CELEX: 62015CP0237
Language: es
Date: 2015-07-06 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 6 de julio de 2015. # Minister for Justice and Equality contra Francis Lanigan. # Petición de decisión prejudicial: High Court - Irlanda. # Procedimiento prejudicial - Procedimiento prejudicial de urgencia - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Artículo 6 - Derecho a la libertad y a la seguridad - Cooperación policial y judicial en materia penal - Decisión marco 2002/584/JAI - Orden de detención europea - Obligación de ejecutar la orden de detención europea - Artículo 12 - Mantenimiento de la persona en detención - Artículo 15 - Decisión sobre la entrega - Artículo 17 - Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución - Consecuencias de la inobservancia de los plazos. # Asunto C-237/15 PPU.

Conclusiones del abogado general
               
            
            Conclusiones del abogado general
            1. La Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (2) a la que los Estados miembros debían dar cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2003, generó rápidamente peticiones de decisión prejudicial. (3) Sin embargo, el hecho de que no todos los Estados miembros hubiesen accedido, con arreglo al artículo 35 TUE, apartado 2, en su versión anterior al Tratado de Lisboa, a abrir el mecanismo del procedimiento prejudicial a sus órganos jurisdiccionales hace que, sólo ahora, apenas concluido el período de transición establecido por el Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado FUE, se planteen por primera vez al Tribunal de Justicia cuestiones en ocasiones propias de ciertos Estados miembros.
            2. De nuevo, el Tribunal de Justicia se ve confrontado a importantes cuestiones relativas a la orden de detención europea a través de una petición de decisión prejudicial urgente. (4) Puede considerarse normal que ello sea así, puesto que la propia petición de decisión prejudicial se inscribe en el marco de un procedimiento al que el legislador de la Unión ha querido otorgar carácter de urgencia. (5) No obstante, esto no debe impedirnos dar una respuesta que se ciña lo máximo posible a las circunstancias particulares de este asunto, sino incitarnos a ello.
            3. La presente petición de decisión prejudicial, formulada por la High Court (Irlanda), pide al Tribunal de Justicia que dilucide las consecuencias que puede tener la inobservancia de los plazos, establecidos por el artículo 17 de la Decisión marco 2002 /584, dentro de los cuales un Estado miembro debe adoptar una decisión definitiva, en un sentido o en otro, sobre la ejecución de una orden de detención europea dictada por otro Estado miembro, especialmente cuando dicha orden ha conllevado la privación de libertad de la persona buscada. La High Court desea saber, en definitiva, si los órganos jurisdiccionales nacionales, llamados a aplicar hasta ahora las disposiciones de la Decisión marco 2002/584 sin el respaldo del Tribunal de Justicia, han interpretado correctamente las exigencias de dicha Decisión marco al respecto, a fin de poder actuar en consecuencia.
            I.	Marco jurídico 
            A. Derecho de la Unión 
            4. Los considerandos 1, 5, 8, 12 y 13 de la Decisión marco 2002/584 están redactados en los siguientes términos:
            «(1) Conforme a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, de los días 15 y 16 de octubre de 1999, y en particular el punto 35, conviene suprimir entre los Estados miembros el procedimiento formal de extradición para las personas que eluden la justicia después de haber sido condenadas por sentencia firme y acelerar los procedimientos de extradición relativos a las personas sospechosas de haber cometido un delito.
             […]
            (5) El objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
             […]
            (8) Las decisiones relativas a la ejecución de la orden de detención europea deben estar sujetas a controles suficientes, lo que significa que la decisión de entregar a una persona buscada tendrá que tomarla una autoridad judicial del Estado miembro en el que ha sido detenida esta persona.
             […]
            (12) La presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea […] [en lo sucesivo, «Carta»], en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en el sentido de que impide [negarse a] la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea cuando existan razones objetivas para suponer que dicha orden de detención europea ha sido dictada con fines de persecución o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones. La presente Decisión marco no impedirá a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas al respeto del derecho a un proceso equitativo, la libertad de asociación, libertad de prensa y libertad de expresión en los demás medios.
            (13) Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.»
            5. El artículo 1 de la Decisión marco 2002/584, titulado «Definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla», dispone lo siguiente:
            «1. La orden de detención europea es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
            2. Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión marco. 
            3. La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.»
            6. El artículo 5 de la Decisión marco 2002/584, que define las «garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares», establece, en su punto 3:
            «La ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, a una de las condiciones siguientes:
            […]
            3) cuando la persona que fuere objeto de la orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal fuere nacional del Estado miembro de ejecución o residiere en él, la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en éste la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor.»
            7. Los artículos 11 y 12 de la Decisión marco 2002/584 contemplan lo siguiente:
            «Artículo 11
            Derechos de la persona buscada
            1. Cuando una persona buscada sea detenida, la autoridad judicial de ejecución competente informará a dicha persona, de conformidad con su Derecho interno, de la existencia de la orden de detención europea, de su contenido, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega a la autoridad judicial emisora.
            2. Toda persona buscada que sea detenida a efectos de la ejecución de una orden de detención europea tendrá derecho a contar con la asistencia de un abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución.
            Artículo 12
            Mantenimiento de la persona en detención
            Cuando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida. La libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que la autoridad competente de dicho Estado miembro tome todas las medidas que considere necesarias para evitar la fuga de la persona buscada.»
            8. El artículo 15 de la Decisión marco 2002/584, relativo a la decisión sobre la entrega, dispone que:
            «1. La autoridad judicial de ejecución decidirá la entrega de la persona, en los plazos y condiciones definidos en la presente Decisión marco.
            2. Si la autoridad judicial de ejecución considerare que la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, solicitará urgentemente la información complementaria necesaria, especialmente en relación con los artículos 3 a 5 y el artículo 8, y podrá fijar un plazo para su recepción, teniendo en cuenta la necesidad de respetar los plazos que establece el artículo 17.
            3. La autoridad judicial emisora podrá transmitir en cualquier momento a la autoridad judicial de ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad.»
            9. El artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, que lleva por título «Plazos y procedimiento de la decisión de ejecución de la orden de detención europea», enuncia lo siguiente:
            «1. La orden de detención europea se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.
            2. En los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento.
            3. En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de sesenta días tras la detención de la persona buscada.
            4. En determinados casos, cuando la orden de detención europea no pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos en los apartados 2 y 3, la autoridad judicial de ejecución informará inmediatamente a la autoridad judicial emisora de los motivos de la demora. En ese caso, podrán prorrogarse los plazos en otros treinta días.
            5. Mientras la autoridad judicial de ejecución no haya adoptado una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, dicho Estado miembro velará por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona.
            6. Toda denegación de ejecución de la orden de detención europea deberá justificarse.
            7. Cuando, en circunstancias excepcionales, un Estado miembro no pueda cumplir los plazos previstos en el presente artículo, informará a [la agencia europea para el refuerzo de la cooperación judicial] Eurojust precisando los motivos de la demora. Además, un Estado miembro que haya sufrido de forma repetida demoras en la ejecución de órdenes de detención europeas por parte de otro Estado miembro, informará al Consejo con el objetivo de evaluar la aplicación por parte de los Estados miembros de la presente Decisión marco.»
            10. El artículo 23 de la Decisión marco 2002/584, que define los «plazo[s] de entrega de la persona» buscada, precisa que:
            «1. La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas.
            2. Será entregada a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea.
            3. Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros afectados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo que establece el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
            4. Podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención europea deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con ésta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
            5. Una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, si la persona se hallare aún detenida será puesta en libertad.»
            11. Por último, el artículo 26 de la Decisión marco 2002/584, que lleva por título «Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución», dispone lo siguiente:
            «1. El Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado miembro emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad priva tivas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea.
            2. Para ello, la autoridad judicial de ejecución o la autoridad central designada a tenor del artículo 7 remitirá a la autoridad judicial emisora, en el momento de la entrega, toda la información relativa a la duración de la privación de libertad de la persona buscada a efectos de la ejecución de la orden de detención europea.»
            B. Derecho irlandés 
            12. La Decisión marco 2002/584 fue transpuesta al Derecho irlandés por medio de la Ley sobre la orden de detención europea de 2003 (European Arrest Warrant Act 2003), (6) en su versión modificada. El artículo 13 de la EAWA 2003 establece:
            «(1) Tan pronto como sea posible después de la recepción de una orden de detención europea que se le haya transmitido de conformidad con el artículo 12, la autoridad central del Estado solicitará, o instará que se solicite, a la High Court la ratificación de la orden de detención europea o bien de una copia certificada de la misma, para proceder a la ejecución de la orden de detención europea en cuestión.
            (2) Si, tras la solicitud efectuada conforme al apartado (1), la High Court constata, en relación con la orden de detención europea, que se ha cumplido lo dispuesto en la presente Ley, podrá ratificar la orden de detención europea para su ejecución.
            (3) Si se cumple lo dispuesto en el apartado (2), la orden de detención europea podrá ser ejecutada por cualquier miembro de la Garda Síochána en cualquier parte del Estado aunque no se halle en poder del oficial de policía en el momento en que éste la ejecute. En el momento de la detención, se presentará a la persona arrestada la orden o la copia certificada de la orden, según proceda, ratificadas de conformidad con el apartado (2), y se le entregará una copia de la misma; si la orden o copia certificada, según proceda, no se hallase en ese momento en poder del oficial de policía, su presentación y su entrega se efectuarán antes de transcurridas 24 horas de la detención de la persona.
            (4) La persona detenida en virtud de una orden de detención europea será informada, en el momento de su detención, de su derecho a:
            (a) consentir en su entrega al Estado emisor en virtud del artículo 15;
            (b) obtener, o contar con, asesoramiento y representación legal profesional, y
            (c) si procede, obtener, o contar con, los servicios de un intérprete.
            (5) Tan pronto como sea posible después de su detención, la persona detenida en virtud de una orden de detención europea será llevada ante la High Court y, si ésta constata que dicha persona es la persona respecto a la cual se ha emitido la orden de detención europea, la High Court:
            (a) decretará la prisión provisional o la puesta en libertad provisional bajo fianza de la persona (a tal fin, la High Court tendrá, para decretar la prisión provisional, las mismas facultades que tendría si a la persona que comparece ante ella se le imputase un delito);
            (b) fijará una fecha a efectos del artículo 16 (que no deberá ir más allá de los 21 días después de la fecha de detención de la persona), e
            (c) informará a la persona que tiene derecho a:
            (i) consentir en su entrega al Estado emisor en virtud del artículo 15;
            (ii) obtener, o contar con, asesoramiento y representación legal profesional, y
            (iii)	si procede, obtener, o contar con, los servicios de un intérprete.»
            13. El artículo 16, apartado 1, de la EAWA 2003 dispone que:
            «Si una persona no consiente en su entrega al Estado emisor, la High Court, en la fecha fijada de conformidad con el artículo 13 o en una fecha posterior que considere adecuada, podrá dictar una resolución por la que ordene que la persona sea entregada a la persona debidamente autorizada por el Estado emisor para recibirla, siempre que:
            (a) la High Court constate que la persona que comparece ante ella es la persona respecto a la cual se ha dictado la orden de detención europea;
            (b) la orden de detención europea o una copia certificada de la misma haya sido ratificada de conformidad con el artículo 13 para proceder a la ejecución de la orden;
            […]
            (d) la High Court no esté obligada, en virtud de los artículos 21A, 22, 23 o 24 [introducidos mediante los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 (Ley de Enjuiciamiento Penal —delitos de terrorismo— de 2005)], a denegar la entrega de la persona en virtud de la presente Ley, y
            (e) la entrega de la persona no esté prohibida por la parte 3.»
            14. El artículo 16, apartados 9 y 10, de la EAWA 2003 establece:
            «(9) Si, una vez transcurridos 60 días desde la detención de la persona en cuestión conforme a los artículos 13 o 14, la High Court no ha dictado una resolución de conformidad con los apartados (1) o (2), o bien con los apartados (1) o (2) del artículo 15, o bien ha decidido no adoptar ninguna resolución de conformidad con los apartados (1) o (2), ordenará a la autoridad central del Estado que informe a la autoridad judicial emisora y, si procede, a Eurojust, sobre tal extremo y sobre los motivos de tal decisión especificados en su resolución, y la autoridad central del Estado dará cumplimiento a tal resolución.
            (10) Si, una vez transcurridos 90 días desde la detención de la persona en cuestión conforme a los artículos 13 o 14, la High Court no ha dictado una resolución de conformidad con los apartados (1) o (2), o bien con los apartados (1) o (2) del artículo 15, o bien ha decidido no adoptar ninguna resolución de conformidad con los apartados (1) o (2), ordenará a la autoridad central del Estado que informe a la autoridad judicial emisora y, si procede, a Eurojust, sobre tal extremo y sobre los motivos de tal decisión especificados en su resolución, y la autoridad central del Estado dará cumplimiento a tal resolución.»
            II.	Hechos del litigio principal 
            15. El 17 de diciembre de 2012, la Magistrates’ Courts de Dungannon, en el condado de Tyrone, Irlanda del Norte (Reino Unido), (7) dictó, con arreglo a la Decisión marco 2002/584, una orden de detención europea contra el Sr. Lanigan, (8) a instancias del Ministerio Fiscal de Irlanda del Norte, para que éste fuera juzgado por homicidio y tenencia de arma de fuego con el propósito de atentar contra la vida de otro, delitos que había cometido supuestamente el 31 de mayo de 1998 en Dungannon, en el condado de Tyrone, Irlanda del Norte (Reino Unido).
            16. El 7 de enero de 2013, la High Court (Irlanda) ratificó esta orden de detención europea para su ejecución por la An Garda Síochána (policía nacional).
            17. El 16 de enero de 2013, el demandado en el litigio principal fue arrestado en ejecución de la orden de detención europea y compareció el día mismo ante la High Court. No consintió en su entrega al Estado miembro emisor y fue encarcelado en espera de la decisión definitiva sobre la solicitud de entrega de la que era objeto.
            18. La vista ante la High Court en que debía tramitarse la solicitud de entrega, prevista inicialmente para el 29 de enero de 2013, se aplazó en varias ocasiones por diversos motivos, entre otros, la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, presentada el 3 de julio de 2013 y concedida finalmente el 26 de julio de 2013.
            19. Entretanto, la High Court había denegado, el 26 de febrero de 2013, una solicitud de puesta en libertad bajo fianza presentada por el demandado en el litigio principal.
            20. El 26 de noviembre de 2013, el demandado en el litigio principal formuló once objeciones («points of objection») a su entrega, en apoyo de la cuales presentó una declaración jurada («affidavit»), de 16 de diciembre de 2013, y una declaración jurada de su letrado en Belfast, de 19 de febrero de 2014.
