CELEX: 62020CC0290
Language: es
Date: 2021-10-06 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 6 de octubre de 2021.#Latvijas Gāze AS.#Petición de decisión prejudicial planteada por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa.#Procedimiento prejudicial — Mercado interior del gas natural — Directiva 2009/73/CE — Artículo 2, punto 3 — Concepto de “transporte” — Artículo 23 — Competencias de decisión sobre la conexión de instalaciones de almacenamiento, instalaciones de regasificación de gas natural licuado y consumidores industriales a la red de transporte — Artículo 32, apartado 1 — Acceso de terceros a la red — Posibilidad de conexión directa de los clientes finales a la red de transporte de gas natural.#Asunto C-290/20.

Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 6 de octubre de 2021 (1)

Asunto C‑290/20

AS «Latvijas  Gāze»

con intervención de:

Latvijas Republikas Saeima,

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia)]
«Petición de decisión prejudicial — Mercado interior del gas natural — Red de transporte y red de distribución de gas natural — Posibilidad de conexión directa de los clientes finales a la red de transporte de gas natural»

1.        ¿Es necesario, a fin de garantizar un mercado interior eficiente que haga posible la venta de gas natural en igualdad de condiciones, sin discriminación, y que garantice a terceros un acceso económicamente razonable y efectivo a la red de gas natural, que los Estados miembros adopten una normativa que permita a cualquier cliente final elegir el tipo de red —de transporte o distribución— a la que conectarse? ¿Solo se permite la conexión a la red de transporte de gas natural al cliente final no doméstico? ¿Es compatible la Directiva 2009/73 (2) con una normativa nacional que permite a los clientes finales conectarse a la red de transporte?

2.        Estas son, en esencia, las cuestiones planteadas en la petición de decisión prejudicial presentada por la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia) objeto del presente procedimiento, que brindan al Tribunal de Justicia la ocasión de profundizar, a la luz de la Directiva 2009/73, en el tema de las redes de transporte y las redes de distribución de gas natural, en particular, en lo que respecta a la posibilidad de que los clientes finales se conecten directamente a la red de transporte de gas natural.

3.        En las presentes conclusiones expondré las razones por las que considero que la Directiva 2009/73 únicamente establece obligaciones para los Estados miembros en cuanto atañe al acceso de terceros a las redes de transporte y de distribución de gas natural, al tiempo que deja a esos Estados la posibilidad de orientar a los usuarios hacia un tipo particular de red, observando el principio de no discriminación y sobre la base de consideraciones objetivas, tales como la seguridad y las características técnicas de la red.
I.      Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

4.        Artículo 2, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):
«(2)      Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia compartida con los Estados miembros en un ámbito determinado, la Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito. Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la Unión no haya ejercido la suya. Los Estados miembros ejercerán de nuevo su competencia en la medida en que la Unión haya decidido dejar de ejercer la suya.»

5.        Artículo 4 TFUE, apartado 2, letras a) e i):
«(2)      Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos principales:
a)      el mercado interior;
[…]
i)      la energía;
[…]»

6.        A tenor de los considerandos 1, 3, 6, 8 y 48 de la Directiva 2009/73/CE:
«(1)      El mercado interior del gas natural, que se ha ido implantando gradualmente en toda la Comunidad desde 1999, tiene como finalidad dar una posibilidad real de elección a todos los consumidores de la Unión Europea, sean ciudadanos o empresas, de crear nuevas oportunidades comerciales y de fomentar el comercio transfronterizo, a fin de conseguir mejoras de la eficiencia, precios competitivos, un aumento de la calidad del servicio y una mayor competitividad, y de contribuir a la seguridad del suministro y a la sostenibilidad.
[…]
(3)      Solo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los ciudadanos de la Unión elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores abastecer libremente a sus clientes es compatible con las libertades (entre otras, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios) que el Tratado garantiza a los ciudadanos de la Unión.
[…]
(6)      Sin una separación efectiva entre las redes y las actividades de producción y suministro (“separación efectiva”), existe un riesgo de discriminación, no solo en la explotación de la red sino también en lo que se refiere a los incentivos de las empresas integradas verticalmente para invertir adecuadamente en sus redes.
[…]
(8)      La separación efectiva solo puede asegurarse mediante la eliminación del incentivo que empuja a las empresas integradas verticalmente a discriminar a sus competidores en lo que se refiere al acceso a la red y a la inversión. La separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro, es evidentemente una manera efectiva y estable de resolver el conflicto de interés inherente y garantizar la seguridad del suministro. Por ello, el Parlamento Europeo, en su Resolución, de 10 de julio de 2007, sobre las perspectivas para el mercado interior del gas y la electricidad […], señalaba que la separación patrimonial al nivel del transporte es la herramienta más eficaz para fomentar las inversiones en infraestructuras de una manera no discriminatoria, el acceso justo a la red de nuevos operadores y la transparencia del mercado. En virtud de la separación patrimonial, debe exigirse, por lo tanto, a los Estados miembros que velen por que la misma persona o personas no puedan ejercer control sobre una empresa de producción o de suministro y, al mismo tiempo, ejercer control o cualquier derecho sobre un gestor de la red de transporte o una red de transporte. De la misma manera, el control sobre una red de transporte o sobre un gestor de la red de transporte debe excluir la posibilidad de ejercer control o cualquier derecho sobre una empresa de producción o de suministro. Dentro de dichos límites, una empresa de producción o de suministro puede tener una participación minoritaria en un gestor de la red de transporte o en una red de transporte.
[…]
(48)      Los intereses de los consumidores deben constituir el núcleo de la presente Directiva y la calidad del servicio debe ser una responsabilidad central de las empresas de gas natural. Es necesario reforzar y garantizar los derechos existentes de los consumidores, y se debe prever un mayor grado de transparencia. La protección de los consumidores debe garantizar que todos los consumidores, en el ámbito comunitario más amplio posible, se beneficien de un mercado competitivo. Los Estados miembros o, cuando un Estado miembro así lo haya dispuesto, las autoridades reguladoras deben velar por que se apliquen los derechos de los consumidores.»

