CELEX: 62010CJ0070
Language: es
Date: 2011-11-24 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 24 de noviembre de 2011.#Scarlet Extended SA contra Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).#Petición de decisión prejudicial: Cour d'appel de Bruxelles - Bélgica.#Sociedad de la información - Derechos de autor - Internet - Programas "peer-to-peer" - Proveedores de acceso a Internet - Establecimiento de un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios de archivos que vulneren los derechos de autor - Inexistencia de obligación general de supervisar los datos transmitidos.#Asunto C-70/10.

Asunto C‑70/10
      Scarlet Extended SA
      contra
      Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)
      (Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Bruxelles)
      «Sociedad de la información — Derechos de autor — Internet — Programas “peer-to-peer” — Proveedores de acceso a Internet — Establecimiento de un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios de archivos que
         vulneren los derechos de autor — Inexistencia de obligación general de supervisar los datos transmitidos»
      
      Sumario de la sentencia
      Aproximación de las legislaciones — Sociedad de la información — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor
            — Protección de datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas — Requerimiento judicial por el que se ordena
            a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas, aplicable
            indistintamente a toda su clientela, con carácter preventivo y a sus expensas, sin limitación en el tiempo, para evitar las
            infracciones de un derecho de propiedad intelectual — Improcedencia
      (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 8 y 11; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 95/46/CE,
            2000/31/CE, art. 15, ap. 1, 2001/29/CE, 2002/58/CE y 2004/48/CE, art. 3, ap. 1)
      Las Directivas 2000/31, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular
         el comercio electrónico en el mercado interior; 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos
         de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información; 2004/48, relativa al respeto de los derechos
         de propiedad intelectual; 95/46, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
         personales y a la libre circulación de estos datos, y 2002/58, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección
         de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos
         derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a
         un requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso a Internet establecer un sistema de filtrado
      
      –        de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de
         programas «peer-to peer»;
      
      –        que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;
      –        con carácter preventivo;
      –        exclusivamente a sus expensas, y
      –        sin limitación en el tiempo,
      capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical,
         cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual,
         con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.
      
      En efecto, dicho requerimiento judicial obligaría al citado proveedor a proceder a una supervisión activa del conjunto de
         datos respecto de todos sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual,
         y le impondría de este modo una supervisión general prohibida por el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31. Por
         otro lado, dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del proveedor afectado,
         dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que
         además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que
         las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o
         gravosas. Por consiguiente, dicho requerimiento judicial no respetaría el requisito de garantizar un justo equilibrio entre,
         por un lado, la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro,
         la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los proveedores de acceso a Internet. Además, los
         efectos de dicho requerimiento judicial no se limitarían a esos proveedores, ya que el sistema de filtrado también puede vulnerar
         los derechos fundamentales de sus clientes, a saber, su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad
         de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por los artículos 8 y 11 de la Carta de los Derechos
         Fundamentales de la Unión Europea. Por un lado, el requerimiento judicial implicaría un análisis sistemático de todos los
         contenidos y la recopilación e identificación de las direcciones IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos
         ilícitos en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten
         identificar concretamente a tales usuarios. Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información,
         dado que se corre el riesgo de que el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por
         lo que su establecimiento podría dar lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito.
      
      (véanse los apartados 40 y 48 a 52 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 24 de noviembre de 2011 (*)
      
      «Sociedad de la información – Derechos de autor – Internet – Programas “peer-to-peer” – Proveedores de acceso a Internet – Establecimiento de un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas para evitar los intercambios de archivos que
         vulneren los derechos de autor – Inexistencia de obligación general de supervisar los datos transmitidos»
      
      En el asunto C‑70/10,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d’appel
         de Bruxelles (Bélgica), mediante resolución de 28 de enero de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de
         2010, en el procedimiento entre
      
      Scarlet Extended SA
      y
      Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM),
      en el que participan:
      Belgian Entertainment Association Video ASBL (BEA Video),
      Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music),
      Internet Service Provider Association ASBL (ISPA),
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. J. Malenovský (Ponente), la Sra. R. Silva de Lapuerta y los
         Sres. E. Juhász y G. Arestis, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
      Secretaria: Sra. C. Strömholm, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de enero de 2011;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Scarlet Extended SA, por Mes T. De Meese y B. Van Asbroeck, avocats;
      
