CELEX: 62006CJ0162
Language: es
Date: 2007-11-15
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de noviembre de 2007.#International Mail Spain SL contra Administración del Estado y Correos.#Petición de decisión prejudicial: Tribunal Supremo - España.#Directiva 97/67/CE - Normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales - Liberalización de los servicios postales - Posibilidad de reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal "en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal".#Asunto C-162/06.

Asunto C‑162/06
      International Mail Spain, S.L., anteriormente TNT Express Worldwide Spain, S.L.,
      contra
      Administración del Estado y Correos
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
      «Directiva 97/67/CE — Normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales — Liberalización de los servicios postales — Posibilidad de reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal “en la medida en que sea necesario
         para el mantenimiento del servicio universal”»
      
      Conclusiones del Abogado General Sr. M. Poiares Maduro, presentadas el 8 de mayo de 2007 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 15 de noviembre de 2007 
      Sumario de la sentencia
      1.     Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Competencia del órgano jurisdiccional nacional
      (Art. 234 CE)
      2.     Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia
      (Art. 234 CE)
      3.     Libre prestación de servicios — Servicios postales de la Comunidad — Directiva 97/67/CE — Servicios reservados a los proveedores
            del servicio postal universal
      (Art. 86 CE, ap. 2; Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7, ap. 2)
      1.     En el marco del procedimiento establecido por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce
         del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las
         particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia
         de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la
         interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse.
      
      (véase el apartado 23)
      2.     El mero hecho de que el Tribunal de Justicia haya de pronunciarse en términos abstractos y generales no puede acarrear la
         inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial. En efecto, una de las características esenciales del sistema de cooperación
         judicial establecido por el artículo 234 CE consiste en que el Tribunal de Justicia responde en términos más bien abstractos
         y generales a una cuestión de interpretación del Derecho comunitario que se le plantea, mientras que corresponde al órgano
         jurisdiccional remitente resolver el litigio de que conoce teniendo en cuenta la respuesta del Tribunal de Justicia.
      
      (véase el apartado 24)
      3.     El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de
         los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, que establece que el correo transfronterizo
         y la publicidad directa podrán seguir formando parte del sector reservado, con las limitaciones de precios y pesos establecidas
         en el apartado 1 de dicho artículo, en la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, debe interpretarse
         en el sentido de que únicamente permite a los Estados miembros reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio
         postal universal en la medida en que acrediten:
      
      —      que, sin tal reserva, se impediría la prestación de ese servicio universal, o
      —      que dicha reserva es necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.
      El objetivo del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva es garantizar el mantenimiento del servicio postal universal, dotándolo,
         en particular, de los recursos necesarios para que pueda funcionar en condiciones de equilibrio financiero. No obstante, el
         requisito enunciado en dicha disposición no puede reducirse únicamente a este aspecto financiero, en la medida en que no cabe
         excluir que existan otras razones por las cuales, conforme al artículo 86 CE, apartado 2, los Estados miembros puedan decidir
         reservar el correo transfronterizo para garantizar que no se impida el cumplimiento de la misión específica encomendada al
         prestador del servicio universal. Ahora bien, consideraciones, como las de oportunidad, relativas a la situación general del
         sector postal, incluida la referente al grado de liberalización de éste en el momento en que se adopta una decisión en cuanto
         al correo transfronterizo, no bastan para justificar que se reserve este último, a menos que, sin tal reserva, se impida la
         prestación del servicio postal universal o que dicha reserva sea necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones
         económicamente aceptables.
      
      (véanse los apartados 31, 40, 41 y 50 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
      de 15 de noviembre de 2007 (*)
      
      «Directiva 97/67/CE – Normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales – Liberalización de los servicios postales – Posibilidad de reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal “en la medida en que sea necesario
         para el mantenimiento del servicio universal”»
      
      En el asuntoC‑162/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunal Supremo,
         mediante resolución de 7 de marzo de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2006, en el procedimiento
         entre
      
      International Mail Spain, S.L., anteriormente TNT Express Worldwide Spain, S.L.,
      
      y
      Administración del Estado,
      Correos,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
      integrado por el Sr. P. Jann (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet y M. Ilešič,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de marzo de 2007;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –       en nombre de International Mail Spain, S.L., por la Sra. R. Ballesteros Pomar, abogada;
      –       en nombre del Gobierno español, por el Sr. F. Díez Moreno, en calidad de agente;
      –       en nombre del Gobierno belga, por la Sra. A. Hubert, en calidad de agente;
      –       en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. R. Vidal Puig y K. Simonsson, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 8 de mayo de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE del
         Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado
         interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14).
      
      2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre International Mail Spain, S.L. (en lo sucesivo, «International
         Mail»), anteriormente TNT Express Worldwide Spain, S.L., por un lado, y la Administración del Estado y Correos, por otro,
         en relación con la resolución de 16 de junio de 1999 de la Secretaría General de Comunicaciones (Ministerio de Fomento), que
         sancionó a International Mail por haber realizado, sin la autorización del operador prestador del servicio postal universal,
         servicios postales reservados a éste. 
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3       La Directiva 97/67 establece, según su artículo 1, normas comunes relativas, en particular, a la prestación de un servicio
         postal universal en el interior de la Comunidad Europea y a los criterios que delimitan los servicios que pueden forman parte
         del sector reservado a los proveedores del servicio universal.
      
      4       En virtud del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un
         servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de forma permanente
         en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios. Según el apartado 7 de dicho artículo, este
         servicio universal incluye tanto los servicios nacionales como los transfronterizos.
      
      5       El artículo 7 de la misma Directiva, que figura en el capítulo 3 de ésta, titulado «Armonización de los servicios que pueden
         formar parte del sector reservado», dispone:
      
      «1.      En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, los servicios que los Estados miembros podrán
         reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal serán la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución
         de los envíos de correspondencia interna, tanto si se trata de distribución urgente como si no, cuyo precio sea inferior a
         cinco veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más
         rápida, cuando ésta exista, siempre que su peso sea inferior a 350 g. […]
      
      2.      En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, el correo transfronterizo y la publicidad
         directa podrán seguir formando parte del sector reservado, con las limitaciones de precios y pesos establecidas en el apartado 1.
      
      3.      Como medida complementaria para la realización del mercado interior de los servicios postales, el Parlamento Europeo y el
         Consejo decidirán, a más tardar el 1 de enero de 2000, y sin perjuicio de la competencia de la Comisión, acerca de una mayor
         liberalización, gradual y controlada, del mercado postal, en particular con miras a la liberalización del correo transfronterizo
         y de la publicidad directa, así como sobre una nueva revisión de los límites de precios y pesos, con efectos a partir del
         1 de enero de 2003, teniendo en cuenta los cambios, en particular económicos, sociales y tecnológicos, que se hayan producido
         hasta esa fecha y teniendo también en cuenta el equilibrio financiero del proveedor o los proveedores del servicio universal,
         con objeto de avanzar en la consecución de los fines de la presente Directiva.
      
      […]»
      6       Los considerandos decimosexto y decimonoveno de la Directiva 97/67 exponen:
      «(16) Considerando que parece justificado el mantenimiento de un conjunto de aquellos servicios que pueden constituir un sector
         reservado, dentro del respeto a las normas del Tratado [CE] y sin perjuicio de la aplicación de sus normas sobre competencia,
         con el fin de permitir el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero; […]
      
      […]
      (19)      Considerando que es razonable permitir que de forma provisional siga siendo posible la reserva del servicio de publicidad
         directa y de correo transfronterizo, dentro de los límites fijados de precios y pesos; […]».
      
      7       La Directiva 97/67 entró en vigor el 10 de febrero de 1998 y el plazo concedido a los Estados miembros para adaptar su Derecho
         interno a las disposiciones de ésta expiró el 10 de febrero de 1999, conforme a su artículo 24, párrafo primero.
      
      8       La Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva
         97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (DO L 176, p. 21),
         sustituyó, en virtud de su artículo 1, punto 1, el artículo 7 de la Directiva 97/67 por el siguiente texto:
      
      «1.      En la medida en que sea necesario para garantizar el mantenimiento del servicio universal, los Estados miembros podrán seguir
         reservando servicios al proveedor o los proveedores del servicio universal. Dichos servicios se limitarán a la recogida, clasificación,
         transporte y entrega de correspondencia nacional y correspondencia transfronteriza de entrada, tanto si se trata de distribución
         urgente como si no, de acuerdo con los siguientes límites de peso y precio. El límite de peso se fija en 100 gramos desde
         el 1 de enero de 2003 y en 50 gramos desde el 1 de enero de 2006. No se aplicarán dichos límites desde el 1 de enero de 2003
         si el precio es igual o superior a tres veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos
         de la categoría más rápida y, desde el 1 de enero de 2006, si el precio es igual o superior a dos veces y media dicha tarifa.
      
      […]
      En la medida en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, la publicidad directa podrá mantenerse
         en el ámbito reservado dentro de los mismos límites de peso y precio.
      
      En la medida en que ello sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, por ejemplo cuando ya hayan sido
         liberalizados determinados sectores de la actividad postal o bien en razón de las características específicas de los servicios
         postales de un Estado miembro, la correspondencia transfronteriza de salida podrá mantenerse en el ámbito reservado dentro
         de los mismos límites de peso y precio.
      
      [...]
      3.      La Comisión ultimará un estudio prospectivo que evaluará, para cada Estado miembro, las repercusiones en el servicio universal
         de la plena realización del mercado interior postal en 2009. Basándose en las conclusiones del estudio, la Comisión presentará,
         a más tardar el 31 de diciembre de 2006, un informe al Parlamento Europeo y al Consejo acompañado de una propuesta que confirme,
         en su caso, la fecha de 2009 para la plena realización del mercado interior postal o determine cualquier otra fase a la luz
         de las conclusiones del estudio.»
      
      9       Los considerandos decimoquinto a decimoséptimo, vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo tercero de la Directiva 2002/39 son
         del siguiente tenor:
      
      «(15)Conviene garantizar que las próximas fases de apertura del mercado sean a la vez importantes y realizables en la práctica
         para los Estados miembros, al tiempo que también se garantiza la continuación del servicio universal.
      
      (16)      Las reducciones generales a 100 gramos en 2003 y a 50 gramos en 2006 del límite de peso aplicable a los servicios que pueden
         reservarse a los proveedores del servicio universal, junto con la liberalización total del correo transfronterizo de salida,
         con las posibles excepciones necesarias para garantizar la prestación del servicio universal, constituyen medidas controladas
         y relativamente sencillas de aplicar, a la par que importantes.
      
      (17)      […] Los envíos de correspondencia ordinaria transfronteriza de salida por debajo del límite de 50 gramos de peso representan
         por término medio en la Comunidad aproximadamente un 3 % adicional del total de ingresos postales de los proveedores del servicio
         universal.
      
      […]
      (20)      El correo transfronterizo de salida representa por término medio un 3 % del total de los ingresos postales. La liberalización
         de este segmento del mercado en todos los Estados miembros, con las excepciones necesarias para garantizar la prestación del
         servicio universal, debería permitir a los diferentes operadores postales recoger, clasificar y transportar todo el correo
         transfronterizo de salida.
      
      […]
      (22)      El establecimiento en este momento de un calendario destinado a la aplicación de nuevas fases en el proceso de plena realización
         del mercado interior de los servicios postales es importante tanto para la viabilidad a largo plazo del servicio universal
         como para la continuación de la modernización y la racionalización de las organizaciones postales.
      
      (23)      Conviene prever también en el futuro la posibilidad de que los Estados miembros reserven algunos servicios postales al proveedor
         o los proveedores del servicio universal. Estas medidas les permitirán llevar a cabo sus iniciativas de adaptación de sus
         actividades y recursos humanos a un entorno más competitivo sin perjudicar su equilibrio financiero y sin comprometer la salvaguardia
         del servicio universal.»
      
      10     La Directiva 2002/39 entró en vigor el 5 de julio de 2002 y el plazo concedido a los Estados miembros para adaptar su Derecho
         interno a las disposiciones de ésta expiró el 31 de diciembre de 2002.
      
       Normativa nacional
      11     El Derecho español se adaptó a la Directiva 97/67 mediante la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y
         de Liberalización de los Servicios Postales (en lo sucesivo, «Ley 24/1998»). El artículo 18, apartado 1, C), de esta Ley,
         en su versión vigente en el momento de los hechos del asunto principal, establece:
      
      «Quedarán reservados, con carácter exclusivo, al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal,
         al amparo del artículo 128.2 de la Constitución y en los términos establecidos en el capítulo siguiente, los siguientes servicios
         incluidos en el ámbito de aquél: 
      
      […]
      C)      El servicio postal transfronterizo de entrada y de salida de cartas y tarjetas postales, con los límites de peso y precio
         establecidos en el apartado B). Se entiende por servicio postal transfronterizo, a los efectos de esta Ley, el procedente
         de otros Estados o el destinado a éstos.»
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      12     International Mail realizaba servicios postales transfronterizos de salida de tarjetas postales en las principales localidades
         turísticas españolas. A tal efecto, colocaba buzones en hoteles, campings, apartamentos, supermercados, etc., en los que los
         usuarios podían depositar sus postales con destino al extranjero tras haberlas franqueado con etiquetas que podían comprar
         en los puntos de venta de dichas postales.
      
      13     La Secretaría General de Comunicaciones consideró que este servicio constituía una infracción administrativa de carácter grave
         prevista en el artículo 41, apartado 3, letra a), en relación con el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Ley 24/1998,
         consistente en «la realización de servicios postales reservados al operador prestador del servicio postal universal sin su
         autorización, poniendo en peligro la prestación de éste».
      
      14     Mediante resolución de 16 de junio de 1999, la Secretaría General de Comunicaciones impuso a International Mail una multa
         de 10 millones de pesetas y la requirió para que de inmediato se abstuviera de ofertar y realizar servicios postales de los
         reservados al operador habilitado para la prestación del servicio postal universal, y para que procediera a la retirada de
         todos los buzones e informaciones relativas a dicho servicio.
      
      15     Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimara el recurso interpuesto por International Mail contra
         esta resolución, por considerar en particular que la Ley 24/1998 era conforme con la Directiva 97/67, dicha sociedad interpuso
         un recurso de casación ante el tribunal remitente.
      
      16     Según este último, la resolución del litigio principal depende, en gran medida, de la interpretación que haya de darse al
         artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67. En efecto, si el artículo 18, apartado 1, C), de la Ley 24/1998 no respetara
         los requisitos impuestos por la citada disposición comunitaria, el incumplimiento de esta disposición nacional por parte de
         los operadores comerciales no podría justificar una sanción administrativa como la impuesta a International Mail. Las dudas
         que alberga dicho tribunal en cuanto a la interpretación correcta del artículo 7 de la Directiva 97/67 proceden concretamente
         de la nueva redacción que la Directiva 2002/39 dio a dicho artículo.
      
      17     En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente
         cuestión prejudicial:
      
      «El artículo 7.2 de la Directiva 97/67 […], que autoriza a los Estados a incluir entre los servicios postales reservados el
         correo transfronterizo ¿permite a dichos Estados miembros establecer la referida reserva sólo en la medida en que acrediten
         que, sin ella, peligra el equilibrio financiero del prestador del servicio universal o, por el contrario, pueden mantenerla
         también en virtud de otras consideraciones, entre ellas las de oportunidad, relativas a la situación general del sector postal,
         incluida la referente al grado de liberalización de dicho sector que existiera en el momento en que se decide la reserva?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
       Sobre la admisibilidad
      18     El Gobierno español estima que la petición de decisión prejudicial es inadmisible, por cuanto se refiere en realidad a la
         validez de una normativa nacional y no a la interpretación de una normativa comunitaria. A su juicio, al plantear dicha cuestión
         al Tribunal de Justicia, el tribunal nacional solicita en realidad que se aprecie si el artículo 18, apartado 1, C), de la
         Ley 24/1998 es conforme con la Directiva 97/67 o si esta disposición nacional ha sobrepasado los limites impuestos por la
         Directiva.
      
      19     A este respecto, procede recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia, en un procedimiento promovido en virtud del
         artículo 234 CE, pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de Derecho interno con las disposiciones del Derecho comunitario
         (véanse, en particular, las sentencias de 7 de julio de 1994, Lamaire, C‑130/93, Rec. p. I‑3215, apartado 10, y de 19 de septiembre
         de 2006, Wilson, C‑506/04, Rec. p. I‑8613, apartado 34). Además, en el marco del sistema de cooperación judicial establecido
         por dicho artículo, la interpretación de las normas nacionales corresponde a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros
         y no al Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 12 de octubre de 1993, Vanacker y Lesage, C‑37/92,
         Rec. p. I‑4947, apartado 7, y Wilson, antes citada, apartado 34).
      
      20     Por el contrario, el Tribunal de Justicia es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos
         de interpretación relacionados con el Derecho comunitario que le permitan apreciar la compatibilidad de las normas de Derecho
         interno con la normativa comunitaria (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Lamaire, apartado 10, y Wilson,
         apartado 35).
      
      21     Por consiguiente, procede desestimar la alegación del Gobierno español, máxime cuando la cuestión planteada por el tribunal
         remitente se refiere expresamente a la interpretación de una disposición del Derecho comunitario.
      
      22     El Gobierno español sostiene igualmente que la petición de decisión prejudicial es inadmisible por carecer de efecto útil
         y formularse de manera hipotética. En su opinión, el Tribunal de Justicia sólo puede pronunciarse en términos abstractos y
         generales sobre el fundamento de la reserva del correo transfronterizo en favor del operador encargado de la prestación del
         servicio postal universal, pero no puede apreciar si tal reserva, contenida en el artículo 18, apartado 1, C), de la Ley 24/1998,
         está fundamentada o, por el contrario, excede de los límites impuestos por el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/97,
         porque esta valoración es ajena a su competencia.
      
      23     A este respecto, procede recordar que, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente
         al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse,
         apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia,
         como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas
         se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse
         (véase, en particular, la sentencia de 18 de julio de 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I-0000, apartado 43 y la jurisprudencia
         allí citada).
      
      24     Por otra parte, el mero hecho de que el Tribunal de Justicia haya de pronunciarse en términos abstractos y generales no puede
         acarrear la inadmisibilidad de una petición de decisión prejudicial. En efecto, una de las características esenciales del
         sistema de cooperación judicial establecido por el artículo 234 CE consiste en que el Tribunal de Justicia responde en términos
         más bien abstractos y generales a una cuestión de interpretación del Derecho comunitario que se le plantea, mientras que corresponde
         al órgano jurisdiccional remitente resolver el litigio de que conoce teniendo en cuenta la respuesta del Tribunal de Justicia.
         
      
      25     Por consiguiente, procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
       Sobre el fondo
      26     Mediante su cuestión, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67 debe
         interpretarse en el sentido de que sólo permite a los Estados miembros reservar el correo transfronterizo al prestador del
         servicio postal universal en la medida en que acrediten que, sin tal reserva, peligra el equilibrio financiero de este último
         o si otras consideraciones relativas a la situación general del sector postal, incluidas las de mera oportunidad, bastan para
         justificar dicha reserva.
      
      27     El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67 permite a los Estados miembros seguir reservando al prestador del servicio
         postal universal, dentro de ciertos límites de precio y peso, el correo transfronterizo, «en la medida en que sea necesario
         para el mantenimiento del servicio universal». La misma condición se aplica, por lo demás, según los apartados 1 y 2 de dicho
         artículo, a la posibilidad de reservar al prestador del servicio postal universal, dentro de ciertos límites de precio y peso,
         la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos de correspondencia interna y la publicidad directa.
      
      28     Procede señalar, de entrada, que la utilización de la palabra «necesario» se opone a que dicha reserva se justifique por consideraciones
         de mera oportunidad. 
      
      29     Los motivos que llevaron al legislador comunitario a prever la posibilidad de tal reserva se exponen en el decimosexto considerando
         de la Directiva 97/67, según el cual «parece justificado el mantenimiento de un conjunto de aquellos servicios que pueden
         constituir un sector reservado, dentro del respeto a las normas del Tratado y sin perjuicio de la aplicación de sus normas
         sobre competencia, con el fin de permitir el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero».
      
      30     En lo que atañe, en este contexto, a la publicidad directa y al correo transfronterizo en particular, el legislador comunitario
         precisó en el decimonoveno considerando de la Directiva 97/67 que «es razonable permitir que de forma provisional siga siendo
         posible la reserva del servicio de publicidad directa y de correo transfronterizo».
      
      31     Por consiguiente, el objetivo del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67 es garantizar el mantenimiento del servicio
         postal universal, dotándolo, en particular, de los recursos necesarios para que pueda funcionar en condiciones de equilibrio
         financiero.
      
      32     Por lo demás, esta interpretación queda corroborada por el hecho de que el equilibrio financiero del prestador del servicio
         postal universal es uno de los criterios esenciales que, en virtud del artículo 7, apartado 3, de dicha Directiva, deben ser
         tenidos en cuenta por el Parlamento y el Consejo en su decisión ulterior relativa a una mayor liberalización, gradual y controlada,
         del mercado postal, en particular con miras a la liberalización del correo transfronterizo.
      
      33     El criterio del equilibrio financiero ya fue tomado en consideración por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia
         de servicios postales antes de la entrada en vigor de la Directiva 97/67, en relación, concretamente, con el artículo 90 del
         Tratado CE (actualmente artículo 86 CE). 
      
      34     Según dicha jurisprudencia, los Estados miembros pueden conferir a un prestador del servicio postal universal, como empresa
         encargada de la gestión de un servicio de interés económico general, derechos exclusivos que pueden restringir o incluso excluir
         la competencia, en la medida en que sea necesario para permitirle cumplir su misión de interés general y, en particular, disfrutar
         de condiciones económicamente aceptables (véase la sentencia de 19 de mayo de 1993, Corbeau, C‑320/91, Rec. p. I‑2533, apartados
         14 a 16).
      
      35     A este respecto, de la misma jurisprudencia se desprende que no es necesario que el equilibrio financiero o la viabilidad
         económica de la empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general estén amenazados. Basta con que
         en caso de no existir los derechos controvertidos no puedan cumplirse las misiones específicas confiadas a la empresa o que
         el mantenimiento de tales derechos sea necesario para permitir a su titular el cumplimiento, en condiciones económicamente
         aceptables, de las misiones de interés económico general que le hayan sido confiadas (sentencia de 17 de mayo de 2001, TNT
         Traco, C‑340/99, Rec. p. I‑4109, apartado 54).
      
      36     En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación que incumbe al titular de dicha misión de garantizar
         sus servicios en condiciones de equilibrio económico presupone la posibilidad de una compensación entre los sectores de actividad
         rentables y los sectores menos rentables y, en consecuencia, justifica una limitación de la competencia, por parte de empresarios
         privados, en los sectores económicamente rentables (sentencia Corbeau, antes citada, apartado 17).
      
      37     Esta jurisprudencia relativa al Derecho primario es asimismo pertinente en el contexto del asunto principal, máxime cuando
         la Directiva 97/67 recuerda expresamente y en varias ocasiones que han de respetarse las normas del Tratado al atribuir un
         derecho exclusivo.
      
      38     Así, el artículo 4 de la Directiva 97/67 dispone que, «en cumplimiento del Derecho comunitario, [cada Estado miembro] determinará
         y publicará las obligaciones y derechos atribuidos al proveedor o proveedores del servicio universal». En el mismo sentido,
         el decimosexto considerando de esta misma Directiva, así como su cuadragésimo primer considerando, conforme al cual ésta «no
         afecta a la aplicación de las normas del Tratado y en particular de sus normas sobre competencia y libre prestación de servicios»,
         subrayan que tales normas, en particular las relativas a la competencia, deben ser respetadas.
      
      39     De la jurisprudencia relativa al Derecho primario mencionada en los apartados 33 a 36 de la presente sentencia se desprende
         que el criterio del equilibrio financiero del servicio postal universal puede ser tomado en consideración válidamente por
         un Estado miembro cuando éste decide reservar el correo transfronterizo, y que este criterio, en principio, tal como señaló
         el Abogado General en los puntos 26 a 31 de sus conclusiones, debe aplicarse teniendo en cuenta únicamente los servicios que
         constituyen el servicio postal universal y no otras actividades que el prestador de este servicio pueda, en su caso, ejercer.
         En efecto, es posible que este último ejerza también otras actividades económicas, que no deben beneficiarse de las subvenciones
         cruzadas procedentes de los servicios reservados.
      
      40     No obstante, de dicha jurisprudencia se desprende también que el requisito enunciado en el artículo 7, apartado 2, de la Directiva
         97/67 no puede reducirse únicamente a este aspecto financiero, en la medida en que no cabe excluir que existan otras razones
         por las cuales, conforme al artículo 86 CE, apartado 2, los Estados miembros puedan decidir reservar el correo transfronterizo
         para garantizar que no se impida el cumplimiento de la misión específica encomendada al prestador del servicio universal.
      
      41     Ahora bien, consideraciones, como las de oportunidad, relativas a la situación general del sector postal, incluida la referente
         al grado de liberalización de éste en el momento en que se adopta una decisión en cuanto al correo transfronterizo, no bastan
         para justificar que se reserve este último, a menos que, sin tal reserva, se impida la prestación del servicio postal universal
         o que dicha reserva sea necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables.
      
