CELEX: E2016J0003
Language: es
Date: 2016-12-22 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal, de 22 de diciembre de 2016, en el asunto E-3/16 — Ski Taxi SA, Follo Taxi SA y Ski Follo Taxidrift AS contra Gobierno noruego, representado por su Autoridad de Defensa de la Competencia (Artículo 53 del Acuerdo EEE — Restricción de la competencia por el objeto — Contratos públicos — Presentación de las ofertas conjuntas a través de una sociedad de gestión conjunta)

27.4.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 133/5
            
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 22 de diciembre de 2016
   en el asunto E-3/16
   Ski Taxi SA, Follo Taxi SA y Ski Follo Taxidrift AS contra Gobierno noruego, representado por su Autoridad de Defensa de la Competencia
   (Artículo 53 del Acuerdo EEE — Restricción de la competencia por el objeto — Contratos públicos — Presentación de las ofertas conjuntas a través de una sociedad de gestión conjunta)
   (2017/C 133/05)
   En el asunto E-3/16, Ski Taxi SA, Follo Taxi SA y Ski Follo Taxidrift AS/Gobierno noruego, representado por la Autoridad de Defensa de la Competencia — SOLICITUD al Tribunal, por parte del Tribunal Supremo de Noruega (Norges Høyesteretten) y con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y de un Tribunal de Justicia, relativa a la interpretación del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular de su artículo 53, el Tribunal de la AELC, integrado por Carl Baudenbacher, presidente y juez ponente, Per Christiansen y Páll Hreinsson, jueces, dictó sentencia el 22 de diciembre de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   
               1.
            
            
               Para que se considere que un acuerdo constituye una restricción de la competencia por el objeto a tenor del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, este debe presentar un grado suficiente de nocividad para la competencia. No basta simplemente que pueda, en vista del contexto legal y económico específico, evitar, restringir o falsear la competencia.
            
         
               2.
            
            
               Para determinar si un acuerdo entre empresas o una decisión tomada por una asociación de empresas presenta un grado suficiente de nocividad para la competencia, ha de tenerse en cuenta el contenido de las disposiciones, sus objetivos y el contexto económico y jurídico en que se inscriben. Al determinar dicho contexto es también necesario tener en cuenta la naturaleza de los servicios de que se trate, así como las condiciones efectivas del funcionamiento y la estructura del mercado o mercados en cuestión. Además, aunque la intención de las partes no es un factor necesario a la hora de determinar si un acuerdo entre empresas es restrictivo, nada impide a las autoridades de defensa de la competencia, a los órganos jurisdiccionales nacionales o al Tribunal tener en cuenta este factor.
            
         
               3.
            
            
               Un acuerdo presenta un grado suficiente de nocividad para la competencia y puede, por consiguiente, ser considerado una restricción de la competencia por el objeto, únicamente si su naturaleza nociva es fácilmente perceptible. Tal valoración no puede llegar a incluir el examen completo de sus efectos reales o potenciales, ni equivaler a una valoración de los efectos favorables y contrarios a la competencia y, por tanto, a la aplicación de la «rule of reason».
            
         
               4.
            
            
               Para determinar si la presentación de ofertas conjuntas a través de una sociedad de gestión conjunta presenta un grado suficiente de nocividad y puede, por consiguiente, ser considerada una restricción de la competencia por el objeto, han de tomarse en consideración sus objetivos y el contexto económico y jurídico en que se inscribe. También cabe tener en cuenta la intención de las partes, aunque este no sea un factor necesario.
            
         
               5.
            
            
               Dado que la presentación de ofertas conjuntas implica la fijación de precios, algo expresamente prohibido por el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, la consideración del contexto económico y jurídico puede limitarse a lo estrictamente necesario para probar la concurrencia de una restricción de la competencia por el objeto. No obstante, dicha valoración ha de tomar en consideración —aunque de forma sumaria— si las partes del acuerdo son o pueden llegar a ser competidoras y si la fijación conjunta del precio ofrecido al órgano de contratación constituye una restricción accesoria.
            
         
               6.
            
            
               Si bien el informar de la naturaleza conjunta de los ofertas al órgano de contratación puede ser un indicio de que las partes no tenían intención de infringir la prohibición de acuerdos entre empresas, esta circunstancia, por sí sola, no es un prerrequisito para determinar si un acuerdo puede considerarse una restricción de la competencia por el objeto.