CELEX: 62005TJ0299
Language: es
Date: 2009-03-18
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 18 de marzo de 2009.#Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd y Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd contra Consejo de la Unión Europea.#Dumping - Importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias de China - Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado - Artículo 2, apartados 7, letras a) y c), y 10, y artículo 11, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 384/96.#Asunto T-299/05.

Asunto T‑299/05
      Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd y Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd
      contra
      Consejo de la Unión Europea
      «Dumping — Importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias de China — Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado — Artículo 2, apartados 7, letras a) y c), y 10, y artículo 11, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 384/96»
      Sumario de la sentencia
      1.      Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Interés que ha de apreciarse en la fecha de interposición del recurso
            — Recurso de un importador por el que se impugna el procedimiento que condujo a la imposición de un derecho antidumping —
            Derecho antidumping que ha expirado
      (Arts. 230 CE y 233 CE, párr. 1)
      2.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Tratamiento individual de las empresas exportadoras de
            un país sin economía de mercado — Requisitos — Facultad de apreciación de las instituciones — Control jurisdiccional — Límites
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo]
      3.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal —
            Importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b),
            del Reglamento (CE) nº 384/96 — Aplicación de las normas relativas a los países de economía de mercado — Interpretación estricta
            — Aplicación limitada a los productores que cumplan los requisitos acumulativos mencionados en el artículo 2, apartado 7,
            letra c), de dicho Reglamento
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7]
      4.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal —
            Importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como los contemplados en el artículo 2, apartado 7, letra b),
            del Reglamento (CE) nº 384/96 — Procedimiento de evaluación de los requisitos que permiten a un productor gozar del estatuto
            de empresa que opera en condiciones de economía de mercado
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 7, letra c)]
      5.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Procedimiento de reconsideración — Determinación del
            valor normal — Método seguido en la investigación inicial que no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento
            (CE) nº 384/96
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, arts. 2, 17 y 11, ap. 9]
      6.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Determinación del valor normal —
            Utilización del valor calculado
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 10]
      7.      Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Margen de dumping — Comparación entre el valor normal
            y el precio de exportación — Ajustes
      [Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, art. 2, ap. 10]
      1.      El interés del demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de interponerse
         éste, so pena de que se declare la inadmisibilidad. El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar
         la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder
         procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto.
      
      No obstante, el hecho de que el acto contra el que se interpuso recurso de anulación deje de surtir efectos en el curso del
         procedimiento no implica, por sí solo, que el juez comunitario esté obligado a sobreseer el asunto por carecer de objeto o
         por no existir interés en ejercitar la acción en la fecha en que se dicte la sentencia. Por otra parte, un demandante puede
         seguir teniendo interés en solicitar la anulación de un acto de una institución comunitaria para evitar que la ilegalidad
         en que supuestamente incurre dicho acto se repita en el futuro. Este interés en ejercitar la acción se deriva del artículo
         233 CE, párrafo primero, según el cual las instituciones de las que emane el acto anulado estarán obligadas a adoptar las
         medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Tal interés en ejercitar la acción sólo puede existir si la supuesta
         ilegalidad puede repetirse en el futuro, con independencia de las circunstancias del asunto en que el demandante interpuso
         recurso.
      
      Así sucede en el caso de un recurso de anulación interpuesto por empresas a las que se impuso un derecho antidumping a raíz
         de un procedimiento de reconsideración, aun cuando ese derecho no sea ya de aplicación, en la medida en que dichas empresas
         impugnen el procedimiento que condujo a su imposición. En efecto, a diferencia de la apreciación en cuanto al fondo de la
         existencia de una práctica de dumping, el modo de tramitación de un procedimiento de reconsideración puede ser utilizado en
         el futuro en procedimientos análogos, de forma que las demandantes conservan su interés en ejercitar la acción contra el Reglamento
         impugnado, aunque ya no surta efectos para ellas, ante la eventualidad de que en el futuro se inicien nuevos procedimientos
         antidumping contra ellas.
      
      Además, un demandante puede seguir teniendo interés en instar la anulación de un acto que le afecte directamente para obtener
         del juez comunitario la declaración de que se ha cometido una ilegalidad contra él, de suerte que dicha declaración pueda
         servir de base a un eventual recurso de indemnización destinado a reparar adecuadamente el perjuicio ocasionado por el acto
         impugnado. Una declaración de ilegalidad podría constituir, asimismo, la base para una eventual negociación extrajudicial
         entre el Consejo y las demandantes encaminada a reparar el perjuicio sufrido por éstas.
      
      Por otra parte, considerar que los actos adoptados por las instituciones que tengan efectos limitados en el tiempo y dejen
         de producirlos después de la interposición de un recurso de anulación, pero antes de que el Tribunal de Primera Instancia
         pueda pronunciar sentencia, escapan a todo control jurisdiccional si no han dado lugar a la percepción de cantidades sería
         incompatible con el espíritu del artículo 230 CE, que supone que en una comunidad de Derecho, como la Comunidad Europea, ni
         los Estados miembros ni las instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la carta constitucional
         fundamental que constituye el Tratado ni con el Derecho que se deriva de éste.
      
      (véanse los apartados 43, 46, 48 a 51, 53 y 55 a 57)
      2.      En el ámbito de las medidas de defensa comercial, las instituciones comunitarias disponen de una amplia facultad discrecional
         debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar. De ello se deduce que el
         control de las apreciaciones de las instituciones por parte del juez comunitario debe limitarse a la comprobación del respeto
         de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada,
         de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder. Lo mismo puede decirse
         respecto a situaciones de hecho, de tipo jurídico y político, que se manifiesten en el país de que se trate y que las instituciones
         comunitarias deban evaluar para determinar si un exportador actúa en condiciones de mercado sin interferencias significativas
         del Estado y, por consiguiente, puede reconocérsele el estatuto propio de las empresas que operan en condiciones de economía
         de mercado.
      
      Pertenece al ámbito de la facultad discrecional de las instituciones comunitarias examinar la conformidad de la contabilidad
         de las empresas que desean se les reconozca el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado con los
         estándares contables internacionalmente reconocidos de su elección. Corresponde a las empresas interesadas, si no están de
         acuerdo con dicha elección, demostrar que los estándares seleccionados por las instituciones no están internacionalmente reconocidos
         o que las infracciones de dichos estándares en que pueda incurrir su contabilidad no constituyen tales infracciones a la luz
         de otros estándares internacionalmente reconocidos.
      
      (véanse los apartados 79 a 81, 90 y 255)
      3.      El método de determinación del valor normal de un producto establecido en el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento
         antidumping de base nº 384/96, como excepción al método específico previsto a tal efecto en el artículo 2, apartado 7, letra a),
         este último aplicable en principio a las importaciones procedentes de países que no tienen economía de mercado, ha de interpretarse
         restrictivamente.
      
      Por otra parte, la carga de la prueba recae sobre el productor exportador que desea gozar del estatuto de empresa que opera
         en condiciones de economía de mercado. En efecto, el artículo 2, apartado 7, letra c), del referido Reglamento de base dispone
         que las alegaciones «deben […] demostrar adecuadamente que el productor opera en condiciones de economía de mercado». Por
         lo tanto, no corresponde a las instituciones comunitarias probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos
         para que se le reconozca dicho estatuto. En cambio, corresponde a las instituciones comunitarias apreciar si los elementos
         aportados por el productor exportador son suficientes para demostrar que concurren los requisitos acumulativos establecidos
         en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y al juez comunitario verificar si dicha apreciación está viciada
         por un error manifiesto.
      
      (véanse los apartados 76, 82 y 83)
      4.      En el marco del procedimiento de evaluación de los requisitos que permiten a un productor gozar del estatuto de empresa que
         opera en condiciones de economía de mercado, el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento antidumping
         de base nº 384/96, que establece un plazo de tres meses a partir de la apertura de la investigación por la Comisión, no contiene
         indicación alguna sobre las consecuencias del incumplimiento de dicho plazo. En particular, el citado artículo no precisa
         si tal incumplimiento entraña el reconocimiento obligatorio de ese estatuto o la imposibilidad de continuar la investigación,
         únicos motivos que podrían determinar la anulación automática, a consecuencia de dicho incumplimiento, de un Reglamento por
         el que se establecen derechos antidumping definitivos, adoptado tras una decisión relativa a la concesión del mencionado estatuto.
         Por lo tanto, puesto que esta precisión tampoco se desprende de ninguna otra disposición del Reglamento de base, es necesario
         examinar la finalidad y la estructura de éste para determinar si debe interpretarse en el sentido de que impone la concesión
         obligatoria del referido estatuto o la imposibilidad de continuar la investigación de reconsideración cuando la Comisión incumple
         el plazo de tres meses.
      
      A este respecto, se desprende de la lectura de las disposiciones del Reglamento de base relativas a otros plazos, en particular
         los establecidos en los artículos 8, apartado 5, y 9, apartados 2 y 4, que cuando el Reglamento de base desea sancionar la
         inobservancia de un plazo procesal por las instituciones con la aceptación de pleno derecho de una solicitud o con otras consecuencias
         concretas, lo indica expresamente. Por otra parte, de la finalidad y la estructura del Reglamento de base resulta que, al
         menos en el marco de determinadas investigaciones de reconsideración, éste debe interpretarse en el sentido de que se opone
         a que el incumplimiento por la Comisión del plazo de tres meses establecido para la investigación impida a las instituciones
         comunitarias adoptar un reglamento que imponga derechos antidumping a las empresas objeto de la investigación. En efecto,
         sería inadecuado concluir que si las empresas objeto de una investigación de reconsideración estuviesen domiciliadas en un
         país que no tuviese economía de mercado y solicitasen beneficiarse del mencionado estatuto, la Comisión debería abstenerse
         de proseguir la investigación sobre ellas en caso de sobrepasar el plazo de tres meses, puesto que ello frustraría la finalidad
         de la solicitud inicial de dichas empresas, a saber, lograr que se reconsidere su situación individual. Sería igualmente inadecuado
         concluir que la Comisión debería iniciar una nueva investigación, en la medida en que ello no haría sino agravar en la práctica
         el incumplimiento de dicho plazo.
      
      Además, el plazo de tres meses, impuesto en virtud del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de
         base, tiene como finalidad asegurar que la cuestión de si el productor reúne los requisitos mencionados en dicho artículo
         no se resuelva en función del efecto que tenga sobre el cálculo del margen de dumping. Así, la última frase del artículo 2,
         apartado 7, letra c), del Reglamento de base se opone a que las instituciones, después de haber adoptado una decisión sobre
         el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado, reconsideren la información de la que ya disponían
         al respecto. Por lo tanto, no desvirtuaría el efecto útil de ese plazo de tres meses el que, durante el período comprendido
         entre su vencimiento y la decisión relativa al citado estatuto, y habida cuenta de las circunstancias del caso, procediese
         declarar que las empresas solicitantes del reconocimiento de tal estatuto habían puesto a la Comisión en la imposibilidad
         de saber qué efecto podría tener su decisión relativa a dicho estatuto sobre el cálculo del margen de dumping.
      
      Por último, a falta de una disposición que contemple explícita o implícitamente las consecuencias del incumplimiento de un
         plazo procesal, tal incumplimiento sólo puede dar lugar a la anulación total o parcial del acto cuyo proceso de adopción incluye
         el plazo en cuestión si se acredita que, de no haber existido esa supuesta irregularidad, dicho acto habría podido tener un
         contenido distinto.
      
      (véanse los apartados 116, 117, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128 y 138)
      5.      Si bien el artículo 11, apartado 9, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 dispone que en todas las investigaciones
         de reconsideración efectuadas en el marco de ese artículo, la Comisión aplicará, en la medida en que las circunstancias no
         hubiesen cambiado, el mismo método que el aplicado en la investigación que condujo a la fijación del derecho, se deduce asimismo
         de dicho artículo que el método aplicado debe ser conforme con las disposiciones de los artículos 2 y 17 del Reglamento de base.
      
      Por consiguiente, las instituciones no están obligadas a aplicar en una investigación de reconsideración el método seguido
         durante la investigación inicial si dicho método no se ajusta a las disposiciones del artículo 2 del Reglamento de base. En
         efecto, en el marco de la comparación del precio de exportación con el valor normal, en el caso de empresas de un país que
         no tiene una economía de mercado, a las que no se ha reconocido el estatuto de empresa que opera en condiciones de economía
         de mercado, y para las que se ha elegido un valor normal de un país análogo, cualquier interpretación contraria conduciría
         a una situación absurda en la que, si el Consejo determinase el valor normal basándose en la suma de los precios reales de
         exportación y de los precios reales de las ventas del exportador del país análogo elegido, tales empresas podrían solicitar
         fundadamente la anulación del Reglamento por el que se les imponen derechos antidumping por infracción del artículo 2, apartado
         3, del Reglamento de base, mientras que si el Consejo fijase un valor normal calculado, las demandantes podrían solicitar
         la anulación de dicho Reglamento por infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base.
      
      Además, la obligación establecida en el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base no implica la obligación o la prohibición
         de efectuar inspecciones in situ en el marco de la investigación de reconsideración en función de si dichas inspecciones se realizaron o no en el marco de
         la investigación inicial. En efecto, no puede considerarse que la verificación de una información forme parte del método elegido
         para determinar la existencia del dumping, sino únicamente como un método de obtener información que permita aplicar el método
         en cuestión.
      
      (véanse los apartados 176 a 178 y 187)
      6.      Según el sentido del Reglamento antidumping de base nº 384/96, el cálculo del valor normal trata de determinar el precio de
         venta de un producto si dicho producto fuera vendido en su país de origen o de exportación y, por consiguiente, son los gastos
         correspondientes a las ventas en el mercado interior los que deberán tenerse en cuenta para determinar el valor calculado.
         Al calcular el valor normal, las instituciones no están obligadas a tomar en consideración los gastos reales de la sociedad
         examinada, sino una estimación razonable de los gastos de venta, generales y administrativos que dicha sociedad debería soportar
         si comercializase el producto de que se trate en cantidades suficientes en su Estado de origen.
      
      Por lo que respecta a la aplicación de deducciones en concepto de comisiones de agencia, que puede resultar necesaria, con
         arreglo al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, para tener en cuenta las diferencias existentes entre el precio
         de exportación y el valor normal que afectan a su comparabilidad, tales deducciones no pueden aplicarse a un valor que ha
         sido calculado y que, por tanto, no es real. Dicho valor no se ve afectado, en principio, por elementos que dificulten su
         comparabilidad, como la existencia de comisiones de agencia, puesto que ha sido determinado artificialmente sumando diversos
         elementos entre los que no se cuentan los pagos o márgenes de beneficio a favor de distribuidores, asimilables a dicha comisión
         y que deban deducirse.
      
      (véanse los apartados 258 y 266)
      7.      Tanto de la letra como del sistema del artículo 2, apartado 10, del Reglamento antidumping de base nº 384/96 se desprende
         que únicamente puede efectuarse un ajuste del precio de exportación o del valor normal para tener en cuenta las diferencias
         relativas a factores que influyan en los precios y, por tanto, en la comparabilidad de éstos. Ahora bien, éste no es el caso
         de una comisión que no haya sido pagada realmente.
      
      Para poder efectuar tal ajuste las instituciones deben basarse en datos capaces de demostrar, o de los que se pueda deducir,
         que se ha abonado efectivamente una comisión y que ésta ha podido influir en cierta medida en la comparabilidad entre el precio
         de exportación y el valor normal.
      
      No obstante, la introducción de una segunda frase en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base permite
         en lo sucesivo efectuar un ajuste no sólo en concepto de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión,
         sino también en concepto del margen obtenido por comerciantes del producto si ejercen funciones similares a las de un agente
         que trabaja sobre la base de una comisión. Por consiguiente, aun cuando no se haya pagado ninguna comisión a las empresas
         de comercialización vinculadas a los productores exportadores, la aplicación de una deducción en concepto de comisiones de
         agencia al precio de exportación es legal, en la medida en que ésta puede también aplicarse si, no habiéndose pagado efectivamente
         ninguna comisión, los operadores comerciales de que se trata ejercen funciones similares a las de un agente y perciben un
         margen comercial.
      
      (véanse los apartados 272, 274, 279, 281 y 282)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera) 
      de 18 de marzo de 2009 (*)
      
      «Dumping – Importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias de China – Estatuto de empresa que opera en condiciones de economía de mercado – Artículo 2, apartados 7, letras a) y c), y 10, y artículo 11, apartado 9, del Reglamento (CE) nº 384/96»
      En el asunto T‑299/05,
      Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd, con domicilio social en Shanghái (China),
      
      Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd, con domicilio social en Huaxin Town (China),
      
      representadas por el Sr. R. MacLean, Solicitor, y Me E. Gybels, abogado,
      
      partes demandantes,
      contra
      Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J.‑P. Hix, en calidad de agente, asistido por Me G. Berrisch, abogado,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por las Sras. K. Talabér‑Ritz y E. Righini, y posteriormente por el Sr. H. van Vliet y la Sra.
         Talabér‑Ritz, en calidad de agentes,
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto la anulación de los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 692/2005 del Consejo, de 28 de abril de 2005,
         que modifica el Reglamento (CE) nº 2605/2000 del Consejo, por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre
         las importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias, entre otros países, de la República Popular China (DO
         L 112, p. 1),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
      integrado por la Sra. V. Tiili (Ponente), Presidente, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;
      Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de mayo de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Antecedentes del litigio
      A.      Investigación y Reglamento iniciales
      1        El 27 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 2605/2000 del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por
         el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias
         de la República Popular de China, de la República de Corea y de Taiwán (DO L 301, p. 42; en lo sucesivo, «Reglamento inicial»).
         
