CELEX: 51988PC0269
Language: es
Date: 1988-05-24
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de de retribución y trato entre hombres y mujeres (presentada por la Comisión)

ARCHIVES HISTORIQUES
DE LA COMMISSION
COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"
COM (88) 269
Vol. 1988/0084
 ---pagebreak--- Disclaimer
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2015/444 vom      13.   März 2015     über die   Sicherheitsvorschriften für den Schutz von  EU-
Verschlusssachen als herabgestuft angesehen.
 ---pagebreak---  COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
                                       COM(88 ) 269  final .
                                       Bruselas , 24 de mayo de 1988
                           Propuesta de
                       DIRECTIVA DEL CONSEJO
relativa a la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de
          de retribución y trato entre hombres y mujeres
                   (presentada por la Comisión )
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                                     EXPOS ICI ÔN DE MOTIVOS
I. INTRODUCCIÓN
1 . La normativa comunitaria vigente relativa al principio de igualdad se compone
    del Articulo 119 del Tratado y de las tres Directivas del Consejo por las que
    se aplica dicho principio : igualdad de retribución ( 1 ), igualdad de trato ( 2 )
    y regímenes legales de la seguridad social ( 3). Otras dos Directivas adoptadas
    en 1986 entrarán en vigor próximamente : regímenes sociales de la seguridad so¬
    cial ( 4 ) y trabajadores autonómos < 5 >.
2 . La mayoría de los sistemas legislativos nacionales tienen un principio de carác ¬
    ter general para los litigios civiles que establece que el demandante debe pro¬
    bar su pretención en base a una probabilidad fundada . Si el demandado puede
    dar una explicación que haga dudar de la validez de la demanda , se pierde el
    caso porque la carga de la prueba recae sobre el demandante .
3 . En los casos de discriminación por razón de sexo, esta práctica supone que sea
    el demandante quien demuestre que la discriminación alegada era ilegal . Sin
    embargo, en dichos casos se plantean problemas especiales de pruel.s , perqué a
    menudo las pruebas pertienentes están en manos del demandado, y también por el
    prejuicio, muy extendido aunque tácito y a menudo inconsciente , que distorsio¬
    na los actos o decisiones que afectan a mujeres y a personas con responsabili ¬
    dades familiares .
     ( 1 ) Directiva del Consejo 75 / 1 17 / CEE , de 10 de febrero de 1975 , relativa a la
           aproximaciones de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a
           la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajado¬
           res masculinos y femeninos , DO nfl L 45 , 19.2.1975 , p . 19 .
     ( 2 ) Directiva del Consejo 76 / 207 / CEE , de 9 de febrero de 1976 , relativa a la
           aplciación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo
           que se refiere al acceso ai. empleo , a la formación y a la formación profe ¬
           sionales , y a las co.-.dicioens de trabajo, DO nfl L 39, 14.2.1976, p . 40 .
     ( 3 ) directiva del Consejo 79 / 7 / CEE , de 19 de diciembre de 1978 , relativa a la
           aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y
           mujeres en materia de seguridad social , DO nfl L 6, ¡0 . 1.1979, p . 24 .
     ( 4 ) Directiva del Consejo 86 / 378 / CEE , de 24 de julio de 1926 , relativa a la
           aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
           los regímenes profesioanles de seguridad social y de trabajadores autonómos ,
           DO n® L 225 , 12.8.86, p . 40 .
     ( 5 ) Directiva del Consejo 86/ 613 / CEE , de 11 de diciembre de 1986, relativa a la
           aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que
           ejerzan una actividad autónoma includias las actividades agrícolas , así como
           la protección de la maternaidad, DO nfl L 359, '9.12.86, p . 56 .
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4 . F.n todos los Estados miembros ha habid : problemas de procedimiento
    para las demandantes , con la consecuencia de que los derechos sustan ¬
    ciales que otorga la legislación comunitaria pierden gran parte de su
    fuerza . El principal de dichos problemas es el de la carga de la prueba
    que , en el curso normal de los acontecimientos resulta al demandante per ¬
    judicado dificil y a veces imposible de establecer . Hay también otros
    problemas estrechamente relacionados que se refieren a la fuena disposi ¬
    ción de los tribunales para sacar conclusioens de las pruebas aducidas , lo
    que puede plantear problemas a los demandantes , independientemente que la
    parte a la que corresponda la carga de la prueba , y también puede plantear
    problemas para que los tribunales y las partes obtengan pruebas y compren ¬
    dan y apliquen el concepto de discriminación indirecta .
5 . El nuevo Programa de Acción Comunitaria para la Promoción de la Igualdad de
    Oportunidades para la Mujer 1982-1985 ( 1 ) destacaba que " los trabajadores ,
    especialmente las mujeres , hacin poco uso de los acuerdos de compensación
    que les ofrece la legislación nacional . La inflexibilidad de los procedi ¬
    mientos por una parte y las dificultades para reunir pruebas de discrimina ¬
    ción , por otra , explican en parte esta reticencia ... La experiencia de
    algunos Estados miembros en la inversión de la carga de la prueba ... debe ¬
    ría igualmente darse a conocer al resto de los Estados miembros ." El Pro ¬
    grama disponía por tanto que :
  - se fomentará que los trabajadores " se valgan de medidas de compensación
    poco utilizadas ( incluida la inversión de la carga de la prueba )" ( 2 );
  - la Comisión llevará a cabo un análisis comparativo de los procedimientos
    nacionales para proponer una acción comunitaria que mejore la compensación
     legal .
