CELEX: 62003CJ0213
Language: es
Date: 2004-07-15
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 15 de julio de 2004.#Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région contra Électricité de France (EDF).#Petición de decisión prejudicial: Cour de cassation - Francia.#Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) - Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre - Artículo 6, apartado 3 - Autorización de descarga - Efecto directo.#Asunto C-213/03.

Asunto C‑213/03
      Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région
      contra
      Électricité de France (EDF)
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]
      «Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona) – Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre – Artículo 6, apartado 3 – Autorización de descarga – Efecto directo»
      Sumario de la sentencia
      1.        Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Efecto directo – Requisitos – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo
            sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo
            revisado – Obligación de los Estados miembros de sujetar a un régimen de autorización las descargas de determinadas sustancias
      (Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo
            revisado, art. 6, ap. 1)
      2.        Acuerdos internacionales – Acuerdos de la Comunidad – Artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo
            contra la contaminación de origen terrestre y artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado – Descarga de sustancias no tóxicas
            – Prohibición a falta de autorización previa
      (Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, art. 6, ap. 3, y Protocolo
            revisado, art. 6, ap. 1)
      1.        Una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros países debe considerarse directamente aplicable cuando,
         a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del acuerdo, contiene una obligación clara y precisa que,
         en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto ulterior alguno.
      
      Tal es el caso del artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
         de origen terrestre y del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado que consagran, en términos claros, precisos
         e incondicionales, la obligación impuesta a los Estados miembros de sujetar las descargas de sustancias mencionadas en el
         anexo II del mismo Protocolo a la expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes, para lo cual
         se han de tener debidamente en cuenta las disposiciones de su anexo III. En consecuencia, dado que estas disposiciones tienen
         efecto directo, toda persona interesada tiene derecho a invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
      
      (véanse los apartados 39, 41 y 47 y el punto 1 del fallo)
      2.        El artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre
         y el artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo revisado han de interpretarse en el sentido de que, cuando no se dispone
         de una autorización expedida por las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido de sustancias que, si bien no
         son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del medio marino, puesto que estas disposiciones no
         someten expresamente la exigencia de autorización previa a la toxicidad de éstas.
      
      (véanse los apartados 49 y 52 y el punto 2 del fallo)

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)de 15 de julio de 2004(1)
         
         
               «Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona)  –  Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre  –  Artículo 6, apartado 3  –  Autorización de descarga  –  Efecto directo»
               
             En el asunto C‑213/03,
             que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation
            (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
            
            
            
            Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région
            
            y
            
            Électricité de France (EDF),
            
            
             una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo
            contra la contaminación de origen terrestre, firmado en Atenas el 17 de mayo de 1980, aprobado por la Decisión 83/101/CEE
            del Consejo, de 28 de febrero de 1983 (DO L 67, p. 1; EE 15/04, p. 100), así como del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo,
            tal como fue enmendado en la Conferencia de plenipotenciarios, celebrada en Siracusa los días 7 y 8 de marzo de 1996, habiendo
            sido aprobadas las enmiendas por la Decisión 1999/801/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999 (DO L 322, p. 18),
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),,
            
             integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann, J.-P. Puissochet, J.N. Cunha Rodrigues y
            R. Schintgen (Ponente), Jueces;
            
             Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;Secretario: Sra. M. Múgica Arzamendi, administradora principal;
            
            
            consideradas las observaciones escritas presentadas:
               
               –
                en nombre del Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région, por la Sra. W. Viscardini,
               abogado;
               
               –
                en nombre de Électricité de France (EDF), por los Sres. O. Coutard y M. Mayer, abogados;
               
               –
                en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y E. Puisais, en calidad de agentes;
               
               –
                en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. G. Valero Jordana y B. Stromsky, en calidad de agentes;
               
               
            
            
            
            
            oídas las observaciones orales del Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l'étang de Berre et de la région, de
               Électricité de France, del Gobierno francés y de la Comisión, en la vista de 10 de marzo de 2004;
            
            
            vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
         dicta la siguiente
         