7.        A tenor del artículo 2 de la Directiva 2009/73:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
3)      “transporte”: el transporte de gas natural por redes constituidas principalmente por gasoductos de alta presión, distintas de las redes de gasoductos previas y de la parte de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural, para su suministro a los clientes, pero sin incluir el suministro;
[…]
5)      “distribución”: el transporte de gas natural por redes de gasoductos locales o regionales para su abastecimiento a clientes, pero sin incluir el suministro;
[…]
24)      “cliente”: el cliente mayorista y final de gas natural y las compañías de gas natural que compren gas natural;
25)      “cliente doméstico”: el cliente que compre gas natural destinado a su propio consumo doméstico;
26)      “cliente no doméstico”: el cliente que compre gas natural que no esté destinado a su propio consumo doméstico;
27)      “cliente final”: un cliente que compre gas natural para su propio uso;
[…]»

8.        Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2009/73, titulado «Separación de las redes de transporte y de los gestores de red de transporte»:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 3 de marzo de 2012:
a)      toda empresa propietaria de una red de transporte actúe como gestor de la red de transporte;
b)      una misma persona o personas no tengan derecho:
i)      a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o suministro, y a ejercer control, de manera directa o indirecta o a ejercer derechos en un gestor de la red de transporte o en una red de transporte, o
ii)      a ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre un gestor de la red de transporte o una red de transporte y a ejercer control, de manera directa o indirecta o a ejercer derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o suministro;
[…]
8.      Si el 3 de septiembre de 2009, la red de transporte perteneciera a una empresa integrada verticalmente, los Estados miembros podrán decidir no aplicar el apartado 1. En tal caso, los Estados miembros de que se trate optarán:
a)      bien por designar a un gestor de red independiente con arreglo al artículo 14,
b)      o bien por cumplir las disposiciones del capítulo IV.»

9.        El artículo 23 de dicha Directiva, titulado «Competencias de decisión sobre la conexión de instalaciones de almacenamiento, instalaciones de regasificación de GNL [(gas natural licuado)] y consumidores industriales a la red de transporte», dispone que:
«1.      Los gestores de redes de transporte estarán obligados a establecer y hacer públicos procedimientos y tarifas transparentes y eficaces para la conexión no discriminatoria de instalaciones de almacenamiento, instalaciones de regasificación de GNL y consumidores industriales a la red. Los procedimientos estarán sujetos a aprobación por parte de la autoridad reguladora.
2.      Los gestores de redes de transporte no tendrán derecho a rechazar la conexión de una nueva instalación de almacenamiento, una nueva instalación de regasificación de GNL o un nuevo cliente industrial debido a posibles limitaciones futuras de la capacidad de la red disponible o a costes adicionales ligados al aumento necesario de capacidad. El gestor de la red de transporte estará obligado a garantizar una capacidad suficiente de entrada y salida para la nueva conexión.»

10.      El artículo 32 de esta misma Directiva, titulado «Acceso de terceros», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a la red de transporte y distribución y a las instalaciones de GNL basado en tarifas publicadas, aplicables a todos los clientes cualificados, incluidas las empresas de suministro, de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red. Los Estados miembros velarán por que dichas tarifas o las metodologías para su cálculo sean aprobadas antes de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 41 por la autoridad reguladora a que se refiere el artículo 39, apartado 1, y por que tales tarifas, así como las metodologías, en caso de que solo se aprueben las metodologías, se publiquen antes de su entrada en vigor.»

11.      Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE: (3) artículos 2 y 20.
B.      Derecho nacional letón

12.      Enerģētikas likums (Ley de Energía) de 3 de septiembre de 1998 (Latvijas Vēstnesis 1998, n.º 273/275): artículo 84.1, apartado 1.
II.    Hechos, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales

13.      AS «Latvijas Gāze» (en lo sucesivo, «demandante en el litigio principal») es una empresa de gas natural integrada verticalmente que se dedica al transporte, la distribución, la comercialización, la compra y el almacenamiento de gas natural en Letonia.

14.      Antes del proceso de liberalización del mercado del gas natural en Letonia, esto es, hasta el 3 de abril de 2017, la demandante en el litigio principal era la única empresa de gas natural presente en el mercado letón.

15.      Tras dicha fecha, se constituyó, separándola de la demandante en el litigio principal, la sociedad anónima Conexus Baltic Grid, a la que se transfirieron la infraestructura nacional de transporte de gas natural y la red única de transporte de gas natural. La demandante en el litigio principal no es accionista de esta sociedad.

16.      Como filial distinta de la demandante en el litigio principal, se constituyó la sociedad anónima Gaso, la cual ofrece, en virtud de una licencia, un servicio de distribución de gas natural en el territorio letón. La demandante en el litigio principal es la única accionista de dicha sociedad y, en virtud de tal licencia, la sociedad anónima Gaso es el único gestor de la red de distribución de gas natural en Letonia que garantiza el suministro de gas natural desde la red de transporte hasta los consumidores finales.

17.      En Derecho letón, el artículo 84.1, apartado 1, de la Ley de Energía fue introducido en dicha Ley mediante modificaciones de 2016, necesarias, entre otras cosas, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva 2009/73 sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y que deroga la Directiva 2003/55/CE.

18.      Esta disposición legislativa de Derecho letón prevé que la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Comisión Reguladora de los Servicios Públicos, Letonia; en lo sucesivo, «autoridad reguladora letona»), esto es, la autoridad reguladora letona a efectos de la Directiva 2009/73, aprobará las normas de conexión de la red de transporte y de la red de distribución de gas natural establecidas por el gestor de dicha red de transporte y de distribución de gas natural.

19.      El 18 de abril de 2019, la autoridad reguladora letona adoptó la Decisión n.º 1/7, (4) que prevé, entre otras cosas, que cualquier usuario de gas natural podrá conectarse a la red de transporte de gas natural, sin la intermediación del gestor de la red de distribución.

20.      Según la demandante en el litigio principal, la autoridad reguladora letona no está facultada para adoptar una decisión que permita a cualquier usuario final de gas natural desconectarse de la red de distribución de gas natural y conectarse directamente a la red de transporte de gas natural. La demandante en el litigio principal sostiene que el usuario final debe conectarse a la red de gas natural a través de la red de distribución de gas natural, que es gestionada por el gestor de la red de distribución.

21.      En cambio, la autoridad reguladora letona considera que los Estados miembros deben garantizar la conexión no discriminatoria de las instalaciones de los clientes a la red de transporte de gas natural. Según la autoridad reguladora letona, ni las normas nacionales ni la Directiva 2009/73 prevén la posibilidad de limitar el derecho de los clientes de gas natural a conectarse directamente a la red de transporte de gas natural.

22.      En razón de las posibles pérdidas económicas y de la supuesta vulneración de los derechos derivados de la licencia, la demandante en el litigio principal interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional), en el que alegaba, por un lado, que la Decisión n.º 1/7 es contraria a la Latvijas Republikas Satversme (Constitución de la República de Letonia) y a la Ley de Energía y, por otro, que el propio artículo 84.1, apartado 1, de la Ley de Energía es inconstitucional. En este mismo recurso, la demandante en el litigio principal invocó también la vulneración de las disposiciones de Derecho de la Unión en materia de energía.

