CELEX: 31995D0366
Language: es
Date: 1995-03-14 00:00:00
Title: 95/366/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 1995, relativa a determinadas ayudas concedidas por Italia (Cerdeña) en el sector agrario (El texto en lengua italiana es el único auténtico)

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31995D0366

95/366/CE: Decisión de la Comisión, de 14 de marzo de 1995, relativa a determinadas ayudas concedidas por Italia (Cerdeña) en el sector agrario (El texto en lengua italiana es el único auténtico)  

Diario Oficial n° L 218 de 14/09/1995 p. 0020 - 0027

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 1995 relativa a determinadas  ayudas concedidas por Italia (Cerdeña) en el sector agrario (El texto en lengua italiana es el  único auténtico) (95/366/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del  apartado 2 de su artículo 93, Visto el Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la  organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos  (1), cuya  última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 3290/94  (2), y, en particular, su artículo  24, Despues de haber emplazado a los interesados a que presentaran sus observaciones, de conformidad  con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 93  (3), Considerando lo que sigue: I Por carta de 1 de septiembre de 1992, a la que se dio entrada en el registro el 7 de septiembre  de 1992, la Representación permanente de Italia ante las Comunidades Europeas, de conformidad con  lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, notificó a la Comisión la Ley regional  (Cerdeña) n° 17/92. Esa Ley regional que ya ha entrado en vigor determina la ampliación de medidas de ayuda antes de  que la Comisión pudiera pronunciarse sobre ellas. Además, algunas de sus disposiciones constituyen  la aplicación de disposiciones legales anteriores que no fueron notificadas de conformidad con el  apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Por ello, la Comisión no sólo ha analizado la Ley regional  notificada sino también, cuando procedía, esas últimas disposiciones. Las medidas de ayuda a que se refiere la presente Decisión son las siguientes: Artículo 1 de la Ley n° 17/92 La administración regional concede subvenciones, en forma de  reducción del tipo de interés de los préstamos contraídos por los socios de cooperativas del sector  de la transformación y comercialización de productos agrícolas o de agrupaciones de éstas con  objeto de adquirir una participación en el capital social de tales organismos. La aplicación de la  medida se ha circunscrito a 1992 y su presupuesto ha ascendido a 3  000 millones de liras  italianas. Al no haberse previsto ninguna limitación en cuanto al uso de los nuevos recursos (es decir, el  incremento del capital social) por las cooperativas o las agrupaciones antes indicadas, cabe la  posibilidad de que no se utilicen únicamente para financiar inversiones futuras o sanear las  empresas con arreglo a los criterios fijados por la Comisión en materia de las ayudas a empresas en  dificultad [criterios recordados en la carta por la que la Comisión comunicó al Gobierno italiano  su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado  (4)],  sino también para financiar sus gastos de funcionamiento. Artículo 3 de la Ley regional n° 17/92, artículo 6 de la Ley regional n° 17/92, artículo 40 de la  Ley regional n° 14/81 y artículo 57 de la Ley regional n° 44/86 Estos artículos prevén un sistema  de intervención pública para transformar el pasivo de las cooperativas agrícolas [medidas a) a e)]  y un caso individual de saneamiento [medida f)]. a)  El artículo 40 de la Ley n° 14/81, establece un «  fondo regional para la transformación del  pasivo de las cooperativas agrícolas  » que, de acuerdo con lo que dispone dicha Ley, interviene  mediante la concesión a las cooperativas de préstamos a tipo reducido, por una duración de diez  años, destinados a cubrir su pasivo. b)  El artículo 57 de la Ley n° 44/86, prevé la concesión de financiación regional a las  cooperativas que aglutinen otras cooperativas. Estas ayudas están destinadas a cancelar las deudas  de las cooperativas incorporadas. Este artículo prevé también que pueda concederse este tipo de  financiación a las cooperativas que decidan poner fin a su actividad por la falta de aportaciones  