CELEX: 62019CC0647
Language: es
Date: 2021-04-29 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.###

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
   presentadas el 29 de abril de 2021 (
         1
      )
   
      Asunto C‑647/19 P
   
   Ja zum Nürburgring eV
   contra
   Comisión Europea
   «Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayudas en beneficio del complejo del Nürburgring — Venta de los activos de los beneficiarios de la ayuda de Estado declarada incompatible — Licitación abierta, transparente, no discriminatoria e incondicional — Inexistencia de dificultades que exijan la incoación de un procedimiento de investigación formal — Admisibilidad — Parte interesada — Obligación de motivación del Tribunal General — Desnaturalización de las pruebas»
   
            1.
         
         
            Mediante su recurso de casación, objeto de las presentes conclusiones, la asociación Ja zum Nürburgring eV (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 19 de junio de 2019, Ja zum Nürburgring/Comisión (T‑373/15, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2019:432), por la que este último desestimó su recurso de anulación contra la Decisión (UE) 2016/151 de la Comisión, de 1 de octubre de 2014, sobre la ayuda estatal de Alemania SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) en beneficio de Nürburgring (en lo sucesivo, «Decisión definitiva»). (
                  2
               )
         
      
            2.
         
         
            El presente asunto suscita cuestiones sobre el alcance del concepto de «parte interesada» en el sentido del artículo 1, letra h), del Reglamento n.o 659/1999, (
                  3
               ) así como sobre el alcance de la obligación de motivación de las sentencias que incumbe al Tribunal General.
         
      
      I. Antecedentes del litigio
   
   
            3.
         
         
            Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 1 a 16 de la sentencia recurrida, a los que me remito para más detalles. A efectos del presente procedimiento, me limitaré a recordar cuanto sigue.
         
      
            4.
         
         
            El complejo del Nürburgring (en lo sucesivo, «Nürburgring»), situado en el estado federado alemán de Renania-Palatinado, comprende un circuito de carreras de automóviles (en lo sucesivo, «circuito del Nürburgring»), un parque de atracciones, hoteles y restaurantes.
         
      
            5.
         
         
            Entre 2002 y 2012, los propietarios del Nürburgring (en lo sucesivo, «vendedores») fueron beneficiarios de una serie de medidas de apoyo, ejecutadas principalmente por el estado federado de Renania-Palatinado, para la construcción de hoteles, restaurantes y un parque de atracciones, así como para la organización de carreras de Fórmula 1.
         
      
            6.
         
         
            A raíz de una primera denuncia presentada por la recurrente, dichas medidas fueron objeto de un procedimiento de investigación formal, en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2, incoado por la Comisión en 2012.
         
      
            7.
         
         
            Ese mismo año, el Amtsgericht Bad Neuenahr-Ahrweiler (Tribunal de lo Civil y Penal de Bad Neuenahr-Ahrweiler, Alemania) declaró a los vendedores en estado de insolvencia y resolvió proceder a la venta de sus activos (en lo sucesivo, «activos del Nürburgring»). Se lanzó una convocatoria de licitación (en lo sucesivo, «licitación») que concluyó con la venta de tales activos a Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft GmbH (en lo sucesivo, «Capricorn»).
         
      
            8.
         
         
            El 23 de diciembre de 2013, la recurrente presentó una segunda denuncia ante la Comisión, en la que sostenía que la licitación no fue transparente y no discriminatoria. Según la recurrente, el adquirente que fuera seleccionado, es decir, Capricorn, recibiría, pues, nuevas ayudas, y proseguiría, sin solución de continuidad, las actividades económicas de los vendedores, por lo que la orden de recuperación de las ayudas percibidas por los vendedores debería haberse hecho extensiva a Capricorn.
         
      
            9.
         
         
            El 1 de octubre de 2014, la Comisión adoptó la Decisión definitiva. En dicha Decisión, en primer lugar, la Comisión, por un lado, declaró ilegales e incompatibles con el mercado interior algunas de las medidas concedidas por Alemania en favor de los vendedores y, por otro lado, declaró que ni Capricorn ni sus filiales se verían afectadas por la reclamación de devolución de dichas ayudas (
                  4
               ) (en lo sucesivo, «primera decisión impugnada»).
         
      
            10.
         
         
            En segundo lugar, en la Decisión definitiva, la Comisión declaró que la venta de los activos del Nürburgring a Capricorn no constituía una ayuda de Estado. (
                  5
               ) La Comisión consideró que dicha venta se había efectuado por medio de una licitación abierta, transparente y no discriminatoria y que ese procedimiento había conducido a una venta de tales activos acorde al precio de mercado (en lo sucesivo, «segunda decisión impugnada»).
         
      
      II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
   
   
            11.
         
         
            Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de julio de 2015, la recurrente interpuso un recurso dirigido a la anulación tanto de la primera como de la segunda decisión impugnadas.
         
      
            12.
         
         
            En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, de entrada, la inadmisibilidad del recurso en tanto en cuanto perseguía la anulación de la primera decisión impugnada. El Tribunal General consideró que la recurrente no había demostrado que dicha decisión la afectase individualmente o que afectase individualmente a alguno de sus miembros en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. (
                  6
               )
         
      
            13.
         
         
            En cuanto a la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada, el Tribunal General constató, en primer término, que era pacífico entre las partes que la segunda decisión impugnada era una decisión adoptada al término de la fase de examen preliminar de las ayudas, establecida por el artículo 108 TFUE, apartado 3, y no de un procedimiento de investigación formal. (
                  7
               ) A continuación, el Tribunal General consideró que la recurrente, como «parte interesada», ostentaba legitimación activa para salvaguardar los derechos procesales que le garantiza el artículo 108 TFUE, apartado 2, así como interés en ejercitar la acción. (
                  8
               ) Por lo tanto, examinó en cuanto al fondo los motivos invocados por la recurrente en apoyo de dicha pretensión, desestimándolos todos y desestimando, en consecuencia, el recurso en su totalidad. (
                  9
               )
         
      
      III. Pretensiones de las partes
   
   
            14.
         
         
            La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y las decisiones impugnadas primera y segunda o, con carácter subsidiario, que ordene la devolución del asunto al Tribunal General y condene en costas a la Comisión.
         
      
            15.
         
         
            La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule la conclusión del Tribunal General, expuesta en los apartados 73 a 94 de la sentencia recurrida, según la cual el recurso dirigido contra la segunda decisión impugnada es admisible, que resuelva él mismo dicho recurso y lo declare inadmisible, que desestime el recurso de casación interpuesto por la recurrente y que la condene a cargar con las costas.
         
      
      IV. Análisis del recurso de casación
   
   
            16.
         
         
            En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cinco motivos.
         
      
            17.
         
         
            Los motivos de casación primero y segundo se refieren a la parte de la sentencia recurrida que atañe a la primera decisión impugnada. La recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al negar su legitimación activa, respectivamente, como competidor en el primer motivo y como asociación profesional en el segundo.
         
      
            18.
         
         
            Los otros tres motivos se refieren, en cambio, a la parte de la sentencia recurrida que atañe a la segunda decisión impugnada. Más concretamente, mediante el tercer motivo, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, por las mismas razones por las que negó la legitimación activa en relación con la primera decisión impugnada, que no disponía de legitimación como competidor o como asociación profesional. Mediante el cuarto motivo de casación, la recurrente afirma que el Tribunal General incurrió en una serie de errores de Derecho y desnaturalizó los hechos y las pruebas en el análisis que le llevó a concluir que la Comisión no debería haber incoado el procedimiento de investigación formal. Mediante el quinto motivo, la recurrente alega varios errores de Derecho en la apreciación de la suficiencia de la motivación de la segunda decisión impugnada.
         
      
            19.
         
         
            En el escrito de contestación, la Comisión rechaza la admisibilidad de la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada y solicita al Tribunal de Justicia que revise de oficio la admisibilidad de dicha pretensión y que la declare inadmisible.
         
      
            20.
         
         
            Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, centraré mi análisis en la cuestión de la admisibilidad de la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada, así como en los motivos de casación cuarto y quinto.
         
      
      A. Sobre la solicitud de la Comisión de que se examine de oficio la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada
   
   
      
         1.
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            21.
         
         
            La Comisión considera que el Tribunal General incurrió en error al declarar la admisibilidad del recurso dirigido contra la segunda decisión impugnada y alega que el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse de oficio sobre dicha cuestión en caso de que sea invocada. En particular, la Comisión estima que el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente el concepto de «interesado» o «parte interesada», en el sentido, respectivamente, del artículo 108 TFUE, apartados 2 y 3, y del artículo 1, letra h), del Reglamento n.o 659/1999, al considerar que la recurrente tenía tal calidad.
         
      
            22.
         
         
            En primer lugar, la Comisión sostiene que de la jurisprudencia se desprende que la calidad de «parte interesada» presupone la existencia de una relación de competencia que se vea falseada por las medidas de ayuda. En consecuencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al calificar a la recurrente de parte interesada, pese a que él mismo había constatado anteriormente que dicha recurrente no estaba presente en los mercados afectados por la medida en cuestión. Según la Comisión, el Tribunal General efectuó un análisis basado en una lectura parcial de la jurisprudencia pertinente.
         
