CELEX: 62010CC0069
Language: es
Date: 2011-03-01
Title: Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas el 1 de marzo de 2011. # Brahim Samba Diouf contra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration. # Petición de decisión prejudicial: Tribunal administratif - Luxemburgo. # Directiva 2005/85/CE - Normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado - Concepto de "decisión adoptada con respecto a [la] solicitud de asilo" en el sentido del artículo 39 de dicha Directiva - Solicitud de un nacional de un tercer Estado que tiene por objeto obtener la condición de refugiado - Falta de motivos que justifiquen la concesión de una protección internacional - Denegación a través de un procedimiento acelerado - Falta de recurso contra la resolución por la que se somete la solicitud a un procedimiento acelerado - Derecho a un control jurisdiccional efectivo. # Asunto C-69/10.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PEDRO CRUZ VILLALÓN
      presentadas el 1 de marzo de 2011 (1)
      
      Asunto C‑69/10
      Brahim Samba Diouf
      contra
      Ministro de Trabajo, Empleo e Inmigración
      Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Administrativo del Gran Ducado de Luxemburgo
      «Solicitud de estatus de refugiado por nacional de un tercer Estado – Denegación de la solicitud, a través de un procedimiento nacional acelerado, por no darse los motivos que justifican la concesión
         de una protección internacional – Inexistencia de recurso autónomo contra la decisión de someter la solicitud a un procedimiento acelerado – Derecho a un control jurisdiccional efectivo»
      
      I.     Marco jurídico
      A.     Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH)
      B.     Derecho de la Unión
      C.     Derecho nacional
      II.   Hechos
      III. Cuestiones planteadas
      IV.   El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      V.     Alegaciones
      VI.   Apreciación
      A.     Consideración previa
      B.     La validez de la Directiva 2005/85/CE: El contraste del artículo 39 de la Directiva con el artículo 47 CDFUE
      C.     La interpretación del alcance del artículo 39 de la Directiva por contraste con el artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa
         de 5 de mayo de 2006
      
      VII. Conclusión
      
      1.        La entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea con rango de Derecho originario ha incrementado
         la necesidad de avanzar en el proceso de acomodación de las categorías y principios del Derecho de la Unión a las exigencias
         derivadas de la interiorización de los derechos fundamentales como elemento determinante de la validez del Derecho comunitario.
      
      2.        El presente caso ofrece una buena ocasión para intentar una articulación integrada de las diferentes expresiones de Derecho
         positivo que, en el ámbito de la Unión y de los Estados miembros (pero también en el de determinados instrumentos internacionales),
         concurren a la definición de un derecho fundamental —en este caso, el derecho a la tutela judicial efectiva—. Expresiones
         que, por encima de la diversidad formal de sus enunciados, sólo puede concebirse, en su contenido, como el precipitado final
         de un proceso en el que se suceden diferentes estadios de concreción confiados, en sus distintos niveles, a instancias normativas
         relativamente autónomas. Habremos de movernos, por tanto, en un terreno en el que se hace particularmente sensible la naturaleza
         integradora del Derecho de la Unión y, con ella, la necesidad de abordar con verdadero espíritu de ordenamiento y de sistema
         la mejor articulación de la diversidad de normas que legítimamente concurren a la ordenación de un mismo sector de la realidad. (2)
      
      I.      Marco jurídico
      A.      Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (en adelante, CEDH)
      3.        El artículo 6.1 dispone:
      
      «Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal
         independiente e imparcial, establecido por la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter
         civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. [...]»
      
      4.        En virtud del artículo 13:
      
      «Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión
         de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen
         en el ejercicio de sus funciones oficiales.»
      
      B.      Derecho de la Unión
      5.        De acuerdo con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea:
      
      «Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela
         judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.
      
      Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente
         e imparcial, establecido previamente por la Ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. [...]»
      
      6.        A tenor de los considerandos 11 y 27 de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005: (3)
      
      «(11) En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de asilo, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre
         las solicitudes de asilo. La organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se debe dejar a la discreción de los
         Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar
         la gestión de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva.
      
      [...]
      (27) Refleja un principio de Derecho comunitario fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud
         de asilo y a la retirada del estatuto de refugiado deban estar sujetas a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal
         en el sentido del artículo 234 del Tratado. La eficacia del recurso, incluso con respecto al examen de los hechos pertinentes,
         depende del ordenamiento administrativo y jurídico de cada Estado miembro visto en su conjunto.»
      
      7.        Según el artículo 23 de la Directiva 2005/85/CE:
      
      «1.      Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de asilo en un procedimiento de examen de conformidad con los principios y
         garantías fundamentales del capítulo II.
      
      2.      Los Estados miembros procurarán que dicho procedimiento concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente
         y completo.
      
      Los Estados miembros velarán por que, en caso de que no sea posible adoptar una resolución al cabo de seis meses, al solicitante,
         o bien
      
      a) se le informe de la demora, o bien
      b) se le facilite, a petición propia, información sobre el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución. Dicha
         información no constituirá una obligación del Estado miembro frente al solicitante de adoptar una resolución dentro del plazo
         mencionado.
      
      3.      Los Estados miembros podrán dar prioridad o acelerar cualquier examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales
         del capítulo II, cuando sea probable que la solicitud esté fundamentada o cuando el solicitante tenga necesidades especiales,
         entre otros supuestos.
      