de su socios. c)  El apartado 3 del artículo 3 de la Ley n° 17/92, prevé la utilización de los recursos del fondo  para cubrir la pérdida de ingresos debido a la renuncia por parte de la administración pública, a  los créditos que posee frente a las cooperativas a las que se aplican los artículos 40 de la Ley n°  14/81 y 57 de la Ley n° 44/86 (es decir, las cooperativas en situación de liquidación o  incorporadas). d)  Los recursos de este mismo fondo se utilizan, en virtud del apartado 4 del artículo 3 de la Ley  n° 17/92, para financiar un programa de «  recapitalización  » de las cooperativas que, según  indica la disposición legal regional, «  se encuentren en una situación de desequilibrio financiero  temporal pero que tengan posibilidades comprobadas de recuperación económica  ». Este programa ha sido creado por decisión de la «  Giunta Regionale  » (gobierno regional) de 27 de  octubre de 1992, que ha repartido la financiación pública (10  000 millones de liras italianas)  entre las siguientes cooperativas: >SITIO PARA UN CUADRO> e)  El apartado 5 del artículo 3 de la Ley n° 17/92, establece un programa análogo al de la letra  d) destinado al saneamiento de dos asociaciones de productores cuyo desequilibrio financiero se  debe a la falta de solvencia de los compradores de los productos por ellas comercializados. Las dos  asociaciones son: >SITIO PARA UN CUADRO> f)  El artículo 6 de la Ley n° 17/92, concede una ayuda a CON.SAR.CO.RI (consorcio de cooperativas  que se ocupa de la venta de insumos y de productos agrícolas), en forma de subvención  extraordinaria, de 2  200 millones de liras italianas. Esta ayuda está destinada a hacer frente al  desequilibrio financiero del consorcio, provocado por la quiebra de algunas de las cooperativas que  lo componen, y a remediar la falta de solvencia de algunas otras. Todas estas medidas entran en el ámbito de aplicación de los criterios establecidos por la Comisión  para el examen de las ayudas a las empresas en dificultad ya que, con características diferentes,  el efecto de las mismas es enjugar las deudas de las cooperativas beneficiarias. Las autoridades regionales no imponen condición alguna respecto del origen de tales deudas, por lo  que, sobre la base de la información proporcionada por el Gobierno italiano, resulta imposible  comprobar si se respetan los criterios antes mencionados. Así, la situación de desequilibrio  financiero, que es la «  condición  » de dichas intervenciones, podría muy bien haber sido  ocasionada por la simple gestión de la empresa, en cuyo caso la intervención pública tendría los  mismos efectos de distorsión de la competencia que cualquier ayuda al funcionamiento. El hecho de que, en algunos casos, los beneficiarios de las ayudas sean empresas que han puesto fin  a sus actividades no puede eliminar el efecto de distorsión. En este último caso, en la práctica, la ventaja económica de la ayuda se transfiere simplemente a  los socios de las cooperativas y/o a quienes las han financiado y, desde un punto de vista más  general, la existencia de disposiciones como el artículo 57 de la Ley regional n° 44/86 (aplicable  a todas las cooperativas que pongan fin a sus actividades) equivale a anular a priori la  responsabilidad financiera inherente al riesgo empresarial de los operadores asociados en forma de  cooperativa. Artículo 4 de la Ley n° 17/92 y artículo 11 de la Ley n° 6/92 El artículo 4 de la Ley n° 17/92  hace extensivo al sector caprino el beneficio establecido para el sector ovino en el artículo 11 de  la Ley regional n° 6/92; se trata de una ayuda excepcional concedida para paliar los efectos de la  crisis que sufren estos sectores y destinada a sufragar una parte de los gastos de los productores  y transformadores de leche de oveja y de cabra. La medida se ha aplicado únicamente a la producción  de campaña de 1990/91 y su cuantía ha sido de 170 liras italianas/litro de leche. El gasto total ha  supuesto 29  000 millones de liras italianas. Estas medidas constituyen ayudas al funcionamiento que no pueden tener efectos duraderos en los  sectores en los que se aplican, dado que el efecto de las mismas (un complemento de renta)  desaparece con la propia medida, Además, constituyen una infracción de las normas del Reglamento  (CEE) n° 804/68, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche  y de los productos lácteos, y, en especial, de su artículo 24, que prohíbe las ayudas cuyo importe  se determine en función de los precios y de las cantidades de leche y productos lácteos. Artículo 7 de la Ley n° 17/92 y artículo 8 de la Ley n° 17/92 a)  Artículo 7 de la Ley n° 17/92 La administración regional destina 900 millones de liras italianas a sufragar los gastos de  funcionamiento de las asociaciones de productores durante los años 1990 y 1991 (Artículo 7 de la  Ley n° 17/92). La forma en que está redactada esta disposición no permite determinar las  condiciones de aplicación de la medida. b)  Artículo 8 de la Ley n° 17/92 Este artículo prevé la creación de un fondo de dotación, de 500 millones de liras italianas, que se  pone a la disposición del COLVAS («  Consorzio latte vaccino sardo  » - Consorcio sardo de la leche  de vaca -) para los gastos ocasionados por su actividad estatutaria. La Comisión considera que también estas ayudas constituyen ayudas al funcionamiento que no pueden  tener efectos duraderos en el sector debido a que los recursos del fondo de dotación pueden ser  utilizados no sólo para financiar inversiones sino también «  [.  .  .] para cualquier necesidad de  gestión [.  .  .]  ». II 1.  Mediante carta SG(94)D/3934, de 22 de marzo de 1994, dirigida al Gobierno italiano, la  Comisión le comunicó que había decidido incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del  artículo 93 del Tratado en relación con las ayudas establecidas en los artículos 1, 3, 4, 6, 7 y 8  de la Ley regional n° 17/92 de la región de Cerdeña y con las ayudas establecidas en el artículo 40  de la Ley regional n° 14/81, en el artículo 57 de la Ley regional n° 44/86 y en el artículo 11 de  la Ley regional n° 6/92. 2.  En dicha carta, la Comisión informaba a las autoridades italianas de que consideraba que las  citadas ayudas constituyen ayudas al funcionamiento contrarias a la práctica constante de la  Comisión en materia de aplicación de los artículos 92 a 94 del Tratado. Por consiguiente, tales ayudas pueden falsear la competencia y afectar a los intercambios entre  Estados miembros y reúnen los criterios indicados en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado sin  que se les pueda aplicar ninguna de las excepciones establecidas en los apartados 2 y 3 de ese  mismo artículo. Por otra parte, la medida contemplada en el artículo 4 de la Ley n° 17/92 y en el artículo 11 de la  Ley n° 6/92 constituye, además, una infracción del Reglamento (CEE) n° 804/68, por el que se  establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, y,  en particular, de su artículo 24, que prohíbe las ayudas cuyo importe se determina en función de  los precios y de las cantidades de leche y productos lácteos. 3.  En el marco del presente procedimiento, la Comisión emplazó al Gobierno italiano a presentarle  sus observaciones al respecto. Asimismo, emplazó a los demás Estados miembros y a cualesquiera otros interesados a que le  presentaran sus observaciones. III 1.  Mediante sendos télex de 5 y 31 de enero de 1995 y un fax de 11 de enero de 1995, el  Gobierno italiano presentó sus observaciones acerca de las medidas descritas anteriormente. i)  Con respecto al artículo 1 de la Ley regional n° 17/92, el Gobierno italiano informa a la  Comisión que las medidas que establece no han sido aplicadas y de que está dispuesto a modificar  dicho texto legal. Además, afirma que la formulación general de este artículo (como la del artículo  8) no constituye en sí misma una infracción de las normas comunitarias sobre ayudas estatales, ya  que la infracción sólo se produciría si las medidas se utilizaran para financiar los costes de  gestión de las empresas beneficiarias. ii)  Con respecto al artículo 40 de la Ley regional n° 14/81 y al artículo 57 de la Ley regional n°  44/86, el Gobierno italiano, además de argueir las mismas consideraciones del inciso i) acerca del  carácter general de la disposición legal y de manifestar su disposición a modificarla, hace  hincapié en que: -  los recursos del fondo creado por el artículo 40 de la Ley regional n° 14/81 también se están  utilizando para financiar las ayudas establecidas en el artículo 57 de la Ley regional n° 44/86; -  a raíz de las observaciones formuladas por la Comisión con ocasión de la apertura del  procedimiento, la utilización