      
            23.
         
         
            En segundo lugar, aduce que el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al considerar que los intereses de la recurrente y de sus miembros se habían visto afectados por la concesión de las medidas de ayuda.
         
      
            24.
         
         
            Por un lado, la Comisión sostiene que el Tribunal General no aporta ninguna prueba de la afirmación que figura en el apartado 86 de la sentencia recurrida, según la cual dichos intereses habrían resultado afectados por una eventual venta a Capricorn de los activos del Nürburgring supuestamente a un precio distinto del precio de mercado. Por otro lado, la Comisión considera que el Tribunal General reconoció a la recurrente la calidad de «parte interesada» basándose, en definitiva, exclusivamente en el hecho de que esta habría podido disponer de información potencialmente pertinente para la Comisión en el marco de un procedimiento de investigación formal. Sin embargo, según la Comisión, dicha interpretación del concepto de «parte interesada» es excesivamente amplia y no tiene en cuenta el hecho de que la transmisión de una información que da lugar a que se determine la ilegalidad de la concesión de una ayuda de Estado no tiene como consecuencia que quien la haya transmitido pase a ser de modo automático «parte interesada».
         
      
            25.
         
         
            La recurrente rebate las alegaciones de la Comisión.
         
      
      
         2.
       
         Apreciación
      
   
   
            26.
         
         
            La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare de oficio la inadmisibilidad del recurso interpuesto en primera instancia en la medida en que se refiere a la segunda decisión impugnada.
         
      
            27.
         
         
            A este respecto, procede recordar que de reiterada jurisprudencia se desprende que, en el marco de un recurso de casación interpuesto en virtud del artículo 56 de su Estatuto, el Tribunal de Justicia está obligado a pronunciarse, de oficio si es necesario, sobre la admisibilidad de un recurso de anulación y, por consiguiente, sobre el motivo de orden público basado en el incumplimiento del requisito, establecido por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de que el demandante solo podrá solicitar la anulación de una decisión de la que no sea destinatario cuando esta le afecte directa e individualmente. (
                  10
               )
         
      
            28.
         
         
            El Tribunal General examinó en los apartados 78 a 89 de la sentencia recurrida la cuestión de la admisibilidad del recurso interpuesto por la recurrente en relación con la segunda decisión impugnada, y en particular la cuestión de su interés individual en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, reconociendo a la recurrente la calidad de «parte interesada» en lo atinente a dicha decisión y, en consecuencia, su legitimación activa basada en la salvaguarda de los derechos procesales que la asisten, en tal calidad, en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2.
         
      
            29.
         
         
            En este sentido, es preciso recordar que el artículo 1, letra h), del Reglamento n.o 659/1999, que reproduce básicamente la definición ya desarrollada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
                  11
               ) define el concepto de «parte interesada» como «cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales».
         
      
            30.
         
         
            Como ya he tenido ocasión de recordar recientemente, (
                  12
               ) de la jurisprudencia se desprende que dicha definición no excluye que una empresa que no sea competidora directa del beneficiario de la ayuda sea calificada de «parte interesada», en la medida en que alegue que la concesión de la ayuda podría afectar a sus intereses. (
                  13
               ) Mientras que una empresa competidora del beneficiario de una medida de ayuda figura sin duda alguna entre las «partes interesadas» en el sentido del artículo 108 TFUE, apartado 2, (
                  14
               ) podrá reconocerse la calidad de «parte interesada» a la entidad que no sea competidora del beneficiario de la ayuda cuando esta demuestre que la concesión de la ayuda de que se trate podría afectar a sus intereses, lo que, según la jurisprudencia, exige que se demuestre que la ayuda puede tener una incidencia concreta en su situación. (
                  15
               )
         
      
            31.
         
         
            De esta jurisprudencia resulta que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, la calidad de «parte interesada» no presupone necesariamente la existencia de una relación de competencia que se vea falseada por las medidas de ayuda y que, por lo tanto, no cabe reprochar al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al calificar a la recurrente de parte interesada, pese a que había constatado anteriormente que dicha recurrente no estaba presente en ningún concepto en los mercados afectados por la medida en cuestión. (
                  16
               )
         
      
            32.
         
         
            La Comisión considera también que el Tribunal General reconoció de modo erróneo la calidad de «parte interesada» a la recurrente basándose exclusivamente, en los apartados 87 y 88 de la sentencia recurrida, en la circunstancia de que esta habría podido disponer de información potencialmente pertinente para la Comisión en el marco de un procedimiento de investigación formal.
         
      
            33.
         
         
            A este respecto, concuerdo con la Comisión en que el mero hecho de que un sujeto disponga de información que pueda resultar pertinente en el marco de un procedimiento de investigación formal no es suficiente para calificar a dicho sujeto de «parte interesada». (
                  17
               )
         
      
            34.
         
         
            Una interpretación tan amplia del concepto de «parte interesada» no es, en efecto, compatible con la definición y los criterios expuestos en los puntos 29 y 30 anteriores, de los que se infiere que el reconocimiento de dicha calidad depende de una posible afectación de los intereses del sujeto en cuestión resultante de la concesión de las ayudas y presupone una incidencia concreta en su situación. De ello se sigue que, como señala acertadamente la Comisión, la mera posibilidad de transmitir información que pueda dar lugar a que se determine la ilegalidad de la concesión de una ayuda de Estado no permite, como tal, atribuir automáticamente a quien la haya transmitido la calidad de «parte interesada».
         
      
            35.
         
         
            Es preciso señalar a este respecto que, de la lectura de los apartados 86 a 88 de la sentencia recurrida, se desprende que, efectivamente, el Tribunal General consideró que los intereses de la recurrente podían verse afectados por la concesión de una ayuda a Capricorn debido a que la recurrente poseía información susceptible de ser tomada en cuenta por la Comisión en el marco de un procedimiento de investigación formal. En el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hace una referencia, ciertamente de manera bastante vaga, a la falta de ánimo de lucro de la recurrente, indicando que se trata de una asociación que persigue «el restablecimiento y la promoción de un circuito de carreras de automóviles en el Nürburgring y la promoción de los intereses colectivos de sus miembros, algunos de los cuales organizan eventos deportivos en dicho circuito». Sin embargo, tal referencia no parece hacerse para justificar la calidad de «parte interesada» de la recurrente, sino más bien la posesión por esta última de información que podría resultar pertinente para la apreciación de la Comisión, lo que, como se ha puesto de relieve en el punto anterior, no es suficiente en sí mismo para reconocerle dicha calidad.
         
      
            36.
         
         
            No obstante, de la lectura de los autos se desprende que, en el recurso interpuesto ante el Tribunal General, la recurrente afirmó ser una asociación que defiende desde hace más de cuarenta años los intereses del conjunto del automovilismo deportivo alemán en relación específicamente con el circuito del Nürburgring y que su objetivo principal es garantizar la gestión de dicho circuito en condiciones económicas orientadas al interés general con vistas a facilitar el acceso al mismo también a los deportistas. A tal fin, la recurrente, entre otras acciones, ha desarrollado un concepto de utilización del circuito basado en el interés general y ha mantenido contactos y negociado con las autoridades estatales y del estado federado de Renania-Palatinado competentes, así como con otros interesados. La recurrente también alegó que Capricorn, adquirente de los activos del Nürburgring, perseguía en cambio un concepto opuesto dirigido a maximizar los beneficios, totalmente incompatible con los objetivos de la recurrente.
         
      
            37.
         
         
            A la vista de tales alegaciones, que, por lo demás, no parecen haber sido refutadas por la Comisión, soy del parecer de que puede considerarse que la supuesta concesión de una ayuda a Capricorn en relación con la adquisición de los activos del Nürburgring puede afectar a los intereses de la recurrente, cuyo objeto y cuya existencia están vinculados específicamente al circuito del Nürburgring, así como a los de sus miembros, para los que la concesión de la ayuda supuestamente ilegal podría tener una incidencia concreta.
         
      
            38.
         
         
            En mi opinión, de todo lo anterior se desprende que procede reconocer a la recurrente la calidad de «parte interesada» en el sentido del artículo 1, letra h), del Reglamento n.o 659/1999 y que, en consecuencia, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al declarar la admisibilidad de la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada formulada por esta, en la medida en que dicha pretensión tenía por objeto la salvaguarda de los derechos procesales que, en razón de tal cualidad, asisten a la recurrente en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2.
         
      
      B. Sobre el cuarto motivo de casación, basado en una serie de errores en la apreciación de la existencia de dificultades serias que justificaban la apertura de la fase de investigación formal
   
   
            39.
         
         
            Mediante su cuarto motivo de casación, que se divide en cinco partes, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en varios errores de Derecho, haber desnaturalizado las pruebas y no haber proporcionado una motivación suficiente en el análisis que le llevó a concluir que no había quedado demostrado que, al término de la fase de examen preliminar, la Comisión se hubiera tropezado con dificultades que requerían la incoación de un procedimiento de investigación formal.
         
      
            40.
         
