CELEX: 62002TJ0299
Language: es
Date: 2005-10-25
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2005. # Carles Dedeu i Fontcuberta contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Funcionarios - Retribución - Indemnización por expatriación - Artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto - Servicios prestados a otro Estado - Concepto de residencia habitual. # Asunto T-299/02.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      de 25 de octubre de 2005 (*)
      
      «Funcionarios – Retribución – Indemnización por expatriación – Artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto – Servicios prestados a otro Estado – Concepto de residencia habitual»
      En el asunto T‑299/02,
      Carles Dedeu i Fontcuberta, agente temporal de la Comisión de las Comunidades Europeas, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por los Sres.
         J. García-Gallardo Gil-Fournier, J. Guillem Carrau, D. Domínguez Pérez y A. Sayagués Torres, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. J. Currall, en calidad de agente, asistido por los Sres. J. Rivas Andrés y J. Gutiérrez Gisbert,
         abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 23 de septiembre de 2002, de desestimación implícita
         de la reclamación del demandante, y de la decisión de desestimación expresa de 14 de noviembre de 2002, que le deniegan la
         indemnización por expatriación prevista en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades
         Europeas, así como las indemnizaciones asociadas,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
      integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y el Sr. R. García-Valdecasas y la Sra. V. Trstenjak, Jueces;
      Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista los días 16 y 17 de febrero de 2005;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1       Con arreglo al artículo 20, párrafo segundo, del Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades, en su redacción vigente
         cuando se produjeron los hechos que han dado lugar al presente asunto (en lo sucesivo, «ROA»), las disposiciones del artículo
         69 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») sobre la indemnización por expatriación
         se aplican por analogía a los agentes temporales. Por otra parte, el artículo 21 del ROA prevé que también serán aplicables
         por analogía las disposiciones del artículo 4 del anexo VII del Estatuto, que fijan las condiciones para el reconocimiento
         de la indemnización por expatriación.
      
      2       El artículo 69 del Estatuto dispone que la indemnización por expatriación equivaldrá al 16 % del total del sueldo de base
         y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo de los funcionarios que tengan derecho a ello.
      
      3       Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto establece que se concederá una indemnización por expatriación
         en cuantía igual al 16 % del sueldo base, así como de la asignación familiar y de la asignación por hijo a su cargo a las
         que el funcionario tenga derecho, a:
      
      «a)      los funcionarios:
      –       que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino, y
      –       que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de las Comunidades, no hubieren
         residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado. Para la
         aplicación de esta disposición no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado
         o a una organización internacional; 
      
      […]».
       Hechos que originaron el recurso
      4       El demandante, de nacionalidad española, realizó entre los meses de noviembre de 1993 y mayo de 1994 unas prácticas profesionales
         en Bruselas, en el despacho de abogados español Pedro Brosa & Asociados.
      
      5       A continuación, desde el 18 de mayo de 1994 hasta el 31 de agosto de 2001, el demandante ejerció su actividad profesional
         en la Oficina de Bruselas del Patronat Català Pro Europa (en lo sucesivo, «Patronat»), entidad encargada de la gestión de
         los intereses del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña ante las instituciones comunitarias en dicha ciudad. Inicialmente,
         trabajó para el Patronat con un contrato temporal de formación de seis meses (del 18 de mayo de 1994 al 17 de noviembre de
         1994), que fue objeto de una primera prórroga de seis meses (del 18 de noviembre de 1994 al 17 de mayo de 1995) y de una segunda
         de otros seis meses (del 18 de mayo de 1995 al 17 de noviembre de 1995). El 18 de mayo de 1996, firmó con el Patronat un contrato
         por tiempo indefinido, que se mantuvo vigente hasta el 31 de agosto de 2001.
      
      6       El 1 de septiembre de 2001, el demandante se incorporó a la Comisión en calidad de agente temporal. El período de cinco años
         mencionado en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto a efectos de la indemnización
         por expatriación, denominado «período de referencia», estaba comprendido, en su caso, entre el 1 de marzo de 1996 y el 28
         de febrero de 2001. 
      
      7       El 5 de septiembre de 2001, el demandante tuvo una reunión con los servicios de la Dirección General (DG) «de Personal y Administración»,
         con el objeto de determinar sus derechos y completar su ficha personal de entrada en funciones. La ficha personal elaborada
         en aquella fecha indicaba que, con carácter provisional, se le denegaban la indemnización por expatriación y las demás indemnizaciones
         asociadas.
      
      8       El 11 de febrero de 2002, el demandante envió un escrito con información complementaria a la DG «Personal y Administración»,
         a fin de que ésta adoptara una decisión definitiva sobre la concesión de la indemnización por expatriación. 
      
      9       Mediante nota de 25 de febrero de 2002, el Jefe de la Unidad «Gestión de los derechos individuales» de la DG «Personal y Administración»
         respondió al demandante que no cumplía los requisitos previstos en el Estatuto para tener derecho a la indemnización por expatriación,
         habida cuenta de que residía habitualmente en Bélgica desde noviembre de 1993 y de que su actividad profesional al servicio
         del Patronat no podía considerarse como «servicios prestados a otro Estado», en el sentido de la excepción establecida en
         el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, porque:
      
      «[…] si bien es cierto que las Comunidades Autónomas españolas disponen de competencias propias que les atribuye la Constitución
         española, el hecho de que sean titulares de determinadas competencias no las convierte en Estados».
      
      10     El 22 de mayo de 2002, el demandante formuló una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra
         la nota de 25 de febrero de 2002. 
      
      11     El 23 de septiembre de 2002, dicha reclamación fue desestimada por silencio administrativo.
      12     El 14 de noviembre de 2002, la Comisión adoptó una decisión expresa desestimatoria de la reclamación del demandante. 
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      13     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de septiembre de 2002, el demandante
         interpuso el presente recurso. 
      
      14     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral. En el marco
         de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes, así como al Reino
         de España, a que presentaran determinados documentos y a que respondieran por escrito a unas preguntas. Las partes y el Reino
         de España se atuvieron a estas peticiones dentro de los plazos señalados.
      
      15     Los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia,
         fueron oídos en la vista celebrada los días 16 y 17 de febrero de 2005.
      
      16     El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Declare nulas tanto la decisión de 23 de septiembre de 2002, de desestimación implícita de su reclamación, como la decisión
         de desestimación expresa de 14 de noviembre de 2002, que le deniegan la indemnización por expatriación y las demás indemnizaciones
         asociadas.
      
      –       Condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas, incluidos los gastos incurridos en la fase administrativa del
         procedimiento.
      
