CELEX: 62017CC0479
Language: es
Date: 2019-05-16 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. Y. Bot, presentadas el 16 de mayo de 2019.

Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. YVES BOT
presentadas el 16 de mayo de 2019 (1)

Asunto C‑479/17 P

Guardian Europe Sàrl

contra

Unión Europea, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

Unión Europea, representada por la Comisión Europea

«Recurso de casación — Recurso de indemnización — Falta de resolución en un plazo razonable — Vulneración del principio de igualdad de trato — Requisitos de admisibilidad — Legitimación activa — Concepto de “empresa única” — Reparación del daño supuestamente sufrido por la recurrente — Responsabilidad extracontractual de la Unión como consecuencia de una sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea»

I.      Introducción

1.        Mediante sus respectivos recursos de casación, la Unión Europea (2) y Guardian Europe Sàrl (3) solicitan la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de junio de 2017, Guardian Europe/Unión Europea, (4) por la que este, por una parte, condenó a la Unión a pagar la cantidad de 654 523,43 euros a Guardian Europe en concepto de indemnización por el perjuicio material sufrido por dicha sociedad como consecuencia de la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, (5) y, por otra parte, desestimó el recurso en todo lo demás

2.        Tras su desistimiento parcial de 7 de enero de 2019, en el asunto Unión Europea/Guardian Europe (C‑447/17 P), la Unión, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solo mantiene actualmente el segundo motivo de su recurso de casación, por el que reprocha a la sentencia recurrida haber interpretado erróneamente, en el apartado 160, el concepto de «relación de causalidad», al considerar, en el apartado 161 de esta sentencia, que existe una relación de causalidad  suficientemente directa entre la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 y el perjuicio sufrido por Guardian Europe como consecuencia del pago de costes de garantía bancaria adicionales durante el período que excedió de dicho plazo razonable.

3.        Este segundo motivo, análogo al formulado por la Unión en los asuntos Unión Europea/Gascogne Sack Deutschland y Gascogne, (6) Unión Europea/Kendrion, (7) y Unión Europea/ASPLA y Armando Álvarez, (8) fue estimado por el Tribunal de Justicia mediante sus sentencias de 13 de diciembre de 2018.

4.        En estas circunstancias, mi examen de los recursos de casación, en la medida en que plantean cuestiones de Derecho nuevas, se limitará al interpuesto por Guardian Europe en el asunto Guardian Europe/Unión Europea (C‑479/17 P) y se centrará en los motivos primero y cuarto formulados por esta, relativos al concepto de «empresa única», (9) así como en el sexto motivo, relativo a la responsabilidad de la Unión como consecuencia de una sentencia dictada por el Tribunal General. No obstante, explicaré brevemente por qué, en mi opinión, procede rechazar los medios de defensa presentados en respuesta al cuarto motivo, dado que estos condicionan también el examen del sexto motivo.

5.        De este modo, expondré los motivos por los que considero que únicamente los motivos primero y cuarto son fundados, excepto en la medida en que critican la motivación de la sentencia recurrida relativa a la representación de Guardian Industries Corp. por Guardian Europe, lo cual da lugar, por consiguiente, a la anulación parcial de la sentencia recurrida.
II.    Hechos que originaron el litigio

6.        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de febrero de 2008, Guardian Industries y Guardian Europe interpusieron recurso contra la Decisión C(2007) 5791 final de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [101 TFUE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.165 — Vidrio plano). (10) En su escrito, estas solicitaban, fundamentalmente, la anulación parcial de esta Decisión en la medida en que les afectaba y la reducción de la multa que les había sido impuesta por esa Decisión.

7.        A raíz de que el Tribunal General desestimara dicho recurso mediante la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, Guardian Industries y Guardian Europe interpusieron recurso de casación contra esta resolución mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de diciembre de 2012.

8.        Mediante sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, (11) el Tribunal de Justicia, en primer lugar, anuló la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 en la medida en que esta sentencia desestimó el motivo basado en la vulneración del principio de no discriminación respecto al cálculo del importe de la multa impuesta con carácter solidario a Guardian Industries y a Guardian Europe y condenó en costas a estas últimas. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia anuló el artículo 2 de la Decisión C(2007) 5791 en la medida en que fijaba en 148 000 000 de euros el importe de la multa impuesta con carácter solidario a Guardian Industries y a Guardian Europe. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia fijó en la cantidad de 103 600 000 euros el importe de la multa impuesta solidariamente a Guardian Industries y a Guardian Europe por la infracción declarada en el artículo 1 de la Decisión  C(2007) 5791. En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación en todo lo demás.
III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

9.        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de noviembre de 2015, Guardian Europe interpuso un recurso basado en el artículo 268 TFUE y en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, contra la Unión, representada por la Comisión y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de obtener la reparación del perjuicio que dicha sociedad supuestamente sufrió como consecuencia, por una parte, de la duración excesiva del procedimiento ante el Tribunal General, en el marco del asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012,  y, por otra parte, de la vulneración del principio de igualdad de trato cometida por la Comisión en la Decisión C(2007) 5791 y por el Tribunal General en dicha sentencia.

10.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General decidió:
«1)      Condenar a la [Unión], representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pagar una indemnización de 654 523,43 euros a [Guardian Europe], por el perjuicio material sufrido por esta sociedad debido a la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el asunto que dio lugar a la sentencia [del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012]. Esta indemnización deberá reevaluarse añadiéndosele intereses compensatorios, a partir del 27 de julio de 2010 hasta la fecha de la presente sentencia, al tipo equivalente a la tasa de inflación anual declarada para dicho período por Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) en el Estado miembro en el que se encuentra domiciliada dicha sociedad.
2)      Se añadirán a la indemnización contemplada en el punto 1 intereses de demora, desde la fecha de la presente sentencia hasta la de su pago íntegro, al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en dos puntos porcentuales.
3)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
4)      Guardian Europe cargará con las costas de la Unión, representada por la Comisión Europea.
5)      Guardian Europe, por una parte, y la Unión, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por otra parte, cargarán con sus propias costas.»
IV.    Pretensiones de las partes

11.      Mediante su recurso de casación en el asunto Guardian Europe/Unión Europea (C‑479/17 P), Guardian Europe solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida en la medida en que el punto 3) del fallo desestimó parcialmente su pretensión indemnizatoria con arreglo al artículo 268 TFUE y al artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
–        Ordene a la Unión a compensar el perjuicio que sufrió como consecuencia del incumplimiento por el Tribunal General de las exigencias relativas a la observancia del plazo razonable de enjuiciamiento mediante el pago de los siguientes importes, incrementados, por una parte, por los intereses compensatorios devengados desde el 27 de julio de 2010 y hasta la fecha en que se dicte sentencia en este recurso de casación, con arreglo a la tasa de inflación anual declarada, para el período de que se trata, por Eurostat en el Estado miembro en el que se encuentra domiciliada Guardian Europe, y, por otra parte, por los intereses de demora devengados desde la fecha en que se dicte sentencia en este recurso de casación, al tipo fijado por el BCE para sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en dos puntos porcentuales:
–        1 388 000 euros en concepto de coste de oportunidad/lucro cesante;
–        143 675,78 euros en concepto de costes de garantía bancaria, y
–        una cantidad equivalente a un porcentaje adecuado de la multa impuesta a Guardian Europe en la Decisión C(2007) 5791 en concepto de daños morales.
–        Ordene a la Unión a compensar el perjuicio que sufrió como consecuencia de la vulneración del principio de igualdad de trato cometida por la Comisión y el Tribunal General, mediante el pago de los siguientes importes, incrementados, por una parte, por los intereses compensatorios devengados desde el 19 de noviembre de 2010 y hasta la fecha en que se dicte sentencia en este recurso de casación, con arreglo a la tasa de inflación anual declarada, para el período de que se trata, por Eurostat en el Estado miembro en el que se encuentra domiciliada Guardian Europe, y, por otra parte, por los intereses de demora devengados desde la fecha en que se dicte sentencia en este recurso de casación, al tipo fijado por el BCE para sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en dos puntos porcentuales:
–        7 712 000 euros en concepto de coste de oportunidad/lucro cesante, y
–        una cantidad equivalente a un porcentaje adecuado de la multa impuesta a Guardian Europe en la Decisión C(2007) 5791 en concepto de daños morales.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este último resuelva sobre las pretensiones anteriores.
–        Condene en costas a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

12.      La Unión, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a Guardian Europe.

13.      La Unión, representada por la Comisión, solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación en la medida en que se dirige contra la Comisión.
–        Condene a Guardian Europe a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión.

14.      La Unión, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se adhirió a la casación solicitando al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la resolución desestimatoria de la excepción de inadmisibilidad de la pretensión de reparación por el lucro cesante.
–        Declare la inadmisibilidad de la pretensión de reparación por el lucro cesante formulada por Guardian Europe.
–        Condene en costas a Guardian Europe.