      
      2        Durante la investigación que culminó con la adopción de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «investigación inicial»), la Comisión
         examinó en particular si las importaciones procedentes de estos tres países y con destino a la Comunidad Europea de determinadas
         balanzas electrónicas con una capacidad máxima de pesaje no superior a 30 kg, destinadas al comercio al por menor, con indicación
         numérica del peso, del precio unitario y del precio a pagar (con o sin dispositivo impresor de estas indicaciones) (en lo
         sucesivo, «balanzas electrónicas»), eran objeto de dumping. 
      
      3        Por lo que se refiere a China, tres productores exportadores decidieron cooperar con la investigación y se les dispensó un
         trato individual. Estas tres empresas solicitaron que se les reconociese el estatuto de empresa que opera en condiciones de
         economía de mercado (en lo sucesivo, «EEM»), con arreglo al artículo 2, apartado 7, del Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo,
         de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países
         no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996, L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 905/98 del Consejo,
         de 27 de abril de 1998 (DO L 128, p. 18) rectificado (en lo sucesivo, «Reglamento de base»). Sin embargo, el Consejo consideró
         que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), de dicho Reglamento y desestimó la solicitud.
         En consecuencia, hubo que comparar los precios de exportación de los productores exportadores chinos con un valor normal determinado
         para un país análogo, de economía de mercado, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base (considerandos
         45 a 48 y 52 del Reglamento inicial).
      
      4        Las instituciones consideraron que Indonesia era el país tercero de economía de mercado más apropiado a efectos de determinar
         el valor normal (considerandos 49 y 50 del Reglamento inicial). Por lo tanto, dicho valor fue calculado con arreglo al artículo
         2, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, basándose en los valores normales determinados para una empresa indonesia, a saber,
         PT Toshiba TEC Corporation Indonesia (en lo sucesivo, «Toshiba Indonesia») (considerando 53 del Reglamento inicial).
      
      5        El Consejo comparó el valor normal con el precio de exportación en fábrica y en la misma fase comercial, lo que puso de manifiesto
         la existencia de un margen de dumping respecto a los tres productores exportadores que iba desde el 9 % hasta el 12,8 % (considerando
         58 del Reglamento inicial).
      
      6        Habida cuenta de la escasa cooperación de los demás productores exportadores chinos, el margen de dumping residual se fijó
         para éstos al mismo nivel que el margen individual más elevado relativo a un solo modelo de balanza electrónica producido
         por las sociedades que cooperaron, esto es, el 30,7 %.
      
      7        En consecuencia, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento inicial impuso a los tres productores exportadores chinos que cooperaron
         derechos antidumping individuales cuyo porcentaje máximo era del 12,8 % y a todas las demás empresas chinas un derecho del 30,7 %.
      
      B.      Procedimiento de reconsideración
      8        Las demandantes, las empresas vinculadas Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd (en lo sucesivo, «Shanghai Excell») y Shanghai
         Adeptech Precision Co. Ltd (en lo sucesivo, «Shanghai Adeptech»), fabrican balanzas electrónicas en China. Shanghai Excell y
         Shanghai Adeptech empezaron a exportar balanzas electrónicas a la Comunidad en junio de 2003. Se les aplicó un derecho antidumping
         del 30,7 %.
      
      9        Las demandantes presentaron ante la Comisión una solicitud de reconsideración del Reglamento inicial en calidad de «nuevo
         exportador» en el sentido del artículo 11, apartado 4, del Reglamento de base. Alegaron que no habían exportado balanzas electrónicas
         a la Comunidad durante el período de investigación inicial, a saber entre el 1 de septiembre de 1998 y el 31 de agosto de
         1999 (en lo sucesivo, «período de investigación inicial»), y que no estaban vinculadas a ninguno de los productores exportadores
         sujetos a las medidas mencionadas.
      
      10      Mediante el Reglamento (CE) nº 1408/2004 de la Comisión, de 2 de agosto de 2004, por el que se inicia la reconsideración para
         un «nuevo exportador» del Reglamento (CE) nº 2605/2000 del Consejo por el que se establecen derechos antidumping definitivos
         sobre las importaciones de determinadas balanzas electrónicas originarias, entre otros países, de la República Popular China,
         y por el que se deroga el derecho aplicable a las importaciones de dos exportadores de ese país y se someten a registro dichas
         importaciones (DO L 256, p. 8), la Comisión inició la reconsideración en lo que respecta a las demandantes. Se derogó el derecho
         antidumping del 30,7 % aplicable a sus balanzas electrónicas y la Comisión emplazó a las autoridades aduaneras a adoptar las
         medidas necesarias para registrar las importaciones de dichas balanzas, registro que debía expirar nueve meses después de
         la entrada en vigor del Reglamento nº 1408/2004.
      
      11      El 23 de febrero de 2005, la Comisión envió a las demandantes un escrito en el que exponía los motivos por los que tenía la
         intención de dispensarles un trato individual e imponerles un derecho antidumping del 54,8 %. Mediante escrito de 7 de marzo
         de 2005, las demandantes se opusieron a la postura de la Comisión.
      
      C.      Reglamento impugnado
      12      El 28 de abril de 2005, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 692/2005 del Consejo, de 28 de abril de 2005, que modifica
         el Reglamento (CE) nº 2605/2000 del Consejo por el que se establecen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones
         de determinadas balanzas electrónicas originarias, entre otros países, de la República Popular China (DO L 112, p. 1; en lo
         sucesivo, «Reglamento impugnado»). 
      
      13      En el Reglamento impugnado, el Consejo confirmó que las demandantes eran nuevos exportadores en el sentido del artículo 11,
         apartado 4, del Reglamento de base (considerandos 9 a 11).
      
      14      El Consejo consideró que, al estar las demandantes domiciliadas en China, el valor normal debía determinarse, como en el Reglamento
         inicial, con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, dado que las demandantes no reunían los
         dos primeros requisitos enunciados en el artículo 2, apartado 7, letra c), de dicho Reglamento y, por lo tanto, no prevalecían
         las condiciones de una economía de mercado en la fabricación y venta de sus balanzas electrónicas (considerandos 12 a 26).
         El Consejo estimó, no obstante, que las demandantes reunían los requisitos enunciados en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento
         de base para la concesión de un trato individual (considerandos 27 y 28).
      
      15      Al igual que en el Reglamento inicial, el Consejo determinó el valor normal, con arreglo al artículo 2, apartado 7, letra a),
         del Reglamento de base, partiendo del precio en un país análogo, o del valor calculado en dicho país, en este caso, Indonesia.
         El valor normal se calculó basándose en la información comunicada por Toshiba Indonesia.
      
      16      El Consejo comparó el valor normal y el precio de exportación en fábrica y en la misma fase comercial, y tuvo en cuenta, conforme
         a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, las diferencias entre factores que afectaban a los precios
         y a su comparabilidad (considerandos 42 a 45). Por último, el Consejo comparó el valor normal medio ponderado de cada tipo
         de producto con el precio de exportación medio ponderado y llegó a la conclusión de que existía un margen de dumping del 52,6 %
         (considerandos 55 y 56).
      
      17      En consecuencia, el artículo 1, apartado 1, del Reglamento impugnado impuso un derecho antidumping del 52,6 % a las importaciones
         de las demandantes a la Comunidad. 
      
      18      El artículo 1, apartado 2, del Reglamento impugnado aplicó retroactivamente idénticos derechos a las importaciones registradas,
         conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento nº 1408/2004. De este modo, se impuso a las demandantes el derecho
         del 52,6 % a partir de agosto de 2004. Por último, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento impugnado ordenó a las autoridades
         aduaneras de la Unión Europea que cesasen de registrar las importaciones de las demandantes.
      
      19      El Reglamento impugnado entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 2, al día siguiente de su publicación en el
         Diario Oficial, es decir, el 4 de mayo de 2005. 
      
      20      Los derechos establecidos por el Reglamento inicial, en su versión modificada por el Reglamento impugnado, expiraron el 1
         de diciembre de 2005, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. Tras la publicación del anuncio sobre
         la próxima expiración de los derechos, la industria comunitaria no solicitó la reconsideración de las medidas cuya expiración
         se aproximaba, conforme al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      21      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2005, las demandantes interpusieron
         el presente recurso.
      
      22      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de noviembre de 2005, la Comisión solicitó
         intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo. Esta demanda de intervención fue estimada mediante auto del Presidente
         de la Sala Tercera de 12 de enero de 2006.
      
      23      Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Primera,
         a la que, en consecuencia, se atribuyó el presente asunto.
      
      24      El 19 de marzo de 2008, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento
         de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia requirió a las partes para que respondiesen a determinadas preguntas escritas
         y le hiciesen llegar determinados documentos. Las demandantes cumplimentaron tales requerimientos dentro del plazo señalado.
         
      
      25      Mediante escrito de 15 de abril de 2008, el Consejo indicó al Tribunal de Primera Instancia que no podía responder a estos
         requerimientos, amparándose en que algunos de los documentos solicitados eran confidenciales y en que, en cualquier caso,
         se hallaban en poder de la Comisión. Además, el Consejo alegó que las demandantes no tenían ya interés en ejercitar la acción.
      
      26      Mediante auto de 7 de mayo de 2008, con arreglo a los artículos 65, letra b), 66, apartado 1, y 67, apartado 3, párrafo segundo,
         del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Consejo y a la Comisión presentar algunos de los
         documentos solicitados junto con ciertas aclaraciones y dispuso que, en esa fase, no se comunicarían a las demandantes. El
         Consejo y la Comisión cumplimentaron lo ordenado en el plazo señalado. Sin embargo, alegaron que consideraban dichos documentos
         estrictamente confidenciales en la medida en que contenían información comercial delicada relativa a Toshiba Indonesia. 
      
      27      Oído el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral. 
      
      28      En la vista de 20 de mayo de 2008 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia.
      
      29      En la vista, las demandantes prestaron su consentimiento para que el Tribunal de Primera Instancia pudiese utilizar, llegado
         el caso, la información contenida en los documentos considerados confidenciales por el Consejo y la Comisión –que no se les
         comunicaron–, lo que se hizo constar en el acta de la vista. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia no estimó necesario
         utilizar, a efectos de la presente sentencia, más información que la puesta a disposición de las demandantes. 
      
      30      En la vista, asimismo, las demandantes renunciaron a su noveno motivo, relativo a un error en cuanto a su identificación en
         el Reglamento impugnado, lo que se hizo igualmente constar en el acta de la vista.
      
      31      Por último, en la vista, se puso de manifiesto que los documentos que las demandantes hicieron llegar al Tribunal de Primera
         Instancia en respuesta a su requerimiento de 19 de marzo de 2008 no eran los documentos que se habían interesado. El Consejo
         solicitó autorización para presentar una copia de estos últimos, que están integrados en el expediente administrativo y le
         fueron transmitidos por las demandantes con motivo de la investigación que culminó con la adopción del Reglamento impugnado.
         Las demandantes se opusieron a dicha presentación, lo que se hizo constar en el acta de la vista. El Tribunal de Primera Instancia
         señaló a las demandantes un plazo para formular sus observaciones acerca de los documentos controvertidos y de su eventual
         incorporación a los autos. 
      
      32      El 30 de mayo de 2008, las demandantes presentaron observaciones sobre los documentos mencionados en el apartado anterior
         y reiteraron su oposición a que se incorporasen a los autos. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia, considerando que
         el hecho de presentar el Consejo los documentos controvertidos no hace sino subsanar el error en que negligente o dolosamente
         incurrieron las demandantes, estima que procede incorporarlos a los autos.
      
      33      El 6 de junio de 2008, el Consejo presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia una rectificación de la información
         que había transmitido a éste a raíz del auto de 7 de mayo de 2008. Mediante escrito de 6 de junio de 2008, la Comisión indicó
         al Tribunal de Primera Instancia que las aclaraciones que le había facilitado como consecuencia de dicho auto debían modificarse
         a la luz de la rectificación presentada por el Consejo.
      
      34      El 10 de julio de 2008, las demandantes formularon observaciones sobre la citada rectificación. 
      
      35      El 24 de septiembre de 2008 concluyó la fase oral del procedimiento. 
      
      36      Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule el Reglamento impugnado en cuanto les afecta.
      –        Condene en costas al Consejo.
      37      En sus escritos, el Consejo, apoyado por la Comisión, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas a las demandantes.
      38      En su escrito de 15 de abril de 2008, el Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 
      
      –        Declare sobreseído el asunto debido a que las demandantes no tienen ya interés en la continuación del procedimiento.
      –        Condene en costas a las demandantes.
       Sobre la pretensión de sobreseimiento 
      A.      Alegaciones de las partes
      39      El Consejo alega que las balanzas electrónicas de las demandantes no estaban sujetas a ningún derecho antidumping desde la
         expiración del Reglamento inicial, el 1 de diciembre de 2005. Además, según él, de la información recabada de los Estados
         miembros se desprende, por una parte, que éstos habían percibido cantidades muy reducidas en concepto de derechos antidumping
         impuestos por el Reglamento impugnado, y, por otra parte, que esas pequeñas cantidades no las pagaron las demandantes, sino
         importadores no vinculados a ellas.
      
      40      El Consejo estima, en consecuencia, que la anulación del Reglamento impugnado no tiene efecto jurídico alguno sobre las demandantes,
         que, por lo tanto, no tienen ya interés en proseguir el presente procedimiento.
      
      41      Las demandantes estiman que el Tribunal de Primera Instancia no debería examinar esta alegación del Consejo debido a su carácter
         intempestivo. Además, confirman no haber pagado ningún derecho antidumping en la cuantía establecida por el Reglamento impugnado.
         No obstante, consideran que la sujeción de sus balanzas electrónicas a un derecho antidumping muy elevado durante un período
         de cerca de cinco años hizo que fracasaran sus esfuerzos de comercialización en Europa, lo que, según ellas, explica precisamente
         por qué sus importadores pagaron una parte muy reducida de los derechos antidumping. Además, las demandantes subrayan que
         siguen teniendo interés en ejercitar la acción, puesto que piensan invocar la ilegalidad del Reglamento impugnado en el marco
         de un posterior recurso por responsabilidad.
      
      B.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      42      Puesto que los requisitos de admisibilidad de un recurso, en particular la inexistencia de interés en ejercitar la acción
         son causas de inadmisión por motivos de orden público, corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar de oficio si
         una parte demandante tiene interés en obtener la anulación de la Decisión que impugna (auto del Tribunal de Primera Instancia
         de 10 de marzo de 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia y otros/Comisión, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00,
         T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑274/00 a T‑276/00,
         T‑281/00, T‑287/00 y T‑296/00, Rec. p. II‑787, apartado 22). Por lo tanto, procede examinar la alegación formulada por el
         Consejo sin que sea necesario pronunciarse sobre su pretendido carácter intempestivo. 
      
      43      A este respecto es importante recordar que, según reiterada jurisprudencia, el interés del demandante en ejercitar la acción
         debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de la interposición, so pena de que se declare la inadmisibilidad.
         El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial
         so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que
         lo ha interpuesto (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Flaherty y otros/Comisión,
         C‑373/06 P, C‑379/06 P y C‑382/06 P, Rec. II‑0000, apartado 25 y la jurisprudencia citada).
      
      44      En el caso de autos, según el Consejo, las demandantes tenían interés en ejercitar la acción en el momento de la interposición
         del recurso, pero lo perdieron con posterioridad, ya que, desde la expiración del Reglamento inicial y, consiguientemente,
         del Reglamento impugnado, el 1 de diciembre de 2005, las demandantes no pueden obtener beneficio alguno de una eventual anulación
         de este último Reglamento, en la medida en que, por una parte, ya no se aplica a sus exportaciones comunitarias y, por otra
         parte, al no haber pagado con anterioridad ningún derecho antidumping en virtud de dicho Reglamento, no se les reembolsaría
         cantidad alguna como consecuencia directa de su anulación.
      
      45      Habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, la tesis del Consejo debe desecharse por diversas razones. 
      
      46      En primer lugar, hay que precisar que la expiración en el curso del procedimiento del acto contra el que se interpuso recurso
         de anulación, no implica, por sí sola, que el juez comunitario esté obligado a sobreseer el asunto por carecer de objeto o
         por no existir interés en ejercitar la acción en la fecha en que se dictó la sentencia (véase, en este sentido, la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, apartado 47). 
      
      47      A este respecto, es importante observar que el Reglamento impugnado no fue formalmente revocado por el Consejo (véase, en
         este sentido, la sentencia Wunenburger/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 48).
      
      48      En segundo lugar, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que un demandante puede seguir teniendo interés
         en solicitar la anulación de un acto de una institución comunitaria para evitar que la ilegalidad en que supuestamente incurre
         dicho acto se repita en el futuro (sentencia Wunenburger/Comisión, citada en el apartado 46 supra, apartado 50; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 1986, AKZO Chemie/Comisión,
         53/85, Rec. p. 1965, apartado 21, y de 26 de abril de 1988, Apesco/Comisión, 207/86, Rec. p. 2151, apartado 16).
      
      49      Este interés en ejercitar la acción se deriva del artículo 233 CE, apartado 1, según el cual las instituciones de las que
         emane el acto anulado estarán obligadas a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (sentencia Wunenburger/Comisión,
         citada en el apartado 46 supra, apartado 51).
      
      50      Ciertamente, tal interés en ejercitar la acción sólo puede existir si la supuesta ilegalidad puede repetirse en el futuro,
         con independencia de las circunstancias del asunto en que el demandante interpuso recurso (sentencia Wunenburger/Comisión,
         citada en el apartado 46 supra, apartado 52). 
      