      –       Ordene toda otra medida que el Tribunal de Primera Instancia considere apropiada a efectos de que la Comisión cumpla con sus
         obligaciones derivadas del artículo 233 CE y, en concreto, proceda a un nuevo examen de su reclamación.
      
      17     La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Declare la inadmisibilidad de la pretensión del demandante dirigida a que el Tribunal de Primera Instancia ordene toda otra
         medida que considere apropiada a efectos de que la Comisión cumpla con sus obligaciones y, en concreto, proceda a un nuevo
         examen de su reclamación.
      
      –       Desestime el recurso por infundado.
      –       Condene al demandante al pago de sus propias costas.
       Sobre la admisibilidad
      18     Mediante la tercera de sus pretensiones, el demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene todas las medidas
         que considere apropiadas para que la Comisión cumpla sus obligaciones y, en concreto, proceda a un nuevo examen de las reclamaciones
         administrativas. La Comisión sostiene que tal pretensión es inadmisible.
      
      19     Según jurisprudencia reiterada, no corresponde al juez comunitario, en el marco del control de legalidad, dirigir órdenes
         conminatorias a las instituciones comunitarias ni sustituir a estas últimas (sentencias del Tribunal de Primera Instancia
         de 11 de julio de 1991, Von Hoessle/Tribunal de Cuentas, T‑19/90, Rec. p. II‑615, apartado 30, y de 11 de junio de 1996, Sánchez
         Mateo/Comisión, T‑110/94, RecFP pp. I‑A‑275 y II‑805, apartado 36).
      
      20     Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la tercera pretensión.
       Sobre el fondo
       Sobre el objeto del litigio
      21     El Tribunal de Primera Instancia observa que el demandante ha afirmado, en su escrito de réplica, que no desea presentar un
         recurso autónomo contra la decisión denegatoria expresa de 14 de noviembre de 2002 y que, por ello, ha solicitado la anulación
         de esta decisión en el marco del recurso interpuesto contra la decisión implícita desestimatoria de su reclamación de 23 de
         septiembre de 2002. 
      
      22     Pues bien, procede considerar que la decisión del demandante de no interponer un nuevo recurso contra la decisión de 14 de
         noviembre de 2002 se ajusta a las normas que rigen el procedimiento. En efecto, es necesario señalar que la desestimación
         implícita de la reclamación se produjo el 23 de septiembre de 2002 y que el presente recurso se interpuso el 30 de septiembre
         de 2002. Por consiguiente, al haberse adoptado la decisión denegatoria expresa el 14 de noviembre de 2002, dentro del plazo
         para interponer recurso contencioso, y tener el mismo objeto que la de 23 de septiembre de 2002, dicha decisión de 14 de noviembre
         de 2002 puede también ser impugnada mediante este recurso, como sostiene el demandante. Distinta sería la apreciación si la
         decisión expresa hubiera estimado parcialmente la reclamación del demandante, ya que ello habría supuesto una modificación
         del objeto del litigio. Es cierto que el juez comunitario declara inadmisible, en principio, un recurso contra un acto puramente
         confirmatorio de otro acto anterior (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1996, Zunis Holding y otros/Comisión,
         C‑480/93 P, Rec. p. I‑1, apartado 14). No obstante, lo que pretende evitar esta jurisprudencia es la reapertura de los plazos
         para interponer recurso. Desde esta perspectiva, un recurso contra una decisión confirmatoria sólo es inadmisible si la decisión
         confirmada se ha convertido en definitiva con respecto al interesado, por no haber sido objeto de un recurso contencioso interpuesto
         dentro del plazo exigido. Si, como en el caso de autos, la decisión confirmada no se ha convertido en definitiva, el interesado
         está facultado para impugnar la decisión confirmada, la decisión confirmatoria, o bien ambas decisiones (sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 27 de octubre de 1994, Chavane de Dalmassy y otros/Comisión, T‑64/92, RecFP pp. I‑A-227 y II‑723,
         apartado 25).
      
      23     Aunque las pretensiones del demandante tienen por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 14 de noviembre de
         2002, por la que se desestima la reclamación formulada el 22 de mayo de 2002, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del
         Estatuto, contra la nota de 25 de febrero de 2002, el presente recurso tiene por efecto, de conformidad con jurisprudencia
         reiterada, someter al juicio del Tribunal de Primera Instancia el acto lesivo contra el que se reclamó (sentencias del Tribunal
         de Primera Instancia de 9 de julio de 1997, Echauz Brigaldi y otros/Comisión, T‑156/95, RecFP pp. I‑A-171 y II‑509, apartado
         23, y de 15 de diciembre de 1999, Latino/Comisión, T‑300/97, RecFP pp. I‑A-259 y II‑1263, apartado 30). De lo anterior resulta
         que con el presente recurso se pretende obtener asimismo la anulación de la nota de la Comisión de 25 de febrero de 2002 por
         la que se deniega al demandante la indemnización por expatriación y las indemnizaciones asociadas a ésta.
      
       Sobre la indemnización por expatriación
      24     El demandante invoca, en esencia, cuatro motivos para sustentar su recurso. En el primer motivo alega la infracción del artículo
         4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. El segundo motivo se basa en la apreciación errónea de los hechos; el
         tercero, en el incumplimiento de la obligación de motivación, y, por último, el cuarto, en la violación del principio de igualdad
         de trato. 
      
       Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto
      –       Alegaciones de las partes
      25     El demandante alega que tiene derecho a la indemnización por expatriación y que la Comisión interpretó erróneamente la excepción
         prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. Su actividad profesional en el Patronat en Bruselas
         debe tener la consideración de «servicios prestados a otro Estado», en este caso el Estado español, y, por tanto, los períodos
         de trabajo efectuados en el Patronat deberían quedar «neutralizados» en virtud de la excepción prevista en el artículo 4 del
         anexo VII del Estatuto y no ser tenidos en cuenta para determinar el período de referencia. 
      
      26     En primer lugar, el demandante afirma que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha elaborado un concepto comunitario
         de Estado que respeta parcialmente la idea de Estado que se plasma en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.
         De este modo, prosigue el demandante, el Tribunal de Justicia ha considerado que las autoridades públicas que integran el
         concepto de Estado son tanto el gobierno central como las autoridades jurisdiccionales y legislativas, las entidades territoriales
         descentralizadas e incluso ciertos organismos descentralizados considerados emanaciones del Estado (sentencias del Tribunal
         de Justicia de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, y de 10 de marzo de 1987, Comisión/Italia, 199/85, Rec.
         p. 1039). Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha precisado que el Estado cumple no sólo las funciones tradicionales de
         soberanía o de autoridad, sino también las funciones de intervencionismo económico, que son ejercidas tanto por las autoridades
         públicas como por organismos públicos o privados (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica,
         149/79, Rec. p. 3881, y de 30 de enero de 1985, Comisión/Francia, 290/83, Rec. p. 439).
      
