CELEX: 62007CJ0278
Language: es
Date: 2009-01-29 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de enero de 2009.#Hauptzollamt Hamburg-Jonas contra Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C-278/07), Vion Trading GmbH (C-279/07) y Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-280/07).#Peticiones de decisión prejudicial: Bundesfinanzhof - Alemania.#Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 - Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas - Artículo 3 - Recuperación de una restitución a la exportación - Determinación del plazo de prescripción - Irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 - Norma de prescripción que forma parte del Derecho civil general de un Estado miembro.#Asuntos acumulados C-278/07 a C-280/07.

Asuntos acumulados C‑278/07 a C‑280/07
      Hauptzollamt Hamburg-Jonas
      contra
      Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. y otros 
      (Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesfinanzhof)
      «Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 — Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas — Artículo 3 — Recuperación de una restitución a la exportación — Determinación del plazo de prescripción — Irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 — Norma de prescripción que forma parte del Derecho civil general de un Estado miembro»
      Sumario de la sentencia
      1.        Recursos propios de las Comunidades Europeas — Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad
            — Procedimiento sancionador de las irregularidades — Plazo de prescripción 
      [Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, arts. 1, ap. 2, y 3, ap. 1, párr. 1]
      2.        Recursos propios de las Comunidades Europeas — Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad
            — Procedimiento sancionador de las irregularidades — Plazo de prescripción 
      [Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, art. 3, ap. 1, párrs. 1 y 3]
      3.        Recursos propios de las Comunidades Europeas — Reglamento relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad
            — Procedimiento sancionador de las irregularidades — Plazo de prescripción 
      [Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, art. 3, ap. 3]
      1.        El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros
         de las Comunidades Europeas, que establece, en materia de diligencias, un plazo de prescripción de cuatro años que comienza
         a correr a partir de la realización de la irregularidad, es aplicable a las medidas administrativas como la recuperación de
         una restitución a la exportación indebidamente percibida por el exportador a causa de irregularidades cometidas por éste.
      
      (véanse los apartados 21 y 23 y el punto 1 del fallo)
      2.        En relación con la situación en que quedan las ventajas indebidamente percibidas con cargo al presupuesto comunitario a causa
         de irregularidades que hubieran sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95, relativo
         a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, debe señalarse que, mediante la adopción del artículo
         3, apartado 1, de dicho Reglamento y sin perjuicio del apartado 3 del referido artículo, el legislador comunitario estableció
         una norma de prescripción general en virtud de la cual redujo voluntariamente a cuatro años el período durante el cual, actuando
         en nombre y por cuenta del presupuesto comunitario, las autoridades de los Estados miembros debían o hubieran debido recuperar
         tales ventajas indebidamente percibidas.
      
      En relación con las deudas contraídas bajo el imperio de una norma nacional de prescripción que aún no hayan prescrito, la
         entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 da lugar a que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho
         Reglamento, tal deuda deba, en principio, prescribir en un plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en la que se
         hubieran cometido las irregularidades. En tales circunstancias, con arreglo a dicha disposición, toda cantidad indebidamente
         percibida por un operador a causa de una irregularidad anterior a la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 debe, en principio,
         considerarse prescrita si no se adoptó ningún acto suspensivo dentro de los cuatro años siguientes a la comisión de las irregularidades,
         sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad que, en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95, mantienen
         los Estados miembros de establecer plazos de prescripción más largos. 
      
      El plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95 se aplica pues
         a las irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento y se computa a partir de la fecha en que
         se haya cometido la irregularidad de que se trate.
      
      (véanse los apartados 29 y 31 a 34 y el punto 2 del fallo)
      3.        Los plazos de prescripción más largos que los Estados miembros siguen estando facultados para aplicar en virtud del artículo
         3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas,
         pueden resultar de disposiciones de Derecho común anteriores a la fecha de adopción de tal Reglamento. En efecto, el artículo
         3, apartado 3, de dicho Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que, en el contexto de esta disposición, los Estados
         miembros deben establecer dichos plazos de prescripción más largos en normativas específicas o sectoriales.
      
