CELEX: 62014CC0032
Language: es
Date: 2015-06-25
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. P. Cruz Villalón, presentadas el 25 de junio de 2015.#ERSTE Bank Hungary Zrt contra Attila Sugár.#Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék.#Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre un profesional y un consumidor — Contrato de préstamo hipotecario — Artículo 7, apartado 1 — Cese del uso de cláusulas abusivas — Medios adecuados y eficaces — Reconocimiento de deuda — Documento notarial — Inserción de la apostilla ejecutiva por un notario — Título ejecutivo — Obligaciones del notario — Examen de oficio de las cláusulas abusivas — Control jurisdiccional — Principios de equivalencia y de efectividad.#Asunto C-32/14.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      PEDRO CRUZ VILLALÓN
      presentadas el 25 de junio de 2015 (
            1
         )
      
         Asunto C‑32/14
      
      
         ERSTE Bank Hungary Zrt
      
      
         contra
      
      
         Attila Sugár
      
      
         [Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Hungría)]
      
      «Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículos 6 y 7 — Valoración de las cláusulas abusivas de los contratos — Medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas — Ejecución forzosa de los documentos auténticos que incorporan un contrato — Inserción de la apostilla ejecutiva por un notario — Obligaciones del notario — Examen de oficio de las cláusulas abusivas — Control jurisdiccional — Principios de equivalencia y de efectividad»
      
               1. 
            
            
               La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (
                     2
                  ) ¿impone a los notarios, en los casos en que estos profesionales desempeñan una función primordial en la ejecución forzosa de los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, obligaciones específicas en lo que atañe al control de las cláusulas contractuales abusivas, análogas a las obligaciones a las que están sujetos los tribunales nacionales en virtud de una jurisprudencia ya abundante del Tribunal de Justicia?
            
         
               2. 
            
            
               Este es a grandes rasgos el problema principal e inédito que suscitan las dos cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia en el presente asunto, que en este punto se distingue de los numerosos asuntos que a lo largo de los últimos años le han sido planteados, concretamente por los tribunales húngaros (
                     3
                  ) y españoles (
                     4
                  ) que hubieron de apreciar la compatibilidad de su respectiva legislación nacional con las exigencias derivadas, en particular, de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13.
            
         I. Marco jurídico
      
      A. Derecho de la Unión
      
      
               3.
            
            
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente:
               «Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
            
         
               4.
            
            
               A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13:
               «Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
            
         B. Derecho nacional
      
      
               5.
            
            
               Las diferentes disposiciones del Derecho húngaro pertinentes en el marco del litigio principal figuran en la Ley no IV de 1959, por la que se aprueba el Código Civil; (
                     5
                  ) en la Ley no LIII de 1952, por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil; (
                     6
                  ) en la Ley no III de 1994, por la que se regula la ejecución forzosa judicial, (
                     7
                  ) y, por último, en la Ley no XLI de 1991 del Notariado. (
                     8
                  )
            
         1. Código Civil
      
               6.
            
            
               El artículo 209 del Código Civil dispone lo siguiente:
               «1.   Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas individualmente serán abusivas en caso de que, contraviniendo las exigencias de buena fe y lealtad, establezcan los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato de un modo unilateral e infundado en perjuicio de la parte contratante que no haya redactado las cláusulas.
               2.   A efectos de determinar el carácter abusivo de una cláusula, deberán examinarse todas aquellas circunstancias existentes en el momento de celebrar el contrato que dieron lugar a la firma de éste, así como la naturaleza de la prestación pactada y la relación de la cláusula en cuestión con las demás cláusulas del contrato o con otros contratos.
               3.   Mediante norma especial podrán determinarse las cláusulas de los contratos celebrados con consumidores que han de calificarse de abusivas o cuáles de ellas deben ser consideradas abusivas salvo prueba en contrario.»
            
         
               7.
            
            
               A tenor del artículo 209/A del Código Civil:
               «1.   Las estipulaciones abusivas que formen parte del contrato como condiciones generales de la contratación podrán ser impugnadas por la parte perjudicada.
               2.   En los contratos celebrados con consumidores, serán nulas las estipulaciones abusivas que formen parte del contrato como condiciones generales de la contratación, así como las que hayan sido elaboradas previa y unilateralmente y sin negociación individual por la parte que contrate con el consumidor. La nulidad sólo podrá alegarse en favor del consumidor.»
            
         2. Código de Enjuiciamiento Civil
      
               8.
            
            
               El artículo 366 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:
               «Si en el marco del procedimiento de ejecución forzosa judicial no fuera posible el archivo del procedimiento o la limitación de la cuantía de la ejecución con arreglo a los artículos 41 o 56 de la Ley […] [sobre] ejecución forzosa judicial […], el deudor que considere lesiva la ejecución podrá instar contra el ejecutante un procedimiento de oposición solicitando el archivo del procedimiento de ejecución o la limitación de su cuantía.»
            
         
               9.
            
            
               A tenor del artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil:
               «En caso de ejecución acordada en virtud de un documento auténtico provisto de apostilla ejecutiva o mediante un título ejecutivo asimilado a aquél, podrá formularse oposición solicitando el archivo del procedimiento de ejecución o la limitación de su cuantía en cualquiera de los siguientes supuestos:
               
                        a)
                     
                     
                        el crédito cuya ejecución se pretende no ha sido válidamente constituido;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        el crédito se ha extinguido total o parcialmente;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        el ejecutante ha concedido un aplazamiento del cumplimiento y aún no ha finalizado el plazo en cuestión;
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        el deudor invoca la compensación de la deuda con un crédito propio».
                     
                  
         
               10.
            
            
               El artículo 370 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:
               «El juzgado o tribunal que conozca de la solicitud de archivo del procedimiento de ejecución forzosa o de limitación de su cuantía podrá ordenar la suspensión de la ejecución.»
            
         3. Ley de ejecución forzosa judicial
      
               11.
            
            
               La Ley de ejecución forzosa judicial prevé que podrán acordar la ejecución forzosa de un crédito tanto los juzgados y tribunales como los notarios. El artículo 224/A de dicha Ley establece lo siguiente:
               «Cuando corresponda al notario acordar la ejecución forzosa, se aplicarán las presentes disposiciones adaptándolas de la siguiente manera:
               
                        a)
                     
                     
                        por “juzgado o tribunal que acuerde la ejecución”, se entenderá el notario autorizante; por “resolución dictada por el juzgado o tribunal que acuerde la ejecución”, habrá de entenderse la resolución adoptada por el notario autorizante; […]».
                     
                  
         
               12.
            