      –        en nombre de Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), Belgian Entertainment Association Video ASBL
         (BEA Video) y Belgian Entertainment Association Music ASBL (BEA Music), por Mes F. de Visscher, B. Michaux y F. Brison, avocats;
      
      –        en nombre de Internet Service Provider Association ASBL (ISPA), por Me G. Somers, avocat;
      
      –        en nombre del Gobierno belga, por los Sres. T. Materne y J.-C. Halleux y por la Sra. C. Pochet, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek y por la Sra. K. Havlíčková, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato
         dello Stato;
      
      –        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels y B. Koopman, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. M. Szpunar, M. Drwięcki y J. Goliński, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. M. Pere, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. J. Samnadda y C. Vrignon, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de abril de 2011;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las Directivas:
      
      –        2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
         servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre
         el comercio electrónico) (DO L 178, p. 1);
      
      –        2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos
         de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10);
      
      –        2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
         intelectual (DO L 157, p. 45; corrección de errores DO L 195, p. 16);
      
      –        95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas
         en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), y
      
      –        2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y
         a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
         electrónicas) (DO L 201, p. 37).
      
      2        Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Scarlet Extended SA (en lo sucesivo, «Scarlet») y Société belge
         des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (en lo sucesivo, «SABAM»), relativo a la negativa de la primera sociedad
         a establecer un sistema de filtrado de las comunicaciones electrónicas mediante programas de intercambio de archivos (conocidos
         como «peer to peer») con el fin de evitar los intercambios de archivos que vulneren los derechos de autor.
      
       Marco jurídico
       Normativa de la Unión
       Directiva 2000/31
      3        A tenor de los considerandos cuadragésimo quinto y cuadragésimo séptimo de la Directiva 2000/31:
      
      «(45) Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecidas en la presente Directiva
         no afectan a la posibilidad de entablar acciones de cesación de distintos tipos. Dichas acciones de cesación pueden consistir,
         en particular, en órdenes de los tribunales o de las autoridades administrativas por los que se exija poner fin a cualquier
         infracción o impedir que se cometa, incluso retirando la información ilícita o haciendo imposible el acceso a ella.
      
      [...]
      (47)      Los Estados miembros no pueden imponer a los prestadores de servicios una obligación de supervisión exclusivamente con respecto
         a obligaciones de carácter general. Esto no se refiere a las obligaciones de supervisión en casos específicos y, en particular,
         no afecta a las órdenes de las autoridades nacionales formuladas de conformidad con la legislación nacional.»
      
      4        El artículo 1 de esta Directiva dispone:
      
      «1.      El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior garantizando la libre circulación
         de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros.
      
      2.      En la medida en que resulte necesario para alcanzar el objetivo enunciado en el apartado 1 mediante la presente Directiva,
         se aproximarán entre sí determinadas disposiciones nacionales aplicables a los servicios de la sociedad de la información
         relativas al mercado interior, el establecimiento de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales, los contratos
         por vía electrónica, la responsabilidad de los intermediarios, los códigos de conducta, los acuerdos extrajudiciales para
         la solución de litigios, los recursos judiciales y la cooperación entre Estados miembros.
      
      [...]»
      5        Según el artículo 12 de dicha Directiva, que figura en la sección 4 del capítulo II de ésta, rubricada «Responsabilidad de
         los prestadores de servicios intermediarios»:
      
      «1.      Los Estados miembros garantizarán que, en el caso de un servicio de la sociedad de la información que consista en transmitir
         en una red de comunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a una red de comunicaciones,
         no se pueda considerar al prestador de servicios de este tipo responsable de los datos transmitidos, a condición de que el
         prestador de servicios:
      
      a)      no haya originado él mismo la transmisión;
      b)      no seleccione al destinatario de la transmisión; y
      c)      no seleccione ni modifique los datos transmitidos.
      [...]
      3.      El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con los
         sistemas jurídicos de los Estados miembros, exija al prestador de servicios que ponga fin a una infracción o que la impida.»
      
      6        A tenor del artículo 15 de la Directiva 2000/31, incluida igualmente en la sección 4 del capítulo II de ésta:
      
      «1.      Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan
         o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas,
         respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14.
      
      2.      Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de servicios de la sociedad de la información
         comuniquen con prontitud a las autoridades públicas competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas
         a cabo por destinatarios de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas,
         información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan celebrado acuerdos de almacenamiento.»
      
