CELEX: 61978CJ0253
Language: es
Date: 1980-07-10
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1980. # Procureur de la République y otros contra Bruno Giry y Guerlain SA y otros. # Peticiones de decisión prejudicial: Tribunal de grande instance de Paris - Francia. # Competencia - Perfumes. # Asuntos acumulados 253/78 y 1 a 3/79.

GIRY Y GUERLAIN
             SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
                          de 10 de julio de 1980*
En los asuntos acumulados 253/78 y 1/79 a 3/79,
que tienen por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo
al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal de grande instance de Paris
(Sala 31a), destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano
jurisdiccional entre
Procureur de la République y Francis Pachot y Vincent Ramon
                                       y
Bruno Giry y Guerlain SA (asunto 253/78),
 Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger,
                                       y
 Maurice-Pierre Celicout y Parfums Rochas SA (asunto 1/79),
                                                                              759
   Lengua de procedimiento: francés.
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    Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger,
                                              y ·
    Yves-Pierre Lanvin y Lanvin Parfums SA (asunto 2/79),
    Procureur de la République y Sra. Ulm de Windenberger,
                                             y
    André-Albert Favel y Nina Ricci SARL (asunto 3/79),
    una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CEE
    y de determinadas normas de aplicación de dicha disposición,
                          EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
    integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait,
    Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie
    Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces;
    Abogado General: Sr. G. Reischl;
    Secretario: Sr. A. Van Houtte;
    dicta la siguiente
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                                   Sentencia
  (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
                          Fundamentos de Derecho
1 Mediante resoluciones de 5 de julio de 1978 recibidas en la Secretaría del
  Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 1978 (asunto 253/78) y el 2 de
  enero de 1979 (asuntos 1/79 a 3/79), respectivamente, el tribunal de grande
  instance de París (Sala 31a) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado
  CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 85 del
  Tratado.
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de los procesos penales seguidos
  contra los directivos de las sociedades Guerlain (asunto 253/78), Parfums
  Rochas (asunto 1/79), Lanvin Parfums (asunto 2/79) y Nina Ricci (asunto 3/79)
  por el motivo de infracción de la letra a) del apartado 1 del artículo 37 del
  Decreto Legislativo francés n° 45-1483, de 30 de junio de 1945, relativo a los
  precios, que tipifica como delito el hecho de que un fabricante, comerciante,
  industrial o artesano «se niegue a servir, en la medida de sus disponibilidades
  y en condiciones conformes a los usos comerciales, los pedidos de los
  compradores de productos o los encargos de prestaciones de servicios, cuando
  tales pedidos no presenten carácter anormal, procedan de solicitantes de buena
  fe y la venta de productos o la prestación de servicios no esté prohibida por la
  Ley o por una disposición de la autoridad pública». Dichos procesos penales
  se iniciaron como consecuencia de denuncias con constitución de parte civil
  presentadas por varios detallistas de productos de perfumería a los que las
  empresas de que se trata se habían negado a vender sus productos.
3 Los acusados afirmaron ante el órgano jurisdiccional remitente que las
  negativas a vender objetos de litigio se justificaban, en particular, por la
  existencia de sistemas de distribución selectiva para los productos afectados.
  Además, alegaron que los acuerdos en los que se basan dichos sistemas de
  distribución selectiva habían sido autorizados por la Comisión de las
  Comunidades Europeas, tal como, en su opinión, lo demostraban los escritos
  de fecha 28 de octubre de 1975 (Guerlain), 26 de marzo de 1976 (Parfums
  Rochas), 22 de septiembre de 1976 (Lanvin Parfums) y 20 de enero de 1978
                                                                               761
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     (Nina Ricci), que les envió la Dirección General de la Competencia. Dichos
     escritos, redactados en términos casi idénticos, comunicaban a las empresas
     interesadas que, teniendo en cuenta la escasa cuota que poseía cada una de ellas
     en el mercado de los productos de perfumería, belleza y tocador y la presencia
     en dicho mercado de un número bastante elevado de empresas competidoras
     de importancia comparable, «la Comisión considera que no ha lugar, por su
    parte, en función de los elementos de que tiene conocimiento, a intervenir en
    relación con los acuerdos antes mencionados con arreglo a lo dispuesto en el
    apartado 1 del artículo 85 del Tratado de Roma. En consecuencia, el presente
    asunto puede ser archivado».
 4  Por estimar que estos escritos debían ser considerados Decisiones de aplicación
    del apartado 3 del artículo 85, los acusados afirmaron que, debido a la primacía
    de la norma comunitaria, las autoridades nacionales no podían prohibir,
    aplicando el Derecho interno, restricciones de competencia que la Comisión
    hubiera declarado lícitas en relación con el Derecho comunitario.
 5  Por considerarse insuficientemente informado en el aspecto del Derecho
    comunitario, el tribunal de grande instance ordenó que se sometieran al
    Tribunal de Justicia los contratos de concesión en exclusiva celebrados por las
    empresas de que se trata «que establecen una organización de venta basada en
    criterios de selección no sólo cualitativos, sino también cuantitativos, para que
    dicho Tribunal de Justicia precise si determinados productos de lujo cuya
    imagen de marca desempeña un papel importante pueden acogerse a las
    disposiciones de exención del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
    constitutivo de la Comunidad Económica Europea y si, en el caso de autos (las
    empresas interesadas) disfruta(n) de las mismas en el ámbito del Derecho
    comunitario».