15.      Guardian Europe solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime la adhesión a la casación.
–        Condene en costas a la Unión.
V.      Sobre los motivos primero, cuarto y sexto del recurso de casación principal y sobre el motivo único de la adhesión al recurso de casación

A.      Observaciones preliminares

16.      Es preciso subrayar, por una parte, que, debido a su objeto, a saber, el concepto de «empresa única», los motivos primero y cuarto deben, de entrada, examinarse conjuntamente, puesto que se refieren a la legitimación activa de Guardian Europe tanto en nombre de Guardian Industries como en relación con el perjuicio que invoca Guardian Europe. (12)

17.      Debe precisarse, por otra parte, que el análisis de la cuestión planteada por el sexto motivo del recurso de casación principal, relativa a los requisitos para que se genere la responsabilidad de la Unión (13) debido al contenido de una resolución dictada por el Tribunal General, depende del rechazo de la crítica de los motivos de la sentencia recurrida relativos a otras causas de inadmisión.

18.      En efecto, la Comisión opuso un argumento basado en la obligación que incumbe al Tribunal de Justicia de plantear de oficio un motivo basado en la prescripción de la pretensión de indemnización de Guardian Europe que trae causa de la vulneración del principio de igualdad de trato en la Decisión C(2007) 5791. (14) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante la adhesión al recurso de casación, considerada admisible, (15) sostuvo que el Tribunal General incurrió en error en la calificación jurídica de los hechos sometidos a su apreciación, en el apartado  64 de la sentencia recurrida, lo que le llevó a rechazar erróneamente, en el apartado 65 de dicha sentencia, la excepción de inadmisibilidad basada en el hecho de que la reparación del lucro cesante alegado cancelaría los efectos jurídicos de una resolución que ha adquirido firmeza. (16)

19.      Puesto que el objeto de estos motivos no justifica la formulación de observaciones detalladas en mis presentes conclusiones, expondré brevemente las razones por las que la sentencia recurrida, en la medida en que rechazó estas excepciones de inadmisibilidad, no debe ser anulada por el Tribunal de Justicia.

20.      Por lo que se refiere a la alegación de la Comisión basada en la prescripción de la pretensión de Guardian Europe, es preciso observar que la Comisión no se adhirió al recurso de casación contra la sentencia recurrida que rechaza esta excepción de inadmisibilidad que propuso. Esta circunstancia basta, a mi juicio, para no responder a la misma con arreglo a lo dispuesto en los artículos  174, 176 y 178 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Además, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia no examina de oficio un motivo basado en la prescripción, puesto que no se trata de un motivo de orden público. (17)

21.      En lo que atañe al motivo basado en el hecho de que la reparación del lucro cesante alegado cancelaría los efectos jurídicos de una resolución que ha adquirido firmeza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que la pretensión de Guardian Europe tendría el mismo efecto y el mismo objeto que el recurso de anulación que esta habría debido interponer para impugnar el importe del reembolso de la parte de la multa que pagó indebidamente, junto con los intereses correspondientes, para dar cumplimiento a la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión. (18) Este considera, en efecto, que esta pretensión tiene en realidad por objeto obtener una indemnización por la privación del disfrute de dicha cantidad a un tipo superior al aplicado por la Comisión.

22.      Consta que la pretensión de Guardian Europe tiene por objeto obtener la compensación por el lucro cesante relacionado con la diferencia entre, por una parte, los intereses reembolsados por la Comisión sobre la parte del importe de la multa que le fue devuelto y, por otra parte, los ingresos que habría podido obtener si, en lugar de pagar a la Comisión la cantidad finalmente declarada indebida por el Tribunal de Justicia, la recurrente la hubiera invertido en sus actividades. (19)

23.      En mi opinión, debido a su objeto, esta pretensión se distingue, como ha señalado acertadamente el Tribunal General, de la dirigida a obtener una indemnización por el perjuicio originado por el período de tiempo durante el cual la cantidad reembolsada no estaba disponible, (20) pretensión que ya se ha visto satisfecha por el pago de intereses de demora.

24.      En efecto, es preciso efectuar esta distinción, en la medida en que, por una parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el pago de intereses de demora constituye una medida de ejecución de la sentencia anulatoria, en el sentido del artículo 266 TFUE, párrafo primero, en la medida en que dicho pago tiene por objeto indemnizar a tanto alzado por la privación del disfrute de un crédito e incitar al deudor a ejecutar, lo antes posible, la sentencia anulatoria. (21)

25.      Por otra parte, el artículo 266 TFUE, párrafo segundo, prevé que la obligación de la institución de la que emana el acto anulado de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la propia sentencia, entre las que figura el pago de intereses de demora, se entiende sin perjuicio de la que pueda resultar de la aplicación del artículo  340 TFUE.

26.      El artículo 266 TFUE, párrafo segundo, refleja así el principio según el cual los intereses de demora no tienen como objetivo reparar la totalidad de los perjuicios que pueden haberse sufrido como consecuencia de la privación del disfrute de una cantidad indebidamente pagada.

27.      En estas circunstancias, considero que el recurso de indemnización basado en el artículo 340 TFUE, interpuesto por Guardian Europe, es admisible y que, en consecuencia, procede desestimar la adhesión a la casación.
B.      Sobre los motivos primero y cuarto del recurso de casación principal interpuesto por Guardian Europe

1.      Alegaciones de las partes

a)      Sobre el primer motivo

28.      En su primer motivo, Guardian Europe sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar el concepto de «empresa única» del Derecho de la Unión al concluir, en los apartados 153 y 154 de la sentencia recurrida, que la recurrente no sufrió ningún lucro cesante como consecuencia de la inobservancia por el Tribunal General del plazo razonable de enjuiciamiento.

29.      Precisamente, Guardian Europe critica la conclusión del Tribunal General que figura en los apartados 103 y 153 de la sentencia recurrida, según la cual, al no soportar personalmente la carga consistente en el pago de la multa, Guardian Europe no sufrió un perjuicio real y cierto, entre el 12 de febrero de 2010 y el 27 de septiembre de 2012, consistente en la diferencia entre, por una parte, los intereses satisfechos por la Comisión sobre la parte del importe de la multa finalmente declarada indebida por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, (22) y, por otra parte, los ingresos que hubiera podido obtener si, en lugar de pagar el importe en cuestión a la Comisión, lo hubiera invertido en sus actividades.

30.      Guardian Europe aduce, en primer lugar, que, en el marco del procedimiento administrativo que dio lugar a la Decisión C(2007) 5791, el grupo Guardian fue tratado como una «empresa única» en el sentido del Derecho de la Unión. Así, la multa impuesta a Guardian se calculó sobre la base del valor de las ventas de Guardian como «empresa» en su totalidad y no sobre la de Guardian Industries o de Guardian Europe, en la medida en que las ventas de esta última no eran pertinentes para el período en cuestión.

31.      Guardian Europe deduce de ello que el Tribunal General, al que se sometió el asunto a efectos de la apreciación de las consecuencias de la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco del recurso de anulación anterior, también debería haber considerado a Guardian como una «empresa única» en el sentido del Derecho de la Unión en el marco del recurso de responsabilidad extracontractual.

32.      Guardian Europe precisa a continuación, en primer término, que este concepto de «empresa única» está admitido ampliamente en Derecho de la Unión y que se aplica, en particular, en materia de protección de datos, de contratación pública y de fiscalidad.

33.      En segundo término, tras haber subrayado que era titular de la totalidad de las participaciones de las filiales operativas en cuestión, Guardian Europe precisa que el perjuicio sufrido por una sociedad de un grupo económico incide necesariamente en el beneficio de todo el grupo y en las decisiones de inversión que puedan adoptarse en el seno del mismo. En el caso del grupo Guardian, Guardian Europe era el principal destinatario de la Decisión C(2007) 5791 contra la que interpuso un recurso conjuntamente con su sociedad matriz, Guardian Industries. Puesto que Guardian Europe sufrió los efectos de la reducción de los recursos destinados a la inversión en Europa como consecuencia de la multa impuesta por la Comisión, formuló la pretensión de indemnización en su nombre y en nombre del grupo.

34.      Guardian Europe solicita, por último, que, en caso de anulación de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia decida él mismo el importe de la indemnización reclamada.

35.      En su escrito de contestación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que el Tribunal General declaró, acertadamente, en los apartados 153 y 154 de la sentencia recurrida, que Guardian Europe no sufrió ningún perjuicio real y cierto derivado de un lucro cesante.

36.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comienza sosteniendo que el concepto de «empresa única» que se aplica en el Derecho de la competencia, con objeto de determinar el importe de una multa, no es aplicable en el caso de una pretensión de indemnización basada en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.

37.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea precisa, a continuación, que una persona física o jurídica únicamente dispondrá del derecho a interponer un recurso de indemnización contra la Unión si puede invocar ante un tribunal bien un interés propio, bien un derecho a indemnización cedido por un tercero. Al no haber demostrado la recurrente que tenía algún tipo de  interés en ejercitar la acción, procede desestimar el recurso de indemnización. (23)

38.      Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que Guardian Europe es una persona jurídica distinta de cada de sus filiales, así como de su sociedad matriz, Guardian Industries. Deduce de ello que Guardian Europe tan solo podía interponer un recurso de indemnización por el perjuicio que había efectivamente sufrido, al no haber cedido sus derechos a indemnización ni la sociedad matriz ni las siete filiales.

39.      En su escrito de réplica, Guardian Europe alega que la jurisprudencia citada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en apoyo de su alegación no permite afirmar que el hecho de pertenecer a un mismo grupo económico no es suficiente para justificar el interés en ejercitar la acción en el marco de un recurso de indemnización con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo.

40.      La recurrente subraya, en este sentido, que no se desprende de la sentencia de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady/CEE, (24) que versaba sobre la cesión de una pretensión de indemnización a raíz de la reestructuración de un grupo, que se exigiese una prueba de dicha cesión, la cual podía haber sido informal o implícita. Además, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no indicó que dicha cesión fuera necesaria en el contexto de un grupo económico.

41.      Guardian Europe rebate asimismo la alegación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual la única persona que ha sufrido un perjuicio es la persona jurídica que ha pagado la multa impuesta en la Decisión C(2007) 5791. A este respecto, la recurrente aduce que sufrió un perjuicio, por una parte, puesto que era la principal destinataria de esta Decisión y, por otra parte, debido al hecho de que el grupo Guardian tuvo que desviar una parte importante de sus recursos europeos para pagar la multa, modificando así su capacidad de inversión para apoyar y desarrollar sus actividades europeas. (25)

42.      En su escrito de dúplica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene nuevamente que la jurisprudencia que ha citado confirma que solo una persona, física o jurídica, que tenga un interés personal en ejercitar la acción está legitimada para interponer un recurso de indemnización. Aunque es posible ceder la causa de su acción, situación en la que el cesionario puede, por lo tanto, interponer el recurso en su nombre, no existe sin embargo ninguna otra circunstancia en la que el Tribunal de Justicia haya admitido que un particular tiene derecho a interponer un recurso relativo a un perjuicio sufrido por otro particular. Puesto que Guardian Industries, Guardian Europe y sus filiales son sociedades distintas, ninguna de estas sociedades tiene derecho a interponer un recurso de indemnización en nombre de alguna de las demás sociedades como consecuencia del perjuicio sufrido por esta última si no existe una cesión de tal derecho.

43.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea añade que, según esta jurisprudencia, el hecho de que una sociedad pertenezca a un grupo económico no confiere automáticamente a una persona jurídica un interés personal en ejercitar una acción en el marco de un recurso en el que otra persona jurídica perteneciente al mismo grupo económico tiene un interés personal.

44.      Por lo que se refiere a la alegación de Guardian Europe según la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraría, en el punto 10 de su escrito de contestación, que la persona que ha sufrido un perjuicio es la persona jurídica que ha pagado la multa impuesta en la Decisión C(2007) 5791, esta parte recurrida recuerda que el Tribunal General declaró, en los apartados  103 y 153 de la sentencia recurrida, que, al no soportar personalmente la carga consistente en el pago de la multa, Guardian Europe no podía aducir haber sufrido un perjuicio real y cierto en forma de lucro cesante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que Guardian Europe no demuestra que esta constatación del Tribunal General es contraria a Derecho.
b)      Sobre el cuarto motivo

45.      En su cuarto motivo, Guardian Europe reprocha a la sentencia recurrida no haber aplicado, en los apartados 99 a 107, el concepto de «empresa única» del Derecho de la Unión, al declarar que la vulneración del principio de igualdad de trato en la Decisión C(2007) 5791 y en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012,  no causó un lucro cesante a Guardian Europe.

46.      Guardian Europe precisó que las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo son idénticas a las del primer motivo.

47.      La recurrente recordó que su recurso de indemnización traía causa de la sentencia del Tribunal de Justicia que constató el error de la Comisión al calcular las multas en su Decisión C(2007) 5791, así como de su persistencia como consecuencia de la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012.

48.      Guardian Europe defiende que, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, el Tribunal General decidió erróneamente que ella «no [había soportado] personalmente la carga consistente en el pago de la multa impuesta por la Decisión C(2007) 5791» y «en consecuencia, [...] no puede sostener que ha sufrido un perjuicio real y cierto». Al considerar que la vulneración del principio de igualdad de trato que resulta de la Decisión C(2007) 5791 y de la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 dio lugar al pago de una multa superior a la que le habría correspondido pagar, lo que le impidió disponer en un momento anterior de los importes indebidamente pagados, Guardian Europe evalúa su perjuicio en 7 712 000 euros y solicita al Tribunal de Justicia que decida él mismo el importe de la indemnización que se le adeuda tomando en consideración el importe de la indemnización reclamada en el marco del primer motivo.

49.      En su escrito de contestación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que procede desestimar este motivo por las mismas razones que justifican la desestimación del primer motivo.

50.      En su escrito de contestación, la Comisión alega, con carácter principal, que la pretensión de Guardian Europe es inadmisible por dos motivos, uno principal y otro subsidiario. (26)

51.      Con carácter subsidiario, la Comisión solicita, primeramente, en caso de admisibilidad de las pretensiones de Guardian Europe, la confirmación de la resolución desestimatoria del Tribunal de Justicia basada en la falta de perjuicio de la recurrente derivado del pago provisional de la multa. La Comisión afirma que la recurrente, Guardian Europe, no fue considerada como empresa única en el sentido del Derecho de la Unión en la Decisión C(2007) 5791 a efectos de la determinación de la multa, puesto que solo las entidades con personalidad jurídica propia pueden considerarse personalmente responsables de infracciones. (27)

52.      A continuación, si no obstante debiera admitirse que Guardian Europe puede invocar un perjuicio, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que confirme la apreciación del Tribunal General contenida en el apartado 107 de la sentencia recurrida, según la cual el lucro cesante que Guardian Europe sostiene haber sufrido como consecuencia de una supuesta vulneración suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato cometida en la Decisión C(2007) 5791 no ha quedado demostrado. Alega que, en la medida en que Guardian Europe no efectuó ventas cautivas, la aplicación de un método de cálculo de las multas que incluyese tales ventas no habría modificado en absoluto el importe de su multa. En realidad, este método de cálculo solo tuvo como resultado un incremento de las multas impuestas a los demás destinatarios. En consecuencia, el error de la Comisión permitió a la recurrente obtener una reducción de su multa de la que no habría podido beneficiarse de otro modo.

53.      Por último, si debiera estimarse el motivo formulado por Guardian Europe, la Comisión alega que no se cumplen las condiciones para permitir que el Tribunal de Justicia aprecie el importe de la indemnización que habría de pagarse a la recurrente.

54.      En su escrito de réplica, Guardian Europe subraya, respondiendo a la alegación de la Comisión según la cual Guardian Europe no fue considerada como empresa única en el sentido del Derecho de la Unión en la Decisión C(2007) 5791 a efectos de la determinación de la multa, que la identificación de la persona jurídica responsable de la infracción se efectúa antes de la fijación de la multa. De este modo, cuando la Comisión fija la multa, tiene en cuenta el volumen de negocios del conjunto del grupo económico. En el presente asunto, ha tenido en cuenta el valor de las ventas efectuadas por el grupo Guardian.

55.      En respuesta a la alegación de la Comisión relativa a la realidad de su perjuicio, Guardian Europe afirma que la Comisión describe de manera inexacta el resultado de la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión, (28) así como su motivación. Pues bien, esta no puede formular nuevamente las alegaciones examinadas en el marco del recurso de anulación. Esta  sociedad señala, más concretamente, que la alegación basada en el método de cálculo fue rechazada por el Tribunal de Justicia en los apartados  70 y 71 de dicha sentencia.

56.      En respuesta a la alegación de la Comisión relativa a la necesidad de una apreciación de los elementos de prueba aportados por esta, Guardian Europe indica que la Comisión no puede oponer por primera vez ante el Tribunal de Justicia la insuficiencia probatoria que ella invoca.
2.      Apreciación

a)      Sobre la inadmisibilidad parcial del cuarto motivo formulado de oficio

57.      Guardian Europe reprocha al Tribunal General haber obviado, en los apartados 99 a 107 de la sentencia recurrida, el concepto de «empresa única» del Derecho de la Unión, al declarar que la vulneración del principio de igualdad de trato en la Decisión C(2007) 5791 y en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012  no causó un lucro cesante a Guardian Europe.

58.      Sin embargo, la pretensión de indemnización de los perjuicios supuestamente sufridos por Guardian Europe, incluido el lucro cesante, como consecuencia de la vulneración de dicho principio en la citada sentencia fue desestimada en los apartados 122 a 125 de la sentencia recurrida, por diferentes motivos, criticados en el sexto motivo.

