CELEX: 62003CC0028
Language: es
Date: 2004-06-10
Title: Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas el 10 de junio de 2004. # Epikouriko kefalaio contra Ypourgos Anaptyxis. # Petición de decisión prejudicial: Symvoulio tis Epikrateias - Grecia. # Seguros - Artículos 15 y 16 de la Primera Directiva 73/239/CEE - Artículos 17 y 18 de la Primera Directiva 79/267/CEE - Procedimiento de liquidación de una empresa de seguros consecutivo a la revocación de la autorización - Rango de los privilegios respectivos de los créditos salariales y de los créditos de seguros. # Asunto C-28/03.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. L.A. GEELHOED
      presentadas el 10 de junio de 2004 (1)
      
      Asunto C‑28/03
      Epikouriko Kefalaio
      contra
      Ypourgos Anaptyxis
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Simvoulio tis Epikratias)
      «Interpretación de los artículos 15 y 16 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva
         sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro
         directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, e interpretación de los artículos 17 y 18 de la Directiva 79/267/CEE
         del Consejo, de 5 de marzo de 1979, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas,
         referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio – Ley nacional que da prioridad a los créditos salariales sobre el fondo de garantía – Compatibilidad»
      I.      Introducción
      1.        En el presente asunto, el Simvoulio tis Epikratias (Consejo de Estado Griego) ha planteado al Tribunal de Justicia una cuestión
         prejudicial acerca de la compatibilidad con las Directivas comunitarias sobre seguros (2) de la normativa nacional que establece un trato preferencial de los créditos salariales contra la compañía de seguros en
         caso de insolvencia, en detrimento de los asegurados por tal compañía. Aunque este asunto fue afrontado en una Directiva específica
         en 2001, (3) el órgano jurisdiccional remitente parece no haber tenido conocimiento de ello, probablemente porque los hechos que originaron
         el litigio en el asunto principal son anteriores a la adopción de esa Directiva.
      
      II.    Marco jurídico
      A.      Derecho comunitario
      2.        El mercado interior de los servicios de seguros fue establecido progresivamente por tres generaciones de directivas sobre
         el seguro directo distinto del seguro de vida, por un lado, y sobre el seguro de vida, por otro. La regulación de ambos ramos
         de seguro se rige por los mismos principios básicos. El primero de ellos es el principio de la autorización única, que consta
         a su vez de dos aspectos: 1) la prestación de servicios de seguros en el mercado interior está supeditada a la autorización
         por un Estado miembro y 2) dicha autorización es suficiente para poder prestar esos servicios en toda la Comunidad. El segundo
         principio es el del control del país de origen, que significa que cualquier prestador de servicios de seguros está sujeto
         únicamente a la supervisión del Estado miembro en el que se encuentra su domicilio social.
      
      3.        Las disposiciones de las Directivas sobre seguros relevantes para el presente caso son las destinadas a garantizar la estabilidad
         financiera de las compañías de seguros: los artículos 15, 16 y 22 de la Directiva 73/239, en su versión modificada por la
         Directiva 92/49, y las disposiciones equivalentes, los artículos 17, 18 y 26, de la Directiva 79/267, en su versión modificada
         por la Directiva 92/96. Dado que las disposiciones de las Directivas sobre seguros distintos de los de vida y los seguros
         de vida están redactadas en términos prácticamente idénticos y la respuesta a la cuestión prejudicial no depende de la formulación
         concreta, me limitaré a citar los preceptos de la primera. 
      
      4.        Los artículos 15, apartado 1, y 16, apartado 1, de la Directiva 73/239 en la fecha en que sucedieron los hechos estaban redactados
         en términos casi idénticos y establecen que el Estado miembro de origen impondrá a cada empresa de seguros la obligación de
         constituir provisiones técnicas suficientes y un margen de solvencia adecuado, respectivamente, para el conjunto de sus actividades.
      
      5.        Conforme al artículo 22, apartado 1, la autorización concedida por la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio
         se encuentra el domicilio social podrá ser revocada en determinadas circunstancias. En ese caso, la autoridad de supervisión
         del país del domicilio social adoptará, entre otras, las medidas que resulten oportunas para proteger los intereses de los
         asegurados y, en particular, restringirá la libre disposición de los activos de la empresa.
      