            
               A tenor del artículo 13 de la Ley de ejecución forzosa judicial:
               «1.   Podrá expedirse un título ejecutivo si la resolución que ha de ejecutarse:
               
                        a)
                     
                     
                        impone una obligación de pago de una cantidad de dinero (condena),
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        es definitiva o se puede ejecutar provisionalmente, y
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        el plazo de cumplimiento ha expirado. […]»
                     
                  
         
               13.
            
            
               El artículo 23/C de la Ley de ejecución forzosa judicial dispone lo siguiente:
               «1.   El notario que haya elaborado el documento insertará una apostilla ejecutiva en el documento notarial si éste contiene
               
                        a)
                     
                     
                        la asunción de la obligación de realizar una prestación y una contraprestación o la asunción de una obligación unilateral;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        el nombre del acreedor y del deudor;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        el objeto, la cuantía (importe) y la causa de la obligación,
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        el modo y el plazo de cumplimiento.
                     
                  2.   Si la obligación está supeditada al cumplimiento de una condición o a la llegada de un término, su ejecutoriedad requerirá igualmente que el cumplimiento de la condición o la llegada del término se acrediten mediante escritura pública. […]
               5.   Podrá despacharse la ejecución sobre la base de este artículo si el crédito recogido en el documento notarial puede someterse a ejecución forzosa judicial y ha expirado el plazo de cumplimiento del crédito. […]»
            
         
               14.
            
            
               Según el artículo 31/E, apartado 2, de la Ley de ejecución forzosa judicial:
               «2.   El procedimiento notarial, en tanto que procedimiento no contencioso en materia civil, produce efectos análogos a los del procedimiento judicial. Las resoluciones adoptadas por el notario producen efectos análogos a los de las resoluciones de los juzgados o tribunales.»
            
         
               15.
            
            
               Los artículos 211, apartado 2, y 212, apartado 1, de la Ley de ejecución forzosa judicial disponen lo siguiente:
               «Artículo 211
               […]
               2.   Si el tribunal inserta en un documento una apostilla ejecutiva en infracción de ley, habrá de cancelarse dicha apostilla. […]»
               Artículo 212
               «1.   El tribunal que sustancie la ejecución podrá proceder en todo momento a la revocación del mandamiento de ejecución o a la cancelación de la apostilla ejecutiva, bien a instancia de parte, bien sobre la base del informe del oficial encargado de la ejecución o bien de oficio. […]»
            
         II. Antecedentes de hecho del litigio principal
      
      
               16.
            
            
               El 18 de diciembre de 2007, el ejecutante en el litigio principal, ERSTE Bank Hungary, (
                     9
                  ) y el ejecutado en el litigio principal, Sr. Attila Sugár, (
                     10
                  ) celebraron mediante documento auténtico un contrato de préstamo y un contrato de constitución de hipoteca en virtud de los cuales el primero concedía al segundo un préstamo por un importe de 30687 CHF, destinado a la adquisición de una vivienda.
            
         
               17.
            
            
               El 19 de diciembre de 2007, sobre la base del mencionado contrato de préstamo, el deudor firmó la declaración de reconocimiento de deuda recogida en documento notarial, mediante la que reconocía a ERSTE Bank el derecho, por un lado, a resolver el contrato de préstamo en caso de incumplimiento por el deudor de sus obligaciones contractuales y, por otro lado, a proceder al cobro de la deuda resultante del contrato basándose en un certificado de liquidación establecido por el propio banco y obteniendo del notario que insertara la apostilla ejecutiva en los diferentes documentos.
            
         
               18.
            
            
               Al no haber cumplido el deudor su obligación de pago, el ERSTE Bank, por un lado, procedió a resolver el contrato y, por otro, solicitó la expedición de una apostilla ejecutiva contra el deudor. El 13 de diciembre de 2011, el notario accedió a la petición e insertó la apostilla ejecutiva, habida cuenta de que se cumplían los requisitos legales para ello.
            
         
               19.
            
            
               El 5 de junio de 2013, el deudor solicitó ante el notario la cancelación de la apostilla ejecutiva que se había insertado en el documento auténtico que incorporaba el contrato de préstamo, alegando que este contrato contenía cláusulas abusivas y no tenía en cuenta las disposiciones legales relativas a los contratos de préstamo celebrados con los consumidores.
            
         
               20.
            
            
               El 13 de junio de 2013, el notario se negó a acceder a la solicitud del deudor, basándose para ello en que el documento contenía la asunción de una obligación unilateral, el nombre del acreedor y del deudor, la cuantía de la deuda y la causa de la obligación, así como el modo y el plazo de cumplimiento; en que el cumplimiento de la condición o la llegada del término se había acreditado mediante escritura pública, y en que el 13 de diciembre de 2011 se había procedido a insertar la apostilla ejecutiva en el documento. El notario hizo hincapié en que el procedimiento notarial es un procedimiento no contencioso y en que, en su condición de notario, no estaba facultado para pronunciarse sobre posibles controversias entre las partes surgidas en relación con las cláusulas contractuales o con la conformidad a Derecho de la resolución del contrato, cuestiones que son competencia exclusiva de los tribunales. Añadió que el notario únicamente debe dar fe del hecho de que es el acreedor quien ha resuelto el contrato, y que las partes también pueden impugnar ante los tribunales las cláusulas del contrato y disponen de la posibilidad adicional de instar un procedimiento destinado a oponerse a la ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta.
            
         
               21.
            
            
               El deudor ejercitó entonces ante el tribunal remitente una acción solicitando la anulación de la resolución notarial y la cancelación de la apostilla ejecutiva. Censura tanto que se le califique de deudor como el hecho de que el notario incluyera en la declaración de reconocimiento de deuda cláusulas contractuales abusivas y datos incorrectos. En opinión del deudor, en el momento de formalizar el documento notarial de reconocimiento de deuda, debería haberse constatado la existencia de cláusulas nulas. El deudor cuestiona asimismo que la autentificación sea fundamento suficiente para expedir la apostilla ejecutiva, puesto que tal apostilla se inserta a petición del banco acreedor y basándose exclusivamente en datos contables aportados por el propio banco. El ejecutado considera que la apostilla ejecutiva constituye un abuso de derecho, ya que supedita a una declaración unilateral del ejecutante una circunstancia que sólo puede examinarse en un procedimiento contradictorio.
            
         III. Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      
      
               22.
            