      4.      Los Estados miembros podrán también disponer que se dé prioridad o se acelere el procedimiento de examen de conformidad con
         los principios y garantías fundamentales del capítulo II si:
      
      [...]
      b) el solicitante no cumpliese manifiestamente los requisitos de la condición de refugiado o que dan derecho al estatuto de
         refugiado en un Estado miembro en virtud de la Directiva 2004/83/CE, o
      
      c) la solicitud de asilo se considerase infundada:
      i) por proceder el solicitante de un país de origen seguro a efectos de los artículos 29, 30 y 31, o
      ii) por considerarse el país que no es un Estado miembro un tercer país seguro para el solicitante, sin perjuicio de lo dispuesto
         en el artículo 28, apartado 1, o
      
      d) el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no
         revelación de información pertinente sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo en la
         resolución, o
      
      [...]
      8.        El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE establece:
      
      «1.      Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes de asilo tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional
         contra lo siguiente:
      
      a) una resolución adoptada sobre su solicitud de asilo, incluida:
      i) la decisión de considerar inadmisible una solicitud de conformidad con el artículo 25, apartado 2,
      ii) la adoptada en la frontera o en las zonas de tránsito de un Estado miembro a que se refiere el artículo 35, apartado 1,
      iii) la decisión de no llevar a cabo un examen con arreglo al artículo 36;
      b) la negativa a reabrir el examen de una solicitud después de su interrupción de conformidad con los artículos 19 y 20;
      c) la decisión de no seguir examinando la solicitud posterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 34;
      d) la decisión de denegar la entrada, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 35, apartado 2;
      e) una decisión de retirada del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 38».
      [...]
      C.      Derecho nacional
      9.        La Ley luxemburguesa de 5 de mayo de 2006, relativa al derecho de asilo y a formas complementarias de protección, (4) dispone en su artículo 19:
      
      «1)      El Ministro resolverá sobre el fundamento de la demanda de protección internacional mediante decisión motivada que será comunicada
         por escrito al demandante. En caso de decisión negativa, las informaciones relativas al derecho de recursos se mencionarán
         expresamente en la resolución. [...] Una decisión negativa del Ministro implica la orden de abandonar el territorio de conformidad
         con las disposiciones de la Ley modificada de 28 de marzo de 1972 [...].
      
      [...]
      3)      Contra la decisión de denegación de la demanda de protección internacional cabe un recurso de reforma ante el Tribunal Administrativo.
         Contra la orden de abandonar el territorio cabe un recurso de anulación ante el Tribunal Administrativo. Los dos recursos
         deben ser objeto de una sola demanda de interposición, so pena de inadmisibilidad del recurso separado. El recurso debe interponerse
         en el plazo de un mes a partir de la notificación. El plazo de recurso y el recurso interpuesto en plazo tienen un efecto
         suspensivo. [...]
      
      4)      Contra las decisiones del Tribunal Administrativo puede interponerse apelación ante la Corte Administrativa como juez de anulación.
         La apelación debe interponerse en el plazo de un mes a partir de la notificación [...] El plazo de apelación y la apelación
         interpuesta en plazo tienen un efecto suspensivo [...].»
      
      10.      Por su parte, el artículo 20 de la Ley prescribe:
      
      «1)      El Ministro podrá tramitar la solicitud de protección internacional por un procedimiento acelerado en los siguientes casos:
      [...]
      b) que sea evidente que el solicitante no cumple los requisitos exigidos para obtener el estatuto que confiere la protección
         internacional;
      
      [...]
      d) que el solicitante hubiese inducido a error a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa
         o al no revelar información o documentos pertinentes sobre su identidad o su nacionalidad que podrían haber tenido un efecto
         negativo en la resolución;
      
      [...]
      2)      El Ministro debe tomar la decisión a más tardar en un plazo de dos meses a partir del día en que se aprecia que el solicitante
         incurre en uno de los casos previstos en el apartado 1 precedente. El Ministro resolverá mediante decisión motivada que será
         comunicada por escrito al solicitante. En caso de decisión negativa, las informaciones relativas al derecho de recursos se
         mencionarán expresamente en la resolución. Una decisión negativa del Ministro implica la orden de abandonar el territorio
         de conformidad con las disposiciones de la Ley modificada de 28 de marzo de 1972 [...].
      
      [...]
      4)      Contra las decisiones de denegación de la demanda de protección internacional adoptadas en el marco de un procedimiento acelerado
         cabe un recurso de reforma ante el Tribunal Administrativo. Contra la orden de abandonar el territorio cabe un recurso de
         anulación ante el Tribunal Administrativo. Los dos recursos deben ser objeto de una sola demanda de interposición, so pena
         de inadmisibilidad del recurso separado. El recurso debe interponerse en un plazo de quince días a partir de la notificación.
         El Tribunal Administrativo resolverá en los dos meses desde la interposición de la demanda. [...] El plazo de recurso y el
         recurso interpuesto en plazo tienen un efecto suspensivo. Las decisiones del Tribunal Administrativo no son susceptibles de
         apelación.
      
      5)      No cabe recurso alguno contra la resolución ministerial por la que se tramita la solicitud de protección internacional por
         un procedimiento acelerado.»
      
      II.    Hechos
      11.      El Sr. Samba Diouf, nacional mauritano, presentó el 19 de agosto de 2009, ante el servicio competente del Ministerio de Asuntos
         Extranjeros e Inmigración del Gran Ducado de Luxemburgo, una solicitud de protección internacional al amparo de la Ley modificada
         de 5 de mayo de 2006, relativa al derecho de asilo y a formas complementarias de protección (en adelante, Ley 2006). Sostenía
         haber abandonado Mauritania huyendo de una situación de esclavitud y deseando establecerse en Europa para vivir en mejores
         condiciones y fundar una familia, temiendo que su antiguo empleador, a quien habría robado 3.000 euros para poder llegar a
         Europa, le hiciera buscar para acabar con su vida.
      
