CELEX: 52004PC0718
Language: es
Date: 2004-10-22
Title: Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles {SEC(2004) 1314}

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                             Bruselas, 22.10.2004
                                             COM(2004) 718 final
                                             2004/0251 (COD)
                                 Propuesta de
    DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
                              {SEC(2004) 1314}
                        (presentada por la Comisión)
ES                                                                         ES
 ---pagebreak---                                  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   1.     ÁMBITO Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
   1.1.   Objetivo
   1.1.1. Asegurar un mejor acceso a la justicia
          Mejorar el acceso a la justicia es uno de los objetivos clave de la política de la UE
          para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que particulares y
          empresas no se vean impedidos ni disuadidos de ejercitar sus derechos por la
          incompatibilidad o complejidad de los sistemas legislativos y administrativos en los
          Estados miembros. En este contexto, el concepto de acceso a la justicia debe incluir
          la promoción del acceso a procedimientos adecuados de resolución de litigios para
          particulares y empresas, y no solamente el acceso al sistema judicial.
          La Directiva propuesta contribuye a este objetivo al facilitar el acceso a la resolución
          de litigios a través de dos tipos de disposiciones: en primer lugar, las destinadas a
          asegurar una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial,
          estableciendo unas normas mínimas comunes en la Comunidad sobre varios aspectos
          claves del procedimiento civil; en segundo lugar, proporcionando las herramientas
          necesarias para que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros promuevan
          activamente el uso de la mediación, pero sin hacerla obligatoria ni sujetarla a
          sanciones específicas.
          Se han excluido de la Directiva propuesta las disposiciones relativas al proceso de
          mediación o a la designación o acreditación de mediadores. Teniendo en cuenta las
          respuestas al Libro Verde de 2002 y los actuales avances a nivel nacional, no está
          claro que la legislación sea la opción política preferida para este tipo de disposición.
          Al excluir de esta propuesta las medidas reguladoras referentes al propio
          procedimiento de mediación, la Comisión busca en cambio fomentar las iniciativas
          autorreguladoras e intenta mantener este objetivo también a través de la Directiva
          propuesta.
          En las consultas sobre el anteproyecto de esta propuesta, la mayor parte de los
          consultados respaldaron el planteamiento global del proyecto en lo relativo a las
          cuestiones que aborda y excluye. En comparación con el anteproyecto, se han
          introducido determinados cambios, principalmente de tipo técnico, en disposiciones
          específicas, explicados en detalle en la Sección 3.
   1.1.2. Una relación dinámica entre la mediación y el proceso civil
          Las materias tratadas en esta propuesta son esencialmente las que no pueden
          abordarse adecuadamente a través de las soluciones disponibles en el mercado. Esto
          se refiere especialmente a las normas procesales civiles que pueden afectar al uso de
          la mediación, así como a su eficacia. La interacción entre la mediación y el proceso
          civil tradicional puede producirse en diversas ocasiones, por ejemplo:
          – las partes consideran recurrir a la mediación inmediatamente después del
             surgimiento del conflicto, como alternativa a la incoación de un proceso civil; si
ES                                               2                                                 ES
 ---pagebreak---              las partes optan por la mediación pero no alcanzan un acuerdo, el proceso civil se
             incoa tras la terminación de la mediación;
          – se alcanza un acuerdo a través de la mediación pero una de las partes lo incumple,
             lo que requiere de todos modos la incoación de un proceso civil;
          – las partes incoan inmediatamente un proceso civil cuando se plantea la disputa, sin
             haber considerado (todavía) la posibilidad de la mediación.
          Actualmente la interacción entre la mediación y el proceso civil adolece de varios
          elementos inciertos, debido a la ausencia de disposiciones procesales nacionales o a
          sus discrepancias, incertidumbres que se ponen particularmente de manifiesto en
          situaciones que implican componentes transfronterizos. Aunque la mediación fuera
          la forma más conveniente de resolución de litigios en un determinado caso, estas
          incertidumbres podrían hacer decantarse a las partes por un proceso civil tradicional.