      6.        Aunque el Simvoulio tis Epikratias no la mencionó, debe hacerse referencia también a la Directiva 2001/17, dado que constituye
         un elemento importante para dar respuesta a la cuestión prejudicial. Los artículos 10 y 11 de esta Directiva disponen lo siguiente:
      
      «Artículo 10
      Consideración que debe darse a los créditos de seguro
      1.      Los Estados miembros garantizarán que los créditos de seguro tengan prioridad sobre otros créditos en contra de la compañía
         de seguros según uno de los dos métodos siguientes o de acuerdo con ambos métodos:
      
      a)      respecto de los activos que representen las provisiones técnicas, los créditos de seguro tendrán prioridad absoluta sobre
         cualquier otro crédito en contra de la compañía de seguros;
      
      b)       respecto de la totalidad de los activos de la compañía de seguros, los créditos de seguro tendrán prioridad sobre cualquier
         otro crédito en contra de la compañía de seguros, con la única excepción posible de:
      
      i)      los créditos a favor de los asalariados en razón de su contrato o relación de trabajo,
      ii)      […]
      2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán disponer que la totalidad o una parte de los gastos
         derivados del procedimiento de liquidación, tal como se definan en su legislación nacional, tengan prioridad sobre los créditos
         de seguro.
      
      3.       […]
      Artículo 11
      Subrogación en un régimen de garantía
      El Estado miembro de origen podrá disponer que, cuando un régimen de garantía establecido en dicho Estado miembro se haya
         subrogado en los derechos de los acreedores de seguros, los créditos de dicho régimen no se beneficien de lo dispuesto en
         el apartado 1 del artículo 10.»
      
      B.      Derecho griego
      7.        Las Directivas sobre seguros se incorporaron al Derecho griego mediante los Decretos Presidenciales 118/1985 y 252/1996, que
         modifican el Decreto-ley 400/1970 relativo al negocio de seguros privados. 
      
      8.        El artículo 3 del Decreto-ley incluye el requisito de que para ejercer su actividad, una compañía de seguros que tenga su
         domicilio social en Grecia deberá haber obtenido previamente la  autorización del Ministro de Comercio. También fija las circunstancias
         en que se puede revocar dicha autorización. Con arreglo al apartado 7 de esta disposición, «mediante la revocación definitiva
         de la autorización para el funcionamiento de la compañía de seguros, quedará revocada la autorización para su constitución,
         lo cual dará lugar a su disolución».
      
      9.        El artículo 7 del Decreto-ley obliga a «las empresas de seguros con domicilio social en Grecia […] a constituir provisiones
         técnicas suficientes para el conjunto de los contratos de seguros celebrados tanto en Grecia como en otros Estados miembros,
         a través de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios». Esas provisiones técnicas han de estar constituidas
         por elementos del activo del mismo valor y expresadas en la misma moneda.
      
      10.      Además, el artículo 8, apartado 1, del Decreto-ley obliga a las empresas de seguros con domicilio social en Grecia a constituir
         un fondo de garantía que consiste en destinar, en Grecia o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio
         Económico Europeo, determinados elementos del activo a proteger los intereses de los beneficiarios de un contrato de seguro.
         Quedarán integrados en el fondo de garantía los elementos del activo que representan las provisiones técnicas a que se refiere
         el artículo 7 del Decreto-ley, así como los elementos del activo que representan la cuarta parte del límite mínimo establecido
         en el artículo 20, apartado 2, punto A, letra e), del Decreto-ley.
      
      11.      Si una compañía de seguros incumple lo dispuesto en los mencionados artículos 7 y 8 en materia de provisiones técnicas, con
         arreglo al artículo 9, apartado 1, del Decreto-ley, el Ministro de Comercio, mediante decisión publicada en el Diario Oficial
         y después de haber informado a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que la compañía ejerce su actividad
         a través de sucursales o en régimen de libre prestación de servicios, podrá destinar al fondo de garantía la totalidad o una
         parte del patrimonio de dicha compañía, prohibir la libre disposición total o parcial de su patrimonio, revocar provisional
         o definitivamente la autorización de funcionamiento para todos o para parte de los ramos en los que opera la compañía y adoptar
         cualquier otra medida apropiada para proteger los intereses de los asegurados, así como los de cualquier otro beneficiario
         del contrato de seguro.
      
