CELEX: 32017H0809(09)
Language: es
Date: 2017-07-11 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia

9.8.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 261/36
            
         RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
   de 11 de julio de 2017
   relativa al Programa Nacional de Reformas de 2017 de Francia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2017 de Francia
   (2017/C 261/09)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
   Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
   Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
   Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
   Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
   Visto el dictamen del Comité de Empleo,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
   Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
   Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 16 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2017 para la coordinación de las políticas económicas. Las prioridades del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento fueron ratificadas por el Consejo Europeo de los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 16 de noviembre de 2016, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue refrendada por el Consejo Europeo los días 9 y 10 de marzo de 2017. El 21 de marzo de 2017, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro») (3).
            
         
               (2)
            
            
               Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1 a 4.
            
         
               (3)
            
            
               El informe específico de 2017 sobre Francia fue publicado el 22 de febrero de 2017. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 12 de julio de 2016, las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 22 de febrero de 2017. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, Francia se caracteriza por su débil competitividad y el elevado y creciente nivel de la deuda pública, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. De especial importancia es la necesidad de adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía francesa y, dadas su magnitud y relevancia transfronteriza, sobre la unión económica y monetaria.
            
         
               (4)
            
            
               El 28 de abril de 2017, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2017 y su Programa de Estabilidad de 2017. Para tener en cuenta sus interrelaciones, los dos programas se han evaluado al mismo tiempo.
            
         
               (5)
            
            
               En los programas relativos a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 se han atendido las correspondientes recomendaciones específicas por país. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su Acuerdo de Asociación y de los programas correspondientes. La Comisión ha facilitado detalles suplementarios sobre cómo se debe emplear esa disposición en las directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con una buena gobernanza económica.
            
         
               (6)
            
            
               Francia se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2017, el Gobierno prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2017, de acuerdo con la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015 en el marco del procedimiento de déficit excesivo, con un déficit global del 2,8 % del PIB. Está previsto que el déficit global siga reduciéndose hasta situarse en el 1,3 % del PIB en 2020. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,4 % del PIB— se alcance a más tardar en 2019. Sin embargo, se prevé que el saldo estructural recalculado (5) alcance el -1,2 % del PIB en 2020, de modo que el objetivo a medio plazo no se alcanzaría antes del final del período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB descienda del 95,9 % del PIB en 2018 al 93,1 % del PIB en 2020. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.
            
         
               (7)
            
            
               El 10 de marzo de 2015, el Consejo recomendó a Francia que pusiera término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2017 y que limitara el déficit de las administraciones públicas al 2,8 % del PIB, coherente con una mejora del saldo estructural del 0,9 % del PIB, en 2017. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2017 de la Comisión, se prevé que el déficit global alcance el 3,0 % del PIB en 2017, en consonancia con el valor de referencia del Tratado, pero por encima del objetivo recomendado por el Consejo. Para 2018, en un escenario sin cambios en las políticas, se prevé que el déficit global se sitúe en el 3,2 % del PIB, rebasando así el valor de referencia del Tratado y poniendo en riesgo la corrección duradera del déficit excesivo. Además, no se prevé que el esfuerzo presupuestario recomendado se materialice durante el período cubierto por el procedimiento de déficit excesivo, pues la estrategia de saneamiento aplicada por Francia se sustenta fundamentalmente en la mejora de las condiciones cíclicas y en el mantenimiento de los bajos tipos de interés, algo que está fuera del control de las autoridades.
            
         
               (8)
            
            
               Para el ejercicio de 2018, en el caso de que se lograra una corrección oportuna y duradera, Francia quedaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. A la luz de su situación presupuestaria y, en particular, de su nivel de deuda, se espera que Francia realice nuevos ajustes con vistas a su objetivo a medio plazo de un déficit estructural del 0,4 % del PIB. De acuerdo con la matriz de ajuste consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ese ajuste se traduce en el requisito de lograr que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 1,2 % en 2018. Ello correspondería a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación importante respecto de este requisito en 2018. También existe un riesgo de que Francia no cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018, ya que se prevé que empeore el saldo estructural en un 0,5 % del PIB, frente al ajuste estructural lineal mínimo del 0,4 % del PIB. En general, el Consejo considera que Francia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2017 y que serán necesarias nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, tal como se prevé en el Reglamento (CE) n.o 1466/97, la evaluación de los planes y resultados presupuestarios debe tener en cuenta el equilibrio presupuestario del Estado miembro a la luz de las condiciones cíclicas. Tal como se recuerda en la Comunicación de la Comisión sobre el Semestre Europeo de 2017 que acompaña a las recomendaciones específicas por país, la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas francesas. En ese contexto, el Consejo toma nota de que la Comisión tiene el propósito de llevar a cabo una evaluación global acorde con el Reglamento (CE) n.o 1466/97, en particular en vista de la situación cíclica existente en Francia.
            