          Un marco jurídico estable y fiable contribuiría a que la mediación se encontrara en
          pie de igualdad con el proceso judicial, un marco donde los factores relacionados con
          el conflicto específico desempeñaran para las partes un papel determinante a la hora
          de elegir el método de resolución de litigios. También ayudaría a preservar la
          posibilidad de que las partes resuelvan el conflicto a través de un proceso judicial
          aunque se intente la mediación.
   1.1.3. Promover el recurso a la mediación
          La utilidad de ampliar el recurso a la mediación la constituyen esencialmente las
          ventajas del propio mecanismo de solución de litigios: una manera más rápida,
          simple y rentable de solucionar conflictos que permite tener en cuenta más aspectos
          de los intereses de las partes. Ello aumenta las posibilidades de alcanzar un acuerdo
          que respetarán voluntariamente y preserva una relación amistosa y sostenible entre
          ellos. La Comisión cree que la mediación es una cantera sin explotar como método
          de resolución de litigios y de dar acceso a la justicia a particulares y empresas.
          Sin embargo, la promoción directa de la mediación por parte de la Comunidad es
          necesariamente limitada y la única medida concreta al respecto contenida en la
          propuesta es la obligación de los Estados miembros de permitir a los órganos
          jurisdiccionales sugerir la mediación a las partes. Asegurar una relación dinámica
          entre la mediación y los procedimientos judiciales, sin embargo, contribuirá
          indirectamente también a promover la mediación.
          La persecución de los objetivos de esta propuesta no puede hacerse al margen de la
          prestación misma de los servicios de mediación. La cuestión de la calidad de los
          servicios de mediación debe, por tanto, tratarse conjuntamente y como una función
          de las demás disposiciones de la Directiva propuesta, y la Directiva debe aplicarse
          con un suficiente nivel de confianza mutua entre los Estados miembros en las
          situaciones transfronterizas.
   1.1.4. Relación con la organización de los sistemas judiciales de los Estados miembros
          Uno de los beneficios de la mediación que a menudo se mencionan es que, si se
          recurriera más a ella, se descargaría la presión que pesa sobre los órganos
          jurisdiccionales, lo que reduciría los plazos, a menudo dilatados, de resolución de
          asuntos y posiblemente ahorraría fondos públicos. Como la Directiva propuesta
          intenta promover el uso de la mediación, podría efectivamente tener un impacto
ES                                               3                                               ES
 ---pagebreak---           positivo en este sentido. Sin embargo, esto no se persigue como objetivo
          independiente, por varias razones. En primer lugar, la organización del sistema
          judicial es competencia exclusiva de los Estados miembros. En segundo lugar, y lo
          que es más importante, la mediación tiene un valor propio como método de
          resolución de litigios al que los ciudadanos y empresas debieran poder acceder
          fácilmente y merece promoverse independientemente de su efecto de descarga de la
          presión sobre el sistema judicial. La Comisión no considera la mediación como una
          alternativa a los procesos judiciales, sino como uno de los diversos métodos de
          resolución de litigios disponibles en una sociedad moderna que puede ser el más
          adecuado para algunos litigios, pero ciertamente no para todos. Por otra parte, cabe
          subrayar que la disponibilidad de métodos ADR (alternative dispute resolution) en
          general no puede en modo alguno sustraer la obligación de los Estados miembros de
          mantener un sistema jurídico eficaz y justo que cumpla los requisitos del Convenio
          Europeo de Derechos Humanos, que constituye uno de los pilares clave de una
          sociedad democrática.
   1.1.5. Evaluación del impacto
          En el contexto de la estrategia política anual de la Comisión para 2004 esta propuesta
          fue objeto de una evaluación preliminar del impacto. No se ha seleccionado para una
          evaluación ampliada del impacto. La Directiva propuesta aspira a aumentar el uso de
          la mediación en la UE, lo que tendrá efectos económicos beneficiosos al disminuir
          los costes de transacción para particulares y empresas, a través de una solución más
          rápida y rentable de los litigios. La mediación también puede contribuir a una mayor
          sostenibilidad de las tendencias económicas y sociales al preservar la relación entre
          las partes tras la solución del litigio, a diferencia de los efectos a menudo
          perturbadores de la resolución de pleitos a través de un proceso judicial. El proceso
          de consulta y otros pasos preparatorios se describen en anexo. En cuanto a opciones
          políticas alternativas, la Directiva propuesta contiene principalmente normas sobre el
          procedimiento civil y los resultados no pueden lograrse utilizando otro instrumento
          político.
