CELEX: 62006CJ0286
Language: es
Date: 2008-10-23
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 23 de octubre de 2008. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. # Incumplimiento de Estado - Directiva 89/48/CEE - Trabajadores - Reconocimiento de títulos - Ingeniero. # Asunto C-286/06.

Asunto C‑286/06
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      Reino de España
      «Incumplimiento de Estado — Directiva 89/48/CEE — Trabajadores — Reconocimiento de diplomas — Ingeniero»
      Sumario de la sentencia
      1.        Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior
            que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE
      (Directiva 89/48/CEE del Consejo, art. 3)
      2.        Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de los títulos de enseñanza superior
            que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años — Directiva 89/48/CEE
      (Directiva 89/48/CEE del Consejo, art. 3)
      1.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento
         de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión
         modificada por la Directiva 2001/19, en particular de su artículo 3, un Estado miembro que deniega el reconocimiento de las
         cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en otro Estado miembro sobre la base de una formación universitaria impartida
         únicamente en el Estado miembro de que se trata.
      
      Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 de dicha Directiva 89/48, su artículo 3, párrafo primero, letra a), reconoce
         a todo solicitante en posesión de un «título», en el sentido de esta Directiva, que le permita ejercer una profesión regulada
         en un Estado miembro, el derecho a ejercer la misma profesión en cualquier otro Estado miembro. Por otra parte, el «título»,
         en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48, puede estar constituido por un conjunto de títulos.
      
      De este modo, el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48 obliga al Estado miembro de acogida a aceptar, en todo caso,
         como prueba del cumplimiento de las condiciones de un reconocimiento de un título, los certificados y documentos expedidos
         por las autoridades competentes de los demás Estados miembros. En consecuencia, el Estado miembro de acogida no puede examinar
         el fundamento sobre el que se expidieron dichos documentos, aunque sí puede efectuar controles sobre aquellos requisitos establecidos
         en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 cuyo cumplimiento no se desprenda ya del tenor de dichos documentos. 
      
      Además, si bien la definición del concepto de «título» que figura en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 contiene
         ciertas reservas sobre la aplicabilidad de esta Directiva a las cualificaciones adquiridas en terceros Estados, ni su artículo
         1, letra a), ni ningún otro de sus artículos contiene limitación alguna en cuanto al Estado miembro en que un solicitante
         debe haber adquirido sus cualificaciones profesionales.
      
      En efecto, dicho artículo 1, letra a), párrafo primero, establece expresamente que basta con que la formación se haya adquirido,
         «principalmente, en la Comunidad». Esta expresión comprende tanto la formación adquirida íntegramente en el Estado miembro
         que haya expedido el título académico de que se trate como la adquirida íntegra o parcialmente en otro Estado miembro. Además,
         no existe ningún motivo que pueda justificar tal limitación, pues la cuestión principal es si el solicitante está o no habilitado
         para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro. Según el sistema establecido por esta Directiva, un título no se
         reconoce por el valor intrínseco de la formación que acredita, sino porque permite acceder a una profesión regulada en el
         Estado miembro en que se ha expedido o reconocido.
      
      Por otra parte, el sistema general de reconocimiento establecido por la Directiva 89/48 precisamente tiene por objeto que
         los nacionales de un Estado miembro habilitados para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro puedan acceder a
         esta misma profesión en otros Estados miembros. En estas circunstancias, el hecho de que un nacional de un Estado miembro
         que desea ejercer una profesión regulada elija acceder a ella en el Estado miembro de su preferencia no puede constituir,
         en sí mismo, un uso abusivo del sistema general de reconocimiento establecido por la Directiva 89/48. En efecto, el derecho
         de los nacionales de un Estado miembro a elegir el Estado miembro en que prefieren adquirir sus cualificaciones profesionales
         es inherente al ejercicio, en un mercado único, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. En virtud del
         artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48, el Estado miembro de acogida debe reconocer, sin perjuicio de
         posibles medidas de compensación, no sólo los títulos de ingeniero de otro Estado miembro cuando la formación cursada para
         obtenerlos se haya desarrollado total o parcialmente en dicho Estado miembro, sino también los títulos expedidos por las autoridades
         competentes de dicho Estado miembro al término de una formación impartida íntegramente en el Estado miembro de acogida.
      
      (véanse los apartados 54, 55, 61 a 64, 71 a 73 y 83 y el fallo)
      2.        Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, relativa a un sistema general de reconocimiento
         de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión
         modificada por la Directiva 2001/19, en particular de su artículo 3, un Estado miembro que supedita la admisión a las pruebas
         de promoción interna en la función pública de ingenieros en posesión de cualificaciones profesionales obtenidas en otro Estado
         miembro al reconocimiento académico de dichas cualificaciones.
      
      El artículo 3 de la Directiva 89/48 exige que los títulos expedidos en un determinado Estado miembro permitan a sus poseedores
         no sólo acceder a una profesión regulada en otro Estado miembro sino también ejercerla allí en las mismas condiciones que
         los poseedores de títulos nacionales. En consecuencia, compete a las autoridades nacionales garantizar que quienes han obtenido
         una cualificación profesional en otro Estado miembro tengan las mismas posibilidades de promoción que quienes poseen la cualificación
         profesional nacional equivalente. 
      
      En efecto, cuando se ha reconocido un título expedido en otro Estado miembro en aplicación de la Directiva 89/48, tras haberse
         impuesto, en su caso, medidas de compensación, se considera que confiere las mismas cualificaciones profesionales que el título
         nacional equivalente. En estas circunstancias, el hecho de privar al poseedor de un título expedido en otro Estado miembro
         de las posibilidades de promoción que tiene el poseedor del título nacional equivalente, por el mero hecho de haber obtenido
         dicho título al término de una formación más breve, supondría perjudicar a los poseedores de un título de otro Estado miembro
         simplemente por haber adquirido cualificaciones equivalentes de modo más rápido.
      
