CELEX: 52017PC0463
Language: es
Date: 2017-09-04
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las tres próximas reuniones de la Comisión Ballenera Internacional y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 4.9.2017
            COM(2017) 463 final
            2017/0215(NLE)
            Propuesta de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las tres próximas reuniones de la Comisión Ballenera Internacional y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.Objeto de la propuesta
            
            
               La presente propuesta se refiere a una Decisión del Consejo por la que se establece la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las reuniones de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), en virtud del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (ICRW por sus siglas en inglés), y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones.
            
            
               Se basa en las Decisiones del Consejo que fueron adoptadas el 2 de marzo de 2009 y el 13 de diciembre de 2011 a partir de propuestas de la Comisión
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               , que permitieron a la Unión coordinar su posición sobre una serie de cuestiones durante tres reuniones de la CBI (en 2012, 2014 y 2016), incluidas las reuniones celebradas en el periodo entre sesiones.
            
            
               El carácter plurianual de las anteriores Decisiones, con el enfoque político estable que hicieron posible, permitieron a la UE y a sus Estados miembros un mayor dinamismo en los asuntos tratados por la CBI, y como resultado de ello, cada vez son más los gobiernos de terceros países que piden a la UE que participe en actividades con poca antelación. Por consiguiente, se propone que la futura Decisión del Consejo no regule exclusivamente reuniones relacionadas con la CBI, sino que se utilice también para actuar en el periodo entre sesiones, dentro del marco político establecido en la Decisión, por ejemplo en gestiones diplomáticas.
            
            
               2.Contexto de la propuesta
            
            
               2.1.El Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena
            
            
               El Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (ICRW), firmado en 1946, garantiza tanto la conservación como la gestión sostenible de las ballenas a escala mundial.
            
            
               El Convenio incluye un Anexo jurídicamente vinculante, que establece las especies protegidas y no protegidas, las aguas abiertas y las vedadas, incluidas las zonas de asilo y refugio conocidas como «santuarios», y fija límites de captura para la pesca comercial y de subsistencia de la ballena. El Convenio también regula la captura de ballenas con fines de investigación científica. En este contexto, el Anexo pide a los Gobiernos Contratantes que presenten sus propuestas de concesión de permisos para fines de investigación al Comité Científico antes de su expedición. Los permisos son expedidos por cada país.
            
            
               Al tratarse de un Convenio cuya fecha es anterior al Tratado de Roma, la pertenencia al ICRW está limitada a los Gobiernos y por consiguiente la Unión Europea solo tiene estatuto de observador
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               . En la actualidad, veinticinco Estados miembros de la UE son Gobiernos Contratantes del ICRW
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               , que cuenta con un total de ochenta y siete Gobiernos Contratantes.
            
            
               2.2.La Comisión Ballenera Internacional
            
            
               El organismo competente para regular la aplicación del Convenio es la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que se reúne cada dos años. La CBI ejerce sus responsabilidades básicas, tanto en materia de gestión sostenible como de conservación, a través de las enmiendas que introduce al Anexo del ICRW en respuesta a las solicitudes de los Gobiernos Contratantes. Las enmiendas han de obtener la aprobación de las tres cuartas partes de los miembros de la CBI con derecho a voto. Las decisiones de la CBI de modificar el Anexo del Convenio tienen efectos jurídicos directos, ya que entran en vigor en un plazo determinado, sin necesidad de ratificación
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               . En prácticamente todas las reuniones de la CBI se han propuesto enmiendas al Anexo del Convenio para autorizar la caza de ballenas en determinadas condiciones o para crear santuarios de ballenas.
            
            
               A lo largo de los años, la CBI ha evolucionado de forma considerable y se ha convertido en la organización internacional de referencia para todos los aspectos relacionados con las ballenas y su captura, realizando actividades tales como programas de investigación de campo, modelización de poblaciones, planes de conservación, reconocimiento y gestión de las amenazas. La CBI estará cada vez más influida por la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en general, y más en particular por el objetivo de desarrollo sostenible 14
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               .
            
            
               Las contribuciones financieras de los Gobiernos Contratantes constituyen la base de los ingresos de la CBI, pero también se cuenta con contribuciones voluntarias adicionales realizadas por Gobiernos miembros y organizaciones de la sociedad civil para apoyar determinados programas de trabajo gestionados por la CBI.
            
            
               La CBI recibe asesoramiento de su Comité Científico, que la asiste sobre todo en lo tocante a la evaluación de la situación de las poblaciones, analizando la información relativa a las ballenas y a su pesca. El Comité Científico también revisa y formula observaciones acerca de los permisos para capturar ballenas para fines de investigación científica
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                antes de que sean concedidos por los Gobiernos Contratantes a sus nacionales
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               .
            
            
               El doble mandato de la CBI, a saber, la gestión de la pesca de las ballenas, por un lado, y su conservación, por otro, ha dado lugar en los últimos años a posiciones extremadamente encontradas entre Gobiernos Contratantes que apoyan la pesca de las ballenas y Gobiernos Contratantes preocupados estrictamente por su conservación. Esta situación debilita a la CBI que, no obstante, sigue siendo el único foro existente potencialmente capaz de resolver cuestiones que suponen un problema a nivel mundial.
            
            
               3.Posición que ha de adoptarse en nombre de la Unión
            
            
               3.1.Necesidad de una posición de la Unión
            
            
               Las decisiones para modificar el Anexo adoptadas en el marco de la CBI pueden afectar a la realización de los objetivos de las políticas y la legislación de la UE en materia de cetáceos.
            
         
         
            
               De conformidad con el artículo 191, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), uno de los objetivos de la política de la UE en el ámbito del medio ambiente es el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. Dicho objetivo engloba la conservación de especies a nivel mundial, incluidas las ballenas y otros cetáceos, y la Unión Europea ha establecido una legislación medioambiental que fomenta su protección eficaz mediante la armonización extensiva de la normativa a nivel de la UE.
            