         
         Sentencia
         1
            
          Mediante resolución de 6 de mayo de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de mayo siguiente, la Cour de cassation
         (Francia) planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 6, apartado
         3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, firmado en Atenas el
         17 de mayo de 1980, aprobado por la Decisión 83/101/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1983 (DO L 67, p. 1; EE 15/04, p. 100;
         en lo sucesivo, «Protocolo»), así como del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo, tal como fue enmendado en la Conferencia
         de plenipotenciarios, celebrada en Siracusa los días 7 y 8 de marzo de 1996, habiendo sido aprobadas las enmiendas por la
         Decisión 1999/801/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999 (DO L 322, p. 18; en lo sucesivo, «Protocolo revisado»).
         
         
         
         2
            
          Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l’étang
         de Berre et de la région (en lo sucesivo, «coordination des pêcheurs») y Électricité de France (en lo sucesivo, «EDF») relativo
         a vertidos efectuados por la central hidroeléctrica de Saint-Chamas (Francia) en la laguna de Berre.
         
         
            
               Marco jurídico
            
         
         3
            
          El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, firmado en Barcelona el 16 de febrero de 1976
         (DO 1977, L 240, p. 3, EE 15/02, p. 5; en lo sucesivo, «Convenio»), fue aprobado por la Comunidad Económica Europea mediante
         la Decisión 77/585/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977 (DO L 240, p. 1; EE 15/02, p. 3).
         
         
         
         4
            
          El artículo 2, letra a), del Convenio define el término «contaminación» del modo siguiente:
         «[...] la introducción directa o indirecta en el medio marino, por el hombre, de sustancias o energía que produzcan efectos
         deletéreos, tales como daños a los recursos vivos, peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades marinas,
         incluida la pesca, la deterioración cualitativa del agua del mar y la reducción de las posibilidades de esparcimiento».
         
         
         
         5
            
          A tenor del artículo 4, apartado 1, del Convenio:
         «Las Partes Contratantes tomarán, individual o colectivamente, todas las medidas apropiadas, de acuerdo con las disposiciones
         del presente Convenio y de los protocolos en vigor en los que sean parte para prevenir, reducir y combatir la contaminación
         de la Zona del Mar Mediterráneo y para proteger y mejorar el medio marino en dicha Zona.»
         
         
         
         6
            
          El artículo 8 del Convenio precisa que:
         «Las Partes Contratantes tomarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y combatir la contaminación de la Zona
         del Mar Mediterráneo causada por desagües de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedentes de cualesquiera otras
         fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios.»
         
         
         
         7
            
          En el mismo sentido, el artículo 1 del Protocolo dispone lo siguiente:
         «Las Partes Contratantes […] adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir, combatir y controlar la contaminación
         de la Zona del Mar Mediterráneo causada por descargas de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedente de cualesquiera
         otras fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios.»
         
         
         
         8
            
          Conforme al artículo 3, letra c), del Protocolo:
         «La zona de aplicación del presente Protocolo (denominada en lo sucesivo, la “Zona del Protocolo”) comprende:
         [...]
          c)       las lagunas de agua salada que estén en comunicación con el mar.»
         
         
         
         9
            
          El artículo 4, apartado 1, letra a), establece que el Protocolo se aplica a «las descargas contaminantes que lleguen a la
         Zona del Protocolo procedentes de fuentes terrestres situadas en los territorios respectivos de las Partes, en particular:
         
         
         
          
         –
            directamente, a través de emisarios o mediante depósitos y descargas costeros;
         
         
         
         
          
         –
            indirectamente, a través de ríos, canales u otros cursos de agua, incluidos los subterráneos, o por medio de escorrentías».
         
         
         
         
         
         10
            
          A tenor del artículo 6, apartados 1 y 3, del Protocolo:
         «1.     Las Partes se comprometen a reducir estrictamente en la Zona del Protocolo la contaminación de origen terrestre provocada
         por las sustancias o fuentes enumeradas en el anexo II del presente Protocolo.
         […]
          3.       Tales descargas estarán sujetas estrictamente a la expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes,
         para lo cual se tendrán debidamente en cuenta las disposiciones del anexo III [...]»
         
