CELEX: C2004/217/64
Language: es
Date: 2004-08-28 00:00:00
Title: Asunto T-260/04: Recurso interpuesto el 23 de junio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropiate Sanitarie

28.8.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 217/36
            
         Recurso interpuesto el 23 de junio de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por C.E.S.T.A.S. — Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropiate Sanitarie
   (Asunto T-260/04)
   (2004/C 217/64)
   Lengua de procedimiento: italiano
   En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 23 de junio de 2004 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado por C.E.S.T.A.S. – Centro di Educazione Sanitaria e Tecnologie Appropiate Sanitarie, representado por los abogados Nicoletta Amadei y Charles Turk.
   La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
   
               —
            
            
               Anule en su totalidad la decisión impugnada.
            
         
               —
            
            
               Condene en costas a la Comisión.
            
         Motivos y principales alegaciones
   El presente recurso tiene por objeto la anulación de la decisión de la Comisión (Delegación en la República de Guinea) de 21 de abril de 2004, por la que se ha exigido a la demandante, una ONG que trabaja en Guinea desde 1987, el pago de un importe de 959 543 835 francos guineanos (equivalente a 397 126,02 euros), en concepto de gastos considerados no justificados en la ejecución de los proyectos a su cargo.
   En apoyo de sus pretensiones, la demandante alega:
   
               —
            
            
               Vicios sustanciales de forma por motivación defectuosa y contradictoria, así como por ausencia de base jurídica. A este respecto afirma que la «Note de débit» impugnada únicamente menciona el acuerdo «Amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays — 7 ACP GUI 019-4-AT CESTAS», a pesar de que no existe acuerdo alguno que lleve tal título, razón por lo cual no es posible determinar con claridad a cuál o a cuáles de las relaciones establecidas entre la demandante y el Gobierno guineano se refiere la decisión impugnada. Por otra parte, CESTAS pone de relieve que el acto impugnado no contiene referencia alguna a la base jurídica en la que se apoya. Por último, la nota de adeudo no contiene explicación alguna sobre los criterios contables utilizados por la Comisión para determinar el importe controvertido.
            
         
               —
            
            
               Anulabilidad de la decisión impugnada en la medida en que el mandato de pago del importe en cuestión dirigido a la demandante procede de la Comisión, que es un tercero en lo que respecta a los contratos firmados en relación con diversos proyectos en Guinea.
            
         
               —
            
            
               Infracción del Reglamento (CE) np 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1), en la medida en que la solicitud de la demandante dirigida a obtener una copia del informe Ernst & Young, en base al cual se adoptó la decisión impugnada, no ha producido resultado alguno.
            
         
               —
            
            
               Violación del derecho de defensa de la demandante.
            
         
               —
            
            
               Violación de los principios de respeto del principio de contradicción y de buena administración.
            
         En relación con este último punto, la demandante subraya en particular que el análisis de sus supuestos incumplimientos fue efectuado en su totalidad por un sujeto externo, Ernst & Young, que no mantiene una relación de perfecta tercería con respecto a las partes principales, sino que es un organismo pagado por el Gobierno guineano y que, como tal, no puede ser considerado imparcial.
   
      (1)  DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.