         
               (9)
            
            
               La ratio gasto público/PIB en Francia es una de las más altas de la Unión. Está previsto que el ratio de gasto se sitúe en el 56,2 % del PIB en 2017, es decir, 9,7 puntos porcentuales más que en la Unión. Francia ha seguido una estrategia de saneamiento centrada en los gastos que se ha sustentado principalmente en una reducción de los tipos de interés y recortes en la inversión pública. Sin embargo, no es probable que el entorno de bajos tipos de interés se prolongue a medio plazo y el recorte en las inversiones públicas productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Frente a ello, las revisiones de gastos han identificado una serie de posibles mejoras de eficiencia que no han sido ejecutadas. Las revisiones de gastos reflejaron una parte —menos del 2 %— del total de los ahorros de gastos previstos por valor de 50 000 millones EUR durante el período 2015-2017. Sin embargo, solo una parte de ellos se ha traducido en medidas concretas en el presupuesto de 2016, mientras que la Ley presupuestaria de 2017 se basó en los ya identificados en la revisión del gasto del ejercicio 2015. El ahorro derivado de revisiones de gastos podría aumentar significativamente mediante la ampliación de los ámbitos de gasto y la ejecución de una estrategia plurianual con el fin de convertir plenamente el ahorro identificado en medidas presupuestarias concretas.
            
         
               (10)
            
            
               Las elevadas cargas sociales y los altos niveles de impuestos a los que deben hacer frente las empresas pueden desalentar la inversión privada y dificultar el crecimiento de las empresas y nuevas contrataciones. Se han seguido aplicando medidas para reducir los costes laborales y a principios de abril de 2016 se inició la segunda fase de las reducciones de las cotizaciones empresariales a la seguridad social previstas en el Pacto de Solidaridad y Responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno ha aumentado, en 2017, el crédito fiscal para la competitividad y el empleo (CICE), pasando del 6 % al 7 %. Estas medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo han mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En 2015, en relación con el salario medio, Francia poseía el nivel más alto de cotizaciones empresariales a la seguridad social en el conjunto de la Unión, cuantificado como porcentaje del total de los costes salariales pagados por el empleador, pese a que existe una tendencia a la baja. Las recientes evaluaciones de estas medidas pusieron de manifiesto su efecto positivo en el empleo y los márgenes de beneficio de las empresas, pero es necesario llevar a cabo más evaluaciones a fin de valorar plenamente su impacto en la inversión, el empleo, los salarios y los márgenes de las empresas. Las recientes evaluaciones muestran también que la consolidación de los planes de reducción de costes laborales y su transformación en reducciones permanentes en las cotizaciones sociales permitiría optimizar sus efectos sobre el empleo y la inversión.
            
         
               (11)
            
            
               Situado en el 38,4 % a 1 de julio de 2016, el tipo impositivo medio efectivo era el más elevado de la Unión. Paralelamente, los otros impuestos sobre la producción son también especialmente elevados. Sin embargo, Francia ha adoptado medidas con el fin de reducir el tipo nominal del impuesto de sociedades al 28 % en 2020. Al mismo tiempo, sigue disminuyendo la presión fiscal sobre el consumo, pero en menor medida que en otros Estados miembros. En 2014, Francia ocupaba el puesto 27.o en la Unión en relación con los ingresos fiscales ligados al consumo en porcentaje de la carga fiscal total. El sistema del IVA se caracteriza por un tipo impositivo normal intermedio y unos bajos tipos reducidos aplicados a una base amplia. La complejidad del sistema fiscal puede constituir un obstáculo para el buen funcionamiento del entorno empresarial. Francia cuenta con una elevada presión fiscal combinada con muchos tipos reducidos y desgravaciones fiscales y un gran número de regímenes fiscales que dan lugar a un aumento de los costes de cumplimiento y generan incertidumbre, en particular para las empresas. El total de los gastos fiscales en Francia asciende a más del 3 % del PIB. Los costes administrativos que supone la recaudación de impuestos por parte de las autoridades fiscales también es alto y superior a la media de la Unión.
            
