CELEX: 51994PC0305
Language: es
Date: 1994-07-13
Title: Propuesta de Decisión del Consejo sobre la firma del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y sobre la aplicación provisional de dicho Acuerdo y de la Parte XI de dicha Convención por la Comunidad Europea

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                                     C0MC94) 305 final
                                                     Bruselas» 13.07.1994
                                                     94/0182 (ACC)
Comunicación de la Comisión al Consejo sobre los resultados de las
"consultas oficiosas" llevadas a cabo por el Secretario General de las
Naciones Unidas para garantizar la aceptación universal de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982;
                                                                   94/0182 (ACC)
                    Propuesta de Decisión del Consejo
       sobre la firma del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la
       Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y sobre
       la aplicación provisional de dicho Acuerdo y de la Parte XI de dicha
       Convención por la Comunidad Europea.
                    (presentadas por la Comisión)
 ---pagebreak---                                    I. INTRODUCCIÓN
La Convención, ratificada hasta el momento por 61 Estados, todos ellos países en vías de
desarrollo con la excepción de Islandia, la antigua Yugoslavia y Malta, entrará en vigor el
16 de noviembre próximo, un año después de la sexagésima ratificación.
Los Estados industrializados no la han ratificado - y algunos, concretamente Alemania, el
Reino Unidos y los Estados Unidos, ni siquiera la hanfirmado- a causa de su Parte XI
sobre la explotación de los fondos marinos, que consideran establece un régimen
dirigista, burocrático y extremadamente costoso, mientras que los países en vías de
desarrollo consideraban que dicha Parte XI constituía la primera manifestación práctica
del "nuevo orden económico mundial".
Sólo a causa de los cambios políticos y económicos acontecidos en los últimos años y de
las enormes cargasfinancierasque habrían tenido que soportar sin la participación de los
países industrializados, los Estados en vías de desarrollo han reconocido la necesidad de
modificar el régimen de explotación de los fondos marinos para conseguir que la
Convención sea umversalmente aceptable.
Por este motivo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuellar,
convocó en 1990 a algunos de los Estados interesados para determinar cuáles eran los
aspectos de la Parte XI que planteaban mayores problemas a los países industrializados y
para buscar una solución de compromiso.
La segunda fase de estas consultas estuvo abierta a todos los Estados interesados y a la
Comunidad.
Finalizó el 3 de junio de 1994, con la elaboración de un proyecto de resolución y de un
proyecto de acuerdo para la aplicación de la Parte XI.
La gran mayoría de las delegaciones presentes expresó su satisfacción, y sólo un Estado,
la Federación Rusa, declaró que los resultados no eran satisfactorios, ya que las
delegaciones del Grupo de los 77 habían rechazado varias de sus propuestas.
Los proyectos se presentarán a la 48a Asamblea General de las Naciones Unidas, vuelta a
convocar para los días 27 a 29 de julio de 1994, para su adopción. El Acuerdo quedará
abierto a lafirmainmediatamente después de su adopción.
De conformidad con las disposiciones de la Convención,firmadapor la Comunidad el 7
de diciembre de 1984, ésta última no podráfirmarel Acuerdo si no lo hanfirmadoantes
al menos la mayoría de sus Estados miembros (cf. art. 3 del Acuerdo, apartado f) del
párrafo 1 del art. 305 y art. 2 del Anexo IX de la Convención).
                                                                                            - i -
 ---pagebreak---        II. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN Y DE
                                       ACUERDOm
1.        INTRODUCCIÓN
1.1.      Cuando firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
          el 7 de diciembre de 1984, la Comunidad Europea hizo la siguiente
          declaración:
          Al firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la
          Comunidad Económica Europea declara que considera que esta Convención
          constituye, en el marco del Derecho del Mar, un esfuerzo importante en la
          codificación y el desarrollo progresivo del Derecho Internacional en los
          ámbitos a que hace referencia su declaración efectuada de conformidad con
          lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo IX de la Convención. La Comunidad
          desea expresar la esperanza de que esta iniciativa se convierta en un medio
          útil para el fomento de la cooperación y de unas relaciones estables entre
          todos los países en estos ámbitos.
          La Comunidad, no obstante, considera que varias disposiciones importantes
          de la Parte XI de la Convención no propician el desarrollo de las
          actividades a que se refiere dicha Parte, teniendo en cuenta que varios
          Estados miembros de la Comunidad han expresado ya su postura en el
          sentido de que esta Parte adolece de imperfecciones y deficiencias
          considerables que deben ser rectificadas. La Comunidad reconoce la
          importancia del trabajo que queda por hacer y espera que sea posible llegar
          a un acuerdo sobre las condiciones para la aplicación de un régimen de
          explotación minera de los fondos marinos que obtengan la aceptación
          general y que pueda, en consecuencia, fomentar las actividades en la Zona
          internacional de los fondos marinos. La Comunidad, dentro de los límites
          de sus competencias, participará plenamente en la búsqueda de soluciones
          satisfactorias.
          En una fase posterior deberá aprobarse una decisión independiente sobre la
          confirmación formal. Dicha decisión se aprobará a la luz de los resultados de
          los trabajos para conseguir una Convención aceptable umversalmente.
1.2.      Otros países industrializados, especialmente los interesados en la explotación
          de los fondos marinos, hicieron declaraciones similares.
1.3.      La Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos
          Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar ha demostrado
          ser el marco adecuado para la elaboración de normas, regulaciones y
          procedimientos siempre que sean de naturaleza técnica y "neutral", pero no
          para rectificar las imperfecciones y deficiencias.
(1) Esta evaluación, realizada por los servicios de la Comisión, fue aprobada el 2.6.1994 en
     Nueva York, a título personal, por los miembros del grupo de Altos Funcionarios "Derecho
     del Mar".
 ---pagebreak--- 1.4.  A finales de la década de los ochenta se hizo patente que la Convención había
      sido ratificada por Estados en desarrollo casi exclusivamente (con la excepción
      de Islandia y Yugoslavia) y que los países industrializados de Oriente y
      Occidente no estaban dispuestos a ratificarla mientras no se modificase el
      régimen de explotación minera de los fondos marinos. Los importantes
      acontecimientos políticos y económicos que han tenido lugar desde la
      aprobación de la Convención y que afectan a las relaciones internacionales en
      general animaron al Secretario General de las Naciones Unidas a hacer un
      nuevo esfuerzo para conseguir la aceptación universal de dicha Convención.
1.5.  El Secretario General invitó a un número reducido de Estados industrializados
      y en desarrollo con intereses especiales a unas "Consultas oficiosas" en las
      que se determinaron los ocho elementos de la Parte XI que constituyen las
      principales razones por las que los Estados industrializados no han ratificado, o
      no se han adherido, a la Convención:
       * Costos para los Estados Partes
       * La Empresa
       * Procedimientos de adopción de decisiones de la Autoridad
       * Conferencia de Revisión
       * Transferencia de tecnología .
       * Limitación de la producción
       * Fondo de compensación
       * Disposicionesfinancierasde los contratos
1.6.   Tras casi cuatro años de consultas - que desde principios de 1992 han estado
       abiertas a todos los Estados interesados y a la Comunidad Europea - se ha
       llegado a un acuerdo sobre los ocho puntos y sobre la creación de un órgano
       subsidiario de la Autoridad para los asuntos financieros, el "Comité de
       Finanzas" (Artículo 162, párrafo 2 (y) de la Convención).
 1.7.  En la última fase de las consultas, las delegaciones participantes llegaron
       también a un acuerdo sobre la forma jurídica que deberá darse a los resultados
       de las negociaciones, es decir, la redacción de un Acuerdo sobre la aplicación
       de la Parte XI de la Convención. Las soluciones a los ocho problemas
       determinados y las disposiciones para la creación del "Comité de Finanzas"
       constituyen un anexo del Acuerdo. La primera sección, que trata sobre los
       "Costos para los Estados Partes" incluye también disposiciones sobre los
       "arreglos institucionales".
2.     EL ACUERDO DE APLICACIÓN
2.1.   El Acuerdo es un instrumento jurídicamente vinculante que modifica las
       disposiciones de la Parte XI de la Convención. Establece que las disposiciones
       del Acuerdo y de la Parte XI deberán interpretarse y aplicarse conjuntamente
       como un sólo instrumento. En caso de que existan discrepancias entre ambos
       textos, prevalecerán las disposiciones del Acuerdo
 ---pagebreak--- 2.2.      El Acuerdo concilia los intereses de aquellos Estados - entre ellos la
          Comunidad Europea y sus Estados miembros - que se han negado hasta ahora
          a ratificar la Convención, o a adherirse a ella, debido a su régimen de
          explotación minera de los fondos marinos y los de aquellos Estados que ya han
          ratificado la Convención pero han aceptado, con el fin de conseguir una
          aceptación universal, modificar determinadas disposiciones de la Parte XI
          siempre que se reafirme el principio de que la Zona y sus recursos son
          patrimonio común de la humanidad y se indique claramente que los Estados
          que habían rechazado el régimen de explotación minera original aceptarán la
          Convención modificada.
          La disposición relativa a la aplicación provisional evitará, en la medida de lo
          posible, que pueda producirse una situación por la que distintos Estados
          miembros puedan, al menos temporalmente, aplicar distintas versiones de la
          Convención. A partir de la entrada en vigor de la Convención, y hasta la
          entrada en vigor del Acuerdo, éste último será aplicado de forma provisional:
                 por todos los Estados que hayan votado a favor de su aprobación en la
                 Asamblea General de las Naciones Unidas y no hayan notificado
                 expresamente al depositario, antes de la entrada en vigor de la
                 Convención, su intención de no hacerlo;
                 por los Estados que hayanfirmadoel Acuerdo y que no hayan notificado
                 al depositario que no aplicarán el Acuerdo con carácter provisional;
                 por los Estados que se hayan adherido al Acuerdo.
          Ello no excluye que los Estados que hayan votado contra la aprobación del
          Acuerdo o que no hayan estado representados en la reunión de la Asamblea
          General puedan seguir aplicando la Convención no modificada, pero no hay
          duda de que el Acuerdo obtendrá el consentimiento de virtualmente todos los
          Estados representados en las "Consultas oficiosas", y especialmente de los
          países en desarrollo que participaron en dichas consultas que ya hayan
          ratificado la Convención y que hayan mostrado, mediante sus presencia, su
          interés por el régimen de explotación minera de los fondos marinos.
2.3.      Los Estados podrán expresar de distintas formas su consentimiento en
           obligarse por la Convención (Artículos 4 y 5). El procedimiento simplificado
          permite que los gobiernos de los Estados que ya han ratificado la Convención
           den su consentimiento tácito si así lo desean. Las otras formas son, como es
          habitual,firmano sujeta a ratificación, ratificación y adhesión. En el caso de la
           Comunidad Europea se aplica el procedimiento de la Convención sobre la
           confirmación formal de las "organizaciones internacionales" (Artículo 3 del
           Anexo IX).
2.4.       El Acuerdo entrará en vigor a los 30 días de la fecha en que 40 Estados hayan
           dado su consentimiento en obligarse, siempre que dichos Estados incluyan
           como mínimo a 7 Estados "Primeros inversionistas" (apartado a) del párrafo 1
           de la resolución II)(2), al menos 5 de los cuales deberán ser Estados
           industrializados. De esta forma se garantizará a los Estados en desarrollo que
           las modificaciones de la Parte XI acordadas por ellos han tenido el resultado
           esperado, es decir, la aceptación de la Convención por los Estados
           industrializados.
 2.5.      Por el mismo motivo, el Acuerdo dispone (Artículo 7, apartado 3) que la
           aplicación provisional terminará el 16 de noviembre de 1998, es decir, a los
           cuatro años de la entrada en vigor de la Convención, si no se han cumplido en
           esa fecha las condiciones mencionadas en el apartado 4.
 (2) entre ellos Bélgica, Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y el Reino Unido.
 ---pagebreak--- 2.6.     Conclusión
         El Acuerdo y sus disposiciones relativas a la aplicación provisional
         concederán a los países industrializados que todavía no han ratificado la
         Convención pleno acceso a los órganos de la Autoridad y les concederán
         suficiente tiempo, hasta el 15 de noviembre de 1988, para completar sus
         procedimientos internos de ratificación o adhesión. Por otra parte, los
         Estados en desarrollo que ya lo hayan ratificado dispondrán de unas
         garantías satisfactorias de que las concesiones que hayan podido hacer a
         lo largo de las consultas se verán compensadas por la aceptación universal
         de que gozará la Convención a partir de ahora.
3.       EL ANEXO AL ACUERDO DE APLICACIÓN
3.1.     COSTOS         PARA      LOS      ESTADOS         PARTES       Y ARREGLOS
         INSTITUCIONALES
3.1.1.   Costos para los Estados Partes
3.1.1.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención
         Se ha acusado a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y a su
         Secretaría, tal y como se definen en la Parte XI de la Convención, de ser
         burocráticas, "dirigistas", intervencionistas y excesivamente costosas. Los
         países industrializados en general, y la Comunidad y sus Estados miembros en
         particular, no pueden aceptar:
         *     determinadas disposiciones de la Parte XI que imponen unas obligaciones
               financieras muy elevadas a los Estados Partes, especialmente la obligación
               de poner a disposición de la Empresa, en forma de préstamos a largo
               plazo y sin interés, el 50% de los fondos necesarios para explorar y
               explotar un sitio minero y para transportar, tratar y comercializar los
               minerales extraídos ... así como para cubrir sus gastos administrativos
               iniciales, y la obligación de contribuir ai fondo de compensación para
               ayudar a los Estados en desarrollo afectados que sean productores
               terrestres (véanse los capítulos 3.2 y 3.7 a continuación)
         *     el establecimiento de una Autoridad completa con todos sus órganos
               subsidiarios y una gran Secretaria inmediatamente después de la entrada
               en vigor de la Convención, es decir, al menos quince años antes de que
               pueda iniciarse la primera operación comercial y antes de que dicha
               Autoridad pueda ejercer muchas de sus competencias.
 ---pagebreak--- 3.1.1.2. Acuerdo de aplicación
         El Acuerdo reconoce que a partir de la entrada en vigor de la Convención, las
         actividades de la Autoridad serán limitadas en la medida en que no sea
         económicamente viable la explotación minera de los fondos marinos. En
         consecuencia, el establecimiento y funcionamiento de sus distintos órganos y
         órganos subsidiarios se basarán en un criterio evolutivo y de forma eficaz en
         función de los costos. El Acuerdo determina con precisión las actividades a
         que deberá dedicarse principalmente la Autoridad durante el periodo previo a
         la aprobación del primer plan de trabajo para explotación.
         El Acuerdo crea un Comité de Finanzas (Sección 9), cuyas recomendaciones
         deberán ser tenidas en cuenta por la Asamblea y el Consejo al adoptar todas las
         decisiones sobre asuntos financieros. Las decisiones del Comité de Finanzas
         sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso (véase el capítulo 3.9 a
         continuación). Hasta que la Autoridad pueda autofinanciarse, se incluirá entre
         los miembros del Comité (15 miembros en total) a los cinco mayores
         contribuyentes financieros (Estados Unidos, Japón, Alemania, Rusia y Francia)
         al presupuesto administrativo de la Autoridad.
         Además, las disposiciones de las Secciones 2 y 7 del Acuerdo suprimen todas
         las obligaciones financieras resultantes de la creación de la Empresa y de un
         "fondo de compensación" (véanse los capítulos 3.2 y 3.7 a continuación).
         Por último, el Acuerdo establece que los primeros inversionistas inscritos
         podrán solicitar la aprobación de un plan de trabajo para exploración en un
         plazo de 36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención y
         que el canon de 250.000 dólares pagado de conformidad con lo dispuesto en la
         Resolución II constituye el canon correspondiente a la etapa de exploración. El
         Acuerdo establece también el principio de no discriminación entre las
         condiciones fijadas para los primeros inversionistas inscritos y las que se
         apliquen a los Estados o entidades que hayan solicitado a la Autoridad la
         aprobación de un plan de trabajo.
