CELEX: 52006PC0748
Language: es
Date: 2006-11-30
Title: Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales

Aviso jurídico importante

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52006PC0748

Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales  /* COM/2006/0748 final - COD 2006/0249 */  

	[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |Bruselas, 30.11.2006COM(2006) 748 final2006/0249 (COD)Propuesta deDIRECTIVA DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJOpor la que se deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales(presentada por la Comisión)EXPOSICIÓN DE MOTIVOSCONTEXTO DE LA PROPUESTA |110 | Motivación y objetivos de la propuesta La presente propuesta tiene por objeto contribuir a la simplificación del acervo comunitario mediante la derogación de una directiva que ha quedado obsoleta. |120 | Contexto general A raíz de la adopción de su Comunicación relativa a la actualización y simplificación del acervo comunitario[1], La Comisión ha intensificado el análisis de dicho acervo a fin de comprobar si hay actos legislativos que han quedado obsoletos y que, por tanto, podrían derogarse en aras de la simplificación. Uno de los actos examinados en este contexto ha sido la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales[2]. La Directiva 71/304/CEE, que se aplica exclusivamente en el sector de las obras[3], obliga a los Estados miembros a suprimir las restricciones «... relativas al acceso, la adjudicación, la ejecución o la participación en la ejecución de los contratos de obras por cuenta del Estado, de los entes territoriales y de las personas jurídicas de derecho jurídico». Dichas supresiones se realizan en beneficio de los operadores económicos que actúan –directamente o a través de agencias o de sucursales - como proveedores de servicios. Entre las restricciones que deben eliminarse, la Directiva cita, por ejemplo, las cláusulas que obligan a las entidades adjudicatarias de un contrato de obras o de un contrato de concesión de servicios o de obras a ejercer discriminación al seleccionar a sus subcontratistas[4], o las especificaciones técnicas de efecto discriminatorio. La Directiva obliga asimismo a los Estados miembros a garantizar que los empresarios no nacionales accedan en las mismas condiciones que los nacionales a los créditos, ayudas y subvenciones, y que dichos empresarios no nacionales «disfruten sin restricción y , en cualquier caso , en las mismas condiciones que los nacionales, de las posibilidades de abastecimiento cuyo control pueda ejercer el Estado y que les sean necesarias para ejecutar su contrato»[5]. La Directiva aborda, por tanto, dos aspectos: uno que se refiere al procedimiento de contratación pública, regulado en la actualidad por las Directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE[6], y otro relativo al acceso no discriminatorio a las obras en general, directamente relacionado con la aplicación de los artículos 43 y 49 del Tratado CE, y que se sitúa en la fase anterior o posterior del desarrollo del procedimiento de licitación. El primer aspecto ha quedado superado por la legislación sobre contratación pública adoptada con posterioridad a la Directiva de 1971 y, en último lugar, por las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. Por lo que respecta al segundo aspecto, cabe señalar que, desde la entrada en vigor de la Directiva 71/304/CEE, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en materia de libre prestación de servicios ha evolucionado notablemente[7]. Así pues, es evidente que el artículo 49 del Tratado CE prohíbe que las medidas se apliquen de forma discriminatoria y que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre prestación de servicios[8]. A partir de ahora, el artículo 49 del Tratado CE tiene un ámbito de aplicación más amplio que el del artículo 3 de la Directiva 71/304/CEE. Así pues, cabe concluir que la Directiva 71/304/CEE ha perdido su razón de ser y, por tanto, puede derogarse sin menoscabo de los derechos de los operadores económicos. |130 | Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta Además de regirse por el Tratado (en particular, por los artículos 43 y 49), este sector se supedita a la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales[9], y a la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[10]. |141 | Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión No procede. |CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO |Consulta de las partes interesadas |219 | No procede, dado que los derechos de los operadores económicos y las obligaciones de las autoridades adjudicadoras y las entidades contratantes no varían. |Obtención y utilización de asesoramiento técnico |229 | No ha sido necesario solicitar asesoría técnica. |230 | Evaluación de impacto No procede, dado que los derechos de los operadores económicos y las obligaciones de las autoridades adjudicadoras y las entidades contratantes no varían. |ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA |305 | Resumen de las medidas propuestas La propuesta deroga la Directiva 71/304/CEE, que ha quedado superada como consecuencia del desarrollo de la