CELEX: 32020H0826(27)
Language: es
Date: 2020-07-20 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo de 20 de julio de 2020 relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Suecia 2020/C 282/27

26.8.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 282/177
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 20 de julio de 2020
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de Suecia y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia para 2020 de Suecia
      (2020/C 282/27)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El 17 de diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible, marcando así el inicio del Semestre Europeo 2020 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2019, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Suecia como uno de los Estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo.
               
            
                  (2)
               
               
                  El informe específico de 2020 sobre Suecia fue publicado el 26 de febrero de 2020. En él se evaluaban los avances realizados por Suecia con vistas a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 9 de julio de 2019 (3) (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2019») y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Suecia hacia sus objetivos nacionales en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo, incluía un examen exhaustivo efectuado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 26 de febrero de 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Suecia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, la sobrevaloración de los precios de la vivienda, unida a un aumento constante del endeudamiento de los hogares, conlleva el riesgo de que se produzca una corrección desordenada, lo que podría tener consecuencias negativas en la economía y quizá también para el sector bancario. Cualquier efecto negativo en ese sector también podría acabar afectando negativamente a los países vecinos, habida cuenta de las interrelaciones financieras sistémicas. En los últimos años se han adoptado algunas medidas para corregir esos desequilibrios. Sin embargo, hasta ahora las medidas han tenido un efecto limitado. Subsisten ciertas lagunas en cuanto a determinadas políticas fundamentales, en particular en relación con los incentivos fiscales para la adquisición de la vivienda habitual financiada con deuda, el funcionamiento de la oferta de viviendas y, sobre todo, el mercado del alquiler.
               
            
                  (3)
               
               
                  El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente el brote de COVID-19 una pandemia mundial. La pandemia constituye una grave emergencia de salud pública para los ciudadanos, las sociedades y las economías. Está sometiendo a fuertes tensiones a los sistemas sanitarios nacionales, perturbando las cadenas de suministro mundiales, causando volatilidad en los mercados financieros, alterando profundamente la demanda de los consumidores y provocando efectos negativos en diversos sectores. Supone una amenaza para el empleo y la renta de los ciudadanos así como para la actividad empresarial. La pandemia ha ocasionado una grave perturbación económica que ya está teniendo graves repercusiones en la Unión. El 13 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación en la que reclamaba una respuesta económica coordinada a la crisis, en la que participaran todas las partes interesadas a nivel nacional y de la Unión.
               
            
                  (4)
               
               
                  Varios Estados miembros han declarado un estado de alarma o introducido medidas de emergencia. Cualquier medida de emergencia debe ser estrictamente proporcionada, necesaria, limitada en el tiempo y conforme a las normas europeas e internacionales. Ha de estar sometida al control democrático y al examen independiente del poder judicial.
               
            
                  (5)
               
               
                  El 20 de marzo de 2020, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La cláusula general de salvaguardia, tal como se recoge en el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartado 3, el artículo 9, apartado 1, y el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 y en el artículo 3, apartado 5, y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (4), facilita la coordinación de las políticas presupuestarias en tiempos de grave recesión económica. En su Comunicación de 20 de marzo de 2020, la Comisión estimó que, teniendo en cuenta la grave recesión económica que se preveía como consecuencia de la pandemia de COVID-19, se habían cumplido las condiciones de la activación de la cláusula general de salvaguardia y pedía al Consejo que aprobase esta conclusión. El 23 de marzo de 2020, los ministros de Hacienda de los Estados miembros manifestaron su acuerdo con la evaluación de la Comisión. Acordaron que la grave recesión económica requería una respuesta decidida, ambiciosa y coordinada. La activación de la cláusula general de salvaguardia permite una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. En cuanto al componente corrector, el Consejo puede también decidir, previa recomendación de la Comisión, la adopción de una trayectoria presupuestaria revisada. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Permite a los Estados miembros no cumplir los requisitos presupuestarios que se aplicarían en condiciones normales y a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de políticas en el marco del Pacto.
               