            
               En tales circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal de apelación metropolitano) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
               
                        «1)
                     
                     
                        ¿Se atiene a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE un procedimiento de un Estado miembro conforme al cual, en el supuesto de incumplimiento por parte del consumidor de una obligación asumida en virtud de un documento, formalmente correcto, elaborado por un notario, la parte que ha contratado con el consumidor reclama una cantidad, que ella misma indica, a través de la expedición de una denominada apostilla ejecutiva, sin necesidad de instar la incoación de un procedimiento contencioso ante un tribunal en el que pueda examinarse el carácter abusivo de las cláusulas del contrato que sirve de base a la apostilla?
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        ¿Puede el consumidor solicitar en dicho procedimiento la cancelación de la apostilla ejecutiva ya expedida, basándose en que no se ha llevado a cabo un examen del eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato que le sirven de base, a pesar de que, conforme a la sentencia dictada en el asunto C‑472/11, en el procedimiento judicial el tribunal debe informar al consumidor de las cláusulas abusivas que haya constatado?»
                     
                  
         
               23.
            
            
               Presentaron observaciones escritas el Gobierno húngaro y la Comisión Europea. ERSTE Bank y los Gobiernos alemán y húngaro, así como la Comisión, también presentaron observaciones orales en la vista celebrada el 5 de febrero de 2015. El Gobierno alemán precisó que había querido intervenir en la vista en la medida en que en su Derecho nacional existe un procedimiento análogo al que regula el Derecho húngaro.
            
         IV. Sobre las cuestiones prejudiciales
      
      A. Observaciones sometidas al Tribunal de Justicia
      
      
               24.
            
            
               Los Gobiernos húngaro y alemán coinciden en considerar que la Directiva 93/13 no se opone a un procedimiento de apostilla ejecutiva con las características que presenta la apostilla sobre la que versa el litigio principal. En cambio, el punto de vista de la Comisión es totalmente opuesto.
            
         
               25.
            
            
               Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y exponer las principales características del procedimiento simplificado notarial de ejecución forzosa sobre el que versa el litigio principal, el Gobierno húngaro alega, en lo sustancial, que aquel procedimiento no excluye toda comprobación de la eventual existencia de cláusulas abusivas, ya sea por los propios notarios, ya por los juzgados y tribunales nacionales.
            
         
               26.
            
            
               En efecto, prosigue el Gobierno húngaro, en primer lugar la Ley del Notariado impone a los notarios la obligación de comprobar, en el momento de redactar un documento auténtico, la conformidad a Derecho del negocio jurídico subyacente y el posible carácter abusivo de las diferentes cláusulas de éste.
            
         
               27.
            
            
               El Gobierno húngaro añade que, si bien es cierto que el procedimiento de cancelación de la apostilla ejecutiva —cuya finalidad no es otra que permitir verificar la conformidad a Derecho del procedimiento de inserción de esa misma apostilla— excluye toda comprobación de la validez de las cláusulas del contrato, no lo es menos que el consumidor siempre podrá, por un lado, ejercitar una acción judicial destinada a obtener que se declare la invalidez del contrato, con independencia de que se haya solicitado o no la ejecución forzosa, y, por otro lado, invocar la invalidez del contrato en el marco de un procedimiento destinado a oponerse a la ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta (artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil).
            
         
               28.
            
            
               En el marco de los mencionados procedimientos, continúa el Gobierno húngaro, los tribunales nacionales tienen la facultad y la obligación de comprobar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos o de las condiciones generales de la contratación y, en cumplimiento del artículo 163 del Código de Enjuiciamiento Civil y de conformidad con la jurisprudencia de la Kúria (Tribunal Supremo de Hungría), (
                     11
                  ) declarar de oficio los supuestos de nulidad manifiesta que puedan deducirse a la vista de las pruebas disponibles.
            
         
               29.
            
            
               Así pues, según ese mismo Gobierno, el régimen jurídico húngaro mantiene un justo equilibrio entre garantizar la consecución eficaz de los objetivos de la Directiva 93/13, por una parte, y preservar la finalidad y la especificidad del procedimiento notarial, por otra, sin que resulte imposible o excesivamente difícil el ejercicio por los particulares de sus derechos.
            
         
               30.
            
            
               El Gobierno alemán, tras explicar que el título ejecutivo notarial existe en su Derecho nacional, alegó en la vista que el artículo 7 de la Directiva 93/13 obliga a velar por que existan medios adecuados para neutralizar las cláusulas abusivas de los contratos, lo que no implica necesariamente que el control tenga que realizarse de oficio. Dado que los procedimientos de ejecución forzosa nacionales corresponden a la autonomía procesal de los Estados miembros, con la condición de que se observen los principios de equivalencia y efectividad, incumbe al tribunal remitente determinar si las disposiciones nacionales controvertidas, analizadas en su contexto y teniendo en cuenta el conjunto de vías de impugnación disponibles, se caracterizan por hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio por los consumidores de los derechos que les confiere la Directiva 93/13.
            
         
               31.
            
            
               Según ese mismo Gobierno, en este contexto conviene tener en cuenta las funciones generales de los notarios, tal como se definen en el Derecho nacional, así como las obligaciones de comprobación que les incumben, el modo concreto en que se inserta la apostilla ejecutiva en el documento auténtico y las modalidades del control judicial de la ejecución forzosa.
            
         
               32.
            
            
               A este respecto, el Gobierno alemán aduce que el Tribunal de Justicia ha declarado que, aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un profesional y un consumidor una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, del juez nacional que conoce de ellos, el respeto del principio de efectividad no puede llegar hasta suplir íntegramente la total pasividad del consumidor. (
                     12
                  )
            
         
               33.
            
            
               En cambio, la Comisión, que propone una respuesta a cada una de las cuestiones prejudiciales, estima que la Directiva, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia, se opone a la legislación húngara.
            
         
               34.
            
            
               En respuesta a la primera cuestión prejudicial, y remitiéndose principalmente a la sentencia Banco Español de Crédito, (
                     13
                  ) la Comisión alega que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la legislación de un Estado miembro que establece que el notario podrá expedir un título susceptible de ejecución forzosa basado en un contrato de préstamo consignado en un documento auténtico sin haber examinado el eventual carácter abusivo de las diferentes cláusulas del contrato.
            
         
               35.
            
            
               Según la Comisión, en el momento de insertar la apostilla ejecutiva en el documento auténtico que incorpora el contrato, el notario ha de poder examinar, de oficio si fuera preciso, el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato, siempre que disponga de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios a tal efecto, como normalmente ocurrirá, e informar de ello a las partes.
            
         
               36.
            
            
               A este respecto, la Comisión observa que, mientras que un documento notarial que lleva la apostilla ejecutiva produce, en virtud del artículo 31/E, apartado 2, de la Ley de ejecución forzosa judicial, los mismos efectos que una resolución de un juzgado o tribunal, el notario únicamente puede, en el transcurso del procedimiento de ejecución forzosa, verificar el cumplimiento de los requisitos que figuran en el artículo 23/C, apartado 1, de la Ley de ejecución forzosa judicial. Así pues, el consumidor sólo podrá invocar la protección de las disposiciones legales sobre cláusulas contractuales si insta un procedimiento destinado a oponerse a la ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta, al amparo del artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil, en cuyo caso el tribunal que conozca del asunto podrá suspender la ejecución forzosa.
            
