CELEX: 62003TJ0158
Language: es
Date: 2005-06-28
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 28 de junio de 2005.#Industrias Químicas del Vallés, SA contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Directiva 91/414/CEE - Productos fitosanitarios - Sustancias activas - Metalaxil - Procedimiento de autorización - Expediente resumido y expediente completo - Plazos - Principio de proporcionalidad - Desviación de poder.#Asunto T-158/03.

Asunto T‑158/03
      Industrias Químicas del Vallés, S.A.,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Directiva 91/414/CEE — Productos fitosanitarios — Sustancias activas — Metalaxil — Procedimiento de autorización — Expediente resumido y expediente completo — Plazos — Principio de proporcionalidad — Desviación de poder»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 28 de junio de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Comercialización de productos fitosanitarios — Directiva 91/414/CEE — Procedimiento
            de inclusión de sustancias activas de dichos productos en el anexo I de la citada Directiva — Reglamento (CEE) nº 3600/92
            — Notificación relativa al mismo producto efectuada de manera autónoma por varias empresas — Notificación que no constituye
            una notificación colectiva — Obligación que incumbe a cada empresa de proporcionar un expediente completo del producto
      [Reglamento (CEE) nº 3600/92 de la Comisión, art. 6, ap. 1; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I]
      2.     Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Comercialización de productos fitosanitarios — Directiva 91/414/CEE — Procedimiento
            de inclusión de sustancias activas de dichos productos en el anexo I de la citada Directiva — Reglamento (CEE) nº 3600/92
            — Plazo de presentación del expediente sobre dichas sustancias — Prórroga en casos excepcionales — Facultad de apreciación
            de las instituciones comunitarias — Alcance — Control jurisdiccional — Límites
      [Reglamento (CEE) nº 3600/92 de la Comisión, art. 7, ap. 4; Directiva 91/414/CEE del Consejo, anexo I]
      3.     Agricultura — Aproximación de las legislaciones — Comercialización de productos fitosanitarios — Directiva 91/414/CEE — Objetivos
            — Protección de la salud humana y animal así como del medio ambiente — Primacía de dicha protección sobre los perjuicios económicos
            y sociales, incluso importantes
      (Directiva 91/414/CEE del Consejo)
      4.     Derecho comunitario — Principios — Proporcionalidad — Actos de las instituciones — Carácter proporcionado — Criterios de apreciación
            — Facultad discrecional del legislador comunitario en materia de política agrícola común — Control jurisdiccional — Límites
      [Tratado CE, art. 43 (actualmente art. 37 CE, tras su modificación)]
      5.     Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto
      1.     El Reglamento nº 3600/92, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo
         contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414, establece un procedimiento de inclusión de sustancias
         activas de productos fitosanitarios en el anexo I de dicha Directiva, procedimiento que comienza por una notificación de interés.
         En caso de varias notificaciones relativas al mismo producto, dicho Reglamento muestra una preferencia por la presentación
         de expedientes colectivos. No obstante, la existencia de una notificación colectiva presupone un acuerdo entre las partes.
         A falta de dicho acuerdo, las referidas notificaciones han de considerarse individuales, lo que implica que se exija un expediente
         completo a cada notificante.
      
      A este respecto, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92 contiene disposiciones precisas, que establecen que
         los notificantes deberán remitir al Estado miembro ponente un expediente resumido y un expediente completo y que la obligación
         de preparar dichos expedientes recae sobre el notificante. Por consiguiente, el hecho de que un notificante se retire del
         procedimiento no modifica las obligaciones del otro notificante.
      
      (véanse los apartados 71 a 73)
      2.     El Reglamento nº 3600/92, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la primera fase del programa de trabajo
         contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414, el cual establece un procedimiento de inclusión de sustancias
         activas de productos fitosanitarios en el anexo I de dicha Directiva, dispone, en su artículo 7, apartado 4, que la Comisión
         únicamente tiene la posibilidad de prorrogar el plazo de presentación de un expediente completo y de información complementaria
         sobre dichas sustancias en casos excepcionales, a saber, cuando el Estado miembro ponente y la Comisión no hayan podido identificar,
         antes del 25 de mayo de 2001, los estudios a largo plazo considerados necesarios para el examen del expediente.
      
      Dicha facultad se incluye dentro de la amplia facultad de apreciación de la que gozan las instituciones comunitarias en este
         ámbito, en lo que respecta a la definición de los objetivos perseguidos y a la elección de los instrumentos de acción adecuados.
         Por consiguiente, el control de fondo del juez comunitario debe limitarse a examinar si, al ejercer dicha facultad, las instituciones
         comunitarias incurrieron en error manifiesto o desviación de poder o, también, si rebasaron manifiestamente los límites de
         su facultad de apreciación.
      
      (véanse los apartados 92 y 95)
      3.     Los objetivos perseguidos por la Directiva 91/414, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, no son la protección
         del mercado o de la competencia, sino la protección de la salud humana o animal y del medio ambiente. Este objetivo es conforme
         al principio de cautela y responde a la jurisprudencia que consagra la primacía de la protección de la salud y del medio ambiente
         sobre los intereses económicos. La importancia del objetivo perseguido, a saber, la protección de la salud humana, puede justificar
         consecuencias económicas negativas, incluso importantes, para determinados operadores. En este contexto, es preciso atribuir
         una importancia preponderante a la protección de la salud pública, frente a las consideraciones económicas.
      
      (véanse los apartados 133 y 134)
      4.     El principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, exige que los actos
         de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos
         legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas
         adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deberán ser desproporcionadas con respecto
         a los objetivos perseguidos.
      
      Sin embargo, en materia agrícola, por lo que se refiere en particular a las medidas adoptadas con arreglo al artículo 43 del
         Tratado CE (actualmente artículo 37 CE, tras su modificación), el control jurisdiccional del principio de proporcionalidad
         es particular, por cuanto el Tribunal de Justicia reconoce al legislador comunitario una amplia facultad de apreciación en
         este ámbito que implica decisiones de carácter político, económico y social, así como apreciaciones complejas. Por consiguiente,
         sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con relación al objetivo que tiene previsto
         conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida.
      
      (véanse los apartados 135 y 136)
      5.     El concepto de desviación de poder tiene un alcance preciso en Derecho comunitario y se refiere a la situación en que una
         autoridad administrativa hace uso de sus facultades con un objeto distinto de aquel para el que le fueron conferidas. Una
         decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes o concordantes,
         que fue adoptada con el fin de conseguir otros fines distintos de los alegados.
      
      (véase el apartado 146)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      de 28 de junio de 2005 (*)
      
      «Directiva 91/414/CEE – Productos fitosanitarios – Sustancias activas – Metalaxil – Procedimiento de autorización – Expediente resumido y expediente completo – Plazos – Principio de proporcionalidad – Desviación de poder»
      En el asunto T‑158/03,
      Industrias Químicas del Vallés, S.A., con domicilio social en Mollet del Vallés (Barcelona), representada inicialmente por la Sra. C. Fernández Vicién, el Sr.
         J. Sabater Marotias y la Sra. P. González-Espejo, y posteriormente por la Sra. Fernández Vicién, el Sr. Sabater Marotias y
         la Sra. I. Moreno-Tapia Rivas, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas,  representada por la Sra. S. Pardo Quintillán y el Sr. B. Doherty, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2003/308/CE de la Comisión, de 2 de mayo de 2003, relativa a la
         no inclusión del metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de los
         productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa (DO L 113, p. 8),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
      integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, y N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de diciembre de 2004;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1       La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO
         L 230, p. 1), establece, en particular, el régimen comunitario aplicable a la autorización y a la retirada de la autorización
         de comercialización de productos fitosanitarios. El artículo 4 de la Directiva 91/414 establece que «los Estados miembros
         velarán por que sólo se autoricen los productos fitosanitarios [...] si sus sustancias activas están incluidas en el Anexo I».
         Los requisitos necesarios para la inclusión de sustancias activas en el anexo I se precisan en el artículo 5 de la Directiva
         91/414. Esta inclusión sólo será posible cuando, a la luz de los actuales conocimientos científicos y técnicos, quepa esperar
         que los productos fitosanitarios que contengan dicha sustancia activa cumplen determinados requisitos relacionados con su
         ausencia de efectos nocivos para la salud humana o animal así como para el medio ambiente.
      
      2       Las sustancias activas que no estén incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414 pueden gozar, en determinadas circunstancias,
         de un régimen excepcional transitorio. Así, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414 dispone que «un Estado miembro
         puede autorizar, durante un período de doce años después de la fecha de notificación de la presente Directiva, la comercialización
         en su territorio de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el Anexo I, ya comercializadas
         dos años después de la fecha de notificación de la presente Directiva». Este período de doce años, que finalizó el 26 de julio
         de 2003, fue prorrogado por lo que respecta a determinadas sustancias hasta el 31 de diciembre de 2005 por el Reglamento (CE)
         nº 2076/2002 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2002, por el que se prolonga el período contemplado en el apartado 2 del
         artículo 8 de la Directiva 91/414 y relativo a la no inclusión de determinadas sustancias activas en el anexo I de dicha Directiva,
         así como a la retirada de autorizaciones de productos fitosanitarios que contengan estas sustancias (DO L 319, p. 3). Según
         dicho Reglamento, el período de doce años se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2005, «salvo que se tome o se haya tomado
         antes de dicha fecha una decisión de inclusión o de no inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE».
      
      3       Durante dicho período transitorio, según el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414, las sustancias activas de que
         se trata deben ser objeto de un programa de evaluación, al final del cual podrán ser incluidas en el anexo I de la Directiva
         91/414 o, por el contrario, no ser incluidas, si las referidas sustancias no cumplen los requisitos de seguridad establecidos
         en el artículo 5 de la Directiva 91/414, o si no han sido facilitados los datos e informaciones necesarios para la evaluación
         «dentro del plazo fijado». El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/414 prevé, por último, que las disposiciones necesarias
         para la aplicación de dicho programa de evaluación se establecerán en un reglamento de la Comisión.
      
      4       El Reglamento (CEE) nº 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación
         de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414 (DO L 366, p. 10),
         establece el procedimiento de evaluación de varias sustancias con vistas a su posible inclusión en el anexo I de la Directiva
         91/414. Entre estas sustancias figura el metalaxil, utilizado para la elaboración de fungicidas destinados a la lucha contra
         varias enfermedades que afectan a los cultivos agrícolas.
      
      5       El procedimiento establecido por el Reglamento nº 3600/92 comienza con una notificación de interés, prevista en el artículo
         4, apartado 1, de este Reglamento, según el cual «los productores que deseen obtener la inclusión en el anexo I de la Directiva
         [91/414] de alguna sustancia activa mencionada en el anexo I del presente Reglamento o de sus sales, ésteres o aminas, deberá
         notificarlo a la Comisión dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento». El
         noveno considerando del Reglamento nº 3600/92 dispone que, «para evitar la duplicación de trabajo y en particular de experimentos
         con vertebrados, es necesario prever disposiciones especiales que estimulen a los productores a presentar expedientes colectivos».
      
