CELEX: 62002CC0304
Language: es
Date: 2004-11-18 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas el 29 de abril de 2004. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa. # Incumplimiento de Estado - Pesca - Obligaciones de control impuestas a los Estados miembros - Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento - No ejecución - Artículo 228 CE - Pago de una suma a tanto alzado - Imposición de una multa coercitiva. # Asunto C-304/02.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. L.A. GEELHOEDpresentadas el 29 de abril de 2004(1)
         Asunto C-304/02Comisión de las Comunidades EuropeascontraRepública Francesa
            «Incumplimiento de Estado  –  Artículo 228 CE  –  Incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 en el asunto C-64/88  –  Incumplimiento de la obligación de garantizar el respeto de las medidas técnicas de conservación relativas al tamaño mínimo
               del pescado, en particular, de la merluza  –  Incumplimiento de la obligación de señalar las infracciones, a pesar de ser comprobables por las autoridades nacionales,
               y de actuar contra los infractores  –  Multa coercitiva»
            
            
      
         
      
            I.
            Introducción 1.        El presente recurso, interpuesto por la Comisión con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, párrafo segundo, es consecuencia
      de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 en el asunto C‑64/88, Comisión/Francia. 
         			(2)
         		 En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, al no haber establecido, de 1984 a 1987, un control que garantizara
      el respeto de las medidas técnicas comunitarias para la conservación de los recursos pesqueros, 
         			(3)
         		 la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2057/82
      del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras
      ejercidas por los barcos de los Estados miembros 
         			(4)
         		 y en virtud del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen
      ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (en lo sucesivo, «Reglamentos sobre el control»). 
         			(5)
         		
      
       2.        En concreto, el Tribunal de Justicia declaró que la República Francesa no había establecido los controles oportunos de conformidad
      con las normas comunitarias por lo que se refiere:
      
       
      –
         al mallado mínimo;
      
      
       
      –
         a la fijación de dispositivos en las redes;
      
      
       
      –
         a las capturas accesorias y
      
      
       
      –
         al tamaño mínimo del pescado que puede venderse.
      
      
       Además, el Tribunal de Justicia declaró que la República Francesa había incumplido la obligación de incoar procedimientos
      contra los infractores de las medidas comunitarias pertinentes, como exigían los Reglamentos sobre el control.
      
      
       3.        Varios meses después del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión instó al Gobierno francés a
      que le proporcionara información sobre las medidas que había adoptado para ejecutar la sentencia, como exige el artículo 228 CE,
      apartado 1. Este resultó ser el inicio de un prolongado diálogo entre la Comisión y el Gobierno francés, de una duración de
      alrededor de once años, sobre los esfuerzos realizados por Francia para aplicar la normativa comunitaria en materia de pesca.
      Aun cuando la Comisión reconoció, a lo largo de este diálogo, los progresos que se habían efectuado en relación con la mayor
      parte de dichos aspectos, todavía no está convencida de que la República Francesa cumpla plenamente las obligaciones relativas
      a la captura y a la venta de pescado de tamaño inferior al permitido, en concreto, de merluza, y a la actuación contra los
      infractores de las normas pertinentes.
      
      
       4.        Por tanto, la Comisión solicita ahora al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa no ha adoptado todas las
      medidas necesarias para ejecutar la sentencia de 11 de junio de 1991 y, por consiguiente, ha incumplido las obligaciones que
      le incumben en virtud del artículo 228 CE, apartado 1, al seguir sin establecer controles que garanticen el respeto de las
      medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros e incumplir, de este modo, los Reglamentos comunitarios sobre el
      control. Además, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que condene a la República Francesa a abonar en la cuenta «Recursos
      propios de la CE» una multa coercitiva de 316.500 euros por día de demora en la adopción de las medidas necesarias para dar
      cumplimiento a la referida sentencia, a partir del pronunciamiento de la presente sentencia y hasta la ejecución de la sentencia
      de 11 de junio de 1991. Por último, solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas a la República Francesa.
      
      
       5.        La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que desestime por infundado el recurso interpuesto
      por la Comisión. Subsidiariamente, si el Tribunal de Justicia considera oportuno imponer una multa, la República Francesa
      le insta a tener en cuenta en su apreciación todas las circunstancias del caso.
      
      
      
            II.
            Normas comunitarias pertinentes 6.        Las normas comunitarias en materia de controles en el sector pesquero que se examinan en el presente asunto se establecieron
      inicialmente mediante el Reglamento nº 2057/82 del Consejo y, a continuación, mediante el Reglamento nº 2241/87 del Consejo,
      ambos citados en el punto 1. La normativa sobre control actualmente en vigor es el Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo,
      de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común 
         			(6)
         		 (en lo sucesivo, «Reglamento nº 2847/93»).
      
      
       7.        A tenor de su primer artículo, el Reglamento nº 2847/93 establece un régimen comunitario con objeto de garantizar el cumplimiento
      de la normativa de la política pesquera común. Este régimen comprende, en particular, disposiciones destinadas al control
      técnico de, entre otras, las medidas de conservación y gestión de los recursos, así como determinadas disposiciones referentes
      al nivel de eficacia de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las medidas antes citadas. El apartado segundo
      del artículo 1 se refiere a la obligación básica de los Estados miembros relativa al control del cumplimiento de las disposiciones
      comunitarias en materia de pesca:
      «Para ello, cada Estado miembro adoptará, de acuerdo con la normativa comunitaria, las medidas apropiadas para asegurar la
      máxima eficacia del régimen. Pondrá a disposición de sus autoridades competentes los medios suficientes para que éstas cumplan
      las funciones de inspección y de control definidas en el presente Reglamento. […]»
      
      
       8.        El artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 2847/93 puntualiza que:
      «Con objeto de garantizar el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre medidas de conservación y control, cada Estado
      miembro controlará, en su territorio y en las aguas marítimas sometidas a su soberanía o jurisdicción, la práctica de la pesca
      y de las actividades conexas. Inspeccionará los buques pesqueros y examinará todas las actividades de manera que pueda verificarse
      la aplicación del presente Reglamento, en particular las actividades de desembarque, venta, transporte y almacenamiento de
      productos de la pesca y el registro de desembarques y ventas. […]»
      
      
       9.        Por lo que se refiere a las medidas de ejecución que han de adoptar los Estados miembros en relación con las infracciones
      de la normativa comunitaria en materia de pesca, el artículo 31, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 2847/93 establece, por
      último, que:
      «1.     Los Estados miembros garantizarán que se tomen las medidas adecuadas, incluida la apertura de procedimientos administrativos
      o penales con arreglo a su Derecho nacional, contra las personas físicas o jurídicas responsables cuando se haya comprobado
      un incumplimiento de las normas de la política pesquera común, en particular como consecuencia de un control o una inspección
      efectuados en virtud del presente Reglamento. 
         			(7)
         		 2.       Los procedimientos iniciados con arreglo al apartado 1 permitirán, de acuerdo con las disposiciones correspondientes del Derecho
      nacional, desposeer realmente a los responsables de los beneficios económicos procedentes de la infracción, o serán adecuados
      para producir unos resultados proporcionales a la gravedad de la infracción, con un efecto disuasorio real para cualquier
      nueva infracción del mismo tipo»
      
      
       10.      En el presente asunto, la Comisión afirma que el control y la ejecución efectuados por las autoridades francesas no fueron
      los adecuados por lo que se refiere a las medidas comunitarias de conservación dirigidas a impedir el desembarque y la venta
      de pescado de tamaño inferior al permitido, en concreto, de merluza. Las disposiciones comunitarias pertinentes se establecieron
      en sucesivos Reglamentos del Consejo relativos a las medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros. 
         			(8)
         		 El texto actualmente en vigor es el Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de
      los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos. 
         			(9)
         		 Sin que sea necesario citar expresamente todas las normas pertinentes, procede señalar que dicho Reglamento contiene varias
      disposiciones dirigidas a impedir la captura, el desembarque y la venta de pescado de tamaño inferior al permitido. Ello incluye
      normas relativas a la dimensión mínima de la malla de las redes, a la prohibición de fijar dispositivos en las redes que obstruyan
      las mallas o reduzcan efectivamente sus dimensiones y a la prohibición, entre otras, de desembarcar y vender pescado de tamaño
      inferior al permitido, exceptuando las capturas que sólo representen un porcentaje limitado de las capturas totales.
      
      
      
            III.
            El procedimiento administrativo previo 11.      Como señalé anteriormente, la cuestión de si la República Francesa adoptó o no las medidas necesarias para poner fin a las
      infracciones que apreció el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de junio de 1991 fue objeto de un prolongado diálogo
      entre la Comisión y las autoridades francesas que duró desde noviembre de 1991 hasta la interposición del presente recurso,
      el 27 de agosto de 2002. Durante dicho procedimiento administrativo previo, la posición de la Comisión se basó en los informes
      de los inspectores de pesca comunitarios 
         			(10)
         		 en los que figuraba la determinación de los hechos efectuada durante visitas regulares a puertos y lonjas en varias regiones
      costeras en Francia.
      
      
       12.      En la correspondencia inicial entre la Comisión y la República Francesa sobre las medidas adoptadas por esta última para poner
      fin a las infracciones detectadas en la sentencia de 11 de junio de 1991, las autoridades francesas señalaron que «hacían
      lo posible para actuar conforme a las disposiciones comunitarias pertinentes con el fin de atenerse a la sentencia». En concreto,
      se referían a una «action de longue haleine» (acción de gran envergadura) cuyo objeto era reducir el desembarque de pescado
      de tamaño inferior al permitido.
      
      
       13.      Tras una serie de visitas a varios puertos franceses en 1992, los inspectores de pesca comunitarios advirtieron que la situación
      había mejorado, en particular, por lo que se refiere a las disposiciones legislativas relativas al control del cumplimiento
      de la normativa comunitaria en materia de pesca. No obstante, los controles seguían siendo insuficientes en algunos ámbitos.
      Los principales problemas se referían a los calibradores empleados para medir las dimensiones de las mallas y a los controles
      de las capturas accesorias y del tamaño del pescado. Además, los procedimientos para perseguir a los infractores no eran los
      adecuados. En consecuencia, el 11 de octubre de 1993 la Comisión dirigió a la República Francesa un escrito de requerimiento,
      en el que señalaba dichos extremos e instaba al Gobierno francés a presentar sus observaciones.
      
      
       14.      La información y las explicaciones que el Gobierno francés remitió posteriormente permitieron a la Comisión llegar a la conclusión
      de que había cesado el incumplimiento de las normas comunitarias en materia de control de las capturas accesorias. Sin embargo,
      sostuvo que seguían existiendo deficiencias, relativas en concreto a las dimensiones de las mallas y al desembarque y venta
      en las lonjas de pescado de tamaño inferior al permitido. La Comisión dedujo de lo anterior que las autoridades francesas
      adoptaban una actitud permisiva ante el desembarque y la venta de pescado de tamaño inferior al permitido, infringiendo de
      este modo las normas comunitarias. Asimismo, se había suspendido aparentemente la «action de longue haleine» en parte de Bretaña,
      Pays Bigoudin, 
         			(11)
         		 debido a la difícil situación socioeconómica de dicha región y dado el carácter políticamente delicado del problema. La «actitud
      permisiva» en relación con los controles resultaba confirmada por los procedimientos contra los infractores, que en general
      no finalizaban con la imposición de sanciones proporcionadas a la gravedad de las infracciones.
      