      51      Pues bien, así sucede en el caso de un recurso de anulación, como el del presente asunto, interpuesto por empresas sujetas
         a un derecho antidumping a raíz de un procedimiento de reconsideración, aun cuando ese derecho no sea ya de aplicación, en
         la medida en que dichas empresas impugnan el procedimiento que condujo a su imposición. En efecto, a diferencia de la apreciación
         en cuanto al fondo de la existencia de una práctica de dumping, el modo de tramitación de un procedimiento de reconsideración
         puede ser utilizado en el futuro en procedimientos análogos, de forma que las demandantes conservan su interés en ejercitar
         la acción contra el Reglamento impugnado, aunque ya no surta efectos para ellas, ante la eventualidad de que en el futuro
         se inicien nuevos procedimientos antidumping contra ellas (véase, en este sentido, la sentencia Wunenburger/Comisión, citada
         en el apartado 46 supra, apartados 56 a 59).
      
      52      A este respecto, procede señalar que, en el marco del presente recurso, las demandantes impugnan por diversos motivos el método
         por el que optó el Consejo en el Reglamento impugnado a efectos de decidir si reunían los requisitos para que se les reconociese
         el EEM y de calcular su margen de dumping, métodos que pueden volver a utilizarse en el futuro en el marco de procedimientos
         análogos. 
      
      53      En tercer lugar, una demandante puede seguir teniendo interés en instar la anulación de un acto que la afecte directamente
         para obtener del juez comunitario la declaración de que se ha cometido una ilegalidad contra ella, de suerte que dicha declaración
         pueda servir de base a un eventual recurso de indemnización destinado a reparar adecuadamente el perjuicio ocasionado por
         el acto impugnado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión,
         C‑68/94 y C‑30/95, Rec. p. I‑1375, apartado 74). 
      
      54      Así sucede en el caso de autos. En efecto, el Reglamento impugnado sujetó durante un período de cinco meses la importación
         de las balanzas electrónicas de las demandantes a un derecho antidumping que es casi el doble del aplicado a otros productores
         chinos y que incrementa su precio de venta en la Comunidad en más del 50 %.
      
      55      En este contexto, las demandantes siguen teniendo interés en que se declare la ilegalidad del Reglamento impugnado, ya que,
         por una parte, dicha declaración vinculará al juez comunitario con vistas a un recurso de indemnización y, por otra parte,
         podría constituir la base para una eventual negociación extrajudicial entre el Consejo y las demandantes encaminada a reparar
         el perjuicio sufrido por éstas.
      
      56      En cuarto lugar, aceptar la tesis del Consejo equivaldría a admitir que los actos adoptados por las instituciones que produzcan
         efectos limitados en el tiempo y que expiren después de la interposición de un recurso de anulación, pero antes de que el
         Tribunal de Primera Instancia pueda pronunciar sentencia, escaparían a todo control jurisdiccional si no hubiesen dado lugar
         a la percepción de cantidades. 
      
      57      Ahora bien, tal situación es incompatible con el espíritu del artículo 230 CE, en virtud del cual el juez comunitario controlará
         la legalidad de los actos adoptados conjuntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo, de los actos del Consejo, de la
         Comisión y del Banco Central Europeo (BCE) que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos del Parlamento Europeo
         destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. En efecto, si la Comunidad Europea es una comunidad de Derecho,
         es porque ni sus Estados miembros ni sus instituciones pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la
         carta constitucional fundamental que constituye el Tratado ni con el Derecho que se deriva de éste (véase, en este sentido,
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Rec. p. 1339, apartado 23).
      
      58      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, hay que concluir que las demandantes siguen teniendo interés en ejercitar
         la acción.
      
       Sobre el fondo 
      59      Las demandantes invocan ocho motivos en apoyo de su recurso, pudiendo agruparse algunos de ellos. El primer motivo se basa
         en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base. El segundo motivo se basa
         en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, primer guión, del Reglamento de base. El tercer motivo
         se basa en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, segundo guión, del Reglamento de base. El
         cuarto motivo se basa en la infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base. Los motivos quinto y octavo se
         basan en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. Por último, los motivos sexto y séptimo
         se basan en la infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.
      
      60      El Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar en primer lugar los motivos segundo y tercero.
      
      A.      Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, primer
            y segundo guiones, respectivamente, del Reglamento de base
      61      El artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base dispone que, en el caso de importaciones procedentes de los países sin economía
         de mercado, como excepción a las reglas establecidas en los apartados 1 a 6 de esa misma disposición, el valor normal será
         determinado sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado. 
      
      62      No obstante, el artículo 2, apartado 7, letra b), de dicho Reglamento dispone: 
      
      «En las investigaciones antidumping relativas a las importaciones […] de Rusia y […] de China, el valor normal será determinado
         de conformidad con los apartados 1 a 6, si se demuestra, sobre la base de las alegaciones adecuadamente documentadas de uno
         o más productores objeto de la investigación, y de acuerdo con los criterios y procedimientos expuestos en la letra c), que
         predominan las condiciones de economía de mercado para este productor o productores por lo que se refiere a la fabricación
         y venta del producto similar de que se trate. Cuando éste no sea el caso, se aplicarán las normas establecidas con arreglo
         [al artículo 2, apartado 7,] letra a).»
      
      63      Por último, el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base dispone:
      
      «Las alegaciones a que se refiere [el artículo 2, apartado 7,] letra b), deben ser emitidas por escrito y demostrar adecuadamente
         que el productor opera en condiciones de economía de mercado, es decir si: 
      
      –        las decisiones de las empresas sobre precios, costes y consumos, incluidos, por ejemplo, las materias primas, coste de la
         tecnología y mano de obra, producción, ventas e inversión, se adoptan en respuesta a las señales de mercado que reflejan la
         oferta y la demanda, y sin interferencias significativas del Estado a este respecto, y los costes de los principales consumos
         reflejan sustancialmente los valores del mercado;
      
      –        las empresas poseen exclusivamente un juego de libros contables básicos que se utilizan a todos los efectos y que son auditados
         con la adecuada independencia conforme a los criterios normales en contabilidad internacional;
      
      […]
      y
      –      las operaciones de cambio se efectuarán a los tipos del mercado.
      […]»
      64      Nada más iniciarse la investigación de reconsideración, las demandantes solicitaron que se les reconociese el EEM. El Consejo
         consideró, en el Reglamento impugnado, que dicha solicitud debía desestimarse debido a que las demandantes no reunían los
         dos primeros requisitos enunciados en el apartado anterior (considerandos 13 a 15). 
      
      65      Por lo que respecta al primero de esos requisitos, el Consejo estimó, en el Reglamento impugnado, que diversos elementos revelaban
         la existencia de una intervención significativa del Estado en las demandantes. Estos elementos son, en primer lugar, el hecho
         de que los estatutos de una de las demandantes permiten que su socio bajo control público, que no posee ningún capital de
         la empresa y que, según se afirmó, desempeña las funciones de un mero arrendador, reclame indemnización en el caso de que
         la empresa no alcance sus objetivos en materia de producción, ventas y beneficios; en segundo lugar, el hecho de que, a fin
         de otorgar a los edificios la consideración de activos fijos y comenzar a amortizar los derechos de uso del terreno, sea necesario
         contar con la autorización de las autoridades locales; en tercer lugar, que una de las demandantes no haya abonado nunca renta
         alguna en concepto de derechos de uso del terreno; y, en cuarto lugar, que disponga de avales bancarios facilitados gratuitamente
         por un tercero (considerando 16 del Reglamento impugnado). 
      
      66      En cuanto al segundo requisito, según el cual las empresas que desean beneficiarse del EEM deben demostrar que poseen exclusivamente
         un juego de libros contables básicos que se utilizan a todos los efectos y que son auditados con la adecuada independencia
         conforme a los criterios normales en contabilidad internacional, el Consejo estimó en el considerando 17 del Reglamento impugnado
         que las demandantes incumplían algunas de las normas internacionales de contabilidad (en lo sucesivo, «NIC»), adoptadas por
         el International Accounting Standards Board. 
      
      67      En lo que atañe a la NIC 1, el Consejo estimó que las demandantes no aplicaban tres conceptos contables fundamentales: contabilidad
         de devengo, prudencia y sustancia antes que forma. Según el Consejo, las demandantes incumplían también la NIC 2 (existencias),
         el reconocimiento contable y la amortización de los edificios no se ajustaban a la NIC 16, los derechos de uso del terreno
         no se amortizaban conforme a lo previsto en la NIC 38, las demandantes incumplían la NIC 21, sobre los efectos de las variaciones
         en los tipos de cambio, y la NIC 36, sobre el deterioro del valor de los activos; y, por último, varios informes de auditoría
         de las demandantes indicaban problemas contables relativos a las existencias y señalaban que la empresa no había adoptado
         las medidas oportunas en lo que se refiere a las provisiones por deterioro de los activos. El Consejo consideró asimismo que
         el hecho de que los informes de auditoría no hicieran referencia a casi ningún incumplimiento de las NIC indicaba que la auditoría
         no se realizó conforme a éstas (considerandos 17 y 18 del Reglamento impugnado).
      
      1.      Alegaciones de las partes
      68      Las demandantes alegan que la apreciación que hizo el Consejo en los considerandos 12 a 26 del Reglamento impugnado, a cuyo
         tenor no reunían los dos primeros requisitos enunciados en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, es
         incorrecta. 
      
      69      En el marco del segundo motivo, las demandantes alegan que el análisis del Consejo en el Reglamento impugnado relativo a si,
         por una parte, sus decisiones sobre precios, costes y consumos se adoptan en respuesta a las señales de mercado que reflejan
         la oferta y la demanda, y sin interferencias significativas del Estado a este respecto, y si, por otra parte, los costes de
         los principales consumos reflejan sustancialmente los valores del mercado, es manifiestamente erróneo.
      
      70      En el marco del tercer motivo, las demandantes alegan que el Consejo consideró indebidamente, en el Reglamento impugnado,
         que no reunían el segundo requisito establecido en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, según el cual
         las empresas que solicitan se les reconozca el EEM deben poseer exclusivamente un juego de libros contables básicos que se
         utilicen a todos los efectos y que sean auditados con la adecuada independencia conforme a los criterios normales en contabilidad
         internacional. 
      
      71      A este respecto, las demandantes señalan que, dado que las normas contables aplicadas en el caso de autos por la Comisión,
         a saber, las NIC, no se han adoptado en China, ninguna sociedad domiciliada en dicho país tiene la obligación de respetarlas.
         Por lo tanto, si se exigiese su aplicación, ninguna sociedad china podría obtener el EEM. Además, según ellas, incluso dentro
         de la Comunidad, el cumplimiento de las NIC sólo es obligatorio para determinadas sociedades, con arreglo al Reglamento (CE)
         nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales
         de contabilidad (DO L 243, p. 1), y a partir del 1 de enero de 2005.
      
      72      Además, las demandantes alegan que en el acta del Consejo relativa al Reglamento nº 905/98, que introdujo el concepto de EEM
         en el Reglamento de base, se pidió a la Comisión que lo aplicase de tal manera que todas las empresas, cualquiera que fuese
         su tamaño, tuviesen las mismas oportunidades de beneficiarse de sus disposiciones. Sin embargo –señalan– las instituciones
         comunitarias exigieron que su contabilidad de se ajustase a una norma extremadamente estricta, a la que les resultaba imposible
         ajustarse en su condición de pequeñas y medianas empresas.
      
      73      Las demandantes critican el hecho de que las instituciones comunitarias no intentasen aplicar otras normas internacionalmente
         reconocidas, pese a que ellas lo solicitaron reiteradamente, y ponen de manifiesto que, durante la inspección practicada en
         los locales de Shangai Adeptech por la Comisión, ésta solicitó a los auditores de dicha sociedad que se ausentasen momentáneamente,
         privándola así por completo de la posibilidad de explicar la conformidad de su contabilidad con los estándares internacionales.
      
      74      Por último, las demandantes consideran que, al aplicar en el Reglamento impugnado normas contables inadecuadas, como las NIC,
         en lugar de los «criterios normales en contabilidad internacional» mencionados en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo
         primero, segundo guión, del Reglamento de base, el Consejo incurrió en un error manifiesto al apreciar las cuentas auditadas
         de ambas empresas.
      
      75      El Consejo replica que los motivos segundo y tercero deben desestimarse por infundados.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      76      Resulta tanto de la utilización del término «y» entre el cuarto y el quinto guión del artículo 2, apartado 7, letra c), como
         de la propia naturaleza de los requisitos enunciados en dicho artículo, que éstos son acumulativos, de tal forma que si un
         productor que solicita se le reconozca el EEM no cumple alguno de ellos, debe desestimarse su solicitud (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, T‑35/01, Rec. p. II‑3663, apartado 54).
      
      77      Por lo tanto, al haber considerado el Consejo en el Reglamento impugnado que la solicitud de las demandantes de que se les
         reconociese el EEM debía desestimarse por no reunir éstas ninguno de los dos primeros requisitos enunciados en el artículo
         2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base (considerandos 13 a 15), los presentes motivos únicamente podrían dar lugar
         a la anulación del Reglamento impugnado si se estimasen simultáneamente. 
      
      78      En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar en primer lugar el tercer motivo. 
      
      79      A este respecto, interesa recordar, con carácter preliminar, que, en el ámbito de las medidas de defensa comercial, las instituciones
         comunitarias disponen de una amplia facultad discrecional debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas
         y jurídicas que deben examinar (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisión,
         T‑162/94, Rec. p. II‑427, apartado 72; de 29 de enero de 1998, Sinochem/Consejo, T‑97/95, Rec. p. II‑85, apartado 51; de 17
         de julio de 1998, Thai Bicycle/Consejo, T‑118/96, Rec. p. II‑2991, apartado 32; de 4 de julio de 2002, Arne Mathisen/Consejo,
         T‑340/99, Rec. p. II‑2905, apartado 53, y Shangai Teraoka Electronic/Consejo, citada en el apartado 76 supra, apartado 48).
      
      80      De ello se deduce que el control de dichas apreciaciones por parte del juez comunitario debe limitarse a la comprobación del
         respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución
         impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1987, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 240/84, Rec. p. 1809, apartado 19; sentencias
         Thai Bicycle/Consejo, citada en el apartado 79 supra, apartado 33; Arne Mathisen/Consejo, citada en el apartado 79 supra, apartado 54, y Shangai Teraoka Electronics/Consejo, citada en el apartado 76 supra, apartado 49).
      
      81      Lo mismo puede decirse respecto a las situaciones de hecho, de tipo jurídico y político, que se manifiesten en el país de
         que se trate y que las instituciones comunitarias deben evaluar para determinar si un exportador actúa en condiciones de mercado
         sin interferencias significativas del Estado y, por consiguiente, puede reconocérsele el estatuto propio de las empresas que
         operan en condiciones de economía de mercado (sentencia Shanghai Teraoka Electronics/Consejo, citada en el apartado 76 supra, apartado 49).
      
      82      Por otra parte, procede señalar que el método de determinación del valor normal de un producto establecido en el artículo
         2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base constituye una excepción al método específico previsto a tal efecto en el
         artículo 2, apartado 7, letra a), que se aplica en principio a las importaciones procedentes de países que no tienen economía
         de mercado. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, toda excepción a una regla general ha de interpretarse restrictivamente
         (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de diciembre de 1995, Oude Luttikhuis y otros, C‑399/93, Rec. p. I‑4515, apartado
         23; de 18 de enero de 2001, Comisión/España, C‑83/99, Rec. p. I‑445, apartado 19; de 12 de diciembre de 2002, Bélgica/Comisión,
         C‑5/01, Rec. p. I‑11991, apartado 56; y sentencia Shangai Teraoka Electronics/Consejo, citada en el apartado 76 supra, apartado 50).
      
      83      Por último, es importante subrayar que la carga de la prueba recae sobre el productor exportador que desea gozar del EEM.
         En efecto, el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base dispone que las alegaciones «deben […] demostrar adecuadamente
         que el productor opera en condiciones de economía de mercado». Por lo tanto, no corresponde a las instituciones comunitarias
         probar que el productor exportador no cumple los requisitos establecidos para que se le reconozca dicho estatuto. En cambio,
         a las instituciones comunitarias les corresponde apreciar si los elementos aportados por el productor exportador son suficientes
         para demostrar que concurren los requisitos establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base y
         al juez comunitario verificar si dicha apreciación está viciada por un error manifiesto (sentencia Shanghai Teraoka Electronics/Consejo,
         citada en el apartado 76 supra, apartado 53).
      
      84      A la luz de estas consideraciones, hay que analizar si las alegaciones de las demandantes demuestran que la apreciación del
         Consejo de que no reúnen el segundo requisito enunciado en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base es
         manifiestamente errónea.
      
      85      A este respecto, las demandantes alegan sustancialmente, en primer lugar, que las NIC no son obligatorias en China y que en
         la Comunidad únicamente lo son para determinadas empresas. 
      
      86      Pues bien, primeramente, debe señalarse que el hecho de que las empresas chinas no estén sujetas en virtud de su Derecho nacional
         al cumplimiento de determinadas normas contables no afecta en modo alguno a la cuestión de si su contabilidad puede evaluarse
         a la luz de dichas normas. En efecto, el segundo requisito previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento
         de base indica claramente que la contabilidad de toda empresa procedente de un país que no tiene economía de mercado y desea
         obtener el EEM debe ser auditada con arreglo a esas normas internacionales, siendo irrelevante a ese respecto el hecho de
         que tales normas sean o no de aplicación obligatoria en su Estado de origen. Es, además, precisamente porque dicho Estado
         no tiene economía de mercado por lo que el Reglamento de base exige de las empresas interesadas la observancia de normas contables
         que no son necesariamente las normas nacionales.
      