         
               37.
            
            
               La Comisión expuso asimismo en la vista que la mencionada exigencia de que el consumidor acuda a un tribunal para impugnar una cláusula abusiva no era conforme con el principio de efectividad. Añadió que, por lo demás, si el tribunal nacional informaba al notario de que un consumidor había ejercitado una acción judicial, el notario estaba facultado para suspender el procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva.
            
         
               38.
            
            
               Según dicha institución, habida cuenta del deber de asesoramiento que incumbe a los notarios en virtud de la Ley del Notariado, el notario también ha de poder examinar de oficio, en el momento de autorizar el documento auténtico que incorpora el contrato, el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato, contribuyendo de este modo a la consecución del objetivo contemplado en el artículo 7 de la Directiva 93/13.
            
         
               39.
            
            
               En respuesta a la segunda cuestión prejudicial, y remitiéndose a este respecto a la sentencia Banif Plus Bank, (
                     14
                  ) la Comisión alega que, si el notario debe examinar de oficio, en la fase de ejecución forzosa, el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato que se plasma en el documento notarial, con mucha mayor razón deberá el consumidor tener derecho a impugnar por propia iniciativa el documento notarial susceptible de ejecución forzosa y a solicitar la cancelación de la apostilla ejecutiva basándose en que el notario haya omitido examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato.
            
         B. Análisis jurídico
      
      
               40.
            
            
               Mediante la primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que haya autorizado un documento auténtico relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, con observancia de los requisitos formales, insertar en dicho documento la apostilla ejecutiva e incoar de este modo, al margen de todo procedimiento contencioso sustanciado ante un juez y sin ningún control previo del eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato, el procedimiento de ejecución forzosa del contrato frente a un consumidor que ha incumplido sus obligaciones.
            
         
               41.
            
            
               Mediante la segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si, a la luz de la sentencia Banif Plus Bank, (
                     15
                  ) la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite al consumidor instar la cancelación de la apostilla ejecutiva insertada en un documento auténtico relativo a un contrato celebrado con un profesional invocando al efecto la inexistencia de un examen previo del eventual carácter abusivo de la cláusulas contractuales.
            
         
               42.
            
            
               En aras de una adecuada comprensión sistemática de las dos cuestiones prejudiciales, es conveniente comenzar describiendo con precisión la doble intervención del notario en el marco del procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva sobre el que versa el litigio principal, ya sea en el momento de la inserción propiamente dicha de la apostilla, a instancia del acreedor, ya lo sea en el momento de la eventual cancelación de la misma, a instancia del deudor, con un control meramente formal en ambos casos.
            
         1. La doble intervención del notario en el marco del procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva.
      
               43.
            
            
               El Derecho húngaro establece, de manera muy concreta, un mecanismo simplificado o aligerado de ejecución forzosa de las obligaciones contractuales, que descansa en una doble intervención del notario, al mismo tiempo que introduce un orden de prioridad en el ejercicio por las partes contratantes de sus respectivas facultades. En este sentido, el Derecho húngaro permite a un banco que, como sucede en el litigio principal, ha celebrado un contrato de préstamo hipotecario con un particular y acude a un notario para que éste autorice un documento auténtico relativo al reconocimiento de la deuda por el deudor, solicitar al notario, (
                     16
                  ) en caso de incumplimiento del contrato por el deudor, que proceda a insertar la apostilla ejecutiva en el documento auténtico. En otros términos, la legislación húngara permite al banco que solicite al notario, basándose en los datos que el propio banco le facilite, que incoe el procedimiento de ejecución forzosa del contrato, si concurren cierto número de requisitos formales, sin que resulte necesario acudir a tal efecto a un juzgado o tribunal. Tan sólo en un segundo momento podrá el deudor acudir al notario en cuestión para obtener la cancelación de la apostilla ejecutiva de este modo insertada.
            
         
               44.
            
            
               Las obligaciones que incumben al notario en la fase de la inserción de la apostilla ejecutiva en el documento auténtico por él autorizado se enumeran en el artículo 23/C de la Ley de ejecución forzosa judicial, artículo que reproduce en lo sustancial lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley del Notariado. Los mencionados artículos disponen que el notario podrá insertar la apostilla ejecutiva cuando concurran los cuatro requisitos que en ellos se definen, a saber: el documento de que se trate deberá indicar la obligación de realizar una prestación y una contraprestación, el nombre del acreedor y del deudor, el objeto, la cuantía y la causa de la obligación, y, por último, el modo y el plazo de cumplimiento.
            
         
               45.
            
            
               Tal como ha confirmado el Gobierno húngaro, la comprobación que de este modo lleva a cabo el notario, basándose exclusivamente en los documentos aportados por la parte que solicita que se inserte la apostilla ejecutiva, es de naturaleza puramente formal. En particular, no incumbe al notario apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato que ha de cumplirse en aplicación del documento auténtico, aun cuando dispusiera de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios a tal efecto.
            
         
               46.
            
            
               La legislación húngara prevé que el notario podrá posteriormente, a petición del deudor, cancelar (
                     17
                  ) la apostilla ejecutiva insertada en un documento auténtico, siendo obligatoria tal cancelación cuando la inserción de la apostilla se haya llevado a cabo contraviniendo la ley. Asimismo, el notario que diligencie la ejecución podrá proceder en todo momento a la revocación del mandamiento de ejecución o a la cancelación de la apostilla ejecutiva, bien a instancia de parte, bien sobre la base del informe del oficial encargado de la ejecución o bien de oficio.
            
         
               47.
            
            
               A este respecto, el Gobierno húngaro indicó que la única finalidad del mencionado procedimiento era permitir el control de la legalidad del procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva, es decir, del cumplimiento de los requisitos formales a que se refiere el punto 13 de las presentes conclusiones. Así pues, del mismo modo en que no es posible que el notario controle la legalidad de las diferentes cláusulas en el momento de insertar la apostilla ejecutiva, tampoco puede ejercer tal control de legalidad en el marco del procedimiento de cancelación de la apostilla.
            
         
               48.
            
            
               A la luz de la precedente exposición, queda claro que las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente suscitan un único y mismo problema, que versa esencialmente sobre la atribución al notario de facultades en materia de declaración del carácter ejecutivo de una obligación contractual —en el presente caso, una deuda hipotecaria—, y que, por consiguiente, las dos cuestiones prejudiciales debe ser examinadas conjuntamente.
            
         
               49.
            
