CELEX: 62018CC0698
Language: es
Date: 2020-03-05 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 5 de marzo de 2020.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. MACIEJ SZPUNAR
   presentadas el 5 de marzo de 2020 (
         1
      )
   
      Asuntos acumulados C‑698/18 y C‑699/18
   
   SC Raiffeisen Bank SA
   contra
   JB (C‑698/18)
   y
   BRD Groupe Société Générale SA
   contra
   KC (C‑699/18)
   
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureș, Rumanía)]
   
   «Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales — Contrato de préstamo personal — Modalidades procesales — Acción judicial ordinaria imprescriptible — Acción judicial ordinaria personal, patrimonial y prescriptible — Momento objetivo en que el consumidor tiene conocimiento de la existencia de una cláusula abusiva»
   
            1.
         
         
            Las presentes peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de la Directiva 93/13/CEE (
                  2
               ) en el contexto específico de los contratos de préstamo íntegramente cumplidos. Más concretamente, estas peticiones de decisión prejudicial permitirán al Tribunal de Justicia determinar claramente si dicha Directiva sigue aplicándose tras el pleno cumplimiento de un contrato y, en su caso, si una acción de restitución de los importes percibidos en virtud de las cláusulas contractuales que se consideran abusivas puede estar sujeta a un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr a partir del momento en que se extinguió el contrato. En esencia, se trata de determinar el alcance temporal de la protección que dicha Directiva confiere a los consumidores.
         
      
      I. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Derecho de la Unión
      
   
   
            2.
         
         
            De acuerdo con el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, se entenderá por «consumidor» toda persona física que, en los contratos regulados por dicha Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.
         
      
            3.
         
         
            A tenor del artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva:
            «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
         
      
      
         B.
       
         Derecho rumano
      
   
   
            4.
         
         
            El artículo 1, apartado 3, de la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori (Ley n.o 193/2000 relativa a las Cláusulas Abusivas de los Contratos celebrados entre Profesionales y Consumidores), de 6 de noviembre de 2000 (Monitorul Oficial al României n.o 560 de 10 de noviembre de 2000), republicada en 2012 (Monitorul Oficial al României n.o 543 de 3 de agosto de 2012), en su versión modificada por última vez en 2014 (en lo sucesivo, «Ley n.o 193/2000»), prohíbe a los profesionales incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Por otra parte, el artículo 6 de dicha Ley establece que las cláusulas abusivas no producirán efectos para el consumidor.
         
      
            5.
         
         
            El artículo 12, apartados 1 y 4, de dicha Ley dispone lo siguiente:
            «1.   En caso de que se constate el uso de contratos de adhesión que contienen cláusulas abusivas, los órganos de supervisión a que se refiere el artículo 8 someterán el asunto al tribunal del domicilio del profesional, o, en su caso, del domicilio social de este, y solicitarán que se exija la modificación de los contratos en curso de cumplimiento eliminando las cláusulas abusivas.
            […]
            4.   Los dispuesto en los apartados 1 a 3 se entenderá sin perjuicio del derecho del consumidor frente a quien se oponga un contrato de adhesión que contiene una cláusula abusiva a invocar la nulidad de la cláusula por vía de acción o por vía de excepción, con arreglo a los requisitos legalmente establecidos.»
         
      
            6.
         
         
            El artículo 993 del Codul civil (Código Civil) de 1864, aplicable en la fecha de celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales, establece, en particular, que el que pague una deuda por error creyéndose deudor tendrá derecho de repetición contra el acreedor.
         
      
            7.
         
         
            De conformidad con el artículo 1 del Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă (Decreto n.o 167/1958 relativo a la prescripción extintiva), de 10 de abril de 1958 (Monitorul Oficial al României n.o 19 de 21 de abril de 1958), republicado:
            «Las acciones patrimoniales prescribirán en el plazo fijado legalmente para su ejercicio.
            La prescripción de la acción relativa a un derecho principal conllevará la prescripción de la acción relativa a los derechos accesorios.»
         
      
            8.
         
         
            A tenor del artículo 2 de dicho Decreto, «la nulidad de un acto jurídico podrá invocarse en cualquier momento, ya sea por vía de acción o por vía de excepción».
         
      
            9.
         
         
            Con arreglo al artículo 7 de este mismo Decreto:
            «El plazo de prescripción empezará a correr el día en que nazca el derecho a ejercitar la acción o el derecho a solicitar la ejecución forzosa.
            El plazo de prescripción de las acciones referentes a las obligaciones que deban cumplirse a instancia del acreedor y de aquellas respecto a las que no se haya establecido un plazo de ejecución empezará a correr el día en que nazca la relación jurídica.»
         
      
            10.
         
         
            El artículo 8 de dicho Decreto dispone:
            «El plazo de prescripción de la acción de indemnización por los daños sufridos como consecuencia de un hecho ilícito empezará a correr el día en que la persona perjudicada tuvo o debiera haber tenido conocimiento tanto del daño como de la persona responsable.
            Las disposiciones del párrafo anterior también se aplicarán en caso de enriquecimiento injusto.»
         
      
      II. Litigios principales y cuestiones prejudiciales
   
   
      
         A.
       
         Asunto C‑698/18, Raiffeisen Bank
      
   
   
            11.
         
         
            En junio de 2008, el demandante en el litigio principal celebró con SC Raiffeisen Bank SA (en lo sucesivo, «Raiffeisen Bank») un contrato de préstamo por un período de 84 meses que expiraba en 2015, fecha en la que el préstamo fue íntegramente reembolsado.
         
      
            12.
         
         
            En diciembre de 2016, al considerar que determinadas cláusulas contractuales eran abusivas, el demandante interpuso ante el Judecătoria Târgu Mureş (Tribunal de Primera Instancia de Târgu Mureş, Rumanía) un recurso por el que solicitó que se declarase el carácter abusivo de dichas cláusulas y reclamó la devolución de las cantidades abonadas en virtud de dichas cláusulas y el pago de los intereses legales.
         
      
            13.
         
         
            Raiffeisen Bank invocó, por vía de excepción, la falta de legitimación activa del demandante, alegando que este no tenía la condición de consumidor en el sentido de la Ley n.o 193/2000 habida cuenta de que, en la fecha de presentación de la demanda, habían cesado las relaciones contractuales entre las partes, puesto que el contrato de préstamo había vencido el año anterior debido a su pleno cumplimiento.
         
      
            14.
         
         
            El órgano jurisdiccional nacional de primera instancia estimó íntegramente la demanda.
         
      
            15.
         
         
            Raiffeisen Bank consideró que esta resolución le era lesiva, por lo que recurrió en apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, reiterando la alegación según la cual el demandante había perdido su condición de consumidor antes de entablar la acción judicial, puesto que se había producido la extinción del contrato de préstamo por haber sido este cumplido en su totalidad.
         
      
            16.
         
         
            En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureș, Rumanía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales en los dos asuntos de que se trata:
            
                     «1)
                  
                  
                     ¿Se opone la [Directiva 93/13], en particular sus considerandos 12, 21 y 23, así como su artículo 2, letra b), su artículo 6, apartado 1, su artículo 7, apartado 2, y su artículo 8, a [un] conjunto de medios procesales —en aplicación del principio de autonomía procesal en combinación con los de equivalencia y efectividad— formado por una acción judicial ordinaria imprescriptible para declarar el carácter abusivo de cláusulas en contratos celebrados con los consumidores, y por una acción judicial ordinaria personal, patrimonial y prescriptible que persigue el desiderátum de esa Directiva de eliminar los efectos de cualquier obligación nacida y ejecutada en virtud de una cláusula declarada abusiva en favor del consumidor?
                  
