CELEX: 62003CC0168
Language: es
Date: 2004-03-30
Title: Conclusiones del Abogado General Stix-Hackl presentadas el 30 de marzo de 2004. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. # Incumplimiento de Estado - Directivas 89/655/CEE y 95/63/CE - Adaptación defectuosa del Derecho interno a las Directivas - Período de adaptación adicional. # Asunto C-168/03.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERALSRA. CHRISTINE STIX-HACKLde 30 de marzo de 2004(1)
         Asunto C-168/03Comisión de las Comunidades EuropeascontraReino de España
            «Incumplimiento  –  Directiva 89/655/CEE  –  Seguridad y salud en la utilización de equipos de trabajo  –  Equipos de trabajo que ya están en servicio»
            
      
         
      
            I.
            Introducción 1.        El presente procedimiento por incumplimiento tiene por objeto la cuestión de si el Reino de España ha vulnerado el Derecho
      comunitario al haber establecido un período de adaptación adicional para los equipos de trabajo que ya estaban en uso antes
      de la entrada en vigor de las disposiciones españolas el 27 de agosto de 1997, en el marco de la adaptación del Derecho interno
      a la Directiva 89/655/CEE  del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización
      por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (Segunda Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
      16 de la Directiva 89/391/CEE) 
         			(2)
         		 (en lo sucesivo, «Directiva»), en la versión de la Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995 
         			(3)
         		 (en lo sucesivo, «Directiva de modificación»).
      
      
      
            II.
            Marco jurídicoA.
            Derecho comunitario 2.        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva establece, entre otras cuestiones, lo siguiente:
      «Normas relativas a los equipos de trabajo
       1.       Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, el empresario deberá obtener y/o utilizar:
      
      a)
         equipos de trabajo que, habiendo sido puestos por primera vez a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento
            después del 31 de diciembre de 1992, satisfagan:
         
      
      
         
            [...]
         
      
      
      
         
            ii)
               las disposiciones mínimas previstas en el Anexo I [...];
            
      
      
      
      b)
         equipos de trabajo que, puestos ya a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento el 31 de diciembre
            de 1992, satisfagan las disposiciones mínimas previstas en el Anexo, a más tardar cuatro años después de dicha fecha. 
         
      
      [...]»
      
      
       3.        La Directiva de modificación completó el punto 1 (observación preliminar) del anexo I de la Directiva con el párrafo siguiente:
      «Las disposiciones mínimas que a continuación se enumeran, en la medida en que se apliquen a los equipos de trabajo que ya
      estén en servicio, no requieren necesariamente las mismas medidas que los requisitos fundamentales relativos a los equipos
      de trabajo nuevos.»
       Los puntos 2 y 3 del anexo I contienen disposiciones mínimas generales y adicionales relativas a los equipos de trabajo.
      
      
      B.
            Derecho nacional 4.        La disposición transitoria única del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
      de los equipos de trabajo 
         			(4)
         		 (en lo sucesivo, «Real Decreto»), contiene una regulación transitoria aplicable a la utilización de equipos de trabajo que
      en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, el 27 de agosto de 1997, estuvieran a disposición de los trabajadores.
      
      
       5.        El apartado 1, párrafos segundo, tercero y cuarto, establece que la autoridad laboral podrá autorizar excepcionalmente un plan de puesta en conformidad de los equipos de trabajo
      a las exigencias del anexo I de la Directiva (en lo sucesivo, «plan de puesta en conformidad») cuando en determinados sectores,
      por situaciones específicas objetivas de sus equipos de trabajo, no puedan adaptarse a las exigencias del anexo I de la Directiva
      en el plazo de doce meses 
         			(5)
         		 a partir de la entrada en vigor del Real Decreto.
      
      
       6.        Esta autorización exige una petición razonada de las organizaciones empresariales más representativas del sector. Además,
      deben ser consultados los representantes de los trabajadores, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional
      de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Debe decidirse sobre la solicitud de autorización tomando en consideración la gravedad,
      trascendencia e importancia de los problemas técnicos que impiden el cumplimiento del plazo establecido, los detalles de la
      puesta en conformidad y las medidas preventivas alternativas que garanticen las adecuadas condiciones de seguridad y salud
      de los trabajadores. La autorización puede concederse de forma total o parcial. La solicitud debe presentarse en el plazo
      máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del Real Decreto y resolverse en los tres meses siguientes. El plan de puesta
      en conformidad no podrá tener una duración superior a cinco años. Las empresas comprendidas en el correspondiente plan pueden
      solicitar su aplicación; las autoridades competentes examinan de nuevo esta solicitud y, mediante otro acto administrativo,
      pueden rechazarla o aceptarla de forma total, parcial o condicionada.
      