      12.      Mediante resolución de 18 de noviembre de 2009, el Ministro de Trabajo, Empleo e Inmigración denegó la solicitud del Sr. Samba
         Diouf en aplicación de las letras b) y d) del artículo 20 de la Ley 2006, toda vez que, por un lado, había presentado un pasaporte
         falsificado, induciendo con ello a error a las autoridades, y, por otro, los motivos invocados eran de orden económico y no
         respondían a los criterios que justifican una protección internacional.
      
      13.      La resolución de 18 de noviembre se acordó a través de un procedimiento acelerado e implicaba la orden de abandonar el territorio
         nacional.
      
      14.      El Sr. Samba Diouf interpuso recurso contra dicha resolución ante el Tribunal Administrativo de Luxemburgo, interesando 1) la
         anulación de la decisión por la que se acordó la tramitación de su solicitud por el procedimiento de urgencia, 2) la reforma
         o anulación de la resolución denegatoria de la protección internacional y 3) la anulación de la orden de abandonar el territorio
         nacional.
      
      15.      El Tribunal Administrativo considera que el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 2006 suscita dudas acerca de la interpretación
         del artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, en relación con el derecho a un recurso efectivo, en la medida en que aquél no
         admite recurso contra la decisión por la que se acuerda tramitar por el procedimiento acelerado la resolución sobre el fundamento
         de una solicitud de protección internacional.
      
      16.      El Tribunal Administrativo destaca que la decisión de resolver a través del procedimiento acelerado no deja de tener consecuencias
         relevantes para el interesado, pues, por un lado, supone la reducción a quince días del plazo ordinario de un mes establecido
         para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa y, por otro, reduce a una sola la doble instancia habitual en
         esa jurisdicción.
      
      17.      Descartando que la Ley de 2006 permita entender siquiera que la decisión sobre la tramitación por el procedimiento acelerado
         pueda ser objeto de una impugnación indirecta con ocasión del recurso eventualmente interpuesto contra la resolución de fondo,
         por excluirlo así, a su juicio, la voluntad del legislador, el Tribunal Administrativo plantea las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      III. Cuestiones planteadas
      18.      «¿Debe interpretarse el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la
         establecida en el Gran Ducado de Luxemburgo por el artículo 20, apartado 5, de la Ley modificada de 5 de mayo de 2006, relativa
         al derecho de asilo y a formas complementarias de protección, con arreglo a la cual un solicitante de asilo no dispone de
         ningún recurso jurisdiccional contra la resolución de la autoridad administrativa por la que se decide tramitar su solicitud
         de protección internacional por el procedimiento acelerado?
      
      En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse el principio general de derecho a un recurso efectivo en relación con el
         Derecho comunitario, inspirado por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y
         Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la establecida
         en el Gran Ducado de Luxemburgo por el artículo 20, apartado 5, de la Ley modificada de 5 de mayo de 2006, relativa al derecho
         de asilo y a formas complementarias de protección, en virtud de la cual un solicitante de asilo no dispone de ningún recurso
         jurisdiccional contra la resolución de la autoridad administrativa por la que se decide tramitar la solicitud de protección
         internacional por el procedimiento acelerado?»
      
      IV.    El procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      19.      La cuestión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2010.
      
      20.      Han presentado alegaciones el Sr. Samba Diouf, la Comisión y los Gobiernos del Gran Ducado de Luxemburgo, la República Federal
         de Alemania, el Reino de los Países Bajos y la República Helénica.
      
      21.      En la vista, celebrada el 19 de enero de 2011, han comparecido, formulando oralmente sus alegaciones, los representantes procesales
         del Sr. Samba Diouf, del Gobierno luxemburgués y de la Comisión.
      
      V.      Alegaciones
      22.      El Sr. Samba Douif ha sostenido que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE exige a los Estados miembros la previsión de
         un recurso judicial efectivo, además de contra la resolución de fondo sobre una demanda de asilo, también contra la resolución
         en cuya virtud se acuerda tramitar la solicitud a través del procedimiento acelerado, máxime si, como es el caso, dicha resolución
         se fundamenta en motivos que afectan al fondo de la solicitud. A su juicio, coincidente con el del Tribunal Administrativo,
         la legislación luxemburguesa no permite tampoco revisar jurisdiccionalmente la resolución sobre la tramitación acelerada con
         ocasión de la impugnación de la resolución de fondo, de manera que los motivos sustantivos que fundamentan la adopción de
         aquélla quedarían imprejuzgados en todo caso.
      
      23.      De otro lado, el Sr. Samba Diouf ha sostenido que, aun admitiendo que el Tribunal Administrativo, con ocasión del juicio sobre
         la denegación de la solicitud de asilo, pudiera enjuiciar la decisión de tramitar la solicitud por el procedimiento acelerado,
         ello redundaría en una quiebra inaceptable del principio de igualdad, pues, frente al plazo de un mes establecido para recurrir
         contra una resolución acordada a través del procedimiento ordinario, el recurso contra una resolución adoptada por el procedimiento
         acelerado es de quince días. A lo que ha de añadirse que en el segundo de los supuestos no se dispone de una doble instancia
         judicial.
      
      24.      Los Gobiernos del Gran Ducado de Luxemburgo, de la República Federal de Alemania, del Reino de los Países Bajos y de la República
         Helénica, así como la Comisión, han coincidido en sostener que la cuestión planteada merece una respuesta negativa.
      