3.1.1.3. Evaluación
         Los costos para los Estados Partes se han reducido considerablemente
         debido a tres razones:
          *    Durante el largo periodo antes de que la explotación de la zona sea
               viable económicamente, la Autoridad tendrá sólo un número
               limitado de funciones. El principio del criterio evolutivo deberá
               garantizar que durante este periodo el número y la duración de las
               reuniones de la Asamblea y el Consejo será muy reducido, que los
               órganos subsidiarios sólo serán establecidos si son necesarios y que la
               Secretaría tendrá un tamaño muy reducido y unas tareas
               determinadas con exactitud. El Consejo, actuando de conformidad
               con el "sistema de voto por cámaras" (véase el capítulo 3.3 más
               adelante) y asistido por el "Comité de Finanzas" (capítulo 3.9) velará
               por la estricta aplicación del principio de eficacia en función de los
               costes.
 ---pagebreak---                 Incluso después de este periodo inicial, las funciones de la Autoridad
                serán significativamente más limitadas de lo que lo habrían sido de
                 conformidad con la Parte XI original, ya que el Acuerdo ha
                 "desburocratizado" la Autoridad: aquellas funciones que habrían
                 dado lugar a la creación de grandes servicios en la Secretaría (por
                 ejemplo, el sistema de limitación de la producción y la
                 administración de un "fondo de compensación") se sustituyen por
                 otras disposiciones menos burocráticas.
                 Por último, se suprimen definitivamente las disposiciones de la
                 Convención más peligrosas desde el punto de vista financiero sobre
                 la financiación por los Estados Partes del primer sitio minero de la
                 Empresa (véase el capítulo 3.2) y sobre un "fondo de compensación"
                 (véase el capítulo 3.7).
3.1.2.     Arreglos institucionales
3.1.2.1. Acuerdo de aplicación
3.1.2.1.1. Afiliación provisional
           El Acuerdo podrá entrar en vigor antes de que todos los Estados, y
           especialmente antes de que todos los Estados patrocinadores, hayan finalizado
           sus procedimientos de ratificación o adhesión. El Acuerdo, por tanto, ofrece a
           dichos Estados la posibilidad de continuar siendo miembros de la Autoridad de
           forma provisional o, para el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de
           1996 y el 16 de noviembre de 1998, de solicitar al Consejo continuar siendo
           miembros de dicha Autoridad.
           Todo plan de trabajo para exploración aprobado, patrocinado por lo menos por
           uno de los Estados que estén aplicando provisionalmente el Acuerdo, quedará
           sin efecto si ese Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo (Artículo
           7) sin convertirse en miembro provisional o en Estado Parte.
3.1.2.1.2. Derechos y obligaciones de los miembros provisionales de la Autoridad
           Estos miembros aplicarán la Parte XI y el Acuerdo de conformidad con sus
           leyes y reglamentos nacionales o internos y con sus consignaciones
           presupuestarias anuales, y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los
           demás miembros, incluida la obligación de contribuir al presupuesto
           administrativo de la Autoridad (véase el apartado 3.1.2.1.3 a continuación) y el
           derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de trabajo para
           exploración.
           Si un miembro provisional dejase de cumplir sus obligaciones se pondrá
           término a su calidad de miembro provisional.
 ---pagebreak--- 3.1.2.1.3. Financiación provisional de la Autoridad con cargo al presupuesto de las
           Naciones Unidas
           Hasta el final del año siguiente al año en que entre en vigor el Acuerdo, los
           gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto
           de las Naciones Unidas, previa decisión de la Asamblea General (el apartado 7
           del proyecto de Resolución de la AGNU contiene esta decisión).
3.1.2.4. Normas, reglamentos y procedimientos
           Las disposiciones del inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de
           la Convención, que indica los asuntos para los que la Autoridad puede aprobar
           normas, reglamentos y procedimientos, se extienden a las disposiciones del
           Acuerdo relativas a la Empresa, la transferencia de tecnología, la política de
           producción y las condiciones financieras del contrato. Si el Consejo no ha
           finalizado la elaboración de las normas, reglamentos y procedimientos
           relacionados con la explotación en el plazo prescrito, procederá de todos
           modos a considerar y aprobar, en su caso, provisionalmente dicho plan de
           trabajo para la explotación.
3.1.2.2. Evaluación
           La financiación provisional de los gastos administrativos de la Autoridad
           con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas resuelve el problema de
           los Estados que, por motivos constitucionales, no pueden contribuir al
           presupuesto de una organización internacional sin haberse adherido a
           ella.
           Las disposiciones sobre la aprobación de normas, reglamentos y
           procedimientos tienen en cuenta que no es posible adoptar disposiciones
           detalladas sobre muchos aspectos de la explotación minera de los fondos
           marinos antes de que se conozcan mejor las condiciones económicas,
           tecnológicas y medioambientales de dicha explotación, es decir, antes de
           que puedan realizarse operaciones comerciales en un futuro próximo.
           El sistema de "miembros provisionales" ofrece a aquellos Estados cuyos
           procedimientos de ratificación son complicados o largos la garantía de
           que podrán continuar siendo miembros provisionales de la Autoridad tras
           la entrada en vigor del Acuerdo y hasta el 15 de noviembre de 1998.
 ---pagebreak--- 3.2.   LA EMPRESA
3.2.1. Disposiciones de la Parte XI y del Anexo IV de la Convención
       El establecimiento de la Empresa fue considerado por muchos Estados en
       desarrollo, en el momento de la adopción de la Convención, como la primera
       manifestación del "nuevo orden económico internacional". Por el mismo
       motivo, los Estados occidentales industrializados han criticado el "sistema
       paralelo" considerándolo incompatible con sus sistemas económicos, ya que
       creaba una "empresa pública" internacional expuesta, a través de la Autoridad,
       a interferencias políticas, que debía financiarse mediante contribuciones muy
       elevadas de los Estados Partes y que gozaba de un número considerable de
       privilegios en relación con sus competidores, por ejemplo: prospección de la
       zona reservada a expensas de sus competidores, financiación sin costos de la
       primera operación de explotación minera, exención de pagos a la Autoridad
       durante un periodo inicial de diez años, inmunidad contra cualquier forma de
       incautación, embargo o ejecución mientras no se dicte sentencia firme contra la
       Empresa y derecho a la transferencia obligatoria de tecnología por parte de sus
       competidores. Se señaló también que la Empresa, cuya actividad económica se
       limitaba a un sector único, la explotación minera de los fondos marinos, sería
       extremadamente vulnerable ante la volubilidad de los mercados mundiales de
       materias primas.
3.2.2. Acuerdo de aplicación
       Puesto que la explotación minera de los fondos marinos no será viable hasta al
       menos dentro de quince años, las actividades de la Empresa consistirán
       fundamentalmente en seguir y analizar las tendencias y acontecimientos y
       evaluar los datos. En consecuencia, al principio sus funciones serán
       desempeñadas por la Secretaría de la Autoridad.
       La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales por medio de empresas
       conjuntas. Sólo en el caso de que se apruebe un plan de trabajo de explotación
       para una entidad distinta a la Empresa, o de que le sea presentada una solicitud
       de constitución de empresa conjunta con la Empresa, el Consejo considerará la
       cuestión del funcionamiento de la Empresa independientemente de la
       Secretaría. Si una empresa conjunta se basa en principios comerciales sólidos,
       el Consejo aprobará dicho funcionamiento independiente.
       Los Estados Partes no estarán obligados a financiar ninguna de las operaciones
       de la Empresa, autónomas o en el marco de sus acuerdos de empresa conjunta.
       Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán también a la
       Empresa.
       Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad como
       área reservada tendrá derecho de opción preferente a concertar un arreglo de
       empresa conjunta con la Empresa o, si la Empresa no presenta una solicitud de
       aprobación de un plan de trabajo dentro de los 15 años siguientes a la
       iniciación de sus funciones independientemente, el contratista tendrá derecho a
        solicitar un plan de trabajo para dicha área incluyendo a la Empresa como
       socio en una empresa conjunta.
 ---pagebreak--- 3.2.3. Evaluación
       Se ha alegado, dentro de la Unión Europea entre otros, que la Empresa
       como tal no es compatible con el principio de la economía de mercado.
       Por otra parte, continúa siendo para muchos países en desarrollo el
       símbolo del principio de patrimonio común de la humanidad
       El Acuerdo ha mantenido la Empresa, pero eliminando aquellos
       elementos que no son compatibles con una economía mundial de
       mercado.      Incluso    cuando      se    permita      su    funcionamiento
       independientemente de la Secretaría, la Empresa no será más que una
       especie de órgano semiautónomo para la administración de los recursos
       minerales de la Autoridad.
       Formalmente, el Acuerdo dispone sólo que la Empresa llevará a cabo sus
       actividades iniciales de explotación minera por medio de empresas
       conjuntas pero, incluso a largo plazo, no estará en situación de financiar
       una operación independiente, puesto que los Estados Partes no están
       obligados a financiar un sitio minero de la Empresa y los países en
       desarrollo, en particular los productores terrestres, no desearán que
       acumulen a este fin todos los beneficios resultantes de las empresas
       conjuntas en vez de transferirlos al Fondo de Asistencia Económica o
       Utilizarlos para otros objetivos de desarrollo.
       El Acuerdo garantiza la no discriminación entre la Empresa y los demás
       operadores.
       Al no funcionar la Empresa independientemente de la Secretaría antes de
       que sea viable la explotación del fondo marino, se respeta el principio de
       coste-eficacia.
       Por estos motivos, las disposiciones del Acuerdo respecto a la Empresa
       son aceptables.
3.3.   ADOPCIÓN DE DECISIONES
3.3.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención
       Al igual que en las Naciones Unidas, los miembros de la Autoridad de los
       Fondos Marinos incluirán un gran número de países en desarrollo muy
       pequeños, cuyas contribuciones financieras individuales se limiten al 0,01% del
       presupuesto. De conformidad con los principios de soberanía e igualdad de los
       Estados, todos los Estados Partes estarán representados en la Asamblea, que
       aprobará las decisiones sobre cuestiones de fondo por una mayoría de dos
       tercios.
       La Convención no contrarresta de forma suficiente estos principios mediante el
       reconocimiento de que las decisiones de la Autoridad afectarán a intereses
       financieros y económicos muy importantes de ciertas categorías de Estados y
       de que dichos intereses legítimos no pueden estar subordinados
       incondicionalmente a las decisiones de la mayoría.
                                                                                    lo
 ---pagebreak---        La existencia de intereses específicos está reconocida en las disposiciones
       relativas al Consejo, que garantizan una representación mínima de los grupos
       de consumidores, inversores, productores terrestres y países en desarrollo con
       intereses especiales. No obstante, puesto que el Consejo, compuesto por 36,
       miembros adoptará sus decisiones sobre cuestiones de fondo por una mayoría
       de dos tercios o, en algunos casos, de tres cuartos, resulta fácil anular a alguno
       de los grupos (esto no afecta sólo a los intereses de los países industrializados;
       también podría comprometer los intereses de los productores terrestres de los
       países en desarrollo).
       En lo que afecta a los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea,
       podría darse esta situación en el caso de decisiones sobre asuntos financieros,
       sobre la regulación y la administración de la explotación de los fondos marinos,
       sobre la Empresa y, posiblemente, sobre determinados aspectos de las políticas
       de productos básicos.
3.3.2. Acuerdo de aplicación
       *     Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se
             deberán adoptar por consenso. Si se agotaran todos los intentos de
             adoptar una decisión por consenso, las decisiones adoptadas por votación
             lo serán en las condiciones siguientes:
       *     Las disposiciones relativas a la votación en la Asamblea no se modifican.
             No obstante, las decisiones sobre cualquier asunto respecto del cual
             también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto
             administrativo, presupuestario o financiero, se basarán en las
             recomendaciones del Consejo. Si la Asamblea no aceptara dicha
             recomendación, devolverá el asunto al Consejo que deberá reconsiderarlo
             teniendo presentes las opiniones expresadas por la Asamblea.
       *     Se establecen cuatro cámaras en el Consejo:
              1.   cuatro miembros en representación de los Estados con mayor índice
                   de consumo, incluido el mayor consumidor de la región de Europa
                   Oriental (Rusia) y el Estado que tenga la economía más importante
                   a la fecha de entrada en vigor de la Convención (los Estados Unidos
                   de América);
             2     cuatro miembros en representación de los ocho inversores más
                   importantes;
             3.    cuatro miembros en representación de los productores terrestres,
                   incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo.
             4.    los Estados elegidos como los seis Estados en desarrollo con
                   intereses especiales y los elegidos de conformidad con el principio
                   de asegurar una distribución geográfica equitativa.
                                                                                        11
 ---pagebreak---             El Consejo adoptará las decisiones sobre asuntos de fondo (si no se
            consigue el consenso) por una mayoría de dos tercios, siempre que no
            sean rechazadas por una mayoría en cualquiera de las cámaras.
            Las decisiones de la Asamblea o del Consejo que tengan consecuencias
            financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones del
            Comité de Finanzas.
3.3.3. Evaluación
       El sistema de votación por cámaras excluye la posibilidad de que un único
       Estado pueda paralizar con su veto la adopción de decisiones del Consejo,
       protegiendo a la vez a los principales grupos de interés al concederles un
       derecho de veto colectivo.
       Puesto que la cuarta categoría de miembros del Consejo (países en
       desarrollo con intereses especiales) se define a partir de criterios no
       relacionados con la explotación de los fondos marinos, no podría obtener
       el reconocimiento de cámara; en consecuencia, se acordó constituir una
       cámara más amplia que agrupe a todos los Estados en desarrollo incluidos
       en el Consejo (excepto los países en desarrollo representados en las
       primeras tres cámaras). Esta disposición no tendrá repercusiones en la
       práctica, ya que es virtualmente imposible una decisión por mayoría de
       dos tercios contra la voluntad de los Estados en desarrollo.
       El hecho de que las decisiones de la Asamblea sobre todos los asuntos
       importantes deban basarse en las recomendaciones del Consejo convierte
       a éste en el órgano central de la Autoridad y garantiza la protección de los
       intereses de las minorías en la Asamblea.
       lia obligación de basar las decisiones de la Asamblea o del Consejo que
       tengan implicaciones financieras o presupuestarias                 en las
       recomendaciones del Comité de Finanzas supone una protección adicional
       a los intereses de los Estados miembros que estarán entre los
       contribuyentes principales al presupuesto de la Autoridad.
       Se ha tenido en cuenta el interés de los Estados miembros de la
       Comunidad por tener acceso a las dos primeras cámaras: no se define a
       los Estados Unidos de América como miembro del grupo "Estados de
       Europa Occidental y Otros Grupos" (WEOG), por lo que no será posible
       oponerse a una candidatura de un Estado miembro con el argumento de
       que ya hay representación del WEOG. Puesto que los Estados Unidos
       pueden también optar por participar en una cámara distinta a la
       primera, habrá una flexibilidad mayor para la representación de los
       Estados miembros en la primera cámara. Se aplicará además el principio
       de rotación.
                                                                                 12
 ---pagebreak--- 3.4.   CONFERENCIA DE REVISION
3.4.1. Parte XI de la Convención
       La Convención establece una conferencia que, quince años después de la
       primera operación comercial, revisará todo el sistema de exploración y
       explotación de la Zona. Hará todo lo posible para que los acuerdos sobre
       enmiendas del sistema se alcancen por consenso pero, si no es así, podrá
       decidir por una mayoría de tres cuartos de los Estados Partes. Tales enmiendas
       entrarán en vigor para todos los Estados Partes tras la ratificación o adhesión
       de tres cuartos de los Estados Partes.
       Los Estados industrializados han criticado a la Conferencia de Revisión por los
       mismo motivos que a los procedimientos de toma de decisiones, permitir que la
       mayoría no tenga en cuenta los intereses de los grupos minoritarios.
       Los Estados industrializados han subrayado también los problemas
       constitucionales provocados por el hecho de que una enmienda pueda
       convertirse en legislación aplicable en sus países, previa ratificación por tres
       cuartos de los Estados Partes, incluso aunque sus parlamentos o gobiernos no
       la hubieran aprobado.