       Directiva 2001/29
      7        A tenor de los considerandos decimosexto y quincuagésimo noveno de la Directiva 2001/29:
      
      «(16)      [...] La presente Directiva debe aplicarse respetando un calendario similar al de la aplicación de la [Directiva 2000/31],
         puesto que dicha Directiva dispone un marco armonizado de los principios y normas relativos, entre otras, a ciertas partes
         importantes de la presente Directiva. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las normas sobre responsabilidad
         previstas en la citada Directiva.
      
      [...]
      (59)      Sobre todo en el entorno digital, es posible que terceras partes utilicen cada vez con mayor frecuencia los servicios de intermediarios
         para llevar a cabo actividades ilícitas. En muchos casos, estos intermediarios son quienes están en mejor situación de poner
         fin a dichas actividades ilícitas. Así pues, y sin perjuicio de otras sanciones o recursos contemplados, los titulares de
         los derechos deben tener la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra el intermediario que transmita por la red la
         infracción contra la obra o prestación protegidas cometida por un tercero. Esta posibilidad debe estar abierta aun cuando
         los actos realizados por el intermediario estén exentos en virtud del artículo 5. Debe corresponder a la legislación nacional
         de los Estados miembros regular las condiciones y modalidades de dichas medidas cautelares.»
      
      8        El artículo 8 de la Directiva 2001/29 dispone:
      
      «1.      Los Estados miembros establecerán las sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y
         las obligaciones previstos en la presente Directiva y adoptarán cuantas disposiciones resulten necesarias para garantizar
         que se apliquen tales sanciones y vías de recurso. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
      
      [...]
      3.      Los Estados miembros velarán por que los titulares de los derechos estén en condiciones de solicitar medidas cautelares contra
         los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín a los derechos
         de autor.»
      
       Directiva 2004/48
      9        Según el vigésimo tercer considerando de la Directiva 2004/48:
      
      «Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas, procedimientos y recursos de que se disponga, los titulares de derechos deben
         tener la posibilidad de solicitar que se dicte un [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen
         por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular. Las condiciones y modalidades relacionadas con
         esos [requerimientos] judiciales se dejan a la discreción de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Por lo
         que respecta a las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, existe ya una amplia armonización en virtud de
         la Directiva [2001/29]. Por lo tanto, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8
         de la Directiva [2001/29].»
      
      10      A tenor del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/48 :
      
      «La presente Directiva no afectará a:
      a)      las disposiciones comunitarias que regulan el Derecho sustantivo de propiedad intelectual […] y la Directiva [2000/31], en
         general, y los artículos 12 a 15 de esta última en particular;
      
      [...]».
      11      El artículo 3 de la Directiva 2004/48 prevé:
      
      «1.      Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos
         de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos
         y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
      
      2.      Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo
         que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»
      
      12      El artículo 11 de la Directiva 2004/48 dispone:
      
      «Los Estados miembros garantizarán que, cuando se haya adoptado una decisión judicial [que constate] una infracción de un
         derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra el infractor un [requerimiento] judicial
         destinado a impedir la continuación de dicha infracción. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, el incumplimiento de
         un [requerimiento] judicial estará sujeto, cuando proceda, al pago de una multa coercitiva, destinada a asegurar su ejecución.
         Los Estados miembros garantizarán asimismo que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un
         [requerimiento] judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho
         de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva [2001/29].»
      
       Derecho nacional
      13      El artículo 87, apartado 1, párrafos primero y segundo, de la Ley de 30 de junio de 1994 relativa a los derechos de autor
         y derechos afines a los derechos de autor (Moniteur belge de 27 de julio de 1994, p. 19297) dispone:
      
      «El Presidente del tribunal de première instance [...] declarará la existencia y ordenará que se ponga fin a las infracciones
         de los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor.
      
      Asimismo, podrá dictar un requerimiento judicial de cese contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un
         tercero para vulnerar los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor.»
      
      14      Los artículos 18 y 21 de la Ley de 11 de marzo de 2003 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad
         de la información (Moniteur belge de 17 de marzo de 2003, p. 12962) transponen al Derecho nacional los artículos 12 y 15 de la Directiva 2000/31.
      
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      15      SABAM es una sociedad de gestión que representa a los autores, compositores y editores de obras musicales, autorizando el
         uso por terceros de sus obras protegidas.
      