      25.      Básicamente todos ellos han defendido que la Directiva 2005/85/CE debe entenderse en el sentido de que el objeto del recurso
         efectivo en ella reconocido sólo puede ser la decisión final sobre la solicitud de protección, no la decisión en cuya virtud
         se acuerda examinarla más rápidamente, sin excluir que, con ocasión del juicio sobre la decisión final, pueda examinarse jurisdiccionalmente
         la corrección jurídica de cualesquiera decisiones preparatorias. Esta interpretación, por otra parte, sería plenamente conforme
         con los artículos 6 y 13 CEDH.
      
      26.      En cuanto a la posible infracción, en concreto, del artículo 13 CEDH, sostiene el Gobierno luxemburgués que, también con arreglo
         a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, el derecho a un recurso efectivo ha de referirse siempre a la defensa de
         un derecho protegido por la Convención, sin que, a su juicio, pueda entenderse que el Convenio, con base en este artículo
         13, protege el derecho a que una solicitud de asilo sea examinada a través de un específico procedimiento.
      
      27.      En lo que hace a las diferencias existentes entre los procedimientos ordinario y acelerado desde la perspectiva de los plazos
         de impugnación y de la existencia de única o doble instancia, alegan los Gobiernos personados y la Comisión que el mínimo
         requerido por el principio de protección jurisdiccional efectiva se satisface ya con un solo pronunciamiento judicial, sin
         que un plazo de quince días, atendidas y ponderadas las circunstancias del caso, suponga tampoco una quiebra de ese principio,
         sea a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, sea, incluso, a la de la doctrina del propio Tribunal de Justicia.
      
      VI.    Apreciación
      28.      Como vengo indicando, el Tribunal Administrativo del Gran Ducado de Luxemburgo plantea al Tribunal de Justicia, en forma de
         dos preguntas sucesivas, en esencia, si el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE o, en su defecto, el principio general del
         derecho a un recurso efectivo inspirado por los artículos 6 y 13 CEDH se oponen a una norma nacional que no prevé un recurso
         jurisdiccional contra la resolución administrativa por la que se decide tramitar una solicitud de protección internacional
         por el procedimiento acelerado.
      
      A.      Consideración previa
      29.      A mi juicio, los términos en que la cuestión ha sido formalmente planteada hacen necesaria una consideración previa. La jurisdicción
         de reenvío ha formulado su cuestión a través de dos preguntas distintas, la segunda de ellas sólo para el caso de que la primera
         se responda negativamente, es decir, que se considere que no hay oposición entre la Directiva 2005/85/CE y la Ley luxemburguesa.
         Y lo que pretende preguntarse en ese segundo momento es si, una vez que se ha declarado esa concordancia entre el Derecho
         derivado de la Unión y el Derecho nacional, no obstante, este mismo Derecho nacional podría haber vulnerado el Derecho primario
         de la Unión en la medida en que, muy concretamente, incorpora los contenidos de los artículos 6 y 13 CEDH.
      
      30.      Ahora bien, es claro que una vez que se hubiera contrastado, en hipótesis y como se viene diciendo, que Derecho derivado y
         Derecho nacional son concordantes, el resultado es que no cabe cuestionar, desde esta perspectiva, el Derecho nacional sin
         simultánea y necesariamente cuestionar la validez del Derecho derivado.
      
      31.      En efecto, el Derecho derivado concernido es en este caso es el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, el cual no hace otra
         cosa que reconocer el derecho a la tutela judicial efectiva, que a su vez el Derecho nacional debe transponer. Supuesto, pues,
         que la Directiva ha sido bien transpuesta en el ordenamiento nacional, ello incluirá, como mínimo, la garantía de la tutela
         judicial exigida por el artículo 39 de la misma. Por tanto, si, a pesar de todo, y si se quiere conservar algún sentido autónomo
         a esta segunda pregunta, se pide un contraste de la Ley nacional con el Derecho originario de la Unión, lo que se está poniendo
         en cuestión es, en definitiva, si el Derecho derivado respeta la garantía de la tutela judicial, y es por ahí por donde debe
         lógicamente comenzar nuestra respuesta. Antes de ello, conviene desarrollar en alguna mayor medida el planteamiento que acabo
         de exponer.
      
      32.      Parece en este sentido claro que el derecho a un recurso judicial efectivo reconocido por el Derecho de la Unión no tiene
         un contenido y alcance distintos en función del precepto o principio comunitarios que lo proclamen en cada caso. La cuestión
         no puede ser entonces si el derecho al recurso reconocido en el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE en materia de asilo
         se opone a determinada norma nacional o si, de no ser así, lo que se opone a ésta es el derecho al recurso en esa materia
         asumido por la Unión, en los términos del considerando 27 de dicha Directiva, como reflejo de «un principio de Derecho comunitario
         fundamental» inspirado en el Convenio de Roma. Si así fuera estaríamos en presencia de dos derechos diferentes y admitiríamos
         la posibilidad de que una norma de Derecho derivado como el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE permitiera, sin perjuicio
         de su validez, lo que sin embargo excluye un principio general del Derecho de la Unión.
      
      33.      Excluido, por tanto, lo anterior, ha de entenderse que el Tribunal Administrativo plantea en realidad dos cuestiones, aunque
         no en los términos de subsidiariedad con los que se ha expresado en su resolución de reenvío, ni teniendo por único objeto
         el juicio de compatibilidad de la Directiva 2005/85/CE con el artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa. En concreto,
         el Tribunal Administrativo pregunta, de un lado, y de manera explícita, si el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE se opone
         al artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa, y de otro lado, implícitamente, si, de no darse esa oposición, sería
         el derecho al recurso judicial efectivo como principio general del Derecho de la Unión e inspirado por los artículos 6 y 13 CEDH
         el que se opondría a aquella norma nacional y, por tanto, también al propio artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, que padecería
         entonces un vicio de invalidez por infracción del derecho fundamental reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos
         Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).
      