   1.2.   Base jurídica
          El objetivo y contenido de la Directiva propuesta encajan en el ámbito del artículo 65
          TEC puesto que se refiere a normas procesales civiles, y su artículo 4, que dispone
          normas sobre la calidad y la formación, está subordinado a las otras disposiciones. La
          Directiva propuesta es necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior
          dada la necesidad de asegurar el acceso a los mecanismos de solución de litigios para
          los particulares y empresas que ejerciten las cuatro libertades y dada la necesidad de
          asegurar la libertad de prestar y recibir servicios de mediación.
          Como se ha destacado en la descripción de los objetivos de la propuesta, la necesidad
          de acción comunitaria en este ámbito deriva de la necesidad de garantizar la
          seguridad jurídica a lo largo del litigio, independientemente de la presencia de
          elementos transfronterizos en una u otra fase. Para asegurar un marco jurídico
          coherente es, por tanto, necesario abordar aspectos claves de toda la cadena de
          posibles acontecimientos que pueden suceder al surgimiento del litigio, teniendo en
          cuenta cualquier posible situación (éxito o fracaso de la mediación, cumplimiento o
          incumplimiento del acuerdo por las partes, etc.).
ES                                                4                                              ES
 ---pagebreak---    En el contexto de las ADR el impacto de los elementos transfronterizos es
   potencialmente mayor que cuando se consideran las medidas relativas al proceso
   civil de forma aislada, puesto que es necesario tener en cuenta factores pertinentes
   tanto en el momento de la mediación como en cualquier otro procedimiento civil
   subsiguiente, incluida la circunstancia de que estos factores puedan entretanto
   cambiar. Por ejemplo, los elementos transfronterizos pueden ser el domicilio o lugar
   de la actividad empresarial de una o ambas partes, el lugar de la mediación o el lugar
   del órgano jurisdiccional competente. El acuerdo mismo de acudir a la mediación
   puede regirse por una ley distinta de la que rige la relación legal o contractual
   original entre las partes y el subsiguiente acuerdo puede regirse por la ley de otro
   país tercero. Dicho acuerdo puede tener que ejecutarse en otro Estado miembro
   distinto dependiendo, por ejemplo, de la ubicación de los activos del deudor en el
   momento en que se solicita la ejecución.
   Sin embargo, no sería posible restringir el ámbito de la propuesta con el único fin de
   eliminar los obstáculos creados por los elementos transfronterizos o de facilitar
   solamente la resolución de los conflictos que contienen un elemento transfronterizo,
   sea cual sea.
   Para evaluar la conveniencia de la mediación como método de solución de litigios
   para un conflicto dado, los elementos transfronterizos constituyen solamente una de
   las diversas circunstancias pertinentes que deben tenerse en cuenta. Otras
   circunstancias incluyen la naturaleza del conflicto y el fondo del asunto, así como los
   factores relacionados con el coste, la duración y las perspectivas de éxito. Promover
   la mediación solamente para los conflictos que presentan un elemento transfronterizo
   sería, por tanto, arbitrario y podría introducir un riesgo de discriminación, puesto que
   los órganos jurisdiccionales propondrían la mediación solamente a algunas partes en
   función de su domicilio. Una restricción de este tipo también implicará
   indudablemente una reducción sustancial del impacto práctico de la Directiva
   propuesta. Someter la aplicabilidad de las normas procesales civiles de la Directiva
   propuesta a la presencia de elementos transfronterizos conduciría más bien a una
   mayor incertidumbre jurídica. Alternativamente, tal restricción del alcance puede
   dejar la aplicabilidad de la Directiva en las manos de las partes, que podrían
   introducir elementos transfronterizos mediante su elección del mediador u órgano
   jurisdiccional con el fin de acogerse a las normas establecidas por la Directiva.
