CELEX: 62019CC0383
Language: es
Date: 2020-12-08 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Sr. M. Bobek, presentadas el 8 de diciembre de 2020.###

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
   SR. MICHAL BOBEK
   presentadas el 8 de diciembre de 2020 (
         1
      )
   Asunto C‑383/19
   Powiat Ostrowski
   contra
   Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
   
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolski, Polonia)]
   
   «Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2009/103/CE — Seguro de responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos automóviles — Artículo 3, apartado 1 — Obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos automóviles — Vehículo no apto para circular debido a su estado técnico — Reparto de competencias con arreglo al artículo 267 TFUE — Interpretación y aplicación del Derecho de la Unión»
   
      I. Introducción
   
   
            1.
         
         
            ¿Cuándo nace y cuándo se extingue la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad? (
                  2
               )
         
      
            2.
         
         
            En su sentencia en el asunto Juliana, el Tribunal de Justicia declaró que «un vehículo matriculado y que, por tanto, no se ha retirado legalmente de la circulación y que es apto para circular responde al concepto de “vehículo”, en el sentido del artículo 1, punto 1, de la [Directiva 72/166], y, por tanto, no deja de estar sujeto a la obligación de aseguramiento prevista en el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva». (
                  3
               )
         
      
            3.
         
         
            Ante una situación de hecho en la que un vehículo automóvil no se ha retirado oficialmente de la circulación, pero en la que al mismo tiempo no parece apto para circular debido a su deficiente estado técnico, el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolski, Polonia) se pregunta, en esencia, si en el asunto Juliana el Tribunal de Justicia tuvo la intención de establecer dos requisitos acumulativos para que exista la obligación de asegurar un vehículo automóvil con arreglo a la Directiva.
         
      
      II. Marco jurídico
   
   
      
         A.
       
         Derecho de la Unión
      
   
   
            4.
         
         
            El artículo 1 de la Directiva 2009/103 dispone lo siguiente:
            «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
            
                     1)
                  
                  
                     “vehículo”: todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, accionado mediante una fuerza mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques, incluso no enganchados;
                  
               […]
            
                     4)
                  
                  
                     “territorio en el que se estaciona habitualmente el vehículo”:
                     
                              a)
                           
                           
                              el territorio del Estado al que corresponda la matrícula del vehículo, independientemente de si dicha matrícula es permanente o provisional, o
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              en el caso de que no existiera matrícula para un tipo de vehículo, pero este llevase una placa de seguro u otro signo distintivo análogo a la matrícula, el territorio del Estado donde se ha expedido esta placa o signo, o
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              en el caso de que no existiese matrícula, placa de seguro o signo distintivo para ciertos tipos de vehículos, el territorio del Estado del domicilio del usuario, o
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              en el caso de vehículos sin matrícula o con una matrícula que no corresponda o haya dejado de corresponder al vehículo, involucrados en un accidente, el territorio del Estado en que haya tenido lugar el accidente […]
                           
                        
               […]»
         
      
            5.
         
         
            El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva, cuyo epígrafe es «Obligación de asegurar los vehículos automóviles», establece lo siguiente:
            «Cada Estado miembro adoptará todas las medidas apropiadas, sin perjuicio de la aplicación del artículo 5, para que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio, sea cubierta mediante un seguro.»
         
      
            6.
         
         
            A tenor del artículo 5 de la misma Directiva, que lleva como epígrafe «Excepciones a la obligación de asegurar los vehículos automóviles»:
            «1.   Cada Estado miembro podrá establecer excepciones a las disposiciones del artículo 3 en lo que se refiere a ciertas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuya relación se determinará por cada Estado, notificándola al resto de los Estados miembros y a la Comisión.
            […]
            2.   Cada Estado miembro podrá establecer excepciones a las disposiciones del artículo 3 en lo que se refiere a ciertos tipos de vehículos o ciertos vehículos que tengan una matrícula especial, cuya relación se determinará por este Estado, notificándose al resto de los Estados miembros y a la Comisión.
            […]»
         
      
            7.
         
         
            En el capítulo 4 de la Directiva 2009/103, relativo a la «Indemnización de daños causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento contemplada en el artículo 3», el artículo 10, cuyo epígrafe es «Organismo responsable de la indemnización», establece, en su primer párrafo, lo siguiente:
            «1.   Cada Estado miembro creará o autorizará un organismo que tendrá por misión indemnizar, al menos hasta los límites de la obligación del aseguramiento, los daños materiales o corporales causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento mencionada en el artículo 3.
            El párrafo primero se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de considerar o no la indemnización de dicho organismo subsidiaria, y del derecho de regular la liquidación de siniestros entre dicho organismo y el o los responsables del accidente y otros aseguradores u organismos de seguridad social obligados a indemnizar a la víctima por el mismo accidente. No obstante, los Estados miembros no podrán autorizar al mencionado organismo a condicionar el pago de la indemnización a la demostración por parte de la víctima de que la persona responsable no puede pagar o se niega a hacerlo.
            […]»
         
      
      
         B.
       
         Derecho polaco
      
   
   
            8.
         
         
            El artículo 10, apartado 2, de la Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [Ley sobre el Seguro Obligatorio, el Fondo de Garantía del Sector de Seguros y la Oficina Polaca de los Aseguradores de los Riesgos de Circulación de Automóviles, de 22 de mayo de 2003; en lo sucesivo, «Ley sobre el Seguro Obligatorio» (Dz. U. de 2018, partida 473)], dispone lo siguiente:
            «Podrán emprenderse acciones ante los órganos jurisdiccionales ordinarios para determinar el cumplimiento de la obligación de aseguramiento o la inexistencia de tal obligación.»
         
      
            9.
         
         
            Según dispone el artículo 23, apartado 1, de la Ley sobre el seguro obligatorio, el titular de un vehículo automóvil está obligado a celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil obligatorio para titulares de vehículos automóviles por los daños resultantes de la circulación del vehículo automóvil del que esté en posesión.
         
      
            10.
         
         
            El artículo 31, apartado 3, de la Ley sobre el Seguro Obligatorio dispone lo siguiente:
            «En caso de cederse o transferirse la propiedad de un vehículo automóvil matriculado cuyo titular no haya celebrado un contrato de seguro de responsabilidad civil para titulares de vehículos automóviles pese a tener obligación de hacerlo, se exigirá al titular al que se haya cedido o transferido la propiedad del vehículo que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil para titulares de vehículos automóviles en la fecha de la cesión o la transferencia de la propiedad del vehículo automóvil, y, a más tardar, en el momento de la puesta en circulación del referido vehículo. En caso de que la transferencia de la posesión de un vehículo automóvil matriculado haya tenido lugar sin la cesión o la transferencia de la propiedad de aquel y su anterior titular no hubiese celebrado un contrato de seguro de responsabilidad civil para titulares de vehículos automóviles pese a tener obligación de hacerlo, se exigirá al sucesor en la titularidad del vehículo que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil para titulares de vehículos automóviles en la fecha de la toma de posesión de dicho vehículo y, a más tardar, en el momento de su puesta en circulación.»
         
