CELEX: 62010CC0493
Language: es
Date: 2011-09-22
Title: Conclusiones de la Abogado General Sra. V. Trstenjak presentadas el 22 de septiembre de 2011.#N. S. (C-411/10) contra Secretary of State for the Home Department y M. E. y otros (C-493/10) contra Refugee Applications Commissioner y Minister for Justice, Equality and Law Reform.#Peticiones de decisión prejudicial: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Reino Unido y High Court of Ireland - Irlanda.#Derecho de la Unión - Principios - Derechos fundamentales - Aplicación del Derecho de la Unión - Prohibición de tratos inhumanos o degradantes - Sistema europeo común de asilo - Reglamento (CE) nº 343/2003 - Concepto de "países seguros" - Traslado de un solicitante de asilo al Estado miembro responsable - Obligación - Presunción refutable de respeto, por parte de ese Estado miembro, de los derechos fundamentales.#Asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL 
      SRA. VERICA TRSTENJAK
      de 22 de septiembre de 2011 (1)
      
      Asunto C‑493/10
      M.E.,
      A.S.M.,
      M.T.,
      K.P.,
      E.H.
      contra
      Refugee Applications Commissioner
      Minister for Justice, Equality and Law Reform
      [Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda)]
      «Reglamento nº 343/2003 – Traslado de solicitantes de asilo al Estado miembro en principio responsable del examen de la solicitud – Obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 – Compatibilidad del traslado de un solicitante de asilo con la Carta de los Derechos Fundamentales – Art. 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales – Derecho de asilo»
      Índice
      
      I.     Introducción
      II.   Marco legal
      A.     Derecho de la Unión
      1.     Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
      2.     Derecho derivado
      a)     Reglamento nº 343/2003
      b)     Directiva 2001/55
      c)     Directiva 2003/9
      d)     Directiva 2004/83
      e)     Directiva 2005/85
      III. Hechos y petición de decisión prejudicial
      IV.   Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      V.     Alegaciones de las partes
      VI.   Apreciación jurídica
      A.     Reflexiones preliminares
      B.     La obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 en caso
         de grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales si se traslada al solicitante de asilo al Estado miembro en principio
         responsable
      
      C.     El Estado miembro que traslada, antes de trasladar a un solicitante de asilo con arreglo al Reglamento nº 343/2003, debe valorar
         si en el Estado miembro receptor están garantizados los derechos de dicho solicitante consagrados en la Carta
      
      VII. Conclusión
      I.      Introducción
      1.        Los criterios para determinar el Estado miembro responsable de una solicitud de asilo presentada en la Unión se extraen del
         Reglamento nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación
         del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional
         de un tercer país. (2) Una característica esencial del sistema de reparto de competencias en materia de asilo que introduce dicho Reglamento consiste
         en que para cada solicitud de asilo presentada en la Unión en principio es competente un solo Estado miembro. Cuando un nacional
         de un tercer país ha solicitado asilo en un Estado miembro que con arreglo al Reglamento no es el competente en principio
         para examinar dicha solicitud, el Reglamento dispone mecanismos para el traslado del solicitante de asilo al Estado miembro
         en principio competente.
      
      2.        Sin embargo, en vista de la crisis en que se encuentra actualmente el sistema griego de asilo, a los demás Estados miembros
         se les plantea la cuestión de si los criterios del Reglamento nº 343/2003 permiten que se traslade a los solicitantes de asilo
         a Grecia cuando no es posible garantizar un trato a dichos solicitantes y un examen de sus solicitudes en Grecia de conformidad
         con lo exigido por la Unión. Dado que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 concede a los Estados miembros
         el derecho a realizar el examen de una solicitud de asilo presentada en su territorio, apartándose de las reglas habituales
         de competencia, en lugar del Estado miembro en principio responsable, se plantea también la cuestión de si dicho «derecho
         de intervención» de los Estados miembros se puede consolidar en una «obligación de intervención» cuando el Estado miembro
         en principio responsable no está en condiciones de garantizar un trato a los solicitantes de asilo de conformidad con lo exigido
         por la Unión. 
      
      3.        El órgano jurisdiccional remitente debe pronunciarse acerca de estas cuestiones en el procedimiento principal, en que cinco
         solicitantes de asilo que entraron en el territorio de la Unión de forma irregular a través de Grecia pero que solicitaron
         asilo en Irlanda se oponen a ser devueltos a Grecia desde Irlanda.
      
      4.        El presente asunto guarda una estrecha relación con el asunto C‑411/10, N.S., en que presento mis conclusiones en la misma
         fecha que en el presente asunto. El asunto N.S. gira en torno al problema del traslado de solicitantes de asilo desde el Reino
         Unido a Grecia conforme a lo dispuesto en el Reglamento nº 343/2003, y dicho asunto ha sido acumulado con el presente asunto,
         mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia, en un procedimiento escrito y oral común y para su decisión conjunta.
         Sin embargo, por motivos de racionalidad presento conclusiones separadas en el presente asunto y en el asunto N.S. En cualquier
         caso, las presentes conclusiones contienen varias remisiones a las del asunto N.S.
      
      II.    Marco legal
      A.      Derecho de la Unión
      1.      Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
      5.        El artículo 1 de la Carta, que lleva el título de «Dignidad humana», establece:
      
      «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida.»
      6.        El artículo 4 de la Carta, cuyo título es «Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes»,
         dispone:
      
      «Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.»
      7.        El artículo 18 de la Carta, que lleva el título de «Derecho de asilo», establece:
      
      «Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del
         Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y
         con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.»
      
      8.        El artículo 19 de la Carta, bajo el título «Protección en caso de devolución, expulsión y extradición», dispone:
      
      «1.      Se prohíben las expulsiones colectivas.
      2.      Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de
         muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.»
      
      2.      Derecho derivado
      9.        En su sesión extraordinaria de los días 15 y 16 de octubre de 1999 en Tampere, el Consejo Europeo acordó trabajar en pos de
         un sistema europeo común de asilo que se basara en una aplicación ilimitada y exhaustiva de la Convención de Ginebra de 28
         de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (en lo sucesivo, «Convención de
         Ginebra») y que respetase el principio de no devolución y asegurase que nadie sea devuelto a un lugar donde esté expuesto
         a la persecución. En dicha sesión extraordinaria, el Consejo se reafirmó en la idea de que en la cuestión de la protección
         temporal para desplazados sobre la base de la solidaridad entre los Estados miembros es preciso alcanzar un consenso.
      
      10.      Para poner en práctica las conclusiones de Tampere se adoptaron, entre otros actos, el siguiente Reglamento y las siguientes
         Directivas: (3)
      
      –        Reglamento nº 343/2003.
      –        Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal
         en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros
         para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida. (4)
      
      –        Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes
         de asilo en los Estados miembros. (5)
      
      –        Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos
         para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan
         otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida. (6)
      
      –        Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar
         los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado. (7)
      
      11.      En concreto, dicho Reglamento y dichas Directivas disponen lo siguiente:
      
      a)      Reglamento nº 343/2003
      12.      Conforme a su artículo 1, el Reglamento nº 343/2003 establece los criterios y mecanismos que se aplican para la determinación
         del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional
         de un tercer país. 
      
