CELEX: 62003TJ0271
Language: es
Date: 2008-04-10 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta ampliada) de 10 de abril de 2008. # Deutsche Telekom AG contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Artículo 82 CE - Precios de acceso a la red fija de telecomunicaciones en Alemania - Compresión de márgenes - Precios aprobados por la autoridad nacional reguladora de las telecomunicaciones - Margen de maniobra de la empresa en posición dominante. # Asunto T-271/03.

Asunto T‑271/03
      Deutsche Telekom AG
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Competencia — Artículo 82 CE — Precios de acceso a la red fija de telecomunicaciones en Alemania — Compresión de márgenes — Precios aprobados por la autoridad nacional reguladora de las telecomunicaciones — Margen de maniobra de la empresa en posición dominante»
      Sumario de la sentencia
      1.      Competencia — Normas comunitarias — Ámbito de aplicación material
      (Arts. 81 CE y 82 CE)
      2.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Concepto — Criterios de apreciación
      (Art. 82 CE)
      3.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones
            prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible
      (Art. 82 CE)
      4.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Compresión de márgenes en los precios — Servicios de acceso a la red de telecomunicaciones
            prestados por el operador propietario de la única infraestructura disponible
      (Art. 82 CE)
      5.      Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada o por negligencia — Concepto
      (Arts. 82 CE y 226 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      6.      Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción
      [Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, puntos 1, parte A), y 3]
      7.      Competencia — Posición dominante — Abuso — Concepto — Conocimiento del carácter abusivo de su comportamiento por la empresa
            dominante — Irrelevancia
      (Art. 82 CE)
      1.      El hecho de que las tarifas de una empresa de telecomunicaciones en posición dominante tengan que ser aprobadas por la autoridad
         nacional de regulación de las telecomunicaciones no elimina la responsabilidad de esta empresa en virtud del artículo 82 CE,
         puesto que los efectos restrictivos de la competencia provocados por estas tarifas no tienen su origen solamente en el marco
         jurídico nacional aplicable, pues la empresa dominante, que podía influir en su importe presentando solicitudes de autorización
         ante dicha autoridad, disponía de un margen de maniobra suficiente para fijar sus tarifas a un nivel tal que le permitiera
         eliminar o reducir estos efectos restrictivos. En efecto, en el marco de la responsabilidad especial que incumbe a una empresa
         en posición dominante, ésta está obligada a presentar solicitudes de modificación de sus tarifas cuando perjudican el desarrollo
         de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común.
      
      Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la autoridad nacional de regulación de las telecomunicaciones efectúe
         un control ex ante de la compatibilidad de las tarifas con el artículo 82 CE. En efecto, aun cuando, al igual que cualquier órgano del Estado,
         esta autoridad tiene obligación de respetar las disposiciones del Tratado, su misión es aplicar la normativa sectorial en
         el ámbito de las telecomunicaciones y no es la autoridad de competencia del Estado miembro de que se trate. Las autoridades
         reguladoras nacionales operan de acuerdo con el Derecho nacional, que puede proponerse objetivos que, inscritos en las políticas
         de telecomunicaciones, son distintos de los perseguidos por la política comunitaria de competencia. En todo caso, aun suponiendo
         que dicha autoridad esté obligada a examinar la compatibilidad con el artículo 82 CE de las tarifas propuestas por una empresa
         dominante, ello no obsta para que la Comisión pueda constatar una infracción imputable a esta empresa que, en efecto, no puede
         estar vinculada por una resolución dictada por un órgano jurisdiccional nacional en aplicación del artículo 82 CE.
      
      (véanse los apartados 107, 108, 113 y 120 a 122)
      2.      El carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante, en forma de compresión de márgenes, está ligado
         al carácter no equitativo de la diferencia entre su precio minorista para el producto derivado en el mercado descendente y
         su precio por la materia prima que proporciona a sus competidores en el mercado ascendente, cuando la diferencia entre estos
         precios es negativa o insuficiente para cubrir los costes específicos de su propio producto derivado. De ello se deduce que,
         para declarar la existencia de tal abuso, la Comisión no está obligada a demostrar que los precios minoristas son abusivos
         en sí mismos.
      
      La Comisión puede legítimamente basar su análisis sobre el carácter abusivo de los precios de la empresa dominante únicamente
         en elementos de la situación específica de ésta y, consiguientemente, en sus propias tarifas y costes, y no en la situación
         de sus competidores actuales o potenciales. En efecto, cualquier otro enfoque podría vulnerar el principio general de seguridad
         jurídica, pues si la legalidad de las prácticas tarifarias de una empresa dominante dependiera de la situación específica
         de las empresas competidoras, en particular, por la estructura de sus costes —generalmente desconocidos para la empresa dominante—
         esta última ni siquiera podría apreciar la legalidad de sus propios comportamientos.
      
      Para apreciar la existencia de la compresión de márgenes procede examinar si la propia empresa dominante, o una empresa igual
         de eficiente que ella, habría estado en condiciones de ofrecer el producto derivado sin incurrir en pérdidas si hubiese tenido
         que pagar el precio correspondiente a la materia prima. 
      
      (véanse los apartados 166, 167, 188 y 191 a 194)
      3.      Cuando un operador de telecomunicaciones es propietario de la única infraestructura disponible, de modo que los servicios
         de acceso a la red que presta a sus competidores (servicios mayoristas) son imprescindibles para que éstos entren en competencia
         con este operador en el mercado descendiente de los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes entre las
         tarifas de los servicios mayoristas y las tarifas minoristas de dicho operador obstaculizará, en principio, el desarrollo
         de la competencia en los mercados descendientes. En efecto, si los precios minoristas del operador dominante son inferiores
         a las tarifas por sus servicios mayoristas o si el margen entre las tarifas por los servicios mayoristas y las tarifas minoristas
         del operador dominante es insuficiente para permitir a un operador de su misma eficiencia cubrir sus costes específicos por
         la prestación de servicios de acceso a los abonados, un competidor potencial, igual de eficiente que el operador dominante,
         sólo podría entrar en el mercado de los servicios de acceso para abonados incurriendo en pérdidas. Ciertamente, los competidores
         del operador dominante recurrirán habitualmente a una subvención cruzada, en el sentido de que compensarán las pérdidas sufridas
         en el mercado de los servicios de acceso para abonados con los beneficios que se deriven de otros mercados, como el de las
         llamadas telefónicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que el operador dominante, como propietario de la red fija, no necesita
         recurrir a servicios mayoristas para poder ofrecer servicios de acceso a los abonados y que, a diferencia de sus competidores,
         no se ve obligado, por razón de las prácticas tarifarias de una empresa dominante, a tratar de compensar las pérdidas sufridas
         en el mercado de los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes falsea el juego de la competencia no sólo
         en el mercado de acceso para abonados, sino también en el mercado de las llamadas telefónicas.
      
      Para el cálculo de la compresión de márgenes la Comisión puede acertadamente tener en cuenta sólo los ingresos del conjunto
         de los servicios de acceso, excluyendo los ingresos por otros servicios, en particular los procedentes de las llamadas telefónicas.
      
      Así, en primer lugar, si bien es cierto que, desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de llamadas telefónicas
         forman un todo, la Comisión puede legítimamente tener en cuenta sólo los ingresos por los servicios de acceso del operador
         dominante, excluyendo los ingresos por otros servicios, como las llamadas telefónicas, que pueden prestarse mediante el acceso
         a una red fija. En efecto, para los competidores del operador dominante, la prestación del servicio de llamadas a los abonados
         a través de la red fija de este operador presupone un acceso a dicha red. La igualdad de oportunidades entre el operador dominante,
         por una parte, y sus competidores, por otra parte, implica entonces que los precios por los servicios de acceso se fijen a
         un nivel tal que coloque a los competidores en pie de igualdad con el operador dominante para la prestación de servicios de
         llamadas. Esta igualdad de oportunidades sólo se garantiza si el operador dominante fija sus precios minoristas a un nivel
         que permita a sus competidores —a los que se supone tan eficientes como el operador dominante— repercutir todos los costes
         derivados del servicio mayorista sobre sus precios minoristas. Sin embargo, si el operador dominante no respeta este principio,
         los nuevos entrantes sólo pueden ofrecer servicios de acceso a sus abonados incurriendo en pérdidas. Por tanto, se ven obligados
         a compensar las pérdidas sufridas en el acceso a la red con tarifas más elevadas por las llamadas telefónicas, lo que también
         falsea la competencia en el mercado de las llamadas.
      
      En segundo lugar, la Comisión puede comparar los precios del operador dominante por los servicios de acceso a la red prestados
         a sus competidores con la media ponderada de los precios minoristas para los distintos servicios de acceso ofrecidos directamente
         a sus abonados, aun cuando los operadores competidores no ofrezcan todos estos servicios. En efecto, dado que el carácter
         abusivo de las prácticas tarifarias del operador dominante debe apreciarse con arreglo su situación específica y, por tanto,
         en relación con sus tarifas y costes, no puede verse influida por las eventuales preferencias de sus competidores por un mercado
         o por otro de servicios de acceso.
      
      Finalmente, la Comisión puede incluir en el cálculo del precio total mayorista los gastos de cancelación debidos al operador
         dominante por el competidor beneficiario de los servicios mayoristas cuando uno de sus abonados rescinde su contrato de prestación
         de servicios de acceso, pues para los competidores del operador dominante estos gastos de cancelación forman parte del coste
         total derivado de la prestación mayorista que deberán repercutir en sus precios minoristas.
      
      (véanse los apartados 199, 200, 203, 204, 206, 210, 211 y 236 a 238)
      4.      Una decisión de la Comisión que declare un abuso de posición dominante cometido por un operador de telecomunicaciones como
         consecuencia de la compresión de márgenes resultante de la diferencia negativa, o insuficiente, entre las tarifas por los
         servicios de acceso a la red que presta a sus competidores (servicios mayoristas) y las tarifas por los servicios de acceso
         para sus abonados no viola los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica por implicar una doble regulación de
         dichas tarifas. En efecto, el marco jurídico comunitario en el ámbito de las telecomunicaciones no afecta en absoluto a la
         competencia atribuida directamente a la Comisión por el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17 y, desde el 1 de mayo
         de 2004, por el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia
         previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] para declarar las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      Tal decisión tampoco viola el principio de protección de la confianza legítima, aun cuando la autoridad nacional de regulación
         de las telecomunicaciones, tras haber examinado la cuestión de la existencia de compresión de márgenes y constatado el margen
         negativo o insuficiente entre los precios de los servicios mayoristas y los precios minoristas haya considerado que el recurso
         a la subvención cruzada entre los servicios de acceso y de llamadas telefónicas debía permitir a los demás operadores ofrecer
         precios competitivos a sus abonados. En efecto, tal declaración, de la que se desprende de modo implícito pero necesario que
         estas prácticas tarifarias tienen un efecto contrario a la competencia, ya que los competidores deben recurrir a una subvención
         cruzada para poder seguir siendo competitivos en el mercado de los servicios de acceso, no puede crear en el operador dominante
         la confianza legítima de que sus tarifas no infringían el artículo 82 CE.
      
      Finalmente, aun cuando la autoridad nacional de regulación de las telecomunicaciones hubiera infringido una norma comunitaria
         y la Comisión hubiera podido incoar por ello un procedimiento por incumplimiento contra este Estado miembro, ello no podría
         afectar en absoluto a la legalidad de la Decisión de la Comisión, que no adolece de desviación de poder. En efecto, al limitarse
         a declarar la existencia de una infracción del artículo 82 CE, disposición que no incumbe a los Estados miembros, sino únicamente
         a los agentes económicos, esta decisión sólo se refiere a las prácticas tarifarias de la empresa dominante y no a la decisión
         de las autoridades del Estado miembro.
      
      (véanse los apartados 263, 267 a 269 y 271)
      5.      Las infracciones a las normas de la competencia que pueden sancionarse con una multa, de conformidad con el párrafo primero
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, son las cometidas deliberadamente o por negligencia. Esta condición se
         cumple cuando la empresa de que se trata no podía ignorar que su comportamiento era contrario a la competencia, tuviera o
         no conciencia de infringir las reglas de competencia del Tratado.
      
      Tal es el caso de un operador de telecomunicaciones que ocupa una posición monopolística en el mercado de los servicios de
         acceso a la red que presta a sus competidores (servicios mayoristas) y una posición cuasimonopolística en el mercado de los
         servicios de acceso para abonados, cuyas tarifas dan lugar a una compresión de márgenes para estos servicios. Éste, en efecto,
         no puede ignorar que la compresión de márgenes resultante de la diferencia negativa, o insuficiente, entre sus tarifas para
         los diferentes servicios provoca graves restricciones a la competencia.
      
      Esta conclusión no queda desvirtuada por la incoación de un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro por
         haber sido aprobadas dichas tarifas por la autoridad nacional de regulación de las telecomunicaciones cuando sin embargo el
         operador dominante disponía de un margen de maniobra para aumentar sus precios minoristas y, consiguientemente, para reducir
         la compresión de márgenes, pues la apertura de un procedimiento por incumplimiento no afecta en absoluto a los requisitos
         para sancionar una infracción a las normas de la competencia establecidos por el artículo 15, apartado 2, párrafo primero
         del Reglamento nº 17.
      
      (véanse los apartados 295, 296 y 298)
      6.      La Comisión puede calificar de grave la infracción consistente, para una empresa de telecomunicaciones en posición dominante,
         en aplicar tarifas que producen compresión de márgenes. En efecto, estas prácticas tarifarias refuerzan las barreras de entrada
         en mercados recientemente liberalizados, poniendo así en peligro el buen funcionamiento del mercado común. Así, las Directrices
         aprobadas por la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (punto 1 A, párrafo segundo) califican los comportamientos de exclusión
         de una empresa en posición dominante de infracción grave, e incluso de infracción muy grave, cuando los comete una empresa
         en situación de cuasimonopolio.
      
      Para determinar el importe de la multa, habida cuenta del margen de que dispone, la Comisión toma en consideración debidamente,
         como circunstancia atenuante, el hecho de que la autoridad nacional de regulación de las telecomunicaciones intervino en la
         fijación de los precios de la empresa y que esta autoridad había examinado en varias ocasiones si existía una compresión de
         márgenes derivada de las prácticas tarifarias de la empresa, reduciendo el importe de base de la multa en un 10 %.
      
      (véanse los apartados 310 a 313)
      7.      El concepto de explotación abusiva en el sentido del artículo 82 CE es un concepto objetivo. Por tanto, el conocimiento subjetivo
         del carácter abusivo de su comportamiento por parte de la empresa en posición dominante no constituye un requisito para la
         aplicación del artículo 82 CE.
      
      (véase el apartado 327)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)
      de 10 de abril de 2008 (*)
      
      «Competencia – Artículo 82 CE – Precios de acceso a la red fija de telecomunicaciones en Alemania – Compresión de márgenes – Precios aprobados por la autoridad nacional reguladora de las telecomunicaciones – Margen de maniobra de la empresa en posición dominante»
      En el asunto T‑271/03,
      Deutsche Telekom AG, con domicilio social en Bonn (Alemania), representada inicialmente por los Sres. K. Quack, U. Quack y S. Ohlhoff, posteriormente
         por los Sres. U. Quack y Ohlhoff, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por la Sra. K. Mojzesowicz y el Sr. S. Rating, posteriormente por la Sra. Mojzesowicz y el Sr.
         A. Whelan, y finalmente por la Sra. Mojzesowicz y los Sres. W. Mölls y O. Weber, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Arcor AG & Co. KG, con domicilio social en Eschborn (Alemania), representada inicialmente por los Sres. M. Klusmann, F. Wiemer y M. Rosenthal,
         posteriormente por los Sres. Klusmann y Wiemer, y finalmente por el Sr. Klusmann, abogados,
      
      y por
      Versatel NRW GmbH, anteriormente Tropolys NRW GmbH, anteriormente CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice y TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation
         Bergisches Land mbH, con domicilio social en Essen (Alemania),
      
      EWE TEL GmbH, con domicilio social en Oldenburg (Alemania),
      
      HanseNet Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),
      
      Versatel Nord-Deutschland GmbH, anteriormente KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, con domicilio social en Flensburg (Alemania),
      
      NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, con domicilio social en Colonia (Alemania),
      
      Versatel Süd-Deutschland GmbH, anteriormente tesion Telekommunikation GmbH, con domicilio social en Stuttgart (Alemania),
      
      Versatel West-Deutschland GmbH, anteriormente Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, con domicilio social en Dortmund (Alemania),
      
      representadas por los Sres. N. Nolte, T. Wessely y J. Tiedemann, abogados,
      partes coadyuvantes en el asunto
      que tiene por objeto la anulación de la Decisión de la Comisión 2003/707/CE, de 21 de mayo de 2003, en un procedimiento con
         arreglo al artículo 82 CE (asuntos COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telekom AG) (DO L 263, p. 9) y, con carácter
         subsidiario, la reducción de la multa impuesta a la demandante en el artículo 3 de esta Decisión, 
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta ampliada),
      integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, el Sr. D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe y el Sr.
         N. Wahl, Jueces;
      
      Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de mayo de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Hechos que originaron el litigio
      1        La demandante, Deutsche Telekom AG, es el operador de telecomunicaciones histórico en Alemania. El Estado alemán posee una
         participación directa en el capital de la demandante del 30,92 % e indirecta (a través de Kreditanstalt für Wiederaufbau)
         del 12,13 %. La titularidad del 56,95 % restante pertenece a inversores institucionales y privados.
      
      2        La demandante explota la red telefónica alemana. Antes de la liberalización total del mercado de las telecomunicaciones, ejercía
         un monopolio legal sobre la prestación de servicios de telecomunicación a los abonados a la red fija. La Telekommunikationsgesetz
         (Ley alemana de telecomunicaciones; en lo sucesivo, «TKG»), de 25 de julio de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1120), desde su entrada
         en vigor el 1 de agosto de 1996 liberalizó en Alemania el mercado de puesta a disposición de infraestructuras y el mercado
         de prestación de servicios de telecomunicación. Desde entonces, la demandante compite en estos dos mercados, en distintos
         grados, con otros operadores.
      
      3        Cada una de las redes locales de la demandante contiene varios bucles locales hacia los abonados. La expresión «bucle local»
         designa al circuito físico que conecta el extremo de la red en las dependencias del abonado a la red de distribución principal
         o a cualquier otra instalación equivalente de la red pública de telefonía fija.
      
      4        La demandante da acceso a sus bucles locales tanto a otros operadores de telecomunicaciones como a los abonados. Por lo que
         respecta a los servicios de acceso y a las tarifas de la demandante, procede distinguir entre los servicios de acceso a la
         red local prestados por la demandante a sus competidores (en lo sucesivo, «servicios mayoristas») y los servicios de acceso
         a la red local prestados por la demandante a sus abonados (en lo sucesivo, «servicios de acceso para abonados»). 
      
      I.      Servicios mayoristas
      5        La Resolución nº 223 a del Ministerio Federal de Correos y Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «BMPT»), de 28 de mayo de 1997,
         obligaba a la demandante, a partir de junio de 1997, a permitir a sus competidores un acceso completamente desagregado a los
         bucles locales.
      
      6        La tarifa mayorista de la demandante está compuesta por dos elementos, a saber, un abono mensual, por una parte, y una cuota
         inicial, por otra parte. Cuando un competidor cancela una línea de abonado, la demandante le cobra gastos de cancelación.
      
      7        De acuerdo con el artículo 25, apartado 1, de la TKG, la tarifa mayorista de la demandante debe ser previamente aprobada por
         la Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Correos; en lo sucesivo,
         «RegTP»).
      
      8        En este contexto, la RegTP verifica si las tarifas mayoristas propuestas por la demandante satisfacen los requisitos establecidos
         por el artículo 24 de la TKG. Así, según el artículo 24, apartado 1, de la TKG, las «tarifas deben establecerse en función
         de los costes de una prestación de servicios eficiente». Además, de acuerdo con el artículo 24, apartado 2, de la TKG, las
         tarifas no podrán:
      
      «1.      contener recargos impuestos únicamente por razón de la posición dominante […] de un proveedor en el mercado de telecomunicaciones
         de que se trate;
      
      2.      contener descuentos que perjudiquen las posibilidades de competir de otras empresas en un mercado de telecomunicaciones, y
      3.      conceder ventajas a determinados demandantes de servicios de telecomunicaciones sobre otros demandantes de servicios iguales
         o similares en el mercado de telecomunicaciones de que se trate,
      
      a menos que lo justifique un motivo objetivo y demostrado».
      9        Según el artículo 29, apartado 1, de la TKG, la demandante está obligada a aplicar las tarifas autorizadas por la RegTP durante
         todo el período de validez de la autorización.
      
      II.    Servicios de acceso para abonados
      10      Por lo que respecta a los servicios de acceso para abonados, la demandante ofrece dos opciones básicas, a saber, la línea
         analógica tradicional, (denominación del servicio: T‑Net) y la línea digital de banda estrecha (red digital de servicios integrados
         – ISDN, denominación del servicio: T‑ISDN). En ambos casos, el servicio de acceso puede prestarse a los abonados a través
         de la red histórica de par de cobre de la demandante (conexiones de banda estrecha). La demandante también ofrece a sus abonados
         conexiones de banda ancha (Línea de Abonado Numérica Asimétrica: denominación del servicio T‑DSL o ADSL), para las que tuvo
         que ampliar las líneas T‑Net o T‑ISDN existentes con objeto de poder ofrecer servicios de banda ancha, como el acceso rápido
         a Internet.
      
      11      La tarifa de la demandante por los servicios de acceso para abonados (también denominada, en lo sucesivo, «tarifa minorista»
         o «precios minoristas») a las líneas analógicas o ISDN está sujeta a un régimen de precios máximos. En cambio, la demandante
         fija libremente sus precios minoristas de ADSL. No obstante, éstos pueden estar sujetos a una regulación a posteriori.
      
      12      Los precios minoristas de la demandante constan de dos componentes: un abono mensual, en función de la calidad de las líneas
         y de los servicios puestos a disposición, y una cuota inicial en concepto de activación o transferencia de una línea, en función
         de los trabajos necesarios en sus dos extremos. La demandante no cobra gastos de cancelación a sus abonados.
      
      A.      Tarifas de las líneas de abonados analógicas (T‑Net) y digitales de banda estrecha  – ISDN (T‑ISDN)
      13      La tarifa de acceso a las líneas de abonados analógicas e ISDN está sujeta a un régimen de precios máximos. Según los artículos
         27, apartado 1, segunda frase, y 25, apartado 1, de la TKG y los artículos 4 y 5 del Reglamento de regulación de las tarifas
         de las telecomunicaciones, de 1 de octubre de 1996 (BGBl. 1996 I, p. 1492; en lo sucesivo, «Reglamento de regulación de las
         tarifas»), los precios minoristas por la conexión a la red de la demandante y por las llamadas telefónicas no se fijan de
         manera individualizada para cada servicio en función de los costes incurridos, sino para un conjunto de servicios mediante
         su agrupación en «cestas».
      
      14      El régimen de precios máximos para el acceso a la red de la demandante fue introducido por Resolución del BMPT, de 17 de diciembre
         de 1997 [Comunicación 202/1997, Diario Oficial (BMPT) 34/97, p. 1891]. La RegTP comenzó a aplicarlo el 1 de enero de 1998.
         Para ello, la RegTP creó dos cestas de servicios, la primera para clientes particulares y la segunda para clientes empresariales.
         Ambas cestas contenían tanto servicios de acceso para abonados (líneas estándar analógicas y de ISDN) como la oferta completa
         de la demandante en el ámbito de las llamadas telefónicas, es decir, llamadas locales, regionales, de larga distancia e internacionales.
      
      15      En virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento de regulación de las tarifas, la RegTP fija un precio inicial para
         todos los servicios agrupados en una cesta, así como unos objetivos en relación con la evolución de los precios a lo largo
         de un período determinado.
      
      16      Así, este régimen tarifario establece un precio máximo para cada cesta. En cambio, no contiene precios mínimos vinculantes.
      