      En consecuencia, el requisito de homologación no es compatible con el artículo 3 de la Directiva 89/48, al menos en la medida
         en que constituye un requisito previo para poder participar en pruebas de promoción interna, incluso para los candidatos que
         únicamente invocan un título expedido en otro Estado miembro y reconocido en aplicación de la Directiva 89/48.
      
      (véanse los apartados 79 a 83 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 23 de octubre de 2008 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Directiva 89/48/CEE – Trabajadores – Reconocimiento de diplomas – Ingeniero»
      En el asunto C‑286/06,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de junio de 2006,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. H. Støvlbæk y R. Vidal Puig, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      Reino de España, representado por el Sr. M. Muñoz Pérez, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot, K. Schiemann (Ponente), J. Makarczyk
         y L. Bay Larsen, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. Y. Bot;
      Secretaria: Sra. M.M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de septiembre de 2007;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
         España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
         de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales
         de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16), en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001 (DO L 206, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/48»), en particular de su artículo 3,
      
      –        al denegar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia, y 
      –        al supeditar la admisión a las pruebas de promoción interna en la función pública de ingenieros en posesión de cualificaciones
         profesionales obtenidas en otro Estado miembro al reconocimiento académico de dichas cualificaciones.
      
      2        La principal cuestión jurídica planteada en el presente asunto es análoga a la suscitada en el asunto, cuya sentencia se pronuncia
         hoy, Comisión/Grecia (C‑274/05, Rec. p. I-0000). Ambos asuntos versan sobre en qué medida puede invocarse la Directiva 89/48
         para obligar a un Estado miembro a reconocer títulos expedidos por las autoridades de otro Estado miembro al término de estudios
         cursados en su propio territorio.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        De los considerandos tercero y cuarto de la Directiva 89/48 se desprende que ésta tiene por objeto el establecimiento de un
         sistema general de reconocimiento de títulos para facilitar a los ciudadanos europeos el ejercicio de todas las actividades
         profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan haber realizado una formación postsecundaria, siempre y cuando
         estén en posesión de títulos que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos
         tres años y que hayan sido expedidos en otro Estado miembro.
      
      4        El quinto considerando de la Directiva 89/48 tiene el siguiente tenor:
      
      «Considerando que, en lo que se refiere a profesiones para cuyo ejercicio la Comunidad no ha determinado el nivel mínimo de
         cualificación necesario, los Estados miembros conservan la facultad de fijar dicho nivel con el fin de garantizar la calidad
         de las prestaciones realizadas en sus respectivos territorios; que pese a ello no pueden, sin incumplir las disposiciones
         del artículo [10 CE], imponer a un nacional de un Estado miembro la adquisición de cualificaciones que los Estados miembros
         se limitan a determinar en general por referencia a los títulos expedidos en el marco de su propio sistema nacional de enseñanza,
         mientras que el interesado ya ha adquirido la totalidad o una parte de dichas cualificaciones en otro Estado miembro; que,
         por consiguiente, todo Estado miembro de acogida en el que se regula una profesión estará obligado a tener en cuenta las cualificaciones
         adquiridas en otro Estado miembro y a considerar si aquéllas corresponden a las que él mismo exige».
      
      5        El artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 establece:
      
      «A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      a)      “Título”: cualquier título, certificado u otro diploma o cualquier conjunto de tales títulos, certificados u otros diplomas:
      –        expedido por una autoridad competente en un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias
         o administrativas de dicho Estado,
      
      –        que acredite que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años,
         o de una duración equivalente a tiempo parcial, en una universidad, en un centro de enseñanza superior o en otro centro de
         un nivel de formación equivalente y, en su caso, que ha cursado con éxito la formación profesional requerida, además del ciclo
         de estudios postsecundarios, y
      
      –        que acredite que el titular posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho
         Estado miembro o ejercerla,
      
      siempre que la formación sancionada por dicho título, certificado u otro diploma haya sido adquirida, principalmente, en la
         Comunidad, o cuando su titular tenga una experiencia profesional de tres años certificada por el Estado miembro que haya reconocido
         el título, certificado u otro diploma expedido en un país tercero.
      
      Se equipararán los títulos a los efectos del párrafo primero, los títulos, certificados o diplomas, o cualquier conjunto de
         tales títulos, certificados u otros diplomas, expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, que sancionen una
         formación adquirida en la Comunidad, reconocida por una autoridad competente en dicho Estado miembro como de nivel equivalente,
         y que confiera los mismos derechos de acceso o de ejercicio de una profesión regulada».
      
      6        El artículo 2, párrafo primero, de la Directiva 89/48 establece: 
      
      «La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro que se propongan ejercer, por cuenta propia
         o ajena, una profesión regulada en un Estado miembro de acogida.»
      
      7        El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 89/48 establece que un Estado miembro de acogida que supedita el acceso a
         una profesión a la posesión de un título no puede denegar a un nacional de un Estado miembro el acceso a dicha profesión,
         alegando insuficiencia de cualificación, si el solicitante acredita determinadas cualificaciones precisadas en ese artículo.
         Esto sucede, en particular, si el solicitante está en posesión del título prescrito por otro Estado miembro para acceder a
         dicha profesión o ejercerla en su territorio, y lo ha obtenido en un Estado miembro.
      
      8        No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 89/48, su artículo 4 permite al Estado miembro de acogida exigir
         al solicitante, en determinadas circunstancias precisadas en él, que acredite que posee una experiencia profesional de determinada
         duración, que efectúe un período de prácticas durante tres años como máximo o que se someta a una prueba de aptitud (en lo
         sucesivo, «medidas de compensación»). Este mismo artículo fija determinadas normas y requisitos aplicables a las medidas que
         pueden exigirse para compensar las insuficiencias en la formación que acredite dicho solicitante. 
      