6   En el marco de la misión que le confía el artículo 177 del Tratado, el Tribunal
    de Justicia no es competente para conocer de la aplicación del Tratado a un
    caso dado, pero la necesidad de llegar a una interpretación útil del Derecho
    comunitario le permite, no obstante, deducir de los elementos del litigio
    principal las precisiones necesarias para la comprensión de las cuestiones
    planteadas y para la elaboración de una respuesta adecuada.
7   De las resoluciones de remisión se deduce que las peticiones de decisión
    prejudicial tienen por objeto permitir que el órgano jurisdiccional nacional
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   determine si, como afirman los acusados, la definición de postura expresada en
   los escritos enviados a las empresas interesadas por la Dirección General de la
   Competencia de la Comisión impide la aplicación de las disposiciones de la
   legislación francesa que prohiben la negativa a vender. La referencia al
   apartado 3 del artículo 85 en la cuestión planteada por el tribunal de grande
   instance se explica únicamente por la afirmación de los acusados según la cual
   dichos escritos constituyen Decisiones de exención adoptadas de conformidad
   con el apartado 3 del artículo 85. En estas circunstancias, el Tribunal de
   Justicia se limitará a examinar la cuestión de saber en qué medida el Derecho
   comunitario impide en circunstancias como las del caso de autos que las
   autoridades nacionales apliquen las disposiciones del Derecho interno de la
   competencia.
8  Antes de abordar esta cuestión, es necesario determinar la naturaleza jurídica
   de los citados escritos.
   Sobre la naturaleza jurídica de los escritos de que se trata
9  El apartado 1 del artículo 87 del Tratado atribuyó al Consejo competencia para
   adoptar los Reglamentos o Directivas apropiados para la aplicación de los
   principios enunciados en los artículos 85 y 86. Conforme a dicha atribución de
   competencia, el Consejo adoptó varios Reglamentos y, en particular, el
   Reglamento n° 17, de 6 de febrero de 1962 (DO 13, p. 204;EE 08/01, p. 22),
   que facultaron a la Comisión para adoptar diversas categorías de Reglamentos,
   Decisiones y Recomendaciones.
10 Entre los instrumentos que, de esta manera, se pusieron a disposición de la
   Comisión para cumplir su misión figuran las Decisiones de declaración
   negativa y las Decisiones de aplicación del apartado 3 del artículo 85. En
   relación con las Decisiones de declaración negativa, el artículo 2 del
   Reglamento n° 17 del Consejo establece que la Comisión puede certificar, a
   petición de las empresas interesadas, que no ha lugar, por su parte, en función
   de los elementos de que tiene conocimiento, a intervenir en relación con un
   acuerdo, decisión o práctica en virtud de las disposiciones del apartado 1 del
   artículo 85 o del artículo 86 del Tratado. Por lo que respecta a las Decisiones
   de aplicación del apartado 3 del artículo 85, los artículos 6 y siguientes del
   citado Reglamento n° 17 establecen que la Comisión puede adoptar Decisiones
                                                                                763
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     por las que se declare inaplicable a un acuerdo determinado lo dispuesto en el
     apartado 1 del artículo 85, siempre que este acuerdo le haya sido notificado,
     salvo que esté dispensado de notificación conforme al apartado 2 del artículo
     4 de dicho Reglamento.
 11 El Reglamento n° 17 y sus Reglamentos de aplicación establecen las normas
     que debe seguir la Comisión para la adopción de las citadas Decisiones.
     Cuando la Comisión se propone expedir una declaración negativa con arreglo
     al artículo 2, antes mencionado, o tomar una Decisión de aplicación del
     apartado 3 del artículo 85 del Tratado, está obligada, en particular, conforme
     al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17, a publicar lo esencial del
     contenido de la solicitud o de la notificación de que se trate, invitando a los
    terceros interesados a que le transmitan sus observaciones en el plazo que ella
     fije. Tal como está previsto en el apartado 1 del artículo 21 del Reglamento, las
    Decisiones de declaración negativa y de exención deben ser publicadas.
 12 Es manifiesto que escritos tales como los que fueron enviados a las empresas
    de que se trata por la Dirección General de la Competencia, que se remitieron
    sin que se hubieran cumplido las medidas de publicidad previstas en el
    apartado 3 del artículo 19 del Reglamento n° 17 y que no fueron objeto de
    medida de publicación alguna con arreglo al apartado 1 del artículo 21 de dicho
    Reglamento, no constituyen Decisiones de declaración negativa ni Decisiones
    de aplicación del apartado 3 del artículo 85, a efectos de los artículos 2 y 6 del
    Reglamento n° 17. Tal como destaca la propia Comisión, se trata sólo de
    escritos administrativos que ponen en conocimiento de la empresa interesada
    la opinión de la Comisión de que no ha lugar, por su parte, a intervenir en
    relación con los contratos de que se trata con arreglo a las disposiciones del
    apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que, en consecuencia, el asunto puede
    ser archivado.