      
       15.      Por consiguiente, el 14 de abril de 1996, la Comisión, de conformidad con el artículo 171, apartado 2, del Tratado CE (actualmente
      artículo 228 CE, apartado 2), dirigió a la República Francesa un dictamen motivado en el que afirmaba que la sentencia del
      Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 todavía no se había ejecutado en su totalidad, en concreto, por lo que se refiere
      a los puntos siguientes:
      
       
      –
         incumplimiento de las normas comunitarias relativas a la dimensión mínima autorizada de las mallas;
      
      
       
      –
         controles insuficientes que permitían la venta de pescado de tamaño inferior al requerido;
      
      
       
      –
         actitud permisiva de las autoridades francesas que resultaba confirmada por el hecho de que los procedimientos contra los
            infractores en general no finalizaran con la imposición de sanciones proporcionadas a la gravedad de las infracciones y, en
            consecuencia, no produjeran un efecto disuasorio.
         
      
      
       La Comisión advirtió a la República Francesa de la posibilidad de que el Tribunal de Justicia le impusiera sanciones pecuniarias
      en caso de no atenerse a la sentencia de 11 de junio de 1991 y le instó a adoptar las medidas oportunas en un plazo de dos
      meses a partir de la notificación del dictamen motivado.
      
      
       16.      En sus respuestas de 26 de julio de 1996 y 27 de mayo de 1997 al dictamen motivado, la República Francesa afirmó que la normativa
      comunitaria relativa a la dimensión mínima autorizada de las mallas se aplicaba correctamente y que no había recibido ninguna
      denuncia de los inspectores de pesca comunitarios a este respecto. Asimismo remitía información y datos relativos a las inspecciones
      efectuadas, a las sanciones impuestas y a los recursos dedicados al control del cumplimiento de las normas comunitarias en
      materia de pesca. Por último, la República Francesa lamentaba que no se hubieran puesto a su disposición los informes con
      las observaciones de los inspectores de pesca comunitarios, privándole de este modo de la oportunidad de responder adecuadamente
      a los hechos expuestos en el dictamen motivado.
      
      
       17.      En escritos posteriores, el Gobierno francés proporcionó a la Comisión información adicional sobre el incremento del esfuerzo
      de control francés y sobre las medidas adoptadas para mejorar la organización interna de los servicios responsables de controlar
      el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de pesca. En un escrito (de 31 de octubre de 1997) observaban que, «al
      margen del problema residual del tamaño de la merluza (“merluchon”) en el Pays Bigoudin», parecía que se había alcanzado un
      resultado satisfactorio al aplicar las normas comunitarias y nacionales.
      
      
       18.      A pesar de dichas observaciones y de los positivos avances señalados por las autoridades francesas en cuanto a la organización,
      visitas posteriores de los inspectores de pesca comunitarios a puertos y lonjas franceses de las regiones costeras durante
      el período comprendido entre 1996 y 2000 pusieron de manifiesto que persistía el problema del desembarque y de la venta de
      pescado de tamaño inferior al permitido. En varias ocasiones los inspectores comunitarios observaron que durante los desembarques
      o en las lonjas no estaba presente ningún funcionario o que los funcionarios presentes no tomaban medidas ante la venta de
      merluza de tamaño inferior al permitido (visita a Le Guilvinec y Concarneau, en septiembre de 1997, y a Marennes‑Oleron, Arcachon
      y Bayona, en octubre de 1997). Un informe (visita a Lorient, Le Guilvinec y Concarneau, en agosto de 1996) se refiere a la
      existencia de «un pacto de silencio entre la industria y las autoridades con el fin de aceptar el desembarque de merluza que
      mide 24 cm en vez de 27 cm, que es el tamaño legal». En otro informe (visita a Douarnenez, Lorient y Le Guilvinec, en marzo
      de 1999) se afirma que existían instrucciones orales para que los funcionarios locales retiraran de las lonjas los pescados
      que midieran menos de 17 cm, pero permitieran la venta de pescado entre 17 y 23 y entre 23 y 26 cm. Asimismo se señala que
      dicha merluza de tamaño inferior al permitido, que con frecuencia se vende como «merluchon friture» (merluza para freír),
      normalmente se subastaba públicamente con el código «00», que está reservado a dicha categoría de pescado, así como a pescado
      de tamaño inferior al requerido de otras especies (visita a Lorient, Benodet, Loctudy, Le Guilvinec, Lesconil y St. Guénolé,
      en julio de 1999). Por último, durante una visita a los puertos mediterráneos de Sète, Agde y Port Vendres en abril de 2000
      se puso de manifiesto que las prácticas descritas no se limitaban a Bretaña, sino que el problema estaba más extendido en
      la República Francesa.
      
      
       19.      Las citadas observaciones de los inspectores de pesca comunitarios condujeron a la Comisión a emitir un dictamen motivado
      complementario el 6 de junio de 2000. La Comisión concluyó que, con posterioridad al dictamen motivado de 17 de abril de 1996
      y a la respuesta del Gobierno francés, se continuaba vendiendo pescado de tamaño inferior al permitido tanto en las lonjas
      como directamente a los consumidores, que los inspectores nacionales no supervisaban ni los desembarques ni las lonjas con
      el fin de detectar el pescado de tamaño inferior al permitido, en concreto, de merluza, y que sólo esporádicamente se perseguían
      las infracciones. La Comisión considera especialmente grave el uso del código «00» en documentos oficiales relativos a las
      subastas, dado que constituye una infracción manifiesta de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 2406/96 del Consejo, de 26
      de noviembre de 1996, por el que se establecen normas comunes de comercialización para determinados productos pesqueros, 
         			(12)
         		 y, en concreto, de su artículo 2. El hecho de que el problema del «merluchon» (merluza pequeña) sea delicado desde un punto
      de vista político, afecte a una región en particular y haya disminuido significativamente en los últimos años no puede, a
      su juicio, justificar la falta de aplicación de las medidas técnicas de conservación. Habida cuenta de que las medidas de
      que se trata tienen por objeto la protección de los alevines, el incumplimiento sistemático de las normas comunitarias puede
      tener consecuencias desastrosas para el estado de las poblaciones existentes. Por tanto, la infracción de dichas normas es
      grave, en especial porque parece que las propias autoridades francesas dieron instrucciones para no aplicarlas. La Comisión
      instó al Gobierno francés a adoptar las medidas necesarias para poner fin a las infracciones detectadas en un plazo de dos
      meses a partir de la notificación del dictamen motivado complementario.
      
      
       20.      El Gobierno francés respondió el 1 de agosto de 2000 e hizo hincapié en tres aspectos concretos. En primer lugar, afirmó que
      el código «00» nunca se había utilizado para designar el pescado de tamaño inferior al permitido, sino que se refería al pescado
      sin clasificar de diferentes tamaños. En segundo lugar, sostuvo que los informes de los inspectores de pesca comunitarios
      ponían de manifiesto una cierta confusión entre las personas responsables de las operaciones comerciales de las estructuras
      de venta y las personas encargadas de aplicar las normas en materia de pesca, que eran las únicas competentes para decidir
      si se había producido una infracción. El Gobierno francés considera excesiva, e incluso injusta, la conclusión de que los
      servicios de vigilancia adoptaron una actitud permisiva teniendo en cuenta los datos notificados a la Comisión sobre las medidas
      aprobadas por las autoridades francesas en relación con las infracciones de las normas sobre el tamaño mínimo permitido del
      pescado. En tercer lugar, explicó que desde el informe de los inspectores comunitarios de julio de 1999 el marco legal y organizativo
      del control del cumplimiento de la normativa en materia de pesca había mejorado considerablemente. La reorganización de los
      servicios de control revela la firme intención de las autoridades francesas de aumentar la efectividad de los controles en
      el sector pesquero.
      
      
       21.      La Comisión respondió (15 de febrero de 2001) solicitando información adicional acerca de las medidas adoptadas por la República
      Francesa para poner fin al uso del código «00». Además, tras haber tomado nota de la voluntad de la República Francesa de
      reforzar su capacidad de vigilancia, la Comisión subrayó que su dictamen motivado complementario se centraba en el problema
      del desembarque y la venta de merluza de tamaño inferior al permitido en las regiones bretonas de Finisterre y Morbihan, en
      particular. Por tanto, instó a las autoridades francesas a que le notificaran algunas sentencias referidas a este tipo concreto
      de infracción. El Gobierno francés remitió esta información el 16 de octubre de 2001. En primer lugar, transmitió una circular
      dirigida a las autoridades locales y regionales para que dejara de utilizarse el código «00» como muy tarde a finales de 2001.
      A continuación señaló que había enviado a la Comisión copias de los informes oficiales relativos a infracciones y decomisos
      y de las sentencias pertinentes. Destacó asimismo que desde 1998 había aumentado el número de procedimientos contra los infractores
      de las normas sobre el tamaño mínimo permitido del pescado y se habían impuesto multas disuasorias. Por último, el Gobierno
      francés se refirió a un plan general de control del sector pesquero, adoptado en 2001, en el que se fijaban las prioridades
      en el control del cumplimiento de la normativa en materia de pesca. Dichas prioridades comprendían la ejecución de un plan
      de recuperación de la merluza y el control estricto del tamaño mínimo del pescado.
      
      
       22.      Mientras tanto, los inspectores de pesca comunitarios habían realizado una vez más (en junio de 2001) una visita a una serie
      de puertos en Pays Bigoudin y de nuevo observaron que el número y la calidad de los controles todavía no eran los adecuados.
      Los inspectores llegaron a la conclusión de que el nivel de cumplimiento de las medidas técnicas en este ámbito todavía no
      podía considerarse aceptable. Se desembarcaba y se vendía constantemente merluza de tamaño inferior al permitido sin que se
      hicieran esfuerzos visibles de control para impedirlo. Además, observaron que las autoridades nacionales responsables carecían
      de los recursos y de los equipos necesarios y su formación era insuficiente. Los procedimientos administrativos no estaban
      lo bastante desarrollados como para satisfacer las exigencias de la situación. Por último, subrayaron que el número y la calidad
      de los controles en las lonjas y en las tiendas al por menor era extremadamente bajo.
      
      
       23.      Habida cuenta de que la información remitida por la República Francesa acerca de los avances en sus esfuerzos de control en
      general no trataba de modo suficiente el problema de la aplicación de las normas relativas a la merluza de tamaño inferior
      al permitido en la región de Pays Bigoudin, la Comisión llegó a la conclusión de que la República Francesa todavía no había
      adoptado las medidas necesarias para atenerse a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991. En consecuencia,
      mediante escrito de 27 de agosto de 2002, la Comisión interpuso el presente recurso con arreglo al artículo 228 CE, apartado
      2. Las pretensiones de las partes ya se han reproducido en los puntos 4 y 5 de las presentes conclusiones.
      
      
      
            IV.
            La situación actual 24.      Con el fin de preparar la vista, el Tribunal de Justicia remitió una serie de preguntas escritas a la Comisión y a la República
      Francesa acerca de la situación actual del problema relativo al desembarque y a la venta de pescado de tamaño inferior al
      permitido. A la Comisión le preguntó si los inspectores de pesca comunitarios habían efectuado visitas in situ con posterioridad a la interposición del presente recurso; en caso afirmativo, le instó a aportar los informes de los inspectores
      y, en el supuesto de que se señalara que persistía la venta de cantidades importantes de pescado de tamaño inferior al permitido,
      a que indicara las medidas que debían adoptar las autoridades francesas para acabar con esta situación. A la República Francesa
      le solicitó que aportara información sobre el número de controles realizados en tierra y en el mar (tanto en las lonjas como
      fuera de ellas) desde la interposición del presente recurso con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas sobre el
      tamaño mínimo del pescado y que indicara el número de infracciones y las acciones legales adoptadas en relación con dichas
      infracciones.
      