del fondo en cuestión ha sido circunscrita, por decisión del  ejecutivo regional (Delibera della Giunta n° 18/15 de 21 de junio de 1994), a los siguientes  fines: -  para enjugar las deudas de las cooperativas que decidan espontáneamente cesar sus actividades, y -  para conceder préstamos a tipo reducido a las cooperativas agrícolas con objeto de «   refinanciar los costes soportados por éstas -sin que medie financiación pública-, para realizar  trabajos u obras y/o comprar maquinaria y herramientas, dentro de los límites autorizados por la  CEE  », o para «  hacer frente a desequilibrios económicos-financieros atribuibles a catástrofes  naturales o a situaciones climáticas excepcionales  ». iii)  Por consiguiente, en lo que atañe al artículo 57 de la Ley regional n° 44/86, el Gobierno  italiano informa a la Comisión de que, a raíz de las observaciones formuladas por ésta, las  fusiones de cooperativas mediante incorporación han quedado excluidas de las ayudas de saneamiento  destinadas a las cooperativas incorporadas y de que está dispuesto a derogar dicha disposición. iv)  Con respecto a los artículos 3 y 6 de la Ley regional n° 17/92, el Gobierno italiano precisa  que dichas medidas fueron adoptadas para paliar situaciones de crisis provocadas por una larga  sequía o por la falta de solvencia de los clientes de algunas cooperativas. v)  Con respecto al artículo 4 de la Ley regional n° 17/92 y al artículo 11 de la Ley regional n°  6/92, el Gobierno italiano informa a la Comisión de que la concesión de la ayuda ha sido suspendida  a raíz de que hubiera decidido incoar contra ella el procedimiento del apartado 2 del artículo 93  del Tratado. Además, el Gobierno italiano precisa que esa medida fue adoptada para paliar la  situación de crisis del sector ovino y caprino, provocada por una larga sequía. vi)  Con respecto a las ayudas establecidas en el artículo 7 de la Ley regional n° 17/92 (ayuda a  las asociaciones de productores), el Gobierno italiano precisa que dichas ayudas, a pesar de que no  resultan del texto del artículo 7, se conceden en aplicación de la Ley regional n° 15/83, por la  que se desarrolla el Reglamento (CEE) n° 1360/78, y que se abonan con arreglo a los Reglamentos  (CEE) n° 2083/80 y (CEE) n° 2084/80. 2.  Confindustria - Associazione dell'Industria della Sardegna (en adelante denominada  Confindustria) ha formulado una serie de observaciones al respecto. 3.  Las observaciones de Confindustria destacan los siguientes aspectos: -  las medidas de ayuda establecidas en la Ley regional n° 17/92 son el reflejo de la política  constante adoptada por la región de Cerdeña a favor de las cooperativas agrícolas. Dicha política  no se ciñe a lógica económica alguna y financia la supervivencia en el mercado de empresas en  crisis. Este enfoque tiene efectos negativos tanto en el propio sector cooperativo, «  hinchado  »  artificialmente con aportaciones periódicas de dinero público, como en los operadores económicos no  asociados en cooperativas, que deben operar en condiciones de competencia falseadas por las  intervenciones públicas; -  la única finalidad de las ayudas en cuestión es enjugar el pasivo de las cooperativas para que  no desaparezcan: la intervención pública no está vinculada a la realización de inversiones ni a  otras condiciones. IV 1.  En lo que respecta a las ayudas establecidas en el artículo 7 de la Ley regional n° 17/92  [refinanciación de las ayudas a asociaciones de productores reconocidas a que se refiere la Ley  regional n° 15/83 en aplicación del Reglamento (CEE) n° 1360/78], dado que no cabe examinar las  medidas de la Ley n° 15/83 con arreglo a los artículos 92 a 94 del Tratado, el procedimiento  incoado por la Comisión respecto de esta medida de refinanciación (artículo 7 de la Ley regional n°  17/92) en virtud del apartado 2 del artículo 93 deja de tener objeto. 2.  