               
                     2)
                  
                  
                     En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿se oponen esas mismas disposiciones a una interpretación derivada de la aplicación del principio de seguridad de las relaciones jurídicas civiles según la cual el momento objetivo desde el que el consumidor debía tener conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la existencia de una cláusula abusiva es el momento de extinción del contrato de préstamo en el que tuvo la condición de consumidor?»
                  
               
      
      
         B.
       
         Asunto C‑699/18, BRD Groupe Société Générale
      
   
   
            17.
         
         
            En mayo de 2003, el demandante en el procedimiento principal y otra parte, en calidad de coprestatario, celebraron con BRD Groupe Société Générale SA un contrato de préstamo. En marzo de 2005, como consecuencia del reembolso anticipado del préstamo, este se consideró liquidado y el contrato de préstamo se extinguió.
         
      
            18.
         
         
            Más de diez años después, en julio de 2016, el demandante presentó ante la Judecătoria Târgu Mureş (Tribunal de Primera Instancia de Târgu Mureş, Rumanía) una demanda en la que solicitó que se declarase el carácter abusivo de las cláusulas de dicho contrato. Asimismo, el demandante solicitó la anulación de dichas cláusulas. la restitución de todos los importes abonados en virtud de estas y el pago de los intereses legales correspondientes a dichos importes.
         
      
            19.
         
         
            BRD Groupe Société Générale alegó que el demandante ya no tenía la condición de consumidor, habida cuenta de que, en la fecha en que se entabló el procedimiento judicial, habían cesado las relaciones entre las partes y el contrato llevaba once años extinguido por reembolso anticipado.
         
      
            20.
         
         
            El órgano jurisdiccional nacional de primera instancia estimó parcialmente la demanda.
         
      
            21.
         
         
            BRD Groupe Société Générale consideró que esta resolución le era lesiva, por lo que recurrió en apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, reiterando la alegación según la cual el demandante había perdido su condición de consumidor once años antes de entablar la acción judicial, a consecuencia de la extinción del contrato por reembolso anticipado.
         
      
            22.
         
         
            En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureș) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales, idénticas a las planteadas en el asunto C‑698/18. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que, en el asunto C‑699/18, el demandante interpuso el recurso solicitando que se declarase el carácter abusivo de las cláusulas once años después de la extinción del contrato de préstamo, es decir, tras expirar el plazo de prescripción de tres años establecido por el legislador nacional para ejercer un derecho de contenido patrimonial.
         
      
      III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
   
   
            23.
         
         
            Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 2018, se acordó la acumulación de los asuntos C‑698/18 y C‑699/18 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
         
      
            24.
         
         
            Presentaron observaciones escritas las partes en el procedimiento principal, con excepción del demandante en el asunto C‑698/18, los Gobiernos rumano, checo, polaco y portugués y la Comisión Europea.
         
      
            25.
         
         
            Estos mismos interesados estuvieron representados en la vista que se celebró el 12 de diciembre de 2019.
         
      
      IV. Análisis
   
   
            26.
         
         
            Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine, en esencia, si la Directiva 93/13 se opone, en primer lugar, a que se otorgue un carácter prescriptible a una acción de restitución de las prestaciones efectuadas en virtud de una cláusula declarada abusiva incluida en un contrato íntegramente cumplido. En segundo lugar, se pregunta si dicha Directiva se opone a que se aplique a dicha acción un plazo de prescripción trienal que empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato. El órgano jurisdiccional remitente plantea estas cuestiones desde el punto de vista de los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros. Habida cuenta de que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición nacional respeta dichos límites debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este, (
                  3
               ) estimo que procede analizar estas cuestiones conjuntamente.
         
      
            27.
         
         
            Además, el órgano jurisdiccional remitente considera que se enfrenta al problema de determinar —desde el punto de vista temporal— la condición de «consumidor» en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13. Aunque no plantea esta cuestión expresamente, el órgano jurisdiccional remitente señala que procede determinar si dicha Directiva sigue aplicándose tras el pleno cumplimiento de un contrato celebrado por una persona que, en el momento de la celebración del contrato que contiene las cláusulas abusivas, ostentaba indudablemente la condición de consumidor.
         
      
            28.
         
         
            Habida cuenta de lo que antecede, después de examinar con carácter previo la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales (sección A), con el fin de ofrecer una respuesta útil a dichas cuestiones, expondré, en primer lugar, las soluciones adoptadas en Derecho rumano en lo que se refiere a la sanción por incluir cláusulas abusivas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor (sección B). A continuación, abordaré el problema de la aplicabilidad de la Directiva 93/13 a los contratos íntegramente cumplidos (sección C). Por último, por lo que respecta a los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros, determinaré si dicha Directiva se opone a que se otorgue un carácter prescriptible a una acción de restitución de las prestaciones efectuadas en virtud de una cláusula declarada abusiva, incluida en un contrato íntegramente cumplido, y a que el momento a partir del cual empieza a correr el plazo de prescripción trienal corresponda al momento en que se extingue el contrato (sección D).
         
      
      
         A.
       
         Sobre la admisibilidad
      
   
   
            29.
         
         
            El demandante en el asunto C‑699/18 alega, con carácter principal, que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles.
         
      
            30.
         
         
            En primer lugar, sostiene que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende dilucidar si se ha observado o no el plazo establecido en la ley nacional para incoar el procedimiento ante él. Pues bien, una cuestión prejudicial no debe referirse a aspectos relacionados con el Derecho nacional, sino a la interpretación del Derecho de la Unión. En segundo lugar, el demandante aduce que limitar los efectos de la restitución una vez comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual es contrario a la lógica en la que se basa la protección de los consumidores.
         
      
            31.
         
         
            No comparto las reservas expresadas por el demandante.
         
      
            32.
         
         
            Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pretende obtener elementos de interpretación del Derecho de la Unión que le permitan determinar, en esencia, si la normativa nacional y la interpretación que hace de esta son compatibles con el régimen de protección de los consumidores establecido por la Directiva 93/13. Cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. (
                  4
               ) Por otra parte, considerar que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles debido a que el hecho de limitar los efectos de la restitución que sigue a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual es contrario a la lógica en la que se basa la protección de los consumidores sería prejuzgar la respuesta a dichas cuestiones.
         
      
            33.
         
         
            Dicho esto, propongo al Tribunal de Justicia que declare que no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑699/18. El contrato controvertido en dicho asunto se celebró en 2003 y se extinguió en 2005, esto es, antes del 1 de enero de 2007, fecha de la adhesión de Rumanía a la Unión. Pues bien, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar el Derecho de la Unión únicamente en relación con su aplicación en un Estado miembro a partir de la fecha de adhesión de este a la Unión. (
                  5
               ) Sin embargo, por la misma razón, el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑698/18, que se refieren a un contrato celebrado en 2008.
         
      
      
         B.
       
         Sanción aplicable en Derecho rumano en lo que se refiere a la adaptación del Derecho nacional a la Directiva 93/13
      
   
   
      1. Inoponibilidad, nulidad relativa y nulidad absoluta con arreglo al Derecho rumano
   
   
            34.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente explica en sus peticiones de decisión prejudicial que, en el ordenamiento jurídico rumano, el Derecho civil establece tres sanciones diferentes en caso de incumplimiento de una norma jurídica, a saber, la inoponibilidad, la nulidad relativa y la nulidad absoluta. Precisa que, a falta de una disposición expresa en cuanto al Derecho material aplicable en la fecha de celebración de los contratos controvertidos en el litigio principal, se recurre a la interpretación doctrinal y jurisprudencial del Derecho rumano con el fin de determinar el régimen jurídico de la nulidad de los actos jurídicos de Derecho civil que el legislador ha pretendido establecer en el ámbito nacional. (
                  6
               )
         
      
            35.
         
