CELEX: 62008CJ0102
Language: es
Date: 2009-06-04 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de junio de 2009.#Finanzamt Düsseldorf-Süd contra SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG.#Petición de decisión prejudicial: Bundesfinanzhof - Alemania.#Sexta Directiva IVA - Artículo 4, apartado 5, párrafos segundo y cuarto - Facultad de los Estados miembros de considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de los organismos de Derecho público que estén exentas en virtud de los artículos 13 y 28 de la Sexta Directiva - Condiciones de ejercicio - Derecho a deducción - Distorsiones graves de la competencia.#Asunto C-102/08.

Asunto C‑102/08
      Finanzamt Düsseldorf-Süd
      contra
      SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof)
      «Sexta Directiva IVA — Artículo 4, apartado 5, párrafos segundo y cuarto — Facultad de los Estados miembros de considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de los organismos
         de Derecho público que estén exentas en virtud de los artículos 13 y 28 de la Sexta Directiva — Condiciones de ejercicio — Derecho a deducción — Distorsiones graves de la competencia»
      
      Sumario de la sentencia
      1.        Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido — Sujetos pasivos — Organismos de Derecho público — No sujeción al impuesto en cuanto a las actividades
            que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas
      (Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, ap. 5, párr. 4)
      2.        Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido — Sujetos pasivos — Organismos de Derecho público — No sujeción al impuesto en cuanto a las actividades
            que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas
      (Directiva 77/388/CEE del Consejo, art. 4, ap. 5, párr. 2)
      1.        Los Estados miembros deben establecer una disposición expresa para poder invocar la facultad establecida en el artículo 4,
         apartado 5, párrafo cuarto de la Directiva 77/388, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los
         Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, según la cual determinadas actividades de organismos
         de Derecho público, exentas de impuesto en virtud de los artículos 13 o 28 de dicha Directiva, se considerarán actividades
         de la autoridad pública.
      
      A este respecto, los Estados miembros tienen la facultad de elegir la técnica normativa que les parezca más apropiada. Así,
         pueden, por ejemplo, bien limitarse a reproducir en la legislación nacional la fórmula empleada en la Sexta Directiva o una
         expresión equivalente, bien establecer una lista de las actividades de los organismos de Derecho público exentas en virtud
         de los artículos 13 o 28 de la Sexta Directiva que se consideran actividades de la autoridad pública. En efecto, mediante
         una disposición legislativa se puede autorizar a una autoridad ejecutiva para que determine las actividades de los organismos
         de Derecho público exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de la Sexta Directiva que se consideran actividades de la autoridad
         pública, a condición de que sus decisiones de aplicación revistan una fuerza imperativa incontestable, respondan a las exigencias
         de especificidad, precisión, así como de claridad, necesarias para garantizar la certidumbre de las situaciones jurídicas
         y puedan someterse al control de los órganos jurisdiccionales nacionales.
      
      (véanse los apartados 56 a 58 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva 77/388, en materia de armonización de las legislaciones
         de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, debe interpretarse en el sentido de que los
         organismos de Derecho público deben considerarse sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen
         en el ejercicio de sus funciones públicas, no sólo cuando el hecho de no considerarlos sujetos pasivos en virtud de los párrafos
         primero o cuarto de dicha disposición dé lugar a distorsiones graves de la competencia en perjuicio de sus competidores privados,
         sino también cuando dé lugar a tales distorsiones en su propio perjuicio.
      
      (véase el apartado 76 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 4 de junio de 2009 (*)
      
      «Sexta Directiva IVA – Artículo 4, apartado 5, párrafos segundo y cuarto – Facultad de los Estados miembros de considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de los organismos
         de Derecho público que estén exentas en virtud de los artículos 13 y 28 de la Sexta Directiva – Condiciones de ejercicio – Derecho a deducción – Distorsiones graves de la competencia»
      
      En el asunto C‑102/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesfinanzhof
         (Alemania), mediante resolución de 20 de diciembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2008, en
         el procedimiento entre
      
      Finanzamt Düsseldorf-Süd
      y
      SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG,
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Ó Caoimh, J.N. Cunha Rodrigues, J. Klučka y A. Arabadjiev
         (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sra. L. Hewlett, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de enero de 2009;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG, por los Sres. U. Prinz, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
         y A. Cordewener, Rechtsanwalt;
      
      –        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y C. Blaschke, en calidad de agentes;
      –        en nombre de Irlanda, por los Sres. D. O’Hagan y M. MacGrath, en calidad de agentes, así como por el Sr. N. Travers, BL;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. D. Triantafyllou, en calidad de agente;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 5, párrafos segundo y cuarto,
         de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones
         de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto sobre el valor
         añadido: base imponible (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54; en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Finanzamt Düsseldorf-Süd (administración tributaria de Düsseldorf-Sur;
         en lo sucesivo, «Finanzamt») y SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co Objekt Offenbach KG (en lo sucesivo, «Salix»),
         con respecto al derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») soportado en el marco de
         la construcción de un edificio alquilado, posteriormente, a un organismo de Derecho público, quien, por su parte, subarrendó
         parte del mismo a largo plazo a terceros sujetos pasivos del IVA.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        A tenor del artículo 2 de la Sexta Directiva estarán sujetas al IVA «las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas
         a título oneroso en el interior del país por un sujeto pasivo que actúe como tal».
      
