CELEX: C2005/257/11
Language: es
Date: 2005-10-15 00:00:00
Title: Asunto C-322/05 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de agosto de 2005 por Hippocrate Vounakis contra el auto dictado el 2 de junio de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-326/03, Hippocrate Vounakis contra Comisión de las Comunidades Europeas

15.10.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 257/6
            
         Recurso de casación interpuesto el 24 de agosto de 2005 por Hippocrate Vounakis contra el auto dictado el 2 de junio de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-326/03, Hippocrate Vounakis contra Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-322/05 P)
   (2005/C 257/11)
   Lengua de procedimiento: francés
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 24 de agosto de 2005 un recurso de casación formulado por Hippocrate Vounakis, representado por los Sres. S. Orlando, A. Coolen, J.–N. Louis y E. Marchal, abogados, contra el auto dictado el 2 de junio de 2005 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-326/03, Hippocrate Vounakis contra Comisión de las Comunidades Europeas.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   Decida
   
               1.
            
            
               anular en su totalidad el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) el 2 de junio de 2005 en el asunto T-326/03 (Hippocrate Vounakis contra Comisión de las Comunidades Europeas).
            
         Pronuncie acto seguido una nueva resolución, mediante la que
   
               1.
            
            
               declare la admisibilidad del recurso de anulación de la decisión de la Comisión de no inscribir su nombre en la lista de los funcionarios promovidos al grado A4 durante el ejercicio de promoción 2002.
            
         
               2.
            
            
               condene a la parte demandada en primera instancia, recurrida en casación, al pago de las costas de ambas instancias.
            
         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho cuando calificó la decisión impugnada por el recurrente.
   El Tribunal de Primera Instancia estimó erróneamente que la decisión impugnada por el recurrente es la decisión por la que se establece la lista de funcionarios promovidos, decisión consistente en un conjunto de actos individuales cuyos destinatarios son los funcionarios promovidos, mientras que la decisión impugnada es la decisión estrictamente individual de no inscribir el nombre del recurrente en la lista de funcionarios promovidos.
   Como el recurrente no era el destinatario de las decisiones de promover a los demás funcionarios, erróneamente consideradas como el acto impugnado, el Tribunal de Primera Instancia consideró que debía aplicarse el artículo 90, apartado 2, segundo guión, segunda frase, del Estatuto, y, por consiguiente, que respecto al recurrente el plazo de reclamación empezó a correr, en cualquier caso, el día de la publicación de la referida lista, a pesar de que el recurrente había estado de vacaciones hasta el 16 de septiembre y la lista se había publicado el 14 de agosto de 2002.
   De este modo, el Tribunal de Primera Instancia ha infringido el artículo 90, apartado 2, segundo guión, primera frase, del Estatuto, dado que el acto impugnado es la decisión individual de no promover al recurrente, tras un examen comparativo de los méritos de los funcionarios promovibles, y no las decisiones individuales de promover a los otros funcionarios promovidos, que no le perjudican.
   Al tratarse de una decisión individual, el recurrente debería haber sido informado de ella oportunamente.
   Del conjunto de las consideraciones anteriores, queda de manifiesto que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho.