CELEX: 62020CC0086
Language: es
Date: 2021-09-02 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de septiembre de 2021.#Vinařství U Kapličky s.r.o. contra Státní zemědělská a potravinářská inspekce.#Petición de decisión prejudicial planteada por Krajský soud v Brně.#Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados de los productos agrarios — Vino — Reglamento (UE) n.º 1308/2013 — Normas relativas a la comercialización — Artículo 80 — Prácticas enológicas — Prohibición de comercialización — Artículo 90 — Importaciones de vino — Reglamento (CE) n.º 555/2008 — Artículo 43 — Documento V I 1 — Certificado de elaboración de lotes de vino de acuerdo con las prácticas enológicas recomendadas o autorizadas — Valor probatorio — Reglamento (UE) n.º 1306/2013 — Artículo 89, apartado 4 — Sanciones — Comercialización de vino originario de un tercer país — Vino sometido a prácticas enológicas no autorizadas — Exención de responsabilidad — Carga de la prueba.#Asunto C-86/20.

Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 2 de septiembre de 2021 (1)

Asunto C‑86/20

Vinařství U Kapličky s.r.o.

contra

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno, República Checa)]
«Procedimiento prejudicial — Organización común de mercados de los productos agrarios — Vino — Reglamento (UE) n.º 1308/2013 — Normas relativas a la comercialización — Artículo 80 — Prácticas enológicas — Artículo 90 — Importaciones de vino — Reglamento (CE) n.º 555/2008 — Artículo 43 — Documento V I 1 — Certificado — Reglamento (UE) n.º 1306/2013 — Artículo 89 — Sanciones — Comercialización de vino originario de un tercer país — Vino sometido a prácticas enológicas no autorizadas — Exención de responsabilidad — Sanciones efectivas y disuasorias»

I.      Introducción

1.        La petición de decisión prejudicial se ha presentado en el contexto de un litigio entre Vinařství U Kapličky s.r.o., sociedad checa, y la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Inspección Central de la Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria, República Checa; en lo sucesivo, «Autoridad Estatal») en relación con la multa que se impuso a dicha sociedad por la comercialización de lotes de vino originarios de Moldavia elaborados utilizando prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión Europea.

2.        Esta petición se refiere, en esencia, a la interpretación del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (2) y del Reglamento (CE) n.º 555/2008 (3) y versa, por una parte, sobre la relevancia de los documentos, emitidos por un organismo del tercer país de origen de dichos lotes de vino, que acreditan la conformidad de estos con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión en el momento de su importación, a efectos del examen de la responsabilidad de un comerciante de vino que no respeta esas prácticas enológicas y, por otra parte, sobre la cuestión de si el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una persona puede quedar exenta de responsabilidad por la comercialización de lotes de vino importados de un tercer país y sometidos a prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión, si las autoridades nacionales no logran rebatir la «presunción de conformidad» de dichos lotes de vino con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, otorgada por un documento V I 1.
II.    Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

1.      Normas sobre las prácticas enológicas: Reglamento n.º 1308/2013

3.        Como se desprende de su artículo  1, apartado  1, el Reglamento n.º 1308/2013 establece la organización común de mercados para los productos agrícolas y, en particular, para el vino. (4)

4.        Los considerandos 4 y 71 de ese Reglamento exponen:
«(4)      Conviene aclarar que el Reglamento (UE) n.º 1306/2013  [ (5)] […] y las disposiciones adoptadas con arreglo a él deben, en principio, aplicarse a las medidas que se recogen en el presente Reglamento. En concreto, el Reglamento [n.º 1306/2013] establece disposiciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conllevan las disposiciones de la [Política Agrícola Común (PAC)], como la realización de controles, la aplicación de medidas y sanciones administrativas en caso de incumplimiento de la normativa o la aplicación de normas sobre la constitución y devolución de garantías o la recuperación de los pagos indebidos.
[…]
(71)      Para poder suministrar con facilidad al mercado productos de calidad satisfactoria y normalizada se deben aplicar normas de comercialización con respecto, en particular, a las definiciones técnicas, las clasificaciones, la presentación, el marcado y el etiquetado, el envasado, el método de producción, la conservación, el almacenamiento, el transporte, la documentación administrativa correspondiente, la certificación y los plazos, así como las restricciones en el uso y la eliminación.»

5.        El título II del Reglamento n.º 1308/2013 incluye, en su capítulo I, que comprende los artículos  73 a 123, las normas relativas a la comercialización. A tenor del artículo  80, titulado «Prácticas enológicas y métodos de análisis»:
«1.      En la producción y conservación de los productos enumerados en el anexo VII, parte II,  [ (6)] solo podrán utilizarse en la Unión las prácticas enológicas autorizadas de acuerdo con el anexo VIII y previstas en el artículo 75, apartado 3, letra g), y en el artículo 83, apartados 2 y 3.
[…]
Las prácticas enológicas autorizadas solo podrán utilizarse para garantizar una buena vinificación, una buena conservación o una crianza adecuada del producto.
Los productos enumerados en el anexo VII, parte II, deberán producirse en la Unión con arreglo a las normas establecidas en el anexo VIII. [ (7)]
2.      Los productos enumerados en el anexo VII, parte II, no podrán comercializarse en la Unión cuando:
a)      se hayan sometido a prácticas enológicas no autorizadas en la Unión;
b)      se hayan sometido a prácticas enológicas nacionales no autorizadas; o
c)      infrinjan las normas establecidas en el anexo VIII.
[…]»

6.        El artículo  90 del Reglamento, titulado «Disposiciones especiales para la importación de vino», está redactado en los siguientes términos:
«1.      Salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE, las disposiciones sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y el etiquetado del vino establecidas en la sección 2 del presente capítulo y en las definiciones, designaciones y denominaciones de venta a que se refiere el artículo 78 del presente Reglamento se aplicarán a los productos importados en la Unión de los códigos NC 2009 61, 2009 69 y 2204. [ (8)]
2.      Salvo disposición en contrario de acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el TFUE, los productos contemplados en el apartado 1 del presente artículo se producirán de acuerdo con las prácticas enológicas autorizadas por la Unión con arreglo al presente Reglamento o, antes de la autorización concedida en virtud del artículo 80, apartado 3, lo harán de acuerdo con las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la OIV [Organización Internacional de la Viña y el Vino].
3.      La importación de los productos a que se refiere el apartado 1 estará supeditada a la presentación de:
a)      un certificado que acredite el cumplimiento de las disposiciones indicadas en los apartados 1 y 2, expedido por un organismo competente del país de origen del producto que habrá de estar incluido en una lista que hará pública la Comisión;
b)      un informe de análisis elaborado por un organismo o servicio designado por el país de origen del producto, si el producto se destina al consumo humano directo.»
2.      Normas sobre la documentación relativa a la importación de vino en la Unión

a)      Reglamento n.º 555/2008

7.        Como se desprende de su artículo  1, apartado  1, el Reglamento n.º 555/2008 (9) establece las normas de desarrollo de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 479/2008, (10) relativo a la organización común del mercado vitivinícola, en particular en lo que se refiere a los intercambios con terceros países (título IV).