      
       25.      La Comisión respondió que desde la interposición del presente recurso habían tenido lugar tres inspecciones in situ. Durante dichas visitas se determinó que, aun cuando la oferta de merluza de tamaño inferior al permitido había disminuido
      en Bretaña, y en Pays Bigoudin, en particular, no ocurría lo mismo en las regiones mediterráneas. Los inspectores comunitarios
      habían observado la falta de controles dirigidos a impedir la venta de pescado de tamaño inferior al permitido durante el
      desembarque y advirtieron que no en todos los casos de infracción se elaboraba un informe oficial. Pese a las medidas adoptadas
      desde 1998 por las autoridades francesas para mejorar los controles, la Comisión no podía determinar si habían sido realmente
      efectivas. Por el contrario, tiene razones para creer que no es así. Para poder llegar a la conclusión de que se ha puesto
      fin al incumplimiento, necesitaría que se le proporcionara información completa y exhaustiva sobre los controles efectuados
      en 2001, 2002 y 2003 en relación con el pescado de tamaño inferior al permitido y con la merluza en particular. En la vista,
      la Comisión añadió que el adecuado cumplimiento del Reglamento nº 2847/93 requiere que se controle toda la cadena de actividades
      relacionadas con la pesca y que el control de los desembarques es especialmente importante en este tipo de situaciones. La
      información y los datos aportados por el Gobierno francés no son lo suficientemente específicos como para llegar a la conclusión
      de que ha cesado el incumplimiento.
      
      
       26.      En su respuesta, el Gobierno francés aporta datos sobre las inspecciones en tierra y en el mar en los años 2001 a 2003. De
      dichos datos resulta que en 2003 disminuyó significativamente el número de los dos tipos de inspección en comparación con
      los dos años anteriores. La disminución de las inspecciones en el mar en 2003 se explica por la movilización de los buques
      franceses con el fin de enfrentarse a la contaminación que siguió al naufragio del petrolero «Prestige». Según el Gobierno
      francés, la disminución de los controles en tierra se debió a la mejora de la disciplina de los pescadores, que también observaron
      los inspectores de la Comisión durante una visita inesperada en junio de 2003. En dicha ocasión no se detectó pescado de tamaño
      inferior al permitido. Los datos sobre las sanciones impuestas también revelan un descenso de 2001 a 2002. Este descenso se
      debió a una ley de amnistía 
         			(13)
         		 en virtud de la cual se indultó a los condenados a multas inferiores a 750 euros, mientras que los condenados a multas superiores
      sólo pudieron beneficiarse del indulto tras haber pagado la multa. El Gobierno francés señala que las multas impuestas por
      infringir las normas en materia de tamaño mínimo del pescado eran mucho más elevadas.
      
      
       27.      Durante la vista, el Gobierno francés respondió a la observación de la Comisión según la cual, aun cuando ésta reconocía que
      el desembarque de merluza de tamaño inferior al permitido había disminuido en la zona que más le preocupaba, Pays Bigoudin
      y Bretaña, el problema persistía en la costa mediterránea. El Gobierno francés señaló que cuando el Tribunal de Justicia dictó
      la sentencia de 11 de junio de 1991 no se aplicaban a los recursos pesqueros del Mediterráneo medidas específicas de conservación,
      por lo que el hecho de que la observancia del Reglamento nº 2847/93 no sea todavía satisfactoria en esa región no puede considerarse
      un incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia.
      
      
      
            V.
            ApreciaciónA.
            Observaciones preliminares: el deber de hacer cumplir las obligaciones en el marco de la política pesquera común 28.      Antes de abordar el examen de las medidas adoptadas por la República Francesa para atenerse a las normas comunitarias pertinentes
      en materia de pesca tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991, el problema sobre el que se discute
      en este asunto debe situarse en primer lugar en su propio contexto, a saber, la importancia de garantizar el cumplimiento
      de las disposiciones de Derecho comunitario, en particular, en el ámbito de la política pesquera común.
      
      
       29.      En términos generales el ordenamiento jurídico comunitario, aun cuando es autónomo, es un ordenamiento jurídico dependiente
      en la medida en que, en muchos ámbitos, depende de los esfuerzos de los Estados miembros para garantizar el pleno cumplimiento
      de las obligaciones que impone a los operadores económicos. En virtud del artículo 10 CE, los Estados miembros tienen la obligación
      general de adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación y el cumplimiento efectivo del Derecho comunitario,
      así como su «effet utile». En concreto, los Estados miembros deben garantizar que existe un marco normativo adecuado para
      la aplicación y la ejecución de las medidas comunitarias, que se ha designado a las autoridades competentes, que se han destinado
      recursos suficientes y que se actúa adecuadamente contra los infractores. Cuando el esfuerzo de ejecución en los Estados miembros
      es insuficiente, resulta imposible alcanzar los objetivos de las normas comunitarias pertinentes de un modo más o menos uniforme
      en toda la Comunidad.
      
      
       30.      Aunque los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación al determinar cómo alcanzar dicho objetivo, el Tribunal
      de Justicia, en su jurisprudencia, ha establecido unos requisitos mínimos relativos a las normas de procedimiento aplicables
      a la ejecución de los derechos y obligaciones comunitarios. En concreto, conforme a una jurisprudencia reiterada, ha sostenido
      que dicha regulación no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de
      equivalencia), ni debe hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el
      ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). 
         			(14)
         		 Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud del artículo
      10 CE en relación con el cumplimiento les exigen que garanticen «que las infracciones del Derecho comunitario sean sancionadas
      en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando tengan
      una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confieran un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio a la
      sanción. Además, en relación con las infracciones del Derecho comunitario, las autoridades nacionales deben proceder con la
      misma diligencia que utilizan para la aplicación de las respectivas legislaciones nacionales». 
         			(15)
         		
      
       31.      La observancia estricta de estas obligaciones generales relativas a la aplicación y al cumplimiento efectivos de las medidas
      comunitarias es especialmente importante en el marco de la política pesquera común (en lo sucesivo, «PPC») por varias razones.
      Estas razones se refieren a la naturaleza de actividad económica de la pesca, al hecho de que los recursos pesqueros de las
      aguas comunitarias deben considerarse un recurso común a los Estados miembros, a la interdependencia entre los intereses de
      los Estados miembros en este ámbito y al riesgo de abuso que entraña la imposición de restricciones a la explotación de los
      recursos.
      
      
       32.      La gestión de un recurso natural como los recursos pesqueros supone conciliar (a corto plazo) intereses económicos encaminados
      a una explotación máxima, por una parte, con el interés de mantener dichos recursos a un nivel aceptable desde un punto de
      vista biológico y ecológico para garantizar la explotación a largo plazo, por otra. El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 2371/02
      del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud
      de la política pesquera común, 
         			(16)
         		 según el cual el principal objetivo de la PPC es garantizar «una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite
      unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles» se refiere también a dicha tensión básica. A tenor del
      citado artículo, el concepto de sostenibilidad constituye el principio rector. Una de las peculiaridades de la pesca como
      actividad económica es que el producto es al mismo tiempo la fuente de producción. Se trata de un recurso renovable. Ello
      significa que existe un límite natural y biológicamente sostenible aplicable al nivel de explotación de los recursos pesqueros.
      Si las medidas destinadas a limitar la actividad pesquera o a proteger las poblaciones de alevines no se respetan, a largo
      plazo la capacidad reproductora de los peces resultará necesariamente afectada. Ello explica por qué desde el principio las
      normas precisas en materia de control y de persecución de las infracciones han constituido una parte esencial de la PPC.
      
      
       33.      El Tribunal de Justicia ha subrayado asimismo la necesidad de cumplir estrictamente las medidas de conservación en el sector
      pesquero con el fin de mantener la capacidad productiva a largo plazo al observar que «el cumplimiento de las obligaciones
      que incumben a los Estados miembros, en virtud del régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos pesqueros,
      es imperativo para garantizar la protección de los fondos pesqueros, la conservación de los recursos biológicos del mar y
      su explotación sobre bases duraderas y en condiciones económicas y sociales apropiadas». 
         			(17)
         		 En el mismo sentido, ha declarado que «si las autoridades competentes de un Estado miembro se abstuvieran sistemáticamente
      de ejercitar acciones de esta índole contra los responsables de […] infracciones, correrían grave peligro tanto la conservación
      y la gestión de los recursos de la pesca como la ejecución uniforme de la política pesquera común». 
         			(18)
         		
      
       34.      Los recursos pesqueros deben considerarse un recurso común de los Estados miembros que todos han de gestionar en interés de
      todos. La inobservancia de las medidas comunitarias de conservación en un Estado miembro afecta automáticamente a los intereses
      de (la industria pesquera de) otros Estados miembros. En otras palabras, en este sector existe un alto grado de interdependencia
      que implica una «responsabilidad compartida» 
         			(19)
         		 de los Estados miembros a los efectos de controlar el régimen de limitación de las capturas y de cumplir las normas dirigidas
      a proteger los recursos pesqueros de la sobreexplotación.
      
      
       35.      Otro aspecto de dicha interdependencia se refiere al hecho de que alcanzar los objetivos de la PPC evidentemente depende en
      primer lugar de la cooperación de la industria pesquera. Cabe presumir que la voluntad de aceptar y cumplir con las restricciones
      impuestas a las actividades pesqueras será mayor si los pescadores pueden confiar en que todos los Estados miembros aplican
      por igual dichas restricciones y en que, en consecuencia, operan en condiciones equivalentes a las que están sujetos sus competidores
      de otros Estados miembros. Las diferencias en el modo en que éstos aplican las normas de la PPC pueden ser vistas como una
      discriminación que puede dar lugar a distorsiones de la competencia. La igualdad de aplicación es uno de los aspectos de la
      igualdad de condiciones de competencia en la que deberían poder operar.
      
      
       36.      Además, es preciso ser conscientes de que, cuando se limita la pesca de una determinada especie por razones de conservación,
      ello entraña el riesgo de que no se respeten las restricciones. La escasez de la oferta que resulta del desembarque de cantidades
      menores de pescado conlleva el incremento de los precios que, por sí solo, convierte en rentable para los pescadores la contravención
      de las normas pertinentes. De este modo, la imposición de restricciones crea un incentivo económico para continuar explotando
      los recursos que ya están amenazados. Esta razón, por sí sola, es ya suficiente para aumentar el esfuerzo de vigilancia y
      de aplicación de las medidas en relación con las especies que corren un riesgo de sobreexplotación.
      
      
       37.      Estas consideraciones demuestran que, para garantizar que los recursos pesqueros se explotan de manera sostenible, son esenciales
      un control y una persecución de las infracciones adecuados en el sector pesquero. Dado que cualquier insuficiencia en este
      sentido tiene repercusiones en la conservación de los recursos comunes a todos los Estados miembros, el esfuerzo de ejecución
      ha de alcanzar niveles elevados. Ello significa que las obligaciones que el Reglamento nº 2847/93 impone a los Estados miembros
      deben interpretarse estrictamente.
      
      
       38.      Globalmente considerado, el artículo 1 del Reglamento nº 2847/93 exige a los Estados miembros que adopten «las medidas apropiadas
      para asegurar la máxima eficacia del régimen» instaurado «con objeto de garantizar el cumplimiento de la normativa de la política
      pesquera común». El artículo 2 añade que deben controlar la práctica de la pesca y de las actividades conexas, inspeccionar
      los buques pesqueros y examinar todas las actividades de manera que pueda verificarse la aplicación del Reglamento, incluidas,
      entre otras, las actividades de desembarque y de venta de productos de la pesca. Por último, el artículo 31 obliga a los Estados
      miembros a adoptar las medidas oportunas contra las personas físicas o jurídicas responsables cuando se haya comprobado un
      incumplimiento de las normas de la PPC, así como a privar de los beneficios económicos procedentes de la infracción a los
      responsables o a adoptar medidas «proporcionales a la gravedad de la infracción, con un efecto disuasorio real para cualquier
      nueva infracción del mismo tipo».
      