      16      Scarlet es un proveedor de acceso a Internet (en lo sucesivo, «PAI») que proporciona a sus clientes acceso a Internet, sin
         ofrecer otros servicios como la descarga o el intercambio de archivos.
      
      17      En el año 2004, SABAM llegó a la conclusión de que los internautas que utilizan los servicios de Scarlet descargan en Internet,
         sin autorización y sin pagar derechos, obras que figuran en su catálogo mediante redes «peer to peer», que constituyen un
         medio transparente para compartir contenidos, independiente, descentralizado y dotado de funciones de búsqueda y descarga
         avanzadas.
      
      18      Mediante diligencia de 24 de junio de 2004, Scarlet fue citada ante el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles
         a petición de SABAM, que alegó que Scarlet, en su condición de PAI, está en la mejor situación para adoptar medidas dirigidas
         al cese de las infracciones de derechos de autor cometidas por sus clientes.
      
      19      SABAM solicitó, en primer lugar, que se declarase la existencia de infracciones de los derechos de autor sobre las obras musicales
         pertenecientes a su repertorio, en particular del derecho de reproducción y del derecho de comunicación al público, como consecuencia
         del intercambio no autorizado de archivos electrónicos musicales realizado gracias a programas «peer to peer», infracciones
         cometidas a través de la utilización de los servicios de Scarlet.
      
      20      Seguidamente, SABAM solicitó que se condenara a Scarlet a poner fin a dichas infracciones, impidiendo o bloqueando cualquier
         forma de envío o de recepción por sus clientes de archivos que reproduzcan una obra musical sin autorización de sus titulares
         mediante un programa «peer to peer», con apercibimiento de multa coercitiva. Por último, SABAM solicitó que Scarlet le comunicara,
         bajo pena de multa coercitiva, la descripción de las medidas que fuera a adoptar en cumplimiento de la sentencia que se dictase.
      
      21      Mediante resolución de 26 de noviembre de 2004, el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles declaró la existencia
         de la infracción de los derechos de autor denunciada por SABAM, si bien, antes de pronunciarse sobre la solicitud de cese,
         designó a un perito para que examinara si las soluciones técnicas propuestas por SABAM son técnicamente viables, si permiten
         filtrar exclusivamente los intercambios ilícitos de archivos electrónicos y si existen otros dispositivos que puedan controlar
         el uso de programas «peer to peer», así como para que determinara el coste de los dispositivos previstos.
      
      22      En su dictamen, el perito designado llegó a la conclusión de que, a pesar de que existen numerosos obstáculos técnicos, no
         se excluye completamente que sea posible proceder a un filtrado y bloqueo de los intercambios ilícitos de archivos electrónicos.
      
      23      Mediante resolución de 29 de junio de 2007, el Presidente del tribunal de première instance de Bruxelles condenó a Scarlet
         a poner fin a las infracciones de los derechos de autor declaradas en la resolución de 26 de noviembre de 2004, impidiendo
         cualquier forma de envío o de recepción por sus clientes, mediante un programa «peer-to-peer», de archivos electrónicos que
         reproduzcan una obra musical del repertorio de SABAM, con apercibimiento de multa coercitiva.
      
      24      Scarlet recurrió dicha resolución en apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en primer lugar, que le
         resultaba imposible dar cumplimiento al citado requerimiento judicial porque no están demostradas la eficacia ni la perennidad
         de los sistemas de bloqueo o filtrado y porque el establecimiento de tales dispositivos tropieza con numerosos obstáculos
         prácticos, como por ejemplo problemas relativos a la capacidad de la red o al impacto en ésta. Además, afirmó que cualquier
         intento de bloquear los archivos en cuestión está abocado al fracaso a muy corto plazo, dado que actualmente existen varios
         programas «peer-to-peer» que no permiten la verificación de su contenido por terceros.
      
      25      Seguidamente, Scarlet alegó que el citado requerimiento judicial no es conforme con el artículo 21 de la Ley de 11 de marzo
         de 2003 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, que transpone al Derecho
         nacional el artículo 15 de la Directiva 2000/31, puesto que le impone de hecho una obligación general de supervisar las comunicaciones
         en su red, ya que cualquier dispositivo de bloqueo o de filtrado del tráfico «peer-to-peer» requiere necesariamente una supervisión
         generalizada de todas las comunicaciones que pasan por esa red.
      
