CELEX: C2006/121/13
Language: es
Date: 2006-05-20 00:00:00
Title: Asunto C-150/06: Recurso de casación interpuesto el  17 de marzo de 2006  por Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictado el  14 de diciembre de 2005  en el asunto T-369/03: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Resinall Europe BVBA, Cray Valley Iberica S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Finlandia

20.5.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 121/7
            
         Recurso de casación interpuesto el 17 de marzo de 2006 por Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) dictado el 14 de diciembre de 2005 en el asunto T-369/03: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Resinall Europe BVBA, Cray Valley Iberica S.A./Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Finlandia
   (Asunto C-150/06)
   (2006/C 121/13)
   Lengua de procedimiento: inglés
   Partes
   
      Recurrentes: Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica S.A. (representantes: K. Van Maldegem y C. Mereu, abogados)
   
      Otras partes en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas, Finlandia, Resinall Europe BVBA
   Pretensiones de las partes recurrentes
   Las demandantes solicitan al Tribunal de Justicia que:
   
               —
            
            
               Declare el presente recurso admisible y fundado.
            
         
               —
            
            
               Anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005 dictado en el asunto T–369/03.
            
         
               —
            
            
               Declare la admisibilidad de las pretensiones de las demandantes en el asunto T–369/03.
            
         
               —
            
            
               Se pronuncie sobre el fondo o, con carácter alternativo, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste se pronuncie sobre el fondo.
            
         
               —
            
            
               Condene a la Comisión de las Comunidades Europeas al pago de todos los gastos y costas del procedimiento.
            
         Motivos y principales alegaciones
   Las demandantes alegan que el auto del Tribunal de Primera Instancia debería ser anulado por los siguientes motivos:
   
               1)
            
            
               Incoherencia de la motivación y aplicación incorrecta de los criterios jurídicos de admisibilidad aplicables al destinatario de un acto vinculante que produce efectos jurídicos.
               Las demandantes mantienen que el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, «TPI»), incurrió en un error de Derecho al no fundamentar su apreciación en el hecho de que la Decisión impugnada es un acto vinculante que produce efectos jurídicos que modifica de manera caracterizada la situación jurídica de las demandantes.
            
         
               2)
            
            
               Interpretación incorrecta del marco normativo aplicable a la apreciación de los datos de las demandantes con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.
               Las demandantes sostienen que el TPI incurrió en un error de Derecho al considerar que la apreciación de los datos de las demandantes y la decisión final de la Comisión sobre la relevancia de estos datos como base para la desclasificación no es un procedimiento administrativo impugnable.
            
         
               3)
            
            
               Interpretación incorrecta del marco normativo y de los correspondientes derechos de las demandantes con arreglo a la Directiva 67/548/CEE.
               Las demandantes alegan que el TPI incurrió en un error de Derecho al estimar que las demandantes no podían interponer un recurso porque su intención no era impugnar una medida de aplicación general.
            
         
               4)
            
            
               Violación del derecho de las demandantes a la protección judicial efectiva.
               Las demandantes mantienen que el TPI incurrió en un error de Derecho al considerar que las demandantes podían recurrir la decisión impugnada en el ámbito interno.
            
         
               5)
            
            
               Error de Derecho al estimar que había prescrito la acción de las demandantes.
               Las demandantes sostienen que la acción de indemnización de daños y perjuicios no ha prescrito, porque los daños empezaron a producirse, como muy pronto, a partir de la decisión de la Comisión de 1999 de no desclasificar y, como muy tarde, a partir de la adopción de la decisión impugnada.