CELEX: 62002CC0168
Language: es
Date: 2004-01-15 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 15 de enero de 2004. # Rudolf Kronhofer contra Marianne Maier y otros. # Petición de decisión prejudicial: Oberster Gerichtshof - Austria. # Convenio de Bruselas - Artículo 5, número 3 - Competencia en materia delictual o cuasidelictual - Lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso - Perjuicio patrimonial sufrido como consecuencia de inversiones de capital realizadas en otro Estado contratante. # Asunto C-168/02.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. PHILIPPE LÉGERpresentadas el 15 de enero de 2004(1)
         Asunto C‑168/02Rudolf KronhofercontraMarianne Maier,Christian Möller,Wirich HofiusyZeki Karan[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Austria)]
            «Convenio de Bruselas  –  Artículo 5, número 3  –  Competencias especiales en materia delictual o cuasidelictual  –  Determinación del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso»
            
      
         
       1.        En este asunto, el Oberster Gerichtshof (Austria) (Tribunal Supremo), solicita al Tribunal de Justicia que precise el alcance
      del artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
      resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
         			(2)
         		
      
       2.        Más concretamente, se trata de determinar si el concepto «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» al que se refiere
      ese artículo puede comprender el lugar del domicilio del perjudicado, en el que se halle «el centro de su patrimonio», de
      modo que el perjudicado estuviera facultado para ejercitar una acción de indemnización de daños y perjuicios ante el órgano
      jurisdiccional correspondiente. Este problema se plantea en el contexto específico de una acción de indemnización del perjuicio
      económico sufrido por un particular a raíz de la realización de operaciones bursátiles que afectaron a una parte de su patrimonio
      que había invertido previamente en un Estado contratante distinto del de su domicilio.
      
      
      
            I.
            Marco jurídico 3.        El artículo 2, párrafo primero, del Convenio de Bruselas enuncia el principio de que «las personas domiciliadas en un Estado
      contratante estarán sometidas [...] a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado».
      
      
       4.        Además de esa competencia general, el Convenio de Bruselas prevé diversas competencias especiales de carácter optativo, que
      facultan al demandante para ejercitar su acción ante tribunales distintos de los del Estado del domicilio del demandado.
      
      
       5.        Entre esas reglas sobre competencias especiales figura la contenida en el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas,
      que prevé que, en materia delictual o cuasidelictual, una persona puede ser demandada ante el tribunal «del lugar donde se
      hubiere producido el hecho dañoso».
      
      
       6.        De la jurisprudencia se desprende que, en el caso de que el lugar donde se origina el hecho del que puede derivar una responsabilidad
      delictual o cuasidelictual y el lugar en que este hecho haya ocasionado un daño no sean idénticos, la expresión «lugar donde
      se hubiere producido el hecho dañoso» del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas debe entenderse en el sentido de
      que se refiere al mismo tiempo al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante, de lo que resulta que
      la acción judicial frente al demandado puede ser entablada, a elección del demandante, ante el tribunal de uno u otro de esos
      lugares. 
         			(3)
         		
      
      
            II.
            Hechos y procedimiento principal 7.        El Sr. Rudolf Kronhofer, domiciliado en Austria, ejercitó ante un tribunal austriaco una acción de responsabilidad contra
      varias personas domiciliadas en Alemania, en su condición de administradores o asesores de inversión de la sociedad de gestión
      de patrimonio Protectas Vermögensverwaltungs GmbH (en lo sucesivo, «Protectas»), con domicilio social también en Alemania.
      
      
       8.        Con dicha acción el demandante pretende obtener la indemnización del perjuicio económico que alega haber sufrido a causa de
      la conducta de los demandados, que le indujeron, por teléfono, a celebrar un contrato sobre opciones de compra de acciones,
      sin haberle advertido de los riesgos de esa operación.
      
      
       9.        A raíz de esa oferta, el Sr. Kronhofer transfirió a Alemania la cantidad de 82.500 USD, en una cuenta de inversión gestionada
      por Protectas. Esta cantidad fue invertida, en la plaza financiera de Londres (Reino Unido), en opciones de compra de carácter
      extremadamente especulativo, denominadas «call options». La operación bursátil se saldó con la pérdida de una parte de la
      suma invertida.
      
