CELEX: 62002CC0294
Language: es
Date: 2004-09-23
Title: Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 23 de septiembre de 2004. # Comisión de las Comunidades Europeas contra AMI Semiconductor Belgium BVBA y otros. # Cláusula compromisoria - Designación del Tribunal de Primera Instancia - Competencia del Tribunal de Justicia - Partes en liquidación - Capacidad procesal - Reglamento (CE) nº 1346/2000 - Procedimientos de insolvencia - Recuperación de anticipos - Reembolso en virtud de una cláusula contractual - Responsabilidad solidaria - Repetición de lo indebido. # Asunto C-294/02.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERALSRA. JULIANE KOKOTTpresentadas el 23 de septiembre de 2004(1)
         Asunto C-294/02 Comisión de las Comunidades Europeas contra AMI Semiconductor Belgium BVBA y otros 
            «Cláusula compromisoria  –  Proyecto Esprit nº 26927  –  Competencia del Tribunal de Justicia  –  Admisibilidad de la demanda contra empresas liquidadas o en suspensión de pagos  –  Contrato al que se aplica el Derecho alemán  –  Resolución del contrato  –  Devolución de anticipos  –  Deuda solidaria»
            
      
         Índice
      
      
               I.
                  
            Introducción
         
               II.
                  
            El contrato
         
               A.
                  
            El contrato (en sentido estricto)
         
               B.
                  
            Anexo I (descripción del proyecto)
         
               C.
                  
            Anexo II (condiciones generales)
         
               III.
                  
            Hechos
         
               IV.
                  
            Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones
         
               V.
                  
            Admisibilidad de la demanda
         
               A.
                  
            Competencia del Tribunal de Justicia
         
               B.
                  
            Admisibilidad de la demanda contra InterTeam
         
               1.
                  
            Alegaciones de las partes
         
               2.
                  
            Apreciación jurídica
         
               C.
                  
            Admisibilidad de la demanda contra A-Consult e Ision
         
               1.
                  
            Alegaciones de las partes
         
               2.
                  
            Apreciación jurídica
         
               a)
                  
            Sobre la pretensión formulada con carácter principal
         
               b)
                  
            Sobre las pretensiones formuladas con carácter subsidiario
         
               VI.
                  
            Fundamento
         
               A.
                  
            Responsabilidad solidaria
         
               1.
                  
            Alegaciones de las partes
         
               a)
                  
            Comisión
         
               b)
                  
            Demandadas
         
               2.
                  
            Apreciación jurídica
         
               B.
                  
            Derecho a reclamar la devolución del anticipo frente a AMI, Intracom, Euram y Nordbank
         
               1.
                  
            Derechos derivados del contrato
         
               a)
                  
            Derecho derivado del artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato (responsabilidad por la participación en el incumplimiento
               del contrato por parte de otros contratistas)
            
         
               b)
                  
            Derecho derivado del artículo 23.3 del anexo II (reembolso de los pagos realizados en exceso)
         
               i)
                  
            Terminación del contrato
         
               ii)
                  
            Pagos de la Comisión
         
               iii)
                  
            Gastos reembolsables
         
               –
                  
            Aceptación del informe semestral por parte de la Comisión
         
               –
                  
            Facultad discrecional de la Comisión
         
               –
                  
            Vinculación de los contratistas por la apreciación del Grupo de Evaluación
         
               –
                  
            Carga de la alegación y de la prueba
         
               2.
                  
            Derecho por enriquecimiento injusto
         
               3.
                  
            Conclusión provisional
         
               VII.
                  
            Sobre la demanda reconvencional
         
               VIII.
                  
            Costas
         
               IX.
                  
            Conclusión
         
            I.
            Introducción 1.        En virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato con arreglo al artículo 238 CE, la Comisión presentó una
      demanda contra 
      
       
      –
         AMI Semiconductor Belgium BVBA, anteriormente Alcatel Microelectronics NV, con domicilio social en Oudenaarde, Bélgica (en
            lo sucesivo, «AMI»), 
         
      
      
       
      –
         A-Consult EDV-Beratungsgesellschaft mbH, con domicilio social en Viena, Austria (en lo sucesivo, «A-Consult»), 
               			(2)
               		
      
      
       
      –
         Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry, con domicilio social en Atenas, Grecia (en lo sucesivo, «Intracom»),
      
      
       
      –
         Ision Sales & Services GmbH & Co. KG, con domicilio social en Hamburgo, Alemania (anteriormente AllCon Gesellschaft für Kommunikationstechnologie
            mbH) (en lo sucesivo, «Ision»),
         
      
      
       
      –
         Euram-Kamino GmbH, con domicilio social en Hallbergmoos, Alemania (en lo sucesivo, «Euram»),
      
      
       
      –
         InterTeam GmbH, sociedad en liquidación, con domicilio social en Itzehoe, Alemania (en los sucesivo, «InterTeam»), y
      
      
       
      –
         HSH Nordbank, anteriormente Landesbank Kiel Girozentrale, con domicilio social en Hamburg y Kiel, Alemania (en lo sucesivo,
            «Nordbank»)
         
      
      
       en relación con la devolución de 317.214,00 euros más intereses. 
      
      
       2.        Esta cantidad es parte de un anticipo efectuado por la Comisión a las demandadas en virtud de un contrato celebrado en 1998.
      El contrato se inscribe en el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (IDT+D) en el campo
      de las tecnologías de la información (1994-1998) (en lo sucesivo, «Programa Esprit»), 
         			(3)
         		 que, a su vez, forma parte del IV Programa Marco de IDT+D 
         			(4)
         		 de la Comunidad. 
      
      
       3.        El objeto del contrato era la ayuda al proyecto  Electronic commerce fulfilment service for the electronics industry (ECFS/E)  – Proyecto Esprit nº 26927 (en lo sucesivo, «proyecto»). El principal objetivo del proyecto era desarrollar e introducir
      en el mercado una plataforma de comercio electrónico de componentes electrónicos basada en Internet.
      
      
       4.        Puesto que la Comisión consideró que las prestaciones de las demandadas habían sido insuficientes, puso fin anticipadamente
      al proyecto y ahora reclama a las demandadas, como deudoras solidarias, la devolución de los anticipos en la medida en que
      no corresponden a resultados entregados y aceptados. En el presente litigio se plantea, en primer lugar, la cuestión de la
      competencia del Tribunal de Justicia, ya que, de acuerdo con su tenor, la cláusula compromisoria tan sólo menciona al Tribunal
      de Primera Instancia como órgano jurisdiccional competente. Existen otros problemas de admisibilidad que se derivan del hecho
      de que la demanda esté dirigida contra una demandada que, en el momento de la presentación de la demanda, ya había sido liquidada,
      así como contra otras dos demandadas cuyo patrimonio ya era objeto, en ese momento, de procedimientos de insolvencia.
      
      
       5.        Sobre el fondo se discute, en particular, en qué medida las prestaciones no se correspondían con las especificaciones contractuales
      y si la Comisión obró correctamente al resolver el contrato. Por otro lado, las partes se enfrentan sobre la cuestión de si
      las demandadas deben responder solidariamente de la devolución. En efecto, si no existiera una deuda solidaria, de modo que
      la Comisión únicamente pudiera exigir a cada demandada cantidades parciales, la demanda quedaría ya en buena parte sin objeto
      por el hecho de que las principales empresas beneficiarias son insolventes o ya han sido liquidadas. 
      
      
      
            II.
            El contrato  6.        En el contrato celebrado el 8 de junio de 1998 entre la Comunidad Europea, representada por la Comisión, y las demandadas,
      éstas se comprometían a desarrollar e introducir en el mercado una plataforma de comercio electrónico en el sector de la microelectrónica
      para el intercambio o la colocación de excedentes de semiconductores entre empresas de la industria electromecánica. 
         			(5)
         		 Esta plataforma debía permitir a las empresas reducir sus existencias y colocar rápidamente sus excedentes de semiconductores,
      o bien adquirir componentes que no tuvieran en existencias. Simultáneamente, la logística, es decir, el envío de los componentes
      intercambiados, y el sistema de pagos debían integrarse en la plataforma.
      
      
       7.        El proyecto debía realizarse en el plazo de dieciocho meses a partir del 1 de mayo de 1998. La Comunidad se comprometía a
      hacerse cargo como máximo de la mitad de los gastos totales soportados por importe de 1.080.000 ECU. 
         			(6)
         		
      
       8.        El contrato, redactado en lengua inglesa, responde a un modelo habitualmente utilizado por la Comisión en el ámbito de la
      investigación y el desarrollo tecnológico. 
         			(7)
         		 Consta de tres partes, el contrato propiamente dicho (en lo sucesivo, «contrato»), el anexo I (datos sobre las empresas que
      participan en el proyecto y descripción detallada del proyecto) y el anexo II (condiciones generales) (en lo sucesivo, respectivamente,
      «anexo I» y «anexo II»). 
      
      
      A.
            El contrato (en sentido estricto) 9.        En el artículo 1 del contrato se define del siguiente modo su ámbito de aplicación:
      
      «1.1 
         The Contractors shall carry out this contract jointly and severally towards the Commission for the work set out in Annex I
            up to the milestone at month 18 (“the Project”).
         
      
      
      1.2 
         Subject to force majeure  [  
               			(8)
               		 ]  (including strikes, lockouts and other events beyond the reasonable control of the  Contractors ), the  Contractors  shall use reasonable endeavours to achieve the results intended for the  Project  and to fulfil the obligations of a defaulting  Contractor . A  Contractor  shall not be liable to take action beyond its reasonable control or to reimburse money due from a defaulting  Contractor  unless it has contributed to the default. Measures to be taken in the event of force majeure shall be agreed between the
            contracting parties.»
         
      
      
      
       10.      Además, el contrato contiene, en particular, disposiciones relativas a los gastos reembolsables (artículo 3), al desembolso
      de la contribución de la Comunidad (artículo 4 y artículo 9.2.2), a la presentación de justificantes de gastos y a las obligaciones
      de presentación de informes de las demandadas (artículos 5 y 6). Por último, en el artículo 10 se establece como Derecho aplicable
      al contrato el Derecho alemán. 
         			(9)
         		
      
      B.
            Anexo I (descripción del proyecto) 11.      El anexo I consta de dos partes. En la parte 1, en primer lugar se resumen del siguiente modo los objetivos del proyecto:
      
      
       
      –
         «integration of multiple key services for the electronics industry,
      
      
       
      –
         design of appropriate interfaces for an efficient brokerage system to be integrated into the professional IT‑environment of
            future users and service providers,
         
      
      
       
      –
         stimulation of increased electronic commerce in the electronics industry, including developing means for rewarding usage (“bonus
            component”) and for quantitatively determining the cost-efficiency gained through implementation of ECFS/E».
         
      
      
      
      
       12.      Además, el anexo I contiene, en una primera parte, datos detallados en forma esquemática sobre las empresas que participan
      en el proyecto, incluidos los gastos en que previsiblemente incurrirá cada una de ellas.
      
      
       13.      En la segunda parte del anexo I se describen de forma más detallada los objetivos del proyecto. El elemento fundamental de
      esta parte es la exposición de un plan del proyecto que consta de ocho secciones (workpackages). A su vez, cada una de estas
      secciones está subdividida en diferentes tareas (tasks). Como resultado de cada una de las tareas, debe realizarse una determinada
      entrega parcial (deliverable). Ésta puede consistir en un informe, un programa de software, especificaciones técnicas u otros.
      Para cada una de las tareas se fija el período durante el cual debe ser realizada, cuáles de las empresas que participan en
      el proyecto contribuyen a su realización y con qué cantidad de trabajo (indicada en meses-hombre) y cuál de las empresas que
      participa en el proyecto es responsable de realizar la entrega parcial. En concreto, están previstas las siguientes secciones:
       Workpackage 1:  Specification of relevant business procedures (Task 1.1 – 1.3.), meses 0 a 2,
       Workpackage 2:  Detailed definition of ECFS/E software (Task 2.1 – 2.5), meses 2 a 6,
       Workpackage 3:  Server specification (Task 3.1 – 3.2), meses 2 a 3,
       Workpackage 4:  Realisation of software (Task 4.1 – 4.6), meses 3 a 15,
       Workpackage 5:  Field user tests (Task 5.1 – 5.4), meses 11 a 15,
       Workpackage 6:  Cross border beta-test (Task 6.1 – 6.4), meses 15 a 18,
       Workpackage 7:  Dissemination and acceptance activities (Task 7.1 – 7.4), meses 15 a 18, y
       Workpackage 8:  Project management (Task 8.1 – 8.3), meses 0 a 36.
      
      
       14.      El tipo y el grado de participación de las demandadas en el proyecto se corresponden con su papel como futuros usuarios potenciales
      del sistema, como prestadores de servicios accesorios en el marco del sistema o como autores de los instrumentos informáticos
      (diseño de páginas web, interfaces, bases de datos y otros programas de software). 
      
      
       15.      AMI e Intracom forman parte, como empresas que procesan y comercializan componentes electrónicos, del grupo de usuarios. Euram
      es una empresa de expedición que podía hacerse cargo del transporte de los componentes intercambiados y pertenece, junto con
      Nordbank, que como banco podía efectuar las operaciones de pagos, a la segunda categoría. Las tareas de AMI, Intracom, Euram
      y Nordbank consisten fundamentalmente en participar, en una primera fase, en la elaboración del perfil de requerimientos y,
      en una fase posterior, en llevar a cabo operaciones de prueba con prototipos. 
      
      
       16.      A InterTeam, Ision y A-Consult, empresas más pequeñas del sector de tecnologías de la información, les correspondía, en cambio,
      el desarrollo técnico propiamente dicho del sistema. Además, InterTeam, como coordinadora, tenía algunas tareas especiales,
      como por ejemplo la elaboración de los informes y la organización de medidas de rentabilización y difusión del producto en
      el mercado.
      
      
       17.      La tercera sección de la segunda parte del anexo I está dedicada a la gestión del proyecto. En ella se definen, en particular,
      las funciones de InterTeam como coordinadora del proyecto. La cuarta sección se ocupa de la elaboración de un plan de rentabilización.
      De acuerdo con la sección 5, las empresas que participan en el proyecto presentarán a la Comisión, de conformidad con el artículo 6
      del contrato y al artículo 10 del anexo II, bajo la dirección de InterTeam, informes semestrales sucintos, un informe anual
      detallado, un informe de evaluación intermedio y un informe final. Por último, en la última sección se establece que las empresas
      que participan en el proyecto celebrarán entre sí, con carácter complementario a las estipulaciones del anexo II, un contrato
      de consorcio.
      
      
      C.
            Anexo II (condiciones generales)  18.      Las condiciones generales contenidas en el anexo II se corresponden, a su vez, con las del contrato modelo de la Comisión.
      
      
      
       19.      El artículo 2.1 del anexo II es, en la parte que aquí interesa, del siguiente tenor:
      «The Coordinator shall:
      (a) be the channel for submitting all documents and for general liaison between the Contractors and the Commission. All general
      communications with the Commission shall be through the Coordinator;
      (b) subject to any special conditions in Article 9 of the contract, receive and distribute all payments which shall be made
      to the Coordinator in trust for the Contractors. The Coordinator shall immediately transfer the appropriate amount of each
      payment to each Contractor. The Coordinator shall not be the beneficial owner of any payment […]»
      
      
       20.      El artículo 5.3 establece la siguiente normativa para la resolución sin preaviso del contrato por parte de la Comisión:
      «The Commission may immediately terminate the contract, or the participation of any Contractor, by written notice:
      (a)(i) where remedial action to rectify non-performance within a reasonable period of time (being not less than one month)
      specified in writing has been requested by the Commission and has not been satisfactorily taken […]»
      
      
       21.      Las consecuencias de la resolución están reguladas en el artículo 5.4:
      «The Community contribution to costs, on termination, shall be paid if they relate to Project Deliverables accepted by the
      Commission and such other costs which are fair and reasonable, including expenditure commitments.
      […]
       For termination under Article 5.3(a), interest may be added to any amount to be reimbursed, upon written request, at 2 % above
      the rate applied by the European Monetary Institute for ECU operations […] for the period between the receipt of the funds
      and their reimbursement.»
      