            
               La Directiva de los Hábitats
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                incluye en su anexo IV todas las especies de cetáceos. Con ello, todas las especies de ballenas y demás cetáceos están protegidas contra cualquier forma de perturbación, captura o sacrificio deliberados en aguas de la UE. También constituye un marco político para que la UE adopte posiciones sobre la contaminación acústica, las colisiones con buques, los enmallamientos y las capturas accidentales. Esta misma Directiva prohíbe la posesión, el transporte, la venta y el intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza. Esta legislación no permite reanudar la caza comercial de las ballenas.
            
            
               El Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
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               , por el que se aplican en la UE las disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), prohíbe la introducción de cetáceos en la Unión con fines principalmente comerciales. Este alto nivel de protección queda complementado por la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina
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               , que pretende mejorar la calidad del medio ambiente de las ballenas y otros cetáceos, fomentando el buen estado medioambiental de los mares y océanos de la UE.
            
            
               No obstante, puesto que las ballenas migran, la política de la UE no será eficaz en aguas de la UE si no cuenta con el respaldo de una actuación coherente a nivel mundial al amparo de un marco reglamentario internacional comparable. Dicho marco lo conforma el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena.
            
            
               La adhesión de la UE a acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, así como la ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, también tienen repercusiones sobre una serie de temas que han sido objeto de resoluciones de la CBI.
            
            
               3.2.Cuestiones políticas
            
            
               3.2.1.Caza comercial de las ballenas, caza costera de ballenas a pequeña escala y criterios para la concesión de permisos para fines científicos
            
            
               La CBI reglamenta la caza comercial de las ballenas y  en 1982 decidió que debía haber una moratoria sobre la caza comercial de todas las especies y poblaciones de ballenas a partir de 1986.
            
            
               Noruega e Islandia no están vinculadas por la moratoria ya que presentaron respectivamente una objeción
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                y una reserva
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                a la moratoria. En la actualidad siguen cazando ballenas con fines comerciales
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               . Ambos países establecen sus propios límites de capturas pero facilitan información sobre sus capturas y los datos científicos correspondientes a la Comisión. Tanto Noruega como Islandia afirman que fijan sus límites de captura a partir del procedimiento de gestión revisado (RMP, en sus siglas en inglés) elaborado por la CBI para estimar los límites de captura sostenibles para la caza comercial de ballenas. La aplicación rigurosa del RMP en la forma recomendada por el Comité Científico es un elemento clave para evitar que se establezcan límites de capturas excesivos.
            
            
               Japón está vinculado por la moratoria sobre la caza comercial de ballenas pero otorga permisos especiales al amparo del artículo VIII del ICRW, que permite matar, capturar y tratar ballenas «a efectos de investigación científica, con sujeción a las restricciones en cuanto al número, así como a las demás condiciones que el Gobierno Contratante estime apropiadas». No obstante, en 2014, la Corte Internacional de Justicia resolvió que el principal programa «de caza de ballenas con fines científicos» de Japón era ilegal ya que no tenía una calidad científica suficiente para justificar que estuviera claramente dirigido a «fines de investigación científica»
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               . Además, no se demostró la necesidad de realizar muestreos letales para llegar a los objetivos científicos declarados. Sin embargo, Japón reanudó la caza de ballenas «con fines científicos» en el Antártico en 2016 y continuó en 2017 sobre la base de un nuevo programa y sin seguir el proceso de revisión revisado para los permisos de caza de ballenas como se le solicitaba en las pertinentes resoluciones de la CBI
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               , a las que Japón presentó objeciones.
            
            
               A pesar de que estos países han continuado cazando ballenas, la moratoria sobre la caza comercial de las ballenas ha contribuido a proteger a las ballenas durante los últimos treinta años. Sin embargo, muchas poblaciones se encuentran todavía extremadamente mermadas, también debido a un creciente número de amenazas no relacionadas con su pesca, como el enmallamiento en redes de pesca, las colisiones con buques, la contaminación, incluido el ruido submarino, la degradación del hábitat, etc. Por consiguiente, evitar la presión de la caza comercial sigue siendo importante para poder recuperar estas poblaciones. Así pues, la prohibición general de caza comercial de la ballena decidida en el seno de la CBI debería mantenerse. Es coherente con las políticas de la UE y la UE la requiere.
            
            
               Japón ha intentado también convencer a la CBI para que respalde una nueva categoría de caza de ballenas, la caza costera de ballenas a pequeña escala
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               , que, de hecho, levantaría en parte la moratoria sobre la caza comercial de las ballenas. La UE debería oponerse a las propuestas de introducir nuevas categorías de caza de ballenas y apoyar la conclusión de la Corte Internacional de Justicia
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                de que el Convenio establece tres categorías para la caza de ballenas: la caza comercial y la caza aborigen con fines de subsistencia (ambas cubiertas por el Anexo) y la caza de ballenas al amparo de permisos especiales en virtud del artículo VIII. Esto evitará resquicios legales en la prohibición de caza comercial de ballenas y también ayudará a evitar que dicho concepto se aplique en la proximidad de las aguas de la UE.
            