3.4.2. Acuerdo de aplicación
       Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión no serán aplicables En
       lugar de la Conferencia, el Consejo podrá recomendar en cualquier momento a
       la Asamblea que lleve a cabo una revisión del régimen de explotación de los
       fondos marinos. Las enmiendas resultantes estarán sometidas a los
       procedimientos normales de enmienda de la Convención (Artículos 314-316).
       El Acuerdo no modifica el apartado 5 del artículo 316 que establece la entrada
       en vigor de tales enmiendas para todos los Estados Partes doce meses después
       del depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión de tres cuartos de
       los listados Partes.
3.4.3. Evaluación
       El nuevo procedimiento ofrece mayor protección a los intereses de las
       minorías. La recomendación del Consejo a la Asamblea es más que una
       mera invitación a realizar una revisión del sistema de explotación de los
       fondos marinos; el Consejo puede especificar con precisión el tipo de
       enmiendas que considera necesarias. Si la Asamblea no está de acuerdo
       deberá devolver el asunto al Consejo.
       Los intereses de los países industrializados estarán protegidos a lo largo
       de todo el procedimiento gracias al principio de consenso y, en última
       instancia, al sistema de votación por cámaras en el Consejo.
                                                                                     13
 ---pagebreak---        La entrada en vigor para todos los Estados Partes previa ratificación de
       la enmienda por tres cuartos de los Estados Partes obedece al hecho de
       que la Parte XI de la Convención no sólo establece derechos y
       obligaciones entre los Estados Partes (como en otras partes de la
       Convención), sino que establece un sistema normativo y administrativo
       global para la explotación de la Zona, sistema que no puede funcionar si
       no se aplica de forma uniforme (sin oponerse a lo dispuesto en el apartado
       5 del artículo 15S en el sentido de que las enmiendas no afectarán a los
       derechos adquiridos en virtud de contratos existentes).
3.5.   TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
3.5.1. Parte XI y Anexo III de la Convención
       De conformidad con el artículo 5 del Anexo III, en todos los contratos para
       exploración o explotación el contratista se comprometerá a poner a disposición
       de la Empresa (o de los países en desarrollo que hayan solicitado un contrato),
       según modalidades comerciales equitativas y razonables, la tecnología que vaya
       a utilizar en la Zona y que esté legalmente facultado para transmitir. El
       contratista se comprometerá también a obtener del propietario de toda
       tecnología que vaya a utilizar en la Zona la garantía escrita de que éste está
       dispuesto a poner dicha tecnología a disposición de la Empresa o de los
       Estados en desarrollo. Si no se obtuviere esa garantía, el contratista no utilizará
       dicha tecnología.
       Los países industrializados consideran estas obligaciones una violación de los
       derechos de propiedad intelectual e incompatibles con los principios de la
       economía de mercado.
3.5.2. Acuerdo de aplicación
       Puesto que la Empresa realizará sus operaciones a través de empresas
       conjuntas, las disposiciones del artículo 5 del Anexo III se han quedado
       obsoletas, por lo que el Acuerdo establece que no serán aplicables. El artículo
        144 de la Convención - que se refiere también a la transferencia de tecnología,
       aunque sin imponer obligaciones concretas a los contratistas - continuará
       vigente.
3.5.3.  Evaluación
        El Acuerdo de aplicación suprime el principio de la transferencia
        obligatoria de tecnología. Si se aplicasen las disposiciones del artículo 144
        - lo que parece improbable, ya que las actividades de la Empresa se
        limitarán siempre a empresas conjuntas - el sistema de votación por
        cámaras en el Consejo protegería los intereses de los Estados
        industrializados.
        En consecuencia, las disposiciones del Acuerdo son aceptables.
                                                                                        14
 ---pagebreak--- 3.6.   POLÍTICA DÉ PRODUCCIÓN
3.6.1. Disposiciones de la Parte XI de la Convención
       El apartado 4 del artículo 151 fija un límite máximo de producción para
       cualquier año de un periodo provisional de 25 años. Este límite máximo limita
       la producción de los fondos marinos a un 60% de la tasa de aumento de la
       producción mundial de níquel, calculada según una línea de tendencia basada
       en el periodo de 15 años más reciente.
       Los cálculos basados en dicho periodo no podrán tener en cuenta nuevos
       factores y, como ya ha mostrado la evolución de los acontecimientos desde la
       aprobación de la Convención en 1982, los resultados que arrojan no reflejan la
       realidad del mercado. Se suponía que el sistema de limitación de la producción
       protegería a los productores terrestres de los países en desarrollo de los cuatro
       minerales contenidos en los nodulos de manganeso, pero en realidad supone
       una discriminación contra la producción de los fondos marinos al proteger a
       todos los productores terrestres, tanto en los Estados en desarrollo como en
       los Estados industrializados. De hecho, la producción en los países
       industrializados se beneficiará más del sistema que la de los países en
       desarrollo: de los cuatro metales, sólo el cobalto se produce principalmente en
       los Estados en desarrollo (74%), siendo las cifras correspondientes a los otros
       tres 45% (cobre), 28% (manganeso) y 27% (níquel) respectivamente.
       Por otra parte, el sistema no protege a los países en desarrollo productores de
       cobalto, que son los que tienen más posibilidades de verse perjudicados por la
       explotación de los fondos marinos, ya que una única operación de explotación
       marítima producirá más del 20% del consumo mundial actual.
3.6.2. Acuerdo de aplicación
       El Acuerdo de aplicación sustituye el sistema de limitación de la producción
       de la Parte XI de la Convención por una política de producción basada en
       las disposiciones actuales y futuras de los códigos pertinentes del
       GATT/OMC. Concretamente hace referencia a la definición del GATT de
       subsidios permitidos y no permitidos. Impone a los productores terrestres y
       marítimos la obligación de no hacer discriminaciones entre los minerales
       extraídos de la Zona y los extraídos de otras fuentes y de no conceder acceso
       preferente a los primeros.
       Los Estados Partes que sean partes del GATT/OMC podrán recurrir a los
        procedimientos de solución de controversias previstos en estos acuerdos.
       No obstante, cuando una o más partes afectadas no sean parte del
        GATT/OMC, se aplicarán los procedimientos de solución de controversias
       establecidos en la Convención. Esta disposición no resulta plenamente
        satisfactoria, ya que permite a organismos ajenos al GATT interpretar las
        normas del GATT, pero es inevitable dado que los procedimientos de solución
        de controversias del GATT/OMC sólo pueden aplicarse entre las partes de
        estos acuerdos.
                                                                                       15
 ---pagebreak---        En los casos en que se determine, en virtud del GATT/OMC, que un Estado
       Parte ha otorgado subsidios que están prohibidos o que han redundado en
       perjuicio de los intereses de otro Estado Parte, este último Estado Parte, si es
       parte del GATT/OMC, podrá elegir entre tomar las medidas adecuadas de
       acuerdo con las disposiciones del GATT o solicitar al Consejo de la Autoridad
       Internacional de los Fondos Marinos que adopte las medidas pertinentes.
       Con el nuevo sistema de política de producción no sólo los Estados Partes
       tendrán prohibido conceder subsidios no permitidos, también los
       contratistas tendrán prohibido aceptarlos. La aceptación de tales subsidios
       constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato y todo
       Estado Parte podrá solicitar al Consejo que adopte medidas contra dicho
       contratista. El Estado patrocinador y el contratista podrán recurrir al
       procedimiento de solución de controversias de la Sala de Controversias de los
       Fondos Marinos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
3.6.3.  Evaluación
       La referencia a las disposiciones del GATT garantiza la competencia leal
       entre los productores terrestres y marítimos, así como entre estos últimos.
       El hecho de que los procedimientos de solución de controversias del
        GATT/OMC sólo puedan aplicarse cuando todas las partes en una
       controversia sean parte de dichos acuerdos es consecuencia de los
        procedimientos del GATT. Lamentable, aunque inevitablemente, en un
        número limitado de casos las disposiciones del GATT deberán ser
        interpretadas por el Consejo de la Autoridad y por la Sala de
        Controversias de los Fondos Marinos del Tribunal Internacional del
        Derecho del Mar. Ahora bien, puesto que la explotación de los fondos
        marinos no será viable económicamente antes de quince años por lo
        menos, es bastante probable que todos los Estados productores marítimos
        potenciales hayan accedido a la OMC antes de que se inicien las primeras
        operaciones comerciales.
3.7.    ASISTENCIA ECONÓMICA
3.7.1.  Disposiciones de la Parte XI de la Convención
        El párrafo 10 del artículo 151 y el apartado f) del artículo 171 establecen un
       fondo de compensación para ayudar a los países en desarrollo que sufran serios
        perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen
        exportado de un mineral, en la medida en que dicha disminución se deba a la
        explotación de los fondos marinos. La Comunidad Europea y sus Estados
        miembros han mantenido siempre, en los debates sobre la Convención sobre el
        Derecho del Mar y en los debates celebrados en otros foros, que los fondos de
        compensación no constituyen un incentivo para la adaptación a las nuevas
        circunstancias económicas, sino que favorecen el mantenimiento de una
        producción no competitiva y serán, necesariamente, de naturaleza no temporal.
                                                                                      16
 ---pagebreak---        Al administrar un fondo de compensación, la Autoridad, aún asistida por una
       amplia y costosa burocracia, no dispondrá de la experiencia y los
       conocimientos necesarios para ayudar, con el desarrollo de actividades
       económicas alternativas ajenas al sector de la explotación minera, a un
       productor terrestre que se haya visto perjudicado .
3.7.2. Acuerdo de aplicación
       El Acuerdo sustituye el fondo de compensación por un fondo de asistencia
       económica a partir del cual ofrecerá su ayuda a los Estados en desarrollo
       productores terrestres perjudicados en cooperación con las instituciones
       mundiales o regionales de desarrollo existentes que dispongan de los
       conocimientos técnicos necesarios.
       El fondo se establecerá con cargo a aquella parte de los fondos de la
       Autoridad que exceda de los necesarios para cubrir los gastos
       administrativos. Sólo se utilizarán los pagos recibidos de los contratistas,
       incluida la Empresa, y las contribuciones voluntarias.
3.7.3. Evaluación
       Las disposiciones del Acuerdo de aplicación reflejan plenamente las
       posturas de la Comunidad y sus Estados miembros.
3.8.   DISPOSICIONES FINANCIERAS DE LOS CONTRATOS
3.8.1. Parte XI y Anexo m de la Convención
       Las cargas financieras impuestas al contratista suponen un freno considerable
       para la explotación de los fondos marinos. Los pagos que deben realizarse a la
       Autoridad son más elevados que los impuestos a los productores terrestres, lo
       que desanima a la industria a la hora de desarrollar la tecnología de explotación
       marítima adecuada y de consagrarse a la explotación de los fondos marinos
       mientras existan recursos terrestres, aunque sea en un nivel bajo de
       producción.
       El establecimiento de un gravamen de producción considerable, es decir,
       pagos que deberán efectuarse a la Autoridad haya o no alcanzado la operación
       de explotación la fase de rentabilidad, no tiene en cuenta los costes elevados
       debidos al desarrollo y la fase inicial de puesta en servicio del equipo de
       explotación.
                                                                                       17
 ---pagebreak--- 3.8.2. Acuerdo de aplicación
       Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del Anexo III de la
       Convención no serán aplicables. El Acuerdo no las sustituye por otro régimen,
       sino que establece una lista de principios que constituirán las bases de las
       normas, reglamentos y procedimientos que deberá aprobar la Autoridad en una
       fase posterior (véase la sección 3.1.2.1.4 anterior). El sistema de pagos
       financiero deberá ser:
       *     equitativo tanto para el contratista como para la Autoridad,
       *     con unos pagos de cuantía semejante a los usuales respecto de la
             producción terrestre,
       *     transparente y sin imponer gastos administrativos importantes a la
             Autoridad ni al contratista.
3.8.3. Evaluación
       Los principios aplicables a las normas, reglamentos y procedimientos que
       deberá adoptar la Autoridad corresponden a las solicitudes presentadas
       por los Estados industrializados. Teniendo en cuenta el sistema de
       votación por cámaras que se aplicará en el Consejo, las disposiciones del
       Acuerdo resultan aceptables.
3.9.   EL COMITE DE FINANZAS
3.9.1. Parte XI de la Convención
       El apartado y) del párrafo 2 del artículo 162 obliga al Consejo a establecer un
       órgano subsidiario para la elaboración de proyectos de normas, reglamentos
       y procedimientos relacionados con los asuntos financieros.
3.9.2. Acuerdo de Aplicación
       El Acuerdo establece un "Comité de Finanzas" que no sólo elaborará proyectos
       de normas, reglamentos y procedimientos financieros, sino que presentará
       también recomendaciones para todas las actividades de la Autoridad que
       tengan implicaciones administrativas y presupuestarias.
3.9.3. Evaluación
       El Comité de Finanzas establecido por el Acuerdo garantizará - junto con
       el sistema de votación de cámaras en el Consejo - el respeto del principio
       de coste-eficacia por parte de la Autoridad.
                                                                                     18
 ---pagebreak--- 4.   CONCLUSION
4.1. Se han suprimido las "imperfecciones y deficiencias" del régimen de
     explotación de los fondos marinos criticadas por la Comunidad el 7 de
     diciembre de 1984 al fírmar la Convención. Han sido sustituidas por
     disposiciones plenamente satisfactorias del Acuerdo de aplicación o serán
     sustituidas en una fase posterior por la Autoridad mediante normas,
     reglamentos y procedimientos basados en los criterios establecidos por el
     Acuerdo y que deberán adoptarse de conformidad con el sistema de
     votación por cámaras.
4.2. Hace mucho tiempo que la Comunidad y sus Estados miembros
     aceptaron el principio de "Patrimonio común de la Humanidad"; lo que
     no podían aceptar era la plasmación de dicho principio en un sistema
     burocrático e intervencionista. La Parte XI y los Anexos relacionados
     mantienen parte de su antiguo lenguaje, pero sin consecuencias
     perniciosas de carácter político, económico u operacional.
4.3. El Acuerdo ha hecho que la Convención sea "umversalmente aceptable".
     Refleja además, en gran medida, las posturas expresadas en muchas
     ocasiones por la Comunidad y sus Estados miembros.
4.4. El Acuerdo será aprobado, como anexo a una resolución, por los
     miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La
     Comunidad Europea, al no ser miembro de la Asamblea General, no
     podrá participar en dicha aprobación ni expresar con su voto la postura
     de que el Acuerdo resulta conforme a los resultados de las "consultas
     oficiosas" en las que ha participado activamente.
4.5. No obstante, la posibilidad de fírmar el Acuerdo inmediatamente después
     de su aprobación le ofrece la ocasión de mostrar su respaldo. De
     conformidad con el artículo 2 del Anexo IX de la Convención, la
     Comunidad sólo podrá fírmar el Acuerdo si la mayoría de sus Estados
     miembros son signatarios del mismo. En consecuencia, para que la
     Comunidad pueda fírmar el Acuerdo inmediatamente después de su
     aprobación será necesario que al menos una mayoría de sus Estados
     miembros lo firme simultáneamente.
4.6. Puesto que se han eliminado las "imperfecciones y deficiencias" de la
     Parte XI, redundará en interés de la Comunidad y sus Estados miembros
     el que se fortalezca la aplicación universal de la Convención mediante la
     rápida ratificación o adhesión a la misma. Si todos los Estados miembros
     y la Comunidad subrayasen esta intención común mediante la firma
     conjunta y simultánea del Acuerdo en dicha fecha, ello tendría unas
     repercusiones políticas significativas.
                                                                             19
 ---pagebreak---                       HI. MEDIDAS PROPUESTAS
1. La Parte XI de la Convención, a semejanza de otras Partes de la misma, es
   competencia mixta de la Comunidad Europea y los Estados miembros. Debido
   a las razones invocadas más arriba, la Comisión considera que el Acuerdo
   debería ser firmado por la Comunidad y sus Estados miembros inmediatamente
   después de su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas
   convocada para los días 27-29 de julio próximo. La Comunidad y, en la medida
   en que lo permitan sus constituciones respectivas, sus Estados miembros
   deberían aplicar el Acuerdo con carácter provisional a partir del 16 de
   noviembre de 1994, fecha de entrada en vigor de la Convención.