      
       39.      El resultado que, con arreglo al Reglamento nº 2847/93, han de alcanzar los Estados miembros es, por tanto, garantizar que
      sus actividades de control y de persecución de las infracciones sean efectivas. «Efectivo» debe entenderse en este contexto
      en el sentido de que existen muchas posibilidades de que, en caso de incumplimiento, los pescadores corran un elevado riesgo
      de ser descubiertos y de que les impongan sanciones que, como mínimo, les privarán de cualquier beneficio económico derivado
      de la infracción de las normas en materia de pesca. El esfuerzo de control y la amenaza de la acción represiva deben ejercer
      una presión suficiente como para que el incumplimiento deje de ser económicamente atractivo y, por tanto, quede garantizado
      que se ha alcanzado en la práctica la situación pretendida por las normas pertinentes en materia de pesca.
      
      
       40.      Esta es la premisa de la que hay que partir al apreciar si el supuesto incumplimiento de la República Francesa todavía subsiste.
      
      
      B.
            Dos aspectos generales: fecha de referencia y prueba 41.      En primer lugar, en el procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, la cuestión de si un Estado miembro ha incumplido
      sus obligaciones debe determinarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del
      plazo señalado en el dictamen motivado de la Comisión. En el presente caso, la Comisión dirigió un primer dictamen motivado
      a la República Francesa el 14 de abril de 1996, que fue completado por un segundo dictamen de 6 de junio de 2000. Dado que
      el plazo que este último documento señalaba para poner fin al incumplimiento era de dos meses, el momento en función del cual
      debe determinarse si la República Francesa cumplió, conforme al artículo 228 CE, apartado 1, con su obligación de atenerse
      a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 es el 6 de agosto de 2000. 
         			(20)
         		
      
       42.      Ello significa que no deben tenerse en cuenta los progresos efectuados a partir de esa fecha a los efectos de determinar si
      el supuesto incumplimiento subsiste o no. 
         			(21)
         		 No obstante, dichos progresos son pertinentes para apreciar si es oportuno imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva,
      tal como establece el artículo 228 CE, apartado 2. Volveré sobre este extremo posteriormente.
      
      
       43.      El segundo aspecto se refiere a la prueba. La alegación de la Comisión relativa a la insuficiencia de los controles y de las
      medidas adoptadas para perseguir a los infractores de las normas comunitarias en materia de tamaño mínimo del pescado se basa
      en gran parte en los informes (que figuran en los autos del presente asunto) elaborados por los inspectores de pesca comunitarios
      tras sus frecuentes inspecciones in situ en las regiones costeras francesas. Dichos informes abarcan el período comprendido entre mayo de 1994 y julio de 2003.
      
      
       44.      El Gobierno francés objeta que la Comisión se limita a declarar que las medidas adoptadas por las autoridades francesas para
      terminar con los incumplimientos subsistentes eran inadecuadas, pero no precisa qué medidas habrían sido oportunas. Asimismo,
      reprocha a la Comisión que descarte los hechos y los datos invocados por él por ser insuficientes, sin rebatirlos, cuando
      corresponde a la Comisión demostrar que el Estado miembro implicado infringe todavía las obligaciones del Tratado. 
         			(22)
         		 Además, alega que nunca le fueron comunicados los informes de los inspectores de pesca comunitarios en los que se apoya la
      Comisión, por lo que no tuvo la oportunidad de responder a las observaciones que figuran en ellos. A su juicio, las diversas
      alegaciones formuladas por la Comisión no tienen como base hechos precisos sino meras suposiciones que les confieren un matiz
      subjetivo.
      
      
       45.      Es cierto que la determinación de una infracción en el sentido de los artículos 226 CE y 228 CE se basa en la comprobación
      objetiva 
         			(23)
         		 del incumplimiento por parte de un Estado miembro de las obligaciones que le impone el Tratado o un acto de Derecho derivado.
      En este contexto, se trata de responder a la cuestión de si la información contenida en los informes de los inspectores de
      pesca comunitarios era suficiente para constituir tal comprobación objetiva.
      
      
       46.      En las circunstancias del presente asunto, considero que los informes constituyen una fuente fiable para conocer la situación,
      por lo que se refiere a la vigilancia práctica, en los puertos franceses y en las lonjas que visitaron los inspectores. Globalmente
      considerados, dichos informes proporcionan una visión de conjunto coherente de las prácticas de control del cumplimiento de
      las medidas comunitarias de conservación en la República Francesa en los últimos diez años. Aunque el Gobierno francés afirma
      que no se le remitieron los informes propiamente dichos, éstos dan cuenta de la celebración de reuniones informativas en las
      que se comunicó a las autoridades nacionales competentes los resultados de las inspecciones. Además, procede recordar que
      el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 11 de junio de 1991, aceptó informes similares de los inspectores comunitarios
      como prueba del incumplimiento de los Reglamentos sobre el control, dado que el Gobierno francés disponía de informes elaborados
      por sus propios servicios relativos a las inspecciones de que se trata y, por tanto, podía impugnar la exactitud de las comprobaciones
      de los inspectores comunitarios. 
         			(24)
         		
      
      C.
            Sobre el primer motivo: insuficiencia de los controles 47.      Por lo que respecta al primer motivo de la Comisión, el Gobierno francés observa que desde la sentencia del Tribunal de Justicia
      de 11 de junio de 1991 no ha dejado de reforzar su capacidad de vigilancia. En este sentido, se refiere a tres aspectos en
      concreto: a) el aumento del número de inspecciones, b) la aprobación de planes de control y c) la circunstancia de que durante
      una visita de control de los inspectores de pesca comunitarios en septiembre de 2002 no se detectara pescado de tamaño inferior
      al permitido.
      
      
       48.      La Comisión responde que las cifras sobre el aumento de las inspecciones se refieren a las inspecciones en el mar y que éstas
      no son tan efectivas como el control de las capturas desembarcadas y del pescado vendido en las lonjas. Aun cuando aprueba
      la adopción de planes de control para 2001 y 2002, la Comisión observa que dichos planes, por sí solos, no ponen fin a la
      infracción, ya que ello depende de su aplicación práctica. La Comisión no ha podido comprobar si la situación ha mejorado
      efectivamente. En cuanto al hecho de que no se detectara pescado de tamaño inferior al permitido durante una misión en septiembre
      de 2002, la Comisión señala que el objeto de dicha misión era la gestión de las cuotas de pesca y que tal circunstancia no
      puede tomarse en consideración como una comprobación implícita en relación con el control del cumplimiento de las normas en
      materia de tamaño mínimo del pescado.
      
      
       49.      El Gobierno francés reprocha a la Comisión que no explique por qué las inspecciones en el mar son menos efectivas que en tierra
      y considera sus alegaciones relativas al primer motivo incoherentes e infundadas. Subraya que los planes para 2001 y 2002
      preveían controles que debían efectuarse en todas las fases de la cadena de producción, tanto en el mar como en tierra, así
      como en todas las fases de comercialización. Los datos relativos al período comprendido entre septiembre de 2001 y febrero
      de 2002 confirman el aumento del número de controles. El Gobierno francés sostiene que la respuesta de la Comisión en relación
      con la misión de septiembre es contradictoria con el hecho de que se basara precisamente en las comprobaciones de dicha misión
      para acreditar la inconsistencia de los controles.
      
      
       50.      El Reglamento nº 2847/93 exige a los Estados miembros que controlen todas las actividades relacionadas con la pesca, desde
      la captura hasta la comercialización, de un modo efectivo. Es preciso reconocer que la República Francesa adoptó diversas
      medidas encaminadas a mejorar el control del cumplimiento de las normas de la PPC en general, como el aumento de las inspecciones
      en el mar, la asignación de recursos adicionales al control, la reorganización de sus servicios internos de control, la mejora
      del marco legal y la elaboración de planes de control, programas y circulares, en los que da instrucciones a los funcionarios
      regionales para que supervisen el cumplimiento de las normas comunitarias en materia de tamaño mínimo permitido del pescado.
      De todas formas, aunque las citadas medidas son necesarias para alcanzar los objetivos de la normativa de control, sólo pueden
      considerarse efectivas si, como ya he señalado en el punto 30 de estas conclusiones, conducen a una situación en la práctica
      que se corresponde con la contemplada en las disposiciones de la PPC.
      
      
       51.      A los efectos de determinar si ha ocurrido así en el presente caso, los informes de los inspectores de pesca comunitarios
      constituyen una valiosa fuente de información. Dichos informes contienen numerosos y reiterados indicios de una inexistencia
      de un control del cumplimiento eficiente y efectivo en el sentido señalado anteriormente. Aunque se observan progresos en
      el marco legal y esfuerzos para mejorar el control, sistemáticamente se registran el desembarque y la venta en las lonjas
      de pescado de tamaño inferior al permitido, en concreto, en Bretaña y en Pays Bigoudin, pero también en otras regiones como
      Normandía y el Mediterráneo. En algunos casos, esta situación se produjo en ausencia de las autoridades nacionales competentes
      para detectar las infracciones de las normas en materia de pesca. En otros casos, los funcionarios estaban presentes, pero
      no actuaron contra los infractores. En general, se observó más de una vez que la calidad y el número de los controles eran
      bajos, que faltaban recursos humanos y que cuando se efectuaron inspecciones, éstas se realizaron de modo ineficiente. Se
      informó también de que, en alguna ocasión, dado el carácter políticamente delicado del problema, los inspectores nacionales
      habían recibido instrucciones orales de actuar sólo ante casos extremos de desembarque y venta de merluza de tamaño inferior
      al permitido (por debajo de 17 cm), pero de permitir la venta de merluza de tamaño inferior al permitido que superase los
      17 cm. Asimismo, se hizo referencia a la existencia de un acuerdo tácito entre los pescadores y las autoridades para permitir
      el desembarque de merluza de tamaño inferior al permitido. El hecho de que hubiera demanda de merluza inferior al tamaño permitido
      se puso de manifiesto por el uso del diminutivo de merluza («merlu»), «merluchon» o «merluchon friture», que habitualmente
      se subastaba con un código especial «00», en contra de las normas comunitarias en materia de comercialización de los productos
      de la pesca.
      
      
       52.      Partiendo de estas premisas, me parece absolutamente justificado que los inspectores comunitarios señalaran que su impresión
      general era que las autoridades francesas habían adoptado una actitud tolerante o permisiva por lo que se refiere al control
      del cumplimiento de las normas comunitarias en materia de tamaño del pescado. Cuando el Gobierno francés responde que la Comisión
      basa sus alegaciones en presunciones, yo señalaría que el hecho de que se pueda desembarcar y vender continuamente pescado
      de tamaño inferior al permitido constituye un indicio inequívoco de que el esfuerzo de control es inadecuado e inefectivo. 
         			(25)
         		 Además, es significativo que en un momento del procedimiento administrativo previo la propia República Francesa reconociera
      en su correspondencia con la Comisión que el problema en Pays Bigoudin era «residual».
      
      
       53.      La persistencia de esta situación tan poco satisfactoria quedó confirmada por un informe posterior a una visita a la costa
      bretona en junio de 2001, es decir, una vez expirado el plazo señalado en el dictamen motivado complementario. Citaré las
      principales conclusiones del citado informe:
      
       
      –
         «Aun cuando en Pays Bigoudin ya no se comercializa merluza muy pequeña (inferior a 20 cm), se desembarca, se subasta y se
            comercializa continuamente merluza de tamaño inferior al permitido.
         
      
      
       
      –
         Los recursos disponibles para controlar la situación en Pays Bigoudin son claramente insuficientes.
      
      
       
      –
         Aunque las autoridades responsables estén presentes durante los desembarques, no efectúan controles efectivos.
      
      
       
      –
         Se presta una atención insuficiente a la retirada del mercado del pescado de tamaño inferior al permitido.
      
      
       
      –
         Las modalidades de clasificación en Le Guilvinec y Lesconsil se caracterizan por el uso de las denominaciones NT y 00 para
            la merluza de tamaño inferior, que ya había sido clasificada antes del desembarque.
         