8.        El considerando 40 del Reglamento n.º 555/2008 señala:
«Con el fin de evitar fraudes, es necesario controlar el certificado y, en su caso, el informe de análisis de todos los lotes de un producto importado. Para ello, resulta indispensable que estos documentos acompañen a cada uno de los lotes hasta que estos estén bajo el régimen de control comunitario.»

9.        El título III de dicho Reglamento, que comprende los artículos  38 a 54, regula el comercio con terceros países. El artículo  40 del referido Reglamento, titulado «Documentos necesarios», que figura en el capítulo II de ese título, bajo el epígrafe «Certificado e informe de análisis de los vinos, los zumos de uva y los mostos de uva importados», dispone:
«El certificado y el informe de análisis a que se refieren, respectivamente, las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 82 del Reglamento (CE) n.º 479/2008  [ (11)] serán objeto de un mismo documento, en el cual:
a)      la parte de “certificado” será extendida por un organismo del tercer país de donde sean originarios los productos;
b)      la parte de “informe de análisis” será extendida por un laboratorio oficial reconocido por el tercer país de donde sean originarios los productos.»

10.      El artículo  41 del Reglamento n.º 555/2008, titulado «Contenido del informe de análisis», establece:
«El informe de análisis incluirá las indicaciones siguientes:
a)      en lo referente a los vinos y mostos de uva parcialmente fermentados:
i)      el grado alcohólico volumétrico total;
ii)      el grado alcohólico volumétrico adquirido;
b)      en lo relativo a los mostos de uva y a los zumos de uva, la densidad;
c)      en lo relativo a los vinos, los mostos de uva y los zumos de uva:
i)      el extracto seco total;
ii)      la acidez total;
iii)      la acidez volátil;
iv)      la acidez cítrica;
v)      el anhídrido sulfuroso total;
[…]».

11.      El artículo  43 de dicho Reglamento, titulado «Documento V I 1», que figura en la sección  2 del  título III,  capítulo II, titulada «Condiciones, normas de establecimiento y uso del certificado y del informe de análisis en lo que respecta a la importación de vinos, zumos de uva y mostos de uva», establece, en su apartado 1:
«El certificado y el informe de análisis se extenderán en un mismo documento V I 1 para cada lote destinado a su importación en la Comunidad.
El documento mencionado en el párrafo primero se extenderá en un impreso V I 1 que se ajuste al modelo que figura en el anexo IX. Estará firmado por un funcionario de un organismo oficial y por un funcionario de un laboratorio reconocido, tal como se indica en el artículo 48.»

12.      El artículo  44 de dicho Reglamento, titulado «Descripción de los documentos», tiene el siguiente tenor:
«1.      Los impresos V I 1 estarán constituidos por un original y una copia obtenida mediante un solo acto de mecanografía o escritura.
2.      Un impreso V I 2 es un extracto cumplimentado según el modelo que figura en el anexo X, en el que consten los datos que figuran en un documento V I 1 u otro extracto V I 2, y visado por una aduana de la Comunidad. Los impresos V I 2 estarán constituidos por un original y dos copias.
3.      Los documentos V I 1 y los extractos V I 2 deberán ajustarse a las disposiciones técnicas que se establecen en el anexo XI.
4.      El original y la copia se adjuntarán al producto. Los impresos V I 1 y V I 2 deberán cumplimentarse a máquina o a mano o con medios técnicos equivalentes reconocidos por un organismo oficial. En caso de cumplimentarse a mano, se rellenarán con tinta y en caracteres de imprenta. Los impresos no deberán tener tachaduras ni correcciones sobre el escrito. Las posibles modificaciones se harán tachando las indicaciones erróneas y añadiendo, en su caso, las indicaciones deseadas. Toda modificación efectuada de este modo deberá ser aprobada por el autor de la misma y visada, según proceda, por el organismo oficial, el laboratorio o las autoridades aduaneras.
[…]»

13.      El artículo  47 del mismo Reglamento, titulado «Normas de uso», establece en su apartado 1:
«Una vez efectuados los trámites requeridos para el despacho a libre práctica del lote al que se refieran, el original y la copia del documento V I 1 o del extracto V I 2 se remitirán a las autoridades competentes del Estado miembro en cuyo territorio se haya efectuado esa operación.
[…]»

14.      El artículo  48 del Reglamento n.º 555/2008, titulado «Lista de organismos competentes», establece:
«1.      La Comisión, basándose en las comunicaciones de las autoridades competentes de los terceros países, establecerá listas de los nombres y direcciones de los organismos y laboratorios y de los productores de vino facultados para extender documentos V I 1 y las mantendrá actualizadas. La Comisión publicará en internet los nombres y direcciones de estos organismos y laboratorios.
2.      Las comunicaciones de las autoridades competentes de los terceros países a que se refiere el apartado 1 deberán indicar lo siguiente:
a)      nombre y dirección de los organismos oficiales y laboratorios reconocidos o designados para extender los documentos V I 1,
b)      nombre, dirección y número de registro oficial de los productores de vino autorizados para extender ellos mismos los documentos V I 1.
Únicamente se incluirán en las listas mencionadas en el apartado 1 los organismos y los laboratorios a que se refiere la letra a) del párrafo primero del presente apartado que hayan sido facultados por las autoridades competentes del tercer país correspondiente para facilitar a la Comisión, así como a los Estados miembros, a instancia de los mismos, cualquier información pertinente para la evaluación de los datos que figuren en el documento.
3.      Las listas se actualizarán, en particular para tener en cuenta las modificaciones resultantes de los cambios de dirección y de denominación de los organismos o laboratorios.»