      (véanse los apartados 46 y 47 y el punto 3 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 29 de enero de 2009 (*)
      
      «Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 – Protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas – Artículo 3 – Recuperación de una restitución a la exportación – Determinación del plazo de prescripción – Irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 – Norma de prescripción que forma parte del Derecho civil general de un Estado miembro»
      En los asuntos acumulados C‑278/07 a C‑280/07,
      que tienen por objeto peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 234 CE, por el Bundesfinanzhof
         (Alemania), mediante resoluciones de 27 de marzo de 2007, recibidas en el Tribunal de Justicia el 13 de junio de 2007, en
         los procedimientos entre
      
      Hauptzollamt Hamburg-Jonas
      y
      Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co. (C‑278/07),
      
      Vion Trading GmbH (C‑279/07),
      
      Ze Fu Fleischhandel GmbH (C‑280/07),
      
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk y P. Kūris y la Sra.
         C. Toader (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretaria: Sra. K. Sztranc-Sławiczek, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de abril de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co., por la Sra. F. Grashoff, Rechtsanwältin;
      –        en nombre de Vion Trading GmbH, por el Sr. K. Landry, Rechtsanwalt;
      –        en nombre de Ze Fu Fleischhandel GmbH, por el Sr. D. Ehle, Rechtsanwalt;
      –        en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente;
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. J.‑C. Gracia, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. F. Erlbacher y la Sra. Z. Malůšková, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de septiembre de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 3, apartados 1 y 3, del Reglamento
         (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de
         las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1).
      
      2        Esas peticiones se han presentado en el marco de litigios entre el Hauptzollamt Hamburg-Jonas (en lo sucesivo, «Hauptzollamt»)
         y Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co., Vion Trading GmbH y Ze Fu Fleischhandel GmbH (en lo sucesivo,
         «demandadas en los procedimientos principales»), en relación con la devolución de restituciones a la exportación.
      
       Marco jurídico
       Derecho comunitario
      3        Según el tercer considerando del Reglamento nº 2988/95, «es importante combatir en todos los ámbitos los perjuicios a los
         intereses financieros de las Comunidades».
      
      4        Según el quinto considerando de dicho Reglamento, «los comportamientos que constituyen irregularidades, así como las medidas
         y sanciones administrativas correspondientes, están previstos en normativas sectoriales de conformidad con el presente Reglamento».
      
      5        El artículo 1 del mismo Reglamento dispone:
      
      «1.      Con el fin de asegurar la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, se adopta una normativa general
         relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho
         comunitario. 
      
      2.      Constituirá irregularidad toda infracción de una disposición del Derecho comunitario correspondiente a una infracción u omisión
         de un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades o a los presupuestos
         administrados por éstas, bien sea mediante la disminución o la supresión de ingresos procedentes de recursos propios percibidos
         directamente por cuenta de las Comunidades, bien mediante un gasto indebido.»
      
      6        El artículo 3, apartados 1 y 3, del Reglamento nº 2988/95 establece:
      
      «1.      El plazo de prescripción de las diligencias será de cuatro años a partir de la realización de la irregularidad prevista en
         el apartado 1 del artículo 1. No obstante, las normativas sectoriales podrán establecer un plazo inferior que no podrá ser
         menor de tres años.
      
      Para las irregularidades continuas o reiteradas, el plazo de prescripción se contará a partir del día en que se haya puesto
         fin a la irregularidad. […]
      
      La prescripción de las diligencias quedará interrumpida por cualquier acto, puesto en conocimiento de la persona en cuestión,
         que emane de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción contra la misma. El plazo
         de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción.
      
      […]
      3.      Los Estados miembros conservarán la posibilidad de aplicar un plazo más largo que el previsto […] en el apartado 1 […]»
      7        El artículo 4, apartados 1 y 4, de dicho Reglamento dispone:
      
      «1.      Como norma general, toda irregularidad dará lugar a la retirada de la ventaja obtenida indebidamente, lo que supondrá:
      –        la obligación de abonar las cantidades debidas o de reembolsar las cantidades indebidamente percibidas, 
      […]
      4. Las medidas previstas en el presente artículo no serán consideradas como sanciones.»
      8        A tenor del artículo 11, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95, este Reglamento entró en vigor el tercer día siguiente
         al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, la cual tuvo lugar el 23 de diciembre de 1995.
      
       Derecho nacional
      9        Según lo indicado por el órgano jurisdiccional remitente, cuando acaecieron los hechos de los procedimientos principales no
         existía en Alemania ninguna disposición específica sobre los plazos de prescripción aplicables a los litigios de carácter
         administrativo relativos a ventajas indebidamente concedidas. No obstante, tanto la administración como los órganos jurisdiccionales
         alemanes aplicaban por analogía la prescripción de treinta años de Derecho común, tal como establecía el artículo 195 del
         Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán). En 2002, se acortó este plazo de prescripción de Derecho común, dejándose en
         tres años.
      