            21. Según las observaciones escritas presentadas al Tribunal de Justicia por el demandante y el demandado en el litigio principal, este último alegó en esencia que su vida podía correr peligro en caso de ser entregado al Estado miembro emisor. Miembro desde los 17 años de edad del Provisional Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés Provisional) y, posteriormente, del Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional, INLA), declaró haber sido víctima, el 7 de septiembre de 1993, de una primera tentativa de asesinato por parte de la organización unionista paramilitar irlandesa Ulster Freedom Fighters (Combatientes para la Libertad del Ulster, UFF) y de una segunda tentativa de asesinato por parte del INLA, perpetrada el 1 de diciembre de 1995. En su declaración jurada, indicaba además que cinco de sus compañeros habían sido asesinados en los años noventa por el INLA, en el marco de un ajuste de cuentas («feud»), o por los paramilitares unionistas. Por todo ello, había decidido refugiarse en Irlanda, donde cambió de nombre por razones de seguridad. Por lo tanto, se negaba a regresar a Irlanda del Norte por temor a ser asesinado por disidentes lealistas y republicanos, ya que estimaba que las fuerzas del orden o las autoridades penitenciarias no podían protegerlo.
            22. El 17 de diciembre de 2013, se transfirió el asunto a un magistrado designado para la vista, que se fijó para el 3 de febrero de 2014. Sin embargo, esta vista se pospuso en dos ocasiones, primero al 28 de abril de 2014 y luego al 30 de junio de 2014, a instancias del demandante en el litigio principal, en espera de recibir la información solicitada a las autoridades del Reino Unido acerca de la amenaza que podía pesar sobre la vida del demandado en el litigio principal.
            23. Y es que, el 9 de abril de 2014, el demandante en el litigio principal había solicitado a la autoridad central de Irlanda del Norte, la UK National Crime Agency (Agencia Nacional contra la Delincuencia del Reino Unido), información sobre los procedimientos seguidos en las cárceles de Irlanda del Norte para proteger a los reos expuestos a riesgo. El 10 de abril de 2014, el Northern Ireland Prison Service (Servicio Penitenciario de Irlanda del Norte, NIPS) contestó a la solicitud de información y aportó precisiones sobre los procedimientos vigentes en los establecimientos penitenciarios de Irlanda del Norte destinados a proteger y hacerse cargo de los encarcelados a los que se considera amenazados por otros presos.
            24. El 16 de abril de 2014, el demandante en el litigio principal remitió una segunda solicitud de información a la autoridad central de Irlanda del Norte, para determinar los motivos por los que la orden de detención europea no se había emitido hasta el mes de diciembre de 2012, por delitos cometidos en el mes de mayo de 1998. La Crown Solicitor’s Office (Oficina del Procurador de la Corona), representante del Gobierno del Reino Unido en Irlanda del Norte, respondió a esta solicitud mediante escrito de 24 de abril de 2014, en el que exponía que, si bien se había identificado rápidamente al demandado en el litigio principal como sospechoso, sólo en 2011 pudieron reunirse pruebas suficientes para proceder a su enjuiciamiento, que el Public Prosecution Service for Northern Ireland (Servicio de Acusación Pública para Irlanda del Norte) incoó el 4 de mayo de 2012.
            25. La vista ante la High Court relativa a la solicitud de entrega se abrió finalmente el 30 de junio de 2014 y se prolongó durante tres días, en el transcurso de los cuales el demandado en el litigio principal planteó una serie de cuestiones procesales y probatorias. En particular, alegó que, habida cuenta del principio de contradicción, la High Court no podía resolver basándose en la información recibida del Estado miembro emisor, a menos que dicha información estuviese certificada mediante declaración jurada y que el letrado del imputado tuviese derecho a interrogar a cualquier testigo propuesto por la acusación. La High Court desestimó las diversas pretensiones del demandado en el litigio principal por considerarlas irrelevantes y, el 4 de julio de 2014, aplazó el asunto.
            26. El 17 de noviembre de 2014, la High Court se pronunció sobre las cuestiones preliminares suscitadas ante ella. Para empezar, indicó que el procedimiento relativo a la orden de detención europea no estaba sujeto a las normas procesales y probatorias usuales que regulan los procedimientos irlandeses y que, en su condición de autoridad judicial de ejecución, estaba legitimada para tener en cuenta toda información recibida del Estado miembro emisor. Además, habida cuenta de las pruebas presentadas por el demandado en el litigio principal con el fin de demostrar que su vida podía peligrar de ser entregado al Estado miembro emisor, la High Court declaró que, antes de poder ordenar la entrega, debía cerciorarse en la mayor medida posible de que se respetaría el derecho a la vida del imputado, derecho reconocido tanto en la Constitución irlandesa como en el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Por consiguiente, instó al demandante en el litigio principal a examinar las pruebas aportadas, no rebatidas hasta la fecha, y a solicitar información complementaria que versase sobre los temores expresados por el demandado en el litigio principal. La High Court precisó que aplazaría el examen de las demás objeciones del demandado en el litigio principal hasta recibir la información recabada.
            27. El 27 de noviembre de 2014, el demandante en el litigio principal solicitó de nuevo información a la autoridad central de Irlanda del Norte, mediante escrito en el que recordaba que el demandado en el litigio principal sostenía que, de ser encarcelado en Irlanda del Norte, su vida se vería amenazada por disidentes lealistas y republicanos, ya que las autoridades penitenciarias serían incapaces de garantizar su seguridad. Este escrito, al que se adjuntaron las declaraciones juradas del demandado en el litigio principal, de 16 de diciembre de 2013, y del letrado de éste, de 19 de febrero de 2014, requería a dicha autoridad que se pronunciase sobre si estaba demostrada la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida del demandado en el litigio principal y, en caso de estar acreditado tal riesgo, si el NIPS estaba en situación de garantizar al interesado una protección efectiva. El NIPS y el Police Service of Northern Ireland (Servicio de Policía de Irlanda del Norte) respondieron a esta solicitud de información con dos escritos, ambos del 3 de diciembre de 2014, transmitidos al demandante en el litigio principal el 4 de diciembre de 2014.
            28. Mediante declaración jurada de 28 de noviembre de 2014, recibida en la High Court el 1 de diciembre de 2014, el demandado en el litigio principal presentó una nueva solicitud de puesta en libertad bajo fianza.
            29. El 8 de diciembre de 2014, el demandado en el litigio principal formuló observaciones en defensa de la denegación de su entrega, alegando que, a la luz de las normas nacionales en materia de enjuiciamiento penal y de pruebas, pero también de la Constitución irlandesa y de la Carta, no podían admitirse como prueba los documentos aportados por el demandante en el litigio principal y, en caso de que pudieran admitirse, debían desestimarse por no poder contrastarse mediante contra-interrogatorio («cross-examination»). La High Court descartó esta argumentación, puesto que versaba sobre cuestiones preliminares que ya había elucidado.
            30. El 8 de diciembre de 2014, el demandado en el litigio principal introdujo una objeción adicional a su entrega.
            31. El 15 de diciembre de 2014, la High Court celebró una nueva vista, durante la cual el letrado del demandado en el litigio principal alegó, entre otras cosas, que procedía denegar la solicitud de entrega como consecuencia de la dilación excesiva del procedimiento. Además, solicitó que se entablase un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia en relación con dicha dilación. Por último, reclamó la puesta en libertad bajo fianza.
            32. El 19 de diciembre de 2014, la High Court se pronunció sobre la puesta en libertad bajo fianza del demandado en el litigio principal. Éste no aceptó las condiciones impuestas, porque el importe de la fianza superaba sus medios.
            33. El 12 de enero de 2015, la High Court celebró una nueva vista, en la cual el demandante en el litigio principal se opuso a que se objetase la dilación en una fase procesal tan tardía y alegó además que la Supreme Court of Ireland (Tribunal Supremo de Irlanda) ya se había pronunciado sobre esta cuestión en su sentencia de 19 de diciembre de 2005, Dundon v. The Governor of Cloverhill Prison. (9) Por su parte, el demandado en el litigio principal sostuvo que, desde el 1 de diciembre de 2014, los tribunales irlandeses tenían la posibilidad de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la interpretación recogida en la sentencia Dundon ya no vinculaba a la High Court.
            34. El asunto se aplazó hasta el 18 de enero de 2015, fecha en la que la High Court decidió, en particular, plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial en relación con la dilación del procedimiento, señalando que el sistema irlandés no podía funcionar dentro de los límites establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 y que deseaba recabar orientación sobre la interpretación de esa disposición.
            35. Posteriormente, el asunto se aplazó en varias ocasiones más para permitir a las partes del litigio principal presentar propuestas sobre el enunciado de la cuestión prejudicial que iba a plantearse al Tribunal de Justicia y para que formulasen sus observaciones al respecto.
            36. Entre tanto, la High Court recibió una petición de modificación de las condiciones económicas de la fianza fijada el 19 de diciembre de 2014, que desestimó el 9 de febrero de 2015. El demandado en el litigio principal recurrió entonces a la Court of Appeal (Tribunal de Apelación).
            III.	Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
            37. En estas circunstancias, por resolución de 19 de mayo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de mayo de 2015, la High Court planteó al Tribunal de Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
            «1) ¿Cuál es el efecto de la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco [2002/584] puesto en relación con las disposiciones del artículo 15 de dicha Decisión marco?
            2) ¿La inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco [2002/584] genera derechos en favor de una persona que haya estado detenida a la espera de una decisión sobre su entrega durante un período superior a dichos plazos?»
            38. La High Court precisó que consideraba que el sistema irlandés no podía funcionar dentro de los límites establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, que las consecuencias derivadas de ello constituyen un problema real que justifica la presentación de la petición de decisión prejudicial y que la interpretación de la citada disposición por parte del Tribunal de Justicia podría afectar a la resolución que el tribunal remitente debe dictar en el litigio principal.
            39. Sobre este último particular, la High Court subrayó que la Supreme Court, en su sentencia Dundon, había desestimado la solicitud de habeas corpus  de una persona que se hallaba en prisión provisional en virtud de una orden de detención europea en condiciones análogas a las que se daban en el litigio principal.
            40. Esa persona había defendido que debía ser puesta en libertad, ya que la High Court no había tomado una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea en el plazo de 60 días que establece la legislación irlandesa. Sin embargo, la Supreme Court declaró que la detención era legal. Para empezar, indicó que la persona buscada no tiene derecho a obtener su liberación inmediata por el hecho de que la High Court no se haya pronunciado en los plazos fijados y que tal consecuencia debe estar recogida claramente y sin ambigüedades, habida cuenta de la obligación fundamental que tienen los Estados miembros de ejecutar toda orden de detención europea. Además, subrayó que la obligación de ejecutar la orden de detención europea que incumbía a la High Court no había cesado al expirar el plazo de 60 días. Por otra parte, añadió que los plazos previstos se habían instaurado a efectos de disciplina interna en los Estados miembros y no con la finalidad de otorgar derechos a los particulares. Por último, precisó, que tenía el deber de interpretar el Derecho nacional de conformidad con la Decisión marco 2002/584.
            41. En la misma resolución, el tribunal remitente pidió además al Tribunal de Justicia que la presente petición de decisión prejudicial se tramitase por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
            42. A este respecto, sostuvo que dicha petición plantea una o varias cuestiones relativas a los ámbitos que son objeto del título V de la tercera parte del Tratado FUE y que el demandado en el litigio principal lleva detenido desde el 16 de enero de 2013. Precisó, además, que se inclinaba por seguir la sentencia Dundon de la Supreme Court, pero deseaba aprovechar la ocasión para cerciorarse de la postura del Tribunal de Justicia antes de pronunciarse en ese sentido.
            43. En consecuencia, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia decidió, el 28 de mayo de 2015, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, acceder a la solicitud del tribunal remitente de tramitar la petición de decisión prejudicial mediante el procedimiento de urgencia. Decidió igualmente, en aplicación del artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, proponer al Tribunal de Justicia que se atribuyese el asunto a una formación más importante.
            44. En aplicación del artículo 109, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia instó a las partes litigantes, al Estado miembro al que pertenece el tribunal remitente y a las instituciones a las que se refiere el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a presentar sus observaciones escritas para el 15 de junio de 2015. En aplicación del artículo 109, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia instó igualmente al Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte a aportar observaciones escritas para la misma fecha o a comparecer en la vista.
            45. El demandante y el demandado en el litigio principal, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas en el plazo otorgado.
            46. El demandante y el demandado en el litigio principal, los Gobiernos irlandés, alemán, español, francés, neerlandés y del Reino Unido y la Comisión formularon observaciones orales en la vista celebrada el 1 de julio de 2015.
            IV.	Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia 
            A. Observaciones del demandante en el litigio principal 
            47. El demandante en el litigio principal, que propone una respuesta separada a las dos cuestiones prejudiciales aunque las examina conjuntamente, considera que el tribunal remitente pretende, en esencia, determinar las consecuencias que puede tener sobre el procedimiento de entrega la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584. Considera, haciendo referencia a este respecto a la sentencia Dundon de la Supreme Court, que la expiración de esos plazos no confiere ningún derecho al demandado en el litigio principal, ni a ser puesto en libertad ni ningún otro. A su juicio, de acuerdo con el principio de autonomía procesal nacional, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si la duración del procedimiento ha vulnerado los derechos de la persona buscada de tal modo que su entrega conculcaría los derechos fundamentales de ésta. Añadió en la vista que la idea esgrimida por el demandado en el litigio principal, según la cual la denegación de la entrega constituiría la sanción más disuasiva para los Estados miembros de ejecución en caso de inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, no tiene fundamento alguno en dicha Decisión marco.
            48. En primer lugar, el demandante en el litigio principal señala que el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no contiene ningún precepto relativo al resultado del procedimiento de entrega al término de los plazos que fija y no contempla, a diferencia del artículo 23 de esa misma Decisión marco, la posibilidad de que se libere a la persona buscada. Por lo demás, los apartados 2 y 3 del artículo 17 no utilizan un lenguaje imperativo, sino condicional. (10) Si bien es cierto que el artículo 15, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 precisa que «la autoridad judicial de ejecución “decidirá” [ (11) ]  la entrega de la persona, en los plazos y condiciones definidos en la presente Decisión marco», esta disposición debe interpretarse en relación con el tenor del artículo 17, apartados 2 y 3, de dicha Decisión marco. El Tribunal de Justicia declaró a este respecto, en su sentencia F., (12) que «los plazos previstos en el artículo 17 de la Decisión marco deben interpretarse en el sentido de que exigen que la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea se produzca, “en principio”, en los diez días siguientes al consentimiento para la entrega de la persona buscada, o bien, en los demás casos, en los sesenta días a partir de la detención de ésta». Por consiguiente, según el demandante en el litigio principal, el Tribunal de Justicia ha reconocido que, legalmente, es posible tomar la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea fuera de los plazos establecidos y que la inobservancia de dichos plazos no implica la caducidad del procedimiento.
            49. Por otra parte, a juicio del demandante en el litigio principal, la inobservancia de los plazos no está exenta de consecuencias, recogidas en el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584. Considerado en su conjunto, el artículo 17 establece un sistema en el que las decisiones definitivas de ejecución de las órdenes de detención europeas deben, en principio, en caso de falta de consentimiento de la persona buscada, tomarse en un plazo de 60 días, prorrogable 30 días, teniendo en cuenta que, por una parte, si no se respeta ese plazo, el Estado miembro de ejecución deberá informar a Eurojust y, por otra parte, si ese plazo se incumple repetidamente, el Estado miembro emisor podrá comunicarlo al Consejo.
            50. En segundo lugar, esta interpretación corresponde al objeto y a los objetivos de la Decisión marco 2002/584, que, de conformidad con el artículo 67 TFUE, consisten en garantizar un nivel elevado de seguridad en un espacio de libertad, seguridad y justicia mediante medidas de cooperación entre autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros en materia penal. Ahora bien, un sistema que concediese la puesta en libertad a una persona buscada para ser procesada o declarada culpable de un delito estaría en las antípodas de aquel que tratase de dotarse de ese objeto. Por otra parte, los objetivos de promoción de la cooperación en el ámbito penal se verían comprometidos si se liberase inopinadamente a las personas buscadas una vez expiren los plazos establecidos para el procedimiento de entrega. Forzar a los Estados miembros a respetar los plazos establecidos por la Decisión marco 2002/584 cuando no estén en situación de hacerlo no puede promover la cooperación y, sobre todo, puede entrañar el riesgo de que no se entregue a la persona buscada cuando no sea posible cumplirlos.
            51. En tercer lugar, los objetivos de eficacia y de celeridad que persiguen el título V de la quinta parte del Tratado FUE y la Decisión marco 2002/584 no están destinados a proteger los derechos fundamentales de la persona buscada, sino a asegurar, en la medida de lo posible, la libre circulación de las resoluciones judiciales a fin de promover la administración de la justicia penal en toda la Unión y, de este modo, combatir mejor la delincuencia, en particular, la delincuencia organizada. A juicio del demandante en el litigio principal, la finalidad concreta de los plazos establecidos por la Decisión marco 2002/584 es garantizar que las personas que huyan de la justicia puedan ser presentadas ante el juez penal tan rápido como sea razonablemente posible. El hecho de que una autoridad judicial de ejecución tarde más de 60 o de 90 días en tomar una decisión definitiva de ejecución de una orden de detención europea no afecta, por lo tanto, a ningún derecho de la persona buscada.
            52. En cuarto lugar, como se desprende del considerando 12 y del artículo 1, apartado 3, de la Decisión marco 2002/584, ésta no tiene por efecto el modificar la obligación de respetar los derechos y las libertades fundamentales consagrados en el artículo 6 TUE. El considerando 10 de la Decisión marco va más allá al precisar que la aplicación del mecanismo de la orden de detención europea podrá suspenderse, no en el supuesto de inobservancia de los plazos fijados, sino únicamente en caso de violación de los principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6 TUE. En la vista, el demandante en el litigio principal admitió al respecto que podía aplicarse la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el artículo 5 del CEDH, pero sólo aquélla relativa al apartado 1, letra f), de esta disposición y no la relativa al apartado 4, contrariamente a la opinión defendida por la Comisión. Pero, a su entender, sólo puede considerarse que se infringe el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH cuando las autoridades nacionales competentes, vulnerando las normas procesales nacionales, no tramiten el procedimiento con diligencia y prolonguen por lo tanto la detención de la persona más allá de lo razonable. (13) Caso distinto sería si la persona buscada fuese responsable de la inobservancia de los plazos previstos, como sucede en el litigio principal. En todo caso, la puesta en libertad de la persona detenida no puede ser automática, sino que, por el contrario, debe implicar, so pena de socavar el objetivo de la Decisión marco 2002/584, que se tenga en cuenta el conjunto de las circunstancias, en particular, el riesgo de fuga, el tiempo pasado en detención y la participación de la persona detenida en la dilación de los plazos. Pues bien, en el litigio principal, a juicio del demandante, el demandado es esencialmente responsable de los plazos del procedimiento de entrega y, por lo tanto, de la duración de su prisión provisional.
            53. El demandante en el litigio principal concluye que la Decisión marco 2002/584 no contiene ninguna disposición que anule la orden de detención europea en el supuesto de que la autoridad judicial de ejecución no logre pronunciarse en los plazos establecidos en el artículo 17 y que dicha autoridad puede cumplir sus obligaciones pasados esos plazos.
            B. Observaciones del demandado en el litigio principal 
            54. El demandado en el litigio principal aduce en sus observaciones escritas que los diversos retrasos que han salpicado el procedimiento ante la High Court no pueden considerarse circunstancias excepcionales en el sentido del artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584. En tales condiciones, baraja varias soluciones posibles frente a la infracción del artículo 17, que podrían ser adecuadas tanto separada como cumulativamente, a saber, la denegación de entregarlo al Estado miembro emisor, la deducción de la duración total del tiempo pasado en prisión provisional, su puesta en libertad bajo fianza en condiciones razonables y, por último, la concesión de una indemnización por daños y perjuicios, a cargo de los dos Estados implicados, a prorrata de su contribución respectiva en los retrasos sufridos.
            55. A este respecto, precisa que, a falta de disposición equivalente a la del artículo 23, apartado 5, de la Decisión marco 2002/584, la denegación de entrega al Estado miembro emisor, similar al procedimiento de habeas corpus  que existe en los sistemas de «common law», sería la solución más disuasiva contra los retrasos no justificados de los Estados miembros de ejecución en el procedimiento de tramitación de las órdenes de detención europeas, teniendo en cuenta además que, en el ordenamiento jurídico irlandés, la Ley Penal de 1976 [Criminal Law (Jurisdiction) Act 1976] permite perseguir en Irlanda delitos cometidos en Irlanda del Norte como los que son objeto del litigio principal. En la vista, precisó que la Decisión marco 2002/584 no excluye tal posibilidad, que, por lo demás, respondería mejor a las exigencias del principio de proporcionalidad.
            56. Por otra parte, el demandado en el litigio principal señala que había planteado a la High Court otras cuestiones prejudiciales, que, finalmente, no se han remitido al Tribunal de Justicia, y desearía que éste las examinase.
            57. En sus observaciones orales, el demandado en el litigio principal añadió que, a su juicio, la dilación de los plazos se explica principalmente por el hecho de que el demandante en el litigio principal está experimentando un nuevo procedimiento, sin precedentes ante los órganos jurisdiccionales irlandeses.
            C. Observaciones del Gobierno alemán 
            58. En sus observaciones orales, el Gobierno alemán propuso responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, en relación con el artículo 15 de dicha Decisión, obliga al Estado miembro de ejecución a proseguir el procedimiento de entrega aun cuando se hayan rebasado los plazos establecidos. A su juicio, esto es lo que se infiere de una lectura gramatical y sistemática de las disposiciones de la Decisión marco, así como de la sentencia F. (14) El objetivo de la Decisión marco consiste, a su entender, en acelerar la entrega de personas condenadas o sospechosas entre autoridades judiciales de ejecución. Por lo tanto, la inobservancia puntual de esos plazos no socava automáticamente la posibilidad de conseguir dicho objetivo, siempre que los retrasos estén justificados, lo que sucede en el litigio principal, ya que la autoridad judicial de ejecución irlandesa tenía la obligación de comprobar si la vida del demandado en el litigio principal correría realmente peligro de ser entregado éste al Estado miembro emisor.
            59. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, el Gobierno alemán estima que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no funda un derecho a que la persona detenida sea liberada, aunque ese derecho puede hallar otro fundamento. A este respecto, el análisis del Gobierno alemán parte del artículo 12 de la Decisión marco 2002/584, que confía a la autoridad judicial de ejecución la facultad de decidir si la persona detenida sobre la base de una orden de detención europea debe permanecer privada de libertad. Si bien es cierto que dicha decisión debe tomarse de conformidad con el Derecho nacional, el juez nacional deberá aplicar igualmente la Carta y el artículo 5 del CEDH, al que remiten las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales en relación con el artículo 6 de ésta.
            60. Sobre este particular, el Gobierno alemán recuerda que, según jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede restringirse el derecho a la libertad de una persona objeto de un procedimiento de extradición, con arreglo al procedimiento establecido por la ley, aunque dicha restricción sólo será admisible si la duración de la privación de libertad es razonable, lo que deberá evaluarse caso por caso. Un requisito indispensable es que el procedimiento se tramite en todo caso con diligencia. El control de este requisito supone tener en cuenta tanto la globalidad del procedimiento como cada una de las etapas de éste. Desde esa óptica, el agotamiento de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no es más que uno de los elementos que deben considerarse. En las circunstancias del litigio principal, también deberían tenerse en cuenta el hecho de que el demandado en el litigio principal ha utilizado intensamente sus derechos procesales, la lentitud con la que parecen haberse resuelto diversas cuestiones procesales incidentales y los sucesivos aplazamientos.
            D. Observaciones del Gobierno español 
            61. En cuanto a la primera cuestión prejudicial, el Gobierno español considera que la inobservancia de los plazos de ejecución de una orden de detención europea no supone que la autoridad judicial de ejecución haya de denegar la solicitud de entrega. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, estima que los eventuales efectos de un retraso en la ejecución de una orden de detención europea, como el que es objeto del litigio principal, pertenecen al ámbito del Derecho nacional.
            62. En primer lugar, el Gobierno español indica que el objetivo de la Decisión marco 2002/584 consiste en establecer un procedimiento simplificado de entrega de personas sospechosas de haber cometido delitos con el fin de reforzar, facilitar y acelerar la cooperación judicial entre los Estados miembros sobre la base del principio de reconocimiento mutuo. Según el Gobierno español, este principio obliga a los Estados miembros a ejecutar las órdenes de detención europeas en todo caso, sin perjuicio de las excepciones contempladas y los requisitos establecidos en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión marco 2002/584. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que ni las dificultades de orden interno ni la legislación nacional pueden justificar el que los Estados miembros incumplan las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión.
            63. En segundo lugar, el Gobierno español hace hincapié en que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no conlleva en modo alguno la extinción de la obligación del Estado miembro de ejecución. Las consecuencias de los retrasos en la adopción de una decisión definitiva de ejecución de una orden de detención europea están definidas, a su juicio, en el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco, que instaura una obligación de información a Eurojust y, en su caso, al Consejo, introducida, añade, para hacer reinar un mínimo de disciplina entre los Estados miembros habida cuenta de la limitación del control judicial que preveía el antiguo artículo 35 TUE en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. El no ejecutar una orden de detención europea por haberse sobrepasado los plazos establecidos en el artículo 17 comprometería la eficacia de la Decisión marco 2002/584 y podría incitar a las personas objeto de una orden de detención europea a recurrir a maniobras dilatorias para oponerse a su ejecución. A este respecto, el Gobierno español cita la sentencia F. (15)
            64. En tercer y último lugar, el Gobierno español opina que los derechos de una pers ona privada de libertad por motivo de la ejecución de una orden de detención europea están definidos en los artículos 11 a 14 de la Decisión marco 2002/584. Los efectos del retraso en la ejecución de una orden de detención europea sobre la situación de la persona buscada deben determinarse de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro de ejecución, siempre que se hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de fuga, en virtud del artículo 12 de la Decisión marco, y que se cumplan las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de esa persona, con arreglo al artículo 17, apartado 5, de la misma Decisión marco. Por lo tanto, argumenta el Gobierno español, la autoridad judicial de ejecución deberá decretar la prisión provisional o la libertad provisional de la persona buscada de conformidad con su Derecho nacional, ya que esta materia no está armonizada y sigue rigiéndose por el principio de autonomía procesal, dentro del límite de los principios de equivalencia y efectividad. En las circunstancias del litigio principal, esos dos últimos principios se han respetado debidamente, según el Gobierno español, ya que el demandado en el litigio principal ha tenido la posibilidad, de conformidad con el Derecho nacional, de presentar solicitudes de libertad provisional, la segunda de las cuales sigue pendiente de respuesta.
            E. Observaciones del Gobierno francés 
            65. Durante la vista, el Gobierno francés expresó su desacuerdo con la postura de la Comisión. En relación con la primera cuestión prejudicial, dicho Gobierno estima que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no incide en la obligación que tiene la autoridad judicial de ejecución de pronunciarse sobre la entrega de la persona buscada y no conlleva la puesta en libertad de la persona buscada. Respecto a la segunda cuestión prejudicial, considera que la inobservancia de esos plazos no genera derechos particulares para la persona buscada que permanezca detenida más allá de dichos plazos.
            66. En cuanto a la primera cuestión prejudicial, el Gobierno francés recuerda para empezar que, según la sentencia F. (16) del Tribunal de Justicia, en principio resulta imperativo cumplir esos plazos. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado sobre las consecuencias de la inobservancia de dichos plazos y la Decisión marco 2002/584 no prevé ninguna sanción al respecto, únicamente la obligación de informar a Eurojust y, en su caso, al Consejo, en aplicación del artículo 17, apartado 7. A su entender, la autoridad judicial de ejecución sigue obligada por lo tanto a adoptar una decisión definitiva una vez vencidos los plazos.
            67. Acto seguido, el Gobierno francés subraya que ninguna disposición de la Decisión marco 2002/584 contempla la puesta en libertad de la persona buscada una vez transcurridos los plazos establecidos en el artículo 17, lo que contrasta con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 5, que lo enuncia expresamente. Por el contrario, la autoridad judicial de ejecución sigue obligada, en virtud del artículo 17, apartado 5, a garantizar las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva. Según el Gobierno francés, esta interpretación viene corroborada, además, por los trabajos preparatorios de la Decisión marco 2002/584, en la que no se retuvo la propuesta inicial de la Comisión en ese sentido. 
            68. Por otra parte, el Gobierno francés considera que esta interpretación es la única capaz de coadyuvar a la consecución de los objetivos que persigue la Decisión marco 2002/584, que sin duda trata de acelerar la cooperación judicial entre los Estados miembros, pero también de facilitarla. Pues bien, si se admitiese que las personas buscadas deben ser liberadas una vez expirados los plazos en cuestión, esto las incitaría a recurrir a maniobras dilatorias. 
            69. El Gobierno francés estima igualmente que la necesidad de garantizar el respeto de los derechos fundamentales no puede acarrear esas consecuencias. Si bien admite que el artículo 6 de la Carta y el artículo 5, apartados 1, letra f), y 4, del CEDH son pertinentes, al igual que la jurisprudencia sobre dichas disposiciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aduce sin embargo que la Comisión saca conclusiones erróneas de dicha jurisprudencia, de la que en realidad se desprende, en opinión del Gobierno francés, que la apreciación de la legalidad de una detención a efectos de extradición debe tener en cuenta, caso por caso, el conjunto de las circunstancias de la causa, de modo que no cabe considerar que el mantenimiento en detención de una persona buscada una vez expirados los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 sea incompatible, en sí y por principio, con el artículo 6 de la Carta. Tampoco puede colegirse de esa jurisprudencia que el mero hecho de rebasar los plazos establecidos permita inferir que el procedimiento no se ha tramitado con la debida diligencia.
            70. Por último, en todo caso, según el Gobierno francés, la Decisión marco 2002/584 no impide a la autoridad judicial de ejecución, si lo considera adecuado, poner en libertad a la persona buscada y detenida, en aplicación del Derecho nacional, tanto antes como después del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 17, con arreglo al artículo 12.
            71. En cuanto a la segunda cuestión prejudicial, el Gobierno francés recuerda que la Decisión marco 2002/584 se limita a disponer, en su artículo 26, que del período total de privación de libertad que deba cumplirse en el Estado miembro emisor habrá de deducirse cualquier período de privación de libertad cumplido por la persona buscada en el Estado miembro de ejecución, obligación que incumbe al Estado miembro emisor, independientemente de que el Estado miembro de ejecución haya respetado los plazos establecidos en el artículo 17. Añade el Gobierno francés que la Decisión marco 2002/584 no recoge, además, ningún derecho a indemnización en caso de inobservancia de esos plazos, por lo que los Estados miembros son libres de crear una por tal concepto.