      4        El artículo 5, apartado 5, de la Sexta Directiva, dispone:
      
      «Los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición
         de sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, ni
         siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones.
      
      No obstante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados como sujetos pasivos en cuanto a dichas
         actividades u operaciones, en la medida en que el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de
         la competencia.
      
      En cualquier caso, los organismos anteriormente citados tendrán la condición de sujetos pasivos cuando efectúen las operaciones
         enumeradas en el Anexo D, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante.
      
      Los Estados miembros podrán considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de los organismos anteriormente
         citados que estén exentas en virtud de los artículos 13 ó 28.»
      
      5        Con arreglo al artículo 13, parte B, letra b), párrafo primero, de la Sexta Directiva, los Estado miembros eximirán «el arrendamiento
         y alquiler de bienes inmuebles, con excepción de: […] los arrendamientos de espacios para el estacionamiento de vehículos».
      
      6        El artículo 13, parte C, de la misma Directiva reserva a los Estados miembros la posibilidad de conceder a sus sujetos pasivos
         el derecho a optar por la tributación en el caso del arrendamiento y del alquiler de bienes inmuebles, y les permite tanto
         restringir el alcance del derecho de opción como determinar las modalidades de su ejercicio.
      
       Normativa nacional
      7        El artículo 2, apartados 1 y 3, de la Ley relativa al impuesto sobre el volumen de negocios de 1993 (Umsatzsteuergesetz 1993,
         BGBl. 1993 I, p. 565), en la versión vigente en 1995 (en lo sucesivo, «UStG»), estaba redactado en los siguientes términos:
      
      «1.      Será considerado empresario quien ejerza de manera independiente una actividad industrial, comercial o profesional. La empresa
         incluirá el conjunto de la actividad industrial, comercial o profesional del empresario. Se entenderá por actividad industrial,
         comercial o profesional toda actividad permanente ejercida con el fin de obtener ingresos, incluso en ausencia del ánimo de
         lucro o aunque una agrupación sólo ejerza sus actividades con respecto a sus miembros.
      
      […]
      3.      Las personas jurídicas de Derecho público únicamente ejercerán una actividad industrial, comercial o profesional en el marco
         de sus establecimientos de carácter industrial o comercial (artículo 1, apartado 1, punto 6, y artículo 4 de la Körperschaftsteuergesetz)
         y de sus explotaciones agrícolas o forestales […].»
      
      8        El artículo 4, apartado 12, letra a), de la UStG disponía que, del volumen de negocios contemplado por el artículo 1, apartado
         1, puntos 1 a 3, de la l’UStG, se eximirá de impuesto «el alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles, de aquellos títulos
         a los que sean aplicables las disposiciones de derecho civil relativas a los bienes inmuebles y de los derechos relativos
         a una prerrogativa del Estado correspondiente al uso de bienes inmuebles y raíces».
      
      9        Con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la l’UStG, «el empresario podrá considerar como sujeta al impuesto una operación
         exenta en virtud del artículo 4, […] punto 12 […] cuando dicha operación se realice en favor de otro empresario y para las
         necesidades de la empresa de este último».
      
      10      En virtud del artículo 9, apartado 2, de la l’UStG, la renuncia a la exención no se permitirá más «que en la medida en que
         el beneficiario de la prestación utilice o contemple utilizar dicho inmueble exclusivamente con el fin de realizar operaciones
         que no excluyan la deducción del impuesto soportado. Corresponde al empresario la prueba del respeto de dichos requisitos».
      
      11      El artículo 1, apartado 1, punto 6, de la Ley del impuesto de sociedades (Körperschaftsteuergesetz, BGBl. 1991 I, p. 637),
         en su versión vigente en 1995 (en lo sucesivo, «KStG»), establecía que los «establecimientos de carácter industrial o comercial»
         de las personas jurídicas de Derecho público cuya dirección o domicilio social esté establecido en el territorio nacional
         estarán integralmente sujetos al impuesto sobre las personas jurídicas.
      
      12      El artículo 4 de la KStG disponía:
      
      «1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, serán considerados establecimientos de carácter industrial o comercial de
         personas jurídicas de Derecho público, en el sentido del artículo 1, apartado 1, punto 6, aquellos establecimientos destinados
         al ejercicio de una actividad económica duradera con el fin de obtener ingresos, a excepción de las actividades agrícolas
         y de silvicultura, y que puedan ser individualizadas económicamente dentro de la actividad global de la persona jurídica;
         no es necesario que concurran el ánimo de lucro ni la participación en el tráfico económico general.
      
      2.      También estarán integralmente sujetos al pago del impuesto aquellos establecimientos de carácter industrial y comercial que
         sean en si mismos personas jurídicas de Derecho público.
      
      […]
      4.      Se considerará perteneciente a un establecimiento de carácter industrial y comercial el arrendamiento de tal establecimiento.
      5.      No se incluirán entre los establecimientos de carácter industrial y comercial aquellos establecimientos que tengan por objeto
         principal el ejercicio del poder público (establecimientos de carácter administrativo). La existencia de poderes coercitivos
         o de monopolio no es suficiente para calificar a un establecimiento de establecimiento de carácter administrativo.»
      
      13      De la resolución de remisión se desprende que, en el régimen del impuesto de sociedades, el arrendamiento a largo plazo de
         un patrimonio inmobiliario no se considerará incluido en las actividades de un «establecimiento de carácter industrial y comercial».
         Esta interpretación se deriva, para algunos, de la ficción jurídica del artículo 4, apartado 4 de la KStG y, para otros, del
         artículo 14 la Ley general tributaria de 1977 (Abgabenordnung 1977), en su versión vigente en 1995 (en lo sucesivo, «AO»).
      