      
      
       
      –
         No se efectúa un control adecuado de las actividades en las subastas. […]»
      
      
      
      
       54.      A mi juicio, los informes elaborados en los últimos diez años no se limitan a registrar incidentes aislados, sino que ponen
      de manifiesto una situación estructural que dura ya muchos años, en concreto, en la región bretona de Pays Bigoudin. Y lo
      que es más importante para el presente procedimiento, dicha situación todavía persistía al finalizar el plazo señalado en
      el dictamen motivado complementario de 6 de junio de 2000.
      
      
       55.      Al sostener que había puesto fin al supuesto incumplimiento, el Gobierno francés invocó el aumento de su esfuerzo de vigilancia
      en el mar, los planes generales de control para 2001 y 2002 y el plan específico de control para 2002 dirigido al pescado
      de tamaño inferior al permitido y el hecho de que durante una visita de los inspectores de pesca comunitarios, en septiembre
      de 2002, no se detectara pescado de tamaño inferior al permitido.
      
      
       56.      En mi opinión, ninguno de estos argumentos es suficiente para desvirtuar las pruebas constituidas por los informes de los
      inspectores de pesca comunitarios. Cuando el Gobierno francés objeta que la Comisión se limita a afirmar que las inspecciones
      en el mar son menos efectivas que las inspecciones en tierra, dicha alegación puede desestimarse por irrelevante en la medida
      en que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 2847/93 obliga al Estado miembro no sólo a inspeccionar los buques pesqueros,
      sino también a examinar todas las actividades, comprendidas las actividades de desembarque, venta, transporte y almacenamiento
      de productos de la pesca, de modo que pueda verificarse la aplicación de dicho Reglamento. Por tanto, los Estados miembros
      están obligados a efectuar controles tanto en el mar como en tierra con independencia de su propia opinión sobre qué tipo
      de vigilancia es más o menos efectiva. En cuanto a los planes de control para 2001 y 2002, me gustaría subrayar que, para
      que contribuyan a terminar con el supuesto incumplimiento, debe demostrarse que son efectivos en la práctica. En cualquier
      caso, dichos planes solamente se adoptaron con posterioridad a la expiración del plazo impuesto por el dictamen motivado complementario,
      por lo que sólo por este motivo no pueden tomarse en consideración. 
         			(26)
         		 Por la misma razón, no es pertinente la referencia a la visita de septiembre de 2002.
      
      
       57.      En general, de los documentos y de la información presentada ante el Tribunal de Justicia se desprende que la República Francesa
      sólo empezó a tomar medidas para ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 gradualmente y que
      los planes de control se aprobaron en la última fase. De los reiterados informes acerca del desembarque y la venta de merluza
      de tamaño inferior al permitido resulta con claridad que las medidas adoptadas no fueron efectivas para garantizar el cumplimiento
      de las normas comunitarias en materia de tamaño del pescado. En los años que se examinan, las poblaciones de merluza disminuyeron
      de tal modo que hubo que reducir significativamente el total admisible de capturas de merluza a finales de 2000 y adoptar
      medidas especiales de conservación y un programa para el restablecimiento de las poblaciones de merluza. En este contexto,
      a los Estados miembros les incumbe una responsabilidad especial en la aplicación de las medidas de conservación pertinentes.
      
      
       58.      Partiendo de las anteriores apreciaciones, considero que, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado complementario
      de 6 de junio de 2000, la República Francesa no había ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991,
      al no controlar adecuadamente, a fecha de 6 de agosto de 2000, el cumplimiento de las medidas técnicas de conservación en
      materia de tamaño mínimo del pescado con arreglo a los artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 1, del Reglamento nº 2847/93.
      
      
       59.      Habida cuenta de que el presente procedimiento se inició con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, y que la Comisión solicitó
      que se condenara a la República Francesa a pagar una multa coercitiva desde el día en que se dicte sentencia en el presente
      asunto hasta que cumpla íntegramente las obligaciones de que se trata, procede abordar además la cuestión de si la situación
      actual se ajusta al Reglamento nº 2847/93.
      
      
       60.      Desde la expiración del plazo señalado en el dictamen motivado complementario, la adopción de los planes de control para 2001
      y 2002 pone de manifiesto que el problema del control del respeto de las medidas comunitarias de conservación está siendo
      objeto de una política más seria en la República Francesa. Como he señalado anteriormente, la cuestión que se plantea es si
      la ejecución de dichos planes (que, es preciso recordarlo, se adoptaron muy tarde teniendo en cuenta la duración del incumplimiento)
      condujo a una situación conforme con la contemplada por las normas comunitarias en materia de conservación de los recursos
      pesqueros.
      
      
       61.      La información aportada por la Comisión en respuesta a las preguntas escritas que le planteó el Tribunal de Justicia sugiere
      que, aun cuando la situación en Pays Bigoudin ha mejorado, todavía persisten los problemas en otras regiones costeras, en
      concreto, en la región mediterránea. Por otra parte, la República Francesa cita datos que muestran una tendencia a la baja
      en el número de inspecciones efectuadas en el mar y en tierra en 2003 en comparación con 2002. Cuando afirma que el descenso
      del número de inspecciones en tierra se debe a una mayor disciplina de los pescadores la República Francesa incurre, a mi
      juicio, en una contradicción. Si la observancia de las normas comunitarias en materia de pesca en Pays Bigoudin ha mejorado
      como consecuencia de controles más efectivos, parece más lógico mantener el esfuerzo de control al mismo nivel, en particular,
      en una región en la que la sobreexplotación de las poblaciones de merluza ha sido endémica durante más de una década.
      
      
       62.      El Gobierno francés afirmó durante la vista que, mientras que la Comisión considera que la situación en Pays Bigoudin ha mejorado,
      en la actualidad parece preocupada por los controles efectuados en la región mediterránea. En cualquier caso, dicho problema
      no puede considerarse, en su opinión, una falta de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991,
      dado que las medidas comunitarias de conservación relativas a la citada región se adoptaron años después de la sentencia.
      
      
       63.      A este respecto, me gustaría subrayar que en su sentencia de 11 de junio de 1991 el Tribunal de Justicia declaró que la República
      Francesa había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los Reglamentos que estaban en vigor en aquel momento,
      es decir, el Reglamento nº 2057/82/CEE y el Reglamento nº 2241/87/CE. Es preciso ser conscientes de que la PPC cambia con
      el tiempo, tanto ratione loci como ratione materiae, a la luz de la evolución en el sector de la pesca y del estado de los recursos pesqueros. Aun cuando, desde un punto de vista
      sustantivo, las obligaciones de controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de conservación persiguen evidentemente
      el mismo objetivo que dichas medidas en cualquier momento dado, se trata de obligaciones independientes. Las imputaciones
      de la Comisión tienen por objeto la insuficiencia de los controles como tales. Esta circunstancia se ilustró con mayor claridad
      haciendo referencia al control de las actividades pesqueras relacionadas con la merluza de tamaño inferior al permitido en
      Pays Bigoudin, en particular. Sin embargo, el objeto tanto del asunto C‑64/88 como del presente asunto continúa siendo la
      insuficiencia de los controles. Las apreciaciones del Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de junio de 1991 se refieren
      a la falta de control del respeto de las normas en materia de pesca en vigor en aquel momento, con independencia del ámbito
      territorial de dichas normas. El hecho de que cambien las normas que constituyen el propio objeto de las obligaciones de control
      no afecta a la obligación básica de controlar el respeto y garantizar el cumplimiento de dichas normas. Considero, por tanto,
      que la alegación del Gobierno francés de que la situación en la región mediterránea no debe tenerse en cuenta, extremo por
      otra parte que no ha invocado con anterioridad aunque la Comisión se refirió a él durante el procedimiento administrativo
      previo (véase el punto 18 de las presentes conclusiones), no es pertinente a los efectos de apreciar si el incumplimiento
      todavía persiste o no.
      
      
       64.      Según la información más reciente que figura en los autos en cuanto a la situación actual, los inspectores comunitarios no
      detectaron pescado de tamaño inferior al permitido durante una visita a Pays Bigoudin en junio de 2003. No obstante, informaron
      de una evidente inexistencia de controles del desembarque, que puede decirse que constituye la fase de control esencial en
      la cadena de actividades pesqueras. Se realizaron observaciones análogas en relación con la región mediterránea tras las visitas
      de mayo y julio de 2003, en las que se detectó pescado de tamaño inferior al permitido. Por otro lado, si bien una de dichas
      misiones tenía por objeto, en parte, controlar el respeto del tamaño mínimo requerido para el atún rojo, no se encontró ningún
      ejemplar de tamaño inferior.
      
      
       65.      La Comisión, en su respuesta a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal de Justicia, afirma no haber podido determinar
      si los planes de control aprobados por las autoridades francesas produjeron un efecto real. Partiendo de los informes más
      recientes de sus inspectores de pesca, se inclina a pensar lo contrario. Al mismo tiempo, señala que para poder llegar a la
      conclusión de que ha cesado el incumplimiento necesitaría que se le proporcionara información fidedigna y exhaustiva sobre
      varios extremos.
      
      
       66.      En el presente asunto, ya se ha determinado que, al final del plazo señalado en el dictamen motivado complementario, la República
      Francesa todavía no había ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991. Tomando como base la información
      de que dispone el Tribunal de Justicia y dado el carácter estructural y prolongado del incumplimiento, no es posible llegar
      a la conclusión de que la República Francesa, en el momento actual, que no puede contemplarse aisladamente sin tener en cuenta
      la situación en el pasado, ha adaptado a los parámetros impuestos por el Reglamento nº 2847/93 sus prácticas de control del
      respeto y de garantía del cumplimiento de las medidas comunitarias de conservación en materia de pesca.
      
      
      D.
            Sobre el segundo motivo: insuficiencia de las medidas adoptadas contra los infractores 67.      En respuesta al segundo motivo de la Comisión, el Gobierno francés alega el incremento del número de procedimientos incoados,
      así como la relevancia de las sanciones impuestas.
      
      
       68.      La Comisión observa que los datos aportados por el Gobierno francés son muy generales, ya que se refieren a todo el territorio
      francés y la mayor parte de las condenas son por infracciones detectadas en el mar y no tienen ninguna relación con las capturas
      de pescado de tamaño inferior al permitido. De las estadísticas relativas a los procesos penales incoados en 2001 por infracciones
      graves de las normas de la PPC resulta que se impusieron sanciones únicamente en el 11 % de los casos de pescado de tamaño
      inferior al permitido. En cuanto a la relevancia de las sanciones impuestas, de los datos aportados para el año 2001 la Comisión
      no deduce que se siguiera una política rigurosa en la aplicación de las normas sobre tamaño mínimo. El único caso en el que
      se impuso una multa considerable fue el de un buque español que cometió seis infracciones distintas y sólo una de ellas era
      la captura de merluza de tamaño inferior al permitido. La Comisión reconoce que la circular del Ministerio de Justicia de
      16 de octubre de 2002 dirigida a los fiscales de las regiones costeras y en la que les instaba a actuar severamente contra
      los infractores de los Reglamentos sobre tamaño mínimo del pescado constituye un paso en la dirección correcta hacia el final
      del incumplimiento. No obstante, por sí sola no puede garantizar la imposición de sanciones disuasorias. Es necesario comprobar
      tanto el modo en que se aplica como su ámbito geográfico.
      