59.      En consecuencia, este motivo es admisible únicamente en cuanto se refiere a la Decisión C(2007) 5791.
b)      Sobre el fondo

60.      Mediante el primer motivo y el cuarto motivo parcialmente admisible, Guardian Europe solicita, fundamentalmente, al Tribunal de Justicia, que se pronuncie sobre su legitimación activa y su interés en ejercitar la acción, cualidades que están relacionadas en el marco del recurso de indemnización basado en el artículo 340 TFUE, interpuesto por esta. (29)

61.      Consta que, tras la multa impuesta solidariamente a Guardian Industries y a Guardian Europe, se pagaron una serie de cantidades directamente a la Comisión. En marzo de 2008, Guardian Industries y Guardian Europe pagaron, respectivamente, las cantidades de 20 000 000 euros y de 91 000 000 de euros. En julio de 2013, cada una de las siete filiales operativas de Guardian Europe pagaron una parte de la cantidad de 48 263 003 euros, correspondiente al importe que aún se debía a la Comisión y que era objeto de la garantía bancaria constituida por Guardian Europe, junto con los intereses de demora.

62.      Por lo tanto, conviene distinguir la cuestión de la admisibilidad en la medida en que se refiere a la pretensión formulada por Guardian Europe bien en cuanto a la parte de la indemnización pagada directamente a la Comisión por ella misma y por sus filiales, o bien en relación con la parte pagada por Guardian Industries. Si bien estas cuestiones traen causa del examen sobre el fondo de la pretensión por el Tribunal General y estas dependen estrechamente del mismo en materia de recurso de responsabilidad extracontractual, me parece oportuno, en cuanto se refieren a la legitimación activa de Guardian Europe, comenzar examinándolas para determinar los límites del litigio.

63.      Guardian Europe invoca el hecho de que el recurso de indemnización que ha interpuesto sigue la estela de un procedimiento de infracción del Derecho de la competencia que recurrió al concepto de «empresa única».

64.      La dificultad reside en que este concepto sirve para designar al autor de la infracción, (30) con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación. (31)

65.      En consecuencia, la cuestión que se plantea es qué persona jurídica tiene legitimación activa e interés en ejercitar la acción en nombre de la entidad jurídica que ha sido sancionada y ha pagado la multa para solicitar la reparación del perjuicio causado por la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento.

66.      En primer lugar, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha subrayado la particularidad de este concepto de «empresa única» en el contexto del Derecho de la competencia, (32) distinguiéndolo expresamente del concepto de «sociedad» o de «persona jurídica» de Derecho civil.

67.      De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que «el concepto de empresa ha sido precisado por el juez de la Unión y designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas». (33)

68.      En segundo lugar, en el marco de los recursos de indemnización basados en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, hasta la fecha aún no se ha establecido ninguna excepción al principio según el cual el demandante debe demostrar un interés en ejercitar la acción, a saber, que ha sufrido un perjuicio. (34)

69.      Ciertamente, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General se han pronunciado en circunstancias diferentes de las del presente recurso. Por lo que se refiere a las sentencias citadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para alegar la falta de interés en ejercitar la acción de Guardian Europe, es preciso subrayar que estas se dictaron en casos en los que el demandante actuó para obtener la reparación de un perjuicio que no habría sufrido directamente, (35) o sin disponer de un poder para ejercitar una acción ante los tribunales, (36) o en nombre de una asociación profesional (37) o incluso a raíz de una cesión de derechos. (38)

70.      De lo anterior se desprende, no obstante, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en primer término, una persona únicamente dispondrá del derecho a ejercitar una acción judicial en virtud del artículo 340 TFUE si puede invocar ante un tribunal bien un especial interés propio, bien un derecho a indemnización que le ha sido cedido por un tercero.

71.      En segundo término, es preciso verificar que el perjuicio cuya reparación solicita el demandante le ha sido causado personalmente. (39)

72.      En tercer término, si el demandante debe poder hacer valer un derecho a indemnización que le ha sido cedido por un tercero, esta exigencia implica que se aporte un acto jurídico específico de cesión entre la persona que ha sufrido el perjuicio alegado y el demandante (lo que significa que el primero ha transferido su derecho al segundo) o un poder legal explícito para ejercitar una acción que ha sido expresamente otorgado por la persona que ha sufrido el daño. (40)

73.      Estos principios se derivan directamente de las condiciones en las que cabe ejercitar el recurso de indemnización, que es una acción de Derecho general (41) regulada por normas generales de procedimiento, sujetas, en el presente asunto, a los principios basados en el Derecho de sociedades, independientes de la lógica de la responsabilidad a la luz de la legislación sobre prácticas restrictivas de la competencia.

74.      En el presente asunto, el recurso de indemnización interpuesto por Guardian Europe se basa en parte en la multa impuesta a Guardian Industries. Puesto que el Tribunal General ha constatado (42) la inexistencia de una cesión de los derechos de esta o de un poder explícito para ejercitar una acción presentado por Guardian Europe, la pretensión de esta última es parcialmente inadmisible.

75.      Por lo que se refiere a la pretensión de Guardian Europe relativa a las cantidades pagadas a la Comisión por ella misma y por sus filiales, es preciso recordar que estas fueron pagadas para dar cumplimiento a una multa impuesta a Guardian Industries y a Guardian Europe, que solo estas podían impugnar. Por lo tanto, tan solo estas dos sociedades podían solicitar la reparación de un perjuicio sufrido como consecuencia del incumplimiento de los plazos razonables de enjuiciamiento o de la vulneración del principio de igualdad de trato.

76.      En estas circunstancias, no cabe duda de que el pago de las cantidades adeudadas a la Comisión por Guardian Europe constituye un especial interés en la indemnización solicitada, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que acabo de recordar.

77.      No me parece que este análisis pueda ser cuestionado por la constatación de la contribución de las filiales de Guardian Europe al pago de la multa por esta indirecta o directamente a la Comisión.

78.      En efecto, el Tribunal General constató, en el apartado 101 de la sentencia recurrida, sobre la base de los documentos justificativos que había solicitado, (43) que esta contribución de las filiales efectuada en marzo de 2008 resultaba de los acuerdos de financiación celebrados con Guardian Europe, su sociedad matriz. En el apartado 102 de esta sentencia señaló que estas cantidades fueron pagadas directamente por las siete filiales de Guardian Europe a la Comisión.

79.      No obstante, por una parte, la contribución a la deuda no debe confundirse con el pago de la misma. Por otra parte, si bien es cierto que el Tribunal General indicó que Guardian Europe afirmaba que «todas las cantidades fueron pagadas por entidades pertenecientes a la empresa Guardian» (44) en el sentido de la Decisión C(2007) 5791, este no extrajo las consecuencias jurídicas de sus apreciaciones sobre los acuerdos celebrados entre Guardian Europe y sus filiales. Además, aunque esta invocó el concepto de «empresa única», también había afirmado que controlaba estas filiales en un 100 %. Pues bien, este hecho refuerza el carácter inoperante de cualquier investigación sobre la contribución a la deuda, puesto que el empobrecimiento de las filiales constituye un riesgo económico soportado por la sociedad de las que estas dependen totalmente. (45)

80.      En otras palabras, el reconocimiento de un interés particular en ejercitar la acción de las filiales que han pagado directamente una parte de la multa a la Comisión supondría que dicha sanción se les haya impuesto solidariamente y, a fortiori, que estas no hayan efectuado el pago de la misma a petición de la sociedad matriz.

81.      Sin embargo, en el marco del procedimiento pendiente, el hecho de la contribución de las filiales al pago de una parte de la multa no está totalmente desprovisto de pertinencia. Considero que este debe tomarse en consideración al examinar el fondo de la pretensión de reparación del perjuicio invocado por Guardian Europe, en la medida en que esta debe demostrar la realidad del perjuicio y el alcance de las consecuencias del lucro cesante alegado en relación con la actividad de sus filiales. A este respecto, soy de la opinión de que el cálculo del coste medio ponderado del capital que Guardian Europe sometió a la apreciación del Tribunal General (46) no es satisfactorio a la luz de estos requisitos probatorios. En efecto, debido a la naturaleza del perjuicio alegado por Guardian Europe, aunque este cálculo del coste medio ponderado del capital constituye un valor de referencia para los inversores, no tiene como fin, a mi juicio, justificar un lucro cesante relacionado con las perspectivas económicas y financieras de la empresa.

82.      Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, cabe concluir, por una parte, que al señalar que la recurrente no soportó personalmente la carga consistente en el pago de la multa, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho que debe dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida en este punto.

83.      Por otra parte, puesto que no se dispone de datos suficientes, el Tribunal de Justicia deberá devolver esta parte del asunto al Tribunal General para que esta aprecie tanto la realidad del daño como la relación de causalidad del mismo con las vulneraciones alegadas. (47)
C.      Sobre el segundo motivo

1.      Alegaciones de las partes

84.      En su sexto motivo, Guardian Europe sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en los apartados 122 a 125 de la sentencia recurrida, en respuesta a su pretensión de reparación de los perjuicios sufridos como consecuencia de una supuesta vulneración suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato cometida en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012,  a la luz de una jurisprudencia reiterada relativa a la obligación de tener en cuenta las ventas internas. Este consideró erróneamente que solo una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional de última instancia puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión como consecuencia de una violación de su Derecho.

85.      Guardian Europe alega, en primer lugar, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no excluye expresamente la posibilidad de que una decisión de un órgano jurisdiccional inferior pueda dar lugar a un recurso de indemnización por violación del Derecho de la Unión. Esta se basa, a este respecto, en la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, (48) y sostiene que la sentencia de 6 de octubre de 2015, Târşia, (49) citada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (50) no puede justificar la opinión contraria expresada por este último.