   La Directiva propuesta constituirá una parte importante del marco jurídico sobre
   servicios de mediación en la Comunidad, en lo relativo a la libertad de prestación de
   servicios en otro Estado miembro, así como a la libertad de recibir servicios. Limitar
   el alcance a las situaciones transfronterizas daría lugar a la creación de dos regímenes
   jurídicos paralelos, e incluso posiblemente de normas distintas sobre prestación y
   recepción de servicios de mediación, con el riesgo de efectos discriminatorios para
   usuarios y proveedores de servicios de mediación. Tales efectos contradicen los
   principios del mercado interior, así como los esfuerzos de la Comunidad por
   simplificar el marco regulador para particulares y empresas.
   En conclusión, la Comisión considera que introducir la condición explícita de una
   implicación transfronteriza invalidaría los objetivos de la Directiva propuesta y sería
   contraproducente para el correcto funcionamiento del mercado interior. Por tanto, la
   Directiva debe aplicarse a todas las situaciones independientemente de la presencia
   de elementos transfronterizos en el momento de la mediación o en el momento de los
   procesos judiciales.
ES                                          5                                               ES
 ---pagebreak---    1.3. Subsidiariedad y proporcionalidad
        Habida cuenta de la necesidad de seguridad jurídica y predictibilidad en situaciones
        donde tenga cabida la relación entre la mediación y el proceso civil en asuntos que
        presenten un elemento transfronterizo y la necesidad de asegurar el correcto
        funcionamiento del mercado interior en lo referente a la prestación y recepción de
        servicios de mediación, los objetivos de esta propuesta no pueden lograrse
        satisfactoriamente por los Estados miembros. Las medidas adoptadas a nivel
        comunitario serán más eficaces que las iniciativas individuales de cada Estado
        miembro, por razones de coherencia y para ofrecer ciertas normas uniformes básicas
        aplicables a situaciones transfronterizas y nacionales.
        Las disposiciones de la propuesta se limitan estrictamente a lo necesario para
        alcanzar los objetivos. Se ha optado por la Directiva como instrumento idóneo,
        puesto que las disposiciones se proponen lograr ciertos objetivos específicos pero, al
        mismo tiempo, dejan a la discreción de los Estados miembros los medios para
        alcanzarlos. La propuesta también se confina a los problemas que solamente pueden
        solucionarse a través de la legislación, mientras que, a la inversa, los problemas que
        se pueden solucionar con las fórmulas disponibles en el mercado se han excluido de
        su alcance.
   2.   ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA, CONSULTA CON LAS PARTES INTERESADAS Y
        COMENTARIOS SOBRE SUS DISPOSICIONES PRINCIPALES
        El documento de trabajo de los servicios anexado a esta propuesta proporciona más
        información sobre estos temas.
ES                                             6                                               ES
 ---pagebreak---                                                          2004/0251 (COD)
                                             Propuesta de
               DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
              sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) del artículo
   61 y el segundo guión del apartado 5 de su artículo 67,
   Vista la propuesta de la Comisión1,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado3,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de
           libertad, seguridad y justicia donde se garantice la libre circulación de personas. Con
           este fin, la Comunidad debe adoptar, entre otras, las medidas en el ámbito de la
           cooperación judicial en asuntos civiles necesarias para el correcto funcionamiento del
           mercado interior.
   (2)     El Consejo Europeo de Tampere, en su reunión de 15 y 16 de octubre de 1999, hizo un
           llamamiento a los Estados miembros para que crearan procedimientos alternativos y
           extrajudiciales destinados a mejorar el acceso a la justicia en Europa.
   (3)     El Consejo adoptó conclusiones sobre métodos alternativos de resolución de litigios de
           conformidad con el Derecho civil y mercantil en 2000, declarando que el
           establecimiento de principios básicos en este ámbito es un paso esencial para permitir
           el desarrollo y correcto funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales de
           resolución de litigios en asuntos civiles y mercantiles a fin de simplificar y mejorar el
           acceso a la justicia.
   (4)     La Comisión Europea presentó un Libro Verde en 2002, en el que examinaba la
           situación de la resolución alternativa de litigios en Europa e iniciaba una amplia
           consulta con Estados miembros y partes interesadas sobre posibles medidas para
           promover el uso de la mediación.
   1
           DO C [… ], [… ], p. [… ].
   2
           DO C [… ], [… ], p. [… ].
   3
           DO C [… ], [… ], p. [… ].