      6       Tras el examen de las notificaciones de interés, el artículo 5, apartado 2, letra b), del Reglamento nº 3600/92 prevé la designación
         de un Estado miembro ponente para la evaluación de cada sustancia activa de que se trate. En el presente caso, la República
         Portuguesa fue designada Estado miembro ponente para el metalaxil, con arreglo al Reglamento (CE) nº 933/94 de la Comisión,
         de 27 de abril de 1994, por el que se establecen las sustancias activas de los productos fitosanitarios y se designan los
         Estados miembros ponentes para la aplicación del Reglamento nº 3600/92 (DO L 107, p. 8). La República Portuguesa designó como
         autoridad competente para esta misión a la Direcção-Geral de Protecção das Culturas (Dirección General de Protección de Cultivos;
         en lo sucesivo, «DGPC») del Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca.
      
      7       Una vez designado el Estado miembro ponente, corresponde a cada notificante remitirle, con arreglo al artículo 6, apartado
         1, del Reglamento nº 3600/92, un «expediente resumido» y un «expediente completo», tal como se describen en el artículo 6,
         apartados 2 y 3, del mismo Reglamento. El expediente resumido incluirá, en particular, una copia de la notificación, de la
         información relativa a las condiciones de uso propuestas, así como los resúmenes y los resultados de pruebas relativas a cada
         punto del anexo III de la Directiva 91/414, que resulte importante para la evaluación de los criterios contemplados en el
         artículo 5 de dicha Directiva. Esta información se refiere a uno o varios preparados representativos de las condiciones de
         uso propuestas en el marco de la inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva. El expediente completo contendrá
         los protocolos y los informes completos de los estudios en relación con todos los datos citados. A tenor del artículo 6, apartado
         2, letra b), del Reglamento nº 3600/92, en su versión completada por el Reglamento (CE) nº 2266/2000, de 12 de octubre de
         2000 (DO L 259, p. 27), «el notificador deberá demostrar que, según la información presentada en relación con uno o más preparados
         y con una gama limitada de usos representativos, pueden cumplirse los requisitos de la Directiva [91/414] sobre los criterios
         contemplados en su artículo 5».
      
      8       La remisión, por los notificantes, del expediente resumido y el expediente completo al Estado miembro ponente se efectuará
         en el plazo fijado por la Comisión. En el caso del metalaxil, el Reglamento nº 933/94 fijó como fecha límite para la presentación
         de dichos expedientes el 30 de abril de 1995, prorrogada posteriormente hasta el 31 de octubre de 1995 por el Reglamento (CE)
         nº 2230/95 de la Comisión, de 21 de septiembre de 1995, por el que se modifica el Reglamento nº 933/94 (DO L 225, p. 1). Corresponde
         asimismo a los notificantes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92, remitir el
         expediente resumido y el expediente completo a expertos de otros Estados miembros aceptados por la Comisión, con vistas a
         una eventual consulta posterior.
      
      9       El Estado miembro ponente examinará a continuación el expediente resumido y el expediente completo y, de conformidad con el
         artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 3600/92, «velará, inmediatamente después de examinar un expediente, por
         que los notificantes remitan el expediente resumido actualizado a los demás Estados miembros y a la Comisión». El artículo
         7, apartado 2, del Reglamento nº 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1199/97 de la Comisión, de 27
         de junio de 1997 (DO L 170, p. 19), establece que, desde el inicio de su examen, «el Estado miembro ponente podrá invitar
         a los notificantes a que introduzcan mejoras o complementos en sus expedientes», y «podrá consultar con expertos de otros
         Estados miembros y solicitar de estos últimos información técnica o científica suplementaria que pueda contribuir a la evaluación».
      
      10     El Estado miembro ponente elaborará y enviará entonces a la Comisión un informe de evaluación de los expedientes presentados,
         en un plazo de doce meses a partir de la recepción de los expedientes, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del
         Reglamento nº 3600/92. Dicho informe deberá incluir, en particular, una recomendación sobre la oportunidad de incluir la sustancia
         activa de que se trate en el anexo I de la Directiva 91/414.
      
      11     Por otra parte, la Directiva 91/414 contiene dos disposiciones, los artículos 13 y 14, agrupadas bajo el epígrafe «requisitos
         que deben reunir los datos, protección de los datos y confidencialidad».
      
      12     El artículo 13 de la Directiva 91/414 se refiere a las solicitudes de autorización de comercialización de los productos fitosanitarios
         que contengan las sustancias activas ya incluidas en el anexo I de dicha Directiva. Este artículo prevé el uso de los datos
         de otro solicitante cuando éste lo haya autorizado. Así, el artículo 13, apartado 3, establece, en particular, que, «al conceder
         autorizaciones, los Estados miembros no harán uso de la información a que se refiere el anexo II en beneficio de otros solicitantes
         […] salvo que el solicitante haya acordado con el primer solicitante que se puede hacer uso de dicha información». Además,
         conforme al artículo 13, apartado 7, «el titular o titulares de autorizaciones anteriores y el solicitante deberán realizar
         todas las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo sobre el empleo conjunto de información, al objeto de evitar la repetición
         de pruebas sobre animales vertebrados».
      
      13     Siempre por lo que respecta a la solicitud de autorización de comercialización, el artículo 14 de la Directiva 91/414 dispone
         que «los Estados miembros y la Comisión velarán por que la información facilitada por los solicitantes que constituya secreto
         industrial o comercial sea tratada de modo confidencial, si así lo pidieren el solicitante de la inclusión de una sustancia
         activa en el anexo I o el solicitante de la autorización de un producto fitosanitario y si el Estado miembro o la Comisión
         aceptaran la justificación alegada por el solicitante». Esta confidencialidad es limitada, puesto que el artículo 14 dispone
         lo siguiente:
      
      «La confidencialidad no se aplicará:
      –       a la denominación y contenido de la sustancia o sustancias activas, ni a la denominación del producto fitosanitario;
      –       […]
      –       a los datos fisicoquímicos relativos a la sustancia activa y al producto fitosanitario;
      –       a los métodos utilizados para dejar inofensivos la sustancia activa o el producto fitosanitario;
      –       al resumen de los resultados de las pruebas para determinar la eficacia del producto y su inocuidad para el hombre, los animales,
         los vegetales y el medio ambiente;
      
      –       a los métodos y precauciones recomendados para reducir los riesgos de manipulación, almacenamiento, transporte, incendio y
         de otro tipo;
      
      –       a los métodos de análisis que establecen las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 4 y el apartado 1 del artículo 5;
      –       […]
      Si el solicitante revelare posteriormente información que antes era confidencial, deberá informar de ello a la autoridad competente.»
      14     El informe remitido por el Estado miembro ponente a la Comisión podrá someterse entonces a una consulta con expertos de los
         Estados miembros y la Comisión podrá consultar con una parte o la totalidad de los notificantes, con arreglo al artículo 7,
         apartado 3, del Reglamento nº 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento nº 1199/97. La consulta a los expertos de
         los Estados miembros se califica de revisión paritaria («peer review»). Los diversos trabajos de coordinación y administración
         relativos a dicha revisión han sido encomendados a ECCO (European Comisión Co-ordination) con arreglo a un contrato celebrado
         con la Comisión. Con ocasión de la referida revisión, el expediente y el informe del Estado miembro ponente son examinados
         por expertos de varios Estados miembros, con el fin de confirmar el análisis efectuado por el Estado miembro ponente y de
         identificar la información que falte. Este procedimiento puede durar de seis a nueve meses. Tras la revisión y la obtención,
         en su caso, de la información que falte, el informe del Estado miembro ponente es examinado por el Comité Permanente de la
         Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, (en lo sucesivo, «Comité»), conforme a la misma disposición, en su versión modificada
         por el artículo 62, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002,
         por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea
         de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31, p. 1).
      
      15     El artículo 7, apartado 3 bis,  del Reglamento nº 3600/92, añadido por el Reglamento nº 1199/97, establece que tras dicho examen la Comisión presentará al
         Comité un proyecto de directiva para incluir la sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414, o un proyecto de decisión
         para retirar las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa, o un proyecto de decisión
         dirigido a tal retirada, con la posibilidad de reconsiderar, sin embargo, su inclusión en el anexo I de la citada Directiva
         tras la presentación de los resultados de pruebas suplementarias o de nueva información, o, por último, un proyecto de decisión
         para aplazar la inclusión de la sustancia activa hasta la presentación de los resultados de pruebas o información suplementarias.
      
      16     No obstante, el artículo 7, apartado 4, primer guión, del Reglamento nº 3600/92, en su versión completada por el Reglamento
         nº 2266/2000, establece que, cuando a raíz del examen del Comité se requiera la presentación de los resultados de determinadas
         pruebas suplementarias o de nueva información, la Comisión establecerá el plazo dentro del cual deberán presentarse dichos
         resultados o información. Esta disposición precisa asimismo lo siguiente:
      
      «Dicho plazo terminará el 25 de mayo de 2002 salvo que la Comisión haya establecido un plazo más reducido para una sustancia
         activa concreta, excepto en lo relativo a los resultados de estudios a largo plazo, considerados necesarios por el Estado
         miembro ponente y la Comisión durante el examen del expediente cuya plena terminación no esté prevista dentro del plazo establecido,
         siempre que en la información presentada se demuestre que tales estudios ya están encargados y que sus resultados se presentarán
         como máximo el 25 de mayo de 2003. En casos excepcionales, cuando al Estado miembro ponente y a la Comisión no les haya sido
         posible considerar tales estudios a más tardar el 25 de mayo de 2001, podrá establecerse una fecha alternativa para la terminación
         de tales estudios, siempre que el notificador presente al Estado miembro ponente para el 25 de mayo de 2002 pruebas de que
         tales estudios están encargados en el plazo de tres meses desde la petición de realizar los estudios, así como un protocolo
         y un informe del avance del estudio.»
      
      17     El artículo 7, apartado 5, del Reglamento nº 3600/92 dispone que «la Comisión someterá al Comité un proyecto de decisión de
         no inclusión en el anexo I, con arreglo al último párrafo del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva [91/414], en caso
         de que: […] el Estado miembro ponente haya informado a la Comisión de que los resultados contemplados en el primer guión del
         apartado 4 no han sido presentados en el plazo establecido».
      
      18     Con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento nº 2266/2000, tras recibir
         los resultados de las pruebas suplementarias o la nueva información, el Estado miembro ponente deberá examinarlos, velar por
         que dichos resultados o información sean enviados por el notificante a los demás Estados miembros y a la Comisión y comunicar,
         a más tardar en un plazo de seis meses a partir de la recepción de los referidos resultados o información, un informe de evaluación
         del expediente completo, acompañado de una recomendación relativa a la inclusión o no de la sustancia activa en el anexo I
         de la Directiva 91/414.
      
      19     Con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento nº 2266/2000,
         una vez que la Comisión haya recibido el informe elaborado por el Estado miembro ponente, lo transmitirá al Comité para su
         examen. Este artículo establece que, «antes de transmitir al Comité el expediente y el informe, la Comisión enviará a los
         Estados miembros el informe del ponente para su información y podrá organizar una consulta con expertos de uno o varios Estados
         miembros». Dispone a continuación «que la Comisión podrá consultar a todos o a algunos de los notificadores de las sustancias
         activas sobre el conjunto o alguna parte del informe relativo a la sustancia activa correspondiente», precisando que «el Estado
         miembro ponente proporcionará la ayuda técnica y científica necesaria durante estas consultas». Tras el examen por el Comité,
         la Comisión someterá por último un proyecto de Decisión al Comité relativo a la inclusión o no de la sustancia en el anexo I
         de la Directiva 91/414.
      
