CELEX: 62013CN0265
Language: es
Date: 2013-05-15 00:00:00
Title: Asunto C-265/13: Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social n o  2 de Terrassa (España) el 15 de mayo de 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial

20.7.2013   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 207/29
            
         Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (España) el 15 de mayo de 2013 — Emiliano Torralbo Marcos/Korota S.A., Fondo de Garantía Salarial
   (Asunto C-265/13)
   2013/C 207/47
   Lengua de procedimiento: español
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa
   
      Partes en el procedimiento principal
   
   
      Demandante: Emiliano Torralbo Marcos
   
      Demandadas: Korota S.A. y Fondo de Garantía Salarial
   
      Cuestiones prejudiciales
   
   
               1)
            
            
               ¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1) en cuanto no permiten al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado?
            
         
               2)
            
            
               ¿Se oponen los artículos 1, 2 f), 3.1, 4.2 a), 4.3, 5.3, 6, 7, 8.1 y 8.2 de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ala artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en cuanto es de aplicación a un procedimiento especial como es el ámbito social de la jurisdicción, dónde es habitual la aplicación del Derecho de la Unión, como elemento fundamental de un desarrollo económico y social equilibrado en la Comunidad?
            
         
               3)
            
            
               Y en el sentido de las cuestiones anteriores ¿Podría un órgano jurisdiccional como el que remite la cuestión inaplicar una normativa como la cuestionada que no permitiera al órgano jurisdiccional interno la posibilidad: a) de modulación de las tasas judiciales o de apreciación de razones de proporcionalidad (en la justificación del Estado en imponer las tasas y en la cuantía establecida de las mismas como obstáculo de acceso a la tutela judicial efectiva) para su exención; b) de tener en cuenta el principio de efectividad de aplicación de normas del Derecho de la Unión; c) de apreciar la importancia del proceso para las partes atendidas las circunstancias; y sin cuyo abono no se da trámite al recurso de suplicación presentado?
            
         
      (1)  DO 2000, C 364, p. 1