         
         
         11
            
          Conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), del Protocolo:
         «Las Partes elaborarán y adoptarán gradualmente, en colaboración con las organizaciones internacionales competentes, directrices
         y, en su caso, normas o criterios comunes referentes en particular a:
         [...]
         
         e)
            los requisitos especiales relativos a las cantidades vertidas, la concentración de sustancias en los efluentes y los métodos
               de descarga de las sustancias enumeradas en los anexos I y II.»
            
         
         
         
         
         12
            
          Resulta de los párrafos 11 y 13 de la sección A del anexo II del Protocolo que están comprendidas en el régimen previsto en
         el artículo 6 del mismo las «[sustancias] que directa o indirectamente ejerzan una influencia desfavorable en la concentración
         de oxígeno en el medio marino, especialmente aquéllas que puedan provocar fenómenos de eutrofismo», y las «[sustancias] que,
         aun sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas para el medio marino u obstaculizar cualquier uso legítimo del mar
         como consecuencia de las cantidades vertidas».
         
         
         
         13
            
          La sección B del anexo II precisa que:
         «El control y la rigurosa limitación de las descargas de las sustancias indicadas en la sección A deberán realizarse de acuerdo
         con lo dispuesto en el anexo III.»
         
         
         
         14
            
          El anexo III del Protocolo enumera los factores que han de tenerse en cuenta «[para] la expedición de una autorización de
         descarga de desechos que contengan las sustancias indicadas en el anexo II […]». Así, los Estados partes deben tener en cuenta
         las «[características] y composición de los desechos», las «[características] de los componentes de los desechos con respecto
         a su nocividad», las «[características] del lugar de descarga y del medio marino receptor», la «[disponibilidad] de tecnologías
         relacionadas con los desechos» y, por último, la «[posible] perturbación de los ecosistemas marinos y de los usos del agua
         del mar».
         
         
         
         15
            
          A tenor del artículo 3, letra d), del Protocolo revisado, que corresponde al artículo 3, letra c), del Protocolo, la zona
         de aplicación de este último comprende:
         «[...]
         
         d) 
            [las] aguas salobres y las aguas salinas litorales, incluidas las marismas y las lagunas litorales, y las aguas subterráneas
               que se comunican con el mar Mediterráneo».
            
         
         
         
         
         16
            
          El artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado dispone:
         «Las descargas en la zona del Protocolo desde fuentes puntuales y las descargas en el agua o las emisiones a la atmósfera
         que alcancen y que puedan afectar al área mediterránea, tal como se define en las letras a), c) y d) del artículo 3 del Protocolo,
         estarán sometidas estrictamente a la autorización o regulación de las autoridades competentes de las Partes, teniendo debidamente
         en cuenta lo dispuesto en el presente Protocolo y en su anexo II, así como las decisiones o recomendaciones pertinentes aprobadas
         en las reuniones de las Partes contratantes.»
         
         
         
         17
            
          El anexo I C del Protocolo revisado enumera las «las categorías de sustancias y fuentes de contaminación» que «servirán de
         orientación en la preparación de planes de acción, programas y medidas». En particular, el párrafo 17 menciona las «[sustancias]
         no tóxicas que tienen efectos perjudiciales en el contenido de oxígeno del medio marino».
         
         
         
         18
            
          El Protocolo revisado suprime el antiguo anexo II y convierte en «anexo II», modificándolo, el antiguo anexo III.
         
         El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
         
         19
            
          La laguna de Berre, de 15.000 hectáreas de superficie y situada en Francia, es una laguna de agua salada que comunica directamente
         con el mar Mediterráneo.
         
         
         
         20
            
          La coordination des pêcheurs se quejó en varias ocasiones a EDF, de la deterioración del medio acuático de la laguna de Berre,
         debida, principalmente, a los aportes de agua dulce procedentes del Durance y descargados artificialmente en esta laguna cada
         vez que se ponen en funcionamiento las turbinas de la central hidroeléctrica de Saint-Chamas.
         