      87      A continuación, procede señalar que la circunstancia de que las normas contables internacionales aplicadas en el caso de autos
         no sean obligatorias para todas las empresas comunitarias en virtud de un acto comunitario no implica necesariamente que esas
         normas, o incluso otras normas contables que persiguen los mismos objetivos y los ponen en práctica con idéntico rigor, si
         no mayor, no sean obligatorias para dichas empresas en virtud de sus legislaciones nacionales. Esta circunstancia tampoco
         implica que dichas normas no gocen de amplio reconocimiento a escala internacional o que no puedan sintetizar principios contables
         comunes a la mayoría de los países de economía de mercado, incluidos los Estados miembros. 
      
      88      Las demandantes alegan, en segundo lugar, que es imposible para una pequeña o mediana empresa como ellas ajustarse a las NIC.
         Ahora bien, esta alegación no es sino una mera afirmación, no sustentada por prueba alguna, ni siquiera por una sucinta explicación
         de las razones por las que los estándares contables aplicados en el caso de autos por la Comisión resultan imposibles de alcanzar
         para una empresa pequeña o mediana. Por consiguiente, no puede aceptarse la alegación de las demandantes.
      
      89      En tercer lugar, las demandantes critican el hecho de que las instituciones comunitarias no hayan examinado su contabilidad
         a luz de normas contables internacionalmente reconocidas que no sean las NIC. 
      
      90      No obstante, procede señalar que pertenece al ámbito de la amplia facultad discrecional de las instituciones comunitarias
         examinar la conformidad de la contabilidad de las empresas que desean se les reconozca el EEM con los estándares contables
         internacionalmente reconocidos de su elección. Corresponde a las empresas interesadas, si no estuviesen de acuerdo con dicha
         elección, demostrar que los estándares seleccionados por las instituciones no están internacionalmente reconocidos o que las
         infracciones de dichos estándares en que pueda incurrir su contabilidad no constituyen tales infracciones a la luz de otros
         estándares internacionalmente reconocidos, en la medida en que la carga de la prueba recae sobre el productor exportador que
         desea beneficiarse del EEM (véase el apartado 83). Pues bien, en el caso de autos, las demandantes no han probado la concurrencia
         de ninguna de estas dos circunstancias.
      
      91      Por último, en cualquier caso, para desestimar la totalidad de las alegaciones de las demandantes, basta observar que ninguna
         de ellas desmiente la conclusión del Consejo, expuesta en el considerando 17 del Reglamento impugnado, de que las cuentas
         de las demandantes infringen determinados principios contables fundamentales como el de la contabilidad de devengo, el de
         prudencia y el de sustancia antes que forma. En efecto, para impugnar válidamente esta conclusión del Consejo, que avala ampliamente
         su apreciación de que las demandantes no reúnen el segundo requisito del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento
         de base, las demandantes deberían haber demostrado que su contabilidad respeta dichos principios o que se ajusta a estándares
         contables internacionales, distintos de las NIC, que a su vez respetan dichos principios. Ahora bien, lejos de demostrar estos
         extremos, las demandantes se limitaron a criticar la elección de la Comisión en cuanto a los estándares internacionales aplicados
         en el caso de autos. 
      
      92      De ello se desprende que el tercer motivo debe desestimarse. 
      
      93      Por lo tanto, a la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 76 y 77, no resulta necesario examinar el segundo
         motivo. 
      
      B.      Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base
      1.      Observaciones preliminares
      94      A tenor del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base:
      
      «En los tres meses siguientes al inicio de la investigación se determinará si el productor es conforme a los criterios mencionados
         [en el artículo 2, apartado 7, letra c)], tras consulta especial al Comité consultivo y tras haber dado oportunidad a la industria
         de la Comunidad de hacer sus comentarios. La calidad así determinada se mantendrá en vigor mientras dure la investigación.»
      
      95      El 2 de agosto de 2004, la Comisión adoptó el Reglamento nº 1408/2004, en virtud del cual se inició el procedimiento de reconsideración.
         Dicho Reglamento entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 4 de agosto de 2004.
         
      
      96      El 3 de agosto de 2004, la Comisión remitió a las demandantes un formulario (en lo sucesivo, «formulario sobre el EEM») relativo,
         por una parte, a la cuestión de si debía reconocérseles el EEM, y, por otra parte, a la de su trato individual. El formulario
         sobre el EEM cumplimentado separadamente por cada demandante debía llegar a la Comisión dentro de los quince días siguientes
         a la entrada en vigor del Reglamento nº 1408/2004. En la misma fecha, la Comisión envió a las demandantes un cuestionario
         (en lo sucesivo, «cuestionario antidumping») para averiguar si estaban practicando dumping en la Comunidad. El cuestionario
         antidumping cumplimentado separadamente por cada demandante debía llegar a la Comisión a más tardar el 13 de septiembre de 2004.
      
      97      El 19 de agosto de 2004, las demandantes presentaron en la Comisión los formularios sobre el EEM cumplimentados y, el 20 de
         agosto de 2004, enviaron una traducción en inglés de un documento adjunto a dichos formularios.
      
      98      El 3 de septiembre de 2004, la Comisión envió a las demandantes una solicitud de información complementaria relativa a sus
         respuestas a los formularios sobre el EEM. La respuesta se requería para el 13 de septiembre de 2004. Asimismo, solicitó a
         las demandantes que una sociedad vinculada a ellas, Excell Precision Co. Ltd, domiciliada en Taiwán (en lo sucesivo, «Excell
         Taïwan»), así como cualquier otra sociedad vinculada a las demandantes que vendiese balanzas electrónicas, rellenase un anexo
         del cuestionario antidumping (en lo sucesivo, «anexo del cuestionario»).
      
      99      El 20 de septiembre de 2004, las demandantes presentaron los cuestionarios antidumping cumplimentados ante la Comisión.
      
      100    El 21 de septiembre de 2004, después de haber concedido la Comisión una prórroga del plazo, las demandantes respondieron al
         escrito antes citado de 3 de septiembre de 2004. El 4 de octubre de 2004, la Comisión solicitó a las demandantes que completasen
         su respuesta.
      
      101    El 5 de octubre de 2004, las demandantes transmitieron a la Comisión el anexo del cuestionario cumplimentado separadamente
         por Excell Taiwán y por una segunda sociedad taiwanesa vinculada a ellas, Summing Internacional Ltd.
      
      102    Entre el 18 y el 21 de octubre de 2004, la Comisión llevó a cabo verificaciones in situ de la información facilitada por las demandantes en sus respuestas al formulario sobre el EEM.
      
      103    El 26 de octubre de 2004, la Comisión solicitó a las demandantes que completasen la información facilitada en sus formularios
         sobre el EEM. Éstas presentaron ante la Comisión sus respuestas a estas preguntas el 3 de noviembre de 2004. El 15 de noviembre,
         la Comisión formuló una nueva solicitud de información al respecto, cuyas respuestas le fueron presentadas el 17 de noviembre
         de 2004.
      
      104    El 7 de enero de 2005, la Comisión solicitó a las demandantes que otras sociedades vinculadas, a saber, Bright Advance Co.
         Ltd y Total Lead Ltd, domiciliadas en Samoa, completasen el anexo del cuestionario.
      
      105    Mediante escrito de 14 de enero de 2005, la Comisión indicó a las demandantes que no se les reconocería el EEM.
      
      106    El anexo del cuestionario que cumplimentaron separadamente Bright Advance y Total Lead fue entregado a la Comisión el 25 de
         enero de 2005.
      
      2.      Alegaciones de las partes
      107    Las demandantes alegan que, al haberse iniciado la reconsideración como nuevo exportador el 4 de agosto de 2004, mediante
         el Reglamento nº 1408/2004, el plazo de tres meses contados desde el inicio de la investigación que impone a la Comisión el
         artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base, para resolver la cuestión de si un productor reúne
         los criterios necesarios para que se le reconozca el EEM (en lo sucesivo, «plazo de tres meses»), venció el 4 de noviembre
         de 2004. Pues bien, según ellas, la Comisión adoptó una decisión respecto a su EEM el 14 de enero de 2005, rebasando con creces
         dicho plazo injustificadamente.
      
      108    Las demandantes alegan que el plazo de tres meses garantiza la seguridad jurídica. Según ellas, se desprende de la Comunicación
         de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el trato en los procedimientos antidumping de los países con economías
         anteriormente no supeditadas a las leyes del mercado [COM(97) 677 final] y de la Propuesta de reglamento (CE) del Consejo
         por el que se modifica el Reglamento de base [COM(97) 677 final] que la finalidad del plazo de tres meses consiste en obligar
         a las instituciones comunitarias a tomar una decisión irrevocable sobre el EEM sin alterar el curso normal de la investigación.
         Las demandantes consideran que el incumplimiento del plazo de tres meses debe implicar la anulación del Reglamento impugnado,
         pues de lo contrario dicho plazo carecería de efecto útil.
      
      109    Las demandantes consideran que cumplimentaron íntegramente sus formularios sobre el EEM dentro del plazo señalado, como se
         desprende del considerando 13 del Reglamento impugnado. Además, según ellas, la Comisión solicitó con posterioridad abundantes
         datos y aclaraciones, muchos de los cuales ya se le habían facilitado. Añaden que respondieron en los plazos establecidos
         y únicamente solicitaron una prórroga de cinco días para contestar al escrito de 3 de septiembre de 2004. Se les concedieron
         otras prórrogas, pero para responder al cuestionario antidumping, no para responder al cuestionario sobre el EEM, que fue
         aceptado sin objeciones en cuanto a su exhaustividad. Asimismo, las demandantes reconocen que incumplieron algunos plazos
         de respuesta correspondientes a solicitudes de información relativas a sus cuestionarios antidumping, pero no a sus formularios
         sobre el EEM.
      
      110    Las demandantes señalan que la Comisión tardó dos meses, una vez recibidas las últimas respuestas a las solicitudes de información
         relativas a los formularios sobre el EEM, en adoptar una decisión sobre su derecho a acogerse al EEM. Por otra parte, consideran
         que el Consejo no puede alegar que la Comisión seguía interrogándolas para justificar el incumplimiento del plazo de tres
         meses, puesto que le incumbía a él poner término a ese proceso.
      
      111    Las demandantes alegan, por último, que el incumplimiento del plazo de tres meses tuvo una repercusión importante sobre la
         decisión de verificar o no los datos proporcionados por ellas mismas y por Toshiba Indonesia. Según ellas, en efecto, puesto
         que la duración de una investigación de reconsideración está limitada a un total de nueve meses en virtud del artículo 11,
         apartado 5, del Reglamento de base, la investigación habría superado este último plazo si la Comisión hubiese efectuado una
         verificación. Señalan que, al no haberse realizado dicha verificación, los cálculos de margen antidumping efectuados en el
         Reglamento impugnado no tuvieron en cuenta los ajustes que reclamaban las demandantes ni pudieron afinarse partiendo de las
         informaciones proporcionadas por Toshiba Indonesia, que habrían podido conducir a que los resultados de dichos cálculos fuesen
         distintos.
      
      112    El Consejo admite que la Comisión no tomó una decisión relativa al EEM en el plazo de tres meses, pero considera, respaldado
         por la Comisión, que ello no determina la ilegalidad del Reglamento impugnado.
      
      3.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
      113    Las partes convienen en que, en el caso de autos, se rebasó el plazo de tres meses. En cambio, discrepan en cuanto a las conclusiones
         que, desde el punto de vista jurídico, deben extraerse de dicha circunstancia. Las demandantes estiman que, contrariamente
         a lo que afirma el Consejo, el plazo de tres meses es imperativo y su incumplimiento debe dar lugar a la anulación automática
         de Reglamento impugnado.
      
      114    A este respecto, la cuestión esencial a efectos del presente asunto no es la de determinar el carácter imperativo o no del
         plazo de tres meses, sino únicamente la de examinar cuáles deben ser las consecuencias de su incumplimiento por la Comisión,
         y, en particular, la de evaluar si dicho incumplimiento debe implicar en el caso de autos la anulación del Reglamento impugnado.
      
      115    Procede descartar de entrada la tesis de las demandantes, a cuyo tenor todo incumplimiento del plazo de tres meses por parte
         de la Comisión debe implicar automáticamente la anulación del Reglamento relativo a la reconsideración adoptado con posterioridad.
         
      
      116    Procede señalar, en efecto, que el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base no contiene indicación
         alguna sobre las consecuencias del incumplimiento del plazo de tres meses por parte de la Comisión. En particular, dicho artículo
         no precisa si ese incumplimiento entraña el reconocimiento obligatorio del EEM o la imposibilidad de continuar la investigación,
         únicos motivos que podrían determinar la anulación automática del Reglamento impugnado a consecuencia del citado incumplimiento.
         
      
      117    Por lo tanto, puesto que tal precisión tampoco se desprende de ninguna otra disposición del Reglamento de base, procede examinar
         la finalidad y la estructura de dicho Reglamento para determinar si debe interpretarse en el sentido de que impone la concesión
         obligatoria del EEM o la imposibilidad de continuar la investigación de reconsideración cuando la Comisión incumple el plazo
         de tres meses (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2005, Merck, Sharp & Dohme, C‑245/03,
         Rec. p. I‑637, apartado 26).
      
      118    Por lo que respecta a la cuestión de si se desprende de la finalidad y la estructura del Reglamento de base que el incumplimiento
         por la Comisión del plazo de tres meses obliga a conceder el EEM a las empresas que lo hayan solicitado, es importante subrayar,
         en primer lugar, la diferencia de trato que el Reglamento de base dispensa al incumplimiento por las instituciones de los
         demás plazos procesales distintos del de tres meses. 
      
      119    Así por ejemplo, en los casos previstos en el artículo 8, apartado 5, y en el artículo 9, apartado 2, si en el plazo de un
         mes el Consejo, por mayoría cualificada, no decide en sentido contrario a la propuesta de conclusión de la investigación presentada
         por la Comisión, la investigación se considerará concluida, con arreglo a dichas disposiciones. Asimismo, si el Consejo no
         decide por mayoría simple en el plazo de un mes rechazar la propuesta de la Comisión a que se refiere el artículo 9, apartado
         4, del Reglamento de base, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 461/2004 del Consejo, de 8 de marzo de 2004
         (DO L 77, p. 12), o la prevista en el artículo 14, apartado 4, de ese mismo Reglamento, dichas propuestas son adoptadas, en
         virtud de las disposiciones mencionadas.
      
      120    Procede, por lo tanto, declarar que, cuando el Reglamento de base desea sancionar la inobservancia de un plazo procesal por
         las instituciones con la aceptación de pleno derecho de una solicitud o con otras consecuencias concretas, lo indica expresamente.
      
      121    Ha de recordarse, en segundo lugar, que, dado que el apartado 7, letra b), del artículo 2 del Reglamento de base contempla
         una excepción, para determinados países, al método de determinación del valor normal establecido en el apartado 7, letra a),
         dicha excepción debe ser interpretada restrictivamente (véase la sentencia Shanghai Teraoka Electronic/Consejo, citada en
         el apartado 76 supra, apartado 50, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, no puede aplicarse automáticamente en caso de incumplimiento del
         plazo de tres meses por parte de la Comisión, a falta de una disposición que así lo prevea.
      
      122    Por último, respecto a si se desprende de la finalidad y la estructura del Reglamento de base que el incumplimiento por la
         Comisión del plazo de tres meses impide a las instituciones comunitarias adoptar un Reglamento que imponga derechos antidumping
         a las empresas objeto de la investigación, procede concluir que, al menos en el marco de una investigación de reconsideración
         como la del caso autos, el Reglamento de base debe interpretarse en el sentido de que se opone a dicha consecuencia.
      
      123    En efecto, en el marco de una solicitud de reconsideración de un Reglamento inicial en calidad de «nuevo exportador», en el
         sentido del artículo 11, apartado 4, del Reglamento de base, una o varias empresas sujetas a un derecho antidumping establecido
         en un momento en que ellas no exportaban aún los productos de que se trate a la Comunidad, solicitan que se examine el margen
         de dumping con respecto a su propia situación económica, para que, en su caso, se les imponga un nuevo derecho antidumping
         en función únicamente de dicha situación y que podría ser inferior al anteriormente aplicable, o incluso suprimirse por completo.
      
      124    En tales circunstancias, sería inadecuado concluir que si dichas empresas estuviesen domiciliadas en un país que no tuviese
         economía de mercado y solicitasen beneficiarse del EEM, la Comisión debería abstenerse de proseguir la investigación sobre
         ellas en caso de sobrepasar el plazo de tres meses, puesto que ello frustraría la finalidad de la solicitud inicial de dichas
         empresas –a saber, lograr que se reconsidere su situación individual– por circunstancias que escaparían a su control. 
      
      125    Sería igualmente inadecuado concluir que la Comisión debería iniciar una nueva investigación sobre las empresas controvertidas
         y a instancias de éstas, una vez superado el plazo de tres meses, en la medida en que ello no haría sino agravar en la práctica
         el incumplimiento de dicho plazo, demorando la decisión definitiva sobre el EEM a una fecha aún posterior.
      
      126    Por lo tanto, al desecharse la tesis de que todo incumplimiento del plazo de tres meses por parte de la Comisión debe llevar
         aparejada automáticamente la anulación del Reglamento relativo a la reconsideración adoptado con posterioridad, procede examinar
         a continuación si el incumplimiento del plazo de tres meses en el caso de autos debe dar lugar a la anulación del Reglamento
         impugnado.
      
      127    A este respecto, hay que precisar que el plazo de tres meses, impuesto en virtud del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo
         segundo, del Reglamento de base, tiene en particular como finalidad asegurar que la cuestión de si el productor reúne los
         requisitos mencionados en dicho artículo no se resuelva en función del efecto que tenga sobre el cálculo del margen de dumping.
         Así, la última frase del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base se opone a que las instituciones, después
         de haber adoptado una decisión sobre el EEM, reconsideren la información de la que ya disponían al respecto (véase, en este
         sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de noviembre de 2006, Nanjing Metalink International/Conseil,
         T‑138/02, Rec. p. II‑4347, apartado 44).
      