       Litigios principales y cuestiones prejudiciales
      10      De las resoluciones de remisión se desprende que, durante 1993, las demandadas en los procedimientos principales realizaron
         algunos despachos de aduana relativos a carne de vacuno para su exportación a Jordania y, a petición suya, obtuvieron por
         tal motivo anticipos de restituciones a la exportación. A raíz de inspecciones efectuadas a principios de 1998, se descubrió
         que, en realidad, los cargamentos de que se trata habían sido enviados a Irak en el marco de procedimientos de tránsito o
         de reexportación.
      
      11      En estas circunstancias, mediante decisiones de 23 de septiembre de 1999 (asunto C‑278/07) y de 13 de octubre de 1999 (asuntos
         C‑279/07 y C‑280/07), el Hauptzollamt reclamó la devolución de las restituciones a la exportación de que se trata. 
      
      12      Las demandadas en los procedimientos principales interpusieron sendos recursos contra las decisiones aludidas ante el Finanzgericht
         Hamburg. Éste acogió dichos recursos por considerar que la norma de prescripción, tal como establece el artículo 3, apartado
         1, del Reglamento nº 2988/95, se oponía a las devoluciones de que se trata, toda vez que habían sido reclamadas más de cuatro
         años después de las operaciones de exportación controvertidas.
      
      13      El Hauptzollamt promovió sendos recursos de casación ante el órgano jurisdiccional remitente contra dichas resoluciones del
         mencionado Finanzgericht. 
      
      14      Haciendo constar, en particular, que las irregularidades imputadas se refieren a un período anterior a la adopción del Reglamento
         nº 2988/95, el Bundesfinanzhof decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes, las cuales están redactadas en términos idénticos en los tres asuntos C‑278/07 a C‑280/07:
      
      «1)      ¿Debe aplicarse el plazo de prescripción establecido en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, primera frase, del Reglamento
         […] nº 2988/95 […], aun en el caso de que se hubiera cometido una irregularidad o de que ésta hubiera cesado antes de la entrada
         en vigor de dicho Reglamento?
      
      2)      ¿Resulta aplicable el plazo de prescripción previsto en la referida disposición a medidas administrativas como la recuperación
         de restituciones a la exportación concedidas a causa de irregularidades?
      
      En el supuesto de que se responda en sentido afirmativo a las dos cuestiones anteriores:
      3)      ¿Puede aplicar un Estado miembro un plazo más largo con arreglo al artículo 3, apartado 3, del Reglamento […] nº 2988/95,
         a pesar de que tal plazo más largo ya se contemplara en el Derecho del Estado miembro incluso antes de que se adoptara dicho
         Reglamento? ¿Puede aplicarse tal plazo más largo aunque no lo prevea ninguna disposición especial relativa a la recuperación
         de restituciones a la exportación o relativa a medidas administrativas en general, sino que resulta de una norma general (de
         Derecho común) de dicho Estado miembro que engloba todos los supuestos de prescripción no regulados de manera específica?»
      
      15      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de julio de 2007 se acordó la acumulación de los asuntos C‑278/07
         a C‑280/07 a efectos de las fases escrita y oral, así como de la sentencia.
      
       Observaciones preliminares
      16      Con carácter preliminar, en relación con la argumentación de las demandadas en los procedimientos principales mediante la
         que se pretende cuestionar la exposición de los hechos realizada por el órgano jurisdiccional remitente, en particular, en
         lo tocante a la existencia de las irregularidades que se les imputan, debe recordarse que no corresponde al Tribunal de Justicia
         determinar los hechos pertinentes para la resolución del litigio principal. En efecto, en el marco del reparto de competencias
         entre los órganos jurisdiccionales comunitarios y nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia tener en cuenta el contexto
         fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión (veánse,
         en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Neri, C‑153/02, Rec. p. I‑13555, apartados 34 y 35, así como de
         17 de julio de 2008, ASM Brescia, C‑347/06, Rec. p. I‑0000, apartado 28).
      
      17      Por consiguiente, deben examinarse las cuestiones prejudiciales según el marco fáctico definido por el Bundesfinanzhof.
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la segunda cuestión
      18      Mediante su segunda cuestión, que debe examinarse en primer lugar, el Bundesfinanzhof pide, en síntesis, que se dilucide si
         el plazo de prescripción establecido en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95 es aplicable
         no sólo a las sanciones, sino también a las medidas administrativas.
      