2. El 7 de diciembre de 1984, al firmar la Convención, la Comunidad realizó una
   declaración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Anexo IX
   (Participación de organizaciones internacionales) especificando "las materias
   regidas por la Convención respecto de las cuales sus Estados miembros le
   hayan transferido competencias". La Comunidad señaló que, en lo que se
   refiere a la Parte XI, cuenta con competencias en materia de política comercial,
   incluido el control de las prácticas económicas desleales.
3. El fundamento jurídico para la decisión de firma del Acuerdo es, por tanto, el
   artículo 113 CE. Este artículo cubre también la decisión relativa a la aplicación
   provisional, dado que la misma sólo incluye la Parte XI de la Convención.
4. Puesto que varios Estados miembros han señalado su intención de ratificar
   rápidamente la Convención y el Acuerdo, la Comisión transmitirá a la mayor
   brevedad posible un proyecto de confirmación formal, incluyendo un proyecto
   de declaración sobre las competencias de conformidad con lo dispuesto en el
   artículo 5 del Anexo IX de la Convención. De esta forma, el Parlamento
   Europeo dispondrá del tiempo necesario para la elaboración de su dictamen y
   la Comunidad podrá proceder a la confirmación formal en cuanto la mayoría de
   los Estados miembros hayan ratificado la Convención y el Acuerdo o se hayan
   adherido a ellos.
5. La Comisión propone por tanto al Consejo que apruebe la Decisión en anexo.
                                                                                   20
 ---pagebreak---                                          Anexo
                                                                        94/0182 (ACC)
                        Propuesta de Decisión del Consejo de...
         sobre la firma del Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la
         Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 y sobre
         la aplicación provisional de dicho Acuerdo y de la Parte XI de dicha
         Convención por la Comunidad Europea.
El Consejo de la Unión Europea,
         Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, especialmente, su
         artículo 113,
         Vista la propuesta de la Comisión,
         Considerando que este Acuerdo, nacido de las consultas oficiosas llevadas a
         cabo por el Secretario General de las Naciones Unidas, garantiza la
         aceptabilidad universal de la Convención sobre el Derecho del Mar,
         Considerando que los Estados miembros han declarado su intención de firmar
         el Acuerdo y aplicarlo, en la medida que lo permitan sus constituciones, con
         carácter provisional,
DECIDE:
                                       Artículo I
1.       El Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las
         Naciones Unidas de 1982 seráfirmadopor la Comunidad conjuntamente con
         sus Estados miembros inmediatamente después de su adopción por la
         Asamblea General de las Naciones Unidas.
2.        Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la persona habilitada para
         firmar el Acuerdo.
3.       El texto del Acuerdo se adjunta en anexo.
                                       Artículo 2
         El Acuerdo mencionado en el artículo 1 y la Parte XI de la Convención de las
         Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se aplicarán, a título provisional, a
          partir del 16 de noviembre de 1994.
                                                                        Por el Consejo
                                                                                     21
 ---pagebreak--- NACIONES
UNIDAS
                                                                             A
                 Asamblea General
                                                        Distr.
                                                        GENERAL
                                                        A/48/950
                                                        9 de junio de 1994
                                                        ESPAÑOL
                                                        ORIGINAL: INGLÉS
Cuadragésimo octavo periodo de sesiones
Tema 36 del programa
                                   OERECHO DEL MAR
          Consultas del Secretario General sobre las cuestiones pendientes
          relativas a las disposiciones sobre la explotación minera de los
          fondos marinos de la Convención de las Naciones unidas sobre el
                                   Derecho del Mar
                           Informe del Secretario General
                                        ÍNDICE
                                                                 Párrafos  Página
  INFORME DEL SECRETARIO GENERAL                                  1-28         2
       I.   Proyecto de resolución y proyecto de acuerdo
            relativos a la aplicación de la Parte XI de
            la Convención de las Naciones Unidas sobre
            el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1992 .
      II.   Entendimiento oficioso que leerá el Presidente
            de la Asamblea General en el momento de la
            adopción de la resolución                      ,                 32
94-24485 (S)      150694  150694       16/06/94                               /...
                                                                              -II -
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 2
                         INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
1.   En julio de 1990 el Secretario General, Sr. Javier Pérez de Cuéllar, tomó
la iniciativa de convocar reuniones oficiosas de consulta con el objetivo de
lograr participación universal en la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. El Secretario General destacó la importancia de lograr
aceptación general de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, instrumento que representaba muchos años de negociaciones y que ya habla
aportado una contribución significativa al orden marítimo jurídico
internacional. Señaló que si bien continuarla instando a todos los Estados que
aún no lo hubieran hecho a que ratificaran o se adhirieran a la Convención, era
preciso reconocer que existían problemas con algunos aspectos de las
disposiciones de la Convención relativas a la explotación minera de los fondos
marinos que habían impedido a algunos Estados ratificar la Convención o
adherirse a ella.
2.   El Secretario General observó que en los ocho años transcurridos desde la
adopción de la Convención se hablan producido ciertos cambios políticos y
económicos importantes que habían afectado apreciablemente el régimen relativo a
la explotación minera de los fondos marinos establecido en la Convención. Las
perspectivas de explotación comercial de los minerales de los fondos marinos se
habían alejado hasta el siglo próximo, cosa que no era lo que se había previsto
durante las negociaciones en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. El clima económico general se había transformado como
resultado del cambio de concepto acerca de la función que desempeñaban los
sectores público y privado. Había un movimiento visible hacia una economía más
orientada hacia el mercado. Además, el Secretario General hizo mención de la
aparición de un nuevo espíritu de cooperación internacional para resolver los
problemas pendientes de interés regional y mundial. Esos factores habrían de
tenerse en cuenta al considerar los problemas relativos a la explotación minera
de los fondos marinos1.
3.   Fue así como se inició una serie de consultas oficiosas, bajo el patrocinio
del Secretario General, sobre las cuestiones pendientes relativas a las
disposiciones sobre explotación minera de los fondos marinos de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
4.   Las consultas oficiosas tuvieron lugar entre 1990 y 1994, período durante
el cual se convocaron 15 reuniones2. Las consultas se pueden dividir
convenientemente en dos etapas. La primera de ellas estuvo dedicada a la
determinación de las cuestiones que eran motivo de preocupación para algunos
Estados y del método que se seguiría para examinarlas, y a la búsqueda de
soluciones.   Durante la segunda etapa se determinaron con más precisión los
resultados alcanzados hasta ese momento; se plantearon nuevos asuntos que
habrían de ser considerados, y los participantes dirigieron su atención al
examen de textos consolidados en que estaban incorporadas esas soluciones, y al
procedimiento mediante el cual podrían aprobarse.
Primera etapa
5.   Durante la parte inicial de esta etapa de las consultas se determinó que
había nueve temas que representaban cuestiones problemáticas: los costos para
los Estados partes; la Empresa; la adopción de decisiones; la Conferencia de
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 3
Revisión; la transferencia de tecnología; la limitación de la producción; el
fondo de compensación; las disposiciones financieras de los contratos; y las
consideraciones de orden ambiental. Tras examinar los distintos métodos que
podrían seguirse para el examen de esas cuestiones, hubo acuerdo general sobre
un método que permitía a los participantes examinar todas las cuestiones
pendientes con miras a resolverlas y decidir cómo abordar aquellas que pudieran
quedar sin resolver.
6.    A continuación los participantes se abocaron al examen de todas esas
cuestiones en forma sucesiva. El examen estuvo basado en notas informativas
compiladas por la Secretaría que contenían información básica, preguntas a las
que era necesario responder, y posibles modos de abordar la solución de esas
cuestiones.
7.    En el curso de seis consultas oficiosas celebradas en 1990 y 1991, los
participantes concluyeron el examen de todas las cuestiones pendientes relativas
a las disposiciones sobre explotación minera de los fondos marinos de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Puede decirse con
justicia que se estaba gestando cierto grado de acuerdo general respecto de esas
cuestiones.
8.    Los resultados de las consultas oficiosas del Secretario General celebradas
en 1990 y 1991 se expusieron en el resumen de las consultas oficiosas sobre el
derecho del mar celebradas por el Secretario General durante 1990 y 1991, de
fecha 31 de enero de 1992, y en una nota informativa de fecha 26 de mayo
de 1992. Dichos resultados estaban divididos en dos categorías. En primer
lugar, aparentemente se había llegado a acuerdo general respecto de soluciones
relativamente detalladas acerca de: los costos para los Estados partes, la
Empresa, la adopción de decisiones, la Conferencia de Revisión y la
transferencia de tecnología. En segundo lugar, con respecto a la limitación de
la producción, el fondo de compensación y las disposiciones financieras de los
contratos, se acordó en general que no era necesario ni prudente formular un
nuevo conjunto de reglas detalladas para esos temas. En consecuencia, en la
nota informativa se enunciaron los principios generales que se aplicarían a esos
temas cuando la producción comercial de los minerales de los fondos marinos
 fuese inminente.
Secunda etapa
9.    En 1992 continué las consultas oficiosas iniciadas por mi predecesor.
Durante esta etapa las consultas estuvieron abiertas a todas las delegaciones.
Entre 75 y 90 delegaciones asistieron a las reuniones. En las primeras tres
 rondas de esta etapa, se consideraron las nueve cuestiones a fin de determinar
 con más precisión los resultados alcanzados hasta el momento en las consultas.
 Se presentaron nuevas observaciones para que fueran consideradas en relación con
 las cuestiones siguientes: los costos para los Estados partes; la Empresa; la
 adopción de decisiones; la Conferencia de Revisión; y la transferencia de
 tecnología. Durante esas consultas se decidió retirar de la lista la cuestión
 de las consideraciones de orden ambiental, pues ya no se la consideraba una
 cuestión controvertida en el contexto de la explotación minera de los fondos
marinos.
                                                                              /•
                                                                                  -2(4-
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 4
10. Durante las consultas oficiosas celebradas los días 28 y 29 de enero
de 1993, la opinión general de los participantes fue que había llegado el
momento de preparar un texto basado en un criterio más operacional, de manera
que pudiera servir de base para un acuerdo.
11. De conformidad con esa petición, se preparó una nota informativa de fecha
8 de abril de 1993. La nota constaba de dos partes:
     a)   La parte A trataba de diversas estrategias de procedimiento con
respecto a la aplicación de los resultados de las consultas. Las cuatro
estrategias se pueden resumir de la manera siguiente:
     i)   Un instrumento contractual, tal como un protocolo que enmendara la
          Convención;
    ii)   Un acuerdo de interpretación consistente en entendimientos acerca de
          la interpretación y la aplicación de la Convención;
   iii)   Un acuerdo de interpretación acerca del establecimiento de una
          Autoridad inicial y una Empresa inicial durante un régimen
          provisional, acompañado de disposiciones de procedimiento para la
          convocación de una conferencia que establecería el régimen definitivo
          para la producción comercial de minerales de los fondos marinos cuando
          dicha producción fuese viable;
    iv)   Un acuerdo complementario de la Convención en que se estipulara la
          transición entre la fase inicial y el régimen definitivo; en
          particular, se conferiría a la Autoridad el mandato de idear
          soluciones para las cuestiones que aún estuviesen pendientes al entrar
          en vigor la Convención;
     b)   En la parte B se establecía una formulación, orientada a las
operaciones, de los resultados alcanzados hasta el momento en las consultas.
Estaba dividida en dos secciones:
     i)   Los arreglos que seguirían a la entrada en vigor de la Convención;
    ii)   Los proyectos de texto relativos al régimen definitivo relativo a la
          explotación minera de los fondos marinos.
12. Las estrategias de procedimiento fueron examinadas durante las consultas
celebradas los días 27 y 28 de abril de 1993. Del examen de esas estrategias
surgieron ciertos elementos básicos. Se convino en general en que, cualquiera
que fuese la estrategia que se adoptara, ésta debía ser legalmente obligatoria.
Se señaló también que era preciso evitar una dualidad de regímenes. Finalmente,
debido a que era preciso respetar la posición de los Estados que habían
ratificado la Convención o se habían adherido a ella, se consideró útil examinar
el papel que la noción de consentimiento implícito o tácito pudiera jugar en la
protección de sus posiciones.
13. Para la ronda siguiente de consultas, que tuvo lugar entre el 2 y el 6 de
agosto de 1993, se distribuyó una nota informativa de fecha 4 de junio de 1993,
en que la parte A y la parte B i) de la nota informativa de 8 de abril de 1993
                                                                             / • • •
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 5
quedaban actualizadas con la incorporación de las observaciones hechas durante
la ronda anterior de consultas. En el curso de esta ronda de consultas se
distribuyó entre las delegaciones un documento de fecha 3 de agosto de 1993
preparado por representantes de varios Estados desarrollados y en desarrollo
como contribución al proceso de las consultas. Quedó entendido que el
documento, conocido comúnmente como el "documento del barco", no reflejaba
necesariamente la posición de ninguna de las delegaciones interesadas, pero que
se lo consideraba una buena base para las negociaciones.
14. De allí en adelante, al ocuparse de las cuestiones de fondo que figuraban
en la nota informativa de fecha 4 de junio de 1993, las delegaciones se
remitieron también a las porciones pertinentes del "documento del barco". Ese
documento estaba dividido en tres partes: i) un proyecto de resolución para su
aprobación por la Asamblea General; ii) un proyecto de acuerdo relativo a la
aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar; y iii) dos anexos. El anexo I contenía las conclusiones
convenidas en las reuniones de consulta del -Secretario General, y el anexo II se
titulaba "Ajustes consiguientes".
15. En la última ronda de consultas celebrada en 1993 (8 a 12 de noviembre) los
participantes tuvieron ante sí tres documentos: la nota informativa de fecha
4 de junio de 1993; una nueva versión del "documento del barco" en que se
consolidaban los dos anexos del documento original en uno solo; y un documento
titulado "Acuerdo sobre la aplicación de la Parte XI y los anexos III y IV de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar", presentado por la
delegación de Siterra Leona. En esa reunión de noviembre los participantes
terminaron el examen de todos los temas que figuraban en la nota informativa de
fecha 4 de junio de 1993. Tras haber concluido el examen de esas cuestiones,
las delegaciones emprendieron un nuevo examen de la cuestión de los "costos para
los Estados partes y arreglos institucionales", pero esta vez lo hicieron
basándose esencialmente en el "documento del barco".
16. El 16 de noviembre de 1993, la Convención sobre el Derecho del Mar recibió
su sexagésimo instrumento de ratificación o adhesión, lo que significa que, de
conformidad con sus términos (artículo 308), entrará en vigor el 16 de noviembre
de 1994. La propia Asamblea General invitó a todos los Estados a participar en
 las consultas e intensificar los esfuerzos por lograr participación universal en
 la Convención lo antes posible3. La inminente entrada en vigor de la Convención
 introdujo un elemento de urgencia en las consultas oficiosas.
 17. Durante la primera ronda de consultas celebrada en 1994 (31 de enero a 4 de
 febrero) se examinó una versión revisada del "documento del barco", fechado en
noviembre de 1993. Dicha revisión tuvo en cuenta las deliberaciones que habían
tenido lugar durante las consultas oficiosas del Secretario General celebradas
en noviembre de 1993. La labor de esta última ronda de consultas estuvo
 centrada principalmente en algunas cuestiones fundamentales:
      a)   El proceso de adopción de decisiones, en especial la cuestión de las
 relaciones entre la Autoridad y el Consejo, y la cuestión de cuales grupos de
 Estados del Consejo debían ser considerados cámaras para los efectos de la
 adopción de decisiones en el Consejo;
                                                                                  -U
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 6
     b)   Si los gastos administrativos de la Autoridad debían sufragarse con
las cuotas de sus miembros, entre ellos los miembros provisionales de la
Autoridad, o con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas;
     c)   La cuestión de la aplicación provisional del acuerdo, y de la calidad
de miembro provisional de la Autoridad.