      
       22.      Por lo que respecta a la jurisdicción, en el artículo 7 se dispone lo siguiente:
      «The Court of First Instance of the European Communities, and in the case of appeal, the Court of Justice of the European
      Communities shall have exclusive jurisdiction in any dispute between the Commission and the Contractors concerning the validity,
      application and interpretation of this contract.»
      
      
       23.      En relación con los informes que deben presentar los contratistas, en el artículo 10 se establece lo siguiente:
      «10.1 Submission of Reports
       The Contractors shall submit to the Commission for approval the following reports […]:
      (a) progress reports (the progress, resources employed, deviations to the work plan, and results). Each 12 months, or such
      other period specified in the contract, the information in the relevant report must enable the Commission to evaluate the
      progress and cooperation, within the Project and with any related project;
      (b) a final report covering all the work, the objectives, the results and the conclusions, including a suitable summary of
      all these matters;
      […]
       10.3 Each progress report shall be submitted within one month of the end of the relevant reporting period.
       A final report shall be submitted within two months following the period specified in Article 2.1 of the contract, or the
      completion of the work, if earlier.
       Unless there are observations by the Commission the final report shall be deemed to be approved within two months of its receipt
      and within one month in the case of other reports.»
      
      
       24.      Los artículos 23.2 y 23.3 establecen, en relación con los pagos de la Comisión, las siguientes normas:
      «23.2 Subject to Article 24 of this Annex, all payments shall be treated as advances until acceptance of the appropriate Project
      Deliverables, or, if none are specified, until acceptance of the final report.
       23.3 Where the total financial contribution due for the Project, including the result of any audit, is less than the payments
      made for the Project, the Contractors shall immediately reimburse the difference, in ECU, to the Commission.»
      
      
      
            III.
            Hechos 25.      La ejecución del proyecto empezó en mayo de 1998. El 8 de junio de 1998, la Comisión desembolsó un primer anticipo por importe
      de 270.000 euros a InterTeam.
      
      
       26.      En un informe semestral elaborado el 15 de diciembre de 1998, las demandadas manifestaban haber completado las prestaciones
      correspondientes a los bloques 1, 2 y 3.
      
      
       27.      El 29 de marzo de 1999, la Comisión propuso a InterTeam la creación de un Grupo de Evaluación (Review Team) compuesto por
      los Sres. Guida y Ouzounis y le envió sus curricula vitae. Mediante correo electrónico de 8 de abril de 1999, InterTeam expresó
      su acuerdo con los expertos propuestos.
      
      
       28.      Una vez que las demandadas presentaron, junto con el informe semestral, justificantes de gastos correspondientes al primer
      período, el 6 de mayo de 1999 la Comisión desembolsó un nuevo anticipo de 191.394 euros por el período comprendido entre el
      6 y el 31 de octubre de 1998, de modo que, en ese momento, los pagos efectuados ascendían a un total de 461.394 euros. 
      
      
       29.      En una reunión celebrada el 11 de junio de 1999 en Bruselas, en la que participaron representantes de las demandadas, de la
      Comisión y el Grupo de Evaluación, las demandadas informaron sobre el avance de los trabajos. Dado que, en opinión del Grupo
      de Evaluación, la ejecución del proyecto adolecía de graves deficiencias, la Comisión anunció la suspensión del proyecto hasta
      el 1 de julio de 1999 y requirió a los contratistas para que le hicieran llegar antes de dicha fecha información complementaria
      de la que se desprendiera que se habían subsanado las deficiencias imputadas.
      
      
       30.      Mediante escrito de 18 de junio de 1999, la Comisión envió el primer informe de evaluación (Review Report), basado en la presentación
      del avance del proyecto realizada el 11 de junio de 1999, resumiendo una vez más las críticas de los evaluadores. Asimismo,
      dicho escrito contenía el siguiente pasaje:
      «These are the reasons why we agreed to suspend the project until 1 July 1999, during which time the consortium has agreed
      to deliver additional information […] This information shall be assessed immediately after 1 July 1999, additional information
      and remedial actions to rectify non-performance will be taken into account in accordance with the period of time specified
      in Article 5.3 (a)(i) of Annex II to the contract, effective immediately. Please note that in accordance with the relevant
      Articles of Annex II to the contract (in particular Article 5) the Commission hereby has given termination notice.»
      
      
       31.      Mediante escrito de 29 de junio de 1999, la Comisión envió a InterTeam una versión del primer informe de evaluación junto
      con un anexo y volvió a formular objeciones sobre la ejecución del contrato. En el anexo, los evaluadores valoraban el primer
      prototipo de la plataforma colgada en Internet, que habían probado tras obtener de las demandadas los derechos de acceso requeridos.
      
      
      
       32.      El 5 de julio de 1999, InterTeam proporcionó información complementaria –en parte redactada en alemán– y puso a disposición
      de la Comisión los resultados que debían entregarse en el duodécimo mes del proyecto. Poco tiempo después, presentó el informe
      anual previsto en el contrato. 
      
      
       33.      Mediante escrito de 23 de julio de 1999, la Comisión envió a InterTeam un segundo informe de evaluación, elaborado teniendo
      en cuenta los datos proporcionados el 5 de julio y contenidos en el informe anual, e invitó a las demandadas a una nueva reunión
      que debía celebrarse el 8 de septiembre de 1999 en Bruselas. En el segundo informe de evaluación, los evaluadores mantenían
      sus críticas fundamentales sobre todos los resultados entregados. Únicamente aceptaban los resultados 2.4, 3.1, 4.1, 4.2,
      4.3, 4.5 y 4.6, pese a considerar que su calidad dejaba que desear. El Grupo de Evaluación tampoco retiró su conclusión tras
      las explicaciones proporcionadas por las demandadas en la reunión del 8 de septiembre de 1999.
      
      
       34.      Mediante escrito de 21 de diciembre de 1999 enviado a InterTeam mediante correo certificado, la Comisión resolvió el contrato
      con efecto retroactivo a 8 de septiembre de 1999. En dicho escrito, del que las demás demandadas recibieron copia, la Comisión
      anunciaba el envío de un requerimiento de pago por importe de 317.214 euros. Según sus indicaciones, dicha cantidad resultaba
      de deducir de la cuantía total de los anticipos efectuados por importe de 461.394 euros los gastos correspondientes a los
      resultados entregados y aceptados por importe de 144.180 euros. Asimismo, la Comisión especificaba qué proporciones de dichos
      gastos aceptados correspondían a cada uno de los diferentes contratistas. 
      
      
       35.      Si se establece una relación entre los gastos aceptados y los anticipos distribuidos entre cada uno de los contratistas, según
      los datos de la Comisión la situación es la siguiente:
      
      
          
            A
               
            
            B
               
            
            C
               
            
            D
               
            
         InterTeam
               
            
            153.500
               
            
            300.934
               
            
            29.491,36
               
            
            271.443
               
            
         A-Consult
               
            
            101.500
               
            
            61.823
               
            
            40.960,23
               
            
            20.862
               
            
         AMI
               
            
            97.000
               
            
            26.743
               
            
            26.214,55
               
            
            529
               
            
         Ision
               
            
            70.000
               
            
            39.926
               
            
            31.129,77
               
            
            8.797
               
            
         Euram
               
            
            40.000
               
            
            21.606
               
            
            0,00
               
            
            21.606
               
            
         Intracom
               
            
            68.000
               
            
            10.362
               
            
            16.384,09
               
            
            (6.022)
               
            
         Nordbank
               
            
            10.000
               
            
            0
               
            
            0,00
               
            
            0
               
            
         Total
               
            
            540.000
               
            
            461.394
               
            
            144.180,00
               
            
            317.214
               
            
          A: Ayuda máxima con arreglo al contrato; B: Cantidad efectivamente desembolsada; C: Ayuda aceptada; D: Cantidad a reembolsar
      (Intracom presenta un saldo a su favor).
      
       36.      Tras un nuevo intercambio de correspondencia, finalmente la Comisión requirió a InterTeam, mediante escrito de 17 de julio
      de 2000, el pago de 317.214 euros en el plazo de siete días. Al no haber recibido ningún pago, una vez transcurrido el plazo
      fijado, la Comisión reclamó a cada una de las demandadas, mediante escritos de 18 de junio de 2001, el pago de 317.214 euros
      más intereses.
      
      
      
            IV.
            Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones 37.      La Comisión presentó su demanda el 12 de agosto de 2002 inicialmente ante el Tribunal de Primera Instancia; sin embargo, el
      escrito de interposición de la demanda fue remitido al Tribunal de Justicia. En efecto, tras consultar con la Secretaría del
      Tribunal de Primera Instancia, la Comisión había comunicado, mediante escrito de 14 de agosto de 2002, que la demanda se presentaba
      en realidad ante el Tribunal de Justicia.
      
      
       38.      La Comisión considera que el contrato fue válidamente resuelto con arreglo al artículo 5.3, letra a), inciso i), del anexo II,
      ya que las prestaciones efectuadas por las demandadas fueron insuficientes, tal como se desprende de los informes de evaluación
      vinculantes para las demandadas, y debido a que las demandadas no habían subsanado las deficiencias dentro del plazo fijado
      para ello. Según la Comisión, la Comunidad tiene derecho, con arreglo al artículo 23.3 del anexo II, al reembolso de los anticipos
      en la medida en que no correspondan a resultados entregados y aceptados. Según la Comisión, este crédito debe devengar intereses,
      de conformidad con el artículo 5.4 del anexo II, a partir de la fecha de desembolso de los anticipos. El derecho a reclamar
      la devolución de los anticipos se desprende además de la prohibición de enriquecimiento injusto en el sentido del artículo 812
      del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil; en lo sucesivo, «BGB»). A su juicio, con arreglo al artículo 1 del contrato y a
      los artículos 420 y ss. del BGB, las demandadas están obligadas a proceder a la devolución de los anticipos como deudoras
      solidarias.
      
      
       39.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –
         Condene a las demandadas, como deudoras solidarias, a pagar a la Comisión 317.214 euros más intereses del 2 % por encima del
            tipo aplicado por el Instituto Monetario Europeo para las transacciones en euros sobre la cantidad de 125.820 euros desde
            el 8 de junio de 1998 y sobre la cantidad de 191.394 euros desde el 6 de mayo de 1999.
         
      
       En la vista, la Comisión solicitó asimismo al Tribunal de Justicia con carácter subsidiario, en la medida en que la demanda
      está dirigida contra A-Consult e Ision, que:
      
      –
         Declare que A-Consult GmbH e Ision GmbH están obligadas, como deudoras solidarias con las restantes demandadas, a pagar a
            la Comisión 317.214 euros más intereses del 2 % por encima del tipo aplicado por el Instituto Monetario Europeo para las transacciones
            en euros sobre la cantidad de 125.820 euros desde el 8 de junio de 1998 y sobre la cantidad de 191.394 euros desde el 6 de
            mayo de 1999;
         
      
      
      y, con carácter subsidiario en segundo grado, para el caso de que el Tribunal de Justicia no estime que existe una deuda solidaria
         de las demandadas, que:
      
      
      
      –
         Declare que A-Consult GmbH e Ision GmbH están obligadas a pagar a la Comisión, respectivamente, 20.862 euros y 8.797 euros
            más intereses.
         
      
       Además la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que, en cualquier caso, que condene en costas a las demandadas.
      
      
       40.      AMI, Euram e InterTeam solicitan al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         Desestime la demanda en la medida en que está dirigida contra ellas.
      
      
       
      –
         Condene en costas a la Comisión.
      
      
      
      
       41.      A-Consult solicita al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         Desestime la demanda.
      
      
       
      –
         Condene en costas a la Comisión.
      
      
      
      
       42.      Intracom solicita al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         Desestime la demanda.
      
      
       
      –
         Condene a la Comisión, mediante demanda reconvencional, a pagarle 6.022 euros.
      
      
       
      –
         Condene en costas a la Comisión.
      
      
      
      
       43.      Nordbank solicita al Tribunal de Justicia que:
      
       
      –
         Desestime la demanda en la medida en que está dirigido contra ella.
      
      
       
      –
         Condene en costas a la Comisión.
      
      
      
      
       44.      Las demandadas niegan que sus prestaciones fueran insuficientes y ofrecen pruebas periciales en apoyo de su afirmación. Según
      afirman, no están vinculadas por la apreciación efectuada por el Grupo de Evaluación. En todo caso, los resultados documentados
      en el informe semestral no pueden ser objetados, ya que dicho informe debe considerarse aprobado al no haber formulado la
      Comisión ninguna objeción dentro del plazo establecido al efecto. Además, la resolución del contrato carece de validez, ya
      que no fue dirigida a todas las demandadas, sino únicamente a InterTeam.
      
      
       45.      Las demandadas consideran que no existe responsabilidad solidaria con respecto a la devolución de anticipos, tal como a su
      entender se desprende del artículo 1.2 del contrato. En opinión de Intracom y Nordbank, cada contratista únicamente responde
      en la medida en que es responsable de las eventuales deficiencias. Sin embargo, estas demandadas afirman que efectuaron su
      contribución de acuerdo con lo previsto.
      
      
       46.      Puesto que Ision no se ha defendido contra la demanda, en su réplica la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que dictara
      una sentencia en rebeldía en su contra. Posteriormente, Ision presentó una dúplica en la que solicitó al Tribunal de Justicia
      que desestimara dicha pretensión.
      
      
       47.      Igualmente en su réplica, la Comisión alegó que la demanda reconvencional presentada por Intracom debía ser desestimada.
      
      
       48.      El resto de las alegaciones de las partes serán reproducidas –en la medida en que sean pertinentes– en el marco de la apreciación
      jurídica.
      
      
      
            V.
            Admisibilidad de la demandaA.
            Competencia del Tribunal de Justicia 49.      Con arreglo al artículo 7 del anexo II, las partes designaron al Tribunal de Primera Instancia como órgano jurisdiccional
      competente para todos los litigios derivados del contrato de que se trata. Consecuentemente, la propia Comisión presentó inicialmente
      la demanda ante el Tribunal de Primera Instancia. 
      
      
       50.      Cabe preguntarse si esta cláusula compromisoria 
         			(10)
         		 debe interpretarse en el sentido de que, en el caso de la demanda de la Comisión, también pretendía establecerse la competencia
      del Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional de primera instancia. En efecto, de conformidad con el artículo 225 CE,
      apartado 1, es cierto que el Tribunal de Primera Instancia es competente, en particular, para conocer de una cláusula compromisoria
      en el sentido del artículo 238 CE contenida en un contrato celebrado por la Comunidad. Ahora bien, esto sólo se aplica sin
      perjuicio de las normas en sentido contrario establecidas por el Estatuto, cuyo artículo 51, en la versión establecida mediante
      el Tratado de Niza, transfiere al Tribunal de Justicia la competencia sobre los recursos interpuestos por las instituciones
      comunitarias. 
         			(11)
         		
      
       51.      Esta situación no se vería modificada tampoco si no tomáramos como referencia la situación jurídica actualmente vigente, 
         			(12)
         		 sino la situación jurídica en el momento de presentarse la demanda. En aquel momento, con arreglo al artículo 238 CE la competencia
      correspondía, en principio, al Tribunal de Justicia. Únicamente se atribuyeron al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo
      al artículo 3, letra c), de la Decisión por la que se creó el Tribunal de Primera Instancia, 
         			(13)
         		 las demandas presentadas por particulares basadas en una cláusula compromisoria; en el caso de las demandas presentadas por
      las instituciones comunitarias se mantuvo la competencia del Tribunal de Justicia.
      