      27     En segundo lugar, el demandante formula observaciones relativas al concepto de Estado en el ordenamiento jurídico español.
         Recuerda que la Constitución Española ha establecido un ordenamiento jurídico profundamente descentralizado, denominado «Estado
         de las Autonomías», que se caracteriza por un reparto de competencias entre la Administración central y las Comunidades Autónomas.
         El demandante señala que, en el ámbito de las competencias en materia de Derecho comunitario, el Tribunal Constitucional español
         declaró que la Unión Europea no era un espacio internacional y que el ordenamiento jurídico comunitario debía considerarse
         una cuestión de orden interno. En particular, en la sentencia nº 165/1994, de 26 de mayo de 1994, el Tribunal Constitucional
         afirmó que, a diferencia de lo que sucede en el caso de las relaciones internacionales, sobre las que el Estado central tiene
         competencia exclusiva, «las Comunidades Autónomas están directamente interesadas en la actividad de las Comunidades Europeas».
         El demandante aduce que, por lo tanto, el reparto de competencias obliga a las Comunidades Autónomas a seguir de cerca el
         desarrollo de las actividades legislativas de las instituciones europeas, ya que, en algunos casos, son ellas mismas las autoridades
         encargadas de adaptar el Derecho interno a la legislación comunitaria y también las que soportan el efecto directo de dicha
         legislación, lo que justifica la existencia de oficinas de representación autonómica ante la Unión Europea.
      
      28     Por otro lado, el demandante expone los diversos instrumentos que se han creado con vistas a facilitar la gestión de los asuntos
         europeos entre el Gobierno central de España y las Comunidades Autónomas, como la «Conferencia para los asuntos relativos
         a las Comunidades Europeas (CARCE)», creada en 1992 con la finalidad de incrementar la cooperación en materias comunitarias
         entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. En virtud de los acuerdos adoptados en este marco, las Comunidades
         Autónomas participan desde 1998 en las reuniones de los comités consultivos presididos por la Comisión. Además, el personal
         de las Comunidades Autónomas y de la Representación Permanente de España celebran con regularidad reuniones sectoriales técnicas
         con vistas a garantizar el seguimiento de los trabajos del Consejo y de las iniciativas legislativas comunitarias. Asimismo,
         el personal que trabaja en las Delegaciones de las Comunidades Autónomas está sujeto al mismo régimen de seguro médico (acceso
         a la seguridad social española mediante los formularios E 111 y E 106) y al mismo régimen fiscal (artículo 19 del Convenio
         celebrado en 1970 entre España y Bélgica para evitar la doble imposición y regular determinadas cuestiones en materia de impuestos
         sobre la renta y sobre el patrimonio; en lo sucesivo, «Convenio para evitar la doble imposición») que el personal diplomático
         de la Representación Permanente de España.
      
      29     En tercer lugar, el demandante alega que, en el caso de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Patronat es la institución de
         Derecho público creada en 1982 por el Gobierno catalán con vistas a la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas,
         y que, desde la referida fecha, lleva a cabo tareas de seguimiento y participa en la evolución legislativa comunitaria, defendiendo
         los intereses y canalizando las inquietudes y expectativas de dicha Comunidad Autónoma. Así pues, el demandante concluye que
         la institución mencionada forma parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña y, por ende, del Estado español,
         razón por la cual los servicios que el demandante prestó en el Patronat tienen el carácter de servicios prestados al Estado
         español.
      
      30     El demandante añade que, si bien está claro que el concepto de Estado ha de ser objeto de una interpretación autónoma, un
         concepto autónomo de Estado fundado en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros no desvirtúa la excepción
         prevista en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto, puesto que en la reunión celebrada en el momento de su incorporación
         al servicio, la propia Comisión admitió que, en el caso de los Estados federales, los servicios prestados por el personal
         de las entidades regionales están incluidos en el ámbito de aplicación de la excepción. Por lo demás, el demandante puntualiza
         que tal concepto autónomo no conduce a afirmar que toda entidad municipal presta servicios al Estado porque, a diferencia
         de estas entidades, las competencias de las Comunidades Autónomas no son delegadas por el Estado, sino que se trata de competencias
         propias, establecidas en la Constitución Española. Por último, el demandante aclara que no pretende que su condición se asimile
         a la del cuerpo diplomático, sino a la del personal de una representación permanente que no forma parte del cuerpo diplomático.
         Pues bien, si la inmunidad diplomática fuese un elemento determinante, no habría ninguna razón para aplicar la excepción controvertida
         a todo el personal de una representación permanente, como hace la Comisión.
      
      31     La Comisión considera que, si bien es verdad que las Comunidades Autónomas españolas son titulares de una serie de competencias
         propias que les ha transferido directamente la Administración General del Estado en virtud de la Constitución Española, ello
         no significa que las Comunidades Autónomas sean Estados ni que el trabajo desempeñado en el Patronat haya de tener la consideración
         de servicios prestados a un Estado, a efectos de la excepción prevista en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      32     Según jurisprudencia reiterada, la razón de ser de la indemnización por expatriación es compensar los gastos y molestias especiales
         que supone el ejercicio permanente de funciones en un país con el que el funcionario nunca había establecido vínculos duraderos
         antes de su incorporación al servicio (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión,
         T‑4/92, Rec. p. II‑357, apartado 39; de 14 de diciembre de 1995, Diamantaras/Comisión, T‑72/94, RecFP pp. I‑A-285 y II‑865,
         apartado 48, y de 28 de septiembre de 1999, J/Comisión, T‑28/98, RecFP pp. I‑A-185 y II‑973, apartado 32). Para que puedan
         crearse esos vínculos duraderos y hagan que el funcionario pierda el derecho a la indemnización por expatriación, el legislador
         exige que el funcionario haya tenido su residencia habitual o haya ejercido su actividad profesional principal durante un
         período de cinco años en el país de su lugar de destino (sentencia Diamantaras/Comisión, antes citada, apartado 48).
      
      33     Asimismo, procede recordar que se prevé una excepción en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII
         del Estatuto en favor de las personas que hayan prestado servicios a otro Estado o a una organización internacional, en el
         período de referencia de cinco años que expira seis meses antes de su entrada en funciones. La ratio legis de esta excepción se halla en el hecho de que, en tales circunstancias, no puede considerarse que esas personas hayan creado
         vínculos duraderos con el país de destino debido al carácter temporal de su destino en este país (sentencias del Tribunal
         de Justicia de 15 de enero de 1981, Vutera/Comisión, 1322/79, Rec. p. 127, apartado 8, y de 2 de mayo de 1985, De Angelis/Comisión,
         246/83, Rec. p. 1253, apartado 13). 
      