6 . Este Análisis comparativo consideró que " era un problema que la carga ( de la
    prueba ) recayera sobre el demandante " y recomendaba " que se modificara for ¬
    malmente en todos los Estados miembros la carga de la prueba , de forma que
    el demandante sólo tuviera que demostrar que había sido tratado menos favo ¬
     rablemente y que la persona tratada más favorablemente era del sexo opuesto .
    La carga recaería entonces sobre el presunto discriminador para demostrar
    que el motivo de este comportameinto no era el sexo de . la demandante ." ( 3 )
7 . La red de expertos sobre la aplicación de las Directivas relativas a la
     igualdad , que se creó dentro del Programa de Acción , confirmó en sus infor¬
    mes que existe un grave problema que ha impedido a muchas personas presen¬
     tar una demanda legal , a pesar de existir pruebas circunstanciales convin ¬
     centes de discriminación .
     ( 1 ) Suplemento 1 / 82 - Boletín CE .
     ( 2 ) Acción 2 , compensación legal en el ámbito de la igualdad de trato .
     ( 3 ) Corcoran y Donnelly , Comparative Analisis-of the Provisions for Legal
           Redress in Member States of the EEC , V / 564 / 84 , Recomendacion nfl 5 , p. 80
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   8 . El Parlamento Europeo solicitó medidas en este tema en su informe de mayo
        de         sobre " l * situación de la mujer en Europa", en el que pedia a la
        Comisión especif icamente "que presentara propuestas .... para invertir las
        normas de la carga de la prueba ..." ( 1 )
   9, El Programa a Medio Plazo de la Comunidad sobre la Igualdad de Oportunidades
'       para la Mujer 1986-1990 destacaba la importancia de la carga de la prueba
        en la compensación legal y disponía que la Comisión propusiera "un instru¬
        mento legal comunitario sobre el principio de la inversión de la carga de
        la prueba aplicable a todas las medidas para la igualdad de oportunidades"(2 )
        El Programa instaba a los Estados miembros a que revisaran las disposicio¬
        nes relativas a la carga de la prueba para garantizar que no se pediré a las
        personas objeto de discriminación que lleven a cabo algo que es a menudo
        imposible " ( 3 ).
10 . El Consejo, en su segunda Resolución relativa a la promoción de la igualdad
        de oportunidades para la mujer , apoyaba las lineas generales del Programa y
        pedia a los Estados miembros que tomaran medidas para " garantizar la aplica ¬
        ción efectiva de la legislación existente sobre la igualdad de trato , espe ¬
        cialmente por medio ... del examen de todos los aspectos de los problemas
        relacionados con el establecimiento de la carga de la prueba " ( 4 ).
11 . Posteriormente , el Consejo , en su Resolución sobre el programa de acción para
        el incremento del empleo , se comprometió a tomar las decisiones y medidas ne¬
        cesarias para lograr un aumento en la igualdad en el acceso al mercado de tra
        bajo , y de oportunidades dentro de él , para la mujer mediente la aplicación
        del Programa Comunitario a Medio Plazo 1986-1990 ( 5 ).
 12 . El Comité Económico y Social recomendó una Directiva flexible sobre la carga
        de la prueba que " ayudara a compensar legalmente las continuas infracciones
        de la igualdad de derechos " y " fomentara y promoviera la buena práctica en el
         empleo y las modernas técnicas de personal " ( 6 ). El Comité Asesor para la
         Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres consideró que una Directiva
         seria el instrumento más apropiado para llevar a cabo una modificación de la
         carga de la prueba y que lo más apropiado seria que los elementos expuestos
         en la Sección II de la propuesta se recogieran en una Directiva ( 7 ).
  ( 1 ) Informe del estudio n a 1 sobre " La aplicación de las dos primeras Directivas "
         p . 43 .
  ( 2 ) Suplemento 3 / 86 - Boletín CE , apartado 19c .
  ( 3 ) ibid , apartado 18b 4
  ( 4 ) Resolución del Consejo de 24 de julio de 1986, DO nft C 203 de 12.8.1986, p.2 ,
         apartado 4,5
  ( 5 ) Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1986, DO nfl C 340 de 31.12.1986,
         p . 2 , apartado 2(f )
  ( 6 ) Dictamen de 24 de abril de 1986 sobre la igualdad de oportunidades para la
         mujer - Programa Comunitario a Medio Plazo - 1986-1990, apartado 3.1.2
  ( 7 ) Dictamen de 15 de mayo de 1987
 ---pagebreak--- II . Modificación de la carga de la prueba en la legislación vigente
1 . La modificación de La carga de la prueba existe actualmente en principio en la legislación
      nacional sobre discriminación por razón de sexo , protección del empleo y ámbitos
      más generales . El problema principal es suaplicación en ia práctica, ya que los tribunales
      nacionales tienen que aplicar conceptos nuevos.