      
       52.      Así pues, si se adopta una interpretación de dicha cláusula basada únicamente en su tenor, ésta sería contraria a las disposiciones
      en materia de competencia aplicables a los órganos jurisdiccionales comunitarios. Si se considerara, por esta razón, que dicha
      cláusula adolece de invalidez, el litigio debería resolverse, de conformidad con el artículo 240 CE, ante los órganos jurisdiccionales
      nacionales. 
      
      
       53.      Es cierto que ninguna de las partes ha cuestionado la competencia del Tribunal de Justicia. A una pregunta en ese sentido
      del Tribunal de Justicia, las partes llegaron incluso a afirmar de manera expresa que el litigio es competencia del Tribunal
      de Justicia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia estaría obligado, en su caso, a declarar de oficio la invalidez de la cláusula
      compromisoria y, por ende, su incompetencia. 
         			(14)
         		
      
       54.      Algunas de las partes sugieren que el artículo 7 del anexo II ha sido posteriormente modificado de manera implícita mediante
      las declaraciones por escrito de todos los contratistas en las que se pronunciaban a favor de la competencia del Tribunal
      de Justicia.
      
      
       55.      No obstante, es dudoso que esto sea posible. En efecto, por un lado, con arreglo al artículo 38, apartado 6, del Reglamento
      de Procedimiento, el demandante debe aportar ya junto con la demanda un ejemplar de la cláusula compromisoria. Haciendo abstracción
      de la exigencia de forma escrita que esto implica, 
         			(15)
         		 esta formulación pone de manifiesto que el acuerdo debe haberse celebrado antes de presentarse la demanda. Por otro lado,
      de conformidad con su artículo 8 el contrato sólo puede ser modificado mediante «acuerdo por escrito» entre representantes
      de las partes debidamente apoderados al efecto. Sin embargo, finalmente esta es una cuestión que puede quedar sin resolver
      si ya de una interpretación de la actual versión de la cláusula compromisoria se desprende que el Tribunal de Justicia es
      competente para conocer de las demandas presentadas por la Comisión con base en el contrato.
      
      
       56.      De la sentencia del Tribunal de Justicia Comisión/Feilhauer 
         			(16)
         		 se desprende que la competencia del Tribunal de Justicia fundada en una cláusula compromisoria debe apreciarse únicamente
      con arreglo al Derecho comunitario y a la propia cláusula. Esto se corresponde con el principio generalmente aceptado según
      el cual cada órgano jurisdiccional debe aplicar sus propias disposiciones procesales, incluidas las normas en materia de competencia. 
         			(17)
         		 Por consiguiente, la elección de fuero que se hace en el contrato se refiere únicamente a las normas materiales. Por lo que
      respecta a la interpretación de la cláusula compromisoria, de la que depende en última instancia la competencia del Tribunal
      de Justicia, no se aplican, por tanto, los principios de Derecho alemán sobre la interpretación de los contratos tal como
      aparecen reflejados, en particular, en los artículos 133 y 157 del BGB, por más que dicha cláusula esté contenida en un contrato
      sujeto al Derecho alemán. 
      
      
       57.      Ahora bien, tampoco con arreglo a los principios de Derecho comunitario la interpretación de un contrato debe basarse únicamente
      en su tenor. Por el contrario, deben tenerse en cuenta asimismo la voluntad de las partes del contrato y el contexto en el
      que éste fue celebrado. 
         			(18)
         		
      
       58.      De la redacción de esta cláusula se desprende, en primer lugar, que las partes del contrato no pretendían excluir el recurso
      al Tribunal de Justicia. Su competencia como segunda instancia de recurso llega incluso a mencionarse de manera expresa. Además,
      mediante dicha cláusula las partes expresaron su voluntad de atribuir la competencia para posibles litigios, en todo caso,
      no a los órganos jurisdiccionales nacionales, sino a los órganos jurisdiccionales comunitarios. Que ésta era su voluntad en
      el momento de celebrar el contrato es algo que las partes confirmaron en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia.
      
      
       59.      A esto se añade el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia constituyen, conjuntamente, la
      institución «Tribunal de Justicia». Así lo pone de manifiesto, por un lado, el hecho de que en el artículo 7 CE, apartado 1,
      en el que se enumeran las instituciones de la Comunidad, únicamente se haga referencia al Tribunal de Justicia, sin mencionar
      por separado al Tribunal de Primera Instancia. Además, la sección del Tratado CE que contiene las disposiciones relativas
      al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia lleva por título «El Tribunal de Justicia». Por consiguiente, no
      está excluido que la designación del Tribunal de Primera Instancia comprenda también simultáneamente, en cuanto  pars pro toto,  al Tribunal de Justicia.
      
      
       60.      Por último, debe tenerse en cuenta que el contrato fue celebrado en el marco del Programa Esprit. Mediante la concesión de
      ayudas basadas en los correspondientes programas, la Comunidad persigue objetivos de política de investigación e industrial.
      Es lógico atribuir la competencia para los litigios eventualmente suscitados en relación con dichos contratos a los órganos
      jurisdiccionales comunitarios. De este modo se garantiza que los contratos, celebrados con arreglo a un modelo estándar, sean
      interpretados también de manera uniforme y a la luz del contexto comunitario en el que se inscriben, en la medida en que así
      lo permita el Derecho nacional aplicable a cada contrato.
      
      
       61.      La tesis que aquí defiendo no es contraria a la consideración del Tribunal de Justicia según la cual su competencia fundada
      en una cláusula compromisoria debe ser interpretada en sentido restrictivo por constituir una excepción a las normas de Derecho
      general. 
         			(19)
         		 Esta afirmación del Tribunal de Justicia se refiere a la cuestión de qué créditos pueden reclamarse en el marco de una demanda
      con arreglo al artículo 238 CE presentada ante la institución «el Tribunal de Justicia», y no a la delimitación de competencias
      entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia.
      
      
       62.      Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha conocido en varias ocasiones de demandas de instituciones comunitarias basadas
      en cláusulas idénticas o similares. 
         			(20)
         		 En ninguno de estos casos ha cuestionado su competencia en razón de la formulación de la cláusula, pese a que, en su caso,
      hubiera estado obligado a declarar su incompetencia de oficio. De ello únicamente cabe deducir que el Tribunal de Justicia
      interpretó la cláusula del modo que aquí propongo.
      
      
       63.      Por consiguiente, de una interpretación del artículo 7 del anexo II teniendo en cuenta la voluntad de las partes y el contexto
      se desprende que el Tribunal de Justicia es competente en relación con las demandas presentadas por la Comisión con base en
      el contrato de que se trata en el presente caso.
      
      
      B.
            Admisibilidad de la demanda contra InterTeam 64.      El 22 de diciembre de 1999, la Junta de Accionistas de InterTeam acordó la disolución de la sociedad, que fue inscrita en
      el Registro Mercantil el 18 de enero de 2000. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2001 se inscribió la conclusión de la liquidación
      y se canceló la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
      
      
      1.
         Alegaciones de las partes
       65.      En opinión de la Comisión, procede declarar la admisibilidad de la demanda contra InterTeam. La afirmación del demandante
      según la cual la demandada sigue teniendo valores patrimoniales fundamenta la admisibilidad de la demanda. De lo contrario,
      un demandado podría sustraerse a un inminente litigio promoviendo la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil.
      
      
       66.      AMI, Euram e InterTeam consideran, en cambio, que procede declarar la inadmisibilidad de la demanda contra InterTeam. InterTeam
      se ha extinguido por haber cesado en su actividad y por la consiguiente falta de patrimonio. En consecuencia, tras la cancelación
      de su inscripción en el Registro Mercantil no tiene capacidad para ser parte.
      
      
      2.
         Apreciación jurídica
       67.      La demanda contra InterTeam sería inadmisible si, en el momento de la presentación de la demanda, InterTeam ya no tenía capacidad
      jurídica ni capacidad para ser parte. En la sentencia Comisión/Oder-Plan Architektur y otros, el Tribunal de Justicia resolvió
      la cuestión de la capacidad jurídica y de la capacidad para ser parte de una sociedad con arreglo al Derecho del domicilio
      social de la sociedad. 
         			(21)
         		 En el presente caso, el Derecho del domicilio de la sociedad es el Derecho alemán. Con arreglo al Derecho alemán, una sociedad
      de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung; en lo sucesivo, «GmbH») se extingue en el momento en que
      se cancela su inscripción en el Registro Mercantil tras concluirse la liquidación. Desde un punto de vista procesal, la plena
      extinción de la sociedad tiene como consecuencia que ésta pierda también su capacidad para ser parte; por consiguiente, las
      demandas contra dicha sociedad no son admisibles. 
         			(22)
         		
      
       68.      A diferencia de lo que sucede en el presente caso, en el asunto Comisión/Oder-Plan Architektur y otros la parte demandada
      se encontraba todavía en proceso de liquidación, y aún no se había cancelado su inscripción en el Registro Mercantil. Por
      ello, de dicha sentencia no puede deducirse, como pretende la Comisión, que deba declararse la admisibilidad de la demanda
      contra la sociedad InterTeam, plenamente liquidada y cancelada del Registro Mercantil ya antes de presentarse la demanda.
      
      
       69.      No obstante, también una GmbH liquidada y cancelada del Registro Mercantil puede ser demandada, con carácter excepcional,
      si el demandante afirma circunstanciadamente que la GmbH sigue teniendo patrimonio. 
         			(23)
         		 En ese caso, la sociedad demandada vuelve a existir y a tener, por lo tanto, capacidad para ser parte. Sin embargo, un requisito
      para ello es que el demandante aporte cuando menos indicios de la existencia de patrimonio realizable. 
         			(24)
         		 En cambio, la mera afirmación realizada sin ningún fundamento de que la GmbH sigue teniendo derechos no es suficiente para
      la admisibilidad de una acción de ese tipo. 
         			(25)
         		
      
       70.      El argumento de la Comisión según el cual la mera afirmación de que la demandada sigue disponiendo de patrimonio debe ser
      suficiente para la admisibilidad de una demanda contra una GmbH cancelada, ya que de lo contrario un demandado podría sustraerse
      a una demanda mediante la cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil no resulta convincente. En efecto, la cancelación
      de la inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil sólo se lleva a cabo al término de un procedimiento legalmente
      regulado que tiene en cuenta la protección de los acreedores. 
         			(26)
         		 Las excepciones al principio de la inadmisibilidad de las demandas contra sociedades liquidadas y canceladas sólo deberían
      admitirse, por motivos de seguridad jurídica, bajo la condición de que el demandante aporte de manera circunstanciada indicios
      de la existencia de valores patrimoniales. 
      
      
       71.      Puesto que la Comisión se ha limitado a afirmar, de manera general, que InterTeam sigue disponiendo de patrimonio, pero sin
      aportar ningún dato concreto al respecto, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda de la Comisión contra InterTeam. 
         			(27)
         		
      
      C.
            Admisibilidad de la demanda contra A-Consult e Ision 72.      La demanda de la Comisión se presentó el 12 de agosto de 2002. Ya antes, a saber, el 25 de julio de 2002, se había iniciado
      un procedimiento concursal consecutivo con arreglo al Derecho austriaco sobre el patrimonio de A-Consult, así como, el 19
      de julio de 2002, un procedimiento de insolvencia con arreglo al Derecho alemán sobre el patrimonio de Ision. 
      
      
      1.
         Alegaciones de las partes
       73.      El administrador concursal de A-Consult alega que procede declarar la inadmisibilidad de la demanda presentada contra A-Consult.
      De conformidad con el artículo 6 del Konkursordnung (Ley concursal austriaca; en lo sucesivo, «KO»), tras la declaración del
      concurso no pueden ni iniciarse ni mantenerse litigios en los cuales se reclamen derechos sobre elementos patrimoniales que
      formen parte de la masa del concurso. Con arreglo a los artículos 16 y 17 del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de
      29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia 
         			(28)
         		 (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1346/2000»), la apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro de la Unión
      Europea es reconocida en todos los demás Estados miembros y produce en ellos los efectos que el Derecho del Estado de apertura
      del procedimiento atribuya al mismo.
      
      
       74.      También Ision considera que debe declararse la inadmisibilidad de la demanda presentada contra ella. Según afirma, mediante
      la apertura del procedimiento de insolvencia, el 19 de julio de 2002, perdió la capacidad procesal. A partir de dicho momento,
      el derecho de representación procesal por lo que respecta al patrimonio objeto del procedimiento de insolvencia corresponde,
      con arreglo al artículo 80 del Insolvenzordnung (Ley concursal alemana; en lo sucesivo, «InsO»), al administrador concursal.
      Sin embargo, al administrador concursal no se le notificó el escrito de presentación de la demanda. Así pues, el administrador
      concursal no se convirtió en parte del litigio.
      
      
       75.      En opinión de la Comisión, debe declararse la admisibilidad de las demandas. La competencia exclusiva del Tribunal de Justicia
      para conocer del presente litigio se desprende del artículo 238 CE, en relación con la cláusula compromisoria. Según la Comisión,
      de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia cabe deducir que a esta competencia exclusiva no cabe oponer el Derecho nacional.
      El Reglamento nº 1346/2000 se refiere únicamente a los efectos del procedimiento de insolvencia en los Estados miembros, pero
      no tiene ninguna consecuencia por lo que respecta a la admisibilidad de una demanda presentada ante el Tribunal de Justicia.
      Además, la Comisión afirma que no fue informada de la apertura del procedimiento concursal contra A-Consult hasta el 23 de
      septiembre de 2000, es decir, dos meses después de la misma. Esto no puede considerarse «sin demora» en el sentido del artículo 40
      del Reglamento nº 1346/2000.
      
      
      2.
         Apreciación jurídica
      a)
         Sobre la pretensión formulada con carácter principal
       76.      La admisibilidad de demandas presentadas contra sociedades sobre cuyo patrimonio se ha abierto un procedimiento concursal
      o de insolvencia, al igual que la admisibilidad de demandas presentadas contra sociedades que se encuentran en liquidación,
      podría considerarse como un problema de capacidad jurídica y de la capacidad para ser parte. Así lo indica el hecho de que
      la apertura de un procedimiento de insolvencia provoque de inmediato una modificación del estatus de una sociedad, de modo
      que ésta ya no puede actuar a través de sus órganos sociales. Se transforma en un patrimonio separado (la masa del concurso)
      gestionado por un administrador concursal. Por consiguiente, debería aplicarse el Derecho del domicilio social de las sociedades,
      es decir, el Derecho austriaco o alemán, respectivamente. 
         			(29)
         		
      
       77.      Ahora bien, la admisibilidad podría regirse también, como las demás cuestiones procesales, por el Derecho de la jurisdicción,
      es decir, el Derecho procesal del Tribunal de Justicia, que, sin embargo, no contiene ninguna disposición expresa que regule
      una situación como la del presente caso. Con todo, con arreglo a la sentencia Comisión/Feilhauer, 
         			(30)
         		 al Tribunal de Justicia no pueden oponérsele disposiciones de Derecho procesal nacional que excluyan su competencia.
      
      
       78.      No obstante, la calificación como problema de capacidad para ser parte o como problema general de admisibilidad podría ser
      innecesaria si, adoptando una interpretación del Derecho procesal del Tribunal de Justicia teniendo en cuenta el Reglamento
      nº 1346/2000, resultara que los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto en los Estados miembros deben ser tenidos
      en cuenta también en un procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia. 
      
      
       79.      De conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1346/2000, es el Derecho del Estado en el que se
      haya abierto el procedimiento de insolvencia el que determinará los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia
      sobre las acciones judiciales de los acreedores individuales. De este modo, la admisibilidad de las acciones judiciales ante
      los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros se regiría por el Derecho alemán y austriaco.
      