         
         
         21
            
          El 1 de septiembre de 1999, la coordination des pêcheurs hizo que se citara a EDF en un procedimiento de medidas cautelares
         ante el tribunal de grande instance de Marsella (Francia) por vías de hecho, con el fin de que se ordenara, bajo multa coercitiva,
         el cese de la explotación de la central hidroeléctrica de Saint-Chamas. La coordination des pêcheurs alegaba, en particular,
         que EDF vertía las descargas de esta central sin haber obtenido la autorización previa prevista en el artículo 6, apartado 3,
         del Protocolo.
         
         
         
         22
            
          Mediante auto de 25 de octubre de 1999, el Juez de medidas provisionales de primera instancia desestimó la demanda de medidas
         provisionales. Aunque reconocía la existencia de la perturbación causada por la puesta en funcionamiento de las turbinas de
         la central hidroeléctrica, consideró:
         «Que, por lo que respecta a la aplicación del Derecho comunitario, en especial de los Convenios de Barcelona y el Protocolo
         de Atenas, […], la cuestión de su efecto directo para los justiciables plantea también conflictos que no son de la competencia
         del órgano jurisdiccional que conoce del recurso principal.
          Habida cuenta de que la cuestión de si el hecho de que EDF explote la central hidroeléctrica de Saint-Chamas constituye una
         perturbación manifiestamente ilícita, es decir, una vía de hecho en el sentido que generalmente entiende la jurisprudencia,
         plantea conflictos demasiado serios para que el juez de medidas provisionales pueda intervenir y poner fin a tres decenios
         de explotación, decisión demasiado seria por cuanto conlleva consecuencias gravísimas, en particular desde el punto de vista
         de la producción y de la seguridad del sistema eléctrico de la región […]»
         
         
         
         23
            
          La coordination des pêcheurs interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia ante la cour d’appel d’Aix-en-Provence
         (Francia), que lo desestimó mediante sentencia de 21 de septiembre de 2000. La cour d’appel declaró, en particular, «que los
         diferentes artículos [del Protocolo] son interdependientes» y que el artículo 6, apartado 3, «no puede considerarse de modo
         aislado, de manera que ninguna autorización de descarga puede ser válida y eficazmente solicitada por EDF al amparo de ese
         Protocolo, mientras el Estado francés no haya definido los criterios técnicos aplicables, ya que ninguna resolución al respecto
         podría adoptarse».
         
         
         
         24
            
          La coordination des pêcheurs interpuso un recurso de casación contra esta sentencia, alegando, entre otros motivos, que EDF
         había infringido el artículo 6, apartado 3, del Protocolo cuya aplicación había sido erróneamente excluida por la cour d’appel.
         
         
         
         25
            
          En estas circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos
         cuestiones prejudiciales siguientes:
         
         «1)
            ¿Debe considerarse que el artículo 6, apartado 3, del Protocolo […], actualmente artículo 6, apartado 1, según su texto modificado,
               tiene efecto directo, de modo que toda persona interesada pueda invocarlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales en
               apoyo de una acción dirigida a obtener el cese de las descargas de agua que no hayan sido autorizadas conforme al procedimiento
               y los criterios que prevé?
            
         
         
         2)
            ¿Debe interpretarse la misma norma en el sentido de que prohíbe a toda persona verter en una laguna salada que comunica con
               el mar Mediterráneo sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del
               medio marino, sin haber obtenido una autorización expedida por las autoridades competentes de los Estados miembros, con arreglo
               a las disposiciones del Protocolo antes citado y de su anexo III C (actualmente anexo II)?»
            
         
         
         Sobre la pertinencia del Protocolo revisado para la solución del litigio principal
         
         26
            
          EDF y el Gobierno francés consideran que únicamente procede interpretar el Protocolo, puesto que el Protocolo revisado todavía
         no ha entrado en vigor.
         