       Hechos que originaron el litigio
      20     La demandante, Industrias Químicas del Vallés, S.A. (en lo sucesivo, «IQV» o «demandante»), es una sociedad española cuyas
         actividades incluyen la producción y la comercialización de productos fitosanitarios, de alimentos para animales y de productos
         químicos. Desde el mes de febrero de 1994, IQV importa metalaxil en España y comercializa productos que contienen esta sustancia
         activa en Italia, España, Grecia y Portugal, así como en varios Estados terceros. La empresa Rallis India Ltd (en lo sucesivo,
         «Rallis») produce el metalaxil que importa IQV.
      
      21     La demandante y Ciba Geigy AG (posteriormente Novartis AG y después Syngenta AG; en lo sucesivo, «Syngenta»), empresa que
         comercializaba entonces también productos que contenían metalaxil, notificaron cada una de ellas a la Comisión su intención
         de presentar un expediente para la inclusión de dicha sustancia en el anexo I de la Directiva 91/414. Antes de realizar la
         notificación, IQV y Syngenta manifestaron su interés en la presentación de un expediente colectivo. A continuación, intercambiaron
         correspondencia y organizaron reuniones para la creación de un grupo de trabajo («task force») y la elaboración de un expediente
         colectivo único. Sin embargo, Syngenta decidió después no realizar una notificación colectiva. IQV subrayó que Syngenta se
         había mostrado desde el principio contraria a la confección de un expediente colectivo.
      
      22     Finalmente, Syngenta y la demandante presentaron cada una por separado un expediente a las autoridades portuguesas, los días
         19 y 26 de abril de 1995, respectivamente, es decir, antes de la fecha límite del 31 de octubre de 1995, fijada por el Reglamento
         nº 2230/95.
      
      23     Tras estudiar estos documentos, las autoridades portuguesas estimaron que el expediente presentado por Syngenta estaba «sustancialmente
         completo», pero que el presentado por IQV no lo estaba. IQV fue informada de ello mediante escrito de la DGPC de fecha 22
         de marzo de 1996 y comenzó entonces a completar su expediente con arreglo a un calendario aprobado por las autoridades portuguesas.
         El 12 de abril de 1996, IQV indicó a las autoridades portuguesas que la mayoría de los datos cuya falta había sido señalada
         debían estar disponibles antes de finales de junio de 1996. El 27 de mayo de 1996, las autoridades portuguesas comunicaron
         a IQV su conformidad con la fecha límite fijada para la presentación de las informaciones que quedaban por facilitar, destacando
         asimismo la necesidad de fijar una fecha límite de presentación para algunas otras informaciones.
      
      24     El 3 de junio de 1997, las autoridades portuguesas dirigieron un escrito a IQV indicándole que su expediente seguía sin poder
         considerarse completo. La DGPC explicó que faltaban estudios esenciales en casi todos los ámbitos previstos por la Directiva
         91/414, a saber, el método de análisis de los residuos, la toxicología, los residuos, el destino y el comportamiento en el
         medio ambiente y la ecotoxicología. La DGPC precisó cuáles eran esos estudios e identificó las informaciones que faltaban.
      
      25     El 30 de septiembre de 1997, IQV indicó a las autoridades portuguesas que la mayor parte de las informaciones necesarias debían
         poder facilitarse en un plazo de nueve meses, es decir, a más tardar en el mes de junio de 1998.
      
      26     El 11 de mayo de 1998, Syngenta comunicó a las autoridades portuguesas que se retiraba del procedimiento de evaluación del
         metalaxil. Syngenta solicitó asimismo, el 15 de mayo de 1998, que se le devolvieran el expediente resumido y el expediente
         completo que había presentado durante el procedimiento. Por tanto, IQV era la única empresa que seguía participando en el
         procedimiento de evaluación del metalaxil, pero no había completado aún en aquel momento su expediente. Tras su retirada del
         procedimiento, Syngenta obtuvo el registro del metalaxil-M, sustancia activa de características muy similares al metalaxil,
         el 15 de julio de 2002.
      
      27     El 27 de julio de 1998, IQV fue informada de la retirada de Syngenta del procedimiento de evaluación del metalaxil.
      28     Mediante escrito de 15 de enero de 1999, IQV señaló a la DGPC que tenía la obligación de utilizar todas las informaciones
         y los documentos presentados por todos los notificantes. Además, IQV señaló que, si se le pedía un expediente completo, debía
         concedérsele un plazo adicional para que pudiese aportar y sintetizar toda la información requerida. IQV añadió que deseaba
         que la DGPC tuviese informada a la Comisión de su posición.
      
      29     Mediante escritos de 5 de febrero y 15 de marzo de 1999, respectivamente, la DGPC e IQV solicitaron a la Comisión su dictamen
         sobre el uso por el Estado miembro ponente de estudios comunicados por un notificante que se retiró posteriormente del procedimiento
         de reevaluación de una sustancia activa. IQV señaló igualmente a la Comisión que su expediente no estaba completo y que si
         se le pedía que aportase un expediente completo debería concedérsele un plazo adicional.
      
      30     Mediante escrito de 19 de julio de 1999, la Comisión informó a las autoridades portuguesas de que, a su juicio, el hecho de
         que el notificante se retire del procedimiento de examen de una sustancia activa no impide que el Estado miembro encargado
         de tramitar el expediente tenga en cuenta todas las informaciones de que dispone, incluidas las informaciones facilitadas
         por dicho notificante. En el punto 6 del referido escrito se señalaba lo siguiente:
      
      «No obstante, el notificante [en el presente caso, el que mantiene su notificación] está obligado a dar ciertas garantías
         al Estado miembro ponente:
      
      –       Asume la responsabilidad de someter al Estado miembro ponente, a los demás Estados miembros, a la Comisión y a los expertos
         contemplados en el artículo 7, apartado 2 (“peer review”), un expediente resumido y, en su caso, un expediente completo, conforme
         al artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92;
      
      –       deberá responder de manera adecuada a las peticiones del Estado miembro ponente de que introduzca mejoras o complementos en
         el expediente con ocasión de la preparación de su informe de evaluación y [después], con ocasión del examen de dicho informe
         por la Comisión con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 3600/92.»
      
      31     El 28 de octubre de 1999, las autoridades portuguesas comunicaron a IQV que estaban dispuestas a preparar el informe de evaluación
         del metalaxil basándose en todas las informaciones disponibles, incluidas las que figuran en el expediente facilitado por
         Syngenta. Las autoridades portuguesas precisaron, sin embargo, que en el supuesto de que se suscitaran otras preguntas durante
         la evaluación o de que fueran necesarios datos adicionales, las preguntas y las solicitudes de informaciones complementarias
         irían dirigidas a IQV. Las autoridades portuguesas señalaron que pedirían a Syngenta una confirmación de la lista de los datos
         considerados protegidos.
      
      32     El 26 de enero de 2001, con arreglo al artículo 7 del Reglamento nº 3600/92, las autoridades portuguesas enviaron a la Comisión
         su informe de evaluación del metalaxil, elaborado en función de los expedientes enviados por Syngenta e IQV. En su informe,
         las autoridades portuguesas indicaban que eran necesarias determinadas informaciones complementarias para completar la evaluación
         de dicha sustancia y que, por consiguiente, no podían en aquel momento proponer la inclusión de la citada sustancia en el
         anexo I de la Directiva 91/414.
      
      33     Mediante escrito de 9 de febrero de 2001, ECCO solicitó a IQV que rellenase un cuadro sobre la fase en que se encontraban
         los estudios. IQV rellenó la columna C de dicho cuadro mediante correo electrónico de 9 de marzo de 2001. Del referido cuadro,
         actualizado a fecha de 14 de octubre de 2002, se desprendía que determinadas informaciones solicitadas no estarían disponibles
         hasta el mes de septiembre de 2004 (estabilidad en suspensión de la sustancia) y que ciertos estudios complementarios sobre
         los residuos en el suelo, el agua y el aire no podrían presentarse hasta el mes de mayo de 2003. Además, otros estudios no
         estarían disponibles hasta finales del mes de diciembre de 2002 (como, por ejemplo, el relativo a la toxicidad para los organismos
         acuáticos y las abejas) o hasta el mes de mayo de 2003 (como, por ejemplo, el relativo a la toxicidad para los microorganismos
         terrestres).
      
      34     Mediante escritos de 2 y 15 de febrero de 2001, las autoridades portuguesas solicitaron a IQV que enviase a los Estados miembros
         y a la Comisión, antes del 15 de marzo de 2001, un expediente resumido actualizado, con arreglo al artículo 7, apartado 1,
         letra b), del Reglamento nº 3600/92 y, en el supuesto de que le fuese solicitado, un expediente completo relativo al metalaxil.
      
      35     El 26 de marzo de 2001, la Comisión informó a IQV de que, debido a que esta última no había enviado un expediente resumido
         actualizado en el plazo señalado, la Comisión y los Estados miembros no podían proceder a un examen adecuado y llegar a una
         conclusión por lo que respecta al metalaxil. La Comisión señaló que, conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92,
         los notificantes debían remitir un expediente resumido y un expediente completo a solicitud de la autoridad competente de
         cada Estado miembro. En consecuencia, la Comisión indicó que, a falta de tal remisión, tenía previsto proponer la adopción
         de una decisión de no incluir el metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/414.
      
      36     Mediante escrito de 4 de mayo de 2001 dirigido a la Comisión, IQV explicó que analizaba el coste y el tiempo necesarios para
         la repetición de determinados estudios presentados por Syngenta, para estar segura de respetar el plazo que expiraba en el
         mes de  mayo de 2002. IQV precisaba que su intención en aquel momento era adquirir únicamente los estudios de Syngenta que
         estaban protegidos. Además, IQV preguntó a la Comisión si se encargaría a la República Portuguesa la distribución de la documentación
         a los Estados miembros, a expensas de IQV.
      
      37     En un escrito de 7 de junio de 2001 dirigido a la Comisión, IQV indicó la lista de los estudios del expediente de Syngenta
         que estaban protegidos. Señaló igualmente que era poco probable que Syngenta aceptase venderle sus estudios. Asimismo, IQV
         explicó que la reproducción de dichos estudios podía efectuarse respetando al mismo tiempo el plazo que expiraba en el mes
         de mayo de 2002.
      
      38     Con el objeto de confeccionar un expediente completo, IQV se puso en contacto con Syngenta el 7 de junio de 2001 para proponerle
         la compra de determinados estudios que había realizado en el marco de su notificación (estudios contenidos en su expediente
         resumido y su expediente completo).
      