23.      En este contexto, la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia) suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Deben interpretarse el artículo 23 y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE en el sentido de que los Estados miembros han de adoptar una regulación jurídica según la cual, por un lado, todo cliente final puede elegir a qué tipo de red —red de transporte o de distribución— se conectará y, por otro lado, el gestor de la red está obligado a permitirle conectarse a la red de que se trate?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 23 de la Directiva 2009/73/CE en el sentido de que los Estados miembros están obligados a adoptar una regulación jurídica conforme a la cual únicamente se permita conectarse a la red de transporte de gas natural a un cliente final no doméstico (es decir, únicamente a un cliente industrial)?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 23 de la Directiva 2009/73/CE, en particular el concepto de “nuevo cliente industrial”, en el sentido de que dicho artículo establece la obligación de que los Estados miembros adopten una regulación jurídica conforme a la cual únicamente se permita conectarse a la red de transporte de gas natural a un cliente final no doméstico (es decir, únicamente a un cliente industrial) que no haya estado conectado anteriormente a la red de distribución?
4)      ¿Deben interpretarse el artículo 2, punto 3, y el artículo 23 de la Directiva 2009/73/CE en el sentido de que se oponen a una regulación jurídica de un Estado miembro según la cual el transporte de gas natural incluye el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural del cliente final?»
III. Análisis jurídico

A.      Objetivos (comunes) de las Directivas 2009/73 y 2009/72, que contienen disposiciones aplicables al mercado interior del gas natural y de la electricidad

24.      La Directiva 2009/72, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y la Directiva 2009/73, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, forman parte del denominado «tercer paquete energético» y tienen como objetivo común garantizar la creación de un mercado interior eficiente, con el fin de hacer posible la venta de electricidad y de gas natural en la Unión Europea en igualdad de condiciones, sin discriminación ni restricciones, y garantizar un acceso económicamente razonable y efectivo a la red eléctrica y a la red de gas natural.

25.      El mercado interior del gas natural está organizado de modo similar al de la electricidad y, por consiguiente, las disposiciones pertinentes de estas dos Directivas tienen un contenido análogo. Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 2009/72 en materia de electricidad es, en mi opinión, en la medida en que interprete disposiciones de contenido análogo, aplicable a la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2009/73 y, por lo tanto, al mercado del gas natural.

26.      De los considerandos 1, 3, 6 y 8 de la Directiva 2009/73 se desprende que el mercado interior del gas natural en la Unión Europea pretende ofrecer una verdadera posibilidad de elección a todos los consumidores de la Unión Europea, ya sean estos ciudadanos o empresas.

27.      Desde este punto de vista, considero necesaria una aclaración preliminar del alcance de la expresión «posibilidad de elección» de los consumidores de la Unión Europea, que será útil para el análisis que sigue. Por un lado, la Directiva prevé un derecho general de «acceso» a la red de gas natural, entendido como el derecho al abastecimiento de gas natural, que comprende la calidad, la regularidad y los costes del servicio. Por otro lado, la Directiva garantiza la «conexión», entendida en el sentido técnico y relativa a la conexión física a la red. (5)

28.      En este contexto, los consumidores —ya sean ciudadanos o empresas— ejercen su derecho de acceso a la red de gas natural a través de un suministrador que dichos consumidores deben poder elegir libremente. A tal fin, los propios suministradores deben poder acceder libremente a la red de gas natural. (6)

29.      De ello se deduce —reservándome la posibilidad, en el análisis de las cuestiones prejudiciales, de profundizar más en este aspecto— que no existe una plena coincidencia entre «derecho de acceso» y «derecho de conexión»: el primero no tolera límites —salvo las excepciones previstas en la propia Directiva— y se atribuye de forma plena y exclusiva a cada uno de los consumidores de la Unión Europea; el segundo, dado que versa sobre las modalidades técnicas de conexión a la red, está regulado de forma precisa en el Derecho de la Unión y en los Derechos de los Estados miembros, regulación esta que puede variar en virtud de la situación técnica y de la política energética de cada Estado miembro, obviamente respetando los principios generales del Derecho de la Unión.

30.      Antes de la entrada en vigor de la Directiva 2009/73, no existía en los Estados miembros una normativa que garantizase el acceso no discriminatorio a la red, ni tampoco un nivel de supervisión por los reguladores nacionales.

31.      Tras la entrada en vigor de la Directiva 2009/73, el Derecho de la Unión exige —aun dejando, como se verá, a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre diferentes modelos— la separación entre las redes de transporte y distribución y las actividades de producción y suministro. Sin una separación efectiva entre las redes de transporte y distribución y las actividades de producción y suministro, existe, en efecto, un riesgo de discriminación en la gestión de la red.

32.      En cuanto atañe a las discriminaciones, estas podrán darse, por ejemplo, cuando un operador económico integrado verticalmente desarrolle simultáneamente actividades de producción o de suministro de gas natural y gestione una red de transporte y de distribución de gas natural. En tal caso, el operador económico integrado verticalmente podría no estar interesado en garantizar a los potenciales competidores en el mercado de producción o de suministro de gas natural el acceso a las redes de transporte y de distribución de gas natural que él gestiona.

33.      Ello impediría el ejercicio de las libertades garantizadas por los Tratados, al no permitir a todos los consumidores elegir libremente a su proveedor ni a todos los proveedores abastecer libremente a sus clientes.

34.      En tal contexto, el objetivo de la Directiva 2009/73 consiste en garantizar a los usuarios de gas natural el derecho de acceso a la red de gas natural, dejando a los Estados miembros la posibilidad de decidir en qué tipo de red se realizará posteriormente la conexión.
B.      Los tres modelos de separación y la situación actual en Letonia

35.      Las nuevas disposiciones de la Directiva sobre el gas natural han introducido una separación estructural entre las actividades de transporte (transmission) y la producción y el suministro (supply) de gas natural. El objetivo de estas disposiciones consiste, como se ha expuesto anteriormente, en eliminar los conflictos de intereses y garantizar que el gestor de la red de transporte (transmission system operator, TSO) de gas natural adopte sus decisiones de forma independiente y no trate de forma discriminatoria a los usuarios de la red. (7)

36.      A tenor del artículo 9 de la Directiva 2009/73, los Estados miembros podrán elegir entre los tres modelos de separación de las redes de transporte y los gestores de redes de transporte (respecto a las estructuras de producción y suministro):
–        la separación patrimonial (ownership unbundling); (8)
–        gestor de red independiente (independent system operator, ISO); (9)
–        gestor de la red de transporte independiente (independent transmission operator, ITO). (10)

37.      En el presente asunto, la petición de decisión prejudicial no precisa expresamente el modelo elegido por Letonia.