      
       80.      Con arreglo al Derecho alemán, de conformidad con el artículo 87 del InsO, tras la apertura del procedimiento de insolvencia,
      los acreedores únicamente pueden reclamar sus créditos, sobre el patrimonio de un deudor con arreglo a las disposiciones que
      regulan dicho procedimiento. El lugar de la demanda civil lo ocupa el procedimiento de personación de los acreedores con arreglo
      a los artículos 174 y ss. del InsO. Las demandas ejecutivas directas contra el deudor común o contra el administrador concursal
      deben ser desestimadas por inadmisibles. 
         			(31)
         		
      
       81.      También con arreglo al Derecho austriaco, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del KO tras la apertura del procedimiento
      concursal ya no pueden entablarse acciones que tengan por objeto reclamar o asegurar derechos sobre elementos patrimoniales
      pertenecientes a la masa concursal. 
      
      
       82.      Así pues, si se aplica el Derecho nacional debería declararse la inadmisibilidad de las respectivas demandas. 
      
      
       83.      Hay que reconocer a la Comisión que el Reglamento nº 1346/2000 no contiene ninguna disposición que establezca de manera expresa
      su aplicación a los procedimientos seguidos ante el Tribunal de Justicia. El Derecho procesal del Tribunal de Justicia tampoco
      hace ninguna referencia al Reglamento. Sin embargo, de una interpretación teleológica del Reglamento se desprende que, en
      los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, no puede aplicarse una excepción a los principios que establece el Reglamento
      nº 1346/2000.
      
      
       84.      Los procedimientos de insolvencia tienen por objeto distribuir la masa disponible por igual entre todos los acreedores mediante
      un único procedimiento en el que participen todos ellos. Por ello, el Derecho nacional excluye la posibilidad de ejercer acciones
      judiciales por separado una vez abierto el procedimiento de insolvencia. Los acreedores no pueden ni presentar demandas directas
      para ejecutar un determinado título ni promover la ejecución forzosa individual con base en los títulos que poseen. 
         			(32)
         		 En efecto, ello permitiría a determinados acreedores acceder a una posición más ventajosa que otros. Con el artículo 4, apartado 2,
      letra f), del Reglamento nº 1346/2000 se garantiza que este principio no pueda ser eludido mediante la presentación de demandas
      en otros Estados miembros.
      
      
       85.      El Reglamento se aplica directamente en todos los Estados miembros y vincula a todos los órganos jurisdiccionales nacionales.
      No veo por qué razón los principios enunciados en el Reglamento no deberían aplicarse asimismo en los procedimientos seguidos
      ante los órganos jurisdiccionales de la Comunidad. Si dichos principios no se aplicaran,  mutatis mutandis,  en el caso de las demandas presentadas por la Comisión ante el Tribunal de Justicia, la Comisión disfrutaría frente a los
      demás acreedores, que únicamente pueden reclamar sus créditos en el marco del procedimiento de insolvencia, de una posición
      de privilegio injustificable. 
         			(33)
         		 Para que no poner en peligro la eficacia práctica  (effet utile)  del Reglamento, a la Comisión debe aplicársele también la norma según la cual, tras la apertura del procedimiento de insolvencia,
      únicamente puede reclamar sus créditos contractuales en el marco del procedimiento nacional de insolvencia. 
      
      
       86.      Ni las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Feilhauer 
         			(34)
         		 ni el principio según el cual un órgano jurisdiccional debe aplicar su propio Derecho procesal excluyen la solución que aquí
      propongo. En efecto, las disposiciones nacionales que se oponen a la admisibilidad de la demanda ante el Tribunal de Justicia
      se aplican en virtud de una norma de Derecho comunitario sobre conflicto de leyes [artículo 4, apartado 2, letra f) del Reglamento
      nº 1346/2000]. Así pues, el propio Derecho comunitario acepta o incluso impone que la admisibilidad de la demanda presentada
      ante el Tribunal de Justicia quede limitada por las disposiciones nacionales aplicables. 
      
      
       87.      Con carácter subsidiario, la Comisión argumenta que la admisibilidad de la demanda contra A-Consult se desprende en todo caso,
      aun cuando se aplique el Reglamento nº 1346/2000, del hecho de que, en contra de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento,
      sólo fuera informada dos meses después de la apertura del procedimiento de insolvencia y, por tanto, no «sin demora» en el
      sentido de dicha norma. 
      
      
       88.      Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, el artículo 40 del Reglamento nº 1346/2000 no contiene ninguna norma sancionadora
      en la que se disponga que, de no informarse sin demora, la apertura del procedimiento de insolvencia sólo surte efectos frente
      a los acreedores que fueran informados sin demora. Por lo demás, la apertura de procedimientos de insolvencia se inscribe
      en el Registro Mercantil o registro de sociedades y se da a conocer mediante anuncio público, de modo que la Comisión estaba
      en condiciones, aun sin la correspondiente comunicación, de tener conocimiento de la apertura del procedimiento. 
      
      
       89.      Así pues, en conclusión procede señalar que debe declararse la inadmisibilidad de la demanda contra A-Consult, ya que el Derecho
      concursal austriaco y alemán, del que depende este extremo, excluye las acciones judiciales de acreedores individuales tras
      la apertura del procedimiento concursal o de insolvencia. 
      
      
      b)
         Sobre las pretensiones formuladas con carácter subsidiario
       90.      En la vista, la Comisión transformó su demanda ejecutiva contra A-Consult e Ision, con carácter subsidiario, en una acción
      declarativa. En ese momento, el crédito contra A-Consult todavía no había sido incluido en la masa pasiva. En cambio, según
      las indicaciones coincidentes de la Comisión y del administrador concursal de Ision en la vista, el crédito contra Ision fue
      incluido en una fecha que no se especifica en la lista de acreedores e impugnado por el administrador concursal. 
      
      
       91.      Con arreglo al Derecho austriaco, cuando un crédito incluido en la lista de acreedores es impugnado por el administrador concursal
      o por otro acreedor dentro del plazo de oposición, el acreedor puede ejercer una acción declarativa con arreglo al artículo 110
      del KO. De conformidad con el artículo 111 del KO, la competencia corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del concurso.
      Lo mismo se aplica, en el Derecho alemán, con arreglo a los artículos 179 y ss. del InsO.
      
      
       92.      La jurisdicción del órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento concursal o de insolvencia prevista en ambos ordenamientos
      jurídicos para estas acciones declarativas no obsta a la presentación de una demanda en ese sentido ante el Tribunal de Justicia.
      Con arreglo al artículo 110, apartado 1, del KO, el ejercicio de la acción declarativa ante el órgano jurisdiccional (austriaco)
      que conoce del procedimiento concursal sólo es posible en la medida en que pueda seguirse la vía judicial. Lo mismo se aplica,
      en el Derecho alemán, con arreglo al artículo 185 del InsO. Dado que, con arreglo al artículo 238 CE, cuando existe una cláusula
      compromisoria la competencia corresponde exclusivamente al Tribunal de Justicia, la vía judicial ante los órganos jurisdiccionales
      nacionales sería inadmisible. En el Derecho alemán se reconoce, además, que también puede ejercerse una acción que tenga por
      objeto la declaración de la existencia de créditos contra la masa del concurso que hayan sido impugnados, como excepción al
      artículo 180 del InsO, ante un tribunal arbitral acordado entre las partes. 
         			(35)
         		
      
       93.      Ahora bien, en cualquier caso para poder ejercer una acción declarativa se requiere que el crédito haya sido incluido en la
      lista de acreedores o masa pasiva del concurso y que haya sido impugnado. Esto es algo que, hasta ahora, no ha sucedido en
      el caso del crédito contra A-Consult. Así pues, las pretensiones formuladas con carácter subsidiario son inadmisibles en la
      medida en que se refieren a derechos contra A‑Consult. En efecto, en tanto no exista la certeza de que el crédito ha sido
      impugnado, no existe necesidad de protección jurisdiccional. En el caso de que el crédito no fuera impugnado, la Comisión
      no necesitaría seguir la vía judicial para conseguir que se declare su existencia. 
      
      
       94.      Es cierto que el derecho contra Ision sí fue incluido en la masa pasiva. 
         			(36)
         		 Sin embargo, las pretensiones formuladas con carácter subsidiario pueden ser igualmente inadmisibles por no estar dirigidas
      contra las demandadas correctas y/o por haber sido formuladas de forma extemporánea.
      
      
       95.      La demanda declarativa para la inclusión de un crédito en la masa pasiva del concurso debe dirigirse contra unas demandadas
      diferentes que la demanda ejecutiva original, a saber, contra quienes cuestionen la existencia del derecho. Puede tratarse
      del administrador concursal o también de otro acreedor. Las dudas sobre la admisibilidad de las pretensiones formuladas con
      carácter subsidiario contra Ision se deben ya al hecho de que la Comisión no solicitó la transformación de la demanda en una
      demanda contra el administrador concursal o contra otro acreedor de la masa del concurso que impugnara el derecho. Consecuentemente,
      al administrador concursal tampoco se le notificó formalmente la demanda.
      
      
       96.      Aun cuando se interpretaran generosamente las pretensiones en el sentido de que están dirigidas contra el administrador concursal,
      cabe aducir en contra de su admisibilidad que no fueron formuladas hasta la vista. Ciertamente, debe considerarse que la declaración
      de la existencia de un derecho está contenida ya en una condena a efectuar el correspondiente pago. Ahora bien, puesto que
      la demanda de declaración de la existencia de un derecho para su inclusión en la masa pasiva del concurso está dirigida contra
      unas demandadas diferentes que la demanda ejecutiva original, a saber, contra quienes impugnan la existencia del derecho,
      en el presente caso es necesario proceder a una modificación de la demanda.
      
      
       97.      El Reglamento de Procedimiento no regula de manera expresa si sigue siendo posible modificar la demanda y, en su caso, hasta
      qué momento. Sin embargo, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento en el curso del procedimiento
      no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el
      procedimiento. Esta disposición debe aplicarse,  mutatis mutandis,  a la modificación de la demanda de que se trata, incluidas las alegaciones de hecho requeridas al efecto, en particular por
      lo que respecta a la inclusión del crédito en la masa pasiva del concurso y a la impugnación del crédito por parte del administrador
      concursal.
      
      
       98.      El procedimiento de insolvencia sobre el patrimonio de Ision se abrió el 19 de julio de 2002. Aun cuando fuera cierto que
      la Comisión seguía sin tener conocimiento de la apertura del procedimiento en el momento en que presentó su demanda, el 12
      de agosto de 2002, pese a haberse publicado un anuncio de la misma, se enteró de la misma a más tardar con ocasión de la notificación
      del escrito del administrador concursal de Ision de 26 de septiembre de 2002 presentado en el presente procedimiento.
      
      
       99.      Desde entonces, tuvo la posibilidad de promover la inclusión del crédito en la masa pasiva del concurso y –tras la impugnación
      del crédito por parte del administrador concursal– para formular pretensiones de carácter declarativo. Sin embargo, en realidad
      sólo formuló dichas pretensiones en la vista celebrada el 8 de julio de 2004, sin dar ninguna explicación sobre dicho retraso.
      Una de las consecuencias que esto tuvo fue una insuficiente participación del administrador concursal de Ision en el presente
      procedimiento. Con anterioridad a la inclusión del crédito en la masa pasiva del concurso y a que le fuera notificada la demanda,
      éste no tenía ningún motivo para participar en el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia.
      
      
       100.    Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la demanda contra A-Consult y contra Ision también en la medida en
      que, en ella, se solicita con carácter subsidiario que se declare la existencia de créditos que deben ser incluidos en la
      lista de acreedores o la masa pasiva del concurso.
      
      
      
            VI.
            Fundamento 101.    La Comisión invoca contra las demandadas como deudoras solidarias con base en las estipulaciones del contrato, especialmente
      el artículo 23.3 del anexo II, y en la prohibición de enriquecimiento injusto con arreglo al artículo 812 del BGB, su derecho
      a reclamar la devolución de los anticipos. Puesto que debe declararse la inadmisibilidad de la demanda contra InterTeam, A-Consult
      e Ision, sólo queda por examinar si es fundada la demanda contra AMI, Intracom, Euram y Nordbank. 
         			(37)
         		
      
       102.    La deuda solidaria se caracteriza, con arreglo al artículo 421 del BGB, por el hecho de que cada uno de los deudores está
      obligado a efectuar la totalidad del pago. Sólo si existiera una deuda solidaria tendría perspectivas de prosperar plenamente
      la demanda de la Comisión. De lo contrario, la Comisión únicamente podría exigir a cada contratista el pago de la parte que
      le corresponda.
      
      
      A.
            Responsabilidad solidaria1.
         Alegaciones de las partes
      a)
         Comisión
       103.    La Comisión alega, fundamentalmente, que la responsabilidad solidaria se desprende del artículo 1 del contrato y del artículo 23.3
      del anexo II. La división de las tareas entre los diferentes contratistas no se opone a la existencia de una obligación solidaria,
      ya que los diferentes resultados pretendían contribuir a un mismo objetivo.
      
      
       104.    Asimismo, del contrato se desprende, según la Comisión, que cada una de las demandadas aceptaba la responsabilidad por los
      incumplimientos de otra demanda con arreglo al artículo 425, apartado 1, del BGB. 
         			(38)
         		 Según la Comisión, este tipo de corresponsabilidad por el incumplimiento de los demás deudores solidarios es admitida normalmente
      en Derecho alemán cuando, como en el caso de autos, varias empresas se han comprometido a realizar una obra (artículo 427
      del BGB).
      
      
       105.    El artículo 1, apartado 2, del contrato no se refiere al presente caso, sino que regula en qué medida los contratistas deben
      responder por los incumplimientos de uno de ellos frente a terceros (por ejemplo, subcontratistas). Pero aun cuando se tratara
      de una excepción a la responsabilidad solidaria frente a la Comisión, las demandadas no hicieron todo lo posible para subsanar
      los incumplimientos documentados en los informes de evaluación. En todo caso, todas las demandadas incumplieron su obligación
      de cooperar entre sí y no informaron a la Comisión, en contra de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra c), del
      anexo II, sobre el escaso avance de los trabajos.
      
      
      b)
         Demandadas
       106.    A-Consult e Intracom sostienen que el artículo 1, apartado 1, del contrato no confiere en ningún caso carácter solidario a
      la deuda nacida de la obligación de devolución con arreglo al artículo 23.3 del anexo II. Por el contrario, la responsabilidad
      por las prestaciones secundarias está regulada únicamente en el artículo 1, apartado 2, del contrato.
      
      
       107.    Intracom excluye la existencia de una deuda solidaria ya por el hecho de que no todos los deudores poseen los conocimientos
      especializados necesarios para realizar la totalidad de la prestación. Por lo demás, la estipulación contractual prevalece
      sobre la norma para los casos de duda en el marco del artículo 427 del BGB.
      
      
       108.    AMI, Euram e InterTeam, que presentaron observaciones conjuntas, así como Nordbank, consideran que la deuda solidaria regulada
      en el artículo 1, apartado 1, del contrato en relación con la obligación de realizar la prestación principal se modifica considerablemente
      en el apartado 2 de esa misma disposición.
      
      
       109.    Las demandadas alegan, asimismo, que la Comisión no expuso de manera detallada qué incumplimientos se imputan a cada uno de
      los contratistas con arreglo al artículo 1, apartado 2, del contrato. Nordbank e Intracom añaden que, hasta la interrupción
      de los trabajos, cumplieron con todas sus obligaciones. Debido a la interrupción prematura del proyecto, ya no pudieron realizar
      los trabajos que realmente les correspondían.
      