      12.      La disposición pertinente en el litigio principal es el artículo 10, apartado 1, del Decreto-ley, en su versión modificada
         por el artículo 35, apartado 9, de la Ley 2496/1997:
      
      «Los beneficiarios de seguros y sus derechohabientes a título universal o particular podrán invocar un crédito privilegiado
         contra el fondo de garantía que goza de preferencia sobre cualquier otro crédito privilegiado, general o particular, salvo
         el previsto en el artículo 12 a, apartado 8, y los créditos privilegiados salariales que no sean los de los administradores
         y los gestores de la compañía de seguros.»
      
      El artículo 12 a, apartado 8, da prioridad a las retribuciones y los gastos del comisario de la liquidación o de la quiebra
         y del liquidador.
      
      13.      Por último, debe señalarse que en 1996 la competencia de supervisar las compañías de seguros pasó del Ministro de Comercio
         al Ministro para el Desarrollo.
      
      III. Hechos, litigio principal y cuestión prejudicial
      14.      El Epikouriko Kefalaio es una persona jurídica de Derecho privado griego sujeta a la vigilancia y el control del Ministro
         de Comercio griego. Tiene por finalidad abonar la indemnización por responsabilidad civil derivada de accidentes de vehículos
         a motor cuando no haya cobertura de seguro, inter alia, cuando la compañía de seguros sea declarada en quiebra o se le haya revocado la autorización para ejercer la actividad aseguradora
         por haber infringido la ley. Una vez que el Epikouriko Kefalaio haya abonado la indemnización, se subrogará en todos los derechos
         que la persona damnificada por el accidente pueda invocar contra el deudor de la indemnización o contra el asegurador de éste.
      
      15.      En 1995, el Ministro de Comercio griego revocó definitivamente la autorización de constitución y funcionamiento de la compañía
         de seguros Intercontinental AE; el patrimonio mobiliario e inmobiliario de dicha compañía quedó bloqueado en un fondo de garantía.
         Posteriormente, en noviembre de 1998, el Ministro para el Desarrollo griego procedió a levantar el bloqueo de los activos
         de la compañía, inter alia, por importe de 28.967.185 GRD, «para asegurar el cobro de los créditos privilegiados que resultan de la relación laboral
         por cuenta ajena», con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, del Decreto-ley 400/1970, en su versión modificada
         por el artículo 35, apartado 9, de la Ley 2496/1997.
      
      16.      En el procedimiento ante el Simvoulio tis Epikratias, el Epikouriko Kefalaio solicita la anulación de esta última decisión.
         Alega que el levantamiento del bloqueo de 28.967.185 GRD, que habían sido destinadas al fondo de garantía de las deudas, para
         garantizar los créditos privilegiados salariales de los empleados de la compañía, merma el patrimonio que hubiera podido cubrir
         sus propios créditos frente a Intercontinental AE. En su opinión, ello es contrario al objetivo de las Directivas sobre seguros
         de proteger los intereses de los asegurados.
      
      17.      El Simvoulio tis Epikratias llegó a una conclusión sobre la compatibilidad del artículo 35, apartado 9, de la Ley 2496/1997
         con las Directivas sobre seguros. En su resolución puso de relieve que la protección efectiva de los asegurados constituye
         un objetivo fundamental de la legislación comunitaria y de la normativa nacional que adapta el ordenamiento jurídico interno
         a aquélla, y que la obligación de establecer provisiones técnicas es la garantía más importante para la protección de los
         derechos de dichos asegurados. Consideró, por ello, que el artículo 35, apartado 9, de la Ley 2496/1997, conforme al cual
         el fondo de garantía queda afectado al pago de los créditos salariales de los empleados de la compañía de seguros con preferencia
         sobre los créditos de los asegurados y de sus derechohabientes a título universal o particular, es contrario a las disposiciones
         pertinentes de las Directivas sobre seguros de la Comunidad y que debía anularse la decisión impugnada, que se basó en el
         artículo 35, apartado 9. No obstante, por considerar que podían suscitarse dudas razonables respecto a esta interpretación,
         el Simvoulio tis Epikratias decidió plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «A la luz de lo dispuesto, en particular, en los artículos 15 y 16 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio
         de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al
         acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada y completada
         por la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo y por la Tercera Directiva 92/49/CEE del Consejo, y a la luz de los artículos
         17 y 18 de la Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo de 1979, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones
         legales, reglamentarias y administrativas, referentes al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio,
         en su versión modificada y completada por la Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo y por la Tercera Directiva 92/96/CEE
         del Consejo, ¿puede el legislador nacional adoptar disposiciones que prevean que, en caso de quiebra, liquidación o situación
         análoga de insolvencia de una compañía de seguros, los elementos del activo incluidos en las provisiones técnicas de la compañía
         se utilicen para satisfacer con prioridad los créditos derivados de una relación laboral por cuenta ajena con dicha compañía,
         con preferencia respecto a los créditos de los beneficiarios de los seguros y de sus derechohabientes a título universal o
         particular?»
      