            F. Observaciones del Gobierno neerlandés 
            72. El Gobierno neerlandés propone responder negativamente a ambas cuestiones prejudiciales. Considera que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no tiene consecuencia alguna sobre la obligación de entrega, ya que esta disposición se limita a imponer al Estado miembro de ejecución una obligación de diligencia. En su opinión, los plazos establecidos son claros y deben respetarse para garantizar la celeridad del procedimiento de entrega, pero, en el supuesto de que no se cumplan, ello no incide en los derechos de la persona privada de libertad en espera de una decisión definitiva sobre su entrega.
            73. La Decisión marco 2002/584, añade el Gobierno neerlandés, deja claro que la inobservancia de los plazos no repercute en la obligación de adoptar una decisión definitiva sobre la entrega. Además, el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no concede ningún derecho a la persona buscada y detenida en caso de que se sobrepasen los plazos que establece. Si la inobservancia de esos plazos tiene consecuencias sobre la situación de la persona detenida, esas consecuencias son independientes del artículo 17. A juicio del Gobierno neerlandés, las Constituciones nacionales y el artículo 5 del CEDH son los que imponen una obligación de diligencia para tratar la situación de las personas detenidas a efectos de su extradición. En su opinión, no hay razón para aplicar la Carta, ya que, con arreglo al artículo 12 de la Decisión marco 2002/584, incumbe a la autoridad judicial de ejecución adoptar una decisión sobre la situación de detención de conformidad con el Derecho nacional. Por consiguiente, en una situación como la que es objeto del litigio principal, el juez nacional no tiene por qué aplicar derechos garantizados por la Carta. 
            74. Con todo, el Gobierno neerlandés opina que los Estados miembros deben respetar su obligación de diligencia en relación con los derechos de la persona detenida. Desde esa óptica, esa persona debería poder pedir que se modificase su situación de detención y tal modificación debería poder decretarse igualmente de oficio. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente examinar si la dilación de la duración de la detención es proporcionada, en función del riesgo de fuga de la persona buscada, teniendo en cuenta que el plazo máximo de 90 días establecido en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no puede considerarse desproporcionado.
            G. Observaciones del Gobierno del Reino Unido 
            75. El Gobierno del Reino Unido, que centró sus observaciones orales en la respuesta que aportar a la segunda cuestión prejudicial, considera que el hecho de rebasar los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no genera un derecho a ser puesto en libertad para la persona buscada y detenida. A este respecto, funda su posición en una interpretación gramatical de esta disposición, en los trabajos preparatorios de la Decisión marco y en la estructura de ésta, que regula expresamente las consecuencias de la inobservancia de esos plazos.
            76. Añade que, aunque tal derecho se infiriese de lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, quod non , la persona que, por su propio comportamiento, hubiese provocado los retrasos no podría invocarlo. Toda solución contraria afectaría al objetivo perseguido por la Decisión marco. En cualquier caso, y suponiendo, quod non , que existiese tal derecho, no podría alegarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales, dado que la Decisión marco, con arreglo al antiguo artículo 34 TUE, apartado 2, letra b), no produce efecto directo.
            77. El Gobierno del Reino Unido subraya igualmente que unos plazos estrictos podrían vulnerar los derechos fundamentales de la persona detenida, puesto que, como podría suceder en el litigio principal, por ejemplo, dicha persona podría ser entregada al Estado miembro emisor sin haberse comprobado si su vida corre realmente peligro o no. 
            78. En relación con el derecho fundamental a la libertad de la persona detenida, el Gobierno del Reino Unido hace hincapié en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben controlar permanentemente, de conformidad con el Derecho nacional, con el CEDH y con la Carta, cuando sea aplicable el Derecho de la Unión, en qué medida está justificada la privación de libertad. Esta exigencia es aplicable igualmente antes del agotamiento de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584. En el marco de ese control, los órganos jurisdiccionales nacionales deben valorar el conjunto de las circunstancias, incluidos el ejercicio por parte del detenido de sus derechos procesales, el riesgo de fuga y las posibilidades para el detenido de obtener la libertad condicional.
            79. En definitiva, el Gobierno del Reino Unido propone responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que las únicas consecuencias que produce la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 son las que reconoce la propia disposición, y el Estado miembro de ejecución sigue obligado a ejecutar la orden de detención europea pese a la expiración de esos plazos. En relación con la segunda cuestión prejudicial, propone responder en el sentido de que la persona buscada no goza de derecho alguno a una liberación inmediata una vez expirados los plazos establecidos en el referido artículo.
            H. Observaciones de la Comisión 
            80. Primero, la Comisión recuerda que la Decisión marco 2002/584 ha instaurado un nuevo sistema simplificado y más eficaz para la entrega de personas condenadas o buscadas para su enjuiciamiento, que ha sustituido los procedimientos tradicionales de extradición, lo que tiende a facilitar y a acelerar la cooperación judicial con vistas a implantar en la Unión un espacio de libertad, seguridad y justicia. Este sistema se basa en el principio de reconocimiento mutuo, «piedra angular» de la cooperación judicial, cuya importancia fundamental recordó el Tribunal de Justicia en su dictamen 2/13, (17) que se sustenta a su vez en la confianza recíproca entre los Estados miembros de que sus respectivos ordenamientos jurídicos son capaces de proporcionar una protección equivalente y efectiva de los derechos fundamentales. Esto supone que, en principio, los Estados miembros deben tramitar toda orden de detención europea, salvo si hallan un motivo para no ejecutarla. Además, en la vista, la Comisión subrayó que el sistema de orden de detención europea se basa esencialmente, a diferencia de los sistemas tradicionales de extradición, en la cooperación de las autoridades judiciales, y las autoridades políticas sólo intervienen como respaldo práctico y administrativo.
            81. Sin embargo, según la Comisión, el principio de reconocimiento mutuo no tiene como objetivo establecer un régimen automático de reconocimiento y de ejecución, ya que la presunción de que todos los Estados miembros respetan los derechos fundamentales es refutable. (18) Por consiguiente, en algunas ocasiones, la autoridad judicial de ejecución debe poder destruir dicha presunción.
            82. Seguidamente, la Comisión se centra en dar respuesta a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente.
            1.	Sobre la primera cuestión prejudicial
            83. En su exégesis de los artículos 15 y 17 de la Decisión marco 2002/584, la Comisión estima, para empezar, que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 no afecta a la validez de una orden de detención europea y que la autoridad judicial de ejecución sigue obligada a decidir si la persona buscada debe ser entregada al Estado miembro emisor incluso tras expirar esos plazos.
            84. Acto seguido, la Comisión examina si los temores expresados por la persona buscada en cuanto a su seguridad inciden en la obligación de pronunciarse sobre la entrega. A este respecto, destaca que el mecanismo de orden de detención europea sólo puede suspenderse en caso de vulneración grave y persistente por parte de un Estado miembro de los principios enunciados en el artículo 6 TUE, apartado 1, constatada por el Consejo en aplicación del artículo 7 TUE, apartado 1. Sin embargo, la Comisión apunta que la resolución de remisión no deja constancia de que se dé tal situación.
            85. Por otra parte, la Comisión subraya que el artículo 1, apartado 3, de la Decisión marco 2002/584 menciona especialmente la obligación de respetar los derechos fundamentales, lo que puede llevar a la autoridad judicial de ejecución a realizar controles adicionales en caso de alegaciones verosímiles de riesgo de violación grave de los derechos humanos tras la entrega. En la vista, la Comisión insistió en que esos controles debían realizarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, como se desprende del artículo 15, apartado 2, de ésta. No obstante, indicó que la respuesta dada por el Estado miembro emisor a las solicitudes de información que le remitió la autoridad judicial de ejecución en relación con los temores expresados por el demandado en el litigio principal no han inducido a esta última a decidir denegar la ejecución de la orden de detención europea.
            86. De ahí concluye que la autoridad judicial de ejecución sigue obligada a decidir si debe entregarse a la persona buscada, incluso tras la expiración de los plazos establecidos en el artículo 17, apartados 2 y 3, de la Decisión marco 2002/584.
            2.	Sobre la segunda cuestión prejudicial
            87. La Comisión considera que procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente en el sentido de que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 obliga a la autoridad judicial de ejecución a poner en libertad a la persona objeto de una orden de detención europea que se halle privada de libertad en espera de la decisión relativa a su entrega una vez expirado el plazo al que se refiere el artículo 17, apartado 3, de la Decisión marco 2002/584, a menos que circunstancias excepcionales, no imputables al Estado miembro de ejecución, requieran que permanezca en detención.
            88. La Comisión apunta de entrada que el hecho de que el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 no contemple la liberación de la persona detenida cuando expiren los plazos que establece, a diferencia de lo recogido en el artículo 23, apartado 5, de la Decisión marco para la entrega, no supone que el mantenimiento en detención se justifique automáticamente.
            89. Para empezar, el artículo 12 de la Decisión marco 2002/584 instaura, como norma general, que la libertad provisional «podrá» ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que la autoridad competente tome todas las medidas que considere necesarias para evitar la fuga de la persona buscada. Por otra parte, la Comisión recuerda que su propuesta de Decisión marco contenía una disposición que preveía expresamente que, a falta de decisión de entrega de la persona objeto de una orden de detención europea en el plazo de 90 días, dicha persona debía ser puesta en libertad inmediatamente. Sin embargo, el hecho de que el legislador de la Unión no aceptase dicha propuesta no puede interpretarse, a contrario , en el sentido de que no existe obligación de liberación alguna en caso de inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco.
            90. La Comisión recuerda acto seguido que, con arreglo a su artículo 1, apartado 3, la Decisión marco 2002/584 no puede tener por efecto el modificar la obligación de los Estados miembros de respetar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 6 TUE y que la propia Decisión marco, en virtud de su considerando 12, debe respetar dichos derechos y observar los principios reconocidos en el artículo 6 TUE. Por consiguiente, la Comisión examina la situación del litigio principal bajo el prisma del artículo 6 de la Carta, que consagra el derecho a la libertad y a la seguridad, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 5 del CEDH, en particular, en relación con su apartado 1, letra f), sobre la detención a efectos de extradición, con su apartado 3, que instituye el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o a ser puesto en libertad durante el procedimiento, y con su apartado 4, que instaura el derecho a un pronunciamiento en breve plazo sobre la legalidad de la detención.
            91. A este respecto, la Comisión subraya, para empezar, que el mecanismo específico de la orden de detención europea establecido por la Decisión marco 2002/584 es un elemento pertinente que ha de tomarse en consideración con el fin de valorar el carácter razonable de la duración de la prisión provisional a efectos de la entrega. En concreto, el legislador de la Unión ha decidido que la autoridad judicial de ejecución debe tomar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea en un plazo de 60 días, plazo considerado suficiente en el contexto de una cooperación entre Estados miembros basada en la confianza mutua y en el control limitado de la autoridad judicial de ejecución. El legislador ha establecido un plazo adicional de 30 días únicamente para supuestos específicos, que incide igualmente en la valoración del plazo razonable de una detención.
            92. Pues bien, la obligación que incumbe a la autoridad judicial de ejecución de tramitar y ejecutar urgentemente una orden de detención europea, con arreglo al artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, corresponde, en lo que a la detención de la persona buscada se refiere, a lo exigido en el artículo 5, apartado 4, del CEDH. Por consiguiente, siempre que la autoridad judicial de ejecución actúe de forma diligente dentro de ese plazo, la detención de la persona buscada parece, prima facie , compatible con el requisito de plazo razonable, habida cuenta de que esos plazos son máximos y no permiten ningún retraso injustificado. En cambio, una vez expirados esos plazos, la detención de la persona buscada es, prima facie , incompatible con ese requisito y carece, por lo tanto, de las condiciones esenciales de «legalidad».
            93. La detención de la persona buscada más allá de los plazos establecidos en el artículo 17 sólo se justifica en circunstancias excepcionales, que no sean imputables al Estado miembro de ejecución. El único supuesto identificado hasta la fecha por el Tribunal de Justicia, en su sentencia F., (19) es el de una petición de decisión prejudicial. Instada a puntualizar este extremo en la vista, la Comisión precisó que, según su interpretación de la sentencia F., toda detención superior al plazo máximo de 90 días se convertía en «ilegal» a falta de «circunstancias excepcionales» en el sentido del artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584. A su entender, el hecho de que el legislador no haya dispuesto tal consecuencia en la Decisión marco carece de pertinencia, ya que el derecho a la libertad es aplicable en todo caso.
            94. Las circunstancias del litigio principal se caracterizan por el hecho de que se da una situación de prisión provisional de una duración aproximada de 30 meses, es decir, el décuplo de la duración máxima autorizada por el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584. Según la Comisión, el Estado miembro de ejecución parece ser la fuente de esta duración excesiva, por los retrasos indebidos que ha sufrido el procedimiento. A este respecto, la Comisión cita el dilatado procedimiento de ratificación de la orden de detención europea y los sucesivos aplazamientos de la vista para la entrega, el carácter contradictorio de los debates para la entrega, aspecto no contemplado por la Decisión marco 2002/584, y los reiterados períodos de inactividad de la autoridad judicial de ejecución, entre ellos, los cuatro meses y medio transcurridos entre la vista y la resolución interlocutoria o los cuatro meses que mediaron entre la decisión de consultar al Tribunal de Justicia a título prejudicial y la resolución de remisión propiamente dicha.
            95. La Comisión concluye que el mantenimiento en detención de la persona buscada en el litigio principal es incompatible con la obligación de urgencia y que la autoridad judicial de ejecución debe poner en libertad a la persona a menos que circunstancias excepcionales, no imputables al Estado miembro de ejecución, requieran la prolongación de la detención, circunstancias que, a juicio de la Comisión, no se dan en el presente asunto. En la vista, la Comisión añadió que, en cualquier caso, siguen vigentes tanto la obligación de ejecutar la orden de detención europea como la necesidad de respetar lo dispuesto en el artículo 12 y en el artículo 17, apartado 5, de la Decisión marco 2002/584, de modo que, si no es posible mantener la situación de privación de libertad, será necesario recurrir entonces a soluciones alternativas menos lesivas para la libertad con el fin de paliar un eventual riesgo de fuga.
            96. La Comisión indica además que el Estado miembro de ejecución no puede invocar sus normas constitucionales relativas al respeto del derecho a un proceso equitativo, al que hace referencia el considerando 12 de la Decisión marco 2002/584, para justificar la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco. En este sentido, la Comisión cita la sentencia Melloni, (20) en la que el Tribunal de Justicia declaró que la aplicación de los estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales no puede afectar al nivel de protección previsto por la Carta, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión.
