CELEX: 62008CJ0141
Language: es
Date: 2009-10-01 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de octubre de 2009. # Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea. # Recurso de casación - Política comercial - Dumping - Importaciones de tablas de planchar originarias de China - Reglamento (CE) nº 384/96 - Artículos 2, aparatado 7, letra c), y 20, apartados 4 y 5 - Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado - Derecho de defensa - Investigación antidumping - Plazos concedidos a las empresas para formular observaciones. # Asunto C-141/08 P.

Asunto C‑141/08 P
      Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Recurso de casación — Política comercial — Dumping — Importaciones de tablas de planchar originarias de China — Reglamento (CE) nº 384/96 — Artículos 2, apartado 7, letra c), y 20, apartados 4 y 5 — Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Derecho de defensa — Investigación antidumping — Plazos concedidos a las empresas para formular observaciones»
      Sumario de la sentencia
      1.        Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento antidumping — Derecho de defensa — Comunicación
            a las empresas de la divulgación final por la Comisión — Transmisión al Consejo de la propuesta de la Comisión de medidas
            definitivas menos de diez días después de dicha comunicación — Irregularidad
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 20, aps. 4 y 5]
      2.        Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento antidumping — Derecho de defensa — Decisión
            por la que la Comisión deniega el estatuto de empresa de economía de mercado sin respetar el plazo establecido en el artículo
            20, apartado 5, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 — Posibilidad de lograr la anulación de la referida decisión
            demostrando la mera eventualidad de una decisión diferente de no haber existido dicha irregularidad procedimental
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 20, ap. 5]
      3.        Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal —
            Investigación
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)]
      1.        Con el fin de respetar el artículo 20, apartados 4 y 5, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, cuando la Comisión decide
         incrementar el derecho antidumping respecto del que había determinado en la primera comunicación final, tiene la obligación
         de informar a las empresas afectadas transmitiéndoles una nueva comunicación final y de esperar a que expire el plazo establecido
         en el párrafo 5 de dicha disposición antes de transmitir su propuesta de medidas definitivas al Consejo, para dar a dichas
         empresas la oportunidad de presentar sus observaciones.
      
      Tal interpretación no sólo resulta del contexto sistemático en que se inscribe dicha disposición, sino que se impone también
         para garantizar que las eventuales observaciones de las partes interesadas puedan tenerse en cuenta de manera efectiva y sin
         ser prejuzgadas. En efecto, el hecho mismo de que ya se hayan propuesto al Consejo medidas definitivas puede de por sí influir
         en las consecuencias que se deriven de dichas observaciones. Por último, las eventuales dificultades a que se enfrentan las
         instituciones para respetar los plazos señalados por el Reglamento antidumping de base nº 384/96 no deben llevar a la infracción
         de los plazos establecidos para proteger el derecho de defensa de las empresas afectadas.
      
      Sin embargo, el incumplimiento del plazo de diez días establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento antidumping
         de base nº 384/96, sólo dará lugar a la anulación del Reglamento impugnado en caso de que, debido a dicha irregularidad, el
         procedimiento administrativo hubiera podido resolverse de modo distinto, de modo que afecte concretamente al derecho de defensa
         de la demandante.
      
      (véanse los apartados 74, 76, 78, 79 y 81)
      2.        El respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le
         sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa
         reguladora del procedimiento de que se trate. Este principio exige que se permita a los destinatarios de decisiones que afecten
         sensiblemente a sus intereses expresar de manera adecuada su punto de vista.
      
      El respeto del dicho derecho reviste una importancia capital en procedimientos antidumping. Para lograr la anulación de una
         decisión de la Comisión que deniega la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado adoptada
         incumpliendo el plazo establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento antidumping de base nº 384/96, la empresa
         afectada no tiene la obligación de demostrar que la decisión habría tenido un contenido diferente, sino, únicamente, que tal
         posibilidad no queda del todo excluida puesto que la recurrente habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad
         del procedimiento.
      
      (véanse los apartados 83 a 85, 89, 91, 93 y 94)
      3.        Si la Comisión se da cuenta durante el procedimiento antidumping de que, contrariamente a su apreciación inicial, una empresa
         satisface los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento antidumping de
         base nº 384/96, que permite beneficiarse del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, corresponde
         a dicha institución sacar las consecuencias adecuadas, garantizando a la vez el respeto de las garantías procesales establecidas
         por dicho Reglamento.
      
      Así, la Comisión puede todavía modificar su posición cuando se da cuenta de que los criterios materiales establecidos por
         dicha disposición concurrían inicialmente. En efecto, a la luz de los principios de legalidad y de buena administración, la
         última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento antidumping de base no puede interpretarse de manera que
         obligue a la Comisión a proponer al Consejo medidas definitivas que perpetuarían en perjuicio de la empresa afectada un error
         cometido en la apreciación inicial de dichos criterios materiales.
      
      (véanse los apartados 111 y 112)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 1 de octubre de 2009 (*)
      
      «Recurso de casación – Política comercial – Dumping – Importaciones de tablas de planchar originarias de China – Reglamento (CE) nº 384/96 – Artículos 2, apartado 7, letra c), y 20, apartados 4 y 5 – Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado – Derecho de defensa – Investigación antidumping – Plazos concedidos a las empresas para formular observaciones»
      En el asunto C‑141/08 P,
      que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,
         el 3 de abril de 2008,
      
      Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd, con domicilio social en Foshan (China), representada por el Sr. J.-F. Bellis, avocat, y el Sr. G. Vallera, Barrister,
      
      parte recurrente,
      y en el que las otras partes en el procedimiento son:
      Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J.-P. Hix, en calidad de agente, asistido por el Sr. E. McGovern, Barrister, designado por el Sr.
         B. O’Connor, Solicitor,
      
      parte demandada en primera instancia,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. H. van Vliet y T. Scharf y la Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes, que designa domicilio
         en Luxemburgo,
      
      Vale Mill (Rochdale) Ltd, con domicilio social en Rochdale (Reino Unido),
      
      Pirola SpA, con domicilio social en Mapello (Italia),
      
      Colombo New Scal SpA, con domicilio social en Rovagnate (Italia),
      
      representadas por los Sres. G. Berrisch, y G. Wolf, Rechtsanwälte,
      República Italiana, representada por el Sr. R. Adam, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello Stato, que designa
         domicilio en Luxemburgo,
      
      partes coadyuvantes en primera instancia,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente), A. Tizzano, A. Borg Barthet y E. Levits,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de marzo de 2009;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de mayo de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso de casación, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd solicita la anulación de la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de enero de 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares &
         Hardware/Consejo (T‑206/07, Rec. p. II‑1; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que el Tribunal de Primera Instancia
         desestimó el recurso de anulación interpuesto por la recurrente contra el Reglamento (CE) nº 452/2007 del Consejo, de 23 de
         abril de 2007, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional
         establecido sobre las importaciones de tablas de planchar originarias de la República Popular China y de Ucrania (DO L 109,
         p. 12; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), en la medida en que establece un derecho antidumping sobre las importaciones
         de tablas de planchar fabricadas por la recurrente.
      
       Marco jurídico
      2        Con objeto de determinar la existencia del dumping, el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre
         de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad
         Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre
         de 2005 (DO L 340, p. 17; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), establece, en sus apartados 1 a 6, las reglas generales relativas
         al método de determinación del importe denominado «valor normal».
      
      3        El artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base establece una regla particular relativa al método de determinación
         de dicho valor normal para las importaciones procedentes de países sin economía de mercado.
      
      4        Según el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base, se aplicarán no obstante las reglas generales recogidas
         en los apartados 1 a 6 de dicho artículo para determinados países, entre los que figura la República Popular China, si se
         demuestra, de acuerdo con las alegaciones presentada por uno o más productores sujetos a investigación, que para este productor
         o productores prevalecen unas condiciones de economía de mercado.
      