         
            La sanción de nulidad tiene por objeto privar de efecto jurídico al acto celebrado en infracción de disposiciones legales. Según sea la naturaleza del interés (individual o general) protegido por la disposición legal infringida en el momento de la celebración del acto jurídico civil, la sanción es la nulidad relativa o la nulidad absoluta.
         
      
            36.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente indica que la nulidad relativa sanciona el incumplimiento de una norma jurídica imperativa que salvaguarda un interés privado y que la acción de nulidad relativa es prescriptible. En cuanto a la nulidad absoluta, esta sanciona el incumplimiento, en el momento de la celebración del acto de Derecho civil, de una norma jurídica que salvaguarda un interés general protegido por una norma jurídica imperativa de orden público. En razón del interés protegido, la nulidad absoluta no puede estar amparada por la confirmación del acto viciado, de modo que el consumidor que tenga la facultad de invocar dicha nulidad no puede renunciar a ella. Puede ser invocada por cualquier persona que tenga un interés legítimo, por los organismos a los que la ley confiere esta facultad, así como de oficio por un órgano jurisdiccional. (
                  7
               ) La acción de declaración de nulidad absoluta es imprescriptible, de modo que se puede invocar en cualquier momento, por vía de acción o de excepción.
         
      
            37.
         
         
            Con carácter general, en Derecho rumano, la nulidad absoluta tiene, de conformidad con las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente, efectos retroactivos, a saber, a partir del momento en que se celebró el acto jurídico (efectos ex tunc). Sin embargo, hay una serie de excepciones a este principio, en el marco de las cuales la nulidad absoluta produce efectos ex nunc. Así ocurre cuando el poseedor de buena fe de un bien que produce frutos conserva estos durante el período en que le amparaba la buena fe. Además, la nulidad absoluta da lugar al restablecimiento de la situación anterior (restitutio in integrum), lo que se traduce en la restitución de las prestaciones efectuadas sobre la base del acto jurídico declarado nulo. En materia de contratos sinalagmáticos, la restitución se realiza sobre la base de la acción de repetición de lo indebido y las acciones de restitución.
         
      
            38.
         
         
            Según el órgano jurisdiccional remitente, en Derecho rumano se establece una distinción entre la acción de declaración de nulidad absoluta, de carácter imprescriptible, y la acción de restitución de las prestaciones, que constituye una acción patrimonial y es, en todo caso, prescriptible. Ahora bien, la acción de restitución de las prestaciones está supeditada a una resolución previa sobre la nulidad, en el sentido de que el derecho a reclamar la restitución nace solo una vez declarada la nulidad. A este respecto, existen excepciones que permiten matizar la forma en que se aplican las normas sobre la prescripción de la acción de restitución. Una de estas excepciones se aplica cuando, desde el punto de vista procesal, no se han formulado dos pretensiones (acción principal declarativa de la nulidad y pretensión accesoria de restitución de las prestaciones). Otra de estas excepciones se aplica con respecto a los contratos de tracto sucesivo, cuando es objetivamente imposible imponer la restitución de una de las prestaciones (en el caso de un bien destinado al arrendamiento) y, por consiguiente, la otra prestación tampoco puede ser restituida, con objeto de evitar un enriquecimiento injusto de una de las partes.
         
      
      2. Aplicación de la sanción de nulidad absoluta
   
   
            39.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente señala que, en la jurisprudencia nacional rumana, se asimila la eliminación de las cláusulas abusivas al régimen de la nulidad absoluta.
         
      
            40.
         
         
            Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente indica que, si bien la Directiva 93/13 dispone que una cláusula abusiva no vincula al consumidor, de manera que el consumidor no queda obligado por dicha cláusula y puede obviarla, lo que se corresponde con el concepto de inoponibilidad, si se tienen en cuenta las características de la nulidad y de la inoponibilidad tal como se regulan en Derecho rumano, la sanción de nulidad parece ser fiel al régimen establecido por dicha Directiva.
         
      
            41.
         
         
            Además, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/13 y expone que, en virtud de la autonomía procesal, los Estados miembros definen los medios adecuados y eficaces que permitan a las personas acudir a los órganos judiciales o administrativos competentes para que se pronuncien sobre el carácter abusivo de las cláusulas. Indica que la Ley n.o 193/2000 no menciona expresamente la aplicación de la sanción de nulidad, sino que las disposiciones del artículo 12, apartado 4, de dicha Ley aluden a su aplicación.
         
      
            42.
         
         
            Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. (
                  8
               ) En este contexto, explica que, dado que el juez nacional está obligado a examinar de oficio las cláusulas potencialmente abusivas, la jurisprudencia nacional ha seguido el régimen jurídico de la nulidad absoluta. Asimismo, la doctrina nacional considera que los profesionales tienen la obligación de no incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, obligación que les viene impuesta por una norma jurídica imperativa de orden público, cuya infracción se sanciona con la nulidad absoluta de tales cláusulas. (
                  9
               )
         
      
            43.
         
         
            En consecuencia, la persona que afirma ostentar la condición de consumidor en un contrato de préstamo puede ejercitar en cualquier momento ante un órgano jurisdiccional una acción de declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual. Una vez declarado el carácter abusivo de la cláusula, la nulidad absoluta de esa cláusula contractual desencadena la aplicación de los principios internos correspondientes, en particular el principio de la restitutio in integrum.
         
      
      3. Implicaciones de la aplicación de la sanción de nulidad con respecto a los contratos íntegramente cumplidos
   
   
            44.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que los litigios principales se caracterizan por el hecho de que los contratos controvertidos habían sido cumplidos antes de entablarse las correspondientes acciones antes los órganos jurisdiccionales nacionales. Señala que la jurisprudencia nacional ha adoptado soluciones divergentes en lo que se refiere a las implicaciones de la declaración del carácter abusivo de una cláusula que figura en un contrato íntegramente cumplido.
         
      
            45.
         
         
            Según una corriente jurisprudencial, la declaración del carácter abusivo se sanciona con la nulidad absoluta. En consecuencia, debido al carácter imprescriptible de la acción por la que se solicita la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas, la acción de restitución no está sujeta a un plazo de prescripción.
         
      
            46.
         
         
            Otra corriente jurisprudencial se basa en la interpretación según la cual en caso de declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales se impone una sanción sui generis que produce efectos hacia el futuro, sin que se cuestionen las prestaciones ya efectuadas como ocurre en el caso de la sanción de nulidad.
         
      
            47.
         
         
            Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, es posible aplicar una interpretación según la cual el momento en que se extingue el contrato, ya sea por su pleno cumplimiento al vencimiento o como consecuencia de su reembolso anticipado, es el momento en que el prestatario debe dejar de ser considerado en situación de inferioridad en relación con el profesional y se libera de toda obligación frente a este último. De conformidad con la interpretación propuesta por el órgano jurisdiccional remitente, ese es por lo tanto el momento objetivo en el que el consumidor debía, o debería haber tenido, conocimiento del carácter abusivo de la cláusula.
         
      
            48.
         