      9        En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48, el Estado miembro de acogida aceptará como prueba del cumplimiento
         de las condiciones enunciadas en los artículos 3 y 4 de esta Directiva los certificados y documentos expedidos por las autoridades
         competentes de los Estados miembros, que el interesado deberá presentar en apoyo de su solicitud de ejercicio de la profesión
         de que se trate. 
      
       Normativa nacional
      10      La normativa española en materia de titulaciones universitarias distingue entre dos tipos de títulos: los «títulos de carácter
         oficial», cuya validez está reconocida en todo el territorio nacional y que dan acceso a las profesiones reguladas, y los
         «títulos propios», que las diferentes universidades pueden establecer, pero que no dan acceso a las profesiones reguladas.
         Esta materia se encuentra regulada en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE nº 307, de 24 de diciembre
         de 2001, p. 49400).
      
      11      El artículo 34 de la Ley Orgánica 6/2001 dispone:
      
      «Establecimiento de títulos universitarios y de las directrices generales de sus planes de estudios.
      1.      Los títulos universitarios que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como las directrices
         generales de los planes de estudios que deban cursarse para su obtención y homologación, serán establecidos por el Gobierno,
         bien por su propia iniciativa, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, o a propuesta de este Consejo.
      
      2.      Los títulos a que hace referencia el apartado anterior, que se integrarán en el Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales
         que apruebe el Gobierno, serán expedidos en nombre del Rey por el Rector de la Universidad en la que se hubieren obtenido.
      
      3.      Las Universidades podrán establecer enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios, así como enseñanzas
         de formación a lo largo de toda la vida. Estos diplomas y títulos carecerán de los efectos que las disposiciones legales otorguen
         a los mencionados en el apartado 1.»
      
       Procedimiento de reconocimiento
      12      En España, el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de los títulos
         de enseñanza superior de los Estados miembros de la Unión Europea que exigen una formación mínima de tres años de duración
         (BOE nº 280, de 22 de noviembre de 1991, p. 37916; en lo sucesivo, «Real Decreto de reconocimiento»), tiene por objeto adaptar
         el ordenamiento jurídico nacional a la Directiva 89/48.
      
      13      El artículo 2, apartado 1, del Real Decreto de reconocimiento adapta el Derecho español al artículo 2, párrafo primero, de
         la Directiva 89/48 y establece lo siguiente: 
      
      «Las normas establecidas en este Real Decreto se aplicarán a los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea que,
         estando en posesión de un título obtenido en un Estado de la indicada Unión, pretendan ejercer en España por cuenta propia
         o ajena una profesión regulada, para la que se requiera una formación superior mínima de tres años.»
      
      14      A tenor del artículo 4, apartado 1, de este Real Decreto: 
      
      «Se reconocen el España, para el acceso a las actividades de una profesión regulada, con los mismos efectos que el correspondiente
         título español, los títulos obtenidos en los Estados miembros que faculten para ejercer en ellos esa misma profesión.»
      
      15      El artículo 1, letra a), del Real Decreto de reconocimiento adapta el Derecho español al artículo 1, letra a), de la Directiva
         89/48 definiendo el término «título» como sigue:
      
      «cualquier título, certificado u otro diploma o conjunto de ellos, expedido por una autoridad competente en un Estado miembro,
         que acredite que el titular ha superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años, o de una
         duración equivalente a tiempo parcial, en una universidad, en un centro de enseñanza superior o en otro centro de un nivel
         de formación equivalente y, en su caso, que ha cursado con éxito la formación profesional requerida, además del ciclo de estudios
         postsecundarios, y que posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado
         miembro, siempre que la formación haya sido adquirida principalmente en la Comunidad o el titular tenga una experiencia profesional
         de tres años acreditada por el Estado miembro que haya reconocido el título. […]».
      
      16      El artículo 1, letra b), de este Real Decreto define el concepto de profesión regulada en los siguientes términos:
      
      «la actividad o conjunto de actividades profesionales para cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio
         se exija directa o indirectamente un Título y constituyan una profesión en un Estado miembro».
      
      17      El artículo 3 del Real Decreto de reconocimiento dispone que, a los efectos de dicho Decreto, tienen la condición de profesiones
         reguladas las que se relacionan en el anexo 1, entre las que se incluyen las profesiones de ingeniero de caminos, canales
         y puertos y la de ingeniero técnico de obras públicas. En este anexo no se incluye, en cambio, la de ingeniero civil.
      
       Procedimiento de homologación
      18      El procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales previsto por el Real Decreto de reconocimiento debe distinguirse
         del denominado procedimiento de «homologación» de los títulos universitarios. El primero de estos procedimientos tiene por
         objeto un control a efectos de establecer si la persona de que se trate cuenta o no con la cualificación requerida para ejercer
         una determinada profesión regulada. En cambio, el procedimiento de homologación tiene por objeto controlar el contenido académico,
         en función de los conocimientos, de los estudios cursados para la obtención de un título. 
      
      19      El procedimiento de homologación se rige por el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones
         de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior (BOE nº 55, de 4 de marzo de 2004,
         p. 8996; en lo sucesivo, «Real Decreto de homologación»).
      
      20      El concepto de homologación se halla definido en el artículo 3, letras a) y b), del Real Decreto de homologación como sigue:
         
      
      «A efectos de este Real Decreto, se entiende por:
      a)      Homologación a un título del Catálogo de títulos universitarios oficiales: el reconocimiento oficial de la formación superada,
         para la obtención de un título extranjero, como equivalente a la exigida para la obtención de un título español de los incluidos
         en el citado catálogo.
      
      b)      Homologación a grado académico de aquellos en los que se estructuran los estudios universitarios en España: el reconocimiento
         oficial de la formación superada para la obtención de un título extranjero, como equivalente a la exigida para la obtención
         de un grado académico inherente a cualquiera de los niveles en que se estructuran los estudios universitarios españoles y
         no a un título concreto.»
      