            
               A fin de estar en condiciones de proponer una respuesta útil a ambas cuestiones prejudiciales, es preciso comenzar recordando, además de la sentencia Banif Plus Bank —que el tribunal remitente mencionó expresamente en su segunda cuestión prejudicial—, (
                     18
                  ) las principales afirmaciones doctrinales de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13 y, en particular, a sus artículos 6, apartado 1 y 7, apartado 1.
            
         2. La definición por el Tribunal de Justicia de las principales exigencias derivadas de la Directiva 93/13
      
               50.
            
            
               A tenor del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores, imperativo que se extiende a la aplicación de la Directiva 93/13. (
                     19
                  ) El Tribunal de Justicia ha tenido también ocasión de afirmar que el juez nacional, cuando aplica el Derecho de la Unión, debe respetar las exigencias de la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los particulares, tal como viene garantizada por el artículo 47 de la Carta, (
                     20
                  ) tutela judicial que ha de extenderse tanto a la designación de los tribunales competentes para conocer de las demandas basadas en el Derecho de la Unión como a la determinación de la regulación procesal aplicable a tales demandas. (
                     21
                  )
            
         
               51.
            
            
               En virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo relativo a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le obliga a adherirse a las condiciones previamente redactadas por el profesional, sin poder ejercer influencia alguna sobre el contenido de las mismas. (
                     22
                  )
            
         
               52.
            
            
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone, en consecuencia, que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas.
            
         
               53.
            
            
               El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la citada disposición es imperativa y pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. (
                     23
                  )
            
         
               54.
            
            
               El Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, (
                     24
                  ) en la medida en que existe un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, a la ignorancia, el consumidor no invoque el carácter abusivo de la cláusula que se esgrime en su contra. (
                     25
                  )
            
         
               55.
            
            
               En particular, el Tribunal de Justicia declaró que el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula. (
                     26
                  ) El Tribunal de Justicia afirmó asimismo que el juez nacional que constate el carácter abusivo de una cláusula contractual está obligado, sin esperar a que el consumidor formule una solicitud a tal efecto, a deducir todas las consecuencias que según el Derecho nacional nacen de esa constatación, siempre con observancia del principio de contradicción (
                     27
                  ), para cerciorarse de que el consumidor no quede vinculado por esa cláusula, por un lado, y, por otro, debe apreciar, en principio según criterios objetivos, si el contrato afectado puede subsistir sin esa cláusula. (
                     28
                  )
            
         
               56.
            
            
               En este contexto, debe precisarse que, en el asunto Banif Plus Bank (
                     29
                  ) —citado expresamente por el tribunal remitente en la segunda cuestión prejudicial—, se interrogaba específicamente al Tribunal de Justicia acerca del extremo de si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 habían de interpretarse en el sentido de que impiden o, por el contrario, permiten que el juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual informe a las partes de que ha observado la existencia de un motivo de nulidad y les inste a emitir una declaración al respecto.
            
         
               57.
            
            
               El Tribunal de Justicia declaró en aquel asunto que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual no está obligado, para poder deducir las oportunas consecuencias de esa comprobación, a esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule la cláusula abusiva. El Tribunal de Justicia añadió, sin embargo, que el principio de contradicción obliga, con carácter general, al juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual a informar de ello a las partes procesales y a ofrecerles la posibilidad de debatir contradictoriamente en la forma prevista al respecto por las normas procesales nacionales. (
                     30
                  )
            
         
               58.
            
            
               Por último, el Tribunal de Justicia consideró que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su resolución final. (
                     31
                  )
            
         
               59.
            
            
               Esa misma Directiva 93/13 se opone igualmente a una normativa nacional que no permite al juez que sustancia la ejecución, en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, adoptar medidas cautelares, concretamente la suspensión de la ejecución, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de la resolución final del juez que conozca del correspondiente proceso declarativo, quien es competente para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula. (
                     32
                  )
            
         
               60.
            
            
               Por otra parte, constituye asimismo jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, al no existir en el Derecho de la Unión normas de armonización de los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer normas en la materia, en virtud del principio de la autonomía procesal, siempre y cuando tales normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (
                     33
                  ) El Tribunal de Justicia precisó asimismo que los procedimientos de ejecución nacionales están sujetos a las exigencias que se deducen de su jurisprudencia en el sentido de imponer al juez nacional la obligación de apreciar de oficio el eventual carácter abusivo de un cláusula contractual que esté comprendida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 93/12. (
                     34
                  )
            
         
               61.
            
            
               En este contexto, el Tribunal de Justicia declaró que, para determinar si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión, tal cuestión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de éste ante las diversas instancias nacionales, (
                     35
                  ) precisándose sin embargo que las características específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que afecte a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva. (
                     36
                  )
            
         
               62.
            
            
               A la luz de los mencionados principios procede examinar, en el contexto legislativo en el que se inscribe, el procedimiento de inserción de la apostilla ejecutiva sobre el que versa el litigio principal.
            
         3. Respuestas a las cuestiones prejudiciales
      
               63.
            
            
               Una vez expuesto de este modo el marco jurídico del presente asunto, es preciso subrayar que el problema primordial que suscitan las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente estriba en que la legislación húngara prevé la posibilidad de solicitar ante un notario que se declare el carácter ejecutivo de una obligación contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor —como la deuda hipotecaria sobre la que versa el litigio principal—, sin que previamente se haya examinado, de oficio si resulta procedente y con observancia del principio de contradicción, el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales, con independencia de que existan otras vías de impugnación que permitan impugnar la validez del contrato u oponerse a su ejecución forzosa. La misma regulación se aplica a la eventual solicitud posterior de que se cancele la apostilla ejecutiva.
            
         
               64.
            
            
               Tanto el argumento principal del deudor como el de la Comisión consisten en que la mencionada posibilidad de desencadenar la ejecución forzosa de un contrato contraviene la jurisprudencia anteriormente recordada del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13, especialmente la sentencia Banif Plus Bank. (
                     37
                  ) En efecto, desde el momento en que, tal como se ha alegado, la inserción por un notario de la apostilla ejecutiva en un documento auténtico que contiene un contrato produce efectos análogos a los de una resolución judicial, ha de deducirse necesariamente que dicha jurisprudencia debe aplicarse en su integridad a la intervención del notario. Así pues, el notario estaría sometido, en particular, a la obligación de examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales y de instar a las partes a debatir de forma contradictoria sobre este punto.
            
         
               65.
            