      
       10.      En concepto de indemnización de su perjuicio, el Sr. Kronhofer reclama ante los tribunales austriacos el pago de la cantidad
      de 31.521,26 USD. En apoyo de su demanda, alega que los tribunales austriacos son competentes, en aplicación del artículo
      5, número 3, del Convenio de Bruselas, ya que el perjuicio que invoca sobrevino en Austria, en el lugar de su domicilio.
      
      
       11.      El tribunal que conoció en primera instancia (Landesgericht Feldkirch) (Austria) se declaró incompetente, en razón de que
      la demanda de indemnización se fundaba en un contrato y no en un acto ilícito, por lo que el artículo 5, número 3, del Convenio
      de Bruselas no era aplicable y por tanto no podía constituir el fundamento de la competencia de los tribunales austriacos.
      El Sr. Kronhofer recurrió en apelación contra esta resolución.
      
      
       12.      El tribunal que conoció de la apelación (Oberlandesgericht Innsbruck) (Austria) se declaró también incompetente, si bien por
      motivos distintos del apreciado por el tribunal que conoció en primera instancia. Reconoció que la demanda del interesado
      se fundaba exclusivamente en actos delictuales, de modo que era aplicable el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas.
      Estimó sin embargo que la aplicación de estas normas no podía sustentar su competencia, puesto que ni el lugar del hecho causante
      ni el de realización del daño se hallaban en Austria.
      
      
       13.      Respecto al lugar del hecho causante, según el tribunal que conoció de la apelación, corresponde al lugar desde donde los
      demandados telefonearon al demandante para inducirle a celebrar el contrato que originó la operación bursátil controvertida,
      es decir, Alemania. En lo que se refiere al lugar de realización del daño, según ese tribunal, también se halla en Alemania,
      en el lugar donde se abrió la cuenta de inversión del interesado a la que éste transfirió las cantidades que seguidamente
      fueron invertidas y en la que se contabilizaron las pérdidas económicas de que se trata. En este aspecto, el tribunal de apelación
      destacó que dicho análisis no puede desvirtuarse por el hecho de que las pérdidas económicas sufridas por el Sr. Kronhofer
      hayan incidido finalmente en su patrimonio en conjunto, «como unidad».
      
      
       14.      El interesado recurrió en «Revision» (casación austriaca) contra esa resolución ante el Oberster Gerichsthof. Este tribunal
      indicó en primer lugar que, suponiendo, como alega el Sr. Kronhofer, que nunca hubieran existido relaciones contractuales
      entre las partes litigantes, su demanda se funda ciertamente en actos delictuales, y no en un contrato. 
         			(4)
         		
      
       15.      Establecida esa premisa, el Oberster Gerichtshof examinó su propia competencia, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal
      de Justicia sobre el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» enunciado por el artículo 5, número 3,
      del Convenio de Bruselas.
      
      
       16.      En lo que atañe al lugar del hecho causante, ese tribunal estimó que el perjuicio alegado no nace, como sostiene el Sr. Kronhofer,
      de la operación mediante la que decidió en Austria transferir determinados fondos a una cuenta de inversión en Alemania, sino
      del hecho de que, en contra de lo que se le manifestó por teléfono, los fondos de que se trata fueron invertidos por la sociedad
      de inversión alemana en opciones especulativas que causaron las pérdidas económicas del interesado.
      
      
       17.      Por lo que se refiere al lugar de realización del daño, el Oberster Gerichtshof se inclina a considerar que la jurisprudencia
      del Tribunal de Justicia en la materia, basada en la distinción entre el perjuicio inicial y el perjuicio secundario, no es
      aplicable a este asunto. 
         			(5)
         		 La particularidad de la situación discutida, según aduce el Sr. Kronhofer, consiste en el hecho de que la pérdida de una
      parte de su patrimonio, invertido en un Estado contratante distinto del de su domicilio, afectó simultáneamente y en igual
      grado al conjunto de su patrimonio, por lo que se trata de perjuicios idénticos y simultáneos, y no de perjuicios secundarios
      o derivados.
      