      17      La Resolución del BMPT de 17 de diciembre de 1997 obligó a la demandante a reducir en un 4,3 % el precio total de cada una
         de las dos cestas entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 1999 (primer período de precios máximos). Al término
         de ese primer período, el 31 de diciembre de 1999, la RegTP, mediante Resolución de 23 de diciembre de 1999, mantuvo en líneas
         generales la composición de las cestas y redujo sus precios en un 5,6 % para el período comprendido entre el 1 de enero de
         2000 y el 31 de diciembre de 2001 (segundo período de precios máximos).
      
      18      Dentro de este marco vinculante de reducciones de precios, la demandante podía, previa autorización de la RegTP, modificar
         los precios de los distintos componentes de cada una de las cestas. Según el artículo 27, apartado 2, de la TKG, y el artículo
         5, apartado 3, del Reglamento de regulación de las tarifas, se autorizaban modificaciones en las tarifas de una cesta si el
         precio medio de ésta no superaba el índice de precios máximos impuesto. Así, el sistema permitía aumentar los precios de uno
         o de varios componentes de una cesta, siempre y cuando no se superara el precio máximo de la cesta. Sin embargo, según el
         artículo 27, apartado 3, de la TKG, debía denegarse la autorización cuando las tarifas «manifiestamente [no fueran] conformes
         con lo dispuesto por el artículo 24, apartado 2, puntos 2) o 3), [de la TKG], o […] cuando [no fueran] conformes con la [TKG]
         o con otras normas jurídicas». 
      
      19      En los dos primeros períodos de precios máximos, la demandante redujo los precios minoristas en las dos cestas más de lo que
         estaba obligada. Estas reducciones de las tarifas afectaban básicamente a los precios de las llamadas telefónicas. En cambio,
         la tarifa minorista para las líneas analógicas (abono mensual y cuota inicial) no varió en los dos períodos de precios máximos,
         es decir, desde 1998 hasta el fin de 2001. Por lo que respecta a la tarifa minorista para las líneas ISDN durante este mismo
         período, la demandante redujo el precio del abono mensual, pero no modificó la cuota inicial que cobraba a sus abonados. 
      
      20      Desde el 1 de enero de 2002 está en vigor un nuevo régimen de precios máximos adoptado mediante Resolución de la RegTP de
         21 de diciembre de 2001 (Boletín Oficial RegTP 2/2002, de 6 de febrero de 2002, p. 75). Este nuevo régimen sustituye las dos
         cestas originales, respectivamente para clientes particulares y empresariales, por cuatro cestas distintas que incluyen los
         siguientes servicios: líneas telefónicas (cesta A), llamadas locales (cesta B), llamadas nacionales de larga distancia (cesta C)
         y llamadas internacionales (cesta D).
      
      21      El 15 de enero de 2002 la demandante comunicó a la RegTP su intención de incrementar el precio del abono mensual de las líneas
         analógicas e ISDN en 0,56 euros. Este incremento fue autorizado por la RegTP mediante Resolución de 13 de marzo de 2002.
      
      22      El 31 de octubre de 2002 la demandante solicitó una nueva subida de su tarifa minorista. La RegTP denegó parcialmente esta
         solicitud mediante Resolución de 19 de diciembre de 2002. La RegTP autorizó un incremento de 0,33 euros en el precio del abono
         mensual a una línea analógica T‑Net en lugar de los 0,99 euros solicitados por la demandante, y denegó el incremento solicitado
         de 13,40 euros en la cuota inicial de transferencia de las líneas T‑Net y T‑ISDN.
      
      B.      Tarifas de las líneas ADSL (T‑DSL)
      23      Las tarifas ADSL (T‑DSL) no están sujetas a régimen de precios máximos. De acuerdo con el artículo 30 de la TKG, estas tarifas
         pueden ser objeto de regulación a posteriori. 
      
      24      El 2 de febrero de 2001, tras recibir diversas denuncias procedentes de competidores de la demandante, la RegTP inició una
         investigación a posteriori sobre los precios del ADSL de la demandante con el fin de comprobar si generaban una venta a pérdida contraria a las normas
         de competencia alemanas. La RegTP archivó el procedimiento el 22 de enero de 2002, tras haber comprobado que la subida de
         las tarifas anunciada por la demandante el 15 de enero de 2002 no contenía indicio alguno de venta a pérdida.
      
       Procedimiento administrativo
      25      Entre el 18 de marzo y el 20 de julio de 1999, la Comisión recibió denuncias procedentes de quince empresas competidoras de
         la demandante. Estas denuncias cuestionaban las prácticas tarifarias de la demandante. 
      
      26      El 15 de julio de 1999 la Comisión envió a la demandante un requerimiento de información con arreglo al artículo 11 del Reglamento
         nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y 86 [CE] (DO 1962, 13,
         p. 204; EE 08/01, p. 22). La demandante respondió mediante escritos de 13 y 25 de agosto de 1999.
      
      27      El 19 de enero de 2000 la Comisión dirigió un requerimiento de información a los competidores de la demandante.
      
      28      El 22 de junio de 2001 la Comisión envió un nuevo requerimiento de información a la demandante. 
      
      29      El 2 de mayo de 2002 la Comisión envió a la demandante un pliego de cargos con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento
         nº 17.
      
      30      El 29 de julio de 2002 la demandante presentó sus observaciones sobre el pliego de cargos. 
      
      31      El 25 de octubre de 2002 la demandante presentó sus observaciones sobre las respuestas de las denunciantes al pliego de cargos.
         
      
      32      El 21 de febrero de 2003 la Comisión envió a la demandante un complemento al pliego de cargos. 
      
      33      El 14 de marzo de 2003 la demandante presentó observaciones sobre el complemento al pliego de cargos. 
      
       Decisión impugnada
      34      El 21 de mayo de 2003 la Comisión adoptó la Decisión 2003/707/CE, en un procedimiento con arreglo al artículo 82 CE (asuntos
         COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche Telecom AG) (DO L 263, p. 9; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Ésta fue notificada
         a la demandante el 30 de mayo de 2003.
      
      35      Según la Comisión, los mercados de productos y servicios de referencia son, por una parte, el mercado ascendente de acceso
         de los competidores a la red local, y por otra parte, el mercado descendiente de acceso de los abonados a las líneas de banda
         estrecha (líneas analógicas e ISDN) y de banda ancha (líneas ADSL) (Decisión impugnada, considerando 91). Geográficamente,
         estos mercados abarcan el territorio de Alemania (Decisión impugnada, considerando 92).
      
      36      La Comisión declara que la demandante ocupa una posición dominante en todos los mercados de productos y servicios de referencia
         (Decisión impugnada, considerando 96).
      
      37      Según la Comisión, la demandante ha infringido el artículo 82 CE al facturar a sus competidores por sus servicios mayoristas
         precios superiores a los precios minoristas que factura a sus abonados (Decisión impugnada, considerandos 1, 57, 102 y 103),
         aplicando una tarifa abusiva en forma de «compresión de márgenes». 
      
      38      En cuanto a la compresión de márgenes, los considerandos 102 a 105 de la Decisión impugnada establecen: 
      
      «102      Se habla de compresión de márgenes (Kosten-Preise-Schere) cuando el conjunto de las tarifas mensuales y fijas pagaderas a
         [la demandante] en concepto de acceso mayorista obliga a los competidores a facturar a sus clientes finales unos precios superiores
         a los que [la demandante] cobra a sus propios clientes finales por los mismos servicios. Si las tarifas mayoristas son superiores
         a las tarifas minoristas, los competidores de [la demandante] en ningún caso pueden realizar beneficios, aunque sean igual
         de eficientes que [la demandante], puesto que además de las tarifas mayoristas tienen que soportar otros costes adicionales
         en concepto de marketing, facturación, cobro, etc.
      
      103      Al cobrar a sus competidores unas tarifas mayoristas por el acceso a los bucles locales superiores a las tarifas que factura
         a sus propios clientes finales por el acceso a la red local, [la demandante] impide que aquéllos puedan ofrecer también servicios
         de acceso a través del bucle local, y no sólo llamadas telefónicas. De esta manera, [la demandante] obliga a los competidores
         interesados a disponer de bucles locales desagregados para ofrecer servicios de conexión a sus clientes [que compensen] las
         pérdidas derivadas de los servicios de acceso aplicando unas tarifas mayores a las llamadas telefónicas. Ahora bien, las tarifas
         de las llamadas en Alemania han experimentado en los últimos años un descenso importante, por lo que a menudo a los competidores
         les resulta imposible proceder a semejante compensación.
      
      104      [La demandante] opina que, en el presente caso, la imputación de una fijación de precios abusiva en forma de compresión de
         márgenes está excluida por el mero hecho de que las tarifas mayoristas las fija la RegTP de forma vinculante. A juicio de
         [la demandante], sólo cabe hablar de compresión de márgenes cuando la presión sobre los márgenes entre los costes y los precios
         se deriva efectivamente de la aplicación de precios mayoristas demasiado altos, de precios minoristas demasiado bajos o de
         una combinación de ambos, y cuando resulta jurídicamente posible eliminar el efecto en ambos niveles. [La demandante considera
         que] sin embargo, cuando los precios mayoristas son fijados por una autoridad reguladora, [ella] sólo puede influir sobre
         el importe de las tarifas de acceso minoristas, por lo que la empresa considera que dichas tarifas únicamente pueden someterse
         a un control en virtud de los principios que prohíben las ofertas abusivas por debajo de costes (competencia predatoria).
      
      105      Contrariamente a la opinión defendida por [la demandante], el abuso consistente en la compresión de márgenes resulta pertinente
         en el presente asunto. En mercados conexos, en los que los competidores adquieren servicios mayoristas del operador tradicional
         y dependen de tales servicios para poder competir en un mercado descendente de productos o servicios, es perfectamente posible
         que se produzca una compresión de márgenes entre las tarifas mayoristas reguladas y las tarifas minoristas. Para probar la
         existencia de tal compresión, de entrada basta con que haya una relación inadecuada entre ambos niveles de tarifas que dé
         lugar a una restricción de la competencia. Bien es cierto que también se ha de demostrar que la empresa sometida a la regulación
         de precios dispone de un margen de maniobra empresarial para evitar o eliminar por iniciativa propia la compresión de márgenes.
         Sin embargo, cuando se cumple esta circunstancia –como ocurre en el presente caso […]– la cuestión de cuáles son las tarifas
         que la empresa afectada puede modificar sin intervención del Estado ya sólo es pertinente en lo que se refiere a la elección
         de los medios para eliminar la compresión de márgenes.»
      
      39      En cuanto al método de determinación de la compresión de márgenes, la Comisión declara que mediante el acceso al bucle local
         de la demandante, sus competidores pueden ofrecer a sus abonados una amplia gama de servicios de acceso, concretamente el
         acceso analógico mediante banda estrecha, el acceso digital mediante banda estrecha (ISDN) o el acceso mediante banda ancha
         en forma de servicios ADSL. Dado que la RegTP fija una tarifa uniforme para el servicio mayorista de la demandante, independientemente
         de los servicios descendentes ofrecidos a través del acceso a los bucles locales, procede entonces comparar las tarifas del
         abono mensual de la demandante y sus cuotas iniciales, en proporción con la duración media del abono, de sus prestaciones
         mayoristas, con sus tarifas de abono mensual y sus cuotas iniciales, en proporción con la duración media del abono, de sus
         servicios de acceso para abonados. La Comisión, para calcular el precio minorista medio de la demandante por los servicios
         de acceso para abonados, lleva a cabo una ponderación cuantitativa de los distintos precios minoristas aplicados por la demandante
         a las líneas analógica, ISDN y ADSL, así como a las distintas variantes de conexión por lo que respecta a las líneas ISDN
         y ADSL (Decisión impugnada, considerandos 113, 115, 116 y 142 a 151).
      
      40      La Comisión sólo tuvo en cuenta, a efectos del cálculo de la compresión de márgenes, la tarifa por el acceso al bucle local.
         No incluyó en su cálculo los precios de las llamadas telefónicas. (Decisión impugnada, considerando 119).
      
      41      Según la Comisión, «cabe presumir que se aplica una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia entre las tarifas
         minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores es negativa
         o insuficiente para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante en la prestación de sus
         propios servicios minoristas en el mercado descendente» (Decisión impugnada, considerando 107).
      
      42      La Comisión, en sus cálculos de la compresión de márgenes, llega a la conclusión de que, entre 1998 y 2001, el margen entre
         la tarifa mayorista y minorista de la demandante fue negativo (Decisión impugnada, considerando 153). En el año 2002 este
         margen fue positivo (Decisión impugnada, considerando 154). No obstante, dado que este margen positivo era insuficiente para
         cubrir los costes específicos de la demandante derivados de la prestación de servicios a los abonados, siguió existiendo compresión
         de márgenes en 2002 (Decisión impugnada, considerandos 154 y 160). Esta compresión de márgenes aún seguía existiendo cuando
         se adoptó la Decisión impugnada (Decisión impugnada, considerando 161).
      
      43      La Comisión declara a continuación que tanto la tarifa mayorista como la minorista están sujetas a regulación sectorial. A
         pesar de ello, la demandante disponía de un margen de maniobra suficiente para minimizar o incluso neutralizar la compresión
         de márgenes mediante reestructuraciones tarifarias (Decisión impugnada, considerandos 57, 105 y 163 a 175). La Comisión admite
         que, desde el 1 de enero de 2002, la demandante no disponía de margen de maniobra para aumentar los precios minoristas correspondientes
         a las líneas analógicas e ISDN. Sin embargo, podía haber reducido la compresión de márgenes aumentando sus precios por las
         líneas ADSL (Decisión impugnada, considerandos 171 a 175 y 206).
      
      44      En el considerando 199 de la Decisión impugnada la Comisión concluye:
      
      «[La demandante] abusa de su posición dominante en los mercados de referencia del acceso directo a su red de telefonía fija.
         Este abuso consiste en la fijación de precios no equitativos para los servicios de acceso mayorista prestados a competidores
         y para los servicios de acceso minorista a la red local, por lo que cumple el supuesto contemplado en la letra a) del artículo
         82 del Tratado CE. En el período comprendido entre principios de 1998 y finales de 2001, [la demandante] estuvo en condiciones
         de eliminar por completo la compresión de márgenes mediante modificaciones tarifarias en el nivel minorista. Desde comienzos
         de 2002, [la demandante] sigue estando en condiciones de reducir, cuando menos, la compresión de márgenes mediante el aumento
         de las tarifas minoristas ADSL, que no están sujetas al régimen price cap.»
      45      Tras haber declarado que la infracción fue grave en el período comprendido entre el comienzo de 1998 y el final de 2001 y
         leve desde el comienzo de 2002, la Comisión impuso una multa de 12,6 millones de euros (Decisión impugnada, considerandos
         207 y 212).
      
      46      La parte dispositiva de la Decisión impugnada tiene el siguiente tenor:
      
      «Artículo 1
      [La demandante] ha infringido desde 1998 la letra a) del artículo 82 del Tratado CE al aplicar a sus competidores y clientes
         finales unas tarifas mensuales y fijas no equitativas para el acceso a la red local, perjudicando con ello de manera considerable
         la competencia en el mercado del acceso a la red local. 
      
      Artículo 2
      [La demandante] pondrá fin de forma inmediata a la infracción mencionada en el artículo 1 y se abstendrá en el futuro de incurrir
         en las actuaciones y comportamientos citados en dicho artículo.
      
      Artículo 3
      Se impone a [la demandante] una multa de 12,6 millones de euros por la infracción mencionada en el artículo 1.
      […]»
       Procedimiento
      47      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de julio de 2003 la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      48      Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de diciembre de 2003, Arcor AG & Co.
         KG (en lo sucesivo, «parte coadyuvante I»), por un lado, y CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, posteriormente
         Tropolys NRW GmbH, posteriormente Versatel NRW GmbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, ISIS Multimedia Net GmbH & Co.
         KG, posteriormente Arcor AG & Co. KG, KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, posteriormente
         Versatel Nord-Deutschland GmbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, TeleBeL Gesellschaft für Telekommunikation
         Bergisches Land mbH, posteriormente Tropolys NRW GmbH, posteriormente Versatel NRW GmbH, tesion Telekommunikation GmbH, posteriormente
         Versatel Süd-Deutschland GmbH, Versatel Deutschland GmbH & Co. KG, posteriormente Versatel West‑Deutschland GmbH (en lo sucesivo,
         conjuntamente, «parte coadyuvante II»), por otra parte, solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
      
      49      Mediante escrito de 30 de enero de 2004, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia el tratamiento confidencial
         de algunos pasajes de la demanda, de la contestación a la demanda, de la réplica y de algunos anexos relacionados con ellas.
      
      50      Mediante escrito de 22 de marzo de 2004, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia el tratamiento confidencial
         de un pasaje de la dúplica.
      
      51      Mediante auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia, de 6 de mayo de 2004, se admitió la intervención
         de las sociedades mencionadas en el apartado 48 supra en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Se reservó la decisión sobre la procedencia de la solicitud de tratamiento confidencial.
      
      52      Se dio traslado a las partes coadyuvantes I y II de versiones no confidenciales de los distintos documentos procesales, preparadas
         por la demandante.
      
      53      Mediante escritos de 24 de junio de 2004, las partes coadyuvantes I y II se opusieron a la solicitud de confidencialidad presentada
         por la demandante.
      
      54      El 14 de julio de 2004 la parte coadyuvante II presentó su escrito de formalización de la intervención. Lo mismo hizo la parte
         coadyuvante I el 2 de agosto de 2004. Las partes principales presentaron sus observaciones sobre los escritos de formalización
         de las intervenciones.
      
      55      Mediante escrito de 20 de diciembre de 2004, la demandante presentó observaciones sobre las objeciones formuladas por las
         partes coadyuvantes I y II en relación con su solicitud de confidencialidad.
      
      56      Mediante auto de 15 de junio de 2006, el Presidente de la Sala Quinta estimó parcialmente la solicitud de confidencialidad
         de la demandante. 
      
      57      Mediante escrito de 14 de septiembre de 2006, la parte coadyuvante II informó al Tribunal de Primera Instancia de que la parte
         coadyuvante I había sucedido a ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG. En el mismo escrito informó al Tribunal de Primera Instancia
         de que, conforme al artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, retiraba la intervención de ISIS Multimedia Net GmbH &
         Co. KG, convertida en Arcor AG & Co. KG, para evitar la duplicación de su calidad de coadyuvante.
      
      58      Mediante auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia, de 30 de noviembre de 2006, se archivó la
         intervención de Arcor AG & Co. KG, anteriormente ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG, como parte coadyuvante II.
      
      59      El 11 de diciembre de 2006, oídas las partes, el Tribunal de Primera Instancia decidió atribuir el presente asunto a la Sala
         Quinta ampliada del Tribunal de Primera Instancia.
      
      60      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco
         de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, formuló preguntas
         escritas a las partes y a la Comisión y les pidió que aportaran ciertos documentos. Las partes cumplimentaron estos requerimientos
         en los plazos señalados. 
      
      61      Mediante escrito de 21 de marzo de 2007, la demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia el tratamiento confidencial
         de diversos elementos del escrito de la Comisión de 5 de marzo de 2007 que contenía las respuestas a las preguntas escritas
         del Tribunal de Primera Instancia. Las partes coadyuvantes I y II no se opusieron a esta solicitud de confidencialidad y se
         les dio traslado de una versión no confidencial del escrito de la Comisión, preparada por la demandante.
      
      62      Por impedimento del Juez Dehousse para participar en la vista y deliberación del presente asunto, el 29 de marzo de 2007 el
         Presidente del Tribunal de Primera Instancia designó al Juez Wahl para completar la Sala, con arreglo al artículo 32, apartado
         3, del Reglamento de Procedimiento.
      
      63      En la vista celebrada el 3 de mayo de 2007 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas
         formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
      
       Pretensiones de las partes
      64      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Con carácter principal, anule la Decisión impugnada y, subsidiariamente, en virtud de su criterio independiente, reduzca la
         multa impuesta por la Comisión en el artículo 3 de la Decisión impugnada.
      
      –        Condene en costas, incluidas las no procesales, a la Comisión.
      65      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene a la demandante a cargar con las costas del procedimiento.
      66      La parte coadyuvante I solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a la demandante, incluidas las propias. 
      67      La parte coadyuvante II solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso de la demandante.
      –        Condene en costas a la demandante, incluidas las no procesales.
       Fundamentos de Derecho
      I.      Sobre la pretensión principal de que se anule la Decisión impugnada
      68      La demandante formula tres motivos, basados, respectivamente, el primero en una infracción del artículo 82 CE, el segundo
         en el carácter defectuoso de la parte dispositiva de la Decisión impugnada y el tercero en una desviación de poder y en una
         violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima.
      
      A.      Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 82 CE
      69      El primer motivo comprende cuatro partes. La primera se basa en la inexistencia de comportamiento abusivo de la demandante
         por razón de su margen de maniobra insuficiente para evitar la compresión de márgenes. La segunda se basa en la ilegalidad
         del método empleado por la Comisión para comprobar la compresión de márgenes. La tercera versa sobre un error cometido por
         la Comisión en el cálculo de la compresión de márgenes y la cuarta se basa en la falta de efectos en el mercado de la compresión
         de márgenes declarada.
      
      1.      Sobre la primera parte, basada en la inexistencia de comportamiento abusivo de la demandante por razón de su margen de maniobra
         insuficiente para evitar la compresión de márgenes 
      
      a)      Alegaciones de las partes
      70      La demandante alega que carecía del margen de maniobra suficiente para evitar la supuesta compresión de márgenes declarada
         en la Decisión impugnada. Por una parte, recuerda que la propia Comisión ha reconocido su falta de margen de maniobra para
         la fijar las tarifas mayoristas. Las tarifas mayoristas, fijadas por la RegTP, deberían corresponderse con los costes de una
         prestación de servicios eficiente. Pues bien, dichos costes no necesariamente se corresponden con los de la demandante.
      
      71      Por otra parte, la demandante añade que tampoco disponía de margen de maniobra para fijar su tarifa por los servicios de acceso
         para abonados. Es imposible que la demandante cometiera un abuso en el período comprendido entre 1998 y 2001, ya que la RegTP
         –y anteriormente el BMPT– era la única responsable de la tarifa de la demandante por las conexiones de banda estrecha (véanse
         los apartados 73 a 79 infra).
      
      72      En el período posterior a enero de 2002, el comportamiento de la demandante en la fijación de las tarifas sólo puede ser abusivo
         por lo que respecta a las conexiones de banda ancha, ya que la propia Comisión reconoce en la Decisión impugnada que, a partir
         de 2002, la demandante carecía de todo margen de maniobra en la fijación de su tarifa por las conexiones de banda estrecha.
         No obstante, en el período posterior a enero de 2002, el posible margen de maniobra de la demandante para fijar la tarifa
         por las conexiones de banda ancha, suponiendo que se demostrara su existencia, carecería de incidencia en la presunta compresión
         de márgenes (véanse los apartados 80 a 83 infra).
      
      73      En primer lugar, por lo que respecta a sus conexiones de banda estrecha (líneas analógicas e ISDN), la demandante explica
         que, según el Derecho alemán, todos sus precios minoristas debían ser previamente examinados y aprobados por la RegTP o, antes
         de 1998, por el BMPT. Por tanto, no puede considerarse que la demandante, que según el artículo 29, apartado 1, de la TKG,
         no podía apartarse de las tarifas así autorizadas, so pena de que se le impusiera una multa, haya infringido el artículo 82 CE
         al aplicar dichas tarifas.
      
      74      En cuanto a la fijación de las tarifas, la demandante recuerda que, en el régimen de precios máximos, la RegTP define, en
         un primer momento, las cestas de servicios y los objetivos de evolución de los precios que limitan las modificaciones de la
         tarifa en el seno de las cestas («índices de precios» o «precios máximos»). En un segundo momento, la RegTP examina las modificaciones
         de las tarifas individuales propuestas por la demandante. A este respecto, según los artículos 24 y 27 de la TKG, la RegTP
         debe verificar, con independencia de que respeten el precio máximo fijado para la cesta en cuestión, que la tarifa solicitada
         no sea, injustificadamente, inferior a los costes de una prestación de servicios eficiente o que no infrinja otras normas
         jurídicas, en particular el artículo 82 CE. Así pues, la RegTP debe denegar la modificación de la tarifa minorista solicitada
         por la demandante si los precios infringen el artículo 82 CE, por razón, en particular, de una compresión de márgenes contraria
         a la competencia.
      
