CELEX: 62007TJ0222
Language: es
Date: 2008-09-08
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala de Casación) de 8 de septiembre de 2008. # Petrus Kerstens contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Plazo para presentar la reclamación. # Asunto T-222/07 P.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala de Casación)
      de 8 de septiembre de 2008
      Asunto T‑222/07 P
      Petrus Kerstens
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas 
      «Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Informe de evolución de carrera — Plazo de reclamación — Extemporaneidad — Recurso de casación infundado»
      Objeto: Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 25
         de abril de 2007, Kerstens/Comisión (F‑59/06, aún no publicado en la Recopilación), en el que se solicita la anulación de
         dicho auto.
      
      Resultado: Se desestima el recurso. Se condena en costas al Sr. P. Kerstens.
      
      Sumario
      1.      Recurso de casación — Objeto — Pretensiones por las que se solicita la remisión del asunto a otra Sala del Tribunal de la
            Función Pública — Inadmisibilidad
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 139, ap. 1)
      2.      Procedimiento — Decisión adoptada por medio de auto motivado — Requisitos — Recurso manifiestamente inadmisible o que carece
            manifiestamente de fundamento jurídico
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 111; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, art. 3,
            ap. 4)
      3.      Procedimiento — Decisión adoptada por medio de auto motivado — Requisitos — Audiencia del Abogado General
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 111; Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo, art. 3,
            ap. 4)
      4.      Procedimiento — Decisión adoptada por medio de auto motivado — Requisitos — Recurso manifiestamente inadmisible o que carece
            manifiestamente de fundamento jurídico
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 111; Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)
      5.      Procedimiento — Diligencias de ordenación del procedimiento — Invitación dirigida al recurrente para que se pronuncie sobre
            la admisibilidad del recurso a la luz de los documentos proporcionados por la recurrida en su oposición — Respeto del principio
            de contradicción
      (Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 44, 46 y 64, ap. 3)
      1.      Las pretensiones relativas a la remisión del asunto por el Tribunal de Primera Instancia a otra Sala del Tribunal de la Función
         Pública no se corresponden con ninguna de las categorías de pretensiones previstas, con carácter exhaustivo, en el artículo
         139, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y, en consecuencia, debe declararse su
         inadmisibilidad.
      
      (véase el apartado 24)
      2.      Hasta la entrada en vigor de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de la Función Pública, sobre la base del artículo
         111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, podrá decidir resolver sobre la inadmisibilidad manifiesta
         del recurso sin abrir la fase oral, si se considera suficientemente informado por los documentos obrantes en autos, y ello
         sin estar obligado a recabar el acuerdo de las partes, aun después de haber admitido un doble intercambio de escritos de alegaciones.
      
      (véanse los apartados 32, 34 y 35)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 2004, Ripa di Meana/Parlamento (C‑360/02 P, Rec. p. I‑10339), apartado 35
      3.      Toda vez que la aplicación mutatis mutandis del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia a los procedimientos ante el Tribunal
         de la Función Pública hasta la entrada en vigor del Reglamento de Procedimiento de este último implica necesariamente la toma
         en consideración de la organización interna del referido Tribunal, dicha disposición no puede imponer intervención alguna
         de Abogado General y menos aún de tercero imparcial e independiente en los procedimientos ante el Tribunal de la Función Pública.
         En efecto, ni el Tratado CE, ni la Decisión 2004/752, ni el Estatuto del Tribunal de Justicia establecen que el Tribunal de
         la Función Pública esté asistido por Abogados Generales. Además, tampoco se prevé que, en determinados asuntos, un miembro
         del Tribunal de la Función Pública pueda ser elegido por dicho Tribunal para ejercer las funciones de Abogado General.
      
      (véanse los apartados 49 y 50)
      4.      Si bien es cierto que la determinación del momento exacto en que se conoce el acto lesivo puede ser discutida por las partes
         y puede requerir una apreciación de distintos elementos de prueba por el juez comunitario, e incluso necesitar que se acuerden
         diligencias de prueba del procedimiento, no obstante, desde el momento en que el juez comunitario determinó con precisión
         el dies a quo para la interposición de la reclamación, el hecho de sobrepasar el plazo de tres meses establecido en el artículo 90, apartado
         2, del Estatuto lleva inevitablemente a la inadmisibilidad manifiesta del recurso, que puede apreciarse por medio de auto
         motivado como se establece en el artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. El carácter
         manifiesto de la inadmisibilidad del recurso está relacionado con el hecho de sobrepasar el plazo para interponer la reclamación
         como tal y no con la dificultad eventual para determinar el dies a quo o el número exacto de días que han excedido del citado plazo de tres meses.
      
      (véanse los apartados 48 y 58)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 19 de enero de 2006, AIT/Comisión (C‑547/03 P, Rec. p. I‑845), apartado 30
      5.      Corresponde, en principio, a las partes aportar los elementos de prueba que apoyen sus afirmaciones. Sin embargo, éstos deben
         ser objeto de debate contradictorio. El hecho de que, en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, el Tribunal
         de Primera Instancia haya instado al recurrente a pronunciarse por escrito sobre la admisibilidad del recurso, a la luz de
         los elementos de prueba proporcionados por la parte recurrida en el escrito de dúplica, demuestra el respeto del principio
         de contradicción, ya que la calificación del anexo de la dúplica como elemento de prueba no implica juicio alguno sobre su
         valor probatorio.
      
      (véanse los apartados 73 a 75)
      Referencia: Tribunal de Justicia, 4 de octubre de 2007, É.R. y otros/Consejo y Comisión (C‑100/07 P), apartado 27