CELEX: 62004CJ0369
Language: es
Date: 2007-06-26
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007. # Hutchison 3G UK Ltd y otros contra Commissioners of Customs and Excise. # Petición de decisión prejudicial: VAT and Duties Tribunal, London - Reino Unido. # Sexta Directiva IVA - Hechos imponibles - Concepto de "actividad económica" - Artículo 4, apartado 2 - Concesión de licencias que autorizan el uso de una parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de telecomunicaciones. # Asunto C-369/04.

Asunto C‑369/04
      Hutchison 3G UK Ltd y otros
      contra
      Commissioners of Customs and Excise
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el VAT and Duties Tribunal, London)
      «Sexta Directiva IVA — Operaciones imponibles — Concepto de “actividad económica” — Artículo 4, apartado 2 — Atribución de licencias que permiten usar una parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de
         telecomunicaciones»
      
      Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 7 de septiembre de 2006 ? 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de junio de 2007 ? 
      Sumario de la sentencia
      Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido — Actividades económicas a efectos del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva
      (Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, aps. 1 y 2)
      El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de
         los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que la concesión,
         por la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de frecuencias, de unas licencias como las de telecomunicaciones
         móviles de tercera generación, denominadas «UMTS», mediante subasta de los derechos de uso de equipos de telecomunicaciones
         no constituye una actividad económica en el sentido de esa disposición y, por consiguiente, no se halla comprendida dentro
         del ámbito de aplicación de dicha Directiva. 
      
      Esta actividad constituye un requisito previo y necesario para el acceso de operadores económicos al mercado de las telecomunicaciones
         móviles y no supone una participación de la autoridad nacional competente en dicho mercado. En efecto, sólo esos operadores,
         titulares de los derechos otorgados, actúan en el mercado de que se trata, explotando el bien en cuestión con el fin de obtener
         ingresos continuados en el tiempo.
      
      Por lo tanto, al otorgar estas autorizaciones, la autoridad nacional competente no participa en la explotación de un bien,
         consistente en los citados derechos de uso con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Con ese procedimiento
         de otorgamiento, dicha autoridad ejerce exclusivamente una actividad de control y de reglamentación del uso del espectro electromagnético
         que se le ha conferido de modo expreso.
      
      Por otra parte, el hecho de que la concesión de las licencias de que se trata dé lugar al pago de un canon no puede modificar
         la calificación jurídica de esta actividad.
      
      (véanse los apartados 36, 38, 39 y 43 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 26 de junio de 2007 (*)
      
      «Sexta Directiva IVA – Operaciones imponibles – Concepto de “actividad económica” – Artículo 4, apartado 2 – Atribución de licencias que permiten usar una parte definida del espectro de radiofrecuencias reservada a los servicios de
         telecomunicaciones»
      
      En el asunto C‑369/04,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el VAT and Duties
         Tribunal, London (Reino Unido), mediante resolución de 24 de agosto de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de
         agosto de 2004, en el procedimiento entre
      
      Hutchison 3G UK Ltd,
      mmO2 plc,
      Orange 3G Ltd,
      T‑Mobile (UK) Ltd,
      Vodafone Group Services Ltd
      y
      Commissioners of Customs and Excise,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász
         y J. Klučka, Presidentes de Sala, y los Sres. K. Schiemann, J. Makarczyk (Ponente) y U. Lõhmus, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretarios: Sr. B. Fülöp y Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradores;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de febrero de 2006;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre de Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T‑Mobile (UK) Ltd y Vodafone Group Services Ltd, por el Sr. K.P.E. Lasok, QC, y por los Sres. J. Turnbull
         y P. Lomas, Solicitors;
      
      –       en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. M. Bethell y la Sra. R. Caudwell, en calidad de agentes, asistidos por
         los Sres. P. Goldsmith, K. Parker y C. Vajda, QC, y del Sr. G. Peretz, Barrister;
      