      26      Finalmente, Scarlet adujo que el establecimiento de un sistema de filtrado vulnera las disposiciones del Derecho de la Unión
         sobre la protección de datos de carácter personal y la confidencialidad de las comunicaciones, ya que implica el tratamiento
         de las direcciones IP, que son datos personales.
      
      27      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente consideró que, antes de verificar si existe un mecanismo de filtrado
         y bloqueo de los archivos «peer to peer» y si tal mecanismo puede ser efectivo, ha de comprobarse que las obligaciones que
         podrían imponerse a Scarlet son conformes con el Derecho de la Unión.
      
      28      Dadas las circunstancias, la cour d’appel de Bruxelles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      Las Directivas 2001/29 y 2004/48, en relación con las Directivas 95/46, 2000/31 y 2002/58, interpretadas en particular a la
         luz de los artículos 8 y 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
         ¿permiten a los Estados miembros autorizar a un juez nacional que conoce de un procedimiento sobre el fondo, con arreglo a
         una sola disposición legal que establece que “asimismo, [el juez nacional] podrá dictar un requerimiento judicial de cese
         contra los intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para vulnerar derechos de autor o derechos afines”,
         para que ordene a un [PAI] que establezca, con respecto a toda su clientela, de manera abstracta y con carácter preventivo,
         exclusivamente a expensas de dicho PAI y sin limitación en el tiempo, un sistema de filtrado de todas las comunicaciones electrónicas,
         tanto entrantes como salientes, que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de programas
         “peer-to-peer”, con el fin de identificar en su red la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical,
         cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante de la medida alegue ser titular de derechos, y que a continuación
         bloquee la transmisión de dichos archivos, bien en el momento en que se pida un archivo o bien con ocasión del envío de éste?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿obligan dichas Directivas a un juez nacional, que conoce de una solicitud
         de requerimiento judicial de cese frente a un intermediario cuyos servicios son utilizados por un tercero para vulnerar derechos
         de autor, a aplicar el principio de proporcionalidad al pronunciarse sobre la efectividad y el efecto disuasorio de la medida
         solicitada?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
      29      Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente interesa saber, en esencia, si las Directivas 2000/31, 2001/29,
         2004/48, 95/46 y 2002/58, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los
         derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que
         se ordena a un PAI establecer un sistema de filtrado
      
      –        de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de
         programas «peer-to-peer»;
      
      –        que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;
      –        con carácter preventivo;
      –        exclusivamente a sus expensas y
      –        sin limitación en el tiempo,
      capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical,
         cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual,
         con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor (en lo sucesivo, «sistema
         de filtrado litigioso»).
      
      30      A este respecto, debe recordarse primeramente que, según los artículos 8, apartado 3, de la Directiva 2001/29 y 11, tercera
         frase, de la Directiva 2004/48, los titulares de derechos de propiedad intelectual podrán solicitar medidas cautelares contra
         los intermediarios, como los PAI, cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir sus derechos.
      
      31      Seguidamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la competencia atribuida con arreglo a dichos
         preceptos a los órganos jurisdiccionales nacionales debe permitir a éstos requerir a los citados intermediarios para que adopten
         medidas dirigidas no sólo a poner término a las lesiones de derechos de propiedad intelectual ya causadas a través de sus
         servicios de la sociedad de la información, sino también a evitar nuevas lesiones (véase, en este sentido, la sentencia de
         12 de julio de 2011, L’Oréal y otros, C‑324/09, Rec. p. I‑0000, apartado 131).
      
      32      Finalmente, de la misma jurisprudencia se deduce que las modalidades de los requerimientos judiciales que los Estados miembros
         deben prever con arreglo a los citados artículos 8, apartado 3, y 11, tercera frase, como pueden ser las relacionadas con
         los requisitos que deben cumplirse y el procedimiento que debe seguirse, quedarán reguladas por el Derecho nacional (véase
         mutatis mutandis la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 135).
      
      33      Ahora bien, tanto esas normas nacionales como su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales deben respetar las
         limitaciones previstas en las Directivas 2001/29 y 2004/48, así como las fuentes del Derecho a las que estas Directivas hacen
         referencia (véase, en este sentido, la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 138).
      
