CELEX: 62006CJ0221
Language: es
Date: 2007-11-08
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2007. # Stadtgemeinde Frohnleiten y Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH contra Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. # Petición de decisión prejudicial: Verwaltungsgerichtshof - Austria. # Remisión prejudicial - Tributo sobre el depósito permanente de residuos en un vertedero - Tributo adeudado por el titular de la explotación de un vertedero y calculado en función del peso de los residuos depositados y del estado del vertedero - Exención del tributo para el depósito de los residuos procedentes de espacios contaminados austriacos - Falta de exención para el depósito de residuos procedentes de espacios contaminados situados en otros Estados miembros - Artículo 90 CE - Tributos internos - Discriminación. # Asunto C-221/06.

Asunto C‑221/06
      Stadtgemeinde Frohnleiten y Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
      contra
      Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof)
      «Remisión prejudicial — Tributo sobre el depósito permanente de residuos en un vertedero — Tributo adeudado por el titular de la explotación de un vertedero y calculado en función del peso de los residuos depositados
         y del estado del vertedero — Exención del tributo para el depósito de los residuos procedentes de espacios contaminados austriacos — Falta de exención para el depósito de residuos procedentes de espacios contaminados situados en otros Estados miembros — Artículo 90 CE — Tributos internos — Discriminación»
      
      Conclusiones de la Abogado General Sra. E. Sharpston, presentadas el 21 de junio de 2007 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 8 de noviembre de 2007 
      Sumario de la sentencia
      1.     Libre circulación de mercancías — Derechos de aduana — Exacciones de efecto equivalente — Normas del Tratado
      (Arts. 23 CE, 25 CE y 90 CE)
      2.     Disposiciones fiscales — Tributos internos — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación
      (Art. 90 CE)
      3.     Disposiciones fiscales — Tributos internos — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación
      (Art. 90 CE)
      4.     Disposiciones fiscales — Tributos internos — Prohibición de discriminación entre productos importados y productos nacionales
            similares
      (Art. 90 CE)
      5.     Medio ambiente — Residuos — Reglamento (CEE) nº 259/93, relativo a los traslados de residuos
      [Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, art. 4, ap. 3, letras a), inciso i), y b), inciso i)]
      1.     Las disposiciones del Tratado que regulan las exacciones de efecto equivalente y las relativas a los tributos internos discriminatorios
         no son aplicables acumulativamente, de modo que, en el sistema del Tratado, la misma medida no puede pertenecer simultáneamente
         a ambas categorías.
      
      (véase el apartado 26)
      2.     Los residuos destinados a ser eliminados se incluyen en el concepto de «productos» del artículo 90 CE, aun cuando carezcan
         de valor comercial intrínseco, pueden dar lugar, sin embargo, a transacciones comerciales relativas a su eliminación o a su
         vertido. Un tributo interno que grave tales residuos puede hacer más difíciles o más onerosas las citadas transacciones comerciales
         para el operador que quiera liberarse de ellas y, por lo tanto, puede constituir una restricción encubierta a la libre circulación
         de los citados residuos, restricción que el artículo 90 CE pretende precisamente excluir en caso de que los residuos importados
         reciban un trato discriminatorio.
      
      (véanse los apartados 36 y 38)
      3.     El artículo 90 CE se aplica a los tributos internos que gravan el uso de los productos importados cuando estos últimos se
         destinan básicamente a dicho uso y sólo se importan con tal finalidad. Por otra parte, un tributo que no se perciba sobre
         unos productos como tales, sino sobre la actividad determinada de una empresa en relación con determinados productos y que
         se calcule en función, especialmente, del peso de los productos de que se trata, se halla comprendido dentro del ámbito de
         aplicación del artículo 90 CE y debe aplicarse de una manera no discriminatoria sobre los productos importados, en la medida
         en que se repercute inmediatamente sobre el coste de los productos nacionales e importados. A este respecto, en cuanto a los
         residuos destinados a la eliminación, el criterio idóneo para apreciar las posibles restricciones a la libre circulación de
         mercancías es el de la repercusión del tributo sobre el precio pagado por los operadores económicos para eliminarlas, en la
         medida en que las únicas transacciones comerciales a las que pueden dar lugar tales residuos son las relativas a su eliminación
         o a su vertido.
      
      (véanse los apartados 41 y 43)
      4.     El artículo 90 CE, párrafo primero, se opone a una disposición tributaria nacional que exime del tributo que grava el depósito
         permanente de residuos en vertederos nacionales a aquellos depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención
         de espacios contaminados o potencialmente contaminados situados únicamente en el territorio nacional, pero que excluye la
         exención de los depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención de espacios situados en otros Estados miembros.
      
      En efecto, si bien, el Derecho comunitario no restringe, en el estado actual de su evolución, la libertad de cada Estado miembro
         para establecer un sistema diferenciado de tributación para algunos productos, aunque sean similares en el sentido del artículo
         90 CE, párrafo primero, en función de criterios objetivos, no obstante, tales diferencias sólo son compatibles con el Derecho
         comunitario si persiguen objetivos compatibles, a su vez, con las prescripciones del Tratado y del Derecho derivado y si se
         aplican de manera que eviten cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, respecto a las importaciones procedentes
         de los demás Estados miembros, o de protección de las producciones nacionales competidoras. Pues bien, una disposición fiscal
         de esa índole puede conducir, en algunos casos, a que el producto importado soporte una mayor presión fiscal que el producto
         nacional. Por otra parte, la distinta procedencia entre los residuos nacionales y los residuos importados de otros Estados
         miembros no basta para excluir que sean similares en el sentido del artículo 90 CE, párrafo primero.
      