En esta ronda de consultas se realizaron avances respecto de estas dos últimas
cuestiones. Durante las consultas se distribuyó una versión revisada del
documento presentado por la delegación de Sierra Leona.
18. La segunda ronda de consultas oficiosas del Secretario General en 1994 tuvo
lugar entre el 4 y el 8 de abril. La reunión tuvo ante si una nueva versión
actualizada del "documento del barco" titulada "Proyecto de resolución y
proyecto de acuerdo relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982", de fecha 14 de febrero
de 1994.
19. Los participantes emprendieron un examen artículo por artículo del proyecto
de acuerdo. Luego la atención se centró en las dos cuestiones más importantes
que la reunión debía abordar: el proceso de adopción de decisiones en el
Consejo, y la Empresa. Esas cuestiones, que constituían el elemento central de
las consultas, resultaron ser las más difíciles de resolver. Desde que se
iniciaron las consultas fue evidente que ellas sólo se podrían resolver en las
últimas etapas del proceso, cuando se tuviera un panorama más claro acerca de
los resultados de las consultas. Con respecto al proceso de adopción de
decisiones, los debates estuvieron orientados al sistema de votación por
cámaras, en particular a la cuestión de si las categorías o grupos de Estados, .
principalmente Estados en desarrollo, debían ser tratados como cámaras para los
efectos de la adopción de decisiones en el Consejo. Los debates acerca de la
Empresa se centraron en el tipo de mecanismo que activaría la iniciación de sus
operaciones, así como de sus funciones.
20. Se efectuaron revisiones del proyecto de acuerdo basándose en los debates
acerca de las distintas cuestiones. Esto, en realidad, fue una característica
de esta ronda de consultas, que revelaba la urgencia de la situación. Las
revisiones se refirieron a la aplicación provisional del acuerdo; al carácter de
miembro provisional de la Autoridad; al tratamiento de los primeros
inversionistas inscritos; y a la política de producción.
21. Sobre la base de esas revisiones, el proyecto de resolución y proyecto de
acuerdo relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fueron revisados en su totalidad y se
publicó un texto revisado el 8 de abril de 1994, último día de la reunión.
22. A juicio de muchas delegaciones, se lograron importantes avances durante
esa ronda de consultas. Aparentemente se hallaron soluciones a varias
cuestiones importantes, entre ellas, el proceso de adopción de decisiones, la
Empresa, y el tratamiento de los primeros inversionistas inscritos. Sin
embargo, no todos los problemas quedaron resueltos en esa ocasión.
23. La última ronda de consultas del Secretario General se celebró del 31 de
mayo al 3 de junio de 1994. Su propósito principal fue la armonización del
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 7
texto en los distintos idiomas del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo
relativos a la aplicación de la Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 1982. La reunión tuvo ante sí el proyecto de
resolución y proyecto de acuerdo de fecha 15 de abril de 1994, que fueron
revisados sobre la base de las deliberaciones de la ronda anterior de consultas
y de una corrección al documento, de fecha 23 de mayo de 1994. También se
presentaron a la reunión dos documentos (SG/LOS/CRP.1 y SG/LOS/CRP.2), en que
figuraban las enmiendas relacionadas con la redacción sugeridas por la
Secretaría con el fin de facilitar el proceso de armonización del texto en los
distintos idiomas.
24. La primera parte de la reunión se ocupó de las cuestiones de fondo que aún
se hallaban pendientes, y se encontraron soluciones para algunas de ellas. Sin
embargo, las delegaciones siguieron buscando soluciones a otras cuestiones,
entre otras cosas, las relativas al tratamiento de los primeros inversionistas
inscritos y a la representación en el Consejo. La segunda parte de la reunión
estuvo dedicada a la tarea de armonizar las versiones en los distintos idiomas
del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo. La última parte se ocupó de
las decisiones que se habrían de adoptar ,con respecto a la convocación de la
reanudación del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General
para adoptar el proyecto de resolución y el proyecto de acuerdo.
25. Al finalizar la reunión, se presentó a las delegaciones un texto revisado
(SG/LOS/CRP.1/Rev.1), de fecha 3 de junio de 1994. Ese documento provocó
algunos comentarios relativos a la redacción que han sido recogidos en el texto
del proyecto de resolución y proyecto de acuerdo relativos a la aplicación de la
Parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
10 de diciembre de 1982, que figuran en el anexo I del presente informe. Una
solución propuesta a la cuestión de la representación en el Consejo se encuentra
en el entendimiento oficioso que figura en el anexo II.
26. Al finalizar las consultas oficiosas la delegación de la Federación de
Rusia hizo una declaración por la que reservaba su posición en vista de que
varias propuestas que había formulado no se habían incorporado en el proyecto de
acuerdo. Se le respondió que todas las propuestas formuladas por las
delegaciones o grupos habían sido examinadas minuciosamente sin excepción, pero
que no había sido posible aceptar cada una de ellas.
27. Se indicó luego que los Estados Miembros deseaban convocar la reanudación
del cuadragésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas entre el 27 y el 29 de julio de 1994, con el fin de adoptar la
resolución. Deseaban además que el acuerdo se abriera a la firma inmediatamente
después de la adopción de la resolución.
28. Deseo recordar que el objeto de las consultas fue lograr mayor
participación en la Convención por parte de los principales Estados
 industrializados a fin de alcanzar el objetivo de la universalidad. En
consecuencia, es con satisfacción que informo a la Asamblea General que esas
consultas, iniciadas por mi predecesor y continuadas por mí, han llevado a un
resultado que, a mi juicio, podría servir de base para un acuerdo general sobre
 las cuestiones que fueron objeto de las mismas. En vista de los resultados,
estimo que he cumplido mi mandato.
 ---pagebreak--- A/48/950
Español,
Página 8
                                      Motas
          A/45/721 y A/46/724,
     2
          Las consultas oficiosas se celebraron en las fechas siguientess 19 de
julio de 1990; 30 de octubre de 1990; 25 de marzo de 1991; 23 de julio de 1991;
14 y 15 de octubre de 1991; 10 y 11 de diciembre de 1991; 16 y 17 de junio
de 1992; 6 y 7 de agosto de 1992; 28 y 29 de enero de 1993; 27 y 28 de abril
de 1993; 2 a 6 de agosto de 1993; 8 a 12 de noviembre de 1993; 31 de enero a 4
de febrero de 1994; 4 a 8 de abril de 1994; y 31 de mayo a 3 de junio de 1994.
      5
          Resolución 48/28 de la Asamblea General.
                                                                             /..
 ---pagebreak---                                                                      A/48/950
                                                                     Español
                                                                     Página 9
                                      Anexo I
              PROYECTO DE RESOLUCIÓN Y PROYECTO DE ACUERDO RELATIVOS
             A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE LA CONVENCIÓN DE LAS
             NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR DE 10 DE
                                 DICIEMBRE DE 1992
                                  I.  INTRODUCCIÓN
     La presente es una versión revisada del documento SG/LOS/CRP.1/Rev.l de
3 de junio de 1994. En ella se incorporan los cambios introducidos durante la
última reunión de la ronda final de consultas oficiosas, celebrada el 3 de junio
de 1994. Además de algunas correcciones de índole puramente editorial, los
cambios son los siguientes:
     a)   Páolna 7. articulo 10
          Al final del articulo, agregúese lo siguiente
          EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos,
     debidamente autorizados para ello, han firmado este Acuerdo.
          HECHO EN NUEVA YORK, el día ... de julio de mil novecientos noventa y
     cuatro.
     b)   Páolna 19. sección 6. párrafo 1 d\.   lineas 1 v 2
          Syprlmflse los extraídos
     c)   No se aplica al español
     d)   No se aplica al español
     e)   Página 221 seççlfri S, pftrrafo 3, última linea
          ^primase para cada etapa.
                  II.  PROYECTO DE RESOLUCIÓN PARA SU APROBACIÓN
                       POR LA ASAMBLEA GENERAL
     La Asamblea General.
     Inspirada por el deseo de lograr participación universal en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 19821 (en
adelante, "la Convención"), y de promover una representación apropiada en las
instituciones establecidas por ella,
     1
          Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, vol. XVII (publicación de las Naciones Unidas, número
de venta: S.84.V.3), documento A/CONF.62/122.
                                                                              /..
                                                                                  \o^
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 10
     Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los
límites de la jurisdicción nacional (en adelante, la "Zona"), así como los
recursos de la Zona, son patrimonio común de la humanidad2,
     Recordando que en la Parte XI y disposiciones conexas (en adelante, la
"Parte XI") de la Convención se estableció un régimen para la Zona y sus
recursos,
     Tomando nota del informe final provisional consolidado de la Comisión
Preparatoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal
Internacional del Derecho del Mar3,
     Recordando su resolución 48/28 de 9 de diciembre de 1993 sobre el derecho
del mar,
     Reconociendo que los cambios políticos y económicos, especialmente la
aplicación cada vez más frecuente de los principios de mercado, han hecho
necesaria la reevaluación de algunos aspectos del régimen relativo a la Zona y
sus recursos,
     Tomando nota de la iniciativa adoptada por el Secretario General desde 1990
de propiciar un diálogo encaminado a lograr la participación universal en la
Convención,
     Acogiendo con agrado el informe del Secretario General sobre los resultados
de sus consultas oficiosas, inclusive la redacción de un proyecto de acuerdo
relativo a la aplicación de la Parte XI,
     Considerando que tal vez el mejor medio de lograr el objetivo de la
participación universal en la Convención sea la adopción de un acuerdo relativo
a la aplicación de la Parte XI,
     Reconociendo la necesidad de disponer lo necesario para la aplicación
provisional de dicho acuerdo a partir de la fecha de entrada en vigor de la
Convención el 16 de noviembre de 1994,
     1.   Expresa su agradecimiento al Secretario General por su informe
relativo a las consultas oficiosas;
     2.   Reafirma el carácter unitario de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982;
     3.   Adopta el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre
de 1982 (en adelante, "el Acuerdo"), cuyo texto figura como anexo de la presente
resolución;
     2
          Resolución 2749 (XXV) de la Asamblea General; articulo 136 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
     3
          LOS/PCN/130 y Add.l.
 ---pagebreak---                                                                      A/48/950
                                                                     Español
                                                                     Página 11
     4.    Afirma que el Acuerdo y la Parte XI serán interpretados y aplicados en
forma conjunta como un solo instrumento;
     5.    Considera que las futuras ratificaciones o confirmaciones formales de
la Convención o adhesiones a ella constituirán además consentimiento en
obligarse por el Acuerdo, y que ningún Estado o entidad podrá manifestar su
consentimiento en obligarse por el Acuerdo a menos que haya manifestado
previamente o manifieste al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la
Convención;
     6
       -   Exhorta a los Estados que consientan en la adopción del Acuerdo a que
se abstengan de todo acto que frustre su objeto y fin;
     7.    Expresa su satisfacción por la entrada en vigor de la Convención el
16 de noviembre de 1994;
     8.    Decide financiar los gastos administrativos de la Autoridad
Internacional de los Fondos Marinos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 14
de la sección 1 del anexo del Acuerdo;
     9«    Pide al Secretario General que transmita de inmediato copias
certificadas del Acuerdo a los Estados y entidades a que se hace referencia en
el artículo 3 del mismo, con miras a facilitar la participación universal en la
Convención y el Acuerdo, y que haga notar los artículos 4 y 5 del Acuerdo;
     10. Pide además al Secretario General que abra el Acuerdo a la firma, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del mismo, inmediatamente después
de su adopción;
     11. Insta a todos los Estados y entidades mencionados en el artículo 3 del
Acuerdo a que consientan en su aplicación provisional a partir del 16 de
noviembre de 1994 y a que manifiesten su consentimiento en obligarse por el
Acuerdo lo antes posible;
    12.    Insta además a todos aquellos Estados y entidades que aún no lo hayan
hecho a tomar todas las medidas necesarias para ratificar, confirmar formalmente
o adherirse a la Convención lo antes posible a fin de asegurar la participación
universal en la Convención;
    13.    Exhorta a la Comisión Preparatoria de la Autoridad Internacional de
los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar a que tenga
en cuenta los términos de este Acuerdo al preparar su informe final.
         III.  PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI
               DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO
               DEL MAR DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982
     Los Estados Partes en este Acuerdo.
     Reconociendo la importante contribución de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 (en adelante, "la
Convención") al mantenimiento de la paz, la justicia y el progreso de todos los
pueblos del mundo,
                                                                               /...
                                                                                  -1Z -
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 12
     Reafirmando que los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los
límites de la jurisdicción nacional (en adelante, "la Zona"), así como sus
recursos, son patrimonio común de la humanidad,
     Conscientes de la importancia que reviste la Convención para la protección
y preservación del medio marino y de la creciente preocupación por el medio
ambiente mundial.
     Habiendo examinado el informe del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre los resultados de las consultas oficiosas entre Estados celebradas
desde 1990 hasta 1994 sobre las cuestiones pendientes relativas a la Parte XI y
disposiciones conexas de la Convención (en adelante, "la Parte XI"),
     Observando los cambios políticos y económicos, entre ellos, los sistemas
orientados al mercado, que afectan la aplicación de la Parte XI,
     Deseando facilitar la participación universal en la Convención,
     Considerando que un acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI seria
el mejor medio de lograr ese objetivo.
     Han acordado lo siguiente:
                                   Artículo 1
                          . Aplicación de la Parte XI
     1.   Los Estados Partes en este Acuerdo se comprometen a aplicar la
Parte XI de conformidad con este Acuerdo.
     2.   El anexo forma parte integrante de este Acuerdo.
                                   Artículo 2
                    Relación entre este Acuerdo v la Parte XI
     1.   Las disposiciones de este Acuerdo y de la Parte XI deberán ser
interpretadas y aplicadas en forma conjunta como un solo instrumento. En caso
de haber discrepancia entre este Acuerdo y la Parte XI, prevalecerán las
disposiciones de este Acuerdo.
     2.   Los artículos 309 a 319 de la Convención se aplicarán a este Acuerdo
en la misma forma en que se aplican a la Convención.
                                   Articulo 3
                                      Firma
     Este Acuerdo estará abierto a la firma de los Estados y las entidades
mencionados en los apartados a), c), d ) , e) y f) del párrafo 1 del articulo 305
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 13
de la Convención, en la Sede de las Naciones Unidas, durante 12 meses contados
desde la fecha de su adopción.
                                    Articulo 4
                           Consentimiento en obligarse
     1.   Después de la adopción de este Acuerdo, todo instrumento de
ratificación o de confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella
constituirá también consentimiento en obligarse por el Acuerdo.
     2.   Ningún Estado o entidad podrá manifestar su consentimiento en
obligarse por este Acuerdo a menos que haya manifestado previamente o manifieste
al mismo tiempo su consentimiento en obligarse por la Convención.
     3.   Los Estados o entidades mencionados en el articulo 3 podrán manifestar
su consentimiento en obligarse por este Acuerdo mediante:
     a)   Firma no sujeta a ratificación, confirmación formal o al procedimiento
establecido en el artículo 5;
     b)   Firma sujeta a ratificación o confirmación formal, seguida de
ratificación o confirmación formal;
     c)   Firma sujeta al procedimiento establecido en el articulo 5; o
     d)   Adhesión.
     4.   La confirmación formal por las entidades mencionadas en el inciso f)
del párrafo 1 del articulo 305 de la Convención se hará de conformidad con el
anexo IX de la Convención.
     5.   Los instrumentos de ratificación, confirmación formal o adhesión se
depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
                                    Articulo 5
                            Procedimiento simplificado
     1.   Se considerará que los Estados o entidades que hayan depositado, antes
de la fecha de adopción de este Acuerdo, un instrumento de ratificación o
confirmación formal de la Convención o de adhesión a ella y que hayan firmado
este Acuerdo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 3
del artículo 4, han manifestado su consentimiento en obligarse por este Acuerdo
12 meses después de la fecha de su adopción, a menos que tales Estados o
entidades notifiquen al depositario por escrito antes de esa fecha que no se
acogerán al procedimiento simplificado establecido en este articulo.