      5        Los criterios y procedimientos destinados a determinar si es así se precisan en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento
         de base. Esta disposición establece:
      
      «c)      Las alegaciones a que se refiere [el apartado 7,] letra b), deben ser emitidas por escrito y demostrar adecuadamente que el
         productor opera en condiciones de economía de mercado, es decir, si:
      
      –      […]
      –      las empresas poseen exclusivamente un juego de libros contables básicos que se utilizan a todos los efectos y que son auditados
         con la adecuada independencia conforme a los criterios normales en contabilidad internacional,
      
      […].
      En los tres meses siguientes al inicio del procedimiento se determinará si el productor es conforme a los criterios mencionados,
         tras consulta especial al Comité consultivo y tras haber dado oportunidad a la industria de la Comunidad de hacer sus comentarios.
         La calidad así determinada se mantendrá en vigor mientras dure la investigación.»
      
      6        El artículo 20 del Reglamento de base, titulado «Divulgación de la información», dispone en su apartado 2 que las partes podrán
         solicitar que se les informe de los hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar la imposición
         de medidas definitivas. Los apartados 4 y 5 de dicho artículo establecen:
      
      «4.      La divulgación final será hecha por escrito. Se efectuará lo más rápidamente posible, […] y, normalmente, no más tarde de
         un mes antes de la decisión definitiva o de la presentación por la Comisión de una propuesta de medidas definitivas con arreglo
         al artículo 9. […] La divulgación no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión o el Consejo puedan adoptar pero,
         cuando dicha decisión se base en diferentes hechos y consideraciones, éstos deberán ser divulgados lo más rápidamente posible.
      
      5.      Las observaciones hechas después de haber sido divulgada la información sólo podrán tomarse en consideración cuando se hayan
         recibido en el plazo que la Comisión fije en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo
         no podrá ser inferior a diez días.»
      
       Antecedentes del litigio
      7        La recurrente, una sociedad con domicilio social en Foshan (China), produce y exporta tablas de planchar destinadas, en particular,
         a la Unión Europea.
      
      8        Tras una denuncia presentada por las sociedades Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA y Colombo New Scal SpA (en lo sucesivo,
         «sociedades coadyuvantes»), la Comisión publicó, el 4 de febrero de 2006, el anuncio de inicio de un procedimiento antidumping
         relativo a las importaciones de tablas de planchar originarias de la República Popular China y de Ucrania (DO C 29, p. 2).
      
      9        El 23 de febrero de 2006, la recurrente presentó una solicitud con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento
         de base, al objeto de que se le reconociera el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado. En el
         mes de junio del 2006, la Comisión llevó a cabo verificaciones en el domicilio social de la recurrente y de una sociedad vinculada
         a la misma, relativas a la cuestión de si la recurrente podía acogerse a dicho estatuto y para determinar el valor normal,
         en el mercado chino, de los productos en cuestión.
      
      10      Mediante escrito de 11 de agosto de 2006, la Comisión informó a la recurrente de que, en su opinión, ésta no cumplía el criterio
         señalado en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base y de que, por consiguiente,
         no podía acogerse al estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado. En efecto, según la Comisión, ni
         la documentación contable de la recurrente ni los informes de auditoría se adecuaban a los requisitos de las normas internacionales
         de contabilidad (International Accounting Standards; en lo sucesivo, «normas NIC»). Mediante escrito de 15 de septiembre de
         2006, la Comisión respondió a las observaciones formuladas por la recurrente al respecto y le comunicó su decisión de no concederle
         el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado.
      
      11      El 30 de octubre de 2006, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 1620/2006, por el que se establece un derecho antidumping
         provisional sobre las importaciones de tablas de planchar originarias de la República Popular China y Ucrania (DO L 300, p. 13;
         en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). Dicho Reglamento confirmó la denegación de la solicitud de estatuto de empresa
         que opera en condiciones de economía de mercado formulada por la recurrente y estableció un derecho provisional del 18,1 %
         sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por ésta.
      
      12      El 1 de diciembre de 2006 y el 18 de enero de 2007, la recurrente presentó observaciones escritas sobre el Reglamento provisional,
         incluida la cuestión de la determinación del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado. La recurrente
         formuló igualmente observaciones orales durante una audiencia celebrada en la sede de la Comisión el 19 de enero de 2007.
         Posteriormente comunicó a la Comisión estadísticas oficiales relativas a las importaciones chinas mensuales de productos siderúrgicos
         durante los años 2004 y 2005.
      
      13      Mediante escrito de 20 de febrero de 2007, la Comisión remitió a la recurrente un documento de información final general y
         un documento de información final particular (en lo sucesivo, denominados conjuntamente «documentos de información final de
         20 de febrero de 2007»). Mediante el primer documento, la Comisión informó de su intención de conceder a la recurrente el
         estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado y disminuir, en consecuencia, su margen de dumping definitivo
         al 0 %, en vista de que, a la luz de los nuevos datos y explicaciones, su solicitud era posible y justificada.
      
      14      En efecto, la Comisión estimó, por un lado, que las irregularidades en las prácticas contables de la empresa, detectadas en
         la fase de medidas provisionales, carecían de incidencia significativa sobre los resultados financieros recogidos en la contabilidad
         y, por otro lado, que el carácter incompleto de la contabilidad, en primer lugar, no planteaba ningún problema con respecto
         a la información sobre las ventas de exportación, en la medida en que la Comisión ya había aceptado dichos datos cuando pudo
         verificar su fiabilidad y, en segundo lugar, no era determinante con respecto a las ventas interiores, dado que éstas carecían
         de envergadura suficiente para ser representativas. Así, la Comisión señaló que, en tales circunstancias, el valor normal
         debía determinarse sobre la base de los costes de producción y que el coste del acero constituía un elemento esencial de éstos.
         A este respecto, la Comisión señaló que los datos estadísticos oficiales chinos relativos a las importaciones de acero, aportados
         durante el procedimiento administrativo, confirmaban la fiabilidad de los datos contables de la empresa en cuanto al coste
         del acero y, por lo tanto, permitían calcular el valor normal sobre la base del valor calculado en China.
      
      15      Mediante escrito de 2 de marzo de 2007, las sociedades coadyuvantes que dieron lugar a la apertura del procedimiento antidumping
         formularon sus observaciones al documento de información final general de 20 de febrero de 2007. Alegaron, por un lado, que
         la recurrente no cumplía el criterio establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del
         Reglamento de base y, por otro, que la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base se opone
         a que las instituciones modifiquen durante el procedimiento su decisión acerca del estatuto de empresa que opera en condiciones
         de economía de mercado.
      
      16      El 6 de marzo de 2007, el Comité consultivo constituido con arreglo al artículo 15 del Reglamento de base (en lo sucesivo,
         «Comité consultivo») examinó el documento de trabajo que le había presentado la Comisión el 20 de febrero de 2007. Varios
         miembros del Comité consultivo se opusieron a la concesión a la recurrente del estatuto de empresa que opera en condiciones
         de economía de mercado.
      
      17      Mediante fax de 23 de marzo de 2007, la Comisión remitió a la recurrente un documento de información final general revisado
         y un documento de información particular revisado (en lo sucesivo, denominados conjuntamente «documentos de información final
         revisados de 23 de marzo de 2007»), de los que se desprende que la Comisión había reconsiderado su postura de 20 de febrero
         de 2007 en lo relativo a la concesión a la recurrente del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado.
         En efecto, la Comisión señaló, en particular, que la práctica de la recurrente consistente en compensar ingresos y gastos
         y en registrar las transacciones de venta en sus libros contables de forma resumida, contrariamente al principio de devengo,
         constituía una infracción de las normas NIC incompatible con los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c),
         del Reglamento de base.
      
      18      El mismo día, la Comisión remitió asimismo a los miembros del Comité consultivo el documento de trabajo final revisado, a
         efectos de consulta. Dicho documento fue aprobado por el Comité consultivo el 27 de marzo de 2007, una vez finalizado el procedimiento
         escrito.
      
      19      El 29 de marzo de 2007, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de medidas definitivas basada en el documento de información
         final general revisado de 23 de marzo de 2007.
      