      –       en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Molde, en calidad de agente, asistido por el Sr. K. Hagel‑Sørensen, advokat;
      –       en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. W.‑D. Plessing y la Sra. C. Schulze‑Bahr, en calidad de agentes, asistidos por el
         Sr. K.‑T. Stopp, Rechtsanwalt;
      
      –       en nombre del Gobierno español, por el Sr. J.M. Rodríguez Cárcamo, en calidad de agente;
      –       en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente, asistido por el Sr. A. Aston, SC, y por el Sr. G. Clohessy,
         BL;
      
      –       en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. H.G. Sevenster y el Sr. M. de Grave, en calidad de agentes;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. K. Gross, R. Lyal y M. Shotter, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de septiembre de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo
         de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos
         sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO L 145, p. 1;
         EE 09/01, p. 54; en lo sucesivo, «Sexta Directiva»), en particular, del artículo 4 de dicha Directiva. 
      
      2       Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre, por una parte, Hutchison 3G UK Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T‑Mobile (UK) Ltd y Vodafone Group Services Ltd, y, por otra parte, los Commissioners of Customs and
         Excise (administración de los tributos indirectos), competentes en materia de percepción del impuesto sobre el valor añadido
         (en lo sucesivo, «IVA») en el Reino Unido, y que tiene por objeto el reconocimiento del derecho a deducir el importe del IVA
         que dichas sociedades alegan haber pagado con motivo de la concesión por el Secretary of State for Trade and Industry (Secretario
         de Estado de Comercio e Industria; en lo sucesivo, «Secretario de Estado»), en 2000, de licencias de telecomunicaciones móviles
         de tercera generación, denominadas «UMTS» (en lo sucesivo, «licencias controvertidas en el litigio principal»), mediante subasta.
      
       Marco jurídico
       Disposiciones relativas al IVA
       Normativa comunitaria
      3       A tenor del artículo 2, número 1, de la Sexta Directiva, estarán sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios
         realizadas a título oneroso en el interior del país por un sujeto pasivo que actúe como tal.
      
      4       El artículo 4 de esta Directiva dispone:
      «1.      Serán considerados como sujetos pasivos quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización,
         alguna de las actividades económicas mencionadas en el apartado 2, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa
         actividad.
      
      2.      Las actividades económicas a que se alude en el apartado 1 son todas las de fabricación, comercio o prestación de servicios,
         incluidas las actividades extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas. En especial será
         considerada como actividad económica la operación que implique la explotación de un bien [corporal o] incorporal con el fin
         de obtener ingresos continuados en el tiempo. 
      
      […] 
      5.      Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición
         de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni
         siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones.
      
      No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados como sujetos pasivos en cuanto a dichas
         actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de
         la competencia.
      
      En cualquier caso, los organismos anteriormente citados tendrán la condición de sujetos pasivos cuando efectúen las operaciones
         enumeradas en el Anexo D, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante.
      
      […]»
      5       El artículo 17 de la citada Directiva prevé: 
      «1.      El derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible. 
      2.      En la medida en que los bienes y servicios se utilicen para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, el sujeto
         pasivo estará autorizado para deducir de las cuotas impositivas por él devengadas:
      
      a)      las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, devengadas o ingresadas, por los bienes que le sean o le hayan de ser entregados
         y por los servicios que le sean o le hayan de ser prestados por otro sujeto pasivo;
      
      […]»
      6       El punto 1 del anexo D, de la Sexta Directiva menciona las telecomunicaciones. 
       Normativa nacional
      7       La Ley del IVA de 1994 (Value Added Tax Act 1994) dispone en su artículo 4, apartado 1:
      «Estarán sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el Reino Unido, cuando se trate de
         operaciones sujetas al impuesto efectuadas por un sujeto pasivo en el desarrollo de cualquier actividad empresarial que éste
         lleve a cabo.»
      
       Disposiciones relativas a la concesión de las licencias controvertidas en el litigio principal
       Normativa comunitaria
      8       La Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de
         autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones (DO L 117, p. 15), estuvo
         en vigor hasta el 25 de julio de 2003.
      