         
            Con arreglo a esta interpretación, una acción de nulidad absoluta mediante la cual un consumidor puede solicitar que se declare el carácter abusivo de las cláusulas puede entablarse sin limitación temporal alguna, mientras que la acción de restitución de las prestaciones efectuadas sobre la base de dichas cláusulas debe entablarse dentro de los tres años siguientes al momento en que se extingue el contrato.
         
      
            49.
         
         
            Ha de señalarse además que, según el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de marcar una diferenciación en cuanto al momento en el que empieza a correr el plazo de prescripción de las pretensiones patrimoniales referidas al carácter abusivo de las cláusulas contractuales, dejando de aplicar el Derecho nacional contrario, constituye la expresión de la aplicación directa del Derecho de la Unión. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional manifiesta también que su interpretación se inspira en la voluntad de respetar el principio de seguridad jurídica. A este respecto, no se refiere al principio de seguridad jurídica del Derecho de la Unión, sino al principio de seguridad de las relaciones jurídicas civiles o al principio de seguridad jurídica en el ámbito comercial. Por otra parte, hace referencia a diversas sentencias en las que el Tribunal de Justicia ha declarado que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. (
                  10
               ) En dichas sentencias, el Tribunal de Justicia se ha referido al principio de seguridad jurídica como principio en el que se basa el sistema jurisdiccional nacional. (
                  11
               ) Así pues, procede considerar que el órgano jurisdiccional remitente basa su interpretación de las disposiciones nacionales en el principio de seguridad jurídica, el cual se aplica en Derecho rumano y que constituye la base del sistema de Derecho civil de dicho Estado miembro.
         
      
      
         C.
       
         Aplicabilidad de la Directiva 93/13 con respecto a los contratos cumplidos
      
   
   
      1. Condición de consumidor y aplicabilidad de la Directiva 93/13
   
   
            50.
         
         
            Como se ha señalado en el punto 27 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente considera que procede examinar sus cuestiones prejudiciales desde el punto de vista de la cuestión del mantenimiento de la condición de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, de las partes en los contratos extinguidos. Esta consideración corresponde a la alegación formulada por las demandadas según la cual, tras el pleno cumplimiento de un contrato de préstamo, decae la condición de consumidor del prestatario y, en consecuencia, la protección que le brinda dicha Directiva.
         
      
            51.
         
         
            Es cierto, en efecto, que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 define al consumidor como «toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional». Las demandadas parecen, en esencia, inferir del tiempo verbal utilizado por el legislador en esta definición que, tras el cumplimiento de un contrato, la persona que ha celebrado dicho contrato ya no actúa en el marco de este y, por lo tanto, ya no tiene la condición de «consumidor» en el sentido de dicha Directiva.
         
      
            52.
         
         
            También es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer que «no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional». Esta disposición establece que los Estados miembros tienen asimismo la obligación de garantizar que el contrato que contiene las cláusulas abusivas «siga siendo obligatorio para las partes». Parece que las demandadas interpretan la formulación utilizada por el legislador en el sentido de que dicha disposición solo se refiere a los contratos que aún no se han cumplido y que, si el contrato se extingue, a priori, ya no es necesario garantizar que las cláusulas abusivas dejan de vincular al consumidor o que el contrato sigue siendo obligatorio para las partes.
         
      
            53.
         
         
            Dicho esto, considero, no obstante, que, en lugar de preguntarse si una persona que ha celebrado un contrato en condición de consumidor en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 mantiene esta condición en el sentido de dicha disposición tras el cumplimiento pleno del contrato, es más adecuado preguntarse si la Directiva deja de brindar su protección a esa persona una vez que el contrato que ha celebrado ha sido íntegramente cumplido.
         
      
            54.
         
         
            En efecto, en primer lugar, en la mayoría de los sistemas de Derecho privado, un contrato se extingue tan pronto como se cumplen todas las obligaciones derivadas de dicho contrato, (
                  12
               ) aunque debe tenerse en cuenta el hecho de que este constituye la base de las transferencias que tuvieron lugar en el marco de su cumplimiento. En efecto, el contrato íntegramente cumplido sigue siendo vinculante en el sentido de que sigue constituyendo la base de las transferencias que se han producido anteriormente. Por otra parte, el pleno cumplimiento del contrato no altera el hecho de que, en el momento del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la persona que celebró dicho contrato ostentaba indudablemente la condición de «parte en el contrato».
         
      
            55.
         
         
            En este sentido, si la cláusula declarada abusiva constituye la base de una transferencia que tuvo lugar al cumplirse el contrato, el hecho de que dicho contrato ya se haya cumplido no puede mitigar el carácter abusivo de dicha cláusula. Pervive el interés en declarar abusivas las cláusulas que figuran en dicho contrato y, en su caso, en mantener la naturaleza vinculante del resto de las cláusulas del contrato. Esta lógica es la que ha de guiar la interpretación de las disposiciones de la Directiva 93/13.
         
      
            56.
         
         
            En segundo lugar, las demandadas también alegan, en esencia, que la asimetría entre el consumidor y el profesional solo existe en el momento de la celebración de un contrato y durante su cumplimiento. En consecuencia, la Directiva 93/13 deja de aplicarse tras el cumplimiento del contrato, puesto que la intervención de esta no resulta necesaria para compensar dicha asimetría. Las demandadas presentan, a este respecto, su interpretación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que existe una situación de desequilibrio en la relación entre el consumidor y el profesional (
                  13
               ) y que dicha Directiva tiene por objeto los contratos en el marco de los cuales existe un desequilibrio importante. (
                  14
               )
         
      
            57.
         
         
            No obstante, de la misma jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas. (
                  15
               ) El cumplimiento del contrato no cambia con carácter retroactivo el hecho de que, en el momento de la celebración de este, el consumidor se hallaba en situación de inferioridad. Por otra parte, es en tal contexto en el que las cláusulas abusivas, que crean un desequilibrio importante y a las que el consumidor se adhiere, se incluyen en el contrato. (
                  16
               ) Tales cláusulas siguen constituyendo, como se desprende de las consideraciones expuestas en el punto 54 de las presentes conclusiones, la base de las transferencias efectuadas por las partes al cumplir el contrato.
         
      
            58.
         
         
            En estas circunstancias, considerar que el cumplimiento del contrato excluye toda posibilidad de declarar abusivas dichas cláusulas conduce a una situación en la que cualquier transferencia realizada sobre la base de estas seguiría siendo incuestionable y definitiva. En este contexto, como observa el Gobierno polaco, determinados contratos se cumplen inmediatamente después o incluso en el momento de su celebración. Así ocurre particularmente en el marco del contrato de compraventa. Admitir la interpretación de las demandadas según la cual la Directiva 93/13 deja de aplicarse tras el cumplimiento pleno de tal contrato tendría como consecuencia que una de las partes del contrato ni siquiera tendría la posibilidad teórica de entablar una acción judicial efectiva antes de la extinción de este. Pues bien, nada de lo dispuesto en dicha Directiva supone la exclusión de estos contratos de su ámbito de aplicación.
         
      
            59.
         
         
            En tercer lugar, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros, como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su considerando 24, a establecer medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores». Tales medios deben ejercer un efecto disuasorio frente a los profesionales. (
                  17
               ) La interpretación según la cual dicha Directiva deja de aplicarse tras el cumplimiento de un contrato puede menoscabar la consecución de su objetivo a largo plazo. En efecto, no puede descartarse que un consumidor, al no tener pleno conocimiento del carácter abusivo de las cláusulas y temer la posibilidad de que el profesional entable una acción contra él, tendería a cumplir sus obligaciones contractuales.
         
