CELEX: 62005CJ0376
Language: es
Date: 2006-11-30 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2006.#A. Brünsteiner GmbH (C-376/05) y Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) contra Bayerische Motorenwerke AG (BMW).#Petición de decisión prejudicial: Bundesgerichtshof - Alemania.#Competencia - Acuerdo de distribución de vehículos automóviles - Exención por categorías - Reglamento (CE) nº 1475/95 - Artículo 5, apartado 3 - Resolución por el proveedor - Reorganización de la red - Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 - Artículo 4, apartado 1 - Restricciones especialmente graves - Consecuencias.#Asuntos acumulados C-376/05 y C-377/05.

Asuntos acumulados C‑376/05 y C‑377/05
      A. Brünsteiner GmbH y Autohaus Hilgert GmbH
      contra
      Bayerische Motorenwerke AG
      (Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesgerichtshof)
      «Competencia — Acuerdo de distribución de vehículos automóviles — Exención por categoría — Reglamento (CE) nº 1475/95 — Artículo 5, apartado 3 — Resolución por el proveedor — Reorganización de la red — Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 — Artículo 4, apartado 1 — Restricciones especialmente graves — Consecuencias»
      Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 28 de septiembre de 2006 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 30 de noviembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Determinación de las cuestiones que deben someterse — Competencia
            exclusiva del órgano jurisdiccional nacional
      (Art. 234 CE)
      2.     Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Entrada
            en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002
      [Art. 81 CE, ap. 1; Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, art. 5, ap. 3, párr. 1, 1er guión, y Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, art. 10]
      3.     Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Exención por categorías — Acuerdos en el sector del automóvil — Entrada
            en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 — Período transitorio — Expiración
      [Art. 81 CE, aps. 1 y 3, Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión y Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, arts. 4
            y 10]
      1.     En el marco del procedimiento prejudicial, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente definir el objeto
         de las cuestiones que quiere plantear. En efecto, incumbe exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen
         del litigio y que han de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de
         las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia, como la pertinencia
         de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia.
      
      En esas circunstancias, cuando, mediante sus peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende
         solamente obtener la interpretación de un Reglamento comunitario y no manifiesta albergar dudas acerca de la validez de esas
         disposiciones ni que dicha cuestión se haya suscitado en la instancia en los litigios principales, el Tribunal de Justicia
         no está obligado a valorar la validez de aquéllas por la mera razón de que tal cuestión haya sido invocada ante el mismo por
         una de las partes en sus observaciones escritas, ya que el artículo 234 CE no constituye una vía de recurso abierta a las
         partes en litigio ante el órgano jurisdiccional nacional.
      
      (véanse los apartados 26 a 28)
      2.     La entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a
         determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo necesario,
         por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a
         determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles. Sin embargo,
         dicha entrada en vigor pudo hacer necesario, en función de la organización específica de la red de distribución de cada proveedor,
         que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de dicha red en el sentido
         de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje, apreciar si
         es éste el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.
      
      A este respecto, si bien el Reglamento nº 1400/2002 introdujo unas modificaciones sustanciales con respecto al régimen de
         exención por categorías establecido en el Reglamento nº 1475/95, los cambios que los proveedores podían introducir en sus
         acuerdos de distribución para asegurarse de que éstos siguen encajando en la exención por categorías podían resultar de una
         mera adaptación de los contratos en vigor en el momento en que este último Reglamento dejaba de ser aplicable, efectuada durante
         el período transitorio de un año previsto en el artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002. Dicha adaptación no implicaba, pues,
         automáticamente, ni la necesidad, respecto al Derecho nacional aplicable, de resolver estos contratos ni, en cualquier caso,
         la de reorganizar la totalidad o una parte sustancial de la red de distribución.
      
      Por lo demás, una «reorganización de una parte sustancial o la totalidad de la red», en el sentido del artículo 5, apartado
         3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, exige una modificación significativa, tanto material como geográfica,
         de las estructuras de distribución del proveedor de que se trata, la cual puede afectar, en particular, a la naturaleza o
         forma de estas estructuras, a su objeto, al reparto de las tareas internas en el seno de tales estructuras, a las modalidades
         de suministro de los productos y servicios en cuestión, al número o a la calidad de los participantes en dichas estructuras
         y a su cobertura geográfica. Si bien nada lo exige, tampoco nada excluye que dicha reorganización pueda derivarse de la modificación
         de las cláusulas de un acuerdo de distribución como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo reglamento de exención,
         como el Reglamento nº 1400/2002, que introdujo modificaciones sustanciales con respecto al régimen de exención por categorías
         establecido en el Reglamento nº 1475/95, ya que prevé reglas más estrictas que las establecidas en este último para la exención
         de ciertas restricciones de la competencia comprendidas en la prohibición enunciada en el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      En cuanto al requisito establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95
         acerca de la «necesidad» de una reorganización, éste exige que la reorganización pueda justificarse de modo plausible por
         motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor que, a falta
         de una rápida reorganización de la red de distribución y habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este proveedor,
         podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. Por consiguiente, el mero hecho de que el proveedor
         considere, basándose en una apreciación comercial subjetiva de la situación de su red de distribución, que resulta necesaria
         una reorganización de la misma no basta por sí solo para demostrar la necesidad de tal reorganización en el sentido del artículo
         5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. En cambio, a este respecto son pertinentes las posibles
         consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el contrato de concesión
         con un preaviso de dos años.
      