      19      Así, dicho órgano jurisdiccional pretende confirmar que el concepto de «diligencias» que figura en dicha disposición se refiere
         indistintamente a toda actuación acometida por las autoridades nacionales en relación con una irregularidad y que, por consiguiente,
         no se refiere únicamente a las medidas que permitan imponer una sanción administrativa en el sentido del artículo 1, apartado
         1, del Reglamento nº 2988/95.
      
      20      A este respecto, es preciso recordar que el artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 2988/95 instaura una «normativa general
         relativa a controles homogéneos y a medidas y sanciones administrativas aplicables a las irregularidades respecto del Derecho
         comunitario», y ello, según se desprende del tercer considerando de dicho Reglamento, con el fin de «combatir en todos los
         ámbitos los perjuicios a los intereses financieros de las Comunidades» (sentencia de 24 de junio de 2004, Handlbauer, C‑278/02,
         Rec. p. I‑6171, apartado 31).
      
      21      El artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95 establece, en materia de diligencias, un plazo de prescripción
         que comienza a correr a partir de la realización de la irregularidad, la cual consiste, según el artículo 1, apartado 2, del
         mismo Reglamento, en «toda infracción de una disposición de Derecho comunitario correspondiente a una acción u omisión de
         un agente económico que tenga o tendría por efecto perjudicar al presupuesto general de las Comunidades […]» (sentencia Handlbauer,
         antes citada, apartado 32).
      
      22      En consecuencia, contrariamente a lo que sostienen, en particular, el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas,
         de ello se deduce que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 2988/95 es aplicable tanto a las irregularidades que dan
         lugar a la imposición de una sanción administrativa con arreglo al artículo 5 de dicho Reglamento como a aquellas irregularidades
         que son objeto de una medida administrativa en el sentido del artículo 4 de dicho Reglamento, medida que tiene por objeto
         la retirada de la ventaja indebidamente obtenida, sin, no obstante, revestir el carácter de sanción (véase, en este sentido,
         la sentencia Handlbauer, antes citada, apartados 33 y 34).
      
      23      Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que el plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado
         1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95 es aplicable a las medidas administrativas como la recuperación de una restitución
         a la exportación indebidamente percibida por el exportador a causa de irregularidades cometidas por éste. 
      
       Sobre la primera cuestión
      24      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si la norma de prescripción de cuatro
         años, prevista en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95, resulta de aplicación a irregularidades
         que hubieran sido cometidas o que hubieran cesado con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento. 
      
      25      Con carácter preliminar, procede señalar que, antes de la adopción del Reglamento nº 2988/95, el legislador comunitario no
         tenía establecida ninguna regla de prescripción aplicable a la recuperación de ventajas indebidamente percibidas por los operadores
         económicos a raíz de una acción o una omisión por su parte que tuviera o habría tenido por efecto causar un perjuicio al presupuesto
         general de las Comunidades Europeas o a presupuestos gestionados por éstas.
      
      26      En consecuencia, antes de la adopción del Reglamento nº 2988/95, los litigios relativos a la recuperación de cantidades pagadas
         indebidamente según el Derecho comunitario, a falta de disposiciones comunitarias, debían ser zanjados por los órganos jurisdiccionales
         nacionales con arreglo a su Derecho nacional, sin perjuicio de los límites impuestos por el Derecho comunitario, en el sentido
         de que los mecanismos previstos por el Derecho nacional no podían hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil la
         recuperación de las ayudas indebidas y de que la aplicación del referido Derecho nacional debía hacerse de manera no discriminatoria
         en relación con los procedimientos encaminados a zanjar los litigios nacionales del mismo tipo (sentencia de 19 de septiembre
         de 2002, Huber, C‑336/00, Rec. p. I‑7699, apartado 55 y jurisprudencia citada).
      
      27      Al adoptar el Reglamento nº 2988/95 y, en particular, el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de éste, el legislador comunitario
         quiso, no obstante, establecer una norma general de prescripción aplicable en la materia, por la cual pretendía, por una parte,
         definir un plazo mínimo aplicado en todos los Estados miembros y, por otra, renunciar a la posibilidad de recuperar cantidades
         indebidamente percibidas con cargo al presupuesto comunitario una vez transcurrido un período de cuatro años desde la comisión
         de la irregularidad que afectara a los pagos controvertidos. 
      