            V.	Análisis 
            A. Consideraciones previas 
            1.	Contexto nacional
            97. Como ya he indicado, en el presente asunto, la High Court ha planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial que tiene por objeto la interpretación de la Decisión marco 2002/584 muy poco después del final del período de transición de cinco años establecido por el Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias, que concluyó el 1 de diciembre de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de dicho Protocolo. Antes de esa fecha y a falta de declaración de Irlanda en ese sentido, según lo dispuesto en el artículo 35 TUE, apartado 2, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los órganos jurisdiccionales irlandeses no podían pedir al Tribunal de Justicia que interpretase las decisiones marco, en especial, las adoptadas en el contexto del título VI del Tratado UE en relación con la cooperación policial y judicial en materia penal.
            98. Como lo expone el propio tribunal remitente en su resolución de remisión, él mismo estaba vinculado hasta ahora, en su interpretación de la legislación nacional y, en definitiva, de la Decisión marco 2002/584, por los precedentes creados por la Supreme Court, en especial, en su sentencia Dundon. Por ello, aunque afirmando compartir en principio ese precedente, la High Court ha considerado oportuno disponer de la interpretación que el Tribunal de Justicia da a las disposiciones pertinentes de la Decisión marco 2002/584 y, más concretamente, conocer las consecuencias que, según el Tribunal de Justicia, acarrea la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de dicha Decisión marco a la hora de adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea. Al mismo tiempo, el tribunal remitente ha pedido que se aplique el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
            99. Tiene sentido recordar el anterior contexto porque explica el hecho de que el Tribunal de Justicia haya de pronunciarse ahora sobre aspectos muy elementales de la orden de detención europea, más de un decenio después de la entrada en vigor de ésta, en un asunto pendiente ante la High Court desde hace ya más de 30 meses. 
            100. Procede añadir que la orden de detención europea se instauró mediante una Decisión marco, acto inicialmente desprovisto de efecto directo en virtud del Derecho primario (21) y que sigue careciendo de él en virtud del artículo 9 del Protocolo nº 36 sobre las disposiciones transitorias. A este respecto, cabe recordar simplemente que el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta de su carácter vinculante, las decisiones marco imponen a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales una obligación de interpretación conforme del Derecho nacional. (22)
            2.	Figura de la orden de detención europea
            101. Como he señalado antes, obviamente no se trata del primer asunto relativo a la interpretación (23) o a la apreciación de la validez (24) de la Decisión marco 2002/584 que recibe el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, no es la primera vez que el Tribunal ha de pronunciarse en términos generales sobre la importancia de este acto nacido hace trece años en el marco del antiguo «tercer pilar». (25) Dicho esto, y habida cuenta del contenido de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia con objeto de obtener una respuesta urgente, me parece oportuno exponer algunas reflexiones de orden general sobre el mecanismo de la orden de detención europea, de la que el considerando 6 de la Decisión marco 2002/584 dice que es «la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio del reconocimiento mutuo» y la «“piedra angular” de la cooperación judicial».
            102. La orden de detención y los procedimientos de entrega entre los Estados miembros instaurados por la Decisión marco 2002/584 han sustituido a los diversos procedimientos de extradición (26) existentes antes del 31 de diciembre de 2003. (27) Por lo tanto, han dejado de existir en los Estados miembros los venerables instrumentos de extradición entre autoridades estatales, en beneficio de un sistema basado en la cooperación directa entre las autoridades judiciales.
            103. Como el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, según resulta en especial del artículo 1, apartados 1 y 2, y de los considerandos 5 y 7 de la Decisión marco 2002/584, ésta tiene por objeto sustituir el sistema de extradición multilateral entre Estados miembros por un sistema de entrega entre autoridades judiciales de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de sentencias o de diligencias en materia penal, basado en el principio de reconocimiento mutuo. (28)
            104. Así pues, la Decisión marco 2002/584 pretende, a través del establecimiento de un nuevo sistema simplificado y más eficaz de entrega de personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal, facilitar y acelerar la cooperación judicial de cara a la consecución del objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros. (29) El considerando 10 de la Decisión marco 2002/584 insiste en que «el mecanismo de la orden de detención europea descansa en un grado de confianza elevado entre los Estados miembros». (30)
            105. La orden de detención europea se presenta pues como una institución nueva, única y específica de la Unión. (31) Se trata de un instrumento nuevo porque se diferencia de los mecanismos tradicionales de puesta a disposición entre Estados de personas buscadas. Constituye un aliud en relación con los procedimientos de extradición a los que ha sustituido. Por lo tanto, las categorías propias de la extradición no tienen más que un valor relativo cuando se trata de esta nueva figura de la cooperación judicial. Es fundamental tener siempre presente esa realidad cuando se examinen los problemas de interpretación de la Decisión marco 2002/584.
            106. Es, además, un instrumento único porque, sin perjuicio de las características propias del instrumento normativo que es la Decisión marco, instaura un régimen uniforme en todos los Estados miembros. Y así, la orden de detención europea se ha convertido en un instrumento de primer orden en la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros, presidido esencialmente por el principio de confianza mutua.
            107. Por último, es específico de la Unión porque el legislador de la Unión es quien, por medio de una Decisión marco, ha diseñado esta figura jurídica, lo que ha generado la obligación de que cada Estado miembro la introduzca en su legislación. El adjetivo «europea» que califica sistemáticamente la orden de detención creada mediante la Decisión marco 2002/584 evidencia su vinculación congénita a la Unión.
            108. Como conclusión, el hecho de que la instauración de este instrumento haya exigido reformas constitucionales (32) o haya dado lugar a pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales supremos o constitucionales de los Estados miembros, (33) en su caso, lo dice todo sobre su importancia para los diversos ordenamientos constitucionales nacionales (34) y, en definitiva, para la propia Unión Europea.
            3.	Las dos «fases» del procedimiento de entrega de la persona buscada y el «sistema» del artículo 17 de la Decisión marco 2002/584
            109. Es preciso recordar seguidamente que la entrega de una persona buscada en aplicación de una orden de detención europea se desarrolla, con arreglo a las disposiciones de Decisión marco 2002/584, en dos fases diferenciadas. Una vez dictada la orden de detención europea por la autoridad judicial emisora con los requisitos de forma y de contenido establecidos en el artículo 8 de la Decisión marco 2002/584 y, en su caso, una vez traducida a la lengua del Estado miembro de ejecución, se transmite, en función de las circunstancias, siguiendo los procedimientos recogidos en los artículos 9 o 10 de la Decisión marco. Cuando la persona buscada es detenida por un Estado miembro en ejecución de la orden de detención europea, el resto del procedimiento de entrega se desarrolla en dos fases diferenciadas: la fase de adopción por la autoridad judicial de ejecución de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, objeto del litigio principal, y, si se resuelve dar un curso favorable a la solicitud de entrega, la fase de entrega propiamente dicha de la persona buscada al Estado miembro emisor.
            110. En el marco de la primera fase, la autoridad judicial de ejecución competente debe informar a la persona buscada de la existencia y del contenido de la orden de detención europea, así como de la posibilidad que se le brinda de consentir en su entrega a la autoridad judicial emisora, con arreglo al artículo 11 de la Decisión marco 2002/584. Luego, compete a esa misma autoridad adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, respetando lo dispuesto en los artículos 13 a 21 de la Decisión marco 2002/584, decisión que deberá notificarse a la autoridad judicial emisora, de acuerdo con el artículo 22 de la Decisión marco.
            111. Si la autoridad judicial de ejecución decide entregar a la persona buscada al Estado miembro emisor, ésta deberá ser entregada lo antes posible tras la adopción de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, siguiendo las modalidades y respetando los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 de la Decisión marco. Si la entrega no puede realizarse en los plazos enunciados en el artículo 23, apartados 2 y 4, la persona buscada deberá ser puesta en libertad si se halla aún detenida, con arreglo al artículo 23, apartado 5.
            112. El presente asunto atañe únicamente a los plazos impuestos para el desarrollo de la primera fase, de adopción de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584.
            113. Ha de subrayarse igualmente que el conjunto de las disposiciones del artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 configura un verdadero sistema de modalidades de adopción, por parte de las autoridades judiciales de ejecución, de las decisiones definitivas sobre la ejecución de las órdenes de detención europeas, cuyo eje central es la fijación de los plazos.
            114. Este artículo, que empieza indicando que la orden de detención «se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia» (apartado 1), establece a continuación los dos plazos dentro de los cuales debe adoptarse la decisión, en función de que la persona buscada haya consentido en su entrega o no —el primero, de 10 días a partir de la manifestación del consentimiento (apartado 2) y, el segundo, de 60 días tras la detención (apartado 3)—, pero con una excepción.
            115. Efectivamente, en determinados casos, cuando la orden de detención europea no pueda ejecutarse en esos plazos de 10 y 60 días, éstos podrán prorrogarse otros 30 días, de lo que la autoridad judicial de ejecución deberá informar inmediata y directamente a la autoridad judicial emisora, indicándole los motivos (apartado 4). Sin duda, puede constituir un caso de esa índole aquella situación en que la persona buscada se oponga a su entrega alegando un riesgo para su vida o su seguridad, lo que obligará a la autoridad judicial de ejecución a proceder a las comprobaciones necesarias, (35) solicitando, en su caso, al Estado miembro emisor que le facilite urgentemente información complementaria, en aplicación del artículo 15, apartado 2, de la Decisión marco.
            116. En todo caso, en espera de la adopción de la decisión definitiva, el Estado miembro de ejecución deberá velar por que sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona (apartado 5).
            117. La obligación de celeridad que se desprende de estas primeras disposiciones rige, evidentemente, sin perjuicio de que la solicitud de entrega deba denegarse, en aplicación de los artículos 3, 4 y 4 bis  de la Decisión marco 2002/584, en cuyo caso la autoridad judicial de ejecución deberá tomar una decisión denegatoria de la ejecución de la orden de detención europea, que deberá justificarse debidamente y dictarse, cabe entender, en los plazos establecidos (apartado 6).
            118. Por último, el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584 prevé dos situaciones que suponen diferentes tipos de «anomalía»: primero, en su primera frase, circunstancias excepcionales en las que un Estado miembro «no pueda» cumplir los plazos establecidos; luego, en su segunda frase, el supuesto de un incumplimiento repetido por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le incumben en relación con otro Estado miembro, es decir, el supuesto en que se den múltiples retrasos en la ejecución de las órdenes de detención europeas.
            119. Al establecer los plazos (36) dentro de los cuales debe adoptarse la decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea y al definir al mismo tiempo las obligaciones que recaen en la autoridad judicial de ejecución cuando ésta no puede cumplir esos plazos en determinados casos o bien en el Estado miembro de ejecución cuando éste no puede, en circunstancias excepcionales, garantizar que se cumplan esos plazos, las disposiciones de este artículo configuran un sistema completo llamado a regir todas las situaciones que puedan presentarse, independientemente de si la persona buscada se halla en detención o no, salvo el supuesto de que se recurra con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia en el transcurso del procedimiento de adopción de la decisión definitiva de ejecución de la orden de detención europea. (37)
            4.	Las dos cuestiones prejudiciales
            120. Antes de pasar a analizar cada una de las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court, creo necesario formular algunas observaciones sobre el mayor o menor grado de convergencia de los problemas que suscita cada una de ellas. La primera cuestión prejudicial interroga sencillamente sobre el efecto que produce el hecho de que se no se respeten los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, en relación con el artículo 15 de ésta, para que la autoridad judicial de ejecución adopte una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea. La segunda cuestión prejudicial plantea la misma situación, la de la inobservancia de los plazos, pero con dos precisiones: por una parte, el hecho de que la orden de detención europea haya conllevado el mantenimiento en detención de la persona buscada y, por otra parte, el hecho de que los efectos de la inobservancia de los plazos en cuestión se expresen en términos de «derechos» para la persona buscada y detenida.
            121. Resulta difícil responder aisladamente a la primera cuestión prejudicial, es decir, sin tener en cuenta la circunstancia de que la persona buscada puede hallarse privada de libertad como consecuencia de la solicitud de entrega que la atañe. Con todo, es posible mantener la autonomía de las dos cuestiones prejudiciales, tal como las ha planteado el tribunal remitente, si se responde a la primera «haciendo como si» la libertad individual de la persona buscada no estuviera en tela de juicio. De este modo, en el marco del análisis de esta primera cuestión prejudicial, pasarán a primer plano sobre todo los deberes mutuos que tienen los Estados miembros. Por lo tanto, sólo tendré en cuenta el hecho de que la persona buscada permanece detenida en el contexto de la ejecución de la orden de detención europea dictada contra ella en mi respuesta a la segunda cuestión prejudicial. Sin embargo, me parece esencial hacer hincapié en que siempre deben conservar su lugar tanto el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los compromisos que han suscrito unos con otros al adoptar la Decisión marco 2002/584 como el respeto de los derechos fundamentales que requiere su aplicación.
            122. Debo puntualizar también que únicamente examinaré las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente, a pesar de que el demandado en el litigio principal ha evocado, a lo largo de todo el procedimiento de ejecución de la orden de detención europea, el riesgo que su entrega al Estado miembro emisor entrañaba para su vida. La prueba de la existencia de ese riesgo ha constituido el núcleo de sus alegaciones y lo han llevado a solicitar que se sometiesen al Tribunal de Justicia más cuestiones prejudiciales. La consideración de ese riesgo por parte de la High Court es igualmente uno de los elementos que explican, por no decir que justifica, que ese tribunal todavía no haya tomado una decisión definitiva en este asunto.
            123. Sin embargo, resulta casi superfluo puntualizar que únicamente incumbe al Tribunal de Justicia aportar una respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente y no ha de tener en cuenta las barajadas por el demandado en el litigio principal. En el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales a los que se haya sometido un litigio y que deban asumir la responsabilidad de la decisión judicial que deba recaer, apreciar, a la vista de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para estar en condiciones de dictar su resolución como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia, sin que las partes puedan modificar el tenor de estas cuestiones. (38)
            124. Por otra parte, responder a las cuestiones complementarias que, en su caso, formulen las partes del procedimiento principal en sus observaciones sería incompatible con la función que la citada disposición confiere al Tribunal de Justicia, así como con su obligación de garantizar que los Gobiernos de los Estados miembros y las partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia, habida cuenta de que, con arreglo a esta disposición, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión. (39)
            B. Sobre la primera cuestión prejudicial 
            125. Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide al Tribunal de Justicia, en términos muy genéricos, que dilucide el efecto que puede tener la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 por parte del Estado miembro de ejecución de una orden de detención europea.
            126. El carácter genérico de esta cuestión prejudicial es más aparente que real. De hecho, de las explicaciones aportadas por el tribunal remitente se desprende que lo que se pregunta es, en definitiva, si una orden de detención europea caduca por el hecho de que se hayan sobrepasado los plazos dentro de los cuales se supone que la autoridad judicial de ejecución, en este caso, la propia High Court, debe adoptar una decisión definitiva, positiva o negativa, sobre la ejecución de dicha orden.
            127. Sin embargo, éste no es, en el fondo, el único problema que se plantea. En realidad, ante la situación de que la Decisión marco 2002/584 no precisa los efectos de la inobservancia de los plazos que establece en su artículo 17, la primera cuestión que cabe resolver, puesto que se ha suscitado, es la de la fuerza vinculante de esos plazos. Por lo tanto, examinaré previamente este elemento, antes de pasar a analizar posteriormente las posibles consecuencias de la inobservancia de los plazos.