      
       69.      La República Francesa afirma que, habida cuenta de los datos relativos a las medidas adoptadas en relación con las infracciones
      detectadas en el marco de su plan para 2001 de recuperación de las poblaciones de merluza, no cabe sostener que las autoridades
      francesas no persiguen a los infractores de las normas comunitarias en materia de tamaño mínimo, en concreto, de la merluza.
      Añade que un mero análisis estadístico del número de procedimientos incoados no es suficiente para determinar la efectividad
      del sistema de control y de cumplimiento. La Comisión sencillamente se basa en una estadística de esta índole, sin demostrar
      por qué las medidas nacionales no constituyen «medidas adecuadas» en el sentido del artículo 31 del Reglamento nº 2847/93.
      Por lo que se refiere a la rigurosidad de las medidas adoptadas, el Gobierno francés observa que de la información remitida
      a la Comisión resulta con bastante claridad que los incumplimientos se persiguen sistemáticamente. La circular del Ministerio
      de Justicia de 16 de octubre de 2002, que pone en práctica el plan de supervisión del tamaño mínimo del pescado, requiere
      i) la persecución sistemática de las infracciones, ii) el uso limitado de la posibilidad de proponer un compromiso («transaction»)
      a los infractores y iii) la imposición de sanciones disuasorias. Añade que las infracciones de la normativa en materia de
      pesca marítima no son objeto de indulto como tales con arreglo a la ley de amnistía de 2002, sino que depende de la cuantía
      de la multa. Los primeros informes sobre la aplicación de la circular en el período que va hasta el 31 de marzo de 2003 ponen
      de manifiesto que es efectiva.
      
      
       70.      De nuevo, al apreciar, en relación con el segundo motivo, si la República Francesa ha puesto fin al incumplimiento, es preciso
      distinguir entre la situación imperante al final del plazo señalado en el dictamen motivado complementario y la situación
      actual.
      
      
       71.      Cabe recordar que, conforme al artículo 31, apartado 1, del Reglamento nº 2847/93, los Estados miembros están obligados a
      adoptar «medidas adecuadas» cuando detecten un incumplimiento de las normas de la PPC. El término «adecuado» en este contexto
      sólo puede significar que tales medidas deben ser idóneas para fomentar la observancia de dichas normas, como ya se explicó
      en los puntos 37 a 39 de estas conclusiones. Las medidas adoptadas deben ser de tal naturaleza que no sólo produzcan un efecto
      preventivo específico en relación con los responsables de las infracciones, sino que también deben producir un efecto preventivo
      más general. El segundo apartado del artículo 31 lo confirma al disponer que los procedimientos iniciados por infracciones
      «permitirán […] desposeer realmente a los responsables de los beneficios económicos procedentes de la infracción, o serán
      adecuados para producir unos resultados proporcionales a la gravedad de la infracción, con un efecto disuasorio real para
      cualquier nueva infracción del mismo tipo». A mi juicio, el último inciso de esta disposición se refiere a este efecto preventivo
      de carácter más general.
      
      
       72.      Debo subrayar inmediatamente que, mientras que la versión en lengua inglesa del artículo 31, apartado 1, del Reglamento nº 2847/93
      distingue entre «administrative action» (procedimientos administrativos) y «criminal proceedings» (procedimientos penales), de modo que parece que el apartado 2 (que se refiere a «proceedings») sólo se aplica los procedimientos penales, la mayor parte de las versiones en las demás lenguas no hacen esta distinción,
      por lo que el apartado 2 se aplica a los dos tipos de medidas. Dado que la finalidad del Reglamento nº 2847/93 es garantizar
      el cumplimiento efectivo de las normas de la PPC, resulta evidente que estas otras versiones lingüísticas expresan con mayor
      exactitud el sentido del artículo 31.
      
      
       73.      A los efectos de alcanzar los objetivos de la PPC, las infracciones han de ser objeto de una política sancionadora creíble
      y transparente. Ello implica que los incumplimientos de las normas comunitarias en materia de pesca den lugar sistemáticamente
      a procedimientos administrativos o penales que culminen con la imposición de sanciones efectivas. Tal política sancionadora
      ha de gozar de la suficiente credibilidad como para producir efectos disuasorios. Las posibles consecuencias negativas de
      la infracción de las normas en materia de pesca deben considerarse de mayor peso que los beneficios económicos de la inobservancia
      de dichas normas.
      
      
       74.      Durante el procedimiento administrativo previo, la República Francesa remitió a la Comisión distintas estadísticas para demostrar
      que en los años posteriores a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991 adoptó cada vez más medidas contra
      las personas que habían incumplido la normativa en materia de pesca y que las sanciones impuestas eran cada vez más severas.
      La Comisión objeta que dichos datos eran demasiado generales, en la medida en que afectaban a todo el territorio francés y
      se referían a distintos tipos de infracciones de las normas en materia de pesca. Además, no abordan el problema específico
      que le preocupa, a saber, el desembarque y la venta de merluza de tamaño inferior al requerido en el sudoeste de Bretaña.
      
      
       75.      Como destacó el Gobierno francés, la efectividad del sistema de control y de persecución de las infracciones no puede apreciarse
      partiendo únicamente de las estadísticas, sino que debe determinarse en relación con los resultados que han de alcanzarse.
      Una vez más, me parece que las consideraciones que figuran en los informes de los inspectores de pesca comunitarios son decisivas
      por lo que se refiere a la situación existente al final del plazo señalado en el dictamen motivado complementario. Aun cuando
      los datos aportados por la República Francesa contienen indicios de un incremento del número de procedimientos contra los
      infractores y de una severidad cada vez mayor de las sanciones impuestas, el hecho es que en aquel momento no se había resuelto
      el problema principal del desembarque y la venta de pescado de tamaño inferior al permitido, en particular, de merluza en
      Pays Bigoudin. Esto es, por sí solo, un claro indicio de que los esfuerzos tendentes a reforzar la persecución de las infracciones
      no eran efectivos en el sentido indicado anteriormente.
      
      
       76.      Cuando el Gobierno francés reprocha a la Comisión no haber precisado las medidas que serían adecuadas para poner fin a los
      incumplimientos todavía existentes, yo añadiría que la responsabilidad primordial del Estado miembro implicado es asegurarse
      de que cumple las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y del Derecho derivado con los medios y recursos de que
      dispone.
      
      
       77.      Por tanto, procede llegar a la conclusión de que, al expirar el plazo establecido en el dictamen motivado complementario de
      6 de junio de 2000, la República Francesa no había ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 1991,
      al no haber garantizado, a fecha de 6 de agosto de 2000, que se habían adoptado las medidas adecuadas contra las personas
      físicas y jurídicas responsables de las infracciones de las normas de la política pesquera común, como exige el artículo 31
      del Reglamento nº 2847/93.
      
      
       78.      La situación actual en cuanto a la persecución de las infracciones debe apreciarse a la luz de la información remitida por
      ambas partes en respuesta a las preguntas escritas planteadas por el Tribunal de Justicia y posteriormente aclarada en la
      vista.
      
      
       79.      Los informes de la Comisión relativos a las visitas de 2003 contienen varios indicios de que, en contra de la circular del
      Ministro de Justicia de 16 de octubre de 2002, no siempre se elaboran informes oficiales tras detectar una infracción y, en
      consecuencia, tales casos tampoco se someten a los órganos jurisdiccionales. La información estadística más reciente aportada
      por el Gobierno francés no puede considerarse plenamente representativa, ya que los datos para el 2002 se vieron afectados
      por una ley de amnistía, los datos relativos al 2003 son incompletos y, en cualquier caso, tales datos no son lo suficientemente
      específicos. Los datos sobre el nivel medio de las sanciones impuestas sugieren que se ha optado por un enfoque más efectivo.
      Al mismo tiempo, sin embargo, en la medida en que sólo se refieren a la venta, al almacenamiento y a la compra de pescado
      de tamaño inferior al permitido, no aclaran la situación por lo que se refiere a su captura, desembarque y transporte.
      
      
       80.      Partiendo de la información más reciente, procede llegar a la conclusión de que no puede determinarse con la suficiente certeza
      si la práctica actual en la República Francesa al aplicar las normas de la PPC se atiene al Reglamento nº 2847/93. Por consiguiente,
      en lo que atañe a este extremo, la República Francesa tampoco ha ejecutado todavía íntegramente la sentencia del Tribunal
      de Justicia de 11 de junio de 1991.
      
      
      E.
            Consecuencias de las anteriores consideraciones 81.      Según el artículo 228 CE, apartado 2, párrafo tercero, cuando el Tribunal de Justicia considere que un Estado miembro no ha
      ejecutado una sentencia dictada con arreglo al artículo 226 CE y declare que dicho Estado miembro ha incumplido las obligaciones
      que le incumben en virtud del Tratado CE, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
      
      
       82.      La Comisión estima que la imposición de una multa coercitiva es el instrumento más adecuado para incitar a un Estado miembro
      a poner fin lo antes posible a un incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. De conformidad
      con el enfoque y el método de cálculo establecidos en sus comunicaciones de 21 de agosto de 1996 
         			(27)
         		 y de 28 de febrero de 1997, 
         			(28)
         		 respectivamente, la Comisión solicita ahora al Tribunal de Justicia que imponga a la República Francesa una multa coercitiva
      diaria de 316.500 euros. La cuantía de la multa se calcula a partir de un importe a tanto alzado de 500 euros, que se multiplica
      por varios coeficientes que indican la gravedad de la infracción (escala de 1 a 20), la duración de la infracción (escala
      de 1 a 3) y la capacidad de pago del Estado miembro (que se calcula tomando como base su producto interior bruto y el número
      de votos en el Consejo). En el presente asunto, la Comisión sostiene que, teniendo en cuenta las graves consecuencias de la
      inobservancia de las normas comunitarias relativas al tamaño mínimo del pescado para los recursos pesqueros, está justificado
      el coeficiente 10 en la escala de gravedad. Subraya que la zona del Sur de Bretaña es una zona de reproducción de la merluza
      y, por tanto, reviste una gran importancia a los efectos de mantener la población. Dado el período de tiempo transcurrido
      desde la sentencia de 11 de junio de 1991 y habida cuenta de la entrada en vigor del artículo 228 CE, apartado 2 (antiguo
      artículo 171, apartado 2, del Tratado CE) el 1 de noviembre de 1993, señala que debería utilizarse el coeficiente 3 para indicar
      la duración del incumplimiento. Como la capacidad de pago de la República Francesa se fija en un coeficiente de 21,1, el importe
      final de la multa coercitiva asciende a 10 ? 3 ? 21,1 ? 500 euros = 316.500 euros.
      
      
       83.      La República Francesa alega que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia estime necesario imponer una multa coercitiva,
      el importe que sugiere la Comisión es desproporcionado. Cita la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Comisión/Grecia, 
         			(29)
         		 en el que se aplicó un coeficiente 6 para indicar la gravedad de una infracción que suponía una seria amenaza para la salud
      pública. En cuanto a la duración del incumplimiento, señala que las medidas adoptadas con el fin de ejecutar la sentencia
      del Tribunal de Justicia no producen un efecto inmediato, por lo que el Tribunal de Justicia no debería tomar en consideración
      todo el período comprendido entre la primera sentencia y la sentencia que se dicte en el presente asunto.
      
      
       84.      El Tribunal de Justicia ya ha aclarado en las dos sentencias dictadas hasta el momento con arreglo al artículo 228 CE, apartado
      2, que las propuestas de la Comisión relativas a las consecuencias económicas de la declaración de que un Estado miembro no
      ha ejecutado una sentencia anterior no pueden vincular al Tribunal de Justicia. 
         			(30)
         		 Dichas propuestas sólo constituyen una referencia útil para el Tribunal de Justicia cuando ejerce su facultad de apreciación
      con arreglo al citado artículo. En otras palabras, en la aplicación de tal norma el Tribunal de Justicia dispone de competencia
      jurisdiccional plena.
      
      
       85.      En mi apreciación, he efectuado una distinción entre la situación imperante en dos momentos concretos para determinar si la
      República Francesa se atuvo a la sentencia de 11 de junio de 1991: la situación al finalizar el plazo previsto en el dictamen
      motivado complementario y la situación actual. A mi juicio, esta distinción es pertinente para decidir el modo en que debe
      aplicarse el artículo 228 CE, apartado 2, en el caso de autos.
      