      
            11.
         
         
            Según el artículo 84, apartado 1, de la Ley sobre el Seguro Obligatorio, el Fondo de Garantía del Sector de Seguros es el organismo facultado para vigilar el cumplimiento de la obligación de los titulares de vehículos automóviles de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil. Por otra parte, conforme al artículo 88, apartado 7, a quienes no suscriban dicho contrato de seguro se les impone el pago de una multa en favor del Fondo de Garantía del Sector de Seguros.
         
      
            12.
         
         
            Con arreglo al artículo 130a, apartado 10, de la Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym [Ley de Circulación Vial de 20 de junio de 1997 (Dz. U. de 2018, partida 1990)], en su versión aplicable en el litigio principal:
            «Por lo que respecta a un vehículo que haya sido retirado legalmente de la circulación en las circunstancias previstas en los apartados 1 o 2 [en particular, cuando su estado técnico ponga en peligro la seguridad vial o en caso de incumplimiento de las normas de estacionamiento], el presidente de la provincia solicitará al órgano jurisdiccional que resuelva el decomiso del vehículo en favor de la provincia, si el propietario o una persona autorizada, habiendo sido debidamente notificados, no han recogido el vehículo en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su retirada. La notificación contendrá información sobre las consecuencias de la no recogida del vehículo.»
         
      
      III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales
   
   
            13.
         
         
            Mediante resolución de 16 de enero de 2018, el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolsk) acordó la confiscación en favor de la entidad territorial del Powiat Ostrowski (Distrito de Ostrów, Polonia; en lo sucesivo, «demandante»), de un automóvil de la marca Renault Clio 1.5 DCI, matriculado en Polonia y que permanecía en un aparcamiento vigilado tras haber sido retirado legalmente de la circulación. La resolución de confiscación adquirió firmeza el 7 de febrero de 2018, de manera que el demandante se convirtió en propietario del vehículo.
         
      
            14.
         
         
            El 6 de febrero de 2018 el demandante solicitó la notificación de la citada resolución, incluyendo la declaración de su firmeza, y que se adjuntara la orden de ejecución. El 20 de abril de 2018 se atendieron dichas solicitudes. En consecuencia, el demandante suscribió un contrato de seguro relativo a ese vehículo con efectos a partir del 23 de abril de 2018.
         
      
            15.
         
         
            Según los documentos obrantes en autos, el vehículo de que se trata se sometió a la valoración de un experto el 2 de mayo de 2018, en la que se determinó que el automóvil no podía ponerse en marcha, que se encontraba en mala situación técnica, que constituía chatarra y que tenía un valor de mercado de 400 zlotys polacos (PLN). A causa de su estado técnico, el demandante ordenó que el vehículo fuera achatarrado. Se desguazó antes de ser dado de baja con fecha de 22 de junio de 2018.
         
      
            16.
         
         
            El 25 de septiembre de 2018, el demandante interpuso un recurso ante el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolski) contra la resolución del Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fondo de Garantía del Sector de Seguro; en lo sucesivo, «demandado») por la que se le exigía el pago de una multa por no haber suscrito un contrato de seguro de responsabilidad civil durante el período comprendido entre el 7 de febrero de 2018 y el 22 de abril de 2018.
         
      
            17.
         
         
            El tribunal remitente se pregunta si, a la luz de la sentencia pronunciada en el asunto Juliana, es posible exceptuar la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil por el uso de vehículos automóviles en una situación en la que el vehículo en cuestión se encuentra inmovilizado en un terreno privado, ha sido adquirido en propiedad por la entidad territorial local, no es apto para circular y va a ser desguazado como consecuencia de la decisión de su propietario.
         
      
            18.
         
         
            En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolski, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
            
                     «1)
                  
                  
                     ¿Debe interpretarse el artículo 3 [de la Directiva 2009/103] en el sentido de que la obligación de celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil relativo a la circulación de vehículos automóviles se extiende incluso a aquellas situaciones en las que una entidad territorial —un powiat (distrito)— ha adquirido, en virtud de una resolución de un órgano jurisdiccional, el derecho de propiedad de un vehículo que no es apto para circular, se encuentra en un espacio privado que constituye un aparcamiento vigilado fuera de la vía pública y que va a ser desguazado como consecuencia de la decisión de su propietario?
                  
               
                     2)
                  
                  
                     O bien, ¿debe interpretarse en el sentido de que, en tales circunstancias, la entidad territorial, como propietaria del vehículo, no tiene la obligación de suscribir un seguro sin perjuicio de la responsabilidad del Fondo frente a terceros perjudicados?»
                  
               
      
            19.
         
         
            Han presentado observaciones escritas el demandado, los Gobiernos alemán y polaco, y la Comisión Europea.
         
      
      IV. Apreciación
   
   
      
         A.
       
         Sobre la admisibilidad
      
   
   
            20.
         
         
            El demandado ha planteado dos líneas de argumentación: por una parte, alega que las cuestiones prejudiciales planteadas son inadmisibles debido a que se refieren, en su mayor parte, a la interpretación del Derecho nacional y, por otra, sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede, en buena medida, extraerse una respuesta a las dudas del tribunal remitente.
         
      
            21.
         
         
            Coincido, de hecho, con el demandado en su primera alegación. Sin embargo, estoy obligado a discrepar de la segunda.
         
      
            22.
         
         
            En realidad, mediante la interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados extraídos de las disposiciones de la Directiva 2009/103 y sus predecesoras, al Tribunal de Justicia se le ha pedido, cada vez con más frecuencia, que resuelva demandas por responsabilidad individual. En algunos de esos casos no está claro a simple vista, o no al menos para mí, hasta qué punto las diferencias fácticas —en apariencia, relativas a la interpretación de conceptos jurídicos indeterminados de la Directiva, concretamente, el concepto de «vehículo» o la «circulación de vehículos», (
                  4
               )— resultan necesarias para proteger la unidad y la coherencia interpretativas del Derecho de la Unión.
         
      
            23.
         
         
            Sin embargo, el presente asunto es diferente. Bajo una capa de precisiones fácticas se oculta un problema que ciertamente tiene mayor calado estructural: ¿cuándo finaliza la obligación, prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103, de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil? El presente asunto se refiere, en esencia, a la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia que su Gran Sala, en relación con ese mismo problema, pronunció hace dos años. En tal contexto, las cuestiones planteadas por el tribunal remitente no solo resultan admisibles, sino que en realidad son muy pertinentes.
         