      39     En un escrito de 11 de julio de 2001, la Comisión dio a entender que si IQV no disponía del expediente completo probablemente
         no podría responder en un plazo razonable a las preguntas planteadas por los expertos de los Estados miembros o la Comisión
         en relación con el metalaxil. Además, la Comisión subrayó que debía adoptarse antes del mes de julio de 2003 una decisión
         final sobre el metalaxil. Por lo que se refiere a la cuestión relativa a la distribución por las autoridades portuguesas de
         la documentación a los Estados miembros, la Comisión estimó que dicha posibilidad no debía excluirse si esta distribución
         implicaba solamente un trabajo administrativo para el Estado miembro ponente.
      
      40     El 10 de septiembre de 2001, Syngenta envió un escrito a IQV en el que le informaba de que se negaba a venderle los estudios
         realizados para presentar su expediente relativo al metalaxil.
      
      41     El 26 de septiembre de 2001, las autoridades portuguesas informaron a IQV de que se negaban a llevar a cabo la distribución
         del expediente resumido o completo de Syngenta a los Estados miembros y a la Comisión.
      
      42     El 15 de octubre de 2001, la Comisión indicó a IQV que, debido a la negativa de Syngenta a vender sus estudios a IQV y a la
         negativa de las autoridades portuguesas a reproducir y distribuir el expediente, se veía en la imposibilidad de efectuar consultas
         a los expertos de los Estados miembros relativas al metalaxil.
      
      43     En un escrito de 8 de marzo de 2002, la Comisión informó a IQV de que no veía otra solución que proponer la no inclusión del
         metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/414. Explicó que no prolongaría la fecha límite del 25 de julio de 2003 prevista
         en la Directiva 91/414. La Comisión hacía referencia a la imposibilidad de encomendar eficazmente el examen a los expertos
         nacionales. La Comisión explicó que estaba segura, por su experiencia, de que en el marco de la revisión paritaria se reclamarían
         nuevos estudios o aclaraciones. La revisión paritaria quedaría bloqueada, dado que IQV no disponía de las informaciones contenidas
         en el expediente de Syngenta. IQV debería entonces realizar nuevos estudios, lo que daría lugar a plazos adicionales y generaría
         cierta incertidumbre. Esta incertidumbre resultaría del hecho de que a pesar de la presentación de nuevos estudios que colmasen
         las lagunas de su expediente (aportando estudios que no estaban incluidos ya en el expediente de Syngenta), IQV no sería capaz
         de responder a las preguntas de los expertos relativas a los estudios del expediente de Syngenta cuyo contenido desconocía.
         Además, la Comisión añadió que las autoridades portuguesas habían considerado que no les incumbía responder a las preguntas
         planteadas con ocasión del examen de los expertos nacionales.
      
      44     Mediante escrito de 1 de abril de 2002, IQV informó a la Comisión de que estaba dispuesta a realizar todos los estudios necesarios
         para solicitar la inclusión del metalaxil a condición de que se le concediese un nuevo período transitorio durante el cual
         no se retiraría del mercado dicha sustancia.
      
      45     El 12 de abril de 2002, IQV envió a la Comisión un expediente resumido actualizado y confirmó su decisión de confeccionar
         un nuevo expediente completo.
      
      46     Mediante escrito de 6 de junio de 2002, la Comisión informó a IQV de que sólo podría prorrogarse hasta después del año 2003
         la fecha límite de evaluación de las sustancias activas respecto a las cuales hubiera datos completos disponibles a más tardar
         el 31 de diciembre de 2003. Según la Comisión, estaba claro que el expediente completo de IQV no podría estar disponible en
         esa fecha y que la retirada de Syngenta del proceso de notificación no justificaba que se diese al metalaxil diferente trato
         que a las demás sustancias activas. En consecuencia, la Comisión se declaraba obligada a proponer la no inclusión del metalaxil
         en el anexo I de la Directiva 91/414. La referida institución indicó, sin embargo, que IQV tenía la posibilidad de presentar
         un expediente para el registro del metalaxil como nueva sustancia activa.
      
      47     Mediante escrito de 14 de junio de 2002, IQV indicó que seguía realizando los estudios necesarios para colmar las lagunas
         detectadas en el informe de las autoridades portuguesas. IQV precisaba que dichos estudios estarían concluidos en el mes de
         mayo de 2003. Por lo que se refiere a la presentación de un expediente de registro del metalaxil como nueva sustancia activa,
         IQV precisó que la confección de tal expediente no sería posible antes de finales del año 2005. IQV añadió que el compromiso
         de confeccionar el referido expediente suponía una inversión económica considerable. Asimismo, IQV afirmó que elaboraría dicho
         expediente a condición de que la Comisión le garantizase un período transitorio de autorización del metalaxil, para no perder
         cuotas de mercado durante el procedimiento de evaluación.
      
      48     A raíz de una petición formulada por ECCO el 9 de febrero de 2001, IQV rellenó un cuadro que incluía la información requerida,
         preparado a partir del informe del Estado miembro ponente. IQV aún completó dicho cuadro, con lo que la información quedó
         actualizada a 14 de octubre de 2002 (véase el punto 33 supra).
      49     En su reunión de los días 18 y 19 de octubre de 2002, el Comité aprobó el proyecto de decisión de no incluir el metalaxil
         en el anexo I de la Directiva 91/414. En su informe, el Comité explicaba, en particular, que IQV no tenía un expediente suficientemente
         completo que le permitiera participar en una evaluación detallada del metalaxil en virtud del artículo 7, apartado 3, del
         Reglamento nº 3600/92. IQV no sería capaz de responder a las preguntas planteadas por los Estados miembros  en relación con
         los estudios de Syngenta y de presentar estudios adicionales.
      
      50     El 2 de mayo de 2003, la Comisión adoptó la Decisión 2003/308/CE relativa a la no inclusión del metalaxil en el anexo I de
         la Directiva 91/414 (DO L 113, p. 8; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
      
       Procedimiento
      51     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de mayo de 2003, la demandante interpuso
         un recurso de anulación de la Decisión impugnada.
      
      52     Mediante escrito separado, registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día, la demandante presentó,
         con arreglo al artículo 242 CE, una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada.
      
      53     Mediante auto de 5 de agosto de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión (T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041), el Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia resolvió desestimar la demanda de suspensión de la ejecución y reservar la decisión sobre
         las costas.
      
      54     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 22 de agosto de 2003, IQV interpuso, con arreglo
         al artículo 225 CE y al artículo 57, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra
         el auto Industrias Químicas del Vallés/Comisión, antes citado.
      
      55     Mediante auto de 21 de octubre de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión [C‑365/03 P(R), Rec. p. I‑12389], el Presidente
         del Tribunal de Justicia resolvió anular el auto de 5 de agosto de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, antes citado,
         ordenar la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada y reservar la decisión sobre las costas.
      
      56     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias
         de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia requirió a las partes, el 12 de octubre de 2004, para que
         respondieran a determinadas preguntas escritas. La demandante y la demandada remitieron sus respuestas a las preguntas los
         días 5 y 8 de noviembre de 2004, respectivamente.
      
      57     En la vista celebrada el 8 de diciembre de 2004, se oyeron los informes orales de las partes. El 22 de febrero de 2005, el
         Presidente de la Sala Segunda declaró concluida la fase oral.
      
       Pretensiones de las partes
      58     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada.
      –       Condene en costas a la Comisión, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
      59     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el presente recurso por infundado.
      –       Condene en costas a la parte demandante.
       Fundamentos de Derecho
      60     En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos. El primer motivo se basa en la ilegalidad de la Decisión impugnada
         en la medida en que se deriva de una interpretación errónea e incoherente de la Directiva 91/414 y del Reglamento nº 3600/92.
         El segundo motivo se basa en la violación del principio de proporcionalidad. El tercer motivo se basa en la existencia de
         desviación de poder.
      
      1.     Sobre el primer motivo, basado en una interpretación errónea e incoherente de la Directiva 91/414 y del Reglamento nº 3600/92
      61     La demandante divide este motivo en tres partes. En primer lugar, IQV alega que la Decisión impugnada contradice las disposiciones
         de la Directiva 91/414 y del Reglamento nº 3600/92 y sus normas de desarrollo. En segundo lugar, IQV afirma que la Decisión
         impugnada contradice el espíritu y el objetivo del sistema de reevaluación de sustancias activas. Estas dos partes serán examinadas
         conjuntamente. En tercer lugar, IQV estima que la Decisión impugnada contradice la interpretación dada por la Comisión a la
         cuestión de la utilización de los estudios aportados por Syngenta para la elaboración del informe por el Estado miembro ponente.
         Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia considera oportuno agrupar determinadas alegaciones de la demandante en una
         cuarta parte del motivo, fundada en que la Comisión se basa en una asunción injustificada y contraria a la normativa aplicable.
      
       Contradicción entre la Decisión impugnada y, por un lado, las disposiciones de la Directiva 91/414, del Reglamento nº 3600/92
            y de sus normas de aplicación y, por otro lado, el espíritu y el objetivo del sistema de reevaluación de sustancias activas
       Sobre la obligación de IQV de confeccionar un expediente completo
      –       Alegaciones de las partes
      62     La demandante considera contrario a Derecho que la Comisión exija un expediente completo a todos y cada uno de los notificantes
         en los casos de notificaciones colectivas de sustancias activas. En particular, exigir un expediente completo es incompatible
         con la obligación de presentar preferiblemente expedientes colectivos establecida en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento
         nº 3600/92. Estima que es incompatible también con el noveno considerando del Reglamento nº 3600/92, que pretende evitar toda
         duplicación en los estudios o experimentos con animales vertebrados (véase el apartado 5 supra).
      63     La demandante añade que el medio más claro de evitar las duplicaciones es establecer un mecanismo transparente que obligue
         tanto a las grandes empresas como a las de menor tamaño a comunicar sus datos y estudios, como el que existe en Estados Unidos
         y en varios Estados miembros, entre los que se encuentra el Reino de España.
      
      64     IQV hace referencia también al artículo 13, apartado 7, de la Directiva 91/414, que persigue, a su juicio, el mismo objetivo
         (véase el apartado 12 supra).
      65     En relación con las normas de desarrollo publicadas por la Comisión sobre aspectos concretos del proceso de reevaluación,
         la demandante hace referencia a un documento de trabajo de fecha 1 de junio de 2002, relativo al número de copias del expediente
         resumido y completo requerido por cada Estado miembro. La demandante explica que, según este documento, no todos los Estados
         miembros requieren que les sea enviada una copia del expediente completo de cada sustancia activa. De este modo, la disponibilidad
         de una copia del expediente completo por parte de todos los Estados miembros no es un aspecto imprescindible en el proceso
         de reevaluación de una sustancia activa.
      
      66     La demandante precisa en su escrito de réplica que, en el escrito de 19 de julio de 1999 (véase el apartado 30 supra),  la Comisión había explicado, basándose en particular en el artículo 7 del Reglamento nº 3600/92, que el Estado miembro ponente
         podía utilizar todos los datos disponibles y no solamente los aportados por los notificantes o las partes interesadas, para
         preparar el informe de evaluación del metalaxil. La demandante sostiene que, en su escrito de 28 de octubre de 1999, la DGPC
         no exigió a IQV que duplicase los estudios que figuran en el expediente completo de Syngenta. Se limitó a señalarle que intervendría
         como interlocutor único para responder las preguntas y aportar información complementaria.
      