      9       El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
      «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      […] 
      d)      “Requisitos esenciales”: las razones no económicas y de interés público que pueden llevar a un Estado miembro a establecer
         determinadas condiciones para el establecimiento y/o explotación de redes de telecomunicaciones o para la prestación de servicios
         de telecomunicaciones. Estas razones se limitan a la seguridad de explotación de la red, al mantenimiento de su integridad
         y, en casos justificados, a la interoperabilidad de los servicios, la protección de los datos, la protección del medio ambiente
         y de los objetivos de ordenación del territorio, así como al uso eficaz del espectro de frecuencias y a la necesidad de evitar
         interferencias perjudiciales entre los sistemas de radio y comunicación y otros sistemas técnicos espaciales o terrestres.
         […]» 
      
      10     A tenor del artículo 3, apartado 3, segunda frase, de la citada Directiva: 
      «Los Estados miembros únicamente podrán expedir una licencia individual cuando se conceda al beneficiario acceso a recursos
         escasos, ya sean físicos o de cualquier otra naturaleza, o cuando el beneficiario esté sujeto a obligaciones especiales o
         goce de derechos especiales, con arreglo a lo dispuesto en la sección III.» 
      
      11     El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 97/13 precisa las condiciones relativas a las autorizaciones generales del siguiente modo:
         
      
      «Cuando los Estados miembros sometan la prestación de servicios de telecomunicaciones a autorizaciones generales, las condiciones
         a que, en casos justificados, podrán estar sujetas dichas autorizaciones serán las que se enumeran en los puntos 2 y 3 del
         Anexo. Dichas autorizaciones establecerán el régimen menos gravoso posible, compatible con el cumplimiento de los requisitos
         esenciales y otros requisitos pertinentes de interés público contemplados en los puntos 2 y 3 del Anexo.» 
      
      12     La sección III de esta Directiva, que comprende los artículos 7 a 11, regula las licencias individuales, cuando la situación
         justifica la concesión de tales licencias. El artículo 8, apartado 1, párrafo primero, de la citada Directiva prevé que «las
         condiciones, además de las establecidas para las autorizaciones generales, a que podrán estar sujetas, en los casos justificados,
         las licencias individuales serán las que se enumeran en los puntos 2 y 4 del Anexo». Con arreglo a los puntos 2.1 y 4.2 del
         referido anexo, se trata en particular de condiciones destinadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos esenciales
         pertinentes y de condiciones específicas relacionadas con el uso efectivo y la gestión eficaz de radiofrecuencias. 
      
      13     Conforme al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 97/13, los Estados miembros podrán limitar el número de licencias individuales
         en la medida en que sea necesario para garantizar el uso eficaz de radiofrecuencias. Con arreglo al apartado 2, primer guión,
         de dicho artículo, a este respecto, deberán tener debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para
         los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia. El apartado 3, párrafo primero, del mismo artículo obliga a los
         Estados miembros a conceder las licencias individuales con arreglo a criterios de selección no discriminatorios, objetivos,
         transparentes, proporcionados y detallados.
      
      14     Del artículo 11, apartado 1, de la citada Directiva resulta que la concesión de las licencias puede generar la recaudación
         de un canon que tenga por «único objetivo cubrir los gastos administrativos que ocasione la expedición, gestión, control y
         ejecución del régimen de licencias individuales aplicable». Además, el apartado 2 de dicho artículo prevé: 
      
      «No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se trate de recursos escasos, los Estados miembros podrán autorizar a sus
         autoridades nacionales de reglamentación a imponer gravámenes que tengan en cuenta la necesidad de garantizar el uso óptimo
         de dichos recursos. Estos gravámenes no podrán ser discriminatorios y habrán de tener en cuenta, en especial, la necesidad
         de potenciar el desarrollo de servicios innovadores y de la competencia.» 
      
      15     La Directiva 97/13 fue derogada y sustituida a partir del 25 de julio de 2003 por la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo
         y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
         (Directiva marco) (DO L 108, p. 33).
      