      
      
         B.
       
         Sobre el fondo
      
   
   
            24.
         
         
            Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente solicita que se determine si el artículo 3 de la Directiva 2009/103 debe interpretarse en el sentido de que la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil relativo a la circulación de vehículos automóviles sigue siendo obligatoria aun cuando el vehículo de que se trata no sea apto para circular debido al estado técnico en el que se encuentra.
         
      
            25.
         
         
            Por lo tanto, pese a que el contexto fáctico del litigio principal es, por supuesto, diferente, al Tribunal de Justicia se le plantea la misma cuestión jurídica sobre la que giraba el asunto que dio lugar a la sentencia Juliana: ¿cuándo termina la obligación, prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103, de asegurar los vehículos automóviles?
         
      
            26.
         
         
            Es cierto que, formalmente, el Tribunal de Justicia ya interpretó el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166/CEE (
                  5
               ) en el asunto Juliana. Sin embargo, las disposiciones más importantes de las anteriores Directivas sobre vehículos de motor (Directivas 72/166 y 84/5/CEE (
                  6
               )) a las que se hacía referencia en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Juliana, relativas a la definición de «vehículo», la obligación de aseguramiento, las excepciones a dicha obligación y la indemnización por los daños causados por un vehículo respecto al cual no se haya cumplido esta obligación, figuran ahora en los artículos 1, 3, 5 y 10, respectivamente, de la Directiva 2009/103, de modo que el contenido de estas disposiciones sigue siendo idéntico en lo fundamental. (
                  7
               )
         
      
      1. Asunto Juliana
   
   
            27.
         
         
            El procedimiento principal en el asunto Juliana versaba sobre una sucesión de (trágicos) acontecimientos: la demandada era la propietaria de un vehículo automóvil matriculado en Portugal; había dejado de conducir dicho vehículo debido a problemas de salud, y lo había estacionado en el patio de su casa, aunque sin iniciar los trámites para su retirada oficial de la circulación. Así pues, el automóvil estaba matriculado y operativo. Un día, su hijo cogió las llaves del vehículo sin su conocimiento, lo sacó de la finca y causó un accidente de tráfico en una vía pública. Como resultado de aquel, fallecieron el hijo de la demandada y dos pasajeros que lo acompañaban.
         
      
            28.
         
         
            El fondo nacional de compensación, Fundo de Garantia Automóvel (Fondo de Garantía de Automóviles, Portugal), parte demandante en el procedimiento principal, indemnizó por el accidente a los familiares de los dos pasajeros fallecidos e interpuso posteriormente una acción de repetición contra la demandada, en calidad de propietaria del automóvil, en la que alegó que esta estaba obligada a tener el vehículo asegurado con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 72/166 (que coincide en lo fundamental con el actual artículo 3 de la Directiva 2009/103). En tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente quiso saber si esta disposición debía interpretarse en el sentido de que la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos automóviles abarcaba incluso aquellas situaciones en las que, por decidirlo así su propietario, el vehículo se encuentra inmovilizado en una finca particular, fuera de la vía pública.
         
      
            29.
         
         
            En su respuesta a esa primera cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia recordó que el concepto de «vehículo», que ya figuraba en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 72/166, está redactado «en términos muy generales» y abarca todo vehículo automóvil destinado a circular por el suelo, accionado mediante una fuerza mecánica. El Tribunal de Justicia señaló además que el concepto de «vehículo» debe ser objetivo e independiente de la intención del propietario (
                  8
               ) y confirmó, de este modo, que la intención subjetiva del propietario de no conducirlo no es pertinente para determinar si se trata o no un vehículo en el sentido de la Directiva.
         
      
            30.
         
         
            Por lo tanto, el alcance de la obligación de aseguramiento debe, por razones de seguridad jurídica, determinarse con antelación, es decir, antes de la posible implicación del vehículo en un accidente. (
                  9
               ) El Tribunal de Justicia también prescindió del razonamiento inverso a ese respecto y afirmó que la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil no podía en realidad determinarse en función de la utilización del vehículo en un momento concreto, ya fuese como medio de transporte o de otra forma. (
                  10
               )
         
      
            31.
         
         
            Tales consideraciones llevaron al Tribunal de Justicia a concluir, en el apartado 42 de la sentencia Juliana, que, «habida cuenta de lo anterior, procede considerar que un vehículo matriculado y que, por tanto, no se ha retirado legalmente de la circulación y que es apto para circular responde al concepto de “vehículo”, en el sentido del artículo 1, punto 1, de la [Directiva 72/166], y, por tanto, no deja de estar sujeto a la obligación de aseguramiento prevista en el artículo 3, apartado 1, de esta Directiva, por la mera razón de que su propietario ya no tenga intención de conducirlo y lo inmovilice en un terreno privado». (
                  11
               )
         
      
            32.
         
         
            Esa misma formulación se repite en el apartado 52 y en el fallo de la sentencia, donde se afirma, en términos generales, que «es obligatorio suscribir un contrato de seguro de la responsabilidad civil relativa a la circulación de un vehículo automóvil cuando el vehículo sigue estando matriculado en un Estado miembro y es apto para circular». (
                  12
               )
         
      
            33.
         
         
            En el presente asunto, el tribunal remitente alberga dudas respecto a si la posibilidad de utilizar un vehículo como medio de transporte constituye un elemento necesario de la definición del concepto de «vehículo» en el sentido del artículo 1, punto 1), de la Directiva. Dicho de otro modo, ¿es el estado desde el punto de vista técnico de un automóvil (chatarra destinada al desguace), aunque ese mismo automóvil siga estando matriculado legalmente como automóvil (no se han adoptado aun las medidas oficiales para retirarlo de la circulación y lleva placas de matrícula), decisivo para determinar si existe un vehículo que deba ser obligatoriamente asegurado?
         
      
            34.
         
         
            El tribunal remitente señala que, en caso de aplicar la afirmación formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Juliana, se vería obligado a resolver que, en unas circunstancias como las del presente asunto, no existe obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil, porque el automóvil objetivamente no era apto para su uso como vehículo a causa de su deficiente estado técnico. Seguidamente, el tribunal remitente expresa también sus dudas en cuanto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la normativa nacional, en particular, del artículo 23, apartado 1, de la Ley sobre el Seguro Obligatorio, que vincula la obligación de celebrar un contrato de seguro de responsabilidad civil para titulares de vehículos automóviles a todo aquel vehículo automóvil que se encuentre en su posesión, con independencia de si el vehículo es o no apto para circular.
         
      
            35.
         