      67     La demandante considera asimismo que dicha exigencia es contraria al espíritu y al objetivo legítimo del sistema de reevaluación
         de las sustancias activas. Éste tiene como objetivo garantizar que las sustancias activas ofertadas en el mercado europeo
         no entrañen peligros ni representen riesgos para la salud humana y animal o para el medio ambiente. A su juicio, para llegar
         a este resultado, es preciso realizar una serie de estudios científicos relativos a la sustancia activa evaluada. Es indispensable
         la existencia de un expediente completo, pero ni la Directiva 91/414 ni el Reglamento nº 3600/92 están vinculados específicamente
         al origen o a la propiedad de dichos estudios.
      
      68     Según IQV, el objetivo perseguido por el sistema de reevaluación de las sustancias activas no puede ser beneficiar únicamente
         a las grandes multinacionales que eran o son titulares de derechos de propiedad industrial sobre las referidas sustancias
         activas. En efecto, sólo estas multinacionales disponen, a su juicio, de expedientes completos que les permiten defender las
         sustancias activas aisladamente. Dichas empresas poseen patentes como contrapartida por la invención y los estudios realizados
         en relación con una sustancia activa determinada. Considera que el sistema de reevaluación de las sustancias activas no puede
         transformarse en instrumento para perpetuar los monopolios legales vinculados a la posesión de patentes. En su opinión, el
         monopolio legal de la patente debe ser limitado en el tiempo y, en su caso, debe beneficiar después a los demás operadores
         económicos presentes en el mercado.
      
      69     La demandante añade que es contrario al espíritu del sistema de evaluación exigir a IQV un expediente completo en el contexto
         del presente asunto, pues ello conduce a beneficiar principalmente a las grandes empresas, en detrimento de las de menor tamaño,
         y a contribuir al mantenimiento de los monopolios legales que les confieren sus patentes. La demandante hace varias referencias
         al metalaxil-M, sustancia activa muy similar al metalaxil, que fue objeto de notificación por Syngenta y de inclusión en el
         anexo I de la Directiva 91/414 en 2002. IQV sostiene que la autorización del metalaxil-M, que es el sustituto del metalaxil,
         permite a Syngenta adquirir una posición dominante en el mercado de los fungicidas curativos.
      
      70     La Comisión se opone a todas las alegaciones formuladas por la demandante. Señala que la Decisión impugnada se basa en el
         hecho de que, al no disponer IQV de un expediente completo en relación con el metalaxil, la retirada de Syngenta del procedimiento
         de evaluación y su negativa a vender a IQV los estudios que constituyen su expediente han hecho imposible la finalización
         de la evaluación del metalaxil. Además, según la Comisión, IQV no pudo presentar la información adicional requerida sobre
         la base del informe del Estado miembro ponente ni completar su expediente en los plazos previstos, incumpliendo sus sucesivos
         compromisos al respecto.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      71     Con carácter preliminar, procede señalar que en el presente caso IQV y Syngenta no han efectuado una notificación colectiva.
         Se trataba de dos notificaciones individuales, al haber fracasado el intento de notificación colectiva. La existencia de una
         notificación colectiva presupone un acuerdo entre las partes. Pues bien, en el presente caso, IQV y Syngenta no llegaron a
         un acuerdo que permitiera unir sus esfuerzos para permitir la evaluación de la sustancia activa metalaxil. Por consiguiente,
         no son de aplicación al caso de autos las disposiciones relativas a las notificaciones colectivas.
      
      72     La existencia de dos notificaciones individuales implica que se exija un expediente completo a cada notificante. El Reglamento
         nº 3600/92 contiene disposiciones precisas sobre este particular.
      
      73     El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92 establece que, en el plazo fijado en el artículo 5, apartado 4, los notificantes
         deberán remitir al Estado miembro ponente el expediente resumido y el expediente completo. De esta disposición y del artículo
         6, apartado 2, letra b), así como del artículo 7, apartado 1, letra b), se desprende que la obligación de preparar un expediente
         resumido y un expediente completo recae sobre el notificante. El hecho de que Syngenta se retirase del procedimiento no modifica,
         por tanto, las obligaciones de IQV. Esta apreciación no resulta desvirtuada por el hecho de que el Reglamento nº 3600/92 muestre
         una preferencia por la presentación de expedientes colectivos. En efecto, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92
         no impone una obligación de presentar expedientes colectivos, sino que constituye únicamente una incitación a hacerlo. Esta
         afirmación permite desestimar también la alegación de la demandante basada en el noveno considerando del Reglamento nº 3600/92.
         Por tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la obligación de presentar expedientes colectivos.
      
      74     En cuanto a la alegación de la demandante basada en el artículo 13, apartado 7, de la Directiva 91/414, hay que señalar que
         esta disposición únicamente se refiere a la autorización de los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas
         ya incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414. Por consiguiente, debe descartarse la aplicación en el presente caso del
         citado artículo.
      
      75     Tampoco es pertinente la alegación de IQV basada en el documento de trabajo de la Comisión de 1 de junio de 2002, antes citado.
         La Comisión explicó, sin que fuese contradicha sobre este extremo, que en la práctica los Estados miembros solicitan generalmente
         una copia del expediente completo. Además, este documento no puede modificar la obligación reglamentaria de presentar un expediente
         completo.
      
      76     Por lo que se refiere al espíritu y al objetivo del sistema de reevaluación, procede considerar que se trata de apreciar los
         efectos nocivos de las sustancias activas en la salud humana o animal así como en el medio ambiente. No obstante, como subraya
         con razón la Comisión, la carga de la prueba de la inocuidad de la sustancia activa recae en el notificante, que tiene la
         obligación de presentar un expediente resumido y un expediente completo. En la medida en que IQV no tenía acceso al expediente
         de Syngenta, ya que esta última se negó a venderle sus estudios, la única posibilidad que tenía IQV era presentar ella misma
         tales estudios para elaborar un expediente completo.
      
      77     En relación con la alegación de la demandante referente a los monopolios legales vinculados a la posesión de patentes, procede
         señalar que ni la Directiva 91/414 ni el Reglamento nº 3600/92 hacen referencia a la necesidad de proteger la competencia
         y de evitar que se perpetúen los monopolios legales vinculados a la posesión de patentes. Además, dicha normativa no contiene
         una base jurídica que permita a la Comisión obligar a las empresas a compartir sus estudios o su información.
      
      78     De lo antedicho se deduce que deben desestimarse las alegaciones formuladas por la demandante contra la obligación de presentar
         un expediente completo.
      
       Sobre la ilegalidad de los plazos señalados a IQV para presentar su expediente
      –       Alegaciones de las partes
      79     La demandante explica que es contraria a Derecho la exigencia por parte de la Comisión de la entrega del expediente completo
         a IQV en el plazo contemplado en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92. Según la demandante, fue la propia
         Comisión quien colocó a IQV en la situación de no poder cumplir dicho plazo. En un primer momento, en el escrito de 19 de
         julio de 1999 dirigido a la DGPC (véase el apartado 30 supra),  la Comisión explicó que el Estado ponente podía utilizar toda la información disponible para efectuar su evaluación. A raíz
         de dicho escrito, la DGPC informó a IQV, el 28 de octubre de 1999, de que continuaría la evaluación tomando como base toda
         la información disponible y que IQV sería su única interlocutora para responder a las preguntas y aportar información adicional.
         Por tanto, IQV tenía la convicción de que no se le reclamaría un nuevo expediente completo con posterioridad, ya que ella
         misma había comunicado a la Comisión en el mes de marzo de 1999 que su expediente no estaba completo. Sin embargo, en un segundo
         momento, en el mes de febrero de 2001, la Comisión y la DGPC reclamaron a IQV el expediente completo. Considera que, al cambiar
         de orientación, la Comisión hizo imposible cumplir el plazo establecido en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 3600/92.
      
      80     La demandante considera que es contrario al espíritu de la normativa exigir que se presente un expediente completo en un plazo
         que resulta imposible cumplir y negarse a ampliarlo. A este respecto, la adopción del Reglamento nº 2076/2002 por la Comisión
         es, a su juicio, reveladora, por cuanto constituye la prueba tangible de que la Comisión podría haber flexibilizado los plazos
         procedimentales ampliándolos, como ha hecho en relación con otras sustancias activas.
      
      81     Además, afirma, la retirada de Syngenta del procedimiento creó una situación excepcional, que el Reglamento nº 3600/92, las
         líneas directrices y los documentos de orientación relativos al procedimiento de reevaluación no abordaban. La negativa de
         la Comisión a ampliar el plazo previsto en el Reglamento nº 2076/2002 es, en opinión de la demandante, discriminatoria.
      
      82     Por último, IQV acusa a la Comisión de no haberle comunicado que el Reglamento nº 2076/2002 era aplicable al metalaxil y que,
         por tanto, podía ampliarse el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005.
      
      83     La Comisión responde que el procedimiento de evaluación de las sustancias activas existentes está sujeto a plazos que los
         notificantes, el Estado miembro ponente y la Comisión han de respetar. Además, en 2001, en un informe al Parlamento Europeo,
         la Comisión se comprometió a velar por que se tomara el máximo posible de decisiones antes del mes de julio de 2003 y por
         que toda ampliación del plazo de evaluación que se considerase necesaria fuera lo más reducida posible.
      
      84     La Comisión rebate la alegación según la cual IQV no pudo respetar los plazos establecidos por la normativa comunitaria, a
         causa de un supuesto cambio de criterio de la Comisión. Según la Comisión, la DGPC indicó repetidamente a IQV desde el inicio
         del procedimiento de evaluación que debía completar el expediente presentado, pues en él faltaban estudios esenciales. Por
         otra parte, se repitieron las promesas de IQV en cuanto a la realización de los estudios necesarios para completar su expediente.
         Sin embargo, los plazos que ella mencionaba nunca fueron respetados.
      
      85     Según la Comisión, IQV era consciente desde 1998 de que era el único notificante y, desde 1999, la Comisión y la DGPC habían
         insistido en las obligaciones de información y prueba que recaían sobre IQV en su calidad de tal. Ahora bien, si IQV había
         comenzado la preparación del expediente completo cuando Syngenta anunció oficialmente su retirada en 1998 o incluso cuando
         recibió la confirmación de la continuación de la revisión en 1999, toda la información habría podido recogerse, según el cálculo
         aceptado por la demandante, en 2002 o 2003 y, por lo tanto, dentro de los plazos establecidos por la legislación.
      
      86     La Comisión subraya que IQV no disponía en el mes de mayo de 2002 de un expediente completo relativo al metalaxil y seguía
         sin disponer del mismo en el momento de la redacción del escrito de contestación, pese a que se trataba de un requisito esencial
         para que pudiese adoptarse una decisión a más tardar en 2005.
      