      14      El artículo 14 de la AO disponía que «se considerará explotación comercial aquella actividad independiente permanente que
         permita obtener beneficios u otras ventajas económicas y que vaya más allá de la gestión patrimonial. No es necesario que
         concurra el ánimo de lucro. Por regla general, se considerará que existe gestión patrimonial cuando se saque provecho de un
         patrimonio, por ejemplo cuando se invierta capital mobiliario y éste genere intereses o se alquile o arriende el capital inmobiliario.»
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      15      El 20 de marzo de 1995, Salix, sociedad de alquiler de bienes inmobiliarios, celebró un «contrato de arrendamiento financiero
         inmobiliario» con la Industrie- und Handelskammer Offenbach (Cámara de industria y comercio de Offenbach; en lo sucesivo,
         «IHK»), organismo de Derecho público. Mediante dicho contrato, Salix se comprometió a poner a disposición de la IHK, durante
         un período de arrendamiento de 27 años, un edificio administrativo pendiente de construcción equipado con un garaje subterráneo.
      
      16      El mismo año, Salix finalizó dicho edificio y lo puso a disposición de la IHK. Esta última destinó una parte de las oficinas
         a su uso propio y subarrendó a largo plazo las oficinas restantes a terceros sujetos al impuesto sobre el volumen de negocios.
         En lo que respecta al garaje subterráneo, la IHK reservó igualmente parte de las plazas para su uso propio, subarrendó otra
         parte a largo plazo a los arrendatarios de las oficinas y puso las plazas restantes a disposición de terceros no pertenecientes
         al edificio, a corto plazo y a título oneroso.
      
      17      Con el fin de poder deducir el IVA soportado en el marco de la construcción del edificio correspondiente a la parte del inmueble
         subarrendada por la IHK, Salix, renunció, con arreglo al artículo 9, apartado 1, de la UStG, a la exención de las operaciones
         de arrendamiento establecida en el artículo 4, apartado 12, letra a), de la UStG. Salix consideró que dicha renuncia le daba
         derecho a la deducción antes mencionada, puesto que arrendaba el edificio para las necesidades de la empresa de otro empresario,
         a saber, la IHK, quien, a su vez, lo utilizaba en parte para operaciones que daban lugar al derecho a deducir el impuesto
         soportado.
      
      18      Sin embargo, con ocasión de una inspección tributaria realizada en Salix, el Inspector de Hacienda le denegó dicha deducción
         por la parte del edificio subarrendada a largo plazo en base a que, al realizar dicho subarrendamiento, la IHK no había actuado
         en calidad de «empresario» en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la UStG.
      
      19      A este respecto, el Inspector de Hacienda, señaló que del artículo 2, apartado 3, primera frase, de la UStG se desprende que
         las personas jurídicas de Derecho público no pueden actuar en calidad de empresario más que en el marco de un «establecimiento
         con carácter industrial o comercial», según se define en los artículos 1, apartado 1, punto 6, y 4, de la KStG.
      
      20      Ahora bien, según el Inspector de Hacienda, únicamente puede considerarse como actividad desarrollada en el marco de un «establecimiento
         con carácter industrial o comercial», en el sentido de dichas disposiciones, el arrendamiento a corto plazo, puesto que el
         arrendamiento a largo plazo, en tanto simple «gestión patrimonial», no entra dentro de dicha actividad.
      
      21      En consecuencia, el Finanzamt emitió, el 20 de abril de 2001, una liquidación complementaria del IVA correspondiente al año
         1995 mediante la que denegó la deducción del IVA soportado por Salix en el marco de la construcción del edificio correspondiente
         a la parte del inmueble subarrendada a largo plazo por la IHK.
      
      22      Sin embargo, las autoridades tributarias responsables de la imposición de la IHK no fueron de la misma opinión. Confirmaron,
         tanto la condición de empresario de la IHK en cuanto a la totalidad de sus actividades de subarriendo, como la validez de
         su renuncia a la exención de dichas actividades.
      
      23      Tras la desestimación de la reclamación que había interpuesto contra la liquidación rectificativa, Salix interpuso un recurso
         ante el Finanzgericht Düsseldorf (Tribunal de lo económico-administrativo de Düsseldorf).
      
      24      El Finanzgericht Düsseldorf estimó el recurso interpuesto por Salix. Éste llegó a la conclusión de que, a pesar de considerar
         que la IHK no había efectuado sus operaciones de subarriendo a largo plazo en calidad de empresario en el sentido del Derecho
         fiscal alemán, debía considerarse, no obstante, que la IHK, había actuado a este respecto como sujeto pasivo, y en consecuencia,
         como «empresario», en virtud de una interpretación del Derecho nacional conforme al artículo 4, apartado 5, párrafos segundo
         y cuarto, de la Sexta Directiva.
      
      25      El Finanzgericht Düsseldorf consideró que, al privar a la IHK de la posibilidad de optar por la sujeción al impuesto y, en
         consecuencia, de deducir el IVA soportado, la negativa a reconocerle la condición de empresario le situaba en una posición
         desfavorable respecto de sus competidores privados en los mercados en cuestión. Pues bien, ello puede dar lugar, a su juicio,
         a «distorsiones graves de la competencia» que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, pretende
         evitar.
      