      18.      El Epikouriko Kefalaio, los Gobiernos griego y del Reino Unido así como la Comisión han presentado observaciones escritas.
         El Gobierno griego y la Comisión estuvieron representados en la vista que tuvo lugar el 13 de mayo de 2004. 
      
      IV.    Respuesta a la cuestión prejudicial
      19.      Con carácter preliminar, hay que señalar que las Directivas sobre seguros no contienen ninguna norma expresa sobre las compañías
         de seguros en situación de insolvencia. Dichas normas se introdujeron a nivel comunitario con la adopción de la Directiva
         2001/17. El apartado segundo de la exposición de motivos de esta Directiva señala expresamente que «las Directivas de seguros
         [...] no incluyen normas de coordinación en caso de un procedimiento de liquidación» y que el establecimiento de tales normas
         «tiene por objeto un correcto funcionamiento del mercado interior y la protección de los acreedores». De ello puede deducirse
         simplemente, sensu contrario, que las Directivas sobre seguros no prohíben la adopción y aplicación de normas nacionales sobre esta materia.
      
      20.      No obstante, el hecho de que este asunto haya sido regulado a nivel comunitario en un momento posterior no excluye la posibilidad
         de que se interpreten las Directivas sobre seguros de forma que no impidan que los Estados miembros adopten medidas como las
         controvertidas en el litigio principal. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente llegó a esta misma conclusión al considerar
         que, como las Directivas sobre seguros tienen por objetivo proteger los intereses de los asegurados, toda norma nacional que
         dé prioridad a los intereses de otras categorías de personas será incompatible con dichas Directivas.
      
      21.      Para determinar si es posible interpretar de este modo las Directivas sobre seguros, deben tenerse en cuenta los objetivos
         de las referidas Directivas y, en particular, el alcance de la armonización que pretenden conseguir. Del primer apartado de
         la exposición de motivos de las Directivas sobre seguros se deduce claramente que su principal objetivo es la realización
         del mercado interior de seguros y facilitar a las empresas de seguros establecidas en la Comunidad la cobertura de riesgos
         y responsabilidades situados dentro de la Comunidad. Pues bien, como declaró el Tribunal de Justicia, tienen por objetivo
         «realizar la libre comercialización en la Comunidad de los productos de seguros». (4) Para conseguir este objetivo, las Directivas aspiran a «llevar a cabo la armonización básica, necesaria y suficiente para
         llegar al reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión cautelar que permita la concesión de una
         única autorización válida en toda la Comunidad y la aplicación del principio de control por el Estado miembro de origen». (5) Esto sugiere que el alcance de la armonización que persiguen las Directivas se limita a lo necesario para garantizar el acceso
         al mercado de seguros en toda la Comunidad y por tanto, no abarca aspectos que no tengan relación con dicho acceso.
      