      87     La Comisión estima, por último, que la posición de IQV es contradictoria. Por un lado, IQV alega encontrarse en una situación
         excepcional que la Comisión debería haber tenido en cuenta, mientras que, por otro lado, IQV pretende comparar la situación
         del metalaxil con la de las otras sustancias activas cubiertas por el Reglamento nº 2076/2002. En relación con una supuesta
         discriminación, la Comisión recuerda que se han retirado más de 400 sustancias activas por razones relacionadas con el procedimiento
         de evaluación, en particular debido a la falta de notificación o de presentación de un expediente completo en los plazos establecidos.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      88     Como ha señalado acertadamente la Comisión, existen disposiciones reglamentarias precisas en relación con la duración del
         procedimiento general de evaluación de las sustancias activas y los plazos de presentación de un expediente completo y de
         nueva información.
      
      89     El Reglamento nº 3600/92, en su versión modificada por el Reglamento nº 2266/2000, establece que estos últimos plazos expiran
         en principio el 25 de mayo de 2002 por lo que se refiere a la presentación de los resultados de las pruebas suplementarias
         y el 25 de mayo de 2003 por lo que respecta a los estudios a largo plazo.
      
      90     El período transitorio para la autorización de la comercialización de productos fitosanitarios a base de sustancias activas
         debía finalizar en principio en julio de 2003, pero fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2005 por el Reglamento nº 2076/2002,
         a menos que se haya adoptado o se adopte antes de dicha fecha una decisión de inclusión o de no inclusión de la sustancia
         activa en el anexo I, como sucede en el caso de autos.
      
      91     Procede verificar si la Comisión estaba facultada para denegar la prórroga del plazo para continuar el procedimiento de evaluación
         del metalaxil.
      
      92     A este respecto, del artículo 7, apartado 4, del Reglamento nº 3600/92 (véase el apartado 16 supra)  se desprende que la Comisión únicamente tiene la posibilidad de prorrogar el plazo en casos excepcionales, a saber, cuando
         el Estado miembro ponente y la Comisión no hayan podido identificar, antes del 25 de mayo de 2001, los estudios a largo plazo
         considerados necesarios para el examen del expediente. Además, el notificante debe presentar al Estado miembro ponente pruebas,
         antes del 25 de mayo de 2002, de que tales estudios están encargados en el plazo de tres meses desde la petición de realizar
         los estudios, así como un protocolo y un informe del avance del estudio.
      
      93     Ahora bien, la apreciación del carácter excepcional de una situación depende de las circunstancias de cada caso y entra dentro
         del ámbito de la facultad de apreciación de la Comisión. En el caso de autos, la demandante sabía que se le reclamaría un
         expediente completo, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 3600/92. La DGPC le había indicado,
         al menos desde el 3 de junio de 1997 (véase el apartado 24 supra),  que su expediente no estaba completo. En el mes de julio de 1998, IQV fue informada de la retirada de Syngenta, lo que en
         nada modificó su obligación de presentar un expediente completo dentro del plazo señalado. Esta afirmación no puede quedar
         desvirtuada por el hecho de que no hay ninguna disposición que regule la situación de la retirada de uno de los dos notificantes.
         Además, a raíz de la comunicación por la Comisión, en el mes de mayo de 2002, de su intención de presentar al Comité un proyecto
         de no inclusión del metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/104, IQV suspendió por iniciativa propia todos los estudios
         que podían serlo y, en particular, los de coste más elevado. En estas circunstancias, no puede considerarse que la situación
         de IQV sea excepcional.
      
      94     La alegación de la demandante según la cual no fue posible respetar los plazos, debido a un cambio de criterio de la Comisión,
         no es pertinente. En efecto, el tenor del escrito de 19 de julio de 1999 relativo a las obligaciones que recaen sobre IQV
         es muy claro: «[El notificante] asume la responsabilidad de someter al Estado miembro ponente, a los demás Estados miembros
         y a los expertos a que se refiere el artículo 7, apartado 2 (“peer review”), un expediente resumido y, en su caso, un expediente
         completo.» Si bien el escrito de la DGPC a IQV de 28 de octubre de 1999 no recogió este pasaje, es evidente que el criterio
         de la Comisión no ha cambiado en absoluto. En consecuencia, no puede calificarse de excepcional la situación de IQV debido
         al comportamiento de la Comisión.
      
      95     La facultad de conceder una prórroga se asimila a la facultad de apreciación en función de las circunstancias de cada caso.
         En efecto, procede recordar que, en materia de política agrícola común, como sucede en el caso de autos, las instituciones
         comunitarias gozan de una amplia facultad de apreciación en lo que respecta a la definición de los objetivos perseguidos y
         a la elección de los instrumentos de acción adecuados. En este contexto, el control de fondo del juez comunitario debe limitarse
         a examinar si, al ejercer dicha facultad de apreciación, las instituciones comunitarias incurrieron en error manifiesto o
         desviación de poder o, también, si rebasaron manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, Alpharma/Consejo, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, apartados 177 a 180). Procede
         verificar si, al negarse a prorrogar los plazos, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación.
      
      96     Una prórroga indefinida del plazo de evaluación de una sustancia activa sería contraria al objetivo perseguido por la Directiva
         91/414, consistente en garantizar un alto nivel de protección de la salud humana o animal así como del medio ambiente. En
         efecto, la Comisión ha concedido ya prórrogas de plazos para la evaluación de determinadas sustancias activas, habiendo alegado
         además IQV que constituiría una discriminación no prorrogar el plazo relativo al metalaxil. Sin embargo, como ha señalado
         la Comisión, la prórroga del plazo concedido para otras sustancias activas nunca sobrepasó el 31 de diciembre de 2003. Pues
         bien, según el cuadro que refleja el estado de avance de los estudios de IQV, actualizado a 14 de octubre de 2002, algunos
         estudios no se finalizaron hasta el mes de septiembre de 2004.
      
      97     Además, hay que tener en cuenta que en 2001, en un informe dirigido al Parlamento Europeo, la Comisión se comprometía a procurar
         que se adoptasen antes del mes de julio de 2003 el mayor número de decisiones posible y a que fuese lo más breve posible cualquier
         ampliación del plazo considerada necesaria. Teniendo en cuenta estos datos, la Comisión no incurrió en un error manifiesto
         de apreciación al negarse a prorrogar el plazo relativo al metalaxil.
      
      98     Por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual el Estado miembro ponente podría haberse encargado de
         la distribución del expediente completo de Syngenta, con el objeto de ganar tiempo y permitir que los expertos nacionales
         («peer review») iniciasen la fase de revisión, baste recordar que no existen disposiciones reglamentarias que obliguen al
         Estado miembro ponente a efectuar dicha distribución. Además, el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 3600/92
         prevé la distribución de los expedientes por el notificante.
      
      99     En la medida en que la demandante invoca el espíritu y el objetivo legítimo del sistema de reevaluación para impugnar el plazo
         de presentación de un expediente completo, procede señalar que es la normativa en vigor la que establece los plazos y que
         la prórroga es tan sólo una facultad de que dispone la Comisión (véanse los apartados 95 a 97 supra).
      100   De ello se deduce que las alegaciones de la demandante dirigidas a impugnar los plazos carecen de fundamento y deben ser desestimadas.
         De todo lo antedicho se desprende que carecen de fundamento la primera y la segunda parte del primer motivo.
      
       Contradicción entre la Decisión impugnada y la posición de la Comisión sobre la utilización de los estudios aportados por
            Syngenta para la elaboración del informe por el Estado miembro ponente
       Alegaciones de las partes
      101   La demandante reprocha a la Comisión que haya incurrido en incoherencia al señalar en su escrito de 19 de julio de 1999 que
         nada se oponía a que el Estado miembro ponente procediese a la elaboración de su informe basándose en toda la información
         de que disponía, exigiendo al propio tiempo que IQV presentase un expediente completo, lo que implicaba comprar los estudios
         de Syngenta o duplicar estudios ya existentes. Según la demandante, la Comisión sabía desde el principio que IQV no disponía
         de un expediente completo y que para disponer del mismo debía duplicar los estudios que figuran en el expediente de Syngenta.
      
      102   La demandante considera que, ante las lagunas existentes en la legislación aplicable, la Comisión debería haber permitido
         a IQV continuar el proceso de reevaluación del metalaxil optando por varias soluciones: en primer lugar, emplear en lo posible
         el expediente ya existente para la reevaluación del metalaxil, asumiendo IQV la tarea de responder a cuantas preguntas le
         sean formuladas y efectuar cuantos estudios nuevos o complementarios sean precisos para tranquilizar a los demás Estados miembros
         en relación con la sustancia activa de que se trata; en segundo lugar, en su defecto, identificar entre los estudios protegidos
         en el expediente de Syngenta aquellos cuya duplicación era necesaria para la defensa del metalaxil, que IQV había manifestado
         estar dispuesta a duplicar; en tercer lugar, permitir a IQV efectuar estos estudios en un plazo realista, como había hecho
         con otras sustancias activas.
      
      103   La Comisión estima que la Decisión impugnada es coherente con la interpretación de la normativa aplicable que se expone en
         el escrito de la Comisión de 19 de julio de 1999. En dicho escrito, la Comisión explicaba, en efecto, que nada se oponía a
         que el Estado miembro ponente procediese a la elaboración de su informe basándose en toda la información de que disponía.
         No obstante, según la Comisión, al recaer la carga de la prueba sobre el notificante, corresponde a este último presentar
         toda la información necesaria para demostrar que dicha sustancia activa no tiene efectos nocivos o inaceptables.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      104   Baste recordar que la posición de la Comisión sobre este punto no ha cambiado (véase el apartado 94 supra).  La Comisión no se contradijo al exigir un expediente completo en 2001, puesto que ya en julio de 1999 el dictamen jurídico
         dirigido a la DGPC hacía referencia a esta obligación.
      
      105   El artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 3600/92 dispone que el Estado miembro ponente «examinará los expedientes
         contemplados en los apartados 2 y 3 del artículo 6 [es decir, el expediente resumido y el expediente completo] […] así como
         cualquier otra […] información [disponible]». La interpretación realizada por la Comisión en su dictamen de 19 de julio de
         1999 no es incompatible con el Reglamento nº 3600/92. Por otra parte, hay que señalar que el hecho de que la Comisión no prevea
         expresamente en la normativa qué consecuencias se producirían en el supuesto concreto de la retirada de una solicitud de autorización
         de comercialización de una sustancia cuando no se haya retirado otra solicitud de autorización relativa a la misma sustancia,
         no constituye una laguna legal. Por tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante. En consecuencia, debe desestimarse
         en su totalidad esta parte del primer motivo.
      
       Ilegalidad de la presunción de la Comisión
       Alegaciones de las partes
      106   La demandante sostiene que la Comisión se basó en una presunción injustificada y que es contraria a la normativa. Según dicha
         presunción, IQV no estaba en condiciones de responder a las preguntas de los expertos planteadas con ocasión de la revisión
         paritaria («peer review») ni de presentar datos relacionados con determinados temas. La demandante destaca que la Comisión
         se refiriese en los considerandos de la Decisión impugnada a la insuficiencia de datos para efectuar la evaluación cuando,
         en primer lugar, IQV había aportado estudios que la Comisión tuvo en consideración y llevaba varios años completando las lagunas
         del expediente con nuevos estudios, en segundo lugar, IQV siempre estuvo dispuesta a aportar los estudios que fueran necesarios
         y, en tercer lugar, la Comisión no fue ni siquiera capaz de determinar y definir qué estudios consideraba esenciales para
         la defensa de la sustancia activa y qué estudios del expediente de Syngenta consideraba protegidos.
      