2 . En principio , el análisis de la legislación sobre la igualdad de oportunidades
       implica necesariamente un cierto desplazamiento de la carga entre las
      partes . Una vez que el demandante ha probado que ha habido discriminación , la
       carga debería recaer sobre el demandado, que debe aportar razones objetivas que no estén
      basadas en el sexo . Sin embargo , especialmente en el ámbito de la igualdad de
      trato ; los tribunales nacionales no siempre consiguen equilibrar                       la carga
      entre las partes de forma que la legislación sea eficaz .
3 . Esto ocurre especialmente en el caso de discriminación indi recta , que no siempre ha
      sido entendida de forma adecuada en muchas legislaciones nacionales . Sin embargo ,
       los elementos de una definición , incluida la obligación del demandado de mostrar
      una justificación objetiva para una norma o condición aparentemente neutra pero
      discriminatoria , puede derivar de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( 1 ),
      de la legislación nacional ( 2 ) y de las declaraciones de la misma Comisión ( 3 ).
 A. En el ámbito de la protección del empleo , la carga de la prueba a menudo se
       reparte entre las partes . En; los casos de protección de la maternidad , la carga
       de la prueba inicial recae ' en algunos ordenamientos sobre el empresario , mien¬
       tras en otras recae sobre el empresario una vez que el empleado ha establecido
        los indicios razonables; La legislación sobre despido improcedente en la mayoría
       de los Estados miembros hace recaer la carga de la prueba de la existencia de una
       razón admisible sobre el empresario . Esto se debe a que los procedimientos adminis ¬
       trativos públicos de algunas jurisdicciones o que los procedimientos legales
       de otras hacen recaer la carga específicamente sobre el empresario .
  5 . La ley comunitaria de protección al consumidor y la correspondiente aplicación
       nacional de dicha legislación es otro ejemplo de la modificaci ón de la carga, en este
       caso de inversión completa . La Directiva de responsabilidad por productos defectuosos
    de1985 hace recaer sobre el demandado, en este caso el fabricante, la carga legal de refutar
       su responsabilidad por un producto defectuoso que haya causado daños al consu¬
       midor ( A ).
( 1 ) Asunto 96 / 80 , Jenkins contra Kingsgate ( 1982 ) ECR 911 ; Asunto 170 / 8A , Bilka-
        Kaufhaus contra Ueber von Hartz , dictamen de 13 de mayo de 1986 , todavia sin
        presentar ; Asunto 30 / 85 , Teuling-Worms contra Bestuur van de Bedrijfsvereniging
        voor de Chemie , dictamen de 11 de junio de 1987 , todavia sin presentar .
( 2 ) Irlanda ,      ley de igualdad en el empleo de 1977 , sección 2(c ); Gran Bretaña , ley
        de discriminación sexual de 1975 , secciones 1(1)(b ) y 3(1)(b ).
( 3 ) Informe provisional sobre la aplicación de la Directiva 79 / 7 / CEE de 19 de diciem¬
        bre de 1978 , relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de
        trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social , C0MC83 ) 793 final ,
        páginas 5–10 . ' ^
 ( A ) Directiva del Consejo 85 / 37A / CEE , de . 25 de julio cieri985 , relativa a la aproxi ¬
        mación de las disposiciones legales , reglamentarias y administrativas de los
        Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por pro¬
        ductos defectuosos , DO ns L 210, 7.8.85 , p . 29 , articulo 1 .
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III . COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS
La propuesta de Directiva comprende tres secciones - disposiciones generales,
disposiciones substantivas relacionadas con la carga de la prueba, la defini ¬
ción de discriminación indirecta y la obtención de pruebas, y disposiciones
ejecutivas . Para una mayor claridad y coherencia, la redacción de la propues-
ta se basa fielmente en Directivas anteriores .
Las actuales Directiva sobre igualdad fueron adoptadas por el Consejo según
distintas bases legales . Teniendo en cuenta que todas estas medidas deben ser
cubiertas por esta propuesta , es necesario, fundamentalmente por razones téc ¬
nicas, acudir al articulo 100 y el articulo 235 del Tratado como base legal .
Sección I , " Disposiciones Generales "
Esta Sección trata de los objetivos y el ámbito de aplicación da la Directiva .
Artículo 1 - Objetivos
Este articulo define los objetivos de la Directiva . Como preve el Programa
Comunitario a Medio Plazo para la Igualdad de Oportunidades para la Mujer ,
Esta Directiva forma parte de la política destinada a conseguir la igualdad
de trato mediante la consolidación de la aplicación efectiva en la práctica de
la legislación nacional que incorpora la normativa comunitarias .
El texto del apartado 1 se basa fielmente en el articulo 6 de la Directiva del
Consejo 76 / 207 / CEE . El apartado 2 expone las disposiciones comunitarias actua¬
les que expresan el principio de igualdad .