      
      2. Sobre el hecho de renunciar a la protección y a la aplicabilidad de la Directiva 93/13
   
   
            60.
         
         
            Procede, por otra parte, señalar que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la forma en que se extingue el contrato puede incidir en la aplicabilidad de la Directiva 93/13. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional se refiere al reembolso anticipado y al pleno cumplimiento en el plazo previsto.
         
      
            61.
         
         
            En mi opinión, la interpretación según la cual la Directiva 93/13 deja de aplicarse tras el cumplimiento voluntario de un contrato debería basarse en la idea de que un consumidor que cumple un contrato que contiene cláusulas abusivas renuncia, de forma implícita, a la protección que le brinda dicha Directiva.
         
      
            62.
         
         
            Ahora bien, el Tribunal de Justicia ya ha establecido claramente en su jurisprudencia que para que un consumidor pueda renunciar a la protección que le brinda la Directiva 93/13 de manera efectiva, debe otorgar un consentimiento libre e informado a que no se aplique la sanción que establece dicha Directiva. (
                  18
               ) No se puede presumir que un consumidor adquiere conocimiento del carácter abusivo de las cláusulas incluidas en un contrato en el momento del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Tampoco se puede considerar que, mediante el cumplimiento del contrato, el consumidor otorga un consentimiento que excede la mera voluntad de cumplir la obligación de que se trate. En efecto, el consumidor puede cumplir sus obligaciones de buena fe o hacerlo para no arriesgarse a que un profesional entable una acción en su contra.
         
      
            63.
         
         
            En consecuencia, el hecho de que un contrato se haya cumplido voluntariamente no excluye en sí mismo la aplicabilidad de la Directiva 93/13 ni la protección que esta confiere a la persona que celebró dicho contrato como consumidor en el sentido del artículo 2, letra b), de la citada Directiva.
         
      
      3. Conclusiones preliminares sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/13
   
   
            64.
         
         
            De lo anterior se desprende que la Directiva 93/13 también se aplica a los contratos íntegramente cumplidos. Es la celebración de un contrato por parte del consumidor la que desencadena la aplicabilidad de dicha Directiva. Por otra parte, el pleno cumplimiento del contrato no excluye la aplicación de la Directiva. Dicho esto, procede establecer una distinción entre la aplicabilidad de la Directiva en relación con los contratos íntegramente cumplidos y la facultad de los Estados miembros de establecer, a nivel nacional, plazos de prescripción que permitan limitar en el tiempo el ejercicio de las acciones de restitución.
         
      
      
         D.
       
         Límites de la autonomía procesal de los Estados miembros
      
   
   
            65.
         
         
            El Derecho de la Unión no lleva a cabo una armonización de las normas aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual. Corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales reglas, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad). (
                  19
               )
         
      
            66.
         
         
            En este sentido, teniendo en cuenta el principio de seguridad jurídica invocado por el órgano jurisdiccional remitente, considero que procede determinar si el hecho de que una acción de restitución de las prestaciones efectuadas en virtud de una cláusula declarada abusiva sea prescriptible es compatible con estos dos principios y, a continuación, analizar, desde este prisma, si un Estado miembro puede establecer un plazo de prescripción de tres años, computado a partir del momento en que se extingue el contrato.
         
      
      1. Principio de efectividad
   
   
      a) Sobre los plazos de prescripción en el contexto del principio de efectividad
   
   
            67.
         
         
            En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha admitido que, en lo que se refiere a la Directiva 93/13, la protección del consumidor no es absoluta. (
                  20
               ) En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho de que un procedimiento particular implique determinados requisitos procesales que el consumidor debe cumplir para hacer valer sus derechos no significa, sin embargo, que dichos requisitos no sean conformes con el principio de efectividad (
                  21
               ) o que dicho consumidor no se beneficie de una tutela judicial efectiva. (
                  22
               ) Por lo tanto, puede exigirse al consumidor una determinada vigilancia respecto a la salvaguardia de sus intereses sin que se infrinjan el principio de efectividad o el derecho a la tutela judicial efectiva. Así ocurre, por ejemplo, cuando se exige un esfuerzo adicional de un consumidor al servicio del interés general en la recta administración de la justicia y de la previsibilidad. (
                  23
               ) En efecto, al analizar si las disposiciones del Derecho nacional mediante las que el legislador adaptó el Derecho interno a la Directiva 93/13 son compatibles con el principio de efectividad, procede tomar en consideración, en su caso, los principios sobre los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento. (
                  24
               )
         
      
            68.
         
         
            Por otra parte, en lo que se refiere, más concretamente, a las limitaciones temporales de los recursos basados en la Directiva 93/13, interesa señalar que, según jurisprudencia reiterada, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, no hace imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. (
                  25
               )
         
      
            69.
         
         
            De ello deduzco que, desde el punto de vista del principio de efectividad y en la medida en que el principio de seguridad jurídica constituye un principio en el que se basa el sistema jurisdiccional nacional y así lo exige, resulta en principio admisible limitar temporalmente los recursos basados en el Derecho de la Unión. Los plazos impuestos a este respecto deben ser, parafraseando al Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, «razonables», lo que se traduce en que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. Así pues, procede determinar si un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr, con respecto a los contratos íntegramente cumplidos, a partir del momento en que se extingue el contrato, puede considerarse un plazo «razonable» en el sentido de dicha jurisprudencia.
         
      
      b) Sobre el carácter razonable del plazo de prescripción
   
   
            70.
         
         
            El Tribunal de Justicia ya ha considerado, en diversos contextos, que un plazo nacional de preclusión o de prescripción de tres años parece razonable. (
                  26
               ) No obstante, el carácter razonable de un plazo —y, en consecuencia, su conformidad con el principio de efectividad— no puede determinarse exclusivamente sobre la base de su duración. Es importante tener en cuenta todas las modalidades relativas a dicho plazo, es decir, el hecho que lo desencadena, los supuestos que tienen el efecto de interrumpirlo o suspenderlo, así como, en su caso, las consecuencias de su incumplimiento y la posibilidad de reabrirlo. (
                  27
               ) En efecto, todos estos elementos pueden hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores.
         
      
            71.
         
         
            En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente solo alberga dudas en cuanto al hecho desencadenante y la duración del plazo de prescripción. Por esta razón, en mi análisis parto de la premisa de que no ha tenido lugar ningún hecho susceptible de interrumpir o suspender dicho plazo. En aras de la exhaustividad, procede observar que el órgano jurisdiccional remitente no indica que el ejercicio de una acción de declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales produce efectos suspensivos del plazo de prescripción aplicable a una acción de restitución.
         
      
            72.
         
         
            Para determinar si un plazo de prescripción, considerado conjuntamente con todas las modalidades pertinentes, respeta el principio de efectividad, procede tener en cuenta que los plazos de prescripción y sus modalidades de aplicación deben adaptarse a las particularidades del ámbito afectado, a fin de no socavar la plena efectividad de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. (
                  28
               )
         
      
            73.
         
         
            El hecho de exigir al consumidor una determinada vigilancia respecto a la salvaguardia de sus intereses no es contrario a las disposiciones de la Directiva 93/13. (
                  29
               ) En esta misma línea, el plazo de prescripción de tres años, que empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato, parece, en principio, dejar al consumidor, que desconoce sus derechos y/o el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, tiempo suficiente para informarse sobre la legalidad de dichas cláusulas y evaluar si resulta oportuno ejercitar una acción judicial. Para que el consumidor goce de esta posibilidad, el plazo de prescripción y sus modalidades de aplicación deben, no obstante, estar previstos y ser conocidos de antemano. (
                  30
               ) Por lo tanto, solo pueden establecerse por ley o de acuerdo con una jurisprudencia reiterada que verse sobre la interpretación de dicha ley.
         