      34.      Entiendo, pues, que los términos de la cuestión planteada exigen verificar, en cualquier caso, y en primer lugar, si la concreción
         del derecho fundamental verificada en el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE es jurídicamente correcta, por respetuosa
         con el contenido de ese derecho definido en el artículo 47 CDFUE y, por tanto, indirectamente, con el sentido y alcance que
         le confiere el CEDH. Ello supone que sea preciso comenzar dando respuesta, como primera cuestión, a la planteada subsidiariamente
         por el órgano judicial de reenvío, que debe ser reformulada como pregunta acerca de la validez del artículo 39 de la Directiva
         2005/85/CE por contraste con el artículo 47 CDFUE. Una vez despejada, en su caso, cualquier duda sobre la compatibilidad del
         artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE con el artículo 47 CDFUE, tendrá sentido responder a la cuestión planteada en este
         proceso como primera y principal. (5)
      
      B.      La validez de la Directiva 2005/85/CE: El contraste del artículo 39 de la Directiva con el artículo 47 CDFUE
      35.      Es doctrina reiterada del Tribunal de Justicia que el principio de protección jurisdiccional efectiva constituye un principio
         general del Derecho de la Unión que resulta de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, consagrado
         en el artículo 6 CEDH (entre otras muchas, Sentencias de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1651, puntos 18 y 19;
         de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C-50/00 P, Rec. p. I-6677, punto 39; de 22 de diciembre de
         2010, DEB, C-279/09, aún no publicada, punto 29).
      
      36.      En tanto que derecho fundamental, la recepción del derecho a la tutela judicial efectiva en el artículo 47 CDFUE le ha dotado,
         tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, del «mismo valor jurídico que los Tratados», según dispone el artículo 6 TUE,
         apartado 1, debiendo ser respetado por los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51 CDFUE, apartado
         1).
      
      37.      De acuerdo con el artículo 47 CDFUE, toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva frente a violaciones de sus
         «derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión» (apartado 1), en condiciones que permitan que «su causa sea
         oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente
         por la ley», pudiendo hacerse aconsejar, defender y representar (apartado 2), y disfrutando, en su caso, de asistencia jurídica
         gratuita (apartado 3).
      
      38.      En virtud tanto del artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, TUE, como del artículo 52 CDFUE, apartado 7,para la interpretación
         del artículo 47 CDFUE es preciso tomar en consideración las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales elaboradas
         inicialmente por el Presidium de la Convención que la redactó. Dichas Explicaciones se limitan a declarar que el primer apartado
         del artículo 47 CDFUE se basa en el artículo 13 CEDH, en tanto que el apartado segundo vendría a corresponderse con el artículo
         6.1 CEDH, en ambos casos con cierta mayor amplitud.
      
      39.      A partir de lo anterior, entiendo que, más allá del valor interpretativo de estas Explicaciones, con su proclamación como
         derecho de la Unión por obra del artículo 47 CDFUE, el derecho a la tutela judicial efectiva, tal como aparece proclamado
         en este precepto, adquiere una entidad y sustantividad propias, no limitándose al mero agregado de los enunciados de los artículos
         6 y 13 CEDH. En otras palabras, el derecho fundamental pasa a adquirir entonces, ya como derecho proclamado y garantizado
         por la Unión, un contenido que le es propio, en cuya definición, ciertamente, han de jugar un papel fundamental los instrumentos
         internacionales en los que tal derecho se inspira, y entre ellos en primera línea el CEDH, pero también las tradiciones constitucionales
         de las que el derecho en cuestión procede y, con ellas, el universo conceptual de los principios característicos del Estado
         de Derecho. Todo ello sin relegar en ningún caso la propia tradición representada por el acervo de más de medio siglo de Derecho
         de la Unión, que ha dado lugar, en tanto que sistema normativo, al desarrollo de una doctrina de principios que le son característicos.
      
      40.      En efecto, el artículo 13 CEDH, en la medida en que persigue el objetivo de asegurar que la tutela de los derechos proclamados
         por el CEDH goce en el interior de cada uno de los Estados que son parte del mismo de un recurso efectivo ante una instancia
         nacional, no puede sino proyectarse, de acuerdo con su enunciado, sobre los derechos del propio CEDH. Es, sin embargo, difícilmente
         aceptable que en el momento en que el artículo 47, apartado 1, CDFUE busca su inspiración en aquel precepto esté por ello
         ciñendo también su alcance, exclusivamente, a los derechos de la CDFUE.
      
      41.      Me importa, por ello, dejar sentado, que, contra el parecer de los Gobiernos luxemburgués y neerlandés, el hecho de que el
         remedio procesal autónomo exigido por el artículo 13 CEDH lo sea sólo para los derechos garantizados por el CEDH no tiene
         consecuencias para la respuesta que corresponde dar a la jurisdicción de reenvío.
      