      128    Por lo tanto, no desvirtuaría el efecto útil de dicho plazo el que, durante el período comprendido entre el vencimiento del
         plazo de tres meses y la decisión sobre el EEM, y habida cuenta de las circunstancias del caso, procediese declarar que las
         empresas solicitantes del reconocimiento del EEM habían puesto a la Comisión en la imposibilidad de saber qué efecto podría
         tener su decisión relativa al EEM sobre el cálculo del margen de dumping. 
      
      129    En el caso de autos, debe ponerse de relieve que el incumplimiento del plazo de tres meses por la Comisión no permitió a ésta
         resolver la cuestión de si debía reconocerse el EEM a las demandantes en función de su efecto sobre el cálculo del margen
         de dumping. En efecto, basta señalar a este respecto que las demandantes habían facilitado información sobre los precios de
         exportación facturados a empresas vinculadas y no a clientes independientes, pese a que esta última información era esencial
         para el cálculo del margen de dumping. La información relativa a los precios de exportación facturados a clientes independientes
         no llegó íntegramente a la Comisión hasta el 28 de enero de 2005, es decir, después de la decisión definitiva sobre la solicitud
         de reconocimiento del EEM. 
      
      130    Por otra parte, procede subrayar que, puesto que a las instituciones comunitarias no les corresponde probar que una empresa
         no reúne los requisitos establecidos para que se le reconozca el EEM, sino que únicamente deben apreciar si los elementos
         aportados por dicha empresa son suficientes para demostrar que concurren tales requisitos (véase el apartado 83), no puede
         exigirse a la Comisión que adopte una decisión sobre la solicitud de una empresa de que se le reconozca el EEM antes de un
         plazo razonable a partir del momento en que dicha empresa le ha suministrado toda la información necesaria, para permitirle,
         en particular, evaluar correctamente dicha información y, según lo previsto en el artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo
         segundo, del Reglamento de base, consultar especialmente al Comité consultivo y dar a la industria de la Comunidad a la oportunidad
         de hacer sus comentarios.
      
      131    Pues bien, hay que subrayar que las respuestas inicialmente facilitadas por las demandantes a los formularios sobre el EEM
         debieron ser completadas en aspectos importantes a instancias de la Comisión en varias ocasiones, y, en particular, mediante
         el escrito enviado por las demandantes a la Comisión el 21 de septiembre de 2004, tras una solicitud de prórroga del plazo
         concedido por la Comisión a las demandantes a tal efecto. Y la Comisión aún tuvo que solicitar a las demandantes, mediante
         su escrito de 4 de octubre de 2004, que completasen su respuesta.
      
      132    Asimismo, se desprende de los autos que los formularios sobre el EEM que cumplimentaron las demandantes y la información que
         enviaron al respecto a la Comisión adolecían, incluso en un momento posterior, de importantes lagunas, en particular en cuanto
         a cuestiones relativas a su contabilidad, impidiendo así a la Comisión pronunciarse sobre su derecho a que se les reconociese
         el EEM en el plazo de tres meses. 
      
      133    En particular, las respuestas de las demandantes dejaban subsistir importantes dudas sobre el modo en que realizaban provisiones
         contables en concepto de provisiones por depreciación de activos, como se desprende de un correo electrónico enviado por la
         Comisión a las demandantes el 26 de octubre de 2004. Pues bien, la Comisión podía legítimamente estimar que debía disponer
         de esa información para pronunciarse sobre la cuestión de si las demandantes cumplían el segundo requisito enunciado en el
         artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.
      
      134    Se desprende, por otra parte, de ese mismo correo electrónico que la versión inglesa de las cuentas auditadas de Shanghai
         Adeptech, que era igualmente necesaria para que la Comisión pudiese determinar si las demandantes reunían el segundo requisito
         enunciado en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, era incompleta.
      
      135    Por último, del correo electrónico en cuestión se desprende que las demandantes habían facilitado ciertos datos relativos
         a la estructura del capital de Shanghai Adeptech que estaban en contradicción con los justificantes transmitidos. Sin embargo,
         la estructura del capital de las demandantes es una cuestión fundamental a efectos del análisis por la Comisión de si cumplen
         el primer requisito enunciado en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base. 
      
      136    Se desprende asimismo de los autos, y en particular del fax que las demandantes remitieron a la Comisión el 3 de noviembre
         de 2004, que los datos necesarios para colmar las lagunas mencionadas no se facilitaron hasta dicha fecha, es decir, la víspera
         del vencimiento del plazo de tres meses. 
      
      137    Por consiguiente, contrariamente a lo que alegan las demandantes, no puede interpretarse que el considerando 13 del Reglamento
         impugnado indique que sus respuestas a los formularios del EEM eran completas. Dicha interpretación no se desprende de la
         letra del considerando en cuestión y, además, la correspondencia intercambiada entre las demandantes y la Comisión la contradice
         explícitamente.
      
      138    Por último procede concluir, en cualquier caso, que, a falta de una disposición que contemple explícita o implícitamente las
         consecuencias del incumplimiento de un plazo procesal como el del caso de autos, tal incumplimiento sólo puede dar lugar a
         la anulación total o parcial del acto cuyo proceso de adopción incluye el plazo en cuestión si se acredita que, de no haber
         existido esa supuesta irregularidad, dicho acto habría podido tener un contenido distinto (véanse, en este sentido, las sentencias
         del Tribunal de Justicia de 29 de octubre de 1980, van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125,
         apartado 47, y de 23 de abril de 1986, Bernardi/Parlamento, 150/84, Rec. p. 1375, apartado 28). 
      
      139    Ahora bien, las demandantes no han demostrado que, de no haber incumplido la Comisión el plazo de tres meses, el Consejo habría
         podido adoptar un Reglamento diferente, más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado. 
      
      140    En efecto, las demandantes únicamente alegan a ese respecto que el incumplimiento del plazo de tres meses repercutió sobre
         la decisión de la Comisión de efectuar verificaciones in situ de los datos que ellas mismas facilitaron, y de los facilitados por Toshiba Indonesia. Alegan asimismo que si tales verificaciones
         se hubiesen realizado, la Comisión habría dispuesto de una información de mejor calidad que habría podido conducir a la adopción
         de un Reglamento diferente.
      
      141    Procede desestimar estas alegaciones por dos motivos.
      
      142    En primer lugar, las demandantes no han demostrado que el incumplimiento del plazo de tres meses por la Comisión esté relacionado
         con la decisión de ésta de no efectuar las inspecciones en cuestión o que repercutiese de cualquier forma sobre dicha decisión.
         
      
      143    En efecto, las demandantes se limitan a sostener a ese respecto que la duración de una investigación de reconsideración como
         la del caso de autos está limitada a un total de nueve meses en virtud del artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base
         y que, si la Comisión hubiese efectuado las referidas inspecciones, se habría rebasado dicho plazo.
      
      144    Hay que señalar que, efectivamente, es cierto que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento
         de base, las investigaciones de reconsideración en virtud del apartado 4 deben llevarse a cabo dentro de los nueve meses siguientes
         a su apertura, y si la investigación no concluye dentro de dicho plazo, las medidas antidumping aplicables permanecen sin
         cambios. No obstante, las demandantes no explican por qué no se habría cumplido el plazo de nueve meses si las instituciones
         hubiesen decidido realizar las inspecciones in situ que consideraban necesarias. 
      
      145    En segundo lugar, y a mayor abundamiento, las demandantes no han demostrado que, de haber realizado la Comisión las inspecciones
         in situ que ellas exigían, dicha institución habría obtenido necesariamente datos que podrían haber conducido la adopción de un Reglamento
         más favorable a sus intereses que el Reglamento impugnado. En efecto, las demandantes no pueden pretender que si la Comisión
         hubiese verificado mediante una inspección la información que ellas mismas le habían transmitido, el Consejo habría podido
         adoptar un Reglamento final más favorable a sus intereses. Por otra parte, en lo que respecta a la información facilitada
         por Toshiba Indonesia, es importante señalar que las demandantes no proporcionan elemento alguno que induzca a pensar que
         si la Comisión las hubiese verificado in situ, el Reglamento impugnado podría haberles resultado más favorable. 
      
      146    Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que el presente motivo debe desestimarse.
      
      C.      Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base 
      147    El artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base dispone:
      
      «En todas las investigaciones de reconsideración o devolución efectuadas en el marco del presente artículo, la Comisión aplicará,
         en la medida en que las circunstancias no hubiesen cambiado, el mismo método que el aplicado en la investigación que condujo
         a la fijación del derecho, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones del artículo 2, y en particular de sus apartados
         11 y 12, y las disposiciones del artículo 17.»
      
      148    Durante la investigación inicial, tres productores exportadores chinos decidieron cooperar y se les dispensó un trato individual,
         al igual que a las demandantes durante la investigación de reconsideración. Esas tres empresas, como las demandantes durante
         la investigación de reconsideración, solicitaron beneficiarse del EEM, con arreglo al artículo 2, apartado 7, del Reglamento
         de base. 
      
      149    Por lo que respecta a los productores exportadores chinos, durante la investigación inicial, y a las demandantes, durante
         la investigación de reconsideración, el Consejo consideró que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 2,
         apartado 7, letra c), del Reglamento de base y desestimó la solicitud de dichas empresas de que se les reconociese el EEM.
         En consecuencia, hubo que comparar los precios de exportación de estos productores exportadores con un valor normal determinado
         para un país análogo de economía de mercado, con arreglo al artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base (considerandos
         45 a 48 y 52 del Reglamento inicial).
      
      150    Tanto en la investigación inicial como en la investigación de reconsideración, las instituciones concluyeron que Indonesia
         era el país tercero de economía de mercado más apropiado a efectos de determinar el valor normal (considerandos 49 y 50 del
         Reglamento inicial).
      
      151    En la investigación inicial, el valor normal se calculó, de conformidad con los apartados 2 y 3 del artículo 2 del Reglamento
         de base, sobre la base de los valores normales determinados para un productor indonesio, a saber, Toshiba Indonesia, utilizando
         el modelo más competitivo del segmento de la gama baja vendido tanto en el mercado indonesio como en los mercados de exportación
         en cantidades significativas, y que se concluyó era comparable a los tipos chinos exportados a la Comunidad (considerando
         53 del Reglamento inicial).
      
      152    En la investigación de reconsideración, el valor normal se calculó asimismo basándose en los datos comunicados por Toshiba
         Indonesia. No obstante, aun habiendo considerado que las ventas de exportación de ésta eran significativas, el Consejo estimó
         que sus ventas a clientes independientes en el mercado indonesio no eran suficientemente representativas para determinar el
         valor normal y decidió basarse en un valor calculado para tipos de productos comparables a los que las demandantes exportaban
         a la Comunidad, partiendo del coste de producción de las balanzas electrónicas fabricadas en Indonesia, y añadiendo un importe
         razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos (en lo sucesivo, «gastos de VGA»), así como de beneficios
         (considerandos 29 a 33 y 37 a 39 del Reglamento impugnado).
      
      153    En cuanto al precio de exportación, en la investigación inicial se calculó, en los casos de ventas a importadores independientes
         en la Comunidad, con arreglo al artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base por referencia a los precios realmente pagados
         o pagaderos. En los casos de ventas a través de importadores vinculados, el precio de exportación se volvió a calcular sobre
         la base del precio al que los productos importados se revendieron por primera vez a un comprador independiente, de conformidad
         con el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base (considerandos 54 y 55 del Reglamento inicial).
      
      154    En la investigación de reconsideración, el Consejo estimó que las demandantes habían vendido sus balanzas electrónicas en
         la Comunidad a través de empresas vinculadas, por lo que el precio de exportación se fijó basándose en los precios de reventa
         pagados o pagaderos por el primer comprador independiente de la Comunidad (considerando 42 del Reglamento impugnado). 
      
      155    En la investigación inicial, el Consejo comparó el valor normal y el precio de exportación tomando como base el precio en
         fábrica y en la misma fase comercial. Con el fin de efectuar una comparación ecuánime, se tuvieron en cuenta, de conformidad
         con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, las diferencias que afectaban a la comparabilidad de los precios.
         Se hicieron ciertos ajustes para tener en cuenta las diferencias en transporte, seguros, mantenimiento, descarga y costes
         accesorios, crédito, comisiones, gravámenes a la importación y costes de los servicios postventa (considerando 56 del Reglamento
         inicial). 
      
      156    En la investigación de reconsideración, el Consejo comparó asimismo el valor normal y el precio de exportación tomando como
         base el precio en fábrica y en la misma fase comercial. Tuvo en cuenta, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del
         Reglamento de base, las diferencias que afectaban a la comparabilidad de los precios. En particular, puesto que llegó a la
         conclusión de que las empresas vinculadas a las demandantes ejercían funciones similares a las de un agente que opera a cambio
         de comisión, el Consejo ajustó el precio de exportación para tener en cuenta esta comisión, según lo dispuesto en el artículo
         2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base (considerandos 43 a 45 del Reglamento impugnado).
      
      1.      Alegaciones de las partes
      157    Las demandantes alegan, en primer término, que existe una contradicción en el Reglamento inicial. El considerando 50 de dicho
         Reglamento indica que, habida cuenta del volumen significativo de ventas interiores y de exportación efectuadas por Toshiba
         Indonesia, el valor normal para los productores exportadores chinos se calculó con arreglo al artículo 2, apartados 2 y 3,
         del Reglamento de base. Ahora bien, según ellas, las respuestas que dio Toshiba Indonesia al cuestionario en el procedimiento
         correspondiente ponen de manifiesto que no efectuaba ninguna venta interior de balanzas electrónicas.
      
      158    Aparte de esta contradicción, las demandantes alegan que, durante la investigación de reconsideración, las instituciones comunitarias
         modificaron aspectos importantes del método de determinación del valor normal y del precio de exportación aplicado en la investigación
         inicial. 
      
      159    Así, en primer lugar, según ellas, en el considerando 37 del Reglamento impugnado el Consejo tuvo en cuenta los gastos de
         VGA de una empresa vinculada a Toshiba Indonesia, mientras que el Reglamento inicial no menciona tales adiciones. En segundo
         lugar, el Consejo efectuó ajustes del valor normal, en función de los costes del servicio postventa, de las garantías, del
         coste del crédito o de las comisiones sobre las ventas interiores, en la investigación inicial, y no en la investigación de
         reconsideración (considerando 43 del Reglamento impugnado). En tercer lugar, durante la investigación inicial se practicaron
         inspecciones en los locales de Toshiba Indonesia, y no durante la investigación de reconsideración. Pues bien, las demandantes
         señalan que la obligación de aplicar el mismo método a las dos investigaciones se extiende a las inspecciones, tanto más cuanto
         que, según el Consejo, las condiciones en que operaba Toshiba Indonesia habían variado considerablemente. En cuarto lugar,
         según ellas, en el considerando 45 del Reglamento impugnado, el Consejo introdujo ajustes de los precios de exportación en
         concepto de supuestas comisiones por ventas pagadas a compañías vinculadas.
      
      160    El Consejo niega las alegaciones formuladas por las demandantes. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      161    Ha de señalarse que tanto en la investigación inicial como en la investigación de reconsideración, el valor normal se determinó
         basándose en datos relativos a un productor situado en un país análogo a China. En ambos casos, el país análogo elegido fue
         Indonesia, y el productor indonesio seleccionado fue Toshiba Indonesia. 
      
      162    Las demandantes estiman, no obstante, que los métodos con arreglo a los cuales se llevaron a cabo ambas investigaciones a
         partir de la elección mencionada de Toshiba Indonesia presentan ciertas diferencias. Según las demandantes, la existencia
         de esas diferencias supone una infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base.
      
      163    Por lo tanto, procede verificar si existen las diferencias metodológicas que alegan las demandantes y, en caso afirmativo,
         examinarlas a la luz de la disposición mencionada para determinar si su existencia constituye una infracción de ésta. 
      
      164    La primera diferencia metodológica entre la investigación inicial y la de reconsideración que pusieron de relieve las demandantes
         es el hecho de que, en esta última investigación, para el cálculo del valor normal de los productos de Toshiba Indonesia,
         el Consejo tuvo en cuenta gastos de VGA de una empresa vinculada a dicha sociedad, mientras que en el Reglamento inicial no
         lo hizo.
      
      165    Resulta obligado observar que efectivamente existe una diferencia a este respecto entre los métodos seguidos en ambas investigaciones,
         como el propio Consejo admitió en los considerandos 40 y 41 del Reglamento impugnado. Su existencia se desprende claramente
         de la lectura comparada de los considerandos 37 y 38 del Reglamento impugnado, por una parte, y del considerando 53 del Reglamento
         inicial, por otra parte. 
      
      166    Así, en el Reglamento impugnado, el valor normal de los productos de Toshiba Indonesia se determinó basándose en el coste
         de producción de las balanzas electrónicas fabricadas por dicha empresa, más una cantidad en concepto de gastos de VGA y de
         beneficios. A este respecto, los gastos de VGA que se tuvieron en cuenta son los de la propia Toshiba Indonesia y los de una
         sociedad vinculada a ella.
      
      167    En cambio, en el Reglamento inicial, el valor normal de los productos de Toshiba Indonesia se calculó basándose en los precios
         de sus balanzas electrónicas comparables a las producidas en China, vendidas en el mercado indonesio y en los mercados de
         exportación en cantidades significativas.
      
      168    Esta diferencia entre ambas investigaciones se explica por el hecho de que, en el Reglamento impugnado, el Consejo determinó
         un valor normal calculado y, por lo tanto, no vinculado a precios de venta reales aplicados por Toshiba Indonesia, mientras
         que en el Reglamento inicial calculó un valor normal basado en tales precios. 
      