      34      Así pues, con arreglo al decimosexto considerando de la Directiva 2001/29 y al artículo 2, apartado 3, letra a), de la Directiva
         2004/48, dichas normas reguladas por los Estados miembros no podrán afectar a lo dispuesto en la Directiva 2000/31, concretamente
         en los artículos 12 a 15 de ésta.
      
      35      Por consiguiente, las citadas normas deben respetar, en particular, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2000/31, que
         prohíbe a las autoridades nacionales adoptar medidas que obliguen a un PAI a proceder a una supervisión general de los datos
         que transmita en su red.
      
      36      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha prohibición se extiende, concretamente, a las medidas nacionales
         que obliguen a un prestador de servicios intermediarios, como un PAI, a proceder a una supervisión activa del conjunto de
         datos de cada uno de sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. Por
         otra parte, tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 2004/48,
         según el cual, las medidas contempladas por esta Directiva deben ser equitativas y proporcionadas y no deben resultar excesivamente
         gravosas (véase la sentencia L’Oréal y otros, antes citada, apartado 139).
      
      37      Dadas las circunstancias, ha de examinarse si el requerimiento judicial controvertido en el litigio principal, que ordenaría
         al PAI establecer el sistema de filtrado litigioso, le obligaría con ello a proceder a una supervisión activa del conjunto
         de datos de cada uno de sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual.
      
      38      A este respecto, consta en autos que el establecimiento de dicho sistema de filtrado implicaría
      
      –        que el PAI identifique, en primer lugar, de entre el conjunto de las comunicaciones electrónicas de todos sus clientes, los
         archivos correspondientes al tráfico «peer-to-peer»;
      
      –        que identifique, en segundo lugar, en el ámbito de dicho tráfico, los archivos que contengan obras sobre las que los titulares
         de derechos de propiedad intelectual tengan supuestamente derechos;
      
      –        que determine, en tercer lugar, cuáles de esos archivos se intercambian de un modo ilícito y
      –        que proceda, en cuarto lugar, a bloquear los intercambios de archivos que considere ilícitos.
      39      Por lo tanto, dicha supervisión preventiva exigiría una vigilancia activa de la totalidad de las comunicaciones electrónicas
         efectuadas en la red del PAI afectado y, por lo tanto, comprendería todos los datos que se vayan a transmitir y todos los
         clientes que utilicen dicha red.
      
      40      Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que el requerimiento judicial por el que se ordena al PAI afectado establecer
         el sistema de filtrado litigioso le obligaría a proceder a una supervisión activa del conjunto de datos respecto de todos
         sus clientes con el fin de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual. De ello se desprende que
         el citado requerimiento judicial impondría a dicho PAI una supervisión general prohibida por el artículo 15, apartado 1, de
         la Directiva 2000/31.
      
      41      A efectos de valorar la conformidad de dicho requerimiento judicial con el Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta asimismo
         los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables, como los citados por el órgano jurisdiccional
         remitente.
      
      42      A este respecto, debe recordarse que el requerimiento judicial controvertido en el litigio principal tiene por objeto garantizar
         la protección de los derechos de autor, que forman parte del derecho de propiedad intelectual y que pueden ser vulnerados
         por la naturaleza y el contenido de determinadas comunicaciones electrónicas efectuadas por intermediación de la red del PAI
         afectado.
      
      43      Ciertamente, la protección del derecho de propiedad intelectual está consagrada en el artículo 17, apartado 2, de la Carta
         de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Ahora bien, ni de dicho precepto ni de la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia se desprende en modo alguno que ese derecho sea intangible o que su protección deba garantizarse
         en términos absolutos.
      
      44      En efecto, tal y como se desprende de los apartados 62 a 68 de la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae (C‑275/06,
         Rec. p. I‑271), la protección del derecho fundamental de propiedad, del que forman parte los derechos vinculados a la propiedad
         intelectual, debe ponderarse con respecto a la protección de otros derechos fundamentales.
      
      45      Concretamente, del apartado 68 de dicha sentencia se deduce que, en el marco de las medidas adoptadas para proteger a los
         titulares de derechos de autor, corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales garantizar un justo equilibrio
         entre la protección de ese derecho y la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por tales medidas.
      
      46      Por lo tanto, en las circunstancias del litigio principal, las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales deben garantizar,
         en particular, un justo equilibrio entre la protección del derecho de propiedad intelectual que ampara a los titulares de
         derechos de autor y la protección de la libertad de empresa que ampara a los operadores, como los PAI, en virtud del artículo
         16 de la Carta.
      