      
            74.
         
         
            En este contexto, antes de que transcurra el plazo de tres años a partir del momento en que se extinguió el contrato, el consumidor puede examinar la posibilidad de ejercitar una acción de declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales ante un órgano jurisdiccional nacional para que declare, de forma vinculante para el profesional, si este incluyó en el contrato cláusulas contrarias a la Directiva 93/13. Pues bien, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, considero que el plazo de prescripción mencionado en las cuestiones prejudiciales, que se aplica respecto a las acciones de restitución, no se suspende cuando el consumidor entabla una acción de declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. En esta situación, es posible que, a la espera de tal declaración vinculante del carácter abusivo de las cláusulas contractuales, prescriba la acción de restitución del consumidor a consecuencia de la duración del procedimiento relativo a la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas. Por lo tanto, existe un riesgo no desdeñable de que, por razones que escapan a su control, dicho consumidor no ejercite a su debido tiempo la acción necesaria para invocar los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
         
      
            75.
         
         
            Al margen de esta reserva, el hecho de que, como se desprende de las consideraciones expuestas en el punto 64 de las presentes conclusiones, la Directiva 93/13 siga aplicándose en relación con los contratos íntegramente cumplidos no se opone a que un Estado miembro establezca un plazo de prescripción respecto a una acción de restitución mediante la cual se aplica dicha Directiva en el ámbito nacional. Los presentes asuntos no plantean el problema de la limitación temporal de la acción mediante la cual un consumidor puede solicitar que se declare el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que dicha acción puede entablarse sin limitación temporal alguna y que, tras el vencimiento del plazo de prescripción, la reparación debida al consumidor es de naturaleza extrapatrimonial, asociada al carácter disuasorio ejercido frente a los profesionales. Además, de la Ley n.o 193/2000 se desprende que el consumidor puede invocar la nulidad de una cláusula también por vía de excepción. De ello deduzco que el transcurso del plazo de prescripción de tres años que se aplica respecto a las acciones de restitución no impide que el consumidor se oponga a una demanda entablada por un profesional instando a dicho consumidor a cumplir una obligación derivada de una cláusula abusiva. Además, nada indica que el transcurso de dicho plazo impida al juez nacional declarar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, lo que distingue los presentes asuntos del que dio lugar a la sentencia Cofidis. (
                  31
               )
         
      
            76.
         
         
            Es cierto que en su sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, (
                  32
               ) relativa a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios, el Tribunal de Justicia consideró que la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula contractual debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Además, la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes.
         
      
            77.
         
         
            No obstante, en primer lugar, procede tener en cuenta que, en la sentencia Gutiérrez Naranjo y otros, (
                  33
               ) el Tribunal de Justicia insistió en el hecho de que debe otorgarse en principio un efecto restitutorio a las acciones de declaración del carácter abusivo de cláusulas contractuales. En segundo lugar, la limitación en el tiempo de los efectos restitutorios, mencionada en esta sentencia, se produjo en un contexto específico. Parece que dicha limitación fue el resultado de una interpretación del Derecho de la Unión que efectuó un órgano jurisdiccional supremo nacional de conformidad con los criterios exigidos por el Tribunal de Justicia cuando se le solicita que limite los efectos en el tiempo de sus propias sentencias. (
                  34
               ) Sin embargo, en los presentes asuntos, el órgano jurisdiccional remitente desea aplicar una interpretación del Derecho nacional en los litigios principales. En tercer lugar, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia distinguió claramente entre, por una parte, tal limitación en el tiempo de los efectos de la interpretación de una norma del Derecho de la Unión y, por otra parte, la aplicación de una regla procesal —como es un plazo razonable de prescripción—. (
                  35
               )
         
      
            78.
         
         
            Habida cuenta de cuanto antecede, procede considerar que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro otorgue un carácter prescriptible a una acción de restitución referida a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales. Por otra parte, ninguno de los elementos facilitados en las resoluciones de remisión sugiere que, en el caso de autos, el principio de efectividad se vea vulnerado por una interpretación de la normativa nacional según la cual una acción de restitución referida a las cláusulas abusivas está sujeta a un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato celebrado entre el consumidor y el profesional. Esta consideración está sujeta a dos condiciones: en primer lugar, que dicho plazo se suspenda durante el procedimiento incoado por el consumidor con objeto de que se declare el carácter abusivo de dichas cláusulas y, en segundo lugar, que ese mismo plazo y el conjunto de sus modalidades de aplicación estén previstos y sean conocidos de antemano.
         
      
      2. Principio de equivalencia
   
   
      a) Sobre la similitud de los recursos
   
   
            79.
         
         
            El principio de equivalencia exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a los recursos similares, basados en la infracción del Derecho interno. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales identificar los recursos del Derecho nacional similares a aquellos basados en el Derecho de la Unión. A efectos de la apreciación que habrá de efectuar el órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia puede facilitarle determinados elementos relativos a la interpretación del Derecho de la Unión.
         
      
            80.
         
         
            Para comprobar si, en los litigios principales, se respeta el principio de equivalencia, procede determinar si, habida cuenta de su objeto, de su causa y de sus elementos esenciales los recursos interpuestos por los demandantes basados en la Directiva 93/13 y aquellos que podrían haber interpuesto basándose en el Derecho nacional pueden considerarse similares. (
                  36
               )
         
      
            81.
         
         
            El órgano jurisdiccional remitente no especifica expresamente qué recursos pueden considerarse similares a los basados en la Directiva 93/13. Se limita a señalar que los órganos jurisdiccionales rumanos asimilan la sanción que conlleva la inclusión de cláusulas abusivas en un contrato celebrado con un consumidor a la que se aplica respecto a la nulidad absoluta. Desde este prisma, no resulta evidente la similitud entre los recursos que tienen por objeto la infracción de una disposición que tiene rango de norma de orden público y los interpuestos en relación con la Directiva 93/13. (
                  37
               ) Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente compara las modalidades de aplicación relativas a dichos recursos y aquellas relativas a los recursos referidos a la nulidad absoluta. En consecuencia, parece que, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, la causa (la infracción de una norma con rango de orden público), el objeto (el hecho de subsanar tal infracción y de privar a una cláusula contractual de sus efectos jurídicos) y los elementos esenciales de estas acciones (en particular, el hecho de que se prevea un conjunto medios procesales formado por dos acciones para sancionar dicha infracción y que esta deba ser apreciada de oficio por el juez nacional) pueden considerarse similares o comparables. Estimo que las resoluciones de remisión no contienen ninguna precisión que permita cuestionar esta observación. Además, parece que las partes que presentaron observaciones en los presentes asuntos tampoco la cuestionan. No obstante, corresponde a dicho órgano jurisdiccional realizar las comprobaciones finales a este respecto.
         
      
      b) Sobre el cumplimiento del principio de equivalencia
   
   
            82.
         
         
            Corresponde, en principio, a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si los cauces procesales destinados a garantizar, en Derecho interno, la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión otorga a los justiciables se atienen al principio de equivalencia. Lo mismo cabe decir en cuanto a la identificación de los recursos similares del Derecho nacional. Sin embargo, en la medida en que los elementos de los autos del litigio principal lo permiten, el Tribunal de Justicia puede formular observaciones sobre la conformidad de los cauces procesales con dicho principio. (
                  38
               )
         
      
            83.
         