      169    En efecto, según el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, cuando las ventas del producto similar son insuficientes,
         el valor normal del producto similar puede calcularse de dos maneras. En primer lugar, puede calcularse sobre la base del
         coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos de VGA y en concepto de beneficios.
         En segundo lugar, puede calcularse utilizando los precios de exportaciones realizadas a un país tercero apropiado en el curso
         de operaciones comerciales normales, siempre que estos precios sean representativos.
      
      170    Como se desprende de los autos y de la rectificación del Consejo de 6 de junio de 2008, las ventas indonesias de las balanzas
         electrónicas que se tomaron como referencia en la investigación inicial eran insuficientes para calcular el valor normal de
         los productos de Toshiba Indonesia. En tales circunstancias, el Consejo eligió calcular dicho valor basándose en los precios
         de exportación de Toshiba Indonesia, y en los precios de las ventas indonesias de ésta. 
      
      171    En la investigación de reconsideración, las ventas de las balanzas electrónicas del modelo en cuestión de Toshiba Indonesia
         eran también insuficientes para que el Consejo pudiese calcular el valor normal partiendo de sus precios. Sin embargo, en
         esta ocasión, el Consejo decidió calcular el valor normal con arreglo a la primera posibilidad prevista en el artículo 2,
         apartado 3, del Reglamento de base, es decir, basándose en los costes de producción en Indonesia más una cantidad razonable
         en concepto de gastos de VGA y de beneficios. 
      
      172    Resulta, pues, evidente, que frente a dos situaciones idénticas, a saber, la inexistencia de ventas interiores suficientes
         de Toshiba Indonesia, el Consejo reaccionó de forma diferente en las dos investigaciones. Por lo tanto, resulta obligado concluir
         que en el caso de autos se produjo una modificación del método de cálculo del valor normal y que no se debió a un cambio de
         circunstancias. Así lo reconoció expresamente, además, el Consejo en su rectificación de 6 de junio de 2008. 
      
      173    Sin embargo, hay que poner de relieve que el hecho de que el Consejo determinase en el Reglamento impugnado el valor normal
         de los productos de Toshiba Indonesia basándose en el coste de producción de las balanzas electrónicas fabricadas por dicha
         empresa, más una cantidad en concepto de gastos de VGA y de beneficios, mientras que en el Reglamento inicial había calculado
         dicho valor basándose en los precios de las balanzas electrónicas de Toshiba Indonesia comparables a las producidas en China,
         vendidas en el mercado indonesio y en los mercados de exportación en cantidades significativas, no constituye en el caso de
         autos un cambio de método que contravenga el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base.
      
      174    En efecto, procede señalar que si el Consejo hubiese calculado el valor normal en el Reglamento impugnado como lo había hecho
         en el Reglamento inicial, es decir, teniendo en cuenta precios de exportación de Toshiba Indonesia y precios de sus ventas
         en Indonesia, habría contravenido el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base. 
      
      175    Dicho artículo dispone, como se ha indicado en el apartado 169, que cuando las ventas del producto similar son insuficientes,
         el valor normal de dicho producto puede calcularse bien basándose en el coste de producción en el país de origen, más un importe
         razonable en concepto de gastos de VGA y de beneficios, bien utilizando los precios de exportaciones realizadas a un país
         tercero apropiado en el curso de operaciones comerciales normales, siempre que estos precios sean representativos, lo que
         excluye la posibilidad de añadir el precio de las ventas internas consideradas insuficientes. 
      
      176    Pues bien, procede recordar que si bien el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base dispone que en todas las investigaciones
         de reconsideración efectuadas en el marco de dicho artículo, la Comisión aplicará, en la medida en que las circunstancias
         no hubiesen cambiado, el mismo método que el aplicado en la investigación que condujo a la fijación del derecho, se deduce
         asimismo de dicho artículo que el método aplicado debe ser conforme con las disposiciones de los artículos 2 y 17 del Reglamento
         de base.
      
      177    Por consiguiente, las instituciones no están obligadas a aplicar en una investigación de reconsideración el método seguido
         durante la investigación inicial si dicho método no se ajusta a las disposiciones del artículo 2 del Reglamento de base.
      
      178    Interpretar lo contrario conduciría a una situación absurda en la que si el Consejo hubiese determinado el valor normal basándose
         en la suma de los precios reales de exportación y de los precios reales de las ventas en Indonesia de Toshiba Indonesia, las
         demandantes habrían podido solicitar fundadamente la anulación del Reglamento impugnado por infracción del artículo 2, apartado
         3, del Reglamento de base, mientras que si el Consejo hubiese fijado un valor normal calculado, las demandantes habrían podido
         solicitar la anulación del Reglamento impugnado por infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base.
      
      179    Se desprende de lo anterior que la existencia de esa primera diferencia metodológica entre la investigación inicial y la de
         reconsideración que alegan las demandantes no puede dar lugar a la anulación del Reglamento impugnado. 
      
      180    La segunda diferencia metodológica puesta de manifiesto por las demandantes es el hecho de que, en la investigación inicial,
         el Consejo efectuó ciertos ajustes del valor normal de los productos de Toshiba Indonesia en función, en particular, del coste
         del servicio postventa, mientras que en la investigación de reconsideración no se efectuó dicho ajuste. 
      
      181    A este respecto, procede señalar que, en una investigación antidumping, puede resultar necesario efectuar, conforme al artículo
         2, apartado 10, del Reglamento de base, ajustes del precio de exportación y del valor normal para tener en cuenta las diferencias
         observadas en aquellos factores que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad
         de éstos. Sin embargo, tales ajustes no son, por lo general, necesarios cuando el valor normal utilizado es un valor calculado
         y, por lo tanto, determinado de modo artificial. En efecto, en tal situación, el valor normal, lejos de reflejar una cifra
         real que deba ser purgada de elementos que afecten a su comparabilidad, está compuesto únicamente por el coste de producción,
         más un importe razonable en concepto de gastos de VGA y de beneficios. Por consiguiente, la inexistencia de ajustes del valor
         normal de los productos de Toshiba Indonesia calculado en el Reglamento impugnado es consecuencia directa del hecho de que,
         en dicho Reglamento, el Consejo utilizó un valor normal calculado. 
      
      182    Pues bien, dado que el Consejo aplicó legítimamente un método basado en un valor calculado (véanse los apartados 177 a 179),
         las demandantes no pueden impugnar las consecuencias prácticas que resultan de dicho método. 
      
      183    La tercera diferencia metodológica que ponen de relieve las demandantes es el hecho de que el Consejo introdujo en el considerando
         45 del Reglamento impugnado ajustes de los precios de exportación en concepto de supuestas comisiones por ventas pagadas a
         compañías vinculadas a las demandantes, mientras que no lo hizo en el marco del Reglamento inicial. 
      
      184    Ahora bien, esta diferencia que efectivamente existe entre ambas investigaciones no constituye un cambio de método prohibido
         por el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base. 
      
      185    En efecto, en la investigación inicial, el Consejo no calculó el precio de exportación de las demandantes, que no eran objeto
         de dicha investigación. Precisamente por ese motivo solicitaron y obtuvieron el reconocimiento de la condición de nuevo exportador,
         como se desprende de los considerandos 9 a 11 del Reglamento impugnado. Pues bien, el precio de exportación que aplica cada
         exportador debe calcularse necesariamente en cada investigación a la luz de la situación particular de dicho exportador. Por
         lo tanto, no puede entenderse que el hecho de haber calculado el precio de exportación en el caso de autos aplicando ajustes
         –resultantes de las circunstancias en que el Consejo consideró que las demandantes exportaban sus productos a la Comunidad–
         pueda constituir un cambio de método en el sentido del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base. 
      
      186    La última diferencia metodológica puesta de manifiesto por las demandantes consiste en que durante la investigación inicial
         se efectuaron inspecciones in situ para verificar la información facilitada por Toshiba Indonesia, mientras que durante la investigación de reconsideración no.
         
      
      187    Sin embargo, procede concluir que la obligación de la Comisión, derivada del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base,
         de aplicar en todas las investigaciones de reconsideración efectuadas en virtud de dicho artículo, en la medida en que no
         hayan cambiado las circunstancias, el mismo método aplicado en la investigación que condujo a la fijación del derecho, no
         implica la obligación o la prohibición de efectuar inspecciones in situ en el marco de la investigación de reconsideración en función de que dichas inspecciones se hayan realizado o no en el marco
         de la investigación inicial. En efecto, no puede considerarse que la verificación de una información forme parte del método
         elegido para determinar la existencia del dumping, sino únicamente como un método de obtener información que permita aplicar
         el método en cuestión. 
      
      188    Habida cuenta de lo anterior, debe desestimarse el presente motivo. 
      
      D.      Sobre los motivos quinto y octavo, basados en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base
      189    El artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base dispone:
      
      «7.      a)     En el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado […], el valor normal será determinado sobre
         la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado, o del precio que aplica dicho tercer país
         a otros países, incluida la Comunidad, o, si esto no fuera posible, sobre cualquier otra base razonable, incluido el precio
         realmente pagado o pagadero en la Comunidad por el producto similar, debidamente ajustado en caso de necesidad para incluir
         un margen de beneficio razonable.
      
      Se seleccionará un país tercero de economía de mercado apropiado de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta
         cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección. También se tendrán en cuenta los plazos;
         en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación.
      
      Se informará a las partes implicadas en la investigación, poco después de la apertura del procedimiento, del país tercero
         de economía de mercado previsto y se les darán diez días para formular comentarios.»
      
      190    En el Reglamento impugnado, el Consejo determinó el valor normal calculado de Toshiba Indonesia basándose en el coste de producción
         de sus balanzas electrónicas en Indonesia, más un importe razonable en concepto de gastos de VGA y de beneficios (considerando 37).
         
      
      191    Para calcular el margen de beneficio aplicable, el Consejo, al haber concluido previamente que Toshiba Indonesia no realizaba
         suficientes ventas a clientes independientes en su mercado interior, decidió aplicar el mismo margen de beneficio utilizado
         en la investigación inicial para calcular el valor normal de determinadas balanzas electrónicas importadas de Taiwán, ya que
         dichas balanzas eran de la misma gama que las de Toshiba Indonesia (considerando 39 del Reglamento impugnado).
      
      1.      Alegaciones de las partes
      192    En el marco del quinto motivo, las demandantes alegan que, aunque las instituciones comunitarias tienen la obligación de cerciorarse
         de la exactitud de la información que se les facilita, la Comisión no verificó la facilitada por Toshiba Indonesia, que es
         sin embargo inadecuada, según ellas, para determinar el valor normal calculado.
      
      193    Señalan, en particular, que, a juzgar por la versión no confidencial de la información ofrecida por Toshiba Indonesia, dicha
         información presenta varios defectos. Según ellas, el cuadro relativo a la rentabilidad no contiene ningún dato sobre los
         costes de producción, las compras de productos acabados o las variaciones de las existencias y los ajustes. El cuadro relativo
         a las existencias no indica ningún movimiento de éstas, lo cual resulta poco realista. El cuadro relativo a las ventas en
         el mercado interior no contiene la información solicitada. El cuadro correspondiente a los costes de producción contiene,
         por una parte, datos relativos a los costes directos, a las operaciones en curso, y a los gastos generales que aparecen como
         «no [aplicables]» o iguales a «0»; y, por otra parte, cifras relativas a los gastos de transporte y de mantenimiento y a los
         gastos de VGA que no varían. Por último, las demandantes añaden que el total de los gastos de VGA indicado en el cuadro correspondiente
         a éstos aumentó entre el último ejercicio y el procedimiento de investigación, mientras que en otro cuadro disminuyó. Por
         lo tanto, según ellas, incumbe al Consejo demostrar que las versiones confidenciales de las respuestas al cuestionario de
         dicho productor son suficientemente coherentes.
      
      194    En cualquier caso –afirman– habida cuenta de la gran cantidad de defectos de que adolece la información proporcionada, la
         Comisión sólo pudo efectuar un cálculo aproximado y, por lo tanto, erróneo del valor normal calculado que debía aplicarse
         en la reconsideración.
      
      195    Las demandantes añaden que, al no verificar en la investigación de reconsideración los datos y la información facilitada por
         Toshiba Indonesia pese a haberlo hecho en la investigación inicial, la Comisión las trató de forma discriminatoria. A este
         respecto, las demandantes señalan que no existe ningún precedente en las investigaciones comunitarias de reconsideración en
         el que las instituciones comunitarias no hayan verificado a la vez los precios de exportación y el valor normal.
      
      196    Además, según ellas, si como sostiene el Consejo, las circunstancias del presente asunto hubiesen variado considerablemente,
         se impondría aún con mayor motivo una nueva investigación.
      
      197    Por otra parte , en el marco del octavo motivo, las demandantes alegan que el cálculo efectuado por el Consejo del margen
         de beneficio a tomar en consideración a efectos de determinar el valor normal calculado de Toshiba Indonesia infringe el artículo
         2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. En efecto, dicho margen de beneficio se dedujo de un mercado diferente y
         de un período más de cinco años anterior, lo que según ellas resulta inhabitual, habida cuenta, en particular, de que Toshiba
         Indonesia ya no realiza ventas en el mercado interior, probablemente porque ya no es tan rentable como antes.
      
      198    Por lo que respecta al quinto motivo, en primer lugar, el Consejo alega que la decisión de efectuar inspecciones in situ pertenece al ámbito de la facultad discrecional de la Comisión. Ahora bien, según dicha institución, no era necesario realizar
         ninguna inspección en Toshiba Indonesia con motivo de la investigación de reconsideración porque la información que ésta había
         facilitado concordaba con la facilitada en el marco de la investigación inicial, verificada por la Comisión y acompañada de
         documentos acreditativos.
      
      199    En segundo lugar, el Consejo considera que la información facilitada por Toshiba Indonesia era adecuada para determinar el
         valor normal calculado y que las instituciones la valoraron correctamente.
      
      200    En tercer lugar, el Consejo niega los supuestos defectos de la información facilitada por Toshiba Indonesia que invocan las
         demandantes. 
      
      201    En cuarto lugar, el Consejo alega que las demandantes no demostraron haber sufrido discriminación alguna en el sentido de
         la jurisprudencia.
      
      202    Por lo que respecta al octavo motivo, el Consejo alega que determinó correctamente el margen de beneficio de Toshiba Indonesia
         cuando calculó el valor normal en el Reglamento impugnado. Señala, además, que si las instituciones hubiesen utilizado los
         márgenes de beneficio reales correspondientes a las escasas ventas interiores realizadas por el productor indonesio, el valor
         normal calculado habría sido superior.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      203    Mediante los presentes motivos, las demandantes formulan sustancialmente tres imputaciones. En primer lugar, señalan que la
         determinación por el Consejo, en el Reglamento impugnado, del valor normal calculado de Toshiba Indonesia no es ni fiable
         ni correcta, debido a que el cálculo del coste de producción y los gastos de VGA de dicha empresa se efectuó basándose en
         cierta información facilitada por la propia empresa, que las demandantes consideran defectuosa y no verificada. En segundo
         lugar, ponen de relieve que el cálculo del valor normal de los productos de Toshiba Indonesia es incorrecto debido a que el
         margen de beneficio de ésta se calculó basándose en el de una empresa taiwanesa. Por último, en tercer lugar, las demandantes
         consideran que fueron objeto de una discriminación.
      
      204    La elección entre los diferentes métodos de cálculo del margen de dumping y la determinación del valor normal de un producto
         suponen la apreciación de situaciones económicas complejas, y el control jurisdiccional de tal apreciación debe limitarse
         por tanto a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en
         cuenta para efectuar la elección controvertida, de la ausencia de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de
         la ausencia de desviación de poder (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2007, Ikea Wholesale,
         C‑351/04, Rec. p. I‑7723, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Por lo tanto, las demandantes únicamente pueden pretender
         que el Reglamento impugnado se anule por las razones expuestas en el marco de las dos primeras imputaciones que formulan si
         logran demostrar que los errores que invocan son manifiestos. 
      
      205    En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia estima que procede examinar por separado, en primer lugar, las dos
         primeras imputaciones formuladas por las demandantes, y, a continuación, la imputación basada en la existencia de una discriminación
         contra ellas.
      
      a)      Sobre la primera imputación, relativa a que el valor normal calculado se determinó basándose en datos no verificados y defectuosos
      206    Las demandantes formulan, en lo sustancial, dos críticas con respecto a los datos facilitados por Toshiba Indonesia que sirvieron
         de base para la determinación del valor normal calculado. 
      
      207    En primer lugar, las demandantes alegan que los datos facilitados por Toshiba Indonesia no fueron verificados mediante inspecciones
         y que, en consecuencia, no son fiables.
      
      208    A este respecto, es importante señalar que el hecho de que no se verifique mediante inspecciones una información facilitada
         en el marco de una investigación antidumping no significa que esa información sea errónea ni necesariamente poco fiable. 
      
      209    En efecto, aunque a tenor del artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base la Comisión deba examinar en la medida de lo
         posible la información suministrada por las partes interesadas en la que se basen las conclusiones, salvo en las circunstancias
         previstas en el artículo 18 del propio Reglamento, es decir, en caso de falta de cooperación, nada le impide examinar dicha
         información de la manera que considere más oportuna, y no exclusivamente mediante una inspección. Esta interpretación resulta
         avalada por el hecho de que el artículo 16 del Reglamento de base dispone que las inspecciones in situ únicamente se llevarán a cabo cuando la Comisión lo juzgue apropiado. 
      
      210    Procede, por lo tanto, examinar si la Comisión verificó suficientemente la información facilitada por Toshiba Indonesia de
         otro modo que no fuese mediante una inspección in situ.
      211    A este respecto, el Consejo alega que la información aportada por Toshiba Indonesia concordaba con la facilitada en el marco
         de la investigación inicial y con los justificantes presentados por dicha sociedad. Esta afirmación no ha sido rebatida por
         las demandantes. 
      