      16     El artículo 9 de la citada Directiva dispone: 
      «[…] 
      3.      Los Estados miembros podrán autorizar que las empresas transfieran derechos de uso de radiofrecuencias a otras empresas.
      4.      Los Estados miembros velarán por que la intención de una empresa de transferir derechos de uso de radiofrecuencias se notifique
         a la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de frecuencias y por que todas las transferencias tengan
         lugar con arreglo a los procedimientos establecidos por las autoridades nacionales de reglamentación y se hagan públicas.
         Las autoridades nacionales de reglamentación velarán por que no se falsee la competencia como resultado de estas transferencias.
         Cuando se haya armonizado el uso de las radiofrecuencias a través de la aplicación de la Decisión nº 676/2002/CE [del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad
         Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (DO L 108, p. 1)] u otra medida comunitaria, estas transferencias no podrán suponer
         modificación del uso de dichas radiofrecuencias.»
      
       Normativa nacional
      17     Según el artículo 1, apartado 1, de la Ley de telegrafía inalámbrica de 1949 (Wireless Telegraphy Act 1949) (en lo sucesivo,
         «WTA 1949»), nadie podrá establecer o utilizar ninguna estación para telegrafía inalámbrica, ni instalar o utilizar aparatos
         para telegrafía inalámbrica, salvo que le haya sido concedida una licencia a este respecto con arreglo al presente artículo,
         por el Secretario de Estado. La WTA 1949 prevé sanciones para el caso de que se infrinja dicha prohibición.
      
      18     El artículo 2, apartado 1, de la Ley de telegrafía inalámbrica de 1998 (Wireless Telegraphy Act 1998) (en lo sucesivo, «WTA
         1998») establece las directrices para la concesión de las licencias y permite, en particular, al Secretario de Estado ingresar
         cantidades superiores a las que cubran los gastos administrativos. Con arreglo al apartado 2, letra c), de ese mismo artículo,
         a la hora de determinar esas cantidades se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
      
      –       el uso y la gestión eficientes del espectro electromagnético;
      –       las ventajas económicas que se derivan del uso de la telegrafía inalámbrica;
      –       el desarrollo de servicios innovadores, y
      –       la competencia en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
      19     El artículo 3, apartado 1, de la WTA 1998 establece: 
      «Habida cuenta de la conveniencia de promover el uso óptimo del espectro electromagnético, el Secretario de Estado podrá disponer,
         a través de la adopción de reglamentos, que en los supuestos previstos en dichos reglamentos o que él determine en virtud
         de éstos las solicitudes para la concesión de licencias de telegrafía inalámbrica deban presentarse conforme a un procedimiento que:
      
      a)      se exponga en una notificación por él emitida con arreglo a los reglamentos e 
      b)      implique que el solicitante presente una oferta en la que se indique la cantidad que está dispuesto a pagar al Secretario
         de Estado por la licencia». 
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      20     En la primavera del año 2000, el Secretario de Estado concedió, mediante subasta pública, las licencias controvertidas en
         el litigio principal. 
      
      21     Las empresas que obtuvieron esas licencias son las que ofrecieron la mayor cantidad de dinero por los paquetes de frecuencias
         propuestos, de modo que uno de dichos paquetes se reservó a un operador nuevo en el mercado. Como consecuencia de dicha subasta,
         los adjudicatarios pagaron una cantidad total de 22.477.400.000 GBP. 
      
      22     La subasta la realizó, en nombre del Secretario de Estado, la Radiocommunications Agency (agencia de radiocomunicaciones),
         que es una agencia ejecutiva de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria. Durante el procedimiento de adjudicación
         no se hizo referencia alguna al IVA. 
      
      23     Las licencias se concedieron por un período que expirará el 31 de diciembre de 2021, a menos que sean revocadas anticipadamente
         por el Secretario de Estado o que el licenciatario renuncie a ellas. 
      
