CELEX: 62004CC0096
Language: es
Date: 2005-06-30
Title: Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas el 30 de junio de 2005. # Standesamt Stadt Niebüll. # Petición de decisión prejudicial: Amtsgericht Niebüll - Alemania. # Procedimiento prejudicial - Determinación del apellido de un niño - Procedimiento por el que se confiere el derecho de determinación a uno de los progenitores - Incompetencia del Tribunal de Justicia. # Asunto C-96/04.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. F.G. JACOBS
      presentadas el 30 de junio de 2005 1(1)
      
      Asunto C‑96/04
      Standesamt Stadt Niebüll
      1.     Tras su sentencia en el asunto Garcia Avello, (2) se pide de nuevo al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de una norma nacional relativa a la determinación
         del apellido de un niño con la prohibición de discriminación y los derechos de ciudadanía consagrados en el Tratado CE. 
      
      2.     El problema de fondo es si una norma nacional en materia de conflicto de leyes puede remitir dicha determinación a la ley
         nacional del niño (y/o de sus padres) –en este caso, alemana–, sin tener en cuenta la ley del Estado de su nacimiento –en
         este caso, Dinamarca–, con el resultado de que el apellido es distinto según se trate de uno u otro ordenamiento jurídico.
      
      3.     No obstante, se suscita una cuestión preliminar relativa a la admisibilidad de la cuestión prejudicial: si el órgano jurisdiccional
         remitente debe «adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional» (3) o si está actuando meramente en calidad de autoridad administrativa.
      
       Marco jurídico
       Disposiciones del Tratado que se citan 
      4.     El artículo 12 CE, párrafo primero, dispone lo siguiente:
      «En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo,
         se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.»
      
      5.     El artículo 17 CE dispone:
      «1.   Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro.
         La ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la ciudadanía nacional.
      
      2.     Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado.»
      6.     A tenor del artículo 18 CE, apartado 1:
      «Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción
         a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.»
      
      7.     El artículo 234 CE dispone:
      «El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:
      a)      sobre la interpretación del presente Tratado;
      […]
      Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano
         podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder
         emitir su fallo.
      
      Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones
         no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al
         Tribunal de Justicia.»
      
       Normas internacionales en materia de atribución de apellido 
      8.     A la hora de fijar la ley aplicable a la determinación del apellido de una persona cuando existen puntos de conexión con más
         de un ordenamiento jurídico, algunos ordenamientos se remiten a la ley del domicilio de la persona, aunque lo más general
         es remitirse a su ley nacional, principio consagrado, para diversos Estados miembros, en acuerdos internacionales.
      
      9.     Por ejemplo, el Convenio de la CIEC (Comisión Internacional del Estado Civil) sobre la ley aplicable a los nombres y apellidos (4) dispone que los nombres y apellidos de una persona se determinarán por la ley del Estado del que sea nacional dicha persona.
      
      10.   Existe también un Convenio de la CIEC relativo a los cambios de apellidos y nombres. (5) Según el artículo 2 de dicho Convenio, cada Estado contratante «se obliga a no conceder cambios de apellidos o de nombres
         a los súbditos de otro Estado contratante, salvo en el caso de que fueren igualmente súbditos suyos». 
      
      11.   Finalmente, el 25 de septiembre de 2003 se aprobó en Madrid un borrador de Convenio de la CIEC sobre el reconocimiento de
         apellidos. Sin embargo, a raíz de la sentencia Garcia Avello (6) se decidió revisar el texto con objeto de tener más en cuenta los deseos de las personas afectadas.
      
      12.   La CIEC es una organización intergubernamental que cuenta, entre sus miembros, con trece Estados miembros de la Unión Europea;
         otros tres Estados miembros tienen la condición de observadores. De los Estados miembros relacionados con el presente asunto,
         Alemania ha ratificado el Convenio de Estambul mencionado en el punto 10 supra, en vigor entre dicho Estado y los demás Estados contratantes, y ha suscrito pero no ratificado el Convenio de Munich mencionado
         en el punto 9. Sin embargo, Dinamarca no tiene la condición de miembro ni de observador de la CIEC.
      