         
         
         27
            
          A este respecto, conforme a reiterada jurisprudencia, el procedimiento previsto en el artículo 234 CE es un instrumento de
         cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en particular, las sentencias
         de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias, C‑343/90, Rec. p. I‑4673, apartado 14, y de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom,
         C‑314/01, Rec. p. I‑0000, apartado 33, y la jurisprudencia citada).
         
         
         
         28
            
          En el marco de esta cooperación, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio, el único que posee un conocimiento
         directo de los hechos del asunto principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse,
         es el mejor situado para apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial
         para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véanse, en particular,
         las sentencias Lourenço Dias, antes citada, apartado 15; de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607,
         apartado 18, y Siemens y ARGE Telekom, antes citada, apartado 34).
         
         
         
         29
            
          En el presente asunto, no es en modo alguno evidente que la interpretación del artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado
         carezca de utilidad para la solución del litigio principal. Como observó acertadamente la Comisión, no cabe excluir que, en
         el supuesto de que la Cour de cassation case la sentencia de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, el Protocolo revisado haya
         entrado en vigor cuando proceda pronunciarse nuevamente sobre el fondo del litigio principal.
         
         
         
         30
            
          Se debe por tanto tener también en cuenta el Protocolo revisado en las respuestas que han de darse a las cuestiones prejudiciales.
         
         Sobre el efecto directo de los artículos 6, apartado 3, del Protocolo y 6, apartado 1, del Protocolo revisadoObservaciones de las partes
         
         31
            
          EDF alega que existe una interdependencia entre las distintas disposiciones del Protocolo que hace imposible reconocer efecto
         directo a su artículo 6, apartado 3, aunque éste contenga una estipulación clara y precisa.
         
         
         
         32
            
          Así, el artículo 6, apartado 1, del Protocolo establece el objetivo de «reducir estrictamente» la contaminación provocada
         por las sustancias o fuentes enumeradas en el anexo II (incluidas las sustancias que tienen efectos perjudiciales en el contenido
         de oxígeno). Con este fin, conforme al apartado 2 las Partes han de aplicar, «conjunta o individualmente», según el caso,
         «los programas y medidas adecuados». Por último, el apartado 3 obliga a obtener una «autorización que tenga en cuenta los
         distintos factores que se mencionan en el anexo III». Pues bien, según EDF, el carácter de la obligación de «tener en cuenta»
         es muy vago y, si no se precisa, puede llevar a someter a autorización todas las descargas por el mero hecho de que se refieren
         a una de las sustancias que se enumeran en el anexo II del Protocolo. Sin embargo, esta exigencia es completamente desproporcionada
         para lograr el objetivo perseguido por el referido Protocolo.
         
         
         
         33
            
          EDF invoca también el artículo 7, apartado 1, del Protocolo relativo a las «normas o criterios comunes» cuya elaboración es
         necesaria antes de establecer un sistema de autorización previa. Pues bien, hasta la fecha no se han definido estas normas
         y criterios por lo que respecta a las descargas de que se trata.
         
         
         
         34
            
          Además, en la medida en que la Comunidad es parte en el Convenio y en el Protocolo, las normas que deben promulgarse para
         su aplicación podrían ser principalmente de orden comunitario. Ahora bien, según EDF, no existe por el momento ninguna directiva
         relativa a las descargas de agua dulce y de limo en una laguna salada.
         
         
         
         35
            
          Por su parte, la coordination des pêcheurs, el Gobierno francés y la Comisión defienden la tesis del efecto directo del artículo
         6, apartado 3, del Protocolo basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de
         30 de septiembre de 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, apartado 14).
         
         
         
         36
            
          Consideran que, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del mismo, el artículo 6, apartado 3, del
         Protocolo contiene la obligación clara, precisa e incondicional de sujetar las descargas de sustancias contempladas en el
         anexo II del Protocolo a la expedición de una autorización previa de las autoridades nacionales competentes. A su juicio,
         la prohibición estricta de realizar descargas sin una autorización de este tipo no está sujeta, en su ejecución o en sus efectos,
         a reserva alguna ni a la intervención de un acto posterior. Además, el anexo III del Protocolo, al que se remite el artículo
         6, apartado 3, enumera todos los factores que han de tenerse en cuenta para la expedición de la autorización.
         