         
            Dado que la recurrente afirma en varias ocasiones que la sentencia recurrida adolece de una falta o insuficiencia de motivación, antes de examinar las alegaciones que esta formula en el marco del cuarto motivo de casación, considero oportuno recordar los principios jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal de Justicia sobre el alcance de la obligación de motivación de las sentencias que incumbe al Tribunal General.
         
      
      
         1.
       
         Sobre el alcance de la obligación del Tribunal General de motivar sus sentencias
      
   
   
            41.
         
         
            De reiterada jurisprudencia se desprende que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al mismo en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto y del artículo 117 de su Reglamento de Procedimiento, exige que la motivación de la sentencia recurrida deba mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. (
                  18
               )
         
      
            42.
         
         
            De la jurisprudencia también resulta que el motivo basado en la falta de respuesta del Tribunal General a razones alegadas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación (
                  19
               ) y que la cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que como tal puede ser alegada en el marco de un recurso de casación. (
                  20
               ) En dicho marco, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, en particular, verificar si el Tribunal General contestó de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por el recurrente. (
                  21
               )
         
      
            43.
         
         
            No obstante, también se desprende de reiterada jurisprudencia que la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio y, por tanto, la motivación del Tribunal General puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. (
                  22
               ) Sin embargo, el Tribunal General no está obligado a definir su postura sobre elementos que estén manifiestamente fuera de contexto ni a prever potenciales objeciones. (
                  23
               )
         
      
            44.
         
         
            De conformidad con los principios antes citados, si bien de la jurisprudencia se desprende que el Tribunal General puede, en las condiciones indicadas, cumplir con la obligación que le incumbe de motivar las sentencias mediante una motivación implícita, no puede simplemente abstenerse de responder, expresa o implícitamente, a las alegaciones que no sean manifiestamente irrelevantes formuladas ante él ni tergiversar su contenido. En efecto, una omisión de este tipo constituye un defecto de motivación contrario a la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General y, además, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (
                  24
               )
         
      
      
         2.
       
         Sobre la primera parte del cuarto motivo, basada en el carácter transparente y no discriminatorio de la licitación
      
   
   
      
         a)
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            45.
         
         
            En la primera parte del cuarto motivo de casación, la recurrente aduce que el Tribunal General incurrió en error al concluir, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, que las alegaciones que había formulado no permitían demostrar que la Comisión debería haber albergado dudas en cuanto al carácter transparente y no discriminatorio de la licitación. A tal fin, la recurrente formula tres series de imputaciones.
         
      
            46.
         
         
            En primer lugar, la recurrente, refiriéndose en particular al apartado 145 de la sentencia recurrida, censura al Tribunal General que considerase que era posible obtener con arreglo al «criterio de la maximización del valor de todos los activos» un precio de venta de los activos del Nürburgring adecuado con arreglo a la normativa en materia de ayudas de Estado. Según la recurrente, por un lado, el Tribunal General se basó en una interpretación errónea de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 2. Por otro lado, el Tribunal General no examinó las distintas alegaciones que esta había formulado a tal respecto, por lo que la sentencia recurrida adolece de una motivación insuficiente.
         
      
            47.
         
         
            La recurrente afirma haber expuesto en primera instancia los criterios jurídicos que deben tenerse en cuenta para organizar una licitación de forma que se cumplan las condiciones para la obtención del precio de mercado. Aduce que ante el Tribunal General señaló que, como se desprende de la jurisprudencia, la situación de competencia debe restablecerse en cada uno de los mercados afectados. Refiriéndose a la jurisprudencia según la cual el reembolso de una ayuda de Estado ilegal tiene por finalidad principal eliminar el falseamiento de la competencia causado por el pago de dicha ayuda, la recurrente sostuvo ante el Tribunal General que la estructura de la licitación no era adecuada para suprimir los falseamientos de la competencia causados por el pago de las ayudas ilegales, dado que dichas ayudas se utilizaron para crear un conglomerado de empresas que operaban en varios mercados. Según la recurrente, en este contexto habría sido necesario exigir ofertas distintas para cada una de las unidades empresariales en venta. Esto no habría impedido una venta en bloque, pero habría obligado a cada licitador a presentar el precio más elevado para cada unidad del conglomerado. Solo así habría sido posible comparar las ofertas.
         
      
            48.
         
         
            En segundo lugar, la recurrente aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta que el criterio, mencionado en los apartados 144 y 145 de la sentencia recurrida, relativo al umbral del 25 % de la mejor oferta (en lo sucesivo, «criterio del 25 %») (
                  25
               ) no fue comunicado en ningún momento a las partes interesadas. En consecuencia, dichas partes no pudieron tomarlo en consideración en sus estrategias, por lo que la licitación no fue transparente y no discriminatoria. La afirmación que figura en el apartado 145 de la sentencia recurrida, según la cual, al ser fijado en función del valor de las ofertas efectivamente propuestas, el criterio del 25 % solo podía ser objeto de una determinación precisa ex post, carece, a su modo de ver, de pertinencia para el carácter transparente y no discriminatorio de la licitación.
         
      
            49.
         
         
            En tercer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, que no tuviese en cuenta su alegación según la cual Capricorn es una sociedad distinta de las sociedades Capricorn Automotive GmbH y Capricorn Holding GmbH, que eran las sociedades que presentaron la oferta en la licitación. De la jurisprudencia resulta que la aceptación de una oferta que no haya sido presentada por un candidato que haya participado de manera independiente en una licitación no cumple el requisito relativo al carácter abierto y transparente de dicho procedimiento.
         
      
            50.
         
         
            La Comisión sostiene que procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación por ser en parte infundada y en parte inadmisible.
         
      
      
         b)
       
         Apreciación
      
   
   
            51.
         
         
            En el marco de la primera parte del cuarto motivo de casación, la recurrente se opone al análisis efectuado por el Tribunal General en los apartados 138 a 146 de la sentencia recurrida, en el que este último rechazó su imputación acerca del carácter no transparente y discriminatorio de la licitación.
         
      
      1) Breve resumen de la sentencia recurrida
   
   
            52.
         
         
            En dicha parte de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que durante la licitación se invitó a los inversores a presentar una oferta indicativa para la totalidad de los activos, para grupos de activos determinados o para activos individuales, que las ofertas serían evaluadas, en particular, sobre la base del precio propuesto para los activos, en función del alcance de la oferta, y que los inversores serían seleccionados a la luz de un criterio de maximización del valor de todos los activos. El Tribunal General señaló asimismo que, en la práctica, la aplicación de este criterio había conducido a que los vendedores consideraran únicamente, en la última fase de la licitación, las ofertas que se refiriesen a todos los activos, y que tal proceder se explicaba porque la venta en bloque del Nürburgring, teniendo en cuenta las ofertas presentadas, permitía obtener un precio más elevado que la venta de cada uno de sus componentes por separado.
         
      
            53.
         
         
            A continuación, el Tribunal General observó que se habían presentado seis ofertas indicativas totales, que ofrecían más del 25 % de la mejor oferta; que las ofertas totales que no habían llegado al 25 % de la mejor oferta ya no habían sido tenidas en cuenta, y que lo mismo había sucedido con las ofertas para el circuito del Nürburgring que, junto con las ofertas individuales para los demás activos, no habían llegado en total al 25 % de la mejor oferta.
         
      
            54.
         
         
            El Tribunal General dedujo de ello que los inversores interesados eran libres de definir el objeto de su oferta de compra considerando la información que se les había facilitado sobre el criterio relativo a la maximización del valor de todos los activos y que el único objetivo del criterio del 25 % era dotar de contenido concreto al criterio de la maximización del valor de todos los activos y que, al ser fijado en función del valor de las ofertas efectivamente propuestas, dicho criterio solo podía ser objeto de una determinación precisa ex post.
         
      
      2) Sobre las imputaciones relativas al «criterio de la maximización del valor de todos los activos»
   
   
            55.
         
         
            En el marco de las imputaciones relativas al «criterio de la maximización del valor de todos los activos», la recurrente aduce, antes de nada, que el análisis efectuado por el Tribunal General adolece de un error de Derecho dado que, debido a la utilización de las ayudas en cuestión para constituir un conglomerado de unidades empresariales, habría sido necesario exigir ofertas distintas para cada una de esas unidades empresariales que forman parte de los activos del Nürburgring. Solo así habría sido posible eliminar el falseamiento de la competencia causado por el pago de las ayudas. La recurrente sostiene, además, que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación a tal respecto.
         
      
            56.
         
         
            En este sentido, debe señalarse primeramente que de reiterada jurisprudencia se desprende que la recuperación de una ayuda ilegal tiene por objeto restablecer la situación anterior, objetivo que se logra una vez que las ayudas de que se trate, más, en su caso, los intereses de demora, hayan sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que las hayan disfrutado efectivamente. A través de esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que hubiera disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior a la concesión de la ayuda. (
                  26
               )
         
      
            57.
         
         
            De ello se sigue que el principal objetivo de la devolución de una ayuda de Estado abonada ilegalmente es eliminar la distorsión de la competencia provocada por la ventaja competitiva que procura la ayuda ilegal. (
                  27
               )
         
      
            58.
         