            
                  (6)
               
               
                  Es necesario seguir actuando para limitar y controlar la propagación de la pandemia de COVID-19, aumentar la resiliencia de los sistemas sanitarios nacionales, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia mediante medidas de apoyo destinadas a las empresas y los hogares y garantizar unas condiciones adecuadas de salud y seguridad en el puesto de trabajo con vistas a la reanudación de la actividad económica. La Unión debe utilizar plenamente los distintos instrumentos de que dispone para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en esos ámbitos. Paralelamente, los Estados miembros y la Unión deben colaborar a fin de preparar las medidas necesarias para restablecer el funcionamiento normal de nuestras sociedades y economías y el crecimiento sostenible, integrando, en particular, la transición ecológica y la transformación digital, y extrayendo lecciones de la crisis.
               
            
                  (7)
               
               
                  La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la flexibilidad que ofrece el mercado interior para adaptarse a situaciones extraordinarias. No obstante, a fin de garantizar una transición rápida y sin contratiempos a la fase de recuperación y la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, es preciso eliminar las medidas excepcionales que impiden el funcionamiento normal del mercado interior tan pronto como dejen de ser indispensables. La crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de planes de preparación ante las crisis en el sector sanitario. La mejora de las estrategias de adquisición, la diversificación de las cadenas de suministro y las reservas estratégicas de suministros esenciales son algunos de los elementos clave para la elaboración de planes de preparación ante las crisis más amplios.
               
            
                  (8)
               
               
                  El legislador de la Unión ya ha modificado los marcos legislativos pertinentes a través de los Reglamentos (UE) 2020/460 (5) y (UE) 2020/558 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo, con objeto de permitir a los Estados miembros movilizar todos los recursos no utilizados de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos para abordar los efectos excepcionales de la pandemia de COVID-19. Esas modificaciones proporcionarán una flexibilidad adicional, así como unos procedimientos simplificados y racionalizados. Con el fin de disminuir las presiones sobre la tesorería, los Estados miembros también pueden disfrutar de una tasa de cofinanciación del 100 % con cargo al presupuesto de la Unión en el ejercicio contable 2020-2021. Se anima a Suecia a aprovechar plenamente estas posibilidades para ayudar a las personas y sectores más afectados.
               
            
                  (9)
               
               
                  Es probable que las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 se distribuyan de forma desigual en las distintas regiones debido a los diferentes patrones de especialización, en particular en las zonas que dependen en gran medida del turismo y, en términos más generales, de actividades empresariales que implican un contacto cara a cara con los clientes. Ello conlleva un riesgo sustancial de que se amplíen las disparidades regionales y territoriales en el país y se agrave la tendencia ya observada de aumento gradual de las disparidades entre las capitales regionales y el resto del territorio o entre las zonas urbanas y rurales. Habida cuenta también del riesgo de dislocación temporal del proceso de convergencia entre los Estados miembros, la situación actual requiere políticas de respuesta específicas.
               
            
                  (10)
               
               
                  Suecia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2020 el 27 de abril de 2020 y su Programa de Convergencia de 2020 el 28 de abril de 2020. Con el fin de tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han valorado simultáneamente.
               
            
                  (11)
               
               
                  Suecia está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
               
            
                  (12)
               
               
                  En su Programa de Convergencia de 2020, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario se deteriore, pasando de un superávit del 0,4 % del producto interior bruto (PIB) en 2019 a un déficit del 3,8 % en 2020. Se prevé que el déficit disminuya al 1,4 % del PIB en 2021 y que alcance un superávit del 1,5 % del PIB para 2023. Tras disminuir hasta el 35 % del PIB en 2019, se prevé que la ratio deuda pública/PIB aumente hasta el 40 % en 2020, según el Programa de Convergencia de 2020. Las perspectivas macroeconómicas y presupuestarias están muy afectadas por el elevado nivel de incertidumbre derivado de la pandemia de COVID-19.
               