      13.      El artículo 3 del Reglamento nº 343/2003 establece:
      
      «1.      Los Estados miembros examinarán toda solicitud de asilo presentada por un nacional de un tercer país a cualquiera de ellos,
         ya sea en la frontera o en su territorio. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios
         mencionados en el capítulo III designen como responsable.
      
      2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cualquier Estado miembro podrá examinar una solicitud de asilo que le sea presentada
         por un nacional de un tercer país, aun cuando este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en el presente
         Reglamento. En tal caso, dicho Estado miembro se convertirá en el Estado miembro responsable en el sentido del presente Reglamento
         y asumirá las obligaciones vinculadas a esta responsabilidad. Informará de ello, en su caso, al Estado miembro anteriormente
         responsable, al que lleve a cabo un procedimiento de determinación del Estado miembro responsable o al que haya sido requerido
         para hacerse cargo del solicitante o readmitirlo.
      
      3.      Todo Estado miembro conservará la posibilidad, en aplicación de su Derecho nacional, de enviar a un solicitante de asilo a
         un tercer país, respetando las disposiciones de la Convención de Ginebra.
      
      4.      Se informará al solicitante de asilo por escrito, en una lengua cuya comprensión sea razonable suponerle, sobre la aplicación
         del presente Reglamento, sus plazos y sus efectos.»
      
      14.      El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 343/2003 establece:
      
      «1.      El proceso de determinación del Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento se pondrá en marcha en el momento
         en que se presente una solicitud de asilo por primera vez ante un Estado miembro.
      
      2.      Se considerará que se ha presentado una solicitud de asilo a partir del momento en el que llegue a las autoridades competentes
         del Estado miembro de que se trate un formulario presentado por el solicitante de asilo o un acta redactada por las autoridades.
         En caso de solicitud no escrita, el plazo entre la declaración de intenciones y el levantamiento de un acta deberá ser lo
         más corto posible.
      
      [...]»
      15.      El artículo 5 del Reglamento nº 343/2003 dispone:
      
      «1.      Los criterios de determinación del Estado miembro responsable se aplicarán en el orden que figuran en el presente capítulo.
      2.      La determinación del Estado miembro responsable en aplicación de los criterios se hará atendiendo a la situación existente
         en el momento en que el solicitante de asilo presentó su solicitud por primera vez ante un Estado miembro.»
      
      16.      El artículo 10 del Reglamento nº 343/2003 establece:
      
      «1.      Si se determina, atendiendo a pruebas o a indicios circunstanciales según se describen en las dos listas citadas en el apartado
         3 del artículo 18, e incluidos los datos mencionados en el capítulo III del Reglamento (CE) nº 2725/2000, que el solicitante
         de asilo ha cruzado la frontera de un Estado miembro de forma irregular por vía terrestre, marítima o aérea, procedente de
         un tercero país, el Estado miembro en el que haya entrado de tal forma será responsable del examen de la solicitud de asilo.
         Esta responsabilidad cesará doce meses después de la fecha en que se haya producido el cruce irregular de fronteras.
      
      2.      Cuando un Estado miembro no sea, o haya dejado de ser responsable, con arreglo al apartado 1 y se determine, atendiendo a
         pruebas o a indicios circunstanciales según se describen en las dos listas citadas en el apartado 3 del artículo 18, que en
         el momento de presentar su solicitud de asilo, un solicitante que haya entrado de forma irregular en los territorios de los
         Estados miembros o cuyas circunstancias de entrada no se puedan determinar ha vivido anteriormente en un Estado miembro durante
         un período continuo no inferior a cinco meses, ese Estado miembro será responsable del examen de la solicitud de asilo.
      
      Si el solicitante hubiera vivido durante períodos no inferiores a cinco meses en varios Estados miembros, el Estado miembro
         en que haya transcurrido el más reciente de dichos períodos será responsable del examen de la solicitud de asilo.»
      
      17.      El artículo 13 del Reglamento nº 343/2003 dispone:
      
      «Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable
         del examen de la solicitud de asilo, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la
         solicitud de asilo.»
      
      18.      El artículo 16 del Reglamento nº 343/2003 establece:
      
      «1.      El Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo de acuerdo con el presente Reglamento deberá:
      a)      hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 17 a 19, del solicitante de asilo que haya presentado una
         solicitud en otro Estado miembro;
      
      b)      completar el examen de la solicitud de asilo;
      [...]
      3.      Las obligaciones mencionadas en el apartado 1 cesarán si el nacional de un tercer país abandona el territorio de los Estados
         miembros durante un período de al menos tres meses, a menos que el nacional del tercer país sea titular de un documento de
         residencia vigente expedido por el Estado miembro responsable.
      
      [...]»
      19.      El artículo 17 del Reglamento nº 343/2003 dispone:
      
      «1.      El Estado miembro ante el que se haya presentado una solicitud de asilo y que estime que otro Estado miembro es el responsable
         del examen de dicha solicitud, podrá pedir que este último asuma la responsabilidad de la solicitud, lo antes posible y en
         cualquier caso dentro de un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de asilo en el sentido del apartado
         2 del artículo 4.
      
      Si la petición de asunción de responsabilidad respecto de un solicitante no se formulara en el plazo de tres meses, la responsabilidad
         de examinar la solicitud de asilo corresponderá al Estado miembro ante el que se haya presentado por primera vez la solicitud
         de asilo.
      
      [...]»
      20.      El artículo 18 del Reglamento nº 343/2003 establece:
      
      «1.      El Estado miembro requerido procederá a las verificaciones necesarias y resolverá sobre la petición de asunción de responsabilidad
         respecto de un solicitante en el plazo de dos meses a partir de la recepción de dicha petición.
      
      [...]
      7.      La falta de respuesta al expirar el plazo de dos meses indicado en el apartado 1 y de un mes indicado en el apartado 6 equivaldrá
         a la aceptación de la petición e implicará la obligación de hacerse cargo de la persona, con inclusión de disposiciones adecuadas
         para la llegada.»
      
      21.      El artículo 19 del Reglamento nº 343/2003 dispone:
      
      «1.      Si el Estado miembro requerido acepta hacerse cargo de un solicitante, el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud
         de asilo notificará al solicitante la decisión de no examinar la solicitud y la obligación de trasladarlo al Estado miembro
         responsable.
      
      2.      La decisión a que se refiere el apartado 1 será motivada. Se acompañará de indicaciones relativas a los plazos de ejecución
         del traslado y, si fuere necesario, de información relativa al lugar y a la fecha en que el solicitante deba comparecer, si
         se traslada al Estado miembro responsable por sus propios medios. La decisión podrá ser objeto de recurso o revisión. El recurso
         o revisión de dicha decisión no suspenderá la ejecución del traslado, salvo si los tribunales u órganos competentes así lo
         decidieran, caso por caso, al amparo del Derecho nacional.
      
      3.      El traslado del solicitante del Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de asilo al Estado miembro responsable
         se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros
         afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación
         de la petición de asunción de responsabilidad o de la resolución de un recurso o revisión que tuviera efecto suspensivo.
      
      [...]
      4.      Si el traslado no se realizara en el plazo de seis meses, la responsabilidad incumbirá al Estado miembro en el que se haya
         presentado la solicitud de asilo. Este plazo podrá ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera
         efectuarse por motivo de pena de prisión del solicitante de asilo, o hasta un máximo de dieciocho meses en caso de fuga del
         solicitante de asilo.
      