15.      El título VI de dicho Reglamento, que comprende los artículos  96 a 104, se refiere a las disposiciones generales, transitorias y finales. A tenor del artículo  98, titulado «Sanciones nacionales»:
«Sin perjuicio de las sanciones previstas en el Reglamento (CE) n.º 479/2008 o en el presente Reglamento, los Estados miembros dispondrán la aplicación de sanciones nacionales por las irregularidades cometidas con respecto a los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 479/2008 o en el presente Reglamento que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias a fin de garantizar una adecuada protección de los intereses financieros de las Comunidades.»

16.      Los puntos  9 y 10 del formulario que figura en el anexo IX del Reglamento n.º 555/2008, titulado «Documento V I 1 previsto en el artículo  43, apartado  1», tienen el siguiente tenor:
«9.      CERTIFICADO
El producto anteriormente designado […]   está   no está destinado al consumo humano directo, responde a las definiciones o categorías comunitarias de productos vitivinícolas y ha sido elaborado con arreglo a las prácticas enológicas […]   recomendadas y publicadas por la OIV /   autorizadas por la Comunidad.
[…]
10.      INFORME DE ANÁLISIS (en el que se indican las características analíticas del producto anteriormente designado)
[…]
PARA LOS VINOS […]
–        Grado alcohólico total:            — Grado alcohólico adquirido:
[…]».
b)      Reglamento (CE) n.º 607/2009

17.      Como se desprende de su artículo  1, titulado «Objeto», el Reglamento (CE) n.º 607/2009 (12) establece las disposiciones de aplicación del título III del Reglamento n.º 479/2008 en lo que atañe,  entre otras, a las disposiciones incluidas en el capítulo VI de dicho título, relativas al etiquetado y presentación de determinados productos vitivinícolas.

18.      El artículo  56 del Reglamento n.º 607/2009, titulado «Indicación del embotellador, productor, importador y vendedor», (13) establece, en su apartado 1:
«A efectos de la aplicación del artículo 59, apartado 1, letras e) y f), del Reglamento [n.º 479/2008]  [ (14)] y del presente artículo, se entenderá por:
[…]
d)      "importador": la persona física o jurídica, o la agrupación de estas personas, establecida en la Comunidad que asume la responsabilidad del despacho a libre práctica de las mercancías no comunitarias en el sentido del artículo 4, apartado 8, del Reglamento (CEE) n.º 2913/92  [ (15)] […];
[…]».
3.      Normas relativas a las sanciones

a)      Reglamento (CE) n.º 178/2002

19.      Como se desprende de su artículo  1, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 (16) proporciona la base en lo que se refiere, en particular, a la seguridad de los alimentos, a escala de la Unión y a nivel nacional.

20.      El artículo  17 de ese Reglamento, bajo el título «Responsabilidades», prevé:
«1.      Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos se asegurarán, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos o los piensos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se cumplen dichos requisitos.
2.      Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y controlarán y verificarán que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución.
[…]
Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
b)      Reglamento n.º 1306/2013

21.      Como se desprende de su artículo  1, el Reglamento n.º 1306/2013 establece, entre otras, las normas sobre la financiación de los gastos de la PAC y los sistemas de gestión y control implantados por los Estados miembros.

22.      El considerando 39 de dicho Reglamento enuncia:
«[…] En los casos de infracción de la legislación agrícola sectorial, cuando en los actos legislativos de la Unión no se hayan establecido disposiciones detalladas con respecto a las sanciones administrativas, los Estados miembros deben imponer sanciones nacionales que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas.»

23.      Dentro del título V de dicho Reglamento, titulado «Sistemas de control y sanciones», se establece, en su artículo  64, bajo el título «Aplicación de sanciones administrativas»:
«[…]
2.      No se impondrán sanciones administrativas:
[…]
d)      cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria para la autoridad competente, que no es responsable del incumplimiento de las obligaciones previstas en el apartado 1 o si la autoridad competente acepta de otro modo que el interesado no es responsable;
[…]».

24.      El artículo  89 del mismo Reglamento, titulado «Otros controles y sanciones relativos a las medidas de mercado», dispone, en sus apartados  3 y 4:
«3.      Los Estados miembros efectuarán controles basados en análisis de riesgos para comprobar si los productos a que se hace referencia en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 se ajustan a las normas establecidas en la parte II, título II, capítulo I, sección I, [del citado Reglamento] y, en su caso, aplicarán sanciones administrativas.
4.      Sin perjuicio de los actos relativos al sector vitivinícola adoptados sobre la base del artículo 64, en caso de infracción de las normas de la Unión en este sector, los Estados miembros aplicarán sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias. Dichas sanciones no se aplicarán en los casos fijados en el artículo 64, apartado 2, letras a) a d), ni cuando el incumplimiento sea de carácter leve.»
B.      Derecho checo

25.      El artículo 39, apartado 1, letra ff) de  la zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství (Ley n.º 321/2004 relativa a la  Viticultura y a la Vinicultura; en lo sucesivo, «Ley n.º 321/2004»), en su redacción aplicable hasta 31 de marzo de 201, dispone:
«Una persona jurídica o una persona física comete una infracción administrativa si, en su calidad de productor o persona que comercializa un producto, […] incumple cualquiera de las obligaciones establecidas en la normativa [de la Unión] que regula la viticultura, el sector vitivinícola o el comercio del vino.»

26.      El artículo  40, apartado  1, de la Ley n.º 321/2004 tiene el siguiente tenor:
«Una persona jurídica no será responsable de una infracción administrativa si demuestra que llevó a cabo todos los esfuerzos que cabría exigir de ella para evitar el incumplimiento de una obligación.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

27.      Mediante resolución de 14 de enero de 2016, la Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Brně (Autoridad Estatal de Inspección Agrícola y Alimentaria, sección de Brno, República Checa) declaró a Vinařství U Kapličky, comerciante de vino, responsable de la comisión de infracciones administrativas en el sentido del artículo  39, apartado  1, letra ff), de la Ley n.º 321/2004, le impuso una multa por importe de 2 100 000 coronas checas (CZK) (aproximadamente 80 000 euros) y le exigió el reembolso de los gastos de análisis de laboratorio por importe de 86 420 CZK (alrededor de 3 000 euros), debido a la comercialización por dicha sociedad, en la República Checa, de lotes de vino importados de Moldavia (en  lo sucesivo, «productos en cuestión») que habían sido elaborados mediante prácticas enológicas no autorizadas, infringiendo así el artículo 80 apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, o que no respetaban las normas relativas a los aumentos del grado alcohólico volumétrico natural, contraviniendo el artículo 80, apartado 2, letra c), de ese Reglamento (en lo sucesivo, «infracciones controvertidas»).