      (véanse los apartados 31a 38 y 41 y el punto 1 del fallo)
      3.     El artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas
         categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, debe interpretarse en el
         sentido de que, después de la expiración del período transitorio previsto en el artículo 10 de este Reglamento, la exención
         por categorías que éste contempla no se aplicaba a los contratos que reunían los requisitos de exención por categorías establecida
         por el Reglamento nº 1475/95, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías
         de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, cuyo objeto era al menos una de
         las restricciones especialmente graves que se enuncian en el citado artículo 4, de modo que el conjunto de las cláusulas contractuales
         restrictivas de la competencia que se contenían en tales contratos podían estar prohibidas por el artículo 81 CE, apartado
         1, si no se reunían los requisitos de exención al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      En efecto, dado que el artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002 tiene por objeto establecer un período transitorio para que
         todos los operadores dispongan de tiempo suficiente para adaptar los acuerdos que fueran compatibles con el Reglamento nº 1475/95
         y siguieran estando vigentes cuando éste dejara de ser aplicable y prever, a tal fin, que la prohibición establecida en el
         artículo 81 CE, apartado 1, no se aplique a dichos acuerdos, se desprende claramente de los términos de esta disposición que
         la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, se aplican a partir del 1 de octubre de 2003, a los acuerdos
         que no se hubieran adaptado para reunir los requisitos de exención previstos en Reglamento nº 1400/2002.
      
      Las consecuencias de la prohibición de las cláusulas contractuales incompatibles con el artículo 81 CE respecto a todos los
         demás elementos del contrato o respecto a otras obligaciones que se deriven de él, no están comprendidas en el ámbito de aplicación
         del Derecho comunitario. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional
         aplicable, el alcance y las consecuencias, para la totalidad de las relaciones contractuales, de la posible prohibición de
         determinadas cláusulas contractuales en virtud del artículo 81 CE.
      
      (véanse los apartados 43 a 48 y 51 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 30 de noviembre de 2006 (*)
      
      «Competencia – Acuerdo de distribución de vehículos automóviles – Exención por categorías – Reglamento (CE) nº 1475/95 – Artículo 5, apartado 3 – Resolución por el proveedor – Reorganización de la red – Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 – Artículo 4, apartado 1 – Restricciones especialmente graves – Consecuencias»
      En los asuntos acumulados C‑376/05 y C‑377/05,
      que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, al amparo del artículo 234 CE, por el Bundesgerichtshof
         (Alemania), mediante resoluciones de 26 de julio de 2005, recibidas en el Tribunal de Justicia el 12 de octubre de 2005, en
         los procedimientos entre
      
      A. Brünsteiner GmbH (asunto C‑376/05),
      
      Autohaus Hilgert GmbH (asunto C‑377/05)
      
      y
      Bayerische Motorenwerke AG (BMW),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský, A. Borg Barthet, U. Lõhmus y A. Ó Caoimh (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
      Secretaria: Sra. K. Sztranc-Slawiczek, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de septiembre de 2006;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre de A. Brünsteiner GmbH y Autohaus Hilgert GmbH, por los Sres. F.C. Genzow y C. Bittner, Rechtsanwälte;
      –       en nombre de Bayerische Motorenwerke AG (BMW), por el Sr. R. Bechtold, Rechtsanwalt;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. A. Whelan, la Sra. K. Mojzesowicz y el Sr. M. Schneider,
         en calidad de agentes;
      
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de septiembre de 2006;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
         guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del
         artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos
         automóviles (DO L 145, p. 25), y del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo
         a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas
         concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203, p. 30).
      
      2       Dichas peticiones fueron presentadas en el marco de los litigios que enfrentan a A. Brünsteiner GmbH (en lo sucesivo, «Brünsteiner»)
         y Autohaus Hilgert GmbH (en lo sucesivo, «Hilgert») con Bayerische Motorenwerke AG (en lo sucesivo, «BMW»), relativo a la
         legalidad de la resolución por ésta, con un preaviso de un año, de los acuerdos que había celebrado con Brünsteiner y Hilgert
         (en lo sucesivo, «demandantes en los litigios principales») para la distribución en Alemania de automóviles de la marca BMW.
      