      Tal diferencia de trato no puede hallar justificación en la imposibilidad material de identificar los espacios contaminados
         o potencialmente contaminados en el territorio de los demás Estados miembros, ya que las dificultades de orden práctico no
         pueden justificar la aplicación de tributos internos discriminatorios con respecto a los productos originarios de otros Estados
         miembros. Además, aun cuando, en principio, el artículo 90 CE no obliga a los Estados miembros a suprimir las diferencias
         objetivamente justificadas establecidas por la legislación nacional entre los tributos internos que gravan productos nacionales,
         no ocurre lo mismo cuando esa supresión es el único medio que permite evitar una discriminación, directa o indirecta, de los
         productos importados.
      
      (véanse los apartados 56, 57, 60, 70, 72 y 73 y el fallo)
      5.     Una vez que un Estado miembro haya renunciado a tomar medidas de prohibición general o parcial, o de oposición sistemática,
         tal como se hallan previstas en el artículo 4, apartado 3, letra a), inciso i), del Reglamento nº 259/93, relativo a la vigilancia
         y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, y no haya formulado
         objeciones motivadas a un traslado de residuos determinado, tal como se hallan previstas en la letra b), inciso i), del mismo
         apartado, no podrá después imponer restricciones ni limitaciones a la libre circulación en su territorio de los residuos transferidos,
         fundadas en los principios de proximidad y de autosuficiencia a nivel comunitario y nacional, dado que los propios requisititos
         y procedimientos establecidos por el Reglamento nº 259/93 para los traslados de residuos entre Estados miembros fueron adoptados
         en un esfuerzo por garantizar la protección del medio ambiente y teniendo en cuenta esos principios.
      
      (véanse los apartados 64 y 67)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 8 de noviembre de 2007 (*)
      
      «Remisión prejudicial – Tributo sobre el depósito permanente de residuos en un vertedero – Tributo adeudado por el titular de la explotación de un vertedero y calculado en función del peso de los residuos depositados
         y del estado del vertedero – Exención del tributo para el depósito de los residuos procedentes de espacios contaminados austriacos – Falta de exención para el depósito de residuos procedentes de espacios contaminados situados en otros Estados miembros – Artículo 90 CE – Tributos internos – Discriminación»
      
      En el asunto C‑221/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgerichtshof
         (Austria), mediante resolución de 27 de abril de 2006, registrada en el Tribunal de Justicia el 15 de mayo de 2006, en el
         procedimiento entre
      
      Stadtgemeinde Frohnleiten,
      Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
      y
      Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
      en presencia de:
      República de Austria,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet y M. Ilešič (Ponente),
         Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de marzo de 2007;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre de la Stadtgemeinde Frohnleiten y de Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, por el Sr. G. Eisenberger, Rechtsanwalt;
      –       en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. W. Mölls y M. Konstantinidis, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de junio de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE
         y 90 CE.
      
      2       Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre la Stadgemeinde Frohnleiten (Municipio de Frohnleiten) y la Gemeindebetriebe
         Frohnleiten GmbH (Empresa municipal de Frohnleiten) y el Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
         (Ministro federal de Agricultura, Bosques, Medio Ambiente y Agua; en lo sucesivo, «Ministro»), relativo a la tributación de
         un depósito de residuos procedentes de Italia en el vertedero municipal de Frohnleiten.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3       A tenor de su artículo 1, el Reglamento (CEE) nº 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al
         control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DO L 30, p. 1), en
         su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 2557/2001 de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001 (DO L 349, p. 1) (en
         lo sucesivo, «Reglamento nº 259/93») se aplicará en particular a los traslados de residuos dentro de la Comunidad.
      
      4       Los artículos 3 a 5 del Reglamento nº 259/93 establecen el procedimiento aplicable a los traslados entre Estados miembros
         de los residuos destinados a la eliminación.
      
      5       A tenor del artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento, «cuando el notificante tenga intención de trasladar residuos para
         su eliminación de un Estado miembro a otro [...] deberá [...] notificarlo a la autoridad competente de destino».
      
      6       El artículo 4, apartados 1, 2, letras a) y c), y 3, letras a), inciso i), y b), inciso i), del mencionado Reglamento dispone:
      «1.      Tras recibir la notificación, la autoridad competente de destino enviará al notificante, [...] un acuse de recibo [...]
      2.      a)     La autoridad competente de destino dispondrá de 30 días a partir de la fecha de envío del acuse de recibo para autorizar,
         con o sin condiciones, el traslado o denegarlo. Podrá también solicitar información adicional.
      
                        La mencionada autoridad sólo dará su autorización si no hay objeciones por su parte [...]
                        […]
               […]
               c)     Las objeciones y condiciones a que se refieren las letras a) [...] se basarán en lo dispuesto en el apartado 3.
               […]
      3.      a)     i)     Con el objeto de aplicar los principios de proximidad, de prioridad de la valorización y de autosuficiencia a nivel comunitario
         y nacional, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, los Estados miembros podrán tomar medidas con arreglo al
         Tratado, para prohibir de modo general o parcial los traslados de residuos o para oponerse sistemáticamente a los mismos.
         Se comunicarán inmediatamente dichas medidas a la Comisión, la cual informará a los demás Estados miembros.
      
                        […]
               b)     Las autoridades competentes de expedición y de destino, teniendo en cuenta las condiciones geográficas o las necesidades de
         instalaciones especializadas para ciertos tipos de residuos, podrán formular objeciones motivadas al traslado previsto cuando
         éste no se ajuste a lo dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, especialmente en sus artículos 5 y 7:
      
                        i)     para aplicar el principio de autosuficiencia a nivel comunitario y nacional».
       Normativa nacional
      7       Conforme a su artículo 1, la Altlastensanierungsgesetz (Ley de recuperación de espacios contaminados) de 7 de junio de 1989
         (BGBl. 299/1989; en lo sucesivo, «ALSAG»), tiene por objeto financiar la contención y recuperación de espacios contaminados.
      
      8       A tenor del artículo 2, apartados 1, 2, 3, 11, 13 y 14, de la ALSAG:
      «1.      Se entenderá por espacio contaminado los viejos vertederos y áreas en desuso, así como los suelos y las aguas subterráneas
         contaminados por ellos, que según los resultados de una evaluación de riesgos presentan un peligro considerable para la salud
         de las personas o para el medio ambiente. La contaminación provocada por las emisiones a la atmósfera no se halla comprendida
         dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley.
      