         
         
         37
            
          Según la Comisión, la ausencia de medidas, programas y directrices adoptadas conjuntamente no produce el efecto de paralizar
         la aplicación del Protocolo ni de impedir la expedición de autorizaciones de descarga, sino que aumenta el margen de apreciación
         de los Estados miembros al expedir dichas autorizaciones, cuyo ejercicio está sujeto a control jurisdiccional.
         
         
         
         38
            
          La coordination des pêcheurs y la Comisión añaden que la versión del artículo 6, que resulta del Protocolo revisado y las
         demás enmiendas de los anexos no modifican la afirmación precedente.
         
         Apreciación del Tribunal de Justicia
         
         39
            
          Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros
         países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del
         acuerdo, contiene una obligación clara y precisa, que en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto
         ulterior alguno (véanse, en particular, las sentencias Demirel, antes citada, apartado 14, y de 8 de mayo de 2003, Wählergruppe
         Gemeinsam, C‑171/01, Rec. p. I‑4301, apartado 54).
         
         
         
         40
            
          Para determinar si el artículo 6, apartado 3, del Protocolo responde a dichos criterios, debe abordarse, en primer lugar,
         el examen de su texto.
         
         
         
         41
            
          A este respecto, procede señalar que dicha disposición consagra, en términos claros, precisos e incondicionales, la obligación
         impuesta a los Estados miembros de sujetar las descargas de sustancias mencionadas en el anexo II del mismo Protocolo a la
         expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes, para lo cual se han de tener debidamente en cuenta
         las disposiciones de su anexo III.
         
         
         
         42
            
          Como señaló acertadamente la Comisión, el hecho de que las autoridades nacionales dispongan de un margen de apreciación al
         expedir dichas autorizaciones, a la vista de los criterios mencionados en el anexo III, en nada disminuye la precisión y el
         carácter incondicional de la prohibición que resulta del artículo 6, apartado 3, del Protocolo de realizar las descargas sin
         disponer de una autorización previa.
         
         
         
         43
            
          Corroboran esta afirmación el objeto y la naturaleza del Protocolo.
         
         
         
         44
            
          En efecto, se desprende de los artículos 1 y 4 del Protocolo que éste tiene por objeto prevenir, reducir, combatir y controlar
         la contaminación de la Zona del mar Mediterráneo causada por descargas de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedente
         de cualesquiera otras fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios. Por ello, reiterando los compromisos
         adoptados en virtud de los artículos 4 y 8 del Convenio, el artículo 1 del Protocolo impone a las Partes Contratantes la obligación
         de tomar «todas las medidas apropiadas».
         
         
         
         45
            
          Instaurando un régimen de autorización previa de las autoridades nacionales competentes para la descarga de las sustancias
         mencionadas en el anexo II, el artículo 6, apartado 3, del Protocolo contribuye al control por los Estados miembros de la
         contaminación de origen terrestre de la zona de aplicación del Protocolo. El reconocimiento del efecto directo de la disposición
         de que se trata no puede sino servir al objeto del Protocolo, tal como se ha recordado anteriormente, y responder a la naturaleza
         del instrumento destinado, en particular, evitar la contaminación causada por la omisión de los poderes públicos.
         
         
         
         46
            
          Las consideraciones anteriores sirven también para interpretar el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado. La referencia
         que en él se hace a las «decisiones o recomendaciones pertinentes aprobadas en las reuniones de las Partes contratantes»,
         que las autoridades nacionales competentes han de tener en cuenta, no puede poner en tela de juicio la claridad, la precisión
         y el carácter incondicional de la prohibición de realizar descargas sin disponer de una autorización. Además, las enmiendas
         aprobadas por la Decisión 1999/801 en nada han modificado el objeto y la naturaleza del Protocolo.
         