            128. Con carácter incidental, debe recordarse que los plazos no tienen simplemente la función de garantizar la celeridad de la justicia penal, sino que contribuyen igualmente, especialmente en circunstancias como las del litigio principal, a asegurar que la persona buscada, que goza de la presunción de inocencia, pueda comparecer rápidamente ante la justicia del Estado miembro emisor.
            129. La cuestión de la fuerza vinculante para los Estados miembros de ejecución de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 se halla contenida en la propia cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente. La resolución de remisión toma como punto de partida la interpretación dada a esta disposición por la Supreme Court en su sentencia Dundon, que se adjuntó a la resolución de remisión. En ella, la Supreme Court declaró (40) que una persona que se halle en situación de prisión provisional como motivo de la ejecución de una orden de detención europea no tiene derecho a obtener su liberación inmediata al vencer los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, ya que esos plazos se han fijado, a su entender, a efectos de «disciplina interna de los Estados miembros» y no con la finalidad de conferir derechos a los particulares. Por otra parte, la Supreme Court llegó a la conclusión de que la High Court seguía obligada a ejecutar la orden de detención europea pese a la expiración de esos plazos.
            130. En el conjunto de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, se defiende, matices aparte, el mismo enfoque. En esas observaciones, se esgrimen de manera recurrente los mismos argumentos, en particular, el hecho de que los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 establecen esos plazos empleando el condicional, no utilizado en otras disposiciones; el hecho de que el artículo 17 no contiene disposiciones expresas equivalentes a las del artículo 23, apartado 5, a diferencia de lo que se sugería en la propuesta inicial de la Comisión, (41) y, por último, la interpretación del artículo 17 dada por el Tribunal de Justicia en su sentencia F., (42) en particular, en el apartado 64.
            131. No comparto totalmente esos argumentos, por las siguientes razones.
            132. En primer lugar, debe relativizarse el argumento gramatical.
            133. Es innegable que los apartados 2 y 3 del artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 indican que la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea «debería» (43) tomarse en un plazo de 10 días o de 60 días. Sin embargo, el artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco precisa por su parte, en términos imperativos, que una orden de detención europea «se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia». En el artículo 15, apartado 1, se señala, utilizando el indicativo, que la autoridad judicial de ejecución «decidirá» la entrega de la persona, en los plazos y condiciones definidos, en particular, en el artículo 17. Por lo tanto, debe entenderse sustancialmente que el empleo del condicional hace referencia a las circunstancias excepcionales en las que el Estado miembro de ejecución puede dejar de cumplir los plazos previstos a los que alude el artículo 17, apartado 7.
            134. En segundo lugar, considero que no puede entenderse que la interpretación dada al artículo 17 por el Tribunal de Justicia en su sentencia F. (44) relativice el carácter vinculante de los plazos que establece esa disposición. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que el artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 prevé que la orden de detención europea «se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia » y que los apartados 2 y 3 «fijan plazos precisos». (45) Acto seguido, evoca las disposiciones de los apartados 4 y 7 del artículo 17, que permiten, respectivamente, prorrogar los plazos establecidos en determinados casos y no cumplirlos en circunstancias excepcionales. (46) Además, por una parte, subraya que «la importancia de los plazos fijados por ese artículo 17 se manifiesta no sólo en éste sino también en otras disposiciones de la Decisión marco» (47) y, por otra parte, relativiza el significado de la evolución del texto del artículo 17 de la Decisión marco que, en la propuesta inicial de la Comisión, no empleaba el condicional sino el indicativo. (48)
            135. Por último, el Tribunal de Justicia concluye su razonamiento declarando que «los plazos previstos en el artículo 17 de la Decisión marco deben interpretarse en el sentido de que exigen que la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea se produzca, en principio, en los diez días siguientes al consentimiento para la entrega de la persona buscada, o bien en los demás casos en los sesenta días a partir de la detención de ésta. Sólo en casos específicos pueden prorrogarse esos plazos por treinta días adicionales, y únicamente en circunstancias excepcionales un Estado miembro puede dejar de respetar los plazos previstos en el referido artículo 17», (49) en particular, si el tribunal competente decide plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. (50)
            136. En tercer lugar, restar importancia a los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 debilitaría considerablemente la eficacia de esta disposición y conllevaría el riesgo de comprometer seriamente la consecución de los objetivos que persigue la Decisión marco.
            137. Dicho todo esto, creo que, sin embargo, debe admitirse un elemento de relativización del carácter estrictamente vinculante de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584. La orden de detención europea es un instrumento de cooperación judicial entre los Estados miembros tan novedoso que no sería prudente enmarcar esta cuestión únicamente en el ámbito del artículo 17, apartado 7. Con todo, debe recalcarse inmediatamente que este elemento de relativización no puede, en modo alguno, inducir a considerar que esos plazos no son sino un simple elemento incitativo, destinado a alentar a los Estados miembros a ejecutar las órdenes de detención europeas con celeridad.
            138. Una vez puntualizada la intensidad del carácter vinculante de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, se impone analizar la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente. ¿Puede considerarse que la inobservancia de los plazos acarrea la caducidad de una orden de detención europea?
            139. La interrogante que formula el tribunal remitente tiene por objeto el efecto de la inobservancia de los plazos sobre la orden de detención que es objeto del litigio principal, es decir, la perennidad de los efectos de la orden. A este respecto, e independientemente de la incidencia del supuesto, seguramente frecuente habida cuenta de las disposiciones del artículo 12 de la Decisión marco 2002/584, en el que la persona buscada se halle detenida, la inobservancia de esos plazos no puede inducir la caducidad de la orden de detención europea. Tal resultado supondría que el Estado miembro de ejecución tendría la posibilidad de optar entre una decisión denegatoria de la entrega explícita y motivada, en cumplimiento de los requisitos exigidos en los artículos 3, 4, 4 bis  y 17, apartado 5, de la Decisión marco 2002/584, y una decisión definitiva implícita, fruto de su silencio o de su inactividad. Pues bien, es indudable que esa posibilidad no está contemplada en la Decisión marco 2002/584 y no puede admitirse sin comprometer irremediablemente la eficacia de la Decisión marco 2002/584 y socavar seriamente el objetivo perseguido por ésta.
            140. Por lo demás, como se desprende de una lectura literal y sistemática del artículo 17, apartado 7, párrafo segundo, de la Decisión marco 2002/584, las eventuales «demoras» en la ejecución por parte de un Estado miembro de las órdenes de detención europeas no eximen a éste de su obligación de adoptar una decisión definitiva, sea la que sea. De hecho, esta disposición, al limitarse a «tratar» los repetidos retrasos por parte de un Estado miembro de ejecución, confirma implícitamente que, en todo caso, se espera de éste que adopte decisiones definitivas.
            141. Por consiguiente, considero que procede responder a la primera cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente que el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia de los plazos que establece y dentro de los que debería adoptarse una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea no puede tener por efecto la caducidad de esa orden de detención europea, teniendo en cuenta que la perennidad de los efectos de una orden de detención europea es independiente de las consecuencias que pueda tener sobre el disfrute de los derechos fundamentales de la persona buscada la toma en consideración de una eventual situación de privación de libertad. La autoridad judicial de ejecución y, más ampliamente, el Estado miembro de ejecución siguen obligados, a pesar del transcurso de esos plazos, a adoptar una decisión al respecto.
            C. Sobre la segunda cuestión prejudicial 
            142. En segundo lugar, la High Court se pregunta si el hecho de que la autoridad judicial de ejecución haya incumplido los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 para la adopción de una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea genera derechos para la persona buscada que permanece detenida en espera de que se tome esa decisión.
            143. Como ya he indicado, esta segun da cuestión prejudicial hace referencia a la misma situación que la aludida en la primera, es decir, aquella en que una autoridad judicial de ejecución ha dejado transcurrir los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 sin adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea, ya sea accediendo a la solicitud de entrega ya sea denegándola mediante justificación. La diferencia esencial con la primera cuestión prejudicial reside en que se le pide al Tribunal de Justicia que tenga en cuenta el hecho de que, como consecuencia de la orden de detención europea dictada por el Estado miembro emisor, la autoridad judicial de ejecución ha decretado, en aplicación del artículo 12 de la Decisión marco 2002/584, el mantenimiento en detención de la persona buscada, sin que esta situación se haya visto modificada por el vencimiento de los citados plazos. A fin de delimitar correctamente esta cuestión prejudicial, se imponen dos observaciones preliminares.
            144. Como ya se ha señalado, una orden de detención europea puede dictarse, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584, con vistas a la detención y a la entrega de la persona buscada con dos fines distintos: (51) la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad o bien el ejercicio de acciones penales para que dicha persona sea juzgada y, en su caso, sancionada, por los hechos mencionados en la orden de detención europea que se presume ha cometido. (52)
            145. El litigio principal se sitúa en el caso del segundo supuesto, aunque ello no conste expresamente en la formulación de la segunda cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente, ya que el demandado en el litigio principal es reclamado por el Estado miembro emisor para ser juzgado por homicidio y tenencia de arma de fuego con el propósito de atentar contra la vida de otro.
            146. Pienso que es necesario tener en cuenta esa circunstancia en la respuesta que haya de darse a la segunda cuestión prejudicial, puesto que la detención de una persona no encierra la misma gravedad si la persona ya ha sido condenada a una pena privativa de libertad en virtud de una resolución judicial definitiva que si no ha sido juzgada aún y, por lo tanto, goza todavía de la presunción de inocencia. (53) A este respecto, basta remitirse al artículo 26 de la Decisión marco 2002/584, que dispone que el Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que imponga a la persona buscada cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea. Sin embargo, si bien es cierto que la persona entregada al Estado miembro emisor con el fin de ser juzgada puede ser condenada posteriormente a una pena privativa de libertad, de cuya duración total podrá restarse, en aplicación del artículo 26, el tiempo que esa persona haya permanecido en prisión provisional en el Estado miembro de ejecución en espera de su entrega, no puede excluirse que esa persona sea absuelta finalmente en el Estado miembro emisor, en cuyo caso no habrá ocasión de aplicar el artículo 26.
            147. Volviendo ahora a la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente, procede señalar que éste evoca la posibilidad de que la inobservancia de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 pueda dar lugar a algún «derecho» —dicho del modo más general posible— para la persona buscada y detenida. Obviamente, a este respecto, debe compartirse la opinión de quienes sostienen que la Decisión marco 2002/584 y, en particular, su artículo 17, no menciona que pueda nacer ningún derecho subjetivo a favor de la persona mantenida en detención en ejecución de una orden de detención europea como consecuencia del transcurso de los plazos que establece sin que se haya adoptado una decisión definitiva sobre la ejecución de dicha orden. A lo sumo, el apartado 5 del artículo 17 dispone que debe velarse por que «sigan cumpliéndose las condiciones materiales necesarias para la entrega efectiva de la persona».
            148. Dicho esto, el mero hecho de que, en la cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente, se haga referencia expresa a una situación de detención, sumado a la inobservancia de los plazos establecidos para adoptar una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea, basta para suscitar una cuestión de derechos y de libertades. La segunda cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente adquiere así pleno sentido y puede formularse simplemente del siguiente modo: ¿qué consecuencias tiene, para una persona mantenida en detención en ejecución de una orden de detención europea, la expiración de los plazos previstos para la adopción de una decisión definitiva sobre la ejecución de dicha orden?
            149. Lo que se cuestiona es la privación del derecho a la libertad individual de una persona que goza, en el caso del litigio principal, de la presunción inocencia. Ciertamente, esta situación puede ser perfectamente legítima tanto en el Derecho de la Unión como en el de los Estados miembros o en virtud del derecho del CEDH. No obstante, tal situación sólo puede ser conforme a Derecho en ciertos supuestos, lo que vale sin duda igualmente para el Derecho de la Unión. En consecuencia, la Decisión marco 2002/584, como cualquier otra disposición del Derecho de la Unión, debe interpretarse a la luz de los derechos fundamentales, como bien se desprende tanto de su considerando 12 como de su artículo 1, apartado 3.
            150. Los Estados miembros deben aplicar la Decisión marco 2002/584 sin dañar los derechos fundamentales mediante sus propios instrumentos legales. El considerando 12 comporta, en su segunda frase, una amplia referencia a las «normas constitucionales» de los Estados miembros. Además, por su propia naturaleza, la Decisión marco atribuye a las autoridades nacionales un margen de apreciación sobre las modalidades concretas de realización de los objetivos que persigue. (54) La situación objeto del litigio principal es, por lo tanto, comparable a la evocada en el apartado 29 de la sentencia Åkerberg Fransson, (55) en la que la acción de los Estados miembros no está totalmente determinada por el Derecho de la Unión. En ese caso, si bien el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que deba controlar la conformidad con los derechos fundamentales de una disposición o de una medida nacional está facultado para aplicar estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales, dicha aplicación no puede afectar al nivel de protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión. (56)
            151. Con este razonamiento, me adelanto a una observación que me parece innegable, a saber, que ha de considerarse que el Estado miembro que se halle en una situación como la del litigio principal aplica el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, como se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (57) Efectivamente, tanto la legislación nacional adoptada para la transposición de la Decisión marco 2002/584 como la tramitación por parte de la autoridad judicial de ejecución del procedimiento de entrega constituyen una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, puesto que la orden de detención europea es, en definitiva, una creación de la Unión. En el contexto de una orden de detención europea, la Decisión marco 2002/584 es, en particular, la base jurídica y el fundamento que justifican que un Estado miembro pueda ordenar y mantener una medida privativa de libertad de una persona buscada con el fin de ejercer acciones penales contra ella, (58) ya que esa persona goza, en principio, de la presunción de inocencia, al menos en relación con los hechos por los que se la busca y por los que es objeto de una orden de detención europea.
            152. De lo anterior se infiere que, en las circunstancias del litigio principal, la Decisión marco 2002/584 y en particular su artículo 17 deben interpretarse a la luz de la Carta, que ésta se aplica a los Estados miembros y que los actos de las autoridades nacionales adoptados con el fin de transponer esa Decisión marco deben responder a las exigencias de la interpretación conforme. (59)
            153. En concreto, en las circunstancias del litigio principal, interpretar la Decisión marco 2002/584 a la luz de la Carta equivale a hacerlo respetando los requisitos del artículo 6 de ésta, que garantiza el derecho a la libertad en términos lapidarios.
            154. Las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (60) relativas a esta disposición remiten directamente al texto mismo del artículo 5 del CEDH, mucho más explícito, que reproducen íntegramente. En esas explicaciones, se precisa, además, que los derechos inscritos en el artículo 6 deberán respetarse «especialmente» cuando el Parlamento Europeo y el Consejo adopten actos legislativos en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal en virtud de los artículos 82 TFUE, (61) 83 TFUE y 84 TFUE.
            155. El artículo 5 del CEDH contiene dos disposiciones relevantes para el litigio principal, a saber, por una parte, su apartado 1, letra f), relativo a la extradición, el procedimiento más cercano objetivamente al procedimiento de entrega de la Decisión marco 2002/584 y, por otra parte, su apartado 4, que consagra el derecho de toda persona privada de libertad a presentar un recurso específico con el fin de obtener una respuesta rápida sobre la legalidad de cualquier situación de privación de libertad.