     2.   En el caso de tal notificación, se manifestará el consentimiento en
obligarse por este Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado b) del
párrafo 3 del artículo 4.
                                                                              /...
                                                                                - 1 U -
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 14
                                   Artículo 6
                                Entrada en vigor
     1.   Este Acuerdo entrará en vigor 30 días después de la fecha en que
40 Estados hayan manifestado su consentimiento en obligarse de conformidad
con los artículos 4 y 5, siempre que entre ellos figuren al menos siete de los
Estados mencionados en el apartado a) del párrafo 1 de la resolución II de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(en adelante, la "resolución II"), de los cuales al menos cinco deberán ser
Estados desarrollados. Si las condiciones para la entrada en vigor se cumplen
antes del 16 de noviembre de 1994, este Acuerdo entrará en vigor el 16 de
noviembre de 1994.
     2.   Respecto de cada Estado o entidad que manifieste su consentimiento en
obligarse por este Acuerdo después de que se hayan cumplido los requisitos
establecidos en el párrafo 1, este Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día
siguiente a la fecha en que haya manifestado su consentimiento en obligarse.
                                   Artículo 7
                             Aplicación provisional
     1.   Si este Acuerdo no ha entrado en vigor el 16 de noviembre de 1994,
será aplicado provisionalmente hasta su entrada en vigor por:
     a)   Los Estados que hayan consentido en su adopción en la Asamblea General
de las Naciones Unidas, salvo aquellos que antes del 16 de noviembre de 1994
notifiquen al depositario por escrito que no aplicarán en esa forma el Acuerdo o
que consentirán en tal aplicación únicamente previa firma o notificación por
escrito;
     b)   Los Estados y entidades que firmen este Acuerdo, salvo aquellos que
notifiquen al depositario por escrito en el momento de la firma que no aplicarán
en esa forma el Acuerdo;
     c)   Los Estados y entidades que consientan en su aplicación provisional
mediante notificación por escrito de su consentimiento al depositario;
     d)   Los Estados que se adhieran a este Acuerdo.
     2.   Todos esos Estados y entidades aplicarán este Acuerdo provisionalmente
de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales o internos, con efecto a
partir del 16 de noviembre de 1994 o a partir de la fecha de la firma, la
notificación del consentimiento o la adhesión, si ésta fuese posterior.
     3.   La aplicación provisional terminará en la fecha de entrada en vigor
de este Acuerdo. En todo caso, la aplicación provisional terminará el 16 de
noviembre de 1998 si en esa fecha no se ha cumplido el requisito establecido
en el párrafo 1 del articulo 6 de que hayan consentido en obligarse por este
Acuerdo al menos siete de los Estados mencionados en el apartado a) del
                                                                             /...
 ---pagebreak---                                                                        A/48/950
                                                                       Español
                                                                       Página 15
párrafo 1 de la resolución II (de los cuales al menos cinco deberán ser Estados
desarrollados).
                                        Articulo 8
                                      Estados Partes
     1.   Para los efectos de este Acuerdo, por "Estados Partes" se entiende los
Estados que hayan consentido en obligarse por este Acuerdo y para los cuales el
Acuerdo esté en vigor.
     2.   Este Acuerdo se aplicará mutatis mutandis a las entidades mencionadas
en los apartados c ) , d ) , e) y f) del párrafo 1 del artículo 305 de la Convención
que lleguen a ser partes en el Acuerdo de conformidad con los requisitos
pertinentes a cada una de ellas, y en esa medida, el término "Estados Partes" se
refiere a esas entidades.
                                        Artículo 9
                                        Depositario
     El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de este
Acuerdo.
                                        Artículo 10
                                    Textos auténticos
     El original de este Acuerdo, cuyos textos en árabe, chino, español,
francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
     EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente
autorizados para ello, han firmado este Acuerdo.
     HECHO EN NUEVA YORK, el día ... de julio de mil novecientos noventa y
cuatro.
                                           ANEXO
                    Sección 1.     Costos para los estados partes
                                   v arreglos institucionales
     1.   La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (en adelante, "la
Autoridad") es la organización por conducto de la cual los Estados Partes en
la Convención, de conformidad con el régimen establecido para la Zona en la
Parte XI y en este Acuerdo, organizarán y controlarán las actividades en la
Zona, particularmente con miras a la administración de loa recursos de la Zona.
La Autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieren
                                                                                 /...
                                                                                     -1C,
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 16
por la Convención. Tendrá también las facultades accesorias, compatibles con la
Convención, que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas
facultades y funciones con respecto a las actividades en la Zona.
     2.   Con el objeto de reducir al mínimo los costos para los Estados Partes,
todos los órganos y órganos subsidiarios que se establezcan en virtud de la
Convención y de este Acuerdo realizarán sus actividades en forma eficaz en
función de los costos. Este principio se aplicará también a la frecuencia, la
duración y la programación de las reuniones.
     3.   El establecimiento y funcionamiento de los órganos y órganos
subsidiarios de la Autoridad se basarán en un criterio evolutivo, teniendo en
cuenta las necesidades funcionales de los órganos y órganos subsidiarios en
cuestión, con el fin de que puedan cumplir eficazmente sus respectivas
responsabilidades en las diversas etapas del desarrollo de las actividades en
la Zona.
     4.   Las funciones iniciales de la Autoridad al entrar en vigor la
Convención serán desempeñadas por la Asamblea, el Consejo, la Secretaría, la
Comisión Jurídica y Técnica y el Comité de Finanzas. Las funciones de la
Comisión de Planificación Económica serán desempeñadas por la Comisión Jurídica
y Técnica hasta el momento en que el Consejo decida otra cosa o hasta que se
apruebe el primer plan de trabajo para explotación.
     5.   Entre la entrada en vigor de la Convención y la aprobación del primer
plan de trabajo para explotación, la Autoridad se ocupará principalmente de:
     a)   La tramitación de solicitudes de aprobación de planes de trabajo para
exploración de conformidad con la Parte XI y este Acuerdo;
     b)   La aplicación de las decisiones de la Comisión Preparatoria de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del
Derecho del Mar (en adelante, "la Comisión Preparatoria") relativas a los
primeros inversionistas inscritos y sus Estados certificadores, incluidos sus
derechos y obligaciones, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 308 de la
Convención y con el párrafo 13 de la resolución II;
     c)   La vigilancia del cumplimiento de los planes de trabajo para
exploración aprobados en forma de contratos;
     d)   El seguimiento y examen de las tendencias y los acontecimientos
relativos a las actividades de explotación minera de los fondos marinos,
incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales;
     e)   El estudio de las posibles consecuencias de la producción minera de la
Zona para la economía de los Estados en desarrollo productores terrestres de
esos minerales que puedan resultar más gravemente afectados, a fin de minimizar
sus dificultades y de prestarles ayuda para su reajuste económico, teniendo en
cuenta la labor realizada a este respecto por la Comisión Preparatoria;
     f)   La aprobación de las normas, reglamentos y procedimientos necesarios
para la realización de las actividades en la Zona a medida que éstas avancen.
                                                                             /...
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 17
No obstante lo dispuesto en los apartados b) y c) del párrafo 2 del artículo 17
del anexo III de la Convención, tales normas, reglamentos y procedimientos
tendrán en cuenta las disposiciones de este Acuerdo, el retraso prolongado de la
explotación minera comercial de los fondos marinos y el ritmo probable de las
actividades que se realicen en la Zona;
     g)   La aprobación de normas, reglamentos y procedimientos en que se
incorporen los estándares aplicables sobre protección y preservación del medio
marino;
     h)   La promoción y el estímulo de la realización de investigaciones
científicas marinas con respecto a las actividades realizadas en la Zona y la
compilación y difusión de los resultados de esas investigaciones y análisis,
cuando se disponga de ellos, haciendo especial hincapié en las investigaciones
relativas a los efectos ambientales de las actividades realizadas en la Zona;
     i)   La adquisición de conocimientos científicos y el seguimiento del
desarrollo de la tecnología marina pertinente a las actividades en la Zona, en
particular la tecnología relacionada con la protección y preservación del medio
marino;
     j)   La evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y
exploración;
     k)   La elaboración en el momento oportuno de normas, reglamentos y
procedimientos para la explotación, entre ellos, los relativos a la protección y
preservación del medio marino.
     6.   a)   El Consejo considerará una solicitud de aprobación de un plan de
trabajo para exploración después de recibir una recomendación de la Comisión
Jurídica y Técnica acerca de la solicitud. La tramitación de una solicitud de
aprobación de un plan de trabajo para exploración se hará de conformidad con las
disposiciones de la Convención, incluidas las de su anexo III, y de este
Acuerdo, y con sujeción a las disposiciones siguientes:
     i)   Se considerará que un plan de trabajo para exploración presentado en
          nombre de un Estado o una entidad, o un componente de una entidad,
          de los mencionados en los incisos ii) o iii) del apartado a) del
          párrafo 1 de la resolución II, que no sea un primer inversionista
          inscrito y que ya hubiere realizado actividades sustanciales en la
          Zona antes de la entrada en vigor de la Convención, o del sucesor en
          sus intereses, ha cumplido los requisitos financieros y técnicos
          necesarios para la aprobación del plan de trabajo si el Estado o los
          Estados patrocinantes certifican que el solicitante ha gastado una
          suma equivalente a por lo menos 30 millones de dólares de los EE.UU.
          en actividades de investigación y exploración y ha destinado no menos
          del 10% de esa suma a la localización, el estudio y la evaluación del
          área mencionada en el plan de trabajo. Si por lo demás el plan de
          trabajo cumple los requisitos de la Convención y de las normas,
          reglamentos y procedimientos adoptados de conformidad con ella, será
          aprobado por el Consejo en forma de contrato. Las disposiciones del
          párrafo 11 de la sección III del presente anexo se interpretarán y
          aplicarán en consecuencia;
                                                                              /.-•
                                                                               - " # -
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 18
    ii)   No obstante lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 8 de la
          resolución II, un primer inversionista inscrito podrá solicitar la
          aprobación de un plan de trabajo para exploración en un plazo de
          36 meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención.
          El plan de trabajo para exploración comprenderá los documentos,
          informes y demás datos que se presenten a la Comisión Preparatoria
          antes y después de la inscripción, e irá acompañado de un certificado
          de cumplimiento, consistente en un informe fáctico en que se describa
          la forma en que se ha dado cumplimiento a las obligaciones
          comprendidas en el régimen de los primeros inversionistas, expedido
          por la Comisión Preparatoria de conformidad con lo dispuesto en el
          apartado a) del párrafo 11 de la resolución II. Dicho plan de trabajo
          se considerará aprobado. El plan de trabajo aprobado tendrá la forma
          de un contrato concertado entre la Autoridad y el primer inversionista
          registrado de conformidad con lo dispuesto en la Parte XI y en este
          Acuerdo. Se considerará que el canon de 250.000 dólares de los
          EE.UU., pagado de conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del
          párrafo 7 de la resolución II, constituye el canon correspondiente a
          la etapa de exploración con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 de
          la sección 8 del presente anexo. El párrafo 11 de la sección 3 del
          presente anexo se interpretará y aplicará en consecuencia;
   iii)   De conformidad con el principio de no discriminación, en todo contrato
          celebrado con un Estado o una entidad o un componente de una entidad
          de los mencionados en el inciso i) del apartado a ) , se incluirán
          condiciones similares y no menos favorables a las convenidas con
          cualquier primer inversionista inscrito de los mencionados en el
          inciso ii) del apartado a ) . Si se estipulan condiciones más
          favorables para cualquiera de los Estados, las entidades o los
          componentes de entidades mencionados en el inciso i) del apartado a ) ,
          el Consejo estipulará condiciones similares y no menos favorables con
          respecto a los derechos y obligaciones asumidos por los primeros
          inversionistas inscritos mencionados en el inciso ii) del apartado a ) ,
          siempre y cuando esas condiciones no afecten ni perjudiquen los
          intereses de la Autoridad;
    iv)   El Estado que patrocina una solicitud de aprobación de un plan de
          trabajo con arreglo a las disposiciones de los incisos i) o ii) del
          apartado a ) , podrá ser un Estado Parte o un Estado que sea miembro de
          la Autoridad con carácter provisional, de conformidad con lo dispuesto
          en el párrafo 12;
     v)   El apartado c) del párrafo 8 de la resolución II se interpretará y
          aplicará de conformidad con lo establecido en el inciso iv) del
          apartado a ) ;
     b)   La aprobación de los planes de trabajo para exploración se hará de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 de la Convención.
     7.   Toda solicitud de aprobación de un plan, de trabajo irá acompañada de
una evaluación de los posibles efectos sobre el medio ambiente de las
actividades propuestas y de una descripción de un programa de estudios
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 19
oceanógraficos y estudios de referencia sobre el medio ambiente de conformidad
con las normas, reglamentos y procedimientos aprobados por la Autoridad.
     8.   Toda solicitud de aprobación de planes de trabajo para exploración,
con sujeción a las disposiciones de los incisos i) o ii) del apartado a) del
párrafo 6, se tramitará de conformidad con los procedimientos establecidos en el
párrafo 11 de la sección 3 de este anexo.
     9.   Los planes de trabajo para exploración se aprobarán por un período de
15 años. Al expirar el plan de trabajo para exploración, el contratista
solicitará la aprobación de un plan de trabajo para explotación, a menos que ya
lo haya hecho o que haya obtenido prórroga del plan de trabajo para exploración.
Los contratistas podrán solicitar prórrogas por plazos no superiores a cinco
años cada vez. Las prórrogas se aprobarán si el contratista se ha esforzado de
buena fe por cumplir los requisitos del plan de trabajo, pero por razones ajenas
a su voluntad, no ha podido completar el trabajo preparatorio necesario para
pasar a la etapa de explotación, o si las circunstancias económicas imperantes
no justifican que se pase a la etapa de explotación.
    10.   La designación de un área reservada para la Autoridad conforme a lo
dispuesto en el articulo 8 del anexo III de la Convención, se efectuará en
relación con la aprobación de un plan de trabajo para exploración o con la
aprobación de un plan de trabajo para exploración y explotación.
    11.   No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo para
exploración aprobado, que esté patrocinado por lo menos por uno de los Estados
que estén aplicando provisionalmente este Acuerdo, quedará sin efecto si ese
Estado cesa de aplicar provisionalmente el Acuerdo y no ha llegado a ser miembro
provisional conforme a lo dispuesto en el párrafo 12, o no ha llegado a ser
Estado Parte.
    12.   Al entrar en vigor este Acuerdo, los Estados y las entidades
mencionados en el artículo 3 del Acuerdo que lo hayan estado aplicando
provisionalmente de conformidad con el artículo 7 y para los cuales el Acuerdo
no esté en vigor, podrán seguir siendo miembros provisionales de la Autoridad
hasta que el Acuerdo entre en vigor con respecto a ellos, de conformidad con las
disposiciones siguientes:
     a)   Si este Acuerdo entrare en vigor antes del 16 de noviembre de 1996,
dichos Estados y entidades tendrán derecho a continuar participando como
miembros provisionales de la Autoridad una vez que hayan notificado al
depositario del Acuerdo su intención de participar como miembros provisionales.