         
            En resumen, las dudas del órgano jurisdiccional remitente giran en torno al empleo en la sentencia Juliana de la conjunción «y» entre la condición legal (matriculación válida) y el estado técnico (aptitud para circular) del vehículo. ¿Son estos dos requisitos acumulativos, en el sentido de que deben ambos cumplirse al mismo tiempo para que exista un «vehículo» que debe someterse a la obligación de aseguramiento prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103?
         
      
            36.
         
         
            Todos los intervinientes que presentaron observaciones escritas (excepto el Gobierno alemán) coinciden en que sí existe obligación de aseguramiento en un asunto como el de autos, fundamentalmente porque el vehículo de que se trata no ha sido retirado legalmente de la circulación. El Gobierno alemán plantea que, aunque el artículo 3 de la Directiva 2009/103 no impone esa obligación, no impide que un Estado miembro adopte medidas más estrictas, como las adoptadas por Polonia en el presente asunto. Por tanto, en cualquier caso, a juicio del Gobierno alemán, el artículo 3 de la Directiva no se opone a una normativa como la controvertida en el presente asunto.
         
      
            37.
         
         
            Por los motivos que expuse detalladamente en mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana, (
                  13
               ) coincido en lo esencial con el demandado, el Gobierno polaco y la Comisión: la obligación de asegurar la responsabilidad civil que resulta de la circulación de un vehículo automóvil es exigible cuando, y mientras que, el vehículo esté o bien matriculado oficialmente (condición legal), o sea objetivamente apto para circular y se utilice como tal (situación de hecho). Si se atiende a la lógica, la finalidad y el objetivo de la Directiva 2009/103, cabe deducir que sí existe una disyunción «o» entre una y otra condición: para que tenga lugar la consecuencia (que es la obligación de suscribir un seguro), basta con que se cumpla una sola de las dos condiciones.
         
      
            38.
         
         
            Para explicar por qué creo que es así, comenzaré, en primer lugar, por traer a colación los principios que orientan la interpretación de la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil prevista en el artículo 3 de la Directiva (2), para abordar después las posibles situaciones individuales que pueden plantearse (3). Habida cuenta de esa respuesta que propongo, los aspectos específicos del caso de autos podrán tratarse con relativa rapidez (4).
         
      
      2. Principios rectores
   
   
            39.
         
         
            En primer lugar, debe subrayarse que, como acertadamente señaló el Gobierno alemán, ni el artículo 3 ni, de hecho, ninguna otra disposición de la Directiva 2009/103 se destina a regular la responsabilidad en casos individuales. La Directiva establece una obligación general de asegurar. No es su vocación decidir, indirectamente a través del concepto de «vehículo» o la «circulación de vehículos», sobre la responsabilidad por un accidente en casos individuales.
         
      
            40.
         
         
            En segundo lugar, el alcance de la obligación de asegurar y los conceptos jurídicos indeterminados relativos a dicha obligación deben inscribirse en el doble objetivo que pretende garantizar la Directiva 2009/103: un alto grado de protección de las víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles y, como resultado, fomentar de la libre circulación dentro de la Unión Europea.
         
      
            41.
         
         
            El Tribunal de Justicia ha recordado el objetivo de ofrecer un alto grado de protección de las víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles cada vez que ha interpretado las Directivas. (
                  14
               ) En efecto, tal objetivo primordial, que requiere de la creación de un sistema de protección sin fisuras de las víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles, no solo es un fin en sí mismo, sino que resulta igualmente esencial para garantizar la libre circulación (de personas y mercancías): solo cuando queda garantizada, a través del seguro obligatorio, la sólida protección de las víctimas potenciales de accidentes causados por vehículos automóviles puede pedirse a los Estados miembros que se abstengan, con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2009/103, de realizar sistemáticamente el control del seguro de responsabilidad civil con respecto a los vehículos que entran en su territorio procedentes de otros Estados miembros.
         
      
            42.
         
         
            Este objetivo exige una interpretación amplia del alcance de la obligación de suscribir el seguro de responsabilidad civil que recoge el artículo 3 de la Directiva. La anterior aseveración se ve reforzada en mayor medida por los dos argumentos intrasistémicos siguientes.
         
      
            43.
         
         
            En tercer lugar, existe una conexión importante, o más bien una correlación directa, entre el alcance de la obligación general de asegurar los vehículos prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103 y el alcance de la obligación de indemnizar que incumbe a los organismos nacionales de indemnización, prevista en el artículo 10, apartado 1, de la misma Directiva. El ámbito potencial de intervención del organismo de indemnización previsto en la Directiva coincide con la obligación de aseguramiento. A menos que un Estado miembro ampliase, merced a su propia voluntad, el ámbito de intervención del fondo nacional de indemnización, dicho fondo, con arreglo a la Directiva, únicamente deberá abonar la indemnización por los daños causados por un vehículo no identificado o por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento contemplada en el artículo 3.
         
      
            44.
         
         
            Dicha conexión es crucial para la estructura y la finalidad de la Directiva en su conjunto: en ausencia de la obligación de asegurar que prevé su artículo 3, solo intervendría la responsabilidad personal (no asegurada) del causante del daño. El fondo de indemnización tampoco estaría obligado a intervenir porque la obligación de aseguramiento prevista en su artículo 3 se habría satisfecho en realidad: no hay tal obligación. Por consiguiente, en la medida en que no exista absolutamente ninguna obligación de asegurar, es la víctima del accidente la que soportaría todo el riesgo. Es evidente que semejante situación no corresponde a un alto grado de protección de las víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles. (
                  15
               )
         
      
            45.
         
         
            En cuarto lugar, aun cuando, efectivamente, lleva a una interpretación amplia de «vehículo» o de su utilización, está fuera de lugar cualquier inquietud por un posible exceso del alcance de la obligación de asegurar.
         
      
            46.
         
         
            Tenemos, por un lado, el artículo 5 de la Directiva 2009/103, conforme al cual los Estados miembros tienen la facultad de limitar el alcance de la obligatoriedad de la contratación del seguro, mediante la exclusión, bien de los vehículos que pertenezcan a determinadas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, o bien de determinados tipos de vehículos que tengan una matrícula especial. En este caso, el artículo 5 de la Directiva 2009/103 dispone también que el Estado miembro que establezca una excepción debe designar a la autoridad o el organismo competentes, o incluso el fondo de garantía encargados de proceder a la indemnización de las víctimas de accidentes causados por aquellos vehículos que se beneficien de las exenciones. De este modo, nuevamente se garantiza que no circule ningún vehículo sin asegurar o sin un sistema de indemnización. (
                  16
               )
         
      
            47.
         