            
               Por lo que respecta a la caza de ballenas «con fines científicos», la UE debe mantenerse firme en su postura de que el artículo VIII, que autoriza la caza de ballenas en virtud de permisos especiales, no puede utilizarse para justificar actividades que consisten primordialmente en la pesca comercial de las ballenas. El recurso abusivo a este artículo contraviene el espíritu de la moratoria y la voluntad manifestada por la CBI en diversas resoluciones. Para que la UE las acepte como legítimas, en virtud del artículo VIII, las propuestas de permisos especiales han de cumplir las consideraciones establecidas por la Corte Internacional de Justicia en su sentencia de 31 de marzo de 2014 sobre la caza de ballenas en el Antártico. Esto significa el estricto cumplimiento de la Resolución 2014-5 sobre caza de ballenas al amparo de permisos especiales, que exige que para la expedición de un permiso especial deben cumplirse simultáneamente dos elementos: que la toma de muestras letal sea «investigación científica», y se realice únicamente «a los fines» de dicha investigación. En la práctica, eso significaría que el Comité Científico ha comprobado que cualquier Parte contratante que desee expedir permisos especiales ha demostrado que el resultado esperado del proyecto es justificable como investigación científica, ha considerado cuidadosamente si una toma de muestras no letal podría cumplir el objetivo de la investigación, ha concluido que ello no era viable, y ha demostrado que los tamaños de las muestras propuestos estaban estrictamente relacionados con la necesidad científica y no eran mayores de lo razonable para el objetivo científico perseguido.
            
            
               Además, la UE debería fomentar la opinión, aceptada en último término por todas las partes del proceso de la CIJ, de que la CBI tiene una función legítima que desempeñar en el debate sobre la caza de ballenas al amparo de permisos especiales. Así pues, la UE debe seguir abogando por enfoques que garanticen que, antes de su expedición, todos los permisos especiales sean analizados por el Comité Científico de la CBI y por la propia CBI, y que cumplan las consiguientes recomendaciones.
            
            
               3.2.2.Conservación
            
            
               En 1946, el ICRW fue uno de los primeros acuerdos internacionales en establecer un vínculo entre la conservación y la explotación sostenible. Con el tiempo, han ido creciendo los efectos de las amenazas no relacionadas con la caza de la ballena y las preocupaciones por la conservación han ido aumentando, convirtiéndose en los mayores desafíos para la CBI. 
            
            
                En 2003 se creó un Comité de Conservación, que colabora estrechamente con el Comité Científico para hacer frente a las diversas amenazas para las ballenas y sus hábitats. En 2016, la CBI, con el apoyo de los Gobiernos Contratantes de los Estados miembros de la UE sobre la base de una posición coordinada de la UE, adoptó un nuevo Plan Estratégico
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               , acompañado por un programa de trabajo, que establece las principales amenazas para los cetáceos (colisiones con embarcaciones, desechos marinos, capturas accidentales, ruido antropogénico, contaminación química y cambio climático), así como acciones prioritarias (observación de ballenas sostenible, planes de gestión de la conservación, santuarios, recogida y comunicación de datos).  Además, se ha hecho nuevo hincapié en la contribución de las ballenas y demás cetáceos a la regulación de los ecosistemas y a la prestación de servicios ecosistémicos tanto a lo largo de su vida como a su muerte.
            
            
               La UE debe apoyar a la creciente participación de CBI en la conservación, en consonancia con la política y la legislación de la UE.
            
            
               Dentro de su decidido compromiso político con la conservación, la UE debe seguir apoyando todas las propuestas en favor de los santuarios de ballenas
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               . Dichas propuestas exigen una modificación del Anexo, que deberá ser adoptada por una mayoría compuesta por las tres cuartas partes de los votos. Para alcanzar dicha mayoría son necesarias conversaciones preliminares activas con los Gobiernos Contratantes que suelen votar en contra de los santuarios. La UE y sus Estados miembros también deben fomentar una mayor transparencia, proponiendo que las disposiciones del Anexo que tratan de los santuarios se coloquen, en una sección separada, bajo dicho epígrafe
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               .
            
            
               Del mismo modo, deben apoyarse las propuestas de la CBI concebidas para mejorar el bienestar de las ballenas. El trabajo sobre bienestar animal puede incluir, aunque no solo, enmallamientos, colisiones con buques, varamientos masivos, observación de ballenas, contaminación acústica, mejora de los métodos de matanza y de eutanasia, etc.
            
         
         
            
               En los últimos años, la CBI ha comenzado a ocuparse de cuestiones relativas a las enfermedades de los cetáceos, en particular de las que pueden estar relacionadas con las actividades humanas, y de aquellas susceptibles de transmitir enfermedades entre animales y humanos, que podrían constituir un riesgo para las comunidades que practican la pesca aborigen de ballenas con fines de subsistencia y consumen productos de la ballena que provienen de cacerías no comerciales. La UE y sus Estados miembros deben apoyar dichos debates, siempre y cuando tengan base científica y su análisis por parte de la CBI constituya un valor añadido a la labor realizada en otros foros.
            
            
               3.2.3.Caza aborigen de ballenas con fines de subsistencia
            
            
               La caza aborigen de ballenas con fines de subsistencia
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                (ASW por sus siglas en inglés) se aborda en los sucesivos Anexos y su reglamentación es una parte fundamental e integrante de los cometidos que desempeña la CBI, que establece los límites de capturas ASW cada seis años (los próximos en 2018). La ASW no está sujeta a la moratoria puesto que no se trata de una captura de ballenas comercial. Compete a los gobiernos presentar pruebas de las necesidades de sus poblaciones indígenas en forma de una «declaración de necesidades» que detalle los aspectos culturales, de subsistencia y nutricionales de la caza, sus productos y su distribución. El Comité Científico asesora sobre la sostenibilidad de las cacerías propuestas y sobre límites de capturas seguros y, teniendo en cuenta la declaración de necesidades y el dictamen del Comité Científico, la CBI decide los límites de capturas para cada cacería. Sin embargo, este asunto suele ser controvertido, tanto a nivel de la UE como de la CBI. El hecho de que el Anexo, que reconoce que las capturas ASW se destinan a satisfacer las necesidades de subsistencia aborígenes
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               , sin embargo no las define, no contribuye a mejorar la situación. Establecer dicha definición resulta especialmente delicado, habida cuenta de lo complejo de las nociones, la variedad de las cacerías y las particularidades de las comunidades que debería abarcar.
            