La participación como miembro provisional terminará el 16 de noviembre de 1996 o
en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y de la Convención para tales
miembros, si ésta fuese anterior a aquélla. El Consejo, a petición del Estado o
la entidad interesados, podrá prorrogar dicha participación más allá del 16 de
noviembre de 1996 por uno o más períodos no superiores a dos años en total, a
condición de que el Consejo se cerciore de que el Estado o la entidad
interesados han estado intentando de buena fe llegar a ser partes en el Acuerdo
y en la Convención;
     b)   Si este Acuerdo entrare en vigor después del 15 de noviembre de 1996,
dichos Estados y entidades podrán pedir al Consejo que les permita continuar
                                                                                -ko-
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 20
                                      /
siendo miembros provisionales de la Autoridad por uno o más períodos que no
vayan más allá del 16 de noviembre de 1998. El Consejo otorgará dicha calidad
de miembro provisional con efecto a partir de la fecha de la solicitud, si le
consta que el Estado o entidad ha intentado de buena fe llegar a ser parte en el
Acuerdo y en la Convención;
      c)   Los Estados y entidades que sean miembros provisionales de la
Autoridad de conformidad con lo dispuesto en los apartados a) o b ) , aplicarán
las disposiciones de la Parte XI y este Acuerdo de conformidad con sus leyes,
reglamentos y consignaciones presupuestarias anuales nacionales o internas, y
tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, entre otros:
      i)   La obligación de contribuir al presupuesto administrativo de la
           Autoridad conforme a la escala de cuotas;
     ii)   El derecho a patrocinar solicitudes de aprobación de planes de trabajo
           para exploración. En el caso de entidades cuyos componentes sean
           personas naturales o jurídicas que posean la nacionalidad de más de un
           Estado, los planes de trabajo para exploración no se aprobarán a menos
           que todos los Estados cuyas personas naturales o jurídicas compongan
           esas entidades sean Estados Partes o miembros provisionales;
      d)   No obstante lo dispuesto en el párrafo 9, todo plan de trabajo
aprobado en forma de contrato de exploración que haya sido patrocinado conforme
a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c) por un Estado que era miembro
provisional, quedará sin efecto si el Estado o entidad dejare de ser miembro
provisional y no hubiere llegado a ser Estado Parte;
      e)   Si un miembro provisional no ha pagado sus cuotas o ha dejado de
cumplir en alguna otra forma sus obligaciones conforme a lo dispuesto en este
párrafo, se pondrá término a su calidad de miembro provisional.
     13.   La referencia al cumplimiento no satisfactorio que figura en el
artículo 10 del anexo III de la Convención se interpretará en el sentido de que
el contratista no ha cumplido los requisitos de un plan de trabajo aprobado a
pesar de que la Autoridad le ha dirigido una o más advertencias escritas acerca
de su cumplimiento.
     14.   La Autoridad tendrá su propio presupuesto. Hasta el final del año
siguiente al año en que este Acuerdo entre en vigor, los gastos administrativos
de la Autoridad se sufragarán con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas.
A partir de entonces, los gastos administrativos de la Autoridad se sufragarán
mediante las cuotas de sus miembros, incluidos los miembros provisionales, de
conformidad con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 171 y el
artículo 173 de la Convención y en este Acuerdo, hasta que la Autoridad tenga
fondos suficientes procedentes de otras fuentes para sufragar esos gastos. La
Autoridad no ejercerá la facultad mencionada en el párrafo 1 del artículo 174 de
la Convención con el fin de contratar préstamos para financiar su presupuesto
administrativo.
     15.   La Autoridad elaborará y aprobará, con arreglo a lo dispuesto en el
 inciso ii) del apartado o) del párrafo 2 del artículo 162 de la Convención,
normas, reglamentos y procedimientos basados en los principios contenidos en las
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 21
secciones 2, 5, 6, 7 y 8 de este anexo, así como las demás normas, reglamentos y
procedimientos que sean necesarios para facilitar la aprobación de los planes de
trabajo para exploración o explotación, de conformidad con las disposiciones
siguientes:
     a)   El Consejo podrá emprender la elaboración de tales normas, reglamentos
o procedimientos en el momento en que estime que son necesarios para la
realización de actividades en la Zona o cuando determine que la explotación
comercial es inminente, o a petición de un Estado uno de cuyos nacionales se
proponga solicitar la aprobación de un plan de trabajo para explotación;
     b)   Si un Estado de los mencionados en el apartado a) pide que se adopten
esas normas, reglamentos y procedimientos, el Consejo lo hará dentro de los dos
años siguientes a la petición, de conformidad con lo dispuesto en el apartado o)
del párrafo 2 del articulo 162 de la Convención;
     c)   Si el Consejo no ha finalizado la elaboración de las normas,
reglamentos y procedimientos relacionados con la explotación en el plazo
prescrito, y está pendiente la aprobación de una solicitud de plan de trabajo
para explotación, procederá de todos modos a considerar y aprobar
provisionalmente ese plan de trabajo sobre la base de las disposiciones de la
Convención y de todas las normas, reglamentos y procedimientos que el Consejo
haya aprobado provisionalmente, o sobre la base de las normas contenidas en la
Convención y de los términos y principios contenidos en el presente anexo, así
como del principio de no discriminación entre contratistas.
    16.   Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos y todas las
recomendaciones relativas a las disposiciones de la Parte XI que figuren en los
informes y recomendaciones de la Comisión Preparatoria, serán tomados en cuenta
por la Autoridad al adoptar normas, reglamentos y procedimientos de conformidad
con lo dispuesto en la Parte XI y en este Acuerdo.
    17.   Las disposiciones pertinentes de la sección 4 de la Parte XI de la
Convención se interpretarán y aplicarán de conformidad con este Acuerdo.
                             Sección 2.   La Empresa
     1.   La Secretaria de la Autoridad desempeñará las funciones de la Empresa
hasta que ésta comience a operar independientemente de la Secretaría. El
Secretario General de la Autoridad nombrará de entre el personal de la Autoridad
un Director General interino que supervisará la realización de esas funciones
por la Secretaría.
     Esas funciones serán las siguientes:
     a)   Seguimiento y análisis de las tendencias y acontecimientos
relacionados con las actividades de explotación minera de los fondos marinos,
incluido el análisis periódico de las condiciones del mercado mundial de
metales, y los precios, tendencias y perspectivas de los metales;
     b)   Evaluación de los resultados de las investigaciones científicas
marinas llevadas a cabo con respecto a las actividades realizadas en la Zona, y
                                                                              /.-•
                                                                                   ~Ul
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 22
especialmente los de las investigaciones relacionadas con el impacto ambiental
de las actividades realizadas en la Zona;
      c)   Evaluación de los datos disponibles con respecto a la prospección y la
exploración, incluidos los principios aplicables a esas actividades;
      d)   Evaluación de los adelantos tecnológicos de importancia para las
actividades realizadas en la Zona, en particular la tecnología relativa a la
protección y preservación del medio marino;
      e)   Evaluación de la información y los datos relativos a las áreas
reservadas para la Autoridad;
      f)   Evaluación de las pautas que deben seguirse en las operaciones de
empresa conjunta;
      g)   Reunión de información acerca de la disponibilidad de mano de obra
calificada;
      h)   Estudio de las distintas políticas de gestión aplicables a la
administración de la Empresa en diferentes etapas de sus operaciones.
      2.   La Empresa llevará a cabo sus actividades iniciales de explotación
minera de los fondos marinos por medio de empresas conjuntas. Al aprobarse un
plan de trabajo para explotación para una entidad distinta de la Empresa, o al
recibir el Consejo una solicitud de constitución de empresa conjunta con la
Empresa, el Consejo se ocupará de la cuestión del funcionamiento de la Empresa
independientemente de la Secretaría de la Autoridad. Si las operaciones
realizadas en régimen de empresa conjunta con la Empresa se basan en principios
comerciales sólidos, el Consejo emitirá una directriz de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 170 de la Convención, por la que
establecerá dicho funcionamiento independiente.
      3.   La obligación de los Estados Partes de financiar las actividades de la
Empresa en un sitio minero prevista en el párrafo 3 del artículo 11 del anexo IV
de la Convención no será aplicable, y los Estados Partes no estarán obligados a
financiar ninguna de las operaciones que se lleven a cabo en los sitios mineros
de la Empresa ni las que se lleven a cabo conforme a sus arreglos de empresa
conjunta.
      4.   Las obligaciones aplicables a los contratistas se aplicarán a la
Empresa. No obstante lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 153 y en el
párrafo 5 del artículo 3 del anexo III de la Convención, un plan de trabajo para
 la Empresa tendrá, una vez aprobado, la forma de un contrato concertado entre la
Autoridad y la Empresa.
      5.   Un contratista que haya aportado un área determinada a la Autoridad
como área reservada tiene derecho de opción preferente a concertar un arreglo de
empresa conjunta con la Empresa para la exploración y explotación de esa área.
 Si la Empresa no presenta una solicitud de aprobación de un plan de trabajo para
 la realización de actividades respecto de esa área reservada dentro de los
 15 años siguientes a la iniciación de sus funciones independientemente de la
 Secretaria de la Autoridad, o dentro de los 15 años siguientes a la fecha en que
                                                                              /...
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 23
se haya reservado esa área para la Autoridad, si esa fecha es posterior, el
contratista que haya aportado el área tendrá derecho a solicitar la aprobación
de un plan de trabajo respecto de ésta a condición de que ofrezca de buena fe
incluir a la Empresa como socio en una empresa conjunta.
      6.   El párrafo 4 del articulo 170, el anexo IV y las demás disposiciones
de la Convención relativas a la Empresa se interpretarán y aplicarán con arreglo
a lo estipulado en esta sección.
                        Sección 3.  Adopción de decisiones
      1.   La Asamblea, en colaboración con el Consejo, determinará la política
general de la Autoridad.
      2.   Como norma general, las decisiones de los órganos de la Autoridad se
deberán adoptar por consenso.
      3.   Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren
agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación
en la Asamblea lo serán por mayoría de los Estados presentes y votantes, y las
decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios de
los Estados presentes y votantes, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 8 del
articulo 159 de la Convención.
      4.   Las decisiones de la Asamblea sobre cualquier asunto respecto del cual
también tenga competencia el Consejo, o sobre cualquier asunto administrativo,
presupuestario ó financiero, se basarán en las recomendaciones del Consejo. Si
la Asamblea no aceptare la recomendación del Consejo sobre algún asunto,
devolverá éste al Consejo para que lo examine nuevamente. El Consejo
-reexaminará el asunto teniendo presentes las opiniones expresadas por la
Asamblea.
      5.   Si todos los intentos de adoptar una decisión por consenso se hubieren
agotado, las decisiones sobre cuestiones de procedimiento adoptadas por votación
en el Consejo lo serán por mayoría de los miembros presentes y votantes, y las
decisiones sobre cuestiones de fondo, salvo en los casos en que la Convención
disponga que se adopten por consenso en el Consejo, lo serán por mayoría de dos
tercios de los miembros presentes y votantes, a menos que se oponga a tales
decisiones la mayoría en cualquiera de las cámaras mencionadas en el párrafo 9.
Al adoptar decisiones, el Consejo procurará promover los intereses de todos los
miembros de la Autoridad.
      6.   El Consejo podrá aplazar la adopción de una decisión a fin de
facilitar la celebración de nuevas negociaciones cada vez que parezca que no se
han agotado todos los intentos por llegar a un consenso respecto de algún
asunto.
      7.   Las decisiones adoptadas por la Asamblea o el Consejo que tengan
consecuencias financieras o presupuestarias se basarán en las recomendaciones
del Comité de Finanzas.
                                                                              /...
                                                                                ~kk-
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 24
     8.   Las disposiciones de los apartados b) y c) del párrafo 8 del
artículo 161 de la Convención no serán aplicables.
     9.   a)   Cada grupo de Estados elegido conforme a lo dispuesto en los
incisos a) a c) del párrafo 15 será tratado como una cámara para los efectos de
la votación en el Consejo. Los Estados en desarrollo elegidos conforme a lo
dispuesto en los incisos d) y e ) del párrafo 15 serán tratados como una cámara
única para los efectos de la votación en el Consejo.
     b)   Antes de elegir a los miembros del Consejo, la Asamblea confeccionará
listas de países que reúnen las condiciones necesarias para formar parte de los
grupos de Estados a que se refieren los incisos a) a d) del párrafo IS. Si un
Estado reúne las condiciones necesarias para formar parte de más de un grupo,
sólo podrá ser propuesto por uno de ellos como candidato a miembro del Consejo y
representará únicamente a ese grupo en la votación en el Consejo.
     10. Cada grupo de Estados señalado en los apartados a) a d) del párrafo 15
estará representado en el Consejo por los miembros designados por ese grupo.
Cada grupo designará sólo tantos candidatos como número de puestos deba ocupar
ese grupo. Cuando el número de posibles candidatos de cada uno de los grupos
mencionados en los apartados a) a e) del párrafo 15 sea superior al número de
puestos disponibles en cada uno de los grupos respectivos, por regla general se
aplicará el principio de rotación. Los Estados miembros de cada uno de los
grupos determinarán la forma en que se aplicará este principio a esos grupos.
     11. a)    El Consejo aprobará la recomendación de aprobación de un plan de
trabajo formulada por la Comisión Jurídica y Técnica, a menos que el Consejo,
por mayoría de dos tercios de sus miembros presentes y votantes, que comprenderá
la mayoría de los miembros presentes y votantes en cada una de las cámaras del
Consejo, décida rechazar el plan de trabajo. Si el Consejo no adoptare una
decisión acerca de una recomendación de aprobación de un plan de trabajo dentro
del plazo prescrito, se considerará que la recomendación ha sido aprobada por el
Consejo al cumplirse ese plazo. El plazo prescrito normalmente será de 60 días,
a menos que el Consejo decida fijar un plazo mayor. Si la Comisión recomienda
que se rechace un plan de trabajo o no hace una recomendación, el Consejo podrá
aprobar de todos modos el plan de trabajo de conformidad con su reglamento
relativo a la adopción de decisiones sobre cuestiones de fondo.
     b)   Las disposiciones del apartado j) del párrafo 2 del artículo 162 de la
Convención no serán aplicables.
     12. Toda controversia que pudiera producirse con respecto al rechazo de un
plan de trabajo, será sometida al procedimiento de solución de controversias
establecido en la Convención.
     13. La adopción de decisiones mediante votación en la Comisión Jurídica y
Técnica se hará por mayoría de los miembros presentes y votantes.
     14. Las subsecciones B y C de la sección 4 de la Parte XI de la Convención
se interpretarán y aplicarán de conformidad con la presente sección.
      15. El Consejo estará integrado por 36 miembros de la Autoridad elegidos
por la Asamblea en el orden siguiente:
                                                                              /...
 ---pagebreak---                                                                     A/48/950
                                                                    Español
                                                                    Página 25
      a)   Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, durante los
últimos cinco años respecto de los cuales se disponga de estadísticas, hayan
absorbido más del 2% en términos de valor del consumo mundial total o hayan
efectuado importaciones netas de más del 2% en términos de valor de las
importaciones mundiales totales de los productos básicos obtenidos a partir de
las categorías de minerales que hayan de extraerse de la Zona, a condición de
que entre esos cuatro miembros se incluya a un Estado de la región de Europa
oriental que tenga la economía más importante de esa región en términos de
producto interno bruto, y al Estado que, a la fecha de la entrada en vigor de la
Convención, tenga la economía más importante en términos de producto interno
bruto, si esos Estados desean estar representados en este grupo;
        b) Cuatro miembros escogidos entre los ocho Estados Partes que,
directamente o por medio de sus nacionales, hayan hecho las mayores inversiones
en la preparación y realización de actividades en la Zona;
        c) Cuatro miembros escogidos entre los Estados Partes que, sobre la base
de la producción de las áreas que se encuentran bajo su jurisdicción, sean
grandes exportadores netos de las categorías de minerales que han de extraerse
de la Zona, incluidos por lo menos dos Estados en desarrollo cuyas exportaciones
de esos minerales tengan importancia considerable para su economía;
        d) Seis miembros escogidos entre los Estados Partes en desarrollo, que
representen intereses especiales. 1x38 intereses especiales que han de estar
representados incluirán los de los Estados con gran población, los Estados sin
litoral o en situación geográfica desventajosa, los Estados insulares, los
Estados que sean grandes importadores de las categorías de minerales que han de
extraerse de la Zona, los Estados que sean productores potenciales de tales
minerales y los Estados en desarrollo menos adelantados;
        e) Dieciocho miembros escogidos de conformidad con el principio de
asegurar una distribución geográfica equitativa de los puestos del Consejo en su
totalidad, a condición de que cada región geográfica cuente por lo menos con un
miembro elegido en virtud de este apartado. A tal efecto se considerarán
regiones geográficas África, América Latina y el Caribe, Asia, Europa occidental
y otros Estados, y Europa oriental.