      
       18.      Teniendo en cuenta esas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si habría que considerar, como punto
      de referencia para determinar el lugar de realización del daño, el lugar donde se halla, según el demandante, «el centro de
      su patrimonio», y por tanto el lugar de su domicilio o residencia habitual.
      
      
      
            III.
            Cuestión prejudicial 19.      El Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y formular al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
      «La expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” que figura en el artículo 5, número 3, del Convenio de 27
      de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
      ¿debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de un daño puramente patrimonial producido como consecuencia de la inversión
      de parte del patrimonio de la persona perjudicada, comprende también el lugar en el que se encuentra el domicilio de dicha
      persona, siendo así que la inversión se realizó en otro Estado miembro de la Comunidad?»
      
      
      
            IV.
            Análisis 20.      Mediante dicha cuestión, el órgano jurisdiccional remitente trata de saber, en esencia, si el artículo 5, número 3, del Convenio
      de Bruselas debe ser interpretado en el sentido de que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» puede
      incluir el lugar del domicilio del demandante donde se halle «el centro de su patrimonio», en razón de que es en este lugar
      en donde el demandante ha sufrido un perjuicio económico que afecta al conjunto de su patrimonio, causado por la pérdida de
      una parte de ese patrimonio acontecida, y sufrida por él, en otro Estado contratante.
      
      
       21.      En mi opinión, ha de responderse negativamente a esa cuestión. Una demanda que se encuadra exclusivamente en la categoría
      «materia delictual o cuasidelictual», en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, 
         			(6)
         		 no puede, por esa única razón, ser interpuesta ante los tribunales del Estado del domicilio del demandante
      
      
       22.      Sustentaré mi análisis en tres grupos de argumentos, relativos, el primero, al sistema general del Convenio de Bruselas, el
      segundo, a las exigencias de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso, y el tercero, a
      la necesidad de definir atribuciones de competencia ciertas y previsibles.
      
      
       23.      En primer lugar, por lo que se refiere al sistema general del Convenio de Bruselas, es importante recordar que el régimen
      de atribución de competencia establecido por aquél descansa en el principio general de la competencia de los tribunales del
      Estado contratante del domicilio del demandado (artículo 2, párrafo primero, del Convenio).
      
      
       24.      Es más, como el Tribunal de Justicia destacó en la sentencia Dumez France y Tracoba, antes citada, «el Convenio ha recogido
      en su artículo 2, a modo de regla general, el de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado,
      manifestando, por otra parte su preferencia respecto a la competencia de los tribunales del domicilio del demandante, dado
      que en el párrafo 2 de su artículo 3 se descarta la aplicación de aquellas disposiciones nacionales que prevean dicho fuero
      frente a demandados cuyos domicilios radiquen en el territorio de un Estado contratante». 
         			(7)
         		
      
       25.      Sólo de modo excepcional, en atención a determinadas circunstancias específicas, el Convenio de Bruselas ha establecido expresamente,
      en su artículo 14 y en los artículos 5, número 2, y 8, número 2, la competencia de los tribunales del Estado contratante del
      domicilio del demandante, estos es, la competencia del forum actoris. Esos regímenes especiales se dispusieron con el fin de proteger al consumidor o al tomador del seguro, como parte en el
      contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experta que el otro contratante profesional, así como
      al acreedor de alimentos a quien se presume en estado de necesidad. 
         			(8)
         		
      
       26.      Con la excepción de esos supuestos expresamente previstos por el Convenio de Bruselas, los tribunales del Estado contratante
      del domicilio del demandante no están llamados, en principio, a ser competentes, en particular con fundamento en el artículo
      5, número 3, del Convenio. 
         			(9)
         		
      
       27.      En efecto, sólo como excepción a la regla general de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado
      el Título II, sección 2, del Convenio de Bruselas prevé varias atribuciones de competencia especiales, cuya elección depende
      del demandante. Entre esas reglas de competencia especiales figura la del artículo 5, número 3, del Convenio.
      
