaluación de la
transposición y aplicación de la legislación de la Unión y de la ejecución de
las políticas de la Unión; talleres, seminarios, reuniones de expertos,
conferencias;
(b)         
actividades de formación de los magistrados y
del personal al servicio de la administración de justicia tales como
intercambios de personal, talleres, seminarios, formación de formadores;
desarrollo de módulos de formación en línea o de otro tipo;
(c)         
aprendizaje mutuo, cooperación, actividades de
sensibilización y difusión tales como identificación e intercambio de buenas
prácticas, enfoques y experiencias innovadores, organización de revisiones por
homólogos y aprendizaje mutuo; organización de conferencias y seminarios;
organización de campañas de información y de sensibilización, campañas en los
medios de comunicación y actos, incluida la comunicación institucional de las
prioridades políticas de la Unión Europea; compilación y publicación de
material divulgativo sobre el programa y sus resultados; desarrollo,
funcionamiento y mantenimiento de sistemas y herramientas que utilicen tecnologías
de la información y la comunicación;
(d)         
apoyo a los principales agentes, tales como el
apoyo a los Estados miembros en la aplicación del Derecho y las políticas de la
Unión; apoyo a las principales redes europeas cuyas actividades estén ligadas a
la aplicación de los objetivos del Programa; creación de redes entre organismos
y organizaciones especializados y las autoridades nacionales, regionales y
locales a nivel europeo; financiación de redes de expertos, financiación de
observatorios a escala europea.
Artículo 7
Participación 
1.           La participación en el
Programa estará abierta a todos los organismos públicos o privados y a las
entidades legalmente establecidas en:
a)      los Estados miembros;
b)      los países de la AELC que son
miembros del EEE, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo
del EEE;
c)      los países en vías de adhesión, los
países candidatos y los países candidatos potenciales, de conformidad con los
principios y las condiciones generales establecidos en los acuerdos marco
celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la Unión;
d)      Dinamarca, sobre la base de un
acuerdo internacional.
2.           Los organismos públicos o
privados y las entidades legalmente establecidas en otros terceros países, en
particular en los países en los que se aplica la Política Europea de Vecindad,
podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al propósito
de dichas acciones.
3.           En el marco del
Programa, la Comisión podrá cooperar con las organizaciones internacionales
activas en los ámbitos cubiertos por el Programa, tales como el Consejo de
Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
las Naciones Unidas y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado. La participación en el Programa estará abierta a dichas organizaciones
internacionales.
Artículo 8
Presupuesto
1.           La dotación financiera
para la ejecución del Programa ascenderá a 472 millones EUR.
2.           La dotación financiera
del Programa también podrá abarcar los gastos correspondientes a la
preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación necesarios para la
gestión del Programa y la consecución de sus objetivos: en particular,
estudios, reuniones de expertos, acciones de información y comunicación,
incluida la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión
Europea en la medida en que estén relacionadas con los objetivos generales del
presente Reglamento, los gastos relacionados con las redes informáticas
centradas en el tratamiento y el intercambio de información, junto con todos
los otros tipos de gastos de asistencia técnica y administrativa contraídos por
la Comisión para la gestión del Programa.
3.           La Autoridad
Presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los
límites del Marco Financiero Plurianual establecidos por el Reglamento (UE, Euratom)
nº XX/XX del Consejo de XX, por el que se establece el Marco Financiero
Plurianual para el período 2014-2020.
Artículo 9
Medidas de ejecución
1.           La Comisión ejecutará la
asistencia financiera de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE, Euratom) nº XX/XX de XX sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto anual de la Unión Europea. 
2.           Para ejecutar el
Programa, la Comisión adoptará programas de trabajo anuales en forma de actos
de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al
procedimiento consultivo previsto en el artículo 10, apartado 2.
3.           Los programas anuales de
trabajo establecerán las medidas necesarias para su ejecución, las prioridades
de las convocatorias de propuestas y todos los elementos exigidos por el
Reglamento (UE, Euratom) nº XX/XX de XX sobre las normas financieras aplicables
al presupuesto anual de la Unión Europea. 
Artículo 10
Procedimiento del Comité
1.           La Comisión estará
asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del
Reglamento (UE) n° 182/2011.
2.           Cuando se haga
referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 4 del
Reglamento (UE) nº 182/2011. 
Artículo 11
Complementariedad
1.           La Comisión, en
cooperación con los Estados miembros, garantizará la coherencia global, la
complementariedad y las sinergias con otros instrumentos de la Unión, entre los
cuales el Programa de Derechos y Ciudadanía; el Instrumento de Ayuda Financiera
a la Cooperación Policial, la Prevención y la Lucha contra la Delincuencia
Transfronteriza, Grave y Organizada, el Programa de Salud para el Crecimiento;
el Programa Erasmus para Todos, el Programa Marco Horizonte 2020 y el
Instrumento de Asistencia de Preadhesión. 
2.           El Programa podrá
compartir recursos con otros instrumentos de la Unión, en particular el
Programa de Derechos y Ciudadanía, con el fin de ejecutar acciones que
respondan a los objetivos de ambos programas. Una acción para la que ya se ha
concedido financiación en virtud del Programa también podrá dar lugar a la
concesión de una financiación con cargo al Programa de Ciudadanía y Derechos, a
condición de que la financiación no cubra las mismas partidas de costes.
Artículo 12
Protección de los intereses financieros de la Unión 
1.           La Comisión adoptará las
medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las acciones
financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de
la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra
el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, mediante la
realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante
la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la
imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2.           La Comisión o sus
representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados para auditar, sobre
la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones,
contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión en el
marco del Programa.
              La Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar controles y verificaciones in situ
de los operadores económicos afectados directa o indirectamente por dicha
financiación de conformidad con los procedimientos previstos en el Reglamento
(Euratom, CE) nº 2185/96, con vistas a establecer cualquier posible fraude,
corrupción u otra actividad ilegal que ataña a los intereses financieros de la
Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo
a la financiación de la Unión.
              Sin perjuicio de lo
dispuesto en los párrafos primero y segundo, los acuerdos de cooperación con
terceros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios y
decisiones de subvención y los contratos derivados de la aplicación del
presente Reglamento, establecerán expresamente la potestad de la Comisión, del
Tribunal de Cuentas y de la OLAF de llevar a cabo las auditorías y los
controles y verificaciones in situ mencionados.
Artículo 13
Seguimiento y evaluación
1.           La Comisión supervisará
el programa periódicamente con el fin de controlar la ejecución de las
actividades ejecutadas en los ámbitos de actuación contemplados en el artículo
6, apartado 1, y la consecución de los objetivos específicos enunciados en el
artículo 5. El seguimiento también servirá para evaluar la forma en que se han
abordado en las actividades del Programa las cuestiones relativas a la igualdad
entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación. En su caso, los
indicadores se desglosarán por sexo, edad y discapacidad. 
2.           La Comisión presentará
al Parlamento Europeo y al Consejo:
a)      un informe de evaluación intermedia
a mediados de 2018 a más tardar; 
b)      un informe de evaluación a
posteriori.
3.           La evaluación intermedia
deberá informar sobre la realización de los objetivos del Programa, la eficacia
del uso de los recursos y su valor añadido europeo con objeto de determinar si
la financiación en los ámbitos cubiertos por el programa será renovada,
modificada o suspendida después de 2020. Asimismo, abordará el alcance de la
simplificación del Programa, su coherencia interna y externa, así como la
continua pertinencia de todos los objetivos y acciones. Tendrá en cuenta los
resultados de las evaluaciones a posteriori de los programas mencionados
en el artículo 14.
4.           La evaluación a
posteriori informará sobre el impacto a largo plazo del Programa y sobre la
sostenibilidad de sus efectos, con miras a una decisión sobre un programa
posterior.
Artículo 14
Medidas transitorias
Las acciones que se inicien antes del 1
de enero de 2014 sobre la base de la Decisión 1149/2007/CE, la Decisión
2007/126/JAI o la Decisión 1150/2007/CE seguirán rigiéndose por las
disposiciones de dichas decisiones hasta su conclusión. Por lo que se refiere a
dichas acciones, las referencias a los Comités previstos en el artículo 10 y 11
de la Decisión 1149/2007/CE, en el artículo 9 de la Decisión 2007/126/JAI y en
el artículo 10 de la Decisión 1150/2007/CE se entenderán como hechas al Comité
previsto en el artículo 10 del presente Reglamento.
Artículo 15
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor
el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
ANEXO
FICHA FINANCIERA
LEGISLATIVA 
1.           MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
              1.1.    Denominación de la
propuesta/iniciativa 
              1.2.    Ámbito(s)
político(s) afectado(s) en la estructura GPA/PPA
              1.3.    Naturaleza
de la propuesta/iniciativa 
              1.4.    Objetivo(s)