      20      El plazo señalado a la recurrente para formular observaciones a los documentos de información final revisados de 23 de marzo
         de 2007 expiraba el 29 de marzo de 2007. La Comisión prorrogó dicho plazo, a petición de la recurrente, hasta el 2 de abril
         de 2007.
      
      21      El 2 de abril de 2007, la recurrente formuló observaciones a los referidos documentos. En este contexto se opuso a la conclusión
         de la Comisión de que no cumplía los requisitos exigidos para la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones
         de economía de mercado y solicitó a la Comisión que no acogiera la alegación de las sociedades coadyuvantes según la cual
         la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base prohíbe a la Comisión modificar su decisión inicial
         de no conceder dicho estatuto.
      
      22      Mediante escrito de 4 de abril de 2007, la Comisión respondió confirmando sus conclusiones en cuanto al incumplimiento de
         los requisitos exigidos para conceder el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado. Por otro lado,
         señaló que la jurisprudencia relativa a la evaluación de las solicitudes de dicho estatuto no permite la nueva evaluación
         de hechos antiguos.
      
      23      Mediante escrito de 5 de abril de 2007, la recurrente solicitó a la Comisión que propusiera al Consejo medidas definitivas
         con fundamento en el documento de información final general de 20 de febrero de 2007, en la medida en que, según la recurrente,
         la conclusión relativa al estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado estaba basada en un error de
         Derecho.
      
      24      El 23 de abril de 2007, el Consejo adoptó el Reglamento impugnado. Éste establece un derecho antidumping definitivo del 18,1 %
         sobre las importaciones de tablas de planchar fabricadas por la recurrente.
      
       Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
      25      Mediante escrito presentado ante la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de junio de 2007, la recurrente interpuso
         un recurso solicitando la anulación del Reglamento impugnado en la medida en que establece un derecho antidumping sobre las
         importaciones de tablas de planchar fabricadas por ella. El mismo día solicitó que el asunto se tramitara por el procedimiento
         acelerado, a lo que accedió el Tribunal de Primera Instancia. En el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia intervinieron,
         en apoyo de las conclusiones del Consejo, la Comisión, las sociedades coadyuvantes y la República Italiana.
      
      26      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de la recurrente, que se había apoyado
         en dos motivos, basados, respectivamente, en un error de Derecho en la aplicación del artículo 2, apartado 7, letra c), del
         Reglamento de base y en la vulneración del derecho de defensa y la infracción del artículo 20, apartado 5, del mismo Reglamento.
      
      27      En apoyo de su primer motivo, la recurrente alegó que la única explicación que le facilitó la Comisión para justificar su
         cambio repentino de postura en cuanto a la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado
         estaba recogida en el escrito de 4 de abril de 2007, en el cual la Comisión afirmó que la jurisprudencia relativa a la evaluación
         de las solicitudes de concesión de dicho estatuto no permitía una nueva evaluación de hechos antiguos. Ahora bien, según la
         recurrente, el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, conforme a su interpretación por la sentencia de
         14 de noviembre de 2006, Nanjing Metalink/Consejo(T‑138/02, Rec. p. II‑4347), no excluye en modo alguno que la Comisión pueda,
         en circunstancias como las del caso de autos, modificar su postura inicial. Añade que la interpretación de la Comisión, en
         particular, de la última frase de dicha disposición, es, además, contraria al principio de buena administración. A su juicio,
         la propuesta de medidas definitivas se basa, en consecuencia, en una infracción de dicha disposición, lo que vicia igualmente
         el Reglamento impugnado.
      
      28      En la apreciación del primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia intentó verificar, en los apartados 42 a 50 de la sentencia
         recurrida, si la Comisión había revisado su propuesta contenida en los documentos de información final de 20 de febrero de
         2007 debido a la prohibición de reconsiderar hechos antiguos. A este respecto, dicho Tribunal señaló, en primer lugar que,
         en el Reglamento impugnado y, en particular, en los considerandos duodécimo y decimocuarto del mismo, la negativa a modificar
         la determinación del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado no se debió a que el artículo 2,
         apartado 7, letra c), última frase, del Reglamento de base impidiera la reconsideración de hechos antiguos, sino a que la
         contabilidad de la recurrente no era conforme con las normas NIC y a la falta de nuevos elementos que pudiesen afectar dicha
         apreciación.
      
      29      Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia señaló que de los documentos de información final revisados del 23 de marzo
         de 2007 tampoco se desprendía que la negativa de la Comisión a proponer la concesión a la recurrente del estatuto de empresa
         que opera en condiciones de economía de mercado se debiera a la prohibición de reconsiderar hechos antiguos.
      
      30      Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró que el único documento, en el que la Comisión afirmó que la jurisprudencia
         relativa a la determinación del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado no permite la reconsideración
         de hechos antiguos es el escrito de la Comisión de 4 de abril de 2007. Sin embargo, consideró, en el apartado 49 de la sentencia
         recurrida que, del conjunto de dicho escrito se desprendía que la observación de la Comisión de que no puede apreciar nuevamente
         hechos antiguos tiene carácter incidental, dado que la institución basó su negativa a proponer la concesión del estatuto de
         empresa que opera en condiciones de economía de mercado en su apreciación acerca de si la recurrente cumplía los criterios
         materiales aplicables.
      
      31      El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, de que la alegación de
         la recurrente según la cual la Comisión se basó, en el caso de autos, en la prohibición de reconsiderar hechos antiguos carecía
         de fundamento fáctico. Declaró que, por este motivo, no cabía estimar el primer motivo y que, en consecuencia, el debate sobre
         la interpretación de la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y de la sentencia Nanjing
         Metalink/Consejo, antes citada, carecía de pertinencia.
      
      32      El Tribunal de Primera Instancia añadió, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, que la circunstancia de que la motivación
         del Reglamento impugnado no explicase por qué las conclusiones recogidas en el documento de información final general de 20
         de febrero de 2007 carecían de fundamento, así como el hecho, suponiendo que se declarase probado, de que la Comisión no hubiese
         proporcionado explicaciones al respecto, no podían, por sí mismos, dar lugar a la ilegalidad del Reglamento impugnado.
      
      33      En lo que respecta al segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del artículo 20, apartado 5, del Reglamento
         de base, fue desestimado en los apartados 63 a 76 de la sentencia recurrida. La recurrente alegó que tal vulneración resultaba
         del hecho de que la Comisión transmitió al Consejo la propuesta de medidas definitivas basadas en el documento de información
         general final revisado de 23 de marzo de 2007 apenas seis días después de comunicar dicha información a la recurrente, sin
         esperar a la expiración del plazo de diez días establecido por el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, y cuatro
         días antes de la fecha señalada por la Comisión a la recurrente para presentar sus observaciones.
      
      34      En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 63 a 70 de la sentencia recurrida, que, por este
         motivo, la Comisión había vulnerado efectivamente el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base. Declaró, en particular,
         que la transmisión por la Comisión de su propuesta al Consejo no podía tener lugar antes de la expiración del plazo de diez
         días establecido en dicha disposición. Según el Tribunal de Primera Instancia, esta interpretación se impone en vista del
         tenor literal del artículo 20, apartado 4, del Reglamento de base y de la necesidad de interpretar los apartados 4 y 5 de
         dicho artículo de manera coherente así como de la necesidad de garantizar que la Comisión tendrá efectivamente en cuenta las
         eventuales observaciones de las partes interesadas. Así, señaló que el hecho mismo de que ya se hubiese transmitido al Consejo
         una propuesta de medidas definitivas podía, en sí mismo, afectar a las consecuencias que podrían derivarse de dichas observaciones.
      
      35      Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en este contexto, que la Comisión tenía la obligación de informar
         a las partes afectadas de su nueva postura, según quedó recogida en los documentos de información final revisados de 23 de
         marzo de 2007. El Tribunal de Primera Instancia señaló, a este respecto que, puesto que se refiere expresamente a «diferentes
         hechos y consideraciones», el artículo 20, apartado 4, del Reglamento de base no respalda la tesis defendida por la Comisión,
         según la cual no es necesario comunicar a las partes interesadas la mera modificación de la apreciación de elementos fácticos
         que permanecen inalterados.
      