            
               La UE en su conjunto y Dinamarca en nombre de Groenlandia emprendieron iniciativas importantes para reducir las tensiones causadas por la ASW. En 2014, la CBI adoptó la Resolución 2014-1 sobre la necesidad de reglamentar la ASW en el futuro con un enfoque más coherente y a largo plazo. También se solicitaba al Comité Científico y al Subcomité de ASW que desempeñasen funciones específicas
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                antes de la nueva ronda de fijación de cuotas de 2018, para que las decisiones sobre los límites de capturas contasen con una base más sólida.
            
            
               Además de la Resolución 2014-1, expertos de distintas procedencias, incluidos representantes de las comunidades ASW, debatieron el concepto de las necesidades de subsistencia en relación con los derechos de los pueblos indígenas
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               . Los expertos recomendaron una mayor comprensión de los derechos, un papel más importante para los puebles indígenas en la CBI, así como el establecimiento de vínculos entre la CBI y otros foros pertinentes. También sugirieron que las «declaraciones de necesidades», percibidas como una limitación de los derechos de los pueblos indígenas a utilizar sus recursos, fueran sustituidas por un documento menos exigente. Por último, propusieron un proceso y un calendario mejorados para el análisis de los límites de capturas ASW después de 2018.
            
            
               En la 66ª Reunión de la Comisión Ballenera Internacional, celebrada en octubre de 2016, la UE y los Gobiernos Contratantes de sus Estados miembros lograron apoyar, en términos generales, la necesidad de prestar una mayor atención a los derechos de los pueblos indígenas en la labor de la CBI y la propuesta de los expertos de mejorar el proceso de fijación de los límites de capturas ASW. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo en relación con la sustitución del término «declaración de necesidades». Por dicho motivo, la 66ª Reunión de la CBI acordó que el Grupo de Trabajo ASW debía seguir estudiando dichas cuestiones y formular las recomendaciones correspondientes para la 67ª Reunión de la CBI de 2018. Desde esa perspectiva, es importante que los dos Estados miembros más implicados en los debates sobre estas cuestiones trabajen conjuntamente para garantizar que las recomendaciones a la 67ª Reunión de la CBI puedan contar con el apoyo de la UE en su conjunto.
            
            
               En relación con los derechos de los pueblos indígenas, la UE viene fomentando desde hace tiempo el respeto de los derechos humanos en todas las partes del mundo y cuenta con una gran cantidad de políticas que son pertinentes para los pueblos indígenas
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               . Para demostrar su apoyo a un enfoque basado en sus derechos, la UE podría seguir las recomendaciones de los expertos
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                y proponer a la CBI una resolución sobre la relevancia de los últimos cambios en materia de derechos de los pueblos indígenas, así como fomentar la exploración de mecanismos para mejorar el estatuto de los delegados indígenas en las reuniones de la CBI. La UE podría plantearse también extender las enmiendas propuestas al Anexo y proponer para la 67ª Reunión de la CBI el cambio de la terminología, que pasaría de «aborigen» a «pueblos indígenas».
            
            
               Las otras recomendaciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, como son encargar un estudio de los instrumentos relativos a dichos derechos, invitar a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas a las reuniones de la CBI con carácter regular, designar a un representante de la CBI para que participe en una reunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y explorar los beneficios potenciales de la adhesión del Secretariado al Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas, parecen bastante desproporcionadas para una pequeña organización, de cuyos miembros solo cuatro están afectados por la ASW. La recogida de la información pertinente sobre dichos aspectos y su presentación ante la CBI pueden realizarse de forma más eficaz y menos costosa recurriendo a declaraciones de los respectivos Gobiernos Contratantes y delegados ASW.
            
            
               Al decidir adoptar un enfoque basado en los derechos humanos, la UE tendrá que ser consciente de que los derechos de los pueblos indígenas no son absolutos y pueden verse afectados por una actuación razonable y justificada objetivamente. Por ejemplo, la presentación de información que respalde las solicitudes de límites de capturas ASW está justificada de forma razonable y objetiva a la luz del deber de la CBI de fijar los límites de capturas ASW para satisfacer las necesidades de subsistencia aborígenes. La limitación de una cuota ASW debido a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la caza puede encontrar también una justificación razonable y objetiva en el mandato de la CBI de gestionar las poblaciones de ballenas a nivel mundial.
            
            
               3.3.Asuntos institucionales
            
            
               Dado que la UE tiene estatuto de observador, las posiciones que se vayan a asumir en el seno de la CBI en nombre de la UE son expresadas por los Estados miembros, que actúan conjuntamente en interés de la UE, de la forma que mejor fomente el reconocimiento de la UE y sin perjuicio de las disposiciones del Tratado acerca de la representación de la UE.
            
            
               Aunque parece improbable que el empeño de la actual Presidencia japonesa de la CBI de abrir un debate sobre «La CBI en el futuro» dé lugar a propuestas de enmiendas del Tratado, la UE y sus Estados miembros deberían aprovechar todas las oportunidades que surjan para hacer avanzar la causa de la adhesión de la EU.
            
            
               Puesto que la UE no es miembro, resulta incluso más importante que los Estados miembros usen su peso colectivo para defender con toda su energía las posiciones de la UE en la CBI, de conformidad con el principio de cooperación leal a que se refiere el artículo 4, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con el principio de unidad en la representación exterior de la UE. También resulta esencial contar con una posición unida de la UE, indispensable para lograr el consenso o la unanimidad en el seno de la CBI, lo cual reviste una especial importancia a la luz de la conclusión de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que las Resoluciones de la CBI pueden ser pertinentes para la interpretación del Convenio o de su Anexo si son adoptadas por consenso o votación unánime
                  27
               .
            