      34     El demandante se incorporó a la Comisión el 1 de septiembre de 2001; por consiguiente, el período de referencia que debe tenerse
         en cuenta para la aplicación del artículo 4 del anexo VII del Estatuto es el comprendido entre el 1 de marzo de 1996 y el
         28 de febrero de 2001. Las partes coinciden en reconocer que en ese período de referencia el demandante ejercía su actividad
         profesional principal en la Delegación del Patronat en Bruselas.
      
      35     La cuestión que se plantea en el presente asunto consiste en determinar si el trabajo que efectuaba el demandante en la Delegación
         del Patronat en Bruselas tiene la consideración, como él pretende, de servicios prestados a otro Estado, en el sentido del
         artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
      
      36     Según jurisprudencia reiterada, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho comunitario, como del principio
         de igualdad, se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho
         de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe ser objeto, normalmente, de una interpretación autónoma
         y uniforme en toda la Comunidad. Esta interpretación ha de tener en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido
         por la normativa de que se trate. No obstante, a falta de una remisión expresa, la aplicación del Derecho comunitario puede
         implicar, en su caso, una referencia al Derecho de los Estados miembros cuando el juez comunitario no encuentre en el Derecho
         comunitario o en sus principios generales los elementos que le permitan precisar el contenido y el alcance de una disposición
         comunitaria mediante una interpretación autónoma (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 1984, Ekro,
         327/82, Rec. p. 107, apartado 11; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1992, Díaz García/Parlamento,
         T‑43/90, Rec. p. II‑2619, apartado 36; de 28 de enero de 1999, D/Consejo, T‑264/97, RecFP pp. I‑A-1 y II‑1, apartados 26 y
         27, confirmada mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 31 de mayo de 2001, D y Suecia/Consejo, asuntos acumulados C‑122/99 P
         y C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319).
      
      37     En el presente asunto, el Derecho comunitario y, en concreto, el Estatuto proporcionan suficientes indicaciones que permiten
         precisar el alcance del artículo 4 del anexo VII del Estatuto y, por lo tanto, efectuar una interpretación autónoma del concepto
         de Estado frente a los distintos ordenamientos nacionales, lo que las propias partes han admitido en sus escritos.
      
      38     En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que resulta de la estructura general del Tratado que el concepto de
         Estado miembro, a efectos de las disposiciones institucionales, únicamente se refiere a las autoridades gubernativas de los
         Estados miembros y que no puede ampliarse a los gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual fuere la amplitud
         de las competencias que les sean reconocidas. Admitir lo contrario llevaría a romper el equilibrio institucional previsto
         por los Tratados, los cuales determinan en particular las condiciones en las que los Estados miembros, es decir los Estados
         parte en los Tratados constitutivos y en los Tratados de adhesión, participan en el funcionamiento de las instituciones comunitarias
         (autos del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997, Región Valona/Comisión, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, apartado 6, y de
         1 de octubre de 1997, Regione Toscana/Comisión, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, apartado 6).
      
      39     En segundo lugar, según jurisprudencia reiterada, las disposiciones del Estatuto, cuya sola finalidad es regular las relaciones
         jurídicas entre las instituciones y los funcionarios mediante el establecimiento de los derechos y deberes recíprocos, contienen
         una terminología precisa cuya aplicación por analogía a casos no previstos de modo explícito se excluye (sentencias del Tribunal
         de Justicia de 16 de marzo de 1971, Bernardi/Parlamento, 48/70, Rec. p. 175, apartados 11 y 12, y de 20 de junio de 1985,
         Klein/Comisión, 123/84, Rec. p. 1907, apartado 23; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 1999, Mammarella/Comisión,
         T‑74/98, RecFP pp. I‑A-151 y II‑797, apartado 38).
      
      40     En el artículo 4 del anexo VII del Estatuto, el legislador ha escogido el término «Estado», pese a que ya existían, en la
         época en que se adoptó el Estatuto, Estados miembros de estructura federal o regional, como la República Federal de Alemania,
         y no sólo Estados con una estructura interna de tipo centralizado. Por tanto, si el legislador comunitario hubiese querido
         introducir las subdivisiones políticas o las entidades locales en dicho artículo, lo hubiese hecho de modo expreso. Se podría
         considerar que los autores del Estatuto no tuvieron la intención de incluir las subdivisiones políticas de un Estado, como
         los gobiernos de las regiones, de las comunidades autónomas o de otras entidades locales, en la expresión «servicios prestados
         a otro Estado» que figura en ese mismo precepto.
      
      41     De las consideraciones precedentes resulta que el concepto de «Estado» previsto en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto
         sólo se refiere al Estado en tanto que persona jurídica y sujeto unitario de Derecho internacional y sus órganos de gobierno.
         Como sostiene la Comisión, la interpretación que propone el demandante podría conducir a considerar Estados a todas las entidades
         públicas dotadas de personalidad jurídica propia a las que un gobierno central haya transferido competencias internas, incluidos
         los municipios o cualquier entidad en la que una administración haya delegado funciones.
      
      42     Por lo tanto, procede interpretar la expresión «servicios prestados a otro Estado» que se recoge en el artículo 4 del anexo VII
         del Estatuto en el sentido de que no se refiere a los servicios prestados a los gobiernos de las subdivisiones políticas de
         los Estados.
      
      43     De lo anterior se desprende que los servicios prestados por el demandante a la Delegación del Patronat en Bruselas no pueden
         considerarse servicios prestados a un Estado en el sentido del artículo 4 del anexo VII del Estatuto.
      
      44     Esta apreciación no puede ser desvirtuada por el argumento del demandante basado en la existencia, en Derecho comunitario,
         de un concepto autónomo de Estado que engloba a las entidades descentralizadas. Si bien es claro que, de conformidad con la
         jurisprudencia en materia de incumplimientos de Estado citada por el demandante, se ha de considerar que las autoridades de
         un Estado a las que incumbe garantizar el respeto de las normas del Derecho comunitario son tanto las autoridades del poder
         central, las autoridades de un Estado federal, como las autoridades territoriales o descentralizadas de dicho Estado en el
         marco de sus respectivas competencias, es preciso recordar asimismo que el recurso en el que el Tribunal de Justicia puede
         declarar el incumplimiento por un Estado miembro de una de las obligaciones que le incumben, sólo se dirige contra el gobierno
         de éste, aunque el incumplimiento resulte de la acción u omisión de las autoridades de un Estado federal, de una región o
         de una comunidad autónoma (autos Región Valona/Comisión, antes citado, apartado 7, y Regione Toscana/Comisión, antes citado,
         apartado 7). Por lo tanto, no puede invocarse de modo válido esta jurisprudencia para sustentar la tesis de la interpretación
         amplia del concepto de «Estado», que propugna el demandante.
      