ES                                                 7                                                 ES
 ---pagebreak---    (5)  El objetivo de asegurar un mejor acceso a la justicia, como parte de la política de la
        Unión Europea de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia, debería
        abarcar el acceso a métodos de resolución de litigios tanto judiciales como
        extrajudiciales. Esta Directiva debería contribuir al correcto funcionamiento del
        mercado interior, en particular, en lo referente a la prestación y recepción de servicios
        de mediación.
   (6)  La mediación puede proporcionar una resolución extrajudicial rentable y rápida de
        conflictos en asuntos civiles y mercantiles a través de procesos adaptados a las
        necesidades de las partes. Es más probable que los acuerdos de resolución alcanzados
        a través de la mediación se cumplan voluntariamente y también que preserven una
        relación amistosa y viable entre las partes. Estos beneficios son aún más perceptibles
        en situaciones que presentan elementos transfronterizos.
   (7)  Por tanto, es necesaria una legislación marco que aborde en particular aspectos clave
        del proceso civil para promover un mayor uso de la mediación y asegurar que las
        partes que utilizan la mediación puedan basarse en un marco jurídico fiable.
   (8)  Esta Directiva deberá abarcar los procedimiento donde dos o más partes en un
        conflicto son asistidas por un mediador para alcanzar un acuerdo amistoso sobre la
        resolución del conflicto, pero excluye los procedimientos que tienen una cierta
        naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el recurso al Defensor del Pueblo, las
        denuncias de consumidores, la determinación por experto o procesos administrados
        por órganos que formulan una recomendación formal, ya sea jurídicamente vinculante
        o no, para resolver el conflicto.
   (9)  Es necesario un grado mínimo de compatibilidad de las normas procesales civiles en
        lo referente al efecto de la mediación sobre la caducidad y la prescripción y al modo
        de protección de la confidencialidad del mediador en todo proceso judicial ulterior.
        Debe también cubrir la posibilidad de que el órgano jurisdiccional remita a las partes a
        la mediación, sin olvidar el principio de que la mediación es un procedimiento
        voluntario.
   (10) La mediación no debería considerarse como una alternativa peor que el proceso
        judicial por el hecho de que la ejecución del acuerdo alcanzado depende de la buena
        voluntad de las partes. Por tanto, es necesario asegurar que todos los Estados
        miembros prevean un procedimiento por el que el acuerdo alcanzado pueda
        confirmarse mediante una resolución, sentencia, o instrumento auténtico por un órgano
        jurisdiccional o entidad pública.
   (11) Tal posibilidad permitirá que el acuerdo alcanzado se reconozca y ejecute en toda la
        Unión, con arreglo a los requisitos establecidos en los instrumentos comunitarios sobre
        reconocimiento mutuo y ejecución de resoluciones y sentencias.
   (12) Para asegurar la confianza necesaria entre los Estados miembros sobre el respeto de la
        confidencialidad, la suspensión de la caducidad y la prescripción, y el reconocimiento
        y ejecución de los acuerdos alcanzados, deben establecerse mecanismos eficaces de
        control de calidad relativos a la prestación de servicios de mediación y a la formación
        de los mediadores.
ES                                               8                                                ES
 ---pagebreak---    (13) Estos mecanismos y medidas, que serán definidos por los Estados miembros y podrán
        incluir el recurso a soluciones disponibles en el mercado, deberán aspirar a preservar
        la flexibilidad del procedimiento de mediación y la autonomía privada de las partes.
        La Comisión fomentará las medidas autorreguladoras a nivel comunitario a través, por
        ejemplo, del desarrollo de un código de conducta europeo que aborde aspectos claves
        del procedimiento de mediación.
   (14) En el ámbito de la protección al consumidor, la Comisión adoptó en 2001 una
        recomendación formal4 que establece los criterios mínimos de calidad que los órganos
        extrajudiciales implicados en la solución consensual de litigios de consumidores deben
        ofrecer a sus usuarios. Es aconsejable que cualquier mediador u organización afectada
        por la recomendación respete sus principios. Para asegurar la difusión de la
        información relativa a estos órganos, la Comisión está creando una base de datos de
        sistemas extrajudiciales que, según los Estados miembros, respetan los principios de la
        recomendación.
   (15) Esta Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios
        reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
        Europea. Se propone concretamente garantizar el pleno respeto del derecho a un juez
        imparcial según lo reconocido en el artículo 47 de la Carta.