      42     Por tanto, procede estimar que tanto el tenor literal del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67 como el objetivo de
         esta disposición se oponen a que la decisión de reservar el correo transfronterizo al prestador del servicio postal universal
         se fundamente en meras consideraciones de oportunidad.
      
      43     La modificación del artículo 7 de la Directiva 97/67 mediante la Directiva 2002/39 (en lo sucesivo, «Directiva 97/67 modificada»),
         a la que se refiere expresamente el órgano jurisdiccional remitente para motivar su decisión de plantear al Tribunal de Justicia
         una cuestión prejudicial, no desvirtúa esta interpretación.
      
      44     En efecto, es preciso recordar que el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 97/67 modificada dispone que,
         «en la medida en que ello sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, por ejemplo cuando ya hayan
         sido liberalizados determinados sectores de la actividad postal o bien en razón de las características específicas de los
         servicios postales de un Estado miembro, la correspondencia transfronteriza de salida podrá mantenerse en el ámbito reservado
         dentro de los mismos límites de peso y precio».
      
      45     Como aduce la Comisión de las Comunidades Europeas en sus observaciones escritas, de los considerandos vigésimo segundo y
         vigésimo tercero de la Directiva 2002/39 se desprende que el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 97/67
         modificada tiene como objetivo, al igual que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67,  que no se perjudique al equilibrio
         financiero del servicio postal universal y, por tanto, que no quede comprometida la salvaguardia del servicio universal.
      
      46     Por otra parte, como también alega la Comisión, interpretar el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 97/67
         modificada en el sentido de que aumenta el margen de libertad concedido a los Estados miembros sería contrario al objetivo
         de la Directiva 2002/39, que consiste en impulsar la liberalización gradual y controlada de los servicios postales.
      
      47     En realidad, como señaló el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, el decimosexto considerando de la Directiva
         2002/39, a cuyo tenor «la liberalización total del correo transfronterizo de salida, con las posibles excepciones necesarias
         para garantizar la prestación del servicio universal, [constituye una medida controlada] y relativamente [sencilla] de aplicar,
         a la par que [importante]», en relación con los considerandos decimoquinto, decimoséptimo y vigésimo de esta misma Directiva,
         pone de manifiesto claramente el carácter excepcional de la posibilidad de reservar el correo transfronterizo de salida, tal
         como se prevé en el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 97/67 modificada.
      
      48     Por tanto, los ejemplos que ofrece el artículo 7, apartado 1, párrafo cuarto, de la Directiva 97/67 modificada constituyen
         únicamente, como señaló el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, indicios que pueden guiar la apreciación relativa
         a la atribución de derechos especiales al prestador del servicio postal universal, tales como la reserva de la prestación
         del correo transfronterizo, pero que no pueden modificar la interpretación que ha de darse al artículo 7, apartado 2, de la
         Directiva 97/67. 
      
      49     Por lo que respecta a la carga de la prueba de la necesidad, para el mantenimiento del servicio postal universal, de reservar
         el correo transfronterizo al prestador de dicho servicio, del tenor del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67 se desprende
         que incumbe al Estado miembro que hace uso de la facultad de realizar tal reserva o, en su caso, al prestador. Esta interpretación
         queda corroborada por el hecho de que, en el marco del artículo 86 CE, apartado 2, corresponde al Estado miembro o a la empresa
         que invoca esta disposición demostrar que se cumplen los requisitos para su aplicación (sentencia TNT Traco, antes citada,
         apartado 59).
      
      50     A la luz de cuanto precede, ha de responderse a la cuestión planteada que el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67
         debe interpretarse en el sentido de que únicamente permite a los Estados miembros reservar el correo transfronterizo al prestador
         del servicio postal universal en la medida en que acrediten:
      
      –       que, sin tal reserva, se impediría la prestación de ese servicio universal, o
      –       que dicha reserva es necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables. 
       Costas
      51     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
      El artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa
            a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad
            del servicio, debe interpretarse en el sentido de que únicamente permite a los Estados miembros reservar el correo transfronterizo
            al prestador del servicio postal universal en la medida en que acrediten:
      –       que, sin tal reserva, se impediría la prestación de ese servicio universal, o
      –       que dicha reserva es necesaria para que este servicio pueda prestarse en condiciones económicamente aceptables. 
      Firmas 
      * Lengua de procedimiento: español.