              1.5.    Justificación
de la propuesta/iniciativa 
              1.6.    Duración
e incidencia financiera 
              1.7.    Modo(s)
de gestión previsto(s) 
2.           MEDIDAS DE GESTIÓN 
              2.1.    Disposiciones
en materia de seguimiento e informes 
              2.2.    Sistema
de gestión y control 
              2.3.    Medidas
de prevención del fraude y de las irregularidades 
3.           INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA 
              3.1.    Rúbrica(s)
del Marco Financiero Plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos
afectada(s) 
              3.2.    Incidencia
estimada en los gastos 
              3.2.1. Resumen de la incidencia estimada
en los gastos 
              3.2.2. Incidencia
estimada en los créditos de operaciones 
              3.2.3. Incidencia
estimada en los créditos de carácter administrativo
              3.2.4. Compatibilidad
con el Marco Financiero Plurianual vigente
              3.2.5. Contribución
de terceros a la financiación 
              3.3.    Incidencia estimada en los
ingresos
FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.                      
MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
1.1.                
Denominación de la propuesta/iniciativa 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por
el que se establece el Programa de Justucia para el periodo 2014 a 2020 

1.2.                
Ámbito(s) político(s) afectado(s) en la
estructura GPA/PPA[23]

Título 33 - Justicia

1.3.                
Naturaleza de la propuesta/iniciativa 

þ La
propuesta/iniciativa se refiere a una nueva acción 
¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a una nueva acción a raíz de un proyecto
piloto / una acción preparatoria[24]

¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente 
¨ La
propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva
acción 

1.4.                
Objetivos
1.4.1.          
Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de
la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa 

El Programa tiene como objetivo contribuir a la creación de un
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, y en particular de un
Espacio Europeo de Justicia, promoviendo la cooperación judicial en materia civil
y penal. El buen funcionamiento del espacio de justicia, en el que se
eliminarán los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos,
también apoyará y promoverá los objetivos específicos y las iniciativas
emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.

1.4.2.          
Objetivo(s) específico(s) y actividad(es)
GPA/PPA afectada(s) 

Objetivos específicos
Para alcanzar el objetivo general de contribuir a la creación de
un Espacio Europeo de Justicia, el Programa tiene los siguientes objetivos
específicos:
a)       promover la aplicación eficaz, general y coherente de la
legislación de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia
civil y penal;
b)       facilitar el acceso a la justicia;
c)       prevenir y reducir la oferta y la demanda de droga.
Actividad (es) GPA/PPA afectada(s) 
PPA 33 03 y 33 04.