Artículo 2 - Ámbito de aplicación
Se pretende que esta Directiva sea aplicable a toda la normativa comunitaria
sobre igualdad , y por tanto en los recursos                        nacionales en to­
dos los sectores , público y privado , exceptuando el procedimiento penal .
El apartado 1 establece el campo de aplicación de la Directiva . El subapartado
a) se refiere a la normativa comunitaria vigente^sobre igualdad, el b) hace
aplicable la Directiva a todo futuro instrumento que no excluya expresamente
su aplicación . Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , el sub¬
apartado C hace aplicable la Directia en los procedimientos nacionales tanto
del sector público como del privado.
( 1 ) P. e j . la propuesta de Directiva del Consejo que completa la aplicación
       del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los sistemas
       de seguridad social estutarios y profesionales , COM ( 87 ) 494 final ; La
       propuesta enmendada de Directiva del Cosejo sobre permiso parenteral y
       permiso por razones familiares , DO C 333 de 9.12.83, pág . 6 y DO C 316 de
       27.11.84 , pág . 7; la propuesta enmendada de Directiva del Consejo sobre
       trabajo a tiempo parcial voluntario , DO C 62 de 12.3.82 , pág 7 y DO C 18
       de 22.1.83, pág . 5 .
 ( 2 ) Asunto 248 / 83, Comisión de las Comunidades Europeas contra República Fe¬
       deral de Alemania , Decisión de 21 de mayo de 1985 , todavia sin publicar .
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EL apartado 2 establece que La directiva no se aplicará en procedimientos
penales , utilizados a veces en la aplicación de la normativa nacional de
igualdad . De Lo contrario un cambio en la carga de la prueba supondría a
menudo imponer una responsabilidad penal sobre las personas .
Sección II , " Disposiciones Especificas ".
Esta Sección trata tres puntos concretos : la modificación de la carga de
la prueba - incluyendo las conclusiones que deben sacar los tribunales u
otras autoridades competentes -, los procedimientos de obtención de pruebas
y los elementos de discriminación indirecta .
Artículo 3 - Modificación de la carga
Normalmente , la carga legal de probar un asunto recae sobre el demandante .
En algunas circunstancias , puede imponerse al demandado la obligación par¬
cial y subsidiaria de aportar ciertas pruebas ( la " carga de la evidencia ")
o puede transferirse al demandado la propia carga jurídica , lo que implica
de hecho , una inversión completa de la carga jurídica .
En e¡ partado 1 , la Comisión ha preferido modificar en lugar de invertir la
carga y exigir una combinación de la carga jurídica y probatoria . La carga
jurídica de la prueba sigue recayendo sobre el demandante , pero en una de¬
terminada fase la carga probatoria se traslada al demandado para demostrar
que no hubo discriminación . La redacción de esta disposición se basa fiel ¬
mente en el articulo 6 de la Directiva del Consejo 76 / 207 / CE£ .
Al demandante se le pide que establezca una presunción de discriminación
juristantum . En ese momento , la carga de la prueba se transfiere y se pide
al demandado que rechace la presunción probando que la discriminación no
 tuvo lugar o fue legal , bien aportando pruebas de una razón legitima no ba ¬
 sada en el sexo o demostrando que no era aplicable el principio de igualdad
Por último , el apartado 1 trata el problema de las conclusiones . Una vez
que ha sido determinada la presunción de discriminación , se pide a los Esta
dos miembros que hagan recaer sobre el demandado la carga de aportar las
pruebas definitivas de que la discriminación no fue ilegal . Esto se lleva
 a cabo otorgando el beneficio de la duda sobre la interpretación correcta
de Iso hechos al demandante .
 ---pagebreak---      El apartado 3 da una definición de lo que se necesita para establecer una
     presunción juris tantum ( 1 ). En primer lugar , el demandante deberá alegar
     que ha sido objeto de un trato menos favorable por razón de sexo , por ejem¬
     plo mediente prueba de una mujer que ha solicitado un empleo , le ha sido
     denegado y concedido a un hombre . En segundo lugar , el demandante deberá
     proporcionar algunos medios suficientes para que un tribunal o autoridad
     competente pueda dictaminar que se ha dado una discriminación indebida .
     P. ej ., la idoneidad para el puesto gracias a la posesión de mínimo de cua-
     lificaciones necesario para realizar el trabajo .
     Respecto a las pruebas necesarias para descalificar la carga probatoria y
     rebatir la presunción de discriminación , el demandado puede aportar archi ¬
     vos , declaraciones y estadísticas de contratación y promoción .
     El apartado 2 permite a los Estados miembros imponer una inversión completa
     de la carga , como ya ocurre en algunas jurisdicciones . En estos casos , una
     vez que el demandante ha demostrado que hubo trato menos favorable * que es
     el primer paso descrito anteriormente , la carga jurídica pasa al demandado ,
     que está obligado probar de forma positiva y objetiva que no existió dis ¬
     criminación .
      Artículo 4   -  Procedimientos
      Este artículo se propone garantizar la existencia de procedimientos eficaces
      para considerar las demandas y para conseguir y proporcionar información .
      El apartado a ) exige que el tribunal o autoridades competentes cuentes con to¬
      das las competencias necesarias para analizar convenientemente las demandas .