38.      No obstante, de la información de que dispongo (11) parece desprenderse que Letonia ha optado por el primer modelo, esto es, la separación patrimonial. Ya en el dictamen de la Comisión Europea de 25 de julio de 2018, «Latvia — Certifications of JSC Conexus Baltic Grid», (12) se señalaba que Conexus había presentado una solicitud dirigida a obtener la certificación del modelo de separación de la titularidad. (13)

39.      Al adoptar este modelo, cada una de las empresas propietaria de una red de transporte actúa en calidad de gestor de la red de transporte. Por lo tanto, no puede, al mismo tiempo, controlar o ejercitar cualquier derecho de voto sobre las actividades de producción o suministro. Obviamente, una misma empresa no puede controlar las actividades de producción o de suministro y, al mismo tiempo, controlar o ejercer un derecho de voto en el gestor de la red de transporte. (14)

40.      Al exponer las consecuencias derivadas de dicho dictamen, el Gobierno letón y la Comisión Europea aseguran que el regulador letón ha adoptado una decisión en la que se declara que se cumplen las condiciones para la certificación de Conexus Baltic Grid en virtud de la separación patrimonial. (15)
C.      Cuestiones prejudiciales

41.      Las cuestiones prejudiciales pueden resumirse del modo siguiente: en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 23 y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 deben interpretarse en el sentido de que obligan a adoptar una norma nacional como la Decisión n.º 1/7 que, por un lado, permite a cualquier cliente final elegir a qué tipo de red conectarse —red de transporte o de distribución— y, por otro, obliga al gestor de la red a conectar a cualquier cliente a la red de que se trate (primera cuestión). En segundo lugar, pregunta si el artículo 23 de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional debe permitir la conexión a la red de transporte de gas natural solo a algunas categorías de clientes (cuestiones segunda y tercera). En tercer lugar, y en caso de respuesta negativa a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 2, punto 3, y el artículo 23 de dicha Directiva deben interpretarse en el sentido de que se oponen a tal normativa nacional (cuarta cuestión).

42.      En resumen, el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/73 define el concepto de «transporte» como el transporte de gas natural por redes distintas de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural, para su suministro a los clientes, pero sin incluir el suministro.

43.      El artículo 23 de la Directiva 2009/73 regula, en cambio, la conexión de los clientes industriales a la red de transporte, al disponer que los gestores de redes de transporte no tendrán derecho a rechazar la conexión de un nuevo cliente industrial debido a posibles limitaciones futuras de la capacidad de la red disponible o a costes adicionales ligados al aumento necesario de capacidad.

44.      Por último, el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 dispone que los Estados miembros garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas, aplicables a todos los clientes cualificados, incluidas las empresas de suministro, de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red.
1.      Observaciones preliminares y posiciones de las partes

45.      Con carácter preliminar, ha de observarse que, como señalan la demandante en el litigio principal, la autoridad reguladora letona, la Comisión, el Gobierno finlandés y el Gobierno polaco, (16) el hecho de que el capítulo IV de la Directiva 2009/73 se titule «Gestor de transporte independiente» basta para afirmar que las disposiciones del artículo 23 —contenidas en dicho capítulo— son aplicables únicamente en el supuesto de que el Estado miembro haya optado por el tercer modelo de separación, esto es, el gestor de la red de transporte independiente.

46.      En su opinión, esta interpretación viene respaldada por el considerando 16 de la Directiva 2009/73, según el cual la plena efectividad de las soluciones del gestor de red independiente (segundo modelo) o del gestor de transporte independiente (tercer modelo) debe garantizarse mediante «normas específicas complementarias». Se hace referencia a estas últimas en el artículo 9, apartado 8, letra b), de la Directiva 2009/73, el cual remite expresamente a las disposiciones del capítulo IV. Este enfoque refleja la naturaleza del primer modelo de separación, el cual, al prever una separación estructural entre las actividades de transporte y las actividades de producción o suministro, requiere menos controles que los otros dos modelos de separación y supone menos cargas tanto para el gestor de la red de transporte como para la autoridad reguladora nacional.

47.      A ello se le añade que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las «normas específicas complementarias» no se aplican cuando el Estado miembro elige el primer modelo de separación. (17)

48.      Además, como afirma la Comisión en su nota interpretativa, (18) una vez que el Estado miembro ha elegido un modelo específico de separación, deben cumplirse todos los criterios del modelo seleccionado. No se permite superponer criterios de diversos modelos para crear un modelo nuevo de separación que no esté previsto en la Directiva. La única excepción figura en el artículo 9, apartado 9, el cual dispone que un Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 1 del artículo 9 (primer modelo de separación) únicamente en el supuesto de que la red de transporte perteneciera a una empresa integrada verticalmente y hubiera acuerdos existentes que garanticen una independencia más efectiva del gestor de la red de transporte que las disposiciones específicas del capítulo IV (artículos 17 a 23), que se aplican al tercer modelo de separación.

49.      Por todas las consideraciones que preceden, me parece correcta la opción interpretativa propuesta en las observaciones de la mayor parte de los intervinientes en el procedimiento (demandante en el litigio principal, autoridad reguladora letona, Comisión, Gobierno finlandés y Gobierno polaco) según la cual el artículo 23 no es aplicable a la situación de que se trata en el procedimiento principal, en la medida en que Letonia ha elegido el primer modelo de separación, esto es, la separación patrimonial, a que se aplican exclusivamente las disposiciones del artículo 9, apartado 1.

50.      En cualquier caso, me parece útil proporcionar una interpretación de las disposiciones examinadas, incluido el artículo 23, en la medida en que se observan enfoques divergentes sobre este aspecto entre las partes del procedimiento.

51.      Por un lado, según la demandante en el litigio principal, el legislador de la Unión previó que un cliente de gas natural tenga derecho de acceso a la red, pero en ningún caso pretendía permitir al cliente final que eligiera él mismo el tipo de conexión a la red de gas natural, eludiendo así la red de distribución de gas natural y a su gestor. Sin embargo, si el gestor de la red de distribución no está en condiciones de prestar servicios de distribución de gas natural por razones técnicas o de otra clase o por cualquier otra razón objetiva, las normas nacionales de un Estado miembro también pueden prever la posibilidad de que los clientes se conecten directamente al gestor de la red de transporte.

52.      Por lo tanto, en su opinión, el artículo 23 de la Directiva 2009/73 se aplica únicamente a un grupo específico de clientes de gas natural, los «nuevos clientes industriales», esto es, los clientes industriales que no han estado anteriormente conectados a la red de suministro de gas natural en su conjunto, ni a la red de transporte ni a la red de distribución.

53.      El Gobierno polaco y la Comisión sostienen que los Estados miembros no tienen ninguna obligación de garantizar la conexión a todo usuario. Sin embargo, a su parecer, no se prohíbe, en principio, a los Estados miembros la posibilidad de adoptar disposiciones nacionales que permitan a los clientes finales conectarse a las redes de transporte o de distribución sobre la base de un criterio objetivo como, por ejemplo, la capacidad de conexión. A su juicio, limitar a determinadas categorías de consumidores la posibilidad de conectarse a la red de transporte no es contrario a la obligación de no discriminación, en la medida en que tal excepción está justificada por normas técnicas objetivas de seguridad.

54.      En este sentido, la autoridad reguladora letona recuerda que los costes de conexión que el propio cliente final debe soportar para conectarse a la red de transporte pueden ser significativamente más elevados que los que han de soportarse por la conexión a la red de distribución. Por lo tanto, no existe motivo alguno para imponer restricciones a la conexión de los clientes finales a la red de transporte, por ejemplo, la de los clientes domésticos, dado que los costes de conexión son desproporcionados con respecto a los beneficios que obtiene tal cliente final. Dicho con otras palabras, el cliente final puede no tener motivo alguno para conectarse a la red de transporte si la red de distribución puede proporcionarle un volumen y una presión suficientes de gas natural a un coste, además, considerablemente inferior.