      24     Al considerar que estas concesiones estaban sujetas al IVA y que éste estaba incluido en las cantidades pagadas, las sociedades
         adjudicatarias solicitaron la devolución de las cantidades que alegaban haber pagado en concepto de IVA, con arreglo a la
         normativa nacional por la que se adaptó el Derecho nacional al artículo 17 de la Sexta Directiva. Dado que sus solicitudes
         fueron desestimadas con el argumento de que las licencias controvertidas en el litigio principal no estaban sujetas al IVA,
         las citadas sociedades recurrieron ante el órgano jurisdiccional remitente. 
      
      25     En estas circunstancias, el VAT and Duties Tribunal, London, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de
         Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)       En las circunstancias que se exponen en la Declaración de Hechos no Controvertidos, ¿debe interpretarse la expresión “actividad
         económica” a efectos del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva, en el sentido de que incluye la concesión de
         las licencias de telecomunicaciones móviles de tercera generación por el [Secretario de Estado] […], mediante una subasta
         de los derechos de uso de equipos de telecomunicaciones en partes definidas del espectro electromagnético (en lo sucesivo,
         “actividad [de que se trata]”)?; ¿qué consideraciones son pertinentes para dicha cuestión? 
      
      2)      En las circunstancias que se exponen en la Declaración de Hechos no Controvertidos, ¿qué consideraciones resultan pertinentes
         para la cuestión de si el [Secretario de Estado], al desarrollar la actividad [de que se trata], actuaba “en el ejercicio
         de sus funciones públicas” en el sentido del artículo 4, apartado 5, de la Sexta Directiva? 
      
      3)      En las circunstancias que se exponen en la Declaración de Hechos no Controvertidos, ¿puede la actividad [de que se trata]
         ser: i) en parte una actividad económica y en parte no, y/o ii) parcialmente llevada a cabo por un organismo de Derecho público
         en el ejercicio de sus funciones públicas y parcialmente no, con la consecuencia de que la actividad estaría parcialmente
         sujeta al IVA con arreglo a la Sexta Directiva y parcialmente no? 
      
      4)      ¿Qué probabilidad e inmediatez al desarrollo de una actividad como la actividad [de que se trata] debe tener una “distorsión
         grave de la competencia” en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, para que la persona
         que lleve a cabo esa actividad [de que se trata] sea considerada, como exige dicho apartado, un sujeto pasivo en relación
         con esa actividad? ¿En qué medida, en su caso, se aplica el principio de neutralidad fiscal a dicha cuestión? 
      
      5)      ¿Incluye el término “telecomunicaciones” del anexo D de la Sexta Directiva (al que se hace referencia en el artículo 4, apartado
         5, párrafo tercero, de [dicha] Directiva) la concesión de las licencias de telecomunicaciones móviles de tercera generación
         por el [Secretario de Estado] a través de una subasta de derechos de uso de equipos de telecomunicaciones en determinadas
         partes del espectro electromagnético, en las circunstancias que se exponen en la Declaración de Hechos no Controvertidos?
         
      
      6)      Cuando i) un Estado miembro decide adaptar su Derecho interno al artículo 4, apartados 1 y 5, de la Sexta Directiva mediante
         una legislación que confiere a un organismo público (como, en el presente asunto, la Hacienda Pública del Reino Unido) una
         facultad legal para adoptar instrucciones (“directions”) que especifiquen qué bienes o servicios entregados o prestados por
         organismos públicos deben considerarse operaciones sujetas al impuesto, y ii) dicho organismo público adopta, o pretende adoptar,
         en virtud de dicha facultad legal, instrucciones en las que se precisa que determinadas operaciones están sujetas al impuesto,
         ¿es pertinente el principio establecido en el apartado 8 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de noviembre de 1990,
         Marleasing (C‑106/89, Rec. p. I‑4135), para la interpretación de la legislación nacional y de dichas instrucciones (y, en
         tal caso, de qué manera)?» 
      
