CELEX: C2003/019/25
Language: es
Date: 2003-01-25 00:00:00
Title: Asunto C-407/02: Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2002 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Helénica

C 19/14                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          25.1.2003
Petición de decisión rejudicial presentada mediante reso-                      Civil (es decir, los que afecten a sociedades mercantiles
lución del Tribunale di Milano — Sala IV de lo Penal, de                       que no coticen en bolsa) la querella de los perjudicados
fecha 29 de octubre de 2002, en el procedimiento penal                         (es decir, de socios o acreedores), también en relación con
seguido contra Marcello Dell’Utri, Romano Luzi y                               la tutela concreta del bien colectivo de la «transparencia»
                      Romano Comincioli                                        del mercado societario desde el punto de vista de la
                                                                               posible extensión comunitaria del mismo.
                       (Asunto C-403/02)                                (1 ) Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo
                                                                             de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las
                                                                             garantías exigidas en los Estados Miembros a las sociedades
                                                                             definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado, para
                         (2003/C 19/24)                                      proteger los intereses de socios y terceros (DO L 65 de 14.3.1968
                                                                             p. 8).
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Tribunale di Milano — Sala IV de lo Penal,               Recurso interpuesto el 15 de noviembre de 2002 por la
dictada el 29 de octubre de 2002, en el procedimiento penal             Comisión de las Comunidades Europeas contra la Repú-
seguido contra Marcello Dell’Utri, Romano Luzi y Romano                                              blica Helénica
Comincioli, y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia
el 12 de noviembre de 2002. El Tribunale di Milano — Sala IV
de lo Penal solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie                                     (Asunto C-407/02)
sobre las siguientes cuestiones:
                                                                                                    (2003/C 19/25)
—    Si el artículo 6 de la Directiva 68/151 (Primera Directiva)
     CEE (1) puede interpretarse en el sentido de que obliga a
     los Estados miembros a establecer sanciones apropiadas,            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
     no sólo para la falta de publicidad del balance y de               presentado el 15 de noviembre de 2002 un recurso contra
     la cuenta de pérdidas y ganancias de las sociedades                la República Helénica, formulado por la Comisión de las
     mercantiles, sino también para la falsificación de dichos          Comunidades Europeas, representada por el Sr. Michel Nolin
     documentos, de las demás informaciones sociales comu-              y la Sra. Mina Konstantinidi, miembros de su Servicio Jurídico,
     nicadas a los socios o al público o de cualquier otra              que designa domicilio en Luxemburgo.
     información que dicha sociedad esté obligada a propor-
     cionar sobre la situación económica, patrimonial o finan-
     ciera de la sociedad o del grupo al que pertenece.                 La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal
                                                                        de Justicia que:
—    Si, con arreglo al artículo 5 del Tratado CEE, el concepto         a)     Declare que la República Helénica ha incumplido las
     de «carácter apropiado» de la sanción debe interpretarse                  obligaciones que le incumben en virtud de las disposicio-
     de un modo susceptible de valoración concreta en el                       nes de la Directiva 92/50/CEE (1) (artículos 8 y siguientes),
     ámbito normativo (penal o procesal) del país miembro,                     que establecen una licitación y definen los procedimientos
     es decir, como sanción «eficaz, efectiva, realmente disua-                de contratación pública de servicios, dado que el munici-
     soria».                                                                   pio de Serres atribuyó el contrato «Revalorización de la
                                                                               ciudad de Serres: ámbito de servicios de investigación y
                                                                               programa piloto de aplicación», mediante un procedi-
—    Por último, si pueden encontrarse dichas características                  miento directo y sin previa convocatoria de licitación.
     en el conjunto de disposiciones de los nuevos artí-
     culos 2621 y 2622 del Código Civil, en su versión                  b)     Condene en costas a la República Helénica.
     modificada por el Decreto Legislativo no 61, adoptado
     por el Estado italiano el 11 de abril de 2002; en particular,
     si puede definirse como «efectivamente disuasoria» y
     «apropiada en concreto» la norma (el citado artículo 2621          Motivos y principales alegaciones
     del Código Civil) que sanciona en concepto de falta, con
     una pena de un año y seis meses de arresto, las falsedades
     en el balance que no provoquen perjuicios patrimoniales            Las disposiciones de la Directiva 92/50/CEE regulan la elección
     o que los provoquen pero no puedan perseguirse con                 de los procedimientos de contratación pública de servicios y
     arreglo el artículo 2622 del Código Civil por no haberse           establecen normas comunes en el sector de los contratos de
     interpuesto querella; en conclusión, si resulta apropiado          servicios de investigación y en el sector técnico que son
     exigir como presupuesto procesal para los delitos previs-          aplicables a los contratos cuyo importe sea igual o superior a
     tos en el párrafo primero del artículo 2622 del Código             un límite determinado.
