CELEX: 62009CN0178
Language: es
Date: 2009-05-15 00:00:00
Title: Asunto C-178/09: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne

1.8.2009   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 180/31
            
         Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica) el 15 de mayo de 2009 — Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne/Région wallonne
   (Asunto C-178/09)
   2009/C 180/52
   Lengua de procedimiento: francés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Conseil d’État (Bélgica)
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandantes: Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne
   
      Demandada: Région wallonne
   
      Cuestiones prejudiciales
   
   
               1)
            
            
               ¿Puede interpretarse el artículo 1, apartado 5, de la Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, (1) en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una normativa –tal como el Decreto de la Región Valona de 17 de julio de 2008 sobre permisos para los que existen razones imperiosas de interés general– que se limita a afirmar que «concurren las razones imperiosas de interés general» para la concesión de los permisos de urbanismo, de los permisos de medio ambiente y de los permisos únicos relativos a los actos y obras que enumera y que «ratifica» permisos para los que afirma que «concurren las razones imperiosas de interés general»?
            
         
               2)
            
            
               
                           a)
                        
                        
                           ¿Se oponen los artículos 1, 5, 6, 7, 8 y 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE (2) y por la Directiva 2003/35/CE, (3) a un régimen jurídico en el que el derecho a realizar un proyecto sujeto a evaluación de las repercusiones se otorga mediante un acto legislativo contra el cual no cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley, recurso que permita impugnar, en cuanto al fondo y al procedimiento seguido, la decisión que da derecho a realizar el proyecto?
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           ¿Debe interpretarse el artículo 9 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, (4) en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones, de las decisiones, de los actos u omisiones que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 6?
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Habida cuenta del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, suscrito el 25 de junio de 1998 y aprobado por la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, ¿debe interpretarse el artículo 10 bis de la Directiva 85/337/CEE, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE, en el sentido de que impone a los Estados miembros la obligación de establecer la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano jurisdiccional o ante otro organismo independiente e imparcial establecido por la ley para poder impugnar la legalidad de las decisiones, de los actos u omisiones, en relación con cualquier cuestión de fondo o de procedimiento tanto del régimen material como del régimen de procedimiento de autorización de los proyectos sometidos a evaluación de las repercusiones?
                        
                     
         
      (1)  Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40).
   
      (2)  Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 73, p. 5).
   
      (3)  Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo — Declaración de la Comisión (DO L 156, p. 17).
   
      (4)  Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO L 124, p. 1).