      75      La demandante señala que, por una parte, antes del 1 de mayo de 2002 estaba vinculada por las tarifas obligatorias correspondientes
         a las líneas analógicas, basadas en una autorización sin limitación temporal concedida por el BMPT con arreglo al artículo
         97, apartado 3, de la TKG, a tenor del cual las autorizaciones relativas a las tarifas de la demandante concedidas «antes
         del 1 de enero de 1998 […] [permanecían] en vigor como máximo hasta el 31 de diciembre de 2002».
      
      76      La demandante añade que, por otra parte, la RegTP, por Resolución de 19 de diciembre de 2002, sólo autorizó parcialmente,
         hasta el límite del precio máximo, su solicitud de 31 de octubre de 2002 de incremento de su tarifa minorista por los servicios
         de acceso para abonados. Señala además que, desde el 1 de enero de 2002, las tarifas de conexión son objeto de una cesta diferenciada
         para la que se ha fijado un valor de referencia específico. Las tarifas por las llamadas telefónicas carecen de incidencia
         sobre el respeto a estos valores impuestos. La propia Comisión reconoce que, a partir de 2002, la demandante no tenía ninguna
         posibilidad de aumentar su tarifa de acceso de banda estrecha. El hecho de que entre 1998 y 2001 no presentara solicitudes
         adicionales de aumento de la tarifa autorizada no implica que pueda imputársele la responsabilidad por el importe de las tarifas
         fijadas por la RegTP y, por tanto, la supuesta compresión de márgenes. En efecto, la mera facultad de presentar solicitudes
         de modificación de tarifas no puede asimilarse a una potestad autónoma de fijación de precios. El procedimiento de examen
         y de autorización, caso por caso, de las tarifas, empleado por la RegTP, se implantó precisamente para garantizar, mediante
         la regulación ex ante, que el operador histórico no aplicara tarifas abusivas, de acuerdo con la obligación impuesta a los Estados miembros por
         el artículo 17 de la Directiva 98/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 1998, sobre la aplicación
         de la oferta de red abierta (ONP) a la telefonía vocal y sobre el servicio universal de telecomunicaciones en un entorno competitivo
         (DO L 101, p. 24). Cuando una solicitud es objeto de examen y de decisión con arreglo a este procedimiento y se cumplen los
         requisitos procedimentales del marco jurídico comunitario para el Derecho de las telecomunicaciones, no puede reprocharse
         ningún abuso a la empresa que practica las tarifas fijadas al término de dicho examen. Tarifas controladas y autorizadas no
         pueden dar lugar a un abuso por parte de la empresa que las aplica.
      
      77      Por otra parte, la demandante precisa que la regulación ex ante por la RegTP sirve para configurar la estructura del mercado mediante intervenciones administrativas y remplaza, en los ámbitos
         en los que se produce, la responsabilidad de preservar la estructura del mercado que corresponde a la empresa sujeta a regulación,
         por una responsabilidad de preservar la estructura del mercado que corresponde a la autoridad reguladora. Por este motivo,
         la demandante sólo está obligada a solicitar a la RegTP modificaciones en las tarifas en caso variación en la situación fáctica
         subyacente.
      
      78      En todo caso, aun suponiendo que la facultad de la demandante para solicitar una modificación de la tarifa pueda justificar
         que se le considere responsable de un determinado nivel tarifario, no se produjo ningún cambio en las circunstancias que pudiera
         obligar a la demandante a presentar solicitudes adicionales de incremento de sus precios minoristas. Al contrario, a partir
         de 1998, los costes de puesta a disposición de las conexiones permanecieron prácticamente invariables y los precios de los
         servicios mayoristas incluso bajaron considerablemente. Por otra parte, la RegTP concluyó, durante este mismo período, en
         sus Resoluciones de 8 de febrero de 1999, 23 de diciembre de 1999, 30 de marzo de 2001, 21 de diciembre de 2001, 11 de abril
         de 2002 y 29 de abril de 2003, que no existía compresión de márgenes en detrimento de los competidores. Además, el Oberlandesgericht
         Düsseldorf (Tribunal Regional Superior de Düsseldorf, Alemania), en su sentencia de 16 de enero de 2002, declaró que las tarifas
         aprobadas de la demandante no infringían el artículo 82 CE.
      
      79      La demandante alega que la sentencia del Bundesgerichtshof de 10 de febrero de 2004, que anuló la sentencia del Oberlandesgericht
         Düsseldorf de 16 de enero de 2002, confirma, por una parte, que la RegTP verifica la compatibilidad de una tarifa objeto de
         una solicitud de autorización con el artículo 82 CE y, por otra parte, que la responsabilidad de una posible violación del
         artículo 82 CE sólo puede atribuirse excepcionalmente a la empresa que presentó la solicitud de autorización de la tarifa.
         La demandante recuerda que, desde 1998, la propia RegTP ha reconocido en varias ocasiones la inexistencia de compresión de
         márgenes en detrimento de los competidores de la demandante. Además, el Bundesgerichtshof dejó expresamente sin resolver la
         cuestión de la responsabilidad en que incurre la demandante respecto del Derecho de la competencia por las tarifas reguladas.
      
      80      En segundo lugar, la demandante sostiene que no pueden imputársele posibles abusos en el período que comienza en 2002, basados
         únicamente en el supuesto margen de maniobra de que disponía para subir las tarifas T‑DSL (ADSL). Por una parte, la Comisión
         no puede considerar este margen de maniobra de forma aislada, pues el cálculo de la compresión de márgenes se efectuó sobre
         la base de la totalidad de precios minoristas, y no sólo sobre la base de la tarifa T‑DSL (ADSL). Por otra parte, en contra
         de lo que sostiene la Comisión, la demandante no puede aumentar su tarifa de forma ilimitada. Así, la demandante alega que
         el elemento básico de la tarifa, a saber, el precio de la conexión básica (conexión analógica o ISDN), requiere una autorización
         previa de la RegTP. Además, el suplemento en el precio para pasar de una conexión analógica o ISDN a una conexión ADSL está
         sujeto a un control a posteriori por parte de la RegTP. Menciona, a este respecto, las Resoluciones de la RegTP de 30 de marzo de 2001 y de 25 de enero de
         2002. En esta situación, la demandante, cuyas tarifas debían fijarse, con arreglo al artículo 24 de la TKG, en función de
         los costes de una prestación de servicios eficiente, no dispone en absoluto de un margen de maniobra ilimitado para aumentar
         sus tarifas ADSL. En su Resolución de 25 de enero de 2002, la RegTP archivó el procedimiento incoado contra la demandante
         en relación con precios predatorios en el ADSL. La demandante señala además que la Comisión sólo se refiere a cifras extraídas
         de la Resolución de la RegTP de 30 de marzo de 2001 para demostrar que, a partir de 2002, ella disponía de un margen de maniobra
         para aumentar su tarifa ADSL.
      
      81      La demandante sostiene además que según los cálculos de la Comisión, excepto en la fase de lanzamiento, sus precios minoristas
         por los servicios ADSL (líneas analógicas desde 2001 y líneas ISDN desde 2002) eran superiores a los precios de sus servicios
         mayoristas incrementados con los costes específicos derivados de la prestación de servicios para abonados. Por tanto, en ese
         mercado no existía compresión de márgenes alguna. Por otra parte, la verdadera causa de la supuesta compresión de márgenes
         era la fijación por la RegTP de tarifas de bajo nivel por las líneas analógicas. Así, dado que, según la propia Comisión,
         existen mercados diferenciados para las conexiones de banda ancha (ADSL) y de banda estrecha (líneas analógicas e ISDN), la
         demandante sostiene que aunque disponía de margen de maniobra en el mercado de las conexiones de banda ancha, lo que le permitía
         aumentar sus tarifas por las líneas ADSL, ningún aumento o reducción de las tarifas ADSL tendría repercusión alguna sobre
         la persistencia de una compresión de márgenes contraria a la competencia en el mercado de conexiones de banda estrecha. Una
         rectificación de las tarifas ADSL no podría eliminar el supuesto mal funcionamiento del mercado de las conexiones de banda
         estrecha, como tampoco la fijación de las tarifas ADSL había provocado dicho mal funcionamiento. Añade, en su réplica, que
         si un servicio mayorista único da acceso a varios mercados descendentes, la existencia de compresión de márgenes debe investigarse
         en cada uno de estos mercados descendentes.
      
      82      La demandante se opone además al argumento de la Comisión sobre la uniformidad del mercado de acceso al bucle local como servicio
         mayorista. Por una parte, señala que un acceso completo al bucle local puede servir de base a una oferta destinada a los abonados
         que se limita bien a las conexiones de banda ancha o bien a las conexiones de banda estrecha. Por otra parte, la demandante
         insiste en que mediante la utilización compartida de líneas, las conexiones de banda ancha pueden comercializarse de modo
         independiente de las conexiones de banda estrecha. Por tanto, para los servicios ADSL no es necesario el acceso completo al
         bucle local. Si la Comisión, en su apreciación de la compresión de márgenes, hubiera tenido en cuenta los cánones por la utilización
         compartida de líneas, muy inferiores a las tarifas mayoristas, el resultado habría sido más favorable para la demandante.
         
      
      83      Finalmente, la demandante alega que la Comisión no ha demostrado en la Decisión impugnada cómo ella podría haber reducido
         la supuesta compresión de márgenes aumentando las tarifas por el ADSL. A la vista de la elasticidad cruzada de precios entre
         el ADSL y las conexiones tradicionales, así como entre las diferentes variantes de ADSL (a partir de conexiones analógicas
         e ISDN), admitida por la Comisión, sería necesario un examen más profundo para determinar si un aumento de las tarifas ADSL
         habría llevado realmente a un aumento de los precios minoristas ponderados. Por una parte, la demandante señala a este respecto
         que existe una elasticidad cruzada de precios entre el ADSL y las conexiones de banda estrecha. Si en el pasado hubiera exigido
         tarifas por ADSL más elevadas que las aplicadas, el número de clientes de ADSL habría sido inferior. Por otra parte, también
         existe una gran elasticidad cruzada de precios en el propio ámbito del ADSL. A este respecto explica que las conexiones ADSL
         se ofrecen tanto a partir de conexiones analógicas como a partir de conexiones ISDN. Un incremento en las tarifas por ADSL
         sobre la base de las conexiones ISDN desplazaría la demanda hacia la variante analógica.
      
      84      La Comisión y las partes coadyuvantes I y II solicitan que se desestime la primera parte del primer motivo.
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
       i) Observaciones preliminares
      85      Según la jurisprudencia, los artículos 81 CE y 82 CE sólo se refieren a los comportamientos contrarios a las normas sobre
         la competencia que han sido adoptados por las empresas por iniciativa propia. Si una legislación nacional impone a las empresas
         un comportamiento contrario a la competencia o si crea un marco jurídico que limita por sí mismo cualquier posibilidad de
         comportamiento competitivo por parte de las empresas, no se aplican los artículos 81 CE y 82 CE. En tal situación, la restricción
         de la competencia no se debe, como requieren estas disposiciones, a comportamientos autónomos de las empresas (véase la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Comisión y Francia/Ladbroke Racing, C‑359/95 P y C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265,
         apartado 33, y la jurisprudencia allí citada).
      
      86      Sin embargo, a este respecto cabe recordar que el Tribunal de Justicia sólo ha admitido con carácter restrictivo la posibilidad
         de excluir del ámbito de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE un determinado comportamiento contrario a la competencia,
         porque la normativa nacional vigente lo exigía a las empresas implicadas o porque dicha normativa eliminaba cualquier posibilidad
         de comportamiento competitivo por su parte (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, van Landewyck y
         otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartados 130 a 134; de 20 de marzo de 1985, Italia/Comisión, 41/83,
         Rec. p. 873, apartado 19; de 10 de diciembre de 1985, Stichting Sigarettenindustrie y otros/Comisión, 240/82 a 242/82, 261/82,
         262/82, 268/82 y 269/82, Rec. p. 3831, apartados 27 a 29, y de 9 de septiembre de 2003, CIF, C‑198/01, Rec. p. I‑8055, apartado 67).
      
      87      Para que el marco jurídico nacional produzca el efecto de excluir de la aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE los comportamientos
         anticompetitivos de las empresas, es necesario que los efectos restrictivos de la competencia tengan su origen solamente en
         la Ley nacional (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
         Doganali/Comisión, T‑513/93, Rec. p. II‑1807, apartado 61).
      
      88      Por el contrario, cabe aplicar los artículos 81 CE y 82 CE si la legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una
         competencia que puede ser obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las empresas (sentencias
         del Tribunal de Justicia van Landewyck y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartados 126 y 130 a 134; Stichting Sigarettenindustrie y otros/Comisión, citada en el apartado 86 supra, apartados 12 a 37; de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartados 23 a 25, y Comisión
         y Francia/Ladbroke Racing, citada en el apartado 85 supra, apartado 34).
      
      89      Así, si una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las empresas contrarios a la competencia,
         éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y 82 CE (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker
         Unie y otros/Comisión, 40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 36 a 73, y CIF,
         citada en el apartado 86 supra, apartado 56; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor
         France y otros/Comisión, T‑387/94, Rec. p. II‑961, apartado 60).
      
      90      A la luz de los principios anteriormente enunciados procede examinar si el marco jurídico alemán, concretamente la TKG, el
         Reglamento de regulación de las tarifas y las resoluciones adoptadas por la RegTP durante el período contemplado por la Decisión
         impugnada, eliminaban cualquier posibilidad de comportamiento competitivo de la demandante o si le dejaban un margen de maniobra
         suficiente para fijar sus tarifas a un nivel tal que le habría permitido eliminar o reducir la compresión de márgenes declarada
         en la Decisión impugnada. 
      
       ii) Decisión impugnada
      91      La Comisión, en la Decisión impugnada, tras haber examinado las tarifas por los servicios mayoristas y minoristas, declara
         que existe un «uso abusivo por parte de [la demandante] consistente en la compresión de los márgenes entre los precios mayoristas
         y minoristas al establecer una relación inadecuada entre [estas dos tarifas]» (considerando 57).
      
      92      La Comisión añade en la Decisión impugnada que «cabe presumir que se aplica una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia
         entre las tarifas minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus
         competidores es negativa o insuficiente para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante
         en la prestación de sus propios servicios minoristas en el mercado descendente» (considerando 107).
      
      93      En la Decisión impugnada la Comisión no excluye la posibilidad de la demandante de reducir su tarifa mayorista (considerandos
         17, 163 y 206), sino que analiza únicamente si la demandante tenía un margen real de maniobra para aumentar sus precios minoristas
         (considerandos 164 a 175). A este respecto distingue dos períodos.
      
      94      En primer lugar, la Comisión considera que, «en el período […] entre principios de 1998 y finales de 2001, [la demandante]
         estuvo en condiciones de eliminar por completo la compresión de márgenes mediante modificaciones tarifarias en el nivel minorista»,
         o, en otros términos, en sus precios para abonados (considerando 199). La Comisión explica a este respecto que la demandante
         «[disponía de un] margen de maniobra [suficiente] para evitar la compresión de márgenes mediante el aumento de las tarifas
         minoristas para las líneas analógicas e ISDN» (considerando 164).
      
      95      La Comisión declara a continuación que la demandante también tenía margen de maniobra para aumentar sus precios minoristas
         en el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y la adopción de la Decisión impugnada. Sin embargo, este margen de
         maniobra se refiere únicamente a los precios minoristas para los servicios de acceso ADSL. En efecto, en la Decisión impugnada,
         la Comisión señala que, «desde comienzos de 2002, [la demandante] sigue estando en condiciones de reducir, cuando menos, la
         compresión de márgenes mediante el aumento de las tarifas minoristas ADSL» (considerando 199). Precisa que «desde el 1 de
         enero de 2002 la posibilidad jurídica de que dispone [la demandante] para eliminar al menos parcialmente la compresión de
         márgenes se ve limitada al aumento de las tarifas T‑DSL» (considerando 206).
      
      96      En estas circunstancias, debe analizarse si la Comisión declaró acertadamente en la Decisión impugnada que la demandante,
         en los dos períodos diferenciados en los apartados 94 y 95 supra, disponía de un margen de maniobra suficiente para aumentar sus precios minoristas, capaz de eliminar o reducir la compresión
         de márgenes declarada en la Decisión impugnada.
      
       iii) Sobre la inexistencia de un comportamiento abusivo por razón de un margen de maniobra insuficiente de la demandante para
         evitar la compresión de márgenes aumentando sus precios minoristas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998
         y el 31 de diciembre de 2001
      
      97      Debe recordarse que, según la Decisión impugnada (considerandos 164 y 199), durante el período comprendido entre el 1 de enero
         de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la demandante disponía de un margen de maniobra suficiente para eliminar la compresión
         de márgenes aumentando su tarifa minorista para el acceso a las líneas analógicas y de ISDN.
      
      98      Para apreciar el fundamento de esta declaración, procede examinar, en primer lugar, el marco normativo alemán aplicable.
      
      99      Debe recordarse a este respecto que, de acuerdo con los artículos 27, apartado 1, frase segunda, y 25, apartado 2, de la TKG,
         así como con los artículos 4 y 5 del Reglamento de regulación de las tarifas, los precios minoristas de la demandante para
         el acceso a las líneas analógicas e ISDN debían ser aprobados por la RegTP en el marco de un régimen de precios máximos. El
         precio máximo se aplicaba a dos cestas (servicios para clientes particulares y servicios para clientes empresariales) que
         durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 incluían tanto los servicios de acceso
         y como las llamadas telefónicas, en particular las llamadas locales, regionales, de larga distancia e internacionales. A la
         vista del precio máximo fijado por la Resolución del BMPT de 17 de diciembre de 1997, la demandante se vio obligada a reducir
         en un 4,3 % el precio global de cada una de las dos cestas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el
         31 de diciembre de 1999 y, a raíz de la Resolución de la RegTP de 23 de diciembre de 1999, en un 5,6 % durante el período
         comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001.
      
      100    Sin embargo, procede señalar que la demandante podía modificar sus precios dentro este marco, una vez obtenida la autorización
         previa de la RegTP. La demandante no rebate la afirmación hecha en los considerandos 37 y 166 de la Decisión impugnada, según
         la cual, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2001, redujo sus precios por las llamadas
         telefónicas mucho más de los niveles, respectivamente de un 4,3 % y un 5,6 %, impuestos por la RegTP para las cestas en su
         conjunto. Así, la respuesta de la RegTP de 3 de abril de 2002 a la solicitud de información de 23 de marzo de 2002 a la que
         se hace referencia en el considerando 37 de la Decisión impugnada confirma que «la reducción de la tarifa de los servicios
         telefónicos sujetos al sistema de precios máximos sobrepasó las exigencias de la limitación de precios en un importe de [confidencial] (1) marcos alemanes (o alrededor de [confidencial] euros)».
      
      101    Esta reducción en las tarifas creó un margen de maniobra para que la demandante aumentara sus precios minoristas de acceso
         a sus líneas analógicas e ISDN.
      
      102    Según se señala en el considerando 167 de la Decisión impugnada, la demandante reconoce, en su respuesta al pliego de cargos,
         la existencia de un margen de maniobra que le habría permitido aumentar el abono mensual a la línea de los clientes particulares
         en [confidencial] euros durante el período de precios máximos 1998/1999.
      
      103    La existencia de un margen de maniobra de la demandante para aumentar sus precios minoristas también se desprende de las observaciones
         formuladas por el Gobierno alemán en su comunicación de 8 de junio de 2000 dirigida a la Comisión. En ella, el Gobierno alemán
         afirmaba lo siguiente: 
      
      «Alegar […] que la RegTP, en sus resoluciones de limitación de los precios minoristas, constriñó el margen de maniobra de
         la [demandante] hasta el extremo de impedir la subida del precio del abono básico carece de fundamento. […] [La demandante]
         disponía [en efecto] de un margen que le permitía aumentar el precio del abono básico a las líneas analógicas (21,39 DEM)
         para ajustarlo más a la tarifa autorizada el 8 de febrero de 1999 por el acceso al bucle local, de un importe de 25,40 DEM.»
      
      104    Además, la Resolución de la RegTP de 8 de febrero de 1999, a la que la demandante se refiere en su demanda y réplica para
         apoyar el argumento de que de no puede considerársele responsable de una infracción del artículo 82 CE, confirma que «la demandante
         mantiene un margen de maniobra en la disposición de las distintas tarifas minoristas, dentro de los límites de la cesta creada
         en el procedimiento de precios máximos».
      
      105    Por tanto, la Comisión declaró acertadamente en los considerandos 166 y 167 de la Decisión impugnada que, habida cuenta de
         las seis solicitudes de reducción de precios de las llamadas telefónicas presentadas durante el período comprendido entre
         el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la demandante disponía, durante dicho período, de margen de maniobra para
         formular solicitudes de aumento de precios por sus servicios de acceso a las líneas analógicas e ISDN, respetando el límite
         global de las cestas de servicios a particulares y a empresarios. Además, en la vista la demandante ha admitido tener tal
         margen de maniobra.
      
      106    En segundo lugar, debe examinarse si, a pesar del margen de maniobra declarado en el apartado 105 supra, la intervención de la RegTP en la fijación de las tarifas de la demandante hizo que esta última dejara de estar sometida
         al artículo 82 CE.
      
      107    Con carácter preliminar, debe recordarse sobre este particular que el hecho de que las tarifas de la demandante tengan que
         ser aprobadas por la RegTP no elimina su responsabilidad en virtud del artículo 82 CE (véase, en este sentido, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 1985, BNIC, 123/83, Rec. p. 391, apartados 21 a 23). En efecto, según la demandante
         admite además en su réplica, dado que ella influye en el importe de su tarifa minorista mediante solicitudes de autorización
         presentadas ante la RegTP en virtud del artículo 28, apartado 1, de la TKG, los efectos restrictivos de la competencia ligados
         a la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada no tienen su origen solamente en el marco jurídico nacional
         aplicable (sentencia Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Comisión, citada en el apartado 87 supra, apartado 61).
      
      108    Sin embargo, la demandante insiste en su falta de responsabilidad con arreglo al artículo 82 CE, puesto que la RegTP efectuaba
         un control ex ante de la compatibilidad de sus tarifas con el artículo 82 CE.
      
      109    A este respecto debe declararse, en primer lugar, que la tarifa minorista por el acceso a las líneas analógicas en vigor durante
         todo el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 no fue autorizada por la RegTP, sino
         que se basaba en resoluciones adoptadas durante la vigencia de la legislación anterior a la TKG. Así, en respuesta a una cuestión
         escrita del Tribunal de Primera Instancia, la demandante afirmó que su tarifa minorista para las líneas analógicas correspondiente
         al período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 se apoyaba en una autorización sin limitación
         temporal concedida por el Ministro Federal de Correos y Telecomunicaciones en 1990 sobre la base del Decreto sobre telecomunicaciones
         (Telekommunikationsordnung).
      
      110    Pues bien, la demandante no ha sostenido ni en su demanda ni en su réplica que las tarifas fijadas bajo la normativa en vigor
         en 1990 se autorizaran una vez que la autoridad competente examinó su conformidad con el artículo 82 CE.
      
      111    En segundo lugar, debe destacarse que lo dispuesto por la TKG, en vigor desde el 1 de agosto de 1996, no demuestra que la
         RegTP examinara la compatibilidad con el artículo 82 CE de las solicitudes de modificación de las tarifas minoristas por el
         acceso a las líneas analógicas e ISDN.
      
      112    Sin embargo, la demandante invoca para apoyar su argumento, por un lado, el artículo 27, apartado 3, de la TKG, a tenor del
         cual la RegTP examina la conformidad de la modificación de las tarifas solicitada «con otras normas jurídicas», lo que incluye
         al artículo 82 CE, y, por otro lado, las distintas Resoluciones de la RegTP mencionadas en el apartado 78 supra, en las que ya se había verificado la existencia de compresión de márgenes.
      