1.4.3.          
Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense
los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la
población destinataria.
La propuesta contribuirá a la aplicación del acervo ofreciendo a
los ciudadanos y a las empresas de la Unión la posibilidad de aprovechar
plenamente la legislación vigente. Tendrán mayor conocimiento de sus derechos,
y los Estados miembros y las partes interesadas tendrán mejores herramientas
para el intercambio de información sobre las mejores prácticas y para cooperar
entre sí. Los efectos de la propuesta sobre los beneficiarios/grupos
destinatarios se describen con más detalle en el punto 4.1.2 de la evaluación
del impacto.
Además, los cambios en los programas de financiación propuestos
tendrán un claro efecto beneficioso sobre los procedimientos con los que se
gestionará la ayuda financiera. Se empezará con un enfoque integrado de los
programas en cuanto a los procedimientos de solicitud, la documentación
requerida y los sistemas informáticos que se utilicen. Ello constituirá además
en sí mismo un ahorro de tiempo, dado que muchas partes interesadas que operan
en ámbitos cubiertos por varias de las actuales generaciones de programas ya no
tendrán que hacer frente a requisitos divergentes y se concentrarán más en
desarrollar propuestas sólidas en cuanto a su contenido y calidad. 
Además, con un único procedimiento armonizado y racionalizado de
selección de proyectos, los retrasos entre la presentación de las solicitudes y
la recepción de los resultados podrán reducirse considerablemente, lo que
reducirá el margen de incertidumbre de la organización solicitante y supondrá una
mayor ventaja añadida para los proyectos, que empezarán a ejecutarse mucho
antes tras su formulación y, en consecuencia, podrán responder de manera más
eficaz a las necesidades concretas que se pretenden atender en consonancia con
las prioridades políticas de la Unión. 

1.4.4.          
Indicadores de resultados e incidencia 

Especifíquense
los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la
propuesta/iniciativa.
Los indicadores para medir la consecución de los objetivos antes
mencionados serán, entre otros, el número de casos de cooperación
transfronteriza en relación con las letras a) y c), y la percecpión europea del
acceso a la justicia por lo que se refiere a la letra b). 
La DG de Justicia no dispone de información suficiente sobre la
situación actual para establecer objetivos significativos a largo o medio
plazo, pero, antes de que se empiece a ejecutar el programa, intentará hacer
acopio de más información sobre la situación actual de forma que puedan fijarse
los hitos y metas.

1.5.                
Justificación de la propuesta/iniciativa
1.5.1.          
Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a
corto o largo plazo 

Aunque la legislación es un instrumento clave para alcanzar los
objetivos de la Unión en el ámbito de la justicia, debe complementarse con
otros medios. En este contexto, la financiación tiene un papel importante que
desempeñar. En particular, la financiación debe aumentar la eficacia de la
legislación y los derechos mediante el aumento de los conocimientos, la
concienciación y la capacidad de los ciudadanos, profesionales y partes
interesadas a través del apoyo a actividades de:
Información y sensibilización de la opinión pública, incluido el
apoyo a campañas nacionales y europeas para informar a los ciudadanos de sus
derechos garantizados por la legislación de la Unión, y sobre la manera de
hacerlos valer en la práctica.
Formación y desarrollo de las capacidades de los profesionales del
Derecho (tales como jueces y fiscales) y otros profesionales de la
administración de justicia con el fin de dotarles de herramientas para poner en
práctica los derechos y las políticas de la Unión.
La financiación también tiene un papel central en la promoción de
la cooperación a nivel transnacional y el desarrollo de la confianza mutua
mediante:
El refuerzo de las redes, es decir, organizaciones a escala de la
Unión que contribuyan a la elaboración de futuras iniciativas en este ámbito y
promuevan su aplicación coherente en toda Europa;
La cooperación transfronteriza en la ejecución, por ejemplo,
mediante el establecimiento de sistemas de alerta rápida para menores
desaparecidos o la coordinación de la cooperación operativa y transfronteriza
en la lucha contra la droga.
Además, la financiación deberá apoyar:
La investigación, el análisis y otras acciones de apoyo para
proporcionar al legislador información clara y detallada sobre los problemas y
la situación sobre el terreno. Los resultados de estas actividades contribuirán
a la elaboración y ejecución de las políticas de la Unión y garantizarán que
estén basadas en hechos concretos, sean específicas y estén bien estructuradas.

1.5.2.          
Valor añadido de la intervención de la Unión
Europea

La financiación cubierta por el Programa de Derechos y Ciudadanía
se concentrará en actividades en las que la intervención de la Unión pueda
aportar un valor añadido en comparación con la actuación de los Estados
miembros por separado. Las actividades cubiertas por el presente Reglamento
contribuirán a la aplicación eficaz del acervo mediante el desarrollo de la
confianza mutua entre los Estados miembros, el aumento de la cooperación y las
redes transfronterizas y la aplicación correcta, coherente y consecuente de la
legislación de la Unión en todo su territorio. Solamente la actuación a nivel
de la Unión puede dar lugar a actividades coordinadas que abarquen a todos los
Estados miembros de la Unión. La Unión Europea está en mejores condiciones que
los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar
una plataforma europea para el aprendizaje mutuo. Sin la ayuda de la Unión, las
partes interesadas tenderían a abordar problemas similares de forma fragmentada
y desconectada. La colaboración y la constitución de redes entre ellas abocará
a la difusión de las mejores prácticas, en particular enfoques innovadores e
integrados en diferentes Estados miembros. Los participantes en estas
actividades actuarán así como multiplicadores en sus actividades profesionales
respectivas y difundirán más ampliamente las mejores prácticas dentro de su
Estado miembro.
Se prestará apoyo a una sólida base analítica para respaldar y
desarrollar las políticas. La intervención de la Unión Europea permitirá que
estas actividades se prosigan de manera coherente en toda la Unión y se generen
economías de escala. La financiación a nivel nacional no proporcionaría los mismos
resultados, sino sólo un planteamiento limitado, fragmentado y que no cubriría
las necesidades de la Unión Europea en su conjunto.