            
               Para aprovechar al máximo el peso colectivo de la UE, es preciso que todos los Estados miembros sean Gobiernos Contratantes en la CBI y estén en disposición de votar las enmiendas al Anexo y demás Resoluciones. En la actualidad, veinticinco Estados miembros de la UE son Gobiernos Contratantes en la CBI y es importante que los tres que o bien no lo son todavía (Malta y Letonia) o bien han dejado de serlo (Grecia) se adhieran lo antes posible. Asimismo, para poder tener derecho de voto todos los Estados miembros tienen que pagar sus correspondientes contribuciones a tiempo
                  28
               .
            
            
               Para aprovechar al máximo la influencia de la UE en conjunto, no es necesario que todos los Estados miembros envíen desde sus capitales representantes nacionales a las reuniones de la CBI. Pueden darse credenciales a los miembros de las legaciones diplomáticas locales. O incluso, si un Estado miembro no tiene representación en un país organizador de una reunión de la CBI, y conforme a la práctica en virtud de otros acuerdos jurídicamente vinculantes, la autoridad nacional competente puede dar credenciales a un miembro de la delegación de otro Estado miembro, antes de la reunión.
            
            
               El deber de cooperación leal significa que los Estados miembros de la UE no deben votar unos contra otros y deben poner todo su empeño en lograr una posición común.
            
            
               Como en el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena hay ochenta y siete Gobiernos Contratantes, el número actual de veintidós Estados miembros que votan representa una cuarta parte de los miembros de la CBI con derecho de voto.
            
            
               Así pues, tanto los principios políticos básicos como el peso para votar hacen necesario que la UE en su conjunto llegue a un acuerdo antes de las reuniones de la CBI sobre propuestas referidas al Anexo de la CBI.
            
            
               4.Base jurídica
            
            
               4.1.Base jurídica procedimental
            
         
         
            
               El artículo 218, apartado 9, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la adopción de Decisiones por las que se establezcan «las posiciones que deban adoptarse en nombre de la Unión en un organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar actos que surtan efectos jurídicos, con excepción de los actos que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo.». El artículo 218, apartado 9, del TFUE es de aplicación independientemente de que la Unión sea miembro del organismo o Parte en el acuerdo en cuestión
                  29
               .
            
            
               La Comisión Ballenera Internacional es una organización constituida por el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena. Los actos que la CBI adopta son actos que surten efectos jurídicos. Los actos previstos son susceptibles de influir de forma decisiva en el contenido de la legislación de la UE (véase la sección 3.1. anterior). Los actos previstos ni completan ni modifican el marco institucional del acuerdo.
            
            
               Por lo tanto, la base jurídica procedimental de la Decisión propuesta es el artículo 218, apartado 9, del TFUE.
            
            
               4.2.Base jurídica sustantiva
            
            
               En el contexto de la CBI, el objetivo global de la Unión es garantizar un marco normativo eficaz a escala internacional para la conservación y gestión de las ballenas, que garantice una mejora significativa del estado de conservación de las ballenas y otros cetáceos a largo plazo y ponga bajo el control de la CBI todas las actividades de caza de ballenas realizadas por los miembros de la CBI. En las propuestas anteriores, se consideró que el objetivo y el contenido principales del acto previsto atañían principalmente al medio ambiente y por lo tanto se utilizó la base jurídica sustantiva del artículo 19, apartado 1, del TFUE, mientras que el artículo 43, apartado 2, del TFUE no se propuso como parte de la base jurídica operativa para la decisión sobre la posición de la Unión en la CBI (véanse también COM(2011) 495 y COM(2008) 711). De momento, se propone que se recurra a la misma base jurídica que en 2008 y 2011. Cabe señalar que la delimitación de los artículos 191, apartado 1, y 43, apartado 2, es el objeto de algunos asuntos pendientes ante el Tribunal
                  30
               . Esta propuesta de base jurídica sustantiva se entiende estrictamente sin perjuicio de la competencia exclusiva de la Unión Europea en el ámbito de la conservación de los recursos biológicos marinos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra d), leído en relación con el artículo 38 y el anexo I del Tratado, y, por tanto, de todos los recursos acuáticos vivos en el marco de la política pesquera común en aplicación del Reglamento (UE) n.º 1380/2013
                  31
               . Este enfoque no sentará precedente de cara a futuras negociaciones sobre la conservación y la gestión de los recursos acuáticos vivos a los que se aplique el citado Reglamento y, en particular, es posible que tenga que ser adaptado a luz del resultado de los asuntos pendientes ante el Tribunal sobre la delimitación de los artículos 191, apartado 1, y 43, apartado 2, del TFUE.
            
            
               4.3.Conclusión
            
            
               De momento, la base jurídica de la propuesta de Decisión debe ser el artículo 191, apartado 1, del TFUE, leído en relación con el artículo 218, apartado 9, del TFUE.
            
            
               2017/0215 (NLE)
            
            
               Propuesta de
            
            
               DECISIÓN DEL CONSEJO
            
            
               sobre la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las tres próximas reuniones de la Comisión Ballenera Internacional y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones
            
            
               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 191, apartado 1, leído en relación con el artículo 218, apartado 9,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)La Comisión Ballenera Internacional (CBI) es la organización competente a nivel internacional para la conservación y gestión de las ballenas a escala mundial y fue constituida por el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena, firmado en 1946. 
            
            
               (2)El Convenio tiene un Anexo que regula la caza de ballenas en todo el mundo y que forma parte integrante del mismo. Este Anexo establece disposiciones detalladas sobre la conservación y utilización de los recursos balleneros. Sus disposiciones y enmiendas, adoptadas por la CBI, son vinculantes para las Partes, excepto en caso de que una Parte se oponga formalmente a una enmienda con arreglo a lo dispuesto en el artículo V(3) del Convenio.
            