28.      A raíz de varios procedimientos administrativos y judiciales en los que los recursos de Vinařství U Kapličky, o bien se estimaron, al considerarse que no podía, en principio, excluirse que dicha sociedad pudiera quedar exenta de responsabilidad por las infracciones controvertidas sobre la base de los documentos V I 1 expedidos por las autoridades moldavas competentes, en aplicación del Reglamento n.º 555/2008, o bien se desestimaron, basándose en que los documentos V I 1 constituían una mera formalidad administrativa a efectos de la entrada de los productos en cuestión en la Unión Europea y no bastaban para eximir a dicha sociedad de su responsabilidad por las infracciones controvertidas, el Ústavní soud (Tribunal Constitucional, República Checa), mediante resolución de 5 de septiembre de 2019, declaró que se había vulnerado el derecho de Vinařství U Kapličky a un juicio justo por el hecho de que el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa) había desestimado el argumento basado en el carácter vinculante del certificado incluido en el documento V I 1 sin haber planteado previamente una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE.

29.      En esas circunstancias, el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno, República Checa) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Constituye el Documento V I 1, expedido sobre la base del [Reglamento n.º 555/2008], que incluye un certificado emitido por un organismo autorizado de un tercer país en el que se indica que el producto se ha elaborado utilizando prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la OIV o autorizadas por la Comunidad, una mera condición administrativa para la entrada de vino en la [Unión]?
2)      ¿Se opone el Derecho de la Unión a una norma nacional en virtud de la cual una persona que comercializa vino importado de Moldavia puede quedar exenta de responsabilidad por una infracción administrativa consistente en la comercialización de vino sometido a prácticas enológicas no autorizadas en la Unión Europea si los organismos nacionales no han rebatido la presunción en la que se apoya esa persona de que el vino se elaboró utilizando prácticas enológicas autorizadas por [la Unión], presunción que dicha persona puede tener a la luz del Documento V I 1 expedido por las autoridades moldavas en virtud del [Reglamento n.º 555/2008]?»

30.      Han presentado observaciones escritas el Gobierno checo y la Comisión Europea. Esas mismas partes también respondieron por escrito a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia. El Gobierno italiano, que no había presentado observaciones escritas, respondió también a dichas preguntas. El Tribunal de Justicia decidió resolver sin celebrar vista oral, de conformidad con el artículo  76, apartado  2, de su Reglamento de Procedimiento.
IV.    Análisis

A.      Sobre la primera cuestión prejudicial

1.      Consideraciones preliminares

31.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el certificado previsto en el artículo  90, apartado  3, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, que figura en el documento V I 1, emitido en el sentido del artículo  43 del Reglamento n.º 555/2008, según el cual los productos en cuestión se elaboraron con arreglo a prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, constituye una mera «condición administrativa» a efectos de la entrada de esos productos en el territorio de la Unión o si, en cambio, es pertinente para determinar la responsabilidad de un comerciante por haber comercializado esos productos cuando no sean conformes con dichas prácticas a efectos  del artículo 80, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013.

32.      En el caso de autos, al examinar la responsabilidad de Vinařství U Kapličky por las infracciones controvertidas, la Autoridad Estatal consideró que no era necesario examinar los documentos V I 1 relativos a los productos en cuestión, debido a que dichos documentos no habrían permitido a esa sociedad quedar exonerada de su responsabilidad por tales infracciones, mientras que, según el órgano jurisdiccional remitente, la normativa de la Unión reconoce de entrada los certificados expedidos por los organismos facultados para expedir documentos V I 1, salvo en un supuesto de abuso de confianza. Por lo tanto, a su juicio, el certificado que figura en el documento V I 1 no constituye una mera formalidad administrativa a efectos aduaneros, sino que puede llevar al comerciante de vino a creer que el vino importado cumple ciertas normas de calidad.

33.      A este respecto, el Gobierno checo sostiene que el documento V I 1 sirve únicamente para cumplir las formalidades aduaneras necesarias para el despacho a libre práctica de los productos en cuestión y no es pertinente a efectos de la posterior comercialización de esos productos en el territorio de la Unión, mientras que la Comisión considera que tal documento tiene cierta pertinencia para determinar las características de dichos productos, aunque no garantice automáticamente la conformidad del vino importado con las normas de la Unión, que debe verificarse mediante controles adicionales efectuados por el Estado miembro interesado o por el importador. El Gobierno italiano se adhiere, asimismo, en esencia, a esta última postura.

34.      En los puntos siguientes de las presentes conclusiones, me parece útil presentar una síntesis del marco normativo aplicable, para examinar seguidamente la pertinencia del documento V I 1 en el contexto del examen de la responsabilidad de un comerciante como el que se plantea en el litigio principal.
2.      Marco normativo aplicable

35.      En primer lugar, el Reglamento n.º 1308/2013 establece, en particular, las normas relativas a las prácticas enológicas y a los métodos de análisis, así como las condiciones para la importación de los productos vitivinícolas. El artículo  80, apartado  2, de dicho Reglamento dispone, en esencia, que estos productos no podrán comercializarse en la Unión cuando se hayan sometido a prácticas enológicas no autorizadas. El artículo  90, apartado  3, letras a) y b), del citado Reglamento establece que la importación de tales productos estará supeditada a la presentación de los dos elementos siguientes:
–        por una parte, un certificado que acredite el cumplimiento de las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión o recomendadas y publicadas por la OIV, expedido por un organismo competente del tercer país de origen del producto, que habrá de estar incluido en una lista que hará pública la Comisión, en el país de origen de dicho producto;
–        por otra parte, un informe de análisis elaborado por un organismo o servicio designado por el país de origen de dicho producto.