1.5.3.          
Principales conclusiones extraídas de
experiencias similares

Las evaluaciones intermedias llevadas a cabo por los programas
actuales en el ámbito de la justicia han confirmado la eficacia global de los
programas, pero también han identificado una serie de problemas como la
dilución de los fondos («saupoudrage») entre numerosos pequeños proyectos con
impacto limitado. A pesar de que la financiación se asigna a una multitud de
proyectos, no hay una distribución geográfica equilibrada entre las
organizaciones que reciben financiación. Las evaluaciones intermedias coinciden
en que debería hacerse más para mejorar la difusión y explotación de los
resultados de las actividades financiadas. La mejora de la difusión va pareja a
la mejora de la evaluación y el seguimiento. Las evaluaciones intermedias y la
consulta pública destacaron en términos de eficiencia los procedimientos burocráticos
y complejos a los que se enfrentan los solicitantes. Desde el punto de vista
administrativo, la multiplicación de procedimientos para los diferentes
programas impone una carga administrativa elevada para la Comisión. La
multiplicación de los procedimientos y la carga administrativa elevada
contribuyen a incrementar la duración de los procedimientos. La fusión de los
programas permitiría solucionar este problema y crear sinergias entre los
programas. 

1.5.4.          
Coherencia y posibles sinergias con otros
instrumentos pertinentes

El Programa buscará sinergias, la coherencia y la complementariedad
con otros instrumentos de la Unión, como, por ejemplo, los programas en ámbitos
tales como asuntos de interior; salud y protección de los consumidores, y educación
e investigación. Se evitará la duplicación con las actividades en el marco de
esos otros programas, y se compartirán recursos entre el Programa de Justicia y
el Programa de Derechos y Ciudadanía con el fin de alcanzar objetivos comunes.

1.6.                
Duración e incidencia financiera 

þ Propuesta/iniciativa de duración
limitada 
–      þ  Propuesta/iniciativa en vigor desde el
1.1.2014 hasta el 31.12.2020 
–      þ  Incidencia financiera desde 2014 hasta
2020 y más allá. 
¨ Propuesta/iniciativa de duración
ilimitada
–      Ejecución: fase de puesta en marcha desde
AAAA hasta AAAA
–      y pleno funcionamiento a partir de la
última fecha.

1.7.                
Modo(s) de gestión previsto(s)[25] 

þ Gestión centralizada directa a cargo de la Comisión 
þ Gestión centralizada indirecta mediante delegación de las tareas de ejecución en:
–      þ  agencias ejecutivas 
–      þ  organismos creados por las Comunidades[26] 
–      ¨  organismos nacionales del sector
público / organismos con misión de servicio público 
–      ¨personas a quienes se haya encomendado la
ejecución de acciones específicas de conformidad con el título V del Tratado de
la Unión Europea y que estén identificadas en el acto de base correspondiente a
efectos de lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento Financiero 
¨ Gestión compartida con los Estados miembros 
¨ Gestión descentralizada con terceros países 
þ Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquense más
abajo)
Si se indica más
de un modo de gestión, facilítense los detalles en el recuadro de
observaciones.
Observaciones 
Está
prevista en la exposición de motivos la posibilidad de utilizar una agencia
ejecutiva ya existente para la ejecución total o parcial del Programa. Hasta el
presente no se ha adoptado ninguna decisión en este sentido, y no se ha
efectuado ningún análisis de costes/beneficios, pero la opción debe mantenerse
abierta. 
La
gestión conjunta es otra opción que no es utilizada por el momento, pero que cabe
plantearse en el futuro. Especialmente en el caso de las organizaciones
internacionales mencionadas en el artículo 7, apartado 2: Consejo de Europa,
Naciones Unidas y la Conferencia de la Haya de Derecho International Privado.

2.                      
MEDIDAS DE GESTIÓN 
2.1.                
Disposiciones en materia de seguimiento e
informes 

Especifíquense la
frecuencia y las condiciones.
La propuesta incluye obligaciones de seguimiento y evaluación. La
consecución de los objetivos específicos será objeto de un seguimiento anual
sobre la base de los indicadores contenidos en la propuesta.
Además, la Comisión presentará, a mediados de 2018 a más tardar,
un informe de evaluación intermedia sobre la realización de los objetivos del
programa, la eficacia del uso de los recursos y su valor añadido europeo. Se
realizará una evaluación a posteriori sobre el impacto a largo plazo y
la sostenibilidad de los efectos del programa, una vez concluido éste.

2.2.                
Sistema de gestión y control 
2.2.1.          
Riesgo(s) definido(s) 

La DG de Justicia no ha tenido que hacer frente a importantes
riesgos de error en sus programas de gasto. Así lo confirma la repetida
ausencia de hallazgos significativos en los informes anuales del Tribunal de
Cuentas, así como la ausencia de un porcentaje de error residual por encima del
2 % en los últimos años en los informes anuales de actividad de la DG de
Justicia (y de la antigua DG JLS) (con una única excepción en el caso del
Programa Daphne en 2009).
Los principales riesgos identificados son los siguientes:
- riesgo de mala calidad de los proyectos seleccionados y
deficiente ejecución técnica del proyecto, lo que reduciría el impacto de los
programas; en caso de procedimientos de selección inadecuados, falta de conocimientos
especializados o supervisión insuficiente;
- riesgo de uso ineficiente o mala gestión económica de los fondos
adjudicados, tanto para las subvenciones (complejidad del reembolso de los
costes reales subvencionables, junto con unas posibilidades limitadas para
controlar en la sede los costes subvencionables) como para la contratación (a
veces, hay un número limitado de proveedores económicos con los necesarios
conocimientos especializados, lo que implica escasas posibilidades para
comparar las ofertas de precio);
- riesgo relacionado con la capacidad de las organizaciones más
pequeñas (en particular) para controlar eficazmente los gastos, así como para
garantizar la transparencia de las operaciones efectuadas; 
- riesgo para la reputación de la Comisión si se descubren fraudes
o actividades delictivas; sólo puede obtenerse una garantía parcial de los
sistemas de control interno de terceras partes debido al elevado número de
contratistas y beneficiarios heterogéneos, cada uno con su propio sistema de
control, a menudo de dimensiones reducidas.
Se espera que la mayoría de estos riesgos se reduzcan gracias a
una mejor selección de las propuestas y la utilización de elementos
simplificados incluidos en la revisión trienal del Reglamento Financiero.