            
               Esta lectura de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pasa por alto, sin embargo, un elemento fundamental, a saber, que la jurisprudencia en cuestión versa específicamente sobre el papel del juez nacional en el ejercicio de sus funciones, inscribiéndose de este modo estrictamente en el ejercicio de la función judicial. En este sentido, la jurisprudencia de que se trata parte de la premisa de que es el juez quien conoce del asunto y el que, antes de declarar el carácter ejecutivo de una obligación contractual, puede examinar, de oficio si procede y tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios a tal efecto, la eventual existencia de cláusulas abusivas, así como promover un debate contradictorio entre las partes sobre este punto y deducir las consecuencias que en su caso resulten oportunas, declarando nulas las cláusulas abusivas o negándose a proceder a la ejecución forzosa, «en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales». (
                     38
                  )
            
         
               66.
            
            
               En circunstancias en las que una legislación nacional atribuye a los notarios competencia para proceder a la inserción de la apostilla ejecutiva en un documento auténtico que contiene un contrato y para cancelar posteriormente, si resulta procedente, la apostilla en cuestión, la posibilidad de hacer extensiva a dichos profesionales la facultad de ejercer competencias que forman parte de la función judicial se encuentra con dificultades prácticamente insuperables, derivadas del principio del monopolio de la función judicial.
            
         
               67.
            
            
               En efecto, la Directiva 93/13, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia, no puede tener como consecuencia imponer a los Estados miembros una modificación de la función notarial de una envergadura tal que lleve al notario a promover un incidente contradictorio entre las partes a cuyo término haya de pronunciarse sobre el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual y, en su caso, declarar la nulidad de la misma.
            
         
               68.
            
            
               En esta perspectiva, considero que, sin perjuicio de algunas precisiones, sólo cabe responder en sentido negativo a las dos cuestiones prejudiciales del tribunal remitente, tal como han sido reformuladas en los apartados 40 y 41 de las presentes conclusiones.
            
         
               69.
            
            
               En primer lugar, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a la legislación en virtud de la cual un Estado miembro decide —estando plenamente facultado para ello— permitir a los notarios insertar la apostilla ejecutiva en los documentos auténticos que contienen un contrato, sin que tales profesionales hayan examinado previamente, de oficio si resulta necesario, el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales.
            
         
               70.
            
            
               Es cierto que, tal como la Comisión puso de relieve en la vista, el procedimiento simplificado de ejecución sobre el que versa el litigio principal permite, en su caso, que un profesional obtenga de un notario, en un primer momento, una declaración del carácter ejecutivo de una obligación contractual, sin que sea necesario un previo procedimiento judicial contradictorio. De este modo, el consumidor que quiera oponerse a la ejecución se verá obligado, bien a ejercitar una acción impugnando la validez del contrato, bien a presentar una demanda destinada a oponerse al procedimiento de ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta, de conformidad con el artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil.
            
         
               71.
            
            
               Sin embargo, la mera circunstancia de que la legislación nacional no imponga al notario la obligación de examinar de oficio, en el momento de insertar la apostilla ejecutiva en el documento auténtico relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el eventual carácter abusivo de las cláusulas de dicho contrato y deducir de ello, observando en todo momento el principio de contradicción, las oportunas consecuencias, constituye un hecho que, por sí solo, no puede llevar a la conclusión de que el Derecho húngaro no sea compatible con la Directiva 93/13, siempre que por otros medios se garantice al consumidor la tutela judicial efectiva.
            
         
               72.
            
            
               En efecto, por una parte, la Directiva 93/13 no constituye fundamento suficiente para obstaculizar el ejercicio por los Estados miembros de la competencia básica de atribuir a los notarios la facultad de insertar la apostilla ejecutiva en los documento auténticos relativos a un contrato. Por otra parte, no es posible hacer extensible a los notarios la misión que atribuye a los jueces y tribunales la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia.
            
         
               73.
            
            
               Por otro lado, tal como expuse anteriormente, toda la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad específica de los tribunales nacionales en la aplicación de la Directiva 93/13 —y especialmente la necesidad de permitirles examinar de oficio el eventual carácter abusivo de las cláusulas de un contrato— descansa en el postulado de que alguna de las partes en el contrato haya acudido previamente a dichos tribunales.
            
         
               74.
            
            
               Pues bien, tal como alega sustancialmente el Gobierno alemán, ni la Directiva 93/13 ni la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia pueden interpretarse en el sentido de que sea imperativo que los Estados miembros impongan a los notarios la obligación legal de sustituir a los tribunales nacionales a la hora de comprobar, con observancia del principio de contradicción, el eventual carácter abusivo de las cláusulas de los contratos contenidos en los documentos auténticos que dichos profesionales autorizan, ni, de un modo más amplio, en el sentido de que los Estados miembros deban modificar sus normas de procedimiento civil de tal modo que los notarios dispongan de la facultad de subsanar la pasividad absoluta de aquellos consumidores que no hayan ejercitado su derecho a recurrir.
            
         
               75.
            
            
               En segundo lugar, en lo que atañe a la segunda cuestión prejudicial, por razones de coherencia con lo anteriormente expuesto la Directiva 93/13 debe igualmente interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que no permite al consumidor solicitar la cancelación de la apostilla ejecutiva insertada en un documento auténtico relativo a un contrato celebrado con un profesional, invocando para ello que no se haya examinado previamente el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
            
         
               76.
            
            
               En efecto, imponer al notario, con fundamento exclusivamente en la Directiva 93/13, la obligación de pronunciarse, al término de un procedimiento contradictorio y en la fase de la inserción de la apostilla ejecutiva en un documento auténtico relativo a un contrato, sobre la existencia de cláusulas abusivas, resulta tan difícil como imponerle tal obligación en el marco de un procedimiento de cancelación de la mencionada apostilla. A este respecto, por lo tanto, es suficiente con remitirse a los razonamientos desarrollados en los puntos 69 a 74 de las presentes conclusiones.
            
         
               77.
            
            
               Expuesto lo anterior, una respuesta a las cuestiones planteadas por el tribunal remitente que sea útil para éste y resulte coherente con el espíritu de la Directiva 93/13, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, no puede contentarse con esta mera declaración de compatibilidad de principio de la legislación controvertida sobre la que versa el litigio principal. Es imperativo, por el contrario, formular algunas «caveats» (advertencias), deducidas en amplia medida de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, es preciso insistir en las obligaciones —y definirlas con mayor precisión— que incumben tanto a los notarios como a los jueces y tribunales nacionales, a la luz del objetivo específico de protección de los consumidores que persigue la Directiva 93/13 y, más ampliamente, de las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta.
            
         
               78.
            
            
               En primer lugar, en lo que atañe a los notarios, de las explicaciones del tribunal remitente y de las observaciones escritas y orales formuladas ante el Tribunal de Justicia se desprende que la Ley del Notariado, que consagra el importante papel de los notarios a efectos de evitar los litigios y disminuir la carga de trabajo de los juzgados y tribunales, define en el artículo 1, en términos muy generales, las obligaciones que incumben a estos profesionales. En particular, en los procedimientos correspondientes a sus atribuciones tienen el cometido de prestar asesoramiento a las partes contratantes en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, velando por la igualdad de trato entre ellas.
            
