CELEX: 62008CO0519
Language: es
Date: 2009-04-24 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de abril de 2009.#Archontia Koukou contra Elliniko Dimosio.#Petición de decisión prejudicial: Monomeles Protodikeio Athinon - Grecia.#Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento - Política social - Directiva 1999/70/CE - Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada - Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público - Contratos sucesivos - Reducción del nivel general de protección de los trabajadores - Medidas destinadas a prevenir los abusos - Sanciones - Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en el sector público - Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva - Interpretación conforme.#Asunto C-519/08.

Auto del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 24 de abril de 2009 — Koukou/Elliniko Dimosio
      (Asunto C‑519/08)
      «Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Política social — Directiva 1999/70/CE — Cláusulas 5 y 8 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada — Contratos de trabajo de duración determinada en el sector público — Contratos sucesivos — Reducción del nivel general de protección de los trabajadores — Medidas destinadas a prevenir los abusos — Sanciones — Prohibición absoluta de transformar los contratos de trabajo de duración determinada en contratos por tiempo indefinido en
         el sector público — Consecuencias de la adaptación incorrecta del Derecho interno a una directiva — Interpretación conforme»
      
      1.                     Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
            — Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada [Directiva
            1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 5, ap. 1, letra a), y 8, ap. 3] (véanse los apartados 48, 59, 72, 81, 91, 102 y 133
            y los puntos 1 a 6 y 8 del fallo)
      2.                     Política social — Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Directiva 1999/70/CE
            — Prohibición de la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el mencionado
            Acuerdo (Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusulas 5, ap. 1, y 8, ap. 3) (véanse el apartado 124 y el punto 7 del fallo)
      Objeto
      
         
               Petición de decisión prejudicial — Monomeles Protodikeio Athinon — Interpretación de las cláusulas 5 y 3 del anexo de la Directiva
                  1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de
                  duración determinada (DO L 175, p. 43) — Razones objetivas que justifican la renovación ilimitada de sucesivos contratos de
                  trabajo de duración determinada — Obligación de celebrar dichos contratos, impuesta por la normativa nacional — Prohibición
                  de adoptar una normativa de adaptación del Derecho interno que menoscabe el nivel de protección de los trabajadores — Concepto
                  de menoscabo.
               
            Fallo
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo
                     de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CΕ del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco
                     de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a
                     la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada cuando ésta únicamente esté justificada por el hecho
                     de que esté prevista en una disposición legal o reglamentaria general de un Estado miembro. Por el contrario, el concepto
                     de «razones objetivas», en el sentido de la mencionada cláusula, exige que el recurso a este tipo particular de relaciones
                     laborales, como se establece en la normativa nacional, esté justificado por la existencia de elementos concretos relativos,
                     en particular, a la actividad en cuestión y a las condiciones de su ejercicio.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, al imponer, dentro de las medidas
                     preventivas de la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, el respeto de una duración
                     máxima total de dichos contratos, establece excepciones a esta limitación en lo que respecta a determinadas categorías de
                     trabajadores, ya que éstos se benefician de al menos una de las medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos
                     de trabajo de duración determinada sucesivos enunciadas en dicha cláusula.
                  
               
            
         
                  3)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, dentro de las medidas que castigan
                     la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada, impone el pago del salario y de una indemnización,
                     así como sanciones penales y disciplinarias, siempre que, como corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, los
                     requisitos de aplicación y la efectiva puesta en práctica de las disposiciones pertinentes de Derecho interno constituyan
                     una medida adecuada para sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada por parte
                     de la Administración pública.
                  
               
            
         
                  4)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que, en la medida en que el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate no incluya otras medidas efectivas para
                     evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector
                     público —extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente— se opone a una normativa nacional como la controvertida
                     en el litigio principal, dado que ésta no se aplica ratione temporis a los contratos de trabajo sucesivos de duración determinada
                     que se hayan celebrado o renovado una vez transcurrido el plazo previsto por la Directiva 1999/70 para la adaptación del Derecho
                     interno, si ya hubieran dejado de surtir efectos en la fecha de entrada en vigor de dicha normativa o en un cualquier momento
                     durante el período de tres meses anterior a esa fecha.
                  
               
            
         
                  5)
               
               
                  
               
               
                  	En circunstancias como las del litigio principal, la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración
                     determinada debe interpretarse en el sentido de que, cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro de que se trate incluya
                     otras medidas efectivas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo de duración
                     determinada en el sector considerado, en el sentido de dicho apartado 1, no se opone a la aplicación de una norma de Derecho
                     nacional que prohíba de manera absoluta, únicamente en el sector público, transformar en un contrato de trabajo por tiempo
                     indefinido una sucesión de contratos de trabajo de duración determinada que, al haber tenido por objeto la provisión de necesidades
                     permanentes y duraderas del empresario, deben considerarse abusivos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente
                     apreciar hasta qué punto constituyen una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de
                     sucesivos contratos de duración determinada por parte de la Administración pública los requisitos de aplicación y la efectiva
                     puesta en práctica de las disposiciones pertinentes de Derecho interno.
                  
               
            
         
                  6)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que no se opone, en principio, a que los litigios relativos a la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada
                     en el sector público sean competencia exclusiva de los tribunales administrativos. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional
                     remitente velar por que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva dentro del respeto de los principios de efectividad
                     y de equivalencia.
                  
               
            
         
                  7)
               
               
                  
               
               
                  	La cláusula 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada debe interpretarse en el sentido de
                     que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, a efectos de la determinación
                     de la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, establece requisitos adicionales a los que establecía
                     el Derecho interno anterior, como, en particular, el artículo 8, apartado 3, de la Ley 2112/1920, sobre la resolución obligatoria
                     del contrato de trabajo de los empleados del sector privado, siempre que, como corresponde comprobar al órgano jurisdiccional
                     remitente, dichos requisitos afecten a una categoría limitada de trabajadores que hayan celebrado un contrato de trabajo de
                     duración determinada o sean compensados a través de la adopción de medidas preventivas de la utilización abusiva de contratos
                     de trabajo de duración determinada en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco.
                  
               
            
         
                  8)
               
               
                  
               
               
                  	Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en la medida de lo posible, dar a las disposiciones pertinentes del Derecho
                     interno una interpretación conforme con las cláusulas 5, apartado 1, y 8, apartado 3, del Acuerdo marco sobre el trabajo de
                     duración determinada, así como determinar, en ese contexto, si una disposición de Derecho interno como el artículo 8, apartado
                     3, de la Ley 2112/1920 debe aplicarse al litigio principal en lugar de otras disposiciones determinadas de ese Derecho.