      
      
            III.
            Antecedentes, procedimiento administrativo previo y recurso 7.        Mediante sentencia de 26 de septiembre de 1996, 
         			(6)
         		 el Tribunal de Justicia declaró que el Reino de España había vulnerado la Directiva al no haber adoptado dentro del plazo
      señalado las disposiciones necesarias para adaptar el Derecho interno a la misma. Como consecuencia de ello se adoptó el Real
      Decreto en 1997, con el fin de adaptar el Derecho español a las disposiciones de la Directiva.
      
      
       8.        Al considerar que la normativa transitoria establecida en el Real Decreto para los equipos de trabajo que ya estuvieran en
      servicio en el momento de entrada en vigor del mismo es contraria a la Directiva, inició de nuevo, en el año 2000, un procedimiento
      por incumplimiento contra el Reino de España. Tras haberle ofrecido la posibilidad de presentar sus observaciones, emitió
      un dictamen motivado el 1 de julio de 2002 en el que requería al Reino de España para que adoptara, en el plazo de dos meses,
      las medidas necesarias para adaptar la normativa española a la Directiva. El Gobierno español contestó mediante escrito de
      31 de julio de 2002, en el que niega el incumplimiento del Tratado.
      
      
       9.        Como consecuencia de ello, mediante escrito de 10 de abril de 2003, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el
      11 de abril de 2003, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia un recurso contra el Reino de España con arreglo al
      artículo 226 CE.
       La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      1)
         Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 10 CE y 249 CE y
            del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
            mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, en su versión
            modificada por la Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995, al establecer en el apartado 1 de la disposición
            transitoria única del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
            y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, un período de adaptación adicional para los equipos
            de trabajo que ya han sido puestos a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento con anterioridad
            al 27 de agosto de 1997.
         
      
      
      2)
         Condene en costas al Reino de España.
      
       El Reino de España solicita al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         Desestime el recurso y condene en costas a la Comisión.
      
      
      
      
      
            IV.
            Sobre el incumplimientoA.
            Principales alegaciones de las partes 10.      La Comisión considera que las disposiciones españolas relativas a la posibilidad de aprobar planes de puesta en conformidad representan
      un período de adaptación superior al período transitorio establecido en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva,
      puesto que permiten utilizar equipos de trabajo antiguos y no conformes a la Directiva con posterioridad al 31 de diciembre
      de 1996, en su caso hasta el 27 de agosto de 2003. Dicha normativa tampoco está cubierta por la observación preliminar al
      anexo I completada mediante la Directiva de modificación, dado que esta observación preliminar no permite ampliar el período
      transitorio del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva.
      
      
       11.      El Gobierno español opina que las disposiciones españolas relativas a los planes de puesta en conformidad no son contrarias al artículo 4, apartado
      1, letra b), de la Directiva. En primer lugar, señala que las disposiciones nacionales controvertidas dejan de tener relevancia
      a partir del 27 de agosto de 2003. Sin embargo, el Gobierno español se remite principalmente al hecho de que las normas relativas
      a los planes de puesta en conformidad no constituyen una ampliación del período transitorio del artículo 4, apartado 1, letra b),
      de la Directiva, sino que se trata más bien de la incorporación al Derecho interno de la posibilidad abierta por la observación
      preliminar al anexo I de la Directiva, en su versión modificada, de someter los equipos de trabajo que ya estén en servicio
      a medidas menos estrictas que las previstas en los puntos 2 y 3 del anexo I de la Directiva.
      
      
      B.
            Apreciación 12.      La obligación comunitaria de adaptar el Derecho interno a la Directiva se desprende, por una parte, directamente de la Directiva
      y, por otra parte, de los artículos 249 CE, párrafo tercero, y 10 CE. El presente procedimiento tiene por objeto, en particular,
      la cuestión de si las disposiciones españolas relativas a los planes de puesta en conformidad son contrarias al artículo 4,
      apartado 1, letra b), de la Directiva.
      
