CELEX: 62007CC0416
Language: es
Date: 2009-04-02
Title: Conclusiones del Abogado General Trstenjak presentadas el 2 de abril de 2009. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República Helénica. # Incumplimiento de Estado - Directivas 91/628/CEE y 93/119/CE - Reglamento (CE) nº 1/2005 - Protección de los animales durante el transporte y en el momento de su sacrificio o matanza - Infracción estructurada y generalizada de las normas comunitarias. # Asunto C-416/07.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. VERICA TRSTENJAK
      presentadas el 2 de abril de 2009 1(1)
      
      Asunto C‑416/07
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      República Helénica
      «Incumplimiento de Estado – Artículo 226 CE – Directiva 91/628/CEE – Reglamento (CE) nº 1/2005 – Protección de los animales durante el transporte – Identificación y autorizaciones de los transportistas – Control de los planes de viaje – Puntos de parada en los puertos – Control de los medios de transporte y de los animales – Garantía de la imposición de sanciones en caso de infracciones reiteradas – Directiva 93/119/CE – Protección de los animales durante el sacrificio – Aturdido de los animales durante el sacrificio – Inspección y control de los mataderos»
      
      Índice
      
      I.     Introducción
      II.   Marco normativo
      A.     Protección de los animales durante el transporte
      1.     Directiva 91/628
      2.     Reglamento nº 1/2005
      B.     Protección de los animales durante el sacrificio
      III. Procedimiento administrativo previo y recurso de la Comisión
      IV.   Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
      V.     Análisis de la Abogado General
      A.     Introducción
      B.     Análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el transporte
      1.     Análisis preliminar de la admisibilidad
      2.     Sobre el motivo de recurso relativo a la identificación y las autorizaciones de los transportistas
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Admisibilidad
      i)     Identificación de los transportistas
      ii)   Autorizaciones de los transportistas
      c)     Apreciación jurídica
      i)     Identificación de los transportistas
      ii)   Autorizaciones de los transportistas
      d)     Resultado del análisis
      3.     Sobre el motivo de recurso relativo a la comprobación de los planes de viaje
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Admisibilidad
      c)     Apreciación jurídica
      d)     Resultado del análisis
      4.     Sobre el motivo de recurso relativo a la falta de puntos de parada en los puertos
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Admisibilidad
      c)     Apreciación jurídica
      d)     Resultado del análisis
      5.     Sobre el motivo de recurso relativo un control insuficiente de los medios de transporte y de los animales
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Admisibilidad
      c)     Apreciación jurídica
      d)     Resultado del análisis
      6.     Sobre el motivo de recurso relativo a la insuficiencia de las sanciones impuestas en caso de infracciones reiteradas de las
         normas en materia de protección de los animales
      
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Admisibilidad
      c)     Apreciación jurídica
      d)     Resultado del análisis
      7.     Resultado del análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el transporte
      C.     Análisis del motivo de recurso relativo a la protección de los durante el sacrificio
      1.     Introducción
      2.     Sobre el motivo de recurso relativo al aturdido de los animales durante el sacrificio
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación jurídica
      c)     Resultado del análisis
      3.     Sobre el motivo de recurso relativo a la realización de las inspecciones y los controles necesarios en los mataderos
      a)     Alegaciones de las partes
      b)     Apreciación jurídica
      c)     Resultado del análisis
      4.     Resultado del análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el sacrificio
      D.     Costas
      VI.   Conclusión
      I.      Introducción
      1.        Mediante un recurso interpuesto al amparo del artículo 226 CE, en el presente asunto la Comisión solicita al Tribunal de Justicia
         que declare que la República Helénica ha incumplido varias obligaciones impuestas por la normativa comunitaria en materia
         de protección de los animales durante el transporte y el sacrificio que se derivan, en particular, de la Directiva 91/628/CEE
         del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales durante el transporte y que modifica las Directivas
         90/425/CEE y 91/496/CEE, (2) del Reglamento (CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el
         transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE)
         nº 1255/97, (3) y de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento
         de su sacrificio o matanza. (4)
      
      2.        La Comisión imputa a la República Helénica el incumplimiento de diversas obligaciones relativas a las autorizaciones para
         el transporte de animales, los controles sobre los planes de viaje, la previsión de puntos de parada para los animales en
         los puertos, los controles de los medios de transporte y de los animales, y la imposición de sanciones eficaces en caso de
         infracciones reiteradas de la normativa, varias irregularidades en lo que respecta a la obligación de aturdir a los animales
         durante el sacrificio, así como la omisión las inspecciones y controles necesarios requeridas en los mataderos. La Comisión
         acredita tales incumplimientos invocando las comprobaciones realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria de la Dirección
         General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea (en lo sucesivo, «OAV») en el marco de las misiones
         que realizó en la República Helénica en los años 2002 a 2006. 
      
      II.    Marco normativo
      A.      Protección de los animales durante el transporte 
      3.        La protección de los animales durante el transporte está regulada en el ámbito comunitario por la Directiva 91/628, que fue
         derogada por el Reglamento nº 1/2005 a partir del 5 de enero de 2007. 
      
      1.      Directiva 91/628
      4.        El artículo 5, parte A, números 1 y 2, de la Directiva 91/628 prevé:
      
      «Los Estados miembros velarán por que:
      1)      todo transportista:
      a)      cumpla los siguientes requisitos:
      i)      figurar inscrito en un registro de manera que la autoridad competente pueda identificarlo rápidamente en caso de incumplimiento
         de las exigencias de la presente Directiva;
      
      ii)      poseer una autorización válida para todo transporte de animales vertebrados que se efectúe en uno de los territorios contemplados
         en el anexo I de la Directiva 90/675/CEE concedida por la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento o, en
         el caso de empresas establecidas en terceros países, por una autoridad competente de un Estado miembro de la Unión, previo
         compromiso escrito del responsable de la empresa de transporte de cumplir las exigencias de la legislación veterinaria vigente.
      
      [...]
      2)      el transportista:
      [...]
      b)      elabore, para los animales contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 que vayan a someterse a intercambios
         entre Estados miembros o a ser exportados con destino a terceros países, y en caso de que la duración del viaje supere las
         ocho horas, un plan de viaje acorde con el modelo que figura en el capítulo VIII del anexo, que se adjuntará al certificado
         sanitario durante el viaje, y precisará además los puntos posibles de parada o de transbordo.
      
      [...]
      d)      compruebe:
      i)      que el original del plan de viaje a que se refiere la letra b):
      –      ha sido cumplimentado y completado debidamente por las personas apropiadas en el momento oportuno;
      –      se ha adjuntado al certificado sanitario que acompaña al transporte durante toda la duración del viaje;
      [...]».
      5.        Según el artículo 8 de la Directiva 91/628: 
      
      «Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, sin dejar de cumplir los principios y normas de control
         establecidos por la Directiva 90/425/CEE, controlen el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva mediante la
         inspección, de forma no discriminatoria:
      
      a)      de los medios de transporte y de los animales durante el transporte por carretera;
      b)      de los medios de transporte y de los animales en cuanto lleguen al lugar de destino;
      c)      de los medios de transporte y de los animales en los mercados, en los lugares de salida y en los puntos de parada y transbordo;
      d)      de las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento.
      Dichas inspecciones cubrirán una muestra adecuada de animales transportados anualmente en cada Estado miembro y podrán llevarse
         a cabo al mismo tiempo que los controles que se hagan con otros propósitos.
      
      La autoridad competente de cada Estado miembro presentará un informe anual a la Comisión en el que indicará el número de inspecciones
         llevadas a cabo durante el año civil anterior relativas a cada una de las letras a), b), c) y d), incluido el detalle de todas
         las infracciones descubiertas y las acciones consiguientes llevadas a cabo por la autoridad competente.
      
      Además, durante el transporte de los animales por su territorio la autoridad competente en el Estado miembro podrá efectuar
         controles cuando disponga de datos que hagan presumir una infracción.
      
      Las disposiciones del presente artículo no afectarán a los controles que se efectúen en el marco de las misiones ejecutadas
         de forma no discriminatoria por las autoridades responsables de la aplicación general de las leyes en un Estado miembro.»
      
      6.        El artículo 9 de la Directiva 91/628 establece: 
      
      «Si, durante el transporte, se comprobare que las disposiciones de la presente Directiva no se cumplen o no se han cumplido,
         la autoridad competente del lugar donde se haya efectuado la comprobación solicitará a las personas responsables del medio
         de transporte que adopten las medidas que la autoridad competente considere necesarias para garantizar el bienestar de los
         animales de que se trate.
      
      Según las circunstancias de cada caso, dichas medidas podrán comprender:
      a)      la finalización del trayecto o la devolución de los animales a su lugar de salida, por el itinerario más directo, siempre
         que esta medida no ocasione a los animales un sufrimiento innecesario;
      
      b)      el alojamiento de los animales en un lugar adecuado, dispensándoles los cuidados necesarios hasta la resolución del problema;
      c)      el sacrificio sin crueldad de los animales. El destino y uso de las canales de dichos animales se regularán con arreglo a
         lo dispuesto en la Directiva 64/433/CEE.
      
      Toda disposición adoptada en virtud de lo establecido en el párrafo segundo será notificada por la autoridad competente mediante
         la red ANIMO, con arreglo a las modalidades, incluso financieras, que deberán establecerse con arreglo al procedimiento previsto
         en el artículo 17.
      
      2.      Si la persona responsable del medio de transporte no respetare las instrucciones de la autoridad competente, ésta ordenará
         inmediatamente la ejecución de dichas medidas, reembolsándose por el procedimiento apropiado los gastos ocasionados por la
         aplicación de las mismas.
      
      3.      La presente Directiva no afectará a las vías de recurso previstas por la legislación vigente en los Estados miembros contra
         las decisiones de las autoridades competentes.
      
      Las decisiones adoptadas por las autoridades competentes de los Estados miembros deberán comunicarse al expedidor o a su representante
         junto con la indicación de los motivos, así como a la autoridad competente del Estado miembro de expedición.
      
      Siempre que así lo soliciten el expedidor o su representante, estas decisiones motivadas deberán serles notificadas por escrito
         mencionando los recursos previstos por la legislación vigente en el Estado miembro de destino, así como sus formas y plazos
         de presentación.
      
      No obstante, en caso de litigio y siempre que las dos partes estuvieren de acuerdo, podrán someter dicho litigio, dentro de
         un plazo máximo de un mes, a la apreciación de un experto que figure en una lista de expertos de la Comunidad que deberá establecer
         la Comisión.
      
      El experto deberá emitir su dictamen dentro de un plazo máximo de setenta y dos horas. Las partes se someterán al dictamen
         del experto que se ajustará al cumplimiento de la legislación veterinaria comunitaria.»
      
      7.        El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628 dispone:
      
      «En caso de infracciones repetidas de la presente Directiva o de infracciones que supongan un sufrimiento grave para los animales,
         un Estado miembro adoptará, sin perjuicio de las otras sanciones previstas, las medidas necesarias para remediar las faltas
         comprobadas; dichas medidas podrán llegar hasta la suspensión o incluso la retirada de la autorización contemplada en el inciso ii)
         del punto a) del apartado 1 del artículo 5 A.
      
      Al efectuar la transposición en su legislación nacional, los Estados miembros establecerán las medidas que adoptarán para
         remediar las faltas comprobadas.»
      
      8.        En el capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628 se establece: 
      
      «1.      Los requisitos establecidos en el presente capítulo serán aplicables al transporte de animales de las especies mencionadas
         en la letra a) del apartado 1 del artículo 1, excepto al transporte aéreo, cuyas disposiciones figuran en los puntos 27 a
         29 de la letra E del capítulo I.
      
      2.      El tiempo de viaje para animales de las especies contempladas en el punto 1 no superará las ocho horas.
      3.      El tiempo máximo de viaje contemplado en el punto 2 podrá ampliarse cuando el vehículo de transporte reúna los siguientes
         requisitos adicionales:
      
      –        haya suficiente yacija en el suelo del vehículo;
      –        la cantidad de forraje a bordo del vehículo ha de ser la apropiada, en función de las especies de animales transportadas y
         de la duración del viaje;
      
      –        acceso directo a los animales;
      –        exista la posibilidad de ventilación adecuada que pueda adaptarse en función de la temperatura (interior y exterior);
      –        haya paneles móviles para crear compartimientos separados;
      –        los vehículos deberán incluir un dispositivo que permita la conexión a tomas de agua durante las paradas;
      –        en el caso de vehículos de transporte de cerdos se lleve a bordo agua suficiente para su suministro a los animales durante
         el viaje.
      
      4.      Los intervalos de suministro de agua y de alimentación y los tiempos de viaje y de descanso, cuando se utilicen vehículos
         de carretera que reúnan los requisitos mencionados en el punto 3 serán los siguientes:
      
      a)      A los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados y que reciben alimentación láctea así como a los lechones no destetados
         se les dará un descanso suficiente de una hora al menos, después de nueve horas de transporte, en especial para suministrarles
         agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período de descanso, podrá proseguirse su transporte durante nueve horas más.
      
      b)      Los cerdos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Los animales deberán disponer de agua continuamente
         durante el viaje.
      
      c)      Los solípedos domésticos (excepto los équidos registrados en el sentido de la Directiva 90/426/CEE) podrán transportarse durante
         un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Durante ese tiempo deberán ser abrevados y, en caso necesario, alimentados cada ocho
         horas.
      
      d)      Todos los demás animales de las especies contempladas en el punto 1 deberán tener un descanso suficiente de una hora al menos,
         después 14 horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período de
         descanso, podrá proseguirse su transporte durante 14 horas más.
      
      [...]
      7.a)      Los animales no deberán transportarse por mar cuando la duración máxima del viaje sea superior a la prevista en el punto 2,
         salvo si se cumplen las condiciones previstas en los puntos 3 y 4 exceptuados los tiempos de viaje de descanso.
      
      b)      En caso de transporte marítimo que una de manera regular y directa dos puntos geográficos de la Comunidad mediante vehículos
         cargados en buques y sin descargar a los animales, deberá preverse un descanso de 12 horas tras la descarga de los animales
         en el puerto de destino o en un punto próximo, excepto cuando la duración del transporte marítimo permita incluir el viaje
         en el plan general de los puntos 2 a 4.»
      
      2.      Reglamento nº 1/2005
      9.        El artículo 5, apartado 4, del Reglamento nº 1/2005 prevé:
      
      «En el caso de que équidos domésticos –que no sean équidos no desbravados– y animales domésticos de las especies bovina, ovina,
         caprina y porcina deban realizar viajes largos entre Estados miembros y con origen o destino en terceros países, los transportistas
         y los organizadores cumplirán las disposiciones relativas al cuaderno de a bordo u hoja de ruta que figuran en el anexo II.»
      
      10.      El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 dispone: 
      
      «1.      Nadie podrá operar como transportista salvo que haya sido autorizado a tal efecto por una autoridad competente de conformidad
         con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 o, en caso de viajes largos, con arreglo al apartado 1 del artículo 11.
         Cuando que se realice el transporte de los animales, se pondrá a disposición de la autoridad competente una copia de dicha
         autorización».
      
      11.      Conforme al artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005:
      
      «La autoridad competente expedirá autorizaciones a los transportistas siempre y cuando:
      a)      los solicitantes estén establecidos en el Estado miembro en el que presentan la solicitud de autorización o, cuando se trate
         de solicitantes establecidos en un tercer país, estén representados en dicho Estado miembro;
      
      b)      los solicitantes hayan demostrado que disponen de personal, equipos y procedimientos operativos, incluidas, cuando corresponda,
         guías de buenas prácticas, suficientes y adecuados para poder cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento;
      
      c)      los solicitantes, o sus representantes, no hayan infringido gravemente la legislación comunitaria o nacional sobre protección
         de animales en los tres años que preceden a la fecha de la solicitud. Esta disposición no será de aplicación cuando el solicitante
         demuestre a satisfacción de la autoridad competente que ha adoptado todas las medidas necesarias para evitar nuevas infracciones.»
      
      12.      El artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 establece:
      
      «La autoridad competente expedirá autorizaciones, previa solicitud, a los transportistas que realicen viajes largos, siempre
         y cuando:
      
      a)      cumplan lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10; y 
      b)      los solicitantes hayan presentado los siguientes documentos:
      i)      certificados de competencia [profesional] válidos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17, para todos
         los conductores y cuidadores que deban efectuar viajes largos;
      
      ii)      certificados de aprobación válidos, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18, para todos los medios de
         transporte por carretera que se utilicen para viajes largos;
      
      iii)      información pormenorizada de los procedimientos que permiten a los transportistas localizar y registrar la circulación de
         los vehículos bajo su responsabilidad y mantener permanentemente el contacto con los conductores en cuestión durante los viajes
         largos;
      
      iv)      planes de contingencia para casos de emergencia».
      13.      Según el artículo 13, apartados 3 y 4, del Reglamento nº 1/2005:
      
      «3.      La autoridad competente llevará un registro de las autorizaciones previstas en el apartado 1 del artículo 10 o en el apartado
         1 del artículo 11 de modo que pueda identificar rápidamente a los transportistas, en particular en caso de incumplimiento
         de los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
      
      4.      La autoridad competente registrará las autorizaciones expedidas de conformidad con el apartado 1 del artículo 11 en una base
         de datos electrónica. El nombre del transportista y su número de autorización serán públicos y estarán disponibles durante
         el período de validez de la autorización. Siempre que se respete la normativa comunitaria o nacional relativa a la protección
         de la intimidad, los Estados miembros darán acceso al público a otros datos relativos a las autorizaciones de los transportistas.
         La base de datos deberá contener asimismo las decisiones notificadas en aplicación de la letra c) del apartado 4 del artículo
         26 y del apartado 6 del artículo 26.»
      
      14.      El artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 prevé:
      
      «La autoridad competente llevará a cabo en cualquier momento del viaje largo los controles pertinentes, de manera aleatoria
         o sistemática, con el fin de comprobar que la duración del viaje declarada es realista y que el viaje cumple lo dispuesto
         en el presente Reglamento, y en particular que la duración de los tiempos de viaje y de los períodos de descanso se ajusta
         a los límites fijados en el capítulo V del anexo I.»
      
      15.      El artículo 25 del Reglamento nº 1/2005, con el título «Sanciones», dispone:
      
      «Los Estados miembros establecerán las normas relativas a las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones
         del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán
         ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión, así como
         las relativas a la aplicación del artículo 26, a más tardar el 5 de julio de 2006, y le comunicarán sin demora toda modificación
         ulterior que afecte a las mismas.»
      
      16.      Conforme al artículo 26 del Reglamento nº 1/2005, que lleva el título de «Infracciones y notificación de las infracciones»:
      
      «1.      En caso de infracción del presente Reglamento, la autoridad competente adoptará las medidas específicas mencionadas en los
         apartados 2 a 7.
      
      2.      Cuando una autoridad competente constate que un transportista no ha respetado las disposiciones del presente Reglamento o
         que un medio de transporte no cumple dichas disposiciones, lo notificará sin demora a la autoridad competente que hubiere
         expedido la autorización al transportista y, si el conductor estuviere implicado en el incumplimiento de lo dispuesto en el
         presente Reglamento, a la que hubiere expedido el certificado de competencia del transportista. Esta notificación irá acompañada
         de toda la información y los documentos pertinentes.
      
      3.      Cuando una autoridad competente del lugar de destino constate que el viaje realizado ha infringido el presente Reglamento,
         lo notificará sin demora a la autoridad competente del lugar de salida. Esta notificación irá acompañada de toda la información
         y los documentos pertinentes.
      