       Marco jurídico
      3       A tenor del decimonoveno considerando del Reglamento nº 1475/95:
      «Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 5 fijan las condiciones mínimas de exención relativas a la duración
         y a la rescisión del acuerdo de distribución y de servicio de venta y de postventa, porque, a causa de las inversiones del
         distribuidor para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, la dependencia del
         distribuidor con respecto al proveedor aumenta considerablemente en caso de acuerdos celebrados a corto plazo o rescindibles
         tras un período breve. No obstante, a fin de no entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces,
         procede conferir al proveedor, con carácter extraordinario, el derecho de rescindir el acuerdo en caso de que precise reorganizar
         la totalidad o una parte sustancial de la red. […]».
      
      4       El artículo 1 del Reglamento nº 1475/95 excluye de la prohibición que establece el artículo 81 CE, apartado 1, los acuerdos
         en virtud de los cuales un proveedor encarga a un revendedor autorizado la tarea de promover en un territorio determinado
         la distribución de los productos contractuales y se compromete con este revendedor a reservarle, dentro de dicho territorio,
         el abastecimiento de vehículos y piezas de recambio.
      
      5       El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento prevé que no serán obstáculo para la exención los compromisos por los que el
         distribuidor se obligue a observar unas exigencias mínimas en la distribución y el servicio de venta y de postventa relativas,
         en particular, al equipamiento de las instalaciones comerciales o a la reparación y el mantenimiento de los productos contractuales.
      
      6       El artículo 5, apartados 2 y 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95dispone:
      «2.      Cuando el distribuidor haya asumido obligaciones de las contempladas en el apartado 1 del artículo 4 para mejorar la estructura
         de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención se aplicará siempre:
      
      […]
      2)      que la duración del acuerdo sea al menos de cinco años o que el plazo de rescisión ordinaria del acuerdo convenido para un
         período indeterminado sea al menos de dos años para las dos partes; […]
      
      […]
      3.      Las condiciones de exención previstas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de:
      –       el derecho del proveedor a rescindir el acuerdo con un preaviso de al menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una
         parte sustancial o la totalidad de la red».
      
      7       En su guía explicativa del Reglamento nº 1475/95, la Comisión expone lo siguiente en su respuesta a la pregunta 16, letra a),
         titulada «¿Es posible poner término al acuerdo anticipadamente?»:
      
      «El fabricante tendrá la facultad de poner término al acuerdo anticipadamente (mediante un preaviso de un año) cuando se vea
         obligado a reorganizar la totalidad o una parte sustancial de su red. La necesidad de la reorganización se determinará de
         común acuerdo entre las partes o, en caso de que así lo solicite el concesionario, por un perito independiente o por un árbitro.
         El hecho de acudir a un perito independiente o a un árbitro no prejuzga el derecho de las partes a recurrir a un tribunal
         nacional en los términos que establezca el Derecho nacional (artículo 5, apartado 3). Si el proveedor se atribuye a sí mismo
         en el contrato una facultad de resolución unilateral que exceda de los límites fijados por el Reglamento, perderá automáticamente
         el beneficio de la exención por categorías (artículo 6, apartado 1, punto 5, véase la sección 1.2 supra).
      Esta posibilidad de resolución anticipada se estableció con el fin de que el fabricante pudiera readaptar de modo flexible
         su aparato de distribución [considerando decimonoveno]. Puede resultar necesario proceder a una reorganización como consecuencia
         del comportamiento de los competidores o de la evolución de las circunstancias económicas, con independencia de que ello esté
         motivado por decisiones internas de un fabricante o por influencias externas, por ejemplo el cierre de una empresa que emplee
         gran cantidad de mano de obra en una zona específica. Teniendo en cuenta la amplia variedad de situaciones que pueden surgir,
         sería poco realista enumerar todas las posibles razones de reorganización.
      
      El análisis de la organización específica de la red de un fabricante es lo que permite determinar, en cada caso concreto,
         si una parte “sustancial” de la red se ve afectada o no. El término “sustancial” implica un aspecto tanto económico como geográfico,
         que puede limitarse a la red de un Estado miembro determinado o a una parte de ella. En cualquier caso, el fabricante ha de
         alcanzar un acuerdo con el concesionario cuyo contrato de distribución pretenda resolver, o bien con un perito independiente
         o un árbitro, sin que resulte necesario consultar a los demás concesionarios indirectamente afectados.»
      
      8       A partir del 1 de octubre de 2002, el Reglamento nº 1475/95 fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 1400/2002.
      9       A tenor del duodécimo considerando de este último Reglamento:
      «Con independencia de la cuota de mercado de las empresas afectadas, el presente Reglamento no abarca los acuerdos verticales
         que contengan determinados tipos de restricciones de graves efectos anticompetitivos (restricciones especialmente graves),
         que en general restringen sensiblemente la competencia, incluso con cuotas de mercado bajas, y que no son indispensables para
         alcanzar los efectos positivos mencionados. Esta norma se aplicará, en particular, a los acuerdos verticales que contengan
         restricciones tales como precios de reventa mínimos o fijos y, con algunas excepciones, restricciones del territorio en el
         que un distribuidor o taller de reparación puede vender servicios o bienes contractuales, o de la clientela a los que puede
         venderlos. Estos acuerdos no se beneficiarán de la exención.»
      