      36      No obstante, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 71 a 76 de la sentencia recurrida, que el incumplimiento
         del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base no afectaba al contenido del Reglamento impugnado ni, por lo tanto, al
         derecho de defensa de la recurrente y, en consecuencia, no dio lugar ni a la ilegalidad ni a la anulación de dicho Reglamento.
         Así, recordó, que dicha infracción sólo daría lugar a la anulación del Reglamento impugnado en caso de que existiese una posibilidad
         de que, debido a dicha irregularidad, el procedimiento administrativo hubiera podido resolverse de modo distinto, de modo
         que afecte concretamente al derecho de defensa de la recurrente.
      
      37      El Tribunal de Primera Instancia declaró, a este respecto, que, en lo relativo a la cuestión de la determinación del estatuto
         de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, no constaba en autos que los documentos de información final revisados
         del 23 de marzo de 2007, presentaran elementos fácticos nuevos que aún no se hubieran comunicado a la recurrente. Señaló que,
         en dichos documentos, la Comisión se limitó a informar a la recurrente de su intención de revisar su postura anterior y, por
         lo tanto, de mantener la decisión adoptada inicialmente el 15 de septiembre de 2006 e incorporada al Reglamento provisional.
         Pues bien, la recurrente ya tuvo ocasión, durante una fase anterior del procedimiento administrativo, de pronunciarse sobre
         la postura mantenida, de nuevo, en dichos documentos.
      
      38      En cuanto a las observaciones formuladas por la recurrente en el escrito de 2 de abril de 2007, acerca de la aplicación de
         la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y de la sentencia Nanjing Metalink/Consejo, antes
         citada, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que dichas observaciones no
         hubiesen podido influir en ningún caso en el contenido del Reglamento impugnado, dado que, como había señalado en el marco
         del primer motivo, la negativa a conceder el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado se basó en
         la aplicación de los criterios materiales.
      
       Sobre el recurso de casación
      39      La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y estime las pretensiones que formuló ante
         el Tribunal de Primera Instancia a saber, la anulación del Reglamento impugnado en la medida en que se le aplica.
      
      40      El Consejo, las sociedades coadyuvantes y la República Italiana solicitan que se desestime el recurso de casación. La Comisión
         solicita al Tribunal de Justicia que declare el recurso de casación inadmisible o que lo desestime.
      
      41      En apoyo de su recurso de casación, la recurrente alega dos motivos basados, respectivamente, en la apreciación errónea de
         la relevancia del debate relativo a la interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base derivada
         de una desnaturalización manifiesta de los documentos que obran en autos, así como en la conclusión errónea acerca de las
         consecuencias de la infracción del artículo 20, apartado 5 de dicho Reglamento.
      
       Sobre el primer motivo
       Alegaciones de las partes
      42      Mediante su primer motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no respondió al primer motivo de anulación
         que desestimó basándose en una consideración manifiestamente contraria a los documentos que obran en autos, a saber, que el
         debate relativo a la interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y del apartado 44 de la sentencia
         Nanjing Metalink/Consejo, antes citada, carecía de pertinencia en el presente asunto.
      
      43      La primera parte de este motivo se basa en que, en la medida en que la inexactitud material de dicha constatación resulta
         de los documentos obrantes en autos y, en particular, de los escritos del Consejo y de la República Italiana, el Tribunal
         de Primera Instancia incurrió, a su juicio, en un error de Derecho.
      
      44      Así, la recurrente sostiene que el propio Consejo reconoció que la Comisión retomó su decisión inicial, precisamente porque
         consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para modificar la solución adoptada inicialmente, tal como se expusieron
         en la sentencia Nanjing Metalink/Consejo, antes citada. Añade que la República Italiana confirmó igualmente que la cuestión
         de la interpretación de la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base a la luz de la sentencia
         Nanjing Metalink/Consejo, antes citada, desempeñó efectivamente un papel primordial en la decisión de la Comisión de proponer
         medidas definitivas basadas en su postura inicial. En estas circunstancias y a falta de elementos fácticos nuevos en los documentos
         de información final revisados de 23 de marzo de 2007, falta que señaló el propio Tribunal de Primera Instancia en el apartado
         72 de la sentencia recurrida, la consideración de dicho Tribunal según la cual esta cuestión presentaba únicamente carácter
         «incidental» es, a su juicio, manifiestamente errónea.
      
      45      Mediante la segunda parte de este motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal incurrió por tanto en un error al negarse
         a pronunciarse sobre dicha cuestión.
      
      46      El Consejo considera que, debido a su carácter selectivo, el primer motivo del recurso de casación no pone en tela de juicio
         la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Así, considera que los argumentos en contra expuestos
         por la recurrente a este respecto no tienen en cuenta todos los elementos de los autos y omiten, en particular, toda referencia
         a los tres textos en que se basó el Tribunal de Primera Instancia. Además, alega que el escrito de contestación presentado
         por el Consejo en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia no contiene ningún elemento de prueba. Asimismo,
         el Consejo niega que la interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base repercutiera considerablemente
         en el caso de autos puesto que toda interpretación habría llegado al mismo resultado. En todo caso, tanto si la interpretación
         tuvo repercusiones considerables como si no, ello no permite llegar a la conclusión de que la Comisión aceptó la alegación
         de que estaba obligada a no modificar su decisión inicial.
      
      47      La Comisión se pregunta sobre la fuerza probatoria de las observaciones del Consejo y de la República Italiana en este contexto,
         ya que ambos son terceros y por ello, no están en posición de juzgar los motivos que llevaron a la Comisión a volver a su
         postura inicial. En todo caso, considera que dichas observaciones no prueban que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizase
         las pruebas. En efecto, sostiene que la Comisión tuvo en cuenta, al adoptar la decisión de retomar su postura inicial, los
         elementos nuevos aportados por la recurrente, pero, a la luz de todas las reacciones consideradas conjuntamente, llegó a la
         conclusión que, a pesar de tales elementos, no podía reconocer el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía
         de mercado debido a las irregularidades sustanciales presentes en la contabilidad de la recurrente. Así pues, en opinión de
         dicha institución, la propuesta de medidas definitivas se basó en la conclusión de que la recurrente no cumplía los criterios
         materiales aplicables y no en la prohibición de modificar la negativa inicial de acordar dicho estatuto. La Comisión sostiene
         que habría modificado su decisión inicial si hubiese estado convencida de que la recurrente había aportado nuevos elementos
         que justificasen el reconocimiento de dicho estatuto.
      
      48      La República Italiana sostiene que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que no existían nuevos hechos o
         nuevos documentos que justificasen que la Comisión modificase su decisión inicial respecto a la concesión del estatuto de
         empresa que opera en condiciones de economía de mercado. Por consiguiente, sostiene que la Comisión basó la convicción que
         le llevó a confirmar su decisión inicial, no sólo sobre la prohibición de cambiar de opinión, sino también sobre el hecho
         preponderante de que las graves irregularidades constatadas no podían borrarse mediante nuevos elementos de prueba. A su juicio,
         el escrito de la Comisión de 4 de abril de 2007, informaba ampliamente de los numerosos motivos que llevaron a dicha institución
         a confirmar su decisión inicial. El hecho de que, en el caso de autos, no se reúnan las condiciones que permiten excepcionalmente
         a la Comisión cambiar su postura respecto de la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de
         mercado es simplemente uno de dichos motivos.
      
