CELEX: C2004/156/10
Language: es
Date: 2004-06-12 00:00:00
Title: Asunto C-174/04: Recurso interpuesto el 13 de abril de 2004 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas

12.6.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 156/5
            
         Recurso interpuesto el 13 de abril de 2004 contra la República Italiana por la Comisión de las Comunidades Europeas
   (Asunto C-174/04)
   (2004/C 156/10)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 13 de abril de 2004 un recurso contra la República Italiana formulado por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Enrico Traversa y Claudio Loggi, en calidad de agentes.
   La demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
   
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               Declare que el Decreto-Ley no 192, de 25 de mayo de 2001, convertido en Ley no 301, de 20 de julio de 2001, por el que se establecen «Disposiciones urgentes para salvaguardar los procesos de liberalización y privatización de sectores específicos de los servicios públicos», es incompatible con el artículo 56 CE en la medida en que establece la suspensión automática de los derechos de voto inherentes a las acciones que superen el límite del 2 % del capital social de sociedades que operan en los sectores de la electricidad y del gas.
            
         
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               Condene en costas a la República Italiana.
            
         Motivos y principales alegaciones
   El Decreto-Ley no 192/2001 es incompatible con el artículo 56 CE porque establece la suspensión automática de los derechos de voto inherentes a las acciones que superen el límite del 2 % del capital social de sociedades que operan en los sectores de la electricidad y del gas. Dicho límite implica dispensar un trato diferenciado y restrictivo a las inversiones efectuadas por una categoría concreta de inversores y, por tanto, obstaculiza la libre circulación de capitales en el interior de la Comunidad Europea. En concreto, la citada restricción disuade de adquirir participaciones en las sociedades de que se trata a toda empresa pública que pueda estar interesada, ya que a dicha empresa no le resultaría posible intervenir eficazmente en la adopción de decisiones de la sociedad ni influir en su gestión.