      [...]»
      b)      Directiva 2001/55
      22.      Con arreglo a su artículo 1, la Directiva 2001/55 tiene por objeto establecer normas mínimas para la concesión de protección
         temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países que no pueden volver a su país
         de origen y fomentar un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias
         de su acogida.
      
      23.      Conforme a su artículo 2, letra a), la Directiva 2001/55 define la expresión «protección temporal» como un procedimiento de
         carácter excepcional por el que, en caso de afluencia masiva o inminencia de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes
         de terceros países que no puedan volver a entrar en su país de origen, se garantiza a las mismas protección inmediata y de
         carácter temporal, en especial si el sistema de asilo también corre el riesgo de no poder gestionar este flujo de personas
         sin efectos contrarios a su buen funcionamiento, al interés de las personas afectadas y al de las otras personas que soliciten
         protección.
      
      24.      El capítulo II de la Directiva 2001/55 contiene disposiciones sobre la duración y la aplicación de la protección temporal.
         El capítulo III versa sobre las obligaciones de los Estados miembros para con los beneficiarios de la protección temporal.
         El capítulo IV de la Directiva regula el acceso al procedimiento de asilo en el contexto de la protección temporal. El capítulo V
         se refiere al regreso de las personas afectadas y a las medidas subsiguientes a la protección temporal. El capítulo VI se
         refiere al reparto de las cargas y funciones entre los Estados miembros, regido por el principio de solidaridad de la Unión.
         
      
      c)      Directiva 2003/9
      25.      Con arreglo a su artículo 1, la Directiva 2003/9 tiene por objeto establecer normas mínimas para la acogida de los solicitantes
         de asilo en los Estados miembros.
      
      26.      Las normas mínimas establecidas en la Directiva 2003/9 se refieren a las obligaciones de información de los Estados miembros
         en relación con los solicitantes de asilo (artículo 5), a la expedición de documentos a favor de los solicitantes de asilo
         (artículo 6), a la residencia y libertad de circulación de los solicitantes de asilo (artículo 7), al respeto de la unidad
         familiar de los solicitantes de asilo (artículo 8), a la escolarización y educación de los menores (artículo 10), al acceso
         al mercado de trabajo para los solicitantes de asilo (artículo 11) y a su formación profesional (artículo 12), y a las condiciones
         de acogida y atención sanitaria (artículos 13 y ss.).
      
      27.      El artículo 21 de la Directiva, bajo el título de «Recursos», establece que los Estados miembros velarán por que las decisiones
         negativas relativas a la concesión de los beneficios previstos en la presente Directiva o las decisiones adoptadas en virtud
         del artículo 7 que afecten de manera individual a los solicitantes de asilo sean recurribles con arreglo a los procedimientos
         previstos por la legislación nacional. Al menos en este último caso se garantizará la posibilidad de recurso o de revisión
         ante un órgano judicial. 
      
      28.      Con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2003/9, los Estados miembros, respetando su estructura constitucional, velarán
         por que se establezcan una orientación, una supervisión y un control adecuados del nivel de las condiciones de acogida. Conforme
         al artículo 24, apartado 2, además asignarán los recursos necesarios para la ejecución de las disposiciones nacionales aprobadas
         en aplicación de la presente Directiva.
      
      d)      Directiva 2004/83
      29.      Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 2004/83, el objeto de la Directiva es el establecimiento de normas mínimas relativas
         a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan
         otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida.
      
      30.      Los capítulos II, III y V de la Directiva 2004/83 contienen una serie de preceptos y criterios relativos al examen de solicitudes
         de reconocimiento de la condición de refugiado o de concesión de protección subsidiaria, y relativos al reconocimiento del
         nacional de terceros países como refugiado o como persona con derecho a protección subsidiaria. Por su parte, el capítulo IV
         contiene la disposición de que los Estados miembros reconocerán el estatuto de refugiado a las personas de terceros países
         o a los apátridas que cumplan los requisitos de los capítulos II y III (artículo 13). Por otro lado, dicho capítulo regula
         las modalidades de revocación, finalización y denegación de la renovación del estatuto de refugiado (artículo 14). El capítulo VI
         contiene las correspondientes disposiciones sobre la concesión (artículo 18), la revocación, la finalización y la denegación
         de la renovación del estatuto de protección subsidiaria (artículo 19). El capítulo VII define el contenido de la protección
         internacional, que contiene, entre otras, la protección contra la devolución (artículo 21). El capítulo VIII regula las cuestiones
         de la cooperación administrativa. Con arreglo al artículo 36, los Estados miembros deben velar, entre otras cosas, por que
         las autoridades y otras organizaciones responsables de la aplicación de la Directiva reciban la formación necesaria.
      
      e)      Directiva 2005/85
      31.      Conforme al artículo 1 de la Directiva 2005/85, ésta establece normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los
         Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. 
      
      32.      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2005/85, ésta es de aplicación a todas las solicitudes de asilo presentadas
         en el territorio, con inclusión de la frontera, o en las zonas de tránsito de los Estados miembros, y a la retirada del estatuto
         de refugiado. Conforme al artículo 4, apartado 1, párrafo primero, los Estados miembros designarán para todos los procedimientos
         una autoridad decisoria que será responsable de examinar convenientemente las solicitudes de conformidad con lo dispuesto
         en dicha Directiva. 
      
      33.      Los principios que caracterizan dichos procedimientos, así como las garantías que se han de conceder a los solicitantes de
         asilo a este respecto, se establecen en el capítulo II de la Directiva 2005/85. Disposiciones concretas sobre el procedimiento
         para la concesión del estatuto de refugiado se encuentran en el capítulo III de la Directiva, en que también se menciona el
         concepto de tercer país seguro (artículo 27) y de país de origen seguro (artículo 31). En el capítulo V se regula el derecho
         del solicitante de asilo a recurso efectivo (artículo 39).
      
      III. Hechos y petición de decisión prejudicial
      34.      Son objeto del procedimiento principal las demandas de cinco solicitantes de asilo contra resoluciones del Refugee Applications
         Commissioner (en lo sucesivo, «primer demandado en el procedimiento principal») por las que ordenó el traslado a Grecia de
         dichos solicitantes, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento nº 343/2003, para el examen de sus solicitudes.
      
      35.      Cada uno de los demandantes, sin relación entre sí, estaba viajando a través de Grecia y fue detenido allí por entrada irregular.
         Se trata, en todos los casos, de varones adultos y no alegan ninguna vulnerabilidad o discapacidad especial. Cada uno de los
         demandantes abandonó Grecia sin solicitar asilo y se trasladó a Irlanda, en donde solicitó asilo.
      
      36.      Los cinco demandantes afirman proceder de Afganistán, Irán o Argelia. Todos ellos se resisten a regresar a Grecia. Los demandantes
         argumentan la existencia de procedimientos y condiciones inadecuados para los solicitantes de asilo en Grecia, razón por la
         cual Irlanda estaría obligada a ejercer su facultad de apreciación de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento
         nº 343/2003 a fin de aceptar la responsabilidad de examinar y decidir sobre sus solicitudes de asilo.
      