       Legislación nacional relevante para el caso de autos  (7)
      
      13.   Según las normas danesas de Derecho internacional privado, todas las cuestiones relativas al estatuto personal, incluidas
         las que se refieren a la determinación del apellido de una persona, se rigen por la ley del domicilio de dicha persona, tal
         como lo define la legislación danesa. 
      
      14.   Por lo tanto, a la hora de determinar el apellido de una persona domiciliada en Dinamarca (en especial, en el momento de su
         nacimiento), se aplicará la legislación danesa. En esencia, si los padres utilizan un único apellido, se le dará este apellido
         al niño; si no utilizan el mismo apellido, podrá elegirse el de cualquiera de los progenitores. Sin embargo, la legislación
         danesa permite también un cambio administrativo de apellido a otro compuesto por los apellidos de ambos progenitores, unidos
         por un guión. 
      
      15.   En Alemania, las cuestiones relativas al estado civil deben ser inscritas en el Registro Civil, según lo dispuesto en el artículo
         1 de la Personenstandsgesetz (Ley sobre el estado civil).
      
      16.   De conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley de introducción del
         Código Civil; en lo sucesivo, «EGBGB»), el apellido de una persona se decidirá según la ley nacional de dicha persona. 
      
      17.   De acuerdo con el artículo 10, apartado 3, de la EGBGB, sólo se admite la aplicación de la legislación de otro país cuando
         uno de los progenitores posea la nacionalidad de dicho país; en el caso de que alguno de los progenitores tenga más de una
         nacionalidad, éstos podrán elegir libremente la ley nacional aplicable. Además, puede aplicarse la legislación alemana si
         ninguno de los progenitores posee la nacionalidad alemana pero al menos uno de ellos es residente en Alemania, así como la
         ley nacional del marido de la madre si éste desea dar su apellido al niño.
      
      18.   En los casos en que deba aplicarse la legislación alemana, si los progenitores tienen apellidos distintos, el apellido que
         se dé al niño se rige por el artículo 1617 del Bürgerliches Geseztbuch (Código Civil; en lo sucesivo, «BGB»), que dispone:
         
      
      «1)      Si los progenitores no han optado por compartir apellido pero ejercen conjuntamente la patria potestad del niño, deberán,
         mediante declaración hecha ante el encargado del Registro Civil, escoger entre el apellido del padre o el de la madre en el
         momento de dicha declaración, como apellido de nacimiento que deba darse al niño. […]
      
      2)      Si los progenitores no realizan esta declaración en el plazo del mes siguiente al nacimiento del niño, el Familiengericht
         conferirá a uno de los progenitores el derecho de elegir el apellido del niño. Se aplicará el apartado 1 mutatis mutandis. El Tribunal podrá establecer un plazo para el ejercicio de ese derecho. Si el derecho a escoger el apellido del niño no
         se ha ejercitado al expirar el plazo, el niño llevará el apellido del progenitor a quien se haya conferido dicho derecho.
         
      
      3)      En el caso de que el niño haya nacido fuera del territorio alemán, el Tribunal no conferirá el derecho a escoger el apellido
         del niño, conforme al apartado 2 anterior, salvo si lo piden un progenitor o el propio niño, o si es necesario inscribir el
         apellido del niño en un Registro Civil alemán o en un documento identificativo alemán.»
      
      19.   Familiengericht (Tribunal de Familia) es el nombre dado a una sala del Amtsgericht (Tribunal Local) que decide en asuntos
         de Derecho de familia.
      
      20.   El artículo 46a de la Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley relativa a la jurisdicción voluntaria;
         en lo sucesivo, «FGG») dispone:
      
      «Antes de adoptar la decisión de transferir a un progenitor el derecho a elegir el apellido, conforme al artículo 1617, apartado
         2, del Código Civil, el Familiengericht oirá a ambos progenitores e intentará que lleguen a un acuerdo. No es necesario que
         la decisión del Familiengericht sea motivada; contra ella no cabrá recurso alguno.»
      
