CELEX: C2007/211/43
Language: es
Date: 2007-09-08 00:00:00
Title: Asunto C-308/07 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de julio de 2007 por Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictado el 24 de abril de 2007 en el asunto T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento Europeo

8.9.2007   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 211/23
            
         Recurso de casación interpuesto el 5 de julio de 2007 por Koldo Gorostiaga Atxalandabaso contra el auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) dictado el 24 de abril de 2007 en el asunto T-132/06, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento Europeo
   (Asunto C-308/07 P)
   (2007/C 211/43)
   Lengua de procedimiento: francés
   Partes
   
      Recurrente: Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (representante: D. Rouget, avocat)
   
      Otra parte en el procedimiento: Parlamento Europeo
   Pretensiones de la parte recurrente
   
               —
            
            
               Que se declare fundado el recurso de casación y, en consecuencia, que se anule el auto del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 2007.
            
         
               —
            
            
               Que se resuelva definitivamente el litigio y que se anule la decisión del Secretario General del Parlamento Europeo, de 22 de marzo de 2006, por la que se ordena al recurrente el reembolso de 118 360,18 euros y se procede a retener diversas dietas parlamentarias adeudadas por el Parlamento al recurrente.
            
         
               —
            
            
               Que se condene a la parte demandada a soportar sus propias costas y las del recurrente.
            
         Motivos y principales alegaciones
   En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca seis motivos.
   Mediante su primer motivo, el recurrente cuestiona la aplicación del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, lo que en su opinión le privó del derecho a un proceso justo, puesto que no fue oído previamente por el Tribunal de Primera Instancia ni tampoco pudo responder a las alegaciones del Parlamento.
   Mediante su segundo motivo, el recurrente alega la vulneración del principio de imparcialidad, debido a que los mismos jueces conocieron del fondo de los dos recursos que interpuso de manera consecutiva en los asuntos T-146/04 y T-132/06, que dieron lugar a la sentencia de 22 de diciembre de 2005 y al auto de 24 de abril de 2007, respectivamente. Ahora bien, el principio antes mencionado establece que un mismo juez no puede conocer, ni siquiera en la misma instancia, de un asunto que se basa en los mismos hechos o en hechos suficientemente vinculados a los de un asunto en el que se haya pronunciado anteriormente.
   Mediante su tercer motivo, el recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia evaluó erróneamente el alcance de la sentencia de 22 de diciembre de 2005. En efecto, toda vez que se anuló la decisión adoptada por el Secretario General del Parlamento el 24 de febrero de 2004 por falta de competencia, el recurrente no tenía por qué interponer un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia, dado que la declaración de la falta de competencia por parte del juez entraña la inexistencia de la decisión que adolece de dicho vicio.
   Mediante su cuarto motivo, el recurrente critica que el Tribunal de Primera Instancia denegara sistemáticamente tomar en consideración las alegaciones formuladas para obtener la anulación de la decisión del Secretario General del Parlamento de 22 de marzo de 2006. A juicio del recurrente, esta última decisión constituye una decisión nueva, distinta de la decisión de 24 de febrero de 2004 y, por tanto, el Tribunal de Primera Instancia tenía la obligación de examinar todos los motivos de fondo y de forma que había alegado para impugnarla.
   Mediante su quinto motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera examinado el motivo basado en la existencia de fuerza mayor, mientras que dicho motivo no se había planteado en el recurso interpuesto contra la decisión de 24 de febrero de 2004.
   Finalmente, mediante su sexto motivo, el recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no hubiera tenido en cuenta el principio de buena administración, en particular al no realizar ninguna referencia al Código de Buena Conducta Administrativa adoptado por el Parlamento el 6 de septiembre de 2001.