      10     El trigésimo sexto considerando del mismo Reglamento señala:
      «El [Reglamento nº 1475/95] es aplicable hasta el 30 de septiembre de 2002. A fin de que todos los operadores dispongan de
         tiempo suficiente para adaptar los acuerdos verticales que sean compatibles con dicho Reglamento y que sigan estando en vigor
         cuando expire la exención establecida en el mismo, resulta conveniente fijar para tales acuerdos un período transitorio hasta
         el 1 de octubre de 2003 durante el cual quedarán exentos de la prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 del
         Tratado, en aplicación del presente Reglamento.»
      
      11     El artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002, bajo el título «Restricciones especialmente graves», establece en su apartado primero,
         que la exención no se aplicará a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con
         otros factores, tengan por objeto una o alguna de las restricciones enumeradas en esta disposición.
      
      12     El artículo 10 del mismo Reglamento dispone:
      «La prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 [CE] no se aplicará durante el periodo comprendido entre el 1
         de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplan los
         requisitos de exención establecidos en la exención, pero sí los previstos en el Reglamento (CE) nº 1475/95.»
      
      13     En su guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002, la Comisión expone, en particular, lo siguiente en su respuesta a la pregunta
         20, bajo el título «¿Cómo podrá efectuarse la resolución de los contratos que se ajustan al Reglamento nº 1475/95 durante
         el período transitorio?»:
      
      «La expiración del Reglamento nº 1475/95, que se producirá el 30 de septiembre de 2002, y su sustitución por un nuevo Reglamento
         no implica en sí que tenga que haber una reorganización de la red. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Reglamento, un
         fabricante de vehículos puede decidir reorganizar considerablemente su red. Para ajustarse al Reglamento nº 1475/95 y, por
         tanto, beneficiarse del período transitorio, los preavisos de resolución de un contrato normal deben darse con dos años de
         antelación, a no ser que se opte por una reorganización o que exista la obligación de pagar una compensación.»
      
      14     Además, en el párrafo cuarto de la respuesta a la pregunta 68, titulada «¿El Reglamento establece unos plazos de preaviso
         mínimos?», esta guía explicativa señala:
      
      «Si resulta o no necesario reorganizar la red es una cuestión objetiva, y el hecho de que el proveedor considere que esta
         reorganización es necesaria no resuelve el asunto en caso de litigio. En tal supuesto corresponderá al juez o árbitro nacional
         resolver el asunto teniendo en cuenta las circunstancias.»
      
       Litigios principales y cuestiones prejudiciales
      15     En 1996, las demandantes en los litigios principales celebraron con BMW un contrato de distribución de vehículos automóviles
         fabricados por ésta última. La cláusula 11.6 de dicho contrato establecía:
      
      «11.6. Resolución por reorganización de la red de distribución
      Si surge la necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución de BMW, BMW estará autorizada
         a resolver el contrato observando un plazo de preaviso de doce meses.
      
      Ello se aplicará también en el caso de que las condiciones-marco jurídicas en que se basa el presente contrato cambien en
         ámbitos esenciales.»
      
      16     En el mes de septiembre de 2002, BMW declaró la resolución, con efectos a 30 de septiembre de 2003, de todos los contratos
         de concesión de su red europea de distribución aduciendo que el Reglamento nº 1400/2002 entrañaba serias modificaciones jurídicas
         y estructurales para el sector de la distribución de automóviles. A continuación, BMW celebró nuevos contratos acordes con
         lo dispuesto en el Reglamento nº 1400/2002 y con efectos a partir del 1 de octubre de 2003 con la mayor parte de sus anteriores
         concesionarios.
      
      17     A las demandantes en los litigios principales no se les propusieron tales contratos por lo que interpusieron recursos ante
         los órganos jurisdiccionales alemanes para impugnar la legalidad de la resolución de los contratos de concesión y alegaron
         que dicha resolución no debía producirse hasta la expiración del plazo de preaviso de dos años que expiraba el 30 de septiembre
         de 2004.
      
      18     El 26 de febrero de 2004, el Oberlandesgericht München desestimó en apelación estos recursos al considerar que las modificaciones
         que implicaba la adopción del Reglamento nº 1400/2002 hacían necesaria una reorganización de la red de distribución de BMW.
         Según este órgano jurisdiccional, las restricciones de la competencia que, hasta entonces, estaban exentas por el Reglamento
         nº 1475/95, constituyen a partir de ahora restricciones especialmente graves con arreglo al artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002,
         de modo que, incluso sin la resolución de los contratos de concesión con efectos a 30 de septiembre de 2003, todas las cláusulas
         restrictivas de la competencia incluidas en dichos contratos se convertirían en nulas a partir del 1 de octubre de 2003. Partiendo
         de esta premisa, el Oberlandesgericht München estimó que BMW no podía aceptar, ni siquiera hasta el 30 de septiembre de 2004,
         contratos de concesión sin cláusulas restrictivas de la competencia, o incluso una situación carente de contrato de concesión
         si éstos debieran considerarse aquejados de nulidad total en virtud del Derecho nacional.
      