      El apartado b ) exige que toda la información necesaria para instruir el caso
      pueda obtenerse de la parte quela posea o a quien razonablemente se le pu ¬
      diera pedir la obtuviera , es decir , cuando esta obtención de pruebas no su¬
      pusiera una carga indebida para dicha parte . La información debe ser comu¬
      nicada a la parte que la solicita , aunque el tribunal o autoridades compe ¬
      tentes podrán reservarse la discreción de no transmitir información confi ¬
      dencial o revelar lo que pudiera causar un daño importante a los intereses
      de la parte afectada debido a razones ajenas a propio litigio , como informa ¬
      ción de carácter sensible , secretos financieros , etc . El réquisito del " da ¬
      ño importante " se establece para garantizar que el hecho de que una informa ¬
      ción se haya transmitido confidencialmente no justifica en si que haya que
      retenerla .
( 1 ) Praesumptionis juris tantum en sistemas de derecho civil ; Prima facíe case
      en sistemas de common law .
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Artículo 5 - Discriminación indirecta
Se pretende que el articulo 5 trate el problema de la discriminación indirecta .
Es un concepto nuevo para muchos abogados y jueces nacionales y la carencia de
asesoramiento sobre su significado ha hecho desistir a muchos demandantes de
presentar reclamaciones legitimas o de llevarlas con éxito ante tribunales na ¬
cionales .
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ( 1 ), el apartado 1 aplica el
concepto de discriminación indirecta a todas las medidas comunitarias que se
refieren al principio de igualdad , incluyendo la igualdad de retribución y
expone por primera vez una definición de discriminación indirecta . Los ele ¬
mentos de esta definición se basan en la jurisprudencia del Tribunal de justi ¬
cia y de tribunales nacionales , legislación nacional , orientaciones y declara¬
ciones de la Comisión mencionadas anteriormente .
El apartado 2 para evitar dudas determina que la intención no es condición ne¬
cesaria en una demanda de discriminación indirecta . Este concepto , por defi ¬
nición necesariamente contempla situaciones neutras que tienen un impacto des ¬
proporcionado de forma no intencionada sobre los miembros de un sexo .
Sección III , " Disposiciones Finales "
Las disposiciones finales de la Sección III están tomadas en su mayoria de las
Directivas comunitarias sobre igualdad .
El artículo 6 se basa en el artículo 8 de la Directiva 76 / 207 / CEE .     Tiene como
objeto garantizar que la información sobre todas las medidas emprendidas por
los Estados miembros para conseguir los objetivos de la Directiva esté a dis ¬
posición de las personas a las que concierne directamente . En la práctica
afecta más directamente a la definición de discriminación indirecta .
El artículo 7.1 . se basa en el artículo 9.1 , primer párrafo , de la misma Direc ¬
tiva . conceda a los Estados miembros tres años para adecuarse a las disposi ¬
ciones de la Directiva .      El articulo 7.2 . se basa en los articulos 3-5 de la
misma Directiva , modificados de forma que sean aplicables a todas las medidas
sobre el principio de igualdad .
El artículo 8 establece las obligaciones de la Comisión y de los Estados miem¬
bros para permitir al Consejo seguir los avances en la aplicación de la Direc ¬
tiva propuesta y garantizar un análisis regular de la normativa comunitaria
sobre igualdad .
 El artículo 9 no necesita comentario .
 ( 1 ) Asunto 96 / 80, Jenkins contra Kingsgate ( 1982 ) ECR 911 ; Asunto 170 / 84 ,
       Bi Lka-Kauf haus contra Weber von Hartz , dictament de 13 de mayo de 1986 ,
       todavia sin publicar .