            
               (3)Como resultado de una enmienda al Anexo acordada por la mayoría de los países representados en la CBI, en 1986 entró en vigor una moratoria sobre la caza comercial de ballenas. Los países «proballeneros»» más destacados se han opuesto siempre a la moratoria y siguen cazando ballenas por razones que califican de científicas o en virtud de otras excepciones.
            
            
               (4)Procede establecer una posición que sea adoptada en nombre de la Unión en la CBI ya que las decisiones para modificar el Anexo adoptadas en el marco de la CBI pueden tener efectos jurídicos y afectar a la consecución de los objetivos de las políticas y la normativa de la UE sobre los cetáceos. Algunas de las propuestas de decisiones que periódicamente se presentan en las reuniones de la CBI tienen por objeto autorizar las actividades de caza de ballenas, por medio de la fijación de cuotas y la aplicación de medidas de gestión, o crear santuarios de ballenas, y requieren el establecimiento de una posición de la Unión.
            
            
               (5)La pertenencia a la CBI está abierta solo a los Gobiernos. Actualmente pertenecen a la CBI veinticinco Estados miembros de la Unión Europea
                  32
               . La Unión Europea tiene estatuto de observador en la CBI y está representada por la Comisión. 
            
         
         
            
               (6)Dado el estatuto de observador de la Unión en la CBI, la posición que haya de adoptarse en nombre de la UE en los asuntos de su competencia exclusiva sobre la base del artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque puedan afectar a las normas comunes o alterar su ámbito de aplicación, debe ser decidida por el Consejo y expresada por los Estados miembros, actuando conjuntamente en interés de la Unión. 
            
            
               (7)Con el fin de fortalecer la posición de la Unión en el contexto de la CBI, debe apoyarse cualquier revisión del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena que permita que la Unión se convierta en miembro de la CBI.
            
            
               (8)El anexo IV de la Directiva 92/43/CEE del Consejo
                  33
                enumera todas las especies de cetáceos como especies de interés para la UE que requieren una protección estricta. Por consiguiente, todas las especies de ballenas están protegidas contra cualquier forma de perturbación, captura o sacrificio deliberados en aguas de la Unión. Esta misma Directiva prohíbe la posesión, transporte y el comercio o el intercambio, y la oferta con fines de venta o intercambio, de especímenes recogidos en la naturaleza.
            
            
               (9)El Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo
                  34
               , por el que se aplican en la UE las disposiciones de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), prohíbe la introducción de cetáceos en la Unión con fines principalmente comerciales. Además, el Reglamento (CEE) n.º 348/81 del Consejo
                  35
                sólo permite la importación de los productos recogidos en su anexo si no se destinan a fines comerciales.
            
            
               (10)Las ballenas son especies migratorias. En consecuencia, la política y la normativa de la Unión sobre las ballenas serán más eficaces en aguas de la Unión si están respaldadas por una política mundial coherente.
            
            
               (11)La Unión apoya la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014
                  36
               .
            
            
               (12)La posición de la Unión a la que se refiere el artículo 1 será expresada por los Estados miembros de la Unión que sean miembros de la Comisión Ballenera Internacional, actuando conjuntamente.
            
            
               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
            
            
               Artículo 1
            
            
               La posición de la Unión Europea en las próximas tres reuniones
                  37
                de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) y en las reuniones y acciones que tengan lugar en el periodo entre sesiones será la establecida en el anexo.
            
            
               Artículo 2
            
            
               La posición a la que se refiere el artículo 1 será expresada por los Estados miembros que sean miembros de la CBI, actuando conjuntamente.
            
            
               Artículo 3
            
            
               Si la posición a que se refiere el artículo 1 puede verse afectada por nueva información científica o técnica presentada antes o durante las reuniones de la CBI o, si en el transcurso de una reunión se presentan propuestas sobre asuntos que aún no han sido objeto de una posición de la Unión, se determinará una posición sobre la propuesta correspondiente mediante coordinación, incluso en el transcurso de la reunión, antes de que la propuesta se someta a votación. Los representantes de la Unión en la CBI podrán acordar modificaciones menores de la posición sin necesidad de una decisión ulterior del Consejo.
            
            
               Artículo 4
            
            
               Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
                     Por el Consejo
               
               
                     El Presidente
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  COM(2008) 711 final y COM(2011) 495 final.
               
               
                  
                     (2)
                  Una modificación del Convenio que permitiera a la UE hacerse miembro necesitaría la ratificación de un Protocolo por parte de todos los miembros de la CBI. En 1992, la Comisión adoptó una propuesta para la adhesión de la Unión al Convenio, pero el Consejo no ha tomado ninguna medida al respecto (proyecto de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar en nombre de la Comunidad un Protocolo que modifica el Convenio Internacional de Regulación de la Caza de Ballenas, firmado en Washington el 2 de diciembre de 1946, COM(92) 316).
               
               
                  
                     (3)
                  Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia.
               
               
                  
                     (4)
                  Véase el artículo V del Convenio. En virtud del apartado 3, las enmiendas al Reglamento pasan a ser vinculantes para las Partes en un plazo de noventa días a menos que estas presenten una objeción.
               
               
                  
                     (5)
                  Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: «Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible».
               
               
                  
                     (6)
                  Artículo VIII del Convenio.
               
               
                  
                     (7)
                  El apartado 30 del Anexo exige explícitamente que todo Gobierno Contratante facilite al Comité Científico las propuestas de permisos para la investigación científica antes de su concesión y con el tiempo suficiente para que el Comité Científico pueda revisarlas y comentarlas.
               
               
                  
                     (8)
                  Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
               
               
                  
                     (9)
                  DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
               
               
                  
                     (10)
                  Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino.
               
               
                  
                     (11)
                  El artículo V, apartado 3, del Convenio autoriza a los Gobiernos Contratantes a presentar objeciones a cualquier enmienda del Anexo, lo que hace que no queden vinculados por dicha enmienda. 
               