      42.      En definitiva, el derecho a la tutela judicial reconocido por el artículo 47 CDFUE ha de definirse en su contenido atendiendo
         al sentido y alcance que a ese derecho confiere el CEDH (artículo 52.3 CDFUE), pero, una vez configurado, su ámbito de aplicación
         ha de ser el descrito por la CDFUE, (6) es decir, en sus propios términos, el de los «derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión». Por tanto,
         y en lo que aquí importa, su aplicación es indudable en relación a «las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud
         de asilo» por cuanto la sujeción de tales decisiones «a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal» no es, de acuerdo
         con el considerando 27 de la Directiva 2005/85/CE, otra cosa que el reflejo de «un principio de Derecho comunitario fundamental»,
         finalmente proclamado, con el valor de Derecho originario, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
      
      43.      Limitándonos al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, la Unión garantiza a todos
         el derecho a requerir la protección de un Tribunal frente a cualesquiera actos lesivos de los derechos y libertades reconocidos
         por la Unión, importando, ante todo, que el recurso a la jurisdicción sea efectivo, tanto en el sentido de que ha de ser jurídicamente
         capaz de procurar la reparación, en su caso, de la lesión denunciada, como en el de que ha de ser un remedio practicable,
         esto es, sujeto en su realización a condiciones que no lo hagan de imposible o muy difícil ejercicio.
      
      44.      Este contenido inexcusable del derecho reconocido por el artículo 47 CDFUE es el que se desprende del CEDH mantenida por el
         Tribunal Europeo de Derechos Humanos (7) y al que se ajusta con perfecta naturalidad el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, que expresamente garantiza que «los
         solicitantes de asilo tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional» contra las resoluciones administrativas
         denegatorias de la solicitud en cualquiera de las variables contempladas en el apartado 1 del precepto, es decir, por razones
         de fondo, de forma o de procedimiento.
      
      45.      De conformidad con el principio de autonomía procesal de los Estados miembros, el mismo artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE
         emplaza a éstos, en su apartado 2, a «establecer los plazos y demás normas necesarias para que el solicitante pueda ejercer
         su derecho al recurso efectivo», especificando, en el apartado 3, que también habrán de establecer, «cuando proceda, normas
         acordes con sus obligaciones internacionales que se ocupen» de garantizar la efectividad del recurso mediante el aseguramiento
         de su resultado a través de la adopción de medidas cautelares.
      
      46.      Así las cosas, es evidente que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, ajustándose al artículo 47 CDFUE y, con ello, mediatamente,
         al contenido mínimo del derecho a un recurso efectivo representado por las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
         ha cumplido con la condición de validez impuesta a toda norma de Derecho derivado por el artículo 6 TUE, apartado 1, al atribuir
         a la Carta de los Derechos Fundamentales «el mismo valor jurídico que los Tratados.»
      
      47.      Lo ha hecho, además, en los dos niveles en los que la Unión viene obligada a hacerlo. Por un lado, ejerciendo su competencia
         normativa en la materia mediante la enunciación explícita del derecho a un recurso efectivo en el ámbito de los procedimientos
         de concesión o retirada de la condición de refugiado. De otro, obligando a los Estados miembros a cumplir con su competencia
         para la ordenación de esos procedimientos en particular y, además, a hacerlo con arreglo a condiciones que aseguren la realización
         del derecho, de suerte que la autonomía procesal de los Estados no pueda traducirse en un inconveniente para su eficacia.
      
      48.      Despejada la duda acerca de la validez del artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, procede ya determinar si se opone al artículo
         20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa de 5 de mayo de 2006, dando así respuesta a la primera de las preguntas planteadas
         por el Tribunal Administrativo.
      
      C.      La interpretación del alcance del artículo 39 de la Directiva por contraste con el artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa
            de 5 de mayo de 2006
      49.      El artículo 20, apartado 1, de la Ley luxemburguesa 2006 es prácticamente una reproducción del artículo 23, apartado 4, de
         la Directiva 2005/85/CE, en el que se relacionan los supuestos en que la tramitación de una solicitud de asilo puede realizarse
         a través de un procedimiento acelerado. La lectura de los supuestos contemplados en ese apartado 4 del artículo 23 de la Directiva
         pone de manifiesto que la tramitación acelerada habrá de concluir con una resolución denegatoria, pues se trata de supuestos
         tales como el incumplimiento manifiesto de los requisitos de la condición de refugiado [letra b)], el carácter infundado de
         la solicitud [letra c)] o la intención meramente dilatoria de una resolución de expulsión [letra j)]. Interpretación que confirma,
         a contrario, el apartado 3 del propio artículo 23 de la Directiva, que prevé la posibilidad de un procedimiento acelerado «cuando sea
         probable que la solicitud esté fundamentada o cuando el solicitante tenga necesidades especiales, entre otros supuestos.»
      
      50.      Aunque el precepto no descarta la posibilidad de una resolución positiva, (8) lo cierto es que el procedimiento acelerado previsto en el artículo 20 de la Ley luxemburguesa constituye en realidad un
         procedimiento de denegación anticipada. En cuanto tal, la decisión que le pone término ha de poder ser objeto de un recurso
         judicial efectivo. Y así lo prevé el artículo 20, apartado 4, de la Ley luxemburguesa de 2006 al disponer que «[c]ontra las
         decisiones de denegación de la demanda de protección internacional adoptadas en el marco de un procedimiento acelerado cabe
         un recurso de reforma ante el Tribunal Administrativo».
      
      51.      La cuestión es si, además, la propia decisión de tramitar la solicitud por la vía del procedimiento acelerado ha de ser también
         susceptible de un recurso judicial, lo que expresamente excluye el artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa.
      