      19     Las demandantes en los litigios principales interpusieron un recurso de casación («Revision») contra estas resoluciones ante
         el Bundesgerichtshof.
      
      20     En sus resoluciones de remisión, este órgano jurisdiccional destaca que, con arreglo a una interpretación restrictiva basada
         en las guías explicativas de la Comisión relativas a los Reglamentos nos 1475/95 y 1400/2002, la necesidad de una reorganización no puede justificarse por la mera entrada en vigor del Reglamento
         nº 1400/2002, sino por circunstancias económicas, pero estima que, pese a ello, la mencionada entrada en vigor tiene consecuencias
         inevitables en la estructura interna de los sistemas de distribución, de modo que no sólo circunstancias económicas, sino
         también jurídicas, pueden hacer necesaria la reorganización de la red de distribución. Además, afirma que el sistema de distribución
         es un componente estructural de dicha red. Por último, señala que el Reglamento nº 1400/2002 entraña la necesidad de una modificación
         de amplitud hasta ahora desconocida, dado que la combinación, extendida hasta la fecha, de distribución exclusiva y selectiva
         deja de estar exenta. Los fabricantes deben optar por uno de esos dos sistemas. A propósito de esa opción, precisa que en
         el marco de la distribución selectiva, que es la que se elige casi siempre, ya no se autorizan las limitaciones territoriales
         ni la protección del territorio del concesionario. Además, la venta y el servicio posventa deben desligarse y desaparece la
         exclusividad de la marca.
      
      21     Ahora bien, señala el Bundesgerichtshof, si un fabricante no modifica sus contratos o si no los resuelve y celebra otros nuevos
         antes de que expire el período transitorio, todas las cláusulas restrictivas de la competencia devienen nulas, por efecto
         del artículo 81 CE, a partir del 1 de octubre de 2003, puesto que las restricciones admitidas por el Reglamento nº 1475/95
         constituyen, en parte, restricciones especialmente graves en el sentido del artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002, lo que
         entraña, por ende, la caducidad de la excepción de todas las cláusulas restrictivas de la competencia de dichos contratos.
         Esto acarrearía, en el seno de la red de distribución, una situación jurídica doble en la que los concesionarios que no hubieran
         aceptado la adaptación de su contrato al nuevo Reglamento tendría una posición más libre. Un fabricante no puede aceptar estos
         trastornos, ni siquiera durante un año.
      
      22     En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la cuestión de la legalidad de la resolución de los contratos
         de concesión no carece, en realidad, de objeto. En efecto, en virtud del Derecho nacional, la nulidad de las cláusulas restrictivas
         de la competencia acarrea la nulidad total de los contratos en cuestión a partir del 1 de octubre de 2003. Según este órgano
         jurisdiccional, las indicaciones que proporciona la Comisión en su guía explicativa relativa al Reglamento nº 1400/2002 se
         oponen, sin embargo, a dicha consecuencia y abogan por una interpretación estricta del artículo 4 de este Reglamento.
      
      23     En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidió suspender los procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las
         cuestiones prejudiciales siguientes en cada uno de los asuntos de que conoce:
      
      «1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, [párrafo primero], [primer] guión, del [Reglamento nº 1475/95], en el sentido
         de que la necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución y el derecho del proveedor,
         sujeto a lo anterior, a resolver los contratos con los concesionarios de su red de distribución con un preaviso de un año,
         pueden derivarse también del hecho de que, a resultas de la entrada en vigor del [Reglamento nº 1400/2002], se ha hecho necesario
         introducir profundas modificaciones en el sistema de distribución practicado hasta entonces por el proveedor y sus concesionarios,
         basado en el [Reglamento nº 1475/95] y que disfruta de una exención en virtud del mismo?
      
      2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Debe interpretarse el artículo 4 del [Reglamento nº 1400/2002] en el
         sentido de que los acuerdos restrictivos de la competencia contenidos en un contrato de concesión que, con arreglo al citado
         Reglamento, constituyen en sí restricciones especialmente graves (“lista negra” de cláusulas prohibidas), excepcionalmente
         no han dado lugar, al término del período transitorio de un año previsto en el artículo 10 del Reglamento (el 30 de septiembre
         de 2003), a la caducidad de la exención, respecto a todas las estipulaciones del contrato restrictivas de la competencia,
         de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1, si este contrato fue celebrado durante el período de vigencia del [Reglamento
         nº 1475/95], se ajustaba a los criterios establecidos en el mismo y disfrutaba de una exención en virtud de dicho Reglamento?
      
      ¿Se aplicará en cualquier caso lo anterior si la nulidad, derivada del Derecho comunitario, de todas las estipulaciones contractuales
         restrictivas de la competencia tiene como consecuencia, con arreglo al Derecho nacional, la nulidad de todo el contrato de
         concesión?»
      