       Hechos y procedimiento
      21.   El niño Leonhard Matthias nació en Dinamarca en 1998 de padres de nacionalidad alemana, Stefan Grunkin y Dorothee Paul. No
         hay indicios de que el niño o sus progenitores hayan tenido una nacionalidad distinta de la alemana. Desde su nacimiento,
         ha vivido principalmente en Dinamarca, donde sus padres convivieron en un principio. Durante unos meses en 2001 y 2002, vivió
         con ellos en Niebüll, Alemania; desde febrero de 2002 vive principalmente con su madre en Tønder, Dinamarca, donde ésta ha
         establecido su residencia y ha abierto un consultorio médico, pero se queda a menudo con su padre en Niebüll, a unos 20 km.
      
      22.   El nacimiento de Leonhard Matthias se inscribió en Dinamarca. Unos meses después de su nacimiento, se inscribió el apellido
         «Grunkin-Paul» en su acta danesa de nacimiento mediante un certificado administrativo que da fe de dicho nombre y que había
         sido emitido de acuerdo con la legislación danesa. Puede presumirse que el certificado fue expedido sobre la base de que el
         niño estaba domiciliado en Dinamarca a los efectos del Derecho internacional privado danés, de forma que se aplicaba la ley
         material danesa a la determinación de su apellido.
      
      23.   Los progenitores, que nunca han optado por compartir apellido, desean inscribirlo ante las autoridades alemanas en Niebüll
         con el apellido «Grunkin-Paul» que se le dio en Dinamarca. Conforme a la legislación alemana expuesta anteriormente, (8) estas autoridades se negaron a reconocer ese apellido, insistiendo en que el apellido elegido debía ser «Grunkin» o «Paul».
      
      24.   Los progenitores recurrieron esta negativa ante los tribunales alemanes, pero su recurso fue desestimado en última instancia
         el 7 de enero de 2003. El 27 de febrero de 2003 no se admitió a trámite su recurso de amparo ante el Bundesverfassungsgericht
         (Tribunal Constitucional). 
      
      25.   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1617, apartado 2, del BGB, el Standesamt (Registro competente) remitió el asunto
         al Amtsgericht Niebüll, el cual, como Familiengericht debe designar al progenitor que tendrá derecho a elegir el apellido
         del niño o cuyo apellido se le dará si no se realiza esta elección. 
      
      26.   Dicho órgano jurisdiccional pregunta si la norma de conflicto de leyes recogida en el artículo 10 del EGBGB es válida a la
         luz de los artículos 12 CE y 18 CE, en la medida en que basa la determinación de los apellidos exclusivamente en la nacionalidad.
         Destaca que el niño utiliza un apellido distinto en su país de nacimiento y residencia del que impone la ley de su nacionalidad.
         Encuentra difícil compatibilizar con el principio de libertad de circulación el hecho de que un nacional de la Unión se vea
         obligado, por razón de su nacionalidad, a utilizar nombres diferentes en distintos Estados miembros.
      
      27.   El Amtsgericht opina que, puesto que la decisión que debe tomar no es susceptible de ulterior recurso judicial de Derecho
         interno, está obligado, en virtud del artículo 234 CE, párrafo tercero, a plantear al Tribunal de Justicia una cuestión sobre
         la interpretación del Tratado.
      
      28.   Por tanto, mediante resolución de 2 de junio de 2003, presentada el 23 de febrero de 2004, sometió al Tribunal de Justicia
         una cuestión «sobre la interpretación del Tratado CE en relación con la compatibilidad del artículo 10 del EGBGB con el Tratado CE».
      
      29.   Los Gobiernos belga, francés, alemán, griego, neerlandés y español, así como la Comisión, han presentado observaciones escritas.
         El Sr. Grunkin, los Gobiernos alemán, griego y español y la Comisión presentaron observaciones orales en la vista.
      
       Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
      30.   De acuerdo con el artículo 234 CE, cualquier órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros puede pedir al Tribunal
         de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación del Derecho comunitario, si estima necesaria una decisión
         al respecto para poder emitir su fallo en un procedimiento del que conoce.
      