55.      De acuerdo con la Comisión, la autoridad reguladora letona sostiene que las características técnicas de una red de gasoductos y las condiciones de funcionamiento seguro de las redes de transporte y distribución son criterios objetivos que deben tenerse en cuenta a la hora de orientar a los clientes hacia un determinado tipo de red.

56.      Por otro lado, el Gobierno letón sostiene que el artículo 23 de la Directiva 2009/73 prevé que los consumidores de gas natural tienen derecho a obtener gas natural no solo de la red de distribución, sino también de la red de transporte de gas natural. En consecuencia, distinguir a los clientes de gas natural por categorías es contrario al principio de no discriminación consagrado en la Directiva.
2.      Sobre la primera cuestión prejudicial

57.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 23 y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros han de adoptar una normativa según la cual, por un lado, todo cliente final puede elegir a qué tipo de red —red de transporte o de distribución— se conectará y, por otro, el gestor de la red ha de permitirle conectarse a la red elegida.

58.      Para responder a la primera cuestión prejudicial, es necesario retomar la distinción entre acceso y conexión, que ya he expuesto en el punto relativo a los objetivos de la Directiva 2009/73. Esta distinción resulta, en efecto, útil para comprender, por un lado, el alcance del principio de acceso de terceros establecido en el artículo 32, apartado 1, y, por otro, la conexión de clientes industriales a la red de transporte prevista en el artículo 23 de la Directiva 2009/73.

59.      Como ya se ha señalado, con el término de «acceso» se alude al derecho a utilizar la red de gas natural. En cambio, el término «conexión» hace referencia a la conexión física a la red.

60.      Esta interpretación viene confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que se ha pronunciado sobre el principio de acceso de terceros al mercado interior de la electricidad en la sentencia Sabatauskas. (19)

61.      El Tribunal de Justicia declaró que el artículo 20 de la Directiva 2003/54 (20) debe interpretarse en el sentido de que solo define las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso, y no a la conexión, de terceros a las redes de transporte y distribución de electricidad, y que no prevé que el sistema de acceso a las redes que los Estados miembros están obligados a establecer deba permitir al cliente cualificado elegir de manera discrecional el tipo de red a la que desea conectarse. Por lo tanto, aun reconociendo la facultad discrecional de los Estados miembros de orientar a los usuarios de la red hacia un tipo particular de red, el Tribunal de Justicia ha subrayado que ello debe hacerse de forma no discriminatoria y conforme a consideraciones objetivas.

62.      En la medida en que el mercado interior del gas natural está organizado de forma similar al de la electricidad y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 está formulado en términos sustancialmente idénticos a los del artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2003/54, cabría concluir que el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 solo define las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso, y no a la conexión de terceros, a las redes de transporte y distribución de gas natural, y que no prevé que el sistema de acceso a las redes que los Estados miembros están obligados a establecer deba permitir al cliente final elegir de manera discrecional a qué tipo de red conectarse. Lo que importa es que la facultad discrecional de los Estados miembros de orientar a los usuarios hacia un tipo particular de red se ejercite de forma no discriminatoria y conforme a consideraciones objetivas.

63.      El hecho de que el legislador de la Unión haya querido definir las obligaciones de los Estados miembros únicamente en cuanto atañe al acceso de terceros y no en lo relativo a la conexión, viene confirmado además por el contenido de los artículos 35 y 36 de la Directiva 2009/73, cuyas disposiciones prevén los supuestos taxativos en los que las empresas de gas natural pueden denegar el acceso de terceros a la red.

64.      En efecto, la Directiva pretende ponderar dos intereses: reconocer el libre acceso a la red y perseguir una política energética eficiente. Por un lado, pues, la necesidad de aplicar plenamente el principio de no discriminación en lo relativo al acceso de terceros y, por otro lado, la necesidad de prever excepciones a este principio en algunos supuestos, como por ejemplo cuando se construye una nueva infraestructura.

65.      La ratio que subyace al principio relativo al acceso de terceros en el sector del gas natural consiste en que los potenciales competidores deben estar en condiciones de acceder a las principales redes cuando no existan alternativas razonables. Este principio no solo se aplica a las infraestructuras existentes, sino también a las nuevas. Sin embargo, la aplicación rigurosa de este principio podría dar lugar a distorsiones: la construcción de una nueva infraestructura, en particular en el sector del gas natural, tiene costes considerables y los inversores pretenden que se les garantice la recuperación de la inversión. Por lo tanto, prefieren celebrar contratos que estipulen el uso exclusivo durante un largo período de tiempo que les garantice ingresos considerables. Uno de los efectos negativos de estos contratos de exclusividad es que impiden a los potenciales competidores acceder al mercado y suponen, por lo tanto, un riesgo de alterar el juego normal de la competencia. Ahora bien, si el principio de libertad de acceso de terceros se aplicase de forma excesivamente rígida, incluso en el supuesto de construcción de nuevas infraestructuras, podría disuadir a los inversores de financiar tales proyectos, con la consecuencia de que no se reforzaría la capacidad de la red de gas natural y el riesgo de que a largo plazo se viera perjudicado todo el sector. (21)

66.      A la luz de estas consideraciones, parece evidente que el principio de no discriminación relativo a la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución no es un principio absoluto. Del mismo modo, el derecho de conexión ilimitada a la red de transporte puede tener consecuencias negativas para los mercados de la energía y, en última instancia, perjudicar a los consumidores.

67.      Como se señala en las conclusiones (22) presentadas en el asunto Sabatauskas, no cabe excluir la posibilidad de que un cliente se conecte directamente a la red de transporte. No obstante, esta posibilidad debe estar limitada por criterios objetivos como, por ejemplo, el volumen o las características de la compra.

68.      Existen razones de interés general que abogan por la introducción de este límite: impedir la conexión de los pequeños consumidores a la red de transporte podría estar justificado por la exigencia de optimizar el funcionamiento de la red de transporte y de distribución. La conexión de un número considerable de pequeños clientes a la red de transporte, mediante la multiplicación de los puntos de salida, podría tener un impacto negativo en la seguridad y la fiabilidad del funcionamiento de la red. En cambio, una limitación de este tipo tendría por efecto reducir el número de puntos de salida de la red de transporte y aumentar el uso de las infraestructuras de distribución existentes.

69.      Por otro lado, las redes de distribución podrían no contar con la capacidad técnica suficiente para responder a la demanda de cantidades considerables de gas natural de los grandes clientes, los cuales tendrían que conectarse directamente a la red de transporte.

70.      Sin embargo, la preocupación expresada por la demandante en el litigio principal, de que la normativa nacional permitiría a cualquier cliente conectarse directamente a la red de transporte de gas natural, no parece ser del todo fundada. Como subraya la Comisión, (23) si se tienen en cuenta los requisitos técnicos establecidos en la propia Decisión n.º 1/7, la conexión a la red de transporte solo resulta viable, en realidad, para una categoría limitada de clientes finales.