            156. El artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH ha dado lugar a una abundante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la que haré referencia en su debido momento. Antes, he de comenzar apuntando la siguiente observación.
            157. Sustancialmente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los procedimientos de extradición y, por lo tanto, al artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, es la más pertinente para apreciar la situación del litigio principal, de modo que resulta indispensable tomarla como punto de partida. Dicho esto, no cabe olvidar que, como ya he señalado, la orden de detención europea no es una simple variante de los procedimientos de extradición, por lo que no es necesario, ni resulta siempre suficiente, limitarse a controlar que se respeta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de extradición. Si bien no cabe duda de que ciertos criterios —como la duración razonable del procedimiento y la complejidad de éste, la conducta de la persona buscada o la inexistencia de inactividad judicial que se abordará inmediatamente después— resultan pertinentes, en especial, en el supuesto de que la petición de decisión prejudicial se limitase a pedir al Tribunal de Justicia que valorase una situación de prisión provisional que dura desde hace 30 meses, no puede descartarse que la interpretación de las exigencias que impone el derecho a la libertad en el contexto de una figura diferente, como la que constituye la orden de detención europea, requiera un enfoque más estricto en relación con la superación de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584.
            158. El artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH autoriza a los Estados parte a restringir la libertad de toda persona objeto de un procedimiento de extradición. Esta disposición permite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos valorar la «conformidad a Derecho» de la detención de una persona contra la cual «esté en curso» un procedimiento de extradición, por lo que sólo la tramitación del procedimiento de extradición justifica, en tal caso, la privación de libertad. (62)
            159. Por lo que sabemos hasta la fecha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se ha pronunciado formalmente sobre la aplicabilidad del artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH a la prisión provisional ordenada en aplicación de una disposición nacional que transponga el artículo 12 de la Decisión marco 2002/584. Sin embargo, sin perjuicio de la advertencia enunciada en el apartado 157 supra , es indudable que la prisión provisional decretada en el marco de la ejecución de una orden de detención europea, asimilable a la orden de extradición, entra en principio (63) en el ámbito de las disposiciones de este artículo. (64)
            160. Para ser conforme al artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, la detención a efectos de extradición debe, ante todo, ser «conforme a derecho» y haberse decretado «con arreglo al procedimiento establecido por la ley», es decir, debe haberse decidido en cumplimiento de las normas materiales y procesales aplicables a los interesados, ya se trate de normas nacionales o de aquellas que provengan del Derecho internacional (65) o del Derecho de la Unión. (66) Sin embargo, por esencial que resulte, la «conformidad a Derecho», en el sentido de la citada disposición, de la detención en el Derecho interno no es determinante, (67) porque, además, debe responder al objetivo perseguido por este artículo, que consiste en proteger a todo individuo contra la arbitrariedad. (68)
            161. Desde esta doble perspectiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado reiteradamente que, si bien es cierto que incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales y, en particular, a los órganos jurisdiccionales, interpretar y aplicar el Derecho interno, también él puede y debe, cuando en virtud del artículo 5, apartado 1, del CEDH la inobservancia del Derecho interno conlleve una violación del Convenio, ejercer cierto control para dilucidar si se ha respetado correctamente el Derecho interno. (69) Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha precisado que debía cerciorarse igualmente de que el Derecho interno se adecuaba al CEDH, incluido a los principios que éste enuncia o implica, (70) a saber, el principio de primacía del Derecho y, vinculado a éste, el de seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el principio de protección contra la arbitrariedad, protección contra la arbitrariedad que es, además, el objetivo del artículo 5. (71)
            162. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en que, cuando se trata de una privación de libertad, reviste particular importancia satisfacer el principio general de seguridad jurídica. Por consiguiente, es fundamental que estén claramente definidas las condiciones de la privación de libertad en virtud del Derecho interno (72) o del Derecho internacional (73) y que la propia ley sea previsible en su aplicación, de modo que se cumpla el criterio de «legalidad» establecido por el CEDH (74) y que se responda a la exigencia de la «calidad de la ley» inherente al conjunto de las disposiciones del CEDH.
            163. Por lo tanto, ¿puede considerarse, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que la simple expiración de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 implica que la detención de la persona buscada ha dejado de ser conforme a Derecho y que esa persona debe recuperar inmediatamente la libertad? Sobre tal extremo, no comparto el punto de vista de la Comisión. No creo que pueda llegarse a una conclusión tan radical. En concreto, no pienso que pueda defenderse que la simple expiración de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 transforme inmediatamente en ilegal una privación de libertad ordenada en ejecución de una orden de detención europea, con la consecuencia de tornarla incompatible con el derecho a la libertad garantizado por el artículo 6 de la Carta.
            164. De entrada, la detención de una persona puede estar justificada por otras circunstancias que la orden de detención europea. La situación de detención de una persona buscada en ejecución de una orden de detención europea emitida contra ella puede basarse perfectamente en otro motivo que la orden de detención europea en sí, por ejemplo, en el caso de que esa persona ya esté sometida a una medida privativa de libertad por aplicación de una resolución judicial definitiva o de que esté encausada en el Estado miembro de ejecución por hechos distintos de los mencionados en la orden de detención europea de la que es objeto y se halle en situación de prisión provisional en espera de ser juzgada, en ambos casos en aplicación de la legislación del Estado miembro de ejecución, supuestos evocados en particular en el artículo 24 de la Decisión marco 2002/584.
            165. Además, es posible que ciertas circunstancias excepcionales hayan impedido que se adopte una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea, como lo prevé precisamente el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584. A este respecto, se imponen tres precisiones casi evidentes. En primer lugar, la posibilidad de que un Estado miembro pueda invocar circunstancias excepcionales no puede convertirse, por la propia naturaleza de dichas circunstancias, en práctica habitual apenas acompañada de una motivación de pur a forma. En segundo lugar, la información que el Estado miembro de ejecución debe transmitir a Eurojust no puede considerarse una carta blanca para mantener indefinidamente una situación de privación de libertad. En tercer y último lugar, como ha sostenido la Comisión en sus observaciones, esas circunstancias excepcionales no deben ser imputables al Estado miembro de ejecución. En particular, la cláusula contenida en el artículo 17, apartado 7, de la Decisión marco 2002/584 no puede utilizarse como remedio a las modalidades procesales establecidas por un Estado miembro cuya aplicación abocaría casi inexorablemente al incumplimiento de los plazos fijados en el artículo 17. Corresponde al Derecho nacional adaptarse a las previsiones de la Decisión marco, y no lo contrario.
            166. Por último, más allá de la existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten materialmente la adopción de una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea en los plazos establecidos en la Decisión marco 2002/584, no puede excluirse categóricamente que puedan producirse circunstancias que permitan justificar un retraso, moderado y en casos aislados, siempre que se esté en medida, finalmente, de adoptar la decisión definitiva. La salvedad relacionada con la existencia de un procedimiento prejudicial evocada por el Tribunal de Justicia en su sentencia F. (75) se inscribe en esta lógica.
            167. A la vista de las anteriores consideraciones, la liberación de la persona buscada no puede ser la consecuencia inevitable de la expiración de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584. Esta afirmación constituye un primer elemento de respuesta a la segunda cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente.
            168. Sin embargo, no puede considerarse que la cuestión del respeto del artículo 5 del CEDH, tal como está incorporado en el artículo 6 de la Carta, se agote con esta primera observación. En su apartado 4, esa disposición garantiza el derecho efectivo de la persona detenida en ejecución de una orden de detención europea a oponerse a su mantenimiento en detención. Más exactamente, el artículo 5, apartado 4, del CEDH dispone que «toda persona privada de su libertad mediante arresto o detención tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal». Esta disposición, que se incorpora al contenido del artículo 6 de la Carta tanto a través del artículo 52, apartado 3, de ésta como mediante la remisión expresa que hacen las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, tiene sin duda su incidencia en el litigio principal.
            169. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido ocasión de precisar, como recordó el Tribunal de Justicia en su sentencia F., (76) que esa disposición se aplicaba igualmente en materia de extradición, (77) como lex specialis  respecto a las exigencias más generales del artículo 13 del CEDH, (78) y que la inexistencia de incumplimiento de los requisitos del artículo 5, apartado 1, del CEDH no lo dispensaba de controlar que se respetase lo dispuesto en el artículo 5, apartado 4, del CEDH. Y es que, efectivamente, estos dos textos son diferentes, y el cumplimiento del primero no implica necesariamente el del segundo (79) y la observación de un incumplimiento del primero no exime al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de investigar si se ha infringido el segundo. (80)
            170. Con arreglo a esa disposición, las personas arrestadas o detenidas tienen derecho, en virtud del artículo 5, apartado 4, del CEDH a que se examinen los requisitos procesales y materiales necesarios para la «legalidad», en el sentido del CEDH, de su privación de libertad, habiendo de tenerse en cuenta, por una parte, que el concepto de «legalidad» debe tener el mismo alcance en el apartado 4 que en el apartado 1 del artículo 5 del CEDH y, por otra parte, que la «legalidad» de un «arresto o detención» debe apreciarse no sólo desde la óptica del Derecho interno, sino también desde la perspectiva del texto del CEDH, de los principios generales que consagra y de la finalidad de las limitaciones que autoriza el artículo 5, apartado 1. (81)
            171. Desde luego, el Tribunal de Justicia también ha subrayado, en su sentencia F., (82) que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había declarado que, «cuando la decisión privativa de libertad se dicte por un tribunal que resuelve al término de un proceso jurisdiccional, el control exigido por el artículo 5, apartado 4, del CEDH está incorporado a la decisión». (83)
            172. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puntualizado que esta regla se aplica únicamente a la decisión inicial de privación de libertad, pero no a la detención posterior en la que podrían surgir nuevas cuestiones de legalidad a su respecto, (84) ya que la prosecución de una detención decretada inicialmente conforme a Derecho puede dejar de serlo posteriormente y perder toda justificación.
            173. En el caso de una detención continuada, el artículo 5, apartado 4, del CEDH otorga por lo tanto a la persona detenida el derecho a «presentar un recurso ante un “órgano judicial” competente a fin de que se pronuncie “en breve plazo” sobre si su privación de libertad se ha tornado “no conforme a Derecho”». (85) El concepto de órgano judicial implica sobre todo que la persona detenida «gozará de las garantías procesales fundamentales aplicadas en materia de privación de libertad», aunque dichas garantías no tienen por qué ser necesariamente idénticas a las que establece el artículo 6, apartado 1, del CEDH para los litigios civiles o penales, (86) sino que deben adaptarse a la naturaleza de la privación de libertad teniendo en cuenta el carácter particular de las circunstancias en las que dicha privación se desarrolla. (87) Esta vía de recurso judicial debe contar con un grado de certidumbre suficiente, no sólo en teoría, sino también en la práctica, so pena de desatender las exigencias de accesibilidad y eficacia necesarias. (88) El órgano jurisdiccional debe poder pronunciarse en breve plazo sobre si la privación de libertad ha dejado de ser «conforme a Derecho» por el hecho de que hayan sobrevenido elementos nuevos posteriores a la decisión inicial y decretar, en su caso, la puesta en libertad de la persona. (89)
            174. Las exigencias de rapidez y de control jurisdiccional periódico, a intervalos razonables, se explican por el hecho de que un detenido no debe correr el riesgo de permanecer en detención mucho después de que su privación de libertad haya perdido toda justificación, (90) sabiendo que los factores que afectan a la legalidad de una detención en el marco de un procedimiento de extradición —como los avances efectuados en la tramitación de éste y la diligencia con que las autoridades competentes gestionen el procedimiento— pueden evolucionar con el tiempo. (91)
            175. Es hora de evaluar la incidencia que tiene esa jurisprudencia en el litigio principal.
            176. Considero que el derecho que garantiza el artículo 5, apartado 4, del CEDH puede aplicarse a una persona que se halle en la situación del demandado en el litigio principal, (92) y que el mantenimiento prolongado de éste en detención en espera de una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea dictada contra él más allá de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584 confiere a ese derecho un contenido específico.
            177. Más precisamente, la superación de los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, dentro de los cuales la autoridad judicial de ejecución ha de adoptar una decisión definitiva sobre la entrega del demandado en el litigio principal, constituye una circunstancia que modifica, en sí y sin perjuicio del resultado del recurso, la fundamentación de la situación de prisión provisional del demandado y abre a éste los derechos garantizados por el artículo 5, apartado 4, del CEDH.
            178. En el contexto de la prisión provisional decretada en ejecución de una orden de detención europea, y en respuesta a una solicitud en este sentido de la persona detenida, corresponde al órgano jurisdiccional competente pronunciarse, una vez transcurridos los plazos establecidos en el artículo 17 de la Decisión marco 2002/584, sobre la legalidad del mantenimiento en detención de esa persona y ordenar, en caso de ilegalidad, su liberación con arreglo al artículo 5, apartado 4, del CEDH.
            179. A la luz de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia responder a la segunda cuestión prejudicial planteada por el tribunal remitente que la Decisión marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que una persona que se halle en situación de prisión provisional en espera de una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea dictada contra ella a fin de ser enjuiciada penalmente en el Estado miembro emisor debe poder disponer en el Estado miembro de ejecución, una vez expirados los plazos establecidos en el artículo 17 de la citada Decisión marco, de una vía de recurso que le permita obtener rápidamente una resolución judicial que se pronuncie sobre si su mantenimiento en prisión provisional, a pesar de la expiración de los plazos establecidos en dicho artículo, puede justificarse, sin embargo, por razones legítimas distintas de las que han suscitado la emisión de la orden de detención europea, por motivos particulares debidamente identificados vinculados con el proceso de adopción de la decisión definitiva sobre la ejecución de dicha orden o, por último, por circunstancias excepcionales no imputables al Estado miembro de ejecución y debidamente justificadas. En caso contrario, deberá decretarse su liberación. En el supuesto de que la persona detenida permaneciese en detención, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional competente velar constantemente por que se respeten los derechos garantizados por el artículo 6 de la Carta.
            VI.	Conclusión 
            180. Sobre la base de las anteriores consideraciones, propongo que se responda a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court del siguiente modo:
            «1) El artículo 17 de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia de los plazos que establece y dentro de los que debería adoptarse una decisión definitiva sobre la ejecución de una orden de detención europea no puede tener por efecto la caducidad de esa orden de detención europea, teniendo en cuenta que la perennidad de los efectos de una orden de detención europea es independiente de las consecuencias que pueda tener sobre el disfrute de los derechos fundamentales de la persona buscada la toma en consideración de una eventual situación de privación de libertad. La autoridad judicial de ejecución y, más ampliamente, el Estado miembro de ejecución siguen obligados, a pesar del transcurso de esos plazos, a adoptar una decisión al respecto.