         
            No obstante, como señala acertadamente el Tribunal General en el apartado 133 de la sentencia recurrida, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando se compra una empresa que se haya beneficiado de una ayuda de Estado ilegal a precio de mercado, es decir, al precio más elevado que un inversor privado que actúe en condiciones normales de competencia estaría dispuesto a pagar por dicha sociedad en la situación en la que se encontrara, en particular tras haber disfrutado de ayudas de Estado, el elemento de ayuda ha sido evaluado a precio de mercado e incluido en el precio de compra. En estas circunstancias, no se puede considerar que el comprador haya disfrutado de una ventaja en relación con los demás operadores en el mercado. (
                  28
               )
         
      
            59.
         
         
            En el presente asunto, de los apartados 142 a 145 de la sentencia recurrida, que se reproducen en los puntos 52 a 54 anteriores, se desprende que el Tribunal General constató que, en el marco de la licitación, los inversores interesados eran libres de definir el objeto de su oferta de compra y podían presentar una oferta indicativa para la totalidad de los activos, para grupos de activos determinados o para activos individuales. Las diferentes ofertas serían evaluadas a continuación a la luz de un criterio de maximización del valor de todos los activos. Por consiguiente, no se excluía la posibilidad de presentar ofertas distintas para cada una de las unidades empresariales que constituían el conglomerado de empresas de los activos del Nürburgring, si bien esta decisión se dejaba a discreción de cada licitador. En cualquier caso, con independencia de la modalidad en que se presentara la oferta (es decir, como oferta global para todos los activos o como oferta distinta para cada una de las actividades comerciales), esta sería evaluada a la luz del citado criterio de maximización del valor de todos los activos.
         
      
            60.
         
         
            En tales circunstancias, la utilización de un criterio de apreciación de las ofertas dirigido a la maximización del valor de todos los activos y su aplicación conforme a las modalidades antes descritas no resultan en modo alguno contrarias a las exigencias expuestas por la jurisprudencia mencionada en los puntos 57 a 59 anteriores, en la medida en que el uso de dicho criterio tiene ciertamente por objeto, y también parece permitir, obtener la venta de los activos en cuestión al precio más elevado posible, garantizando por lo tanto, con arreglo a dicha jurisprudencia, que el comprador no haya disfrutado de una ventaja en relación con los demás operadores en el mercado. En consecuencia, considero que el análisis efectuado por el Tribunal General a tal efecto no adolece de ningún error de Derecho.
         
      
            61.
         
         
            En cambio, en lo tocante a la imputación relativa a la falta de motivación a este respecto, de la lectura de los apartados 142 a 145 de la sentencia recurrida, como se indica por lo demás en los puntos 52 a 54 anteriores, se desprenden, a mi parecer, de un modo suficientemente claro las razones que han llevado al Tribunal General a considerar que, en el presente asunto, la utilización del criterio relativo a la maximización de los valores de los activos era apropiado para permitir vender los activos en cuestión al precio más elevado posible y, por lo tanto, para obtener el precio de venta adecuado en el sentido de la normativa en materia de ayudas de Estado. En mi opinión, no cabe considerar, pues, que el Tribunal General haya incumplido la obligación de motivación a este respecto.
         
      
      3) Sobre la imputación relativa al carácter secreto del criterio del 25 %
   
   
            62.
         
         
            La recurrente sostiene, asimismo, que el examen efectuado por el Tribunal General en el apartado 145 de la sentencia recurrida (que se recoge en el punto 54 anterior) del criterio del 25 % adolece de un error de Derecho, dado que dicho criterio no fue comunicado en ningún momento a las partes interesadas, que no pudieron tomarlo en consideración en sus estrategias.
         
      
            63.
         
         
            Es preciso señalar a este respecto que no se discute que el criterio del 25 % se aplicase en función del valor de las ofertas efectivamente propuestas. De ello se sigue que, como constata el Tribunal General en el apartado 145 de la sentencia recurrida, dicho criterio solo podía ser objeto de una determinación precisa ex post. Sentado lo anterior, también ha de observarse, no obstante, que la determinación precisa ex post de dicho criterio no supone en absoluto que no fuese posible indicar en el pliego de condiciones y, en consecuencia, comunicar a los licitadores que dicho criterio iba a aplicarse en el marco de la valoración de las ofertas presentadas.
         
      
            64.
         
         
            Sin embargo, considero que la falta de dicha indicación o comunicación no es suficiente para cuestionar el carácter abierto y transparente de la licitación. El Tribunal General constató en el apartado 145 de la sentencia recurrida que el criterio de la maximización del valor de venta había sido comunicado a las partes interesadas y que, por lo tanto, estas últimas tenían conocimiento de que, para tener posibilidades de obtener el contrato, debían estructurar su oferta de conformidad con dicho criterio.
         
      
            65.
         
         
            En este contexto, no se aprecia cómo la estrategia de los licitadores podría haber sido diferente si se les hubiera informado de la circunstancia de que únicamente las ofertas que llegasen como mínimo al 25 % de la mejor oferta global presentada serían examinadas durante el procedimiento. Por consiguiente, no se ha demostrado que la falta de comunicación de dicho criterio, que solo puede determinarse ex post, haya afectado de algún modo al desarrollo de la licitación. De ello resulta que el análisis efectuado por el Tribunal General no adolece, en mi opinión, de ningún error de Derecho.
         
      
      4) Sobre la imputación relativa al cambio del licitador durante el procedimiento de licitación
   
   
            66.
         
         
            En tercer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, que no tuviese en cuenta su alegación según la cual Capricorn es una sociedad distinta de las sociedades Capricorn Automotive y Capricorn Holding, que eran las sociedades que presentaron la oferta en la licitación.
         
      
            67.
         
         
            A este respecto, es preciso recordar que, según el artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. En el procedimiento de casación, la competencia del Tribunal de Justicia se limita, en efecto, a la apreciación de la solución jurídica dada a los motivos debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia. Por tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. (
                  29
               ) Las imputaciones nuevas que no se han formulado ante el Tribunal General deben, por consiguiente, declararse inadmisibles en casación. (
                  30
               )
         
      
            68.
         
         
            De la lectura de los escritos en primera instancia se desprende que la recurrente no formuló ante el Tribunal General una imputación relativa al cambio del licitador durante el procedimiento de licitación. Como señaló acertadamente la Comisión, para demostrar que había formulado dicha imputación ante el Tribunal General, la recurrente se limitó a remitirse a su respuesta a una pregunta del Tribunal General que se refería, además, a la cuestión de la existencia del interés en ejercitar la acción. En su réplica ante el Tribunal de Justicia, para sustentar su afirmación de que había formulado dicha imputación ante el Tribunal General, la recurrente se remitió a los apartados 17 y 77 y siguientes de su recurso ante el Tribunal General. Sin embargo, de la lectura de esos apartados del recurso en primera instancia únicamente se desprende que la recurrente mencionó de manera incidental, en el apartado 17, el hecho de que Capricorn era una entidad distinta de Capricorn Automotive y de Capricorn Holding, sin extraer de ello ninguna alegación en apoyo de su pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada. En mi opinión, de ello se infiere que la imputación relativa al cambio del licitador durante el procedimiento de licitación es inadmisible.
         
      
            69.
         
         
            Habida cuenta de lo anterior, considero que procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación.
         
      
      
         3.
       
         Sobre la segunda parte del cuarto motivo, basada en la desnaturalización de la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014
      
   
   
      
         a)
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            70.
         
         
            En la segunda parte del cuarto motivo, la recurrente impugna los apartados 151 a 156 de la sentencia recurrida y alega que, al interpretar una carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014, aportada durante la licitación para respaldar la oferta de Capricorn, en el sentido de que el compromiso plasmado en dicha carta tenía carácter vinculante, el Tribunal General desnaturalizó el contenido de la misma y, en consecuencia, la sentencia adolece de una desnaturalización de los hechos y las pruebas.
         
      
            71.
         
         
            La recurrente afirma que, ante el Tribunal General, indicó que dicha carta incluía, en su última página, una mención expresa titulada «AVISO IMPORTANTE», que rezaba así: «El presente pliego de condiciones [term sheet] únicamente se ha elaborado con fines de debate y no tiene por objeto crear ninguna obligación jurídicamente vinculante entre nosotros». (
                  31
               ) El carácter no vinculante de dicha carta se ve corroborado además por otras frases contenidas en el citado documento. (
                  32
               )
         
      
            72.
         
         
            La recurrente sostiene que de ello se desprende que Deutsche Bank indicó inequívoca y claramente que no se sentía vinculada por dicha carta. Por lo tanto, al constatar que Deutsche Bank se consideraba vinculada por la misma, el Tribunal General desnaturalizó el contenido de dicha carta. En consecuencia, la conclusión que figura en el apartado 156 de la sentencia recurrida, según la cual no se aprecia por qué razón la Comisión debería haber dudado del carácter vinculante de la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014, es errónea. Puesto que del contenido de dicha carta se desprende de manera evidente que Deutsche Bank no se sentía vinculada por la misma, efectuar una comparación con cartas anteriores intercambiadas entre Capricorn y ese banco no es pertinente a fin de apreciar su carácter vinculante.
         
