CELEX: C2006/294/132
Language: es
Date: 2006-12-02 00:00:00
Title: Asunto F-117/06: Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2006 — Loy/Parlamento

2.12.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 294/66
            
         Recurso interpuesto el 2 de octubre de 2006 — Loy/Parlamento
   (Asunto F-117/06)
   (2006/C 294/132)
   Lengua de procedimiento: italiano
   Partes
   
      Demandante: Maddalena Loy (Roma, Italia ) (representante: A. Fratini, abogado)
   
      Demandado: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la demandante
   
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               Que se anule la resolución del Parlamento Europeo de 30 de enero de 2006, en virtud de la cual, por un lado, se notificó a la demandante la decisión de cambiarla de destino, disponiendo su traslado desde la Oficina del Parlamento Europeo para Italia, con sede en Roma, a la Dirección General de Información, con sede en Bruselas, y, por otro lado, se decidió prorrogar la duración del contrato de agente temporal de la demandante hasta el 16 de julio de 2006, en lugar de hasta el 31 de diciembre de 2009, como había acordado inicialmente el Parlamento.
            
         
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               Que se condene al demandado a abonar, junto con los intereses de demora, todas las retribuciones mensuales correspondientes a las funciones de agregado de prensa de la demandante en Roma, a partir de la fecha en que habría debido surtir efecto la renovación del contrato de agente temporal, es decir, el 1 de enero de 2006, y hasta el 31 de diciembre de 2009.
            
         
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               Que se condene al demandado a resarcir el daño material, estimado en 240.414,42 euros, y el daño moral, en cuantía de 500.000 euros o en la cuantía, superior o inferior, que el Tribunal considere procedente con arreglo a Derecho.
            
         
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               Que se condene en costas al demandado.
            
         Motivos y principales alegaciones
   Para fundamentar su recurso, la demandante invoca siete motivos:
   
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               El primer motivo se basa en la violación del principio de confianza legítima, habida cuenta de que la Administración indujo a la demandante a creer, más allá de toda duda razonable, que sería confirmada en su función de agregado de prensa en la Oficina del Parlamento Europeo en Roma y que su contrato se prorrogaría hasta el 31 de diciembre de 2009.
            
         
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               El segundo motivo se refiere a un vicio sustancial de forma por motivación insuficiente y contradictoria. En particular, la aseveración relativa a la insuficiente capacidad profesional de la demandante resulta contradictoria con los informes relativos a ésta redactados con arreglo al artículo 43 del Estatuto.
            
         
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               El tercer motivo versa sobre la ilegalidad resultante del error manifiesto en la apreciación de las circunstancias fundamentales y de haberse incurrido en contradicciones. La causa de la decisión de cambio de destino no radica en la incompetencia profesional ni en las necesidades del servicio, sino en el deseo de represalia del superior jerárquico de la demandante.
            
         
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               El cuarto motivo se basa en el incumplimiento del deber de asistencia y protección, en la medida en que, según la demandante, la resolución impugnada se adoptó sin la debida diligencia y sin haber tenido en cuenta los intereses del empleado.
            
         
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               El quinto motivo se refiere a la violación de los principios de proporcionalidad y de buena administración. Por un lado, la demandante alega que no recibió ningún aviso previo sobre su posible traslado en un tiempo tan breve. Por otro lado, no se valoraron debidamente los hechos en los que se basó la resolución impugnada y no se observaron las disposiciones del Estatuto relativas a los comportamientos cuestionados.
            
         
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               El sexto motivo versa sobre la violación del derecho de defensa, en particular sobre el hecho de que el Parlamento Europeo, a pesar de haber oído a la demandante, no tuvo en cuenta sus declaraciones ni ofreció ninguna posibilidad de un debate contradictorio entre las partes.
            
         
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               El séptimo motivo se basa en el incumplimiento del deber de asistencia previsto en el artículo 24 del Estatuto, que obliga a la Administración a asistir a los funcionarios incluso en el supuesto de que el autor de los hechos mencionados en dicha disposición sea otro funcionario. A pesar de que la demandante aportó un principio de prueba idóneo para fundamentar sus alegaciones, la Administración no adoptó ninguna medida adecuada al afecto.