      31.   Según jurisprudencia reiterada, la cuestión de si el órgano remitente posee el carácter de un «órgano jurisdiccional» a estos
         efectos debe apreciarse únicamente a la luz del Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia tiene en cuenta un conjunto de
         elementos, como son el origen legal del órgano, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio
         del procedimiento, la aplicación por parte del órgano de normas jurídicas, así como su independencia. Además, un órgano jurisdiccional
         nacional sólo puede plantear una cuestión al Tribunal de Justicia si debe adoptar su resolución en el marco de un procedimiento
         que concluya con una decisión de carácter jurisdiccional. Un organismo puede tener por tanto la consideración de «órgano jurisdiccional»,
         a efectos del artículo 234 CE, si ejerce funciones jurisdiccionales, pero no cuando ejercite otras funciones, como por ejemplo,
         funciones administrativas. El que un organismo al que se atribuyen funciones de diversa naturaleza pueda ser calificado de
         «órgano jurisdiccional» dependerá de la capacidad con la que esté actuando cuando pida al Tribunal de Justicia que se pronuncie.
         En este contexto, carece de relevancia el hecho de que deban calificarse de «órganos jurisdiccionales» otras secciones del
         organismo de que se trate, o incluso la misma sección que haya pedido al Tribunal de Justicia que se pronuncie, si bien actuando
         en el ejercicio de funciones distintas de las que dieron lugar a que se efectuara dicha petición. (9)
      
      32.   A la luz de lo anterior, el Gobierno alemán opina que el Amtsgericht no es competente para formular una cuestión prejudicial
         en este caso. En el contexto del artículo 1617, apartado 2, del BGB, dicho tribunal realiza una función puramente administrativa
         que, de no mediar estas circunstancias, correspondería al registrador. Realiza esta función en el marco de un procedimiento
         de jurisdicción voluntaria, en el que la única parte es el Registro, aunque el tribunal deba oír a ambos progenitores antes
         de tomar una decisión. En este asunto, no existe disputa alguna entre dichos progenitores. El Amtsgericht no toma ninguna
         decisión sobre el apellido del niño, sino meramente en cuanto al progenitor facultado para escoger dicho apellido; si el progenitor
         designado no realiza esta elección, se dará apellido al niño por ministerio de la ley.
      
      33.   El Gobierno alemán hace hincapié en que la situación en este procedimiento debe contrastarse con la de los recursos ante los
         órganos jurisdiccionales ordinarios ya agotados por los progenitores. Antes de este procedimiento, los padres de Leonhard
         Matthias ya habían solicitado a las autoridades alemanas el reconocimiento del apellido que le habían dado en Dinamarca. Habían
         impugnado la decisión denegatoria de dicho reconocimiento, lo que condujo a la desestimación definitiva de su recurso por
         el Kammergericht (Tribunal de apelación) de Berlín, y habían intentado recurrir esta sentencia ante el Bundesverfassungsgericht.
         Todos estos procedimientos eran procedimientos judiciales propiamente dichos; podía haberse planteado una cuestión prejudicial
         en cualquier momento, pero no se hizo. Una eventual conclusión en el sentido de que procedimientos como el de autos ante el
         Amtsgericht no concluyen en una decisión de carácter jurisdiccional no descarta la posibilidad de que se plantee una cuestión
         prejudicial al Tribunal de Justicia en otros casos. 
      
      34.   En el transcurso de la vista, los Gobiernos griego y español apoyaron esta tesis, que, sin embargo, fue discutida por el Sr.
         Grunkin y la Comisión. 
      
      35.   El Sr. Grunkin insistió especialmente en que en un procedimiento como el de autos, los progenitores no sólo tienen derecho
         a ser oídos, sino que juegan un papel decisivo a la hora de determinar si se inicia el procedimiento.
      