   (16) Puesto que los objetivos de esta Directiva no pueden alcanzarse de manera suficiente
        por los Estados miembros y, por tanto, debido a la dimensión o a los efectos de la
        acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
        medidas conforme al principio de subsidiariedad según lo establecido en el artículo 5
        del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, según lo
        establecido en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para
        alcanzar dichos objetivos.
   (17) [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y
        de Irlanda adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la
        Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en
        la adopción y aplicación de esta Directiva. / De conformidad con los artículos 1 y 2 del
        Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda adjunto al Tratado de la
        Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e
        Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, estos Estados
        miembros no están vinculados por ella.]
   (18) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca
        adjunto al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad
        Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto,
        no está vinculada a ella ni sujeta a su aplicación.
   4
        Recomendación de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios aplicables a los órganos
        extrajudiciales de resolución consensual de litigios en materia de consumo (DO L 109, de 19.4.2001, p.
        56).
ES                                                      9                                                       ES
 ---pagebreak---    HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
                                    Artículo 1 – Objetivo y alcance
   1.      El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a la resolución de litigios
           promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación dinámica entre la
           mediación y el proceso judicial.
   2.      La presente Directiva se aplicará a los asuntos civiles y mercantiles.
   3.      En la presente Directiva, "Estado miembro" significará todos Estados miembros
           salvo Dinamarca.
                                        Artículo 2 – Definiciones
   A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
   (a)     "Mediación": todo proceso, sea cual sea su nombre o denominación, en que dos o
           más partes en un litigio son asistidas por un tercero para alcanzar un acuerdo sobre la
           resolución del litigio, independientemente de si el proceso es iniciado por las partes,
           sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional, o prescrito por el Derecho
           nacional de un Estado miembro.
           No incluirá los intentos del juez por solucionar el litigio en el curso del proceso
           judicial referente a ese litigio.
   (b)     "Mediador": todo tercero que lleva a cabo una mediación, independientemente de su
           denominación o profesión en el Estado miembro concernido y del modo en que haya
           sido designado o se le haya asignado la mediación.
                                Artículo 3 – Remisión a la mediación
   1.      El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo en
           cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes el uso de la
           mediación para solucionar el litigio. En todo caso, el órgano jurisdiccional podrá
           requerir que las partes asistan a una sesión informativa sobre el uso de la mediación.
   2.      La presente Directiva no afectará a la legislación nacional que prevea el uso
           obligatorio de la mediación o la sujete a incentivos o sanciones, ya sea antes o
           después de la incoación del proceso judicial, siempre que tal legislación no impida el
           derecho de acceso al sistema judicial, en particular cuando una de las partes resida en
           un Estado miembro distinto al del órgano jurisdiccional.
                         Artículo 4 – Garantizar la calidad de la mediación
   1.      La Comisión y los Estados miembros promoverán y fomentarán el desarrollo y la
           adhesión a códigos de conducta voluntarios por parte de los mediadores y las
           organizaciones que presten servicios de mediación, tanto a nivel comunitario como
ES                                                  10                                             ES
 ---pagebreak---       nacional, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la
      prestación de servicios de mediación.
   2. Los Estados miembros promoverán y fomentarán la formación de los mediadores
      para permitir que las partes en el litigio elijan a un mediador que pueda llevar a cabo
      una mediación eficaz de la manera esperada por las partes.
                    Artículo 5 – Ejecución de los acuerdos alcanzados
   1. Los Estados miembros asegurarán que, a petición de las partes, el acuerdo alcanzado
      tras una mediación pueda ser confirmado por una resolución, sentencia, o
      instrumento auténtico o de cualquier otra forma por un órgano jurisdiccional o
      entidad pública que haga ejecutorio el acuerdo de manera similar a una resolución
      judicial en virtud del Derecho nacional, siempre que el acuerdo no sea contrario al
      ordenamiento europeo ni al ordenamiento nacional del Estado miembro donde se
      formule la solicitud.
   2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión qué órganos jurisdiccionales o
      entidades públicas son competentes para recibir una solicitud de conformidad con el
      apartado 1.