      21      El artículo 4, apartado 1, del Real Decreto de homologación precisa los efectos de la homologación en los siguientes términos:
         
      
      «La homologación otorga al título extranjero, desde la fecha en que sea concedida y se expida la correspondiente credencial,
         los mismos efectos del título o grado académico español con el cual se homologa, en todo el territorio nacional, de acuerdo
         con la normativa vigente.»
      
      22      El artículo 22 del Real Decreto de homologación, titulado «Reconocimiento profesional de los títulos de la Unión Europea»,
         dispone:
      
      «El reconocimiento profesional de los títulos de educación superior expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea
         se regirá por los procedimientos previstos por las directivas comunitarias y la correspondiente normativa española de transposición.»
      
      23      Además, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto de homologación, titulada «Normativa comunitaria», se remite a la
         normativa comunitaria en los siguientes términos: 
      
      «Lo dispuesto en este Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo establecido sobre la materia en el Tratado de Adhesión
         de España a las Comunidades Europeas, el Tratado de la Unión Europea y el derecho comunitario derivado.»
      
       Regulación de la profesión de ingeniero en España y en Italia
      24      La profesión de ingeniero es una profesión regulada tanto en España como en Italia. 
      
      –       Sistemas educativos
      25      Los sistemas educativos italiano y español son muy parecidos en cuanto a las titulaciones en ingeniería. En ambos países pueden
         obtenerse dichas titulaciones tras cursar un ciclo de estudios postsecundarios de una duración de tres o de cinco años. 
      
      26      En España se distingue entre el título universitario de Ingeniero Técnico, obtenido tras tres años de estudios, y el de Ingeniero,
         obtenido tras cinco años de estudios. Quienes posean un título de Ingeniero Técnico pueden obtener el título de Ingeniero
         cursando con éxito los dos últimos años de que consta la formación que conduce a este último título. 
      
      27      En Italia se distingue entre los títulos universitarios obtenidos tras tres años de estudios («laurea triennale»), que acreditan
         la formación de los ingenieros técnicos («ingegnere junior»), y los obtenidos tras dos años de estudios complementarios destinados
         a la formación de los ingenieros («ingegnere»; en lo sucesivo, «ingenieros»). Estos últimos títulos, anteriormente denominados
         «títulos de especialidad» («laurea specialistica»), pasaron a denominarse «laurea magistrale» tras una reforma realizada en 2004.
      
      –       Requisitos de acceso y ejercicio de la profesión de ingeniero en España y en Italia
      28      En España, el acceso a las profesiones de ingeniero técnico y de ingeniero está supeditado, en principio, a la posesión del
         título universitario oficial, en el sentido de la Ley Orgánica 6/2001, correspondiente a la profesión de que se trate. 
      
      29      En Italia, el acceso a las profesiones de ingeniero técnico y de ingeniero está supeditado tanto a la posesión del título
         universitario requerido como a la superación del examen de Estado («esame di Stato») correspondiente a la profesión de que
         se trate [artículo 4 del regio decreto nº 2537, de 23 de octubre de 1925 (Gazzetta ufficiale nº 37, de 15 de febrero de 1926)]. Este examen de Estado consta, según los artículos 47 y 48 del decreto del Presidente della
         Repubblica nº 328, de 5 de junio de 2001 (suplemento ordinario a la GURI nº 190, de 17 de agosto de 2001), de al menos dos
         pruebas escritas, una prueba oral y una prueba práctica. Los candidatos que hayan superado con éxito el examen de Estado obtienen
         la habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero («abilitazione all’esercizio della profesione di ingegnere»).
      
      30      El ejercicio de la profesión de ingeniero, tanto en España como en Italia, requiere además la inscripción en el registro de
         un colegio profesional. En España son competentes distintos Colegios de Ingenieros en función de las especialidades y las
         regiones. En Italia, el Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri («Consejo de Colegios de Ingenieros») mantiene en cada provincia
         un registro de ingenieros. Este registro está dividido en dos secciones, a saber, la sección A, reservada a los ingenieros,
         y la sección B, reservada a los ingenieros técnicos. En ambos Estados miembros la inscripción en el registro de un colegio
         de ingenieros constituye un mero trámite administrativo que no acredita, por sí misma, la cualificación profesional de las
         personas afectadas, sino que tiene por objeto garantizar que el ejercicio de la profesión se realice con arreglo a determinadas
         normas deontológicas. 
      
      –       Las profesiones de ingeniero de caminos, canales y puertos y de ingeniero técnico de obras públicas en España
      31      En España, normalmente, según se desprende del artículo 4 de la Ley de 20 de julio de 1957, sobre ordenación de las enseñanzas
         técnicas (BOE nº 187, de 22 de julio de 1957, p. 607), quienes deseen ejercer la profesión de ingeniero de caminos, canales
         y puertos deberán estar en posesión del título universitario oficial, en el sentido de la Ley Orgánica 6/2001, de Ingeniero
         de Caminos, Canales y Puertos, expedido por una de las escuelas españolas de formación de ingenieros de caminos, canales y
         puertos. Este título de ingeniero se obtiene tras cinco años de estudios.
      
      32      También se permite el acceso a esta profesión a quienes posean un título expedido por otro Estado miembro, reconocido, a efectos
         profesionales, en virtud del Real Decreto de reconocimiento, así como a quienes posean un título universitario extranjero
         homologado oficialmente por el Estado al título español de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, de acuerdo con el Real
         Decreto de homologación. 
      
      33      Además, en cualquiera de estos casos, los interesados deben estar inscritos en el registro del Colegio de Ingenieros de Caminos,
         Canales y Puertos para poder ejercer la profesión de que se trata. Esta colegiación no está supeditada a ningún examen. Toda
         persona que se halle en posesión del título académico correspondiente y cumpla los demás requisitos legales tiene derecho
         a colegiarse. 
      