      113    A este respecto debe señalarse, en primer lugar, que aunque la RegTP, al igual que cualquier órgano del Estado, está obligada
         a respetar las disposiciones del Tratado CE (véase, en este sentido, la sentencia CIF, citada en el apartado 86 supra, apartado 49), en el momento de los hechos ella era la autoridad alemana encargada de aplicar la normativa sectorial en el
         ámbito de las telecomunicaciones, y no la autoridad de competencia del Estado miembro de que se trata. Pues bien, las autoridades
         reguladoras nacionales operan de acuerdo con el Derecho nacional, que puede proponerse objetivos que, inscritos en las políticas
         de telecomunicaciones, son distintos de los perseguidos por la política comunitaria de competencia [véase la Comunicación
         de la Comisión, de 22 de agosto de 1998, sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector
         de las telecomunicaciones – Marco jurídico, mercados de referencia y principios (DO C 265, p. 2), apartado 13].
      
      114    Debe reconocerse además que las distintas Resoluciones de la RegTP a las que se refiere la demandante en apoyo de su argumento
         no contienen referencia alguna al artículo 82 CE.
      
      115    Ciertamente la RegTP, en algunas de sus Resoluciones, en particular las de 8 de febrero de 1999, 30 de marzo de 2001, 21 de
         diciembre de 2001, 11 de abril de 2002 y de 29 de abril de 2003, examinó la cuestión de la compresión de márgenes.
      
      116    Sin embargo, en todas las ocasiones la RegTP consideró en estas Resoluciones, tras haber constatado la diferencia negativa
         entre los precios por los servicios mayoristas y los precios minoristas de la demandante, que el recurso a la subvención cruzada
         entre la tarifa por los servicios de acceso y la tarifa por las llamadas telefónicas debía permitir al resto de operadores
         ofrecer a sus abonados precios competitivos. 
      
      117    Así, en su Resolución de 29 de abril de 2003, la RegTP declara:
      
      «El estrecho margen entre el precio minorista y los precios por los servicios mayoristas no perjudica a los competidores en
         sus posibilidades de competir en la red local hasta el extremo de hacer económicamente inviable su buena entrada en el mercado,
         ni tampoco su pervivencia en el mercado [...] [Este margen] no era lo suficientemente amplio como para privar por completo
         a los competidores de la posibilidad de proceder, por su parte, a la subvención cruzada de sus precios minoristas, con el
         fin de ofrecer conexiones a sus clientes finales a un precio tan atractivo como el de la demandante, incluso a un precio inferior.
         Esto es especialmente cierto para las conexiones de mayor valor y más caras, que son las líneas ISDN y ADSL, cuyo número ha
         aumentado considerablemente por el gran crecimiento en la penetración de Internet, así como por la comercialización de modalidades
         de acceso a Internet más rápidas y eficientes.»
      
      118    La RegTP sigue un razonamiento similar en sus Resoluciones de 8 de febrero de 1999, 30 de marzo de 2001, 21 de diciembre de
         2001 y 11 de abril de 2002.
      
      119    Pues bien, el hecho de que la RegTP no se oponga a las tarifas solicitadas por la demandante, tras haber reconocido la necesidad
         de sus competidores de recurrir a la subvención cruzada para poder ofrecer a sus abonados precios competitivos por los servicios
         de acceso, demuestra que la RegTP no examinó la compatibilidad de las tarifas controvertidas con el artículo 82 CE o, como
         mínimo, que lo ha aplicado erróneamente (véanse los apartados 199 a 203 y 239 infra).
      
      120    En todo caso, aun suponiendo que la RegTP esté obligada a examinar la compatibilidad con el artículo 82 CE de la tarifa minorista
         propuesta por la demandante, ello no obsta para que la Comisión pueda constatar una infracción imputable a la demandante.
         En efecto, la Comisión no puede estar vinculada por una resolución dictada por un órgano jurisdiccional nacional en aplicación
         del artículo 82 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods
         y HB, C‑344/98, Rec. p. I‑11369, apartado 48).
      
      121    En tercer lugar, procede destacar que lo decisivo para que, en el caso de autos, pueda imputarse a la demandante una posible
         infracción es determinar si en el momento de los hechos disponía de un margen de maniobra suficiente para fijar sus tarifas
         a un nivel tal que le permitiera eliminar o reducir la compresión de márgenes denunciada.
      
      122    Pues bien, ya se ha demostrado que la demandante podía influir en el importe de sus tarifas minoristas presentando solicitudes
         de autorización ante la RegTP (véanse los apartados 98 a 105 supra). En el marco de la responsabilidad especial que incumbe a la demandante como empresa que ocupa una posición dominante (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 57; sentencias del Tribunal
         de Primera Instancia de 7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión, T‑228/97, Rec. p. II‑2969, apartado 112, y de 30 de septiembre
         de 2003, Michelin/Comisión, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, apartado 97), ésta estaba obligada a presentar solicitudes de modificación
         de sus tarifas cuando perjudicaran el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común.
      
      123    Por otra parte, el Bundesgerichtshof, en su sentencia de 10 de febrero de 2004 (apartado 79 supra), confirmó expresamente la responsabilidad que incumbe a la demandante de formular solicitudes de modificación de sus tarifas.
         Señaló además que el marco jurídico alemán no excluía que la RegTP autorizara tarifas propuestas que infringían el artículo
         82 CE. En efecto, este órgano jurisdiccional declaró que, «a diferencia de los casos en los que el comportamiento de la empresa
         en posición dominante está directamente determinado por las disposiciones jurídicas nacionales, la autorización de tarifas
         exigida por el Derecho de las telecomunicaciones se apoya en la solicitud de autorización del proveedor» y que, «aun cuando
         el procedimiento administrativo de examen tiene por objeto que no se autoricen tarifas que constituyen un abuso de posición
         dominante, ello no excluye la posibilidad de que, en la práctica, una empresa presente una tarifa con la que abusa de su posición
         dominante y obtenga su autorización porque el abuso no se ha detectado en el procedimiento de examen».
      
      124    De todo lo anterior se desprende que, a pesar de la intervención de la RegTP en la fijación de las tarifas de la demandante,
         ésta disponía, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, del suficiente margen de
         maniobra para que su política de precios entre en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE.
      
      125    En tercer lugar, debe examinarse si la demandante hizo uso del margen de maniobra de que disponía para intervenir en sus precios
         minoristas con el fin de evitar la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada en el período comprendido entre
         el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001.
      
      126    En el caso de autos, en primer lugar, la demandante no niega que, por lo que respecta a los precios minoristas de las líneas
         analógicas, no presentó ante la RegTP solicitud de autorización alguna para aumentar las cuotas iniciales o el precio de los
         abonos mensuales. Así, no se discute que «las tarifas de acceso mensuales y fijas para las líneas de teléfono analógicas estándar
         […] se mantuvieron inalteradas durante todo el período comprendido entre 1998 y finales de 2001» (Decisión impugnada, considerando 38).
      
      127    La demandante señala, sin embargo, que antes del 1 de mayo de 2002, conforme al artículo 97, apartado 3, de la TKG, estaba
         sometida a las tarifas vinculantes correspondientes a las líneas analógicas, tal como habían sido fijadas en 1990 por el Ministro
         Federal de Correos y Telecomunicaciones.
      
      128    Ahora bien, el artículo 97, apartado 3, de la TKG, que contiene una disposición transitoria, establecía únicamente que las
         tarifas de la demandante aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la TKG continuarían en vigor hasta el 31 de diciembre
         de 2002 como máximo. Así pues, esta disposición no impedía en absoluto a la demandante intervenir en los precios minoristas
         presentando solicitudes de modificación tarifaria ante la RegTP antes de esta fecha, y, en particular, durante todo el período
         comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001.
      
      129    En segundo lugar, por lo que respecta a los precios minoristas para las líneas ISDN, no se niega que, a raíz de la solicitud
         de la demandante, la RegTP autorizó una rebaja del precio del abono mensual mediante Resolución de 16 de febrero de 2002 (Decisión
         impugnada, considerando 40).
      
      130    Por otra parte, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la demandante no
         presentó ninguna solicitud de modificación de sus cuotas iniciales por la puesta en servicio de las líneas ISDN. Estas cuotas,
         que según la demandante se apoyaban en una Resolución del BMPT adoptada en 1996 y que, de acuerdo con el artículo 97, apartado
         3, de la TKG, continuaron vigentes tras la entrada en vigor de la TKG, no sufrieron modificaciones en el período comprendido
         entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 (Decisión impugnada, considerando 41).
      
      131    De ello se deduce que la demandante no hizo uso del margen de maniobra de que disponía para obtener un incremento de sus precios
         minoristas que habría contribuido a reducir la compresión de márgenes en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998
         y el 31 de diciembre de 2001. Al contrario, incluso utilizó este margen de maniobra para rebajar el precio minorista de sus
         líneas ISDN durante este mismo período.
      
      132    En cuarto y último lugar, debe examinarse si la Comisión, en la Decisión impugnada, demostró suficientemente que durante el
         período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 la demandante disponía de un margen de maniobra
         suficiente para «evitar la compresión de márgenes» (considerando 164). La Comisión declara a este respecto, en la Decisión
         impugnada, que la demandante «estuvo en condiciones [durante este período] de eliminar por completo la compresión de márgenes
         mediante modificaciones tarifarias en el nivel minorista» (considerando 199).
      
      133    Debe señalarse al respecto que la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada para este período ascendía a [confidencial] euros a 31 de diciembre de 1998, a [confidencial] euros a 31 de diciembre de 1999, a [confidencial] euros a 31 de diciembre de 2000 y a [confidencial] euros a 31 de diciembre de 2001 (Decisión impugnada, considerandos 152 y 153 y cuadro 10).
      
      134    Pues bien, según señala además la Comisión en su respuesta a una cuestión escrita del Tribunal de Primera Instancia, de las
         afirmaciones hechas en el considerando 167 de la Decisión impugnada, a las que la demandante no se opone, resulta que esta
         última redujo efectivamente sus tarifas por las llamadas telefónicas en un total de [confidencial] euros durante el período 1998/1999. Pues bien, este importe –repartido en [confidencial] líneas (Decisión impugnada, cuadro 7) y en 24 meses– habría permitido a la demandante elevar su precio medio minorista en
         un total de hasta [confidencial] euros mensuales.
      
      135    De ello se deduce que el margen de maniobra creado por la reducción de los precios de las llamadas telefónicas habría bastado
         para eliminar por completo la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada. En efecto, si la demandante, utilizando
         su margen de maniobra, hubiera eliminado la compresión de márgenes ya en 1998, le habría bastado con mantener la relación
         entre sus tarifas correspondientes a los servicios mayoristas y sus tarifas minoristas para evitar, durante todo el período
         comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada.
         Por otra parte, no se discute que, según afirma además la Comisión en la Decisión impugnada (considerando 167), la demandante
         acometió otra reducción de sus tarifas por las llamadas telefónicas, por un importe de [confidencial] euros durante el período 2000/2001, lo que aumentó su margen de maniobra para elevar sus precios minoristas. 
      
      136    En la vista, la demandante recordó que durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de
         2001 la RegTP debía verificar por separado, para los clientes empresariales y particulares, el respeto de los precios máximos.
         Señala que su margen de maniobra para aumentar sus precios minoristas por el acceso de los particulares era escaso y que no
         podía hacer uso del mayor margen de maniobra de que disponía para aumentar sus precios minoristas por el acceso de sus clientes
         empresariales, puesto que ello habría dado lugar a una discriminación de estos últimos contraria al artículo 24, apartado
         2, punto 3, de la TKG.
      
      137    En su demanda, sin embargo, la demandante no se opone a la afirmación que figura en el considerando 167 de la Decisión impugnada,
         según la cual el importe generado por las reducciones de las tarifas de las llamadas telefónicas podría haberse transferido
         al ámbito de «las líneas para clientes particulares y empresariales» y utilizarse íntegramente para aumentar las tarifas de
         los servicios de acceso para abonados. Además, en su demanda, la demandante tampoco rebate la afirmación de la Comisión, en
         el considerando 132 de la Decisión impugnada, de que «no se diferencia ni en el nivel mayorista ni en el minorista entre clientes
         particulares y empresariales, puesto que no es posible proceder a una delimitación suficientemente clara entre estos dos ámbitos».
         
      
      138    Por tanto, el argumento recordado en el apartado 136 y formulado por primera vez en la vista debe declararse inadmisible,
         de acuerdo con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. 
      
      139    Finalmente, debe señalarse que la demandante no rebate la afirmación que figura en el considerando 168 de la Decisión impugnada,
         según la cual, en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, la demandante podría haber
         emprendido «nuevas reducciones en el ámbito de las tarifas de llamadas telefónicas […] y haber creado de este modo un mayor
         margen de maniobra para el aumento de las tarifas minoristas mensuales y fijas en concepto de líneas analógicas e ISDN». 
      
      140    De todo lo anterior se desprende que la Comisión pudo declarar legítimamente en la Decisión impugnada (considerandos 164 y
         199) que en el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 la demandante disponía de un margen
         de maniobra suficiente para eliminar totalmente la compresión de márgenes denunciada en esta Decisión.
      
       iv) Sobre la inexistencia de un comportamiento abusivo por razón del margen de maniobra insuficiente de la demandante para
         reducir la compresión de márgenes aumentando sus tarifas minoristas por el acceso ADSL a partir del 1 de enero de 2002
      
      141    Debe recordarse que desde el 1 de enero de 2002 existe en Alemania un nuevo régimen de precios máximos, adoptado por Resolución
         de la RegTP de 21 de diciembre de 2001. Según esta Resolución, las «líneas telefónicas» constituyen una cesta diferenciada.
         Dentro de esta cesta, el aumento de los precios minoristas de las líneas analógicas e ISDN estaba limitado a un máximo de
         4,1 % anual.
      
      142    No se discute que, a raíz de una solicitud presentada ante la RegTP el 15 de enero de 2002, se autorizó a la demandante a
         aumentar el precio de sus abonos mensuales a las líneas analógicas e ISDN en 0,56 euros, lo que representaba un aumento del
         nivel medio de las tarifas por los servicios incluidos en la cesta de que se trata en un 4,04 % (Decisión impugnada, considerando
         44). Tampoco se discute que la RegTP rechazó en gran parte la solicitud de la demandante de 31 de octubre de 2002 para aumentar
         los precios minoristas del abono mensual por la conexión analógica T‑Net y las cuotas iniciales de las conexiones T‑Net y
         T‑ISDN, porque el aumento no era compatible con los valores establecidos dentro del régimen de precios máximos (Decisión impugnada,
         considerando 45).
      
      143    De este modo, en la Decisión impugnada (considerando 206) la Comisión afirma que «desde el 1 de enero de 2002 la posibilidad
         jurídica de que dispone [la demandante] para eliminar al menos parcialmente la compresión de márgenes se ve limitada al aumento
         de las tarifas T‑DSL». Según la Comisión, a partir de esa fecha, el margen de maniobra de la demandante sólo concierne a la
         tarifa minorista de acceso ADSL (véanse también, en la Decisión impugnada, los considerandos 174 y 199).
      
      144    En primer lugar, cabe señalar al respecto que la demandante no niega que a partir del 1 de enero de 2002 podría haber elevado
         su tarifa ADSL. Precisa, no obstante, que su margen de maniobra no era ilimitado ya que, por una parte, sus tarifas debían
         fijarse en función de los costes de una prestación de servicios eficiente y, por otra parte, la RegTP podía examinarlas ex post.
      
      145    Sin embargo, dado que la demandante fija libremente su tarifa ADSL dentro de los límites establecidos por la legislación alemana,
         sus prácticas tarifarias en este ámbito pueden entrar en el ámbito del artículo 82 CE (véanse los apartados 87 y 88 supra).
      
      146    No altera esta conclusión el hecho de que la Comisión, en la Decisión impugnada, se refiere únicamente a las tarifas comprendidas
         en una Resolución de la RegTP de 30 de marzo de 2001 para apreciar el margen de maniobra de la demandante a partir del 1 de
         enero de 2002. En efecto, la demandante no niega que, a partir del 1 de enero de 2002, tenía un margen de maniobra limitado
         para aumentar los precios de sus servicios ADSL.
      
      147    En segundo lugar, debe examinarse si, tal como afirma la Comisión en la Decisión impugnada (considerando 199), la demandante
         podría haber «[reducido] […] la compresión de márgenes» aumentando, a partir del 1 de enero de 2002, sus tarifas por servicios
         ADSL. La demandante señala al respecto que, para los abonados, los servicios de banda estrecha y ADSL constituyen mercados
         diferenciados. En estas circunstancias, un aumento de la tarifa minorista de la demandante por ADSL no habría tenido incidencia
         alguna sobre la supuesta compresión de márgenes declarada en los mercados de servicios de acceso mediante líneas analógicas
         e ISDN.
      
      148    Procede señalar a este respecto que, dado que el servicio de acceso mayorista permite prestar a los abonados el conjunto de
         servicios de acceso analógicos, ISDN y ADSL, el margen de maniobra de que dispone la demandante para aumentar su tarifa ADSL
         puede reducir la compresión de márgenes entre los precios mayoristas, por una parte, y los precios minoristas para el conjunto
         de los servicios de acceso analógicos, ISDN y ADSL, por otra parte. Es necesario llevar a cabo un análisis conjunto, en el
         nivel minorista, de los servicios de acceso analógicos, ISDN y ADSL, no sólo porque en el nivel mayorista corresponden a una
         única prestación de servicios, sino también porque, tal como la Comisión explicó en la Decisión impugnada (considerando 26)
         sin que la demandante lo haya desmentido, el ADSL no puede ofrecerse a los abonados de forma aislada, ya que siempre implica,
         por motivos técnicos, una ampliación de las líneas de banda estrecha analógicas o ISDN.
      
      149    Deben rechazarse las observaciones de la demandante sobre una supuesta elasticidad cruzada de precios entre el ADSL y las
         conexiones de banda estrecha, así como entre las distintas modalidades de ADSL. En efecto, por una parte, estas observaciones
         no excluyen que la demandante tenga un margen de maniobra para aumentar su tarifa ADSL. Por otra parte, un aumento limitado
         de la tarifa ADSL habría conducido a un mayor precio minorista para los servicios de acceso de banda estrecha y ancha conjuntamente
         y, de este modo, habría reducido la compresión de márgenes declarada. En efecto, debe considerarse que a la vista de las ventajas
         de la banda ancha para la transmisión de datos, los abonados a los servicios de acceso de banda ancha no optarían automáticamente
         por volver a una conexión de banda estrecha en caso de aumento del precio minorista del acceso ADSL.
      
      150    Tampoco puede acogerse el argumento de la demandante de que las conexiones de banda ancha pueden comercializarse independientemente
         de las conexiones de banda estrecha, sobre la base de la utilización compartida de las líneas en el nivel mayorista. Este
         argumento debe declararse inadmisible de acuerdo con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, si en él
         la demandante pretende diferenciar dos mercados mayoristas separados, uno para los servicios de banda estrecha y el otro para
         los servicios de banda ancha, puesto que en su demanda la demandante no se opone a la definición de los mercados de referencia
         que figura en la Decisión impugnada, que identifica un solo mercado en el nivel mayorista, a saber, el mercado de acceso completamente
         desagregado a la red de bucles locales (Decisión impugnada, considerandos 64 a 67). Tampoco puede acogerse este argumento
         si en él sostiene la demandante que la Comisión, para calcular la tarifa mayorista, debería haber tenido en cuenta los cánones
         por la utilización compartida de líneas. En efecto, la demandante no demuestra en absoluto que haber tenido en cuenta los
         cánones por la utilización compartida de líneas habría influido en las conclusiones de la Comisión sobre la existencia de
         una compresión de márgenes o sobre el margen de maniobra que tenía la demandante para reducir la compresión de márgenes declarada
         aumentando su tarifa minorista de acceso ADSL.
      
      151    De las consideraciones anteriores se deduce que la Comisión pudo declarar legítimamente en la Decisión impugnada que a partir
         del 1 de enero de 2002 la demandante disponía de un margen de maniobra suficiente para, aumentando su tarifa por los servicios
         de acceso ADSL, reducir la compresión de márgenes denunciada en dicha Decisión.
      
      152    De ello se deduce que debe desestimarse la primera parte de este motivo.
      
      2.      Sobre la segunda parte, basada en la ilegalidad del método empleado por la Comisión para comprobar la compresión de márgenes
      a)      Alegaciones de las partes
      153    La demandante sostiene que el posible carácter abusivo de una compresión de márgenes únicamente puede provenir del carácter
         abusivo de los precios minoristas, ya que la Comisión no niega que los precios mayoristas los imponen, con carácter vinculante,
         las autoridades públicas. Pues bien, la Comisión no demuestra que los precios minoristas de la demandante den lugar a ventas
         a pérdida y sean abusivos en sí mismos. La demandante se refiere a este respecto al informe Lexecon. La Decisión impugnada
         incurre por tanto en error, ya que la Comisión no utilizó un criterio ligado al carácter abusivo de los precios minoristas
         considerados en sí mismos, sino a la relación entre éstos y los precios mayoristas.
      
      154    La demandante sostiene además que la constatación de la compresión de márgenes se basa en varios errores en el método utilizado.
      
      155    En primer lugar, la demandante señala que, en lo relativo a los precios minoristas, la Comisión sólo tuvo en cuenta los ingresos
         procedentes de la puesta a disposición de líneas telefónicas a abonados. Para poder comprobar la existencia de una compresión
         de márgenes, habida cuenta de la delimitación restrictiva del mercado efectuada en la Decisión impugnada, la Comisión debería
         haber tenido en cuenta los ingresos complementarios de los competidores de la demandante procedentes de servicios de conexión
         y de servicios con valor añadido (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de junio de
         2002, Airtours/Comisión, T‑342/99, Rec. p. II‑2585, apartado 276). Se trataría de ingresos generados por las llamadas locales
         o regionales, la finalización y emisión de llamadas, así como otros servicios con valor añadido. La Comisión, en contra de
         su propia afirmación de que «las líneas fijas son […] una condición previa para la prestación de numerosos servicios de telecomunicaciones
         a los usuarios finales» y de que estos servicios permiten obtener ingresos complementarios muy cuantiosos (Decisión impugnada,
         considerando 205), rechazó tomar en consideración las tarifas de dichos servicios de telecomunicaciones en su análisis de
         la compresión de márgenes. Sin embargo, desde un punto de vista económico, era necesario tomarlas en consideración para apreciar
         las posibilidades efectivas de entrada en el mercado de un competidor de la demandante.
      
      156    Así, en primer lugar, la demandante señala que en las llamadas telefónicas, tanto locales como regionales e internacionales,
         sus competidores no están obligados a ofrecer a sus clientes los servicios de «preselección» (selección del operador de modo
         permanente) y «call-by-call» (selección del operador para una sola vez). Por tanto, sus competidores podían prever el volumen
         de sus ingresos en concepto de llamadas telefónicas con mucha más certeza que ella. En su réplica, la demandante insiste en
         que ella, ya desde 1998, estaba obligada a ofrecer la posibilidad de «preselección» y de «call-by-call» [en lo sucesivo, conjuntamente
         denominadas, «(pre)selección»], en sus llamadas regionales.
      
      157    La demandante añade, en su réplica, que los clientes de sus competidores no tienen totalmente excluida la (pre)selección del
         operador. Sin embargo, casi todos los competidores de la demandante hacían uso de la posibilidad, que la demandante no tenía,
         de privar de la (pre)selección cuando ello les beneficiaba. Los competidores de la demandante se aseguraban así unos ingresos
         ciertos derivados de las llamadas telefónicas, gracias a la exclusión voluntaria de la (pre)selección del operador. Por otro
         lado, ninguno de los denunciantes en el procedimiento administrativo consideraba que su oferta era menos atractiva porque
         no permitía la (pre)selección y para compensar debía proponer una tarifa de conexión inferior. Además, casi todas las tarifas
         por llamadas telefónicas de los competidores de la demandante eran superiores a los costes de establecimiento de llamada.
         