      49      Las sociedades coadyuvantes sostienen que el primer motivo carece manifiestamente de fundamento en la medida en que la recurrente
         no demuestra que el Tribunal de Primera Instancia deformó las pruebas que se le habían presentado. En particular, la recurrente
         no contradice la evaluación en profundidad de los documentos pertinentes realizada por el Tribunal de Primera Instancia, lo
         que basta para desestimar el primer motivo. Asimismo, sostiene que ni los escritos del Consejo y de la República Italiana,
         presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, ni el apartado 72 de la sentencia recurrida, al que se refiere la recurrente,
         apoyan las conclusiones que ésta pretende extraer. Con carácter subsidiario, las sociedades coadyuvantes sostienen que la
         interpretación que hace la recurrente de la sentencia Nanjing Metalink/Consejo, antes citada, es errónea.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      50      El primer motivo invocado por la recurrente, mediante el que sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un
         error al considerar que no debía decidir sobre la cuestión de la interpretación de la última frase del artículo 2, apartado
         7, letra c), del Reglamento de base, se basa en la afirmación de que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los documentos
         que obraban en autos para llegar a la conclusión de que la Comisión no se basó en la prohibición de apreciar nuevamente hechos
         antiguos y que, en consecuencia, el debate sobre dicha cuestión carecía de pertinencia.
      
      51      Procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia se basa, a este respecto, en los considerandos duodécimo y decimocuarto
         del Reglamento impugnado, sobre los documentos de información final revisados de 23 de marzo de 2007, y en el escrito de la
         Comisión de 4 de abril de 2007.
      
      52      En lo que respecta al Reglamento impugnado y a los documentos de información final revisados de 23 de marzo de 2007, el Tribunal
         de Primera Instancia señaló, en los apartados 43 a 45 de la sentencia recurrida, que no se desprende de los mismos que la
         negativa de la Comisión a proponer la concesión a la recurrente del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía
         de mercado se debiera a la prohibición de apreciar nuevamente hechos antiguos. El Tribunal de Primera Instancia señala, en
         particular, en este contexto, que dichos documentos justificaron la negativa a conceder tal estatuto mediante la falta de
         conformidad de las prácticas contables de la recurrente a las normas NIC, basándose, por tanto, en un criterio material. La
         recurrente no cuestiona estas consideraciones.
      
      53      En lo que respecta al escrito de la Comisión de 4 de abril de 2007, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados
         46 y 47 de la sentencia recurrida, que dicho escrito se refiere efectivamente a la jurisprudencia de dicho Tribunal que prohíbe
         una nueva apreciación de hechos antiguos. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia señala igualmente en el apartado 48
         de dicha sentencia que, en este escrito, la Comisión basó su negativa a reconocer el estatuto de empresa que opera en condiciones
         de economía de mercado en el hecho de que, por un lado las cuentas de la recurrente no respetaban las normas NIC, y que, por
         otro, las informaciones relativas al precio del acero no permitían efectuar una nueva apreciación de las lagunas detectadas
         en dichas cuentas.
      
      54      La recurrente no refuta estas consideraciones pero rebate la apreciación que basándose en éstas efectuó el Tribunal de Primera
         Instancia en el apartado 49 de la sentencia recurrida, según la cual del conjunto de dicho escrito se desprende que la observación
         de la Comisión de que no puede apreciar nuevamente hechos antiguos tiene carácter incidental, dado que la institución basó
         su negativa a proponer la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado en su apreciación
         acerca de si la demandante cumplía los criterios materiales aplicables.
      
      55      De este modo, invita al Tribunal de Justicia a que sustituya por su propia apreciación la efectuada por el Tribunal de Primera
         Instancia.
      
      56      Ahora bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente,
         por una parte, para comprobar los hechos, salvo en caso de que una inexactitud material de sus observaciones resulte de los
         documentos obrantes en autos que se le hayan sometido y, por otra parte, para apreciar dichos hechos. Por consiguiente, salvo
         en el supuesto de desnaturalización de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión
         de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 11 de febrero de 1999, Antillean
         Rice Mills y otros/Comisión, C‑390/95 P, Rec. p. I‑769, apartado 29; de 15 de junio de 2000, Dorsch Consult/Consejo y Comisión,
         C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, apartado 35, así como de 23 de abril de 2009, AEPI/Comisión, C‑425/07 P, Rec. p. I‑0000, apartado 44).
      
      57      En la medida en que la recurrente invoca la desnaturalización del escrito de la Comisión de 4 de abril de 2007, procede señalar
         que no se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia la desnaturalización de su contenido. En efecto, tal como pone
         de manifiesto la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si bien es posible interpretar dicho escrito en
         el sentido propuesto por la recurrente, es necesario señalar que tal interpretación no es la única conclusión que puede desprenderse
         de dicho texto.
      
      58      Por otra parte, el Tribunal de Justicia, no comparte la tesis defendida por la recurrente según la cual la única explicación
         posible para el cambio de postura de la Comisión es la de que dicha institución se dejó convencer por las alegaciones presentadas
         por las sociedades coadyuvantes y algunos Estados miembros en el seno del Comité antidumping, que sostenían que la última
         frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base no permitía a la Comisión modificar su decisión inicial
         de no reconocer a la recurrente el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado.
      
      59      Según afirma el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 14 de la sentencia recurrida, las sociedades coadyuvantes basaron
         sus observaciones relativas al documento de información general de 20 de febrero de 2007, presentadas mediante escrito de
         2 de marzo de 2007, principalmente en la alegación de que la recurrente no cumplía el criterio material recogido en el artículo
         2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base.
      
      60      De dicho escrito resulta que las sociedades coadyuvantes invocaron, en particular, que dicho criterio debía interpretarse
         estrictamente y que, para su evaluación, carecía de pertinencia la cuestión de si las irregularidades de la contabilidad de
         la recurrente, que no fueron rebatidas por ella y que constituían, desde varios puntos de vista, una vulneración de las normas
         NIC, repercutieron efectivamente sobre el resultado de las cuentas. Además, alegaron que las explicaciones de la recurrente
         a este respecto son, de todos modos, incorrectas y que la Comisión no explicó la razón por la que las aceptó. Por último,
         alegaron que la prueba de los precios de las importaciones chinas de acero carece de pertinencia en lo que respecta a la cuestión
         de si las cuentas de la recurrente eran conformes a las normas NIC y que, en todo caso, la recurrente utilizaba principal
         y exclusivamente acero doméstico.
      
      61      La Comisión explicó en su escrito de formalización de la intervención presentado ante el Tribunal de Primera Instancia que,
         tras las observaciones de las sociedades coadyuvantes y las dudas expresadas por algunos Estados miembros sobre la idea de
         conceder a la recurrente el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado sobre la base de las cifras
         que había aportado relativas a los precios del acero importado de China, prosiguió su reflexión. A la luz de estas reacciones,
         llegó a la conclusión de que, en vista de las irregularidades constatadas en la contabilidad de la recurrente, dichas cifras
         no podían llevarla a estimar que se cumplía el criterio recogido en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero,
         segundo guión, del Reglamento de base, y, en consecuencia, era inevitable negar a la recurrente el referido estatuto. La Comisión
         señaló, igualmente, en este contexto, que no se consideraba obligada, en modo alguno, a proponer al Consejo medidas que sabía
         erróneas y que consideraba que la sentencia Nanjing Metalink/Consejo, antes citada, no podía leerse en el sentido de que impone
         tal restricción.
      
      62      En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo concluir, sobre la base de los documentos obrantes en autos
         que, en contra de los que sugiere la recurrente, el cambio de postura de la Comisión entre, por un lado, los documentos de
         información final de 20 de febrero de 2007, y por otro, los documentos de información final revisados de 23 de marzo de 2007,
         no estaba motivado por la prohibición de cambiar la decisión inicial de negar a la recurrente dicho estatuto, sino por consideraciones
         relativas a la interpretación del criterio material recogido en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo
         guión, del Reglamento de base.
      
      63      Tampoco se opone a esta afirmación la alegación de la recurrente de que el contenido de las observaciones presentadas en primera
         instancia por el Consejo y el Gobierno italiano demuestran que dicho cambio de postura fue motivado por la prohibición de
         cambiar la decisión inicial. En efecto, tal como pone de manifiesto la Abogado General en los puntos 79 y 80 de sus conclusiones,
         incluso si dichas observaciones pudieran calificarse de «prueba», no es menos cierto que otros elementos obrantes en autos,
         y en particular, el escrito de formalización de la intervención presentado por la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia,
         indican lo contrario de lo que, según la recurrente, resulta de dichas observaciones. Habida cuenta de que las observaciones
         del Consejo y de la República Italiana no tienen fuerza probatoria absoluta y que el Tribunal de Primera Instancia debe llevar
         a cabo una apreciación global de todos los elementos obrantes en autos, no cabe reprochar a éste la desnaturalización de los
         elementos al tener en cuenta, en esencia, la explicación dada por la propia Comisión sobre su cambio de postura, en lugar
         de la sugerida por las otras partes, que son terceros en el procedimiento de decisión interna de la Comisión.
      