En lo que respecta a las demás disposiciones en relación con las cuales la Comisión decidió  incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado, es decir, los artículos 1, 3,  4, 6 y 8 de la Ley regional n° 17/92, el artículo 40 de la Ley regional n° 14/81, el artículo 57 de  la Ley regional n° 44/86 y el artículo 11 de la Ley regional n° 6/92, cabe hacer las siguientes  consideraciones: El Gobierno italiano ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del apartado 3 del  artículo 93 del Tratado, en primer lugar al no haber notificado las medidas de ayuda en la fase de  proyecto y, en segundo, al aplicarlas sin que la Comisión haya podido pronunciarse al respecto. Este incumplimiento ha originado una situación especialmente grave porque, como la Comisión ha  observado durante el examen de las medidas, algunas disposiciones de la Ley n° 17/92 no son más que  la aplicación de medidas adoptadas en el pasado que no han sido notificadas en ningún momento con  arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado. Además, las ayudas establecidas en dichas disposiciones son, por su contenido y por los motivos que  se explican a continuación, incompatibles con el mercado común de conformidad con el artículo 92  del Tratado. 3.  En relación con los argumentos esgrimidos por el Gobierno italiano, la Comisión precisa lo  siguiente: i)  Respecto al argumento de que una formulación muy general de una disposición nacional que  establece un régimen de ayudas únicamente no permite que estas ayudas se consideren incompatibles  con las disposiciones sobre ayudas estatales del Tratado en el momento de la aplicación de dichas  medidas, basta recordar que el sistema de control de las ayudas nacionales creado por el Tratado CE  se basa en la obligación de los Estados miembros de notificar a la Comisión, con tiempo suficiente  para que esta pueda formular sus observaciones, cualquier proyecto de creación o modificación de un  régimen de ayudas determinado. Tal como la Comisión recordó a los Estados miembros en su carta  SG(89) D/5521, de 27 de abril de 1989, «  [  .  .  .  ] la Comisión considera que los Estados  miembros incumplen la obligación de notificación en los casos en que se haya iniciado el proceso  destinado a dar curso a la ayuda. «  Dar curso  », no significa conceder la ayuda a los  beneficiarios sino que indica la acción, anterior a ésta, de crear o dar ejecución a la ayuda en el  plano legislativo, de acuerdo con las normas constitucionales del Estado miembro. Así, debe  considerarse que se ha dado curso a una ayuda una vez que se ha creado el mecanismo legal que  permite su concesión, sin otros trámites. [  .  .  .  ]  ». ii)  El hecho de que las ayudas al saneamiento previstas en el artículo 57 de la Ley regional n°  44/86 (financiadas por el fondo creado por el artículo 40 de la Ley regional n° 14/81) se apliquen  restrictivamente a los casos indicados en la Decisión n° 18/15 de la «  Giunta regionale  », de 21  de junio de 1994, no implica que dichas ayudas sean compatibles con el mercado común. En efecto, -  la decisión de la «  Giunta  » no fue adoptada el 21 de junio de 1994, por lo que, desde un  punto de vista temporal, la restricción prevista en ella no afecta a la apreciación de las ayudas  durante el período comprendido entre la entrada en vigor de las disposiciones impugnadas y la  adopción de la decisión; -  además, desde el punto de vista sustancial, la modificación/restricción no puede garantizar la  compatibilidad de las ayudas con el mercado común, ya que: -  no se ha adoptado ninguna modificación de las ayudas destinadas a las cooperativas que pongan  fin espontáneamente a sus actividades; -  si bien las condiciones de concesión de las ayudas (que continúan siendo abonadas) en los demás  casos han pasado a ser más restrictivas, siguen sin corresponder a los requisitos exigidos por la  Comisión en materia de ayudas nacionales de este tipo [requisitos indicados en la carta por la que  la Comisión comunicó al Gobierno italiano su decisión de incoar el procedimiento del apartado 2 del  artículo 93 del Tratado  (1)]. iii)  Las autoridades italianas ya pretendieron justificar algunas ayudas con el argumento de que  obedecían a una catástrofe natural durante el intercambio de correspondencia entre éstos y la  Comisión antes de adoptar la decisión de incoar el procedimiento. A la vista de ello, la Comisión al tiempo que recordaba a las autoridades italianas los criterios  establecidos por ella para examinar las ayudas de este tipo, pidió a éstas que le comunicaran  información sobre esas ayudas para poder analizarlas de acuerdo con esos criterios (télex de la  Comisión de 27 de mayo de 1993) y, en su caso, considerarlas compatibles con el mercado común, en  virtud de la excepción prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 