36.      En segundo lugar, el Reglamento n.º 555/2008 prevé, entre otras cosas, los documentos exigidos en el momento de la importación de los productos en cuestión. El artículo  40 de ese Reglamento precisa que el certificado y el informe de análisis a los que se refiere serán objeto de un mismo documento, definido en el artículo  43 de dicho Reglamento como el «documento V I 1». Esta última disposición establece, asimismo, en su apartado  1, párrafo segundo, que dicho documento se extenderá, para cada lote destinado a ser importado en la Unión, en un «impreso V I 1» que se ajuste al modelo que figura en el anexo IX del mismo Reglamento. Este impreso, reproducido en el punto  16 de las presentes conclusiones, contiene, por una parte, un modelo precumplimentado de certificado, mediante el cual el organismo competente certifica, en particular, que los productos examinados han sido elaborados de conformidad con las prácticas enológicas recomendadas y publicadas por la OIV o autorizadas por la Unión y, por otra parte, un modelo precumplimentado de informe de análisis que debe completarse indicando el grado alcohólico volumétrico total y el grado alcohólico volumétrico adquirido.

37.      A efectos del artículo  47 del Reglamento n.º 555/2008, el documento V I 1 se entregará a las autoridades aduaneras competentes del país de importación, en el momento de realizar las formalidades aduaneras exigidas para el despacho a libre práctica de los productos.
3.      Pertinencia del documento V I 1

38.      En lo que respecta a la pertinencia del documento V I 1 en el marco del examen de la responsabilidad de un comerciante por la comercialización de vino que no se ajusta a las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, es preciso, en mi opinión, distinguir entre, por un lado, las normas relativas a la importación y al despacho a libre práctica de los productos en cuestión en la Unión (17) y, por otro lado, las relativas a la comercialización de esos productos en el mercado de la Unión. Si bien, a efectos de la importación y del despacho a libre práctica de dichos productos, es suficiente comprobar su origen, la autenticidad y las características cualitativas en el momento de la importación, en particular mediante documentos emitidos por organismos habilitados con arreglo a la normativa de la Unión, para la comercialización de esos mismos productos es necesario, en particular, que se ajusten en todo momento a las referidas prácticas enológicas.

39.      Pues bien, aunque la presentación del documento V I 1 a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se cumplen los trámites aduaneros permite el despacho a libre práctica de los productos en cuestión, no basta por sí sola para concluir que estos productos cumplen en todo momento las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión y exigidas para su comercialización en el mercado de la Unión. Como subraya la Comisión, dado que el vino es un producto complejo y sensible a varias condiciones externas, incluso durante su transporte, la falta de conformidad de ese producto con las normas de la Unión también podría resultar de una intervención que tuviera lugar después de la expedición de dicho documento. Esta es la razón por la cual es necesario que se realicen inspecciones periódicas adicionales, a cargo del importador, (18) para garantizar su calidad.

40.      En otras palabras, me parece evidente que, en principio, el respeto de las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión para la importación y el despacho a libre práctica del vino, de las que forman parte la certificación y el informe de análisis que son objeto del documento V I 1, no basta, por sí solo, para garantizar el respeto de esas prácticas al comercializar dicho vino en el sentido del artículo  80, apartado  2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013.

41.      Dicho esto, en la medida en que el documento V I 1 acredita, en el momento de la importación, la conformidad de un lote de vino con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, no puede concluirse que dicho documento constituye una mera «formalidad administrativa» carente de toda pertinencia a efectos de apreciar la responsabilidad del comerciante en relación con la comercialización de dicho vino. En mi opinión, dicho documento puede ser tomado en consideración por las autoridades nacionales competentes entre los elementos pertinentes para examinar la diligencia que el comerciante de vino ha demostrado y, por consiguiente, para excluir la responsabilidad de este por infracciones como las que son objeto del litigio principal.

42.      En efecto, la pertinencia del documento V I 1 deberá apreciarse a la luz de las circunstancias del caso concreto, por ejemplo, en función del tiempo transcurrido tras la expedición de ese documento, de los desplazamientos y de las otras posibles actuaciones de que pudieran ser objeto los productos en cuestión, así como de cualquier otra circunstancia que pudiera afectar a la calidad de tales productos. (19) A este respecto, sin querer invadir el ámbito de competencia del órgano jurisdiccional remitente, me limitaré a señalar que las circunstancias que subraya el Gobierno checo, que demuestran que Vinařství U Kapličky debía ser consciente del carácter problemático de los vinos que importaba, (20) si se confirmasen por el órgano jurisdiccional remitente, reducen considerablemente la pertinencia de dicho documento en el presente asunto.

43.      En conclusión, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo  90, apartado  3, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que el certificado incluido en un documento V I 1, emitido en el sentido del artículo  43 del Reglamento n.º 555/2008, en virtud del cual los productos en cuestión se elaboraron con arreglo a prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, no constituye una mera «condición administrativa» a efectos de la entrada del vino en el territorio de la Unión y puede ser tomado en consideración entre los elementos pertinentes para establecer la responsabilidad de un comerciante por la comercialización de vino que no sea conforme  con esas prácticas en el sentido del artículo 80, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013.
B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial

1.      Consideraciones preliminares

44.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una persona puede quedar exenta de responsabilidad por las infracciones controvertidas si las autoridades nacionales no rebaten la presunción, otorgada por el certificado que figura en el documento V I 1, de que los productos en cuestión fueron elaborados de conformidad con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión.

45.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente interpreta el artículo  40, apartado  1, de la Ley n.º 321/2004, a la luz de la jurisprudencia del Ústavní soud (Tribunal Constitucional), en el sentido de que el certificado que figura en el documento V I 1 crea una presunción (iuris tantum) de conformidad del lote de vino certificado con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión. Esta «presunción de conformidad» resultaría aplicable, en mi opinión, no solo en el momento de la importación del producto en cuestión, sino también durante toda su comercialización en la Unión.