         
            Por otra parte, la Directiva, al mismo tiempo que insiste de manera categórica en el cumplimiento de la obligación de asegurar en general, no se opone a una cierta flexibilidad, dentro de lo razonable, con respecto a los sistemas de matriculación pública (por ejemplo, revocación temporal o estacional, o suspensión de la matriculación en el caso de vehículos que solo se conduzcan en determinados períodos), o también con respecto a las compañías aseguradoras (por ejemplo, diferencias entre las primas del seguro en el caso de vehículos que se conducen en muy contadas ocasiones). Lo fundamental sigue siendo lo ya señalado: distintos riesgos pueden dar lugar a distintos tipos de seguro, pero, sin duda, no pueden dar lugar a la total exclusión de la obligación de aseguramiento. (
                  17
               )
         
      
            48.
         
         
            En quinto y último lugar, todas estas consideraciones propician una interpretación amplia del concepto de «circulación de vehículos» y, en consonancia, un amplio alcance de la obligación de asegurar el vehículo con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2009/103. En efecto, el concepto de «vehículo» es independiente de la utilización efectiva del vehículo de que se trate en un momento concreto. (
                  18
               ) La obligación de suscribir un contrato de seguro que prevé el artículo 3 de la Directiva 2009/103 es objetiva y no varía en función de la intención del propietario (en ese momento preciso). (
                  19
               ) La forma exacta en que se estuviese utilizando en un momento concreto el vehículo cuando tuvo lugar el accidente es una cuestión que debe resolverse (ex post) al dirimirse la responsabilidad individual en cada uno de esos casos, pero no definirse de antemano (ex ante) la cuestión de si existía obligación de suscribir un seguro. Son cuestiones diferentes. (
                  20
               )
         
      
            49.
         
         
            Por consiguiente, que un vehículo, en un momento concreto, sea apto para utilizarse o circular carece de pertinencia para determinar si corresponde objetivamente al concepto de «vehículo». En circunstancias en las que un vehículo necesita reparaciones considerables y, por tanto, no es apto para ser conducido, dicho vehículo no pierde su condición objetiva de vehículo, en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2009/103.
         
      
      3. El alcance de la sentencia Juliana: ¿conjunción copulativa «y» o disyuntiva «o»?
   
   
            50.
         
         
            Por los motivos expuestos, propuse al Tribunal de Justicia en el asunto Juliana que adoptase un alcance preferentemente amplio de la obligación de aseguramiento prevista en la(s) Directiva(s), que, al mismo tiempo, estuviese sometido a un cierto grado de continuidad, previsibilidad, estabilidad y, en consecuencia, seguridad jurídica.
         
      
            51.
         
         
            En concreto propuse, en primer lugar, que mientras el vehículo esté y siga matriculado en el Estado miembro y no se hayan adoptado medidas oficiales para suspender o revocar la matriculación, debía existir obligación de asegurar. Por lo tanto, es decisiva la condición legal oficial. (
                  21
               )
         
      
            52.
         
         
            En segundo lugar, el estado técnico objetivo de un vehículo solo debería cuestionarse en el caso de aquellos vehículos que sean aptos para circular por el suelo y sean utilizados efectivamente para desplazarse, pero que no estén matriculados. Señalé, a ese respecto, que la Directiva 72/166, y lo mismo sucede en el caso de la Directiva 2009/103, no consideraba que el concepto de «circulación de vehículos», o su utilización se limiten a la circulación de vehículos con matriculación nacional. (
                  22
               ) En efecto, la lógica general de estos instrumentos es más sencilla: lo que objetivamente es un vehículo, y lo que se conduce y se utiliza como tal, es susceptible de causar daños y debe asegurarse. La consideración fundamental sigue siendo el alto grado de protección de las víctimas de accidentes causados por vehículos automóviles.
         
      
            53.
         
         
            Por lo tanto, resulta más que evidente que, en virtud de la Directiva 2009/103, existe la obligación de asegurar incluso para aquellos vehículos que, aunque no estén matriculados, son objetivamente vehículos que se utilizan como tales y pueden causar daños. Sin embargo, habida cuenta de la situación de hecho del asunto que dio lugar a la sentencia Juliana, en la que el vehículo en cuestión estaba matriculado (condición legal) y era también apto para circular —y, de hecho, se circuló con él— (condición mecánica), interrumpí el debate relativo a la posible discrepancia entre condición legal y condición técnica del vehículo, ya que no había necesidad de ello en el contexto del asunto. (
                  23
               )
         
      
            54.
         
         
            Sin embargo, si se atiende a los principios rectores que determinan el sistema y la lógica de las anteriores Directivas, y ahora de la Directiva 2009/103, el alcance de la obligación de asegurar coincidiría en cualquier caso como mínimo con la matriculación oficial del vehículo en un Estado miembro, es decir, la certificación formal de que un objeto es efectivamente un vehículo autorizado a circular en la vía pública. Además, deliberadamente no excluí aquellas situaciones en las que un vehículo que, por el motivo que fuere, no está matriculado, aun así, puede considerarse un vehículo con arreglo a la Directiva 2009/103.
         
      
            55.
         
         
            De acuerdo con esa interpretación del alcance de la obligación de asegurar, la relación lógica entre la condición legal y la condición mecánica sería una conjunción disyuntiva «o». Existirá obligación de asegurar en virtud de la Directiva si i) el vehículo está matriculado; o ii) es apto para utilizarse como vehículo y se usa efectivamente como tal; o iii) el automóvil está matriculado y se usa efectivamente como vehículo. (
                  24
               )
         
      
            56.
         
         
            Sin embargo, es cierto que en su sentencia el Tribunal de Justicia señaló repetidamente solo una modalidad del tercero de los supuestos, empleando un nexo «y» entre ambas condiciones, con lo que da la impresión de que se establece un requisito acumulativo, que se reproduce posteriormente como regla general en el fallo de la sentencia.
         
      
            57.
         
         
            Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia coincidió expresamente con varios de mis razonamientos esenciales, (
                  25
               ) que constituían la base de la motivación del Tribunal de Justicia, sería sorprendente, en cuanto a la conclusión adoptada, que hubiese tenido la intención de enunciar la obligación de asegurar (en general) de una forma tan sorprendentemente restringida. Consideradas en ese contexto, las afirmaciones realizadas en los apartados 42 y 52, y en el fallo de la sentencia Juliana tal vez deban considerarse no como un criterio general que estableció el Tribunal de Justicia para determinar la existencia de la obligación de asegurar, sino como una respuesta circunscrita y limitada a los hechos concretos declarados por el órgano jurisdiccional remitente.
         
      
            58.
         
         
            En cuanto a las mencionadas circunstancias de hecho, en los apartados 25, 27 y 34 de la sentencia Juliana se recuerda que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se debían a que el vehículo estaba inmovilizado en una propiedad privada y se puso en circulación sin conocimiento ni autorización de su propietaria.
         