      212    Por otra parte, las instituciones comunitarias podían legítimamente tener en cuenta, a la hora de valorar la oportunidad de
         verificar mediante inspecciones la información facilitada por Toshiba Indonesia en el marco de la investigación de reconsideración,
         el hecho de que dicha sociedad ya había aportado información con motivo de la investigación inicial y, por lo tanto, ya había
         permitido a las instituciones competentes poner a prueba la fiabilidad de los datos facilitados, inclusive mediante inspecciones,
         en fechas razonablemente cercanas a las de la investigación de reconsideración. 
      
      213    En tales circunstancias, procede concluir que las instituciones competentes no cometieron un error manifiesto de apreciación
         al decidir que no era necesario verificar nuevamente la información facilitada por Toshiba mediante una inspección.
      
      214    En segundo lugar, las demandantes pusieron de manifiesto, aunque de forma muy sucinta, la existencia de determinados defectos
         concretos en la información facilitada por Toshiba Indonesia que, según ellas, descubrieron al examinar sus versiones no confidenciales
         y de los que se deduce que la Comisión únicamente pudo efectuar un cálculo aproximado y, por tanto, erróneo, del valor normal
         atribuido a Toshiba Indonesia.
      
      215    En primer lugar, alegan que la información facilitada por Toshiba Indonesia en un cuadro específico relativo a su rentabilidad
         no incluye ningún dato sobre los costes de producción, las compras de productos acabados o las variaciones de las existencias
         y los ajustes.
      
      216    No obstante, hay que señalar que en el Reglamento impugnado el Consejo no determinó el valor normal calculado de Toshiba Indonesia
         basándose en su propio margen de beneficio, sino basándose en el margen de beneficio de una sociedad taiwanesa. Por consiguiente,
         aunque la información facilitada por Toshiba Indonesia en el cuadro relativo a su rentabilidad fuese incompleta, ello no habría
         podido tener la menor repercusión a efectos de la determinación del valor normal calculado. Así pues, cualquier crítica de
         las demandantes acerca de esta información es inoperante.
      
      217    En segundo lugar, las demandantes alegan que la información facilitada por Toshiba Indonesia en un cuadro específico relativo
         a las existencias no indica ningún movimiento de éstas, lo que resulta poco realista.
      
      218    Ha de observarse, a este respecto, por una parte, que las demandantes no explicaron en absoluto en qué medida dicha información
         fue o debió ser utilizada para determinar el valor normal calculado y que, por lo tanto, no pueden afirmar que su carácter
         erróneo pudo afectar a la determinación de dicho valor. Por otra parte, ha de observarse que el Consejo replicó, sin que las
         demandantes le contradijesen, que Toshiba Indonesia enviaba sus productos a una empresa vinculada, a saber Toshiba TEC Singapore
         (en lo sucesivo, «Toshiba Singapore»), que se encargaba de la venta de las balanzas electrónicas y, por tanto, también de
         las existencias, lo que explica la circunstancia que exponen las demandantes (véanse, a este respecto, los apartados 259 a
         262). Por consiguiente, procede concluir que las demandantes no demostraron la existencia de ningún defecto en el cuadro en
         cuestión que pudiese desvirtuar el cálculo del valor normal. 
      
      219    En tercer lugar, las demandantes alegan que la información facilitada por Toshiba Indonesia en un cuadro específico relativo
         a las ventas en el mercado interior no corresponde a la solicitada por la Comisión. 
      
      220    Es preciso señalar, no obstante, que las demandantes no han explicado en absoluto en qué medida dicha información supuestamente
         inexistente debió utilizarse para determinar el valor normal calculado y que, por lo tanto, no pueden pretender que su falta
         pudo afectar al cálculo de dicho valor. Por otra parte, el Consejo replicó, sin que las demandantes le contradijesen, que
         dicho cuadro ofrecía datos relativos al conjunto de Indonesia y no a la propia Toshiba Indonesia, quien no disponía de información
         relativa a los demás productores, a las importaciones y a las exportaciones del producto en cuestión en Indonesia, lo que
         explica que dicho cuadro no contenga una parte de los datos solicitados por la Comisión.
      
      221    Por consiguiente, procede igualmente concluir que las demandantes no demostraron la existencia de ningún defecto en el cuadro
         en cuestión que pudiese desvirtuar el cálculo del valor normal.
      
      222    En cuarto lugar, las demandantes alegan que la información facilitada por Toshiba Indonesia en un cuadro específico relativo
         a los costes de producción incluye, por una parte, datos relativos a los costes directos, a las operaciones en curso, y a
         los gastos generales que aparecen como «no [aplicables]» o iguales a «0», y, por otra parte, cifras que no varían relativas
         a los gastos de transporte y de mantenimiento y a los gastos de VGA. 
      
      223    En lo que respecta a los datos relativos a los costes directos, a las operaciones en curso y los gastos generales, el Consejo
         indicó, sin que las demandantes le contradijesen, que las menciones «no aplicable» y «0» se explicaban por el hecho de que
         Toshiba Indonesia había dado información sobre sus propios costes relativa a un modelo de balanza electrónica que, una vez
         fabricada, había sido enviada a Toshiba Singapore. Por lo tanto, según dicha institución, es ésta última la que soporta la
         casi totalidad de estos gastos. 
      
      224    Por otra parte, interesa señalar que, según se desprende de los autos, el cuestionario enviado por la Comisión a Toshiba Indonesia
         en el presente asunto presenta una estructura estándar concebida para una pluralidad de productos y que incluye, entre otros
         elementos, varios cuadros divididos en casillas predefinidas. Pues bien, como indica el Consejo, ciertas casillas únicamente
         pueden utilizarse para determinados productos o determinados modelos. En tales circunstancias, la respuesta del destinatario
         del cuestionario únicamente puede indicar valores como «0» o «no aplicable», y, por lo tanto, las demandantes no pueden válidamente
         criticar la información de que se trata debido a la existencia de tales indicaciones sin mencionar, siquiera sucintamente,
         por qué razón, según ellas, era pertinente cumplimentar dichas casillas.
      
      225    Por lo demás, el Consejo alegó, sin que las demandantes le contradijesen, que, en el cuadro en cuestión, Toshiba Indonesia
         únicamente había aportado datos para balanzas electrónicas y no para otros productos, lo que explica por qué la columna titulada
         «todos los productos» contiene siempre la indicación «no aplicable».
      
      226    En cuanto al hecho de que las cifras relativas a los gastos de transporte y de mantenimiento, y a los gastos de VGA no varíen,
         basta señalar que las demandantes no explican, ni aun de forma sucinta, por qué, según ellas, ese hecho es muestra de que
         el cuadro en cuestión contiene información errónea. Por lo tanto, las demandantes no pueden ampararse en ese supuesto error
         para cuestionar la legalidad del Reglamento impugnado. 
      
      227    En consecuencia, las demandantes no han demostrado que la información aportada por Toshiba Indonesia en el cuadro controvertido
         sea defectuosa.
      
      228    En quinto lugar, las demandantes estiman que el incremento del total de los gastos de VGA consignado en el cuadro correspondiente
         entre el último ejercicio y el período de investigación no es creíble puesto que el total disminuyó en otro cuadro.
      
      229    Pues bien, debe subrayarse que las demandantes se limitan nuevamente a cuestionar la exactitud de una información sin explicar
         por qué, según ellas, tal información debió utilizarse para determinar el valor normal calculado, de modo que no pueden sostener
         que la existencia de esa información muy concreta entre los múltiples datos facilitados por Toshiba Indonesia y gracias a
         los cuales se determinó el valor normal calculado, podría haber afectado en el caso de autos a dicho cálculo.
      
      230    En cualquier caso, procede señalar que el cuadro relativo a los gastos de VGA se refiere a todos los productos fabricados
         por Toshiba Indonesia, mientras que el otro cuadro al que aluden las demandantes se refiere únicamente al modelo concreto
         que se tomó como referencia para el cálculo del valor normal, lo que explica la diferencia puesta de manifiesto por las demandantes.
         
      
      231    Habida cuenta de lo anterior, procede señalar que las demandantes no han logrado demostrar que la Comisión únicamente pudiese
         efectuar un cálculo aproximado y, por lo tanto, erróneo, del valor normal atribuido a Toshiba Indonesia basándose en la información
         proporcionada por dicha empresa. Así pues, la presente imputación no puede prosperar.
      
      b)      Sobre la segunda imputación, relativa al carácter manifiestamente inadecuado del margen de beneficio atribuido a Toshiba Indonesia
      232    Procede señalar, de entrada, que las demandantes no niegan que el importe del margen de beneficio atribuido por el Consejo
         a Toshiba Indonesia al calcular el valor normal sea razonable.
      
      233    Las demandantes se limitan a afirmar que la determinación del importe de dicho margen basándose en el atribuido a una sociedad
         taiwanesa en el marco de la investigación inicial es poco razonable, debido a que el mercado taiwanés es diferente del mercado
         indonesio y a que el período de investigación inicial es anterior al período de la investigación de reconsideración.
      
      234    Sin embargo, procede observar que las demandantes no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia ninguna prueba que
         demuestre que resulta manifiestamente erróneo considerar que el margen de beneficio realizado cinco años antes del inicio
         de la investigación de reconsideración por una empresa taiwanesa que produce, como señala el Consejo sin que las demandantes
         lo desmientan, balanzas electrónicas de la misma gama que las de Toshiba Indonesia, puede razonablemente atribuirse a ésta
         a la hora de calcular su valor normal. 
      
      235    En particular, las demandantes no han demostrado que las condiciones de comercialización de las balanzas electrónicas fuesen
         diferentes durante esos dos períodos en Taiwán y en Indonesia, y aun menos que tales diferencias pudiesen afectar a los márgenes
         de beneficio de las sociedades que comercializaban balanzas electrónicas en esos dos países hasta el punto de resultar manifiestamente
         irrazonable utilizar el margen de beneficio de una empresa taiwanesa para calcular el atribuible a una empresa indonesia cuando
         no pueda utilizarse su margen real.
      
      236    De ello se desprende que la presente imputación debe desestimarse. 
      
      c)      Sobre la tercera imputación, relativa a la existencia de una discriminación 
      237    Las demandantes alegan, en lo sustancial, que sufrieron una discriminación, ya que en la investigación inicial la información
         facilitada por Toshiba Indonesia se verificó mediante una inspección y en la de reconsideración no. 
      
      238    Debe señalarse, a este respecto, que el respeto de los principios de igualdad y no discriminación exige que las situaciones
         comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser
         que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de octubre de 2006, Koninklijke
         Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, apartado 72, y de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec.
         p. I‑3633, apartado 56).
      
      239    Ahora bien, las demandantes no han demostrado que la investigación de reconsideración y la investigación inicial fuesen situaciones
         comparables, especialmente en lo que respecta a la credibilidad que debían conceder las instituciones comunitarias a la información
         facilitada por Toshiba Indonesia en ambos casos. En particular, la investigación de reconsideración hacía referencia a un
         productor que ya había sido objeto de la investigación inicial y que, por lo tanto, ya había permitido a la Comisión verificar
         la fiabilidad de la información facilitada, lo que no sucedía en el momento de la investigación inicial (véase el apartado 212).
      
      240    Por lo tanto, procede desestimar la imputación basada en la existencia de una discriminación.
      
      E.      Sobre los motivos sexto y séptimo, basados en la infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base
      241    El artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1972/2002 del Consejo,
         de 5 de noviembre de 2002 (DO L 305, p. 1), dispone:
      
      «Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre
         la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia
         que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser
         directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta
         diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de éstos.
         Se evitarán las duplicaciones al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones,
         cantidades y fase comercial. Cuando se cumplan estas condiciones podrán aplicarse ajustes en concepto de:
      
      […]
      i)      Comisiones
      Se realizará un ajuste en concepto de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión. Se entenderá que el
         término “comisiones” incluye el margen obtenido por un comerciante del producto o del producto similar si sus funciones son
         similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.
      
      […]»
      242    En el Reglamento impugnado, el valor normal se calculó tomando como base el coste de producción de las balanzas electrónicas
         fabricadas por Toshiba Indonesia, incrementado, en primer lugar, con un importe razonable correspondiente a los gastos de
         VGA de ésta, que se calculó añadiendo a los gastos de VGA de Toshiba Indonesia una parte de los gastos de VGA de Toshiba Singapore,
         y, en segundo lugar, con un importe razonable correspondiente a los beneficios de Toshiba Indonesia (considerandos 29 a 33
         y 37 a 39).
      
      243    Como quiera que el Consejo llegó a la conclusión de que las demandantes habían vendido sus balanzas electrónicas en la Comunidad
         a través de empresas vinculadas, el precio de exportación se fijó basándose en los precios de reventa pagados por el primer
         comprador independiente de la Comunidad.
      
      244    En el Reglamento impugnado, al comparar el valor normal y el precio de exportación en fábrica y en la misma fase comercial,
         el Consejo tuvo en cuenta, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, las diferencias que afectaban
         a los precios y su comparabilidad. En particular, puesto que llegó a la conclusión de que las empresas vinculadas a las demandantes
         ejercían funciones similares a las de un agente que opera a cambio de comisión, el Consejo ajustó el precio de exportación
         para tener en cuenta esa comisión, según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base (considerandos
         43 a 45).
      
      1.      Alegaciones de las partes
      245    En el marco del sexto motivo, las demandantes alegan que, para determinar el valor normal calculado, únicamente deberían tenerse
         en cuenta los gastos de VGA de Toshiba Indonesia relativos a sus ventas interiores. Ahora bien, según ellas, Toshiba Singapore,
         cuyos gastos de VGA fueron parcialmente integrados por el Consejo en el cálculo de dicho valor, se encuentra implicada en
         una extensa serie de actividades que no guardan relación alguna con el mercado indonesio, dado que desempeña funciones de
         coordinación a escala regional y realiza ventas regionales, pero no ventas en Indonesia. Las demandantes estiman que, al hacerlo,
         el Consejo calculó el precio de exportación, y no el precio de las ventas en Indonesia.
      
      246    Las demandantes añaden que dos empresas vinculadas a Toshiba Indonesia, a saber, Toshiba Singapore y Toshiba TEC Corporation,
         domiciliada en Japón (en lo sucesivo, «Toshiba Japan»), deberían haberse considerado agentes de Toshiba Indonesia. Por lo
         tanto, según ellas, el Consejo debería haber efectuado una deducción del valor normal calculado en concepto de comisiones
         de venta pagadas, al menos teniendo en cuenta que tales deducciones se aplicaron al calcular el precio de exportación.
      
      247    En el marco del séptimo motivo, las demandantes niegan que las instituciones comunitarias tengan derecho a deducir de sus
         precios de exportación, con arreglo al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, supuestas comisiones por las actividades
         de venta de las empresas vinculadas a ellas. En efecto, según ellas, en su sentencia de 21 de noviembre de 2002, Kundan y
         Tata/Consejo (T‑88/98, Rec. p. II‑4897), el Tribunal de Primera Instancia declaró que para poder efectuar tales deducciones,
         las instituciones debían basarse en datos capaces de demostrar, o de los que se pudiese deducir, que se abonó efectivamente
         una comisión y que ésta pudo influir en cierta medida en la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor normal.
         Pues bien, según las demandantes, la situación que dio lugar a dicho asunto no es diferente de la del caso de autos, y no
         se pagó ningún importe.
      
      248    Por lo que respecta al sexto motivo, el Consejo alega que las ventas de Toshiba Indonesia, que únicamente es una fábrica,
         se realizaron por mediación de Toshiba Singapore. Por ese motivo, el porcentaje de los gastos de VGA asumidos por Toshiba
         Singapore atribuibles a las ventas en Indonesia se añadieron a los gastos realizados por Toshiba Indonesia.
      
      249    En cuanto a los ajustes en concepto de comisiones, el Consejo alega que las demandantes realizaban sus ventas en la Comunidad
         a través de empresas vinculadas y que, por lo tanto, su precio de exportación se calculó tomando como referencia los precios
         pagados por el primer vendedor independiente en la Comunidad. El Consejo pone de relieve que esas sociedades encargadas de
         las ventas ejercían funciones asimilables a las de un agente, puesto que fijaban los precios de venta, recibían directamente
         los pedidos de los clientes y se los facturaban. Ahora bien, dado que los agentes normalmente cobran comisiones, debería deducirse
         un importe por tal concepto del precio aplicado al primer comprador independiente.
      
      250    En cambio, puesto que el valor normal se calcula teniendo en cuenta los gastos de VGA de Toshiba Indonesia y de Toshiba Singapore
         y no de los de Toshiba Japan, que realizaba las ventas finales en el mercado indonesio, no hubiera resultado adecuado efectuar
         un ajuste en concepto de comisiones, aunque Toshiba Japan ejerciese funciones de agente.
      
      251    Por lo que respecta al séptimo motivo, el Consejo alega que las instituciones dedujeron legítimamente comisiones por las actividades
         de venta de las empresas vinculadas a las demandantes al comparar el valor normal y el precio de exportación.
      
      252    El Consejo pone de relieve, en efecto, que las demandantes no discuten los motivos expuestos en el considerando 53 del Reglamento
         impugnado, por los que procedía ajustar sus precios de exportación debido a las comisiones. Según el Consejo, las demandantes
         se limitaron a sostener que, al no existir pago, no debería efectuarse ningún ajuste, sin sustentar de ningún modo su afirmación.
         Ahora bien, dado que las empresas encargadas de las ventas y las demandantes se encuentran vinculadas, carece de interés saber
         si la comisión efectivamente se pagó, ya que el caso de autos es diferente del que dio lugar a la sentencia Kundan y Tata/Consejo,
         citada en el apartado 247, en el que el exportador y la empresa de venta eran independientes.
      
