CELEX: C2002/180/33
Language: es
Date: 2002-07-27 00:00:00
Title: Asunto C-234/02 P: Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2002 por el Defensor del Pueblo Europeo contra la sentencia dictada el 10 de abril de 2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-209/00 promovido por F. Lamberts contra el Defensor del Pueblo Europeo

27.7.2002              ES                       Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 180/19
La República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que:             Recurso de casación interpuesto el 24 de junio de 2002
                                                                         por el Defensor del Pueblo Europeo contra la sentencia
                                                                         dictada el 10 de abril de 2002 por la Sala Tercera
                                                                         del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
—    Anule la decisión mediante la cual la Comisión concluyó          Europeas en el asunto T-209/00 promovido por F. Lam-
     con los Estados Unidos directrices sobre cooperación en                    berts contra el Defensor del Pueblo Europeo
     el ámbito normativo y sobre transparencia.
                                                                                                (Asunto C-234/02 P)
                                                                                                   (2002/C 180/33)
—    Condene en costas a la Comisión.
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                         presentado el 24 de junio de 2002 un recurso de casación
                                                                         formulado por el Defensor del Pueblo Europeo, asistido y
                                                                         representado por el Sr. J. Sant’Anna, que designa domicilio en
                                                                         Luxemburgo, contra la sentencia dictada el 10 de abril de
                                                                         2002 por la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de
                                                                         las Comunidades Europeas en el asunto T-209/00, promovido
Motivos y principales alegaciones                                        en su contra por F. Lamberts.
                                                                         La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
—    A pesar de la cuidadosa redacción dada al documento
     adjunto a una nota que la Comisión envió al Comité 133,           —     Anule la resolución recurrida por lo que respecta a la
     encargado de la polı́tica comercial común, existen ele-                  admisibilidad del recurso de indemnización de la senten-
     mentos de fondo que conducen al Gobierno francés a                        cia dictada el 10 de abril de 2002 por el Tribunal de
     considerar que las directrices constituyen un verdadero                   Primera Instancia en el asunto T-209/00, Frank Lamberts/
     compromiso que crea obligaciones para las partes. Las                     Defensor del Pueblo Europeo, y declare en consecuencia
     directrices presentan, con gran precisión, los objetivos                 la inadmisibilidad de dicho recurso.
     perseguidos, el marco de actuación y las medidas que
     deben adoptarse para alcanzar los objetivos fijados. El
     hecho de que dichas directrices no estén destinadas en sı́          Motivos y principales alegaciones
     mismas a modificar el estado del Derecho comunitario
     no puede ocultar que implican, al menos, un compromiso
     de cooperación para las partes. Por otro lado, las disposi-        Vulneración del Derecho comunitario:
     ciones que figuran en el tı́tulo VI de las directrices, relativo
     al control de su aplicación, demuestran claramente el              La resolución recurrida es contraria al esquema constitucional
     carácter obligatorio del compromiso de cooperación                previsto en el Tratado con respecto a la responsabilidad del
     suscrito por las partes. La existencia de un mecanismo de           Defensor del Pueblo. Al controlar la legalidad del procedi-
     control pone de manifiesto que los autores de las                   miento de investigación seguido por el Defensor del Pueblo y
     directrices han excluido claramente la posibilidad de que           la decisión relativa al archivo del asunto, el Tribunal de Primera
     las partes se escuden en el carácter voluntario de la              Instancia ignoró los lı́mites del control jurisdiccional de la
     cooperación para neutralizar el compromiso suscrito.               actividad del Defensor del Pueblo. Controló el ejercicio de la
                                                                         actividad del Defensor del Pueblo, función que el Tratado
                                                                         reserva al Parlamento Europeo y que éste ya habı́a ejercido.
     Dado que dichas directrices constituyen un acuerdo
     internacional a efectos del artı́culo 300 CE, el acto por el        Al declarar admisible el asunto, el Tribunal de Primera
     que la Comisión decidió su conclusión adolece de un              Instancia no respetó la distinción existente entre el recurso de
     vicio de incompetencia y debe ser anulado.                          indemnización, por un lado, y los recursos de anulación y por
                                                                         omisión, por otro. El Defensor del Pueblo no niega en absoluto
                                                                         la posibilidad de que un ciudadano interponga un recurso de
                                                                         indemnización contra el Defensor del Pueblo cuando una
—    Las directrices también son contrarias al Tratado CE, en            acción o un comportamiento lesivo de éste le haya causado un
     la medida en que establecen una restricción al monopolio           perjuicio. Pues bien, si bien reconoce el Tribunal de Primera
     de iniciativa de que disfruta la Comisión en el marco del          Instancia consideró acertadamente que el Tratado concede a
     procedimiento normativo comunitario y afectan a dicho               los ciudadanos el derecho a dirigir una reclamación al Defensor
     procedimiento normativo en su conjunto.                             del Pueblo y a recibir una respuesta de éste, estimó errónea-
                                                                         mente que podı́a controlar las investigaciones realizadas por el
                                                                         Defensor del Pueblo y las conclusiones que de ellas se derivan
                                                                         para comprobar que no existió una falta que ocasionara un
                                                                         perjuicio al ciudadano. No existe ninguna tradición constitu-
                                                                         cional común de someter a control jurisdiccional las investiga-
                                                                         ciones y decisiones adoptadas por los Defensores del Pueblo.
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Muy al contrario, en los paı́ses nórdicos, donde nació esta          numerosos recursos de anulación o recursos por omisión
institución, se excluye tal control por razones constitucionales      contra el Defensor del Pueblo bajo la forma de supuestos
basadas en las competencias y funciones respectivas de los             recursos de indemnización.
órganos jurisdiccionales y de los Defensores del Pueblo.
                                                                       En el presente caso, debe reconocerse que el recurso de
Al ejercer un control sobre el deber de informar al ciudadano          indemnización, pese a que se interpuso contra el Defensor del
que plantea una reclamación, el valor de la documentación            Pueblo, perseguı́a de forma evidente la reparación de un daño
recibida en determinados plazos, el respeto de los plazos de           causado por la acción de la Comisión Europea, en relación con
procedimiento y la validez de las conclusiones que el Defensor         la cual el ciudadano habı́a planteado una reclamación ante el
del Pueblo extrae de las investigaciones sobre la posibilidad de       Defensor del Pueblo. Al declarar la admisibilidad del recurso,
una solución amistosa, el Tribunal de Primera Instancia ha            siendo ası́ que el perjuicio objeto de la reclamación habı́a sido
vuelto a cuestionar la distinción entre el recurso de anulación      originado por la institución afectada por dicha reclamación,
y el recurso por omisión, por un lado, y el de indemnización,        el Tribunal de Primera Instancia debió considerar que las
por otro. Al aceptar ejercer un control de legalidad sobre el          investigaciones del Defensor del Pueblo persiguen proteger los
conjunto del procedimiento de investigación realizado por el          intereses de los ciudadanos lesionados y que han sufrido
Defensor del Pueblo y sobre sus conclusiones, el Tribunal de           un perjuicio a causa de un comportamiento lesivo de las
Primera Instancia abre la posibilidad de que se planteen               instituciones, lo que no ocurrió en este caso.