      
       28.      Así pues, debe interpretarse el artículo 5, número 3, de modo estricto, 
         			(10)
         		 «so pena de vaciar de su contenido el principio general de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante
      en cuyo territorio el demandado tiene su domicilio, principio consagrado en el párrafo primero del artículo 2 del Convenio,
      y de llegar a reconocer, fuera de los supuestos expresamente previstos, la competencia de los órganos jurisdiccionales del
      domicilio del demandante, que el Convenio consideró de un modo desfavorable [...]». 
         			(11)
         		 Como expondré a continuación, esa interpretación de lo dispuesto en el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas debe
      atender a las exigencias de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso.
      
      
       29.      En segundo lugar, por lo que se refiere a las exigencias de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada
      del proceso, merece recordarse que las competencias especiales previstas en el Título II, sección 2, del Convenio de Bruselas,
      entre las que está la del artículo 5, número 3, «se basan en la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre el
      litigio y otros tribunales distintos de los del domicilio del demandado, que justifique la atribución de competencia a dichos
      órganos jurisdiccionales en aras de una recta administración de justicia, así como de un desarrollo satisfactorio del proceso». 
         			(12)
         		
      
       30.      Como señalé, en la sentencia Mines de potasse d'Alsace, antes citada, el Tribunal de Justicia afirmó que, en el caso de que
      el lugar del hecho causante y el lugar donde se haya ocasionado el daño no sean idénticos, el concepto «lugar donde se hubiere
      producido el hecho dañoso» en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas puede abarcar cualquiera de esos
      lugares. 
         			(13)
         		
      
       31.      Esa jurisprudencia se funda precisamente en consideraciones relativas a la buena administración de la justicia y a la sustanciación
      adecuada del proceso.
      
      
       32.      El Tribunal de Justicia manifestó en efecto que la responsabilidad delictual o cuasidelictual sólo surge cuando puede establecerse
      un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. 
         			(14)
         		 De ello dedujo que, teniendo en cuenta la estrecha relación entre los elementos constitutivos de toda responsabilidad, no
      parece adecuado optar por uno de los dos puntos de conexión relevantes, a saber, el lugar del hecho causante y el lugar en
      que se materializa el daño, excluyendo el otro, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar indicaciones
      particularmente útiles desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso. 
         			(15)
         		
      
       33.     Únicamente por esas razones estimó el Tribunal de Justicia que el significado de la expresión «lugar donde se hubiere producido
      el hecho dañoso» enunciada en el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, debe determinarse de manera que se reconozca
      al demandante la opción de ejercitar su acción, bien en el lugar donde se haya materializado el daño, bien en el lugar en
      el que se haya producido el hecho causante. 
         			(16)
         		
      
       34.      El Tribunal de Justicia se fundó sólo en la necesidad de garantizar la competencia de los tribunales que están objetivamente
      mejor situados para apreciar si, en las circunstancias del litigio, concurren los elementos constitutivos de la responsabilidad.
      En otras palabras, su motivación no fue la de reservar al perjudicado el privilegio de su foro, al modo de los artículos 5,
      número 2, 8, número 2, y 14 del Convenio de Bruselas.
      
      
       35.      No puede pues interpretarse la sentencia Mines de potasse d'Alsace, antes citada, como la afirmación en materia de responsabilidad
      delictual o cuasidelictual de la competencia del forum actoris, aunque sea posible que, en casos singulares, uno u otro de los criterios de competencia definidos en esa sentencia, esto
      es, el lugar del hecho causante o el lugar en que se materializa el daño, coincida en la práctica con el lugar del domicilio
      del perjudicado.
      
      
       36.      La sentencia Marinari, antes citada, confirma claramente este análisis. En efecto, conforme a esta lógica de buena administración
      de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso, el Tribunal de Justicia precisó que el concepto de «lugar donde se
      hubiere producido el hecho dañoso», en el sentido del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas «no puede interpretarse
      de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales
      de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar». 
         			(17)
         		
      
       37.      En consecuencia, el Tribunal de Justicia manifestó que «el referido concepto no puede interpretarse en el sentido de que incluya
      el lugar en el que la víctima [...] alega haber sufrido un perjuicio patrimonial consecutivo a un daño inicial sobrevenido
      y sufrido por ella en otro Estado contratante». 
         			(18)
         		
      
       38.      Para la mejor comprensión del alcance de la sentencia Marinari, antes citada, se ha de recordar que en ese asunto un particular,
      domiciliado en Italia, había ejercitado ante un tribunal italiano una acción contra el Lloyd's Bank, con domicilio social
      en Londres, la conducta de cuyos empleados había causado la incautación de los pagarés que había depositado en esa entidad,
      en razón de su dudosa procedencia, y su detención en el territorio británico. Mediante su acción, el demandante había solicitado
      el pago del contravalor de los pagarés que no le habían sido restituidos, por una parte, y la reparación de los perjuicios
      sufridos como consecuencia de su detención, así como del incumplimiento de varios contratos y de la lesión de su reputación,
      por otra.
      
      
       39.      Como destacó el Abogado General Sr. Darmon en sus conclusiones en el asunto Marinari, antes citado, se trataba de una situación
      en la que el hecho causante (comportamiento reprochado a los empleados del banco) y las consecuencias lesivas directas (incautación
      de los pagarés y prisión del interesado) se localizaban en un único territorio (Reino Unido) y en el que esos daños iniciales
      causaron una disminución del patrimonio del perjudicado (pérdidas económicas resultantes del incumplimiento de varios contratos)
      en otro Estado contratante (Italia). 
         			(19)
         		
      
       40.      Por tanto, no era ésa la misma situación que la examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Mines de potasse d'Alsace,
      antes citada, en la que el lugar del hecho causante se situaba en el territorio de un Estado distinto del de la materialización
      del daño en general y en el que, en consecuencia, era preciso reconocer una opción de competencia a fin de no excluir uno
      u otro de esos puntos de conexión relevantes para la apreciación de los elementos constitutivos de la responsabilidad.
      
      
       41.      Dicho de otro modo, en el asunto Marinari, antes citado, el único elemento invocado para que se reconociera la competencia
      de los tribunales italianos, en lugar de los británicos, consistía en el hecho de que el interesado había sufrido en Italia
      un perjuicio económico derivado de un daño inicial acaecido y sufrido en el Reino Unido. Este elemento de conexión no fue
      estimado suficientemente relevante para justificar el reconocimiento de la competencia de los tribunales italianos.
      
      
       42.      Esta jurisprudencia sigue la lógica de la sentencia Dumez France y Tracoba, antes citada.
      
      
       43.      En efecto, en el asunto Dumez France y Tracoba, antes citado, el daño alegado sólo era consecuencia indirecta del perjuicio
      inicialmente sufrido por otras personas jurídicas que fueron directamente víctimas del daño materializado en un lugar distinto
      de aquél en el que la víctima indirecta o de rebote sufrió su propio perjuicio a continuación.
      
      
       44.      Ante una situación como la descrita, el Tribunal de Justicia estimó que «[...] el concepto de “lugar donde se hubiere producido
      el hecho dañoso”, contemplado en el artículo 5, número 3, del Convenio [...] sólo cabe entenderlo referido al lugar en el
      que el hecho causal generador de la responsabilidad delictual o cuasidelictual haya desplegado sus efectos dañosos respecto
      de quien sea su víctima inmediata». 
         			(20)
         		 En otras palabras, esa disposición del Convenio de Bruselas no puede ser interpretada en el sentido de que «legitime a un
      demandante que invoque un daño del que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por terceros, víctimas directas del
      hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los tribunales competentes en virtud del lugar en el que el propio
      demandante haya experimentado el daño en su propio patrimonio». 
         			(21)
         		
      
       45.      Al igual que el Sr. Zeki Karan, el Gobierno austriaco y la Comisión de las Comunidades Europeas, opino que el criterio válido,
      según las sentencias antes citadas Dumez France y Tracoba, así como Marinari, para un perjuicio patrimonial derivado o indirecto,
      es decir, accesorio de un daño inicial acaecido y sufrido por un perjudicado directo en otro Estado contratante, lo es también
      necesariamente, y con mayor razón, para un perjuicio patrimonial que trasciende, simultáneamente y en igual grado, a un Estado
      contratante distinto de aquél en el que se produce y es sufrido por ese mismo perjudicado.
      