92 del Tratado, si  estuvieran destinadas a compensar las pérdidas causadas a los ganaderos por un acontecimiento  climático excepcional. En este contexto, la Comisión recuerda que, según su práctica constante, los acontecimientos  climáticos excepcionales pueden, en determinadas condiciones, ser considerados desastres naturales  a los efectos de la letra b) del apartado 2 del artículo 92 del Tratado. Tales condiciones están  destinadas a garantizar que únicamente se beneficien de las ayudas/reembolsos los operadores  agrarios que hayan sufrido perjuicios superiores a los normales de una empresa agrícola. En este  sentido, se exige que las pérdidas sufrida por cada agricultor sean superiores a un porcentaje  mínimo (el 30  % de su producción bruta normal o el 20  % en las regiones desfavorecidas). El Gobierno italiano no ha suministrado ni la Comisión ha podido detectar ningún elemento que pueda  demostrar que, en el presente caso, se cumplen tales condiciones. A la vista de todo lo anterior, la Comisión no puede tener en cuenta los motivos invocados por el  Gobierno italiano. En cuanto a la voluntad manifestada por las autoridades italianas de modificar la legislación  regional de que se trate la Comisión toma nota de ello y manifiesta su plena disposición a prestar  la asistencia necesaria para la aplicación del artículo 2 de la presente Decisión. V Las medidas mencionadas, al tratarse de ayudas al funcionamiento de empresas agrícolas,  ocasionan una reducción de los precios de coste de las empresas beneficiarias y, por consiguiente,  favorecen la venta de los bienes producidos y/o comercializados por ellas. Debido a ello, mejoran la situación económica de las empresas beneficiarias con respecto a las  empresas competidoras que no reciben ayudas análogas. En virtud del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, las ayudas otorgadas por los Estados o  mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia,  favoreciendo a determinadas empresas o producciones, son incompatibles con el mercado común, en la  medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Dado que dichas medidas tienen un carácter «  horizontal  », puesto que no atañen a un único sector  de producción agrícola, todos los productos agrícolas pueden ser objeto de las mismas. Por consiguiente, dichas medidas pueden tener repercusiones en los intercambios de productos  agrícolas entre los Estados miembros [cuyo valor monetario, en lo que se refiere a Italia, ascendió  en 1993  (1) a unos 13  800 millones de ecus para las importaciones y a unos 6  800 millones de  ecus para las determinadas exportaciones], tales intercambios sufren en efecto un perjuicio si  determinadas ayudas favorecen la producción nacional en detrimento de las importaciones de los  demás Estados miembros. Habida cuenta de lo que procede, las mencionadas ayudas deben considerarse ayudas estatales que  responden a los criterios previstos en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado. VI El apartado 1 del artículo 92 del Tratado dispone que, en principio, las ayudas que se ajustan  a los criterios que en él se indican son incompatibles con el mercado común. Las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 92 no son evidentemente aplicables a las  ayudas de que se trata. Por su parte, las ayudas previstas en el apartado 3 del mismo artículo precisan que los objetivos  de las ayudas deben perseguirse en interés de la Comunidad y no únicamente en el de un sector  particular de la economía nacional. En especial, estas excepciones, (que deben ser interpretadas estrictamente) sólo pueden concederse  cuando la Comisión pueda determinar que las ayudas son necesarias para la consecución de uno de los  objetivos previstos. Conceder dichas ayudas sin la garantía de una contrapartida supondría permitir  un perjuicio de los intercambios entre los Estados miembros y una distorsión de la competencia sin  justificación alguna desde el punto de vista del interés comunitario, así como conceder ventajas  indebidas a los operadores de algunos Estados miembros. En el presente caso, las condiciones de concesión de las ayudas consideradas no permiten determinar  la existencia de una contrapartida similar. En efecto, el Gobierno italiano no ha suministrado ni  la Comisión ha detectado ningún motivo que permita