CELEX: C2004/071/60
Language: es
Date: 2004-03-20 00:00:00
Title: Asunto T-2/04: Recurso interpuesto el 2 de enero de 2004 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por Cemender Korkmaz, The Corner House y Kurdish Human Rights Project

C 71/32                ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                          20.3.2004
formulado por SIC-Sociedade Independente de Comunicação,                 La demandante invoca un error de Derecho por no haberse
S.A., con domicilio social en Carnaxide (Portugal), representada         calificado ciertas medidas de ayudas de Estado en el sentido
por los Sres. C. Botelho Moniz y E. Maia Cadete y por la Sra.            del artículo 87 CE, apartado 1; entre tales medidas se
M. Rosado da Fonseca, abogados, que designa domicilio en el              encuentran la exención del pago de tasas y retribuciones, así
no 75, 1o, de la rua Castilho, 1250-068 Lisboa.                          como diversas facilidades para el pago de tasas relativas al uso
                                                                         de la red de teledifusión y la emisión de obligaciones.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
Anule la Decisión C(2003)3526 final de la Comisión, de 15 de             La demandante alega también que la Decisión incurre en error
octubre de 2003, relativa a determinadas ayudas concedidas               de Derecho en cuanto a los requisitos para la aplicación del
por Portugal a favor de RTP.                                             artículo 86 CE, apartado 2, ya que el Estado portugués no
                                                                         confió el servicio público de televisión a RTP conforme a un
                                                                         procedimiento transparente y no discriminatorio.
Motivos y principales alegaciones
1)    Incumplimiento de las obligaciones de diligencia e impar-          Por otro lado, la Comisión no respetó los criterios de aplicación
      cialidad.                                                          del artículo 86 CE, apartado 2, que ella misma definió en la
                                                                         Comunicación sobre la aplicación de las normas en materia de
2)    Error en la apreciación de los hechos.                             ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión. La
                                                                         demandante aduce asimismo, por lo que respecta a la presta-
3)    Falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que             ción de servicio público de RTP, que la Decisión de la Comisión
      a la apreciación de los «costes de inversión» se refiere.          no se basa en ningún medio de prueba, de carácter documental,
                                                                         que acredite el cumplimiento efectivo por RTP de las misiones
4)    Error de Derecho, por no haberse calificado determinadas           de servicio público que le ha encomendado el Estado, puesto
      medidas de ayudas de Estado.                                       que, en la práctica, todos los hechos invocados en el procedi-
                                                                         miento llevan a considerar que, en el período de referencia, no
5)    Error de Derecho, en cuanto a los requisitos para la               se llevó a cabo la efectiva prestación de servicios a la que RTP
      aplicación del artículo 86 CE, apartado 2.                         estaba obligada conforme a los términos pactados.
En lo que atañe al incumplimiento de la obligación de
diligencia, la demandante afirma que el procedimiento sustan-
ciado por la Comisión, sin transparencia, imparcialidad ni
diligencia, que culminó con la adopción de la Decisión
impugnada se orientó por el deseo de justificar lo injustificable
y de omitir datos sustanciales para el correcto análisis del
«cumplimiento» por RTP de sus obligaciones de servicio
público. La demandante alega que la Comisión no actuó de
forma imparcial ni equidistante en relación con los intereses            Recurso interpuesto el 2 de enero de 2004 contra la
en juego, puesto que sus actos no son consecuencia de                    Comisión de las Comunidades Europeas por Cemender
una ponderación exhaustiva de los intereses jurídicamente                Korkmaz, The Corner House y Kurdish Human Rights
protegidos.                                                                                           Project
En cuanto al error en la apreciación de los hechos, la
demandante alega principalmente que no se tuvieron en cuenta                                     (Asunto T-2/04)
las ayudas concedidas por el Estado al operador público en
1998, pero sí partidas de «costes de inversión» no reconocidas
en auditorías externas independientes. La demandante sostiene                                     (2004/C 71/60)
también que la Comisión no comprobó si la prestación de
servicio público de RTP había sido efectiva.
                                                                                          (Lengua de procedimiento: inglés)
La demandante alega que la apreciación que en la Decisión
impugnada se efectúa acerca de los «costes de inversión» carece
de fundamento, toda vez que la Comisión no especifica los
motivos por los que tiene en cuenta las mencionadas partidas
en la Decisión final, como tampoco explica por qué no toma               En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
en consideración, de forma incoherente, las partidas incluidas           Europeas se ha presentado el 2 de enero de 2004 un recurso
en los «informes de servicio público» de RTP, sino las                   contra la Comisión de las Comunidades Europeas, formulado
comprendidas en las «cuentas financieras»; deja también sin              por Cemender Korkmaz, con domicilio en Flers (Francia), The
aclarar por qué motivo pueden tomarse en consideración                   Corner House, con domicilio social en Newton (Reino Unido),
partidas, en concepto de «costes de inversión», relacionadas             y Kurdish Human Rights Project, con sede en Londres (Reino
con la adquisición de bienes de cuya existencia física, según los        Unido), representados por el Sr. P. Moser, Barrister, y el
auditores, no hay siquiera constancia.                                   Sr. A. Stock, abogado, que designan domicilio en Luxemburgo.