      2.      Se entenderá por viejos vertederos los depósitos de residuos, ya sean legales o ilegales.
      3.      Se entenderá por áreas en desuso los lugares ocupados por instalaciones en las que se han manejado sustancias peligrosas para
         el medio ambiente.
      
      […]
      11.      Se entenderá por “espacios potencialmente contaminados” aquellos sectores determinables de viejos vertederos y de áreas en
         desuso que puedan presentar un peligro considerable para la salud humana y para el medio ambiente, debido a su modo de utilización
         en el pasado.
      
      [...]
      13.      Se entenderá por “contención” la prevención de riesgos medioambientales, en particular los posibles vertidos de sustancias
         tóxicas procedentes de espacios contaminados, que sean peligrosas para la salud y para el medio ambiente.
      
      14.      Se entenderá por “recuperación” la desaparición de la causa del peligro o la eliminación de la contaminación medioambiental.»
      9       El artículo 3 de la ALSAG establece una contribución denominada «Altlastenbeitrag» (contribución para los espacios contaminados).
         Los apartados 1, números 1 y 2, y 2, número 1, del citado artículo disponen:
      
      «1.      Estarán sujetos a la contribución:
      1)      el depósito permanente de residuos, incluidos los que se depositan en un vertedero, aunque esté asociado a objetivos técnicos
         de construcción del vertedero o a otros fines;
      
      2)      el rellenado de terrenos desiguales o la remodelación de terrenos utilizando residuos, incluida su incorporación a estructuras
         geológicas, excepto el rellenado o la remodelación que tengan una función técnico-constructiva específica relacionada con
         una operación de construcción de mayor dimensión (por ejemplo, terraplenes y firmes de carreteras, tendidos de ferrocarril,
         rellenados de excavaciones o canales de drenaje);
      
      […]
      2.      Estarán exentos de la obligación de contribución:
      1)      el depósito, almacenamiento y transporte de residuos cuando se pruebe que se han originado a raíz de la contención o recuperación de:
      a)      espacios potencialmente contaminados inscritos en el inventario de espacios potencialmente contaminados, o bien de
      b)      espacios contaminados inscritos en el atlas de espacios contaminados».
      10     En virtud del artículo 4, apartado 1, de la ALSAG, está sujeto en particular al Altlastenbeitrag «el titular de la explotación
         de un vertedero o de un depósito».
      
      11     El artículo 5 de la ALSAG establece que la «base de cálculo» del Altlastenbeitrag estará constituida por la «masa de residuos,
         correspondiente al peso bruto; éste será el peso de los residuos, incluyendo los envases».
      
      12     En el artículo 6 de la ALSAG se determina el importe del Altlastenbeitrag, expresado en euros «por cada tonelada de peso».
         Esta disposición fija un baremo que oscila en función de la naturaleza de los residuos, de la fecha del depósito y del equipamiento
         del vertedero.
      
      13     A tenor del artículo 11 de la ALSAG, los ingresos fiscales obtenidos del Altlastenbeitrag se utilizarán para el reconocimiento
         y la recuperación de los espacios contaminados.
      
      14     En el artículo 13 de dicha Ley se regulan el inventario de espacios potencialmente contaminados y el atlas de espacios contaminados,
         mencionados en el artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG. Esta disposición establece:
      
      «1.      El Landeshauptmann informará al Bundesminster für Umwelt, Jugend und Familie [Ministro federal de Medio Ambiente, Juventud
         y Familia] acerca de los espacios potencialmente contaminados. Con el fin de censar los espacios contaminados, el Bundesminister
         coordinará a nivel federal la catalogación, evaluación y clasificación de los espacios potencialmente contaminados en colaboración
         con el Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten [Ministro federal de Economía] y el Bundesminister für Land- und
         Forstwirtschaft [Ministro federal de Agricultura y Bosques] y ordenará llevar a cabo, a través del Landeshauptmann y en función
         de los medios existentes (artículo 12, apartado 2), investigaciones complementarias en la medida en que éstas sean necesarias
         para la catalogación, evaluación y clasificación de los espacios potencialmente contaminados, así como para la clasificación
         de las prioridades. Los datos y las informaciones obtenidos con la catalogación se comunicarán al Umweltbundesamt [Oficina
         federal de Medio Ambiente], el cual los evaluará e incluirá en el inventario de espacios potencialmente contaminados (artículo
         11, apartado 2, número 2).
      
      2.      El Bundesminster für Umwelt, Jugend und Familie coordinará todas las medidas de evaluación de la peligrosidad de los espacios
         potencialmente contaminados que hayan sido censados, con vistas a la identificación de los espacios contaminados. Los espacios
         potencialmente contaminados y que precisen de recuperación o contención, sobre la base de la apreciación efectuada, deberán
         figurar como espacios contaminados en un atlas de espacios contaminados (artículo 11, apartado 2, número 2) llevado por el
         Umweltbundesamt. […]»
      
      15     Según el Verwaltungsgerichtshof, por su propia naturaleza, tan sólo pueden figurar en el inventario de espacios potencialmente
         contaminados y en el atlas de espacios contaminados los espacios situados en Austria, ya que tales registros sirven para censar
         los espacios contaminados situados en Austria, a fin de preparar su recuperación o su contención. Por este motivo, tan sólo
         puede concebirse la exención del Altlastenbeitrag establecida en el artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG para aquellos
         residuos que procedan de la recuperación o contención de un espacio contaminado o de un espacio potencialmente contaminado
         situado en Austria.
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      16     Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, de la cual es accionista única la Stadtgemeinde Frohnleiten, explota el vertedero municipal
         de Frohnleiten.
      
      17     Durante el cuarto trimestre del año 2001 y el primer trimestre del año 2002, se depositaron en dicho vertedero varias toneladas
         de residuos triturados procedentes de Italia. Su transporte a Austria había sido autorizado por las autoridades austriacas,
         conforme a los artículos 3 a 5 del Reglamento nº 259/93.
      