      37.      El primer demandado en el procedimiento principal declinó hacer uso del derecho de intervención previsto en el artículo 3,
         apartado 2, del Reglamento nº 343/2003, y el Minister for Justice and Law Reform (Ministro de Justicia; en lo sucesivo, «segundo
         demandado en el procedimiento principal») dictó órdenes de traslado en los cinco casos, de conformidad con lo dispuesto en
         el Reglamento nº 343/2003. Sin embargo, los traslados fueron suspendidos hasta tanto recayese decisión en el procedimiento
         pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, en que se ha impugnado la validez de la negativa del primer demandado en
         el procedimiento principal a hacer uso del derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2.
      
      38.      Ante las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente sobre la interpretación y la aplicación del artículo 3, apartado
         2, del Reglamento nº 343/2003 en un caso como el del procedimiento principal, ha suspendido el procedimiento principal y ha
         remitido al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      1.      ¿Tiene el Estado miembro que traslada, en virtud del Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo, la obligación de evaluar el
         cumplimiento por parte del Estado miembro receptor del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, de
         las Directivas 2003/9/CE, 2004/83/CE y 2005/85/CE del Consejo y del Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo?
      
      2.      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, y si se determina que el Estado miembro receptor incumple alguna de
         las citadas disposiciones, ¿está obligado el Estado miembro que traslada a asumir la responsabilidad de examinar la solicitud
         en virtud del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo?
      
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      39.      La resolución de remisión fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 2010. Mediante auto de
         9 de noviembre de 2010, el Presidente del Tribunal de Justicia ha acumulado los asuntos C‑411/10 y C‑493/10 en un procedimiento
         escrito común y, mediante auto de 16 de mayo de 2011 del Presidente del Tribunal de Justicia, se han acumulado en un procedimiento
         oral común y para su decisión conjunta. 
      
      40.      En la fase escrita del procedimiento han presentado alegaciones los demandantes en el procedimiento principal, Amnesty International
         Limited y el AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe) como coadyuvantes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
         para los Refugiados, la República de Irlanda, el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, la República Francesa,
         el Reino Unido, el Reino de los Países Bajos, la República Italiana, la República de Finlandia, la República Helénica, la
         República de Austria, la República Checa, la Confederación Suiza, la República de Polonia y la Comisión Europea. En la vista
         celebrada el 28 de junio de 2011 intervinieron los representantes de los demandantes en el procedimiento principal, de Amnesty
         International Limited y del AIRE Centre (Advice on Individual Rights in Europe), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
         para los Refugiados, de la República de Irlanda, de la República Helénica, de la República de Eslovenia, del Reino de los
         Países Bajos, de la República de Polonia, de la República Francesa, del Reino Unido y de la Comisión.
      
      V.      Alegaciones de las partes
      41.      A la primera cuestión prejudicial, de si el Estado miembro que traslada está obligado, en virtud del Reglamento nº 343/2003, a comprobar la observancia del
         artículo 18 de la Carta, de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 y del Reglamento nº 343/2003 por parte del Estado miembro
         receptor, en opinión de los demandantes en el procedimiento principal, de Amnesty International Limited y del AIRE Centre procede responder afirmativamente. Amnesty International Limited y el AIRE Centre subrayan, además, que el Estado miembro que traslada debe valorar, a este respecto, la observancia de todas las disposiciones
         relevantes de la Carta por parte del Estado miembro receptor. 
      
      42.      Los Gobiernos belga, alemán y francés, la Comisión y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados destacan, a este respecto, que el Estado miembro que traslada, al aplicar el Reglamento nº 343/2003, puede partir de la presunción
         de que el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo actúa de conformidad con el Derecho de la Unión,
         si bien dicha presunción ha de ser iuris tantum. El Gobierno del Reino Unido subraya que la obligación de valorar el cumplimiento del artículo 18 de la Carta o de las disposiciones de las Directivas
         2003/9, 2004/83 y 2005/85 y del Reglamento nº 343/2003 por parte del Estado miembro receptor sólo puede ocasionarse en circunstancias
         extraordinarias, en concreto cuando se desvirtúa claramente la presunción del trato conforme a los derechos humanos y fundamentales
         por el Estado miembro responsable.
      
      43.      En opinión de los Gobiernos irlandés, italiano, neerlandés, checo, polaco y finlandés, procede responder negativamente a la primera cuestión prejudicial. Los Gobiernos griego y polaco alegan a este respecto que el Derecho de la Unión impide que un Estado miembro revise la conformidad con el Derecho de la
         Unión de la actuación de otro Estado miembro.
      
      44.      El Gobierno austriaco alega que el Estado miembro que comprueba la licitud de un traslado al Estado miembro responsable con arreglo al Reglamento
         nº 343/2003 debe considerar si el Estado miembro receptor observa en principio las normas mínimas cuyo cumplimiento fundamenta
         la presunción de que el traslado es compatible con la Carta.
      
      45.      A la segunda cuestión prejudicial, si el Estado miembro que traslada está obligado a asumir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo con arreglo
         al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 cuando el Estado miembro receptor no respeta el artículo 18 de la Carta
         o alguna de las disposiciones de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003, en opinión de Amnesty International Limited y del AIRE Centre procede responder afirmativamente. Asimismo, Amnesty International Limited y el AIRE Centre subrayan que la obligación de ejercer el derecho de intervención entra en juego en todos los casos en que existe riesgo de
         incumplimiento de alguna de las disposiciones relevantes de la Carta en el Estado miembro receptor.
      
      46.      A juicio de los demandantes en el procedimiento principal, de los Gobiernos belga y francés, de la Comisión y del Alto Comisionado
         de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Estado miembro que traslada está obligado a ejercer su derecho de intervención
         con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 cuando esté acreditado que el solicitante de asilo corre
         grave peligro de que en el Estado miembro receptor se vulneren sus derechos consagrados en la Carta. El Gobierno finlandés
         se expresa en sentido similar y afirma que la obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3,
         apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 puede nacer excepcionalmente en los casos en que conste que con el traslado del solicitante
         de asilo se vulnerarían gravemente sus derechos consagrados por el artículo 18 de la Carta. 
      
      47.      En opinión de los Gobiernos griego y neerlandés, en cambio, el Estado miembro que traslada no está obligado a ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3,
         apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 cuando el Estado miembro receptor no observa el artículo 18 de la Carta o alguna de
         las disposiciones de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003. Tampoco consideran los Gobiernos polaco y esloveno que del artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 se deduzca una obligación de ejercer el derecho de intervención.
         El Gobierno alemán, así como el neerlandés, sin embargo, señalan que un solicitante de asilo no puede ser trasladado a un Estado miembro en que corra un riesgo grave
         de vulneración de sus derechos consagrados en la Carta.
      
      48.      Dado que los Gobiernos irlandés e italiano han respondido negativamente a la primera cuestión prejudicial, a su parecer no es preciso responder a la segunda. Igualmente,
         el Gobierno del Reino Unido considera que no es necesaria una respuesta a la segunda cuestión prejudicial, a la vista de su respuesta a la primera.
      
      49.      A juicio de la Confederación Helvética, (8) el Reglamento nº 343/2003 contiene intrínsecamente una presunción iuris tantum de que los Estados participantes respetan la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
         Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»). Pero si esta presunción se desvirtúa en un caso concreto
         y en el Estado responsable no se garantiza un trato del solicitante conforme al Derecho internacional, queda excluido el traslado
         a dicho Estado y, de forma excepcional, se hace obligatorio el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado
         2, del Reglamento nº 343/2003.
      