86.      En segundo lugar, con carácter subsidiario, Guardian Europe afirma que, en el supuesto de que únicamente una decisión dictada en última instancia pueda generar la responsabilidad de la Unión por violación del Derecho de la Unión, la especialización del Tribunal General en la materia debería justificar un régimen de responsabilidad específico.

87.      En tercer lugar, Guardian Europe señala que, en la medida en que el Tribunal de Justicia no puede cometer por definición una violación del Derecho de la Unión en una sentencia, el apartado 122 de la sentencia recurrida tendría como consecuencia que los órganos jurisdiccionales de la Unión nunca lleguen a ser considerados responsables de una violación del Derecho de la Unión.

88.      Por otra parte, Guardian Europe reprocha al Tribunal General haber considerado en el apartado 124 de la sentencia recurrida que ella no había alegado anomalías de funcionamiento jurisdiccionales graves, en particular de índole procesal o administrativa.

89.      La recurrente rebate esta apreciación alegando que en sus escritos presentados ante el Tribunal General no solo señaló los errores cometidos por este, sino también, como anomalía de funcionamiento, el hecho de que el Tribunal General no había analizado la jurisprudencia reiterada existente que exigía incluir las ventas cautivas para calcular las multas de los demás participantes en el cártel, ya que, de otro modo, se concedería una ventaja indebida a los productores integrados verticalmente.

90.      Guardian Europe solicita al Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la sentencia recurrida en estos puntos, que declare que la responsabilidad de la Unión se deriva de la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012.

91.      En su escrito de contestación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende que el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 122 de la sentencia recurrida, que no se genera la responsabilidad de la Unión por el contenido de una resolución judicial que no ha sido dictada por un órgano jurisdiccional de la Unión que resuelve en última instancia y que, en consecuencia, era recurrible en casación.

92.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea destaca que de las sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, (51) y de 6 de octubre de 2015, Târşia, (52) así como de la sentencia de 15 de marzo de 2017, Aquino, (53) se desprende que la responsabilidad extracontractual de un Estado miembro únicamente puede generarse como consecuencia de una decisión dictada por un órgano jurisdiccional que se pronuncie en última instancia. En consecuencia, no cabe dirigir ninguna pretensión de responsabilidad extracontractual contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto institución por una sentencia que no ha sido dictada en última instancia, puesto que ha podido ser objeto de una rectificación a través del ejercicio de las vías de recurso.

93.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea rebate asimismo la afirmación de la recurrente según la cual la pretensión de esta mencionaba la existencia de anomalías graves del funcionamiento jurisdiccional. En efecto, la vulneración reprochada por la recurrente se refería al contenido de la sentencia que fue corregido en la fase de casación ante el Tribunal de Justicia.
2.      Apreciación

94.      Antes de nada, es preciso indicar, por una parte, que la pretensión de indemnización de Guardian Europe se basa en los fundamentos de Derecho de la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012 que figuran en los apartados 104 a 106, relativos a la observancia por la Comisión del principio de no discriminación. En efecto, estos fundamentos de Derecho fueron criticados por Guardian Industries y por Guardian Europe en su recurso de casación de 10 de diciembre de 2012 mediante un motivo que fue estimado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión. (54)

95.      Por otra parte, de la motivación de esta sentencia se deduce que el Tribunal de Justicia anuló la decisión del Tribunal General en este punto argumentando que este obvió principios jurisprudenciales consolidados. (55) En consecuencia, consideró que no era necesario pronunciarse sobre la imputación basada en la falta de motivación de esta resolución, invocada por Guardian Europe. (56)

96.      En estas circunstancias, mediante el sexto motivo de su recurso de casación, Guardian Europe reprocha a la sentencia recurrida haber considerado, en los apartados 122 y 123, que no se genera la responsabilidad de la Unión por el error cometido por el Tribunal General, puesto que fue corregido por el Tribunal de Justicia como consecuencia del ejercicio de las vías de recurso.

97.      De este modo, se solicita fundamentalmente al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las condiciones de aplicación del principio de reparación por la Unión de los daños causados por una de sus instituciones, previsto en el artículo 340 TFUE, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La pretensión de Guardian Europe presenta un carácter inédito en la medida en que no se refiere a las condiciones en las que estas funciones han sido ejercidas por uno de los órganos jurisdiccionales de la Unión, sino a su resultado, es decir, al contenido de una decisión dictada por este. (57)

98.      En efecto, en lo que atañe a las condiciones en las que se ejerce la actividad jurisdiccional, en particular en caso de incumplimiento del plazo de enjuiciamiento razonable, el Tribunal de Justicia declaró que el recurso de indemnización es «un remedio efectivo y de aplicación general para alegar y sancionar tal violación». (58) El régimen de responsabilidad aplicable se basa en una responsabilidad objetiva que se deriva de la constatación de un plazo excesivo de enjuiciamiento habida cuenta de las características de un asunto. (59)

99.      En cuanto a la función del juez, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ha examinado el caso de la responsabilidad generada como consecuencia de una violación del Derecho de la Unión cometida por un órgano jurisdiccional, este únicamente se refería a órganos jurisdiccionales nacionales. (60) De este modo, el presente recurso de casación lleva al Tribunal de Justicia a tener que definir a partir de ahora las condiciones en las que puede generarse la responsabilidad de la Unión cuando una violación de este tipo trae causa de una sentencia del Tribunal General.

100. En el apartado 123 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que el ejercicio del derecho a recurrir que se ofreció a la recurrente, a saber, el recurso de casación, permitió corregir el error cometido en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012. Tal como se desprende de los apartados 122 y 124 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se inclinó por un principio de responsabilidad que no se basaba en la apreciación del origen de la deficiencia del acto judicial, sino en la del buen funcionamiento del sistema judicial, cuya organización tiene precisamente como objetivo corregir los errores resultantes de las sentencias dictadas en primera instancia.

101. En mi opinión, tal concepción del modo en que se genera la responsabilidad de la Unión como consecuencia de la actividad jurisdiccional, que lleva a investigar si se han utilizado las vías de recurso y si estas han permitido garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, puede deducirse claramente de la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová. (61)

102. En efecto, precisamente, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión de en qué condiciones el Estado miembro de que se trate puede ser considerado responsable como consecuencia de una violación del Derecho de la Unión derivada de una resolución judicial dictada por un órgano jurisdiccional que no es un órgano jurisdiccional supremo. (62)

103. Antes de nada, el Tribunal de Justicia recordó que el principio de la responsabilidad del Estado por daños causados a los particulares por violaciones del Derecho de la Unión que le son imputables, que rige en cualquier supuesto de violación independientemente de cuál sea la autoridad pública responsable de la misma, es también aplicable, en determinadas circunstancias, cuando la violación en cuestión se deriva de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia. (63)

104. A continuación, el Tribunal de Justicia instó al órgano jurisdiccional remitente a comprobar si las resoluciones controvertidas del Okresný súd Prešov (Tribunal Comarcal de Prešov, Eslovaquia) habían sido dictadas en última instancia. (64)

105. Por último, el Tribunal de Justicia declaró que «solo puede generarse la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la Unión provocada por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuando esta resolución proceda de un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que resuelva en última instancia [...]» (65)

106. De este modo, a mi parecer, la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová, (66) despeja las dudas sobre el alcance de las sentencias citadas por las partes que únicamente se referían a decisiones dictadas por órganos jurisdiccionales supremos, en particular la sentencia de 30 septiembre de 2003, Köbler, (67) que previó que «el principio según el cual los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho comunitario que les sean imputables también se aplica cuando la violación de que se trate se deba a una resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, si la norma de Derecho comunitario vulnerada tiene por objeto conferir derechos a los particulares, si la violación está suficientemente caracterizada y si existe una relación de causalidad directa entre dicha violación y el daño sufrido por las personas perjudicadas. Para determinar si la violación está suficientemente caracterizada cuando se derive de una resolución de ese tipo, el juez nacional competente debe examinar, habida cuenta de la especificidad de la función jurisdiccional, si dicha violación presenta un carácter manifiesto». (68)

107. Si bien es cierto que el alcance de la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, (69) fue precisado en la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, (70) la redacción del apartado 36 de esta última sentencia aún podía suscitar dudas, (71) especialmente debido a la reformulación efectuada por el Tribunal de Justicia de la cuestión prejudicial que tenía por objeto la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales como consecuencia de su actividad jurisdiccional, con independencia de si resuelven o no en última instancia. (72)

108. El principio del agotamiento previo de las vías jurídicas de recurso que la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová, (73) precisa para limitar el nacimiento de la responsabilidad de un Estado miembro a aquellos casos en los que correspondía al órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia velar por la aplicación del Derecho de la Unión y, en su caso, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de duda, con arreglo al artículo 267 TFUE, se basa en la apreciación de la «función esencial que desempeña el poder judicial en la protección de los derechos que los particulares deducen de las normas de la Unión y de la circunstancia de que un órgano jurisdiccional que resuelve en última instancia constituye por definición el último órgano ante el cual los particulares pueden hacer valer los derechos que les reconoce ese ordenamiento». (74)