         
            En este contexto, el mero hecho de que se aplique el mismo plazo de prescripción a los recursos basados en el Derecho de la Unión y a los basados en el Derecho nacional no basta para declarar la conformidad con el principio de equivalencia. Dicho principio exige que el conjunto de normas aplicables a las acciones de restitución se aplique indistintamente a todos estos recursos. (
                  39
               ) Pues bien, el órgano jurisdiccional explica que su interpretación según la cual el plazo de prescripción de tres años, que corresponde a un plazo de prescripción general, empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato solo se aplica respecto a las acciones de restitución referidas a las cláusulas consideradas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13. Además, nada indica que esta interpretación corresponda a una de las excepciones mencionadas en el punto 38 de las presentes conclusiones, que permiten matizar la determinación del momento a partir del cual empieza a correr el plazo de prescripción de las acciones referidas al régimen nacional de nulidad absoluta.
         
      
            84.
         
         
            Por otra parte, a diferencia de las exigencias del principio de efectividad, las derivadas del principio de equivalencia no pueden relajarse mediante una referencia a los principios sobre los que se basa el sistema judicial nacional, como el principio de seguridad jurídica. En efecto, el cumplimiento del principio de equivalencia exige que la norma nacional se aplique indistintamente a los procedimientos basados en el Derecho de la Unión y a los basados en el Derecho nacional. Considerar que se garantiza un trato no discriminatorio con respecto a un recurso basado en el Derecho de la Unión a pesar de aplicar un tratamiento diferenciado a un recurso basado en el Derecho nacional es contrario al sentido mismo del principio de equivalencia. Si bien el principio de seguridad jurídica exige que el plazo de prescripción empiece a correr a partir de un momento específico, esta modalidad relativa al plazo de prescripción debe aplicarse indistintamente a situaciones referidas a los derechos que se derivan del ordenamiento jurídico de la Unión y a situaciones similares de ámbito nacional.
         
      
            85.
         
         
            En estas circunstancias, parece que, en el caso de autos, se vulnera el principio de equivalencia, puesto que consta que la determinación del hecho desencadenante del plazo de prescripción depende del fundamento de las acciones de restitución.
         
      
            86.
         
         
            Habida cuenta de lo que antecede, procede considerar que el principio de equivalencia se opone a una normativa nacional o a una interpretación de esta que establece que el plazo de prescripción de tres años que se aplica a las acciones de restitución que tienen por objeto cláusulas contractuales consideradas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato que contiene dichas cláusulas, a pesar de que el plazo de prescripción de tres años que se aplica a acciones similares, basadas en determinadas disposiciones del Derecho interno, solo empieza a correr desde el momento en que se declara judicialmente la existencia de la causa para ejercitar dichas acciones.
         
      
      V. Conclusión
   
   
            87.
         
         
            A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunalul Specializat Mureş (Tribunal Especializado de Mureș, Rumanía) de la siguiente manera:
            «En el asunto C‑698/18:
            
                     1)
                  
                  
                     La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro otorgue un carácter prescriptible a una acción de restitución referida a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
                  
               
                     2)
                  
                  
                     El principio de efectividad no se opone a que un Estado miembro establezca para el ejercicio de dicha acción de restitución un plazo de prescripción de tres años que empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato, siempre que, en primer lugar, dicho plazo se suspenda durante el procedimiento incoado por el consumidor ante un órgano jurisdiccional nacional con objeto de que este declare el carácter abusivo de dichas cláusulas y, en segundo lugar, que ese mismo plazo y el conjunto de sus modalidades de aplicación estén previstos y sean conocidos de antemano.
                  
               
                     3)
                  
                  
                     El principio de equivalencia se opone a una normativa nacional o a una interpretación de esta que establece que el plazo de prescripción de tres años que se aplica a las acciones de restitución referidas a cláusulas contractuales consideradas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 empieza a correr a partir del momento en que se extingue el contrato que contiene dichas cláusulas, a pesar de que el plazo de prescripción de tres años que se aplica a acciones similares, basadas en determinadas disposiciones del Derecho interno, solo empieza a correr desde el momento en que se declara judicialmente la existencia de la causa para ejercitar dichas acciones.
                  
               En circunstancias como las del litigio principal en el asunto C‑699/18, cuyos hechos pertinentes son anteriores a la adhesión de un Estado a la Unión Europea, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.»
         