      18     Tales residuos procedían de un terreno situado en el municipio de Rovigo (Italia), cuya recuperación había sido declarada
         prioritaria en el plan italiano de recuperación de espacios contaminados, establecido en el artículo 22 del Decreto‑ley nº 22,
         de 5 de febrero de 1997 (suplemento ordinario de la GURI nº 38, de 15 de febrero de 1997), y en el Decreto del Ministro italiano
         de Medio Ambiente de 16 de mayo de 1989 (GURI nº 121, de 26 de mayo de 1989, p. 12).
      
      19     Al considerar que los referidos residuos debían poder acogerse a la exención prevista en el artículo 3, apartado 2, número
         1, de la ALSAG, dado que procedían de un espacio contaminado, las partes demandantes en el asunto principal formularon una
         solicitud al Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (Administración del cantón de Graz y de sus alrededores; en lo sucesivo,
         «BH») con el fin de que se declarara tal exención.
      
      20     En una resolución de 11 de mayo de 2004, la BH consideró que los residuos de que se trata estaban exentos del Altlastenbeitrag
         en virtud del artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG. A raíz del recurso interpuesto por las autoridades federales
         austriacas, la citada resolución fue confirmada por el Landeshauptmann von Steiermark (Jefe del Gobierno regional del Land
         de Estiria; en lo sucesivo, «LH»), mediante otra resolución de 30 de noviembre de 2004. Tanto la BH como la LH consideraron
         que cualquier discriminación entre los residuos derivada de las medidas legales de recuperación o de contención de espacios
         contaminados, según que procedan de Austria o de otro Estado miembro, supone una infracción del artículo 90 CE.
      
      21     Mediante una resolución de 10 de enero de 2005, el ministro anuló la resolución del LH y decidió que los residuos en cuestión
         debían quedar sujetos al Altlastenbeitrag, dado que no procedían de un espacio censado en el inventario de espacios potencialmente
         contaminados ni tampoco en el atlas de espacios contaminados. El ministro entendió que el Altlastenbeitrag no está comprendido
         dentro del ámbito del artículo 90 CE, puesto que no es un tributo sobre los residuos como tales, sino un tributo que grava
         una actividad. Efectivamente, dicho tributo no grava unas mercancías susceptibles de comercializarse, que encarecería su precio
         y se verían así desfavorecidas al ser vendidas en el territorio austriaco, sino que constituye una imposición de cualquier
         medida que dé por terminado definitivamente el ciclo de vida de tales mercancías.
      
      22     Las demandantes en el asunto principal interpusieron un recurso contra la citada resolución ministerial ante el Verwaltungsgerichtshof.
         Alegaron, en sustancia, que el Altlastenbeitrag se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 90 CE y
         que se infringiría esta disposición si se calculara dicho tributo de una forma distinta según que grave los productos importados
         o los productos nacionales similares, ya que una diferencia semejante tiene como consecuencia encarecer el precio de los productos
         importados.
      
      23     El Verwaltungsgerichtshof observó que la ALSAG persigue unos objetivos de política medioambiental, a saber, la recuperación
         y la contención de los espacios contaminados. La aplicación de dicha política requiere previamente la identificación de los
         espacios contaminados mediante estudios de campo. Por lo tanto, únicamente los espacios situados en el territorio austriaco
         pueden ser identificados como espacios contaminados a efectos de la ALSAG. Según el Verwaltungsgerichtshof, no cabe deducir
         de ello una obligación de las autoridades austriacas de renunciar a privilegiar la descarga de los residuos procedentes de
         tales espacios. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende que la exención prevista en el artículo 3, apartado
         2, número 1, de la ALSAG infrinja el Derecho comunitario.
      
      24     Sin embargo, al considerar que la interpretación seguida no se imponía de una forma incuestionable, el Verwaltungsgerichtshof
         decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
      
      «¿Se oponen los artículos 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE o 90 CE a una disposición tributaria nacional que grava con una
         contribución el depósito de residuos en un vertedero (“Altlastenbeitrag”), pero que exime de dicha contribución el depósito
         de residuos que se acredite que proceden de la recuperación o contención de espacios contaminados (espacios potencialmente
         contaminados o espacios contaminados), siempre que dichos espacios estén inscritos en los registros oficiales previstos por
         la Ley [Verdachtsflächenkataster (inventario de espacios potencialmente contaminados) o Altlastenatlas (Atlas de espacios
         contaminados)], cuando sólo los espacios sitos en Austria pueden inscribirse en los citados registros, de lo que resulta que
         la exención de la contribución sólo es posible para el depósito de residuos que se originan en espacios potencialmente contaminados
         o en espacios contaminados situados en Austria?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
       Sobre los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE
      25     Mediante la primera parte de su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si un tributo nacional
         como el Altlastenbeitrag constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la importación a efectos de
         los artículos 23 CE y 25 CE, o bien un tributo interno discriminatorio y, por lo tanto, contrario al artículo 90 CE.
      
      26     Con carácter preliminar, debe recordarse que las disposiciones del Tratado CE que regulan las exacciones de efecto equivalente
         y las relativas a los tributos internos discriminatorios no son aplicables acumulativamente, de modo que, en el sistema del
         Tratado, la misma medida no puede pertenecer simultáneamente a ambas categorías (véanse, en particular, las sentencias de
         17 de julio de 1997, Haahr Petroleum, C‑90/94, Rec. p. I‑4085, apartado 19; de 29 de abril de 2004, Weigel, C‑387/01, Rec.
         p. I‑4981, apartado 63, y de 15 de junio de 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 y C‑41/05, Rec. p. I‑5293, apartado 50).
      