      
       13.      Respecto al argumento del Gobierno español relativo a la expiración de la disposición transitoria única del Real Decreto el
      27 de agosto de 2003, debe señalarse, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, el momento relevante para apreciar
      la existencia de un incumplimiento es el final del plazo señalado en el dictamen motivado. 
         			(7)
         		 Este plazo finalizó el 1 de septiembre de 2002. Hasta entonces aún podían aplicarse los planes de puesta en conformidad,
      que podían ser autorizados en principio hasta el 27 de agosto de 2003, de forma que la situación jurídica nacional objetada
      por la Comisión aún existía en el momento de que se trata.
      
      
       14.      En cuanto a las alegaciones de las partes respecto a la relación entre el artículo 4, apartado 1, letra b), y la observación
      preliminar al anexo I de la Directiva, en su versión modificada, debe precisarse lo siguiente:
      
      
       15.      Del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva se desprende que los equipos de trabajo que ya estuvieran en uso en
      los Estados miembros el 31 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, «equipos de trabajo antiguos») podían seguir utilizándose
      hasta el 31 de diciembre de 1996 y, por tanto, independientemente del grado de peligrosidad que supusieran para los trabajadores.
      Con arreglo a la versión original de la Directiva, sin embargo, estos equipos de trabajo antiguos únicamente podían ser utilizados
      a partir del 1 de enero de 1997 si respondían por completo a las exigencias del anexo I, puntos 2 y 3, de la Directiva.
      
      
       16.      No obstante, la Directiva de modificación entró antes en vigor, el 19 de enero de 1996. 
         			(8)
         		 Puesto que el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, en su versión modificada, se remite al «anexo I» de ésta,
      el Reino de España podía, a partir de ese momento, adoptar disposiciones nacionales aplicables a los equipos de trabajo antiguos,
      teniendo en cuenta la observación provisional completada mediante la Directiva de modificación. Desde entonces, la observación
      provisional modificada permite a los Estados miembros «no [requerir] necesariamente las mismas medidas que los requisitos
      fundamentales relativos a los equipos de trabajo nuevos» respecto a los equipos de trabajo antiguos.
      
      
       17.      Dado que, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva en su versión original, los Estados miembros podían
      autorizar el uso de equipos de trabajo antiguos durante un período de tiempo determinado, aun cuando no cumpliesen en modo
      alguno las exigencias impuestas en el anexo I, con mayor razón podían autorizar también, con arreglo a la versión original
      de la Directiva, el uso de equipos de trabajo antiguos que respondiesen tan sólo parcialmente al nivel de exigencia previsto
      para los equipos de trabajo nuevos, en la medida en que no podían exigírseles «necesariamente las mismas medidas».
      
      
       18.      Por tanto, la observación preliminar al anexo I de la Directiva completada mediante la Directiva de modificación únicamente
      puede interpretarse en el sentido de que modifica el artículo 4, apartado 1, letra b), en la medida en que a partir de entonces
      se permite a los Estados miembros adoptar disposiciones en virtud de las cuales los equipos de trabajo antiguos que, en dicho
      sentido, no cumplen necesariamente las mismas exigencias que los nuevos pueden seguir utilizándose incluso con posterioridad
      al 31 de diciembre de 1996 y ello, al parecer, sin limitación temporal alguna. Sin embargo, los equipos de trabajo antiguos
      que no cumplan las exigencias del anexo I de la Directiva no podrán seguir utilizándose a partir del 1 de enero de 1997.
      
      
       19.      No obstante, de los términos «no [...] necesariamente» no pueden extraerse apenas elementos de análisis respecto al nivel
      de protección de los equipos de trabajo antiguos. En cualquier caso, de ellos se desprende el principio general de que la
      autorización de equipos de trabajo antiguos debe orientarse en cierta medida sobre la base del contenido del anexo I. Por
      ello, no pueden establecerse exigencias demasiado estrictas a las disposiciones de adaptación del Derecho interno a la Directiva.
      