      24     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2006, se acumularon los asuntos C‑376/05 y C‑377/05
         a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Observaciones preliminares
      25     En sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia y durante la vista, BMW alegó invalidez de las disposiciones
         del artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1475/95, por entender, en esencia, que son contrarias al artículo 81 CE,
         apartado 3, en particular, por una parte, al supeditar la aplicación de la exención por categorías a restricciones de la competencia
         complementarias que no son indispensables ni benefician a los consumidores y, por otra parte, al estar motivadas por consideraciones
         de orden social que no guardan relación con la competencia.
      
      26     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente definir el
         objeto de las cuestiones que quiere plantear. En efecto, corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales
         que conocen del litigio y que han de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar,
         a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia,
         como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido las sentencias de 16 de
         marzo de 1999, Castelletti, C‑159/97, Rec. p. I‑1597, apartado 14, y de 6 de julio de 2006, Kersbergen-Lap y Dams-Schipper,
         C‑154/05, Rec. p. I‑0000, apartado 21).
      
      27     Pues bien, mediante sus peticiones de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende solamente obtener
         la interpretación de las disposiciones del artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1475/95. No manifiesta albergar
         dudas acerca de la validez de esas disposiciones ni que dicha cuestión se haya suscitado en la instancia en los litigios principales.
      
      28     En estas circunstancias, puesto que el artículo 234 CE no constituye una vía de recurso disponible para las partes en el litigio
         suscitado ante el juez nacional, el Tribunal de Justicia no está obligado a valorar la validez del Derecho comunitario por
         la mera razón de que tal cuestión haya sido invocada ante el mismo por una de las partes en sus observaciones escritas (véanse,
         en este sentido, las sentencias de 6 de julio de 2000, ATB y otros, C‑402/98, Rec. p. I‑5501, apartados 30 y 31, y de 10 de
         enero de 2006, IATA y ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I‑403, apartado 28).
      
      29     En consecuencia, tal como manifestó con razón la Comisión durante la vista, no procede examinar la cuestión de la validez
         de las disposiciones del artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1475/95 suscitada por BMW.
      
       Sobre la primera cuestión
      30     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002
         puede hacer necesario reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red de distribución de un proveedor, en el sentido
         del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 y, por tanto, justificar que se aplique
         el derecho de resolución con el preaviso de un año que se prevé en esta disposición.
      
      31     Conviene recordar que, en la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Vulcan Silkeborg (C‑125/05, Rec. p. I‑0000), el Tribunal
         de Justicia ya respondió a esta cuestión y declaró que, si bien la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hizo necesario,
         por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, dicha entrada en vigor pudo hacer necesario, sin embargo, en función de
         la organización específica de la red de distribución de cada proveedor, que se introdujeran unos cambios de tal importancia
         que constituyen una verdadera reorganización de la totalidad o de una parte sustancial de esta red en el sentido de la referida
         disposición.
      
      32     A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó, no obstante, en los apartados 59 a 61 de la misma sentencia, que, si bien
         el Reglamento nº 1400/2002 introdujo unas modificaciones sustanciales con respecto al régimen de exención por categorías establecido
         en el Reglamento nº 1475/95, los cambios que los proveedores podían introducir en sus acuerdos de distribución para asegurarse
         de que éstos siguen encajando en la exención por categorías podían resultar de una mera adaptación de los contratos en vigor
         en el momento en que este último Reglamento dejaba de ser aplicable, efectuada durante el período transitorio de un año previsto
         en el artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002. Dicha adaptación no implicaba, pues, automáticamente, ni la necesidad, respecto
         al Derecho nacional aplicable, de resolver estos contratos ni, en cualquier caso, la de reorganizar la totalidad o una parte
         sustancial de la red de distribución.
      
      33     Tal como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 64 de la sentencia Vulcan Silkeborg, antes citada, corresponde a los
         órganos jurisdiccionales nacionales o a los órganos de arbitraje, apreciar, en función del conjunto de elementos concretos
         del litigio del que conocen, si los cambios efectuados por éste constituyen, de acuerdo con el artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, una reorganización de la totalidad o de una parte sustancial de su red de
         distribución y si esta reorganización se hizo necesaria por la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002.
      
      34     En relación con esto, el Tribunal de Justicia precisó, en los apartados 29 y 30 de la misma sentencia, que una «reorganización
         de una parte sustancial o la totalidad de la red», en el sentido del mencionado artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
         guión, exige una modificación significativa, tanto material como geográfica de las estructuras de distribución del proveedor
         de que se trata, la cual puede afectar, en particular, a la naturaleza o forma de estas estructuras, a su objeto, al reparto
         de las tareas internas en el seno de tales estructuras, a las modalidades de suministro de los productos y servicios en cuestión,
         al número o a la calidad de los participantes en dichas estructuras y a su cobertura geográfica.
      