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Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia              Comisión, en la medida en que incluye una decisión denegato-
que:                                                                    ria por la que dicha institución rechaza presentar una recomen-
                                                                        dación al Consejo sobre los fondos de preadhesión para
                                                                        Turquía. Por otra parte, los demandantes sostienen que la
—     Anule las conclusiones pertinentes del mencionado
                                                                        Comisión incurrió en una omisión al no definir su postura y
      Informe de la Comisión de 5 de noviembre de 2003.
                                                                        al no presentar una recomendación al Consejo en lo que
                                                                        respecta a los fondos de preadhesión para Turquía. Según los
—     Declare que, al abstenerse de actuar, la Comisión incurrió        demandantes, la Comisión incumplió su deber de presentar
      en una violación del Tratado CE.                                  una propuesta al Consejo con arreglo a lo dispuesto en
                                                                        el artículo 4 del Reglamento no 390/2001 (1). Según los
—     Ordene que la Comisión proponga al Consejo congelar la            demandantes, la Comisión debía haber formulado dicha pro-
      asistencia de preadhesión a Turquía hasta que se ponga            puesta porque Turquía no había avanzado lo necesario en
      fin a los actos de incumplimiento de los criterios de             el cumplimiento de los criterios de Copenhague ni en la
      adhesión a la Unión por parte de Turquía detectados por           aproximación al acervo comunitario, avances que constituyen
      la Comisión.                                                      requisitos previos esenciales para que se sigan concediendo los
                                                                        fondos de preadhesión, según lo dispuesto en el artículo 5 del
                                                                        Reglamento no 2500/2001 (2).
—     Ordene que la Comisión plantee el tema de los actos de
      incumplimiento de las condiciones de adhesión por parte
      de Turquía a través de las instituciones del Acuerdo de
      Asociación CE-Turquía.                                            Los demandantes alegan igualmente a este respecto que
                                                                        Turquía no ha registrado avances en su aproximación a la
                                                                        estructura básica global de la legislación comunitaria derivada,
—     Ordene que la Comisión recomiende al Consejo el                   en particular en cuanto al refuerzo de su capacidad administra-
      establecimiento de una moratoria en las negociaciones de          tiva y judicial, ni a la Directiva de evaluación del impacto
      adhesión con Turquía hasta que se ponga fin a los actos           ambiental (3), que constituyen también requisitos previos esen-
      de incumplimiento de las condiciones de adhesión por              ciales para que se sigan concediendo los fondos de preadhesión,
      parte de Turquía.                                                 con arreglo al punto 4 del anexo de la Decisión 2001/235 (4).
—     Condene a la Comisión al pago de las costas de los
      demandantes en el presente procedimiento.
                                                                        Los demandantes alegan además que, al no haber formulado
                                                                        las propuestas necesarias, la Comisión incumplió su deber de
                                                                        interpretar la legislación comunitaria de conformidad con las
                                                                        normas del Derecho Internacional, en particular en lo que
Motivos y principales alegaciones                                       respecta a las obligaciones que impone a la Unión Europea el
                                                                        artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las
                                                                        Naciones Unidas de 1992.
Los antecedentes de este asunto son los convenios relativos al
Proyecto de Oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan celebrados entre
Turquía y las empresas responsables del proyecto de oleoducto.          Finalmente, los demandantes alegan que la Comisión no ha
Los demandantes alegan que mediante dichos convenios, el                motivado ni las acciones que ha llevado a cabo ni sus
parlamento turco ha creado un «régimen legal prioritario»               omisiones.
aplicable al territorio afectado por el proyecto de oleoducto y
a la realización de dicho proyecto, que establece una serie de
excepciones a la normativa nacional en beneficio de las
                                                                        (1) Reglamento (CE) no 390/2001 del Consejo, de 26 de febrero de
compañías petroleras signatarias. Según las demandantes,
                                                                            2001, relativo a la asistencia en favor de Turquía en el marco de
dicho régimen ha limitado el acceso a la justicia y los derechos            una estrategia de preadhesión, y en particular del establecimiento
de propiedad, ha debilitado los criterios sobre derechos                    de una asociación para la adhesión (DO L 58, p. 1).
humanos de Copenhague, el Estado de derecho y la protección             (2) Reglamento (CE) no 2500/2001 del Consejo, de 17 de diciembre
de las minorías y ha supuesto un alejamiento del acervo                     de 2001, relativo a la asistencia financiera de preadhesión en favor
comunitario por parte de Turquía, que se manifiesta entre                   de Turquía y por el que se modifican los Reglamentos (CEE)
otras cosas por la imposibilidad de aplicar el principio de                 no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 y (CE)
primacía del Derecho comunitario y por el incumplimiento de                 no 555/2000 (DO L 342, p. 1).
los criterios de evaluación del impacto ambiental.                      (3) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985,
                                                                            relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
                                                                            proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO
                                                                            L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9).
Por consiguiente, las demandantes solicitaron a la Comisión             (4) Decisión 2001/235/CE del Consejo, de 8 de marzo de 2001, sobre
que adoptase las medidas oportunas para congelar la asistencia              los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones
de preadhesión a Turquía y que actuase utilizando los mecanis-              contenidos en la asociación para la adhesión de la República de
mos del Acuerdo de Asociación CE-Turquía. En el presente                    Turquía (DO L 85, p. 13).
asunto, las demandantes solicitan, por una parte, que se anule
el «Informe periódico de 2003 sobre los progresos realizados
por Turquía en la vía de la adhesión», elaborado por la