      27     Por lo que atañe a los artículos 23 CE y 25 CE, es jurisprudencia reiterada que toda carga pecuniaria, por mínima que sea,
         impuesta unilateralmente, cualesquiera que sean su denominación y su técnica, que grave las mercancías por el hecho de atravesar
         la frontera, cuando no es un derecho de aduana propiamente dicho, constituye una exacción de efecto equivalente con arreglo
         a los artículos 23 CE y 25 CE (véanse, en particular, las sentencias Haahr Petroleum, antes citada, apartado 20; de 2 de abril
         de 1998, Outokumpu, C‑213/96, Rec. p. I‑1777, apartado 20; Weigel, antes citada, apartado 64, y Air Liquide Industries Belgium,
         antes citada, apartado 51).
      
      28     Habida cuenta de esta definición y en lo que se refiere a las características del Altlastenbeitrag, debe observarse que, en
         principio, está sujeto al pago de dicho tributo cualquier depósito permanente de residuos, tanto si éstos proceden de Austria
         como de otro Estado miembro. Por lo tanto, un tributo como el Altlastenbeitrag no se exige por el hecho de atravesar una frontera
         del Estado miembro que lo haya creado.
      
      29     Por consiguiente, la conformidad de un tributo semejante con el Derecho comunitario no puede apreciarse a la luz de los artículos
         23 CE y 25 CE.
      
      30     En lo que se refiere al artículo 90 CE, esta disposición constituye, en la sistemática del Tratado, un complemento de las
         disposiciones relativas a la supresión de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente. Su objetivo es
         garantizar la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros en condiciones normales de competencia, mediante
         la eliminación de cualquier forma de protección que pueda derivarse de la aplicación de tributos internos que sean discriminatorios
         para los productos originarios de otros Estados miembros (véanse, en particular, las sentencias Air Liquide Industries Belgium,
         antes citada, apartado 55, y de 18 de enero de 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rec. p. I‑513, apartado 27).
      
      31     Según jurisprudencia reiterada, las cargas pecuniarias resultantes de un sistema general de tributos internos que graven sistemáticamente,
         según los mismos criterios objetivos, a ciertas categorías de productos, con independencia de su origen o de su destino, se
         hallan comprendidas dentro del ámbito de aplicación del artículo 90 CE (véase la sentencia Air Liquide Industries Belgium,
         antes citada, apartado 56 y la jurisprudencia citada).
      
      32     Conviene verificar, en primer lugar, si un tributo como el Altlastenbeitrag constituye un tributo interno a efectos del artículo 90 CE.
      33     Sobre este particular, debe observarse que un tributo semejante, que reviste ostensiblemente un carácter fiscal, grava cualquier
         depósito permanente de residuos en un vertedero, tanto si éstos proceden de Austria como de otro Estado miembro.
      
      34     No obstante, el Gobierno austriaco afirma que el Altlastenbeitrag no se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación
         del artículo 90 CE porque no lo considera un tributo que grave los productos en el sentido de esta disposición. Efectivamente,
         puesto que los residuos depositados en los vertederos no tienen valor económico, el Altlastenbeitrag no grava las mercancías
         en el comercio cuyo coste podría verse incrementado por dicho tributo y que podrían verse desfavorecidas al ser vendidas en
         el territorio nacional.
      
      35     Según el Gobierno austriaco, el Altlastenbeitrag grava las prestaciones de servicios efectuadas por el titular de la explotación
         del vertedero y está en función de la índole de las citadas prestaciones. Dicho Gobierno afirma, en particular, que, a tenor
         del artículo 6 de la ALSAG, la carga fiscal no viene determinada por la índole de los residuos depositados, sino por la propia
         naturaleza de las instalaciones de eliminación y por la calidad de la gestión de tales instalaciones.
      
      36     No puede acogerse la alegación del Gobierno austriaco, según la cual los residuos destinados a la eliminación no pueden hallarse
         comprendidos dentro del concepto de «productos» en el sentido del artículo 90 CE, al no tener valor comercial.
      
      37     Efectivamente, por un lado, en su sentencia de 9 de julio de 1992, Comisión/Bélgica, denominada «Residuos valones» (C‑2/90,
         Rec. p. I‑4431, apartado 28), el Tribunal de Justicia declaró que los residuos, reciclables o no, deben considerarse productos
         cuya circulación, con arreglo al artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) no debería,
         en principio, impedirse.
      
      38     Por otro lado, el Tribunal de Justicia aclaró, en los apartados 25 y 26 de la citada sentencia, que los residuos destinados
         a ser eliminados, aun cuando carezcan de valor comercial intrínseco, pueden dar lugar, sin embargo, a transacciones comerciales
         relativas a su eliminación o a su vertido. Un tributo interno que grave tales residuos puede hacer más difíciles o más onerosas
         las citadas transacciones comerciales para el operador que quiera liberarse de ellas y, por lo tanto, puede constituir una
         restricción encubierta a la libre circulación de los citados residuos, restricción que el artículo 90 CE pretende precisamente
         excluir en caso de que los residuos importados reciban un trato discriminatorio.
      
      39     En lo que se refiere a la alegación del Gobierno austriaco, según la cual un tributo como el Altlastenbeitrag no grava productos
         sino una prestación de servicios, procede asimismo desestimarla.
      
      40     Según jurisprudencia reiterada, el artículo 90 CE debe recibir una interpretación amplia, de tal manera que permita incluir
         todas las medidas fiscales que perjudiquen, de modo directo o indirecto, a la igualdad de trato entre los productos nacionales
         y los productos importados. Por lo tanto, la prohibición que establece debe aplicarse cada vez que un gravamen fiscal pueda
         desalentar la importación de bienes procedentes de otros Estados miembros en beneficio de los productos internos (sentencias
         de 16 de febrero de 1977, Schöttle, 20/76, Rec. p. 247, apartado 13; de 3 de marzo de 1988, Bergandi, 252/86, Rec. p. 1343,
         apartado 25 y la jurisprudencia citada, así como de 7 de diciembre de 1995, Ayuntamiento de Ceuta, C‑45/94, Rec. p. I‑4385,
         apartado 29).
      