2.2.2.          
Método(s) de control previsto(s) 

Descripción del sistema de control interno
El sistema de control previsto para el futuro programa constituye
una continuación del actual sistema de control. Está formado por varios
componentes: supervisión de las operaciones por parte de la Unidad de Gestión
del Programa; control a posteriori (verificación financiera) por la
Unidad Central de Presupuesto y Control; el Comité Interno de Contratación
Pública; controles a posteriori de las subvenciones, y auditorías de la
Estructura de Auditoría Interna o el Servicio de Auditoría Interna.
Todas las transacciones estarán sujetas a una verificación previa
por la Unidad de Gestión del Programa y una verificación financiera final por
la Unidad de Control y Presupuesto (excepto las prefinanciaciones de bajo
riesgo). En el caso de las subvenciones, se verificarán con detalle las
declaraciones de gastos y se solicitarán justificantes cuando se considere
necesario sobre la base de una evaluación de riesgos. Todos los procedimientos
de contratación abiertos y restringidos y los procedimientos negociados por
encima de 60 000 EUR serán presentados al Comité Interno de Contratación
Pública para los correspondientes controles antes de que se adopte la decisión
de adjudicación.
El sector de control a posteriori aplicará una «estrategia
de detección» encaminada a detectar un máximo de anomalías con vistas a la
recuperación de los pagos indebidos. Sobre la base de esta estrategia, se
llevarán a cabo auditorías de una muestra de proyectos seleccionados casi
exclusivamente a partir de un análisis de riesgos. 
Costes y beneficios de los controles
Cabe estimar que entre el 50 % y el 70 % del personal
que participa en la gestión de los programas de financiación actuales lleva a
cabo funciones de control en un sentido amplio (desde la selección de
beneficiarios o contratistas a la aplicación de los resultados de la
auditoría). Esto corresponde a un total de entre 2,1 millones EUR (50 % de
los costes en recursos humanos de 2014 previstos en el punto 3.2.3) y 3,2
millones EUR (70 % de los costes en recursos humanos para 2020 previstos
en el punto 3.2.3). Además, la externalización de las auditorías a
posteriori genera unos costes de entre 75 000 y 100 000 EUR al año que se
financian con créditos de apoyo administrativo. Estos costes representan entre
un 6 % y un 3 % del presupuesto total del programa, porcentaje decreciente
a lo largo del período de siete años debido a que los créditos anuales
aumentarán sustancialmente entre 2014 y 2020, mientras que los gastos de
control se mantendrán relativamente estables.
Gracias a la combinación de controles a priori y a
posteriori, así como controles en la sede y auditorías in situ, en
los últimos años el índice de error residual medio cuantificable fue inferior
al 2 %, con excepción del Programa Daphne en 2009, cuyo nivel de error se
elevó ligeramente por encima del 2 %. Este problema se solucionó un año después
con un aumento de los controles a posteriori sobre el terreno. Estos
controles detectaron y corrigieron los errores restantes en esa población. Por
lo tanto, el sistema de control interno, así como su coste, se considera
adecuado en la DG de Justicia para alcanzar el objetivo de un índice bajo de
error.
No obstante, en este marco, la DG de Justicia seguirá explorando
las posibilidades de mejorar la gestión y aumentar la simplificación. Con la
reducción del número de programas, se aplicarán normas y procedimientos
armonizados, reduciendo el riesgo de error. Además, los instrumentos de
simplificación puestos a disposición en la revisión trienal del Reglamento
Financiero se utilizarán tanto como sea posible, porque es de esperar que
contribuirán a reducir la carga administrativa para los beneficiarios y, por lo
tanto, reducirán simultáneamente los riesgos de error y la carga administrativa
para la Comisión.
Resumen de la naturaleza e intensidad de
los controles (actuales)
 Resumen de los controles || Importe MEUR   || Número de beneficiarios / transacciones (% del total) || Intensidad *(evaluación 1-4) || Cobertura (% del valor) 
 Controles ex ante de todas las transacciones financieras || n.a. || 100% || 1-4, en función del riesgo y el tipo de transacción || 100% 
 Controles de las decisiones de adjudicación de contratos por el Comité de Contratación Pública de Justicia || n.a. || 100% de los procedimientos de contratación pública por encima de 125 000 EUR y de los procedimientos negociados por encima de 60 000 EUR || 4 || 100% de los procedimientos de contratación pública por encima de 125 000 EUR y de los procedimientos negociados por encima de 60 000 EUR 
 Controles a posteriori de los pagos finales de las subvenciones || n.a. || Un mínimo del 10% || 4 || Entre el 5 y el 10% 
*Intensidad de los
controles: 
1. Control administrativo / aritmético
mínimo sin referencia a documentos justificativos 
2. Control con referencia a información
confirmativa que incorpora un elemento de supervisión independiente (por
ejemplo, certificado de auditoría u otra verificación), pero sin referencia a
documentos de apoyo.
3. Control con
referencia a información confirmativa totalmente independiente (por ejemplo,
base de datos que justifica determinados elementos de la reclamación,
evaluación por terceros por la Comisión de los logros alcanzados, etc.) 
4. Control con
referencia y con el acceso a la documentación de apoyo disponible en la fase
del procedimiento en cuestión, para todas los insumos y resultados (por
ejemplo, fichas horarias, facturas, verificación física, etc.); es decir,
control con la misma intensidad de las transacciones que el llevado a cabo por
el Tribunal de Cuentas en el marco de la DAS.