      
       86.      El objetivo fundamental del artículo 228 CE, apartado 2, es garantizar que los Estados miembros cumplan en última instancia
      las obligaciones que les incumben en virtud del Tratado poniendo fin a las infracciones lo antes posible. No obstante, es
      preciso poner de relieve que la cuestión relativa a la imposición de una sanción pecuniaria sólo se suscita cuando el Tribunal
      de Justicia ha declarado con anterioridad, en un procedimiento con arreglo al artículo 226 CE, que el Estado miembro implicado
      ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado y después de que se le haya dado la oportunidad, en el
      marco de un segundo procedimiento administrativo previo, de subsanar la situación, tal y como exige el artículo 228 CE, apartado
      1. En el período comprendido entre la primera sentencia y una segunda que declare que la primera no se ha ejecutado, el incumplimiento
      persiste, por lo general, minando la efectividad de las normas comunitarias pertinentes y probablemente afectando a los intereses
      de otros Estados miembros o de otras partes.
      
      
       87.      En vista de las posibles consecuencias perjudiciales del incumplimiento prolongado de las obligaciones derivadas del Tratado
      para la consecución de los objetivos de las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias, considero que el artículo
      228 CE, apartado 2, debe aplicarse de modo que en determinadas circunstancias, las sanciones pecuniarias no sólo sean idóneas
      para instar al cumplimiento, sino que también produzcan un efecto preventivo. En este sentido, deben producir un efecto disuasorio
      similar al señalado en el punto 73 de estas conclusiones.
      
      
       88.      Una multa coercitiva no necesariamente despliega un efecto disuasorio en relación con futuras infracciones de las obligaciones
      comunitarias de que se trate, ya que constituye una sanción de carácter condicional. Cuando un Estado miembro logra cumplir
      las obligaciones que infringía antes de verse obligado a pagar una sanción de tal naturaleza, el resultado final es que no
      se ha impuesto ninguna sanción. Por consiguiente, aun cuando es efectiva porque garantiza en última instancia el cumplimiento,
      la imposición de una multa coercitiva puede no ser siempre una respuesta adecuada a un incumplimiento. Para que produzca un
      efecto disuasorio, una sanción económica impuesta con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, debe tener en cuenta todas las
      circunstancias pertinentes del incumplimiento controvertido.
      
      
       89.      En el presente asunto he llegado a la conclusión de que, por una parte, al finalizar el plazo previsto en el dictamen motivado
      complementario de 6 de junio de 2000, la República Francesa todavía no había ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia
      de 11 de junio de 1991 y, por otra parte, que aunque se han realizado progresos en la aplicación del Reglamento nº 2847/93
      desde dicha fecha, todavía no pueden considerarse suficientes como para hablar de un cumplimiento íntegro.
      
      
       90.      Como el Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente, aunque el artículo 228 CE, apartado 1, no precisa el plazo, «la
      importancia atribuida a la aplicación inmediata y uniforme del Derecho comunitario exige que esa ejecución se inicie inmediatamente
      y concluya en el plazo más breve posible». 
         			(31)
         		 Habida cuenta de que la captura de pescado de tamaño inferior al permitido tiene consecuencias especialmente perjudiciales
      desde el punto de vista de la sostenibilidad de la explotación, cabía esperar que tras la declaración de tal incumplimiento
      las autoridades francesas actuaran con rapidez, con arreglo al artículo 228 CE, apartado 1, para garantizar el control del
      cumplimiento de las normas pertinentes en su territorio y que adoptaran las medidas adecuadas contra los infractores de tales
      normas. El hecho de que los inspectores de pesca comunitarios detectaran durante sus visitas a las regiones costeras francesas
      que todavía en el año 2000 se desembarcaba y se vendía pescado de tamaño inferior al permitido, a menudo en ausencia de inspectores
      nacionales, constituye un claro indicio de que, en cualquier caso, no se había ejecutado la obligación de poner fin al incumplimiento
      «en el plazo más breve posible». Puede llegarse a esta conclusión incluso si se tiene en cuenta que la adopción de las medidas
      necesarias para garantizar la plena eficacia de los Reglamentos sobre el control es una cuestión de «longue haleine», como
      observaron las autoridades francesas durante una fase del procedimiento administrativo previo.
      
      
       91.      Aunque obviamente se requiere tiempo para que la situación práctica se adapte a las obligaciones comunitarias, de los documentos
      presentados ante el Tribunal de Justicia se desprende que la República Francesa sólo adoptó medidas gradualmente y que las
      medidas más importantes que notificó la República Francesa fueron los planes de control aprobados en 2001 y 2002 y las instrucciones
      que remitió el Ministerio de Justicia a los fiscales en octubre de 2002, es decir, una vez interpuesto el presente recurso.
      Además, dichas medidas, por lo general, tenían carácter administrativo y no podían calificarse en ningún caso de medidas efectivas
      en el sentido que pretendían los Reglamentos sobre el control. Asimismo, las autoridades francesas no abordaron adecuadamente
      el problema específico sobre el que la Comisión llamó repetidamente su atención. En mi opinión, las autoridades francesas
      adoptaron una actitud evasiva al respecto.
      
      
       92.      No debe pasarse por alto que en el marco del procedimiento administrativo previo la Comisión dio a la República Francesa la
      oportunidad de adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento del Reglamento nº 2847/93. El dictamen motivado
      no se emitió hasta aproximadamente cinco años después de que se dictara la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio
      de 1991; a este dictamen motivado le siguió, sin que fuera necesario desde un punto de vista procesal, un dictamen motivado
      complementario otros cuatro años más tarde. En ese período, las autoridades francesas sólo cooperaron formalmente con la Comisión
      respondiendo a sus solicitudes de información y de aclaración, pero no adoptaron medidas concretas para remediar de manera
      efectiva la situación. Esta falta de cooperación leal, que exige el artículo 10 CE, 
         			(32)
         		 me parece una circunstancia agravante.
      
      
       93.      La inobservancia estructural por parte de la República Francesa de las exigencias de control y ejecución de las normas comunitarias
      en materia de tamaño mínimo del pescado durante casi dos décadas debe considerarse un incumplimiento especialmente grave de
      sus obligaciones comunitarias. Como he explicado en los puntos 31 a 37 de estas conclusiones, el estricto respeto de las medidas
      dirigidas a preservar los recursos pesqueros es esencial para garantizar una explotación sostenible a largo plazo. También
      he subrayado que, dado que los recursos pesqueros deben considerarse un recurso común de los Estados miembros, desatender
      dichas obligaciones afecta a los intereses de (los operadores económicos en) otros Estados miembros dedicados a la explotación
      de los recursos. Cuando los recursos pesqueros resultan amenazados por una seria sobreexplotación, como ocurre en el presente
      asunto con las poblaciones de merluza, los Estados miembros tienen la especial responsabilidad de adoptar medidas para garantizar
      el cumplimiento íntegro de las normas que tienen por objeto su conservación.
      
      
       94.      En general, creo que una vez establecido que el Estado miembro no actuó con arreglo a sus obligaciones comunitarias, cuanto
      más tiempo tolere la duración de dicha situación, probablemente en beneficio de sus nacionales y en perjuicio de los intereses
      de los nacionales de otros Estados miembros, más expuesto está a que se le imponga una sanción por ello.
      
      
       95.      En estas circunstancias, sería oportuno, en mi opinión, responder a la falta de ejecución de la sentencia del Tribunal de
      Justicia de 11 de junio de 1991 por parte de la República Francesa imponiendo una multa a tanto alzado como prevé el artículo
      228 CE, apartado 2. Asimismo, dado que la situación actual continúa siendo irregular, debería imponerse una multa coercitiva
      en las condiciones adecuadas hasta que pueda comprobarse que ha cesado el incumplimiento.
      
      
       96.      Las condiciones y el importe de ambas sanciones deben determinarse teniendo en cuenta los criterios y principios aplicados
      por el Tribunal de Justicia en las dos sentencias dictadas con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2. Aunque ninguna de estas
      sentencias impuso una multa a tanto alzado, los citados criterios y principios son mutatis mutandis aplicables a ambas categorías de sanciones pecuniarias.
      
      
       97.      Toda sanción pecuniaria debe calcularse en función de la gravedad y de la duración del incumplimiento y ascender a una cuantía
      tal que produzca efectos disuasorios con el fin de evitar que persista el incumplimiento y que se cometan nuevas infracciones.
      Fue la Comisión la que propuso este enfoque y desde entonces el Tribunal de Justicia lo ha aplicado ampliamente, 
         			(33)
         		 aun cuando sigue siendo el responsable, en última instancia, de determinar el método de cálculo y el importe de la multa
      y de establecer las condiciones bajo las cuales se impone.
      
      
       98.      El importe propuesto por la Comisión constituye una referencia útil para calcular la cuantía tanto de la suma a tanto alzado
      como de la multa coercitiva. Para llegar a dicha cuantía se aplicaron coeficientes de gravedad, duración y capacidad de pago
      a un importe a tanto alzado básico (véase el punto 82 de estas conclusiones). El Gobierno francés discrepa del grado de gravedad
      aplicado y se remite al enfoque seguido en la sentencia Comisión/Grecia. Asimismo, se opone implícitamente a que la Comisión
      aplique el coeficiente máximo de duración. En mi opinión, no cabe duda de que está totalmente justificado aplicar un coeficiente
      3 en relación con la duración del incumplimiento, habida cuenta de que persiste desde 1984. En cuanto a la gravedad, considero
      poco severo aplicar un coeficiente 10 de una escala comprendida entre 1 y 20. La comparación que el Gobierno francés efectúa
      con la situación de que se trataba en el asunto Comisión/Grecia pone de manifiesto una subestimación considerable de la gravedad
      de su infracción. Además, dado que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia recaída en dicho asunto que para aplicar
      estos criterios deben tenerse en cuenta, en particular, las consecuencias de la falta de ejecución sobre los intereses privados
      y públicos y la urgencia que exista de que el Estado miembro de que se trate cumpla sus obligaciones, 
         			(34)
         		 procede concluir que es oportuno aplicar en este caso el importe de 316.500 euros al día que propone la Comisión como punto
      de partida para el cálculo de la multa.
      
      
       99.      En cuanto a la suma a tanto alzado, es preciso observar, en primer lugar, que en el presente caso la Comisión no ha propuesto
      que se imponga una sanción de esta índole, así como tampoco ha desarrollado un método específico para calcular su importe.
      El Tribunal de Justicia, en la sentencia Comisión/Grecia, afirmó que las directrices de la Comisión relativas al cálculo del
      importe de una multa coercitiva contribuyen a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de su
      actuación, a la vez que persiguen la proporcionalidad de los importes de las multas coercitivas que decida proponer. 
         			(35)
         		 En la medida en que dichas directrices se refieren al enfoque seguido por la Comisión con arreglo al artículo 228 CE, apartado
      2, y no vinculan al Tribunal de Justicia, sirven de marco general para la aplicación de la citada disposición del Tratado
      y constituyen un punto de referencia para los Estados miembros.
      
