CELEX: C2005/069/14
Language: es
Date: 2005-03-19 00:00:00
Title: Asunto C-6/05: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 17 de noviembre de 2004, en el asunto entre MEDIPAC — TH. KAZANTZIDIS A.E. y VENIZELEIO — PANANEIO (PE.S.Y. KRITIS)

19.3.2005   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 69/7
            
         Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias, de fecha 17 de noviembre de 2004, en el asunto entre MEDIPAC — TH. KAZANTZIDIS A.E. y VENIZELEIO — PANANEIO (PE.S.Y. KRITIS)
   (Asunto C-6/05)
   (2005/C 69/14)
   Lengua de procedimiento: griego
   Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante resolución del Symvoulio tis Epikrateias dictada el 17 de noviembre de 2004, en el asunto entre Medipac —Th. Kazantzidis A.E. y Venizeleio — Pananeio (PE. S.Y. Kritis), y recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de enero de 2005.
   El Symvoulio tis Epikrateias solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes cuestiones:
   
               1)
            
            
               En el caso de licitaciones que se rijan por la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, para el suministro de productos sanitarios objeto de la Directiva 93/42/CEE y cuando el criterio de adjudicación sea el de la oferta más económica, ¿está autorizada la entidad adjudicadora, en tanto que adquirente de los bienes en cuestión, en el sentido de las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del Consejo, antes citada, en relación con las disposiciones de la Directiva 93/36/CEE, del Consejo, a excluir una oferta de productos sanitarios —que ostenten el marchamo CE y que hayan sido objeto de un control de calidad por un organismo de certificación competente— durante la fase de evaluación técnica, declarándolos inadmisibles desde un punto de vista técnico, invocando para ello objeciones fundadas —relativas a la protección de la salud pública y al uso específico al que se destinan estos productos— que justifiquen que éstos deben considerarse inadecuados y no aptos para la finalidad prevista (admitiendo, obviamente, que en caso de que se dude de que efectivamente concurran estas objeciones, su fundamento estará sometido al control del juez competente)?
            
         
               2)
            
            
               En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede la entidad adjudicadora, en tanto que adquirente de los productos en cuestión, considerar directamente, por las razones expuestas, que determinados productos sanitarios que ostentan el marchamo CE no responden al uso a que se destinan, o bien deben aplicarse previamente las cláusulas de salvaguardia contenidas en la Directiva 93/42/CEE y en la también mencionada Orden Ministerial Conjunta DY/7/oik.2480/1994, que permiten a la autoridad nacional competente —que en Grecia es el Ministerio de Sanidad, Previsión y Seguridad Social, a través de la Dirección de Tecnología Biomédica— adoptar las medidas oportunas, bien conforme al procedimiento del artículo 8 de la Directiva 93/42/CEE, cuando productos sanitarios correctamente instalados, mantenidos y utilizados con arreglo a su finalidad prevista puedan comprometer la vida o la seguridad de los pacientes o de los usuarios, bien con arreglo al artículo 18 de la Directiva, cuando compruebe que se ha colocado indebidamente el marchamo CE?
            
         
               3)
            
            
               Teniendo en cuenta la respuesta dada a la segunda cuestión, y en el caso de que proceda aplicar las mencionadas cláusulas de salvaguardia, ¿está obligada la entidad adjudicadora a esperar el resultado del procedimiento iniciado conforme al artículo 8 o al artículo 18 de la Directiva 93/42/CEE y se halla vinculada, además, por dicho resultado, en el sentido de que debe adquirir el producto en cuestión, aunque se haya demostrado que su uso supone un peligro para la salud pública, o, en general, no responde al uso a que lo destina la entidad adjudicadora?