      
            73.
         
         
            La Comisión rebate la argumentación de la recurrente.
         
      
      
         b)
       
         Apreciación
      
   
   
            74.
         
         
            En los apartados 151 a 155 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, respondiendo a la alegación formulada por la recurrente según la cual la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014 no constituía una garantía de financiación vinculante que respaldara la oferta de Capricorn, verificó si el examen efectuado por la Comisión, que se unió al análisis de las autoridades alemanas, permitía excluir la existencia de dudas en cuanto al carácter vinculante de dicha carta.
         
      
            75.
         
         
            A este respecto, el Tribunal General, en primer lugar, señaló que en la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014 se indicaba que dicho banco estaba dispuesto a conceder a Capricorn un préstamo de 45 millones de euros y que el hecho de que las condiciones de dicha financiación se expusieran de forma detallada sugería un análisis en profundidad y un intercambio de información entre este último y el adquirente. En segundo lugar, el Tribunal General observó que en la carta en cuestión se mencionaba varias veces el compromiso asumido por Deutsche Bank frente a Capricorn en virtud de dicha carta. En tercer lugar, el Tribunal General consideró que el carácter vinculante de la carta en cuestión resultaba asimismo de su comparación con dos cartas preliminares no vinculantes de Deutsche Bank de los días 17 y 25 de febrero de 2014. Por último, el Tribunal General subrayó que en la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014 se indicaba que el compromiso de este último estaba sujeto a tres condiciones que solo le permitían sustraerse al mismo en caso de que la adquisición no se desarrollara conforme a lo estipulado.
         
      
            76.
         
         
            En este sentido, de reiterada jurisprudencia se desprende que, una vez que el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia únicamente es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, el control de la calificación jurídica de estos y las consecuencias jurídicas que de ellos se hayan deducido. Por lo tanto, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. (
                  33
               )
         
      
            77.
         
         
            Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (
                  34
               ) Por otra parte, si bien una desnaturalización de las pruebas puede consistir en una interpretación de un documento de forma contraria a los términos en que está redactado, debe deducirse manifiestamente de los autos remitidos al Tribunal de Justicia y supone que el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dichas pruebas. A este respecto, no basta con demostrar que un documento pueda ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General. (
                  35
               )
         
      
            78.
         
         
            En el presente asunto, se solicita, pues, al Tribunal de Justicia que determine si del análisis de la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014 y de los documentos contenidos en los autos se desprende manifiestamente que el Tribunal General alteró el alcance que ha de darse a dicha carta. No creo que este sea el caso.
         
      
            79.
         
         
            En efecto, de una lectura de la citada carta se deduce que, como indica por lo demás el Tribunal General en los apartados 152 y 153 de la sentencia recurrida, Deutsche Bank afirma en varias ocasiones su voluntad y su compromiso de conceder la financiación a Capricorn. (
                  36
               ) La carta está firmada por dos directivos de primer nivel (por el director y por el director ejecutivo) de Deutsche Bank, lo que también pone de manifiesto, en mi opinión, la voluntad de vincular al banco al contenido de la carta.
         
      
            80.
         
         
            La interpretación de dicha carta en el sentido de que los compromisos que se plasman en ella tienen carácter vinculante queda corroborada, como indica por lo demás el Tribunal General en el apartado 154 de la sentencia recurrida, por el análisis de otras dos cartas de Deutsche Bank anteriores a la carta de 10 de marzo de 2014 y que también han sido aportadas a los autos, una de 17 de febrero de 2014 y otra de 25 de febrero de 2014. El análisis de esas cartas, por un lado, arroja que contienen un lenguaje muy diferente del que figura en la carta de 10 de marzo de 2014, que indica, explícitamente, la falta de voluntad de Deutsche Bank de vincularse. (
                  37
               ) Por lo tanto, una comparación entre su formulación y la de la carta de 10 de marzo de 2014 muestra claramente el carácter vinculante de esta última. Por otro lado, esas dos cartas ponen de relieve que la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014 representa la fase final del proceso de negociación entre el banco y Capricorn. Como señala el Tribunal General, la carta de 10 de marzo de 2014 indica que el compromiso asumido por Deutsche Bank está sujeto a tres condiciones, sobre las que, sin embargo, Deutsche Bank no ejerce ninguna influencia. (
                  38
               )
         
      
            81.
         
         
            En efecto, como manifiesta la recurrente, la carta de 10 de marzo de 2014 contiene un anexo, el «Appendix A», llamado «Term Sheet», también de 10 de marzo de 2014. En la primera página de dicho anexo, figura la indicación «borrador» (draft), y también se menciona explícitamente su naturaleza «indicativa» (indicative terms and conditions). Este remite asimismo al aviso importante que figura en la última página, cuyo contenido ha sido citado por la recurrente y se indica en el punto 71 anterior.
         
      
            82.
         
         
            No obstante, en mi opinión, si bien la constatación de la naturaleza de borrador de los términos precisos del anexo de la carta, así como la indicación, a decir verdad aparentemente normalizada, que figura al final del mismo, pueden efectivamente dar lugar a confusión en cuanto al carácter vinculante del propio anexo y, por lo tanto, de las condiciones precisas de la financiación mencionadas en el mismo, no pueden poner en entredicho el carácter vinculante de la carta como tal y del compromiso asumido por Deutsche Bank de proporcionar a Capricorn la financiación de 45 millones de euros que se indica explícitamente en dicha carta. Por consiguiente, aunque los elementos mencionados por la recurrente pueden poner en entredicho el carácter vinculante del anexo, no ponen en entredicho el carácter vinculante del compromiso plasmado en la carta, máxime habida cuenta de las consideraciones realizadas en los puntos 79 y 80.
         
      
            83.
         
         
            En mi opinión, resulta del análisis anterior que de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no se deduce manifiestamente que, como exige la jurisprudencia citada en el punto 77 anterior, para constatar la desnaturalización de un documento, el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014. De ello se sigue que también la segunda parte del cuarto motivo debe, en mi opinión, desestimarse por ser infundada.
         
      
      
         4.
       
         Sobre la tercera parte del cuarto motivo, basada en la falta de solvencia de Capricorn
      
   
   
      
         a)
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            84.
         
         
            Mediante la tercera parte del cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber examinado, en los apartados 147 a 161 de la sentencia recurrida, las alegaciones que formuló en su recurso en primera instancia, relativas a la precaria situación económica de las distintas sociedades del grupo al que pertenecía Capricorn, así como de su propietario. Según la recurrente, estas alegaciones demuestran que Capricorn no dispuso en ningún momento de una financiación garantizada, contrariamente a lo que afirma la Comisión en los considerandos 242, 247, 261 y 277 de la Decisión definitiva.
         
      
            85.
         
         
            La Comisión rebate la argumentación de la recurrente.
         
      
      
         b)
       
         Apreciación
      
   
   
            86.
         
         
            Del recurso en primera instancia se desprende que la recurrente invocó ante el Tribunal General una serie de elementos cuya finalidad era demostrar que el grupo del que Capricorn formaba parte y el propietario de dicho grupo se habían enfrentado a graves dificultades económicas ya en 2012, por lo tanto, mucho antes de que se llevase a cabo la adjudicación mediante licitación.
         
      
            87.
         
         
            La recurrente invocó esos elementos para demostrar que la Comisión había incurrido en error en la Decisión definitiva en relación con la capacidad de Capricorn de pagar el precio y, en consecuencia, de cumplir el criterio de la seguridad de financiación de la operación establecido para la selección de los inversores interesados en la compra de los activos del Nürburgring. (
                  39
               )
         
      
            88.
         
         
            A este respecto, como reconoce por lo demás la propia Comisión, de una lectura de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General no respondió explícitamente en modo alguno a dichas alegaciones. Quizás podría deducirse una motivación implícita, conforme a la jurisprudencia citada en el punto 43, no sin un cierto esfuerzo interpretativo, del apartado 158 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General, tras haber constatado el carácter vinculante de la carta de Deutsche Bank de 10 de marzo de 2014, concluyó que las alegaciones formuladas por la recurrente no permitían demostrar que la Comisión debería haber albergado dudas en cuanto al respeto de la exigencia de una garantía de financiación vinculante, que estaba comprendida en el criterio de la seguridad de la transacción.
         
      
            89.
         
         
            En cualquier caso, aun cuando debiera considerarse que la sentencia del Tribunal General adolece de una falta de motivación a este respecto, procede recordar que, como se desprende de reiterada jurisprudencia, aunque una sentencia del Tribunal General esté viciada por una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse. (
                  40
               )
         
      
            90.
         
         
            En este sentido, es preciso recordar que el juez de la Unión debe examinar la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó. (
                  41
               )
         
      
            91.
         
         
            La Comisión alegó tanto ante el Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia que, en el momento en que adoptó la Decisión definitiva, no disponía de la información en que se basa la imputación formulada en primera instancia por la recurrente al respecto, y la recurrente no ha demostrado en absoluto ante el Tribunal de Justicia que así fuera.
         
      
            92.
         