13 Basados únicamente en los elementos de que tiene conocimiento la Comisión,
    tales escritos, que reflejan una valoración de la Comisión y concluyen un
    procedimiento de examen por parte de los servicios competentes de la
    Comisión, no tienen por efecto impedir que los órganos jurisdiccionales
    nacionales, ante los que se invoca la incompatibilidad de los acuerdos de que
    se trata con el artículo 85, realicen, en función de los elementos de que
    disponen, una valoración definitiva de dichos acuerdos. Aunque no vincula a
    los órganos jurisdiccionales nacionales, la opinión comunicada en los escritos
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   constituye, no obstante, un elemento de hecho que dichos órganos
   jurisdiccionales pueden tener en cuenta al examinar la conformidad de los
   acuerdos o comportamientos de que se trata con lo dispuesto en el artículo 85.
   Sobre la aplicación del Derecho interno de la competencia
14 La cuestión central en los presentes asuntos consiste en determinar el efecto
   que pueden producir tales escritos en el supuesto de que las autoridades
   nacionales persigan la aplicación no de los artículos 85 y 86 del Tratado, sino
   únicamente de su Derecho interno.
15 Tal como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de febrero de
    1969, Wilhelm (14/68," Rec. p. 1), el Derecho comunitario y el Derecho
   nacional en materia de competencia consideran las prácticas restrictivas bajo
   aspectos diferentes. Mientras que los artículos 85 y 86 las contemplan en razón
   de los obstáculos que de ellas pueden derivarse para el comercio entre los
   Estados miembros, las legislaciones internas, inspiradas por consideraciones
   propias a cada una de ellas, valoran las prácticas restrictivas solamente en ese
   marco. De ello se deduce que las autoridades nacionales pueden actuar también
   respecto a situaciones que pueden ser objeto de una Decisión de la Comisión.
16 En la sentencia antes mencionada el Tribunal de Justicia destacó, no obstante,
   que una aplicación paralela del Derecho nacional de la competencia sólo puede
   admitirse en la medida en que no menoscabe la aplicación uniforme, en todo
   el mercado común, de las normas comunitarias en materia de prácticas
   colusorias y del pleno efecto de los actos adoptados de acuerdo con dichas
   normas.
17 A este respecto, se ha afirmado que la aplicación de las disposiciones del
   Derecho nacional de la competencia no puede admitirse en caso de que tenga
   por efecto poner en entredicho una exención concedida mediante Decisión o
   Reglamento por categoría. No obstante, de las observaciones anteriormente
   expuestas se deduce que los contratos que son objeto de los presentes asuntos
   no pueden acogerse a ninguna Decisión de aplicación del apartado 3 del
   artículo 85. Además, ha quedado acreditado que los acuerdos contemplados no
   están incluidos en el ámbito de ningún Reglamento de exención por categoría.
                                                                                765
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 18 Los contratos de que se trata únicamente fueron objeto de archivo por parte de
     la Comisión, que emitió la opinión de que no había lugar, por su parte, a
     intervenir en relación con dichos contratos con arreglo a lo dispuesto en el
     apartado 1 del artículo 85. Esta circunstancia no puede, por sí sola, producir el
     efecto de impedir que las autoridades nacionales apliquen a tales acuerdos las
     disposiciones del Derecho interno de la competencia, en su caso más estrictas
     que el Derecho comunitario en la materia. El hecho de que la Comisión haya
     considerado que una práctica no está incluida en la prohibición de los apartados
     1 y 2 del artículo 85, cuyo ámbito está limitado a las prácticas colusorias que
     pueden afectar al comercio entre Estados miembros, tampoco impide que dicha
     práctica sea analizada por las autoridades nacionales bajo el punto de vista de
     los efectos restrictivos que puede producir a nivel interno.
 19 En consecuencia, procede responder a las cuestiones planteadas que el Derecho
     comunitario no impide la aplicación de las disposiciones nacionales que
     prohiben la negativa a vender, aun cuando los contratos invocados para
    justificar dicha negativa hayan sido objeto de archivo por parte de la Comisión.
     Costas
20 Los gastos efectuados por el Gobierno belga, el Gobierno danés, el Gobierno
    francés, el Gobierno neerlandés, el Gobierno de la República Federal de
    Alemania, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión de las Comunidades
    Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no
    pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las
    partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
    jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
    En virtud de todo lo expuesto,
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                    EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el tribunal de grande
instance de París mediante resoluciones de 5 de julio de 1978, declara:
El Derecho comunitario no impide la aplicación de las disposiciones
nacionales que prohiben la negativa a vender aun cuando los contratos
invocados para justificar dicha negativa hayan sido objeto de archivo por
parte de la Comisión.
Kutscher      O'Keeffe     Touffait      Mertens de Wilmars        Pescatore
Mackenzie Stuart               Bosco              Koopmans              Due
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 1980.
El Secretario                                                  El Presidente
A. Van Houtte                                                   H. Kutscher
                                                                         767