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                                       Propuesta de
                                  DIRECTIVA DEL CONSEJO
        relativa a la carga de la prueba en el ámbito de la igualdad de
                     retribución y trato entre hombres y mujeres
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en parti ¬
cular , sus artículos 100 y 235 ,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social ,
Considerando que la aplicación del principio de igualdad de retribución entre
los trabajadores masculinos y femeninos , tal y como establece el artículo 119
del Tratado , forma parte integrante del establecimiento y funcionamiento del
mercado común;
Considerando que , el 10 de febrero de 1975 , el Consejo adoptó la Directiva
75 / 117 / CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retri ¬
bución entre los trabajadores masculinos y femeninos ( 1 );
Considerando que ,     en lo que se refiere a otros aspectos de la igualdad de
trato entre hombres y mujeres , el Consejo adoptó , el 9 de febrero de 1976, la
Directiva 76 / 207 / CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo , a la
formación y a la promoción profesionales , y a las condiciones de trabajo ( 2 )
y, el 11 de diciembre de 1986, la Directiva 86 /613 / CEE relativa a la aplica ¬
ción del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan
una actividad autónoma , incluidas las actividades agrícolas , así como la pr£
tección de la maternidad ( 3 );
Considerando que , en lo que se refiere a la igualdad de trato entre hombres
y mujeres en materia de seguridad social , el Consejo adoptó el 19 de diciem¬
bre de 1978 la Directiva 79 / 7 / CEE relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguri ¬
dad social ( 4 ) y, el 24 de julio de 1986, la Directiva 86 /378 / CEE relativa
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
en lo regímenes profesionales de seguridad social ( 5 );
Considerando que la Comisión , en su Comunicación al Consejo de 20 de diciem¬
bre de 1985 relativa a un Programa comunitario a medio plazo 1986-1990 sobre
la igualdad de oportunidades para las mujeres , se comprometió a proponer un
"instrumento jurídico comunitario sobre el principio de la inversión de la
carga de la prueba para todas las disposiciones en materia de igualdad" (6 );
 (1 ) DO   nû L 45 de 19.2.1975 , p. 19
 (2 ) D0   nû L 39 de 14.2.1976 , p. 40
 (3 ) D0   nû L 359 de 19.12.1986, p. 56
 (4 ) DO   nû L 6 de 10.1.1979 , p. 24
 (5)  D0   nû L 225 de 12.8.1986, p. 40
 (6 ) Suplemento 3/86 - Bol . CE, apdo. 19 c
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 Considerando que el Consejo , en su Resolución de 24 de julio de 1986 relati ¬
 va al fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres , aportó su
 apoyo a las orientaciones principales de la Comunicación de la Comisión e
 invitó a los Estados miembros a que aplicaran acciones "para garantizar una
 aplicación efectiva del derecho existente en materia de igualdad , en parti ¬
 cular mediante el examen de todos los aspectos de los problemas relativos a
 la carga de la prueba " ( 1 );
 Considerando que el Consejo, en su Resolución de 22 de diciembre de 1986 so¬
bre el programa de acción para el incremento del empleo, se comprometió a
adoptar las decisiones y medidas necesarias para asegurar a las mujeres , me¬
diante " la aplicación del Programa comunitario a medio plazo 1986-1990 " ( 2 ),
una mayor igualdad de acceso al mercado de trabajo e igualdad de oportunida ¬
des dentro del mismo ;
 Considerando que es necesario garantizar en este campo el respeto al princi ¬
pio de igualdad, tal como lo establece el articulo 119 del Tratado y las di ¬
 rectivas del Consejo ;
Considerando que la aplicación efectiva del principio de igualdad, tal como
se establece en estas disposiciones , requiere la adopción de medidas adicio¬
nales en lo que respecta al procedimiento que debe seguirse y a las pruebas
que deben aportarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales u otros ór¬
ganos competentes ;
Considerando que subsisten diferencias entre los Estados miembros a este re¿
pecto; que , por tanto, es necesario aproximar las disposiciones nacionales
con vistas a la aplicación del principio de igualdad ;
Considerando que , en algunos aspectos , el Tratado no ha previsto los poderes
de acción específicos necesarios al respecto ,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA ;
SECCION I - DISPOSICIONES GENERALES
                                            Articulo 1
1 . El objeto de la presente Directiva es garantizar una mayor efectividad de
     las medidas adoptadas por los Estados miembros en aplicación del principio
     de igualdad entre hombres y mujeres para que todas las personas que se coji
     sideren perjudicadas por la no aplicación , con respecto a ellas , del prin¬
     cipio de igualdad puedan hacer valer sus derechos ante los órganos juris ¬
     diccionales después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos compe¬
     tentes .
2 . A los efectos de la presente Directiva , el principio de igualdad es el que
     se enuncia en el articulo 119 del Tratado y en las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE,
     79 /7 / CEE, 86 /378 / CEE y 86 /613 / CEE del Consejo .
( 1 ) DO nQ C 203 de 12.8.1986, p . 2 , puntos 4-5 - –
(2 ) DO nQ C 340 de 31.12.1986, p . 2 , punto 2<f )
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                                     Articulo 2
1 . La presente Directiva se aplicará :
    a ) a todas las medidas comunitarias relativas al principio de igualdad en¬
        tre hombres y mujeres a que se refiere el apartado 2 del articulo 1 ;
    b ) a cualquier otra medida que se adopte en el futuro , que no excluya ex¬
        presamente su aplicación ;
    c ) a todo procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores
        público o privado que prevea un recurso con arreglo al Derecho nacional
        en aplicación de las medidas antes mencionadas .
2 . La presente Directiva no se aplicará al procedimiento penal , aunque dicho
    procedimiento pueda prever un recurso con arreglo al Derecho nacional en
    aplicación de las medidas antes mencionadas .
SECCION II - DISPOSICIONES ESPECIFICAS
                                     Articulo 3
                      Modificación de la carga de la prueba
1 . Los Estados miembros velarán porque , siempre que una persona que se consi_
    dere perjudicada por la no aplicación , con respecto a ella , del principio
    de igualdad establezca , en cualquier fase del procedimiento ante un órgano
    jurisdiccional u otro órgano competente , según proceda , una presunción de
    discriminación , sea el demandado el que tenga que demostrar que no ha ha ¬
    bido violación del principio de igualdad . El demandante gozará del bene ¬
    ficio de la duda .
2 . La presunción de discriminación se establecerá cuando el demandante expon¬
    ga un hecho o una serie de hechos que, de no rebatirse, permiten suponer
    la existencia de una discriminación directa o indirecta .
