CELEX: 51996PC0234
Language: es
Date: 1996-05-23
Title: Propuesta modificada de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo a las acciones de "ayuda a las poblaciones desarraigadas (refugiados, personas desplazadas y repatriadas) en los PVD-ALA"

Avis juridique important

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51996PC0234

Propuesta modificada de REGLAMENTO (CE) DEL CONSEJO relativo a las acciones de "ayuda a las poblaciones desarraigadas (refugiados, personas desplazadas y repatriadas) en los PVD-ALA"  /* COM/96/0234 FINAL - SYN 95/0162 */  

Diario Oficial n° C 216 de 26/07/1996 p. 0010

Propuesta modificada de  Reglamento (CE) del Consejo relativo a las acciones de «ayuda a las poblaciones desarraigadas  (refugiados, personas desplazadas y repartiadas) en los PVD-ALA»  (1)(96/C  216/08)COM(96) 234  final - 95/0162(SYN)(Presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189   A del Tratado el 23 de mayo de 1996)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 130  W, Vista la propuesta de la Comisión, En cooperación con el Parlamento Europeo, Considerando la Convención sobre el estatuto de los refugiados adoptada el 28 de julio de 1951 por  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el estatuto de los refugiados y apátridas y el  Protocolo de Nueva York adoptado el 31 de enero de 1967 y otras resoluciones adoptadas por las  Naciones Unidas sobre la política en materia de refugiados; Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto internacional de  derechos económicos, sociales y culturales de 1966, la Convención sobre la eliminación de todas las  formas de discriminación hacia las mujeres de 1979 y la Convención sobre los derechos del niño de  1989; Considerando la Resolución del Parlamento Europeo sobre la asistencia a los refugiados en los  países en vías de desarrollo, adoptada el 16 de diciembre de 1983  (2) y sus resoluciones  posteriores; Considerando que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han hecho un llamamiento para un mayor  compromiso de la Comunidad en este ámbito; Considerando que la eficacia de las acciones de ayuda a las poblaciones desarraigadas (refugiados,  repatriados y personas desplazadas) está supeditada a la coordinación de las ayudas tanto a nivel  europeo como con otros proveedores de fondos, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de  las Naciones Unidas; Considerando que es necesario incrementar los esfuerzos para prevenir los conflictos y favorecer  cualquier solución pacífica a los conflictos políticos o a las guerras que provocan desplazamientos  de poblaciones; Considerando que existe un creciente reconocimiento internacional del «estatuto de refugiado de  facto» derivado de situaciones tanto generalizadas como individuales, según se definen en la  Declaración de Cartagena de 1984, y propugnado por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo; Considerando que el estatuto de refugiado puede derivarse de la persecución de determinados grupos  sociales y que es preciso promover el principio de no discriminación; Considerando que es necesario hacer que se respete el principio de «no expulsión» así como una  verdadera resolución judicial de los casos de violación de los derechos humanos; Considerando que es necesario hacer que se respete el principio según el cual nunca debe forzarse a  una persona refugiada o desplazada a regresar a su país o región de origen, sino que toda  repatriación debe llevarse a cabo respetando la voluntad de los interesados; Considerando la notable experiencia en materia de auxilio a las poblaciones desarraigadas que han  adquirido los organismos y agencias especializados o las organizaciones no gubernamentales en la  realización de este tipo de acciones; Considerando el deseo de la Comunidad de que las acciones en favor de las poblaciones desarraigadas  se enmarquen en una perspectiva encaminada a convertir la llamada fase de subsistencia en fase de  «autosuficiencia»; Considerando que este tipo de ayuda constituye para los países en cuestión una condición previa  necesaria para su desarrollo y contribuye por tanto de forma significativa a los objetivos de la  política de cooperación de la Unión Europea recogidos en el artículo 130  U del Tratado; Considerando que la ayuda de la Unión Europea no dispensa a los Gobiernos destinatarios ni a los  donantes de promover los derechos de los refugiados de conformidad con los Convenios  internacionales; Considerando que procede fijar las modalidades y normas de gestión aplicables a las acciones de  cooperación en el ámbito de la asistencia a las poblaciones desarraigadas (refugiados, personas  desplazadas y repatriadas, desmovilizados), HA APROBADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 La Comunidad llevará a cabo un programa de apoyo y asistencia a las  poblaciones desarraigadas (refugiados, personas desplazadas y repatriadas, desmovilizados) en los  países de América Latina y Asia, con el fin de ayudarles en la fase intermedia entre la  intervención humanitaria, que responde a necesidades de crisis, y la eventual organización de una  ayuda a la rehabilitación o una cooperación al desarrollo cuando así lo permita la evolución de la  situación. Artículo 1  bis El establecimiento de estructuras democráticas y la promoción de los derechos  humanos son parte integrante de los programas de asistencia a las