      
            59.
         
         
            Puesto que el objeto de la primera cuestión prejudicial era determinar los límites de la obligatoriedad del seguro cuando el vehículo en cuestión se encuentra, por decisión exclusiva de su propietaria, que ya no tiene intención de conducirlo, estacionado en un terreno privado, el Tribunal de Justicia aclaró que dicha obligación no depende del uso del vehículo ni de si el vehículo de que se trate ha causado daños. (
                  26
               )
         
      
            60.
         
         
            En ese contexto específico, el Tribunal de Justicia estimó, en el apartado 42 de su sentencia en el asunto Juliana, que un vehículo matriculado y que, por tanto, no se ha retirado legalmente de la circulación y es apto para circular no deja de estar sujeto a la obligación de aseguramiento.
         
      
            61.
         
         
            Así pues, vistos en ese contexto, los dos postulados, que se refieren, sucesivamente, a la condición legal y mecánica del vehículo, acaso no pretendían establecer dos requisitos acumulativos, sino que se limitaban más bien a reflejar la situación fáctica del litigio principal.
         
      
            62.
         
         
            Corresponde al Tribunal de Justicia en última instancia aclarar si esa interpretación es correcta. No obstante, quisiera añadir varios argumentos adicionales sobre el motivo por el que, si se estableciera una conexión lógica entre la condición legal y mecánica de un vehículo a los efectos de la duración de la obligación de aseguramiento del artículo 3 de la Directiva 2009/103, esta deberá ser una relación cuyo nexo sea una conjunción «o» en vez de una «y».
         
      
            63.
         
         
            Como señala acertadamente el tribunal remitente, las circunstancias fácticas del litigio principal son distintas de las que dieron lugar a la sentencia recaída en el asunto Juliana. Solo se cumple uno de los requisitos mencionados por el Tribunal de Justicia: el primer requisito legal o administrativo relativo a la matriculación del vehículo.
         
      
            64.
         
         
            Por lo tanto, en general, los dos elementos mencionados en la sentencia Juliana, a saber, la condición legal y situación mecánica de un vehículo, podrían dar lugar a cuatro supuestos hipotéticos diferentes: i) el vehículo está matriculado y es apto para circular; ii) el vehículo está matriculado pero no es apto para circular; iii) el vehículo no está matriculado pero es apto para circular; y iv) el vehículo ni está matriculado ni es apto para circular.
         
      
            65.
         
         
            Según la sentencia recaída en el asunto Juliana, es evidente que la obligación de asegurar un vehículo existe en el primer supuesto, independientemente de la intención de su propietario o de si el vehículo de que se trate está inmovilizado en una propiedad privada, o de cualquier otra variante fáctica. La intención subjetiva del propietario de un vehículo en perfecto estado de funcionamiento, hasta el momento, y salvo que se materialice en la adopción de medidas formales, carece de pertinencia.
         
      
            66.
         
         
            Del mismo modo, en el cuarto supuesto, donde no se cumple ninguno de los dos requisitos, porque el vehículo ni está matriculado ni es apto para circular, resulta asimismo evidente que no existe obligación de aseguramiento. Si no hay vehículo, no hay nada que asegurar.
         
      
            67.
         
         
            Sin embargo, como señala el tribunal remitente, no está claro si existe obligación de asegurar un vehículo en los casos en que su propietario se halla en el segundo o en el tercer supuesto, en los que solo se cumple uno de los dos requisitos.
         
      
            68.
         
         
            En mi opinión, la respuesta debe ser afirmativa en ambos casos.
         
      
            69.
         
         
            Por lo que respecta al tercer supuesto, no cabe duda de que puede haber vehículos (un medio de transporte que cumpla todos los requisitos para ser objetivamente un vehículo) que no estén matriculados. La cuestión fundamental que se plantea es por qué no están asegurados. Tal vez resulte algo sorprendente que los casos de vehículos que circulan sin estar asegurados vulnerando la normativa nacional sean menos un problema estructural en lo que respecta a la protección de las víctimas. Si se conducen infringiendo la normativa nacional relativa a seguros de automóviles, están circulando de forma ilegal. No obstante, la red de seguridad del fondo de indemnización seguirá siendo aplicable puesto que los daños habrán sido causados por «un vehículo por el cual no haya sido satisfecha la obligación de aseguramiento mencionada en el artículo 3», con arreglo al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2009/103.
         
      
            70.
         
         
            El verdadero problema estructural, desde la óptica de la Directiva, lo plantean aquellos vehículos que potencialmente pueden circular legalmente según la legislación nacional sin tener que ser asegurados. De esta forma, una definición restrictiva del alcance de la obligación de aseguramiento del artículo 3 tendría repercusiones directas en el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2009/103, al permitir que circulen legalmente automóviles que ni están asegurados ni para los que el fondo de indemnización está obligado a intervenir y proporcionar una red de seguridad.
         
      
            71.
         
         
            Por tal motivo, la mera existencia objetiva de un vehículo, unida su utilización efectiva deben hacer nacer la obligación de aseguramiento prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103, a más tardar cuando dicho vehículo comience a utilizarse como tal en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2009/103. Así, si yo me construyo un «batmóvil» en mi casa con todas las características técnicas de un vehículo y luego, en vez de limitarme a admirarlo en el salón, lo conduzco, la obligación de asegurarlo comienza objetivamente desde su primera utilización como vehículo, aunque no lo haya matriculado de forma oficial.
         
      
            72.
         
         
            Sin embargo, no es descabellado proponer que el momento del nacimiento de la obligación en ese supuesto en concreto sea, a más tardar, el primer uso del dispositivo como vehículo, no necesariamente su mera construcción (y el hecho de que pueda circular). Por lo tanto, si el batmóvil que me he construido (o, tal vez, en el caso de un ejemplo más realista, un automóvil antiguo que he restaurado), se quedase eternamente en mi salón (o más bien en el garaje), sin que nunca llegue a circular (es decir, a utilizar como vehículo), no puede poner en peligro a nadie como vehículo. Sin embargo, desde el mismo momento en que empiece a circular y, por tanto, a usarse como vehículo, deberá asegurarse con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2009/103. (
                  27
               )
         
      
            73.
         
         
            Tenemos, por último, el segundo supuesto, que es de especial interés para el caso de autos: el vehículo está y sigue matriculado, pero no es apto para circular debido a su mal estado técnico. A mi juicio, incluso en este caso, la obligación de asegurar sigue vigente mientras el vehículo continúe matriculado. Dicho de otro modo, solo cuando se cancele la matriculación del vehículo (o se suspenda, o se lleve a cabo cualquier otro proceso oficial y formal que exista en el ámbito nacional a tal efecto), dejará de existir también la obligación de aseguramiento.
         