       Artículo 6 – Admisibilidad de las pruebas en los procesos judiciales civiles
   1. Los mediadores, así como las personas implicadas en la administración de los
      servicios de mediación, no darán testimonio ni presentarán pruebas en procesos
      judiciales civiles en relación con ninguno de los siguientes extremos:
      (a)   la propuesta de una parte de recurrir a la mediación o el hecho de que una parte
            estuviera dispuesta a participar en la mediación;
      (b)   opiniones expresadas o sugerencias propuestas por una parte en una mediación
            relativas a una posible solución del conflicto;
      (c)   declaraciones o confesiones hechas por una parte en el curso de la mediación;
      (d)   propuestas del mediador;
      (e)   el hecho de que una parte hubiera manifestado su deseo de aceptar una
            propuesta de solución del mediador;
      (f)   documentos elaborados a los solos efectos de la mediación.
   2. El apartado 1 se aplicará con independencia de la forma de la información o de las
      pruebas en él mencionadas.
   3. Ni el órgano jurisdiccional ni ninguna entidad judicial ordenarán la divulgación de la
      información mencionada en el apartado 1 en un proceso judicial civil y, si tal
      información es presentada como prueba contrariamente a lo dispuesto en el apartado
      1, esas pruebas se considerarán inadmisibles. Sin embargo, tal información podrá
      revelarse y admitirse como prueba
ES                                           11                                               ES
 ---pagebreak---             (a)   en la medida requerida a efectos de la aplicación o ejecución de un acuerdo
                  alcanzado como resultado directo de la mediación;
            (b)   para eliminar las consideraciones de orden público, en particular cuando se
                  requiera para asegurar la protección de menores o para prevenir el daño a la
                  integridad física o psicológica de una persona; o
            (c)   si el mediador y las partes están de acuerdo en ello.
   4.       Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán con independencia de que el
            proceso judicial se refiera o no al litigio que es o ha sido objeto de la mediación.
   5.       Con sujeción al apartado 1, las pruebas que de otro modo sean admisibles en un
            proceso judicial no serán inadmisibles por haberse recurrido a la mediación.
                      Artículo 7 – Suspensión de la caducidad y la prescripción
   1.       El transcurso de todo plazo de caducidad o prescripción relativo a la demanda objeto
            de la mediación se suspenderá a partir del momento en que, tras el surgimiento del
            conflicto:
            (a)   las partes acuerden recurrir a la mediación;
            (b)   el órgano jurisdiccional ordene recurrir a la mediación; o
            (c)   sea obligatorio recurrir a la mediación de conformidad con el Derecho nacional
                  de un Estado miembro.
   2.       Cuando la mediación termine sin lograrse un acuerdo de solución, el plazo volverá a
            correr desde el momento del término de la mediación sin acuerdo de solución, a
            contar desde la fecha en que una o ambas partes o el mediador declaren terminada la
            mediación o se retiren efectivamente de ella. El plazo se ampliará en cualquier caso
            al menos un mes a contar desde la fecha de su reanudación, salvo cuando sea un
            plazo en el que se deba ejercitar una acción para evitar que una medida provisional o
            similar deje de surtir efecto o se revoque.
                               Artículo 8 – Disposiciones de aplicación
   La Comisión publicará la información sobre los órganos jurisdiccionales las entidades
   competentes comunicada por los Estados miembros de conformidad con el apartado 2 del
   artículo 5.
                                       Artículo 9 – Transposición
   1.       Los Estados miembros pondrán en vigor las leyes, reglamentos y disposiciones
            administrativas necesarias para cumplir con esta Directiva a más tardar el 1 de
            septiembre de 2007. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.
ES                                                  12                                            ES
 ---pagebreak---    2.       Cuando los Estados miembros adopten esas disposiciones, contendrán una referencia
            a la presente Directiva o las acompañarán de tal referencia con ocasión de su
            publicación oficial. Los Estados miembros determinarán en qué modo debe hacerse
            tal referencia.
                                    Artículo 10 – Entrada en vigor
   Esta Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario
   Oficial de la Unión Europea.
                                      Artículo 11 - Destinatarios
   Esta Directiva se dirige a los Estados miembros.
   Hecho en Bruselas,
   Por el Parlamento Europeo                    Por el Consejo
   El Presidente                                El Presidente
ES                                                13                                           ES