jurisprudencia y de la legislación en materia de contratación pública. |310 | Base jurídica Artículo 47, apartado 2, y artículos 55 y 95 del Tratado CE. |329 | Principio de subsidiariedad La propuesta afecta a un sector que es competencia exclusiva de la Comunidad. Así pues, no se aplica el principio de subsidiariedad. |Principio de proporcionalidad La propuesta se atiene al principio de proporcionalidad por las razones que se exponen a continuación: |331 | la derogación formal de una directiva sin fecha de expiración sólo puede efectuarse mediante la adopción de un acto legislativo; |332 | la derogación no tendrá repercusiones desde el punto de vista financiero. |Instrumentos elegidos |341 | Instrumento propuesto: directiva. |342 | No hubiese resultado oportuno adoptar otros instrumentos por la razón que se expone a continuación: La propuesta se basa, mutatis mutandis, en las mismas disposiciones del Tratado que la Directiva que se va a derogar. Dicha base jurídica impone la elección de una directiva. |REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS |409 | La propuesta carece de repercusiones sobre el presupuesto de la Comunidad. |INFORMACIÓN ADICIONAL |510 | Simplificación |511 | La propuesta simplifica el marco legislativo. |512 | Se eliminará del acervo comunitario un acto que ha quedado obsoleto. |560 | Espacio Económico Europeo El presente proyecto de acto se inscribe en un ámbito cubierto por el Acuerdo EEE y, por tanto, deberá hacerse extensivo al Espacio Económico Europeo. |F-1824 |1.  2006/0249 (COD)Propuesta deDIRECTIV A DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJOpor la que se deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales(Texto pertinente a efectos del EEE)EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 47, apartado 2, y sus artículos 55 y 95,Vista la propuesta de la Comisión[11],Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[12],Visto el dictamen del Comité de las Regiones[13],De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado CE[14],Considerando lo siguiente:2.  En su Comunicación relativa a la actualización y simplificación del acervo comunitario[15], la Comisión anunció, entre otras cosas, que procedería a un examen del acervo para comprobar si este podía simplificarse, por ejemplo, mediante la derogación de actos que hubiesen quedado obsoletos.3.  La adopción de diversos actos de carácter legislativo en materia de contratación pública, y, en último lugar, de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales[16] y de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios[17], así como la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y, en particular, su sentencia de 25 de julio de 1991 en el asunto C-76/90 Säger [18], permite lograr un nivel de protección jurídica igual o superior al ofrecido por las disposiciones de la Directiva 71/304/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales[19]. Por consiguiente, procede derogar la Directiva 71/304/CEE, a fin de simplificar el acervo comunitario sin menoscabar los derechos de los operadores económicos.HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:Artículo 1Queda derogada la Directiva 71/304/CEE.Artículo 2 TransposiciónLos Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el […]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.Artículo 3La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea .Artículo 4L os destinatarios de la presente Directiva serán los Estado miembros.Hecho en Bruselas, el […]Por el Parlamento Europeo Por el ConsejoEl Presidente El Presidente[…] […] [pic][pic][pic][pic][pic][pic] [1] COM(2003) 71 final de 11.2.2003.[2] DO L 185 de 16.8.1971.[3] Con alguna excepciones enumeradas en su artículo 2, apartado 2.[4] Artículo 3, apartado 1, letra a).[5] Artículo 3, apartado 2, letra b).[6] Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, y Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, DO L 134 de 30.4.2004, p. 1 y p. 114, respectivamente.[7] Así, el apartado 12 de la exposición de motivos de su sentencia de 25 de julio de 1991 en el asunto C-76/90 Säger , Rec. I-4221, dice lo siguiente: « En primer lugar, cabe señalar que el artículo 59 [en la actualidad, artículo 59] del Tratado no sólo exige la eliminación de cualquier discriminación en relación con el prestatario de los servicios debido a su nacionalidad, sino también la supresión de toda restricción, incluso en los casos en que se aplica indistintamente a los prestatarios nacionales y a los de otros Estados miembros, cuando pueda prohibir o entorpecer las actividades del prestatario establecido en otro Estado miembro en el que presta legalmente servicios análogos . »[8] Véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 1991 en el asunto C-288/89 Gouda , Rec. I-4007 apartados 12 y 13.[9] DO L 134 de 30.4.2004, p. 1[10] DO L 134 de 30.4.2004, p. 114[11] DO C […] de […], p. […].[12] DO C […] de […], p. […].[13] DO C […] de […], p. […].[14] DO C […] de […], p. […].[15] COM(2003) 71 final de 11.2.2003.[16] DO L 134 de 30.4.2004, p. 1.[17] DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.[18] Rec. I-4221.[19] DO L 185 de 16.8.1971, p. 1.