CELEX: C1999/281/38
Language: es
Date: 1999-10-02 00:00:00
Title: Asunto T-160/99: Recurso interpuesto el 8 de julio de 1999 por Gunnar Svantesson y otros contra el Consejo de la Unión Europea

2.10.1999               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        C 281/19
Motivos y principales alegaciones                                       — Declare que la demandante se halla afectada por una
                                                                             invalidez permanente total, que le impide ejercer las
La demandante entró al servicio de la Secretarı́a General del               funciones correspondientes a un empleo de su carrera, con
Consejo como funcionario C5 el 1 de noviembre de 1995. En                    efecto a partir del 23 de septiembre de 1998, fecha de
el ejercicio de promoción de 1998, la lista de los funcionarios             solicitud de la declaración de invalidez, o cualquier otra
susceptibles de promoción y el número de empleos a proveer                 fecha que determine el Tribunal de Primera Instancia;
mediante promoción fueron publicados el 5 de noviembre de              — Acuerde la solicitud de un dictamen médico, a fin de
1998 en la comunicación al personal no 140/98. Entre los                    determinar si la demandante se halla afectada por una
124 funcionarios del grado C5 que podı́an obtener une                        invalidez total;
promoción, la demandante ocupaba el puesto 43 por orden
de antigüedad del conjunto de los funcionarios C5 con la                — Se pronuncie sobre las costas como proceda en Derecho.
antigüedad estatutaria exigida. Al concluir los trabajos del
Comité consultativo de promoción para la catagorı́a C, se
remitı́o a la AFPN una lista de funcionarios propuestos para            Motivos y principales alegaciones
una promoción al grado C4 que comprendı́a 38 nombres y
que ésta decidió tramitar. El nombre de la demandante no               Mediante escrito de 23 de septiembre de 1998 la demandante
figuraba en la lista mencionada.                                        solicitó una pensión de invalidez. Tras la presentación de la
                                                                        solicitud mencionada, la administración del Tribunal de Cuen-
En apoyo de su demanda, la demandante alega la violación               tas se dirigió a la Comisión de invalidez, que llegó a la
                                                                        conclusión de que la demandante no sufrı́a una invalidez
— del artı́culo 25 del Estatuto y de la obligación de motiva-          permanente considerada total, que la impiediera ejercer sus
     ción,                                                             funciones. La AFPN tomó nota de dicho dictamen y desestimó
— del artı́culo 45 del Estatuto,                                        la solicitud de declaración de la invalidez.
— del procedimiento de promoción,                                      En apoyo de su demanda la demandante alega:
— del principio de igualdad de trato,                                   — que de su actual estado de salud se deduce que la licencia
— y un error manifiesto de apreciación.                                     por enfermedad propuesta por la Comisión de invalidez
                                                                             no ha conducido a una mejorı́a de su estado de salud;
                                                                        — que resulta de varios certificados médicos de diversos
                                                                             especialistas que le tratamiento en Mondorf no prodojo
                                                                             ningún resultado tangible, que no cabe esperar una mejorı́a
                                                                             significativa de la condición fı́sica de la demandante y que,
                                                                             además, a nivel osteoarticular y raquı́deo, la demandante
                                                                             precisa de forma absoluta que se le conceda la invalidez
Recurso interpuesto el 7 de julio de 1999 por Bjarne                         profesional;
          Christiansen contra el Tribunal de Cuentas
                                                                        — que procede reconsiderar el dictamen de la Comisión de
                        (Asunto T-159/99)                                    invalidez a la vista de un nuevo certificado médico, de
                                                                             10 de mayo de 1999, que constata que el tratamiento no
                                                                             ha mejorado la condición muscular de la demandante.
                         (1999/C 281/37)
                 (Lengua de procedimiento: francés)
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
Europeas se ha presentado el 7 de julio de 1999 un recurso
contra el Tribunal de Cuentas formulado por la Sra. Bjarne              Recurso interpuesto el 8 de julio de 1999 por Gunnar
Christiansen, con domicilio en Nittel (Alemania), representada          Svantesson y otros contra el Consejo de la Unión Europea
por Me Alain Lorang, Abogado de Luxemburgo, que designa
como domicilio en Luxemburgo su despacho, 51, rue Al-                                           (Asunto T-160/99)
bert 1er.
                                                                                                  (1999/C 281/38)
Le parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
que:
                                                                                          (Lengua de procedimiento: francés)
— Haga constar que tras el dictamen de la Comisión de
     invalidez de 30 de octubre de 1999 han aparecido nuevos
     elementos;                                                         En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
                                                                        Europeas se ha presentado el 8 de julio de 1999 un recurso
— Estime el recurso interpuesto por la demandante contra la             contra el Consejo de la Unión Europea formulado por el
     Decisión del tribunal de Cuentas Europeo de 7 de abril de         Sr. Gunnar Svantesson y las Sras. Monica Hägg y Lena Hellsten,
     1999, por la que desestima la reclamación presentada              con domicilio en Bruselas, representados por Me Marc-Albert
     contra la decisión de la Autoridad Facultada para Proceder        Lucas, Abogado de Lieja (Bélgica), que designan como domici-
     a los Nombramientos del tribunal de Cuentas de 26 de               lio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 30, rue de
     noviembre de 1998;                                                 Cessange.