      22.      Uno de los principales aspectos que fue objeto de armonización con este objetivo fue la normativa nacional destinada a garantizar
         la estabilidad financiera y económica de las compañías de seguros. Como explicó el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada
         en el asunto Comisión/Alemania, (6) dada la sensibilidad del sector de seguros desde el punto de vista del consumidor como tomador del seguro y asegurado, todos
         los Estados miembros han introducido legislación mediante la que se sujeta a las compañías de seguros a normas vinculantes
         tanto por lo que respecta a su situación financiera como a las condiciones de los seguros que aplican y a una supervisión
         permanente, para garantizar el cumplimiento de dichas normas. Tales normas, que podrían restringir la libre prestación de
         servicios pueden, sin embargo, estar justificadas por razones imperativas de interés público, siempre que las normas del Estado
         de establecimiento no sean adecuadas para lograr el nivel necesario de protección y que los requisitos establecidos en el
         Estado en el que se preste el servicio no sobrepasen lo que resulte necesario al respecto. (7) En esta situación, el mercado interior en el sector de los seguros sólo podrá realizarse si las medidas nacionales divergentes,
         que estén justificadas con arreglo al Derecho comunitario y que continúen por tanto restringiendo la libertad de prestación
         de servicios, se coordinan mediante la armonización.
      
      23.      Como señaló también el Reino Unido en sus observaciones escritas, mientras las diferencias entre las normas nacionales que
         pretenden evitar que se produzcan casos de insolvencia, tales como la obligación de constituir provisiones técnicas y un margen
         de solvencia, pueden afectar al acceso a los mercados de seguros de otros Estados miembros, no puede considerarse prima facie que las divergencias entre las normas nacionales que regulan las situaciones de insolvencia o de liquidación tengan tal efecto.
         Esto es, en sí mismo, una clara indicación de que las normas sobre insolvencia no están comprendidas dentro del ámbito ratione materiae de las Directivas sobre seguros, por lo que los Estados miembros siguieron siendo competentes para adoptar medidas a ese
         respecto.
      
      24.      El planteamiento del órgano jurisdiccional remitente y del Epikouriko Kefalaio se basa en el argumento de que, dado que la
         constitución de provisiones técnicas pretende en última instancia proteger los intereses de los tomadores de seguros y de
         los asegurados, cuando una compañía de seguros se encuentra en situación de insolvencia sus créditos deben gozar de un estatus
         privilegiado con respecto a los activos que cubren dichas provisiones técnicas. Aun cuando este planteamiento parece bastante
         lógico y aceptable, lo cierto es que no encuentra apoyo ni en el texto ni en la finalidad de las Directivas sobre seguros.
         Si bien la legislación nacional que fue objeto de dicha armonización iba destinada efectivamente a la protección de los intereses
         de los consumidores en el sector de los seguros y las Directivas también pretenden garantizar un nivel suficiente de protección
         en toda la Comunidad, la principal función de dichas Directivas en esa fase del proceso de armonización era, repito, eliminar
         obstáculos a la prestación de servicios de seguros con arreglo a la libertad de establecimiento o a la libertad de prestación
         de servicios. La base legal de las Directivas, los artículos 57, apartado 2, del Tratado CEE (actualmente artículo 47 CE,
         apartado 2, tras su modificación) y 66 del Tratado CEE (actualmente artículo 55 CE), que facultan al Consejo para adoptar
         Directivas que faciliten el acceso y el ejercicio de actividades por cuenta propia (incluidas las personas jurídicas) o, en
         otras palabras, que faciliten el acceso al mercado, también apunta en esa dirección.
      
      25.      El Gobierno griego alega que las Directivas sobre seguros van encaminadas a proteger a los asegurados, pero únicamente durante
         el período en el que la compañía de seguros opera con normalidad. No creo que esto sea correcto. La obligación de una compañía
         de seguros de constituir provisiones técnicas suficientes y un margen de solvencia constituye, obviamente, una medida cautelar
         para proteger los intereses, inter alía, de los asegurados en tales compañías de seguros, y muy especialmente cuando la compañía llega a una situación en la que no
         está en condiciones de cumplir sus obligaciones. Esta función, sin embargo, no tiene influencia en la prelación de los créditos
         de las diversas categorías de acreedores. Aunque la protección de los intereses de los consumidores en este ámbito es un objetivo
         subyacente en las Directivas sobre seguros, ello no excluye que se protejan los intereses de otras categorías de acreedores
         cuando se produzca una situación de insolvencia.
      
      26.      La adopción de la Directiva 2001/17 confirma este planteamiento. Esta Directiva no solo establece disposiciones expresas en
         el artículo 10 sobre la prelación de los créditos contra las compañías de seguros en situación de liquidación, sino que en
         su exposición de motivos afirma expresamente que las Directivas sobre seguros «no incluyen normas de coordinación en caso
         de un procedimiento de liquidación». (8) Esta afirmación inequívoca del legislador comunitario acerca del alcance de las Directivas sobre seguros lleva a la conclusión
         ineludible de que con anterioridad a la adopción de la Directiva 2001/17 la regulación de este aspecto era competencia de
         los Estados miembros.
      