      34      El título de Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles es un título oficial, en el sentido de la Ley Orgánica 6/2001, que
         acredita una formación de tres años de duración y habilita para el ejercicio en España de la profesión regulada de ingeniero
         técnico de obras públicas. Quienes poseen este título pueden obtener el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
         cursando con éxito la formación impartida en los años académicos cuarto y quinto en cualquiera de las escuelas de formación
         de ingenieros de caminos, canales y puertos.
      
      –       La profesión de ingeniero civil en Italia 
      35      Quienes deseen ejercer en Italia la profesión de ingeniero civil normalmente deben hallarse en posesión del título universitario
         de Ingeniero Civil («Laurea in Ingegneria Civile»), «laurea magistrale» que acredita una formación de cinco años de duración,
         así como de la habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero, expedida tras haberse aprobado el examen de Estado.
         Se requiere además estar inscrito en el registro de ingenieros de una provincia, sección A, pertinente en este caso.
      
       Requisito de homologación de los títulos profesionales obtenidos en otro Estado miembro para ser admitido a las pruebas de
         promoción interna en la función pública
      
      36      La Orden del Ministerio de Medio Ambiente MAM/1266/2003, de 9 de mayo (BOE nº 123, de 23 de mayo de 2003, p. 19820), convocó
         pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
         del Ministerio de Medio Ambiente.
      
      37      El artículo 2 de la Orden MAM/1266/2003, titulado «Requisitos de los candidatos», establecía:
      
      «2.1      Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán poseer en el día de finalización del
         plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera los siguientes
         requisitos de participación: 
      
      […]
      2.1.4 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto. En el caso
         de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación.
      
      […]»
      38      Este requisito se aplicaba de forma general a los procesos selectivos para acceder a cuerpos o escalas de la Administración
         General del Estado.
      
      39      Entre tanto, esta práctica ha sido codificada por la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas APU/423/2005, de 22
         de febrero, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos
         o escalas de la Administración General del Estado (BOE nº 48, de 25 de febrero de 2005, p. 6993).
      
      40      El artículo 7 de la Orden APU/423/2005, titulado «Requisitos de los candidatos», dispone: 
      
      «1.      Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán poseer en el día de finalización del plazo
         de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera los siguientes
         requisitos de participación, así como los contenidos en las normas específicas:
      
      […]
      1.3.      Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título exigido para el ingreso en cada Cuerpo o Escala, de acuerdo
         con lo que se establecerá en las bases específicas de cada convocatoria. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
         se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
      
      […]»
       Procedimiento administrativo previo
       Denuncias recibidas por la Comisión
      41      La Comisión ha recibido numerosas denuncias relativas a la denegación, por parte de las autoridades competentes españolas
         (el Ministerio de Fomento), de solicitudes de reconocimiento, formuladas al amparo del Real Decreto de reconocimiento, de
         las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia con vistas a ejercer en España la profesión de ingeniero
         de caminos, canales y puertos.
      
      42      Los denunciantes están en posesión del título oficial, en el sentido de la Ley Orgánica 6/2001, de Ingeniero Técnico en Construcciones
         Civiles expedido por la Universidad de Alicante, así como del título universitario de «Ingeniero Civil», que es un título
         propio, en el sentido de la Ley Orgánica 6/2001, expedido por la misma Universidad.
      
      43      En virtud de un Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de Alicante y la Università Politecnica delle Marche (Italia),
         los estudios de «Ingeniería Civil» impartidos por la Universidad de Alicante son coordinados y tutelados por la Università
         Politecnica delle Marche.
      
      44      En virtud del mencionado Convenio Marco, la Università Politecnica delle Marche reconoció a los denunciantes la equivalencia
         entre los dos títulos universitarios españoles arriba citados y el título universitario italiano de Ingeniero Civil («Laurea
         in Ingegneria Civile») y les expidió el título de Ingeniero Civil. Una vez en posesión de dicho título, los denunciantes realizaron
         en Italia el examen de Estado y, habiéndolo aprobado, recibieron la habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero,
         que les autoriza a ejercer la profesión de ingeniero civil en dicho Estado miembro.
      
      45      A continuación los denunciantes solicitaron al Ministerio de Fomento el reconocimiento de las cualificaciones profesionales
         obtenidas en Italia a efectos de poder ejercer en España la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Dicho Ministerio
         desestimó las solicitudes por razón de que los denunciantes habían recibido toda su formación universitaria en España y, por
         ello, no eran aplicables ni el Real Decreto de reconocimiento ni la Directiva 89/48.
      
      46      Por otra parte, a uno de los denunciantes le fue denegado el acceso a una prueba de promoción interna del Ministerio de Medio
         Ambiente, por razón de que las personas en posesión de títulos académicos extranjeros debían obtener, previamente, en virtud
         de lo dispuesto en la Orden MAM/1266/2003, su homologación conforme al Real Decreto de homologación.
      
       Escrito de requerimiento y dictamen motivado
      47      Considerando que la normativa española no era conforme con la Directiva 89/48, la Comisión envió al Reino de España, el 22
         de diciembre de 2004, un escrito de requerimiento al que las autoridades españolas respondieron el 22 de febrero de 2005.
      
      48      Habiendo estimado que las explicaciones de las autoridades españolas no eran satisfactorias, la Comisión dirigió al Reino
         de España, el 5 de julio de 2005, un dictamen motivado al que este Estado miembro respondió mediante escrito de 20 de septiembre
         de 2005.
      
      49      Al no considerar satisfactorias dichas explicaciones, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
      
       Sobre el recurso
       Sobre el primer motivo, basado en el no reconocimiento de las cualificaciones adquiridas en Italia al término de una formación
            impartida en España 
      50      Mediante su primer motivo, la Comisión alega que los denunciantes cumplen todos los requisitos de aplicación de la Directiva
         89/48 y que, por consiguiente, las autoridades españolas estaban obligadas a autorizar el acceso de los denunciantes a la
         profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Al denegarles dicho acceso, el Reino de España incumplió las obligaciones
         que le incumben en virtud del artículo 3 de la Directiva.
      