71.      Corresponderá en cualquier caso al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el derecho a conectarse directamente a la red de transporte debe limitarse por motivos relacionados con la política energética o la seguridad (con el fin de optimizar la utilización de la red), por razones técnicas (habida cuenta, en particular, de las limitaciones vinculadas a la presión del gas) y por razones relativas a la eficiencia de la red. (24)

72.      Estas normas de conexión favorecen la competencia en el mercado del suministro de gas natural, en la medida en que permiten a los clientes elegir el tipo de conexión en función de su capacidad, necesidades y limitaciones. Ello induce a los gestores de red a mejorar la eficiencia y aumentar las prestaciones de sus instalaciones para que sus servicios resulten más atractivos para los clientes.

73.      Por lo tanto, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 23 y el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 no deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros han de adoptar una normativa según la cual todo cliente final puede elegir a qué tipo de red conectarse, es decir, si conectarse a la red de transporte o a la red de distribución.

74.      En efecto, el artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2009/73 impone a los Estados miembros obligaciones en lo que concierne al acceso, y no a la conexión, de terceros a la red de suministro de gas natural, y los Estados miembros conservan un margen de discrecionalidad para orientar a los usuarios de las redes hacia un tipo u otro de red, mientras que las obligaciones impuestas por el artículo 23 de la Directiva a los Estados miembros en materia de conexión de clientes industriales a la red de transporte de gas natural se refieren únicamente a los supuestos en los que la normativa nacional haya orientado a un determinado tipo de cliente final hacia la red de transporte de gas natural.
3.      Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

75.      Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 23 de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a adoptar una normativa conforme a la cual únicamente se permita conectarse a la red de transporte de gas natural al cliente final no doméstico. En particular, en la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional interpreta el concepto de cliente final no doméstico en el sentido de que coincide con la definición de «cliente industrial». En la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente considera como cliente final no doméstico al «nuevo cliente industrial», esto es, el cliente industrial que no haya estado antes conectado a la red de transporte.

76.      Para responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera es necesario analizar brevemente cuanto dispone la Directiva en relación con los diversos usuarios del gas natural.

77.      La Directiva 2009/73 no precisa el concepto de «cliente industrial», por lo que resulta problemático distinguir con claridad la categoría de clientes que tienen derecho a estar conectados a la red de transporte. De entre las categorías de clientes mencionadas en el artículo 2, punto 24, de la Directiva 2009/73, (25) cabría atribuir el concepto de «cliente industrial» a los clientes finales puesto que, como ha señalado el Gobierno polaco, (26) el concepto de «clientes industriales» podría referirse a las personas que consumen gas natural.

78.      Sin embargo, como ha subrayado la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional), dado que el cliente final al que hace referencia el artículo 2, punto 27, de la Directiva 2009/73 (27) podría ser tanto un cliente doméstico como un cliente no doméstico, el «cliente industrial» solo puede ser un cliente no doméstico en el sentido del artículo 2, punto 26, de la Directiva, es decir, un cliente que compra gas natural no destinado a su uso doméstico. Por «nuevo cliente industrial» debería entenderse el cliente industrial que no ha estado nunca conectado a la red de transporte y que desea conectarse a dicha red.

79.      El artículo 23 de la Directiva 2009/73 hace referencia, en la parte pertinente a efectos del presente asunto, a la conexión de los clientes industriales a la red de transporte. El apartado 1 del artículo 23 establece el principio de no discriminación en relación con los clientes industriales que deseen conectarse a la red de transporte. En cambio, el apartado 2 prevé los dos únicos supuestos en los que no puede rechazarse la conexión de un nuevo cliente industrial, a saber, por un lado, debido a posibles limitaciones futuras de la capacidad de la red disponible y, por otro, a causa de costes adicionales ligados al aumento necesario de la capacidad. De esta última disposición se desprende que, en todos los demás supuestos, el gestor de la red de transporte puede rechazar la conexión de un nuevo cliente industrial a la red de transporte de gas natural.

80.      Por lo tanto, cabría considerar que del artículo 23 de la Directiva 2009/73 se desprende la obligación de los Estados miembros de adoptar una normativa que permita «cuando menos» a los clientes no domésticos (clientes industriales) conectarse directamente a la red de transporte de gas natural.

81.      Por lo demás, la conexión de nuevos clientes industriales a la red de transporte es, en principio, posible, pues, en otro caso, de excluirse sin más esta posibilidad, la protección prevista en el artículo 23, apartado 2, quedaría privada de contenido.

82.      En tal sentido, la Directiva no puede obligar a los Estados miembros a adoptar una normativa que prevea la conexión únicamente para un cliente final no doméstico (entendido como un nuevo cliente industrial), en la medida en que tal normativa sería contraria al principio de no discriminación formulado en la Directiva. Desde esta perspectiva, en efecto, no existirían restricciones a la conexión a la red de transporte para un nuevo cliente industrial, mientras que, en cambio, tales restricciones sí se darían respecto al cliente industrial —ya conectado a la red de distribución— pero que desease conectarse a la red de transporte.

83.      Además, como se ha alegado anteriormente, el derecho de conexión a la red de transporte podría restringirse, tanto respecto a los clientes industriales como a los nuevos clientes industriales, por razones técnicas y de seguridad y, por lo tanto, los Estados miembros podrían autorizar o no tales conexiones teniendo en cuenta dichos criterios objetivos.

84.      Por último, ha de hacerse referencia a la interpretación propuesta por el Gobierno polaco, según la cual el artículo 23 de dicha Directiva no pretende, en realidad, establecer un numerus clausus de las entidades que pueden conectarse a la red de transporte.

85.      A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera formuladas por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 23 de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros no están obligados a adoptar una normativa conforme a la cual solo un cliente final —entendido como «nuevo cliente industrial» o simplemente como «cliente industrial»— puede conectarse a la red de transporte de gas natural. La Directiva 2009/73, por un lado, no regula los criterios para definir la categoría de «clientes industriales» o de «nuevos clientes industriales» y, por otro, como se ha señalado en el análisis general y se confirmará en la respuesta a la cuarta cuestión prejudicial, no se opone, en principio y en determinadas condiciones, a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual el transporte de gas natural comprende el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural de cualquier categoría de cliente final (y, por lo tanto, no únicamente del «cliente industrial» o «nuevo cliente industrial» tal y como los define el órgano jurisdiccional remitente).
4.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial

86.      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si los artículos 2, apartado 3, y 23 de la Directiva 2009/73 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro según la cual el transporte de gas natural incluye el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural del cliente final.

87.      Para responder a la cuarta cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, resulta útil distinguir entre los conceptos de transporte, distribución y suministro en materia de gas natural.