46.      El Gobierno checo estima que el Derecho de la Unión no permite a una sociedad como Vinařství U Kapličky quedar exenta de responsabilidad por las infracciones controvertidas basándose únicamente en el documento V I 1, mientras que la Comisión considera que el Derecho de la Unión no se opone a una norma nacional que permite que un comerciante de vino importado de Moldavia quede exento de responsabilidad por las infracciones controvertidas si demuestra que ha realizado todos los esfuerzos que se le podían exigir para evitar tal infracción, siempre que la referida norma nacional no se interprete en el sentido de que la mera presentación, por dicho comerciante, del documento V I 1 emitido por las autoridades competentes moldavas sea suficiente para exonerarlo de su responsabilidad por esas infracciones.

47.      Antes de iniciar mi análisis sobre la compatibilidad de una presunción como la evocada por el órgano jurisdiccional remitente con el Derecho de la Unión, me parece útil presentar una síntesis del marco normativo aplicable.
2.      Marco normativo aplicable

48.      Como recuerda el considerando 4 del Reglamento n.º 1308/2013, las sanciones por infracción de las normas previstas en dicho Reglamento se recogen en el Reglamento n.º 1306/2013, que establece, entre otras,  las normas que regulan los sistemas de gestión y control de los Estados miembros en lo que respecta a la financiación de los gastos con cargo a la PAC. El artículo  89 de este último Reglamento establece, en su apartado  4, que, en caso de infracción de las normas de la Unión en el sector del vino, entre las que se encuentra el artículo  80 del Reglamento n.º 1308/2013, los Estados miembros aplicarán sanciones administrativas «proporcionadas, efectivas y disuasorias». Esta misma disposición establece que esas sanciones no se aplicarán, además, al supuesto descrito en el artículo  64, apartado  2, letra d), del Reglamento n.º 1306/2013, a saber, cuando el interesado pueda demostrar de forma satisfactoria para la autoridad competente que no es responsable del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de la legislación agrícola sectorial o si la autoridad competente acepta de otro modo que el interesado no es responsable.

49.      He de señalar que las normas relativas a la responsabilidad de los explotadores de empresas alimentarias y de los Estados miembros, así como a las sanciones correspondientes, están también previstas en el artículo  17 del Reglamento n.º 178/2002, (21) así como en el artículo  98 del Reglamento n.º 555/2008, (22) que no son directamente aplicables en el presente asunto. (23)

50.      En cualquier caso, el artículo  89 del Reglamento n.º 1306/2013, el artículo  17, apartado  2, del Reglamento n.º 178/2002 y el artículo  98 del Reglamento n.º 555/2008 establecen los mismos requisitos jurídicos, dejando a los Estados miembros, de conformidad con el principio de autonomía procesal, la facultad de establecer sanciones administrativas por infringir las normas, en particular, en materia de prácticas enológicas y exigiendo que las sanciones de Derecho nacional aplicables en caso de infracción del Derecho de la Unión sean proporcionadas, efectivas y disuasorias. (24)

51.      Por lo que respecta a la normativa nacional pertinente, el artículo  40, apartado  1, de la Ley n.º 321/2004 dispone que una persona jurídica no será considerada responsable de una infracción administrativa si demuestra que llevó a cabo todos los esfuerzos que cabría exigir de ella para evitar el incumplimiento de una obligación.
3.      Interpretación de la normativa pertinente de la Unión

52.      Como ya he señalado en los puntos 48 a 50 de las presentes conclusiones, la normativa pertinente de la Unión atribuye a los Estados miembros la competencia para adoptar sanciones administrativas por infringir las normas relativas al respeto de las prácticas enológicas, exigiendo a la vez que dichas sanciones sean «proporcionadas, efectivas y disuasorias». Además, la segunda cuestión prejudicial no se refiere a las propias sanciones, sino a una norma de procedimiento que, en esencia, cuando un comerciante de vino dispone de un documento V I 1, invierte la carga de la prueba respecto a la determinación de la responsabilidad de dicho comerciante por la comercialización de un producto elaborado según prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión.

53.      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de no existir normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer esas normas en virtud del principio de autonomía de procedimiento, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (25)

54.      En cuanto al principio de efectividad, controvertido en el litigio principal, he de recordar que, según el artículo  89, apartado  4, del Reglamento n.º 1306/2013, en caso de infracción de las normas de la Unión en el sector del vino, los Estados miembros aplicarán sanciones que sean, en particular, «efectivas y disuasorias»; (26) con arreglo al Derecho de la Unión, es necesario comprobar que sus normas de desarrollo, incluidas todas las normas de procedimiento pertinentes, no vayan en contra de dicho principio, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente. En efecto, a primera vista, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, al dificultar considerablemente o imposibilitar la posibilidad de establecer la responsabilidad de un comerciante de vino por infringir las normas relativas a las prácticas enológicas de la Unión, (27) puede afectar a la efectividad de las sanciones previstas por dicha normativa, en aplicación del Derecho de la Unión.

55.      Con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente elementos de interpretación útiles, comprendidos en el ámbito del Derecho de la Unión, que le permitirán pronunciarse sobre la compatibilidad de la normativa nacional pertinente con el Derecho de la Unión, señalaré, en primer lugar, que, a tenor del artículo  56, apartado  1, letra d), del Reglamento n.º 607/2009, el importador es la persona física o jurídica, o la agrupación de estas personas, establecida en la Unión que asume la responsabilidad del despacho a libre práctica de las mercancías importadas y es responsable, en particular, de su conformidad con las prácticas enológicas de la Unión en virtud del artículo 80, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013.

56.      A continuación, he de señalar que la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente propone del artículo  40, apartado  1, de la Ley n.º 321/2004 supone, en esencia, una inversión de la carga de la prueba respecto al establecimiento de la responsabilidad del comerciante de vino por la comercialización de productos sometidos a prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión en el sentido del artículo  80, apartado  2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, inversión que se basa exclusivamente en el certificado que figura en el documento V I 1. (28)

57.      Por último, ha de recordarse que, a tenor del artículo  90, apartado  3, del Reglamento n.º 1308/2013, este certificado se presentará a efectos de la importación de los productos en cuestión y que, según el artículo  47 del Reglamento n.º 555/2008, dicho documento se remitirá a las autoridades competentes una vez efectuados los trámites  requeridos para el despacho a libre práctica de dichos productos. Como he señalado en respuesta a la primera cuestión prejudicial, (29) dicho certificado no está por tanto concebido para acreditar el respeto de las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión durante toda la comercialización de dichos productos, como prevé el artículo  80, apartado  2, del Reglamento n.º 1308/2013.