      VI.    Apreciación jurídica
      A.      Reflexiones preliminares
      50.      Con sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente desea saber esencialmente si un Estado miembro está
         obligado, y en qué condiciones, en ejercicio de su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento
         nº 343/2003, a examinar la solicitud de un solicitante de asilo cuando éste, en caso de ser trasladado al Estado miembro en
         principio responsable, corre riesgo de vulneración de sus derechos consagrados por el artículo 18 de la Carta o corre el riesgo
         de que dicho Estado miembro incumpla las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85
         o del Reglamento nº 343/2003.
      
      51.      El órgano jurisdiccional remitente plantea dichas cuestiones porque aprecia claros indicios de una divergencia especialmente
         amplia entre las exigencias que el Derecho de la Unión impone a Grecia para la configuración de su sistema y sus procedimientos
         de asilo, por una parte, y el trato concreto que se da en Grecia a los solicitantes de asilo, por otra, de manera que en caso
         de traslado de un solicitante a Grecia existe el peligro incluso de vulneración de sus derechos fundamentales. 
      
      52.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente es del parecer de que sería contrario al espíritu del Reglamento nº 343/2003
         si un Estado miembro o los órganos jurisdiccionales nacionales, al aplicar dicho Reglamento, hubieran de examinar la eficacia
         del sistema de asilo de otro Estado miembro. Por eso, a falta de indicios para entender que el traslado de un solicitante
         de asilo acarrearía el peligro de un trato contrario al artículo 3 del CEDH, le corresponde en principio el Estado miembro
         decidir si es oportuno ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003.
         Entiende que no corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales resolver acerca de cuándo y cómo debe ejercer el Estado
         miembro su margen de apreciación.
      
      53.      El órgano jurisdiccional remitente ve esta argumentación respaldada por la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
         (en lo sucesivo, «TEDH») de 2 de diciembre de 2008, K.R.S./Reino Unido, (9) en que el TEDH debía conocer de la reclamación en materia de derechos humanos de un nacional iraní al que se pretendía trasladar
         desde el Reino Unido a Grecia conforme a lo dispuesto en el Reglamento nº 343/2003. El solicitante iraní había alegado, en
         particular, que su expulsión a Grecia constituiría una infracción del artículo 3 del CEDH. Con su sentencia de 2 de diciembre
         de 2008, el TEDH rechazó el recurso por manifiestamente infundado.
      
      54.      En cualquier caso, el órgano jurisdiccional remitente no está seguro de si la interpretación que propone del Reglamento nº 343/2003
         es compatible, y en qué condiciones, con el derecho de asilo consagrado por el artículo 18 de la Carta, recogido en el Derecho
         primario desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En este contexto, se solicita orientación al Tribunal de Justicia
         acerca de cómo aplicar el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 en casos en que se alega, e incluso se acredita
         mediante informes periciales, que en el Estado miembro receptor las condiciones de acogida son desfavorables y/o el procedimiento
         de asilo es ineficaz.
      
      55.      Teniendo en cuenta, especialmente, la argumentación del órgano jurisdiccional remitente sobre la jurisprudencia del TEDH,
         en primer lugar procede señalar que el TEDH, después de la fecha de recepción de la resolución de remisión, ha desarrollado
         algo más su valoración jurídica y fáctica de los traslados de solicitantes de asilo a Grecia, subyacente a su resolución de
         2 de diciembre de 2008, K.R.S./Reino Unido. En la decisiva sentencia de 21 de enero de 2011, M.S.S./Bélgica y Grecia, (10) el TEDH consideró que las condiciones de detención y de vida de un solicitante de asilo afgano en Grecia constituían una
         infracción del artículo 3 del CEDH por parte de Grecia. En dicho procedimiento, las deficiencias en el examen de la solicitud
         de asilo, el riesgo de devolución, directa o indirecta, a su país de origen sin una evaluación seria de la legitimidad de
         su solicitud y la falta de un recurso efectivo llevaron al TEDH a apreciar también una infracción del artículo 13 en relación
         con el artículo 3 del CEDH por parte de Grecia. Basándose en dichas apreciaciones, el TEDH consideró también el traslado del
         solicitante de asilo desde Bélgica a Grecia con arreglo al Reglamento nº 343/2003 como una infracción del artículo 3 del CEDH
         y del artículo 13 en relación con el artículo 3 del CEDH.
      
      56.      Para tratar de la cuestión de qué repercusiones tiene sobre el control judicial de los traslados de solicitantes de asilo
         a Grecia esta evolución de la jurisprudencia del TEDH relativa a la compatibilidad (o incompatibilidad) con el CEDH de dichos
         traslados a la luz del Derecho de la Unión y, en particular, de la Carta, me remito a mis reflexiones en las conclusiones
         del asunto N.S. En ellas he subrayado que, con arreglo al artículo 52, apartado 3, de la Carta, se ha de asegurar que la protección
         garantizada por la Carta en los ámbitos en que sus disposiciones se solapen con las disposiciones del CEDH no debe quedar
         por debajo de la protección conferida por el CEDH. Dado que el sentido y alcance de la protección conferida por el CEDH se
         precisa en la jurisprudencia del TEDH, ésta adquiere una singular relevancia y un peso especial en la interpretación de las
         disposiciones correspondientes de la Carta por el Tribunal de Justicia. (11)
      
      57.      Partiendo de estas aclaraciones, a continuación paso a ocuparme de ambas cuestiones prejudiciales. Para ello voy a analizar
         en primer lugar la segunda cuestión prejudicial, dirigida a dilucidar en qué condiciones un Estado miembro puede estar obligado,
         en ejercicio de su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003, a examinar la
         solicitud de un solicitante de asilo de la que en principio es responsable otro Estado miembro. Acto seguido, en respuesta
         a la primera cuestión prejudicial analizaré el problema de cómo puede un Estado miembro estar obligado, en este contexto,
         a juzgar el cumplimiento de lo exigido por el Derecho de la Unión por el otro Estado miembro.
      
      B.      La obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 en caso
            de grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales si se traslada al solicitante de asilo al Estado miembro en principio
            responsable
      58.      Con su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita orientación acerca de si un Estado miembro
         está obligado a ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 y, de
         este modo, hacerse cargo del examen de una solicitud de asilo presentada en su territorio, cuando se tiene constancia de que
         el Estado miembro en principio responsable del examen de dicha solicitud no puede garantizar la observancia de lo exigido
         por el artículo 18 de la Carta o por las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 o por el Reglamento nº 343/2003 en cuanto al
         trato dispensado a los solicitantes de asilo y al examen de sus solicitudes. 
      
