CELEX: 62019CN0739
Language: es
Date: 2019-10-07 00:00:00
Title: Asunto C-739/19: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 7 de octubre de 2019 — VK/An Bord Pleanála

9.12.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 413/34
            
         
      Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda) el 7 de octubre de 2019 — VK/An Bord Pleanála
      (Asunto C-739/19)
      (2019/C 413/40)
      Lengua de procedimiento: inglés
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Supreme Court
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrente: VK
      
         Recurrida: An Bord Pleanála
      
         Cuestiones prejudiciales
      
      
                  1.
               
               
                  ¿Le está vetado a un Estado miembro el ejercicio de la opción prevista en el artículo 5 de la Directiva 77/249/CEE, (1) de 22 de marzo de 1977, en su versión modificada, que permite a un Estado miembro imponer a un abogado que participa en la actividad de representación de un cliente en un procedimiento judicial la exigencia de «actuar de acuerdo […] con un abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional interesado», en todos los casos en que la parte a la que el abogado visitante desea representar en dicho procedimiento tendría derecho a representarse a sí misma?
               
            
                  2.
               
               
                  Si la respuesta a la primera cuestión es negativa, ¿a qué factores debe remitirse un órgano jurisdiccional nacional para valorar si es permisible imponer la exigencia de «actuar de acuerdo con» un abogado?
               
            
                  3.
               
               
                  En particular, ¿equivaldría la imposición de una obligación limitada de actuar «de acuerdo con» un abogado, de la manera descrita anteriormente en esta resolución de remisión, a una injerencia proporcionada, y por tanto justificada, en la libertad de los abogados para prestar servicios, teniendo en cuenta que el interés público afectado estriba tanto en la necesidad de proteger a los consumidores de los servicios jurídicos como en la necesidad de garantizar una buena administración de justicia?
               
            
                  4.
               
               
                  Si la respuesta a la tercera cuestión es afirmativa, ¿es pertinente esta postura en cualquier circunstancia y, de no ser así, qué factores debe tener en cuenta un órgano jurisdiccional nacional para determinar si puede imponerse dicha exigencia en un caso concreto?
               
            
         (1)  Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO 1977, L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224).