         
               (12)
            
            
               La tasa de desempleo, que en 2016 descendió hasta situarse en el 10,1 %, es superior entre los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y los no nacidos en la Unión. Las reformas en curso son esenciales para la adaptación de las oportunidades de formación a las perspectivas de empleo y a las necesidades económicas. Paralelamente, los demandantes de empleo, los trabajadores menos cualificados y el personal de las pymes se enfrentan a dificultades persistentes para acceder a la formación. Garantizar su participación y la pertinencia de la formación impartida podría exigir un refuerzo de las medidas existentes y el reequilibrio de los recursos. Los jóvenes y, entre ellos, los menos cualificados, se enfrentan a dificultades para entrar en el mercado laboral. En este contexto, las medidas adoptadas para apoyar la formación de los aprendices se han plasmado, por el momento, en unos resultados positivos. Pero la educación y formación profesional inicial, concretamente cuando se ofrece en algunos sectores terciarios y en el marco de centros de enseñanza, no está suficientemente vinculada a las oportunidades de empleo. Por otra parte, los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos son dirigidos con más frecuencia hacia la formación profesional inicial, lo que explica igualmente el número mayor de abandonos escolares precoces y contribuye a incrementar las desigualdades educativas. La incidencia del estatus socioeconómico sobre los resultados de los estudiantes es de las más elevadas de la OCDE.
            
         
               (13)
            
            
               En 2016, solo el 54,5 % de las personas en edad de trabajar que no habían nacido en la UE tenían empleo. La actividad laboral de las mujeres que no habían nacido en la UE (45,4 %) figuraba entre las más bajas de la Unión. La diferencia entre la tasa de empleo de las personas nacidas fuera de la UE y los nacidos franceses aumentó hasta el 17,5 % en 2016 (23,7 % en el caso de las mujeres). Los pobres resultados de las personas que no han nacido en la UE rebajan la tasa global de empleo y representan una infrautilización crónica de la mano de obra. Los inmigrantes de segunda generación también se enfrentan a unos datos negativos en materia de empleo que no se explican por las diferencias de edad, educación y cualificaciones. Por otra parte, las deficiencias en los resultados educativos son persistentes, y los inmigrantes de segunda generación ganan terreno solo en parte. Para afrontar este reto, se requiere una estrategia global que incluirá, en particular, medidas específicas sobre competencias lingüísticas, la mejora de las competencias y la formación, la orientación profesional y otras políticas específicas activas del mercado de trabajo. El acceso eficaz a los servicios constituye un factor clave para promover la participación en el mercado laboral, así como medidas contra las prácticas discriminatorias en la contratación de los inmigrantes que no han nacido en la UE y de segunda generación.
            
         
               (14)
            
            
               Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación que le son aplicables. En un contexto de debilidad de la inflación y de ralentización del crecimiento de los salarios, su crecimiento ha sido inferior al salario de referencia. Si bien el salario mínimo es alto en comparación con el salario medio, se ha reducido el coste de la mano de obra que recibe el salario mínimo mediante exenciones a las cotizaciones sociales. Las subidas del salario mínimo tienen como efecto inducido subidas salariales para la mayoría de las categorías de trabajadores y el riesgo de crear un efecto de compresión al alza de los salarios. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación podría contribuir a retrasar el necesario ajuste general de los salarios. Además, en el actual contexto de alto desempleo, existe el riesgo de que el coste de la mano de obra a nivel del salario mínimo frene las oportunidades de empleo de las personas poco cualificadas. El grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo en Francia y elabora dictámenes no vinculantes sobre su desarrollo. Su dictamen sobre las subidas ad hoc siempre se ha respetado hasta ahora y está desempeñando un papel importante para controlar el uso de dichos aumentos ad hoc.
            
         
               (15)
            
            
               Con la Ley sobre el trabajo, el diálogo social y las trayectorias profesionales de agosto de 2016, Francia introdujo medidas destinadas a mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir la segmentación. La ley clarifica las normas en materia de despido por razones económicas, amplía el ámbito de aplicación de la mayoría de los acuerdos de empresa y aumenta la eficacia de la negociación colectiva. La persistencia de elevados niveles de desempleo ha afectado de manera significativa a la sostenibilidad del sistema de prestaciones por desempleo. A este respecto, los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo en marzo de 2017 sobre un nuevo convenio de prestaciones por desempleo, aprobado por el Gobierno, y que tiene por objeto reducir el déficit anual en 1 200 millones EUR.
            
         
               (16)
            
            
               Si bien Francia ha mejorado su marco normativo general, el entorno empresarial sigue situándose en niveles intermedios en comparación con sus principales competidores. En particular, pese a los esfuerzos de simplificación, las empresas deben hacer frente a una pesada carga normativa y unos rápidos cambios en la legislación. Este constituye uno de los principales obstáculos para la inversión privada. Con el programa de simplificación, Francia ha tomado medidas para reducir la carga administrativa que grava a las empresas, pero una quinta parte de las medidas adoptadas antes de 2016 todavía no se habían aplicado en mayo de 2017. Al mismo tiempo, los efectos de umbral siguen afectando al desarrollo de las empresas con implicaciones para su resultados económicos y en términos de mercado. El aumento de las obligaciones sociales y fiscales aplicables a las empresas por encima de un determinado número de trabajadores puede disuadirlas de crecer lo suficiente para poder exportar e innovar. Estos efectos de umbral pueden, a su vez, afectar a la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas. De hecho, según datos empíricos, los umbrales de 10 y 50 empleados son especialmente costosos para los empresarios y la economía francesa se caracteriza por un número desproporcionadamente bajo de empresas por encima de estos umbrales, lo que da a entender que existe un vínculo entre los dos fenómenos.
            