      35     Contrariamente a lo que sostienen en el caso de autos las demandantes en los litigios principales, si bien nada lo exige,
         tampoco nada excluye que dicha reorganización pueda derivarse de la modificación de las cláusulas de un acuerdo de distribución
         como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo reglamento de exención. El Tribunal de Justicia declaró, por lo demás,
         en el apartado 54 de la sentencia Vulcan Silkeborg, antes citada, que el Reglamento nº 1400/2002 introdujo modificaciones
         sustanciales con respecto al régimen de exención por categorías establecido en el Reglamento nº 1475/95, ya que prevé reglas
         más estrictas que las establecidas en este último para la exención de ciertas restricciones de la competencia comprendidas
         en la prohibición enunciada en el artículo 81 CE, apartado 1.
      
      36     En cuanto al requisito establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95
         acerca de la «necesidad» de una reorganización, el Tribunal de Justicia indicó, en el apartado 37 de la sentencia Vulcan Silkeborg,
         antes citada, que este requisito exige que la reorganización pueda justificarse de modo plausible por motivos de eficacia
         económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor que, a falta de una rápida reorganización
         de la red de distribución y habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este proveedor, podrían perjudicar a la
         eficacia de las estructuras existentes de dicha red.
      
      37     Por consiguiente, contrariamente a lo que afirma la Comisión, el mero hecho de que el proveedor considere, basándose en una
         apreciación comercial subjetiva de la situación de su red de distribución, que resulta necesaria una reorganización de la
         misma no basta por sí solo para demostrar la necesidad de tal reorganización en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. En cambio, a este respecto son pertinentes las posibles consecuencias económicas
         desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el contrato de concesión con un preaviso de
         dos años (sentencia Vulcan Silkeborg, antes citada, apartado 38).
      
      38     En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hizo necesario,
         por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución
         de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen
         una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales
         nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio
         del que conocen.
      
       Sobre la segunda cuestión
      39     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el hecho de que un contrato de concesión que reúna
         los requisitos de exención que establece el Reglamento nº 1475/95 contenga las restricciones de la competencia prohibidas
         por el artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002 implica necesariamente que, después de la expiración del período transitorio
         previsto en el artículo 10 de este último Reglamento, la exención por categorías que éste contempla se vuelve inaplicable
         a todas las restricciones de la competencia que se contienen en dicho contrato, en particular cuando, en virtud del Derecho
         nacional, esta circunstancia entraña la nulidad total de ese contrato.
      
      40     De la resolución de remisión se desprende que esta cuestión se plantea para el supuesto de que se considere contraria al artículo
         5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 la resolución de un contrato con preaviso de un año
         efectuada como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002, tal como sucede con la que BMW realizó en
         el caso de autos. En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, si dicho contrato, a falta de haber sido legalmente
         resuelto por el proveedor, estuviese aquejado de nulidad total, en virtud del Derecho nacional, a partir del 1 de octubre
         de 2003, no podría ejecutarse, en cualquier caso, como solicitan las demandantes en los litigios principales, durante el período
         restante hasta el 30 de septiembre de 2004. Este órgano jurisdiccional se pregunta entonces si, con carácter excepcional,
         no debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002 en el sentido de que, en un supuesto tal, dicha disposición
         no entraña que no se aplique la exención por categorías al mencionado contrato.
      
      41     Se desprende de la respuesta a la primera cuestión que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 puede, en ciertos casos,
         justificar que se aplique el derecho de resolución con un preaviso de un año que establece el artículo 5, apartado 1, párrafo
         primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, tal como se indica en el apartado 38 de la presente sentencia,
         corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente apreciar si los requisitos que exige esta última disposición
         se reúnen en los asuntos principales, en función del conjunto de elementos concretos de los litigios de los que conocen.
      
      42     En estas circunstancias, dado que no puede excluirse que la resolución de los contratos con el preaviso de un año que se efectuó
         en el caso de autos no reúna estos requisitos, procede responder también a la segunda cuestión, para proporcionar a este órgano
         jurisdiccional todos los elementos que puedan ser útiles para enjuiciar el asunto del que conoce (véanse, en este sentido,
         las sentencias de 29 de abril de 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I‑4981, apartado 44, y de 21 de febrero de 2006, Ritter‑Coulais,
         C‑152/03, Rec. p. I‑1711, apartado 29).
      
      43     A este respecto, hay que recordar que el artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002 tiene por objeto, como se desprende del trigésimo
         sexto considerando de dicho Reglamento, establecer un período transitorio para que todos los operadores dispongan de tiempo
         suficiente para adaptar los acuerdos que fueran compatibles con el Reglamento nº 1475/95 y siguieran estando vigentes cuando
         éste dejara de ser aplicable. Con esta finalidad, esta disposición prevé que la prohibición contemplada en el artículo 81 CE,
         apartado 1, no se aplicará a dichos acuerdos durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre
         de 2003.
      