      4.      Cuando proceda, la autoridad competente que establezca que un transportista o un medio de transporte incumple lo dispuesto
         en el presente Reglamento, o que reciba una notificación con arreglo a los apartados 2 o 3, si procede:
      
      a)      exigirá al transportista de que se trate que subsane las infracciones observadas y haga lo necesario para evitar que se repitan;
      b)      someterá al transportista en cuestión a controles complementarios, en particular pidiendo la presencia de un veterinario al
         cargar los animales;
      
      c)      suspenderá o retirará la autorización del transportista o el certificado de aprobación del medio de transporte de que se trate.
      5.      En caso de infracción del presente Reglamento cometida por un conductor o un cuidador titular de un certificado de competencia,
         con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 17, la autoridad competente podrá suspender o retirar dicho certificado
         de competencia, en particular si la infracción pone de manifiesto que el conductor o el cuidador carece de los conocimientos
         necesarios o de la actitud apropiada para transportar animales de acuerdo con las disposiciones del presente Reglamento.
      
      6.      En caso de infracciones graves o repetidas del presente Reglamento, un Estado miembro podrá prohibir temporalmente al transportista
         o al medio de transporte de que se trate el transporte de animales en su territorio, aun cuando otro Estado miembro hubiera
         autorizado al transportista o al medio de transporte, siempre y cuando se hayan agotado todas las posibilidades ofrecidas
         por la asistencia mutua y por el intercambio de información, conforme a lo previsto en el artículo 24.
      
      7.      Los Estados miembros velarán por que se informe sin demora a los puntos de contacto indicados en el apartado 2 del artículo
         24 sobre cualquier decisión que se adopte en aplicación de la letra c) del apartado 4 o de los apartados 5 o 6 del presente
         artículo.»
      
      17.      De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005:
      
      «La autoridad competente comprobará el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento procediendo a inspecciones no
         discriminatorias de los animales, los medios de transporte y los documentos de acompañamiento. Estas inspecciones deberán
         realizarse en una proporción adecuada a los animales transportados anualmente en cada Estado miembro y podrán efectuarse al
         mismo tiempo que los controles realizados con otros fines. La proporción de las inspecciones se incrementará si se comprueba
         que no se han cumplido las disposiciones del presente Reglamento. Las proporciones antes señaladas se determinarán de conformidad
         con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 31.»
      
      18.      El artículo 33 del Reglamento nº 1/2005 establece:
      
      «La Directiva 91/628/CEE y el Reglamento (CE) nº 411/98 quedarán derogados a partir del 5 de enero de 2007. Las referencias
         a la Directiva y al Reglamento derogados se entenderán hechas al presente Reglamento.»
      
      19.      El capítulo V del anexo I del Reglamento nº 1/2005 dispone:
      
      «1.1. Los requisitos establecidos en el presente capítulo serán aplicables al transporte de équidos domésticos, excepto los équidos
         registrados, y de animales de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, excepto en el caso de transporte aéreo.
      
      1.2.      El tiempo de viaje para animales de las especies consideradas en el punto 1.1. no superará las ocho horas.
      1.3.      El tiempo máximo de viaje indicado en el punto 1.2. podrá ampliarse cuando el vehículo de transporte reúna los requisitos
         adicionales del capítulo VI.
      
      1.4.      Los intervalos de suministro de agua y de alimentación y los tiempos de viaje y de descanso, cuando se utilicen vehículos
         de carretera que reúnan los requisitos mencionados en el punto 1.3. serán los siguientes:
      
      a)      a los terneros, corderos, cabritos y potros no destetados y que reciben alimentación láctea así como a los lechones no destetados
         se les dará un descanso suficiente de una hora al menos, después de 9 horas de transporte, en especial para suministrarles
         agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período de descanso, podrá proseguirse su transporte durante 9 horas más;
         
      
      b)      los cerdos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Los animales deberán disponer de agua continuamente
         durante el viaje;
      
      c)      los équidos domésticos podrán transportarse durante un tiempo máximo de viaje de 24 horas. Durante ese tiempo deberán ser
         abrevados y, en caso necesario, alimentados cada 8 horas;
      
      d)      todos los demás animales de las especies consideradas en el punto 1.1. deberán tener un descanso suficiente de una hora al
         menos, después 14 horas de transporte, en especial para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento. Tras este período
         de descanso, podrá proseguirse su transporte durante 14 horas más.
      
      [...]
      1.7.      a)     Los animales no deberán transportarse por mar cuando la duración máxima del viaje sea superior a la prevista en el punto 1.2,
         salvo si se cumplen las condiciones previstas en los puntos 1.3. y 1.4. exceptuados los tiempos de viaje de descanso.
      
      b)      En caso de transporte marítimo que una de manera regular y directa dos puntos geográficos de la Comunidad mediante vehículos
         cargados en buques y sin descargar a los animales, deberá preverse un descanso de 12 horas tras la descarga de los animales
         en el puerto de destino o en un punto próximo, excepto cuando la duración del transporte marítimo permita incluir el viaje
         en el plan general de los puntos 1.2. a 1.4.»
      
      B.      Protección de los animales durante el sacrificio 
      20.      La protección de los animales durante el sacrificio se regula en la Directiva 93/119.
      
      21.      Según el artículo 3 de la Directiva 93/119: 
      
      «No se causará a los animales agitación, dolor o sufrimiento evitables durante las operaciones de desplazamiento, estabulación,
         sujeción, aturdido, sacrificio y matanza.»
      
      22.      El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 93/119 prevé:
      
      «A los solípedos, rumiantes, cerdos, conejos y aves de corral introducidos en los mataderos para el sacrificio se les deberá:
      [...]
      d)      sangrar de conformidad con las indicaciones del anexo D.»
      23.      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/119 establece:
      
      «Los instrumentos, material de sujeción, equipos e instalaciones para el aturdido o la matanza deberán ser diseñados, construidos,
         conservados y utilizados de modo que el aturdido o la matanza puedan efectuarse de forma rápida y eficaz, de conformidad con
         lo dispuesto en la presente Directiva. La autoridad competente verificará la conformidad de los instrumentos, del material
         de sujeción, del equipo y de las instalaciones utilizadas para el aturdido o la matanza, con los principios anteriormente
         expuestos y comprobará periódicamente que se encuentran en buen estado y permiten realizar el objetivo antes citado.»
      
      24.      El artículo 8 de la Directiva 93/119 dispone:
      
      «La inspección y el control de los mataderos se efectuará bajo la responsabilidad de la autoridad competente, que podrá acceder
         libremente en cualquier momento a todas las dependencias de los mismos, con objeto de cerciorarse de que se cumplen las disposiciones
         de la presente Directiva. Tales inspecciones y controles podrán efectuarse, no obstante, con ocasión de controles efectuados
         con otros fines.»
      
      25.      El anexo D de la Directiva 93/119 contiene normas más detalladas sobre el sangrado de los animales. El punto 1 de dicho anexo
         prevé:
      
      «El sangrado de los animales que hayan sido aturdidos comenzará lo antes posible después del aturdido y se deberá efectuar
         de manera que se provoque un desangrado rápido, profuso y completo. En cualquier caso, deberá efectuarse el sangrado antes
         de que el animal recobre el conocimiento.»
      
      III. Procedimiento administrativo previo y recurso de la Comisión 
      26.      A partir de 1998, la OAV desarrolló varias misiones en la República Helénica con objeto de verificar la eficacia de la aplicación
         de la legislación comunitaria en materia de protección de los animales, en particular de su protección durante el transporte
         y sacrificio. La OAV realizó, entre los años 2002 y 2004 incluido, las siguientes misiones:
      
      –        misión nº 8729/2002, del 18 al 20 de noviembre de 2002;
      –        misión nº 9002/2003, del 13 al 17 de enero de 2003; 
      –        misión nº 9176/2003, del 21 al 25 de julio de 2003; 
      –        misión nº 9211/2003, del 15 al 19 de septiembre de 2003;
      –        misión nº 7273/2004, del 4 al 8 de octubre de 2004.
      27.      Dado que los inspectores de la OAV habían detectado irregularidades durante las diversas misiones desarrolladas en la República
         Helénica, el 13 de julio de 2005 la Comisión remitió a ese Estado un escrito de requerimiento en el que solicitaba que se
         subsanaran las infracciones comprobadas. La República Helénica respondió a dicho escrito de requerimiento el 20 de septiembre
         de 2005, rebatiendo las infracciones que se le imputaban. 
      
      28.      Después de un intercambio de información con la República Helénica y tras la misión nº 8042/2006, que tuvo lugar entre el
         21 de febrero y el 1 de marzo de 2006, la Comisión consideró que la República Helénica no había subsanado aún las infracciones
         imputadas. Por tanto, le remitió un dictamen motivado, de 4 de julio de 2006, que fue recibido por el Estado miembro el 5
         de julio de 2006. La República Helénica respondió a dicho dictamen mediante escrito de 4 de septiembre de 2006, en el que
         cuestionó las imputaciones de la Comisión recogidas en el dictamen. La Comisión, después del final del plazo para el cumplimiento
         de las obligaciones fijado en el dictamen motivado, a saber, el 5 de septiembre de 2006, y después de una nueva misión nº 8167/2006,
         realizada entre el 4 y el 15 de septiembre de 2006, interpuso recurso contra la República Helénica el 11 de septiembre de
         2007 por considerar que ésta no había cumplido aún sus obligaciones. 
      
      29.      En su recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: 
      
      1.      Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, parte A, número
         1, letra a), incisos i) y ii), 5, parte A, número 2, letra b), 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, 8,
         9 y 18, número 2, de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los animales
         durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE, y la sección [48], punto 7, letra b), (5) del capítulo VII del anexo de esta Directiva, así como, después del 5 de enero de 2007, las obligaciones previstas en los
         artículos 5, apartado 4, 6, apartado 1, 13, apartados 3 y 4, 15, apartado 1, 25, 26 y 27, apartado 1, del Reglamento (CE)
         nº 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones
         conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) nº 1255/97, al no haber adoptado
         las medidas necesarias: 
      
      –        para que todo transportista de animales obtenga una autorización de la autoridad competente y sea inscrito en un registro
         que permita a ésta identificarlo inmediatamente, en particular en el caso de incumplimiento de las normas relativas al bienestar
         de los animales durante el transporte;
      
      –        para que las autoridades competentes realicen controles de los planes de viaje y cuadernos de a bordo; 
      –        para que se prevean puntos de descanso para los animales en los puertos o en un punto próximo después de la descarga de éstos;
      –        para garantizar la realización de controles de los medios de transporte y de los animales, y 
      –        para que se impongan sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias en el caso de infracciones reiteradas o graves de las
         normas relativas a la protección de los animales durante el transporte;
      
      2.      Declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 5, apartado
         1, letra d), 6, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección
         de los animales en el momento de su sacrificio o matanza, al no haber adoptado las medidas necesarias:
      
      –        para garantizar el respeto de las normas sobre el aturdido de los animales durante el sacrificio, y
      –        para garantizar que se lleven a cabo las inspecciones y los controles adecuados de los sacrificios;
      y que se condene en costas a la República Helénica.
      IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
      30.      El 4 de septiembre de 2007, la Comisión presentó su recurso en la Secretaría del Tribunal de Justicia, y el escrito de contestación
         fue presentado el 26 de noviembre de 2007. El 7 de febrero de 2008, la Comisión presentó en la Secretaría un escrito de réplica,
         y a continuación el Gobierno griego presentó un escrito de dúplica en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 20 de marzo
         de 2008. En la vista, celebrada el 22 de enero de 2009, la Comisión y el Gobierno griego presentaron sus observaciones orales
         y respondieron a las preguntas del Tribunal de Justicia. 
      
      V.      Análisis de la Abogado General
      A.      Introducción 
      31.      El presente asunto presenta importancia a efectos de garantizar, en el ámbito comunitario, una protección adecuada de los
         animales durante el transporte y el sacrificio. (6) La regulación apropiada de esta materia y el cumplimiento de la legislación vigente al respecto son primordiales para evitar
         sufrimientos inútiles a los animales. Asimismo, el respeto a dicha legislación contribuye a prevenir el desarrollo de enfermedades, (7) que pueden derivarse de irregularidades en el transporte o sacrificio, de manera que con ello se protege también indirectamente
         la salud de las personas que consumen la carne de esos animales. En los últimos años, todo el sector de la protección de los
         animales ha sido objeto en la Comunidad de amplios debates públicos, (8) sobre la base de los cuales la Comisión ha elaborado un plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales,
         que establece algunas directrices para el desarrollo futuro de la legislación comunitaria en este sector. (9) Así pues, la Comunidad persigue incesantemente aumentar la protección de los animales. (10)
      
      32.      En su recurso, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones
         que se derivan de la legislación comunitaria en materia de protección de los animales durante el transporte y el sacrificio,
         en particular las obligaciones previstas en la Directiva 91/628, el Reglamento nº 1/2005 y la Directiva 93/119. En este contexto,
         la Comisión no imputa la adaptación extemporánea o errónea del Derecho interno a las Directivas comunitarias, sino el incumplimiento
         en la práctica de las obligaciones derivadas de esa normativa. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en
         efecto, un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho comunitario puede derivarse de la existencia de una práctica
         administrativa que viola el Derecho comunitario, aunque, en sí misma, la normativa nacional aplicable sea compatible con ese
         Derecho. (11) En tal caso, la Comisión tiene que demostrar que dicha práctica administrativa presenta un grado suficiente de continuidad
         y generalidad. (12) Cuando la Comisión ha aportado suficientes pruebas que ponen de relieve que las autoridades de un Estado miembro han llevado
         a cabo, de forma repetida y continuada, una práctica que es contraria al Derecho comunitario, incumbe al Estado miembro rebatir
         de manera fundada y pormenorizada los datos presentados y las consecuencias que de ellos se derivan. (13)
      
      B.      Análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el transporte 
      1.      Análisis preliminar de la admisibilidad
      33.      En el marco de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el transporte, la Comisión alega el
         incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 91/628 y del Reglamento nº 1/2005, que ha sustituido y derogado,
         a partir del 5 de enero de 2007, la Directiva 91/628. (14) A este respecto, procede destacar que el Reglamento nº 1/2005 sólo sustituyó y derogó la Directiva 91/628 después del transcurso
         del plazo de dos meses desde la recepción del dictamen motivado, plazo en el que el Estado miembro debe cumplir sus obligaciones.
         La República Helénica recibió, en efecto, el dictamen motivado de la Comisión el 5 de julio de 2006, de modo que el plazo
         de dos meses para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes, fijado en el dictamen motivado, finalizó el 5 de septiembre
         de 2006. (15) El Reglamento nº 1/2005 entró en vigor el 5 de enero de 2007, mientras que la Comisión interpuso el recurso el 11 de septiembre
         de 2007. 
      
      34.      Como se desprende de una reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento en el marco de un recurso basado en
         el artículo 226 CE debe apreciarse respecto de la legislación comunitaria vigente al término del plazo que la Comisión haya
         concedido al Estado miembro de que se trate para atenerse a su dictamen motivado. (16)
      
      35.      Aunque, en principio, las pretensiones deducidas en el recurso no pueden ampliarse más allá de los incumplimientos alegados
         en las conclusiones del dictamen motivado y en el escrito de requerimiento, no es menos cierto que la Comisión está legitimada
         para instar la declaración de un incumplimiento de las obligaciones cuyo origen se encuentra en la versión inicial de un acto
         comunitario, posteriormente modificado o derogado, que hayan sido mantenidas por las disposiciones de un nuevo acto comunitario. (17) Por el contrario, el objeto del litigio no puede ampliarse a las obligaciones derivadas de las nuevas disposiciones que no
         tengan su equivalente en la versión inicial del acto de que se trata, so pena de constituir un vicio sustancial de forma en
         cuanto a la regularidad del procedimiento por el que se declare el incumplimiento de la obligación. (18)
      
      36.      Así pues, de la jurisprudencia se desprende que el criterio para valorar la admisibilidad de los motivos de recurso basados
         en una normativa que ha entrado en vigor recientemente se refiere al ámbito jurídico sustantivo, y no al jurídico formal.
         Si el nuevo acto normativo, que entró en vigor después de expirar el plazo establecido en el dictamen motivado y antes de
         la interposición del recurso, contiene obligaciones idénticas, desde el punto de vista jurídico sustantivo, a las previstas
         en el acto normativo al que sustituye, los motivos de recurso basados en el nuevo acto normativo sólo son admisibles cuando
         dicho acto normativo imponga al Estado miembro las mismas obligaciones que establecía el acto anteriormente vigente. Por tanto,
         en el presente asunto es preciso verificar si las obligaciones derivadas de las disposiciones de la Directiva 91/628, que
         la Comisión invoca en su recurso, tienen un equivalente en las disposiciones del Reglamento nº 1/2005. En aras de la claridad
         de las presentes conclusiones, examinaré en el marco de cada motivo del recurso la admisibilidad de la invocación de cada
         una de las disposiciones del Reglamento nº 1/2005. 
      
      2.      Sobre el motivo de recurso relativo a la identificación y las autorizaciones de los transportistas 
      a)      Alegaciones de las partes
      37.      Sobre la base de las comprobaciones efectuadas por la OAV en las misiones nos 7273/2004 y 8042/2006, la Comisión considera que el Gobierno griego no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que todo transportista esté debidamente
         autorizado para el transporte de animales y esté registrado adecuadamente de modo que permita a la autoridad competente comprobar
         rápidamente si un determinado transportista cumple las exigencias establecidas para la protección de los animales durante
         el transporte. La Comisión sostiene que, de este modo, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben
         en virtud de los artículos 5, parte A, número 1, letra a), incisos i) y ii), y 5, parte A, número 2, letra b), de la Directiva
         91/628, así como los artículos 6, apartado 1, y 13, apartados 3 y 4, del Reglamento nº 1/2005.
      
      38.      La Comisión afirma que durante la misión nº 7273/2004 (puntos 5.3. y 6.3. del informe sobre la misión) los inspectores de
         la OAV comprobaron que determinados transportistas carecían de autorización o tenían la autorización caducada. En la misión
         nº 8042/2006 (puntos 5.3. y 6.3. del informe sobre la misión) se constató además que, pese a haberse producido algunas mejoras,
         las normas relativas a la autorización e identificación de los transportistas no se respetaban suficientemente. La Comisión
         subraya que, si bien existían efectivamente algunas listas de transportistas, no siempre estaban actualizadas. 
      
      39.      El Gobierno griego alega en su escrito de contestación que la detección de una autorización no válida durante la misión nº 7273/2004 constituye
         un caso aislado que no demuestra el incumplimiento de las obligaciones comunitarias; además las autoridades competentes ya
         habían detectado dicha autorización no válida. El Gobierno griego indica además que ha adoptado medidas para garantizar el
         cumplimiento del Derecho comunitario. Dicho Gobierno sostiene que ha comunicado a las autoridades competentes de los departamentos
         griegos las recomendaciones de los inspectores de la OAV y ha organizado seminarios para transportistas y veterinarios, lo
         que demuestra el esfuerzo continuado de las autoridades griegas por aplicar correctamente el Derecho comunitario. 
      
      40.      La Comisión afirma a este respecto, en su escrito de réplica, que la organización de dichos seminarios constituye sin duda una medida
         positiva, pero no puede suplir en ningún caso las medidas oficiales que las autoridades nacionales competentes deben adoptar
         en materia de autorizaciones de los transportistas. 
      
      b)      Admisibilidad
      41.      En el marco del motivo de recurso relativo a la identificación y las autorizaciones de los transportistas, la Comisión alega
         la infracción del artículo 5, parte A, número 1, letra a), incisos i) y ii), de la Directiva 91/628. En su recurso, sostiene
         que los artículos 6, apartado 1, y 13, apartados 3 y 4, del Reglamento nº 1/2005 establecen una obligación idéntica. Por tanto,
         a continuación examinaré la fundamentación de esta alegación de la Comisión. 
      
      i)      Identificación de los transportistas
      42.      El artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso i), de la Directiva 91/628 prevé que todo transportista debe figurar inscrito
         en un registro de manera que la autoridad competente pueda identificarlo rápidamente en caso de incumplimiento de las exigencias
         de dicha Directiva. Según la Comisión, los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Reglamento nº 1/2005 son equivalentes a dicha
         disposición de la Directiva. Conforme al artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 1/2005, la autoridad competente llevará
         un registro de las autorizaciones (19) de modo que pueda identificar rápidamente a los transportistas, en particular en caso de incumplimiento de las disposiciones
         de tal Reglamento. En mi opinión, cabe afirmar que la obligación prevista en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 1/2005
         es idéntica a la establecida en el artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso i), de la Directiva 91/628. La finalidad
         de la obligación prevista por ambos artículos consiste en establecer un registro de transportistas que permita su rápida identificación
         cuando no cumplan las disposiciones de la Directiva o del Reglamento. Por tanto, a mi juicio es admisible la invocación del
         artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 1/2005 que realiza la Comisión en su recurso.
      
      43.       Considero, en cambio, que hay que concluir lo contrario en lo que respecta al artículo 13, apartado 4, del Reglamento nº 1/2005.
         En virtud de esa disposición, la autoridad competente está obligada a registrar las autorizaciones en una base de datos electrónica. (20) La obligación de registro de las autorizaciones en una base de datos electrónica constituye una obligación nueva, no prevista
         en la Directiva 91/628. Por consiguiente, a mi juicio, no es admisible la invocación por la Comisión del artículo 13, apartado
         4, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      ii)    Autorizaciones de los transportistas
      44.      Conforme al artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628, todo transportista debe poseer una
         autorización válida concedida por la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento o, en el caso de empresas
         establecidas en terceros países, por una autoridad competente de un Estado miembro de la Unión, previo compromiso escrito
         del responsable de la empresa de transporte de cumplir las exigencias de la legislación veterinaria vigente. Según la Comisión,
         el equivalente de esta disposición se encuentra en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005, que prevé que nadie
         podrá operar como transportista salvo que haya sido autorizado a tal efecto por una autoridad competente de conformidad con
         lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 10 o, en caso de viajes largos, con arreglo al apartado 1 del artículo 11 y que
         cuando se realice el transporte de los animales, se pondrá a disposición de la autoridad competente una copia de dicha autorización.
         
      
      45.      Es cierto que de ambos artículos –es decir, del artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628
         y del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005– se deriva la obligación para todo transportista de poseer una autorización
         concedida por la autoridad competente. Sin embargo, hay que subrayar que, el artículo 6, apartado 1, el Reglamento nº 1/2005,
         además de exigir a todo transportista la posesión de una autorización, prevé también que dicha autorización debe ser concedida
         de conformidad con el artículo 10, apartado 1, o el artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento. El artículo 10, apartado
         1, del Reglamento nº 1/2005 establece los requisitos para la concesión de las autorizaciones a los transportistas, (21) mientras que el artículo 11, apartado 1, fija los requisitos para la concesión de autorizaciones a los transportistas que
         realizan viajes largos. (22) Procede señalar que la Directiva 91/628 no prevé requisitos detallados análogos con respecto a las autorizaciones a los transportistas.
         Dado que las obligaciones derivadas del Reglamento nº 1/2005 son más detalladas que las previstas en la Directiva 91/628,
         la Comisión no puede, a mi juicio, invocar el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 en su recurso. Por tanto, en
         mi opinión no es admisible la invocación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 que realiza la Comisión en el
         recurso.
      
      c)      Apreciación jurídica
      46.      En cuanto al reparto de la carga de la prueba, en el marco de un procedimiento iniciado al amparo del artículo 226 CE corresponde
         a la Comisión demostrar el incumplimiento del Estado miembro. (23) En cambio, corresponde al Estado miembro demandado impugnar de forma sustancial y detallada los datos presentados y las consecuencias
         derivadas de ellos. (24) En apoyo del motivo relativo a la identificación y las autorizaciones de los transportistas, la Comisión invoca las comprobaciones
         efectuadas por la OAV en la misión nº 7273/2004 (puntos 5.3 y 6.3 del informe sobre la misión) y en la misión nº 8042/2006
         (puntos 5.3 y 6.3. del informe sobre la misión); por tanto, es necesario verificar si los hechos comprobados por la OAV durante
         dichas misiones y a los que se refiere la Comisión pueden demostrar la fundamentación de este motivo de recurso. 
      
      i)      Identificación de los transportistas 
      47.      Del punto 5.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006 se desprende que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación
         solicitó a las autoridades locales competentes que le remitieran las listas de transportistas provistos de autorización. (25) Dicho informe señala que estaba disponible, en el Ministerio, una lista de todos los transportistas, que estaba siendo revisada.
         Asimismo, en dicho informe consta que dichas listas estaban disponibles en todas las autoridades locales competentes visitadas.
      
      48.      En el punto 5.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006 se afirma asimismo que los datos relativos a la superficie de carga
         de los vehículos, que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación había solicitado, no estaban disponibles para
         todos los transportistas. En el departamento de Serres, no existían tales datos sobre ningún transportista, en el departamento
         de Kilkís, faltaban dichos datos sobre uno de cada tres transportistas existentes y en el departamento de Mesenia faltaban
         en el caso de los dos mayores transportistas de ganado bovino. 
      
      49.      En el punto 6.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006 se indica asimismo que las medidas propuestas por el Ministerio
         griego de desarrollo rural y alimentación se han ejecutado de modo limitado e incompleto. Las listas de transportistas estaban
         efectivamente disponibles, pero no siempre estaban actualizadas y no siempre contenían todos los datos, por ejemplo los relativos
         a la superficie de carga o los datos sobre la declaración escrita por la que el transportista se comprometía a cumplir las
         obligaciones previstas en la Directiva 91/628.
      
      50.      En mi opinión, los hechos recogidos en los puntos 5.3. y 6.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006 no son suficientes,
         por varios motivos, para demostrar que la República Helénica ha incumplido su obligación de garantizar que se pueda identificar
         rápidamente a los transportistas. 
      
      51.      En primer lugar, de los hechos antes mencionados se desprende que las listas de transportistas estaban disponibles tanto en
         el Ministerio de desarrollo rural y alimentación como en todas las autoridades locales competentes visitadas por los inspectores
         de la OAV. 
      
      52.      En segundo lugar, en cuanto a las alegaciones de la Comisión según las cuales las listas de transportistas no están actualizadas,
         procede señalar –como ha afirmado el Gobierno griego en sus escritos de contestación (26) y de dúplica (27)– que tales alegaciones son muy imprecisas. La Comisión se basa, por ejemplo, en las afirmaciones genéricas contenidas en
         el punto 6.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006, según el cual las listas de transportistas «no siempre estaban actualizadas»
         y «no contenían todos los datos», sin aportar elementos concretos y precisos para determinar en cuántos casos dichas listas
         no habían sido actualizadas. (28)
      
      53.      En tercer lugar, en lo que respecta a la alegación según la cual las listas de transportistas son incompletas porque no contienen
         datos relativos a la superficie de carga, hay que indicar que ni la Directiva 91/628 ni el Reglamento nº 1/2005 prevén la
         obligación de incluir tales datos en el registro de los transportistas. Asimismo, la declaración escrita por la que el responsable
         de la empresa de transporte se compromete a respetar las exigencias de la normativa veterinaria comunitaria vigente sólo es
         necesaria, conforme al artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628, a efectos de la concesión
         de la autorización por la autoridad competente del Estado miembro de la Unión a la empresa establecida en un tercer país;
         no se prevé, en cambio, en dicho artículo la obligación de adjuntar la declaración escrita a la lista de transportistas. El
         Reglamento nº 1/2005 tampoco contiene ninguna disposición específica relativa a la obligación de indicar los datos de la superficie
         de carga. 
      
      54.      En cuarto lugar, cuando la Comisión sostiene que el incumplimiento de una obligación impuesta por el Derecho comunitario se
         deriva de una práctica administrativa, está obligada a demostrar que dicha práctica administrativa presenta un grado suficiente
         de continuidad y generalidad. (29) Por tanto, la Comisión tiene que demostrar que las autoridades del Estado miembro han desarrollado una práctica constante
         y de larga duración que se opone al Derecho comunitario. En el caso de autos, sin embargo, de las pruebas presentadas no se
         deduce la existencia de una práctica reiterada y persistente; los elementos de prueba aportados por la Comisión se refieren
         únicamente a comprobaciones realizadas en 2006, y no a comprobaciones relativas a un período temporal más prolongado en el
         que se haya desarrollado una práctica constante. 
      
      55.      Por consiguiente, a mi juicio procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso relativa a la identificación
         de los transportistas, en la que la Comisión sostiene que la República Helénica ha incumplido las obligaciones establecidas
         en el artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso i), de la Directiva 91/628 y en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 1/2005.
      
      ii)    Autorizaciones de los transportistas 
      56.      Del punto 5.3. del informe sobre la misión nº 7273/2004 se desprende que en 2004 las autoridades competentes localizaron transportistas
         sin autorización o con la autorización caducada. En el punto 6.3. de dicho informe se indica además que se han producido algunos
         progresos para garantizar que los transportistas sean titulares de una autorización, si bien la legislación que debería mejorar
         el sistema no se ha adoptado, como se preveía inicialmente. En ese mismo punto del informe se señala además que la obligación
         de controlar los tiempos de transporte en el caso de viajes de larga duración se vulneró en tres de los cuatro departamentos
         inspeccionados. 
      
      57.      Del punto 5.3. del informe sobre la misión nº 8042/2006 se desprende que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación,
         con objeto de perfeccionar el sistema de autorizaciones, solicitó a las autoridades locales competentes que comunicaran por
         escrito a todos los transportistas que son responsables de la renovación de su autorización, que están obligados a solicitar
         dicha renovación un mes antes de que caduque y que deben comunicar cualquier modificación de los conductores o los medios
         de transporte. En el informe se afirma que, de entre cincuenta y cuatro autoridades locales competentes, cuarenta y nueve
         respondieron indicando que habían informado a los transportistas de sus obligaciones; asimismo, en todos los departamentos
         visitados por los inspectores de la OAV, las autoridades competentes habían remitido dichas comunicaciones. En dicho punto
         del informe sobre la misión se indica asimismo que, en el departamento de Laconia, se envió con carácter general a los transportistas
         cuya autorización había caducado una notificación para que solicitaran la renovación de su autorización, si bien no se remitió
         una notificación a cada transportista en concreto.
      
      58.      En el punto 5.3 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se señala además que no se imputó ninguna infracción relativa a las
         autorizaciones de los transportistas al Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación. En el departamento de Laconia
         se concedió una autorización a un transportista pese a que éste no había presentado la declaración escrita con arreglo al
         artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628; ciertos representantes de las autoridades locales
         competentes afirmaron que algunos transportistas procedentes de terceros países disponían de autorizaciones nulas, si bien
         dichas autorizaciones no habían sido expedidas por las autoridades competentes griegas. 
      
      59.      En el punto 6.3 del informe sobre la misión nº 8042/2006 consta que las medidas propuestas por el Ministerio griego de desarrollo
         rural y alimentación han sido ejecutadas de modo limitado e incompleto. Asimismo, se indica que dicho Ministerio no ha garantizado
         que los transportistas procedentes de terceros países dispongan de una autorización válida conforme al artículo 5, parte A,
         número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628.
      
      60.      A mi juicio, los hechos mencionados no sirven para demostrar la tesis de la Comisión según la cual la República Helénica ha
         incumplido las obligaciones derivadas del artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628 acerca
         de las autorizaciones de los transportistas. 
      
      61.      Si bien es cierto que en el punto 5.3 del informe sobre la misión nº 7273/2004 se indica que las autoridades competentes han
         localizado transportistas carentes de autorización o con una autorización caducada, no se especifica sin embargo en dicho
         informe cuántos transportistas fueron inspeccionados ni el número y nombre de los departamentos, ni cuántos, entre los transportistas
         inspeccionados, carecían de autorización o tenían una autorización caducada. En su recurso, la Comisión sostiene, en efecto,
         que no se trataba de un «caso aislado», (30) como afirma el Gobierno griego, sino de un «número considerable de casos específicos». (31) Sin embargo, la Comisión no precisa el número de casos ni en qué porcentaje de casos los transportistas inspeccionados carecían
         de autorización o disponían de una autorización caducada. Las afirmaciones contenidas en el punto 6.3. de dicho informe son
         también, a mi parecer, demasiado genéricas para demostrar la tesis de la Comisión. Del mismo modo, del informe sobre la misión
         nº 8042/2006 no se desprende con claridad cuántos transportistas carecían de una autorización válida o tenían una autorización
         caducada. Por el contrario, al Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación no se le imputa ninguna infracción relativa
         a las autorizaciones de los transportistas y el informe sobre la misión nº 8042/2006 sólo menciona algunos casos aislados
         de infracciones. 
      
      62.      Las comprobaciones antes mencionadas no pueden, a mi juicio, demostrar en ningún caso la existencia de una práctica administrativa
         constante y general, en virtud de la cual las autoridades griegas hayan vulnerado las obligaciones derivadas del Derecho comunitario.
         
      
      63.      Por lo tanto, considero que procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso relativa a las autorizaciones
         de los transportistas, en la que la Comisión sostiene que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben
         en virtud del artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de la Directiva 91/628.
      
      d)      Resultado del análisis 
      64.      En mi opinión, procede desestimar por infundado el motivo de recurso relativo a la identificación y autorización de los transportistas,
         por el que la Comisión sostiene que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
         5, parte A, número 1, letra a), incisos i) y ii), de la Directiva 91/628, así como en virtud del artículo 13, apartado 3,
         del Reglamento nº 1/2005. 
      
      3.      Sobre el motivo de recurso relativo a la comprobación de los planes de viaje 
      a)      Alegaciones de las partes
      65.      La Comisión reprocha a la República Helénica no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes
         efectúen los controles obligatorios de los planes de viaje relativos al transporte de animales. La Comisión afirma que, de
         este modo, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 5, parte A, número
         2, letra b), 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, 8, primer párrafo, letras b) y d), y 9 de la Directiva
         91/628. La Comisión alega además el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 5, apartado 4, y 15, apartado
         1, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      66.      La Comisión indica que los inspectores de la OAV detectaron irregularidades en determinados planes de viaje en las misiones
         nos 9002/2003 (punto 5.4.2. del informe sobre la misión), 7273/2004 (puntos 5.3. y 6.4. del informe sobre la misión) y 8042/2006
         (puntos 5.4.2. y 6.4. del informe sobre la misión). Tales irregularidades se referían, en particular, a la duración excesiva
         del transporte en la mayor parte de los planes de viaje controlados, correspondientes a animales transportados desde otros
         Estados miembro y destinados al sacrificio en la República Helénica. 
      
      67.      El Gobierno griego sostiene que en 2003 se introdujo mediante una circular un sistema adecuado de control de los datos contenidos en los planes
         de viaje. Además, dicho Gobierno afirma que en los casos en que los planes de viaje hayan sido elaborados por las autoridades
         competentes de otros Estados miembros, las autoridades griegas no pueden verificar los datos que contienen ni los criterios
         aplicados por las autoridades de esos otros Estados miembros. A juicio del Gobierno griego, las autoridades griegas sólo pueden
         comprobar el cumplimiento de dichos planes de viaje. 
      
      68.      La Comisión responde a esta alegación del Gobierno griego señalando que la finalidad del control de los planes de viaje consiste en garantizar
         el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 91/628. En su opinión, el control no puede limitarse simplemente a comprobar
         la existencia del plan o los datos contenidos en el mismo, sino que requiere también verificar que el transporte de los animales
         tenga lugar conforme a la normativa comunitaria sobre la protección de los animales durante el transporte. La Comisión añade
         que esta tesis es confirmada además por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 91/628, que prevé las medidas que deberán
         adoptarse si, durante el transporte, se comprueba que las disposiciones de dicha Directiva no se han cumplido. Así pues, la
         Comisión considera que es evidente que el mero control de los datos que figuran en los planes de viaje no basta para satisfacer
         las obligaciones derivadas de la Directiva 91/628. En lo que respecta a la alegación del Gobierno griego, según la cual en
         2003 se introdujo mediante una circular un sistema adecuado para el control de los datos recogidos en los planes de viaje,
         la Comisión indica que los inspectores de la OAV comprobaron, en verificaciones concretas, que dichos controles no se efectuaron
         de modo satisfactorio. 
      
      b)      Admisibilidad
      69.      Con respecto al motivo de recurso relativo al control de los planes de viaje, la Comisión alega el incumplimiento de las obligaciones
         derivadas de los artículos 5, parte A, número 2, letra b), 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, 8, primer
         párrafo, letras b) y d), y 9 de la Directiva 91/628. La Comisión sostiene además que se han vulnerado los artículos 5, apartado
         4, y 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005, que constituyen el equivalente de las disposiciones citadas de la Directiva.
      
      70.      Conforme al artículo 5, parte A, número 2, letra b), de la Directiva 91/628, los Estados miembros velarán por que el transportista
         elabore, para los animales que vayan a someterse a intercambios entre Estados miembros o a ser exportados con destino a terceros
         países, y en caso de que la duración del viaje supere las ocho horas, un plan de viaje, que se adjuntará al certificado sanitario
         durante el viaje, y precisará además los puntos posibles de parada o de transbordo. Dicho plan de viaje se elaborará conforme
         al modelo que figura en el capítulo VIII del anexo de dicha Directiva. Dicho capítulo regula de forma pormenorizada el contenido
         del plan de viaje, que debe incluir los datos relativos al transportista, medio de transporte, especie y número de animales,
         lugar de salida y de destino, itinerario y duración del viaje, número del certificado sanitario o documento de acompañamiento,
         sello del veterinario del lugar de salida, sello de la autoridad competente del punto de salida, fecha y hora de llegada,
         nombre y firma del responsable del transporte durante el viaje y datos relativos a los puntos de parada o de transbordo. El
         artículo 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, de la Directiva 91/628 establece que los Estados miembros
         velarán por que el transportista compruebe que el original del plan de viaje ha sido cumplimentado y completado debidamente
         por las personas apropiadas en el momento oportuno.
      
      71.      Como norma equivalente a las disposiciones de la Directiva 91/628 relativas a la obligación del transportista de elaborar
         los planes de viaje, la Comisión señala el artículo 5, apartado 4, del Reglamento nº 1/2005. Esta disposición prevé que en
         el caso de que équidos domésticos –que no sean équidos no desbravados– y animales domésticos de las especies bovina, ovina,
         caprina y porcina deban realizar viajes largos entre Estados miembros y con origen o destino en terceros países, los transportistas
         y los organizadores cumplirán las disposiciones relativas al cuaderno de a bordo u hoja de ruta que figuran en el anexo II
         de dicho Reglamento. Del punto 2 del anexo II del Reglamento nº 1/2005 se desprende que el cuaderno de a bordo u hoja de ruta
         se compone de las siguientes secciones: planificación, lugar de salida, lugar de destino, declaración del transportista y
         parte de incidencias. El anexo II del Reglamento nº 1/2005 regula detalladamente, en secciones específicas, el contenido de
         cada una de las secciones del cuaderno de a bordo u hoja de ruta. 
      
      72.      Las disposiciones de la Directiva 91/628 exigen, por tanto, al transportista redactar un plan de viaje, mientras que las disposiciones del Reglamento nº 1/2005 le obligan a elaborar un cuaderno de a bordo u hoja de ruta. Al comparar los dos textos normativos se deduce que al plan de viaje previsto en la Directiva 91/628 corresponde en gran parte la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, relativa a la planificación del viaje. Las restantes partes del cuaderno de a bordo u hoja de ruta del Reglamento nº 1/2005
         contienen, en cambio, datos más pormenorizados que el plan de viaje mencionado en la Directiva 91/628. Así, por ejemplo, la
         sección 2 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, que se refiere al lugar de salida, contiene datos relativos al nombre y
         dirección del poseedor en el lugar de salida o al veterinario oficial, así como datos sobre los controles realizados; la sección
         4 recoge una declaración específica del transportista; la sección 5, por último, incluye un parte específico de incidencias.
         Desde un punto de vista estrictamente formal, es cierto sin duda que la obligación de completar el plan de viaje se corresponde
         con la obligación de completar la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, que se refiere a la planificación; no
         obstante, hay que tener en cuenta que el cuaderno de a bordo u hoja de ruta constituye un todo unitario y que simplemente
         con completar la sección 1 del cuaderno de a bordo u hoja de ruta el transportista no cumple aún sus obligaciones derivadas
         del artículo 5, apartado 4, del Reglamento nº 1/2005, invocado por la Comisión. Por consiguiente, considero que procede declarar
         la inadmisibilidad de la alegación por la Comisión del incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5, apartado
         4, del Reglamento nº 1/2005 en el marco del motivo de recurso relativo al control de los planes de viaje. 
      
      73.      En dicho motivo de recurso, la Comisión se refiere asimismo al artículo 8, párrafo primero, letras b) y d), de la Directiva
         91/628. Según este precepto, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes controlen el cumplimiento de
         los requisitos de dicha Directiva mediante la inspección, de forma no discriminatoria, de los medios de transporte y de los
         animales en cuanto lleguen al lugar de destino [letra b)], y de las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento
         [letra d)]. El equivalente de esta norma es, a juicio de la Comisión, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005,
         según el cual la autoridad competente llevará a cabo en cualquier momento del viaje largo los controles pertinentes, de manera
         aleatoria o sistemática, con el fin de comprobar que la duración del viaje declarada es realista y que el viaje cumple lo
         dispuesto en el Reglamento, y en particular que la duración de los tiempos de viaje y de los períodos de descanso se ajusta
         a los límites fijados en el anexo I, capítulo V, del Reglamento. 
      
      74.      En cuanto a la obligación de control, cabe señalar que la exigencia derivada del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005
         no se corresponde totalmente con la obligación prevista en el artículo 8, párrafo primero, letras b) y d), de la Directiva
         91/628. Mientras que las obligaciones derivadas de la Directiva 91/628 se refieren al control de los medios de transporte
         y de los animales, y en general al control de las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento, las obligaciones
         previstas en el Reglamento nº 1/2005 se refieren al control de los tiempos de viaje, períodos de descanso y, en general, al
         control de si el viaje se atiene al Reglamento. Además, la obligación de control establecida en el artículo 15, apartado 1,
         del Reglamento nº 1/2005 versa únicamente sobre las inspecciones en viajes largos, mientras que en cambio el artículo 8, párrafo
         primero, de la Directiva 91/628 no se limita a los controles de este tipo de viajes. Otra diferencia entre ambas disposiciones
         consiste en que, en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005, la autoridad competente llevará a cabo los
         controles en cualquier momento del viaje largo, mientras que en cambio el artículo 8, párrafo primero, letra b), de la Directiva 91/628 se refiere exclusivamente
         a los controles de los medios de transporte y animales en cuanto lleguen al lugar de destino. (32) Por lo tanto, considero que no procede admitir la invocación por la Comisión del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005.
         
      
      75.      El artículo 9 de la Directiva 91/628 indica qué medidas deben adoptarse si se comprueba que las disposiciones de dicha Directiva
         no se han cumplido. Este artículo dispone, en su apartado 1, que si, durante el transporte, se comprobare que las disposiciones
         de la Directiva no se cumplen o no se han cumplido, la autoridad competente del lugar donde se haya efectuado la comprobación
         solicitará a las personas responsables del medio de transporte que adopten las medidas que la autoridad competente considere
         necesarias para garantizar el bienestar de los animales de que se trate. Según las circunstancias, dichas medidas podrán comprender:
         a) la finalización del trayecto o la devolución de los animales a su lugar de salida, por el itinerario más directo, siempre
         que esta medida no ocasione a los animales un sufrimiento innecesario; b) el alojamiento de los animales en un lugar adecuado,
         dispensándoles los cuidados necesarios hasta la resolución del problema; c) el sacrificio sin crueldad de los animales. (33) Los demás apartados del artículo 9 de la Directiva 91/628 contienen disposiciones sobre las consecuencias de que el responsable
         del transporte no respete las instrucciones de la autoridad competente, así como preceptos relativos al procedimiento ante
         las autoridades nacionales. En lo que respecta a esta obligación, la Comisión no invoca ninguna disposición del Reglamento nº 1/2005.
      
      c)      Apreciación jurídica 
      76.      En apoyo del motivo de recurso referente al control de los planes de viaje, la Comisión invoca en primer lugar el punto 5.4.2.
         del informe sobre la misión nº 9002/2003, del que se desprende que la documentación de acompañamiento de los animales durante
         el transporte en la República Helénica no recogía ninguna indicación sobre el momento de salida. Asimismo, en el punto citado
         se indica que los inspectores de la OAV detectaron también irregularidades en algunos documentos que ya habían sido examinados
         por las autoridades nacionales competentes. Las copias de los certificados sanitarios y de los planes de viaje que acompañaban
         a los animales procedentes de España, Francia y Países Bajos, destinados a su sacrificio en la República Helénica, eran en
         efecto imprecisas y omitían algunos datos importantes. Los tiempos de viaje que figuraban en la mayor parte de los planes
         de viaje eran ilógicos e imposibles. El descanso intermedio (entre la estación intermedia en el sur de Italia y el destino
         final en la República Helénica) no se había consignado en el plan de viaje.
      
      77.      La Comisión invoca asimismo el punto 5.4 del informe sobre la misión nº 7273/2004, (34) del que se desprende que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación solicitó a las autoridades competentes de
         determinados departamentos la presentación de un programa de controles para el año 2003. Dicho programa sólo fue presentado
         por seis de los cincuenta y cuatro departamentos, es decir, un 11,1 % del total. En dicho punto consta además que en el departamento
         de Ftiótide, en el segundo trimestre de 2003, el 92 % de las cargas fueron inspeccionadas en el lugar de destino, mientras
         que en el tercer trimestre de ese mismo año ese porcentaje fue del 83 %. En el departamento de Karditsa, se efectuaron controles
         en el lugar de salida, en tanto que en el departamento de Larisa se realizaron cada trimestre entre tres y cinco controles,
         sin aviso previo, en mataderos, si bien no se incluyeron en los controles los transportes de larga duración. Asimismo, en
         el citado punto del informe se indica que en 2003 las autoridades nacionales inspeccionaron 6.808 vehículos, detectando tres
         infracciones y veinticuatro irregularidades relativas a los documentos de acompañamiento. Durante la misión, los inspectores
         de la OAV observaron algunas otras irregularidades que las autoridades nacionales competentes no habían apreciado. (35)
      
      78.      El punto 6.4. del informe sobre la misión nº 7273/2004 se refiere en cambio a que la mayor parte de los departamentos no han
         presentado un programa de control y que, en los departamentos visitados, no estaban claras las modalidades y, en general,
         la necesidad de efectuar controles en los planes de viaje. (36)
      
      79.      La Comisión invoca también los puntos 5.4.2 y 6.4 del informe sobre la misión nº 8042/2006. En el punto 5.4.2 de dicho informe
         se señala que en el departamento de Kilkís la autoridad nacional competente indicó que no había realizado ningún control sobre
         los planes de viaje. En los departamentos de Mesenia, Laconia, Tesprótida e Ilia, las autoridades nacionales competentes en
         materia de controles no detectaron planes de viaje que indicaran tiempos de transporte excesivamente prolongados o que contuvieran
         irregularidades. En el departamento de Tesprótida, las autoridades nacionales competentes conservaron los planes de viaje
         originales en lugar de devolverlos a los transportistas, que deberían haberlos entregado a la autoridad competente del lugar
         de origen. En el departamento de Patras, las autoridades nacionales competentes controlaron los planes de viaje sólo hasta
         el puerto, pero no en la parte restante del viaje hasta el destino; las autoridades nacionales competentes no se percataron,
         por tanto, de que los tiempos de viaje de numerosos transportes con destino a las islas de Lesbos y Chio eran más prolongados
         de lo permitido. En el punto 6.4. del informe sobre la misión nº 8042/2006 se afirma además que aunque las autoridades locales
         competentes elaboraron un programa de control de los planes de viaje, no alcanzaron los objetivos previstos, puesto que se
         basaron en general en los controles efectuados en los mataderos, realizando en ocasiones inspecciones no especialmente útiles.
      
      80.      A la vista de las disposiciones que invoca la Comisión en el marco del presente motivo, se deduce que ésta alega el incumplimiento
         de cinco obligaciones distintas que incumben a la República Helénica: 
      
      –        la obligación de velar por que los transportistas dispongan de un plan de viaje [artículo 5, parte A, número 2, letra b),
         de la Directiva 91/628];
      
      –        la obligación de velar por que los planes de viaje de los transportistas sean regulares y conformes [artículo 5, parte A,
         número 2, letra d), inciso i), primer guión, de la Directiva 91/628];
      
      –        la obligación de controlar los medios de transporte y los animales en cuanto lleguen al lugar de destino [artículo 8, párrafo
         primero, letra b), de la Directiva 91/628];
      
      –        la obligación de controlar las indicaciones que figuren en los documentos de acompañamiento [artículo 8, párrafo primero,
         letra d), de la Directiva 91/628];
      
      –        la obligación de adoptar medidas en caso de irregularidades (artículo 9 de la Directiva 91/628).
      81.      Sobre la base de los elementos de prueba aportados por la Comisión no es posible, a mi juicio, concluir que la República Helénica
         haya incumplido su obligación de velar por que los transportistas dispongan de un plan de viaje [artículo 5, parte A, número
         2, letra b), de la Directiva 91/628]. En ninguno de los informes sobre las misiones consta que los transportistas carecieran de planes de viaje. En consecuencia, en mi opinión procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso en la que
         la Comisión alega un incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 5, parte A, número 2, letra b), de la Directiva 91/628.
         
      
      82.      La obligación de velar por que los planes de viaje de los transportistas sean regulares y conformes [artículo 5, parte A,
         número 2, letra d), inciso i), primer guión, de la Directiva 91/628] entraña la exigencia de que figuren en ellos todos los
         datos necesarios y que dichos datos sean correctos y adecuados (por ejemplo, se requiere que los tiempos de viaje no sean
         excesivamente largos). En cuanto al incumplimiento de tal obligación, aunque la Comisión ha aportado pruebas de las que se
         deduce que dichos planes de viaje presentan algunas irregularidades, en mi opinión esas pruebas no son suficientemente precisas
         para demostrar una vulneración constante y general de las obligaciones que incumben a las autoridades griegas. Así, por ejemplo,
         los inspectores de la OAV detectaron que «en algunos documentos» existían irregularidades, que los tiempos de viaje «en la
         mayor parte de los planes de viaje» eran ilógicos e inverosímiles, y que en «numerosos trasportes» el tiempo de viaje había
         sido mucho más prolongado de lo permitido. No hay ninguna duda de que en la República Helénica se han comprobado algunas irregularidades
         en los planes de viaje, pero de los elementos de prueba aportados por la Comisión no se deduce qué porcentaje representan
         dichas irregularidades frente a los casos controlados. La Comisión no ha aportado, a mi juicio, elementos suficientemente
         precisos para demostrar un incumplimiento de la obligación de garantizar la regularidad de los planes de viaje. En consecuencia,
         a mi parecer procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso en la que la Comisión alega un incumplimiento
         de la obligación prevista en el artículo 5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, de la Directiva 91/628.
      
      83.      En lo que respecta a la obligación de controlar los medios de transporte y los animales en cuanto lleguen al lugar de destino
         [artículo 8, párrafo primero, letra b), de la Directiva 91/628], la Comisión no ha aportado, en mi opinión, prueba alguna.
         En los informes mencionados no figura ningún pasaje en el que se afirme expresamente que los medios de transporte no fueron
         controlados en el lugar de destino. Al contrario, de los elementos de prueba aportados se desprende el dato (37) de que en el departamento de Ftiótide se controlaron, en los trimestres segundo y tercero de 2003, el 92 % y el 83 % de las
         cargas en el lugar de destino. Por consiguiente, procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso en la que
         la Comisión alega un incumplimiento del artículo 8, párrafo primero, letra b), de la Directiva 91/628. 
      
      84.      También es infundada, a mi juicio, la parte del motivo en la que la Comisión alega un incumplimiento de la obligación de controlar
         las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento [artículo 8, párrafo primero, letra d), de la Directiva 91/628].
         Si bien las autoridades nacionales competentes de determinados departamentos no presentaron, en 2003, ningún programa de controles,
         en el punto 5.4. del informe sobre la misión nº 7273/2004 se indica que en los departamentos visitados por los inspectores
         de la OAV se efectuaron dichos controles. Es cierto que las autoridades nacionales competentes no apreciaron en algunos casos
         las irregularidades existentes, pero sin embargo realizaron las inspecciones. En el año 2003, por ejemplo, consta claramente
         el dato de que se realizaron 6.808 controles. Así pues, considero que procede desestimar por infundada la parte del motivo
         de recurso en la que la Comisión alega un incumplimiento del artículo 8, párrafo primero, letra d), de la Directiva 91/628.
         
      
      85.      En lo que se refiere a la obligación de adoptar medidas en caso de irregularidades (artículo 9 de la Directiva 91/628), a
         mi parecer la Comisión no ha aportado ninguna prueba sobre esta parte del motivo de recurso. La constatación del incumplimiento
         de la obligación prevista en el citado artículo requiere que se demuestre que las autoridades griegas competentes no adoptaron
         un comportamiento adecuado al detectar las infracciones. Sin embargo, la Comisión no ha aportado ningún elemento que permita
         demostrar en cuántos casos y en qué departamentos las autoridades griegas competentes apreciaron infracciones sin adoptar
         las medidas adecuadas. Por tanto, considero que procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso en la que
         la Comisión alega un incumplimiento del artículo 9 de la Directiva 91/628.
      
      d)      Resultado del análisis
      86.      Considero que procede desestimar por infundado el motivo de recurso relativo a la comprobación de los planes de viaje, por
         el que la Comisión alega el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los artículos 5, parte A, número 2, letra b),
         5, parte A, número 2, letra d), inciso i), primer guión, 8, primer párrafo, letras b) y d), y 9 de la Directiva 91/628.
      
      4.      Sobre el motivo de recurso relativo a la falta de puntos de parada en los puertos
      a)      Alegaciones de las partes
      87.      La Comisión reprocha a la República Helénica que en las misiones nº 9211/2003 (punto 5.2.2 del informe sobre la misión) y nº 8042/2006
         (punto 5.4.2 del informe sobre la misión) se comprobó que en los puertos de transbordo o en sus proximidades no se habían
         previsto puntos de parada en los que los animales pudieran descansar durante doce horas tras la descarga del buque en el caso
         de que la duración del transporte marítimo fuera superior a veintinueve horas. A este respecto, la Comisión alega, en la motivación
         del recurso, el incumplimiento de la obligación prevista en la sección 48, punto 7, letra b), (38) del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628 o el incumplimiento de la obligación establecida en el punto 1.7, letra b),
         del capítulo V del anexo I del Reglamento nº 1/2005. En las conclusiones del recurso, la Comisión solicita únicamente, sin
         embargo, que se declare el incumplimiento de la obligación prevista en la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII
         del anexo de la Directiva 91/628.
      
      88.      Con respecto a uno de los puertos (Igoumenitsa), la Comisión indica que existen espacios que podrían utilizarse como puntos
         de parada, pero ello no resulta posible ya que las autoridades competentes no han autorizado su uso para este fin. La Comisión
         señala que es cierto que el Gobierno griego afirmó, en su respuesta al dictamen motivado, que había adoptado las medidas necesarias
         para garantizar puntos de parada en dicho puerto. Sin embargo, en su opinión dicho Gobierno no ha aportado ninguna prueba
         en apoyo de tal afirmación. 
      
      89.      El Gobierno griego alega que la Comisión no ha ofrecido ningún ejemplo concreto de un transporte marítimo entre dos puertos comunitarios que
         pueda tener una duración superior a veintinueve horas. Sostiene que la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del
         anexo de la Directiva 91/628 no obliga a los Estados miembros a garantizar la existencia de puntos de parada en los puertos.
         A su juicio, esta disposición impone a los transportistas la obligación de prever en sus planes de viaje –que incluyen también
         el transporte marítimo– descansos en puntos de parada adecuados. El Gobierno griego señala asimismo que, en la práctica, ningún
         transporte entre un puerto de transbordo griego y otro puerto de transbordo comunitario supera las veintinueve horas. A este
         respecto, el Gobierno griego observa que la duración del transporte entre el puerto italiano de Bari y el puerto griego de
         Igoumenitsa, que constituye el principal puerto de tránsito griego, no supera las diez u once horas, mientras que la duración
         del transporte entre el puerto de Bari y el de Patras no supera las quince horas. 
      
      90.      La Comisión rebate, en su escrito de réplica, las alegaciones del Gobierno griego. Observa que del tenor literal de la sección 48, punto
         7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628 se desprende claramente que los Estados miembros están obligados
         a garantizar puntos de parada en los puertos o en un punto próximo. La Comisión considera además que no es exacta la afirmación
         del Gobierno griego según la cual ningún transporte entre un puerto griego de transbordo y otro puerto de transbordo comunitario
         supere las veintinueve horas de duración.
      
      b)      Admisibilidad
      91.      En el marco del motivo de recurso relativo a la inexistencia de puntos de parada, la Comisión alega un incumplimiento de la
         obligación prevista en la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628, o una vulneración
         de la obligación establecida en el punto 1.7, letra b), del capítulo V del anexo I del Reglamento nº 1/2005. No obstante,
         debo señalar que la Comisión alega el incumplimiento de las obligaciones previstas en las citadas disposiciones de esos dos
         actos normativos sólo en el marco de la motivación del recurso, mientras que en las conclusiones del recurso en sí, sólo aduce
         el incumplimiento de la obligación establecida en la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva
         91/628, y no un incumplimiento de la obligación derivada del punto 1.7, letra b), del capítulo V del anexo I del Reglamento
         nº 1/2005.
      
      92.      La sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628 establece que en caso de transporte marítimo
         que una de una manera regular y directa dos puntos geográficos de la Comunidad mediante vehículos cargados en buques y sin
         descargar a los animales, deberá preverse un descanso de doce horas tras la descarga de los animales en el puerto de destino
         o en un punto próximo, excepto cuando la duración del transporte marítimo permita incluir el viaje en el plan general de los
         puntos 2 a 4 de dicho anexo.
      
      93.      Por su parte, el punto 1.7, letra b), del capítulo V del anexo I del Reglamento nº 1/2005 establece que en caso de transporte
         marítimo que una de manera regular y directa dos puntos geográficos de la Comunidad mediante vehículos cargados en buques
         y sin descargar a los animales, deberá preverse un descanso de doce horas tras la descarga de los animales en el puerto de
         destino o en un punto próximo, excepto cuando la duración del transporte marítimo permita incluir el viaje en el plan general
         de los puntos 1.2 a 1.4 de dicho capítulo del anexo I.
      
      94.      Al comparar ambas disposiciones se comprueba que prevén la misma obligación de descanso de los animales durante doce horas
         en caso de transporte marítimo que una de manera regular, mediante vehículos cargados en buques y sin descargar a los animales. (39) Por tanto, la invocación por la Comisión del punto 1.7, letra b), del capítulo V del anexo I del Reglamento nº 1/2005 podría,
         en principio, ser admisible. Sin embargo, la Comisión no solicita, en las conclusiones del recurso en sí, que se declare el
         incumplimiento de la obligación derivada de dicho punto del anexo del Reglamento nº 1/2005. Además, la Comisión aclaró en
         la vista que las disposiciones de la Directiva 91/628 bastaban para apreciar un incumplimiento de obligaciones en el caso
         de autos, y que sólo citaba los preceptos del Reglamento nº 1/2005 para demostrar que el incumplimiento de la República Helénica
         tenía un carácter persistente. Así pues, en el marco del presente motivo de recurso me limitaré a examinar si la República
         Helénica ha incumplido la obligación impuesta por la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628.
         
      
      c)      Apreciación jurídica 
      95.       En el análisis del motivo relativo a la inexistencia de puntos de parada en los puertos hay que determinar en primer lugar
         las obligaciones que incumben al Estado miembro en virtud de la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo
         de la Directiva 91/628.
      
      96.       En primer lugar, si bien en dichas disposiciones no se prevé expresamente que los Estados miembros deban garantizar puntos
         de parada en los puertos para los animales, esa obligación dimana, a mi juicio, de la exigencia de que los animales disfruten
         después de la descarga de un período de descanso de doce horas en el puerto de destino o en un punto próximo. Considero que
         no cabe acoger la alegación del Gobierno griego según la cual dichas disposiciones imponen únicamente una obligación a los
         transportistas de prever en sus planes de viaje –que incluyen el transporte marítimo– descansos en puntos de parada adecuados.
         Si los tiempos de transporte no están comprendidos en los tiempos indicados en los puntos 2 y 4 del capítulo VII del anexo
         de la Directiva 91/628, (40) los animales deben poder descansar en los puertos, y no en otros lugares del trayecto. 
      
      97.      En segundo lugar, deseo subrayar el error de la tesis de la Comisión según la cual los puntos de parada son necesarios cuando
         el transporte supere las veintinueve horas. Los puntos 2, 3 y 4 del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628 ponen de
         manifiesto que los tiempos máximos permitidos para el transporte son variables y dependen del equipamiento del vehículo utilizado
         en el transporte de los animales, así como de las especies animales transportadas. (41) Los tiempos de transporte de los solípedos domésticos y de los animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina
         y porcina no podrán superar en principio las ocho horas. (42) Esta duración máxima del viaje podrá ampliarse cuando el vehículo de transporte reúna determinados requisitos, como por ejemplo
         la presencia a bordo de yacija suficiente, disponer de una cantidad apropiada de forraje y agua, de una ventilación adecuada,
         así como de paneles móviles para crear compartimentos separados. (43) Si los vehículos cumplen tales requisitos, la duración máxima del viaje para los animales no destetados será de nueve horas, después de las cuales deberán disfrutar de un descanso de al menos una hora, pudiendo reanudar a continuación el viaje durante
         otras nueve horas. La duración máxima del transporte de cerdos y solípedos domésticos es de veinticuatro horas. (44) Todas las demás especies animales podrán ser transportadas durante catorce horas, y deberán disfrutar después de un descanso de una hora para suministrarles agua y, si fuera necesario, alimento, pudiendo
         proseguirse a continuación el viaje durante otras catorce horas. (45)
      
      98.      A la luz de lo expuesto en el punto 97 de las presentes conclusiones, resulta evidente que en algunos casos los animales deberán
         reposar aun cuando el transporte marítimo sea más breve y que en tales casos será necesario garantizar puntos de parada en
         los puertos. (46) También por este motivo, no es posible compartir la alegación del Gobierno griego según la cual los puntos de parada no son
         necesarios puesto que el trayecto entre cualquier puerto de transbordo griego y otro puerto de transbordo comunitario no puede
         superar las veintinueve horas. 
      
      99.      Procede subrayar además que la Comisión, al sostener que es necesario garantizar puntos de parada en los puertos o en puntos
         próximos en el caso de que la duración del transporte supere las veintinueve horas, tiene en cuenta evidentemente la duración
         del transporte de todas las demás especies animales no designadas específicamente, y no las disposiciones concretas relativas
         a los tiempos de transporte de animales no destetados o de cerdos y solípedos domésticos, para los cuales la duración máxima
         del transporte se calcula según la fórmula «14 + 1 + 14» (14 horas de transporte + 1 hora de descanso + 14 horas de transporte).
         Sin embargo, dicho cálculo es erróneo, como se deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Interboves. (47) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que en alta mar no resulta en absoluto viable respetar un período de
         descanso de una hora, ya que ello presupone que el buque atraque después de catorce horas de viaje por mar durante al menos
         una hora antes de volver a hacerse a la mar durante un nuevo período de catorce horas. (48) Por tanto, el Tribunal determinó que en tal caso el tiempo máximo de transporte marítimo es de veintiocho horas. (49)
      
      100. En el presente asunto, la Comisión, en apoyo del motivo relativo a la inexistencia de puntos de parada, invoca el punto 5.2.2
         del informe sobre la misión nº 9211/2003 y el punto 5.4.2 del informe sobre la misión nº 8042/2006.
      
      101. Del punto 5.2.2 del informe sobre la misión nº 9211/2003 se desprende que en los puertos griegos de transbordo no existen
         puntos de parada para los animales. Las autoridades nacionales competentes pretendieron justificar esta circunstancia aduciendo
         que el viaje por mar puede incluirse en el tiempo total de viaje permitido, si bien los inspectores de la OAV afirmaron que
         no siempre es posible. En algunos casos de transporte de animales desde el sur de Italia a la República Helénica el trayecto
         marítimo duró mucho más que el tiempo máximo permitido, por lo que los animales deberían haber disfrutado de puntos de parada.
         
      
      102. En el punto 5.4.2 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se indica específicamente que no existen, en los puertos de Patras
         y del Pireo o en sus proximidades, puntos de parada para los animales. En las proximidades del puerto de Igoumenitsa existe
         ciertamente una zona que podría utilizarse como punto de parada para los animales transportados, pero las autoridades competentes
         no han autorizado su uso para ese fin. 
      
      103. Los mencionados informes sobre las misiones ponen de relieve que la República Helénica no ha garantizado en algunos de sus
         puertos puntos de parada para los animales, por lo que a mi juicio resulta fundado el motivo de recurso relativo a la inexistencia
         de puntos de parada. 
      
      d)      Resultado del análisis
      104. En mi opinión, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar puntos de parada para los animales en los puertos
         o en puntos próximos después de la descarga de los animales, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben
         en virtud de la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      5.      Sobre el motivo de recurso relativo un control insuficiente de los medios de transporte y de los animales 
      a)      Alegaciones de las partes
      105. La Comisión sostiene que los informes sobre las misiones nº 9211/2003 (punto 5.2.1), nº 7273/2004 (punto 5.5) y nº 8042/2006 (punto 5.5)
         ponen de manifiesto que la República Helénica no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el control de los medios
         de transporte y de los animales, con objeto de prevenir formas ilegales de transporte por carretera de animales. En el marco
         de este motivo, la Comisión indica que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del
         artículo 8 de la Directiva 91/628 y del artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      106. La Comisión observa en particular que en determinados departamentos griegos –Acaya, Kilkís y Serres– no está prevista la realización
         de ningún control de medios de transporte y animales, bien por falta de personal o bien porque dicho control es efectuado
         ya en los puertos griegos. La Comisión hace constar que el proyecto piloto por el que se prevén controles suplementarios no
         ha incluido todas las regiones. No se ha incluido, por ejemplo, la región de Tesalia, en la que se detectaron irregularidades
         en la misión nº 9211/2003.
      
      107. El Gobierno griego sostiene que el artículo 8 de la Directiva 91/628 y el artículo 27 del Reglamento nº 1/2005 deben interpretarse en el sentido
         de que para que se produzca una infracción de tales disposiciones es necesario demostrar una falta total de control sobre
         la protección de los animales durante el transporte, y que las autoridades competentes están obligadas a determinar las modalidades
         y el lugar de realización de dichos controles. El artículo 8 de la Directiva 91/628 prevé, en efecto, varias formas de control,
         y no sólo el control del transporte por carretera al que se refiere la Comisión. Dicho Gobierno considera que la ejecución
         de un proyecto piloto en el marco del cual equipos mixtos han realizado inspecciones en determinados departamentos, así como
         la aplicación de sanciones a transportistas y la iniciación de diversos procedimientos de asistencia mutua con determinados
         Estados miembros, demuestran que las autoridades griegas han realizado los controles exigidos por las disposiciones comunitarias.
         Como prueba de ello, el Gobierno griego adjunta al escrito de contestación algunos documentos que demuestran la aplicación
         de sanciones y la iniciación de procedimientos de asistencia mutua. (50)
      
      108. La Comisión responde a esta alegación afirmando que para que el control de medios de transporte y de animales se atenga a las disposiciones
         comunitarias ha de ser adecuado, suficiente y eficaz. A juicio de la Comisión, los controles de los planes de viaje efectuados
         por las autoridades griegas no han sido eficaces ni adecuados, de forma que prevengan formas ilegales de transporte de animales
         por carretera. 
      
      b)      Admisibilidad
      109. En cuanto al motivo relativo al insuficiente control de los medios de transporte y los animales, la Comisión sostiene que
         la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8 de la Directiva 91/628 y del
         artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      110. El artículo 8 de la Directiva 91/628 dispone, en su primer párrafo, que los Estados miembros velarán por que las autoridades
         competentes controlen el cumplimiento de los requisitos de la Directiva (51) mediante la inspección, de forma no discriminatoria: a) de los medios de transporte y de los animales durante el transporte
         por carretera; b) de los medios de transporte y de los animales en cuanto lleguen al lugar de destino; c) de los medios de
         transporte y de los animales en los mercados, en los lugares de salida y en los puntos de parada y transbordo; d) de las indicaciones
         que figuran en los documentos de acompañamiento. En el párrafo segundo, dicho artículo prevé que dichas inspecciones cubrirán
         una muestra adecuada de animales y en el párrafo tercero establece que la autoridad competente presentará un informe anual
         a la Comisión en el que indicará el número de inspecciones llevadas a cabo. En el párrafo cuarto se dispone que los controles
         podrán efectuarse también durante el transporte de los animales, y en el párrafo quinto se establece que las disposiciones
         de dicho artículo no afectarán a los controles que se efectúen por las autoridades responsables de la aplicación general de
         las leyes en un Estado miembro. 
      
      111. El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005, que según la Comisión constituye el equivalente del artículo 8 de la
         Directiva 91/628, prevé en cambio en su primera frase que la autoridad competente comprobará el cumplimiento de los requisitos
         del Reglamento procediendo a inspecciones no discriminatorias de los animales, los medios de transporte y los documentos de
         acompañamiento. El artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 establece a continuación, en la segunda frase, que estas
         inspecciones deberán realizarse en una proporción adecuada a los animales transportados anualmente en cada Estado miembro,
         mientras que en la tercera frase dispone que la proporción de las inspecciones se incrementará si se comprueba que no se han
         cumplido las disposiciones del Reglamento. (52)
      
      112. Al comparar ambas disposiciones se comprueba que el artículo 8, párrafo primero, de la Directiva 91/628 establece de forma
         pormenorizada dónde es necesario efectuar, de forma no discriminatoria, inspecciones de los medios de transporte y los animales:
         durante el transporte por carretera, en los lugares de destino, en los mercados, en los lugares de salida así como en los
         puntos de parada y transbordo. Asimismo, prevé que las autoridades competentes deberán controlar las indicaciones que figuran
         en los documentos de acompañamiento. El artículo 27, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 1/2005 contiene en cambio
         una norma general según la cual la autoridad competente debe efectuar inspecciones no discriminatorias de los animales, los
         medios de transporte y los documentos de acompañamiento. En realidad, quizás cabría afirmar que las diferencias en la formulación
         de ambas disposiciones no modifican el contenido de las obligaciones de las autoridades competentes y que en virtud de las
         dos normas citadas las autoridades competentes están obligadas a realizar inspecciones no discriminatorias de los animales,
         los medios de transporte y los documentos de acompañamiento. Sin embargo, debo señalar que la primera frase del artículo 27,
         apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 atribuye a las autoridades competentes una mayor discrecionalidad para decidir los lugares
         y las formas de las inspecciones. Los tipos de inspecciones mencionadas en el artículo 8, párrafo primero, de la Directiva
         91/628 se prevén de modo acumulativo y la autoridad competente no puede, mediante una valoración independiente, determinar
         qué tipos de inspecciones efectuará y cuáles omitirá. Por tanto, no cabe afirmar, a mi juicio, que las obligaciones derivadas
         del artículo 8, párrafo primero, de la Directiva 91/628 y de la primera frase del artículo 27, apartado 1, del Reglamento
         nº 1/2005 sean absolutamente idénticas, por lo que no es admisible la invocación por la Comisión de la primera frase del artículo
         27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005.
      
      113. El artículo 8, párrafo segundo, de la Directiva 91/628, que establece que las inspecciones cubrirán una muestra adecuada de
         animales, equivale a la segunda frase del artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005, que prevé que las inspecciones
         deberán realizarse en una proporción adecuada de animales. Por tanto, es admisible la invocación por la Comisión de esa disposición
         del Reglamento nº 1/2005. El artículo 8, apartados 3 a 5, de la Directiva 91/628 no tiene, en cambio, ningún equivalente en
         el marco del artículo 27, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005. (53)
      
      c)      Apreciación jurídica 
      114. En el marco de este motivo, la Comisión se refiere a las comprobaciones que figuran en el punto 5.2.1 del informe sobre la
         misión nº 9211/2003, en el punto 5.5. del informe sobre la misión nº 7273/2004 y en el punto 5.5 del informe sobre la misión nº 8042/2006.
      
      115. Del punto 5.2.1 del informe sobre la misión nº 9211/2003 se desprende que en los departamentos griegos sólo se realizan controles
         en los puertos y en los puestos fronterizos, pero no se efectúa ningún control en otros puntos del viaje. Además, las autoridades
         competentes no han llegado a un acuerdo con la policía para facilitar los controles en carretera. 
      
      116. El punto 5.5 del informe sobre la misión nº 7273/2004 pone de manifiesto que se convocó una reunión entre los representantes
         del Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación y los del Ministerio griego de interior, con objeto de organizar
         controles en carretera. La realización de tales controles sólo debería iniciarse después de la adopción de medidas administrativas
         adicionales. (54) El representante del Ministerio de desarrollo rural y alimentación admitió que el transporte ilegal de animales en Grecia
         constituye aún un problema muy difundido. 
      
      117. En el punto 5.5 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se indica además que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación
         encargó a cuatro departamentos (Kilkís, Serres, Tesprótida y Acaya) efectuar, en el marco de un proyecto piloto, controles
         en carretera con la ayuda de la policía. Las autoridades competentes del departamento de Serres comunicaron, en respuesta
         a dicho encargo, que no tenían ninguna intención de realizar tales inspecciones. Las autoridades competentes del departamento
         de Kilkís señalaron que no contaban con personal disponible para efectuar controles de ese tipo. En el departamento de Tesprótida,
         en cambio, dichos controles se programaron en dos ocasiones, si bien no tuvieron lugar por otros compromisos imprevistos de
         la policía. Las autoridades competentes del departamento de Acaya afirmaron que concentraban los controles en el puerto de
         Patras y que no necesitaban la colaboración de la policía, puesto que las propias autoridades portuarias detenían los vehículos.
         
      
      118. Del punto 5.5 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se desprende que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación
         solicitó a la totalidad de los cincuenta y cuatro departamentos griegos adoptar otras medidas para la prevención del transporte
         ilegal. A dicha solicitud sólo respondieron veintiún departamentos, mientras que los treinta y tres restantes no ofrecieron
         respuesta alguna. De los siete departamentos visitados por los inspectores de la OAV, cinco no habían contestado a dicha solicitud,
         y dos –Karditsa y Trikala– habían respondido. En el departamento de Karditsa, se habían impuesto sanciones pecuniarias a cuatro
         transportistas y uno de ellos fue sancionado también por el departamento de Trikala. 
      
      119. En lo que respecta al presente motivo de recurso, procede aclarar en primer lugar que si bien en el escrito de recurso la
         Comisión se refiere, desde un punto de vista formal, a todo el artículo 8 de la Directiva 91/628, en rigor sólo alega dos
         infracciones expresas. 
      
      120. Por una parte –como acertadamente indica el Gobierno griego– (55) en este motivo la Comisión aporta pruebas para demostrar el incumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 8, párrafo
         primero, letra a), de la Directiva 91/628, que exige establecer inspecciones de los medios de transporte y de los animales
         durante el transporte por carretera. Por otra parte, presenta en cambio elementos de prueba destinados a demostrar que no se han adoptado las «otras medidas» (56) exigidas por el Ministerio de desarrollo rural y alimentación. 
      
      121. En cuanto a las «otras medidas» que se deberían haber adoptado, de los elementos de prueba no se desprende con claridad de
         qué medidas se trata y si esas medidas deben adoptarse en los lugares de destino, en los lugares de salida, en los puntos
         de parada o si se trata del control de las indicaciones que figuran en los documentos de acompañamiento. Dichos elementos
         de prueba no permiten, a mi juicio, determinar qué obligaciones derivadas del artículo 8 de la Directiva 91/628 han sido vulneradas,
         en su caso, por la República Helénica. Asimismo, me permito señalar que ya he indicado, al tratar del motivo de recurso relativo
         al control de los planes de viaje, que la Comisión no ha demostrado el incumplimiento por la República Helénica de las obligaciones
         que le incumben en virtud del artículo 8, párrafo primero, letras b) y d), de la Directiva 91/628. (57) Por tanto, procede desestimar el motivo relativo al control insuficiente de los medios de transporte y de los animales en
         la parte que se refiere al incumplimiento de la obligación de adoptar «otras medidas». (58)
      
      122. En consecuencia, centraré el análisis del presente motivo de recurso en la cuestión de si la República Helénica ha vulnerado
         el artículo 8, párrafo primero, letra a), de la Directiva 91/628.
      
      123. Considero que sobre la base de la información antes indicada, procedente de los informes sobre las misiones, puede afirmarse
         que el motivo referente al control insuficiente de los medios de transporte y de los animales durante el transporte por carretera está fundado. De los citados informes resulta, en efecto, que entre 2003 y 2006 el control de los medios de transporte y de
         los animales durante el transporte por carretera fue casi inexistente. Sólo se realizaron inspecciones en los puertos y en
         los puestos fronterizos, mientras que no hubo ningún control en las carreteras. 
      
      124. Asimismo, conviene subrayar que el control durante el transporte por carretera –que constituye la forma más frecuente de transporte
         de animales– presenta una importancia aún mayor por cuanto, en principio, esta modalidad de transporte resulta más penosa
         para los animales que las demás y las condiciones en las que se transportan los animales destinados al sacrificio son habitualmente
         las peores. (59)
      
      125. En cuanto a los elementos de prueba que el Gobierno griego adjunta a su escrito de contestación, que ponen de relieve que,
         por una parte, se aplicaron sanciones en los departamentos de Acaya, Ática occidental, Tesprótida y Pella, y que, por otra
         parte, las autoridades griegas iniciaron varios procedimientos de asistencia mutua con autoridades de otros Estados miembros,
         procede señalar que todas las medidas adoptadas, salvo dos, (60) fueron ejecutadas después de que transcurriera el plazo para el cumplimiento de las obligaciones fijado en el dictamen motivado,
         es decir, después del 5 de septiembre de 2006. Según reiterada jurisprudencia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse
         en función de la situación tal como ésta se presenta al final del plazo fijado en el dictamen motivado. (61) Por lo tanto el Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento en virtud del artículo 226 CE, no puede tomar en consideración
         las medidas adoptadas por un Estado miembro en el período comprendido entre el dictamen motivado y la interposición del recurso,
         sino que debe limitarse a examinar la situación existente en el momento en que finaliza el plazo fijado en el dictamen motivado
         para subsanar la infracción. La República Helénica, para demostrar que ha cumplido sus obligaciones, sólo ha ofrecido dos
         ejemplos de sanciones aplicadas antes de que transcurriera dicho plazo, (62) lo cual no es suficiente, a mi juicio, para probar que se ha atenido a las obligaciones derivadas del artículo 8, párrafo
         primero, letra a), de la Directiva 91/628. (63)
      
      d)      Resultado del análisis
      126. Al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la realización de controles de los medios de transporte y de los
         animales durante el transporte por carretera, la República Helénica ha incumplido las obligaciones derivadas del artículo
         8, párrafo primero, letra a), de la Directiva 91/628. En lo demás, debe desestimarse por infundado el motivo de recurso relativo
         al control insuficiente de los medios de transporte y de los animales.
      
      6.      Sobre el motivo de recurso relativo a la insuficiencia de las sanciones impuestas en caso de infracciones reiteradas de las
         normas en materia de protección de los animales 
      
      a)      Alegaciones de las partes
      127. La Comisión sostiene que, en las misiones nº 9002/2003 (punto 5.4.5 del informe sobre la misión), nº 9211/2003 (punto 5.4 del informe
         sobre la misión), nº 7273/2004 (punto 6.7 del informe sobre la misión) y nº 8042/2006 (punto 5.4.3 del informe sobre la misión),
         se comprobó que la República Helénica no había adoptado las medidas necesarias para aplicar a los infractores sanciones eficaces,
         proporcionadas y disuasorias en caso de infracciones reiteradas o graves de las normas en materia de protección de los animales
         durante el transporte. En este motivo, la Comisión alega que se han vulnerado el artículo 18, apartado 2, de la Directiva
         91/628 y los artículos 25 y 26, apartado 6, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      128. El Gobierno griego estima que la Comisión no ha aducido ningún hecho concreto en apoyo de sus alegaciones. Subraya que las autoridades competentes
         aplican a los infractores sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, y para demostrarlo aporta una enumeración de decisiones
         de imposición de sanciones administrativas. (64)
      
      b)      Admisibilidad
      129. En el marco del motivo de recurso que se refiere a la insuficiencia de las sanciones impuestas en caso de infracciones reiteradas
         de las normas en materia de protección de los animales, la Comisión alega una vulneración del artículo 18, apartado 2, de
         la Directiva 91/628. Sostiene que el equivalente de esa disposición puede encontrarse en el artículo 25 del Reglamento nº 1/2005
         y, en lo que respecta en particular a las infracciones reiteradas, en el artículo 26, apartado 6, de dicho Reglamento.
      
      130. El artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628 dispone que en caso de infracciones repetidas de esta Directiva o de infracciones
         que supongan un sufrimiento grave para los animales, un Estado miembro adoptará, sin perjuicio de las otras sanciones previstas,
         las medidas necesarias para remediar las faltas comprobadas, que podrán llegar hasta la suspensión o incluso la retirada de
         la autorización prevista en el artículo 5, parte A, número 1, letra a), inciso ii), de dicha Directiva. Dicho artículo prevé
         además que al efectuar la transposición de la citada Directiva en su legislación nacional, los Estados miembros establecerán
         las medidas que adoptarán para remediar las faltas comprobadas.
      
      131. El artículo 25 del Reglamento nº 1/2005 dispone que los Estados miembros establecerán las normas relativas a las sanciones
         aplicables en caso de infracción de las disposiciones de dicho Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar
         su aplicación. Conforme al citado artículo, las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. (65) Por tanto, en virtud del citado artículo, los Estados miembros tienen una obligación general de garantizar la aplicación
         de sanciones en caso de infracción de las disposiciones del Reglamento, pero no están obligados en cambio a garantizar la
         imposición de sanciones en caso de infracciones reiteradas, tal como prevé el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628.
         En consecuencia, el artículo 25 del Reglamento nº 1/2005 podría como máximo constituir el equivalente del artículo 18, apartado
         1, de la Directiva 91/628, que obliga a los Estados miembros a adoptar medidas adecuadas para sancionar cualquier infracción
         de dicha Directiva cometida por personas físicas o jurídicas. Sin embargo, en su recurso la Comisión no alega una vulneración
         del artículo 18, apartado 1, sino del artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628. Dado que el artículo 25 del Reglamento
         nº 1/2005 no es equivalente al citado artículo 18, apartado 2, a mi juicio no es admisible la invocación de la referida disposición
         del Reglamento. 
      
      132. El artículo 26, apartado 6, del Reglamento nº 1/2005 prevé que en caso de infracciones graves o repetidas del Reglamento,
         un Estado miembro podrá prohibir temporalmente al transportista o al medio de transporte de que se trate el transporte de
         animales en su territorio, aun cuando otro Estado miembro hubiera autorizado al transportista o al medio de transporte. (66)
      
      133. Así pues, de la citada disposición del Reglamento resulta que el Estado miembro sólo tiene la posibilidad de prohibir temporalmente al transportista el transporte de animales, mientras que el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628 permite en general
         a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para remediar las faltas comprobadas, que podrán llegar hasta la suspensión
         y a la retirada de la autorización de transporte. Las posibilidades que el artículo 26, apartado 6, del Reglamento nº 1/2005
         concede a los Estados miembros para sancionar las infracciones reiteradas son, por tanto, más limitadas que las previstas
         en el artículo 18, apartado 2, de la Directiva 91/628; no obstante, las posibilidades sancionatorias más amplias que ofrece
         dicha Directiva comprenden también, a maiori ad minus, la prohibición temporal de transportar los animales, prevista en el citado Reglamento. Por ello, es admisible, en mi opinión,
         la invocación por la Comisión del artículo 26, apartado 6, del Reglamento nº 1/2005. 
      
      c)      Apreciación jurídica 
      134. La Comisión sostiene la fundamentación del motivo de recurso de que se trata invocando el punto 5.4.5 del informe sobre la
         misión nº 9002/2003, el punto 5.4 del informe sobre la misión nº 9211/2003, el punto 6.7 del informe sobre la misión nº 7273/2004
         y el punto 5.4.3 del informe sobre la misión nº 8042/2006. 
      
      135. Del punto 5.4.5 del informe sobre la misión nº 9002/2003 se desprende que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación
         estableció un sistema de control del cumplimiento de las disposiciones sobre protección de los animales durante el transporte
         y el sacrificio. Ese sistema se basa en listas de control para documentar las inspecciones realizadas durante el transporte
         y el sacrificio y en la elaboración posterior de síntesis de los resultados de las inspecciones. Conforme a este sistema,
         la primera vulneración de las disposiciones sobre protección de los animales es sancionable con una advertencia por escrito,
         la segunda vulneración con una sanción administrativa, (67) y en caso de producirse una tercera infracción se iniciaría un procedimiento penal.
      
      136. El punto 5.4.5 del informe sobre la misión nº 9002/2003 señala además que se examinaron algunos ejemplos de los controles
         efectuados por las autoridades nacionales, detectándose irregularidades. (68)
      
      137. En el punto 5.4 del informe sobre la misión nº 9211/2003 se indica que en 2002 se aplicaron nueve advertencias verbales, dieciséis
         advertencias por escrito y una sanción administrativa a un total de veintiséis infracciones. Ni en 2001 ni en 2002 se impusieron
         suspensiones o retiradas de la autorización de transporte. Se comprobó que en un departamento se propusieron cuatro sanciones
         pecuniarias de un importe de 3.000 euros para ciertas infracciones, pero no se tramitaron los expedientes correspondientes.
         
      
      138. En el punto 6.7 del informe sobre la misión nº 7273/2004 se afirma que el sistema sancionatorio es ineficaz, puesto que los
         controles básicos son débiles, el número de advertencias por escrito es escaso y los procedimientos de aplicación de las sanciones
         son problemáticos. 
      
      139. En el punto 5.4.3 del informe sobre la misión nº 8042/2006 consta que el Ministerio de desarrollo rural y alimentación encargó
         a las autoridades competentes de los departamentos que impusieran, en caso de una primera infracción que no supusiera sufrimientos
         graves para los animales, una advertencia por escrito, y en caso de reiteración de infracciones, una sanción administrativa.
         El Ministerio ordenó a dichas autoridades que retiraran la autorización al transportista cuando éste, después de la aplicación
         de una sanción administrativa, continuara vulnerando las disposiciones comunitarias sobre protección de los animales durante
         el transporte. Asimismo, les solicitó que aplicaran inmediatamente una sanción administrativa en el caso de que se transportaran
         animales sin la autorización necesaria o con una autorización caducada. Al verificar la ejecución de estas instrucciones del
         Ministerio se constató que, por las infracciones cometidas, en el puerto de Patras se impusieron sólo advertencias verbales
         y en ningún caso advertencias escritas, o se aplicaron otros tipos de sanciones. (69) En los controles efectuados en las fronteras, se aplicaron únicamente advertencias verbales y, en ocasiones, no se sancionaron
         infracciones que suponían un sufrimiento grave para los animales. 
      
      140. En mi opinión, el presente motivo carece de fundamento. 
      
      141. En primer lugar, la Comisión sostiene en este motivo la ineficacia del sistema sancionatorio de las infracciones reiteradas y pretende demostrarla citando varios informes sobre las misiones desarrolladas en la República Helénica. Sin embargo, en
         esos elementos de prueba se mezclan datos de meras infracciones aisladas con datos de infracciones reiteradas. La Comisión
         pretende, por tanto, demostrar la existencia de infracciones repetidas invocando casos de simples infracciones aisladas. En
         segundo lugar, los datos aportados por la Comisión en su recurso y que se desprenden de los informes sobre las misiones son
         imprecisos y genéricos. En los informes sobre las misiones, no existe ningún punto en el que se indique con precisión en cuántas
         ocasiones se reiteraron las infracciones, si se trataba de infracciones reiteradas cometidas por la misma persona y la gravedad
         de tales infracciones. Además, de los elementos de prueba aportados por la Comisión resulta claramente que se impusieron algunas
         sanciones, en particular advertencias verbales o por escrito. 
      
      d)      Resultado del análisis 
      142. En virtud de las consideraciones expuestas, procede a mi juicio desestimar por infundado el motivo de recurso relativo a la
         insuficiencia de las sanciones impuestas en caso de infracciones reiteradas de las normas sobre protección de los animales,
         en el marco del cual la Comisión alega que la República Helénica ha incumplido las obligaciones derivadas del artículo 18,
         apartado 2, de la Directiva 91/628 y del artículo 26, apartado 6, del Reglamento nº 1/2005.
      
      7.      Resultado del análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el transporte 
      143. En mi opinión, a la luz de todo lo expuesto, al no haber adoptado las medidas necesarias para que se prevean puntos de parada
         para los animales en los puertos o en un punto próximo después de la descarga de éstos y para que se garantice la realización
         de controles de medios de transporte y animales durante el transporte por carretera, la República Helénica ha incumplido las
         obligaciones derivadas de la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo y del artículo 8, párrafo primero,
         letra a), de la Directiva 91/628. 
      
      C.      Análisis del motivo de recurso relativo a la protección de los durante el sacrificio
      1.      Introducción
      144. En los mataderos comunitarios se sacrifican casi 360 millones de cerdos, bovinos, ovinos y caprinos, así como aproximadamente
         4.000 millones de aves de corral. (70) Para evitarles sufrimientos inútiles durante la matanza, se requiere una actuación irreprochable y un mantenimiento regular
         de los equipos para el aturdido y sacrificio de los animales. Actualmente el aturdido se efectúa por diversos métodos: electronarcosis,
         percusión, exposición a dióxido de carbono o mediante pistola de clavija perforadora. (71) Sin embargo, en los últimos años se han realizado muchos estudios sobre esta materia (72) y se ha introducido tecnología nueva, por lo que algunos de los métodos indicados en la Directiva 93/119 han quedado ahora
         obsoletos. Dado que está previsto que en un futuro dicha Directiva sea sustituida por un nuevo Reglamento, (73) que tomará en consideración los nuevos descubrimientos científicos sobre métodos de aturdido y sacrificio, es aún más importante
         que los Estados miembros respeten el nivel de protección de los animales durante el sacrificio garantizado por la Directiva 93/119.
      
      2.      Sobre el motivo de recurso relativo al aturdido de los animales durante el sacrificio 
      a)      Alegaciones de las partes 
      145. La Comisión reprocha a la República Helénica no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas sobre
         aturdido de los animales durante el sacrificio, vulnerando así las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos
         3, 5, apartado 1, letra d), y 6, apartado 1, de la Directiva 93/119.
      
      146. La Comisión sostiene que, en las misiones nº 9002/2003 (punto 5.4.4 del informe sobre la misión), nº 7273/2004 (punto 5.6
         del informe sobre la misión) y nº 8042/2006 (punto 5.7 del informe sobre la misión), la OAV comprobó que, en determinados
         mataderos, el control del aturdido de porcinos y ovinos era insuficiente, por lo que era posible que los animales no hubieran
         sido aturdidos de forma eficaz. Asimismo, se indicó que el intervalo entre el aturdido y el sangrado era demasiado largo,
         de modo que los animales podrían haber recuperado el conocimiento.
      
      147. La Comisión indica además que, durante la misión nº 8042/2006, la OAV apreció de nuevo irregularidades en el aturdido de animales.
         Los inspectores de la OAV detectaron en particular una falta de mantenimiento de los equipos de aturdido, un mal funcionamiento
         de los mismos y la existencia de intervalos excesivos entre el aturdido y el sangrado. La Comisión observa asimismo que su
         obligación es verificar si los equipos de aturdido o sacrificio son utilizados de forma rápida y eficaz para ahorrar posibles
         sufrimientos a los animales. 
      
      148. El Gobierno griego afirma que las alegaciones de la Comisión son imprecisas y genéricas, y que para apoyarlas no ofrece ningún ejemplo concreto
         de vulneración de la normativa comunitaria. El Gobierno griego añade que las irregularidades observadas son, en todo caso,
         mínimas y se refieren únicamente a casos aislados, por otra parte debidamente sancionados. Dicho Gobierno considera que ha
         subsanado tales irregularidades organizando varios seminarios de formación para veterinarios. 
      
      b)      Apreciación jurídica
      149. Según el artículo 3 de la Directiva 93/119, no se causará a los animales agitación, dolor o sufrimiento evitables durante
         las operaciones de desplazamiento, estabulación, sujeción, aturdido, sacrificio y matanza. El artículo 5, apartado 1, letra d),
         de la Directiva 93/119 dispone que a los solípedos, rumiantes, cerdos, conejos y aves de corral introducidos en los mataderos
         para el sacrificio se les deberá sangrar de conformidad con las indicaciones del anexo D de la Directiva 93/119. Dicho anexo
         contiene normas más detalladas acerca del sangrado de los animales. En su punto 1 establece que el sangrado de los animales
         que hayan sido aturdidos comenzará lo antes posible después del aturdido y se deberá efectuar de manera que se provoque un
         desangrado rápido, profuso y completo. En cualquier caso, deberá efectuarse el sangrado antes de que el animal recobre el
         conocimiento.
      
      150. Conforme al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/119, los instrumentos, material de sujeción, equipos e instalaciones
         para el aturdido o la matanza deberán ser diseñados, construidos, conservados y utilizados de modo que el aturdido o la matanza
         puedan efectuarse de forma rápida y eficaz, de conformidad con lo dispuesto en dicha Directiva. Asimismo, tal artículo dispone
         que la autoridad competente verificará la conformidad de los instrumentos, del material de sujeción, del equipo y de las instalaciones
         utilizadas para el aturdido o la matanza, con los principios anteriormente expuestos y comprobará periódicamente que se encuentran
         en buen estado y permiten realizar el objetivo antes citado.
      
      151. La Comisión sostiene por tanto, en el presente motivo, que se ha producido un incumplimiento de tres obligaciones:
      
      –        la obligación de evitar sufrimientos a los animales antes y durante el sacrificio (artículo 3 de la Directiva 93/119);
      –        la obligación de sangrar a los animales de manera rápida y eficaz [artículo 5, apartado 1, letra d), en relación con lo dispuesto
         en el anexo D de la Directiva 93/119];
      
      –        la obligación de un mantenimiento correcto y una utilización eficaz de las instalaciones para el aturdido y la matanza (artículo
         6, apartado 1, de la Directiva 93/119). 
      
      152. La Comisión acredita las presuntas vulneraciones remitiéndose a las comprobaciones que figuran en varios informes sobre las
         misiones. 
      
      153. En el punto 5.4.4 del informe sobre la misión nº 9002/2003 consta que en tres mataderos visitados por los inspectores de la
         OAV los equipos de aturdido de animales y su mantenimiento se atenían en lo sustancial a las disposiciones comunitarias, con
         excepción de un matadero de cerdos en el que éstos no eran aturdidos eficazmente con el instrumental que produce el electrochoque.
         Asimismo, se apreciaron problemas en la demostración de las modalidades de aturdido de los animales. En uno de los mataderos,
         la sujeción, el aturdido y el sangrado de sólo tres vacas duraron una hora; además, el intervalo entre el aturdido y el sacrificio
         de dos bovinos fue de 120 segundos, por lo que es posible que los animales hubieran recuperado el conocimiento. En el sacrificio
         de ovinos, el intervalo entre el aturdido y el sacrificio fue también tan prolongado (37 segundos) que puede que los animales
         hubieran recuperado el conocimiento. Basándose en las demostraciones de estos procedimientos, cabe concluir que existen algunas
         irregularidades y que su ejecución no es rutinaria. 
      
      154. Del punto 5.6 del informe sobre la misión nº 7273/2004 también se desprenden irregularidades en el sacrificio de animales
         en numerosos mataderos. En un matadero del departamento de Ftiótide no existían equipos para abrevar a los animales en las
         zonas de estabulación y además el suelo no era horizontal. En el departamento de Larisa se observó que un matadero, que antes
         de la misión había sido designado como no operativo, estaba en realidad en funcionamiento, y que sus instalaciones eran inadecuadas. (74) En un segundo matadero inspeccionado, no existía corriente eléctrica para el aturdido de los animales. En el departamento
         de Trikala, el aturdido de cerdos en el matadero visitado por los inspectores de la OAV resultó ineficaz y el intervalo entre
         el aturdido y el sacrificio era excesivamente prolongado. El aturdido de bovinos resultó también ineficaz y no existían en
         este contexto equipos de reserva para el aturdido. 
      
      155. En el punto 5.7 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se recogen asimismo numerosas irregularidades en el sacrificio de
         animales. En efecto, los inspectores de la OAV observaron muchas irregularidades en los mataderos inspeccionados en el departamento
         de Kilkís, (75) así como en los departamentos de Serres, (76) Tesprótida, (77) Mesenia, (78) Laconia (79) e Ilia. (80)
      
      156. En cuanto al incumplimiento de la obligación de evitar sufrimientos a los animales antes y durante el sacrificio (artículo
         3 de la Directiva 93/119), considero que la crítica formulada por la Comisión está fundada. De los puntos 153 a 155 de las
         presentes conclusiones se deduce que en la mayoría de los mataderos controlados por los inspectores de la OAV se observaron
         irregularidades en el procedimiento de aturdido de los animales, que pueden ocasionar sufrimiento a los mismos. Asimismo,
         cabe afirmar que la práctica estaba consolidada, ya que son numerosas las infracciones detectadas en el período comprendido
         entre 2003 y 2006. Además, las irregularidades apreciadas por los inspectores de la OAV se determinaron de forma concreta;
         en efecto, en los informes consta claramente en qué departamentos se observaron irregularidades en los mataderos visitados
         por los inspectores. En los informes se indica con claridad cuántos mataderos se visitaron y en qué departamentos, y se describe
         asimismo de forma detallada las irregularidades observadas en tales mataderos. Por tanto, no cabe aceptar el argumento del
         Gobierno griego según el cual las alegaciones de la Comisión son imprecisas y genéricas. Del mismo modo, no es posible, a
         mi juicio, acoger la tesis del Gobierno griego de que dichas irregularidades han sido subsanadas mediante seminarios de formación
         para veterinarios. En efecto, dicha formación de los veterinarios, por buena que sea, no garantiza que las disposiciones comunitarias
         en materia de protección de los animales durante el sacrificio sean respetadas en la práctica. Por tanto, considero que la
         República Helénica ha incumplido la obligación, derivada del artículo 3 de la Directiva 93/119, de evitar sufrimientos a los
         animales antes y durante el sacrificio. 
      
      157. En lo que respecta al incumplimiento de la obligación de sangrar a los animales de forma rápida y eficaz [artículo 5, apartado
         1, letra d), en relación con lo dispuesto en el anexo D de la Directiva 93/119], a mi juicio la Comisión no ha aportado ninguna
         prueba. La mayor parte de las infracciones recogidas en los informes sobre las misiones se refieren a irregularidades en el
         aturdido de los animales, irregularidades relativas a la existencia de intervalos demasiado prolongados entre el aturdido
         y la matanza, así como al mantenimiento inadecuado de los equipos de aturdido y sacrificio. En cambio, en ningún punto de
         los informes sobre las misiones consta que un animal haya sido desangrado de modo inadecuado. Por consiguiente, considero
         que procede desestimar por infundada la parte del motivo de recurso en la que la Comisión alega un incumplimiento de las obligaciones
         de la República Helénica previstas en el artículo 5, apartado 1, letra d), en relación con lo dispuesto en el anexo D de la
         Directiva 93/119. 
      
      158. En cuanto al incumplimiento de la obligación de un mantenimiento adecuado y una utilización eficaz de las instalaciones de
         aturdido y matanza (artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/119), estimo que la imputación formulada por la Comisión está
         fundada. Los informes sobre las misiones ponen de manifiesto numerosas irregularidades en el mantenimiento y utilización de
         tales instalaciones. De los citados informes se desprende que se han ocasionado sufrimientos a los animales precisamente por
         un mal mantenimiento, un funcionamiento erróneo o una utilización inadecuada de los equipos de aturdido y matanza. Esta infracción
         también ha persistido durante largo tiempo, entre los años 2003 y 2006. Así pues, considero que la República Helénica ha incumplido
         la obligación prevista en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/119. 
      
      c)      Resultado del análisis
      159. A la luz de las consideraciones expuestas, estimo que, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
         de las normas sobre el aturdido de los animales durante el sacrificio, la República Helénica ha incumplido las obligaciones
         derivadas de los artículos 3 y 6, apartado 1, de la Directiva 93/119. 
      
      3.      Sobre el motivo de recurso relativo a la realización de las inspecciones y los controles necesarios en los mataderos
      a)      Alegaciones de las partes 
      160. En el marco del motivo de recurso relativo a la realización de las inspecciones y los controles necesarios en los mataderos,
         la Comisión alega que la República Helénica ha incumplido la obligación prevista en el artículo 8 de la Directiva 93/119. 
      
      161. La Comisión sostiene que, en las misiones nº 7273/2004 (punto 5.6. del informe sobre la misión) y nº 8042/2006 (punto 5.7.
         del informe sobre la misión) se comprobaron irregularidades importantes en los mataderos y que la República Helénica no ha
         adoptado las medidas necesarias para garantizar formas adecuadas de inspección y supervisión de los mataderos. La Comisión
         reprocha principalmente al Gobierno griego no haber ejecutado completamente el plan de actuación anunciado para garantizar
         la inspección de los mataderos. En dicho plan se preveía una nueva inspección de todos los mataderos existentes en todos los
         departamentos griegos antes del final de 2001. La Comisión critica asimismo al Gobierno griego no haber colaborado de forma
         suficiente con los inspectores de la OAV. Se refiere al caso de un matadero que debía ser visitado por los inspectores y al
         que no fue posible acceder, ya que el servicio veterinario competente del departamento correspondiente había suspendido sus
         actividades dos semanas antes de la misión de la OAV. Asimismo, menciona el caso de un matadero que debería haber sido inspeccionado
         y al que no se pudo acceder por una huelga convocada sólo un día antes de la misión. 
      
      162. El Gobierno griego afirma que tiene dificultades para entender con precisión qué obligaciones se consideran incumplidas. En cualquier caso, considera
         que no se le puede imputar el incumplimiento de la obligación derivada del artículo 8 de la Directiva 93/119, ya que los veterinarios
         competentes realizaron un control correcto, se organizaron seminarios de formación y todos los mataderos fueron inspeccionados
         de nuevo. 
      
      163. La Comisión no comparte la tesis del Gobierno griego y señala que la organización de seminarios constituye, sin duda, una medida positiva,
         pero no puede representar la única solución a la práctica consolidada controvertida. 
      
      b)      Apreciación jurídica 
      164. En el motivo de que se trata, la Comisión alega que la República Helénica ha incumplido las obligaciones previstas en el artículo
         8 de la Directiva 93/119, que establece que la inspección y el control de los mataderos se efectuará bajo la responsabilidad
         de la autoridad competente, que podrá acceder libremente en cualquier momento a todas las dependencias de los mismos, con
         objeto de cerciorarse de que se cumplen las disposiciones de la Directiva; tales inspecciones y controles podrán efectuarse,
         no obstante, con ocasión de controles efectuados con otros fines. 
      
      165. La Comisión fundamenta la vulneración de las obligaciones que incumben a la República Helénica en materia de inspección y
         control de mataderos remitiéndose al punto 5.6 del informe sobre la misión nº 7273/2004, que pone de manifiesto que el 11
         de julio de 2001 el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación solicitó a las autoridades competentes de todos los
         departamentos que inspeccionaran la totalidad de los mataderos para verificar si respetaban las disposiciones de la Directiva
         93/119. El primer plazo para el cumplimiento de esa obligación se fijó para el final del año 2001. Dado que en ese momento
         no se había ejecutado la obligación de inspección, en agosto de 2003 el Ministerio remitió a las autoridades competentes de
         todos los departamentos una lista completa de los controles que habían de efectuarse y un modelo de resumen de los informes
         de inspección, fijando un nuevo plazo de desarrollo de las inspecciones para el final de febrero de 2004. En septiembre de
         2004, el Ministerio solicitó a las autoridades competentes de todos los departamentos que le informaran, antes del 27 de septiembre
         de 2004, de los resultados de las inspecciones realizadas; sin embargo, al finalizar la misión nº 7273/2004, que se desarrolló
         entre el 4 y el 8 de octubre de 2004, las autoridades competentes del 50 % de los departamentos no habían presentado aún dichos
         resultados. 
      
      166. Además, del punto 5.7 del informe sobre la misión nº 8042/2006 se desprende que los plazos para la presentación de los resultados
         de las inspecciones fueron prorrogados de nuevo y que, finalmente, el plazo se fijó en el 30 de julio de 2005. Durante la
         misión nº 7273/2004, que se desarrolló entre el 21 de febrero y el 1 de marzo de 2006, el Ministerio griego de desarrollo
         rural y alimentación comunicó que las autoridades competentes habían realizado inspecciones en mataderos de treinta y ocho
         de los cincuenta y cuatro departamentos. De dicho informe se deduce con claridad que se realizaron inspecciones en el 70,37 %
         de los departamentos, mientras que en el 29,63 % restante no tuvieron lugar. 
      
      167. Basándose en estos datos cabe, a mi juicio, declarar que el motivo de recurso por el que la Comisión imputa a la República
         Helénica no haber efectuado inspecciones en los mataderos, incumpliendo así las obligaciones previstas en el artículo 8 de
         la Directiva 93/119, está fundado.
      
      168. Por una parte, según los datos citados es evidente que la República Helénica no ha garantizado inspecciones eficaces en los
         mataderos, dado que los plazos para la realización de las inspecciones se han prorrogado en varias ocasiones y las autoridades
         competentes no las efectuaron en los plazos señalados. Por otra parte, incluso después de las numerosas prórrogas de los plazos
         –más exactamente, después de más de cuatro años desde la finalización del plazo inicial, fijado para el final de 2001– las autoridades competentes sólo realizaron inspecciones
         en el 70,37 % de los departamentos. Esta circunstancia demuestra que las autoridades griegas han desarrollado una práctica
         consolidada de omisión de las inspecciones de los mataderos. 
      
      169. En cuanto a la falta de cooperación de las autoridades griegas con los inspectores de la OAV, procede señalar que el artículo
         8 de la Directiva 93/119 no establece ninguna obligación de cooperación de las autoridades competentes con los inspectores
         de la OAV. (81) Además la Comisión afirmó en la vista que la falta de cooperación de las autoridades griegas no constituye un motivo específico
         de recurso. (82)
      
      170. En consecuencia, procede declarar en mi opinión que, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la inspección
         y el control de los mataderos, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
         8 de la Directiva 93/119.
      
      c)      Resultado del análisis 
      171. A la luz de las consideraciones expuestas, considero que, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la inspección
         y el control de los mataderos, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
         8 de la Directiva 93/119.
      
      4.      Resultado del análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el sacrificio 
      172. Sobre la base del análisis de los motivos de recurso relativos a la protección de los animales durante el sacrificio, considero
         que, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas sobre aturdido de los animales
         durante el sacrificio y para garantizar las inspecciones y los controles de los mataderos, la República Helénica ha incumplido
         las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 6, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/119. 
      
      D.      Costas
      173. En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el procedimiento será condenada
         en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme al artículo 69, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento,
         en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia
         podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas. 
      
      174. En el presente caso, dado que sólo procede estimar parcialmente el recurso de la Comisión, propongo al Tribunal de Justicia
         que la Comisión y la República Helénica carguen con sus propias costas.
      
      VI.    Conclusión
      175. A la luz de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que declare que:
      
      1)         La República Helénica, al no haber adoptado las medidas necesarias:
      –        para que se prevean puntos de parada para los animales en los puertos o en un punto próximo después de la descarga de éstos, y
      –        para que se garantice la realización de controles de medios de transporte y animales durante el transporte por carretera,
      ha incumplido las obligaciones derivadas de la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo y del artículo 8,
         párrafo primero, letra a), de la Directiva 91/628/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, sobre la protección de los
         animales durante el transporte y que modifica las Directivas 90/425/CEE y 91/496/CEE. 
      
      2)         La República Helénica, al no haber adoptado las medidas necesarias:
      –        para garantizar el cumplimiento de las normas sobre el aturdido de los animales durante el sacrificio, y 
      –        para garantizar las inspecciones y los controles de los mataderos, 
      ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, 6, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/119/CE
         del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza.
      
      3)         Desestimar el recurso en todo lo demás.
      4)         La Comisión de las Comunidades Europeas y la República Helénica cargarán con sus propias costas.
      1 –	Lengua original: esloveno.
      
      2 –	DO L 340, p. 17. 
      
      3 –	DO L 3, p. 1. 
      
      4 –	DO L 340, p. 21. 
      
      5 –      La Comisión se refiere siempre, en las pretensiones y en la fundamentación de su recurso, al «punto 7, letra b)», del capítulo VII
         del anexo de la Directiva 91/628. No obstante, esa referencia no es en rigor exacta, puesto que tal disposición está incluida
         en la sección 48 de dicho anexo, con el título «Intervalos de suministro de agua, de alimentación y tiempos de viaje y de
         descanso». Por tanto, es correcto referirse a tal disposición citando la «sección 48, punto 7, letra b)» del capítulo VII
         del anexo de la Directiva 91/628. Esa forma de citar dicho anexo se encuentra también en la jurisprudencia del Tribunal de
         Justicia; véanse por ejemplo las sentencias de 23 de noviembre de 2006, ZVK (C‑300/05, Rec. p. I‑11169), apartado 1, y de
         9 de octubre de 2008, Interboves (C‑277/06, Rec. p. I‑0000), apartado 1. Por consiguiente, en las presentes conclusiones,
         en lugar de referirme al «punto 7, letra b)», citaré, de forma más exacta, la «sección 48, punto 7, letra b)», del capítulo VII
         del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      6 –	La protección de los animales durante el transporte y el sacrificio en el marco del Derecho comunitario es un aspecto del
         esfuerzo general realizado por la Comunidad en aras de la protección y el bienestar de los animales. De este modo, del Protocolo
         nº 33 sobre la protección y el bienestar de los animales, introducido por el Tratado de Ámsterdam como anexo del Tratado constitutivo
         de la Comunidad Europea, se desprende que los Estados miembros, «deseando garantizar una mayor protección y un mayor respeto
         del bienestar de los animales como seres sensibles», han acordado la siguiente disposición, que se incorpora como anexo al
         Tratado CE: «Al formular y aplicar las políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación,
         la Comunidad y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales, respetando
         al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular,
         a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional». Cabe añadir que en el marco de sus esfuerzos a favor de
         la protección de los animales en el transporte internacional, la Comunidad se ha adherido también al Convenio europeo sobre
         protección de los animales durante el transporte internacional, adoptado en el seno del Consejo de Europa. La Comunidad se
         adhirió a dicho Convenio mediante Decisión del Consejo, de 21 de junio de 2004, relativa a la celebración del Convenio europeo
         sobre protección de los animales durante el transporte internacional (revisado) (DO L 241, p. 21).
      
      7 –	Wilkins, D.B. (ed.), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londres, La Haya, Boston, 1997, p. 4, afirma que el transporte de animales vivos de un Estado miembro
         a otro puede influir en la difusión de enfermedades en la Comunidad.
      
      8 –	A este respecto, añadiré que en el marco de los debates públicos se habla también con frecuencia de «derechos de los animales»
         y no sólo de protección de los animales. Véase, en este sentido, Brooman, S., y Legge, D., «Animal transportation», New Law Journal Practitioner, nº 6706/1995, p. 1131. 
      
      9 –	Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a un plan de acción comunitario sobre
         protección y bienestar de los animales 2006-2010, COM(2006) 13 final. Según el plan de acción, los cinco ámbitos de acción
         principales consisten en hacer más estrictas las normas mínimas aplicables en el ámbito de la protección y el bienestar de
         los animales, así como seguir apoyando las iniciativas internacionales destinadas a concienciar y alcanzar un mayor consenso
         en lo que se refiere al bienestar animal. 
      
      10 –	En la doctrina, véase en ese sentido, por ejemplo, Marguenaud, J.-P., «Arrêt “Danske Svineproducenter”: la protection communautaire
         des animaux transportés», Journal de droit européen, nº 151/2008, p. 206. También Nentwich, M., «Die Bedeutung des EG-Rechts für den Tierschutz», en Harrer, F., y Graf, G. (ed.),
         Tierschutz und Recht, Orac, Viena, 1994, p. 87, sostiene que la Comunidad es muy activa en el sector de la protección de los animales, en el que
         ha adoptado numerosas disposiciones. Caspar, J., Zur Stellung des Tieres im Gemeinschaftsrecht, Nomos, Baden-Baden, 2001, p. 89, afirma que el Derecho comunitario regula las cuestiones fundamentales en materia de protección
         de los animales. Bowles, D., y Fisher, C., «Trade Liberalisation in Agriculture: The Likely Implications for European Farm
         Animal Welfare», en Bilal, S., y Pezaros, P. (ed.), Negotiating the Future of Agricultural Policies: Agricultural Trade and the Millenium WTO Round, Kluwer Law International, La Haya, 2000, p. 202, sostienen que el nivel de protección de los animales en la Unión Europea
         es normalmente superior al vigente en los países competidores. 
      
      11 –	Véanse por ejemplo las sentencias de 29 de abril de 2004, Comisión/Alemania (C‑387/99, Rec. p. I‑3751), apartado 42; de
         26 de abril de 2005, Comisión/Irlanda (C‑494/01, Rec. p. I‑3331), apartado 28; de 12 de mayo de 2005, Comisión/Italia (C‑278/03,
         Rec. p. I‑3747), apartado 13, y de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania (C‑441/02, Rec. p. I‑3449), apartado 47. En la doctrina,
         véase por ejemplo Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 132, apartado 5-008; Karpenstein, P., y Karpenstein, U., en Grabitz, E., Hilf,
         M., y Nettesheim, M. (ed.), Das Recht der Europäischen Union, Beck, Múnich, 2008, comentario al artículo 226, apartado 25. 
      
      12 –	Véanse por ejemplo las sentencias de 29 de abril de 2004, Comisión/Alemania, apartado 42, Comisión/Irlanda, apartado 28,
         y de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, apartado 50, citadas en la nota 11, así como las sentencias de 12 de mayo de
         2005, Comisión/Bélgica (C‑287/03, Rec. p. I‑3761), apartado 29, y de 26 de abril de 2007, Comisión/Italia (C‑135/05, Rec.
         p. I‑3475), apartado 21. 
      
      13 –	Véanse, por ejemplo, sentencias Comisión/Irlanda, citada en la nota 11, apartados 46 y 47, y Comisión/Italia, citada en
         la nota 12, apartado 32. 
      
      14 –	Véase el artículo 33 del Reglamento nº 1/2005 que dispone, entre otras cosas, que la Directiva 91/628 quedará derogada
         a partir del 5 de enero de 2007 y que las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a dicho Reglamento.
      
      15 –	Véase el apartado 6 del escrito de réplica de la Comisión, en el que ésta aclara detalladamente el momento en que finalizó
         el plazo fijado en el dictamen motivado para el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. En el apartado 11 de su
         escrito de réplica, la Comisión indica asimismo que el apartado 39 del recurso contiene un error al señalar que el plazo para
         el cumplimiento de las obligaciones previstas en el dictamen motivado terminó en noviembre de 2006. 
      
      16 –	Véanse las sentencias de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania (C‑61/94, Rec. p. I‑3989), apartado 42; de 9 de noviembre
         de 1999, Comisión/Italia (C‑365/97, Rec. p. I‑7773), apartado 32; de 5 de octubre de 2006, Comisión/Bélgica (C‑377/03, Rec.
         p. I‑9733), apartado 33. En la doctrina, véase por ejemplo Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 159, apartado 5-052; Rideau, J., y Picod, F., Code des procédures juridictionnelles de l’Union européenne, 2ª ed., Litec, París, 2002, p. 175; Karpenstein, P., y Karpenstein, U., en Grabitz, E., Hilf, M., y Nettesheim, M. (ed.),
         Das Recht der Europäischen Union, Beck, Múnich, 2008, comentario al artículo 226, apartado 17.
      
      17 –	Véanse las sentencias Comisión/Italia, citada en la nota 16, apartado 36; de 12 de junio de 2003, Comisión/Italia (C‑363/00,
         Rec. p. I‑5767), apartado 22; Comisión/Bélgica, citada en la nota 16, apartado 34. Véanse también mis conclusiones presentadas
         el 11 de junio de 2008 en el asunto Comisión/Italia (sentencia de 19 de marzo de 2009, C‑275/07, Rec. p. I‑0000), punto 73.
         En la doctrina, véase por ejemplo Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray, R., Procedural Law of the European Union, 2ª ed., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 158, apartado 5-048. 
      
      18 –	Véanse las sentencias Comisión/Italia, citada en la nota 17, apartado 22, y Comisión/Bélgica, citada en la nota 16, apartado
         34. Véanse también mis conclusiones, citadas en la nota 17, en el asunto Comisión/Italia, punto 73. 
      
      19 –	El artículo 13, apartado 3, del Reglamento nº 1/2005 precisa además que se trata de las autorizaciones previstas en el
         artículo 10, apartado 1, o en el artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento. El artículo 10, apartado 1, de dicho Reglamento
         establece los requisitos para la expedición de las autorizaciones a los transportistas, mientras que el artículo 11, apartado
         1, determina los requisitos para la expedición de las autorizaciones a los transportistas que realizan viajes largos.
      
      20 –	El artículo 13, apartado 4, del Reglamento nº 1/2005 prevé además que el nombre del transportista y su número de autorización
         serán públicos y estarán disponibles durante el período de validez de la autorización. Siempre que se respete la normativa
         comunitaria o nacional relativa a la protección de la intimidad, los Estados miembros darán acceso al público a otros datos
         relativos a las autorizaciones de los transportistas. La base de datos deberá contener asimismo las decisiones notificadas
         en aplicación del artículo 26, apartado 4, letra c), y apartado 6. 
      
      21 –	El artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 dispone que la autoridad competente expedirá autorizaciones a los
         transportistas siempre y cuando los solicitantes: estén establecidos en el Estado miembro en el que presentan la solicitud
         de autorización o, cuando se trate de solicitantes establecidos en un tercer país, estén representados en dicho Estado miembro;
         hayan demostrado que disponen de personal, equipos y procedimientos operativos suficientes; no hayan infringido gravemente
         la legislación comunitaria o nacional sobre protección de animales en los tres años que preceden a la fecha de la solicitud,
         salvo cuando el solicitante demuestre a satisfacción de la autoridad competente que ha adoptado todas las medidas necesarias
         para evitar nuevas infracciones.
      