      
       20.      Por consiguiente, el sistema de planes de puesta en conformidad parece responder, en cuanto a su contenido, a lo dispuesto
      en la observación preliminar al anexo I de la Directiva, en su versión modificada, en la medida en que:
       La autorización de los planes de puesta en conformidad depende expresamente de que el estándar de los equipos de trabajo antiguos
      garantice la seguridad y la salud en el puesto de trabajo. La participación de las organizaciones sindicales y de las autoridades
      nacionales responsables de la salud y la seguridad en el puesto de trabajo también pretende salvaguardar los intereses de
      los trabajadores, que deben ser protegidos. Por lo demás, no se trata de una autorización general, sino que la autorización
      para usar equipos de trabajo antiguos se lleva a cabo mediante un examen en dos fases (de los planes de puesta en conformidad
      y de las autorizaciones particulares, en su caso condicionadas), en el que tiene lugar una ponderación de los intereses en
      juego. Por último, la normativa relativa a la adaptación de equipos de trabajo antiguos está limitada en el tiempo.
      
      
       21.      No obstante, el ámbito de aplicación material de las disposiciones relativas a los planes de puesta en conformidad no son
      compatibles con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva.
      
      
       22.      Efectivamente, si bien la observación preliminar al anexo I de la Directiva en su versión modificada puede modificar el contenido
      de la normativa sobre la utilización de equipos de trabajo antiguos, no puede, sin embargo, modificar el plazo establecido
      en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva para limitar el uso de aquellos equipos de trabajo que, por considerarse
      «antiguos», pueden verse cubiertos por la excepción. Éstos siguen siendo aquellos equipos de trabajo que ya estaban en uso
      el 31 de diciembre de 1992. 
         			(9)
         		
      
       23.      Sin embargo, el Real Decreto se aplica a todos los equipos de trabajo que estaban en uso con anterioridad al 27 de agosto
      de 1997. Por consiguiente, el Derecho español permite, en principio, que también se pueda autorizar, mediante un plan de puesta
      en conformidad, el uso de equipos de trabajo que se utilizaran por primera vez después del 31 de diciembre de 1992, pese a
      no cumplir lo prescrito en los puntos 2 y 3 del anexo I de la Directiva.
      
      
       24.      Por todo ello, el Reino de España ha incumplido las obligaciones de Derecho comunitario que le incumben en virtud del artículo
      4, apartado 1, letra b), en relación con la observación preliminar al anexo I de la Directiva, en la versión modificada por
      la Directiva de modificación, porque el Real Decreto permite que los equipos de trabajo que fueron utilizados por primera
      vez después del 31 de diciembre de 1992 puedan ignorar las exigencias establecidas en los puntos 2 y 3 del anexo I de la Directiva.
      
      
      
            V.
            Conclusión 25.      En razón de las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:
      
      1)
         Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 10 CE y 249 CE y
            del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones
            mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (Segunda
            Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), en su versión modificada por la
            Directiva 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995, al establecer en el apartado 1 de la disposición transitoria única
            del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
            utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, un período de adaptación adicional para los equipos de trabajo
            que ya han sido puestos a disposición de los trabajadores en la empresa y/o el establecimiento con anterioridad al 27 de agosto
            de 1997.
         
      
      
      2)
         Condenar en costas al Reino de España.
      
      
      
       1 –
         
         Lengua original: alemán.
      
      2 –
         
         DO L 393, p 13.
            
         
      
      3 –
         
         DO L 335, p 28.
            
         
      
      4 –
         
         BOE nº 188, de 7 de agosto de 1997, p 24063.
            
         
      
      5 –
         
         Si bien en el dictamen motivado se presentaba este primer período transitorio general de doce meses (apartado 1, párrafo primero,
            de la disposición transitoria única del Real Decreto), por sí mismo, como un propio incumplimiento, la Comisión se ha limitado
            expresamente en su demanda tan sólo a presentar objeciones contra las disposiciones relativas a los planes de puesta en conformidad.
            
         
      
      6 –
         
         Asunto Comisión/España (C‑79/95, Rec. p I‑4679).
            
         
      
      7 –
         
          	Sentencia de 30 de noviembre de 2000, Comisión/Bélgica (C‑384/99, Rec. p I‑10633), apartado 16.
            
         
      
      8 –
         
         Artículo 191, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 254 CE, apartado 2): a los veinte días de su publicación en
            el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (en la versión española, el 30 de diciembre de 1995).
            
         
      
      9 –
         
         Por ello, esta continuación en el uso de equipos de trabajo antiguos irá perdiendo relevancia de forma simplemente fáctica
            tras su amortización, deterioro u otros motivos.