      28      De ello se desprende que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95, las autoridades competentes
         de los Estados miembros pueden, en principio, y excepto en los sectores respecto a los cuales el legislador comunitario hubiera
         previsto un plazo más breve, recuperar toda ventaja indebidamente percibida con cargo al presupuesto comunitario dentro de
         un plazo de cuatro años. 
      
      29      En relación con la situación en que quedan las ventajas indebidamente percibidas con cargo al presupuesto comunitario a causa
         de irregularidades que hubieran sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95, debe señalarse
         que, mediante la adopción del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento y sin perjuicio del apartado 3 del referido artículo,
         el legislador comunitario estableció una norma de prescripción general en virtud de la cual redujo voluntariamente a cuatro
         años el período durante el cual, actuando en nombre y por cuenta del presupuesto comunitario, las autoridades de los Estados
         miembros debían y hubieran debido recuperar tales ventajas indebidamente percibidas.
      
      30      No obstante, en virtud del principio de seguridad jurídica, la aplicación del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del
         Reglamento nº 2988/95, no puede permitir que dichas autoridades nacionales recuperen deudas anteriores a la entrada en vigor
         del Reglamento que ya hubieran prescrito en virtud de normas nacionales de prescripción aplicables en el momento en que se
         hubieran cometido las irregularidades de que se trate. 
      
      31      En relación con las deudas contraídas bajo el imperio de una norma nacional de prescripción, como la controvertida en los
         asuntos principales, que aún no hayan prescrito, la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 da lugar a que, con arreglo
         al artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, tal deuda deba, en principio, prescribir en un plazo de cuatro
         años contados a partir de la fecha en la que se hubieran cometido las irregularidades.
      
      32      En tales circunstancias, con arreglo a dicha disposición, toda cantidad indebidamente percibida por un operador a causa de
         una irregularidad anterior a la entrada en vigor del Reglamento nº 2988/95 debe, en principio, considerarse prescrita si no
         se adoptó ningún acto suspensivo dentro de los cuatro años siguientes a la comisión de tal irregularidad, acto suspensivo
         que, a tenor del artículo 3, apartado 1, párrafo tercero del mismo Reglamento, ha de ser un acto puesto en conocimiento de
         la persona en cuestión, que emana de la autoridad competente y destinado a instruir la irregularidad o a ejecutar la acción
         contra la misma.
      
      33      De ello se deduce que, cuando se ha cometido una irregularidad, como en los asuntos principales, durante el año 1993 y bajo
         el imperio de una norma de prescripción nacional de treinta años, tal irregularidad estará comprendida en el ámbito de aplicación
         de la norma general de prescripción de Derecho comunitario de cuatro años y, por ello, habrá prescrito en 1997, en función
         de la fecha precisa de la comisión de dicha irregularidad, que se remonta a 1993, sin perjuicio, no obstante, de la posibilidad
         que, en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95, mantienen los Estados miembros de establecer plazos
         de prescripción más largos. 
      
      34      Teniendo en cuenta lo que precede, debe responderse a la primera cuestión que, en situaciones como las controvertidas en los
         asuntos principales, el plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95:
      
      –        se aplica a las irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento;
      –        se computa a partir de la fecha en que se haya cometido la irregularidad de que se trate.
       Sobre la tercera cuestión
      35      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, por una parte, si la posibilidad
         que mantienen los Estados miembros, en virtud del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95, de aplicar
         un plazo de prescripción más largo que el previsto en el apartado 1 del mismo artículo puede englobar a una norma de prescripción
         anterior a la adopción de dicho Reglamento. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional pide que se dilucide si tal plazo
         más largo debe resultar de una disposición nacional específica relativa a la recuperación de restituciones a la exportación
         o a las medidas administrativas en general, o si dicho plazo puede igualmente resultar de una disposición general de Derecho
         común.
      
      36      En situaciones como las controvertidas en los asuntos principales, en las que las irregularidades imputadas a los operadores
         se han cometido en 1993 bajo el imperio de una norma nacional de prescripción de treinta años, como se ha señalado en el apartado
         33 de la presente sentencia, las cantidades indebidamente percibidas a causa de tales irregularidades podían haber prescrito,
         a falta de acto suspensivo, durante el año 1997, siempre que el Estado miembro en el que se hubieran cometido las irregularidades
         no hubiera ejercido la facultad que le otorga el artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95.
      