2.3.                
Medidas de prevención del fraude y de las
irregularidades 

Especifíquense
las medidas de prevención y protección existentes o previstas.
Ya se aplican o se pondrán en práctica diferentes medidas para el
futuro Programa de Derechos y Ciudadanía con el fin de prevenir el fraude y las
irregularidades. La propuesta contiene en su artículo 11 una disposición sobre
la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. En consonancia
con la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión (CAFS), adoptada en
junio de 2011, la Dirección General de Justicia está elaborando una estrategia
de lucha contra el fraude que cubra todo el ciclo del gasto, teniendo en cuenta
la proporcionalidad y la relación coste/beneficio de las medidas que se hayan
de aplicar. Esta estrategia se basará en dos pilares: prevención, basada en
unos controles eficaces, y respuesta adecuada, en caso de fraude o
irregularidades, consistente en la recuperación de las cantidades pagadas
indebidamente y, en su caso, en la aplicación de sanciones efectivas,
proporcionales y disuasorias. La estrategia de lucha contra el fraude describe
el sistema de controles a priori y a posteriori, sobre la base de
un sistema de banderas rojas, y especifica los procedimientos a seguir por el
personal cuando se detecten fraudes o irregularidades. También proporciona
información sobre los acuerdos de trabajo con la OLAF.

3.                      
INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA
PROPUESTA/INICIATIVA 
3.1.                
Rúbrica(s) del Marco Financiero Plurianual
y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 

·       
Nuevas líneas presupuestarias solicitadas 
En el orden de las rúbricas del Marco Financiero
Plurianual y de las líneas presupuestarias.
 Rúbrica del Marco Financiero Plurianual || Línea presupuestaria || Tipo de gasto || Contribución 
 Número [Rúbrica…………………………………..] || CD/CND || de países de la AELC || de países candidatos || de terceros países || a efectos de lo dispuesto en el artículo 18.1.a bis) del Reglamento Financiero 
 [3…] || [33 01 04.YY] Programa de Justicia || [CND || SÍ || SÍ || SÍ[27] || NO 
 [3…] || [33 YY YY YY] Programa de Justicia ||  [CD…] || SÍ || SÍ || NO || NO 
   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.2.                
Incidencia estimada en los gastos 
3.2.1.          
Resumen de la incidencia estimada en los
gastos 

En millones EUR (al tercer decimal)
 Rúbrica del Marco Financiero Plurianual: || Número || [Rúbrica 3 – Seguridad y ciudadanía] 
 DG de Justicia ||   ||   || Año 2014[28] || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Después de 2020 || TOTAL 
  Créditos de operaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria - 33 xx xx || Compromisos || (1) || 45,800 || 52,800 || 59,300 || 66,300 || 73,800 || 80,800 || 84,800 ||   || 463,600 
 Pagos || (2) || 18,300 || 30,400 || 43,600 || 53,700 || 64,400 || 71,500 || 77,100 || 104,600 || 463,600 
 Créditos de carácter administrativo financiados con cargo a la dotación de programas específicos[29] ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Número de línea presupuestaria 33 01 04 yy* ||   || (3) || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 ||   || 8,400 
 TOTAL créditos de la DG de JUSTICIA || Compromisos || =1+1a +3 || 47,000 || 54,000 || 60,500 || 67,500 || 75,000 || 82,000 || 86,000 ||   || 472,000 
 Pagos || =2+2a +3 || 19,500 || 31,600 || 44,800 || 54,900 || 65,600 || 72,700 || 78,300 || 104,600 || 472,000 
La Comisión podrá prever (parcialmente)
la externalización de la ejecución del Programa a las agencias ejecutivas
existentes. Los importes y las imputaciones se ajustarán en caso necesario en
función de los resultados del proceso de externalización.
  TOTAL de los créditos de operaciones || Compromisos || (4) || 45,800 || 52,800 || 59,300 || 66,300 || 73,800 || 80,800 || 84,800 ||   || 463,600 
 Pagos || (5) || 18,300 || 30,400 || 43,600 || 53,700 || 64,400 || 71,500 || 77,100 || 104,600 || 463,600 
  TOTAL de los créditos de carácter administrativo financiados con cargo a la dotación de programas específicos || (6) || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 || 1,200 ||   || 8,400 
 TOTAL de los créditos de la RÚBRICA 3 del Marco Financiero Plurianual || Compromisos || =4+ 6 || 47,000 || 54,000 || 60,500 || 67,500 || 75,000 || 82,000 || 86,000 ||   || 472,000 
 Pagos || =5+ 6 || 19,500 || 31,600 || 44,800 || 54,900 || 65,600 || 72,700 || 78,300 || 104,600 || 472,000 
 Rúbrica del Marco Financiero Plurianual: || 5 || «Gastos administrativos» 
En millones EUR (al tercer decimal)
   ||   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || Después de 2020 || TOTAL 
 DG de JUSTICIA ||   || 
  Recursos humanos || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 ||   || 30,150 
  Otros gastos administrativos || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 ||   || 0,402 
 Total de la DG de JUSTICIA || Créditos || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 ||   || 30,552 
 TOTAL de los créditos de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || (Total compromisos = Total pagos) || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 ||   || 30,552 
En millones EUR (al tercer decimal)
   ||   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 ||   || TOTAL 
 TOTAL de los créditos de las RÚBRICAS 1 a 5 del Marco Financiero Plurianual || Compromisos || 51,239 || 58,302 || 64,721 || 71,811 || 79,403 || 86,493 || 90,583 ||   || 502,552 
 Pagos || 23,739 || 35,902 || 49,021 || 59,211 || 70,003 || 77,193 || 82,883 || 104,600 || 502,552 