3 . La presente Directiva se entiende sin perjuicio del derecho de los Esta ¬
    dos miembros de imponer la carga de la prueba al demandado .
                                     Articulo 4
                                   Procedimientos
Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las me¬
didas necesarias para que :
a ) los órganos jurisdiccionales y otros órganos competentes puedan ordenar
    cualquier medida necesaria para garantizar la instrucción de cualquier de¬
    manda por discriminación;
b) las partes en litigio puedan disponer de cualquier información pertinente
    en poder de la otra parte, o que ésta pueda razonablemente obtener, que
    sea necesaria para hacer valer sus derechos y cuya divulgación no lesione
    gravemente los intereses de la otra parte por motivos distintos de los
    del litigio .
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                                    Articulo 5
                             Discriminación indirecta
1 . En lo que respecta al principio de igualdad a que se refiere el apartado 2
    del articulo 1 , existirá discriminación indirecta cuando una disposición ,
    criterio o práctica aparentemente neutral perjudica de un modo despropor¬
    cionado a las personas de uno u otro sexo, especialmente en relación con
    la situación matrimonial o familiar , y no se está objetivamente justifi ¬
    cado por ninguna razón o condición necesaria no vinculada al sexo de la
    persona .
2 . Los Estados miembros velarán por que no se tome en consideración la inteji
    ción del demandado al determinar si se ha infringido el principio de igua^_
    dad en un caso concreto .
SECCION III - Disposiciones finales
                                    Articulo 6
Los Estados miembros velarán por que las disposiciones adoptadas en aplica ¬
ción de la presente Directiva , asi como las disposiciones ya en vigor sobre
la materia , se pongan en conocimiento de todas las personas interesadas por
todos los medios apropiados , tales como la información en los lugares de tra ¬
bajo .
                                    Articulo 7
1 . Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales , reglamentarias
    y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva en el pla ¬
    zo de tres años a partir de su notificación . Informarán inmediatamente de
    ello a la Comisión .
2 . Los Estados miembros derogarán o modificarán toda disposición contraria a
    la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para que se dero¬
    guen o modifiquen las disposiciones similares existentes en los convenios
    colectivos , contratos individuales de trabajo , reglamentos internos de las
    empresas o en los estatutos de las profesiones independientes .
                                    Articulo 8
1 . En el plazo de dos años a partir de la expiración del periodo de tres años
    previsto en el apartado 1 del articulo 7, los Estados miembros transmiti ¬
    rán a la Comisión toda la información necesaria para que pueda redactar un
    informe sobre la aplicación de la presente Directiva , que deberá someterse
    al Consejo y al Parlamento Europeo .
2 . Posteriormente , y cada tres años , los Estados miembros transmitirán infor¬
    mación a la Comisión sobre los progresos realizados en la aplicación de la
    presente Directiva y las disposiciones en vigor , las tendencias con respec ¬
    to a la aplicación de las disposiciones contenidas en la misma y su evolu ¬
    ción para permitir a la Comisión redactar un informe que deberá someterse
    al Consejo y al Parlamento Europeo cada tres años .
                                    Articulo 9
Los destinarios de la presente Directiva serán los Estados miembros .
 ---pagebreak---          CO M PHTITI V EN ESS A N D F M F 1 .0 Y M l - N T I M PA f T ST ATP M E N T
               Proposal for a Council directive on the liurdcn of Proof in
             the area of equal pay and equal treatment for women and men
I    What is the main" reason for introducing the measure ?
     The policy objective is social : tids directive forms pail of the policy aimed at achieving
     equal treatment by strengthening the effective application in practice of national
     legislation incorporating Community law .
     The EC issue at stake is the effective application of Community law . Community law
     currently in force concerning the principle of equality consists of Article 119 of the
     Treaty and the three Council Directives implementing that principle : equal pay
     (75/ 117/EEC), equal treatment (76/207/EEC) and statutory social security schemes
     (79/7/EEC). Two more directives adopted in 1986 will enter into force in the future :
     occupational social security schemes ( 86/178/EEC) and the self-employed
     ( 86/613/EEC).
     Procedural problems encountered by complainants have been identified in all the Member
     States which have the effect of depriving the substantive rights provided by Community
     law of much of their force . The main such problem is that ol' the burden of proof, which
     is difficult and sometimes impossible in the normal course of events for an aggrieved
     complainant with an arguable case to establish . There arc also closely related problems
     concerning the willingness of courts or tribunals to draw inferences from the evidence
     that is presented , which can give rise To difficulties for complainants wherever the
     burden of proof is placed , the obtaining of evidence by the courts and by the parties , and
      the understanding and the application of the concept of indirect discri mination .
     The result is that many applicants have failed to establish legitimate claims
      notwithstanding strong circumstantial evidence of discrimination . If the Directive were
      not introduced , this state of affairs would continue .
    The Directive contains two main substantial elements , both linked to the problem of the
    burden of proof:
    • the modification of the burden of proof : once the complainant has established a
    presumption of discrimination, the respondent is required to rebut it. The benefit of any
    doubt as to the proper interpretation of the facts is given to the complainant;
    • a definition of the concept of indirect discrimination , to help the parlies and the national
    courts and tribunals to better understand and apply this c< incept , particularly with regard
    to the evidence required of either party .