      37      De las resoluciones de remisión se desprende que, en los asuntos principales, las autoridades nacionales competentes reclamaron
         la devolución de las restituciones a la exportación de que se trata mediante decisiones de 23 de septiembre de 1999 (asunto
         C‑278/07) y de 13 de octubre de 1999 (asuntos C‑279/07 y C‑280/07).
      
      38      De ello se deriva que, en principio, debería haberse tenido por producida la prescripción de las cantidades de que se trata,
         por aplicación de la prescripción general de cuatro años establecida en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95.
      
      39      No obstante, con posterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento, los órganos jurisdiccionales alemanes siguieron
         aplicando el plazo de prescripción de treinta años previsto en el artículo 195 del Bürgerliches Gesetzbuch a las acciones
         que tienen por objeto la recuperación de restituciones indebidamente percibidas por los operadores.
      
      40      A este respecto, debe señalarse que el artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 se refiere a la «posibilidad» que
         los Estados miembros «conservan» de aplicar un plazo de prescripción más largo que el previsto en el apartado 1, párrafo primero,
         de dicho artículo.
      
      41      Por consiguiente, del texto del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 se desprende que dicha disposición no se
         limita a establecer la posibilidad de que los Estados miembros instauraren un plazo de prescripción más largo que el establecido
         en el apartado 1, párrafo primero, del mismo artículo. En efecto, dicho apartado 3 también reconoce de manera expresa a dichos
         Estados la facultad de conservar el plazo de prescripción más largo que existiera en la fecha de entrada en vigor del referido
         Reglamento. 
      
      42      De ello se deduce que, en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95, los Estados miembros pueden, por una
         parte, seguir aplicando los plazos de prescripción más largos existentes en la fecha en que se adoptó dicho Reglamento y,
         por otra, establecer nuevas normas de prescripción que prevean tales plazos con posterioridad a dicha fecha.
      
      43      En relación con el extremo de si los referidos plazos de prescripción nacionales deben preverse específicamente en una disposición
         nacional aplicable a la recuperación de las restituciones a la exportación o, de manera más general, a medidas de carácter
         administrativo, debe señalarse que el texto del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 no contiene ningún elemento
         que responda explícitamente a tal cuestión. 
      
      44      Es cierto que el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento dispone que las normativas sectoriales pueden
         establecer un plazo inferior al plazo de cuatro años, pero que no podrá ser menor de tres años. No obstante, en dicha disposición
         se alude a normativas sectoriales adoptadas a escala comunitaria, como lo confirma el quinto considerando del Reglamento citado
         y no a normativas sectoriales nacionales (véase, en este sentido, la sentencia Handlbauer, antes citada, apartado 28).
      
      45      Además, el Reglamento nº 2988/95 no prevé ningún mecanismo de información o de notificación relativo al uso por los Estados
         miembros de su facultad de establecer plazos más largos con arreglo a su artículo 3, apartado 3. De ello se deriva que no
         se ha previsto ninguna forma de control a escala comunitaria en lo tocante tanto a los plazos de prescripción de carácter
         excepcional aplicados por los Estados miembros en virtud de dicha disposición como a los sectores en los cuales esos Estados
         han decidido aplicar tales plazos. 
      
      46      Por consiguiente, el artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 no puede interpretarse en el sentido de que, en el
         contexto de esta disposición, los Estados miembros deben establecer dichos plazos de prescripción más largos en normativas
         específicas o sectoriales.
      
      47      Teniendo en cuenta lo que precede debe responderse a la tercera cuestión que los plazos de prescripción más largos que los
         Estados miembros siguen estando facultados para aplicar en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 pueden
         resultar de disposiciones de Derecho común anteriores a la fecha de adopción de tal Reglamento.
      
       Costas
      48      Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el
         órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo
         partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      1)      El plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del
            Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, es
            aplicable a las medidas administrativas como la recuperación de una restitución a la exportación indebidamente percibida por
            el exportador a causa de irregularidades cometidas por éste. 
      2)      En situaciones como las controvertidas en los asuntos principales, el plazo de prescripción previsto en el artículo 3, apartado
            1, párrafo primero, del Reglamento nº 2988/95:
      –        se aplica a las irregularidades cometidas antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento;
      –        se empieza a computar a partir de la fecha en que se haya cometido la irregularidad de que se trate. 
      3)      Los plazos de prescripción más largos que los Estados miembros siguen estando facultados para aplicar en virtud del artículo
            3, apartado 3, del Reglamento nº 2988/95 pueden resultar de disposiciones de Derecho común anteriores a la fecha de adopción
            de tal Reglamento.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.