      36.   La Comisión expuso que la cuestión de la admisibilidad debía valorarse sobre la base no de las circunstancias del presente
         asunto, que son inusuales, sino de la situación que da lugar normalmente a procedimientos como el de autos. Normalmente, los
         progenitores no están de acuerdo en la elección de un nombre no permitido por la legislación alemana, sino que más bien discrepan
         acerca de cuál de sus apellidos debe darse al niño. Esta situación habitual es clara y fundamentalmente distinta de los asuntos
         relativos a la inscripción de inmuebles o de empresas ya tratados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Hay una
         disputa entre dos partes, que debe ser resuelta por un órgano jurisdiccional. Dicho órgano jurisdiccional goza además de las
         más amplias facultades discrecionales a la hora de decidir sobre el asunto, y no se le pide simplemente que aplique criterios
         formales como en esos otros casos; debe sopesar los argumentos y adoptar una decisión, fundamentalmente en el interés del
         niño. Los progenitores tienen derecho a ser oídos y pueden ellos mismos iniciar el procedimiento. Finalmente, no es relevante
         que exista en Alemania otra vía procesal para alcanzar el mismo resultado y que pueda dar lugar al planteamiento de una cuestión
         prejudicial; el que dicha cuestión se haya o no planteado en un procedimiento no puede influir en su admisibilidad en otro
         procedimiento distinto que tenga el mismo objeto. 
      
      37.   Los argumentos planteados por el Gobierno alemán son ciertamente persuasivos. El procedimiento contemplado en los artículos
         1617, apartado 2, del BGB y 46a del FGG parece tener rasgos significativos de procedimiento administrativo más que judicial.
         La existencia de una vía separada, claramente judicial, apoya esta tesis. 
      
      38.   Además, debe señalarse que, al no caber recurso contra la decisión del Amtsgericht en asuntos de este tipo, la tesis contraria
         obligaría al planteamiento de una cuestión prejudicial de acuerdo con el artículo 234 CE, resultado que no parece coherente
         con el sistema deseado por este artículo.
      
      39.   Sin embargo, también encuentro convincente el argumento de la Comisión, centrado en la naturaleza fundamentalmente contenciosa
         de los procedimientos en su contexto habitual, con el derecho de ambas partes a ser oídas, y en la naturaleza jurisdiccional
         de la decisión adoptada por el Amtsgericht.
      
      40.   Este análisis tiene por supuesto bastante menos relevancia respecto de los rasgos específicos del procedimiento en este supuesto,
         y estos rasgos suscitan otra duda en cuanto a la admisibilidad de la cuestión prejudicial: ¿hasta qué punto es necesario un
         pronunciamiento sobre la cuestión prejudicial para que el Amtsgericht pueda dictar una resolución?
      
      41.   Tal como se ha presentado el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la única decisión que el Amtsgericht debe o puede
         adoptar es la designación del progenitor facultado para escoger el apellido del niño. No tiene competencias para determinar
         cuál debe ser ese nombre. En este caso, está claro que, cualquiera que sea el progenitor designado, la elección es «Grunkin-Paul»
         y no será hasta ese momento, en que el asunto quede fuera de la competencia del Amtsgericht, cuando entran en juego las normas,
         posiblemente en conflicto con el Derecho comunitario, sobre elección de apellido. 
      
      42.   Si esta es la descripción correcta de la situación existente con arreglo al Derecho alemán, resulta difícil ver cómo el Amtsgericht
         puede aplicar la decisión del Tribunal de Justicia, cualquiera que ésta sea, a la cuestión planteada. 
      
      43.   Sin embargo, puede ser que las competencias del Amtsgericht en estas cuestiones sean más amplias de lo que se ha expuesto,
         o que su intención sea que la respuesta solicitada vincule –como así será– al Registro. En estas circunstancias podría resultar
         desaconsejable que el Tribunal de Justicia no admitiese la cuestión prejudicial por el motivo de que la respuesta no es necesaria
         para que el órgano jurisdiccional nacional pueda emitir su fallo; en última instancia, solo el órgano jurisdiccional nacional
         puede determinar si es así.
      