58.      En esas circunstancias, dudo de que una inversión de la carga de la prueba respecto a la responsabilidad de la persona que comercializa los productos en cuestión, que haga recaer la carga del control de la calidad de tales productos en las autoridades nacionales competentes y que dificulte considerablemente o imposibilite  establecer la responsabilidad de dicha persona, pueda basarse en un certificado, como el que figura en el documento V I 1, que confirma el respeto de las prácticas enológicas de la Unión en el momento de la importación de un producto como el vino, que es complejo y sensible a una variedad de condiciones externas que pueden producirse en el momento de su transporte o de otras manipulaciones o intervenciones posteriores. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo las comprobaciones necesarias.

59.      En conclusión, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo  89 del Reglamento n.º 1306/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual un comerciante que importa vino de un tercer país no es responsable de la falta de conformidad de los lotes de vino objeto del certificado que figura en un documento V I 1 con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, si las autoridades nacionales no logran rebatir la «presunción de conformidad» otorgada por dicho documento, cuando dicha presunción dificulte considerablemente o imposibilite establecer la responsabilidad de dicho comerciante, teniendo en cuenta, en particular, que:
–        a tenor del artículo  56, apartado  1, letra d), del Reglamento n.º 607/2009, el importador es la persona física o jurídica, o la agrupación de estas personas, establecida en la Unión que asume la responsabilidad del despacho a libre práctica de las mercancías importadas;
–        la interpretación propuesta por el órgano jurisdiccional remitente de la normativa nacional implica, en esencia, una inversión de la carga de la prueba respecto al establecimiento de la responsabilidad del comerciante de vino por la comercialización de productos sometidos a prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión, que se basa exclusivamente en el certificado que figura en el documento V I 1;
–        este certificado no está especialmente concebido para garantizar el respeto de las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión durante toda la comercialización de esos productos, como prevé el artículo  80, apartado  2, del Reglamento n.º 1308/2013.
V.      Conclusiones

60.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno, República Checa):
«1)      El artículo  90, apartado  3, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que el certificado incluido en los documentos V I 1, emitidos  en el sentido del artículo  43 del Reglamento (CE) n.º 555/2008 de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE)  n.º 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola, según el cual unos lotes de vino importados en la Unión Europea se elaboraron con arreglo a prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión no constituye une mera «condición administrativa» a efectos de la entrada del vino en el territorio de la Unión y puede ser tomado en consideración entre los elementos pertinentes para establecer la responsabilidad de un comerciante por la comercialización de vino que no sea confirme con las prácticas enológicas autorizadas en el sentido del artículo 80, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013.
2)      El artículo  89 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE)  n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual un comerciante que importa vino de un tercer país no es responsable de la falta de conformidad de los lotes de vino objeto del certificado que figura en un documento V I 1 con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, si las autoridades nacionales no logran rebatir la «presunción de conformidad» otorgada por dicho documento, cuando dicha presunción dificulte considerablemente o imposibilite establecer la responsabilidad de dicho comerciante, teniendo en cuenta, en particular, que:
–      a tenor del artículo  56, apartado  1, letra d), del Reglamento n.º 607/2009, el importador es la persona física o jurídica, o la agrupación de estas personas, establecida en la Unión que asume la responsabilidad del despacho a libre práctica de las mercancías importadas;
–      la interpretación propuesta por el órgano jurisdiccional remitente de la normativa nacional implica, en esencia, una inversión de la carga de la prueba respecto al establecimiento de la responsabilidad del comerciante de vino por la comercialización de productos sometidos a prácticas enológicas no autorizadas por el Derecho de la Unión, que se basa exclusivamente en el certificado que figura en el documento V I 1;
–      este certificado no está especialmente concebido para garantizar el respeto de las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión durante toda la comercialización de esos productos, como prevé el artículo  80, apartado  2, del Reglamento n.º 1308/2013.»

1      Lengua original: francés.

2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671).

3      Reglamento de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento n.º 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola (DO 2008, L 170, p. 1).

4      Este Reglamento deroga el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1).

5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17).

6      Esta parte se refiere a las «categorías de productos vitícolas», entre las que figura el «vino», definido como «el producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva».

7      Este anexo se refiere a las «prácticas enológicas mencionadas en el artículo 80».

8      Estos códigos incluyen, en particular, los mostos de uva y los vinos.

9      Este Reglamento fue modificado por el artículo 52 del Reglamento Delegado (UE) 2018/273 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2017, por el que se completa el [Reglamento n.º 1308/2013] en lo que atañe al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias, las notificaciones y la publicación de la información notificada, y por el que se completa el [Reglamento n.º 1306/2013] en lo que atañe a los controles y sanciones pertinentes, por el que se modifican los Reglamentos [n.º 555/2008], (CE) n.º 606/2009 y (CE) n.º 607/2009 de la Comisión y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 436/2009 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2015/560 de la Comisión (DO 2018, L 058, p. 1). Esta disposición derogó todas las disposiciones del Reglamento n.º 555/2008 que se citan a continuación, que, no obstante, siguen siendo aplicables ratione temporis en el asunto principal.

10      Reglamento del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 (DO 2008, L 148. p. 1). Este Reglamento fue derogado por el Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 (DO 2009, L 154, p. 1). Según el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 491/2009, las referencias al Reglamento n.º 479/2008 se entendían hechas al Reglamento n.º 1234/2007, derogado a su vez por el Reglamento n.º 1308/2013.

11      El artículo 82 del Reglamento n.º 479/2008 fue sustituido por el artículo 158 bis del Reglamento n.º 1234/2007, sustituido a su vez por el artículo 90 del Reglamento n.º 1308/2013.

12      Reglamento de la Comisión, de 14 de julio de 2009, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.º 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (DO 2009, L 193, p. 60). Este Reglamento fue derogado por el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación (DO 2019, L 9, p. 2). No obstante, habida cuenta de la fecha de los hechos controvertidos en el litigio principal, el Reglamento n.º 607/2009 sigue siendo aplicable a este asunto.

13      Esta disposición forma parte del capítulo IV de dicho Reglamento, titulado «Etiquetado y presentación», en su sección 1, titulada «Indicaciones obligatorias».