      52.      El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE dispone en su apartado 1, letra a), que los Estados miembros deben garantizar a
         los solicitantes de asilo un recurso efectivo contra «una resolución adoptada sobre su solicitud», demandando el Tribunal
         Administrativo en este proceso cuál ha de ser la interpretación de esa concreta expresión y, en particular, si en ella ha
         de comprenderse únicamente la decisión final sobre la solicitud o, además, también la resolución en cuya virtud se acuerda
         tramitar la solicitud por el procedimiento acelerado.
      
      53.      Ciertamente, la literalidad del artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE podría ser interpretada en el sentido de que «una resolución
         adoptada sobre su solicitud» es toda resolución dictada en relación con la petición de asilo. También, por tanto, las decisiones
         interlocutorias o preparatorias de la decisión última sobre el asilo solicitado podrían ser susceptibles de un recurso autónomo.
      
      54.      Tal interpretación no se compadecería, sin embargo, con el interés por la celeridad de los procedimientos sobre las solicitudes
         de asilo. Un interés que, de acuerdo con el considerando 11 de la propia Directiva, lo es tanto de los Estados miembros como
         de los solicitantes de asilo y en cuya virtud el artículo 23, apartado 2 de la Directiva 2005/85/CE dispone que «[l]os Estados
         miembros procurarán que dicho procedimiento concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo». (9)
      
      55.      Más allá de esa razón de orden teleológico, del mismo artículo 39 de la Directiva parece desprenderse una clara voluntad de
         restricción de las resoluciones impugnables a aquéllas que impliquen una denegación de la solicitud de asilo (A) por razones
         de fondo o, en su caso, (B) por motivos formales o de procedimiento que hagan imposible un pronunciamiento basado en razones
         sustantivas.
      
      56.      En efecto, el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE incluye en el concepto «una resolución adoptada sobre [la] solicitud
         de asilo» una serie de decisiones –enumeradas en los subapartados i), ii) y iii) de la letra a)– que, por suponer la inadmisión
         de la solicitud de asilo o su resolución en frontera, equivalen a un pronunciamiento definitivo y denegatorio sobre el fondo.
         Naturaleza de la que también participan las demás resoluciones que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE hace expresamente
         objeto necesario del derecho a un recurso judicial efectivo en las letras b) a e) del mismo apartado 1: negativa a la reapertura
         de un procedimiento interrumpido; decisión de no seguir examinando solicitudes posteriores; decisión de denegación de entrada
         en supuesto de solicitud posterior a otra retirada, abandonada o denegada; decisión de retirada del estatuto de refugiado.
      
      57.      A la vista de lo anterior, puede concluirse que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE está claramente centrado en aquellas
         resoluciones que supongan la imposibilidad definitiva de que prospere una solicitud de asilo.
      
      58.      En la medida en que la decisión de tramitar una solicitud por el procedimiento acelerado pueda adelantar ya el sentido de
         pronunciamiento de fondo, es evidente que este sentido no puede dejar de ser objeto de un recurso judicial efectivo. Ahora
         bien, de ello no se deriva necesariamente que dicho remedio procesal deba tener lugar, necesariamente, contra la resolución
         misma en cuya virtud se acuerda la tramitación acelerada y tan pronto como dicha resolución se acuerde. Lo determinante es
         que, en lo que tenga de decisión sustantiva, la misma pueda ser objeto de recurso antes de que la denegación de asilo sea
         firme y definitiva y, por tanto, susceptible de ejecución. (10)
      
      59.      Ello implica que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE no exige, en principio, que el Derecho nacional prevea un recurso
         específico o autónomo o, si se quiere, «directo» contra la resolución por la que se acuerda la tramitación acelerada de una
         solicitud de asilo.
      
      60.      Con una salvedad, sin embargo: la de que los motivos que han dado lugar a la opción por el procedimiento acelerado puedan
         ser efectivamente impugnados posteriormente ante la jurisdicción con ocasión del recurso de que puede ser objeto, en todo
         caso, la decisión última con la que concluye el procedimiento sobre la solicitud.
      
      61.      Si no fuera así y, tal como entiende el Tribunal Administrativo, el motivo que da lugar a la tramitación acelerada quedara
         excluido de control por obra del artículo 20, apartado 5, de la Ley de 2006, habría que concluir que el Derecho de la Unión
         se opone a semejante consecuencia.
      
      62.      Queda por resolver si el Derecho de la Unión se opone al régimen nacional examinado en la medida en que la opción por el procedimiento
         acelerado frente al procedimiento común implica diferencias que se sustancian en la peor condición del solicitante de asilo
         desde el punto de vista de su derecho a la tutela judicial efectiva, que sólo puede realizarse en un plazo de quince días
         y en una única instancia.
      
      63.      En primer lugar, por lo que hace a la circunstancia de que el plazo de recurso sea de un mes en el caso de una resolución
         adoptada a través del procedimiento ordinario y de sólo quince días en el supuesto del procedimiento acelerado, es evidente
         que lo relevante ha de ser, en línea con lo alegado por la Comisión, que el plazo disponible sea materialmente suficiente
         para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, lo que no puede afirmarse que no sea el caso en el supuesto
         de un plazo de quince días, común en los procedimientos abreviados, y perfectamente razonable y proporcionado en su contraste
         con los derechos e intereses en juego cuando se trata de ponderar la suficiencia de los plazos procesales. (11)
      
      64.      Dicho lo anterior, correspondería siempre al juez nacional determinar si, en un supuesto concreto, resultando insuficiente
         dicho plazo a la vista de las circunstancias del caso, ese solo dato pudiera constituirse en causa suficiente para estimar
         la impugnación deducida (indirectamente) contra la decisión administrativa de tramitar la solicitud de asilo por el procedimiento
         acelerado, de suerte que, con la estimación del recurso, acordara la tramitación de aquélla a través del procedimiento ordinario.
      