         
               (17)
            
            
               La competencia en los servicios ha mejorado en algunos sectores, pero algunos de ellos, importantes desde el punto de vista económico, como la contabilidad, la arquitectura, la asistencia a domicilio, los servicios de alojamiento y comida, los servicios de taxi y los de alquiler de vehículos privados, se caracterizan todavía por un bajo nivel de competencia y/o por obstáculos normativos. Siguen existiendo barreras para estos servicios y, en particular, unos requisitos normativos excesivos, y este hecho desalienta la entrada o limita la competencia efectiva. Reducir estas barreras podría permitir que las empresas existentes o nuevas que utilizan los nuevos avances tecnológicos y digitales aumenten su competitividad y/o accedan a los mercados, y aporten beneficios a los consumidores a través de unos precios más bajos y una mejor calidad en los servicios. A este fin, como parte de un paquete de medidas para hacer frente a las barreras en los mercados de servicios, en enero de 2017 la Comisión puso en marcha un ejercicio de evaluación mutua en el que invita a los Estados miembros a que consideren cuáles son las barreras que, en cada uno de ellos, limitan el acceso a determinadas profesiones.
            
         
               (18)
            
            
               La innovación en Francia ha quedado rezagada con respecto a los resultados de los líderes en innovación en Europa. Sigue habiendo un alto grado de complejidad y está pendiente una coordinación global. La diferencia entre el importe de la ayuda pública concedida y el rendimiento en materia de innovación en Francia suscita cuestiones acerca de la eficiencia de los mecanismos de apoyo público. En particular, la cooperación entre la investigación y las empresas públicas está por debajo del nivel óptimo y afecta negativamente a la producción económica del sistema de innovación.
            
         
               (19)
            
            
               En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe por país de 2017. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2017 y el Programa Nacional de Reformas de 2017, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.
            
         
               (20)
            
            
               A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2017, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
            
         
               (21)
            
            
               A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2017 y el Programa de Estabilidad de 2017. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.
            
         RECOMIENDA a Francia que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:
   
               1.
            
            
               Velar por el cumplimiento de la Recomendación del Consejo de 10 de marzo de 2015 en el marco del procedimiento de déficit excesivo. Llevar a cabo en 2018 un importante esfuerzo presupuestario, de acuerdo con los requisitos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la necesidad de reforzar la recuperación iniciada y de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Francia. Proceder a una revisión global de las partidas de gastos con el fin de lograr un incremento de la eficiencia que se traduzca en una reducción de los gastos.
            
         
               2.
            
            
               Consolidar las medidas de reducción de los costes del trabajo para maximizar su eficacia sin incidencia presupuestaria y con el fin de ampliar sus efectos sobre el empleo y la inversión. Ampliar la base impositiva global y adoptar nuevas medidas para aplicar la disminución prevista del tipo nominal del impuesto de sociedades.
            
         
               3.
            
            
               Mejorar el acceso al mercado de trabajo de los demandantes de empleo, en particular el de los trabajadores menos cualificados y los inmigrantes y descendientes de inmigrantes, revisando, entre otras medidas, el sistema de educación y formación profesional. Garantizar que la evolución del salario mínimo sea compatible con la creación de empleo y la competitividad.
            
         
               4.
            
            
               Reducir aún más la carga normativa para las empresas, prosiguiendo también el programa de simplificación. Continuar eliminando los obstáculos a la actividad en el sector de los servicios, en particular en el de los servicios a las empresas y en las profesiones reguladas. Simplificar y mejorar la eficiencia de los programas públicos de apoyo a la innovación.
            
         
      Hecho en Bruselas, el 11 de julio de 2017.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            El Presidente
         
         T. TÕNISTE
      
   
   
      (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
   
      (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
   
      (3)  DO C 92 de 24.3.2017, p. 1.
   
      (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
   
      (5)  Saldo ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras de carácter temporal, recalculado por la Comisión utilizando el método generalmente acordado.
   
      (6)  El gasto público neto se compone del gasto público total excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos en programas de la Unión compensados totalmente con los ingresos procedentes de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a nivel nacional se reparte en un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los incrementos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto del lado de los ingresos como del de los gastos, se compensan.
   
      (7)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.