      26      Mediante la interposición de un recurso ante el Bundesfinanzhof, el Finanzamt solicitó la anulación de la sentencia del Finanzgericht
         Düsseldorf y la desestimación del recurso de Salix. El Finanzamt sostiene en apoyo de sus pretensiones que de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia se desprende que el concepto de «distorsiones graves de la competencia» antes mencionado tiene como
         única finalidad la protección del sector privado de la economía, es decir, de las empresas privadas que son sujetos pasivos,
         frente a la competencia de organismos de Derecho público, que no lo son. En consecuencia, la aplicación de dicha disposición
         en favor, igualmente, de organismos de Derecho público, es, a su entender, contraria al objetivo de dicha disposición.
      
      27      En primer lugar, a juicio del Bundesfinanzhof, los Estados miembros sólo pueden invocar la facultad establecida en el artículo
         4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, de considerar como actividades de la autoridad pública las actividades
         de los organismos de Derecho público exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de dicha Directiva, si se ha adoptado una
         disposición legislativa en ese sentido.
      
      28      A este respecto, resulta de la resolución de remisión que no se ha adoptado ninguna disposición legislativa expresa en Alemania
         relativa a la sujeción al impuesto de los organismos de Derecho público que realizan actividades de arrendamiento y alquiler
         de bienes inmuebles. En el asunto principal, la sujeción al impuesto de los organismos que realizan tales operaciones depende
         únicamente de la interpretación del concepto de «gestión patrimonial». Ahora bien, dicho concepto no figura en la legislación
         pertinente, a saber, ni en el artículo 2, apartado 3, de la UStG, ni en el artículo 1, apartado 1, punto 6, de la KStG, ni
         en el artículo 4 de la KStG, ni en ninguna delegación de la potestad normativa confiada a la Administración por dichas disposiciones.
      
      29      En segundo lugar, el Bundesfinanzhof se pregunta si, en el asunto principal, queda excluida la aplicación del artículo 4,
         apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, debido a la circunstancia de que, en lugar de uno de sus competidores privados,
         es la propia IHK la que podría sufrir las distorsiones graves de la competencia, en el sentido del párrafo segundo de dicha
         disposición, si sus operaciones de subarriendo a largo plazo no se consideran gravables.
      
      30      En efecto, el Bundesfinanzhof considera que, si bien el objetivo principal del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de
         la Sexta Directiva es proteger al sector privado de la economía frente a las actividades no gravadas de los organismos de
         Derecho público, ello no excluye, sin embargo, que dichos organismos puedan disfrutar igualmente de la reserva de competencia
         establecida en dicha disposición. A este respecto, señala que no se incluye ninguna restricción a dicha reserva de competencia
         en el tenor literal del párrafo segundo mencionado, el cual contempla la existencia de distorsiones graves de la competencia
         quien quiera que sea la víctima. Sin embargo, el Bundesfinanzhof considera que ambas interpretaciones contradictorias podrían
         sustentarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
      
      31      En estas circunstancias, el Bundesfinanzhof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
         cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿Pueden los Estados miembros “considerar” las actividades de los Estados, las regiones, las provincias, los municipios y los
         demás organismos de Derecho público, que están exentas del impuesto en virtud del artículo 13 de la Sexta Directiva […], como
         actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones públicas con arreglo artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de
         dicha Directiva, únicamente si se adopta una disposición legislativa en tal sentido?
      
      2)      El concepto de “distorsiones graves de la competencia” en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, en relación
         con el párrafo segundo, de la Sexta Directiva […], ¿implica necesariamente que el hecho de no considerar como sujeto pasivo
         a un organismo de Derecho público dé lugar a distorsiones graves de la competencia en perjuicio de los sujetos pasivos privados
         competidores, o cubre este concepto igualmente los casos en los que la no consideración como sujeto pasivo de un organismo
         de Derecho público crea distorsiones graves de la competencia en su propio perjuicio?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Primera cuestión
      32      Mediante su primera cuestión, el Bundesfinanzhof pregunta si los Estados miembros únicamente pueden invocar la facultad, establecida
         en el artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, de considerar como actividades de la autoridad pública
         las actividades de los organismos de Derecho público que estén exentas en virtud de los artículos 1 o 28 de dicha Directiva,
         cuando se haya adoptado una disposición legislativa expresa en ese sentido.
      
       Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
      33      Salix considera que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para invocar la facultad prevista en el
         artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, los Estados miembros deben adoptar actos legislativos que contemplen
         expresamente dicha facultad. En efecto, los Estados miembros están obligados, a su juicio, en el marco de la adaptación de
         su Derecho nacional a las Directivas comunitarias, a elegir instrumentos normativos imperativos de Derecho nacional, a fin
         de establecer un marco jurídico preciso, inequívoco y claramente identificable por todos los operadores económicos. Añade
         que dichos actos pueden, no obstante, establecer a favor de la Administración una delegación de las facultades de ejecución
         subordinadas.
      
      34      Por su parte, el Gobierno alemán considera que la adaptación del Derecho nacional al artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto,
         de la Sexta Directiva requiere la adopción de una disposición legislativa, pero no es necesario que ésta sea expresa. En efecto,
         sostiene que para la inclusión en el Derecho nacional de la facultad prevista en dicha disposición es suficiente que la intención
         del legislador pueda deducirse claramente de las disposiciones legislativas aplicables mediante los métodos de interpretación
         jurídica comúnmente aceptados. Pues bien, a su juicio, en contra de lo indicado por el órgano jurisdiccional remitente, se
         han adoptado disposiciones legislativas para la adaptación del Derecho nacional a dicha disposición.
      