3.2.2.          
Incidencia estimada en los créditos de
operaciones 

–      ¨  La propuesta/iniciativa no exige la
utilización de créditos de operaciones 
–     
þ  La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de
operaciones, tal como se explica a continuación. No es posible para la DG de Justicia
facilitar una lista exhaustiva de todos los resultados que deben alcanzarse por
medio de la intervención financiera en el marco del programa, sus costes medios
y cifras, tal y como se solicita en el presente apartado. No existen
actualmente herramientas estadísticas que permitan establecer los costes medios
sobre la base de los programas actuales, y una definición exacta sería
contraria al principio de que el futuro programa debe proporcionar suficiente
flexibilidad para responder a las prioridades políticas entre 2014-2020. Sin
embargo, esta es una lista (no exhaustiva) de los resultados esperados:
– Número
de personas en el grupo destinatario a las que se han dirigido las actividades
de sensibilización;
– Número
de magistrados y de personal al servicio de la administración de justicia del
grupo destinatario que han recibido formación;
– Número
de profesionales del Derecho que participan, entre otras cosas, en la creación
de redes, intercambios, visitas de estudio;
– Número
de casos de cooperación transfronteriza, incluida la utilización de
herramientas informáticas y procedimientos europeos;
– Iniciativas políticas diseñadas sobre la
base de las evaluaciones, y evaluaciones de impacto, y elaboradas a partir de
consultas generales a las partes interesadas y expertos;
– Número de evaluaciones y evaluaciones de
impacto efectuadas como consecuencia de la ejecución del Programa;
Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer
decimal)
 Indíquense los objetivos y los resultados   ò ||   ||   || Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL 
 RESULTADOS 
 Tipo de resultado[30]   || Coste medio del resultado || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número de resultados || Coste || Número total de resultados || Total Coste 
 OBJETIVO ESPECÍFICO nº 1[31]…   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultados ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultados roducto ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultados ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal del objetivo específico nº 1 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 OBJETIVO ESPECÍFICO n° 2… ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Resultados ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Subtotal del objetivo específico nº 2 ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 COSTE TOTAL ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   

3.2.3.          
Incidencia estimada en los créditos de
carácter administrativo
3.2.3.1.    
Resumen 

–      ¨  La propuesta/iniciativa no exige la
utilización de créditos administrativos 
–      þ  La propuesta/iniciativa exige la
utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:
En millones EUR
(al tercer decimal)
   || Año 2014[32]   || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 || TOTAL 
 RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos || 4,185 || 4,247 || 4,165 || 4,254 || 4,344 || 4,433 || 4,522 || 30,150 
 Otros gastos administrativos || 0,054 || 0,055 || 0,056 || 0,057 || 0,059 || 0,060 || 0,061 || 0,402 
 Subtotal para la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || 4,239 || 4,302 || 4,221 || 4,311 || 4,403 || 4,493 || 4,583 || 30,552 
 Fuera de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual[33]   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Recursos humanos de carácter administrativo || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 8.400 
 Subtotal al margen de la RÚBRICA 5 del Marco Financiero Plurianual || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 1 200 || 8.400 
 TOTAL || 5,439 || 5,502 || 5,421 || 5,511 || 5.603 || 5,693 || 5,783 || 38,952 
La Comisión podrá prever la
externalización (parcial) de la ejecución del Programa a las agencias
ejecutivas existentes. Los importes y las imputaciones se ajustarán en caso necesario
en función de los resultados del proceso de externalización.

3.2.3.2.    
 Necesidades estimadas de recursos humanos 

–      ¨  La propuesta/iniciativa no exige la
utilización de recursos humanos 
–      þ  La propuesta/iniciativa exige la
utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:
Estimación que debe expresarse en
unidades de equivalente a jornada completa 
   || Ano 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 
 Empleos de plantilla (puestos de funcionarios y agentes temporales, en equivalente a jornada completa: EJC) 
 33 01 01 01 (Sede y Oficinas de Representación de la Comisión) || 30,75 || 30,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 
 XX 01 01 02 (Delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 01 (Investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 01 (Investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Personal externo (en unidades de equivalente a ornada completa: EJC)[34] 
 33 01 02 01 (AC, INT, ENCS de la dotación global) || 0,5 || 0,5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 
 XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL y ENCS en las delegaciones) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 04 yy [35] || -en la sede[36] ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 - en las dlegaciones ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 XX 01 05 02 (AC, INT y ENCS; investigación indirecta) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 10 01 05 02 (AC, INT, ENCS; investigación directa) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 Otras líneas presupuestarias (especifíquese) ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
 TOTAL || 31,25 || 31,25 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 || 29,75 
33 es
la política o título presupuestario correspondiente.
Las necesidades en
materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la
gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará en
caso necesario con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG
gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los
imperativos presupuestarios existentes. Los importes y las imputaciones se
ajustarán en caso necesario en función de los resultados del proceso de
externalización.
Descripción de
las tareas que deben llevarse a cabo:
 Funcionarios y agentes temporales || Las tareas que deben realizarse comprenden todas las tareas necesarias para la gestión del programa, tales como: –aportar información para el procedimiento presupuestario; – preparar programas de trabajo anuales/decisiones de financiación, establecer las prioridades anuales; – gestionar las convocatorias de propuestas y licitaciones y los procedimientos de selección subsiguientes; - comunicar con las partes interesadas (potenciales/beneficiarios reales, Estados miembros, etc.); – gestionar los proyectos operativa y financieramente; – realizar controles, según lo descrito anteriormente (verificación a priori, comité de contratación, auditorías a posteriori, auditoría interna); – contabilidad; – desarrollar y gestionar herramientas informáticas de gestión de las subvenciones; – supervisar y elaborar informes sobre la consecución de objetivos, incluidos los IAA y los informes del Ordenador Subdelegado. 
 Personal externo || Las tareas son similares a las de los funcionarios y los agentes temporales, excepto aquellas tareas que no puedan ser realizadas por personal externo. 