      59.      Como ya he expuesto en mis conclusiones en el asunto N.S., ni al fijar los criterios para determinar el Estado miembro responsable
         del examen de una solicitud de asilo ni al establecer el procedimiento para el traslado de solicitantes entre los Estados
         miembros hace referencia concreta el Reglamento nº 343/2003 al trato que reciba el solicitante ni al examen de sus solicitudes
         en el Estado miembro receptor. Esto se ha de entender en el contexto de que los sistemas de asilo de los Estados miembros,
         conforme a las Directivas 2003/09, 2004/83 y 2005/85, deben satisfacer unas normas mínimas y que todos los Estados miembros
         son parte del CEDH y de la Convención de Ginebra, de manera que se asegura jurídicamente que el trato dispensado a los solicitantes
         de asilo y el examen de sus solicitudes en todos los Estados miembros se someten a lo dispuesto en la Carta, en la Convención
         de Ginebra y en el CEDH. (12)
      
      60.      En caso de que un Estado miembro, por el motivo que sea, no se encuentre en condiciones de cumplir con lo exigido por las
         Directivas 2003/9, 2004/83 o 2005/85 o con sus obligaciones derivadas de los derechos fundamentales o del Derecho internacional
         al tratar a los solicitantes de asilo o al examinar sus solicitudes, se genera de facto el riesgo de que, si un solicitante de asilo es trasladado a dicho Estado miembro, quede expuesto a un trato incompatible
         con la Carta. 
      
      61.      Así, en ciertas circunstancias la total sobrecarga del sistema de asilo de un Estado miembro puede dar lugar a que en dicho
         Estado miembro no se puedan garantizar los derechos del solicitante de asilo consagrados por el artículo 18 de la Carta. 
      
      62.      Con arreglo al artículo 18 de la Carta, se garantiza el derecho de asilo de conformidad con la Convención de Ginebra y con
         arreglo al TUE y al TFUE. Uno de los elementos clave de la Convención de Ginebra es la prohibición formulada en su artículo
         33 de la expulsión o devolución, directa o indirecta, de un refugiado a un Estado en que sufra persecución (el llamado principio
         de no devolución). Aunque se discute el alcance exacto de esta prohibición, cabe suponer que a los refugiados (13) no se les concede sólo la protección frente a una expulsión directa al Estado en que sufren persecución, sino también ante
         la llamada devolución en cadena, en que se produce el traslado a un Estado en que se corre el riesgo de ser expulsado a un
         Estado donde se sufre persecución. (14) A la luz de esta amplia definición del principio de no devolución se hace evidente que la sobrecarga del sistema de asilo
         de un Estado miembro y las insuficiencias que genera en el examen de las solicitudes de asilo pueden dar lugar en casos concretos
         a expulsiones incompatibles con dicho principio y, por tanto, con el artículo 18 de la Carta. 
      
      63.      En caso de sobrecarga del sistema de asilo de un Estado miembro, además, en el Estado miembro afectado pueden llegar a darse
         vulneraciones del derecho al respeto y protección de la dignidad humana de los solicitantes, consagrado por el artículo 1
         de la Carta, o infracciones de la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes a los solicitantes de
         asilo, establecida en el artículo 4 de la Carta. (15)
      
      64.      Si en un Estado miembro que, conforme al artículo 3, apartado 1, en relación con las disposiciones del capítulo III del Reglamento
         nº 343/2003, es en principio responsable del examen de una solicitud de asilo se corre grave riesgo de vulneración de los
         derechos fundamentales del solicitante de asilo consagrados por los artículos 1, 4 o 18 de la Carta, los demás Estados miembros
         no pueden trasladar a ningún solicitante a dicho Estado miembro, sino que están en principio obligados a ejercer su derecho
         de intervención previsto en el artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento. 
      
      65.      Dicha obligación de ejercer el derecho de intervención se deduce, por una parte, del deber de los Estados miembros de aplicar
         el Reglamento nº 343/2003 conforme a los derechos fundamentales. (16) Y, por otra parte, se deriva del hecho de que el traslado de solicitantes a un Estado miembro en que corren grave peligro
         de vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4 o 18 de la Carta en principio constituye también
         una violación de esos derechos por el Estado miembro que traslada. (17) Los Estados miembros evitan totalmente dicho riesgo de infracción de la Carta ejercer su derecho de intervención con arreglo
         al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003.
      
      66.      Sin embargo, un grave riesgo de infracción de disposiciones concretas de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 o del Reglamento
         nº 343/2003 en el Estado miembro receptor que no constituya al mismo tiempo una vulneración de los derechos que la Carta reconoce
         a favor del solicitante de asilo que se pretende trasladar no basta para fundamentar una obligación del Estado miembro trasladante
         de ejercer el derecho de intervención. 
      
      67.      A este respecto procede subrayar, en primer lugar, que la interpretación del Reglamento nº 343/2003 conforme a los derechos
         fundamentales no puede imponer el ejercicio del derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, cuando el Estado
         miembro en principio responsable infringe disposiciones concretas de las Directivas 2003/9, 2004/83 o 2005/85 o del Reglamento
         nº 343/2003 pero sin vulnerar los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo consagrados en la Carta. Además, el
         traslado de un solicitante de asilo a un Estado miembro en que no corre riesgo de vulneración de los derechos fundamentales
         que le confiere la Carta, por lo común se deberá calificar como conforme con los derechos fundamentales.
      
      68.      Por lo demás, sería difícilmente compatible con los objetivos del Reglamento nº 343/2003 si todo incumplimiento de las Directivas
         2003/9, 2004/83 o 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003 bastara para que no se produjera el traslado de un solicitante de asilo
         al Estado miembro en principio responsable con arreglo al artículo 3, apartado 1, en relación con las disposiciones del capítulo III
         del Reglamento nº 343/2003. (18) Con el Reglamento nº 343/2003 se pretende introducir un procedimiento de determinación claro y viable del Estado responsable
         del examen de una solicitud de asilo y que permita además una determinación rápida de dicho Estado miembro. (19) Para alcanzar ese objetivo, el Reglamento nº 343/2003 introduce una normativa conforme a la cual para cada solicitud de asilo
         presentada en la Unión es responsable un único Estado miembro, y éste se determina sobre la base de criterios objetivos. Entre
         dichos criterios objetivos está, por ejemplo, la existencia de una relación de asilo o de extranjería entre el solicitante
         o un miembro de su familia y un Estado miembro. (20) En caso de entrada irregular en el territorio de la Unión, con arreglo al artículo 10 del Reglamento nº 343/2003 es responsable
         del examen de la solicitud de asilo el Estado miembro en el que primero haya entrado el solicitante. (21)
      
      69.      Ahora bien, si todo incumplimiento de las Directivas 2003/9, 2004/83 o 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003 por parte del
         Estado miembro en principio responsable diera lugar a que el Estado miembro en que el solicitante de asilo ha presentado la
         solicitud estuviera obligado a ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003,
         junto a los criterios objetivos de determinación del Estado miembro responsable previstos en el capítulo III del Reglamento,
         se estaría concibiendo un nuevo criterio de exclusión de amplios efectos conforme al cual cualquier nimia infracción de lo
         dispuesto en las Directivas 2003/9, 2004/83 o 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003 en un Estado miembro podría hacer que éste
         quedara liberado de las responsabilidades que le impone el Reglamento nº 343/2003 y de las obligaciones que acarrean. Esto
         no sólo podría desvirtuar totalmente la regla de distribución de responsabilidades establecida en el Reglamento nº 343/2003,
         sino que también comprometería el objetivo que persigue, de determinar de forma rápida el Estado miembro responsable de examinar
         las solicitudes de asilo presentadas en la Unión. 
      
      70.      Estas reflexiones me llevan a concluir que una infracción de las disposiciones de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85
         o del Reglamento nº 343/2003 en el Estado miembro en principio responsable sólo puede generar una obligación de ejercer el
         derecho de intervención previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 cuando dicha infracción del Derecho
         derivado constituya al mismo tiempo una violación de los derechos del solicitante de asilo consagrados en la Carta. 
      