      (
         1
      )	Lengua original: francés.
   (
         2
      )	Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
   (
         3
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800), apartado 34.
   (
         4
      )	Véase la sentencia de 1 de julio de 2010, Sbarigia (C‑393/08, EU:C:2010:388), apartado 19 y jurisprudencia citada.
   (
         5
      )	Véanse la sentencia de 10 de enero de 2006, Ynos (C‑302/04, EU:C:2006:9), apartado 36, y, en lo que se refiere a Rumanía, el auto de 3 de julio de 2014, Tudoran (C‑92/14, EU:C:2014:2051), apartados 26 a 29.
   (
         6
      )	Ha de señalarse que el nuevo Código Civil, que entró en vigor el 1 de octubre de 2011, establece una distinción entre la nulidad relativa y la absoluta. Véase, Firică, M. C.: «Considerations upon the Nullity of the Civil Legal Act in the Regulation of the New Romanian Civil Code», Journal of Law and Public Administration, 2015, vol. 1(1), p. 54, e Hinescu, A.: «The Nullity of a Merger under Romanian Law», European Company Law, vol. 10 (2), 2013, p. 53. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente solo se refiere al Código Civil de 1864 en cuanto atañe al marco jurídico aplicable a los contratos controvertidos en el litigio principal.
   (
         7
      )	Ciertamente, de la doctrina se desprende que, ya con arreglo al Código Civil de 1864, la facultad de invocar la nulidad absoluta de oficio era discutible. Algunos autores consideraban que, si una de las partes no había entablado una acción de nulidad absoluta, el juez nacional no podía pronunciarse sobre la nulidad del contrato controvertido que había originado el litigio. En consecuencia, si el juez ante el que se entablaba una acción de reclamación de deudas contractuales estimaba que el contrato era nulo, debía declarar inadmisible dicha acción por infundada, sin pronunciarse sobre la validez de tal contrato. Véase, Firică, M. C.: «Considerations upon the Nullity of the Civil Legal Act in the Regulation of the New Romanian Civil Code», Journal of Law and Public Administration, 2015, vol. 1 (1), 2015, p. 56 y doctrina citada.
   (
         8
      )	Sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartado 44, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 54.
   (
         9
      )	Véase Voiculescu, I. C.: «Unfair terms in contracts concluded between traders and consumers», Romanian and European Law, Journal of Advanced Research in Law and Economics, vol. 3 (2), 2012, p. 57. Véase asimismo, en este sentido, Marcusohn, V.: «The effects of unfair terms on the binding force principle of contracts», Union of Jurists of Romania. Law Review, vol. 9 (1), 2019, p. 34. Procede observar que, en la página 33 de su obra, este último autor menciona el hecho de que la doctrina nacional también contempla la aplicación de la sanción de tener por no puestas las cláusulas abusivas.
   (
         10
      )	Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 41, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 69.
   (
         11
      )	Véase la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 39. Véase asimismo, en este sentido, de manera implícita, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 67.
   (
         12
      )	Véase el artículo 2:114 de las normas tipo de Derecho privado europeo (Proyecto de Marco Común de Referencia en el ámbito del Derecho contractual europeo) que fueron elaboradas sobre la base de un enfoque de Derecho comparado, según el cual el cumplimiento pleno extingue la obligación si se ajusta a los términos que regulan la obligación, o, conforme a la ley, permite al deudor liberarse válidamente de dicha obligación. Véanse Von Bar, Ch., Clive, E., y Schulte-Nölke, H., y otros (ed.): Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Múnich, Sellier European Law Publishers, 2009, p. 282. Estas disposiciones dieron lugar a las normas modelo de Derecho privado europeo (Proyecto de Marco Común de Referencia en el ámbito del Derecho contractual europeo) que fueron elaboradas sobre la base de un enfoque de Derecho comparado.
   (
         13
      )	Véanse las sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346), apartado 25, y de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), apartado 25.
   (
         14
      )	Véase la sentencia de 16 de enero de 2014, Constructora Principado (C‑226/12, EU:C:2014:10), apartado 23.
   (
         15
      )	Véanse las sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346), apartado 25, y de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), apartado 25.
   (
         16
      )	Es también la razón por la que la apreciación del carácter abusivo debe realizarse en relación con el momento de la celebración del contrato, considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración. Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros (C‑186/16, EU:C:2017:703), apartados 53 y 54.
   (
         17
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346), apartado 28.
   (
         18
      )	Véanse las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), apartado 33; de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), apartado 35, y de 3 de octubre de 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819), apartado 53. Véanse, asimismo, mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Sales Sinués y Drame Ba (C‑381/14 y C‑385/14, EU:C:2016:15), punto 69. De esta jurisprudencia se desprende que un consumidor siempre puede renunciar a la protección que le confiere la Directiva 93/13. Ahora bien, como se desprende del punto 36 de las presentes conclusiones, con arreglo al régimen de nulidad absoluta que establece el Derecho rumano, parece que no es posible renunciar a la sanción establecida por dicho régimen.
   (
         19
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800), apartado 30 y jurisprudencia citada. Es cierto que, respecto a la Directiva 93/13, en su jurisprudencia reciente, el Tribunal de Justicia se ha referido más bien al derecho a la tutela judicial efectiva (véanse las sentencias de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, apartado 57; de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, apartado 47, y de 31 de mayo de 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, apartado 35), tal como se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estas referencias se han hecho en el contexto de cuestiones prejudiciales que versan sobre las modalidades procesales de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual. En dicho contexto, el Tribunal de Justicia se ha centrado en dilucidar si dichas modalidades procesales generan un riesgo no desdeñable de que el consumidor sea disuadido de intervenir oportunamente en la defensa de sus derechos ante el órgano judicial al que acuda el profesional. Véanse las sentencias de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711), apartado 61, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282), apartado 54. Sin embargo, es difícil determinar la forma en que se articulan las exigencias resultantes del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales con las derivadas del principio de efectividad en el contexto de la Directiva 93/13. Véanse, en particular, mis conclusiones presentadas en el asunto Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2015:746), punto 85. Por otra parte, considero que, en lo que se refiere a los plazos de prescripción de las acciones ejercitadas por los consumidores, basta con referirse, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente en sus cuestiones prejudiciales, al principio de efectividad. El enfoque basado en el derecho a la tutela judicial efectiva lleva a imponer requisitos idénticos o difícilmente distinguibles.
   (
         20
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367), apartado 50.
   (
         21
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary (C‑32/14, EU:C:2015:637), apartado 62. Véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 47.
   (
         22
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de mayo de 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367), apartados 50 y 51.
   (
         23
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Baczó y Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88), apartado 51.
   (
         24
      )	Véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800), apartado 34; de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 39, y de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC (C‑49/14, EU:C:2016:98), apartado 44.
   (
         25
      )	Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 41, y de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 69.
   (
         26
      )	Véase la sentencia de 15 de abril de 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193), apartados 28 y 29 y jurisprudencia citada. Además, en el contexto de la devolución de derechos de importación o de exportación, el Tribunal de Justicia declaró que un período de prescripción trienal para la presentación de una solicitud de devolución de derechos indebidamente percibidos no es contrario al principio de efectividad aunque se trate de un período que además excluya toda posibilidad de prórroga por causa de fuerza mayor. Véase la sentencia de 9 de noviembre de 1989, Bessin y Salson (386/87, EU:C:1989:408), apartado 17.
   (
         27
      )	Véase, en este sentido, en lo que se refiere a los plazos de prescripción que constituyen modalidades de ejercicio del derecho a reclamar el resarcimiento del perjuicio derivado de una infracción del Derecho de la competencia, la sentencia de 28 de marzo de 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263), apartado 45. Véanse, asimismo, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:648), en las que dicha Abogada General señaló que hay razones convincentes que indican que las disposiciones que rigen los plazos de prescripción deben comprender un conjunto de reglas que establezcan la duración del plazo de prescripción, la fecha en que comienza a correr y los supuestos que tienen el efecto de interrumpir o suspender el plazo de prescripción.
   (
         28
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2019, Cogeco Communications (C‑637/17, EU:C:2019:263), apartados 47 y 53. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en materia de Derecho de la competencia, que un plazo de prescripción de tres años que, por una parte, empieza a correr a partir de la fecha en la que la persona perjudicada tuvo conocimiento de su derecho a indemnización, aunque no se conozca al responsable de la infracción y que, por otra parte, no puede suspenderse o interrumpirse en el transcurso de un procedimiento seguido ante la autoridad nacional de la competencia, hace prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al pleno resarcimiento.
   (
         29
      )	Véase el punto 67 de las presentes conclusiones.
   (
         30
      )	Véanse, en este sentido, mis conclusiones presentadas en el asunto Nencini/Parlamento (C‑447/13 P, EU:C:2014:2022), punto 81.
   (
         31
      )	Véase la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Cofidis (C‑473/00, EU:C:2002:705).
   (
         32
      )	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartados 61 y 62.
   (
         33
      )	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 54.
   (
         34
      )	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 70. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en los asuntos acumulados Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:552), puntos 19 y 20.
   (
         35
      )	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartados 69 y 70.
   (
         36
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, EOS KSI Slovensko (C‑448/17, EU:C:2018:745), apartado 40.
   (
         37
      )	En apoyo de esta observación, los órganos jurisdiccionales rumanos alegan que —según la fórmula utilizada por el Tribunal de Justicia— el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. Véanse las sentencias de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito (C‑488/11, EU:C:2013:341), apartados 44 y 45; de 4 de junio de 2015, Faber (C‑497/13, EU:C:2015:357), apartado 56; de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), apartados 42 y 43; de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (C‑147/16, EU:C:2018:320), apartados 35 y 36, y de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring (C‑51/17, EU:C:2018:750), apartados 87 y 89. De igual manera, la nulidad absoluta constituye, en Derecho rumano, la sanción aplicable en el supuesto de infracción de una norma jurídica imperativa de orden público. Dicho esto, debo confesar que albergo dudas sobre si de esta jurisprudencia se desprende que un Estado miembro está obligado a asimilar la sanción que se aplica a las cláusulas abusivas a aquella que se aplica en caso de incumplimiento de las normas de orden público. Soy de la opinión de que, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia se ha referido a dichas normas con el único propósito de explicar por qué los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a declarar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
   (
         38
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 1997, Palmisani (C‑261/95, EU:C:1997:351), apartado 33.
   (
         39
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010, Barth (C‑542/08, EU:C:2010:193), apartado 19.