109. Este principio, basado en la existencia de vías de recurso, también está adaptado a la especificidad de la actividad jurisdiccional y a las exigencias legítimas de la seguridad jurídica que llevan a fijar límites al nacimiento de la responsabilidad derivada del contenido de una resolución judicial. (75)

110. En consecuencia, dado que la organización de las vías de recurso tiende a proteger los derechos que las normas jurídicas, en particular del Derecho de la Unión, conceden a los particulares, el ejercicio del recurso jurisdiccional constituye el modo adecuado de reparación del error cometido por un órgano jurisdiccional de primera instancia. (76) En otras palabras, es importante diferenciar la eliminación del error, que toda parte que inicia un proceso debe poder solicitar, de la reparación de una violación de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión que ya no puede corregirse o ser objeto de una «rectificación», (77) debido a la deficiencia del ejercicio de las vías de recurso, que es la única que puede servir de fundamento para interponer un recurso de indemnización. (78)

111. ¿Debe limitarse dicho principio exclusivamente al nacimiento de la responsabilidad de los Estados miembros en caso de violación del Derecho de la Unión? En otras palabras, ¿justifican el establecimiento de una excepción al mismo la especialización del Tribunal General y la arquitectura del ordenamiento jurídico de la Unión, que se define en el artículo 19 TUE, apartado 1, según el cual el Tribunal General garantizará junto con el Tribunal de Justicia el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados?

112. En mi opinión, no. En efecto, aunque en el sistema jurisdiccional creado por los Tratados, destinado a garantizar la coherencia y la unidad en la interpretación del Derecho de la Unión, (79) el Tribunal General contribuye a la plena aplicación del Derecho de la Unión y a la tutela judicial efectiva que este Derecho confiere a los justiciables, (80) la propia existencia de la facultad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia con objeto de que se anulen sus decisiones como consecuencia de la violación del Derecho de la Unión basta para equiparar este órgano jurisdiccional a cualquier otro órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no resuelva en última instancia. (81)

113. En efecto, al igual que los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal General resuelve «en primera línea», (82) dado que su cometido es pronunciarse sobre las nuevas cuestiones del Derecho de la Unión, las cuales le son sometidas en primer lugar, o adaptar las soluciones elegidas por el Tribunal de Justicia a diferentes situaciones.

114. Sin embargo, la diferencia principal resultante de la comparación con los sistemas nacionales es que el Tribunal General no dispone de un mecanismo equivalente a la remisión prejudicial en caso de que se presenten problemas inéditos o dudas sobre el alcance de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pues bien, este elemento ha sido decisivo a la hora de crear el régimen de responsabilidad de los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia, a los que incumbe el deber de plantear una remisión prejudicial. (83) El Tribunal de Justicia incluso ha calificado este procedimiento de remisión prejudicial de «piedra angular del sistema jurisdiccional» de la Unión. (84) Así, este procedimiento especial justifica, en parte, que no exista un paralelismo absoluto entre el régimen de responsabilidad de los Estados miembros y el propio de la Unión. (85)

115. Este hecho conduce asimismo a tener que hacer hincapié en la dificultad de apreciación de una violación del Derecho de la Unión por el Tribunal General que tiene lugar a pesar de la existencia de una jurisprudencia consolidada en la materia. En efecto, la no aplicación de una jurisprudencia reiterada puede traer causa de la constatación de circunstancias de hecho diferentes, de divergencias de apreciación o incluso de la necesidad de proponer una evolución de esta jurisprudencia reiterada, aun cuando ello no se desprenda explícitamente de la resolución modificada.

116. Esta libertad de apreciación, que constituye la propia función del juez (86) y la dinámica de la jurisprudencia, se halla delimitada por el deber de motivación, que deberá ser más estricto cuando se plantee un cambio de orientación, con independencia del grado en el que resuelva el órgano jurisdiccional. Esta justifica, fundamentalmente, que no se modifiquen las condiciones en que se genera la responsabilidad como consecuencia del ejercicio de las funciones jurisdiccionales por un órgano jurisdiccional que no resuelva en última instancia, aun cuando, a posteriori, el órgano jurisdiccional de instancia superior anule la resolución debido a un error de Derecho. (87)

117. Cuestionar este planteamiento llevaría a establecer un derecho adquirido a una jurisprudencia reiterada, lo que sería contrario al principio enunciado, en particular, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (88)

118. En consecuencia, al igual que numerosos regímenes nacionales de responsabilidad generada por la actividad jurisdiccional, (89) no conviene apartarse del razonamiento basado en la existencia de vías de recurso, estrechamente relacionado con el cumplimiento de los plazos razonables de enjuiciamiento. A este respecto, considero que es precisamente el plazo en el que se dictó la resolución modificada y, en su caso, la violación del Derecho de la Unión que fue corregida, lo que constituye el hecho generador de la responsabilidad y no el error de Derecho cometido.

119. En estas circunstancias y habida cuenta del objeto del recurso de casación, considero que es inoperante la alegación formulada por Guardian Europe que lleva a que el régimen de responsabilidad de la Unión por las sentencias dictadas por el Tribunal General dependa de la determinación de las condiciones en las que este régimen resulta o no aplicable al Tribunal de Justicia, responsable del control jurisdiccional, cuando el resultado de las vías de recurso no sea favorable a la parte que ha recurrido a las mismas. (90)

120. En cuanto a la última crítica formulada por Guardian Europe relativa al apartado 124 de la sentencia recurrida, considero que el Tribunal General declaró, acertadamente, que es preciso hacer una salvedad en aquellos casos en los que se demuestre que la protección de los derechos que los particulares deducen de las normas del Derecho de la Unión se produce finalmente en condiciones que le hayan causado un perjuicio. Esto puede ocurrir, como ya he señalado, en caso de duración excesiva del procedimiento (91) o de cualquier otra anomalía de funcionamiento de la organización judicial que, por ejemplo, haya impedido el ejercicio de las vías de recurso. Debe tratarse necesariamente de una anomalía de funcionamiento objetiva, puesto que, en caso de resolución contra la que quepa interponer recurso, los incumplimientos graves de las funciones del juez, que generan un riesgo que el justiciable no puede esperarse razonablemente, constituyen motivos de anulación de la resolución que adolece de irregularidad. (92)

121. En el presente asunto, Guardian Europe únicamente ha invocado, en apoyo de su pretensión de indemnización, el desconocimiento manifiesto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que, por los motivos expuestos supra, no basta para caracterizar una anomalía de funcionamiento. En consecuencia, procede rechazar la crítica de Guardian Europe de la apreciación del Tribunal General contenida en el apartado 124 de la sentencia recurrida.

122. De lo anterior se desprende que procede desestimar el sexto motivo.
VI.    Costas

123. Al haberse devuelto el asunto ante el Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.
VII. Conclusión

124. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:
1)      Anular parcialmente la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de junio de 2017, Guardian Europe/Unión Europea (T‑673/15, EU:T:2017:377), en la medida en que el Tribunal General desestimó el recurso de Guardian Europe Sàrl al concluir que esta no había sufrido ningún lucro cesante como consecuencia del incumplimiento por el Tribunal General del plazo razonable de enjuiciamiento y de la vulneración del principio de igualdad de trato en la Decisión C(2007) 5791 final de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [101 TFUE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/39.165 — Vidrio plano).
2)      Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)      Desestimar la adhesión a la casación.
4)      Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.
5)      Reservar la decisión sobre las costas.

1      Lengua original: francés.

2      En el asunto Unión Europea/Guardian Europe (C‑447/17 P).

3      En el asunto Guardian Europe/Unión Europea (C‑479/17 P).

4      T‑673/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2017:377.

5      T‑82/08, en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012», EU:T:2012:494.

6      C‑138/17 P y C‑146/17 P, EU:C:2018:1013.

7      C‑150/17 P, EU:C:2018:1014.

8      C‑174/17 P y C‑222/17 P, EU:C:2018:1015.

9      El segundo motivo, que tiene asimismo por objeto este concepto de «empresa única», en el marco de la pretensión de Guardian Europe basada en el carácter desproporcionado del plazo de enjuiciamiento, no será objeto de un examen exhaustivo, dado que el fundamento de su primera parte depende estrechamente del fundamento del primer motivo, así como de la decisión del Tribunal de Justicia sobre el recurso de casación interpuesto por la Unión. En cuanto a la imputación de desnaturalización que invoca la recurrente en apoyo de la segunda parte de este segundo motivo, véanse el punto 74 y la nota 42 de las presentes conclusiones.

10      En lo sucesivo, «Decisión C(2007) 5791».

11      C‑580/12 P, EU:C:2014:2363.

12      Como recordatorio, por lo que se refiere al segundo motivo, véase el punto 4 de las presentes conclusiones. Véanse, asimismo, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, los puntos 60 y 62 de las presentes conclusiones.