      107   Además, IQV señala que la Comisión debería haber tenido en cuenta que detrás de ella está la empresa Rallis, que produce el
         metalaxil que IQV importaba. Rallis, por su capacidad técnica y su experiencia con esta sustancia, está en una posición inmejorable
         para responder a la mayoría de las cuestiones que puedan plantearse en relación con el metalaxil. Por último, la demandante
         subraya que la presunción de la Comisión se basa en su experiencia en procedimientos de reevaluación. Ahora bien, el procedimiento
         de reevaluación de cada sustancia activa es diferente y plantea problemas distintos e incomparables en cada caso particular.
      
      108   La Comisión afirma que aún seguían sin resolver ciertas cuestiones esenciales, como la ecotoxicidad del metalaxil o de su
         compuesto. Además, considera que IQV se contradijo al comprometerse a completar su expediente y llevar a cabo a continuación
         una selección de los estudios protegidos en el expediente de Syngenta, por un lado, y los estudios esenciales que se comprometía
         a realizar, por otro lado.
      
      109   La Comisión insiste en que, en contra de lo que afirma IQV, el expediente presentado por Syngenta a efectos de la preparación
         por el Estado miembro ponente de su informe no estaba completo. En las conclusiones del mencionado informe de la DGPC se denuncian
         lagunas importantes en el expediente de Syngenta. Además, al no haber tenido acceso IQV a los estudios que figuran en dicho
         expediente, no podía remitir a los participantes en la evaluación a estudios que no conocía ni hacer frente a las preguntas
         o críticas de los expertos de los Estados miembros. La Comisión añade que la carga de la prueba no incumbía ni al Estado miembro
         ponente ni a ninguna otra empresa, como Rallis. Además, si Rallis hubiese dispuesto de datos pertinentes, nada le hubiese
         impedido transmitírselos a la demandante.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      110   Procede considerar que, a la vista de los elementos del expediente y de la práctica en la materia, la Comisión observó acertadamente
         que IQV, al no tener acceso a los estudios del expediente de Syngenta, no estaba en condiciones de responder a las preguntas
         de los expertos relativas a dichos estudios. A este respecto, en el séptimo considerando de la Decisión impugnada, la Comisión
         hace referencia a la insuficiencia de datos para efectuar la evaluación. Además, las autoridades portuguesas, que tenían en
         su poder el expediente de Syngenta, habían considerado que no les correspondía responder a las preguntas planteadas con ocasión
         del examen de los expertos nacionales.
      
      111   Por lo que se refiere a la afirmación de la demandante de que siempre estuvo dispuesta a aportar los estudios necesarios,
         hay que recordar una vez más que en repetidas ocasiones incumplió los plazos señalados para completar su expediente. Como
         señala con razón la Comisión, IQV contribuyó, por tanto, a su propia situación al no respetar los plazos para presentar la
         información complementaria y, por ende, a que no se presentase un expediente completo.
      
      112   Hay que añadir que, aun suponiendo que procediera admitir que Rallis estaba excepcionalmente bien situada para responder a
         la mayoría de las preguntas planteadas con ocasión de la revisión por los expertos, consta que IQV seguía sin disponer de
         un expediente completo y que determinadas preguntas esenciales, entre las que se encuentran las relativas a la ecotoxicidad
         del metalaxil o de sus componentes, siguen aún sin respuesta. A este respecto, procede señalar que todos los estudios esenciales
         que faltan en el expediente de IQV no se encontraban en el expediente de Syngenta (véase también el apartado 137 infra).
      113   Por último, la propia demandante indicó, en su escrito de 4 de mayo de 2001 dirigido a la Comisión, que tenía dificultades
         para responder a las preguntas de los Estados miembros sin tener a su disposición los estudios de Syngenta.
      
      114   Por consiguiente, debe desestimarse la alegación basada en la ilegalidad de la presunción de la Comisión.
      115   De ello se deduce que debe desestimarse en su totalidad el primer motivo.
      2.     Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
       Alegaciones de las partes
      116   La demandante sostiene que la Comisión violó el principio de proporcionalidad al decidir la no inclusión de la sustancia activa
         metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/414 y la retirada del mercado de todos los productos fitosanitarios que contengan
         metalaxil (artículos 1 y 2 de la Decisión impugnada). Según la demandante, el objetivo perseguido por la Directiva 91/414
         y por el Reglamento nº 3600/92 es que se reevalúen todas las sustancias activas que las empresas deseen defender, siempre
         que haya estudios que lo permitan y que permanezcan en el mercado sólo las sustancias seguras. La demandante articula su motivo
         en tres partes, que el Tribunal de Primera Instancia tratará conjuntamente.
      
       Carácter inadecuado o no apropiado de la Decisión impugnada para lograr el objetivo pretendido
      117   La demandante sostiene que la Decisión impugnada viola el principio de proporcionalidad, dado que excluyó una sustancia del
         mercado europeo cuando ni siquiera se había llegado a completar su análisis científico. Esta exclusión se ordenó a pesar de
         que, por un lado, el Estado miembro ponente disponía de todos los estudios necesarios para evaluar la sustancia activa en
         cuestión y de que, por otro lado, existía una empresa, IQV, que deseaba asumir la responsabilidad de comercializar esta sustancia
         activa y que estaba dispuesta a colaborar en el proceso de re-registro. Considera que la Decisión impugnada se deriva de la
         incapacidad de la Comisión para solucionar por vía lógico-interpretativa un problema para el cual el Reglamento nº 3600/92
         no prevé una solución clara y evidente.
      
      118   Además, la demandante estima que la Comisión carece de cualquier razón de peso para adoptar la Decisión impugnada. Alega que
         una sustancia activa muy similar al metalaxil, el metalaxil-M, ha sido incluida recientemente en el anexo I de la Directiva
         91/414 y ha sido defendida por Syngenta con estudios que coinciden en un 80 % con los estudios necesarios para la defensa
         del metalaxil. Por lo demás, el metalaxil ha sido comercializado sin dificultades en el mercado mundial durante varios años
         sin plantear ningún problema para la salud pública.
      
      119   Según la demandante, la Decisión de la Comisión se basa en la repentina urgencia de ésta por completar cuanto antes la reevaluación
         de las sustancias incluidas en la primera fase del programa de re-registro de sustancias activas. La demandante precisa que
         la Decisión impugnada fue adoptada por razones de procedimiento y de gestión administrativa en modo alguno irrefutables. Al
         acelerar los procesos de reevaluación de sustancias activas, la Comisión ha incrementado la lista de sustancias activas que
         desaparecerán del mercado.
      
      120   La demandante añade que la Decisión es inadecuada, porque de ella no se deriva ninguna ventaja para la salud o el interés
         público ni para el mercado europeo. En efecto, de la Decisión impugnada sólo resultan desventajas para el mercado, los consumidores
         (reducción de sus posibilidades de elección) y la competencia. Así, el metalaxil será sustituido por un producto exacto sustitutivo,
         el metalaxil-M, perteneciente a la multinacional Syngenta. La exclusión del metalaxil permitiría a Syngenta ocupar una posición
         dominante en el mercado de los fungicidas curativos. La demandante afirma que otros productores y titulares de las sustancias
         mencionadas por la Comisión como sustitutivas del metalaxil, por ejemplo Bayer o Aventis, no han aprovechado la adopción de
         la Decisión impugnada para promocionar sus productos y conquistar la cuota de mercado hasta ahora reservada al metalaxil.
      
      121   La demandante señala que el proyecto de Syngenta de poner en práctica la misma estrategia monopolista de expulsar del mercado
         al metalaxil y dominarlo con el metalaxil-M no ha sido tolerada por las autoridades norteamericanas, que disponen de un sistema
         suficientemente flexible para frenar o evitar este tipo de situaciones problemáticas.
      
      122   La Comisión afirma que los objetivos que la Directiva persigue no son la protección ni del mercado ni de la competencia, sino
         la protección de la salud humana o animal y del medio ambiente (cuarto y noveno considerandos de la Directiva 91/414). Este
         objetivo es conforme con el principio de cautela, tal como lo define la jurisprudencia, que ha consagrado la primacía de la
         protección de la salud y del medio ambiente sobre los intereses económicos.
      
      123   La Comisión añade que la demandante fue advertida, desde 1996, de que en su expediente faltaban estudios esenciales. En junio
         de 2002, la demandante pretendía que necesitaría al menos tres años para disponer de un expediente completo. En consecuencia,
         la Comisión entiende que su Decisión no era ni una medida precipitada ni adoptada con urgencia.
      
       Posibilidad de alcanzar el fin perseguido adoptando una medida menos restrictiva
      124   La demandante alega que la Comisión podría haber optado por otras soluciones menos gravosas antes de decidir la no inclusión
         del metalaxil en el anexo I de la Directiva 91/414 y la total desaparición del mercado de los productos fitosanitarios que
         lo contienen. La Comisión podría haber:
      
      –       continuado el proceso de reevaluación obligando a las autoridades portuguesas a asumir la tarea de distribuir el expediente
         completo del metalaxil a los Estados miembros que lo solicitaran, dejando a la demandante la tarea de efectuar los estudios
         complementarios necesarios para descartar las dudas sobre la sustancia activa;
      
      –       precisado (ella misma o el Estado miembro ponente) qué estudios eran indispensables y cuáles protegidos;
      –       concedido a la demandante un plazo suficiente para proceder a la duplicación de los estudios.
      125   La demandante subraya que la Comisión debería haber precisado en su Decisión la razón por la que decidió no conceder al metalaxil
         un plazo más allá de 2003, mientras que el Reglamento nº 2076/2002 permitía prorrogarlo hasta el mes de diciembre de 2005.
      
      126   Por último, la demandante explica que la apertura de un procedimiento de registro del metalaxil como sustancia nueva no era
         una solución viable.
      
      127   La Comisión recuerda que el sistema de evaluación instaurado por la Directiva 91/414 tiene como objetivo lograr una evaluación
         adecuada de las sustancias activas en cuestión, sobre la base de la información presentada por el notificante.
      
       Violación del principio de proporcionalidad en sentido estricto
      128   En primer lugar, la demandante sostiene, básicamente, que la Decisión impugnada no responde al requisito de proporcionalidad
         en sentido estricto, en la medida en que los perjuicios causados a derechos individuales superan con creces las ventajas creadas
         en beneficio del interés general. En efecto, la sustancia estaría a punto de ser eliminada del mercado pese a que no se ha
         demostrado que plantee problemas o riesgo alguno para la salud pública.
      
      129   En segundo lugar, la demandante añade que la Decisión de la Comisión implica una reducción de la competencia (reducción de
         las importaciones de productos agrícolas tratados con productos que contienen metalaxil) y de las posibilidades de elección
         de los consumidores.
      
      130   En tercer lugar, según la demandante, Syngenta sería la única beneficiada por la retirada del metalaxil, puesto que comercializa
         el metalaxil-M, el sustituto natural del metalaxil. Además, Syngenta en ningún momento ha intentado desviar la atención de
         los consumidores hacia otros productos que no fuesen el metalaxil-M, de los que es también titular y que la Comisión menciona
         como sustitutivos del metalaxil.
      