      
            74.
         
         
            Esta conclusión resulta confirmada por, al menos, tres razones adicionales.
         
      
            75.
         
         
            En primer lugar, la exigencia de iniciar los trámites formales y oficiales para la retirada o al menos la suspensión del vehículo de la circulación resulta esencial para la seguridad jurídica. Habrá muchas situaciones en las que un vehículo puede ser temporalmente, o incluso durante un período más largo, no apto para circular o simplemente no utilizarse. (
                  28
               ) ¿Supone cada uno de esos períodos la caducidad de la obligación de asegurar durante ese tiempo? ¿Cambiaría la condición efectiva del vehículo entre ser vehículo y no serlo por el mero hecho de que su propietario no se molestó en repararlo? ¿Podrían entonces los particulares reclamar, en esos períodos en que su automóvil no era apto para circular, una rebaja o remisión de parte de las primas del seguro?
         
      
            76.
         
         
            En segundo lugar, está el elemento probatorio. ¿A quién correspondería certificar que la condición mecánica del automóvil no permite, en efecto, su circulación? ¿Cómo se haría eso? ¿Se exigiría un certificado propio o uno de mi taller mecánico habitual? ¿O bastaría una declaración jurada de mi vecino en la que declare que el automóvil estaba inmovilizado en mi patio, sin ruedas? Al margen de todos esos problemas prácticos y de la complejidad probatoria, lo fundamental aquí es que todo eso sería completamente innecesario. ¿Por qué, para empezar, serían precisas tales consideraciones cuando lo único que corresponde al propietario del vehículo es adecuar la condición legal del vehículo a su supuesta condición mecánica y, en consecuencia, darlo de baja en la matrícula, o bien emprender las correspondientes medidas administrativas previstas en la legislación nacional a tal efecto, ya sea de manera temporal o permanente?
         
      
            77.
         
         
            En tercer y último lugar, en ese contexto, una obligación así concebida ofrece además los incentivos adecuados. Obliga indirectamente a los propietarios de los vehículos, a través de la obligación permanente de pagar un seguro en tanto no se hayan iniciado los trámites oficiales, a responsabilizarse de su propiedad. Claro está, corresponde enteramente a la voluntad del propietario reparar el automóvil si se le avería, o venderlo en el estado en el que se encuentre, o venderlo como chatarra porque no se puede reparar, o simplemente dejarlo aparcado en la calle o en su patio. Si, no obstante, cualquiera de estas opciones conduce a la terminación de la «vida oficial» de un vehículo, debe recaer sobre el propietario la responsabilidad de llevar a cabo los procedimientos de revocación, por ejemplo, entregando las matrículas u obteniendo el certificado público que proceda, incluso temporal, que confirme que el vehículo se ha retirado de la circulación.
         
      
            78.
         
         
            De este modo, el propietario del vehículo pasaría naturalmente del segundo al cuarto supuesto de los anteriormente expuestos, en el que la obligación de asegurar el vehículo en cuestión ya no existe. En caso contrario, la obligación de asegurar debe mantenerse.
         
      
      4. Aplicación al caso de autos
   
   
            79.
         
         
            El segundo supuesto que se ha descrito anteriormente ofrece una respuesta clara a las cuestiones planteadas por el tribunal remitente. En mi opinión, no cabe duda de que la obligación de asegurar subsiste hasta que el demandante no inicie los trámites formales para la certificación oficial del deficiente estado técnico del vehículo en cuestión, de forma que lo declaren no apto para su uso mediante la cancelación de la matriculación o la adopción de aquellas otras medidas que permitan retirar el vehículo de la circulación con arreglo a la legislación nacional.
         
      
            80.
         
         
            Aparte de la declaración general relativa al alcance de la obligación de asegurar prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103, en concreto, en cuanto al momento en que cesa dicha obligación, no creo que el Tribunal de Justicia pueda ayudar de otra forma al tribunal remitente.
         
      
            81.
         
         
            En primer lugar, todas las circunstancias de hecho que señala el tribunal remitente en su resolución de remisión y en su primera cuestión prejudicial (que el vehículo lo adquirió la entidad territorial a raíz de una resolución de un órgano jurisdiccional, que se encontraba inmovilizado en un terreno privado, en un aparcamiento vigilado, y no en la vía pública, y que conforme a la voluntad del propietario estaba destinado a ser desguazado) resultan útiles para delimitar e ilustrar la situación del litigio principal; sin embargo, carecen de pertinencia para la interpretación del Derecho de la Unión controvertido.
         
      
            82.
         
         
            Lo único que exigen la Directiva 2009/103 y, en concreto, su artículo 3, es que los Estados miembros establezcan una estructura amplia y sólida de aseguramiento de vehículos, con el fin de proporcionar una red de seguridad sin fisuras a las víctimas potenciales de accidentes causados por vehículos automóviles. Siempre que se cumpla ese objetivo principal y que, desde un punto de vista estructural, no sea posible que los vehículos circulen legalmente en un Estado miembro en el que no están obligados a estar asegurados y en cuyo caso se incumpla lo previsto tanto por el artículo 3 como por el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2009/103, existe un margen natural para soluciones diferenciadas entre los Estados miembros, lo que implica un cierto grado de diversidad permisible en cuanto a los resultados individuales de aquellos casos que sean diferentes o incluso similares en cuanto a los hechos.
         
      
            83.
         
         
            En segundo lugar, dentro de ese grado permisible de diversidad de métodos y soluciones, son siempre posibles los supuestos inhabituales. Es lo que, en parte, parece haber sucedido en el presente asunto, en el que, por un lado, el demandante no tenía la posibilidad, por aplicación del Derecho nacional, de asegurar el automóvil Renault Clio 1.5 DCI en cuestión hasta que no obtuviese la certificación oficial de su titularidad y, por otro, la obtención de dicha certificación oficial se demoró, al parecer, por la inacción de un tercero. En tal contexto y teniendo en cuenta el hecho de que el automóvil se encontraba en un aparcamiento vigilado y no había posibilidad alguna de que pudiese circular, podría en efecto parecer algo extraño reclamar el pago del seguro no contratado en este caso en concreto.
         
      
            84.
         
         
            En todo caso, por anómalas o excepcionales que resulten, no corresponde al Tribunal de Justicia resolver las demandas individuales en materia de seguros dentro del ámbito nacional. Podrá solicitársele, en virtud del artículo 267 TFUE, la interpretación de cualquier acto del Derecho de la Unión; no obstante, la aplicación del Derecho de la Unión a los casos reales, y más aún, la aplicación de las disposiciones nacionales adoptadas en el ámbito de la discrecionalidad de los Estados miembros al implementar el marco jurídico de la Unión se circunscribe al ámbito de las funciones encomendadas a los órganos jurisdiccionales nacionales.
         