      64      En consecuencia, no se puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia que desnaturalizara los documentos obrantes en autos
         al declarar que la alegación de la recurrente según la cual la Comisión se basó, en el caso de autos, en la prohibición de
         apreciar nuevamente hechos antiguos carece de fundamento fáctico.
      
      65      De lo anterior resulta que debe desestimarse el primer motivo del recurso de casación.
      
       Sobre el segundo motivo
       Alegaciones de las partes
      66      Mediante su segundo motivo la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al concluir que la
         vulneración de su derecho de defensa, que dicho Tribunal había declarado, no debía acarrear la anulación del Reglamento impugnado
         puesto que de todas formas no existía ninguna posibilidad de que el procedimiento administrativo se hubiese resuelto de manera
         distinta. En efecto, alega que, en la medida en que la cuestión de la interpretación del artículo 2, apartado 7, letra c),
         del Reglamento de base tenía carácter fundamental y no incidental, dicha vulneración privó a la recurrente de la posibilidad
         de demostrar a la Comisión que su interpretación era errónea y que la Comisión estaba plenamente facultada para proponer al
         Consejo medidas definitivas basadas en las conclusiones del documento de información final general de 20 de febrero de 2007.
         La situación de la recurrente se vio así afectada concretamente en la medida en que se le privó de la posibilidad de que el
         procedimiento administrativo llegase a un resultado completamente diferente.
      
      67      El Consejo, apoyado por la Comisión, las sociedades coadyuvantes y la República Italiana, aprueba la conclusión del Tribunal
         de Primera Instancia según la cual la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base no debía conducir a anular
         el Reglamento controvertido puesto que, en el caso de autos, no se había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente.
      
      68      Según estas partes, el segundo motivo del recurso de casación se basa en premisas incorrectas, en particular, en el hecho
         de que la recurrente habría podido presentar nuevas alegaciones que hubieran podido cambiar la opinión de la Comisión, que
         la decisión de la Comisión de volver a su postura inicial fue motivada por la prohibición de modificar dicha postura y que
         el Tribunal de Primera Instancia declaró que se había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente. La Comisión saca la
         conclusión de que el segundo motivo es inadmisible o inoperante. Las sociedades coadyuvantes sostienen que este motivo es
         manifiestamente inadmisible o que carece de fundamento, y alegan, además, que la recurrente no identifica la determinación
         que rebate en la sentencia recurrida y no precisa claramente el error de Derecho que reprocha al Tribunal de Primera Instancia.
      
      69      Sin embargo, el Consejo, la Comisión, y con carácter subsidiario, las sociedades coadyuvantes, rebaten la interpretación que
         el Tribunal de Primera Instancia realizó del artículo 20, apartados 4 y 5, del Reglamento de base, según la cual, dicho artículo
         impone en todo caso un plazo de diez días para la presentación de observaciones cuando la Comisión basa su decisión en hechos
         y consideraciones que difieren de los mencionados en la información final. En su opinión, tal interpretación no se deriva
         del tenor literal del artículo 20, apartado 4, del Reglamento de base, es desproporcionada y conlleva dificultades prácticas
         considerables para la Comisión en lo que respecta a los plazos formales impuestos por dicho Reglamento.
      
      70      La Comisión sostiene, en particular, que los documentos de información final revisados de 23 de marzo de 2007 constituyen,
         en esencia, una «comunicación» en el sentido del artículo 20, apartado 4, del Reglamento de base y no una «divulgación final»
         en el sentido del apartado 5 de dicho artículo, lo que hace que el plazo impuesto por dicho artículo 20 no sea aplicable.
      
      71      Por otro lado, el Consejo, sostiene que el derecho general de defensa sigue aplicándose independientemente de la interpretación
         que se dé al artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base y que el plazo impuesto para este derecho depende de las circunstancias
         del asunto. Pues bien, a su juicio, un plazo de diez días desde la notificación por la Comisión de los hechos y las consideraciones
         que difieren de los mencionados en la información final no es siempre necesario para garantizar el respeto del derecho de
         defensa.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      72      El segundo motivo del recurso de casación se dirige contra la conclusión del Tribunal de Primera Instancia contenida en el
         apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base por
         la Comisión no afectó el contenido del Reglamento impugnado ni, en consecuencia, el derecho de defensa de la recurrente.
      
      73      Con carácter preliminar, procede señalar que, en contra de lo que sostienen el Consejo y la Comisión en particular, el Tribunal
         de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que la Comisión
         infringió efectivamente el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base al transmitir al Consejo su propuesta de medidas
         definitivas tan sólo seis días después de haber comunicado a la recurrente los documentos de información final revisados de
         23 de marzo de 2007 y por tanto, antes de la expiración del plazo de diez días impartido por dicha disposición.
      
      74      En efecto, el Tribunal de Primera Instancia señala acertadamente que, en el caso de autos, la Comisión tenía la obligación
         de informar a la recurrente de su nueva postura, según quedó recogida en los documentos de información final revisados de
         23 de marzo de 2007, y que, al transmitir dichos documentos, debía respetar al plazo establecido en el artículo 20, apartado
         5, del Reglamento de base.
      
      75      A este respecto, es necesario señalar, en primer lugar, que, en contra de lo que sugieren la Comisión y el Consejo, en el
         caso de autos, no se plantea la cuestión de si cualquier adaptación de escasa importancia de una información final debe calificarse
         igualmente de «divulgación» en el sentido de dicha disposición, que requiere el respeto del plazo establecido por ésta.
      
      76      En estas circunstancias, basta señalar que, en el caso de autos no se trata de una adaptación de escasa importancia, sino
         de un cambio fundamental de la postura de la Comisión entre la comunicación de los documentos de información final de 20 de
         febrero de 2007 y la comunicación de los de 23 de marzo de ese mismo año, que tuvo consecuencias importantes para la recurrente
         que dio lugar, en particular, a la propuesta de un derecho antidumping definitivo del 18,1 % en lugar del 0 %, contemplado
         por la primera información final.
      
      77      A continuación, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que, en la medida en que el artículo 20, apartado 5,
         del Reglamento de base es aplicable, la Comisión no puede transmitir su propuesta final al Consejo antes de la expiración
         del plazo restablecido por dicha disposición.
      
      78      Tal como pone de relieve el Tribunal de Primera Instancia, esta interpretación no sólo resulta del contexto sistemático en
         que se inscribe dicha disposición, sino que se impone también para garantizar que las eventuales observaciones de las partes
         interesadas puedan tenerse en cuenta de manera efectiva y sin ser prejuzgadas. En efecto, el hecho mismo de que ya se hayan
         propuesto al Consejo medidas definitivas puede de por sí influir en las consecuencias que se deriven de dichas observaciones.
      
      79      Por último, las eventuales dificultades a que se enfrentan las instituciones para respetar los plazos señalados por el Reglamento
         de base no deben llevar a la infracción de los plazos establecidos por dicho Reglamento para proteger el derecho de defensa
         de las empresas afectadas. Al contrario, corresponde a dichas instituciones y, en particular, a la Comisión, tener en cuenta
         los límites temporales impuestos por dicho Reglamento, a la vez que se respeta el derecho de defensa de dichas empresas.
      
      80      Asimismo, procede señalar que, en el caso de autos, la propia Comisión había señalado un plazo de diez días a la recurrente,
         que ella no puede infringir sin violar el principio de buena administración.
      