      131   La Comisión rebate estas alegaciones afirmando que es la propia Directiva la que, al establecer obligaciones estrictas de
         prueba a cargo del notificante, ha subordinado el interés individual de éste al interés general. Se trata de autorizar las
         sustancias y los productos que no presenten riesgos para la salud humana o animal o para el medio ambiente.
      
      132   Según la Comisión, los efectos que la no inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414 pudiera tener en cuanto a las mencionadas
         importaciones no se derivan de la Decisión impugnada, sino que constituyen el objeto de un procedimiento en curso y que implica
         consultas en el marco del Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      133   Contrariamente a lo que afirma la demandante, el sexto considerando del Reglamento nº 2076/2002 no hace referencia a la protección
         de la competencia. Como subraya la Comisión, los objetivos perseguidos por la Directiva 91/414 no son la protección del mercado
         o de la competencia, sino la protección de la salud humana o animal y del medio ambiente. Este objetivo es conforme al principio
         de cautela y responde a la jurisprudencia que consagra la primacía de la protección de la salud y del medio ambiente sobre
         los intereses económicos.
      
      134   Es jurisprudencia consolidada que la importancia del objetivo perseguido, a saber, la protección de la salud humana, puede
         justificar consecuencias económicas negativas, incluso importantes, para determinados operadores. En este contexto, es preciso
         atribuir una importancia preponderante a la protección de la salud pública, frente a las consideraciones económicas (auto
         del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1996, Reino Unido/Comisión, C‑180/96 R, Rec. p. I‑3903, apartado 93; sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, apartados
         456 y 457).
      
      135   Según reiterada jurisprudencia, el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho
         comunitario, exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario
         para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca
         una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deberán
         ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véanse, en particular, la sentencia del Tribunal de Justicia
         de 18 de noviembre de 1987, Maizena y otros, 137/85, Rec. p. 4587, apartado 15; sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, antes
         citada, apartado 411).
      
      136   Sin embargo, en materia agrícola, por lo que se refiere en particular a las medidas adoptadas con arreglo al artículo 43 del
         Tratado CE (actualmente artículo 37 CE, tras su modificación), el control jurisdiccional del principio de proporcionalidad
         es particular, por cuanto el Tribunal de Justicia reconoce al legislador comunitario una amplia facultad de apreciación en
         este ámbito que implica decisiones de carácter político, económico y social, así como apreciaciones complejas (sentencia del
         Tribunal de Justicia de 5 de mayo de 1998, Nacional Farmers' Union y otros, C‑157/96, Rec. p. I‑2211, apartado 61). Por consiguiente,
         sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con relación al objetivo que tiene previsto
         conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (sentencia del Tribunal de Justicia de 12
         de julio de 2001, Jippes y otros, C‑189/01, Rec. p. I‑5689, apartado 82; sentencias Pfizer Animal Health/Consejo, antes citada,
         apartado 412, y Alpharma/Consejo, antes citada, apartados 177 a 180).
      
      137   En el caso de autos, la Directiva 91/414 tiene como base jurídica el artículo 43 del Tratado. Por tanto, se trata de examinar
         si la Comisión adoptó una decisión manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo previsto por el sistema de reevaluación
         establecido por dicha Directiva, a saber, la protección de la salud humana o animal y del medio ambiente. Al no tener acceso
         a los estudios de Syngenta, IQV no pudo responder a las preguntas planteadas con ocasión de la revisión paritaria («peer review»).
         Así pues, no es posible probar la inocuidad de la sustancia activa y, por consiguiente, no puede alcanzarse el objetivo de
         proteger la salud humana o animal y el medio ambiente. Si bien la demandante señaló, en respuesta a una pregunta escrita del
         Tribunal de Primera Instancia, que sólo dos estudios [«Estudios de laboratorio sobre los efectos del metalaxil en artrópodos
         no contemplados distintos de las abejas» («laboratory studies to cover the effects of metalaxyl to nontarget arthropods other
         than bees») y «Datos médicos adicionales sobre el personal de vigilancia y de fábrica, los casos clínicos y los incidentes
         de envenenamiento» («more medical data on surveillance and manufacturing plant personnel, clinical cases and poisoning incidents»)]
         no estaban cubiertos por sus estudios y los de Syngenta y que estos estudios estaban completados en el momento de la adopción
         de la Decisión impugnada, procede señalar que en la vista reconoció que en la fecha en que se adoptó la Decisión impugnada,
         mayo de 2003, sólo se habían completado proyectos de informe y no estudios definitivos.
      
      138   Procede desestimar la alegación de la demandante según la cual la Decisión impugnada es contraria al principio de proporcionalidad
         en la medida en que es inadecuada o no apropiada para lograr el objetivo de protección de la competencia.
      
      139   Habida cuenta de todo lo antedicho, carecen de fundamento las tres partes del motivo basado en la violación del principio
         de proporcionalidad, por lo que aquél debe ser desestimado.
      
      3.     Sobre el tercer motivo, basado en la existencia de desviación de poder
       Alegaciones de las partes
      140   La demandante considera básicamente que la Decisión impugnada constituye una desviación de poder en la medida en que, al adoptar
         esta Decisión, la Comisión persiguió objetivos que nada tienen que ver con los previstos por la normativa comunitaria relativa
         al re-registro de sustancias activas.
      
      141   Más concretamente, la demandante estima que la Decisión impugnada es resultado de presiones ejercidas por Syngenta sobre la
         Comisión y que tiene por objetivo favorecer a dicha empresa.
      
      142   La demandante expone tres elementos en este sentido. En primer lugar, la Decisión impugnada carece de base científica y fue
         adoptada a pesar de existir todos los estudios que hacían posible la reevaluación del metalaxil y de que IQV estaba dispuesta
         a asumir la responsabilidad de su comercialización en la Unión Europea y a completar el re-registro que pudiera requerirse
         (realizando los estudios complementarios necesarios o respondiendo a las preguntas planteadas por los Estados miembros y la
         Comisión). En segundo lugar, la Comisión decidió eliminar del mercado el metalaxil optando por una de las soluciones más restrictivas,
         sin siquiera tomar en consideración seriamente otras posibilidades menos restrictivas como la ampliación del plazo. En tercer
         lugar, la Comisión cambió de opinión y de interpretación en el curso del procedimiento en relación con el uso de los estudios
         aportados por Syngenta.
      
      143   La Comisión sostiene que no adoptó la Decisión impugnada en interés de Syngenta, sino respetando la normativa comunitaria
         aplicable, a saber, la Directiva 91/414, que prevé la no inclusión de una sustancia activa cuando no se haya facilitado a
         tiempo la información necesaria.
      
      144   La Comisión entiende que de la correspondencia intercambiada entre IQV y las autoridades portuguesas se deduce claramente
         que no existió contradicción alguna respecto del juicio que el expediente aportado por IQV mereció al Estado miembro ponente
         desde el momento de su presentación. Tampoco hubo contradicción alguna en la actitud de los servicios de la Comisión, que
         en todo momento establecieron una clara distinción entre los expedientes sobre la base de los cuales la DGPC podía elaborar
         su informe y las obligaciones que pesaban sobre IQV en cuanto a la presentación de información.
      
      145   Según la Comisión, IQV agradeció en diversas ocasiones a los servicios de la Comisión su cooperación y sus esfuerzos para
         encontrar una solución adecuada. Por último, añade que IQV reconoce en su correspondencia que los servicios de la Comisión
         le ofrecieron alternativas, indicándole que la sociedad seguía teniendo la posibilidad de solicitar la inclusión del metalaxil
         en el anexo I de la Directiva 91/414 según el procedimiento previsto para la autorización de las sustancias activas nuevas.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      146   Es jurisprudencia reiterada que el concepto de desviación de poder tiene un alcance preciso en Derecho comunitario y se refiere
         a la situación en que una autoridad administrativa hace uso de sus facultades con un objeto distinto de aquel para el que
         le fueron conferidas. Una decisión sólo está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos,
         pertinentes o concordantes, que fue adoptada con el fin de conseguir otros fines distintos de los alegados (sentencias del
         Tribunal de Justicia de 25 de junio de 1997, Italia/Comisión, C‑285/94, Rec. p. I‑3519, apartado 52, y de 14 de mayo de 1998,
         Windpark Groothusen/Comisión, C‑48/96 P, Rec. p. I‑2873, apartado 52; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 28 de
         septiembre de 1999, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz/Comisión, T‑254/97, Rec. p. II‑2743, apartado 76, y Cordis/Comisión,
         T‑612/97, Rec. p. II‑2771, apartado 41).
      
      147   En el caso de autos, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que acuerde diligencias de ordenación del procedimiento
         para poder determinar la existencia de dicha desviación de poder sin explicar, no obstante, de qué forma pudo ejercer presiones
         Syngenta. Por otra parte, la demandante no ha aportado ningún indicio de prueba que demuestre que la Comisión adoptó la Decisión
         como consecuencia de tales presiones. Pues bien, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia aportar la prueba de tan
         imprecisas alegaciones. Además, los documentos solicitados al Tribunal de Primera Instancia son irrelevantes para la solución
         del litigio. Habida cuenta de estos elementos, debe desestimarse el motivo basado en la existencia de desviación de poder.
      
      148   De lo antedicho se desprende que debe desestimarse en su totalidad el recurso de anulación interpuesto por la demandante.
       Costas
      149   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
         el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
         por la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales,
         de conformidad con lo solicitado por la Comisión.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      decide :
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Industrias Químicas del Vallés, S.A., cargará con las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes al procedimiento
            sobre medidas provisionales.
      
               Pirrung
            
            
               Forwood 
            
            
               Papasavvas 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de junio de 2005.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                     J. Pirrung
            
         
      Índice
      
      Marco jurídico
      Hechos que originaron el litigio
      Procedimiento
      Pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      1.  Sobre el primer motivo, basado en una interpretación errónea e incoherente de la Directiva 91/414 y del Reglamento nº 3600/92
      Contradicción entre la Decisión impugnada y, por un lado, las disposiciones de la Directiva 91/414, del Reglamento nº 3600/92
         y de sus normas de aplicación y, por otro lado, el espíritu y el objetivo del sistema de reevaluación de sustancias activas
      
      Sobre la obligación de IQV de confeccionar un expediente completo
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la ilegalidad de los plazos señalados a IQV para presentar su expediente
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Contradicción entre la Decisión impugnada y la posición de la Comisión sobre la utilización de los estudios aportados por
         Syngenta para la elaboración del informe por el Estado miembro ponente
      
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Ilegalidad de la presunción de la Comisión
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      2.  Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
      Alegaciones de las partes
      Carácter inadecuado o no apropiado de la Decisión impugnada para lograr el objetivo pretendido
      Posibilidad de alcanzar el fin perseguido adoptando una medida menos restrictiva
      Violación del principio de proporcionalidad en sentido estricto
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      3.  Sobre el tercer motivo, basado en la existencia de desviación de poder
      Alegaciones de las partes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Costas
      
      *  Lengua de procedimiento: español.