         
            Habida cuenta de lo anterior, considero que no cabe estimar la tercera parte del cuarto motivo.
         
      
      
         5.
       
         Sobre la cuarta parte del cuarto motivo, basada en la continuación del proceso de venta tras la adjudicación de los activos del Nürburgring a Capricorn ocurrida el 11 de marzo de 2014
      
   
   
      
         a)
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            93.
         
         
            En la cuarta parte del cuarto motivo, la recurrente rebate el razonamiento del Tribunal General por el que este último, en los apartados 162 a 168 de la sentencia recurrida, rechazó sus alegaciones mediante las que señaló la continuación del proceso de venta tras la adjudicación de los activos del Nürburgring a Capricorn ocurrida el 11 de marzo de 2014.
         
      
            94.
         
         
            Según la recurrente, al concluir que la Comisión no debía tener en cuenta este elemento, el Tribunal General parece considerar que la cuestión de la incoación de un procedimiento de investigación formal solo puede referirse a acontecimientos que se produzcan antes de la fecha de la adjudicación del contrato. En su opinión, este análisis adolece de errores de Derecho. En efecto, según la recurrente, la fase de examen preliminar no concluyó con la adjudicación de los activos efectuada el 11 de marzo de 2014, sino únicamente con la adopción de la decisión por parte de la Comisión que tuvo lugar el 1 de octubre de 2014.
         
      
            95.
         
         
            A juicio de la recurrente, el Tribunal General considera que el acto formal de adjudicación de los activos representó una especie de «cesura» a partir de la cual la Comisión ya no debería haber tenido en cuenta la información adicional de que dispusiera hasta la adopción de la decisión por la que se concluyó el procedimiento de examen preliminar. Contrariamente a lo que sostiene el Tribunal General, durante el examen preliminar de la Comisión, el elemento decisivo no es si, tras su denuncia presentada en diciembre de 2013, podía o no presentar otra denuncia, sino si, como establece la jurisprudencia, la Comisión disponía de toda la información de la que podía disponer objetivamente. La recurrente sostiene además que el Tribunal General desnaturalizó también las pruebas que ella había presentado.
         
      
            96.
         
         
            La Comisión rebate la argumentación de la recurrente.
         
      
      
         b)
       
         Apreciación
      
   
   
            97.
         
         
            Mediante la cuarta parte del cuarto motivo, la recurrente impugna el razonamiento que figura en los apartados 165 a 168 de la sentencia recurrida, por el que el Tribunal General rechazó su imputación relativa a la continuación del proceso de venta tras la adjudicación de los activos del Nürburgring a Capricorn ocurrida el 11 de marzo de 2014.
         
      
            98.
         
         
            En esa parte de la sentencia recurrida, el Tribunal General, primeramente, partió de la premisa de que el examen de la Comisión tenía por objeto investigar si la licitación había sido abierta, transparente, no discriminatoria e incondicional, y verificar de este modo si los activos del Nürburgring se habían cedido a precio de mercado. El Tribunal General dedujo de ello que la supuesta ayuda, que debería haber sido constatada por la Comisión en la segunda decisión impugnada (y que correspondía, según la recurrente, a la diferencia entre el precio pagado por Capricorn por los activos del Nürburgring y su precio de mercado), se habría otorgado eventualmente a Capricorn el 11 de marzo de 2014, fecha en que se adjudicaron a esta última los susodichos activos y en que se firmó el contrato de compraventa por el que se fijó el precio que debía pagar Capricorn por la adquisición de los referidos activos.
         
      
            99.
         
         
            El Tribunal General consideró que, en consecuencia, los hechos posteriores a esa fecha, tales como la cesión por Capricorn a un subadquirente de su participación en la entidad que había servido de instrumento para la adquisición de los activos del Nürburgring, no eran pertinentes para el examen de si eventualmente se había otorgado una ayuda a Capricorn en el marco de la licitación. El Tribunal General concluyó el razonamiento afirmando que, si la recurrente hubiera deseado que la Comisión investigara también la existencia de una nueva ayuda resultante de la supuesta continuación del proceso de venta, tras la adopción de la segunda decisión impugnada, debería haber interpuesto una nueva denuncia a tal fin.
         
      
            100.
         
         
            A este respecto, considero antes de nada que procede rechazar la imputación relativa a una desnaturalización por parte del Tribunal General de las pruebas. En efecto, la recurrente no precisa en modo alguno en qué elementos se basa dicha desnaturalización.
         
      
            101.
         
         
            En cuanto a la imputación relativa al análisis erróneo del Tribunal General, procede recordar que, como se ha indicado en el punto 90 anterior, de reiterada jurisprudencia se desprende que el juez de la Unión debe examinar la legalidad de una decisión en materia de ayudas de Estado en función de la información de que podía disponer la Comisión en el momento en que la adoptó.
         
      
            102.
         
         
            Procede señalar a este respecto que, como aduce acertadamente la recurrente, la fase preliminar del procedimiento de examen en materia de ayudas de Estado concluye en el momento en que la Comisión adopta una de las decisiones contempladas en el artículo 4 del Reglamento n.o 659/1999 y no en un momento anterior, como por ejemplo al final de la licitación mediante adjudicación de los bienes objeto de la misma.
         
      
            103.
         
         
            Por lo tanto, no cabe descartar que puedan surgir elementos de análisis nuevos y pertinentes, de los que la Comisión no tenga conocimiento hasta ese momento, una vez concluida la licitación, pero antes de que la Comisión adopte la correspondiente decisión. En estas circunstancias, creo que la Comisión no está exenta de considerar esos elementos nuevos y pertinentes en su análisis por el simple hecho de que tuvo conocimiento de los mismos una vez finalizada la licitación. Tampoco cabe excluir que la apreciación de dichos elementos pueda tener como consecuencia que la Comisión modifique su análisis sobre si existe o no una ayuda.
         
      
            104.
         
         
            Por tanto, a mi juicio, no es jurídicamente correcto considerar, como se desprende de la última frase del apartado 166 de la sentencia recurrida, que los hechos posteriores a la fecha de conclusión de la licitación y de adjudicación de los bienes objeto de dicho procedimiento no pueden ser pertinentes en ningún caso para el examen de si se había otorgado una ayuda en el marco de la licitación.
         
      
            105.
         
         
            En el presente asunto, es preciso señalar asimismo que, contrariamente a lo que se deduce del apartado 167 de la sentencia recurrida y a lo que sostiene la Comisión, las alegaciones formuladas en primera instancia por la recurrente que se refieren a los hechos posteriores a la conclusión de la licitación no tenían por objeto que la Comisión investigara la existencia de una nueva ayuda resultante de la supuesta continuación del proceso de venta, sino más bien poner en entredicho el carácter transparente y no discriminatorio de la licitación que condujo a la venta de los activos del Nürburgring a Capricorn.
         
      
            106.
         
         
            De lo anterior se desprende que, en mi opinión, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General rechazó las alegaciones formuladas por la recurrente relativas a la continuación del proceso de venta tras la adjudicación de los activos del Nürburgring a Capricorn ocurrida el 11 de marzo de 2014 basándose en la circunstancia de que dichas alegaciones se referían a hechos que habían sucedido con posterioridad a la fecha de conclusión de la licitación.
         
      
            107.
         
         
            Sin embargo, como se deduce de la jurisprudencia citada en el punto 89 anterior, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse.
         
      
            108.
         
         
            A este respecto, es preciso señalar que el motivo formulado por la recurrente en primera instancia se basaba fundamentalmente en la circunstancia de que, tras la celebración de la primera venta, el adquirente y los vendedores habían celebrado un acuerdo de garantía para el pago de los plazos del precio de venta que contemplaba la posibilidad de que, en caso de impago continuado del segundo plazo del precio de venta, los activos fueran revendidos, lo que en efecto sucedió posteriormente.
         
      
            109.
         
         
            En este sentido, soy de la opinión de que no puede considerarse que esta circunstancia, posterior a la adjudicación de los activos del Nürburgring al término de la licitación y de la que, por lo tanto, no se podía tener conocimiento en el momento en que se adjudicaron tales bienes, a falta de otros elementos, permita demostrar por sí sola que el primer procedimiento se llevó a cabo de modo no transparente y discriminatorio y, en consecuencia, condujo a una venta de dichos activos al término de la licitación a un precio que no correspondía al precio de mercado.
         
      
            110.
         
         
            De lo anterior se desprende que, a mi juicio, también procede desestimar la cuarta parte del cuarto motivo.
         
      
      
         6.
       
         Sobre la quinta parte del cuarto motivo, basada en una falta de motivación de la sentencia recurrida
      
   
   
      
         a)
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            111.
         
         
            Mediante la quinta parte del cuarto motivo de casación, la recurrente impugna los apartados 173 a 176 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General rechazó las alegaciones que había formulado en primera instancia y que se recogen en los apartados 170 y 171 de dicha sentencia. La recurrente arguye que el Tribunal General se limitó a resumir sus alegaciones en los apartados 170 y 171 de la sentencia recurrida, sin examinarlas mínimamente ni proporcionar una motivación que justificase su rechazo. A su juicio, esto implica que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación, así como de una desnaturalización de las pruebas invocadas por la recurrente y de un error de Derecho en la aplicación del artículo 107 TFUE y del artículo 108 TFUE, apartado 3.
         