      22 –	El artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 1/2005 prevé que la autoridad competente expedirá autorizaciones a los transportistas,
         siempre y cuando cumplan lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, y hayan presentado los siguientes documentos: certificados
         de competencia válidos para todos los conductores y cuidadores; certificados de aprobación válidos para todos los medios de
         transporte por carretera que se utilicen para viajes largos; información pormenorizada de los procedimientos que permiten
         a los transportistas localizar y registrar la circulación de los vehículos bajo su responsabilidad y mantener permanentemente
         el contacto con los conductores en cuestión durante los viajes largos; así como planes de contingencia para casos de emergencia.
         
      
      23 –	Véanse por ejemplo las sentencias de 23 de octubre de 1997, Comisión/Países Bajos (C‑157/94, Rec. p. I‑5699), apartado
         59; de 15 de marzo de 2001, Comisión/Francia (C‑147/00, Rec. p. I‑2387), apartado 27; Comisión/Irlanda, citada en la nota
         11, apartado 41; de 18 de julio de 2007, Comisión/Alemania (C‑490/04, Rec. p. I‑6095), apartado 48, y de 22 de diciembre de
         2008, Comisión/España (C‑189/07, Rec. p. I‑0000), apartado 82. En la doctrina, sobre la carga de la prueba que incumbe a la
         Comisión, véase por ejemplo Cremer, W., en Calliess, C., y Ruffert, M. (ed.), EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar, 3ª ed., Beck, Múnich, 2007, p. 1991, apartado 33, que sostiene que el recurso está fundamentado si los hechos alegados por
         la Comisión son ciertos y si de tales hechos se deriva un incumplimiento del Derecho comunitario imputable al Estado miembro
         demandado; la existencia de tales hechos debe ser demostrada por la Comisión. Eberhard, G., y Riedl, E., en Mayer, H. (ed.),
         Kommentar zu EU- und EG-Vertrag, Manz, Viena, 2005, comentario al artículo 226, apartado 76, señalan que, conforme a una reiterada jurisprudencia, la carga
         de la prueba acerca de la vulneración del Derecho comunitario corresponde a la Comisión.
      
      24 –	Véanse, por ejemplo, en este sentido las sentencias de 22 de septiembre de 1988, Comisión/Grecia (272/86, Rec. p. 4875),
         apartado 21; de 18 de julio de 2006, Comisión/Italia (C‑119/04, Rec. p. I‑6885), apartado 41; de 14 de junio de 2007, Comisión/Italia
         (C‑82/06, no publicada en la Recopilación), apartado 35; véanse también mis conclusiones presentadas el 13 de diciembre de
         2007 en el asunto Comisión/Portugal (sentencia de 10 de abril de 2008, C‑265/06, Rec. p. I‑2245), punto 35.
      
      25 –	Del citado punto del informe se desprende asimismo que el Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación solicitó
         a las autoridades locales competentes que le remitieran dichas listas hasta el 20 de junio de 2005. No obstante, en el resto
         del informe, en donde se indica que se dio acceso a dichas listas, no consta claramente si las autoridades locales competentes
         cumplieron esa obligación. 
      
      26 –	Véase el apartado 8 del escrito de contestación del Gobierno griego. 
      
      27 –	Véase el apartado 8 del escrito de dúplica del Gobierno griego. 
      
      28 –	A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Justicia, al apreciar el incumplimiento de una obligación derivada
         del Derecho comunitario a la luz de una práctica administrativa de un Estado miembro, se basa en elementos muy concretos para
         determinar en cuántos casos se han vulnerado efectivamente las normas de Derecho comunitario; véanse por ejemplo las sentencias
         de 6 de octubre de 2005, Comisión/Grecia (C‑502/03, no publicada en la Recopilación), apartado 8, y de 29 de marzo de 2007,
         Comisión/Francia (C‑423/05, no publicada en la Recopilación), apartado 12. 
      
      29 –	Véanse en tal sentido las sentencias, citadas en la nota 11, de 29 de abril de 2004, Comisión/Alemania, apartado 42, Comisión/Irlanda,
         apartado 28, y de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, apartado 50, así como las sentencias, citadas en la nota 12, Comisión/Bélgica,
         apartado 29, y Comisión/Italia, apartado 21. 
      
      30 –	Véase el apartado 7 del escrito de contestación. 
      
      31 –	Véase el apartado 43 del recurso. 
      
      32 –	Si bien es cierto que el artículo 8, párrafo primero, letra a), de la Directiva 91/628 prevé la obligación de controlar
         los medios de transporte y los animales durante el trasporte por carretera, la Comisión se refiere exclusivamente, en este motivo de recurso, al artículo 8, párrafo primero, letras b) y d), de la citada
         Directiva. Véase el apartado 49 del recurso de la Comisión. 
      
      33 –	El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 91/628 dispone asimismo que el destino y uso de los canales de dichos animales
         se regularán con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 64/433/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, relativa a problemas
         sanitarios en materia de intercambios de carne fresca (DO 1964, 121, p. 2012). El artículo 9, apartado 1, prevé además, en
         el párrafo tercero, que toda disposición adoptada en virtud de lo establecido en el párrafo segundo será notificada a la autoridad
         competente mediante la red ANIMO, con arreglo a las modalidades, incluso financieras, que deberán establecerse con arreglo
         al procedimiento previsto en el artículo 17 de la Directiva 91/628. 
      
      34 –	Aunque la Comisión no se refiere expresamente en el recurso a dicho punto del informe sobre la misión nº 7273/2004, reproduzco
         su contenido en la medida en que es pertinente en el marco de este motivo de recurso.
      
      35 –	Por ejemplo, el hecho de que en el departamento de Larissa figuraba en numerosos planes de viaje una duración excesiva
         del viaje o que en el departamento de Ftiótide los planes de viaje omitían algunos datos relevantes. 
      
      36 –	La Comisión invoca también el punto 5.3 del informe sobre la misión nº 7273/2004, del que se desprende que sólo en uno
         de los cuatro departamentos examinados se habían efectuado controles sobre los planes de viaje, en concreto en el departamento
         de Ftiótide. No obstante, de dicho punto del informe no se deduce lo que sostiene la Comisión, sino que en el departamento
         de Ftiótide se habían verificado las declaraciones juradas de los transportistas relativas a su trayecto habitual; de dicho
         punto no se desprende, en cambio, que este sea el único departamento en que se han efectuado controles sobre los planes de
         viaje.
      
      37 –	Véase el punto 77 de las presentes conclusiones. 
      
      38 –	En cuanto a la forma correcta de citar la sección 48, punto 7, letra b), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628,
         véase la nota 5 de las presentes conclusiones. 
      
      39 –	[Nota relativa únicamente a la versión eslovena de las presentes conclusiones]. 
      
      40 –	Véase al respecto, más en detalle, el punto 97 de las presentes conclusiones. 
      
      41 –	En la doctrina, en cuanto a los tiempos máximos de transporte de los animales, Radford, M., «Animal passions, animal welfare
         and European policy making», en Craig, P., y Harlow, C. (ed.), Lawmaking in the European Union, Kluwer Law International, Londres, 1998, p. 424, señala que las posiciones adoptadas por los Estados sobre esta cuestión
         en la época de adopción de la Directiva 91/628 fueron muy distintas.
      
      42 –	Véase el punto 2 del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      43 –	En cuanto a las disposiciones concretas que regulan los requisitos adicionales que deben reunir los vehículos, véase el
         punto 3 del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      44 –	Véase el punto 4, letras b) y c), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      45 –	Véase el punto 4, letra d), del capítulo VII del anexo de la Directiva 91/628. 
      
      46 –	En la práctica, habrá que tener en cuenta también que en ocasiones es difícil garantizar el descanso precisamente en el
         momento en que está a punto de transcurrir el tiempo máximo permitido para cada especie animal; si por ejemplo el transporte
         marítimo de cerdos dura veintitrés horas y la descarga dura media hora, se debe garantizar el reposo de los animales en las
         proximidades del puerto. Además, hay que tener presente que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 23 de
         noviembre de 2006, ZVK (C‑300/05, Rec. p. I‑11169), el transporte incluye la carga y la descarga de los animales. De este
         modo, el tiempo total del transporte se prolonga aún más.
      
      47 –	Sentencia de 9 de octubre de 2008, Interboves (C‑277/06, Rec. p. I‑0000).
      
      48 –	Véase la sentencia Interboves, citada en la nota 47, apartado 30. Véanse también las conclusiones del Abogado General Mengozzi,
         presentadas el 13 de marzo de 2008 en el asunto Interboves, citado en la nota 47, de las que se desprende que durante el transporte
         marítimo el período de descanso de una hora no tiene ningún sentido. 
      
      49 –	Véase la sentencia Interboves, citada en la nota 47, apartado 32.
      
      50 –	Se trata de las siguientes decisiones de aplicación de sanciones: de 17 de marzo de 2006, nº 1537; de 19 de abril de 2007,
         nº 2324; de 24 de septiembre de 2007, nº 5505; de 23 de agosto de 2006, nº 1556; de 8 de enero de 2007, nº 16, y de 2 de octubre
         de 2006, nº 2961. Los documentos que acreditan el inicio de procedimientos de asistencia mutua con otros Estados miembros
         son los siguientes: de 25 de septiembre de 2006, nº 308252; de 14 de noviembre de 2006, nº 308313; de 7 de marzo de 2007,
         nº 261133; de 12 de junio de 2007, nº 304840; de 24 de julio de 2007, nº 304908, y de 25 de junio de 2007, nº 304856. 
      
      51 –	Dicho artículo establece asimismo que las autoridades competentes realizarán tales controles sin dejar de cumplir los principios
         y normas de control establecidos por la Directiva 90/425/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los controles
         veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con
         vistas a la realización del mercado interior (DO L 224, p. 29). 
      
      52 –	El artículo 27, apartado 1, prevé además que dichas proporciones se determinarán de conformidad con el procedimiento mencionado
         en el artículo 31, apartado 2, del citado Reglamento. 
      
      53 –	El equivalente del artículo 8, párrafo tercero, de la Directiva 91/628 habría podido ser el artículo 27, apartado 2, del
         Reglamento nº 1/2005, pero la Comisión no hace ninguna referencia al mismo. 
      
      54 –	Del punto 5.5 el informe sobre la misión nº 7273/2004 no se desprende cuáles son dichas medidas.
      
      55 –	Véase el apartado 16 del escrito de contestación del Gobierno griego.
      
      56 –	Véase el punto 118 de las presentes conclusiones. 
      
      57 –	Sobre la falta de fundamento del motivo de recurso relativo al incumplimiento por la República Helénica de las obligaciones
         que le incumben en virtud del artículo 8, párrafo primero, letra b), de la Directiva 91/628, véase el punto 83 de las presentes
         conclusiones; sobre la falta de fundamento de la parte del motivo de recurso relativo al incumplimiento por la República Helénica
         de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 8, párrafo primero, letra d), de la Directiva 91/628, véase el
         punto 84. 
      
      58 –	Añadiré al respecto que no cabe compartir el argumento del Gobierno griego de que para que exista una infracción del artículo
         8, párrafo primero, de la Directiva 91/628 es preciso demostrar una falta total de controles de los medios de transporte y
         de los animales, y que las autoridades competentes tienen plena discrecionalidad para establecer las modalidades de realización
         de dichos controles. Los tipos de control previstos en el artículo 8, párrafo primero, letras a) a d), de la Directiva 91/628
         tienen carácter acumulativo y no alternativo, por lo que, con la realización de controles de un tipo determinado, los Estados
         miembros no cumplen todas las obligaciones derivadas del artículo 8, párrafo primero, de la Directiva 91/628.
      
      59 –	Véase Wilkins, D. B. (ed.), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londres, La Haya, Boston, 1997, pp. 3 y 4. 
      
      60 –	Los casos mencionados son: 1) sanción administrativa de 2.935 euros por vulneración de la Directiva 91/628, impuesta el
         17 de marzo de 2006 en el departamento de Acaya por sobrecarga del vehículo y falta de espacio suficiente para que los animales
         pudieran descansar en su posición natural; y 2) sanción de 1.000 euros por vulneración de la Directiva 91/628, impuesta el
         23 de agosto de 2006 como consecuencia de un sistema inadecuado para abrevar al ganado bovino y por una instalación defectuosa
         para abrevar al ganado ovino. 
      
      61 –	Véanse en tal sentido las sentencias de 25 de mayo de 2000, Comisión/Grecia (C‑384/97, Rec. p. I‑3823), apartado 35; de
         10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos (C‑152/98, Rec. p. I‑3463), apartado 21; de 17 de enero de 2002, Comisión/Bélgica
         (C‑423/00, Rec. p. I‑593), apartado 14; de 24 de junio de 2004, Comisión/Países Bajos (C‑350/02, Rec. p. I‑6213), apartado
         31; de 7 de junio de 2007, Comisión/Bélgica (C‑254/05, Rec. p. I‑4269), apartado 39; de 17 de enero de 2008, Comisión/Alemania
         (C‑152/05, Rec. p. I‑39), apartado 15, y Comisión/Portugal, citada en la nota 24, apartado 25.
      
      62 –	Véase la nota 60 de las presentes conclusiones. 
      
      63 –	La República Helénica alegó en la vista que en realidad las infracciones se habían apreciado antes del final del plazo
         para el cumplimiento de las obligaciones fijado en el dictamen motivado, pero no aportó ningún elemento en apoyo de esta tesis,
         que por lo tanto no puede, en mi opinión, acogerse. 
      
      64 –	El Gobierno griego se remite a las decisiones sancionatorias citadas en la nota 50 de las presentes conclusiones. 
      
      65 –	Este artículo establece asimismo que los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión, así como las
         relativas a la aplicación del artículo 26, a más tardar el 5 de julio de 2006, y le comunicarán sin demora toda modificación
         ulterior que afecte a las mismas.
      
      66 –	Este precepto dispone asimismo que dicha prohibición sólo es posible siempre y cuando se hayan agotado todas las posibilidades
         ofrecidas por la asistencia mutua y por el intercambio de información, conforme a lo previsto en el artículo 24. Este último
         artículo establece, en su apartado 1, que son aplicables a efectos de dicho Reglamento las normas y los procedimientos relativos
         a la comunicación de información definidos en la Directiva 89/608/CEE del Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a
         la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión
         con objeto de asegurar la correcta aplicación de las legislaciones veterinaria y zootécnica (DO L 351, p. 34); en su apartado
         2 dispone que en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento, cada Estado miembro comunicará a la Comisión
         los datos de un punto de contacto a efectos de dicho Reglamento, cuando proceda con indicación de una dirección electrónica,
         así como toda actualización de esta información. La Comisión transmitirá los datos del punto de contacto a los demás Estados
         miembros en el marco del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.
      
      67 –	Para la vulneración de las normas sobre protección de los animales durante el transporte se prevé una sanción pecuniaria
         de entre 3.000 y 15.000 euros, así como la suspensión o retirada de la autorización de transporte; en caso de infracción de
         las disposiciones sobre protección de los animales durante el sacrificio, se establece en cambio una sanción pecuniaria de
         entre 1.500 y 3.000 euros. 
      
      68 –	Dichas irregularidades incluían, por ejemplo, un cargamento de 2.345 cerdos procedentes de Países Bajos, de los que 184
         habían muerto en el momento de la llegada, mientras que 150 se encontraban en mal estado. Las autoridades competentes locales
         lo comunicaron al Ministerio griego de desarrollo rural y alimentación, que a su vez informó a las autoridades neerlandesas
         competentes y a la Comisión.
      
      69 –	A este respecto, en el punto 5.4.3 del informe sobre la misión nº 8042/2006 no consta de qué tipo de sanciones se trata.
         
      
      70 –	Los datos proceden del Informe sobre la Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales en
         el momento de la matanza [COM(2008) 533 final, p. 3]. 
      
      71 –	Véase el punto 1(A) del anexo C de la Directiva 93/119. 
      
      72 –	Así por ejemplo Wilkins, D.B. (ed.), Animal Welfare in Europe. European Legislation and Concerns, Kluwer Law International, Londres, La Haya, Boston, 1997, p. 7, que afirma que en virtud de los estudios efectuados acerca
         de los métodos de aturdido se sabe mucho más, por ejemplo, sobre la cantidad de electronarcosis necesaria para que el animal
         pierda el conocimiento, sobre la fabricación de pistolas con clavija perforadora y sobre la utilización del dióxido de carbono
         para el aturdido de cerdos. 
      
      73 –	Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza [COM(2008) 533
         final, p. 3]. 
      
      74 –	En particular, en ese matadero no existían dispositivos de sujeción para el aturdido de los animales, pantallas indicadoras
         del voltaje o de la corriente, y equipos de reserva para el aturdido, y las pinzas de electrochoque no estaban suficientemente
         limpias. 
      
      75 –	Entre las irregularidades detectadas, cabe citar un aturdido ineficaz de bovinos, un mantenimiento y limpieza inadecuados
         de los dispositivos de sujeción, un mantenimiento inadecuado de los equipos de aturdido de animales de todas las especies,
         un funcionamiento defectuoso de la pistola de clavija perforadora y falta de funcionamiento de la instalación eléctrica de
         aturdido de bovinos, a lo que se añadía la inexistencia de equipos de reserva para el aturdido. 
      
      76 –	En uno de los tres mataderos visitados en el departamento de Serres, el espacio para los animales enfermos era inadecuado
         y tenía un sumidero al descubierto; además no funcionaban las instalaciones para abrevar. En un segundo matadero, los equipos
         de aturdido de rumiantes pequeños eran inadecuados. En un matadero de aves de corral, se descubrieron equipos crueles e inadecuados
         para la sujeción de las aves, y el agua del tanque para el aturdido de las aves se desbordaba. En el aturdido, la intensidad
         de la corriente era demasiado baja, por lo que las aves no quedaban adecuadamente aturdidas. 
      
      77 –	En dos mataderos visitados en el departamento de Tesprótida, los inspectores de la OAV descubrieron una instalación de
         aturdido inadecuada, falta de equipos de reserva para el aturdido, un mal mantenimiento de las zonas de descanso de los animales
         y falta de instalaciones para abrevar a los animales. En uno de los mataderos, el sacrificio se registró con fecha posterior
         a la de su realización efectiva, puesto que en el momento en que se efectuó el matadero no estaba autorizado. 
      
      78 –	En el departamento de Mesenia, los inspectores de la OAV observaron que el tiempo entre el aturdido y el sacrificio era
         demasiado prolongado y no existían equipos de reserva para el aturdido. 
      
      79 –	En el departamento de Laconia, los inspectores de la OAV apreciaron, en un matadero de nueva construcción, que el tiempo
         transcurrido entre el aturdido y el sacrificio de cerdos era demasiado largo, un mantenimiento inadecuado de la pistola de
         clavija perforadora y una falta de funcionamiento del voltímetro para el aturdido eléctrico de animales. 
      
      80 –	En el departamento de Ilia se comprobó que en un matadero el intervalo entre el aturdido y el sangrado era excesivo y que
         el dispositivo de medición de la corriente indicaba datos erróneos. 
      
      81 –	Tal obligación de cooperación podría deducirse a lo sumo del artículo 14, apartado 3, de dicha Directiva, que dispone que
         el Estado miembro en cuyo territorio se efectúe un control proporcionará a los expertos toda la ayuda necesaria para el cumplimiento
         de su cometido. No obstante, dado que la Comisión no alega el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 14,
         apartado 3, de la Directiva 93/119, no es posible tener en cuenta esa norma en el análisis de los motivos de recurso.
      
      82 –	Subrayaré además que, en el dictamen motivado, la Comisión alega una vulneración del artículo 10 CE en relación con la
         falta de cooperación de las autoridades griegas, pero en el recurso no aduce ya ninguna infracción de dicho artículo. En consecuencia,
         cabe concluir que la Comisión ha limitado el fundamento normativo del recurso con respecto al del dictamen motivado. Por tanto,
         en el análisis de los motivos de recurso, no es posible tener en cuenta tampoco el artículo 10 CE.