      45     Asimismo, procede desestimar los argumentos formulados por el demandante, basados en la existencia de competencias propias
         de las Comunidades Autónomas dentro del ordenamiento jurídico español, así como en los términos de la sentencia del Tribunal
         Constitucional español. Es cierto que las Comunidades Autónomas tienen competencias propias que les han sido atribuidas de
         conformidad con la Constitución Española y que la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de mayo de 1994, antes citada,
         expone que, a consecuencia de esas competencias, dichas Comunidades tienen interés en seguir de cerca e informarse de la actividad
         de las instituciones comunitarias y pueden tener oficinas en Bruselas a ese efecto. Sin embargo, se ha de destacar que la
         sentencia del Tribunal Constitucional resuelve un problema de Derecho interno español sobre la base de la Constitución Española
         y que, desde esta perspectiva, señala claramente que los Tratados constitutivos prevén la participación únicamente de los
         Estados miembros en la actividad comunitaria, lo que excluye la existencia de relaciones entre entidades infraestatales (como
         las Comunidades Autónomas) y las instituciones comunitarias, que puedan generar de algún modo la responsabilidad del Estado
         español. Además, según el Tribunal Constitucional, no son posibles tales relaciones, habida cuenta de la propia estructura
         de la Unión Europea. En todo caso, la interpretación del Derecho comunitario incumbe, en última instancia, a los órganos jurisdiccionales
         comunitarios, en virtud del artículo 220 CE.
      
      46     A mayor abundamiento, conviene observar que las Delegaciones de las Comunidades Autónomas españolas en Bruselas tienen como
         misión la gestión de los intereses de las administraciones a las que representan, intereses que no coinciden necesariamente
         con los de las demás Comunidades Autónomas ni con los del Reino de España, en cuanto Estado.
      
      47     El demandante no puede ampararse tampoco en el hecho de que estuviese sujeto al mismo régimen de seguro médico y al mismo
         régimen fiscal que el personal empleado en la Representación Permanente de España en Bruselas.
      
      48     Procede recordar, por una parte, que el artículo 19, apartado 1, del Convenio para evitar la doble imposición, adoptado unos
         años después del Estatuto, prevé que «las remuneraciones, incluidas las pensiones, pagadas por un Estado contratante, una
         de sus subdivisiones políticas o entidades locales, […] a una persona física en consideración a los servicios prestados a
         este Estado o a una de sus subdivisiones políticas o entidades locales, sólo pueden somterse a imposición en este Estado».
         Este Convenio distingue pues entre los servicios prestados a un Estado y los prestados a una subdivisión política de un Estado,
         distinción que no hace el artículo 4 del anexo VII del Estatuto.
      
      49     Por otra parte, en lo que atañe al régimen del seguro de enfermedad, los formularios E 106 y E 111 sólo acreditan el derecho
         de una persona a recibir atención sanitaria en un país distinto de aquel en el que está normalmente asegurada o lo ha estado
         con anterioridad. En cuanto al formulario E 106, se ha de señalar que no sólo se expide a los diplomáticos y demás miembros
         de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, sino también a muchas otras categorías de personas que trabajan
         fuera del territorio español.
      
      50     Por último, respecto al argumento del demandante basado en la participación de los representantes de las Comunidades Autónomas
         en los comités consultivos de la Comisión, se ha de observar que la excepción que figura en el artículo 4, apartado 1, letra a),
         segundo guión, del anexo VII del Estatuto no puede limitarse únicamente a las personas que hayan formado parte del personal
         de otro Estado o de una organización internacional, ya que hace referencia a todas «las situaciones derivadas de servicios
         prestados a otro Estado o a una organización internacional» (sentencias del Tribunal de Primera Instancia Diamantaras/Comisión,
         antes citada, apartado 52, y de 3 de mayo de 2001, Liaskou/Consejo, T‑60/00, RecFP pp. I‑A‑107 y II‑489, apartado 49). Sin
         embargo, el disfrute de la excepción prevista en el artículo 4 exige que el interesado haya tenido una relación jurídica directa
         con el Estado o la organización internacional de que se trate, lo cual se halla en conformidad con la autonomía de que gozan
         los Estados y las instituciones en cuanto a la organización interna de sus servicios, que les faculta para invitar a terceros,
         que no pertenezcan a su estructura jerárquica, a proponer sus servicios para asegurar la ejecución de trabajos muy concretos
         (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 1995, Lo Giudice/Parlamento, T‑43/93, RecFP pp. I‑A-57 y II‑189,
         apartado 36, y de 11 de septiembre de 2002, Nevin/Comisión, T‑127/00, RecFP pp. I‑A-149 y II‑781, apartado 51).
      
      51     A este respecto, basta con señalar que el demandante ha reconocido de modo explícito en la vista que nunca integró ni formó
         parte de la delegación española que participaba en las reuniones de los órganos del Consejo y de la Comisión que tuvieron
         lugar en el período de referencia que le es aplicable. El demandante tampoco ha alegado que tuviese ocasionalmente alguna
         relación jurídica directa con el Gobierno central del Estado español, que permita considerar que prestó servicios al Estado
         español durante dicho período. 
      
      52     En estas circunstancias, no se puede considerar que el demandante haya prestado servicios a un Estado en el sentido del artículo
         4 del anexo VII del Estatuto. 
      
      53     Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el primer motivo. 
       Sobre el segundo motivo, basado en el error en la apreciación de los hechos
      –       Alegaciones de las partes
      54     El demandante alega que la Comisión cometió un error en la apreciación de los hechos, porque su residencia habitual y su centro
         de interés, durante una parte del período de referencia previsto en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto, estuvieron en
         España y no en Bélgica. Por consiguiente, el demandante sostiene que reúne los requisitos establecidos por dicho precepto
         para tener derecho a la indemnización por expatriación. 
      