               
                  
                     (12)
                  Islandia salió de la CBI en 1992 pero volvió a adherirse en 2002 con una reserva a la moratoria.
               
               
                  
                     (13)
                  La Federación de Rusia también ha registrado una objeción a la moratoria aunque no la ejerce.
               
               
                  
                     (14)
                  Apartados 227 y 245 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 31 de marzo de 2014, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) [Caza de ballenas en el Antártico (Australia contra Japón; Nueva Zelanda –interviniente)].
               
               
                  
                     (15)
                  IWC Resolution 2014-5 on Whaling under Special Permit [Resolución 2014-5 de la CBI sobre Caza de ballenas al amparo de permisos especiales] y IWC Resolution 2016-2 on Improving the Review Process for Whaling under Special Permit [Resolución 2016-02 sobre la mejora del proceso de revisión para la caza de ballenas al amparo de permisos especiales]. Japón se opuso a estas dos resoluciones considerando que «su objetivo es limitar indebidamente la aplicación de los programas de investigación científica de Japón independientemente del valor científico y de forma no coherente con el Convenio».
               
               
                  
                     (16)
                  La caza costera de ballenas a pequeña escala (STCW en sus siglas en inglés) es un tipo de caza de ballenas caracterizado por el uso de pequeñas embarcaciones, en la que los cetáceos (rorcuales menores y otras ballenas de pequeño tamaño) son capturadas en jornadas de un día en aguas nacionales para fines comerciales. Japón ha solicitado límites de captura de STCW para comunidades balleneras que, según afirma, están sufriendo dificultades como consecuencia de la moratoria.
               
               
                  
                     (17)
                  Apartados 229 y 230 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 31 de marzo de 2014.
               
               
                  
                     (18)
                  
                  
                     https://iwc.int/private/downloads/YTtNWzZ21VOaPZRjvTQGng/CC_StrategicPlan2016_26_FINAL.pdf
                  
                   
               
               
                  
                     (19)
                  
                  
                        En la actualidad, la Comisión Ballenera Internacional ha designado dos santuarios - el Santuario del Océano Índico y el Santuario del Océano Austral -, en los cuales queda prohibida la captura comercial de ballenas. En los últimos años se viene repitiendo la presentación a la Comisión de una propuesta adicional para crear un santuario en el Atlántico Sur, sin que hasta ahora se haya obtenido la mayoría requerida de tres cuartas partes de los votos.
                  
               
               
                  
                     (20)
                  A fecha de hoy, dichas disposiciones están incluidas en la sección III del Anexo, titulada «Capturas».
               
               
                  
                     (21)
                  La captura de ballenas para las necesidades de subsistencia de los aborígenes es la caza de ballenas realizada por poblaciones autóctonas que tienen una tradición ballenera y cazan ballenas para su subsistencia.
               
               
                  
                     (22)
                  Anexo, apartado 13, letra a).
               
               
                  
                     (23)
                  Estos cometidos consistían en acabar el trabajo sobre Algoritmos de Límite de impactos (SLA) para la caza en Groenlandia y en abordar las solicitudes para que se faciliten declaraciones de necesidades estandarizadas así como una mejor comprensión de la relación entre las necesidades y las pautas de consumo y una propuesta para actualizar el Anexo para reflejar el enfoque de los SLA.
               
               
                  
                     (24)
                  Taller de expertos ASW, Maniitsoq/Groenlandia, 2015.
               
               
                  
                     (25)
                  La UE apoyó la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNGA61/295) en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 y el documento final (UNGA 69/2) de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, celebrada en 2014 dentro de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos documentos ponen de relieve los derechos de los pueblos indígenas a los recursos que han utilizado tradicionalmente y la necesidad de que los Estados protejan dichos derechos, consulten a los pueblos indígenas y cooperen con ellos. El Consejo de la UE, en sus Conclusiones adoptadas el 15 de mayo de 2017 (doc. 8814/17), reafirma su apoyo a los derechos de los pueblos indígenas y reconoce que hay margen para aplicar este marco político de forma más eficaz en la cooperación multilateral, en particular creando más oportunidades de diálogo y consulta en todos los niveles de cooperación de la UE.
               
               
                  
                     (26)
                  Recomendaciones 2 y 6, página 21 del documento IWC/66/ASW Rep01.
               
               
                  
                     (27)
                  Apartado 46 de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 31 de marzo de 2014.
               
               
                  
                     (28)
                  En la actualidad tres Estados miembros tienen suspendidos su derecho de voto y en un caso está pendiente el pago de atrasos de tres años.
               
               
                  
                     (29)
                  Asunto C-399/12 — Alemania/Consejo (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, apartado 64.
               
               
                  
                     (30)
                  Asuntos C-626/15 y C-659/16, Comisión/Consejo (asuntos del Mar de Weddell). Véase también la petición de decisión prejudicial en el asunto C-683/16.
               
               
                  
                     (31)
                  Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
               
               
                  
                     (32)
                  Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido (enero de 2017). Actualmente veintidós Estados miembros son miembros de la CBI con derecho a voto.
               
               
                  
                     (33)
                  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
               
               
                  
                     (34)
                  Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (DO L 61 de 3.3.1997, p. 1).
               
               
                  
                     (35)
                  Reglamento (CEE) n.º 348/81 del Consejo, de 20 de enero de 1981, relativo a un régimen común aplicable a las importaciones de productos derivados de los cetáceos (DO L 39 de 12.2.1981, p. 1).
               
               
                  
                     (36)
                  Conclusiones del Consejo sobre los pueblos indígenas, doc. 8814/17 de 15 de mayo de 2017.
               
               
                  
                     (37)
                  67ª reunión en 2018, 68ª reunión en 2020 y 69ª reunión en 2022.
               