      
       110.    Nordbank e Intracom niegan haber incumplido obligaciones de información. Según afirman, el artículo 2, apartado 3, letra c),
      del anexo II tan sólo establece que los contratistas deben informar a la Comisión, a través del coordinador, de las dificultades
      con que se encuentren en la realización de sus tareas. Según afirman, al menos ellos no detectaron que otros contratistas
      podían haber incumplido sus obligaciones.
      
      
       111.    En opinión de Nordbank, del carácter del contrato como subvención se desprende que cada contratista está obligado a la restitución
      tan sólo en la medida en que hubiera percibido fondos públicos que no le correspondían efectivamente.
      
      
      2.
         Apreciación jurídica
       112.    La cuestión de si existe una deuda solidaria debe determinarse ante todo con base en las estipulaciones contractuales. De
      ellas cabría deducir la existencia de una deuda solidaria, por un lado, por el hecho de que así se establece directamente
      en el contrato. Por otro lado, la existencia de una responsabilidad solidaria de los contratistas podría deducirse del hecho
      de que posiblemente constituyan una sociedad civil (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) en el sentido del artículo 705 del
      BGB cuyo objeto social consiste en la realización del proyecto. 
         			(39)
         		 En efecto, en principio cada uno de los socios de una sociedad civil responde subsidiariamente de las obligaciones de la
      sociedad, y concretamente por el importe total de dichas obligaciones y no sólo por el importe de la participación que le
      corresponda en dicha sociedad. 
         			(40)
         		
      
       113.    No obstante, la responsabilidad subsidiaria de los socios, al igual que la responsabilidad solidaria contractualmente acordada,
      presupone que el contrato otorgue efectivamente el derecho a reclamar la devolución de los anticipos frente a la sociedad
      (y no sólo frente a los diferentes contratistas) y que en él no se limite la responsabilidad personal de los socios.
      
      
       114.    En relación con la obligación de realización de la prestación principal, es decir, la ejecución del proyecto, el artículo 1,
      apartado 1, del contrato establece claramente, de acuerdo con su tenor, la existencia de una obligación solidaria. La expresión
      elegida en el texto del contrato,  jointly and severally,  se corresponde con una obligación solidaria. Así, el correspondiente pasaje del modelo de contrato tiene también, en la versión
      alemana, el siguiente tenor: «Die Vertragspartner führen die in Anhang I dieses Vertrags genannten Arbeiten […] als Gesamtschuldner
      […] aus» («Los contratistas están solidariamente obligados a realizar los trabajos enumerados en el anexo I del presente Contrato
      [...]»).
      
      
       115.    Ahora bien, si –como sucede en el presente caso– una prestación indivisible no puede ser realizada por cada uno de los contratistas
      por sí solo, es posible que se pretendiera establecer, en lugar de una obligación solidaria, una obligación conjunta, ya que
      no cabe considerar que los contratistas pretendieran obligarse a algo imposible. 
         			(41)
         		 Una obligación conjunta se caracteriza por el hecho de que el acreedor no puede exigir a cada uno de los diferentes deudores
      que efectúe la totalidad de la prestación, sino sólo que la prestación se efectúe conjuntamente entre todos los deudores. 
         			(42)
         		
      
       116.    Del artículo 1, apartado 2, del contrato se desprende que –en contra del tenor del apartado 1– lo que se acordó efectivamente
      fue una obligación conjunta. En efecto, el artículo 1, apartado 2, tan sólo impone a los contratistas la obligación de realizar
      todos los esfuerzos apropiados para alcanzar los objetivos del proyecto y hacerse cargo de las obligaciones del contratista
      que incumpla el contrato. Por lo demás, ningún contratista debe responder de acontecimientos que escapan a su control razonable.
      Puesto que ningún contratista está obligado a efectuar por sí solo la totalidad de la prestación, está excluida la existencia
      de una obligación solidaria.
      
      
       117.    Sin embargo, en el presente litigio ya no se trata sobre la prestación principal, es decir, la realización del proyecto y
      la terminación de la plataforma de comercio electrónico para componentes electrónicos. Por el contrario, la Comisión reclama
      la devolución de anticipos a los que, en su opinión, las demandadas no tienen derecho. El hecho de que ni siquiera por lo
      que respecta a la prestación principal exista una obligación solidaria constituye un indicio de cómo pretendían los contratistas
      distribuir en general los riesgos. Sin embargo, de ello no se desprende necesariamente que la obligación de devolución tampoco
      tenga carácter solidario.
      
      
       118.    La devolución de los anticipos es una prestación divisible a la que, de acuerdo con las disposiciones legales, se aplican
      los siguientes principios. Cuando hay varios deudores obligados a efectuar una prestación divisible como la devolución controvertida,
      en caso de duda únicamente deben responder proporcionalmente de dicha deuda, con arreglo al artículo 420 del BGB. Como excepción
      a dicha norma, en el artículo 427 del BGB se establece, sin embargo, que también en el caso de las prestaciones divisibles
      existe responsabilidad solidaria, en caso de duda, cuando varios deudores se comprometen conjuntamente, mediante un contrato,
      a efectuar una prestación. Sin embargo, esta norma de interpretación está sujeta a la salvedad de que no se haya adoptado
      ninguna estipulación contractual en sentido contrario, algo que deberá examinarse a continuación. También podría existir una
      obligación solidaria en la medida en que se trate de una obligación de una sociedad civil por la que deban responder subsidiariamente
      los socios como deudores solidarios.
      
      
       119.    La principal disposición del contrato por lo que respecta a la devolución de anticipos que excedan de los gastos aceptados
      es el artículo 23.3 del anexo II. Esta disposición no establece de manera expresa una responsabilidad solidaria de todos los
      contratistas. Sin embargo, el derecho que tiene la Comisión a reclamar la devolución podría dirigirse contra una –presunta–
      sociedad o contra la totalidad de los contratistas, de cuyas obligaciones responda solidariamente cada uno de ellos. Igualmente
      plausible es que cada uno de los diferentes contratistas responda únicamente de las cantidades que ha recibido.
      
      
       120.    En el artículo 23.3 se mencionan como obligados a la devolución a  the contractors  (los contratistas). De ello no cabe deducir necesariamente la existencia de una obligación común y, por ende, de una deuda
      solidaria. Esta formulación puede entenderse también en el sentido de que todos los contratistas deben reembolsar, respectivamente,
      las cantidades que excedan del reintegro de los gastos que les corresponda.
      
      
       121.    De la utilización del verbo  to reimburse  (reembolsar) cabe deducir que los contratistas únicamente deben devolver aquellas cantidades que hayan recibido efectivamente
      con anterioridad. Así pues, en el fondo se trata de una estipulación contractual especial contra el enriquecimiento injusto.
      Las acciones de enriquecimiento injusto con arreglo al artículo 812 del BGB tienen por objeto restituir lo percibido (por
      uno mismo). En consecuencia, por regla general no existe deuda solidaria entre varios contratistas que están obligados a restituir
      lo que han percibido, por ejemplo, en virtud de un contrato nulo. 
         			(43)
         		 No obstante, puede aplicarse algo diferente cuando el enriquecimiento ha beneficiado a una comunidad de bienes como, por
      ejemplo, a una sociedad civil. 
         			(44)
         		
      
       122.    Así pues, para la comprensión de la obligación de devolución resulta determinante a quién se realizó el desembolso. En efecto,
      sólo quien recibió los pagos está ahora obligado a su reembolso.
      
      
       123.    Cabría pensar que la Comisión desembolsó las cantidades previstas en el contrato a los contratistas de manera colectiva, concretamente
      a una sociedad civil creada por éstos. Así parece indicarlo, a primera vista, el hecho de que la Comisión efectúe los pagos
      al coordinador y no a cada contratista la parte que le corresponda.
      
      
       124.    Del artículo 2.1 del anexo II se desprende, sin embargo, que el coordinador recibe los pagos con carácter fiduciario, y debe
      reenviarlos de inmediato a los contratistas, sin llegar a ser propietario con derecho de disposición de los fondos. Por tanto,
      el pago no se incorpora al patrimonio de una sociedad constituida por los contratistas ni de ninguna otra comunidad de bienes.
      Por el contrario, el verdadero destinatario del pago es cada uno de los diferentes contratistas, y concretamente por importe
      de la proporción del crédito que le corresponde en cada caso, predeterminada en función del plan de gastos establecido en
      el contrato. El coordinador desempeña únicamente la función de intermediario que se hace cargo, en lugar de la Comisión, de
      realizar los desembolsos a un mayor número de beneficiarios.
      
      
       125.    Por consiguiente, de conformidad con el artículo 23.3 del anexo II cada contratista está obligado únicamente a la devolución
      de la proporción de los anticipos que él mismo ha recibido. Puesto que no hubo enriquecimiento alguno de un patrimonio societario,
      está excluida asimismo la existencia de una responsabilidad solidaria en virtud de una hipotética condición de socios de los
      contratistas.
      
      
       126.    Esta conclusión se ve confirmada si se lee el artículo 23.3 del anexo II en relación con el artículo 1, apartado 2, del contrato.
      Con arreglo al artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato, un contratista no responde de las obligaciones de pago
      de otro contratista que haya incumplido el contrato, a no ser que él mismo haya contribuido a dicho incumplimiento.
      
      
       127.    La Comisión considera que esta norma se refiere únicamente a las obligaciones que recaen sobre contratistas concretos, es
      decir, por ejemplo, a las deudas con subcontratistas o a las obligaciones de pago internas con otros contratistas. En cambio,
      en su opinión el artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato no es en modo alguno aplicable a los derechos dirigidos
      contra todos los contratistas en su conjunto.
      
      
       128.    Sin embargo, esta interpretación no resulta convincente. El artículo 1, como disposición de principio del contrato, regula
      las obligaciones de las demandadas en su relación con la Comisión. El apartado 1 se refiere de manera expresa a los trabajos
      que deben efectuarse  para la Comisión,  y el apartado 2 establece las medidas que deberán adoptarse en el caso de que se produzcan disfunciones en el cumplimiento
      de dichas obligaciones. Por consiguiente, los contratistas deben intervenir dentro de determinados límites en caso de incumplimiento
      de otros contratistas (apartado 2, primera frase). Estos límites se concretan en mayor medida en el apartado 2, segunda frase.
      Sin embargo, se trata en todo caso de cuál es el alcance de las obligaciones de los contratistas frente a la Comisión.
      
      
       129.    En el caso de que el artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato debiera entenderse del modo que propugna la Comisión,
      dicho pasaje se referiría a las obligaciones de los contratistas entre sí o frente a terceros. Con ello, esta estipulación
      sería totalmente ajena al contexto del artículo 1 del contrato. Una estipulación de ese tipo debería formar parte más bien
      de un contrato de consorcio entre las demandadas, y no del contrato con la Comisión.
      
      
       130.    Por el contrario, de una correcta interpretación se desprende que el artículo 1, apartado 2, segunda frase, en relación con
      el artículo 23.3 del anexo II, debe entenderse en el sentido de que un contratista no está obligado a reembolsar los anticipos
      que haya recibido indebidamente otro contratista, ya sea porque éste no haya realizado en absoluto las prestaciones adeudadas
      o lo haya hecho de manera deficiente, ya por no haber justificado debidamente los gastos efectuados.
      
      
       131.    No obstante, puede generarse la responsabilidad de un contratista en la medida en que éste haya contribuido al incumplimiento
      del contrato. En este contexto, el artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato también faculta a la Comisión para
      reclamar la devolución de anticipos a un contratista que no los haya recibido por sí mismo. El requisito para ello es que
      el deudor haya contribuido a causar el mal cumplimiento o el incumplimiento. Ahora bien, esta norma no genera una obligación
      solidaria por lo que respecta a los derechos a reclamar la devolución de los anticipos. Por el contrario, debe examinarse
      en cada caso si un contratista debe devolver excepcionalmente anticipos que no haya recibido por sí mismo y, en su caso, en
      qué medida. 
         			(45)
         		
      
       132.    Aun si se considerara, en contra de las consideraciones efectuadas en los puntos 119 a 125  supra,  que existe una obligación societaria, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad personal de los socios por las deudas
      de la sociedad puede ser limitada en los contratos con terceros. 
         			(46)
         		 El artículo 1, apartado 2, del contrato debería calificarse como una limitación de la responsabilidad de este tipo, de modo
      que también por esta razón está excluida la responsabilidad solidaria en razón de la condición de socios de los contratistas.
      
      
       133.    Una consideración de conjunto del contrato confirma que no se acordó una deuda solidaria en relación con las obligaciones
      de devolución. Las participaciones de los diferentes contratistas difieren considerablemente entre sí en cuanto a su importancia
      y su calidad. Euram y Nordbank, en particular, sólo hubieran tenido que realizar una aportación secundaria, asegurando la
      integración en el sistema de servicios complementarios (logística y sistemas de pagos, respectivamente). Su participación
      en las ayudas concedidas era consiguientemente reducida. En consecuencia, no puede considerarse que las diferentes empresas
      pretendieran asumir la responsabilidad solidaria pese a que sólo les correspondía una pequeña proporción de las ayudas y aunque
      únicamente participaban marginalmente en la ejecución del proyecto, de modo que su influencia sobre su éxito también era escasa. 
         			(47)
         		
      
       134.    También debe tenerse en cuenta el carácter especial del contrato como instrumento de promoción de la investigación, sobre
      el que la Comisión insistió particularmente en la vista, si bien es cierto que en un contexto diferente. La promoción de la
      investigación y el desarrollo lleva aparejados grandes riesgos. 
         			(48)
         		 Precisamente por el hecho de que, por regla general, los inversores privados no están dispuestos a asumir estos riesgos,
      es necesario el apoyo con fondos públicos. Uno de estos riesgos que la Comisión asumió conscientemente al celebrar el contrato
      de ayuda es el riesgo de que las empresas más pequeñas del sector de la investigación y el desarrollo no puedan sobrevivir
      económicamente. Sería injusto que el riesgo de desaparición en tales casos se trasladara plenamente a los demás contratistas.
      La Comisión debería contar con que algunas empresas prefieran dejar de participar en proyectos de investigación promovidos
      por la Comunidad si esto supone que tienen que asumir unas obligaciones tan amplias como las que pretende deducir la Comisión
      de su modelo de contrato.
      
      
       135.    En apoyo de su forma de interpretar el contrato, la Comisión se remite, por último, a las consideraciones efectuadas por el
      Tribunal de Justicia sobre la existencia de una obligación solidaria en la sentencia Comisión/Oder-Plan Architektur y otros 
         			(49)
         		 y en la sentencia Comisión/Manuel Pereira Roldão & Filhos y otros. 
         			(50)
         		 Sin embargo, estas afirmaciones no pueden trasladarse al presente caso, ya que el proyecto controvertido en aquellos procedimientos
      estaba redactado en unos términos completamente diferentes de los del contrato controvertido en el presente asunto.
      
      
       136.    En primer lugar, el contrato de que se trataba en los procedimientos Comisión/Oder-Plan Architektur y otros y Manuel Pereira
      Roldão & Filhos y otros no dejaba ninguna duda sobre la responsabilidad solidaria en relación con la obligación de efectuar
      la prestación principal. 
         			(51)
         		 Además, un contratista sólo podía liberarse de la deuda solidaria correspondiente al reembolso de los pagos no justificados
      acreditando que no había contribuido al incumplimiento y que había cumplido con las obligaciones de información derivadas
      del contrato. Así pues, con arreglo a dicha cláusula la deuda solidaria es la regla de la que el contratista contra el que
      se dirige la reclamación sólo puede liberarse de forma excepcional, en cuyo caso debe soportar la carga de la prueba.
      