3.2.4.          
Compatibilidad con el Marco Financiero
Plurianual vigente 

–     
þ  La propuesta/iniciativa es compatible con el próximo Marco
Financiero Plurianual.
–     
¨  La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la
rúbrica correspondiente del Marco Financiero Plurianual.
Explíquese la reprogramación requerida,
precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.
–     
¨  La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento
de Flexibilidad o la revisión del Marco Financiero Plurianual[37].
Explíquese qué es lo que se requiere,
precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes
correspondientes.

3.2.5.          
Contribución de terceros 

–      þ  La propuesta/iniciativa no prevé la
cofinanciación por terceros 
–      ¨  La propuesta/iniciativa prevé la
cofinanciación que se estima a continuación:
Incidencia estimada en los ingresos 
–      ¨  La propuesta/iniciativa no tiene
incidencia financiera en los ingresos.
–      þ  La propuesta/iniciativa tiene la
incidencia financiera que se indica a continuación:
¨         en los recursos propios 
þ         en los ingresos diversos 
En millones EUR (al tercer decimal)
 Línea presupuestaria de ingresos: || Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso || Incidencia de la propuesta/iniciativa[38]   
 Año 2014 || Año 2015 || Año 2016 || Año 2017 || Año 2018 || Año 2019 || Año 2020 
 Artículo 6xxxx……… ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   ||   
En el caso de los
ingresos diversos «afectados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias
de gasto en la(s) que repercuta(n).
[33, yyyyyy …] Línea de ingresos 
Especifíquese el
método de cálculo de la incidencia en los ingresos.
Los ingresos no se conocen en esta fase y dependerán de la
participación de los países candidatos en el programa.
[1]               Comunicación sobre la revisión del presupuesto de la UE,
COM (2010) 700 final de 19.10.2010.
[2]               Documento
de trabajo de los servicios de la Comisión, «Un presupuesto para Europa 2020: el
actual sistema de financiación, los retos que le aguardan, los resultados de la
consulta a los interesados y distintas opciones sobre las principales
cuestiones horizontales y sectoriales», SEC (2011) 868 final, que acompañan a
la Comunicación «Un presupuesto para Europa 2020», COM (2011) 500 final de
29.6.2011.
[3]               http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0010_en.htm

[4]               Programa
de Justicia Civil (JCIV), Programa de Justicia Penal (JPEN), Programa de
Derechos Fundamentales y Ciudadanía (FRC), Programa Daphne III (DAP), Programa
de Información y Prevención en materia de Drogas (DPIP) y las secciones «No
Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del Programa para el Empleo
y la Solidaridad Social (PROGRESS). 
[5]               Informe
intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y los aspectos
cualitativos y cuantitativos de la ejecución del programa de financiación
«Justicia Civil», COM (2011) 351 final de 15.6.2011; Informe intermedio de
evaluación del Programa «Justicia Penal», COM (2011) 255 final de 11.5.2011; Informe
de evaluación intermedia del programa «Derechos fundamentales y ciudadanía»
para el período 2007-2013, COM (2011) 249 final de 5.5.2011; Informe de
evaluación intermedia del «Programa Daphne III 2007-2013», COM (2011) 254 final
de 11.5.2011; Informe sobre la evaluación intermedia del Programa Específico de
«Información y Prevención en materia de Drogas» (PIPD) 2007-2013, COM (2011)
246 final de 5.5.2011.
[6]               Comunicación
de la Comisión de 13.9.2011, COM(2011) 551 final.
[7]               DO
C 115 de 4.5.2010, p. 115.
[8]               COM(2010)
2020 final de 3.3.2010.
[9]               COM(2011)500
de 29.6.2011.
[10]             DO
L 257 de 3.10.2007, p.16
[11]             DO
L 58 de 24.2.2007, p.13. 
[12]             DO
L 257 de 3.10.2007, p.23.
[13]             COM(2010) 700 de 19.10.2010.
[14]             DO
L 55 de 28.2.2011, p. 13.
[15]             DO
L xxx de xx.xx.xxxx, p. xx.
[16]             DO L XX, XX, p. XX.
[17]             DO L XX, XX, p. XX.
[18]             DO L XX, XX, p. XX.
[19]             DO L XX, XX, p. XX.
[20]             DO L XX, XX, p. XX.
[21]             DO
L 292 de 15.11.1996, p. 2.
[22]             El
texto final de este considerando del Reglamento dependerá de la posición que el
Reino Unido e Irlanda adopten efectivamente de conformidad con las
disposiciones del Protocolo (nº 21).
[23]             GPA:
gestión por actividades; PPA: presupuestación por actividades.
[24]             Tal
como se contempla en el artículo 49, apartado 6, letra a) o b), del Reglamento
Financiero.
[25]             Las
explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento
Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
[26]             Con
arreglo al artículo 185 del Reglamento Financiero.
[27]             Posiblemente
DK. 
[28]             Año
«N» es el año en el que se inicia la aplicación de la propuesta /iniciativa.
[29]             Asistencia técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a
la ejecución de programas y/o acciones de la UE (antiguas líneas «BA»),
investigación indirecta, investigación directa.
[30]             Los
resultados deben entenderse como productos que se suministrarán y servicios que
se prestarán (por ejemplo: número de intercambios de estudiantes financiados,
número de km de careteras construidos, etc.) 
[31]             Tal
como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…»
[32]             El
año «N» es el año de comienzo de la ejecución de la propuesta/iniciativa.
[33]             Asistencia
técnica y/o administrativa y gastos de apoyo a la ejecución de programas y/o
acciones de la UE (antiguas líneas «BA»), investigación indirecta,
investigación directa.
[34]             AC
= agente contractual; INT = personal interino (intérimaires»); JED = joven
experto en delegación; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión
de servicios.
[35]             Por
debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones
(antiguas líneas «BA»)
[36]             Básicamente
para los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP).
[37]             Véanse
los apartados 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.
[38]             Por
lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana,
cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos,
es decir, importes brutos tras la deducción del 25 % de los gastos de
recaudación.