      
       46.      En efecto, en ese supuesto, nada justifica atribuir la competencia a los tribunales de un Estado contratante distinto de aquél
      en cuyo territorio se localizan tanto el hecho causante como la materialización del daño en su integridad, esto es, todos
      los elementos constitutivos de la responsabilidad. Esa nueva atribución de competencia no serviría a ninguna necesidad objetiva
      en el orden de la prueba o de la tramitación del proceso. Reconocer esa atribución de competencia equivaldría a ampliar la
      opción del demandante más allá de las circunstancias singulares que la justifican.
      
      
       47.      En tercer lugar, por lo que respecta a la necesidad de definir atribuciones de competencia ciertas y previsibles, se ha de
      recordar que, según el Tribunal de Justicia, constituye un objetivo esencial del Convenio de Bruselas. 
         			(22)
         		
      
       48.      Pues bien, vincular una atribución de competencia al lugar del domicilio del demandante en el que se halle «el centro de su
      patrimonio» se opondría manifiestamente a ese objetivo esencial.
      
      
       49.      En efecto, como destacó con razón la Comisión, es muy de temer que la determinación de los tribunales competentes en función
      del lugar del domicilio del demandante o del lugar donde se halle «el centro de su patrimonio» origine graves dificultades,
      tanto más cuando, suponiendo que sean determinados, esos lugares no coinciden necesariamente en derecho ni de hecho.
      
      
       50.      Se sigue de ello que tales criterios de competencia tampoco cumplirían la exigencia de previsibilidad recordada por el Tribunal
      de Justicia, con mayor razón en el supuesto de que el lugar del domicilio o el del «centro del patrimonio» fueran en esas
      circunstancias potencialmente variables, a voluntad del demandante. 
         			(23)
         		 En efecto, no puede excluirse que un sistema como el descrito venga a fomentar el forum shopping, al dar al perjudicado la posibilidad de determinar el tribunal competente, mediante la elección o el cambio de su domicilio
      o del «centro de su patrimonio».
      
      
       51.      En consecuencia, ha de responderse a la cuestión prejudicial que el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas debe ser
      interpretado en el sentido de que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no comprende el lugar del
      domicilio del demandante, en el que se localice «el centro de su patrimonio» y donde alega haber sufrido el perjuicio económico
      que afecta a todo su patrimonio, en razón de la pérdida de una parte de ese patrimonio acaecida y sufrida por él en otro Estado
      contratante.
      
      
      
            V.
            Conclusión 52.      En virtud de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia responder a la cuestión formulada por
      el Oberster Gerichtshof del siguiente modo:
      «El artículo 5, número 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de
      resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en su versión modificada por el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo
      a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el Convenio de
      25 de octubre de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica, por el Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la
      adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa, y por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión
      de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia, debe ser interpretado en el sentido de que
      la expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” no comprende el lugar del domicilio del demandante, en el
      que se localice el “centro de su patrimonio” y donde alega haber sufrido el perjuicio económico que afecta a todo su patrimonio,
      en razón de la pérdida de una parte de ese patrimonio acaecida y sufrida por él en otro Estado contratante».
      
      
       1 –
         
         Lengua original: francés.
      
      2 –
         
         DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2. En su versión modificada por el Convenio de 9
            de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
            Norte (DO L 304, p. 1, y –texto modificado– p. 77; texto en español en DO 1989, L 285, p. 41), por el Convenio de 25 de octubre
            de 1982 relativo a la adhesión de la República Helénica (DO L 388, p. 1; texto en español en DO 1989, L 285, p. 54), por el
            Convenio de 26 de mayo de 1989 relativo a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa (DO L 285, p. 1), y
            por el Convenio de 29 de noviembre de 1996 relativo a la adhesión de la República de Austria, de la República de Finlandia
            y del Reino de Suecia (DO 1997, C 15, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). La versión consolidada del Convenio,
            según su modificación por esos cuatro Convenios, ha sido publicada en el DO 1998, C 27, p. 1.
            
         
      
      3 –
         
         Sentencia de 30 de noviembre de 1976, Bier, denominada «Mines de potasse d’Alsace» (21/76, Rec. p. 1735), apartados 24 y 25.
            