      41     En sus sentencias Bergandi, antes citada, y de 15 de marzo de 1989, Lambert y otros (317/86, 48/87, 49/87, 285/87, 363/87
         a 367/87, 65/88 y 78/88 a 80/88, Rec. p. 787), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 95 del Tratado CEE (posteriormente
         artículo 95 del Tratado CE y actualmente artículo 90 CE, tras su modificación) se aplica a los tributos internos que gravan
         el uso de los productos importados cuando estos últimos se destinan básicamente a dicho uso y sólo se importan con tal finalidad.
      
      42     Ahora bien, es forzoso reconocer que un tributo como el Altlastenbeitrag, cuyo hecho imponible es el depósito permanente de
         los residuos destinados a la eliminación en un vertedero, grava tan sólo aquella transacción comercial de la cual tales residuos
         aún pueden ser objeto, además de las relativas a su eliminación, y que, por lo que atañe a los residuos procedentes de otros
         Estados miembros sujetos al citado tributo, éstos tan sólo se importan al Estado miembro de tributación con objeto de efectuar
         la citada transacción.
      
      43     Por otra parte, según se desprende de las sentencias antes citadas Schöttle (apartados 12 a 15) y Haahr Petroleum (apartados
         38 y 40), un tributo que no se perciba sobre unos productos como tales, sino sobre la actividad determinada de una empresa
         en relación con determinados productos y que se calcule en función, especialmente, del peso de los productos de que se trata,
         se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 90 CE y debe aplicarse de una manera no discriminatoria
         sobre los productos importados, en la medida en que se repercute inmediatamente sobre el coste de los productos nacionales
         e importados.
      
      44     Esta jurisprudencia ha sido desarrollada en el contexto de la circulación de mercancías con valor comercial y susceptibles
         de ser ofrecidas a la venta en el Estado miembro de importación, para las cuales la repercusión sobre el coste era el criterio
         idóneo para apreciar las posibles restricciones a la libre circulación de mercancías.
      
      45     En cambio, en la medida en que, según se ha recordado en el apartado 42 de la presente sentencia, las únicas transacciones
         comerciales a las que pueden dar lugar los residuos destinados a la eliminación son las relativas a su eliminación o a su
         vertido, el criterio idóneo para apreciar las posibles restricciones a la libre circulación de tales mercancías es el de la
         repercusión del tributo sobre el precio pagado por los operadores económicos para eliminarlas.
      
      46     Sobre este particular, procede observar, en primer lugar, que la gestión de un vertedero constituye con toda evidencia una
         actividad relacionada con los residuos que en él se hayan depositado; en segundo lugar, si bien la calidad del equipamiento
         del vertedero y de su gestión se tiene en cuenta a la hora de calcular el Altlastenbeitrag, se deduce de los artículos 5 y
         6 de la ALSAG que el importe del citado tributo depende asimismo del peso y de la naturaleza de los residuos depositados,
         y, finalmente, si el citado tributo ha sido abonado por el explotador del vertedero, éste tiene la posibilidad de repercutirlo
         sobre el coste de su prestación facturado al operador que deposite los vertidos.
      
      47     En consecuencia, un tributo como el Altlastenbeitrag constituye una exacción interna que grava indirectamente los residuos
         depositados en el vertedero, en el sentido del artículo 90 CE.
      
      48     Procede verificar, en segundo lugar, si un tributo interno como el Altlastenbeitrag lleva a cabo una discriminación contraria
         al artículo 90 CE.
      
      49     Según jurisprudencia reiterada, se infringe el artículo 90 CE, párrafo primero, cuando el tributo que grava el producto importado
         y el que grava el producto nacional similar se calculan de un modo diferente y con arreglo a mecanismos distintos que den
         lugar, aunque sólo sea en ciertos casos, a una tributación más elevada del producto importado (sentencias de 26 de junio de
         1991, Comisión/Luxemburgo, C‑152/89, Rec. p. I‑3141, apartado 20; Weigel, antes citada, apartado 67, y Brzeziński, antes citada,
         apartado 29).
      
      50     De ello se deduce que un régimen impositivo solamente puede considerarse compatible con el artículo 90 CE si está estructurado
         de forma que se descarte cualquier supuesto en el que los productos importados hayan de soportar un gravamen más riguroso
         que los productos nacionales y, por lo tanto, que no produce, en ningún caso, efectos discriminatorios (sentencias Comisión/Luxemburgo,
         antes citada, apartados 21 a 25; Haahr Petroleum, antes citada, apartado 34; de 23 de octubre de 1997, Comisión/Grecia, C‑375/95,
         Rec. p. I‑5981, apartado 29; de 17 de junio de 1998, Grundig Italiana, C‑68/96, Rec. p. I‑3775, apartado 12, y Brzeziński,
         antes citada, apartado 40).
      
      51     Para evaluar si un régimen impositivo tienen o no carácter discriminatorio, hay que tener en cuenta no sólo el tipo de gravamen,
         sino también la base imponible y las modalidades de percepción de los tributos de que se trate (sentencias de 27 de febrero
         de 1980, Comisión/Irlanda, 55/79, Rec. p. 481, apartado 8 y la jurisprudencia citada; de 12 de mayo de 1992, Comisión/Grecia,
         C‑327/90, Rec. p. I‑3033, apartado 11, y Grundig Italiana, antes citada, apartado 13).
      
      52     Una disposición nacional, como el artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG, que reserva la exención de un tributo interno
         a determinados productos nacionales, con exclusión de los productos importados, puede conducir, en algunos casos, a que el
         producto importado soporte una mayor presión fiscal que el producto nacional. En consecuencia, una disposición semejante es
         contraria, en principio, a la prohibición de discriminación enunciada en el artículo 90 CE (véase, en este sentido, la sentencia
         de 19 de febrero de 1998, Chevassus-Marche, C‑212/96, Rec. p. I‑743, apartado 26).
      