 ---pagebreak--- C 281/20               ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                      2.10.1999
Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia             Recurso interpuesto el 8 de julio de 1999 contra la
que:                                                                   Comisión de las Comunidades Europeas por Navigazione
                                                                                                Libera del Golfo
— Acuerde, como diligencias de prueba, la presentación de
    todos los documentos relacionados con la labor del                                         (Asunto T-161/99)
    tribunal, incluidos los ejercicios, ası́ como el examen
    como testigos del Sr. Fischer Holm, de los Sres. Merilla y                                  (1999/C 281/39)
    Welander y de los restantes candidatos de la oposición;
— Anule todas las fases de la oposición;                                               (Lengua de procedimiento: italiano)
— Anule las decisiones del tribunal de la oposición LA/262            En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
    por las que no se convocó a los demandantes a la prueba           Europeas se ha presentado el 8 de julio de 1999 un recurso
    oral y no se procedió a la corrección de sus pruebas             contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado
    facultativas;                                                      por la sociedad Navigazione Libera del Golfo, representada por
— Anule la decisión del Consejo de 8 de abril de 1999 por la          los Sres. Salvatore Ravenna y Emiliano Amato, Abogados de
    que se desestima la reclamación administrativa de 8 de            Nápoles y de Roma, que designa como domicilio a efectos de
    diciembre de 1998 de los demandantes;                              notificaciones el bufete del Sr. Ravenna, 2, corso S. Agata, en
                                                                       Massalubrense (Nápoles).
— Condene en costas a la parte demandada.
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia
                                                                       que:
Motivos y principales alegaciones                                      — Declare que la Comisión ha incumplido las obligaciones
                                                                            que le incumben en virtud del artı́culo 88 CE (anterior-
                                                                            mente, artı́culo 93 del Tratado CE) al no adoptar una
Los demandantes, funcionarios del Consejo de grado LA 7 y                   decisión a raı́z de la denuncia presentada por la deman-
nacionalidad sueca, participaron en la oposición interna                   dante el 20 de febrero de 1999 en relación con las
LA/262 del Consejo, dirigida a proveer tres empleos de                      ayudas concedidas por el Gobierno italiano a la empresa
revisor/traductor principal de lengua sueca y de grado LA 5.
                                                                            CA.RE.MAR (Nápoles).
Mediante escrito de 9 de septiembre de 1998, el tribunal de la
oposición comunicó a los demandantes su decisión de no              — Condene a la Comisión al pago de las costas en las que
convocarles a la prueba oral, por no haber obtenido al menos                incurra la demandante.
un 60 % de la nota máxima en el ejercicio de revisión, como
disponı́a la convocatoria de la oposición. En consecuencia, no
se corrigieron las pruebas facultativas que habı́an realizado.         Motivos y principales alegaciones
                                                                       La demandante es una sociedad que opera con embarcaciones
En apoyo de su demanda, los demandantes alegan la violación           veloces (aliscafos y catamaranes) en el sector de los transportes
                                                                       marı́timos en las rutas que unen las islas del Golfo de Nápoles.
— del artı́culo 3 del Anexo III del Estatuto y de los principios       La demandante critica el sistema de ayudas de Estado creado
    de objetividad e igualdad en la valoración de los candidatos,     por la Ley no 684 de 20 de diciembre de 1974, por la que
    por una parte, por que ningún miembro del tribunal                respecta en particular a la empresa CA.RE.MAR, es decir, la
    conocı́a perfectamente la lengua hacia la que se traducı́a, a      única empresa de las que operan en el Golfo de Nápoles que
    saber el sueco, y, por otra parte, por que los miembros del        ha recibido dichas ayudas.
    tribunal no poseı́an un conocimiento perfecto de las
    lenguas a partir de las cuales se traducı́a, en particular el      Según la demandante, tales subvenciones son ilimitadas y están
    francés y el inglés, o por que un número insuficiente de          destinadas a compensar las pérdidas de ejercicio que registra
    ellos poseı́a dicho conocimiento;                                  anualmente la empresa pública beneficiaria, de tal modo que las
— de las reglas que deben regir la actuación del tribunal y del       ayudas producen el efecto de salvar la empresa, impidiéndole la
    principio de igualdad de trato, puesto que ninguno de los          quiebra inevitable. Por otra parte, asegura que se trata de
    dos asesores que corrigieron y puntuaron las pruebas tenı́a        ayudas de funcionamiento manifiestamente contrarias a la
    un conocimiento perfecto de todas las lenguas a partir de          Comunicación de la Comisión sobre ayudas de Estado de
    las cuales se traducı́a;                                           salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (1), ası́
                                                                       como a las Directrices comunitarias sobre las ayudas de Estado
— de las reglas que regulan la actuación del tribunal y del           a los transportes marı́timos (2).
    principio de objetividad en la evaluación de los candidatos,
    ya que los asesores podı́an conocer la identidad del autor         A este respecto se afirma que, durante los años 1992-1997, la
    de los ejercicios, por tratarse de compañeros de los              cuantı́a de las ayudas controvertidas asciende a una media de
    demandantes;                                                       aproximadamente 40 000 millones de LIT, mientras que los
                                                                       ingresos procedentes de la venta de billetes apenas supera el
— de la convocatoria de la oposición, por que el tribunal dio         50 % de la cuantı́a de las ayudas.
    a los asesores instrucciones para que sólo se convocara a
    la prueba oral o un número limitado de candidatos y               La sociedad demandante presentó su denuncia el 20 de febrero
                                                                       de 1999. Por razones de especial urgencia, en la misma
— las irregularidades en la composición del tribunal.                 denuncia se pedı́a a la Comisión que actuara en el plazo de dos
                                                                       meses previsto en el artı́culo 175 del Tratado CE (actualmente,
                                                                       artı́culo 232 CE). Por no haberse adoptado ninguna decisión
                                                                       dentro de este plazo, se ha interpuesto el presente recurso.