      71.      Por todo ello, procede responder a la segunda cuestión prejudicial en el sentido de que un Estado miembro está obligado a
         ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003 cuando hay constancia
         de que el solicitante de asilo corre grave peligro de vulneración de sus derechos consagrados en la Carta en caso de ser trasladado
         al Estado miembro en principio responsable con arreglo al artículo 3, apartado 1, en relación con las disposiciones del capítulo III
         del Reglamento nº 343/2003. Sin embargo, un grave riesgo de infracción de disposiciones concretas de las Directivas 2003/9,
         2004/83 y 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003 en el Estado miembro en principio responsable que no constituya al mismo tiempo
         una vulneración de los derechos fundamentales que la Carta reconoce a favor del solicitante de asilo que se pretende trasladar
         no basta para fundamentar una obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del
         Reglamento nº 343/2003.
      
      C.      El Estado miembro que traslada, antes de trasladar a un solicitante de asilo con arreglo al Reglamento nº 343/2003, debe valorar
            si en el Estado miembro receptor están garantizados los derechos de dicho solicitante consagrados en la Carta
      72.      Con su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente desea saber si un Estado miembro en que un solicitante
         de asilo ha presentado su solicitud, de cuyo examen, con arreglo al artículo 3, apartado 1, en relación con las disposiciones
         del capítulo III del Reglamento nº 343/2003 en principio es responsable otro Estado miembro, antes de trasladar a dicho solicitante
         al Estado miembro en principio responsable está obligado a valorar si en éste están garantizados los derechos del solicitante
         consagrados en la Carta y si dicho Estado miembro cumple con lo exigido por las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85 y del
         Reglamento nº 343/2003.
      
      73.      De mis anteriores reflexiones se desprende, por una parte, que es incompatible con la Carta el traslado de un solicitante
         de asilo a un Estado miembro en que se corre serio riesgo de vulneración de los derechos fundamentales del solicitante consagrados
         por la Carta, de manera que en ese caso el Estado miembro en que dicho solicitante ha presentado su solicitud está obligado
         a ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003. Por otra parte, he
         llegado a la conclusión de que una infracción (o un grave riesgo de infracción) de disposiciones concretas de las Directivas
         2003/9, 2004/83 y 2005/85 o del Reglamento nº 343/2003 en el Estado miembro de acogida sólo puede generar una obligación del
         Estado miembro que traslada de ejercer el derecho de intervención previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003
         cuando dicha infracción del Derecho derivado constituya al mismo tiempo una vulneración de los derechos del solicitante de
         asilo consagrados por la Carta.
      
      74.      De dichas apreciaciones se deduce directamente que el Estado miembro que traslada, antes de trasladar a un solicitante de
         asilo, debe examinar si éste corre un grave peligro de vulneración de sus derechos consagrados por la Carta en el Estado miembro
         en principio responsable, pues sólo así se puede garantizar una aplicación del Reglamento nº 343/2003 conforme con los derechos
         fundamentales por parte del Estado miembro que traslada. En cambio, se ha de descartar que, al margen de eso, exista una obligación
         de comprobar si el Estado miembro receptor cumple con cada una de las disposiciones de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85
         y del Reglamento nº 343/2003.
      
      75.      La obligación de los Estados miembros de valorar la conformidad con los derechos fundamentales del traslado de solicitantes
         de asilo a otro Estado miembro no significa, sin embargo, que el Estado miembro que traslada, antes de cada traslado de un
         solicitante, deba asegurarse activamente de que en el Estado miembro receptor estén efectivamente garantizados los derechos
         de los solicitantes que consagra la Carta. Para valorar si el solicitante corre riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales
         en el Estado miembro en principio responsable, los Estados miembros pueden partir de la presunción iuris tantum de que en dicho Estado miembro se respetan los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. 
      
      76.      A favor de la licitud de tal presunción iuris tantum con arreglo al Derecho de la Unión se puede aducir, en primer lugar, que el trato dispensado a los solicitantes de asilo y
         el examen de sus solicitudes deben satisfacer en todos los Estados miembros las sustanciales normas mínimas conforme a las
         Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85. Además, todos los Estados miembros están obligados a observar la Carta (22) y, como Estados contratantes, el CEDH y la Convención de Ginebra, de manera que también deben respetar los derechos fundamentales
         y humanos de los solicitantes de asilo que en ellos se garantizan. Teniendo en cuenta el alto nivel de protección que con
         ello se garantiza (jurídicamente), en relación con el traslado de solicitantes de asilo con arreglo al Reglamento nº 343/2003,
         parece razonable incluso partir de la presunción iuris tantum de que dichos solicitantes van a ser tratados conforme a los derechos humanos y fundamentales en el Estado miembro en principio
         responsable. (23) En este sentido, en el segundo considerando del Reglamento nº 343/2003 se subraya expresamente que, dado que todos los Estados
         miembros respetan el principio de no devolución, se consideran países seguros para los nacionales de terceros países. (24)
      
      77.      Si los Estados miembros optan por la aplicación de tal presunción iuris tantum, deben respetar en todo caso el principio de efectividad, conforme al cual no se debe hacer imposible en la práctica o excesivamente
         difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión. (25) Por lo tanto, en la medida en que los Estados miembros opten por introducir la presunción iuris tantum, a los solicitantes de asilo se les debe conceder la posibilidad procesal de desvirtuar dicha presunción también de forma
         efectiva. La configuración concreta de los medios de prueba disponibles a tal efecto y el establecimiento de las reglas y
         principios de la valoración de la prueba, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, (26) son a su vez incumbencia del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, si bien no se debe hacer imposible en
         la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por la Carta.
      
      78.      Por todo ello, procede responder a la primera cuestión prejudicial en el sentido de que un Estado miembro que, en aplicación
         del Reglamento nº 343/2003, pretende trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro en principio responsable del examen
         de su solicitud debe examinar si el solicitante en dicho Estado miembro en principio responsable corre un grave peligro de
         vulneración de sus derechos consagrados en la Carta. Al margen de eso, el Estado miembro que traslada no tiene ninguna obligación
         de comprobar si el Estado miembro receptor cumple con cada una de las disposiciones de las Directivas 2003/9, 2004/83 y 2005/85
         y del Reglamento nº 343/2003. Para valorar si el solicitante corre riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales en
         el Estado miembro en principio responsable, los Estados miembros pueden partir de la presunción iuris tantum de que en dicho Estado miembro se respetan los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
      
      VII. Conclusión
      79.      A tenor de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda como sigue a las cuestiones prejudiciales:
      
      1)         Un Estado miembro está obligado a ejercer su derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento
         nº 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del
         Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional
         de un tercer país, si hay constancia de que, en caso de ser trasladado al Estado miembro en principio responsable con arreglo
         al artículo 3, apartado 1, en relación con las disposiciones del capítulo III del Reglamento nº 343/2003, el solicitante de
         asilo corre grave peligro de que sean vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en la Carta. Sin embargo, un grave
         riesgo de infracción de disposiciones concretas de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que
         se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros; de la Directiva 2004/83/CE
         del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento
         y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección
         internacional y al contenido de la protección concedida, o de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005,
         sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de
         refugiado, en el Estado miembro en principio responsable que no constituya al mismo tiempo una vulneración de los derechos
         fundamentales que la Carta reconoce a favor del solicitante de asilo que se pretende trasladar no basta para fundamentar una
         obligación de ejercer el derecho de intervención con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 343/2003.
      