            
      
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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 4.9.2017
            COM(2017) 463 final
            ANEXO
            Anexo a la propuesta de Decisión del Consejo sobre la
            Posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las tres próximas reuniones de la Comisión Ballenera Internacional y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones
            
               
         
         
            
               ANEXO
            
            
               Posición que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en las tres próximas reuniones de la Comisión Ballenera Internacional y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones
            
            
               1.El objetivo global de la Unión en relación con la Comisión Ballenera Internacional (CBI) es garantizar un marco normativo eficaz a escala internacional para la conservación y gestión de las ballenas, que garantice una mejora significativa del estado de conservación de las ballenas y otros cetáceos y ponga bajo el control de la CBI todas las actividades de caza de ballenas realizadas por los miembros de la CBI.
            
            
               2.Para lograr dicho objetivo, es importante que los pocos Estados miembros que no son actualmente miembros del Convenio se adhieran a él con el fin de reforzar el impacto de la Unión cuando se voten asuntos que interesen a la Unión. Asimismo, es importante que todos los Estados miembros conserven sus derechos de voto pagando a tiempo sus correspondientes contribuciones. 
            
            
               3.En sus próximas tres reuniones bienales y en las reuniones y acciones en el periodo entre sesiones, a partir de la adopción de la presente posición, los Estados miembros actuando conjuntamente en interés de la Unión deberán adoptar la siguiente posición en relación con las propuestas de enmiendas del Anexo o de resoluciones de la CBI:
            
            
               a)Procurar poner bajo el control de la CBI todas las actividades de caza de ballenas realizadas por los miembros de la CBI.
            
            
               b)Apoyar el mantenimiento y la plena aplicación de la moratoria sobre la caza comercial de ballenas del Anexo.
            
            
               c)Seguir el camino señalado por la Corte Internacional de Justicia y oponerse a cualquier propuesta relativa a nuevos tipos de caza de ballenas no previstos en el Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena (ICRW, en sus siglas en inglés), que podrían deslegitimar la moratoria y/o ser susceptibles de constituir amenazas para las poblaciones de ballenas de las zonas limítrofes con la Unión.
            
            
               d)Apoyar propuestas destinadas a poner fin a la caza de ballenas con fines científicos que no esté bajo el control de la CBI.  Apoyar propuestas destinadas a fomentar la investigación científica con toma de muestras no letal y hacer que el proceso de revisión de la CBI para la caza de ballenas al amparo de permisos especiales sea eficaz y transparente, al objeto de evitar abusos, y fomentar el cumplimiento de todos los aspectos de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (Australia contra Japón; Nueva Zelanda – interviniente, sentencia de 31 de marzo de 2014 sobre la caza de ballenas en el Antártico) y la aplicación de las pertinentes resoluciones de la CBI. 
            
            
               e)Apoyar las propuestas para la gestión de la caza aborigen de ballenas con fines de subsistencia que:
            
            
               1)garanticen que no se pone en peligro la conservación de la correspondiente población, teniendo debidamente en cuenta el principio de cautela y el asesoramiento del Comité Científico;
            
            
               2)garanticen que las actividades de pesca de ballenas están convenientemente reguladas y que las capturas siguen siendo sostenibles dentro del ámbito de aplicación de las necesidades de subsistencia para el uso local;
            
            
               3)tengan en cuenta un enfoque basado en los derechos de los pueblos indígenas y reconozcan al mismo tiempo que las ballenas son especies migratorias y se desplazan a otros Estados de su zona de distribución. 
            
            
               Para ello, y de conformidad con la Resolución 2014-1 de la CBI sobre la caza aborigen de ballenas con fines de subsistencia (ASW por sus siglas en inglés), que cuenta con el apoyo de la Unión, los Estados miembros de la Unión actuando conjuntamente en interés de esta seguirán y participarán activamente en el trabajo en curso emprendido dentro del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre ASW de la CBI, con el fin de lograr una mayor comprensión y mejorar los procedimientos, en relación con la mayor transparencia, la información a tiempo y el diálogo desde el principio, en el seno de la Unión y en la CBI, con el fin de garantizar que las propuestas de decisión relativas a los límites de capturas ASW puedan ser adoptadas sin problemas y en el momento oportuno. 
            
            
               f)Apoyar propuestas en favor de la creación de santuarios de ballenas. 
            
            
               g)Seguir apoyando el desarrollo de las demás aportaciones de la CBI a la conservación de las ballenas y otros cetáceos y de sus hábitats, comprender e intentar atajar las amenazas para su salud y su bienestar con que se enfrentan, incluidos los eventuales impactos acumulados de dichas amenazas, y comprender mejor y preservar el papel que desempeñan las ballenas y otros cetáceos como componentes claves de unos ecosistemas sanos o en su interacción con los seres humanos; en dicho contexto, mejorar la coordinación y colaboración entre la CBI y otras organizaciones para reforzar el marco normativo mundial para la conservación de los cetáceos. 
            
            
               h)Apoyar propuestas para mejorar la gobernanza de la CBI, en consonancia con las mejores prácticas aplicadas en otros acuerdos multilaterales y en sus órganos rectores, incluidos los mecanismos para garantizar una mayor transparencia, responsabilidad, adaptabilidad y garantía del cumplimiento, con el fin de reforzar la legitimidad de la CBI y la integridad de su proceso de toma de decisiones.  
            
            
               i)Apoyar propuestas destinadas a consolidar la transparencia del sistema, operado por el Secretariado de la CBI, para el refuerzo de la capacidad de los gobiernos que disponen de medios limitados para participar en los trabajos de la CBI; al mismo tiempo, exigir transparencia a aquellos donantes que financian directamente la participación de delegados de terceros países que están fuera de dicho sistema.
            
            
               j)Reforzar el diálogo y la cooperación con la sociedad civil, y seguir contribuyendo a mejorar la implicación y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la labor de la CBI a todos los niveles, en consonancia con la práctica común en otros acuerdos multilaterales.