13      Conforme a una jurisprudencia reiterada, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión a la que se refiere el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la ilicitud de la actuación imputada a la institución de la Unión, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado (véase la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/Gascogne Sack Deutschland y Gascogne, C‑138/17 P y C‑146/17 P, EU:C:2018:1013, apartado 67 y jurisprudencia citada).

14      Se trata del argumento defendido con carácter principal en respuesta al cuarto motivo del recurso de casación de Guardian Europe, véase el punto 50 de las presentes conclusiones. Los otros tres motivos subsidiarios se recordarán en la nota 16 y en los puntos 51 y 52 de las presentes conclusiones.

15      Véase, a este respecto, la sentencia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión (C‑362/05 P, EU:C:2007:322), apartados 37 a 40 y jurisprudencia citada.

16      Cabe señalar que, en respuesta al cuarto motivo del recurso de casación principal, la Comisión invoca, con carácter subsidiario, en apoyo de una segunda pretensión que tiene por objeto que el Tribunal de Justicia plantee de oficio un motivo de orden público, un argumento que tiene el mismo fundamento que el motivo único de la adhesión al recurso de casación. Por lo tanto, es inoperante examinarlo en estas circunstancias.

17      Véanse las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartado 94, así como las sentencias de 13 de diciembre de 2018, Iran Insurance/Consejo(T‑558/15, EU:T:2018:945), apartado 71, y de 13 de diciembre de 2018, Post Bank Iran/Consejo(T‑559/15, EU:T:2018:948), apartado 64. Véase, asimismo, Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2018, pp. 109 a 111.

18      C‑580/12 P, EU:C:2014:2363.

19      Apartado 61 de la sentencia recurrida.

20      Véanse, para un resumen de los principios aplicables en materia de intereses de demora, mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2014:2170), puntos 75 y 77 a 79.

21      Véase la sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/IPK International (C‑336/13 P, EU:C:2015:83), puntos 29 y 30.

22      C‑580/12 P, EU:C:2014:2363.

23      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea cita, en particular, las sentencias de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady/CEE (238/78, EU:C:1979:226), apartado 5, y de 9 de noviembre de 1989, Briantex y Di Domenico/CEE y Comisión (353/88, EU:C:1989:415), apartado 16.

24      238/78, EU:C:1979:226.

25      Guardian Europe alega que es una filial controlada en su totalidad por Guardian Industries, responsable del mercado europeo.

26      Las causas de inadmisión invocadas por la Comisión se examinarán en los puntos 18 y 20 y en la nota 16 de las presentes conclusiones.

27      A este respecto, la Comisión se basa en la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartados 50 y 57.

28      C‑580/12 P, EU:C:2014:2363.

29      Véanse asimismo, a este respecto, por lo que se refiere a los costes de garantía bancaria, la crítica del segundo motivo relativa a los apartados 158 y 159 de la sentencia recurrida y la nota 9 de las presentes conclusiones.

30      Véase, en particular, la sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartado 102.

31      Véase la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartado 47 y jurisprudencia citada.

32      Véanse las sentencias de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartados 101 y 102, y de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartado 46.

33      Sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartado 103 y jurisprudencia citada. Véase, asimismo, la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (C‑516/15 P, EU:C:2017:314), apartado 48.

34      Véanse, para un recordatorio de la doctrina, Blumann, C., y Dubouis, L., Droit institutionnel de l’Union européenne, 6.a ed., LexiNexis, colección «Manuels», París, 2016, punto 954, p. 741, y Van Raepenbusch, S., Le contrôle juridictionnel dans l’Union européenne, 3.a ed., Éditions de l’Université de Bruxelles, colección «Commentaire J. Mégret», Bruselas, 2018, punto 330, p. 286.

35      Véanse la sentencia de 9 de noviembre de 1989, Briantex y Di Domenico/CEE y Comisión (353/88, EU:C:1989:415), apartado 6, y los autos de 1 de diciembre de 2008, Işçi Partisi/Comisión (T‑219/08, no publicado, EU:T:2008:538), apartado 7, y de 17 de diciembre de 2009, Işçi Partisi/Comisión (T‑223/09, no publicado, EU:T:2009:524), apartados 12 y 13.

36      Véanse la sentencia de 30 de junio de 2009, CPEM/Comisión (T‑444/07, EU:T:2009:227), apartados 39 y 40, y el auto de 12 de mayo de 2010, CPEM/Comisión (C‑350/09 P, no publicado, EU:C:2010:267), apartado 61.

37      Véase la sentencia de 30 de septiembre de 1998, Coldiretti y otros/Consejo y Comisión (T‑149/96, EU:T:1998:228), apartados 57 y 59 y jurisprudencia citada. Véase, también a este respecto, la sentencia de 18 de marzo de 1975, Union syndicale-Service public européen y otros/Consejo(72/74, EU:C:1975:43), apartado 21.

38      Véase la sentencia de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady/CEE (238/78, EU:C:1979:226), apartado 5.

39      Véase, en particular, entre las decisiones antes citadas, el auto de 17 de diciembre de 2009, Işçi Partisi/Comisión (T‑223/09, no publicado, EU:T:2009:524), apartado 12 y jurisprudencia citada.

40      Véase, en particular, entre las decisiones antes citadas, el auto de 17 de diciembre de 2009, Işçi Partisi/Comisión (T‑223/09, no publicado, EU:T:2009:524), apartado 13 y jurisprudencia citada.

41      Véase Bonichot, J-C., «La réparation du délai excessif de jugement devant les juridictions de l’Union», Actualité juridique: droit administratif, Dalloz, París, 2014, n.o 12, pp. 683 a 687, en particular p. 686.

42      Véanse los apartados 106 y 159 de la sentencia recurrida. Estos son criticados por la segunda parte del segundo motivo del recurso de casación principal. Guardian Europe invoca una imputación de desnaturalización de su memorando interno de 13 de noviembre de 2015 que, en mi opinión, procede rechazar, puesto que este elemento de prueba ha sido objeto de una apreciación por parte del Tribunal General que no es manifiestamente errónea.

43      Véase el apartado 99 de la sentencia recurrida.

44      Véase el apartado 104 de la sentencia recurrida.

45      Por lo que se refiere a los vínculos económicos y organizativos existentes entre una sociedad matriz y una filial, estos son de la misma naturaleza que los considerados para imputar el comportamiento infractor de una filial a la sociedad matriz (véase, en particular, la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, apartados 52 y 54).

46      Véase el punto 12 del recurso de casación.

47      Por lo que se refiere a la vulneración suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato cometida en la sentencia del Tribunal General de 27 de septiembre de 2012, véanse los puntos 84 y 122 de las presentes conclusiones.

48      C‑224/01, EU:C:2003:513.

49      C‑69/14, EU:C:2015:662.

50      Véase el punto 92 de las presentes conclusiones.

51      C‑224/01, EU:C:2003:513.

52      C‑69/14, EU:C:2015:662.

53      C‑3/16, EU:C:2017:209.

54      C‑580/12 P, EU:C:2014:2363, apartado 66.

55      Véase la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartado 65 y, en particular, la referencia a los apartados 61 y 62, y compárese con las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:272), puntos 38 y 65, que subrayó la naturaleza inédita de la decisión controvertida de la Comisión en relación con su práctica habitual y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

56      Véase la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartado 66.

57      La cuestión únicamente se había planteado con ocasión de la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513). Véanse la observación formulada por la República de Austria y la sexta alegación formulada por el Gobierno del Reino Unido recogidas en esta sentencia, respectivamente en los apartados 21 y 28, sobre las que el Tribunal de Justicia no consideró necesario pronunciarse. Véanse, sobre este punto, el comentario de esta sentencia efectuado por Rostane, M., «Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, Institutions et ordre juridique communautaire, Primauté du droit communautaire», Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, París, abril de 2004, n.o 2, pp. 552 a 559, y Adida-Canac, H.,«L’erreur du juge: entre réparation, indemnisation et responsabilité», Recueil Dalloz, Dalloz, París, 2009, n.o 19 pp. 1288 a 1297, en particular p. 1295y nota 72.

58      Sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), apartado 82.

59      Véase Bonichot, J.‑C., op. cit., en particular p. 686.

60      Véanse, en particular, las sentencias citadas en los puntos 101, 106 y 107 de las presentes conclusiones y la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Ferreira da Silva y Brito y otros(C‑160/14, EU:C:2015:565), apartados 46 y ss.

61      C‑168/15, EU:C:2016:602.

62      Véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartados 11, 15, párrafo segundo, y 16.

63      Véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartados 18 a 20 y jurisprudencia citada.

64      Véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartado 21.

65      Sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C-168/15, EU:C:2016:602), apartado 42, punto 1. El subrayado es mío.