      
       137.    En el contrato de que se trata en el presente caso, en cambio, un contratista sólo en casos excepcionales responde de las
      deudas por reembolsos ajenas, a saber, si ha participado en el incumplimiento del contrato. A este respecto, el debido cumplimiento
      de las obligaciones de información frente a la Comisión no se establece como un requisito para excluir la corresponsabilidad.
      Por ello, en el presente caso no tiene ningún sentido que la Comisión pretenda deducir, apoyándose en la sentencia Comisión/Oder-Plan
      Architektur y otros, la existencia de corresponsabilidad de los contratistas del incumplimiento de obligaciones de información.
      
      
       138.    Ahora bien, con independencia de las consideraciones anteriores, existen en todo caso, como se ha señalado, numerosas discordancias
      en el texto del contrato que suscitan serias dudas sobre la existencia de una obligación solidaria. Estas dudas se resuelven
      en detrimento de la Comisión.
      
      
       139.    La Comisión había predispuesto e impuesto a los contratistas el modelo de contrato, incluido el anexo II, para una pluralidad
      de casos. Por consiguiente, se trata de unas condiciones generales de contratación en el sentido del artículo 1 de la Gesetz
      zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Ley alemana sobre condiciones generales de contratación; en
      lo sucesivo, «Ley AGB»). De conformidad con el artículo 5 de la Ley AGB, que con arreglo al artículo 24 de la Ley AGB también
      se aplica a las cláusulas contractuales impuestas a las empresas, las dudas en la interpretación de las condiciones generales
      de contratación se resuelven en detrimento del predisponente. La responsabilidad solidaria beneficia a la Comisión, pero perjudica
      a las demandadas. Para que la Comisión pueda invocar cláusulas contractuales que hagan nacer una responsabilidad solidaria,
      esto debe desprenderse con la necesaria claridad de la disposición de que se trate. Esta claridad no existe en el caso de
      las estipulaciones contractuales controvertidas, tal como han puesto de manifiesto las consideraciones anteriores.
      
      
       140.    En resumen, procede señalar que del contrato no se desprende sin lugar a dudas la existencia de una responsabilidad solidaria
      de todas las demandadas por la devolución de los anticipos de la Comunidad. Los contratistas tampoco responden solidariamente
      de las obligaciones de una sociedad civil eventualmente creada para la ejecución del proyecto.
      
      
      B.
            Derecho a reclamar la devolución del anticipo frente a AMI, Intracom, Euram y Nordbank 141.    Puesto que no existe una obligación solidaria, debe examinarse si la Comisión tiene derecho a reclamar la devolución de una
      parte de los anticipos, respectivamente, frente a AMI, Intracom, Euram y Nordbank. Este derecho podría derivarse del contrato,
      concretamente del artículo 23.3 del anexo II, y de la prohibición de enriquecimiento injusto en el sentido del artículo 812
      del BGB.
      
      
      1.
         Derechos derivados del contrato
       142.    Un requisito para la existencia de un derecho con arreglo al artículo 23.3 del anexo II es que la  total financial contribution due for the Project  (la contribución financiera total adeudada [por la Comisión] por el proyecto) sea inferior a los pagos en concepto de anticipos
      ya realizados. La consecuencia jurídica sería que cada una de las citadas demandadas debería reembolsar la diferencia entre
      el anticipo que ha recibido y las cantidades que le corresponden en concepto de reembolso de gastos. Además de esto, con arreglo
      al artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato las demandadas podrían estar obligadas también a la devolución de los
      anticipos recibidos por otro contratista. Esto es lo primero que debe examinarse.
      
      
      a)
         Derecho derivado del artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato (responsabilidad por la participación en el incumplimiento
            del contrato por parte de otros contratistas)
         
       143.    El artículo 1, apartado 2, segunda frase, del contrato generaría un derecho si la demandada a la que se dirige la reclamación
      en cada caso hubiera contribuido al incumplimiento del contrato (es decir, a la mala ejecución o a la no ejecución) por parte
      de otro contratista y dicho incumplimiento llevara aparejado un derecho al reembolso de los anticipos.
      
      
       144.    De la expresión «a no ser» se desprende que este derecho constituye una excepción con respecto a las normas generales del
      contrato en materia de responsabilidad. La carga de la prueba en relación con los hechos en que se basa el referido derecho
      de la Comunidad, es decir, en relación con la participación de un contratista en el incumplimiento del contrato por parte
      de otro, recae sobre la Comisión como demandante. 
         			(52)
         		
      
       145.    Es cierto que la Comisión alegó, basándose en el informe de evaluación, que las demandadas no habían cooperado suficientemente
      y que no habían influido sobre los contratistas incumplidores. Tampoco cumplieron con la obligación, establecida en el punto 2.3,
      letra c), del anexo II, de informar a la Comisión sobre cualquier anomalía. Sin embargo, esta alegación general no es suficiente
      para demostrar la responsabilidad de un contratista en relación con los derechos de reembolso reclamados a otros contratistas.
      Por el contrario, la Comisión hubiera debido concretarlo respecto a cada uno de los contratistas. Además, AMI, Euram, Intracom
      y Nordbank negaron de manera circunstanciada dichas afirmaciones, de modo que la Comisión hubiera debido aportar pruebas,
      cosa que no hizo.
      
      
       146.    Por consiguiente, está excluida la existencia de un derecho de la Comisión con arreglo al artículo 1, apartado 2, segunda
      frase, del contrato.
      
      
      b)
         Derecho derivado del artículo 23.3 del anexo II (reembolso de los pagos realizados en exceso)
       147.    De conformidad con el artículo 23.3 del anexo II, procede examinar si los pagos recibidos, respectivamente, por AMI, Euram,
      Intracom y Nordbank exceden de las cantidades que les corresponden en concepto de reembolso de gastos. Además, el correspondiente
      derecho a reclamar la devolución debería haber vencido.
      
      
       148.    Del artículo 23.3 del anexo II se desprende que la liquidación de cuentas se lleva a cabo una vez que se hayan acreditado
      todos los gastos en relación con los cuales la Comisión debe efectuar una contribución. En efecto, los gastos totales efectivamente
      realizados sólo pueden determinarse una vez que se haya concluido el proyecto o se haya puesto fin de algún otro modo a su
      ejecución. 
         			(53)
         		 Puesto que el proyecto no llegó a su fin, los derechos de reembolso sólo pudieron nacer si se hubiera puesto fin al proyecto
      de algún otro modo. Si el proyecto no hubiera finalizado, siempre cabría añadir nuevos gastos reembolsables.
      
      
      i)
         Terminación del contrato
       149.    Es posible que se pusiera fin al proyecto mediante la resolución del contrato por parte de la Comisión, el 8 de septiembre
      de 1999. Sin embargo, las partes discuten vehementemente si dicha resolución fue válida o no. En opinión de las demandadas,
      no hubo ni una declaración de resolución válida ni tampoco un motivo de resolución. Ahora bien, en relación con el derecho
      derivado del artículo 23.3 estas cuestiones carecen de pertinencia y no es necesario resolverlas si se hubiera puesto fin
      al contrato de algún otro modo.
      
      
       150.    El artículo 5.4 del anexo II se limita a precisar, de forma complementaria al artículo 23.3 del anexo II, que, en caso de
      resolución del contrato, los contratistas mantendrán su derecho al reembolso proporcional de los gastos relacionados con el
      proyecto. El artículo 5.4 del anexo II no establece ninguna norma distinta de la del artículo 23.3 del anexo II por lo que
      respecta a la revocación del contrato. Por el contrario, también en caso de resolución debe efectuarse una liquidación de
      cuentas con arreglo al artículo 23.3 del anexo II.
      
      
       151.    Tampoco en esta medida es necesario recurrir a las disposiciones legales en materia de incumplimiento o de mal cumplimiento
      del contrato contenidas en los artículos 320 y ss. del BGB ni a las normas especiales en materia de contratos entre empresas,
      ya que este extremo está regulado de manera exhaustiva en el artículo 23.3, en relación con el artículo 5.4, del anexo II.
      Sólo falta una estipulación contractual que regule los eventuales derechos de indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo,
      en el presente procedimiento ninguna de las partes ha invocado este tipo de derechos.
      
      
       152.    La validez de la resolución del contrato debería examinarse en todo caso en relación con los eventuales derechos de la Comisión
      al cobro de intereses, que serían exigibles en caso de resolución del contrato con arreglo al artículo 5.4 del anexo II. Ahora
      bien, no es necesario responder a la cuestión de si la Comisión tiene derecho a cobrar intereses hasta saber si tiene algún
      derecho a reclamar el reembolso a las demandadas.
      
      
       153.    Con independencia de su resolución, el contrato ha quedado en todo caso sin objeto en razón del transcurso del tiempo. Con
      arreglo al artículo 2.1 del contrato, el proyecto debía ser ejecutado en dieciocho meses. Por tanto, el período de ejecución
      del proyecto finalizó, con independencia de la resolución del contrato, el 30 de noviembre de 1999. Es cierto que, de conformidad
      con su artículo 2.2, el contrato sólo termina una vez que se haya realizado el último pago de la Comisión. Sin embargo, de
      conformidad con el artículo 18.1 del anexo II los contratistas sólo pueden exigir el reembolso de los gastos realizados durante
      los dieciocho meses del plazo de ejecución del proyecto. Además, sólo es posible reclamar el reembolso de gastos en el marco
      del cumplimiento de las obligaciones de información y de las evaluaciones previstas en el contrato. No parece que las demandadas
      sigan reclamando tales gastos. Con arreglo al artículo 5.2 del contrato 
         			(54)
         		 –aplicable,  mutatis mutandis,  a la presente situación–, los contratistas sólo hubieran podido reclamar otros gastos en el plazo de tres meses tras la entrega
      del último resultado. Tampoco cabe esperar que la Comisión realice nuevos pagos. Por consiguiente, es posible realizar, en
      todo caso, una liquidación de cuentas definitiva.
      
      
       154.    La «suspensión» del proyecto decretada en el marco de la evaluación no cambia las cosas. Por un lado, en el contrato no se
      contempla la posibilidad de una suspensión, ni ésta fue acordada entre las partes por escrito, tal como estaba previsto para
      las modificaciones del contrato. Por otro lado, la suspensión del proyecto se prolongó como mucho hasta la resolución del
      contrato. Aun cuando se añadiera el período de suspensión al período de ejecución del proyecto de dieciocho meses, la ejecución
      del contrato hubiera terminado en todo caso en el año 2000.
      
      
       155.    La observancia del período de ejecución previsto en el contrato reviste una importancia fundamental en el caso de los contratos
      de promoción de proyectos de investigación y desarrollo. Debido al progreso técnico, sólo tiene sentido realizar estos proyectos
      dentro de un determinado plazo. A esto se añade el hecho de que los fondos presupuestarios utilizados por la Comisión sólo
      están disponibles durante determinados períodos.
      
      
       156.    En última instancia, las propias partes están de acuerdo en que el contrato ha quedado sin objeto. Es cierto que las demandadas
      consideran que la resolución del contrato por parte de la Comisión carece de validez. Sin embargo, ninguna de las empresas
      ha sacado de ello la conclusión de que pudiera continuarse con el proyecto. La continuación del proyecto sería imposible ya
      por el hecho de que las empresas que asumieron la responsabilidad principal ya no existen. Además, debe considerarse que las
      bases técnicas y económicas del proyecto han quedado superadas.
      
      
       157.    Puesto que el contrato ha quedado sin objeto como consecuencia del transcurso del tiempo, debe efectuarse la liquidación de
      cuentas con arreglo al artículo 23.3 del anexo II. Sería exigible la eventual diferencia entre los pagos efectuados por la
      Comisión y la contribución comunitaria efectivamente debida.
      
      
      ii)
         Pagos de la Comisión
       158.    La Comisión tiene la obligación de alegar las cantidades que han recibido los diferentes contratistas y que deben tenerse
      en cuenta en el marco de la liquidación de cuentas con arreglo al artículo 23.3 del anexo II. Puesto que debe rechazarse la
      existencia de una obligación solidaria, 
         			(55)
         		 lo lógico sería considerar como pagos en este sentido las cantidades recibidas por InterTeam para los respectivos contratistas
      con arreglo al artículo 2.1, letra b), del anexo II. De este modo, carecería de relevancia la cuantía de las remesas efectivamente
      transferidas por InterTeam a los contratistas.
      
      
       159.    Sin embargo, la Comisión no proporcionó ninguna indicación sobre cómo deben imputarse los pagos recibidos por InterTeam a
      los diferentes contratistas con arreglo al plan de gastos establecido en el contrato. Por el contrario, se limitó a desagregar
      las cantidades que debían soportar los contratistas internamente «sin perjuicio de su responsabilidad solidaria». 
         			(56)
         		 A este respecto, la Comisión se basa en las cantidades que InterTeam transfirió efectivamente a los contratistas. El Tribunal
      de Justicia únicamente puede basarse en dichas cantidades, ya que la Comisión no ha acreditado ningún otro derecho. Con arreglo
      a las mismas, en el marco de la liquidación de cuentas deben tomarse en consideración los siguientes pagos en relación con
      las diferentes demandadas: AMI: 26.743 euros; Euram: 21.606 euros, e Intracom: 10.362 euros. Puesto que Nordbank no recibió
      ningún pago, está excluida de antemano la existencia de cualquier derecho al reembolso frente a dicha demandada.
      
      
      iii)
         Gastos reembolsables
       160.    Los pagos efectuados deben cotejarse con los gastos que debe reembolsar la Comisión. No se discute que la Comisión aceptó
      los gastos de AMI por importe de 26.214,55 euros y los gastos de Intracom por importe de 16.384,09 euros. En el caso de Intracom,
      de ello se deriva un saldo positivo a favor de la empresa, de modo que no existe ningún derecho al reembolso de la Comisión.
      AMI debería devolver una diferencia de 528,45 euros (26.743 – 26.214,55). Euram debería reembolsar la totalidad del anticipo
      (21.606 euros), ya que la Comisión no aceptó ninguno de los gastos reclamados por Euram. Lo único que se discute es si la
      Comisión tiene razón al considerar que una parte de los gastos reclamados por AMI y la totalidad de los gastos reclamados
      por Euram no son reembolsables.
      
      
       161.    La no aceptación de los gastos se debe al hecho de que la Comisión no aceptó como prestaciones conformes con el contrato los
      resultados en relación con los cuales se efectuaron los gastos. A este respecto, la Comisión se basa en los informes de evaluación.
      El objeto de la última evaluación previa a la interrupción del proyecto fueron los resultados documentados en el informe anual,
      a saber: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 5.1. De estos resultados, los únicos que resultan
      pertinentes son aquellos en cuya elaboración participaron Euram y AMI con arreglo al plan de trabajo establecido en el contrato.
      Se trata, en el caso de Euram, de los resultados 1.2 y 1.3 y, en el caso de AMI, de los resultados 1.1, 1.2, 1.3, 4.3 y 4.5.
      Puesto que los resultados 4.3 y 4.5 fueron aceptados por la Comisión, el litigio se centra en los gastos efectuados en relación
      con los resultados 1.1, 1.2 y 1.3.
      
      
       162.    La Comisión únicamente basó su reclamación de la devolución de los anticipos en las supuestas deficiencias de los resultados
      entregados. En cambio, no formuló ninguna objeción a los justificantes de gastos mediante los cuales las demandadas acreditaron
      los gastos en que habían incurrido.
      
      
       163.    Antes de examinar si la Comisión actuó correctamente al no aceptar los resultados entregados, deben aclararse algunas cuestiones
      de principio controvertidas entre las partes.
      
      
      –
         Aceptación del informe semestral por parte de la Comisión
       164.    Las demandadas consideran que la Comisión ya había aceptado los resultados a los que se refería el informe semestral (es decir,
      entre otros, los resultados 1.1, 1.2 y 1.3) al no haber formulado ninguna objeción contra dicho informe en el plazo establecido
      al efecto.
      