      51      Según la Comisión, el hecho de que la formación acreditada por los denunciantes haya sido impartida exclusivamente en España
         no afecta a esta conclusión. La Directiva 89/48 no requiere que la formación académica se haya recibido en un Estado miembro
         distinto del de acogida. La Comisión considera que de la lectura combinada del artículo 1, letras a) y b), y los artículos
         2 y 3 de la Directiva 89/48 se desprende que esta última es aplicable siempre que el Estado miembro en que se solicita ejercer
         la profesión de que se trate sea distinto de aquel en que se obtuvo el título que se invoca, con independencia del lugar en
         que se haya recibido la formación necesaria para la obtención de dicho título.
      
      52      El Reino de España considera que este motivo carece de fundamento al estimar que existen dos razones básicas por las que no
         hay obligación de reconocer los títulos de los denunciantes en cuestión, es decir, cuando quienes solicitan el reconocimiento
         de sus títulos han cursado toda su formación en España y pretenden obtener dicho reconocimiento con vistas al ejercicio, también
         en España, de la profesión de que se trata. En primer lugar, el Reino de España alega que las disposiciones de la Directiva
         89/48 no son de aplicación al caso de autos, ya que todos los elementos pertinentes están situados en un solo Estado miembro.
         En segundo lugar, invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los justiciables no pueden prevalerse del
         Derecho comunitario de forma abusiva o fraudulenta.
      
      53      Procede señalar, en el marco de la apreciación de este motivo, que el concepto de «título», definido en el artículo 1, letra a),
         de la Directiva 89/48, constituye la piedra angular del sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior
         establecido por esta Directiva. 
      
      54      Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 de la Directiva 89/48, su artículo 3, párrafo primero, letra a), reconoce
         a todo solicitante en posesión de un «título», en el sentido de esta Directiva, que le permita ejercer una profesión regulada
         en un Estado miembro, el derecho a ejercer la misma profesión en cualquier otro Estado miembro. 
      
      55      Por lo que respecta a la apreciación de las cualificaciones que invocan los denunciantes, debe recordarse, en primer lugar,
         que el «título», en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48, puede estar constituido por un conjunto de
         títulos. 
      
      56      Además, los denunciantes cumplían claramente el requisito enunciado en el artículo 1, letra a), segundo guión, de la Directiva
         89/48, relativo a haber cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años en una
         universidad. De sus títulos académicos expedidos por la Universidad de Alicante se desprende, en efecto, que cursaron con
         éxito un ciclo de estudios postsecundarios de cinco años de duración.
      
      57      Por otra parte, por lo que respecta al requisito contemplado en el artículo 1, letra a), tercer guión, de la Directiva 89/48,
         procede señalar que de los anexos del recurso se desprende que los denunciantes recibieron un título de Ingeniero Civil («Laurea
         in Ingegneria Civile») de la Università Politecnica delle Marche, sobre la base de la equivalencia de los estudios que cursaron
         en la Universidad de Alicante con los que dan lugar a la obtención de dicho título. La obtención de este título junto con
         la superación por los denunciantes del examen de Estado italiano, a raíz de la cual recibieron la habilitación para ejercer
         la profesión de ingeniero, dieron lugar a que se hallaran en posesión de las cualificaciones profesionales requeridas para
         acceder a una profesión regulada en Italia.
      
      58      Por último, es incuestionable que todos los títulos controvertidos fueron expedidos por una autoridad competente, designada
         conforme a las leyes, respectivamente, españolas e italianas, y que, en consecuencia, se cumple el requisito formulado en
         el artículo 1, letra a), primer guión, de la Directiva 89/48.
      
      59      En consecuencia, puede afirmarse que los denunciantes están en posesión de «títulos», en el sentido del artículo 1, letra a),
         primer guión, de la Directiva 89/48, y, por tanto, que el artículo 3 de esta Directiva les confiere el derecho, sin perjuicio
         de posibles medidas de compensación, de ejercer en España la profesión que, en virtud de estos títulos, están habilitados
         para ejercer en Italia.
      
      60      En contra de lo que sostiene el Reino de España, de la Directiva 89/48 no puede deducirse el requisito de que los interesados
         debían haber cursado toda o parte de su formación en un Estado miembro distinto del Reino de España.
      
      61      Puede señalarse, a este respecto, que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48 obliga al Estado miembro de acogida
         a aceptar, en todo caso, como prueba del cumplimiento de las condiciones de un reconocimiento de un título, los certificados
         y documentos expedidos por las autoridades competentes de los demás Estados miembros. En consecuencia, el Estado miembro de
         acogida no puede examinar el fundamento sobre el que se expidieron dichos documentos, aunque sí puede efectuar controles sobre
         aquellos requisitos establecidos en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 cuyo cumplimiento no se desprenda ya del
         tenor de dichos documentos.
      
      62      Además, si bien la definición del concepto de «título» que figura en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 contiene
         ciertas reservas sobre la aplicabilidad de esta Directiva a las cualificaciones adquiridas en terceros Estados, ni su artículo
         1, letra a), ni ningún otro de sus artículos contiene limitación alguna en cuanto al Estado miembro en que un solicitante
         debe haber adquirido sus cualificaciones profesionales.
      
      63      En efecto, dicho artículo 1, letra a), párrafo primero, establece expresamente que basta con que la formación se haya adquirido,
         «principalmente, en la Comunidad». Según la jurisprudencia, esta expresión comprende tanto la formación adquirida íntegramente
         en el Estado miembro que haya expedido el título académico de que se trate como la adquirida íntegra o parcialmente en otro
         Estado miembro (sentencia de 29 de abril de 2004, Beuttenmüller, C‑102/02, Rec. p. I‑5405, apartado 41).
      