14      El artículo 59 de ese Reglamento, titulado «Indicaciones obligatorias», establecía, en particular, en su apartado 1, letras e) y f), que el etiquetado y la presentación del vino comercializado en la Unión o destinado a la exportación debían ofrecer obligatoriamente la indicación, por una parte, del embotellador o, en caso del vino espumoso, el vino espumoso gasificado, el vino espumoso de calidad o el vino espumoso aromático de calidad, el nombre del productor o del vendedor, y, por otra parte, del importador, en el caso de los vinos importados. El artículo 59 de dicho Reglamento fue sustituido, sin ser modificado, por el artículo 118 sexvicies del Reglamento n.º 1234/2007, que, a su vez, fue sustituido por el artículo 119 del Reglamento n.º 1308/2013.

15      Reglamento del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), derogado por el Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO 2008, L 145, p. 1), derogado a su vez por el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1).

16      Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1).

17      Ha de señalarse que la normativa de la Unión relativa al documento V I 1 no establece una distinción clara entre la utilización de dicho documento a efectos, por una parte, de la importación de los productos en cuestión y, por otra, de su despacho a libre práctica. Si bien el artículo 90, apartado 3, del Reglamento n.º 1308/2013 establece, en particular, que la importación de los vinos estará supeditada a la presentación del certificado y del informe de análisis que, según los artículos 40 y 43 del Reglamento n.º 555/2008, son objeto del documento V I 1, el artículo 47 de ese Reglamento precisa que el mencionado documento se remitirá a las autoridades competentes una vez efectuados los trámites aduaneros requeridos para el despacho a libre práctica del lote al que se refiera.

18      A tenor del artículo 56, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 607/2009, a efectos, en particular, de la aplicación del artículo 59, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 479/2008 [que corresponde en la actualidad al artículo 119, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 1308/2013; véase la nota a pie de página 14 de las presentes conclusiones], el «importador» es «la persona física o jurídica, o la agrupación de estas personas, establecida en la [Unión], que asume la responsabilidad del despacho a libre práctica de las mercancías [importadas]» (el subrayado es mío).

19      Por ejemplo, considero que, si bien el certificado que figura en dicho documento puede tener cierta pertinencia para comprobar si el importador ha actuado con una diligencia razonable en el momento del despacho a libre práctica del lote de vino al que se refiere dicho certificado, ya no es así una vez que el producto ha sido transferido o manipulado, o incluso cuando haya transcurrido algo de tiempo desde su importación.

20      El Gobierno checo se refiere, en particular, a una sanción impuesta a dicha sociedad en el año 2014 por vinos importados y al hecho de que la Autoridad Estatal había expresado dudas en cuanto a la calidad de determinados vinos importados, al precio de compra extremadamente bajo de los productos en cuestión y a las modalidades «opacas» de venta, al pasar, antes de la venta al por menor, estos productos entre dos sociedades gestionadas por las mismas personas.

21      Este artículo prevé, por una parte, en su apartado 1, que los explotadores de empresas alimentarias se asegurarán de que se cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se cumplen dichos requisitos, y, por otra parte, en su apartado 2, que, entre otras cosas, los Estados miembros controlarán y verificarán que los explotadores cumplen los requisitos que les son aplicables y regularán las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de dichas normas, precisando que las medidas y sanciones deberán ser «efectivas, proporcionadas y disuasorias».

22      Este artículo exige a los Estados miembros, en particular, que dispongan la aplicación de sanciones nacionales por las irregularidades cometidas con respecto a los requisitos establecidos en el Reglamento n.º 479/2008, sustituido en la actualidad por el Reglamento n.º 1308/2013 (véase la nota a pie de página 10 de las presentes conclusiones), y que sean «eficaces, proporcionadas y disuasorias» a fin de garantizar una adecuada protección de los intereses financieros de la Unión.

23      En cuanto al artículo 17 del Reglamento n.º 178/2002, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicho artículo constituye una regla general en el ámbito de los productos alimenticios que únicamente se aplica en la medida en que el Derecho de la Unión no establezca normas específicas para determinadas categorías de alimentos (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2005, HLH Warenvertrieb y Orthica, C‑211/03, C‑299/03 y C‑316/03 a C‑318/03, EU:C:2005:370, apartados 36 a 39). Pues bien, el artículo 89 del Reglamento n.º 1306/2013 constituye, en mi opinión, una norma de este tipo. Por lo que respecta al Reglamento n.º 555/2008, como se desprende de su artículo 1, establece las normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.º 479/2008, entre las que no figura el artículo 27, apartado 4, de dicho Reglamento, que ha sido sustituido, en esencia, por el artículo 80, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 (véase nota a pie de página 10 de las presentes  conclusiones).

24      Asimismo, citaré el considerando 39 del Reglamento n.º 1306/2013, que establece, en particular, que, en los casos de infracción de la legislación agrícola sectorial, cuando en los actos legislativos de la Unión no se hayan establecido disposiciones detalladas con respecto a las sanciones administrativas, los Estados miembros deben imponer sanciones nacionales que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas.

25      Véase sentencia de 21 de enero de 2016, Eturas y otros (C‑74/14, EU:C:2016:42), apartado 32 y jurisprudencia citada.

26      Debo precisar que el requisito de que esas sanciones sean también «proporcionadas» en el sentido de esta disposición no es objeto de controversia en el presente asunto.

27      En efecto, la «presunción de conformidad» otorgada por un documento V I 1 podría interpretarse en el sentido de que, según el artículo 40, apartado 1, de la Ley n.º 321/2004, una persona jurídica que posee dicho documento llevó a cabo todos los esfuerzos que cabría exigir de ella para impedir la infracción del artículo 80, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 y, por lo tanto, no es responsable de una infracción de dicha disposición. En tal situación, si bien no es imposible, en principio, que la autoridad competente efectúe por sí misma los análisis para comprobar la conformidad del vino con las prácticas enológicas autorizadas por el Derecho de la Unión, sería casi imposible que dicha autoridad pudiera demostrar la responsabilidad del comerciante de vino cuando este último no sea conforme a dichas prácticas.

28      Ello podría tener como consecuencia que la persona que comercializa el producto que haya obtenido tal certificado no estaría obligada a realizar controles, que corresponderían exclusivamente a las autoridades nacionales.

29      Véanse los puntos 38 a 42 de las presentes conclusiones.