 ---pagebreak--- 25.1.2003                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                             C 19/15
Según la Comisión, el contrato «Revalorización de la ciudad de            2)    Anule la Decisión de la parte recurrida («BCE»), recogida
Serres: ámbito de servicios de investigación y programa piloto                  en su escrito de 28 de junio de 2000, por la que modificó
de aplicación» es un contrato público de servicios que está                     las funciones del demandante.
comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva, tanto             3)    Condene en costas al BCE.
por su objeto como por su valor. El municipio de Serres
no efectuó el anuncio de convocatoria, sino que confió
                                                                          Motivos y principales alegaciones
directamente los trabajos a la Universidad Aristóteles de
Tesalónica.                                                               —     La sentencia recurrida desconoce, según el recurrente, el
                                                                                alcance y configuración de la autonomía funcional que
                                                                                corresponde al BCE en el sistema de contratos de trabajo
                                                                                establecido en el artículo 36, apartado1, de los Estatutos del
Por otra parte, la Comisión sostiene que no concurren los
                                                                                SEBC y en el artículo 9, letra a), párrafo primero, de las
requisitos de aplicación de las excepciones contempladas en el
                                                                                Conditions of Employment (en lo sucesivo, «CoE»). Como
artículo 6 (contrato con una entidad que sea, a su vez, una
                                                                                consecuencia de este error jurídico, la sentencia ha conside-
entidad contratante de conformidad con la Directiva) y en el
                                                                                rado que el BCE posee en el sistema de contratos de trabajo
artículo 1, letra a), punto IX, de la Directiva.
                                                                                el mismo amplio margende apreciación que lecorresponde,
                                                                                en virtud del Derecho de funcionarios europeo, al emplea-
                                                                                dor en el marco de la utilizacióndel personal. La así caracte-
( 1) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre             rizada facultad de apreciación —por lo que respecta a la
     coordinación de los procedimientos de adjudicación de los                  ocupación del personal— debe distinguirse de la facultad de
     contratos públicos de servicios (DO L 209 de 24 de julio de 1992,
                                                                                apreciación propia de la organización de la empresa. El
     p. 1).
                                                                                recurrente opina que el Tribunal de Primera Instancia ha
                                                                                considerado erróneamente que el BCE está legitimado para
                                                                                separarse de la descripción del puestode trabajo del deman-
                                                                                dante, que pasó a formar parte del contenido del contrato, y
                                                                                privarle de las funciones definidas en éste. Según el recu-
                                                                                rrente, el Tribunal de Primera Instancia no debió fundar su
                                                                                criterio —de conformidad con los principios generales de
                                                                                Derecho de los funcionarios— en la circunstancia de si las
                                                                                funciones de que se vio privado el demandante constituían
Recurso de casación interpuesto el 18 de noviembre de                           «elementos esenciales» del ámbito de actividad establecido
2002 por el Sr. Jan Pflugradt contra la sentencia dictada el                    en el contrato. Debió examinar si las funciones excluidas
22 de octubre de 2002 por la Sala Quinta del Tribunal de                        habían sido convenidas contractualmente.
Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en los                           Según el recurrente,en el caso de que la actividad convenida
asuntos acumulados T-178/00 y T-341/00 promovidos                               contractualmente ya no pudiera seguir realizándose por
  contra el Banco Central Europeo por el Sr. Jan Pflugradt                      causa de la desaparición del puesto de trabajo,el artículo11,
                                                                                letra a), inciso segundo, segunda frase, de las CoE prevé la
                                                                                posibilidad de un despido causado por las necesidades del
                       (Asunto C-409/02 P)                                      servicio. De este modo, esta disposición establece clara-
                                                                                mente que no es admisible una modificación unilateral
                                                                                del contenido del contrato que «desarrolle» las relaciones
                           (2003/C 19/26)                                       laborales sin consideración de las condiciones contractua-
                                                                                les. No es admisible atribuir al BCE, como empleador en el
                                                                                sentido del Derecho del trabajo, la decisión sobre la aplica-
                                                                                ción de dos medidas de organización que producen efectos
                                                                                contradictorios entre sí. En tal caso, el BCE podría —en su
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                    caso inclusode forma arbitraria— elegir entre la finalización
presentado el 18 de noviembre de 2002 un recurso de casación                    del contrato de trabajo, en virtud del artículo 11, letra a),
formulado por el Sr. Pflugradt, representado por el abogado                     inciso ii), de las CoE, y la continuación del contrato incum-
Dr. Norbert Pflüger, Kaiserstrasse 44, D-60329 Fráncfort del                    pliendo las condiciones previstas en él.
Meno, que designa domicilio en Luxemburgo, contra la
sentencia dictada el 22 de octubre de 2002 por la Sala                          El recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia
Quinta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades                     ha considerado de forma errónea que la competencia del
Europeas, en los asuntos acumulados T-178/00 y T-341/00                         demandante para calificar a los miembros del equipo UNIX
promovidos contra el Banco Central Europeo por el Sr. Jan                       es un elemento no esencial del contrato de trabajo, pese a
Pflugradt. La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia                 que la descripción del puesto de trabajo lo señala como
que:                                                                            una de las «key responsabilities». Además, considera que el
                                                                                Tribunal de Primera Instancia ha alterado la descripción del
                                                                                puesto de trabajo en la medida en que admite una cesión de
                                                                                competencias meramente provisional.
Anule la sentencia impugnada mediante el presente recurso
y (1):                                                                    —     Vulneración de los principios y normas aplicables en
                                                                                materia de prueba.
1)     Anule el informe de calificación del demandante para el            (1 ) Aún no publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
       año 1999, de 23 de noviembre de 1999.