      64      Además, no existe ningún motivo que pueda justificar tal limitación, pues la cuestión principal, a efectos de pronunciarse
         sobre la aplicabilidad de la Directiva 89/48, es si el solicitante está o no habilitado para ejercer una profesión regulada
         en un Estado miembro. Según el sistema establecido por esta Directiva, un título no se reconoce por el valor intrínseco de
         la formación que acredita, sino porque permite acceder a una profesión regulada en el Estado miembro en que se ha expedido
         o reconocido (sentencias Beuttenmüller, antes citada, apartado 52, y de 19 de enero de 2006, Colegio, C‑330/03, Rec. p. I‑801,
         apartado 19).
      
      65      En efecto, el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior establecido por la Directiva 89/48 está basado
         en la confianza recíproca que los Estados miembros tienen en las cualificaciones profesionales que otorgan. Este sistema establece,
         en sustancia, la presunción de que las cualificaciones de un solicitante habilitado para ejercer una profesión regulada en
         un Estado miembro son suficientes para el ejercicio de esta misma profesión en los demás Estados miembros.
      
      66      En el caso de autos es incuestionable que los denunciantes están debidamente habilitados para ejercer la profesión regulada
         de ingeniero en Italia.
      
      67      Dado que se ha habilitado a los denunciantes para ejercer la profesión regulada de que se trata en un Estado miembro distinto
         de aquel en que solicitan ejercer dicha profesión, su situación no puede ser calificada de puramente interna y, en consecuencia,
         deben desestimarse las alegaciones del Reino de España basadas, a este respecto, en la sentencia de 2 de julio de 1998, Kapasakalis
         y otros (C‑225/95 a C‑227/95, Rec. p. I‑4239), apartados 18 y 19. Según ha señalado la Comisión, el Tribunal de Justicia declaró
         en esta sentencia que la Directiva 89/48 no era aplicable porque los demandantes en el asunto principal no habían trabajado,
         ni estudiado, ni obtenido un título en otro Estado miembro. 
      
      68      El Reino de España considera, por otra parte, que la aplicación de la Directiva 89/48 permitiría eludir la distinción establecida
         por la Ley Orgánica 6/2001 entre títulos oficiales y títulos propios mediante un simple convenio privado entre dos universidades
         en virtud del cual una universidad de otro Estado miembro realiza un reconocimiento automático de títulos propios expedidos
         por una universidad española. Recuerda que el título de «Ingeniero Civil» que los denunciantes invocan no es un título oficial
         sino tan sólo un título propio de la Universidad de Alicante, que conforme a la Ley Orgánica 6/2001 carece de los efectos
         que las leyes atribuyen a los títulos oficiales y, por tanto, carece de validez a efectos académicos o profesionales en España.
         En consecuencia, los títulos académicos obtenidos por los denunciantes en España no permiten ejercer en este Estado miembro
         la profesión de ingeniero de caminos, canales y puertos. Por tanto, la invocación por los denunciantes, que cursaron sus estudios
         íntegramente en España, de las disposiciones de la Directiva 89/48 para acceder a pesar de ello a esta profesión debería,
         por tanto, calificarse de fraudulenta o abusiva.
      
      69      A este respecto debe señalarse que, en efecto, los nacionales de un Estado miembro no pueden, aprovechando las posibilidades
         creadas por el Derecho comunitario, intentar evitar abusivamente la aplicación de su legislación nacional. Tampoco pueden
         invocar las normas comunitarias de forma abusiva o fraudulenta (sentencias de 7 de febrero de 1979, Knoors, 115/78, Rec. p. 399,
         apartado 25; de 3 de octubre de 1990, Bouchoucha, C‑61/89, Rec. p. I‑3551, apartado 14; de 9 de marzo de 1999, Centros, C‑212/97,
         Rec. p. I‑1459, apartado 24, y de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, Rec.
         p. I-7995, apartado 35).
      
      70      No obstante, aunque los órganos jurisdiccionales nacionales puedan, en cada caso concreto, basándose en elementos objetivos,
         tener en cuenta el comportamiento abusivo o fraudulento de las personas afectadas a fin de denegarles, en su caso, el beneficio
         de las disposiciones de Derecho comunitario invocadas, al apreciar este comportamiento deben tomar en consideración igualmente
         los objetivos perseguidos por las disposiciones comunitarias controvertidas (sentencia Centros, antes citada, apartado 25).
      
      71      El sistema general de reconocimiento establecido por la Directiva 89/48 precisamente tiene por objeto que los nacionales de
         un Estado miembro habilitados para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro puedan acceder a esta misma profesión
         en otros Estados miembros.
      
      72      En estas circunstancias, el hecho de que un nacional de un Estado miembro que desea ejercer una profesión regulada elija acceder
         a ella en el Estado miembro de su preferencia no puede constituir, en sí mismo, un uso abusivo del sistema general de reconocimiento
         establecido por la Directiva 89/48. En efecto, el derecho de los nacionales de un Estado miembro a elegir el Estado miembro
         en que prefieren adquirir sus cualificaciones profesionales es inherente al ejercicio, en un mercado único, de las libertades
         fundamentales garantizadas por el Tratado CE.
      
      73      De estas consideraciones se deduce que, en virtud del artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48, el Reino
         de España debe reconocer, sin perjuicio de posibles medidas de compensación, no sólo los títulos de ingeniero italianos cuando
         la formación cursada para obtenerlos se haya desarrollado total o parcialmente en Italia, sino también los títulos expedidos
         por las autoridades competentes italianas al término de una formación impartida íntegramente en España. 
      