88.      A tenor del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/73, se entiende por «transporte» el transporte de gas natural por redes constituidas principalmente por gasoductos de alta presión, distintas de las redes de gasoductos previas y de la parte de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural, para su suministro a los clientes, pero sin incluir el suministro; en el punto 5 de dicho artículo, se define la «distribución» como el transporte de gas natural por redes de gasoductos locales o regionales para su abastecimiento a clientes, pero sin incluir el suministro; por último, en el punto 7 del artículo 2, se entiende por «suministro» la venta y la reventa a clientes de gas natural, incluido el GNL.

89.      Tras leer las disposiciones examinadas, no cabe deducir únicamente del tenor de la definición de «transporte» que deba excluirse la posibilidad de conectar un cliente final a la red de transporte, puesto que tal definición comprende «el transporte de gas natural para su suministro a los clientes». Por «cliente» también se entiende, en el sentido del artículo 2, punto 24, de la Directiva 2009/73, al «cliente final». Como se ha analizado anteriormente, la definición de «cliente final» comprende, a su vez, a los clientes industriales, los cuales, de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2009/73, disfrutan de una conexión indiscriminada a la red de transporte.

90.      La exactitud de esta interpretación viene confirmada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de electricidad. (28) De hecho, la Directiva 2003/54 contenía una definición de «transporte» de electricidad análoga a la del concepto de «transporte» de gas natural. Esta definición se transpuso inalterada al artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/72, el cual dispone que por «transporte» se entenderá «el transporte de electricidad por la red interconectada de muy alta tensión y de alta tensión con el fin de suministrarla a clientes finales o a distribuidores, pero sin incluir el suministro». Por lo tanto, si en la sentencia Sabatauskas el Tribunal de Justicia reconoció la posibilidad de conexión de los clientes finales a la red de transporte de la red eléctrica, esta posibilidad debe reconocerse igualmente en materia de transporte de gas natural.

91.      Ha de recordarse que en el asunto Sabatauskas la normativa nacional «obligaba» a un cliente, en determinadas condiciones, a conectarse a la red de transporte. En cambio, en el presente asunto, la normativa nacional «permite», en principio, a todo cliente conectarse a la red de transporte. Por lo tanto, sería oportuno que la normativa letona también estableciera de forma detallada los criterios objetivos y no discriminatorios que permitan la conexión a la red de transporte. Por lo demás, los Estados miembros podrían prever, como elección de política energética, precisamente, la existencia de condiciones objetivas para permitir a cualquier cliente final conectarse a la red de transporte.

92.      Además, ya indiqué en las conclusiones que presenté en el asunto Elektrorazpredelenie Yug —y el Tribunal de Justicia confirmó tal planteamiento en su sentencia— que uno de los criterios para distinguir las actividades de «transporte» de las de «distribución» es la categoría de clientes a los que se transporta (y, por lo tanto, se lleva) la electricidad. (29) En virtud de la definición análoga de «transporte» recogida en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2009/72, no existiría, pues, duda alguna de que el concepto de «transporte» comprende también el transporte de gas natural al cliente final.

93.      Por último, la interpretación según la cual el concepto de transporte de gas natural incluye el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural del cliente final vendría confirmada por la circunstancia de que la Directiva 2009/73 regula las obligaciones que incumben a los gestores de las redes de transporte frente a los clientes, incluidos los clientes finales. De lo contrario, solo los gestores de las redes de distribución se verían afectados por estas obligaciones.

94.      Como ha subrayado el Gobierno polaco, (30) el Reglamento n.º 715/2009, (31) modificado por la Decisión n.º 2010/685, (32) que define las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural, prevé que los puntos de salida conectados a un único cliente final no tendrán la consideración de puntos pertinentes que el gestor de la red de transporte deberá respetar a efectos de los requisitos de transparencia [punto 3.2, apartado 1, letra a), del anexo I de dicho Reglamento]. No obstante, el gestor deberá publicar información relativa a los distintos clientes finales conectados a la red de transporte (punto 3.2, apartado 2, del anexo I de dicho Reglamento).

95.      Estas obligaciones confirmarían la interpretación según la cual la definición de transporte no excluye la posibilidad de conectar un cliente final a la red de transporte.

96.      Por todas las razones que se exponen, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que ni el artículo 2, punto 3, ni el artículo 23 de la Directiva 2009/73 se oponen a una normativa de un Estado miembro según la cual el transporte de gas natural incluye el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural del cliente final.
IV.    Conclusión

97.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial planteada por la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia) del siguiente modo:
1)      La Directiva 2009/73 define las obligaciones de los Estados miembros únicamente en lo que concierne al acceso, pero no a la conexión, de terceros a las redes de transporte y de distribución de gas natural. Por lo tanto, el artículo 23 y el artículo 32, apartado 1, de dicha Directiva no deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están obligados a adoptar una normativa que permita al cliente final elegir de manera discrecional a qué tipo de red conectarse. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si el margen de discrecionalidad de los Estados miembros para orientar a los usuarios hacia un tipo particular de red (de transporte o distribución) se ejerce a través de una normativa nacional que no viole el principio de no discriminación y que tenga en cuenta consideraciones objetivas, como la seguridad y las características técnicas de la red. Corresponderá también al órgano jurisdiccional nacional comprobar el tipo de modelo de separación elegido por el Estado miembro y las correspondientes normas de la Directiva que se aplican a tal modelo, puesto que el artículo 23 de la Directiva se aplica únicamente al tercer modelo de separación, esto es, la red de transporte independiente.
2)      El artículo 23 de la Directiva 2009/73 no obliga a los Estados miembros a adoptar una normativa que permita únicamente a un cliente final —entendido como «nuevo cliente industrial» o simplemente como «cliente industrial»— conectarse a la red de transporte de gas natural. La Directiva 2009/73, por un lado, no regula los criterios para definir la categoría de «clientes industriales» o de «nuevos clientes industriales» y, por otro, no se opone, en principio y en determinadas condiciones, a una normativa de un Estado miembro con arreglo a la cual el transporte de gas natural comprende el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural de cualquier categoría de cliente final.
3)      El artículo 2, punto 3, y el artículo 23 de la Directiva 2009/73 no se oponen a una normativa de un Estado miembro conforme a la cual el transporte de gas natural incluye el transporte de gas natural directamente a la red de suministro de gas natural del cliente final. Esta normativa deberá caracterizarse por el respeto del principio general de no discriminación y deberá tener en cuenta consideraciones objetivas, como la seguridad y las características técnicas de la red. Corresponderá al legislador nacional y a la autoridad reguladora —respectivamente, en la fase de elaboración legislativa y en la fase de aplicación— garantizar que se cumplen tales condiciones.

1      Lengua original: italiano.

2      Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO 2009, L 211, p. 94).

3      DO 2003, L 176, p. 37.

4      Decisión n.º 1/7 del Consejo de la Comisión Reguladora de los Servicios Públicos, de 18 de abril de 2019, «Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem» («Normas de conexión de la red de transporte de gas natural para productores de biometano, gestores de redes de gas natural licuado y usuarios de gas natural»).