      44     Así, se desprende claramente de los términos del artículo 10 del Reglamento nº 1400/2002 que la prohibición establecida en
         el artículo 81 CE, apartado 1, se aplicaba, a partir del 1 de octubre de 2003, a los acuerdos que no se hubieran adaptado
         para reunir los requisitos de exención previstos en dicho Reglamento.
      
      45     Ahora bien, según el propio tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1400/2002, y tal como se deriva del duodécimo
         considerando de éste, la exención prevista en dicho Reglamento no se aplicará a los acuerdos que tengan por objeto al menos
         una de las restricciones especialmente graves que se enumeran en el mencionado artículo 4, apartado 1.
      
      46     De esto resulta que, contrariamente a lo que sugiere el órgano jurisdiccional remitente, y tal como manifestaron todas las
         partes que presentaron observaciones, tras la expiración del aludido período transitorio, la exención por categorías establecida
         en el Reglamento nº 1400/2002 no se aplica, tal como indicó el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, a los acuerdos
         que tienen por objeto una de las mencionadas restricciones especialmente graves, aun cuando se hayan celebrado con arreglo
         al Reglamento nº 1475/95.
      
      47     Cuando un contrato no cumple todos los requisitos previstos en un reglamento de exención, las cláusulas contractuales que
         contiene pueden estar prohibidas por el artículo 81 CE, apartado 1, si se dan los supuestos de aplicación de esta disposición
         y no se cumplen los requisitos para una exención al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
      48     Las consecuencias de la prohibición de las cláusulas contractuales incompatibles con el artículo 81 CE respecto a todos los
         demás elementos del contrato o respecto a otras obligaciones que se deriven de él, no están comprendidas en el ámbito de aplicación
         del Derecho comunitario. Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional
         aplicable, el alcance y las consecuencias, para la totalidad de las relaciones contractuales, de la posible prohibición de
         determinadas cláusulas contractuales en virtud del artículo 81 CE (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre
         de 1986, VAG France, 10/86, Rec. p. 4071, apartados 14 y 15, y de 30 de abril de 1998, Cabour, C‑230/96, Rec. p. I‑2055, apartado 51).
      
      49     Las demandantes en los litigios principales estiman sin embargo que, dada la primacía del artículo 5 del Reglamento nº 1475/95
         y de los artículos 4 y 10 del Reglamento nº 1400/2002, el Derecho nacional debe interpretarse de conformidad con el Derecho
         comunitario, de manera que la prohibición de las cláusulas contractuales restrictivas de la competencia no entrañe automáticamente
         la nulidad total del contrato. En su opinión, tal consecuencia sólo puede contemplarse si el concesionario rechaza, sin un
         motivo serio, las cláusulas contractuales propuestas por el proveedor para adaptarse al cambio de situación jurídica.
      
      50     Esta tesis no puede aceptarse. En efecto, cuando un contrato tiene por objeto alguna de las restricciones especialmente graves
         que se enuncian en el artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002, no es en absoluto contrario al Derecho comunitario que la prohibición
         de las cláusulas contractuales restrictivas de la competencia de dicho contrato lleve aparejada, de acuerdo con el Derecho
         nacional, la nulidad total del contrato, ya que esta disposición, por un lado, tiene por objeto, tal como se desprende del
         duodécimo considerando del citado Reglamento, las restricciones más graves de la competencia en el sector en cuestión y que,
         por otro lado, la propia disposición establece que la exención por categorías no se aplica al conjunto del contrato.
      
      51     Procede, por tanto, responder a la segunda cuestión que el artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002 debe interpretarse en el
         sentido de que, después de la expiración del período transitorio previsto en el artículo 10 de este Reglamento, la exención
         por categorías que éste contempla no se aplicaba a los contratos que reunían los requisitos de exención por categorías establecida
         por el Reglamento nº 1475/95 cuyo objeto era al menos una de las restricciones especialmente graves que se enuncian en el
         citado artículo 4, de modo que el conjunto de las cláusulas contractuales restrictivas de la competencia que se contenían
         en tales contratos podían estar prohibidas por el artículo 81 CE, apartado 1, si no se reunían los requisitos de exención
         al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      
       Costas
      52     Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el
         órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo
         partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del
            apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector
            de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el
            sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de
            junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos
            de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles. Sin embargo, en función de la organización
            específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos
            cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición.
            Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función
            del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.
      2)      El artículo 4 del Reglamento nº 1400/2002 debe interpretarse en el sentido de que, después de la expiración del período transitorio
            previsto en el artículo 10 de este Reglamento, la exención por categorías que éste contempla no se aplicaba a los contratos
            que reunían los requisitos de exención por categorías establecida por el Reglamento nº 1475/95 cuyo objeto era al menos una
            de las restricciones especialmente graves que se enuncian en el citado artículo 4, de modo que el conjunto de las cláusulas
            contractuales restrictivas de la competencia que se contenían en tales contratos podían estar prohibidas por el artículo 81 CE,
            apartado 1, si no se reunían los requisitos de exención al amparo del artículo 81 CE, apartado 3.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.