determinar que las ayudas cumplen los requisitos  necesarios para la aplicación de una de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 92  del Tratado. No se trata de medidas destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés  común europeo, contempladas en la letra b) del apartado 3 del artículo 92, tanto más cuanto que,  por los efectos que pueden tener en los intercambios, las ayudas son contrarias al interés común. Tampoco se trata de medidas destinadas a poner remedio a una grave perturbación de la economía del  Estado miembro, medidas que contempla asimismo la disposición anterior. Por lo que respecta a las excepciones previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo  92, que se refieren a ayudas destinadas a favorecer o facilitar el desarrollo económico de  determinadas regiones o actividades, es oportuno observar que dichas ayudas, debido a su carácter  de ayudas al funcionamiento, no pueden mejorar de manera duradera las condiciones en que se  encuentran los beneficiarios. En otras palabras, tales ayudas no tienen ningún efecto en la  situación estructural de los beneficiarios, ya que sus efectos desaparecen al cesar su concesión. Así pues, dichas ayudas no pueden beneficiarse de ninguna de las excepciones previstas en el  apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Además, en el caso de la ayuda a los productores de leche de oveja y cabra (artículo 4 de la Ley  regional n° 17/92 y artículo 11 de la Ley regional n° 6/92), debe tenerse en cuenta que se refiere  a un producto sujeto a una organización común de mercado y que existen límites a la facultad de los  Estados miembros de intervenir en el funcionamiento de este tipo de organizaciones que, en  particular, comprenden un sistema de precios común que compete exclusivamente a la Comunidad y  prohíben expresamente las ayudas concedidas en función de la cantidad producida. Las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que  excluyen la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas complementarias que puedan  constituir una excepción o causar un perjuicio a las mismas. Por consiguiente, dicha ayuda ha de considerarse una infracción de la normativa comunitaria y, por  consiguiente no puede invocarse ninguna de las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo  92. Así pues, las ayudas en cuestión son incompatibles con el mercado común. VII Las medidas regionales mencionadas en la sección I (salvo las establecidas en el artículo 7  de la Ley regional n° 17/92) deberían haber sido notificadas a la Comisión con arreglo al apartado  3 del artículo 93 del Tratado. Al no haberlo hecho así el Gobierno italiano, la Comisión no pudo  pronunciarse sobre ellas antes de su ejecución. Por consiguiente, de acuerdo con el Derecho  comunitario, esas ayudas son ilegales desde el momento de su concesión, ya se concedieron en  infracción del apartado 3 del artículo 93 del Tratado. En este sentido, cabe recordar que, dado el carácter imperativo de las normas de procedimiento  establecidas en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, cuyo efecto directo ha sido reconocido  por el Tribunal de Justicia, entre otras sentencias en las pronunciadas el 19 de junio de 1973 en  el asunto 77/72  (1) y el 21 de noviembre de 1991 en el asunto 354/90  (2), no es posible subsanar  a posteriori la ilegalidad de las ayudas. Además, en los casos de ayudas incompatibles con el mercado común, la Comisión puede hacer uso de  la posibilidad que le confiere la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1973 en el  asunto 70/72  (3), confirmada por sendas sentencias de 24 de febrero de 1987 en el asunto C-310/85   (4) y de 20 de septiembre de 1990 en el asunto C-5/86  (5), y obligar al Estado miembro a que  recupere de los beneficiarios los importes indebidamente pagados. VIII Tal como se indica en la sección VII, la Comisión puede exigir a los Estados miembros que  obliguen a los beneficiarios a restituir las ayudas indebidamente pagadas. Habida cuenta de ello, deben recuperarse los importes de las ayudas concedidas por la región de  Cerdeña en aplicación de las disposiciones a que se refiere la sección I (con exclusión de las  medidas previstas en el artículo 7 de la Ley regional n° 17/92). La recuperación deberá efectuarse con arreglo a las normas de procedimiento y disposiciones  