      253    Además, el Consejo alega que la interpretación que hacen las demandantes de la citada sentencia pasa por alto que el artículo
         2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base fue modificado por el Reglamento nº 1972/2002 y que, desde entonces, dicho
         artículo precisa que el término «comisiones» incluye el margen obtenido por un comerciante del producto o del producto similar
         si sus funciones son similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      254    En el marco de estos dos motivos, las demandantes formulan en lo sustancial tres imputaciones. Alegan que, en el Reglamento
         impugnado, el Consejo determinó de forma errónea el valor normal calculado, en primer lugar, al incluir en él los gastos de
         VGA de Toshiba Singapore y, en segundo lugar, al no efectuar los ajustes en concepto de comisiones de agencia a favor de Toshiba
         Singapore y Toshiba Japan. En tercer lugar, las demandantes alegan que, en el Reglamento impugnado, el Consejo calculó erróneamente
         sus precios de exportación al realizar ajustes en concepto de comisiones de agencia pagaderas a las sociedades vinculadas
         a las demandantes que efectuaban ventas en la Comunidad. 
      
      255    Procede, por lo tanto, examinar si las demandantes han logrado demostrar la existencia de los tres errores mencionados. Pues
         bien, debe recordarse que, como se ha subrayado en los apartados 80 y 204, en el marco de la apreciación de situaciones económicas
         complejas como las del caso de autos, el control jurisdiccional se limita a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento,
         de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto
         en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder. Por consiguiente, los presentes motivos únicamente
         podrían prosperar si los errores invocados fuesen manifiestos.
      
      a)      Sobre la inclusión de los gastos de VGA de Toshiba Singapore al determinar el valor normal calculado
      256    Ha de señalarse que las demandantes no discuten que, en sí, el importe de los gastos de VGA que el Consejo atribuyó a Toshiba
         Indonesia en el Reglamento impugnado al calcular el valor normal sea razonable. Se limitan a sostener que la determinación
         de dicho importe basándose en una parte de los gastos de VGA de Toshiba Singapore es poco razonable, debido a que dicha sociedad
         no realiza ventas en el mercado indonesio.
      
      257    No obstante, procede observar que el método elegido en el caso de autos por el Consejo para calcular los gastos de VGA atribuibles
         a Toshiba Indonesia no es manifiestamente erróneo.
      
      258    En efecto, según el sentido del Reglamento de base, el cálculo del valor normal trata de determinar el precio de venta de
         un producto si dicho producto fuera vendido en su país de origen o de exportación y, por consiguiente, son los gastos correspondientes
         a las ventas en el mercado interior los que deberán tenerse en cuenta para determinar el valor calculado (véase, por analogía,
         la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, apartado 64, y la jurisprudencia
         citada). Pues bien, al calcular el valor normal, las instituciones no están obligadas a tomar en consideración los gastos
         reales de la sociedad examinada, sino una estimación razonable de los gastos de VGA que dicha sociedad debería soportar si
         comercializase el producto de que se trate en cantidades suficientes en su Estado de origen. 
      
      259    A este respecto, procede señalar que el Consejo alegó, sin que las demandantes le contradijesen, que Toshiba Indonesia únicamente
         desarrolla actividades de producción y no de comercialización. También alegó que todas las ventas de Toshiba Indonesia se
         habían realizado por mediación de Toshiba Singapore, que a su vez revendía parte de las mercancías en el mercado indonesio
         a través de Toshiba Japan y de su distribuidor vinculado, KDS.
      
      260    Tales afirmaciones del Consejo resultan corroboradas, además, por los documentos que obran en autos. En efecto, de la información
         facilitada por Toshiba Indonesia a la Comisión se desprende que dicha empresa no vende directamente balanzas electrónicas
         en Indonesia, sino que envía la totalidad de su producción a Toshiba Singapore. De esa información se desprende igualmente
         que Toshiba Singapore, por su parte, tampoco realiza ventas directas en Indonesia, sino únicamente a través de Toshiba Japan,
         que a su vez vende en Indonesia por mediación de su empresa vinculada KDS. 
      
      261    Pues bien, al ser enviadas todas las balanzas electrónicas producidas por Toshiba Indonesia a Toshiba Singapore y al ser vendidas
         algunas de ellas por Toshiba Japan en Indonesia, no resulta manifiestamente erróneo concluir que dichas balanzas debieron
         necesariamente ser transmitidas por Toshiba Singapore a Toshiba Japan.
      
      262    Por lo tanto, el Consejo consideró fundadamente, en el Reglamento impugnado, que los costes de VGA por un importe razonable
         atribuibles a Toshiba Indonesia podían determinarse basándose en los costes efectivamente asumidos por dicha sociedad más
         un porcentaje de los costes asumidos por Toshiba Singapore. En efecto, dicho incremento no hace sino corregir el importe anormalmente
         bajo de los gastos de VGA de Toshiba Indonesia, derivado de su falta de actividad comercial, y tener en cuenta la circunstancia
         de que una parte de los esfuerzos de comercialización de Toshiba Singapore, y por lo tanto de los gastos correspondientes,
         son atribuibles al mercado indonesio.
      
      263    Por consiguiente, procede desestimar la presente imputación.
      
      b)      Sobre la inexistencia de ajustes en concepto de comisiones de agencia a favor de Toshiba Singapore y de Toshiba Japan
      264    Las demandantes estiman que, al determinar el valor normal calculado, el Consejo debería haber efectuado ajustes en concepto
         de comisiones de agencia a favor de Toshiba Singapore y Toshiba Japan. Las demandantes consideran que éstas reúnen los requisitos
         para ser consideradas agentes de Toshiba Indonesia y que, por lo tanto, las instituciones deberían haber aplicado al valor
         calculado una deducción en concepto de comisiones de venta.
      
      265    Dicha tesis debe, no obstante, rechazarse sin necesidad de determinar si Toshiba Japan y Toshiba Singapore deben considerarse
         agentes de Toshiba Indonesia.
      
      266    En efecto, la aplicación de deducciones en concepto de comisiones de agencia puede resultar necesaria, con arreglo al artículo
         2, apartado 10, del Reglamento de base, para tener en cuenta las diferencias existentes entre el precio de exportación y el
         valor normal que afectan a su comparabilidad. No obstante, tales deducciones no pueden aplicarse a un valor que ha sido calculado
         y que, por tanto, no es real. Dicho valor no se ve afectado, en principio, por elementos que dificulten su comparabilidad,
         como la existencia de comisiones de agencia, puesto que ha sido determinado artificialmente sumando diversos elementos entre
         los que no se cuentan los pagos o márgenes de beneficio a favor de distribuidores, asimilables a dicha comisión y que deban
         deducirse. 
      
      267    En cualquier caso, hay que recordar que el Consejo, al determinar el valor calculado de Toshiba Indonesia, añadió a los costes
         de producción y a los gastos de VGA de ésta un porcentaje de los gastos de VGA de Toshiba Singapore debido únicamente a la
         actividad comercial muy limitada, o incluso inexistente, de la primera. Por lo tanto, no cometió un error manifiesto de apreciación
         al no deducir del valor normal una cantidad en concepto de comisiones de agencia a favor de Toshiba Singapore. En efecto,
         el cómputo de los gastos de VGA de ésta únicamente compensa el importe anormalmente bajo de los gastos de VGA de Toshiba Indonesia,
         que obedece a su escasa actividad comercial, y constituye sólo un método para determinar lo que podría considerarse un importe
         suficiente y, por ende, razonable, de los gastos de VGA atribuibles a una sociedad que comercializa balanzas electrónicas
         en Indonesia. 
      
      268    Por lo que respecta a Toshiba Japan, procede asimismo concluir que el Consejo no estaba obligado a deducir del valor calculado
         ninguna comisión de agencia. En efecto, acertada o equivocadamente, no se tuvo en cuenta ningún porcentaje de los gastos de
         VGA de Toshiba Japan para calcular el valor normal de los productos de Toshiba Indonesia, lo que favoreció a las demandantes.
         Por lo tanto, resultaría manifiestamente inadecuado deducir de dicho valor una cantidad cualquiera en concepto de comisiones
         atribuibles a Toshiba Japan. 
      
      269    De ello se desprende que la presente imputación debe desestimarse
      
      c)      Sobre los ajustes del precio de exportación en concepto de comisiones de agencia
      270    El Consejo estimó en el considerando 42 del Reglamento impugnado que las demandantes habían vendido sus balanzas electrónicas
         en la Comunidad por mediación de empresas vinculadas registradas en Samoa y en Taiwán y, por lo tanto, fijó el precio de exportación
         basándose en los precios de reventa pagados o pagaderos por el primer comprador independiente en la Comunidad. En el considerando
         45 del Reglamento impugnado, el Consejo explicó que esas sociedades de comercialización ejercían funciones similares a las
         de un agente que opera a cambio de una comisión y que, por lo tanto, el precio de exportación debía ajustarse para tener en
         cuenta esa comisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base. 
      
      271    Las demandantes alegan que el Consejo no debería haber efectuado dicha deducción sobre los precios de exportación, puesto
         que no se pagó efectivamente ninguna comisión.
      
      272    Las demandantes fundan su tesis, sustancialmente, en que en la sentencia Kundan y Tata/Consejo, citada en el apartado 247,
         el Tribunal de Primera Instancia concluyó que tanto de la letra como del sistema del artículo 2, apartado 10, del Reglamento
         de base se desprendía que únicamente podía efectuarse un ajuste del precio de exportación o del valor normal para tener en
         cuenta las diferencias relativas a factores que influyesen en los precios y, por tanto, en la comparabilidad de éstos, y que
         tal no era el caso de una comisión que no había sido pagada realmente (apartado 94 de la sentencia). 
      
      273    La tesis de las demandantes debe, no obstante, rechazarse. 
      
      274    Procede recordar que, en la sentencia Kundan y Tata/Consejo, citada en el apartado 247, el Tribunal de Primera Instancia consideró,
         en particular que, para poder efectuar un ajuste en concepto de comisiones, las instituciones debían basarse en datos capaces
         de demostrar, o de los que se pudiese deducir, que se abonó efectivamente una comisión y que ésta pudo influir en cierta medida
         en la comparabilidad entre el precio de exportación y el valor normal (apartado 95 de la sentencia).
      
      275    En dicha sentencia (apartado 96), el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que, del mismo modo en que la
         parte que solicita, basándose en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, determinados ajustes para conseguir que
         el valor normal y el precio de exportación resulten comparables con vistas a determinar el margen de dumping debe demostrar
         que su solicitud está justificada (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1990, Stanko France/Comisión y Consejo,
         C‑320/86 y C‑188/87, Rec. p. I‑3013, apartado 48), incumbe a las instituciones basarse, cuando consideren necesario efectuar
         un ajuste en concepto de comisión, en pruebas, o cuando menos en indicios, que permitan establecer la existencia del factor
         en función del cual se efectúa el ajuste y determinar la incidencia de éste en la comparabilidad de los precios. 
      
      276    No obstante, es importante subrayar que la sentencia Kundan y Tata/Consejo, citada en el apartado 247, se pronunció en un
         momento en que el marco jurídico de las deducciones en concepto de comisiones que podían efectuarse sobre el precio de exportación
         era diferente del aplicable cuando se llevó a cabo la investigación de reconsideración. 
      
      277    Es cierto que, en el momento en que se pronunció la sentencia Kundan y Tata/Consejo, citada en el apartado 247, el artículo
         2, apartado 10, del Reglamento de base disponía, igual que cuando se adoptó el Reglamento impugnado, que para comparar el
         precio de exportación y el valor normal, «se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para
         tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad
         de éstos». 
      
      278    Asimismo, cuando se pronunció la sentencia Kundan y Tata/Consejo, citada en el apartado 247, el artículo 2, apartado 10, letra i),
         del mismo Reglamento disponía, igual que cuando se adoptó el Reglamento impugnado, que «se realizará un ajuste en concepto
         de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión».
      
      279    Sin embargo, tras pronunciarse la sentencia en cuestión, se añadió, en virtud del artículo 1, apartado 5, del Reglamento nº 1972/2002,
         una segunda frase a la disposición antes mencionada. Así, la segunda frase de esta disposición dispone desde entonces que
         «se entenderá que el término “comisiones” incluye el margen obtenido por un comerciante del producto o del producto similar
         si sus funciones son similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión».
      
      280    A tenor del considerando 6 de este último Reglamento, la razón de ser de la introducción de la frase en cuestión en el artículo
         2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base consiste en aclarar, conforme a la práctica seguida por la Comisión y el
         Consejo, que tales ajustes también deberían realizarse si las partes no actuasen sobre la base de una relación de obligado
         principal a agente, sino que obtuviesen el mismo resultado económico actuando como comprador y vendedor.
      
      281    Por lo tanto, el artículo 2, apartado 10, letra i), del Reglamento de base permite efectuar un ajuste no sólo en concepto
         de diferencias en las comisiones pagadas por las ventas en cuestión, sino también en concepto del margen obtenido por comerciantes
         del producto si ejercen funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión. 
      
      282    De ello se desprende que la única alegación formulada por las demandantes contra la deducción aplicada, a saber, la de que
         no se pagó ninguna comisión a las empresas de comercialización vinculadas a ellas, no puede afectar a la legalidad de dicha
         deducción, en la medida en que ésta puede también aplicarse si, no habiéndose pagado efectivamente ninguna comisión, los operadores
         comerciales de que se trata ejercen funciones similares a las de un agente y perciben un margen comercial. 
      
      283    Interesa aclarar, a este respecto, que las demandantes no niegan las afirmaciones realizadas en los considerandos 45 y 53
         del Reglamento impugnado, según las cuales las empresas que comercializan sus balanzas electrónicas en la Comunidad ejercen
         funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión debido, señaladamente, a que facturan todas
         las ventas de exportación a los clientes independientes, fijan los precios de venta y reciben directamente los pedidos de
         los clientes.
      
      284    Es importante recordar asimismo que las demandantes tampoco niegan que las empresas vinculadas a ellas revendan sus balanzas
         electrónicas a los clientes independientes a un precio superior al que ellas han pagado por dichas balanzas, percibiendo así
         un margen comercial. 
      
      285    En cualquier caso, la tesis de las demandantes no podría aceptarse aunque pudiese interpretarse en el sentido de que el Consejo,
         en el Reglamento impugnado, no había demostrado que las empresas de comercialización vinculadas a ellas percibían un margen
         comercial por su actividad. 
      
      286    En efecto, no resulta manifiestamente equivocado considerar, como lo hizo el Consejo, que el precio que las empresas de comercialización
         facturan a sus clientes independientes debe necesariamente retribuir la participación de dichas empresas en la comercialización
         de los productos en cuestión en la Comunidad, o, cuando menos, cubrir los costes derivados de dicha participación. De otro
         modo, no podría considerarse, como lo hizo el Consejo en el Reglamento impugnado, sin ser desmentido, que dichas empresas
         ejercen funciones similares a las de un agente que trabaja sobre la base de una comisión.
      
      287    Además, procede señalar que, en el caso de autos, el Consejo calculó un margen comercial razonable para las empresas de comercialización
         vinculadas a las demandantes basándose en determinados datos reales. 
      
      288    En efecto, se desprende del considerando 45 del Reglamento impugnado, no discutido por las demandantes, que el importe de
         la deducción aplicada se calculó basándose en los gastos de VGA de las empresas de comercialización vinculadas a las demandantes.
         Por consiguiente, el Consejo determinó el margen comercial de dichas sociedades basándose únicamente en sus gastos, que obviamente
         deben cubrirse gracias a la diferencia entre el precio de venta y de compra de las balanzas electrónicas que comercializan,
         sin siquiera añadir un importe correspondiente a un margen de beneficio.
      
      289    Así pues, procede desestimar la presente imputación y, por consiguiente, los dos motivos examinados. 
      
      290    Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el recurso en su totalidad.
      
       Costas
      291    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede
         condenarlas en costas, conforme a las pretensiones del Consejo.
      
      292    La Comisión soportará sus propias costas, con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso. 
      2)      Condenar a Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd y Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd a cargar con sus propias costas y
            con las del Consejo.
      3)      La Comisión cargará con sus propias costas.
      
               Tiili
            
            
                Dehousse 
            
            
                Wiszniewska-Białecka
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de marzo de 2009.
      Firmas
      Índice
      
      Antecedentes del litigio
      A.     Investigación y Reglamento iniciales
      B.     Procedimiento de reconsideración
      C.     Reglamento impugnado
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre la pretensión de sobreseimiento
      A.     Alegaciones de las partes
      B.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre el fondo
      A.     Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo primero, primer
         y segundo guiones, respectivamente, del Reglamento de base
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), párrafo segundo, del Reglamento de base
      1.     Observaciones preliminares
      2.     Alegaciones de las partes
      3.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      D.     Sobre los motivos quinto y octavo, basados en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      a)     Sobre la primera imputación, relativa a que el valor normal calculado se determinó basándose en datos no verificados y defectuosos
      b)     Sobre la segunda imputación, relativa al carácter manifiestamente inadecuado del margen de beneficio atribuido a Toshiba Indonesia
      c)     Sobre la tercera imputación, relativa a la existencia de una discriminación
      E.     Sobre los motivos sexto y séptimo, basados en la infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      a)     Sobre la inclusión de los gastos de VGA de Toshiba Singapore al determinar el valor normal calculado
      b)     Sobre la inexistencia de ajustes en concepto de comisiones de agencia a favor de Toshiba Singapore y de Toshiba Japan
      c)     Sobre los ajustes del precio de exportación en concepto de comisiones de agencia
      Costas
      * Lengua de procedimiento: inglés.