         
               79.
            
            
               El artículo 3, apartado 1, de la Ley del Notariado dispone asimismo que «el notario deberá negarse a intervenir cuando su actuación sea incompatible con sus obligaciones, especialmente cuando se solicite su intervención a efectos de un negocio jurídico que sea contrario a la ley o pretenda eludir su cumplimiento o que persiga un fin prohibido o abusivo». El apartado 2 de ese mismo artículo 3 añade que, «cuando en el ejercicio de sus funciones el notario compruebe la existencia de algún elemento que suscite dudas, sin que proceda no obstante que se abstenga de intervenir, deberá llamar la atención de los contratantes sobre los elementos dudosos y mencionarlos por escrito. Si alguna parte contratante formulara objeciones contra el elemento dudoso, el notario se abstendrá de intervenir».
            
         
               80.
            
            
               De este modo, a la luz de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, que impone a éstos el deber de velar por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, los notarios asumen, en el momento de autorizar documentos auténticos relativos a un contrato, una responsabilidad específica de informar y asesorar al consumidor.
            
         
               81.
            
            
               En circunstancias como las del litigio principal, el notario no sólo debe velar escrupulosamente, en el momento de autorizar un documento auténtico relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, por poner en conocimiento del consumidor las cláusulas abusivas que eventualmente haya podido comprobar, sino que debe también informar al consumidor acerca de la facultad, que la ley atribuye al notario, de insertar la apostilla ejecutiva en el documento auténtico —y, en su caso, de decidir la cancelación de la apostilla— basándose exclusivamente en una comprobación meramente formal, así como de las consecuencias que se derivan de la inserción de la apostilla, especialmente en el ámbito procesal.
            
         
               82.
            
            
               En el presente caso, de los razonamientos anteriores se desprende que, en virtud de la ley húngara, el notario está habilitado para desempeñar, a la hora de autorizar un documento auténtico relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, una misión de prevención del carácter abusivo de las cláusulas del contrato de que se trate, y que tiene como mínimo la facultad —especialmente en caso de duda sobre el carácter abusivo de una cláusula— de informar al respecto a las partes contratantes, y muy en particular al consumidor, el cual podrá entonces, si lo considera oportuno, ejercitar su derecho a recurrir acudiendo al tribunal nacional competente.
            
         
               83.
            
            
               Así pues, las disposiciones generales de la Ley del Notariado se caracterizan, en principio, por contribuir al cumplimiento de la obligación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, disposición que impone a los Estados miembros el deber de velar por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. No obstante, incumbe al tribunal remitente, único competente para interpretar el Derecho nacional, valorar las circunstancias del litigio principal y deducir de ellas, en su caso, las oportunas consecuencias.
            
         
               84.
            
            
               En segundo lugar, en lo que atañe a los jueces y tribunales, procede recordar que incumbe a los Estados miembros garantizar a los consumidores la tutela judicial efectiva, ofreciéndoles la posibilidad de impugnar la validez del contrato o de oponerse a la ejecución forzosa de éste, mediante vías de impugnación que no estén sujetas a condiciones —especialmente de plazo— que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que les confiere la Directiva 93/13, (
                     39
                  ) y que permitan al juez examinar —de oficio, en su caso, si dispone de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello— el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato y, con observancia del principio de contradicción, deducir de ello las oportunas consecuencias en las condiciones fijadas por el Derecho nacional, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
            
         
               85.
            
            
               En el presente caso, de las explicaciones facilitadas tanto por el tribunal remitente como por el Gobierno húngaro se desprende que el Derecho de este Estado prevé que el consumidor tiene, por un lado, la facultad de ejercitar una acción impugnando la validez del contrato y, por otro, la de instar un procedimiento destinado a oponerse a la ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta, en aplicación del artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil. Según ha puesto de relieve la Comisión, en el marco de este último procedimiento el consumidor podrá, además, solicitar la suspensión del procedimiento de ejecución forzosa del contrato incoado por el notario al insertar la apostilla ejecutiva.
            
         
               86.
            
            
               Así pues, el consumidor podrá, en primer lugar, acudir a los tribunales nacionales en todo momento —tanto antes de la inserción de la apostilla ejecutiva como con posterioridad a ésta— con el fin de ejercitar una acción impugnando la validez del contrato que sirvió de base para autorizar el documento auténtico en el que se insertó la apostilla ejecutiva.
            
         
               87.
            
            
               En segundo lugar, una vez insertada la apostilla ejecutiva —y sin perjuicio de la ya mencionada posibilidad de solicitar la cancelación de la misma—, el consumidor podrá instar un procedimiento destinado a oponerse a la ejecución forzosa o a solicitar la limitación de la cuantía de ésta, en aplicación del artículo 369 del Código de Enjuiciamiento Civil, en el marco del cual podrá alegar la invalidez del contrato y solicitar la suspensión de la ejecución, en virtud del artículo 370 de ese mismo Código.
            
         
               88.
            
            
               En el marco de los mencionados procedimientos debe aplicarse plenamente el conjunto de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia recordada en los puntos 51 a 63 de las presentes conclusiones. La observancia de las exigencias que establece dicha jurisprudencia se impone con una fuerza especial en el ámbito de un procedimiento como el regulado en los artículos 369 y 370 del Código de Enjuiciamiento Civil, en la medida en que el primero de estos artículos enumera con carácter exhaustivo los motivos en los que puede fundamentarse la demanda de archivo o limitación de la cuantía del procedimiento de ejecución forzosa incoado por un notario mediante la inserción de la apostilla ejecutiva en un documento auténtico relativo a un contrato, motivos entre los que no se incluye el eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
            
         
               89.
            
            
               Por consiguiente, a la luz del conjunto de los razonamientos anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente declarando que los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que haya autorizado un documento auténtico relativo a un contrato entre un profesional y un consumidor, con observancia de los requisitos formales, incoar el procedimiento de ejecución forzosa del contrato frente a un consumidor que haya incumplido sus obligaciones, ya sea procediendo a insertar la apostilla ejecutiva en el mencionado documento auténtico, ya sea negándose a cancelar la apostilla, sin que ni en una fase ni en otra se haya examinado el eventual carácter abusivo de las cláusulas del control.
            
         
               90.
            