sustantivas de la legislación italiana, en especial las referidas a los intereses de demora de los  créditos del Estado. En este contexto, los intereses se calcularán desde la fecha de concesión de  las auyudas indebidas [carta SG(91) D/4571 de la Comisión a los Estados miembros]. La recuperación es necesaria para restablecer la situación anterior, suprimiendo todas las ventajas  financieras de que hayan disfrutado indebidamente las empresas beneficiarias de las ayudas  ilegales, desde la fecha de pago de éstas. La presente Decisión se entiende sin perjuicio de las consecuencias que, en su caso, pueda deducir  la Comisión en relación con la financiación de la política agrícola común por el Fondo Europeo de  Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 Las ayudas establecidas en los artículos 1, 3, 4, 6 y 8 de la Ley  regional n° 17/92 de la región de Cerdeña, en el artículo 40 de la Ley regional n° 14/81, en el  artículo 57 de la Ley regional n° 44/86 y en el artículo 11 de la Ley regional n° 6/92 son ilegales  dado que se han concedido infringiendo las normas de procedimiento enunciadas en el apartado 3 del  artículo 93 del Tratado CE. Además, son incompatibles con el mercado común, en virtud de lo  dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado, ya que no cumplen los requisitos para que  se les apliquen las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 92. Artículo 2 Italia está obligada a suprimir las disposiciones mencionadas en el artículo 1 o a  modificarlas de tal manera que resulten compatibles con el mercado común en el plazo de dos meses a  partir de la fecha de notificación de la presente Decisión. Artículo 3 1.  En el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente  Decisión, Italia deberá exigir la restitución mediante reembolso de: -  las ayudas abonadas a: APOAC - S. Sperate, Cantina sociale di Mogoro, Cantina sociale di  Santadi, Cantina sociale di Villacidro, Consorzio caseario del Gerrei, Consorzio sardo caseario -  S. Gavino, Cooperativa allevatori fonnesi (Nuoro), Cooperativa «  L'asparago  » - Sanluri,  Cooperativa pastori S. Giovanni, Latteria sociale cooperativa - Meana sardo, Latteria sociale -  Santadi, Oleificio cooperativo - Sassari, Organizzazione ortofrutticola oristanese, en aplicación  del apartado 4 del artículo 3 de la Ley regional (Cerdeña) n° 17/92; -  las ayudas abonadas a la «  Associazione produttori ovi-caprini  » y a la «  Associazione  nuorese produttori  » en aplicación del apartado 5 del artículo 3 de la Ley regional (Cerdeña) n°  17/92; -  las ayudas abonadas a CON.SAR.CO.RI en aplicación del artículo 6 de la Ley regional (Cerdeña) n°  17/92; -  las ayudas abonadas a COLVAS en aplicación del artículo 8 de la Ley regional (Cerdeña) n°  17/92; -  las ayudas abonadas en aplicación del artículo 40 de la Ley regional n° 14/81, del artículo 57  de la Ley regional n° 44/86, del artículo 11 de la Ley regional n° 6/92 y del artículo 4 de la Ley  regional n° 17/92. 2.  Como las ayudas previstas en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley regional n° 17/92, han sido  concedidas en la forma de renuncia a créditos por parte de la administración, su reembolso se  efectuará mediante la recuperación de dichos créditos. 3.  La recuperación se efectuará con arreglo a las normas de procedimiento y disposiciones  sustantivas de la legislación italiana y, en especial, de conformidad con las disposiciones  relativas a los intereses de demora de los créditos del Estado. Los importes que deban recuperarse  generarán intereses a partir de la fecha de concesión de las ayudas y, en el caso de las ayudas  previstas en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley regional n° 17/92, a partir de la fecha en que  los créditos de la administración fueran exigibles. Artículo 4 Italia comunicará a la Comisión dentro de los dos meses siguientes a la notificación  de la presente Decisión, acerca de las medidas que hubiere adoptado en cumplimiento de la misma. Artículo 5 El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana. Hecho en Bruselas, el 14 de marzo de 1995. Por la Comisión Franz FISCHLER Miembro de la Comisión (1)  DO n° C 159 de 10. 6. 1994.  (1)  Fuente: Eurostat.  (1)  Rec. 1973, p. 611.  (2)  Rec. 1991, p. 5505.  (3)  Rec. 1973, p. 813.  (4)  Rec. 1987, p. 901.  (5)  Rec. 1990, p. I-3437.