      
      158    En segundo lugar, la demandante sostiene que sus competidores pueden ofrecer, a partir del acceso desagregado al bucle local,
         servicios innovadores que ella misma no ofrece. Así la Comisión, en el cálculo de la compresión de márgenes, debería haber
         tenido en cuenta los ingresos complementarios que generan estos servicios. 
      
      159    En tercer lugar, la demandante señala que sus tarifas por los servicios de acceso para abonados (cuotas iniciales y abonos
         mensuales) no pueden aislarse de la tarifa por las llamadas telefónicas. En efecto, en los servicios de telecomunicaciones
         la competencia se produce por paquetes de servicios. Cita a este respecto un estudio de mercado. Así, las empresas de telecomunicaciones
         ofrecen modalidades de conexión y opciones de llamadas telefónicas que se comercializan como un producto global. Sus tarifas
         son mixtas y en ellas abonos mensuales crecientes van ligados a precios decrecientes por llamadas telefónicas. La RegTP, en
         su Resolución de 29 de abril de 2003, al examinar si las tarifas de la demandante producían una compresión de márgenes que
         falseaba el juego de la competencia, también consideró determinante la posibilidad de los competidores de la demandante de
         obtener ingresos complementarios por las llamadas telefónicas. Precisiones idénticas o similares también se encuentran en
         las demás Resoluciones adoptadas por la RegTP entre 1999 y 2003 y citadas en el apartado 78 supra. La demandante también se refiere a la práctica de la Federal Communications Commission (FCC) de los Estados Unidos y de
         la Office of Telecommunications (Oftel) británica, así como al criterio expresado por el Gobierno alemán en sus observaciones
         de 8 de junio de 2000 en el marco del procedimiento por incumplimiento, que confirma la postura de que en el análisis de la
         compresión de márgenes deben tomarse en consideración los demás ingresos que pueden tener los competidores.
      
      160    La demandante añade en su réplica que el análisis de la compresión de márgenes debe realizarse a partir de distintos niveles
         de agregación cuando un servicio mayorista sirve de base a diferentes servicios prestados a los abonados. Así, en cada nivel
         sólo deben tenerse en cuenta los costes de los servicios mayoristas exclusivamente ligados al producto final correspondiente
         o al grupo de productos finales de que se trata. En consecuencia, si para la fabricación del producto final PF1 son necesarios
         los productos intermedios PI1 y PI2, y si, a su vez, este PI2 constituye, junto con PI3, la base para fabricar el producto
         final PF2, hay compresión de márgenes cuando el precio de PF1 es inferior al precio de PI1 o el precio de PF2 es inferior
         al precio de PI3, o bien cuando la suma del precio de PFl y de PF2 es inferior a la suma del precio de PI1, PI2 y PI3. Sin
         embargo, el precio de PI2 no debería tenerse en cuenta para verificar si existe compresión de márgenes en el primer nivel
         de agregación. El análisis debería realizarse a un nivel de agregación superior cuando los productos PFI y PF2 constituyen
         un todo desde el punto de vista del cliente o cuando los productos PF1 y PF2 están agrupados por motivos técnicos o jurídicos
         (por el producto intermedio PI2), de manera que la empresa en posición dominante necesariamente pierde los ingresos de los
         dos productos finales PF1 y PF2 cuando transfiere el producto intermedio PI2. El acceso desagregado al bucle local constituye
         un producto intermedio para, al menos, dos productos finales, a saber, las llamadas telefónicas y las conexiones, que constituyen
         un «cluster» para los clientes. Los costes del producto intermedio no deben imputarse solamente a uno de los dos productos
         finales, sino a los dos. De ello se deduce que, en el análisis de la compresión de márgenes, tanto las tarifas por el alquiler
         de líneas a los abonados como por las llamadas telefónicas y servicios con valor añadido deberían compararse con los costes
         correspondientes a esta oferta global de servicios.
      
      161    La demandante se opone además a las alegaciones de la Comisión basadas en el principio del reajuste tarifario (Decisión impugnada,
         considerandos 120 a 123). Así, según la demandante, el reajuste tarifario, que pretende reducir el déficit de conexión que
         viene existiendo en la mayoría de los Estados miembros mediante un aumento de la tarifa de conexión y una disminución paralela
         de la tarifa por las llamadas telefónicas, incumbe sólo a los operadores tradicionales. En cambio, el análisis de la compresión
         de márgenes incumbe a la introducción en el mercado de competidores de la demandante. Teniendo en cuenta la situación real
         del mercado, en el marco del artículo 82 CE sólo es necesario saber si los competidores pueden, sin obstáculos, prestar sus
         servicios a los abonados sobre la base de la tarifa aplicada por la demandante por los servicios mayoristas. A este respecto,
         la demandante recuerda que sus competidores no están obligados a ofrecer la (pre)selección. De este modo, el marco legal garantiza
         a los competidores de la demandante la obtención de unos ingresos, gracias a las llamadas telefónicas, de manera totalmente
         ajena al reajuste tarifario. La demandante insiste de nuevo en su sometimiento a la regulación de la RegTP, que pretende realizar
         un reajuste tarifario progresivo.
      
      162    En segundo lugar, la demandante alega que el método empleado por la Comisión para comprobar la existencia de compresión de
         márgenes es erróneo, puesto que se basa en la hipótesis de que los competidores deberían tener la posibilidad de reproducir
         íntegramente la estructura de su clientela (Decisión impugnada, considerandos 120 a 127). Sin embargo, ningún competidor tiene
         interés en reproducir esta estructura de clientela que se caracteriza, debido a la obligación de prestar servicios universales,
         por una parte desmesuradamente grande y poco rentable de abonados de bajas rentas que utilizan las líneas analógicas, sólo
         generan un volumen de negocios escaso y no están dispuestos a pasar a conexiones de mayor valor. El hecho de que, para los
         competidores de la demandante, la proporción de líneas analógicas descendiera de un 21 % a un 10 % entre 1999 y 2002 (Decisión
         impugnada, considerando 182) se explica por el hecho de que cada vez más clientes de los competidores de la demandante optaron
         por conexiones de mayor valor añadido. 
      
      163    La demandante afirma que, a diferencia de lo que sostiene la Comisión (Decisión impugnada, considerando 133), en los sectores
         del mercado con mayor valor, que presentan mayor interés para los competidores de la demandante (conexiones ISDN y conexiones
         ADSL a partir de líneas analógicas o de líneas ISDN), no existe compresión de márgenes. Tanto sus propias tarifas como las
         de sus competidores son suficientes para cubrir los costes de las líneas en los segmentos con mayor valor añadido. 
      
      164    En tercer lugar, la demandante critica el hecho de que la Comisión tiene en cuenta los gastos de cancelación en el cálculo
         de los precios mayoristas. La cancelación de una línea de abonado por parte de un competidor de la demandante implica simultáneamente
         operaciones de conexión para devolver a la demandante la línea de abonado alquilada y tareas administrativas, que no serían
         necesarias en caso de baja de un abonado cuando la propia demandante utiliza una línea de abonado. Se trata de costes de ineficiencia
         específicos ocasionados por la entrada en el mercado, hipotéticamente desconocidos para el operador histórico en posición
         dominante. Dichos costes, derivados únicamente de operaciones técnicas o administrativas inherentes a la entrada en un mercado,
         deberían ignorarse en el análisis de la compresión de márgenes. En efecto, el artículo 82 CE no obliga a una empresa en posición
         dominante a eliminar la totalidad de las barreras de entrada, sino que prohíbe la creación de barreras de entrada artificiales.
         
      
      165    La Comisión y las partes coadyuvantes I y II solicitan que se desestime la segunda parte del primer motivo.
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
       i) Sobre si la Comisión debería haber demostrado en la Decisión impugnada que los precios minoristas de la demandante eran
         abusivos en sí mismos
      
      166    Debe señalarse que, en el caso de autos, según la Decisión impugnada (considerando 201), «el abuso cometido por la [demandante]
         consiste en la imposición de precios no equitativos en forma de compresión de márgenes en detrimento de sus competidores».
         La Comisión considera, en efecto, que existe «una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia entre las tarifas minoristas
         de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores es negativa o insuficiente
         para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante en la prestación de sus propios servicios
         minoristas en el mercado descendente» (Decisión impugnada, considerando 107).
      
      167    Ciertamente, la Comisión declara únicamente en la Decisión impugnada que la demandante tenía margen de maniobra para modificar
         sus precios minoristas. Sin embargo, el carácter abusivo del comportamiento de la demandante está ligado al carácter no equitativo
         de la diferencia entre sus precios mayoristas y minoristas, en forma de compresión de márgenes. Por tanto, a la vista del
         abuso declarado en la Decisión impugnada, la Comisión no estaba obligada a demostrar en la Decisión impugnada que los precios
         minoristas de la demandante eran abusivos en sí mismos.
      
      168    Por tanto, debe rechazarse el argumento de la demandante de que el carácter abusivo de una compresión de márgenes sólo puede
         provenir del carácter abusivo de sus precios minoristas.
      
       ii) Sobre el método empleado por la Comisión para calcular la compresión de márgenes
      
       Decisión impugnada
      169    La Comisión expone el método empleado para calcular la compresión de márgenes en los considerandos 106 a 139 de la Decisión
         impugnada.
      
      170    Señala, en primer lugar, que la determinación de la compresión de márgenes se basa en la comparación entre «las tarifas minoristas
         de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores» (Decisión impugnada,
         considerando 107).
      
      171    La Comisión añade que la «comparabilidad de los servicios de acceso mayoristas y minoristas es decisiva para la determinación
         de la existencia de una compresión de márgenes» (Decisión impugnada, considerando 109). Según la Comisión, «[dado que] por
         regla general, los competidores prestan, al igual que el operador tradicional, todo tipo de servicios al usuario final», se
         ha de «determinar si los servicios minoristas y mayoristas del operador tradicional son comparables hasta el punto de que
         presenten características técnicas idénticas o similares y permitan la prestación de servicios idénticos o similares» (Decisión
         impugnada, considerando 109).
      
      172    La Comisión sostiene que las tarifas mayoristas por el acceso desagregado a los bucles locales son perfectamente comparables
         a las tarifas de acceso minorista, pues el acceso mayorista permite a los competidores de la demandante presentar a sus clientes
         finales una oferta variada de servicios de acceso minorista, concretamente el acceso analógico por banda estrecha, digital
         por banda estrecha (ISDN) y por banda ancha en forma de ADSL (Decisión impugnada, considerandos 110 y 112).
      
      173    Según la Comisión, existe una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia entre las tarifas minoristas de una empresa
         dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores «es negativa o insuficiente para
         cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante en la prestación de sus propios servicios minoristas
         en el mercado descendente» (Decisión impugnada, considerando 107). Así, la Comisión se basa en las tarifas y costes de la
         demandante para apreciar si sus prácticas tarifarias son abusivas.
      
      174    Para determinar si la diferencia entre los precios minoristas y mayoristas de la demandante produce una compresión de márgenes
         abusiva, la Comisión compara el precio de un único servicio mayorista (el acceso al bucle local) con el precio de una serie
         de servicios minoristas (acceso a las líneas en sus variantes analógica, ISDN y ADSL) (Decisión impugnada, considerando 113).
      
      175    En el nivel de los precios minoristas, la Comisión no tiene en cuenta los ingresos por las llamadas telefónicas. Se limita
         a examinar las tarifas por los servicios de acceso a la red, que compara con las tarifas mayoristas (Decisión impugnada, considerando 119).
      
      176    Según la Comisión, dado que la RegTP ha fijado una tarifa uniforme por el alquiler de los bucles locales, independientemente
         de los servicios descendentes ofrecidos por los competidores por medio de los bucles locales que les presta la demandante
         (Decisión impugnada, considerando 113), han de compararse las tarifas mayoristas con los precios medios de todas las líneas
         minoristas, tomando en consideración el número de variantes de servicios de acceso minorista efectivamente comercializadas
         por la demandante y el precio de cada una de ellas (Decisión impugnada, considerando 116).
      
      177    También debe recordarse que los precios minoristas (de cada variante ofrecida por la demandante) y los precios mayoristas
         constan de dos elementos, a saber, una cuota inicial y un abono mensual (Decisión impugnada, considerandos 142 y 149). 
      
      178    Para calcular el «importe mensual» de las cuotas iniciales, éstas se han dividido entre [confidencial], cifra que expresa (en meses) la duración media de un abono a una línea telefónica (Decisión impugnada, considerandos 148
         y 151).
      
      179    Así, el precio minorista mensual medio está constituido por la suma del precio del abono mensual medio (tomando en consideración
         todos los servicios de acceso para abonados) y las cuotas iniciales medias (tomando en consideración todos los servicios de
         acceso para abonados y la duración media de un abono) (Decisión impugnada, considerando 148).
      
      180    El precio mayorista medio total está constituido por la suma del precio del abono mensual más la cuota inicial media (tomando
         en consideración la duración media de un abono) (Decisión impugnada, considerando 151). Según la Comisión, las cuotas iniciales
         por los servicios mayoristas también incluyen los gastos de cancelación. La Comisión recuerda que «la tarifa de anulación
         es pagadera en caso de reconexión de una línea desagregada a la red [de la demandante] y sólo se factura a los competidores
         en el ámbito mayorista» y añade que, «junto con la tarifa de puesta a disposición, representa el importe total de la tarifa
         mayorista fija que los competidores han de pagar a [la demandante]» (Decisión impugnada, considerando 151).
      
      181    Basándose en este cálculo de los precios mensuales, la Comisión comprueba que el margen entre las tarifas minoristas y mayoristas
         de la demandante fue negativo entre 1998 y 2001 (Decisión impugnada, considerando 153). Hecha esta comprobación, según la
         Comisión no es necesario «determinar si dichos márgenes eran suficientes para cubrir los costes [específicos] incurridos por
         [la demandante] en la fase descendente de las relaciones con la clientela» (Decisión impugnada, considerando 153). En cambio,
         dado que a partir de 2002 el margen era positivo, la Comisión calculó «los costes específicos [incurridos por la demandante
         en la prestación de servicios a los abonados] con objeto de comprobar si este margen positivo era suficiente para [que la
         demandante] [cubriera] dichos costes específicos» (Decisión impugnada, considerando 154).
      
      182    La Comisión concluyó que, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, seguía existiendo compresión de márgenes en
         lo relativo al acceso a la red local (Decisión impugnada, considerando 161), puesto que los costes específicos incurridos
         por la demandante para prestar servicios a los abonados continuaban siendo superiores al margen positivo entre las tarifas
         minoristas y mayoristas (Decisión impugnada, considerando 160).
      
       Legalidad del método utilizado por la Comisión
      –       Observaciones preliminares
      183    Debe recordarse que la demandante formula tres objeciones frente al método empleado por la Comisión para calcular la compresión
         de márgenes. En primer lugar, la demandante alega que, por lo que respecta a los precios minoristas, la Comisión no debería
         haber tomado en consideración exclusivamente los ingresos procedentes de la puesta a disposición de líneas telefónicas a los
         abonados, sino que también debería haber tenido en cuenta los ingresos por otros servicios como las llamadas telefónicas.
         En segundo lugar, la demandante critica el método utilizado por la Comisión para demostrar que existía compresión de márgenes,
         basado en la hipótesis de que los competidores de la demandante tenían interés en reproducir íntegramente su estructura de
         clientela. En tercer lugar, el método empleado es erróneo puesto que la Comisión infla los precios mayoristas al incluir en
         ellos los gastos de cancelación.
      
      184    Los distintos argumentos formulados en el marco de las dos primeras objeciones se remiten a alguna de las dos características
         esenciales del método empleado por la Comisión. La primera se refiere al cálculo de la compresión de márgenes sobre la base
         de tarifas y costes de la empresa verticalmente integrada que ocupa una posición dominante, prescindiendo de la posición específica
         de los competidores en el mercado. La segunda se refiere a la toma en consideración de los ingresos del todos los servicios
         de acceso, excluyendo los ingresos procedentes de otros servicios que pueden prestarse mediante el acceso a una red fija.
      
      185    Antes de examinar las distintas objeciones y argumentos debe recordarse que, si bien el órgano jurisdiccional comunitario
         ejerce de modo general un control completo sobre si concurren o no las condiciones de aplicación de las disposiciones sobre
         la competencia del Tratado CE, el control que ejerce sobre valoraciones económicas complejas hechas por la Comisión se limita
         necesariamente a comprobar si se respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de
         los hechos, la falta de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencias del Tribunal de Justicia de 11
         de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, apartado 34; de 17 de noviembre de 1987, BAT y Reynolds/Comisión,
         142/84 y 156/84, Rec. p. 4487, apartado 62, y de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821,
         apartado 78).
      
      –       Sobre la presunta ilegalidad del método de cálculo de la compresión de márgenes basado en las tarifas y los costes de la empresa
         verticalmente integrada que ocupa una posición dominante, prescindiendo de la posición específica de los competidores en el
         mercado
      
      186    En primer lugar, debe recordarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión examinó si las prácticas tarifarias de la empresa
         dominante amenazan con expulsar del mercado a un agente económico igual de eficiente que ella. Por tanto, la Comisión, para
         apreciar si las prácticas tarifarias de la demandante eran abusivas, sólo se basó en las tarifas y en los costes de la demandante,
         y no en la situación específica de sus competidores efectivos o potenciales.
      
      187    En efecto, según la Comisión, «cabe presumir que se aplica una compresión abusiva de márgenes cuando la diferencia entre las
         tarifas minoristas de una empresa dominante y las tarifas mayoristas para servicios comparables que aplica a sus competidores
         es negativa o insuficiente para cubrir los costes específicos de producto incurridos por el operador dominante en la prestación
         de sus propios servicios minoristas en el mercado descendente» (Decisión impugnada, considerando 107). En el caso de autos,
         la compresión de márgenes es abusiva, ya que la propia demandante «no habría estado en condiciones de ofrecer sus propios
         servicios minoristas sin incurrir en pérdidas si hubiese tenido que pagar el precio de acceso mayorista como precio de transferencia
         interno para sus propios servicios minoristas» (Decisión impugnada, considerando 140). En estas circunstancias, «competidores,
         [que] sean igual de eficientes» que la demandante sólo pueden «ofrecer los servicios de acceso minorista a un precio competitivo
         si logran un incremento adicional de su eficiencia» (Decisión impugnada, considerando 141; véase también la Decisión impugnada,
         considerando 108).
      
      188    Además, debe afirmarse que aunque el juez comunitario hasta el momento no se haya pronunciado explícitamente sobre el método
         que ha de aplicarse para determinar la existencia de compresión de márgenes, de la jurisprudencia se desprende claramente
         que el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de una empresa dominante se determina, en principio, sobre la base de
         su propia situación y, por tanto, atendiendo a sus propias tarifas y costes, y no en relación con la situación de sus competidores
         efectivos o potenciales.
      
      189    Así, en su sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, Rec. p. I‑3359, apartado 74), el Tribunal de Justicia
         sólo tomó en consideración la tarifa y los costes de la empresa dominante para evaluar si las prácticas tarifarias de AKZO
         eran abusivas. El Tribunal de Justicia no adoptó el enfoque propuesto por el Abogado General Lenz, según el cual era «necesario
         analizar la estructura de costes de cada una de las tres empresas (AKZO y sus dos competidores) que tenían el monopolio de
         oferta, para poder obtener una imagen exacta del nivel de precios efectivamente justificado desde el punto de vista económico»
         (punto 34 de sus conclusiones).
      
      190    Adoptando un enfoque similar, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en su sentencia de 30 de noviembre de 2000, Industrie
         des poudres sphériques/Comisión (T‑5/97, Rec. p. II‑3755), que el hecho de que la demandante, que había denunciado una supuesta
         compresión de márgenes, «no pueda, debido probablemente a unos mayores costes de transformación, seguir siendo competitiva
         en la venta del producto derivado no basta para calificar de abusiva la política de precios de [la sociedad dominante]» (apartado 179).
      
      191    Finalmente la Comisión, en su Decisión 88/518/CEE, de 18 de julio de 1988, relativa a un procedimiento en virtud del artículo
         [82 CE] (IV/30.178 – Napier Brown – British Sugar) (DO L 284, p. 41; en lo sucesivo, «Decisión Napier Brown/British Sugar»),
         también consideró que la compresión de márgenes debía calcularse sobre la base de las tarifas y los precios del operador verticalmente
         integrado que ocupara una posición dominante (considerando 66). En ella declara que «el hecho de que una compañía dominante,
         tanto en el mercado de una materia prima como en el de su correspondiente producto derivado, mantenga un margen entre el precio
         que cobra por la materia prima a las compañías que compiten con ella en la fabricación del producto derivado, [por una parte],
         y el precio que cobra por el producto derivado, [por otra parte], insuficiente para reflejar los propios costes de transformación
         de la compañía dominante (en este caso, el margen mantenido por BS entre sus precios para el azúcar industrial y el azúcar
         al por menor, comparado con sus propios costes de envasado), con el resultado de que se restringe la competencia en relación
         con el producto derivado, es un abuso de posición dominante» (considerando 66).
      
      192    Procede añadir que cualquier otro enfoque podría vulnerar el principio general de seguridad jurídica. En efecto, si la legalidad
         de las prácticas tarifarias de una empresa dominante dependiera de la situación específica de las empresas competidoras, en
         particular, por la estructura de sus costes –generalmente desconocidos para la empresa dominante– esta última ni siquiera
         podría apreciar la legalidad de sus propios comportamientos. 
      
      193    Por tanto, la Comisión actuó acertadamente al basar su análisis sobre el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la
         Comisión únicamente en elementos de la situación específica de la demandante y, consiguientemente, en sus tarifas y costes.
      
      194    Dado que procede examinar si la propia demandante, o una empresa igual de eficiente que ella, habría estado en condiciones
         de ofrecer sus propios servicios minoristas sin incurrir en pérdidas si hubiese tenido que pagar el precio de acceso mayorista
         como precio de transferencia interno para sus propios servicios minoristas, es inoperante el argumento de la demandante según
         el cual sus competidores no pretenden reproducir su propia estructura de clientela y pueden obtener ingresos complementarios
         de productos innovadores que sólo ellos ofrecen en el mercado, sobre los que la demandante no aporta precisión alguna. Por
         idénticos motivos, tampoco puede prosperar el argumento de que los competidores pueden privar de la posibilidad de (pre)selección.
      
      –       Sobre el motivo basado en que la Comisión sólo tuvo en cuenta los ingresos por el conjunto de servicios de acceso, excluyendo
         los ingresos por otros servicios, en particular los procedentes de las llamadas telefónicas
      
      195    En primer lugar, debe examinarse si la Comisión, para calcular la compresión de márgenes, podía tener únicamente en cuenta
         los ingresos por los servicios de acceso de la demandante, excluyendo los ingresos por otros servicios, como las llamadas
         telefónicas.
      
      196    Primeramente debe recordarse que el marco jurídico comunitario adoptado a partir de 1990 tiene por objeto crear las condiciones
         para permitir una competencia efectiva en el mercado de las telecomunicaciones. Así, la Directiva 96/19/CE de la Comisión,
         de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración de la plena competencia
         en los mercados de telecomunicaciones (DO L 74, p. 13), que distingue, en cuanto a la estructura de costes de los operadores
         históricos, entre la conexión inicial, el alquiler mensual, las llamadas locales, regionales y las de larga distancia, tiene
         por objeto llevar a cabo un reajuste de tarifas entre estos diferentes servicios en función de sus costes reales, para permitir
         una plena competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Concretamente, dicha operación debía traducirse en una bajada
         de las tarifas de las comunicaciones nacionales e internacionales y en una subida de la cuota de conexión, del abono mensual
         y del precio de las comunicaciones locales (conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto en el que recayó
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Comisión/España, C‑500/01, Rec. p. I‑604, I‑583, apartado 7).
         Los Estados miembros estaban obligados a suprimir los obstáculos al reajuste tarifario con la mayor rapidez posible a partir
         de la entrada en vigor de la Directiva 96/19 y no más tarde del 1 de enero de 1998 (sentencia Comisión/España, antes citada,
         apartado 32).
      