       Sobre la cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      26     Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si una actividad como la concesión mediante subasta
         por el Secretario de Estado de las licencias controvertidas en el litigio principal constituye una «actividad económica» en
         el sentido del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva. 
      
      27     A tenor del artículo 4, apartado 1, de la Sexta Directiva, serán considerados como sujetos pasivos quienes realicen con carácter
         independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna de las actividades económicas mencionadas en el apartado
         2 del mismo artículo, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. Ese apartado 2 define el concepto
         de «actividades económicas» como todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, en especial las
         operaciones que impliquen la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el
         tiempo. 
      
      28     A este respecto, se ha de precisar que, si bien el artículo 4 de la Sexta Directiva asigna un ámbito de aplicación muy amplio
         al IVA, dicha disposición sólo contempla las actividades de carácter económico (véanse, en este sentido, las sentencias de
         11 de julio de 1996, Régie dauphinoise, C‑306/94, Rec. p. I‑3695, apartado 15; de 29 de abril de 2004, EDM, C‑77/01, Rec.
         p. I‑4295, apartado 47, y de 26 de mayo de 2005, Kretztechnik, C‑465/03, Rec. p. I‑4357, apartado 18).
      
      29     Asimismo, se desprende de jurisprudencia reiterada que el análisis de las definiciones de los conceptos de sujeto pasivo y
         de actividades económicas delimita la extensión del ámbito de aplicación cubierto por el concepto de actividades económicas,
         así como el carácter objetivo de este concepto, en el sentido de que la actividad se considera en sí misma, cualesquiera que
         sean sus fines o sus resultados (véase, en particular, la sentencia de 21 de febrero de 2006, University of Huddersfield,
         C‑223/03, Rec. p. I‑1751, apartado 47 y la jurisprudencia citada).
      
      30     De la resolución de remisión resulta que, en el litigio principal, la actividad realizada por el Secretario de Estado consistió
         en adjudicar a unos operadores económicos, mediante subasta, derechos de uso, por tiempo definido, correspondientes a determinadas
         frecuencias del espectro electromagnético. Al término del procedimiento de adjudicación, tales operadores obtuvieron la autorización
         para explotar los derechos que adquirieron para poder instalar equipos de telecomunicaciones que operan en partes definidas
         del espectro electromagnético.
      
      31     Por lo tanto, se trata de determinar si, como tal, la expedición de la citada autorización puede ser considerada como «explotación
         de un bien» en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Sexta Directiva. 
      
      32     Para empezar, debe señalarse que, en el marco de esta disposición, el concepto de «explotación» se refiere, conforme a las
         exigencias del principio de neutralidad del sistema común del IVA, a todas las operaciones, independientemente de su forma
         jurídica, destinadas a obtener del bien en cuestión ingresos continuados en el tiempo (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 4 de diciembre de 1990, Van Tiem, C‑186/89, Rec. p. I‑4363, apartado 18; EDM, antes citada, apartado 48, y de 21 de octubre
         de 2004, BBL, C‑8/03, Rec. p. I‑10157, apartado 36).
      
      33     A este respecto, cabe subrayar que la actividad controvertida en el litigio principal consiste en la expedición de autorizaciones
         que permiten a los operadores económicos que las obtengan proceder a la explotación de los derechos de uso que de ellas resultan
         ofreciendo sus servicios al público en el mercado de las telecomunicaciones móviles a cambio de una contraprestación. 
      
      34     Pues bien, dicha actividad constituye el modo de cumplir los requisitos exigidos por el Derecho comunitario que se dirigen,
         en particular, a garantizar el uso eficaz del espectro de frecuencias y a prevenir interferencias perjudiciales entre los
         sistemas de radio y comunicación y otros sistemas técnicos espaciales o terrestres, así como la gestión eficaz de radiofrecuencias,
         como se desprende del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Directiva 97/13, en relación con los artículos 4, apartado 1,
         y 8, apartado 1, de esa misma Directiva. 
      
      35     Además, debe destacarse que la expedición de tales licencias es, con arreglo tanto a la Directiva 97/13 como a la WTA de 1949
         y a la WTA de 1998, competencia exclusiva del Estado miembro interesado. 
      
