CELEX: C2004/106/44
Language: es
Date: 2004-04-30 00:00:00
Title: Asunto C-105/04 P: Recursode casación interpuesto el 1 de marzo de 2004 porNederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op ElektrotechnischGebied (FEG) contra la sentencia dictada el 16 de diciembrede 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de lasComunidades Europeas, en los asuntos acumulados T-5/00 y T-6/00, promovidospor Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op ElektrotechnischGebied y Technische Unie BV contra la Comisión de las Comunidades Europeas,apoyada por CEF City Electrical Factors y CEF Holding Ltd.

30.4.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 106/25
            
         Recurso de casación interpuesto el 1 de marzo de 2004 por Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) contra la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en los asuntos acumulados T-5/00 y T-6/00, promovidos por Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie BV contra la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por CEF City Electrical Factors y CEF Holding Ltd.
   (Asunto C-105/04 P)
   (2004/C 106/44)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 1 de marzo de 2004 un recurso de casación formulado por Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG), representada por los Sres. E.H. Pijnacker Hordijk y D.J.M. de Grave, abogados, contra la sentencia dictada el 16 de diciembre de 2003 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-5/00 y T-6/00, promovidos por Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie BV contra la Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por CEF City Electrical Factors y CEF Holding Ltd.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
   
               1)
            
            
               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2004 en los asuntos acumulados T-05/00 y T-06/00, o por lo menos en el asunto T-05/00, y resuelva de nuevo el asunto anulando la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 26 de octubre de 1999, dirigida a FEG, total o parcialmente, o, por lo menos, reduciendo sustancialmente el importe de la multa impuesta a FEG.
            
         
               2)
            
            
               Con carácter subsidiario, anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 16 de diciembre de 2004 en los asuntos acumulados T-05/00 y T-06/00, o por lo menos en el asunto T-05/00, y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.
            
         
               3)
            
            
               Condene en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas en ambas instancias.
            
         Motivos y principales alegaciones
   En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia vulneró principios generales del Derecho comunitario, en particular el principio del plazo razonable, al declarar que la excesiva duración del procedimiento administrativo previo no debía conducir a la anulación de la Decisión impugnada. La apreciación del Tribunal de Primera Instancia no es coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni con la del propio Tribunal de Primera Instancia.
   En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia efectuó una interpretación errónea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que invoca para justificar su apreciación.
   En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia vulneró principios generales del Derecho comunitario, en particular el principio de presunción de inocencia y la obligación de motivación, al indicar en la sentencia que: (1) el período previo a la comunicación del pliego de cargos –y, por tanto, también el período comprendido entre el envío de la carta de advertencia de 16 de septiembre de 1991 y el envío del pliego de cargos– no debe tenerse en cuenta en relación con el carácter razonable del plazo, y (2) no se reconoce ningún valor a las pruebas de descargo de fecha posterior a la carta de advertencia. Estas apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia son intrínsecamente contradictorias y el Tribunal de Primera Instancia no ha justificado de modo fundado esta contradicción. Además, no tomar en consideración dicha prueba de descargo sin mayor aclaración constituye una falta de motivación grave del Tribunal de Primera Instancia y desvirtúa el principio de presunción de inocencia.
   En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 81 CE, apartado 1, y la obligación de motivación, al admitir la prueba aportada por la Comisión sobre la duración del presunto acuerdo colectivo de exclusividad. En este contexto es relevante que: (1) la sentencia carece de motivación material, (2) precisamente porque no existen pruebas de infracción en los períodos comprendidos entre el 12 de marzo de 1986 y el 28 de febrero de 1989 y entre el 18 de noviembre de 1991 y el 25 de febrero de 1994, deben aplicarse exigencias de motivación más estrictas para declarar la existencia de una infracción en dichos períodos, y (3) el Tribunal de Primera Instancia no ha tenido en cuenta en absoluto el extremo relativo a la duración al apreciar los medios de prueba aportados por la Comisión.
   En cuarto lugar, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio de motivación al no examinar los argumentos alegados por FEG ante el Tribunal de Primera Instancia o al reproducirlos con errores. La fundamentación de la apreciación del Tribunal de Primera Instancia respecto a las presuntas infracciones de FEG en relación con los precios muestra tales graves deficiencias que no se puede mantener la parte II. d de la sentencia. Además, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 81 CE, apartado 1, en partes de la sentencia al calificar un acuerdo como prácticas concertadas sin constatar también que el acuerdo se hubiera materializado efectivamente en determinadas prácticas.
   En quinto lugar, el Tribunal de Primera Instancia infringió el Derecho comunitario, o por lo menos aplicó erróneamente la jurisprudencia consolidada, al atribuir a FEG la presunta extensión del acuerdo colectivo exclusivo a los proveedores que no pertenecían a NAVEG. El Tribunal de Primera Instancia no tomó en consideración, en este contexto, que FEG no jugó un papel propio, diferenciado, en el establecimiento de las presuntas prácticas. Además, la apreciación del Tribunal de Primera Instancia no está fundamentada de modo comprensible dado que admite la participación directa de FEG sobre la base de acciones comunes divergentes de distintos miembros del grupo, a pesar de que: (1) FEG no participó en la decisión y ejecución de la acción, (2) no se examinó si la eventual aprobación de FEG de la acción común se materializó en sus acciones, y (3) el expediente de la Comisión contiene expresamente la prueba en contrario de la participación de FEG en las prácticas.
   En sexto lugar, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el Derecho comunitario y/o lo aplicó erróneamente, en particular el artículo 15, apartado 2, del Reglamento 17/62, o por lo menos los principios generales del Derecho comunitario en materia de fundamentación de las resoluciones judiciales y en materia de proporcionalidad en la determinación de la multa, al declarar que deben desestimarse los argumentos alegados por FEG y TU contra la determinación de la duración de las infracciones efectuada por la Comisión en la Decisión.
   En séptimo lugar, el Tribunal de Primera Instancia vulneró el Derecho comunitario y/o lo aplicó erróneamente, en particular el artículo 2, apartado 2, del Reglamento 17/62, o por lo menos, los principios generales del Derecho comunitario en materia de fundamentación de las resoluciones judiciales y en materia de proporcionalidad en la determinación de la multa, al declarar que las demandantes no habían aportado ningún elemento que justificara que el Tribunal de Primera Instancia tomara en consideración, al ejercitar sus facultades, la posibilidad de reconocer una reducción complementaria de la multa impuesta a FEG. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no examinó el hecho de que ella considera, a diferencia de la Comisión en su Decisión, que la Comisión es totalmente responsable de la excesiva duración del procedimiento. Además, la muy reducida disminución de la multa efectuada por la propia Comisión no compensa el daño sufrido por FEG como consecuencia de la excesiva duración del procedimiento.