      27.      A la afirmación que hice más arriba en el sentido de que las normas sobre insolvencia de las compañías de seguros no afectan
         al acceso al mercado, añadiría que la Directiva 2001/17 no persigue este objetivo como tal. Constituye más bien una medida
         que favorece el «correcto funcionamiento» del mercado interior. (9) En otras palabras, no creo que la adopción de esta Directiva contradiga la observación que realicé en el punto 23 de las
         presentes conclusiones. 
      
      28.      Por lo que respecta a la supuesta prioridad de los créditos de los tomadores de seguros y los asegurados, es significativo
         que la Directiva 2001/17, en el segundo considerando de su exposición de motivos, se refiera a la protección de los «acreedores»
         en general y que los dos sistemas de prelación establecidos en el artículo 10 de la Directiva que se describen como «básicamente
         equivalentes» también respeten los derechos de otras categorías de acreedores, incluidos los empleados de la compañía de seguros.
         Por tanto, mientras el primer sistema concede prioridad absoluta a los créditos de seguro sobre los activos que representan
         las provisiones técnicas únicamente, el segundo sistema concede prioridad relativa a los créditos de seguros en la medida
         en que tienen prioridad sobre el conjunto del activo de la compañía de seguros, con excepción de los créditos de otras cuatro
         categorías de acreedores, entre los que se encuentran los créditos de los empleados de la compañía de seguros.
      
      V.      Conclusión 
      29.      Por ello considero que debe responderse a la cuestión prejudicial planteada por el Simvoulio tis Epikratias lo siguiente:
      «Los artículos 15 y 16 de la Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación
         de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto
         del seguro de vida, y a su ejercicio, en su versión modificada y completada por la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo
         y la Tercera Directiva 92/49/CEE del Consejo, y los artículos 17 y 18 de la Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5 de marzo
         de 1979, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes al
         acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio, en su versión modificada y completada por la Segunda
         Directiva 90/619/CEE del Consejo y la Tercera Directiva 92/96/CEE del Consejo, han de interpretarse en el sentido de que no
         prohíben que el legislador nacional adopte disposiciones que prevean que, en caso de quiebra, liquidación o situación análoga
         de insolvencia de una compañía de seguros, los elementos del activo incluidos en las provisiones técnicas de la compañía se
         utilicen para satisfacer con prioridad los créditos derivados de una relación laboral por cuenta ajena con dicha compañía,
         con preferencia respecto a los créditos de los beneficiarios de los seguros y de sus derechohabientes a título universal o
         particular.»
      
      1 –	 Lengua original: inglés.
      
      2 –	Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales,
         reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su
         ejercicio (DO L 228, p. 3; EE 06/01, p. 143), en su versión modificada por la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo (DO
         L 172, p. 1) y la Tercera Directiva 92/49/CEE del Consejo (DO L 228, p. 1) y por la Directiva 79/267/CEE del Consejo, de 5
         de marzo de 1979, Primera Directiva sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, referentes
         al acceso a la actividad del seguro directo sobre la vida, y a su ejercicio (DO L 63, p. 1; EE 06/02, p. 62), en su versión
         modificada por la Segunda Directiva 90/619/CEE del Consejo (DO L 330, p. 50) y la Tercera Directiva 92/96/CEE del Consejo
         (DO L 360, p. 1; en lo sucesivo, «Directivas sobre seguros»).
      
      3 –	Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación
         de las compañías de seguros (DO L 110, p. 28).
      
      4 –	Sentencia de 25 de febrero de 2003, Comisión/Italia (C-59/01, Rec. I-1759) apartado 26.
      
      5 –	Considerando 5 de las exposiciones de motivos de las Directivas 92/49 y 92/96.
      
      6 –	Sentencia de 4 de diciembre de 1986 (C-205/84, Rec. p. 3755).
      
      7 –	Apartados 30 a 33 de la sentencia.
      
      8 –	Considerando 2 de la exposición de motivos.
      
      9 –	Considerando 2 de la exposición de motivos.