      81      En lo que respecta a las alegaciones invocadas por la recurrente en apoyo de su segundo motivo, procede, con carácter preliminar,
         señalar que el Tribunal de Primera Instancia acertó al declarar, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, que el incumplimiento
         del plazo de diez días establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, sólo dará lugar a la anulación del
         Reglamento impugnado en caso de que, debido a dicha irregularidad, el procedimiento administrativo hubiera podido resolverse
         de modo distinto, de modo que afecte concretamente al derecho de defensa de la demandante (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, apartado 26; de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión,
         «Tubemeuse», C‑142/87, Rec. p. I‑959, apartado 48, y de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821,
         apartado 31).
      
      82      Sin embargo, en la medida en que la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho
         al aplicar esta jurisprudencia, procede examinar si podía, sobre la base de la motivación recogida en los apartados 72 a 75
         de la sentencia recurrida, llegar a la conclusión de que, en el caso de autos, el derecho de defensa de la recurrente no se
         vio afectado.
      
      83      Según reiterada jurisprudencia el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda
         terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun
         cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate. Este principio exige que se permita a los
         destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresar de manera adecuada su punto de vista (véanse,
         en particular, las sentencias de 24 de octubre de 1996, Comisión/Lisrestal y otros, C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, apartado 21;
         de 21 de septiembre de 2000, Mediocurso/Comisión, C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, apartado 36, y de 9 de junio de 2005, España/Comisión,
         C‑287/02, Rec. p. I‑5093, apartado 37).
      
      84      Según se desprende de las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia, la recurrente presentó en su escrito de 2 de abril
         de 2007, mediante el que aportó sus observaciones sobre los documentos de información final revisados de 23 de marzo de 2007,
         alegaciones tanto sobre la cuestión de si cumplía el criterio material mencionado en el artículo 2, apartado 7, letra c),
         párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base como la de si, en vista de la última frase de dicho artículo 2, apartado
         7, letra c), la Comisión estaba vinculada legalmente por su negativa inicial a reconocer el estatuto de empresa que opera
         en condiciones de economía de mercado.
      
      85      Asimismo, ha quedado acreditado que, a pesar de que dicho escrito fue comunicado a la Comisión dentro del plazo establecido
         por el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, debido al incumplimiento del plazo en cuestión, dicha institución
         no tenía conocimiento del contenido de dicho escrito en el momento en que transmitió la propuesta de medidas definitivas al
         Consejo.
      
      86      En lo que respecta, primeramente, a las alegaciones invocadas en dicho escrito relativas al criterio material recogido en
         el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base, el Tribunal de Primera Instancia,
         declaró, en los apartados 72 a 74 de la sentencia recurrida, que dichas alegaciones no afectaban al contenido del Reglamento
         impugnado por tres motivos.
      
      87      En primer lugar, sostiene que no se desprende de los autos que los documentos de información finales revisados de 23 de marzo
         de 2007 aportasen nuevos elementos fácticos que todavía no se hubiesen comunicado a la recurrente. A continuación, afirma
         que la recurrente tuvo la ocasión, en una fase anterior del procedimiento administrativo, de expresar sobre la postura recogida,
         de nuevo, en dichos documentos. Por último, alega que del escrito de 2 de abril de 2007 no se desprende que la recurrente
         hubiese formulado alegaciones nuevas en respuesta a la postura adoptada por la Comisión.
      
      88      Ahora bien, es necesario señalar que estos motivos por sí solos no bastan para excluir la posibilidad de que el procedimiento
         administrativo hubiese podido resolverse de manera distinta si la Comisión hubiese tenido conocimiento del escrito de 2 de
         abril de 2007 antes de transmitir al Consejo su propuesta de medidas definitivas.
      
      89      A este respecto, procede señalar, en particular, que, tal como se indica en el apartado 61 de la presente sentencia, la propia
         Comisión explicó en su escrito de formalización de la intervención presentado ante el Tribunal de Primera Instancia que únicamente
         modificó su decisión de reconocer a la recurrente el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado,
         contemplada en los documentos de información final de 20 de febrero de 2007, como consecuencia de las observaciones de las
         sociedades coadyuvantes y de algunos Estados miembros.
      
      90      Por tanto, ha quedado acreditado que la Comisión revisó esta decisión a la luz de las alegaciones que le habían presentado
         las sociedades coadyuvantes y algunos Estados miembros y no por los motivos en que basó su negativa inicial a reconocer dicho
         estatuto a la recurrente. Ha quedado acreditado igualmente que estas alegaciones pretendían, en particular, demostrar que
         las observaciones y los documentos aportados por la recurrente no deberían haber llevado a la Comisión a modificar su negativa
         inicial a reconocer dicho estatuto.
      
      91      En estas circunstancias, no puede admitirse sobre la base de la motivación contenida en los apartados 72 a 74 de la sentencia
         recurrida que no se vulneró concretamente el derecho de defensa de la recurrente por no habérsele permitido expresar de manera
         adecuada su punto de vista sobre las cuestiones planteadas por dichas alegaciones y, en particular, sobre si, a pesar de algunas
         irregularidades en la contabilidad de la recurrente, podía reconocérsele el estatuto de empresa que opera en condiciones de
         economía de mercado sobre la base de las cifras relativas al precio del acero importado en China que había aportado durante
         el procedimiento administrativo.
      
      92      En particular, habida cuenta del desarrollo de dicho procedimiento y del hecho de que la Comisión ya había cambiado de postura
         en dos ocasiones a causa de las observaciones presentadas por las partes interesadas, no puede excluirse que dicha institución
         pudiera haber modificado su postura una vez más debido a las alegaciones formuladas por la recurrente en su escrito de 2 de
         abril de 2007, alegaciones que, según las consideraciones contenidas en el apartado 74 de la sentencia recurrida, se referían
         a la importancia que procedía atribuir a las irregularidades contables apreciadas así como a las consecuencias que debían
         derivarse de las informaciones relativas al precio de las importaciones de acero.
      
      93      A este respecto, procede señalar que el respeto del derecho de defensa reviste una importancia capital en procedimientos como
         el del caso de autos (véase, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consejo, C‑49/88,
         Rec. p. I‑3187, apartados 15 a 17, y, por analogía, de 21 de septiembre de 2006, Technische Unie/Comisión, C‑113/04 P, Rec.
         p. I‑8831, apartado 55).
      
      94      Asimismo, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no puede exigirse a la recurrente
         que demuestre que la decisión de la Comisión habría tenido un contenido diferente, sino, únicamente, que tal posibilidad no
         queda del todo excluida puesto que la recurrente habría podido defenderse mejor de no ser por la irregularidad del procedimiento
         (véase la sentencia Thyssen Stahl/Comisión, antes citada, apartado 31 y jurisprudencia citada).
      
      95      En lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones invocadas por la recurrente, en el mismo escrito de 2 de abril de
         2007, relativas a la cuestión de si la Comisión está vinculada legalmente, con arreglo a la última frase del artículo 2, apartado
         7, letra c), del Reglamento de base, por su negativa inicial a reconocer el estatuto de empresa que opera en condiciones de
         economía de mercado, el Tribunal de Primera Instancia sostiene, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que tales alegaciones
         no habrían podido influir en ningún caso en el contenido del Reglamento impugnado, dado que la negativa a conceder dicho estatuto
         se basó en la aplicación del criterio material.
      
      96      Ahora bien, el mero hecho de que la Comisión se haya basado en el criterio material del artículo 2, apartado 7, letra c),
         párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base para negar dicho estatuto en los documentos de información final revisados
         de 23 de marzo de 2007 no es suficiente para eliminar la posibilidad de que las alegaciones relativas a la interpretación
         de la última frase de dicho artículo 2, apartado 7, letra c), que la recurrente invocó por primera vez en el referido escrito,
         pudieran haber influenciado el contenido de la propuesta de medidas definitivas.
      
      97      En efecto, en la medida en que, tal como se señala en el apartado 92 de la presente sentencia, no puede excluirse que la Comisión
         podría haber modificado su postura una vez más en función de las observaciones relativas al criterio material presentadas
         por la recurrente en su escrito de 2 de abril de 2007, la cuestión de si dicha institución podía todavía modificar su decisión
         denegatoria inicial a pesar del tenor literal de la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base,
         reviste especial importancia.
      
      98      Así, aun en el caso de que finalmente se hubiese convencido a la Comisión de que la recurrente cumplía el criterio material,
         dicha institución sólo habría podido proponer que se le reconociese el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía
         de mercado en el supuesto de que hubiese estado convencida de que, en contra de lo que sostienen algunos Estados miembros,
         no estaba legalmente vinculada por su negativa inicial a reconocer dicho estatuto.
      
      99      Por otro lado, en contra de lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 75 de la sentencia recurrida, la
         pertinencia de dicha cuestión no queda desvirtuada en modo alguno por la consideración realizada en los apartados 48 y 49
         de dicha sentencia, según la cual, la observación de la Comisión recogida en su escrito de 4 de abril de 2007 sobre la supuesta
         imposibilidad de modificar su decisión inicial mediante la que se deniega la concesión del estatuto de empresa que opera en
         condiciones de economía de mercado posee únicamente carácter incidental.
      
      100    En efecto, como pudo observar el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 50 de la sentencia recurrida, dicha consideración
         permitió refutar el primer motivo del recurso, basado en la premisa de que la Comisión volvió a su decisión inicial denegatoria
         del referido estatuto debido a que tenía prohibido modificarla.
      
      101    Sin embargo, dicha consideración no basta para demostrar, en el marco del examen del segundo motivo, que no se ha vulnerado
         el derecho de defensa de la recurrente debido a la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base.
      
      102    En efecto, como ha puesto de manifiesto en el apartado 78 de la presente sentencia, el hecho de que la Comisión propusiese
         al Consejo medidas definitivas antes de recibir las observaciones de la recurrente recogidas en su escrito de 2 de abril de
         2007 pudo influir en las consecuencias que dicha institución podía todavía sacar de las mencionadas observaciones. Si la Comisión
         hubiese tenido conocimiento de tales observaciones antes de realizar su propuesta de medidas definitivas, su margen de maniobra
         en la evaluación de dichas medidas habría sido más amplio y habría podido llegar a otras conclusiones, incluso sobre la cuestión
         de si podía o no modificar su decisión inicial por la que denegó a la recurrente el estatuto de empresa que opera en condiciones
         de economía de mercado.
      
      103    Es necesario señalar que, en tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no podía limitarse, como hizo en el apartado
         75 de la sentencia recurrida, a remitirse a los apartados 48 y 49 de la misma y al contenido del escrito de la Comisión de
         4 de abril de 2007. En efecto, puesto que dicho escrito no fue redactado hasta que la Comisión hubo enviado al Consejo su
         propuesta de medidas definitivas y, por tanto, tras infringir el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, el Tribunal
         de Primera Instancia debería haber examinado si el contenido de dicha propuesta y del referido escrito podrían haber sido
         diferentes si no se hubiese infringido dicha disposición.
      
      104    De todas las consideraciones anteriores resulta que, basándose en los apartados 72 a 75 de la sentencia recurrida, el Tribunal
         de Primera Instancia no pudo excluir la posibilidad de que la infracción por la Comisión del artículo 20, apartado 5, del
         Reglamento de base hubiese afectado al contenido del Reglamento impugnado y, en consecuencia, el derecho de defensa de la
         recurrente. Por tanto, dado que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho, procede acoger el segundo motivo
         del recurso de casación.
      
      105    En consecuencia, la sentencia recurrida debe anularse en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el
         derecho de defensa de la recurrente no se vio afectado por la infracción del artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base.
      
       Sobre el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia
      106    Según el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la resolución
         del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver definitivamente el litigio, cuando su estado así
         lo permita. Así sucede en el caso de autos.
      
      107    Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 81 de la presente sentencia, el incumplimiento del plazo de diez días establecido
         en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, sólo dará lugar a la anulación del Reglamento impugnado en caso de
         que exista una posibilidad de que, debido a dicha irregularidad, el procedimiento administrativo hubiera podido resolverse
         de modo distinto, de modo que afecte concretamente al derecho de defensa de la recurrente.
      
      108    En consecuencia, procede examinar si puede excluirse tal posibilidad en el caso de autos.
      
      109    Así sería si la Comisión tuviera prohibido, en virtud de la última frase de dicho artículo 2, apartado 7, letra c), modificar
         su decisión inicial de denegar a la recurrente la concesión del estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de
         mercado, a pesar de que hubiese quedado convencida por el escrito de 2 de abril de 2007 de que la recurrente cumplía el criterio
         material establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base.
      
      110    El artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base dispone en sus dos últimas frases que la cuestión de si el productor
         cumple los criterios materiales establecidos por dicha disposición se determinará en los tres meses siguientes al inicio del
         procedimiento y que la decisión adoptada se mantendrá en vigor mientras dure la investigación.
      
      111    Ahora bien, a la luz de los principios de legalidad y de buena administración, esta disposición no puede interpretarse de
         manera que obligue a la Comisión a proponer al Consejo medidas definitivas que perpetuarían en perjuicio de la empresa afectada
         un error cometido en la apreciación inicial de dichos criterios materiales. 
      
      112    Así pues, en el supuesto de que la Comisión se de cuenta durante la investigación de que, contrariamente a su apreciación
         inicial, una empresa satisface los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, del Reglamento
         de base, corresponde a dicha institución sacar las consecuencias adecuadas, garantizando a la vez el respeto de las garantías
         procesales establecidas por el Reglamento de base.
      
      113    De ello se desprende que la Comisión habría podido todavía modificar su postura como consecuencia del escrito de la recurrente
         de 2 de abril de 2007.
      
      114    Por tanto, en la medida en que no puede excluirse que la Comisión hubiera propuesto al Consejo medidas definitivas más favorables
         para la recurrente de haber tenido conocimiento del referido escrito y que, en tal caso, el Consejo hubiera seguido dicha
         propuesta, procede declarar que el derecho de defensa de la recurrente se vio afectado concretamente por el incumplimiento
         del plazo de diez días establecido en el artículo 20, apartado 5, del Reglamento de base, a causa de lo cual la Comisión no
         tuvo conocimiento de su contenido en tiempo oportuno.
      
      115    En consecuencia, el Reglamento impugnado debe anularse en la medida en que impone un derecho antidumping sobre las importaciones
         de tablas de planchar fabricadas por la recurrente.
      
       Costas
      116    A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso
         de casación sea fundado y resuelva él mismo definitivamente el litigio.
      
      117    A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
         artículo 118 de este mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado
         la otra parte. Por haber solicitado la recurrente la condena en costas del Consejo y haber sido desestimados los motivos formulados
         por este último, procede condenarle al pago de las costas de ambas instancias.
      
      118    El artículo 69, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del
         artículo 118, prevé en su párrafo primero que los Estados miembros y las instituciones que hayan intervenido en el litigio
         como coadyuvantes soportarán sus propias costas. En virtud de dicha disposición, procede decidir que la República Italiana
         y la Comisión soportarán sus propias costas. Conforme al párrafo tercero de ese mismo apartado, el Tribunal de Justicia podrá
         decidir que una parte coadyuvante distinta de un Estado o de una institución soporte sus propias costas. En virtud de dicha
         disposición, procede decidir que las sociedades coadyuvantes cargarán con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
      1)      Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 29 de enero de 2008, Foshan Shunde Yongjian
            Housewares & Hardware/Consejo (T‑206/07), en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el derecho de defensa
            de Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd no se vio afectado por la infracción del artículo 20, apartado 5,
            del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que
            sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea.
      2)      Anular el Reglamento (CE) nº 452/2007 del Consejo, de 23 de abril de 2007, por el que se establece un derecho antidumping
            definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de tablas de planchar originarias
            de la República Popular China y de Ucrania, en la medida en que impone un derecho antidumping sobre las importaciones de tablas
            de planchar fabricadas por Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd.
      3)      Condenar al Consejo de la Unión Europea al pago de las costas en ambas instancias.
      4)      La Comisión de las Comunidades Europeas, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA y la República Italiana
            cargarán con sus propias costas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.