      197    Tal como la Comisión señaló acertadamente en el considerando 120 de la Decisión impugnada, «la consideración por separado
         de las tarifas de acceso y las tarifas de llamada ya queda [por tanto] establecida en el principio comunitario del reajuste
         tarifario».
      
      198    Procede recordar además que la Resolución nº 223 a del BMPT obligó a la demandante a permitir a sus competidores, a partir
         de junio de 1997, un acceso totalmente desagregado al bucle local. Pues bien, un sistema de competencia no falseada entre
         la demandante y sus competidores tan sólo será posible si se garantiza la igualdad de oportunidades entre los diferentes agentes
         económicos (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2003, Connect Austria, C‑462/99, Rec. p. I‑5197, apartado 83,
         y de 20 de octubre de 2005, ISIS Multimedia y Firma O2, C‑327/03 y C‑328/03, Rec. p. I‑8877, apartado 39).
      
      199    Si bien es cierto que, desde el punto de vista del abonado, los servicios de acceso y de llamadas telefónicas forman un todo,
         no es menos cierto que, para los competidores de la demandante, la prestación del servicio de llamadas a los abonados a través
         de la red fija de la demandante presupone un acceso al bucle local. La igualdad de oportunidades entre un operador histórico
         propietario de la red fija, como la demandante, por una parte, y sus competidores, por otra parte, implica entonces que los
         precios por los servicios de acceso se fijen a un nivel tal que coloque a los competidores en pie de igualdad con el operador
         histórico para la prestación de servicios de llamadas. Esta igualdad de oportunidades sólo se garantiza si el operador histórico
         fija sus precios minoristas a un nivel que permita a sus competidores –a los que se supone tan eficientes como el operador
         histórico– repercutir todos los costes derivados del servicio mayorista sobre sus precios minoristas. Sin embargo, si el operador
         histórico no respeta este principio, los nuevos entrantes sólo pueden ofrecer servicios de acceso a sus abonados incurriendo
         en pérdidas. Por tanto, se ven obligados a compensar las pérdidas sufridas en el acceso al bucle local con tarifas más elevadas
         por las llamadas telefónicas, lo que también falsea la competencia en el mercado de las llamadas. 
      
      200    De ello se deriva que si bien es cierto que, tal como sostiene la demandante, los servicios de acceso y de llamadas telefónicas,
         constituyen un «cluster» desde el punto de vista del abonado, la Comisión declaró acertadamente en el considerando 119 de
         la Decisión impugnada que para determinar si las prácticas tarifarias de la demandante falsean el juego de la competencia
         era necesario examinar la existencia de compresión de márgenes únicamente en el nivel de los servicios de acceso y, por tanto,
         no incluir en el cálculo las tarifas de las llamadas telefónicas. 
      
      201    Por otra parte, el cálculo compensador al que alude la demandante entre las tarifas de acceso y las tarifas de las llamadas
         telefónicas ya confirma que la demandante y sus competidores no se encuentran en pie de igualdad en el acceso al bucle local,
         si bien dicha igualdad constituye la condición necesaria para que no se falsee la competencia en el mercado de las llamadas
         telefónicas.
      
      202    En todo caso, dado que la demandante redujo considerablemente sus precios por las llamadas telefónicas durante el período
         al que se refiere la Decisión impugnada (véase el apartado 19 supra), no puede descartarse que los competidores ni siquiera tuvieran la posibilidad económica de llevar a cabo la compensación
         sugerida por la demandante. En efecto, los competidores, que ya sufren una desventaja competitiva respecto de la demandante
         en el acceso al bucle local, debían aplicar tarifas por las llamadas telefónicas inferiores incluso a las de la demandante,
         para incitar a los potenciales clientes a cancelar sus abonos con la demandante a cambio de abonarse a ellos. 
      
      203    De todo lo anterior resulta que la Comisión actuó acertadamente al tener en cuenta, en el cálculo de la compresión de márgenes,
         sólo los ingresos por los servicios de acceso, excluyendo los ingresos por otros servicios, como las llamadas telefónicas.
      
      204    En segundo lugar, en cuanto al argumento de la demandante de que a sus competidores sólo les interesan los mercados con mayor
         valor añadido, a saber, en el caso de autos, el de la banda ancha, en el que no existe compresión de márgenes, de modo que,
         en consecuencia, no procede tener en cuenta, en el cálculo de la compresión de márgenes, los servicios de acceso analógico
         para abonados, debe recordarse por un lado que, para los competidores de la demandante, el acceso a la banda ancha implica
         necesariamente un acceso a las líneas analógicas o ISDN (véase el apartado 148 supra). Por otro lado, la parte coadyuvante I, competidora de la demandante, alega que su ausencia del mercado de los servicios de
         acceso analógico es la consecuencia del abuso de posición dominante de la demandante y no obedece a su libre opción. En todo
         caso, tal como se ha señalado en los apartados 186 a 193 supra, el carácter abusivo de las prácticas tarifarias de la demandante debe apreciarse con arreglo a la situación específica de
         ésta y, por tanto, en relación con sus tarifas y costes. Consiguientemente, la apreciación del carácter abusivo de las prácticas
         tarifarias de la demandante no puede verse influida por las eventuales preferencias por un mercado o por otro que pudieran
         tener los competidores de la demandante.
      
      205    Ahora bien, en el nivel de servicios para abonados, la demandante ofrece los accesos analógico, ISDN y ADSL, que corresponden
         a un único servicio en el nivel mayorista.
      
      206    En estas circunstancias, la Comisión ha considerando acertadamente en la Decisión impugnada (considerando 111) que para calcular
         la compresión de márgenes debía compararse el precio de los servicios mayoristas con la media ponderada de los precios minoristas
         para todos los servicios de acceso, concretamente el acceso analógico de banda estrecha, el acceso digital de banda estrecha
         (ISDN) y el acceso de banda ancha en forma de servicios ADSL.
      
      207    Por tanto, no puede acogerse la presente objeción.
      
      –       Sobre la objeción basada en que en el cálculo de la compresión de márgenes se han incluido los gastos de cancelación de los
         servicios mayoristas 
      
      208    Según se desprende de la Decisión impugnada (considerandos 18, 149 y 151), la Comisión incluyó los gastos de cancelación de
         línea en el cálculo del precio total de los servicios mayoristas de la demandante. La Comisión explica a este respecto, en
         la Decisión impugnada (considerando 151), que «la tarifa de anulación es pagadera en caso de reconexión de una línea desagregada
         a la red [de la demandante] y sólo se factura a los competidores en el ámbito mayorista» y que constituye «junto con la tarifa
         de puesta a disposición […] el importe total de la tarifa mayorista fija que los competidores han de pagar a [la demandante]».
      
      209    Por lo que respecta al argumento de la demandante de que los gastos de cancelación no pueden considerarse parte de la cuota
         inicial de los servicios mayoristas, debe señalarse que, antes del 10 de febrero de 1999, la propia demandante incorporaba
         los gastos de cancelación a la cuota de puesta a disposición de las líneas facturada a sus competidores. En efecto, de los
         considerandos 18 y 22 y del cuadro 9 de la Decisión impugnada, que no han sido rebatidos por la demandante, se desprende que
         hasta el 10 de febrero de 1999 no se estableció una tarifa separada para la cancelación de una línea, dando lugar a la consiguiente
         disminución de la cuota de puesta a disposición.
      
      210    Debe destacarse también que no se ha desmentido que un abonado conserva su línea telefónica durante una media de [confidencial] meses (Decisión impugnada, considerando 148). Pues bien, dado que el competidor beneficiario de los servicios mayoristas
         debe pagar a la demandante gastos de cancelación cuando uno de sus abonados rescinde su contrato de prestación de servicios
         de acceso, debe considerarse que, para los competidores de la demandante, los gastos de cancelación forman parte del coste
         total derivado de la prestación mayorista que deberán repercutir en sus precios minoristas.
      
      211    En estas circunstancias, la Comisión actuó acertadamente al incluir los gastos de cancelación en el cálculo del precio total
         de los servicios mayoristas a efectos de calcular la compresión de márgenes.
      
      212    Por tanto, esta objeción tampoco tiene fundamento.
      
      213    De todo lo anterior se desprende que debe rechazarse la segunda parte del primer motivo.
      
      3.      Sobre la tercera parte, basada en un supuesto error del cálculo en la comprobación de la compresión de márgenes
      a)      Alegaciones de las partes
      214    La demandante alega que la Comisión erró en su cálculo de la compresión de márgenes en el cuadro 11 de la Decisión impugnada.
         El cuadro, que versa sobre los costes específicos de los productos de la demandante en el año 2001, por lo que respecta a
         las conexiones de banda estrecha ISDN (T‑ISDN) –excepto los datos sobre las conexiones T‑ISDN «multipostes» standard y confort–,
         contiene datos basados en el cuadro 3 de la Decisión impugnada relativos al año 2002. Además, los datos sobre las conexiones
         T‑ISDN «multipostes» standard y confort que figuran en el cuadro 11 de la Decisión impugnada no se corresponden con ninguno
         de los datos que figuran en los cuadros 3 a 7 de la Decisión impugnada. La ponderación de los costes específicos de los productos
         en el año 2001, para ser correcta, debería haberse basado exclusivamente en el número de conexiones mencionadas en el cuadro
         4 de la Decisión impugnada, relativas al año 2001. Según estos datos, los costes ponderados específicos de los productos sólo
         ascienden a [confidencial] euros, es decir, son [confidencial] euros inferiores a la cifra calculada por la Comisión. La compresión de márgenes declarada por la Comisión debería reducirse
         en la misma cuantía.
      
      215    La Comisión reconoce el error de cálculo identificado por la demandante, que, sin embargo, no afecta a la legalidad de la
         Decisión impugnada. 
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      216    Debe admitirse que el error de cálculo señalado por la Comisión en su contestación a la demanda afecta al cálculo de los costes
         específicos de la demandante en el año 2001.
      
      217    Sin embargo, este error no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada.
      
      218    En efecto, por lo que respecta a los años 1998 a 2001, la Comisión no tuvo en cuenta los costes específicos de la demandante
         para calificar su política tarifaria de abusiva. En efecto, en la Decisión impugnada (considerando 153), la Comisión dedujo
         el carácter infractor de la política tarifaria de la demandante de la existencia de un margen negativo entre los precios de
         sus servicios mayoristas y sus precios minoristas. Así pues, el error en el cálculo de los costes específicos de la demandante
         en el año 2001 en nada afecta a la declaración del carácter infractor del comportamiento de la demandante durante este período.
      
      219    En cambio, la Comisión calificó de infracciones las prácticas tarifarias de la demandante a partir del año 2002, puesto que
         los costes específicos de la demandante derivados de los servicios de acceso para abonados superaban el margen positivo entre
         los precios de sus prestaciones mayoristas y sus precios minoristas. En la Decisión impugnada (considerandos 159 y 160), para
         efectuar este último cálculo la Comisión se basó en los costes específicos de la demandante en 2001.
      
      220    De este modo, en el cuadro 12 de la Decisión impugnada, la Comisión llega a las siguientes conclusiones sobre el cálculo de
         la compresión de márgenes: 
      
      Cuadro 12
      (en euros)
       
            
               mayo 2002
            
            
               julio 2002
            
            
               enero 2003
            
            
               febrero 2003
            
            
               mayo 2003 
            
         
               
               Margen entre los precios minoristas y mayoristas
            
            
               
               [confidencial] 
            
            
               
               [confidencial] 
            
            
               
               [confidencial] 
            
            
               
               [confidencial] 
            
            
               
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               Costes específicos de producto medios por línea
            
            
               
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               Compresión de márgenes
            
            
               
               [confidencial]
            
            
               
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               [confidencial]
            
         
      221    Debe señalarse que, en esta parte, la demandante no discute la referencia a sus costes específicos del año 2001 (Decisión
         impugnada, considerando 159) a efectos del cálculo de la compresión de márgenes a partir del 1 de enero de 2002. Sólo alega
         que sus costes específicos del año 2001 se han calculado de modo erróneo. 
      
      222    Según manifiesta la demandante, si la Comisión no hubiera cometido el error de cálculo denunciado, los costes específicos
         de 2001 se deberían haber fijado en [confidencial] euros (véase el apartado 214 supra). Sin embargo, aunque se tuvieran en cuenta estos costes específicos sin el error de cálculo, seguiría existiendo compresión
         de márgenes durante todo el período de la infracción contemplada en la Decisión impugnada.
      
      223    Dado que en la Decisión impugnada (considerandos 163 y 201), el carácter no equitativo, en el sentido del artículo 82 CE,
         de las prácticas tarifarias de la demandante está vinculado a la propia existencia de la compresión de márgenes, y no a su
         magnitud precisa, el error de cálculo cometido por la Comisión no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada. 
      
      224    De ello se deduce, por tanto, que la tercera parte del presente motivo es inoperante. 
      
      4.      Sobre la cuarta parte, basada en la falta de efectos en el mercado de la compresión de márgenes declarada
      a)      Alegaciones de las partes
      225    En primer lugar, la demandante sostiene que la constatación de una compresión de márgenes derivada de la práctica tarifaria
         de una empresa dominante no constituye, per se, un abuso. Por tanto, la Comisión debería haber examinado los efectos reales del comportamiento denunciado, lo que sin embargo
         no hizo en la Decisión impugnada. Dado que la RegTP fija de las tarifas por los servicios mayoristas en función de los costes
         de la demandante, la prueba de si son un obstáculo efectivo a la competencia debe ser circunstanciada.
      
      226    La demandante recuerda el doble componente del concepto de abuso, a saber, que los comportamientos denunciados se caractericen
         por recurrir a medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones
         de los agentes económicos y que obstaculicen efectivamente la competencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de febrero
         de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión, 85/76, Rec. p. 461, apartado 91). Así, el juez comunitario exige la prueba de que el
         comportamiento denunciado constituye una barrera a la entrada de otros competidores o sirve para expulsar a competidores ya
         presentes en el mercado. Para apoyar su argumento, la demandante cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias
         del Tribunal de Justicia AKZO/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartado 72; de 14 de noviembre de 1996, Tetra Pak/Comisión, C‑333/94 P, Rec. p. I‑5951, apartado 41, y de 16 de marzo de
         2000, Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, C‑395/96 P y C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, apartados 111 y 119),
         así como Decisiones anteriores de la Comisión (Decisión Napier Brown/British Sugar, considerando 66), de la RegTP y de la
         FCC. El juez comunitario sólo considera que una práctica tarifaria es intrínsecamente abusiva en el caso excepcional de una
         venta a un precio inferior a la media de los costes variables. 
      
      227    La demandante precisa en su réplica que los principios elaborados por el Tribunal de Justicia en materia de precios predatorios
         deberían aplicarse al supuesto de compresión de márgenes cuando una autoridad reguladora fija los precios de los servicios
         mayoristas. Así, la Comisión debería demostrar que la compresión de márgenes denunciada ocasiona un menoscabo efectivo a la
         competencia. Dado que la RegTP fija las tarifas por los servicios mayoristas en función de los costes, este menoscabo sólo
         queda probado cuando la empresa que domina el mercado, tras la fase de expulsión de sus competidores, aumentando sus precios
         minoristas puede compensar las pérdidas debidas a su política de precios reducidos durante esa fase de expulsión. En el caso
         de autos, sin embargo, cualquier intento de la demandante en este sentido provocaría inmediatamente el regreso de sus competidores
         al mercado. 
      
      228    En segundo lugar, la demandante niega que sus tarifas hayan constituido una barrera a la entrada en el mercado o hayan expulsado
         del mercado a sus competidores. 
      
      229    Por una parte, los competidores de la demandante tienen posibilidades reales de entrada en el mercado. Esta última recuerda
         a este respecto que sus competidores pueden llevar a cabo subvenciones cruzadas entre tarifas por llamadas telefónicas y tarifas
         de conexión o entre tarifas variables y tarifas fijas para compensar el posible déficit en materia de conexiones. La facultad
         de los competidores de la demandante, que la propia demandante no tiene, de excluir la (pre)selección en todas las conexiones
         (véase el apartado 156 supra) les permite calcular sus ingresos procedentes de las tarifas por las llamadas telefónicas de forma mucho más precisa que
         a la demandante. Así, los competidores de la demandante alcanzan un volumen de negocios en las tarifas de las llamadas telefónicas
         por conexión considerablemente superior al de la demandante, además con una gran previsibilidad. Las respuestas de los competidores
         de la demandante a la solicitud de información de 19 de enero de 2000, así como la Resolución de la RegTP de 29 de abril de
         2003 confirman que dichos competidores pueden proceder a una subvención cruzada entre tarifas de conexión y tarifas por llamadas
         telefónicas. La demandante también se refiere a sus observaciones de 29 de julio de 2002 sobre el pliego de cargos y a los
         documentos mencionados en ellas. Finalmente, de los estudios realizados por la demandante se desprende que todos sus competidores
         pudieron obtener márgenes positivos sobre sus costes directos gracias a una subvención cruzada entre sus tarifas fijas y sus
         tarifas variables por cada tipo de conexión y, en consecuencia, también por las líneas analógicas. 
      
      230    Por otra parte, desde la liberalización del mercado alemán de las telecomunicaciones, numerosos competidores han alcanzado
         cuotas de mercado considerables en zonas de concentración urbana. La demandante se refiere en este sentido a la sociedad KomTel,
         que según sus propias declaraciones en un comunicado de prensa de 31 de mayo de 2002, alcanzó una cuota de mercado del 43 %
         de las conexiones en Flensburg. En otras zonas de servicio local, según los cálculos de la demandante basados en las líneas
         alquiladas por ella a sus competidores, las cuotas de mercado de otros proveedores se han situado, por ejemplo, [confidencial]. Así, desde 1998 la demandante ha perdido [confidencial] abonados en favor de sus competidores. Una vez que un competidor ha entrado en un mercado local, la creación por su parte
         de una infraestructura propia resulta económicamente rentable. La entrada en el mercado debe empezar lógicamente por los clientes
         más lucrativos, para a continuación captar nuevos grupos de clientes con los beneficios obtenidos de aquéllos (carta dirigida
         a la demandante por Colt, uno de sus competidores, el 15 de octubre de 2002). Lo mismo sucede en las zonas de gran concentración
         urbana, usadas como trampolín para competir en el ámbito regional. En todo caso, la competencia en Alemania ha evolucionado
         de forma más favorable que en los demás Estados miembros. Así, un total de más del 81 % de los alquileres de acceso desagregado
         al bucle local en toda la Comunidad corresponden a la demandante. 
      
      231    La demandante precisa en su réplica que Colt y Arcor están presentes desde entonces en el ámbito nacional como proveedores
         de líneas telefónicas y EWE TEL lo está en amplias zonas de Alemania del Norte. La Comisión no probó en absoluto la relación
         de causalidad entre la presunta compresión de márgenes y la supuesta lentitud en la evolución de la competencia. La compresión
         de márgenes no puede ser la causa del lugar que ocupa la demandante en el segmento del mercado de las conexiones de banda
         ancha, ya que en ese segmento del mercado no existe compresión de márgenes.
      
      232    La Comisión y las partes coadyuvantes I y II solicitan que se desestime esta parte.
      
      b)      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      233    Debe recordarse que el concepto de explotación abusiva es un concepto objetivo que se refiere a las actividades de una empresa
         en posición dominante que pueden influir en la estructura de un mercado en el que, debido justamente a la presencia de la
         empresa de que se trate, la intensidad de la competencia se encuentra ya debilitada, y que producen el efecto de obstaculizar,
         por medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios con arreglo a las prestaciones de los
         agentes económicos, el mantenimiento del nivel de competencia que aún exista en el mercado o el desarrollo de esa competencia
         (sentencias Hoffmann-La Roche/Comisión, citada en el apartado 226 supra, apartado 91, y AKZO/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartado 69; auto del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, Piau/Comisión, C‑171/05 P, no publicado en la Recopilación,
         apartado 37; sentencia Irish Sugar/Comisión, citada en el apartado 122 supra, apartado 111).
      
      234    Según la Comisión, las prácticas tarifarias de la demandante han restringido la competencia en el mercado de los servicios
         de acceso para abonados. En la Decisión impugnada (considerandos 179 y 180) deduce esta afirmación de la propia existencia
         de la compresión de márgenes. No es necesario demostrar el efecto contrario a la competencia, aun cuando, con carácter subsidiario,
         en los considerandos 181 a 183 de la Decisión impugnada se lleve a cabo un examen de éste.
      
      235    Dado que hasta la entrada del primer competidor en el mercado de los servicios de acceso para abonados, en 1998, la demandante
         tenía un monopolio de hecho en el mercado minorista, el efecto contrario a la competencia que la Comisión debe demostrar se
         refiere a los posibles obstáculos que las prácticas tarifarias de la demandante han podido suponer para el desarrollo de la
         competencia en este mercado.
      
      236    Debe recordarse a este respecto, por una parte, que la demandante es propietaria de la red telefónica fija en Alemania y,
         por otra parte, que no se niega que, tal como la Comisión señala en los considerandos 83 y 91 de la Decisión impugnada, en
         el momento en que ésta se adoptó no existía en Alemania ninguna otra infraestructura que permitiera a los competidores de
         la demandante entrar de modo viable en el mercado de los servicios de acceso para abonados. 
      
      237    De este modo, teniendo en cuenta que los servicios mayoristas de la demandante son imprescindibles para que cualquiera de
         sus competidores pueda entrar en competencia con ella en el mercado descendiente de los servicios de acceso para abonados,
         la compresión de márgenes entre las tarifas por los servicios mayoristas y minoristas de la demandante obstaculizará, en principio,
         el desarrollo de la competencia en los mercados descendientes. En efecto, si los precios minoristas de la demandante son inferiores
         a las tarifas por sus servicios mayoristas o si el margen entre las tarifas por los servicios mayoristas y las tarifas minoristas
         de la demandante es insuficiente para permitir a un operador de su misma eficiencia cubrir sus costes específicos por la prestación
         de servicios de acceso a los abonados, un competidor potencial, igual de eficiente que la demandante, sólo podría entrar en
         el mercado de los servicios de acceso para abonados incurriendo en pérdidas. 
      
      238    Ciertamente, tal como la demandante señala, sus competidores recurrirán habitualmente a una subvención cruzada, en el sentido
         de que compensarán las pérdidas sufridas en el mercado de los servicios de acceso para abonados con los beneficios que se
         deriven de otros mercados, como el de las llamadas telefónicas. Sin embargo, teniendo en cuenta que la demandante, como propietaria
         de la red fija, no necesita recurrir a servicios mayoristas para poder ofrecer servicios de acceso a los abonados y que, por
         tanto, a diferencia de sus competidores, no se ve obligada, por razón de las prácticas tarifarias de una empresa dominante,
         a tratar de compensar las pérdidas sufridas en el mercado de los servicios de acceso para abonados, la compresión de márgenes
         declarada en la Decisión impugnada falsea el juego de la competencia no sólo en el mercado de acceso para abonados, sino también
         en el mercado de las llamadas telefónicas (véanse los apartados 197 a 202 supra).
      
      239    Por otra parte, las escasas cuotas de mercado alcanzadas por los competidores de la demandante en el mercado de los servicios
         de acceso para abonados desde su liberalización el 1 de agosto de 1996 por la entrada en vigor de la TKG acreditan los obstáculos
         que las prácticas tarifarias de la demandante suponen para el desarrollo de la competencia en estos mercados. Así, en la vista,
         la demandante precisó que no rebatía las afirmaciones hechas en la Decisión impugnada (considerando 181) de que, en el momento
         en que ésta se adoptó, el conjunto de sus competidores en Alemania sólo estaba en posesión del «4,4 % de las líneas de banda
         estrecha y del 10 % de las de banda ancha» y de que, a «finales de 2002, los 64 competidores juntos sólo contaban con 2,35 millones
         de canales telefónicos del total de 53,72 millones existentes en Alemania».
      