      36     Así, una actividad como la controvertida en el litigio principal constituye un requisito previo y necesario para el acceso
         de operadores económicos como las demandantes en el litigio principal al mercado de las telecomunicaciones móviles. Esta actividad
         no constituye una participación de la autoridad nacional competente en dicho mercado. En efecto, sólo esos operadores, titulares
         de los derechos otorgados, actúan en el mercado de que se trata, explotando el bien en cuestión con el fin de obtener ingresos
         continuados en el tiempo.
      
      37     En tales circunstancias, el ejercicio de una actividad como la controvertida en el litigio principal no está al alcance, por
         su propia naturaleza, de los operadores económicos. A este respecto, es preciso señalar que es irrelevante que tales operadores
         tengan la facultad de transmitir sus derechos de uso de radiofrecuencias. En efecto, esa transmisión, además de seguir sujeta
         al control de la autoridad reglamentaria nacional responsable de la asignación de frecuencias, con arreglo al artículo 9,
         apartado 4, de la Directiva 2002/21, no se asemeja a la expedición de una autorización por parte de los poderes públicos.
      
      38     Por lo tanto, al otorgar ese tipo de autorización, la autoridad nacional competente no participa en la explotación de un bien,
         consistente en los derechos de uso del espectro de radiofrecuencias con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
         Con ese procedimiento de otorgamiento, dicha autoridad ejerce exclusivamente una actividad de control y de reglamentación
         del uso del espectro electromagnético que se le ha conferido de modo expreso. 
      
      39     Por otra parte, el hecho de que la concesión de unas licencias como las controvertidas en el litigio principal dé lugar al
         pago de un canon no puede modificar la calificación jurídica de esta actividad (véase, en este sentido, la sentencia de 18
         de marzo de 1997, Diego Calì & Figli, C‑343/95, Rec. p. I‑1547, apartado 24, y la jurisprudencia citada).
      
      40     Por consiguiente, esa concesión no puede constituir una «actividad económica» en el sentido del artículo 4, apartado 2, de
         la Sexta Directiva. 
      
      41     Esta conclusión no queda en entredicho por la alegación según la cual, a la luz del artículo 4, apartado 5, de esta Directiva,
         no cabe excluir que una actividad reguladora ejercida por un organismo de Derecho público constituya una actividad económica
         en el sentido del artículo 4, apartado 2, de esta misma Directiva, de manera que dicho organismo debería considerarse sujeto
         pasivo por esa actividad. 
      
      42     En efecto, aun suponiendo que tal actividad reguladora pudiera calificarse de actividad económica, la aplicación del artículo
         4, apartado 5, de la Sexta Directiva implica que se determine previamente el carácter económico de la actividad de que se
         trate. Ahora bien, de la respuesta dada en el apartado 40 de la presente sentencia se desprende que éste no es el caso.
      
      43     A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el artículo 4, apartados 1 y 2,
         de la Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que la concesión, por la autoridad nacional de reglamentación responsable
         de la asignación de frecuencias, de unas licencias como las controvertidas en el litigio principal mediante subasta de los
         derechos de uso de equipos de telecomunicaciones no constituye una actividad económica en el sentido de esta disposición y,
         por consiguiente, no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
      
       Sobre las demás cuestiones
      44     Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a las demás cuestiones planteadas por el órgano
         jurisdiccional remitente.
      
       Costas
      45     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      El artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia
            de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema
            común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme, debe interpretarse en el sentido de que la concesión,
            por la autoridad nacional de reglamentación responsable de la asignación de frecuencias, de unas licencias como las de telecomunicaciones
            móviles de tercera generación, denominadas «UMTS», mediante subasta de los derechos de uso de equipos de telecomunicaciones
            no constituye una actividad económica en el sentido de esa disposición y, por consiguiente, no se halla comprendida dentro
            del ámbito de aplicación de dicha Directiva.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: inglés.