      
       100.    No creo que la inexistencia de directrices precisas deba inducir al Tribunal de Justicia a desistir de imponer una suma a
      tanto alzado en el presente caso. Como he señalado en el punto 29 de estas conclusiones, el ordenamiento jurídico comunitario
      depende de los esfuerzos de los Estados miembros para controlar el respeto de las normas comunitarias y perseguir las infracciones
      de dichas normas. Estos esfuerzos son esenciales para alcanzar los objetivos del Tratado. La falta de reacción ante un incumplimiento
      estructural, por parte de un Estado miembro, de dicha obligación fundamental implicaría poner en juego la efectividad y la
      credibilidad del ordenamiento jurídico comunitario. Como ha declarado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones: «al permitir
      que los Estados miembros aprovechen las ventajas de la Comunidad, […] el Tratado les impone también la obligación de respetar
      sus normas. El hecho de que un Estado miembro rompa unilateralmente, según su propio concepto de interés nacional, el equilibrio
      entre la ventajas y las obligaciones derivadas de su pertenencia a la Comunidad, vulnera la igualdad de los Estados miembros
      ante el Derecho comunitario y crea discriminaciones en perjuicio de sus nacionales. Este incumplimiento de los deberes de
      solidaridad aceptados por los Estados miembros por el hecho de haberse adherido a la Comunidad afecta a la esencia del ordenamiento
      jurídico comunitario». 
         			(36)
         		
      
       101.    Además, abstenerse de imponer una sanción pecuniaria en las circunstancias del presente asunto equivaldría a aceptar que,
      tras una declaración inicial del Tribunal de Justicia de que ha incumplido las obligaciones derivadas del Tratado, un Estado
      miembro puede tolerar libremente esta situación, con probables consecuencias perjudiciales para los intereses de la Comunidad
      y de otros Estados miembros, hasta que la Comisión decida iniciar un segundo procedimiento por incumplimiento, esta vez con
      arreglo al artículo 228 CE, apartado 2.
      
      
       102.    No obstante, considero que el hecho de que se suscite ahora, por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión
      Europea, la cuestión de imponer una suma a tanto alzado, de que la Comisión no haya propuesto la imposición de dicha sanción
      y de que hasta ahora no exista ninguna práctica que pueda orientar al respecto constituyen razones suficientes para calcular
      el importe de un modo menos severo que el que correspondería a la luz de la gravedad del incumplimiento.
      
      
       103.    El importe diario calculado por la Comisión como base para la multa coercitiva periódica constituye la expresión de la gravedad
      y de la duración del incumplimiento y del efecto disuasorio que ha de producir la sanción. En circunstancias normales, la
      cuantía de la suma a tanto alzado debería calcularse teniendo en cuenta los mismos criterios generales y, en concreto, el
      carácter prolongado del incumplimiento. En el presente caso, yo propondría imponer como suma a tanto alzado el importe de
      la multa coercitiva propuesta por la Comisión correspondiente a un año. El resultado asciende a 115.522.500 euros (365 x 316.500 euros = 115.522.500 euros).
      
      
       104.    Por lo que se refiere a la multa coercitiva, la cuantía y las condiciones bajo las que se impone deben tener por objeto garantizar
      el cumplimiento íntegro, efectivo y duradero de las obligaciones de que se trata teniendo en cuenta la información más reciente
      sobre el estado actual de la situación.
      
      
       105.    En la situación actual, parece que la República Francesa ha adoptado varias medidas legislativas y administrativas dirigidas
      a garantizar el cumplimiento de los Reglamentos sobre el control, pero que falta que dichas medidas se apliquen en la práctica
      de modo que se alcance el resultado prescrito por las normas comunitarias en materia de pesca en todo su territorio. La Comisión,
      por su parte, señaló que necesita información detallada adicional sobre los controles, procedimientos y sanciones impuestas,
      entre otras cosas, con objeto de poder determinar si las autoridades francesas han puesto fin al incumplimiento estructural
      de los Reglamentos sobre el control comunitarios.
      
      
       106.    Dado que las prácticas de control y de persecución de las infracciones no pueden adaptarse inmediatamente, es evidente que
      no sería oportuno imponer una multa coercitiva diaria en estas circunstancias. 
         			(37)
         		 Por una parte, debería concederse todavía a la República Francesa un plazo específico razonable para adoptar las medidas
      necesarias para cumplir con sus obligaciones, mientras que, por otra parte, debería darse el tiempo suficiente a la Comisión
      para apreciar, tomando como base la información adicional que ha solicitado y ulteriores inspecciones in situ, si dichas medidas son efectivas en el sentido señalado en el punto 39 de estas conclusiones.
      
      
       107.    Me parece que un período inicial de seis meses debería ser suficiente para permitir a la República Francesa adoptar las medidas
      requeridas, de modo que el pago de la sanción económica debería efectuarse en función de las comprobaciones de la Comisión
      cada seis meses. Asimismo, este período debería ser más que suficiente para que la República Francesa remita a la Comisión
      la información que ésta necesita para decidir con carácter definitivo sobre la situación actual en relación con el cumplimiento
      del Reglamento nº 2847/93.
      
      
       108.    A la luz de las anteriores consideraciones, procede fijar el importe de la multa coercitiva en 182,5 x 316.500 euros = 57.761.250 euros
      por cada período de seis meses en el que la Comisión determine que persiste el incumplimiento, a partir de la fecha en la
      que el Tribunal de Justicia dicte sentencia en este asunto.
      
      
      
            VI.
            Conclusión 109.    Por las razones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE, apartado 1,
            al no haber ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1991 al finalizar el plazo señalado en el dictamen
            motivado complementario de la Comisión de 6 de junio de 2000;
         
      
      
       
      –
         condene, por esta razón, a la República Francesa al pago de una suma a tanto alzado de 115.522.500 euros;
      
      
       
      –
         declare que la República Francesa todavía no ha adoptado todas las medidas necesarias para atenerse plenamente a la sentencia
            del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1991, al no haber garantizado todavía la ejecución íntegra y completa de dicha
            sentencia;
         
      
      
       
      –
         imponga, con el fin de garantizar la ejecución íntegra y completa de dicha sentencia, una multa coercitiva de 57.761.250 euros
            por cada período de seis meses en el que la Comisión determine que persiste el incumplimiento, a partir de la fecha en la
            que el Tribunal de Justicia dicte sentencia en el presente asunto;
         
      
      
       
      –
         condene en costas a la República Francesa.
      
      
      
      
       1 –
         
         Lengua original: inglés.
      
      2 –
         
         .  –	Rec. I‑2727.
            
         
      
      3 –
         
         .  –	Reglamento (CEE) nº 171/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se prevén determinadas medidas técnicas de conservación
            de los recursos pesqueros (DO L 24, p. 14; EE 04/02, p. 69) y Reglamento (CEE) nº 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de
            1986, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (DO L 288, p. 1).
            
         
      
      4 –
         
         .  –	DO L 220, p. 1; EE 04/01, p. 230.
            
         
      
      5 –
         
         .  –	DO L 207, p. 1.
            
         
      
      6 –
         
         .  –	DO L 261, p. 1.
            
         
      
      7 –
         
         .  –         Esta nota sólo es pertinente en la versión inglesa.
            
         
      
      8 –
         
         . –	El primer Reglamento en este sector fue el Reglamento (CEE) nº 171/83 del Consejo, citado en la nota 3. Tras numerosas modificaciones,
            esta normativa fue derogada y reemplazada por el Reglamento (CEE) nº 3094/86 del Consejo, citado asimismo en la nota 3, que
            a su vez fue derogado y reemplazado por el Reglamento (CE) nº 894/97 del Consejo, de 29 de abril de 1997 (DO L 132, p. 1).
            
         
      
      9 –
         
         .  –	DO L 125, p. 1.
            
         
      
      10 –
         
         . –	El artículo 29 del Reglamento nº 2847/93 establece que se verificará la aplicación de los Reglamentos sobre el control por
            medio del examen de documentos y la realización de visitas in situ por parte de los inspectores comunitarios.
            
         
      
      11 –
         
         .  –	Pays Bigoudin está en Finisterre, en el sudeste de Bretaña. Los puertos de Le Guilvinec, Loctudy, Lesconil y St. Guénolé
            se encuentran en esta región.
            
         
      
      12 –
         
         .  –	DO L 334, p. 1.
            
         
      
      13 –
         
         . –	Loi no 2002‑1062, de 6 de agosto de 2002 (Loi portant amnistie).
            
         
      
      14 –
         
         .  –	Me referiré exclusivamente a una de las más recientes aplicaciones de este principio en la sentencia de 4 de diciembre de
            2003, Evans (C‑63/01, Rec. p. I‑0000), apartado 45.
            
         
      
      15 –
         
         .  –	Véase la sentencia de 21 de septiembre de 1989, Comisión/Grecia (68/88, Rec. p. 2965), apartados 24 y 25.
            
         
      
      16 –
         
         . –	DO L 358, p. 59.
            
         
      
      17 –
         
         . –	Véase la sentencia de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia (asuntos acumulados C‑418/00 y C‑419/00, Rec. p. I‑3969), apartado 57.
            
         
      
      18 –
         
         .  –	Véanse las sentencias de 7 de diciembre de 1995, Comisión/Francia (C‑52/95, Rec. p. I‑4443), apartado 35; de 14 de noviembre
            de 2002, Comisión/Reino Unido (C‑454/99, Rec. p. I‑10323), apartado 60, y de 14 de noviembre de 2002, Comisión/Reino Unido
            (C‑140/00, Rec. p. I‑10379), apartado 57.
            
         
      
      19 –
         
         . Véase la sentencia de 27 de marzo de 1990, España/Consejo (C‑9/89, Rec. p. I‑1383), apartados 10 y 31.
            
         
      
      20 –
         
         .  –	Sentencias de 13 de junio de 2002, Comisión/España (C‑474/99, Rec. p. I‑5293), apartado 27, y de 13 de junio de 2002, Comisión/Grecia
            (C‑33/01, Rec. p. I‑5447), apartado 13.
            
         
      
      21 –
         
         .  –	Sentencias de 15 de marzo de 2001, Comisión/Francia (C‑147/00, Rec. p. I‑2387), apartado 26, y de 25 de abril de 2002, Comisión/Francia,
            antes citada en la nota 17 supra, apartado 66.
            
         
      
      22 –
         
         .  –	Sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia (C‑387/97, Rec. p. I‑5047), apartados 72 y ss.
            
         
      
      23 –
         
         .  –	Sentencias de 1 de octubre de 1998, Comisión/España (C‑71/97, Rec. p. I‑5991), apartado 14, y de 1 de febrero de 2001, Comisión
            /Francia (C‑333/99, Rec. p. I‑1025), apartado 33.
            
         
      
      24 –
         
         . –	Sentencia de 11 de junio de 1991, Comisión/Francia, citada en la nota 2 supra, apartado 11.
            
         
      
      25 –
         
         .  –	Cfr. la sentencia de 1 de febrero de 2001, Comisión/Francia, citada en la nota 23 supra, apartado 35.
            
         
      
      26 –
         
         .  –	Véanse las sentencias citadas en la nota 21 supra.
            
         
      
      27 –
         
         .  –	DO C 242, p. 6.
            
         
      
      28 –
         
         . –	DO C 63, p. 2.
            
         
      
      29 –
         
         . –	Sentencia de 4 de julio de 2000, citada en la nota 22 supra.
            
         
      
      30 –
         
         . –	Sentencias de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, citada en la nota 22 supra, apartado 89, y de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España (C‑278/01, Rec. p. I‑0000), apartado 41.
            
         
      
      31 –
         
         . –	Sentencias de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, citada en la nota 22 supra, apartado  82, y de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España, citada en la nota 30 supra, apartado 27.
            
         
      
      32 –
         
         . –	Véase el auto de 13 de julio de 1990, Zwartveld y otros (C‑2/88 Imm., Rec. p. I‑3365), apartado 17.
            
         
      
      33 –
         
         .  –	Véase el cálculo de la sanción pecuniaria en la sentencia de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España, citada en la nota
            30 supra, apartados 52 a 62.
            
         
      
      34 –
         
         . –	Sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, citada en la nota 22 supra, apartado 92.
            
         
      
      35 –
         
         .  –	Sentencia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, citada en la nota 22 supra, apartado 87.
            
         
      
      36 –
         
         Sentencias de 7 de febrero de 1973, Comisión/Italia (39/72, Rec. p. 101), apartados 24 y 25, y de 7 de febrero de 1979, Comisión/Reino
            Unido (128/78, Rec. p. 419), apartado 12.
            
         
      
      37 –
         
         . –	Véase el enfoque del Tribunal de Justicia en la sentencia de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España, citada en la nota
            30 supra, apartados 42 a 46.