            
                  (13)
               
               
                  En respuesta a la pandemia de COVID-19, y como parte de un enfoque coordinado de la Unión, Suecia ha adoptado medidas presupuestarias oportunas para aumentar la capacidad de su sistema sanitario, contener la pandemia y prestar ayuda a las personas y sectores más afectados. Según el Programa de Convergencia de 2020, estas medidas presupuestarias ascenderán al 2,4 % del PIB. Las medidas consisten en el refuerzo de los servicios de asistencia sanitaria (0,1 % del PIB), el suministro de ayuda de emergencia a los sectores en dificultades (1,6 % del PIB) e intervenciones en el marco de la política social y del mercado de trabajo (0,2 % del PIB). Por otra parte, Suecia ha anunciado medidas que, si bien no tendrán repercusiones presupuestarias directas, contribuirán a respaldar la liquidez de las empresas. Según el Programa de Convergencia de 2020, esas medidas incluyen, en particular, aplazamientos del pago de impuestos que podrían equivaler hasta el 6,9 % del PIB, así como diferentes tipos de garantías de préstamos y líneas de crédito ampliadas por un importe aproximado del 4,7 % del PIB. Globalmente, las medidas tomadas por Suecia están en consonancia con las orientaciones establecidas en la Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2020. La plena aplicación de las medidas de emergencia y las medidas presupuestarias de apoyo, seguida de una reorientación de las políticas presupuestarias hacia el logro de una situación presupuestaria a medio plazo prudente cuando lo permitan las condiciones económicas, contribuirá a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
               
            
                  (14)
               
               
                  Según las previsiones de la primavera de 2020 de la Comisión, con la hipótesis de mantenimiento de la política económica, el saldo de las Administraciones públicas de Suecia sería del -5,6 % del PIB en 2020 y del -2,2 % del PIB en 2021. Se prevé que la ratio de deuda de las Administraciones públicas siga por debajo del 60 % del PIB en 2020 y 2021.
               
            
                  (15)
               
               
                  El 20 de mayo de 2020, la Comisión publicó un informe elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del Tratado como consecuencia del incumplimiento previsto por parte de Suecia del valor de referencia para el déficit (3 % del PIB) en 2020. Globalmente, el análisis de la Comisión indica que el criterio de déficit definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 no se ha cumplido.
               
            
                  (16)
               
               
                  Tras el brote de la pandemia de COVID-19, la economía sueca ha experimentado una ralentización sin precedentes. En sus previsiones de primavera de 2020, la Comisión prevé que el desempleo aumentará hasta el 9,7 % en 2020 y se recupere hasta alcanzar el 9,3 % en 2021. Se prevé que el consumo privado disminuya considerablemente, en particular en los sectores más expuestos, como el transporte, la restauración y el alojamiento. Se prevé que la formación bruta de capital fijo experimente un descenso aún más pronunciado que el consumo, impulsado en gran medida por la incertidumbre respecto al ritmo de la recuperación. Las autoridades suecas han reaccionado con rapidez y han ido ampliando progresivamente el alcance de las actuaciones aprobadas a medida que la pandemia de COVID-19 se ha ido propagando. Las medidas se centran en la asistencia sanitaria y la mitigación de las consecuencias económicas de la crisis. Las medidas relacionadas con la asistencia sanitaria incluyen la prestación de apoyo económico por el Gobierno central a las autoridades locales y regionales competentes para sufragar los costes adicionales relacionados con la pandemia de COVID-19. En el plano económico, el Gobierno ha adoptado una amplia gama de medidas para reducir los costes que deben afrontar las empresas (regímenes de reducción temporal de las plantillas, costes salariales por enfermedad, dispensa de las cotizaciones a la seguridad social, garantías de créditos y reducciones de los alquileres) y para garantizar su liquidez (aplazamiento del pago de los impuestos, incluidos los pagos del IVA). Además, el Banco Central de Suecia, Sveriges Riksbank, ha decidido conceder préstamos a las empresas a través de las entidades financieras y adquirir bonos del Estado y las corporaciones locales, así como obligaciones hipotecarias garantizadas y bonos y pagarés emitidos por sociedades no financieras suecas. En el proceso de concepción y aplicación de esas medidas es preciso tener en cuenta la resiliencia del sector bancario. El Banco Central de Suecia también ha celebrado acuerdos de intercambio de divisas con otros bancos centrales para garantizar la disponibilidad de las principales divisas al sector financiero. Se ha ampliado el alcance de la política social y del mercado de trabajo, por ejemplo modificando temporalmente las prestaciones por enfermedad, aumentando las prestaciones por desempleo, reduciendo los requisitos para acceder al régimen de desempleo e impulsando nuevas políticas activas del mercado laboral y de formación (como los empleos verdes, la ampliación del plan de empleo «nystartsjobb», los cursos de verano o el aumento del número de alumnos de enseñanza superior).
               