         
      
      4 –
         
         Este hecho se confirmó en la vista ante el Tribunal de Justicia. Parece ser, en efecto, que sólo el Sr. Kronhofer y Protectas
            estaban contractualmente vinculados. El interesado precisó que no había demandado a Protectas en virtud de su responsabilidad
            contractual (en relación con una potencial obligación de información o de asesoramiento), porque la sociedad había quebrado.
            
         
      
      5 –
         
         El órgano jurisdiccional remitente hace referencia a las sentencias de 11 de enero de 1990, Dumez France y Tracoba (C‑220/88,
            Rec. p. I‑49); de 7 de marzo de 1995, Shevill y otros (C‑68/93, Rec. p. I‑415), y de 19 de septiembre de 1995, Marinari (C‑364/93,
            Rec. p. I‑2719).
            
         
      
      6 –
         
         A este respecto, la situación del litigio principal es más sencilla que la considerada por el Tribunal de Justicia en la sentencia
            de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), en la que se trataba de una demanda de indemnización comprendida
            a la vez en «la materia contractual» y en «la materia delictual o cuasidelictual». En tal supuesto, el Tribunal de Justicia
            estimó que un tribunal que sea competente, conforme al artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas, para conocer un aspecto
            de la demanda que tenga un fundamento delictivo, no es competente para conocer otros aspectos de la misma demanda basados
            en fundamentos no delictivos.
            
         
      
      7 –
         
         Apartado 16.
            
         
      
      8 –
         
         A propósito del régimen previsto para el consumidor, véase en especial la sentencia de 11 de julio de 2002, Gabriel (C‑96/00,
            Rec. p. I‑6367), apartado 39.
            
         
      
      9 –
         
         Véanse en especial, en este sentido, las sentencias antes citadas Dumez France y Tracoba, apartado 19, así como Marinari,
            apartado 13, y la sentencia de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, Rec. p. I‑6511), apartado 29.
            
         
      
      10 –
         
         Véase en ese sentido la sentencia Kalfelis, antes citada, apartado 19.
            
         
      
      11 –
         
         Véanse en este sentido las sentencias antes citadas Marinari, apartado 13, y Réunion européenne y otros, apartado 29.
            
         
      
      12 –
         
         Véase la sentencia Dumez France y Tracoba, antes citada, apartado 17. Véanse también las sentencias antes citadas Mines de
            potasse d’Alsace, apartados 10 y 11, Schevill y otros, apartado 19, Marinari, apartado 10, y Réunion européenne y otros, apartado 27.
            
         
      
      13 –
         
         En dicho asunto se trataba de una contaminación transfronteriza resultante del vertido en Francia de residuos salinos en las
            aguas del Rin que había causado daños a un horticultor domiciliado en los Países Bajos.
            
         
      
      14 –
         
         Ibidem, apartado 16.
            
         
      
      15 –
         
         Ibidem, apartado 17, a la luz del 15.
            
         
      
      16 –
         
         Ibidem, apartado 19.
            
         
      
      17 –
         
         Apartado 14 (recogido en la sentencia Réunion européenne y otros, antes citada, apartado 30).
            
         
      
      18 –
         
         Ibidem, apartado 15.
            
         
      
      19 –
         
         Puntos 26 y 27
            
         
      
      20 –
         
         Sentencia Dumez France y Tracoba, apartado 20.
            
         
      
      21 –
         
         Ibidem, apartado 22.
            
         
      
      22 –
         
         Véanse, en ese sentido, las sentencias de 4 de marzo de 1982, Effer (38/81, Rec. p. 825), apartado 6; de 15 de enero de 1985,
            Rösler (241/83, Rec. p. 99), apartado 23; de 17 de junio de 1992, Handte (C‑26/91, Rec. p. I 3967), apartados 18 y 19; de
            13 de julio de 1993, Mulox IBC (C‑125/92, Rec. p. I‑4075), apartado 11; Marinari, antes citada, apartado 19; de 3 de julio
            de 1997, Benincasa (C‑269/95, Rec. p. I‑3767), apartado 29, y Réunion européenne y otros, antes citada, apartados 34 y 36.
            
         
      
      23 –
         
         Véanse en ese sentido las sentencias antes citadas Dumez France y Tracoba, apartado 19, y Réunion européenne y otros, apartados 34.