      47      Pues bien, en el caso de autos, el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado litigioso
         implica supervisar, en interés de dichos titulares, la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en la red del
         PAI afectado, supervisión que, además, es ilimitada en el tiempo, comprende toda lesión futura y se supone que debe proteger
         no sólo las obras existentes, sino también las obras futuras que aún no se hayan creado cuando se establezca ese sistema.
      
      48      Por lo tanto, dicho requerimiento judicial implicaría una vulneración sustancial de la libertad de empresa del PAI afectado,
         dado que le obligaría a establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas, que
         además sería contrario a los requisitos recogidos en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48, el cual exige que
         las medidas adoptadas para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual no sean inútilmente complejas o
         gravosas.
      
      49      Dadas las circunstancias, procede considerar que el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado
         litigioso no respeta el requisito de garantizar un justo equilibrio entre, por un lado, la protección del derecho de propiedad
         intelectual que ampara a los titulares de derechos de autor y, por otro, la protección de la libertad de empresa que ampara
         a los operadores, como los PAI.
      
      50      Por otro lado, los efectos de dicho requerimiento judicial no se limitarían al PAI afectado, ya que el sistema de filtrado
         litigioso también puede vulnerar los derechos fundamentales de los clientes de ese PAI, a saber, su derecho a la protección
         de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, derechos que se encuentran protegidos por
         los artículos 8 y 11 de la Carta.
      
      51      En efecto, consta en autos, por un lado, que el requerimiento judicial por el que se ordena establecer el sistema de filtrado
         litigioso implicaría un análisis sistemático de todos los contenidos y la recopilación e identificación de las direcciones
         IP de los usuarios que hayan originado el envío de contenidos ilícitos en la red, dándose la circunstancia de que dichas direcciones
         son datos protegidos de carácter personal, ya que permiten identificar concretamente a tales usuarios.
      
      52      Por otro lado, dicho requerimiento judicial podría vulnerar la libertad de información, dado que se corre el riesgo de que
         el citado sistema no distinga suficientemente entre contenidos lícitos e ilícitos, por lo que su establecimiento podría dar
         lugar al bloqueo de comunicaciones de contenido lícito. En efecto, es incontrovertido que el carácter lícito de una transmisión
         depende igualmente de la aplicación de excepciones legales a los derechos de autor que varían de un Estado miembro a otro.
         Además, en determinados Estados, ciertas obras pueden pertenecer al dominio público o los autores afectados pueden ponerlas
         gratuitamente a disposición pública en Internet.
      
      53      Por consiguiente, procede declarar que, si adoptara el requerimiento judicial por el que se obliga al PAI a establecer el
         sistema de filtrado litigioso, el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no respetaría el requisito de garantizar un justo
         equilibrio entre, por un lado, el derecho de propiedad intelectual y, por otro, la libertad de empresa, el derecho a la protección
         de datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.
      
      54      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que las Directivas 2000/31,
         2001/29, 2004/48, 95/46 y 2002/58, leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección
         de los derechos fundamentales aplicables, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por
         el que se ordena a un PAI establecer el sistema de filtrado litigioso.
      
       Costas
      55      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      Las Directivas:
      –        2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los
            servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre
            el comercio electrónico);
      –        2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos
            de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información;
      –        2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
            intelectual;
      –        95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas
            en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y
      –        2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y
            a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
            electrónicas),
      leídas conjuntamente e interpretadas a la luz de los requisitos derivados de la protección de los derechos fundamentales aplicables,
            deben interpretarse en el sentido de que se oponen a un requerimiento judicial por el que se ordena a un proveedor de acceso
            a Internet establecer un sistema de filtrado
      –        de todas las comunicaciones electrónicas que circulen a través de sus servicios, en particular mediante la utilización de
            programas «peer-to‑peer»;
      –        que se aplique indistintamente con respecto a toda su clientela;
      –        con carácter preventivo;
      –        exclusivamente a sus expensas y
      –        sin limitación en el tiempo,
      capaz de identificar en la red de dicho proveedor la circulación de archivos electrónicos que contengan una obra musical,
            cinematográfica o audiovisual sobre la que el solicitante del requerimiento alegue ser titular de derechos de propiedad intelectual,
            con el fin de bloquear la transmisión de archivos cuyo intercambio vulnere los derechos de autor.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.