      240    Tampoco se discute que si únicamente se toman en consideración las líneas analógicas, que en Alemania representaban el 75 %
         del total en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, la cuota de los competidores de la demandante descendió del
         21 % en 1999 al 10 % en 2002 (Decisión impugnada, considerando 182).
      
      241    Sin embargo, la demandante insiste en que numerosos competidores alcanzaron cuotas de mercado considerables en zonas de concentración
         urbana. 
      
      242    Debe señalarse al respecto que la demandante no rebate la definición del mercado tal como aparece en la Decisión impugnada
         (considerandos 92 a 95), según la cual el mercado geográfico de referencia es el mercado alemán. Así pues, los logros de varios
         competidores de la demandante en ciertas zonas de concentración urbana no invalidan la afirmación de que los competidores
         de la demandante sólo alcanzaron pequeñas cuotas en el mercado geográfico de referencia de los servicios de acceso para abonados.
         
      
      243    El hecho de que la competencia haya evolucionado de forma menos favorable en otros Estados miembros tampoco demuestra que
         en Alemania, mercado geográfico de referencia, las prácticas tarifarias de la demandante no hayan producido efectos contrarios
         a la competencia. La situación supuestamente menos favorable en los demás Estados miembros podría estar relacionada con una
         liberalización posterior de los mercados de servicios a los que afecta, es decir, posterior al 1 de junio de 1997, fecha desde
         la que la que la demandante estaba obligada, de acuerdo con el Derecho alemán aplicable, a permitir a sus competidores un
         acceso totalmente desagregado al bucle local (véase el apartado 198 supra). Procede señalar a este respecto que el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 2887/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 18 de diciembre de 2000, sobre el acceso desagregado al bucle local (DO L 336, p. 4), sólo impone esta obligación a los
         operadores históricos a partir del 31 de diciembre de 2000. La situación supuestamente menos favorable en otros Estados miembros
         también podría relacionarse con la existencia de otras infracciones al Derecho comunitario de la competencia. En todo caso,
         aun suponiendo que la Comisión hubiera incumplido alguna de las obligaciones que le impone el artículo 211 CE al no velar
         por la aplicación del Derecho comunitario en materia de competencia, tal circunstancia no podría justificar la infracción
         del artículo 82 CE cometida en el caso de autos por la demandante en el mismo sector (sentencia van Landewyck y otros/Comisión,
         citada en el apartado 86 supra, apartado 84; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Tréfilunion/Comisión, T‑148/89, Rec. p. II‑1063,
         apartado 127, y de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95,
         T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491, apartado 2559).
      
      244    Finalmente, en cuanto al argumento formulado en la réplica, según el cual dos competidores de la demandante «entre tanto»
         estaban presentes en el ámbito nacional, cabe recordar que, en el marco de un recurso de anulación con arreglo al artículo
         230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en
         la fecha en que el acto fue adoptado (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76
         y 16/76, Rec. p. 321, apartado 7, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de febrero de 2002, Atlantic Container
         Line y otros/Comisión, T‑395/94, Rec. p. II‑875, apartado 252). En todo caso, la demandante, que no cuantifica la presencia
         de competidores a nivel nacional, no aporta ningún elemento que pueda invalidar las afirmaciones hechas en los considerandos
         180 a 183 de la Decisión impugnada, según las cuales sus prácticas tarifarias obstaculizan efectivamente la competencia en
         el mercado alemán de servicios de acceso para abonados. 
      
      245    De ello se deduce que debe rechazarse la última parte del primer motivo. 
      
      B.      Sobre el segundo motivo, basado en el carácter defectuoso de la parte dispositiva de la Decisión impugnada
      1.      Alegaciones de las partes
      246    La demandante recuerda en primer lugar que el artículo 1 de la Decisión impugnada declara que ha infringido el artículo 82 CE,
         letra a), «al aplicar a sus competidores y clientes finales unas tarifas mensuales y fijas no equitativas para el acceso a
         la red local». Por tanto, según la parte dispositiva, las tarifas por los servicios mayoristas y los precios minoristas de
         la demandante no son equitativos. Sin embargo, en la motivación de la Decisión impugnada, las tarifas de la demandante, como
         tales, no se califican de no equitativos. La relación entre las tarifas mayoristas y los precios minoristas sólo se ha considerado
         abusiva por razón de la supuesta compresión de márgenes. De este modo, la parte dispositiva de la Decisión impugnada no se
         apoya en sus considerandos.
      
      247    La demandante recuerda a continuación que el artículo 2 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada le ordena que ponga
         fin a la infracción mencionada en el artículo 1 y que en el futuro se abstenga de incurrir en las actuaciones y los comportamientos
         citados en dicho artículo. Pues bien, la orden conminatoria del artículo 2, además de ser contraria a los considerandos de
         la Decisión impugnada, no puede ejecutarse, pues la demandante no puede influir en los precios de sus servicios mayoristas.
      
      248    Finalmente, la demandante añade en su réplica que el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada también está
         viciado, ya que la Comisión afirma en él que la demandante ha infringido el artículo 82 CE al percibir tarifas no equitativas.
         Pues bien, la demandante carece de todo margen de maniobra en la percepción de estas tarifas (véase el apartado 73 supra).
      249    La Comisión solicita que se desestime este motivo. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      250    Debe recordarse que el artículo 1 de la Decisión impugnada declara que la demandante «ha infringido […] la letra a) del artículo
         82 del Tratado CE al aplicar a sus competidores y clientes finales unas tarifas mensuales y fijas no equitativas para el acceso
         a la red local, perjudicando con ello de manera considerable la competencia en el mercado del acceso a la red local». 
      
      251    A diferencia de lo que sostiene la demandante, el artículo 1 de la Decisión impugnada no establece que tanto las tarifas por
         los servicios mayoristas como los precios minoristas de la demandante deben considerarse no equitativos.
      
      252    En efecto, la parte dispositiva de la Decisión impugnada debe interpretarse a la vista de sus fundamentos (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
         Gebied y Technische Unie/Comisión, T‑5/00 y T‑6/00, Rec. p. II‑5761, apartado 374). Así, resulta claramente que «el abuso
         cometido por [la demandante] consiste en la imposición de precios no equitativos en forma de compresión de márgenes en detrimento
         de sus competidores» (Decisión impugnada, considerando 201). El abuso consiste «en la compresión de los márgenes entre los
         precios mayoristas y minoristas al establecer una relación inadecuada entre las tarifas mayoristas y minoristas de acceso
         a la red local» (Decisión impugnada, considerando 57) y se manifiesta «en forma de precios no equitativos» (Decisión impugnada,
         considerando 163).
      
      253    De lo anterior se deduce que el artículo 1 de la Decisión impugnada, interpretado a la vista de sus fundamentos, debe entenderse
         en el sentido de que cuando la Comisión califica de no equitativos los precios de la puesta en servicio y del abono mensual
         por el acceso al bucle local, se refiere a la relación existente entre los precios de los servicios mayoristas y los precios
         minoristas de la demandante. Por tanto, no existe contradicción alguna entre los fundamentos de la Decisión impugnada y su
         parte dispositiva. 
      
      254    A la vista de las consideraciones anteriores, la orden conminatoria del artículo 2 de la Decisión impugnada tampoco adolece
         de ilegalidad. En efecto, aunque la demandante no podía influir en los precios de los servicios mayoristas, disponía, en todo
         caso, de un margen de maniobra para aumentar sus precios minoristas por los servicios de acceso ADSL (véanse los apartados
         141 a 151 supra).
      255    Finalmente, la distinción que la demandante establece por primera vez en su réplica entre percepción y fijación de las tarifas
         debe rechazarse por inadmisible, de acuerdo con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
         Primera Instancia. 
      
      256    De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el segundo motivo. 
      
      C.      Sobre el tercer motivo, basado en desviación de poder y en la violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica
            y protección de la confianza legítima
      1.      Alegaciones de las partes
      257    La demandante alega que la Comisión, al interferir en las competencias de la RegTP, incurrió en desviación de poder y violó
         los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y protección de la confianza legítima. 
      
      258    Recuerda que, según el Derecho comunitario, la responsabilidad principal del control de las tarifas de las telecomunicaciones
         incumbe a las autoridades nacionales, como la RegTP. Se refiere a este respecto a los considerandos de la Directiva 90/388/CEE
         de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192,
         p. 10), al artículo 17 de la Directiva 98/10, al artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 2887/2000, al artículo 13, apartado
         1, de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes
         de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (DO L 108, p. 7), a los puntos 19 y 22 de la Comunicación
         de la Comisión, de 22 de agosto de 1998, sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector
         de las telecomunicaciones, titulada «Marco jurídico, mercados de referencia y principios», y a las páginas 61 y siguientes
         de la Comunicación de la Comisión titulada «sobre el acceso desglosado al bucle local: prestación competitiva de una amplia
         gama de servicios de comunicación electrónica, incluidos los multimedios de banda ancha y la Internet de alta velocidad» (DO
         2000, C 272, p. 55). En este contexto, las autoridades reguladoras nacionales están obligadas a tener en cuenta los objetivos
         del Derecho comunitario, entre ellos el del artículo 82 CE. De ello se deduce, según la demandante, que si la Comisión consideraba
         que las decisiones de la RegTP en materia de tarifas vulneraban el Derecho comunitario, debería haber incoado un procedimiento
         por incumplimiento contra Alemania.
      
      259    La demandante sostiene además que la RegTP, tanto en la regulación de los índices de los precios máximos para los precios
         minoristas como en la fijación de los precios de los servicios mayoristas, analizó si entre los precios de los servicios mayoristas
         y los precios minoristas existía una compresión de márgenes que pudiera obstaculizar de modo efectivo la competencia. Concluyó
         que no existía tal compresión de márgenes. La demandante se refiere a este respecto a las Decisiones de la RegTP de 8 de febrero
         de 1999, 23 de diciembre de 1999, 30 de marzo de 2001, 21 de diciembre de 2001, 11 de abril de 2002 y en particular a la de
         29 de abril de 2003. Las Decisiones de la RegTP habían creado una confianza legítima digna de protección en la demandante
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 1983, Deutsche Milchkontor y otros, 205/82 a 215/82, Rec. p. 2633,
         apartados 30 y 31).
      
      260    La RegTP, en su política tarifaria, había optado por un reajuste suave entre tarifas de conexiones y de llamadas telefónicas
         (Decisiones de la RegTP de 21 de diciembre de 2001 y de 11 de abril de 2002). La demandante explica que, por motivos de política
         social, la Deutsche Bundespost aplicaba a las conexiones tarifas reducidas y, por tanto, ventajosas para sus abonados, y mediante
         una subvención cruzada compensaba las pérdidas que éstas ocasionaban con los ingresos procedentes de las tarifas por llamadas
         telefónicas, fijadas a un nivel elevado. De este modo, el BMPT y, a continuación, la RegTP, mediante las Decisiones de 9 de
         diciembre de 1997 y de 23 de diciembre de 1999, en el marco del procedimiento de precios máximos, en un primer momento agruparon
         las tarifas por conexiones y llamadas telefónicas en una cesta una para las empresas y otra para los particulares. Los índices
         de precios así fijados estuvieron vigentes hasta 2001. En un segundo momento, mediante su Resolución de precios máximos de
         21 de diciembre de 2001, la propia RegTP organizó directamente la reestructuración tarifaria progresiva programada. Separó
         la cesta para las conexiones de las de las llamadas telefónicas y fijó índices de precios para cuatro cestas de servicios
         distintas (véase el apartado 20 supra). Sin embargo, de la propia Resolución de la RegTP de 21 de diciembre de 2001 se desprende que ésta se negó deliberadamente
         a implantar una regulación en la que las tarifas de las conexiones se fijaran únicamente en función de los costes.
      
      261    Así, la RegTP es la única responsable de la compresión de márgenes declarada por la Comisión. En efecto, la supuesta compresión
         de márgenes es consecuencia directa de las decisiones reguladoras de la RegTP y, anteriormente, del BMPT, así como del enfoque
         normativo que las sustenta. La Comisión no puede declarar que la demandante ha infringido el artículo 82 CE, cuando simplemente
         ha acatado las decisiones con fuerza vinculante de la RegTP, que habían creado una confianza legítima en la demandante. Mediante
         la Decisión impugnada, la Comisión somete las tarifas aplicadas por la demandante a una doble regulación, violando con ello
         el principio de proporcionalidad, así como la seguridad jurídica, garantizada por la atribución de competencias que lleva
         a cabo el Derecho comunitario en materia de tarifas en el sector de las telecomunicaciones. Por otra parte, la Comisión, mediante
         la adopción de la Decisión impugnada, intenta corregir el ejercicio por las autoridades alemanas de las competencias que les
         son propias en materia de regulación, cuando para ello debería haber incoado un procedimiento por incumplimiento. Con esta
         actuación, la Comisión incurrió en desviación de poder. 
      
      262    La Comisión y las partes coadyuvantes I y II solicitan que se desestime el presente motivo.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      263    En primer lugar, por lo que respecta al argumento de la demandante de que la Comisión somete las tarifas practicadas por la
         demandante a una doble regulación, violando de este modo los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, debe
         declararse que el marco jurídico comunitario al que se refiere la demandante en el apartado 258 supra no afecta en absoluto a la competencia atribuida directamente a la Comisión por el artículo 3, apartado 1, del Reglamento
         nº 17 y, desde el 1 de mayo de 2004, por el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre
         de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1,
         p. 1), para declarar las infracciones de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      264    Pues bien, ya se ha establecido que la demandante disponía, por una parte, entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre
         de 2001, de un margen de maniobra suficiente para eliminar la compresión de márgenes declarada en la Decisión impugnada, y
         por otra parte, a partir del 1 de enero de 2002, de un margen de maniobra suficiente para reducir dicha compresión de márgenes
         (véanse los apartados 97 a 151 supra). Por tanto, su comportamiento entra en el ámbito de aplicación del artículo 82 CE.
      
      265    Aunque no puede descartarse que las autoridades alemanas también hayan infringido el Derecho comunitario –y, en particular,
         lo dispuesto por la Directiva 90/388 en su versión modificada por la Directiva 96/19– al optar por un reajuste progresivo
         entre tarifas de conexiones y de llamadas telefónicas, dicha infracción, si se demostrase, no eliminaría el margen de maniobra
         del que la demandante ha dispuesto efectivamente para reducir la compresión de márgenes. 
      
      266    Por tanto, el primer argumento no puede acogerse.
      
      267    En segundo lugar, en cuanto al argumento basado en la protección de la confianza legítima, debe recordarse que la RegTP, en
         varias decisiones adoptadas durante el período contemplado por la Decisión impugnada, sí examinó la cuestión de la existencia
         de compresión de márgenes originada por las tarifas de la demandante. Sin embargo, en sus decisiones, la RegTP, tras haber
         constatado el margen negativo entre los precios de los servicios mayoristas y los precios minoristas de la demandante, en
         todas las ocasiones consideró que el recurso a la subvención cruzada entre los servicios de acceso y de llamadas telefónicas
         debía permitir a los demás operadores ofrecer precios competitivos a sus abonados (véanse los apartados 115 a 119 supra).
      
      268    Debe señalarse que las Decisiones de la RegTP no contienen referencia alguna al artículo 82 CE (véase el apartado 114 supra). Además, las afirmaciones de la RegTP de que «el estrecho margen entre el precio minorista y los precios por los servicios
         mayoristas no perjudica a los competidores en sus posibilidades de competir en la red local hasta el extremo de hacer económicamente
         inviable su entrada en el mercado, ni tampoco su pervivencia en el mercado» (Resolución de la RegTP de 29 de abril de 2003)
         no descartan que las prácticas tarifarias de la demandante puedan falsear la competencia en el sentido del artículo 82 CE.
         En cambio, de las Decisiones de la RegTP se desprende de modo implícito pero necesario que las prácticas tarifarias de la
         demandante tienen un efecto contrario a la competencia, puesto que los competidores de la demandante deben recurrir a una
         subvención cruzada para poder seguir siendo competitivos en el mercado de los servicios de acceso (véanse los apartados 119
         y 238 supra).
      
      269    En estas circunstancias, las Decisiones de la RegTP no podían crear en la demandante la confianza legítima de que sus prácticas
         tarifarias no infringían el artículo 82 CE. Procede añadir que el Bundesgerichtshof, en su sentencia de 10 de febrero de 2004,
         por la que se anula la sentencia del Oberlandesgericht Dusseldorf de 16 de enero de 2002, confirmó que «el procedimiento administrativo
         de examen [por la RegTP] no excluye la posibilidad de que una empresa presente una tarifa con la que abusa de su posición
         dominante y obtenga su autorización porque el abuso no se descubre en el procedimiento de examen».
      
      270    En tercer lugar, por lo que respecta al argumento de la demandante de que la Comisión incurrió en desviación de poder, debe
         recordarse que un acto sólo adolece de desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de
         que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados
         (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2004, Ramondín y otros/Comisión, C‑186/02 P y C‑188/02 P,
         Rec. p. I‑10653, apartado 44, y jurisprudencia allí citada).
      
      271    En la Decisión impugnada la Comisión sólo contempla las prácticas tarifarias de la demandante y no las Decisiones de las autoridades
         alemanas. Aun cuando la RegTp hubiese infringido una norma comunitaria y la Comisión hubiera podido incoar por ello un procedimiento
         por incumplimiento contra la República Federal de Alemania, ello no podría afectar en absoluto a la legalidad de la Decisión
         impugnada. En efecto, en esta Decisión la Comisión se limita a declarar que la demandante ha infringido el artículo 82 CE,
         disposición que no incumbe a los Estados miembros, sino únicamente a los agentes económicos. Por tanto, la Comisión no incurrió
         en desviación de poder al realizar esta declaración sobre la base del artículo 82 CE.
      
      272    Por tanto, tampoco puede acogerse el último motivo. 
      
      II.    Sobre la pretensión subsidiaria de que se reduzca la multa impuesta
      273    La demandante formula seis motivos en apoyo de su pretensión subsidiaria. El primero se basa en la vulneración del derecho
         de defensa y el segundo en la infracción del artículo 253 CE. El tercer motivo se basa en la inexistencia de negligencia o
         falta intencionada por parte de la demandante y el cuarto en no haber tenido en cuenta suficientemente la regulación tarifaria
         en el cálculo del importe de la multa. El quinto motivo refiere al cálculo de la duración de la infracción y el sexto a no
         haber tenido en cuenta circunstancias atenuantes.
      
      A.      Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa
      1.      Alegaciones de las partes
      274    La demandante alega que la Comisión infringió el artículo 19, apartado 1, del Reglamento nº 17, relativo a los derechos de
         defensa, al no realizar, en el pliego de cargos de 2 de mayo de 2003 y en su escrito complementario de 21 de febrero de 2003,
         un análisis fáctico y jurídico de si la supuesta infracción había sido cometida «deliberadamente o por negligencia» (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825,
         apartado 21; auto del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, apartado
         53; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, HFB y otros/Comisión, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, apartado 311).
         En efecto, para poder defenderse adecuadamente, la demandante debería haber sido informada, durante el procedimiento administrativo,
         de los hechos por los que la Comisión le reprochaba tal falta o negligencia. 
      
      275    La Comisión solicita que se desestime este motivo. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      276    En primer lugar, debe recordarse que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 determina, en su primer párrafo, los
         presupuestos que han de darse para que la Comisión pueda imponer multas (presupuestos de la imposición de multas); entre estos
         presupuestos figura el relativo al carácter deliberado o por negligencia de la infracción comprobada (auto SPO y otros/Comisión,
         citado en el apartado 274 supra, apartado 53).
      
      277    Debe recordarse además que la Comisión está obligada a exponer, en el pliego de cargos, una breve apreciación provisional
         sobre la duración de la infracción que se imputa, sobre su gravedad y sobre la cuestión de si la infracción se cometió deliberadamente
         o por negligencia en las circunstancias del asunto de que se trate. No obstante, para determinar si esta apreciación provisional,
         destinada a permitir que los destinatarios del pliego de cargos puedan defenderse, es o no adecuada, deberá tenerse en cuenta,
         no sólo su tenor literal, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que
         se trate (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Corus UK/Comisión, T‑48/00, Rec. p. II‑2325,
         apartado 146).
      
      278    Debe señalarse que, en el pliego de cargos (apartados 95 a 140), la Comisión informó a la demandante de que consideraba que
         sus tarifas, y, en particular, la compresión de márgenes resultante de la diferencia negativa, o insuficiente, entre los precios
         de sus servicios mayoristas y sus precios minoristas, infringían el artículo 82 CE. En el pliego de cargos (apartados 141
         a 152) la Comisión examinó además el margen de maniobra de que disponía la demandante para fijar sus tarifas, abordando así
         la cuestión de la culpabilidad de la demandante respecto de los comportamientos criticados. 
      
      279    En estas circunstancias, debe declararse que las informaciones incluidas en el pliego de cargos sobre los presupuestos de
         la imposición de multas establecidos en el artículo 15, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento nº 17 eran suficientemente
         precisas. Por otra parte, dado que las infracciones cometidas por negligencia no son, desde el punto de vista de la competencia,
         menos graves que las infracciones cometidas deliberadamente (auto SPO y otros/Comisión, citado en el apartado 274 supra, apartado 55), la demandante no podía exigir indicaciones más precisas sobre su culpabilidad para poder ejercer válidamente
         sus derechos de defensa. 
      
      280    En todo caso, debe declararse que la demandante sí ha ejercitado sus derechos de defensa en este ámbito ya que, en su respuesta
         al pliego de cargos, niega su culpabilidad amparándose en la regulación nacional de sus tarifas. 
      
      281    Por tanto, el primer motivo debe rechazarse.
      
      B.      Sobre el segundo motivo, basado en una infracción del artículo 253 CE
      1.      Alegaciones de las partes
      282    La demandante recuerda que la Decisión impugnada debe exponer los motivos por los que la Comisión considera que se cumplen
         los requisitos necesarios para imponer una multa (sentencia Remia y otros/Comisión, citada en el apartado 185 supra, apartado 26; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1992, La Cinq/Comisión, T‑44/90, Rec. p. II‑1,
         apartado 43, y de 29 de junio de 1993, Asia Motor France y otros/Comisión, T‑7/92, Rec. p. II‑669, apartado 30). La Decisión
         impugnada, que no contiene motivo alguno relativo a la negligencia de la demandante o al carácter intencionado de la infracción,
         vulnera el artículo 253 CE, de manera que la multa debe anularse.
      
      283    La Comisión solicita que se desestime este motivo.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      284    Debe recordarse, con carácter preliminar, que la obligación de motivación establecida en el artículo 253 CE constituye una
         formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito
         de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde esta perspectiva, la motivación exigida por el artículo 253 CE
         debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la
         institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano
         jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión,
         C‑17/99, Rec. p. I‑2481, apartado 35).
      
      285    No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión
         de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor
         literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate
         (sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, citada en el apartado 284 supra, apartado 36, y de 19 de septiembre de 2002, España/Comisión, C‑113/00, Rec. p. I‑7601, apartado 48).
      
      286    Por una parte, debe reconocerse que la Decisión impugnada (segundo visto) contiene una referencia al artículo 15, apartado
         2, del Reglamento nº 17. Esta disposición establece, en su párrafo primero, los presupuestos que han de darse para que la
         Comisión pueda imponer multas (presupuestos de la imposición de multas). Entre estos presupuestos figura el relativo al carácter
         deliberado o por negligencia de la infracción (auto SPO y otros/Comisión, citado en el apartado 274 supra, apartado 53).
      
      287    Por otra parte, la Comisión expone detalladamente en los considerandos 102 a 162 y 176 a 183 de la Decisión impugnada los
         motivos por los que estima que las prácticas tarifarias de la demandante son abusivas en el sentido del artículo 82 CE y,
         en los considerandos 163 a 175, los motivos por los que la demandante debe ser considerada responsable de la infracción declarada,
         aun cuando sus tarifas tengan que ser aprobadas por las autoridades alemanas.
      