         
         
         47
            
          Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión que tanto el artículo 6, apartado
         3, del Protocolo como el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado, tras su entrada en vigor, tienen efecto directo,
         de modo que toda persona interesada tiene derecho a invocar estas disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
         
         Sobre el ámbito de aplicación de los artículos 6, apartado 3, del Protocolo y 6, apartado 1, del Protocolo revisado
         
         48
            
          Como han observado acertadamente la coordination des pêcheurs, el Gobierno francés y la Comisión, el propio anexo III, al
         que se refiere el artículo 6, apartado 3, del Protocolo y que enumera los factores que deben tenerse en cuenta para la expedición
         de las autorizaciones de descarga de desechos, se remite al anexo II, que menciona las sustancias contenidas en los desechos
         de que se trata. Figuran entre ellas, en el párrafo 11, las «[sustancias] que directa o indirectamente ejerzan una influencia
         desfavorable en la concentración de oxígeno en el medio marino, especialmente aquellas que puedan provocar fenómenos de eutrofismo»,
         y, en el párrafo 13, las «[sustancias] que, aun sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas para el medio marino u
         obstaculizar cualquier uso legítimo del mar como consecuencia de las cantidades vertidas».
         
         
         
         49
            
          Procede señalar que los párrafos 11 y 13 no someten la exigencia de una autorización previa de descarga de las sustancias
         que contemplan a la toxicidad de éstas.
         
         
         
         50
            
          La misma conclusión se impone por lo que respecta al ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado.
         
         
         
         51
            
          En efecto, conforme a esta disposición, en lo sucesivo estarán «sometidas estrictamente a la autorización o regulación de
         las autoridades competentes», que tendrán en cuenta lo dispuesto en el Protocolo revisado y en su anexo II, todas las «descargas
         en la zona del Protocolo [que comprende, conforme al artículo 3, letra d), del Protocolo revisado, las lagunas saladas que
         comunican con el mar Mediterráneo] desde fuentes puntuales y las descargas en el agua o las emisiones a la atmósfera que alcancen
         y que puedan afectar al área mediterránea», y ya no sólo los vertidos de sustancias mencionadas en el anexo II del Protocolo.
         
         
         
         52
            
          Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que tanto el artículo 6, apartado
         3, del Protocolo como el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado han de interpretarse en el sentido de que, cuando
         no se dispone de una autorización expedida por las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido en una laguna salada
         que comunica con el mar Mediterráneo de sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido
         de oxígeno del medio marino.
         
         
         Costas
         53
            
          Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia,
         no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de
         un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
         
         
         En virtud de todo lo expuesto,
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
         
         
          pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour de cassation mediante resolución de 6 de mayo de 2003, declara:
         
            
            
            
               1)
                  El artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre,
                     firmado en Atenas el 17 de mayo de 1980, aprobado por la Decisión 83/101/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1983, así como,
                     tras su entrada en vigor, el artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo, tal como fue enmendado en la Conferencia de plenipotenciarios,
                     celebrada en Siracusa los días 7 y 8 de marzo de 1996, habiendo sido aprobadas las enmiendas por la Decisión 1999/801/CE del
                     Consejo, de 22 de octubre 1999, tienen efecto directo, de modo que toda persona interesada tiene derecho a invocar estas disposiciones
                     ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
                  
               
            
            
            
            
               2)
                  Estas mismas disposiciones han de interpretarse en el sentido de que, cuando no se dispone de una autorización expedida por
                     las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido en una laguna salada que comunica con el mar Mediterráneo de sustancias
                     que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del medio marino.
                  
               
            
            
                  Timmermans
               
               
                  Gulmann
               
               
                  Puissochet
               
            
                  Cunha Rodrigues
               
               
                  
               
               
                  Schintgen
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 2004.
         
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente de la Sala Segunda
               
            
         
         
         
                  R. Grass
               
               
                  C.W.A. Timmermans
               
            
      
      
          1 –
            
            Lengua de procedimiento: francés.