      35      Irlanda sostiene que resulta de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que los Estados miembros, a la hora
         de adaptar su ordenamiento jurídico nacional a una Directiva, tienen la obligación de alcanzar los objetivos establecidos
         por dicha Directiva pero son libres para elegir la forma y los medios adecuados para lograr dicho resultado. En el asunto
         principal, este Gobierno considera que la normativa alemana, al efectuar una distinción clara entre la gestión patrimonial
         y las operaciones comerciales, establece una base legal suficientemente segura para la aplicación del artículo 4, apartado
         5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, de manera que la falta de disposiciones expresas no es relevante.
      
      36      La Comisión de las Comunidades Europeas opina que el respeto de los principios generales de Derecho comunitario impone que
         la adaptación del Derecho nacional a las Directivas comunitarias se realice mediante normas de Derecho nacional claras, formales,
         dotadas de efecto directo con respecto a los ciudadanos, que sean objeto de una publicación oficial y que no puedan ser modificadas
         a merced de la Administración. En consecuencia, los Estados miembros deben adoptar disposiciones legislativas o reglamentarias.
         En el asunto principal, al tratarse de determinar el ámbito de aplicación de una excepción al principio de sujeción al impuesto
         de aquellas personas que realicen, de manera independiente, una de las actividades económicas mencionadas en el artículo 4,
         apartado 2, de la Sexta Directiva, la adopción de una disposición expresa y delimitada con precisión resulta más necesaria
         si cabe.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      37      En primer lugar, procede señalar que del artículo 13, parte B, letra b), párrafo primero, de la Sexta Directiva se desprende
         que la actividad de arrendamiento de espacios para el estacionamiento de vehículos no figura entre las actividades exentas.
         Por consiguiente, con arreglo al artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, tal actividad no puede asimilarse
         a una actividad desarrollada en ejercicio de la autoridad pública, en el sentido del párrafo primero de dicha disposición,
         en caso de que ella misma no reúna dicho requisito (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Fazenda
         Pública, C‑446/98, Rec. p. I‑11435, apartado 44).
      
      38      No obstante, es necesario precisar que el concepto de «arrendamiento de bienes inmuebles»; cuya exención prevé el artículo
         13, parte B, letra b), de la Sexta Directiva, comprende necesariamente, aparte del arrendamiento de bienes que constituyen
         el objeto principal del mismo, el de todos los bienes accesorios de éstos. Así pues, no se puede excluir de dicha exención
         el arrendamiento de espacios para el estacionamiento de vehículos, cuando esté estrechamente ligado al arrendamiento de inmuebles
         destinados a otro uso, en el sentido de que ambos arrendamientos integran una única operación económica (sentencia de 13 de
         julio de 1989, Henriksen, 173/88, Rec. p. 2763, apartados 14 y 15).
      
      39      En el asunto principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar, en su caso, habida cuenta de todas las circunstancias
         pertinentes, si el subarrendamiento a largo plazo por la IHK de parte de los espacios destinados al estacionamiento subterráneo
         de vehículos a los arrendatarios a largo plazo de las oficinas situadas en el mismo inmueble, forma parte de una única operación
         económica en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado anterior. En efecto, de no ser así, el subarrendamiento
         de dichos espacios para el estacionamiento por la IHK no podrá asimilarse, en ningún caso, en virtud del artículo 4, apartado
         5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva, a una actividad desarrollada en ejercicio de sus funciones públicas, en el sentido
         del párrafo primero de dicha disposición.
      
      40      En lo que respecta a la cuestión de si los Estados miembros únicamente pueden invocar la facultad prevista en el artículo
         4, apartado 5, párrafo cuarto de la Sexta Directiva en caso de haber adoptado previamente una disposición legislativa expresa
         en ese sentido, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la adaptación del Derecho interno
         a una Directiva no exige necesariamente que sus disposiciones se reproduzcan formal y textualmente en otra disposición legal
         expresa y específica, y que, en función de su contenido, puede ser suficiente con un contexto jurídico general, siempre que
         éste asegure efectivamente la plena aplicación de la Directiva de un modo bastante claro y preciso (sentencia de 28 de febrero
         de 1991, Comisión/Alemania, C‑131/88, Rec. p. I‑825, apartado 6; de 15 de noviembre de 2001, Comisión/Italia, C‑49/00, Rec.
         p. I‑8575, apartado 21, así como de 28 de abril de 2005, Comisión/Italia, C‑410/03, Rec. p. I‑3507, apartado 60).
      
      41      Para cumplir con la exigencia de seguridad jurídica, es especialmente importante que, en el supuesto de que dicha Directiva
         se dirija a crear derechos para los particulares, los beneficiarios puedan conocer la plenitud de sus derechos y ejercitarlos,
         en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse las sentencias antes citadas Comisión/Alemania, apartado
         6; de 15 de noviembre de 2001, Comisión/Italia, apartados 21 y 22, así como de 28 de abril de 2005, Comisión/Italia, apartado 60).
      