            
                  (17)
               
               
                  Las respuestas a corto plazo adoptadas por Suecia en relación con la pandemia de COVID-19 se basan en garantizar que se cuente con recursos adecuados y capacidades suficientes y en la adaptación de las tareas y responsabilidades del personal sanitario. A medio plazo, este planteamiento debería garantizar también la tempestividad y el equilibrio geográfico del suministro de asistencia sanitaria, la adecuación del despliegue de personal sanitario en distintos contextos (por ejemplo, en la asistencia ambulatoria y la asistencia hospitalaria) y contribuir a evitar la escasez estructural de personal médico. El sector sueco de la innovación y el desarrollo (I+D) goza de gran solidez y permitirá impulsar actuaciones con base científica que contribuyan a agilizar el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos y la plasmación de los resultados de las investigaciones en la política de salud pública.
               
            
                  (18)
               
               
                  Fomentar la disponibilidad de capacidades, en particular de capacidades digitales, puede potenciar un mayor crecimiento de la productividad a través de la (I+D) en los sectores de alta tecnología, y contribuir a alcanzar los ambiciosos objetivos que Suecia ha establecido en materia de clima y energía y plasmado en su Plan Nacional de Clima y Energía. También se debe invertir para que se reduzcan las diferencias en los resultados académicos de los alumnos autóctonos y de origen inmigrante. La alta calidad de la mano de obra había contribuido en gran medida al crecimiento de la productividad laboral, pero prácticamente había dejado de hacerlo antes de la crisis de la COVID-19. También se deberá garantizar la integración en el mercado de trabajo de los grupos cuyo potencial no se estaba aprovechando plenamente antes de la crisis, como los migrantes procedentes de países ajenos a la UE y las personas con discapacidad. La escasez de personal cualificado ha sido especialmente grave en los sectores de la educación, la asistencia sanitaria, el trabajo social, las tecnologías de la información y la comunicación, la industria y la construcción.
               
            
                  (19)
               
               
                  Con objeto de fomentar la recuperación económica, será importante anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en un estado avanzado de desarrollo y promover la inversión privada, particularmente a través de reformas pertinentes. En el sector digital y en el sector de la microelectrónica, más del 50 % de los empleadores denuncian que la escasez de mano de obra cualificada afecta al crecimiento. Mantener la elevada proporción del gasto público en investigación es una condición necesaria para mejorar la productividad. También es necesario dotar de capital y destinar mayores inversiones a los sectores innovadores y de alta tecnología para restablecer el crecimiento de la productividad laboral. La difusión de nuevas tecnologías digitales entre las pequeñas y medianas empresas contribuirá a incrementar la productividad. La crisis ha demostrado la importancia que reviste la infraestructura digital y la necesidad de garantizar unas conexiones rápidas y estables en todas las viviendas y lugares de trabajo. La expansión de la banda ancha móvil de 700 MHz desempeñará un papel importante, al igual que la posibilidad de destinar apoyo financiero al desarrollo de la banda ancha fija. La próxima subasta de la 5G impulsará en mayor medida la digitalización de la economía sueca. El objetivo de lograr una sociedad climáticamente neutra en 2045 también requerirá inversiones en I+I que permitan desarrollar y aplicar soluciones novedosas y competitivas para la descarbonización, así como actuaciones sociales y políticas coordinadas. El transporte es el sector más importante por lo que respecta a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en Suecia. En la agenda política figura una transformación completa y relativamente rápida de la flota de vehículos de bajo nivel de emisiones. Las inversiones previstas en las infraestructuras ferroviarias contribuirán a facilitar una distribución modal y alcanzar el ambicioso objetivo establecido por Suecia en materia de clima. La electrificación del transporte y la industria requerirá inversiones significativas en la producción y distribución de electricidad. La programación del Fondo de Transición Justa, objeto de una propuesta de la Comisión, para el período 2021-2027 podría ayudar a Suecia a abordar algunos de los retos que plantea la transición hacia una economía climáticamente neutra, especialmente en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe del país de 2020. Ello permitiría a Suecia hacer el mejor uso posible de dicho Fondo.
               