      65.      En segundo lugar, y en cuanto a la diferencia consistente en que sólo frente a una resolución adoptada a través del procedimiento
         ordinario disponga el afectado de la posibilidad de una doble instancia judicial, no es menos evidente que, desde la perspectiva
         que aquí interesa, importa sólo que haya al menos una instancia jurisdiccional, que es lo que garantiza el artículo 39 de
         la Directiva 2005/85/CE, sin que el CEDH imponga más, (12) ni el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –determinante para la configuración del contenido
         de los derechos fundamentales por parte de la práctica totalidad de los Estados miembros– lo garantice fuera de los procedimientos
         penales, lo que no es el caso.
      
      66.      En definitiva, entiendo que el artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, perfectamente acorde con el derecho fundamental garantizado
         por el artículo 47 CDFUE, no se opone, en principio, a una norma nacional como el artículo 20, apartado 5, de la Ley luxemburguesa
         de 5 de mayo de 2006.
      
      VII. Conclusión
      67.      En atención a las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones planteadas por el
         Tribunal Administrativo en el sentido siguiente:
      
      «1º El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE es respetuoso con el contenido del artículo 47 CDFUE.
      2º El artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE no se opone a una norma nacional, como la establecida en el Gran Ducado de Luxemburgo
         por el artículo 20, apartado 5, de la Ley modificada de 5 de mayo de 2006, relativa al derecho de asilo y a formas complementarias
         de protección, con arreglo a la cual un solicitante de asilo no dispone de ningún recurso jurisdiccional autónomo contra la
         resolución de la autoridad administrativa por la que se decide tramitar su solicitud de protección internacional por el procedimiento
         acelerado, siempre que los motivos denegatorios cuya apreciación se ha anticipado en esa resolución de trámite puedan ser
         efectivamente impugnados ante la jurisdicción con ocasión del recurso de que puede ser objeto, en todo caso, la decisión última
         con la que concluye el procedimiento sobre la solicitud de asilo.»
      
      1–      Lengua original: español.
      
      2–      El interés de la cuestión no podía dejar de propiciar un rico debate en la doctrina, pudiendo señalarse ya algunos estudios
         al respecto. Por ejemplo, Rolla, G. «La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos
         Humanos: Su contribución a la formación de una jurisdicción constitucional de los derechos y libertades», en Revista Europea de Derechos Fundamentales nº 15 (2010), pp. 15-39; Genevois, B., «La Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux
         de l'Union européenne: complémentarité ou concurrence?», en Revue Française de Droit Administratif, nº 3 (2010), pp. 437-444; García Roca, F.J., y Fernández Sánchez, P.A., (coord.), Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009.
      
      3–      Directiva sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición
         de refugiado (DOL 326, p. 13).
      
      4–      Mémorial A nº 78, de 9 de mayo de 2006, modificada por la Ley de 17 de julio de 2007 (Mémorial A nº 121) y por la Ley de 29 de agosto de 2008 (Mémorial A nº 138).
      
      5–      Planteamiento éste que, implícitamente, se acoge en las alegaciones del Gobierno alemán, que comienza por el examen de la
         cuestión planteada como subsidiaria por el órgano judicial de reenvío.
      
      6–      Que, en virtud del mismo artículo 52 CDFUE, apartado 3, siempre puede conceder una protección más extensa que el CEDH.
      
      7–      Al respecto, con carácter general, van Dijk/van Hoof/van Rijn/Zwaak (eds.), Theory and practice of the European Convention on Human Rights, 4ª ed., Intersciencia, Amberes, 2006.
      
      8–      En efecto, el apartado 2 del artículo 20 de la Ley luxemburguesa establece un derecho a la instrucción de recursos «[e]n caso
         de decisión negativa», de manera que no se excluye la eventualidad de que, pese al tenor de los motivos que justifican la
         tramitación acelerada, el procedimiento concluya con la concesión de la protección internacional interesada.
      
      9–      Como ha hecho notar el Gobierno helénico en los apartados 7 a 10 de su escrito de alegaciones, la extensión de la práctica
         de los procedimientos acelerados, siendo general, no ha dejado nunca de ir acompañada por la preocupación de las instancias
         internacionales y de los propios Estados por garantizar en todo caso que la celeridad de los procedimientos no redunde en
         perjuicio de las garantías de los derechos individuales. Por su parte, la Comisión ha subrayado, con acierto, en el apartado
         54 de sus alegaciones, que el tratamiento acelerado de las demandas inviables o infundadas encuentra perfecta justificación
         en la más rápida gestión de las solicitudes merecedoras de una resolución positiva. Todo ello, sin necesidad de seguir al
         Gobierno de los Países Bajos en la pormenorizada exposición de las objeciones procesales que a su juicio cabría oponer contra
         un recurso autónomo, desarrolladas en los apartados 34 a 36 de sus alegaciones escritas.
      
      10–      Un recurso que, por imperativo del artículo 47 CDFUE y del artículo 39 de la Directiva 2005/85/CE, ha de ser efectivo y, por
         tanto, capaz de producir como efecto, sea la retroacción de lo actuado en el procedimiento administrativo, sea la concesión
         judicial de la solicitud denegada por la Administración.
      
      11–      Entre muchas, TEDH, sentencias Kudla c. Polonia de 26 de octubre de 2000 y Ryabykh c. Rusia de 24 de julio de 2003.
      
      12–      Así, TEDH sentencia Homann c. Alemania de 9 de mayo de 2007.