      55     A este respecto, el demandante indica que no residió de forma habitual en Bruselas durante la totalidad del período de referencia.
         Señala que trasladó oficialmente su residencia a Bélgica el 23 de septiembre de 1997 y que, por ello, durante la primera parte
         del período de referencia (entre el 1 de marzo de 1996 y el 23 de septiembre de 1997), su centro de interés y su residencia
         habitual se hallaban en Barcelona. En apoyo de su pretensión, el demandante se ampara en los siguientes elementos: 
      
      –       Renovación en España de su documento nacional de identidad, de su pasaporte y de su permiso de conducir. 
      –       Contratos de trabajo de Derecho español, firmados en Barcelona, registrados en el Instituto Nacional de Empleo español y sujetos
         a la legislación social, laboral y fiscal española.
      
      –       Abono de salarios en España, en virtud de los contratos de trabajo suscritos con el Patronat en calidad de trabajador por
         cuenta ajena español destacado en Bruselas, tal y como se desprende de las nóminas y del certificado empresarial presentado
         por el Patronat en la Oficina de Extranjeros del Ministerio de Justicia belga. 
      
      –       Pago de impuestos en España, en donde presenta anualmente su declaración de la renta, en virtud de su condición de asalariado
         español sujeto al artículo 19 del Convenio para evitar la doble imposición, como se acredita mediante los certificados presentados
         por el Patronat en la Administración central de Hacienda de Bruselas y en el Ministerio del Interior y de la Función Pública
         belga.
      
      –       Seguro de enfermedad regulado por el Derecho español sobre la base del formulario E 111 y, posteriormente, del formulario
         E 106, como personal destacado en Bruselas.
      
      –       Cuenta bancaria y seguro de vida suscrito en Barcelona.
      56     El demandante alega, además, que las prácticas realizadas desde noviembre de 1993 hasta mayo de 1994 en la oficina de Bruselas
         del despacho Pedro Brosa & Asociados deben considerarse como un período de estudios y que su residencia en Bruselas entre
         los meses de mayo de 1994 y septiembre de 1997, con motivo de su trabajo al servicio del Patronat, tuvo tan sólo un carácter
         provisional y secundario. En efecto, durante aquellos años no celebró ningún contrato de arrendamiento de vivienda en Bruselas,
         no disponía de un coche en esa ciudad, no suscribió allí ningún tipo de seguro, no figuraba en la guía telefónica belga y
         no efectuó una mudanza de sus muebles y enseres a Bélgica. El demandante afirma que fue, en cambio, en septiembre de 1997
         cuando trasladó efectivamente su residencia principal a Bruselas, tal como se desprende de los documentos presentados como
         anexo y del hecho de que, sólo con posterioridad a dicha fecha, procediera a firmar su primer contrato de arrendamiento y
         de seguro de su vivienda, a abonarse a los servicios de gas y de electricidad y a pagar periódicamente los impuestos municipales
         al Ayuntamiento de Bruselas.
      
      57     El demandante añade que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el traslado de su residencia principal a Bruselas en
         septiembre de 1997 no obedeció al hecho de que la Sra. G. le hubiera dejado su apartamento, sino a que tenía que inscribirse
         en el registro municipal para poder acceder a la seguridad social española. Considera además que la Comisión incurrió en error
         al interpretar la carta enviada al échevin des propriétés communales (Concejal responsable de la propiedad municipal) de Bruselas,
         puesto que en la misma se expone que, con anterioridad al mes de septiembre de 1997, el demandante repartía su tiempo entre
         España y Bélgica. Por otra parte, el demandante señala que la percepción de un complemento de expatriación, en virtud de los
         contratos celebrados con el Patronat, en modo alguno significa que residiese en Bruselas antes de septiembre de 1997, ya que
         la finalidad de dicho complemento era precisamente compensar al demandante por una estancia temporal y no definitiva en aquella
         ciudad.
      
      58     La Comisión considera que procede desestimar por infundado este motivo, porque el demandante residió y ejerció su actividad
         profesional principal de forma habitual en Bruselas desde 1993 y durante todo el período de referencia a los efectos del artículo
         4 del anexo VII del Estatuto, sin que los elementos invocados por éste puedan demostrar lo contrario.
      
      59     Según la Comisión, los elementos alegados por el demandante son sencillamente los vínculos habituales que cualquier persona
         mantiene con su país de origen, pero no permiten establecer que hasta septiembre de 1997 el centro de sus intereses se hallaba
         en España. Por otra parte, prosigue la Comisión, el pago del impuesto sobre la renta en España obedece simplemente a la aplicación
         del artículo 19 del Convenio para evitar la doble imposición y la posibilidad de recibir asistencia sanitaria en Bélgica sobre
         la base de los formularios E 111 y E 106 demuestra precisamente que el demandante residía en Bélgica. A mayor abundamiento,
         el propio demandante afirmó en su demanda que sus contratos de trabajo preveían la concesión de un plus de expatriación. Si
         se hubiese tratado simplemente de estancias provisionales y no de una residencia efectiva, tal compensación habría carecido
         de sentido. Por otra parte, la Comisión considera que el hecho de que el demandante no tuviese contrato de arrendamiento y
         de que su nombre no figurase en la guía telefónica belga con anterioridad a septiembre de 1997 carece de valor probatorio,
         puesto que se debía simplemente a que residía en el apartamento de la Sra. G. En la carta que envió en 1999 al échevin des
         propriétés communales de Bruselas, el demandante afirmó que trabajaba al servicio del Patronat en Bruselas desde hacía cinco
         años y que, durante esos años, había residido en el apartamento alquilado por la Sra. G., en cuyo contrato de arrendamiento
         deseaba subrogarse. La Comisión concluye que de los autos se desprende que la regularización de la situación del demandante
         en Bélgica en septiembre de 1997 respondió a motivos distintos del traslado efectivo de su residencia a Bruselas, como su
         intención de subrogarse en el contrato de arrendamiento de otra persona.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      60     El artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto dispone que se conceda la indemnización por expatriación a
         los funcionarios que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de
         destino, y que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de las Comunidades,
         no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio de dicho Estado.
      
      61     Para determinar cuáles son esas situaciones, la jurisprudencia ha afirmado que el artículo 4 del anexo VII del Estatuto debe
         interpretarse en el sentido de que establece como criterio esencial, en relación con la concesión de la indemnización por
         expatriación, la residencia habitual del funcionario, anterior a su entrada en funciones. Por otra parte, el concepto de expatriación
         depende de la situación subjetiva del funcionario, a saber, su grado de integración en su nuevo medio, el cual puede apreciarse,
         por ejemplo, por su residencia habitual o por el ejercicio anterior de una actividad profesional principal (sentencia De Angelis/Comisión,
         antes citada, apartado 13; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de abril de 1992, Costacurta Gelabert/Comisión,
         T‑18/91, Rec. p. II‑1655, apartado 42; véase, asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre
         de 1984, Witte/Parlamento, 188/83, Rec. p. 3465, apartado 8).
      