      44.   En consecuencia, aun siendo consciente de las dudas sobre si se han cumplido completamente los requisitos para el planteamiento
         de una cuestión prejudicial exigidos por el artículo 234 CE, considero que es preferible contestar a la cuestión planteada.
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      45.   Las cuestiones relativas a la determinación de apellidos no surgen a menudo en el contexto del Derecho comunitario. Sin embargo,
         se han dirigido ya al Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial en este ámbito, planteadas en los asuntos
         Konstantinidis (10) y Garcia Avello. (11)
      
      46.   En la sentencia Konstantinidis el Tribunal de Justicia estimó contrario a la prohibición de discriminación por razón de la
         nacionalidad que se obligase a un nacional griego a utilizar, en el ejercicio de su profesión en otro Estado miembro, una
         transcripción de su nombre que modificaba su pronunciación cuando la deformación resultante implicaba el riesgo de que sus
         clientes potenciales pudieran confundirle con otras personas.
      
      47.   En la sentencia Garcia Avello, consideró que los artículos 12 CE y 17 CE se oponían a que las autoridades belgas denegasen
         de oficio una solicitud presentada por los padres de unos menores residentes en Bélgica, pero con la doble nacionalidad belga
         y española, para que se cambiase el apellido de éstos por el que les correspondería en virtud de la legislación y de la tradición
         españolas.
      
      48.   En ambos casos, el Tribunal de Justicia consideró, antes de examinar las cuestiones que se le planteaban, si las situaciones
         de que se trataba entraban en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario y llegó a la conclusión de que así era. En el
         asunto Konstantinidis, el vínculo consistía en que el demandante alegaba la vulneración del ejercicio de una libertad económica,
         concretamente la libertad de establecimiento. En el asunto Garcia Avello –suscitado en una época en la que se ya había creado
         la ciudadanía de la Unión, con sus derechos concomitantes– el Tribunal de Justicia consideró que existía dicho vínculo con
         el Derecho comunitario, puesto que los niños de que se trataba «son nacionales de un Estado miembro que residen legalmente
         en el territorio de otro Estado miembro». (12)
      
      49.   Parece claro que esta última consideración debe aplicarse también al caso de Leonhard Matthias.
      50.   Si bien las normas que rigen el apellido de una persona son competencia de Estados miembros, éstos deben respetar el Derecho
         comunitario al ejercitar dicha competencia. Los ciudadanos de la Unión pueden invocar, a este respecto, los derechos que les
         han sido reconocidos en el Tratado, en particular el derecho a no sufrir ninguna discriminación por razón de la nacionalidad,
         previsto en el artículo 12 CE, y el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, previsto
         en el artículo 18 CE, apartado 1. (13)
      
      51.   En la sentencia Garcia Avello, (14) el Tribunal de Justicia señaló, fundamentalmente, que la práctica belga trataba de manera idéntica a las personas que tenían
         únicamente la nacionalidad belga y a aquellas que tenían la doble nacionalidad belga y española, con el resultado de que estas
         últimas llevaban apellidos distintos con arreglo a los dos ordenamientos jurídicos. Puesto que esto podía provocar dificultades
         de orden práctico, existía discriminación por causa de la nacionalidad. El principio de no discriminación exige que no se
         traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica.
      
      52.   Todas las partes que han presentado observaciones escritas consideran que en este caso no existe discriminación. En la vista,
         incluso el Sr. Grunkin no pareció alegar que hubiera discriminación por causa de la nacionalidad. Estoy de acuerdo en que
         no la hay.
      
      53.   De la legislación alemana aplicable, (15) resulta claro que todos los que tienen sólo la nacionalidad alemana son tratados de la misma manera, y todos los que tienen
         más de una nacionalidad, o cuyos padres se encuentran en esta situación, son tratados de forma diferente pero sin discriminación
         en lo que se refiere a su nacionalidad.
      
      54.   Sin embargo, desde un punto de vista práctico, Leonhard Matthias está en una posición muy semejante a la de los niños Garcia
         Avello si en el Estado miembro de su nacionalidad debe inscribirse un apellido distinto del que lleva en el Estado miembro
         de su nacimiento. Si bien las dificultades prácticas que posiblemente encontrará no son producto de una discriminación por
         razón de la nacionalidad, constituyen un claro obstáculo a su derecho como ciudadano a circular y residir libremente en el
         territorio de los Estados miembros. Aunque dichas dificultades puedan ser similares a las que encontró el Sr. Konstantinidis,
         los efectos del artículo 17 CE, en relación con el artículo 18 CE, apartado 1, hacen que en este caso no sea necesario probar
         un vínculo económico para demostrar una violación del derecho a circular libremente. 
      