poblaciones desarraigadas de los  países en desarrollo de América Latina y Asia. Todos los grupos afectados y las poblaciones locales  que acogen a refugiados y desplazados participarán plenamente en la evaluación de las necesidades y  la aplicación de los programas de asistencia. La asistencia y los fondos se destinarán a los grupos  vulnerables, con inclusión de mujeres, niños, poblaciones indígenas, minusválidos y ancianos. Artículo 2 En este contexto, la Comunidad apoyará, entre otras, las siguientes acciones: 1) ayuda a la subsistencia, el mantenimiento y asentamiento de los refugiados en los países de  asilo; 2) asistencia y ayuda a las poblaciones de las regiones de acogida para mitigar la incidencia de la  presencia de poblaciones desarraigadas; 3) ayuda a la repatriación; 4) ayuda al reasentamiento de las poblaciones refugiadas o desplazadas en su lugar de origen o en  otro lugar de su elección, incluida su posible reinstalación en un tercer país; 5) asistencia a la instalación temporal o definitiva de personas desplazadas en otras regiones  dentro de su propio país; 6) ayuda a la integración económica en el país de acogida de aquellos refugiados que no deseen o no  puedan regresar a su país de origen; 7) ayuda al desarrollo socioeconómico y a la reinserción social, incluido el apoyo a la  conciliación o la mediación en las zonas de retorno; 8) ayuda que incluya la autosuficiencia alimentaria, el suministro de refugio, equipamiento  sanitario, agua potable, atención sanitaria básica, incluido en materia de reprodución, ayuda  psicológica, educación e infraestructuras básicas, mientras se preparan posteriores acciones de  rehabilitación o desarrollo; 9) ayuda a la desmovilización y reincorporación a la vida civil de antiguos combatientes; 10) operaciones de limpieza de minas, cuando sean necesarias para garantizar la seguridad de las  poblaciones en sus desplazamientos, con objeto de facilitar su instalación, reasentamiento e  integración en la vida social y económica del país o región de acogida o de regreso, así como  operaciones destinadas a promover la sensibilización y la seguridad en materia de minas; 10 bis)  ayuda a las operaciones de asesoría y sistencia jurídica a las personas desplazadas para  hacer valer sus derechos de propiedad; 10 ter)  acciones destinadas a reparer los daños causados en el medio ambiente por desplazamientos  importantes de población; 10 quater)  programas específicos destinados a las mujeres desplazadas para luchar contra la  violencia sexual, apoyo a los equipos de mujeres sobre el terreno y puesta en marcha de servicios  exclusivamente femeninos, incluidos el tratamiento de mujeres víctimas de violaciones, el  tratamiento de enfermedades sexualmente trasmisibles y los programas sanitarios destinados a las  mujeres y los niños; 10 quinquies)  ayuda a la promoción de la unidad familiar, incluidos los programas de búsqueda y  reagrupación familiar; 10 sexies)  ayuda en materia de resolución judicial de los casos de violación de los derechos  humanos perpetrados contra las personas desplazadas. Artículo 3 1.  Los beneficiarios finales serán las personas desarraigadas, procedentes de todos  los países en desarrollo de Asia y América Latina, o provisionalmente establecidas en ellos: a) los refugiados, según la definición recogida en la Convención sobre el estatuto de los  refugiados adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el  estatuto de los refugiados y apátridas, que entiende por refugiado «toda persona que, debido a  fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a  determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no  pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país»; b) las «personas desplazadas»: personas o grupos desplazados dentro de su propio país por motivos  semejantes a los que se señalan en la Convención de 1951 y que necesitan una protección  internacional, pero que no gozan del estatuto de refugiados definido en la Convención de 1951; c) las «personas repatriadas»: personas o grupos que, tras huir de su lugar de origen, han decidido  posteriormente, ya sea de forma voluntaria o debido a la situación, regresar a su país o región de  origen. 2.  La ayuda se destinará asimismo a: a) las poblaciones locales de los países de acogida que contribuyan con sus recursos económicos y  administrativos a la labor de acogida y asistencia a los refugiados y desplazados, para permitirles  realizar a más largo plazo proyectos que tengan por objeto lograr la autouficiencia, la integración  o reintegración de dichas personas; b) los antiguos combatientes de ejércitos regulares y movimientos armados de oposición  desmovilizados, así como a sus familias y bases sociales. b bis)  las personas necesitadas de protección internacional por ser objeto de graves amenazas para  su vida, libertad o seguridad, debido a persecuciones, conflictos armados o graves desórdenes del  orden público. Artículo 4 Podrán asociarse a las operaciones de asistencia especializada y técnica las  organizaciones no gubernamentales, las organizaciones locales, los organismos de las Naciones  Unidas, las organizaciones internacionales de ayuda, las autoridades nacionales, regionales o  locales y demás socios pertinentes. Artículo 5 1.  