      62     La residencia habitual es el lugar en el que el interesado ha fijado, con la intención de conferirle un carácter estable,
         el centro permanente o habitual de sus intereses. A efectos de determinar la residencia habitual, es preciso tener en cuenta
         todos los elementos de hecho constitutivos de ésta y, en particular, la residencia efectiva del interesado (sentencia del
         Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, apartado 22; sentencias
         del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1992, Benzler/Comisión, T‑63/91, Rec. p. II‑2095, apartado 17, y de 28
         de septiembre de 1993, Magdalena Fernández/Comisión, T‑90/92, Rec. p. II‑971, apartado 27).
      
      63     Procede recordar que el período de referencia que debe tenerse en cuenta para la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a),
         del anexo VII se sitúa entre el 1 de marzo de 1996 y el 28 de febrero de 2001, ya que el demandante se incorporó al servicio
         seis meses después de esta última fecha, o sea, el 1 de septiembre de 2001.
      
      64     En el presente caso, el demandante admite que trasladó oficialmente su residencia a Bruselas el 23 de septiembre de 1997 y
         que, en consecuencia, su centro de intereses y, por ende, su residencia habitual se sitúan en Bélgica a partir de dicha fecha.
      
      65     Es preciso establecer, por tanto, cuál fue el lugar de residencia habitual del demandante durante el período comprendido entre
         el 1 de marzo de 1996 y el 22 de septiembre de 1997. Habida cuenta de que la Comisión sostiene que el demandante reside y
         ejerce su actividad profesional principal de forma habitual en Bruselas desde 1993, procede comenzar determinando su lugar
         de residencia habitual a partir de dicho año.
      
      66     Durante el período comprendido entre los meses de noviembre de 1993 y mayo de 1994, el demandante realizó unas prácticas profesionales
         en un despacho de abogados en Bruselas. Procede observar que en la época actual en que la formación universitaria con frecuencia
         incluye o va seguida de un período de formación adicional o de prácticas en el extranjero, el mero hecho de que la persona
         que realiza las prácticas resida en un país extranjero no permite presumir que esta persona tenga la voluntad de trasladar
         el centro permanente o habitual de sus intereses. Por consiguiente, no cabe deducir de esta situación que el demandante tuviese
         la voluntad de fijar el centro permanente de sus intereses y, por tanto, su residencia habitual en Bruselas.
      
      67     Es preciso señalar, a continuación, que, cuando tal período de prácticas va sucedido de un período de trabajo en el mismo
         lugar, la presencia continua del interesado en el extranjero puede crear la presunción de que éste tiene la voluntad de trasladar
         el centro permanente o habitual de sus intereses y, por ende, su residencia habitual. No obstante, esta presunción puede ser
         desvirtuada cuando otros datos resultantes de las circunstancias profesionales o personales del interesado demuestran que
         éste ha conservado el centro permanente o habitual de sus intereses en su país de origen.
      
      68     En el presente caso, el demandante trabajó para la Delegación del Patronat en Bruselas desde el 18 de mayo de 1994 hasta su
         incorporación a la Comisión el 1 de septiembre de 2001. No obstante, los elementos que figuran en autos son suficientes para
         desvirtuar la presunción, derivada de la presencia del demandante en Bruselas, de que éste deseaba trasladar allí el centro
         permanente o habitual de sus intereses, en especial en lo que se refiere al período comprendido entre el 18 de mayo de 1994
         y el 18 de mayo de 1996.
      
      69     En primer término, el contrato de trabajo de 16 de mayo de 1994, que reguló la actividad profesional del demandante al servicio
         del Patronat desde mayo de 1994 hasta mayo de 1996, era un contrato temporal de formación de seis meses, prorrogado por períodos
         sucesivos de seis meses hasta el 18 de mayo de 1996, fecha en la que el demandante suscribió con el Patronat un contrato por
         tiempo indefinido.
      
      70     A continuación, no se discute el hecho de que, antes del mes de mayo de 1996, el demandante no había alquilado un apartamento
         en Bruselas ni firmado ningún contrato de arrendamiento de vivienda en dicha ciudad.
      
      71     Además, de los autos no se desprende que el demandante dispusiera de las comodidades que habitualmente denotan la existencia
         de una residencia habitual en Bruselas. Así, tampoco se discute que, antes de mayo de 1996, el demandante no había suscrito
         ningún seguro en Bélgica, no estaba abonado a los servicios de gas y electricidad belgas, no tenía un coche matriculado en
         Bruselas, su nombre no figuraba en la guía telefónica belga y no había realizado ninguna mudanza de sus bienes a Bélgica.
      
      72     Por consiguiente, si bien puede admitirse razonablemente que la residencia del demandante en Bruselas fue habitual a partir
         del 18 de mayo de 1996, fecha en la que, al aceptar el contrato por tiempo indefinido antes mencionado, manifestó su voluntad
         de permanecer en dicha ciudad, debe considerarse, en cambio, que su estancia en Bruselas anterior a dicha fecha revestía necesariamente
         un carácter temporal.
      
      73     Los elementos propuestos por la Comisión no permiten, al contrario de lo que sostiene dicha institución, desvirtuar la conclusión
         anterior.
      
      74     Así, la percepción del plus de expatriación, previsto en el contrato de 16 de mayo de 1994, no obliga a considerar permanente
         la estancia del demandante en Bruselas con anterioridad al mes de mayo de 1996. Los complementos de expatriación se conceden
         para compensar las dificultades que implica necesariamente el hecho de vivir y trabajar en un país que no sea el propio, así
         como, en algunos países, el coste de vida más elevado, con independencia de que la residencia sea temporal o definitiva.
      
      75     La carta enviada por el demandante al échevin des propriétés communales de la ciudad de Bruselas, fechada el 15 de marzo de
         1999, confirma, al contrario de lo alegado por la Comisión, el carácter temporal de su estancia en Bruselas. En efecto, esta
         carta señala que «desde [hacía] 5 años, [el demandante desempeñaba] el cargo de asesor jurídico en la Delegación de Cataluña
         ante la Unión Europea», pero subrayando expresamente que, durante ese período, «[su] actividad laboral [le había] llevado
         a repartir [su] tiempo entre España y Bélgica» y que «durante [sus] estancias en Bruselas» residía «de forma ocasional» en
         el apartamento alquilado por la Sra. G. en dicha ciudad, en cuyo contrato de arrendamiento deseaba subrogarse. Pues bien,
         dado que esta carta fue escrita en un momento en el que no se había planteado entre las partes el presente litigio y en el
         que el demandante no trabajaba para la Comisión, el valor probatorio de los términos que expresan el carácter temporal de
         su residencia en Bruselas es incuestionable. En consecuencia, no cabe considerar dicha carta como un indicio que sirva para
         fundamentar la postura de la Comisión.
      