      42      En efecto, cada Estado miembro está obligado a dar cumplimiento a las Directivas de modo que responda plenamente a las exigencias
         de claridad y certeza de las situaciones jurídicas impuestas por el legislador comunitario, en interés de las personas afectadas
         establecidas en los Estados miembros. Con este fin, las disposiciones de una directiva deben ser ejecutadas con indiscutible
         fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad exigidas (sentencia de 18 de octubre de 2001, Comisión/Irlanda,
         C‑354/99, Rec. p. I‑7657, apartado 27 y jurisprudencia citada).
      
      43      En particular, simples prácticas administrativas, por naturaleza modificables a discreción de la Administración y desprovistas
         de una publicidad adecuada, no pueden ser consideradas como constitutivas de un cumplimiento válido de las obligaciones del
         Tratado (véanse las sentencias de 7 de marzo de 1996, Comisión/Francia, C‑334/94, Rec. p. I‑1307, apartado 30, y de 13 de
         marzo de 1997, Comisión/Francia, C‑197/96, Rec. p. I‑1489, apartado 14).
      
      44      Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si en el asunto principal se reúnen los requisitos para la
         adaptación del Derecho nacional mencionados en los apartados 40 a 43 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia puede,
         no obstante, para proporcionar una respuesta útil a dicho órganos jurisdiccional, facilitarle las indicaciones que considere
         necesarias (véanse, en particular, las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE, C‑49/07, Rec. p. I‑0000, apartado 30, y de
         22 de diciembre de 2008, Magoora, C‑414/07, Rec. p. I‑0000, apartado 33).
      
      45      En el caso de autos, se deduce de la resolución de remisión que, con arreglo al Derecho fiscal alemán, la posibilidad de que
         la IHK opte por la sujeción al impuesto depende exclusivamente de la cuestión de si el arrendamiento de inmuebles por organismos
         de Derecho público se considera una actividad empresarial realizada en el marco de un establecimiento de carácter industrial
         o comercial, o pertenece a la mera gestión patrimonial.
      
      46      A este respecto, según se puso de manifiesto en el apartado 28 de la presente sentencia, resulta igualmente de la resolución
         de remisión, que el concepto decisivo de gestión patrimonial no figura en la legislación pertinente, a saber, ni en la UStG,
         ni en la KStG, ni en ninguna delegación de la potestad normativa confiada a la Administración por dichas disposiciones.
      
      47      En la medida en que el Gobierno alemán señala que el artículo 14 de la AO menciona el concepto de gestión patrimonial y lo
         distingue de las actividades empresariales, procede, sin embargo, señalar que de la resolución de remisión se desprende que
         situaciones como la del asunto principal no pertenecen directamente al ámbito de aplicación de dicho artículo 14.
      
      48      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa, por una parte, que la distinción entre la gestión patrimonial y las
         actividades empresariales no consta en la legislación pertinente. Por otra, indica expresamente que, en la medida en que,
         aun así, dicha distinción se considera aplicable en el régimen del impuesto sobre sociedades, tal interpretación se asienta
         únicamente en una deducción que, además, se basa, para algunos, en el artículo 14 de la AO, y, para otros, en el artículo
         4, apartado 4, de la KStG.
      
      49      Finalmente, de la resolución de remisión se desprende que, a diferencia del Finanzamt, la administración tributaria competente
         para conocer de la solicitud de la IHK relativa a la deducción del IVA soportado considera que el alquiler a largo plazo es
         igualmente una actividad empresarial que da lugar, en definitiva, al derecho a la deducción. Por tanto, procede señalar que
         existen prácticas administrativas divergentes.
      
      50      De la resolución de remisión se desprende, además, que en lo que respecta a la sujeción al impuesto de los organismos de Derecho
         público que realizan actividades de arrendamiento y alquiler de inmuebles, no se ha adoptado en Alemania ninguna disposición
         legislativa expresa.
      
      51      A este respecto, procede señalar que el artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva establece que los Estados
         miembros tienen la facultad, y no la obligación, de considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de
         los organismos de Derecho público que estén exentas en virtud de los artículos 13 o 28. En consecuencia, la adaptación del
         Derecho nacional a esta disposición no es obligatoria.
      
      52      De ello se desprende que, para disfrutar de la facultad establecida en dicha disposición los Estados miembros deben optar
         por ejercerla.
      
      53      Debe señalarse igualmente que dicha facultad autoriza a los Estados miembros a invocar, para dichas actividades, la excepción,
         prevista en el artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva, a la regla general enunciada en los artículos
         2, punto 1, y 4, apartados 1 y 2, de la dicha Directiva, según la cual toda actividad de naturaleza económica está, en principio,
         sujeta al IVA.
      
      54      Pues bien, habida cuenta de que el artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto, de la Sexta Directiva establece una excepción a
         una de las reglas generales por ella establecidas, procede interpretar dicha disposición estrictamente.
      
      55      En tales circunstancias, procede considerar que, para invocar la facultad prevista en el artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto,
         de la Sexta Directiva, los Estados miembros deben realizar una elección específica en este sentido. Así, deben establecer
         que las actividades determinadas de los organismos de Derecho público exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de la Sexta
         Directiva se considerarán actividades de la autoridad pública.
      
      56      A este respecto, se debe precisar que los Estados miembros tienen la facultad de elegir la técnica normativa que les parezca
         más apropiada. Así, pueden, por ejemplo, bien limitarse a reproducir en la legislación nacional la fórmula empleada en la
         Sexta Directiva o una expresión equivalente, bien establecer una lista de las actividades de los organismos de Derecho público
         exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de la Sexta Directiva que se consideran actividades de la autoridad pública (véase,
         en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 1989, Comune di Carpaneto Piacentino y otros, 231/87 y 129/88, Rec. p. 3233,
         apartado 18).
      