      2)         Un Estado miembro que, en aplicación del Reglamento nº 343/2003, pretende trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro
         en principio responsable del examen de su solicitud debe valorar si el solicitante en dicho Estado miembro en principio responsable
         corre un grave peligro de vulneración de sus derechos consagrados en la Carta. Al margen de eso, el Estado miembro que traslada
         no tiene ninguna obligación de comprobar si el Estado miembro receptor cumple con cada una de las disposiciones de las Directivas
         2003/9, 2004/83 y 2005/85 y del Reglamento nº 343/2003. Para valorar si el solicitante corre riesgo de vulneración de sus
         derechos fundamentales en el Estado miembro en principio responsable, los Estados miembros pueden partir de la presunción
         iuris tantum de que en dicho Estado miembro se respetan los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo.
      
      1 –	Lengua original de las conclusiones: alemán. Lengua del procedimiento: inglés.
      
      2 –	DO L 50, p. 1.
      
      3 –	Además del Reglamento y las Directivas que aquí se mencionan existen otros muchos actos de Derecho derivado relativos a
         la creación de un sistema común de asilo, a la política de inmigración legal y a la lucha contra la inmigración ilegal; por
         ejemplo, el Reglamento (UE) nº 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una
         Oficina Europea de Apoyo al Asilo (DO L 132, p. 11), o la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
         de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales
         de terceros países en situación irregular (DO L 348, p. 98).
      
      4 –	DO L 212, p. 12.
      
      5 –	DO L 31, p. 18.
      
      6 –	DO L 304, p. 12.
      
      7 –	DO L 326, p. 13.
      
      8 –	La Confederación Helvética participa en el sistema de la Unión para la determinación del Estado competente para las solicitudes
         de asilo en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro
            responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (DO 2008, L 53, p. 5). Conforme al artículo 5, apartado 2, de dicho Acuerdo, Suiza tendrá derecho a presentar observaciones escritas al Tribunal
         de Justicia en los casos en que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya solicitado que dicho Tribunal se pronuncie,
         con carácter prejudicial, sobre la interpretación del Reglamento nº 343/2003.
      
      9 –	Sentencia de 2 de diciembre de 2008, K.R.S./Reino Unido (asunto nº 32733/08).
      
      10 –	Sentencia de 21 de enero de 2011, M.S.S./Bélgica y Grecia (asunto nº 30696/09).
      
      11 –	Véanse mis conclusiones presentadas el 22 de septiembre de 2011 en el asunto C‑411/10, N.S. (citado en la nota 4), puntos
         142 y ss.
      
      12 –	Ibíd., puntos 95 y ss.
      
      13 –	Dado que la prohibición de expulsión, con arreglo al artículo 33 de la Convención de Ginebra, se refiere a los refugiados,
         el ámbito de protección del artículo 18 de la Carta a este respecto viene determinado por el concepto de refugiado de la Convención
         de Ginebra (en este sentido: Jarass, D., Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Múnich 2010, artículo 18, marg. 5). En el contexto de la prohibición de expulsión prevista en el artículo 33 de la Convención
         de Ginebra, el concepto de refugiado comprende no sólo a quienes ya han sido reconocidos como refugiados, sino también a aquellas
         personas que cumplen los requisitos para su reconocimiento como refugiados. Véase en este sentido Lauterpacht, E./Bethlehem,
         D., «The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion», en Refugee Protection in International Law (coord.: Feller, E./Türk, V./Nicholson, F.), Cambridge 2003, pp. 87 y siguientes, especialmente p. 116.
      
      14 –	Véase en este sentido: Lauterpacht, E./Bethlehem, D., ibíd. (nota 13), p. 122; Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht, 2ª ed., Stuttgart 2008, marg. 655.
      
      15 –	Véanse los puntos 111 y ss. de mis conclusiones en el asunto N.S., citadas en la nota 4.
      
      16 –	Ibíd., puntos 117 y ss.
      
      17 –	Para los derechos fundamentales del solicitante de asilo consagrados en los artículos 1 y 4 de la Carta, esto se deriva
         de la función de protección positiva inherente a dichos derechos fundamentales. En cuanto al artículo 18 de la Carta, se deduce
         del hecho de que este derecho fundamental no sólo protege frente a las devoluciones directas, sino también frente a las indirectas,
         a un Estado miembro en que se sufre persecución. Véanse los puntos 113 y ss. de mis conclusiones presentadas en el asunto
         N.S., citadas en la nota 4. Además, el artículo 19, apartado 2, de la Carta dispone expresamente que nadie podrá ser devuelto,
         expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras
         penas o tratos inhumanos o degradantes.
      
      18 –	Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión debe tenerse en cuenta no sólo
         su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Véase la sentencia
         de 29 de enero de 2009, Petrosian y otros (C‑19/08, Rec. p. I‑495), apartado 34.
      
      19 –	Véanse los considerandos tercero y cuarto del Reglamento nº 343/2003.
      
      20 –	Véanse los artículos 6, apartados 1, 7 y 8, y 9, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 343/2003.
      
      21 –	Artículo 10 del Reglamento nº 343/2003. No obstante, esta responsabilidad cesa a los doce meses del cruce irregular de
         fronteras.
      
      22 –	Acerca del contenido y el alcance del Protocolo nº 30 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de
         la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido, véanse los puntos 167 y ss. de mis conclusiones en el asunto N.S. (citadas en
         la nota 4).
      
      23–	Así, por ejemplo, el propio TEDH, en su resolución de 2 de diciembre de 2008, K.R.S./Reino Unido, citada en la nota 9, partió
         de la premisa de que se ha de presumir que Grecia cumple con las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas
         2005/85 y 2003/9.
      
      24 –	Véase a este respecto también el Protocolo (nº 24) sobre asilo a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea,
         anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En dicho Protocolo se señala, en
         primer lugar, que, dado el grado de protección de los derechos y libertades fundamentales por parte de los Estados miembros
         de la Unión Europea, se considerará que los Estados miembros constituyen recíprocamente países de origen seguros a todos los
         efectos jurídicos y prácticos en relación con asuntos de asilo. En este contexto, el Protocolo dispone a continuación que
         la solicitud de asilo efectuada por un nacional de un Estado miembro sólo podrá tomarse en consideración o ser declarada admisible
         para su examen por otro Estado miembro en unas condiciones muy restrictivas.
      
      25 –	Véanse las sentencias de 8 de julio de 2010, Bulicke (C‑246/09, Rec. p. I‑0000), apartado 25; de 12 de febrero de 2008,
         Kempter (C‑2/06, Rec. p. I‑411), apartado 57; de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros (C‑222/05 a C‑225/05, Rec. p. I‑4233),
         apartado 28, y de 13 de marzo de 2007, Unibet (C‑432/05, Rec. p. I‑2271), apartado 43.
      
      26 –	Acerca de la importancia de este principio en la aplicación de las disposiciones del Reglamento nº 343/2003, véase la sentencia
         Petrosian y otros, citada en la nota 18, apartados 47 y 52.