      74      En todo caso, según señala el Reino de España en su escrito de contestación, el primer motivo formulado por la Comisión en
         el presente recurso por incumplimiento, a diferencia de lo que dan a entender sus pretensiones, no se refiere a una negativa
         categórica de las autoridades españolas competentes a reconocer todas las cualificaciones profesionales de ingeniería italianas,
         sino tan sólo a una negativa a reconocer cualificaciones profesionales de ingeniería obtenidas en Italia sobre la base de
         una formación universitaria impartida únicamente en España. Por tanto, procede limitar el fallo de la presente sentencia conforme
         a estas consideraciones.
      
       Sobre el segundo motivo, basado en el requisito de homologación de los títulos obtenidos en otro Estado miembro para poder
            participar en pruebas de promoción interna en la función pública en España
      75      Mediante su segundo motivo, la Comisión impugna el requisito de homologación de cualquier título extranjero, prevista por
         las Órdenes MAM/1266/2003 y APU/423/2005, para poder obtener una promoción en el seno de la Administración General del Estado.
         Esta exigencia infringe el artículo 3 de la Directiva 89/48, aplicable tanto al ejercicio de una profesión regulada como al
         acceso a ella.
      
      76      En consecuencia, según la Comisión, cuando un nacional de un Estado miembro ejerce la profesión de ingeniero en el seno de
         la Administración General del Estado, las condiciones de dicho ejercicio deben incluir las posibilidades de promoción y, por
         consiguiente, los requisitos relativos a la participación en pruebas de selección interna. El requisito de homologación del
         título hace más difícil la promoción interna, y por ende el ejercicio de la profesión, para los nacionales de un Estado miembro
         que se hallan en posesión del título profesional prescrito en otro Estado miembro que para aquellos que se hallen en posesión
         del título requerido en España.
      
      77      El Reino de España señala que en la medida en que en la Administración General del Estado todo funcionario puede, en principio,
         ser adscrito a puestos de diferentes tipos, los puestos no se proveen en función de una cualificación profesional determinada,
         sino de grados académicos, a saber, doctor, licenciado, ingeniero o arquitecto. La decisión de reconocimiento que permite
         el acceso a una profesión regulada no indica el nivel del grado académico requerido. En estas circunstancias, la homologación
         es necesaria para determinar el grado académico de un candidato que ha adquirido sus cualificaciones en otro Estado miembro.
      
      78      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que cuando sea aplicable la Directiva 89/48, un organismo público de un Estado miembro,
         obligado a respetar las normas establecidas por esta Directiva, ya no podrá exigir la homologación de los títulos de un interesado
         por las autoridades nacionales competentes como requisito previo al acceso a la profesión de que se trate (véanse, en este
         sentido, las sentencias de 8 de julio de 1999, Fernández de Bobadilla, C‑234/97, Rec. p. I‑4773, apartado 27, y de 14 de julio
         de 2005, Peros, C‑141/04, Rec. p. I‑7163, apartado 35).
      
      79      Tal como ha señalado la Comisión, el artículo 3 de la Directiva 89/48 exige que los títulos expedidos en un determinado Estado
         miembro permitan a sus poseedores no sólo acceder a una profesión regulada en otro Estado miembro sino también ejercerla allí
         en las mismas condiciones que los poseedores de títulos nacionales.
      
      80      En consecuencia, compete a las autoridades nacionales garantizar que quienes han obtenido una cualificación profesional en
         otro Estado miembro tengan las mismas posibilidades de promoción que quienes poseen la cualificación profesional nacional
         equivalente. Así, en el caso de autos, si bien en España normalmente ejercen la profesión de ingeniero de caminos, canales
         y puertos los poseedores de un título español obtenido al término de cinco años de estudios, las personas que posean títulos
         que hayan sido expedidos en otros Estados miembros y que los habiliten para ejercer esta misma profesión en España, tras haberse
         sometido, en su caso, a medidas de compensación, deben tener las mismas posibilidades de promoción que las personas que posean
         el título español. Estas consideraciones son independientes del número de años académicos requeridos para obtener el título
         en cuestión.
      
      81      En efecto, cuando se ha reconocido un título expedido en otro Estado miembro en aplicación de la Directiva 89/48, tras haberse
         impuesto, en su caso, medidas de compensación, se considera que confiere las mismas cualificaciones profesionales que el título
         español equivalente. En estas circunstancias, el hecho de privar al poseedor de un título expedido en otro Estado miembro
         de las posibilidades de promoción que tiene el poseedor del título español equivalente, por el mero hecho de haber obtenido
         dicho título al término de una formación más breve, supondría perjudicar a los poseedores de un título de otro Estado miembro
         simplemente por haber adquirido cualificaciones equivalentes de modo más rápido.
      
      82      En consecuencia, el requisito de homologación no es compatible con el artículo 3 de la Directiva 89/48, al menos en la medida
         en que constituye un requisito previo para poder participar en pruebas de promoción interna, incluso para los candidatos que
         únicamente invocan un título expedido en otro Estado miembro y reconocido en aplicación de la Directiva 89/48.
      
      83      Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, debe declararse que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
         que le incumben en virtud de la Directiva 89/48, en particular de su artículo 3,
      
      –        al denegar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia sobre la base de una formación
         universitaria impartida únicamente en España, y 
      
      –        al supeditar la admisión a las pruebas de promoción interna en la función pública de ingenieros en posesión de cualificaciones
         profesionales obtenidas en otro Estado miembro al reconocimiento académico de dichas cualificaciones.
      
       Costas
      84      En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas al Reino de España y han
         sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
      1)      Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/48/CEE del Consejo,
            de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan
            formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento
            Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2001, en particular de su artículo 3,
      –        al denegar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de ingeniero obtenidas en Italia sobre la base de una formación
            universitaria impartida únicamente en España, y
      –        al supeditar la admisión a las pruebas de promoción interna en la función pública de ingenieros en posesión de cualificaciones
            profesionales obtenidas en otro Estado miembro al reconocimiento académico de dichas cualificaciones.
      2)      Condenar en costas al Reino de España.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: español.