  11 Features of the businesses in question
      The Directive is intended to apply to all Community law on equality , existing and future ,
       and thereby to national procedures for redress in all sectors , public and private . Thus
       central and local government, State undertakings and; agencies , and large , medium and
       small undertakings are all affected bv the Directive since they are all currently subject to
       the principle of equality established and guaranteed by existing law .
 ---pagebreak---     It does not however apply to the criminal procedure ;, laid down by some Member slates
    for failure to respect the principle of ''quality .
    The Directive has no particular implications for ary of the entities cover'd by it , though
    obviously it is hoped that tire public sector will lead the way in canytng out tire positive
    actions on equality that most effectively avoid litigation . It should neither encourage nor
    discourage the formation of new private undertakii'.gs .
Ill What obligations does this measure impose directly on businesses ?
    The Directive imposes no new obligations on business or on government, it is intended
    to improve the application of existing provisions on equality .          Businesses have to
    continue to comply with existing obligations .
    Since the measure is designed to make legal procedures for breach of these obligations
    more effective , it is possible that litigation will be more likely where a business is in
    breach of its legal obligations . However:
1 . the measure has been designed to discourage frivolous or vexatious litigation by
    insisting that complainants prove that there is an arguable case (“ modification’ of the
    burden). It is not enough to show only that there has been a difference of treatment on
    grounds of sex (‘reversal’ of the burden). Member States have or may introduce
    measures to further discourage frivolous or vexatious litigation, such as imposing
    increased costs on unsuccessful complainants who have been warned in pre-trial
     proceedings that they do not have an arguable case.
2 . employers should consider introducing positive action programmes which would serve
     both to avoid litigation by improving compliance with legal obligations and also
     improve their competiviness by heightening utlisation of their human resources . This
     was the approach taken by members of the Economic and Social Committee in their
     unanimous opinion in favour of a flexible directive on the burden of proof. The
     Committee felt that such a measure would both “ help to redress the continuing
     infringement of equal rights” and “ encourage and stimulate good employment practices
     and modem personnel techniqu es . ’
    On balance , the measure should therefore reduce rather than increase administrative
    costs .
    The proposal will not stop businesses from continuing with any current activity . If it did
    not go ahead , the present unsatisfactory situation would continue .
IV What indirect obligations are national , regional or local authorities likely
    to impose on businesses ?
     Member States will be required to assure that the obligations of the Directive are
    transformed into national law, and national courts , tribunals and other competent
    authorities will be required to implement it.
     However, the measure will not require any new obligations to be directly or indirectly
    imposed upon businesses by any national , regional or local authority .
 ---pagebreak--- V Arc there any special provisions in respect of SME 's ?
   There is no scope for exempting SME 's from the proposal , since it relates to existing
   legal obligations which the Court of Justice has interpreted as fundamental and not
   subject to exemption (Case 165/S2 , Commission v UK , requiring the IJK to repeal the
   exemption for SME’s in national law as inconsistent with the Equal Treatment Directive).
   SME’s arc likely to be stirnlualed by the proposal in the sense recommended by die ESC
   under III supra, in that they may be encouraged to become more competitive by way of
   better utilisation of their human resources , and by the creation of new jobs as outlined
   under VI(b) infra
VI What is the likely effect on
   ( a ) the compctitivcness of busincsscs ?
   Enhanced compliance , firstly , avoids extra costs of unnecessary litigation . Many
   organisations believe that better use of their human resources , particularly by way of
   positive action programmes concerning their female workforce , reinforce and improve
   competitivity - see statements and programmes by BASF , Generale de Banque , IBM ,
   Midland Bank, Thames Television , etc . Such programmes also lead to reduced turnover
   of staff, which can bring about significant savings in costs of recruitment and training of
   replacements .
   (b) employment?
   There is some evidence that more effective participation by women in the labour market
   creates extra jobs in a way that male participation does not - c.g ., child care , education ,
   the service industries. Many of these extra jobs arc created in areas particularly suitable
   for SME’s , particularly those in turn employing women .
VII Have the relevant representative organisations been consulted?
   The Economic and Social Committee , which includes representatives of employers
   organisations , small business organisations and labour organisations , unanimously
   recommended the proposal of this measure in its opinion on the Medium Term
    Community Programme .
   The measure was prepared after detailed consultation with members of the expert
   network on the application of the equality directives , which includes practicing and
    academic lawyers and lawyers representing labour and business organisations . These
    specialists recommended the specific provisions on the burden of proof, evidence and
    indirect discrimination which appear in the final proposal .
    The Advisory Committee for Equal Opportunities for Women and Men , which includes
    representatives of the specialist equality agencies of the Member States , has been
    consulted and has expressed a favourable opinion on the Proposal .
    Legal specialists from the Ministries of Labour and Justice of the Member States have
    been consulted . The final draft of the proposal has been amended to take account of the
    technical problems raised by national legal experts , who were on a technical level
    generally favourable to the measure .