      
       165.    Es cierto que, de conformidad con el artículo 10.3 del anexo II, los informes intermedios se consideran aprobados cuando la
      Comisión no formula objeciones en el plazo de un mes. También es cierto que, efectivamente, la Comisión no formuló objeciones
      al informe dentro de dicho plazo.
      
      
       166.    Sin embargo, esto no supone la aceptación de los resultados documentados en el informe semestral. En efecto, tal como se desprende
      del artículo 10.1 del anexo II, los informes de avance de la Comisión únicamente pretenden proporcionar una idea general sobre
      el correcto desarrollo del proyecto. Basándose en dichos informes, la Comisión decide, en particular, si pueden librarse nuevos
      anticipos. 
         			(57)
         		 Supondría una carga administrativa desproporcionada el que la Comisión debiera decidir en el momento de la presentación de
      cada informe intermedio, en su caso recurriendo a expertos, sobre la aceptación de los resultados descritos en los mismos.
      
      
      –
         Facultad discrecional de la Comisión
       167.    La Comisión subraya el carácter especial del contrato como contrato relativo a una ayuda unilateralmente concedida por la
      Comunidad en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo. De ello deduce que la aceptación de la prestación efectuada
      forma parte de su facultad discrecional. El Tribunal de Justicia puede examinar, en todo caso, si la Comisión se ha excedido
      de su facultad discrecional y ha actuado de manera arbitraria.
      
      
       168.    Esta tesis de la Comisión debe desestimarse. Es contrario a los principios básicos del Derecho de contratos conferir a una
      de las partes contratantes unas facultades de decisión unilateral tan amplias. Antes bien, un contrato se basa precisamente
      en el acuerdo de voluntades entre dos o más partes situadas a un mismo nivel. Es cierto que, con arreglo al artículo 315 del
      BGB, se admite que una parte especifique la prestación antes de que ésta sea efectuada. Sin embargo, esta disposición no contempla
      el que la apreciación de la calidad de la prestación ya efectuada pueda ser realizada discrecionalmente por una de las partes.
      
      
       169.    Aun suponiendo que, desde un punto de vista teórico, fuera posible conferir este tipo de derechos unilaterales tan amplios,
      para ello sería necesario en todo caso incluir una estipulación expresa en ese sentido en el contrato. El contrato de que
      se trata en el presente caso contiene diversos indicios de que el reembolso de los gastos depende de la aceptación de la prestación
      por parte de la Comisión. Sin embargo, del contrato no se desprende con la necesaria claridad que corresponda a la Comisión
      efectuar discrecionalmente la apreciación definitiva de las prestaciones. A este propósito, debe recordarse que las imprecisiones
      en las condiciones generales de contratación deben resolverse en detrimento de la Comisión como predisponente. 
         			(58)
         		
      
       170.    El hecho de que se trate de un contrato con carácter de subvención no puede justificar la existencia de un derecho de apreciación
      unilateral por parte de la Comisión. No veo por qué razón a este tipo de contratos deberían aplicárseles reglas especiales. 
         			(59)
         		 Si la Comisión opta por la forma del contrato para la concesión de ayudas, también ella está sujeta a los principios aplicables
      a los contratos.
      
      
       171.    Además, debe tenerse en cuenta que el perceptor de una subvención contractualmente acordada a un proyecto de investigación
      y desarrollo toma importantes disposiciones económicas propias anticipando la contribución comunitaria. A falta de una estipulación
      expresa en ese sentido, confía en que la apreciación de la prestación contractualmente adeudada y, por ende, el reembolso
      de los gastos, no dependa exclusivamente de la facultad discrecional de la Comisión.
      
      
      –
         Vinculación de los contratistas por la apreciación del Grupo de Evaluación
       172.    La Comisión considera que las conclusiones del Grupo de Evaluación son vinculantes para las demandadas, ya que éstas aprobaron
      el recurso a los evaluadores.
      
      
       173.    Debido a sus importantes consecuencias, un acuerdo compromisorio como ése requiere de una norma expresa. Sin embargo, ni el
      contrato ni la ulterior correspondencia entre las partes contienen indicios de que los contratistas desearan someterse a la
      apreciación vinculante de la prestación por parte de terceros. El empleo de expertos por parte de la Comisión únicamente se
      menciona en el artículo 8 del anexo II en relación con la protección de la información confidencial de los contratistas. En
      este contexto se inscribe también el intercambio de correos electrónicos entre la Comisión e InterTeam previo a la designación
      del Grupo de Evaluación. En ellos, InterTeam manifiesta su acuerdo con la elección de los expertos por parte de la Comisión.
      Al carácter vinculante de sus apreciaciones no se hace ni una sola mención.
      
      
      –
         Carga de la alegación y de la prueba
       174.    Así pues, puesto que la apreciación de las prestaciones no forma parte de la facultad discrecional de la Comisión y los contratistas
      tampoco se sometieron con carácter vinculante, a ese respecto, a las apreciaciones del Grupo de Evaluación, se aplican los
      principios generales en materia de carga de la alegación y de la prueba. Con arreglo a los mismos, la carga de la alegación
      y de la prueba recae sobre el demandante en relación con los hechos en los que funda su derecho. 
         			(60)
         		
      
       175.    La Comisión invoca su derecho al reembolso de un anticipo. En consecuencia, debe alegarlo de manera concluyente y, en caso
      de controversia, probar que los pagos exceden de la contribución financiera adeudada.
      
      
       176.    La Comisión únicamente adeuda contribuciones en relación con los gastos correspondientes a los resultados entregados que sean
      conformes con el contrato, y en la medida en que dichos gastos hayan sido debidamente justificados. Si el contratista ha hecho
      entrega de un resultado y aportado los justificantes de gastos, recae sobre la Comisión la carga de la prueba de que no adeuda
      ninguna cantidad en concepto de reembolso de los gastos relacionados con dicho resultado porque la prestación era defectuosa
      o los justificantes de gastos insuficientes.
      
      
       177.    A esta atribución de la carga de la prueba de la deficiencia de la prestación no se oponen las apreciaciones efectuadas por
      el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Toditec/Comisión, 
         			(61)
         		 a las que se remite la Comisión. En aquella sentencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó que los contratistas de la
      Comisión debían probar la realidad de los gastos soportados y el respeto de las demás formalidades contractuales para poder
      reclamar el reembolso de estos gastos a la Comisión. A diferencia de lo que sucede en la presente situación, en el asunto
      Toditec/Comisión eran los contratistas y no la Comisión los que actuaban como demandantes. Por consiguiente, eran ellos los
      que debían probar que se cumplían los requisitos para el nacimiento de un derecho al reembolso de los gastos frente a la Comisión.
      
      
       178.    Queda por examinar si la Comisión ha alegado de manera concluyente que no adeuda ninguna contribución a los gastos correspondientes
      a los resultados 1.1, 1.2 y 1.3 debido a que dichas prestaciones eran defectuosas.
      
      
       179.    Teniendo en cuenta la exposición en algunos casos muy breve y aparentemente superficial que se hace de dichos resultados,
      parecía perfectamente lógico preguntarse si para ello se emplearon efectivamente varios meses-hombre. Es cierto que, en la
      vista, la Comisión señaló, concretamente en relación con el resultado 1.3, descrito en una única página, la discrepancia existente
      entre el personal utilizado y la escasa entidad del resultado. Sin embargo, de ello no dedujo que los gastos no hubieran sido
      debidamente justificados, sino sólo que la prestación era insuficiente. En todo caso, era demasiado tarde para que la Comisión
      pretendiera con ello poner en duda, de manera indirecta, los justificantes de gastos.
      
      
       180.    En su exposición de las deficiencias que alega, la Comisión se remite reiteradamente a los informes del Grupo de Evaluación.
      En su segundo informe de evaluación, que por tratarse del informe final resulta determinante en el presente caso, los evaluadores
      consideraron que los tres resultados del primer bloque entregados estaban desestructurados y presentaban importantes lagunas.
      En su informe, realizaron consideraciones detalladas sobre aspectos que los contratistas hubieran debido desarrollar. En sus
      observaciones finales, llegan incluso a considerar que los resultados 1.2 y 1.3 no habían sido efectivamente entregados, ya
      que, según las indicaciones de los propios contratistas, la documentación presentada consistía únicamente en resúmenes de
      las prestaciones propiamente dichas.
      
      
       181.    De acuerdo con el contrato, el resultado 1.2 debía definir los  software interfaces  necesarios para integrar a los bancos para las transacciones de pagos y a las empresas de logística para los servicios de
      transporte. Este resultado constituía el requisito previo para la especificación detallada de las funciones de  interface  objeto del resultado 2.4. Esta prestación fue aceptada por los evaluadores en su segundo informe de evaluación. La Comisión
      no justificó de manera convincente cómo era posible una entrega aceptable del resultado 2.4 cuando su base, que era el resultado
      1.2, era insuficiente o ni siquiera se había entregado efectivamente. En particular, no tuvo en consideración la posibilidad
      de que, al elaborar el resultado 2.4, al que se hace referencia expresa en la exposición del resultado 1.2, los contratistas
      pusieran al día los trabajos no realizados con anterioridad.
      
      
       182.    La Comisión tampoco expuso cómo se desglosan las cantidades que deben reembolsar Euram y Alcatel entre los distintos resultados.
      En consecuencia, la afirmación de que la Comisión no justificó de manera concluyente el carácter deficiente de uno de los
      resultados en los que participaron dichos contratistas es suficiente para desestimar todos sus derechos.
      
      
       183.    Así pues, puesto que la Comisión tampoco ha probado que exista una diferencia entre los pagos recibidos por AMI y Euram y
      la contribución financiera de la Comunidad, no existe ningún derecho al reembolso con arreglo al artículo 23.3 del anexo II.
      
      
       184.    A falta de derecho principal, también está excluido en todo caso el derecho a cobrar intereses con arreglo al artículo 5.4
      del anexo II.
      
      
      2.
         Derecho por enriquecimiento injusto
       185.    La existencia de un derecho basado en el artículo 812 del BGB a la restitución de un enriquecimiento injusto está excluida
      por las mismas razones que el derecho contractual al reembolso. En efecto, la Comisión no ha probado que los pagos excedan
      de los derechos de los contratistas. Por consiguiente, tampoco ha aportado la prueba del enriquecimiento injusto.
      
      
      3.
         Conclusión provisional
       186.    En la medida en que procede declarar la admisibilidad de la demanda, ésta es infundada, ya que las demandadas no responden
      solidariamente y la Comisión no ha alegado de manera concluyente que tenga derecho a reclamar la devolución proporcional de
      los anticipos a los diferentes contratistas.
      
      
      
            VII.
            Sobre la demanda reconvencional 187.    Intracom invoca, con carácter reconvencional, su derecho al pago de 6.022 euros frente a la Comisión. Esta cantidad resulta
      de la diferencia entre el anticipo efectivamente distribuido por InterTeam a Intracom por importe de 10.362 euros y la parte
      correspondiente a Intracom de los gastos relacionados con los resultados entregados y aceptados, por importe de 16.384,09 euros.
      
      
       188.    La Comisión considera que Intracom no puede invocar por sí sola ningún derecho, sino que únicamente pueden hacerlo todos los
      contratistas conjuntamente como «acreedores solidarios». Según afirma, la Comisión ya ha deducido dicha cantidad del crédito
      que reclama a todas las desmandadas como deudores solidarios.
      
      
       189.    Intracom señala que, precisamente en el caso de los acreedores solidarios, de conformidad con el artículo 428 del BGB cada
      uno de los acreedores por separado puede exigir la totalidad de la prestación. En todo caso, una vez extinguida la relación
      contractual cada uno de los contratistas tiene derecho a reclamar sus derechos por separado.
      
      
       190.    En primer lugar, debe subrayarse que la Comisión no ha solicitado expresamente a este Tribunal de Justicia que desestime la
      demanda reconvencional. Sin embargo, en su réplica, la Comisión cuestionó el fundamento del derecho invocado en la misma y
      señaló que la demanda reconvencional debe ser desestimada. Dichas alegaciones contienen de manera implícita una pretensión
      de desestimación.
      
      
       191.    La demanda reconvencional únicamente tendría fundamento si los anticipos totales pagados por la Comisión no fueran suficientes
      para cubrir la proporción de los gastos previstos correspondiente a Intracom. En cambio, si la Comisión ha pagado un anticipo
      de una cuantía suficiente al coordinador InterTeam, pero ésta no llegó a distribuir los fondos entre los contratistas de acuerdo
      con el plan de gastos, Intracom debería demandar a InterTeam.
      
      
       192.    La cantidad reclamada por Intracom se refiere a gastos soportados en relación con los resultados 4.3 y 4.5, los únicos resultados
      entregados y aceptados por la Comisión, en los que Intracom tuvo una importante participación. 
         			(62)
         		 El resultado 4.3 debía entregarse antes del sexto mes, y el resultado 4.5 antes del duodécimo mes. Del esquema general de
      gastos contenido en el anexo I (p. 28 del contrato) cabe deducir que a Intracom le hubiera correspondido una participación
      en los gastos totales previstos durante los primeros doce meses de 28.500 euros. Sin embargo, no se discute que Intracom únicamente
      recibió 10.362 euros.
      
      
       193.    Intracom únicamente tendría derecho a nuevos pagos de la Comisión en el caso de que los anticipos desembolsados por la Comisión
      a InterTeam hasta el final del primer período de doce meses no hubieran sido suficientes para cubrir los gastos de los contratistas
      previstos hasta entonces de acuerdo con el plan de gastos, incluida la participación de Intracom en dichos gastos.
      
      
       194.    Sin embargo, no es eso lo que sucede. La subvención de la Comisión para los primeros doce meses hubiera debido ascender al
      50 % de 646.940 euros, es decir, a 323.470 euros. 
         			(63)
         		 En realidad, la Comisión desembolsó al coordinador, hasta el 6 de mayo de 1999, anticipos por importe de 461.394 euros. De
      conformidad con el artículo 2.1, letra b), del anexo II, InterTeam hubiera debido repartir inmediatamente los pagos de la
      Comisión de manera proporcional entre los demás contratistas. La proporción que hubiera recibido en ese caso Intracom hubiera
      sido más que suficiente para cubrir los gastos previstos en su caso hasta el duodécimo mes.
      
      
       195.    El hecho de que InterTeam retuviera una parte de los fondos en contra de lo estipulado en el contrato no puede imputarse a
      la Comisión. En consecuencia, Intracom no puede reclamar ahora ningún otro pago a la Comisión. Por el contrario, Intracom
      debería reclamar la parte que le corresponde de los anticipos de la Comisión a InterTeam, algo que, sin embargo, tras la liquidación
      de InterTeam no parece tener muchas perspectivas de éxito.
      
      
       196.    Por consiguiente, procede desestimar la demanda reconvencional.
      
      
      
            VIII.
            Costas 197.    A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
      si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión en su demanda,
      procede condenarla en costas. Tampoco la demanda reconvencional presentada por Intracom ha prosperado. Sin embargo, la Comisión
      no solicitó la condena en costas de Intracom en relación con la demanda reconvencional. En consecuencia, en esa medida cada
      parte deberá soportar sus propias costas.
      
      
      
            IX.
            Conclusión 198.    En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que decida:
      
      1)
         Desestimar la demanda.
      
      
      2)
         Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.
      
      
      3)
         Desestimar la demanda reconvencional.
      
      
      4)
         En relación con la demanda reconvencional, Intracom SA Hellenic Telecommunications & Electronic Industry y la Comisión de
            las Comunidades Europeas soportarán cada una sus propias costas.
         
      
      
      
       1 –
         
         Lengua original: alemán.
      
      2 –
         
         Con anterioridad a la presentación de la demanda se inició un procedimiento de liquidación del patrimonio de A-Consult GmbH,
            designándose al abogado Sr. E. Roehlich como administrador de la masa. Con arreglo al Derecho austriaco, la demanda hubiera
            debido ir dirigida contra él. Sin embargo, la Comisión no ha modificado su demanda ni siquiera después de tener conocimiento
            de dicha circunstancia. Por ello, en lo sucesivo continuaré refiriéndome como parte a A-Consult. 
            
