CELEX: 62010CA0618
Language: es
Date: 2012-06-14 00:00:00
Title: Asunto C-618/10: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona — España) — Banco Español de Crédito, S.A./Joaquín Calderón Camino (Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados con consumidores — Cláusula abusiva de intereses de demora — Proceso monitorio — Competencias del órgano jurisdiccional nacional)

28.7.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 227/5
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de junio de 2012 (petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona — España) — Banco Español de Crédito, S.A./Joaquín Calderón Camino
   (Asunto C-618/10) (1)
   
   (Directiva 93/13/CEE - Contratos celebrados con consumidores - Cláusula abusiva de intereses de demora - Proceso monitorio - Competencias del órgano jurisdiccional nacional)
   2012/C 227/06
   Lengua de procedimiento: español
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Audiencia Provincial de Barcelona
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Banco Español de Crédito, S.A.
   
      Demandada: Joaquín Calderón Camino
   
      Objeto
   
   Petición de decisión prejudicial — Audiencia Provincial de Barcelona — Interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29), del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149, p. 22), de los artículos 5, 6, apartado 2, 7 y 10 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133, p. 66), y del artículo 2 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110, p. 30) — Crédito al consumo — Tipos de interés aplicables en caso de demora en el pago — Cláusulas abusivas — Procedimiento monitorio — Competencias del órgano jurisdiccional nacional.
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio –in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento– el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado oposición.
            
         
               2)
            
            
               El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva.
            
         
      (1)  DO C 95, de 26.3.2011.