CELEX: 62018CA0686
Language: es
Date: 2020-07-16 00:00:00
Title: Asunto C-686/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — OC y otros, Adusbef, Federconsumatori, PB y otros, QA y otros / Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze [Procedimiento prejudicial — Admisibilidad — Artículos 63 TFUE y siguientes — Libre circulación de capitales — Artículos 107 TFUE y siguientes — Ayudas de Estado — Artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Libertad de empresa — Derecho de propiedad — Reglamento (UE) n.° 575/2013 — Requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión — Artículo 29 — Reglamento (UE) n.° 1024/2013 — Artículo 6, apartado 4 — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Tareas específicas encomendadas al Banco Central Europeo (BCE) — Reglamento Delegado (UE) n.° 241/2014 — Normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades — Normativa nacional que establece un límite máximo a los activos de los bancos populares constituidos como sociedades cooperativas y que permite limitar el derecho al reembolso de las acciones de los socios que causan baja]

7.9.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 297/9
            
         
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — OC y otros, Adusbef, Federconsumatori, PB y otros, QA y otros / Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze
      (Asunto C-686/18) (1)
      
      (Procedimiento prejudicial - Admisibilidad - Artículos 63 TFUE y siguientes - Libre circulación de capitales - Artículos 107 TFUE y siguientes - Ayudas de Estado - Artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Libertad de empresa - Derecho de propiedad - Reglamento (UE) n.o 575/2013 - Requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión - Artículo 29 - Reglamento (UE) n.o 1024/2013 - Artículo 6, apartado 4 - Supervisión prudencial de las entidades de crédito - Tareas específicas encomendadas al Banco Central Europeo (BCE) - Reglamento Delegado (UE) n.o 241/2014 - Normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades - Normativa nacional que establece un límite máximo a los activos de los bancos populares constituidos como sociedades cooperativas y que permite limitar el derecho al reembolso de las acciones de los socios que causan baja)
      (2020/C 297/11)
      Lengua de procedimiento: italiano
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Consiglio di Stato
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Demandantes: OC y otros, Adusbef, Federconsumatori, PB y otros, QA y otros
      
         Demandadas: Banca d’Italia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze
      
         con intervención de: Banca Popolare di Sondrio ScpA, Veneto Banca ScpA, Banco Popolare — Società Cooperativa, Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (Codacons), Banco BPM SpA, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca SpA, Banca Popolare di Milano, Amber Capital Italia SGR SpA, RZ y otros, Amber Capital UK LLP, Unione di Banche Italiane — Ubi Banca ScpA, Banca Popolare di Vicenza ScpA, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio SC
      
         Fallo
      
      
                  1)
               
               
                  El artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012, el artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) n.o 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades, y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que prohíbe a los bancos populares establecidos en este rehusar el reembolso de los instrumentos de capital, pero que permite a esos bancos diferir durante un período de tiempo ilimitado el reembolso de la participación del socio que cause baja y limitar el importe de ese reembolso total o parcialmente, siempre que los límites de reembolso decididos en el ejercicio de esta facultad no superen lo que es necesario, a la luz de la situación prudencial de los referidos bancos, a fin de asegurar que los instrumentos de capital que emiten sean considerados instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, habida cuenta, en particular, de los elementos mencionados en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado n.o 241/2014, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
               
            
                  2)
               
               
                  Los artículos 63 TFUE y siguientes deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que establece un límite máximo de activos para el ejercicio de actividades bancarias por parte de los bancos populares establecidos en ese Estado miembro y constituidos como sociedades cooperativas de responsabilidad limitada por acciones, por encima del cual esos bancos están obligados a transformarse en sociedades anónimas, a reducir sus activos por debajo de ese límite máximo o a proceder a su liquidación, siempre que esa normativa sea adecuada para garantizar la consecución de los objetivos de interés general que persigue y no excedan de lo necesario para alcanzarlos, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
               
            
         (1)  DO C 35 de 28.1.2019.