       16. Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 161 de la Convención no
serán aplicables.
                        Sección 4.  Conferencia de Revisión
      Las disposiciones relativas a la Conferencia de Revisión de los párrafos 1,
 3 y 4 del articulo 155 de la Convención no serán aplicables. No obstante las
 disposiciones del párrafo 2 del artículo 314 de la Convención, la Asamblea, por
 recomendación del Consejo, podrá efectuar en cualquier momento una revisión de
 los asuntos indicados en el párrafo 1 del artículo 155 de la Convención. Las
 enmiendas relativas a este Acuerdo y a la Parte XI estarán sujetas a los
 procedimientos previstos en los artículos 314, 315 y 316 de la Convención, a
 condición de que se mantengan los principios, el régimen y las demás
 disposiciones mencionadas en el párrafo 2 del artículo 155 de la Convención y
                                                                                  -lit-
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 26
de que los derechos mencionados en el párrafo 5 de ese artículo no resulten
afectados.
                      Sección 5.  Transferencia de tecnología
      1.   Además de regirse por las disposiciones del artículo 144 de la
Convención, la transferencia de tecnología se regirá, para los efectos de la
Parte XI, por los principios siguientes:
      a)   La Empresa y los Estados en desarrollo que deseen obtener tecnología
para la explotación minera de los fondos marinos, procurarán obtener esa
tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas y razonables
en el mercado abierto, o bien mediante arreglos de empresa conjunta;
      b)   Si la Empresa o los Estados en desarrollo no pudieran obtener
tecnología para la explotación minera de los fondos marinos, la Autoridad podrá
pedir a todos o a cualquiera de los contratistas y al Estado o los Estados
patrocinantes respectivos a que cooperen con ella para facilitar la adquisición
de tecnología para la explotación minera de los fondos marinos por la Empresa o
por su empresa conjunta, o por uno o varios Estados en desarrollo que deseen
adquirir esa tecnología según modalidades y condiciones comerciales equitativas
y razonables, compatibles con la protección eficaz de los derechos de propiedad
intelectual. Los Estados Partes se comprometen a cooperar plena y efectivamente
con la Autoridad en ese sentido y a velar por que los contratistas por ellos
patrocinados también cooperen plenamente con la Autoridad;
                 \
      c)   Por regla general, los Estados Partes promoverán la cooperación
internacional científica y técnica respecto de las actividades en la Zona, ya
sea entre las Partes interesadas o mediante la creación de programas de
capacitación, asistencia técnica y cooperación científica en materia de ciencia
y tecnología marina, y de protección y preservación del medio marino.
      2.   Las disposiciones del articulo 5 del anexo III de la Convención no
serán aplicables.
                         Sección 6.  Política de producción
      1.   La política de producción de la Autoridad se basará en los principios
siguientes:
      a)   El aprovechamiento de los recursos de la Zona se hará conforme a
principios comerciales sólidos;
      b)   Las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio, sus correspondientes códigos y los acuerdos que le sucedan o
reemplacen, se aplicarán con respecto a las actividades en la Zona;
      c)   En particular, no se otorgarán subsidios a las actividades realizadas
en la Zona salvo en la medida en que lo permitan los acuerdos indicados en el
apartado b ) . El otorgamiento de subsidios para los efectos de estos principios
 se definirá según los acuerdos indicados en el apartado b ) ;
                                                                              /...
 ---pagebreak---                                                                      A/48/950
                                                                     Español
                                                                     Página 27
      d)   No se discriminará entre los minerales extraídos de la Zona y de otras
fuentes. No habrá acceso preferente a los mercados para esos minerales, ni para
las importaciones de productos básicos elaborados a partir de ellos, en
particular:
      i)   Mediante la aplicación de barreras arancelarias o no arancelarias;
     ii)   El que den los Estados Partes a dichos minerales o a los productos
           básicos elaborados a partir de esos minerales por sus empresas
           estatales, o por personas naturales o jurídicas que tengan su
           nacionalidad o estén controladas por ellos o por sus nacionales;
      e)   El plan de trabajo para explotación aprobado por la Autoridad respecto
de cada área de explotación minera indicará el calendario de producción
previsto, en el que se incluirán las cantidades máximas estimadas de minerales
que se producirían por año de conformidad con el plan de trabajo;
      f)   Las reglas que siguen se aplicarán a la solución de las controversias
relativas a las disposiciones de los acuerdos mencionados en el apartado b ) :
      i)   Si los Estados Partes afectados son partes en dichos acuerdos, podrán
           recurrir a los procedimientos de solución de controversias previstos
           en esos acuerdos;
     ii)   Si uno o más de los Estados Partes afectados no son partes en dichos
           acuerdos, podrán recurrir a los procedimientos de solución de
           controversias establecidos en la Convención;
      g)   En los casos en que se determine, a tenor de los acuerdos mencionados
en el apartado b ) , que un Estado Parte ha otorgado subsidios que están
prohibidos o que han redundado en perjuicio de los intereses de otro Estado
Parte, y que el Estado Parte o los Estados Partes en cuestión no han adoptado
las medidas adecuadas, un Estado Parte podrá pedir al Consejo que adopte tales
medidas.
      2.   Los principios contenidos en el párrafo 1 no afectarán a los derechos
y obligaciones previstos en las disposiciones de los acuerdos señalados en el
apartado b) del párrafo 1, ni a los acuerdos de libre comercio y de unión
aduanera correspondientes, en las relaciones entre Estados Partes que sean
partes en esos acuerdos.
       3.   La aceptación por un contratista de subsidios distintos de los
 permitidos en virtud de los acuerdos señalados en el apartado b) del párrafo 1
 constituirá una violación de los términos fundamentales del contrato por el que
 se establezca un plan de trabajo para la realización de actividades en la Zona.
       4.   Todo Estado Parte que tenga razones para creer que ha habido una
 infracción de los requisitos de los apartados b) a d) del párrafo 1 o del
 párrafo 3, podrá iniciar un procedimiento de solución de controversias de
 conformidad con lo dispuesto en los apartados f) o g) del párrafo 1.
                                                                               /.
                                                                                -U?-
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 28
     5.   Un Estado Parte podrá en cualquier momento señalar a la atención del
Consejo aquellas actividades que en su opinión sean incompatibles con los
requisitos establecidos en los incisos b) a d) del párrafo 1.
     6.   La Autoridad elaborará normas, reglamentos y procedimientos que
garanticen el cumplimiento de las disposiciones de esta sección, entre ellos,
normas, reglamentos y procedimientos pertinentes que gobiernen la aprobación de
los planes de trabajo.
     7.   Las disposiciones de los párrafos 1 a 7 y 9 del articulo 151, del
apartado q) del párrafo 2 del artículo 162, del apartado n) del párrafo 2 del
artículo 165, y del párrafo 5 del artículo 6 y del articulo 7 del anexo III de
la Convención, no serán aplicables.
                         Sección 7. Asistencia económica
     1.   La política de la Autoridad de prestar asistencia a los países en
desarrollo cuyos ingresos de exportación o cuya economía sufran serios
perjuicios como consecuencia de una disminución del precio o del volumen
exportado de un mineral, en la medida en que tal disminución se deba a
actividades en la Zona, se basará en los principios siguientes:
     a)   La Autoridad establecerá un fondo de asistencia económica con cargo a
aquella parte de los fondos de la Autoridad que exceda los necesarios para
cubrir los gastos administrativos de ésta. La cantidad que se destine a este
objeto será determinada periódicamente por el Consejo, por recomendación del
Comité de Finanzas. Sólo se destinarán al establecimiento del fondo de
asistencia económica fondos procedentes de pagos recibidos de los contratistas,
incluida la Empresa, y contribuciones voluntarias;
     b)   Los Estados en desarrollo productores terrestres cuya economía se haya
determinado que ha resultado gravemente afectada por la producción de minerales
de los fondos marinos recibirán asistencia con cargo al fondo de asistencia
económica de la Autoridad;
     c)   La Autoridad prestará asistencia con cargo al fondo a los Estados en
desarrollo productores terrestres afectados, cuando corresponda, en cooperación
con las instituciones mundiales o regionales de desarrollo existentes que tengan
la infraestructura y los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar esos
programas de asistencia;
     d)   El alcance y la duración de esa asistencia se determinarán en cada
caso en particular. Al hacerlo, se tomarán debidamente en consideración el
carácter y la magnitud de los problemas con que se han encontrado los Estados en
desarrollo productores terrestres que hayan resultado afectados.
     2.   Lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 151 de la Convención se
cumplirá por medio de las medidas de asistencia económica indicadas en el
párrafo 1. El apartado 1) del párrafo 2 del artículo 160, el apartado n) del
párrafo 2 del artículo 162, el apartado d) del párrafo 2 del artículo 164, el
apartado f) del artículo 171 y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 173 de
la Convención serán interpretados en consecuencia.
 ---pagebreak---                                                                       A/48/950
                                                                      Español
                                                                      Página 29
               Sección 8.  Disposiciones financieras de los contratos
      1.   Los principios que a continuación se enuncian servirán de base para
establecer las normas, los reglamentos y los procedimientos relativos a las
disposiciones financieras de los contratos:
      a)   El sistema de pagos a la Autoridad será equitativo tanto para el
contratista como para la Autoridad y proporcionará los medios adecuados para
determinar si el contratista se ha atenido al sistema;
      b)   Las cuantías de los pagos hechos conforme al sistema serán semejantes
a las usuales respecto de la producción terrestre del mismo mineral o de
minerales semejantes a fin de evitar que se otorgue a los productores de
minerales de los fondos marinos una ventaja competitiva artificial o que se les
imponga una desventaja competitiva;
      c)   El sistema no deberá ser complicado y no deberá imponer gastos
administrativos importantes a la Autoridad ni al contratista. Deberá
considerarse la posibilidad de adoptar un sistema de regalías o un sistema
combinado de regalías y participación en los beneficios. Si se decide
establecer distintos sistemas, el contratista tendrá el derecho de elegir el
sistema aplicable a su contrato. No obstante, todo cambio posterior en cuanto
al sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;
      d)   Se pagará un canon fijo anual desde la fecha de iniciación de la
producción comercial. Ese canon se podrá deducir de los demás pagos que se
deban conforme al sistema que se adopte en virtud del apartado c ) . El Consejo
fijará el monto de ese canon;
      e)   El sistema de pagos podrá revisarse periódicamente atendiendo a los
cambios de las circunstancias. Toda modificación se aplicará de manera no
discriminatoria. Tales modificaciones podrán aplicarse a los contratos
existentes sólo a elección del contratista. Todo cambio posterior en cuanto al
sistema elegido se hará mediante acuerdo entre la Autoridad y el contratista;
      f)   Las controversias relativas a la interpretación o aplicación de las
normas y los reglamentos basados en estos principios se someterán a los
procedimientos de solución de controversias previstos en la Convención.
      2.   Las disposiciones de los párrafos 3 a 10 del artículo 13 del anexo III
de la Convención no serán aplicables.
      3.   Por lo que respecta a la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del
anexo III de la Convención, el canon correspondiente a la tramitación de
solicitudes de aprobación de un plan de trabajo limitado a una sola etapa, sea
ésta la etapa de exploración o la etapa de explotación, será de 250.000 dólares
de los EE.UU.
                          Sección 9.  El Comité de Finanzas
       1.   Se establece un Comité de Finanzas. El Comité estará integrado por
 15 miembros con las debidas calificaciones para ocuparse de asuntos financieros,
                                                                                -Ç.
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 30
LOB Estados Partes propondrán como candidatos a personas de competencia e
integridad máximas.
     2.   No podrán ser miembros del Comité de Finanzas dos personas que sean
nacionales del mismo Estado Parte.
     3.   Los miembros del Comité de Finanzas serán elegidos por la Asamblea y
se tendrá debidamente en cuenta la necesidad de una distribución geográfica
equitativa y la representación de intereses especiales. Cada grupo de Estados a
que se refieren los apartados a), b ) , c), y d ) del párrafo 15 de la sección 3 de
este anexo estará representado en el Comité por un miembro por lo menos. Hasta
que la Autoridad tenga fondos suficientes, al margen de las cuotas, para
sufragar sus gastos administrativos, se incluirá entre los miembros del Comité a
los cinco mayores contribuyentes financieros al presupuesto administrativo de la
Autoridad. De allí en adelante, la elección de un miembro de cada grupo se hará
sobre la base de los candidatos propuestos por los miembros del grupo
respectivo, sin perjuicio de la posibilidad de que se elija a otros miembros de
cada grupo.
     4.   Los miembros del Comité de Finanzas desempeñarán su cargo durante
cinco años y podrán ser reelegidos por un nuevo período.
     5.   En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un miembro del
Comité de Finanzas antes de que expire su mandato, la Asamblea elegirá a una
persona de la misma región geográfica o del mismo grupo de Estados para que
ejerza el cargo durante el resto del mandato.
     6.   Los miembros del Comité de Finanzas no tendrán interés financiero en
ninguna actividad relacionada con los asuntos respecto de los cuales corresponda
al Comité formular recomendaciones. No revelarán, ni siquiera después de la
expiración de su mandato, ninguna información confidencial que obre en su
conocimiento en razón de sus funciones respecto de la Autoridad.
     7.   Las decisiones de la Asamblea y el Consejo respecto de las cuestiones
siguientes se adoptarán tomando en cuenta las recomendaciones del Comité de
Finanzas:
     a)   Los proyectos de normas, reglamentos y procedimientos financieros de
los órganos de la Autoridad y la gestión financiera y administración financiera
interna de la Autoridad;
     b)   La determinación de las cuotas de los miembros para el presupuesto
administrativo de la Autoridad conforme a lo previsto en el apartado e) del
párrafo 2 del artículo 160 de la Convención;
     c)   Todos los asuntos financieros pertinentes, incluidos el proyecto de
presupuesto anual preparado por el Secretario General de conformidad con el
articulo 172 de la Convención y los aspectos financieros de la ejecución de
los programas de trabajo de la Secretaría;
     d)   El presupuesto administrativo;
                                                                                /...
 ---pagebreak---                                                                    A/48/950
                                                                   Español
                                                                    Página 31
     e)   Las obligaciones financieras de los Estados Partes derivadas de la
aplicación de este Acuerdo y de la Parte XI así como las consecuencias
administrativas y presupuestarias de las propuestas y recomendaciones que
impliquen gastos con cargo a los fondos de la Autoridad;
     f)   Las normas, reglamentos y procedimientos relativos a la distribución
equitativa de los beneficios financieros y otros beneficios económicos derivados
de las actividades en la Zona y las decisiones que hayan de adoptarse al
respecto.
     8.   El Comité de Finanzas adoptará las decisiones relativas a cuestiones
de procedimiento por mayoría de los miembros presentes y votantes. Las
decisiones sobre cuestiones de fondo se adoptarán por consenso.
     9.   Se considerará que el requisito del apartado y) del párrafo 2 del
artículo 162 de la Convención de que se establezca un órgano subsidiario
encargado de los asuntos financieros quedará cumplido mediante el
establecimiento del Comité de Finanzas conforme a la presente sección.
                                                                                -SZ
 ---pagebreak--- A/48/950
Español
Página 32
                                    ANEXO II
          Entendimiento oficioso que leerá el Presidente de la Asamblea
              General en el momento de la adopción de la resolución
     Una vez que haya participación generalizada en la Autoridad Internacional
de los Fondos Marinos y que el número de miembros de cada grupo regional que
participa en la Autoridad sea sustancialmente similar al número de sus miembros
que participa eñ las Naciones Unidas, queda entendido que cada grupo regional
estaría representado en el Consejo de la Autoridad en su totalidad por tres
miembros como mínimo.
 ---pagebreak---                                                                     BSN 0257-9545
                                                              COM(94) 305 final
                                                  DOCUMENTOS
E  S
                                     N° de catálogo : CB-CO-94-322-ES-C
                                                           ISBN 92-77-71557-X
Ofíciiia de Publicadoncs Oficíales de las Comunidades Europeas
Lr2985 Luxembuigo