      288    En estas circunstancias, debe considerarse que la Decisión impugnada está suficientemente motivada por lo que respecta a la
         aplicación al caso de autos de los presupuestos para la imposición de multas establecidos en el artículo 15, apartado 2, párrafo
         primero, del Reglamento nº 17.
      
      289    Por tanto, también este motivo debe desestimarse.
      
      C.      Sobre el tercer motivo, basado en la inexistencia de negligencia o falta intencionada por parte de la demandante
      1.      Alegaciones de las partes 
      290    La demandante sostiene que no incurrió en negligencia ni en falta intencionada. 
      
      291    En primer lugar, recuerda que todas sus tarifas por los servicios mayoristas y sus tarifas minoristas fueron objeto de decisiones
         de autorización por el BMPT y posteriormente por la RegTP. Así, la demandante pudo presumir legítimamente la legalidad de
         estas tarifas. Señala que la RegTP es un organismo del Estado neutral e independiente. Incumbe a la RegTP, y no a la demandante,
         verificar si los precios de los servicios mayoristas y los precios minoristas son conformes con el artículo 82 CE. Además,
         el Oberlandesgericht Düsseldorf, en su sentencia de 16 de enero de 2002, declaró que la responsabilidad por las tarifas fijadas
         por la RegTP no era imputable a la demandante.
      
      292    En segundo lugar, agentes de la Comisión informaron a la demandante, en una reunión de 17 de abril de 2000, de que no se emprendería
         procedimiento alguno en su contra, puesto que la Comisión había incoado un procedimiento por incumplimiento contra la República
         Federal de Alemania. Añade que la Comisión no llevó a cabo ninguna medida de instrucción entre enero de 2000 y junio de 2001,
         es decir, durante aproximadamente un año y medio. La demandante pudo deducir legítimamente de este comportamiento de la Comisión
         que ésta en ningún caso tenía base suficiente para reprocharle un abuso de posición dominante en el período comprendido entre
         enero de 2000 y junio de 2001. En su réplica, la demandante añade que de la incoación del procedimiento por incumplimiento,
         de la suspensión del procedimiento por abuso y de las explicaciones ofrecidas por la Comisión en la reunión de 17 de abril
         de 2000 dedujo que ésta había desistido de la imputación relativa a la infracción del artículo 82 CE.
      
      293    En tercer lugar, la demandante alega que, a falta de jurisprudencia comunitaria y de práctica decisoria de la Comisión en
         relación con la compresión de márgenes en el ámbito de las telecomunicaciones, jamás dudó de la exactitud de la apreciación
         efectuada por la RegTP. Además, la demandante podía presumir, por la práctica administrativa de la RegTP que en numerosas
         ocasiones había examinado el problema de la compresión de márgenes, que la Comisión finalmente llegaría a la misma conclusión
         que la RegTP.
      
      294    La Comisión y la parte coadyuvante II solicitan que se desestime el presente motivo. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      295    Por lo que respecta a la cuestión de si las infracciones se cometieron deliberadamente o por negligencia y, por tanto, pueden
         sancionarse con una multa de conformidad con el párrafo primero del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17, el Tribunal
         de Justicia ha declarado que esta condición se cumple cuando la empresa de que se trata no podía ignorar que su comportamiento
         era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de competencia del Tratado (sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 1 de abril de 1993, BPB Industries y British Gypsum/Comisión, T‑65/89, Rec. p. II‑389, apartado 165,
         y de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión, T‑83/91, Rec. p. II‑755, apartado 238).
      
      296    En el caso de autos, la demandante no podía ignorar que, a pesar de las decisiones de autorización de la RegTP, disponía de
         un margen real de maniobra para fijar sus precios minoristas y, en consecuencia, para aumentarlos, reduciendo con ello la
         compresión de márgenes. La demandante tampoco podía ignorar que esta compresión de márgenes provocaba graves restricciones
         de la competencia, habida cuenta, en particular, de su posición monopolística en el mercado de los servicios mayoristas y
         de su posición cuasimonopolística en el mercado de los servicios de acceso para abonados (Decisión impugnada, considerandos
         97 a 100).
      
      297    De ello se deduce que se dan los presupuestos para que la Comisión pueda imponer multas (auto SPO y otros/Comisión, citado
         en el apartado 274 supra, apartado 53).
      
      298    Por otra parte, procede reconocer que la incoación de un procedimiento administrativo previo contra la República Federal de
         Alemania en nada afecta a los presupuestos de la imposición de multas del artículo 15, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento
         nº 17. En efecto, la demandante no podía ignorar, por una parte, que disponía de un margen real de maniobra para aumentar
         sus precios minoristas y, por otra parte, que sus prácticas tarifarias obstaculizaban el desarrollo de la competencia en el
         mercado de los servicios de acceso al bucle local, en el que ya había disminuido el grado de competencia, en particular debido
         a su presencia (véase, en este sentido, la sentencia Hoffmann-La Roche/Comisión, citada en el apartado 226 supra, apartado 91).
      
      299    Finalmente, el argumento basado en el examen de la compresión de márgenes por la RegTP debe rechazarse por las razones expuestas
         en los apartados 267 a 269 supra.
      
      300    Por tanto, el tercer motivo también debe desestimarse.
      
      D.      Sobre los motivos cuarto y quinto, basados, respectivamente, en no haber tomado suficientemente en consideración la regulación
            tarifaria en el cálculo del importe de la multa y en no haber tomado suficientemente en consideración las circunstancias atenuantes
      1.      Alegaciones de las partes
      301    La demandante alega que la Comisión no podía calificar de grave la supuesta infracción. La contribución de la demandante a
         la infracción fue escasa, puesto que las tarifas controvertidas habían sido fijadas por la RegTP. Por tanto, de acuerdo con
         las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
         y del apartado 5 del artículo 65 CA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices»), la infracción podía, como máximo,
         calificarse de leve. La demandante señala que la RegTP, en su Resolución de 19 de diciembre de 2002, incluso le había denegado
         una solicitud para aumentar sus tarifas minoristas por encima del precio máximo, aun cuando la demandante, para apoyar su
         solicitud y justificar que superara el precio máximo, se había amparado en el procedimiento incoado por la Comisión. 
      
      302    Por tanto, la reducción del importe básico de la multa en un 10 %, concedida en atención a la regulación de las tarifas por
         la RegTP, es insuficiente. Las decisiones de la RegTP permitían albergar una «duda razonable en cuanto al carácter ilícito»
         del comportamiento de la demandante, en el sentido de las Directrices antes mencionadas. La demandante se refiere, además,
         a la Decisión 2001/892/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2001, relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo
         82 del Tratado CE (COMP/C‑1/36.915 – Deutsche Post AG – Retención de correo transfronterizo) (DO L 331, p. 40; en lo sucesivo,
         «Decisión Deutsche Post»), en la que la Comisión impuso una multa meramente simbólica, habida cuenta de que la sociedad en
         cuestión actuó de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales alemanes y de que no existía jurisprudencia comunitaria
         sobre los servicios de correo transfronterizo.
      
      303    La Comisión también debería haber tenido en cuenta, al fijar el importe de la multa, otras circunstancias atenuantes, a saber,
         por una parte, la inexistencia de una restricción grave de la competencia y, por otra parte, la función social que cumplían
         las tarifas minoristas poco elevadas de la demandante. 
      
      304    En su réplica, la demandante llama la atención sobre la sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf de 16 de enero de 2002.
         Destaca que dicho órgano jurisdiccional ha declarado que el cobro de las tarifas fijadas por la RegTP no puede constituir
         un abuso de posición dominante de la demandante y que la mera presentación de una solicitud tarifaria por la demandante no
         basta para imputarle una infracción del Derecho de la competencia. Según el citado órgano jurisdiccional, la demandante no
         estaba obligada, con arreglo al Derecho de la competencia, a presentar otras solicitudes. A lo sumo se le podría haber impuesto
         una multa simbólica, habida cuenta de que las tarifas no sólo se ajustaban parcialmente a la jurisprudencia de los tribunales
         alemanes (Decisión Deutsche Post, considerando 193), sino que además la RegTP las había fijado de modo vinculante. 
      
      305    La Comisión y la parte coadyuvante II solicitan que se desestime este motivo.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      306    En los considerandos 206 y 207 de la Decisión impugnada, la Comisión calificó la infracción de grave, y no de muy grave, respecto
         del período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001, ya que, por una parte, el método de cálculo
         de la compresión de márgenes basado en el enfoque ponderado era nuevo y todavía no había sido objeto de decisión formal y,
         por otra parte, la demandante había continuado reduciendo la compresión de márgenes, al menos a partir de 1999.
      
      307    En cuanto al período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y mayo de 2003, la Comisión consideró que la infracción era leve
         (Decisión impugnada, considerando 207), ya que «la posibilidad jurídica de que dispone [la demandante] para eliminar al menos
         parcialmente la compresión de márgenes se [veía] limitada al aumento de las tarifas T‑DSL» (Decisión impugnada, considerando
         206). Además, en ese mismo período, renunció a cualquier incremento de la multa por razón de la duración de la infracción,
         «habida cuenta de las restricciones reglamentarias del margen de maniobra de [la demandante] para realizar modificaciones
         tarifarias» (Decisión impugnada, considerando 211).
      
      308    En el considerando 212 de la Decisión impugnada, la Comisión reconoció como circunstancia atenuante el hecho de que «las tarifas
         minoristas y mayoristas [de la demandante] consideradas en el presente procedimiento son tarifas que desde comienzos de 1998
         eran objeto de una regulación sectorial a nivel nacional y que siguen siéndolo en la actualidad».
      
      309    Basándose en las consideraciones anteriores, la Comisión impuso a la demandante, en el artículo 3 de la Decisión impugnada,
         una multa de 12,6 millones de euros. Fijó el importe de la multa aplicando el método de cálculo que había establecido en las
         Directrices. Así, de acuerdo con el punto 1 A, párrafo segundo, de las Directrices, la multa correspondiente a la gravedad
         de la infracción se fija en 10 millones de euros (Decisión impugnada, considerando 207). En aplicación del punto 1 B, párrafo
         primero, de las Directrices, este importe se incrementó en un 40 % en atención a la duración de la infracción por el período
         que va del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2001, lo que da como resultado un importe de base de 14 millones de euros
         (Decisión impugnada, considerando 211). Este importe se redujo a continuación en un 10 % en atención a circunstancias atenuantes,
         de acuerdo con el punto 3 de las Directrices.
      
      310    Debe declararse que, en contra de lo que sostiene la demandante, la Comisión pudo calificar de grave la infracción por el
         período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001 (Decisión impugnada, considerando 207). En efecto,
         las prácticas tarifarias criticadas refuerzan las barreras de entrada en mercados recientemente liberalizados, poniendo así
         en peligro el buen funcionamiento del mercado común. A este respecto, cabe recordar que las Directrices (punto 1 A, párrafo
         segundo) califican los comportamientos de exclusión de una empresa en posición dominante de infracción grave, e incluso de
         infracción muy grave, cuando los comete una empresa en situación de cuasimonopolio.
      
      311    Por lo que respecta a la intervención de la RegTP en la fijación de las tarifas de la demandante, debe recordarse que, en
         la determinación del alcance de la sanción, el comportamiento de la empresa implicada puede apreciarse teniendo en cuenta
         la circunstancia atenuante que constituía el marco jurídico nacional (véanse, en este sentido, las sentencias Suiker Unie
         y otros/Comisión, citada en el apartado 89 supra, apartado 620, y CIF, citada en el apartado 86 supra, apartado 57).
      
      312    La Comisión explicó en la vista que la reducción de la multa en un 10 %, concedida en atención al hecho de que «las tarifas
         minoristas y mayoristas [de la demandante] […] eran objeto de una regulación sectorial a nivel nacional» (Decisión impugnada,
         apartado 212) obedece a la intervención de la RegTP en la fijación de los precios de la demandante y al hecho de que esta
         autoridad nacional había examinado en varias ocasiones durante el período contemplado por la Decisión impugnada si existía
         una compresión de márgenes derivada de las prácticas tarifarias de la demandante.
      
      313    Habida cuenta del margen de que dispone la Comisión para determinar el importe de la multa (sentencias del Tribunal de Primera
         Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, apartado 59, y de 26 de abril de 2007, Bolloré
         y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II‑0000,
         apartado 580), debe considerarse que la Comisión, al reducir el importe de base de la multa en un 10 %, ha tomado en consideración
         debidamente los elementos mencionados en el apartado anterior.
      
      314    En cuanto a la supuesta función social desempeñada por la demandante, procede recordar que, según el artículo 86 CE, apartado
         2, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas del Tratado,
         en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho,
         el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. Incluso suponiendo que a la demandante se le haya encomendado una
         misión de gestión de servicios de interés económico general en el sentido de dicha disposición, la demandante no demuestra
         en absoluto que las prácticas tarifarias denunciadas en la Decisión impugnada sean necesarias para cumplir esta misión. Por
         tanto, no puede acogerse este argumento.
      
      315    La demandante invoca de nuevo la Decisión Deutsche Post y sostiene que la Comisión debería haberle impuesto una multa simbólica,
         al igual que a la empresa en posición dominante en aquella Decisión.
      
      316    A este respecto, procede recordar en primer lugar que, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que la Comisión haya impuesto
         en el pasado multas de determinado nivel por ciertos tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de aumentar
         dicho nivel, dentro de los límites indicados en el Reglamento nº 17, si ello resulta necesario para garantizar la aplicación
         de la política comunitaria de competencia. La aplicación eficaz de las normas comunitarias sobre la competencia exige, en
         efecto, que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de esta política (véase la
         sentencia Bolloré y otros/Comisión, citada en el apartado 313 supra, apartado 376, y jurisprudencia allí citada).
      
      317    Además, procede señalar que la situación de la demandante difiere sustancialmente de la situación de la empresa destinataria
         de la Decisión Deutsche Post.
      
      318    En efecto, de los considerandos 192 y 193 de la Decisión Deutsche Post, que tiene por objeto un abuso en el tratamiento del
         correo transfronterizo, se deduce que la Comisión consideró adecuado limitarse a imponer una multa simbólica a la empresa
         destinataria de dicha Decisión por tres motivos: en primer lugar, la empresa de que se trata se comportó de acuerdo con la
         jurisprudencia de los tribunales alemanes; en segundo lugar, no existía jurisprudencia comunitaria específica sobre los servicios
         de correo transfronterizo contemplados y, en tercer lugar, la empresa de que se trata se había comprometido a establecer un
         procedimiento para gestionar el correo transfronterizo entrante de forma que se evitasen dificultades de orden práctico y,
         en su caso, se facilitase la detección de las infracciones a la libre competencia que pudieran producirse.
      
      319    En el caso de autos, en primer lugar, debe señalarse que la única sentencia de un órgano jurisdiccional alemán a la que la
         demandante hace referencia es la sentencia del Oberlandesgericht Düsseldorf, dictada el 16 de enero de 2002, es decir, durante
         el período en el que la Decisión impugnada califica la infracción de leve (considerando 207). En todo caso, esta sentencia
         fue anulada por la sentencia del Bundesgerichtshof de 10 de febrero de 2004. En segundo lugar, de la Decisión impugnada (considerandos
         106 y 206) se deduce que la Comisión aplicó los mismos principios que sustentan la Decisión Napier Brown/British Sugar de
         1988. Pues bien, la Comisión ya había anunciado, en su Comunicación de 22 de agosto de 1998 sobre la aplicación de las normas
         de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las telecomunicaciones – Marco jurídico, mercados de referencia y
         principios (puntos 117 a 119), que pretendía aplicar los principios de la Decisión Napier Brown/British Sugar al sector de
         las telecomunicaciones. El único elemento nuevo de la Decisión impugnada es el «[criterio ponderado que] se ha tenido que
         aplicar [ya que] […] en Alemania se ha fijado una sola tarifa mayorista para el acceso desagregado al bucle local mientras
         que las tarifas para los correspondientes servicios minoristas varían según se trate de una línea analógica, ISDN o ADSL»
         (Decisión impugnada, considerando 206). Sin embargo, la Comisión tomó en consideración la novedad de este criterio al calificar
         la infracción de grave y no de muy grave, por el período comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001
         (Decisión impugnada, considerando 206). En tercer y último lugar, la demandante no adoptó en este asunto ningún compromiso
         para evitar cualquier otra infracción en el futuro.
      
      320    Por tanto, al no cumplirse en el caso de autos los tres criterios enunciados en la Decisión Deutsche Post, no puede acogerse
         el argumento basado en la solución dada por dicha Decisión.
      
      321    De las consideraciones anteriores se deduce que este motivo debe desestimarse.
      
      E.      Sobre el quinto motivo, basado en la apreciación errónea de la duración de la infracción
      1.      Alegaciones de las partes
      322    La demandante recuerda que la Comisión incrementó el importe de la multa por razón de la supuesta gravedad de la infracción
         durante el período comprendido entre 1998 a 2001. Sin embargo, la propia Comisión reconoce en la Decisión impugnada (considerando 208)
         que la demandante no tuvo conocimiento de la estructura abusiva de sus tarifas hasta 1999.
      
      323    La demandante sostiene que en la reunión de 17 de abril de 2000 los agentes de la Comisión le informaron de que se iba a incoar
         un procedimiento por incumplimiento contra la República Federal de Alemania. Por razón de esta información y de la larga duración
         del procedimiento administrativo, la propia Comisión reforzó la convicción de la demandante de que sus tarifas no eran contrarias
         al artículo 82 CE, contribuyendo así a la prolongación de la infracción. Por tanto, esta duración no debería tomarse en consideración
         en su totalidad para fijar el importe de la multa (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 1974, Istituto Chemioterapico
         Italiano y Commercial Solvents/Comisión, 6/73 y 7/73, Rec. p. 223, apartado 51).
      
      324    La Comisión solicita que se desestime este motivo.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      325    En la medida en que, en el marco del presente motivo, la demandante cuestiona el cálculo de la duración de la infracción,
         procede señalar que, en el marco de sus pretensiones subsidiarias, la demandante no sólo solicita la reducción de la multa,
         sino también la anulación parcial del artículo 1 de la Decisión impugnada (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartados 210 a 214).
      
      326    Por lo que respecta a la apreciación del fundamento de este motivo, debe recordarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión
         se refiere a las denuncias presentadas por los competidores de la demandante en 1999. Por tanto, según la Comisión, desde
         ese momento la demandante «tenía conocimiento de que se la acusaba de aplicar una estructura tarifaria presuntamente abusiva
         para el acceso a la red local» (Decisión impugnada, considerando 208).
      
      327    El hecho de que hasta 1999 la demandante no tuviera conocimiento de que se la acusaba de abusar de su posición dominante carece
         de incidencia sobre el carácter infractor de su comportamiento desde el 1 de enero de 1998. En efecto, el concepto de explotación
         abusiva en el sentido del artículo 82 CE es un concepto objetivo (sentencias Hoffmann-La Roche/Comisión, citada en el apartado
         226 supra, apartado 91; AKZO/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartado 69, y auto Piau/Comisión, citado en el apartado 233 supra, apartado 37; sentencia Irish Sugar/Comisión, citada en el apartado 122 supra, apartado 111). Por tanto, el conocimiento subjetivo del carácter abusivo de su comportamiento por parte de la empresa en
         posición dominante no constituye un requisito para la aplicación del artículo 82 CE.
      
      328    Por tanto, el primer argumento debe rechazarse.
      
      329    Tampoco puede acogerse el argumento de la demandante de que la multa sería inferior si la Decisión se hubiera adoptado con
         anterioridad. En efecto, se trata de un argumento puramente hipotético. Por otra parte, cabe señalar que de la Decisión impugnada
         (considerando 211) se desprende que la Comisión consideró que la multa no debía incrementarse por el período comprendido entre
         el 1 de enero de 2002 y mayo de 2003.
      
      330    Así pues, tampoco puede acogerse el segundo argumento y, en consecuencia, el último motivo debe desestimarse en su totalidad.
         Por tanto, debe desestimarse el recurso.
      
       Costas
      331    En virtud del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos invocados por la demandante, procede condenarla
         a soportar, además de sus propias costas, las costas en que haya incurrido la Comisión, tal como ésta solicitó.
      
      332    Con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, las partes coadyuvantes soportarán
         sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta ampliada)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Deutsche Telekom AG cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.
      3)      Arcor AG & Co. KG, por una parte, y Versatel NRW GmbH, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord-Deutschland
            GmbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd-Deutschland GmbH y Versatel West‑Deutschland GmbH, por
            otra parte, cargarán con sus propias costas. 
      
               Vilaras 
            
            
                Martins Ribeiro 
            
            
                Šváby 
            
         
               Jürimäe 
            
             
            
                      Wahl
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de abril de 2008.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                      M. Vilaras
            
         
      Índice
      
      Hechos que originaron el litigio
      I.     Servicios mayoristas
      II.   Servicios de acceso para abonados
      A.     Tarifas de las líneas de abonados analógicas (T‑Net) y digitales de banda estrecha  – ISDN (T‑ISDN)
      B.     Tarifas de las líneas ADSL (T‑DSL)
      Procedimiento administrativo
      Decisión impugnada
      Procedimiento
      Pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      I.     Sobre la pretensión principal de que se anule la Decisión impugnada
      A.     Sobre el primer motivo, basado en una infracción del artículo 82 CE
      1.     Sobre la primera parte, basada en la inexistencia de comportamiento abusivo de la demandante por razón de su margen de maniobra
         insuficiente para evitar la compresión de márgenes
      
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      i) Observaciones preliminares
      ii) Decisión impugnada
      iii) Sobre la inexistencia de un comportamiento abusivo por razón de un margen de maniobra insuficiente de la demandante para
         evitar la compresión de márgenes aumentando sus precios minoristas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1998
         y el 31 de diciembre de 2001
      
      iv) Sobre la inexistencia de un comportamiento abusivo por razón del margen de maniobra insuficiente de la demandante para
         reducir la compresión de márgenes aumentando sus tarifas minoristas por el acceso ADSL a partir del 1 de enero de 2002
      
      2.     Sobre la segunda parte, basada en la ilegalidad del método empleado por la Comisión para comprobar la compresión de márgenes
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      i) Sobre si la Comisión debería haber demostrado en la Decisión impugnada que los precios minoristas de la demandante eran
         abusivos en sí mismos
      
      ii) Sobre el método empleado por la Comisión para calcular la compresión de márgenes
      Decisión impugnada
      Legalidad del método utilizado por la Comisión
      – Observaciones preliminares
      – Sobre la presunta ilegalidad del método de cálculo de la compresión de márgenes basado en las tarifas y los costes de la
         empresa verticalmente integrada que ocupa una posición dominante, prescindiendo de la posición específica de los competidores
         en el mercado
      
      – Sobre el motivo basado en que la Comisión sólo tuvo en cuenta los ingresos por el conjunto de servicios de acceso, excluyendo
         los ingresos por otros servicios, en particular los procedentes de las llamadas telefónicas
      
      – Sobre la objeción basada en que en el cálculo de la compresión de márgenes se han incluido los gastos de cancelación de
         los servicios mayoristas
      
      3.     Sobre la tercera parte, basada en un supuesto error del cálculo en la comprobación de la compresión de márgenes
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      4.     Sobre la cuarta parte, basada en la falta de efectos en el mercado de la compresión de márgenes declarada
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre el segundo motivo, basado en el carácter defectuoso de la parte dispositiva de la Decisión impugnada
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre el tercer motivo, basado en desviación de poder y en la violación de los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica
         y protección de la confianza legítima
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      II.   Sobre la pretensión subsidiaria de que se reduzca la multa impuesta
      A.     Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre el segundo motivo, basado en una infracción del artículo 253 CE
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre el tercer motivo, basado en la inexistencia de negligencia o falta intencionada por parte de la demandante
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      D.     Sobre los motivos cuarto y quinto, basados, respectivamente, en no haber tomado suficientemente en consideración la regulación
         tarifaria en el cálculo del importe de la multa y en no haber tomado suficientemente en consideración las circunstancias atenuantes
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      E.     Sobre el quinto motivo, basado en la apreciación errónea de la duración de la infracción
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Costas
      * Lengua de procedimiento: alemán.
      
      1 –	Datos confidenciales ocultos.