      76     Por último, los elementos anteriormente expuestos relativos a que el demandante no disponía de una vivienda arrendada en Bruselas
         ni estaba abonado a los servicios de gas, electricidad y teléfono belgas, lejos de confirmar la postura de la Comisión, contribuyen,
         por el contrario, a demostrar el carácter provisional e incierto de la residencia efectiva del demandante en Bruselas con
         anterioridad al mes de mayo de 1996. En efecto, la Comisión no puede invocar la existencia de tales indicios, como sistemáticamente
         lo hace, para afirmar que permiten corroborar la residencia habitual de un interesado y, al mismo tiempo, no extraer ninguna
         consecuencia cuando éstos no están presentes, como sucede en el presente caso.
      
      77     De las consideraciones anteriores se desprende que el demandante no residió ni ejerció su actividad profesional de forma habitual
         en Bruselas durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 18 de mayo de 1996 y que, por consiguiente, no residió
         de forma habitual en Bruselas durante la totalidad del período de referencia previsto en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto.
         No es necesario pronunciarse sobre la cuestión de dónde se hallaban la residencia habitual y el centro de interés del demandante
         entre el 18 de mayo de 1996 y el 23 de septiembre de 1997, fecha en la que éste admite haber trasladado su residencia habitual
         a Bruselas.
      
      78     De lo que se sigue que la Comisión incurrió en un error de apreciación de los hechos relativos a la situación personal del
         demandante.
      
      79     El segundo motivo debe, por tanto, estimarse.
      80     En consecuencia, procede declarar fundado el presente recurso y anular la decisión impugnada, en la medida en que deniega
         al demandante la indemnización por expatriación, sin que sea necesario pronunciarse sobre el resto de motivos invocados por éste.
      
       Sobre las indemnizaciones asociadas a la indemnización por expatriación
      81     El demandante solicita que se aplique la jurisprudencia en virtud de la cual se le adeuda automáticamente la indemnización
         diaria y la de gastos de instalación en caso de serle reconocido el derecho a la indemnización por expatriación (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 28 de mayo de 1998, Comisión/Lozano Palacios, C‑62/97 P, Rec. p. I‑3273).
      
      82     La Comisión considera que esta jurisprudencia no es aplicable al presente asunto, dado que el demandante no tiene derecho
         a percibir la indemnización por expatriación.
      
      83     El Tribunal de Primera Instancia señala que el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, del anexo VII, aplicable por analogía
         a los agentes temporales en virtud del artículo 22 del ROA, prevé que los funcionarios que reúnan las condiciones que dan
         derecho a la indemnización por expatriación o que justifiquen que se han visto obligados a cambiar de residencia para cumplir
         las obligaciones del artículo 20 del Estatuto, tendrán derecho a una indemnización por gastos de instalación equivalente a
         dos meses de sueldo base si se trata de un funcionario que tenga derecho a la asignación familiar o a un mes si no tiene derecho
         a esa asignación. Esta disposición establece así que, para tener derecho a la indemnización por gastos de instalación, el
         funcionario debe cumplir uno de los dos requisitos alternativos siguientes, a saber, bien reunir las condiciones que dan derecho
         a la indemnización por expatriación, o bien justificar que se ha visto obligado a cambiar de residencia para cumplir las obligaciones
         del artículo 20 del Estatuto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Lozano Palacios/Comisión,
         T‑33/95, RecFP pp. I‑A‑575 y II‑1535, apartado 59, confirmada en casación por el Tribunal de Justicia, mediante la sentencia
         Comisión/Lozano Palacios, antes citada, apartados 20 a 22).
      
      84     Por tanto, dado que el funcionario que reúne las condiciones para tener derecho a la indemnización por expatriación, tiene
         derecho a la indemnización por gastos de instalación establecida en dicho artículo 5, apartado 1, del anexo VII del Estatuto,
         procede declarar que el demandante tiene derecho a la indemnización por gastos de instalación.
      
      85     En cuanto a la indemnización diaria, es necesario observar que esta indemnización no está ligada a la de expatriación y que
         se concede únicamente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, aplicable por analogía a
         los agentes temporales en virtud del artículo 22 del ROA, al funcionario que justifique estar obligado a cambiar de residencia
         para cumplir lo dispuesto en el artículo 20 del Estatuto. Al no haber demostrado el demandante que tuvo que cambiar de residencia
         para cumplir dichas obligaciones, no procede admitir su pretensión de anulación por lo que respecta a las indemnizaciones
         diarias.
      
      86     De las consideraciones precedentes se desprende que procede también anular la decisión impugnada, en la medida en que deniega
         al demandante la indemnización por gastos de instalación.
      
       Costas
      87     El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas, incluidos
         los gastos incurridos en la fase administrativa del procedimiento.
      
      88     A tenor del artículo 91, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se considerarán costas
         recuperables «los gastos necesarios efectuados por las partes con motivo del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento
         y estancia y la remuneración de los Agentes, Asesores o Abogados». De lo que se deriva que las costas recuperables se circunscriben,
         por un lado, a los gastos efectuados con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y, por otro, a las
         que hayan sido indispensables con tal motivo (autos del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 2002, Groupe Origny/Comisión,
         T‑38/95 DEP, Rec. p. II‑217, apartado 28, y de 20 de noviembre de 2002, Spruyt/Comisión, T‑171/00 DEP, RecFP pp. I‑A‑225 y
         II‑1127, apartado 22). Procede, por tanto, desestimar la pretensión del demandante de que se condene a la Comisión al pago
         de los gastos incurridos en la fase administrativa del procedimiento.
      
      89     Por otra parte, a tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
         condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados en lo esencial los motivos formulados
         por la Comisión, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la parte demandante.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      decide:
      1)      Anular la nota de la Comisión de 25 de febrero de 2002 y la decisión de la Comisión de 14 de noviembre de 2002, en la medida
            en que deniegan al demandante la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII
            del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, así como la indemnización por gastos de instalación prevista
            en el artículo 5, apartado 1, del mismo anexo.
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Condenar en costas a la Comisión.
      
               Cooke
            
            
               García-Valdecasas
            
            
               Trstenjak
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2005.
      
               El Secretario
            
             
            
               El Presidente
            
         
               E. Coulon
            
             
            
               R. García-Valdecasas
            
         * Lengua de procedimiento: español.