            2) La Decisión marco 2002/584 debe interpretarse en el sentido de que una persona que se halle en situación de prisión provisional en espera de una decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea dictada contra ella a fin de ser enjuiciada penalmente en el Estado miembro emisor debe poder disponer en el Estado miembro de ejecución, una vez expirados los plazos establecidos en el artículo 17 de la citada Decisión marco, de una vía de recurso que le permita obtener rápidamente una resolución judicial que se pronuncie sobre si su mantenimiento en prisión provisional, a pesar de la expiración de los plazos establecidos en dicho artículo, puede justificarse, sin embargo, por razones legítimas distintas de las que han suscitado la emisión de la orden de detención europea, por motivos particulares debidamente identificados vinculados con el proceso de adopción de la decisión definitiva sobre la ejecución de dicha orden o, por último, por circunstancias excepcionales no imputables al Estado miembro de ejecución y debidamente justificadas. En caso contrario, deberá decretarse su liberación. En el supuesto de que la persona detenida permaneciese en detención, corresponderá al órgano jurisdiccional nacional competente velar constantemente por que se respeten los derechos garantizados por el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.»
            (1) . 
            (2)  – DO L 190, p. 1, en su versión modificada por la Decisión marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión marco 2002/584»).
            (3)  – Véase, en primer lugar, la sentencia Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261).
            (4)  – Véanse las sentencias Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, EU:C:2008:457); Leymann y Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669); West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404), y F (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358).
            (5)  – Véase, en particular, el artículo 17, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584.
            (6)  – En lo sucesivo, «EAWA 2003».
            (7)  – En lo sucesivo, «Estado miembro emisor».
            (8)  – Demandado en el litigio principal.
            (9)  – [2005] IESC 87 (http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/2005/S87); en lo sucesivo, «sentencia Dundon».
            (10)  – «Should» y no «shall» en inglés.
            (11)  – «Shall decide» en inglés.
            (12)  – Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 64.
            (13)  –	A este respecto, cita TEDH, sentencia Amie y otros c. Bulgaria de 12 de febrero de 2013, nº 58149/08, §§ 80 a 84.
            (14)  –	Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358.
            (15)  –	Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358.
            (16)  –	Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358.
            (17)  – EU:C:2014:2454, apartados 191 y 192.
            (18)  – Sentencia N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 81.
            (19)  – Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 65.
            (20)  – Asunto C‑399/11, EU:C:2013:107, apartado 60.
            (21)  –	Con arreglo al artículo 34 TUE, apartado 1, letra b), en la redacción dada por el Tratado de Amsterdam y antes de su derogación por el Tratado de Lisboa.
            (22)  –	Véanse las sentencias Pupino (C‑105/03, EU:C:2005:386), apartados 33 y 34; Dell’Orto (C‑467/05, EU:C:2007:395), apartado 49, y Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517), apartado 53.
            (23)  –	Véanse las sentencias Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:616); I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626); Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:683); Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517); Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39); Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107) y Baláž (C‑60/12, EU:C:2013:733). Para asuntos tramitados mediante el procedimiento prejudicial de urgencia, véanse las sentencias Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, EU:C:2008:457); Leymann y Pustovarov (C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669);, West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404) y F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358). Para un asunto tramitado mediante el procedimiento acelerado, véase la sentencia Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:437).
            (24)  –	Véase la sentencia Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261).
            (25)  –	Véanse, igualmente, las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2006:552); la opinión del Abogado General Bot presentada en el asunto Kozłowski (C‑66/08, EU:C:2008:253) y sus conclusiones presentadas en los asuntos Wolzenburg (C‑123/08, EU:C:2009:183), Mantello (C‑261/09, EU:C:2010:501) y Melloni (C‑399/11, EU:C:2012:600); la opinión de la Abogado General Kokott presentada en el asunto Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, EU:C:2008:455); las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:151); las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Radu (C‑396/11, EU:C:2012:648), y mis conclusiones presentadas en el asunto I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:404) así como mi opinión presentada en el asunto West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:322).
            (26)  –	A este respecto, véanse las explicaciones proporcionadas en los considerandos 3 y 4 de la Decisión marco 2002/584 y el artículo 31 de ésta; sobre el alcance de esta última disposición, véase la sentencia Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, EU:C:2008:457), apartados 51 a 56.
            (27)  –	El plazo de transposición de la Decisión marco 2002/584 estaba fijado para el 31 de diciembre de 2003, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 1 de la Decisión marco.
            (28)  –	Véanse, en particular, las sentencias Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261), apartado 28; Lopes Da Silva Jorge (C‑42/11, EU:C:2012:517), apartado 28; Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 36; Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39), apartado 33, y F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), apartado 34.
            (29)  –	Véanse, en particular, las sentencias West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404), apartado 53; Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 37; Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39), apartado 34, y F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), apartado 35.
            (30)  –	Sobre la importancia de esa confianza mutua para la interpretación de la Decisión marco 2002/584, véase la sentencia West (C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404), apartados 62 y 77; de forma más amplia, sobre su importancia para la interpretación de los actos adoptados en el marco de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, véanse la sentencia N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartados 78 a 83, en relación con el sistema europeo común de asilo, y las sentencias Health Service Executive (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255), apartados 102 y 103, y C (C‑376/14 PPU, EU:C:2014:2268), apartado 66, en relación con la cooperación en materia civil.
            (31)  –	Véase, en particular, Bot, S.: Le mandat d’arrêt européen , Larcier, 2009, pp. 129 y ss.
            (32)  –	Han sido necesarias revisiones constitucionales en Francia, Chipre, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia y Finlandia; véase Iglesias Sánchez, S.: «La jurisprudencia constitucional comparada sobre la orden europea de detención y entrega, y la naturaleza jurídica de los actos del tercer pilar», Revista de derecho comunitario europeo , 2010, volumen nº 35, p. 169.
            (33)  –	Controles que dieron lugar a anulaciones totales de las leyes de transposición, como en Alemania, o a anulaciones parciales, como en Polonia o Chipre; por su parte, el Arbitragehof (Bélgica) planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la apreciación de la validez, que dio lugar a la sentencia Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261).
            (34)  –	A este respecto, véase Bot, S.: Le mandat d’arrêt européen , Larcier, 2009, pp. 247 y ss.
            (35)  –	Véase, a este respecto, el considerando 13 de la Decisión marco 2002/584.
            (36)  –	Plazos cuya «importancia» recalcó el Tribunal de Justicia en su sentencia F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), apartado 62.
            (37)  –	Véase la sentencia F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), apartados 64 y 65.
            (38)  –	Véanse, en particular, las sentencias Bruyère y otros (C‑297/94, EU:C:1996:124), apartado 19; Kaba (C‑466/00, EU:C:2003:127), apartados 40 y 41; Welmory (C‑605/12, EU:C:2014:2298), apartado 28 33 , y Herbaria Kräuterparadies (C‑137/13, EU:C:2014:2335), apartado 50.
            (39)  –	Véanse, en particular, las sentencias Kainuun Liikenne y Pohjolan Liikenne (C‑412/96, EU:C:1998:415), apartados 22 a 24, y Santesteban Goicoechea (C‑296/08 PPU, EU:C:2008:457), apartados 46 y 47.
            (40)  –	Véase, a este respecto, el punto 40 de las presentes conclusiones.
            (41)  –	Véase la Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre el mandamiento de detención europeo y los procedimientos de entrega entre Estados miembros, de 19 de septiembre de 2001 [COM(2001) 522 final].
            (42)  – Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 64.
            (43)  – Por ejemplo, «devrait» y no «doit» en francés, «sollte» y no «soll» en alemán, «should» y no «shall» en inglés, «debería» y no «debe» en español.
            (44)  – Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 64.
            (45)  – Ibidem , apartado 60.
            (46)  – Ibidem , apartado 61.
            (47)  – Ibidem , apartado 62.
            (48)  – Ibidem , apartado 63.
            (49)  – Ibidem , apartado 64.
            (50)  – Ibidem , apartado 65.
            (51)  –	Véase la sentencia I.B. (C‑306/09, EU:C:2010:626), apartado 49.
            (52)  –	Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra d), de la Decisión marco 2002/584.
            (53)  –	Sobre la necesidad de efectuar tal distinción, véase igualmente TEDH, sentencia Gallardo Sanchez c. Italia de 24 de marzo de 2015, nº 11620/07, § 42.
            (54)  –	Véase la sentencia F. (C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358), apartado 52.
            (55)  –	Asunto C‑617/10, EU:C:2013:105.
            (56)  –	Véase la sentencia Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), apartado 60.
            (57)  –	Véanse, en particular, las sentencias Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107) y Radu (C‑396/11, EU:C:2013:39), apartado 33.
            (58)  –	Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584; véase, igualmente el artículo 18, apartado 1, de la Decisión marco 2002/584 y el formulario de orden de detención europea que figura en el anexo de ésta.
            (59)  –	Véase la nota 20.
            (60)  –	DO 2007, C 303, p. 17.
            (61)  –	Recuérdese que la Decisión marco 2002/584 se adoptó sobre la base, en particular, del artículo 31 TUE, letras a) y b), actualmente artículo 82 TFUE.
            (62)  –	Véase, en particular, Comisión EDH, Lynas c. Suiza de 6 de octubre de 1976, nº 317/75, D.R. 6, pp. 141 y 153.
            (63)  –	Véase TEDH, sentencia Khadzhiev c. Bulgaria de 3 de junio de 2014, nº 44330/07, § 62.
            (64)  –	El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha admitido que un convenio bilateral o un tratado internacional puedan servir de base jurídica de una detención a efectos de extradición. A este respecto, véanse TEDH, sentencias Soldatenko c. Ucrania de 23 de octubre de 2008, nº 2440/07, § 112, y Toniolo c. San Marino e Italia de 26 de junio de 2012, nº 44853/10, § 46.
            (65)  –	Comisión EDH, sentencia X. c. Reino Unido de 21 de mayo de 1976, nº 6565/74, D. R. 5, pp. 55 y 56; TEDH, sentencias Medvedyev y otros c. Francia, nº 3394/03, § 79, TEDH 2010, y Toniolo c. San Marino e Italia de 26 de junio de 2012, nº 44853/10, § 44.
            (66)  –	Comisión EDH, sentencia Caprino c. Reino Unido de 3 de marzo de 1978, nº 6871/75, D.R. 14, pp. 23 y 26 a 28, en relación con una detención a efectos de expulsión cuya conformidad a Derecho, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH se examina a la luz de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO 56, p. 850; EE 05/01, p. 36).
            (67)  –	TEDH, sentencia Ciobanu c. Rumanía e Italia de 9 de julio de 2013, nº 4509/08, § 60.
            (68)  –	TEDH, sentencias Bozano c. Francia de 18 de diciembre de 1986, serie A nº 111, § 54; Ciobanu c. Rumanía e Italia de 9 de julio de 2013, nº 4509/08, § 60, y Raf c. España de 17 de junio de 2003, nº 53652/00, § 63.
            (69)  –	TEDH, sentencias Douiyeb c. Países Bajos de 4 de agosto de 1999, nº 31464/96, § 45, y Ciobanu c. Rumanía e Italia de 9 de julio de 2013, nº 4509/08, § 59.
            (70)  –	TEDH, sentencias Winterwerp c. Países Bajos de 24 de octubre de 1979, serie A nº 33, § 45, y Ciobanu c. Rumanía e Italia de 9 de julio de 2013, nº 4509/08, § 60.
            (71)  –	Véase TEDH, sentencia Simons c. Bélgica de 28 de agosto de 2012, nº 71407/10, § 32 y jurisprudencia citada.
            (72)  –	En el que se incluye la jurisprudencia, siempre que sea reiterada y suficientemente precisa; véase, en particular, TEDH, sentencia Firoz Muneer c. Bélgica de 11 de abril de 2013, nº 56005/10, §§ 57 a 61.
            (73)  –	TEDH, sentencia Medvedyev y otros c. Francia, nº 3394/03, TEDH 2010, § 80.
            (74)  –	TEDH, sentencia Ciobanu c. Rumanía e Italia de 9 de julio de 2013, nº 4509/08, § 61.
            (75)  –	Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 65.
            (76)  –	Ibidem , apartado 43.
            (77)  –	TEDH, sentencia Sanchez-Reisse c. Suiza de 21 de octubre de 1986, serie A nº 107.
            (78)  –	TEDH, sentencia Chahal c. Reino Unido de 15 de noviembre de 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V , § 126.
            (79)  –	Véanse, en particular, TEDH, sentencias De Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica de 18 de junio de 1971, serie A nº 12, § 73, y Van Droogenbroeck c. Bélgica de 24 de junio de 1982, serie A nº 50, § 43.
            (80)  –	Véase, en particular, TEDH, sentencia Bouamar c. Bélgica de 29 de febrero de 1988, serie A nº 129, § 55.
            (81)  –	Véanse TEDH, sentencias Bogan y otros c. Reino Unido de 29 de noviembre de 1988, serie A nº 145-B, § 65, y Stephens c. Malta de 21 de abril de 2009, nº 11956/07, § 95.
            (82)  –	Asunto C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, apartado 43.
            (83)  –	Véanse TEDH, sentencias De Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica de 18 de junio de 1971, serie A nº 12, § 76; Engel y otros c. Países Bajos de 8 de junio de 1976, serie A nº 22, § 77; Khodzhamberdiyev c. Rusia de 5 de junio de 2012, nº 64809/10, § 103, y Soliyev c. Rusia de 5 de junio de 2012, nº 62400/10, § 50.
            (84)  –	Véanse TEDH, sentencias Van Droogenbroeck c. Bélgica de 24 de junio 1982, serie A nº 50, § 46; Weeks c. Reino Unido de 2 de marzo de 1987, serie A nº 114, § 56, y Abdulkhakov c. Rusia de 2 de octubre de 2012, nº 14743/11, § 208.
            (85)  –	TEDH, sentencias Weeks c. Reino Unido de 2 de marzo de 1987, serie A nº 114, § 58; Ismoilov y otros c. Rusia de 24 de abril de 2008, nº 2947/06, § 146, y Abdulkhakov c. Rusia de 2 de octubre de 2012, nº 14743/11, § 208.
            (86)  –	TEDH, sentencias Megyeri c. Alemania de 12 de mayo de 1992, serie A nº 237-A, § 65, y Stephens c. Malta de 21 de abril de 2009, nº 11956/07, § 95.
            (87)  –	Véanse, en particular, TEDH, sentencias Winterwerp c. Países Bajos de 24 de octubre de 1979, serie A nº 33, § 57, y Bouamar c. Bélgica de 29 de febrero de 1988, serie A nº 129, § 55.
            (88)  –	Véase TEDH, sentencia Vachev c. Bulgaria, nº 42987/98, § 71, TEDH 2004-VIII.
            (89)  –	Véase TEDH, sentencia Abdulkhakov c. Rusia de 2 de octubre de 2012, nº 14743/11, § 208.
            (90)  –	Véanse TEDH, sentencias Bezicheri c. Italia de 25 de octubre de 1989, serie A nº 164, § 20, y Rahmani y Dineva c. Bulgaria de 10 de mayo de 2012, nº 20116/08, § 78.
            (91)  –	Véase TEDH, sentencia Čalovskis c. Letonia de 24 de julio de 2014, nº 22205/13, § 217.
            (92)  –	Véanse, en particular, Grabenwarter, C.: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms — Commentary , Beck, Hart, Nomos, Helbing Lichtenhahn, 2014: «Article 5 — Right to liberty and security», p. 92, y Koering-Joulin, R.: «Article 5, § 4», en Petiti, L.-E. et autres (dir.), La Convention européenne des droits de l’homme, Commentaire article par article , Economica, 2ª ed., 1999, p. 229.