      
            112.
         
         
            La Comisión considera que procede desestimar la quinta parte del cuarto motivo. Esta institución reconoce que el Tribunal General proporcionó una motivación breve, si bien suficientemente clara. Alega que la totalidad de las imputaciones recogidas en el apartado 170 de la sentencia recurrida, así como la celebración del contrato de arrendamiento, mencionada en el apartado 171, se refieren a circunstancias que no tuvieron lugar hasta después de la celebración del contrato de compraventa a raíz de la adjudicación del contrato objeto de licitación y, por lo tanto, resultan irrelevantes a efectos del análisis.
         
      
      
         b)
       
         Apreciación
      
   
   
            113.
         
         
            El Tribunal General examinó en los apartados 170 a 175 de la sentencia recurrida la tercera parte del tercer motivo invocado ante él por la recurrente, que se refiere al hecho de que la venta de los activos del Nürburgring a Capricorn constituía una nueva ayuda de Estado. En el apartado 170, el Tribunal General expuso cuatro alegaciones formuladas por la recurrente y, en el punto 171, expuso una de ellas, relativa al contrato de arrendamiento de los activos del Nürburgring.
         
      
            114.
         
         
            Como reconoce la propia Comisión, el Tribunal General no respondió a esas alegaciones, sino que, en el apartado 173 de la sentencia recurrida, se limitó a remitirse a las «razones expuestas en los apartados 138 a 158 de la presente sentencia, [por las que] no ha lugar a considerar que la Comisión debería haber albergado dudas en cuanto al carácter transparente y no discriminatorio de la licitación», añadiendo, en el apartado siguiente, que «por esas mismas razones, el examen efectuado por la Comisión que condujo a la adopción de la segunda decisión impugnada podía excluir la presencia de dudas en cuanto a la existencia de una ventaja conferida al adquirente con ocasión del contrato de arrendamiento de los activos del Nürburgring o a raíz de las otras condiciones de pago del precio de venta de tales activos».
         
      
            115.
         
         
            Dudo que esta motivación, que se basa en una simple remisión de carácter general a otras partes de la sentencia, sin una mínima explicación adicional, sea, al menos en el presente caso, compatible con la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General tal como se define en la jurisprudencia mencionada en los puntos 41 a 44 anteriores. En efecto, dicha motivación no permite comprender, ni siquiera implícitamente, el razonamiento seguido por el Tribunal General de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional.
         
      
            116.
         
         
            En lo que atañe a la alegación de la Comisión según la cual el Tribunal General rechazó por lógica, implícitamente, dichas alegaciones en la medida en que se referían a acontecimientos que tuvieron lugar después de la celebración del contrato de compraventa y, en consecuencia, no pudieron influir en la determinación del precio de venta pertinente en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el punto 58 anterior, procede señalar, en primer lugar, que de los apartados 173 y 174 de la sentencia recurrida no se desprende en modo alguno que esta sea la razón por la que el Tribunal General rechazó tales alegaciones. En segundo lugar, cabe observar asimismo que, si bien la razón invocada por la Comisión puede aplicarse eventualmente a las alegaciones segunda, tercera y cuarta expuestas en el apartado 170 de la sentencia recurrida, (
                  42
               ) esta no parece poder aplicarse a la primera de dichas alegaciones, dado que la imputación de los 6 millones de euros que allí se mencionan parece estar contemplada en el propio contrato de compraventa. Esta razón tampoco se aplica a las alegaciones expuestas en el apartado 171 de la sentencia recurrida que se refieren al contrato de arrendamiento, cuya negociación parece haber tenido lugar antes de la celebración del contrato de compraventa. En tercer lugar, y en cualquier caso, como se indica en el punto 104 anterior, no puede excluirse que hechos posteriores a la fecha de conclusión de la licitación y de adjudicación de los bienes objeto de dicho procedimiento pueden resultar pertinentes a efectos del análisis en materia de ayudas de Estado. En consecuencia, la circunstancia de que algunos acontecimientos sean posteriores al término de la licitación no es, por sí sola, suficiente para considerar que estos son completamente irrelevantes.
         
      
            117.
         
         
            A la luz de las consideraciones anteriores, soy de la opinión de que la sentencia recurrida adolece de una falta de motivación y que, en consecuencia, procede estimar la quinta parte del cuarto motivo de casación.
         
      
      C. Sobre el quinto motivo de casación, basado en la insuficiencia de motivación de la segunda decisión impugnada
   
   
      
         1.
       
         Alegaciones de las partes
      
   
   
            118.
         
         
            Mediante el quinto motivo de casación, la recurrente impugna la desestimación por parte del Tribunal General, en los apartados 182 a 189 de la sentencia recurrida, del motivo que había planteado basado en el incumplimiento por parte de la Comisión de la obligación de motivación que le incumbe.
         
      
            119.
         
         
            Según la recurrente, resulta imposible identificar las razones que llevaron a la Comisión a declarar, en los considerandos 240 y 247 de la Decisión definitiva, que la República Federal de Alemania vendió los activos del Nürburgring al licitador que había presentado la oferta más elevada con una financiación garantizada, en el marco de una licitación abierta, transparente, no discriminatoria e incondicional. Tampoco queda claro por qué y sobre qué base jurídica la Comisión llegó, en el considerando 285 de la Decisión definitiva, a la conclusión de que la venta de los activos del Nürburgring no representa una ayuda estatal. Lo único que queda claro es que dicha conclusión no se refiere a la venta incluida en la «medida 15», definida en el considerando 38 de la Decisión definitiva. Este punto se refiere, sin embargo, a otras ventas efectuadas a otras empresas, que tuvieron lugar mucho antes del desarrollo de la licitación. No resulta evidente por qué la decisión fundamental de la Comisión, según la cual la venta a Capricorn no representaba una ayuda estatal, no figura de forma independiente y expresa en la parte dispositiva de la Decisión definitiva.
         
      
            120.
         
         
            La Comisión sostiene que procede desestimar el quinto motivo de casación por ser inadmisible y, en cualquier caso, por ser infundado.
         
      
      
         2.
       
         Apreciación
      
   
   
            121.
         
         
            Por lo que se refiere al quinto motivo de casación, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, un motivo que se limita a reproducir motivos y alegaciones que ya se han formulado ante el Tribunal General es inadmisible. (
                  43
               )
         
      
            122.
         
         
            A este respecto, procede señalar que, en su recurso de casación, la recurrente se ha limitado a reproducir alegaciones que ya había formulado en primera instancia relativas a la falta de motivación de la segunda decisión impugnada, sin cuestionar el razonamiento por el que el Tribunal General rechazó tales alegaciones en la sentencia recurrida. Considero, pues, que el quinto motivo de casación es inadmisible.
         
      
            123.
         
         
            Para ser exhaustivo, he de precisar además que suscribo el análisis efectuado por el Tribunal General en los apartados 182 a 189 de la sentencia recurrida, al que me remito, en el que rechazó las alegaciones mencionadas de la recurrente relativas a la supuesta insuficiencia de la motivación de la segunda decisión impugnada.
         
      
      V. Conclusión
   
   
            124.
         
         
            Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
            
                     –
                  
                  
                     Estime la quinta parte del cuarto motivo del recurso de casación interpuesto por Ja zum Nürburgring eV.
                  
               
                     –
                  
                  
                     Desestime las demás partes del cuarto motivo, así como el quinto motivo de dicho recurso de casación.
                  