66      C‑168/15, EU:C:2016:602.

67      C‑224/01, EU:C:2003:513. Véase, en este sentido, Simon, D., «La responsabilité des États membres en cas de violation du droit communautaire par une juridiction suprême (à propos de l’arrêt Köbler, CJCE, 30 sept. 2003, aff. C‑224/01)», Revue Europe, LexisNexis, París, 2003, n.o 11, pp. 3 a 6, en particular p. 4, que indica que «la motivación [de la sentencia] no separa dos demostraciones que habrían podido ser distintas: [...] por una parte [...] establecer el principio de la responsabilidad como consecuencia de una resolución judicial y por otra parte [...] justificar que esta responsabilidad está relacionada asimismo con las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales supremos. La segunda consideración parece, a juicio del Tribunal de Justicia, imponerse a través de un razonamiento a fortiori». Véanse, asimismo, las cuestiones planteadas por Huglo, J.‑G., «La responsabilité des États membres du fait des violations du droit communautaire commises par les juridictions nationales: un autre regard», Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, 2004, n.o 164, pp. 34 a 40, y Beutler, B., «State Liability for Breaches of Community Law by National Courts: Is the Requirement of a Manifest Infringement of the Applicable Law an Insurmountable Obstacle ?», Common Market Law Review, Kluwer Law International, Alphen-sur-le-Rhin, 2009, vol. 46, n.o 3, pp. 773 a 804, en particular p. 789, citado por el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:260), nota 15.

68      Véase el apartado 59 de dicha sentencia.

69      C‑224/01, EU:C:2003:513.

70      C‑173/03, EU:C:2006:391, apartados 30 a 32.

71      Dicho apartado 36 tiene el siguiente tenor: «Como señaló el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, excluir, en estas circunstancias, cualquier responsabilidad del Estado debido a que la violación del Derecho comunitario procede de una operación de interpretación de las normas jurídicas efectuada por un órgano jurisdiccional equivaldría a vaciar de su propio contenido al principio establecido por el Tribunal de Justicia en la sentencia [de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513)]. Esta apreciación es pertinente, con mayor motivo, respecto a los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia, que se encargan, en el plano nacional, de la interpretación uniforme de las normas jurídicas.» El subrayado es mío.

72      Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 24, y compárese con las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2005:602), punto 39.

73      C‑168/15, EU:C:2016:602.

74      Véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), apartado 20 y jurisprudencia citada, en particular la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo, (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 31.

75      Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 32.

76      Véase, en este sentido, la nota 19 de las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2005:602): «Además, como ya señalé en mis conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia Köbler [C‑224/01, EU:C:2003:207], (punto 38), si, ante la imposibilidad de interponer un recurso contra una resolución dictada por un tribunal supremo, la acción de responsabilidad del Estado es la única que permite —en último término— restablecer el derecho lesionado y, en definitiva, garantizar adecuadamente la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico comunitario concede a los particulares, no sucede lo mismo por lo que respecta a las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales ordinarios dado que estas son susceptibles de recursos internos.»

77      Término basado, en particular, en la sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y otros(C‑234/17, EU:C:2018:853), apartado 58.

78      Sobre las diferentes formas de reparación, véanse las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en los asuntos acumulados Unión Europea/Gascogne Sack Deutschland y Gascogne(C‑138/17 P y C‑146/17 P, EU:C:2018:620), punto 84.

79      Véanse el dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 174, y la sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y otros(C‑234/17, EU:C:2018:853), apartado 39.

80      Es preciso subrayar que, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Niza, que ha llevado a cabo una importante reforma del sistema jurisdiccional, las funciones del Tribunal General se han ampliado notablemente. En virtud del artículo 256 TFUE, apartado 1, el Tribunal General será competente para conocer de la mayoría de los recursos, con excepción, principalmente, de los recursos por incumplimiento. Según Van Raepenbusch, S.,op. cit., punto 4, p. 14 y punto 62, p. 72, esta reforma ha transformado el Tribunal General «en un verdadero órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo general».

81      Véanse el artículo 256 TFUE (antiguo artículo 225 TCE cuyo origen es la modificación mediante el Tratado de Maastricht del antiguo artículo 168 A CEE) y el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en virtud del cual «el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limitará a las cuestiones de derecho. Deberá fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho de la Unión por parte del Tribunal General».

82      Véase, por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales nacionales, Van Raepenbusch, S., op.  cit., punto 2 p. 12.

83      Véanse la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 32, y compárese con las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2005:602), puntos 70 a 75, y las sentencias de 15 de marzo de 2017, Aquino (C‑3/16, EU:C:2017:209), apartados 31 a 34, y de 4 de octubre de 2018, Comisión/Francia (Précompte mobilier) (C‑416/17, EU:C:2018:811), apartados 108 y 109.

84      Véase el dictamen 2/13, de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 176, y la sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y otros(C‑234/17, EU:C:2018:853), apartado 41.

85      Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207), punto 94.

86      Véase la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 34.

87      Véase, a modo de ejemplo de las fuentes de errores que puede cometer el juez en el ejercicio de su actividad interpretativa, la sentencia de 13 de junio de 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391), apartado 35.

88      Véase, por lo que se refiere al enunciado de la falta de derecho adquirido a una jurisprudencia reiterada, TEDH, sentencia de 18 de diciembre de 2008, Unédic c. Francia (CE:ECHR:2008:1218JUD002015304), apartado 74, recordada en el auto de 13 de julio de 2010, Allen y otros/Comisión (F‑103/09, EU:F:2010:88), apartado 49). Véase, asimismo, la Guía del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, derecho a un proceso equitativo (parte civil), actualizada el 31 de diciembre de 2018, disponible en: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf (apartado 279).

89      Véase, para una visión global de la normativa y de la jurisprudencia de algunos Estados miembros, Guinchard, S., «Responsabilités encourues pour fonctionnement défectueux du service public de la justice», Répertoire de procédure civile, Encyclopédie juridique Dalloz, Dalloz, París, enero de 2018, punto 34, y compárese con la exposición que figura en las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207), puntos 77 y ss. Por lo que se refiere a la normativa italiana, véase, asimismo, la sentencia de 24 de noviembre de 2011, Comisión/Italia (C‑379/10, no publicada, EU:C:2011:775). En cuanto al Derecho positivo francés, me gustaría precisar que el artículo L. 141-1 del code de l’organisation judiciaire (Código de la organización judicial) prevé que el nacimiento de la responsabilidad del Estado únicamente tendrá lugar en caso de culpa grave o de denegación de justicia. Desde el año 2001, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) concede preferencia a una concepción objetiva de la culpa, a saber, que «constituirá culpa grave toda deficiencia que se caracterice por un hecho o una serie de hechos que reflejen la incapacidad del servicio público de la justicia para cumplir su misión» [23 de febrero de 2001, as. plen., n.o 99-16.165 (Bulletin 2001, as. plen., n.o 5, p. 10)]. Por otra parte, según reiterada jurisprudencia de la Cour de cassation, «la incapacidad del servicio público de la justicia para cumplir su misión solo [podrá] apreciarse en la medida en que el ejercicio de las vías de recurso no permita reparar el mal funcionamiento alegado» [sentencias de 6 de mayo de 2003, Sala Primera de lo Civil, n.o 01-02.543 (Bulletin 2003, I, n.o 105, p. 82), de 4 de noviembre de 2010, Sala Primera de lo Civil, n.o 09-15.869 (Bulletin 2010, I, n.o 223), y de 5 de septiembre de 2018, Sala Primera de lo Civil, n.o 17-21.206 (FR:CCASS:2018:C100793)]. En lo que atañe a la jurisdicción contencioso-administrativa, el Conseil d’État (Consejo de Estado, Francia) estableció un régimen bastante similar a la responsabilidad como consecuencia de la justicia judicial previsto por la ley. Esta únicamente se generará en caso de culpa grave, que no debe traer causa del contenido de una resolución judicial que haya adquirido firmeza (sentencia de 29 de diciembre de 1978, Darmont, n.o 96004, publicada en la Recopilación). Se ha establecido un régimen específico, que permite generar la responsabilidad del Estado por la lentitud injustificada de los tribunales administrativos a la hora de resolver, para la que ya no se exige la culpa grave (sentencia de 28 de junio de 2002, as., Garde des sceaux, ministre de la Justice c. Magiera, n.o 239575, publicada en la Recopilación).

90      En aras de la exhaustividad, cabe precisar que el ejercicio de una acción judicial de este tipo ya ha sido objeto de examen por el Tribunal de Justicia, al resolver sobre un recurso de casación interpuesto contra el auto de 23 de enero de 2018, Campailla/Unión Europea(T‑759/16, no publicado, EU:T:2018:26), sin que, no obstante, este haya tenido que pronunciarse sobre la cuestión de Derecho relativa a las condiciones de nacimiento de la responsabilidad de la Unión derivada de una decisión dictada por el Tribunal de Justicia (véanse los apartados 33 y ss. de este auto). En efecto, el Tribunal de Justicia confirmó la inadmisibilidad del recurso de indemnización y señaló el carácter superfluo de los motivos controvertidos, criticados por el recurso de casación, en el auto de 7 de agosto de 2018, Campailla/Unión Europea(C‑256/18 P, no publicado, EU:C:2018:655), apartados 43, 46 y 47.

91      Véase, especialmente en el presente asunto, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartado 20.

92      A modo de ejemplo, puede tratarse de casos de violación del derecho de defensa, de vulneración del principio de contradicción, de falta de motivación o de una motivación que refleje la parcialidad del órgano jurisdiccional.