            
               Incumbe no obstante al notario, en el momento de autorizar tal documento auténtico, informar al consumidor acerca de la existencia de cláusulas contractuales abusivas que haya podido comprobar, así como de la facultad que la ley atribuye al notario para incoar el procedimiento de ejecución forzosa del contrato basándose exclusivamente en una comprobación meramente formal, así como acerca de las consecuencias que se derivan de ello, especialmente en el ámbito procesal.
            
         
               91.
            
            
               En cambio, esa misma Directiva se opone a una legislación nacional que impida a un tribunal nacional, sea cual sea la naturaleza del procedimiento del que esté conociendo, examinar de oficio, con observancia del principio de contradicción, el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato, cuando dicho tribunal disponga de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, así como deducir de ello las oportunas consecuencias.
            
         V. Conclusión
      
      
               92.
            
            
               A la luz de cuantas consideraciones anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda en los términos siguientes a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Törvényszék:
               «Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una legislación nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite a un notario que haya autorizado un documento auténtico relativo a un contrato entre un profesional y un consumidor, con observancia de los requisitos formales, incoar el procedimiento de ejecución forzosa del contrato frente a un consumidor que haya incumplido sus obligaciones, ya sea procediendo a insertar la apostilla ejecutiva en el mencionado documento auténtico, ya sea negándose a cancelar la apostilla, sin que ni en una fase ni en otra se haya examinado el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato.
               Incumbe no obstante al notario, en el momento de autorizar tal documento auténtico, informar al consumidor acerca de la existencia de cláusulas contractuales abusivas que haya podido comprobar, así como de la facultad que la ley atribuye al notario para incoar el procedimiento de ejecución forzosa del contrato basándose exclusivamente en una comprobación meramente formal, así como acerca de las consecuencias que se derivan de ello, especialmente en el ámbito procesal.
               En cambio, esa misma Directiva se opone a una legislación nacional que impida a un tribunal nacional, sea cual sea la naturaleza del procedimiento del que esté conociendo, examinar de oficio, con observancia del principio de contradicción, el eventual carácter abusivo de las cláusulas del contrato, cuando dicho tribunal disponga de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, así como deducir de ello las oportunas consecuencias.»
            
         (
            1
         )   Lengua original: francés.
      (
            2
         )   DO L 95, p. 29.
      (
            3
         )   o– Véanse, entre otras, las sentencias Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350); VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659); Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242); Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88); Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340); Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282) y Baczó y Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88) y el auto Sebestyén (C‑342/13, EU:C:2014:1857).
      (
            4
         )   o– Véanse, entre otras, las sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346); Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675); Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615); Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349); Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164); Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279); Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099) y Unicaja Banco y Caixabank (C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 y C‑487/13, EU:C:2015:21) y el auto Banco Popular Español y Banco de Valencia (C‑537/12 y C‑116/13, EU:C:2013:759).
      (
            5
         )   En lo sucesivo, «Código Civil».
      (
            6
         )   En lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil».
      (
            7
         )   En lo sucesivo, «Ley de ejecución forzosa judicial».
      (
            8
         )   En lo sucesivo, «Ley del Notariado».
      (
            9
         )   En lo sucesivo, «ERSTE Bank».
      (
            10
         )   En lo sucesivo, «deudor» o «ejecutado».
      (
            11
         )   A este respecto, el Gobierno húngaro se remite al dictamen no 2/2010, de 28 de julio de 2010, y al dictamen no 2/2012, de diciembre de 2012.
      (
            12
         )   Sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 56.
      (
            13
         )   C‑618/10, EU:C:2012:349.
      (
            14
         )   C‑472/11, EU:C:2013:88.
      (
            15
         )   C‑472/11, EU:C:2013:88.
      (
            16
         )   En la vista se precisó que el Derecho húngaro permite, cuando las circunstancias así lo requieran, que intervengan dos notarios, el primero para autorizar el documento auténtico y el segundo para insertar la apostilla ejecutiva.
      (
            17
         )   Artículos 211 y 224/A de la Ley de ejecución forzosa judicial.
      (
            18
         )   C‑472/11, EU:C:2013:88, apartado 17.
      (
            19
         )   Véanse, entre otras, las sentencias Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101), apartado 52, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 47.
      (
            20
         )   Véanse las sentencias Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), apartado 29; Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 35, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 47.
      (
            21
         )   Véanse las sentencias Alassini y otros (C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146), apartado 49, y Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 35.
      (
            22
         )   Véanse, entre otras, las sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346), apartado 25; Mostaza Claro (C‑168/05, EU:C:2006:675), apartado 25; Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 44; Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279), apartado 32; Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 22, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 48.
      (
            23
         )   Véanse, en particular, las sentencias Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 40, y Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 23.
      (
            24
         )   Véanse, entre otras, las sentencias Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 46; Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279), apartado 34, y Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 24, y el auto Banco Popular Español y Banco de Valencia (C‑537/12 y C‑116/13, EU:C:2013:759), apartado 41.
      (
            25
         )   Véase la sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C‑240/98 a C‑244/98, EU:C:2000:346), apartado 26.
      (
            26
         )   Véase la sentencia VB Pénzügyi Lízing (C‑137/08, EU:C:2010:659), apartados 49 a 56, relativa a una cláusula atributiva de competencia territorial exclusiva que figuraba en el contrato que constituía el objeto del litigio; véanse también las sentencias Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 44, y Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), apartado 24.
      (
            27
         )   Véase la sentencia Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), apartados 17 a 36.
      (
            28
         )   Véase la sentencia Jőrös (C‑397/11, EU:C:2013:340), apartado 48.
      (
            29
         )   C‑472/11, EU:C:2013:88, apartado 17.
      (
            30
         )   Véanse los anteriores apartados 17 a 36.
      (
            31
         )   Véanse las sentencias Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartados 49 a 64, y Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279), apartado 36.
      (
            32
         )   Véase el auto Banco Popular Español y Banco de Valencia (C‑537/12 y C‑116/13, EU:C:2013:759), apartado 60, y la sentencia Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 28.
      (
            33
         )   Véanse las sentencias Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 50; Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101), apartado 46; Barclays Bank (C‑280/13, EU:C:2014:279), apartado 37; Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 31, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 50, y el auto Banco Popular Español y Banco de Valencia (C‑537/12 y C‑116/13, EU:C:2013:759), apartado 45.
      (
            34
         )   Véanse las sentencias Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101), apartado 51, y Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 24.
      (
            35
         )   Véanse las sentencias Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800), apartado 34, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 52.
      (
            36
         )   Véanse las sentencias Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 55; Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164), apartado 62, y Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189), apartado 53.
      (
            37
         )   C‑472/11, EU:C:2013:88.
      (
            38
         )   Véanse, entre otras, las sentencias Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 58, y Banif Plus Bank (C‑472/11, EU:C:2013:88), apartados 25 y 27.
      (
            39
         )   Sobre la cuestión de los plazos de preclusión, véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto BBVA (C‑8/14, EU:C:2015:321).