      57      En efecto, mediante una disposición legislativa se puede autorizar a una autoridad ejecutiva para que determine las actividades
         de los organismos de Derecho público exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de la Sexta Directiva que se consideran actividades
         de la autoridad pública, a condición de que sus decisiones de aplicación revistan una fuerza imperativa incontestable, respondan
         a las exigencias de especificidad, precisión, así como de claridad, necesarias para garantizar la certidumbre de las situaciones
         jurídicas y puedan someterse al control de los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, por analogía, la sentencia Fazenda
         Pública, antes citada, apartado 35).
      
      58      En vista de lo anterior, procede responder a la primera cuestión que los Estados miembros deben establecer una disposición
         expresa para poder invocar la facultad establecida en el artículo 4, apartado 5, párrafo cuarto de la Sexta Directiva, según
         la cual determinadas actividades de organismos de Derecho público, exentas de impuesto en virtud de los artículos 13 o 28
         de dicha Directiva, se considerarán actividades de la autoridad pública.
      
       Sobre la segunda cuestión
      59      Mediante su segunda cuestión, el Bundesfinanzhof pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la
         Sexta Directiva debe interpretarse en el sentido de que los organismos de Derecho público deben considerarse sujetos al impuesto
         para las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, no sólo cuando el hecho de no
         considerarlos sujetos pasivos con arreglo a los párrafos primero o cuarto de dicha disposición dé lugar a distorsiones graves
         de la competencia en perjuicio de sus competidores privados, sino también cuando dé lugar a tales distorsiones en su propio
         perjuicio.
      
       Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
      60      Salix, el Gobierno alemán y la Comisión señalan que el tenor literal del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta
         Directiva, alude indistintamente a todas las «distorsiones graves de la competencia» sin importar quién sea la víctima. Pues
         bien, el hecho de no considerar sujetos pasivos a dichos organismos, excluyéndoles del derecho a la deducción del IVA soportado,
         podría dar lugar igualmente a distorsiones de la competencia en perjuicio de aquellos no sujetos al impuesto. Dado que se
         falsea la competencia, ya sea en beneficio de organismos de Derecho público o de sus competidores privados, procede considerar,
         a su juicio, que se vulnera el principio de neutralidad fiscal, expresión del principio de igualdad de trato en el ámbito
         del IVA. En efecto, tal interpretación se inscribe en la lógica de la protección de la competencia como tal, sin que se tenga
         en cuenta la cualidad subjetiva del operador individual de que se trate.
      
      61      Sin embargo, Irlanda señala que, aunque el tenor literal del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva,
         no precise más ampliamente el concepto de «distorsiones graves de la competencia», dicho artículo 4, apartado 5 pretende,
         a su juicio, excluir a los organismos de Derecho público del ámbito de aplicación de la Sexta Directiva. Considera que la
         intención del legislador comunitario no es en modo alguno permitir a los organismos de Derecho público invocar esta excepción
         con el fin de obtener el estatuto de operadores gravables en cuanto a sus actividades. Sostiene, además, que tal interpretación
         vacía de contenido la facultad de apreciación concedida a los Estados miembros por el párrafo cuarto de dicha disposición
         y va, además, en contra del objetivo perseguido por el párrafo segundo de tal disposición que es, según la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia, la protección de los competidores privados de la actividad de los organismos de Derecho público.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      62      En primer lugar, procede recordar que, en virtud del artículo 4, apartado 5, párrafo primero, de la Sexta Directiva, los organismos
         de Derecho no tendrán la condición de sujetos pasivos del IVA en cuanto a las actividades u operaciones de naturaleza económica
         que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, y que, con arreglo al párrafo cuarto de dicha disposición, los
         Estados miembros podrán considerar como actividades de la autoridad pública las actividades de dichos organismos que estén
         exentas en virtud de los artículos 13 o 28 de dicha Directiva.
      
      63      Sin embargo, incluso cuando dichos organismos desarrollan tales actividades en el ejercicio de sus funciones públicas, se
         les debe considerar sujetos pasivos del impuesto con arreglo al artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, en la medida en que
         el hecho de no considerarlos como tales lleve a distorsiones graves de la competencia.
      
      64      Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar, en un primer momento, si la actividad de arriendo
         de la IHK constituye una actividad desarrollada por un organismo de Derecho público en el ejercicio de sus funciones públicas,
         en el sentido del artículo 4, apartado 5, párrafos primero o cuarto, de la Sexta directiva. El artículo 4, apartado 5, párrafo
         segundo, sólo se aplicará en tal caso (véanse, en este sentido, las sentencias Fazenda Pública, antes citada, apartado 43,
         y de 16 de septiembre de 2008, Isle of Wight Council y otros, C‑288/07, Rec. p. I‑0000, apartados 30 a 32).
      
      65      En primer lugar, procede recordar que, con arreglo al artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, los
         organismos de Derecho público deberán ser considerados, cuando desarrollen actividades u operaciones en el ejercicio de sus
         funciones públicas, como sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones «en la medida en que el hecho de no
         considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones graves de la competencia».
      
      66      Por consiguiente, el tenor literal del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, no precisa a qué personas
         pretende proteger de las distorsiones graves de la competencia ocasionadas por el hecho de no considerar sujetos pasivos a
         los organismos de Derecho público.
      