               
      (
         1
      )	Lengua original: italiano.
   (
         2
      )	DO 2016, L 34, p. 1.
   (
         3
      )	Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [108 TFUE] (DO 1999, L 83, p. 1). Dicho Reglamento ha sido derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9).
   (
         4
      )	Véanse, respectivamente, los artículos 2 y 3, apartado 2, de la Decisión definitiva.
   (
         5
      )	Véase el artículo 1, último guion, de la Decisión definitiva.
   (
         6
      )	Véanse los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida.
   (
         7
      )	Véase el apartado 83 de la sentencia recurrida.
   (
         8
      )	Véase el apartado 93 de la sentencia recurrida.
   (
         9
      )	Véanse los apartados 196 y 198 de la sentencia recurrida.
   (
         10
      )	Véanse las sentencias de 29 de noviembre de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión (C‑176/06 P, no publicada, EU:C:2007:730), apartado 18, y de 29 de julio de 2019, Bayerische Motoren Werke y Freistaat Sachsen/Comisión (C‑654/17 P, EU:C:2019:634), apartado 44.
   (
         11
      )	Véase la sentencia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154), apartado 41 y jurisprudencia citada.
   (
         12
      )	Véanse, a este respecto, los puntos 64 a 67 de mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Scandlines Danmark y otros/Comisión (C‑174/19 P y C‑175/19 P, EU:C:2021:199).
   (
         13
      )	Véase la sentencia de 27 de octubre de 2011, Austria/Scheucher-Fleisch y otros (C‑47/10 P, EU:C:2011:698), apartado 132 y jurisprudencia citada.
   (
         14
      )	Sentencia de 3 de septiembre de 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland y otros/Comisión (C‑817/18 P, EU:C:2020:637), apartado 50 y jurisprudencia citada.
   (
         15
      )	Véanse, en particular, las sentencias de 24 de mayo de 2011, Comisión/Kronoply y Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), apartado 65, y de 27 de octubre de 2011, Austria/Scheucher-Fleisch y otros (C‑47/10 P, EU:C:2011:698), apartado 132. Véanse también las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland y otros/Comisión (C‑817/18 P, EU:C:2020:255), puntos 36 y ss., en los que se incluyen otras referencias jurisprudenciales.
   (
         16
      )	Contrariamente a lo que afirma la Comisión, el análisis efectuado por el Tribunal General a este respecto no es contrario ni a la sentencia de 24 de mayo de 2011, Comisión/Kronoply y Kronotex (C‑83/09 P, EU:C:2011:341), ni a la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873). En la primera sentencia, el Tribunal de Justicia reconoció la calidad de parte interesada a una empresa que no era competidora directa del beneficiario de la ayuda pero que requería en su proceso de producción la misma materia prima, en la medida en que alegó que la concesión de la ayuda podía afectar a sus intereses y demostró de modo suficiente con arreglo a Derecho que la ayuda podía tener una incidencia concreta en su situación (véanse los apartados 64 y 65). Sin embargo, contrariamente a lo que alega la Comisión, el Tribunal de Justicia no basó su análisis en la circunstancia de que entre las dos empresas interesadas existía una relación de competencia en un mercado ascendente, a saber, el mercado de la materia prima en cuestión. En lo que atañe, en cambio, al apartado 43 de la segunda sentencia, invocado por la Comisión, es preciso señalar que este carece de pertinencia en el presente contexto, dado que el Tribunal de Justicia no abordó en absoluto en él la cuestión del reconocimiento de la calidad de «parte interesada». Dicho apartado se refiere, en cambio, a la cuestión de la posible afectación directa de la situación jurídica de un denunciante por una decisión de la Comisión que dejaba intactos los efectos de medidas nacionales que establecían un régimen de ayudas que colocaban a dicho denunciante en una posición competitiva desventajosa.
   (
         17
      )	A este respecto, considero que el apartado 12 del auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Comité d’entreprise de la SNCM/Comisión [C‑410/15 P(I), EU:C:2015:669], al que se refiere el Tribunal General en el apartado 87 de la sentencia recurrida, no puede interpretarse en el sentido de que la mera posesión de información pertinente es suficiente para reconocer al poseedor de dicha información la calidad de «parte interesada». En dicho apartado, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia se refería más bien, a mi modo de ver, al objetivo perseguido por el reconocimiento, a la parte en cuestión en dicho asunto, de la calidad de «parte interesada».
   (
         18
      )	Véanse, ex multis, las sentencias de 11 de junio de 2015, EMA/Comisión (C‑100/14 P, no publicada, EU:C:2015:382), apartado 67 y jurisprudencia citada, y de 26 de mayo de 2016, Rose Vision/Comisión (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), apartado 24.
   (
         19
      )	Véanse las sentencias de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 37 y jurisprudencia citada, y de 16 de noviembre de 2017, Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Comisión (C‑250/16 P, EU:C:2017:871), apartado 55.
   (
         20
      )	Véanse, ex multis, la sentencia de 26 de mayo de 2016, Rose Vision/Comisión (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), apartado 26 y jurisprudencia citada, y, más recientemente, la sentencia de 11 de junio de 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469), apartado 67 y jurisprudencia citada.
   (
         21
      )	Véanse la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 37 y jurisprudencia citada, y el auto de 13 de diciembre de 2012, Alliance One International/Comisión (C‑593/11 P, no publicado, EU:C:2012:804), apartado 27.
   (
         22
      )	Véanse, ex multis, las sentencias de 26 de mayo de 2016, Rose Vision/Comisión (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 38 y jurisprudencia citada.
   (
         23
      )	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Éditions Odile Jacob/Comisión (C‑551/10 P, EU:C:2012:681), apartado 48 y jurisprudencia citada.
   (
         24
      )	Véanse también, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Bayer CropScience y Bayer/Comisión (C‑499/18 P, EU:C:2020:735), punto 89.
   (
         25
      )	Véase, más detalladamente, el punto 53 posterior.
   (
         26
      )	Véase la sentencia de 1 de octubre de 2015, Electrabel y Dunamenti Erőmű/Comisión (C‑357/14 P, EU:C:2015:642), apartado 110.
   (
         27
      )	Sentencia de 30 de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha (C‑627/18, EU:C:2020:321), apartado 42 y jurisprudencia citada.
   (
         28
      )	Véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Alemania/Comisión (C‑277/00, EU:C:2004:238), apartado 80, y de 1 de octubre de 2015, Electrabel y Dunamenti Erőmű/Comisión (C‑357/14 P, EU:C:2015:642), apartado 112.
   (
         29
      )	Véase a este respecto, ex multis, la reciente sentencia de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona (C‑362/19 P, EU:C:2021:169), apartado 47 y jurisprudencia citada.
   (
         30
      )	Véase, en particular, la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Brugg Kabel y Kabelwerke Brugg/Comisión (C‑591/18 P, no publicada, EU:C:2019:1026), apartado 70 y jurisprudencia citada.
   (
         31
      )	La versión original en lengua inglesa tiene el siguiente tenor: «IMPORTANT NOTICE: […] This term sheet is for discussion purposes only and is not intended to create any legally binding obligation between us».
   (
         32
      )	Se trata de las siguientes frases: «This document does not constitute advice, or an offer (of any type), invitation to offer or recommendation, to you. If after making your own assessment you independently decide you would like to pursue a specific transaction with us there will be separate offering or other legal documentation, the terms of which will (if agreed) supersede any indicative and summary terms contained in this document. We therefore do not accept any liability for any direct, consequential or other loss arising from reliance on this document».
   (
         33
      )	Véase, ex multis, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (C‑466/19 P, EU:C:2021:76), apartado 42 y jurisprudencia citada.
   (
         34
      )	Véase, ex multis, la sentencia de 10 de marzo de 2021, Ertico — ITS Europe/Comisión (C‑572/19 P, EU:C:2021:188), apartado 69 y jurisprudencia citada.
   (
         35
      )	Véase la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (C‑466/19 P, EU:C:2021:76), apartado 44 y jurisprudencia citada.
   (
         36
      )	Así, por ejemplo, la carta comienza con la siguiente frase: «We are pleased to confirm the terms and conditions on which Deutsche Bank […] is willing to arrange and underwrite the financing […]». La sección 1 de la carta, titulada «Financing», contiene la siguiente frase: «We are pleased to confirm the terms on which […] Deutsche Bank […] is willing to underwite […] 100 % of a loan facility». La sección 10 de la carta, titulada «Commitment expiry», regula el principio y el final del carácter vinculante de la carta.
   (
         37
      )	En la carta de 17 de febrero de 2014, se afirma explícitamente su carácter no vinculante (como se desprende de la frase explícita según la cual «this letter does not constitute a commitment on the part of, or engagement of, DB or any of its affiliates»). Dicha carta parece constituir el primer paso del proceso de negociación, como se infiere de la siguiente frase: «DB is pleased to inform you that […] we […] are confident in our ability to underwrite the Financing Transaction to finance, in part, the Transaction». Sin embargo, la carta de 25 de febrero de 2014 parece constituir una etapa más avanzada de la negociación en la que se informa al adquirente, por un lado, de la aprobación en principio de la concesión de la financiación por parte del comité de crédito, así como de la necesidad de otras aprobaciones internas, y, por otro lado, del hecho de que el proceso de «diligencia debida» aún no ha concluido.
   (
         38
      )	Como se desprende de la sección 2 de dicha carta, estas condiciones son: i) la ejecución de la transacción; ii) la inexistencia de cambio significativo alguno en cuanto concierne a los activos adquiridos, y iii) el cumplimiento de la legalidad de la financiación.
   (
         39
      )	Véase, en particular, el considerando 48 de la Decisión definitiva.
   (
         40
      )	Véase, en este sentido, la reciente sentencia de 25 de febrero de 2021, Dalli/Comisión (C‑615/19 P, EU:C:2021:133), apartado 165 y jurisprudencia citada. Dicha jurisprudencia es aplicable también a los vicios de motivación. A este respecto, véase la sentencia de 19 de marzo de 2020, ClientEarth/Comisión (C‑612/18 P, no publicada, EU:C:2020:223), apartados 39 y 40.
   (
         41
      )	Véase la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Comisión/Frucona Košice (C‑300/16 P, EU:C:2017:706), apartado 70 y jurisprudencia citada.
   (
         42
      )	A saber, el diferimiento del pago del segundo plazo del precio de venta, la falta de recuperación de la penalización y la cesión de los activos a un subadquirente.
   (
         43
      )	A este respecto, véase, ex multis, el auto de 3 de septiembre de 2019, ND y OE/Comisión (C‑317/19 P, no publicado, EU:C:2019:688), apartados 27 y 28 y jurisprudencia citada.