            
                  (20)
               
               
                  Las repetidas denuncias de presunto blanqueo de capitales han deteriorado la reputación de los bancos suecos, y la prevención de ese delito sigue siendo una prioridad para el país. Una supervisión eficaz requiere mayores recursos y procedimientos adecuados para aplicar el enfoque basado en el riesgo. Suecia ha reconocido que se necesitan más recursos para llevar a cabo adecuadamente las labores de supervisión e investigación y ha reforzado la capacidad de la Autoridad de Supervisión Financiera. Sin embargo, la capacidad de ese organismo sigue siendo reducida en comparación con el tamaño del sector financiero sueco. Siguen planteándose problemas y aún debe aplicarse plenamente el enfoque basado en el riesgo.
               
            
                  (21)
               
               
                  Aunque las recomendaciones específicas por país establecidas en la presente Recomendación (en lo sucesivo, «recomendaciones específicas por país para 2020») se centran en hacer frente a los efectos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica, las recomendaciones específicas por país para 2019 también incluían reformas esenciales para afrontar los desafíos estructurales a medio y largo plazo. Las recomendaciones específicas por país para 2019 aún son pertinentes y continuarán siendo objeto de seguimiento durante el Semestre Europeo del año próximo. Ello incluye las recomendaciones específicas por país para 2019 sobre las políticas económicas relacionadas con la inversión. Todas las recomendaciones específicas por país para 2019 deben tenerse en cuenta para la programación estratégica de la financiación de la política de cohesión para después de 2020, incluidas las medidas de mitigación y las estrategias de salida en relación con la crisis actual.
               
            
                  (22)
               
               
                  El Semestre Europeo proporciona el marco para una coordinación continua de las políticas económicas y de empleo en la Unión, que puede contribuir a una economía sostenible. En sus programas nacionales de reformas de 2020 los Estados miembros han hecho balance de los avances en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Al garantizar la plena aplicación de las recomendaciones específicas por país para 2020, Suecia contribuirá a los avances hacia los ODS y al esfuerzo común de asegurar la sostenibilidad competitiva en la Unión.
               
            
                  (23)
               
               
                  En el contexto del Semestre Europeo de 2020, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Suecia y lo ha publicado en el informe por país de 2020. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2020 y el Programa Nacional de Reformas de 2020, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones por país dirigidas a Suecia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y la política presupuestaria de Suecia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión mediante aportaciones realizadas a nivel de la Unión a las futuras decisiones nacionales.
               
            
                  (24)
               
               
                  A la luz de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2020, y su dictamen se refleja (7), en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
               
            
                  (25)
               
               
                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente valoración, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2020 y el Programa de Convergencia de 2020. Las recomendaciones específicas por país para 2020 toman en consideración la necesidad de afrontar la pandemia de COVID-19 y facilitar la recuperación económica como primer paso ineludible para permitir un ajuste de los desequilibrios. Como las recomendaciones específicas por país se han reorientado hacia el objetivo de hacer frente a las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 y de facilitar la recuperación económica, ninguna de ellas aborda directamente los desequilibrios macroeconómicos detectados por la Comisión con arreglo al artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011.
               
            RECOMIENDA a Suecia que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de:
      
                  1.
               
               
                  Adoptar todas las medidas necesarias, en consonancia con la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para combatir la pandemia de COVID-19, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas presupuestarias destinadas a lograr situaciones presupuestarias prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al tiempo que se fomenta la inversión. Garantizar la resiliencia del sistema sanitario, en particular velando por la adecuación de las plantillas, las infraestructuras y los suministros de productos médicos esenciales.
               
            
                  2.
               
               
                  Fomentar la innovación y prestar apoyo a la educación y al desarrollo de capacidades. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, en particular en la producción y el uso limpios y eficientes de energía, los sectores innovadores y de alta tecnología, las redes 5G y el transporte sostenible.
               
            
                  3.
               
               
                  Mejorar la eficacia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y garantizar el cumplimiento eficaz del conjunto de disposiciones de lucha contra esas prácticas.
               
            
         Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 2020.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               La Presidenta
            
            J. KLOECKNER
         
      
      
         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
      
         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
      
         (3)  DO C 301 de 5.9.2019, p. 159.
      
         (4)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).
      
         (5)  Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) (DO L 99 de 31.3.2020, p. 5).
      
         (6)  Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19 (DO L 130 de 24.4.2020, p. 1).
      
         (7)  En virtud del artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.