5      Véase la sentencia de 9 de octubre de 2008, Sabatauskas y otros (C‑239/07, EU:C:2008:551), apartados 40 a 43 y 47.

6      Véase la sentencia de 22 de mayo de 2008, citiworks (C‑439/06, EU:C:2008:298), apartados 43 y 44.

7      Documento de la Comisión de 22 de enero de 2010, «Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas: the unbundling regime».

8      Artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2009/73.

9      Artículo 9, apartado 8, letra a), de la Directiva 2009/73.

10      Artículo 9, apartado 8, letra b), de la Directiva 2009/73.

11      Véase el documento de la Comisión de 25 de mayo de 2021 — Respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia, p. 5, y el documento de la República de Letonia de 25 de mayo de 2021 — Respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia, p. 5.

12      Dictamen de la Comisión, de 25 de julio de 2018, emitido con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 715/2009 y al artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2009/73/CE — Latvia — Certifications of JSC Conexus Baltic Grid [C(2018) 5060 final].

13      No obstante, en este mismo documento, la Comisión llegó a la conclusión de que la participación de JSC Gapzrom y Marguerite Gas I S.à.r.l. en JSC Conexus Baltic Grid era incompatible con los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2009/73.

14      Nicolaas Bel y Ruben Vermeeren, «Unbundling in the EU Energy Sector — The Commission’s Practice in Assessing the Independence of Transmission System Operators for Electricity and Gas», 10th European Energy Law Report (Martha Roggenkamp y Henrik Bjornebye, ed.) p. 49.

15      En las respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno letón confirmó que, a raíz del dictamen de la Comisión de 25 de junio de 2018, el regulador energético letón instó a AS Conexus Baltic Grid a garantizar que AS Gazprom no pueda, a partir del 1 de enero de 2020, ejercer un control directo o indirecto sobre AS Conexus Baltic Grid y a abordar el potencial conflicto de intereses creado por la participación simultánea de Marguerite Gas I y Marguerite Gas II tanto en JSC Conexus Baltic Grid como en AS «Latvijas Gāze». Por consiguiente, el 21 de julio de 2020, Marguerite y Gazprom cedieron todas sus acciones de Conexus Baltic Grid.

16      Véase el punto 8 de las observaciones escritas el Gobierno polaco, el punto 14 de las observaciones escritas del Gobierno finlandés, el documento de la demandante en el litigio principal de 5 de junio de 2021 — Respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia, pp. 4 y 11, el documento de la autoridad reguladora letona de 21 de mayo de 2021 — Respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia, y el documento de la Comisión Europea de 25 de mayo de 2021 — Respuestas a las preguntas del Tribunal de Justicia.

17      Véanse las sentencias de 26 de octubre de 2017, Balgarska energiyna borsa (C‑347/16, EU:C:2017:816), apartado 33, y de 3 de diciembre de 2020; Comisión/Bélgica (Mercados de la electricidad y del gas natural) (C‑767/19, EU:C:2020:984), apartado 48, y las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Alemania (Transposición de las Directivas 2009/72 y 2009/73) (C‑718/18, EU:C:2021:20), punto 38.

18      Documento de la Comisión de 22 de enero de 2010, «Interpretative note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the internal market in natural gas: the unbundling regime», pp. 5 y 6.

19      Véase la sentencia de 9 de octubre de 2008, Sabatauskas y otros (C‑239/07, EU:C:2008:551), apartados 45, 47 y 49.

20      «1. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de un sistema de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución basado en tarifas publicadas, aplicables a todos los clientes cualificados de forma objetiva y sin discriminación entre usuarios de la red. Los Estados miembros velarán por que dichas tarifas o las metodologías para su cálculo sean aprobadas antes de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 23 y por que tales tarifas, así como las metodologías, en caso de que solo se aprueben las metodologías, se publiquen antes de su entrada en vigor. 2. El gestor de red de transporte o de distribución podrá denegar el acceso en caso de que no se disponga de la capacidad necesaria. La denegación deberá motivarse debidamente, en particular por lo que respecta al artículo 3. Cuando se deniegue el acceso, los Estados miembros garantizarán, si procede, que el gestor de red de transporte o distribución proporcione la información oportuna sobre las medidas necesarias para reforzar la red. Podrá solicitarse a quien pida dicha información el pago de una cantidad razonable que refleje el coste del suministro de tal información.»

21      Tjarda van der Vijver, «Commission Policy on Third-Party Access Exemption Requests for New Gas Infrastructure», 6  th European Energy Law Report (Martha M Roggenkamp y Ulf Hammer, ed.), p. 115.

22      Véanse las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Sabatauskas y otros (C‑239/07, EU:C:2008:344), puntos 24 a 29 y 44.

23      Véase el punto 56 de las observaciones escritas de la Comisión.

24      Véase, en este sentido, el punto 68 de las observaciones escritas de la Comisión.

25      El cliente mayorista y final de gas natural y las compañías de gas natural que compren gas natural.

26      Véase el punto 67 de las observaciones escritas del Gobierno polaco. El concepto de «clientes industriales» hace referencia, en su opinión, a entidades que operan en una fase previa a la red de transporte y no en una fase posterior a esta última.

27      El cliente que compra gas natural para uso propio.

28      Véase la sentencia de 9 de octubre de 2008, Sabatauskas y otros (C‑239/07, EU:C:2008:551).

29      Véase la sentencia de 17 de octubre de 2019, Elektrorazpredelenie Yug (C‑31/18, EU:C:2019:868), apartados 48 y 49: «En segundo lugar, de las definiciones que figuran en el artículo 2, puntos 3 y 5, de la Directiva 2009/72 resulta que, en lo que respecta a la finalidad de las redes de transporte y de distribución de electricidad, en el sentido de esta Directiva, el criterio de distinción pertinente es, tal y como señaló el Abogado General en los puntos 51 y 53 de sus conclusiones, la categoría de clientes a los que se destina la electricidad transportada, puesto que una red de transporte sirve para vender la electricidad a clientes finales o a distribuidores, mientras que una red de distribución está destinada a vender electricidad a clientes mayoristas o finales.
      […] De estas consideraciones se deduce que las redes que desarrollan la función de transportar, por un lado, a muy alta y alta tensión, electricidad destinada a ser vendida a clientes finales o a distribuidores o, por otro lado, a alta, media o baja tensión, electricidad destinada a ser vendida a clientes mayoristas o a clientes finales, deben ser consideradas, respectivamente, redes de transporte o redes de distribución comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/72 […]»

30      Puntos 52 y 53 de las observaciones escritas del Gobierno polaco.

31      Reglamento n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005 (DO 2009, L 211, p. 36).

32      Decisión n.º 2010/685/UE de la Comisión, de 10 de noviembre de 2010, por la que se modifica la parte 3 del anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO 2010, L 293, p. 67).