         
      
      3 –
         
         Decisión 94/802/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1994, por la que se adopta un programa específico de investigación y
            desarrollo tecnológico, incluida la demostración en el campo de las tecnologías de la información (1994-1998) (DO L 334, p. 24).
            
         
      
      4 –
         
         Decisión nº 1110/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de abril de 1994, relativa al cuarto programa marco de
            la Comunidad Europea para acciones comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecnológicos y demostración (1994-1998)
            (DO L 126, p. 1).
            
         
      
      5 –
         
         Entretanto se ha establecido en la práctica una plataforma similar: www.excessportal.com. 
            
         
      
      6 –
         
         Puesto que, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1103/97 del Consejo, de 17 de junio de 1997,
            sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción del euro (DO L 162, p. 1), toda referencia al ecu se entiende
            hecha al euro a un tipo de un euro por un ecu, en lo sucesivo utilizaré únicamente –salvo en las citas literales– la denominación
            euro.
            
         
      
      7 –
         
         El contrato modelo puede consultarse en Internet en versión francesa, inglesa y alemana en la dirección http://europa.eu.int/comm/research/modelc.html.
            
            
         
      
      8 –
         
         El significado de la expresión «Subject to force majeure […]», que en inglés no está del todo claro, queda aclarado si se
            recurre de manera complementaria a las versiones alemana y francesa del contrato modelo. Su tenor es el siguiente: «Vorbehaltlich
            höherer Gewalt […]» y «Sous réserve des cas de force majeure […]».
            
         
      
      9 –
         
         Se aplica la versión de las disposiciones pertinentes vigente en el momento de la celebración del contrato. De este modo,
            en particular las modificaciones introducidas mediante la Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts (Ley alemana de modernización
            del Derecho de obligaciones) de 26 de noviembre de 2001 no deben ser tenidas en cuenta [véase el artículo 229, apartado 5,
            de la Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ley de introducción del Código Civil alemán)].
            
         
      
      10 –
         
         Siguiendo la terminología utilizada en el artículo 238 CE, en lo sucesivo utilizaré este concepto pese a que, desde un punto
            de vista material, se trata de una cláusula atributiva de jurisdicción, ya que los órganos jurisdiccionales comunitarios son
            órganos jurisdiccionales estatales en sentido amplio, cuya competencia está regulada en el Tratado CE, y no tribunales arbitrales
            privados. 
            
         
      
      11 –
         
         El artículo 51 fue modificado, mediante la Decisión 2004/407/CE, Euratom del Consejo de 26 de abril de 2004 (DO L 132, p. 5),
            en el sentido de que, en adelante, el Tribunal de Primera Instancia también será competente para las demandas de las instituciones
            comunitarias basadas en una cláusula compromisoria. Sin embargo, con arreglo a la disposición transitoria del artículoﾠ2 de
            la Decisión, los procedimientos ya pendientes de resolución ante el Tribunal de Justicia no serán remitidos al Tribunal de
            Primera Instancia si, en la fecha de la entrada en vigor de la Decisión, la fase escrita del procedimiento ya ha llegado –como
            sucede en el presente caso– a su término. De ello cabe deducir que el Tribunal de Justicia sigue siendo competente en relación
            con dichos asuntos.
            
         
      
      12 –
         
         En relación con el principio según el cual deben aplicarse las disposiciones procesales vigentes en el momento de dictarse
            la resolución, véanse las sentencias de 12 de noviembre de 1981, Salumi y otros (asuntos acumulados 212/80 a 217/80, Rec.
            p. 2735), apartado 9, y de 1 de julio de 2004, Tsapalos y Diamantakis (asuntos acumulados C‑361/02 y C‑362/02, Rec. p. I‑0000),
            apartado 19, con otras referencias.
            
         
      
      13 –
         
         Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia
            de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), en la versión resultante de la Decisión 1999/2001/CE, CECA, Euratom del Consejo
            de 26 de abril de 1999 (DO L 114, p. 52). Esta Decisión fue derogada mediante el artículo 10 del Tratado de Niza.
            
         
      
      14 –
         
         Conclusiones del Abogado General Mayras de 27 de octubre de 1976, Pellegrini/Comisión (23/76, Rec. p. 1807, especialmente
            p. 1824).
            
         
      
      15 –
         
         No obstante, por lo que respecta a la forma escrita no deben establecerse (sin perjuicio de una estipulación contractual en
            sentido contrario) criterios demasiado estrictos. Así, el Tribunal de Justicia aceptó que la cláusula estuviera contenida
            inicialmente en un borrador del contrato no firmado al que, sin embargo, posteriormente las partes se remitieron en escritos
            concordantes (sentencia de 7 de diciembre de 1976, Pellegrini/Comisión, 23/76, Rec. p. 1807, apartados 9 y 10).
            
         
      
      16 –
         
         Sentencia de 8 de abril de 1992 (C‑209/90, Rec. p. I‑2613), apartado 13.
            
         
      
      17 –
         
         Conclusiones del Abogado General Lenz en el asunto en el que recayó la sentencia Comisión/Feilhauer, citada en la nota 16
             supra,  punto 18. Véase también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el artículo 17 del Convenio de Bruselas (sentencias
            de 10 de marzo de 1992, Powell Duffryn, C‑214/89, Rec. p. I‑1745, apartado 37, y de 3 de julio de 1997, Benincasa, C‑269/95,
            Rec. p. I‑3767, apartado 31).
            
         
      
      18 –
         
         Sobre la obligación de interpretar un contrato teniendo en cuenta el contexto comunitario, véase la sentencia de 27 de abril
            de 1999, Comisión/SNUA (C‑69/97, Rec. p. I‑2363), apartado 19.
            
         
      
      19 –
         
         Sentencias de 18 de diciembre de 1986, Comisión/Zoubek (426/85, Rec. p. 4057), apartado 11, y de 3 de diciembre de 1998, Comisión/Industrial
            Refuse & Coal Energy (C‑337/96, Rec. p. I‑7943), apartado 49.
            
         
      
      20 –
         
         Sentencias de 10 de abril de 2003, Parlamento/SERS y otros (C‑167/99, Rec. p. I‑3269); de 16 de octubre de 2003, Comisión/ITEC
            (C‑29/03, Rec. p. I‑0000); de 16 de octubre de 2003, Comisión/ITEC (C‑30/03, Rec. p. I‑0000), y de 8 de julio de 2004, Comisión/Trendsoft
            (C‑127/03, Rec. p. I‑0000), apartados 7 y 21.
            
         
      
      21 –
         
         Sentencia de 11 de octubre de 2001, Comisión/Oder-Plan Architektur y otros (C‑77/99, Rec. p. I‑7355), apartado 28. Véase también
            la sentencia de 27 de noviembre de 1984, Bensider y otros/Comisión (50/84, Rec. p. 3991), apartado 7. Con arreglo a la sentencia
            de 5 de noviembre de 2002, Überseering (C‑208/00, Rec. p. I‑9919), debe tenerse en cuenta más bien el domicilio estatutario.
            Puesto que, en el presente caso, el domicilio estatutario y el domicilio efectivo coinciden, no es necesario analizar en mayor
            medida esta cuestión.
            
         
      
      22 –
         
         Véase Lutter/Hommelhoff: GmbH-Gesetz: Kommentar, 15ª ed. (2000), artículo 74, punto 17.
            
         
      
      23 –
         
         Véase la sentencia del Bundesarbeitsgericht de 4 de junio de 2003 –10 AZR 449/02–, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2003,
            p. 1049.
            
         
      
      24 –
         
         Así lo ha establecido ahora de manera expresa el Bundesgerichtshof en su sentencia de 2 de junio de 1999 –VIII ZR 112/98–,
            Neue Juristische Wochenschrift 1999, p. 2972, mientras que en su anterior jurisprudencia se conformaba con la mera afirmación
            de la existencia de patrimonio (sentencia de 29 de septiembre de 1967 –V ZR 40/66–, BGHZ 48, p. 303, especialmente p. 307).
            
         
      
      25 –
         
         Véase Schmidt, en Scholz: Kommentar zum GmbH-Gesetz, 9ª ed. (2002), artículo 60, punto 62.
            
         
      
      26 –
         
         Así, en particular, la disolución de la GmbH debe inscribirse en el Registro Mercantil con arreglo a lo dispuesto en el artículo 65,
            apartado 1, de la Gesetz betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Ley alemana de sociedades de responsabilidad
            limitada; en lo sucesivo, «GmbHG») y, con arreglo al artículo 65, apartado 2, de la GmbHG, los liquidadores deben comunicarla
            mediante la publicación de tres anuncios. Simultáneamente, debe requerirse a los acreedores para que se dirijan a los liquidadores.
            Tras la publicación del último anuncio, sigue un período de un año de espera antes de cuya expiración no puede distribuirse
            ningún valor patrimonial de la sociedad.
            
         
      
      27 –
         
         No está claro el destino de los aproximadamente 150.000 euros que InterTeam hubiera debido reenviar sin demora a los demás
            contratistas o al menos depositar en consignación por separado de su propio patrimonio. Posiblemente, la Comisión hubiera
            podido entablar una acción personal contra los responsables de InterTeam en lugar de proceder contra la sociedad liquidada.
            
            
         
      
      28 –
         
         DO L 160, p. 1.
            
         
      
      29 –
         
         Véase la sentencia Comisión/Oder-Plan Architektur y otros, citada en la nota 21  supra,  apartado 28.
            
         
      
      30 –
         
         Citada en la nota 16  supra,  apartado 13.
            
         
      
      31 –
         
         Véase Hess/Weis/Wienberg: Kommentar zur Insolvenzordnung, 2ª ed. (2001), artículo 87, puntos 6 y 7.
            
         
      
      32 –
         
         A este respecto, véase el artículo 89 del InsO.
            
         
      
      33 –
         
         En su sentencia de 22 de febrero de 1999, CECA/Busseni (221/88, Rec. p. I‑495), apartado 26, el Tribunal de Justicia ya declaró
            que una recomendación de la CECA no puede interpretarse en el sentido de que la CECA goce de preferencia frente a los acreedores
            particulares en el marco de un procedimiento de ejecución universal.
            
         
      
      34 –
         
         A este respecto, véase el punto 78  supra. 
            
         
      
      35 –
         
         Hess/Weis/Wienberg, artículo 180, punto 2.
            
         
      
      36 –
         
         No obstante, a falta de documentación escrita no está claro qué es exactamente lo que se incluyó en la masa pasiva, el derecho
            reclamado mediante la primera pretensión formulada con carácter subsidiario o el derecho reclamado mediante la pretensión
            formulada con carácter subsidiario de segundo grado. Además, no disponemos de ninguna información sobre si únicamente el administrador
            concursal o también otros acreedores impugnaron dicho derecho, en cuyo caso la acción declarativa debería estar dirigida además
            contra ellos.
            
         
      
      37 –
         
         En la medida en que en lo sucesivo mencione a las demandadas, me referiré únicamente a estas cuatro empresas.
            
         
      
      38 –
         
         La Comisión se remite, en este contexto, a la sentencia Comisión/Oder-Plan Architektur y otros, citada en la nota 21  supra,  apartado 61.
            
         
      
      39 –
         
         En el anexo I, parte II, punto 6 (p. 70 del contrato), se prevé la celebración de un contrato de consorcio. En el caso de
            que no llegara a celebrarse dicho contrato, es posible que entre los contratistas naciera incluso de manera implícita un acuerdo
            de constitución de una sociedad. 
            
         
      
      40 –
         
         Sprau, en Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, 62ª ed. (2003), artículo 714, punto 12.
            
         
      
      41 –
         
         Bydlindski, en Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Tomo 2a, 4ª ed. (2003), artículo 431, punto 3; Noack, en Staudinger:
            Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 1999, observaciones preliminares sobre los artículos 420 y ss., punto 24; una opinión
            diferente en Heinrichs, en Palandt, introducción a los artículos 420 y ss., punto 9.
            
         
      
      42 –
         
         Noack, en Staudinger, observaciones preliminares sobre los artículos 420 y ss., punto 26.
            
         
      
      43 –
         
         Véase Noack, en Staudinger, artículo 427, punto 74.
            
         
      
      44 –
         
         Noack, en Staudinger, artículo 427, punto 76; Sprau, en Palandt, artículo 718, punto 9.
            
         
      
      45 –
         
         A este respecto, véanse los puntos 143 a 146  infra. 
            
         
      
      46 –
         
         Sprau, en Palandt, artículo 714, punto 18.
            
         
      
      47 –
         
         Una idea similar fue desarrollada por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 13 de marzo de 2000, Valnerina/Comisión
            (T‑340/00, Rec. p. II‑811), apartado 65. El Tribunal de Primera Instancia consideró desproporcionada la responsabilidad solidaria
            por la devolución de una subvención comunitaria. No obstante, en aquel asunto la subvención había sido concebida mediante
            una Decisión y no mediante un contrato.
            
         
      
      48 –
         
         Algunos de los riesgos relacionados con el proyecto se enumeran de manera expresa en el anexo I, parte 2, punto 2.1 (p. 37
            del contrato).
            
         
      
      49 –
         
         Citada en la nota 21  supra. 
            
         
      
      50 –
         
         Sentencia de 13 de noviembre de 2001 (C‑59/99, Rec. p. I‑8499).
            
         
      
      51 –
         
         Véase el artículo 2 del contrato, reproducido en las conclusiones del Abogado General Alber de 25 de enero de 2001, Comisión/Oder-Plan
            Architektur y otros (C‑77/99, Rec. p. I‑7355, especialmente p. I‑7356), punto 3.
            
         
      
      52 –
         
         En lo referente a las correspondientes normas generales en materia de carga de la prueba, véase el punto 174  infra. 
            
         
      
      53 –
         
         Consecuentemente, también la Comisión debe efectuar los eventuales pagos residuales, de conformidad con el artículo 4, tercer
            guión, del contrato, únicamente tras la entrega del último resultado y una vez presentados los correspondientes justificantes
            de gastos.
            
         
      
      54 –
         
         Esta disposición tiene el siguiente tenor: «The cost statements for the final period, incorporating adjustments for previous
            periods, shall be submitted not later than three months after the approval of the last report, document or other Project Deliverable
            following which no further costs shall be allowable for payments.»
            
         
      
      55 –
         
         Véanse, en particular, los puntos 124 y 125  supra. 
            
         
      
      56 –
         
         A este respecto, véase el punto 35  supra. 
            
         
      
      57 –
         
         Véase el artículo 4, segundo guión, del contrato. 
            
         
      
      58 –
         
         A este respecto, véase el punto 139  supra. 
            
         
      
      59 –
         
         El Tribunal de Primera Instancia también negó, en su sentencia de 16 de mayo de 2001, Toditec/Comisión (T‑68/99, Rec. p. II‑1443),
            apartado 77, que la naturaleza de los correspondientes contratos tuviera consecuencias especiales.
            
         
      
      60 –
         
         En relación con este principio, véase, por ejemplo, la sentencia del Bundesgerichtshof de 14 de enero de 1991 –II ZR 190/89–,
            BGHZ 113, p. 222, especialmente p. 226, y Greger, en Zöller: Zivilprozessordnung, 23ª ed. (2002), introducción al artículo 284,
            punto 17.
            
         
      
      61 –
         
         Citada en la nota 59  supra,  apartado 95.
            
         
      
      62 –
         
         En relación con la participación de Intracom en los distintos resultados, véase la descripción general contenida en el anexo I
            (p. 55, del contrato).
            
         
      
      63 –
         
         Véase la descripción general contenida en el anexo I (p. 30 del contrato).