      55.   Además de consideraciones prácticas, que pueden ir desde simplemente molestas a extremadamente serias –en el clima de sospecha
         que ha seguido al 11 de septiembre de 2001–, el nombre de una persona es una parte fundamental de su identidad y de su vida
         privada, cuya protección está ampliamente reconocida en constituciones nacionales e instrumentos internacionales. (16)
      
      56.   Por lo tanto, me parece totalmente incompatible con el estatuto y los derechos de un ciudadano de la Unión Europea –estatuto
         cuya vocación, según la expresión del propio Tribunal de Justicia, es «convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales
         de los Estados miembros» (17) estar obligado a llevar distintos apellidos con arreglo a las leyes de distintos Estados miembros. 
      
       Conclusión
      57.   Por todo lo anterior, opino que el Tribunal de Justicia debe contestar a la cuestión planteada por el Amtsgericht Niebüll
         como sigue: 
      
      Una norma de un Estado miembro que no permita que un ciudadano de la Unión Europea obtenga el reconocimiento con arreglo a
         las leyes de dicho Estado, del apellido con el que ha sido legalmente inscrito en otro Estado miembro, no es compatible con
         los artículos 17 CE y 18 CE, apartado 1.
      
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Sentencia de 2 de octubre de 2003 (C‑148/02, Rec. p. I‑11613); véanse también los puntos 47 y ss. infra.
      
      3 –	Véanse los autos de 5 de marzo de 1986, Greis Unterweger (318/85, Rec. p. 955), apartado 4; de 10 de julio de 2001, HSB-Wohnbau
         (C‑86/00, Rec. p. I‑5353), apartado 11, y de 22 de enero de 2002, Holto (C‑447/00, Rec. p. I‑735), apartado 17; véanse también
         las sentencias de 19 de octubre de 1995, Job Centre (C‑111/94, Rec. p. I‑3361), apartado 9; de 12 de noviembre de 1998, Victoria
         Film (C‑134/97, Rec. p. I‑7023), apartado 14, y de 14 de junio de 2001, Salzmann (C‑178/99, Rec. p. I‑4421), apartado 14.
      
      4 –	Convenio de la CIEC nº 19, firmado en Munich el 5 de septiembre de 1980. Véanse, en particular, los artículos 1 y 2.
      
      5 –	Convenio de la CIEC nº 4, firmado en Estambul el 4 de septiembre de 1958.
      
      6 –	Citada en la nota 2, véanse también los puntos 47 y ss. infra.
      7 –	Para una visión comparativa más amplia de la situación en los Estados miembros de entonces, véanse además los puntos 5
         y ss. de mis conclusiones en el asunto Garcia Avello, citado en la nota 2.
      
      8 –	Puntos 16 a 18.
      
      9 –	Véanse, por ejemplo, la sentencia de 15 de enero de 2002, Lutz y otros (C‑182/00, Rec. p. I‑547), apartado 12; el auto
         de 26 de noviembre de 1999, ANAS (C‑192/98, Rec. p. I‑8583), apartados 21 a 23, y la jurisprudencia que se cita en ambos.
      
      10 –	Sentencia de 30 de marzo de 1993 (C‑168/91, Rec. p. I‑1191).
      
      11 –	Citada en la nota 2.
      
      12 –	Apartado 27; véase también la sentencia de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen (C‑200/02, Rec. p. I‑0000), apartado 19.
      
      13 –	Véase la sentencia Garcia Avello, apartados 25 y 29.
      
      14 –	Véanse los apartados 31 a 37.
      
      15 –	Véanse los puntos 16 y 17 supra.
      
      16 –	Véanse mis conclusiones en el asunto Konstantinidis, antes citado, puntos 35 a 40, y en el asunto Garcia Avello, antes
         citado, especialmente los puntos 5, 27 y 36, junto con las fuentes que allí se citan.
      
      17 –	Véase la reciente sentencia de 15 de marzo de 2005, Bidar (C‑209/03, Rec. p. I‑0000), apartado 31.