      53     Sin embargo, el Gobierno austriaco alega que el artículo 90 CE no se opone al citado tributo porque la normativa austriaca
         no lleva a cabo ninguna desigualdad de trato entre situaciones comparables. La finalidad del Altlastenbeitrag es la financiación
         de la contención y recuperación de espacios contaminados. La exención del citado tributo, prevista en el artículo 3, apartado
         2, número 1, de la ALSAG, persigue la misma finalidad. Una finalidad semejante requiere previamente identificar los espacios
         contaminados mediante estudios de campo que no pueden efectuarse más que en el territorio austriaco. En consecuencia, existe
         una diferencia objetiva entre los espacios austriacos, que son los únicos que pueden identificarse, y los espacios situados
         en otros Estados miembros.
      
      54     Existe asimismo una diferencia objetiva, según que la recuperación de un espacio y la eliminación de los residuos tengan lugar
         en el mismo Estado miembro o en dos Estados miembros distintos, lo cual excluye cualquier desigualdad de trato constitutiva
         de una discriminación. Un Estado miembro no se halla obligado a asimilar hechos relativos al territorio de un Estado miembro
         a hechos similares referentes a su propio territorio, sin perjuicio de no llevar a cabo una discriminación en función de la
         nacionalidad de los operadores económicos. En el presente caso, es de aplicación la exención prevista en el artículo 3, apartado
         2, número 1, de la ALSAG debido a un criterio (el desarrollo de la recuperación de un espacio contaminado en Austria) que
         es objetivo y no discriminatorio. Dicha exención no desconoce el artículo 90 CE, porque no existe discriminación alguna relativa
         a las mercancías procedentes de otros Estados miembros.
      
      55     No pueden aceptarse tales alegaciones.
      56     En primer lugar, si bien, según jurisprudencia reiterada, el Derecho comunitario no restringe, en el estado actual de su evolución,
         la libertad de cada Estado miembro para establecer un sistema diferenciado de tributación para algunos productos, aunque sean
         similares en el sentido del artículo 90 CE, párrafo primero, en función de criterios objetivos, no obstante, tales diferencias
         sólo son compatibles con el Derecho comunitario si persiguen objetivos compatibles, a su vez, con las prescripciones del Tratado
         y del Derecho derivado y si se aplican de manera que eviten cualquier forma de discriminación, directa o indirecta, respecto
         a las importaciones procedentes de los demás Estados miembros, o de protección de las producciones nacionales competidoras
         (sentencia Outokumpu, antes citada, apartado 30, y de 5 de octubre de 2006, Nádasdi y Németh, C‑290/05 y C‑333/05, Rec. p. I‑10115,
         apartado 51).
      
      57     Pues bien, según se ha señalado en el apartado 52 de la presente sentencia, una disposición nacional como el artículo 3, apartado
         2, número 1, de la ALSAG puede conducir, en algunos casos, a que el producto importado soporte una mayor presión fiscal que
         el producto nacional. De la misma forma, aun suponiendo que el objetivo de recuperación de los espacios nacionales contaminados
         por los residuos sea compatible con las exigencias del Tratado y del Derecho derivado, una disposición de esta índole no puede
         ser en sí misma compatible con el artículo 90 CE.
      
      58     A continuación, aun suponiendo que las alegaciones del Gobierno austriaco deban interpretarse en el sentido de que ponen en
         cuestión la similitud entre los residuos importados de otros Estados miembros y los residuos producidos en el territorio austriaco,
         conviene asimismo desestimarlas.
      
      59     Por una parte, con independencia de su procedencia geográfica, unos residuos destinados de igual modo a la eliminación mediante
         su depósito permanente en el vertedero son con toda evidencia productos similares. Procede subrayar, en particular, que la
         exención del tributo contemplada en el artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG no lleva a cabo distinción alguna en
         función de la peligrosidad o de otras características de los residuos depositados.
      
      60     Por otra parte, procede responder negativamente a la cuestión de si la distinta procedencia entre los residuos nacionales
         y los residuos importados de otros Estados miembros basta para excluir que sean similares en el sentido del artículo 90 CE,
         párrafo primero.
      
      61     Ciertamente, en los apartados 34 y 35 de la sentencia Residuos valones, antes citada, el Tribunal de Justicia señaló la particularidad
         de los residuos, relativa al hecho de que, en aplicación del principio de corrección, preferentemente en la fuente, de los
         atentados contra el medio ambiente, el cual concuerda con los principios de proximidad y de autosuficiencia, los residuos
         deben eliminarse en el lugar más próximo posible al de su producción, con el fin de limitar su transporte en la medida de
         lo posible. El Tribunal de Justicia dedujo de ello, en el apartado 36 de la citada sentencia, que, habida cuenta de las diferencias
         entre los residuos producidos de un lugar a otro y de su relación con su lugar de producción, una normativa nacional que dispense
         un trato distinto a los residuos producidos en el territorio nacional y a los procedentes de los demás Estados miembros no
         resulta discriminatoria.
      
      62     Sin embargo, dicha afirmación versaba tan sólo sobre los residuos carentes de peligrosidad, los cuales no se hallan comprendidos
         dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 84/631/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1984, relativa al seguimiento
         y al control en la Comunidad de los traslados transfronterizos de residuos peligrosos (DO L 326, p. 31; EE 15/05, p. 122).
      
      63     Con posterioridad a la sentencia Residuos valones, antes citada, el legislador comunitario aprobó el Reglamento nº 259/93,
         el cual vino a derogar y a sustituir a la Directiva 84/631, si bien ampliando el sistema establecido a todos los residuos,
         peligrosos y no peligrosos, con excepción de algunos tipos de residuos particulares mencionados limitativamente en el artículo
         1 del citado Reglamento.
      