Entre los medios que podrán utilizarse para llevar a cabo las acciones mencionadas  en el artículo 2, se incluirán estudios, asistencia técnica, formación u otros servicios,  suministros y obras, así como auditorías y misiones de evaluación y de control. 2.  La financiación comunitaria podrá cubrir tanto los gastos de inversión, salvo la adquisición de  bienes inmuebles, como los gastos de funcionamiento, en divisas o en moneda local, según sea  necesario para llevar a cabo dichas acciones. 3.  Se realizarán esfuerzos sistemáticos para buscar una contribución, especialmente financiera, de  los agentes o socios a los que se destina el beneficio final de la acción (países, comunidades  locales, empresas y demás) dentro de los límites de sus posibilidades y en función de la naturaleza  de cada acción. 4.  Se buscarán posibilidades de cofinanciación, especialmente con los Estados miembros o con  organizaciones multilaterales, regionales o de otra índole. Se tomarán las disposiciones necesarias  para reflejar el carácter comunitario de las ayudas suministradas con arreglo al presente  Reglamento. 5.  Con objeto de lograr una mayor coherencia y complementariedad entre las acciones financiadas  por la Comunidad y aquellas financiadas por los Estados miembros y garantizar una eficacia óptima  de todas estas acciones, la Comisión tomará todas las medidas de coordinación necesarias y, en  particular: a) la creación de un sistema de intercambio sistemático de información sobre las acciones  financiadas o cuya financiación esté prevista por la Comunidad y los Estados miembros; b) la coordinación en el lugar de realización de las acciones, mediante reuniones regulares e  intercambios de información entre los representantes de la Comisión y de los Estados miembros en el  país beneficiario. Artículo 6 La ayuda financiera contemplada en el presente Reglamento adoptará la forma de ayudas  no reembolsables. Artículo 7 1.  La Comisión se encargará de la preparación, decisión y gestión de las acciones  mencionadas en el presente Reglamento de conformidad con los procedimientos presupuestarios y otros  procedimientos vigentes y, especialmente, los previstos en el Reglamento financiero aplicable al  presupuesto general de las Comunidades. 2.  Las decisiones relativas a las acciones cuya financiación con arreglo al presente Reglamento  supere los 5 millones de ecus, así como cualquier modificación de estas acciones que suponga un  rebasamiento superior al 20  % de la cantidad inicialmente convenida para la acción en cuestión,  serán adoptadas según el procedimiento previsto en el artículo 8. 3.  Todos los convenios o contratos de financiación celebrados con arreglo a lo dispuesto en el  presente Reglamento establecerán especialmente que la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán  proceder a controles in situ de conformidad con las disposiciones vigentes, en particular las del  Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades. 4.  Cuando las medidas o acciones sean objeto de convenios de financiación entre la Comunidad y el  país beneficiario, se establecerá en ellos que el pago de impuestos, derechos y cargas no será  financiado por la Comunidad. 5.  La participación en las licitaciones y contratos estará abierta en igualdad de condiciones a  todas las personas físicas y jurídicas de los Estados miembros y del Estado beneficiario. Podrá  ampliarse a otros países en desarrollo. 6.  Los suministros serán originarios de los Estados miembros, del Estado beneficiario o de otros  países en desarrollo. En casos excepcionales debidamente justificados, los suministros podrán ser  originarios de otros países. Artículo 8 1.  La Comisión estará asistida por un Comité consultivo compuesto por representantes  de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, a saber, el Comité ALA,  instituido por el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 443/92, aprobado el 25 de febrero de 1992 por  el Consejo. 2.  El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban  adoptarse. El Comité emitirá su dictamen sobre el proyecto dentro de un plazo que el presidente  podrá fijar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate, por votación cuando sea  necesario. El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a  solicitar que su posición conste en la misma. La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité  de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen. 3.  El Comité procederá, una vez al año, a un intercambio de opiniones sobre la base de las  orientaciones generales presentadas por el representante de la Comisión para las acciones que vayan  a llevarse a cabo en el año siguiente. Artículo 9 Después de cada ejercicio presupuestario, la Comisión presentará un informe anual al  Parlamento Europeo y al Consejo que incluirá una presentación de las acciones financiadas en ese  ejercicio, así como una evaluación de la aplicación del presente Reglamento a lo largo de dicho  ejercicio. El informe ofrecerá información precisa y detallada sobre los agentes con los que se hayan  celebrado contratos de ejecución. El informe incluirá también, cuando proceda, un resumen de las evaluaciones externas efectuadas en  relación con acciones específicas. Artículo 10 El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente  aplicable en cada Estado miembro. El presente Reglamento será revisado cinco años después de su entrada en vigor. (1) DO n° C 237 de 12. 9. 1995, p. 19.  (2) DO n° C 10 de 16. 1. 1984, p. 278.