      67      En segundo lugar, se debe recordar que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva, al establecer una
         excepción al hecho de no considerar a los organismos de Derecho público sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones
         que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, pretende restaurar la regla general, formulada en los artículos
         2, punto 1, y 4, apartados 1 y 2, de la referida Directiva, según la cual toda actividad de naturaleza económica se encuentra,
         en principio, sujeta al IVA (véase la sentencia Isle of Wight Council y otros, antes citada, apartado 38).
      
      68      En consecuencia, el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva no puede ser objeto de interpretación restrictiva
         (véase la sentencia Isle of Wight Council y otros, antes citada, apartado 60).
      
      69      En tercer lugar, en lo que respecta a los objetivos del artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva a los
         que alude Irlanda en particular, nada indica que dicha disposición pretenda garantizar que los organismos de Derecho público
         sufran las consecuencias de las distorsiones graves de la competencia que pueda ocasionar el hecho de no considerarlos sujetos
         pasivos en virtud de los párrafos primero o cuarto de dicha disposición.
      
      70      En cuarto lugar, procede recordar que el derecho a deducción establecido en los artículos 17 y siguientes de la Sexta Directiva
         forma parte del mecanismo del IVA y, en principio, no puede limitarse. Este derecho se ejercita inmediatamente para la totalidad
         de los impuestos que hayan gravado las operaciones anteriores (véanse, en particular, las sentencias de 6 de julio de 1995,
         BP Soupergaz, C‑62/93, Rec. p. I‑1883, apartado 18; de 21 de marzo de 2000, Gabalfrisa y otros, C‑110/98 a C‑147/98, Rec.
         p. I‑1577, apartado 43, así como de 6 de julio de 2006, Kittel y Recolta Recycling, C‑439/04 y C‑440/04, Rec. p. I‑6161, apartado 47).
      
      71      En efecto, el régimen de deducciones tiene por objeto liberar completamente al empresario del peso del IVA devengado o ingresado
         en el marco de todas sus actividades económicas. El sistema común del IVA garantiza, por lo tanto, la perfecta neutralidad
         con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera que sean los fines o los resultados de las
         mismas, a condición de que dichas actividades estén a su vez, en principio, sujetas al IVA (véanse, en particular, las sentencias
         de 22 de febrero de 2001, Abbey National, C‑408/98, Rec. p. I‑1361, apartado 24; de 21 de abril de 2005, HE, C‑25/03, Rec.
         p. I‑3123, apartado 70, así como Kittel y Recolta Recycling, antes citada, apartado 48).
      
      72      De ello se desprende que el derecho a deducción es, en principio, aplicable en toda la cadena de entregas de bienes y de prestaciones
         de servicios realizadas por sujetos pasivos que actúan como tales para las necesidades de las actividades económicas de otros
         sujetos pasivos (véanse, en particular, las sentencias de 12 de enero de 2006, Optigen y otros, C‑354/03, C‑355/03 y C‑484/03,
         Rec. p. I‑483, apartado 52, así como Kittel y Recolta Recycling, antes citada, apartado 45).
      
      73      Ahora bien, no puede excluirse que el hecho de no considerar sujeto pasivo a un organismo de Derecho público que desarrolla
         ciertas actividades u operaciones, obstaculizando así el ejercicio de dicho derecho a la deducción del IVA, pueda repercutir
         en la cadena de entregas de bienes y de prestaciones de servicios en perjuicio de sujetos pasivos que operen en el sector
         privado.
      
      74      En efecto, en el asunto principal, tal como se ha puesto de manifiesto en los apartados 17 a 21 de la presente sentencia,
         el hecho de que la IHK no sea considera sujeto pasivo impide que Salix, persona jurídica de Derecho privado, se beneficie
         del derecho a la deducción del IVA soportado.
      
      75      Se deduce de las consideraciones anteriores que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta Directiva se aplica
         igualmente a las distorsiones graves de la competencia en perjuicio de organismos de Derecho público.
      
      76      En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión que el artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Sexta
         Directiva debe interpretarse en el sentido de que los organismos de Derecho público deben considerarse sujetos pasivos en
         cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones públicas, no sólo cuando el hecho
         de no considerarlos sujetos pasivos en virtud de los párrafos primero o cuarto de dicha disposición dé lugar a distorsiones
         graves de la competencia en perjuicio de sus competidores privados, sino también cuando de lugar a tales distorsiones en su
         propio perjuicio.
      
       Costas
      77      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      1)      Los Estados miembros deben establecer una disposición expresa para poder invocar la facultad establecida en el artículo 4,
            apartado 5, párrafo cuarto de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización
            de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido: base imponible, según la cual determinadas actividades de organismos de Derecho público, exentas de
            impuesto en virtud de los artículos 13 o 28 de dicha Directiva, se considerarán actividades de la autoridad pública.
      2)      El artículo 4, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 77/388 debe interpretarse en el sentido de que los organismos
            de Derecho público deben considerarse sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones que desarrollen en el ejercicio
            de sus funciones públicas, no sólo cuando el hecho de no considerarlos sujetos pasivos en virtud de los párrafos primero o
            cuarto de dicha disposición dé lugar a distorsiones graves de la competencia en perjuicio de sus competidores privados, sino
            también cuando dé lugar a tales distorsiones en su propio perjuicio.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.