      
            85.
         
         
            Dentro de ese reparto de competencias, corresponde en efecto al Tribunal de Justicia aclarar el marco general del artículo 3 de la Directiva 2009/103 y determinar el alcance material y temporal exacto de la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil con arreglo a lo previsto en esa disposición, analizado e interpretado en el contexto general de la referida Directiva. No obstante, una vez realizada esa tarea interpretativa, acompañada además, en caso necesario, de ciertas indicaciones sobre cómo evaluar la compatibilidad o incompatibilidad de la normativa nacional que transpone dicha obligación, la aplicación de esas normas a los casos individuales y su resolución es una tarea que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales.
         
      
            86.
         
         
            Así pues, una vez se ha proporcionado una interpretación del artículo 3 de la Directiva 2009/103, en atención a la cual, no hay aparentemente nada inapropiado en la legislación nacional aplicable en el presente asunto, en mi opinión —dicho sin ningún rodeo—, no incumbe en absoluto al Tribunal de Justicia quién exactamente debe abonar finalmente el importe del seguro del Renault Clio 1.5 DCI en el período comprendido entre el 7 de febrero de 2018 y el 22 de abril de 2018, momento en el que, a raíz de una resolución de un órgano jurisdiccional, el Powiat Ostrowski adquirió la titularidad de ese vehículo, el cual no era apto para circular y permanecía en un aparcamiento vigilado, no en la vía pública, y que, conforme a la voluntad del propietario, estaba destinado a ser desguazado.
         
      
      V. Conclusión
   
   
            87.
         
         
            Propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim (Tribunal de Distrito de Ostrów Wielkopolski, Polonia):
            «El artículo 3 de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad, debe interpretarse en el sentido de que la suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de un vehículo automóvil es obligatoria en circunstancias en las que el vehículo se encuentra matriculado oficialmente o se utiliza como tal.»
         
      (
         1
      )	Lengua original: inglés.
   (
         2
      )	DO 2009, L 263, p. 11.
   (
         3
      )	Sentencia de 4 de septiembre de 2018 (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartado 42, que se reproduce de modo similar en el apartado 52 y en el fallo. El subrayado es mío.
   (
         4
      )	Véanse, en particular, las recientes sentencias de 15 de noviembre de 2018, BTA Baltic Insurance Company (C‑648/17, EU:C:2018:917), y de 20 de junio de 2019, Línea Directa Aseguradora (C‑100/18, EU:C:2019:517). Véase también el auto de 11 de diciembre de 2019, Bueno Ruiz y Zurich Insurance (C‑431/18, no publicado, EU:C:2019:1082).
   (
         5
      )	Directiva del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 1972, L 103, p. 1; EE 13/2, p. 113), en su versión modificada por la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 (DO 2005, L 149, p. 14), codificada por la Directiva 2009/103.
   (
         6
      )	Segunda Directiva del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (DO 1984, L 8, p. 17; EE 13/15, p. 244), en su versión modificada por la Directiva 2005/14.
   (
         7
      )	Véase también la tabla de correspondencias que figura en el anexo II de la Directiva 2009/103.
   (
         8
      )	Sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartado 39.
   (
         9
      )	Ibíd., apartado 40.
   (
         10
      )	Ibíd., apartado 41.
   (
         11
      )	El subrayado es mío.
   (
         12
      )	El subrayado es mío.
   (
         13
      )	C‑80/17, EU:C:2018:290, puntos 93 a 110.
   (
         14
      )	Véase, en particular, la sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartado 47, así como, más recientemente, el auto de 11 de diciembre de 2019, Bueno Ruiz y Zurich Insurance (C‑431/18, EU:C:2019:1082, no publicado), apartados 33 y 34.
   (
         15
      )	Véanse, para mayor detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), puntos 31 a 36.
   (
         16
      )	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), punto 107.
   (
         17
      )	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), puntos 88 a 89 y 100.
   (
         18
      )	Sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartado 38 y jurisprudencia citada. Véanse, en ese mismo sentido, las sentencias de 4 de septiembre de 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146), apartado 33, y de 28 de noviembre de 2017, Rodrigues de Andrade (C‑514/16, EU:C:2017:908), apartado 11.
   (
         19
      )	Sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartado 39.
   (
         20
      )	A título ilustrativo de este razonamiento: si el increíble Hulk agarrase un automóvil que estuviese aparcado en una calle de una ciudad (europea) cuando intenta repeler una invasión extraterrestre y, al ser el increíble Hulk, causase daños, además de a los extraterrestres, a otros inmuebles de esa calle al usar el automóvil como arma, es razonable suponer que ese vehículo, que simplemente estaba allí aparcado solo unas horas mientras su propietario estaba trabajando en el edificio cercano, estaba sujeto a la obligación (permanente) de aseguramiento. El hecho de que, en manos de Hulk, y en ese preciso momento, semejante «utilización del vehículo» en particular difícilmente pueda considerarse una «utilización de un vehículo que es conforme con su función habitual», es decir como «medio de transporte», sin duda resulta pertinente para la imputación de la responsabilidad por los daños causados en ese caso individual, lo que, lógicamente, excluye la opción de reclamar la indemnización por los daños al seguro del vehículo automóvil, pero no para la existencia continuada de la obligación de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2009/103.
   (
         21
      )	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), punto 95.
   (
         22
      )	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), punto 99.
   (
         23
      )	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290), puntos 103 a 110.
   (
         24
      )	Por supuesto, estas categorías y el posterior debate en las presentes conclusiones son pertinentes primordialmente para los sistemas nacionales que imponen la obligación de asegurar un vehículo al propietario del automóvil, lo cual, según entiendo, es lo que sucede en Polonia. La apreciación sería algo diferente (en cuanto a su articulación, pero no en cuanto al principio) en el caso de aquellos sistemas que trasladan la obligación de contratar un seguro prevista en el artículo 3 de la Directiva 2009/103 a los usuarios o los conductores (véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:290, puntos 25 a 27).
   (
         25
      )	Sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartados 39 y 46.
   (
         26
      )	Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2018, Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:661), apartados 40 y 41.
   (
         27
      )	Aunque, naturalmente, sigue siendo posible disponer por ley distintas modalidades de la obligación de aseguramiento en el caso de esos tipos específicos de vehículos en la legislación nacional (véase supra el punto 47 de las presentes conclusiones).
   (
         28
      )	Véanse, a modo de más ejemplos, las situaciones de los puntos 77 y 78 de mis conclusiones presentadas en el asunto Juliana (C‑80/17, EU:C:2018:290).