CELEX: 62015CA0121
Language: es
Date: 2016-09-07 00:00:00
Title: Asunto C-121/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anteriormente GDF Suez (Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2009/73/CE — Energía — Sector del gas — Fijación de los precios de suministro de gas natural a los clientes finales — Tarifas reguladas — Obstáculo — Compatibilidad — Criterios de apreciación — Objetivos de seguridad de suministro y de cohesión territorial)

31.10.2016   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 402/6
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 7 de septiembre de 2016 (petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État — Francia) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anteriormente GDF Suez
   (Asunto C-121/15) (1)
   
   ((Procedimiento prejudicial - Aproximación de las legislaciones - Directiva 2009/73/CE - Energía - Sector del gas - Fijación de los precios de suministro de gas natural a los clientes finales - Tarifas reguladas - Obstáculo - Compatibilidad - Criterios de apreciación - Objetivos de seguridad de suministro y de cohesión territorial))
   (2016/C 402/07)
   Lengua de procedimiento: francés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Conseil d’État
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)
   
      Demandada: Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, anteriormente GDF Suez
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, debe interpretarse en el sentido de que la intervención de un Estado miembro consistente en imponer a determinados suministradores, entre ellos el suministrador histórico, la obligación de proponer al consumidor final el suministro de gas natural a tarifas reguladas constituye, por su propia naturaleza, un obstáculo a la consecución de un mercado del gas natural competitivo prevista en esa disposición, y este obstáculo subsiste aunque dicha intervención no impida que todos los suministradores del mercado propongan ofertas competidoras a precios inferiores a dichas tarifas.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73, interpretado a la luz de los artículos 14 TFUE y 106 TFUE y del Protocolo (n.o 26) sobre los servicios de interés general, anejo al Tratado UE, en su versión resultante del Tratado de Lisboa, y al Tratado FUE, debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros apreciar si, en aras del interés económico general, deben imponerse a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio público relativas al precio de suministro del gas natural con el fin, en particular, de garantizar la seguridad del suministro y la cohesión territorial, siempre que, por una parte, se cumplan todos los requisitos que establece el artículo 3, apartado 2, de esta Directiva, en especial el carácter no discriminatorio de tales obligaciones, y que, por otra, la imposición de esas obligaciones respete el principio de proporcionalidad.
               El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un método de determinación del precio que se basa en una consideración de los costes, siempre y cuando la aplicación de este método no tenga como consecuencia que la intervención estatal vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de interés económico general que persigue.
            
         
      (1)  DO C 178 de 1.6.2015.