      64     El Tribunal de Justicia observó que los requisititos y procedimientos establecidos por el Reglamento nº 259/93 para los traslados
         de residuos entre Estados miembros fueron adoptados en un esfuerzo por garantizar la protección del medio ambiente y teniendo
         en cuenta objetivos que forman parte de la política medioambiental, como son los principios de proximidad, prioridad de la
         valorización y autosuficiencia a nivel comunitario y nacional (sentencias de 28 de junio de 1994, Parlamento/Consejo, C‑187/93,
         Rec. p. I‑2857, apartados 21 y 22, y de 13 de diciembre de 2001, DaimlerChrysler, C‑324/99, Rec. p. I‑9897, apartado 41).
      
      65     El Tribunal de Justicia declaró asimismo que el Reglamento nº 259/93 regula de forma armonizada a escala comunitaria la cuestión
         de los traslados de residuos con el fin de garantizar la protección del medio ambiente (sentencia DaimlerChrysler, antes citada,
         apartado 42).
      
      66     El artículo 4, apartado 3, del citado Reglamento prevé en particular, en sus letras a), inciso i), y b), inciso i), la posibilidad
         de que las autoridades del Estado miembro de destino tomen medidas, respectivamente, para prohibir de modo general o parcial
         los traslados de residuos o para oponerse sistemáticamente a ellos, así como de que formulen objeciones motivadas al traslado
         previsto de residuos, con el fin de aplicar los principios de proximidad y de autosuficiencia a nivel comunitario y nacional.
      
      67     De ello se desprende que una vez que un Estado miembro haya renunciado a tomar medidas de prohibición general o parcial, o
         de oposición sistemática, tal como se hallan previstas en el artículo 4, apartado 3, letra a), inciso i), del Reglamento nº 259/93,
         y no haya formulado objeciones motivadas a un traslado de residuos determinado, tal como se hallan previstas en la letra b),
         inciso i), del mismo apartado, no podrá después imponer restricciones ni limitaciones a la libre circulación en su territorio
         de los residuos transferidos, fundadas en los principios de proximidad y de autosuficiencia a nivel comunitario y nacional
         (véase, en este sentido, por lo que atañe a la Directiva 84/631, la sentencia Residuos valones, antes citada, apartados 20
         y 21).
      
      68     Esto es lo que ocurre cuando, como en el asunto principal, las autoridades de un Estado miembro autorizan, conforme a los
         artículos 3 a 5 del Reglamento nº 259/93, el traslado a su territorio de residuos procedentes de otro Estado miembro.
      
      69     Por otra parte, los apartados 34 a 36 de la sentencia Residuos valones, antes citada, no versan sobre el examen de una medida
         fiscal a la luz del artículo 95 del Tratado CEE, sino que se enmarcan en un razonamiento referente a la posibilidad de justificar
         una medida nacional que constituya un obstáculo a la libre circulación de los residuos en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE
         (posteriormente artículo 30 del Tratado CE, y actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) por la exigencia imperativa
         relativa a la protección del medio ambiente (véase la sentencia Residuos valones, antes citada, apartados 29 a 34).
      
      70     Finalmente, por lo que atañe a la imposibilidad material, alegada por el Gobierno austriaco, de identificar los espacios contaminados
         o potencialmente contaminados en el territorio de los demás Estados miembros, debe recordarse que unas dificultades de orden
         práctico no pueden justificar la aplicación de tributos internos discriminatorios con respecto a los productos originarios
         de otros Estados miembros (sentencias antes citadas de 23 de octubre de 1997, Comisión/Grecia, apartado 47, y Outokumpu, apartado 38).
      
      71     Si bien es cierto que puede revelarse en extremo difícil para las autoridades austriacas el cerciorarse de que los espacios,
         situados en otros Estados miembros, de donde procedan los residuos importados a Austria cumplen los requisitos exigidos en
         la legislación austriaca que se cuestiona en el asunto principal para ser calificados de espacios contaminados o potencialmente
         contaminados, debe destacarse que la citada legislación ni siquiera prevé la posibilidad de que el importador presente dicha
         prueba a fin de disfrutar de la exención aplicable a los residuos procedentes de los espacios contaminados o potencialmente
         contaminados austriacos (véase, en este sentido, la sentencia Outokumpu, antes citada, apartado 39).
      
      72     Además, aun cuando, en principio, el artículo 90 CE no obliga a los Estados miembros a suprimir las diferencias objetivamente
         justificadas establecidas por la legislación nacional entre los tributos internos que gravan productos nacionales, no ocurre
         lo mismo cuando esa supresión es el único medio que permite evitar una discriminación, directa o indirecta, de los productos
         importados (sentencias de 8 de enero de 1980, Comisión/Italia, 21/79, Rec. p. 1, apartado 16, y Outokumpu, antes citada, apartado 40).
      
      73     En vista de las consideraciones precedentes, procede responder a la primera parte de la cuestión prejudicial que el artículo
         90 CE, párrafo primero, se opone a una disposición tributaria nacional como el artículo 3, apartado 2, número 1, de la ALSAG,
         que exime del tributo que grava el depósito permanente de residuos en vertederos nacionales a aquellos depósitos de residuos
         procedentes de la recuperación o contención de espacios contaminados o potencialmente contaminados situados únicamente en
         el territorio nacional, pero que excluye la exención de los depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención
         de espacios situados en otros Estados miembros.
      
       Sobre la interpretación de los artículos 10 CE, 12 CE y 49 CE
      74     Habida cuenta de la respuesta del Tribunal de Justicia a la primera parte de la cuestión prejudicial, no procede interpretar
         los artículos 10 CE, 12 CE y 49 CE.
      
       Costas
      75     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      El artículo 90 CE, párrafo primero, se opone a una disposición tributaria nacional como el artículo 3, apartado 2, número
            1, de la Altlastensanierungsgesetz (Ley de recuperación de espacios contaminados) de 7 de junio de 1989, que exime del tributo
            que grava el depósito permanente de residuos en los vertederos nacionales a aquellos depósitos de residuos procedentes de
            la recuperación o contención de espacios contaminados o potencialmente contaminados situados únicamente en el territorio nacional,
            pero que excluye la exención de los depósitos de residuos procedentes de la recuperación o contención de espacios situados
            en otros Estados miembros.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.